El acto de apertura de la programación está previsto para las 11:00 a. m. con el recorrido patrimonial denominado “Memorias barrio Obrero”, que partirá desde el Museo de la Salsa, ubicado en la carrera 11B #24-04. Este trayecto propone un acercamiento a las vivencias y relatos que han dejado huella en uno de los sectores más emblemáticos de Cali. Posteriormente, a las 2:00 p. m., se dará inicio de manera oficial a los festejos en el área comprendida entre las calles 21 y 25 y las carreras 8 y 15 del barrio Obrero, con diversas actividades abiertas al público.

Durante la tarde, hasta las 7:00 p. m., la comunidad podrá participar en picnics literarios, admirar una exposición fotográfica de archivo y sumarse a eventos como “Mi pelo también cuenta”. Las propuestas incluyen además una feria con calzado, artesanías, cosméticos y una zona de bebidas representativas del Pacífico. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, la estación dedicada al patrimonio inmueble estará habilitada hasta las 8:00 p. m.

La programación contempla talleres prácticos y experiencias dirigidas a fortalecer los lazos entre generaciones. Entre las 3:00 p. m. y las 6:00 p. m. se llevarán a cabo talleres de macetas, elaboración de dulce de alfeñique y modelado en arcilla, este último con cupo limitado a 25 personas mediante registro previo. También figuran en la agenda teatro callejero, el laboratorio de salsa “Aterrizaje” y el taller “Con la linterna”.

La franja entre las 4:00 p. m. y las 7:00 p. m. estará dedicada a la danza y los oficios tradicionales, con un taller de percusión salsera, funciones de títeres a cargo de Titirindeba, danza acrobática, actividades de sastrería, Aerosalsa y un taller de danza indígena. El cierre será a las 8:00 p. m. con la “Noche Patrimonial”, programada en el salón de eventos Melassa, ubicado en el tercer piso de la carrera 11B #24-59.

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¿Qué actividades destacan en la Semana del Patrimonio 2026 en el barrio Obrero de Cali?

La agenda presenta recorridos patrimoniales, talleres de oficios tradicionales y exposiciones artísticas. Además, se ofrecerán actividades interactivas como picnics literarios, experiencias gastronómicas y ferias de productos artesanales, junto a muestras de danza, teatro y música vinculadas al legado salsero de la ciudad.

¿Dónde se lleva a cabo el lanzamiento de la Semana del Patrimonio en Cali y qué es un patrimonio inmueble?

El lanzamiento se realiza en el barrio Obrero, específicamente entre las calles 21 y 25 y las carreras 8 y 15. El patrimonio inmueble refiere a edificaciones, monumentos o espacios que poseen valor histórico o cultural y son reconocidos como parte integral de la identidad de una comunidad.

Sobre la partida del funcionario, Duque fue directo: “Para mí eso sí es un ruido de hoy, pero no me parece nada trascendental, digamos, el cambio. Creo que los cambios se pueden dar”, afirmó el exmandatario, quien también subrayó que este tipo de movimientos son inevitables en cualquier administración.

El expresidente apeló a su propia experiencia para ilustrar su punto. Recordó que durante su gobierno también realizó ajustes en el gabinete durante el primer año, y que eso no impidió aprobar una agenda legislativa amplia que incluyó reformas fiscales, laboral, de las TIC y constitucional, además de seis proyectos anticorrupción, todo con el respaldo de una coalición que nunca se fracturó.

“Yo también hice cambios en el primer año de varios ministros. Traté de mantener continuidad, que fue una promesa de campaña, pero los ministros se pueden desgastar, bien sea por errores, o bien sea por el relacionamiento con algunos sectores, o bien sea también dentro de la misma relación con la cúpula del gobierno”, afirmó el expresidente Duque.

“Siempre habrá tensiones con el Congreso, siempre habrá discrepancias, siempre habrá debate, y así funciona la política”, agregó, al desestimar la idea de que las fricciones entre el Ejecutivo y el legislativo sean necesariamente una señal de crisis de gobernabilidad.

(Vea también: Cercana a Petro apoyó a Lara y apuntó a otro en Gobierno De la Espriella: “Castigan al que no es”)

El exmandatario también aprovechó para reiterar su respaldo a la práctica de incorporar ministros técnicos, alejados de los cálculos electorales. Sostuvo que confiar carteras a representantes de sectores políticos “erosiona confianza” y “ayuda a alimentar conflictos dentro del gobierno”, por lo que llamó a privilegiar profesionales idóneos sobre figuras que respondan a “feudos o intereses políticos”.

(Vea también: Los enormes retos que tendrá Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior; lo miran con lupa)

¿Qué antecedentes tiene Rodrigo Lara como ministro del Interior?

Rodrigo Lara fue designado como primer ministro del Interior del gobierno de Abelardo de la Espriella, cargo desde el cual debía gestionar las relaciones con el Congreso y articular la agenda legislativa del ejecutivo. Su salida fue calificada por algunos analistas como prematura, dado que se produjo en una etapa temprana de la administración.

¿Qué postura ha mantenido Duque frente a los gobiernos que lo han sucedido?

El expresidente ha expresado en distintas ocasiones su disposición a respaldar a los gobiernos de turno cuando coinciden con principios que él considera fundamentales, como la selección de funcionarios por mérito técnico. En esta entrevista reiteró ese aval al señalar que respalda al presidente en la búsqueda de “profesionales capaces, técnicos y conocedores” para las carteras ministeriales.

De Currea-Lugo comunicó que había renunciado a su cargo como asesor en marzo de 2026, siendo aceptada su dimisión en abril del mismo año. Posteriormente, durante los meses de mayo y junio, contactó a Mancuso afirmando actuar de manera independiente, bajo su faceta de periodista, para solicitarle una entrevista en la que se abordarían temas relacionados con De la Espriella. Negó haber ofrecido contraprestaciones o pedir falsedades, y aclaró que sus mensajes no debían interpretarse como parte de una estrategia oficial, pues no mantenía vínculo con la Presidencia en ese momento. Mancuso, indicó, dejó de responder y la entrevista nunca se realizó.

El exasesor reconoció que sí asistió a las reuniones de Valledupar en cumplimiento de instrucciones de Petro para avanzar en el proceso de paz con las antiguas autodefensas. Explicó que la intención era sistematizar información ya suministrada por los paramilitares a organismos como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía y el sistema de Justicia y Paz, enfocándose en esclarecer nexos político-económicos del fenómeno paramilitar, sin solicitar nuevas confesiones. Señaló que se firmó un documento de compromisos y desmintió la versión de que el encuentro no tuvo resultados, aunque anotó que los textos circulantes eran borradores y que el compromiso definitivo debe derivarse del documento oficial.

Frente a las acusaciones de incitar declaraciones contra opositores, De Currea-Lugo fue claro en que nunca recibió indicaciones de Petro para ese propósito y que no estaba facultado para suscribir acuerdos a nombre del gobierno. Su relato, sin embargo, contrasta con lo afirmado por varios exjefes paramilitares a la revista Semana, quienes alegaron que tanto él como Angie Rodríguez les solicitaron testimonios en contra de figuras como De la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras; según esas fuentes, los AUC se negaron a incriminar a estas personas.

Como resultado, la Procuraduría inició investigación disciplinaria contra Armando Benedetti (exministro del Interior) y Angie Rodríguez (exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre). Adicionalmente, el Ministerio de Justicia pidió a la Fiscalía investigar penalmente los hechos, y esta última trasladó una denuncia relacionada con Gustavo Petro a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

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¿Cuál fue el papel de Víctor de Currea-Lugo en el presunto ‘Pacto de Valledupar’?

De acuerdo con la información citada, Víctor de Currea-Lugo asistió a las reuniones de octubre de 2025 en Valledupar por encargo del entonces presidente Gustavo Petro, con el objetivo de contribuir a la finalización del proceso de paz con las antiguas AUC y sistematizar información ya declarada. Sin embargo, negó haber gestionado declaraciones en contra de opositores o recibido orden directa para obtenerlas, y aclaró que luego de su renuncia actuó únicamente como periodista.

¿Qué investigaciones se han iniciado por el caso del ‘Pacto de Valledupar’?

Según las fuentes mencionadas, la Procuraduría abrió indagaciones disciplinarias contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez, mientras que el Ministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía una investigación penal. La Fiscalía, a su vez, remitió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro para que se revise el caso.

La Fiscalía agendó la audiencia de imputación para el próximo lunes 9 de noviembre a las 9:00 de la mañana. De acuerdo con lo reportado, la diligencia será virtual, dado que Guzmán permanece bajo detención de las autoridades del Reino Unido en espera del avance del trámite de extradición a Colombia. La decisión de realizar la audiencia de forma virtual obedece a la imposibilidad de su presencia física en el país, debido a que Guzmán fue detenida en Londres el 17 de diciembre tras haber sido rescatada del río Támesis. Desde entonces, Guzmán fue ingresada en un hospital y luego trasladada a la prisión de Bronzefield, conocida por ser la cárcel de mujeres de mayor tamaño en Europa, mientras se resuelven los pasos de su proceso y se gestionan los trámites de extradición.

El trasfondo de este proceso judicial parte de las investigaciones que la vinculan con la intoxicación fatal de dos menores de 13 y 14 años. Además, se señala que Guzmán habría tenido una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las víctimas, según información proporcionada. La extradición de Guzmán se ha dilatado debido a los requisitos del Reino Unido, enfocados en garantizar que las condiciones de su detención en Colombia sean adecuadas. La Procuraduría General de la Nación intervino recientemente enviando un concepto respecto a las condiciones carcelarias y garantías judiciales en Colombia, información que puede ser determinante para que la extradición se concrete y la Fiscalía no tenga que llevar a cabo el proceso en ausencia.

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¿Cuál es el estado actual del proceso judicial contra Zulma Guzmán por el envenenamiento con talio?

El proceso judicial contra Zulma Guzmán se mantiene activo, ya que la Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud para la audiencia de imputación por homicidio y tentativa de homicidio. Un juez prorrogó por un año la orden de captura, y la audiencia quedó programada de forma virtual para el 9 de noviembre, mientras Guzmán permanece detenida en el Reino Unido a la espera de la decisión sobre su extradición a Colombia.

¿Por qué se encuentra Zulma Guzmán en una prisión del Reino Unido y cómo avanza su extradición?

Zulma Guzmán está detenida en la prisión de Bronzefield, en el Reino Unido, luego de que fuera rescatada del río Támesis y arrestada con una circular roja de Interpol en su contra. El proceso de extradición ha sido lento por los requisitos y trámites que demanda el Reino Unido, especialmente para asegurar condiciones carcelarias apropiadas en Colombia. La Procuraduría General de la Nación envió recientemente un concepto sobre las garantías judiciales, lo que resulta clave para avanzar en la extradición requerida por la justicia colombiana.

La obra no se limita únicamente al reparcheo de huecos. De acuerdo con el ingeniero residente Víctor Rivera —citando la información proporcionada por la Alcaldía de Cali—, actualmente se ejecuta la demolición total del pavimento rígido, seguida por el retiro de escombros, excavaciones y un proceso denominado ‘cajeo’, que consiste en la preparación y nivelación del terreno antes de instalar la nueva estructura vial. El proyecto contempla el uso de bases con roca muerta y piedra granular, sobre las cuales se instalará un pavimento de 20 centímetros de espesor, diseñado para soportar la alta circulación de todo tipo de vehículos, desde buses y automóviles hasta motocicletas y bicicletas. Estas labores cuentan con el apoyo de maquinaria pesada, entre ellas una retroexcavadora con martillo hidráulico, varios volquetes, un minicargador, dos reguladores de tráfico, además de personal técnico e inspectores.

En palabras de habitantes de Pance como Carlos Alvarado, la intervención resulta crucial para mejorar la movilidad y las condiciones de las vías en la ciudad. La obra en la carrera 122 corresponde a tan solo una porción de un contrato mayor, que abarca la intervención de 42 tramos viales en diferentes sectores. De acuerdo con los datos reportados por Noticiero 90 Minutos, esta alianza implica una inversión total de $19.081 millones, recursos que provienen del empréstito y del presupuesto participativo. Además de la comuna 22, estas recuperaciones benefician áreas de las comunas 12, 16 y 17, así como los corregimientos de Los Andes, Pichindé, La Leonera, Golondrinas y Saladito. Con estos trabajos, la Administración Distrital busca transformar los corredores viales de Cali, facilitando los desplazamientos y cuidando la integridad de quienes transitan diariamente por estas rutas.

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¿Cuáles son los beneficios de la intervención vial en la carrera 122 de Pance?

La intervención de la carrera 122 de Pance mejorará la movilidad del sur de Cali, reducirá congestiones, disminuirá accidentes y protegerá la integridad de vehículos y bicicletas que circulan por la zona. Además, al renovar completamente la estructura de la vía, se busca ofrecer mayor durabilidad y resistencia frente a la demanda de tráfico.

¿De dónde provienen los recursos para las obras de recuperación vial en Cali?

Según información de Noticiero 90 Minutos, los recursos para las obras de recuperación vial en Cali provienen del empréstito y del presupuesto participativo, permitiendo una inversión total de $19.081 millones para recuperar 42 tramos viales en diferentes comunas y corregimientos de la ciudad.

A través de un mensaje en la red social X, el presidente Abelardo de la Espriella agradeció públicamente el trabajo de Lara Restrepo y dio la bienvenida a Ordóñez. Según sus palabras: “Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra nación”. Sin embargo, el comunicado presidencial no especificó los motivos detrás de la salida de Lara Restrepo, que ocurre en medio de complicaciones en el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027 y de un ambiente político tenso.

Alejandro Ordóñez es abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Ha ocupado cargos relevantes como concejal de la misma ciudad entre 1986 y 1989, magistrado del Tribunal Administrativo de Santander y, posteriormente, del Consejo de Estado, donde también ejerció la presidencia entre 2004 y 2005. Nacionalmente, adquirió gran visibilidad como procurador general de la Nación de 2009 a 2016. Su gestión se caracterizó por enfrentamientos y decisiones polémicas, como la destitución e inhabilitación de Gustavo Petro en su época de alcalde de Bogotá, medida luego cuestionada a nivel jurídico y ante la instancia interamericana de derechos humanos.

Además, Ordóñez ocupó una posición protagónica en el sector político conservador, oponiéndose al Acuerdo de Paz con las antiguas FARC y liderando la campaña por el No en el plebiscito de 2016. Posteriormente, incursionó en la diplomacia, siendo embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) durante los gobiernos de Iván Duque y Abelardo de la Espriella. Su llegada al Ministerio del Interior marca un nuevo giro en su trayectoria, al pasar de la diplomacia a una posición crucial para la agenda legislativa del gobierno.

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¿Quién es Alejandro Ordóñez Maldonado y cuál ha sido su trayectoria política?

Alejandro Ordóñez Maldonado es un abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, con especialización en Derecho Administrativo. Ha ocupado diversos cargos públicos como concejal, magistrado y presidente del Consejo de Estado, así como procurador general de la Nación entre 2009 y 2016. Fue un figura relevante en el sector conservador y, tras su paso por la Procuraduría, se desempeñó como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA); ahora asume el Ministerio del Interior en el gobierno de Abelardo de la Espriella.

¿Por qué la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior coincidió con el trámite del Presupuesto de 2027?

La salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior se produjo en medio de complicaciones durante el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027 y una atmósfera de tensiones políticas en el gobierno, según Noticiero 90 Minutos. Sin embargo, el anuncio oficial del presidente no precisó las causas concretas de su retiro, limitándose a reconocer su labor y dar la bienvenida a Alejandro Ordóñez Maldonado.

De acuerdo con la información publicada por El Espectador, durante la comandancia de Figueroa Suárez en el Batallón La Popa, varios civiles inocentes fueron asesinados y posteriormente presentados como guerrilleros muertos en combate, práctica conocida en Colombia como ‘falsos positivos’. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA), identificada también como la fiscalía de la JEP, llevó al exmilitar a juicio por estos crímenes. Figueroa Suárez aceptó responsabilidad y pidió perdón públicamente frente a las víctimas durante diligencias recientes.

La condena impuesta por la JEP establece que el excomandante debe cumplir la pena en un centro especial de reclusión, además de acatar 11 obligaciones restaurativas. Estas medidas buscan dignificar el buen nombre de las víctimas, aportar información relevante para la búsqueda de desaparecidos y participar en acciones públicas de memoria realizadas en la región Caribe.

La sentencia expresa que Figueroa Suárez fue responsable por mando de las retenciones, asesinatos y desapariciones de civiles. La justicia transicional determinó que el coronel retirado no adoptó las medidas necesarias para prevenir las irregularidades y omisiones que se presentaron en las operaciones militares, y que no ejerció el control adecuado sobre sus subordinados. Dichas omisiones configuraron su responsabilidad en estos crímenes.

Durante las diligencias de reconocimiento tardío, Figueroa Suárez asumió públicamente su responsabilidad. En palabras recogidas por El Espectador, el exmilitar afirmó: "La pregunta que debo responder no es solamente 'qué ordené'. También debo responder qué autoridad tenía, qué información recibí, qué debía controlar, qué debía impedir y qué dejé de hacer", reflexionando sobre el alcance de su deber como comandante.

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¿Por qué condenaron al coronel Juan Carlos Figueroa Suárez en la JEP por falsos positivos?

El coronel retirado Juan Carlos Figueroa Suárez fue condenado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras aceptar su responsabilidad en 24 hechos en los que participaron miembros de su unidad militar en la ejecución extrajudicial de 38 personas inocentes en Valledupar. De acuerdo con la JEP y El Espectador, la condena obedece a su responsabilidad por mando, al haber omitido controlar y evitar las irregularidades durante las operaciones militares de 2004 y 2005.

¿Qué implica una sentencia de reconocimiento tardío en la JEP y cuáles son las obligaciones restaurativas?

Una sentencia de reconocimiento tardío en la JEP ocurre cuando el acusado asume responsabilidad después de iniciado el proceso judicial, como sucedió con Figueroa Suárez. Según El Espectador, implica que la persona condenada no solo cumple pena en reclusión especial, sino que adquiere obligaciones restaurativas como pedir perdón público, ayudar en la búsqueda de desaparecidos y participar en acciones de memoria, con el fin de reparar y dignificar a las víctimas.

El proceso que derivó en la inscripción formal del partido Libres fue avalado por el Consejo Comunitario El Naranjo. De acuerdo con la cronología descrita, la junta de gobierno de esa organización aprobó el respaldo en una reunión el 18 de julio, mientras que la asamblea fundacional se desarrolló el pasado 30 de julio. Esto permitió que la colectividad presentara a sus candidatos y posteriormente gestionara su personería jurídica. El respaldo legal también se vio reforzado por la reciente disputa jurídica que otorgó a la lista de Libres el segundo puesto en la representación afro de la Cámara de Representantes.

El Consejo de Estado ordenó la suspensión del escaño de Winsner Sandoval, del Partido Demócrata Colombiano, entregando esa curul de manera provisional a Anyela Guanga, del partido Libres. Esta decisión, como señala El Espectador, se fundamentó en que, para las circunscripciones afro en las que se eligen dos representantes, las curules deben asignarse entre las listas que alcancen al menos el 30 % de los votos. En los últimos comicios, Libres superó ese umbral con 159.387 votos, mientras el Partido Demócrata Colombiano quedó por debajo con 72.241.

Esta resolución habilita a Libres para participar en próximas elecciones como partido propio, otorgando avales y accediendo a financiación bajo las reglas legales vigentes. El movimiento busca expandir sus bases, especialmente en el Pacífico, y competirá con otras fuerzas políticas como el Pacto Histórico y Defensores de la Patria. El alcance y consolidación de Libres en la política nacional y regional dependerá de su capacidad para proyectar su representación y presencia territorial.

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¿Qué significa que Libres haya obtenido personería jurídica y cuál es su impacto en la representación afro?

Obtener personería jurídica le permite a Libres presentarse como partido propio en elecciones, otorgar avales y acceder a financiación estatal, todo bajo el marco legal definido para minorías. En el contexto de la representación afro, esto fortalece la voz de las comunidades al asegurar un segundo puesto en la Cámara, al tiempo que les otorga herramientas institucionales para ampliar su impacto político.

¿Cuáles fueron los argumentos legales para entregar la curul afrocubana a Libres y no al Partido Demócrata Colombiano?

Según lo reportado por El Espectador, el argumento legal principal se basó en que, en circunscripciones afro con dos escaños, solo pueden acceder aquellos movimientos que superen el 30 % de los votos. En las elecciones señaladas, Libres obtuvo 159.387 votos, superando el umbral, mientras que el Partido Demócrata Colombiano obtuvo 72.241, cifra insuficiente, lo que llevó a que la curul fuera entregada provisionalmente a la representante de Libres.

El objetivo de la última ofensiva fue el Frente de Guerra Suroccidental del Eln, un componente de esa guerrilla que, según reportes de las autoridades militares, mantiene presencia activa en la región de Nariño. A diferencia de intervenciones anteriores, es la primera vez que se realiza una operación de este tipo en esa zona, lo que marca un cambio de enfoque territorial en la estrategia de combate a estos grupos armados. Las operaciones militares no han concluido y, como indicaron las fuentes castrenses, la ofensiva continuó durante la mañana del jueves, a la espera del informe oficial por parte del Ministerio de Defensa para consolidar los resultados.

Hasta el momento, no se dispone de una cifra definitiva sobre los resultados de este ataque, ya que el balance se dará a conocer en horas de la tarde. Este tipo de acciones militares reflejan la posición del gobierno De la Espriella frente a la presencia de actores armados ilegales y el uso de la fuerza como herramienta principal para contrarrestar actividades de la insurgencia, en este caso en Nariño, una región históricamente afectada por el conflicto. Los detalles finales dependerán del pronunciamiento oficial que se espera próximamente, quedando la población y los sectores interesados atentos a nuevas informaciones sobre el impacto y las consecuencias de este operativo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos bombardeos ha hecho el gobierno de Abelardo de la Espriella contra el Eln?

De acuerdo con información del Ejército Nacional y las Fuerzas Militares incluída en el reporte, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha realizado cinco bombardeos contra grupos armados ilegales desde el inicio de su mandato. El quinto de estos bombardeos fue el que se adelantó recientemente contra el Frente de Guerra Suroccidental del Eln, en el departamento de Nariño.

¿Cuál es el objetivo del Frente de Guerra Suroccidental del Eln en Nariño?

Según el informe, el Frente de Guerra Suroccidental del Ejército de Liberación Nacional (Eln) mantiene presencia en el departamento de Nariño. La ofensiva militar buscó impactar directamente a este frente, considerado como un componente activo de la guerrilla que opera en esa región. El objetivo de la acción militar fue debilitar su capacidad operativa mediante una ofensiva aérea específica.

Entre los casos mencionados, la Defensoría puso como ejemplo el nombramiento de un funcionario en el Ministerio de las Culturas. Según la entidad, esta persona enfrenta un proceso penal por presuntos episodios de violencia sexual, hechos que habrían ocurrido cuando ejercía funciones diplomáticas en Chile. Otro caso trata sobre la posible vinculación de un general en retiro a un cargo relevante en Ecopetrol, mientras ese mismo individuo afronta un proceso por presunto acoso sexual. La Defensoría también se refirió al presidente de Coljuegos, quien enfrenta una denuncia por hechos de violencia intrafamiliar y otras violencias basadas en género.

Frente a estos hechos, la Defensoría del Pueblo reiteró: "Corresponde a la justicia determinar las responsabilidades penales y se debe respetar la presunción de inocencia. Sin embargo, esto no exime al Estado de actuar con debida diligencia frente a las violencias contra las mujeres al decidir quién ocupa cargos de alta responsabilidad pública". Esta postura señala la importancia de que el Estado, más allá de lo judicial, implemente filtros y procedimientos claros antes de permitir que personas investigadas por estos hechos tengan acceso a cargos de poder.

El organismo fue enfático en que se requiere adoptar criterios claros y públicos para los nombramientos en la administración pública. Esos criterios deberían incluir la gravedad de las denuncias, el estado de los procesos, el tipo de cargo al que se aspira, posibles conflictos de interés y los riesgos que estos nombramientos pueden suponer para las denunciantes, incluidas presiones, represalias o nuevos episodios de revictimización.

En su comunicado, la Defensoría recalcó que acciones como estas envían mensajes contradictorios a las mujeres víctimas de violencia, quienes pueden sentir que las denuncias no son tomadas en cuenta. Según la entidad, la consecuencia es que el temor a represalias, la revictimización y las barreras para acceder a la justicia podrían verse agravados si las instituciones no brindan respuestas oportunas y efectivas ante estos hechos. Por eso, hizo un llamado urgente al gobierno para que revise los procesos de nombramiento y adopte una postura de tolerancia cero frente a la violencia de género.

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¿Qué dice la Defensoría del Pueblo sobre la violencia de género en el nombramiento de funcionarios?

La Defensoría del Pueblo manifestó preocupación por la designación de funcionarios investigados o denunciados por violencia de género en altos cargos del Estado. La entidad instó al gobierno a revisar con cautela dichas vinculaciones y argumentó que el Estado debe actuar con debida diligencia, considerando la gravedad de los hechos, incluso si aún no existe condena judicial, para evitar mensajes contradictorios a la sociedad.

¿Por qué es importante la presunción de inocencia en los procesos de violencia de género según la Defensoría?

Según la Defensoría del Pueblo, la presunción de inocencia —es decir, el derecho a ser considerado inocente mientras no se demuestre lo contrario en un proceso judicial— debe ser respetada. Sin embargo, aclara que esto no impide al Estado tomar precauciones respecto a quiénes nombra en cargos públicos, para garantizar que se actúe frente a las violencias contra las mujeres y se eviten riesgos de presión o revictimización a las denunciantes.

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta reaccionó a la determinación que se dio a conocer en la noche del miércoles 21 de octubre de 2026, durante la plenaria en el Congreso por la discusión de la denominada Ley de Sometimiento.

Si bien la congresista calificó esta determinación como “una victoria más para la oposición”, también dejó sobre la mesa una muestra de apoyo al saliente funcionario y un señalamiento a otra figura del gabinete.

“Castigan al que no es, no duran mucho en el cargo porque el puñal interno es bravo. Él ineficiente e irresponsable con los temas presupuestales fue el
Ministro de Hacienda”, aseguró en la primera parte de su publicación en su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

Zuleta acudió a ese espacio en sus redes sociales para plantear las razones por las que considera que el ministro Miguel Gómez Martínez tenía mayor responsabilidad en el escenario en cuestión.

“No sabía ni como responder a las preguntas, eliminaron el debate porque no fue capaz de darlo, tuvieron que pupitrear todo pues fueron incapaces de convencer y ni se dio cuanta del trámite legislativo y los detalles que le correspondía vigilar, porque no fue Lara el que dio los avales o el que nos los negó a toda la oposición, fue el pésimo ministro Gómez. Justamente fue una proposición avalada la que, por falta de seguimiento, terminó tumbando el proyecto”, aseveró.

A pesar de que no es oficial que la polémica por el presupuesto del Gobierno De la Espriella haya sido el motivo de la salida, el mencionado señalamiento es parte de un contexto clave.

Lo que no pasa desapercibido dentro de todo este marco es el apoyo de una figura de la oposición al saliente ministro Lara, que parecía ser la mano derecha del presidente colombiano para los temas en el Congreso.

Por ahora, quedó confirmado como nuevo encargado de ese ministerio el exprocurador Alejandro Ordoñez, figura con amplia experiencia en la política a nivel nacional y que se desempeñaba como embajador ante la ONU.

Este va a ser un nuevo capítulo en el que la mencionada congresista, que es cercana al expresidente Gustavo Petro, va a tener un papel clave.

¿Quién es Isabel Zuleta?

Isabel Cristina Zuleta López destaca en la vida pública de Colombia como socióloga, activista ambiental, defensora de derechos humanos y senadora de la República por la coalición política Pacto Histórico.

Nacida en el municipio de Ituango, Antioquia, el 12 de abril de 1982, consolidó su trayectoria social mediante la defensa de los derechos territoriales y la protección de los recursos hídricos.

La parlamentaria cursó sus estudios profesionales de Sociología en la Universidad de Antioquia, vinculándose activamente a diversos movimientos comunitarios de mujeres afectadas por el conflicto armado interno.

Antes de su ingreso al escenario legislativo, ejerció como vocera y presidenta del Movimiento Ríos Vivos Colombia, organización que lideró la oposición comunitaria al proyecto hidroeléctrico Hidroituango.

Su trabajo enfocado en los impactos ambientales y sociales sobre las poblaciones ribereñas del río Cauca le otorgó amplio reconocimiento nacional e internacional como lideresa comunitaria.

En las elecciones legislativas de 2022, Zuleta obtuvo su curul en el Senado de la República tras integrar la lista cerrada presentada por la bancada del Pacto Histórico.

Dentro de la corporación pública, la senadora integra comisiones enfocadas en asuntos ambientales, régimen agrario, ordenamiento territorial, derechos humanos y fiscalización de recursos naturales.

Asimismo, ejerció responsabilidades directivas como presidenta de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, promoviendo iniciativas relativas a la minería tradicional y la protección del agua.

Durante su gestión parlamentaria, impulsa activamente debates de control político dirigidos a la defensa de los derechos de las víctimas y al fortalecimiento de las políticas ambientales del país.

Uno de los primeros frentes que deberá sortear el nuevo funcionario será la tramitación de los proyectos bandera de la administración, una agenda robusta y compleja que heredó de su antecesor e incluye iniciativas de alto impacto como la ley de sometimiento, el estatuto antiterrorista y la próxima reforma tributaria. Al respecto, congresistas de distintas orillas han manifestado su escepticismo sobre la viabilidad de lograr consensos en el Capitolio, advirtiendo que las posturas doctrinales del exprocurador podrían obstaculizar el diálogo parlamentario.

“Personas de oposición, incluso personas que no son de, o personas de distintos independientes, pues consideran que va a ser más difícil llegar a acuerdos con el doctor Ordóñez (…) Y por eso estoy un poco preocupado, porque creo que, en lugar de reducir puentes, en lugar de reducir concertación y diálogo, se necesita más de esa posibilidad de convocar actores distintos para sacar adelante una agenda legislativa que es bastante exigente y bastante compleja”, señaló el senador del Centro Democrático, Andrés Forero.

En la misma línea, analistas políticos como Alejandro Chala, investigador de la Universidad Nacional, pusieron sobre la mesa el choque entre los métodos del nuevo ministro y la realidad legislativa:

“La duda que queda es si Alejandro Ordóñez, más plegado al dogma que a la pragmática, tiene la capacidad de negociación con un Congreso que le camina muy a medio paso a Abelardo De La Espriella”, comentó el experto.

Más allá del pulso en el Legislativo, expertos en asuntos públicos apuntan a que los mayores dolores de cabeza para Ordóñez no se limitarán a las comisiones primeras del Congreso. Para Gonzalo Araújo, de la firma Orza, el verdadero núcleo de la gestión ministerial recaerá sobre la estabilidad macroeconómica del país:

“El meollo está en el traslado presupuestal de 1.2 B para el sector energético y la ley de rescate fiscal. Los principales retos del Ministro será poder garantizar el trámite de las iniciativas de las que los mercados internacionales van a estar pendientes y que tendrán un gran impacto en la senda del crecimiento y del acceso a los mercados internacionales al mismo tiempo que los temas asociados a la revaluación del peso colombiano”, puntualizó Araújo.

A los desafíos económicos y de negociación se suma un terreno espinoso: el manejo del orden público y la protesta social. Con un decreto ya listo por parte de la administración anterior para regular las movilizaciones y el uso de la fuerza, la llegada de Ordóñez abre interrogantes sobre la respuesta del Gobierno ante las marchas que inevitablemente desatará la discusión de la nueva reforma tributaria. Analistas advierten que la figura del nuevo ministro, fuertemente vinculada a corrientes conservadoras tradicionales, podría endurecer la postura estatal frente a la movilización ciudadana y la interlocución con comunidades étnicas en los cambios a las reglas de la consulta previa, marcando un giro definitivo en la estrategia de la Casa de Nariño.

De acuerdo con Jessica Tatiana Vásquez, coordinadora de la Ruta Buscadora Suroccidental, la UBPD concentra su labor en la búsqueda de personas desaparecidas antes del primero de diciembre de 2016. Ella explica que cualquier persona que esté buscando a un familiar tiene la posibilidad de acercarse a las jornadas de la ruta, en donde debe presentar su documento de identificación y toda la información relevante sobre la persona desparecida para facilitar la solicitud oficial de búsqueda.

La Ruta Buscadora ha iniciado su recorrido en Cali, específicamente en el Bulevar del Oriente, donde permanecerá hasta el 25 de octubre. Posteriormente, continuará visitando los municipios de Yumbo, Florida, Pradera, Palmira, Trujillo, Tuluá, Buga la Grande, Sevilla y Zarzal. Las actividades se realizan entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, manteniendo la gratuidad de sus servicios a lo largo de cada jornada.

Uno de los procedimientos iniciales consiste en la recepción formal de la solicitud de búsqueda, lo que se realiza a través de un sistema conocido como SIRDEC, encargado de centralizar la información de los casos de desaparición. Este proceso permite que las instituciones comiencen a registrar y analizar las muestras genéticas recolectadas, tanto de familiares como de personas buscadas, tal como lo detalló Vásquez en su intervención. Además, la coordinadora señaló la importancia del banco genético de personas desaparecidas, en el que se almacenan las muestras de ADN obtenidas tanto de los cuerpos encontrados como de quienes los buscan, facilitando así la comparación y eventual identificación.

La estrategia ya ha cubierto 60 municipios en seis departamentos y ha permitido la recepción de 370 muestras de ciudadanos que buscan a sus seres queridos. De acuerdo con los representantes de la UBPD, la búsqueda incluye también el trabajo conjunto con equipos de investigación forense y antropólogos, quienes complementan el proceso orientado a dar respuesta a las familias afectadas por la desaparición de personas en el marco del conflicto armado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrece la Ruta Buscadora de la UBPD a las familias que buscan desaparecidos?

La Ruta Buscadora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) brinda servicios gratuitos que incluyen orientación y atención a familiares, así como la toma de muestras genéticas esenciales para los procesos de búsqueda. Todo este acompañamiento se ofrece durante jornadas itinerantes en los municipios visitados, facilitando el acceso a quienes residen en zonas apartadas.

¿Qué significa el sistema SIRDEC y cómo se utiliza en la búsqueda de desaparecidos?

El sistema SIRDEC es la herramienta utilizada por la UBPD para registrar formalmente los casos de desaparición. En este sistema se centraliza toda la información relevante sobre las personas desaparecidas y sus familiares, lo que permite que las instituciones inicien y den seguimiento al análisis de muestras genéticas y demás procedimientos sobre cada caso registrado.

La representación legal de Petro, liderada por el abogado Alejandro Carranza, ha presentado tres denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Estas denuncias están relacionadas principalmente con calumnia, injuria y posibles delitos en el manejo de recursos públicos. El primer caso está vinculado a declaraciones de Rodríguez en las que afirmó haber recibido instrucciones para coordinar un encuentro con exjefes paramilitares en Valledupar, con el propósito de que estos hicieran acusaciones en medios de comunicación contra figuras como el expresidente Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. No obstante, según El Espectador, aunque Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, confirmó la existencia del encuentro, aclaró que Petro no participó de manera directa.

En la denuncia presentada, el abogado Carranza argumentó que "el expresidente Gustavo Francisco Petro Urrego niega haber impartido a la señora Rodríguez Fajardo, ni a ningún otro servidor público, ni directamente ni por interpuesta persona, la instrucción de obtener de los exjefes paramilitares declaraciones contra los señores Uribe Vélez, De la Espriella y Vargas Lleras, ni contra ningún otro dirigente o candidato". Además, enfatizó que el objetivo del encuentro, en la versión de la defensa, respondía a un espacio de diálogo orientado a la verdad y la paz, excluyendo propósitos electorales.

La segunda denuncia corresponde a una querella por las declaraciones que Rodríguez habría dado en medios sobre temas como los títulos de Juliana Guerrero, detalles del Pacto de Valledupar, la relación de Petro con Verónica Alcocer y posibles casos de consumo de drogas. Según el abogado de Petro, Rodríguez no ha aportado pruebas para sustentar estos señalamientos.

El tercer proceso está relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de dineros públicos durante viajes oficiales de la Presidencia; se menciona el retiro de dólares y euros con soportes que no corresponderían a gastos reales, lo que derivó en acusaciones de peculado, falsedad en documento y posible enriquecimiento ilícito. El asunto está en manos de la Fiscalía, que deberá adelantar las investigaciones necesarias.

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¿Qué es el "Pacto de Valledupar" y qué papel tuvo Angie Rodríguez en este caso?

El llamado "Pacto de Valledupar" hace referencia a un encuentro entre exjefes paramilitares que, según las declaraciones de Angie Rodríguez, habría buscado que estos dieran testimonios en contra de figuras políticas como Álvaro Uribe y otros. Rodríguez sostiene que recibió instrucciones para organizar este encuentro, aunque la defensa de Gustavo Petro negó su participación y señaló que el objetivo era promover la verdad y la paz, no influir en procesos electorales.

¿En qué consisten las denuncias contra Angie Rodríguez por presunto mal manejo de recursos públicos del Dapre?

Las acusaciones en contra de Angie Rodríguez por su gestión en el Dapre están relacionadas con retiros de sumas de dinero en dólares y euros durante viajes oficiales, con la presunta presentación de soportes que no corresponden a gastos reales ni a las circunstancias de los desplazamientos presidenciales. Esto conlleva posibles delitos de peculado, falsedad documental y enriquecimiento ilícito, de acuerdo con lo presentado ante la Fiscalía.

Como respuesta inmediata a la crisis, la Alcaldía de El Tarra ordenó la implementación de un toque de queda que rige sobre toda la jurisdicción hasta el sábado 24 de octubre a las 5:30 de la mañana. En ese lapso, la circulación de ciudadanos por las calles está restringida desde las horas de la tarde hasta la madrugada, específicamente hasta las 5:30 de la tarde. Además, por medio de un decreto oficial, se prohibió el tránsito de vehículos que transporten cilindros de gas, así como de sustancias peligrosas o tóxicas, con el objetivo de reducir los riesgos durante esta emergencia.

De acuerdo con el decreto expedido por la administración municipal, las únicas personas autorizadas para movilizarse durante estas restricciones son miembros de la fuerza pública, personal del sector salud, ambulancias, periodistas y funcionarios que deban resolver emergencias. Asimismo, se permite la movilidad de adultos mayores y menores de edad únicamente en caso de requerir atención médica de urgencia. En respuesta a la gravedad de la situación, algunas instituciones educativas han optado por suspender las actividades académicas presenciales para proteger a los estudiantes y al personal.

La región de Catatumbo atraviesa enfrentamientos armados entre el frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), según información del Ministerio de Defensa. Estos enfrentamientos surgen por la disputa de corredores utilizados en el tráfico de drogas y la minería ilegal. Según el reporte ministerial, ambos grupos han provocado destrucción masiva de viviendas mediante ataques indiscriminados con drones cargados de explosivos, además de dejar campos minados que amenazan tanto a civiles como a integrantes de la fuerza pública. El Ministerio de Defensa enfatizó que el Estado continuará empleando todas sus capacidades legítimas en el marco de la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

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¿Cuáles son las medidas impuestas en El Tarra por la reciente ola de violencia?

La Alcaldía de El Tarra decretó un toque de queda vigente hasta el sábado 24 de octubre a las 5:30 de la mañana, que limita la movilidad en el municipio hasta las 5:30 de la tarde. También prohibió la circulación de vehículos que transporten cilindros de gas y sustancias peligrosas o tóxicas, restringiendo el tránsito a funcionarios autorizados y permitiendo solo desplazamientos por emergencias médicas.

¿Qué grupos armados protagonizan el conflicto en Catatumbo y qué métodos violentos emplean?

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) están involucrados en una disputa por el control de los corredores del Catatumbo, recurriendo a enfrentamientos armados, ataques con drones cargados de explosivos y la instalación de campos minados, lo cual sigue poniendo en riesgo a la población civil y la fuerza pública en la zona.

De acuerdo con la información de Energua, en la ciudad de Valledupar las labores afectarán principalmente el circuito Guatapurí 1. Dichos trabajos se realizarán entre las 7:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, periodo durante el cual estarán sin servicio los barrios Villa del Rosario Norte, San Joaquín, Obrero, Alfonso López y San Clemente. Esta intervención contempla también el corte de energía en las instalaciones de la empresa pública Emdupar, así como varios puntos adicionales de la capital del Cesar. Concretamente, se verán afectados los usuarios ubicados en la carrera 9, entre calles 7A y 9, en el sector del barrio San Carlos; y desde la carrera 9 hasta la carrera 8, entre calles 8A y 9, así como en el barrio Novalito.

Por su parte, en la zona rural de El Paso, la compañía adelantará trabajos en el circuito La Loma 4 desde las 10:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Este corte de energía se aplicará en la carrera 2, entre calles 7 y 8, específicamente en el sector del barrio Cañaguate, donde se realizará la suspensión temporal del suministro eléctrico durante el desarrollo de los trabajos.

La programación de Energua también contempla el circuito Valledupar 4 en la zona urbana de esta ciudad. Para este circuito, los trabajos se realizarán de 8:30 de la mañana a 1:15 de la tarde, impactando directamente a residentes de la urbanización Don Alberto. Todas estas acciones forman parte de un cronograma de intervenciones que busca mantener y optimizar las condiciones de la red eléctrica.

La empresa recomienda a quienes residen en los sectores mencionados tomar las medidas preventivas necesarias y permanecer atentos a los anuncios y actualizaciones a través de los canales informativos oficiales, con el objetivo de manejar de la mejor manera posible los horarios de suspensión del servicio.

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¿Cuáles barrios y sectores de Valledupar estarán sin energía por trabajos de Energua?

De acuerdo con la información proporcionada, los barrios Villa del Rosario Norte, San Joaquín, Obrero, Alfonso López, San Clemente y la urbanización Don Alberto serán los principales afectados en Valledupar. Además, áreas específicas como la carrera 9 entre calles 7A y 9 en San Carlos, desde la carrera 9 hasta la carrera 8 entre calles 8A y 9, y el barrio Novalito, también experimentarán la interrupción del servicio.

¿En qué horarios se suspenderá el servicio de energía eléctrica en Valledupar y El Paso?

Según Energua, en Valledupar el corte en el circuito Guatapurí 1 será de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, mientras que en el circuito Valledupar 4 la interrupción será entre 8:30 de la mañana y 1:15 de la tarde. En la zona rural de El Paso, el circuito La Loma 4 estará sin servicio desde las 10:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Estos horarios son clave para los usuarios que deben organizar sus actividades ese día.

Una nueva y contundente ofensiva militar sacudió las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el suroccidente del país. Desde las primeras horas de la madrugada de este jueves 22 de octubre de 2026, las Fuerzas Militares desplegaron una fuerte operación aérea de alta precisión contra un campamento perteneciente al Frente de Guerra Suroccidental de dicha guerrilla, situado en zona rural del departamento de Nariño.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó los detalles preliminares del ataque, el cual estuvo bajo la dirección táctica y ejecución del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia (CCOES). De acuerdo con los primeros reportes entregados por los mandos militares en la zona, la incursión armada deja un saldo parcial de al menos ocho integrantes de esa estructura ilegal muertos. No obstante, las unidades en tierra avanzan en las labores de registro, control de área e inspección técnica para ofrecer un balance definitivo y verificar la identidad de los dados de baja.

Este hecho representa el quinto bombardeo aéreo autorizado directamente por el mandatario De La Espriella contra grupos armados al margen de la ley desde que asumió el poder en agosto de 2026. Si bien durante la presente administración ya se había registrado una acción similar contra posiciones del ELN en otra región del territorio nacional, esta incursión constituye el primer ataque bombardeado contra esa organización insurgente en el departamento de Nariño.

Las autoridades y el alto mando militar permanecen en la zona consolidando la información operativa, mientras se espera que en el transcurso del día la Casa de Nariño y el Ministerio de Defensa entreguen detalles adicionales sobre el material de guerra incautado y el impacto de esta ofensiva sobre la cadena de mando del Frente de Guerra Suroccidental.

(Le interesa: Luces y sombras que proyectan las declaraciones de la ex primera dama Verónica Alcocer)

La importancia del Ministerio del Interior radica en que es el encargado de la relación entre el Gobierno y el Congreso de la República, es decir que actúa como el puente político entre la rama Ejecutiva (Presidencia) y la Legislativa, coordinando la agenda de los proyectos del Gobierno. Precisamente por un fallo en esa función se habría producido la salida de Lara. La anunció el presidente pocas horas después de que se hundiera en el Congreso la ley del Presupuesto General de la Nación por un error de trámite.

Hay quienes, sin embargo, consideran que el fracaso de la Ley del Presupuesto no fue sino la gota que rebozó la copa, y atribuyen la salida de Lara a muchas más razones. Una de ellas habría sido, cuando recién comenzaba su gestión, la derrota que sufrió el Gobierno en la elección del presidente del Congreso. El candidato de De la Espriella, Alfredo Deluque, perdió ante Honorio Enríquez, del Centro Democrático. Otro aspecto fue la designación del capitán Germán Andrés Miranda como director nacional de Bomberos, pese a los graves indicios de presunta corrupción. Y uno más fue la contratación de Altus Baquero, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), como asesor jurídico del despacho de Lara.

Radicalización con el exprocurador Ordóñez

Con la prematura salida de Lara, el presidente De la Espriella deja ver el nivel de exigencia y rigor con que quiere mantener su Gobierno. Si bien han surgido críticas que ven en el caso de Lara un preocupante signo de inestabilidad del Ejecutivo, una osadía si se considera que el jefe de Estado tiene por delante retos en el Congreso por las reformas que pretende impulsar, hay quienes entienden que De la Espriella quiere asegurar que el ministro de la política tenga una estrecha afinidad ideológica con él. En ese sentido se entiende esta suerte de radicalización al designar al exprocurador Ordóñez.

Con Lara, de origen galanista y liberal, el Gobierno tenía un funcionario que conoce la intrincada mecánica parlamentaria, y con buenas relaciones con gran parte del Congreso. Su relación con los congresistas era institucional y prudente. En cambio, Ordóñez no tiene experiencia en manejo de Congreso, su perfil ideológico es muy conservador y de firmes convicciones religiosas, algo complejo en un país laico y en un Congreso en donde la primera fuerza política (la bancada individual más numerosa) es el Pacto Histórico, con el que Ordóñez tiene un viejo duelo desde cuando, como procurador, destituyó de la Alcaldía de Bogotá a Gustavo Petro, hoy jefe de la oposición.

En ese escenario legislativo, en el que también De la Espriella ha conseguido importantes alianzas, el nuevo ministro del Interior debe seguir impulsando en la agenda iniciativas como la ley de sometimiento para grupos armados, que busca establecer un marco jurídico para que bandas criminales y grupos armados organizados se sometan a la justicia sin negociación política, eliminando el enfoque de la “paz total” del gobierno anterior. Superó su primer debate en las Comisiones Primeras conjuntas de Senado y Cámara con la gestión de Lara, pero ahora debe segur su camino con la gestión de Ordóñez.

También, la reforma constitucional sobre transparencia legislativa (ley antimermelada o regulación del lobby), que fue presentada para fortalecer el control de recursos públicos y regular las actividades de cabildeo en el Congreso, y la ley de ajuste fiscal, anunciada por el Ejecutivo para enfrentar el déficit fiscal del país (estimado alrededor del 9,4 % del PIB), que requerirá complejas negociaciones con las bancadas legislativas para lograr recortes del gasto estatal.

¿Salida de Lara tiene objetivo político?

Otras iniciativas por las que deberá remar Ordóñez en las agitadas aguas del Congreso son el estatuto antiterrorista que busca ampliar las facultades operativas y jurídicas del Estado frente a organizaciones criminales; el reconocimiento de Barranquilla como capital alterna, una propuesta de acto legislativo orientado a la descentralización del país; y otras reformas para la reducción del Estado y seguridad, orientadas al recorte del gasto público en hasta una cuarta parte o más, y el fortalecimiento del sistema penitenciario y de justicia.

Sus defensores aseguran que el nombramiento de Ordóñez es un acierto del presidente De la Espriella en su propósito de luchar por la recuperación de valores y de principios. Sus detractores recuerdan que, como procurador, se caracterizó por su oposición a decisiones de las altas cortes relacionadas con derechos sexuales y reproductivos, diversidad sexual y el proceso de paz entre el gobierno y las Farc. Eso marcó su gestión al frente del Ministerio Público, lo mismo que el hecho de que durante su primer periodo en ese cargo destituyó a 828 alcaldes y 49 gobernadores, y sancionó a cientos de concejales, congresistas y otros funcionarios.

Por otra parte, hay quienes ven en la salida de Lara del Ministerio del Interior no una derrota ni un fracaso, sino una estrategia, una oportunidad. Como la política es entendida desde la perspectiva del arte de lo posible, ven en el ahora exministro del Interior un candidato habilitado para la alcaldía de Bogotá. Eso con miras a la contienda electoral en las ciudades y las regiones que se avecina el año entrante. Lara ya fue candidato en las elecciones pasadas, en las que se enfrentó a Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo y Gustavo Bolívar. Sin embargo, se abre un enorme interrogante: ¿Con qué respaldo político cuenta Lara?

En todo caso, resultaría una posibilidad admisible si se tiene en cuenta que las elecciones regionales del año entrante serán el primer raund por el poder antes de volver a la contienda por la presidencia en 2030. La derecha buscará prolongar su proyecto político frente a una izquierda seriamente fortalecida y con posibilidades reales de regresar. Lara, en apariencia, sale por una cadena de errores, pero no deja de ser uno de los mejores exponentes del pensamiento abelardista. Si no fuera así, no se entendería por qué lo nombró en el ministerio más importante.

La obtención de estos datos depende de una red internacional de dispositivos especializados. De acuerdo con 90minutos.co, parte fundamental de esta recolección proviene de estaciones meteorológicas ubicadas en tierra, boyas instaladas en los océanos, aviones que constantemente sobrevuelan distintas regiones y globos sonda que alcanzan hasta la estratosfera. Además, los satélites meteorológicos circulan alrededor del planeta tomando imágenes continuas del comportamiento de las nubes; mientras tanto, los radares que operan desde tierra permiten un seguimiento en detalle de dónde, cuándo y con qué intensidad se desarrollan las lluvias.

Una vez que esta ingente cantidad de información es recopilada, el siguiente paso es el procesamiento. 90minutos.co explica que los datos se centralizan en centros especializados donde supercomputadoras los analizan por medio de modelos numéricos de predicción. Estos modelos son programas informáticos que, basándose en reglas fundamentales de física y termodinámica, simulan el comportamiento futuro de las masas de aire en la atmósfera. Dividen el espacio en una cuadrícula tridimensional y realizan cálculos precisos cada minuto para proyectar cómo evolucionará el clima en cada sector.

Con respecto al estado del tiempo en Cali durante este jueves, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) indicó que la jornada se caracteriza por la prevalencia de tiempo seco y fuerte radiación solar en las horas del día. Para la noche, se prevé que las condiciones continúen estables tanto en la zona urbana como en el valle, aunque no se descartan lloviznas breves y con bajo volumen, especialmente sobre los Farallones a causa de los vientos en ladera. Además, la entidad señaló que en el suroccidente colombiano, los modelos muestran la probabilidad de precipitaciones de intensidad baja a media para hoy y mañana.

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¿Cómo funcionan los modelos numéricos de predicción meteorológica?

Los modelos numéricos de predicción meteorológica funcionan dividiendo la atmósfera en una especie de grilla tridimensional. Utilizan ecuaciones físicas y de termodinámica para calcular minuto a minuto cómo se moverán y cómo interactuarán las masas de aire en el futuro. Todo esto se ejecuta en supercomputadoras, que procesan enormes cantidades de datos para producir pronósticos precisos.

¿Cuál es el pronóstico del clima para Cali hoy según la CVC?

De acuerdo con la CVC, en Cali este jueves predomina el tiempo seco con fuerte radiación solar durante el día. Para la noche, esperan condiciones estables en la ciudad y el valle, aunque podrían presentarse lloviznas de corta duración con bajo volumen especialmente sobre los Farallones, debido al efecto de los vientos en ladera.

Ahora, el foco político se dirige hacia Alejandro Ordóñez, exprocurador y actual embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien ha sido considerado para asumir la cartera del Interior. Ordóñez es cercano a Carlos Suárez, estratega del presidente De la Espriella, y su eventual llegada al ministerio genera dudas, especialmente porque no cuenta con experiencia en el Capitolio ni ha estado recientemente vinculado al escenario político nacional. Estas inquietudes han sido manifestadas tanto por sectores oficialistas como de oposición, que temen un debilitamiento del diálogo en un momento donde “se necesitan más puentes y mayor interlocución y diálogo, no menos”, en palabras del senador Andrés Forero (Centro Democrático), citadas en su cuenta de X.

El gobierno no ha logrado consolidar una 'luna de miel' con el Congreso. Ejemplo de ello fue la salida de los 26 representantes liberales de la discusión del Presupuesto General, tras sentirse "maltratados" por los comentarios del presidente hacia la gobernadora Girley Ordoñez Bowie y la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz. A esto se suma la derrota sufrida con la elección de Honorio Henríquez (Centro Democrático) en la presidencia del Congreso, en lugar de Alfredo Deluque (Partido de la U), favorito de la Casa de Nariño, y las fuertes divergencias internas durante la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral.

De acuerdo con El Espectador, Rodrigo Lara enfrentaba fuertes críticas incluso dentro del sector oficialista, y recibió múltiples señalamientos por la contratación de Altus Baquero, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), que finalmente no se concretó. Ahora, el gobierno necesita reencauzar su agenda legislativa: la ley de sometimiento avanza contrarreloj, mientras que el estatuto antiterrorista y la iniciativa de "ajuste fiscal" también están sobre la mesa. Mientras se formaliza el nombramiento de Ordóñez, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá de forma temporal la dirección del Interior, un cargo clave de cara a las próximas decisiones legislativas.

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¿Por qué la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior afecta la agenda legislativa del gobierno?

La salida de Rodrigo Lara ha generado incertidumbre porque, según El Espectador, se produce en pleno trámite de proyectos clave, como la ley de sometimiento. Además, ocurre en un momento en que hay tensiones en el Congreso, donde el gobierno necesita mantener conversaciones abiertas y consensos para avanzar en iniciativas estratégicas. El reemplazo en una cartera tan política podría hacer más lenta la radicación y aprobación de leyes fundamentales.

¿Quién es Alejandro Ordóñez y por qué su posible llegada al Ministerio del Interior es polémica?

Alejandro Ordóñez es un exprocurador y embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), conocido por su defensa de posiciones conservadoras. De acuerdo con El Espectador, su evento nombramiento genera escepticismo en el Congreso porque, aunque es cercano al círculo del presidente De la Espriella, carece de experiencia previa en el Capitolio y su figura no promueve necesariamente el diálogo amplio que sectores tanto oficialistas como de oposición exigen en este momento clave.

A través de una secuencia de historias publicadas en su perfil oficial (@carlossuarezrojas), Suárez dejó en evidencia su cercanía ideológica y personal con el exfuncionario, a quien conoce desde el año 2018. En una de las primeras publicaciones, el estratega compartió un trino suyo publicado en el mes de agosto en el que anticipaba el rol diplomático de Ordóñez, acompañado de la eufórica frase: “¡Abran paso que Ordóñez ha llegado!”. En esa misma narrativa digital, el directivo de Ecopetrol hizo alusión a episodios polémicos del pasado del exprocurador, como la quema de libros y la destitución de Gustavo Petro cuando este fungía como alcalde mayor de Bogotá, calificándolo sin ambigüedades como un “defensor de la patria”.

La secuencia digital incluyó además registros fotográficos inéditos que retratan la relación política entre ambos personajes. En una de las imágenes, Suárez aparece posando junto a Ordóñez al interior de un set de grabación, vinculando el momento con su consultora mediante el texto: “en 2018 nació una candidatura y en 2026 nos vuelve a juntar el destino”. En otra postal, en compañía de una mujer identificada como Beatriz, exclamó: “Vuelve al ruedo… Alejandro Ordóñez. De tu mano Beatri…”. El despliegue propagandístico culminó con una llamativa pieza visual generada mediante inteligencia artificial —explícitamente rotulada de esa manera— que muestra a un caballero templario custodiado por la bandera de Colombia al fondo.

Este festejo digital se produce en medio de un escenario de alta tensión institucional. Ordóñez asumirá el Ministerio del Interior en reemplazo de Rodrigo Lara y deberá abandonar su actual puesto como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Este movimiento representa la segunda gran crisis de gabinete en menos de tres meses de gobierno, luego de que Lara durara apenas unos 75 días en el cargo y fuera apartado horas después de restar importancia a los errores técnicos en el trámite legislativo del Presupuesto General de la Nación para 2027. Mientras se surten los trámites formales para la posesión de Ordóñez, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá de manera temporal las funciones de la cartera para encarar la compleja interlocución con el Congreso de la República.

La euforia de Carlos Suárez reafirma el enorme peso político que ostenta dentro del organigrama gubernamental. Fundador de la firma consultora Estrategia y Poder y arquitecto principal de la campaña digital y electoral que llevó a De La Espriella a la presidencia, Suárez consolidó su poderío institucional el pasado 17 de septiembre, fecha en la que Ecopetrol confirmó su nombramiento como presidente de su Junta Directiva tras ingresar como miembro independiente en una plancha oficialista, asumiendo además el liderazgo del Comité de Compensación, Nominación y Cultura. Con su abierta celebración al nombramiento de Ordóñez —a quien ya se había adelantado en anunciar como embajador ante la OEA antes de la oficialización del decreto gubernamental—, Suárez ratifica su condición de poder en la sombra y principal alfil ideológico del actual mandato presidencial.

La conexión entre ambos va más allá de la típica coyuntura electoral; se sostiene en una visión común sobre la forma de gobernar y los problemas por atender. La experiencia de Benjumea en la administración municipal y el conocimiento profundo de Almarales sobre las cuentas estatales, según lo dicho en el texto, ha facilitado un diálogo continuo, enfocado en un Proyecto de Municipio. Tal proyecto, en palabras sencillas, se refleja en soluciones tangibles: acceso al agua, educación, infraestructura y oportunidades laborales que mejoren la vida diaria de los codacenses. "Calidad de vida no es una frase de tarima: es lo que uno siente cuando abre la llave, cuando sale a la calle de noche o cuando lleva al niño al puesto de salud", resalta Daza Angarita.

Esta alianza también se materializa en acciones puntuales, como la iniciativa "Casacará Florece". En el corregimiento de Casacará, donde la compañía Drummond ha apoyado obras sociales como la mejora de centros infantiles y espacios recreativos, la propuesta de futuro implica unir esfuerzos entre lo público y lo privado, pero de forma planificada y sostenible. La alcaldía aporta planeación y gestión de recursos, incluidas las regalías, mientras que la empresa privada debe aportar inversión social con visión de largo plazo. Por su parte, la comunidad tiene el papel esencial de vigilar y participar activamente en la ejecución de los compromisos. Además, se plantea la necesidad de ir más allá del desarrollo centrado en el carbón, apostando por educación técnica, emprendimiento rural y diversificación económica.

Dentro de este contexto, la aspiración de Iris Almarales a convertirse en la segunda mujer en ocupar la alcaldía no es un simple gesto simbólico. Daza Angarita enfatiza que su hoja de vida en finanzas públicas y la claridad de su proyecto político parten de una experiencia concreta, lo que representa una oportunidad real para el fortalecimiento de la democracia local.

El respaldo de Benjumea a Almarales no responde a acuerdos superficiales, sino a una coincidencia de enfoques que priorizan la calidad de vida y el desarrollo colectivo de Codazzi. Esta alianza, según sostiene el texto, es un espacio abierto para quienes compartan el objetivo de construir en conjunto desde distintos sectores sociales y políticos.

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¿Qué es el proyecto Casacará Florece y cómo busca transformar el corregimiento?

El proyecto Casacará Florece es una iniciativa conjunta entre la precandidata Iris Almarales y el exalcalde Omar Benjumea, encaminada a articular esfuerzos públicos y privados para desarrollar el corregimiento de Casacará de forma ordenada y sostenible. Busca mejorar la planeación urbana, aprovechar recursos como las regalías y fomentar la participación comunitaria, priorizando la diversificación económica y la calidad de vida de sus habitantes, según la explicación de Orlando Daza Angarita.

¿Por qué es relevante que una mujer con experiencia en finanzas lidere la Alcaldía de Codazzi?

La candidatura de Iris Almarales es relevante porque suma la gestión eficiente de recursos públicos con una visión incluyente, transparente y orientada a resultados medibles. Según Daza Angarita, contar con una líder que conozca a fondo las finanzas municipales representa una oportunidad para que la administración se ejecute bajo criterios técnicos, fortaleciendo la democracia y la confianza ciudadana en la gestión pública local.

Según detalló Emcali, las tareas incluyen la reposición de válvulas y la actualización de las redes de suministro. Muchos residentes en estas zonas deberán prepararse ante la suspensión del servicio, que tendrá horarios definidos para minimizar el impacto. En el sector Paso del Comercio, por ejemplo, habrá optimización de redes desde la carrera 1 GN hasta la carrera 1 IN, entre la calle 77 y la calle 84; también sobre la calle 73, entre la carrera 1 CN y la 1 FN, así como en la calle 80, entre la carrera 1 CN y la 1 FN. En estos lugares, la suspensión del servicio de agua potable será desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., según información oficial proporcionada por Emcali.

Por otro lado, barrios como Bosques del Limonar, La Hacienda y Prados del Limonar también se verán afectados debido al cambio de válvulas dañadas dentro de la red de distribución. Estas labores se llevarán a cabo entre la calle 13 y la calle 18, desde la carrera 66 hasta la carrera 80, entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m., de acuerdo con el reporte de la entidad.

Emcali destacó que, para mitigar las incomodidades, se dispondrá de carrotanques en las zonas donde se prevén las suspensiones, de tal manera que se garantice el abastecimiento de agua durante las horas en las que el servicio estará interrumpido.

Adicionalmente, otros sectores como Ciudadela Comfandi, Mojica, Los Guayacanes, San Vicente, Aguacatal, Floralia y Nueva Tequendama también estarán sin agua durante la jornada. Para cada zona se han delimitado áreas específicas, identificadas por su dirección o número de carrera y calle, con el fin de informar oportunamente a los habitantes de esas comunidades.

Estas acciones de mantenimiento buscan responder a la necesidad de actualizar la infraestructura y mejorar la continuidad y calidad del servicio, según lo manifestado por Emcali.

¿Qué barrios de Cali están sin agua por trabajos de Emcali?

Varios barrios resultan afectados, entre ellos Paso del Comercio, Bosques del Limonar, La Hacienda, Prados del Limonar, Ciudadela Comfandi, Mojica, Los Guayacanes, San Vicente, Aguacatal, Floralia y Nueva Tequendama, según información proporcionada por Emcali.

¿A qué horas será la suspensión del agua en Cali este miércoles?

La suspensión del servicio de agua potable tendrá variación de horarios según el sector: en Paso del Comercio será de 9:00 a.m. a 10:00 p.m.; en Bosques del Limonar, La Hacienda y Prados del Limonar desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., conforme lo indicó Emcali en su reporte oficial.

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Las rutas que en los años ochenta ya utilizaban los capos del narcotráfico han sido reabiertas y reconfiguradas para enviar cocaína de manera directa hacia Europa. De acuerdo con la información proporcionada por la GI-TOC, el papel de Colombia como epicentro mundial de esta dinámica es incuestionable, tanto por su lugar en la cadena de producción como por los enclaves cocaleros distribuidos a lo largo y ancho de su territorio. Esta situación ha llevado a una sofisticación creciente de las redes logísticas y a la diversificación de los destinos, posibilitando el envío de cargamentos desde puertos del Caribe a mercados internacionales.

Las cifras avalan la magnitud del fenómeno. Según la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (Unodc), Colombia ostenta el tercer puesto entre los países latinoamericanos desde donde más se despacha cocaína y ocupa la posición principal como productor global. Pese a que el país lleva cerca de cincuenta años en una confrontación constante contra el narcotráfico y ha dedicado recursos sustanciales a erradicar cultivos ilícitos, las estadísticas son elocuentes: durante los últimos 26 años, los cultivos de hoja de coca pasaron de 160.120 hectáreas a 261.000. Además, en las últimas dos décadas, la capacidad potencial de producción de cocaína se triplicó, según la Unodc. Departamentos clave como Norte de Santander, Nariño y Cauca permanecen en el centro del mapa del narcotráfico colombiano, ratificando la persistente relevancia de estos territorios como zonas estratégicas para los grupos ilegales.

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¿Por qué el Caribe colombiano es estratégico para las redes de tráfico de cocaína?

El Caribe colombiano brinda ventajas logísticas y operativas a los grupos armados ilegales dedicados al tráfico de cocaína, según el informe de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC). Estas características convierten la región en un punto clave para la salida de cargamentos hacia destinos internacionales, especialmente hacia Europa, utilizando rutas históricas que han sido reactivadas y fortalecidas en la actualidad.

¿Cómo han evolucionado los cultivos ilícitos y la producción de cocaína en Colombia en los últimos años?

De acuerdo con datos de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (Unodc), en los últimos 26 años los cultivos de hoja de coca en Colombia aumentaron de 160.120 hectáreas a 261.000 y, en las dos décadas recientes, la producción potencial de cocaína se triplicó. Esto refleja la persistencia y crecimiento de la economía ilegal de la droga, a pesar de los esfuerzos sostenidos del Estado colombiano.

Un elemento determinante en este desenlace es la figura del presidente de Ecopetrol, Carlos Suárez, señalado de mover los hilos políticos en el Palacio de Nariño. Sobre esta confrontación y el peso de las decisiones corporativas en la política gubernamental, el periodista Ricardo Ospina detalló cómo se habría consumado la salida de Lara para darle paso al exprocurador Alejandro Ordóñez:

“Perdió el pulso con el hombre más poderoso del Gobierno que es Carlos Suárez, presidente de Ecopetrol, que está cobrando la cabeza de Lara y su salida con la llegada de Alejandro Ordóñez y mostrando fotos con él en sus redes sociales”, dijo Ricardo Ospina.

Sin embargo, el pulso por las cuotas de poder en la administración no fue la única razón. Las incompatibilidades ideológicas entre la formación del exministro y la visión del jefe de Estado jugaron un papel crucial. Héctor Riveros apuntó a que las posturas liberales de Lara, sumadas a viejas publicaciones en redes sociales donde cuestionaba al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, terminaron por distanciarlo irremediablemente de las directrices fijadas por De La Espriella para su equipo de trabajo:

“No tengo la razón de la pelea con Lara, que Suárez incidió en su salida es cierta, pero por qué la confrontación no lo logro saber. Hace dos o tres semanas el presidente De la Espriella utilizó una expresión de que o comparten todos nuestros principios o dan un paso al costado. Yo creo que todo este tema de que habían revivido viejos trinos de Lara criticando a Netanyahu, Lara es liberal y progresista, él no había sido así y me parece que no comulgar con esos principios y valores que promueve De la Espriella es la razón de su salida”, dijo Héctor Riveros.

A estos factores ideológicos y a las disputas directas con Suárez se suman los reportes iniciales entregados por la misma mesa periodística, que daban cuenta del impacto de la crisis presupuestal y de la fría manera en que el saliente titular de la cartera política se enteró de su destitución:

“Se rumoraba mucho que había una mala relación entre el presidente y su ministro del Interior, pero aún así no deja de ser sorpresiva, pero además la manera como ocurrió, porque veníamos acostumbrados a que Petro tomaba decisiones de la misma manera, todo indica que Lara se enteró viendo su celular en el Congreso. También sorprendió al ministro Cancino que estaba con él ahí, pero en fin ya, a rey muerto, a rey puesto, vamos a esperar que Ordóñez llegue y seguramente va a tener una postura menos conciliadora”, había afirmado previamente Riveros.

En ese mismo sentido, Santiago Vélez reafirmó la teoría de un giro de timón hacia posturas mucho más severas por parte del presidente De La Espriella:

“Rodrigo Lara se entera de su salida a través de una llamada del director del Dapre, Carlos Rios, más o menos la misma manera que en gobiernos anteriores. Hacía rato que Lara no estaba en la misma página del presidente y la caída del presupuesto fue la gota que rebozó el vaso. Se confirma la teoría de que el presidente siempre dobla la apuesta, para quienes querían un ministro más conciliador pues ahí nombran a Ordóñez”, indicó Vélez.

Así las cosas, la salida de Lara Restrepo tras solo dos meses y medio de gestión no responde únicamente a un tropiezo parlamentario, sino a una purga ideológica y un reacomodamiento de fuerzas donde se impuso el ala más conservadora de la administración. Con la llegada de Alejandro Ordóñez a la cartera del Interior y el encargo interino de Iván Cancino, el Gobierno manda una señal clara de radicalización en sus filas y de nula tolerancia a las posturas progresistas dentro de su gabinete.

La salida fue tan sorpresiva que el propio Lara se enteró por teléfono mientras hacía presencia en una sesión en el Congreso.

Este fue el momento en el que Lara se enteró de su salida:

👀Ojo. @Rodrigo_Lara_ NO sabía que lo habían echado de @MinInterior

Estaba en pleno debate en el Congreso de Ley de Sometimiento. Vio su celular, se paró y se fue del debate.

El gesto de Rodrigo lo dice todo. Mero PAPELÓN pic.twitter.com/UskC33s2hh

— Sebastián Londoño Méndez (@SLondono00) October 22, 2026

En su reemplazo fue designado Alejandro Ordóñez, actual embajador ante la OEA y exprocurador general, mientras el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente el cargo durante el proceso de transición.

La salida de Lara se produjo después de varios episodios que habían generado cuestionamientos sobre su gestión. Entre ellos está el error de trámite que provocó el hundimiento legal del Presupuesto General de la Nación para 2027 y obligó al Gobierno a expedirlo mediante decreto.

Además, Lara había enfrentado dificultades para consolidar mayorías políticas y mantenía tensiones con figuras cercanas al Presidente, entre ellas Carlos Suárez, uno de los principales estrategas de la campaña.

El relevo también ocurre cuando Lara había logrado avances en proyectos considerados prioritarios, como la ley de sometimiento a la justicia y mecanismos para destrabar proyectos frenados por consultas populares.

La llegada de Ordóñez representa un giro hacia un perfil con mayor experiencia jurídica y posiciones conservadoras.

Analistas cuestionan si tendrá suficiente capacidad política para manejar las relaciones con partidos y Congreso, una de las principales funciones del Ministerio del Interior.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el incidente ocurrió en una vivienda del barrio Santa Cruz de la Colina. En medio de una discusión, el profesor resultó herido con un arma cortopunzante y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial del municipio. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, murió pese a los esfuerzos médicos.

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Según informó Blu Radio, la Policía capturó a la mujer que se encontraba con el docente al momento de los hechos y la dejó a disposición de las autoridades judiciales, que deberán establecer las circunstancias de lo ocurrido.

En sus primeras declaraciones ante los investigadores, la mujer manifestó que habría utilizado un cuchillo para defenderse, pues, según su versión, el docente intentó agredirla físicamente durante la discusión.

Esta explicación forma parte de las versiones que analiza la investigación y no constituye, por sí sola, una conclusión sobre lo sucedido ni sobre la responsabilidad penal de la capturada.

Las autoridades adelantan la recolección de testimonios, el análisis de los elementos hallados en la vivienda y la reconstrucción del altercado para determinar cómo se produjo la lesión que terminó con la vida del educador.

La investigación deberá establecer si la actuación de la mujer se enmarca en la legítima defensa o si existen elementos que permitan determinar otra responsabilidad por la muerte de Álvarez González.

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¿Quién era Juan Carlos Álvarez González?

Más allá de las circunstancias que rodean su fallecimiento, la muerte del profesor ha causado tristeza entre quienes lo conocieron en el ámbito educativo. Juan Carlos Álvarez González se desempeñaba como docente de educación física en el Colegio Integrado Fray Nepomuceno Ramos, institución en la que trabajó durante aproximadamente 25 años.

Su trayectoria y dedicación a la enseñanza le permitieron construir vínculos con estudiantes, compañeros de trabajo y habitantes de la comunidad, que hoy lamentan su fallecimiento.

Mientras sus allegados afrontan la pérdida, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos ocurridos en el barrio Santa Cruz de la Colina y establecer las responsabilidades correspondientes.

Según información publicada por Teleantioquia y El Colombiano, los padres son Jonatan Zapa y Kettis María Tapia, quienes viajaron desde el Bajo Cauca antioqueño hasta Medellín para recibir atención médica especializada durante la etapa final del embarazo.

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De acuerdo con los reportes conocidos, los cuatro recién nacidos se encuentran estables, mientras que la madre permanece en recuperación después del parto.

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Así fue el nacimiento de los cuatro bebés en Medellín

El parto se produjo después de 34 semanas de gestación. Según informó El Colombiano, Tapia comenzó a presentar trabajo de parto cerca del mediodía del miércoles y los cuatro niños nacieron alrededor de las 4:00 de la tarde en la Clínica del Prado, ubicada en el oriente de Medellín.

La pareja se había trasladado a la capital antioqueña el pasado 4 de octubre, cuando la madre tenía aproximadamente 30 semanas de embarazo. El objetivo era recibir seguimiento especializado y determinar las condiciones más adecuadas para atender un nacimiento que, por sus características, requería una planificación médica cuidadosa.

Los embarazos múltiples pueden representar mayores riesgos tanto para la madre como para los bebés, por lo que el acompañamiento de un equipo especializado resulta fundamental para evaluar el momento y las condiciones del parto.

Por ahora, Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago continúan bajo vigilancia médica, mientras su madre se recupera.

¿Por qué este nacimiento podría ser tan excepcional?

La atención sobre el caso no se debe únicamente al nacimiento de cuatro bebés en un mismo parto. La particularidad estaría en la posibilidad de que los niños sean cuatrillizos monocigóticos, una condición extremadamente inusual.

Este fenómeno ocurre cuando un solo óvulo es fecundado por un espermatozoide y el embrión resultante se divide hasta dar origen a cuatro embriones. En estos casos, los bebés comparten prácticamente el mismo material genético y, por lo general, son del mismo sexo.

La frecuencia estimada de este tipo de gestación es de aproximadamente un caso entre 10 y 15 millones de embarazos, de acuerdo con las cifras citadas en la información de referencia.

Un artículo publicado en la revista científica Journal of Assisted Reproduction and Genetics también aborda la excepcionalidad de estos eventos reproductivos y la complejidad médica que implican los embarazos múltiples.

En el caso de los bebés nacidos en Medellín, las evaluaciones médicas previas al parto apuntaban a un posible origen embrionario común. Sin embargo, la confirmación de que los cuatro son monocigóticos dependerá de la información clínica y genética disponible.

¿Serían los primeros cuatrillizos idénticos registrados en Colombia?

Aunque en Colombia se han reportado nacimientos de cuatrillizos, la información publicada por El Colombiano señala que no se conocen antecedentes documentados de cuatro bebés monocigóticos en el país.

La Registraduría Nacional reportó el registro de cuatrillizos durante 2024. Asimismo, en 2025 se conoció el caso de una familia de Barranquilla cuyos cuatro hijos —tres niños y una niña— nacieron prematuramente.

No obstante, el caso de Jonatan Zapa y Kettis María Tapia podría diferenciarse de los anteriores si se confirma que Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago se desarrollaron a partir de un único embrión.

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De comprobarse esa condición y tras revisar los antecedentes disponibles, el nacimiento podría convertirse en un caso sin precedentes documentados en Colombia. Por ahora, es importante mantener la distinción entre la posibilidad de que sean los primeros y una confirmación oficial de ese hito médico.

Mientras se conocen más detalles, la familia permanece pendiente de la evolución de los cuatro pequeños y de la recuperación de la madre en Medellín.

Entre las personas citadas por la defensa ante la Fiscalía General de la Nación se encuentra Pilar Leyva Durán, pianista y hermana del ex canciller Álvaro Leyva, quien hizo parte del grupo de ocho o nueve personas que volaron desde la base militar de Catam hasta la capital venezolana. Según relató la testigo, el desplazamiento se organizó de manera repentina: “Nos dijeron que era un viaje rápido, éramos cerca de 8 o 9 personas y nos citaron a las 3:30 de la madrugada”. No obstante, respecto al núcleo de las acusaciones sobre el supuesto transporte de millonarias sumas de dinero en efectivo, Leyva matizó su alcance al señalar que no puede garantizar lo ocurrido con el equipaje de Alcocer, dado que esta última abordó la aeronave de manera retrasada: “La vimos entrar al avión cuando ya nosotros estábamos en la cabina de pasajeros. Por eso no puedo garantizar si ella llevó maletas o si bajaron maletas del avión. Solo la vi con una cartera de mano en la cabina de pasajeros”.

El testimonio de la pianista detalla además que, durante la visita a Caracas, permaneció junto a la exprimera dama en gran parte de las actividades culturales, a excepción de un encuentro protocolario privado con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, al que ingresaron exclusivamente Alcocer y el entonces viceministro de Cultura, Jorge Ignacio Zorro. A su vez, el ex viceministro ratificó en su versión periodística que el desplazamiento no estuvo precedido de una planeación extensa y descartó de plano haber presenciado actividades al margen de la ley: “Ahí no se habló de plata, ni de armas o de droga. No sé de dónde salió esa información”. Zorro añadió que a su retorno a territorio colombiano no pasaron por estrictos filtros de seguridad aeroportuaria debido a la ausencia de equipaje voluminoso.

Por su parte, el equipo jurídico de la exprimera dama, encabezado por el penalista Ricardo Gaviria, radicó la solicitud formal para que la Fiscalía escuche en diligencia juramentada los testimonios de Pilar Leyva, de su hermana Inés y del propio ex viceministro Zorro. En paralelo, el abogado Inocencio Meléndez, representante de Mario Fernández Alcocer, aportó registros fotográficos y fílmicos que supuestamente evidenciarían que Alcocer arribó a suelo venezolano portando únicamente una cartera de mano, material probatorio que busca desacreditar la hipótesis de las maletas con divisas.

Estas revelaciones se producen de manera simultánea a la comparecencia virtual llevada a cabo este miércoles 21 de octubre de 2026 por Eva Ferrer ante el ente acusador, diligencia en la cual la exconsejera catalana prometió incorporar el paquete probatorio que respalda sus denuncias sobre la presunta red de corrupción y tráfico. Mientras los estrados judiciales evalúan las versiones encontradas, el caso continúa reavivando el debate nacional sobre los manejos diplomáticos y financieros durante la administración anterior.

De acuerdo con los excombatientes, el texto divulgado no se corresponde con el documento oficial y auténtico suscrito el 24 de octubre de 2025, por lo que exigieron respeto por los acuerdos originales. La reacción se produjo de manera paralela a la divulgación de un video inédito en el que aparece la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, flanqueada por varios exlíderes de las AUC, presentando un balance detallado sobre las conclusiones de aquellas mesas de trabajo en la capital del Cesar, según informó El Tiempo. 

En las imágenes del archivo audiovisual, Rodríguez expone que el objetivo central de las citas era avanzar en el cierre definitivo del proceso de Ralito y consolidar un marco de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición para las víctimas del conflicto. En el documento leído ante los medios también figuran las rúbricas y el respaldo de altos funcionarios de la administración pasada, como el entonces ministro del Interior Armando Benedetti, además de delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y una lista de excomandantes paramilitares como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar y Hernán Giraldo, entre otros.

No obstante, la disputa por la narrativa de lo ocurrido en Valledupar se ha convertido en un campo minado legal. En respuesta a las revelaciones y columnas de opinión sobre el caso, Alejandro Carranza, abogado defensor del expresidente Gustavo Petro, intensificó su ofensiva jurídica exigiendo una rectificación pública al periodista Melquisedec Torres. Asimismo, el jurista ratificó que su equipo entablará denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación en contra de la propia Angie Rodríguez y del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, a quienes la defensa acusa de incurrir en presuntos delitos de injuria, calumnia y concierto para delinquir por sus versiones sobre supuestas coacciones políticas.

▶️ Este es el video inédito en el que Angie Rodríguez entregó un balance sobre el denominado Pacto de Valledupar de octubre de 2025. En la cita entre el entonces gobierno Petro y exfejes paramilitares se acordó trabajar para cerrar el proceso de Ralito.

🔵 Un año después, este miércoles, los ‘exparas’ afirman que no se debe distorsionar lo acordado y que su compromiso es con la paz.

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 22, 2026

Mientras los exjefes de las autodefensas insisten en que su compromiso institucional sigue enfocado en el esclarecimiento de la verdad y rechazan cualquier intento de distorsionar lo pactado en octubre de 2025, el panorama jurídico se complica. Las autoridades competentes tendrán que desentrañar la veracidad de los documentos en disputa y determinar si las reuniones constituyeron un genuino ejercicio de cierre de paz o si, por el contrario, se instrumentalizó el proceso con fines político-electorales, un pulso que promete seguir sacudiendo la agenda nacional.

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El exfuncionario aseguró que actuó por iniciativa propia, después de dejar su cargo, y rechazó que hubiera recibido instrucciones del Gobierno para buscar declaraciones contra figuras políticas.De Currea-Lugo precisó que presentó su renuncia como asesor presidencial en marzo de 2026 y que esta fue aceptada el 1 de abril. Posteriormente, el 23 de mayo y el 13 de junio, se comunicó con el exjefe paramilitar para proponerle una entrevista destinada a su página web, según su versión.

Los contactos se conocieron después de que se divulgaran mensajes y un audio en los que De Currea-Lugo hablaba con Mancuso sobre la contienda electoral y la posibilidad de que sus declaraciones tuvieran impacto político.

La información publicada por la revista Semana señala que buscaba obtener respuestas sobre la relación de De la Espriella con personas o intereses asociados con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

¿Qué dijo De Currea-Lugo sobre sus mensajes a Mancuso?

El exasesor sostuvo que el propósito de los contactos era periodístico y que no ofreció dinero, beneficios ni favores a Mancuso para que hiciera declaraciones falsas. También negó haber recibido instrucciones oficiales para gestionar esa conversación.

“Presenté mi renuncia como asesor presidencial en marzo de 2026, la cual fue aceptada el 1 de abril. El 23 de mayo y el 13 de junio contacté a Salvatore Mancuso por iniciativa exclusivamente personal, como periodista independiente, para solicitarle una entrevista destinada a mi página web (…) y formularle preguntas sobre Abelardo de la Espriella”, señaló en el comunicado.

De Currea-Lugo también rechazó que sus comunicaciones puedan presentarse, por sí solas, como prueba de una operación del Gobierno. Según afirmó, los mensajes se enviaron cuando ya no ejercía como asesor presidencial y por fuera de las funciones que había desempeñado en esa administración.

El contexto del llamado Pacto de Valledupar

La controversia surgió en medio de las versiones sobre las reuniones con antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para avanzar en el cierre del proceso de paz de Ralito. En ese contexto, se señaló que habría existido un intento de obtener declaraciones contra De la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.

De Currea-Lugo afirmó que su participación en ese proceso se limitó a contribuir al cierre de las conversaciones y que no suscribió acuerdos en nombre del Gobierno. También sostuvo que los exparamilitares no quisieron entregar nuevas declaraciones más allá de los testimonios que ya habían presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Por su parte, los excomandantes de las AUC rechazaron cualquier intento de instrumentalizar políticamente el proceso e hicieron un llamado al respeto por la verdad documental y los derechos de las víctimas.

La versión de De Currea-Lugo se conoció después de que Mancuso confirmara que recibió los mensajes y el audio, aunque aseguró que no respondió ni suministró información sobre De la Espriella. El exjefe paramilitar explicó que no tenía datos que respaldaran los señalamientos planteados en el cuestionario.

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La situación ocurrió el 30 de diciembre de 2025, cuando se encontraba en Tel Aviv junto a su mejor amigo y asesor. Durante la visita decidió desplazarse en un monopatín de alquiler, pero terminó chocando contra una de las columnas instaladas en las aceras para evitar que los vehículos invadan el espacio peatonal.

Polo Polo explicó que iba distraído cuando se encontró con el obstáculo y cayó de frente contra el pavimento. El golpe fue tan fuerte que perdió el conocimiento por unos instantes. Aunque sus acompañantes intentaron llevarlo a urgencias, él optó por regresar al alojamiento.

“Yo iba distraído manejando ese monopatín y resulta que en medio de la manejada me he tropezado con una de esas columnas y he caído de frente contra el pavimento”, relató.

 

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La advertencia médica que recibió Polo Polo luego de accidente en Israel

Al día siguiente, el excongresista tenía el ojo hinchado y presentaba moretones y heridas en los labios y la frente. La valoración médica posterior le permitió conocer el riesgo que había corrido por el impacto.

“Dios me guardó, porque cuando fuimos al médico, el médico dijo que eso pudo haber sido para perder el ojo y de verdad que puedo ver bien en los dos ojos”, aseguró.

Las secuelas también afectaron sus apariciones durante la campaña política. Polo Polo contó que tuvo que usar gafas oscuras tanto en la campaña al Congreso como en la presidencial, pues el ojo seguía demasiado traumatizado para mostrarse sin esa protección.

“Toda la campaña me tocó estar con gafas, tanto la del Congreso como la presidencial. Mucha gente me decía que estaba antipático o creído, pero era que tenía el ojo tan traumatizado que no podía hacer campaña así”, recordó.

Con su publicación, el exrepresentante explicó por qué llevaba gafas oscuras durante ese periodo y compartió detalles de un accidente que, según el diagnóstico que relató, pudo tener consecuencias más graves.

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Mientras avanzan las labores para encontrarla, se conoció el caso de Leydi Johanna Sánchez Miranda, de 39 años, cuyo paradero se desconoce desde septiembre.

Una de las coincidencias entre ambos casos es el escenario en el que se concentran las búsquedas. Leydi fue vista por última vez en el barrio San Judas, mientras que los últimos movimientos conocidos de María Alejandra se ubican en el nororiente de Cali, donde habría estado en inmediaciones del centro comercial Único.

Aunque se trata de sectores distintos, las dos desapariciones tienen como escenario la misma ciudad, lo que ha llevado a prestar atención a las circunstancias de cada caso.

También hay similitudes en sus actividades económicas. Leydi se dedicaba al comercio independiente, mientras que María Alejandra viajó desde Bogotá para trabajar en modelaje de protocolo y eventos de mercadeo.

Ambas tenían actividades laborales por cuenta propia y sus familias buscan esclarecer qué ocurrió durante los últimos momentos en que tuvieron noticias de ellas.

Sin embargo, estas coincidencias no demuestran que las desapariciones estén relacionadas. Los casos ocurrieron en fechas diferentes y deben investigarse de manera independiente. Por ahora, la prioridad de sus allegados es obtener información que permita reconstruir los movimientos de cada mujer y establecer dónde se encuentran.

¿Quién es la otra mujer desaparecida en Cali?

La otra mujer que buscan las autoridades es Leydi Johanna Sánchez Miranda, de 39 años, quien fue vista por última vez el 15 de septiembre en el barrio San Judas, en Cali. Ante la falta de información sobre su paradero, se activó una alerta rosa para apoyar las labores de búsqueda y facilitar que la ciudadanía aporte datos que permitan encontrarla.

Leydi se dedica al comercio independiente y reside en el barrio Alfonso López. Entre sus características físicas se encuentran una estatura aproximada de 1,60 metros, contextura delgada, piel trigueña, cabello negro y ojos negros. Cuando desapareció, vestía una blusa verde, jean azul, tenis cafés y una gorra negra.

También tiene señales particulares que pueden ayudar a identificarla: un tatuaje en la parte media de la nuca y otro en la zona frontal de la pierna izquierda. Además, presenta cicatrices en esa extremidad y en el dorso del pie izquierdo.

Las autoridades buscan información que permita establecer qué pasó desde la última vez que fue vista. Hasta el momento, no se ha confirmado que su desaparición tenga conexión con la de María Alejandra Molina.

¿Qué se sabe de la desaparición de María Alejandra Molina?

María Alejandra llegó a Cali el 8 de octubre por compromisos laborales relacionados con el modelaje de protocolo y actividades de mercadeo. Durante los primeros días mantuvo comunicación con su familia, pero el domingo 11 de octubre se produjo el último contacto conocido con su hermana, Natalia Molina.

Desde entonces, sus allegados intentan establecer dónde se encuentra. La familia también busca reconstruir sus movimientos en la ciudad, pues no tiene certeza sobre el lugar donde se hospedaba ni cuenta con información completa sobre las personas con las que tenía previsto trabajar.

La investigación contempla distintas posibilidades para determinar si la joven continúa en Colombia o salió del país. Entre las labores de verificación están la revisión de movimientos bancarios, registros de transporte y otros datos que puedan ayudar a establecer su recorrido. Hasta ahora, no se ha confirmado cuál fue su destino después de la última comunicación con sus familiares.

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El doble homicidio ocurrió el miércoles 14 de octubre, cerca de las 11:34 de la mañana. Según la información preliminar conocida por medios de comunicación, dos hombres habrían ingresado a la vivienda y se habría producido un enfrentamiento que terminó con lesiones de arma cortopunzante contra las víctimas.

Jorge Alejandro, de 56 años, presentaba una herida en el cuello, mientras que Alejandra, de 39, tenía lesiones en el pecho, la espalda y la pierna derecha. Ambos lograron salir de la finca, pero murieron antes de recibir atención médica.

La llamada a la Policía y las pistas sobre los atacantes

Según el relato de familiares recogido por El Tiempo e información publicada por otros medios, Alejandra habría alcanzado a comunicarse con la Policía para pedir ayuda. Sin embargo, cuando los uniformados llegaron al lugar, la pareja ya no tenía signos vitales.

De acuerdo con el rotativo, una vecina habría observado a dos hombres en una motocicleta estacionada frente a la finca durante un tiempo prolongado antes del crimen. Este dato hace parte de las versiones que se han conocido sobre lo ocurrido, mientras los investigadores buscan reconstruir los movimientos previos al ataque y establecer quiénes participaron.

La inspección del lugar quedó a cargo de las autoridades judiciales, que adelantan labores para recopilar elementos probatorios y esclarecer las circunstancias del doble homicidio. Hasta el momento, la información pública consultada no reporta capturas relacionadas con el caso.

Robos y conflictos previos, entre las líneas por esclarecer

Otra de las pistas que ha llamado la atención de los investigadores son las preocupaciones que la pareja habría expresado antes de su muerte. Según información divulgada por La FM, Alejandra y Jorge habían comentado a personas cercanas que atravesaban situaciones incómodas en el sector y que tenían diferencias con algunos vecinos.

Esos antecedentes no permiten concluir que el crimen estuviera relacionado con algún conflicto vecinal. Las autoridades deben establecer si existía una conexión entre esas situaciones y el ataque ocurrido en la finca, o si los hechos obedecieron a otro motivo.

También se contempla la posibilidad de un hurto violento. En los reportes sobre el caso se menciona que la vivienda habría quedado desordenada después de lo sucedido, un aspecto que deberá contrastarse con las evidencias recolectadas en el inmueble. Por ahora, no hay una explicación oficial confirmada sobre el móvil del crimen.

Autoridades buscan esclarecer el doble homicidio en Suesca

La Policía de Cundinamarca informó que trabaja en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, a través de unidades de investigación criminal e inteligencia, para identificar y capturar a los responsables. Además, hizo un llamado a la comunidad para que entregue información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso mediante la línea de emergencia 123.

Mientras avanzan las indagaciones, los familiares de Alejandra Torres y Jorge Alejandro Vivas Alba esperan respuestas sobre lo ocurrido en la vereda Tenería. La investigación deberá determinar cómo ingresaron los atacantes a la finca, qué sucedió durante la agresión y cuál fue el motivo del crimen.

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El caso mantiene varias preguntas abiertas sobre el lugar donde se hospedó, las personas con las que iba a trabajar y lo que ocurrió después de su último contacto con su familia el 11 de octubre.

La joven llegó a la capital del Valle del Cauca el jueves 8 de octubre para cumplir compromisos relacionados con el modelaje de protocolo y actividades de mercadeo. Durante los primeros días mantuvo comunicación con sus allegados, pero esa situación cambió el domingo siguiente, cuando dejó de responder los mensajes que le enviaba su hermana, Natalia Molina.

Uno de los principales obstáculos para establecer qué pasó es que la familia no conoce con certeza la dirección del alojamiento en el que permaneció María Alejandra ni tiene claridad sobre quiénes la contrataron. Aunque recibió fotografías de la joven durante el viaje, las imágenes no han sido suficientes para ubicar el lugar exacto.

Hipótesis que da giro a la investigación sobre modelo desaparecida en Cali

La investigación por la desaparición de María Alejandra Molina Solano podría ampliar su alcance más allá de Cali. Según conoció El Tiempo, la Fiscalía contempla la posibilidad de que la hayan sacado del territorio nacional contra su voluntad.

El caso está en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), cuyos investigadores buscan reconstruir los movimientos de la joven desde que perdió contacto con su familia el 11 de octubre. La posibilidad de que se encuentre fuera del país cobró relevancia en las pesquisas y llevó a revisar registros que permitan establecer si cruzó una frontera y por qué vía pudo haberlo hecho.

Una de las líneas de investigación apunta a los desplazamientos aéreos. Los investigadores revisan información relacionada con vuelos y registros de pasajeros para determinar si Molina salió desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que presta servicio a Cali. Estos análisis buscan establecer si existe algún registro que permita confirmar o descartar un viaje por avión.

Ante la falta de elementos concluyentes en esa línea, otra posibilidad bajo análisis es que la joven haya salido por carretera. En ese escenario, el CTI busca reconstruir posibles recorridos por los corredores viales del suroccidente colombiano, mediante la revisión de registros de peajes y cámaras de seguridad. El objetivo es establecer si viajó en un vehículo particular o de servicio público y si alguien pudo haberla trasladado.

Medellín también aparece entre los lugares que se busca verificar dentro de la investigación, aunque no existe confirmación de que la joven haya llegado a esa ciudad. Además, su familia ha cuestionado versiones sobre un supuesto viaje a la capital antioqueña antes de su desaparición, por lo que los investigadores deben contrastar los testimonios con los demás elementos recopilados.

El rastreo de movimientos bancarios y la reconstrucción de sus últimos desplazamientos hacen parte de las diligencias para aclarar lo ocurrido. La Fiscalía busca establecer si María Alejandra Molina continúa en Colombia, si salió del país y, en ese caso, si lo hizo por decisión propia o bajo circunstancias que comprometan su libertad.

Última pista en caso de María Alejandra Molina

Entre los datos que los allegados de María Alejandra revisan está un movimiento bancario por 172.000 pesos, registrado el domingo 11 de octubre a las 6:41 p. m. Una amiga de la joven planteó que el pago podría estar relacionado con un alojamiento contratado mediante Airbnb, aunque todavía no se ha confirmado el lugar ni el propósito de la transacción.

Además, la hora del movimiento llamó la atención porque se registró pocos minutos antes del último intercambio de mensajes que su hermana recuerda haber tenido con ella. Natalia Molina ha explicado que recibió una comunicación alrededor de las 6:53 p. m. de ese domingo, le respondió a su hermana y no volvió a obtener noticias suyas.

Las fotografías que María Alejandra compartió durante el viaje tampoco han permitido establecer con certeza dónde se encontraba. Su familia ha revisado posibles alojamientos que se parecen al espacio que aparece en las imágenes, pero no ha conseguido confirmar una coincidencia. Por eso, identificar el lugar en el que permaneció durante su estadía se convirtió en una de las claves para reconstruir sus últimos movimientos.

Una de las figuras que ha impulsado estas críticas en redes sociales es la senadora María Clara Posada, del partido Centro Democrático, quien compartió fragmentos de una audiencia realizada en 2019 y presidida por la magistrada Lemaitre. La JEP aclaró que la investigación de ese proceso condujo en 2021 a imputaciones contra el último secretariado de las Farc por más de 21.000 casos de secuestro. Además, el senador Germán Rodríguez publicó con imágenes de una audiencia participada por Sigifredo López, víctima de secuestro, en un montaje que, según la JEP, busca desprestigiar a Lemaitre. Rodríguez incluso llegó a afirmar en un video en TikTok que la togada “es una adoradora de las Farc” y “anda enamorada de Timochenko”, acusaciones que la JEP calificó como falsas y estigmatizantes.

El pronunciamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz subraya que comentarios de este tipo no solo ponen en entredicho el nombre de la magistrada, sino que también pueden derivar en riesgos físicos debido a la violencia digital. Si bien la JEP reconoce el derecho de víctimas y ciudadanos a cuestionar y exigir a la justicia, aclara que las inconformidades deben presentarse de manera formal y respetando las garantías para todos los involucrados. La instancia destaca que la labor de la magistrada Lemaitre ha producido nueve autos que han imputado a 74 excomandantes de las Farc por crímenes de guerra y lesa humanidad como asesinatos, tortura, violencia sexual, toma de rehenes y desaparición forzada. Según la JEP, ningún otro despacho ha documentado tantos casos contra tan alto número de comandantes de la antigua guerrilla.

En entrevista con El Espectador, Lemaitre explicó que la circulación de videos manipulados causa un grave daño emocional y mental a las víctimas al revivir su trauma y deslegitimar el trabajo de la justicia transicional. Además, reconoció los efectos personales tras la difusión de estas piezas, afirmando que la situación ha afectado su vida y su tranquilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la JEP rechaza las campañas de desprestigio contra Julieta Lemaitre?

La JEP rechaza estas campañas porque los videos manipulados distorsionan el trabajo judicial, pueden revictimizar a quienes ya han sufrido crímenes, y alimentan la estigmatización y violencia digital contra la magistrada Julieta Lemaitre, poniendo en riesgo su vida e integridad, según informaciones de la misma jurisdicción y testimonios recogidos por El Espectador.

¿Cuáles son los principales resultados en casos Farc bajo la magistrada Julieta Lemaitre?

El despacho de la magistrada Julieta Lemaitre ha proferido nueve autos con los que ha imputado a 74 excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad, documentando hechos de asesinatos, tortura, violencia sexual, toma de rehenes y desaparición forzada, según reporta la JEP en sus comunicados.

El proyecto fue sometido a revisión con un total de 27 artículos, algunos de los cuales fueron modificados a partir de los debates en comisión. Entre las novedades se encuentra la protección de la intimidad de las víctimas, buscando institucionalizar la confidencialidad y garantizar el acompañamiento judicial ofrecido por la Defensoría del Pueblo. Adicionalmente, con la aprobación de esta ley, se busca cerrar las puertas a la llamada “paz total” propuesta por el gobierno anterior y eliminar cualquier posibilidad de negociaciones políticas con organizaciones criminales. Así lo enfatizó el senador Hernán Cadavid, ponente por el Centro Democrático, quien afirmó que la iniciativa permitirá enfocar los esfuerzos en seguridad y orden público.

Daniel Briceño, representante que también participó en la ponencia, calificó la ley como el fin de una política que, según él, solo había incrementado la ilegalidad en el país. Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, actual encargado también de la cartera del Interior, insistió en la importancia de acelerar el trámite para cumplir los plazos exigidos y dejar claro que la ley no constituirá un escenario de impunidad. Aseguró que habrá investigaciones y sanciones efectivas para quienes decidan someterse bajo este marco legal.

La norma establece que el proceso de sometimiento incluirá siempre la presencia de un abogado y limita expresamente los beneficios jurídicos, sin que se traduzcan en reducción de penas accesorias o eliminación de las inhabilidades para ejercer cargos públicos. Además, niega el reconocimiento de carácter político a los actores armados. No obstante, la izquierda del Pacto Histórico expresó su rechazo, argumentando que la ley podría generar impunidad y no exige resultados claros de desmantelamiento de estructuras criminales, según declaraciones de la senadora Carolina Corcho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios introduce la nueva ley de sometimiento frente a la política de paz total?

La nueva ley de sometimiento, de acuerdo con lo aprobado por las comisiones primeras de Senado y Cámara, marca un giro en las políticas estatales al cerrar la posibilidad de negociaciones políticas con organizaciones criminales y desmontar la denominada “paz total” de la administración anterior. El proyecto se enfoca en la imposición de condiciones legales estrictas, la obligación de representación judicial para los sometidos y la negación de carácter político a los actores armados.

¿Cuáles son las garantías y derechos para las víctimas en la ley de sometimiento?

La ley asegura la protección de la intimidad de las víctimas, establece la confidencialidad de su información y garantiza el derecho a ser reconocidas y recibir asesoría así como representación judicial por parte de la Defensoría del Pueblo. Además, las víctimas deben ser informadas sobre los avances durante la investigación y el proceso judicial, buscando así darles un papel central en las etapas del sometimiento.

La decisión de remover a Lara Restrepo tiene como contexto una serie de desaciertos políticos que marcaron su breve paso por la cartera. Como señala El Espectador, Lara llegó al gabinete luego de desempeñar un papel clave durante la campaña presidencial, sirviendo como puente con nuevos sectores en la segunda vuelta. Sin embargo, desde antes de su posesión, enfrentó retos, como la inesperada elección de Honorio Henríquez en la presidencia del Senado, lo cual afectó la influencia del Gobierno en el Congreso. A esto se sumaron dificultades para ubicar a aliados en comisiones estratégicas, pese a diversas reuniones y negociaciones con líderes partidistas.

Su gestión tuvo además episodios de conflicto interno, incluidos cuestionamientos en redes sociales que provenían incluso de simpatizantes de Abelardo de la Espriella. Las críticas iban desde su ausencia en el Capitolio hasta las contrataciones dentro de su cartera. La situación se agravó tras el error en la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN). Un artículo introducido sin previa discusión vició el trámite del presupuesto, obligando al Ejecutivo a firmar por decreto una versión diferente a la avalada por el Legislativo. Aunque Lara intentó desligarse de la responsabilidad indicando que su labor era “asegurar los votos”, la molestia en el interior del Gobierno quedó en evidencia, especialmente con los asesores del Ministerio de Hacienda.

El desenlace fue rápido: tras una mañana de reuniones habituales en la Casa de Nariño y el Capitolio, Lara fue llamado a la Presidencia y, minutos después, se anunció su salida. En el Congreso, la noticia generó reacciones inmediatas tanto de oficialistas como de la oposición, quienes consideraron injusto que se responsabilizara a Lara del fiasco presupuestal y advirtieron que el nuevo ministro enfrentará una fuerte vigilancia política. Antes de su despido, Lara había sostenido encuentros con altos representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el Estatuto Antiterrorista, buscando cooperación internacional.

Ahora, Alejandro Ordóñez, con experiencia previa como procurador general y diplomático, asume el Ministerio del Interior en un ambiente marcado por tensiones entre Ejecutivo y Legislativo. Su perfil conservador anticipa un diálogo complejo en el Congreso, de acuerdo con declaraciones de parlamentarios y funcionarios recogidas por El Espectador.

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¿Por qué fue retirado Rodrigo Lara del Ministerio del Interior?

Rodrigo Lara fue retirado de su cargo debido a diversas dificultades políticas durante su gestión, incluyendo incapacidad para consolidar apoyos clave en el Congreso y, principalmente, por un error en la aprobación del Presupuesto General de la Nación que obligó al Ejecutivo a firmar el presupuesto por decreto, según informó El Espectador. Este hecho fue visto como la causa principal de su salida, agravada por tensiones internas y críticas tanto del oficialismo como de la oposición.

¿Qué retos enfrentará Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior?

Como nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez deberá manejar un Congreso dividido y recuperar la confianza en la coordinación entre Ejecutivo y rama legislativa. De acuerdo con la información de El Espectador, su perfil conservador y su protagonismo en debates polémicos podrían dificultar la construcción de consensos. A esto se suma la vigilancia anunciada por sectores de oposición y los retos de gestión tras la crisis del presupuesto.

(Le puede interesar: Rodrigo Lara sale del Gobierno tras el tropiezo del Presupuesto y queda gran pregunta en el aire)

A través de su cuenta de X, Sanabria consideró que la salida de Lara era previsible por los resultados que obtuvo durante su primer año al frente de la cartera. Sin embargo, advirtió que el cambio de funcionario no necesariamente resolverá las dificultades del Gobierno para negociar con los congresistas.

“Lo de Lara veía venirse. No tuvo una sola victoria en el congreso y eso que apenas es el primer año de gobierno”, escribió la joven.

En el mismo mensaje, Sanabria se refirió al reto que tendrá Ordóñez en su nuevo cargo, especialmente por la diversidad de posiciones que conviven en el Legislativo y la necesidad de construir acuerdos para sacar adelante las iniciativas del Ejecutivo.

“Pero tampoco creo que Ordóñez tenga la capacidad de mediar y llegar a acuerdos con bancadas tan diversas”, agregó.

(Lea también: Sin la oposición y sin Rodrigo Lara: así avanzó la ley de sometimiento de De la Espriella)

La contrarreforma, una de las preocupaciones de Sanabria

La defensora del Gobierno actual también vinculó el cambio ministerial con el trámite de la contrarreforma que espera presentar. Según manifestó, le preocupa cómo pueda afectar la llegada de Ordóñez las posibilidades de concertación alrededor de esa iniciativa.

“Me preocupa de cara a la presentación de nuestra contrarreforma. Ojalá que me equivoque…”, concluyó Sanabria en su publicación.

Lo de Lara veía venirse. No tuvo una sola victoria en el congreso y eso que apenas es el primer año de gobierno.

Pero tampoco creo que Ordóñez tenga la capacidad de mediar y llegar a acuerdos con bancadas tan diversas.

Me preocupa de cara a la presentación de nuestra…

— Jerome (@SoyJerome__) October 22, 2026

La reacción se conoció después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara la salida de Lara y designara a Ordóñez como su reemplazo. El relevo coincidió con la controversia por el Presupuesto General de la Nación para 2027, cuyo trámite legislativo terminó sin una conciliación entre las versiones aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes.

La diferencia alrededor del artículo 65 impidió completar el procedimiento en el Congreso, por lo que el Gobierno anunció que expedirá el presupuesto mediante decreto.

Aunque la cercanía entre ambos hechos puso el tropiezo presupuestal en el centro de las preguntas sobre la salida de Lara, el Ejecutivo no ha explicado públicamente si esa controversia fue la razón del cambio.

Con Ordóñez al frente del Ministerio del Interior, uno de los retos será la interlocución con las bancadas para impulsar los proyectos del Gobierno. Sanabria, por su parte, dejó planteadas sus dudas sobre esa capacidad de negociación, a la espera de cómo avance la relación entre el Ejecutivo y el Congreso.

Además de su paso por la OEA, Alejandro Ordóñez cuenta con una larga trayectoria en el sector público. Inició como concejal de Bucaramanga, ascendió en la rama judicial, fue magistrado y presidente del Consejo de Estado, y alcanzó notoriedad nacional al ser procurador general entre 2009 y 2016, aunque su reelección fue anulada por el Consejo de Estado debido a irregularidades. Durante su gestión, protagonizó decisiones polémicas, entre ellas la destitución del entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro, hecho que derivó en un fallo internacional en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la violación de derechos políticos del hoy expresidente.

Ordóñez es reconocido por sus posturas conservadoras y su influencia en la derecha colombiana. Lideró la campaña por el “No” en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz firmado con las Farc y fue candidato a la presidencia, además de desempeñarse como embajador ante la OEA durante el gobierno de Iván Duque y posteriormente bajo el mandato de De la Espriella. En sus declaraciones como diplomático, enfatizó la importancia de la "batalla cultural", la fe religiosa y la seguridad hemisférica como ejes de la política exterior colombiana. Además, anunció el regreso de Colombia a la Declaración del Consenso de Ginebra, que sostiene que "no existe un derecho internacional al aborto", con efectos considerados políticos y no jurídicos.

El nombramiento de Ordóñez ha provocado reacciones encontradas en el Congreso. Mientras miembros del partido oficialista consideran que se requiere mayor diálogo y construcción de consensos, el sector de la oposición recuerda las posiciones conservadoras y decisiones controvertidas de Ordóñez cuando fue procurador. Según El Espectador, se prevé que el nuevo ministro del Interior tenga el reto de recomponer la relación con el Congreso y gestionar la aprobación de iniciativas como el estatuto antiterrorista y el proyecto “antimermelada”.

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¿Quién es Alejandro Ordóñez y cuál ha sido su trayectoria política?

Alejandro Ordóñez es un político y jurista colombiano con amplia experiencia en el sector público. Comenzó su carrera como concejal de Bucaramanga y ocupó cargos relevantes en la rama judicial, llegando a presidir el Consejo de Estado. Alcanzó notoriedad al ejercer como procurador general entre 2009 y 2016, cargo en el que tomó decisiones polémicas, como la destitución de Gustavo Petro. Su reelección en la Procuraduría fue anulada por irregularidades y, tras aspirar a la presidencia, fue nombrado embajador ante la OEA, donde defendió posturas conservadoras y criticó políticas multilaterales.

¿Cuáles han sido las reacciones políticas ante la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior?

Según El Espectador, la designación de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior generó diversas reacciones. Desde el oficialismo, algunos legisladores consideran que se necesita fortalecer el diálogo y construir consensos para avanzar en la agenda legislativa, mientras que la oposición insiste en los riesgos de su línea conservadora y critica decisiones pasadas, especialmente relacionadas con derechos sexuales y reproductivos. El reto principal para Ordóñez será recomponer la relación Ejecutivo - Congreso y gestionar el trámite de proyectos clave.

El paso de Lara por el ministerio estuvo marcado por diversos acontecimientos y polémicas, particularmente en la relación con el Congreso. Destaca el reciente episodio durante la discusión del Presupuesto General de 2027, donde un error de trámite causó la eliminación de más de una decena de modificaciones propuestas, obligando al Ejecutivo a aceptar lo definido en el primer debate de las comisiones económicas. Aunque Lara minimizó la consecuencia de este error, atribuyó la responsabilidad al Ministerio de Hacienda dirigido por Miguel Gómez.

No obstante, los desacuerdos y críticas hacia Lara surgieron previamente. Sectores aliados al gobierno criticaron la lentitud con la que la agenda gubernamental lograba avanzar en el Congreso. Además, coincidió la notificación de su destitución con la discusión de la ley de sometimiento o de acogimiento en comisiones primeras. De acuerdo con El Espectador, existieron tensiones previas entre Lara y sectores del oficialismo, incluidas discusiones acaloradas durante la conformación del Consejo Nacional Electoral.

Adicionalmente, la influencia de Lara fue percibida como baja en la elección del contralor General, y su falta de presencia en el Legislativo generó distancia con los procesos políticos. Otro punto de fricción fue la derrota del gobierno en la elección de las mesas directivas del Congreso, donde los aspirantes respaldados por el Ejecutivo no fueron elegidos, reflejando dificultades para consolidar mayorías.

Pese a estas controversias, Lara seguía impulsando iniciativas como el estatuto antiterrorista, proyecto que presentó respaldo internacional ante funcionarios de Naciones Unidas, según sus reportes. Sin embargo, su gestión terminó abruptamente mientras coordinaba la aprobación de la ley de sometimiento en el Congreso, y su cargo fue asumido de manera provisional por el ministro de Justicia, Iván Cancino, hasta la posesión de Ordóñez.

La salida de Lara marca el segundo ajuste ministerial del gobierno de la Espriella, luego de la remoción previa en la cartera de Educación. Todos estos movimientos dan cuenta de un gabinete en constante transformación, según la información entregada por El Espectador.

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¿Por qué fue destituido Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior?

Rodrigo Lara Restrepo fue destituido por el presidente Abelardo de la Espriella debido a una serie de desacuerdos y episodios polémicos durante su corta gestión. Entre las razones figuraron errores en el trámite del Presupuesto General de 2027, críticas de lentitud en el avance de la agenda legislativa, tensiones con el oficialismo en el Congreso y desavenencias en procesos clave como la elección de contralor y de mesas directivas. Según El Espectador, estos hechos debilitaron la posición de Lara, que terminó por salir del gabinete en menos de tres meses.

¿Quién reemplazará a Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior y cuál es su experiencia?

Alejandro Ordóñez será el nuevo ministro del Interior, luego de desempeñarse como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). La información de El Espectador indica que Ordóñez asumirá el cargo tras un encargo interino de Iván Cancino, ministro de Justicia, resaltando que Ordóñez cuenta con experiencia en organismos internacionales y trayectoria en el sector público.

(Vea también: Cuántos funcionarios de De la Espriella ya han salido del Gobierno; van dos ministros con Lara)

El presidente Abelardo De la Espriella anunció su retiro el 21 de octubre y designó como reemplazo a Alejandro Ordóñez Maldonado, quien se desempeñaba como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Aunque el mandatario no detalló públicamente las razones de su decisión, un informe publicado por la revista Semana identificó cinco asuntos que habrían debilitado la posición del funcionario dentro del Ejecutivo.

Entre ellos figuran resultados electorales adversos para el Gobierno en el Legislativo, controversias por nombramientos y el revés que sufrió el trámite del presupuesto nacional.

La salida también deja interrogantes sobre la relación que Lara mantenía con otros sectores de la administración. Según Semana, dentro del Gobierno había empezado a tomar fuerza la percepción de que el ministro no compartía algunas de las principales posiciones políticas de la Casa de Nariño.

Razones que habrían influido en la salida de Rodrigo Lara

Uno de los factores que habría complicado la gestión de Lara fue la dificultad para alinear las decisiones del Congreso con las preferencias del Gobierno. La elección de Honorio Enríquez, del Centro Democrático, como presidente del Senado, por encima de Alfredo Deluque, quien contaba con el respaldo de la Casa de Nariño, fue uno de los resultados que generó inconformidad en el Ejecutivo, según el recuento de Semana.

A esto se sumó la elección del contralor general de la República. La falta de una candidatura unificada entre los sectores políticos cercanos al Gobierno permitió que las bancadas tomaran caminos distintos. Aunque la autonomía del Congreso fue defendida durante el proceso, el resultado habría alimentado las diferencias sobre la estrategia que debía seguir el Ministerio del Interior para construir acuerdos legislativos.

Otro asunto que provocó controversia fue la contratación de Altus Baquero, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, como asesor jurídico del despacho ministerial. La vinculación alcanzó a tramitarse, pero recibió reparos desde la Casa de Nariño y, finalmente, se ordenó reversarla. El episodio puso bajo discusión los criterios empleados para escoger personal en una cartera encargada de coordinar buena parte de la interlocución política del Gobierno.

La designación de Germán Andrés Miranda al frente de la Dirección Nacional de Bomberos también terminó en una situación difícil para el ministro. El 3 de octubre, De la Espriella ordenó retirar al funcionario después de señalar que había conocido información sobre posibles actuaciones irregulares. Lara confirmó que existían elementos que debían ponerse en conocimiento de las autoridades, aunque los señalamientos debían ser esclarecidos por las instancias competentes.

El presupuesto, el revés que aceleró la decisión

El problema más inmediato para Lara habría sido el trámite del Presupuesto General de la Nación. El proyecto aprobado por el Congreso terminó afectado por un vicio de procedimiento, lo que obligó al Gobierno a recurrir a la expedición del presupuesto por decreto.

Según la información publicada por Semana, la decisión de retirar al ministro se tomó menos de 24 horas después de ese revés legislativo. La cercanía entre ambos hechos apunta a que el manejo del trámite presupuestal habría sido determinante para acelerar su salida, aunque el presidente no presentó una explicación pública que confirmara esa relación.

La situación se produjo, además, cuando el Ejecutivo necesitaba consolidar apoyos en el Senado y la Cámara de Representantes para avanzar en su agenda. La capacidad del Ministerio del Interior para construir consensos resultaba especialmente importante en ese escenario.

Alejandro Ordóñez asumirá el Ministerio del Interior

Tras anunciar el retiro de Lara, De la Espriella confirmó a Alejandro Ordóñez como nuevo jefe de la cartera política. El exprocurador deberá asumir la interlocución con el Congreso y afrontar los desafíos legislativos pendientes de la administración.

Mientras se formaliza su posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, quedó encargado temporalmente de las funciones de Interior.

La salida de Lara se explica, por ahora, a partir de los factores identificados en el informe de Semana y del contexto político en el que se produjo el relevo. Sin una explicación detallada del presidente, no es posible afirmar que uno solo de esos asuntos haya sido la causa definitiva; el conjunto de desacuerdos y controversias, sin embargo, permite entender el escenario en el que se tomó la decisión.

(Vea también: Petro enfila armas contra Vicky Dávila y Gilinski: “Serán denunciados por mis hijas y su madre”)

El video fue acompañado por un mensaje provocador en el que Muñoz hizo referencia a un supuesto deseo frustrado de Dávila. La publicación también incluyó una crítica al llamado Estatuto Antiterrorista.

La respuesta de la periodista no tardó en llegar y estuvo dirigida directamente contra el autor del montaje.

En el video compartido por Muñoz, Dávila aparece bailando vallenato junto a Petro, en una escena de cercanía física que fue creada mediante inteligencia artificial.

El montaje fue publicado con el mensaje: “El sueño FRUSTRADO de Vicky Dávila… Favor RT, colombianos”.

¿Qué le respondió Vicky Dávila a Daniel Muñoz?

La periodista cuestionó el contenido del video y calificó de machista la publicación.

En su respuesta, señaló directamente a Muñoz y rechazó el tono de la representación, que la mostraba bailando muy cerca de Petro.

“Miren a este cochino. Machistas y sucios. Piensan con eso y no con la cabeza. Daniel Muñoz, qué pendejo”, escribió Dávila en respuesta a la publicación.

Miren a este cochino. Machitas y sucios. Piensan con eso y no con la cabeza. Daniel Muñoz que pendejo.

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 21, 2026

(Le puede interesar: “Deberá responder”: De la Espriella reaccionó a captura por amenazas a la primera dama)

El mandatario dio a conocer detalles del procedimiento y divulgó en sus redes sociales fotografías de la sustancia incautada. Según su comunicación, el operativo se llevó a cabo el 19 de octubre, a las 11:57 de la noche, después de que se presentara una denuncia por las amenazas.

De acuerdo con la información compartida por De La Espriella, la denuncia fue radicada el 18 de octubre, a las 12:23 del mediodía, por hechos que, según su relato, ocurrieron ese mismo día a las 10:12 de la mañana.

“Durante el allanamiento, las autoridades encontraron una importante cantidad de marihuana en poder del capturado”, afirmó el jefe de Estado.

¿Por qué delitos fue imputado el capturado?

Además de la investigación por las presuntas amenazas, la Fiscalía le imputó a Buriticá Suárez el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal colombiano.

Esta norma sanciona distintas conductas relacionadas con sustancias estupefacientes cuando se llevan a cabo sin autorización, entre ellas transportarlas, almacenarlas, conservarlas o distribuirlas. La pena depende de las circunstancias y la cantidad de sustancia involucrada.

Un juez de la República ordenó enviar al señalado a prisión. Según el presidente, durante la decisión judicial se tuvo en cuenta el enfoque de género y las pruebas recopiladas por el Centro Cibernético de la Policía.

La imputación de cargos no equivale a una condena: será la justicia la encargada de establecer la responsabilidad penal del procesado por los hechos investigados.

¿Qué dijo De la Espriella sobre las amenazas?

Tras conocerse la captura, el mandatario rechazó las intimidaciones contra sus familiares y sostuvo que deben tomarse en serio las amenazas dirigidas a cualquier hogar colombiano.

“Como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables”, manifestó.

De da Espriella agregó que su familia merece protección, al igual que las demás familias del país, y afirmó que ninguna persona debería vivir bajo intimidaciones.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de las amenazas por medios digitales y la importancia de denunciar estos hechos ante las autoridades para que sean investigados.

Los hechos que motivaron esta imputación surgieron a partir de la supuesta alianza del exgobernador con una organización criminal llamada "Las Salsas Mexicanas". Según el ente acusador, Hawkins Sjorgreen habría contactado a esta estructura para extorsionar a dos contratistas de la Gobernación. La exigencia era el pago de 3.000 millones de pesos colombianos (COP), con el fin de permitirles continuar con los contratos oficiales. Además, la Fiscalía indicó que se habría producido la retención de una persona en Cartagena, Bolívar, relacionada con estos acontecimientos.

Durante la audiencia, la fiscal responsable explicó que la conducta atribuida al exgobernador no constituye un "hecho aislado", sino un ejemplo de un fenómeno más amplio de criminalidad, en el que presuntamente también se localizó una célula de la organización en Cartagena para realizar los cobros. De acuerdo con la Fiscalía, las víctimas fueron abordadas de manera reiterada desde finales de 2023. Incluso, al negarse a entregar el dinero exigido, la organización habría decidido secuestrar a una sobrina de una de las víctimas durante aproximadamente dos horas. El secuestro fue ejecutado por alias 'Pichi' y dos personas más, quienes obligaron a la joven, bajo amenaza de armas, a llamar a su tío como parte de la intimidación.

Everth Julio Hawkins Sjorgreen fue capturado en Barranquilla el pasado 19 de octubre en un operativo policial. Frente a los cargos presentados por un fiscal especializado en organizaciones criminales, el exgobernador negó su responsabilidad. Aunque la Fiscalía solicitó su detención preventiva, el juez optó por imponerle una medida no privativa de la libertad. Vale mencionar que Hawkins Sjorgreen enfrenta otro proceso penal, relacionado con la presunta entrega irregular de un contrato millonario en octubre de 2022 a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) para obras en Haynes Cay. El contrato, por valor de 11.125 millones de pesos, habría generado un detrimento patrimonial de 4.330 millones, suma por la cual también es investigado.

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¿Por qué fue capturado el exgobernador de San Andrés por la Fiscalía?

El exgobernador Everth Julio Hawkins Sjorgreen fue capturado debido a investigaciones de la Fiscalía que lo relacionan con presuntos delitos de extorsión agravada tentada y secuestro extorsivo agravado. Según la entidad, habría utilizado a la organización criminal “Las Salsas Mexicanas” para extorsionar a contratistas exigiendo grandes sumas de dinero y habría participado en la retención de una persona en Cartagena, tal como relata El Espectador.

¿Cuál es la importancia del detrimento patrimonial en el caso de Everth Julio Hawkins?

El detrimento patrimonial se refiere a la pérdida o daño económico sufrido por una entidad pública, en este caso, el departamento de San Andrés. La Fiscalía investiga a Hawkins por la presunta entrega irregular de un contrato millonario relacionado con obras públicas que no se concretaron, con una pérdida estimada en 4.330 millones de pesos, afectando los recursos estatales destinados al mejoramiento urbanístico.

Frente a esta situación, equipos del Cuerpo de Bomberos de Fusagasugá, organismos de primera respuesta, personal de Gestión del Riesgo y trabajadores de la empresa de servicios públicos Emserfusa respondieron rápidamente visitando los sectores reportados, con el propósito principal de supervisar y restaurar las condiciones de seguridad. Según declaraciones del capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de los Bomberos de Cundinamarca citadas en El Espectador, las lluvias causaron no solo el desbordamiento de varias quebradas, entre ellas Pekín, sino que también generaron problemas en el funcionamiento regular de los sistemas de alcantarillado, resaltando la vulnerabilidad de algunos puntos ante eventos de alta pluviosidad.

La gravedad de la emergencia requirió inspección directa en la quebrada La Parroquia, donde los equipos encontraron un caudal alto y desechos sólidos, aunque sin evidencias de desbordamiento en ese punto. El reporte también destaca que las unidades de bomberos (en particular, la unidad M-7) mantuvieron labores de atención en el barrio Las Margaritas, un sector que ha requerido monitoreo y presencia constante de los organismos de socorro.

Por fortuna, y de acuerdo con la información confirmada por la Alcaldía de Fusagasugá y reproducida por El Espectador, no se reportaron personas fallecidas, lesionadas ni viviendas afectadas. Los niveles de otras fuentes hídricas importantes, como las quebradas Coburgo, Los Curos y Manila, disminuyeron con el paso de las horas, aunque las autoridades siguen en alerta ante posibles aumentos repentinos en los caudales.

Finalmente, la administración municipal reiteró la importancia de que los habitantes, especialmente quienes viven cerca de quebradas y canales, permanezcan atentos a variaciones en los niveles de agua, se abstengan de arrojar basuras a los sistemas de drenaje para evitar obstrucciones y sigan las recomendaciones oficiales para evitar riesgos innecesarios. Los canales de comunicación, incluidos los números de emergencias de Bomberos y Gestión del Riesgo, se mantienen activos en caso de nuevas eventualidades.

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¿Qué originó las emergencias por lluvias en Fusagasugá, Cundinamarca?

Las emergencias en Fusagasugá se presentaron principalmente por el aumento súbito en el caudal de varias quebradas y el colapso de los sistemas de alcantarillado, según reportaron tanto funcionarios de la Alcaldía como el capitán del Cuerpo de Bomberos. El desbordamiento de la quebrada Pekín y las inundaciones en sectores urbanos y rurales evidenciaron la magnitud del impacto de las recientes lluvias.

¿Qué medidas recomienda la Alcaldía de Fusagasugá ante futuras lluvias intensas?

La Alcaldía recomienda a los habitantes mantenerse alerta a las condiciones de los afluentes hídricos, no transitar por zonas inundadas, evitar la cercanía con cuerpos de agua durante crecidas y reportar oportunamente cualquier emergencia a las líneas habilitadas de Bomberos y Gestión del Riesgo. Además, aconseja no arrojar residuos en las alcantarillas para prevenir obstrucciones y encharcamientos.

Con este paso, la iniciativa podrá continuar su trámite legislativo en las plenarias de ambas corporaciones, donde deberá enfrentar nuevas discusiones antes de convertirse en ley. El proyecto busca establecer las condiciones jurídicas para que integrantes de grupos armados y estructuras criminales se sometan a la justicia.

#ATENCIÓN | Fue aprobada la ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella en primer debate. Sin la presencia de la oposición y con la tensión tras la salida del ministro Rodrigo Lara, las comisiones primeras le dieron luz verde al proyecto para que sea debatido en plenarias.

Vía: @davidortegado
https://t.co/woHMRjVE2M

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 22, 2026

La propuesta hace parte de la estrategia de seguridad del Gobierno y busca marcar distancia frente a la política de ‘paz total’ de la administración anterior. La iniciativa plantea una ruta jurídica para el sometimiento, con condiciones y beneficios judiciales sujetos al cumplimiento de compromisos con la justicia.

Uno de los cambios incluidos en la ponencia fue sustituir el concepto de “rol de liderazgo” por “rol de mando”, además de precisar límites para el acceso a rebajas de penas y otros beneficios jurídicos de quienes hayan ocupado posiciones de autoridad dentro de las organizaciones criminales. Estos ajustes fueron presentados por los ponentes oficialistas como una forma de aclarar el alcance de la norma.

Rodrigo Lara salió del Ministerio del Interior y De la Espriella anunció remplazo

El avance legislativo coincidió con un movimiento importante dentro del gabinete. El presidente anunció la salida de Rodrigo Lara Restrepo y confirmó que Alejandro Ordóñez Maldonado asumirá como nuevo ministro del Interior. Mientras se formaliza su llegada, Iván Cancino, ministro de Justicia, quedará temporalmente al frente de esa cartera, según informó Pulzo.

Por ahora, la ley de sometimiento todavía deberá superar las siguientes etapas del trámite parlamentario. Su aprobación definitiva dependerá de las discusiones y votaciones pendientes, en medio de los cuestionamientos de sectores que advierten sobre los beneficios jurídicos previstos para integrantes de organizaciones criminales.

(Vea también: Remezón en Ministerio del Interior: De la Espriella anuncia salida de Lara y llegada de acérrimo enemigo de Petro)

Aunque la coincidencia temporal pone el episodio presupuestal en el centro de las preguntas sobre el relevo, el mandatario no explicó públicamente si esa situación motivó la salida del funcionario.

El anuncio se produjo después de que se conocieran diferencias entre las versiones del presupuesto aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes. La discrepancia alrededor del artículo 65 impidió completar la conciliación del texto dentro del procedimiento legislativo, por lo que el Gobierno anunció que expediría las cuentas mediante decreto.

¿Qué pasó con el Presupuesto General de 2027?

El presupuesto aprobado en las comisiones económicas ascendía a 634,9 billones de pesos. Sin embargo, durante el trámite posterior surgieron diferencias entre los textos aprobados por las dos cámaras del Congreso.

Según los reportes sobre el caso, la Cámara incorporó unos parágrafos adicionales al artículo 65, mientras que el Senado aprobó ese apartado sin esas modificaciones. La falta de coincidencia entre las versiones complicó la culminación del trámite legislativo.

El Gobierno anunció que expediría el presupuesto por decreto tomando como referencia el texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas. Esto significa que la distribución definitiva de los recursos no necesariamente incorporará todos los ajustes introducidos durante las discusiones posteriores.

La controversia abrió interrogantes sobre la coordinación entre las entidades del Ejecutivo que participaron en el proceso y los responsables de verificar que el texto aprobado coincidiera en ambas cámaras.

¿Qué responsabilidad tenía Rodrigo Lara?

Horas antes de conocerse su salida, Lara se refirió públicamente al episodio y sostuvo que su función consistía en garantizar los votos necesarios para sacar adelante el proyecto en el Congreso.

“Mi rol era garantizar los votos, garantizar que estuvieran las bancadas y ahí estuvieron”, afirmó el funcionario, según declaraciones recogidas por medios de comunicación.

El ministro también evitó responsabilizar públicamente a su compañero de gabinete, el ministro de Hacienda, y señaló que esa cartera ya había explicado lo sucedido.

Sus declaraciones dejaron planteada una diferencia entre dos responsabilidades: la coordinación política para conseguir el respaldo de los congresistas y la revisión técnica del texto que debía completar el trámite legislativo.

El Ministerio del Interior cumple un papel importante en la interlocución entre el Gobierno y las bancadas. Sin embargo, esa función no significa que sea el único responsable de un procedimiento presupuestal en el que también intervienen Hacienda, los ponentes y las mesas directivas del Congreso.

Por eso, para establecer responsabilidades concretas, es necesario reconstruir quién preparó las modificaciones, quién verificó las versiones aprobadas y cómo se coordinó la información entre las dependencias involucradas.

¿La salida de Lara estuvo relacionada con el presupuesto?

La proximidad entre la controversia presupuestal y el anuncio de la salida de Lara plantea una pregunta política, pero no permite concluir por sí sola que ese episodio haya sido la causa de la decisión presidencial.

De la Espriella agradeció al funcionario por sus servicios y anunció la llegada de Alejandro Ordóñez Maldonado al Ministerio del Interior. En el mensaje difundido, no detalló los motivos del relevo.

La pregunta que queda abierta es por qué el Gobierno decidió cambiar al responsable de la interlocución política con el Congreso después de una controversia en la que también deben examinarse las actuaciones de Hacienda y de los funcionarios que intervinieron en el trámite legislativo.

Para aclarar ese punto, el Ejecutivo tendría que precisar qué balance hizo de la gestión de Lara, si identificó fallas en la coordinación política y técnica del presupuesto y si el relevo respondió a ese episodio o a una decisión más amplia sobre el funcionamiento del gabinete.

(Vea también: “Viva Cristo Rey”: Alejandro Ordóñez regresó con discurso como embajador del Gobierno De la Espriella)

El presidente anunció su llegada para reemplazar a Rodrigo Lara y destacó su “experiencia, carácter y trayectoria”. Mientras se formaliza la posesión, Iván Cancino asumirá temporalmente las funciones de la cartera.

Su nombramiento representa el paso de la diplomacia —era embajador ante la OEA— a la cartera encargada de la relación del Gobierno con el Congreso, los partidos políticos y las autoridades territoriales.

El episodio que marcó su carrera: la destitución de Gustavo Petro

Si existe una decisión que convirtió a Ordóñez en una figura nacional fue la que tomó como procurador general de la Nación, cuando destituyó e inhabilitó por 15 años a Gustavo Petro por el cambio en el esquema de recolección de basuras de Bogotá.

La sanción sacó temporalmente del cargo al entonces alcalde y desató una crisis política e institucional que trascendió las fronteras del país.

Petro acudió al sistema interamericano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para proteger sus derechos políticos. Posteriormente, decisiones judiciales en Colombia permitieron su regreso a la Alcaldía de Bogotá, mientras el caso se convertía en un precedente sobre los límites de las sanciones disciplinarias contra funcionarios elegidos por voto popular.

Ese enfrentamiento marcó durante años la relación entre ambos dirigentes. Paradójicamente, ahora Ordóñez llega al Ministerio del Interior después de que Petro dejara la Presidencia en agosto de 2026 y pasara a liderar la oposición al Gobierno de De la Espriella.

De procurador a ministro político

Ordóñez nació en Bucaramanga, es abogado de la Universidad Santo Tomás y comenzó su carrera pública como concejal de esa ciudad entre 1986 y 1989.

Después pasó por el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado, corporación que llegó a presidir antes de ser elegido procurador general en 2009.

Durante sus siete años al frente del Ministerio Público construyó una imagen de funcionario dispuesto a imponer sanciones disciplinarias de alto impacto. Además del caso Petro, destituyó o inhabilitó a figuras como Piedad Córdoba, Samuel Moreno y otros funcionarios investigados por distintos procesos disciplinarios. Varias de esas decisiones causaron controversias y algunas fueron posteriormente revisadas o anuladas por tribunales nacionales e internacionales.

Tras salir de la Procuraduría, fue precandidato presidencial en 2018 y luego ocupó cargos diplomáticos, entre ellos la representación de Colombia ante la OEA.

¿Por qué llega al Ministerio del Interior?

La llegada de Ordóñez también llama la atención por el perfil del cargo que asumirá.

El Ministerio del Interior no solo coordina la interlocución con el Congreso y los partidos políticos, sino que también lidera la concertación de proyectos de ley, el diálogo con gobernadores y alcaldes y la articulación política del Gobierno.

Aunque Ordóñez tiene experiencia institucional, judicial y electoral, gran parte de su trayectoria ha estado asociada al ejercicio del control disciplinario y a posiciones conservadoras en debates sobre aborto, familia y derechos sexuales y reproductivos. Incluso, semanas antes de ser designado ministro, como embajador ante la OEA anunció la adhesión de Colombia a la Declaración del Consenso de Ginebra, impulsada originalmente por Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Su nombramiento, por tanto, no solo supone un cambio de nombres en el gabinete de De la Espriella. También devuelve al centro del poder a uno de los protagonistas de los mayores choques políticos e institucionales de la Colombia reciente.

(Vea también: Gobierno colombiano expedirá el Presupuesto General de la Nación 2027 por decreto tras error en trámite legislativo)

Lara había sido uno de los primeros integrantes del gabinete anunciados por De la Espriella, quien lo presentó como su elegido para liderar el Ministerio del Interior durante el periodo presidencial.

Su salida representa un nuevo movimiento en el equipo de Gobierno, que desde agosto ha tenido renuncias, funcionarios retirados de sus cargos y nombramientos que no llegaron a concretarse.

El anuncio se conoció a través de las redes sociales del jefe de Estado, quien agradeció a Lara por el servicio prestado y destacó la experiencia de su reemplazo. Sin embargo, De la Espriella no explicó las razones de la salida del ministro ni detalló las circunstancias que llevaron a tomar la decisión.

¿Cuántos ministros y funcionarios han salido del Gobierno de De la Espriella?

Si se cuentan los funcionarios que llegaron a ejercer sus cargos y posteriormente salieron, son al menos siete casos identificables hasta el anuncio de Rodrigo Lara, incluidos dos ministros: el propio Lara y Viviane Morales, quien dejó el Ministerio de Educación en septiembre. La cifra contempla también directivos de entidades nacionales y una secretaría general ministerial; no incluye como salidas efectivas los nombramientos que se frenaron antes de la posesión.

Entre los casos más destacados está el de Viviane Morales, quien renunció al Ministerio de Educación por motivos personales y fue reemplazada por Ilva Myriam Hoyos. También salió Ricardo Valencia, quien estuvo al frente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) durante unas semanas, antes de que el Gobierno declarara insubsistente su nombramiento.

A esa lista se suman Magda Yolima Amaya, quien renunció a la Secretaría General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) pocos días después de posesionarse; Hannah Escobar, quien dejó la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud, y Carlos René Montoya, cuya permanencia en la presidencia de Colpensiones duró apenas tres días. En este último caso, el mandatario le solicitó la renuncia después de su intervención en un debate de control político en el Senado.

Otro de los cambios fue el de Germán Miranda, quien salió de la Dirección Nacional de Bomberos por orden presidencial. El 3 de octubre, De la Espriella le pidió a Lara declarar insubsistente el nombramiento del capitán, tras señalar que conocía hechos que debían ser esclarecidos por las autoridades competentes.

Nombramientos que no llegaron a consolidarse

Además de las salidas de funcionarios que ya estaban en ejercicio, el Gobierno ha tenido que reversar o frenar varias designaciones. Uno de esos casos fue el de Carlos Eduardo Sepúlveda, anunciado para dirigir el Departamento Nacional de Planeación (DNP), pero reemplazado por Julián Buitrago antes de consolidar su llegada al cargo.

También estuvo el caso de Sandra Carolina Gómez, anunciada como vocera oficial del Gobierno, quien se apartó antes de que el nombramiento se formalizara. A esto se sumó la revocatoria de la designación de Rodolfo Londoño como delegado presidencial ante consejos superiores universitarios, luego de cuestionamientos jurídicos sobre el cumplimiento de los requisitos para ejercer esa función.

Aunque no todos los casos corresponden a ministros ni se produjeron por las mismas razones, los movimientos muestran la rotación de funcionarios en los primeros meses del Gobierno de De la Espriella.

La llegada de Ordóñez se da en un contexto institucional complicado, ya que Lara deja la cartera inmediatamente después de un error en el Congreso que provocó la caída del Presupuesto General de la Nación para el año 2027. Según lo expuesto, mientras se adelanta el trámite formal de posesión de Ordóñez, Iván Cancino, actual ministro de Justicia, asumirá provisionalmente las labores al frente del Ministerio del Interior.

Respecto al perfil del nuevo ministro, su hoja de vida revela una trayectoria de casi 40 años dedicados al sector público. Alejandro Ordóñez Maldonado es abogado egresado de la Universidad Santo Tomás y originario de Bucaramanga. Su camino político se inició cuando se desempeñó como concejal de Bucaramanga, lo que marcó su primer acercamiento directo a la política electoral. Posteriormente, incursionó en la rama judicial, en donde pasó por el Tribunal Administrativo de Santander y luego alcanzó el cargo de magistrado en el Consejo de Estado.

La notoriedad nacional de Ordóñez aumentó notablemente cuando el Senado lo eligió como Procurador General de la Nación en 2009. Desde ese rol en el Ministerio Público afianzó una destacada presencia política y fue reelegido en 2013. Finalizada su gestión como jefe del Ministerio Público, incursionó como precandidato presidencial en 2018, consolidando así su imagen de figura influyente en escenarios nacionales.

En años recientes, Ordóñez asumió la representación diplomática de Colombia como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), una responsabilidad que le fue conferida durante el gobierno de Iván Duque. Toda esta experiencia lo proyecta como una figura clave para los retos inmediatos del Ministerio del Interior, en un contexto político marcado por cambios recientes y desafíos legislativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la trayectoria de Alejandro Ordóñez Maldonado en el sector público?

Alejandro Ordóñez Maldonado ha ocupado cargos relevantes durante cerca de cuatro décadas en la administración pública. Desde ser concejal de Bucaramanga en sus inicios, transitó hacia posiciones en la rama judicial, como magistrado del Tribunal Administrativo de Santander y del Consejo de Estado. Su perfil se robusteció nacionalmente tras ser Procurador General, rol en el que incluso fue reelegido, y mantuvo vigencia pública como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos.

¿Por qué cambió el ministro del Interior en Colombia en 2026?

El cambio en el Ministerio del Interior obedece a la renuncia de Rodrigo Lara Restrepo, la cual ocurre un día después del error en el Congreso que resultó en el hundimiento del Presupuesto General de la Nación para el año 2027, según lo informado en los anuncios oficiales del presidente Abelardo de la Espriella.

(Ve también: “Un gran hombre”: ministro de De la Espriella destacó a figura cuyo retrato quitaron del Museo Nacional)

A través de un mensaje, el mandatario agradeció a Lara Restrepo por su servicio a Colombia y le dio la bienvenida a Ordóñez, a quien destacó por su experiencia y trayectoria.

El jefe de Estado señaló que el nuevo ministro tendrá un papel en los desafíos que enfrenta el país. Sin embargo, aclaró que su posesión todavía está pendiente.

Mientras se formaliza ese procedimiento, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones del Ministerio del Interior.

El anuncio marca un cambio en una de las carteras centrales del Gobierno, encargada de asuntos relacionados con las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, la participación ciudadana, el diálogo con las regiones y la coordinación de políticas con autoridades territoriales.

Este fue el mensaje de De la Espriella:

Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia.

Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación.

Mientras se formaliza su posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de esta cartera.

Nuestro Gobierno continúa trabajando con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos los colombianos.

¡Firme por la Patria!

¡Que viva Cristo Rey!

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 22, 2026

¿Quién es Alejandro Ordóñez Maldonado?

Alejandro Ordóñez Maldonado es un abogado y funcionario público colombiano que ocupó el cargo de procurador general de la Nación entre 2009 y 2016. Su llegada al Ministerio del Interior deberá formalizarse mediante el procedimiento correspondiente.

¿Qué pasará con el Ministerio del Interior?

Por ahora, Iván Cancino asumirá temporalmente las funciones de la cartera mientras se concreta la posesión de Ordóñez. El Gobierno no detalló en el mensaje compartido una fecha para ese acto.

En el listado nacional, el departamento aparece como la cuarta entidad territorial con más casos, solo superado por Meta, Bolívar y Santander, aunque esta clasificación está basada en el número absoluto de notificaciones y no considera la proporción respecto a la población en riesgo. De los casos reportados en Cesar, el 75 % requirieron hospitalización, resaltando la gravedad de la situación: 4.776 pacientes recibieron atención en hospitales. Al analizar la gravedad, se identificó que un alto porcentaje de quienes presentaron signos de alarma (98 de cada 100) y la totalidad de quienes desarrollaron dengue grave, necesitaron manejo intrahospitalario. Esto confirma que, si bien el dengue grave representa una fracción menor del total, la presión sobre el sistema de salud ha sido importante.

Aunque Valledupar lidera en cantidad de casos, San Diego y Pailitas muestran una mayor incidencia: ambos municipios registran cerca de 10 contagios por cada 1.000 habitantes en riesgo, más del doble que el promedio departamental. Otras poblaciones, como Pelaya, Astrea, Curumaní y Bosconia, también presentan tasas elevadas. Este análisis pone de manifiesto que el número absoluto de casos no necesariamente refleja la magnitud del problema en relación con la población vulnerable.

La dinámica de contagios varía entre municipios. Especialmente notoria es la multiplicación de casos en El Paso, donde se pasó de tres a 292 infecciones, así como en Pueblo Bello, Chimichagua, Bosconia, Becerril y La Jagua de Ibirico, que experimentaron aumentos significativos. Por otro lado, Aguachica es el único municipio que reporta una reducción con respecto al periodo anterior.

El boletín departamental revela una importante afectación en comunidades indígenas, con 210 casos registrados, principalmente entre personas de los pueblos kankuamo y arhuaco. Así mismo, la mayor concentración de casos se observa en hogares de bajos ingresos, ya que el 95 % de los pacientes pertenece a los estratos uno y dos. En el aspecto de la afiliación a salud, predomina el régimen subsidiado. La mayor parte de las personas afectadas reside en zonas urbanas principales, aunque también se constata presencia en áreas rurales.

Frente al acelerado crecimiento del dengue, el Ministerio de Salud y el INS han hecho un llamado a las entidades locales para fortalecer los planes de contingencia, monitorear activamente, eliminar criaderos del mosquito transmisor y asegurar el acceso al esquema de vacunación disponible en 23 municipios y distritos con alta carga, donde hay más de 397.000 dosis disponibles para completar esquemas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los municipios del Cesar con más incidencia de dengue?

Según los datos suministrados por el INS y el Ministerio de Salud, San Diego y Pailitas presentan las mayores cifras de incidencia de dengue en Cesar, con aproximadamente 10 pacientes por cada 1.000 habitantes en riesgo. Otras localidades, como Pelaya, Astrea, Curumaní y Bosconia, muestran igualmente tasas elevadas, situación que supera en más del doble al promedio departamental.

¿Por qué la mayoría de casos de dengue en Cesar afecta a comunidades indígenas y estratos bajos?

El informe departamental indica que el 95 % de los casos de dengue registrados pertenece a hogares de estratos uno y dos, y que la población indígena ha reportado un número importante de contagios, especialmente en los pueblos kankuamo y arhuaco. Esta concentración puede deberse a factores asociados a las condiciones socioeconómicas y al acceso limitado a servicios de salud y saneamiento básico en estas comunidades.

Al conocer el fallo, el propio de Roux dirigió su primer pensamiento a los miles de personas que sufrieron abusos en la niñez por parte de sacerdotes, así como a aquellos miembros inocentes de la Iglesia que han sido afectados negativamente en redes sociales. Expresó su respeto tanto a las víctimas como a los periodistas que, movidos por la gravedad del caso atribuido al padre Chavarriaga, cuestionaron públicamente su actuación, considerando que esas críticas le sirvieron en su crecimiento personal.

De Roux también manifestó que una parte importante de las acusaciones en su contra buscó debilitar la credibilidad de la Comisión de la Verdad, entidad que presidió. Insistió en que los miembros de la Comisión y las víctimas supieran lo profundamente que lo impactó este proceso. Hizo un llamado a seguir adelante con la labor de buscar la verdad y la dignidad para todas las víctimas del conflicto armado.

Además, de Roux extendió la mano a quienes dudaron de él y a quienes intentaron dañar a personas y causas cercanas, afirmando que no guarda resentimientos. Remarcó que conoce la violencia simbólica y emocional que existe en Colombia y expresó su deseo de seguir trabajando en la reconciliación y el reconocimiento mutuo.

Agradeció a quienes sostuvieron su inocencia y, finalmente, mostró su aprecio por la independencia del juez, indicando que jamás tuvo trato personal con él. De Roux concluyó diciendo que dedicará el resto de sus años a trabajar por la paz y la reconciliación en Colombia, impulsado por la búsqueda de verdad y justicia.

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¿Qué significa la preclusión en un proceso judicial en Colombia?

La preclusión, según la información compartida, significa el cierre anticipado y definitivo de un proceso judicial. Esta figura se decreta cuando no existen méritos suficientes para continuar con el caso, como ocurrió en el proceso contra el padre de Roux, y es inapelable, lo que impide que se reabra el caso bajo los mismos hechos.

¿Por qué se cerró el proceso contra el padre de Roux por encubrimiento?

El proceso contra el padre de Roux se cerró porque la Fiscalía, tras revisar los hechos, concluyó que no existían méritos para seguir con el juicio. El juez aceptó esta solicitud, decretando la preclusión definitiva del caso y poniendo fin a las investigaciones por encubrimiento relacionadas con los abusos cometidos por el sacerdote Darío Chavarriaga en los años 70.

Este reciente nombramiento se suma a otros movimientos dentro del cuerpo diplomático que involucran figuras cercanas a la administración y a partidos políticos aliados. Por ejemplo, Alberto Rafael Cepeda Sarabia, hermano del presidente del partido conservador Efraín Cepeda, fue asignado a la embajada de Italia, y figuras conservadoras también recibieron otros cargos estratégicos, como es el caso del excongresista Carlos Ramiro Chavarro, quien ocupará un alto puesto en la cartera que encabeza Omar Bula.

En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió dos decretos ordenando la supresión de las oficinas consulares honorarias en Porto Novo (Benín) y Sofía (Bulgaria). Según la Cancillería —citada por El Espectador—, desde agosto de 2020 y noviembre de 2023 respectivamente, ambas oficinas estaban vacantes. En el caso de Sofía, tras la renuncia de Rafael Alvarado Dimitrov, se evaluó la conveniencia de mantener la sede y se concluyó que correspondía cerrarla por falta de candidatos idóneos. De igual forma, en Porto Novo, luego de la cesación de funciones de Roger Antoine Tohoundjo, tampoco se recibió ninguna candidatura que cumpliera los requisitos legales, motivo por el cual también se determinó su cierre.

Las decisiones diplomáticas se producen en medio de cuestionamientos del llamado “Centro Político”, que elevó una carta pública al gobierno señalando dudas sobre las relaciones exteriores, incluyendo la relación con Estados Unidos, una eventual salida de la Corte Penal Internacional (CPI), y el manejo de iniciativas como la Franja y la Ruta propuesta por China. Además, la Cancillería, bajo órdenes del presidente De la Espriella, ordenó devolver al Patio de los Novios el nombre original de este espacio en la sede de la cartera, eliminado el denominado Patio Quintín Lame, una medida simbólica en medio de la tensa coyuntura política.

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¿Por qué fue designado Andrés Gregorio Duque Márquez como embajador en Australia?

Según El Espectador, Andrés Gregorio Duque Márquez fue designado como embajador en Australia por la administración de Abelardo de la Espriella. Esta decisión responde a su experiencia previa en el sector diplomático y a su perfil profesional, pues es abogado y cuenta con una maestría en asuntos internacionales. Además, se ha destacado por haber trabajado anteriormente en la embajada de la Ciudad del Vaticano durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Su relación familiar con el expresidente Iván Duque también ha sido un aspecto llamativo en la designación.

¿Qué significa la supresión de oficinas consulares honorarias en la diplomacia?

La supresión de oficinas consulares honorarias, de acuerdo con la información reportada por El Espectador, implica el cierre de sedes que no generan gastos para el Ministerio de Relaciones Exteriores y cuya continuidad depende de la existencia de candidatos idóneos y necesidades estratégicas del país. En los casos de Porto Novo y Sofía, la falta de postulantes y el tiempo de vacancia justificaron la decisión de clausurarlas, un procedimiento fundamentado en estudios internos del ministerio.

Petra Romero Navarro, jefa de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, destacó la integración de todos los municipios desde las diez de la mañana, señalando que fue relevante para poner a prueba tanto el Plan Departamental de Gestión del Riesgo como las estrategias de respuesta previamente diseñadas. Romero Navarro remarcó el valor de este tipo de ejercicios porque permiten consolidar la coordinación y toma de decisiones entre entidades operativas y comunitarias, e impulsan la resiliencia en la región.

En el centro histórico de Valledupar, entidades públicas se reunieron en el Parque de las Madres para examinar rutas de salida y tiempos de evacuación durante el simulacro, según información consignada por autoridades como la Alcaldía y la Oficina Departamental. Por su parte, la glorieta Los Gallos fue escenario de un operativo liderado por la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo junto a Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y la Secretaría de Tránsito. Allí se simularon efectos de un vendaval, como caída de árboles y ramas, y la Junta Defensa Civil Manantial atendió varios incidentes: rescate de personas lesionadas en incidentes vehiculares y primeros auxilios, además de poner a prueba los protocolos para la protección animal durante emergencias y la activación de fondos territoriales.

Simultáneamente, en el edificio Alfonso López Michelsen, sede de la Gobernación del Cesar, se simuló el impacto de un sismo con daños estructurales y conato de incendio. Brigadistas evacuaron en cinco minutos al personal hacia la plazoleta María Concepción Loperena, mientras atendían a servidores con heridas simuladas y el Cuerpo de Bomberos intervenía para controlar la emergencia.

En palabras de Shaire Lucía Sánchez, líder de Gestión Humana de la Gobernación, la jornada permitió que servidores públicos y privados entrenaran su capacidad para actuar ante diferentes amenazas naturales o incidentes. A escala nacional, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, sugirió la posibilidad de duplicar este tipo de simulacros a partir del año 2027.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se desarrolló el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 en Cesar?

El Simulacro Nacional se vivió de manera simultánea en los 25 municipios del Cesar, bajo la coordinación de entidades de gestión del riesgo y organismos de socorro. Las actividades incluyeron la evacuación ante emergencias como sismo e incendio en la Gobernación, así como simulacros de rescate y atención de personas heridas en puntos estratégicos de Valledupar, con especial énfasis en la coordinación interinstitucional y la evaluación de los protocolos de respuesta.

¿Qué es el Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres?

El Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres es un instrumento de planificación que establece las estrategias y procedimientos que cada departamento debe seguir para prepararse y responder ante eventos que representen amenazas o peligros para la población. Su aplicación fue puesta a prueba durante el simulacro, evaluando tanto la organización como la articulación de los actores que intervienen frente a emergencias.

Dentro de su comunicado, el organismo enfatizó la urgencia de brindar una intervención humanitaria inmediata, integral y sostenida para atender las necesidades básicas de quienes se ven afectados por el conflicto. "Advertimos sobre la gravedad de esta escalada de violencia, que agudiza la situación de derechos humanos de las comunidades y hace impostergable una respuesta humanitaria urgente, integral y sostenida para atender sus necesidades y garantizar sus derechos", expresó la Defensoría del Pueblo.

La entidad subrayó además la importancia de garantizar el acceso oportuno a servicios esenciales como alimentación, agua potable, atención en salud, protección y demás bienes fundamentales. Para ello, pidió no obstruir la llegada de organismos humanitarios a las áreas impactadas, resaltando la necesidad de asegurar las condiciones de seguridad necesarias para su labor.

Enfatizando el principio de protección de la población civil, la Defensoría recordó que las personas que no participan directamente en las hostilidades deben permanecer fuera del conflicto. De acuerdo con el derecho internacional humanitario (DIH), la vida, integridad y dignidad de los civiles debe ser protegida en todo momento durante los enfrentamientos.

La Defensoría hizo un llamado expreso a las autoridades municipales de Linares y Los Andes, así como a la Gobernación de Nariño, para fortalecer la coordinación y priorizar las necesidades urgentes de la población. Solicitaron también mantener la educación, el acceso al agua potable, la alimentación, el saneamiento básico y la energía, y exhortaron a activar y mejorar los mecanismos de articulación institucional para una respuesta conjunta.

Por último, la entidad reiteró su petición a los grupos armados: respetar de manera irrestricta el derecho internacional humanitario, abstenerse de involucrar a la población civil en los choques y permitir el ingreso de organismos de ayuda humanitaria. Según la Defensoría, esta petición se mantiene como una exigencia en medio de la compleja crisis de seguridad que enfrenta el suroccidente del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué está pasando en Linares y Los Andes, Nariño, según la Defensoría del Pueblo?

La Defensoría del Pueblo reportó un aumento preocupante de la violencia en Linares y Los Andes, Nariño, debido a los recientes enfrentamientos entre grupos armados ilegales como el Estado Mayor Central y las Autodefensas Unidas de Nariño. El organismo alertó sobre la gravedad de estos hechos, que vulneran los derechos humanos de la población civil y urgen una respuesta humanitaria inmediata.

¿Cuál es la importancia del derecho internacional humanitario (DIH) en el conflicto de Nariño?

El derecho internacional humanitario (DIH) es un conjunto de normas que protege a las personas que no participan directamente en los conflictos armados. Según la Defensoría del Pueblo, respetar el DIH es fundamental para salvaguardar la vida, integridad y dignidad de la población civil en medio de los enfrentamientos, evitando así que sean involucrados en las hostilidades.

Esta decisión, sin embargo, revive una preocupación recurrente entre los habitantes de las zonas impactadas: ¿por qué, pese a los trabajos de limpieza y las obras que, según las autoridades, ya se han adelantado, las emergencias continúan repitiéndose cada vez que se presenta una nueva temporada de lluvias? Tal como lo señala la Alcaldía, desde el 14 de octubre se han retirado aproximadamente 980 metros cúbicos de material –principalmente lodo y escombros– y se han intervenido cerca de 100 puntos a lo largo de la localidad. Sin embargo, el balance presentado por el alcalde Julián Sánchez en diálogo con El Espectador, identifica todavía 32 sitios críticos expuestos a nuevas afectaciones por inundaciones.

Los sectores que han requerido mayor atención incluyen las comunas 1, 4 y 5, así como zonas ambientales de alto valor como el humedal Tierra Blanca y el canal Tibanica. Entre los barrios y sectores particularmente vulnerables a las lluvias y el desbordamiento de cuerpos de agua se encuentran Compartir, Villa Flor, Ciudad Latina, Santa Ana, Némesis, San Carlos, El Danubio, Eugenio Díaz, León XIII, La Capilla, Ciudadela Sucre, Cazucá, Villa Mercedes, Villa Sandra, Colón y Quintanares.

De acuerdo con la información oficial revelada por la Alcaldía, al menos 20 familias resultaron afectadas principalmente por inundaciones. Estas familias están recibiendo acompañamiento a través de ayudas humanitarias, en un esfuerzo por mitigar los daños provocados por la emergencia y dar respuesta a una problemática que, a pesar de los múltiples esfuerzos, sigue sin solución definitiva en el territorio.

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¿Por qué se repiten las inundaciones en Soacha a pesar de las labores de limpieza y obras?

De acuerdo con lo reportado por la Alcaldía y El Espectador, las inundaciones en Soacha se presentan en los mismos sectores a pesar de la limpieza y obras realizadas, lo cual mantiene vigente la inquietud sobre la efectividad de estas intervenciones. Aunque se han retirado grandes volúmenes de lodo y escombros y se ha intervenido una significativa cantidad de puntos críticos, 32 lugares siguen en riesgo, mostrando que las acciones emprendidas hasta ahora no han logrado solucionar de manera definitiva el problema.

¿Cuáles son las zonas y barrios de Soacha más afectados por las inundaciones?

Entre los sectores que han requerido mayor atención, según lo informado en la conversación con El Espectador y los reportes oficiales, están las comunas 1, 4 y 5, el humedal Tierra Blanca y el canal Tibanica. Los barrios más afectados incluyen Compartir, Villa Flor, Ciudad Latina, Santa Ana, Némesis, San Carlos, El Danubio, Eugenio Díaz, León XIII, La Capilla, Ciudadela Sucre, Cazucá, Villa Mercedes, Villa Sandra, Colón y Quintanares.

La Procuraduría General de la Nación respondió a estos señalamientos abriendo una investigación disciplinaria contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez, ligada a lo que los medios han llamado el ‘Pacto Valledupar’. Según reportó El Espectador, la investigación busca aclarar si desde la Presidencia se planeó un montaje para relacionar a políticos de oposición con actos de paramilitarismo, bajo la cobertura de reuniones públicas para la reconciliación, como la celebración de un supuesto cierre del histórico Pacto de Ralito. Rodríguez declaró que tales reuniones y peticiones tenían la intención política de influir en las elecciones, aunque el expresidente Petro, a través de su cuenta de X, negó rotundamente toda acusación, afirmando que nunca ordenó presiones para fabricar testimonios y que el diálogo con exparamilitares obedeció a objetivos de verdad, reparación y paz.

Las denuncias cruzadas no se hicieron esperar. Por una parte, el abogado Alejandro Carranza presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en defensa de Petro, argumentando que el exmandatario jamás dio instrucciones a Rodríguez para orquestar falsas declaraciones. En paralelo, integrantes de la bancada de Salvación Nacional radicaron denuncia contra Petro solicitando esclarecer si hubo algún tipo de directriz política en estos hechos. Las declaraciones públicas de Salvatore Mancuso, Angie Rodríguez y Juan Carlos Villamizar plantean, de acuerdo con la denuncia, dudas sobre el uso de espacios institucionales para propósitos electorales.

Adicionalmente, la revista Semana reveló audios en los que supuestamente Víctor de Currea-Lugo, cuando era asesor del Dapre, sugirió a Mancuso involucrar a De la Espriella en escándalos pasados. El editorial de El Espectador se sumó señalando que existen indicios claros de reuniones y presiones para usar testimonios de exparamilitares con fines políticos. Así, el caso deja en evidencia la compleja intersección entre justicia, reconciliación y competencia electoral en el país.

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¿Cuáles son las acusaciones contra funcionarios del gobierno Petro relacionadas con el caso de los exparamilitares?

Según columnas y reportes de medios como El Colombiano y El Espectador, funcionarios como Armando Benedetti y Angie Rodríguez son señalados de haber intentado convencer a exjefes paramilitares para entregar testimonios que comprometieran a conocidos políticos de la derecha, presuntamente como estrategia electoral. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria y existen denuncias formales ante la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones.

¿Qué es el ‘Pacto Valledupar’ y cómo se relaciona con el escándalo de testimonios de exparamilitares?

El llamado ‘Pacto Valledupar’ es la denominación mediática para referirse al supuesto intento, durante el gobierno Petro, de organizar un evento con exparamilitares con el objetivo de cerrar las heridas del conflicto, aunque versiones como la de Angie Rodríguez denuncian que en realidad se buscaba relacionar a opositores políticos con crímenes paramilitares. El nombre alude a la sede de dichos encuentros y está en el centro de las investigaciones abiertas.

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De acuerdo con el cuestionamiento planteado, Pedraza interpuso un derecho de petición solicitando información sobre los estudios formales e informales de la directora. Tras esa diligencia, el perfil publicado en el sitio web del ICBF sobre su trayectoria académica habría sido modificado, lo que despertó confusión sobre cuál versión reflejaba la realidad.

“A raíz de esa petición ustedes cambiaron el perfil que publican en la página web del ICBF sobre sus estudios, directora. Entonces yo le quiero preguntar porque no sé a quién creerle, si le creo a la respuesta al derecho de petición que usted me entregó o si le creo a todas las publicaciones del gobierno que afirman que usted tiene estudios en Harvard en administración de negocios. Y considero que sería importante y este podría ser un lugar importante para que usted pueda resolver esa inquietud”, cuestionó la senadora.

El interrogante de fondo era si debía creerse la respuesta oficial al derecho de petición o las publicaciones del gobierno que afirmaban que Restrepo contaba con estudios en Harvard en administración de negocios.

Frente a ello, la directora respondió con calma y reconoció que no había tenido presentes todos sus diplomas al momento de registrar su hoja de vida. “Se me habían olvidado unos cuantos, es que llevo más de 30 años estudiando, entonces se me olvidan los diplomados que he hecho, no me acuerdo” explicó Restrepo.

 

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La funcionaria agregó que la plataforma del ICBF solo permitía cargar cinco registros académicos, un límite que, según ella, no alcanzaba para consignar toda su formación.

“Ya está el diploma de Harvard subido en la página, al igual que otro de Harvard está subido en la página, en estudios de administración y gerencia”, afirmó, e indicó además que tampoco aparecía inicialmente su certificado de finanzas corporativas del CESA: “Tampoco estaba el de finanzas corporativas del CESA, ya lo subieron”.

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Restrepo señaló que entre los documentos cargados previamente figuraba uno de inglés, mientras que otros estudios de mayor relevancia para el cargo habían quedado por fuera de la página sin que mediara, según ella, una intención de ocultarlos.

¿Qué estudios de Harvard tiene Carolina Restrepo, directora del ICBF?

De acuerdo con las declaraciones de la propia funcionaria, cuenta con al menos dos certificaciones provenientes de Harvard, ambas ya disponibles en la página web del ICBF. Una de ellas corresponde a estudios en administración y gerencia, área directamente relacionada con las funciones que ejerce al frente de la entidad.

¿Por qué cambió el perfil académico de Carolina Restrepo en la página del ICBF?

Según lo explicó la directora, el sitio web de la entidad solo admitía cinco espacios para registrar formación académica, lo que obligó a hacer una selección que inicialmente dejó por fuera varios títulos y diplomados. Tras el derecho de petición radicado por el ciudadano, la información fue actualizada para incluir los estudios faltantes.

A través de su cuenta oficial de X, el jefe de Estado confirmó que el capturado “fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario y deberá responder ante la justicia”. De la Espriella también rechazó las intimidaciones contra su familia y reiteró que ninguna persona debería afrontar amenazas de muerte.

“Como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables”, manifestó el mandatario, según la publicación. En su pronunciamiento, también insistió en que su esposa y sus hijos “merecen protección”.

El 18 de octubre de 2026, a las 10:12 de la mañana, un delincuente amenazó de muerte a mi esposa y a mis hijos.

A las 12:23 del mediodía de ese mismo día se radicó la denuncia. El 19 de octubre, a las 11:57 de la noche, se hizo efectivo el allanamiento y la captura del responsable.

Durante el allanamiento, las autoridades encontraron una importante cantidad de marihuana en poder del capturado.

La Fiscalía le imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (artículo 376 del Código Penal) y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos (artículo 188E).

Hoy, este sujeto acaba de ser cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad y deberá responder ante la justicia.

Como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables.

Mi familia merece protección, como la merecen todas las familias de Colombia. ¡Nadie tiene derecho a sembrar el terror en los hogares de nuestra patria!

En la Patria Milagro, los delincuentes deben temerle a la justicia, no los ciudadanos a los delincuentes.

¡Bienvenido a la Patria Milagro miserable!

¡Firme por la Patria!

¡Que viva Cristo Rey!

(ADLE) 🇨🇴 🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 21, 2026

El caso se conoció después de que, el 18 de octubre de 2026, a las 10:12 de la mañana, apareciera un mensaje intimidatorio contra la familia presidencial. La publicación fue difundida desde una cuenta anónima de Instagram y motivó una denuncia ante las autoridades para identificar al responsable.

La investigación condujo hasta Pereira, Risaralda, donde la Policía Nacional capturó al sospechoso durante una diligencia de registro y allanamiento. El procedimiento se llevó a cabo el 19 de octubre, a las 11:57 de la noche, de acuerdo con los datos compartidos por el presidente.

Durante el operativo, las autoridades encontraron una cantidad de marihuana y decomisaron “un computador y un celular”, equipos que contendrían información relevante para las verificaciones del caso.

La Fiscalía imputó al detenido los delitos de “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos”. La captura se produjo tras las labores de seguimiento a la denuncia y la identificación del perfil desde el que se habrían publicado las amenazas.

Por ahora, el proceso continúa en manos de las autoridades judiciales, que deberán esclarecer las circunstancias de los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes. La captura y la imputación de cargos no equivalen a una condena.

Desde el primer momento, la desaparición de Blanco despertó preocupación. La última vez que sus familiares tuvieron noticias de él fue cuando abandonó la residencia de su pareja y, según relatan, abordó un automóvil que habría solicitado a través de una aplicación de transporte. A partir de ese instante, su rastro se perdió y no hubo más información sobre su ubicación. El hallazgo del cuerpo, cuatro días después, confirmó los peores temores de sus seres queridos y abrió un proceso de investigación que aún mantiene abiertas todas las hipótesis.

La situación del hallazgo aporta detalles relevantes al caso: de acuerdo con información entregada por la Fiscalía General de la Nación a El Espectador, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y habría permanecido en el sitio aproximadamente tres días antes de ser encontrado. Por el momento, la Fiscalía sostiene que la investigación continúa abierta, sin que exista una hipótesis definitiva sobre las circunstancias de la muerte ni sobre la posible participación de terceros. En este sentido, los investigadores han enfocado sus esfuerzos en la recolección de información clave, como la revisión de cámaras de seguridad para establecer los movimientos de la víctima y precisar el trayecto del vehículo en el que presuntamente se había movilizado.

Mientras tanto, versiones difundidas por la familia de Blanco indican que el cuerpo fue hallado atado de pies y manos y que presentaba señales compatibles con tortura, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente estos detalles. Además, se ha sugerido la presunta implicación de una estructura delincuencial que operaría en Bogotá, pero hasta ahora la Fiscalía no ha dado soporte a esta línea de investigación ni ha señalado responsables específicos.

Fredy Blanco, oriundo del departamento del Cesar y residente en Bogotá desde hacía seis años, trabajaba como ingeniero en una entidad promotora de salud (EPS). Su fallecimiento ha causado dolor y desasosiego entre quienes lo conocían, mientras la expectativa por conocer los hechos concretos sobre su muerte aumenta con el avance de la investigación de las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales hipótesis sobre la muerte de Fredy Blanco?

De acuerdo con la información dada por la Fiscalía y recopilada por El Espectador, no existe una hipótesis definitiva sobre las causas de la muerte de Fredy Blanco. Aunque la familia sostiene versiones sobre posibles señales de tortura y la implicación de grupos delincuenciales, las autoridades aún no han confirmado ninguna de estas líneas y mantienen la investigación abierta, a la espera de los resultados de diligencias como la revisión de cámaras y testimonios.

¿Qué diligencias adelanta la Fiscalía sobre el caso de Fredy Blanco?

Según el reporte citado por El Espectador, los esfuerzos de la Fiscalía se concentran en recopilar información clave para reconstruir el recorrido de Fredy Blanco el día de su desaparición, identificar el vehículo en el que habría viajado, analizar imágenes de cámaras de seguridad y determinar el tiempo exacto de permanencia del cuerpo en el sitio donde fue encontrado. Todo esto busca esclarecer si hubo participación de terceros y cuál fue la causa y circunstancias de la muerte.

En un pronunciamiento divulgado bajo la frase “Rechazamos cualquier intento de instrumentalizar políticamente este proceso”, los antiguos jefes paramilitares señalaron que su reconocimiento se limita al documento que, según afirmaron, fue firmado y leído oficialmente al término de las reuniones.

El pronunciamiento se conoce en medio de la controversia por el fracaso del llamado ‘Pacto de Valledupar’, un episodio que continúa suscitando cuestionamientos sobre sus alcances y el papel del gobierno de Gustavo Petroo. La postura de los exparamilitares busca delimitar qué contenido aceptan como parte de lo acordado durante las reuniones.

#Primicia #UnidadInvestigativa | “Rechazamos cualquier intento de instrumentalizar políticamente este proceso”: Excomandantes paramilitares se pronuncian sobre el fallido “Pacto de Valledupar” y afirman que el único documento que reconocen es el firmado y leído oficialmente al término de las reuniones llevadas a cabo en octubre de 2025.

@Rafaristizabal @andresGGaitan @BBejaranoG

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 21, 2026

“Solicitamos que se rectifique la información divulgada y se retiren los señalamientos infundados que, con fundamento en ese documento, pretenden atribuirnos compromisos, intereses o propósitos que nunca fueron expresados ni consignados en la declaración oficial”, indicaron.

Por otra parte, los exjefes paramilitares expresaron la intención de avanzar “hacia el cierre jurídico definitivo del proceso de paz de Ralito, con seguridad jurídica, reconocimiento de los compromisos cumplidos y pleno respeto por los derechos de las víctimas”.

De acuerdo con información preliminar emitida por fuentes oficiales y confirmada por el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional, el trágico episodio ocurrió mientras un grupo de militares se preparaba para desplazarse hacia Villa de Leyva. El objetivo del traslado era brindar apoyo logístico y operativo en labores de atención y control de un incendio forestal que se desarrollaba en esa zona. En el marco de los preparativos y ante la impartición de una orden de servicio por parte del sargento segundo Lozano Burgos, surgió una discusión con el soldado Malabet Collante, quien estaba bajo su mando.

Según las primeras versiones recogidas por los organismos judiciales, la situación rápidamente escaló hasta que, presuntamente, el soldado accionó su arma de dotación contra su superior y uno de sus compañeros. Los reportes oficiales indican que, tras perpetrar el ataque, el uniformado habría tomado la decisión de quitarse la vida en el mismo lugar de los hechos, sumando mayor consternación entre la tropa.

El mismo evento dejó como saldo adicional a un militar herido: el soldado profesional Luis Alberto Barrios Carmona, quien sufrió una lesión en el pie derecho. Además, un perro entrenado perteneciente a la institución militar resultó lesionado durante el episodio, lo que llevó a reforzar la atención médica veterinaria en el batallón.

Tras conocerse los hechos, el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional lamentó públicamente la pérdida de ambos integrantes y anunció que se ofrecerá acompañamiento institucional a las familias afectadas. Adicionalmente, la Justicia Penal Militar y otros organismos especializados asumieron la investigación, con el fin de esclarecer a fondo cómo y por qué se desencadenó este lamentable episodio en el interior del batallón.

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¿Qué ocurrió en el Batallón Tarqui de Sogamoso y quiénes son las víctimas?

En el Batallón de Ingenieros N.° 1 Tarqui se registró un enfrentamiento que dejó dos militares muertos: el soldado profesional Edwin Malabet Collante y el sargento segundo Héctor Hernando Lozano Burgos. Además, el incidente dejó un militar herido y un perro institucional lesionado.

¿Qué es la Justicia Penal Militar y qué papel cumple en este tipo de casos?

La Justicia Penal Militar es la jurisdicción encargada de investigar y juzgar delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Militares en ejercicio de funciones propias del servicio. En este caso, su papel es determinar la responsabilidad y los detalles del hecho ocurrido en el interior del batallón.

‘Kain Amnistía’ llega al festival después de una extensa trayectoria independiente. Según la misma fuente, su acercamiento a la música comenzó en la infancia, gracias a un ambiente familiar vinculado al arte y la música. No obstante, fue a los 12 años cuando el freestyle, forma de rap improvisado, se convirtió en el eje fundamental de su vida. La transición de pasión a proyecto de vida ocurrió cuando tenía entre 17 y 18 años de edad, momento en el que Mateo decidió asumir la música como su propósito principal.

Durante su camino artístico, Mateo compiló influencias tanto del rap colombiano —con referentes como Matanza Danza, Todo Copas, Estilo Bajo, Flaco Flow y Melanina, y Clan Hueso Duro— como de géneros como el ska, punk y rock, de acuerdo con los datos publicados por la Alcaldía. Esta combinación de estilos forjó una identidad artística en constante evolución, caracterizada por su energía en escena, rapeos intensos y una voz versátil.

El hip-hop, según lo explica ‘Kain Amnistía’, es más que música; es una cultura que ofrece herramientas para exteriorizar sentimientos reprimidos o positivos, canalizando experiencias y emociones a través de diferentes manifestaciones como el graffiti, el breakdance y el beatbox, además del rap. La escena capitalina ha sido un entorno propicio para el desarrollo de su carrera, pues la actividad constante de eventos y espacios lo ratifica como una de las ciudades más raperas del continente, en opinión del propio artista, citada por la Alcaldía de Bogotá.

En su viaje, Mateo ha enfrentado desafíos personales que impactaron su carrera, como el consumo de sustancias, hábito que eligió dejar al notar su efecto adverso sobre su voz. La llegada de su hija marcó un punto de quiebre, reforzando su disciplina para trabajar a fondo en su proyecto musical. Además, la posibilidad de contar con un equipo de trabajo le permitió profesionalizar las diferentes áreas de su carrera y enfocarse totalmente en su música.

Participar en el Festival Hip Hop al Parque 2026 representa para él la culminación de años de perseverancia, tras varias postulaciones previas. Su experiencia invita a otros integrantes de la cultura hip-hop a insistir y aferrarse a sus sueños. Como asegura el propio ‘Kain Amnistía’, la disciplina, la fe y la constancia son las claves para abrir caminos y transformar realidades a través del arte.

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¿Quién es ‘Kain Amnistía’ y por qué es importante su participación en el Festival Hip Hop al Parque 2026?

‘Kain Amnistía’ es el nombre artístico de Mateo Cabrales, un rapero bogotano cuya historia está marcada por años de trabajo independiente, superación personal y formación musical. Su presencia en el Festival Hip Hop al Parque 2026 se destaca porque simboliza la perseverancia dentro de la escena rap en Bogotá, y representa la oportunidad de transformar su carrera gracias a la visibilidad del evento, como informan los documentos oficiales del festival.

¿Qué es el freestyle y por qué es relevante en la carrera de ‘Kain Amnistía’?

El freestyle es la práctica de rapear de manera improvisada, es decir, crear rimas espontáneamente sobre un ritmo. Para ‘Kain Amnistía’, según la información de la Alcaldía de Bogotá, el freestyle fue el primer contacto serio con el rap y se convirtió en un pilar clave en el desarrollo de su identidad artística y en la forma en que expresa sus vivencias a través de la música.

De acuerdo con el testimonio de sus seres queridos, Otoniel era un hombre trabajador y comprometido con su negocio. Su historia personal refleja años de esfuerzo en el sector panadero, donde logró consolidarse como comerciante independiente gracias a su dedicación diaria. La comunidad de La Mesa lamenta profundamente su pérdida, pues su ejemplo contribuyó al desarrollo de la zona rural de Valledupar.

El fatídico incidente ocurrió la tarde del martes, cuando Otoniel disfrutaba un momento de descanso y recreación en las aguas del río Azúcar. Compartía el baño con varias personas, sin imaginar que una creciente súbita cambiaría el panorama en solo segundos. Según la información conocida, el aumento repentino del caudal se debía a lluvias ocurridas en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta situación provocó que la fuerza de la corriente no le permitiera regresar a la orilla, arrastrándolo aproximadamente 14 kilómetros aguas abajo.

La búsqueda de Otoniel movilizó a efectivos de la Defensa Civil, diferentes organismos de socorro y miembros de la comunidad, quienes durante varias horas unieron esfuerzos para encontrarlo. Finalmente, el cuerpo fue localizado y se confirmó, de acuerdo con la información suministrada, que la causa de su muerte fue asfixia por inmersión, término médico que se refiere a la falla de los pulmones por entrada de agua durante un accidente en el líquido.

Posteriormente, unidades de criminalística realizaron la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a las instalaciones de Medicina Legal en Valledupar. Allí, se completará la necropsia antes de entregar los restos a sus familiares, quienes preparan honras fúnebres en su memoria.

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¿Qué causó la creciente súbita en el río Azúcar en Valledupar?

De acuerdo con la información proporcionada por EL PILÓN, la creciente súbita del río Azúcar fue provocada por lluvias registradas en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas precipitaciones aumentaron de forma inesperada el caudal del afluente, sorprendiendo a quienes se encontraban en el lugar.

¿Qué significa asfixia por inmersión y cómo se determina la causa de muerte?

El término "asfixia por inmersión" se refiere a la incapacidad de respirar como consecuencia de la entrada de agua en los pulmones, generalmente asociada a accidentes acuáticos. La causa de muerte se determina mediante una necropsia realizada por expertos de Medicina Legal, quienes examinan el cuerpo y emiten un informe técnico que confirma las circunstancias del deceso.

Durante la imputación de cargos por homicidio y tortura, el fiscal del caso expuso que uno de los policías habría lanzado amenazas contra las personas presentes en el lugar. “Presuntamente se dirigió al mencionado ciudadano expresándole: ‘Le voy a pegar dos tiros; yo estoy acostumbrado a matar negros guerrilleros en el Chocó’. Aproximadamente 10 minutos después arribaron al sitio otras patrullas de la Policía Nacional adscritas a la estación de Policía Cazucá, esto debido a que el señor intendente Morantes solicitó apoyo argumentando la ocurrencia de una riña”, dijo el funcionario. 

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el episodio comenzó con una discusión en la que, al parecer, Balanta lanzó una botella hacia un grupo de uniformados. Los policías lo habrían sometido mediante descargas eléctricas con un dispositivo taser, lo esposaron y lo trasladaron a la estación. La Fiscalía sostiene que allí continuaron las agresiones.

El estado de salud del joven también forma parte central del expediente. La Fiscalía indicó que Balanta manifestó reiteradamente dificultades para respirar y un fuerte dolor en el pecho, además de pedir atención médica urgente. Sin embargo, no habría recibido un traslado inmediato a un centro asistencial.

“Se pudo establecer igualmente que el señor Balanta permaneció alrededor de 20 minutos en las instalaciones de la estación de Policía Cazucá. Durante este lapso manifestó reiteradamente dificultades para respirar, dolor en el pecho, solicitó asistencia médica inmediata; tales solicitudes fueron transmitidas a los funcionarios de la Policía Nacional que se encontraban ahí”, señaló la Fiscalía.

La investigación también compromete al mayor que comandaba la estación de Cazucá. Al respecto, la Fiscalía le atribuyó presunta responsabilidad en los hechos y sumó a la imputación el delito de falsedad en documento público, por una posible alteración de los registros consignados en los libros de población.

Sobre el traslado del joven, el fiscal describió la intervención de varios uniformados: “Asignado como dotación sobre el cuerpo de la víctima, quien gritaba de dolor y pedía ayuda, finalmente varios uniformados lo trasladaron cargado por la vía pública hasta una camioneta del grupo Goes, la cual había llegado en apoyo al procedimiento, siendo posteriormente conducido a la estación de policía en el municipio de Soacha, Cundinamarca”.

Para la Fiscalía, el procedimiento habría vulnerado los derechos fundamentales de Balanta y podría constituir un caso de violencia policial atravesado por discriminación racial. Las imputaciones corresponden a señalamientos judiciales que deberán esclarecerse durante el proceso.

Según información de El Espectador, durante el procedimiento Balanta habría sufrido agresiones físicas y descargas con un dispositivo Taser, incluso dentro de la estación policial. Permaneció aproximadamente 20 minutos con dificultades para respirar y dolor en el pecho, solicitando atención médica, la cual no habría recibido de manera oportuna. La importancia de estos hechos fue resaltada en la investigación, pues la necropsia determinó lesiones compatibles con el uso de dispositivos de conducción eléctrica, además de golpes. Medicina Legal reportó que la causa del fallecimiento fue una arritmia cardíaca asociada al uso del dispositivo eléctrico, aunque el estudio histopatológico no estableció de forma directa una relación causal entre las descargas y la muerte del joven.

En el desarrollo judicial, la Fiscalía imputó cargos a varios miembros de la policía. El mayor Roque Correa, quien era comandante de la estación, y el patrullero Johathan Giraldo, señalado como autor directo por presuntamente accionar el Taser, enfrentan imputaciones por homicidio agravado, tortura agravada y falsedad ideológica en documento público. La investigación señala que ambos habrían presentado información falsa en documentos oficiales, agravando la gravedad de los hechos al intentar distorsionar la verdad sobre lo ocurrido.

Adicionalmente, otros dos patrulleros, Santiago Vargas y Nahumer Vergel, junto al subintendente Henar Tapiero, fueron vinculados por su presunta participación en los golpes y por homicidio por omisión y tortura. El mayor Correa, además, habría presenciado las descargas y, aunque apartó al patrullero que manipulaba el Taser, no dispuso el traslado inmediato de Balanta a un hospital, omisión que también forma parte de los cargos que enfrenta. El proceso está actualmente en etapa de imputación y presentación de los implicados ante el juez de control de garantías. Esta información fue corroborada por El Espectador, fuente que documenta el avance del caso y la actuación de la Fiscalía.

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¿Qué cargos enfrenta la policía por el homicidio de Donovan Balanta?

De acuerdo con la información de El Espectador, los policías implicados en la muerte de Donovan Balanta enfrentan cargos por homicidio agravado, tortura agravada y falsedad ideológica en documento público. El mayor Roque Correa y el patrullero Johathan Giraldo son señalados como principales responsables, mientras que otros patrulleros y un subintendente enfrentan cargos por homicidio por omisión y tortura.

¿Cuál fue el papel del Taser y cómo se relaciona con la muerte de Donovan Balanta?

Según la necropsia citada por El Espectador, Donovan Balanta sufrió lesiones compatibles con el uso de un dispositivo Taser. Medicina Legal indicó que la causa de la muerte fue una arritmia cardíaca asociada al dispositivo, aunque el estudio histopatológico no confirmó una relación causal directa. El relato de los hechos sostiene que Balanta recibió descargas tanto durante el procedimiento como dentro de la estación de policía.

Pérez Peralta ha construido su carrera profesional en el sector público y político de Valledupar. Más recientemente, se desempeñó como secretario de Gobierno en la Alcaldía de Valledupar, mostrando experiencia en la administración municipal y en la gestión de asuntos públicos de relevancia local. A su paso por el ámbito político destaca también la jefatura de la más reciente campaña del representante Alfredo Ape Cuello, con quien mantiene una relación laboral cercana desde hace años. Previamente, Pérez Peralta fue elegido concejal de Valledupar para el periodo 2020-2023, postulado por el movimiento político Equipo Azul.

Además de su gestión municipal y política, el actual gerente del aeropuerto presentó antecedentes de vinculación con la Corporación Autónoma Regional del Cesar, conocida como la entidad encargada de la administración ambiental de la región. Allí ejecutó labores mediante contratos de prestación de servicios durante cuatro periodos entre 2014 y 2015, según la hoja de vida publicada por la Presidencia.

Antes del nombramiento de Pérez Peralta, la gerencia del aeropuerto estuvo en manos de Henry Smith Pradilla hasta enero de 2026. Desde la salida de Pradilla, la administración se mantuvo con encargos temporales, asumidos por gerentes regionales procedentes de Santa Marta y Bucaramanga. El nombramiento oficial de Pérez Peralta responde, entonces, a la necesidad de dar continuidad y liderazgo específico a la terminal aérea de Valledupar bajo la autoridad de la Aeronáutica Civil.

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¿Quién es Jorge Luis Pérez Peralta y cuál es su experiencia antes de dirigir el aeropuerto Alfonso López Michelsen?

Jorge Luis Pérez Peralta es un exconcejal de Valledupar que asumió la gerencia del aeropuerto Alfonso López Michelsen en octubre de 2026. Antes de este cargo, trabajó como secretario de Gobierno de Valledupar, jefe de campaña del representante Alfredo Ape Cuello y previamente fue concejal del municipio entre 2020 y 2023 por Equipo Azul. También tuvo vinculación con la Corporación Autónoma Regional del Cesar, durante cuatro periodos en los años 2014 y 2015.

¿Cuándo fue designado Jorge Luis Pérez Peralta como gerente del aeropuerto Alfonso López Michelsen y qué autoridad oficializó la información?

Según la Presidencia de la República, la designación de Jorge Luis Pérez Peralta se publicó oficialmente el 21 de octubre de 2026 en la página oficial de la entidad. Esta publicación confirma su nombramiento y la asunción de la dirección regional Norte de la Aeronáutica Civil, entidad responsable de la operación aeronáutica en la zona.

“Lo digo con total claridad: es falso. Nunca he tenido, nunca he visto y nunca he usado ningún material de ese tipo. Nunca he extorsionado a nadie”, escribió la exembajadora de Colombia en el Reino Unido en una carta publicada este miércoles 21 de octubre.

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En su pronunciamiento, Sarabia también hizo énfasis en que las acusaciones involucran posibles situaciones que afectarían a menores de edad. Por eso, sostuvo que, si alguien tiene información que comprometa la dignidad de niños o adolescentes, debe acudir a las autoridades y entregar las pruebas.

“Si alguien vio algo que afecte la dignidad de un menor, la obligación es denunciarlo de inmediato ante la Fiscalía y entregar las pruebas. No esperar meses, no convertirlo en una entrevista”, manifestó la exfuncionaria del gobierno Petro.

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— Laura Sarabia (@laurisarabia) October 21, 2026

La exjefa de gabinete añadió que ningún cargo público ni salario justifica guardar silencio ante hechos de esa naturaleza. También expresó que está dispuesta a atender los requerimientos de la justicia y reiteró su petición de que se esclarezcan las denuncias.

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¿Qué dijo Angie Rodríguez sobre Laura Sarabia y Petro?

Las declaraciones de Sarabia se conocieron después de que Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, afirmara en una entrevista con el periodista Daniel Samper Ospina que la diplomática tendría imágenes y videos relacionados con la vida privada de Petro.

Rodríguez aseguró que había visto archivos en un computador y sostuvo que Sarabia habría utilizado esa información para presionar al entonces presidente y conseguir su nombramiento como embajadora en el Reino Unido. Sin embargo, durante la entrevista no presentó públicamente material que permitiera verificar esos señalamientos.

La controversia se suma a otras denuncias que Rodríguez ha hecho sobre presuntas irregularidades durante el gobierno anterior, entre ellas las relacionadas con el llamado ‘Pacto de Valledupar’ y el manejo de recursos públicos.

Sarabia pidió que las autoridades esclarezcan los hechos

La exfuncionaria insistió en que las acusaciones deben investigarse y que quienes tengan pruebas deben presentarlas ante la Fiscalía. “Yo estaré a disposición de la justicia para lo que necesite”, concluyó.

Por su parte, Rodríguez manifestó que no se retractará de sus declaraciones. Así, el enfrentamiento entre ambas exfuncionarias continúa mientras las autoridades deben establecer si existen elementos que respalden los señalamientos.

El ejercicio arrancó a las 10:00 de la mañana y permitió poner en práctica los planes de emergencia, rutas de evacuación y estrategias de comunicación. Durante el simulacro, se identificaron tanto aciertos como aspectos que requieren mayor atención. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, subrayó la relevancia de continuar con este tipo de ejercicios tras el sismo ocurrido el 10 de agosto, recordando a la ciudadanía la importancia de estar siempre preparada ante cualquier eventualidad. "Este simulacro es muy importante porque, como aprendimos los caleños el 10 de agosto, siempre hay que estar preparados", afirmó el mandatario.

A pesar de los logros obtenidos, la jornada evidenció detalles que deben ajustarse. De acuerdo con Eder, algunas personas no tenían claridad sobre los procedimientos después de evacuar y algunos regresaron a los edificios antes de concluir el ejercicio. Destacó la importancia de seguir trabajando en la identificación de puntos de encuentro y en mantener la instrucción sobre los protocolos a seguir. Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali, declaró que, en términos generales, "todo salió de manera ordenada y articulada", aunque se procederá a realizar las evaluaciones pertinentes para fortalecer la respuesta en futuras ocasiones.

En el Centro Administrativo Municipal (CAM), la evacuación tomó aproximadamente cinco minutos, como lo informó Patricia Álvarez Gómez, directora del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (DADII). No obstante, algunos trabajadores señalaron dificultades para escuchar la alarma en ciertos pisos, un aspecto que deberá mejorarse en próximas ediciones.

El simulacro puso de relieve la necesidad de que la prevención y preparación sean prácticas cotidianas. Entre las recomendaciones destacadas se encuentran identificar rutas de evacuación, conocer los puntos de encuentro y contar con elementos básicos como botiquín y maletín de emergencia. De acuerdo con Ricardo Peñuela, también es esencial conocer las vulnerabilidades de las estructuras frecuentadas. Los ciudadanos manifestaron la importancia de que estas medidas se apliquen desde el hogar, incluida la provisión de elementos como silbatos y botiquines.

Este tipo de ejercicios refuerzan la cultura de prevención en Cali y sirven para identificar las áreas que deben fortalecerse a fin de proteger la vida y facilitar la coordinación con los organismos de socorro, tal como resaltaron las autoridades locales.

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¿Cuáles fueron las principales dificultades en el simulacro nacional en Cali 2026?

Durante la jornada, se identificaron problemas como la falta de claridad de algunas personas sobre los puntos de encuentro tras evacuar y el reingreso prematuro a los edificios. Además, algunos participantes no escucharon adecuadamente la alarma en todos los pisos, lo que evidenció la necesidad de mejorar los sistemas de aviso y reforzar la educación sobre los protocolos de evacuación.

¿Qué medidas de prevención deben adoptar los ciudadanos ante emergencias en Cali?

Dentro de las recomendaciones planteadas durante el simulacro, las autoridades sugirieron identificar rutas de evacuación, conocer los puntos de encuentro y tener a la mano elementos esenciales como botiquín o maletín de emergencia y un silbato. También se resaltó la importancia de informarse sobre los riesgos estructurales de los sitios que se frecuentan y preparar a las familias en la aplicación de estos protocolos desde el hogar.

El apoyo familiar no solo se fundamenta en la tradición musical que representa la familia Morales en el vallenato, sino que se relaciona con el deseo de extender ese legado hacia otros ámbitos, como el político. Kaleth Morales, hermano de Eva Sandrith, fue una figura destacada de la Nueva Ola del vallenato, mientras que Miguel Morales ha consolidado una trayectoria en la música y tuvo aspiraciones políticas, como su reciente candidatura a la Alcaldía de Valledupar en las elecciones de 2023, donde no obtuvo la votación suficiente para ejercer el cargo, según información recogida en entrevistas y medios locales.

Sobre la hoja de vida de Eva Sandrith Morales, se sabe que tiene 33 años y es comunicadora social organizacional graduada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Además, es especialista en Alta Gerencia por la Universidad Andina. Su experiencia laboral está marcada por cargos en entidades públicas y privadas, principalmente en Valledupar. Como menciona su perfil de LinkedIn, se desempeñó como auxiliar administrativa en la Oficina de Protocolo de la Gobernación del Cesar durante 2015, y trabajó en calidad de profesional de apoyo en el Consorcio Sociedad de Interventores (SDI); también estuvo en la Fundación Imaginario Social (FIS) y en la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Además, entre febrero y agosto de 2018, ejerció como profesional en comunicación en la Alcaldía de Valledupar.

Eva Sandrith ha utilizado sus redes sociales para enfatizar que, aunque muchos creen que tuvo ventajas por ser hija de Miguel Morales, su camino profesional se ha forjado mediante trabajo constante y esfuerzo, señalando que laboró desde los 21 años y sigue enfrentando nuevos desafíos, motivada por su hijo.

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¿Quién es Eva Sandrith Morales y cuáles son sus antecedentes profesionales?

Eva Sandrith Morales es comunicadora social organizacional y especialista en alta gerencia, con experiencia en el sector público y privado de Valledupar. Se ha desempeñado en cargos administrativos y de comunicación en la Gobernación del Cesar, la Alcaldía local y la Agencia Pública de Empleo del SENA, según información verificada en su perfil profesional y declaraciones públicas.

¿Cuándo son las próximas elecciones para el Concejo de Valledupar y qué cargos se eligen?

Las próximas elecciones territoriales en Colombia serán el 31 de octubre de 2027, fecha en la que los ciudadanos de Valledupar podrán elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles, de acuerdo con la información oficial sobre el calendario electoral nacional.

No obstante, según manifestó Manuel Afanador, padre de la menor, el colegio continúa en funcionamiento, lo que ha reactivado debates sobre las garantías de seguridad y el monitoreo en la institución. Las directivas han indicado su disposición para mantener actividades, mientras la familia de Valeria insiste en que las investigaciones deben dirigirse también hacia otros miembros de la comunidad educativa, dadas las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Por orden de la Gobernación, la rectora del colegio tiene plazo hasta el 31 de octubre de 2026 para entregar un plan detallado para la reubicación de los estudiantes, prestando especial atención a menores con discapacidad, necesidades educativas especiales o tratamientos terapéuticos. El plan deberá contemplar estrategias para evitar el estigma y el ciberacoso contra los alumnos, así como mecanismos de acompañamiento emocional y participación familiar. La Dirección de Buen Gobierno Educativo será responsable de vigilar el cumplimiento de estas medidas, mientras la Secretaría de Educación divulgará la oferta escolar de Sabana Centro para facilitar el traslado de estudiantes.

En la esfera judicial, la familia de Valeria, representada por el abogado Julián Quintana, celebró la decisión administrativa, pero insiste en que se haga justicia penal contra la rectora Sonia Inés Ochoa y otros dos docentes. La Fiscalía General de la Nación ya imputó a dos profesores, quienes enfrentan una audiencia de acusación pendiente. La familia solicita continuar la investigación sobre el papel de la rectora, dada su responsabilidad legal en el colegio. Además, persisten inquietudes sobre la investigación forense y el esclarecimiento total de lo ocurrido; los padres han denunciado presuntas negligencias y revictimización por parte de las autoridades. Pese a las decisiones administrativas, la familia exige un proceso penal a fondo para que ningún responsable quede por fuera.

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¿Por qué cerraron el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe tras el caso Valeria Afanador?

El cierre del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe se ordenó después de que la Gobernación de Cundinamarca ratificara la responsabilidad administrativa del centro educativo en el caso de Valeria Afanador. Según la Resolución 007360 del 14 de octubre de 2026, la medida fue motivada por fallas y omisiones en el cuidado de la menor, halladas tras su desaparición y posterior muerte, por lo que se procedió a cancelar la licencia de funcionamiento definitivamente.

¿Qué medidas tomará la Gobernación para reubicar a los estudiantes afectados por el cierre del colegio?

La Gobernación exige a la rectora del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe la presentación de un plan detallado de reubicación para cada estudiante, antes del 31 de octubre de 2026. Este plan debe contemplar necesidades especiales, apoyo psicosocial, y evitar la estigmatización. Además, la Secretaría de Educación divulgará información sobre la oferta educativa disponible para que las familias puedan buscar cupos en otros colegios de la región.

De acuerdo con Carranza, Gustavo Petro jamás ordenó a Rodríguez buscar testimonios o armar montajes relacionados con el paramilitarismo contra Uribe o De la Espriella. El abogado enfatizó que, de haber tenido conocimiento de actos delictivos, Petro los habría denunciado públicamente, y no recurriría a intermediarios. La denuncia presentada incluye delitos como peculado, concierto para delinquir, injuria y calumnia agravada, así como violación de datos personales. Según Carranza, la Fiscalía debería escuchar el testimonio de Mancuso para esclarecer quiénes intervinieron en los encuentros bajo investigación y determinó que podrían solicitarse declaraciones de otros miembros del despacho presidencial, además de la revisión de documentos y grabaciones.

Por otro lado, este miércoles también se remitió una solicitud a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que el expresidente Petro declare sobre estos hechos. Carranza pidió agilidad tanto a la Fiscalía como a la Comisión en la gestión de estos procedimientos. Adicionalmente, presentó denuncias relacionadas con los señalamientos sobre supuestos consumos de sustancias y presuntas conductas inapropiadas atribuidas a Petro por Rodríguez, solicitando investigar actos de corrupción durante la gestión de Rodríguez en el Dapre.

La investigación cobró notoriedad tras el pedido del ministro de Justicia, Iván Cancino, del 19 de octubre, dirigido a la fiscal general Luz Adriana Camargo para verificar reuniones con exjefes paramilitares en Valledupar. La base de esta solicitud incluye las declaraciones de Angie Rodríguez y la columna firmada por Melquisedec Torres en El Colombiano, publicada el 17 de octubre. En este contexto, se identifican discrepancias en las fechas de los supuestos encuentros y se mencionan presuntos ofrecimientos a exparamilitares como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y mejores condiciones de reclusión. Paralelamente, la Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra Armando Benedetti, exministro del Interior, y Angie Rodríguez, luego de entrevistas publicadas en Semana donde Rodríguez habló de un supuesto plan, atribuido a órdenes desde la Presidencia, para vincular a los mencionados políticos con el paramilitarismo en medio de la campaña presidencial de 2025, según información recogida por la entidad.

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¿Qué es el “Pacto de Valledupar” y quiénes están involucrados en la investigación?

El llamado “Pacto de Valledupar” es una controversia política que involucra presuntas reuniones entre funcionarios del Gobierno, exjefes paramilitares y declaraciones dirigidas a afectar políticamente a figuras como Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, es uno de los principales nombres señalados, así como Gustavo Petro, Salvatore Mancuso y Armando Benedetti, según informaciones recogidas por la Fiscalía y la Procuraduría.

¿Qué es la JEP y por qué se menciona en el caso del “Pacto de Valledupar”?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un mecanismo judicial especializado creado en Colombia para investigar, juzgar y sancionar delitos cometidos en el marco del conflicto armado, buscando la verdad y la reparación de las víctimas. En el caso del “Pacto de Valledupar”, se menciona que algunos exparamilitares habrían recibido la oferta de ingresar a la JEP como un posible beneficio a cambio de entregar declaraciones contra algunos políticos, según lo reportado en la columna de Melquisedec Torres y otras fuentes citadas.

Laserna detalló que inicialmente su interés se dirigió hacia la "grandilocuencia obsoleta del muralismo socialista" y las maquetas monumentales proyectadas por regímenes autoritarios, pero que en Colombia, esas tradiciones no han existido de la misma manera. En nuestro país, explica el artista, los relatos sobre vencedores y vencidos suelen ser construidos por "el archivo que producen los medios, la publicidad oficial y la propaganda". Es sobre esa base que nace la exposición.

"El círculo cromático" está compuesta por cuatro murales de gran escala, trabajados con precisión para evidenciar texturas y el proceso pictórico. Dos de esos murales están inspirados en imágenes emblemáticas: la primera, la fotografía de Ingrid Betancourt durante su secuestro, tomada de un video publicado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2007; la segunda, una imagen difundida por el Ministerio de Defensa en 2017, que retrata la muerte de alias ‘Mono Jojoy’. Las otras dos piezas son reinterpretaciones de color de esos mismos retratos, transformando los rostros en paisajes distorsionados y pixelados.

Cada mural se compone de cuadros minuciosos que construyen una especie de "píxeles cromáticos", trabajando con 1.664 colores diferentes. La curadora Daniela Marín, fundadora de Miles de veces, sugirió enfrentar esas dos imágenes para enfatizar la dualidad entre víctima y victimario, entre las narrativas producidas por actores armados y las estatales. Además, la exposición incluye un segundo espacio ubicado en Quinta Camacho, donde se detalla el proceso creativo con pruebas de color, bocetos y materiales utilizados en la elaboración de los murales.

De acuerdo con el artista y la curadora, la exposición interpela a la sociedad para que cuestione las historias que repiten los medios, la publicidad y la propaganda, y a la vez pone sobre la mesa la crudeza de la violencia como escenario cotidiano.

La exposición estará abierta hasta el 12 de noviembre, de lunes a sábado, de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. en Telecom, y en Miles de veces con cita previa.

¿De qué trata la exposición 'El círculo cromático' de Juan David Laserna?

La exposición "El círculo cromático", de Juan David Laserna en colaboración con la plataforma Miles de veces, presenta cuatro murales monumentales que revisitan dos imágenes icónicas de la violencia en Colombia: una de Ingrid Betancourt durante su secuestro y otra de alias ‘Mono Jojoy’ tras su muerte. Mediante una técnica detallada que parte de la descomposición del color y el pixelado, estos murales exploran las narrativas duales entre víctima y victimario, así como el rol de los medios y la propaganda en la construcción de relatos históricos.

¿Qué representan los murales de 'El círculo cromático' en la exposición de Bogotá?

Los murales de "El círculo cromático" simbolizan la confrontación entre imágenes mediáticas que narran, desde perspectivas opuestas, la violencia en Colombia. Dos piezas reproducen rostros emblemáticos asociados con el conflicto nacional, mientras que otras dos reinterpretan esos retratos como paisajes cromáticos. De acuerdo con la información proporcionada, el objetivo es invitar a la reflexión sobre cómo se construyen y confrontan las narrativas sociales y políticas a partir de imágenes icónicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El ambiente dentro de las comisiones estuvo marcado por tensiones entre los congresistas. Jaime Arizabaleta y José Jaime Uscátegui, ambos del partido Centro Democrático, protagonizaron una discusión derivada de la exclusión de un artículo de la llamada ley “anticapuchos” presentada por Arizabaleta. Fue necesaria la intervención de Daniel Briceño para poner fin a la confrontación, evidenciando así las divisiones internas respecto a la agenda legislativa y la inclusión de diferentes propuestas dentro del articulado.

Durante la apertura del debate, la definición del orden del día suscitó nuevas controversias. La senadora Carolina Corcho, perteneciente al movimiento Pacto Histórico, expuso que su bancada propuso la realización de una audiencia pública sobre el proyecto. Sin embargo, la proposición no fue discutida, lo que llevó a Corcho a dejar constancia pública de que “se nos negó de manera arbitraria la discusión de audiencia”. Según su percepción, esta decisión atentaría contra derechos de participación de los congresistas.

A esta situación se sumó el caso del senador Iván Cepeda, quien radicó un impedimento para participar en el trámite legislativo alegando un “posible conflicto de interés”. Cepeda fue coautor de la Ley 2272 de 2022, que podría ser modificada o derogada si prospera la nueva iniciativa, y además mencionó su nombramiento por parte del gobierno Petro en la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El propio Cepeda argumentó que lo anterior le restaba objetividad para participar en la discusión. Finalmente, su impedimento fue aprobado, abriendo el espacio para que otros senadores, como Jonathan Pulido, plantearan posibles recusaciones contra otros miembros del Pacto Histórico, entre ellos Isabel Zuleta, aunque dicha acusación no prosperó. Mientras tanto, las comisiones negaron las propuestas de archivo presentadas por la oposición y continuaron adelante con la ponencia positiva presentada por el oficialismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella?

La ley de sometimiento, impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, pretende crear un marco jurídico especial para el sometimiento de grupos criminales. Esta política se diferencia de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, buscando establecer procedimientos legales específicos para el acogimiento de estos actores sin necesariamente adoptarse los lineamientos de paz negociada. Según El Espectador, la propuesta avanza con respaldo del oficialismo en las Comisiones Primeras del Congreso.

¿Por qué algunos senadores han presentado impedimentos en el debate sobre la ley de sometimiento?

Durante el debate, senadores como Iván Cepeda presentaron impedimentos argumentando posibles conflictos de interés. En el caso de Cepeda, su participación previa como coautor de la Ley 2272 de 2022, así como su designación en la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), motivaron su decisión. Esto busca garantizar transparencia e imparcialidad en la discusión, según información recogida por El Espectador.

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos, reveló graves acusaciones institucionales durante su intervención ante la Comisión Segunda del Senado este miércoles, 21 de octubre.

El funcionario aseguró que la administración liderada por Abelardo De La Espriella acudirá formalmente ante los tribunales judiciales para denunciar el presunto constreñimiento contra 48 contratistas del Ejecutivo anterior.

“Hay denuncias y las haremos. Personalmente las haré sobre 48 mujeres que tenía el expresidente Gustavo Petro en la Presidencia que, lamentablemente, las instrumentalizaba a punta de OPS”, aseveró, en declaraciones replicadas por revista Semana.

Según la manifestación del titular, el gobierno previo atravesó dinámicas irregulares que desviaron las funciones públicas esenciales de la jefatura de Estado hacia conductas incompatibles con la administración nacional.

“Vamos a demostrar al pueblo colombiano cómo, lamentablemente, la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a no gobernar sino parrandear todos los días. Además, llevar mujeres y generar lo que no deberíamos hacer nosotros”, afirmó.

En la misma sesión, el directivo encaró a congresistas de la colectividad Pacto Histórico, dirigiéndose específicamente al legislador Agmeth Escaf para recriminarle el manejo del periodo gubernamental previo.

“Ustedes tuvieron la oportunidad de gobernar durante cuatro años y poderle demostrar al pueblo colombiano sobre cómo gobernar. 48 mujeres que ya están hablando con nosotros de cómo, por intermedio de un contrato de OPS, las amarraban y las instrumentalizaban para poder estar con el expresidente Gustavo Petro”, manifestó.

Las sorpresivas aseveraciones del alto funcionario paralizaron las discusiones de la célula legislativa durante varios instantes, generando un hondo impacto entre los congresistas presentes.

🔴 ATENTOS. El director del Dapre, Carlos Ríos, denunciará el caso de 48 mujeres que, según dijo, fueron “instrumentalizadas“ durante el gobierno de Gustavo Petro. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/nPVKmbSRwy

— Revista Semana (@RevistaSemana) October 21, 2026

Aunque Ríos reservó las identidades de las afectadas, confirmó que recopila el material probatorio correspondiente para formalizar la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.

Polémicas en contratación de mujeres en Gobierno Petro

La contratación de mujeres cercanas al Gobierno de Gustavo Petro provocó varias polémicas durante su administración. Los cuestionamientos se centraron en contratos con influenciadoras, presuntas redes de influencia y denuncias de irregularidades en entidades públicas.

Uno de los casos más visibles fue el de Gabriela Muñoz, una joven estudiante de Derecho e influenciadora contratada en la Aeronáutica Civil en 2025. Diversas denuncias cuestionaron su vinculación y presuntas relaciones con procesos de contratación en la entidad.

La controversia se amplió con investigaciones periodísticas sobre Juliana Guerrero y su hermana Verónica. Los reportes señalaron una presunta red que habría ofrecido acceso a contratos en los ministerios de Vivienda e Interior a cambio de pagos anticipados y porcentajes sobre los proyectos.

Según esas investigaciones, tres empresarios afirmaron haber entregado más de $ 600 millones a las hermanas Guerrero sin recibir los contratos prometidos. Estas versiones requerían verificación judicial y no constituían, por sí solas, hechos comprobados.

La polémica escaló en octubre de 2026 tras declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Rodríguez afirmó que existía una presunta red de mujeres con capacidad de incidir en contratos, nombramientos y decisiones administrativas.

Rodríguez aseguró que recibió solicitudes para adelantar contratos y nombramientos que consideró irregulares. También manifestó que algunas personas le habrían indicado que esas decisiones contaban con el beneplácito del expresidente Petro.

El abogado de Gustavo Petro anunció acciones legales contra Angie Rodríguez por injuria y calumnia. La defensa del expresidente rechazó las afirmaciones y calificó los señalamientos como infundados.

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación penal contra Verónica Alcocer, exprimera dama, por presuntas irregularidades relacionadas con contratación estatal durante el Gobierno Petro. La investigación también examina presunto tráfico de influencias en Ecopetrol y nombramientos públicos.

Estos casos no implican, por sí mismos, responsabilidad penal demostrada. Las autoridades deben establecer pruebas, escuchar a los implicados y determinar si existieron irregularidades en cada proceso contractual.

El informe reveló documentos que darían cuenta del ingreso de personal médico, auxiliares de enfermería y esteticistas al establecimiento penitenciario durante mayo y junio de 2026. Las autorizaciones, según el noticiero, contaron con el visto bueno de la dirección del penal y estaban relacionadas oficialmente con una atención dermatológica.

Sin embargo, el inventario de los elementos autorizados abrió nuevos interrogantes. Entre los insumos mencionados aparecen 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica, cánulas nasales, una mentonera, un monitor multiparámetros y cilindros portátiles, de acuerdo con los documentos conocidos por el medio citado.

Uno de los registros está fechado el 25 de mayo de 2026 y lleva la firma del mayor Edgar Iván Pérez, director de la prisión. El documento autoriza el ingreso de personal médico para una valoración clínica, con fundamento en un informe dermatológico.

Un segundo registro, expedido aproximadamente un mes después, menciona el ingreso de un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería para atender a Camargo Ríos. En el documento se lee: “Se autoriza ingreso del personal médico correspondiente para la realización de atención dermatológica integral del PPL Camargo Ríos Óscar”.

La controversia también gira alrededor de los cambios en la apariencia física del recluso. Noticias RCN comparó fotografías de su reseña de diciembre de 2024 con imágenes más recientes, en las que se observa un cabello más largo, una barba más abundante y un rostro que aparenta mayor volumen. No obstante, esas diferencias no demuestran por sí solas que se hayan practicado procedimientos estéticos.

#Exclusivo | Un nuevo escándalo sacude al INPEC por los presuntos procedimientos estéticos realizados a alias Pichi, conocido como el ‘Pablo Escobar de Bucaramanga’. Registros conocidos por Noticias RCN evidenciarían el ingreso de cirujanos, enfermeras e insumos para estos procedimientos a la cárcel donde está recluido ⬇️

— Noticias RCN (@NoticiasRCN) October 21, 2026

Alias ‘Pichi’ alcanzó notoriedad por su historial delictivo y por su presunta capacidad para modificar su apariencia con el propósito de evadir a las autoridades. Por eso, las nuevas revelaciones reavivaron las preguntas sobre los controles dentro de los centros penitenciarios y el tratamiento que reciben las personas privadas de la libertad.

Según Noticias RCN, la dirección del penal confirmó que la autorización de ingreso existió y explicó que se concedió después de un derecho de petición presentado por el abogado del recluso.

El medio indicó que buscó una respuesta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), pero hasta el momento de la emisión no había recibido un pronunciamiento oficial de la institución. Por ahora, las autorizaciones conocidas no permiten establecer por sí solas qué procedimientos se practicaron ni si hubo alguna irregularidad.

Durante esta jornada, los participantes implementaron y pusieron a prueba sus planes de emergencia, las medidas de autoprotección, así como los mecanismos de coordinación entre los diferentes actores. Tal como se detalla en el reporte, las emergencias simuladas variaron de acuerdo con los riesgos y características propias de cada territorio, lo que permitió adaptarse a las amenazas locales. En muchos municipios, el enfoque principal fue el riesgo sísmico, con ejercicios enfocados en simulacros de terremotos. Para lograr una mayor efectividad, se activaron alarmas y se realizaron evacuaciones de edificios y espacios públicos.

La jornada se estructuró en dos fases. En primer lugar, se enfocó en la participación comunitaria y de las entidades, verificando los procedimientos individuales y colectivos. Posteriormente, hubo un espacio dirigido exclusivamente a las autoridades territoriales responsables de la gestión del riesgo, con el objetivo de validar sus estrategias y la toma de decisiones, así como la coordinación entre las instituciones involucradas. Este segundo momento fue clave para identificar los retos y oportunidades de mejora en la articulación entre los diferentes niveles de gobierno y el sector privado.

De acuerdo con el informe de El Espectador, las actividades se llevaron a cabo en dos horarios, a las 10:00 a. m. y a las 2:00 p. m., permitiendo abarcar tanto la autoprotección de la comunidad como la capacidad institucional de respuesta. A través del simulacro, se descubrieron fallas en los planes de emergencia y se identificaron responsabilidades de los participantes. Además, en muchos casos se extendió la prueba a protocolos de respuesta ante amenazas como inundaciones, atendiendo los escenarios de riesgo particulares de cada región. En resumen, este evento permitió reconocer el estado actual de la preparación ciudadana e institucional, sirviendo de antesala para fortalecer los sistemas de emergencia en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el simulacro nacional de emergencias en Colombia?

El simulacro nacional de emergencias es una estrategia coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la que municipios, instituciones y comunidades ponen a prueba sus protocolos y planes de acción frente a eventos como terremotos o inundaciones. La actividad se realiza en diferentes horarios y escenarios, adaptándose al tipo de riesgo predominante en cada zona. El propósito es identificar debilidades, validar la coordinación institucional y mejorar la capacidad de respuesta.

¿Por qué es importante que las comunidades participen en los simulacros de emergencia?

La participación activa de las comunidades es fundamental para fortalecer la preparación y la reacción ante posibles desastres. Al integrarse en los simulacros, los ciudadanos aprenden las medidas de autoprotección, reconocen rutas de evacuación y entienden sus roles en una emergencia. Esto contribuye a salvar vidas y a reducir los daños materiales cuando se presentan situaciones reales de riesgo.

El domingo 25 de octubre, amantes del ciclismo de montaña tienen cita en la pista La De Suma, ubicada en la única localidad completamente rural de la ciudad, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Este espacio aspira a consolidarse como referente en la práctica de ciclomontañismo, tanto a nivel distrital como nacional, pues acerca el alto rendimiento competitivo a contextos rurales, ofreciendo nuevas oportunidades a deportistas de todas las edades y a las comunidades de la zona.

La De Suma es una pista construida sobre terreno natural, orientada bajo las especificaciones técnicas del Cross Country Olímpico. Esta modalidad exige a los participantes habilidades de destreza, concentración y resistencia. El circuito principal, de acuerdo con la fuente mencionada, tiene un recorrido de 3.2 kilómetros con un desnivel positivo de 72 metros, caracterizado por ascensos técnicos, descensos, curvas y saltos que ponen a prueba la preparación física y mental de los deportistas. Además, cuenta con trazados diferenciales para categorías infantiles y PushBike, lo que fomenta la inclusión de niños en experiencias adaptadas a su nivel, ampliando así el margen de formación de nuevos talentos.

El diseño y desarrollo de la pista recibieron acompañamiento técnico y valoración del exciclista colombiano Fabio Parra, quien destacó sus condiciones para proyectar el deporte de montaña. Igualmente, la final de la Copa Bogotana de MTB cuenta con el respaldo de la Liga de Ciclismo de Bogotá y la Comisión Bogotana de Ciclomontañismo, buscando no solo impulsar el talento local, sino también promover el turismo sostenible y la integración entre ciudad y ruralidad.

Más de 200 deportistas inscritos, en jornadas apoyadas por equipos, familias y aficionados, buscarán llevarse parte de una bolsa de premios por más de nueve millones de pesos. Modalidades como Short Track, Relevos y PushBike conforman la programación oficial, junto a categorías adaptadas por edades. La organización, según la convocatoria oficial, mantiene abiertas las inscripciones e invita a consultar las condiciones de participación.

El sábado 24, la comunidad estrenará la nueva cancha de tejo con el Campeonato Distrital, una infraestructura que incluye cuatro pistas profesionales y que celebrará categorías masculinas y femeninas, según lo reporta la Alcaldía Local de Sumapaz. Estos eventos reflejan el compromiso por fortalecer la infraestructura deportiva, ampliar oportunidades y consolidar la ruralidad bogotana como polo de encuentro, recreación y competencia.

¿Cuál es la importancia de la Copa Bogotana de MTB 2026 para el ciclismo en Bogotá?

La Copa Bogotana de MTB 2026 representa una oportunidad crucial para consolidar el ciclomontañismo en Bogotá, al acercar el deporte competitivo a la ruralidad y abrir espacios de formación para nuevas generaciones, según la Alcaldía de Bogotá. El evento impulsa el talento local, integra a equipos y familias, y promueve la proyección nacional e internacional del ciclismo de montaña desde escenarios naturales como Sumapaz.

¿Qué características técnicas tiene la pista La De Suma en Sumapaz?

De acuerdo con la información oficial, la pista La De Suma fue construida con las exigencias del Cross Country Olímpico, tiene un recorrido principal de 3.2 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 72 metros. Incluye ascensos, descensos, curvas, saltos y puentes, para desafiar a deportistas de diferentes niveles y categorías, además de trazados adaptados para niños en modalidades como PushBike.

Ese fue el caso entre los representantes a la Cámara por el partido Centro Democrático Jaime Arizabaleta y José Jaime Uscátegui, que tuvieron un fuerte careo que acabó registrado en las cámaras.

Lo llamativo es que el episodio quedó en un video, en el que fueron grabados como protagonistas de una discusión subida de tono en la sesión y poco antes al debate sobre la Ley de Sometimiento de este miércoles 21 de octubre de 2026 en el Congreso de la República.

La molestia entre ambos congresistas resultó tan evidente que su colega Daniel Briceño llegó a separarlos, en medio de lo que resultó un hecho poco frecuente dentro del recinto.

#VERGONZOSO 🤔 Representantes a la Cámara por el partido Centro Democrático, Jaime Arizabaleta y José Jaime Uscátegui, fueron grabados protagonizando una fuerte discusión previo al debate sobre la Ley de Sometimiento que a esta hora se lleva a cabo en el Congreso de la República. https://t.co/Kpnl0ISxoB

— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 21, 2026

Cabe reconocer que las peleas entre figuras del Congreso de diferentes partidos son parte de los ánimos que se suben en los debates, pero el caso entre dos del mismo bando no es algo común.

Arizabaleta y Uscátegui destacan como dos reconocidas figuras políticas que ejercen la vocería legislativa en la Cámara de Representantes por la colectividad del Centro Democrático.

Ambos parlamentarios comparten militancia en la bancada derechista, distinguiéndose en la opinión pública nacional por sus posturas críticas y sus propuestas enfocadas en la seguridad ciudadana.

Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo nació en Cali el 10 de junio de 1988. Ejerce como abogado graduado de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.

El congresista vallecaucano consolidó su notoriedad pública a través del activismo en redes sociales y medios de comunicación, impulsando debates sobre la justicia punitiva y la infraestructura carcelaria.

Antes de su llegada al órgano legislativo para el periodo de circunscripción territorial por el Valle del Cauca, Arizabaleta figuró como aspirante a la Alcaldía de su ciudad natal.

En su labor de control político, el representante enfoca su discurso en la defensa del orden social, el combate frontal a la delincuencia organizada y la disciplina de las instituciones.

Por su parte, José Jaime Uscátegui Pastrana es un politólogo bogotano nacido el 8 de julio de 1981. Ostenta una sólida formación en gobierno, relaciones internacionales y política social.

Uscátegui cuenta con una dilatada carrera parlamentaria, habiendo logrado la reelección como representante a la Cámara en la circunscripción de Bogotá para múltiples periodos constitucionales.

Su enfoque legislativo prioriza el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, los derechos de la fuerza pública y la defensa integral de los veteranos de la patria.

El congresista capitalino ostenta la autoría de diversas iniciativas normativas orientadas a endurecer las penas contra la criminalidad urbana y proteger el ordenamiento institucional en las ciudades.

Ambos dirigentes convergen en la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara, liderando discusiones estratégicas sobre reformas al sistema judicial, normas de seguridad y proyectos de sometimiento.

¿De qué trata el debate sobre la Ley de Sometimiento?

El debate sobre la Ley de Sometimiento a la Justicia en Colombia centra su atención en definir el marco normativo para el desmantelamiento de bandas criminales y estructuras delictivas organizadas.

La iniciativa legislativa busca establecer condiciones jurídicas claras para que miles de integrantes de grupos armados ilícitos entreguen sus armas, reconozcan sus delitos y desmantelen sus redes de finanzas ilegales.

Dentro del proyecto de ley radicado en el Congreso de la República, la discusión gira en torno al alcance de las penas restrictivas de la libertad y los porcentajes de rebaja punitiva.

El articulado contempla tratamientos penales diferenciados, fijando sanciones mínimas de cárcel efectiva para cabecillas y mandos, mientras que los combatientes rasos accederían a esquemas de libertad condicional mediante trabajo comunitario.

Las comisiones legislativas analizan exhaustivamente los mecanismos de verificación previa por parte de la Fuerza Pública y la Fiscalía General para evitar el ingreso indebido de colados a las listas de beneficiarios.

Asimismo, la propuesta exige la entrega total de bienes obtenidos ilegalmente, la reparación integral de las víctimas y la colaboración efectiva con las autoridades judiciales para desarticular economías delictivas.

Sectores de oposición y voceros parlamentarios exigen mantener penas severas, garantizar el estricto cumplimiento de los compromisos de verdad y prohibir el reconocimiento de estatus político a estas organizaciones.

Además de esta investigación, la Procuraduría también abrió una segunda indagación, esta vez centrada en los contratos firmados con Norbert Vonblon Pomare, quien es esposo de Elizabeth Jay-Pang Díaz, actual representante a la Cámara por San Andrés. Ambos procesos buscan determinar si hubo algún tipo de falta administrativa o posible indebido manejo de recursos en la celebración de estos acuerdos contractuales, en un contexto que ha sido señalado por funcionarios públicos y habitantes del archipiélago como complejo y marcado por denuncias de corrupción.

Estas decisiones se dieron a conocer después de las declaraciones realizadas recientemente por Abelardo De la Espriella, presidente del país. Según expresó el mandatario, lo fundamental no ha sido la falta de recursos sino la ausencia de integridad entre algunos dirigentes. "Aquí no ha faltado plata, aquí ha faltado honestidad. Aquí ha llegado mucho dinero y se lo ha robado la clase política del archipiélago. Quiero que sepan que estoy encima. Quiero ser vehemente y claro: Voy a llegar al fondo de todo", manifestó el jefe de Estado el fin de semana anterior. Las palabras del presidente enfatizan la preocupación del Gobierno por garantizar que los fondos destinados a la salud en las islas se utilicen correctamente, buscando erradicar prácticas corruptas que perjudiquen a la población local.

De acuerdo con la información proporcionada, tanto la investigación relacionada con el hospital como la que involucra a Norbert Vonblon Pomare están en fases iniciales. La Procuraduría General de la Nación será la encargada de definir si existen responsabilidades disciplinarias o administrativas en los hechos investigados y si es necesario avanzar en un proceso formal de sanción. La noticia continúa en desarrollo y, por el momento, no se han dado a conocer resultados concluyentes ni fechas sobre una posible decisión final.

Para quienes deseen mayor información sobre temas relacionados con justicia, seguridad y derechos humanos, El Espectador recomienda visitar su sección Judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué investiga la Procuraduría al Hospital Departamental de San Andrés?

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa en respuesta a posibles irregularidades en la contratación pública del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El objetivo es esclarecer si existieron prácticas indebidas en la celebración de contratos, evidenciadas por denuncias y declaraciones recientes sobre la gestión de los recursos en ese centro hospitalario.

¿Qué implicaciones tiene la investigación contra Norbert Vonblon Pomare y Elizabeth Jay-Pang Díaz?

La segunda indagación de la Procuraduría involucra los contratos firmados con Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz. Esta investigación busca determinar si hubo conflictos de interés o manejo irregular de recursos en los contratos relacionados, lo cual podría acarrear consecuencias administrativas o disciplinarias para los involucrados.

La divisa arrancó con impulso en $3.185,10, tocó un mínimo intradiario de $3.178,88 y trepó hasta un máximo de $3.202, antes de estabilizarse sobre los $3.189,50 finales.

De acuerdo con JP Tactical, la sesión estuvo marcada por movimientos muy contenidos y sin una dirección clara durante buena parte del día. Por su parte, el equipo de investigaciones económicas de Acciones & Valores señaló que la recuperación del petróleo y el diferencial de tasas favorecen el tono del peso local, aunque el alivio permanece contenido debido a que la percepción fiscal sigue sensible tras la aprobación en el Congreso del Presupuesto General de la Nación para 2027.

(Vea también: Cómo la tasa de cambio del dólar impacta el valor del peso colombiano y la economía del país)

Por otro lado, en los mercados cambiarios internacionales, la divisa norteamericana se mantuvo relativamente plana frente a las principales monedas del mundo. El índice DXY mostró una variación marginal de -0,02 % situándose en 101,68 puntos.

Producto de ello, las divisas latinoamericanas exhibieron un comportamiento heterogéneo: el real brasileño cotizó estable, mientras que el peso mexicano cedió terreno ante las persistentes preocupaciones inflacionarias derivadas de los costos energéticos globales.

Petróleo roza los US$109 tras ataques en el estrecho de Ormuz

En el mercado global de commodities, los precios del crudo operaron en niveles máximos de varias semanas respaldados por la prima de riesgo geopolítico.

El petróleo Brent cedió un leve 0,08 % hasta los US$108,70 por barril (tras tocar la zona de los US$111) y el WTI cayó un 0,94 %, ubicándose en US$96,90 por barril (luego de bordear los US$100).

La cotización del crudo continuó respaldada por nuevos incidentes en las rutas marítimas de Medio Oriente, incluyendo un buque afectado cerca de Omán y un supertanquero dañado por una mina marina en el estrecho de Ormuz.

Estos sucesos opacaron la caída de 4,9 millones de barriles en los inventarios comerciales de Estados Unidos y las declaraciones oficiales de la administración estadounidense sobre la progresiva recuperación de los flujos regionales.

Importaciones crecen en Colombia

Las importaciones de Colombia registraron un repunte en agosto de 2026, alcanzando un valor total de US$7.702,5 millones CIF. Esta cifra representó un crecimiento del 31,7 % en comparación con el mismo mes de 2025 y estuvo jalonada por el incremento del 18,9 % en el grupo de manufacturas.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados sin valorización alguna en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

• Los TES de 2028 terminaron en 12,479 % desde los 12,529 % de la sesión previa.
• Los TES de 2033 concluyeron en 12,955 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,920 %.
• Los TES de 2050 finalizaron en 13,028 %; la jornada anterior en 13,009 %.

El proceso comenzó después de los hechos que rodearon la desaparición y muerte de la menor. El pasado 19 de junio la Dirección de Buen Gobierno de la Gobernación de Cundinamarca expidió una resolución que declaró responsable administrativamente al colegio y ordenó cancelar su licencia de funcionamiento. Los abogados del establecimiento apelaron la medida, pero la decisión posterior mantuvo la sanción.

Uno de los puntos centrales de la investigación tiene que ver con los controles internos durante la jornada escolar. La resolución cuestionó que nadie advirtiera oportunamente que Valeria no había regresado al salón después del descanso. El documento señala: “De lo anterior se infiere que no operaron los controles necesarios para advertir que la menor no había retornado al aula de clases después del horario de descanso, para ver generado una actuación oportuna y salvaguardar su integridad”.

La investigación administrativa, adelantada por la Secretaría de Educación departamental, también examinó la ausencia de protocolos claros para responder ante una situación de este tipo. Las autoridades consideraron que la falta de procedimientos definidos afectó la capacidad de reacción del personal y retrasó una respuesta que resultaba determinante para proteger a la niña.

En la resolución, la Secretaría de Educación expuso además argumentos jurídicos sobre la sanción administrativa. “El despacho resalta que la tipicidad en el derecho administrativo sancionador no exige el mismo grado de determinación que caracteriza el derecho penal al respecto a la Corte Constitucional al pronunciarse sobre esta materia ha señalado en una reiterada y pacífica línea jurisprudencial”, señaló la decisión. 

Otro apartado cuestionó la falta de coordinación institucional. Según el documento: “Protocolos previamente definidos con roles y tiempos precisos impidió una reacción institucional oportuna y materializó un riesgo que habría podido prever y atender oportunamente en el escenario en el que la inmediatez y el carácter coordinado de la respuesta resulta determinante”.

La sanción corresponde al ámbito administrativo y se fundamenta en las fallas identificadas durante la investigación. La decisión ratificada mantiene la cancelación de la licencia del colegio, mientras el caso de Valeria continúa marcado por los interrogantes sobre la vigilancia escolar, la prevención de riesgos y la rapidez de respuesta ante una desaparición dentro de una jornada académica.

La tragedia golpeó especialmente a las familias de la zona, pues entre las víctimas mortales había 12 mujeres y dos hombres. El colapso también dejó siete personas heridas, quienes tuvieron que ser atendidas en medio de las dificultades que representa el acceso a este territorio del Pacífico nariñense.

El registro audiovisual del derrumbe se convirtió en una de las evidencias más impactantes de la emergencia, al mostrar la dimensión del desprendimiento que terminó en tragedia. Las labores de búsqueda y atención se activaron tras conocerse lo ocurrido, mientras se intentaba establecer el alcance de la afectación y atender a los sobrevivientes.

#TERRIBLE ☠️ Se conoció impactante video del aterrador momento en que un repéntino deslizamiento de tierra sepultó a mineros artesanales en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, dejando un trágico saldo de 14 personas fallecidas (entre ellas 12 mujeres cabezas de hogar) y 7 heridos. https://t.co/Z3cvJzDHuB pic.twitter.com/KXUPGV9DTe

— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 21, 2026

(Vea también: ¿Hay pistas en el crimen de Blanca Pardo? Esto es lo último que se sabe del doloroso caso)

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, señaló que la mayoría de las mujeres fallecidas eran madres cabeza de hogar que dependían de la extracción artesanal de oro para sostener económicamente a sus familias. La pérdida de estas personas representa un duro golpe para sus comunidades, donde esta actividad constituye una fuente de ingresos.

La emergencia también motivó un llamado de la Defensoría del Pueblo, que pidió coordinar las labores de rescate, activar la red hospitalaria y disponer de apoyo aéreo para facilitar el traslado de los heridos. La entidad solicitó, además, la intervención de Medicina Legal para identificar los cuerpos y garantizar un manejo digno de las víctimas.

A las dificultades geográficas se sumó la preocupación por la presencia de grupos armados ilegales en el área. Por esa razón, la Defensoría pidió garantizar condiciones de seguridad para que los organismos de socorro y el personal humanitario pudieran cumplir sus labores. Mientras avanzaba la atención de la emergencia, el video del derrumbe dejó en evidencia la dimensión de una tragedia que cobró la vida de 14 personas.

En específico, durante la jornada señalada, la restricción aplica exclusivamente a los vehículos particulares cuya placa termina en 5 o 6. Estos automotores no podrán transitar por la ciudad entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche. Así lo establece el horario oficial dispuesto por las autoridades para controlar el flujo vehicular, buscando reducir los niveles de congestión en horas clave.

La Secretaría de Movilidad de Cali enfatiza la necesidad de que los conductores, tanto residentes como visitantes, organicen sus desplazamientos con suficiente anticipación si planean hacer trámites personales, asistir a compromisos laborales o movilizarse por diferentes sectores urbanos. El cumplimiento de esta medida evita no solo situaciones incómodas, sino también sanciones económicas.

La reglamentación establece que conducir un automóvil durante el horario restringido, cuando la placa coincide con los dos dígitos señalados para ese día, puede acarrear una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Esta información fue confirmada por la Secretaría de Movilidad de Cali, autoridad responsable del control y la supervisión del tránsito en la ciudad.

Existen, sin embargo, algunas excepciones a la regla. Los vehículos híbridos, eléctricos y aquellos destinados a servicios de emergencia y seguridad no están sujetos a la restricción. Además, quienes requieran movilizarse con su vehículo particular, pese a las restricciones, pueden optar por el pago de la Tasa por Congestión, mecanismo previsto en la normativa local para flexibilizar la aplicación del pico y placa bajo ciertas condiciones.

La institución recalca la importancia de conocer las condiciones de excepcionalidad, ya que estas pueden variar y se encuentran consignadas en la regulación vigente. Por ello, recomienda a los ciudadanos consultar las fuentes oficiales para evitar confusiones y sanciones innecesarias.

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¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa en Cali?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad de Cali, quienes circulen en horario restringido con placas terminadas en los dígitos mencionados deberán pagar una sanción equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes, conocida como SMLDV, lo que representa un castigo económico significativo por el incumplimiento.

¿Cuáles vehículos están exentos del pico y placa en Cali?

Entre las principales excepciones definidas en la normativa se encuentran los vehículos híbridos y eléctricos, así como los destinados a servicios de emergencia y seguridad. Además, existe la posibilidad de realizar el pago de la Tasa por Congestión para circular durante la restricción, bajo las condiciones establecidas legalmente.

Han pasado más de dos meses desde esa emergencia y la incertidumbre continúa. Aunque personal de Gestión del Riesgo visitó la vivienda y marcó la propiedad para una evaluación, hasta el momento no han definido si la casa puede ser reparada o si es necesario demolerla por completo. Según la información recogida por 90 Minutos, la continuidad de los escombros impide la inspección técnica completa del inmueble. Dentro de la vivienda aún permanecen estructuras del edificio Cantabria, como paredes y piezas del baño, lo cual obstaculiza un diagnóstico certero del estado real del hogar de Sandra.

La principal preocupación de Sandra es recibir una respuesta de BBVA Seguros, la aseguradora responsable del edificio Cantabria, para que se adelante un proceso de reclamación por afectaciones a terceros. En un principio, Sandra buscó ser incluida en la reclamación colectiva gestionada por el administrador del edificio. No obstante, según narró al medio de comunicación, luego de varias gestiones, se le comunicó que debía adelantar el reclamo de forma independiente. Así, la propietaria relató que envió directamente a la aseguradora toda la documentación necesaria, pero no ha recibido respuesta sobre el avance o estado de su caso. Frente a la falta de información, Sandra ha optado por buscar asistencia jurídica, considerando presentar un derecho de petición para obtener una evaluación técnica.

La situación es aún más compleja por la vulnerabilidad del inmueble a causa de las lluvias. El peso de los escombros sobre la losa aumenta el riesgo de colapso, lo que ha obligado a instalar soportes provisionales. Mientras tanto, Sandra y su esposo, quienes llevan 16 años habitando esa casa, temen perder lo que han conseguido tras años de esfuerzo. Sandra manifestó su preocupación por la posibilidad de asumir un nuevo crédito hipotecario a largo plazo, dado que ambos se acercan a la edad de pensión, haciendo inviable esa opción.

Por ahora, la familia sigue a la espera de la evaluación definitiva y enfrenta la incertidumbre sobre la reconstrucción o reparación de su vivienda, en medio de una situación marcada por la falta de respuestas institucionales y el temor de perder el patrimonio construido durante toda una vida.

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¿Qué debe hacer una persona afectada por escombros tras un colapso de edificio en Cali?

De acuerdo con el caso de Sandra Hernández citado por 90 Minutos, una persona afectada debe primero contactar a autoridades de Gestión del Riesgo para la evaluación inicial de daños. Luego, debe comunicarse con la aseguradora responsable para presentar la reclamación, acompañando el proceso con documentación y evidencias. Si la respuesta no es concreta, la búsqueda de asesoría jurídica y la presentación de un derecho de petición son opciones recomendadas para avanzar en la resolución del caso.

¿Cuáles son los pasos para reclamar daños a una aseguradora tras un terremoto en Cali?

Según el relato proporcionado, la persona afectada debe recopilar pruebas y documentos sobre los daños, enviar una reclamación directa a la aseguradora relacionada con el inmueble responsable y dar seguimiento al proceso. Si no recibe respuesta o la gestión se dilata, puede buscar ayuda legal y presentar un derecho de petición para exigir una evaluación técnica de los daños y garantizar la protección de sus derechos como afectada.

De acuerdo con información publicada por El Espectador, la medida fue comunicada por la Delegada para la Seguridad Territorial a través de una carta dirigida al ministro Cancino. En ella, se señala que la compulsa de copias se origina a partir de las afirmaciones de María Claudia Tarazona, viuda del senador Uribe Turbay, durante su entrevista con Caracol Televisión, en la que reveló detalles inéditos sobre el caso.

El ministro Cancino solicitó verificar los señalamientos públicos de Tarazona, especialmente en lo relacionado con la cadena de mando y la financiación detrás del crimen. También pidió investigar si el excongresista Luis Alberto Albán, conocido como alias ‘Marcos Calarcá’, tuvo alguna participación en la organización del atentado, ya que Albán fue representante a la Cámara por el partido Comunes, agrupación conformada en 2017 por exintegrantes de las FARC después del Acuerdo de Paz. Debido al fuero constitucional de Albán por su antiguo cargo, el Ministerio consideró pertinente remitir la información a la Corte Suprema de Justicia y así precisar su competencia en el proceso.

La Fiscalía indicó que, con base en los datos aportados por Tarazona y su representación de víctimas, proceden a verificar la autenticidad y el origen de las comunicaciones recibidas, así como la posible relación de las personas mencionadas con los hechos. En palabras del ente acusador, todos los pasos se están adelantando “con la reserva necesaria para preservar la investigación” y se ofrecerán respuestas a la familia Uribe Turbay y al país “en un término razonable”.

Desde junio de 2025, de acuerdo con la Delegada Deicy Jaramillo, un Grupo de Tareas Especiales –conformado por cuatro fiscales y respaldado por la fuerza investigativa y policial, entre ellas la Sijín, la Dijín y el CTI– está dedicado exclusivamente a este caso. La Fiscalía recalcó que “la investigación nunca se ha detenido” y que mantiene abiertas varias líneas, muchas de ellas en concordancia con las nuevas hipótesis planteadas por el ministro.

Sobre el origen de los recursos y la autoría intelectual, María Claudia Tarazona ha sostenido que el dinero salió de Venezuela y que la orden del crimen provino del Congreso de la República. Además, ha dejado ver su preocupación por posibles infiltraciones en el esquema de seguridad del senador, aunque mantiene en reserva la identidad de sus fuentes y espera que las autoridades corroboren toda la información.

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¿Cuál es la relación entre alias “Marcos Calarcá” y el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

De acuerdo con la información remitida por el Ministerio de Justicia a la Fiscalía, existe la petición de investigar si el excongresista Luis Alberto Albán, conocido como alias “Marcos Calarcá” y vinculado al partido Comunes, tuvo algún grado de implicación en la preparación del atentado contra el senador Uribe Turbay. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía no ha presentado resultados concluyentes respecto a su participación, y la investigación continúa en proceso sin señalar a ningún responsable concreto de entre los nombres mencionados por Tarazona.

¿Qué información entregó María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

María Claudia Tarazona, en entrevista con Noticias Caracol y de acuerdo con lo recopilado por El Espectador, declaró que la financiación para cometer el asesinato de su esposo habría salido de Venezuela y que la orden provino del Congreso de la República. Sostuvo además que entregó esta información a la Fiscalía, basada en mensajes advertidos por una fuente anónima antes del atentado, y pidió que se abra una línea de investigación específica para corroborar estos datos.

La administración distrital aclaró que los niños que provienen de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), hogares infantiles, hogares comunitarios u otros servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así como de la Subsecretaría de Primera Infancia, ya tienen un cupo asignado automáticamente en la institución educativa oficial más cercana a su lugar de residencia. Sin embargo, si la familia desea que el menor sea admitido en otro colegio oficial diferente al asignado, puede acercarse directamente a ese establecimiento para preguntar por disponibilidad de puestos y recibir información precisa sobre los pasos a seguir.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, el procedimiento para formalizar la matrícula comienza con una visita a la institución educativa oficial más próxima al domicilio de la familia. Allí, los acudientes podrán confirmar el cupo, recibir asesoría sobre los requisitos y presentar la documentación. Para quienes optan por una institución distinta, es fundamental consultar primero la oferta de cupos antes de solicitar el traslado.

En cuanto a la documentación que se exige para completar la matrícula, el proceso requiere la copia del documento de identidad del niño o niña y del padre, madre o acudiente responsable; copia actualizada del carné de vacunación; soporte de asistencia a valoración integral en salud; certificado de afiliación al sistema de salud; recibos de servicios públicos de la vivienda y, en caso de discapacidad, copia del diagnóstico correspondiente.

Finalmente, la Secretaría de Educación recordó que la matrícula en la educación inicial oficial es un trámite gratuito y corresponde a un derecho fundamental de la niñez. Por eso, reiteró la invitación a realizar el procedimiento dentro de las fechas establecidas, para garantizar el acceso efectivo de las niñas y los niños a su formación académica en los primeros años escolares. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para inscribir niños en jardín y transición en Cali?

Para inscribir a los menores en los grados de jardín y transición de las instituciones oficiales de Cali, es necesario presentar copias del documento de identidad del niño o niña y del acudiente, carné de vacunación al día, soporte de valoración integral en salud, certificado de afiliación al sistema de salud, recibos de servicios públicos y, si aplica, el diagnóstico de discapacidad, según lo informado por la Secretaría de Educación Distrital.

¿Cómo asegurar el cupo en una institución educativa oficial de Cali?

El cupo de los niños provenientes de programas como los Centros de Desarrollo Infantil o servicios del ICBF se asigna automáticamente en la institución oficial más cercana a su residencia. Si la familia quiere elegir otro colegio, debe consultar la disponibilidad directamente en dicho establecimiento antes de formalizar la matrícula, siempre dentro del calendario fijado por la Secretaría de Educación.

“Da mucha rabia porque se ensañaron con mi hermano de una manera que no debía de ser así. Como nos dijo uno: ‘vengo de un lugar de matar negros, ¿qué me da matar uno más?’”, relató Ana en conversación con CityTV. La mujer también cuestionó que una persona señalada de actuar de esa manera llevara el uniforme de una institución policial.

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¿Qué dijo Medicina Legal sobre la muerte de Donovan Balanta?

La gravedad de lo ocurrido también quedó reflejada en el dictamen de Medicina Legal, que estableció que Balanta murió por una arritmia cardíaca provocada por las descargas eléctricas que recibió durante el procedimiento. Según el informe forense citado en el material sobre el caso, los hallazgos relacionaron las descargas con la alteración del ritmo cardíaco que terminó causándole la muerte.

El documento también describió las condiciones críticas en las que el hombre llegó al centro asistencial: no tenía pulso y presentaba respiración agónica. La investigación busca reconstruir lo sucedido el 20 de septiembre en el sector de Caracolí, en la zona limítrofe entre Ciudad Bolívar, en Bogotá, y Soacha, Cundinamarca. De acuerdo con la información recopilada por El Espectador, Balanta habría sido reducido, esposado y trasladado a la Estación de Policía de Cazucá, donde presuntamente recibió golpes y varias descargas con un dispositivo Taser.

La reconstrucción de los hechos también señala que Balanta habría manifestado dolor en el pecho y dificultades para respirar durante cerca de 20 minutos, mientras solicitaba atención médica. Estos elementos hacen parte de las circunstancias que deben esclarecer las autoridades para determinar las posibles responsabilidades individuales e institucionales.

Barrios enfatizó que el despliegue de la observación electoral cubrirá la mayoría de los territorios nacionales, prestando especial atención a los municipios catalogados con niveles de riesgo altos y extremos para la participación política. De acuerdo con la MOE, durante las pasadas elecciones territoriales de 2023, se detectaron 91 incidentes de afectación del orden público en 80 municipios, relacionados en su mayoría con denuncias de trashumancia electoral y controversias por la revocatoria de inscripciones. El subdirector de la MOE, Frey Muñoz, recalcó la importancia de que el Consejo Nacional Electoral resuelva estas controversias de manera oportuna según el calendario electoral, para así evitar incertidumbre jurídica.

La libertad de prensa y el derecho a la oposición democrática fueron otros temas centrales durante la instalación. Barrios insistió en que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, requiriendo garantías para que los periodistas ejerzan su labor sin presiones y accedan a información de calidad, así como condiciones que permitan la disidencia sin temor. Las delegaciones regionales de la MOE manifestaron además su preocupación por la polarización presenciada en las recientes elecciones y llamaron a partidos y ciudadanía a mantener debates políticos alejados de discursos de odio.

Próximamente, la Registraduría Nacional publicará el calendario electoral, definiendo con precisión cada etapa del proceso. Estas elecciones permitirán evaluar tanto la administración de Abelardo de la Espriella como la fuerza del nuevo partido Defensores de la Patria, que se confrontará con agrupaciones tradicionales como el Centro Democrático. El resultado podría alterar la balanza del poder político en Colombia, más aún ante las recientes tensiones entre el Gobierno y sectores aliados del Congreso.

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¿Cuáles son los principales desafíos para las elecciones regionales de 2027 en Colombia?

De acuerdo con la información de la MOE y las autoridades electorales, entre los principales retos figuran garantizar la seguridad en municipios con alto riesgo para la participación política, resolver controversias jurídicas de manera oportuna y asegurar condiciones para el libre ejercicio de la prensa y la oposición. Además, la polarización política y el surgimiento de nuevos movimientos como Defensores de la Patria generan desafíos adicionales para la convivencia democrática.

¿Qué papel cumple la Misión de Observación Electoral (MOE) en el proceso electoral de Colombia?

La Misión de Observación Electoral (MOE) es una organización encargada de vigilar y supervisar las distintas etapas de los procesos electorales colombianos. Con 34 coordinaciones regionales, su labor se centra en la identificación de incidentes que puedan afectar la transparencia, la seguridad y el orden público durante las jornadas democráticas, así como en promover garantías para la participación y la libertad de expresión.

El evento fue localizado en las coordenadas 3,87° de latitud y -75,68° de longitud.

Aunque el reporte identifica a Chaparral como referencia, el epicentro se ubicó a 18 kilómetros de Roncesvalles, 23 kilómetros de San Antonio y 28 kilómetros de Chaparral, todos municipios del Tolima.

El SGC indicó que para la detección del temblor se utilizaron registros de siete estaciones sismológicas. El reporte tiene estatus automático y registra un RMS de 0,7 segundos y un gap de 122 grados.

Por su magnitud, el movimiento fue considerado de baja intensidad. Hasta el momento del reporte no se entregaron detalles sobre daños materiales o personas afectadas por el sismo.

Este tipo de eventos son registrados constantemente por la red de monitoreo sísmico del país, que permite identificar la ubicación, profundidad y magnitud de los movimientos de tierra que se presentan en diferentes regiones de Colombia.

No solo se trata del relevo en la cabeza visible de la justicia transicional, sino que también los nuevos líderes asumirán sus cargos poco después de que el Congreso autorizara una disminución de COP 181.400 millones en el presupuesto para 2027. Este recorte impone una preocupación adicional para el nuevo presidente, quien deberá atender asuntos presupuestales de inmediato. Pero las dificultades no terminan ahí: existen iniciativas legislativas, impulsadas principalmente por sectores políticos de oposición, orientadas a reformar la Constitución, modificar la vigencia de la JEP e incluso condicionar la validez de las sentencias emitidas en casos relacionados con exintegrantes de la fuerza pública. Una de esas propuestas, impulsada por el Centro Democrático, busca que las sentencias que dicte el Tribunal para la Paz sean revisadas automáticamente por el Tribunal Superior Militar y Policial, mientras que otra iniciativa, presentada por el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, pretende que la existencia de la JEP se limite a 10 años.

El entorno de la JEP, además, ha estado marcado por críticas en la gestión de sus recursos, cuestionamientos a la labor de magistrados y posibles conflictos de interés dentro de la institución. A esto se suma la falta de diálogo con el actual gobierno, a pesar de los intentos previos.

Danilo Rojas Betancourth, nacido en San Antonio (Tolima), cuenta con una extensa trayectoria en la rama judicial e instituciones internacionales. Su formación incluye estudios de derecho y especializaciones en Colombia y España, además de amplia experiencia como relator, magistrado auxiliar y, posteriormente, presidente del Consejo de Estado, antes de llegar a la JEP en 2018. Diana María Vega Laguna, por su parte, es oriunda de Neiva (Huila), tiene una sólida carrera en la academia jurídica y cargos en entidades como la Procuraduría, la Fiscalía y el Consejo de Estado, llegando a la JEP en 2021. Ambos enfrentarán el reto de mantener la independencia de la justicia transicional y de gestionar los recursos de la institución en un escenario político y fiscal complejo.

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¿Cuáles son los principales retos del nuevo presidente de la JEP para el periodo 2026-2028?

El presidente Danilo Rojas Betancourth debe gestionar el recorte presupuestal aprobado por el Congreso, enfrentar iniciativas legislativas que buscan limitar la independencia y duración de la JEP, y responder a cuestionamientos sobre la gestión interna. Su liderazgo será determinante para garantizar el cierre apropiado de macrocasos y la autonomía de la justicia transicional en un ambiente desafiante.

¿Qué experiencia tienen Danilo Rojas Betancourth y Diana Vega Laguna en la justicia transicional?

Danilo Rojas acumula cuatro décadas de experiencia en organismos internacionales, la rama judicial colombiana y la dirección de entidades como el Consejo de Estado, llegando a la JEP en 2018. Diana Vega ha trabajado en la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado, integrándose a la JEP en 2021 como magistrada suplente, antes de asumir la vicepresidencia.

La situación se originó cuando, en febrero de 2025, el médico tratante de Santiago ordenó realizar una osteotomía de húmero, un procedimiento específico para corregir el hueso afectado tras su fractura, y solicitó también el material de osteosíntesis, elementos indispensables para fijar el hueso durante la intervención. Según lo reportado por El Espectador, la operación nunca se concretó porque la EPS no proporcionó el material necesario. La clínica responsable informó que no podía programar la cirugía ante la falta de insumos. A esto se sumó la respuesta confusa de los proveedores: uno manifestó que el material disponible no era adecuado para la técnica quirúrgica requerida y otro aseguró que jamás recibió la orden de suministro.

De acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, ninguna de estas justificaciones exime a la EPS de su obligación principal: gestionar su red de clínicas y proveedores para garantizar el acceso efectivo y seguro al servicio de salud. Frente al caso, la Sala Quinta de Revisión, encabezada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade, determinó que Famisanar vulneró los derechos a la salud, la dignidad y la seguridad social del menor. Se evidenció que, aunque las órdenes médicas se emitieron el 11 de febrero de 2025, la EPS solo las autorizó el 8 de septiembre de ese año y además no entregó el material indispensable, interrumpiendo así el proceso médico.

La Corte enfatizó tres principios fundamentales del derecho a la salud: oportunidad, que exige atención sin demoras injustificadas; continuidad, que impide suspender tratamientos por razones administrativas; e integralidad, que obliga a cubrir todas las etapas del proceso médico. Además, resaltó que los derechos de los niños tienen prioridad y protección especial del Estado. En ese sentido, todo dispositivo médico esencial, como el material de osteosíntesis para la osteotomía de húmero —cubierto con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)—, debe ser garantizado por la EPS. Los conflictos internos o contractuales nunca pueden justificar el incumplimiento de una orden médica.

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¿Por qué las EPS no pueden suspender tratamientos médicos por problemas con proveedores?

La Corte Constitucional dejó claro que las EPS son las responsables principales de garantizar la prestación efectiva de servicios de salud a sus afiliados, según lo señalado por El Espectador. Por ello, los problemas administrativos, contractuales o con sus proveedores no son una justificación válida para suspender, retrasar o no cumplir una orden médica, ya que esto vulnera derechos fundamentales como la salud y la dignidad humana.

¿Qué es una osteotomía de húmero y por qué requiere material de osteosíntesis?

La osteotomía de húmero es un procedimiento quirúrgico utilizado para corregir deformidades en el hueso del brazo. Requiere material de osteosíntesis, elementos esenciales que permiten fijar y estabilizar el hueso durante y después de la intervención, garantizando así una recuperación adecuada y segura para el paciente.

Los habitantes enfatizan que, a causa de estas restricciones, quienes se dirigen hacia la avenida Ciudad de Cali o vienen de la zona de Bochalema se ven obligados a realizar cruces indebidos, especialmente frente a la cárcel de menores. Alexandra Paredes, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Kachipay, señala que, pese a que la empresa Rutas del Valle se había comprometido a solucionar esta problemática, no se ha evidenciado ninguna mejora sustancial.
Otra de las preocupaciones recurrentes para la comunidad se presenta a las 2:00 p. m., cuando los padres de familia llegan a recoger a sus hijos al colegio local. Según explicó la líder de la JAC, la práctica de estacionarse en contravía, especialmente en el costado de la iglesia, ha propiciado que una persona de manera improvisada regule el tránsito para dar paso, escenario que genera temor frente a potenciales accidentes o complicaciones en la circulación.

La comunidad también denuncia a la Constructora Bolívar por no habilitar una de las vías internas de la urbanización, abriendo solo uno de los accesos y brindando, a juicio de los vecinos, respuestas poco satisfactorias. Frente a esto, la empresa manifestó, por medio de declaraciones recogidas por 90 Minutos, que reconoce los retos existentes con la movilidad del sector. Añadió que la apertura y entrega oficial de las vías aún está pendiente y que, mientras tanto, se encuentran trabajando junto a las autoridades municipales para agilizar el proceso.

La Constructora Bolívar expuso que el trámite de entrega formal ante la Secretaría de Infraestructura de Cali sigue en curso, y que están atendiendo requerimientos adicionales presentados por el municipio. Informaron que han habido mesas de trabajo con entidades como Infraestructura, Planeación y Movilidad, buscando caminos alternativos para acelerar la habilitación. Mientras tanto, la Secretaría de Planeación ya emitió un concepto favorable para el recibo parcial de las vías, pero aún resta el visto bueno técnico por parte de la Secretaría de Movilidad. Por esta razón, la constructora indicó que no puede proceder unilateralmente con la habilitación y reiteró su voluntad de mantener el diálogo con la comunidad y las autoridades para resolver la situación en el marco de los requisitos oficiales.

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¿Cuál es la principal causa de la congestión vial en el barrio Kachipay de Cali?

La principal causa de la congestión vial en Kachipay, según lo reportado por 90 Minutos y los testimonios de la Junta de Acción Comunal, radica en la restricción de un giro clave en la intersección de la carrera 109 con calle 60. Esto obliga a los residentes y visitantes a realizar maniobras indebidas y complejas que dificultan la entrada y salida del barrio, sobre todo en horarios pico.

¿Qué acciones ha tomado la Constructora Bolívar frente a las quejas de los habitantes de Kachipay por el colapso vial?

Constructora Bolívar informó, en declaraciones recogidas por 90 Minutos, que están gestionando la entrega oficial de las vías a las autoridades municipales. Han participado en mesas de trabajo con instituciones como la Secretaría de Infraestructura y Planeación para buscar alternativas que permitan agilizar este proceso. La constructora aclaró que la habilitación depende del cumplimiento de requisitos técnicos y normativos, y reiteró que mantendrán el diálogo con la comunidad hasta lograr una solución conjunta.

La secuencia de los hechos, de acuerdo con la información recogida hasta ahora, señala que la pareja fue atacada alrededor de las 11:34 a. m. del miércoles señalado. Se investiga el ingreso de al menos dos personas al inmueble, lo que habría dado pie a una confrontación al interior de la vivienda. En medio del ataque, la pareja habría intentado salir de la casa para buscar ayuda, pero ambos murieron a causa de las heridas recibidas. La escena mostró objetos desordenados y otros indicios que ahora forman parte de los elementos recolectados para esclarecer cómo ocurrió el crimen.

Familiares y vecinos advirtieron la falta de comunicación con Alejandra y Jorge, situación que, sumada a señales de violencia y al comportamiento inusual de los perros del predio, motivó el aviso a las autoridades. Cuando ingresaron a la finca, encontraron a las víctimas sin vida, lo que provocó un llamado de la comunidad para esclarecer los hechos y dar con los responsables. La inspección técnica estuvo a cargo del CTI y la Policía de Cundinamarca, quienes avanzan en la recolección de pruebas forenses y testimonios.

Dentro de las líneas de investigación se contempla la posibilidad de un acto de hurto violento, aunque la Fiscalía no ha confirmado ninguna hipótesis. Además, La FM informó sobre antecedentes de preocupaciones de seguridad en la zona y desacuerdos de la pareja con algunos vecinos, pero hasta el momento no existe una confirmación oficial que relacione estos antecedentes con el doble homicidio.

Por contexto, el doble homicidio se da cuando el departamento de Cundinamarca registra una disminución estadística de estos delitos según la Gobernación, aunque esta baja no tiene relación directa con el caso particular de Suesca. Conforme al balance publicado, los homicidios han caído un 18,6 % en lo que va de 2026, y solo en septiembre se reportaron 266 casos frente a 305 del año anterior.

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¿Cuáles son las hipótesis que investiga la Fiscalía sobre el doble homicidio en Suesca?

La Fiscalía y la Policía de Cundinamarca manejan varias hipótesis sobre el doble homicidio ocurrido en la vereda Tenería. Entre las principales líneas de investigación se encuentran un posible hurto violento y antecedentes de conflictos con otras personas de la zona. Sin embargo, hasta ahora ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente y el caso sigue en investigación.

¿Por qué se considera relevante la reducción de homicidios en Cundinamarca frente al caso de Suesca?

La reducción de homicidios reportada por la Gobernación de Cundinamarca, con una baja del 18,6 % en lo que va de 2026, establece un contexto general de seguridad en el departamento. Sin embargo, esta cifra no permite establecer una relación directa con el crimen específico de la pareja en Suesca, ya que las circunstancias y móviles de ese hecho particular siguen sin esclarecerse por parte de las autoridades.

La decisión del ente acusador se da en respuesta directa a una solicitud elevada por el Ministerio de Justicia, en cabeza del ministro Iván Cancino, quien instó a las autoridades a profundizar en las líneas de investigación orientadas a esclarecer no solo a los autores materiales, sino también a los determinadores, financiadores y redes de apoyo político de la estructura criminal. El oficio remitido por la Fiscalía pone sobre la mesa la necesidad de verificar los hallazgos derivados de los recientes testimonios y elementos materiales probatorios aportados a las autoridades competentes.

Las alarmas institucionales se encendieron con mayor intensidad tras las explosivas declaraciones entregadas hace pocos días por María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, en una extensa entrevista concedida al noticiero Noticias Caracol y a otros medios de comunicación. En sus intervenciones públicas, Tarazona aseguró haber recibido información reservada y chats que evidenciarían una conspiración de gran calado, afirmando de manera categórica que “la orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”.

Según los detalles revelados por la viuda del exsenador, las comunicaciones y documentos entregados a la justicia apuntan a que la operación criminal habría sido coordinada por facciones de la disidencia armada autodenominada Segunda Marquetalia —bajo el mando de cabecillas como alias Iván Márquez y alias Zarco Aldinever— y financiada con recursos provenientes de Venezuela. Dentro de los señalamientos más sensibles, Tarazona vinculó directamente a Enrique Marulanda —hijo biológico del exjefe guerrillero Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, e hijo de crianza de la excongresista Sandra Ramírez— como presunto responsable de impartir la orden material de la acción criminal.

A raíz de estos señalamientos, y debido a que en las fechas del atentado y en periodos anteriores los presuntos implicados o figuras del entorno político militaban o tenían cercanía con espacios legislativos de partidos como Comunes, la viuda del dirigente político exigió que se indague a fondo el papel de actores con fuero político. No obstante, las autoridades judiciales han recordado que estas hipótesis y señalamientos forman parte de una fase de recolección y análisis probatorio, por lo que corresponderá a la Corte Suprema de Justicia determinar el mérito jurídico de las copias enviadas y definir si existen méritos suficientes para abrir indagaciones formales contra excongresistas aforados.

Mientras el Ministerio de Justicia insiste en la urgencia de reconstruir toda la cadena de mando y revisar si existieron fallas u omisiones en los esquemas de protección institucional que rodearon a Uribe Turbay antes del atentado, el país permanece a la expectativa de los resultados que arroje este nuevo expediente en las altas instancias de la justicia colombiana.

El documento también describió el estado crítico en el que Balanta llegó al centro asistencial. De acuerdo con el dictamen, el hombre presentaba ausencia de pulso y respiración agónica, signos de una condición médica de extrema gravedad. El caso ocurrió después de un procedimiento de la fuerza pública en el sector de Caracolí, en la zona limítrofe entre Ciudad Bolívar, Bogotá, y Soacha, Cundinamarca.

(Vea también: “Ni perdón ni rebaja”: mamá de Donovan Balanta habló sobre los policías señalados de su crimen)
“Da mucha rabia porque se ensañaron con mi hermano de una manera que no debía de ser así. Como nos dijo uno: ‘vengo de un lugar de matar negros, ¿qué me da matar uno más?’. Creo que eso no justifica que una persona, porque es un asesino, tenga ese uniforme puesto”,  dijo Ana Balanta, hermana del asesinado.

La investigación busca establecer qué ocurrió durante el procedimiento del 20 de septiembre. Según la información recopilada por El Espectador, Balanta fue reducido, esposado y trasladado a la Estación de Policía de Cazucá, donde presuntamente recibió golpes y varias descargas con un dispositivo Taser. La reconstrucción de los hechos también indica que habría manifestado dolor en el pecho y dificultades para respirar durante cerca de 20 minutos, mientras solicitaba atención médica.

En el proceso judicial, la Fiscalía contempla imputar a los uniformados involucrados por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada. Además, un quinto integrante de la Policía Nacional fue detenido en relación con el caso. La actuación de los mandos también está bajo investigación, pues se busca establecer qué decisiones tomaron durante el procedimiento y si hubo demoras en el traslado de Balanta a un centro médico.

El joven, que cumplió 18 años en mayo de 2026, es señalado por las autoridades de estar vinculado con múltiples homicidios en Bucaramanga y su área metropolitana.

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Su captura se produjo en el sector del Santísimo, en Floridablanca, durante un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. En el procedimiento también fueron capturadas otras cinco personas, entre ellas un menor de edad.

Según el presidente Abelardo de la Espriella, las autoridades incautaron cuatro armas de fuego, cerca de 4.000 dosis de base de coca, cuatro kilos de marihuana, dinero y teléfonos celulares.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó el resultado del operativo y aseguró que ‘Julito’ era uno de los hombres más buscados de la región, señalado de tener un papel clave en varios asesinatos.

Por su parte, las autoridades investigan su posible participación en más de 30 homicidios, aunque hasta ahora han informado que estaría vinculado directamente con al menos 19 de estos casos, uno de ellos como mayor de edad.

La trayectoria criminal que se le atribuye habría comenzado cuando aún era menor de edad. Según las investigaciones, sería integrante de la estructura conocida como ‘Los del Sur’, que delinque en el área metropolitana de Bucaramanga.

Por información  que permitiera su captura, se había ofrecido una recompensa superior a los 70 millones de pesos. Uno de los hechos que puso a ‘Julito’ en el radar de las autoridades fue la masacre de Villa Esperanza, ocurrida el 25 de octubre de 2025 en el sector de La Cumbre, en Floridablanca, que dejó cuatro personas muertas.

También es investigado por el presunto feminicidio de su expareja, Cynthia Valeria Espitia Argüello, ocurrido en enero de 2026. Tras este último caso, fue capturado, pero posteriormente escapó de un centro de reclusión para menores durante una cita médica en Bogotá. Desde entonces, su búsqueda continuó mientras avanzaban las investigaciones por los hechos que se le atribuyen.

¿Qué pasará ahora con alias ‘Julito’?

La captura también generó reacciones en redes sociales, donde usuarios recordaron el video en el que el propio ‘Julito’ desafió a las autoridades a encontrarlo.

Video de redes, alias “Julito”. 

Su caso ha sido comparado con el de alias ‘Naín’, otro joven señalado de actividades criminales, por las similitudes que algunos analistas encuentran en sus trayectorias y en la búsqueda de reconocimiento y poder en contextos de violencia.

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Ahora, la Fiscalía deberá avanzar en los procedimientos judiciales correspondientes y presentar ante un juez los elementos materiales probatorios que sustenten las imputaciones.

Aunque las autoridades consideran que esta captura podría contribuir al esclarecimiento de varios homicidios, queda una pregunta de fondo:¿su detención reducirá la violencia en Bucaramanga y su área metropolitana o surgirán nuevos actores dispuestos a ocupar el lugar que deja?

Según un comunicado emitido por el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional, los hechos ocurrieron cuando los uniformados del batallón se preparaban para desplazarse hasta Villa de Leyva, con el propósito de apoyar las labores de control de un incendio forestal en el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. El personal se encontraba en pleno alistamiento y organización para atender la emergencia ambiental cuando se produjo el incidente con arma de fuego.

La investigación, que está en curso, deberá precisar de manera exhaustiva cómo se desencadenaron los acontecimientos, qué ocurrió inmediatamente antes de los disparos y si existieron posibles fallas en los protocolos de manejo de armas o en los procedimientos internos de la unidad. El Ejército afirmó haber activado los protocolos institucionales correspondientes y puso en marcha actuaciones para determinar las causas exactas del caso. Además, destinó un equipo interdisciplinario encargado de acompañar a las familias de los militares involucrados y garantizar la atención médica a quienes resultaron afectados.

Con respecto a los motivos que habrían originado el conflicto, una fuente militar citada por El Tiempo indicó que la situación comenzó cuando el sargento Lozano Burgos dio una orden al soldado Malabet Collante en medio del alistamiento del grupo. Según esa versión, esta instrucción molestó al soldado, desencadenando una discusión que posteriormente escaló hasta el uso de un arma de fuego. El desenlace fue fatídico: dos muertos, un herido y un canino lesionado dentro de las filas del Ejército Nacional.

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¿Qué se sabe sobre las causas de la discusión dentro del Batallón de Artillería 1 en Sogamoso?

Sobre las causas que dieron origen a la discusión, una fuente citada por El Tiempo señaló que la confrontación comenzó cuando el sargento Lozano Burgos le dio una orden al soldado Malabet Collante durante la organización para atender una emergencia ambiental. Esta instrucción habría generado molestia en el soldado, lo cual desencadenó una discusión que terminó escalando hasta convertirse en un incidente fatal con arma de fuego.

¿Qué protocolos activó el Ejército Nacional tras el incidente en Boyacá?

De acuerdo con un comunicado del Comando de Ingenieros del Ejército Nacional, tras conocerse lo ocurrido en el Batallón de Artillería 1, la institución activó los protocolos institucionales e inició investigaciones para esclarecer los hechos. También asignó un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias de los militares afectados y garantizar la atención médica de quienes resultaron heridos, mientras se determina la secuencia de los acontecimientos y posibles fallas en los procedimientos internos.

El comportamiento del jefe de Estado en X también incluyó cuatro respuestas a las alocuciones de De la Espriella. De acuerdo con los datos divulgados por Cambio, el político pasó a desempeñar un papel activo en la oposición tras terminar su mandato, con publicaciones en las que defendió su gestión y cuestionó a sus contradictores.

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Sin embargo, el cambio en su estrategia de comunicación no comenzó después de abandonar el poder. La revista señaló que durante la campaña electoral ya se evidenciaba un aumento de las publicaciones de Petro contra sus adversarios. Una vez fuera de la Presidencia, De la Espriella desplazó a Álvaro Uribe e Iván Duque entre los principales blancos de sus críticas en redes sociales.

El análisis también encontró que el 82 % de los trinos con los que Petro defiende su gestión incluye ataques a sus críticos. Este comportamiento muestra cómo sus publicaciones combinan la reivindicación de las decisiones tomadas durante su Gobierno con cuestionamientos a figuras que se oponen a su proyecto político.

En paralelo, el expresidente recibió un respaldo dentro de su sector político con su elección unánime al frente del Pacto Histórico. No obstante, esa decisión no ha cerrado las discusiones sobre el rumbo que debería tomar la izquierda colombiana ni sobre la necesidad de construir nuevos liderazgos de cara al futuro.

Entre las voces que han planteado cambios están Carlos Carrillo, Susana Muhamad y María José Pizarro, quienes han defendido la importancia de que el movimiento tenga mayor autonomía, abra espacios para nuevas figuras y encuentre mecanismos para tramitar sus diferencias internas. Estas posturas reflejan los debates que atraviesa el sector político después del Gobierno de Petro.

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Otro elemento que permite examinar la evolución del discurso presidencial es la colección Las palabras del cambio, compuesta por diez tomos que reúnen 282 discursos pronunciados por Petro entre 2022 y abril de 2026, con cerca de 860.000 palabras. Según Cambio, esos documentos permiten rastrear cómo las alocuciones del último año de su mandato se acercaron al tono que adoptó posteriormente, marcado por la defensa de su legado y el enfrentamiento con sus críticos.

Las comunicaciones reveladas por la citada revista sitúan las maniobras en las semanas previas tanto a la primera como a la segunda vuelta presidencial de 2026. En aquel momento, De La Espriella lideraba las preferencias de voto frente a Iván Cepeda, carta del petrismo, lo que generó desesperación en sectores cercanos al Ejecutivo. A través de mensajes de WhatsApp y notas de voz enviadas a Mancuso, De Currea-Lugo advirtió sobre un escenario electoral adverso y sugirió la necesidad de articular un “golpe de opinión” de alto impacto para fracturar la ventaja del candidato opositor.

En uno de los audios más comprometedores difundidos por la investigación periodística, el exasesor gubernamental le expresa al excomandante de las AUC su temor ante una posible traición institucional por parte de quienes llegaran al poder, utilizando referencias históricas para coaccionar al exparamilitar: “Con eso la posibilidad, hermano, de que los que lleguen, que antes ayudaron a construir la paz con ustedes, les claven el puñal, como hizo Uribe. Así como Uribe los extraditó, hermano”, manifestó De Currea en la grabación, agregando a modo de advertencia: “Yo siento que De La Espriella les va a hacer una señora putada para sacarlos del juego”.

Para justificar la urgencia de la intervención de Mancuso, el exfuncionario recurrió a ejemplos de campañas pasadas donde giros discursivos de última hora modificaron las estadísticas electorales, comparando la situación con estrategias previas implementadas en la historia política reciente del país. Enseguida, De Currea lanzó la petición directa de inmiscuir al exjefe paramilitar en el debate político: “Sin eso vamos a perder, hermano. Y yo creo… Bueno, con todo respeto, creo que tú tienes en la mano ese golpe de opinión. Las palabras tuyas, hermano, no son las palabras de un mamerto. No son las palabras de un hombre de izquierda. Tú ya has recuperado una… Digamos que se te escucha en el país”, argumentó, insistiendo en que su pronunciamiento “podría ser determinante en las elecciones”.

El expediente probatorio detalla que los contactos iniciaron formalmente el pasado 23 de mayo, a escasos ocho días de la primera vuelta, cuando De Currea le propuso a Mancuso conceder una entrevista para su portal web personal bajo el pretexto de “ayudar en algo de cara a las elecciones”. Junto a la invitación, el exasesor le hizo llegar un cuestionario compuesto por diez preguntas directas orientadas a vincular a De La Espriella con estructuras paramilitares durante sus años de mayor expansión en el país, indagando sobre supuestos nexos políticos, financieros e intermediaciones jurídicas.

Entre los interrogantes remitidos figuraban planteamientos encaminados a inducir respuestas incriminatorias, tales como cuestionar el origen de los dineros de clientes del entonces candidato o exigir afirmaciones bajo juramento sobre supuestas relaciones con las autodefensas. “Si hoy usted tuviera que declarar bajo juramento sobre la relación de Abelardo De La Espriella con personas o intereses asociados a las AUC, ¿qué estaría dispuesto a afirmar de manera concreta ante la justicia colombiana?”, se lee en uno de los chats aportados.

Ante las revelaciones, Salvatore Mancuso confirmó haber recibido las comunicaciones por parte del exasesor presidencial, mientras que los intentos periodísticos por obtener una respuesta o defensa directa por parte de Víctor de Currea-Lugo no han obtenido contestación. Estas nuevas evidencias se suman a los antecedentes del fallido ‘Pacto de Valledupar’ de octubre de 2025, robusteciendo las investigaciones sobre el uso presuntamente irregular de aparatos estatales y operadores políticos para desestabilizar contendores democráticos desde las más altas esferas del poder.

Los seis policías ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde recibieron cuidados especializados y permanecen bajo observación permanente para monitorear su evolución. La clínica destacó la importancia de la atención médica oportuna para lograr la recuperación de los afectados, quienes permanecen vigilados tanto por su seguridad como por las eventuales complicaciones derivadas de las heridas sufridas durante el atentado.

El ataque ocurrió alrededor de la 1:30 a. m., cuando la estación de Policía de Pelaya fue blanco de cuatro descargas explosivas lanzadas desde artefactos aéreos no tripulados, conocidos comúnmente como drones. Según explicó el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, el hecho se atribuye a retaliaciones de grupos armados ilegales en respuesta a las recientes operaciones y capturas realizadas en la región. Estas acciones oficiales han estado dirigidas especialmente contra actividades ilícitas, como el hurto de hidrocarburos.

Frente a la emergencia, las autoridades de la Fuerza Pública respondieron de inmediato, activando un Puesto de Mando Unificado (PMU) y estableciendo un plan candado en las principales vías de la zona. Asimismo, se enviaron refuerzos del Ejército Nacional y unidades de la Fuerza URANO para garantizar la seguridad en el área, según detalla el reporte oficial.

Por otro lado, el atentado puso de nuevo en evidencia las falencias tecnológicas para la protección de las estaciones policiales en Cesar. Eduardo Esquivel confirmó que la estación de Pelaya aún no cuenta con sistemas de detección de drones, dado que los primeros seis dispositivos suministrados por la Gobernación del Cesar fueron asignados prioritariamente a otras localidades, como Río de Oro. Las autoridades departamentales reiteraron el llamado al Gobierno nacional para acelerar la entrega de los aproximadamente 60 detectores antidrones proyectados en una primera fase y garantizar que se instalen sistemas efectivos para inhibir y neutralizar estos aparatos en todas las estaciones del departamento.

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¿Cuál es el estado de salud de los policías heridos tras el ataque con drones en Pelaya?

De acuerdo con el reporte oficial de la Clínica Alta Complejidad de Aguachica, los seis policías afectados por el ataque recibieron atención médica inmediata, fueron estabilizados y actualmente se encuentran fuera de peligro. Permanecen bajo observación especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para monitorear su evolución y descartar complicaciones relacionadas con las heridas causadas por el atentado.

¿Por qué las estaciones de policía en Cesar aún no cuentan con suficientes detectores antidrones?

Según manifestó el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, la estación de Policía de Pelaya aún no dispone de detectores de drones porque los primeros seis equipos adquiridos por la Gobernación fueron entregados a otras localidades priorizadas, como Río de Oro. Por esto, las autoridades regionales solicitan al Gobierno nacional que agilice la entrega de cerca de 60 detectores proyectados en una primera etapa, así como la implementación de sistemas de inhibición y neutralización de drones en todas las estaciones policiales del Cesar.

El violento episodio ocurrió mientras el agente de seguridad transitaba hacia el domicilio del congresista para iniciar la jornada habitual de custodia institucional, indicó El Tiempo.

Las primeras hipótesis oficiales sugieren que delincuentes interceptaron al funcionario con el propósito de despojarlo de sus pertenencias mediante la fuerza.

El propio cabildante confirmó públicamente el atentado, expresando honda preocupación por la delicada condición médica en que terminó su colaborador tras la agresión.

“Esta mañana, el hombre de mi equipo de seguridad resultó herido de bala cuando se dirigía a mi residencia. Según la información preliminar, el ataque habría ocurrido durante un intento de robo”, escribió el congresista mediante sus plataformas digitales.

Luego de verificar el impacto de proyectil recibido por el escolta, el legislador solicitó la pronta intervención de los organismos de seguridad de la capital.

Moreno requirió de forma directa al alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, emprender pesquisas exhaustivas para esclarecer el suceso e identificar a los responsables.

El representante instó al gobierno distrital y a los mandos de la Policía Metropolitana a intensificar la operatividad para frenar el crimen en las zonas urbanas.

Diversas voces del escenario político manifestaron su respaldo al parlamentario y a su grupo de trabajo, demandando acciones contundentes ante el incremento de asaltos.

Las unidades de investigación judicial analizan grabaciones de cámaras de seguridad del sector para reconstruir la ruta de huida utilizada por los agresores armados.

Medicina legal y centros asistenciales monitorean la evolución respiratoria del escolta, cuyo pronóstico médico continúa bajo estricta reserva técnica.

El hecho reaviva el debate nacional sobre las garantías de protección para esquemas de custodia y el deterioro persistente de la seguridad ciudadana.

¿Quién es el senador Gustavo Moreno?

Gustavo Adolfo Moreno Hurtado destaca como un líder político colombiano que ejerce como senador de la República en representación del departamento de Santander y la circunscripción nacional.

Nacido el 28 de abril de 1990 en la ciudad de Barrancabermeja, el congresista proviene de una familia de trabajadores vinculados al sector petrolero en la región del Magdalena Medio.

En el ámbito académico, Moreno obtuvo su título profesional como politólogo en la Universidad del Rosario y posteriormente realizó estudios de postgrado en la Universidad Católica de Colombia.

Su formación incluye una especialización en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal, complementada con programas de posgrado enfocados en las áreas de seguridad y defensa nacional.

Antes de asumir su curul parlamentaria, se desempeñó como asesor y contratista en temas de desarrollo territorial, Hábitat en Bogotá, la Superintendencia de Notariado y la Alcaldía de Barrancabermeja.

El dirigente inició su trayectoria en el Congreso tras resultar electo senador para el cuatrienio 2022-2026 dentro de la lista de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza.

Durante su labor parlamentaria ha integrado comisiones legislativas clave, impulsando proyectos orientados a la conectividad digital, los servicios públicos, las juventudes y el desarrollo de la infraestructura regional.

Asimismo, Moreno ratificó su liderazgo nacional al obtener la reelección para el periodo legislativo 2026-2030, respaldado por la plataforma política de la Alianza Social Independiente.

Su agenda legislativa prioriza la gestión de inversiones públicas para las provincias, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la promoción de la equidad social en el país.

El congresista promueve activamente iniciativas para modernizar el marco normativo del transporte intermunicipal y defender los derechos fundamentales de las comunidades vulnerables en los territorios.

El objetivo central de esta propuesta es establecer una ruta jurídica clara para el sometimiento de grupos criminales, abordando aspectos fundamentales de la Ley de Orden Público de 1994. Además, la ley se articula con el llamado estatuto antiterrorista, otra pieza controversial de la política de seguridad del gobierno de la Espriella. Las discusiones han girado especialmente en torno a los beneficios jurídicos y condiciones que entrarían a regir para quienes formen parte de estas estructuras delictivas.

Una de las reuniones clave para afinar el texto se llevó a cabo en el Ministerio de Justicia, con participación de los coordinadores y ponentes del proyecto. Sin embargo, no todos los congresistas invitados estuvieron presentes, ya que algunos se encontraban hasta la madrugada debatiendo el Presupuesto General de la Nación, documento que, según El Espectador, presentaría vicios de trámite y terminaría expidiéndose por decreto.

Durante este encuentro, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aclaró dudas sobre los artículos centrales: el texto se mantiene casi igual al borrador inicial y llega a primer debate con mensaje de urgencia. Uno de los cambios sustanciales fue la sustitución del “rol de liderazgo” por “rol de mando” y la delimitación de beneficios para quienes ocupen posiciones de autoridad dentro de las organizaciones criminales. Según los ponentes oficialistas, este ajuste responde a la necesidad de alinear la ley con el Derecho Internacional Humanitario y otras normativas legales.

Daniel Briceño, uno de los ponentes y miembro del Centro Democrático, explicó a El Espectador que estas aclaraciones jurídicas son fundamentales para diferenciar a los integrantes de alto rango y definir claramente a quiénes deben aplicarse los beneficios. Por su lado, Santiago Barreto del Partido Conservador expuso que el proyecto soluciona vacíos de la ley de paz anterior, aunque también advirtió sobre posibles incentivos perversos en el reconocimiento de colaboradores con perfiles políticos, lo que recuerda episodios del “Pacto de Valledupar” bajo el gobierno pasado.

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¿Cuáles son los principales cambios en la ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella?

Los cambios principales en la ley de sometimiento giran alrededor del reemplazo del término “rol de liderazgo” por “rol de mando” y el establecimiento de límites para el acceso a beneficios jurídicos para quienes han ejercido mando dentro de grupos criminales. Según los informes de El Espectador, con estas modificaciones se busca que las personas identificadas como mandos no reciban rebajas o indulgencias pensadas solo para miembros sin posiciones directivas, ajustando la norma al marco nacional e internacional.

¿Cómo afectará la nueva ley de sometimiento a los beneficios jurídicos para integrantes de grupos criminales?

De acuerdo con lo revelado por El Espectador, la nueva ley establece que los beneficios jurídicos, especialmente aquellos referentes a la reducción de penas, libertad condicional y modalidades especiales de cumplimiento, estarán restringidos a quienes no hayan desempeñado “rol de mando” en las organizaciones delictivas. Esto implica una evaluación más rigurosa para determinar quiénes pueden acceder a estos beneficios, excluyendo a los jefes o mandos dentro de los grupos criminales.

Además de las lesiones sufridas por los miembros de la Policía, la infraestructura de la estación resultó dañada por las explosiones. La institución informó que avanza en las investigaciones con el apoyo de sus equipos de inteligencia, con el propósito de esclarecer los hechos y dar con los responsables materiales e intelectuales del ataque. Si bien no existe confirmación oficial sobre la autoría, la Policía señaló que el frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (Eln) tiene presencia en la zona y se le atribuye preliminarmente la acción violenta.

La Policía Nacional repudió "de manera categórica este acto violento" e invitó a los ciudadanos a colaborar con información que permita la captura de los responsables, a través de las líneas 123, 155 y 165. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los drones se han convertido en una herramienta eficaz y económica para los grupos armados, quienes han perfeccionado el uso de estos dispositivos en ataques a la Fuerza Pública, frente a la dificultad que tienen las autoridades para neutralizar esta modalidad. La FIP reporta que, en Colombia, ocurre un ataque con drones cada 20 horas.

Las cifras de la Fuerza Pública reseñan que entre 2023 y el 1 de octubre de 2026 se han registrado 716 ataques con drones, de los cuales 318 corresponden a este año. El promedio es de 8,2 hechos por semana, con 56 ataques solo en agosto, y el 71 % de los casos concentrado en Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander. El Estado Mayor Central (Emc) y el Eln son los principales responsables, con 72 % y 23 % de atribución respectivamente.

La FIP detalla que los drones llegaban originalmente por canales legales desde Estados Unidos, China y Rusia, pero actualmente se adquieren y adaptan también a través de Venezuela, e incluso se fabrican localmente a menor costo. El Emc ha desarrollado la capacidad de producir drones armados por tan solo una fracción del costo comercial, incrementando la amenaza sobre la Fuerza Pública. El Eln, entre tanto, ha triplicado su utilización de drones de 36 ataques en 2025 a 132 en el año en curso, aunque el Emc sigue encabezando la estadística, sobre todo en regiones bajo influencia de sus frentes armados.

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¿Cómo utilizan los grupos armados drones en ataques contra la Policía en Colombia?

De acuerdo con información de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y reportes de la Fuerza Pública, los grupos armados emplean drones comerciales, que pueden ser adaptados o incluso fabricados a bajo costo, para lanzar explosivos contra instalaciones y personal de la Fuerza Pública. Este método ha resultado eficaz y difícil de contrarrestar. Los ataques se concentran principalmente en regiones con fuerte presencia de estructuras armadas como el Estado Mayor Central y el Ejército de Liberación Nacional, quienes han logrado incrementar su capacidad táctica mediante la formación de operadores especializados.

¿Qué medidas están tomando las autoridades de Colombia frente a los ataques con drones?

La Policía Nacional ha intensificado las labores de inteligencia e investigación para identificar y capturar a los responsables de los ataques con drones, como lo evidencian los procedimientos posteriores a lo ocurrido en Pelaya. Sin embargo, el uso de drones plantea retos significativos de seguridad debido a la facilidad de acceso y adaptación de estos equipos por parte de los grupos armados. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a suministrar información que ayude a enfrentar esta problemática, mientras buscan fortalecer sus capacidades técnicas para responder a esta amenaza creciente.

La vigilancia ordenada no implica una cancelación ni un cambio de sede para el evento, pero sí pone en evidencia la preocupación institucional por el estado del campo de juego. Sencia debe entregar un plan detallado que incluya estrategias de protección y mecanismos para asegurar la pronta recuperación de la gramilla una vez culmine el concierto, con el compromiso claro de no interferir con la agenda futbolística posterior.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), según menciona El Espectador, ha solicitado a la interventoría de la Asociación Público-Privada un seguimiento reforzado en varios aspectos: técnico, operativo, jurídico y financiero. Dentro de las disposiciones, se revisarán riesgos asociados al montaje de estructuras, los corredores para el desplazamiento de asistentes, el cubrimiento del césped y la etapa de desmontaje. Además, la interventoría deberá establecer un registro documental y fotográfico del estado inicial de la cancha, acompañar el evento y conducir una inspección al día siguiente de retirar el montaje.

En cuanto a la reciente polémica por la cancelación y aplazamiento de partidos de fútbol profesional, como los duelos entre Millonarios y Once Caldas, y Santa Fe frente a Jaguares, la Dimayor emitió las suspensiones por el mal estado de la gramilla. El IDRD aclaró que ya había solicitado información a Sencia desde septiembre sobre la recuperación del césped, y aunque se presentó un cronograma, persistieron problemas de adherencia debido a la humedad.

La administración distrital está evaluando posibles incumplimientos contractuales por parte del concesionario, lo cual podría traducirse en sanciones económicas o la aplicación de cláusulas penales si se determina que se han dejado de cumplir las prioridades deportivas. No obstante, cualquier decisión en este sentido dependerá de la evaluación técnica y el proceso contractual correspondiente.

El director del IDRD, Daniel García Cañón, afirmó que el fútbol tendrá prioridad en El Campín, resaltando que, aunque el contrato de concesión permite la realización de eventos masivos como conciertos, el mantenimiento de una gramilla en óptimas condiciones para el deporte sigue siendo una obligación principal. Por ello, se han dispuesto controles adicionales para el concierto de Ryan Castro, con el fin de garantizar la disponibilidad del estadio para los compromisos de los equipos bogotanos.

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¿Por qué el Distrito ordenó vigilancia especial para el concierto de Ryan Castro en El Campín?

La decisión se tomó tras los daños sufridos por la gramilla del estadio después de eventos anteriores, como los conciertos de BTS, y debido a la cancelación reciente de partidos de fútbol profesional porque el césped no estaba en condiciones óptimas. De acuerdo con El Espectador, el Distrito busca evitar afectaciones que perjudiquen la agenda deportiva y asegurar que el concesionario Sencia cumpla con los planes de protección y recuperación del terreno.

¿Qué controles exigió el IDRD para proteger la gramilla durante el concierto de Ryan Castro?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte solicitó a la interventoría vigilancia técnica, operativa, jurídica y financiera antes, durante y después del evento. Sencia debe presentar un cronograma, detallar los sistemas de protección de la cancha, reportar los horarios de montaje y desmontaje, y preparar un plan de contingencia que incluya personal e insumos para responder ante eventuales daños en la gramilla.

Rodríguez aclaró que su decisión de mantenerse al margen de los medios no implica retractación ni renuncia a buscar justicia, tanto a nivel nacional como internacional. Según lo expresado en su misiva, considera que visibilizar su situación ha sido fundamental para su bienestar y protección. En ese sentido, expone que la Ley 2453 de 2025 —que aborda la violencia contra las mujeres en política— contempla prevención, atención y sanción, pero advierte sobre la distancia entre la norma y la experiencia vivida por quienes acuden a las instituciones en busca de ayuda. “Una mujer que denuncia no debería terminar sintiendo que es ella quien está siendo juzgada”, enfatizó en su texto. Además, en el comunicado dedicado parte de sus palabras a agradecer el respaldo en temas de seguridad que recibió, incluso de personas que no conoce personalmente, como el actual presidente Abelardo de la Espriella, durante momentos difíciles.

En otro frente, el 29 de julio de 2026, Rodríguez interpuso ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia formal contra Gustavo Petro, en la que lo señala por presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia. Como lo expuso su abogado Wilson Ruiz, quien fue ministro de Justicia en el gobierno de Duque, buscarán que la instancia correspondiente adelante la investigación penal al exmandatario. Paralelamente, el abogado de Petro, Alejandro Carranza, anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Rodríguez por injuria y calumnia. Además, la bancada de Salvación Nacional también llevó una acusación ante la Comisión de Acusaciones, señalando a Petro por reuniones del gobierno con antiguos jefes paramilitares y solicitando una investigación sobre posibles órdenes o declaraciones relacionadas con figuras como Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, conforme a lo informado por El Espectador.

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¿Cuáles son las denuncias presentadas por Angie Rodríguez contra Gustavo Petro?

Angie Rodríguez presentó ante la Comisión de Investigación y Acusación denuncias formales contra el expresidente Gustavo Petro. Entre los señalamientos figuran peculado, tráfico de influencias, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia, según declaraciones de su abogado, Wilson Ruiz. Estas denuncias buscan que se investigue el presunto comportamiento irregular del exmandatario durante su gestión, de acuerdo con lo registrado oficialmente en el proceso.

¿Qué establece la Ley 2453 de 2025 sobre violencia contra las mujeres en política?

La Ley 2453 de 2025, mencionada por Angie Rodríguez, se refiere a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres en escenarios políticos. La exfuncionaria remarca que, aunque la norma contempla medidas legales, en la práctica las mujeres denunciantes deben enfrentar retos que complican acceder a la protección y la justicia, tema también señalado en su comunicado.

La expectativa en torno a la diligencia quedó evidenciada cuando la revista SEMANA reveló en exclusiva una imagen de Ferrer a la espera del inicio formal de la sesión virtual, flanqueada por documentos, registros fotográficos y los soportes documentales que su equipo jurídico incorporará legalmente al expediente. Esta citación responde directamente al proceso penal abierto a raíz de las explosivas revelaciones hechas públicas por medio de audios periodísticos, en los cuales la exfuncionaria catalogó sin ambigüedades al núcleo cercano de la ex primera dama como una presunta “mafia”.

En diálogo con el mismo medio de comunicación, el abogado penalista Johnny Batalla, miembro del equipo jurídico de la ciudadana catalana, confirmó la participación activa de su representada en la diligencia de este miércoles y ratificó la entrega formal de los elementos probatorios: “En estos momentos estamos a la espera de que inicie la diligencia virtual. Tanto Eva Ferrer como su equipo de abogados están esperando que la diligencia empiece”, manifestó el jurista. Asimismo, enfatizó que todo el material recopilado se entregará “respetando la cadena de custodia que determine la Fiscalía”.

Las ramificaciones de este proceso judicial trascienden las fronteras nacionales. En entrevistas previas concedidas a SEMANA, Ferrer expuso con detalle el supuesto modus operandi de una red criminal que gravitaría alrededor de Verónica Alcocer, señalando que tanto ella como personas de su círculo más íntimo habrían participado en actividades de tráfico de drogas y armamento. De acuerdo con las declaraciones de la exconsejera, estas operaciones ilícitas habrían incluido vuelos clandestinos hacia Venezuela, donde se transportaban estupefacientes a cambio de millonarias sumas de dinero, hechos que ya fueron ratificados formalmente ante la Procuraduría General de la Nación.

Ante la magnitud de los señalamientos, la defensa de Ferrer confirmó que no agotará sus recursos en el ámbito local, sino que planea trasladar la totalidad de las evidencias y testimonios recabados a la justicia de los Estados Unidos, instancia con la que ya se habrían mantenido contactos preliminares. Mientras los organismos de investigación evalúan la pertinencia y contundencia del material probatorio aportado por la defensa de la catalana, el caso reaviva el debate nacional sobre los controles de legalidad y la presunta corrupción institucional durante el periodo presidencial anterior.

De acuerdo con Cepeda, la cultura debe ser entendida como un "campo democrático al que concurren muchos sectores", en contraposición a lo que juzga como un intento del gobierno actual por imponer una visión ideológica a través de la selección y exclusión de contenidos históricos. El senador formuló preguntas directas sobre la legitimidad de que figuras como De la Espriella dicten a las víctimas del país cómo deben interpretar la historia y la memoria. También advirtió sobre el peligro de imponer definiciones únicas sobre la religión, la familia y la sociedad.

Cepeda subrayó la diversidad que caracteriza a Colombia: la convivencia entre la cultura occidental, pueblos originarios, comunidades afrodescendientes, comunidades con diversidad sexual y las múltiples formas de ver el mundo. Afirmó que esta pluralidad tiene la capacidad de manifestarse y defender las distintas expresiones culturales del país.

En este escenario, el gobierno de De la Espriella ha defendido la revisión de contenidos museográficos con el argumento de combatir lo que denomina "adoctrinamiento político" y "apología del terrorismo". Sin embargo, representantes del sector cultural y organizaciones sociales han manifestado su preocupación por las consecuencias que esto pueda tener sobre la preservación y la pluralidad de la memoria histórica nacional.

El enfrentamiento alcanzó un nuevo nivel cuando Cepeda expresó solidaridad con María José Pizarro y María del Mar Pizarro, hermanas e hijas del asesinado excomandante guerrillero Carlos Pizarro, luego de que el mandatario ordenara retirar cualquier mención pública a este personaje histórico. Como concluyen voces del sector cultural, la controversia evidencia la disputa por el relato de la historia reciente de Colombia y la manera como se plasma en los espacios culturales.

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¿Por qué genera controversia la revisión de contenidos en el Museo Nacional de Colombia?

La controversia surge porque la revisión promovida por el gobierno de De la Espriella ha implicado el retiro de piezas que documentan hechos y luchas sociales relevantes, como el feminismo, los derechos LGTBIQ+, la violencia política y el proceso de paz con las FARC. Según fuentes citadas en la entrevista, representantes culturales y organizaciones sociales consideran que esta medida puede afectar una visión plural y democrática de la memoria histórica, restringiendo el acceso a relatos fundamentales de la historia reciente del país.

¿Qué argumentos dan los críticos y defensores del cambio en exposiciones del Museo Nacional?

Los críticos, como el senador Cepeda, argumentan que imponer una visión única sobre la historia en el Museo Nacional vulnera la diversidad cultural y la memoria de víctimas de conflicto y luchas sociales. Advierten, de acuerdo con lo expresado en la entrevista, que la cultura debe ser democrática e inclusiva. Por otro lado, el gobierno de De la Espriella sostiene que su intervención busca evitar el "adoctrinamiento político" y la "apología del terrorismo" en los centros culturales estatales, defendiendo así su derecho a revisar el contenido exhibido.

La final tuvo lugar en el auditorio Xepia de la UAO, donde los participantes pusieron a prueba su capacidad para argumentar y persuadir, enfrentándose ante el público con discursos preparados a lo largo de varias fases. Tal como lo expresó Rodríguez de Vivero, el proceso demanda “mucho tiempo de trabajo detrás. Cada discurso de las fases previas lleva preparación, lleva esfuerzo”. Su testimonio resalta la dedicación y rigor que exige una competencia de esta magnitud, en la cual cada intervención representa el resultado de un proceso de formación integral en oratoria.

De acuerdo con Ángel Domingo, director de comunicaciones de las ligas españolas, el Mundial de Oratoria cumple seis años promoviendo la elocuencia y la comunicación persuasiva entre estudiantes universitarios. Lo que comenzó con la participación de cerca de un centenar de concursantes en su primera edición, ahora suma entre 500 y 600 inscritos provenientes de más de 20 países. El evento no solo visibiliza el talento de los finalistas, sino que resalta la importancia de las habilidades de comunicación en todos los ámbitos de la vida, como lo mencionó Sarah Macías, estudiante UAO: “yo creo que la oratoria y la comunicación en general son una habilidad que todas las personas deberíamos tener”.

El hecho de que Cali haya sido la sede de 2026 responde al histórico triunfo de Sarah Macías Garzón, quien en 2025 se convirtió en la primera colombiana en ganar el certamen, con una final celebrada ese año en España. Su victoria permitió que la competencia se trasladara a Colombia para la última edición, reafirmando el crecimiento y la relevancia internacional del evento en la formación de jóvenes universitarios en argumentación, expresión oral y persuasión.

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¿Quién ganó el Mundial de Oratoria en español 2026 disputado en Cali?

El ganador de la edición 2026 del Mundial de Oratoria en español, celebrada en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, fue Óscar Rodríguez de Vivero, representante de la Universidad Carlos III de Madrid, quien se llevó el primer lugar tras varias fases de competencias y preparación previa.

¿Por qué la Universidad Autónoma de Occidente fue sede del Mundial de Oratoria en 2026?

La UAO alojó la final del Mundial de Oratoria en 2026 gracias al triunfo de Sarah Macías Garzón, quien en 2025 se convirtió en la primera colombiana en obtener el primer puesto de este certamen internacional, lo que permitió que la siguiente edición se realizara en Cali.

Según Julio César Rodríguez, jefe de Gestión Técnica de Emdupar, la situación alcanzó niveles preocupantes cuando la turbiedad del agua superó los 10.000 NTU (unidades de turbidez nefelométrica), una cifra que excedió la capacidad operativa de los sistemas de tratamiento. Rodríguez afirmó que se trató inicialmente de enfrentar el desafío, pero los desarenadores y sedimentadores se llenaron de sedimentos en cuestión de horas, lo que los obligó a ejecutar una parada preventiva de la planta para evitar daños mayores y proteger la seguridad del agua distribuida. "Intentamos tratarlo, pero se nos colmataron rápidamente todas las unidades. Eso obligó a parar la planta porque ya se vuelve intratable el agua", señaló el funcionario, de acuerdo con Emdupar.

Después de la suspensión temporal, la planta logró reanudar actividades, aunque el restablecimiento del suministro a todos los sectores no fue inmediato. Emdupar explicó que la acumulación de aire en las tuberías y la disminución de la presión han dificultado llevar el agua a barrios periféricos y a las zonas altas de la ciudad. Por ello, las cuadrillas técnicas trabajan para normalizar gradualmente la presión y asegurar la llegada del agua potable a todos los hogares afectados.

Entre los sectores impactados se encuentran Arizona, Villa Taxi, La Castellana, Villalba, Garupal, Acuarela y Altos de Comfacesar. La empresa manifestó que la mayoría de las zonas ya cuentan con el servicio, aunque aún es necesario mantener las labores de recuperación. Además, Emdupar solicitó a los ciudadanos no arrojar residuos al alcantarillado ni conectar aguas lluvias a las redes sanitarias, ya que estas prácticas pueden generar rebosamientos durante nuevas precipitaciones, dificultando aún más la operación del sistema.

La empresa continúa monitoreando el estado de las redes para garantizar la normalización total del servicio, al tiempo que la recuperación completa dependerá de una mejora en la calidad del agua y la restauración de la presión en la red de distribución.

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¿Cuáles fueron las causas del corte de agua potable en Valledupar?

La principal causa fue el aumento de sedimentos y lodo en el agua debido a las fuertes lluvias en la zona alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta situación incrementó la turbidez a niveles que la planta de tratamiento de Emdupar no pudo manejar, obligando a una suspensión preventiva del servicio para proteger la infraestructura y mantener la calidad del agua.

¿Qué acciones tomó Emdupar para restablecer el suministro de agua en Valledupar?

Emdupar detuvo temporalmente la planta para evitar daños y, tras el descenso de los niveles de sedimentos, reinició la operación. Sin embargo, la acumulación de aire y la baja presión retrasaron la normalización completa del servicio en algunos sectores, por lo que se desplegaron cuadrillas técnicas para recuperar la presión y se pidió a la ciudadanía evitar prácticas inconvenientes en las redes, como arrojar residuos o conectar aguas lluvias.

La víctima, identificada como Edvin Rojas, murió tras ser atacado con un arma blanca durante un atraco en el barrio El Rodeo, en Villavicencio. En el hecho estarían involucrados tres menores de edad, según informó la Policía Metropolitana de la ciudad.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la víctima se encontraba con su compañera sentimental cuando fueron sorprendidos por los tres adolescentes, quienes presuntamente les exigieron sus teléfonos celulares.

En medio del hurto, el hombre habría reaccionado y fue agredido con un arma blanca que le causó una grave herida en la pierna izquierda.

Tras el ataque, Rojas fue trasladado a un centro asistencial del sector de El Recreo. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, el personal médico no logró salvarle la vida.

El comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, coronel Milton Melo, confirmó a Blu Radio que los presuntos implicados son menores de edad. Según explicó el oficial, el adolescente de 13 años quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), mientras que los jóvenes de 15 y 16 años fueron puestos a disposición de la Fiscalía para el respectivo proceso judicial.

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Las autoridades señalaron que el caso genera preocupación por la participación de menores de edad y el nivel de violencia registrado durante el hecho.

La Policía avanza en la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del homicidio ocurrido durante el presunto hurto, que vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad ciudadana en Villavicencio y la participación de adolescentes en hechos delictivos.

Según lo especificado, los estudiantes de educación superior recibirán $400.000 por permanencia en el programa, suma a la cual pueden agregar un incentivo adicional de $200.000 en caso de haber alcanzado un promedio de 4,0 o superior durante el primer semestre de 2026. Por su parte, los aprendices SENA recibirán la transferencia correspondiente al componente de permanencia, la cual abarca los meses de junio y julio de este mismo año. Este enfoque busca premiar el esfuerzo académico de los jóvenes y fortalecer su permanencia en el sistema educativo.

Para acceder a estos recursos, los jóvenes deben poseer una cuenta de ahorros o una billetera electrónica activa, debidamente registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Si no disponen de un producto financiero reportado ante Prosperidad Social, tienen la opción de reclamar la transferencia mediante giro, acudiendo a los puntos habilitados de SuperGiros-Gane en la ciudad.

Desde la administración distrital, Lilia Astrith Bello Cruz, líder local de los programas del Departamento de Prosperidad Social, enfatizó la importancia de retirar los recursos dentro del periodo establecido, recordando que Cali cuenta con un alto número de beneficiarios. Además, se recuerda a los beneficiarios que, si tienen dudas o necesitan información adicional, pueden acudir a la Avenida Estación #5N-33, frente al Centro Comercial La Pasarela, o escribir al correo prog.jovenesaccion@cali.gov.co.

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, esta transferencia representa el quinto ciclo de pagos de Renta Joven y está condicionada al cumplimiento de los compromisos que establece el programa.

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¿Cómo se puede cobrar el pago de Renta Joven en Cali?

Para obtener el pago correspondiente al quinto ciclo de Renta Joven en Cali, los beneficiarios con cuenta de ahorros o billetera electrónica registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) recibirán el dinero directamente. Si no existe un producto financiero reportado, los jóvenes pueden cobrar por giro en los puntos habilitados de SuperGiros-Gane, según lo confirmó Noticiero 90 Minutos.

¿Cuáles son los requisitos para recibir hasta $600.000 de Renta Joven en Cali?

Los requisitos para acceder hasta $600.000 en el ciclo actual de Renta Joven están relacionados con la permanencia en programas técnicos, tecnológicos o profesionales y con el rendimiento académico. Los estudiantes de educación superior recibirán $400.000 por permanencia y un adicional de $200.000 si lograron un promedio mínimo de 4,0 en el primer semestre de 2026. Para los aprendices SENA, la transferencia se entrega por permanencia en los meses de junio y julio.

El episodio fue capturado en imágenes que evidencian el instante exacto en el que el ciclista se desplaza por la avenida, mientras a pocos metros se desploma una rama de considerable tamaño. La escena pone en primer plano la vulnerabilidad de quienes transitan por espacios públicos ante riesgos repentinos, especialmente cuando hay condiciones climáticas adversas o intervenciones relacionadas con la gestión de emergencias. Según la información disponible, dicho simulacro incluyó ejercicios prácticos para preparar a las autoridades y a la ciudadanía para actuar de manera coordinada ante emergencias, especialmente aquellas relacionadas con vendavales y caída de árboles, que son amenazas identificadas en la región.

La agenda del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en Valledupar contempló actividades de evaluación sobre la capacidad de respuesta de las instituciones ante eventos inesperados. Entre los principales riesgos evaluados se encuentran precisamente los vendavales y la caída de árboles, fenómenos que pueden presentarse de manera súbita y que ponen en riego tanto a transeúntes como a la infraestructura urbana. De acuerdo con los organizadores y participantes, la jornada buscó medir la reacción de los organismos de socorro y generar conciencia en la población sobre la importancia de estar preparados para situaciones de este tipo.

Este evento concreto, en el que un ciclista estuvo a centímetros de una tragedia, refleja la importancia de estos ejercicios preventivos para fortalecer la seguridad en escenarios cotidianos y pone en evidencia la necesidad de una vigilancia constante sobre el estado de los árboles y espacios públicos, especialmente durante actividades de simulación y entrenamiento.

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¿Qué sucedió durante el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en Valledupar?

Durante el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en Valledupar, un ciclista estuvo a punto de ser impactado por una rama que cayó sobre la avenida Simón Bolívar. Según el video registrado, la rama cayó en el preciso momento en que el hombre se movilizaba en bicicleta, exponiéndolo a un riesgo considerable. Este hecho resaltó la importancia del simulacro y de la evaluación de riesgos como la caída de árboles, que fue uno de los focos principales del ejercicio.

¿Por qué es relevante prepararse ante vendavales y caída de árboles en Valledupar?

La preparación ante vendavales y caída de árboles es clave en Valledupar, ya que estos fenómenos representan riesgos frecuentes para sus habitantes y la infraestructura de la ciudad. Como quedó en evidencia durante el simulacro, una situación como la caída de una rama puede desencadenar accidentes graves; por eso, las actividades de simulación permiten identificar debilidades en la respuesta institucional y sensibilizar a la comunidad sobre la prevención y el manejo de emergencias naturales.

De acuerdo con la información preliminar divulgada por la institución, el incidente habría involucrado al soldado profesional Edwin Malabet Collante, quien presuntamente disparó contra su superior, el sargento segundo Héctor Hernando Lozano Burgos. Posteriormente, el soldado habría muerto por una lesión que, según las primeras versiones, él mismo se habría ocasionado.

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Las circunstancias exactas del caso permanecen bajo investigación de las autoridades competentes, que buscan establecer qué ocurrió dentro de la unidad militar y cuáles fueron los motivos que desencadenaron el ataque.

¿Quién era el sargento que murió en el batallón de Sogamoso?

La víctima fue identificada como Héctor Hernando Lozano Burgos, sargento segundo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Nacional.

Según la información conocida, tanto él como los demás uniformados involucrados pertenecían a la Brigada de Atención de Desastres, una unidad especializada en apoyar emergencias y atender situaciones derivadas de fenómenos naturales.

Caracol Radio también confirmó la identidad del suboficial y recordó que había participado en labores de rescate durante las inundaciones registradas en Córdoba a comienzos de año.

La emisora difundió imágenes en las que se observa al militar ayudando a trasladar animales en medio de calles inundadas, en el marco de las operaciones de atención a la emergencia.

Por su parte, el medio regional Boyacá Siete Días informó que el equipo al que pertenecían los uniformados había llegado al batallón donde ocurrieron los hechos apenas 15 días antes.

Uno de los aspectos que rodean el caso es la misión que los uniformados tenían prevista para la mañana del martes. Según la información conocida, el pelotón se alistaba para desplazarse hacia Villa de Leyva, donde se adelantaban labores para controlar un incendio forestal que había comenzado durante la tarde del lunes 19 de octubre.

En declaraciones conocidas durante la noche, el director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá había informado sobre los avances en la atención de la emergencia. Para las primeras horas del martes se contemplaba el apoyo de un helicóptero con el fin de intervenir los puntos donde persistieran las llamas.

En ese contexto, los militares se preparaban para salir a cumplir la misión cuando se habría presentado el episodio que terminó con la muerte de los dos integrantes del Ejército.

Una fuente militar consultada por El Tiempo entregó una versión preliminar sobre lo sucedido antes de los disparos. Según su relato, el incidente habría comenzado después de que el suboficial impartiera una instrucción al soldado profesional, quien presuntamente reaccionó de manera airada.

“En medio de una refriega, este último accionó su fusil contra su superior”, señaló la fuente al medio de comunicación.

Esta versión deberá ser contrastada con los testimonios y demás elementos probatorios que recopilen los investigadores.

¿Qué dijo el Ejército Nacional sobre las dos muertes?

A través de un comunicado, el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional confirmó que el hecho ocurrió durante la madrugada del martes en las instalaciones del Batallón de Artillería N.° 1, en Sogamoso.

La institución informó que el episodio dejó dos integrantes fallecidos, un militar lesionado y un perro herido. Sobre la posible participación del soldado profesional, señaló que la información inicial apunta a que habría disparado contra un suboficial y causado lesiones a otro uniformado y al animal.

Posteriormente, el presunto agresor también habría muerto, en circunstancias que todavía deben establecerse oficialmente.

El Ejército precisó que las circunstancias del caso son materia de investigación y que, tras conocer lo ocurrido, activó los procedimientos institucionales correspondientes.

Asimismo, informó que se dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a los familiares de los dos militares fallecidos y que se contempló la atención médica de las personas afectadas.

En su pronunciamiento, la institución expresó sus condolencias a los seres queridos de las víctimas y manifestó su solidaridad con sus compañeros.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente este suceso”, indicó el comunicado.

Autoridades buscan esclarecer qué ocurrió dentro de la unidad militar

Como parte de las actuaciones para reconstruir los hechos, se adelantan diligencias investigativas y entrevistas a personas que podrían aportar información sobre lo ocurrido.

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Los testimonios serán fundamentales para establecer la secuencia de los acontecimientos, verificar las versiones sobre una posible discusión previa y determinar las circunstancias en las que se produjeron los disparos.

Por ahora, el Ejército Nacional no ha informado públicamente sobre las conclusiones definitivas de la investigación.

La tragedia enluta a la institución militar y deja interrogantes sobre lo sucedido en una unidad cuyos integrantes se preparaban para participar en la atención de una emergencia ambiental en Boyacá.

En el proceso judicial, John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, señalado como cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, permanece en prisión mientras avanza la investigación por el crimen de Mateo.

El documento forense revela hallazgos estremecedores y contundentes y advierte que las heridas en su cabeza sugieren un posible patrón de ejecución.

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Necropsia de Mateo Pérez Rueda

El examen forense realizado al cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda reveló cinco heridas por proyectiles de arma de fuego, de las cuales dos de ellos fueron encontrados en el cráneo, uno en el tórax que afectó el pulmón derecho, otro más que afectó el hígado y el quinto que causó fractura de la rodilla izquierda y lesiones en vasos sanguíneos importantes.

Según la necropsia, los dos proyectiles que golpearon la cabeza produjeron lesiones cerebrales que terminaron causando su muerte. 

“Los hallazgos de necropsia permiten concluir como causa de muerte: proyectil de arma de fuego de carga única con extensa lesión del cráneo que le ocasionan una laceración encefálica que lo lleva a la muerte”, se puede leer en el informe médico legal.

Sin embargo, el examen revela que las lesiones de la cabeza son compatibles con un posible patrón de ejecución: “Por las características de ubicación anatómica de las lesiones por proyectil de arma de fuego en cráneo que sugieren patrón tipo ejecución”.

Además de las heridas causadas por arma de fuego, el examen forense también identificó lesiones producidas con un elemento cortante en el abdomen y detrás de la rodilla derecha; estas heridas fueron realizadas después de la muerte de Mateo Pérez.

El médico forense planteó posibles explicaciones para estos hallazgos: entre ellas, que pudieran estar relacionados con un intento de alterar las condiciones del cuerpo o dificultar su hallazgo.

Es importante precisar que se trata de posibilidades planteadas en el informe, no de una conclusión que identifique a los responsables o establezca definitivamente el propósito de estas lesiones.

Luego del análisis, la necropsia clasificó la muerte de Mateo Pérez como violenta, de manera médico-legal y como homicidio.

Hallazgo del cuerpo en una fosa de Briceño

Otro dato que revela la necropsia fue el lugar en el que fue encontrado el cuerpo del periodista. El hallazgo se dio en una fosa en el municipio de Briceño; según el médico forense, esta información es relevante a la hora de analizar las circunstancias que rodean su muerte. 

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El documento señala que: “El hallazgo del cuerpo al interior de una fosa ilegal sugiere que se trata de un desaparecido al cual se quería ocultar”.

¿Cuándo habría sido asesinado Mateo Pérez?

El informe también estima que la muerte podría haber ocurrido alrededor del 5 de mayo, teniendo en cuenta el estado del cuerpo, las condiciones en las que fue encontrado y la información disponible. Sin embargo, el mismo documento advierte que se necesitan más elementos para precisar con mayor certeza el momento del fallecimiento.

El anuncio de la acción judicial, oficializado a través de un comunicado emitido por la defensa del exjefe de Estado, busca contrarrestar el impacto mediático y legal de los testimonios rendidos por Rodríguez, quien ha reiterado haber presenciado maniobras irregulares al interior y fuera de la Casa de Nariño durante la anterior administración. No obstante, desde el equipo legal de Petro insisten en que las afirmaciones de la exgerente del Fondo de Adaptación carecen de sustento probatorio y forman parte de una narrativa calumniosa encaminada a minar la imagen del exmandatario.

De acuerdo con lo estipulado en la comunicación pública de la defensa: “El 21 de octubre de 2026, a las 9:00 a. m., se radicará ante la Fiscalía General de la Nación, en su sede del búnker, una denuncia contra la señora Angie Rodríguez”. Según precisó el jurista Carranza, la radicación es el resultado de un supuesto “trabajo sostenido de recopilación de información e investigación”, señalando que solicitarán imputaciones por tipos penales de alta gravedad que incluyen peculado, concierto para delinquir, injuria y calumnia agravadas, además de la presunta violación de datos personales.

La jugada estratégica de la defensa del expresidente Petro no se limitará al ámbito penal ante el ente instructor, sino que buscará trasladar las presuntas inconsistencias administrativas de la exdirectora del Dapre a los órganos de control fiscal. “Corresponderá a las autoridades esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar. Se pondrán también en conocimiento de la Contraloría General de la República los hechos de su competencia”, concluyó el documento difundido por el abogado, quien además ofreció amplios detalles sobre el alcance del recurso durante una entrevista con la emisora Caracol Radio en su espacio 6 AM-W.

Esta maniobra del equipo jurídico del exjefe de Estado se produce en un punto crítico para la coyuntura política nacional, justo cuando sobre la administración anterior pesan severas sospechas por el presunto uso de la estructura del Estado para favorecer intereses electorales y coaccionar a antiguos comandantes de las AUC con el fin de salpicar a líderes de la oposición. Mientras la defensa de Petro intenta frenar el avance de las declaraciones de Rodríguez catalogándolas de delictivas, las autoridades competentes deberán evaluar con rigor los elementos materiales probatorios presentados por ambas partes para determinar el fondo de un escándalo que salpica las más altas esferas del poder.

Los satélites meteorológicos juegan un papel crucial, ya que orbitan la Tierra y proporcionan imágenes continuas de los sistemas nubosos, permitiendo monitorear grandes extensiones de la atmósfera. Por otro lado, los radares en tierra tienen la capacidad de seguir con detalle la evolución de las lluvias en zonas específicas. Toda esta información es recogida, validada y enviada a centros internacionales equipados con supercomputadoras, donde verdaderamente ocurre la magia del pronóstico.

Una vez en estos centros, los datos se procesan mediante modelos numéricos de predicción, que son esencialmente programas informáticos diseñados para aplicar leyes básicas de la física y la termodinámica. Estos modelos dividen la atmósfera en una especie de rejilla tridimensional, permitiendo simular cada pequeño cambio minuto a minuto, lo cual mejora la precisión en la predicción de fenómenos como lluvias, tormentas o cambios de temperatura.

Para Cali, la CVC detalló el panorama climático de este miércoles, señalando que se esperan lloviznas y lluvias ligeras intercaladas con periodos de tiempo seco a lo largo del día. Sin embargo, hacia el final de la tarde y en la noche, la CVC advirtió que el acoplamiento de brisas provenientes de las montañas podría aumentar la nubosidad y propiciar lluvias moderadas e incluso tormentas eléctricas en el área urbana. Adicionalmente, la propia CVC indicó que una vaguada (una especie de canal de baja presión en la atmósfera) en el Pacífico colombiano, respaldada por divergencia en niveles altos, está creando una dinámica que aumenta la humedad e inestabilidad en el occidente del país, alzando el potencial de lluvias.

Estos pronósticos, de acuerdo con la información transmitida por la CVC y divulgada por Noticiero 90 Minutos, son el resultado de la constante interacción entre observación detallada, procesamiento masivo de datos y modelos numéricos avanzados, lo que permite anticipar el comportamiento atmosférico con rigor científico para la ciudad y la región.

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¿Cómo funciona un modelo numérico de predicción del clima?

Un modelo numérico de predicción del clima es un programa informático que simula la atmósfera usando principios de la física y la termodinámica. Divide el aire del planeta en una rejilla tridimensional y calcula cómo se moverán y evolucionarán las distintas variables como temperatura, humedad y viento con el paso del tiempo, a partir de los datos reales que se recopilan mundialmente.

¿Qué es una vaguada y cómo afecta el clima en Cali según la CVC?

Una vaguada es una región alargada de baja presión atmosférica, y según la CVC, en este caso está situada en el Pacífico colombiano. Esta configuración favorece la entrada continua de humedad e inestabilidad al occidente de Colombia, lo que incrementa la probabilidad de lluvias y tormentas, impactando directamente el clima de Cali y sus alrededores.