“La información que yo recibí, que fui a la Fiscalía, que la entregué con todos los protocolos debidos, que ahora es materia de investigación, es que la orden del magnicidio de Miguel Uribe Turbay salió del Congreso de la República”, enfatizó la viuda del líder político. Adicionalmente, Tarazona sugirió la presunta participación de integrantes del antiguo partido Comunes y el financiamiento de estructuras criminales procedentes de Venezuela, lo que generó un rechazo inmediato por parte de diez excongresistas y firmantes de paz como Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Sandra Ramírez, quienes calificaron los señalamientos de infundados y anunciaron acciones legales para defender su buen nombre.

Las reacciones institucionales ante la gravedad del testimonio no se hicieron esperar. El presidente del Congreso de la República, el senador Honorio Henríquez, expresó su profunda consternación y remitió una misiva con carácter prioritario a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, solicitando abrir una investigación rigurosa, exhaustiva y urgente para identificar a los verdaderos determinadores del crimen y verificar si existen funcionarios vinculados al Capitolio nacional. “El país, la familia de Miguel Uribe Turbay y quienes compartimos con él su vocación de servicio merecemos conocer toda la verdad. No puede quedar ninguna duda sobre quiénes planearon, financiaren y ordenaron este magnicidio”, aseveró el parlamentario.

Actualmente, por el atentado perpetrado el pasado 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá, las autoridades avanzan con nueve personas capturadas entre sicarios, articuladores y el coordinador del ataque. La tesis principal sostenida por la fiscal del caso, Elsa Reyes, señala a los cabecillas de la ‘Segunda Marquetalia’ —encabezados por alias ‘Iván Márquez’ y ‘Zarco Aldinever’— como determinadores a través del enlace Simeón Pérez. Sin embargo, fuentes judiciales de la Fiscalía le confirmaron a El Tiempo que los dichos de Tarazona provienen de un mensaje de texto recibido en su celular por parte de un simpatizante político, por lo cual los investigadores analizan minuciosamente la veracidad y el origen exacto del remitente sin descartar ninguna hipótesis.

La cantidad de automóviles y motocicletas que transitan sin el seguro obligatorio vigente en el territorio colombiano sufrió un incremento desmedido a lo largo de la último década.

Entre 2016 y septiembre de 2026, el país pasó de registrar 5,3 millones de automotores sin la póliza activa a contabilizar 10,7 millones de unidades irregulares.

Este preocupante fenómeno ocurrió mientras el parque automotor nacional experimentó un crecimiento vertiginoso, pasando de 13 millones a 22,6 millones de vehículos en total, replicó Blu Radio.

Los hallazgos provienen de un informe elaborado por la empresa de inteligencia de negocios Intempo, utilizando cifras del Registro Único Nacional de Tránsito.

La investigación evidenció que la tasa global de evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito escaló del 40,6 % en 2016 al 47,3 % en 2026.

Asimismo, el estudio confirmó que este indicador de incumplimiento legal permaneció estancado entre el 47 % y el 49 % durante los últimos seis años.

El renglón de los motociclistas representa la porción más crítica dentro de este problema de seguridad vial y sostenibilidad del sistema.

Aunque las motos constituyen el 64 % del parque automotor en Colombia, concentran el 78 % de los vehículos sin seguro, sumando 8,3 millones de unidades.

Un vehículo de dos ruedas posee el doble de probabilidad de entrar en mora con el seguro obligatorio en comparación con un automóvil particular.

La omisión en la compra de la póliza coincide de manera recurrente con la falta de la revisión técnico-mecánica requerida por las autoridades de tránsito.

De los 18,8 millones de automotores obligados a portar ambos documentos al día, 9,8 millones, equivalentes al 52,4 %, carecen de los dos requisitos legales.

Por el contrario, 8 millones de vehículos, correspondientes al 42,6 %, mantienen actualizados tanto el seguro como el certificado de diagnóstico técnico.

Otros 936.000 automotores, cifra cercana al 5 % del total nacional, poseen únicamente uno de los dos documentos exigidos para la circulación.

El reporte identificó además 1,4 millones de unidades registradas en las plataformas oficiales que jamás han tramitado la adquisición del seguro ni la revisión.

El gerente general de Intempo, Santiago Caballero, explicó las dinámicas detrás del abandono progresivo de estos compromisos legales por parte de los conductores colombianos.

“Los datos demuestran que cuando un propietario deja vencer el seguro, al poco tiempo abandona también la revisión”, explicó Caballero sobre la conducta recurrente.

El directivo agregó que las campañas centradas en recordar un trámite a la vez no alcanzan a responder a la dimensión del problema.

El estudio determinó que la primera cita para la inspección mecánica representa un punto crítico de quiebre en el cumplimiento del Seguro Obligatorio.

Durante los primeros años de vida útil del vehículo, el 89 % de los dueños renueva la póliza con constancia y oportunidad.

Sin embargo, al llegar la edad legal para efectuar la inspección en un centro de diagnóstico, la cobertura cae abruptamente al 46 %.

De los 4,3 millones de automotores que nunca ingresaron a un taller autorizado, 2,7 millones contaron con seguro cuando eran totalmente nuevos.

Para los próximos años existe un reto apremiante, dado que 3,9 millones de vehículos jóvenes están próximos a cumplir la antigüedad requerida para la inspección.

Entre los conductores que deciden renovar el seguro obligatorio, el reporte detectó que transcurren en promedio 52 días entre el vencimiento y la reconexión.

Esta brecha temporal evidencia que poseer el documento en ciertos meses del año no garantiza una cobertura continua frente a posibles accidentes de tránsito.

En el transporte público, la tasa de evasión del seguro se ubica en un 23,6 %, frente al 47,8 % registrado por los vehículos particulares.

Esta marcada diferencia responde directamente a la implementación de controles empresariales estrictos, tarjetas de operación vigentes y una supervisión permanente de las flotas.

Los jóvenes llegaron a la playa cercana al muelle 1888 y, a las 3:00 de la madrugada, sin importarles que está prohibido el ingreso al mar en horario nocturno, se lanzaron al agua para darse un baño y continuar la celebración jugando con las olas.

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Uniformados de la Policía que estaban custodiando la zona le ordenó a este grupo de amigos salir del agua, hasta impuso comparendos para obligarlo a retirarse de las playas, pero los jóvenes ignoraron todo llamado de atención y continuaron su festejo en el mar.

Minutos después uno de ellos empezó a ahogarse y fue entonces cuando Elías decidió rescatar a su amigo. El joven cumplimentado logró poner a salvo a su compañero, pero luego la corriente lo venció a él y lo ahogó.

Linda Goenaga, coordinadora del Cuerpo de Salvavidas de Puerto Colombia, hace un llamado a la prudencia y a respetar el horario de las playas, pues estos están definidos por la dinámica del mar.

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“En las madrugadas está prohibido ingresar al mar debido a las corrientes marinas. El horario establecido para el uso y disfrute de playas es de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Está prohibido hacer clavados y bañarse cerca de los espolones”, aseguró Goenaga.

Las autoridades también recuerdan que está prohibido hacer clavados desde la estructura del muelle y que el baño seguro en el mar es en la orilla. “Los niños son responsabilidad de los adultos”, insisten.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, De la Espriella subrayó que el 98 % de las protestas transcurrieron en un ambiente pacífico. El presidente resaltó: "La inmensa mayoría de quienes salieron a las calles ejerció su legítimo derecho a la protesta de forma ordenada y respetuosa de las instituciones". De acuerdo con el jefe de Estado, el ejercicio democrático del derecho a manifestarse debe protegerse siempre que no se vulneren los derechos de otros ciudadanos.

El Gobierno insistió en su postura frente a las movilizaciones: garantiza el derecho a la protesta pacífica, pero rechaza tajantemente cualquier acto violento, vandalismo o ataques a la propiedad pública o privada. Tal como reiteró De la Espriella: "La protesta pacífica se respeta, se protege y se garantiza. Pero la violencia, el vandalismo y cualquier intento de vulnerar los derechos de los demás no tendrán cabida bajo mi mandato".

La jornada fue convocada por sectores de oposición encabezados por el expresidente Gustavo Petro, quien gobernó Colombia entre 2022 y 2026. A estas movilizaciones también asistieron sindicatos, colectivos de comunidades indígenas, estudiantes y organizaciones feministas, quienes propiciaron concentraciones simultáneas en más de 20 ciudades del país, tal como se detalla en el balance entregado por el Gobierno.

Un caso representativo de la jornada se vivió en Valledupar, capital del departamento del Cesar, donde cientos de docentes de instituciones públicas salieron a protestar. Reclaman garantías en la prestación del servicio de salud para el magisterio, mejor defensa de la educación pública y mayores recursos para colegios. Según fuentes mencionadas, la marcha, que empezó en la plazoleta del SENA, fue convocada a nivel nacional por Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación) y organizada en Cesar por Aducesar (Asociación de Educadores del Cesar).

Las protestas del 14 de octubre constituyen la primera gran jornada de rechazo contra el Gobierno de De la Espriella desde su llegada a la presidencia. Aunque evidencian el malestar de diversos sectores frente a sus políticas, el mandatario enfatizó el desarrollo pacífico de la mayoría de expresiones y reiteró su política de cero tolerancia frente a episodios violentos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos ciudadanos participaron en las manifestaciones del 14 de octubre según el Gobierno?

De acuerdo con el balance oficial presentado por el presidente Abelardo De la Espriella, un total de 62.000 ciudadanos se movilizaron en el territorio nacional durante la jornada del 14 de octubre. El mandatario señaló que esta cifra representa a una proporción pequeña de la población colombiana, pero enfatizó que sus derechos y garantías deben respetarse plenamente.

¿Quiénes convocaron las protestas contra el Gobierno de Abelardo De la Espriella?

Las manifestaciones fueron convocadas por sectores de oposición liderados por el expresidente Gustavo Petro, quien gobernó Colombia entre 2022 y 2026. Además, a las jornadas se sumaron sindicatos, comunidades indígenas, estudiantes y organizaciones feministas, quienes promovieron movilizaciones en más de 20 ciudades del país para expresar su rechazo a las políticas gubernamentales.

Según el relato que recibió el organismo de socorro de uno de los conductores sobrevivientes, el vehículo había salido de Paraguachón, La Guajira, y se dirigía a Tumbes, Perú, con aproximadamente 60 pasajeros. En el automotor viajaban tres conductores, uno de los cuales murió en el accidente.

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El sobreviviente les habría contado a los bomberos que, mientras transitaban por la vereda Las Cruces, unos hombres que se movilizaban en una camioneta los intimidaron. Al parecer, los sujetos portaban armas de largo alcance y habrían disparado contra el bus, situación que habría llevado al conductor a perder el control y salir de la carretera.

Burbano señaló que una de las hipótesis es que los responsables sean piratas terrestres dedicados al robo de vehículos de transporte y pasajeros. Según explicó, en esa zona se han registrado otros hechos similares que involucrarían a personas dedicadas a la delincuencia común. Sin embargo, insistió en que todavía no hay una identificación oficial de los presuntos atacantes ni una confirmación definitiva de cómo ocurrió el episodio.

El comandante también advirtió que los robos no serían un hecho aislado en ese corredor. De acuerdo con su testimonio, sectores como El Boquerón, El Cenillo y Las Yercas han registrado casos de hurtos a buses, camiones y camionetas. Aunque la Policía Nacional ha adelantado operativos contra estas estructuras, según Burbano, los hechos delictivos han continuado.

“Según lo que se ha podido evidenciar son grupos de piratas terrestres, eso ya serán las autoridades quienes que evalúen”, dijo el comandante.

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Sobre las circunstancias del accidente, el oficial explicó que el bus terminó volcado en un potrero junto a la vía Panamericana, en una curva bastante cerrada y a unos 200 metros del río Las Piedras. Además, recordó que en el mismo sector ocurrió meses atrás un atentado con explosivos contra la Policía Nacional, en el que murió un uniformado y varios resultaron heridos. Por ahora, las autoridades deberán establecer quiénes estarían detrás del presunto ataque al bus y si los disparos provocaron directamente el siniestro.

El nuevo ataque armado cobró la vida de Cindy Johanna Lizcano Ochoa, quien recibió ocho impactos de bala mientras participaba en el cortejo fúnebre de su amiga. Aunque en un primer momento se especuló con la posibilidad de que se tratara de víctimas inocentes alcanzadas por balas perdidas, las pesquisas adelantadas por la Unidad Investigativa dieron un giro drástico a la indagación. Las autoridades judiciales confirmaron que Lizcano Ochoa portaba un brazalete electrónico del Inpec, cumplía con detención domiciliaria y figuraba en procesos judiciales vigentes por el delito de porte ilegal de armas.

En los expedientes a los que tuvo acceso la investigación judicial, el nombre de Cindy Lizcano aparece vinculado junto al de Javier Anynson Torrado Jaimes, un sujeto señalado por las autoridades de integrar una temida banda de fleteros conocida como ‘la del Veneco’, la cual ya contaba con antecedentes de captura desde el año 2015 por hurto agravado. El prontuario judicial y los vínculos con redes de delincuencia organizada encendieron las alarmas de los organismos de seguridad sobre una retaliación sistemática entre estructuras criminales que operan a sus anchas en la región fronteriza.

Por su parte, el abogado penalista Diego León, apoderado de la víctima, rompió el silencio para aclarar la situación legal de su clienta y denunciar graves omisiones institucionales. Según el defensor, a pesar de la medida de vigilancia electrónica, Cindy Lizcano no contaba con una condena en firme y su proceso se encontraba estancado en la etapa de juicio. León reveló además que su oficina había solicitado una audiencia urgente para retirar el brazalete y lograr la salida de la joven de Cúcuta, debido a las múltiples amenazas de muerte que había recibido por parte de estructuras al margen de la ley. Sin embargo, la diligencia judicial se frustró por la inasistencia de la Fiscalía, dejando a la joven expuesta al trágico desenlace.

La investigación también sacó a la luz detalles del expediente que documenta un episodio previo fechado el 14 de febrero de 2021 en el sector de El Hueco, en el barrio Siete de Belén. En aquella ocasión, durante labores de registro policial, se evidenció que Torrado Jaimes le entregó a Lizcano un arma de fuego calibre 32 milímetros junto con munición y equipos celulares. Este panorama de violencia desatada en medio de duelos y caravanas fúnebres mantiene en máxima alerta a las autoridades de Cúcuta, que intentan desarticular la red de sicarios y frenar la espiral de muertes selectivas que azota la frontera.

Tras el homicidio, las autoridades desplegaron diligencias judiciales buscando recopilar pruebas fundamentales para esclarecer los hechos, determinar la secuencia del ataque e identificar a los responsables. Este caso ha puesto en alerta a investigadores que buscan entender tanto el móvil detrás del crimen como su posible conexión con el contexto delincuencial del área.

Kevin Pava Enciso no era ajeno a la atención de las autoridades. Según información consignada en la investigación, su nombre figuraba desde antes en procesos contra estructuras criminales que operan en el norte de Tolima. En octubre de 2021 fue capturado durante un operativo coordinado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional. En ese entonces, era señalado como presunto integrante del grupo delincuencial conocido como ‘Frontera del Norte’.

Durante ese proceso judicial, Pava Enciso estuvo bajo investigación por posibles vínculos con delitos de suma gravedad, entre ellos, homicidio agravado y concierto para delinquir, así como tráfico y porte de armas de fuego. Además, se le acusaba de, presuntamente, reclutar o utilizar menores para actividades criminales. A pesar de estos señalamientos, el proceso judicial se vio interrumpido cuando recuperó la libertad por vencimiento de términos, es decir, cuando los tiempos legales para dictar sentencia se vencieron sin un fallo. Sin embargo, su historial delictivo volvió a ser relevante en mayo de 2023, cuando fue nuevamente capturado durante operativos realizados contra bandas criminales en la región norte del departamento.

A lo largo de este caso, lo sucedido con Pava Enciso ha vuelto a destacar la problemática de la violencia y el crimen organizado en el norte de Tolima, dejando en evidencia la persistente amenaza que enfrentan comunidades de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Kevin Pava Enciso y por qué era conocido en San Sebastián de Mariquita?

Kevin Pava Enciso fue reconocido en San Sebastián de Mariquita tanto por sus alias ‘Pinina’ y ‘El Enano’ como por sus antecedentes judiciales. De acuerdo con la información investigada, estuvo relacionado con investigaciones sobre estructuras criminales, específicamente fue señalado como presunto miembro de ‘Frontera del Norte’, organización delictiva del norte del Tolima. Su historial incluía capturas por delitos graves y recuperó la libertad por vencimiento de términos antes de ser nuevamente aprehendido.

¿Cuáles fueron los delitos por los que investigaban a Kevin Pava Enciso?

Pava Enciso fue investigado por diversos delitos de alto impacto, como homicidio agravado, concierto para delinquir —una figura legal que implica la asociación con otras personas para cometer delitos—, tráfico y porte de armas de fuego y, según la investigación judicial, la posible utilización de menores de edad en actividades ilícitas. Estas acusaciones hicieron parte de procesos llevados por el CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional en su contra.

El rescate de los pasajeros fue una tarea compleja que exigió la intervención de unidades de socorro de Timbío y Popayán. Los bomberos que llegaron a la escena describieron un panorama de angustia y caos: “En el sitio había muchas personas alrededor del bus quejándose, llorando, y también personas atrapadas dentro del bus en grave estado”, relató uno de los rescatistas, según recogen los testimonios. Entre los lesionados había niños, mujeres y adultos, heridos con diferentes niveles de gravedad. Las labores de extracción tomaron varias horas y requirieron trasladar a los afectados a centros asistenciales tanto en Timbío como en Popayán. La situación fue tan severa que el hospital de Timbío no pudo atender a todos, por lo cual los casos más críticos fueron remitidos a otras instituciones médicas.

El bus siniestrado quedó detenido al borde de la vía, cerca del río Las Piedras. Uno de los puntos críticos del accidente es que el automotor no alcanzó a caer por una pendiente hacia el cauce del río, lo cual pudo haber incrementado el número de víctimas fatales. De acuerdo con la información preliminar, el bus trasladaba pasajeros extranjeros que habían transitado por Paraguachón, en La Guajira, y se dirigían hacia Tumbes, en Perú, aparentemente participando en una excursión que cruzaba Colombia.

Las autoridades ya buscan a los presuntos responsables del ataque, señalando a cuatro hombres como posibles autores del intento de robo. Sin embargo, todavía se deben establecer los detalles precisos del suceso, incluyendo si los disparos fueron lo que realmente provocaron la pérdida de control del vehículo y la posterior volcadura. Hasta el momento, las identidades de las víctimas fatales no han sido reveladas. Las investigaciones deberán aclarar los hechos y asignar responsabilidades por lo ocurrido en este sector de la vía Panamericana. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué causó el accidente de bus en la vía Panamericana del Cauca este jueves 15 de octubre?

De acuerdo con los testimonios recopilados por organismos de socorro y la versión entregada por el conductor, el accidente ocurrió tras un presunto intento de asalto. Hombres armados a bordo de una camioneta dispararon e intimidaron al bus, haciendo que el chofer perdiera el control y el vehículo volcara a un costado de la carretera. Las investigaciones buscan determinar con exactitud cómo se dieron los hechos.

¿Cuántos heridos y fallecidos dejó el accidente de bus en el Cauca y quiénes eran las víctimas?

El saldo preliminar del accidente es de cuatro personas fallecidas y 56 heridas, según el reporte de los organismos de emergencia presentes en la escena. Entre las víctimas había niños, mujeres y adultos de diferentes nacionalidades, ya que el bus trasladaba pasajeros extranjeros en tránsito de Paraguachón, La Guajira, hacia Tumbes, Perú. Las identidades de los fallecidos no han sido divulgadas hasta el momento en la información disponible.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de septiembre, cuando Ramírez se encontraba de vacaciones con su familia en la capital antioqueña. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el homicidio se habría producido durante un robo en el que también fue intimidada la hermana de la víctima.

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El señalado fue capturado por la Policía Nacional en una vía pública del barrio Aranjuez, en Medellín. Posteriormente, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín le imputó varios delitos relacionados con el caso.

Así habría ocurrido el robo que terminó en homicidio

Según la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía, Rodríguez Aular se habría reunido con otro hombre para desplazarse hasta una zona comercial de la ciudad, donde se encontraba Ramírez.

El procesado presuntamente llegó en una motocicleta y, con ayuda de un cómplice, ubicó a la víctima cuando esta abordó un vehículo particular en compañía de su hermana.

De acuerdo con el ente acusador, el señalado habría seguido el automóvil e intentado simular un accidente con la motocicleta para obligar a sus ocupantes a detenerse.

Una vez consiguió que el vehículo parara, el presunto cómplice habría amenazado con un arma de fuego a la hermana de Ramírez y le habría robado una cadena y un celular de alta gama, elementos que, según la investigación, estaban avaluados en siete millones de pesos.

En medio del asalto, el acompañante habría disparado contra el publicista para quitarle sus pertenencias. Tras el ataque, los presuntos responsables escaparon del lugar y dejaron a Ramírez herido. El hombre fue trasladado a un centro asistencial, pero murió al día siguiente debido a la gravedad de las lesiones.

Las labores investigativas permitieron identificar a Yohandri Eduardo Rodríguez Aular como uno de los presuntos implicados en el caso. La Policía Nacional lo capturó en una vía pública del barrio Aranjuez, en Medellín.

Posteriormente, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio, hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas, según el reporte oficial citado en la información suministrada.

Rodríguez Aular no aceptó los cargos y deberá afrontar el proceso judicial privado de la libertad, mientras las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes.

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Aunque la Fiscalía señala al procesado de haber participado en el robo que terminó con la muerte de Esteban Ramírez, será la justicia la encargada de establecer su responsabilidad penal y determinar la participación de las demás personas que habrían intervenido en el hecho.

El caso sigue bajo investigación para esclarecer completamente las circunstancias del homicidio ocurrido en Medellín.

La alerta número 329-2026 fue emitida después de que Opella Healthcare Colombia S. A. S., titular del registro sanitario, verificara las características del producto y notificara la irregularidad al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Según la compañía, el lote original identificado con ese código tenía fecha de vencimiento en julio de 2021, por lo que ya no debería encontrarse disponible en el mercado.

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Una de las principales señales para reconocer la falsificación está en las fechas impresas en la caja. Mientras que el producto original del lote F0537A vencía en julio de 2021, las unidades falsificadas presentan fecha de fabricación de julio de 2023 y vencimiento en julio de 2026. Esa diferencia es uno de los aspectos que deben revisar quienes tengan el medicamento en casa.

También se identificaron cambios visuales entre el empaque original y el señalado como falso. Entre las diferencias reportadas están variaciones en los colores del diseño, el tipo de letra utilizado para el nombre del producto, la ubicación de los textos y el fondo de la caja. Estos detalles pueden ayudar a identificar unidades sospechosas.

La presentación original de Buscapina Compositum NF corresponde a una caja con tres blísteres de 10 tabletas cada uno y cuenta con el registro sanitario INVIMA 2020M-003171-R4, cuyo estado figura como vigente. Sin embargo, esa autorización no respalda la versión falsificada que aparece en la alerta, aunque el empaque pueda mostrar datos similares a los del producto legítimo.

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El Invima precisó que la advertencia se refiere al lote F0537A con las características descritas y no significa que todos los productos de la marca sean falsificados. Si una persona tiene una caja que coincide con las señales reportadas, lo prudente es no consumirla y consultar con un profesional de la salud o con las autoridades sanitarias para recibir orientación.

La hermana de Maicol explicó que el origen de la situación fue un conflicto con otro hermano, quien, de acuerdo con el testimonio recogido por el mismo medio, lo habría sacado de la casa. Desde entonces, no han recibido información que ayude a esclarecer en qué lugar podría estar. Así lo narró la hermana: “Hubo una discusión en la casa con mi otro hermano y pues mi hermano lo sacó y desde ahí no sabemos nada más de él”, expresó al describir los hechos y pedir colaboración de la comunidad para localizarlo.

El caso toma relevancia especial para la familia por las condiciones particulares de Maicol. De acuerdo con la versión de su hermana, aunque el joven cumplió 18 años recientemente, su mentalidad es la de un adolescente de aproximadamente 14 años, lo que podría causarle dificultades para orientarse solo. Además, su perfil personal describe a alguien solitario, que permanece la mayor parte del tiempo en su hogar y que no tiene amigos cercanos ni conocimiento de las calles de Ibagué. Esta combinación de factores hace que la preocupación de los allegados aumente, ya que no sólo ignoran su paradero, sino que temen que esté desorientado y vulnerable.

El Nuevo Día también revela que, el día de la desaparición, Maicol vestía un buzo verde con rayas blancas, una pantaloneta gris y chancletas. Su hermana señaló que ahora su cabello es más largo que el mostrado en las imágenes que la familia ha distribuido para su identificación. Ante la ausencia de pistas y la angustia que esta situación provoca, la familia hace un llamado a la ciudadanía para que, si alguien dispone de información relevante o ha visto al joven, se comunique al número 310 3303001 o avise de inmediato a las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayudar a encontrar a Maicol Steven Lozano Alvira en Ibagué?

Si usted ha visto a Maicol Steven Lozano Alvira o tiene información sobre su posible paradero, puede comunicarse con la familia a través del número 310 3303001 o informar de inmediato a las autoridades. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave para la búsqueda, especialmente considerando las condiciones de vulnerabilidad del joven.

¿Cuáles son las características físicas y de vestimenta de Maicol Steven Lozano Alvira?

Según información de El Nuevo Día y su familia, Maicol Steven Lozano Alvira vestía un buzo verde con rayas blancas, pantaloneta gris y chancletas al momento de su desaparición. Además, actualmente lleva el cabello más largo que en la fotografía utilizada por la familia para difundir su búsqueda. Estos detalles pueden ayudar a identificarlo en caso de un avistamiento.

Sin embargo, algunos episodios aislados marcaron la jornada. En Ibagué, Tolima, cuatro personas fueron detenidas por presuntos actos vandálicos durante enfrentamientos con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), anteriormente conocida como Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). La alcaldesa de la ciudad, Johana Aranda, aseguró que a los capturados se les incautaron armas cortopunzantes y otros objetos, presuntamente utilizados para afectar la infraestructura pública. Aranda explicó que estos procedimientos se efectuaron conforme al Decreto 1525, firmado por el Ejecutivo el día anterior, que establece nuevas directrices frente al manejo de las protestas públicas.

Por otro lado, en Medellín, Antioquia, la mayoría de las protestas ocurrieron de manera pacífica. No obstante, la Policía reportó la detención de un hombre acusado de lanzar objetos a los uniformados durante una confrontación cerca de la Universidad de Antioquia. El alcalde Federico Gutiérrez manifestó que pese a los esfuerzos por mantener el derecho a la protesta, en algunas zonas hubo bloqueos y ataques con objetos contundentes y artefactos improvisados, razón por la cual, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), se ordenó a la Fuerza Pública intervenir para restablecer el orden.

En Bogotá, después de las 7:30 p. m., se escucharon detonaciones en el centro, especialmente cerca del Parque de los Periodistas y el Eje Ambiental, donde la Undmo intervino ante la presencia de un grupo con elementos para fabricar explosivos, según la Secretaría Distrital de Gobierno. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos junto a testigos contradijeron esta versión y señalaron que la intervención policial se realizó durante una manifestación pacífica contra la política gubernamental de fracking.

El monitoreo de la jornada corrió directamente a cargo del mandatario junto con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, desde el PMU. Durante la alocución, De La Espriella destacó la conducta ejemplar de la mayoría de los manifestantes, quienes ejercieron de manera ordenada su legítimo derecho a la protesta, en un contexto en el que regían nuevas reglas tras la expedición del mencionado decreto.

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¿Qué medidas contempla el Decreto 1525 para controlar las protestas en Colombia?

De acuerdo con la información presentada, el Decreto 1525, firmado por el Ejecutivo el 13 de octubre, establece nuevas directrices para el manejo de manifestaciones públicas. Este decreto se aplicó durante las recientes marchas y sirvió de base legal para la intervención de las autoridades y la captura de manifestantes acusados de comportamientos violentos o posesión de armas cortopunzantes. La precisión sobre sus artículos o medidas se encuentra en los reportes de las autoridades, que enfatizan el cumplimiento del nuevo marco normativo durante las detenciones.

¿Qué es la Undmo y cómo intervino en las manifestaciones recientes?

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antes conocida como Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), es un grupo policial encargado de controlar disturbios y mantener el orden durante manifestaciones públicas. En las protestas recientes, la Undmo intervino en ciudades como Ibagué y Bogotá para manejar episodios de violencia y disturbios, efectuando capturas y controlando situaciones consideradas de riesgo para la ciudadanía y la infraestructura pública, según reportes de las autoridades y la Secretaría Distrital de Gobierno.

De acuerdo con la información preliminar, el crimen ocurrió a dos cuadras del parque principal, en la vía de salida hacia el municipio de Rionegro. Tras el ataque, los presuntos responsables habrían huido del lugar con el morral de la víctima.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre el caso a través de su cuenta de X, donde anunció una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita identificar y ubicar a los responsables del homicidio.

“Urge esclarecer este hecho y dar con los asesinos. No podemos normalizar la muerte de los niños; tampoco su vinculación con el crimen”, manifestó el mandatario.

Me reportan el asesinato de un menor de 13 años en El Carmen de Viboral. Los asesinos se habrían llevado su morral. La @PoliciaColombia acordonó la zona. La @GobAntioquia ofrece una recompensa de hasta $200 millones para quienes suministren información. Urge esclarecer este hecho y dar con los asesinos. No podemos normalizar la muerte de los niños; tampoco su vinculación con el crimen. @BGLuisMartinez, @SeguridadAnt.

— Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 15, 2026

Las circunstancias exactas del asesinato son materia de investigación. Aunque la información inicial apunta a un posible hurto, las autoridades deberán establecer cómo ocurrió el ataque e identificar a quienes estarían detrás del crimen.

La recompensa anunciada por la Gobernación busca incentivar la entrega de información que contribuya al esclarecimiento de los hechos y permita avanzar en la búsqueda de los responsables.

El caso vuelve a poner en el centro de la atención la violencia que afecta a menores de edad en el departamento, en medio del llamado de las autoridades a esclarecer lo sucedido.

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El asesinato del niño se convirtió en el segundo homicidio registrado en menos de 12 horas en el oriente antioqueño, según la información conocida. En el municipio de Marinilla, un joven venezolano de 21 años fue víctima de un ataque sicarial mientras se encontraba en una barbería del barrio Cantoncito.

Este crimen interrumpió una racha de 80 días consecutivos sin homicidios en esa localidad, de acuerdo con los datos suministrados. Los dos hechos violentos generaron preocupación en la región, mientras se espera que las investigaciones permitan esclarecer los móviles de los ataques e identificar a los responsables.

Este sector político, identificado claramente en la derecha, anunció el desarrollo de varios proyectos de ley y propuestas de reformas constitucionales, cuyo objetivo central es restringir iniciativas ligadas a los derechos sexuales y reproductivos, así como enfrentar legislativamente las intervenciones médicas de “afirmación de género” para menores de edad. Una de sus banderas es la “Ley Laura”, iniciativa legislativa respaldada por la administración del presidente Abelardo De la Espriella, que busca establecer procesos legales específicos para menores que pretendan acceder a intervenciones médicas relacionadas con la identidad de género. Si bien existe afinidad con el Gobierno, todavía no se ha confirmado respaldo oficial a todos los proyectos, según lo mencionado en los portales consultados.

En un acto oficial realizado en el Capitolio, la bancada resaltó su crecimiento, señalando que pasó de 54 integrantes en el anterior periodo legislativo a 100 en el actual, lo que representa un aumento del 85,2 %. Este avance busca fortalecer la influencia del sector provida sobre la discusión pública y legislativa en Colombia, agregando que cuentan con nuevos aliados políticos y acercamientos con la Casa de Nariño, especialmente en temas donde coinciden prioridades y visiones.

Al mismo tiempo, la administración de De la Espriella ha tomado distancia de ciertos compromisos internacionales al sumarse a instancias que cuestionan el derecho al aborto, como el Consenso de Ginebra, e incluso solicitando a Naciones Unidas apartar a Colombia del concepto de “derechos sexuales y reproductivos”. Según El Espectador, estos movimientos, aunque no tienen efectos jurídicos inmediatos, sí envían un mensaje político claro acerca de la postura del Gobierno y el Congreso respecto a los derechos adquiridos en las últimas décadas. Esto ha generado inquietudes en organizaciones defensoras de derechos humanos, que observan con atención el impacto potencial de estas reformas y mensajes políticos.

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¿Qué propuestas impulsa la bancada provida en el Congreso de Colombia?

La bancada provida trabaja en un paquete de proyectos de ley y reformas constitucionales enfocados en restringir derechos sexuales y reproductivos y oponerse a la legislación sobre identidad y afirmación de género para menores de edad. Entre sus iniciativas más relevantes está la “Ley Laura”, que busca establecer procedimientos legales para quienes deseen acceder a intervenciones médicas de afirmación de género estando en la adolescencia, de acuerdo con lo informado por El Espectador.

¿Qué implica la adhesión de Colombia al Consenso de Ginebra sobre derechos reproductivos?

La adhesión de Colombia al Consenso de Ginebra refleja un distanciamiento de la política internacional que reconoce el derecho al aborto y los derechos sexuales y reproductivos. Aunque esta acción no tiene efectos jurídicos inmediatos en el país, según lo reportado por El Espectador, sí constituye un mensaje político sobre cómo el Gobierno de Abelardo de la Espriella aborda estos temas y podría influenciar debates futuros en torno a estos derechos.

Reveló que entregó a la Fiscalía información que podría contribuir a esclarecer quiénes estuvieron detrás del crimen ocurrido el 7 de junio de 2025.

Según Tarazona, antes del atentado recibió mensajes que advertían sobre un posible plan contra Uribe Turbay y otros integrantes del Centro Democrático. Entre los elementos entregados a las autoridades habría nombres, fotografías y conversaciones.

Uno de los mensajes señalaba que el dinero habría salido de Venezuela y la orden del Congreso. Sin embargo, aclaró que corresponde a la Fiscalía verificar la veracidad de esa información.

Las declaraciones generaron reacciones políticas. El senador Hernán Cadavid pidió investigar la denuncia, mientras que el presidente del Senado, Honorio Henríquez, solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, esclarecer los hechos.

El expresidente Álvaro Uribe también pidió protección para Tarazona y avances en la investigación.

El expediente ya registra siete condenas contra participantes del atentado. Además, un testimonio señaló a la Segunda Marquetalia como posible responsable de impartir la orden y mencionó a alias ‘Zarco Aldinever’.

La Fiscalía emitió órdenes de captura contra siete integrantes de esa organización, incluidos alias ‘Iván Márquez’ y ‘Jhon 40’, quienes aún no han sido capturados. La investigación continúa para identificar a los autores intelectuales.

María Claudia Tarazona leyó mensaje que le mandaron sobre atentado a Miguel Uribe

Ella leyó en Blu Radio el mensaje completo que le mandaron desde Caquetá dos meses antes del atentado. Ahí le decían que fue desde el Senado que ordenaron el ataque contra Miguel Uribe Turbay.

“Voy a leer el chat: ‘Ese malparido de ‘Marcos Calarcá’ está organizando ocho comandos para hacer el atentado. Me lo dijo una fuente confiable. Por eso he intentado comunicarme con usted. La orden salió del Senado. Mi informante está allá dentro y me lo dice, por eso le digo a usted para que tengan cuidado’”, detalló.

Asimismo, ese contacto le escribió de nuevo tras el ataque. “’¿Dónde putas estaba el esquema de Miguel? Se los dije, que lo iban a matar’”, concluyó ella leyendo el mensaje.

Este trágico suceso motivó la intervención inmediata de las autoridades, que atendieron la escena del crimen y dieron inicio a las diligencias de investigación necesarias para identificar tanto a los autores materiales del hecho como las razones detrás de este ataque. El esclarecimiento del homicidio de Bryan Rangel Saavedra se ha convertido en una prioridad para la administración y los organismos de control.

La reacción oficial no se hizo esperar. El presidente Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta en la red social X, rechazó públicamente el asesinato del funcionario. En sus palabras, expresó: “La sangre derramada por los violentos de nuestros soldados, policías y guardias no quedará en la impunidad”. Además, se comprometió con que los responsables serán encontrados y deberán rendir cuentas ante la justicia. De la Espriella reafirmó, además, su respaldo a los integrantes de la Fuerza Pública y a quienes desempeñan roles para la protección de los ciudadanos.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) también manifestó su pesar por la pérdida de Rangel Saavedra y extendió su solidaridad tanto a la familia del dragoneante como a sus compañeros de labor. Por otro lado, esta muerte se suma a una reciente ola de ataques violentos contra funcionarios penitenciarios. Cabe recordar que el sábado 10 de octubre, dos dragoneantes de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, igualmente fueron atacados con armas de fuego y debieron ser atendidos en un centro médico. Este contexto ha generado alarma entre organizaciones del sector, que han advertido sobre amenazas constantes hacia el personal del INPEC.

Mientras avanzan las investigaciones por el asesinato de Bryan Rangel Saavedra, queda la expectativa sobre el esclarecimiento definitivo del hecho y la identificación de los responsables, aspectos clave para la seguridad y tranquilidad de los funcionarios penitenciarios en el país.

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¿Por qué fue asesinado Bryan Rangel Saavedra en Cúcuta?

Hasta el momento, la investigación en curso no ha determinado las razones detrás del ataque que costó la vida al dragoneante Bryan Rangel Saavedra en Cúcuta, según la información disponible. Las autoridades trabajan para establecer los móviles y responsables del hecho, mientras diversas organizaciones han advertido sobre amenazas que enfrenta el personal penitenciario.

¿Qué significa dragoneante y cuál es su función en el INPEC?

Dragoneante es un grado dentro de la estructura de vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), entidad encargada de la custodia de los centros penitenciarios en Colombia. Los dragoneantes desempeñan tareas de seguridad, supervisión y control de reclusos dentro de estos establecimientos.

La liberación de Tafur y Mauricio fue confirmada por Leidy Juliet Torres, abogada defensora de ambos jóvenes. Torres fue enfática al cuestionar el desarrollo de los procedimientos policiales, señalando presuntas irregularidades en el proceso. Según sus declaraciones, estos hechos motivarán la presentación formal de denuncias antes las autoridades competentes. Torres explicó: "Hoy la libertad obedece precisamente a estos procedimientos irregulares", refiriéndose a los motivos legales que motivaron la excarcelación de sus representados.

En su versión de los acontecimientos, la defensora indicó que Paula Alejandra Tafur se encontraba desempeñando labores periodísticas cuando ocurrió la detención, y denunció que la joven había sido víctima de supuestos abusos de autoridad por parte de los uniformados responsables del procedimiento. Además, enfatizó que las circunstancias específicas de la captura serán revisadas detalladamente, con el propósito de demostrar los señalamientos hechos en el desarrollo de la investigación judicial.

A pesar de que ambos estudiantes fueron liberados, los procesos judiciales en su contra continúan abiertos. Torres aclaró que tanto Tafur como Mauricio permanecen vinculados a la investigación y que la defensa buscará que sus procesos lleguen a ser archivados —una figura conocida como preclusión— siempre y cuando se cumplan los requisitos legales necesarios.

La noticia de la liberación se conoció después de que varios compañeros de Paula Alejandra Tafur expresaran sus inquietudes por el procedimiento de detención, denunciando presuntas agresiones y exigiendo una aclaración sobre las causas de su arresto. Según la información expuesta, todas las responsabilidades y las condiciones en las que se produjeron las detenciones deberán establecerse a través del proceso judicial correspondiente, el cual será el encargado de determinar la validez de las acusaciones y esclarecer los hechos.

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¿Por qué liberaron a Paula Alejandra Tafur y Carlos Mauricio tras los disturbios en Ibagué?

Según la abogada Leidy Juliet Torres, la libertad de Paula Alejandra Tafur y Carlos Mauricio se debió a la existencia de presuntas irregularidades en los procedimientos policiales con los que se llevaron a cabo sus capturas. Estos hechos llevaron a las autoridades a reconsiderar su detención mientras avanzan las investigaciones pertinentes.

¿Qué significa 'preclusión' en un proceso judicial como el de Paula Tafur?

‘Preclusión’ en términos legales implica que un proceso judicial puede cerrarse antes de llegar a juicio, normalmente porque se determina que no existen pruebas suficientes o no hay mérito para continuar con las acusaciones. En el caso de Paula Alejandra Tafur, la defensa espera que, si cumple los requisitos, la investigación contra ella pueda ser archivada mediante este mecanismo.

En el municipio, también se registró el traslado de dos personas a centros asistenciales; sin embargo, las autoridades no han detallado la gravedad de las lesiones que presentan estas personas. Las lluvias provocaron inundaciones en puntos estratégicos como la zona industrial de Cazucá y el sector de La Capilla, obstaculizando la circulación en varias calles y dificultando la movilidad de los habitantes. Un punto particularmente crítico fue la Autopista Sur, a la altura de Terreros, donde los represamientos afectaron de manera considerable el flujo vehicular.

Ante este panorama, equipos especializados y maquinaria fueron desplegados para intervenir los desarenadores de La Novena, La Capilla y El Barreno. Según explicó el alcalde, estas acciones buscan mejorar el drenaje mediante la remoción de materiales arrastrados por las lluvias, con el fin de garantizar la seguridad de los residentes y permitir el restablecimiento del tránsito. Además, los organismos de socorro se mantienen activos recorriendo los sectores afectados, realizando censos y valorando daños en viviendas para identificar familias que requieran apoyo inmediato.

La emergencia climática también afectó a Funza, donde un vendaval causó la caída de árboles, postes y cables, así como daños en cubiertas y vidrios, especialmente en los barrios Samarkanda y Serrezuelita. El coliseo municipal fue uno de los espacios más afectados, y hasta el momento, la Alcaldía y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo siguen adelantando un censo para determinar el número total de personas y viviendas perjudicadas.

En otros puntos de Cundinamarca, como Cota y Lenguazaque, también se presentaron consecuencias por las precipitaciones. Familias en el sector del cerro Manjuy, en Cota, reportaron daños en techos y filtraciones, mientras que, en Lenguazaque, las autoridades atendieron una inundación en el sector del Parque de la Virgen y aún evalúan el impacto en viviendas.

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD) mantiene comunicación con todos los municipios para coordinar la respuesta ante las emergencias. La entidad recomienda a la ciudadanía evitar el contacto con cables y postes caídos, así como la manipulación de redes eléctricas. Las labores de censo, inspección y restauración de la movilidad continúan en los municipios afectados, según la información de El Espectador.

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¿Qué municipios de Cundinamarca fueron los más afectados por las lluvias del 14 de octubre?

De acuerdo con los reportes citados por El Espectador, Soacha, Funza, Cota y Lenguazaque fueron los municipios más afectados por las lluvias y vendavales registrados el 14 de octubre. Soacha enfrentó la situación más grave con el fallecimiento de una persona y daños a la infraestructura vial y viviendas. Funza también reportó serias afectaciones, como caídas de árboles y daños en el coliseo municipal, mientras que en Cota y Lenguazaque se reportaron inundaciones y daños en viviendas, respectivamente.

¿Qué acciones recomendó la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD) tras la emergencia?

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD) recomendó a la población evitar acercarse a estructuras y redes eléctricas dañadas, así como limitar el tránsito por las zonas afectadas. La entidad enfatizó la importancia de esperar la atención de los organismos de emergencia y no realizar manipulaciones riesgosas en los lugares donde se presentaron daños, según el informe de El Espectador.

La Procuraduría General de la Nación emitió un fallo disciplinario de primera instancia de carácter contundente en contra de Jorge Daniel Montenegro Torres, quien ejercía funciones como auxiliar administrativo en la División de Bibliotecas de la sede principal de la Universidad Nacional de Colombia. La autoridad disciplinaria determinó sancionar al servidor público con la destitución inmediata de su cargo e imponerle una inhabilidad general por un periodo de diez años para ejercer funciones o contratar con el Estado, tras comprobarse que incurrió de forma reiterada en conductas constitutivas de acoso y maltrato laboral.

Según la investigación adelantada por el órgano de control institucional, Montenegro Torres utilizó las herramientas de comunicación oficiales de la entidad para emitir acusaciones con expresiones ultrajantes, injuriosas e irrespetuosas. El fallo corroboró que el disciplinado envió múltiples correos electrónicos masivos dirigidos a diferentes usuarios de la comunidad universitaria, cargados de insultos despectivos dirigidos especialmente contra una funcionaria de la institución educativa. La Procuraduría verificó que los ataques vulneraron abiertamente los principios éticos y de respeto que rigen la función pública en el país.

El organismo de control enfatizó en su pronunciamiento que las agresiones verbales y escritas cometidas por el servidor público no solo configuraron injuria y calumnia, sino que constituyeron actos explícitos de violencia de género, atentando directamente contra el buen nombre, la integridad moral y la dignidad de la mujer afectada. Ante la gravedad sistemática de los hechos y la intencionalidad manifiesta del agresor, el Ministerio Público calificó la falta disciplinaria cometida por Montenegro Torres como gravísima, atribuida a título de dolo.

La decisión administrativa recuerda que, según lo establecido en el Código General Disciplinario nacional, todo servidor público tiene la obligación estricta de tratar con absoluta rectitud, imparcialidad y respeto a todas las personas con las que se relacione en el ejercicio de sus funciones. La normativa prohíbe tajantemente la ejecución de actos de violencia, amenazas, injurias o calumnias de hecho o de palabra contra superiores, subalternos o compañeros de trabajo. Con esta decisión, el ente de control sienta un precedente categórico para erradicar la violencia de género y el hostigamiento laboral en las instituciones educativas públicas de Colombia.

La emergencia no solo impactó a los residentes locales, sino también a los viajeros provenientes del Tolima que transitan hacia la capital, ya que la Autopista Sur es una de las principales vías de acceso a Bogotá. Durante el episodio, varios vehículos quedaron atrapados en medio del agua, afectando especialmente a motociclistas y ciclistas, según lo informado para el sector de Terreros. Esta circunstancia generó angustia entre los conductores y pasajeros, quienes se vieron forzados a esperar la intervención de las autoridades y los organismos de rescate.

Ante la gravedad de las inundaciones, TransMilenio, el sistema de transporte masivo de la capital, anunció el cierre preventivo de la estación San Mateo en sentido occidente-oriente, junto con la suspensión temporal de la ruta circular San Mateo. Estos cierres dificultaron aún más la movilidad en el corredor y generaron congestiones en ambos sentidos de la Autopista Sur, impactando el acceso y salida de Soacha. Frente a esta situación, las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores tomar rutas alternas, como la avenida Centenario, dependiendo de las condiciones y los reportes actualizados.

En medio de la emergencia, la recomendación principal para los viajeros, especialmente quienes salen desde Tolima con destino a Bogotá, es consultar siempre los reportes oficiales de tránsito antes de emprender el viaje. Las condiciones en el corredor pueden variar rápidamente mientras se desarrollan las labores de atención y normalización. Según las fuentes citadas, mantenerse informado es clave para evitar contratiempos y garantizar la seguridad en la vía.

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¿Qué rutas alternas se recomendaron tras las inundaciones en Soacha?

Según los reportes de las autoridades citados en el texto, se sugirió a los conductores que consideraran la avenida Centenario como alternativa ante las dificultades de movilidad en la Autopista Sur, especialmente mientras se atendían las afectaciones y se restablecía el tránsito habitual.

¿Por qué es importante consultar reportes oficiales de tránsito antes de viajar entre Tolima y Bogotá?

En casos de emergencias como las inundaciones ocurridas en Soacha, consultar los reportes oficiales de tránsito permite a los conductores saber el estado real de las vías, identificar cierres o restricciones y escoger rutas más seguras, reduciendo así riesgos y retrasos durante el viaje.

La emergencia ocasionada por el terremoto provocó la suspensión inicial del festival y obligó a modificar tanto la programación como la sede de los eventos. Gómez explicó a El Espectador que aproximadamente el 90 % de los lugares originalmente elegidos para las actividades del festival presentaron daños que impidieron su uso, lo que llevó a la reubicación de las principales actividades en el Teatro de la Cámara de Comercio de Pereira. La entrada a los eventos mantiene su carácter abierto y gratuito, con la intención de reunir a la comunidad en un entorno de solidaridad y creatividad.

La programación contará con la presencia de poetas de España, México, Uruguay, Costa Rica, Cuba y Colombia. Pese a que algunos de los invitados internacionales no podrán viajar a Pereira, la lista de confirmados incluye a Gustavo Wojciechowski (Uruguay), David Mañero Lozano y Beatriz Aragón (España), Margarito Cuellar (México), Monthia Sancho y Carlos Villalobos (Costa Rica), Ketty Blanco (Cuba), y representantes colombianos como Jhonattan Arredondo, Alejandro Velásquez León y Mary Grueso.

Uno de los enfoques principales para esta edición es el homenaje a la ciudad de Pereira y la inclusión de un mayor número de poetas locales, como una manera de hacer frente al impacto emocional que dejó el terremoto, y reconstruir la comunidad a través de la poesía. Además, según El Espectador, el festival llegará a diez colegios de Pereira con actividades dirigidas a estudiantes, ampliando así su impacto a las comunidades educativas y descentralizando los espacios habituales del evento.

Para la organización, la realización del festival representa un paso significativo hacia la reactivación de la vida cultural de Pereira, invitando a los habitantes a reencontrarse y superar el golpe sufrido, desde la literatura y el arte.

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¿Qué impacto tiene el Festival Luna de Locos en la recuperación cultural de Pereira tras el terremoto?

El Festival Internacional de Poesía Luna de Locos representa una oportunidad para que Pereira recupere sus espacios culturales y favorezca la reunión de sus habitantes tras las pérdidas y la crisis causadas por el terremoto. De acuerdo con El Espectador, el festival busca reconstruir el tejido social local, generando puntos de encuentro y permitiendo a la comunidad procesar el duelo y la tristeza a través de la poesía.

¿Quiénes son los poetas invitados al Festival Internacional de Poesía Luna de Locos 2023 en Pereira?

Entre los poetas confirmados para el festival están Gustavo Wojciechowski de Uruguay, David Mañero Lozano y Beatriz Aragón de España, Margarito Cuellar de México, Monthia Sancho y Carlos Villalobos de Costa Rica, Ketty Blanco de Cuba, junto con los colombianos Jhonattan Arredondo, Alejandro Velásquez León y Mary Grueso, ofreciendo una nutrida representación nacional e internacional.

La situación se tornó aún más crítica cuando la iglesia recibió el sticker rojo, una señalización destinada a advertir sobre el alto riesgo estructural de la edificación. Según explicó el padre Jairo Gómez, la alcaldía prohibió el ingreso total al templo tras una evaluación más exhaustiva que detectó nuevas afectaciones tanto en las columnas como en la estructura metálica que las refuerza. Inicialmente, todavía se permitía el acceso limitado de personas por la nave central, pero posteriormente se clausuró en su totalidad. Actualmente, no se celebran ceremonias religiosas ni actividades comunitarias en el lugar.

Noticiero 90 Minutos detalla que, entre los sectores con mayores daños, se encuentran las columnas que soportan el arco y las paredes donde están los vitrales, particularmente en el área contigua al parque y detrás del presbiterio (zona del altar principal). Debido al grado de afectación y la magnitud de la inversión necesaria, la iglesia no cuenta con recursos propios suficientes para adelantar las reparaciones, por lo cual la comunidad se ha movilizado para buscar donaciones. Como parte de estas acciones, el próximo 3 de diciembre se tiene programado un concierto de oración y alabanza, dentro del cual participará el artista católico John Carlo, quien visita Colombia desde Estados Unidos.

La iglesia del Templete no es la única edificación religiosa afectada por el terremoto del 10 de agosto, puesto que forma parte de un grupo de 21 templos de Cali que sufrieron daños similares. Sin embargo, la gravedad de su situación la ha convertido en símbolo de los retos que enfrenta la ciudad para recuperar su patrimonio arquitectónico y religioso tras la emergencia. Mientras se recolectan los fondos necesarios, el templo permanece cerrado y sin actividades litúrgicas, a la espera de que puedan adelantarse las intervenciones requeridas para su recuperación.

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¿Cuáles son los daños estructurales que impiden la reapertura de la iglesia del Templete en Cali?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, los principales daños de la iglesia del Templete se concentran en las columnas que sostienen la cúpula, las bases de la estructura y varias paredes con vitrales. Estas afectaciones ponen en riesgo la estabilidad total del edificio, razón por la que el acceso permanece prohibido por instrucción de la alcaldía hasta que se realicen las reparaciones correspondientes.

¿Cómo avanza la recolección de fondos para la reconstrucción de la iglesia del Templete?

Actualmente, la comunidad religiosa impulsa actividades para recolectar donaciones y cubrir los cerca de $2.500 millones que se necesitan para restaurar la iglesia. El evento más relevante será un concierto de oración y alabanza programado para el 3 de diciembre, en el que participará el artista católico John Carlo. La iniciativa busca comprometer a la comunidad local y obtener los recursos para iniciar las obras.

De acuerdo con la información oficial suministrada por la Policía Metropolitana de Popayán y los cuerpos de emergencia, el automotor implicado era un autobús de dos pisos perteneciente a la empresa Panamericana, el cual cubría una ruta internacional procedente de Ecuador. La unidad de transporte se desplazaba con total normalidad transportando a decenas de pasajeros, en su mayoría turistas y familias que retornaban a sus destinos tras cumplir con diversas actividades de tránsito fronterizo. Sin embargo, hacia la medianoche, al aproximarse al sector conocido como El Manzano, la tranquilidad del trayecto se vio abruptamente interrumpida por la acción criminal.

Cuatro sujetos fuertemente armados salieron repentinamente de la espesa maleza apostada a los costados de la carretera Panamericana. Los delincuentes se abalanzaron sobre el pavimento realizando ráfagas de disparos al aire y señales perentorias con el objetivo inequívoco de obligar al conductor a detener la marcha para perpetrar un asalto masivo contra los ocupantes. Ante la inminente amenaza y en un acto desesperado por salvaguardar la vida de los pasajeros y evadir el atraco, el conductor optó por acelerar y continuar su camino. La respuesta de los asaltantes fue inmediata y despiadada: abrieron fuego de manera indiscriminada contra el parabrisas y la carrocería del bus en movimiento.

Los múltiples impactos de bala, sumados a la alta velocidad de la maniobra evasiva en medio de una zona de curvas complejas y pronunciadas, provocaron que el conductor perdiera el control del pesado vehículo intermunicipal. El autobús se salió por completo de la calzada, sufrió un violento volcamiento sobre su costado izquierdo y terminó precipitándose al vacío hacia un abismo ubicado a un lado de la vía. La fuerza del impacto y las volteretas del automotor causaron la muerte instantánea de cuatro ocupantes, identificados preliminarmente por criminalística como dos mujeres adultas, un hombre adulto y un menor de edad, cuyas identidades exactas están siendo corroboradas por Medicina Legal.

La emergencia movilizó un masivo y rápido despliegue de unidades del Cuerpo de Bomberos de Timbío, Rosas y Popayán, respaldados por una caravana de ambulancias que laboró sin tregua durante toda la madrugada para rescatar a los 56 pasajeros heridos, entre quienes se encuentran menores de edad y ciudadanos extranjeros. Los afectados fueron remitidos de urgencia a centros asistenciales de Popayán, donde varios permanecen bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de sus politraumatismos. Entre tanto, el Ejército Nacional y la Policía de Carreteras desplegaron un fuerte operativo de control territorial en la zona para dar con el paradero de los cuatro criminales que huyeron aprovechando la oscuridad de la noche boscosa del Cauca.

El contexto en el que se dio el procedimiento policial es clave para comprender la controversia. Compañeros de la estudiante denunciaron presuntos excesos por parte de los agentes encargados, asegurando que Tafur estaba cubriendo la movilización y tomando fotografías cuando, accidentalmente, golpeó una motocicleta oficial. De acuerdo con sus testimonios, varios uniformados reaccionaron con fuerza, sujetando del cuello a la joven, arrojándola al suelo y retirándola del lugar. Estas declaraciones suscitaron alarma entre los estudiantes y colectivos sociales, quienes exigieron esclarecer los pormenores del procedimiento y verificar el respeto por los derechos de la detenida.

En respuesta a las denuncias, Rojas insistió que la actuación de las autoridades se basó en registros de video. No obstante, las explicaciones entregadas hasta el momento no han logrado disipar las dudas ni conciliar la versión oficial con las vivencias relatadas por los próximos a Tafur, dejando vigente la diferencia de versiones sobre lo sucedido.

El hecho se inscribe en una jornada de enfrentamientos que culminó con la intervención de la fuerza pública y el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Tras conocerse la detención, allegados a la estudiante convocaron una reunión frente al Palacio de Justicia de Ibagué para acompañarla durante el proceso judicial, en el que se esperaba conocer si habría una imputación formal de cargos. Por ahora, aún está pendiente la confirmación oficial sobre el avance de la diligencia y la situación legal de Paula Tafur, mientras familiares y amigos piden mayor claridad respecto a la conducta policial y las razones de la detención.

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¿Por qué fue detenida Paula Tafur durante los disturbios en Ibagué?

De acuerdo con declaraciones del secretario de Gobierno de Ibagué, John Jairo Rojas, Paula Tafur fue detenida por un presunto ataque a un patrullero durante los disturbios en el parque Manuel Murillo Toro. Las versiones oficiales señalan que este hecho motivó su captura, aunque aún no se han detallado las circunstancias exactas del supuesto ataque ni de la intervención policial, algo que ha alimentado cuestionamientos por parte de sus compañeros universitarios.

¿Qué diferencias existen entre la versión oficial y los testimonios de los compañeros de Paula Tafur?

La versión oficial, según el secretario de Gobierno, indica que la detención de Tafur se basó en registros de video tras un presunto ataque a un uniformado. Por otro lado, los compañeros y cercanos a la estudiante aseguran que ella solo habría golpeado una motocicleta policial de manera accidental mientras tomaba fotos, y denunciaron que la reacción de los agentes fue desproporcionada y violenta. Estas posturas opuestas reflejan la necesidad de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y si se respetaron los derechos de la estudiante.

En esta edición de los premios, el Ágora Bogotá Convention Center fue galardonado como el principal centro de reuniones y conferencias de Sudamérica en 2026, lo que evidencia su capacidad para ser anfitrión de eventos de gran escala, tales como congresos, convenciones y encuentros del mundo empresarial, tanto a nivel regional como internacional. Este reconocimiento pone en valor la infraestructura de Bogotá orientada al turismo de negocios, un segmento fundamental para la economía local.

Por otro lado, el JW Marriott Hotel Bogotá fue distinguido como el principal hotel de conferencias de Colombia para 2026. Este premio destaca la idoneidad de Bogotá para recibir ejecutivos, emprendedores y corporaciones que buscan espacios modernos y eficientes para sus actividades profesionales. Dicho aspecto ayuda a posicionar la ciudad como un epicentro para la realización de eventos corporativos de relevancia nacional e internacional, según el informe del portal bogota.gov.co.

La hotelería capitalina también sobresalió en categorías orientadas al turismo de placer y experiencias exclusivas. El Hotel 101 Park House fue reconocido como el hotel boutique líder de Sudamérica 2026, mientras que el B.O.G. Hotel ganó el premio al hotel de diseño líder de la región. Estas distinciones reflejan la variedad de opciones que tiene Bogotá, desde propuestas de alojamiento personalizadas hasta conceptos enfocados en la innovación y el diseño contemporáneo.

La relevancia de Colombia también se extendió a otros destinos en los World Travel Awards de 2026. Cartagena de Indias fue reconocida como destino líder para lunas de miel en Sudamérica, y el Sofitel Legend Santa Clara Cartagena se llevó los premios a mejor hotel y mejor hotel patrimonial de la región. Además, Boyacá recibió el reconocimiento como destino regional líder y Colombia fue destacada como la mejor opción de la zona para viajes de jóvenes. En el aspecto empresarial, Aviatur fue elegida como la mejor empresa de gestión de viajes de Sudamérica y Greater Medellín Convention & Visitors Bureau como la entidad líder en promoción turística de ciudad.

Estos premios muestran la diversidad y solidez de la oferta turística de Bogotá y Colombia, abarcando desde servicios de primer nivel orientados a grandes eventos, hasta experiencias de viaje personalizadas y culturales para diferentes perfiles de visitante, de acuerdo con la información presentada por bogota.gov.co.

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¿Cuáles fueron los hoteles y centros de eventos reconocidos de Bogotá en los World Travel Awards 2026?

De acuerdo con información de bogota.gov.co, el Ágora Bogotá Convention Center fue premiado como el principal centro de reuniones y conferencias de Sudamérica en 2026. El JW Marriott Hotel Bogotá recibió el reconocimiento al mejor hotel de conferencias de Colombia, mientras que el Hotel 101 Park House fue distinguido como hotel boutique líder de Sudamérica y el B.O.G. Hotel obtuvo el premio al hotel de diseño líder en la región.

¿Qué son los World Travel Awards y cómo benefician a Bogotá y Colombia?

Los World Travel Awards son premios que reconocen la excelencia en la industria turística en diversas categorías a nivel regional y nacional. Según bogota.gov.co, estos galardones permiten visibilizar la diversidad de destinos y servicios, fortaleciendo la competitividad turística de Bogotá y de Colombia en el panorama internacional.

Según Emcali, la suspensión programada del servicio busca atender necesidades técnicas y mejorar la calidad de la infraestructura en sectores específicos, los cuales han sido identificados a partir de revisiones internas. Esta intervención implica que varias zonas no contarán con agua potable durante el tiempo que duren las maniobras, aunque no se especificó la duración de los trabajos en el comunicado entregado por la empresa.

Los barrios afectados por esta suspensión, de acuerdo con la lista publicada por Emcali, son: El Troncal (calle 33 A # 8 A 26), Aguablanca (carrera 26 # 26 B 66), Vipasa (avenida 3 CN # 40 - 166), Mojica (calle 84 # 28 D4 -10), Lleras Camargo (calle 13 Oeste # 50 D 15), Siloé – sector La Capilla (calle 10 Oeste con carrera 50 D), Ciudad Pacífica (calle 48 con carrera 122), Salomia (carrera 4 E # 46 Bis 37) y Promociones Populares (carrera 26 I # 89 - 48). Además, se destaca un trabajo especial en el barrio Pance, pues allí se llevará a cabo el "empate de tubería", término que en el contexto de acueducto hace referencia a la unión de dos o más tramos de tubería, proceso fundamental para la expansión o optimización de las redes.

Emcali reitera que estas acciones de mantenimiento y mejora son necesarias para brindar un servicio constante y de calidad, invitando a los ciudadanos de los barrios afectados a tomar las precauciones necesarias durante las horas de suspensión.

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¿Cuáles barrios de Cali tendrán corte de agua por las obras de Emcali?

De acuerdo con la información revelada por Emcali, los barrios que experimentarán suspensión del servicio de agua potable son El Troncal, Aguablanca, Vipasa, Mojica, Lleras Camargo, Siloé - sector La Capilla, Ciudad Pacífica, Salomia y Promociones Populares. En el sector de Pance se realizará una intervención especial para el empate de tubería.

¿Por qué se realizan trabajos de empate de tubería en el acueducto?

El "empate de tubería" se refiere al proceso de conectar dos tramos de tubería dentro de la red de acueducto. Esta labor es crucial para garantizar la continuidad y optimización del servicio, permitiendo ampliar la cobertura del suministro de agua o realizar mejoras necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema.

Durante esta sesión, se anticiparon posibles movilizaciones para el 24 de noviembre, fecha que marca una década desde la firma de los acuerdos en el Teatro Colón de Bogotá. En ese contexto, el funcionario de la administración de Abelardo de la Espriella advirtió sobre las dificultades financieras que enfrenta el Estado. Indicó que la administración anterior ejecutó el 80 % del Plan Operativo Anual de Inversiones (Poai), lo que deja al gobierno sin recursos suficientes incluso para cubrir la nómina hasta diciembre.

El epicentro del debate en el Capitolio giró en torno a los ajustes presupuestales previstos para las entidades creadas tras el Acuerdo. Mientras la oposición insiste en la necesidad de fortalecerlas y protegerlas, el oficialismo fundamenta los recortes en la crisis fiscal y el elevado endeudamiento heredado, tal como expresó el senador Santiago Barreto del Partido Conservador. Por otro lado, voces como la del senador David Racero, del Pacto Histórico, defendieron la importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional y la Reforma Rural Integral.

Carolina Corcho, legisladora de la misma colectividad de izquierda, se sumó a las críticas por los recortes al presupuesto de la JEP, señalando que esta justicia transicional enfrenta presiones tanto presupuestales como políticas. Manifestaciones de apoyo, como el plantón reciente frente a la sede de la JEP, refuerzan la relevancia del debate. En el trasfondo, el expresidente Juan Manuel Santos ha abogado por el fortalecimiento y la financiación plena de las entidades derivadas del Acuerdo de Paz, mientras la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha hecho llamados de atención sobre varios puntos críticos pendientes en la implementación.

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¿Por qué se discute la financiación de las entidades creadas por el Acuerdo de Paz en Colombia?

La discusión sobre la financiación de entidades creadas con el Acuerdo de Paz surge del choque entre los ajustes fiscales que impulsa el actual gobierno y la defensa de estos organismos, considerados esenciales para cumplir los objetivos de la paz establecida en 2016. De acuerdo con lo expuesto en la Comisión Legal de Paz y citado por El Espectador, la falta de recursos adecuados amenaza la operatividad de instituciones clave como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) e impulsa debates políticos y sociales respecto al compromiso estatal con la implementación del acuerdo.

¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por qué su presupuesto genera debate?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un órgano de justicia transicional creado tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Su función es investigar, juzgar y sancionar los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado. Según las intervenciones recogidas en la sesión del Capitolio, el presupuesto de la JEP es motivo de controversia porque sectores oficialistas consideran que representa un “derroche” y favorece la “impunidad”, mientras que la oposición y otras voces defienden la necesidad de su financiación para garantizar el cumplimiento efectivo del proceso de paz.

De acuerdo con la declaración de Rojas, las investigaciones están centradas principalmente en presuntos daños a bienes públicos y agresiones contra la autoridad. Sin embargo, especificó que las cuatro personas involucradas no comparten la misma situación jurídica. "Hay dos capturados y los otros dos individualizados", expresó el funcionario, aclarando la diferencia entre ambas condiciones. A las personas individualizadas se les encontraron radios de comunicación, máscaras, ropa de cambio y aerosoles, objetos que serán considerados en el proceso de investigación criminal. Rojas señaló que estos elementos, junto con los vídeos registrados por las cámaras de seguridad, serán utilizados para determinar quiénes participaron en los eventos violentos y actos de vandalismo.

En cuanto a los capturados, el funcionario argumentó que su identificación ocurrió durante los disturbios, ya que algunos de los participantes portaban cuchillos y machetes mientras presuntamente atacaban a miembros de la Policía. El secretario fue enfático al describir las imágenes recogidas y los comportamientos que, según él, justificaron la intervención de la Fuerza Pública en el parque.

La intervención, indicó Rojas, estuvo fundamentada en la observación de personas encapuchadas causando daños en el parque Manuel Murillo Toro. El monitoreo se realizó desde el puesto de mando unificado, con participación de la Policía, la Administración municipal y otras entidades como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Según el balance, antes de autorizar la intervención se hizo seguimiento al recorrido de la movilización con sobrevuelos y cámaras, además de reportar grafitis en el colegio San Simón. El funcionario subrayó que las autoridades procuran equilibrar el derecho a la protesta con la protección de bienes públicos y la integridad de los ciudadanos. Por eso, recalcó que es deber de la administración garantizar manifestaciones tranquilas, pero también intervenir si hay hechos violentos, una decisión tomada en consenso con el puesto de mando unificado.

El proceso de investigación seguirá su curso para precisar responsabilidades y determinar la situación jurídica de cada una de las personas implicadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron detenidas cuatro personas tras disturbios en el parque Manuel Murillo Toro de Ibagué?

Las detenciones y la individualización de cuatro personas se efectuaron por supuestos daños a bienes públicos y presuntas agresiones a la autoridad durante los disturbios que siguieron a una movilización en el centro de Ibagué, según lo informado por el secretario de Gobierno, general John Jairo Rojas. Los procesos legales aún deberán esclarecer la responsabilidad individual de cada implicado.

¿Qué implica ser individualizado en una investigación por disturbios?

Ser individualizado, según la autoridad presentada en el reporte, significa que la persona está identificada y vinculada a la investigación, aunque no necesariamente detenida. Incluye el hallazgo de objetos como radios de comunicación, máscaras, ropa para cambio y aerosoles, que serán evaluados dentro del proceso por su presunta relación con los hechos investigados.

Esta decisión fue comunicada formalmente al coronel Feria hace tan solo 24 horas y se da en un contexto marcado por procesos judiciales alrededor de figuras cercanas a la Presidencia. Hace aproximadamente un mes, la Fiscalía General de la Nación imputó a Laura Sarabia por los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso, cargos que Sarabia no aceptó. Los hechos estarían relacionados directamente con el polémico episodio del polígrafo realizado a la extrabajadora doméstica en la residencia de la asesora presidencial.

El proceso judicial respecto al uso del polígrafo a la exniñera aún se encuentra en una etapa de definición clave: se está evaluando un posible conflicto jurisdiccional para determinar si el caso en contra del coronel Feria debe mantenerse en la justicia ordinaria o trasladarse a la justicia penal. Este detalle es fundamental para el avance de las investigaciones y para establecer la competencia que dará trámite al expediente del uniformado.

La salida de Feria, articulada por decisiones del gobierno bajo la dirección de Abelardo de la Espriella y ejecutada a través del Ministerio de Defensa, evidencia los efectos administrativos y judiciales que asumen los involucrados en situaciones controvertidas dentro de altos niveles del Estado, especialmente aquellas que involucran posibles transgresiones de índole penal y disciplinaria.

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¿Por qué fue retirado el coronel Carlos Alberto Feria de la Policía Nacional?

El coronel Carlos Alberto Feria fue retirado de la Policía Nacional debido a su presunta participación en el episodio del polígrafo practicado a Marelbys Meza, exniñera de la exjefa de gabinete Laura Sarabia, y la imputación en su contra por delitos como peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal, según información oficial del Ministerio de Defensa.

¿Cuál es el conflicto jurisdiccional en el caso del polígrafo a la exniñera de Laura Sarabia?

El conflicto jurisdiccional en este caso radica en la definición sobre si el proceso judicial contra el coronel Feria debe ser tramitado en la justicia ordinaria o en la justicia penal. Esta decisión afecta el rumbo investigativo y el tipo de juzgamiento que se le dará al oficial y a las personas asociadas en el expediente.

Personas cercanas a Tafur permanecieron varias horas pendientes de su situación jurídica tras su detención. De acuerdo con un mensaje divulgado por una de sus compañeras, se esperaba que este jueves se desarrollara el siguiente paso en el procedimiento judicial, posiblemente con la imputación de cargos en contra de la estudiante. La compañera invitó abiertamente a quienes desearan respaldar a Tafur a reunirse “en el Palacio de Justicia para hacer presión y acompañar también a Paula”.

La convocatoria, reseñada por El Nuevo Día, también se dirigió a quienes habían participado en la movilización del miércoles, así como a personas que buscan mostrar su respaldo a la joven mientras se define su situación jurídica. Además, el contexto de la convocatoria incluyó el mensaje “Todos somos Paula”, aludiendo a la solidaridad colectiva y a la percepción de que cualquier participante en las protestas pudo haber sido detenido en circunstancias similares. En palabras de otra compañera de Tafur, “todos estuvimos allá movilizándonos, pudimos haber sido cualquiera de nosotros”.

De acuerdo con la agenda establecida por los organizadores, la reunión se realizaría exactamente a las 9:00 de la mañana de este jueves 15 de octubre, en la plazoleta del Palacio de Justicia de Ibagué. Durante la jornada se esperaban nuevos avances sobre la situación jurídica de Tafur, aunque hasta el cierre de la información no había un pronunciamiento oficial que precisara los hechos concretos que motivaron su detención ni detalles sobre las acciones judiciales subsiguientes.

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¿Por qué se convocó una movilización en apoyo a Paula Alejandra Tafur en Ibagué?

La movilización fue convocada por compañeros y personas cercanas a Paula Alejandra Tafur como acto de respaldo tras su detención durante las protestas del miércoles 14 de octubre. El objetivo principal era acompañarla en el desarrollo del proceso judicial y ejercer presión para visibilizar su situación, enfatizando la posibilidad de que cualquier manifestante pudiera encontrarse en una circunstancia similar, de acuerdo con la información de El Nuevo Día.

¿Qué proceso judicial enfrenta Paula Alejandra Tafur tras su detención?

Según el seguimiento hecho por sus allegados y lo comunicado por una de sus compañeras, para el jueves después de su detención se esperaba el avance en el proceso judicial, que podría incluir la imputación de cargos. Sin embargo, hasta el momento de la movilización, las autoridades no habían emitido un comunicado oficial detallando los hechos que motivaron la detención ni las actuaciones judiciales posteriores.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es el artículo 66D. Este otorga al ejecutivo la facultad de establecer condiciones especiales respecto al cumplimiento de medidas de aseguramiento y penas privativas de la libertad que hayan sido dictadas por las autoridades judiciales. Entre las alternativas que se han mencionado están los centros de arraigo transitorios, las colonias agrícolas —siendo la de Meta la única existente en el país— y las cárceles productivas. Todas estas opciones están sujetas a una condición indispensable: la garantía de una restricción efectiva de la libertad. Este punto ha suscitado inquietudes, particularmente en torno a los criterios para permitir el acceso a tales alternativas, la manera en que se implementará la vigilancia y el control sobre los beneficiarios, y hasta dónde llegarán las atribuciones del ejecutivo en asuntos tradicionalmente reservados a la justicia.

En opinión de Carlos Augusto Chacón, abogado y analista político citado en el texto, existen dudas alrededor de la viabilidad de los centros de arraigo, así como de otras formas alternativas de privación de la libertad. Sus observaciones ponen en evidencia la necesidad de delimitar claramente cómo serán reguladas estas modalidades y cuál será el impacto de trasladar parte de la responsabilidad sobre las penas a órganos distintos a los tradicionalmente encargados. Los interrogantes que deja la propuesta se enfocan, principalmente, en la transparencia de los procesos, los controles de vigilancia adecuados y la coordinación entre el poder ejecutivo y el judicial en el marco de la estrategia de sometimiento.

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¿Cuáles son las condiciones que propone el proyecto de ley de sometimiento presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El proyecto de ley plantea que los miembros de organizaciones ilegales podrán acceder a beneficios penales si cumplen requisitos como desmantelar su estructura criminal, entregar bienes, contribuir con la verdad y garantizar la reparación de las víctimas. Además, el artículo 66D permite establecer alternativas para el cumplimiento de las condenas, como centros de arraigo transitorios, colonias agrícolas —de las cuales actualmente solo existe una en Meta— y cárceles productivas, siempre bajo la condición de restricción efectiva de la libertad.

¿Qué diferencia existe entre esta propuesta y los procesos de paz total impulsados anteriormente?

A diferencia de los diálogos realizados en el marco de la paz total, que se desarrollaron durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro y contemplaron negociaciones políticas, esta iniciativa establece que no habrá negociación política, sino que el sometimiento será ante la justicia ordinaria. El enfoque está en desmantelar las estructuras ilegales sin otorgar reconocimiento político a sus miembros, marcando así distancia con los mecanismos implementados en los procesos de paz previos.

Imágenes publicadas por ciudadanos evidencian el grado del impacto: amplias extensiones cubiertas por agua, carros desplazándose muy lentamente y, en medio de la emergencia, un ambiente de incertidumbre ante posibles daños mayores. Las inundaciones causaron congestión en una arteria clave y provocaron retrasos significativos para quienes intentaban movilizarse hacia sus destinos. Frente a este panorama, el cuerpo de bomberos arribó al lugar para monitorear la situación y prestar apoyo. Las autoridades locales, por su parte, intensificaron la vigilancia en diferentes puntos críticos del municipio, ya que el fuerte aguacero no solo afectó la Autopista Sur, sino también otros barrios de Soacha que han sido víctimas de inundaciones durante esta temporada de lluvias.

De acuerdo con Noticias Caracol, esta emergencia se produce en un contexto donde las lluvias han sido constantes en la región, dejando como saldo reciente inundaciones, encharcamientos y fallas en los sistemas de drenaje. Las autoridades reafirman que permanecen en alerta, recomendando a la ciudadanía que aumente las precauciones, evite transitar por zonas con alto nivel de agua y esté atenta a la información oficial sobre movilidad. La atención de la emergencia continúa, mientras nuevas precipitaciones podrían incrementar los riesgos. En este contexto, se resalta la importancia de seguir las indicaciones de las entidades oficiales para reducir los peligros asociados a la temporada invernal.

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¿Por qué se inunda la Autopista Sur en Soacha tras lluvias intensas?

La Autopista Sur se inunda tras las lluvias intensas debido a la acumulación de agua que sobrepasa la capacidad de drenaje en ese corredor vial, según reportes difundidos por Noticias Caracol y ciudadanos. La presencia de zonas bajas y el volumen del aguacero generan serios problemas de movilidad, lo que se agrava en puntos críticos como la estación Terreros de TransMilenio.

¿Qué recomendaciones dan las autoridades frente a las inundaciones en Soacha?

Las autoridades de Soacha recomiendan extremar las precauciones en las vías, evitar atravesar zonas inundadas y seguir atentos a los comunicados sobre el estado de las carreteras y condiciones climáticas. También se enfatiza el seguimiento constante de los puntos más vulnerables durante episodios de lluvias intensas, de acuerdo con Noticias Caracol.

La Cancillería afirmó que la medida busca reconocer la trayectoria profesional, la especialización académica y la experiencia internacional de quienes han hecho carrera dentro del cuerpo diplomático. La entidad expresó que los representantes del país en el exterior deben contar con las capacidades y el conocimiento necesarios para asumir esa responsabilidad, recalcando que deberían tener prioridad aquellos con experiencia académica y profesional en el sector. En palabras de la propia Cancillería, se trata de "una apuesta por aprovechar la experiencia acumulada en el servicio exterior y fortalecer las capacidades institucionales de la política exterior colombiana".

No obstante, El Espectador hizo énfasis en que, apenas un día antes del comunicado, se publicaron revelaciones sobre embajadas de especial relevancia que han quedado en manos de personas con historial dentro de la denominada “política tradicional”. El reporte detalla que, a pesar de que De la Espriella señaló en su campaña política y en su ejercicio de gobierno que trabajaría con quienes no han tenido nexos proselitistas previos, las embajadas de Italia, España, Ecuador, Francia e Inglaterra muestran una realidad distinta.

Dentro de los nombramientos sobresale Alberto Rafael Cepeda Sarabia, vinculado al sector empresarial y hermano del presidente del Partido Conservador, quien fue asignado a la embajada de Italia. Junto a él, Carlos Ramiro Chavarro, excongresista de ese mismo partido, y Juan Carlos Gossaín, exgobernador liberal, aparecen también en la lista de diplomáticos designados, el último previsto para Francia. Además, la embajada en Inglaterra fue otorgada a Miguel Uribe Londoño, uno de los fundadores del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, y en Ecuador fue nombrado Juan Carlos Vélez, proveniente igualmente de esa colectividad. En España, está pendiente el beneplácito para Carlos Felipe Mejía, exsenador vinculado tanto al Centro Democrático como al grupo Defensores de la Patria.

En su comunicado, la Presidencia recalcó que el servicio exterior debe regirse por principios de idoneidad, integridad y responsabilidad, en aras de proteger los intereses de Colombia en el ámbito internacional.

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¿Cuáles fueron los nombramientos diplomáticos destacados por el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Entre los nombramientos diplomáticos más relevantes figuran Alberto Rafael Cepeda Sarabia como embajador en Italia, Carlos Ramiro Chavarro con un cargo en el exterior vinculado al Partido Conservador, Juan Carlos Gossaín como embajador en Francia, Miguel Uribe Londoño designado para la sede diplomática en Inglaterra y Juan Carlos Vélez para la embajada en Ecuador. Estos nombramientos, según El Espectador, han generado discusiones sobre el rol de la política tradicional en la administración actual.

¿Qué es la carrera diplomática y consular en Colombia?

La carrera diplomática y consular en Colombia es un sistema profesional que agrupa a funcionarios especializados que, tras formación y experiencia en temas internacionales, representan el país en diferentes instancias externas. Dichos funcionarios desarrollan su carrera dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, ascendiendo con base en méritos, trayectoria y formación para ejercer cargos como embajadores o cónsules en el exterior.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades intervinieron en seis puntos específicos: dos en Bogotá, dos en Ibagué, uno en Popayán y uno en Medellín, lo que sugiere la existencia de focos aislados de disturbios. En el contexto de estos hechos, se registraron seis capturas en total: tres en Montería, una en Pasto y dos en Ibagué. Respecto a estas detenciones, De la Espriella señaló que los individuos fueron sorprendidos en flagrancia por presuntos actos vandálicos, entre los que mencionó la realización de grafitis y ataques a estaciones y a un bus del sistema TransMilenio. Estas conclusiones están sustentadas en la información compartida por el mandatario.

El jefe de Estado hizo una distinción entre la mayoría de personas que se manifestaron de forma pacífica y una “pequeña minoría” que, según sus palabras, busca detener el avance del país a través de acciones violentas o de perturbación. “Las marchas pacíficas siempre serán bienvenidas, pero habrá cero tolerancia contra el terrorismo urbano, contra el caos y la violencia. No lo vamos a permitir”, afirmó, reafirmando que el Gobierno está preparado para proteger la vida, la honra y los bienes de la ciudadanía.

En el caso de Ibagué, De la Espriella confirmó dos intervenciones de la fuerza pública y dos capturas, principalmente en la zona del parque Manuel Murillo Toro, frente a la Gobernación del Tolima. Sin embargo, la alcaldesa Johana Aranda informó posteriormente que cuatro personas habrían sido detenidas, lo que muestra una diferencia en los datos reportados en momentos distintos. La presencia de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), con el uso de gases lacrimógenos, estuvo dirigida a dispersar a los manifestantes luego de enfrentamientos con uniformados al cierre de la marcha en la carrera Quinta. Estas acciones motivaron cuestionamientos sobre el procedimiento y denuncias de presuntas agresiones y detenciones, que aún aguardan información oficial que clarifique los hechos.

El presidente concluyó su intervención reiterando su respaldo a la protesta pacífica, pero advirtiendo que el Gobierno responderá con firmeza ante intentos de alterar la tranquilidad de la mayoría de colombianos. “Hoy, más que nunca, estoy firme por la patria”, finalizó, en un mensaje dirigido tanto a los manifestantes como al país en general.

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¿Cuál fue el balance de las marchas del 14 de octubre según Abelardo de la Espriella?

El presidente Abelardo de la Espriella reportó que el 98 % de las marchas convocadas por la oposición se desarrolló de manera pacífica, con una afluencia máxima de 62.000 personas. Sin embargo, destacó que en seis puntos del país se presentaron incidentes que obligaron la intervención de la fuerza pública y resultaron en seis capturas por presuntos actos vandálicos, según la información suministrada por el mandatario.

¿Qué sucedió con los disturbios y detenciones en Ibagué durante las marchas?

En Ibagué se registraron disturbios especialmente cerca del parque Manuel Murillo Toro, donde la fuerza pública intervino utilizando gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. El Gobierno reportó dos capturas durante estos hechos, mientras que la alcaldesa Johana Aranda informó de cuatro personas detenidas, evidenciando discrepancia en las cifras según los distintos momentos de reporte.

Durante la emisión de Mañanas Blu, el periodista Felipe Zuleta y el panel de analistas desmenuzaron el episodio con duras críticas y altas dosis de ironía ante la reacción visceral de la congresista de Dignidad y Compromiso. “Así son para todo. A mí me dio fue risa porque la congresista Pedraza salió con semejante escándalo”, expresó Zuleta al aire, al recalcar que la dirigente política actuó guiada por prejuicios partidistas sin tomarse la molestia de verificar la veracidad ni el origen de las órdenes institucionales. “Tiro la piedra y después pregunto, lo que hay es que reírse”, sentenció el comunicador.

El traspié de Pedraza comenzó cuando circularon en redes sociales imágenes de dos agentes con fusiles apostados en la parte superior del Capitolio nacional en plena Plaza de Bolívar. Sin medir consecuencias, la senadora lanzó un ataque frontal contra la Casa de Nariño exigiendo explicaciones a De La Espriella por un despliegue que calificó como una provocación armada inaceptable contra la ciudadanía que marchaba. No obstante, el castillo de naipes se derrumbó cuando el presidente del Senado, Honorio Henríquez, aclaró oficialmente en plenaria que los uniformados no respondían a ninguna directriz gubernamental de control a la protesta, sino a una solicitud formal y escrita emanada directamente del esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro para proteger su integridad durante la jornada.

La petición de Petro y su esquema de seguridad es inaceptable. ¿Qué van a hacer estos francotiradores? ¿Dispararle a alguien en medio de la marcha?

Esto es desproporcionado y expone a la gente que salió a marchar. Venga de donde venga, francotiradores apuntando a la plaza son inaceptables.

— Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) October 14, 2026

Acorralada por los hechos y con el documento oficial firmado por el entorno del exmandatario sobre la mesa —en el que se pedía explícitamente ubicar personal en el techo del Congreso desde las 8:00 a. m.—, Pedraza intentó matizar su discurso asegurando que la medida seguía siendo grave aun viniendo de Petro. Pese a su intento de defensa, el daño argumentativo estaba hecho. Para los panelistas de la mesa de Blu, el episodio dejó en evidencia una peligrosa ligereza legislativa donde se prioriza el ataque mediático y el cálculo político por encima de la rigurosidad informativa, dejando a la parlamentaria expuesta al escarnio público por lanzar acusaciones infundadas.

La Administración Municipal lamentó profundamente la pérdida de Manrique Rubio. A través de un pronunciamiento, el ente gubernamental expresó condolencias y manifestó su solidaridad tanto a la familia como a los amigos y compañeros de servicio del subintendente, en un acto que busca acompañar a quienes compartieron con él su labor diaria y reconocer su importancia dentro de la institución.

Según la información preliminar conocida hasta el momento, Manrique Rubio habría presentado algunos quebrantos de salud antes de su fallecimiento. No obstante, es importante resaltar que, hasta la fecha de este reporte, no se han dado a conocer detalles oficiales acerca de las causas específicas de su deceso. Las autoridades aún no han divulgado un parte médico ni han confirmado las razones precisas de su muerte, por lo que la expectativa entre sus colegas y la comunidad permanece vigente en espera de nuevos comunicados.

El impacto de esta noticia se siente especialmente en el seno de la Policía de Ibagué, dado que el subintendente era parte del esquema de seguridad de una figura pública tan relevante como la alcaldesa Johana Aranda. Además, el fallecimiento ha captado la atención de la ciudadanía, pues representa una pérdida para la institución policial de la región. Se prevé que en los próximos días las autoridades entreguen más información una vez avance el proceso de esclarecimiento y se confirme la naturaleza de los hechos.

La cobertura de este caso, de acuerdo con la información entregada en el reporte inicial, se mantiene en desarrollo. Por el momento, prevalece el respeto hacia la memoria del uniformado y la prudencia frente a la especulación sobre las circunstancias que rodearon su muerte, hasta tanto las instituciones competentes confirmen los datos oficiales.

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¿De qué murió el subintendente Miguel Augusto Manrique Rubio, de la Policía Metropolitana de Ibagué?

Hasta ahora, no existen detalles oficiales disponibles sobre la causa de la muerte del subintendente Miguel Augusto Manrique Rubio. Aunque se menciona que habría presentado quebrantos de salud, ninguna autoridad ha confirmado información concluyente, por lo cual se espera un pronunciamiento más claro de los voceros policiales o médicos.

¿Cuál era el papel de Miguel Augusto Manrique Rubio en la seguridad de la alcaldesa de Ibagué?

De acuerdo con la información suministrada, el subintendente Manrique Rubio integraba el esquema de seguridad de la alcaldesa Johana Aranda. Esto implica que formaba parte del equipo responsable de velar por la protección y el resguardo personal de la mandataria local en sus actividades públicas y privadas.

Durante su alocución nocturna, el jefe de Estado enfatizó que el 98 % de las manifestaciones transcurrió de manera ordenada, subrayando que desde el primer día de su administración se ha impartido una directriz inflexible: “La protesta pacífica se respeta, se protege y se garantiza“. El mandatario reiteró que la democracia colombiana ampara el derecho de quienes optaron por marchar, señalando que esa es la esencia del sistema institucional que su gobierno defenderá permanentemente en las diferentes regiones del país.

“Es una pequeña minoría la que quiere parar a Colombia, las marchas pacíficas siempre serán bienvenidas”, dijo el mandatario.

Sin embargo, el pronunciamiento presidencial también marcó una línea roja inquebrantable frente a los desmanes y las vías de hecho, haciendo uso formal del recién expedido Decreto 1525, normativa que modifica el Decreto 003 de 2021. Esta reglamentación redefinió los protocolos de intervención de la Fuerza Pública, estableciendo un acompañamiento policial a una distancia preventiva de cuatro metros respecto a los manifestantes, al tiempo que endureció los criterios para clasificar conductas violentas como el lanzamiento de objetos, los daños a la infraestructura pública o privada, el porte de armas o artefactos explosivos y la retención no voluntaria de personas.

 

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El articulado del Decreto 1525 estipula además que las autoridades están facultadas para hacer uso de la fuerza legítima de manera directa e individual contra los responsables de actos vandálicos, sin necesidad de agotar previamente todas las fases de diálogo institucional cuando se vulneran de forma flagrante los derechos de terceros. Bajo esta premisa, De La Espriella fue enfático en señalar que la administración central velará con la misma intensidad por el derecho de millones de colombianos que decidieron continuar con sus labores cotidianas, garantizando la libre circulación, la actividad comercial y la tranquilidad pública.

“Porque tan legítimo es el derecho a manifestarse como el derecho de millones de colombianos a trabajar, movilizarse libremente y vivir en tranquilidad”, expresó el jefe de Estado, recordando que la violencia y los intentos de bloquear el país no tendrán cabida bajo su mandato. Con este balance y la implementación estricta del nuevo marco normativo de protesta, el Ejecutivo busca equilibrar las garantías constitucionales de la movilización ciudadana con la protección del orden público y la productividad nacional.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades locales y los organismos de socorro que atendieron la emergencia, el vehículo de transporte intermunicipal se desplazaba con decenas de pasajeros a bordo cuando fue interceptado por cuatro sujetos fuertemente armados. Los delincuentes, en su intento por cometer un asalto en la vía, abrieron fuego indiscriminadamente contra el automotor para obligar al conductor a detener la marcha. Ante la inminente amenaza contra la vida de los ocupantes, el conductor maniobró bruscamente para esquivar el ataque, perdiendo el control del vehículo de servicio público, el cual terminó volcado aparatosamente sobre la vía Panamericana.

El impacto de la tragedia cobró de manera inmediata la vida de cuatro personas: dos mujeres, un hombre y un menor de edad cuyas identidades aún no han sido reveladas oficialmente por los peritos forenses, mientras se adelantan las labores de identificación en la morgue local. Por otra parte, la magnitud de la emergencia movilizó una red masiva de ambulancias, bomberos y personal médico de los hospitales cercanos para evacuar a los 56 heridos, quienes presentan múltiples traumas y contusiones, siendo remitidos de urgencia a centros asistenciales de Popayán y municipios aledaños.

🚨 #Atención | Tragedia en la Vía Panamericana: 4 muertos (dos mujeres, un hombre y un menor) y 56 heridos deja el volcamiento de un bus en Timbío, Cauca.
Hipótesis señala que 4 hombres armados dispararon al vehículo para asaltarlo; el conductor intentó evitar el robo y perdió el control.
Fuerza Pública adelanta operativos en la zona.

— Miller Fernando Arias (@millerfdoarias) October 15, 2026

Tras conocerse los hechos, la Fuerza Pública desplegó un fuerte operativo de control territorial y patrullajes en el corredor vial entre Rosas y Timbío con el fin de dar con el paradero de los cuatro antisociales responsables del intento de asalto armado. La vía Panamericana permaneció con restricciones temporales de movilidad mientras las unidades de tránsito realizaban las diligencias de levantamiento de los cuerpos, la remoción del vehículo siniestrado y las indagaciones técnicas necesarias para esclarecer con total certeza las circunstancias exactas del accidente.

Este nuevo hecho de violencia e inseguridad en las carreteras del Cauca reabre el debate sobre el control militar y policial en los ejes viales nacionales, donde los transportadores y pasajeros continúan expuestos a la acción criminal de delincuentes que instrumentalizan las vías para cometer atracos masivos, poniendo en riesgo la vida de ciudadanos inocentes en medio de trayectos cotidianos.

Durante su alocución nocturna, el jefe de Estado enfatizó que el 98 % de las manifestaciones transcurrió de manera ordenada, subrayando que desde el primer día de su administración se ha impartido una directriz inflexible: “La protesta pacífica se respeta, se protege y se garantiza“. El mandatario reiteró que la democracia colombiana ampara el derecho de quienes optaron por marchar, señalando que esa es la esencia del sistema institucional que su gobierno defenderá permanentemente en las diferentes regiones del país.

“Es una pequeña minoría la que quiere parar a Colombia, las marchas pacíficas siempre serán bienvenidas”, dijo el mandatario.

Sin embargo, el pronunciamiento presidencial también marcó una línea roja inquebrantable frente a los desmanes y las vías de hecho, haciendo uso formal del recién expedido Decreto 1525, normativa que modifica el Decreto 003 de 2021. Esta reglamentación redefinió los protocolos de intervención de la Fuerza Pública, estableciendo un acompañamiento policial a una distancia preventiva de cuatro metros respecto a los manifestantes, al tiempo que endureció los criterios para clasificar conductas violentas como el lanzamiento de objetos, los daños a la infraestructura pública o privada, el porte de armas o artefactos explosivos y la retención no voluntaria de personas.

 

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El articulado del Decreto 1525 estipula además que las autoridades están facultadas para hacer uso de la fuerza legítima de manera directa e individual contra los responsables de actos vandálicos, sin necesidad de agotar previamente todas las fases de diálogo institucional cuando se vulneran de forma flagrante los derechos de terceros. Bajo esta premisa, De La Espriella fue enfático en señalar que la administración central velará con la misma intensidad por el derecho de millones de colombianos que decidieron continuar con sus labores cotidianas, garantizando la libre circulación, la actividad comercial y la tranquilidad pública.

“Porque tan legítimo es el derecho a manifestarse como el derecho de millones de colombianos a trabajar, movilizarse libremente y vivir en tranquilidad”, expresó el jefe de Estado, recordando que la violencia y los intentos de bloquear el país no tendrán cabida bajo su mandato. Con este balance y la implementación estricta del nuevo marco normativo de protesta, el Ejecutivo busca equilibrar las garantías constitucionales de la movilización ciudadana con la protección del orden público y la productividad nacional.

(Vea también: “Pacíficas”: Gobierno entregó balance de las marchas y reportó seis capturas en el país)

Dicha cifra fue entregada por la empresa que registró interrupciones y cambios en el servicio mientras avanzaban las movilizaciones en diferentes sectores de la capital. Entre los corredores afectados estuvieron la carrera Séptima, la carrera Décima, el Eje Ambiental, la NQS y el Portal Américas, donde los cierres obligaron a modificar la operación habitual.

El impacto también quedó reflejado en los daños materiales. Con corte a las 5:00 p. m., la empresa reportó dos buses troncales vandalizados, afectaciones en las estaciones Bicentenario, Perdomo y San Diego, además de dos paraderos zonales ubicados en la calle 45, entre carreras 13 y 14.

Aunque las protestas transcurrieron sin enfrentamientos durante buena parte del día, la situación cambió hacia la noche en el centro de Bogotá. Cerca de las 7:00 p. m. se presentaron choques entre manifestantes y la fuerza pública en el sector del Parque de los Periodistas, lo que llevó a nuevos cierres en estaciones del sistema.

⏰ #TMAhora (9:26p.m.)

📍Troncal Caracas
❌Cerrada estación Temporal Calle 22.

📍Carrera 10
❌Cerradas nuevamente estaciones San Diego, Nieves y San Victorino.

📍Eje Ambiental
❌Continúan cerradas estaciones Museo de Oro, Aguas, Universidades.

📍San Mateo
❌🚍 Continúa suspendida la ruta circular San Mateo debido a inundaciones en el sector.

— TransMilenio (@TransMilenio) October 15, 2026

¿Qué daños sufrió Transmilenio durante protestas en Bogotá?

El balance de daños materiales incluyó dos buses troncales vandalizados, tres estaciones afectadas y dos paraderos del componente zonal con daños, según la información publicada por El Tiempo. Los puntos afectados fueron las estaciones Bicentenario, Perdomo y San Diego.

A estas afectaciones se sumaron los cierres temporales de estaciones en el centro de Bogotá. En la troncal de la carrera Décima, San Diego, Las Nieves y San Victorino suspendieron el servicio durante la jornada. En el Eje Ambiental también cerraron Museo del Oro, Aguas y Universidades, en medio de los problemas de seguridad registrados en el sector.

Las restricciones alteraron los desplazamientos de los pasajeros y obligaron a modificar la operación en distintos corredores. Mientras avanzaba la jornada, el sistema implementó desvíos para algunas rutas zonales y ajustó sus recorridos ante las dificultades de movilidad.

Transmilenio informó posteriormente que las estaciones cerradas habían retomado la operación y que se levantaron los desvíos de las rutas zonales. Sin embargo, la recuperación del servicio también implicaba normalizar los tiempos de recorrido afectados por los bloqueos.

Más de 430.000 pasajeros tuvieron dificultades para movilizarse

El número de usuarios afectados muestra la dimensión que tuvieron las interrupciones en una ciudad donde Transmilenio es uno de los principales medios de transporte. Los cierres en vías y estaciones incidieron en los desplazamientos de quienes se dirigían a sus trabajos, centros de estudio y otros destinos durante la jornada.

La normalización del servicio permitió recuperar la operación en los puntos que habían tenido restricciones, aunque los retrasos acumulados durante las protestas también incidieron en los recorridos.

(Vea también: Dan a conocer zonas de Colombia con mayor riesgo de terremoto; SGC habló de varios departamentos)

El primero fue reportado a la 1:39 a. m. en Carmen del Darién (Curbaradó), Chocó. El temblor tuvo una magnitud de 2,8 y fue clasificado como superficial, es decir, se originó a menos de 30 kilómetros de profundidad, según la información publicada por el SGC.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-15, 02:43 hora local Magnitud 3.3. Profundidad 148 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/FHv7a1qvOX

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 15, 2026

Poco más de una hora después, a las 2:43 a. m., se registró un segundo sismo con epicentro en Los Santos, Santander. Este evento alcanzó una magnitud de 3,3 y tuvo una profundidad de 148 kilómetros, por lo que se produjo a una distancia considerablemente mayor bajo la superficie terrestre.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-15, 01:39 hora local Magnitud 2.8. Profundidad superficial, Carmen del Darién (Curbaradó) – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/0LekBq82Aq

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 15, 2026

¿Por qué importa la profundidad de un sismo?

La profundidad es uno de los factores que influye en la forma en que las personas pueden percibir un movimiento telúrico. En términos generales, los sismos superficiales pueden sentirse con mayor intensidad cerca de su epicentro, aunque la percepción también depende de la magnitud, las condiciones del terreno y las características de las edificaciones.

En cambio, cuando un movimiento ocurre a mayor profundidad, las ondas sísmicas recorren más distancia antes de llegar a la superficie. Esto puede influir en cómo se distribuye el movimiento, aunque no permite determinar por sí solo si un temblor será perceptible o causará afectaciones.

¿Cómo y por qué reportar un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano cuenta con el formulario Sismo Sentido, mediante el cual las personas pueden informar si percibieron un movimiento telúrico y describir lo que experimentaron en el lugar donde se encontraban.

Estos reportes ciudadanos complementan la información instrumental y ayudan a la entidad a conocer cómo se percibió el evento en distintas zonas. El formulario está disponible en el portal oficial del SGC: https://sismosentido.sgc.gov.co/.

Durante la jornada, se registraron seis acciones por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), también conocido como Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). Según el pronunciamiento oficial citado por El Espectador, estas intervenciones tuvieron lugar en Bogotá e Ibagué, con dos procedimientos en cada ciudad, y en Popayán y Medellín, donde hubo una intervención en cada capital. En cuanto a las detenciones, la Presidencia informó de seis capturas por actos de vandalismo: tres en Montería, dos en Ibagué y una en Pasto. El informe detalló que las detenciones se produjeron principalmente por daños a infraestructuras públicas, señalando ataques a estaciones y un bus del sistema Transmilenio, aunque no se reportaron personas privadas de la libertad en Bogotá en ese momento.

El jefe de Estado reiteró que las autoridades actuarán con determinación frente a episodios de violencia: “Las marchas pacíficas siempre serán bienvenidas, pero habrá cero tolerancia contra el terrorismo urbano, contra el caos y la violencia. No lo vamos a permitir”, enfatizó. El ministro de Defensa, Jorge Mora, acompañó a De la Espriella en la presentación del balance y destacó que el comportamiento tranquilo en la mayoría de ciudades fue resultado del trabajo de la Fuerza Pública.

La convocatoria a las protestas se promovió desde sectores de izquierda y organizaciones sindicales. El expresidente Gustavo Petro contribuyó a la difusión y asistió a la Plaza de Bolívar en Bogotá, donde fue fotografiado con simpatizantes, aunque no intervino desde la tarima habilitada para discursos. Según El Espectador, este evento se dio tras 68 días de mandato del presidente de la Espriella, con movilizaciones en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Tunja e Ibagué, en el marco de las iniciativas del movimiento Pacto Histórico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales incidentes en las marchas lideradas por la izquierda contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con el informe oficial difundido por el presidente Abelardo de la Espriella, los incidentes destacados durante la jornada de protestas estuvieron relacionados con actos de vandalismo en varias ciudades. Se presentaron intervenciones del Esmad (Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden) en Bogotá, Ibagué, Popayán y Medellín, relacionadas principalmente con ataques a infraestructuras públicas, como estaciones y un bus del sistema de transporte Transmilenio.

¿Qué papel tuvo el Esmad durante las protestas convocadas por la izquierda el 14 de octubre?

Según la información divulgada por el Gobierno y publicada por El Espectador, el Esmad desempeñó un papel de control en las zonas donde se registraron disturbios. Intervino en seis ocasiones, actuando como medida de contención ante los actos de vandalismo y contribuyendo a que el 98 % de las protestas se desarrollaran pacíficamente en todo el país.

(Vea también: Primera reacción de Gabriela Muñoz al quedar sin esquema de seguridad: salió disgustada y dejó vainazo)

Dicha escena provocó comentarios de usuarios que cuestionaron su presencia en la movilización y señalaron que algunos participantes estarían aprovechando las marchas para ganar visibilidad política.

La joven compartió un mensaje en sus redes sociales en el que explicó las razones por las que decidió salir a las calles. En su publicación, defendió la protección del territorio, la soberanía nacional y el papel de las nuevas generaciones en la defensa de los recursos naturales.

“Hoy marcho por la tierra que me vio nacer, por las generaciones que vienen y por la dignidad de un pueblo que jamás debería tener que arrodillarse para vivir en paz”, escribió Muñoz.

En el mismo mensaje, sostuvo que las juventudes tienen la responsabilidad de proteger el país y no permitir que sus recursos se conviertan en objeto de intereses particulares. “Nuestra naturaleza, nuestra soberanía y nuestra dignidad no se negocian”, agregó.

Sin embargo, la imagen de la pancarta terminó por desplazar parte de la atención sobre sus declaraciones. Varios usuarios centraron sus comentarios en el hecho de que el cartel incluyera su rostro y relacionaron ese gesto con una posible búsqueda de reconocimiento personal y protagonismo político.

Hoy marcho por la tierra que me vio nacer, por las generaciones que vienen y por la dignidad de un pueblo que jamás debería tener que arrodillarse para vivir en paz. Las juventudes no heredamos esta tierra para venderla, sino para cuidarla, defenderla y hacerla respetar. Nuestra naturaleza, nuestra soberanía y nuestra dignidad no se negocian. 🇨🇴❤️‍🔥

— Gabriela Muñoz Olaya (@gabymunozz_) October 14, 2026

Las críticas a Gabriela Muñoz por llevar una pancarta con su rostro

Entre las reacciones que circularon en redes sociales hubo mensajes que cuestionaron el propósito de la pancarta y la forma en que algunos participantes se presentan durante las movilizaciones.

Hoy se marchó por todo aquello que Gabriela representa.

Volvieron la política en un show de likes.

Luego preguntan por que el pacto dejó de tener el respaldo de antaño.

— Cristhian López Contreras (@Cristhian_ALo) October 15, 2026

Otro comentario relacionó la escena con la exposición en redes sociales y la búsqueda de reconocimiento. “Volvieron la política en un show de likes. Luego preguntan por qué el Pacto dejó de tener el respaldo de antaño”, escribió un usuario, en una crítica que vinculó el episodio con el desgaste de ese sector político.

También hubo mensajes más duros contra Muñoz. Uno de ellos cuestionó que llevara una pancarta con su propia imagen y calificó la acción como una forma de llamar la atención. Se trata de opiniones de usuarios, no de hechos comprobados sobre las motivaciones de la joven.

La cabeza de lista al concejo de Bogotá de @petrogustavo se vende como una lideresa social que ha enfrentado por años las desigualdades de la sociedad colombiana.

Ah no, esta Gabriela Muñoz la que presuntamente tenía un aparato burocrático en la Aero civil y cuya madre orgullosa metía mano en los nombramientos del DNI.

Vergüenza salir a marchar con semejantes personajes.

Por poquito y llevaba. Juliana Guerrero también.

— Andres Celis Parra (@AndresCelP) October 15, 2026

Las críticas se extendieron a la presencia de figuras políticas y creadores de contenido en las movilizaciones. Para algunos comentaristas, la participación de personas con aspiraciones electorales puede convertir las protestas en escenarios de promoción personal, en lugar de mantener el foco en las reivindicaciones de los manifestantes.

(Vea también: Revelan las regiones de Colombia donde un terremoto tendría menor impacto; solo hay dos)

El primer sismo ocurrió a las 10:29 p. m., con una magnitud de 2,9. El SGC ubicó el epicentro en el municipio de San Agustín, en el departamento del Huila, y clasificó su profundidad como superficial.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-14, 22:29 hora local Magnitud 2.9. Profundidad superficial, San Agustín – Huila, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/M44wMhOFeX

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 15, 2026

Poco después, a las 10:40 p. m., se registró el segundo temblor, esta vez en Riosucio, Chocó. El evento alcanzó una magnitud de 2,7 y también fue reportado con profundidad superficial.

Los dos registros corresponden a eventos distintos, ocurridos con una diferencia de 11 minutos y en departamentos diferentes. Hasta el momento, la información suministrada no permite establecer si fueron percibidos por habitantes de las zonas cercanas.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-14, 22:40 hora local Magnitud 2.7. Profundidad superficial, Riosucio – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/oVO5CuTPud

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 15, 2026

¿Cómo reportar si sintió alguno de los temblores?

Las personas que hayan percibido alguno de los movimientos pueden ingresar al portal oficial de Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano y buscar el evento correspondiente.

Los reportes ciudadanos ayudan al SGC a evaluar cómo se percibió un sismo en diferentes localidades y a complementar la información instrumental con observaciones de la comunidad.

(Le puede interesar: “Yo no me quiero morir”: niño suplica ayuda al presidente con mensaje que conmueve a Colombia)

Según la información, Lucas permaneció hospitalizado durante 45 días, tiempo en el que recibió atención especializada, rehabilitación y seguimiento médico permanente. Durante ese periodo, los profesionales de salud monitorearon la evolución del menor tras la intervención quirúrgica, considerada una de las etapas más importantes dentro del manejo de pacientes pediátricos con determinadas malformaciones cardíacas.

Un proceso médico que se extendió por más de un mes

De acuerdo con el comunicado, la recuperación de Lucas avanzó de manera favorable durante las semanas posteriores a la cirugía. Los equipos médicos realizaron controles constantes para evaluar la adaptación de su organismo después del procedimiento y verificar la respuesta al tratamiento establecido.

El hospital informó que actualmente el niño tolera la alimentación por vía oral y ha logrado reducir significativamente el requerimiento de oxígeno suplementario. De hecho, la indicación médica es que continúe utilizándolo únicamente durante las horas de sueño mientras avanza el proceso de recuperación desde su hogar. La salida del centro asistencial representa un paso importante dentro de su tratamiento, aunque el seguimiento médico continuará durante los próximos meses mediante consultas y controles especializados.

(Lea también: Lucas Murillo volvió a aparecer después de cirugía de corazón y tiene una meta)

Pese a haber recibido el alta, el proceso de recuperación de Lucas aún no concluye. El centro hospitalario indica que el niño deberá continuar con tratamiento anticoagulante formulado por los especialistas, además de cumplir con sesiones de rehabilitación y controles ambulatorios a cargo de los equipos de cardiología y cirugía cardiovascular pediátrica.

Estos seguimientos médicos buscan verificar que la evolución continúe siendo favorable y detectar de manera temprana cualquier complicación asociada a su condición cardíaca. El caso de Lucas había despertado atención en distintos sectores debido a la complejidad de su diagnóstico y a los desafíos que afrontó para llegar al procedimiento quirúrgico.

Durante los últimos meses, familiares, conocidos y miembros de su comunidad siguieron de cerca la evolución del menor, compartiendo mensajes de apoyo y esperanza mientras permanecía bajo observación médica.

Las imágenes conocidas tras su salida muestran al niño acompañado por sus familiares y personal de salud, en medio de una despedida simbólica luego de varias semanas de tratamiento. Aunque la atención ahora se centra en su recuperación en casa, la familia deberá mantener las recomendaciones entregadas por los especialistas para garantizar que el proceso continúe desarrollándose sin contratiempos.

La entrega del alta médica marca el inicio de una nueva etapa para Lucas, quien podrá regresar a su entorno familiar después de permanecer cerca de mes y medio bajo cuidados hospitalarios. Si bien todavía deberá asistir a controles periódicos y seguir estrictamente las indicaciones médicas, el balance presentado por los profesionales de salud es positivo tras la intervención realizada para tratar su cardiopatía congénita.

Por ahora, el menor continuará su recuperación fuera del hospital, acompañado por su familia y bajo supervisión médica especializada, en una historia que ha sido seguida con expectativa por quienes conocieron su caso y celebran ahora un avance significativo en su estado de salud.

En declaraciones al canal regional Telecaribe, Pineda aseguró que los dineros recibidos están registrados en las cuentas de la fundación Colombia Luz y Sonrisas, entidad que preside y que participó en la gestión de los aportes destinados a los damnificados.

La primera dama sostuvo que cuenta con la documentación necesaria para explicar el manejo de los recursos y aseguró que a más tardar el viernes 16 de octubre publicará la información de dicha rendición de cuentas.

“Tengo mi rendición de cuentas de la fundación y ahí reposan todos los dineros de las donaciones que recibimos durante la campaña”, afirmó Pineda.

La publicación permitirá consultar los datos que la entidad presente sobre los recursos recibidos y su destinación. Con este anuncio, la primera dama busca responder a las dudas que han surgido sobre la campaña solidaria y ofrecer información de acceso público acerca del manejo de los aportes.

¿Qué pasará con el dinero recogido por la fundación de primera dama?

Pineda también explicó que, junto con la junta directiva de la fundación, decidió reservar el dinero para la segunda etapa del plan de atención, enfocada en la reconstrucción de viviendas para las familias que perdieron sus hogares durante el movimiento sísmico.

Según manifestó, la intención es que las soluciones habitacionales cumplan los requisitos técnicos y legales correspondientes. La primera dama argumentó que reconstruir no consiste únicamente en levantar una vivienda nueva en el mismo lugar, sino en garantizar condiciones adecuadas para quienes resultaron afectados.

“Este tiempo lo he dedicado a trabajar por los damnificados”, dijo la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien aseguró que, pese a los ataques en su contra, las mentiras no van a derrumbar la verdad. En TeleCaribe, anunció que hará una rendición de cuentas.

📷: Video TeleCaribe https://t.co/PO0hMZpocp

— Revista Semana (@RevistaSemana) October 15, 2026

La polémica por los recursos para los damnificados del terremoto

Los cuestionamientos sobre las donaciones aumentaron en medio de las críticas difundidas en redes sociales, entre ellas las del caricaturista conocido como Matador. Las publicaciones pusieron en el centro de la discusión el destino del dinero recaudado para atender a las personas afectadas por el terremoto.

Pineda respondió que los ataques no cambian su compromiso con las comunidades damnificadas y defendió la legalidad de sus actuaciones. “Una mentira no va a derrumbar la verdad”, manifestó durante la conversación con el medio regional.

La controversia también se relaciona con la necesidad de precisar el monto total de los aportes y el uso previsto para cada rubro. En ese contexto, la publicación anunciada para el viernes será un elemento importante para conocer los datos que entregue la fundación y contrastarlos con las inquietudes planteadas públicamente.

Mientras tanto, Pineda mantiene que los recursos están reservados para la etapa de reconstrucción y que el proceso debe cumplir las condiciones legales y técnicas necesarias para atender a las familias que perdieron sus viviendas.

De acuerdo con el reporte oficial, las intervenciones policiales ocurrieron en Bogotá, Ibagué, Popayán y Medellín. Por su parte, las capturas se registraron en Montería, Pasto e Ibagué, ciudades en las que las autoridades reportaron procedimientos durante la jornada de protestas.

Al cierre de las movilizaciones, De la Espriella también entregó cifras sobre la participación ciudadana. “Al cierre de esta jornada, el consolidado nacional registra un total de 62.000 ciudadanos movilizados. Una cifra que representa una proporción muy pequeña de la población colombiana, pero cuyos derechos y garantías merecen todo el respeto del Estado”, afirmó el mandatario.

#POLÍTICA El Presidente Abelardo de la Espriella (@DELAESPRIELLA) entregó un balance positivo de las movilizaciones presentadas en gran parte del país y aseguró que el 98 % de las marchas transcurrieron de manera pacífica.

“Al cierre de esta jornada, el consolidado nacional registra un total de 62.000 ciudadanos movilizados. Una cifra que representa una proporción muy pequeña de la población colombiana, pero cuyos derechos y garantías merecen todo el respeto del Estado”.

https://t.co/v2vIVVHFXe

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 15, 2026

El balance del Gobierno destaca que la mayoría de las marchas se desarrollaron sin alteraciones, aunque también hubo procedimientos policiales y capturas en diferentes regiones del país. Las cifras fueron presentadas por el presidente y el ministro de Defensa tras las manifestaciones de este miércoles.

Por ahora, el reporte oficial incluye el número de personas capturadas, las intervenciones de la Policía antidisturbios y la cantidad estimada de ciudadanos que participaron en las movilizaciones. No se detallaron en la información suministrada los motivos específicos de cada captura ni las circunstancias particulares de las intervenciones.

Los beneficiarios podrán acceder durante un periodo de hasta un año a Coursera mediante una gestión a cargo de Colnodo. La oferta incluye programas enfocados en competencias digitales y un nuevo Certificado Profesional de Inteligencia Artificial de Google.

¿Qué becas ofrece el Gobierno de Colombia en 2026?

El programa de inteligencia artificial está compuesto por ocho módulos y busca acercar estos conocimientos a personas interesadas en fortalecer su perfil laboral. Cabe mencionar que no es necesario contar con experiencia previa en tecnología ni con un título universitario para acceder a esta formación.

Los aspirantes deben tener mínimo 18 años, vivir en Colombia, contar con conexión a internet y disponer de un computador para desarrollar las actividades virtuales. La convocatoria está dirigida especialmente a quienes buscan ampliar sus conocimientos digitales.

La estrategia también contempla una prioridad para habitantes de algunas zonas afectadas por el terremoto mencionado en el anuncio. Entre los departamentos incluidos están Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

Para quienes quieran postularse, el proceso está a cargo de Colnodo. Los interesados deben ingresar al sitio oficial de esta organización, buscar la convocatoria de becas de Google y seguir las instrucciones indicadas para completar la inscripción.

Las postulaciones están disponibles desde el 13 de octubre de 2026 y permanecerán abiertas hasta que se agoten los cupos. La notificación para las personas inscritas comenzará el 26 de octubre.

La convocatoria representa una alternativa para quienes buscan capacitación en áreas relacionadas con inteligencia artificial y competencias digitales sin asumir el costo de un programa universitario. Así mismo, recomiendan revisar las condiciones vigentes antes de enviar la postulación, especialmente porque los cupos son limitados.

(Vea también: Joven fue asesinado en Ibagué mientras ingresaba su motocicleta a una vivienda; autoridades investigan el caso)

Según informó Blu Radio, el hombre fue identificado como Diego Acevedo Garzón, dragoneante adscrito a la cárcel Palogordo, ubicada en ese municipio santandereano. Además de su trabajo en el centro penitenciario, era propietario del establecimiento comercial en el que ocurrió el ataque.

Tras recibir los disparos, el funcionario quedó gravemente herido y fue trasladado hacia el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga. No obstante, su estado de salud se complicó durante el recorrido y falleció antes de llegar al centro asistencial.

#Atención Fue asesinado con arma de fuego Diego Acevedo Garzón, dragoneante adscrito a la cárcel Palogordo de Girón, Santander.

El funcionario fue atacado hacia las 8:30 p. m. de este miércoles 14 de octubre, mientras se encontraba en el restaurante Sabor Argentino, en el sector de Caneyes. Gravemente herido, fue trasladado hacia el Hospital Universitario de Santander (HUS), pero falleció durante el desplazamiento.

Las autoridades verifican los móviles del homicidio del funcionario, quien también era propietario del restaurante.

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 15, 2026

Investigan por muerte de dragoneante en Girón

Por ahora, las circunstancias que rodearon el ataque siguen bajo verificación de las autoridades, que buscan establecer qué motivó la agresión contra el dragoneante. Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente si el crimen estaría relacionado con su trabajo en la cárcel Palogordo o con su actividad como propietario del restaurante.

La investigación también deberá esclarecer cómo se produjo el ataque e identificar a los responsables. Entre tanto, se espera que las diligencias permitan establecer las circunstancias del homicidio ocurrido en el sector de Caneyes.

(Vea también: Dan hipótesis y líneas de investigación sobre muerte de Ayelén Sofía; familia hizo petición)

Albeiro Páez, padre de la joven de 16 años, se refirió al caso en declaraciones a Noticias RCN y pidió prudencia frente a las versiones que circularon durante los meses de búsqueda. Para él, algunos de esos comentarios alimentaron falsas expectativas y dificultaron el proceso que atravesaba su familia mientras intentaba encontrarla.

El cuerpo fue encontrado el 22 de abril de 2026 en una zona rural de Sopó, Cundinamarca, después de que un ciudadano alertara a las autoridades sobre su presencia en ese lugar. Sin embargo, la identificación por parte de Medicina Legal y la notificación oficial a sus familiares se conocieron en octubre, más de 14 meses después de la desaparición.

Durante ese tiempo, sus seres queridos recibieron información sobre supuestos avistamientos de Ayelén en distintas ciudades del país. Su padre incluso viajó a Medellín con la esperanza de encontrarla, siguiendo los reportes que le llegaban mientras continuaba la búsqueda.

Ahora, tras conocer el desenlace, Albeiro sostiene que los indicios que conoce apuntarían a que su hija habría muerto pocos días después de desaparecer. Esa es su interpretación de lo ocurrido, pero no constituye una conclusión oficial de la investigación judicial.

¿Por qué el padre de Ayelén Sofía cree que habría muerto pocos días después de desaparecer?

Durante la búsqueda, Albeiro recibió mensajes de personas que aseguraban haber visto a la adolescente en lugares como San Bernardo, Caucasia y Medellín. Cada información abría la posibilidad de encontrarla, por lo que el hombre decidió desplazarse a algunos de esos sitios para comprobar si su hija estaba allí.

“Que la vieron en San Bernardo, que la vieron en Caucasia, que la vieron en Medellín. Yo estuve en Medellín meses buscándola”, relató el padre, según la entrevista citada por La Kalle.

Sin embargo, esos reportes no permitieron establecer dónde estaba Ayelén ni confirmar que hubiera permanecido con vida durante los meses posteriores a su desaparición. La identificación de sus restos en Sopó cambió el rumbo de la búsqueda y dejó como prioridad esclarecer qué ocurrió durante ese periodo.

A partir de los indicios conocidos, Albeiro considera que su hija habría fallecido poco después de que se perdiera su rastro. La hipótesis contradice las versiones que recibió sobre supuestos avistamientos posteriores, pero todavía se necesitan pruebas y resultados de las diligencias judiciales para establecer una cronología de los hechos.

Por ahora, las autoridades no han confirmado públicamente la fecha exacta de la muerte ni las circunstancias en las que ocurrió. Por eso, la interpretación del padre debe mantenerse diferenciada de los resultados que arroje la investigación.

El llamado del padre de Ayelén Sofía para frenar los rumores

Además de referirse a lo que cree que pudo suceder con su hija, Albeiro cuestionó los comentarios que circularon mientras la familia intentaba localizarla. Según contó, algunas personas la señalaban por supuestos comportamientos relacionados con el consumo de drogas o aseguraban que se encontraba en situaciones que no habían sido comprobadas.

El padre pidió que esas versiones no se presenten como hechos ciertos sin pruebas que las respalden. Para la familia, recibir información sobre posibles lugares en los que estaría la joven alimentaba la esperanza de encontrarla, pero los comentarios sin fundamento también aumentaban la incertidumbre.

Su petición cobra relevancia ahora que se confirmó la identidad de Ayelén. Aunque la búsqueda terminó con el hallazgo de sus restos, todavía falta esclarecer qué ocurrió con ella y determinar si otras personas tuvieron alguna participación en los hechos.

¿Qué falta por esclarecer en el caso de Ayelén Sofía Páez?

La investigación debe establecer las circunstancias de la muerte de la adolescente y reconstruir lo ocurrido desde su desaparición en Bogotá. La confirmación de su identidad por parte de Medicina Legal permitió resolver una de las principales incógnitas, pero no responde por sí sola cómo murió ni cuándo sucedieron los hechos.

También será necesario contrastar los testimonios y las pistas recopiladas durante los meses de búsqueda para determinar cuáles aportan información verificable al expediente. Los supuestos avistamientos, por ejemplo, no permiten concluir que Ayelén estuviera en las ciudades mencionadas sin elementos que confirmen esos reportes.

Mientras avanzan las diligencias, la familia espera conocer la verdad sobre lo ocurrido. La hipótesis planteada por Albeiro apunta a que la adolescente habría muerto pocos días después de desaparecer, pero esa posibilidad sigue pendiente de esclarecimiento oficial.

Las acciones fueron lideradas por tropas del Batallón de Infantería de Selva 24, que hace parte de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, en coordinación con la Policía Nacional. El Ejército Nacional destacó estos resultados como un golpe contra la estructura Martín Villa, enmarcando la operación en el contexto del Plan de Campaña Ayacucho Plus. Además, gracias a la información proporcionada por uno de los sometidos, las autoridades localizaron un depósito ilegal que contenía 304 cartuchos calibre 5,56 milímetros, tres proveedores metálicos para treinta cartuchos cada uno, un chaleco multipropósito, un dispositivo explosivo improvisado y material propagandístico vinculado a la organización armada.

De acuerdo con el procedimiento, los tres hombres quedaron bajo disposición de la autoridad competente, donde podrán acceder a beneficios previstos para quienes se someten a la justicia siendo miembros de grupos armados. Asimismo, el personal médico del Ejército Nacional verificó el estado de salud de los sometidos, cumpliendo con los protocolos estipulados para este tipo de situaciones.

Este hecho forma parte de una serie de operativos sostenidos contra las disidencias bajo el liderazgo de alias “Iván Mordisco” en la región amazónica. Por ejemplo, en una acción previa ocurrida el 8 de octubre en Mitú, Vaupés, cinco presuntos miembros de esta organización fueron capturados en flagrancia mientras transportaban más de una tonelada de marihuana. Esa operación involucró tropas del Batallón de Infantería de Selva 30 y el Batallón de Inteligencia Militar 4, reforzando la ofensiva estatal contra el tráfico de estupefacientes y las fuentes de financiación de los grupos armados organizados. Todo lo incautado, que incluye una tonelada de droga, lanchas metálicas tipo voladora y un motor fuera de borda, fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Según informes del Ejército Nacional y la Defensoría del Pueblo, estas disidencias, específicamente la estructura primera Armando Ríos del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, tienen una importante presencia en la región y mantienen un control hegemónico bajo el Estado Mayor Central (Emc) liderado por alias “Iván Mordisco”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el sometimiento a la justicia de presuntos miembros de las disidencias de las Farc en Calamar?

En Calamar, Guaviare, tres personas presuntamente pertenecientes a las disidencias de las Farc lideradas por alias “Iván Mordisco” se presentaron voluntariamente ante miembros del Ejército Nacional y la Policía Nacional. Uno de ellos entregó un fusil M4 y municiones, mientras los otros aportaron elementos como un monocular de visión nocturna y brújulas. Posteriormente, con su colaboración, las autoridades hallaron un depósito ilegal con armamento y material propagandístico. Los sometidos quedaron bajo autoridad competente, pudiendo aspirar a los beneficios legales previstos para miembros de grupos armados que acceden a la justicia.

¿Qué significa Emc en el contexto de las disidencias de las Farc?

Emc corresponde a Estado Mayor Central, sigla empleada para referirse al órgano de mando centralizado de una facción específica de las disidencias de las Farc. Este grupo, según información del Ejército Nacional y la Defensoría del Pueblo, es liderado por alias "Iván Mordisco" y configura una de las organizaciones armadas con mayor presencia y control en la región amazónica de Colombia.

La cita fue ampliamente promovida en redes sociales y canales digitales controlados por la oposición, especialmente los asociados a la figura de Gustavo Petro. De acuerdo con los datos mencionados en el texto, desde el movimiento político Pacto Histórico se anticipó, incluso con 24 horas de anterioridad, que la jornada terminaría con una intervención pública del exmandatario para los asistentes. Sin embargo, esta intervención nunca ocurrió, a pesar de que Petro llegó al lugar de encuentro y permaneció en la Plaza de Bolívar, donde se concentró la mayor parte de sus seguidores, algunos de los cuales lo esperaban desde el mediodía bajo la lluvia.

El presidente Abelardo de la Espriella llevaba 68 días en el cargo el día de las protestas. Esta coincidencia fue señalada por algunos de los movimientos que impulsaron la movilización, dándole mayor visibilidad en los espacios digitales de la oposición. No obstante, la ausencia de incidentes mayúsculos en las calles y la decisión de Petro de no hablar en la tarima a pesar de estar presente generaron interrogantes entre quienes lo acompañaron en el centro de Bogotá.

La razón del silencio público de Gustavo Petro sigue siendo desconocida. Según la información citada, el exmandatario únicamente aprovechó el momento para grabar videos y tomar fotografías en medio de la lluvia, que luego difundió en sus cuentas personales en redes sociales. No hubo explicación clara sobre su negativa a dirigirse directamente a los manifestantes, a pesar de que se había anunciado previamente que lo haría. Al finalizar la jornada, hacia las 5:00 p. m., se disipó toda posibilidad de una intervención, dejando a los asistentes sin las palabras esperadas del líder de la izquierda.

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¿Por qué Gustavo Petro no habló en la tarima durante las protestas del 14 de octubre?

Hasta el cierre de la jornada no se ofreció una razón oficial sobre la decisión de Gustavo Petro de no dirigirse a los manifestantes desde la tarima, a pesar de que había sido anunciado previamente y estuvo presente en el lugar. El motivo de su silencio permanece desconocido, según la información disponible en la cobertura del evento.

¿Cómo transcurrieron las marchas convocadas contra el gobierno de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con los datos presentados, las marchas del 14 de octubre organizadas por sectores de izquierda y algunos sindicatos se desarrollaron de manera pacífica en Bogotá y otras ciudades, sin alteraciones de orden público. La movilización fue relevante en redes sociales y concluyó sin incidentes ni el discurso esperado de Gustavo Petro.

Según expresó Aranda, “hay que entender que el nuevo decreto establece que no se permite ningún acto que genere un atentado contra la infraestructura pública, actividades de vandalismo y mucho menos que se presenten disturbios que afecten a los ciudadanos”. Estas declaraciones fueron conocidas después de los hechos de tensión que surgieron en las cercanías del parque Manuel Murillo Toro, específicamente frente a la Gobernación del Tolima, donde la intervención de la fuerza pública se caracterizó por el uso de gases lacrimógenos con el fin de dispersar a los manifestantes.

Los acontecimientos ocurridos en ese punto neurálgico de Ibagué pusieron en evidencia el debate sobre la forma en que las autoridades gestionan las movilizaciones ciudadanas. Las medidas adoptadas por la fuerza pública, que incluyeron recursos disuasivos como el gas lacrimógeno, generaron interrogantes en torno al manejo de la protesta y a los límites que se establecen tanto para los participantes como para los mismos agentes de orden.

El pronunciamiento de la mandataria concentra la atención en las disposiciones concretas del decreto, resaltando la importancia de diferenciar entre el derecho legítimo a la manifestación pacífica y aquellas conductas que terminan por suscitar desórdenes o por dañar bienes públicos. La necesidad de mantener la tranquilidad y proteger la infraestructura parece ser el eje del mensaje transmitido por la alcaldesa, quien pone de relieve la responsabilidad colectiva para prevenir hechos que, además de poner en riesgo la seguridad ciudadana, podrían acarrear sanciones en el marco legal estipulado por el Gobierno Nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas contempla el decreto nacional para las manifestaciones en Ibagué?

El decreto al que hizo referencia la alcaldesa Johana Aranda restringe actos que constituyan atentados contra infraestructura pública, actividades que puedan ser consideradas vandalismo y la ocurrencia de disturbios durante las protestas. Según las declaraciones, la normativa tiene como objetivo mantener el orden y proteger tanto los bienes públicos como la integridad de los ciudadanos durante las movilizaciones.

¿Cómo fue la actuación de la fuerza pública durante las protestas en el parque Manuel Murillo Toro?

Durante los disturbios cerca del parque Manuel Murillo Toro, frente a la Gobernación del Tolima, la intervención de la fuerza pública incluyó el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Esta actuación ha sido objeto de cuestionamiento, dado que puso en discusión la adecuada gestión de las movilizaciones y el equilibrio entre el control del orden público y el respeto al derecho a la protesta.

El ambiente estuvo rodeado de tensión, con denuncias recurrentes sobre posible uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y reportes de personas detenidas durante las movilizaciones. Estas circunstancias llevaron a un debate público sobre la gestión de las protestas sociales y el proceder institucional frente a manifestaciones ciudadanas en espacios públicos. De acuerdo con los hechos relatados, las acciones policiales fueron duramente cuestionadas por distintos sectores, quienes exigieron explicaciones sobre el alcance de la intervención y el respeto por los derechos de los manifestantes.

En ese contexto, se conoció el pronunciamiento del expresidente Gustavo Petro, quien reaccionó ante los acontecimientos ocurridos ese día. Mediante una publicación, Petro escribió: “Si empieza la represión de la policía entonces debe comenzar la resistencia popular. Siempre la paz primero”. De acuerdo con su mensaje, el expresidente enfatizó la importancia de mantener la paz como principio fundamental, aunque señaló que una eventual represión policial podría originar respuestas desde la ciudadanía. Su declaración puso de manifiesto la necesidad de garantizar canales de diálogo y de privilegiar soluciones pacíficas ante situaciones de conflicto en las calles.

La jornada, entonces, recuerda la importancia del manejo adecuado de las protestas y de que las autoridades privilegien la búsqueda de acuerdos sobre el uso de la fuerza. Las imágenes vividas en Ibagué ese 14 de octubre vuelven a poner sobre el tapete el debate sobre el papel estatal en la gestión de la protesta social y la obligación de velar por los derechos fundamentales de quienes participan en manifestaciones públicas. La reiteración del exmandatario sobre la prioridad de la paz resalta la necesidad de que las soluciones pacíficas y el diálogo sean siempre el camino preferido en el tratamiento de este tipo de situaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió durante las protestas en el parque Manuel Murillo Toro, en Ibagué?

Durante las protestas del miércoles 14 de octubre en las inmediaciones del parque Manuel Murillo Toro, se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), que usó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Hubo tensión, denuncias de posible uso excesivo de la fuerza y varios reportes de personas detenidas, lo que generó cuestionamientos sobre el manejo de la protesta por parte de las autoridades.

¿Qué opina Gustavo Petro sobre la actuación policial en las protestas de Ibagué?

Gustavo Petro se pronunció afirmando que ante una represión policial debe haber resistencia popular, pero subrayó que la paz es la prioridad. Su mensaje puso de relieve la importancia de buscar alternativas pacíficas ante el conflicto y la necesidad de que las respuestas institucionales privilegien el diálogo antes que el uso de la fuerza en el manejo de movilizaciones sociales.

De acuerdo con la versión relatada por una compañera suya, tras este incidente varios uniformados la sujetaron por el cuello, la lanzaron al suelo y la retiraron del sitio. Posteriormente, quienes la acompañaban señalaron que perdieron comunicación con ella, además de notar la ausencia de su celular, generando preocupación sobre su situación y el procedimiento seguido durante la detención. Tales afirmaciones corresponden a los relatos de quienes presenciaron los hechos en el parque y acompañaron la manifestación.

Varias horas después del suceso, la comunidad universitaria, junto con integrantes del equipo jurídico del representante Marco Hincapié, docentes y colectivos sociales, acudió a la Fiscalía de Ibagué para acompañar y velar por los derechos de la estudiante. Según se indicó en una declaración pública, una abogada de la Defensoría del Pueblo ofreció apoyo legal con el fin de garantizar que los derechos de Tafur fueran respetados durante todo el procedimiento. El grupo de acompañamiento calificó la detención como arbitraria y expresó dudas sobre la forma en que la fuerza pública actuó frente a la protesta. Además, informaron que se preveía la realización de una audiencia de imputación de cargos al día siguiente; no obstante, al cierre de la información permanece pendiente un reporte oficial que precise de manera exacta la situación jurídica de Tafur.

Los hechos se dieron durante una convocatoria realizada el 14 de octubre, en la que estudiantes y otros ciudadanos se agruparon en el emblemático parque Manuel Murillo Toro, frente a la Gobernación del Tolima. Según los testimonios recogidos, la movilización transcurría de manera pacífica cuando hizo presencia la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), fuerza conocida anteriormente como Esmad. Su intervención tensionó el ambiente, derivando en el uso de gases lacrimógenos y la dispersión de los manifestantes; algunos decidieron abandonar el lugar para evitar confrontaciones mayores. Al mismo tiempo, la presencia policial se reforzó con sobrevuelos de helicópteros en la zona céntrica de Ibagué.

Ante estos acontecimientos, compañeros y representantes de colectivos sociales han pedido claridad sobre las circunstancias de la detención e información sobre el estado y situación legal de Paula Alejandra Tafur. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento definitivo sobre el balance de detenidos ni sobre las acciones individuales durante las protestas. Por ahora, la información disponible proviene de testimonios directos y del acompañamiento jurídico recibido, quedando a la espera de un informe oficial que precise los hechos que rodearon la detención de la estudiante.

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¿Qué se sabe de la detención de Paula Alejandra Tafur en Ibagué?

La detención de Paula Alejandra Tafur en el parque Manuel Murillo Toro generó preocupación entre estudiantes y colectivos sociales, quienes afirman que la joven fue arrestada tras, presuntamente, golpear sin intención una motocicleta de la Policía mientras tomaba fotografías de la movilización. Por ahora, la información disponible proviene de testimonios de testigos y el acompañamiento jurídico brindado por la Defensoría del Pueblo, pues no se cuenta con un reporte oficial sobre su situación jurídica.

¿Qué es la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y cuál fue su papel en la protesta de Ibagué?

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocida como Esmad, es una fuerza policial encargada de intervenir en manifestaciones públicas. Según los testimonios citados en el lugar, su llegada a la protesta en Ibagué incrementó la tensión, provocando el uso de gases lacrimógenos, enfrentamientos y el retiro de varios manifestantes de la zona.

De acuerdo con datos del DANE registrados en la GEIH, la entidad documenta cuántas personas entre 10 y 17 años se declaran solteras, casadas o en unión libre. A partir de estos datos oficiales, la Fundación PLAN, una organización que acumula más de seis décadas trabajando en la promoción de los derechos de la niñez y la igualdad de género, construyó la investigación titulada ‘Crecer demasiado pronto’, presentada el miércoles 14 de octubre. El informe centra su atención en un dato contundente: entre 2022 y 2025, 6.206 niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años en Colombia dijeron estar en una situación diferente a “soltera” o “soltero”; es decir, reconocieron estar casados o vivir en unión libre.

Este número representa una tendencia alarmante: según la Fundación PLAN, el registro evidencia que 5 de cada 100 menores en ese rango de edad han ingresado a alguna forma de matrimonio o unión infantil, temprana o forzada. Este fenómeno, detectado y cuantificado gracias a la pregunta sobre estado civil de la encuesta del DANE, permite dimensionar la gravedad de una problemática que, según los resultados del informe, se está expandiendo en el país y afecta el ejercicio pleno de derechos de la niñez y la adolescencia, en especial en situaciones de vulnerabilidad extrema.

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¿Cuántos menores de edad están en matrimonios o uniones forzadas en Colombia según el DANE?

De acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE y la investigación de la Fundación PLAN, entre 2022 y 2025, se registraron 6.206 niñas, niños y adolescentes entre 10 y 17 años que afirmaron estar casados o en unión libre, lo que equivale a 5 de cada 100 menores en ese rango de edad en Colombia.

¿Qué significa la sigla MUITF y por qué es relevante para la niñez en Colombia?

La sigla MUITF corresponde a “matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas”. Esta problemática es relevante porque implica que niñas, niños o adolescentes ingresan a relaciones formales sin que se respeten sus derechos o su capacidad de decidir libremente, afectando su desarrollo y bienestar, tal como lo advierte la Fundación PLAN en su informe apoyado en datos del DANE.

(Vea también: 🔴 EN VIVO Marchas en Bogotá ya afectan servicio de Transmilenio: así avanzan en varios puntos)

En las imágenes publicadas en sus redes sociales, aparece con un radio de comunicaciones en la mano y frente a pantallas que muestran imágenes de cámaras de seguridad. Las escenas corresponden a una sala de monitoreo desde la que, según la publicación, estuvo atento a los reportes sobre las protestas en diferentes puntos del país.

Las imágenes llamaron la atención por la manera en que el jefe de Estado dejó ver los recursos tecnológicos y de comunicación empleados para mantenerse informado durante una jornada de movilizaciones contra su administración.

Así apareció De la Espriella siguiendo las marchas del 14 de octubre

En las imágenes compartidas en redes sociales, De la Espriella aparece en un espacio equipado con pantallas de monitoreo y sistemas de comunicación. El mandatario sostiene un radio mientras observa los reportes visuales disponibles en la sala.

 

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La publicación permite ver parte de la infraestructura utilizada para conocer lo que ocurría durante las manifestaciones. El registro se conoció durante una jornada en la que distintos sectores salieron a las calles para expresar su rechazo a las políticas del Gobierno nacional.

Uno de los elementos que sobresale en las fotografías es el uso de un radio de comunicaciones, herramienta que permite recibir reportes operativos, junto con las pantallas que muestran imágenes de cámaras de seguridad.

Durante la jornada se reportaron manifestaciones en diferentes ciudades. En Medellín, las autoridades ordenaron intervenir una concentración en inmediaciones de la Universidad de Antioquia tras denunciar bloqueos y lanzamiento de objetos. En Ibagué, por su parte, se reportaron disturbios luego de la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

La polémica comenzó luego de que la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) cuestionara públicamente la razón detrás de la presencia de agentes armados en puntos estratégicos del edificio legislativo, justo en el horario en el que miles de ciudadanos se movilizaban en el centro de Bogotá. Según la carta que sustentó la autorización, la Secretaría del Senado recibió el pedido de permitir el ingreso y ubicación de dos integrantes de la Fuerza Pública, con el objetivo de salvaguardar la integridad del exmandatario Gustavo Francisco Petro Urrego. Esta petición fue oficializada 24 horas antes de la jornada y validada posteriormente por el presidente del Senado, quien aclaró en plena sesión del Congreso: “el decreto 1066 de 2015 brinda garantías de seguridad a presidentes y expresidentes de la República”.

Sin embargo, los señalamientos no se detuvieron allí. Representantes como Gabriel Becerra y Gustavo Bolívar criticaron la medida, alegando que intimidaba a una movilización “alegre y pacífica”, según palabras de Bolívar, evocando incluso la Masacre de las Bananeras. Las respuestas de la oposición circularon principalmente en redes sociales, donde cuestionaron si estas acciones eran coherentes con el nuevo decreto sobre la Fuerza Pública y la protesta social, recientemente firmado y ya demandado por varios sectores, según información de El Espectador.

Pese a la controversia generada, la jornada de manifestaciones se llevó a cabo sin incidentes reportados, concluyendo cerca de las cinco de la tarde. El expresidente Petro, quien no habló desde tarima, caminó entre los manifestantes, acompañado de su esquema de seguridad, mientras el gobierno nacional, encabezado por el presidente De la Espriella, verificaba el desarrollo de la protesta desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Casa de Nariño.

¿Por qué hubo francotiradores de la Fuerza Pública durante las marchas en el Capitolio?

Los francotiradores de la Fuerza Pública estuvieron presentes en la terraza del Capitolio debido a una solicitud formal del equipo de seguridad de Gustavo Petro, expresidente de Colombia y principal convocante de la jornada de movilización. Según la carta revelada por el presidente del Senado, la petición buscaba garantizar la integridad física de Petro durante su presencia en la movilización, y la autorización se sustentó en el decreto 1066 de 2015, que ampara la seguridad de exmandatarios.

¿Cuál es el nuevo decreto sobre la Fuerza Pública y protesta social en Colombia?

El nuevo decreto reglamenta la actuación de la Fuerza Pública en escenarios de protesta social en Colombia. Aunque la normativa fue firmada recientemente y generó diversas críticas y demandas, especialmente desde sectores de la oposición, su aplicación quedó bajo escrutinio público tras la jornada de manifestaciones, según reporta El Espectador. El decreto busca definir el alcance y límites de la fuerza estatal durante movilizaciones, tema central de debate en la coyuntura política actual.

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Según explicó Pineda, los dineros recaudados no hicieron parte del “Fondo Milagro” impulsado por el Gobierno, sino que se destinarán específicamente a la reconstrucción de viviendas para los perjudicados del desastre. Recalcó, citando su decisión junto a la junta directiva, que las donaciones no serán desembolsadas hasta que avance a la siguiente etapa del proceso, que incluye la publicación de una rendición de cuentas. Pineda advirtió que debe “regirse bajo la ley” y anticipó que la información correspondiente sería publicada en el sitio web de la fundación el viernes 16 de octubre.

Las medidas tomadas por la primera dama han sido objeto de cuestionamientos, especialmente por parte de sectores de oposición como el senador Alejandro Ocampo, miembro del Pacto Histórico, quien solicitó información sobre los montos recaudados y puso en duda la claridad en la administración de los fondos. Pese a estas críticas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) certificó que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas se encuentra registrada formalmente en el Régimen Tributario Especial, otorgando así respaldo legal a la entidad. Paralelamente, Pineda enfrentó ataques personales y misóginos en redes sociales, lo que motivó respaldo de miembros del Gobierno, como el ministro de Interior, Rodrigo Lara.

En lo que respecta al Fondo Milagro, fuentes de El Espectador precisaron que este será gestionado como un patrimonio autónomo, separado del presupuesto del Ministerio de Hacienda, administrado por Fiducoldex. Esta estructura legal permite recibir aportes de diversas fuentes y designa a la fiduciaria como responsable de las operaciones financieras, la gestión contractual y la contabilidad del fondo.

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¿Qué pasos está tomando la primera dama para gestionar y rendir cuentas de las donaciones por el terremoto del 10 de agosto?

Ana Lucía Pineda ha decidido que los fondos recolectados mediante la campaña solidaria “Colombia un solo corazón” permanezcan en las cuentas de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas hasta llegar a una segunda fase, que incluye una rendición de cuentas pública. Según información de Telecaribe y El Espectador, esta rendición será publicada en la página web de la organización, siguiendo las disposiciones legales vigentes y asegurando la transparencia del proceso.

¿Cómo funciona el Fondo Milagro creado para atender a los afectados por el sismo en Colombia?

El Fondo Milagro opera como un patrimonio autónomo, lo que significa que está separado del presupuesto oficial del Ministerio de Hacienda. De acuerdo con El Espectador, está gestionado por Fiducoldex, entidad encargada de administrar los recursos, ejecutar los contratos y rendir cuentas, recibiendo donaciones y aportes tanto públicos como privados para atender las necesidades de los damnificados.

La alta asistencia se reflejó en una ocupación del 91 % del aforo total disponible, lo que evidencia un interés significativo de la ciudadanía y visitantes nacionales e internacionales. El Festival de este año giró en torno a la concordia como tema principal, aspecto que se materializó al congregar a más de 1.000 artistas provenientes de 16 países. España fue el País Invitado de Honor y su participación, según la organización, contribuyó a fortalecer los lazos culturales y la cooperación artística con Colombia. Además, a este intercambio artístico se sumaron directores, investigadores, críticos, periodistas y expertos de más de 30 nacionalidades, aportando a la diversidad y riqueza del evento.

Uno de los principales aportes del FIMSAC, de acuerdo con los organizadores, es evidenciar que el patrimonio no se limita a lo que se conserva físicamente, sino que se amplía con experiencias vividas, compartidas y resignificadas mediante la cultura. Marianna Piotrowska, directora de la Corporación Cultural InterColombia, destacó que quien asiste a un concierto en una iglesia histórica, recorre un espacio patrimonial y explora una tradición espiritual, se convierte en parte activa del turismo cultural, transformando el patrimonio en una experiencia dinámica y significativa.

El impacto económico del Festival fue señalado, aunque sin cifras detalladas, ya que los organizadores aseguraron que sectores como el hotelero, gastronómico, de transporte y comercial se beneficiaron del flujo de visitantes. De acuerdo con estimaciones oficiales, los asistentes que vinieron del extranjero o de otras ciudades permanecieron en promedio cuatro noches en Bogotá, con un gasto aproximado de 1.200 dólares estadounidenses por estadía.

Finalmente, el Festival también permitió a los asistentes redescubrir Bogotá desde perspectivas diferentes, recorriendo templos, teatros y demás espacios patrimoniales en una vivencia cultural única, como consta en los reportes de la organización.

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¿Cuál es el impacto del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá en la economía y el turismo cultural de la ciudad?

Según la información oficial del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá, el movimiento de visitantes que asistieron al evento benefició sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio. Aunque no se detallaron cifras exactas sobre el aporte económico, la organización estima que los visitantes nacionales e internacionales permanecieron en promedio cuatro noches en Bogotá y gastaron alrededor de 1.200 dólares estadounidenses por estadía.

¿Qué significa patrimonio vivo en el contexto del Festival Internacional de Música Sacra?

La organización del Festival resalta que el patrimonio vivo no es solo aquello que se conserva materialmente, sino también lo que es habitado, compartido y resignificado mediante la cultura. Esta visión implica que eventos como el Festival transforman los espacios patrimoniales de Bogotá en escenarios dinámicos donde el público puede experimentar y reinterpretar las tradiciones, haciendo del patrimonio una experiencia activa y actual.

En medio de la confusión tras el choque, una de las versiones preliminares indica que uno de los motociclistas involucrados en el siniestro habría desobedecido la señal de pare, lo que presuntamente desencadenó el enfrentamiento entre los vehículos. Sin embargo, hasta el momento, las circunstancias exactas que provocaron el accidente no han sido confirmadas y corresponde a las autoridades esclarecer lo sucedido mediante los procedimientos y peritajes correspondientes.

La respuesta inmediata de los organismos de socorro permitió que una ambulancia llegara a tiempo para asistir a los implicados en el accidente. Durante la valoración inicial, se evidenció que uno de los jóvenes tenía una lesión grave en una de sus extremidades, mientras que el otro motociclista también fue reportado como herido de gravedad. Ambos afectados fueron trasladados a la clínica Asotrauma, aunque las autoridades todavía no han confirmado oficialmente su ingreso ni han emitido un reporte detallado sobre su estado de salud actual.

Por el momento, la información disponible revela que los vehículos involucrados en el accidente corresponden a motocicletas identificadas con las placas TWX82E y PSL12H. Sin embargo, aún no se conocen detalles específicos sobre la identidad de los lesionados, ya que las autoridades no han emitido un informe oficial sobre los antecedentes ni sobre la mecánica precisa del choque. Se mantiene la expectativa por un pronunciamiento oficial que entregue mayor claridad sobre el incidente y sobre la evolución médica de los afectados.

Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes entreguen información adicional que permita precisar cómo ocurrieron los hechos, identificar a los conductores y definir el estado de salud de los heridos, contribuyendo así a la tranquilidad y la certeza para la comunidad.

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¿Cuál fue la causa del accidente entre los motociclistas en Ambalá, Ibagué?

Según versiones preliminares citadas en el reporte de la noche del miércoles 14 de septiembre, se señala que uno de los motociclistas habría ignorado una señal de pare, lo que presuntamente desencadenó el choque. No obstante, la causa exacta aún no ha sido confirmada y corresponde a las autoridades esclarecer el hecho tras las respectivas investigaciones.

¿Cuál es el estado de salud de los motociclistas accidentados en Ambalá?

De acuerdo con la información proporcionada, ambos motociclistas resultaron gravemente heridos y fueron atendidos inicialmente en el lugar por personal médico. Posteriormente, fueron trasladados a la clínica Asotrauma. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el ingreso ni han entregado un reporte oficial sobre la condición actual de los lesionados.

Según la Defensoría, los organizadores de la protesta ejercen su “legítimo derecho constitucional”, el cual les otorga la facultad de manifestarse, expresar inconformidades y visibilizar reclamos. La entidad alertó que el decreto califica como protestas violentas hechos que no necesariamente lo son, ya que muchas acciones, aunque afecten derechos de terceros, corresponden al carácter disruptivo inherente a la manifestación social. Como ejemplos mencionó la obstrucción de vías o la suspensión de servicios, situaciones que pueden generar molestias, pero no significan violencia.

Para apoyar esa interpretación, la Defensoría citó al Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que diferencia la violencia del ejercicio pacífico de la protesta; aclara que actos como empujones o interrupciones del tráfico no constituyen por sí mismos conductas violentas.

Otro aspecto que preocupa a la entidad es la reducción de la fase de diálogo y mediación que, con la nueva normativa, podría quedar limitada, favoreciendo el uso prematuro de la fuerza. En el comunicado, advirtió que la simple presencia de gestores de convivencia no significa agotar la mediación y que este cambio incrementaría las tensiones sociales.

Estas preocupaciones coinciden con los reparos de congresistas de oposición, quienes han promovido demandas de nulidad y acciones de tutela contra el decreto. Sostienen que el diálogo, lejos de ser un deber, se convierte en una opción, ampliando los motivos de intervención frente a bloqueos.

La Defensoría enfatizó que las movilizaciones no representan problemas de orden público ni de terrorismo, por lo que la respuesta institucional debe privilegiar la garantía del derecho a la protesta, sin importar el gobierno ni los motivos ciudadanos. Recordó que la autoridad debe actuar bajo límites constitucionales, garantizando derechos, usando el uso de la fuerza solo como último recurso y promoviendo alternativas menos perjudiciales para la ciudadanía.

En cuanto a la judicialización de los manifestantes, la Defensoría remarcó la importancia del debido proceso y la individualización de responsabilidades, en especial respecto a detenidos extranjeros, para quienes la expulsión debe ser excepcional y acorde con garantías constitucionales.

La entidad reiteró el llamado a la responsabilidad tanto de organizadores como participantes, invitándoles a mantener protestas pacíficas, facilitar los servicios esenciales y evitar que la discusión pública se enfoque en actos de violencia, lo que puede tergiversar el mensaje de la protesta. Durante la jornada, la Defensoría acompañará las movilizaciones, supervisará la actuación de las autoridades y promoverá la protección de los derechos humanos.

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¿Qué establece el Decreto 1525 sobre la actuación de la Fuerza Pública en protestas?

De acuerdo con la información de El Espectador, el Decreto 1525 de 2026 regula cómo debe actuar la Fuerza Pública ante manifestaciones sociales. Entre los principales reparos, la Defensoría del Pueblo argumenta que el decreto amplía la definición de protesta violenta e intenta reducir la importancia del diálogo y la mediación. Esto podría llevar a un uso más rápido de la fuerza, ante actos que tradicionalmente no han sido considerados violentos, como bloqueos o interrupciones de servicios, y que forman parte del carácter disruptivo de la protesta social.

¿Por qué es importante el debido proceso durante las detenciones en protestas sociales?

La Defensoría del Pueblo subraya que, en el contexto de las movilizaciones, es fundamental respetar el debido proceso para evitar vulneraciones a los derechos de los manifestantes. Especialmente en el caso de extranjeros, advierte que su nacionalidad no puede usarse como motivo para ignorar sus garantías, y que la expulsión debe ser excepcional y no una reacción automática ante la detención. Cualquier medida debe estar justificada, ser individualizada y respetar tanto el marco constitucional como las obligaciones internacionales del Estado.

Durante la reunión, realizada el martes 13 de octubre, participaron representantes de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía, así como el jefe de la Oficina Asesora de Política Social, Juan Carlos Mindiola García. En la mesa de discusión se abordaron no solo las acciones de prevención y las cifras reportadas, sino también las dificultades operativas de las comisarías de familia, instituciones clave para la atención y protección de víctimas.

Los municipios que concentraron la mayor cantidad de notificaciones fueron Valledupar con 619 casos, Aguachica con 184, Agustín Codazzi con 111, La Jagua de Ibirico con 94 y El Paso con 78. En cuanto a la clasificación de los hechos, el balance indica que la violencia física fue la más reportada (935 casos), seguida por la sexual (597), la psicológica (166) y situaciones de negligencia o abandono (36).

La información suministrada muestra que 1.366 casos corresponden a mujeres, lo que representa el 78,8 % del total. Asimismo, el grupo de 10 a 14 años reportó 417 casos, evidenciando una alta incidencia en menores de edad. Este panorama llevó al llamado de Mindiola García para fortalecer la coordinación entre instituciones y la atención tanto en zonas urbanas como rurales.

El desarrollo de estrategias preventivas sobresale entre las demandas. La gobernadora Elvia Milena Sanjuán pidió priorizar la prevención en la lucha contra la violencia intrafamiliar. Entre las propuestas, se incluyó reforzar las labores de los equipos de los Planes de Intervenciones Colectivas (PIC) en diferentes territorios y vincular a la academia, específicamente a estudiantes y egresados de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) de Curumaní. Para concretar estas iniciativas, se proyectó una próxima reunión con las instituciones implicadas, aunque al cierre de la nota aún quedaban pendientes los detalles de su implementación.

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¿Cuáles son los municipios con más casos de violencia intrafamiliar en Cesar?

Según cifras presentadas durante el III Consejo Departamental de Política Social, Valledupar es el municipio con más notificaciones de violencia intrafamiliar, con 619 casos, seguido por Aguachica (184), Agustín Codazzi (111), La Jagua de Ibirico (94) y El Paso (78).

¿Qué acciones de prevención contra la violencia intrafamiliar plantea el departamento del Cesar?

De acuerdo con Juan Carlos Mindiola García, se busca reforzar el trabajo de los Planes de Intervenciones Colectivas (PIC) en territorios rurales y urbanos, así como articular acciones con la academia a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) en Curumaní. Estas estrategias buscan mejorar la prevención y la atención integral a las víctimas.

El proyecto de ley para el acogimiento de los actores armados ilegales generó expectativas en el ámbito político y social de acuerdo con algunos puntos centrales, como la devolución de bienes, la reducción de penas y el tratamiento jurídico diferenciado. Sin embargo, según el artículo, el eje central que concentra las mayores discusiones vuelve a ser la extradición. Esta condición, destaca la publicación, ha sido un obstáculo recurrente para gobiernos anteriores que intentaron dar solución al conflicto armado mediante alternativas legales. La inclusión de la extradición como una exigencia para los sometidos, especialmente en casos donde existan órdenes de captura internacionales, se percibe como uno de los elementos menos atractivos para los grupos criminales.

Magistrados, abogados, exministros y analistas expertos en la materia han señalado los numerosos retos a los que se enfrenta el gobierno si el Congreso aprueba el proyecto en los términos actuales. Uno de los mayores desafíos radica en que los grupos armados ilegales acepten someterse bajo unas condiciones que comprometen la entrega de bienes, rutas utilizadas para actividades ilícitas, laboratorios de producción ilegal y la posibilidad de ser extraditados. Jorge Iván Cuervo, quien se desempeñó como ministro de Justicia en el gobierno de Gustavo Petro, expresó su escepticismo respecto a los incentivos del proyecto, afirmando que “no veo incentivos para la desmovilización”. Este análisis resalta la dificultad de atraer la colaboración de los principales actores ilegales bajo una política que prioriza la “mano dura” y limita la flexibilidad negociadora.

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¿Cuáles son las condiciones del proyecto de ley de sometimiento presentado por Abelardo de la Espriella?

El proyecto de ley prioriza el sometimiento total de los grupos armados ilegales, exigiendo la entrega de bienes, rutas y laboratorios dedicados a actividades ilícitas. Además, incluye la extradición para quienes tengan órdenes de captura en otros países. Según se explica en el texto, la propuesta se caracteriza por su escasa flexibilidad, diferenciándose de iniciativas anteriores que ofrecían condiciones más negociadas.

¿Por qué la extradición representa un obstáculo para el sometimiento de grupos armados ilegales?

La extradición ha sido uno de los principales tropiezos en intentos anteriores de resolver el conflicto armado, ya que obliga a los integrantes de grupos criminales, con órdenes internacionales activas, a afrontar procesos judiciales fuera del país una vez se someten a la justicia. De acuerdo con lo citado en el artículo, este factor disminuye los incentivos para que dichos grupos acepten acogerse a las medidas propuestas por el gobierno.

El ataque afectó a integrantes del Batallón de Ingenieros Militares n.º 15, general Julio Londoño Londoño. Los uniformados fueron atacados mediante aeronaves no tripuladas equipadas con dispositivos explosivos. 

En un comunicado, el Ejército explicó cómo ocurrió el hecho y a quién atribuye inicialmente la acción. “En la tarde del 14 de octubre del 2026, tropas del Batallón de Ingenieros Militares n.º 15 GR. Julio Londoño Londoño fueron objeto de ataque indiscriminado con aeronaves no tripuladas equipadas con dispositivos explosivos, en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. De acuerdo con información preliminar, el ataque sería atribuido al frente Ernesto Che Guevara del grupo armado organizado ELN”, indicó la institución. 

La afectación a los uniformados obligó a activar los protocolos de atención médica. El Ejército precisó que los nueve militares recibieron primeros auxilios y que después serían evacuados a Medellín, donde tendrían acceso a servicios médicos especializados. 

La institución también rechazó el uso de drones con explosivos en acciones contra sus integrantes. “Rechazamos esta acción criminal que demuestra una vez más el uso indiscriminado de aeronaves no tripuladas cargadas con dispositivos explosivos, las cuales vulneran los derechos humanos e infringen las normas del derecho internacional humanitario”, manifestó el Ejército. 

Por ahora, la prioridad de las autoridades es la atención de los nueve uniformados heridos y el seguimiento a lo ocurrido en San José del Palmar.

Tras el ataque, los militares recibieron atención médica primaria en el área y se anunció su evacuación hacia Medellín para recibir cuidados especializados. En el mismo pronunciamiento, la brigada condenó con firmeza el uso reiterado de aeronaves no tripuladas, conocidas como drones, cargadas con explosivos. Señaló que estos atentados vulneran los derechos humanos y transgreden lo establecido por el Derecho Internacional Humanitario, conocido por su sigla DIH.

La institución militar enfatizó que continuará con las operaciones en la región para contrarrestar este tipo de ataques, agregando que se incrementarán las acciones ofensivas con el objetivo de localizar y detener a los responsables directos.

Este evento forma parte de un fenómeno en franco aumento en Colombia. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en el país ocurre un ataque con drones cada 20 horas, lo que evidencia cómo las organizaciones armadas han transformado esta tecnología de uso comercial en un recurso bélico asequible y difícil de neutralizar hasta el momento. Datos de la Fuerza Pública indican que desde 2023 hasta el 1 de octubre de 2026 se han registrado 716 ataques de este tipo, de los cuales 318 pertenecen al presente año, alcanzando un máximo en agosto.

La mayoría de las acciones (71 %) se concentran en los departamentos de Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander. Un 95 % han sido adjudicadas a dos grupos principales: Estado Mayor Central (Emc), con el 72 %, y el Eln, con el 23 %. Ejemplo de la capacidad destructiva de estos dispositivos se evidenció cuando tres drones kamikaze del Bloque Occidental Jacobo Arenas impactaron el radar aeronáutico 3D de Candelaria (Valle del Cauca), equipo clave para la seguridad aérea. Además, el pasado 5 de octubre se reportó un ataque similar contra una estación de policía en Aguachica, Cesar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los ataques con drones en Colombia han aumentado en los últimos años?

Los ataques con drones se han incrementado en Colombia debido a que los grupos armados han encontrado en esta tecnología una alternativa económica y efectiva para llevar a cabo acciones ofensivas. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz y datos de la Fuerza Pública, entre 2023 y 2026 la frecuencia de estos ataques ha crecido, reflejando una adaptación tecnológica que el Estado aún no ha logrado contrarrestar completamente.

¿Qué organizaciones están detrás de la mayoría de los ataques con drones en Colombia?

La mayoría de los ataques con drones en Colombia, según cifras de la Fuerza Pública, son atribuidos al Estado Mayor Central (Emc) y al Ejército de Liberación Nacional (Eln). Estas dos organizaciones son responsables del 95 % de los eventos registrados, liderando el uso de drones con fines ofensivos en las zonas más afectadas del país.

(Vea también: Bogotá no se libra de los aguaceros: Ideam explicó hasta cuándo seguirían las lluvias)

Videos y reportes ciudadanos difundidos en redes sociales evidenciaron calles cubiertas de agua, vehículos con dificultades para avanzar y conductores afectados por las precipitaciones. Noticias Caracol también reportó inundaciones en la Autopista Sur y en diferentes barrios de Soacha tras el aguacero.

Entre los sectores mencionados en los reportes ciudadanos están:

• Quintanares
• Julio Rincón
• Compartir
• Zona industrial de Cazucá
• La Capilla

Videos muestran inundaciones en Soacha y afectaciones en la Autopista Sur

Uno de los puntos reportados con dificultades de movilidad está en la Autopista Sur, a la altura de la estación Terreros de Transmilenio. Allí, la acumulación de agua complicó el tránsito vehicular y dejó automotores represados, según los reportes conocidos durante la tarde.

La situación preocupa a quienes utilizan diariamente este corredor para desplazarse entre Soacha y Bogotá, especialmente durante las horas de mayor circulación.

Las imágenes compartidas por ciudadanos muestran la magnitud de las inundaciones y las dificultades que enfrentaron los conductores para transitar por algunos tramos.

#Colombia | Debido a las fuertes lluvias es complejo el panorama en el municipio de Soacha, Cundinamarca. La autopista sur y varios barrios se encuentran inundados tras el fuerte aguacero registrado en la tarde de este miércoles.

Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/F8gBz2QpY9

— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 14, 2026

#Soacha | En una avenida torrencial se convirtieron las calles principales de los barrios Zona industrial Cazuca y La Capilla en Soacha. Decenas de vehículos se encuentran represados en la Autopista Sur por las inundaciones que se presentan en la zona.

Vía: @Nia_Maldonadoo
https://t.co/woHMRjVE2M

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 14, 2026

Un conductor quedó atrapado en medio de las inundaciones

Las afectaciones también se registraron en Quintanares y Julio Rincón, cerca del colegio Julio César Turbay.

De acuerdo con un reporte difundido por Periodismo Público, un conductor quedó atrapado dentro de su vehículo debido al nivel del agua acumulada en una de las calles del sector.

El hombre vivió momentos de angustia, pero logró salir del automotor. La situación refleja los riesgos que pueden enfrentar los conductores cuando las precipitaciones provocan acumulaciones importantes de agua en las vías.

Vecinos de la zona también reportaron dificultades para movilizarse por las calles inundadas.

Durante las protestas, la intervención de las autoridades estuvo marcada por el uso de gases lacrimógenos y otros implementos destinados a disolver manifestaciones, lo que generó controversia. El cabildante cuestionó que estos métodos se emplearan en un contexto en el que, según su versión, los participantes estaban expresando motivos legítimos para la movilización mediante actividades artísticas, musicales y consignas alusivas a sus exigencias. Para Zambrano, estas acciones contribuyeron a crear “un ánimo de terror, de deslegitimidad”, buscando justificar un uso que calificó como desproporcionado de la fuerza estatal.

El concejal resaltó que la violencia registrada durante el desarrollo de la marcha desviaba la atención pública de los reclamos de fondo de los manifestantes. “La protesta pacífica es un derecho fundamental. No puede convertirse en motivo de represión”, enfatizó Zambrano de acuerdo con El Nuevo Día. Por ello, insistió en que las autoridades deben priorizar la protección de quienes protestan de manera pacífica y evitar respuestas estatales que puedan ser percibidas como represivas.

Finalizados los hechos, Zambrano hizo un llamado a la alcaldesa de Ibagué y al Gobierno Nacional para que tomen medidas tendientes a permitir el ejercicio pleno de la protesta, evitando la repetición de situaciones similares en el futuro. A la fecha de las declaraciones, continuaban pendientes los balances oficiales sobre la cantidad de personas detenidas, las circunstancias en que se realizaron los procedimientos policiales y la existencia de posibles lesionados, tal como señaló El Nuevo Día. Las denuncias sobre el trato a algunos manifestantes estaban siendo evaluadas, por lo que las autoridades no habían entregado información oficial al respecto.

En definitiva, la posición del concejal Andrés Zambrano se centró en la urgencia de garantizar los derechos de quienes se manifiestan y en evitar que la fuerza institucional se adopte como la única respuesta ante las movilizaciones sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el concejal Andrés Zambrano criticó la intervención de la fuerza pública en las protestas de Ibagué?

El concejal Andrés Zambrano criticó la actuación de la fuerza pública porque consideró que el uso de gases lacrimógenos y otros elementos antidisturbios fue desproporcionado, especialmente en un contexto de protesta donde predominaban actividades artísticas, musicales y consignas pacíficas. Según Zambrano, acciones como estas pueden promover una percepción de terror y deslegitimidad, y desviar la atención de los reclamos legítimos de los manifestantes.

¿Qué medidas pidió el concejal para proteger la protesta pacífica en Ibagué?

De acuerdo con El Nuevo Día, Andrés Zambrano pidió a la Alcaldía y al Gobierno Nacional implementar medidas que garanticen el derecho fundamental a la protesta pacífica. Además, solicitó que se evite la repetición de episodios similares y exigió a las autoridades proteger a quienes se manifiestan sin violencia, recalcando que la represión no debe convertirse en la respuesta estatal ante la movilización social.

Entre los opositores más activos al decreto figura la senadora Jennifer Pedraza, quien anunció ante el Consejo de Estado una demanda en la que califica el texto de “regresivo e inconstitucional”. Según Pedraza, solo el Congreso podría restringir el derecho a la protesta a través de una ley estatutaria, en línea con el artículo 37 de la Constitución. Pedraza también criticó la consulta previa de solo siete días y la ausencia de convocatoria a la Mesa Nacional de Garantías, órgano utilizado para concertar la norma anterior, el Decreto 003 de 2021, expedido tras una orden de la Corte Suprema de Justicia. Considera que el nuevo decreto debilita el diálogo y permite omitirlo incluso ante protestas pacíficas si implican bloqueos, lo cual permitiría la disolución de manifestaciones no violentas.

Por parte del Pacto Histórico, representantes como Laura Daniela Beltrán ("Lalis"), Daniel Monroy y el vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, también promovieron acciones legales, indicando que el decreto abre la puerta a restricciones arbitrarias y otorga a las autoridades herramientas para intervenir en marchas alegando afectaciones al trabajo, la salud o la movilidad. Ocampo explicó que la Corte Constitucional ha dejado claro que las restricciones solo se pueden imponer bajo condiciones estrictas de gravedad y necesidad, condiciones que, según él, el decreto desatiende.

El texto del decreto establece un sistema de cinco niveles de respuesta —desde la gestión preventiva hasta el restablecimiento del orden policial— pero permite que las autoridades omitan el diálogo cuando haya hechos violentos o el diálogo previo se haya agotado. Entre los casos que permiten saltar etapas están el empleo de armas, agresiones a civiles y ataques a la infraestructura. El ministro Lara defendió la decisión como una regulación “garantista”, argumentando que las protestas pacíficas seguirán protegidas, pero no se permitirá el “terrorismo urbano”, según declaraciones oficiales.

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¿Qué cambia con el Decreto 1525 sobre el derecho a la protesta en Colombia?

El Decreto 1525 introduce nuevas reglas que permiten a las autoridades intervenir de manera inmediata en protestas cuando ocurra violencia o cuando se haya agotado el diálogo, según el texto citado por El Espectador. El cambio principal es que las etapas de diálogo y mediación pueden omitirse bajo ciertas circunstancias, lo que genera preocupación entre opositores que temen una limitación arbitraria de las manifestaciones pacíficas.

¿Por qué los congresistas consideran inconstitucional el Decreto 1525 para la protesta social?

De acuerdo con los legisladores citados en El Espectador, el decreto sería inconstitucional porque restringe derechos fundamentales mediante un acto administrativo y no a través de una ley estatutaria creada por el Congreso, como exige el artículo 152 de la Constitución. Sostienen que solo el legislativo tiene el poder de regular limitaciones a derechos como la protesta.

Los resultados del sondeo muestran que Fernando Borja acumuló 1.160 votos, lo que representa el 37 % de la votación total. Muy cerca, Guillermo Alfonso Jaramillo obtuvo 1.103 votos, equivalentes al 35 %. Detrás de ambos, Óscar Barreto se ubicó en la tercera posición al alcanzar el 13 % con 379 votos, seguido de Carlos Edward Osorio, quien sumó 201 votos y una representación del 7 % en el total de respuestas registradas.

En posiciones menores quedaron Andrés Hurtado, quien recibió 116 votos para un 3 %; la opción ‘Otro’ también obtuvo 75 votos, representando otro 3 % de las preferencias. Giovanny Molina se destacó con 34 votos, que equivalen al 2 %. Llama la atención que Ricardo Orozco aparece en la última posición, con un 0 % de las menciones en el sondeo realizado por El Nuevo Día.

El ejercicio de consulta resulta significativo como un termómetro de opinión entre la audiencia del medio, pues permite observar cómo se perfilan los candidatos en la percepción digital del electorado. Sin embargo, El Nuevo Día aclara que estos datos no pueden considerarse, por sí solos, como una tendencia electoral definitiva. Más bien, sus cifras aportan insumos para comprender mejor la distribución de la preferencia entre varios posibles candidatos en un momento específico y dentro del universo que participa de los sondeos en línea realizados por este tipo de medios.

Cabe recordar que las cifras y porcentajes citados corresponden únicamente a las respuestas recibidas en este sondeo específico, por lo que no pueden interpretarse, según advierte la publicación original, como predicción del resultado de las elecciones reales, ni extrapolarse como una medición representativa del universo electoral del Tolima.

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¿Quién lidera la intención de voto en el sondeo para la Gobernación del Tolima según El Nuevo Día?

De acuerdo con el sondeo realizado por El Nuevo Día, el candidato que encabeza la intención de voto es Fernando Borja, con el 37 % de los votos de los lectores que participaron, seguido muy de cerca por Guillermo Alfonso Jaramillo, quien recibió el 35 %.

¿Puede considerarse este sondeo de El Nuevo Día como una tendencia electoral para la Gobernación del Tolima?

El Nuevo Día aclara en su publicación que los datos presentados no deben entenderse como una tendencia electoral definitiva ni una predicción del resultado electoral, ya que el sondeo se limita a las opiniones de los lectores que participaron y no refleja necesariamente la totalidad de la población votante del Tolima.

La investigación surge a partir de una visita administrativa realizada por la Dirección de Reacción Inmediata de la Contraloría, la cual incluyó una inspección del campo de juego y revisión de los documentos entregados por Sencia y el IDRD. El objetivo primordial es identificar si existieron irregularidades de carácter fiscal que afecten el patrimonio público, especialmente a raíz de los costos asociados al deterioro de la cancha y a la inhabilidad del estadio para acoger los partidos programados.

El alcance de la indagación abarca la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión firmado en el año 2024, que exige la disponibilidad del estadio para eventos deportivos y el adecuado estado de la gramilla. Además, se analizarán los procedimientos de supervisión por parte del IDRD y la interventoría correspondiente, buscando sustentar el correcto uso de los recursos públicos destinados a pagos y mantenimientos.

Por otra parte, la Contraloría llevará a cabo una auditoría de cumplimiento sobre la gestión del contrato de asociación público-privada (APP) de El Campín, sumada a la revisión del modelo financiero, las contraprestaciones económicas y los ingresos derivados de eventos distintos al fútbol, como conciertos. Esta auditoría está incluida en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal de 2026 y revisará la actuación del IDRD desde la planeación hasta la transición de la fase de construcción, evaluando si las decisiones administrativas han beneficiado los intereses del Distrito.

Simultáneamente, la Personería de Bogotá, bajo la dirección del personero Andrés Castro, desplegó una acción preventiva para determinar si existieron posibles faltas disciplinarias ligadas al manejo de la APP de El Campín y el contrato con Sencia. El director del IDRD, Daniel García, confirmó que se estudian acciones penales y disciplinarias por un presunto incumplimiento contractual tras los conciertos realizados en el escenario, específicamente los de BTS.

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¿Por qué la Contraloría investiga el estado de la gramilla del estadio El Campín?

La Contraloría de Bogotá investiga el estado de la gramilla del estadio El Campín para establecer si el deterioro del césped y la indisponibilidad del escenario generaron daños al patrimonio público, así como para verificar el cumplimiento del contrato de concesión por parte de la empresa Sencia y la supervisión institucional que ejerce el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

¿Qué implica una indagación preliminar de la Contraloría en contratos públicos?

Una indagación preliminar de la Contraloría corresponde a la etapa inicial de investigación en la que se revisan hechos y documentos, sin atribuir responsables aún, para determinar si existen indicios de irregularidades fiscales. A partir de estos hallazgos, el organismo podrá ampliar el alcance de la investigación o tomar medidas adicionales según los resultados obtenidos.

Este cierre responde a la necesidad de instalar la estructura metálica de la plataforma y la cubierta de la estación. Además, contempla el ensamble e izaje –es decir, el levantamiento y colocación mediante grúas– de las pasarelas que conectarán los edificios de acceso con la nave central de la estación. También está previsto montar vigas tipo U y vigas cajón, elementos claves en la estabilidad y funcionamiento del paso elevado. La maniobra requiere de grúas de gran capacidad, cuyo brazo operará sobre este concurrido corredor vial, por lo que se prioriza la seguridad tanto de los trabajadores como de conductores y peatones.

Mientras se desarrollan estas maniobras, los vehículos que transiten en sentido occidente–oriente deberán desplazarse utilizando el contraflujo habilitado sobre el puente vehicular norte. Las autoridades y responsables de la obra recomiendan a los conductores mantenerse atentos a la señalización instalada en el área y seguir las indicaciones del personal dispuesto en la zona, para evitar contratiempos y garantizar la seguridad colectiva durante el cierre parcial.

De acuerdo con la información oficial, a septiembre de 2026 la construcción de la Línea 1 del Metro había alcanzado un avance del 83,73 %, consolidando el progreso de una de las obras de infraestructura más esperadas en Bogotá. Además, quienes tengan inquietudes o requieran orientación sobre el desarrollo de los trabajos en este sector pueden acudir a la oficina de atención al ciudadano ubicada en la calle 26 sur No. 68I-12/18, o establecer contacto mediante el correo electrónico socialtramo3@metro1.com.co, canales dispuestos para garantizar una comunicación directa con la ciudadanía.

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¿En qué consiste el cierre del puente sur de la avenida Primero de Mayo con avenida 68 por obras del metro?

El cierre total del puente sur responde a la instalación de estructuras y pasarelas esenciales para la estación 7 de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Durante la noche y madrugada señaladas, se ejecutarán maniobras que requieren grúas de gran tamaño, por lo que los vehículos deberán usar el contraflujo habilitado en el puente vehicular norte y obedecer la señalización y recomendaciones del personal de la obra.

¿Qué es el izaje de pasarelas y por qué es necesario en la construcción del metro de Bogotá?

El término "izaje" significa levantar y colocar estructuras pesadas mediante maquinaria especializada, como grúas. En este caso, el izaje de las pasarelas es fundamental para conectar los edificios de acceso con la nave central de la estación 7, garantizando la funcionalidad y el acceso adecuado para los usuarios del futuro sistema de metro.

La propuesta comenzó en 2024, en un contexto crítico para Bogotá, donde la ciudad enfrentó una drástica disminución de los niveles de su sistema de abastecimiento Chingaza. Esta situación obligó a la implementación de un racionamiento de agua y, ante esa coyuntura, la EAAB decidió ir más allá de los simples boletines técnicos. La gerencia apostó por una estrategia de comunicación que motivara a los ciudadanos a transformar y conservar hábitos de consumo responsable, remarcando que el ahorro debe ser una práctica sostenida en el tiempo y no solo una respuesta pasajera frente a emergencias.

Según la gerente general Natasha Avendaño, ser finalista representa un respaldo al esfuerzo de la empresa por promover una mejor relación de la ciudadanía con el recurso hídrico. La campaña, difundida a través de la prensa escrita, llegó a más de 300.000 lectores con consejos prácticos y directos para el uso racional del agua. La pieza gráfica incluyó un código QR, lo que permitió enlazar contenido impreso con recursos digitales, como el jingle de la campaña. De acuerdo con los datos reportados por la EAAB, tales acciones contribuyeron a un ajuste significativo en el comportamiento del consumo durante el racionamiento: Bogotá bajó el promedio de consumo de 17,62 metros cúbicos por segundo a 16,24 metros cúbicos por segundo, y, al finalizar la medida, se mantuvo en 17,18 metros cúbicos por segundo, por debajo de los 18,1 metros cúbicos por segundo que se proyectaban.

Esta nominación se suma a otros reconocimientos conquistados por la EAAB en versiones anteriores de los Premios Corresponsables, como el obtenido en 2021 por la campaña ‘Que Llueva Conciencia’ en redes sociales, y diversas menciones con proyectos relacionados a cultura de integridad y buenas prácticas ambientales. Los XVII Premios Corresponsables son impulsados por la Fundación Corresponsables de España y se enfocan en destacar iniciativas de Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Comunicación Responsable en la región. El anuncio de los ganadores está programado para el 3 de noviembre de 2026 en Barcelona.

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¿Cómo impactó la campaña ‘Con Renacua, cuidamos el agua para cuidar de ti’ en el consumo de agua en Bogotá?

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la estrategia comunicativa logró disminuir el consumo promedio de agua durante el periodo de racionamiento, pasando de 17,62 m³/s a 16,24 m³/s, y manteniéndose luego en 17,18 m³/s, niveles por debajo de los 18,1 m³/s proyectados inicialmente para la ciudad.

¿Qué son los Premios Corresponsables y qué buscan reconocer?

Según la información oficial, los Premios Corresponsables, organizados por la Fundación Corresponsables de España, buscan destacar y reconocer iniciativas relacionadas con la Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Comunicación Responsable en Iberoamérica, premiando campañas y proyectos que incentiven buenas prácticas empresariales y sociales en la región.

El caso ha generado conmoción en la comunidad, ya que el ataque fue violento: Martínez recibió cinco impactos de bala. Según lo informado, aunque se han dado algunas versiones de forma extraoficial sobre una posible relación de este asesinato con actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes, las autoridades insisten en que se trata, por ahora, de una hipótesis no confirmada y que no se puede dar por definitiva acerca del móvil del crimen.

Uno de los puntos que llama la atención de la investigación, reseñado por El Nuevo Día, es que Martínez registraba más de 19 anotaciones en su historial por distintos delitos, entre los que se incluyen tráfico de estupefacientes, porte de armas y extorsión. Esta información, aunque reportada, deberá ser verificada con los registros oficiales correspondientes para establecer con claridad su relevancia en el marco de la investigación.

Mientras avanza el proceso, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación, sin descartar ninguna hipótesis sobre las razones detrás de este homicidio ocurrido en Acacías. La comunidad y los familiares de la víctima esperan que se esclarezcan los hechos y se identifique a los responsables. La información oficial sobre avances y resultados continuará siendo indispensable para entender lo sucedido y determinar si el asesinato se relaciona con antecedentes judiciales de la víctima o responde a dinámicas distintas en la zona.

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¿Quién era Cristian Fernando Martínez y cuáles eran los antecedentes que tenía?

Cristian Fernando Martínez, oriundo del Tolima, era un hombre de 35 años que fue asesinado en Acacías, Meta. De acuerdo con información de El Nuevo Día, Martínez tenía más de 19 anotaciones por delitos como tráfico de estupefacientes, porte de armas y extorsión; sin embargo, las autoridades aún deben verificar oficialmente estos antecedentes y su posible relación con el crimen.

¿Qué se sabe sobre el homicidio en Acacías y cuáles son las hipótesis que investigan las autoridades?

El homicidio de Cristian Fernando Martínez ocurrió en la madrugada del miércoles 14 de octubre, en un predio sobre el corredor vial de la vereda Cola de Pato, en Acacías, Meta. Según El Nuevo Día, hasta ahora no se han aclarado públicamente las circunstancias del ataque ni la identidad de los responsables. Aunque se menciona de forma extraoficial una posible relación con el tráfico de estupefacientes, las autoridades no han confirmado esta hipótesis y mantienen abiertas otras líneas de investigación.

De acuerdo con el medio citado, Feria Buitrago fue notificado hace 24 horas de la decisión que pone fin a su permanencia en la Policía. El dato se conoce mientras su nombre continúa relacionado con el escándalo que rodeó las pruebas de polígrafo a Meza.

El retiro de Carlos Alberto Feria Buitrago ocurre mientras el coronel enfrenta un proceso judicial relacionado con el caso del polígrafo practicado a la exniñera del hijo de Laura Sarabia. El oficial ya fue imputado por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal, según la información conocida sobre el expediente.

A esto se suma una discusión sobre la jurisdicción que debe llevar su proceso. Actualmente se analiza un posible conflicto de competencias para determinar si el caso de Feria debe continuar en la justicia ordinaria o pasar a la justicia penal militar, una decisión que definirá el escenario judicial en el que seguirá su investigación.

Antes de conocerse su salida de la institución, Feria ocupaba un cargo relacionado directamente con la formación de uniformados. En agosto pasado había sido designado como director de la Escuela de Protección de la Policía Nacional, dependencia encargada de preparar al personal que presta servicios de protección a personas, instalaciones y misiones especiales de la institución.

Su salida de la Policía, por tanto, se conoce mientras el proceso judicial en su contra continúa pendiente de definiciones sobre la jurisdicción competente.

Durante la plenaria de este miércoles 14 de octubre, Henríquez aseguró que la presencia de los uniformados respondió a una petición del equipo de seguridad del expresidente Gustavo Petro. La solicitud habría llegado a la Secretaría del Senado durante la tarde del martes, pocas horas antes del inicio de las movilizaciones.

De acuerdo con la explicación del presidente del Senado, la petición fue acogida con el propósito de reforzar las condiciones de seguridad del exmandatario durante los actos programados en la Plaza de Bolívar. En ese lugar se concentraron sectores de la oposición y organizaciones gremiales que participaron en la jornada de protestas.

El presidente del Senado, Honorio Henriquez, aclaró que la presencia de uniformados portando armas en el techo del Capitolio Nacional fue una medida que adoptó el Congreso por solicitud del equipo de seguridad del expresidente Gustavo Petro.

Henriquez manifestó que la petición llegó a la Secretaria del Senado en la tarde del martes, horas antes de dar inicio a las protestas, y fue acogida para garantizar su seguridad durante los actos que concentraron a sectores de la oposición y de organizaciones gremiales en la Plaza de Bolívar.

🔴 Siga en vivo las marchas de este 14 de octubre 👉https://t.co/Oico0UAf67

— El Espectador (@elespectador) October 14, 2026

La presencia de uniformados armados en los puntos elevados alrededor de la Plaza de Bolívar también provocó preguntas entre congresistas. El representante a la Cámara Gabriel Becerra cuestionó públicamente la presencia de lo que calificó como francotiradores en edificios altos del sector.

“Abelardo de la Espriella, MinDefensa y MinInterior, ¿Qué hacen militares con fusiles encima del Capitolio”, escribió Becerra, dirigiéndose al presidente de la República y a los ministros de Defensa e Interior.

#Política | El representante a la Cámara Gabriel Becerra cuestionó la presencia de francotiradores en los edificios altos de la Plaza de Bolívar en Bogotá. “Abelardo de la Espriella, MinDefensa y MinInterior, ¿Qué hacen militares con fusiles encima del Capitolio”

Vía: @jimmyavila
https://t.co/woHMRjVE2M

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 14, 2026

Cabe mencionar que el expresidente llegó a la Plaza de Bolívar en la tarde de este miércoles, acompañado de su esquema de seguridad. A través de sus redes sociales expresó: “Así se responde a la adversidad,  on dignidad, con ganas de ganar otra vez, sin miedo. Es la vida la compañera y no la muerte”.

(Vea también: Bogotanos sufren por protestas: más de 365.000 usuarios de Transmilenio han sido afectados)

De acuerdo con Caracol Radio, los uniformados utilizaron gases lacrimógenos y se escucharon detonaciones que serían de bombas aturdidoras durante el procedimiento. La situación derivó en confrontaciones físicas y verbales en este sector de la capital del Tolima.

#Ibagué | La UNDMO intervino el final de la movilización en el centro de Ibagué con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras. Hay tensión en el centro de la ciudad por disturbios. https://t.co/VFl9u8jB5Z

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 14, 2026

Así fue la intervención de la UNDMO en Ibagué

Según el reporte del medio radial, hacia las 2:20 p. m. todavía permanecían decenas de personas en el parque Manuel Murillo Toro, después de participar en la movilización que recorrió la carrera Quinta.

Hasta allí llegaron efectivos de la UNDMO y otras unidades de la Policía Nacional, que rodearon a los manifestantes. Durante varios minutos, uniformados y ciudadanos permanecieron frente a frente, hasta que la tensión escaló y se produjo la intervención.

Los gases lacrimógenos fueron utilizados para despejar la concentración, mientras que durante el procedimiento se escucharon detonaciones que, según Caracol Radio, serían de bombas aturdidoras.

Manifestantes denunciaron presuntas retenciones arbitrarias

En medio de los hechos, algunos manifestantes denunciaron en redes sociales presuntas retenciones arbitrarias y agresiones por parte de integrantes de la fuerza pública.

Ibagué, escenario de tensión durante la jornada nacional de protestas

Los hechos ocurrieron durante la jornada nacional de movilizaciones convocada por sectores de la oposición y organizaciones sociales contra las decisiones del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

En Ibagué, la marcha avanzó por la carrera Quinta y tenía previsto finalizar en el parque Murillo Toro. Durante la mañana, la movilización había comenzado sin alteraciones del orden público, según el reporte de Caracol Radio sobre el desarrollo de las protestas.

Según Diego Fernando Guzmán, secretario de Educación municipal, más de 80 barrios y más de 300 cuadras han sido intervenidos con mejoras en la red vial. Esto busca no solo facilitar la movilidad, sino también mejorar el acceso de los ciudadanos a diferentes sectores urbanos y rurales. Entre los barrios beneficiados figuran Alaska, Santa Bárbara, San Carlos, La Floresta, El Limonar, Rincón de Piedra Pintada, Villa Marlén, Los Parrales y otros. Además, obras como la recuperación de las canchas Marte y Maracaná y la intervención con placa huella en el sector de Calambeo —clave para el transporte agrícola rural— hacen parte de la agenda.

También se mencionó la avenida 103, un proyecto vial de cerca de 1.500 metros que uniría la glorieta del aeropuerto Perales con Nuevo Tolima. Aunque el presidente de la cartera educativa explicó que el trazado ya está definido y contempla financiación con recursos de valorización, la obra aún no ha concluido. La programación de octubre suma además la entrega de vías en 25 barrios, dos polideportivos y 14 salones comunales.

En educación, Guzmán y Lorena Ballesteros, directora de Cobertura Educativa, presentaron dos proyectos clave para este mes: obras complementarias en la Institución Educativa Técnica Ciudad Luz, con una inversión de 750 millones de pesos, que incluyen rampas, escaleras y cerramiento; y la intervención integral de la Institución Educativa José Antonio Ricaurte, con recursos superiores a los 20.000 millones de pesos. Además, se gestionan fondos ante el Ministerio de Educación Nacional por más de 2.000 millones de pesos para atender los daños de Amina Melendro y Simón Bolívar tras actividad sísmica. A futuro, se planea ampliar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), fortalecer la inclusión y reducir la deserción.

El componente festivo arrancó con el Festival de las Artes y el Festival Internacional del Libro. De acuerdo con la programación relatada por El Nuevo Día, otros eventos destacados incluyeron orquestas tropicales, la Serenata a Ibagué y partidos deportivos gratuitos en el estadio Manuel Murillo Toro. El 14 de octubre, aniversario oficial, se entregó el mural ‘Guardianes de mi Tierra’, se celebró una eucaristía en la catedral y se realizaron conciertos en la Plaza de Bolívar.

La fiesta continúa el resto del mes con el encuentro ‘Ibagué para el mundo’, el Encuentro de Bandas Sinfónicas ‘Ignacio Camacho Toscano’, el Festival Vallenato, el Zonas Sur Fest y el festival ‘Ibagué Ciudad Rock’, que contará con agrupaciones como Kraken y Doctor Krápula. Están agendados además el Primer Encuentro Internacional de Centros Culturales y Museos Panópticos, torneos deportivos y celebraciones para el Día de los Niños.

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¿Cuáles son las principales obras de infraestructura que se están ejecutando en Ibagué durante su aniversario?

Durante la celebración de los 476 años, la Alcaldía de Ibagué ha priorizado obras viales en más de 80 barrios y 300 cuadras, la recuperación de escenarios deportivos como las canchas Marte y Maracaná, y proyectos como la avenida 103 y la intervención en el sector rural de Calambeo. Así lo indicaron voceros como el secretario de Educación y la directora de Cobertura Educativa durante una entrevista con El Nuevo Día.

¿Qué proyectos educativos están incluidos en la agenda de Ibagué para octubre?

Entre los proyectos mencionados por funcionarios municipales están la entrega de obras en la Institución Educativa Técnica Ciudad Luz, con una inversión de 750 millones de pesos, y la intervención integral de la Institución Educativa José Antonio Ricaurte, que supera los 20.000 millones de pesos. Además, la Alcaldía gestiona recursos para reparar daños en colegios afectados por sismos y proyecta fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la inclusión educativa.

La concentración dio inicio a las 9 a. m. en la plazoleta del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sede administrativa. Desde este lugar, cientos de maestros caminaron portando pancartas y gritando consignas con el fin de exigir cambios significativos en varias áreas. Entre los principales reclamos se destacó la necesidad de mejorar de forma sustancial la atención en salud a la que acceden tanto ellos como sus familias. Los educadores también pidieron salvaguardar sus prestaciones sociales y demandaron que se garanticen mayores recursos para el sector educativo público, especialmente en aspectos como infraestructura, aseo, vigilancia y transporte escolar.

Jorge Luis Rivero Larios, presidente de Aducesar, remarcó que una de las principales inconformidades tiene que ver con la deficiente atención médica en la región. El gremio igualmente mostró su rechazo a proyectos legislativos que, en palabras de sus voceros, "abran paso a la privatización o participación de privados en la educación oficial". En el marco de la movilización, los docentes solicitaron también un aumento al presupuesto del Programa de Alimentación Escolar (PAE), reclamando una cobertura integral para los beneficiarios.

Durante la marcha, los voceros sindicales manifestaron: “Marchamos en defensa de la educación pública y los derechos logrados por los educadores. Requerimos respuestas definitivas ante las demoras en citas médicas y procedimientos en la red prestadora”.

El desarrollo habitual de las clases en los colegios oficiales se vio alterado por la movilización. Aducesar autorizó suspender parcialmente las actividades académicas a partir de las 9:00 a. m., para permitir la participación de los docentes en la marcha. Pese a esto, algunos rectores, de acuerdo con la directiva del Ministerio de Educación, optaron por continuar la jornada en modalidad de media jornada. El sindicato aclaró que las horas no dictadas serán reprogramadas y recuperadas en los próximos días, siguiendo los calendarios institucionales.

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¿Cuáles fueron las principales exigencias de los docentes durante la marcha en Valledupar y Cesar?

Las demandas principales de los educadores estuvieron centradas en la mejora del modelo de salud del magisterio, el refuerzo de la protección de sus prestaciones sociales y la exigencia de mayores recursos para la infraestructura educativa. También rechazaron la posibilidad de privatización en la educación oficial y solicitaron una mayor financiación para servicios de aseo, vigilancia, transporte escolar y la ampliación de la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE), de acuerdo con la información suministrada por Aducesar.

¿Qué impacto tuvo la marcha de docentes en las actividades académicas de los colegios oficiales del Cesar?

La movilización llevó a la suspensión parcial de clases desde las 9:00 a. m., lo que generó incertidumbre acerca de la continuidad académica. Sin embargo, algunos rectores continuaron con las clases en media jornada, conforme a la orientación del Ministerio de Educación. Las horas no impartidas durante la protesta deberán ser reprogramadas y recuperadas en los próximos días por decisión del sindicato y de acuerdo con los calendarios institucionales.

Durante la presentación, el ministro Iván Cancino enfatizó que una de las prioridades de la política criminal actual es someter a los delincuentes utilizando herramientas jurídicas y privilegiando siempre las vías legales y pacíficas. El documento defiende el enfoque de eliminar cualquier reconocimiento político a criminales y dejar de usar figuras como la de “gestor de paz”, que cobraron notoriedad durante el mandato de Gustavo Petro. Este posicionamiento fue bien recibido por aliados del Ejecutivo, quienes consideran que representa un cambio necesario y contundente en el combate contra organizaciones criminales.

Honorio Henríquez, presidente del Senado, afirmó que se trata de una “herramienta necesaria”, indicando que la discusión tendrá celeridad, dada la urgencia con la que fue presentado el proyecto. La propuesta permitirá que tanto Senado como Cámara sesionen conjuntamente, agilizando la toma de decisiones. Por su parte, el senador Hernán Cadavid expresó preocupación ante posibles beneficios excesivos como los que, según él, se otorgaron durante la implementación de la llamada “paz total”, y destacó la importancia de que la política criminal no devenga en negociaciones políticas. El representante Julio César Triana también manifestó su apoyo, resaltando que se pone fin a la lógica de premiar a quienes delinquen.

No obstante, la oposición, especialmente desde el Pacto Histórico, mantiene sus reservas. Para Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social, el texto abre la posibilidad de otorgar beneficios a reclutadores de menores, y criticó las rebajas de penas propuestas, asegurando que ni la ley ‘Justicia y paz’ llegó tan lejos. La exministra Ángela María Buitrago advirtió, además, que el proyecto no diferencia entre Grupos Armados Organizados (GAO) y otras estructuras criminales de alto impacto, lo que considera un vacío relevante en el enfoque presentado.

El texto principal establece, entre otras condiciones, que la interlocución con grupos ilegales se haga por medio de abogados, limita el escenario de negociación y establece compromisos claros para quienes busquen acceder a beneficios y rebajas de penas, que oscilarán entre un 30 % y un 50 %, según el rol criminal. La modificación propuesta se aplica a la Ley 418 de 1997, instrumento que ha guiado por casi tres décadas los procesos de paz en Colombia y cuya vigencia está próxima a expirar. Por ahora, el Congreso tendrá que pronunciarse en las siguientes semanas sobre el futuro de esta nueva política de sometimiento criminal.

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¿Cómo funcionará el nuevo modelo de sometimiento de grupos criminales en Colombia?

El nuevo modelo, planteado por el gobierno de Abelardo de la Espriella y presentado en el Congreso, propone que los miembros de grupos criminales se sometan a la justicia bajo condiciones establecidas en 22 artículos. Incluye procesos de interlocución por medio de abogados, limitación de escenarios y compromisos específicos para acceder a rebajas de penas, que pueden ir del 30% al 50%, según la responsabilidad dentro del grupo ilegal. Además, desaparece cualquier reconocimiento político a estos grupos y reemplaza figuras como la de “gestor de paz”.

¿Qué diferencia hay entre un Grupo Armado Organizado (GAO) y una estructura criminal de alto impacto?

Según lo expresado por Ángela María Buitrago, exministra de Justicia citada en El Espectador, es clave distinguir entre un GAO y una estructura criminal de alto impacto. Un GAO es una organización armada que opera con cierta estructura y jerarquía, mientras que una estructura de alto impacto puede involucrar actividades criminales complejas sin necesariamente tener la misma organización militar. Ella advierte que el proyecto actual no distingue entre ambas, lo que representa un desafío serio para su aplicación y efectividad.

El director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, William Rozo, explicó que, aunque El Niño suele asociarse con reducción de lluvias, no excluye episodios intensos que puedan desencadenar emergencias. De acuerdo con Ideam, aunque las acumulaciones de lluvia se proyectan por debajo de los promedios históricos, el periodo de fin de año trae condiciones propicias para precipitaciones fuertes en varias zonas del país.

En la vereda Barital, en Medina, el represamiento de una quebrada provocó una avenida torrencial que afectó una vivienda, obligando al traslado de una familia de tres personas —una de ellas con discapacidad— hacia el casco urbano, con apoyo del Cuerpo de Bomberos y familiares. En la vereda Chiapas, también de Medina, un deslizamiento de tierra generó riesgo para cinco familias y perjudicó la movilidad, según el reporte preliminar, requiriendo intervención con maquinaria amarilla. En Madrid, varias zonas sufrieron inundaciones e intervenciones de la Alcaldía, Bomberos y Defensa Civil, aunque al cierre del informe no se tenía una cifra consolidada de las familias afectadas ni el total de los daños.

Venecia enfrentó caída de material sobre las vías por lluvias, aunque los pasos hacia San Antonio, Pandi y Cabrera fueron habilitados presto, mientras persistía la vigilancia sobre la quebrada La Chorrera por aumento de caudal. La vía Sibaté–Fusagasugá fue cerrada el 13 de octubre luego de un deslizamiento a 400 metros del peaje San Miguel, sin afectar a personas o vehículos gracias a la acción rápida de los Bomberos Voluntarios de Fusagasugá. Actualmente, el paso es controlado y continúan los trabajos de remoción del material, indicó el gobernador Jorge Emilio Rey, quien recomendó precaución a los conductores y evitar las cercanías de ríos o quebradas tras lluvias intensas. Las autoridades insisten en mantener canales de comunicación abiertos y la identificación de puntos críticos mientras avanzan las evaluaciones de daños.

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¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta las lluvias en Cundinamarca?

El fenómeno de El Niño es una variación climática caracterizada por el aumento de la temperatura superficial del mar en el océano Pacífico, lo que modifica los patrones de lluvia en diferentes regiones. En Cundinamarca, según la información del Ideam, El Niño suele disminuir las precipitaciones, aunque no descarta la ocurrencia de lluvias intensas que pueden provocar emergencias como inundaciones o deslizamientos.

¿Cuáles han sido los municipios más afectados por las lluvias en Cundinamarca recientemente?

De acuerdo con el balance oficial citado, los municipios de Medina, Madrid, Fusagasugá, Subachoque, El Rosal, Tocaima, Cajicá y Gachancipá han registrado emergencias por lluvias, como inundaciones, vendavales y deslizamientos entre el 1 y el 13 de octubre, siendo Medina y Madrid dos de los más afectados en incidentes recientes.

En esta novena edición, la feria reunirá a más de 100 emprendimientos de distintos sectores productivos, desde gastronomía artesanal hasta velas y otros artículos elaborados por caleños. El horario del evento irá de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., brindando una vitrina variada para que los visitantes puedan descubrir productos y servicios innovadores. Tal como explicó Claudia Pérez, organizadora de la iniciativa, este proyecto surgió no solo con el propósito de dinamizar la economía informal, sino también para promover la protección del medio ambiente y el cuidado del parque Senderos, en articulación con más de 500 empresarios y emprendedores de la comuna 2 y de otras zonas de Cali.

La cita en el parque Senderos estará marcada no solo por la actividad comercial, sino también por un componente espiritual que busca fortalecer el ánimo colectivo. La jornada empezará con una eucaristía presidida por el sacerdote Joaquín Gómez, párroco del barrio La Flora y director del Banco de Alimentos de Cali, quien dedicará esta misa a la fe y la esperanza tras los recientes desafíos que ha vivido la ciudad, siempre de acuerdo con la fuente mencionada.

De la mano de la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, se pretende incentivar la asistencia al evento y resaltar la importancia de estos espacios como motor para la generación de ingresos y la recuperación social. Figuras como Ayaini Ayala, cocinera ancestral del Pacífico, destacan que la feria ha significado una oportunidad para mostrar su trabajo y conectar con nuevos clientes, convirtiendo cada emprendimiento en una apuesta por la esperanza y la resiliencia de la comunidad. Los organizadores invitan a las familias a sumarse y a respaldar el comercio local.

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¿Cuáles son los horarios y la ubicación de la feria de emprendedores al parque en Cali?

La feria Emprendedores al Parque se llevará a cabo el domingo 18 de octubre en el parque Senderos, localizado en la avenida 4BN con calle 58, al norte de Cali. El evento estará abierto al público desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., permitiendo a los visitantes acceder durante toda la jornada a las propuestas de emprendimiento local.

¿Qué actividades y productos se pueden encontrar en la feria Emprendedores al Parque de Cali?

En la feria participarán más de 100 emprendimientos con una oferta que incluye gastronomía, velas y artículos elaborados por los emprendedores caleños. Además de la venta de productos, la jornada iniciará con una eucaristía dedicada a la fe y la esperanza, reforzando el propósito de recuperación y apoyo mutuo entre los asistentes.

De acuerdo con información reportada por El Nuevo Día, los hechos ocurrieron cuando dos hombres, quienes llegaron al establecimiento en motocicleta, dispararon directamente contra Sánchez, cuyo deceso fue confirmado en el mismo lugar tras el ataque. Este acto ha generado inquietud entre los habitantes, dada la forma en la que se perpetró y la fuga de los responsables, pues hasta el momento no se conocen datos oficiales sobre la identidad de los agresores ni los móviles que los habrían llevado a cometer este crimen.

Las autoridades locales trabajan intensamente para esclarecer el homicidio y dar con los responsables. Sin embargo, según el reporte preliminar recogido por El Nuevo Día, hasta ahora no existen versiones oficiales que aporten detalles adicionales sobre la identidad de los atacantes o si han sido identificados por las fuerzas de seguridad. Este hermetismo responde a la fase inicial de las investigaciones, en la que se buscan pruebas que permitan esclarecer el crimen y entender el trasfondo de este acto violento.

Mientras avanza el proceso investigativo, los habitantes de Honda exigen resultados que permitan recuperar la seguridad en la zona y evitar que hechos similares se repitan. La recolección de información y las labores judiciarias serán determinantes, pues como lo señala El Nuevo Día, aún persisten múltiples interrogantes sobre las circunstancias del asesinato y el motivo que llevó a los agresores a atentar contra ‘Chiva’.

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¿Qué se sabe hasta ahora sobre el asesinato de Jhon Sánchez, alias ‘Chiva’, en Honda?

Según la información suministrada por El Nuevo Día, hasta el momento se conoce que la víctima fue atacada dentro de un taller cercano a la terminal de transportes de Honda. Dos hombres en motocicleta realizaron los disparos y huyeron del sitio. Aún no han sido identificados los responsables ni se ha establecido el móvil, ya que las autoridades se encuentran en proceso de investigación.

¿Cuáles son los retos para esclarecer el homicidio y evitar impunidad en casos como este en Honda, Tolima?

El principal reto identificado por El Nuevo Día es el avance de la investigación ante la escasa información disponible al momento. Las autoridades deben trabajar en la recolección de pruebas, testimonios y material que permita no solo identificar a los autores materiales, sino también determinar las causas del homicidio. La pronta esclarecimiento del caso es crucial para evitar la sensación de impunidad entre la comunidad.

Este control de movilidad se estableció en la ciudad desde el primero de julio y estará en marcha durante todo el segundo semestre del año. El esquema consiste en una rotación diaria de los dígitos entre lunes y viernes, de modo que cada día de la semana corresponde a un par distinto de números de placa, lo que exige atención permanente por parte de los conductores. En su comunicación oficial publicada el 26 de junio de 2026, la Secretaría de Movilidad de Cali enfatizó que entre el 1 y el 3 de julio se llevó a cabo una etapa pedagógica para que los conductores se familiarizaran con la medida, y que desde el 6 de julio comenzaron a imponerse los comparendos.

El cumplimiento de esta restricción es fundamental para evitar sanciones. Según la normativa, quienes circulen durante las horas restringidas exponiéndose a la infracción pueden recibir una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), además del riesgo de inmovilización del vehículo por parte de las autoridades. Es importante recalcar que la medida aplica únicamente sobre los vehículos de servicio particular, por lo que no todos los automotores están sujetos a la normativa.

Existen excepciones claras dentro de la regulación. Motocicletas, vehículos eléctricos e híbridos debidamente parametrizados, así como vehículos de carga cuya capacidad sea igual o superior a cinco toneladas y aquellos destinados a servicios especiales, se encuentran exentos de la medida. También aplica la excepción a vehículos oficiales, diplomáticos, consulares, de emergencia y aquellos destinados al transporte de personas con movilidad reducida, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos. Por esto, se recomienda a los ciudadanos verificar si su vehículo se encuentra dentro de los mencionados grupos antes de planear su desplazamiento.

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¿Cuál es el horario del pico y placa en Cali para el jueves 15 de octubre?

Según la Secretaría de Movilidad de Cali, el pico y placa para este jueves 15 de octubre afecta a los vehículos cuyas placas terminan en 5 y 6. La restricción está vigente desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, sin interrupciones a lo largo del día, en todo el perímetro urbano de la ciudad.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en Cali?

La normativa señala que las motocicletas, los vehículos eléctricos e híbridos correctamente registrados, vehículos de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas, vehículos oficiales, diplomáticos, consulares, de emergencia y aquellos que transportan personas con movilidad reducida pueden circular sin restricción, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

En las imágenes se puede observar al helicóptero desplazándose a una altura considerablemente baja, lo cual resalta aún más la escena y agrava la intriga de quienes presenciaron el momento. Normalmente, los vuelos de helicópteros en áreas urbanas suelen estar justificados por operaciones oficiales, tareas de vigilancia, atención de emergencias o ejercicio privados claramente identificados. Sin embargo, en este caso, la falta de información oficial amplifica la incertidumbre en la opinión pública local.

De acuerdo con lo reportado hasta el momento, las autoridades no han precisado a qué entidad, empresa privada o propietario particular corresponde el helicóptero. Tampoco se ha dado a conocer si la aeronave respondía a una operación programada, una emergencia, actividades de seguridad o eventos particulares. Según el registro visual y los testimonios recogidos, es evidente el desconcierto entre quienes fueron testigos, pues no existió ningún anuncio previo ni posterior que esclareciera la naturaleza del vuelo o los motivos detrás de su ruta por el centro de Ibagué.

En este contexto, la expectativa persiste y las preguntas sobre el sobrevuelo permanecen sin respuesta. Los ciudadanos de Ibagué aguardan información que permita identificar al responsable del helicóptero y comprender las razones que justificaron su desplazamiento inusualmente bajo en un sector tan concurrido. Mientras tanto, el video continúa circulando y alimentando la conversación en distintos espacios. Como señala la información más reciente, esta es una noticia en desarrollo y se espera que en los próximos días se aclaren tanto la identidad del helicóptero como los motivos de su paso por la ciudad.

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¿De quién era el helicóptero que sobrevoló el centro de Ibagué?

Hasta ahora, no se ha confirmado a quién pertenece la aeronave ni se han especificado los motivos del vuelo. De acuerdo con lo reportado, las autoridades todavía no han divulgado detalles sobre el propietario o la entidad responsable del helicóptero. La comunidad sigue esperando declaraciones oficiales que permitan esclarecer la situación.

¿Por qué un helicóptero volaba tan bajo en Ibagué?

La razón detrás del vuelo a baja altura sobre el centro de Ibagué aún no se ha esclarecido. Las imágenes suscitaron preguntas entre los habitantes, pero hasta el momento no se ha informado si se trató de una operación oficial, un vuelo privado o cualquier otra circunstancia especial. La incertidumbre continúa y se espera pronunciamiento de las autoridades.

Según lo detallado en la entrevista, Pineda explicó que todas las donaciones recolectadas durante la campaña 'Colombia, un solo corazón' se encuentran resguardadas en las cuentas oficiales de la fundación. Recalcó que, siguiendo la iniciativa propia y la decisión unánime de la junta directiva, esos recursos no serán utilizados hasta que se inicie la segunda fase del proyecto, la cual está destinada a la reconstrucción de viviendas para las familias que lo perdieron todo a causa del sismo. Destacó que la reconstrucción debe hacerse de manera responsable y no se trata únicamente de regresar una vivienda al sitio donde estuvo la anterior, por lo que la fundación se encuentra en proceso de planificación antes de emplear los fondos. Anunció además que el jueves 15 de octubre se llevará a cabo una reunión clave sobre el tema y prometió que, a más tardar el viernes 16 de octubre, se publicará la información detallada sobre los recursos en el sitio web de la organización, permitiendo así la consulta ciudadana.

Pese al compromiso expresado, hasta el momento la fundación no ha presentado un balance oficial con el total recaudado; sin embargo, sí emitió un comunicado confirmando su pertenencia al Régimen Tributario Especial, conocido como RTE, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Este régimen otorga la posibilidad de recibir donaciones cumpliendo la normativa nacional. Así, la fundación reafirmó su apego a la legalidad y transparencia. Por su lado, la DIAN ratificó que la entidad cuenta con un Registro Único Tributario (RUT) vigente y recalcó que, al pertenecer al régimen especial, puede otorgar a los donantes certificados para beneficios tributarios, los cuales están condicionados por la ley colombiana vigente.

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¿Qué dice la DIAN sobre las donaciones a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas?

De acuerdo con la información citada, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) indicó que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas está registrada en el Régimen Tributario Especial y posee Registro Único Tributario vigente, lo que le permite recibir donaciones legalmente en Colombia. Además, la DIAN explicó que las organizaciones en este régimen pueden emitir certificados para los donantes, quienes acceden a determinados beneficios tributarios bajo las condiciones que exige la normativa.

¿Cuándo publicará la Fundación Colombia Luz y Sonrisas el informe de donaciones del terremoto?

Según anunció Ana Lucía Pineda en el programa del canal Telecaribe, la información sobre la gestión de donaciones y el uso de los recursos estará disponible en el sitio web oficial de la organización a más tardar el viernes 16 de octubre, tras una reunión prevista para el 15 de octubre. Así, los ciudadanos podrán consultar detalles sobre el manejo financiero relacionado con la campaña para los damnificados del terremoto.

El rector, Luis Guillermo Ramírez López, ha solicitado que se priorice, por parte de las autoridades, una evaluación técnica de las instalaciones. Según las cifras oficiales de la Secretaría de Educación, de las 338 sedes educativas existentes en Cali, 246 presentaron daños luego del sismo. De ese total, 180 tuvieron afectaciones leves, 64 moderadas y 8 graves, por lo que estas últimas permanecen cerradas. Aunque el 24 de agosto la presencialidad se reanudó para la mayor parte del sistema educativo –el 95 % de los estudiantes regresó a clases–, el caso del colegio Antonio José Camacho sigue sin una solución definitiva.

En medio de la emergencia, la institución apoyó la alternancia en otras de sus sedes: Marco Fidel Suárez, República del Perú y Olga Lucía Lloreda. Esta medida busca mantener la continuidad académica, aunque familias y estudiantes se enfrentan a nuevas dificultades. Algunas familias no cuentan con acceso a dispositivos tecnológicos ni a conexión a internet, lo que limita el aprovechamiento de clases virtuales. Además, existe incertidumbre sobre el futuro del plantel principal, lo que ha llevado a algunos padres a contemplar el traslado de sus hijos a otros colegios, una decisión que no todos pueden tomar fácilmente y que podría llevar a la deserción escolar de quienes no logren una alternativa.

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, la comunidad educativa insiste en que solo un diagnóstico técnico especializado podrá definir el estado real de la infraestructura y orientar las reparaciones que se requieren antes de reabrir la sede principal. Mientras tanto, la expectativa y la preocupación se mantienen entre docentes, estudiantes y padres, quienes aguardan una respuesta concreta de la Alcaldía de Cali y de la Secretaría de Educación sobre el retorno seguro a clases presenciales en el lugar.

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¿Cuáles son los daños en la Institución Educativa Técnico Industrial Antonio José Camacho tras el terremoto?

La sede principal de la institución presenta grietas y afectaciones en su infraestructura a raíz del terremoto ocurrido el 10 de agosto. Estos daños son lo suficientemente serios como para haber obligado la suspensión de clases presenciales, mientras se espera una evaluación técnica que determine las reparaciones necesarias. Las afectaciones han impactado gravemente la operación regular de la institución, según datos compartidos por la Secretaría de Educación y Noticiero 90 Minutos.

¿Qué opciones tienen los estudiantes de Antonio José Camacho mientras se repara la sede principal?

Actualmente, la institución desarrolla clases bajo el modelo de alternancia en otras sedes como Marco Fidel Suárez, República del Perú y Olga Lucía Lloreda. Sin embargo, las condiciones de conectividad y acceso a dispositivos siguen siendo un reto para muchas familias. Algunos padres consideran trasladar a sus hijos a otros colegios, aunque no todos pueden hacerlo fácilmente, lo que podría afectar la continuidad educativa de algunos estudiantes.

Uno de los relatos recogidos señala un caso particular que llamó la atención de los asistentes. Según este testimonio, una de las manifestantes se encontraba tomando fotografías cuando ocurrió un incidente con una motocicleta de la Policía. Justo después, “varios uniformados la sujetaron del cuello y se la llevaron”, narró la persona que presenció el hecho. El testimonio añade que, inicialmente, se logró mantener la comunicación con la mujer retenida; sin embargo, poco después se perdió el contacto, aparentemente porque los uniformados “le quitaron el celular”. Esta pérdida de comunicación generó preocupación entre quienes la conocían y mantenían comunicación constante, dejando en el aire preguntas sobre el paradero y el trato recibido durante la detención.

En medio de los procedimientos policiales y la marcada tensión, otros manifestantes intentaron oponerse a que los uniformados se llevaran a los detenidos. Las personas en el lugar buscaban impedir los traslados y obtener información clara sobre la situación legal y física de sus compañeros retenidos. La reacción de la multitud ocurrió mientras continuaban los disturbios, con el ambiente cada vez más caldeado debido a la falta de datos concretos sobre los procesos que adelantaba la Policía.

Según lo reportado, hasta ahora se reconoce que varias personas han sido detenidas en el marco de estas protestas en Ibagué. Sin embargo, permanece sin confirmación oficial la cantidad exacta de personas afectadas, sus identidades y los motivos precisos detrás de cada procedimiento. De igual manera, no se ha logrado establecer si quienes fueron detenidos permanecen en la Gobernación del Tolima o si posteriormente fueron llevados a otra dependencia policial o judicial, información que sigue pendiente de actualización.

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¿Cuántas personas fueron detenidas durante las protestas en Ibagué?

Hasta el momento, no existe una cifra oficial sobre el número total de personas detenidas durante las jornadas de protesta en Ibagué. Los reportes conocidos solo confirman que varias personas fueron llevadas a las instalaciones de la Gobernación del Tolima, sin que se haya divulgado información exacta sobre la cantidad ni las identidades de quienes permanecen privados de la libertad.

¿Por qué preocupa la falta de información sobre los detenidos en Ibagué?

La preocupación radica en la ausencia de datos claros acerca del estado y el paradero de los detenidos, lo que incrementa la angustia entre familiares, amigos y manifestantes. La falta de comunicación, sumada a testimonios sobre posibles incidentes durante las detenciones, refuerza el temor de vulneraciones en los derechos de quienes participaron en la movilización.

Según lo informado, las confrontaciones se intensificaron luego de la marcha convocada en la ciudad. En medio de la protesta, se produjo la intervención de la fuerza pública, que empleó gases lacrimógenos con el propósito de dispersar a los manifestantes. Por otra parte, también se reportó el lanzamiento de papas bomba, lo que agravó la sensación de inseguridad y provocó preocupación generalizada entre quienes transitaban por el sector en ese momento. De acuerdo con la información disponible, estas acciones generaron un ambiente tenso y obligaron a muchos ciudadanos a buscar rutas alternas.

La atención de las autoridades estuvo centrada en la actuación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), que es el nuevo nombre del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Este grupo de la Policía Nacional intervino con el fin de controlar las alteraciones del orden público, en un contexto donde todavía no se tienen datos oficiales respecto a personas lesionadas o a otras afectaciones derivadas de los enfrentamientos. Se espera un pronunciamiento oficial para esclarecer las causas que originaron estos disturbios y dar un parte claro sobre el balance de los incidentes.

Ante la situación, a la ciudadanía se le recomendó transitar con precaución por los alrededores de la Gobernación del Tolima. Las indicaciones sugieren tomar rutas alternas siempre que sea posible, hasta que las autoridades logren normalizar la situación y se recupere la calma en el sector. Los hechos continúan en desarrollo y se aguardaba un informe detallado de las autoridades sobre las consecuencias y el balance final de esta jornada de movilización social en Ibagué.

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¿Qué causó los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional en Ibagué?

Los enfrentamientos comenzaron tras una marcha social en el centro de Ibagué, especialmente en los alrededores de la Gobernación del Tolima. Según los reportes, los hechos se desencadenaron cuando intervino la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocida como Esmad, con el objetivo de controlar las alteraciones del orden público.

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades para quienes estaban en el centro de Ibagué durante los disturbios?

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía transitar con precaución por el centro de Ibagué, particularmente en las inmediaciones de la Gobernación del Tolima, y en la medida de lo posible optar por rutas alternas hasta que la situación se normalizara y disminuyeran los enfrentamientos.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por El Espectador, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha señalado la necesidad de redistribuir parte de los recursos asignados a estas entidades en favor de otras instituciones del Estado. A pesar de ello, desde la administración aseguran que este reacomodo no representa una desfinanciación de los organismos encargados de cumplir el Acuerdo de Paz. Sin embargo, la propuesta implica recortes importantes: el presupuesto general de 2027, proyectado en COP 634,9 billones, prevé una reducción de COP 170.000 millones para la JEP y de alrededor de COP 16.000 millones para la UBPD.

Santos, en una visita a las instalaciones de la UBPD en Bogotá, enfatizó la importancia de continuar el trabajo de esa entidad, resaltando que en la última década se han recuperado al menos 6.000 cuerpos de personas desaparecidas, se han identificado plenamente unos 800, y se ha hallado con vida a más de 640 personas que antes se consideraban desaparecidas por motivos relacionados con el conflicto armado. El exmandatario remarcó ante los funcionarios de la UBPD que "hacen una labor de reparación invaluable", pidiendo al gobierno que considere el impacto de reducir recursos justo cuando, a su juicio, las entidades están mostrando resultados concretos.

A juicio del expresidente, y como reporta El Espectador, cuando finaliza una guerra lo prioritario debe ser la reparación de las víctimas y la reconciliación social. Por ello, insistió en la importancia de no debilitar financieramente a la UBPD, advirtiendo que sin los recursos adecuados sería imposible mantener la continuidad de un trabajo considerado fundamental para la justicia y la memoria histórica en Colombia. La aprobación del presupuesto se discute actualmente en el Congreso y tiene plazo hasta el 20 de octubre; de no lograrse, el Ejecutivo podría implementarlo mediante decreto.

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¿Qué impacto tendría el recorte presupuestal en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas?

El recorte de COP 16.000 millones planteado para la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas podría afectar de manera significativa las labores de recuperación, identificación y localización de personas desaparecidas durante el conflicto armado, según las advertencias de Juan Manuel Santos. El expresidente señala que esta tarea contribuye directa y valiosamente a la reparación de las víctimas y a la reconciliación en el país.

¿Cuáles han sido los principales logros de la UBPD tras el Acuerdo de Paz?

Según cifras mencionadas por Juan Manuel Santos y citadas por El Espectador, en los últimos diez años la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha recuperado al menos 6.000 cuerpos, identificado plenamente a unos 800 y encontrado más de 640 personas vivas que habían sido dadas por desaparecidas debido al conflicto armado. Estas cifras reflejan los avances en la tarea de reparación y esclarecimiento de la verdad en Colombia.

Durante el desarrollo de la protesta, agentes de la autoridad intervinieron desplegando una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), un grupo especializado de la Policía Nacional de Colombia para el control de disturbios y manifestaciones públicas. Testigos observaron, además, el uso de gases lacrimógenos como parte del intento por dispersar a los manifestantes e intentar normalizar el flujo habitual en esta zona céntrica de Ibagué. La utilización de estos métodos represivos impactó de manera significativa el curso previsto de la jornada de protesta y alteró la tranquilidad de los asistentes y transeúntes del sector.

Según información preliminar, en medio de la intervención policial se habrían producido varias capturas de manifestantes. Sin embargo, hasta el momento no existe claridad sobre la cifra oficial de personas detenidas, así como las circunstancias específicas de cada captura. De igual manera, no se ha informado con precisión si hubo heridos durante los disturbios, manteniendo la comunidad a la expectativa de datos confirmados por las autoridades.

La movilización hace parte de una jornada nacional de protestas convocada por organizaciones sindicales, docentes, estudiantes y otros sectores sociales. El objetivo de esta convocatoria era expresar el rechazo colectivo a ciertas decisiones tomadas por el Gobierno nacional, tal como lo señalaron los organizadores citados en los reportes. En Ibagué, los manifestantes iniciaron sus actividades desde la mañana y se desplazaron por la carrera Quinta hasta el parque Manuel Murillo Toro. Allí planeaban realizar un plantón ante la sede de la Gobernación del Tolima.

Entre las motivaciones de los manifestantes sobresalen la oposición a recortes presupuestales, la defensa de la educación pública, el reclamo por mejores condiciones laborales del magisterio y la exigencia de garantías para el ejercicio de la protesta social. La convocatoria en Ibagué recibió respaldo de varios sectores sindicales y educativos del departamento, quienes anunciaron su presencia y participación en las actividades programadas.

Esta situación, aún en proceso de esclarecimiento, sigue siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades, que se espera entreguen un pronunciamiento oficial con el balance final de los disturbios ocurridos ese miércoles en el parque Murillo Toro.

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¿Cuál fue la causa de los disturbios en la protesta de Ibagué?

La causa directa de los disturbios en la protesta de Ibagué fue la intervención de la fuerza pública, que incluyó la presencia de una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes en el entorno del parque Murillo Toro. Esto alteró la marcha y llevó a una confrontación entre participantes y autoridades, según lo informado en los reportes del evento.

¿Por qué protestaron los ciudadanos en Ibagué el 14 de octubre?

Los ciudadanos de Ibagué protestaron como parte de una jornada nacional que buscaba expresar el rechazo a decisiones del Gobierno nacional. Entre las principales razones de la convocatoria estaban la defensa de la educación pública, el desacuerdo con recortes presupuestales, la exigencia de mejores condiciones laborales para el magisterio y el reclamo de garantías para el derecho a la protesta social. Así lo indicaron los organizadores y participantes que respaldaron la movilización.

De acuerdo con la información inicial consultada a través de El Nuevo Día, el operativo había comenzado con un allanamiento a una residencia en la que se presumía que ‘Chorizo’ se encontraba refugiado. Ante la presencia policial, el hombre habría escapado por el techo, obligando a los agentes a seguir el rastro entre techos y domicilios vecinos, lo que generó una amplia movilización en el sector. Durante las horas que duró el despliegue policial, la comunidad fue testigo del esfuerzo de las autoridades para dar con el paradero del hombre buscado.

Según la policía, alias ‘Chorizo’ es un hombre de aproximadamente 45 años que actualmente enfrenta una investigación por homicidio. Además de este señalamiento principal, también existen versiones sobre su posible vinculación con delitos adicionales, tales como tráfico de estupefacientes y hurto, aunque la información confirmada se concentra en el proceso relacionado con el homicidio. Esta situación lo mantenía como objetivo prioritario de las autoridades locales de Ibagué.

En el desarrollo del procedimiento, la figura de su padre, conocido como alias ‘El Pecoso’, cobró notoriedad. Se informa que permaneció casi tres horas frente a la vivienda mientras se adelantaba el operativo, lo que evidencia la tensión vivida tanto por la familia como por el entorno durante este proceso.

Después de entregarse, alias ‘Chorizo’ fue trasladado a las instalaciones de la policía y se esperaba, de acuerdo con lo reportado, que posteriormente fuera presentado ante la Fiscalía General de la Nación para el avance del proceso judicial correspondiente. El operativo, que inició en las primeras horas del miércoles, dejó en claro la capacidad de respuesta de la policía y la importancia de la coordinación con entidades investigativas como la Sijín en casos de alta peligrosidad.

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¿Por qué era buscado alias ‘Chorizo’ por la Policía de Ibagué?

Alias ‘Chorizo’ era buscado principalmente por estar vinculado a una investigación por homicidio, según información suministrada por la Policía Metropolitana y reportada por El Nuevo Día. Además, existen referencias a posibles conexiones con delitos como tráfico de estupefacientes y hurto, aunque la acusación principal que motiva el procedimiento judicial es el caso de homicidio.

¿Cómo fue el operativo de captura de alias ‘Chorizo’ en el barrio Combeima?

El operativo inició con un allanamiento a una vivienda en el barrio Combeima, donde los uniformados pensaban que se encontraba ‘Chorizo’. Tras escapar supuestamente por el techo, la búsqueda se extendió por casas y tejados cercanos. Finalmente, después de varias horas de rastreo y en presencia de su padre conocido como alias ‘El Pecoso’, ‘Chorizo’ decidió entregarse y fue puesto a disposición de la Sijín para avanzar en el proceso judicial.

De acuerdo con el abogado Daniel Solarte, representante de las víctimas y miembro de la firma Solarte Abogados, el ente acusador notificó a su equipo sobre los avances, enfatizando que aunque el material hallado sugiere una posible conexión de Rojas con el hecho, aún falta determinar con certeza su pertenencia. El hecho resulta relevante para el desarrollo judicial, pues podría reforzar la acusación y agravar la situación procesal del investigado.

Un aspecto que encendió las alarmas se relaciona con la denuncia de que Rojas Lares, desde el centro penitenciario de Cómbita, habría contactado a la hermana de Ana Lucía por teléfono para presionarla e intentar modificar su testimonio. Según Solarte, esta acción fue reportada a la Fiscalía, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), al Ministerio de Justicia y a la Presidencia de la República. Como consecuencia, las autoridades penitenciarias encontraron un teléfono celular presuntamente empleado en estas comunicaciones, iniciaron un proceso disciplinario contra el procesado y evaluaron su traslado a un lugar que garantice la no interferencia en la investigación.

Frente a la gravedad de los hechos imputados, la representación de las víctimas estima que, en caso de una condena, José Rojas Lares podría enfrentar una pena de hasta 60 años de prisión, si se comprueban todas las conductas punibles en su contra. El caso sigue su curso con la espera de la fecha para la audiencia donde la Fiscalía expondrá su nueva imputación, clave para las siguientes etapas del proceso.

El caso tuvo su origen el 14 de septiembre de 2026, cuando Ana Lucía fue reportada como desaparecida en Mosquera. Su cuerpo fue hallado al día siguiente en Ciudad Bolívar. El accionar de las autoridades, incluyendo la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa, permitió identificar y capturar rápidamente al presunto responsable, impulsando el avance de la investigación forense y judicial.

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¿Qué delitos enfrenta el principal sospechoso en el caso Ana Lucía González Mendoza?

De acuerdo con la información revelada por El Espectador y el abogado Daniel Solarte, José Rojas Lares enfrenta cargos por el asesinato de Ana Lucía González Mendoza y está en proceso una nueva imputación por acceso carnal violento. Esto se suma a la sospecha inicial de feminicidio, ampliando el espectro de delitos que podría afrontar en el contexto judicial de este caso.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras las denuncias de intimidación en prisión?

Luego de conocerse que Rojas Lares habría contactado a la hermana de la víctima desde prisión para presionarla en su testimonio, la representación de víctimas informó a la Fiscalía, al Inpec, al Ministerio de Justicia y a la Presidencia. Las autoridades encontraron un teléfono celular en poder del procesado, iniciaron un proceso disciplinario y consideraron su traslado a un recinto con mayores controles, además de activar la protección a la familiar afectada.

Entre julio de 2023 y julio de 2026, Unicef identificó 70 ataques, entre los que se evidencian daños en 31 escuelas, 24 amenazas contra maestros y 11 casos de agresión directa contra docentes. Cauca, Arauca y Norte de Santander lideran la estadística de departamentos con mayor incidencia de este tipo de violencia, sumando en total 79 casos. Otros departamentos como Chocó, Antioquia, Nariño, Putumayo, Meta, Valle del Cauca, Caquetá, Guaviare, Huila, Bolívar, Cesar, Córdoba, Risaralda y Vaupés también han sido escenario de estos hechos, según la información de Unicef obtenida por El Espectador.

Además de los ataques, Unicef ha documentado 92 eventos de utilización militar de escuelas, principalmente en Arauca, Chocó, Cauca, Norte de Santander y Antioquia. Estas instituciones han sido transformadas en cuarteles, depósitos de armamento, puestos de mando, e incluso escenarios para propaganda y reclutamiento, dejando a su paso profundas afectaciones en la vida escolar y comunitaria. Según Unicef, cerca de 21.700 menores se han visto afectados de manera directa por estas acciones, lo que refleja la gravedad de la situación.

La entidad manifestó su “gran preocupación por el aumento de las graves violaciones que se cometen contra la niñez, y contra bienes civiles como las escuelas, en el marco del conflicto armado en Colombia”. También recordó, de acuerdo con el derecho nacional e internacional, la obligación de proteger los centros educativos y bienes civiles en todo momento. Frente a esta situación, Unicef hizo un llamado urgente a todas las partes del conflicto para cesar los ataques y solicitó la implementación de acciones de protección en las regiones más vulnerables.

Paola Franchi, jefa del área de protección de la niñez en Unicef Colombia, enfatizó el daño múltiple y duradero que ocasiona la violencia contra escuelas y maestros, afectando no solo la educación, sino también derechos como la protección, el juego, la participación y el desarrollo de aptitudes. Franchi resaltó la importancia de acelerar la ejecución del plan de acción nacional relativo a la Declaración sobre Escuelas Seguras, instando a que las escuelas sean respetadas y protegidas sin excepción.

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¿Cuáles son los departamentos más afectados por ataques a escuelas según Unicef?

De acuerdo con Unicef, los departamentos con mayor número de ataques y uso militar de escuelas son Cauca, Arauca y Norte de Santander, seguidos por Chocó y Antioquia. Estas regiones concentran la mayor parte de los 163 casos verificados, lo que evidencia la presencia y persistencia del conflicto armado en dichos territorios.

¿Qué es la Declaración sobre Escuelas Seguras y cuál es su importancia en Colombia?

La Declaración sobre Escuelas Seguras es un compromiso internacional que busca proteger los centros educativos en contextos de conflicto armado. Su aplicación en Colombia es clave, ya que garantiza la protección del derecho a la educación y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, evitando que las escuelas sean usadas para fines militares o atacadas por grupos armados.

En la víspera de la movilización, el presidente oficializó el decreto 1525 de 2026, una normativa que regula los procedimientos para la protesta social y la intervención de la Fuerza Pública. El decreto ha sido fuertemente cuestionado por la oposición, que alega que la medida limita el derecho constitucional a la protesta y debería haber pasado por el Congreso. Según reporta El Espectador, desde la oposición se anunció la presentación de una demanda ante el Consejo de Estado y una tutela para suspender la aplicación del decreto, argumentando su inconstitucionalidad. Por su parte, la Casa de Nariño defendió que la decisión no restringe las movilizaciones pacíficas, reiterando que no se vulneran derechos fundamentales. El presidente aseguró en redes sociales: "¡El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz!"

En ciudades como Bogotá, las marchas fueron marcadas por momentos de concentración bajo la lluvia y el granizo, mientras grupos de sindicalistas, profesores y estudiantes continuaban su avance hacia la Plaza de Bolívar. Figuras de la oposición como Gustavo Petro, Iván Cepeda y Wilson Arias participaron activamente y criticaron tanto los recortes presupuestales como el reciente estatuto antiterrorista, además de rechazar el nuevo decreto. En Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez instruyó a la fuerza pública para permitir el desarrollo de la protesta sin permitir hechos de violencia. Del mismo modo, en Cali y Bucaramanga, las marchas transcurrieron en calma, bajo la vigilancia de los puestos de mando unificado dispuestos por las autoridades locales.

No todos los sindicatos llamaron abiertamente a la movilización. La Confederación General de Trabajadores (CGT) optó por el diálogo institucional, aunque una facción minoritaria sí se sumó a la jornada. En paralelo, desde la Presidencia se pidió a los servidores públicos mantener la normalidad en sus actividades laborales para garantizar la prestación de los servicios al público.

Durante la mañana y el mediodía, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) se fortaleció en puntos estratégicos, como el Congreso, para acompañar el desarrollo de las marchas, tal como lo establece el reciente decreto promulgado.

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¿Qué dice el decreto 1525 de 2026 sobre la regulación de la protesta social?

De acuerdo con información oficial divulgada por la Casa de Nariño, el decreto 1525 de 2026 establece parámetros para regular tanto las movilizaciones sociales como la actuación de la Fuerza Pública. El Ejecutivo sostiene que el objetivo central es proteger el derecho a la protesta pacífica y diferenciarlo de actos de violencia o vandalismo. Sin embargo, para la oposición, la medida coarta la manifestación social, pues consideran que las regulaciones de este tipo deben pasar por el Congreso y no ser expedidas por decreto.

¿Qué es la UNDMO en el contexto de las protestas en Colombia?

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) es el organismo encargado de acompañar y controlar el desarrollo de manifestaciones y protestas públicas. Según lo establecido en el reciente decreto y como se evidenció el 14 de octubre, la UNDMO tuvo presencia en lugares estratégicos como el Congreso y puntos de movilización para monitorear, dialogar y mantener el orden sin interferir en las movilizaciones pacíficas.

Tarazona aseguró en la entrevista que una de las líneas de investigación consideraría el magnicidio como un crimen de Estado. En su diálogo con la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón, señaló que existen elementos probatorios que apuntan a la posibilidad de que la orden pudiera provenir del Gobierno Nacional. Además, desestimó la hipótesis principal que ha manejado la Fiscalía, la cual responsabiliza a la Segunda Marquetalia —la disidencia de las Farc comandada por alias "Iván Márquez"— como determinadora del crimen. Para Tarazona, este grupo ilegal habría tenido solo un rol material y no de planificación o determinación. Explicó que la información entregada a la Fiscalía, junto con los debidos protocolos, indica que la verdadera orden partió del Congreso de la República, manteniendo bajo reserva la identidad de la persona que le advirtió sobre el riesgo al que estaban expuestos los precandidatos del Centro Democrático.

La viuda también manifestó su preocupación por la falta de avances en la investigación contra Augusto Rodríguez, exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a quien señaló por presunta negligencia en la protección de Uribe Turbay. Aunque la audiencia de imputación contra Rodríguez fue solicitada y retirada por la Fiscalía en 2025, Tarazona insiste en la importancia de profundizar esa investigación para aclarar qué pudo ocurrir.

El presidente Abelardo de la Espriella, durante el primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, reiteró el compromiso del Gobierno Nacional para esclarecer el magnicidio y castigar a quienes dieron la orden, no solo a los responsables materiales. Según El Espectador, la Fiscalía ha avanzado en identificar y judicializar a los autores materiales, entre ellos miembros de la organización "Plata o Plomo", como Elder Arteaga Hernández, alias "Chipi", y Simeón Pérez Marroquín, alias "el Viejo", acusado de trabajar como enlace con la Segunda Marquetalia.

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¿Quiénes son los principales señalados en el caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay?

De acuerdo con la información expuesta, la investigación de la Fiscalía ha identificado y judicializado a miembros de la organización criminal "Plata o Plomo", como Elder Arteaga Hernández, alias "Chipi", y Simeón Pérez Marroquín, alias "el Viejo". Además, la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc liderada por alias "Iván Márquez", ha sido mencionada en el expediente, así como posibles implicaciones políticas provenientes del Congreso, según lo manifestado por la viuda del senador.

¿Qué es la Segunda Marquetalia y cuál ha sido su papel en el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

La Segunda Marquetalia es una disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), dirigida por alias "Iván Márquez". Según la versión oficial de la Fiscalía, esta agrupación habría estado vinculada como determinadora del crimen. Sin embargo, María Claudia Tarazona sostiene que su rol habría sido estrictamente material, sin ser la mente detrás del magnicidio, contexto que aún está bajo investigación según Noticias Caracol y El Espectador.

La información fue divulgada por el periodista Juan Esteban Silva, corresponsal en Washington, mediante una publicación en la red social X.

Según Silva, el Departamento de Estado estadounidense le confirmó que conoce las denuncias, que cobraron relevancia después de una entrevista de Eva Ferrer, exasesora presidencial, con Vicky Dávila, publicada por la revista Semana.

En ella, Ferrer aseguró que Alcocer habría realizado varios viajes a Venezuela en los que presuntamente se transportaba droga y dinero.

Ferrer afirmó que existían fotografías de la ex primera dama descendiendo de un avión con maletas grises y sostuvo que esos desplazamientos se manejaban bajo estricta confidencialidad.

También señaló que Carolina Plata habría coordinado los vuelos y que los viajes no se limitaron a una sola ocasión.

Silva agregó que el Departamento de Estado recordó que Alcocer fue incluida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) en octubre de 2025, bajo la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con sanciones a personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito mundial de drogas. Según el periodista, la sanción continúa vigente.

Por ahora, las declaraciones sobre el supuesto transporte de narcóticos corresponden a denuncias atribuidas a Ferrer y no constituyen, por sí mismas, una prueba judicial de los hechos.

En el documento, Henríquez precisa que, en su calidad como presidente del Senado, pide de manera respetuosa que la Fiscalía lleve a cabo todas las diligencias necesarias para corroborar la información y continuar con las líneas de investigación pertinentes, garantizando el debido proceso y la reserva legal. Según Noticias Caracol, las afirmaciones de Tarazona apuntan a que la orden para el magnicidio partió desde el Congreso de la República, mientras que los recursos económicos para llevarlo a cabo habrían provenido, según ella, desde Venezuela. Tarazona aseguró que esta información ya reposa en la Fiscalía, respaldada por todos los protocolos requeridos.

Tarazona insiste en que no basta con responsabilizar a la Segunda Marquetalia (grupo ilegal que, según ella, solo sería parte del hecho material del crimen) y reclama conocer el trasfondo que llevó al asesinato de Uribe Turbay. Considera que la participación del grupo armado es solo un aspecto del caso y que el autor intelectual aún debe establecerse. Además, subraya la importancia de agilizar los procesos y particulariza en la relevancia de esclarecer el papel de alias Araña, líder de los Comandos de Frontera, extraditado recientemente a Estados Unidos.

De acuerdo con lo consignado en el documento enviado por Henríquez, debe esclarecerse sin ambigüedades quién ordenó, planificó y financió el crimen, asegurando que, si entre los responsables hay algún miembro del Congreso, le deberá caer "todo el peso de la ley". Asimismo, el presidente Abelardo de la Espriella, en un homenaje reciente, reiteró que el asesinato constituye un “crimen de Estado” y garantizó que el caso no quedará impune. Argumentó que la investigación no puede limitarse a los autores materiales, ya que aún resta conocer quiénes ordenaron el ataque y por qué motivos.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay sigue siendo un asunto de máxima prioridad para las instituciones y figuras políticas mencionadas en este caso. Según información de El Espectador, la investigación ha supuesto la captura de nueve personas y la condena de Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, quien admitió ser el enlace entre la Segunda Marquetalia y la organización “Plata o Plomo”, encargada de la logística y ejecución del atentado.

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¿Qué reveló María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, manifestó en entrevista con Noticias Caracol que la orden para el magnicidio habría salido desde el Congreso de la República y que los recursos para perpetrarlo provinieron de Venezuela. Afirmó que esta información ya está en manos de la Fiscalía, la cual debe continuar con las investigaciones para esclarecer completamente el crimen.

¿Quiénes han sido capturados y cuáles son los avances en la investigación del asesinato?

Según El Espectador, hasta la fecha han sido capturadas nueve personas por su presunta vinculación con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Entre estos, Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, fue condenado a 22 años de prisión tras reconocer su papel como enlace entre la Segunda Marquetalia y la organización “Plata o Plomo”, encargada de planear y ejecutar el atentado. La pesquisa aún busca identificar y responsabilizar al autor intelectual del crimen.

El movimiento telúrico tuvo como referencia la zona de Medio San Juan, cerca de Andagoya, y ocurrió a la 1:05 de la tarde, hora local.

De acuerdo con la información preliminar, el temblor tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a los 70 kilómetros. Esta característica hace parte de los datos técnicos utilizados para describir el evento sísmico.

El reporte del SGC indicó que el movimiento fue localizado en las coordenadas de latitud 4,67 grados y longitud -76,89 grados. Para establecer sus características, el sistema registró información de nueve estaciones de monitoreo.

Entre los municipios cercanos al epicentro se encuentran Sipí, ubicado a 27 kilómetros; Nóvita, a 44 kilómetros, y Medio San Juan, a 52 kilómetros, todos en el departamento del Chocó.

El evento aparece con estatus automático en el sistema de información sísmica, por lo que los datos corresponden al registro generado por los mecanismos de detección y procesamiento del organismo.

Hasta la información suministrada no se reportan datos sobre personas afectadas, daños materiales o consecuencias derivadas del movimiento telúrico.

La magnitud de 2,9 corresponde a un sismo de baja intensidad, aunque la percepción del temblor puede variar según la distancia al epicentro y las condiciones del terreno.

Bolaños Pastrana ya se encontraba privado de la libertad en la cárcel La Picota, en Bogotá, cumpliendo una medida de aseguramiento en el marco de esta investigación. La controversia surgió en abril de este año, cuando emergió el escándalo en el que fue nombrado como protagonista desde las primeras etapas de las pesquisas.

Al principio, las investigaciones sobre Bolaños Pastrana estaban centradas en el direccionamiento irregular de 78 contratos financiados con regalías. No obstante, la reciente decisión permitió ampliar dicha imputación a 23 contratos adicionales, quedando bajo observación un total de 101 convenios cuyo valor conjunto asciende a 496.000 millones de pesos, de acuerdo con lo reportado por la Fiscalía. El delito por el que será procesado es el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el cual implica omitir los procedimientos establecidos para la contratación pública. El exrepresentante de Aremca no aceptó los cargos que le fueron imputados.

El ente investigador, según datos de El Espectador, sostiene que Bolaños Pastrana ejercía amplio control sobre las decisiones contractuales en Aremca entre 2022 y 2023. Sus órdenes habrían permitido elegir directamente a los contratistas y modificar los cargos directivos, usando como sustento el manual interno de la asociación y evitando realizar licitaciones públicas o concursos, como exige la normativa vigente para el manejo de dineros públicos. Entre los contratos mencionados están proyectos de ganadería en Montelíbano, producción agrícola en Puerto Libertador y construcción de un complejo deportivo en Uribia, así como pavimentaciones, obras turísticas y dotación escolar en diversos departamentos.

Detrás de estos procesos se halló la utilización del esquema asociativo de municipios, una figura jurídica creada para gestionar proyectos en conjunto entre localidades. Sin embargo, Aremca, lejos de lograr el beneficio colectivo prometido, habría desviado al menos 3.200 millones de pesos a intereses privados. La Fiscalía también investiga a otros diez presuntos implicados, de los cuales nueve están bajo medida preventiva, tras identificar advertencias de la Contraloría y el Departamento Nacional de Planeación sobre anomalías en estos convenios.

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¿Cuál es el monto total de contratos investigados en el caso Aremca y qué irregularidades señala la Fiscalía?

El monto total de los 101 contratos bajo investigación en el caso Aremca alcanza los 496.000 millones de pesos. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las principales irregularidades detectadas son el direccionamiento de contratos, la selección directa sin concursos públicos y el uso del manual interno de Aremca para evitar procedimientos legales, todo ello con el presunto resultado de desviar fondos públicos destinados a obras y servicios en varias regiones.

¿Qué es el esquema asociativo de municipios y cómo fue usado en el caso Aremca?

El esquema asociativo de municipios es una figura jurídica utilizada para que varias localidades colaboren y gestionen de forma conjunta proyectos y recursos. En el caso Aremca, según El Espectador, esta herramienta habría sido utilizada para concentrar la adjudicación de contratos en la asociación, permitiendo que sus directivos, en vez de velar por el interés público, desviaran recursos y favorecieran intereses particulares.

Según el senador, la pretensión del jefe de Estado es acabar con el diálogo que, en el gobierno pasado, se convirtió una manera de hacer que la protesta social fuera pacífica y sin problemas.

“En nuestro gobierno no hubo un solo caso de un muchacho que perdiera un ojo por un cilindro de gas lacrimógeno o muerto por un disparo de la policía. Eso ocurría en el gobierno de Duque. Entonces, que la historia nos quiere devolver a ese momento en el cual el miedo termina convirtiéndose en la forma en la cual la fuerza pública actúa de una manera totalmente arbitraria”, señaló Cepeda a medios de comunicación.

Sin referirse a los escándalos recientes del gobierno de Gustavo Petro, ni los testimonios de Eva Ferrer sobre presunta corrupción y tráfico de drogas en la anterior administración, el excandidato presidencial convocó a la población a salir a las calles sin temor.

“La gente va a salir a protestar pacíficamente, como lo estamos haciendo, para demostrar que no nos atemoriza ni sus gritos (los del presidente) ni sus ademanes ni su puesta en escena con un arma al cinto, nada de eso”, exclamó.

(Vea también: EN VIVO Marchas en Bogotá ya afectan servicio de Transmilenio: así avanzan en varios puntos)

El senador cerró su mensaje recordando que Colombia tiene una larga tradición de movilización social ante la vulneración de derechos. “Aquí somos un país que está acostumbrado a que la gente se moviliza cuando violan sus derechos, y lo vamos a hacer”, concluyó.

Medidas que tomó el presidente De la Espriella para las protestas del 14 de octubre

Horas antes de las protestas de hoy, el jefe de Estado expidió un decreto en el que regula las protestas en Colombia y el actuar de la Fuerza Pública en eventuales ataques, aprovechando el escenario de los manifestantes.

Se trata del Decreto 1525 de 2026, una norma que modifica y adiciona disposiciones del Decreto 003 de 2021, relacionado con la actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas y la protección del derecho a la protesta pacífica.

“En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero ¡no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos!”, manifestó De la Espriella.

El congresista no dudó en calificar el mandato de De la Espriella como "mafioso", alegando que responde a intereses políticos que, en su concepto, ponen en riesgo los avances democráticos y los derechos sociales alcanzados en Colombia. Las declaraciones de Cepeda se producen en un contexto de confrontación política marcada entre el Ejecutivo y la oposición, mostrando la agudeza del debate sobre el rumbo del país.

Según manifestó Cepeda, las razones que motivaron a cientos de personas a salir a las calles son múltiples. Mencionó que los manifestantes están decididos a no permitir que sus derechos sean vulnerados. En palabras del congresista, “no vamos a permitir que se violen los derechos y se pisoteen los derechos de la gente”, enfatizando la determinación de quienes apoyan la protesta.

Asimismo, Cepeda se pronunció a favor del carácter pacífico de las movilizaciones y reiteró que la oposición no abandonará la defensa de lo que considera conquistas sociales. Aseguró que no van a dejar que les “vapuleen, maltraten o arrebaten” lo que han logrado hasta el momento. Antes de concluir su intervención, envió un mensaje directo a De la Espriella, presentándose como jefe de oposición y ratificando su compromiso de confrontar políticamente al jefe de Estado, en medio de las crecientes movilizaciones convocadas en rechazo a las medidas del gobierno y a la forma como se ha gestionado la protesta social.

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¿Por qué Iván Cepeda acusa al gobierno de Abelardo de la Espriella de favorecer sectores vinculados con narcotráfico y paramilitarismo?

Iván Cepeda afirmó durante las protestas que el actual gobierno favorece, en su opinión, a sectores que estarían relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo. El congresista considera que estas acciones del Ejecutivo ponen en riesgo los logros democráticos y sociales de la nación, y que por ello es necesario que la ciudadanía defienda sus derechos a través de la movilización social, según declaraciones referenciadas en el artículo original.

¿Cuál es el mensaje principal de Iván Cepeda frente a las protestas contra el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El principal mensaje de Iván Cepeda es que la ciudadanía no debe permitir que sus derechos sean vulnerados, y que la movilización pacífica es fundamental para defender las conquistas sociales. Cepeda ratificó su rol como jefe de oposición y expresó su determinación de confrontar políticamente al gobierno, insistiendo en que la oposición no renunciará a reclamar sus derechos ni aceptará retrocesos en materia social y democrática.

Estas directrices se publican en el marco de unas marchas convocadas por opositores al gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre los colectivos que llamaron a la jornada de protestas se encuentran el Pacto Histórico, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). De acuerdo con El Espectador, las movilizaciones se desarrollan en varias ciudades y, hasta el momento, la Fuerza Pública no ha informado incidentes en el orden público.

Este mismo miércoles, se pondrá en vigencia un decreto presidencial que regulará las protestas. El texto, firmado la noche anterior por el presidente De la Espriella, establece la presencia constante de la policía durante las marchas, con uniformados ubicados a cuatro metros de distancia de los manifestantes. El decreto fue presentado por el Gobierno como una medida para asegurar el desarrollo pacífico de la protesta y la protección de todos los participantes, así como de quienes no formen parte de las movilizaciones.

Mientras avanzan las marchas, desde el Ejecutivo se ha reconocido la postura de los sindicatos que decidieron no unirse a las movilizaciones. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, elogió la decisión de la Confederación General del Trabajo (CGT) y destacó su independencia y apuesta por el diálogo en el marco del Plan de Desarrollo, todavía en fase de formulación. Así lo reafirmó Jorge Iván Diez Vélez, quien lidera la CGT, al confirmar que las discusiones de los trabajadores se mantienen dentro de los canales institucionales considerados legítimos para resolver sus inquietudes.

Por su parte, el presidente De la Espriella también resaltó la actitud del Sindicato Nacional de Trabajadores y Procuradores Judiciales (Sintraprojudiciales), valorando su defensa de la institucionalidad y el derecho al trabajo. El mandatario recalcó que, si bien la protesta pacífica constituye un derecho, no debe utilizarse como pretexto para bloquear el país ni afectar a la población o la prestación de servicios esenciales.

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¿Cuáles son los lineamientos para los servidores públicos durante las manifestaciones del 14 de octubre?

De acuerdo con la circular del Dapre, los servidores públicos deben presentarse normalmente en sus lugares de trabajo y cumplir con el horario habitual, siguiendo las instrucciones particulares que dictamine cada entidad. Además, las instituciones están llamadas a adoptar medidas que faciliten el acceso del personal y garanticen la atención ciudadana, bajo advertencia de sanciones para quienes incumplan.

¿Qué regula el nuevo decreto sobre protestas firmado por el presidente De la Espriella?

Según El Espectador, el decreto establece que durante las protestas estará presente permanentemente la Policía Nacional, con uniformados situados a una distancia de cuatro metros de los manifestantes. La finalidad de este dispositivo es salvaguardar el derecho a la protesta pacífica y asegurar la protección tanto de quienes participan en las manifestaciones como de la población ajena a las mismas.

Acompañado por el alto funcionario del despacho encargado de tramitar los expedientes, identificado en el registro oficial como el doctor Barreto, el jefe de Estado hizo un balance contundente sobre el ritmo que ha tomado la administración en esta materia. Durante los primeros sesenta y siete días de mandato, el Ejecutivo ha acumulado un total de 131 procesos de extradición gestionados y evaluados bajo estrictos estándares de celeridad jurídica, evidenciando un cambio radical frente a los rezagos y la parálisis institucional heredada de periodos anteriores.

“Todas estaban congeladas, todas estaban paradas, no pasaba nada. Esto era tierra de nadie no solamente para los bandidos de aquí en Colombia, sino para los bandidos de otras latitudes que terminaban refugiados en Colombia o que delinquían afuera y pensaban que iban a quedar impunes”, sentenció De La Espriella durante su intervención oficial, reiterando que la figura de la cooperación internacional constituye una herramienta intransable para desarticular las grandes estructuras del narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

 

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El reporte audiovisual ratificó que la firma simultánea de estos once expedientes refuerza el compromiso del Ejecutivo por acelerar las solicitudes pendientes de tribunales extranjeros, especialmente de Estados Unidos. La medida se produce en medio de una compleja coyuntura de orden público marcada por marchas sindicales en la capital, donde la administración busca proyectar firmeza y resultados tangibles en materia de seguridad ciudadana y justicia penal.

Esta trascendental medida financiera fue confirmada por el Ministerio de Educación Nacional para otorgar un respiro económico a las personas que costearon sus estudios mediante financiamiento estatal.

El plan institucional está estructurado en dos estrategias principales: la reducción directa en las tasas de interés y auxilios especiales para los educadores afectados por el sismo de agosto.

Para el primer componente, la entidad desembolsará de forma directa una suma cercana a los 52.000 millones de pesos provenientes de sus fondos oficiales.

Dicha asignación presupuestal permitirá mitigar los intereses de los créditos de cerca de 170.000 alumnos universitarios que actualmente pagan cuotas y habían perdido el subsidio.

La segunda estrategia beneficia a 3.827 docentes y directivos docentes que adelantan programas de posgrado y cuyas obligaciones financieras serán condonadas tras la emergencia sísmica registrada.

En este grupo focalizado, los alivios abarcan un monto de cartera cercano a los 9.829 millones de pesos, tramitados a través de condonaciones y soluciones alternativas.

El seguimiento detallado a esta población reveló que los 9.830 millones de pesos en deudas están distribuidos técnicamente en 11 fondos que administra el Icetex.

El esquema contempla tres mecanismos de aplicación inmediata. El primero otorga la congelación total del pago de cuotas durante doce meses, frenando intereses futuros y perdonando los saldos pendientes.

La segunda alternativa dispone la condonación definitiva para las obligaciones que registren más de 360 días de mora, clasificándolas como cuentas irrecuperables dentro del sistema.

Como tercer mecanismo, la institución procederá a condonar la totalidad del crédito educativo a los usuarios graduados que cumplan con los parámetros reglamentarios.

Las disposiciones de Icetex cobijan a los beneficiarios residentes en Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

Con esta intervención estatal, la entidad busca garantizar la continuidad laboral y la estabilidad social de miles de profesionales en las dieciséis regiones seleccionadas.

En Plato, Magdalena, las intervenciones impactarán principalmente áreas rurales. La primera suspensión tendrá lugar en el conocido Circuito Nueva Granada 2 entre las 9:55 de la mañana y las 2:00 de la tarde. Este corte afectará el sector de El Progreso, Nueva Granada, concretamente en la calle 7 entre las carreras 12A y 13. Posteriormente, se realizará una segunda interrupción eléctrica en el Circuito Nueva Granada, cuyo inicio está previsto para las 2:15 de la tarde y finalizará a las 6:00 p. m. En esta ocasión, la suspensión abarcará el sector comprendido en el kilómetro 69 de la vía que une Ariguaní, El Difícil y Nueva Granada.

Por su parte, en Valledupar, Cesar, la programación se concentra en el Circuito Guatapurí 1, donde la interrupción del servicio se extenderá desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Los barrios afectados por los trabajos serán San Vicente, particularmente en la calle 14 entre carreras 17 y 19, y en la carrera 17 entre calles 14 y 15. Igualmente, en el barrio Alfonso López, la suspensión impactará la calle 14 entre carreras 15 y 16, de acuerdo con lo detallado por Energua.

Las labores en el municipio de El Paso, Cesar, están previstas en el Circuito La Loma 4. El servicio de energía se suspenderá entre las 9:45 de la mañana y las 3:30 de la tarde. El corte afectará sectores rurales del municipio, en especial el área de La Loma, puntualmente en la carrera 21 entre calles 12A y 13.

Energua ha recomendado a los habitantes de los sectores programados tomar precauciones durante los períodos sin energía, sugiriendo proteger los equipos eléctricos y organizar sus actividades para evitar contratiempos mientras persistan las labores en la red eléctrica.

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¿Cuáles sectores de Valledupar se quedarán sin energía el 15 de octubre por labores de Energua?

Los sectores de Valledupar que experimentarán cortes de energía eléctrica el 15 de octubre, según la información de Energua, corresponden al Circuito Guatapurí 1. Entre las 7:00 de la mañana y las 3:30 de la tarde, estarán sin servicio los barrios San Vicente (calle 14 entre carreras 17 y 19, y carrera 17 entre calles 14 y 15) así como Alfonso López (calle 14 entre carreras 15 y 16).

¿Por qué se producen los cortes de energía programados por Energua y qué recomendaciones se deben seguir?

De acuerdo con Energua, los cortes de energía programados tienen como objetivo efectuar labores de mantenimiento y trabajos en la infraestructura de la red eléctrica, para mejorar la confiabilidad y eficiencia del servicio. La recomendación principal para los usuarios de los sectores afectados es proteger los equipos eléctricos y planificar sus actividades, procurando evitar inconvenientes mientras se llevan a cabo las intervenciones técnicas.

Según la información disponible, la movilización fue convocada por agrupaciones sindicales, docentes, estudiantes y otros sectores, quienes recorrieron arterias importantes como la carrera Quinta hasta llegar al parque Murillo Toro. El propósito de la jornada era visibilizar la inconformidad frente a algunas medidas implementadas por el Gobierno nacional y respaldar diferentes reivindicaciones sociales.

Sin embargo, la aparición de grafitis a lo largo del recorrido ha reavivado un debate recurrente: ¿cómo equilibrar el derecho legítimo a la protesta con la protección de los bienes públicos y privados? El registro de estas intervenciones artísticas o simbólicas en muros y fachadas plantea la necesidad de distinguir entre actos de manifestación y acciones que pueden configurar daños a la propiedad.

La controversia también se extiende hacia la responsabilidad colectiva frente a los espacios compartidos en Ibagué. De acuerdo con el texto, si bien la protesta pacífica es reconocida como un derecho fundamental, las posibles afectaciones sobre el patrimonio urbano requieren una evaluación cuidadosa basada en los hechos constatados, los sectores intervenidos y las circunstancias específicas en las que ocurrieron. Por ahora, no se cuenta con información independiente que permita determinar con claridad cuáles puntos exactos resultaron afectados, la magnitud de los daños o las eventuales acciones que hayan sido emprendidas por las autoridades para identificar a los responsables.

El caso, por tanto, permanece abierto y a la espera de que autoridades o registros adicionales permitan profundizar en los hechos. Por el momento, según lo reportado, la jornada deja interrogantes sobre los límites de la protesta y la corresponsabilidad en el uso del espacio público en una ciudad donde el debate sobre la convivencia y la expresión social sigue activo.

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¿Qué consecuencias podría tener la aparición de grafitis durante protestas en Ibagué?

De acuerdo con la información presentada, los grafitis surgidos durante la jornada de protesta han motivado un debate sobre el uso responsable del espacio público y los posibles daños a bienes municipales o privados. En este contexto, cualquier intervención no autorizada puede derivar en actuaciones de las autoridades para determinar responsabilidades, aunque aún no se tiene claridad sobre los hechos específicos ni se ha confirmado la magnitud de los mismos.

¿Cómo se garantiza el derecho a la protesta sin afectar el espacio público en Ibagué?

La discusión reportada en el texto destaca la importancia de preservar el carácter pacífico de la protesta y distinguir entre expresiones legítimas y conductas que puedan afectar los bienes urbanos. Aunque la legislación reconoce el derecho a la manifestación, corresponde a los organizadores y participantes evitar daños a la propiedad, priorizando la convivencia y respetando los espacios compartidos de la ciudad.

Testigos reportaron que la víctima se hallaba utilizando su teléfono cuando el motorizado aprovechó la distracción para arrebatárselo y proceder con la fuga, tomando la carrera Tercera y posteriormente la calle 10, transitando en dirección contraria. Ante la alarma generada, la Policía Metropolitana se desplazó rápidamente hasta el lugar, brindando atención a la mujer y recolectando información esencial para iniciar la búsqueda del sospechoso. Conforme al reporte de El Nuevo Día, durante la transmisión de los hechos circuló información sobre la posible retención de un individuo vinculado con el robo, aunque las autoridades aclararon que su participación en el hecho aún debía ser verificada a través de los procedimientos correspondientes.

Paralelamente, ciudadanos que presenciaron el hurto intentaron detener al motociclista en pleno escape, sin lograr capturarlo en ese momento. La rápida reacción policial permitió activar operativos para dar con el paradero del responsable y avanzar en la atención de la víctima.

La seguidilla de hurtos preocupa a los ibaguereños, pues no es un caso aislado. De acuerdo con El Nuevo Día, en las últimas semanas se presentaron varios incidentes similares: el 5 de septiembre, hombres armados atracaron un local de venta de celulares en el sector Protecho-Topacio, sustrayendo equipos, dinero y joyas. Semanas después, ocurrieron dos robos de celulares en diferentes barrios, y el 8 de octubre, la comunidad tomó la justicia por mano propia al perseguir y agredir a un presunto delincuente, quemando su motocicleta cerca del Hospital San Francisco antes de la intervención policial.

Estos episodios, documentados por El Nuevo Día, reflejan la creciente inseguridad que enfrentan comerciantes, trabajadores y ciudadanos en la capital tolimense, quienes expresan su preocupación ante la frecuencia de hurtos en distintos sectores y horarios.

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¿Cómo ocurrió el robo de celular en el centro de Ibagué el 14 de octubre?

El robo de celular ocurrió el miércoles 14 de octubre, cuando una mujer usaba su teléfono cerca de la calle 10, entre carreras Tercera y Cuarta, en pleno centro de Ibagué. Un hombre en motocicleta se le acercó, le arrebató el celular y huyó por varias vías en contravía mientras peatones y conductores trataban de comprender la situación. La Policía Metropolitana acudió rápidamente, aunque la identidad del responsable aún debía ser verificada, según información de El Nuevo Día.

¿Qué otros robos recientes han generado preocupación en Ibagué?

La preocupación en Ibagué ha aumentado a raíz de varios robos sucedidos en semanas recientes. Según El Nuevo Día, el 5 y 25 de septiembre y el 26 y 29 del mismo mes se reportaron robos de celulares en diferentes sectores, incluyendo un asalto armado y casos en los que los delincuentes utilizaron motocicleta para huir. Además, el 8 de octubre se presentó un episodio de justicia por mano propia, donde la comunidad retuvo y agredió a un presunto ladrón, reflejando el cansancio frente a la inseguridad.

A través de un contundente comunicado firmado por su presidente nacional, Luis Alberto Castañeda Hernández, la organización sindical rechazó la convocatoria de paro, calificándola como un intento de manipulación partidista articulado por figuras que pertenecieron a la anterior administración. “Rechazamos totalmente las marchas de este 14 de octubre. Como servidores de la justicia y custodios de la legalidad, no podemos callar ni ser cómplices de jornadas que solo buscan la parálisis del país, el caos en la movilidad y el saboteo al acceso de los ciudadanos a los servicios del Estado”, aseveró el gremio, pidiendo a la ciudadanía no dejarse instrumentalizar por agendas políticas e incoherentes.

El pronunciamiento no solo distanció a los procuradores judiciales de las protestas promovidas por el petrismo, sino que ratificó un respaldo explícito a las medidas de contención del actual mandatario. “Respaldamos en su totalidad las políticas públicas y el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y las medidas que tome el 14 de octubre para el control de dichas marchas”, concluyó el documento, marcando una postura de defensa institucional desde los despachos judiciales.

La postura de Sintraprojudiciales fue celebrada públicamente por el presidente Abelardo De La Espriella a través de sus canales oficiales. En una publicación difundida en su cuenta de X, el mandatario destacó la valentía de los servidores públicos al priorizar la productividad nacional sobre las vías de hecho. “Agradezco a Sintraprojudiciales por su pronunciamiento firme y valiente en defensa de la institucionalidad, el orden y el derecho de los colombianos a trabajar. Colombia no puede seguir siendo rehén de quienes pretenden paralizarla. La protesta pacífica es un derecho, pero jamás puede convertirse en excusa para bloquear el país, afectar a millones de ciudadanos o impedir el funcionamiento de los servicios públicos”, expresó el jefe de Estado, cerrando su mensaje con la consigna “¡A Colombia la sacamos adelante trabajando, no paralizándola!”

Uno de los aspectos más críticos es la vivienda. María del Mar Mozo, secretaria de Vivienda Social y Hábitat de Cali, aseguró que más de 8.000 viviendas resultaron con afectaciones, de las cuales 3.000 fueron declaradas no habitables. Además, la Secretaría ha recibido 14.000 reportes de afectaciones y ha ejecutado aproximadamente 5.000 visitas técnicas. La funcionaria subrayó la importancia de los estudios técnicos de segunda fase, esenciales para determinar cuáles edificaciones deben ser demolidas, cuáles pueden fortalecerse estructuralmente y cuáles requieren mejoramientos, siempre priorizando la seguridad de los ocupantes. Sin embargo, la evaluación avanza lentamente debido a la escasez de profesionales especializados en el diagnóstico estructural.

En cuanto a la intervención empresarial, María Isabel Ulloa, directora de Propacífico, destacó que empresas locales han colaborado con recursos y apoyo logístico, permitiendo que personas afectadas pudieran salir de los albergues y alojarse temporalmente en hoteles, en tanto accedían a subsidios. El sector privado planea invertir $220.000 millones en cuatro años para recuperar infraestructuras educativas y de salud en Cali y en otros municipios como Buenaventura, Roldanillo y El Cairo, con un enfoque especial en el retorno seguro de niños a las aulas y en mitigar la presión sobre la red hospitalaria.

Mabel Lara, gerente de Proyectos Estratégicos de la Alcaldía, resaltó la articulación entre gremios, ciudadanía y empresas para responder a la emergencia. El ocho de septiembre llegaron 700 toneladas de ayudas y la Secretaría de Desarrollo Económico destinó $10.300 millones a la reactivación de micronegocios. Sin embargo, la funcionaria advirtió que casi 22.000 hogares aún no tienen certidumbre sobre su futuro habitacional y que se requieren cerca de 20 toneladas diarias de alimentos para cubrir necesidades básicas.

El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, anunció que 45.000 familias están registradas como damnificadas y 21.000 cumplen los requisitos para recibir apoyo económico; de esas, 9.200 familias ya han recibido algún pago. En infraestructura, se inspeccionaron 5.700 edificaciones y se tiene un reporte de 66 a demoler. Por otro lado, 144 personas siguen alojadas en hoteles a la espera del desembolso de ayudas.

Walter Cotte, coordinador de emergencias de la Cruz Roja del Valle, afirmó que la organización, junto a la Alcaldía, mantiene campañas de salud, apoyo psicosocial y entrega de kits alimentarios, además de proyectos de prevención y gestión del riesgo comunitario para fortalecer la preparación ante futuras emergencias.

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¿Cómo avanza la reconstrucción de viviendas en Cali tras el terremoto?

La reconstrucción de viviendas continúa siendo un proceso en desarrollo. De acuerdo con la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Cali, se han identificado más de 8.000 viviendas afectadas y cerca de 3.000 no se consideran habitables. El avance depende de estudios técnicos que definirán si las viviendas deben demolerse, reforzarse o mejorarse, y aunque el proceso es lento por la falta de personal especializado, la ruta de intervención se establecerá con base en resultados comprobados.

¿Qué ayudas humanitarias y económicas reciben las familias damnificadas en Cali?

Las familias damnificadas reciben ayudas humanitarias como alojamiento temporal, kits alimentarios y apoyo psicosocial, canalizadas por la Alcaldía, el sector empresarial y organizaciones como la Cruz Roja. Además, se han destinado recursos económicos para la reactivación de micronegocios y subsidios para quienes cumplen los requisitos. No obstante, hay una demanda alta y aún miles de familias esperan apoyo y una solución habitacional estable.

Las autoridades han logrado que ocho de los fugitivos se entregaran de manera voluntaria hasta el momento, pero aún persisten operativos de búsqueda para intentar reincorporar a los otros evadidos. Según El Espectador, entre los fugados se encuentran personas con diferentes perfiles, algunos de ellos relacionados con estructuras de crimen organizado, mientras que otros pertenecen a la delincuencia común. Es relevante destacar, por ejemplo, la presencia de individuos señalados por las autoridades como alias “Mongolo” dentro del grupo de evadidos.

Para analizar el impacto de esta fuga, El Espectador consultó a Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte e investigador del conflicto. Trejos consideró que esta acción no solo expone debilidades operacionales, sino que también deja en evidencia “una profunda falta de capacidad institucional en cuanto a la garantía del servicio de seguridad ciudadana por parte de las autoridades distritales de Santa Marta, que no tuvieron la capacidad de prevenir este hecho o revertirlo de manera rápida”. El especialista recalca que la mezcla de perfiles dentro del grupo de fugados añade un contexto más complejo a la situación, pues combina riesgos asociados tanto al crimen organizado como a la delincuencia común.

Toda esta situación ocurre en medio de un clima de preocupación por la presión represiva luego del paro armado convocado por la ACSN, que evidenció las capacidades de inestabilidad sobre territorios estratégicos y pone el foco en la efectividad de los dispositivos de seguridad y de las autoridades en Santa Marta.

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¿Cómo ocurrió la fuga de presos en el Centro de Detención Transitoria de Santa Marta?

La fuga se produjo cuando uno de los internos notificó a los custodios que tenía problemas de salud, lo que llevó a los encargados a abrir una reja para suministrarle acetaminofén. En ese preciso momento, los demás detenidos se amotinaron y aprovecharon la oportunidad para escapar, según el reporte citado por El Espectador.

¿Quiénes están entre los fugados y por qué es grave esta situación para la seguridad?

Entre los fugados hay delincuentes con vínculos a organizaciones de crimen organizado y otros relacionados con la delincuencia común, incluyendo a personas señaladas como alias “Mongolo”. La mezcla de perfiles entre quienes se evadieron representa un desafío adicional para las autoridades, pues aumenta el riesgo tanto de delitos comunes como de actividades coordinadas por estructuras criminales, de acuerdo con el análisis presentado por El Espectador.

La intención es tomar reacción inmediata frente a disturbios, con lo que los agentes de la  Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocida como Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) asumen un papel determinante en estas jornadas.

Por esa razón es que no pasó desapercibido un video que pronto se hizo viral en el que es posible observar a hombres uniformados con un particular mensaje previo al arranque de estas movilizaciones.

Cabe recordar que las protestas se van a llevar a cabo a nivel nacional en las principales ciudades del país, con organizaciones como Fecode como los actores más destacados en este día.

El video de los agentes de la UNDMO (antes Esmad) dice “ya volvimos”, donde se observa a cinco de ellos caminando y uno, el que sostiene la cámara, sonriente frente a ese mensaje.

“Creo que ya puede decirse que la suerte está de regreso. Ya volvimos, ‘baby’, carajo, volvimos. Hemos vuelto, clásico. De vuelta, de vuelta”, se escucha en el audio que es viral en TikTok y que fue usado para este caso.

Cabe recordar que ese es un fragmento de la película ‘¿Qué pasó ayer?’, en donde los personajes celebran que alcanzan un avance importante después de las adversidades propias de la trama.

De igual manera, resulta útil aclarar que no se conoce la ubicación de los agentes que publicaron el video que se ha difundido por medio de las redes sociales con ese mensaje.

Lo cierto es que, debido a la concentración de personas que están previstas para las manifestaciones, se espera que haya afectación en la movilidad en varios puntos claves de Bogotá.

Hasta el momento no hay ninguna clase de reacción oficial sobre ese video que surgió después de que se confirmó la determinación por parte del Gobierno frente a las protestas a nivel nacional.

¿En qué consiste decreto del Gobierno frente a las protestas en Colombia?

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el 13 de octubre de 2026 el Decreto 1525, sobre protesta social.

La norma se titula ‘Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado’.

También busca proteger el derecho a la protesta pacífica ciudadana, según el texto oficial divulgado por el Gobierno.

El decreto modifica y adiciona disposiciones al Decreto 003 de 2021, conocido como el Estatuto de la Protesta.

Entró en vigor el miércoles 14 de octubre, día de la primera movilización nacional contra el actual Gobierno.

Esas marchas fueron convocadas por sectores sindicales, políticos y organizaciones cercanas al expresidente Gustavo Petro.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, confirmó la aplicación inmediata de la norma antes de las marchas.

Lara aseguró que el decreto es “garantista y democrático”, pese a críticas desde sectores de oposición.

La norma establece que la obstrucción vial, por sí sola, no cambia el carácter pacífico de una manifestación.

Define además conductas consideradas violentas: agresiones físicas, lanzamiento de objetos peligrosos y retención de personas.

También prohíbe explícitamente la utilización de menores de edad dentro de las movilizaciones sociales.

El decreto formaliza cinco niveles progresivos para la actuación institucional durante cualquier manifestación pública.

El primer nivel corresponde a gestores de convivencia municipales, encargados del acompañamiento inicial a los manifestantes.

Le sigue el diálogo directo con quienes protestan, buscando evitar la escalada de tensiones iniciales.

El tercer nivel corresponde a una instancia formal de mediación entre autoridades y representantes de la movilización.

Si persisten hechos violentos, el alcalde puede ordenar disuasión desde un Puesto de Mando Unificado.

Como último recurso, interviene la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, conocida como UNDMO.

Esa unidad reemplazó anteriormente al antiguo Esmad, dentro de un proceso de reforma policial previo.

Según el decreto, la UNDMO solo puede actuar tras agotarse las etapas anteriores de diálogo y disuasión.

El Gobierno insiste en que la mediación sigue siendo la regla general, no la intervención policial inmediata.

El decreto también contempla corredores humanitarios para garantizar la movilidad de servicios esenciales durante las protestas.

Voces de oposición cuestionaron la norma, calificándola como un intento de criminalizar la protesta social legítima.

El Gobierno respondió que busca proteger a manifestantes pacíficos frente a posibles infiltrados violentos.

El listado identifica a los colegios según categorías que van de D1 a D10, siendo D1 la más alta, y calificaciones relacionadas con sus certificaciones y acreditaciones nacionales e internacionales.

En la categoría D1 quedaron siete instituciones: Colegio Boston Internacional, de Barranquilla; Colegio Bilingüe Diana Oese, de Cali; Colegio Nuevo Cambridge, de Girón; Colegio Angloamericano, de Bogotá; Colegio Bilingüe Divino Niño, de Bucaramanga; Gimnasio Contemporáneo, de Armenia, y Liceo Campo David, de Bogotá. Además, 25 colegios alcanzaron la categoría D2.

Por su parte, 12 instituciones obtuvieron la calificación máxima, AAA+++. Entre ellas están el Gimnasio Alessandro Volta y el Colegio Los Nogales, de Bogotá; el Colegio Montessori, de Medellín; el Colegio Alemán, de Cali; el Colegio Marymount, de Puerto Colombia, y el Colegio Rochester, de Chía.

El ranking no se basa en los resultados de las pruebas Saber 11. Sin embargo, los datos de 2025 muestran diferencias importantes en el desempeño académico.

El promedio nacional fue de 262,7 puntos sobre 500, mientras que los 100 colegios con mejores resultados promediaron 365,3 puntos.

El Gimnasio Contemporáneo, de Armenia, encabezó esa clasificación con 396,5 puntos, seguido del Colegio Bilingüe Diana Oese, de Cali, con 394,6, y el Gimnasio Calibio, de Popayán, con 391,4. En contraste, Chocó concentró 47 de las 100 instituciones con menores resultados.

Desde las primeras horas de la mañana, se evidenció una importante concentración de personas portando carteles, coreando consignas, tocando instrumentos y acompañando la manifestación con música. El recorrido definido partió del punto de encuentro hacia el Parque de las Banderas, localizado en el sur de la ciudad, atravesando así el corazón de Cali por el reconocido corredor de la Calle 5. De acuerdo con el mismo medio, la marcha avanzó con acompañamiento permanente de las autoridades locales y la activa presencia de distintos gremios vinculados al sector trabajador, confirmando el carácter plural del evento.

Para las 9:30 a. m., la columna de manifestantes había comenzado a movilizarse por la ruta establecida, mientras miembros de las fuerzas de seguridad supervisaban el desarrollo pacífico de la movilización. Esta presencia oficial se planteó, según la información publicada, como medida preventiva para garantizar tanto el derecho a la protesta como la seguridad ciudadana durante el trayecto. La convocatoria involucró a sectores con demandas diversas, reflejando la complejidad del actual clima social y político en la ciudad de Cali.

Debido a la masiva participación, las autoridades comunicaron posibles afectaciones en la movilidad a lo largo de la Calle 5, principal arteria afectada por la manifestación. Como respuesta a esta situación, se recomendó a los conductores tomar vías alternativas para desplazarse hacia el sur de la ciudad, utilizando corredores como la Avenida 3N, la Calle 13N, la Avenida 8N, la Avenida 4N, la Avenida 1N, la Carrera 4 y la Avenida Circunvalar, rutas propuestas para minimizar el impacto vehicular en la zona de influencia de la marcha.

La cobertura de Noticiero 90 Minutos destaca que la jornada es noticia en desarrollo, en la medida en que continúa avanzando la marcha y evolucionan los acontecimientos en el terreno. De esta manera, Cali vuelve a ubicarse como referente nacional del ejercicio democrático en las calles, en un contexto marcado por la convergencia de diversas agendas sociales y políticas.

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¿Por qué se realizan movilizaciones sociales en Cali hoy?

De acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos, la movilización social que se lleva a cabo hoy en Cali fue convocada por sectores de la oposición, sindicatos, docentes y organizaciones políticas. La marcha surge como expresión de distintas exigencias y demandas de estos grupos hacia las autoridades, buscando visibilizar sus inquietudes y ejercer el derecho a la protesta en un espacio público.

¿Cuáles vías de Cali están afectadas por las marchas del 14 de octubre?

Según lo informado por Noticiero 90 Minutos, la principal vía afectada por las marchas de este 14 de octubre en Cali es la Calle 5, especialmente en el tramo que conecta el centro de la ciudad con el sur, donde se encuentra el Parque de las Banderas. Las autoridades recomendaron rutas alternas como la Avenida 3N, Calle 13N, Avenida 8N, Avenida 4N, Avenida 1N, Carrera 4 y la Avenida Circunvalar, buscando reducir congestiones en el área del evento.

El proceso busca otorgar hasta 81 créditos condonables, cubriendo 27 programas doctorales de siete universidades aliadas: Universidad Nacional de Colombia, Universidad de La Sabana, Universidad El Bosque, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estas instituciones ponen a disposición su capacidad académica para fortalecer la formación de talento en áreas alineadas con retos estratégicos de la región.

Quienes resulten beneficiados recibirán un respaldo integral, que comprende el cubrimiento total de la matrícula durante la duración oficial del programa de doctorado, sostenimiento semestral de 27 millones de pesos, hasta 45 millones para el desarrollo de investigaciones, y una asignación única de más de 7,6 millones para movilidad internacional. Los créditos otorgados tendrán una tasa de interés del 0 % sobre el capital desembolsado. Todo esto, según lo informa la propia Agencia Atenea.

Las personas interesadas deben preparar su postulación desde ahora, pues la Agencia aún no ha anunciado el cronograma oficial, pero el proceso requiere gestionar anticipadamente la admisión universitaria, paso imprescindible para participar, conforme recalca el director de Atenea, Víctor Saavedra. El proceso completo implica seis pasos: escoger la universidad y programa, lograr la admisión, formular una propuesta de investigación acorde a las demandas territoriales de Bogotá y Cundinamarca, postularse cuando Atenea abra oficialmente la convocatoria, consultar los resultados y, finalmente, legalizar el crédito para empezar estudios de doctorado en 2027.

Las líneas temáticas priorizadas incluyen economía circular, transición energética y salud, abarcando investigaciones que respondan a temas como ordenamiento territorial, conservación de biodiversidad, construcción de paz, seguridad sanitaria, soberanía alimentaria y uso de energías sostenibles, siempre buscando soluciones que aporten a la calidad de vida y desarrollo sostenible territorial.

Según la Agencia Atenea, toda la información oficial, universidades y cupos pueden consultarse directamente en su sitio web. Se enfatiza en comenzar el proceso de admisión previo a la apertura del cronograma, pues solo quienes hayan sido admitidos en una de las universidades aliadas podrán postularse cuando la convocatoria esté habilitada.

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¿Cuáles son los requisitos para acceder a la convocatoria 'Roberto Zarama' de la Agencia Atenea?

De acuerdo con la información oficial de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), quienes deseen acceder a la convocatoria deben, antes de postularse, ser admitidos en uno de los programas doctorales priorizados de las siete universidades aliadas. Además, es necesario presentar una propuesta de investigación alineada con las demandas territoriales de Bogotá y Cundinamarca y adjuntar la carta o certificación de admisión al momento de la postulación, siguiendo los pasos detallados por la Agencia.

¿Qué significa que los créditos educativos sean condonables y con 0 % de interés en esta convocatoria?

En el contexto de la convocatoria 'Roberto Zarama', un crédito educativo condonable implica que los beneficiarios podrán no pagar el saldo del crédito si cumplen con ciertos requisitos, como los logros en investigación estipulados por la Agencia Atenea. Además, el 0 % de interés significa que no se cobrarán intereses sobre el dinero desembolsado, lo que facilita a los beneficiarios enfocarse en su formación e investigación sin una carga financiera adicional.

En el documento, Alcocer rechazó de manera directa los señalamientos de Ferrer, argumentando que estaban fundamentados en relatos de terceros y no en hechos presenciados personalmente. Expresó públicamente su disposición plena para cooperar con las autoridades, resaltando su interés en "que se esclarezcan con absoluta rigurosidad" los hechos ventilados por los medios.

Frente al asunto de los viajes a Venezuela, la exprimera dama puntualizó que, durante el tiempo en que desempeñó labores protocolarias, viajó únicamente en dos ocasiones a ese país. Detalló que el primer viaje fue el 31 de enero de 2023 como parte de una delegación oficial, y el segundo el 18 de noviembre de 2023, acompañando al entonces presidente Gustavo Petro. Alcocer fue enfática al afirmar: “No realicé ningún otro desplazamiento a ese país, ni siquiera a título personal.” Asimismo, manifestó que dichos viajes cuentan con registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual de acceso público, elementos con los cuales, según ella, se puede verificar plenamente tanto las actividades como los asistentes.

Por otra parte, Alcocer pidió a la Fiscalía General de la Nación que informe si existe una nueva investigación penal en su contra con motivo de las afirmaciones presentadas el 9 de octubre, solicitando datos específicos sobre número de radicación y despacho a cargo, en caso de haberla. Además, recordó que ya había acudido antes a esa entidad por señalamientos anteriores y mencionó que su equipo jurídico continúa recopilando información para ponerla a disposición de las autoridades. Será esa institución la responsable de verificar el fundamento de las acusaciones y cualquier posible responsabilidad derivada.

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¿Cuántos viajes hizo Verónica Alcocer a Venezuela durante su periodo como primera dama?

De acuerdo con la propia Verónica Alcocer, solo realizó dos viajes a Venezuela mientras cumplía funciones protocolares en calidad de primera dama. Según su declaración formal y los registros institucionales disponibles, el primero de ellos fue el 31 de enero de 2023, como integrante de una delegación oficial, y el segundo, el 18 de noviembre de 2023, acompañando al entonces presidente Gustavo Petro.

¿Cuáles son las acusaciones que Eva Ferrer hizo contra Verónica Alcocer y cómo las respondió ella?

Eva Ferrer, quien trabajó como asesora para Alcocer, la acusó en una entrevista con la revista Semana de haber participado en supuestos traslados de drogas hacia Venezuela en aviones oficiales y del retorno de sumas de dinero a Colombia, específicamente 2,5 millones de dólares. Alcocer calificó estas afirmaciones como infundadas, aclarando que están basadas en relatos indirectos y no en hechos comprobados, y reiteró su disposición para cooperar con la justicia para esclarecer estos señalamientos.

El derecho de petición, fechado el 13 de octubre, manifiesta el interés de Alcocer por aclarar las acusaciones en su contra. Según el documento, ella fue primera dama y realizó dos viajes oficiales a Venezuela; el primero el 31 de enero de 2023 como parte de una delegación y el segundo el 18 de noviembre de 2023, acompañando al presidente de la República. Alcocer aseguró que no realizó otros desplazamientos, ni siquiera personales, y sostiene que existen registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual que respaldan sus declaraciones.

Alcocer expresó confianza en que comparar estos documentos y los testimonios de los participantes de los viajes permitirá desvirtuar las acusaciones y dejar en claro que no participó en conductas irregulares. La relevancia de la petición surgió luego de que la Procuraduría General de la Nación citara a Eva Ferrer para dar información sobre los presuntos actos de corrupción que mencionó públicamente, señalando la implicación de varios servidores públicos en el caso. Según El Espectador, también deberán declarar otras figuras relacionadas con el Gobierno, como Carmen Caballero, Angie Rodríguez (exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre), Concepción Baracaldo (exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF), Guillermo Reyes (exministro de Transporte) e Ingrid Carolina Plata Navas.

Las declaraciones de Ferrer fueron hechas en una entrevista con la revista Semana, en la que señaló a Alcocer de supuestamente aprovechar su cargo para actividades ilícitas entre Colombia y Venezuela, como transporte de drogas, armas y dinero, y de influir en la asignación de cargos y contratos estatales. También mencionó potenciales financistas no reportados de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Tras la publicación de la entrevista, el expresidente Petro acusó al medio de difamación y anunció una denuncia legal, solicitando una rectificación.

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¿Qué declaró Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer y cuáles fueron las consecuencias?

Eva Ferrer, exasesora y exconsejera del Gobierno, aseguró en una entrevista con la revista Semana que Verónica Alcocer habría utilizado su cargo como primera dama para transportar drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela, además de intervenir en la asignación de cargos estatales. Estas declaraciones derivaron en distintas citaciones judiciales tanto para Ferrer como para otros exfuncionarios y motivaron acciones legales por parte de la familia Petro Alcocer.

¿Qué es el Dapre y por qué está relacionado con este caso?

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, conocido por la sigla Dapre, es un organismo encargado de apoyar la gestión administrativa y política de la Presidencia. En este caso, la exdirectora de esa entidad, Angie Rodríguez, fue citada a declarar como parte de la indagación sobre las denuncias de corrupción mencionadas por Ferrer.