Esta no es la primera ocasión en la que De La Espriella utiliza la expresión en medio de un operativo de seguridad. Ya en septiembre, durante la Operación Iron en Cali, el presidente se dirigió de manera directa a otro detenido con las palabras: "Hasta aquí llegó la fiesta, creía que podía desafiar al Estado. Bienvenido a la Patria Milagro". La escena, registrada en video, se difundió ampliamente en redes sociales, convirtiendo la frase en inspiración de memes y discusiones públicas.

La estrategia de comunicación del presidente De La Espriella en estos procedimientos ha destacado por su tono confrontativo. En las jornadas de captura, se acerca personalmente a los detenidos, los interpela por los delitos que se les atribuyen y concluye sus intervenciones con la frase que ya se ha vuelto sello de sus videos. En esta reciente visita a Barranquilla, además de interrogar a alias Ñoño, el mandatario también cuestionó a otro capturado con presuntos vínculos en homicidios y extorsiones, diciéndole: "Guapito por teléfono, ¿verdad?". Estos intercambios han puesto la atención no solo en los resultados operativos, sino también en el estilo personal con el que el presidente comunica los avances en seguridad.

El operativo donde ocurrieron estos sucesos, identificado como Operación Blindaje 360 según el balance oficial, tuvo lugar en la madrugada del viernes 16 de octubre y estuvo orientado a golpear a estructuras criminales que operan en Barranquilla. Las cifras del procedimiento, brindadas por el presidente De La Espriella, incluyen 72 capturados y 50 diligencias de registro y allanamiento, con acciones dirigidas a grupos conocidos como el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Freseo y Los Porteños. Las personas detenidas enfrentarán investigaciones por delitos como concierto para delinquir, hurtos, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y homicidio, aunque su responsabilidad aún debe determinarse dentro de los procesos judiciales correspondientes.

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¿Por qué el presidente Abelardo De La Espriella utiliza la frase “Bienvenido a la Patria Milagro” en los operativos?

Según los eventos narrados y difundidos en redes sociales durante los operativos, la frase “Bienvenido a la Patria Milagro” se ha convertido en un sello personal del presidente Abelardo De La Espriella. Esta expresión es utilizada directamente con los capturados para remarcar el fin de su condición de ilegalidad y su entrada al sistema judicial, y ha sido empleada en varias ocasiones durante distintos operativos, como en Barranquilla y Cali. La constante repetición le ha permitido al mandatario fortalecer su estilo confrontativo y distinguir sus intervenciones públicas.

¿Qué es la Operación Blindaje 360 y qué resultados tuvo en Barranquilla?

La Operación Blindaje 360, de acuerdo con el balance oficial del presidente Abelardo De La Espriella, se desarrolló en la madrugada del 16 de octubre en Barranquilla contra varias estructuras criminales. El operativo dejó como resultados 72 capturados y 50 diligencias de registro y allanamiento. Las acciones se enfocaron en conjuntos ilegales como el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Freseo y Los Porteños, con investigaciones por delitos como concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y homicidio.

De acuerdo con la información reportada por La Silla Vacía, la instrucción partió directamente del Ministerio de Cultura, luego de una visita oficial del presidente Abelardo de la Espriella, quien anunció que el museo sería el epicentro de lo que denominó una “contrarrevolución cultural”. Durante su intervención, De la Espriella sostuvo que su gobierno llevaría adelante "una lucha abierta, decidida y patriótica contra el wokismo", señalando su intención de defender la tradición familiar y la identidad nacional ante lo que considera amenazas a los “valores” de Occidente. El secretario general Julián Sterling, mano derecha de la ministra Paola Holguín, fue quien ejecutó la orden, según revelaron fuentes del museo a La Silla Vacía bajo condición de anonimato.

El retiro de las piezas se realizó de manera reservada y, según testimonios recogidos por La Silla Vacía, la decisión no pasó por los comités curatoriales, instancias habitualmente encargadas de definir los contenidos museográficos. El museo tampoco ha precisado el número exacto ni la justificación oficial para la remoción de los objetos de exhibición.

Entre las piezas retiradas de la sala "Hacer sociedad", ubicada en el segundo piso y abierta en 2019 bajo el gobierno de Iván Duque, figuran afiches de las candidaturas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro (ambos asesinados en 1990), un brazalete de la Alianza Democrática M-19 y elementos sobre la violencia política de los años 80 y 90. También se desmontó una pared dedicada al periodo de la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016, donde se encontraban el Balígrafo usado para firmar la paz con las FARC y el tarjetón de la Séptima Papeleta.

Las reacciones no se hicieron esperar. María José Pizarro Rodríguez, exsenadora e hija de Carlos Pizarro, criticó la decisión del Gobierno, considerando que intentan proscribir el legado de paz de su padre de manera similar al pasado violento del país. Juan Daniel Oviedo, excandidato a la vicepresidencia, pidió al museo que explique qué obras retiró y cómo garantizará la representación de la memoria LGBTI. Marcela Sánchez, de Colombia Diversa, denunció la ausencia de obras sobre diversidad y procesos de paz, mostrando imágenes de las paredes vacías.

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¿Cuáles fueron las obras retiradas del Museo Nacional sobre la historia LGBTI y política en Colombia?

Según La Silla Vacía, entre las obras retiradas se encuentran afiches y objetos que documentaban la historia LGBTI en Colombia, las candidaturas de figuras como Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, un brazalete de la Alianza Democrática M-19, piezas sobre la violencia política de los años 80 y 90, el Balígrafo del Acuerdo de Paz de 2016 y el tarjetón de la Séptima Papeleta. Sin embargo, el museo no ha entregado un inventario detallado ni ha hecho pública una justificación concreta sobre la selección de las piezas eliminadas.

¿Qué significa el término 'wokismo' en el contexto del retiro de obras del Museo Nacional?

En este caso, el presidente Abelardo de la Espriella utilizó el término 'wokismo' para referirse, de manera crítica, a corrientes culturales, sociales y políticas que buscan integrar temas de diversidad, inclusión y memoria social en los espacios públicos. El concepto implica, desde su versión oficial, una oposición a mostrar narrativas que cuestionan los valores tradicionales y nacionales, especialmente en instituciones culturales del Estado.

Para obtener el beneficio, es indispensable que el infractor pague el total del capital de la multa dentro del plazo previsto, ya que el descuento cobija únicamente los intereses. La Ordenanza 073 de 2026 establece que quienes tienen multas impuestas antes del 1 de enero de 2020 reciben un descuento del 100 % en los intereses, mientras que las sanciones entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2025 obtienen un 90 % de reducción en los intereses moratorios. Estas facilidades de pago buscan incentivar el saneamiento de las obligaciones y evitar que avancen los procesos de cobro ordinario.

El procedimiento para consultar y pagar la multa es digital y se realiza a través del portal de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca. Al ingresar, el ciudadano debe buscar la obligación por el tipo y número de identificación y, si la amnistía aplica, la opción para activar el descuento aparece visible. El sistema recalcula el valor eliminado los intereses correspondientes y el usuario puede continuar con el pago del capital exigido.

No todas las multas pueden acogerse a este beneficio. De acuerdo con la Ordenanza, están excluidas las sanciones relacionadas con conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1696 de 2013. Tampoco cobija obligaciones vinculadas a procesos especiales como insolvencia o liquidaciones, ni deudas sujetas a acuerdos anteriores otorgados por otras ordenanzas si ya han recibido beneficios. Aquellos procesos en discusión también serán objeto de revisión: quien desee acceder debe renunciar expresamente a los recursos en trámite y aceptar la obligación. Por lo tanto, es fundamental que antes de cualquier pago, el usuario verifique en el portal si aplica el descuento para su caso. Solo así se garantiza que el alivio se otorgue de acuerdo con las condiciones establecidas en la normatividad vigente.

A quienes quieran más detalles o consultar el estado de sus comparendos, se les recomienda ingresar a las páginas oficiales señaladas por la Secretaría de Movilidad. De acuerdo con El Espectador, el plazo máximo para aprovechar esta oportunidad vence el 30 de diciembre de 2026.

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¿Quiénes no pueden acceder a los descuentos de intereses en comparendos de Cundinamarca?

No pueden acogerse a la reducción de intereses quienes tengan multas por conducir bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas, debido a lo previsto en la Ley 1696 de 2013. Tampoco son beneficiarios quienes tengan deudas enmarcadas en procesos de insolvencia, reorganización o liquidación, ni aquellos con acuerdos anteriores otorgados en el marco de ordenanzas previas y ya hayan accedido a beneficios. Así mismo, los procesos aún en discusión solo pueden acceder si el ciudadano desiste del recurso y acepta la obligación.

¿Cómo saber si mi comparendo de Cundinamarca tiene descuento disponible?

Para saber si un comparendo es apto para el descuento de intereses, el usuario debe ingresar al portal web de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, consultar la obligación con el número de identificación y verificar si aparece el aviso “Aplicar amnistía ORDENANZA 073/2026”. Si la opción está habilitada, puede marcarla y proceder con el pago del capital. Es importante confirmar en el sistema si su multa cumple las condiciones de la ordenanza antes de pagar.

El decreto causó controversia de inmediato y se convirtió en foco de debate nacional. Desde sectores políticos de oposición, como el Pacto Histórico, surgieron voces críticas que calificaron el decreto como “autoritario estigmatizante” frente al derecho a la protesta. Los congresistas Laura Beltrán y Daniel Monroy anunciaron acciones legales para intentar suspender la normativa, argumentando que equiparar el derecho a la protesta con otros derechos, como el trabajo y la salud, resulta arbitrario y excede las competencias del Ejecutivo, según declaraciones recogidas por El Espectador.

Según ONU Derechos Humanos, entre los aciertos del documento se encuentran la inclusión del principio de diferenciación entre participantes no violentos y violentos en manifestaciones, la instauración de corredores solidarios, el fortalecimiento del sistema de alertas tempranas ante conflictos sociales y la conformación de equipos mixtos de diálogo. Además, la Oficina exaltó que el decreto reconoce expresamente que obstruir una vía no convierte automáticamente una manifestación en violenta e introduce el criterio de “perturbación grave y sostenida”, en línea con la Observación General núm. 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

No obstante, la misma fuente subraya preocupaciones derivadas de la amplitud en la definición legal de violencia, así como de ciertas reglas asociadas a la etapa de diálogo, especialmente las relacionadas con el agotamiento de este, que podrían debilitar la garantía efectiva de conversaciones entre Estado y manifestantes. La Oficina considera que el texto pudo haber contado con un diagnóstico más exhaustivo y plural. Este nuevo decreto hace parte de la estrategia del gobierno de Abelardo de la Espriella para la gestión del orden público, acompañada de una renovada política de paz y la implementación de los acuerdos con las Farc. Sobre este último aspecto, el expresidente Juan Manuel Santos manifestó públicamente la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos, advirtiendo sobre el riesgo de recortar recursos a instituciones creadas tras los acuerdos.

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¿Cuáles son los principales puntos destacados y preocupaciones de la ONU sobre el decreto de protesta social?

De acuerdo con la evaluación de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el decreto resalta por introducir formas de distinguir entre participantes violentos y no violentos, crear corredores solidarios y reafirmar el carácter pacífico de una manifestación incluso cuando se obstruye una vía. Sin embargo, la preocupación principal es la amplitud en la definición del concepto de violencia y ciertas reglas sobre el agotamiento del diálogo, que podrían limitar el derecho a una protesta efectivamente deliberativa.

¿Qué significa el principio de diferenciación en la protesta social según el nuevo decreto?

El principio de diferenciación, de acuerdo con lo expuesto por la ONU Derechos Humanos, implica distinguir explícitamente entre quienes participan en manifestaciones de manera pacífica y quienes incurren en actos de violencia. Esta medida busca que las acciones de la Fuerza Pública sean proporcionales y dirigidas solamente a quienes realmente representen un riesgo, sin afectar el derecho de los manifestantes pacíficos.

De acuerdo con la información proporcionada por el Icfes, un grupo adicional de 1.113 estudiantes, ubicados en más de 40 países, presentará la prueba en modalidad electrónica, dentro de la convocatoria denominada Saber Pro o Saber TyT exterior. Sobre esto, Elizabeth Blandón Bermúdez, directora general del Icfes, afirmó: "Más allá de constituir un requisito de grado, estas pruebas son un instrumento estandarizado que mide la calidad de la educación superior y brinda a quienes las presentan información valiosa sobre las competencias clave para su proyección laboral". Además, la funcionaria enfatizó la relevancia de estos exámenes para la toma de decisiones sustentadas en evidencia, el desarrollo de análisis técnicos y la mejora de la educación a partir de las características y condiciones de cada población.

Específicamente, durante esta jornada de evaluación, aproximadamente 122 mil personas acudirán al examen Saber Pro, dirigido a estudiantes de los últimos semestres de carreras profesionales. Por otro lado, cerca de 58 mil presentarán la prueba Saber TyT, orientada a quienes cursan programas técnicos o tecnológicos. El Icfes ha detallado que, entre los citados, se encuentran 1.300 personas con algún tipo de discapacidad, quienes recibirán el debido apoyo, así como 650 extranjeros.

Entre las competencias evaluadas se encuentran razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. El examen se realizará en una sola sesión con duración de hasta 4 horas y 40 minutos. La presentación de documentos de identidad válidos es requisito indispensable y los estudiantes deben seguir las instrucciones al pie de la letra, incluidos los detalles sobre materiales permitidos y la prohibición de dispositivos electrónicos, que serán asegurados durante el desarrollo de la prueba. Finalmente, los resultados individuales podrán consultarse a partir del 19 de febrero de 2027 en el portal oficial del Icfes.

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¿Qué competencias evalúa la prueba Saber Pro y Saber TyT del Icfes?

De acuerdo con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, tanto la prueba Saber Pro como la Saber TyT evalúan competencias genéricas como razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés, aspectos fundamentales que apoyan la formación integral y la proyección laboral de los estudiantes.

¿Cuándo y cómo se pueden consultar los resultados individuales del examen Saber Pro o Saber TyT?

Según la información del Icfes, los resultados individuales de estas pruebas estarán disponibles para descarga a partir del viernes 19 de febrero de 2027, y los estudiantes podrán acceder a ellos directamente en el sitio oficial www.icfes.gov.co.

De acuerdo con la información divulgada por la colectividad, la decisión se tomó en Bogotá durante una sesión de la coordinación nacional provisional del Pacto Histórico. El regreso de Petro al centro de la estrategia política refleja la intención del partido de fortalecer su identidad opositora, particular frente al actual Gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella. El liderazgo de Petro ahora también incluye la responsabilidad de definir la ruta que seguirá el movimiento para los próximos comicios territoriales y de construir acuerdos internos que permitan presentar candidaturas unitarias y competitivas.

Durante la reunión, el exmandatario se pronunció sobre las movilizaciones recientes promovidas por sectores de la oposición contra el Gobierno nacional y mencionó la posibilidad de que la colectividad avance hacia un paro nacional. Petro subrayó la importancia de fortalecer el poder constituyente y sumó un llamado a la movilización social, según confirmó la propia colectividad. Esta posición refuerza el papel del Pacto Histórico como actor relevante en la coyuntura política y su disposición para promover alianzas con otros sectores sociales y políticos.

El movimiento anunció que mantendrá su postura de oposición al Gobierno y que impulsará un “pacto por la vida”, enfocado en la defensa de la democracia, las libertades, la paz y los derechos sociales. Según el anuncio del partido, uno de los retos centrales será mantener la unidad de sus integrantes, debido a la diversidad de enfoques y origen de quienes forman la colectividad. Especial atención pondrá el Pacto Histórico en regiones como el Caribe y el Pacífico, donde aspira a crecer en representación política.

La conducción de Petro será clave para evitar divisiones internas y garantizar la construcción de consensos al momento de definir los candidatos para los diferentes cargos. La estrategia también buscará sumar fuerzas entre las corrientes de izquierda y aliados externos, de cara a los objetivos que el movimiento se ha trazado para el escenario electoral de 2027.

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¿Qué significa “poder constituyente” en el contexto del Pacto Histórico?

El concepto de “poder constituyente” se refiere, según la colectividad, a la capacidad del pueblo para impulsar cambios fundamentales en la estructura política y social del país. En el contexto del Pacto Histórico, se plantea fortalecer esa capacidad como vía para responder a las coyunturas actuales y avanzar en reformas estructurales.

¿Cuál es el reto principal del Pacto Histórico para las elecciones de 2027?

De acuerdo con la información proporcionada por la colectividad, el reto principal es mantener la unidad interna entre diversas corrientes y sectores aliados, mientras se definen candidatos y se construyen acuerdos estratégicos que permitan competir con fuerza por alcaldías y gobernaciones, en especial en regiones como el Caribe y el Pacífico.

Las autoridades encargadas del caso consideran que la información almacenada en el dispositivo móvil ofrecerá luces sobre los acontecimientos previos a su fallecimiento, según replicó El Tiempo.

Las circunstancias que rodearon la extraña desaparición de la adolescente mantienen en conmoción a la comunidad local y a los investigadores del caso.

Tras confirmarse el hallazgo en territorio sucreño, los peritos forenses iniciaron de inmediato la extracción metódica de datos digitales, registros telefónicos y conversaciones privadas.

El análisis técnico del dispositivo móvil busca reconstruir la ubicación geográfica exacta y los últimos contactos sostenidos por la menor de edad.

El celular de Ayelén Sofía Páez podría aportar nuevas pistas para esclarecer las circunstancias de su desaparición y muerte.

El teléfono fue encontrado en el departamento de Sucre, un hallazgo que despertó interrogantes sobre lo ocurrido con la adolescente.

Las unidades de investigación criminal trabajan para establecer cómo llegó el aparato hasta esa ubicación geográfica y si intervinieron terceras personas.

Los expertos en informática forense revisarán las plataformas de mensajería instantánea, el historial de llamadas y las interacciones en redes sociales.

La ubicación del celular de Ayelén Sofía Páez abre diferentes hipótesis para los investigadores que buscan establecer responsabilidades o descartar la participación de terceros.

Integrantes del equipo de la Fiscalía lideran las diligencias de inspección técnica al equipo electrónico bajo estrictos protocolos de custodia legal.

Familiares de la víctima aguardan con expectativa los resultados de los peritajes tecnológicos para conocer la verdad de los lamentables acontecimientos.

El material probatorio obtenido a partir de la memoria telefónica resultará definitivo para estructurar la teoría del caso ante los juzgados competentes.

Los avances de este análisis forense serán incorporados formalmente al expediente judicial para orientar el rumbo de las siguientes actuaciones legales.

El proceso investigativo avanza con celeridad para responder los vacíos informativos y brindar la justicia requerida en este triste hecho institucional.

¿Quién era Ayelén Sofía Páez?

Ayelén Sofía Páez Oliveros era una estudiante colombiana de 16 años de edad que cursaba grado once en el colegio Manuela Beltrán en Bogotá.

La menor realizaba paralelamente sus prácticas académicas en el Servicio Nacional de Aprendizaje y proyectaba presentar la prueba estatal Saber 11 para su ingreso universitario.

Sus allegados la describían como una joven juiciosa, aplicada, cariñosa y cercana a su entorno familiar, dedicada prioritariamente a sus obligaciones educativas y personales.

La adolescente desapareció el 9 de agosto de 2025 tras salir brevemente de su vivienda en Bogotá para realizar una compra en un comercio cercano.

Tras perder su rastro, las autoridades locales emitieron alertas de búsqueda activa e Interpol activó una circular amarilla para su localización internacional en 195 países.

Durante más de un año, sus familiares adelantaron intensas labores comunitarias y movilizaciones en diversas ciudades colombianas para exigir respuestas sobre su paradero exacto.

En octubre de 2026, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que los restos hallados en Sopó, Cundinamarca, correspondían a la menor de edad.

El hallazgo generó conmoción nacional y reactivó las exigencias ciudadanas de justicia para esclarecer la secuencia de hechos acontecidos durante su prolongada ausencia.

Actualmente, la Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones judiciales correspondientes bajo las líneas de posible desaparición forzada y presunto homicidio.

Las autoridades analizan pruebas forenses, registros de cámaras de seguridad y el teléfono celular de la víctima para identificar a los responsables del hecho.

El legado de la joven permanece en la memoria colectiva como símbolo del clamor social por la protección efectiva de la niñez colombiana.

Su trágico caso impulsó debates sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de búsqueda e investigación inmediata ante la desaparición de menores.

Durante su intervención, el jefe de Estado cuestionó con dureza la gestión cultural del anterior gobierno encabezado por Gustavo Petro, al señalar que supuestamente fragmentó conceptualmente la cultura y utilizó las instituciones públicas para imponer una interpretación ideológica sesgada de la historia nacional. “Desde aquí va a empezar la contrarrevolución cultural. El Gobierno asume una lucha abierta y total contra el wokismo. No hay ambigüedad en esa materia. Es uno de los grandes cánceres que amenazan la unidad nacional y a la sociedad colombiana”, aseveró de manera categórica el mandatario, vinculando el concepto con el lenguaje inclusivo, la ideología de género y las políticas identitarias.

La ofensiva institucional no se quedó en el plano discursivo. Paralelamente, el Gobierno impartió la orden inmediata de retirar al menos 30 afiches, fotografías y objetos expuestos en tres salas del Museo Nacional de Bogotá. Las piezas retiradas hacían alusión a la historia de los movimientos LGBTI y feministas, a las víctimas de la violencia política contra la Unión Patriótica (UP) y a los pormenores del Acuerdo de Paz. Asimismo, se solicitó desaparecer de los espacios públicos obras e imágenes alusivas a Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del M-19, sumándose a las directrices previas para revisar currículos y textos escolares con el fin de eliminar contenidos relacionados con enfoques de género.

El término “woke”, cuyo origen se remonta a la lucha histórica contra el racismo y la discriminación en Estados Unidos y que ganó visibilidad global con movimientos como Black Lives Matter, ha mutado en el debate político contemporáneo. Mientras sectores progresistas lo defienden como un estandarte de justicia social, líderes conservadores de la órbita internacional —como el estadounidense Donald Trump o el argentino Javier Milei, cuyas posturas sintonizan con la línea de De La Espriella— lo utilizan para cuestionar lo que consideran excesos ideológicos y restricciones a la libertad de expresión. Adicionalmente, el mandatario colombiano reivindicó la salvaguarda del patrimonio religioso, destacando que el arte sacro, las iglesias y las procesiones son pilares fundamentales para comprender la memoria y la identidad de la nación.

Las reacciones ante este giro gubernamental no tardaron en manifestarse en el espectro político y de opinión. La periodista María Jimena Duzán criticó duramente la medida, interpretándola como una amenaza directa al pluralismo y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Por el contrario, figuras afines a la administración, como la exsenadora María Fernanda Cabal, celebraron la iniciativa al considerar que restituye el sentido común frente a discursos que, a su juicio, atentan contra la familia tradicional. Por su parte, el analista político Alejandro Chalá apuntó que esta estrategia también funciona como un mecanismo de cohesión y disputa interna entre los sectores más radicales del oficialismo por el control de la directriz ideológica del Ejecutivo.

En un comunicado difundido en su cuenta de X, Holguín reiteró el compromiso del Museo Nacional con la conservación, restauración, protección y socialización de la cultura nacional. La ministra enfatizó que el museo no debe ser un espacio para la apología al delito ni revictimización. Según su mensaje, la institución debe observar y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, pilares fundamentales reconocidos por las leyes colombianas en materia de memoria histórica.

El pronunciamiento de Holguín también abordó la protección de la infancia, recordando que el museo tiene la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales de los niños, tal como establece el artículo 44 de la Constitución. Aunque en su declaración no detalló de qué manera las piezas retiradas podrían vulnerar dichos derechos, sí subrayó la necesidad de evitar el acceso de menores de edad a material sensible.

Holguín anunció además que actualmente se lleva a cabo una evaluación y rediseño de la museología y la curaduría del Museo Nacional y otros espacios bajo supervisión del Ministerio de Cultura. El objetivo, según manifestó, consiste en garantizar la salvaguarda, investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural, histórico y artístico, promoviendo la memoria, la identidad y la transformación social.

La controversia estalló cuando usuarios de redes sociales advirtieron el retiro de piezas vinculadas a la población LGBTIQ+, el magnicidio de Bernardo Jaramillo Ossa, el Acuerdo de Paz de 2016 y la gráfica política. La activista Marcela Sánchez, de la organización Colombia Diversa, compartió imágenes de los espacios vacíos en la sala "Hacer sociedad". Simultáneamente, el excandidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo exigió claridad sobre las garantías para la memoria LGBTIQ+ y otras representaciones históricas. No obstante, el comunicado ministerial no aclara el destino final de las piezas retiradas.

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¿Por qué el Gobierno decidió retirar piezas de paz, diversidad y memoria del Museo Nacional?

La ministra de Cultura, Paola Holguín, indicó que el motivo principal para el retiro de las piezas fue evitar que el Museo Nacional cumpliera una función de adoctrinamiento político o difundiera versiones sesgadas de la historia. Según expresó en su cuenta de X, el museo debe garantizar la protección de los derechos de las víctimas y de las infancias frente a material sensible, aunque no detalló cómo las piezas afectaban estos derechos.

¿Qué reacciones generó el retiro de piezas del Museo Nacional en la sociedad colombiana?

La decisión de retirar obras generó una fuerte reacción en redes sociales y entre figuras públicas. Activistas como Marcela Sánchez evidenciaron la ausencia de obras relacionadas con la población LGBTIQ+ y otros temas históricos. Además, personalidades políticas, como Juan Daniel Oviedo, exigieron explicaciones y garantías para que estas memorias sigan representadas en el museo, cuestionando la pluralidad y diversidad en las decisiones estatales.

Durante el desarrollo del juicio, uno de los momentos fundamentales estuvo relacionado con un elemento audiovisual que la Fiscalía había anunciado con la intención de probar la participación directa del acusado. Sin embargo, este material nunca llegó a integrarse formalmente al proceso, lo que debilitó de manera significativa la argumentación en contra de Carvajalino Ortega, según el análisis del despacho judicial citado en el expediente. La defensa del procesado insistió en que la carga probatoria nunca fue satisfecha y que, por tanto, la presunción de inocencia debía prevalecer.

Cabe recordar que el asesinato de Ángel Maya Daza, conocido como ‘El Kiri’, tuvo lugar en octubre de 2015, cuando el médico fue abordado por dos sicarios que se desplazaban en motocicleta en el sector de Casa Blanca, Valledupar. Tras ser alcanzado por un disparo en el tórax, Maya Daza fue trasladado a la Clínica Erasmo, donde los médicos constataron que había llegado sin signos vitales. Por este crimen fueron señalados también Omar Yesid Gómez Salinas, alias ‘Papitas’, y Daniel Camilo Anaya Mejía, alias ‘El Abuelo’, quienes posteriormente murieron de forma violenta, cada uno en circunstancias distintas y en años posteriores.

Es importante resaltar que Alfredo Carvajalino Ortega ya se encontraba en libertad debido a un vencimiento de términos procesales ordenado previamente por un juez de control de garantías, lo que permitió que enfrentara el fallo final desde fuera de prisión. El juzgado aclaró que la absolución solo afecta la situación de Carvajalino Ortega, sin emitir juicios sobre los otros implicados en el acto violento. La muerte de ‘El Kiri’ Maya marcó a la comunidad de Valledupar, no solo por su reconocimiento en el ámbito médico, sino también por sus antecedentes judiciales, entre ellos una condena cumplida por vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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¿Por qué fue absuelto Alfredo Carvajalino Ortega, alias 'Mijito', en el caso del asesinato de Ángel Maya Daza?

Alfredo Carvajalino Ortega fue absuelto debido a la falta de pruebas contundentes que lo vincularan de manera directa con el crimen, según determinó el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Valledupar. La Fiscalía apoyó su acusación en informes de Policía Judicial, pero no presentó evidencias materiales, como un video anunciado que nunca fue incorporado al caso, y por eso no logró desvirtuar la presunción de inocencia.

¿Quién era Ángel Eleison Maya Daza y por qué su asesinato causó conmoción en Valledupar?

Ángel Maya Daza era un reconocido médico alergólogo y exgerente del Hospital Rosario Pumarejo de López. Su asesinato generó impacto en Valledupar tanto por su trayectoria profesional como por antecedentes judiciales, ya que había cumplido una condena de seis años por vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según se informó en el proceso.

La producción del concierto, que proyecta la asistencia de casi 28.000 personas, garantizó que las entradas ya compradas seguirán siendo válidas, aunque reconocieron la necesidad de ajustar algunas localidades de gradería debido a las características del nuevo escenario. Los detalles sobre estos cambios serán comunicados a través de TuBoleta Pass. A pesar de estas modificaciones logísticas, se mantiene la distribución original para los palcos y la silletería ubicada inicialmente en la gramilla, y el formato y repertorio del espectáculo continuarán según lo previsto.

Diomar García, productor del evento, explicó a Blu Radio las complejidades que representa cambiar la sede de un espectáculo planeado durante más de un año. Por su parte, Fonseca expresó su respaldo a la protección del césped y consideró que la decisión colabora con la programación deportiva de Bogotá, enfatizando su solidaridad con el fútbol y la ciudad.

El cambio de lugar del concierto ocurrió tras las conversaciones entre Sencia, empresa administradora de El Campín, y la producción de Fonseca. No obstante, la alteración no resuelve las inquietudes sobre el daño al césped ni sobre las responsabilidades respecto a su mantenimiento, puntos que siguen siendo objeto de debate y revisión por parte de las autoridades.

En paralelo, la veeduría ciudadana Vercontrol presentó una tutela contra la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), solicitando la suspensión de los conciertos sobre el césped hasta contar con una certificación técnica que garantice la aptitud del campo para el fútbol profesional. Además del evento de Fonseca, la medida afectaría presentaciones de artistas como Ryan Castro, Los Tigres del Norte y Karol G. Vercontrol pidió que la condición de la cancha sea evaluada por la Dimayor o un experto en césped deportivo, y exigió que el IDRD demande a Sencia entregar el campo, como mínimo, en las condiciones en que lo recibió en octubre de 2024.

Por otra parte, la Contraloría de Bogotá abrió una investigación preliminar para determinar si Sencia cumplió sus obligaciones de mantenimiento y si existen costos asociados a reemplazos de la gramilla, aplazamientos y falta de disponibilidad del estadio. Las investigaciones también involucran a la interventoría, la supervisión del IDRD y la eventual existencia de un daño fiscal.

Sencia afirmó en un comunicado que la situación resalta la necesidad de una nueva obra para El Campín, que ofrezca tecnología y prácticas internacionales para eventos masivos, mientras la recuperación del césped y la definición de responsabilidades permanecen en el centro del debate.

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¿Por qué fue trasladado el concierto de Fonseca del estadio El Campín al Vive Claro Stadium?

El traslado del concierto de Fonseca se debió al deterioro de la gramilla de El Campín tras el recital reciente de BTS. Según El Espectador, la decisión busca evitar más daños en el terreno de juego y facilitar la recuperación del campo para los compromisos deportivos, garantizando también la seguridad de los asistentes y manteniendo la programación del evento musical.

¿Qué requisitos se piden para permitir conciertos en el césped de El Campín luego del deterioro?

De acuerdo con la tutela interpuesta por Vercontrol y reseñada por El Espectador, se exige una certificación técnica que garantice que la cancha está en condiciones de recibir fútbol profesional. También se pide que la verificación sea realizada por la Dimayor o un experto en césped deportivo, y que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) exija a Sencia entregar el estadio al menos en el mismo estado en que lo recibió en octubre de 2024.

De acuerdo con lo anunciado por la Alcaldía, el objetivo principal es frenar la ola de violencia y facilitar la identificación de posibles responsables de delitos. La medida está establecida para estar en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, durante los primeros 60 días se evaluarán los resultados obtenidos, y con base en esa valoración, las autoridades decidirán si mantienen la restricción o si sería necesario modificarla.

No obstante, se aclaró que habrá excepciones para no afectar el traslado de quienes requieren movilizarse en motocicleta para cumplir con sus actividades laborales o académicas. Entre los grupos exceptuados se encuentran personal de salud, docentes, estudiantes, domiciliarios y trabajadores del sector rural, así como aquellas personas que puedan demostrar la utilización de la motocicleta por motivos de trabajo.

Adicionalmente, la Administración Municipal reiteró que continúa vigente una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y capturar a las personas involucradas en los incidentes violentos recientes. La Alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las investigaciones aportando cualquier dato relevante, subrayando que en los próximos días podrían anunciarse nuevas acciones en materia de seguridad. Todo esto, según la información indicada por la Administración Municipal, será formalizado mediante la expedición del respectivo decreto.

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¿Cuándo inicia y hasta cuándo estará vigente la restricción de parrillero hombre en El Espinal?

La restricción comienza el lunes 19 de octubre, fecha que indicó la Administración Municipal para la entrada en vigencia una vez se expida el decreto. Esta medida está programada para mantenerse hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque las autoridades realizarán una evaluación tras 60 días para determinar la continuidad del decreto.

¿Quiénes están exceptuados de la prohibición de parrillero hombre en motocicletas en El Espinal?

Según la información oficial, quedan exceptuados de la restricción quienes demuestren necesitar la motocicleta para su actividad laboral o académica, entre ellos personal de salud, docentes, estudiantes, domiciliarios y trabajadores del campo, junto con otras personas que puedan acreditar el uso laboral del vehículo, de acuerdo con lo anunciado por la Alcaldía.

Matiz explicó que, con estos nuevos recursos, el objetivo será fortalecer múltiples sectores estratégicos para los tolimenses, como transporte, minas y energía, inclusión social y reconciliación, interior, deporte y recreación, así como salud y protección social. De acuerdo con sus declaraciones, este ajuste en la inversión se traduce en más oportunidades para impulsar el desarrollo regional y sacar adelante propuestas consideradas clave para la población local.

La mandataria también remarcó que, a pesar de este crecimiento en el presupuesto proyectado, su compromiso sigue centrado en gestionar mayor financiación ante el Gobierno Nacional. En este sentido, subrayó la importancia del Encuentro Regional para la Construcción del Plan Nacional de Desarrollo, que está previsto en Ibagué para el viernes 16 de octubre. Para Matiz, este evento será esencial para defender las prioridades del Tolima y asegurar que los proyectos estratégicos tengan visibilidad y respaldo en la agenda nacional de inversión.

En cuanto a la distribución de los recursos anunciados, entre las partidas proyectadas para la inversión regionalizada figuran $319.555 millones destinados a transporte, $177.314 millones para energía y gas, $33.033 millones para vivienda, $2.752 millones para deporte y $810 millones para medio ambiente. Es importante aclarar que estas cifras corresponden a inversión prevista en el presupuesto y aún no representan recursos girados o ejecutados; la materialización efectiva dependerá de la asignación definitiva y del avance de los distintos proyectos aprobados para el territorio.

La gobernadora concluyó reiterando su compromiso de seguir buscando mayores fuentes de financiación, señalando que la meta es “más gestión, más inversión y más resultados para el Tolima”. De acuerdo con Matiz, la participación activa en escenarios nacionales será clave para asegurar la inclusión de las necesidades departamentales en las decisiones de inversión del país.

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¿Cuáles son los sectores beneficiados por el aumento de la inversión en Tolima?

De acuerdo con la gobernadora Adriana Magali Matiz, los sectores que recibirán una mayor asignación gracias al incremento proyectado incluyen transporte, minas y energía, inclusión social y reconciliación, interior, deporte y recreación, y salud y protección social. Estas áreas fueron señaladas como prioritarias para el desarrollo regional del Tolima en los anuncios oficiales citados en el texto.

¿Cómo se distribuye la inversión nacional prevista para el Tolima en 2027?

Según lo informado, la inversión nacional regionalizada para el Tolima contempla partidas como $319.555 millones en transporte, $177.314 millones en energía y gas, $33.033 millones en vivienda, $2.752 millones en deporte y $810 millones en medio ambiente. Estas cifras corresponden a las proyecciones y la ejecución dependerá de futuras asignaciones y avances en los proyectos.

La directora de la ANT, Lina María Garrido, aceptó la renuncia, que fue presentada por Medina como una decisión “libre y voluntaria”. Según la resolución, su retiro se hizo efectivo a partir de este viernes 16 de octubre. El documento también le ordenó dejar al día los asuntos que estaban bajo su responsabilidad en la entidad.

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Medina había llegado al cargo pocas semanas antes de la controversia. Su nombramiento como asesor del despacho de la directora se produjo el 26 de agosto y tomó posesión el primero de septiembre, por lo que permaneció alrededor de 45 días en la entidad antes de su salida.

La polémica comenzó después de que el miércoles 14 de octubre circulara en redes sociales una grabación en la que aparece revolviendo una olla con un armadillo, al que llama “cachicamo”, como se conoce a este animal en los Llanos Orientales. En el video, el funcionario dice: “Hoy tenemos un cachicamo acá en Bogotá”.

La publicación motivó la intervención de la Procuraduría, que abrió un proceso disciplinario para esclarecer lo sucedido. El organismo señaló que el armadillo forma parte de la fauna silvestre protegida y advirtió que su tenencia y consumo podrían contravenir las normas de conservación ambiental.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público dio cinco días a la Agencia Nacional de Tierras para entregar la certificación laboral de Medina, con información sobre su salario en 2026 y las fechas de nombramiento, posesión y renuncia. Además, ordenó al grupo de Informática Forense de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales localizar, identificar y preservar el video que originó la controversia.

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La Procuraduría también solicitó al Ministerio de Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que certifiquen si esta especie está protegida y si su consumo está permitido en Bogotá. El proceso se encuentra en una etapa inicial y busca establecer las circunstancias de los hechos, por lo que todavía no hay sanciones definidas ni una conclusión sobre posibles responsabilidades disciplinarias.

Uno de los principales cambios recae en los llamados cargos de libre nombramiento y remoción. Según lo dispuesto, la ocupación de estos empleos no podrá superar el 60 %, excluyendo cargos altos como ministro, director o subdirector de departamento administrativo, y viceministro. Cada entidad deberá justificar la necesidad funcional de cada cargo, demostrar la inexistencia de duplicidades, evaluar el impacto presupuestal y garantizar que la contratación esté alineada con las prioridades gubernamentales. Así, se rompe con el esquema previo de provisión automática de estos puestos, obligando a una revisión más estricta y justificada antes de realizar nuevas contrataciones.

En cuanto a la contratación por prestación de servicios —una figura frecuentemente cuestionada por la administración en campaña bajo el nombre de “empleos militantes”—, el gobierno fijó un tope: tomando como referencia los datos de 2025 y 2026, el incremento de este tipo de contratos no superará el 25 %. Además, las excepciones justificadas a estos límites solo se permitirán en circunstancias relacionadas con obligaciones legales, judiciales, servicios esenciales, seguridad, atención de emergencias, proyectos de financiación específica, compromisos internacionales u otras razones indispensables.

Todos estos procesos deberán ir acompañados de una evaluación previa en la que se considere la redistribución de tareas, la movilidad interna, el aprovechamiento de capacidades existentes, la simplificación de los procesos, la interoperabilidad y la automatización. Como parte del control, las entidades deberán reportar cada trimestre una consolidación detallada del cumplimiento de estos lineamientos, incluyendo datos sobre ocupación de cargos, contratos, excepciones y ahorros.

Según lo advierte el documento citado por El Espectador, estos lineamientos comenzarán a regir el primero de enero de 2027, coincidiendo con el inicio de la ejecución del Presupuesto General de la Nación para ese mismo año.

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¿Cuándo entran en vigor los nuevos lineamientos de austeridad en la contratación pública según el Gobierno De la Espriella?

De acuerdo con la circular emitida por la Presidencia, los lineamientos establecidos para la nueva política de austeridad y racionalización del gasto público comenzarán a regir a partir del primero de enero de 2027.

¿Qué implica la contratación por prestación de servicios y cuáles son sus nuevos límites para 2025-2026?

La contratación por prestación de servicios, señalada como una modalidad polémica por el gobierno, permitirá un incremento de máximo 25 % en comparación con los datos de 2025 y 2026. Esto significa que las entidades deberán limitar el crecimiento de este esquema contractual y solo sobrepasarlo en casos debidamente justificados por ley, seguridad o compromisos internacionales.

La funcionaria hizo el pronunciamiento durante un diálogo regional con el Ministerio de Salud, la Federación Nacional de Departamentos y los secretarios departamentales del sector.

Lesmes señaló que una nueva liquidación podría dificultar el reconocimiento y pago de las obligaciones financieras pendientes con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

Por ello, insistió en la necesidad de priorizar la continuidad de las operaciones y revisar los compromisos económicos de las aseguradoras.

Entre las propuestas presentadas por el departamento están fortalecer el plan de choque en salud, recuperar la contratación entre EPS e IPS y revisar la cartera hospitalaria para organizar las cuentas y avanzar en el reconocimiento de las deudas.

La secretaria también destacó la importancia de mantener una comunicación directa con el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud para coordinar acciones que permitan mejorar la prestación de los servicios.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron además las necesidades de infraestructura hospitalaria afectada por el sismo del 10 de agosto de 2026.

El Valle del Cauca busca aportar su experiencia técnica a las discusiones sobre posibles ajustes al sistema de salud, con énfasis en la estabilidad financiera, la atención de los pacientes y el fortalecimiento de la red hospitalaria.

El incidente se produjo hacia las 8:25 de la noche, cerca del reconocido almacén Éxito sobre la calle 80. Luego de la supuesta agresión, el señalado intentó refugiarse en una floristería cercana para evitar ser capturado por quienes lo perseguían. No obstante, vecinos que presenciaron lo ocurrido le siguieron el rastro, logrando finalmente retenerlo hasta que la Policía llegó para asumir el control de la situación.

Imágenes captadas por ciudadanos circularon rápidamente en redes sociales. En uno de los videos difundidos, se observa a un joven, con las manos esposadas, en el piso y custodiado por dos agentes de la Policía. El mismo registro deja en evidencia diversas lesiones en el rostro del retenido. En ese momento, la comunidad manifestó parte de su malestar ante el aumento de robos y la sensación de inseguridad en el barrio, aunque las autoridades no entregaron declaraciones oficiales inmediatas.

No hay detalles confirmados sobre la identidad del presunto agresor ni sobre el estado de salud de la persona que habría sido víctima del hurto. Tampoco se han establecido con claridad las circunstancias exactas en que se produjo la agresión inicial, más allá de los reportes de testigos y los videos ciudadanos. De acuerdo con El Nuevo Día, se espera que las autoridades emitan próximamente información ampliada sobre el procedimiento realizado y las acciones judiciales que correspondan.

Este caso se suma a otros hechos recientes que han encendido las alarmas sobre la seguridad en Ibagué, especialmente en sectores residenciales. Las respuestas de las autoridades y el avance en las investigaciones serán clave para determinar las responsabilidades y posibles consecuencias legales para los involucrados.

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¿Cómo actuó la comunidad durante el intento de robo en el barrio Valparaíso de Ibagué?

De acuerdo con la información de El Nuevo Día, la comunidad del barrio Valparaíso reaccionó rápidamente cuando se enteró del intento de robo. Tras la agresión con elemento cortopunzante, varios vecinos siguieron al presunto responsable hasta una floristería, logrando retenerlo y solicitando asistencia de la Policía. Este actuar colectivo demuestra la respuesta organizada de los residentes frente a situaciones que afectan su seguridad.

¿Qué información se conoce sobre el estado de salud de la víctima del robo en Ibagué?

Hasta el momento, no existen detalles oficiales sobre la condición médica del hombre que habría sido la víctima del robo, ni sobre las consecuencias de la herida en el rostro que sufrió. De acuerdo con El Nuevo Día, las autoridades aún no han brindado reportes sobre el estado de salud de esta persona ni sobre la identidad de los involucrados.

De acuerdo con la información entregada por el SGC, el sismo fue identificado con el código SGC2026ujrbwk y alcanzó una magnitud de 4.1. El evento se localizó en las coordenadas 6.87 grados de latitud y -77.49 grados de longitud, en una zona del norte del Chocó cercana a varios municipios de la región.

(Lea también: Nuevo temblor en Colombia sacudió la noche de este martes; SGC confirmó epicentro y magnitud)

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-16, 08:02 hora local Magnitud 4.1. Profundidad superficial, Riosucio – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/IZRvvd8Kuv

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 16, 2026

Hasta el momento, las autoridades no reportaron daños por el movimiento telúrico de esta mañana.

Fuentes cercanas al proceso diplomático señalaron que el propósito central de la llamada radica en reiterar el mensaje de que la política exterior colombiana prioriza el pragmatismo institucional por encima de cualquier alineación partidista. La relación bilateral, que en la era moderna ha dejado dividendos clave para el país mediante herramientas financieras históricas como el Plan Colombia, enfrenta ahora un momento crucial. Esto ocurre mientras se discute la propuesta de la administración estadounidense de destinar un presupuesto enfocado en la cooperación regional, por lo que contar con el respaldo sólido del Partido Demócrata —especialmente si logran consolidar el control en la Cámara de Representantes, donde Meeks se perfila con un rol directivo fundamental en asuntos exteriores— resulta imperativo para los intereses nacionales.

El acercamiento cobra especial relevancia tras los recientes debates generados en Washington, donde sectores demócratas han seguido de cerca los movimientos políticos en la región y la relación institucional entre ambos gobiernos. Pese a las tensiones coyunturales y los matices de la política exterior, el pragmatismo se impone en la agenda de la Casa de Nariño. De La Espriella busca tender puentes sólidos con líderes demócratas experimentados como Meeks, quien previamente visitó el país en el marco de la ceremonia de posesión presidencial, reconociendo la importancia de mantener aceitados los canales de comunicación con los decisores clave del Capitolio estadounidense.

La estrategia apunta a blindar la cooperación económica y de seguridad binacional ante los resultados que definan las urnas norteamericanas. Para el Ejecutivo colombiano, la estabilidad de los recursos destinados al desarrollo y la seguridad no puede depender de vaivenes partidistas, sino de una diplomacia pragmática y fluida. La llamada con el representante demócrata marcará la pauta sobre cómo el actual gobierno pretende navegar el complejo mapa geopolítico de Washington, asegurando que los puentes con los partidos demócrata y republicano se mantengan firmes ante el panorama electoral que se avecina en el gigante norteamericano.

El presidente destacó en sus redes sociales que el plan contempló acciones contundentes contra organizaciones criminales. Entre los capturados en la jornada, se encuentran cabecillas de grupos delictivos como el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Fresco y Los Porteños, estructuras señaladas por su participación en delitos de alto impacto en la región. “Vamos a acabar con los grupos narcoterroristas y criminales en Barranquilla, con toda la fuerza y contundencia del Estado”, expresó en uno de los mensajes difundidos durante la operación.

Los datos oficiales, presentados por el mandatario con corte a las 4:00 de la mañana del mismo día, indican que la operación resultó en 34 allanamientos y 56 capturados. De estas detenciones, 28 personas fueron aprehendidas en flagrancia, mientras que las otras 28 lo fueron mediante orden judicial. Sobre los delitos involucrados, 16 capturas se relacionan con concierto para delinquir, 13 con hurto, nueve con tráfico de estupefacientes, ocho con porte ilegal de armas y tres por homicidio.

En su intervención pública transmitida en video, De la Espriella remarcó el compromiso del Estado con la lucha contra el crimen y envió un mensaje de respaldo a los miembros de la fuerza pública. “Nunca más vamos a retroceder ante aquellos que quieren sembrar el caos en nuestro país”, expresó, agradeciendo el esfuerzo y la valentía de quienes participaron en la operación. Esta acción forma parte de una estrategia para devolver la seguridad y tranquilidad en Barranquilla y en el país, centrada en enfrentar a quienes han querido imponer su ley a través de la violencia y el miedo.

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¿Cuántas personas fueron capturadas durante la Operación Blindaje en Barranquilla?

De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, durante la Operación Blindaje se realizaron 56 capturas, divididas en 28 en flagrancia y 28 mediante orden judicial. Estos arrestos se relacionaron con delitos como concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y homicidio.

¿Qué grupos criminales fueron impactados en la Operación Blindaje en Barranquilla?

Según la información oficial proporcionada por el presidente De la Espriella, la operación logró la captura de jefes pertenecientes a grupos como el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Fresco y Los Porteños, estructuras que han sido señaladas por su impacto en la seguridad de la región.

De acuerdo con la información disponible, el ataque habría sucedido en medio de una discusión posiblemente relacionada con la ruptura de la relación sentimental de la pareja. Luego del crimen, Manjares Acevedo, de 33 años, habría sufrido una lesión en el rostro por razones que todavía no se han esclarecido. Fue trasladado a un centro asistencial en el norte del Tolima, donde recibió atención médica; sin embargo, su estado de salud era delicado y finalmente se confirmó su fallecimiento, según las versiones preliminares recogidas por personas allegadas y autoridades locales.

El proceso investigativo busca aclarar la secuencia de los hechos. Las versiones iniciales señalan que el hombre disparó contra Niversy y posteriormente se autoinfligió la herida, pero las autoridades aún no han podido establecer con certeza lo ocurrido. Se sabe, además, que la pareja atravesaba un momento particularmente difícil y que Niversy habría manifestado recientemente su deseo de terminar la relación, aunque esta información todavía debe ser verificada dentro de la investigación.

Mientras los investigadores recogen pruebas y testimonios para reconstruir lo sucedido, la muerte de la mujer deja un vacío profundo, especialmente para sus dos hijos pequeños, de 6 y 8 años, quienes ahora quedan huérfanos. Personas cercanas a la familia han expresado su dolor y, al mismo tiempo, han pedido que se esclarezcan con prontitud las circunstancias del caso para comprender plenamente las condiciones que llevaron a esta tragedia. Las autoridades señalaron que, pese a la muerte del presunto agresor, continúan con la documentación rigurosa para establecer la verdad de los hechos en La Polca, en el municipio del Líbano.

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¿Qué pasó en el asentamiento La Polca, en Líbano, Tolima, con Niversy Pereira y su pareja?

En el asentamiento La Polca, municipio del Líbano, Tolima, Niversy Michel Pereira Pineda fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental, Ismael Alberto Manjares Acevedo, quien falleció poco después debido a una herida en el rostro. Las autoridades investigan el caso como un posible feminicidio y trabajan en esclarecer la secuencia exacta de los hechos.

¿Por qué las autoridades investigan el caso como feminicidio?

Las autoridades investigan el caso como feminicidio debido a que la muerte de Niversy Michel Pereira Pineda ocurrió en un contexto de violencia de pareja y se relaciona con la posible ruptura sentimental, conforme a lo informado en las primeras versiones recogidas por personas cercanas y autoridades en el lugar.

(Vea también: “Hazmerreír hemos sido en estos 4 años”: le caen a ‘Mafe’ Carrascal por pullazo a De la Espriella)

Se trata de una queja que presentó la periodista Sofía Casas ante la Procuraduría para que se examine la posible responsabilidad disciplinaria de la representante a la Cámara María por lo ocurrido durante la intervención de la menor.

Dicha petición busca establecer si la congresista tuvo alguna participación en las expresiones pronunciadas por la niña frente a los asistentes. Para ello, Casas solicitó que se revise el material audiovisual completo y se determine si alguien le indicó a la menor qué debía decir.

El documento también plantea que, si corresponde, el caso sea remitido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el propósito de evaluar posibles afectaciones a los derechos de la niña. La queja cita las garantías especiales que establece la legislación colombiana para la protección de niños, niñas y adolescentes.

La solicitud no constituye una decisión sobre la responsabilidad de Carrascal. El propósito es que las autoridades competentes determinen si existen motivos para iniciar actuaciones y establezcan las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

Como la representante Mafe Carrascal parece confundir su cuenta con una propiedad privada y cree que puede bloquear arbitrariamente a los ciudadanos que la cuestionan, (COSA QUE NO PUEDE HACER) agradezco le hagan llegar este mensaje: ejercer un cargo público no la exime de rendir cuentas.

Una niña no es un instrumento de propaganda política ni una tarima es el lugar para exponerla y celebrar expresiones inapropiadas. ¿Dónde quedó la obligación de los adultos de protegerla? El @ICBFColombia debe pronunciarse y exigir respuestas. Los derechos de los niños están por encima de cualquier politiquero o partido.

Abusiva e irrespetuosa, como siempre. No cambia.

— Catalina Suárez B. (@CatalinaSuarezB) October 15, 2026

Sandra Forero también pidió que se examine el caso

La controversia llegó también al Concejo de Bogotá. La concejal Sandra Forero anunció que envió comunicaciones a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes y al ICBF para que revisen la conducta de la congresista y las circunstancias en las que la menor participó en el acto público.

Forero cuestionó que la niña hubiera quedado expuesta ante los asistentes y ante las personas que posteriormente vieron las imágenes en redes sociales. Su petición se suma a los cuestionamientos que surgieron después de la difusión del video.

Las solicitudes buscan que las entidades correspondientes examinen el episodio desde sus respectivas competencias. Por un lado, está la posible responsabilidad disciplinaria de la representante; por otro, la evaluación de las garantías de protección de la menor.

Qué respondió Carrascal a los cuestionamientos

La representante del Pacto Histórico rechazó que hubiera inducido a la niña a pronunciar expresiones ofensivas contra el presidente Abelardo de la Espriella. En sus mensajes públicos, aseguró que no conocía a la menor antes de la movilización y que le entregó el micrófono después de que ella lo solicitó, con autorización de sus padres.

«Jamás la incité a decir ninguna grosería, fue una ocurrencia de la niña», afirmó Carrascal al responder a las críticas. También sostuvo que los videos que circularon en redes fueron editados para dar a entender que ella le había indicado a la niña qué decir.

La congresista explicó que, después de la primera expresión de la menor, sí le dijo «Palestina libre», debido a que la niña llevaba una bandera palestina. Además, defendió el derecho de los menores a expresarse y cuestionó que se difundieran imágenes que permitieran identificar a la niña y a su familia.

Así, el caso tiene dos posiciones enfrentadas: quienes piden que se establezca si hubo una posible instrumentalización de la menor y la versión de Carrascal, quien niega haberla inducido a pronunciar esas palabras. La determinación sobre una eventual responsabilidad corresponde a las autoridades que examinen las solicitudes.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por las autoridades, los miembros de la institución se encontraban desplegados en la zona adelantando labores rutinarias de prevención, control y solicitud de antecedentes a transeúntes y vehículos. En medio de estas actividades operativas, un hombre de 23 años se apostó en un puente cercano y, sin mediar palabra, lanzó una granada de mano directamente contra la patrulla policial, desatando una fuerte detonación cuyas esquirlas impactaron de manera directa a cinco servidores públicos que cumplían con su deber constitucional.

El grupo de uniformados lesionados está integrado por un intendente jefe, un subintendente y tres patrulleros, quienes sufrieron heridas de consideración ocasionadas por los fragmentos del explosivo. Tras la emergencia, se activaron de inmediato los protocolos de atención y los afectados recibieron primeros auxilios en el sitio para luego ser trasladados de urgencia a diferentes centros asistenciales de la ciudad. Según el parte médico entregado por la institución policial, los cinco uniformados se encuentran en condición estable y bajo observación médica, evolucionando favorablemente de las lesiones sufridas durante el ataque.

Frente a los posibles autores intelectuales y materiales de esta acción criminal, fuentes de inteligencia consultadas señalaron que detrás del atentado estarían operando disidencias de las Farc que responden directamente a las órdenes de alias ‘Iván Mordisco’, estructura armada que mantiene una marcada y violenta injerencia delictiva en la región. La Policía Metropolitana de Cali rechazó de manera categórica el atentado y destacó la rápida reacción de las unidades en terreno, lo que permitió la persecución y posterior aprehensión del sospechoso de 23 años, quien fue plenamente identificado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se esclarezca su grado de participación en los hechos.

“Rechazamos de manera categórica el cobarde ataque con artefacto explosivo perpetrado este jueves 15 de octubre”, recalcaron las autoridades a través de un comunicado oficial. Asimismo, la institución hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que colabore con información veraz y oportuna que permita desmantelar la red criminal responsable de este atentado. Las autoridades recordaron que cualquier pista o denuncia sobre este tipo de acciones al margen de la ley puede ser aportada con absoluta reserva a través de la línea gratuita de emergencia 123.

En materia internacional, la presidenta del Concejo de Cali, Daniella Plaza, fue designada por el alcalde Eder para representar a la ciudad en dos cumbres organizadas por Naciones Unidas. Su viaje a Viena (Austria) y Ereván (Armenia) tiene como propósito exponer los desafíos locales asociados a la minería ilegal, que afecta significativamente las fuentes hídricas de Cali. Además, la agenda busca posicionar a la capital vallecaucana como ejemplo en biodiversidad y atraer cooperación internacional para las labores de reconstrucción posteriores al terremoto ocurrido el 10 de agosto, según precisó el medio citado.

Una iniciativa cultural y comunitaria se materializa en el barrio Obrero, donde progresa la instalación de esculturas que rinden tributo al legado de la salsa. Hasta ahora se han dispuesto cinco de las doce esculturas planificadas, entre ellas algunas dedicadas a íconos como Joe Arroyo, Celia Cruz y Jairo Varela. El objetivo es transformar el sector en un museo al aire libre, recuperar el espacio público y fortalecer la identidad ‘salsera’ que caracteriza a Cali.

Respecto a la convivencia ciudadana, más de 100 infractores del Código de Policía colaboran actualmente en la limpieza y renovación del barrio Sucre. Estas actividades de trabajo comunitario permiten a los infractores conmutar sus multas economizando recursos y mejorando el entorno. Según las autoridades, durante 2026 alrededor de 5.000 personas se han vinculado a este mecanismo, logrando reducir la reincidencia de comportamientos indebidos en más del 90 %.

Finalmente, el turismo marítimo estuvo en auge durante la semana de receso escolar, con más de 37 mil pasajeros movilizándose por el Pacífico colombiano. Buenaventura lideró el flujo de viajeros, seguida por Tumaco, Guapi y Bahía Solano. La Dirección General Marítima (DIMAR) reiteró la importancia de utilizar embarcaciones autorizadas y portar chalecos salvavidas como medida preventiva para evitar emergencias.

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¿Cómo avanza el proceso de adquisición de la hidroeléctrica Salvajina por parte de EMCALI?

La adquisición de la hidroeléctrica Salvajina por parte de EMCALI es una estrategia liderada por el alcalde Alejandro Eder para impulsar el fortalecimiento financiero de la empresa y minimizar su dependencia de la bolsa energética. El proceso, que contará con financiación apalancada en la participación accionaria de EMCALI en Celsia y requiere autorización del Concejo, tiene proyectado su cierre para 2027, según informó el Noticiero 90 Minutos.

¿Qué logros y metas tiene Cali en la agenda internacional contra la minería ilegal y en materia de biodiversidad?

La presidenta del Concejo de Cali, Daniella Plaza, representará a la ciudad en dos cumbres de Naciones Unidas en Viena y Ereván. Su misión es visibilizar los retos que afronta la ciudad a causa de la minería ilegal, la amenaza sobre los recursos hídricos y posicionar a Cali como referente en biodiversidad, además de buscar cooperación internacional para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, de acuerdo con lo informado por el noticiero regional.

De acuerdo con las primeras versiones de los testigos y las autoridades, el desacuerdo por el inmueble llevó a una fuerte discusión entre una de las mujeres, identificada con el alias de ‘La Crespa’, y otra ciudadana. En medio del altercado, una de las mujeres habría utilizado un elemento cortopunzante para agredir a su contraparte, lo que agravó la situación y terminó involucrando también a sus parejas sentimentales. Ambos hombres, según los testimonios entregados, presuntamente se enfrentaron físicamente como consecuencia directa de la riña inicial entre las dos mujeres.

La tensión no terminó con la pelea física. Según los reportes recogidos, dos de las personas implicadas, quienes se desplazaban en motocicleta, habrían realizado disparos contra un vehículo que pertenecía a la pareja opuesta. Este episodio eleva el nivel de violencia del conflicto, generando preocupación entre los habitantes del sector y exigiendo una respuesta clara por parte de las autoridades encargadas de la investigación.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales que permitan identificar a los presuntos responsables de accionar el arma de fuego. El caso continúa bajo investigación para esclarecer lo sucedido y determinar si, efectivamente, la disputa relacionada con la venta del inmueble fue el detonante principal de estos hechos violentos. Las autoridades deberán contrastar las versiones recogidas, confirmar la secuencia de los acontecimientos e identificar plenamente a las personas involucradas antes de emitir conclusiones definitivas sobre el motivo de la confrontación y las responsabilidades derivadas de este incidente.

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¿Cuál fue el motivo de la pelea en el barrio Santofimio de Ibagué?

Según la información citada por El Nuevo Día, la pelea se habría originado por desacuerdos en torno a la venta de una vivienda localizada cerca del río Combeima. El conflicto inicial entre las dos mujeres evolucionó a una confrontación física, involucrando también a sus parejas, pero las autoridades aún deben confirmar si este fue el motivo principal de los hechos violentos.

¿Qué acciones tomaron las autoridades tras los disparos en el sur de Ibagué?

Las autoridades han iniciado una investigación para establecer la secuencia de los acontecimientos, verificar las versiones disponibles e identificar a los posibles responsables. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre la identidad de quienes habrían disparado y se mantienen a la espera de mayores avances en el proceso de verificación de los hechos.

Con la nueva formalización comercial, se establecen reglas claras para los acuerdos entre la Terminal y las empresas transportadoras, fortaleciendo el control sobre los dineros que circulan en el sistema. Esta medida incorpora también mecanismos de recaudo digital orientados a mejorar la transparencia financiera, la trazabilidad de las transacciones y los controles para prevenir el lavado de activos. Todo ello, siguiendo las exigencias regulatorias de la Superintendencia de Transporte.

Uno de los cambios más significativos es la digitalización de la denominada ‘Tasa de Uso’, un recaudo destinado al mejoramiento de infraestructura y seguridad vial. Gracias al nuevo modelo de pagos digitales, la Terminal de Transporte busca minimizar el uso de efectivo, facilitar el seguimiento de los pagos y reforzar barreras frente a riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Este proceso se adelanta conforme a los lineamientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y el Régimen de Medidas Simplificadas.

Como expuso Rafael González, gerente de la entidad, “La formalización comercial y la digitalización son la llave hacia una operación transparente y eficiente. La Tasa de Uso deja de ser una carga administrativa en efectivo para convertirse en un proceso digital, seguro y moderno”, con lo cual se evidencia el compromiso de la administración actual con la modernización de la Terminal. Los beneficios principales de esta transformación incluyen eficiencia y seguridad financiera, mayor dignidad y tiempo para los conductores (al eliminar las filas y trámites manuales) y un fuerte compromiso ambiental con la reducción del uso de papel térmico, conforme a la certificación ISO 14001 que respalda la gestión ambiental de la Terminal.

Este proceso de transformación digital implica que las empresas pueden operar bajo distintas modalidades de pago, como ‘cupo directo’ y a través de plataformas aliadas (Flypass, Gopass, Copiloto), además de métodos virtuales como tarjetas de crédito, código QR y billeteras digitales. Aunque la mayoría de empresas ya se sumaron a esta transformación, la Terminal invita a quienes faltan a unirse, destacando la importancia de cumplir con las normas de control y prevención establecidas para el sector. De acuerdo con la Terminal, la integración total permitirá alcanzar una operación moderna y confiable, respondiendo a las crecientes exigencias regulatorias y sociales.

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¿Cuáles son los beneficios del Sistema de Pagos Digitales en la Terminal de Transporte de Bogotá?

La implementación del Sistema de Pagos Digitales en la Terminal de Transporte de Bogotá permite eliminar la manipulación de efectivo, reduce los tiempos y trámites para conductores, mejora la seguridad financiera y facilita la administración de viáticos para las empresas. Además, al digitalizar los comprobantes y transacciones, disminuye significativamente el uso de papel y se alinea con certificaciones ambientales, apoyando la sostenibilidad.

¿Cómo funciona el SARLAFT y por qué es importante en los pagos digitales de la Terminal de Transporte?

El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) es una política que ayuda a identificar, prevenir y controlar actividades relacionadas con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Su aplicación en los pagos digitales garantiza que las transacciones sean seguras, transparentes y cumplan con los estándares regulatorios exigidos por la Superintendencia de Transporte.

Álvaro José Cifuentes Ramírez es abogado, con énfasis en Derecho Político y una especialización en Derecho Público. Además, su formación incluye una maestría y un doctorado en Gobierno y Cultura de las Organizaciones, lo que, según el ministerio, respalda su idoneidad para el cargo. El comunicado oficial destaca que la vida profesional de Cifuentes ha estado dedicada a la educación, el derecho educativo, la dirección de instituciones educativas y la formación integral de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias.

En cuanto a su experiencia, el ministerio precisa que Cifuentes ejerció como presidente del Consorcio por la Infancia y la Juventud en Antioquia y fue rector del Colegio Bilingüe Aspaen Alcázares, en ese mismo departamento. También ha ocupado la presidencia del Instituto Latinoamericano de Liderazgo y de la Red Internacional de Investigación en Derecho Educativo (RIIDE) en Colombia. Su participación en juntas directivas y consejos directivos de instituciones educativas, tanto estatales como de iniciativa social y de entidades sin ánimo de lucro, se resalta como un valor añadido para liderar el viceministerio.

Entre las prioridades establecidas para su gestión, la cartera educativa enfatiza que el nuevo viceministro tendrá como misión promover la libertad educativa, así como el respeto por la dignidad humana y las libertades fundamentales. Además, la comunicación oficial del ministerio puntualiza tres enfoques prioritarios: el respeto al derecho de las familias para formar a sus hijos según sus convicciones, la dignificación del magisterio colombiano y el impulso al reconocimiento social de los maestros.

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¿Quién es Álvaro José Cifuentes Ramírez, nuevo viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media?

Álvaro José Cifuentes Ramírez es un abogado con énfasis en Derecho Político y especialista en Derecho Público, además de magíster y doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones. Según el Ministerio de Educación, se ha desempeñado en cargos de liderazgo en el sector educativo, incluyendo la presidencia del Consorcio por la Infancia y la Juventud en Antioquia, la rectoría del Colegio Bilingüe Aspaen Alcázares y la dirección de la Red Internacional de Investigación en Derecho Educativo en Colombia.

¿Cuáles son los enfoques principales de la gestión de Álvaro José Cifuentes en el Ministerio de Educación?

El Ministerio de Educación indica que la gestión de Cifuentes se centrará en promover la libertad educativa, el respeto por la dignidad humana y las libertades fundamentales. Además, priorizará la promoción del derecho de las familias para educar a sus hijos según sus convicciones, la dignificación y el reconocimiento social de los maestros colombianos.

De acuerdo con Emcali, estas interrupciones son necesarias para mejorar el servicio y garantizar el correcto funcionamiento en el futuro, además de contribuir a evitar emergencias derivadas de daños imprevistos en las tuberías principales. En ese contexto, la entidad explicó que todas las maniobras previstas forman parte de un plan de modernización y optimización programada de la infraestructura hidráulica de la ciudad.

La compañía detalló que los barrios que estarán afectados por la falta de agua potable durante las obras comprenden varias direcciones específicas. Entre estos sectores se encuentran Alfonso López, en carrera 7 L Bis con calle 73; La Rivera, en calle 70 número 1 J 25; Las Américas, en carrera 11 D número 38 - 22; Pueblo joven, en diagonal 48 Oeste número 54 A 36; Ciudad Pacífica, en calle 48 con carrera 122; Mojica, en calle 84 número 28 D4 -10; Promociones Populares, en carrera 26 I número 89 - 48; y Siloé, en diagonal 47 Oeste número 54 A 36. Esta lista fue presentada directamente por Emcali como información oficial.

La empresa recomendó a los habitantes de los barrios señalados tomar precauciones anticipadas, como almacenar la cantidad de agua necesaria para el consumo y actividades básicas durante el lapso de suspensión, cuyo tiempo específico no fue detallado en el comunicado. Este tipo de medidas busca reducir el impacto de la interrupción y facilitar la adaptación de la ciudadanía afectada.

Este informe se realizó exclusivamente con la información pública y oficial proporcionada por Emcali.

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¿Cuáles son los barrios de Cali que estarán sin agua este viernes según Emcali?

Los barrios que experimentarán suspensión del servicio de agua potable este viernes por actividades de reparación y mantenimiento en las redes del acueducto, según la información de Emcali, incluyen Alfonso López, La Rivera, Las Américas, Pueblo joven, Ciudad Pacífica, Mojica, Promociones Populares y Siloé, cada uno con direcciones específicas donde se realizarán los trabajos.

¿Por qué se realizan trabajos de mantenimiento en las redes de acueducto de Cali?

Las tareas de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto de Cali, según Emcali, se efectúan con el fin de reponer válvulas y optimizar las redes hidráulicas de la ciudad. Estas acciones buscan evitar daños inesperados y mejorar la calidad y continuidad del servicio a largo plazo.

Sanjuán relató que decidió acudir al centro médico de manera preventiva, luego de experimentar molestias en medio de sus compromisos laborales. Aunque la funcionaria no detalló los síntomas ni reveló un diagnóstico específico, optó por tomar esta medida por precaución, mostrando responsabilidad con su bienestar y con el cargo que representa. En sus declaraciones, la mandataria enfatizó: “Ya estoy en casa, en reposo y con incapacidad por unos días por recomendación médica, pero bien y tranquila”. Esta frase, compartida a través de sus canales oficiales, confirma que la recomendación de los médicos fue suspender sus actividades por unos días para priorizar su recuperación.

La gobernadora también dirigió unas palabras de agradecimiento a la ciudadanía, mencionando que ha recibido múltiples mensajes y oraciones de apoyo desde el momento en que se supo sobre su traslado a la clínica en Valledupar. Sanjuán expresó su gratitud así: “Quiero agradecerles por su preocupación”, y resaltó el compromiso que mantiene con el departamento del Cesar, a pesar del impedimento temporal de salud. La funcionaria afirmó que seguirá con todo el empeño desde el espacio permitido por su condición médica.

Durante los próximos días, Sanjuán continuará en reposo, cumpliendo con la incapacidad médica recomendada hasta alcanzar su recuperación. El mensaje transmitido por la gobernadora deja claro que su estado de salud es estable y que está en proceso de restablecimiento, mientras los profesionales de la salud monitorean su evolución.

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¿Por qué la gobernadora del Cesar tuvo que recibir atención médica de urgencia?

La gobernadora Elvia Milena Sanjuán fue trasladada de manera preventiva al Instituto Cardiovascular del Cesar después de experimentar una descompensación durante su agenda de trabajo en el corregimiento de Los Corazones. Aunque no se han revelado los detalles exactos de sus síntomas, la propia mandataria explicó que acudió a revisión médica por precaución y actualmente permanece en reposo por recomendación médica.

¿Cuánto tiempo estará incapacitada la gobernadora del Cesar por motivos de salud?

De acuerdo con la información proporcionada por la misma gobernadora, Elvia Milena Sanjuán deberá guardar reposo durante varios días según las indicaciones de los profesionales médicos. La mandataria ha suspendido temporalmente sus actividades habituales para enfocarse en su recuperación, pero no se ha precisado el número exacto de días de incapacidad.

De acuerdo con Ojeda, su sector contaba con cuatro alarmas comunitarias, instaladas como parte de un proyecto liderado por la Secretaría de Gobierno de Valledupar en noviembre de 2016, entonces bajo la dirección de Sandra Luz Cujia Mora. En ese momento, la administración reportó la entrega de 40 de las 100 alarmas previstas para una primera fase. Los equipos, instalados en barrios como Los Fundadores, Primero de Mayo y Ciudadela 450 Años, podían ser activados desde un celular registrado, permitiendo que hasta 240 números de 120 viviendas estuvieran conectados a cada dispositivo. El alcance auditivo se estimaba en cuatro cuadras, informando de forma simultánea a la Policía, al líder comunitario y a la Secretaría de Gobierno, y notificando también al sistema de videovigilancia (CCTV) de la Policía.

El sistema, relata Ojeda, reunía a entre 30 y 40 personas en torno a cada alarma. Algunos recibieron capacitación sobre el uso del equipo, aprendiendo cuándo y cómo emitir una alerta. Para el líder, los resultados fueron positivos mientras funcionaron: "Daba buen resultado", asegura. No obstante, los equipos fueron quedando sin mantenimiento, y tras el cierre o la venta de uno de los locales donde se encontraban los dispositivos, algunos componentes desaparecieron y no se han restablecido.

Consultada por EL PILÓN, la Secretaría de Seguridad y Convivencia aclaró mediante el oficio SESEC OFPLA/1679 que actualmente no administra ni tiene proyectos vigentes de alarmas comunitarias. La Policía Metropolitana de Valledupar, por su parte, señala que no existe un registro formal sobre cantidad, ubicación ni estado de las alarmas, botones de pánico o sirenas, pues estos mecanismos podrían corresponder a iniciativas de la comunidad o de entidades territoriales, excluyendo la participación directa de la institución en su gestión y custodia.

En ausencia de respuesta institucional clara, Ojeda gestiona la adquisición de radios como alternativa para mantener comunicación con la Policía y recuperar la coordinación de la comunidad frente a la inseguridad. Insiste en que antes de definir el destino de las alarmas antiguas, hace falta un diagnóstico, un inventario y una decisión sobre cómo y quién podría encabezar y costear su recuperación.

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¿Cómo funcionaban las alarmas comunitarias en Valledupar y quién las administraba?

De acuerdo con lo reportado por EL PILÓN, las alarmas comunitarias en Valledupar podían activarse mediante una llamada desde celulares registrados, alertando a vecinos y autoridades en barrios seleccionados. Inicialmente, la Secretaría de Gobierno de Valledupar tuvo a cargo la entrega y coordinación de estos equipos, aunque actualmente ninguna entidad reconoce su administración.

¿Por qué se encuentran fuera de servicio las alarmas comunitarias y qué alternativas buscan los vecinos?

Según testimonios de líderes comunales y respuestas oficiales recogidas por EL PILÓN, la falta de mantenimiento, el retiro de equipos tras el cierre de locales y la ausencia de un responsable institucional claro han dejado inoperativas las alarmas. Como alternativa, vecinos como Wilmar Ojeda buscan implementar radios para mantenerse conectados y fortalecer la seguridad comunitaria.

La UBPD recalcó que su misión principal es “acercar la búsqueda humanitaria, extrajudicial y confidencial a las comunidades”, abriendo las puertas a familiares y allegados de víctimas, así como a ciudadanos que puedan tener información relevante sobre desapariciones forzadas que hayan ocurrido antes del 1 de diciembre de 2016. Según el comunicado citado, durante estas jornadas las familias tienen la oportunidad de presentar nuevas solicitudes, ampliar datos de casos ya registrados, y entregar elementos como fotografías, documentos o relatos que puedan ayudar en el proceso de investigación y búsqueda.

El recorrido comenzará con la primera jornada el sábado 17 de octubre en Pelaya. En los días posteriores, la unidad móvil de la UBPD visitará distintos municipios y corregimientos del Cesar, incluyendo Pailitas, Curumaní, La Loma (corregimiento de El Paso), Astrea, Bosconia, Agustín Codazzi y el corregimiento de Llerasca. En Valledupar, la atención estará disponible tanto en los corregimientos de Mariangola y Badillo como en distintos puntos de la zona urbana: La Nevada, Mareigua, el parque Los Algarrobillos y el CDV. Sin embargo, el comunicado no especifica fechas ni horarios puntuales para cada parada, salvo el inicio en Pelaya.

Para el departamento de La Guajira, la programación de estas actividades está prevista entre el 6 y el 9 de noviembre. Durante todas las jornadas, uno de los puntos clave es la toma de muestras de ADN, imprescindibles para la identificación de personas desaparecidas. Tal como lo resaltó la unidad, “cada conversación, cada dato, cada fotografía, cada documento, cada relato y cada muestra puede aportar una pieza para reconstruir una historia”.

Según la UBPD, con estas acciones de carácter humanitario se trabaja en la ubicación de más de 6.000 personas desaparecidas en los departamentos del Cesar y La Guajira.

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¿Qué es la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y cuáles son sus funciones?

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) es una entidad dedicada a la aplicación de acciones humanitarias, confidenciales y extrajudiciales, enfocada en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. De acuerdo con su propio comunicado, se encarga de recibir información, solicitudes y muestras de ADN que contribuyan a esclarecer el paradero de estas personas.

¿Cómo pueden participar las familias en las jornadas de la Ruta Buscadora en el Cesar y La Guajira?

Las familias pueden acercarse a los puntos de atención establecidos por la UBPD en cada municipio o corregimiento para presentar solicitudes de búsqueda, aportar información adicional, entregar fotografías y documentos, así como permitir la toma de muestras de ADN. No se precisan fechas y horarios exactos, salvo la jornada inicial en Pelaya y el rango de fechas para La Guajira.

La diligencia tuvo lugar este jueves y se desarrolló de manera virtual, debido a que Ferrer se encuentra en España. El Ministerio Público busca esclarecer las denuncias que la exfuncionaria expuso en una entrevista con la revista Semana, en la que insinuó que Alcocer habría transportado cocaína, armas y dinero en vuelos oficiales.

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En esa conversación, Ferrer afirmó: “Uno trae dinero por alguna cosa, ¿no? Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”.

Alcocer rechazó esos señalamientos y explicó que sus viajes a Venezuela durante 2023 obedecieron a compromisos institucionales. La exprimera dama aseguró: “No realicé ningún otro desplazamiento a ese país, ni siquiera a título personal. Ambas visitas cuentan con registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual de acceso público, divulgado tanto en Colombia como en Venezuela, que permite verificar las actividades realizadas y las personas que participaron en ellas”.

La Procuraduría abrió una indagación para determinar si hubo posibles irregularidades en el uso de una aeronave oficial. El proceso involucra a funcionarios aún por identificar de la Presidencia y de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

El caso también tiene un frente penal. Ferrer no acudió el miércoles a una citación de la Fiscalía, la tercera prevista para ampliar sus versiones. La exconsejera argumentó que necesita garantías sobre su seguridad antes de declarar. Su abogado, Jhony Batalla, asistió al búnker de la Fiscalía y señaló que se definirá un mecanismo para que su representada aporte las pruebas que afirma tener.

La identidad de una de las víctimas fue confirmada como Maicol Arquimedez Triana Torres, quien era conocido como ‘El Venado’. De acuerdo con versiones recopiladas por los organismos de seguridad, un grupo de hombres que se desplazaba en motocicleta llegó hasta la residencia donde se encontraba Maicol y le disparó en repetidas oportunidades. El hombre falleció en el mismo lugar de los hechos, sin que hubiese oportunidad de recibir asistencia médica.

Durante la huida, uno de los agresores habría disparado también contra Manuel Torres, abuelo de Maicol, quien se encontraba en la parte exterior del inmueble. El hombre de 78 años murió a causa de las heridas provocadas por el ataque. La acción violenta generó conmoción entre los habitantes de la manzana 2A del barrio La Esperanza, quienes fueron testigos del doble homicidio y del despliegue de las autoridades en la zona, según lo reportó El Nuevo Día.

En respuesta a este crimen, unidades de criminalística acudieron al sitio para realizar la inspección técnica de los cuerpos. Posteriormente, los restos mortales de las víctimas fueron trasladados a Medicina Legal, donde se les practicaron los procedimientos correspondientes, tal como lo establece el protocolo en este tipo de casos.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para tratar de esclarecer los móviles y ubicar a los responsables de este ataque armado. Hasta el cierre de la información, no se han reportado capturas ni se han esclarecido las causas de esta agresión que acabó con la vida de dos personas de una misma familia y que ha causado inquietud entre los habitantes del sector.

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¿Qué ocurrió en el ataque armado en el barrio La Esperanza de Girardot?

En el barrio La Esperanza, Girardot, dos personas de una misma familia, un hombre de 30 años y su abuelo de 78, fueron asesinados la noche del jueves 15 de octubre en un ataque armado efectuado por sujetos en motocicleta. Según El Nuevo Día, los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas, causando su muerte en el lugar.

¿Qué acciones adelantan las autoridades tras el doble homicidio en Girardot?

Las autoridades han comenzado una investigación para identificar a los autores del crimen y determinar el motivo detrás del ataque. Unidades de criminalística realizaron el levantamiento de los cuerpos y los trasladaron a Medicina Legal. Hasta ahora, según los reportes, no se han reportado capturas relacionadas con el caso.

En el centro de esta red de corrupción estaría Gustavo Bolaños Pastrana, exrepresentante legal de Aremca, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá. La Fiscalía amplió recientemente la imputación en su contra, enfocándose en 23 contratos identificados con irregularidades sustanciales. La más reciente diligencia judicial se desarrolló el 14 de octubre, bajo la supervisión de la jueza 49 penal con función de control de garantías, Ángela Viviana Buitrago Herrera, en la ciudad de Bogotá. Durante esta audiencia, que se prolongó por más de tres horas, se discutió en detalle la forma de operación de la presunta organización responsable del desvío de los recursos.

Según lo documentado, Bolaños Pastrana no solo habría liderado la organización sino que también existen otras ocho personas capturadas relacionadas con la supuesta red delictiva. La Fiscalía sostiene que la apropiación indebida de dineros públicos se dio a través de la manipulación de contratos vinculados al Sistema General de Regalías, un mecanismo establecido para distribuir ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales a entidades territoriales.

Sobre Aremca, se sabe que, de acuerdo con el registro oficial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), fue fundada en 2003 bajo la modalidad de “esquema asociativo territorial”. Esto significa que se estableció como una figura de unión entre municipios para acceder y administrar recursos en conjunto, lo que facilitó la concentración de grandes cantidades de dinero y, según concluían las autoridades, también la posibilidad de irregularidades.

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¿Quién es Gustavo Bolaños Pastrana en el caso de corrupción de Aremca?

Gustavo Bolaños Pastrana es señalado como el principal líder de la presunta red de corrupción al interior de la Asociación de Municipios del Caribe, Aremca. Según la Fiscalía, él habría utilizado su posición como representante legal para coordinar el desvío de millonarios recursos obtenidos a través de contratos con dineros del Sistema General de Regalías. Actualmente está privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, mientras avanza la investigación en su contra y la de otras personas implicadas.

¿Qué es un esquema asociativo territorial y cómo funcionaba en Aremca?

Un esquema asociativo territorial es una figura jurídica a través de la cual varios municipios se agrupan para gestionar recursos y proyectos conjuntos. En el caso de Aremca, este mecanismo permitió la creación de la asociación en 2003, con el fin de administrar fondos colectivos como los del Sistema General de Regalías. Sin embargo, la Fiscalía argumenta que esta estructura también facilitó prácticas irregulares, ya que concentraba el manejo de grandes sumas de dinero en una sola entidad, lo que habría contribuido a la apropiación indebida de fondos públicos.

Según SINDISALUD-ASMET, “los embargos no pueden paralizar la salud ni hacer que los trabajadores paguen una crisis que no provocaron”. Esta afirmación refleja la difícil situación en la que se encuentran los empleados, quienes sostienen que llevan meses advirtiendo sobre el progresivo deterioro de las condiciones laborales y los riesgos que enfrenta la EPS. Por ejemplo, en marzo de este año, trabajadores de Asmet Salud denunciaron públicamente en Valledupar que los retrasos continuos en el pago salarial les han impedido incluso cubrir gastos básicos de sus hogares.

La problemática, lejos de solucionarse, persiste y afecta directamente al sustento de cientos de familias vinculadas a la entidad. El sindicato ha reiterado que estos incumplimientos laborales siguen comprometiendo la estabilidad económica de los trabajadores. Por esta razón, SINDISALUD-ASMET ha solicitado de manera formal al Gobierno nacional, a los ministerios de Salud y Trabajo, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Procuraduría, que actúen en conjunto con el objetivo de promover la revisión y, en caso de ser jurídicamente procedente, el levantamiento de los embargos.

En palabras del sindicato, “exigimos una solución de fondo, verificable y oportuna que proteja los recursos de la salud y permita garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento de las obligaciones laborales”. Para asegurar que los usuarios de la EPS no resulten afectados, SINDISALUD-ASMET también explicó que durante la jornada de protesta se mantendrán en funcionamiento las actividades indispensables, especialmente aquellas cuyo cese podría poner en riesgo la vida, salud o integridad de los usuarios. De este modo, los empleados indispensables permanecerán en sus puestos.

Cabe señalar que la convocatoria contempla concentraciones similares frente a las oficinas de Asmet Salud en todo el país, salvo en los departamentos de Quindío y Valle del Cauca, donde las manifestaciones tendrán lugar ante las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo.

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¿Por qué los trabajadores de Asmet Salud en Valledupar están protestando por embargos?

Los trabajadores de Asmet Salud en Valledupar protestan debido a los embargos que, según SINDISALUD-ASMET, afectan los recursos imprescindibles para la operación de la entidad. Además, reclaman el pago de salarios y otras obligaciones laborales que continúan pendientes, lo que ha deteriorado sus condiciones y afectado la estabilidad de sus familias, conforme señala la organización sindical en sus comunicados.

¿Qué roles mantendrán los empleados de Asmet Salud durante el plantón del 19 de octubre?

Durante el plantón nacional convocado, el sindicato ha asegurado que las actividades indispensables para los usuarios seguirán funcionando. Los trabajadores cuya presencia sea necesaria para garantizar la atención en servicios donde la interrupción pueda comprometer la vida, salud o integridad de los usuarios, permanecerán cumpliendo sus funciones, tal como lo precisa SINDISALUD-ASMET.

Entre los temas centrales abordados, sobresale el llamado del propio Gustavo Petro a intensificar la movilización social, haciendo énfasis en la relevancia de la protesta y la posibilidad de convocar a un paro nacional. En palabras del comunicado del Pacto, esto busca “profundizar la protesta social, avanzar hacia un paro nacional y fortalecer el poder constituyente del pueblo”. El objetivo de estas movilizaciones es dinamizar electoralmente a los simpatizantes y fortalecer la influencia colectiva. Además, se anunció la organización de consultas para el primer semestre del siguiente año, las cuales serán decisivas para escoger a los candidatos en alcaldías y gobernaciones.

En la misma línea, el partido se comprometió a articular la movilización social con el fortalecimiento electoral y la construcción de un programa político claro, con el que buscan dar respuesta a demandas de empleo, educación, salud, vivienda y desarrollo productivo de los sectores populares y las clases medias. Esto fue reseñado en detalle por el diario El Espectador, que también confirmó la invitación al senador Iván Cepeda para participar en la reunión. Uno de los retos adicionales será atender las divisiones internas surgidas luego de la derrota electoral presidencial en junio pasado, motivo por el cual se preparan nuevas reuniones, incluyendo una próxima cita con la amplia bancada congresional, que suma 69 integrantes. El propósito: definir la estrategia frente al control político ejercido sobre el Gobierno en curso.

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¿Cuál es el rol de Gustavo Petro en el Pacto Histórico tras ser ratificado como presidente?

Según la información proporcionada por El Espectador, Gustavo Petro ha sido establecido como la máxima autoridad del Pacto Histórico, lo que implica que será el encargado de definir la línea política del movimiento. Su liderazgo será determinante para organizar las estrategias y orientar la toma de decisiones, especialmente de cara a las elecciones de 2027, así como en la movilización social y la definición del programa político del partido.

¿Qué temas prioriza el Pacto Histórico en su línea programática para los próximos años?

De acuerdo con el comunicado del Pacto Histórico citado en El Espectador, entre las prioridades de la colectividad se destacan el empleo, la educación, la salud, la vivienda y el desarrollo productivo. La organización busca responder a las necesidades de sectores populares y clases medias combinando movilización social, fortalecimiento electoral y la construcción de un programa sólido en estos ámbitos.

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En su más reciente balance, divulgado este 15 de octubre de 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social informó que, con corte al 5 de octubre, 273.000 pacientes registraban entregas de medicamentos, frente a los 177.000 reportados en el balance anterior. La diferencia equivale a cerca de 96.000 personas adicionales entre los dos reportes.

El resultado se conoce semanas después de que el presidente Abelardo De la Espriella anunciara la puesta en marcha de la estrategia, tras un Consejo de Ministros realizado el 21 de septiembre. El objetivo es identificar a las personas con atenciones pendientes, determinar qué servicios necesitan y hacer seguimiento hasta comprobar que recibieron la atención.

El primer alcance anunciado por el Gobierno contemplaba a 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes: más de 700.000 con entregas de medicamentos por resolver y más de 300.000 con procedimientos pendientes. La nueva actualización del Ministerio permite conocer cómo ha evolucionado la respuesta a parte de esas necesidades.

¿Cuántos pacientes ya reciben medicamentos con el plan de choque del Gobierno De la Espriella?

La cifra de 273.000 pacientes con entregas registradas es uno de los principales resultados del nuevo balance. Sin embargo, el Ministerio también reportó un avance en las cantidades de medicamentos entregadas frente a las que inicialmente habían sido identificadas como pendientes por las EPS.

Ese indicador pasó del 31,2 % al 39,2 %. Es decir, el avance acumulado en las unidades de medicamentos entregadas aumentó ocho puntos porcentuales entre los reportes comparados.

La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, reconoció que los resultados muestran avances, pero advirtió que todavía hay pacientes a la espera de una solución: «Estos resultados nos muestran que vamos avanzando, pero somos conscientes de que todavía estamos lejos de resolver todos los problemas del sistema de salud. Recibimos una situación muy compleja y nuestra responsabilidad es trabajar para que los pacientes empiecen a sentir una mejoría real en la atención. Cada medicamento que se entrega y cada procedimiento que se realiza es un avance, pero no podemos perder de vista a quienes siguen esperando», afirmó la funcionaria.

El balance del Ministerio también presenta resultados por grupos de enfermedades, incluidos pacientes para quienes la continuidad de los tratamientos resulta especialmente importante.

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En enfermedades huérfanas, el porcentaje de avance en unidades de medicamentos entregadas pasó del 33,3 % al 85,5 %. En diabetes, aumentó del 23,9 % al 49,9 %, mientras que en asma subió del 19 % al 58,1 %.

También se reportaron avances en otras condiciones. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el indicador pasó del 43,1 % al 62,1 %. Para cáncer, subió del 54,91 % al 57,2 %; en trasplantes, del 58,31 % al 61,3 %, y en gestación, del 74,4 % al 75,2 %.

Estas cifras corresponden a las unidades de medicamentos entregadas frente a las cantidades reportadas inicialmente como pendientes para cada grupo de patologías. Por tanto, no deben interpretarse como el porcentaje de pacientes que ya completaron sus tratamientos.

El reto del Gobierno será sostener estos avances y verificar que las entregas permitan dar continuidad a las terapias, especialmente en los casos en los que una interrupción puede agravar la condición clínica del paciente.

El nuevo reporte también muestra un incremento en los procedimientos de salud registrados como resueltos. La cifra pasó de 120.586 en el balance anterior a 168.422 en la actualización divulgada por el Ministerio.

Esto representa 47.836 procedimientos adicionales reportados como resueltos entre los dos cortes. Entre los servicios con avances aparecen los relacionados con cáncer, cuyo porcentaje de resolución pasó del 9 % al 15 %, y los asociados con gestación, que aumentaron del 4 % al 7,6 %.

No obstante, el Ministerio señaló que continuará verificando la información reportada por las EPS para establecer que los procedimientos registrados como resueltos correspondan efectivamente a servicios prestados.

¿Cómo funciona el plan de choque en salud del Gobierno?

La primera fase del programa busca atender a personas con medicamentos o procedimientos pendientes, con prioridad para pacientes con condiciones como cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, VIH, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, EPOC, asma y salud mental. También contempla mujeres gestantes que requieren tratamientos esenciales.

La ruta anunciada por el Gobierno comprende cuatro acciones: identificar al paciente y la atención pendiente; establecer qué medicamento o procedimiento necesita; determinar quién debe garantizar el servicio y destrabar los recursos necesarios; y hacer seguimiento hasta comprobar que la atención se materializó.

Para financiar las atenciones incluidas en esta primera fase, el Gobierno anunció un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida, con una tasa de interés del 0 % y un periodo de gracia de un año. La herramienta está destinada exclusivamente a los servicios contemplados en esta etapa y busca facilitar los recursos necesarios para resolver las atenciones identificadas.

De la Espriella ha insistido en que este mecanismo no supone una entrega de recursos sin controles a las EPS. «Esto no es un cheque en blanco para la EPS, no vamos a pagar dos veces una misma atención ni a reconocer nuevamente servicios que ya hayan sido pagados», afirmó el presidente.

El esquema también contempla una mesa técnica de control integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). La Superintendencia deberá hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de las EPS y ejercer las acciones correspondientes cuando encuentre incumplimientos.

«Este plan de choque no reemplaza las obligaciones de las EPS», sostuvo De la Espriella al presentar la estrategia. El Gobierno mantiene que las aseguradoras deben responder por la entrega de medicamentos y la prestación de los servicios pendientes.

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La ministra Vesga señaló que el plan es una respuesta inmediata, pero no reemplaza las transformaciones que requiere el sistema. «El Plan de Choque es una respuesta inmediata para atender a las personas que más lo necesitan, pero no es, por sí solo, la solución a los problemas estructurales del sistema. Tenemos que seguir trabajando en el flujo de recursos, la recuperación de las redes de prestación de servicios y la capacidad de respuesta de las EPS», afirmó.

El Ministerio informó que mantendrá el seguimiento semanal a las EPS, responsables de garantizar las entregas y la prestación de los servicios pendientes. La programación de esta labor se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

La despedida del intendente contempla varios momentos significativos. Los actos funerarios comenzarán en la sede de homenajes de Los Olivos, desde donde sus restos saldrán a las 12:20 p. m. del viernes para ser trasladados a la Catedral Inmaculada Concepción de Ibagué, situada en la Plaza de Bolívar. Allí está prevista la ceremonia religiosa a la 1:00 de la tarde, y posteriormente, la inhumación tendrá lugar en el Camposanto Jardines La Milagrosa. De acuerdo con El Nuevo Día, desde el jueves 15 de octubre, la velación de Manrique Rubio se lleva a cabo en la Sala Ejecutiva 1, ubicada en el segundo piso de Los Olivos, en la carrera Quinta con calle 40 en Ibagué.

La familia del uniformado, compuesta por su esposa Carolina Castro, sus padres Miguel Ángel Manrique y Aida Nubia Rubio, así como sus hijas Keilly Alexandra y Lauren Sofía, además de hermanos y otros familiares, han invitado a conocidos y amigos a estos homenajes para despedirlo. La comunidad policial y la Administración Municipal también manifestaron públicamente su solidaridad y condolencias a los seres queridos del intendente, reconociendo la huella que dejó en los equipos de seguridad local y entre quienes compartieron su trabajo.

Sobre las causas del fallecimiento, la información compartida por El Nuevo Día indica que no se conocen detalles oficiales sobre el motivo de la muerte de Manrique Rubio. Versiones preliminares sugieren que habría enfrentado problemas de salud durante un tiempo, pero hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado la naturaleza específica de la enfermedad ni dado información pública oficial al respecto.

El deceso del intendente Miguel Augusto Manrique Rubio representa una pérdida sentida para la Policía Metropolitana de Ibagué y en especial para aquellos que compartieron día a día las responsabilidades derivadas de proteger a la alcaldesa y contribuir a la seguridad institucional de la ciudad. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde serán las exequias de Miguel Augusto Manrique Rubio?

Las exequias del intendente Miguel Augusto Manrique Rubio están previstas para el viernes 16 de octubre. La ceremonia religiosa será a la 1:00 de la tarde en la Catedral Inmaculada Concepción de Ibagué, y posteriormente sus restos serán trasladados al Camposanto Jardines La Milagrosa, de acuerdo con información de El Nuevo Día.

¿Cuál es la causa de la muerte del escolta de la alcaldesa de Ibagué?

Hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales sobre la causa de muerte de Miguel Augusto Manrique Rubio. De manera extraoficial se menciona que el uniformado habría enfrentado una enfermedad durante algún tiempo, pero no existe un pronunciamiento formal de las autoridades sobre este aspecto, según informó El Nuevo Día.

Tras el ataque, la información disponible señala que el presunto agresor intentó quitarse la vida utilizando la misma arma de fuego. El hombre fue trasladado al Hospital Regional del Líbano, donde actualmente recibe atención médica. Las fuentes confirman que su estado de salud es delicado, aunque permanece estable por el momento.

Por ahora, las circunstancias exactas en las que sucedieron estos hechos todavía no se han determinado y las autoridades continúan su trabajo investigativo. El propósito central es aclarar cómo ocurrió la agresión y establecer las responsabilidades correspondientes. Los detalles oficiales sobre el progreso del caso y la situación judicial del presunto agresor aún no se han dado a conocer, por lo que las versiones disponibles son preliminares y sujetas a confirmación.

La muerte de Niversy dejó una huella dolorosa en su familia, especialmente en sus tres hijos, quienes ahora se encuentran bajo el cuidado de otros familiares, según relataron personas cercanas a la víctima. La noticia provocó manifestaciones de dolor y llamados de solidaridad en la comunidad de Líbano. Familiares y allegados expresaron su deseo de que la justicia avance, para que la muerte de la joven no quede en la impunidad. Uno de los mensajes que circuló tras el hecho destacó la magnitud de la pérdida para sus hijos y extendió palabras de afecto y apoyo a la madre, los hermanos y la abuela de Niversy.

De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, este caso ha renovado la preocupación sobre la violencia contra las mujeres en el Tolima. Mientras tanto, los seres queridos de Niversy Pereira Pineda enfrentan el duelo y esperan esclarecer la verdad alrededor de estos hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el presunto feminicidio de Niversy Pereira Pineda en Líbano, Tolima?

Según la información preliminar difundida por allegados y medios locales, Niversy Pereira Pineda fue atacada presuntamente por su pareja, de 34 años, luego de comunicar su decisión de terminar la relación. El ataque ocurrió en una vivienda del asentamiento La Polca y actualmente las autoridades realizan investigaciones para esclarecer los hechos en detalle y determinar las responsabilidades.

¿Qué cuidados recibieron los hijos de Niversy Pereira Pineda tras su muerte?

Después del fallecimiento de Niversy Pereira Pineda, según información compartida por sus allegados, sus tres hijos quedaron al cuidado de familiares maternos. Estos menores atraviesan una situación de pérdida irreparable mientras la comunidad y la familia esperan que el proceso judicial avance y la muerte de Niversy no quede en la impunidad.

La gestión de De la Espriella recibe una valoración global del 47,7 %, marcada por episodios críticos como el manejo de la crisis tras el terremoto del 10 de agosto y el comienzo de las labores de reconstrucción. A esto se suman las primeras decisiones tomadas desde la presidencia, incluidos un nuevo decreto sobre la protesta social en Colombia, el anuncio del estatuto antiterrorista y la propuesta de una ley de sometimiento, que tendrán que ser debatidas por el Congreso. Dentro de estas evaluaciones, el 11,9 % de los encuestados describe el mandato como regular, mientras que el 40,4 % lo considera negativo.

El respaldo hacia el mandatario varía de acuerdo con la edad. La aprobación entre ciudadanos de 18 a 34 años no supera el 40 % y la desaprobación alcanza el 53 % en este grupo. En cambio, a partir de los 35 años, la favorabilidad mejora de forma considerable: 53,6 % entre 34 y 44 años, 57,7 % entre 45 y 59 años y 64,9 % en la franja de 60 a 100 años, según la encuesta de AtlasIntel.

En el panorama político, De la Espriella se posiciona como el líder con mejor imagen, logrando un 49 % de percepción positiva, por encima del líder opositor Gustavo Petro con 45 %. No obstante, su imagen negativa también es alta y ronda el 45 %. El vicepresidente José Manuel Restrepo comparte la valoración positiva de Petro, pero la carga negativa sobre Restrepo es menor (44 % contra 50 % para Petro). El cuarto referente en el sondeo es Iván Cepeda (41 % de imagen positiva y 52 % negativa).

La encuesta, que incluyó a 2.893 personas y utilizó la metodología Random Digital Recruitment (RDR) para reducir posibles sesgos, revela preocupaciones relevantes en el país: el 57,8 % percibe la corrupción como principal problema nacional y el 45,4 % señala la seguridad como el segundo mayor desafío. Otros temas críticos son la pobreza y el desempleo (33,1 %), la salud (29,8 %) y el debilitamiento democrático (16,3 %). Además, casi un tercio de los encuestados ve probable la proliferación de huelgas en los próximos seis meses, contexto en el que se realizó la primera manifestación contra el actual gobierno el 14 de octubre, con balance positivo y sin incidentes graves, de acuerdo con AtlasIntel.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la imagen del presidente Abelardo de la Espriella según la última encuesta?

De acuerdo con AtlasIntel y Bloomberg, la imagen del presidente Abelardo de la Espriella se ubica en 48,7 % de aprobación tras poco más de dos meses de gobierno. El dato muestra una tendencia a la baja respecto al 51,8 % reportado en agosto, junto con un aumento en el índice de desaprobación. Esta percepción varía según el rango de edad, siendo más alta en las personas mayores de 35 años.

¿Qué preocupaciones sociales identificaron los encuestados sobre el gobierno de De la Espriella?

Los resultados de la encuesta señalan que la corrupción es vista como el principal problema nacional por el 57,8 % de los participantes, seguida por preocupaciones sobre la seguridad, la pobreza, el desempleo y la salud. Asimismo, una proporción significativa de encuestados considera probable la aparición de huelgas a gran escala en los próximos meses.

Se trata del Contrato de Prestación de Servicios 1937 de 2024, celebrado el pasado 11 de octubre de 2024 entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 —como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP)— y el caricaturista. El documento entregado al ente acusador detalla anomalías desde su misma etapa precontractual. Entre los hallazgos iniciales destaca una evidente equivocación en la consideración 22 del contrato, la cual justificaba la contratación intuitu personae identificando al seleccionado como “Julio César Rodríguez Quiceno”, distando del verdadero nombre del contratista registrado en el RUT, que corresponde a Julio César González Quiceno. Para el denunciante, este error en un acápite diseñado para demostrar las cualidades únicas del prestador de servicios constituye un indicio de falta de rigor y análisis individualizado, de acuerdo con la revista.

Asimismo, la denuncia pone la lupa sobre inconsistencias financieras y operativas de gran calado. El valor inicial del contrato se fijó en 257.040.000 pesos, contemplando además un rubro mensual de 3.420.000 pesos por concepto de IVA, equivalente a 41.040.000 pesos durante los doce meses de ejecución. Sin embargo, el RUT del caricaturista —actualizado a finales de enero de 2024 y generado en septiembre de ese mismo año— lo catalogaba expresamente bajo la responsabilidad “49 – No responsable de IVA”. Dicha contradicción solo fue subsanada dos meses después de iniciado el contrato mediante el otrosí n.° 1. A esto se suma que el documento fijó como único lugar de ejecución la ciudad de Bogotá, a pesar de que las obligaciones contractuales 4 y 5 exigían desplazamientos de carácter estrictamente territorial, según el informe periodístico.

El expediente también apunta a la supervisión del contrato, la cual estuvo a cargo de Gloria Cuartas. Según la denuncia, se detectaron anomalías sistemáticas en los informes y soportes de ejecución presentados a lo largo de doce períodos contractuales que abarcan desde octubre-noviembre de 2024 hasta junio-julio de 2025. Los investigadores advierten una preocupante sucesión de soportes fechados con posterioridad a los cortes de cobro, reiteración de evidencias entre distintas mensualidades y la ausencia de respaldos diferenciados, lo que enciende alertas sobre la correspondencia real entre el cumplimiento certificado y los desembolsos de recursos públicos autorizados, de acuerdo con el citado diario.

Debido a la gravedad de estos hallazgos, la denuncia formal pide a la Fiscalía investigar la presunta comisión de cinco delitos de extrema gravedad: peculado por apropiación, peculado culposo, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público, buscando esclarecer las responsabilidades tanto del contratista como de los funcionarios involucrados en la vigilancia del millonario acuerdo.

(Vea también: Exdirector de la Policía denunciará a Petro: dijo que lo perfilaron para sacarle información)

El nombramiento coincidió con un llamado del exmandatario a ampliar las movilizaciones contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella y avanzar hacia una huelga general.

La propuesta de Petro se conoció después de las manifestaciones del miércoles 14 de octubre, en las que participaron sindicatos, docentes, estudiantes y distintas organizaciones sociales. El expresidente celebró la jornada y planteó que la movilización debía crecer hasta llegar a una huelga general. Sin embargo, su pronunciamiento no incluyó una fecha ni un plan concreto para convocarla.

Dicha elección ubica a Petro en la dirección formal del movimiento político que respaldó su candidatura presidencial. La decisión también se presenta en un momento en que el partido busca definir cómo actuará frente a las medidas del nuevo Gobierno y qué papel tendrán las protestas dentro de su estrategia de oposición.

El expresidente de la República @petrogustavo fue elegido por unanimidad presidente del Pacto Histórico por la Coordinación Nacional Provisional del movimiento.

Tras destacar la movilización nacional del 14 de octubre, Petro llamó a profundizar la protesta social, avanzar hacia un paro nacional y fortalecer el poder constituyente del pueblo.

— Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) October 16, 2026

El Pacto Histórico anunció una nueva agenda política

Además de elegir a su presidente, la colectividad planteó impulsar un “Pacto por la Vida”, centrado en la defensa de la democracia, la paz, las libertades y los derechos sociales. La iniciativa forma parte de la estrategia que el movimiento expuso para fortalecer su presencia política y consolidarse como alternativa al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

La agenda también incluye asuntos como el empleo, la educación, la salud, la vivienda y el desarrollo productivo, con énfasis en las necesidades de los sectores populares y las clases medias. El movimiento señaló que combinará la movilización social con el fortalecimiento electoral y la construcción de propuestas programáticas.

Con Petro al frente de la colectividad, el Pacto Histórico tendrá que definir cómo articula esos objetivos y el llamado a las calles con su trabajo político. Aunque el anuncio de una posible huelga general concentra parte de la atención, el movimiento no ha informado una fecha oficial para esa jornada.

Frente a la situación, personalidades como el excandidato a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, solicitaron respuestas claras por parte del Museo Nacional. Desde su cuenta de X, Oviedo manifestó que "la historia de las personas LGBTIQ+ es historia de Colombia" y exigió explicaciones sobre lo retirado, las razones de esa decisión y cómo se garantizará la representación de las memorias históricas. Por su parte, el concejal Andrés Barrios había expresado inquietud por la presencia de material alusivo a la comunidad LBTIQ+ y la campaña de Carlos Pizarro en las muestras, instando a la ministra Paola Holguín a intervenir por considerar que el museo no debe, según él, "adoctrinar a nuestros hijos con el libreto del progresismo destructivo".

De acuerdo con La Silla Vacía, la orden de retirar las piezas fue ejecutada por Julián Sterling, secretario general del Ministerio de Cultura, quien acudió acompañado de la directora encargada del museo, Constanza Toquica. Según fuentes del museo consultadas por ese medio, la decisión se tomó a puerta cerrada y de manera discrecional, sin pasar por los comités curatoriales, instancias claves en la definición de la museografía.

El número exacto de obras retiradas no ha sido confirmado oficialmente; sin embargo, La Silla Vacía reportó que fueron al menos 10 piezas sobre historia LGBTIQ+ y movimientos feministas, además de afiches de las campañas de Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, y objetos cruciales del muro “Reivindicación de Nación – De la Constitución de 1991 al Proceso de Paz de 2016”, entre ellos el "Balígrafo" utilizado para firmar el Acuerdo de Paz de 2016 y el tarjetón de la Séptima Papeleta. Todo esto ocurrió mientras se debate el cambio de nombre del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a Ministerio de Cultura y Patrimonio, y tras la directriz presidencial de retirar "toda esa oda al terrorismo".

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¿Por qué fueron retiradas piezas de la historia LGBTIQ+ y materiales del Acuerdo de Paz en el Museo Nacional?

La remoción de estas piezas fue ejecutada por orden del Ministerio de Cultura, según La Silla Vacía, en medio de directrices presidenciales que pedían retirar contenidos considerados como "oda al terrorismo". Aunque no se han confirmado públicamente los motivos precisos ni el número de elementos retirados, la decisión generó debate sobre el pluralismo y la representación de memorias históricas, mientras fuentes internas señalaron la ausencia de consultas a los comités curatoriales establecidos para tales determinaciones.

¿Qué papel tienen los comités curatoriales en la selección de las exposiciones del Museo Nacional?

Los comités curatoriales son instancias conformadas para definir y revisar la museografía de las exhibiciones del museo, asegurando rigor y pluralidad en la representación de diversos procesos históricos y sociales. Según testimonios recogidos por La Silla Vacía, la reciente decisión sobre qué piezas retirar se tomó sin la intervención de estos comités, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia y legitimidad del proceso.

A partir de las imágenes del episodio, Henríquez sostuvo que lo observado correspondería a un tornado de baja intensidad. Su explicación se centró en una característica que, según señaló, se alcanza a distinguir en el cielo: una formación en forma de embudo debajo de una nube cumulonimbus.

“Eso es un tornado no muy intenso, más que un vendaval. Se alcanza a ver el embudo debajo de la nube cumulonimbus”, afirmó el meteorólogo en su cuenta de X.

Su apreciación abre una diferencia importante entre la manera en que se reportó inicialmente la emergencia y la interpretación que hizo del material visual. No obstante, la declaración de Henríquez no equivale por sí sola a una confirmación oficial de que un tornado haya causado los daños en el municipio.

¿Qué diferencia hay entre un vendaval y un tornado?

Un vendaval se caracteriza por vientos fuertes capaces de desprender cubiertas, derribar árboles y afectar las redes eléctricas. Ese fue el fenómeno reportado por las autoridades tras la emergencia registrada en Funza durante la tarde del 14 de octubre.

Un tornado, en cambio, es una columna de aire en rotación que se extiende desde una nube de tormenta hacia la superficie. La presencia de una forma de embudo puede ser una señal relevante para identificarlo, aunque es necesario establecer si la circulación llegó al suelo y evaluar las condiciones meteorológicas del episodio.

Por eso, aunque Henríquez interpretó las imágenes como las de un tornado poco intenso, determinar con certeza qué fenómeno ocurrió requiere información adicional. La clasificación inicial de la emergencia y la explicación del meteorólogo deben distinguirse mientras no exista una verificación concluyente.

Eso es un tornado no muy intenso, más que un vendaval. Se alcanza a ver el embudo debajo de la nube cumulonimbus

— Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) October 15, 2026

Los daños que dejó el vendaval en Funza

La emergencia se presentó hacia las 3:30 de la tarde y afectó sectores como Samarkanda, Serrezuelita y México. Los reportes incluyeron viviendas sin techo, caída de árboles y postes, cables en el suelo y daños en el coliseo municipal.

El balance divulgado por Noticias Caracol el 15 de octubre indicó que 251 viviendas resultaron afectadas, principalmente por la pérdida de tejas y cubiertas. La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil, también se refirió a la atención de las familias damnificadas y a las medidas para ayudar a recuperar los techos.

(Le puede interesar: Hija de Carlos Pizarro saltó contra decisión de De la Espriella, que ordenó retirar imágenes de su papá)

El retiro ocurrió el mismo día en que el presidente Abelardo De la Espriella visitó oficialmente el Ministerio de Cultura y anunció una “contrarrevolución cultural”. De acuerdo con el medio digital, la instrucción fue ejecutada por el secretario general de la cartera, Julián Sterling, quien acudió al museo junto con su directora encargada, Constanza Toquica.

Fuentes de la institución le dijeron a La Silla Vacía, bajo reserva de identidad por temor a represalias internas, que ambos funcionarios habrían seleccionado las piezas que debían desmontarse durante una reunión a puerta cerrada. Trabajadores del museo señalaron que una decisión de ese tipo debía pasar por los comités curatoriales encargados de definir la museografía de las exposiciones.

 

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Hasta la publicación del informe, el Museo Nacional no había confirmado la cantidad exacta de objetos retirados ni las razones de su salida. La Silla Vacía también indicó que consultó a la ministra Paola Holguín, pero no había recibido respuesta.

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Retiraron piezas sobre la población LGBTI y el feminismo

La mayor parte de los elementos desmontados estaba en la sala ‘Hacer sociedad’, ubicada en el segundo piso del museo. Según el recorrido documentado por La Silla Vacía, de allí desaparecieron al menos diez piezas relacionadas con la historia de la población LGBTI y los movimientos feministas.

Entre los objetos retirados estaban una bandera del orgullo gay perteneciente a la activista Elizabeth Castillo, material de una campaña publicitaria de la marcha LGBT de 2006, un impreso sobre derechos reproductivos de la Fundación Sí Mujer y una fotografía de una marcha por la ciudadanía plena de las personas LGBTI. También desmontaron un ejemplar de la revista La Ventana Gay, vinculada con los activistas Manuel Antonio Velandia y León Zuleta.

También quitaron el afiche de Carlos Pizarro

La investigación del medio señala que, frente a esa sala, fueron retirados los afiches de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, ambos asesinados en 1990 durante sus respectivas campañas presidenciales.

Además, desmontaron los objetos de una pared dedicada al periodo comprendido entre la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016. Entre ellos estaban el ‘Balígrafo’, elaborado a partir de una bala y utilizado para firmar el acuerdo con las extintas Farc, y el tarjetón de la Séptima Papeleta, movimiento que impulsó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

La Silla Vacía también reportó que en la sala ‘Memoria y Nación’ fueron retiradas casi todas las fotografías del llamado muro de la diversidad. En varios puntos quedaron las marcas en las paredes y los espacios vacíos donde antes se exhibían las piezas.

La Defensoría detalla que desde comienzos de 2024 el Frente Jaime Martínez ha expandido su presencia hacia las zonas plana y periurbana de los corregimientos de Robles, Potrerito y Timba, para consolidar un corredor de comunicación con el Naya y el Pacífico. Este grupo impone un régimen paralelo que sustituye a la autoridad estatal, exigiendo carnés veredales a los habitantes, imponiendo peajes ilegales para extorsiones y obstaculizando el acceso de las misiones médicas.

La llegada del Frente 57 en mayo de 2026 ha creado, de acuerdo con la Defensoría, “un riesgo inminente de guerra abierta, masacres, quema de vehículos y asesinatos”. Las juntas de acción comunal, cabildos y consejos comunitarios son coaccionados para servir de intermediarios y escudos en disturbios. Además, se destaca que el Frente Jaime Martínez utiliza drones con explosivos para atacar cascos urbanos e instala minas antipersonal, especialmente cerca de escuelas, lo que aumenta el peligro para la población.

Las comunidades indígenas, como los cabildos Kwethe Fxinxis Sek Naw y Sxabuse Yu Lux de la Meseta, y el resguardo Kwe'sx Kiwe Nasa, viven bajo amenazas por defender sus territorios; la Guardia Indígena ha sido especialmente intimidada. La Defensoría también señala afectaciones fuertes en 15 consejos comunitarios por minería ilegal en los ríos y retrasos en consultas previas del Complejo Carcelario y Penitenciario (Cojam), al igual que desplazamientos de pequeños grupos familiares.

Otros riesgos identificados comprenden amenazas, retenciones y atentados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como el reclutamiento forzado de menores por parte del Frente Jaime Martínez, mediante incentivos como celulares o motocicletas y entrenamiento en manejo de drones y minas. En este contexto, 19 firmantes del Acuerdo de Paz residen en la zona y corren peligro de revictimización. El sector salud sufre igualmente ataques y extorsiones en peajes ilegales, y los funcionarios de la alcaldía han visto limitada su presencia debido a hostigamientos armados a la policía rural.

Ante este difícil escenario, la Defensoría del Pueblo recomendó 36 acciones, como fortalecer la coordinación interinstitucional, disuadir amenazas, mejorar la investigación y el acceso a la justicia, mitigar vulnerabilidades de las comunidades y asegurar el acompañamiento de la Procuraduría.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales riesgos de seguridad en Jamundí según la Defensoría?

Entre los principales riesgos identificados por la Defensoría del Pueblo están los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, ataques con drones explosivos, instalación de minas antipersonal cerca de escuelas, desplazamientos, amenazas a líderes sociales, reclutamiento forzado de menores y restricciones a la presencia estatal y de servicios esenciales en la zona.

¿Qué recomendaciones hizo la Defensoría para proteger a las comunidades de Jamundí?

La Defensoría del Pueblo emitió 36 recomendaciones orientadas a coordinar esfuerzos institucionales, fortalecer la investigación y el acceso a la justicia, disuadir amenazas, mitigar la vulnerabilidad de las comunidades afectadas, y garantizar el acompañamiento de la Procuraduría en las acciones de prevención y protección.

Reyes explicó que la investigación está relacionada con posibles maniobras para ubicar personas recomendadas en cargos de la Dian. “Básicamente es una serie de investigaciones sobre presunto tráfico de influencias para colocar fichas del contrabando en la Dian”, afirmó al medio citado. 

El exfuncionario también aseguró que aportará los documentos que considere importantes para el proceso contra Benedetti y su suegra. “No es secreto que yo he venido denunciando ese delito (tráfico de influencias) siendo funcionario y director de la Dian (…) La primera vez que vine a hablar de estas presiones por parte de personas como Benedetti fue aquí con la Fiscalía”, sostuvo.

Las acusaciones también involucran a Adelina Covo. De acuerdo con Caracol Radio, Reyes había señalado que Covo habría solicitado las aduanas de Barranquilla y Cartagena para personas recomendadas por Benedetti. En su cuenta de X, escribió que “Adelina Covo (suegra de Benedetti) estaba en sus cinco sentidos con Nicolás Petro cuando le pidió las aduanas de Barranquilla y Cartagena para los recomendados de Benedetti”.

El enfrentamiento tuvo otra respuesta de Benedetti, quien afirmó que Reyes habría ubicado a una persona cercana en la jefatura de Aduanas de Cartagena. “La deslealtad a la que usted se refiere (Benedetti) es que no le nombré en la aduana de Cartagena a la persona que usted quería (…) Si hay algo que investigar sobre cualquier nombramiento que yo haya hecho, bien puede hacerlo la Fiscalía, que por lo demás tiene toda la información acerca del mecanismo que utilicé para hacer nombramientos”, respondió Reyes.

Finalmente, en septiembre la Corte Suprema remitió a la Fiscalía el expediente relacionado con las presuntas recomendaciones de hojas de vida en la Dian durante 2024. La Corte consideró que no tenía competencia para investigar a Benedetti y señaló que, con las pruebas analizadas hasta ese momento, no se configuraba el delito de tráfico de influencias.

(Vea también: “Tuvimos dificultades”: fiscal Camargo admite que dejaron volar a Carlos Ramón Gónzález, en escándalo de la UNGRD)

La discusión sobre su continuidad se da en medio de la presión por los avances en investigaciones de alto impacto, entre ellas el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, así como procesos relacionados con la exprimera dama Verónica Alcocer y personas cercanas al presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, de acuerdo con la información publicada por La FM, la fiscal se encuentra de vacaciones con su familia en el Lejano Oriente y tiene previsto regresar a finales de octubre. Durante su ausencia, las versiones sobre una eventual salida del cargo volvieron a cobrar fuerza, aunque la información conocida por el medio apunta a que no dejaría anticipadamente la dirección del ente investigador.

Las razones detrás de las versiones sobre una posible renuncia

La posibilidad de que Camargo se apartara de la Fiscalía se habría relacionado tanto con las presiones por los resultados de investigaciones sensibles como con circunstancias personales y familiares. Según fuentes cercanas citadas por La FM, la salud de su esposo también habría influido en las reflexiones sobre su continuidad.

Sin embargo, la información divulgada indica que la fiscal habría optado por permanecer en el cargo hasta completar el periodo para el que fue elegida. Su regreso de vacaciones está previsto para finales de octubre, cuando retomaría sus funciones.

¿Hasta cuándo estará Luz Adriana Camargo en la Fiscalía?

Camargo asumió como fiscal general en marzo de 2024, después de ser elegida por la Corte Suprema de Justicia. Su periodo es de cuatro años, por lo que está previsto que concluya en marzo de 2028.

De acuerdo con la explicación del ministro, los recientes ataques tendrían como trasfondo la política del gobierno de Abelardo de la Espriella en materia penitenciaria. Esta estrategia habría permitido lograr una disminución en los índices de delincuencia y una articulación entre la Fiscalía y otras instituciones para judicializar a quienes han cometido delitos. El fiscal general (e.), Guerrero, ratificó el compromiso de la entidad para investigar a profundidad estos hechos, detallando que el grupo especial de tareas tendrá como propósito central el esclarecimiento de los ataques y la identificación de los responsables.

En el mismo pronunciamiento, el mayor general Barrera Peña aseguró que los funcionarios del Inpec no están solos, reiterando que todas las capacidades operativas y de investigación criminal de la Policía Nacional se ponen a disposición para perseguir tanto a los autores materiales como intelectuales de los atentados. Esta declaración se refuerza con el mensaje de respaldo del ministro Cancino, quien enfatizó en nombre del presidente de la República la solidaridad con los funcionarios afectados y la determinación de perseguir a los responsables.

El contexto de estas declaraciones corresponde a una secuencia de ataques que empezó con el asesinato de Duego Acevedo Garzón en Girón, Santander, donde fue atacado a tiros en el interior de un local. Dos días antes, el dragoneante Bryan Rangel Saavedra fue atacado con arma de fuego en Cúcuta tras salir de su turno en la cárcel Modelo. Asimismo, el 10 de octubre, dos dragoneantes de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, también fueron víctimas de ataques armados, lo que ha encendido alarmas en las autoridades y motivó la intervención de los altos funcionarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué están atacando a los funcionarios del Inpec en Colombia?

De acuerdo con las autoridades, los recientes ataques a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario estarían relacionados con la política del Gobierno de Abelardo de la Espriella, cuyo enfoque sobre los establecimientos penitenciarios ha facilitado la reducción de la delincuencia y la judicialización de personas vinculadas a delitos. Esto habría provocado reacciones violentas en contra de los funcionarios encargados de la vigilancia y administración penitenciaria.

¿Qué medidas anunciaron las autoridades tras los atentados contra el Inpec?

El ministro de Justicia, el fiscal general (e.) y el director de la Policía Nacional informaron que se creó un grupo especial en la Fiscalía para investigar los hechos y se desplegaron acciones por parte de la Policía Nacional para proteger a la planta del Inpec, utilizando todas sus capacidades operativas, de inteligencia y criminalística para perseguir tanto a autores materiales como intelectuales de los ataques.

(Vea también: ¿’Matador’ podría ir a la cárcel por sus mensajes contra la primera dama? Esto dicen abogados)

Semana citó el documento, radicado por Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y consejero comisionado de paz encargado. La denuncia solicita examinar las etapas de contratación, ejecución, supervisión y pago del contrato 1937 de 2024.

De acuerdo con el documento, el contrato tuvo un valor inicial de 257.040.000 pesos y fue celebrado por el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, en calidad de vocero y administrador del patrimonio autónomo del mismo nombre.

La denuncia plantea cuestionamientos sobre la selección directa del contratista, la documentación contractual, el tratamiento del impuesto sobre las ventas (IVA), el lugar previsto para ejecutar las obligaciones y los soportes presentados para justificar los pagos.

El error en el apellido de ‘Matador’ y la inconsistencia con el IVA

Uno de los puntos que expone la denuncia es que el contrato contiene una diferencia en el nombre del caricaturista. Según el documento, en la consideración que justificaba la contratación por las características particulares del seleccionado aparece el nombre “Julio César Rodríguez Quiceno”, mientras que en el resto del expediente y en el Registro Único Tributario (RUT) figura como Julio César González Quiceno.

El denunciante considera que esa diferencia amerita revisar cómo se elaboró la justificación para contratar directamente a ‘Matador’ y si se verificaron de manera suficiente las condiciones particulares que sustentaban su selección.

Otro cuestionamiento citado por Semana se relaciona con el IVA. La denuncia señala que el contrato contemplaba pagos mensuales de 3.420.000 pesos por ese concepto, equivalentes a 41.040.000 pesos durante los 12 meses previstos de ejecución.

Sin embargo, según el documento, el RUT que hacía parte del expediente registraba al contratista como no responsable del IVA. La denuncia afirma que esa inconsistencia fue corregida mediante el otrosí número 1, dos meses después del inicio de la ejecución.

El denunciante pide establecer cómo se estructuró el componente tributario del contrato y qué verificaciones se realizaron antes de autorizar los pagos. La diferencia documental, por sí sola, no demuestra que se haya cometido un delito.

La denuncia también cuestiona la supervisión del contrato

El documento conocido por la revista también plantea interrogantes sobre la ejecución del contrato y la supervisión que estuvo a cargo de Gloria Cuartas.

Según el denunciante, habría inconsistencias entre algunos períodos de cobro, las fechas de las actividades reportadas y los productos presentados como evidencia del cumplimiento de las obligaciones.

La denuncia señala, además, que el contrato estableció a Bogotá como lugar de ejecución, aunque algunas actividades habrían requerido desplazamientos a otras zonas del país. El propio otrosí número 1, citado en el documento, habría reconocido que la cláusula correspondiente no contemplaba esos desplazamientos.

Frente a la supervisión, el escrito pide establecer si los informes, las evidencias aportadas y los soportes económicos fueron revisados de manera adecuada antes de certificar el cumplimiento y autorizar los desembolsos.

¿Cuáles son los cinco delitos que menciona la denuncia contra ‘Matador’?

El documento solicita investigar posibles responsabilidades por cinco delitos:

• Peculado por apropiación: relacionado con la eventual apropiación de recursos públicos en beneficio propio o de un tercero.
• Peculado culposo: asociado a una posible conducta negligente que permita la pérdida o apropiación de bienes públicos, según los elementos que determine la investigación.
• Contrato sin cumplimiento de requisitos legales: relacionado con la posible omisión de exigencias esenciales en la tramitación, celebración o liquidación contractual.
• Interés indebido en la celebración de contratos: referido a la eventual intervención de un servidor público con un interés indebido en un proceso contractual.
• Falsedad ideológica en documento público: relacionada con la posible inclusión de información contraria a la verdad en un documento público, en las condiciones previstas por la ley.

El proyecto fue formalizado el 13 de octubre con la firma de un convenio entre las tres entidades. Según las autoridades, la nueva infraestructura tendrá la capacidad de tratar más de 309 litros de agua por segundo y conseguirá remover más del 90 % de la carga contaminante transportada actualmente por el río Botello. De acuerdo con las proyecciones, el beneficio será directo para al menos 157.000 personas, al reducir significativamente la contaminación de este río y, por extensión, mejorar la situación ambiental de toda la cuenca del río Bogotá, que recibe las aguas del río Balsillas, afluente del Botello.

La CAR aportará el 99,2 % del presupuesto del proyecto, mientras la Alcaldía de Facatativá participará con el 0,2 % en especie, al entregar el predio donde se construirá la planta. Por su parte, la Empresa de Aguas de Facatativá contribuirá con el 0,6 % y asumirá la operación de la nueva infraestructura. Entre los objetivos técnicos de la PTAR Santa Marta está la reducción de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), la demanda química de oxígeno (DQO) y los sólidos suspendidos totales (SST), que son parámetros usados para medir el grado de contaminación del agua.

La construcción de la planta también responde a lo ordenado por la sentencia del río Bogotá, que exige la implementación de acciones para recuperar la cuenca y reducir los altos niveles de contaminación de los vertimientos. Durante la firma del convenio, la magistrada Edith Alarcón Bernal insistió en el papel esencial de las PTAR para garantizar la limpieza y preservación del río Bogotá, enfatizando la importancia de este tipo de iniciativas para la vida en el territorio nacional. No obstante, hasta el momento, los vertimientos sin tratamiento siguen representando un desafío para el río Botello y otros cuerpos de agua vinculados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto tiempo tardará la construcción de la nueva PTAR Santa Marta en Facatativá?

Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la primera fase de la PTAR Santa Marta requerirá alrededor de 25 meses para su construcción, seguidos de cuatro meses adicionales para el arranque y puesta en marcha, aunque no se especificó cuándo inicia la obra. Así, la entrega de la nueva infraestructura se proyecta para poco más de dos años luego de iniciar labores.

¿Qué significan DBO, DQO y SST en el tratamiento de aguas residuales?

En el contexto de la nueva planta, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO) y sólidos suspendidos totales (SST) son parámetros técnicos usados para medir la carga contaminante en el agua. Reducir estos niveles significa mejorar notablemente la calidad del agua tratada antes de su retorno al ambiente.

(Vea también: Revelan las regiones de Colombia donde un terremoto tendría menor impacto; solo hay dos)

El movimiento telúrico fue clasificado con profundidad superficial, una categoría que corresponde a sismos localizados a menos de 30 kilómetros de profundidad. El reporte identifica a Chaparral como lugar de referencia del evento.

La información divulgada por el SGC corresponde a un boletín actualizado con los parámetros del movimiento. Hasta el momento, los datos suministrados no incluyen información sobre posibles afectaciones relacionadas con este sismo.

Segundo sismo reportado en Chaparral durante la jornada

Este movimiento fue el segundo evento sísmico reportado en la misma zona durante el jueves. El SGC también registró un temblor a la 1:27 p. m., con magnitud de 3,1 y profundidad superficial.

Ambos reportes ubican los eventos en Chaparral, Tolima, aunque presentan magnitudes y horas diferentes. Con la información disponible no es posible establecer si existe una relación entre los dos movimientos.

De la misma manera, el municipio tolimense ha sido escenario de otros eventos sísmicos reportados por el Servicio Geológico Colombiano. Por eso, los nuevos registros se suman a la actividad sísmica que se monitorea en esta zona del país.

La magnitud indica la energía liberada por un sismo, mientras que la profundidad permite conocer qué tan cerca de la superficie se originó. La percepción del movimiento también depende de factores como la distancia al epicentro y las características del terreno y de las construcciones.

Cómo reportar si sintió alguno de los temblores

Las personas que hayan percibido alguno de los movimientos pueden ingresar a la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano y diligenciar el formulario correspondiente.

La herramienta recopila información sobre cómo se perciben los sismos en diferentes lugares y complementa los registros instrumentales. Estos datos ayudan a conocer el alcance de los movimientos y sus efectos percibidos por la población.

Para transformar esta realidad, la propuesta se fundamenta en cuatro grandes desafíos. El primero es garantizar trayectorias educativas completas: en la primera infancia, esto exige una atención integral y acceso a experiencias de juego y desarrollo; en la infancia, condiciones apropiadas en los entornos escolares y acceso a actividades culturales y deportivas; en la adolescencia, prevenir violencias y asegurar la continuidad educativa, y para las jóvenes, facilitar el acceso a la educación superior y a alternativas de formación y empleo dignos. Según los datos proporcionados, en 2024 Bogotá registró una cobertura neta en educación media del 58,85 %, llegando a 63,38 % en mujeres; sin embargo, solo el 65,3 % de quienes se graduaron de educación media continuaron estudiando al año siguiente, y apenas el 53,9 % ingresó a programas de educación superior.

El segundo desafío es la salud integral, que abarca tanto el bienestar físico como mental y los derechos sexuales y reproductivos. Durante 2025 se notificaron en Bogotá 8.685 casos de ideación suicida en adolescentes, 5.820 de ellos en mujeres. En Cundinamarca, la tasa de fecundidad adolescente fue la más baja registrada en 2025, con 10,23 nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 10 y 19 años. Avances como este requieren consolidarse con educación, información, acceso a servicios y protección frente a barreras sociales.

El tercer y cuarto desafío subrayan la importancia de la participación efectiva de niñas y jóvenes en las decisiones que las afectan y el derecho a un ambiente sano, aspectos que dependen de alianzas y coordinación regional, especialmente para enfrentar riesgos y garantizar entornos protectores y saludables.

La agenda propuesta implica acuerdos verificables en indicadores, metas concretas y participación real; además, exige que la responsabilidad estatal no se diluya, sino que se traduzca en inversión, resultados visibles y acciones diferenciadas según las necesidades de cada territorio.

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¿Cuáles son las principales barreras para que las niñas y jóvenes de Bogotá y Cundinamarca accedan a sus derechos?

De acuerdo con la información recopilada en el texto, las principales barreras incluyen la desigualdad territorial, la violencia intrafamiliar y de género, el acceso insuficiente a servicios de salud mental y sexual, las dificultades económicas para continuar estudios superiores y las diferencias en la oferta de servicios según la localidad. Factores como el lugar de residencia, recursos económicos limitados y barreras estructurales en el entorno inciden directamente en las oportunidades de ejercer plenamente sus derechos.

¿Qué acciones propone la agenda regional para fortalecer los derechos de las niñas y jóvenes?

La agenda regional plantea tres acciones claves: primero, un análisis comparativo de indicadores en educación, salud, violencias, participación y ambiente sano diferenciados por curso de vida, sexo, localidad y municipio; segundo, la definición de metas compartidas y mecanismos de seguimiento claros; y tercero, la garantía de participación efectiva de niñas y jóvenes en las decisiones públicas sobre políticas y recursos. Estas acciones buscan reducir las brechas, orientar recursos y asegurar resultados visibles en la protección y promoción de sus derechos.

No obstante, el mandatario propuso fomentar un debate sobre el alcance y los límites de lo que debe entenderse por periodismo. De la Espriella advirtió que “defender sin reservas la libertad de prensa no significa llamar periodismo a todo lo que se llama con su nombre”. Este señalamiento surgió al referirse al cubrimiento de hechos que él calificó como “terrorismo”, haciendo énfasis en ejemplos como el uso del término “retención” en lugar de “secuestro”. Para el presidente, no es riguroso para la sociedad confundir el rigor periodístico con acciones que, según él, podrían responder a intereses políticos o personales. De la Espriella puntualizó que “no es serio ni honesto con la sociedad presentar como periodismo lo que es en realidad una operación política, una persecución contra adversarios o la conversión de odios y obsesiones personales en supuestas investigaciones de prensa”.

Este debate se da en un contexto de controversia por la libertad de prensa en la actual administración. De acuerdo con información de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la organización expresó su desacuerdo reciente con el uso de solicitudes de rectificación que el presidente, por medio de la firma De la Espriella Lawyers, estaría enviando a medios de comunicación nacionales. Según la FLIP, estas acciones pueden interpretarse como una presión institucional contra la labor independiente de los medios.

La FLIP también ha cuestionado los actos de algunos miembros cercanos al presidente, como el caso de Carlos Suarez, presidente de la junta de Ecopetrol, por sus conflictos con publicaciones como Cambio y La Silla Vacía. La organización precisó que tildar a un medio de comunicación como enemigo o actor político “tiene una capacidad particular para deslegitimar su trabajo y alimentar escenarios de hostigamiento”, señalando el riesgo de que se deteriore el ambiente para el ejercicio periodístico.

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¿Cuál es la postura de Abelardo de la Espriella frente a la libertad de prensa?

Abelardo de la Espriella ha manifestado que su gobierno garantiza la libertad de prensa y que considera este derecho vital para una democracia. Sin embargo, también expone la necesidad de diferenciar entre periodismo genuino y prácticas que, a su juicio, corresponden a operaciones políticas, persecución o intereses personales, señalando que no todo lo denominado como periodismo debe ser considerado como tal.

¿Por qué la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha criticado al gobierno de De la Espriella?

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha criticado al gobierno de De la Espriella porque considera problemático el uso de solicitudes de rectificación hacia medios nacionales desde la firma de abogados del presidente. Además, ha advertido sobre el peligro de presentar a los medios como enemigos o actores políticos, pues estos actos pueden deslegitimar el trabajo periodístico y generar ambientes de hostigamiento.

De acuerdo con la información proporcionada, la primera circular fue expedida el 9 de octubre de 2026 por el DNP. En ese documento, se recalca a los funcionarios responsables de supervisar contratos y convenios la necesidad de revisar la ejecución de los acuerdos vigentes y asegurar su cumplimiento. El mensaje principal es claro: proteger los recursos del Estado y reforzar la transparencia en la gestión pública, aspectos frecuentemente cuestionados en los debates sobre el gasto público, según información del DNP.

Por su parte, el DAPRE emitió el 15 de octubre de 2026 una directriz enfocada puntualmente en racionalizar la contratación de personal en entidades del gobierno nacional. La Circular Externa No. 08 establece lineamientos para orientar las nuevas contrataciones de servicios profesionales y cargos de libre nombramiento y remoción, promoviendo la austeridad y limitando dichos procesos. Entre las medidas tomadas, se indica que los nuevos contratos de prestación de servicios no deben superar el 25 % en número y valor frente a los celebrados durante 2025 y 2026. Para cargos de libre nombramiento y remoción, se sugiere un límite del 60 %, con excepciones para determinados puestos directivos.

Las medidas anunciadas no implican la terminación inmediata de los contratos vigentes ni afectan de forma generalizada todas las áreas. El DAPRE deja claro que existen excepciones para sectores clave como servicios esenciales, seguridad, atención de emergencias y proyectos con financiación específica, por lo que la aplicación de la circular debe considerar esas condiciones. Así, el alcance de las dos circulares se enfoca en mantener el control sobre los contratos en ejecución y racionalizar la vinculación futura, poniendo de nuevo en relevancia la austeridad y transparencia en la administración pública.

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¿Qué cambios anunció el gobierno nacional en la contratación pública con las nuevas circulares?

El gobierno nacional, a través del DNP y el DAPRE, anunció medidas para fortalecer la vigilancia sobre los contratos públicos y racionalizar nuevas contrataciones. Las circulares expedidas en octubre establecen límites en el número y valor de contratos de prestación de servicios y cargos de libre nombramiento, aunque existen excepciones para áreas estratégicas. Estas disposiciones buscan mejorar el control del gasto público y reforzar la transparencia en la gestión estatal.

¿Cuáles son las excepciones en las nuevas políticas de austeridad del DAPRE para contrataciones?

De acuerdo con la circular del DAPRE, las excepciones en las políticas de austeridad aplican a servicios esenciales, seguridad, atención de emergencias y proyectos que cuenten con financiación específica. Estas áreas podrán estar exentas de los límites establecidos para contratación, permitiendo continuidad en funciones consideradas imprescindibles para el funcionamiento del Estado.

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La empresa se pronunció en las últimas horas y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la mujer. En el documento, también dejó claro que la investigación está en manos de las autoridades y que serán ellas las encargadas de establecer cómo se produjo el incidente.

“El equipo de Hello Life expresa sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de la señora Janeth Mylene Suárez Saavedra. Lamentamos profundamente su fallecimiento y manifestamos nuestra solidaridad ante el dolor que atraviesa su familia”, indicó el establecimiento. 

Dicho establecimiento manifestó que espera que se conozcan las circunstancias de la emergencia y aseguró que atenderá los requerimientos de los investigadores. Su declaración se conoce después de que Suárez Saavedra falleciera el martes 13 de octubre, tras permanecer 11 días hospitalizada por la gravedad de las lesiones.

La posición de Hello Life frente a la investigación

En su pronunciamiento, el restaurante insistió en su disposición a colaborar con las autoridades y entregar los datos que sean necesarios para avanzar en el esclarecimiento del caso. La empresa no presentó una explicación propia sobre el origen de la emergencia ni atribuyó responsabilidades por lo ocurrido.

“Tenemos el mayor interés en que lo ocurrido se esclarezca. Estamos a disposición de las autoridades para aportar la información que requieran y atender sus solicitudes dentro de la investigación”, se lee en la misiva que difundió la empresa.

Hello Life también pidió prudencia ante la situación, en consideración al duelo que atraviesan los familiares de la víctima. Por ahora, el comunicado se concentra en expresar solidaridad y reiterar la voluntad de atender las solicitudes que surjan durante la investigación.

Qué se sabe del accidente en el restaurante de Bucaramanga

La emergencia ocurrió el 2 de octubre, cuando Janeth Mylene Suárez Saavedra desayunaba con su esposo, José Luis Rodríguez, en el establecimiento ubicado en el sector de Cabecera. Según las primeras versiones conocidas, una trabajadora habría estado manipulando un pebetero que presuntamente funcionaba con alcohol cuando se produjo una llamarada.

Suárez Saavedra sufrió quemaduras en entre el 65 % y el 70 % de su cuerpo. Su esposo también resultó lesionado al intentar auxiliarla. Ambos fueron trasladados al Hospital Internacional de Colombia, donde recibieron atención médica.

La ingeniera ambiental permaneció hospitalizada durante 11 días, pero falleció el 13 de octubre debido a la gravedad de sus heridas. Su muerte dejó pendiente el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el accidente.

Hasta el momento, las versiones iniciales sobre la manipulación del recipiente no constituyen una conclusión oficial sobre las causas de la emergencia. La investigación deberá establecer qué ocurrió y determinar si existen responsabilidades relacionadas con los hechos.

El suceso se produjo puntualmente en el mencionado barrio La Pola. De acuerdo con la versión inicial difundida por El Nuevo Día, los delincuentes llevaron a cabo el hurto en cuestión de minutos, utilizando la fuerza para violentar el vidrio del automotor. Hasta el momento, la información difundida es limitada en cuanto a las consecuencias directas para la víctima, ya que no se ha especificado si esta persona presentó denuncia formal ante las autoridades competentes de Ibagué. Esta falta de detalles deja interrogantes sobre la respuesta institucional y el seguimiento de los casos de hurto en la zona.

Tampoco se tiene claridad sobre la identidad de los responsables, el contenido exacto del bolso robado ni el valor de los elementos sustraídos. El Nuevo Día señala que la información sigue siendo preliminar, motivo por el que las autoridades no han confirmado si existen testigos del hecho o si hay indicios sobre cómo escaparon los delincuentes. Este tipo de delitos preocupa a la comunidad, pues la rápida acción de los ladrones y la falta de información concreta evidencian la dificultad de prevenir estos sucesos y de garantizar la pronta captura de los responsables.

Por el momento, se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen detalles adicionales sobre este caso ocurrido en Ibagué y sobre las eventuales acciones para intentar identificar a quienes cometieron el hurto. De acuerdo con El Nuevo Día, es probable que la situación evolucione a medida que avanza la investigación. La noticia se considera en desarrollo, lo cual sugiere que el caso está siendo monitoreado tanto por la prensa local como por la comunidad del sector.

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¿Qué detalles se conocen sobre el hurto en el barrio La Pola de Ibagué?

Según El Nuevo Día, se sabe que los responsables rompieron el vidrio de un vehículo blanco, al parecer marca Mazda, y sustrajeron un bolso del interior. Sin embargo, aún no hay información verificada sobre la identidad de los delincuentes, el contenido del bolso ni el valor de los objetos robados. Tampoco se ha confirmado si la víctima ya interpuso denuncia formal ante las autoridades locales.

¿Cómo fue reportado el caso de hurto a vehículo en Ibagué?

El caso fue reportado inicialmente por El Nuevo Día, medio que indicó que la información disponible es preliminar y que la forma en que los responsables escaparon, así como la existencia de eventuales testigos, siguen sin esclarecerse. Se espera que las autoridades entreguen más datos en el transcurso de las próximas horas conforme avance la investigación.

La iniciativa, liderada por el senador Daniel Briceño junto con otros congresistas, pretende adaptar el valor de los viajes a las condiciones de oferta y demanda. Cuando haya muchos pasajeros buscando un vehículo y pocos taxis disponibles, el precio podría aumentar.

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El cambio, sin embargo, no sería inmediato. Sin embargo, la propuesta apenas comienza su trámite legislativo y todavía debe superar las diferentes etapas antes de convertirse en ley. Por eso, la sola presentación del proyecto no modifica actualmente lo que pagan los usuarios por un recorrido.

¿Cómo funcionaría el nuevo cobro para taxis?

Las tarifas dinámicas estarían dirigidas a los servicios solicitados mediante plataformas digitales. La intención sería que el valor de cada trayecto pueda variar dependiendo de la demanda y de la cantidad de vehículos disponibles en determinado momento.

El proyecto también plantea un registro único para conductores, automóviles autorizados y operadores de aplicaciones. Esta herramienta permitiría tener mayor control sobre quienes participan en la prestación del servicio público individual.

Otro de los cambios propuestos apunta a que las plataformas entreguen información sobre los valores cobrados por cada recorrido y las comisiones que descuentan a los conductores. Esto permitiría conocer con mayor claridad cómo se distribuye el dinero pagado por los pasajeros.

La propuesta también contempla cambios en los llamados cupos de taxis y busca simplificar algunos trámites administrativos para quienes trabajan en este sector.

Por ahora, las reglas actuales continúan vigentes. Cualquier modificación en las tarifas o en las condiciones del servicio dependerá de la aprobación del proyecto y de las disposiciones que queden establecidas en el texto definitivo.

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A través de un pronunciamiento, Pizarro sostuvo que el reconocimiento de los colombianos hacia su padre no depende de esculturas, objetos o decisiones de la administración de turno. También cuestionó la orientación del Gobierno frente a los derechos y las libertades ciudadanas.

“El cariño de este país por mi padre no yace en objetos o esculturas, no necesita del Gobierno de turno”, manifestó la hija del excomandante.

En el mismo mensaje, afirmó que la historia recordará a quienes lucharon por la participación política frente a lo que describió como la tiranía del bipartidismo. Además, lanzó una crítica directa a la administración de De la Espriella.

“La Historia recordará quienes lucharon por la participación política ante la tiranía del bipartidismo y también recordará a este Gobierno por el retroceso en materia de derechos civiles y libertades ciudadanas”, agregó.

El cariño de este país por mi padre no yace en objetos o esculturas, no necesita del Gobierno de turno. La Historia recordará quienes lucharon por la participación política ante la tiranía del bipartidismo y también recordará a este Gobierno por el retroceso en materia de… https://t.co/T6OszoAg7R

— Mar Pizarro (@delmarpizarro) October 15, 2026

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¿Por qué De la Espriella ordenó retirar las imágenes de Pizarro?

La respuesta de María del Mar Pizarro se conoció después de que el mandatario le pidiera a la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, retirar de espacios públicos del Gobierno las representaciones relacionadas con Carlos Pizarro.

Durante una visita a esa cartera, el presidente argumentó que no permitirá que antiguos integrantes de organizaciones armadas sean exaltados en lugares institucionales. En ese contexto, calificó las imágenes como una apología al terrorismo y ordenó a la funcionaria proceder con su retiro.

Hasta el momento, el Gobierno no ha detallado públicamente un inventario de las piezas que serán retiradas ni un cronograma para ejecutar la instrucción.

La controversia por el sombrero de Carlos Pizarro

La discusión también ocurre después de una decisión del Consejo de Estado relacionada con un objeto del excomandante del M-19. El 30 de septiembre, el alto tribunal suspendió provisionalmente los efectos de la Resolución 218 del 17 de junio de 2024, mediante la cual se había reconocido el sombrero de Pizarro como patrimonio cultural de la Nación.

Esa medida judicial se refiere al acto administrativo sobre el sombrero y no constituye, por sí misma, una orden de retirar todas las imágenes del excomandante de los espacios públicos.

Carlos Pizarro fue uno de los principales dirigentes del M-19 antes de la desmovilización de esa organización en 1990. Luego se presentó como candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19, pero fue asesinado el 26 de abril de ese año, durante la campaña electoral.

En sus declaraciones, Fonseca también puso en tela de juicio las críticas que argumentan la ausencia de una planta eléctrica en la unidad. Cuestionó el hecho de que la propia RTVC haya invertido en el cambio de imagen institucional de la unidad y su adecuación, si, como indica la denuncia, el equipo realmente no podría prestar servicios operativos. Para Fonseca, esto resulta incoherente y refuerza su defensa sobre la funcionalidad de la unidad tras su adquisición.

Más allá de las características técnicas, Fonseca argumentó a favor de que RTVC disponga de infraestructura propia para sus necesidades audiovisuales. De acuerdo con su explicación, alquilar equipos móviles cada vez que se requiere una transmisión podría acarrear más gastos que contar con herramientas propias y solo contratar servicios específicos de apoyo, como una planta eléctrica. De este modo, defendió la compra como una forma de fortalecer la independencia tecnológica de los medios públicos y, en su criterio, reducir la dependencia de proveedores externos. No obstante, estos argumentos no disiparon completamente las preocupaciones relacionadas con el elevado valor de los equipos ni con los términos y condiciones del contrato de adquisición.

Fonseca acusó a la administración actual de RTVC de efectuar señalamientos que, en su visión, buscan desprestigiar a Hollman Morris y al Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, cabe destacar que este señalamiento corresponde a su interpretación y no representa una evidencia concluyente respecto a la legitimidad de las alertas planteadas por la entidad.

Por su parte, la administración actual sostiene que la unidad móvil, adquirida bajo el contrato 2899 de 2025, presenta limitaciones para operar fuera de las instalaciones de RTVC por la ausencia de una planta eléctrica, además de advertir posibles sobrecostos superiores a $2.000 millones. Según la entidad, aunque aproximadamente $9.000 millones se habrían destinado a equipos audiovisuales, cotizaciones internas estimaron costos cercanos a los $7.000 millones por equipos equivalentes. Las críticas también incluyen cuestionamientos específicos sobre elementos como ocho cámaras, la consola de sonido y un dron adquiridos. Ante la controversia, RTVC remitió el caso a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía para que investiguen posibles irregularidades en la ejecución contractual y determine si existieron sobrecostos o incumplimientos.

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¿Por qué es polémica la compra de la unidad móvil de RTVC?

La adquisición de la unidad móvil de RTVC es polémica porque, según la administración actual, existen dudas sobre su operatividad fuera de las instalaciones por no contar con una planta eléctrica y se advirtieron posibles sobrecostos por más de $2.000 millones. Estos hechos llevaron a la entidad a remitir el caso a los órganos de control para su investigación.

¿Qué equipos específicos están en debate por la compra de RTVC?

Entre los componentes discutidos en la compra de RTVC están las ocho cámaras, la consola de sonido y un dron. La administración cuestionó si el valor pagado por estos equipos corresponde a su precio en el mercado, considerando que estudios internos y cotizaciones ubicaron presupuestos menores a los reportados oficialmente.

Durante 2024 y 2025, la investigación se centró en caracterizar los ecosistemas urbanos de Valledupar. Luego, en 2026, evolucionó hacia el análisis de los sistemas de gestión ambiental urbana. Esta transición respondió a la inquietud, identificada por Jorge Ortiz, líder e investigador del proyecto, sobre la falta de articulación entre las políticas ambientales y la escasa incorporación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre la ciudad. Ortiz explica que la meta es diagnosticar cómo los instrumentos de planificación territorial enfrentan el cambio climático, analizar la percepción ciudadana ante estos riesgos y proponer estrategias integrales que consideren los aspectos ambientales, sociales y económicos para fortalecer la resiliencia de la ciudad.

Uno de los hallazgos más significativos corresponde al arbolado urbano: cerca del 40 % de los árboles en la ciudad son de la especie mango (Mangifera indica), lo que genera un riesgo fitosanitario, pues una sola plaga podría afectar de manera considerable la cobertura arbórea. En cuanto a la biodiversidad, el estudio señala que en el centro urbano se registran 50 especies de aves; si bien hay buena presencia de avifauna asociada a la vegetación existente, esta cifra evidencia presión sobre el ecosistema, de acuerdo con los investigadores. Además, aunque las personas reconocen la importancia de los espacios verdes, consideran limitada su participación en las decisiones ambientales.

El proyecto busca que su impacto trascienda el campo académico y sirva para actualizar políticas como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), recomendando soluciones basadas en la naturaleza, como corredores verdes, alamedas ambientales y restauración de zonas estratégicas, por ejemplo, el río Guatapurí. Para robustecer la participación comunitaria, se plantea implementar herramientas como la cartografía social y la construcción colectiva de propuestas ambientales.

La formación de estudiantes de Arquitectura se integra al proyecto mediante el Semillero de Investigación In Situ, donde desarrollan trabajo de campo y fortalecen capacidades en análisis espacial y soluciones bioclimáticas. Según Rubby Gnecco, directora del programa, esto vincula la formación académica con las necesidades reales del territorio.

Ciudades Verdes es un esfuerzo interdisciplinario, ya que involucra arquitectura, ingeniería ambiental, biología y derecho, junto a herramientas como redes de observación y el uso de las aves como indicadores ambientales. Este enfoque pretende informar la toma de decisiones y facilitar la transición hacia una planificación más robusta frente al cambio climático. El objetivo, concluyen los investigadores de la Fundación Universitaria del Área Andina, es generar conocimiento que incentive el diálogo entre academia, instituciones y ciudadanía para lograr una ciudad sostenible y resiliente.

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¿Cuáles son los principales riesgos ambientales que afronta Valledupar según el proyecto Ciudades Verdes?

El proyecto Ciudades Verdes identifica el crecimiento urbano acelerado, la alta concentración de árboles de una sola especie y la presión sobre la biodiversidad como los principales riesgos ambientales de Valledupar. Además, destaca la escasa articulación de políticas y la limitada participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, lo que puede dificultar la adaptación frente al cambio climático.

¿Cómo contribuye la participación ciudadana a la gestión ambiental urbana en Valledupar?

De acuerdo con los hallazgos del proyecto, aunque la población reconoce la importancia del arbolado y los espacios verdes, su participación en las políticas ambientales sigue siendo reducida. Fortalecer mecanismos como la cartografía social y la construcción colectiva de propuestas es fundamental para vincular mejor a los habitantes en los procesos de gestión y planificación ambiental de Valledupar.

Según la información revelada por El Nuevo Día, la glorieta del Vergel en Ibagué es un punto neurálgico para la circulación vial en la capital del Tolima, lo que explica el impacto inmediato que causó el accidente sobre el flujo de vehículos en la zona. Varias personas en redes sociales y medios han señalado la congestión significativa en las inmediaciones, lo que ha obligado a los conductores a buscar rutas alternas o disminuir la velocidad al pasar cerca del sector.

Hasta el momento, no se dispone de mayor claridad sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente. La situación de la mujer involucrada tampoco ha sido confirmada oficialmente, por lo cual permanece bajo reserva cualquier información sobre su estado de salud. Los datos recabados señalan que las autoridades todavía no han ofrecido una versión detallada sobre cómo ocurrieron los hechos ni identificado posibles responsables del siniestro.

El incidente sigue en desarrollo y tanto las autoridades como los medios locales monitorean el área para mantener informada a la ciudadanía. Por ahora, se recomienda a quienes necesitan desplazarse por la glorieta del Vergel y zonas adyacentes hacerlo con extrema precaución, siguiendo las instrucciones de las autoridades de tránsito en tanto se restablece la normalidad en la movilidad. La prioridad es evitar nuevos percances mientras se resuelve la situación y se obtienen datos oficiales sobre las causas y consecuencias del accidente.

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¿Qué ocurrió en el accidente de tránsito en la glorieta del Vergel, Ibagué?

De acuerdo con la información suministrada por El Nuevo Día, el accidente involucró a una mujer que conducía una motocicleta y que fue hallada tendida en el asfalto en la glorieta del Vergel. Sin embargo, aún no se conocen los motivos exactos que ocasionaron el siniestro vial ni se ha esclarecido el estado de la persona afectada.

¿Cómo afecta el accidente del Vergel la movilidad en Ibagué?

El incidente ha generado graves problemas de congestión vehicular en la glorieta del Vergel, un punto clave de circulación en Ibagué. Como informan los reportes de El Nuevo Día, la movilidad se ha visto seriamente afectada, razón por la cual se recomienda a los conductores transitar con precaución por esta zona mientras las autoridades avanzan en el manejo de la emergencia.

La demanda, radicada el 21 de mayo de 2026, señala fallas en la conservación del parque, ubicado dentro de la Ruta Escalona, sobre la carrera 4, entre la glorieta Los Juglares y el río Guatapurí. El texto expone que desde su inauguración, el lugar no ha recibido mantenimiento preventivo ni correctivo, situación reflejada en el deterioro de sus áreas recreativas infantiles y otros elementos. Se describen, por ejemplo, juegos dañados, bancas averiadas, fuentes de agua inoperantes, zonas de ejercicio con defectos, estructuras de nailon rotas y ausencia de canecas para residuos. Igualmente, se denuncia la desaparición de columpios y la exposición de piezas oxidadas con riesgo para menores, además del desgaste de la grama y levantamiento del tapete sintético, lo que causa acumulación de aguas lluvias y proliferación de vectores. El documento también detalla fisuras y daños en esculturas representativas del folclor vallenato, especialmente en las de Kaleth Morales y Peter Manjarrés.

En el proceso quedó evidenciado el conflicto de responsabilidades entre las entidades. Si bien la administración del parque fue entregada a Mercabastos el 19 de noviembre de 2019, en respuesta a un derecho de petición radicado por el demandante el 23 de enero de 2025, la Secretaría de Obras Públicas indicó que el cuidado era responsabilidad de Mercabastos, pero esta señaló carecer de competencia contractual para ejecutar el mantenimiento. Por orden del Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, ambas entidades debieron emitir una respuesta de fondo, y Mercabastos reafirmó que las reparaciones estructurales eran exclusivas del municipio, al que notificó los daños oportunamente.

El accionante fundamentó su demanda en pruebas técnicas y periodísticas —con registros fotográficos, videos y notas divulgadas por medios como EL PILÓN, Portal Enlace y NewsCaribe entre 2022 y 2023— que evidencian la persistencia del deterioro. Adicionalmente, el ciudadano presentó en marzo de 2026 una reclamación sobre contrataciones reportadas en la plataforma SECOP para la reparación del parque, pero no recibió respuesta alguna por parte del municipio. Esta acción popular busca una nueva revisión judicial, amparada en la figura de la cosa juzgada relativa, que permite reconsiderar procesos previos a partir de pruebas más recientes, según la Corte Constitucional.

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¿Quién tiene la responsabilidad legal sobre el mantenimiento del Parque La Provincia en Valledupar?

Según lo expuesto en el expediente, existe una disputa entre el Municipio de Valledupar y la Comercializadora Mercabastos EICE respecto a la competencia legal para el mantenimiento del parque. La Alcaldía sostiene que la administración y conservación recaen en Mercabastos, mientras que esa entidad rechaza tener la capacidad contractual y presupuestal para ejecutar las obras, atribuyendo la responsabilidad exclusiva al municipio, conforme a lo manifestado en documentos judiciales y respuestas oficiales.

¿Cuáles son los daños y problemas más graves reportados en el Parque La Provincia según la acción popular?

La acción popular presentada por Luis Alfonso Chamorro Martínez enumera diversos deterioros en el parque: juegos recreativos infantiles en mal estado, bancas y fuentes fuera de funcionamiento, zonas de ejercicio defectuosas, estructuras de nailon dañadas, columpios oxidados con elementos cortopunzantes, desgaste de la grama, levantamiento del tapete sintético que facilita focos de vectores y daños notables en esculturas de personajes del folclor vallenato, especialmente Kaleth Morales y Peter Manjarrés.

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En un comunicado divulgado este jueves 15 de octubre, Vargas manifestó su preocupación por las revelaciones periodísticas sobre supuestas operaciones de vigilancia en su contra mientras Petro ejercía la Presidencia de la República. La información fue publicada por la revista Semana, que ha reportado presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de información reservada en entidades del Estado.

Según el exdirector de la Policía, las actividades denunciadas habrían incluido el uso de capacidades institucionales de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para recopilar datos personales.

“Dichos actos habrían consistido en seguimientos, perfilamientos, obtención de información financiera sobre mí, entre otros, a través del uso ilícito de los recursos del Estado en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf)”, afirmó el general retirado en su pronunciamiento.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA pic.twitter.com/9E86JwFiya

— Jorge Luis Vargas (@ElGeneralVargas) October 15, 2026

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Por qué el general Jorge Luis Vargas señala a Gustavo Petro

En el documento, Vargas también recordó una entrevista que el entonces mandatario concedió al periodista Daniel Coronell. Según el oficial retirado, en esa conversación Petro manifestó una animadversión personal hacia él, algo que considera relevante para sustentar sus señalamientos.

“Al respecto, es preciso que la opinión pública recuerde que Gustavo Petro, en entrevista dada al periodista Daniel Coronell, confesó y manifestó su aversión contra mí, indicando directamente que me tenía ‘entre ojos’, lo que me comprueba la realización de esas actividades ilícitas”, sostuvo Vargas.

El exdirector de la Policía considera que esa expresión constituye un antecedente para sus denuncias. Sin embargo, la declaración citada, por sí sola, no demuestra que el entonces presidente hubiera ordenado seguimientos ilegales ni que estos se hubieran ejecutado.

Qué delitos podrían estar involucrados en la denuncia

Vargas confirmó que trabaja con su equipo de asesores jurídicos para impulsar acciones penales y buscar que respondan ante la justicia las personas que habrían participado en los hechos denunciados.

“Por lo anterior, he iniciado, junto con mi equipo de asesores jurídicos, las acciones legales tendientes a obtener la judicialización de quienes cometieron dichos actos, que podrían configurar los delitos de abuso de autoridad, peculado por aplicación oficial diferente, concierto para delinquir y otros más”, señaló.

Por ahora, los señalamientos corresponden a las afirmaciones del general retirado y a las presuntas irregularidades reportadas por medios de comunicación. La determinación de posibles responsabilidades penales dependerá de las actuaciones de las autoridades competentes y de las pruebas que se incorporen a las investigaciones.

Uno de los aspectos que más controversia ha generado son los supuestos sobrecostos identificados en la adquisición de equipos. De acuerdo con RTVC, cerca de $9.000 millones de esos recursos se invirtieron en equipos audiovisuales, aunque análisis previos de mercado y cotizaciones internas ubicaban equipos similares alrededor de los $7.000 millones. Así, queda una diferencia superior a los $2.000 millones, una suma significativa cuyos detalles deberán ser sometidos a revisión por las autoridades competentes para establecer si correspondió a un sobrecosto injustificado.

El contrato en cuestión, identificado como el número 2899 de 2025, fue firmado el 16 de diciembre de ese año con la Unión Temporal Móvil RTVC. Su alcance era integral: abarcaba el diseño, la fabricación, la instalación y la integración de equipos, sistemas de energía eléctrica, conectividad, pruebas técnicas y la puesta en funcionamiento total de la unidad. No obstante, la administración actual advirtió que la unidad no está operativa precisamente por carecer de la planta eléctrica que debía estar incluida, lo que siembra dudas acerca del cumplimiento de las obligaciones pactadas.

RTVC también ha puesto en duda la adecuación técnica de varios componentes del contrato. Las observaciones señalan que las características ópticas de las ocho cámaras entregadas no responden plenamente a las exigencias de las producciones audiovisuales de la televisión pública. Además, se cuestionó la capacidad de la consola de sonido para grandes proyectos y se indicó que el dron suministrado parece diseñado para labores de cartografía y seguridad, no para transmisiones en directo, lo que llevaría a preguntarse si las compras realmente se ajustaron a las necesidades del canal público.

El contrato contempló un anticipo del 30 % —alrededor de $3.577 millones—, gestionado a través de un patrimonio autónomo, mientras que los pagos siguientes dependían de la entrega de diseños, equipos y la puesta en marcha de la unidad móvil. También surgieron suspicacias frente a la competencia empresarial, porque dos compañías que participaron separadamente en el estudio de mercado terminaron presentando una oferta conjunta. El expediente ya está en manos de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, entidades responsables de esclarecer si hubo incumplimientos, sobrecostos injustificados o conductas irregulares en el proceso.

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¿Por qué la unidad móvil contratada por RTVC no está operativa?

De acuerdo con las denuncias de la actual administración de RTVC, la unidad móvil de televisión, adquirida mediante un contrato por $11.924 millones, no puede operar porque no cuenta con una planta eléctrica, a pesar de que el contrato contemplaba la integración de todos los sistemas necesarios para su funcionamiento. Este hecho ha despertado interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el uso de los recursos asignados.

¿Cuáles son los posibles sobrecostos detectados en el contrato de RTVC?

Según información de RTVC, se identificó que cerca de $9.000 millones fueron destinados a equipos audiovisuales, mientras que los estudios de mercado y cotizaciones internas estimaban esos bienes en unos $7.000 millones. Por lo tanto, la diferencia podría superar los $2.000 millones, lo que ha generado dudas sobre la justificación de ese incremento y llevó a que las autoridades examinen si existieron sobrecostos injustificados.

De Armas argumentó que su salida vulneraba su derecho al debido proceso y al mínimo vital, fundamentos que expuso tras demostrar que se encuentra en estado de embarazo y es la principal fuente de ingresos de su familia. La funcionaria también explicó que su esposo renunció a su empleo formal para dedicarse al cuidado exclusivo de su hija menor, quien, según la tutela presentada, padece una condición de discapacidad y requiere terapias continuas. Todo esto fue considerado por el juzgado como elemento relevante para frenar el relevo en la administración del hospital.

La entidad encargada, la Superintendencia Nacional de Salud, indicó en el expediente que la desvinculación de De Armas respondió a presuntas razones técnicas. Entre las justificaciones referidas se mencionan supuestas fallas en los procesos de contratación, deficiencias en la cobertura de riesgos laborales y reparos en un informe sobre conflicto de intereses. El juzgado, sin embargo, le exigió a la Supersalud sustentar con pruebas esas razones y aclarar si tuvo en cuenta las notificaciones sobre el estado de embarazo de la funcionaria, aspectos que serán importantes para la decisión final.

Antes de esta controversia, De Armas asumió el cargo el 10 de junio de 2026, cuando Daniel Quintero era superintendente de Salud, y apenas permanecía algo más de cuatro meses como gerente. La reciente designación de Abelardo de la Espriella en la Presidencia de la República generó movimientos que impactaron la estabilidad directiva del hospital. En menos de cinco años, el centro médico ha tenido al menos seis interventores, reflejando una marcada inestabilidad administrativa desde su intervención, medida prorrogada hasta el 14 de enero de 2027.

El Hospital Rosario Pumarejo de López destaca en la red pública de salud por la magnitud de su presupuesto, que para 2026 se calcula en 157.150 millones de pesos, según documentos oficiales. La principal fuente de ingresos proviene de la facturación por servicios médicos, especialmente para los usuarios de los regímenes subsidiado y contributivo.

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¿Por qué fue restituida Lina de Armas como gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López?

Lina de Armas fue restituida provisionalmente mediante una resolución de la superintendente Nacional de Salud, en respuesta a una medida cautelar del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar. De acuerdo con la información, De Armas interpuso una acción de tutela alegando vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso y el mínimo vital, después de demostrar su estado de embarazo y las condiciones particulares de su hogar.

¿Cuáles fueron las razones técnicas que argumentó la Supersalud para la salida de Lina de Armas?

La Superintendencia Nacional de Salud sostuvo ante el juzgado que la salida de Lina de Armas respondió a supuestas deficiencias en procesos de contratación, irregularidades en la cobertura de riesgos laborales y a reparos en un reporte sobre conflicto de intereses. Sin embargo, el juzgado solicitó a la entidad entregar pruebas que respalden esos señalamientos y clarificar si tuvo en cuenta las comunicaciones relativas al embarazo de la funcionaria.

De acuerdo con la información divulgada durante el evento, el plan para el malecón contempla no solo la infraestructura vial y de movilidad, sino una visión integral de espacio público, articulando distintos nodos con ofertas culturales, deportivas y recreativas alrededor de la avenida del río Guatapurí, una vía que aún se encuentra en ejecución. El Nodo Ecológico será el primero y estará situado en el lote Campo Adela, predio del municipio. Allí se priorizará la conservación y contemplación del bosque seco tropical, integrando plazoletas para artesanías y educación, zonas de parqueo, parques infantiles y senderos ecológicos, entre otros espacios, según los documentos técnicos del proyecto.

En cuanto al diseño vial, el proyecto prevé una franja de intervención de 25 metros entre la avenida y la zona verde. Esta franja incluirá dos calzadas vehiculares de 7 metros cada una. Hacia el lado del río, el espacio para el tránsito peatonal y ciclista estará garantizado con un andén de 5,5 metros, una ciclorruta de 2,4 metros de ancho y una zona verde de 5,57 metros. Del lado derecho de la avenida también estarán presentes zonas verdes y espacios peatonales, estructurando así un corredor amigable con el medio ambiente y diverso en servicios para la comunidad.

El Nodo Familiar será la segunda intervención, previsto en el terreno del Vivero Municipal, el cual deberá ser recuperado para este fin. En este punto se planea construir canchas deportivas, plazoletas, una ciclorruta perimetral, un gimnasio vital, parques infantiles, parqueaderos y locales culturales. Finalmente, en la zona conocida como Las Vaqueras se desarrollará el Nodo Deportivo, con canchas, una ciclorruta perimetral, locales culturales, un anfiteatro y área de parqueadero, completando así un circuito de espacios públicos para diferentes intereses y edades.

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¿Cuándo comenzará la construcción del malecón del río Guatapurí en Valledupar?

De acuerdo con lo anunciado oficialmente por el ministro de Vivienda, Jaimes Andrés Beltrán, la viabilidad financiera ya está confirmada para este proyecto y se espera que la construcción del malecón arranque en enero de 2027, consolidando así una obra que ha sido esperada por la comunidad y autoridades locales.

¿Qué características tendrá el malecón del río Guatapurí y cuáles son sus principales nodos?

El malecón incluirá dos calzadas vehiculares de 7 metros, un andén de 5,5 metros, una ciclorruta de 2,4 metros y zonas verdes de 5,57 metros, según los documentos del proyecto. Además, contará con tres nodos principales: el Nodo Ecológico enfocado en la conservación ambiental, el Nodo Familiar con instalaciones deportivas y culturales, y el Nodo Deportivo, que integrará canchas, un anfiteatro y espacios culturales para la comunidad.

(Vea también: Golpe para Iván Cepeda y Carolina Corcho por medida de Fiscalía: investigación los pone bajo lupa)

La acción judicial fue presentada el 27 de agosto por Freddy Fernando Flórez Afanador, quien sostiene que la coalición desconoció las reglas y los resultados de la consulta interpartidista del 26 de octubre de 2025, en la que se escogieron candidatos al Congreso.

El argumento central es que Corcho no participó en esa consulta para conformar la lista al Senado, pero posteriormente fue inscrita en el primer renglón de la lista del Pacto Histórico.

Es importante hacer una precisión: la exministra sí participó en la consulta presidencial realizada ese mismo día, en la que quedó en segundo lugar detrás de Iván Cepeda. Su designación como cabeza de lista al Senado respondió a un acuerdo político dentro de la coalición.

Para el demandante, la lista debía respetar los resultados del mecanismo de participación y estar integrada de acuerdo con las reglas establecidas para esa consulta. Por eso, considera que los acuerdos políticos posteriores no podían apartarse de lo decidido en las urnas.

¿Qué decidió el Consejo de Estado sobre la demanda?

Además de solicitar que se anule la elección de Corcho, Flórez Afanador pidió la suspensión provisional de los efectos del acto que declaró su elección, contenido en el formulario E-26 SEN del 13 de julio de 2026.

Sin embargo, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó esa medida cautelar. Según la información conocida sobre la decisión, el alto tribunal consideró que los elementos presentados no acreditaban, en esa etapa inicial, los presuntos vicios alegados.

La negativa a suspender provisionalmente la elección no equivale a una decisión definitiva sobre la legalidad de la elección. El proceso continuará y el tribunal deberá estudiar los argumentos y las pruebas antes de resolver si hay motivos jurídicos para anularla.

La demanda sostiene que la inscripción de Corcho desconoció el artículo 107 de la Constitución Política y disposiciones de la Ley 1475 de 2011, relacionadas con las reglas de los partidos políticos, las consultas y la selección de candidatos. Será la autoridad judicial la que determine si esas normas fueron vulneradas en este caso.

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Ante la ministra Paola Holguín, el jefe de Estado sostuvo que no permitirá que figuras vinculadas con organizaciones armadas sean exaltadas en lugares institucionales. Por eso, le pidió a la funcionaria proceder con el retiro de los elementos alusivos a Pizarro.

“Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los lugares públicos”, afirmó el presidente. También sostuvo que esas representaciones no pueden ocupar un lugar reservado, según sus palabras, para los próceres de la patria.

De La Espriella defendió su decisión con el argumento de que su Gobierno promueve la legalidad, la libertad, la institucionalidad y la democracia. “No acepto la apología del terrorismo. En este Gobierno se acabó”, expresó durante su intervención.

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¿Por qué volvió a ser noticia Carlos Pizarro?

El pronunciamiento se produjo días después de una controversia relacionada con el reconocimiento cultural de un sombrero perteneciente al excomandante del M-19. El 30 de septiembre, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos de la Resolución 218 del 17 de junio de 2024, con la que el Gobierno de Gustavo Petro había declarado el sombrero de Pizarro como patrimonio cultural de la Nación.

La decisión judicial no correspondió a una orden de retirar todas las imágenes del exguerrillero de espacios públicos, sino a la suspensión provisional de esa resolución mientras avanza el proceso sobre su legalidad. Entre los argumentos de la demanda se cuestionaron las facultades del Ministerio para otorgar directamente ese reconocimiento.

Otros cambios que pidió en el Ministerio de Cultura

Durante la misma visita, el presidente también cuestionó el nombre de la cartera, que durante la administración anterior pasó a llamarse Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. De La Espriella pidió recuperar una denominación centrada en Cultura y Patrimonio y criticó el uso del lenguaje inclusivo en las instituciones estatales.

La instrucción sobre las imágenes de Pizarro se enmarca en la orientación cultural que el mandatario busca impulsar. Por ahora, el anuncio público establece la orden impartida a la ministra, aunque las fuentes consultadas no detallan un inventario de los elementos que serán retirados ni un cronograma para ejecutar la medida.

Durante su intervención, el presidente planteó el concepto de una “contrarrevolución cultural” y argumentó que su administración buscará fortalecer la identidad nacional colombiana. Además, se comprometió a proteger el patrimonio histórico y religioso, señalando que ordenará dar prioridad a la conservación de iglesias, conventos, arte sacro y archivos eclesiásticos, que para él constituyen parte fundamental de la memoria nacional. El mandatario enfatizó la necesidad de evitar que las instituciones culturales sean utilizadas como vehículos para promover posiciones políticas o ideológicas asociadas a tendencias específicas, afirmando que “la cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de la ideología”.

De la Espriella también destacó medidas para garantizar la libertad cultural, alejando a la entidad de la creación de una cultura oficial que, según su perspectiva, solo beneficia al gobierno de turno. Un punto relevante en el anuncio fue la orden de retirar de espacios públicos representaciones vinculadas, a su juicio, con la exaltación del terrorismo; mencionó específicamente imágenes relacionadas con Carlos Pizarro. De acuerdo con lo reportado por la cuenta oficial del Ministerio de Cultura en la red social X, el jefe de Estado calificó como prioridad combatir lo que llamó “wokismo”, indicando que su gobierno no respalda corrientes que, según él, atentan contra los valores tradicionales y la identidad del país.

La ministra Paola Holguín acompañará el desarrollo de esta nueva dirección en la política cultural, que según el presidente propone revertir reformas del pasado reciente y promover una política enfocada en el resguardo del patrimonio y la memoria de Colombia.

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¿Por qué el Ministerio de Cultura de Colombia cambiará su nombre?

El cambio responde a la decisión del presidente Abelardo de la Espriella, quien busca dejar atrás la denominación establecida en 2023 durante el gobierno de Gustavo Petro. Esta modificación refleja la intención de revertir políticas enfocadas en reconocer la diversidad cultural a través del nombre del ministerio. El nuevo gobierno considera que el enfoque anterior favorecía una visión ideológica, mientras que el nombre Ministerio de Cultura y Patrimonio responde a la prioridad de fortalecer la identidad nacional y proteger el patrimonio histórico y religioso.

¿Qué significa la ‘contrarrevolución cultural’ en la política colombiana?

La expresión ‘contrarrevolución cultural’ utilizada por De la Espriella se refiere a una propuesta de reorientar las políticas culturales, alejándolas de influencias ideológicas y del uso de la cultura como herramienta política. Según lo expuesto, esta iniciativa pretende priorizar la conservación de símbolos históricos y religiosos, y erradicar manifestaciones que, según el gobierno, exalten figuras vinculadas al terrorismo. Además, busca proteger los valores tradicionales y la identidad nacional ante lo que el presidente califica como ‘wokismo’.

La rápida intervención fue posible gracias a que los gritos de auxilio de las víctimas alertaron a la comunidad sobre la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Vecinos del sector, preocupados por la situación, dieron aviso de inmediato a las autoridades. Las patrullas de la Policía arribaron oportunamente al sitio de los hechos y consiguieron capturar al señalado agresor en el mismo lugar donde habría sucedido la agresión, de acuerdo con la información oficial entregada por la Policía.

Tras la captura, el procedimiento prosiguió conforme lo requiere la ley: el detenido recibió la lectura de sus derechos, paso previo a ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Será un juez de control de garantías quien deberá determinar su situación jurídica en relación con el presunto delito de acto sexual violento, tal como explicaron fuentes de la entidad judicial.

El comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel Raúl Pérez Araméndiz, manifestó su rechazo a este hecho de violencia basada en género, y, además, resaltó la importancia de la intervención de la comunidad y la labor efectiva de las patrullas en la protección de las víctimas. El oficial reiteró el compromiso institucional de la Policía con la denuncia oportuna, la atención a cualquier manifestación de violencia y el fortalecimiento de estrategias que garanticen la protección y los derechos de las mujeres. Según el coronel Pérez Araméndiz, estos hechos ponen de manifiesto la necesidad de consolidar esfuerzos preventivos y mecanismos de apoyo para quienes puedan verse afectados por situaciones similares.

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¿Cuáles fueron las acciones de la Policía durante la captura del agresor en Aguachica?

Las patrullas de la Policía en Aguachica actuaron tras recibir la alerta de la comunidad por los gritos de auxilio de las víctimas, logrando llegar oportunamente al lugar de los hechos. En el sitio, lograron capturar al presunto agresor, leerle sus derechos y ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación, según el reporte del Departamento de Policía Cesar.

¿Qué delito se le imputa al hombre capturado en Aguachica y cuál será el siguiente paso judicial?

De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la Nación, al hombre se le imputa el presunto delito de acto sexual violento. Ahora, un juez de control de garantías deberá definir su situación jurídica, evaluando la evidencia presentada por las autoridades.

Según la información suministrada por el ente investigador, el objetivo de la inspección fue “recopilar evidencia y elementos materiales probatorios” para una indagación sobre posibles irregularidades en los contratos celebrados por dicha entidad en el contexto de la emergencia invernal. Datos oficiales señalados por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, indican que estas irregularidades podrían haber ocasionado sobrecostos que alcanzan los COP 62.000 millones. Además, Lara sostuvo que las anomalías se habrían presentado al amparo de la declaratoria de urgencia manifiesta, una figura que permite a las entidades contratar directamente sin licitación pública cuando se requiere agilizar la asistencia a emergencias.

El jefe de la cartera del Interior explicó en un video publicado en la red social X que la urgencia manifiesta fue utilizada por la Dirección Nacional de Bomberos para atender la crisis de lluvias, que afectó a ocho departamentos y dejó unas 250.000 personas damnificadas. No obstante, de los COP 42.000 millones contratados para la emergencia, solo COP 313 millones habrían sido destinados a las inundaciones mientras que el resto habría sido empleado en la compra de trajes para incendios, equipos de respiración y otros materiales no relacionados directamente con la contingencia.

Otro de los hallazgos señalados por Lara fue la revisión del contrato 076, firmado con la empresa McKai Soluciones de Barranquilla. Este contrato, inicialmente pactado por COP 16.000 millones, llegó a COP 24.000 millones y se firmó seis semanas después de finalizar la urgencia manifiesta, con un plazo de 90 días para la entrega de los equipos. La auditoría forense también identificó cobros por un número de equipos superior al realmente recibido: mientras en la factura se indicaban 744, solo ingresaron 670 al almacén. Adicionalmente, el contrato fue objeto de una adición de COP 8.000 millones, casi al máximo permitido por ley. El ministro también denunció que algunos pagos se efectuaron tras las elecciones y que parte de los implementos siguen en poder del contratista sin haberse entregado a la entidad. Según Lara, todo esto ocurrió bajo la vigencia de la Ley de Garantías, que restringe la contratación durante ciertos períodos electorales.

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¿Cuáles son las presuntas irregularidades en los contratos de la Dirección Nacional de Bomberos tras la emergencia invernal?

Las presuntas irregularidades incluyen el uso de la urgencia manifiesta para contratar de manera directa evitando la licitación, sobrecostos estimados en COP 62.000 millones, contratos suscritos ya finalizada la emergencia, pagos por insumos y equipos que no fueron totalmente entregados a la entidad, e inversiones en materiales no vinculados a la emergencia. Así mismo, se reportan adiciones contractuales al límite legal permitido y pagos realizados luego de las elecciones, hechos bajo la vigencia de la Ley de Garantías.

¿Qué significa urgencia manifiesta y cómo fue usada en la contratación de la Dirección Nacional de Bomberos?

La urgencia manifiesta es una figura que habilita a las entidades públicas para contratar de forma directa, sin proceso de licitación, cuando una situación de emergencia exige actuar con rapidez. En este caso, según lo señalado por el ministro Rodrigo Lara, la Dirección Nacional de Bomberos invocó la urgencia manifiesta para la atención de la emergencia invernal, pero un alto porcentaje de los contratos no estuvo relacionado directamente con la situación de desastre climática.

El poder Ejecutivo, bajo la administración del mandatario Abelardo de la Espriella, radicó una reforma constitucional destinada a redefinir la interacción institucional con los integrantes del Senado y la Cámara de Representantes.

Durante las primeras horas de este jueves, el Ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, expuso un paquete de reformas normativas que busca dotar de máxima claridad los trámites ante el Estado.

El propósito central radica en erradicar prácticas opacas en el relacionamiento entre el Gabinete ministerial y el Congreso, visibilizando cada petición de recursos estatales destinada a las diferentes zonas del país.

“La regla de este gobierno es la transparencia. Todos los colombianos conocen una palabra que nunca debió entrar en el vocabulario público: “mermelada”. Es lo oculto: es el proyecto de inversión que aparece en una región sin que nadie sepa quién lo pidió, es la llamada que no queda registrada, la reunión que no tiene acta y el favor que se cobra en una votación”, aseveró Lara.

Con el fin de viabilizar este modelo, la propuesta contempla intervenciones puntuales en la Constitución de Colombia, modificando los apartados 180, 182, 183 y 346 del texto de esa carta magna.

Esta modificación faculta a los legisladores para nominar obras e iniciativas de desarrollo territorial sin incurrir en faltas ni vulnerar el régimen de incompatibilidades o generar impedimentos éticos.

Para mantener la legalidad del procedimiento, los parlamentarios deben abstenerse por completo de incidir en los procesos de licitación, contratación o ejecución de las obras solicitadas.

Asimismo, la normativa exige que ni el congresista ni los aportantes de sus contiendas electorales reciban retribuciones individuales, exigiendo la publicación abierta de cada expediente formulado.

“Este proyecto de acto legislativo respeta profundamente al Congreso de la República, que respeta su función de representación, de aprobación del presupuesto general de la nación, y su capacidad de asignar y de solicitar la asignación de proyectos de inversión en sus regiones”.

A la par, el documento introduce un marco preciso sobre las causales obligatorias para que un legislador se aleje de debates y votaciones por choque de intereses.

La causal de inhibición aplicará únicamente cuando la decisión genere un provecho personal y directo para el congresista, su pareja formal, sus parientes en los rangos fijados por ley o sus aliados comerciales.

Por otra parte, los aportes económicos legales declarados en contienda electoral o las causas compartidas por gremios económicos o regiones no constituirán un motivo automático de impedimento.

Bajo este esquema, el integrante del Congreso mantiene su derecho a debate y voto, con la condición previa de formalizar su respectiva manifestación de intereses ante la corporación.

Omitir o falsear datos dentro de esta declaración de transparencia significará la sanción inmediata de pérdida de investidura para el parlamentario infractor.

La normativa facilita que la postulación de planes de infraestructura o desarrollo social para las regiones pueda gestionarse libremente en cualquier época del año.

El Gobierno central evaluará incluir dichas peticiones dentro del presupuesto anual o financiarlas durante el año fiscal en curso con fondos nacionales de inversión o cuentas especiales.

Todos los trámites deberán ajustarse de forma estricta a los protocolos universales y pautas de evaluación definidos en una reglamentación orgánica posterior.

El texto concede un plazo de un año tras la promulgación para que las cámaras legislen el estatuto que ordene el registro público, aportantes y proyectos territoriales.

Esta iniciativa legal procura sentar bases éticas sólidas en el manejo del erario, promoviendo una equitativa distribución de los recursos públicos hacia todas las comunidades colombianas.

Desde la campaña presidencial, la idea de dar una batalla en el campo cultural ha sido una de las banderas de la administración. El discurso oficial sostiene que las transformaciones necesarias en el país no pueden limitarse a los terrenos de la seguridad o la economía, sino que deben permear también el ámbito cultural. Un ejemplo claro de esta orientación fue la orden de retirar del Museo Santa Clara símbolos asociados a gobiernos pasados, bajo el argumento de que representaban una "apología al terrorismo", y el compromiso de combatir lo que denomina como "socialcomunismo ateo". Estas decisiones muestran un enfoque en el que la gestión cultural se convierte en un terreno de disputa ideológica.

El nombramiento de Paola Holguín como ministra, y la publicación en redes sociales de una imagen de la Biblia junto a una cita de George Washington, han insertado el debate sobre la relación entre la fe personal y la función pública. Mientras De La Espriella se refiere a Holguín como "la guerrera lista" para enfrentar la batalla cultural, surgen interrogantes sobre el pluralismo y la neutralidad en la promoción de la creación artística y la administración de la cultura.

La administración ha identificado al "wokismo" —concepto empleado para describir una corriente ideológica que, según el Ejecutivo, promueve el "relativismo moral" y distorsiona la historia y la identidad nacional— como uno de sus mayores adversarios. De acuerdo con El Espectador, esta narrativa se enmarca en referentes internacionales, similares a los discursos de líderes conservadores en países como Estados Unidos, Argentina y El Salvador.

No obstante, la promesa de neutralidad cultural enfrenta contradicciones en entidades como el Instituto Caro y Cuervo. El uso de canales oficiales por parte de Sergio Esteban Vélez, su director, para emitir posturas morales y religiosas sobre autores canónicos, generó críticas de académicos y escritores, quienes consideran que estas plataformas estatales no deben funcionar como espacios de difusión doctrinaria. Una polémica similar gira en torno a la Biblioteca Nacional de Colombia: allí, las decisiones relacionadas con la memoria histórica y la gestión de los acervos han encendido alertas sobre el respeto a la diversidad de visiones y la integridad de las colecciones públicas.

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¿Por qué el cambio de nombre del Ministerio de Cultura y Patrimonio genera controversia?

El cambio de denominación responde a una visión política que busca subrayar la importancia del patrimonio y la "contrarrevolución cultural", pero ha suscitado controversia por el contexto en que ocurre: existe preocupación de que estos ajustes sirvan como pretexto para orientar la gestión cultural hacia posturas ideológicas particulares y limitar la pluralidad en la memoria histórica y la expresión artística.

¿Qué significa “wokismo” según el gobierno de De La Espriella y por qué es objeto de disputa?

El gobierno define el "wokismo" como una tendencia ideológica caracterizada por el relativismo moral, la alteración de la historia y la pérdida de identidad nacional. La administración ve en esta corriente una amenaza a los valores que promueven y sostiene una “lucha abierta” en su contra, siguiendo una retórica afín a la de líderes de derecha en otras naciones, de acuerdo con el análisis presentado por El Espectador.

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Según el reporte, cerca de 273.000 pacientes registran entregas de medicamentos, unos 96.000 más que en el balance previo, cuando la cifra rondaba los 177.000. Sin embargo, el porcentaje corresponde a las unidades entregadas frente a las cantidades que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) habían reportado inicialmente como pendientes; no significa que ese porcentaje de pacientes tenga todos sus tratamientos completos.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, destacó los avances, aunque reconoció que todavía hay usuarios a la espera de medicamentos y procedimientos. La funcionaria señaló que el objetivo es que las cifras se traduzcan en mejoras concretas en la atención.

Enfermedades con mayores avances en entrega de medicamentos

El balance también mostró progresos en medicamentos destinados a pacientes con enfermedades que requieren continuidad en sus tratamientos. En el caso de las enfermedades huérfanas, el avance pasó del 33,3 % al 85,5 %. Para el asma, aumentó del 19 % al 58,1 %, mientras que en diabetes subió del 23,9 % al 49,9 %.

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La entrega de medicamentos para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) pasó del 43,1 % al 62,1 %. En cáncer, el indicador aumentó del 54,91 % al 57,2 %; para trasplantes, del 58,31 % al 61,3 %, y en gestación, del 74,4 % al 75,2 %.

Aumentaron los procedimientos reportados como resueltos

El Ministerio también contabilizó 168.422 procedimientos pendientes reportados como resueltos, frente a los 120.586 del informe anterior. La diferencia es de 47.836 procedimientos.

En los servicios relacionados con cáncer, el porcentaje de resolución pasó del 9 % al 15 %, mientras que en los asociados con gestación aumentó del 4 % al 7,6 %.

La cartera de Salud indicó que continuará verificando la información entregada por las EPS para comprobar que los procedimientos registrados correspondan a servicios efectivamente prestados.

El seguimiento semanal a las entidades se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026. El Gobierno reconoce que el plan busca responder a necesidades urgentes, pero no soluciona por sí solo los problemas estructurales del sistema, entre ellos las dificultades financieras y operativas que afectan la atención.

La nueva función de Lombana implica la coordinación de la estrategia anticorrupción del gobierno De la Espriella, una de las promesas insignia de la actual administración. Entre las primeras acciones institucionales para esta causa destacó la presentación de “El Libro Blanco”, un documento que recoge el estado fiscal recibido tras el mandato anterior de Gustavo Petro. Según lo relatado por El Espectador, este informe se entregó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, y su elaboración estuvo marcada por la ausencia de un tradicional proceso de empalme, lo cual generó controversia al inicio del mandato.

El mandatario señaló que, bajo la orientación de Lombana, se estructurará y articulará un “bloque de búsqueda” contra la corrupción, el cual reunirá diferentes capacidades del Estado para identificar y perseguir posibles saqueos a los recursos públicos. Esta promesa busca aterrizar de forma concreta el discurso electoral que llevó a De la Espriella al poder.

Sin embargo, el perfil de Lombana ha estado en la mira, pues se recuerda su reciente participación en un fallo de la Corte Suprema relacionado con el caso de Arturo Char, político barranquillero investigado por concierto para delinquir y corrupción al sufragante. Como reveló El Espectador, Lombana propuso un proyecto de fallo en el que concluyó que no había pruebas para acusar a Char, decisión que contrastó con la opinión de sus colegas magistrados, quienes sí documentaron evidencias de compra de votos vinculadas a la organización política de la familia Char, cercana al presidente.

En otro episodio, su gestión como magistrada incluyó un enfrentamiento público con Armando Benedetti, exministro del Interior, por un caso de presunto tráfico de influencias en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), lo que llevó a una investigación formal por parte de la Procuraduría, luego de insultos hacia la entonces magistrada.

Con este nombramiento, el presidente da un paso clave en el desarrollo de su política anticorrupción, apostando por una exmagistrada cuya experiencia y decisiones en el ámbito judicial ya han sido objeto de amplio debate.

¿Cuál es el papel de Cristina Lombana en la estrategia anticorrupción del Gobierno de Abelardo de la Espriella?

Cristina Lombana fue nombrada por decreto para liderar la Oficina de Transparencia, desde donde coordina la estrategia anticorrupción de la administración de Abelardo de la Espriella, según El Espectador. Su misión es estructurar acciones institucionales para perseguir el desvío de recursos públicos, consolidando una de las promesas centrales de la actual Presidencia.

¿Por qué ha sido polémica la gestión de Cristina Lombana en la Corte Suprema antes de su nombramiento?

Previo a asumir su nuevo cargo, Lombana fue autora de un proyecto de fallo que favorecía al exsenador Arturo Char en un proceso por compra de votos, en contraste con otros magistrados que sí encontraron indicios de responsabilidad, según El Espectador. Además, estuvo enfrentada públicamente a Armando Benedetti por casos de presunto tráfico de influencias, generando debate sobre su postura frente a casos de corrupción.

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De manera enfática, el presidente señaló: "Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los lugares públicos". Reafirmó su postura con una exhortación directa: "Así que, señora ministra, proceda de conformidad como corresponde". La posición del mandatario deja clara su decisión de no reconocer espacios simbólicos a figuras relacionadas con el pasado armado, una postura que él mismo definió como una defensa de la legalidad, la libertad, la institucionalidad y la democracia.

En su discurso oficial, De La Espriella hizo énfasis en que su Gobierno no permitirá que antiguos integrantes de organizaciones armadas sean representados como próceres de la nación. Expresó tajantemente: "Nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara". Este enérgico pronunciamiento busca, según él, marcar un distanciamiento entre la institucionalidad actual y los hechos violentos del pasado.

La decisión, difundida ampliamente en medios nacionales como El Nuevo Día, ha abierto un debate sobre cómo debe abordarse la representación de figuras que fueron parte de la historia política y social del país, especialmente en lo concerniente a la memoria colectiva y al patrimonio cultural. El tema cobró relevancia luego de que el Consejo de Estado suspendiera de manera provisional, el 30 de septiembre, una resolución del Gobierno de Gustavo Petro que reconocía el sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural de la nación. Dicha resolución, la número 218 del 17 de junio de 2024, establecía su inscripción en el Registro Nacional de Patrimonio Cultural. De acuerdo con estas acciones y declaraciones oficiales, el debate sobre memoria histórica y su expresión en los espacios públicos continúa generando controversia en la opinión pública.

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¿Por qué fue retirada la imagen de Carlos Pizarro de los espacios públicos en Colombia?

La orden de retirar las imágenes de Carlos Pizarro de los espacios públicos fue dada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien argumentó que no se pueden permitir homenajes que, según él, exalten figuras relacionadas con el terrorismo, como el antiguo comandante del M-19. La instrucción fue dirigida a la ministra de Cultura, Paola Holguín, en un contexto de rechazo a la representación simbólica de antiguos miembros de grupos armados.

¿Qué implicaciones tiene la decisión de retirar homenajes a miembros del M-19 para la memoria histórica de Colombia?

La medida ordenada por De La Espriella ha generado debate, pues mientras el Gobierno la presenta como una postura contra la apología al terrorismo, también reabre discusiones sobre la forma en que la memoria histórica y el patrimonio cultural deben representarse en Colombia. Las implicaciones abarcan cómo el país construye su relato sobre el pasado reciente y cómo define a las figuras públicas y sus símbolos en el espacio colectivo.

El lunes 19 de octubre se prevén cortes en numerosos sectores. En Valledupar, por ejemplo, el circuito Guatapurí 3 tendrá interrupciones entre las 7:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, abarcando barrios como Garupal, El Amparo, Iracal, Eneal, Las Flores, La Popa y Villa Concha. También se incluyen áreas específicas como las carreras 19 a 23 y la avenida La Popa. En El Copey, el circuito Salvación 2 estará sin servicio desde las 6:20 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en sectores como Alejandría, Cuatro Esquinas y Santo Domingo. Al mismo tiempo, en La Jagua del Pilar (La Guajira) y Manaure (Cesar), se hará mantenimiento en áreas como El Plan, Cafeteras y San Antonio, en horarios de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, mientras que en Astrea (Cesar) el circuito Cerro Los Santos tendrá labores de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, afectando fincas y vías rurales. En Ariguaní (Magdalena), el circuito Tres Esquinas también será intervenido durante la misma franja horaria, incluyendo varios sectores rurales y fincas.

El martes 20 de octubre, la atención estará centrada en el municipio de Chimichagua (Cesar), donde el circuito Chimichagua tendrá trabajos en la carrera 3 entre calles 8 y 9, de 8:10 de la mañana a 4:10 de la tarde, en el sector Inmaculada. Simultáneamente, en Nueva Granada (Magdalena), el circuito Nueva Granada 1 será intervenido desde las 7:15 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en corregimientos como Los Andes y Pueblito de Los Andes, además de barrios y veredas aledañas, fincas y caseríos rurales, impactando puntos referenciados como la planta de agua de La Gloria y la Escuela Concepción.

Para el miércoles 21 de octubre, las labores continuarán en Astrea, Becerril, Codazzi, Chimichagua y Ariguaní. Entre los sectores incluidos figuran fincas, haciendas y vías rurales, así como barrios del sector Inmaculada y Centro en Chimichagua y áreas rurales de Ariguaní. En todo momento, Energua recomienda a los usuarios estar atentos a las indicaciones y consultar canales oficiales por posibles cambios en la programación.

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¿Cuáles son los sectores de Cesar, Magdalena y La Guajira afectados por cortes de energía en octubre de 2026?

De acuerdo con la programación de Energua, los cortes de energía afectan a barrios urbanos, zonas rurales, corregimientos y veredas en municipios como Valledupar, El Copey, Astrea y Chimichagua en Cesar; Ariguaní y Nueva Granada en Magdalena, así como el área rural de La Jagua del Pilar en La Guajira. Especificaciones sobre horarios y sectores se detallan en los informes de la empresa prestadora.

¿Por qué se realizarán interrupciones de energía en estos municipios según Energua?

Según la información de Energua, las interrupciones de energía se dan por la necesidad de efectuar trabajos de mantenimiento y adecuación de las redes eléctricas, buscando optimizar el servicio y la infraestructura. Las suspensiones programadas permiten realizar estas labores en condiciones de seguridad para las cuadrillas y usuarios.

El proyecto surge como resultado de la Beca Un Universo de Cuentos y Fantasía en el Centro Histórico - Reconocimiento al legado literario del bogotano Rafael Pombo. La beca, otorgada por FUGA en el marco del Programa Distrital de Estímulos 2026, también responde a objetivos del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2027. Según el comunicado difundido, se pretende ampliar la oferta cultural en el eje central de la ciudad y lograr que niños y niñas se apropien del espacio público, realizando un recorrido que vincule la obra del autor con el contexto arquitectónico de La Candelaria.

La autoría de las esculturas corresponde al bogotano Julián Aníbal Henao, quien desarrolló una reinterpretación moderna de las ilustraciones originales de la época de Pombo, simplificándolas en formas limpias y expresividad sutil, manteniendo el respeto por el entorno patrimonial. Las piezas, con alturas entre 1,40 y 2,10 metros, fueron elaboradas mediante impresión tridimensional galvanizada reforzada con fibra de vidrio y estructura interna de acero, con acabado de pintura efecto bronce patinado, siguiendo especificaciones de FUGA.

Cada escultura representa emblemáticos personajes de Pombo: La Pobre Viejecita, Simón el bobito, Rin Rin Renacuajo, Mirringa Mirronga, el propio Rafael Pombo y El Gato Bandido. Pronto, las obras incluirán dispositivos de mediación, como placas en relieve y códigos QR, para que el público acceda a más contenido literario.

Durante la inauguración, se programaron intervenciones en vivo y puestas en escena teatralizadas por la Fundación Rafael Pombo, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a preservar el legado infantil y literario de Pombo en La Candelaria. Según palabras de Blanca Andrea Sánchez Suárez, directora de FUGA, con iniciativas como esta se busca resignificar el espacio y hacerlo un lugar de encuentro intergeneracional, seguro y culturalmente vibrante para todos los habitantes de la ciudad.

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¿Cuáles son los personajes de Rafael Pombo representados en las esculturas de FUGA?

Las seis esculturas permanentes instaladas por FUGA representan a figuras clave del universo de Rafael Pombo: La Pobre Viejecita, Simón el bobito, Rin Rin Renacuajo, Mirringa Mirronga, El Gato Bandido y el propio Rafael Pombo, quien figura como puente entre sus creaciones y la ciudad, de acuerdo con los datos publicados por la fundación.

¿Dónde estarán las esculturas de Rafael Pombo y hasta cuándo se pueden visitar?

De acuerdo con la información suministrada por FUGA, las seis esculturas tridimensionales inspiradas en Rafael Pombo estarán instaladas en la Calle 11, entre la Carrera 4ª y 5ª, en concertación con la Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA) del Banco de la República, y permanecerán en exhibición hasta el 25 de enero de 2027.

El proceso para consultar su estado en el RUD es sencillo, pero exige diligencia en la revisión de la información registrada. Se recomienda ingresar primero a la plataforma oficial o las alternativas de consulta dispuestas por las autoridades. Una vez allí, se debe ubicar el apartado de consultas, seleccionar el ícono correspondiente al RUD e ingresar el número de documento de identidad de la persona cabeza de hogar. Después, es necesario confirmar si aparecen los datos personales y los del grupo familiar. Revisar minuciosamente los datos es clave para detectar posibles errores o inconsistencias que, en caso de surgir, deberán ser reportados en los canales oficiales para su respectiva corrección.

La caracterización de los damnificados no solo se fundamentó en reportes digitales previos enviados por los ciudadanos, sino también en un trabajo presencial casa a casa, a cargo de las dependencias responsables de la atención social y gestión del riesgo en Cali. Según la Administración Distrital, estos reportes ayudaron a organizar las prioridades y a identificar a los hogares más afectados. Sin embargo, haber reportado la situación en la primera etapa no garantiza automáticamente la inclusión en el registro final, por lo que se vuelve indispensable consultar el RUD para aclarar su estatus y proceder según el resultado de la búsqueda.

Si usted verifica que su nombre o el de su núcleo familiar no aparecen en el RUD, o identifica algún dato erróneo, puede acudir personalmente a la Alcaldía de Cali o comunicarse con la Secretaría de Gestión del Riesgo para solicitar orientación. Allí se le informará sobre los pasos a seguir, así como los puntos de atención habilitados. Es importante destacar que la sola inclusión en el registro no asegura el acceso automático a ayudas económicas, ya que ese apoyo depende de criterios y procedimientos específicos definidos por las autoridades competentes.

La prevención de estafas es crucial: es indispensable desconfiar de cualquier invitación a compartir información personal fuera de canales institucionales, de solicitudes de dinero o de promesas de ayuda inmediata a cambio de incluirse en el registro. Verificar siempre en las fuentes oficiales es la mejor manera de proteger sus datos y evitar caer en fraudes.

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¿Cómo consultar el Registro Único de Damnificados (RUD) tras el sismo en Cali?

Para consultar su estado en el Registro Único de Damnificados (RUD) después del sismo en Cali, ingrese a la plataforma oficial destinada a estos registros, busque la opción relacionada con el RUD, digite el número de documento de identidad de la persona cabeza de hogar y verifique tanto la información personal como la de su grupo familiar. Recuerde hacerlo únicamente en los canales institucionales y revisar con atención los datos registrados.

¿Qué pasos seguir si no aparece en el RUD o encuentra datos incorrectos?

Si al consultar el RUD no encuentra sus datos o detecta algún error, diríjase a los canales oficiales de la Alcaldía de Cali o la Secretaría de Gestión del Riesgo. Allí puede recibir orientación sobre la verificación o corrección de información y conocer los puntos de atención vigentes para este proceso, asegurándose de seguir los procedimientos establecidos por las autoridades.

Según la Alcaldía de Valledupar, la labor de este comité trasciende la simple administración de recursos. Sus miembros asumen la responsabilidad de analizar, hacer seguimiento y fortalecer la destinación de fondos para proyectos que impulsen la cultura y el arte a nivel local. Además, está encargado de evaluar y dar viabilidad a las inversiones derivadas de la contribución parafiscal establecida por la Ley 1493 de 2011. Estos fondos tienen el propósito de potenciar la infraestructura cultural y consolidar el sector de las artes escénicas en Valledupar, buscando así un mayor impacto y crecimiento para los actores culturales del territorio.

La convocatoria establece dos modalidades de participación para los involucrados. Por un lado, los interesados pueden postularse para representar a su respectivo sector; por otro, pueden ejercer su derecho al voto y elegir a quienes consideren mejor preparados para defender sus intereses dentro del comité. Las candidaturas están abiertas para dos cargos específicos: representante del sector artístico local, dirigido a artistas de teatro, danza, música, magia o circo sin animales; y representante de los productores de espectáculos públicos de las artes escénicas. El proceso de inscripciones permanecerá abierto hasta el 19 de octubre, como se señala en los documentos oficiales de la Alcaldía.

De acuerdo con el cronograma publicado, la elección se llevará a cabo de manera presencial el martes 27 de octubre en la Casa de la Cultura Cecilia Caballero de López, ubicada en Valledupar. La elección del representante artístico comenzará a las 9 a. m., mientras que la del representante de los productores está fijada para las 3 p. m. Todos los detalles, requisitos y el cronograma completo pueden ser consultados en la sección de convocatorias del sitio oficial de la Alcaldía.

Este proceso tiene como meta fundamental fortalecer la participación y representación de los actores del sector cultural, permitiendo que incidan de manera directa en la toma de decisiones orientadas al desarrollo artístico de Valledupar.

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¿Cuáles son los requisitos para postularse como representante del sector artístico en Valledupar?

Los requisitos específicos para postularse como representante están publicados en la resolución y el cronograma disponibles en la sección de convocatorias de la página web de la Alcaldía de Valledupar. Allí se encuentran detallados los criterios que deben cumplir los artistas interesados, así como los documentos que deben presentar y el procedimiento de inscripción, que estará abierto hasta el 19 de octubre.

¿Para qué sirve la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas?

La contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, establecida por la Ley 1493 de 2011, tiene como objetivo destinar recursos al fortalecimiento de la infraestructura cultural y al desarrollo del sector en municipios como Valledupar. El comité encargado vela porque estos fondos sean destinados a proyectos que impulsen el arte y la cultura local, fomentando así una mayor participación y crecimiento de los agentes culturales de la región.

La alerta número 329-2026 fue emitida después de que Opella Healthcare Colombia S. A. S., titular del registro sanitario, verificara las características del producto y notificara la irregularidad al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Según la compañía, el lote original identificado con ese código tenía fecha de vencimiento en julio de 2021, por lo que ya no debería encontrarse disponible en el mercado.

(Vea también: Invima emite alerta sanitaria por la venta de Killer Campeón, raticida sin registro autorizado en Colombia)

Una de las principales señales para reconocer la falsificación está en las fechas impresas en la caja. Mientras que el producto original del lote F0537A vencía en julio de 2021, las unidades falsificadas presentan fecha de fabricación de julio de 2023 y vencimiento en julio de 2026. Esa diferencia es uno de los aspectos que deben revisar quienes tengan el medicamento en casa.

También se identificaron cambios visuales entre el empaque original y el señalado como falso. Entre las diferencias reportadas están variaciones en los colores del diseño, el tipo de letra utilizado para el nombre del producto, la ubicación de los textos y el fondo de la caja. Estos detalles pueden ayudar a identificar unidades sospechosas.

La presentación original de Buscapina Compositum NF corresponde a una caja con tres blísteres de 10 tabletas cada uno y cuenta con el registro sanitario INVIMA 2020M-003171-R4, cuyo estado figura como vigente. Sin embargo, esa autorización no respalda la versión falsificada que aparece en la alerta, aunque el empaque pueda mostrar datos similares a los del producto legítimo.

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El Invima precisó que la advertencia se refiere al lote F0537A con las características descritas y no significa que todos los productos de la marca sean falsificados. Si una persona tiene una caja que coincide con las señales reportadas, lo prudente es no consumirla y consultar con un profesional de la salud o con las autoridades sanitarias para recibir orientación.

Durante su discurso, el mandatario criticó el modelo de gestión cultural del gobierno anterior, al que tachó de haber "fragmentado conceptualmente la cultura" bajo el argumento —que calificó de falso— de reconocer la diversidad. Recalcó la obligación estatal de conservar y transmitir la herencia cultural, advirtiendo que "la cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de la ideología", y enfatizó que "las instituciones culturales del Estado pertenecen a todos los ciudadanos". Según sus declaraciones, extraídas de la cobertura periodística de la cartera cultural, el proyecto apunta a una visión amplia de cultura, abarcando manifestaciones históricas, intelectuales y materiales, así como el patrimonio inmaterial.

En línea con sus promesas de campaña, el mandatario subrayó que la transformación nacional "también tiene una dimensión cultural", que atraviesa cada desafío de la sociedad. En este contexto, lanzó una ofensiva discursiva contra el llamado "wokismo" —descrito por el presidente como una corriente que "apunta a transformar los fundamentos morales, culturales y sociales de Occidente". Sostuvo que el 'wokismo' "desconoce las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, falsifica la historia y promueve el relativismo moral", e insistió en proteger valores tradicionales, incluyendo la familia, la identidad nacional y la libertad individual. Además, anunció instrucciones directas a la ministra Paola Holguín para retirar expresiones consideradas una "apología al terrorismo" de espacios públicos, y reforzó su compromiso con la protección del patrimonio religioso como "parte de la memoria nacional".

No obstante, reportes de El Espectador y testimonios de la comunidad cultural destacan una paradoja: la cruzada presidencial contra el supuesto adoctrinamiento ha derivado en nuevas tensiones ideológicas dentro de las entidades oficiales. Un caso ilustrativo ocurrió en el Instituto Caro y Cuervo, donde su director, Sergio Esteban Vélez, usó cuentas institucionales para emitir opiniones religiosas y morales, lo que llevó a una carta pública de más de cien egresados, apoyados por figuras reconocidas de la cultura. Estos señalaron que "la función del Estado no es dogmatizar ni validar una única interpretación", y criticaron el uso de canales estatales como escenarios personales o partidistas.

A este escenario se suma la aparente falta de avances técnicos y administrativos en la protección de las lenguas indígenas y el desarrollo institucional del sector cultural. El Espectador informó sobre una felicitación oficial al Instituto Caro y Cuervo por el impacto mediático de sus videos, mientras que gestiones clave, como la primera planta docente de carrera en ocho décadas y el pago a contratistas, permanecen detenidas debido a procesos burocráticos y fallas en la plataforma SECOP.

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¿Por qué el Ministerio de Cultura y Patrimonio cambió de nombre y cuál es su objetivo?

El cambio de nombre del ministerio, anunciado por el presidente durante su visita al Museo Santa Clara, responde al propósito fundamental de resaltar el patrimonio colombiano como eje central de la política cultural y de identidad nacional. De acuerdo con la cartera, el objetivo es fortalecer la protección del legado histórico y material del país, consolidando la idea de que conservar, restaurar y transmitir la herencia cultural es un deber del Estado y no un instrumento ideológico.

¿Qué críticas ha recibido la llamada "contrarrevolución cultural" del gobierno?

Según reportes de El Espectador, la política de "contrarrevolución cultural" ha recibido críticas por parte de la comunidad académica y funcionarios públicos, quienes consideran que la supuesta neutralidad estatal se está usando para imponer una nueva agenda ideológica. El caso del Instituto Caro y Cuervo, donde directivas emitieron opiniones religiosas desde plataformas institucionales, detonó una carta de protesta de numerosos egresados y figuras culturales, quienes advirtieron que el Estado no debe dogmatizar ni validar una única interpretación cultural.

Durante el proceso judicial, Carrillo Vides aceptó unilateralmente los cargos que le imputó la Fiscalía, lo cual le permitió acceder a una reducción en la pena contemplada por la ley para estos casos. Además, el delito, que inicialmente fue tipificado como homicidio agravado, fue reclasificado jurídicamente como homicidio simple, teniendo en cuenta las actuaciones y acuerdos procesales durante el juicio.

Por otro lado, la Fiscalía había iniciado una acusación adicional en contra de Carrillo Vides por el hurto de la bicicleta de la víctima, sin embargo, esta fue retirada una vez que el procesado indemnizó económicamente a los familiares de Rojano Osorio pagando el valor comercial del vehículo. Esta compensación formó parte de la reparación a la que se comprometió el condenado durante el proceso.

El homicidio se perpetró en circunstancias precisadas por el material probatorio presentado en las audiencias. Rojano Osorio estaba saliendo de un culto religioso en una iglesia cristiana ubicada en Brisas de La Popa y, a corta distancia del templo, fue interceptado por varios sujetos. Según lo aportado por la Fiscalía, los hombres le arrebataron la bicicleta y le ocasionaron heridas mortales con un arma blanca, tipo cuchillo.

La investigación fue apoyada de manera clave por las imágenes captadas por las cámaras de seguridad presentes en el sector, las cuales permitieron identificar a Carrillo Vides. Posteriormente, se llevó a cabo su captura en las cercanías del parque del barrio Villa Miriam, operativo desarrollado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con la colaboración de unidades del Ejército Nacional. Este procedimiento obedeció a una orden judicial emanada del Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías.

Por ahora, José Enrique Carrillo Vides permanece recluido en las instalaciones de la Permanente Central de Policía de Valledupar, mientras aguarda la audiencia de lectura de su sentencia, programada para el próximo 9 de noviembre a las 2:50 p. m.

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¿Cómo identificaron al responsable del homicidio en Brisas de La Popa?

La identificación de José Enrique Carrillo Vides como responsable del homicidio de Eduardo Antonio Rojano Osorio fue posible gracias al material probatorio presentado durante el proceso judicial. Principalmente, las cámaras de seguridad instaladas en la zona jugaron un papel determinante. Estas permitieron a las autoridades recolectar evidencia suficiente para vincular a Carrillo Vides con el crimen y proceder a su captura por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con el apoyo del Ejército Nacional.

¿Por qué la Fiscalía reclasificó el homicidio de agravado a simple en este caso?

La Fiscalía General de la Nación decidió reclasificar el delito de homicidio agravado a homicidio simple en el caso de José Enrique Carrillo Vides tomando en cuenta que el acusado aceptó unilateralmente los cargos durante el proceso judicial. Esta aceptación, junto con otros factores procesales, llevó a ajustar la imputación inicial, permitiendo una rebaja en la pena conforme a las disposiciones legales.

El primer caso presenta un panorama que evidencia una situación de maltrato prolongado, pues los hechos investigados por la Fiscalía ocurrieron durante una década, comenzando en 2012 y prolongándose hasta años recientes, en una zona rural de Honda. Durante ese tiempo, el procesado sometió a sus padres y sobrinas a un patrón sistemático de agresiones físicas, insultos y amenazas. Las víctimas relataron que el hombre empleaba expresiones humillantes e intimidatorias, además de recurrir al uso de objetos y armas cortopunzantes para infundir miedo y causar daño. Todas estas versiones fueron respaldadas por las pruebas recogidas por el ente acusador y valoradas durante el proceso judicial.

Por otro lado, el segundo caso involucra a un hombre condenado a cuatro años de prisión debido a su conducta reiteradamente agresiva con su tía entre octubre de 2021 y enero de 2022, periodo en el cual residía junto a ella y otros familiares en la zona urbana de Honda. Según los hallazgos de la Fiscalía, el joven mantenía un trato hostil, realizando amenazas de sacar a la mujer de su propia casa y empleando constantemente lenguaje ofensivo en su contra.

Finalmente, luego de analizar todas las pruebas, el Tribunal Superior de Ibagué ratificó ambas sentencias y dejó en firme los procesos condenatorios por violencia intrafamiliar agravada. Las víctimas, cuyos relatos y testimonios estuvieron respaldados por la investigación oficial, lograron que sus agresores fueran sancionados con penas privativas de libertad superiores a cuatro años.

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¿Por qué el Tribunal Superior de Ibagué ratificó las condenas por violencia intrafamiliar en Honda, Tolima?

El Tribunal Superior de Ibagué ratificó las condenas porque, tras la revisión de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, consideró que los hechos fueron plenamente demostrados y que las víctimas sufrieron agresiones físicas, verbales y psicológicas de manera reiterada. En ambos procesos, las pruebas evidenciaron el patrón de maltrato y las amenazas ejercidas por los condenados contra sus familiares.

¿Qué significa violencia intrafamiliar agravada según la Fiscalía?

La violencia intrafamiliar agravada, según la Fiscalía General de la Nación, es un delito que se configura cuando una persona somete a uno o más integrantes de su núcleo familiar a agresiones que superan la simple violencia doméstica, por su gravedad, frecuencia o por el uso de elementos peligrosos. En estos casos, las condenas pueden ser más severas, como se refleja en las penas impuestas y ratificadas en Honda, Tolima.

El motivo de las manifestaciones fue, principalmente, un nuevo accidente registrado la noche del miércoles. Este hecho, lejos de ser un incidente aislado, se suma a una serie de siniestros que han puesto de relieve las condiciones de riesgo para quienes transitan por la vía. Como respuesta a la presión social, la gobernadora del Valle del Cauca anunció que se comenzarán obras destinadas a mejorar las condiciones de la carretera. El compromiso de la administración departamental responde directamente a las solicitudes reiteradas de la comunidad y usuarios habituales, quienes están cansados de las situaciones peligrosas en este tramo.

Según declaraciones de la gobernadora, citadas por Noticiero 90 Minutos, la intervención contempla la aprobación de la interventoría, un proceso que asegura la adecuada supervisión y control sobre la ejecución de las obras. Sin embargo, la mandataria aclaró que antes de iniciar trabajos físicos es necesario obtener la respectiva licencia ambiental. Para ello, se han entablado conversaciones con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) que permitan agilizar este requerimiento. La gobernadora expresó su expectativa de que, una vez finalizados estos trámites, las obras de rehabilitación puedan iniciar sin mayor dilación.

El proyecto contempla la intervención de aproximadamente 8 kilómetros de la vía Candelaria, comprendidos desde el sector del crucero hasta el municipio de Florida. La ejecución de estas labores se llevará a cabo mediante el mecanismo de obras por impuestos, un esquema que permite a las empresas aportar al financiamiento de obras públicas a cambio de descuentos tributarios, según lo reporta Noticiero 90 Minutos. Es decir, la rehabilitación del corredor no solo pretende reducir los índices de siniestralidad, sino que también atenderá el llamado ciudadano respecto a la seguridad y mantenimiento vial.

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¿Por qué la vía Candelaria hacia Florida es considerada peligrosa por los usuarios?

Según reporta Noticiero 90 Minutos, diversos accidentes ocurridos recientemente han llevado a que la comunidad catalogue este tramo como riesgoso. Los usuarios y habitantes han manifestado su inquietud debido a la repetición de siniestros en el sector del crucero, lo que evidencia deficiencias en la infraestructura y la urgente necesidad de intervención para mejorar la seguridad vial.

¿En qué consiste el mecanismo de obras por impuestos para rehabilitar vías como la de Candelaria?

De acuerdo con la misma fuente, el mecanismo de obras por impuestos permite que empresas financien obras públicas, como la rehabilitación vial, a cambio de beneficios tributarios. En este caso, la reparación de los 8 kilómetros de la vía entre el crucero de Candelaria y Florida será ejecutada bajo este modelo, agilizando la inversión y respondiendo a las demandas de la comunidad local.

La primera parada fue en el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Miguel Gómez Martínez. De acuerdo con información publicada por El Espectador, el presidente fue recibido en la entrada y, en un gesto de cercanía, compartió imágenes con el equipo de trabajo de la cartera económica a través de sus redes sociales. Este ministerio, particularmente relevante en el contexto actual, lidera la discusión sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2027. El trámite por el Congreso tiene un plazo que vence el próximo martes; si los legisladores no lo aprueban, el gobierno tendrá que expedir el presupuesto por decreto. El enfoque directo de De la Espriella parece responder a la importancia de este proceso legislativo, vital para el destino financiero del Ejecutivo.

Luego de Hacienda, el presidente se dirigió al Ministerio del Interior, liderado por Rodrigo Lara. Allí, su atención estuvo en proyectos clave como la designación de Barranquilla como capital alterna, regulaciones sobre la Fuerza Pública y la protesta social, así como en las normas para la consulta previa. De la Espriella reiteró su postura de gestión directa, comparando el rol del Estado con el de una empresa que requiere la supervisión constante de su gerente, reforzando así el mensaje de microgerencia.

Para el cierre de su jornada, De la Espriella acudió al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a cargo de Paola Holguín, y desde el histórico Museo Santa Clara se dirigió a los trabajadores de la entidad. Aunque este ministerio no ha sido centro de debates recientes en el Congreso, el presidente lo considera fundamental en la denominada “batalla cultural”, línea argumental que lo acompañó desde la contienda electoral. Sostuvo que “la cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de la ideología”, reafirmando la intención de transformar la narrativa gubernamental en torno a los temas culturales.

El Espectador señala que entidades como la Biblioteca Nacional y el Instituto Caro y Cuervo han estado bajo la lupa en tiempos recientes. En este último caso, trabajadores señalaron un “ambiente de desconfianza y dificultades administrativas”, una situación que se ha hecho visible en medio de críticas públicas a Sergio Vélez, director de la institución, por comentarios que algunos han interpretado como “proselitismo religioso”. Así, la actividad del presidente se enmarca como parte de su apuesta por ejercer una microgerencia estatal, estilo que también se ha reflejado en su presencia durante operativos de la Fuerza Pública y en su uso constante del walkie-talkie como herramienta de comunicación.

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¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella visita los ministerios y cuáles son sus objetivos?

Según El Espectador, el presidente De la Espriella busca comunicarse directamente con los funcionarios y dejar claro que en su administración no hay espacio para la corrupción ni la politiquería. Con estas visitas, el mandatario refuerza su estilo de “microgerencia”, supervisando personalmente áreas clave como Hacienda, Interior y Cultura, y supervisando el avance de reformas y proyectos fundamentales que pasan por estos despachos.

¿Qué significa ‘microgerencia’ en el contexto del gobierno de Abelardo de la Espriella?

En el contexto del gobierno de De la Espriella, “microgerencia” hace referencia al enfoque de supervisión directa y constante de las funciones y decisiones de las dependencias estatales. Esto implica que el presidente participa activamente en la gestión diaria, trasladándose a las oficinas, revisando avances y estableciendo contacto directo con los responsables y funcionarios de cada ministerio, tal como lo ha documentado El Espectador.

Durante un discurso, De la Espriella calificó el ‘wokismo’ como “uno de los grandes cánceres que amenazan la unidad nacional” y aseguró que desde el Gobierno habrá “una lucha abierta y frontal contra el ‘wokismo’”. En esa misma línea, anunció una “contrarrevolución cultural”.

El mandatario cuestionó que la cultura sea utilizada con fines ideológicos y defendió una visión en la que el Estado tenga un papel activo en la protección de determinados valores nacionales. “La cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de la ideología. El Estado tiene el deber moral, insoslayable y político de impedir que los espacios culturales sean captados por el socialcomunismo ateo y enemigo de los valores fundamentales sobre los cuales se erige la nación de Colombia”, afirmó.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció una lucha frontal contra el wokismo que promueve el lenguaje inclusivo: “Es uno de los grandes cánceres que amenazan la unidad nacional y a la sociedad colombiana”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/oacIzSutII

— Revista Semana (@RevistaSemana) October 15, 2026

Entre los temas que el presidente puso en discusión están el lenguaje inclusivo, la manera de abordar las diferencias entre hombres y mujeres y la interpretación de algunos episodios históricos. El mandatario cuestionó “desconocer las diferencias biológicas entre hombres y mujeres” y “falsificar la historia reduciéndola a pugnas entre opresores y oprimidos”.

Otro de los puntos señalados por De la Espriella tiene que ver con la representación de figuras vinculadas con grupos armados en espacios culturales. El presidente afirmó: “Aquí defendemos la legalidad, la libertad, la institucionalidad y la democracia y si uno defiende esos postulados fundamentales, no puede bajo ninguna circunstancia permitir la apología al terrorismo”.

La estrategia estará a cargo de la ministra de Cultura, Paola Holguín. Al respecto, la cartera también cambiará su denominación y pasará de Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes a Ministerio de Cultura y Patrimonio.

En ese patrimonio, De la Espriella pidió prestar “con especial atención y celo” a los bienes religiosos. “Las iglesias, conventos, el arte sacro, los archivos eclesiásticos, la música religiosa y las mismas manifestaciones de religiosidad, como las procesiones, son parte fundamental de la cultura nacional. Son bienes históricos y artísticos sin los que es imposible comprender la historia del país”, sostuvo.

La Corte determinó que efectivamente existió una vulneración a estos derechos, razón por la cual ordenó tanto al director Tomás Corredor Pulido como a la productora Burning S.A.S. ofrecer disculpas públicas a la familia Gaona Cruz. El fallo, conocido el jueves 15 de octubre, se impuso tras una votación dividida de 6 a 3, donde los magistrados Vladimir Fernández, Héctor Carvajal y Natalia Ángel salvaron su voto.

El tribunal fundamentó su decisión en el hecho de que los productores promocionaron la película como una obra que mostraba la "verdad" sobre los sucesos del Palacio de Justicia, aspecto que —según la Corte— puede inducir a equívocos sobre la naturaleza real del filme y sobre la escena específicamente señalada en la tutela. Bajo ese contexto, se ordenó incorporar en la película un aviso explícito señalando que se trata de una obra de ficción basada en hechos reales, y que los eventos y diálogos no constituyen afirmaciones históricas de las personas representadas.

No obstante, la Corte también indicó que la escena cuestionada no hace una afirmación fáctica sobre un supuesto vínculo del magistrado Gaona con el M-19, sino que corresponde a un diálogo ficticio. Por tanto, no se aplican exigencias de veracidad e imparcialidad propias del género periodístico. Los creadores de la película fueron conminados a disculparse públicamente en un plazo de 15 días.

El director Tomás Corredor ya se había manifestado en diciembre de 2025, aclarando en redes sociales que su intención no fue hacer historia ni imputar hechos irrefutables a personas reales. Expresó que “no existe prueba histórica alguna que permita afirmar que el magistrado Manuel Gaona Cruz colaboró, participó o tuvo vínculo alguno con el M-19” y reafirmó el carácter ficticio de la película.

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¿Por qué la Corte Constitucional ordenó disculpas públicas por la película Noviembre?

La Corte Constitucional concluyó que tanto la dirección como la productora de la película Noviembre vulneraron los derechos a la dignidad, honra, buen nombre y a la verdad de la familia del magistrado Manuel Gaona al presentar la película como la 'verdad' de lo ocurrido en el Palacio de Justicia. De acuerdo con El Espectador, la Corte encontró que esto podía confundir al público sobre la naturaleza ficcional de la obra, lo que motivó la orden de disculpas públicas y la obligación de agregar un aviso aclaratorio en la película.

¿Qué significa que la película Noviembre sea considerada una obra de ficción inspirada en hechos reales?

Considerar a Noviembre como una obra de ficción inspirada en hechos reales implica que, aunque se base en sucesos ocurridos, los eventos y diálogos están dramatizados o creados por sus autores, no corresponden necesariamente a la historia exacta ni constituyen juicios definitivos sobre los personajes representados. Así lo explicó la Corte Constitucional al señalar que la película no puede entenderse como un relato fiel o testimonio histórico, sino como una interpretación artística, por lo que debe destacarse su carácter ficticio ante el espectador.

Los informes oficiales indican que Jonnathan David Torres Guzmán es señalado por las autoridades como el presunto responsable de perpetrar el ataque en medio de lo que describen como un acto de intolerancia. En este contexto, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía logró individualizar a Torres Guzmán gracias a labores investigativas desarrolladas poco después del hecho. Posteriormente, con el acompañamiento de la Policía Nacional, fue posible ejecutar la orden de captura en la ciudad.

La Fiscalía Seccional Tolima, a través de un fiscal de la Unidad de Vida, imputó el delito de homicidio en contra de Torres Guzmán en relación con lo sucedido en julio. Pese a que la evidencia recabada permitió avanzar en el proceso judicial, el señalado no aceptó los cargos ante la autoridad judicial correspondiente. No obstante, por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, buscando que el proceso continúe mientras el acusado permanece privado de la libertad.

Los hechos investigados han puesto nuevamente en el centro del debate social los episodios de intolerancia que pueden desencadenar tragedias fatales dentro de la comunidad. Las acciones desplegadas por el CTI, así como la coordinación con la Policía Nacional y el papel del ente acusador, han sido cruciales para esclarecer el episodio y presentar al presunto responsable ante la justicia, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades citadas en la fuente.

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¿Cuál fue la reacción de Jonnathan David Torres Guzmán ante los cargos de homicidio?

Según los reportes oficiales citados por El Nuevo Día, Jonnathan David Torres Guzmán no aceptó los cargos de homicidio que le imputó la Fiscalía Seccional Tolima por el hecho violento ocurrido en el barrio La Estación. Esta respuesta implica que el proceso continuará bajo la investigación de las autoridades judiciales.

¿Cómo fue capturado el presunto responsable del homicidio en Ibagué?

De acuerdo con la información disponible, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) individualizaron a Torres Guzmán mediante acciones investigativas y, junto a la Policía Nacional, lograron capturarlo en Ibagué. Este procedimiento fue fundamental para que el presunto implicado se presentara ante el sistema judicial y enfrentara la imputación formal por parte de la Fiscalía Seccional Tolima.

La OIM ha enfatizado que su labor se realiza en coordinación con el Gobierno de Colombia y varias organizaciones aliadas. En un comunicado citado en el texto, la entidad afirmó: “Trabajando con el Gobierno colombiano y nuestros socios, podemos ayudar a las familias a conseguir viviendas seguras y reconstruir sus medios de vida, pero necesitamos financiación urgente mientras todavía podemos marcar la diferencia". De acuerdo con cifras divulgadas, la agencia ha ayudado a más de 10.000 personas en 51 municipios, aunque la magnitud del desastre es mucho mayor. Los registros indican que el terremoto de 7,4 de magnitud dejó casi 487.000 personas damnificadas en 16 departamentos. El recuento de daños señala que cerca de 207.000 viviendas presentaron afectaciones y 36.000 fueron completamente destruidas.

Dos meses después de la emergencia, la situación sigue siendo crítica: aproximadamente 2.700 personas permanecen en alojamientos temporales y más de 286.000 niños y adolescentes continúan estudiando en infraestructuras provisionales, según detalló la OIM. Además del reto inmediato de la reconstrucción, surge una preocupación adicional vinculada a factores climáticos. El fenómeno de El Niño amenaza con agravar la crisis humanitaria, ya que puede provocar escasez de agua, incendios forestales y mayores dificultades para los medios de vida, tal como advirtió el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Asimismo, el Instituto Nacional de Salud reportó un incremento superior al 30 % de los casos de dengue en municipios como Chocó, Risaralda y Valle del Cauca durante septiembre. Las lluvias imprevistas también representan un peligro, pues podrían causar deslizamientos en zonas ya debilitadas por el sismo.

La OIM hizo un llamado urgente a los donantes para evitar que la escasez de recursos detenga la recuperación de las comunidades, principalmente en momentos en que enfrentan nuevos riesgos climáticos.

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¿Cuántas personas quedaron damnificadas por el terremoto en Colombia según la OIM?

De acuerdo con información proporcionada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el terremoto registrado el 10 de agosto en Colombia dejó cerca de 487.000 personas afectadas en 16 departamentos, con importantes daños en viviendas y servicios básicos.

¿Cómo ha afectado el fenómeno de El Niño la recuperación tras el terremoto en Colombia?

Según reportes de la OIM y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el fenómeno de El Niño ha complicado la asistencia humanitaria tras el terremoto, ocasionando escasez de agua, agravando el riesgo de incendios y aumentando las enfermedades como el dengue, además de dificultar la reconstrucción en las zonas afectadas.

La nueva rotación, que empezó a regir a partir del 1 de julio de 2026, establece una etapa pedagógica entre el 1 y el 3 del mismo mes, en la que las autoridades se dedicaron a informar y orientar a los conductores sobre la medida. A partir del 6 de julio, quienes incumplan el pico y placa serán sancionados con comparendos, tal como advirtió la Secretaría de Movilidad en comunicado público. Por ello, es fundamental que los ciudadanos se informen y adapten sus rutinas para evitar sanciones económicas y la posible inmovilización del vehículo.

Este viernes, la restricción estará vigente en jornada continua, desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. Durante este periodo, los vehículos particulares con placas finalizadas en 7 y 8 deberán abstenerse de circular por las principales vías de Cali. La recomendación para los conductores es planear sus desplazamientos con anticipación, considerando otras alternativas de movilidad, especialmente si deben asistir a reuniones, citas o compromisos laborales. El incumplimiento puede resultar en una sanción que equivale a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y la inmovilización del carro, de acuerdo con la información oficial suministrada.

La rotación del pico y placa depende del día de la semana: lunes es para placas terminadas en 9 y 0; martes, 1 y 2; miércoles, 3 y 4; jueves, 5 y 6; y viernes, 7 y 8. Esta medida rige únicamente de lunes a viernes, dejando libres los fines de semana y días festivos. Informarse y respetar esta normativa es esencial para todos los conductores residentes y visitantes de Cali, a fin de evitar contratiempos y sanciones.

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¿Cuál es el horario y a quiénes aplica el pico y placa este viernes en Cali?

El pico y placa de este viernes en Cali estará vigente entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, en una jornada continua. La restricción está dirigida a vehículos particulares cuyas placas terminan en 7 y 8, según la Secretaría de Movilidad de Cali.

¿De cuánto es la sanción por infringir el pico y placa en Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, conducir un vehículo en horario restringido por pico y placa puede ocasionar una sanción económica igual a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y, además, la posible inmovilización del carro por parte de las autoridades.

El fondo contará inicialmente con una suma de $624.000 millones, recursos que se obtendrán a partir de un crédito con la banca multilateral. De acuerdo con las declaraciones de Jaime Uribe, aproximadamente $360.000 millones de este monto ya se habían destinado previamente para atender la emergencia generada por el sismo. Esta cifra evidencia la magnitud de la tragedia y la necesidad de gestionar recursos extraordinarios para la recuperación de los territorios afectados.

La entidad elaboró el Plan de Acción Específico (PAE), documento fundamental para establecer las prioridades y criterios de intervención. El PAE fue aprobado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) el 14 de octubre, respaldo que habilita al Fondo Milagro para iniciar acciones directas en terreno. Según lo planteado por Uribe, con la llegada de estas "herramientas" se podrá ejecutar el plan y hacer presencia en las comunidades impactadas por el desastre.

Durante la primera etapa, se priorizarán demoliciones en estructuras que representan un riesgo para los habitantes, especialmente ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos. Antes de avanzar con la rehabilitación, se desarrollarán diagnósticos adicionales para unificar criterios en la evaluación de viviendas y así, determinar cuáles pueden ser reparadas y cuáles requieren reposición total.

La estrategia incluye también la recuperación de servicios básicos como suministro de agua y saneamiento, así como la intervención de instituciones educativas y centros de salud que resultaron afectados. Uno de los propósitos principales es permitir el retorno presencial de los estudiantes a las aulas y contribuir a la reactivación de la vida comunitaria.

Para identificar y atender las necesidades de las zonas afectadas, está previsto crear gerencias regionales encargadas de recorrer los cinco departamentos más afectados. Además, se pondrán en marcha mecanismos de auditoría y un tablero público de consulta para garantizar transparencia en el uso de los recursos y el avance de las obras.

Con estas acciones, el Fondo Milagro busca no solo reconstruir físicamente las áreas damnificadas, sino también contribuir a la recuperación económica y social de la comunidad.

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¿Qué implica la demolición de viviendas en el plan del Fondo Milagro tras el terremoto?

La demolición de viviendas es una de las fases iniciales del plan del Fondo Milagro, con el objetivo de eliminar riesgos por estructuras en peligro de colapso. Esta medida prioriza la seguridad de los habitantes y allana el camino para la construcción o rehabilitación de nuevas viviendas, de acuerdo con las evaluaciones técnicas efectuadas tras el terremoto, como explicó Jaime Uribe, gerente del fondo.

¿De dónde provienen los recursos que utilizará el Fondo Milagro para la reconstrucción?

Según la información suministrada por Jaime Uribe, los recursos iniciales del Fondo Milagro provienen de un crédito con la banca multilateral. Un total de $624.000 millones estarán disponibles para las obras, de los cuales $360.000 millones ya fueron utilizados en la respuesta inicial a la emergencia. Estos fondos respaldan la fase de reconstrucción y recuperación en los territorios afectados.

El nuevo esquema plantea que, mientras la Secretaría de Movilidad mantiene sus funciones de autoridad de tránsito —incluyendo la dirección y supervisión semafórica—, ENRUTA asume la gerencia y coordinación operativa del sistema. Así, se espera contar con información más precisa sobre el estado de la red, lo que permitirá orientar mejor las decisiones de inversión relacionadas con la semaforización de Cali.

Actualmente, Cali dispone de 523 intersecciones semaforizadas; de estas, solo 25 cuentan con tecnología inteligente y hay alrededor de 483 controladores pertenecientes a 10 tecnologías distintas. Sin embargo, el diagnóstico presentado identificó retos considerables: 108 controladores se consideran obsoletos, 25 intersecciones están fuera de servicio y cerca de una cuarta parte de la red no se puede monitorear desde el Centro de Control. A esto se suma la ausencia de un inventario técnico unificado y la dificultad histórica para coordinar suministros, mantenimientos y diagnósticos.

La nueva gerencia integral responde a estos desafíos con acciones concretas: 12 cuadrillas, 26 técnicos en campo y 2 supervisores estarán disponibles, con equipos especializados operando 24/7 para atender emergencias y labores de mantenimiento; siete vehículos equipados con GPS apoyarán la movilidad de los equipos, y la ciudadanía podrá reportar fallas llamando a la línea destinada, recibiendo un caso para hacerle seguimiento. El tiempo máximo para llegar ante una falla crítica será de 60 minutos, con la meta de restablecer el servicio en un máximo de seis horas, según la clasificación del incidente.

La administración señaló que para el 31 de diciembre de 2026 se proyecta completar un inventario y diagnóstico técnico de todas las intersecciones. En una primera etapa, se priorizarán 15 intersecciones críticas conforme a criterios de riesgo y obsolescencia. La primera fase contará con una inversión aproximada de $23.743 millones, abarcando insumos, operación, mantenimiento y el diagnóstico detallado de la red semafórica. Los resultados se evaluarán mensualmente con base en indicadores como el tiempo de reparación y la disponibilidad del servicio, buscando convertir la gestión semafórica en un proceso más eficiente y transparente.

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¿Cómo pueden los ciudadanos de Cali reportar semáforos dañados con el nuevo modelo?

De acuerdo con lo anunciado en Noticiero 90 Minutos, la ciudadanía cuenta con una línea telefónica específica ((602) 380 8957) para reportar fallas en la red semafórica. Cada reporte genera un número de caso para asegurar el seguimiento y una respuesta oportuna por parte de las cuadrillas técnicas, que funcionan las 24 horas del día, los siete días de la semana.

¿Qué implica que una intersección semafórica esté fuera de servicio en Cali?

Según la información oficial, una intersección es un cruce vial regulado por uno o varios semáforos, todos controlados por un mismo sistema. Cuando una intersección está fuera de servicio, pueden dejar de funcionar varios semáforos simultáneamente, lo que impacta tanto la movilidad vehicular como la peatonal, generando retos en la seguridad y el flujo vehicular en la zona afectada.

La estudiante, quien es parte del programa de Modelación de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería, explicó que el presunto agresor no solo la despojó de sus pertenencias, sino que además le ordenó tomar fotografías de las facultades y recoger datos sobre estudiantes que presuntamente consumían drogas en el campus. De acuerdo con su denuncia, el hombre utilizó amenazas directas para presionarla, advirtiéndole que tanto su vida como la de sus familiares estarían en peligro si ella no cumplía sus exigencias. La joven aseguró, citando su propio testimonio: "Me dijo que tenía que ir a tomarle fotos a las facultades y darle los datos de qué personas consumían dentro de la universidad".

Una vez que esta denuncia se hizo pública, surgieron otros relatos que, aunque no han sido confirmados de manera oficial, amplían el contexto de lo sucedido. Por ejemplo, comenzó a circular un mensaje adicional que describe al supuesto responsable como un hombre de contextura gruesa, vestido con un buso amarillo y una cadena plateada. En esa versión, también se indicó que el compañero de la estudiante habría sido víctima de una agresión en el cuello. Sin embargo, estos detalles no son suficientes para probar la identidad del agresor, ya que corresponden a versiones dadas por estudiantes y no por una fuente oficial.

Asimismo, otra persona manifestó haber vivido una experiencia parecida en un municipio diferente, en la que un hombre con un modus operandi semejante le habría robado un anillo de oro. Este tipo de relatos, recogidos por denuncias y testimonios anónimos, muestra la preocupación que existe por la seguridad en espacios educativos, aunque hasta el momento las autoridades no han emitido una declaración oficial sobre los hechos.

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¿Qué sucedió exactamente con la denuncia en la Universidad del Tolima?

De acuerdo con la información obtenida de testimonios de la propia estudiante y relatos difundidos entre la comunidad universitaria, una joven habría sido despojada de sus joyas y amenazada dentro del campus por un hombre que además le exigió información sobre estudiantes supuestamente vinculados al consumo y venta de drogas. El caso ha generado inquietud, pero no hay un parte oficial de las autoridades hasta el momento.

¿Qué medidas de seguridad existen en la Universidad del Tolima ante casos de robo?

En la información disponible no se detallan medidas específicas implementadas por la Universidad del Tolima frente a situaciones de robo o amenaza en sus instalaciones. Las denuncias se deben principalmente a testimonios de estudiantes y no se mencionan acciones preventivas o reactivas por parte de las directivas o autoridades locales en el texto proporcionado.

Antes de este suceso, la mandataria departamental había estado presente en un evento relevante acompañado por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en la inauguración de la nueva Avenida al Río. La jornada transcurrió bajo las intensas temperaturas que se han reportado en la ciudad, lo que sumó dificultad a la ya exigente rutina de la líder regional. De acuerdo con los relatos recogidos, fue durante actividades posteriores, ya en el corregimiento de Los Corazones, cuando Sanjuán comenzó a manifestar malestares como mareos y dolor en el pecho.

La rápida reacción de su equipo de trabajo resultó fundamental en este escenario. Al notar los síntomas, dieron prioridad al estado de salud de la gobernadora, coordinando su traslado inmediato para que fuera asistida por los profesionales del Instituto Cardiovascular. Según la información preliminar que circula hasta el momento, la situación de Elvia Milena Sanjuán se encuentra bajo control. Los primeros reportes señalan que los quebrantos podrían estar relacionados con el estrés propio de sus funciones, aunque la confirmación sobre el diagnóstico y sus causas dependerá de la evaluación médica completa que recibirá.

Por ahora, se espera que tras la atención médica se determinen las recomendaciones más adecuadas para su recuperación, que podrían incluir el reposo durante algunos días. La opinión de los médicos será decisiva para establecer en qué condiciones podrá retomar sus actividades al frente de la gobernación del Cesar. Mientras tanto, se mantiene la expectativa sobre la evolución de su estado de salud y se aguarda que las autoridades correspondientes emitan un parte oficial con información más detallada.

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¿Por qué la gobernadora del Cesar tuvo que ser hospitalizada de urgencia?

De acuerdo con la información conocida, Elvia Milena Sanjuán, gobernadora del Cesar, presentó mareos y dolor en el pecho mientras cumplía compromisos oficiales en el corregimiento de Los Corazones. Tras estos síntomas, fue trasladada de urgencia al Instituto Cardiovascular del Cesar en Valledupar, donde se indicó que los quebrantos preliminarmente podrían estar relacionados con el estrés laboral, aunque la valoración médica será definitiva para confirmar las causas.

¿Cuándo se conocerán recomendaciones médicas sobre el regreso de la gobernadora del Cesar?

Las recomendaciones médicas para Elvia Milena Sanjuán dependerán de la valoración que realicen los profesionales de la salud tras su atención en el Instituto Cardiovascular del Cesar. Por ahora, las autoridades esperan un parte oficial que informe sobre su evolución y detalle en qué condiciones podría volver a asumir sus labores administrativas en la gobernación.

De acuerdo con la propia Muñoz, los mensajes intimidatorios incluyen insultos, señalamientos y advertencias, con el objetivo de desalentarla por las posturas políticas que defiende públicamente. La joven aseguró que este tipo de amedrentamientos han afectado no solo su tranquilidad, sino también la de sus seres cercanos. En sus pronunciamientos, Muñoz declaró: “Las intimidaciones se originan en las ideas que defiendo y con las cuales estas personas no están de acuerdo”.

La influenciadora hizo público que ya presentó denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, expresó su inconformidad frente a la falta de respuestas o acciones concretas de parte de las autoridades. Por este motivo, solicitó al presidente Abelardo de la Espriella y al Estado colombiano que se garanticen medidas de seguridad para ella y se investiguen con seriedad las amenazas recibidas. Hasta este momento, no ha sido posible establecer públicamente la identidad de los responsables tras los mensajes, y tampoco está confirmada de manera independiente la veracidad de las armas mostradas en la imagen divulgada.

En su relato, Muñoz enfatizó que no se dejará vencer por el miedo, pero que tampoco aceptará que defender sus convicciones ponga en riesgo su vida: “No tengo miedo, pero no pienso normalizar que defender mis convicciones signifique poner en riesgo mi integridad”. Insistió en que las autoridades deben atender sus denuncias y subrayó que “pensar diferente no es un delito”.

Todo este episodio se hizo público un día después de que la joven recibiera críticas, burlas y cuestionamientos en redes por su participación en las marchas del 14 de octubre, donde sostenía una pancarta con su fotografía, convirtiéndose así en blanco de comentarios sobre su mensaje político y su imagen personal. Además, volvieron a surgir señalamientos antiguos relacionados con su paso por la Aeronáutica Civil (Aerocivil), en los que se le acusa de presunta influencia en procesos internos, acusaciones que ella ha negado reiteradamente, afirmando que nunca tuvo potestad para nombrar a nadie o contratar. Según la información publicada, estas acusaciones deben entenderse como cuestionamientos públicos y no como sentencias judiciales. En este escenario, el caso de Gabriela Muñoz sigue siendo un referente sobre el alcance que pueden tener las opiniones políticas y la exposición mediática en el entorno digital colombiano.

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¿Cuáles han sido las respuestas de las autoridades ante la denuncia de Gabriela Muñoz Olaya?

Según la información disponible, Gabriela Muñoz Olaya presentó denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, pero hasta el momento de esta publicación, ella misma cuestionó la falta de respuestas efectivas de parte de las autoridades. No se han conocido públicamente acciones concretas de protección ni avances sobre la identificación de los responsables de las amenazas.

¿Por qué surgieron críticas y amenazas contra Gabriela Muñoz tras su participación en las marchas?

Las críticas y amenazas contra Gabriela Muñoz se originaron después de que participó con una pancarta que incluía su fotografía en las manifestaciones del 14 de octubre en Bogotá. La imagen se hizo viral y generó comentarios, burlas y señalamientos políticos en redes sociales. Además, se reactivaron cuestionamientos relacionados con su paso por la Aeronáutica Civil, aunque ella ha negado las acusaciones de influencia indebida en esa entidad.

(Vea también: Gobierno toma decisión internacional y saca a Colombia del Grupo de la Haya; ¿qué significa?)

El mandatario hizo el anuncio durante una visita a la cartera cultural, en la que también presentó los lineamientos de lo que denominó una “contrarrevolución cultural”. Su propuesta incluye una revisión del papel de las instituciones culturales, la protección del patrimonio histórico y religioso y el retiro de espacios públicos de representaciones que considera una exaltación del terrorismo.

Acá, el anuncio del presidente:

“Este ministerio tiene que volver a ser lo que fue. Debe recuperar el nombre que le corresponde: Ministerio de Cultura y Patrimonio” @DELAESPRIELLAE

Intervención en el marco de la visita al @mincultura https://t.co/9cvGO2fmHG

— Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) October 15, 2026

¿Cómo se llamará el Ministerio de Cultura con De la Espriella?

De acuerdo con el anuncio del presidente, la entidad pasará a llamarse Ministerio de Cultura y Patrimonio, en reemplazo de Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

La denominación que se busca modificar fue adoptada en 2023, durante la administración de Gustavo Petro. La Ley 2319, sancionada el 29 de agosto de ese año, cambió oficialmente el nombre del Ministerio de Cultura y también modificó otras denominaciones relacionadas con la política cultural del Estado.

Durante su intervención, De la Espriella cuestionó el enfoque que, a su juicio, se ha dado a la cultura en los últimos años. Sostuvo que las instituciones públicas del sector deben concentrarse en la protección del patrimonio y en el fortalecimiento de la identidad nacional, sin convertirse en instrumentos de promoción de ideologías políticas.

El mandatario señaló que su Gobierno buscará dar prioridad a las manifestaciones artísticas e históricas del país, así como a la conservación de bienes materiales e inmateriales que considera fundamentales para la memoria colombiana.

De la Espriella plantea una “contrarrevolución cultural”

El cambio de nombre hace parte de una apuesta más amplia del presidente, quien presentó la idea de una “contrarrevolución cultural” para enfrentar lo que calificó como la influencia de la extrema izquierda y el wokismo en los espacios culturales y académicos.

Según expuso, su administración buscará defender los valores tradicionales, fortalecer la identidad colombiana y promover una interpretación de la historia nacional que, en su criterio, no esté condicionada por intereses ideológicos.

El presidente también cuestionó el uso de las instituciones culturales para promover determinadas posiciones políticas. En ese sentido, sostuvo que la cartera debe concentrarse en sus funciones misionales y en la protección del patrimonio, en lugar de convertirse en un escenario de favores burocráticos o corrupción.

La propuesta supone un cambio de orientación frente al enfoque que tuvo el sector durante el Gobierno de Petro, aunque sus efectos concretos dependerán de las decisiones administrativas y normativas que adopte la nueva administración.

Ordenó retirar representaciones de Carlos Pizarro de espacios públicos

Durante la misma intervención, De la Espriella le ordenó a la ministra de Cultura, Paola Holguín, retirar de los espacios públicos las representaciones que, según él, constituyen una exaltación del terrorismo. El mandatario mencionó expresamente al excomandante del M-19 Carlos Pizarro.

El presidente afirmó que su Gobierno no permitirá que figuras relacionadas con organizaciones armadas sean presentadas como próceres de la patria y pidió actuar frente a las obras y representaciones que considera una apología del terrorismo.

La discusión se relaciona con las políticas de memoria histórica y patrimonio cultural, asuntos que pueden involucrar valoraciones históricas, artísticas y jurídicas sobre las obras y los personajes representados.

De la Espriella también anunció que dará especial importancia a la conservación del patrimonio religioso. Entre los bienes y manifestaciones que mencionó están las iglesias, los conventos, los archivos eclesiásticos, el arte sacro y las procesiones.

Con estos anuncios, el presidente presentó las primeras líneas de la política cultural que pretende impulsar su administración. El cambio de nombre de la cartera es uno de sus anuncios centrales, aunque su implementación deberá ajustarse al marco jurídico vigente.

Sin embargo, de acuerdo con información policial citada por El Espectador, hubo otro desarrollo en el caso. El reporte oficial indica que la intervención se inició hacia las 9:15 de la noche en el parque Cámbulos, cuando dos policías observaron a Salamanca y una mujer porque sospecharon que él consumía marihuana. Tras acercarse, le solicitaron su identificación, procedieron a un registro y le informaron que sería sancionado con un comparendo. La situación escaló cuando Salamanca, presumiblemente, se opuso al procedimiento y forcejeó con los agentes.

Según la versión policial, Salamanca habría empujado a una patrullera para escapar. Los uniformados solicitaron refuerzos y, tras alcanzarlo a pocas cuadras, el joven habría seguido resistiéndose y, en ese lapso, golpeó a la uniformada con una patada y un cabezazo. Esta presunta agresión llevó a su captura bajo el cargo de violencia contra servidor público. Inicialmente fue llevado al CAI Versalles y luego a la estación de Policía de Fontibón, para ponerlo a disposición de la Fiscalía. Después, fue dejado en libertad.

El procedimiento incluyó además la imposición de un comparendo por supuesta falta de respeto a la autoridad, según el artículo 35, numeral 1, de la Ley 1801 de 2016, que establece una multa tipo 2, equivalente a 233.454 pesos colombianos en 2026, aunque este valor podría reducirse por pronto pago.

Acerca de los dos perros, la senadora Hernández denunció que uno resultó herido y el otro desapareció tras el operativo. Los videos muestran los intentos del joven por sujetar a las mascotas mientras los uniformados lo reducían, y es posible oír los lamentos de los animales. Según la Policía, no hubo maltrato: el perro negro habría escapado durante el forcejeo, mientras que el café quedó bajo custodia de una mujer identificada como pareja de Salamanca. No obstante, la controversia persiste sobre las presuntas lesiones y el destino del perro desaparecido.

Frente a la denuncia de abuso de autoridad, Hernández sostiene que hubo uso excesivo de la fuerza y falta de atención hacia las mascotas, además de presuntas omisiones en el debido proceso. La Policía mantiene que la acción se debió a la resistencia y agresión del joven y asegura haber ofrecido atención médica cuando este, ya detenido, habría golpeado su cabeza contra las paredes del CAI, hecho que Salamanca habría negado.

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¿Por qué Ronald Salamanca fue capturado en Fontibón?

De acuerdo con el reporte policial recogido por El Espectador, Salamanca fue capturado porque, durante la intervención, forcejeó con los policías, empujó a una patrullera para intentar huir y posteriormente, al ser alcanzado, habría agredido a la misma uniformada con una patada y un cabezazo, lo que constituyó violencia contra servidor público según las autoridades.

¿Qué sucedió con los perros que acompañaban a Ronald Salamanca durante el procedimiento policial?

La versión de la senadora Esmeralda Hernández afirma que uno de los perros quedó herido y el otro desapareció tras el altercado. Según la Policía, ninguno fue maltratado directamente; el perro negro se soltó y escapó, mientras que el café fue entregado a la pareja sentimental de Salamanca. La diferencia en las versiones mantiene abierta la discusión sobre el paradero y la condición de los animales, así como el posible maltrato durante el procedimiento.

El contrato contemplaba no solo la fabricación y dotación del vehículo, sino también la integración tecnológica y la puesta en funcionamiento para producción televisiva. Pese a la magnitud de la inversión, el vehículo permanece inmovilizado, ya que carece de la planta eléctrica indispensable para su operación. Las fallas técnicas no terminan allí: la administración evaluó los equipos instalados y encontró que las ocho cámaras entregadas no cumplen con las características ópticas requeridas. Así mismo, la consola de sonido no satisface las necesidades de producciones de gran formato, lo que limita considerablemente su uso potencial. Por otro lado, el dron incluido en el contrato está diseñado principalmente para labores de cartografía y seguridad, sin cumplir los estándares exigidos para transmisiones audiovisuales en directo.

Las dudas también se extienden al proceso contractual. Según señaló RTVC, se establecieron requisitos de experiencia que podrían haber restringido la participación de más oferentes, afectando la pluralidad en la licitación. A esto se suma el hecho de que las dos empresas que participaron en el estudio previo terminaron presentando una oferta conjunta, situación que la administración estima debe ser objeto de revisión por las autoridades. Todo este escenario llevó a RTVC a advertir sobre el riesgo de que la millonaria compra se convierta en un “elefante blanco”, es decir, una infraestructura costosa y poco útil. Ante la gravedad de los hechos, la administración trasladó la información a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, para que sean estas entidades las que determinen si hubo irregularidades y posibles sobrecostos en la contratación.

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¿Cuáles son los problemas técnicos identificados en la unidad móvil de RTVC?

RTVC identificó que la unidad móvil carece de la planta eléctrica necesaria para funcionar, además de que las ocho cámaras incluidas no cumplen con las características ópticas requeridas, la consola de sonido no responde a producciones de gran formato y el dron suministrado está orientado a cartografía y seguridad, lo que lo aleja de los usos audiovisuales necesarios para transmisiones televisivas en vivo.

¿Por qué RTVC advierte el riesgo de convertir la inversión en un "elefante blanco"?

La advertencia de RTVC sobre el riesgo de que esta unidad móvil termine como un “elefante blanco” se debe a la falta de operatividad del vehículo a causa de deficiencias técnicas y la ausencia de la planta eléctrica, así como a los posibles sobrecostos e irregularidades detectadas en el proceso de adquisición, lo que pone en duda la utilidad y sostenibilidad de la millonaria inversión.

La captura de García Muñoz fue hecha en Santa Rosa de Osos, en el norte del departamento, en el marco de una operación conjunta en la que participaron la Policía, la Fiscalía, la Alcaldía de La Unión y la Gobernación de Antioquia. Según los reportes oficiales citados por El Espectador, García Muñoz habría abandonado el Oriente antioqueño para intentar evadir a las autoridades, pero pistas clave levantadas a partir del análisis de cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo presuntamente involucrado en el ataque.

Los acontecimientos que desencadenaron esta investigación ocurrieron el pasado 26 de septiembre, cuando la mujer, de 83 años, habría sido víctima de acceso carnal violento. Tras recibir atención médica, sus familiares entregaron valiosa información, incluyendo los números de la placa del automóvil del supuesto agresor, que la víctima habría logrado recordar. A partir de esa pista, las autoridades confirmaron la matrícula y encontraron el vehículo abandonado. Más tarde, el automóvil volvió a aparecer en movimiento, y su conductor fue detenido—no obstante, este último indicó ser hermano del señalado y aseguró que solo estaba transportando el carro tras un encargo.

En respuesta a lo ocurrido, la alcaldesa de La Unión, Carmen Judith Valencia Moreno, expresó que desde el primer momento se activó el Código Fucsia—procedimiento oficial que coordina la respuesta de todas las entidades públicas para atender casos de violencia sexual—y subrayó la importancia de esclarecer estos hechos. La Alcaldía, asimismo, solicitó proteger la identidad de la víctima para evitar su revictimización, destacando la necesidad de mantener la reserva de los datos para garantizar tanto el proceso judicial como el bienestar personal de la afectada.

El caso, además, revive la preocupación por hechos similares, como lo ocurrido en San Bernardo (Nariño) el 30 de agosto, donde una mujer de 72 años murió tras presunto abuso sexual, episodio visibilizado por sus hijos debido a la falta de respuestas de las autoridades. Luego de la denuncia pública, el ministro de Justicia Iván Cancino expresó la urgencia de evitar la impunidad en estos delitos. La cobertura y seguimiento han sido hechos por medios como El Espectador.

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¿Por qué un juez dejó en libertad al señalado de abuso sexual en La Unión, Antioquia?

Según la información divulgada por el gobernador de Antioquia y El Espectador, la libertad de Wilber Alonso García Muñoz fue una decisión de un juez de control de garantías. Aunque no se explican en el texto los argumentos detallados del juez, la controversia surge porque las autoridades lograron vincularlo al caso mediante pistas y evidencia recogida de cámaras de seguridad y testimonios de familiares de la víctima.

¿Qué procedimientos activó la Alcaldía de La Unión tras conocerse el caso de abuso sexual?

De acuerdo con la alcaldesa Carmen Judith Valencia Moreno, al conocerse el caso se activó el Código Fucsia, un protocolo que coordina los esfuerzos de entidades públicas para esclarecer hechos de violencia sexual. Además, la Alcaldía solicitó proteger la identidad de la víctima para evitar revictimización y garantizar el adecuado desarrollo judicial.

Este bien permanece estacionado en RTVC, dado que no puede cumplir la finalidad para la cual fue contratado por ausencia de una planta de energía necesaria para que funcione.

Una unidad móvil de televisión necesita una fuente autónoma de energía para alimentar sus equipos y operar en los lugares donde se realizan las transmisiones.

Sin ese componente esencial, no puede encenderse, no puede prestar el servicio y tampoco puede atender coberturas fuera de las instalaciones de RTVC – Sistema de Medios Públicos.

Haber recibido una unidad móvil sin el sistema que suministra energía y que permite su funcionamiento contradice el propósito mismo del contrato y mantiene inmovilizada una inversión pública multimillonaria.

De los $ 11.924 millones invertidos, cerca de $ 9.000 millones correspondieron a equipos audiovisuales. No obstante, estudios de mercado y cotizaciones realizadas por técnicos e ingenieros de RTVC indican que equipos equivalentes tendrían un valor aproximado de $ 7.000 millones. Esta diferencia sustenta una alerta sobre un posible sobrecosto superior a $ 2.000 millones.

El contrato de RTVC en el Gobierno Petro para esta unidad móvil fue suscrito el 16 de diciembre de 2025 y tenía por objeto el suministro integral de una unidad móvil broadcast, incluida su fabricación, dotación, integración tecnológica y puesta en marcha.

Adicionalmente, la revisión documental y técnica adelantada por RTVC a este contrato del año 2025 identificó los siguientes hechos:

La ejecución del contrato estuvo inicialmente a cargo de un ingeniero contratista vinculado a RTVC durante el desarrollo del proceso.

En enero de 2026 fue incorporado a la planta de personal como Coordinador de Gestión Técnica de Señales y permaneció en ese cargo hasta mayo del mismo año. Una vez recibida la unidad móvil, terminó su vinculación con la entidad.

Esta singular secuencia genera interrogantes sobre la continuidad, trazabilidad y responsabilidad técnica de las decisiones adoptadas.

Se exigió certificar experiencia en la construcción y el ensamblaje de unidades móviles con capacidad de expansión de su chasis.

Según los antecedentes revisados por RTVC, en ese momento este requisito era cumplido en Colombia por una sola compañía.

La condición habría restringido la participación, lo que conllevó al retiro de la mayoría de las firmas interesadas y redujo la pluralidad de oferentes.

Las dos empresas que, por separado, fueron las únicas participantes en el estudio previo posteriormente se unieron para presentar una oferta conjunta y conformaron la Unión Temporal adjudicataria.

Sin prejuzgar sobre responsabilidades, según RTVC, esta secuencia constituye una seria señal de alerta: podría eventualmente configurar un escenario de coordinación indebida o colusión, pues quienes contribuyeron a establecer el referente de precios terminaron actuando como un solo proponente.

Corresponde a las autoridades competentes determinar si existió un acuerdo restrictivo de la competencia.

El documento señala que resulta inexplicable que se haya contratado y recibido una unidad móvil especializada sin garantizar las cámaras y la consola requeridas para su operación.

El vehículo fue dotado con ocho cámaras tipo broadcast cuyas características ópticas resultan deficientes para las necesidades actuales de RTVC y los estándares modernos de captación y calidad.

La consola de sonido, por su parte, apenas cumple las condiciones mínimas solicitadas en la contratación, no responde a las necesidades audiovisuales de nivel broadcast de la entidad y no está estandarizada para eventos de gran formato.

Estos elementos no son accesorios: son herramientas centrales para producir y transmitir contenidos con la calidad que justificó la inversión.

Sin ellas, la unidad está técnicamente incompleta. Un dron incorporado a la unidad móvil merece especial atención. Se trata de un equipo con características técnicas orientadas a labores de cartografía y seguridad, no a la transmisión televisiva en vivo.

Sus capacidades audiovisuales tampoco permiten utilizarlo en producciones de alta calidad. Incluir en un contrato integral un equipo que no satisface el estándar de emisión de RTVC evidencia una deficiente definición de la necesidad y un uso ineficiente de los recursos públicos.

El resultado es una unidad móvil de $ 11.924 millones que permanece estacionada, no cuenta con planta eléctrica, fue equipada con cámaras y una consola que no satisfacen las necesidades del servicio y contiene un dron que no alcanza el estándar audiovisual requerido.

A ello se suman posibles sobrecostos superiores a $2.000 millones y serios interrogantes sobre la planeación y la competencia del proceso contractual.

En estas condiciones, el proyecto presenta las características de un verdadero elefante blanco: una inversión pública multimillonaria representada en un bien costoso, incompleto e inoperante que no puede cumplir el propósito para el cual fue adquirido.

Los recursos públicos debían fortalecer la capacidad de producción y cobertura de RTVC; pero hoy están inmovilizados en un vehículo que no puede salir a prestar el servicio para el cual fue adquirido.

De estos graves hechos se ha dado traslado a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, para que adelanten las actuaciones correspondientes en el marco de sus competencias.

Esta polémica contratación pone en evidencia serias fallas administrativas dentro de la gestión de recursos públicos en el sector de las comunicaciones y medios estatales.

De acuerdo con el comunicado de Energua, la jornada de mantenimiento se centrará en los circuitos Guatapurí 1 y Cañahuate 2, abarcando horarios desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. En el caso del circuito Guatapurí 1, las labores de mantenimiento están programadas para realizarse entre las 7:00 a. m. y las 3:30 p. m. Los puntos específicos que tendrán afectaciones son el barrio San Vicente, delimitado por la calle 14 entre carreras 17 y 19, y la carrera 17 entre calles 14 y 15; así como el barrio Alfonso López, en la calle 14 entre las carreras 15 y 16.

Respecto al circuito Cañahuate 2, las intervenciones de Energua iniciarán a las 7:15 de la mañana y concluirán a las 3:30 de la tarde. Los sectores impactados incluyen el barrio Novalito, donde se desarrollarán maniobras de mantenimiento en la zona urbana referenciadas por la empresa; además del sector de la carrera 8, ubicado entre las calles 7 bis y 8, y el sector de la calle 7B, entre las carreras 9 y 8.

La compañía enfatizó que el objetivo de estos trabajos es asegurar el correcto funcionamiento y la confiabilidad de su infraestructura eléctrica. Energua recomienda a los habitantes de las áreas señaladas estar pendientes de las indicaciones oficiales y considerar estos horarios para evitar contratiempos asociados a la suspensión temporal de la energía eléctrica.

En conclusión, la programación de los mantenimientos por parte de Energua busca prevenir futuros inconvenientes en el servicio, por lo cual la colaboración de los usuarios afectados resulta clave para mitigar las molestias en su vida cotidiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Valledupar afectados por el corte de energía eléctrica anunciado por Energua?

De acuerdo con el anuncio de Energua, los barrios y sectores afectados por el corte programado en Valledupar son San Vicente, Alfonso López, Novalito, además de segmentos señalados sobre la carrera 8 entre las calles 7 bis y 8, y la calle 7B entre las carreras 9 y 8. Los usuarios de estos lugares deberán tomar precauciones debido a la interrupción temporal del servicio eléctrico.

¿Hasta qué hora estará suspendido el servicio de energía eléctrica en los sectores mencionados de Valledupar?

Según la programación emitida por Energua, la suspensión del servicio de energía eléctrica en los barrios y sectores afectados de Valledupar está prevista para finalizar a las 3:30 de la tarde del viernes 16 de octubre, dependiendo del circuito específico en el que se realicen los trabajos. Es importante que los usuarios consulten los horarios detallados para planificar sus actividades durante la jornada.

El articulado, dado a conocer por fuentes gubernamentales y citado en El Espectador, modifica disposiciones constitucionales para permitir a los congresistas postular proyectos de inversión en favor de sus regiones, siempre que esto se haga de manera pública y transparente, sin intervención de los legisladores en la asignación o ejecución de los contratos, y sin que ellos o sus financiadores reciban beneficios directos y determinados. El proceso exige que las propuestas se inscriban en un registro público, reforzando así los canales de vigilancia ciudadana. Además, la reforma precisa que es legítimo que los congresistas sean financiados por sectores empresariales, industriales o comerciales, pero su vinculación a los proyectos deberá quedar registrada de forma abierta.

En cuanto a los posibles conflictos de interés, el texto establece que los congresistas están obligados a declarar ante la Cámara correspondiente cualquier situación moral o económica que pueda inhibir su participación en el trámite de los asuntos propuestos. Solo se considerará conflicto de interés si se comprueba un beneficio particular y definido para el legislador, su cónyuge, familiares en los grados permitidos por la ley, o sus socios.

Paralelamente, representantes del Centro Democrático, como Miguel Ángel Pinto, Jaime Arizabaleta y Daniel Briceño, radicaron una iniciativa para unificar la dirección administrativa del Senado y la Cámara. Según estos legisladores, la centralización de recursos salvaría más de 300.000 millones de pesos anuales al presupuesto nacional.

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¿En qué consiste el proyecto del gobierno de Abelardo de la Espriella sobre la relación entre Ejecutivo y Legislativo?

El proyecto presentado por el ministro del interior Rodrigo Lara Restrepo busca hacer más transparentes las relaciones entre el gobierno y el Congreso. Permitirá que los congresistas presenten proyectos de inversión en beneficio de sus regiones de forma pública, siempre que no participen en la adjudicación ni reciban beneficios particulares. Todo debe ser registrado en un mecanismo público, aumentando el control ciudadano.

¿Qué es la ‘mermelada’ en el contexto político colombiano?

En el contexto político colombiano, “mermelada” es un término usado para referirse a acuerdos ocultos entre el gobierno y los miembros del Congreso para intercambiar apoyos legislativos por beneficios particulares o asignación de recursos de manera no transparente, algo que la presente reforma busca erradicar, según el ministro del interior.

Durante el foro se profundizó en la gestión del riesgo, la coordinación entre diferentes instituciones y la manera en que se puede integrar la prevención de desastres en las políticas públicas. Además, se recalcó el rol que desempeñó la ciudadanía tanto en las primeras horas de la emergencia como en las etapas de recuperación. Francisco Javier Tenorio Lara, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle del Cauca, destacó que los impactos del sismo abarcaron los 42 municipios del departamento y subrayó la importancia de la preparación continua. Según explicó, la respuesta inicial fue posible gracias a la instalación de un puesto de mando unificado y la colaboración entre la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, al igual que la ayuda brindada por los habitantes de la región hacia otras comunidades.

Efraín del Campo Parra Muñoz, director del Observatorio de Sostenibilidad del IEPS de la Universidad Autónoma de Occidente, reconoció que aunque Cali contaba con una estrategia de respuesta, la magnitud del desastre superó las expectativas iniciales. Juan Felipe Jiménez Leiton, subsecretario para el Manejo de Desastres de Cali, mencionó que la reconstrucción también implica ajustar y fortalecer los protocolos de atención para el futuro.

Desde la perspectiva académica, Faina Restrepo instó a que la gestión del riesgo y la prevención sean tenidas en cuenta en la planificación territorial, sugiriendo el uso de herramientas como el Marco de Sendai y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para orientar políticas públicas. Paralelamente, líderes comunitarios como Nicolás Trujillo Royave relataron cómo la solidaridad y el trabajo colectivo permitieron responder en la emergencia e impulsar la reconstrucción, especialmente para familias campesinas afectadas. Trujillo remarcó que la ayuda no debe cesar tras la emergencia inicial, pues muchas familias siguen requiriendo apoyo.

El espacio de diálogos ODS concluyó que es indispensable unir esfuerzos entre instituciones, academia y ciudadanía para mejorar la preparación ante desastres y asegurar acompañamiento efectivo a quienes resultan damnificados en el Valle del Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué desafíos enfrenta el Valle del Cauca para atender futuras emergencias naturales?

El Valle del Cauca enfrenta retos significativos en la articulación institucional, la integración de la prevención en políticas públicas y la preparación permanente de la ciudadanía ante posibles desastres. De acuerdo con 90 Minutos, tanto autoridades como investigadores y líderes comunitarios coinciden en que fortalecer la gestión del riesgo es clave para anticipar y reducir los impactos de futuras emergencias en todo el territorio.

¿Por qué es importante incorporar la gestión del riesgo en la planeación territorial del Valle del Cauca?

La incorporación de la gestión del riesgo en la planeación territorial es fundamental porque permite anticipar amenazas y fortalecer la respuesta frente a desastres. Según la investigadora Faina Restrepo, incluir estos temas desde el diseño de políticas públicas facilita la toma de decisiones informadas y el desarrollo de estrategias que prioricen la prevención, como proponen el Marco de Sendai y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona cercana al municipio de Chaparral y ocurrió a la 1:27 p. m., hora local.

El evento presentó una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros, condición que puede hacer que el movimiento sea perceptible en las zonas cercanas al epicentro.

La localización reportada por el SGC corresponde a las coordenadas 3,85° de latitud y -75,65° de longitud.

Entre los municipios más próximos al lugar donde se originó el sismo se encuentran Roncesvalles, ubicado a unos 19 kilómetros; San Antonio, a aproximadamente 20 kilómetros, y Chaparral, a cerca de 24 kilómetros.

El reporte fue elaborado con información de 50 estaciones de monitoreo sísmico y figura con estatus manual, de acuerdo con los datos del SGC.

La entidad también registró un RMS de 0,9 segundos y un gap de 61 grados dentro de los parámetros técnicos de localización del evento.

Hasta el momento, la información suministrada corresponde a las características del movimiento sísmico y no señala daños asociados. Las autoridades y organismos de monitoreo mantienen seguimiento a la actividad sísmica en la región.

La decisión fue confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, quien señaló que Colombia rechaza el enfoque que, según el Gobierno, busca aislar y atacar a Israel.

🔴 #Atención | Colombia anuncia su retiro del Grupo de La Haya👇🏻 pic.twitter.com/YvWCtMBF6l

— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 15, 2026

El Grupo de La Haya fue conformado inicialmente por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia y Senegal y Sudáfrica.

Su creación estuvo relacionada con posiciones y acciones frente al conflicto entre Israel y Palestina y con la aplicación del derecho internacional.

Con la salida de Colombia, Bolivia y Honduras también se han retirado del grupo, según informó la Cancillería. El Gobierno colombiano aseguró que esta decisión no representa un alejamiento de sus compromisos internacionales.

La Cancillería reafirmó que Colombia continuará respaldando el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de controversias.

Además, indicó que el país mantendrá su participación en iniciativas orientadas a promover la paz, la justicia y la seguridad internacionales, principalmente dentro del sistema de las Naciones Unidas.

La decisión marca un cambio en la participación de Colombia en este bloque internacional, mientras el Gobierno busca mantener su política exterior centrada en los mecanismos multilaterales y la cooperación internacional.

“La información que yo recibí, que fui a la Fiscalía, que la entregué con todos los protocolos debidos, que ahora es materia de investigación, es que la orden del magnicidio de Miguel Uribe Turbay salió del Congreso de la República”, enfatizó la viuda del líder político. Adicionalmente, Tarazona sugirió la presunta participación de integrantes del antiguo partido Comunes y el financiamiento de estructuras criminales procedentes de Venezuela, lo que generó un rechazo inmediato por parte de diez excongresistas y firmantes de paz como Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Sandra Ramírez, quienes calificaron los señalamientos de infundados y anunciaron acciones legales para defender su buen nombre.

Las reacciones institucionales ante la gravedad del testimonio no se hicieron esperar. El presidente del Congreso de la República, el senador Honorio Henríquez, expresó su profunda consternación y remitió una misiva con carácter prioritario a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, solicitando abrir una investigación rigurosa, exhaustiva y urgente para identificar a los verdaderos determinadores del crimen y verificar si existen funcionarios vinculados al Capitolio nacional. “El país, la familia de Miguel Uribe Turbay y quienes compartimos con él su vocación de servicio merecemos conocer toda la verdad. No puede quedar ninguna duda sobre quiénes planearon, financiaren y ordenaron este magnicidio”, aseveró el parlamentario.

Actualmente, por el atentado perpetrado el pasado 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá, las autoridades avanzan con nueve personas capturadas entre sicarios, articuladores y el coordinador del ataque. La tesis principal sostenida por la fiscal del caso, Elsa Reyes, señala a los cabecillas de la ‘Segunda Marquetalia’ —encabezados por alias ‘Iván Márquez’ y ‘Zarco Aldinever’— como determinadores a través del enlace Simeón Pérez. Sin embargo, fuentes judiciales de la Fiscalía le confirmaron a El Tiempo que los dichos de Tarazona provienen de un mensaje de texto recibido en su celular por parte de un simpatizante político, por lo cual los investigadores analizan minuciosamente la veracidad y el origen exacto del remitente sin descartar ninguna hipótesis.

En su pronunciamiento, los firmantes, entre los que se encuentran figuras como Pedro Baracutado, Pablo Catatumbo Torres e Imelda Daza Cotes, advirtieron sobre una “ofensiva” promovida desde el oficialismo en el Congreso. Según el texto, esta actuación busca “reversar aspectos esenciales del acuerdo de paz”. Uno de los ejemplos concretos que mencionan es el ajuste fiscal adelantado por el gobierno de Abelardo de la Espriella en el Presupuesto General de la Nación 2027, el cual reduce de forma importante los fondos dirigidos a las instituciones que surgieron tras el acuerdo de paz firmado en 2016.

En declaraciones a Noticias Caracol y Blu Radio, María Claudia Tarazona mencionó que la orden para el asesinato de Miguel Uribe habría provenido del Congreso y que el financiamiento del crimen, de acuerdo con su fuente, salió de Venezuela. Tarazona leyó un chat anónimo en el que se señala directamente a ‘Marcos Calarcá’ como responsable de coordinar a un grupo para cometer el atentado. Ante estas declaraciones, el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, pidió formalmente a la Fiscalía adelantar las investigaciones necesarias, siguiendo el debido proceso y la reserva legal.

Además, Tarazona recordó que las hipótesis sobre la autoría del crimen incluyen la posibilidad de un crimen de Estado, es decir, que el entonces gobierno de Gustavo Petro podría haber tenido injerencia. Por su parte, Abelardo de la Espriella afirmó en un evento reciente que el asesinato de Miguel Uribe favorecía al “régimen que denunciaba” y aseguró que desde el primer día las instituciones deben tratar el caso como asunto de importancia nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la polémica por las declaraciones de la viuda de Miguel Uribe sobre las Farc?

La controversia surgió cuando María Claudia Tarazona vinculó públicamente a figuras de las exFarc, como Luis Alberto Albán (alias ‘Marcos Calarcá’), con el asesinato de su esposo. Los firmantes del acuerdo de paz rechazaron estas acusaciones, calificándolas de infundadas y como parte de una campaña de desinformación y estigmatización, de acuerdo con la carta citada por El Espectador.

¿Por qué los exFarc denuncian una ofensiva contra el acuerdo de paz tras el caso Miguel Uribe?

Según los exintegrantes de las Farc, existe una ofensiva desde sectores del oficialismo en el Congreso que intenta revertir elementos fundamentales del acuerdo de paz, usando, entre otras vías, recortes presupuestales como los propuestos en el Presupuesto General de la Nación 2027. Ellos consideran que este contexto está vinculado a la coyuntura tras el asesinato de Miguel Uribe y a las acusaciones recientes.

(Ver también: Llamativo (y hermoso) hallazgo en La Calera: gran noticia, pero hay recomendación para habitantes)

Se trata de Yordy Medina Noriega, jefe de comunicaciones de la entidad, quien se grabó mientras preparaba un plato con el animal, conocido en algunas regiones como cachicamo.

La grabación fue difundida por cuentas relacionadas con la cultura de los Llanos Orientales. En las imágenes, Medina aparece con una camiseta de la Selección Colombia y un sombrero, mientras revuelve una olla en la que se distinguen partes del animal. “Hoy tenemos un cachicamo acá en Bogotá”, comenta en el video.

La Plataforma ALTO y otras organizaciones defensoras de los animales rechazaron lo ocurrido y pidieron que la Fiscalía investigue para establecer de dónde salió el ejemplar y si hubo una infracción de las normas ambientales. La polémica también llegó a sectores políticos, que reclamaron explicaciones por la conducta del funcionario.

QUÉ HORROR. Denuncian que el jefe de comunicaciones de la Agencia Nacional de Tierras @AgenciaTierras se grabó como si nada cocinando un armadillo en Bogotá.

Se trata de una especie silvestre amenazada, por lo que este funcionario podría estar incurriendo en varios delitos graves. Pedimos a la Fiscalía investigar inmediatamente estos hechos.

Denuncia de la Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria

— Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) October 14, 2026

Por qué está prohibido cazar y consumir armadillos sin autorización

Aunque el consumo de cachicamo hace parte de prácticas tradicionales en algunas regiones, eso no significa que cualquier persona pueda cazarlo, transportarlo o comercializarlo libremente. Los armadillos son animales silvestres que cumplen funciones ecológicas, como remover el suelo al excavar y contribuir a la dinámica de los ecosistemas.

Además, algunas especies enfrentan amenazas por la cacería, el comercio ilegal y la pérdida de su hábitat. La gravedad del caso dependerá, entre otros factores, de la especie involucrada y de las circunstancias en las que fue obtenida.

La legislación colombiana contempla sanciones por el aprovechamiento ilegal de recursos naturales y el tráfico de fauna silvestre. Por eso, las autoridades deberán establecer si el animal fue cazado, comprado, transportado o mantenido sin los permisos correspondientes.

Las multas y penas de cárcel que podría enfrentar

La Ley 2111 de 2021 contempla, para el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, penas de 60 a 135 meses de prisión y multas de 134 a 43.750 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para el tráfico de fauna silvestre, las sanciones previstas son de 60 a 135 meses de cárcel y multas de 300 a 40.000 salarios mínimos.

Si se demuestra que hubo caza ilegal, también podría evaluarse ese delito, que contempla entre 16 y 54 meses de prisión y multas de 33 a 937 salarios mínimos, siempre que no corresponda una conducta con una pena mayor. Las penas pueden aumentar entre una tercera parte y la mitad en los supuestos previstos por la ley, entre ellos cuando se afecta una especie silvestre amenazada.

Esto no significa que Medina vaya a recibir automáticamente esas sanciones: la Fiscalía y las autoridades competentes deberán determinar qué ocurrió y si se configuran los delitos. También podrían evaluarse consecuencias administrativas o disciplinarias, según los hechos y las normas aplicables.

(Ver también: Abuela de 91 años tuvo insólita muerte en el patio de su casa al ser sorprendida por mono que la empujó)

Por ahora, el caso plantea preguntas sobre la procedencia del armadillo y la eventual responsabilidad de quienes participaron en su obtención y preparación. La investigación será clave para establecer si hubo una conducta ilegal y qué medidas corresponden.

El asesinato ocurrió el miércoles en medio del recorrido de personas que acompañaban el féretro de Nathalia Alarcón. En el ataque también resultaron heridas otras dos personas. Aunque inicialmente se contempló la posibilidad de que las víctimas hubieran sido alcanzadas por balas perdidas, las autoridades ahora investigan una posible vendetta entre organizaciones criminales con presencia en Venezuela.

De acuerdo con información publicada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, Lizcano había sido procesada junto con el señalado cabecilla de una banda criminal. Su situación judicial incluía una medida de vigilancia electrónica, mientras avanzaba el juicio en su contra.

(Vea también: “¿Cuántas muertes más?”: familia de barbero asesinado por menor de edad pide que cambien las leyes)

El abogado Diego León, quien representaba a la joven, explicó que el proceso no había concluido y que su defendida conservaba la presunción de inocencia. “Tenía una vigilancia electrónica, pero no se había demostrado aún que fuera culpable de los cargos. Estábamos en etapa de juicio”, afirmó el penalista al medio citado.

El caso judicial se remonta al 14 de febrero de 2021, cuando ocurrieron unos hechos en el sector de El Hueco, en el barrio Siete de Belén. Según el escrito de acusación conocido por el medio mencionado, dos policías adelantaban labores de registro cuando Lizcano recibió de Javier Anynson Torrado Jaimes un arma de fuego calibre 32, junto con cinco cartuchos calibre 7,65 milímetros. Durante el procedimiento también fueron incautados dos celulares.

León agregó que estaba prevista una audiencia para solicitar el retiro del brazalete electrónico y permitir que Lizcano saliera de Cúcuta, debido a las amenazas que, según él, había recibido de grupos al margen de la ley. No obstante, aseguró que la Fiscalía no asistió a esa diligencia. Mientras tanto, las autoridades investigan el ataque que acabó con la vida de la joven y buscan establecer si su muerte y la de su amiga están relacionadas con disputas entre estructuras criminales.

La judicialización de Hawkins Sjögren ocurrió el 27 de agosto, cuando una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia le imputó formalmente dichos delitos. Sin embargo, como informa El Espectador, el exgobernador no aceptó los cargos. Según la investigación de la Fiscalía, Hawkins Sjögren delegó la firma de un contrato interadministrativo al secretario de Infraestructura, quien acordó, el 19 de octubre de 2022, la realización de la obra con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca). Esta asociación fue la entidad encargada de subcontratar tanto la ejecución como la interventoría. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Aremca no contaba con la experiencia técnica indispensable para una intervención de esa magnitud.

La Fiscalía detalla que el estudio de mercado previo habría sido insuficiente y, aunque el proyecto se presentó bajo el concepto de "gerencia estratégica", realmente era una obra que no figuraba en el banco oficial de proyectos del departamento, carecía de autorizaciones y se tramitó como contratación directa siendo que legalmente requería licitación pública. Además, los trabajos para la construcción iniciaron el 20 de abril de 2023 sin licencias ambientales de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina) ni permisos de la Dirección General Marítima (Dimar). El resultado fue la construcción de plataformas y kioscos turísticos en el islote sin el muelle de acceso para turistas, uno de los objetivos iniciales, y con riesgo de demolición por falta de avales oficiales.

A esto se suma, según la Fiscalía, que la Gobernación desembolsó, los días 11 y 12 de enero de 2023, 10.847 millones de pesos a una fiducia creada por Aremca, antes de que comenzara la obra. Un peritaje de la entidad estima el presunto detrimento patrimonial en más de 4.330 millones, relacionados con sobrecostos, sumas no devueltas y omisiones de descuentos legales. Si bien Hawkins Sjögren delegó la firma del contrato, la Fiscalía considera que habría dirigido el presupuesto, escogido el contratista y definido la modalidad contractual, teniendo conocimiento de las anomalías detectadas.

Este proceso judicial es parte de una estrategia más amplia de la Fiscalía para investigar manejos irregulares de recursos públicos del Sistema General de Regalías (SGR). En este contexto, un Grupo de Tareas Especiales ya ha llevado a la justicia a 28 personas por contratos irregulares, abarcando más de 1.252 contratos y recursos superiores a los 3,7 billones de pesos, según El Espectador.

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¿Por qué la Fiscalía acusa al exgobernador Hawkins Sjögren en el caso de Haynes Cay?

La Fiscalía acusa al exgobernador Everth Julio Hawkins Sjögren de irregularidades en el proyecto urbanístico de Haynes Cay, principalmente por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Según la investigación, Hawkins habría delegado indebidamente la contratación a Aremca, que no tenía la experiencia técnica necesaria, tampoco se cumplieron los trámites legales adecuados ni se obtuvieron permisos esenciales antes de iniciar la obra. Además, se habría producido un daño patrimonial superior a 4.330 millones de pesos.

¿Qué irregularidades encontró la Fiscalía en el contrato entre la Gobernación y Aremca?

La Fiscalía identificó varias irregularidades: la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) no tendría experiencia técnica suficiente, el estudio de mercado fue calificado como insuficiente y el proyecto se tramitó por contratación directa en lugar de licitación pública. Además, la obra empezó sin licencias ambientales ni permiso de la autoridad marítima, y no realizó algunos componentes clave, como el muelle. Los desembolsos de la gobernación a la fiducia creada por Aremca también presentaron presuntos sobrecostos y omisiones en descuentos legales, generando un significativo detrimento patrimonial.

“Yo no entiendo cómo es que un presidente puede ejercer sin conocer a la gente que trabaja en el gobierno, sin visitar las distintas dependencias del Estado”, afirmó De la Espriella, quien presentó estas visitas como una decisión política orientada a conocer de primera mano el funcionamiento de la administración pública.

(Vea también: “Es una pequeña minoría”: De la Espriella, sobre quienes provocaron desórdenes ayer)

En su mensaje, sostuvo que el contacto directo con los trabajadores del Estado también serviría para dejar clara su postura frente a las prácticas que rechaza. Según dijo, en su propuesta de gobierno, a la que se refirió como “la era del Tigre” y “la patria milagro”, no habría espacio para “ni la politiquería ni la corrupción”.

Para explicar su visión de la gestión pública, De la Espriella comparó el funcionamiento del Estado con el de una empresa. A su juicio, un gerente debe estar pendiente de cada área y supervisar su funcionamiento de manera directa. “Es imposible sacar una empresa adelante si el gerente no está pendiente haciendo microgerencia departamento por departamento, dependencia por dependencia, como corresponde”, señaló.

El presidente Abelardo De La Espriella inició una visita a diferentes ministerios para enviar un mensaje a los funcionarios: “En mi Gobierno no se acepta la politiquería ni la corrupción”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/VpNvrLsqEY

— Revista Semana (@RevistaSemana) October 15, 2026

Según los datos difundidos, el MÍO mantendrá su operación habitual desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., permitiendo que quienes deseen llegar al estadio puedan hacerlo a través de rutas regulares y servicios especiales adaptados para la jornada. La estación Estadio, ubicada sobre la calle 5, entre carreras 34 y 36, será un punto estratégico para los pasajeros, ya que allí convergen múltiples rutas. Para facilitar el desplazamiento desde distintas zonas, los usuarios contarán con rutas específicas como E21, E27, T31 y P62A desde el norte y sur, mientras que desde el oriente operarán las rutas T47 y T57, y desde el occidente estarán disponibles A04 y A70. Es importante tener presente que el servicio de la ruta E27 se extenderá solo hasta las 8:00 p. m.

Como medida adicional, Metro Cali dispondrá buses de refuerzo para anticipar un posible aumento en la cantidad de pasajeros el día del evento. Una vez finalice el concierto, el sistema ha dispuesto tres rutas especiales para el regreso, cubriendo sectores del norte, oriente y sur de la ciudad. En detalle, la ruta norte pasará por Centenario, Granada, avenida Sexta, Santa Mónica, Versalles, Chipichape, Prados del Norte y Chiminangos; la ruta oriente se desplazará por la carrera 15 y atenderá barrios como San Bosco, San Pascual, Floresta, Villa Colombia, Andrés Sanín y Río Cauca; mientras que la ruta sur recorrerá la calle 5 y la carrera 100, asegurando el acceso a sectores como Tequendama, Pampalinda, Limonar, Meléndez y Universidades.

El abordaje para estas rutas especiales se realizará en la calle 5, entre carreras 34 y 36, donde habrá personal de orientación. Alrededor de 30 buses estarán disponibles, operando según la demanda y bajo la coordinación del Centro de Control del MÍO durante la madrugada del domingo 18 de octubre.

En cuanto al método de pago, los asistentes tienen la opción de pagar con la tarjeta MÍO o con tarjetas débito y crédito Visa y Mastercard, siempre que sean aceptadas por el sistema. Metro Cali aconseja planear el viaje con anticipación y prestar atención a las indicaciones del personal.

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¿Cuáles son las rutas especiales del MÍO para regresar después del concierto de Ryan Castro?

El MÍO estableció tres rutas especiales que operarán después del concierto y cubrirán los sectores norte, oriente y sur de Cali. Cada ruta tiene un recorrido definido: la del norte pasa por barrios como Centenario, Granada y Chipichape; la del oriente conecta sectores como San Pascual y Andrés Sanín; y la del sur atiende zonas de Tequendama, Pampalinda y Universidades, asegurando alternativas claras para el retorno de los asistentes.

¿Cómo se puede pagar el pasaje del MÍO durante el evento en Cali?

De acuerdo con la información brindada por Metro Cali, el pago del pasaje puede hacerse utilizando la tarjeta MÍO con saldo, o mediante tarjetas débito y crédito Visa y Mastercard aceptadas por el sistema. Esta opción busca ofrecer mayor flexibilidad y facilidad a los asistentes al concierto que utilicen el sistema de transporte.

De acuerdo con la información suministrada, la fuerza del impacto fue significativa y provocó que el conductor de la motocicleta sufriera múltiples traumatismos y fracturas en varias zonas del cuerpo. Esta persona recibió atención médica inmediata en el sitio y debió ser trasladada con urgencia a un centro asistencial en Valledupar, donde actualmente permanece bajo observación médica y reportado en estado delicado de salud. Por su parte, el segundo ocupante de la motocicleta también resultó lesionado, aunque, según los datos preliminares, sus heridas serían de menor gravedad en comparación con las del conductor.

En contraste, los ocupantes del vehículo particular no presentaron lesiones tras el choque, resultando ilesos pese a la magnitud del siniestro. Testigos en el lugar observaron la llegada oportuna de las unidades de la Policía de Tránsito y Transporte, quienes procedieron a documentar la escena, recopilar la información necesaria e iniciar los procedimientos correspondientes para determinar el origen del accidente. La recolección de evidencias por parte de las autoridades será clave para establecer un informe detallado sobre cómo se presentaron los hechos en este tramo vial.

Hasta el momento, las causas exactas del accidente permanecen bajo investigación y no se ha suministrado información adicional sobre factores como el estado de la vía, las condiciones climáticas o la posible responsabilidad de los conductores involucrados. Esta información es clave para comprender el contexto en el que se produjo el siniestro y tomar las medidas necesarias para prevenir futuros incidentes en la zona.

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¿Cuál fue la gravedad de las lesiones en el accidente de tránsito ocurrido en la vía Valledupar - San Juan del Cesar?

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades presentes, el conductor de la motocicleta involucrada sufrió heridas de consideración, incluyendo múltiples traumatismos y fracturas, y fue remitido en estado delicado a un centro de salud en Valledupar. El otro ocupante de la motocicleta sufrió lesiones calificadas como de menor gravedad. Los ocupantes del vehículo particular salieron ilesos del hecho.

¿Qué acciones tomaron las autoridades tras el accidente entre vehículo y motocicleta en el corregimiento de Los Corazones?

Las unidades de la Policía de Tránsito y Transporte acudieron al sitio del accidente para llevar a cabo el debido proceso de documentación, recolección de pruebas y procedimiento legal. Asimismo, iniciaron la investigación pertinente para establecer las circunstancias en las que ocurrió el choque y determinar posibles responsabilidades por parte de los involucrados en este hecho.

En la entrevista, Ana Lucía Pineda respondió directamente a los señalamientos sobre el supuesto manejo irregular de donaciones. Negó haberse apropiado de los recursos y mencionó cómo esas acusaciones afectaron su vida familiar y personal. “Han sido muchos ataques, pero una mentira no va a derrumbar la verdad de lo que ya soy, ni de lo que representa, ni de cómo me reconocen mis hijos a mí”, explicó la primera dama, según palabras recogidas en Telecaribe.

Uno de los momentos más sensibles del programa fue la reproducción de un video en el que el presidente De La Espriella expresó su respaldo y admiración por el trabajo de su esposa. Él manifestó: “Dios y la naturaleza tuvieron una distinción especial conmigo al darme la oportunidad de contar contigo como compañera de vida y como esposa. Sabes toda la admiración, todo el orgullo que siento por lo que estás haciendo”, refiriéndose a la labor de Pineda en la primera línea de atención a las víctimas. De La Espriella, además, reconoció la fortaleza de Ana Lucía durante la situación y aseguró estar convencido de que juntos pueden transformar el país: “Tú eres una mujer que está hecha de otro material y juntos, vida mía, vamos a transformar a este país para convertirla en la patria milagro que se merecen nuestros hijos y los hijos de todos los colombianos”.

Ante la polémica por las donaciones recolectadas en ‘Colombia, un solo corazón’, Pineda anunció que dará a conocer un informe detallado para transparentar la administración de los bienes y recursos. Señaló que este balance será fundamental para aclarar las dudas ante la opinión pública y subrayó su voluntad de rendir cuentas frente a quienes han expresado inquietudes sobre el destino de las contribuciones hechas a la campaña. La transmisión por Telecaribe tuvo además un valor simbólico para De La Espriella, quien, según el canal, fue presentador allí en 1988.

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¿Cómo respondió Ana Lucía Pineda a las acusaciones sobre el manejo de donaciones en ‘Colombia, un solo corazón’?

Ana Lucía Pineda negó rotundamente haberse apropiado de las donaciones y dijo que los señalamientos han impactado su vida familiar. Aseguró que presentará un informe para explicar detalladamente la administración de los recursos recolectados en la campaña ‘Colombia, un solo corazón’, según lo relatado en el programa de Telecaribe.

¿Qué tipo de informe prometió la primera dama Ana Lucía Pineda sobre la gestión de las donaciones?

La primera dama anunció un informe pormenorizado sobre la recepción y destino de las donaciones, con el fin de dar claridad sobre el manejo de los recursos y responder a los cuestionamientos públicos surgidos tras la campaña.

El asesinato de este funcionario no solo ha generado conmoción entre sus allegados, sino que ha provocado una reacción institucional. Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, expresó públicamente su rechazo al homicidio y anunció la realización de un consejo de seguridad metropolitano con el propósito de articular acciones para capturar a los autores y reforzar la protección a los funcionarios penitenciarios. En su cuenta de X, el mandatario manifestó solidaridad con la familia y compañeros de la víctima, y enfatizó: “No vamos a permitir que el crimen doblegue a Santander”. También subrayó la importancia de adoptar medidas que fortalezcan la seguridad del personal que trabaja en el Inpec.

Este crimen ocurrió apenas dos días después de la muerte violenta de otro guardia del Inpec, Bryan Rangel Saavedra, quien fue baleado tras salir de su turno en la Cárcel Modelo de Cúcuta (Norte de Santander), mientras se encontraba en una estación de servicio del barrio Prados del Este. Asimismo, días antes, dos dragoneantes de la cárcel El Bosque de Barranquilla (Atlántico) sufrieron un ataque armado a las afueras del penal, lo que obligó su traslado inmediato a un hospital.

Ante estos hechos, el Ministerio de Justicia ha manifestado su alarma por la escalada de violencia contra los funcionarios penitenciarios. También se han reportado amenazas directas contra el presidente De La Espriella y el ministro Iván Cancino. Organizaciones del sector han denunciado la circulación de panfletos alusivos a un “plan pistola” dirigido contra servidores del Inpec, mientras la Defensoría del Pueblo exige esclarecer la autenticidad de estas advertencias y brindar protección urgente.

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¿Qué medidas se están tomando tras los asesinatos de funcionarios del Inpec en Santander y otras regiones?

Luego de los recientes atentados, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, convocó un consejo de seguridad metropolitano para coordinar acciones orientadas a capturar a los responsables y reforzar la seguridad del personal del Inpec. Además, autoridades judiciales y policiales adelantan investigaciones para esclarecer los crímenes y se discuten más medidas de protección, de acuerdo con información de El Espectador.

¿Qué significa el término “plan pistola” y por qué preocupa a los funcionarios del Inpec?

La expresión “plan pistola” se utiliza para describir una estrategia criminal consistente en atentar de forma selectiva y violenta contra miembros de una institución, en este caso, el Inpec, con el objetivo de infundir miedo y desestabilizar la seguridad. De acuerdo con El Espectador, la circulación de panfletos con estas amenazas ha generado preocupación y solicitudes de protección urgente para el personal penitenciario.