Este desarrollo ocurre en medio de una controversia pública: Rodríguez ha brindado declaraciones en las que denuncia presuntos hechos de corrupción dentro del Gobierno de Gustavo Petro. Sus afirmaciones han generado expectativa nacional, tanto por el alcance de lo que podrían implicar como por las consecuencias que ha traído para su vida personal. Tal como relatan los informes difundidos, Rodríguez solicitó a la Fiscalía que se reservaran las fechas en las que prestará declaración, en razón de las amenazas que asegura haber recibido luego de hacer públicas sus denuncias y por los riesgos que identifica para su seguridad personal.

En respuesta, la Fiscalía accedió a mantener en reserva tanto las diligencias programadas como las fechas relacionadas con el testimonio de Rodríguez, según lo citado en el texto facilitado. Mientras tanto, la defensa manifestó públicamente el respeto al secreto profesional y aseguró que no entregará detalles adicionales sobre los motivos puntuales de la renuncia. Por ahora, no se sabe cómo será conformada la nueva representación judicial de Rodríguez, ni el rumbo que tomarán las diligencias relacionadas con sus denuncias, pero la partida de su abogado marca un nuevo capítulo en la trama institucional alrededor del caso.

En este contexto, la situación de la exdirectora del DAPRE se mantiene en el centro de atención, a la espera de que se conozcan más detalles sobre su defensa y los próximos pasos legales tras la abrupta renuncia de su abogado. En juego está el desarrollo mismo de una investigación de alto perfil que permanece, por el momento, bajo estricta reserva procesal.

¿Por qué renunció el abogado de Angie Rodríguez a su defensa en el caso DAPRE?

De acuerdo con el comunicado emitido por Manuel Villanueva Luis, la decisión de abandonar la defensa de Angie Lizeth Rodríguez fue tomada únicamente por motivos personales. El abogado remarcó que notificó a su clienta y a las autoridades competentes, y prefirió no entregar detalles adicionales, acogiéndose al secreto profesional.

¿Por qué la Fiscalía decidió mantener en reserva las diligencias de Angie Rodríguez?

Según lo citado en los reportes, la Fiscalía General de la Nación aceptó la solicitud de Rodríguez de mantener bajo estricta reserva las diligencias, incluidas las fechas de sus declaraciones, atendiendo a los riesgos que ella argumentó para su seguridad y las amenazas que afirmó haber recibido tras denunciar presuntos casos de corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Entre los hallazgos centrales sustentados por tres fuentes independientes —y contrastados con integrantes del esquema de seguridad presidencial—, destaca que la exjefa de gabinete Laura Sarabia tuvo acceso ilimitado a las comunicaciones del exmandatario. “Ese celular de Gustavo Petro estaba gemeleado por Laura Sarabia”, aseveró Zuleta en Mañanas Blu, precisando que la duplicación del dispositivo fue confirmada por la empresa operadora tras ser detectada en el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). El procedimiento le otorgaba a la funcionaria el dominio exclusivo sobre la nube donde se almacenaban chats, archivos y videos personales grabados por el propio exjefe de Estado.

Según los testimonios consignados en la investigación, la clonación del teléfono formaba parte de un engranaje concebido para centralizar las decisiones del Ejecutivo y aislar al exmandatario. “Una de las estrategias de Laura Sarabia era mantener al presidente en sus fiestas, en sus bacanales con sus amigas y con el consumo de sustancias psicotrópicas”, sostuvo el autor, agregando que la exfuncionaria actuaba en contubernio con la entonces primera dama, Verónica Alcocer, a quien le reportaba de manera detallada cada movimiento del presidente. Esta acumulación de información confidencial explicaría por qué Sarabia se mantuvo en cargos de primer nivel —como Prosperidad Social, el DAPRE, la Cancillería y la embajada en Londres— pese a los escándalos y ajustes de gabinete.

El texto también expone las dinámicas de ingreso a la sede gubernamental para evadir los controles oficiales. Las reuniones privadas no se realizaban en la residencia presidencial sino en apartamentos externos o en el espacio asignado al jefe de seguridad en la planta baja del palacio, cuyo acceso por el garaje de la calle Octava impedía el registro en las planillas de visitantes. Mientras las denuncias sobre contrataciones y favores personales avanzan en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, la investigación periodística concluye que las actuaciones del entorno íntimo del exmandatario rebasaron el ámbito privado al incidir de forma directa en la gobernabilidad y en el manejo de las instituciones del Estado.

Jenča destacó que ha sostenido encuentros con Gaona y que existe disposición para trabajar en conjunto. En sus palabras, entiende que Gaona expresó directamente la posición del gobierno de Colombia ante el Consejo de Seguridad, por lo que respetará y tomará nota de dicha postura, siempre dentro de la imparcialidad que exige la carta de la ONU. Esto cobra aún mayor relevancia porque durante la sesión se excluyó a la Misión de Verificación de la supervisión en la implementación de la Reforma Rural Integral, una decisión tomada por solicitud del ejecutivo liderado por De la Espriella, informó El Espectador.

La respuesta de Jenča se da en un ambiente político nacional polarizado. Señaló que la Misión de Verificación acompañará los esfuerzos de paz en colaboración con el gobierno, los firmantes, las víctimas y las comunidades, cumpliendo su labor sin tomar partido y buscando reducir tensiones. Esta postura se refuerza considerando el contexto de alta confrontación política, donde, incluso, el proceso normal de empalme entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella fue suspendido, debido a lo que Jenča calificó como "retórica acalorada y confrontación política continuada".

Desde que asumió como jefe de Misión el 23 de octubre de 2025, Jenča también debió presentar informes trimestrales sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz ante el Consejo de Seguridad. A su llegada, realizó reuniones con figuras clave como el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, para discutir las perspectivas del organismo internacional en el país. En este contexto de divisiones y debates, los distintos actores coinciden en la importancia de actuar con responsabilidad para minimizar conflictos y fortalecer la construcción de paz en Colombia.

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¿Por qué el embajador de Colombia ante la ONU dice que el Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo?

De acuerdo con El Espectador, el embajador Mauricio Gaona argumenta que, si bien el gobierno y sus ciudadanos no están en contra de la paz, rechazan la impunidad. Su afirmación ante el Consejo de Seguridad se realizó en el contexto de la renovación del mandato de la Misión de Verificación y responde a la posición oficial del gobierno de De la Espriella sobre el papel y los resultados del acuerdo firmado en 2016.

¿Cuál es la función de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia?

Según la información proporcionada, la Misión de Verificación de la ONU cumple el papel de acompañar y supervisar la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Su trabajo incluye presentar informes trimestrales ante el Consejo de Seguridad y colaborar con diferentes grupos, como el gobierno, excombatientes, víctimas y comunidades, promoviendo la construcción de paz e imparcialidad en medio de un clima político polarizado.

Las indagaciones comenzaron por una instrucción que Caicedo Rico emitió a su equipo el 18 de agosto. Les pidió revisar minuciosamente cada contrato suscrito en los últimos cuatro años con el fin de esclarecer el destino de los recursos. De esta labor surgieron varios aspectos que él califica como inquietantes. Entre los principales, destacó que Icetex sufrió recortes que suman cerca de COP 1,75 billones, lo que provocó que la cifra de créditos aprobados bajara de 70.000 en 2024 a solo 10.621 en 2025.

Además de la reducción en la asignación de créditos, Caicedo Rico señaló que en 2026 se eliminaron los recursos destinados al subsidio a la tasa, una decisión que según sus cifras afectará aproximadamente a 200.000 jóvenes colombianos. Junto a estos recortes, el presidente del Icetex expuso otros hallazgos relacionados con la gestión de proyectos que, a su juicio, no eran viables financieramente. Uno de ellos correspondía a una iniciativa de cuenta de ahorro educativo voluntario, cuyo propósito era permitir a las familias ahorrar para la educación de sus hijos. Sin embargo, después de revisar el proceso de contratación, advirtió que hubo presunta omisión de los principios básicos de planeación y factibilidad financiera.

El análisis contractual reveló que la administración anterior contrató un estudio por COP 534 millones para evaluar la viabilidad del proyecto. Dicho estudio, recibido en septiembre de 2025, concluyó que "el programa de ahorro educativo voluntario no es viable ni factible. No existe un solo escenario de modelación financiera que garantice su sostenibilidad". Pese a lo anterior, se comprometieron recursos por cerca de COP 83.770 millones en contratos relacionados con este programa, incluyendo estructuración jurídica y desarrollo tecnológico. El contrato de tecnología, diseñado para cinco años, ya ha recibido entregas equivalentes a más del 50 % de su valor, es decir, unos COP 48.700 millones, para una plataforma que, según Caicedo Rico, no puede operar en el mercado por falta de viabilidad y reglamento aprobado.

El presidente del Icetex también alertó sobre un crecimiento del 80 % en el número de contratistas de la entidad entre 2022 y 2026, con un gasto superior a COP 70.000 millones en el último año, lo que representa un incremento de más del 140 % en contratos. Caicedo Rico aseguró que estos hallazgos serán puestos en conocimiento de la Contraloría y la Procuraduría para las investigaciones correspondientes.

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¿Qué significa el subsidio a la tasa en los créditos del Icetex?

El subsidio a la tasa en los créditos del Icetex consiste en un apoyo económico otorgado por la entidad para bajar el costo de los intereses de los préstamos educativos que ofrece a los estudiantes. En la denuncia de Richard Caicedo Rico, la eliminación de estos recursos en 2026 significaría que cerca de 200.000 jóvenes perderían ese beneficio, lo que podría dificultar su acceso y permanencia en la educación superior, según la información presentada en el video oficial.

¿Cuáles fueron los principales hallazgos sobre contratos y recursos en el Icetex?

Según Richard Caicedo Rico, entre los hallazgos principales están los recortes presupuestales cercanos a COP 1,75 billones, la drástica reducción en créditos aprobados, la eliminación del subsidio a la tasa para jóvenes, y el compromiso de más de COP 83.770 millones en proyectos no viables, como una cuenta de ahorro educativo voluntario. Además, reportó un incremento notable en el número de contratistas y gastos administrativos, datos que serán enviados a organismos de control para investigación.

Las denuncias de Jiménez se conocieron públicamente a través de la revista Semana el 25 de octubre. Después de esto, la mujer publicó un video en el que se le ve con el exmandatario en una habitación, presentándolo como prueba. “Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”, aseguró Jiménez en su declaración. La aparición de este video impulsó aún más la atención mediática y judicial sobre el caso.

En respuesta, Alejandro Carranza, abogado y defensor de Gustavo Petro, publicó un comunicado en el que cuestionó la validez y contexto del video. Según Carranza, “un fragmento (el video) sin fecha, sin lugar y sin origen verificado, publicado en redes por la testigo antes de ser entregado a la autoridad y replicado en minutos por periodistas y comentaristas, no es una prueba”. El jurista sostuvo que la autenticidad, el contexto y el alcance de este material deben ser comprobados dentro del proceso mediante peritajes y bajo garantías para todas las partes. No obstante, la defensa de Petro aún no ha emitido declaraciones sobre el chat recientemente conocido.

Por otra parte, la senadora María José Pizarro, quien fue vicepresidenta del Senado entre 2023 y 2024, también intervino en el asunto. En un comunicado oficial, Pizarro afirmó que la contratación de Jiménez como funcionaria administrativa se realizó bajo condiciones normales, cumpliendo con las tareas asignadas y sin relación con hechos de corrupción o favores indebidos. Pizarro expresó su disposición a colaborar con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, presentando pruebas que respalden su afirmación y solicitando ser escuchada como parte de la investigación en curso, según consta en su declaración recogida por varios medios, entre ellos Noticias Caracol y la revista Semana.

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¿Qué denuncias hizo Deicy Jiménez contra Gustavo Petro y cómo se conocieron?

Deicy Jiménez denunció al expresidente Gustavo Petro por presuntamente haberle pagado servicios sexuales mediante contratos públicos. La denuncia se hizo pública cuando la revista Semana la reveló y, posteriormente, Jiménez compartió un video en el que aparece junto al exmandatario en una habitación, asegurando que era una prueba de sus afirmaciones.

¿Cuál ha sido la respuesta de la defensa de Gustavo Petro ante las pruebas presentadas?

La defensa de Gustavo Petro, liderada por el abogado Alejandro Carranza, argumentó que el video presentado por Deicy Jiménez carece de fecha, lugar y verificación de origen, por lo que no puede ser considerado una prueba válida. Además, sostiene que la autenticidad y el contexto del material deben establecerse en el marco legal y mediante peritajes oficiales.

Según el material presentado por el noticiero, la funcionaria le contó al entonces presidente sobre las distinciones que había recibido. “El martes me dan en el Congreso de la República la máxima distinción, una decoración por mi trabajo. La condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar, en el grado Gran Cruz”, le escribió.

(Vea también: “Había 4 proxenetas”: Zuleta destapa quiénes eran las que le conseguían mujeres a Petro)

Muy mala persona Berto con Angie Rodriguez: lo único que tiene por decir ante la noticia que le da de que fue admitida a un doctorado, es que le gestione la hija de vida de Deicy Jiménez…

El jefe humano 🙄#Notidanny pic.twitter.com/ZqSIxDAetQ

— Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) November 6, 2026

11 minutos después, sin recibir todavía una respuesta de su jefe, Rodríguez le envía un nuevo mensaje. “También fui admitida oficialmente al doctorado en estudios políticos con la Universidad Externado y me felicitaron por mi propuesta de tesis”.

Petro tardó dos horas en responderle, pero no hizo caso a lo que le dijo, sino que le envió a Rodríguez un archivo PDF identificado como ‘Deicy Jiménez’ y acompañó el documento con una instrucción directa: “Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato mi interior”. El mensaje aparece fechado en diciembre de 2025 y fue enviado desde una conversación identificada con el nombre del entonces presidente.

La comunicación también muestra la respuesta de Rodríguez, quien contestó: “Perfecto señor Presidente”.  La revelación cobra relevancia por las denuncias que ha hecho Jiménez, quien aseguró que recibió contratos a cambio de encuentros personales. Sus señalamientos apuntan a presuntas prácticas dentro del entorno del entonces jefe de Estado y han motivado actuaciones de las autoridades para revisar los hechos y las pruebas que ha entregado.

Las personas que cumplen con los requisitos definidos por la entidad pueden consultar el listado de puntos habilitados y acercarse al más cercano para realizar el cobro del auxilio. Es indispensable que el beneficiario haya recibido notificación por medio de Vicky, asistente virtual dispuesta para acompañarles en el proceso y orientar los pasos que se deben seguir. En caso de no estar autorizado para este canal, los beneficiarios no podrán efectuar el retiro del dinero por esta vía.

Según la misma fuente, los puntos Gane-SuperGIROS operarán entregando los auxilios de lunes a sábado en dos jornadas, mañana de 8:00 a. m. a 12:00 p. m., y tarde de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Es importante subrayar que el servicio en estos puntos estará disponible hasta el 19 de noviembre. Sin embargo, el centro de atención masiva en Cosmocentro prestará atención solo hasta el 8 de noviembre, por lo que quienes prefieran acercarse a este lugar deben programarse antes de esa fecha límite.

Otro aspecto relevante es que no todos los beneficiarios deben ir personalmente a un punto físico para recibir la ayuda. Si el usuario dispone de certificación bancaria y la valida con la asistente virtual Vicky, puede recibir el auxilio económico de manera remota, evitando así desplazamientos innecesarios.

En el norte de Cali, el listado de puntos incluye ubicaciones como Vikingos (Cra. 4N #76-08), La Rivera (Cra. 1D #70B-06) y el centro comercial Único, entre otros. En el oriente, se encuentran habilitados lugares como Villa del Lago N2 (Cra. 26 #D70-06), Policía El Diamante y el sector Decepaz II. En la zona sur, puntos destacados son El Guabal (Cra. 39 #14-11) y el centro comercial Cosmocentro 1. Finalmente, en el occidente figuran San Bosco (Cra. 15 #8-11), Gobernación (Cra. 7 #10-10), y Jovita Santa Librada, cubriendo así las diferentes zonas de la ciudad para facilitar el acceso a la ayuda.

Esta estrategia busca garantizar el acceso rápido y seguro a la ayuda para la población afectada, minimizando aglomeraciones y contribuyendo a una distribución eficiente de los recursos, siempre bajo la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

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¿Dónde reclamar el auxilio económico para damnificados por el terremoto en Cali?

Las personas autorizadas pueden acudir a cualquiera de los 85 puntos de la red Gane-SuperGIROS distribuidos en las distintas zonas de Cali, como los barrios Vikingos, Villa del Lago N2, El Guabal y San Bosco, entre otros, siempre y cuando cuenten con la notificación emitida a través de Vicky, la asistente virtual. Es fundamental consultar previamente cuál es el punto más cercano y autorizado antes de acercarse.

¿Hasta cuándo están habilitados los puntos Gane-SuperGIROS para cobrar los auxilios en Cali?

De acuerdo con 90 Minutos, el plazo para reclamar los auxilios económicos en los puntos Gane-SuperGIROS de Cali es hasta el 19 de noviembre, mientras que el punto de atención masiva en el centro comercial Cosmocentro operará solo hasta el 8 de noviembre. Es importante que los beneficiarios consulten fechas y horarios antes de movilizarse.

El siniestro vial se produjo en medio del corredor principal del sector, lo que generó momentos de tensión y preocupación entre quienes transitaban por la zona en ese momento. Inmediatamente después del choque, testigos y personas cercanas al hecho reaccionaron rápidamente para auxiliar al afectado, brindándole asistencia inmediata mientras se coordinaba la llegada de los organismos de socorro. La prioridad de los presentes fue evitar que el campesino permaneciera sin ayuda profesional durante los minutos cruciales posteriores al accidente, de acuerdo con la información transmitida por el medio local.

La rápida reacción de la comunidad resaltó la solidaridad entre los habitantes de la región de Tolima, especialmente ante situaciones adversas en las vías. Los habitantes que presenciaron el accidente no dudaron en acudir al llamado de auxilio y en colaborar con la atención del lesionado, mostrando así una respuesta organizada y oportuna en momentos de emergencia.

Mientras tanto, las autoridades de tránsito serán las encargadas de adelantar las verificaciones necesarias para esclarecer el motivo de la colisión entre las motocicletas. De acuerdo con las primeras versiones recogidas en El Nuevo Día, una de las principales preocupaciones sigue siendo la valoración médica del campesino, cuyo estado de salud preciso solo podrá determinarse tras ser atendido por profesionales. El caso vuelve a poner en evidencia la problemática de la accidentalidad en las carreteras del Tolima, donde los incidentes de tránsito continúan generando angustia y demandan cada vez más atención para evitar tragedias mayores.

De acuerdo con El Nuevo Día, las investigaciones oficiales continuarán para establecer con exactitud las circunstancias que rodearon el evento y tomar las medidas correspondientes. Por ahora, la comunidad permanece a la espera de un reporte definitivo sobre la salud del lesionado y los resultados de la investigación de tránsito.

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¿Qué consecuencias tiene el accidente de motocicletas en El Líbano, Tolima?

El accidente dejó a un campesino con fracturas en una extremidad y generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes reaccionaron de inmediato para prestarle ayuda. La gravedad de sus lesiones será determinada por médicos, mientras que las autoridades adelantarán una investigación para aclarar cómo sucedió el choque y establecer responsabilidades, de acuerdo con los datos aportados por El Nuevo Día.

¿Cómo respondieron los ciudadanos después del accidente en La Polca?

La comunidad de La Polca respondió con prontitud al accidente, brindando auxilio inmediato al campesino lesionado antes de la llegada de los organismos de socorro. Esta reacción destaca la solidaridad de los habitantes de Tolima ante situaciones de emergencia, como lo reportó El Nuevo Día tras el siniestro.

En el comunicado se describe cómo la tranquilidad y la armonía de las comunidades han sido alteradas por la presencia de actores armados ilegales en su territorio ancestral. De acuerdo con lo expresado por los líderes indígenas, esta situación persistente ha dejado a las familias en un estado de miedo, zozobra, angustia, tristeza y sufrimiento. Señalan claramente que su deseo es vivir y morir en paz, lejos de la violencia que otros actores han traído a sus tierras: "No queremos morir a mano de personas de este mundo, si no morir tranquilos de la vejez", afirman en el texto citado por El Espectador.

Las denuncias incluyen masacres, amenazas, señalamientos, desplazamientos forzados, enfrentamientos armados, confinamientos, torturas y varias formas de violencia. La situación es tan alarmante que la gobernación del Chocó reportó, la misma semana del comunicado, el desplazamiento masivo de 282 personas hacia la cabecera municipal de Nuquí, ocasionado por la presencia de grupos armados. Además, el resguardo alertó sobre una masacre que afectó a la comunidad de Villanueva Jurubirá, reforzando la magnitud del drama en el Alto Baudó.

Los líderes indígenas recordaron que ellos no han sido quienes propiciaron esta guerra y consideran injusto tener que soportar las graves consecuencias del conflicto: "Nuestras comunidades no son objetivos militares, nuestros territorios no son campos de batalla y nuestras autoridades tradicionales no deben ser objeto de presiones", agregaron en el comunicado. Al concluir, hicieron un sentido llamado para exigir respeto por la vida y permanencia en el territorio, así como un acompañamiento institucional y solidaridad urgente que detenga la destrucción de las comunidades, como ocurrió en Villanueva Jurubirá.

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¿Cuál es la principal denuncia de las comunidades indígenas del Alto Baudó ante el conflicto armado?

La principal denuncia de las comunidades indígenas del Alto Baudó, según el comunicado del resguardo Chory Jurubirá citado por El Espectador, es la grave vulneración de sus derechos fundamentales a causa del conflicto armado. Sus integrantes exigen especialmente el respeto a la vida y el derecho a permanecer en su territorio, rechazando las masacres, desplazamientos y otras violencias que han sufrido por parte de actores armados.

¿Qué son las alertas tempranas y por qué son importantes para la protección de los pueblos indígenas?

Las alertas tempranas son llamados formales que realizan comunidades, líderes u organizaciones para informar sobre situaciones de riesgo humanitario y pedir atención urgente de autoridades y organismos de derechos humanos. En el contexto de los pueblos indígenas del Alto Baudó, esta herramienta es vital porque permite visibilizar el peligro y exigir protección institucional para evitar más víctimas y desplazamientos.

El intercambio de mensajes se registró el 12 de diciembre de 2025, exactamente 19 días antes de que venciera el contrato 1826 de 2025 que Jiménez mantenía con el Ministerio del Interior por un monto de $11.151.338. En la comunicación, el exjefe de Estado escribió textualmente a la alta funcionaria de Palacio: “Esta persona necesito que la mantengan allí en el contrato con MinInterior”. Tras emitirse la directriz desde la Presidencia, la cartera del Interior formalizó un nuevo vínculo contractual el 21 de enero por un total de $30.457.095, garantizando a la contratista una asignación mensual cercana a los $2,6 millones de pesos para labores de apoyo en la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La documentación del proceso administrativo precisa que el objeto contractual exigía apoyar la consolidación de informes de seguimiento a proyectos financiados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). No obstante, la vinculación fue terminada de manera anticipada y unilateral el 31 de octubre de 2026, en medio del avance de las pesquisas judiciales. Durante la administración de Petro, la mujer firmó un total de siete contratos con entidades públicas que sumaron $116.944.432, distribuidos en cuatro vinculaciones con el Senado de la República, una con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y dos con el Ministerio del Interior, según informó Semana.

El expediente se encuentra bajo la órbita de las principales autoridades de control y juzgamiento del país. Luego de que la Fiscalía General de la Nación abriera una noticia criminal el pasado 23 de octubre, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ejecutaron la extracción forense al teléfono celular entregado por la denunciante el 5 de noviembre. En paralelo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia practicó una inspección para recaudar los folios de contratación en el Congreso, mientras que la Procuraduría General de la Nación citó a la excontratista a rendir declaración en el marco de la indagación previa.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades tras el suceso, el homicidio se habría producido cuando sujetos interceptaron a la víctima en el trayecto a su lugar de labores y le dispararon. Los motivos y la identidad de los agresores aún no se han esclarecido, y las investigaciones están en curso. La Policía y los organismos judiciales llegaron al lugar poco después del crimen para desarrollar la inspección técnica y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, procedimientos habituales en casos de este tipo.

Dentro de las hipótesis preliminares planteadas sobre el ataque se encuentra la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas. No obstante, esta teoría no ha sido confirmada y corresponderá a las autoridades determinar si existe relación entre este hecho criminal y otros antecedentes judiciales de la víctima, pues también han circulado versiones que señalan posibles vínculos de Callejas con un homicidio ocurrido en 2025 dentro de la plaza de mercado de Ambalema. Sin embargo, según la información reportada, estos supuestos aún deben ser debidamente verificados y no constituyen una explicación concluyente del asesinato.

Actualmente, la Policía y los organismos competentes continúan adelantando las primeras diligencias investigativas con el propósito de recolectar elementos materiales probatorios, esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos e identificar a los responsables. De acuerdo con las autoridades, se espera que en las próximas horas se entregue información oficial que aporte mayor claridad sobre lo sucedido y permita avanzar en la resolución de este nuevo hecho de violencia en Tolima.

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¿Qué se sabe sobre el asesinato de Juan Pablo Callejas en Ambalema, Tolima?

De acuerdo con la información preliminar, Juan Pablo Callejas fue atacado por individuos armados cuando se dirigía temprano a su trabajo en el establecimiento Mercapez, en Ambalema. Si bien una de las hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas, hasta el momento esta información no ha sido confirmada oficialmente y las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y la identidad de los responsables.

¿Qué significa ‘ajuste de cuentas’ en el contexto de un homicidio?

El término ‘ajuste de cuentas’ se refiere a un acto violento, como un homicidio, que ocurre como represalia o consecuencia de conflictos previos, usualmente entre personas involucradas en situaciones delictivas. Estas acciones se consideran un modo de saldar deudas o disputas mediante la violencia, aunque en este caso concreto las autoridades aún no han confirmado si esa fue la motivación.

𝐌𝐮𝐣𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐮 𝐚𝐮𝐭𝐨 𝐚𝐜𝐚𝐛𝐨́ 𝐝𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐓𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐃𝟏 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐚𝐦𝐞𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐢𝐨 𝐞𝐧 @alcaldiabquilla @PoliciaBquilla @TransitoBaq @TransitoPolicia @d1_tiendas pic.twitter.com/8N0Hijmqrb

— HT24Periodismo (@HT24Periodismo) November 5, 2026

La conductora del vehículo también salió ilesa, pese a que el impacto alcanzó las barreras de protección instaladas frente al almacén. La colisión afectó tanto los elementos de seguridad de la zona de parqueo como parte de la estructura externa del supermercado.

Videos que comenzaron a circular en redes sociales mostraron cómo quedó el automóvil después del accidente. En las imágenes se observa el vehículo contra las barandas de contención que separan los espacios de estacionamiento de la fachada del establecimiento comercial.

(Vea también: Revelan posible causa del accidente de bus Capillas de la Fe, que dejó seis heridos en Cundinamarca)

De acuerdo con las primeras versiones sobre lo ocurrido, la mujer habría perdido el control del carro mientras intentaba hacer una maniobra en el parqueadero. El episodio llamó la atención de quienes estaban cerca del lugar y provocó sorpresa entre las personas que presenciaron las consecuencias del choque.

Una de las hipótesis que circula apunta a que la conductora habría confundido los pedales o cometido un error al manipular la caja de cambios. Según esa versión, después de hacer sus compras habría intentado sacar el automóvil del estacionamiento, pero terminó acelerando hacia las barreras en lugar de retroceder.

Sin embargo, esa explicación no ha sido confirmada oficialmente y todavía no se conocen las causas exactas del accidente. Por ahora, lo establecido es que el choque dejó daños en el vehículo y en la estructura exterior del D1, sin víctimas ni personas heridas.

La sanción surgió después de que, el 8 de febrero de 2025, Señal Colombia transmitiera la película ‘Aquarius’ a las 8:00 de la noche, dentro de la franja familiar. Según la CRC, la película contenía escenas de connotación sexual y, aunque se presentó una advertencia antes de la emisión, esta no cumplía con los requisitos mínimos de claridad, veracidad y suficiencia. De acuerdo con el órgano regulador, esa advertencia no fue suficiente para que los padres y cuidadores tuvieran la información necesaria y pudieran decidir si los menores de edad debían ver o no la película.

La autoridad aclaró que la decisión no representó una censura a la película, ni buscó poner en tela de juicio su valor artístico. El eje del problema estuvo en las condiciones de programación y en la falta de rigor en la advertencia que se presentó. De acuerdo con la CRC, la conducta fue catalogada como grave porque la responsabilidad de RTVC consiste en garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a contenidos no aptos para ese horario.

La multa impuesta equivale a 53,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes de 2025, suma que se traduce, según la información suministrada, en cerca de 76,2 millones de pesos. Más allá de la amonestación administrativa, esta sanción dejó consecuencias institucionales y económicas para todo el sistema de medios públicos. Por su parte, desde la administración actual de RTVC aseguraron que cumplirán las decisiones en firme y, además, reforzarán los mecanismos de control respecto a la clasificación y programación de los contenidos, incluyendo advertencias más claras y efectivas. De igual manera, informaron que evaluarán posibles acciones jurídicas, disciplinarias y fiscales, para determinar las responsabilidades correspondientes.

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¿Por qué la CRC multó a RTVC por la emisión de una película con contenido sexual?

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) impuso la sanción porque RTVC transmitió una película con escenas de connotación sexual dentro del horario familiar, sin advertir de manera clara, veraz y suficiente sobre el contenido a los espectadores. Esto se consideró una falta grave, ya que no se protegió de forma adecuada a menores de edad frente a contenidos no apropiados, de acuerdo con las normas de la franja familiar.

¿Qué medidas tomará RTVC tras la multa de 76 millones por película en horario familiar?

La administración actual de RTVC aseguró que cumplirá con las decisiones de la CRC que estén en firme, reforzará los controles sobre clasificación, programación y advertencia de contenidos y evaluará eventuales acciones jurídicas, disciplinarias y fiscales para establecer responsabilidades internas, según la información suministrada en el reporte.

El acuerdo busca fortalecer la protección de los ecosistemas, mejorar el uso eficiente del recurso hídrico y desarrollar soluciones frente a fenómenos climáticos como sequías e inundaciones.

La firma se produjo después de una semana de reuniones entre delegaciones de ambos países en Manizales, Cartagena, Santa Marta y Bogotá, donde autoridades, universidades, empresas y organizaciones compartieron experiencias sobre gobernanza del agua, protección costera e infraestructura resiliente.

El memorando fue suscrito por el Ministerio de Infraestructura y Gestión del Agua de Países Bajos, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Ambiente de Colombia.

Entre sus compromisos están el intercambio de conocimientos, la asistencia técnica, la investigación conjunta y la promoción de alianzas entre los sectores público y privado.

Como parte de la cooperación, también se entregaron los diseños de dos proyectos de infraestructura para Cartagena, orientados a mejorar su adaptación al cambio climático.

La alianza cobra relevancia ante los efectos del Fenómeno de El Niño y los riesgos de inundaciones asociados a otros eventos climáticos. La renovación coincide con los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Según afirmó, los exámenes fueron realizados en Europa y habrían detectado dos tipos de sustancias tóxicas que podrían poner en riesgo su vida. Zuleta señaló que, de acuerdo con esas pruebas, funcionarios de entidades en las que trabajó Rodríguez estarían involucrados en los hechos.

Y está denuncia de Felipe Zuleta es aterradora. A Angie Rodríguez quisieron “matarla” envenenándola. Dice el periodista que vio las pruebas. pic.twitter.com/p8buY2ARq5

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 5, 2026

El comunicador también relacionó las denuncias con las declaraciones que Rodríguez ha hecho sobre presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro.

Además, pidió proteger a otras mujeres que han denunciado situaciones cuestionables relacionadas con la administración anterior.

Por su parte, el abogado Manuel Villanueva, representante de Rodríguez, confirmó que su defendida viajó a España para practicarse los exámenes toxicológicos, cuyos resultados habrían dado positivo para varias sustancias. Según explicó, las pruebas serán entregadas a la Fiscalía, que las solicitó como parte de la investigación.

El abogado indicó que, si se confirma su validez, podrían demostrar que existieron intentos de atentar contra la vida de la exfuncionaria.

Villanueva también mencionó otras denuncias relacionadas con un supuesto direccionamiento de contratos y solicitudes de nombramientos de personas en entidades del Gobierno.

Entre ellas estaría el caso de Deicy Jiménez, cuyo nombre habría llegado a Rodríguez mediante una solicitud para ocupar un cargo público.

Uno de los nombres que aparece en el libro es el del empresario barranquillero Euclides Torres, aunque Zuleta aclaró que no tiene un capítulo dedicado a él. El periodista aseguró que Torres habría asumido varios gastos de Cortés, la mujer que acompañó a Petro en viajes a Panamá y al Vaticano. Según su relato, el empresario cubría tiquetes, hoteles, ropa y hasta el arriendo de la vivienda de ella en La Calera, Cundinamarca.

“Pagaba tiquetes, pagaba hoteles, pagaba ropa. Paga arriendo, el arriendo de la casa de ella en La Calera”, afirmó Zuleta al explicar lo que, según sus fuentes, ocurría con los pagos. El autor sostuvo que ese respaldo económico se habría mantenido, por lo menos, hasta un mes antes de la entrevista. Sin embargo, precisó que no profundizó en los contratos que Torres habría tenido con el Estado.

(Vea también: María José Pizarro se pronunció (por fin) por enredo de Petro con Deicy Jiménez: “Linchamiento digital”)

Otro de los episodios mencionados por el periodista involucra a Angie Rodríguez, quien estuvo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Zuleta aseguró que, durante su paso por esa entidad, a Rodríguez le solicitaban entregar parte de su salario para comprarle cosas a Cortés. Además, afirmó que ese dinero todavía no le habría sido devuelto.

Las declaraciones contrastan con la versión de Vanessa Cortés, quien ha negado conocer a Euclides Torres y ha explicado que su patrimonio proviene de asesorías prestadas a empresas privadas. Por ahora, los señalamientos expuestos por Zuleta corresponden a lo que, según dijo, encontró en las grabaciones y documentos entregados por sus fuentes.

El libro ‘Las mujeres de Petro’ también aborda otros relatos sobre fiestas, consumo de sustancias psicotrópicas y disputas de poder dentro de la Casa de Nariño. Zuleta aseguró que la investigación se construyó a partir de horas de grabaciones y documentos de personas que, según explicó, temen por su seguridad. La publicación llega en medio de las denuncias de mujeres que estuvieron cerca del expresidente, entre ellas Angie Rodríguez y Deicy Jiménez.

Este grupo estuvo compuesto por 27 canarios costeños, tres tortolitas rojizas, dos tortugas inguensas y una falsa coral. Según datos de la Secretaría Distrital de Ambiente, estos animales fueron recuperados a través de rescates, recepción institucional e incautaciones originadas principalmente por el tráfico ilegal de especies. Tras ser atendidos por un equipo de expertos, se garantizaron tanto su recuperación física como su bienestar integral antes de su liberación.

Las especies liberadas desempeñan funciones fundamentales en los ecosistemas donde habitan, como la dispersión de semillas y el control de poblaciones de otras especies, contribuyendo así al mantenimiento de las dinámicas naturales de estos ambientes. El proceso de reincorporación incluyó el traslado de los animales por vía aérea al departamento de Norte de Santander, donde profesionales de CORPONOR revisaron minuciosamente las historias clínicas, datos de manejo biológico y detalles sobre su alimentación antes de autorizar la liberación definitiva en bosques de San Cayetano, Pamplonita y la región del Catatumbo.

De acuerdo con la administración distrital encabezada por Carlos Fernando Galán, este tipo de liberaciones robustece su compromiso con la protección de la biodiversidad. Hasta el momento, se han recuperado 16.041 animales silvestres, de los cuales 1.574 fueron víctimas directas del tráfico ilegal. Gracias al trabajo del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre del Distrito, desde enero de 2024 un total de 8.748 ejemplares han regresado a su hábitat natural. Por otro lado, 259 animales que no poseen las condiciones físicas o de comportamiento necesarias para sobrevivir en libertad han sido reubicados en bioparques o instituciones especializadas, donde continúan recibiendo el cuidado adecuado, según lo reporta la Alcaldía de Bogotá.

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¿Cómo es el proceso de rehabilitación y liberación de animales silvestres en Bogotá?

El proceso, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, inicia con la recuperación de los animales a través de rescates, recepción institucional o incautaciones por tráfico ilegal. Posteriormente, los animales ingresan al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación, donde expertos garantizan su recuperación física y bienestar. Una vez comprobado que están aptos, se organizan traslados, como en este caso por vía aérea, hasta lugares aptos para su liberación, donde profesionales revisan su salud y antecedentes antes de devolverlos a su entorno natural.

¿Qué funciones ecológicas cumplen las especies silvestres liberadas por la Secretaría Distrital de Ambiente?

Según la entidad, las especies silvestres liberadas como canarios, tortolitas, tortugas y serpientes desempeñan funciones clave en sus ecosistemas, incluyendo la dispersión de semillas, el control de poblaciones de otras especies y el mantenimiento de las dinámicas ecológicas fundamentales para la salud y estabilidad de los entornos naturales.

La Sala Infantil ofrecerá servicios gratuitos, funcionando de lunes a viernes entre 10:00 a. m. y 5:00 p. m., y los sábados de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. El proyecto busca integrar la lectura y el juego con la interacción entre menores y adultos, tales como acompañantes, educadores y promotores de lectura. Julia Cristina Daza Noguera, directora de la Biblioteca Nacional, declaró en un comunicado institucional que habilitar este recinto fue su prioridad desde que asumió el cargo el 1 de octubre de 2026 y resaltó la importancia de acercar la lectura a los niños como vía para fortalecer su pensamiento y curiosidad.

No obstante, la apertura oficial de la sala ha estado antecedida por un ambiente tenso y reclamos ciudadanos. Aunque el espacio estaba previsto para abrir sus puertas el 1 de octubre, distintas demoras y la falta de información pública generaron protestas de colectivos que defienden los derechos culturales de la niñez. El colectivo ciudadano "Medio Pan y un Libro" mantuvo la convocatoria a una protesta pacífica frente a la Biblioteca Nacional para exigir la pronta habilitación del lugar, fundamentando sus reclamos en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 30 de la Ley 1098 de 2006, que reconocen los derechos de la infancia a la participación cultural y artística.

Dentro de la institución persisten dudas sobre los motivos del retraso, pues, según fuentes citadas por El Espectador, la causa central habría sido la decisión unilateral de la directora de revisar el catálogo de libros seleccionado previamente por un comité técnico especializado. Esta revisión generó preocupación en sectores bibliotecarios, que consideran que el control sobre la elección de materiales podría impactar la libertad cultural y el acceso democrático al patrimonio bibliográfico.

La nueva Sala Infantil incluye una obra original de Rafael Yockteng, afiches de ilustradores emblemáticos y selecciones de autores y editoriales colombianas, así como homenajes a referentes de la literatura nacional como Rafael Pombo. Para Valeria Baena, asesora de la Biblioteca Nacional, se trata de un espacio que permitirá que las nuevas generaciones valoren y cuiden el patrimonio cultural, integrando lectura, arte y diversidad.

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¿Por qué se retrasó la apertura de la Sala Infantil de la Biblioteca Nacional de Colombia?

De acuerdo con información aportada por fuentes internas a El Espectador, el aplazamiento estaría relacionado con la decisión de la directora Julia Cristina Daza Noguera de ejecutar una revisión individual del catálogo de libros, a pesar de que la selección ya había sido elaborada por un comité técnico. Esta situación generó dudas y protestas, pues la infraestructura estaba lista y el contexto administrativo se vio marcado por denuncias de falta de comunicación y tensiones internas.

¿Qué derechos culturales respaldan la protesta ciudadana por la Sala Infantil de la Biblioteca Nacional?

La movilización ciudadana se fundamentó en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que consagra el derecho de los niños a la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión. Además, el artículo 30 de la Ley 1098 de 2006, conocida como Código de la Infancia y la Adolescencia, garantiza que niños y adolescentes tengan acceso y participación en la vida cultural y artística del país.

De acuerdo con la investigación periodística, las reuniones del círculo cercano no se llevaban a cabo en la residencia privada de la sede gubernamental, sino en espacios alternos como el apartamento asignado al jefe de seguridad en la planta baja del edificio. Para garantizar el ingreso de los asistentes sin dejar registros en los libros oficiales de control, las personas convocadas utilizaban la puerta posterior ubicada sobre la calle Octava. Este esquema logístico permitía mantener bajo estricta reserva las actividades que allí se desarrollaban, evitando el escrutinio público y las auditorías de seguridad tradicionales.

Uno de los aspectos más delicados expuestos por el autor gira en torno al manejo de las comunicaciones y la vigilancia sobre el exjefe de Estado. Según testimonios recopilados en el texto, el teléfono celular de Gustavo Petro permaneció “gemeliado” durante un periodo prolongado bajo la supervisión de Laura Sarabia, lo que permitía almacenar información detallada, registros gráficos y archivos en una nube de acceso exclusivo administrada por la alta funcionaria.

Esta centralización de datos respondía a una estrategia deliberada de manejo del poder y control de la agenda pública. “Una de las estrategias de Laura Sarabia era mantener a Petro en sus fiestas, en sus bacanales, para quedarse ella cada vez más con el poder en la Casa de Nariño. No se le olvide que Sarabia tuvo un contuvernio con Alcocer, las dos únicas mujeres del libro que no le temían a Petro eran ellas dos. Laura Sarabia y Verónica Alcocer tenían un contuvernio y Sarabia le reportaba a Alcocer todo los movimientos del presidente Petro, absolutamente todos”, sostuvo Zuleta al desentrañar las alianzas internas en el Ejecutivo.

Para el periodista, este engranaje de vigilancia permanente explicaba por qué la funcionaria mantuvo su presencia e influencia en el Gobierno nacional a pesar de los constantes remezones de gabinete. El control absoluto de la información estratégica, sumado a la alianza de reporte directo con la entonces primera dama, habría convertido la vida privada del exmandatario en un factor determinante para el funcionamiento de la administración pública y la toma de decisiones en el Estado.

Según datos comunicados por Emcali, los siguientes barrios se verán afectados con la suspensión del servicio de agua: San Luis II, en la calle 72 # 1 A1 – 114; Chiminangos I, carrera 1 B Bis # 63 – 40; El Troncal, carrera 8 A # 34 – 26; Santa Teresita, carrera 1 # 7 Oeste 11, y Primero de Mayo, calle 13 C # 56 – 28. Estos sectores han sido identificados como áreas en donde se requiere la intervención prioritaria para el mantenimiento de las redes.

Además, otras zonas de la ciudad reportadas por Emcali donde también se presentarán cortes son: Arboledas, carrera 2 B # 7 Oeste 10; Terrón Colorado, avenida 5 Oeste # 30 – 61; República de Israel, carrera 42 B con calle 33, y San Pedro, calle 8 # 6 – 79. Estas maniobras buscan garantizar el correcto funcionamiento del sistema de acueducto y responder a eventuales fallas detectadas en la infraestructura.

De acuerdo con la comunicación oficial, las tareas adelantadas este viernes son consideradas necesarias para garantizar la estabilidad y continuidad del suministro en los próximos días, minimizando riesgos de rupturas o daños mayores en la red. Aunque la suspensión será temporal, se recomienda a los habitantes de los barrios mencionados tomar precauciones adicionales para enfrentar la falta momentánea de agua potable. La información original fue publicada y confirmada por Noticiero 90 Minutos, medio local especializado en los acontecimientos de Cali.

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¿Cuáles son los barrios de Cali que tendrán cortes de agua por trabajos de Emcali?

De acuerdo con el reporte oficial de Emcali citado por Noticiero 90 Minutos, los barrios que enfrentarán suspensión del suministro de agua debido a labores de reparación son San Luis II, Chiminangos I, El Troncal, Santa Teresita, Primero de Mayo, Arboledas, Terrón Colorado, República de Israel y San Pedro.

¿Por qué habrá suspensión de agua potable en sectores de Cali este viernes?

Emcali realizará trabajos de reposición de válvulas y optimización de redes en varias zonas de Cali, lo que obliga a suspender temporalmente el servicio para garantizar el adecuado mantenimiento y prevenir posibles daños mayores en la infraestructura de acueducto.

Durante las conferencias, expertos y académicos analizaron la necesidad de incluir en la investigación las tradiciones populares, los relatos orales y las leyendas que forman parte de la identidad caleña. Según lo explicado en el evento, este enfoque resulta clave para acercar la investigación histórica a la ciudadanía, transformando la percepción del patrimonio en algo vivo y compartido por todos los habitantes. Tal visión tiene el propósito de que la comunidad participe activamente en la reconstrucción y valoración de su historia, más allá de los enfoques estrictamente académicos.

Luis Francisco López, investigador del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), señaló que esta metodología contribuye a que los resultados de las investigaciones arqueológicas y sociales tengan un impacto más amplio. En palabras de López, citadas durante el evento, "es una propuesta que precisamente valora las tradiciones populares y no se queda solo en un interés académico propiamente, porque nos parece que de esa manera involucramos también a la comunidad". Así, la obra publicada por ICANH en 2025, ‘Cañagordas y el Alférez Real, elementos críticos para una arqueología del relato’, busca comprender el patrimonio desde miradas colectivas.

Como una de las actividades centrales, la universidad organizó un recorrido por la Hacienda Cañasgordas, reconocida como monumento nacional. Estudiantes de Arquitectura, Diseño Gráfico y Comunicación Social y Periodismo exploraron este sitio histórico en el sur de Cali junto a ciudadanos, con el fin de profundizar en los hallazgos de las investigaciones realizadas. Julián Ricci, docente del programa de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Occidente, explicó que la hacienda es un eje fundamental en los procesos investigativos, académicos y documentales del programa desde hace tres años. De acuerdo con Ricci, analizar cómo visibilizar y proteger la hacienda es esencial para afianzar el vínculo de la comunidad con el patrimonio.

Con el desarrollo de estas iniciativas, la Universidad Autónoma de Occidente refuerza su papel como promotora de la formación académica y la investigación, dos herramientas prioritarias para preservar la memoria de Cali y fortalecer la identidad cultural entre sus habitantes.

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¿Qué importancia tiene la Hacienda Cañasgordas para el patrimonio histórico de Cali?

La Hacienda Cañasgordas es un monumento nacional que representa un punto clave para la memoria y la identidad cultural de Cali. Durante la Semana del Patrimonio, estudiantes y ciudadanos visitaron este sitio emblemático para conocer sus hallazgos históricos y arqueológicos, reforzando así el lazo entre la comunidad y su historia local, según la información presentada por la Universidad Autónoma de Occidente.

¿Cómo integra la Universidad Autónoma de Occidente la comunidad a los estudios patrimoniales?

De acuerdo con las actividades y declaraciones recogidas durante la Semana del Patrimonio, la Universidad Autónoma de Occidente promueve que la comunidad participe activamente en los procesos de investigación sobre el patrimonio, incorporando tradiciones populares y relatos orales. Esta integración permite que la construcción del conocimiento trascienda el ámbito académico y tenga relevancia social, tal como lo destacan investigadores como Luis Francisco López del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

Ante esta realidad, la Asociación Colombiana de Egresados de Protección cumple un papel fundamental al acompañar a aquellos adolescentes y jóvenes que dejan el sistema del ICBF y desean construir un proyecto de vida propio. Según Michael Londoño, director ejecutivo de la asociación, la entidad se enfoca en brindar acompañamiento integral por medio de programas que facilitan acceso a educación superior, empleo y vivienda. Uno de los aspectos más relevantes que resalta Londoño es la atención que se presta desde el primer momento: "Esta casa recibe a jóvenes que salen del ICBF y que no tienen una vivienda donde ingresar inicialmente. Entonces aquí se les brinda un acompañamiento de seis, un año o dos años máximo."

De acuerdo con la misma fuente, programas denominados Avanza Joven y Casas del Saber buscan guiar a los jóvenes en esa transición: se les ofrece vivienda temporal, orientación para encontrar empleo y gestión de sus finanzas personales, elementos que facilitan el camino hacia una vida verdaderamente independiente. Esta labor va de la mano con la ley 2479 de 2025, conocida como 'Hijos del estado', que institucionaliza el acompañamiento a los egresados del sistema de protección para garantizarles oportunidades y evitar que queden expuestos a la vulnerabilidad.

Para continuar fortaleciendo estas iniciativas, la asociación realizará el evento denominado 'Coffee Party'. Según explicó Londoño, el objetivo es socializar el trabajo de la organización y recaudar fondos para las líneas programáticas mencionadas anteriormente. El evento tendrá lugar el 7 de noviembre en la Casa Obeso Obeso, ubicada en el barrio Normandía, y contará con música, arte y café desde las 4:30 p.m.

De esta manera, el trabajo de la Asociación Colombiana de Egresados de Protección no solo responde a la urgente necesidad de acompañamiento para quienes egresan del ICBF, sino que también se ajusta al marco legal vigente, asegurando que estos jóvenes encuentren un rumbo claro y seguro en su nueva vida.

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¿Qué programas ofrece la Asociación Colombiana de Egresados de Protección a quienes salen del ICBF?

De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos, la asociación pone a disposición programas como Avanza Joven y Casas del Saber, que proporcionan orientación, vivienda temporal, apoyo para acceder a un empleo y educación superior, así como herramientas para organizar las finanzas. Además, se brinda acompañamiento jurídico y emocional, facilitando el proceso de independencia para los egresados.

¿Cuál es el objetivo del evento 'Coffee Party' organizado por la asociación y cuándo será?

Según explicó Michael Londoño, el evento 'Coffee Party' tiene como propósito principal dar a conocer la labor de la Asociación Colombiana de Egresados de Protección y recaudar fondos que permitan fortalecer sus programas. La cita es el 7 de noviembre, en la Casa Obeso Obeso, barrio Normandía, a partir de las 4:30 p.m., e incluirá música, arte y café.

Morales enfatizó que las explicaciones oficiales no logran responder a la magnitud del expediente: “Han aparecido en las últimas horas no uno, no dos, no cinco, 10 contratos millonarios. El comunicado de María José Pizarro no aclara absolutamente nada, solamente dice que Deicy Jiménez trabajó y cumplió gestionando un contrato”. Según el periodista, la situación legal del exjefe de Estado es sumamente delicada debido al material probatorio recaudado tras las largas jornadas ante las autoridades: “Petro está sentado en el banquillo de los acusados por cuenta de la red de mujeres. Ella entrega una versión de que no se trata decidir quién tiene sexo sino quería hacer parte de esa red. Entregó ella las pruebas, los videos y los chats con él en esa diligencia larguisima de 14 horas”.

En su intervención, el director del espacio radial subrayó que la existencia de registros digitales directos deja sin margen de maniobra a la defensa del exmandatario. “La desgracia para él es que estas mujeres tienen las pruebas de todo lo que él ordenó, el chat de anoche prueba que él sí gestionó contratos para su amante Deicy Jiménez, que no tenía ni títulos ni merecimiento laborales, era una mujer que hacía contenido de carácter sexual no se sabe por qué terminó premiada”, aseveró.

Finalmente, el comunicador puso el foco en las entidades públicas salpicadas por los nombramientos y señaló de manera directa la presunta injerencia del exjefe de Estado en la consecución de esos puestos estatales. “Le fue bien a ella de todas formas porque le dieron contratos en el Dapre, en el Mininterior, ¿quién era la palanca de Deicy Jiménez? Era Gustavo Petro, el hombre que la palanqueó”, concluyó Morales, mientras la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación avanzan en las inspecciones técnicas e indagaciones para determinar la validez de los folios e inspecciones judiciales.

El caso, según la información recogida hasta el momento, ha despertado gran preocupación en el municipio, donde nuevamente la violencia golpea a los jóvenes y a la población en general. A pesar del impacto generado por el asesinato de ‘Brandy’, las autoridades han mantenido rigurosa reserva sobre los detalles. La Policía Judicial inició de inmediato las investigaciones para esclarecer las circunstancias en torno al homicidio, identificar los posibles móviles e individualizar a los responsables. De acuerdo con el reporte conocido, aún no se ha difundido información oficial sobre la manera en la que ocurrió el ataque ni sobre eventuales pistas frente a los agresores.

Después del crimen, el cuerpo de Bradith Molina fue llevado en primera instancia a la morgue del Hospital San Carlos y posteriormente trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, entidad encargada de adelantar los procedimientos técnicos correspondientes en estos casos, como autopsia e identificación plena. Según los detalles brindados hasta ahora, este paso es fundamental para avanzar en la investigación judicial, aunque por el momento no se han divulgado mayores hallazgos respecto al motivo o responsables del homicidio.

La muerte de ‘Brandy’ se suma a otros hechos violentos que vienen perturbando el sur del Tolima, lo que ha llevado a reiterar la preocupación de la ciudadanía y la necesidad de respuestas por parte de las autoridades competentes. Mientras avanzan las labores investigativas, la comunidad espera esclarecimiento y justicia en este nuevo caso que enluta a Saldaña.

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¿Qué se sabe hasta ahora del asesinato de Bradith Molina en Saldaña?

Hasta el momento, la información confirmada indica que Bradith Molina murió tras recibir varios impactos de bala cerca del río Saldaña, en el barrio El Mirador. La Policía Judicial está al frente de la investigación, pero aún no se han revelado detalles sobre los responsables ni los posibles móviles. El cuerpo pasó por el Hospital San Carlos y por Medicina Legal para los trámites legales y técnicos correspondientes.

¿Cómo avanza la investigación del homicidio en Saldaña, Tolima?

Según los reportes conocidos, la investigación está en manos de la Policía Judicial, que trabaja en identificar a los posibles agresores y en esclarecer los móviles del crimen. Hasta ahora, las autoridades no han entregado declaraciones oficiales sobre avances concretos ni sobre hipótesis, mientras la comunidad permanece expectante de que el caso no quede en la impunidad.

El Ejército señala al Frente Domingo Laín Sáenz Eln como responsable del secuestro de la oficial. Las autoridades intentan evitar que la uniformada sea sacada del país.

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Cuando se conoció el rapto de la subteniente, indicó el Ejército, “este Comando activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda y los mecanismos de coordinación interinstitucional, con el propósito de establecer el paradero de la uniformada y lograr su pronta liberación… En coordinación con la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, se adelantan acciones de búsqueda para dar con el paradero de la oficial y obtener resultados que permitan su pronto regreso”.

De la Espriella se pronuncia sobre secuestro de subteniente

Abelardo de la Espriella se pronunció a través de sus redes sociales sobre el secuestro de la uniformada y dijo: “exijo la liberación inmediata de nuestra subteniente María Camila Pantoja Hernández. Condeno y rechazo categóricamente el cobarde secuestro de nuestra oficial del Ejército Nacional en Saravena, Arauca, a manos de terroristas del Eln, Frente Domingo Laín Sáenz. Según información de inteligencia militar, dos criminales armados que se movilizaban en motocicleta habrían interceptado a nuestra subteniente”.

Agregó el mandatario que “al Eln le advierto: se equivocaron de gobierno. No vamos a permitir que sigan utilizando el secuestro para intimidar a nuestra Fuerza Pública y desafiar la autoridad del Estado. He ordenado desplegar todas las capacidades de nuestro Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional para encontrarla y lograr su regreso sana y salva. A estos criminales les exigimos que respeten su vida e integridad y la liberen de inmediato, sin condiciones”.

Renson Martínez Prada, gobernador de Arauca, habló con Noticias Caracol sobre el secuestro de la subteniente. El mandatario local señaló que “hacemos un llamado, dentro del derecho internacional humanitario, al Eln para que le respete la vida a la suboficial y así mismo para que se lleve a cabo su liberación sin condicionamientos”.

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Investigan si subteniente secuestrada fue llevada a Venezuela

Sobre la pregunta de si la uniformada fue llevada a territorio venezolano, dada la cercanía de Arauca, el gobernador sostuvo que ese tema “hace parte de nuestro consejo de seguridad y las instrucciones que siempre damos porque este municipio se encuentra sobre la frontera con Venezuela a través del río Arauca y a solo 15 minutos en un trayecto pueden haber trasladado a la oficial hacia Venezuela”.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Martínez López, quien se desempeñaba como jueza 77 de control de garantías en Bogotá, habría aceptado inicialmente una promesa de pago y luego recibido efectivo, supuestamente para favorecer al ciudadano neerlandés involucrado en un proceso por narcotráfico. La decisión de enviar a la jueza a un centro carcelario fue tomada en el marco de las audiencias de judicialización. Además, el caso salpica a una abogada y un funcionario judicial, quienes según la autoridad judicial habrían participado también en los trámites que permitieron que la solicitud de libertad llegara directamente al despacho de Martínez López.

La hipótesis de la Fiscalía señala que el acuerdo habría incluido una estrategia en la que el funcionario Waldo Garavito Mejía, parte del Centro de Servicios Judiciales, habría jugado un papel esencial. Garavito Mejía habría coordinado la radicación de una acción de habeas corpus, lo que habría facilitado que la petición quedara en manos de Martínez López, quien tomó la decisión de ordenar la liberación inmediata del extranjero. El habeas corpus es una acción judicial destinada a proteger la libertad personal frente a detenciones arbitrarias.

Uno de los elementos más llamativos de la investigación es la sospecha sobre irregularidades en la asignación del turno judicial. Según lo expuesto por la Fiscalía en las audiencias, se habría modificado el orden habitual de reparto para que el caso llegara durante el fin de semana del 13 de junio al despacho de la jueza mencionada, lo que habría permitido tomar una decisión sin levantar sospechas inmediatas. Este proceder, según la Fiscalía, respondería menos a criterios jurídicos y más al presunto pago millonario vinculado al acuerdo.

Adicionalmente, la investigación formalizó imputaciones por los delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y, en el caso de Miryam Alcira Martínez López, prevaricato por acción.

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¿Cuál es el papel de la jueza Miryam Alcira Martínez López en la liberación del ciudadano neerlandés?

La jueza Miryam Alcira Martínez López, según la Fiscalía General de la Nación y lo reseñado por Noticias Caracol, habría sido la funcionaria que tomó la decisión final de ordenar la liberación del ciudadano neerlandés. La acusación indica que esta decisión pudo haber estado motivada por la recepción de una suma de dinero que superaría los 1.200 millones de pesos, tras un acuerdo concertado con otros implicados.

¿Qué delitos se imputaron en la investigación por la liberación del ciudadano neerlandés requerido por narcotráfico?

De acuerdo con las audiencias reseñadas por Noticias Caracol, la Fiscalía General de la Nación imputó a los involucrados, incluyendo la jueza Martínez López, los delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción. Estos cargos se refieren a recibir dádivas ilegales, alterar la verdad en escritos oficiales y emitir decisiones contrarias a la ley, respectivamente.

La brecha de seguridad ocurrió pocos días después de la intervención del director del DAPRE ante la Comisión Segunda del Senado el pasado 21 de octubre, fecha en la que destapó una supuesta red de instrumentalización de 48 mujeres mediante contratos de prestación de servicios suscritos durante el gobierno del exmandatario Gustavo Petro. Según precisó Soto, el incidente en la residencia privada tuvo lugar el 28 de octubre. Al ser puestos a disposición de las autoridades competentes, se confirmó que los tres hombres retenidos registraban antecedentes penales por múltiples homicidios y hurto agravado.

Al hallazgo en la vivienda se sumó un evento adicional en el entorno escolar de la familia del funcionario. Las autoridades detectaron a un individuo sospechoso realizando labores de vigilancia en los alrededores del colegio al que asisten los hijos de Ríos; el sujeto emprendió la huida antes de ser abordado por las patrullas de la Policía Nacional. Para la administración central, estos eventos constituyen un amedrentamiento directo derivado de las pesquisas anticorrupción en marcha. “Esto es grave. Esto es muy grave. Ningún servidor público debería tener que escoger entre entregar un expediente y estar tranquilo y dormir tranquilo”, enfatizó el vocero gubernamental.

🚨 La Presidencia denuncia que tres personas ingresaron a la vivienda del director del Dapre, Carlos Ríos.

Según el vocero Miller Soto, los sujetos, quienes tendrían antecedentes judiciales, fueron encontrados dentro de la residencia por las autoridades de protección, días después de que el funcionario denunciara una presunta “instrumentalización de mujeres en el Gobierno Petro”.

“ No en la esquina, no a unos cuantos metros, dentro, en las instalaciones de la residencia”, afirmó Soto al referirse a lo ocurrido.

La Presidencia relacionó ambos hechos, aunque las circunstancias del ingreso y su posible conexión con la denuncia deberán ser esclarecidas por las autoridades.

Más detalles https://t.co/GgFGgCB9rB

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 5, 2026

Las denuncias radicadas por Carlos Ríos reposan en la Fiscalía General de la Nación, organismo que abrió una noticia criminal e inició indagaciones preliminares para determinar responsabilidades penales. El plan de trabajo de los investigadores contempla tomar declaración al actual director del DAPRE, llamar a rendir versión a las exdirectoras Laura Sarabia y Angie Rodríguez, y recolectar los testimonios de las contratistas vinculadas al expediente. Asimismo, se alistan inspecciones técnicas a las bases de datos y archivos de contratación de la entidad para verificar la transparencia de los procesos señalados.

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Según informó La FM, algunos de los extranjeros que serán expulsados ya fueron subidos a un bus que permanece a las afueras de la Policía Metropolitana de Bogotá. Desde ese punto comenzará su desplazamiento hacia las instalaciones militares, donde se organiza el dispositivo para continuar con el procedimiento.

En el lugar también se alista el acompañamiento de seguridad que estará presente durante el traslado de las personas. Las autoridades coordinan las medidas necesarias para movilizar al grupo hasta Catam, donde se encuentra previsto el despegue de la aeronave.

La operación cuenta con la participación de Migración Colombia y las autoridades de Bogotá, que usaron tanquetas, según informó el periodista Edward Porras, ‘Ojo de la noche’ de Noticias Caracol.

Dichos extranjeros, incluidos en el procedimiento, fueron capturados en diferentes ciudades por hechos relacionados con la comisión de distintos delitos.

🚨🚌Algunos de los extranjeros que serán expulsados del país ya fueron subidos a un bus ubicado a las afueras de la Policía Metropolitana de Bogotá, desde donde serán trasladados a Catam. Se alista el dispositivo de seguridad y acompañamiento. https://t.co/BjzQSmOEu1

— La FM (@lafm) November 6, 2026

¿A dónde llevarán a los extranjeros capturados?

Una vez estén en la base militar, serán embarcados en un avión que partirá con destino a Cúcuta, como parte del operativo de expulsión del territorio nacional.

El procedimiento se desarrolla mientras las entidades encargadas de la seguridad y el control migratorio preparan el dispositivo para garantizar el traslado de los extranjeros hasta el punto de salida.

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El bebé había llegado al establecimiento durante la mañana del martes 3 de noviembre, acompañado por sus padres, dos jóvenes venezolanos de 20 y 23 años que trabajan en una cafetería y un autolavado, respectivamente. La mujer que lo recibió era conocida en el sector por cuidar niños, por lo que la pareja ya tenía referencias de ella.

Horas después, los padres recibieron una llamada en sus lugares de trabajo. La cuidadora les comunicó que el niño no respondía. Ambos salieron de inmediato hacia la vivienda para recogerlo, pero al llegar la mujer les manifestó que el bebé había muerto.

Los jóvenes lo llevaron en brazos a un servicio de urgencias del nororiente de Medellín. Allí, el personal médico confirmó que no tenía signos vitales. Posteriormente, el cuerpo quedó a disposición de Medicina Legal para la necropsia, que deberá establecer la causa del fallecimiento.

La versión que recibió la Alcaldía sobre la muerte del bebé

En entrevista con El Tiempo, Carlos Alberto Arcila Valencia, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, explicó que la administración recibió el reporte de la muerte y activó el acompañamiento a los padres. El funcionario también precisó que el niño estaba en una guardería barrial no formal, un espacio en el que vecinos prestan servicios de cuidado infantil.

Arcila indicó que, según la información entregada sobre lo ocurrido, el bebé se acostó a dormir y no volvió a despertar. “Seguimos con esa versión mientras que Medicina Legal avanza con los resultados de la necropsia”, afirmó el secretario al referirse al reporte preliminar.

El funcionario aclaró que esa es la explicación que se maneja hasta ahora, pero no constituye una conclusión sobre las circunstancias médicas del fallecimiento. La necropsia será determinante para establecer qué le ocurrió al menor y aportar elementos a la investigación que adelanta la Fiscalía.

Qué investiga la Fiscalía y qué papel tendrá Medicina Legal

La Fiscalía deberá avanzar en las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte. El resultado del examen forense permitirá establecer la causa del fallecimiento y orientar las actuaciones posteriores, pues hasta el momento no se ha confirmado qué provocó que el bebé dejara de responder.

El secretario Arcila señaló que la Alcaldía verificó la situación de los padres, a quienes identificó como trabajadores y población vulnerable que llevaba poco tiempo viviendo en el sector. La administración activó acompañamiento psicológico y jurídico para la pareja durante el proceso.

La revisión del lugar donde permanecía el niño también hace parte de los interrogantes que rodean el caso. Según lo explicado por el funcionario, no se trataba de un jardín infantil institucional, sino de un espacio barrial no formal en el que una mujer cuidaba a varios menores.

Alcaldía de Medellín asumirá los gastos funerarios

Ante las dificultades económicas de la familia, la Alcaldía anunció que financiará las exequias del bebé. El secretario de Paz y Derechos Humanos también confirmó que el acompañamiento institucional incluye orientación para los padres mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades esperaban recibir el dictamen de Medicina Legal durante la mañana del viernes 6 de noviembre. Ese resultado será clave para aclarar la muerte del niño y determinar qué otras actuaciones se requieren en el caso.

(Vea también: Fiscalía avanza en caso Ana Lucía González Mendoza: nuevos hallazgos forenses y cargos adicionales al principal sospechoso)

Durante la audiencia, el ente acusador expuso que las agresiones de carácter sexual no habrían ocurrido en una sola oportunidad. Según la reconstrucción presentada por el fiscal, estos episodios se habrían repetido desde junio de 2026, cuando la niña ya se encontraba en Colombia, hasta el 15 de septiembre, fecha en la que fue asesinada.

La nueva información amplía el alcance de los hechos que se investigan contra Rojas Lárez, quien era pareja sentimental de la hermana de Ana Lucía y tenía cercanía con el entorno familiar de la pequeña. La Fiscalía sostiene que el hombre habría aprovechado esa relación de confianza y familiaridad para cometer las conductas que ahora forman parte de la imputación.

Los nuevos señalamientos se conocieron durante una diligencia judicial en la que el fiscal explicó los elementos técnicos que respaldan la incorporación del delito. La información fue revelada por Blu Radio, que tuvo acceso a los detalles de la audiencia.

Qué encontraron en los exámenes forenses de Ana Lucía González

La ampliación de los cargos se sustentó en dos documentos de Medicina Legal: el informe pericial de biología forense y el dictamen de necropsia. Según explicó la Fiscalía, los análisis permitieron identificar nuevos elementos que apuntarían a conductas sexuales más graves de las que se habían descrito en la primera imputación.

Entre los hallazgos mencionados durante la audiencia figura una lesión en la cavidad oral y el paladar de la niña, además de resultados biológicos obtenidos de las muestras examinadas. Estos elementos fueron incorporados a la investigación para sustentar la hipótesis de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

El fiscal explicó que, a partir de esos resultados, se estableció que las conductas atribuidas al procesado no se habrían limitado a los actos sexuales que ya estaban incluidos en la investigación inicial.

La representación de las víctimas, encabezada por el abogado Daniel Solarte, había solicitado que se ampliara la imputación para que estos nuevos elementos fueran considerados dentro del proceso penal.

Qué delitos le imputaron al procesado por la muerte de Ana Lucía

Con la adición presentada por la Fiscalía, Shenner José Rojas Lárez deberá responder por feminicidio agravado, acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

Los cargos iniciales se habían formulado después de que las autoridades lo vincularan con la desaparición y posterior muerte de la niña. La Fiscalía sostiene que el procesado sacó a Ana Lucía de la vivienda donde permanecía en Mosquera, Cundinamarca, y posteriormente la trasladó a Bogotá.

La menor fue reportada como desaparecida el 14 de septiembre de 2026. Un día después, su cuerpo fue encontrado en un conducto de aguas lluvias del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar. Rojas Lárez fue capturado el 16 de septiembre y quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Denuncian presiones a la hermana de Ana Lucía desde la cárcel

A los avances de la investigación se suma una denuncia de la representación de víctimas sobre presuntas intimidaciones contra la hermana de la niña. Según el abogado Daniel Solarte, el procesado habría logrado comunicarse telefónicamente con ella desde la cárcel de Cómbita, donde permanece recluido, para presionarla y conseguir que modificara su declaración.

El jurista aseguró que puso la situación en conocimiento de las autoridades y solicitó medidas para evitar nuevos contactos que puedan interferir en el proceso. De acuerdo con lo informado por Blu Radio y otros medios, el Inpec habría encontrado un teléfono celular durante una revisión en el centro penitenciario.

La Fiscalía continúa con las actuaciones relacionadas con la muerte de Ana Lucía y los delitos sexuales que ahora hacen parte de la imputación. La responsabilidad penal de Rojas Lárez deberá establecerse durante el proceso judicial.

El nombramiento de Calderón España al frente de la Andje fue oficializado el pasado 20 de agosto, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella lo anunciara públicamente el 9 de julio. Calderón España, nacido en Garzón, Huila, es egresado de Derecho de la Universidad Católica de Colombia y cuenta con especializaciones en Derecho Público Económico y Derecho Constitucional. Esta formación jurídica le ha permitido desempeñarse en diversos escenarios del sector público y privado, ganando experiencia en litigios y asesoría jurídica de alto nivel.

En el ámbito político y judicial, Calderón España ejerció como abogado de la campaña presidencial de De la Espriella, donde tuvo que afrontar una disputa legal significativa. Durante ese periodo, la campaña enfrentó una restricción impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá, la cual le prohibía al entonces candidato utilizar símbolos patrios y consignas alusivas como “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”. Su participación en esta controversia subraya su cercanía con asuntos de alta sensibilidad jurídica y política.

Dentro de su carrera, ha ocupado diversos cargos en el sector público, como procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial. También ha prestado asesoría a entidades reconocidas como la Contraloría, la Cancillería, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Defensoría del Pueblo y diferentes dependencias distritales en Bogotá, de acuerdo con el reporte de El Espectador.

Un hecho clave de su trayectoria ocurrió en 2023, cuando era apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio en una conciliación con la empresa Thomas Greg & Sons, relacionada con una licitación de pasaportes. Calderón España decidió renunciar y terminar su contrato tras advertir posibles perjuicios económicos para el Estado por desacuerdos en ese proceso de conciliación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué renunció Germán Calderón España a la Andje?

De acuerdo con el documento presentado al ministro de Justicia, Germán Calderón España renunció al cargo de director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado debido a “razones de proyección profesional”. El funcionario agradeció la confianza del Gobierno Nacional y su salida será efectiva el viernes 6 de noviembre, según lo informado por El Espectador.

¿Cuál es la experiencia profesional de Germán Calderón España?

Según El Espectador, Germán Calderón España es abogado egresado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Público Económico y Derecho Constitucional, y ha desempeñado tanto cargos en la administración pública como en la asesoría de entidades estatales. Entre sus funciones destacadas figuran la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, representación jurídica en temas sensibles y asesoría a la Contraloría, Cancillería y Defensoría del Pueblo.

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Muñoz señaló que cualquier persona tiene derecho a presentar una denuncia, pero consideró que las pruebas deben ser examinadas por las autoridades competentes y no sometidas al juicio público en redes sociales.

“¿Desde cuándo unos videos de dos personas adultas demostrándose cariño constituyen, por sí solos, prueba de un delito?”, planteó en uno de los apartes de su pronunciamiento.

La mujer también advirtió que la exposición pública de un proceso puede comprometer derechos fundamentales y afectar el desarrollo de una investigación. Sin embargo, hizo una precisión: la divulgación de información no invalida automáticamente una prueba, aunque sí puede tener consecuencias sobre la integridad del proceso.

“La justicia se administra en los tribunales, no en las redes sociales”, expresó Muñoz, quien pidió que se respete el debido proceso y que las autoridades tengan la última palabra sobre los hechos denunciados.

Todas las personas tienen derecho a denunciar. Lo que no comprendo es cómo un asunto tan delicado termina convertido en un espectáculo mediático.

¿Desde cuándo unos videos de dos personas adultas demostrándose cariño constituyen, por sí solos, prueba de un delito?

Si existe una denuncia ante la Fiscalía, las pruebas deben ser valoradas por las autoridades competentes, con todas las garantías del debido proceso, pero no sometidas al juicio de un país que muchas veces prefiere el morbo a la verdad.

La exposición mediática no invalida automáticamente una prueba, pero sí puede afectar derechos fundamentales y comprometer la integridad de una investigación.

La justicia se administra en los tribunales, NO en las redes sociales.

Mientras tanto, ¿por qué no discutimos con la misma intensidad las leyes que se aprueban en el Congreso, sus posibles beneficios para delincuentes o las propuestas de impuestos que podrían golpear el bolsillo de la clase media, los trabajadores y las familias más pobres?

Colombia necesita seriedad, no más espectáculos para distraer la atención de los problemas que realmente afectan al país.

— Gabriela Muñoz Olaya (@gabymunozz_) November 5, 2026

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Gabriela Muñoz cuestionó atención mediática al caso

En otro apartado de su mensaje, Muñoz puso sobre la mesa otros asuntos políticos que, a su juicio, deberían recibir mayor atención pública. Entre ellos mencionó las leyes que se debaten en el Congreso y sus posibles efectos, así como las propuestas tributarias que podrían afectar a trabajadores, familias de bajos ingresos y sectores de clase media.

“¿Por qué no discutimos con la misma intensidad las leyes que se aprueban en el Congreso, sus posibles beneficios para delincuentes o las propuestas de impuestos que podrían golpear el bolsillo de la clase media, los trabajadores y las familias más pobres?”, cuestionó.

Su pronunciamiento se conoce en medio de las reacciones que ha provocado la publicación de Jiménez, quien ha señalado presuntos intercambios de contratos estatales por favores sexuales durante el gobierno de Petro. El expresidente ha rechazado esas acusaciones.

La controversia también ha provocado pronunciamientos de figuras políticas y periodistas, mientras las denuncias deben ser examinadas por las autoridades. En ese escenario, Muñoz insistió en que Colombia necesita discusiones de fondo y no convertir el caso en un espectáculo público.

Durante la audiencia de imputación, la fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción atribuyó a los tres los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. En lo que refiere a Martínez López, la Fiscalía le sumó el cargo de prevaricato por acción. Sin embargo, se conoció que ninguno de los tres procesados aceptó los cargos presentados por el ente acusador.

La investigación se originó por informes de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, centrados en posibles actos de corrupción judicial. De acuerdo con la Fiscalía, la abogada Herrera Cuenca habría contactado a los funcionarios judiciales para favorecer con un habeas corpus el proceso de Van der Voort. Se relata que el 14 de junio, Herrera Cuenca entregó 600 millones de pesos colombianos en efectivo a la jueza Martínez López, quien al día siguiente habría enviado una imagen de un formato de libertad con la información del ciudadano extranjero.

El proceso también reveló la presunta participación de Waldo Garavito Mejía, quien, según la Fiscalía, coordinó la radicación de la solicitud para que fuera atendida específicamente por el despacho de Martínez López. El mismo 14 de junio, ella concedió el recurso de habeas corpus y Jozef Van der Voort recuperó la libertad y salió de la cárcel La Picota en Bogotá, como lo indica el reporte del ente investigador. Más adelante se supo que la suma total del soborno llegó a 1.200 millones de pesos, aunque solo la mitad se habría entregado, sustentado en una fotografía capturada por el propio Van der Voort.

Frente a la legalidad de su decisión, la jueza argumentó que Van der Voort llevaba 109 días recluido sin que se resolviera su extradición, aun cuando existían advertencias tanto de la Fiscalía como del Ministerio del Interior sobre su falta de competencia en el caso y el respeto al debido proceso. Finalmente, la decisión de liberarlo fue revocada y el ciudadano neerlandés recapturado el 18 de junio. Los implicados fueron posteriormente capturados por la Dijín de la Policía Nacional en Cota (Cundinamarca) y Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue enviada a la cárcel la jueza Myriam Alcira Martínez López en el caso de Jozef Van der Voort?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la jueza Myriam Alcira Martínez López fue enviada a la cárcel por su presunta participación en la liberación indebida de Jozef Van der Voort, quien estaba solicitado en extradición por narcotráfico. Se le atribuyen los delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción, tras recibir pagos en efectivo para favorecer la libertad del ciudadano neerlandés a través de un habeas corpus.

¿Qué delitos se imputan en el caso por la liberación del ciudadano neerlandés solicitado en extradición?

Según la información proporcionada por la Fiscalía, los delitos imputados en este proceso incluyen cohecho propio y falsedad ideológica en documento público a los tres implicados, y adicionalmente prevaricato por acción a Myriam Alcira Martínez López. El cohecho propio hace referencia al acto de aceptar o solicitar sobornos en el ejercicio de funciones públicas, mientras que la falsedad ideológica en documento público implica la alteración o inclusión de información falsa en documentos oficiales.

De acuerdo con los anuncios realizados por el nuevo presidente, las primeras acciones incluyen mudarse de edificio, disminuir los esquemas de protección y reducir drásticamente la planta de contratistas, superando, incluso, la mitad de los existentes. Estas decisiones no son fortuitas, sino que responden a un contexto en el que la JEP enfrenta una importante restricción financiera. Antes de entrar el presupuesto nacional del año 2027 en discusión en el Congreso, la jurisdicción solicitó COP 947.000 millones para cubrir sus operaciones. Sin embargo, tal como se indica en el informe, el gobierno de Abelardo de la Espriella propuso inicialmente COP 822.000 millones. Finalmente, el Congreso estableció la cifra definitiva en COP 721.803 millones, muy por debajo de la solicitud original.

Este recorte presupuestal tiene impactos directos en la operación diaria de la JEP. Un ejemplo concreto anunciado por Rojas Betancourth es el traslado de la sede actual, que tiene una extensión de 15.000 metros cuadrados, a una más pequeña de 4.200 metros cuadrados. La magnitud de estos recortes muestra que, ante la nueva realidad financiera, la entidad tendrá que seguir prestando sus servicios con menos recursos, menores espacios físicos y menos personal de apoyo. De acuerdo con la información citada, la austeridad es el eje fundamental en la nueva administración, la cual deberá buscar el equilibrio entre el cumplimiento de su mandato y la sostenibilidad de sus operaciones hasta el año 2027. Todos estos cambios, expuestos desde el inicio del mandato de Rojas Betancourth, delinean una JEP más contenida y enfocada en utilizar de forma eficiente los recursos asignados por el Estado.

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¿Por qué la Jurisdicción Especial para la Paz decidió reducir personal y cambiar de sede?

La Jurisdicción Especial para la Paz tomó la decisión de disminuir su personal y mudarse a una sede más pequeña como una respuesta directa a las limitaciones presupuestales impuestas por el Congreso, que solo otorgó COP 721.803 millones frente a los COP 947.000 millones solicitados. Esto obliga a operar con austeridad para extender los recursos durante los próximos años, de acuerdo con los anuncios del nuevo presidente, Danilo Alfonso Rojas Betancourth.

¿Quién es el nuevo presidente de la JEP y cuál será su principal reto?

El nuevo presidente de la JEP es el magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth, quien asumió el cargo el jueves 5 de noviembre. Su principal reto será conducir la jurisdicción bajo un estricto plan de austeridad, garantizando que los recursos disponibles sean suficientes para operar hasta el año 2027 y manteniendo la operatividad de la JEP pese a los recortes presupuestales establecidos por el Congreso, según las fuentes revisadas.

El mandatario les advirtió a los funcionarios encargados de administrar esas entidades que no pueden reunirse ni mantener comunicación con él, bajo amenaza de retirarlos de sus cargos.

El pronunciamiento fue publicado el jueves 5 de noviembre en la cuenta de X del jefe de Estado. En el mensaje, calificó a Urán de “siniestro” y extendió la restricción a cualquier encuentro o interlocución con él.

“Queda terminantemente prohibido a todos los interventores de las EPS reunirse, sostener encuentros o mantener cualquier tipo de interlocución con el siniestro Mario Urán. Quien incumpla esta instrucción será separado inmediatamente de sus funciones”, escribió De la Espriella.

ORDEN TERMINANTE!

Queda terminantemente prohibido a todos los interventores de las EPS reunirse, sostener encuentros o mantener cualquier tipo de interlocución con el siniestro Mario Urán.

Quien incumpla esta instrucción será separado inmediatamente de sus funciones.

¡EN ESTE GOBIERNO SE ACABARÁN LAS MAFIAS, LOS NEGOCIADOS Y LA CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA DE SALUD, INCLUYENDO LOS NEGOCIOS IRREGULARES CON LOS MEDICAMENTOS!

Los recursos de la salud son sagrados. Son para atender a los pacientes, garantizar sus tratamientos y suministrarles oportunamente sus medicamentos, no para enriquecer a intermediarios inescrupulosos.

¡No permitiré que se siga jugando con la salud y la vida de los colombianos!

¡Bienvenidos a la Patria Milagro!

¡Firme por la Patria!

¡Que viva Cristo Rey!

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 5, 2026

El presidente relacionó su advertencia con la necesidad de impedir que intermediarios se beneficien de los recursos destinados a la atención de los pacientes. También aseguró que su administración combatirá las presuntas redes de corrupción y los negocios irregulares relacionados con medicamentos.

La medida volvió a poner sobre la mesa los cuestionamientos que desde 2024 rodean al médico, especialmente por su presunta influencia en decisiones financieras y contractuales de entidades que estaban bajo intervención estatal. Sin embargo, Urán ha rechazado las acusaciones a través de su defensa, que sostiene que sus actividades de asesoría fueron legales.

#Colombia | El presidente Abelardo De La Espriella lanzó un ultimátum a los interventores de las EPS y les advirtió que no deben reunirse con Mario Urán, asesor externo en temas de salud, denunciado por presuntos hechos de corrupción durante el Gobierno anterior.

@lauravalereyesp @MaicolBuitrago

— Red+ Noticias (@RedMasNoticias) November 5, 2026

Quién es Mario Andrés Urán y cuál ha sido su trayectoria

Mario Andrés Urán es médico cirujano, nació en Medellín y creció en Sincelejo. Su carrera profesional ha estado vinculada tanto al sector público como a la industria farmacéutica y a empresas relacionadas con la prestación y financiación de servicios de salud.

Uno de sus primeros cargos de relevancia fue en la Alcaldía de Bogotá de Luis Eduardo Garzón, donde se desempeñó como subsecretario de Salud entre 2004 y 2007. Posteriormente llegó a Roche, farmacéutica en la que ocupó la gerencia de asuntos corporativos.

Más adelante asumió la dirección de Caprecom, EPS estatal que terminó liquidada. También trabajó en Lafrancol, compañía que pasó a formar parte del grupo Abbott, y ocupó posiciones en organizaciones gremiales de la industria farmacéutica, entre ellas la junta directiva de la Cámara de Medicamentos de la ANDI.

Su experiencia en el sector continuó mediante asesorías a empresas de salud. Para 2024 tenía un vínculo contractual con Coosalud, desde donde, según las denuncias que se conocieron posteriormente, habría tenido acceso a información de otras EPS intervenidas.

Las denuncias que llevaron su nombre ante la Fiscalía

La controversia tomó fuerza en septiembre y octubre de 2024, cuando se conocieron correos electrónicos en los que directivos de las EPS Emssanar, Asmet Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS) compartían con Urán información financiera y datos relacionados con pagos a clínicas y hospitales.

El asunto llamó la atención porque el médico no tenía un cargo como interventor en esas entidades. Su relación contractual era con Coosalud, que no estaba intervenida en ese momento.

El entonces superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, llevó el caso ante la Fiscalía y señaló una presunta estructura que habría permitido concentrar contratos y giros de recursos en determinados prestadores de servicios. Entre los cuestionamientos también mencionó posibles pagos a terceros para cumplir funciones que correspondían a los interventores y una eventual intervención de Urán en decisiones sobre desembolsos.

La Superintendencia sostuvo que habría existido una presunta confabulación para direccionar contratos hacia determinadas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). También advirtió sobre posibles sobrecostos y favorecimientos a determinados laboratorios y marcas de medicamentos.

Coosalud confirmó que Urán había tenido un contrato de prestación de servicios, pero se apartó de las actuaciones que se le atribuían. La entidad señaló que no era responsable de las acciones que el médico pudiera haber realizado como particular mediante el uso no autorizado de su correo institucional.

El caso también tuvo consecuencias para las relaciones contractuales del médico con las entidades involucradas. Las asesorías con las EPS señaladas terminaron, mientras las autoridades continuaron con las verificaciones sobre el manejo de los recursos.

Nueva denuncia por contrato de $180.000 millones

Los cuestionamientos volvieron a aparecer en agosto de 2026, cuando el entonces superintendente de Salud, Daniel Quintero, habló de un presunto negocio por $180.000 millones relacionado con la EPS SOS y la empresa Papeles Aurora.

Quintero aseguró que Urán habría intervenido en gestiones para impulsar esa contratación y mencionó la existencia de lo que denominó «oficinas paralelas de contratación», mediante las cuales personas externas a las EPS habrían influido en decisiones que correspondían a sus administradores.

El entonces funcionario también mencionó otras sociedades, entre ellas Efeso y Grief Services, al referirse a presuntos patrones de contratación que, según sus declaraciones, fueron puestos en conocimiento de las autoridades.

Estos señalamientos se sumaron a las investigaciones que ya existían sobre la posible participación del médico en decisiones relacionadas con el dinero de las EPS intervenidas. No obstante, las denuncias y los hallazgos administrativos deben distinguirse de una eventual responsabilidad penal, que corresponde establecer a la justicia.

Qué respondió el abogado de Mario Urán a la decisión de De la Espriella

Consultado por EL TIEMPO sobre el pronunciamiento presidencial, Andrés Garzón, apoderado de Urán, cuestionó los elementos que dieron origen a las investigaciones contra su cliente.

Según explicó el abogado, dentro de las actuaciones existen declaraciones de funcionarios de la Superintendencia de Salud que, a su juicio, evidenciarían problemas en los informes iniciales. Garzón aseguró que esos documentos presentan «serias irregularidades administrativas y de credibilidad» y sostuvo que carecen de sustento probatorio.

La defensa también ha insistido en que Urán no tenía facultades para ordenar directamente los giros de las EPS. En declaraciones anteriores a El Tiempo, Garzón explicó que las decisiones finales sobre pagos y contratación correspondían a los interventores y que el trabajo de su representado consistía en entregar conceptos técnicos para ayudar a cumplir los planes de mejoramiento de las entidades.

El abogado ha defendido la legalidad de las asesorías prestadas por Urán y ha rechazado que su cliente haya direccionado recursos del sistema de salud.

La nueva instrucción de De la Espriella abre otro capítulo en la controversia, pues establece una prohibición expresa para los interventores de las EPS que mantienen bajo su responsabilidad la administración de estas entidades. Mientras tanto, las acusaciones contra Urán siguen siendo materia de revisión por parte de las autoridades.

Uno de los puntos centrales de su declaración fue la relación laboral que tuvo con Jiménez cuando ejerció como vicepresidenta del Senado, entre 2023 y 2024. Pizarro explicó que conoció a la mujer como contratista de esa dependencia y sostuvo que cumplió con las funciones administrativas que le fueron asignadas.

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“Su vinculación y la prestación de sus servicios se dieron en condiciones normales y no estuvieron sujetas a nada distinto que su vinculación laboral”, afirmó. También aseguró que nunca recibió quejas o reportes sobre situaciones irregulares relacionadas con Jiménez y que desconocía cualquier vínculo íntimo entre ella y Petro.

La congresista negó, además, tener conocimiento de la vida privada o sentimental del expresidente. Según dijo, su relación con él ha sido de carácter político y se ha desarrollado bajo el respeto mutuo.

Pizarro no dará declaraciones a medios de comunicación

En el comunicado, Pizarro explicó que no responderá preguntas de la prensa sobre el proceso debido a una orden de un magistrado de la Corte Suprema que, según indicó, exige mantener estricta reserva sobre el caso.

La congresista también cuestionó lo que calificó como un “linchamiento mediático y digital” y pidió que Deicy Jiménez, en su condición de testigo, pueda entregar su versión con garantías y protección, sin presiones.

“He pedido a mi abogado que solicite a la honorable Sala de Instrucción que se me escuche. Allí presentaré las pruebas que respaldan lo que aquí afirmo”, señaló.

Comunicado a la opinión pública: https://t.co/RG8eCSmwgw

— María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) November 6, 2026

(Lea también: Vicky Dávila reaccionó al video de Deicy Jiménez y lanzó advertencia a Petro: “Falta mucha tela por cortar”)

El video de Deicy Jiménez reavivó el escándalo

La controversia tomó fuerza luego de que Jiménez publicara imágenes en las que aparece junto a Petro y las presentara como respaldo de sus denuncias sobre presuntos intercambios de contratos estatales por favores íntimos.

La mujer ha señalado que el expresidente habría utilizado vínculos contractuales con entidades públicas para obtener encuentros íntimos. Petro ha negado haber entregado contratos a cambio de favores íntimos y ha sostenido que responderá ante las autoridades.

El caso está bajo investigación de las autoridades, por lo que las denuncias y las versiones de los involucrados deberán ser esclarecidas en los escenarios judiciales correspondientes.

(Vea también: Alianza entre Angie Rodríguez y Deicy Jiménez reaviva controversia por denuncias sobre contratos públicos en Colombia)

El caso tiene como antecedente las declaraciones que Rodríguez ha hecho sobre situaciones que, según su versión, ocurrieron durante su paso por el Gobierno de Gustavo Petro. La exfuncionaria denunció amenazas, intimidaciones y presuntas maniobras para afectar su salud, luego de exponer públicamente supuestas irregularidades en distintas entidades del Estado.

En particular, Rodríguez manifestó que durante varios meses una persona le habría entregado medicamentos haciéndolos pasar por vitaminas o pastillas para aliviar dolores de cabeza.

Sin embargo, aseguró que después de consumirlos experimentaba alteraciones físicas y cambios en su comportamiento. Su abogado sostuvo que siete funcionarios del Dapre y del Fondo Adaptación entregaron testimonios que respaldarían parte de su relato, según reportó Blu Radio.

La denuncia llegó a la Fiscalía, donde la exdirectora amplió su declaración y aportó nuevos elementos para la investigación. Entre el material presentado por su defensa también estarían registros médicos e información relacionada con los episodios que describió. A partir de esas actuaciones, se ordenaron pruebas toxicológicas para establecer si había recibido sustancias sin su conocimiento.

Qué encontraron en los exámenes médicos de Angie Rodríguez

El resultado más reciente fue revelado por Manuel Villanueva en una entrevista con Noticias RCN. El abogado explicó que Rodríguez se trasladó a España para someterse a un examen toxicológico, debido a que, según indicó, ese procedimiento no se realizaba en Colombia en las condiciones requeridas.

Para el análisis se utilizó una muestra de cabello, con la que se buscaba identificar la posible presencia de sustancias en el organismo de la exfuncionaria. De acuerdo con Villanueva, el resultado fue positivo para varios componentes que podrían representar un peligro para su vida.

“El resultado del examen le dio positivo para varias sustancias que pueden atentar contra su vida”, afirmó el abogado al referirse a los hallazgos.

El jurista agregó que la Fiscalía solicitó formalmente el traslado de los resultados obtenidos en España para que puedan incorporarse a las actuaciones judiciales. Por ahora, no se han hecho públicas las sustancias específicas que habrían aparecido en el análisis ni los detalles técnicos del laboratorio que lo practicó.

La revelación también fue mencionada por el periodista Felipe Zuleta, quien aseguró en declaraciones recogidas por la revista Semana que tuvo acceso a los resultados de laboratorio. Según su versión, los documentos mostrarían la presencia de dos tipos de veneno. Sin embargo, esa afirmación corresponde a lo manifestado por el comunicador y no a un informe oficial divulgado por la Fiscalía.

Qué investiga la Fiscalía por el presunto envenenamiento

La investigación busca establecer qué sustancias habría recibido Rodríguez, en qué circunstancias se produjo el supuesto suministro y quiénes podrían estar involucrados. La defensa ha insistido en que los testimonios y los registros médicos aportados deben ser contrastados con los análisis técnicos para esclarecer lo ocurrido.

En las diligencias también se han abordado las amenazas e intimidaciones que la exfuncionaria asegura haber recibido. Su abogado ha señalado que existen varias líneas de investigación y ha pedido que se refuercen las medidas de protección para su representada.

Por ahora, los resultados de los exámenes conocidos a través de la defensa constituyen un nuevo elemento dentro del caso. La determinación de las sustancias detectadas, las circunstancias en las que habrían llegado al organismo de Rodríguez y las eventuales responsabilidades dependerán de las verificaciones que adelante la Fiscalía.

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De acuerdo con lo revelado por el periodista Melquisedec Torres, el exmandatario le escribió a su entonces directora del Dapre y quien le ha hecho varias acusaciones, Angie Rodríguez. En el mensaje, Petro le pidió a la exfuncionaria que Jiménez siguiera con trabajo en el Ministerio del Interior.

“Está persona necesita que laantengan allí en el contrato mi interior [sic]”, se lee en el mensaje atribuido al exmandatario que, según Torres, se envió pasada la una de la tarde del 12 de diciembre de 2025.

Atentos. Primicia. Este es el contenido literal del mensaje que el entonces presidente @petrogustavo le envió a la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, el 12 de diciembre de 2025 a la 1:06 p.m. para que Deyci Jiménez continuara con un contrato en el @MinInterior

Mensaje de Petro: “Está persona necesita que laantengan allí en el contrato mi interior”.

Y anexa la hoja de vida de “DeicyJimenez.PDF” con peso de 197 KB.

Respuesta de la directora del DAPRE: “Perfecto señor Presidente”.

— Melquisedec Torres (@Melquisedec70) November 5, 2026

Así mismo, Petro le envió a la exdirectora del Dapre una hoja de vida en un archivo llamado: “DeicyJimenez.PDF”. Por su parte, Angie Rodríguez solo se limitó a hacer caso a lo que le ordenó el expresidente: “Perfecto, señor Presidente”.

Así se vio el chat, según la foto que mostró revista Semana:

Este es el chat entre Gustavo Petro y Angie Rodríguez en el que el entonces presidente le pide a la directora del Dapre mantener el contrato de Deicy Jiménez en el Ministerio del Interior. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/ZvUbHWBWP9

— Revista Semana (@RevistaSemana) November 6, 2026

La intención del Gobierno, según lo señalan los hechos recogidos durante este evento, es construir desde las regiones una administración que deje de estar centrada únicamente en el centro político del país y se apoye en una narrativa que conecta directamente con los departamentos más alejados. Esta estrategia no solo busca el respaldo regional, sino que también apunta a incrementar el dominio político de la administración en vísperas de las elecciones regionales previstas para 2027. Así, la estrategia se articula en dos frentes principales: por un lado, los encuentros territoriales, y por el otro, la coordinación con congresistas para sacar adelante la agenda del Gobierno en el Capitolio.

Según la información, al menos una docena de encuentros se realizaron en el último mes, en los que se organizaron mesas de trabajo que involucraron a los sectores económicos y sociales de las regiones, con el objetivo de construir el articulado que dará forma al próximo Plan Nacional de Desarrollo. Este proceso ha sido reforzado con la gira denominada “El Milagro de las Regiones”, encabezada por el presidente De la Espriella, quien inauguró oficialmente la ruta junto al Departamento Nacional de Planeación (DNP) desde la ciudad de Pereira, enfocándose especialmente en respaldar a los departamentos más golpeados por el reciente terremoto.

Si bien se cuenta que De la Espriella no pudo asistir a 14 de los 16 encuentros realizados a lo largo de esta gira, sí participó personalmente en algunos de estos eventos claves, subrayando su compromiso directo con las regiones. Todo esto evidencia una intención de acercarse a las comunidades para escuchar sus necesidades e incluirlas en la agenda nacional, ubicando a la Amazonía —y otras periferias— en el centro de la planificación estatal del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la gira ‘El Milagro de las Regiones’ liderada por el presidente Abelardo de la Espriella?

La gira “El Milagro de las Regiones” es una estrategia del gobierno enfocada en acercarse a las regiones periféricas, especialmente aquellas más afectadas por situaciones como el reciente terremoto. Encabezada por el presidente Abelardo de la Espriella y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la iniciativa comenzó oficialmente en Pereira y busca fortalecer el Plan Nacional de Desarrollo a partir de la voz y necesidades locales.

¿Cuál es el objetivo de los encuentros regionales para el Plan Nacional de Desarrollo según el Gobierno?

De acuerdo con la información brindada, el objetivo principal de los encuentros regionales es construir el Plan Nacional de Desarrollo desde las regiones, involucrando directamente a sectores económicos y sociales mediante mesas de trabajo. Esta estrategia pretende desplazar el enfoque centralista y consolidar una administración conectada con las necesidades y prioridades de las distintas zonas del país, de cara a la presentación del PND ante el Congreso en 2027.

La renuncia de Calderón España no resulta sorpresiva si se tiene en cuenta que su nombre ya había figurado en la lista de aspirantes para integrar la Sección Tercera del Consejo de Estado. Esta instancia es clave en el ámbito jurídico nacional, ya que le corresponde estudiar controversias sobre contratos estatales y la responsabilidad de entidades públicas, un campo en el que Calderón España posee experiencia. Así, la dimisión se enmarca dentro de sus nuevas aspiraciones profesionales y abre paso a su candidatura para una magistratura en esa sección.

Antes de ocupar la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Calderón España había formado parte del círculo cercano a Abelardo de la Espriella durante la campaña presidencial, brindando asesoría jurídica y apoyando al entonces candidato en respuestas relativas a diferentes cuestionamientos públicos. Este acompañamiento evidenció su rol esencial en la estrategia legal de la campaña, lo que facilitó su posterior inclusión en el Gobierno tras la elección de De la Espriella. El presidente lo nombró como líder de la Agencia, una institución adscrita al Ministerio de Justicia cuya misión principal es defender los intereses de la Nación en procesos judiciales, tanto nacionales como internacionales. Calderón España tomó posesión de este cargo el 25 de agosto.

Con su salida, queda vacante una de las direcciones más relevantes del sector justicia, en un momento en que la entidad juega un papel decisivo en temas de litigio estatal. Hasta el momento, no se ha anunciado quién tomará el relevo en la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

¿Por qué renunció Germán Calderón España a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado?

Germán Calderón España presentó formalmente su renuncia por consideraciones de “proyección profesional”, según la carta que envió al ministro de Justicia, Iván Cancino González. Su salida se da en el contexto de su aspiración a ocupar un cargo en la Sección Tercera del Consejo de Estado, órgano encargado de estudiar temas como contratos estatales y responsabilidad de entidades públicas, áreas vinculadas con su trayectoria profesional.

¿Qué funciones cumple la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado?

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia, responsable de coordinar y liderar la defensa de los intereses de la Nación en litigios judiciales, tanto en Colombia como en el exterior. Esta labor implica proteger los recursos públicos y asegurar que las decisiones judiciales se ajusten a los derechos e intereses generales del Estado colombiano.

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La designación de García Burgos refuerza una tendencia reciente en los nombramientos diplomáticos. Según El Espectador, Uruguay se suma a otros países como España, Francia, Italia y Australia, donde se han nombrado figuras ligadas a sectores políticos tradicionales, pese a que el presidente Abelardo de la Espriella había prometido gobernar con personas ajenas a la burocracia estatal, refiriéndose a estos como “los nunca”. Sin embargo, la línea de designación de funcionarios diplomáticos parece seguir un patrón similar al de su antecesor, el expresidente Gustavo Petro, especialmente en términos de afinidad política y vínculos familiares.

Dentro de estos nombramientos resalta también el de Alberto Rafael Cepeda Sarabia, nuevo embajador en Italia, quien llega respaldado por su experiencia en el sector empresarial de la costa Caribe. Cepeda Sarabia es hermano de Efraín José Cepeda Sarabia, actual presidente del Partido Conservador y figura legislativa destacada tras más de 30 años como congresista, elemento que evidencia la persistencia de los ‘de siempre’ en el servicio diplomático.

La presencia de figuras políticas tradicionales en el servicio exterior no se restringe únicamente al Partido Conservador. De acuerdo con El Espectador, se prevé el nombramiento de representantes de otras bancadas de la coalición de Gobierno, que en conjunto suman más de 180 escaños en Senado y Cámara. En la lista está el exgobernador liberal de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, quien aguarda el beneplácito de Francia para asumir esa embajada. También destaca Tania Gilinski, ya posesionada en Israel, integrante del reconocido grupo económico Gilinski.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué han sido criticados los recientes nombramientos de embajadores en Colombia?

De acuerdo con El Espectador, los recientes nombramientos de embajadores en Colombia han causado críticas porque en su mayoría involucran a miembros de la clase política tradicional o a personas con vínculos familiares en importantes partidos como el Conservador, contradiciendo la promesa inicial de nombrar funcionarios sin pasado burocrático.

¿Qué significa la “declaración de conflicto de intereses” para un embajador en Colombia?

La declaración de conflicto de intereses es un trámite en el que el funcionario manifiesta oficialmente si tiene algún interés personal, familiar, financiero o político que pueda influir en el ejercicio imparcial de sus funciones. En este contexto, El Espectador señala que Amaury García Burgos cumplió con este requisito al asumir la embajada en Uruguay.

(Vea también: Vicky Dávila reaccionó al video de Deicy Jiménez y lanzó advertencia a Petro: “Falta mucha tela por cortar”)

La información fue consignada en una certificación de la entidad, en la que se precisa que los documentos fueron recibidos para estudiar su aspiración a un cargo de auxiliar administrativo, código 4044, grado 13.

El documento también aclara que el trámite se limitó a la recepción de la hoja de vida y a la revisión del cumplimiento de los requisitos para el empleo.

¿Deicy Jiménez fue contratada por el Hospital San Juan de Dios?

La institución aclaró que el proceso no avanzó a las siguientes etapas y que no se materializó el nombramiento ni la posesión de Jiménez en el cargo.

Esta precisión es relevante porque la hoja de vida del Hospital San Juan de Dios fue mencionada por la periodista Vicky Dávila en un video publicado sobre las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro.

En su análisis, Dávila señaló que la recepción de ese documento había sido certificada por el centro hospitalario y sostuvo que este elemento debía examinarse junto con los demás materiales aportados por la denunciante.

Acá, el fragmento en el que Dávila habla de ese caso:

El caso de Deicy Jiménez sigue bajo revisión de las autoridades

Jiménez denunció que habría recibido contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el periodo en el que Petro tuvo responsabilidades políticas y ejerció como presidente.

La mujer ha mencionado vinculaciones con entidades como el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. También ha señalado la existencia de una presunta red de mujeres que, según su versión, habría tenido un esquema similar.

La certificación del Hospital San Juan de Dios permite precisar un aspecto puntual de la historia: la entidad recibió la hoja de vida de Jiménez, pero no la contrató.

La estrategia ‘Guau al Parque’ se consolida como una iniciativa vital para sensibilizar a la ciudadanía sobre la tenencia responsable de mascotas, especialmente perros y gatos. Durante la jornada se ofrecerán diversos servicios gratuitos a los cuidadores y familias interesadas en fortalecer el bienestar de sus animales de compañía. De acuerdo con la información publicada por el IDPYBA, los asistentes podrán participar en vacunaciones antirrábicas, actividades lúdico-recreativas y espacios de sensibilización, donde se abordarán las mejores prácticas para garantizar una convivencia segura y saludable entre las personas y sus mascotas.

En este encuentro participarán instituciones clave de la ciudad, como el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Secretaría Distrital de Salud (SDS), quienes acompañarán la programación de actividades. La presencia de estas entidades refuerza la atención integral hacia los animales de compañía, promocionando el respeto y la responsabilidad en los hogares que conviven con diferentes especies.

La jornada busca acercar los servicios y programas de la administración distrital a los cuidadores de las distintas localidades de Bogotá. Según lo dispuesto por el IDPYBA, la realización de eventos como ‘Guau al Parque’ permite un contacto directo entre las autoridades y la comunidad, propiciando la creación de hogares saludables, conscientes y respetuosos de los derechos y necesidades de los animales.

Para quienes deseen conocer detalles adicionales o ver imágenes alusivas a la actividad, el IDPYBA invita a consultar su publicación en la red social Instagram, donde se encuentra información directa y actualizaciones sobre el evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios gratuitos ofrece la jornada ‘Guau al Parque’ para dueños de mascotas en Bogotá?

Durante la jornada ‘Guau al Parque’, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) ofrecerá a los asistentes servicios gratuitos como vacunación antirrábica para mascotas, actividades lúdico-recreativas y espacios para sensibilizar a los cuidadores sobre la tenencia responsable de perros y gatos. Así mismo, la programación contará con el apoyo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Secretaría Distrital de Salud (SDS), reforzando la atención integral a los animales en la ciudad.

¿Cuál es el propósito principal de la jornada ‘Guau al Parque’ organizada por el IDPYBA?

El principal objetivo de la jornada ‘Guau al Parque’, según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), es sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la tenencia responsable y el bienestar animal. La iniciativa está orientada a promover buenas prácticas en hogares donde conviven diferentes especies y acercar los servicios públicos de protección y acompañamiento a los cuidadores y cuidadores de mascotas en las localidades de Bogotá.

Hoy despedimos a un grande de la historia ambiental de Colombia 🇨🇴

Julio Carrizosa Umaña dedicó buena parte de su vida a pensar, impulsar y construir caminos para la conservación de la naturaleza. Como gerente del Inderena entre 1973 y 1978, fue protagonista de una etapa decisiva para @ParquesColombia: impulsó la creación de nuevas áreas protegidas y contribuyó a consolidar las bases del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Su liderazgo fue fundamental en la aprobación del Código Nacional de Recursos Naturales de 1974 y en la histórica ampliación del Sistema en 1977, cuando se declararon 18 nuevas áreas protegidas, un paso trascendental para salvaguardar la biodiversidad y el patrimonio natural de nuestro país.

Su legado permanece en cada parque, en los ecosistemas que hoy protegemos y en las generaciones que han encontrado en la conservación un propósito de vida.

Desde Parques Nacionales Naturales de Colombia lamentamos profundamente su partida y honramos su memoria y sus aportes a la historia de la conservación en nuestro país.

Gracias, Julio Carrizosa, por ayudar a abrir camino para proteger la riqueza natural de Colombia.

— Parques Nacionales Naturales de Colombia (@ParquesColombia) November 5, 2026

(Le puede interesar: Ministra Nohemí Arboleda: “no hay dilema entre la minería y el ambiente”)

El mapa que lo llevó al ambientalismo

Su relación con el territorio se forjó en el Igac, donde llegó a ocupar la dirección entre 1969 y 1973. Desde esa entidad impulsó estudios de cartografía y levantamientos del territorio que incluyeron zonas como el Chocó y la Amazonia.

Más adelante estuvo al frente del Inderena entre 1973 y 1978. Su gestión dejó como resultado la creación de áreas protegidas y santuarios que ampliaron la red de conservación del país.

La norma que marcó un antes y un después

Su nombre quedó ligado a la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, promulgado en 1974.

Esa normativa fijó lineamientos para el uso y la preservación de los recursos naturales en el país. Ese instrumento jurídico ayudó a ordenar la protección de ecosistemas clave y de zonas que hoy hacen parte del sistema de áreas protegidas.

Su huella en la academia

Su labor docente se extendió por cuatro décadas, principalmente en la Universidad Nacional, y también en otras instituciones de educación superior. Entre 1993 y 1998 estuvo al frente del IDEA de la Universidad Nacional, donde continuó como profesor e investigador hasta su retiro.

En sus textos planteó una forma de entender el ambiente que conecta lo ecológico con lo social, lo económico, lo político y lo cultural.

Desde la ANLA lamentamos el fallecimiento de Julio Carrizosa, precursor y referente del ambientalismo en nuestro país. Colombia tuvo la oportunidad de aprender de su sapiencia y visión estratégica para comprender la complejidad de los temas ambientales.

Su legado es invaluable: fue clave en la creación de 17 parques nacionales y artífice del primer Código de Recursos Naturales a nivel mundial.

Sus aportes académicos y su trayectoria en entidades del Estado, así como en la @cepal_onu, Colciencias,@el_BID y la @OEA_oficial, dejaron una huella imborrable.

#JulioCarrizosa aportó conocimiento y criterio a los principales temas ambientales para el desarrollo sostenible, la conservación y el cuidado de nuestros recursos naturales.
Homenajeamos su memoria.

Gratitud y paz en su tumba.

— ANLA (@ANLA_Col) November 5, 2026

El país despide a un referente

También trabajó como consultor para organismos nacionales e internacionales en temas de territorio, ciencia y desarrollo. En 2010 recibió el Premio Nacional al Mérito Científico en la categoría Vida y Obra.

Luego de anunciarse su fallecimiento, entidades del Estado y la academia recordaron su aporte y enviaron mensajes de condolencia.

El magistrado es señalado de recibir ese dinero a cambio de concederle la libertad bajo fianza y ordenar la excarcelación de Andrew Clark, alias The Dictator, un narcotraficante canadiense identificado como segundo al mando de la organización criminal de Ryan Wedding, exdeportista olímpico convertido en uno de los capos más buscados. 

De acuerdo con la acusación citada por El País, Clark había sido detenido en México en octubre de 2024 por cargos relacionados con narcotráfico, asesinato e intento de asesinato en Estados Unidos. En ese momento, Benítez Alcántara estaba a cargo de supervisar el proceso de extradición del canadiense solicitado por Washington.

#ATENCIÓN | La Policía retuvo en el aeropuerto internacional El Dorado a Luis Benítez Alcántara, quien se desempeñaba como juez federal en Ciudad de México y es requerido en extradición por Estados Unidos, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Vía @josedavid88_ https://t.co/iEccOoO2S0

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

La investigación sostiene que el acuerdo para pagarle al juez cerca de dos millones de dólares se concretó mientras Clark buscaba evitar su entrega a las autoridades estadounidenses. El 24 de febrero de 2025, el mismo día en que Benítez habría recibido la totalidad del dinero, el funcionario concedió la libertad bajo fianza y ordenó la excarcelación del narcotraficante, detalló El País. Sin embargo, Clark fue detenido nuevamente días después y trasladado a Estados Unidos.

El juez mexicano enfrenta nueve cargos y, si es declarado culpable, podría recibir hasta 15 años de prisión por cada uno, según el Departamento de Justicia estadounidense. 

La captura se produjo el domingo en Colombia, mientras que Estados Unidos anunció el caso este jueves y pidió su extradición al Distrito Sur de California. Allí avanza el proceso contra Wedding y sus presuntos cómplices, agregó el diario.

El caso está relacionado con la organización de Wedding, a quien las autoridades estadounidenses atribuyen el tráfico de al menos 60 toneladas de cocaína hacia Canadá, con rutas que atravesaban Colombia y México. 

Durante este debate se evaluarán varios aspectos fundamentales, como el progreso en la aplicación del Acuerdo 018 de 2026 y las medidas que cada institución educativa ha adoptado para garantizar que la comunidad educativa conozca y entienda las nuevas reglas. Es relevante destacar que este acuerdo establece restricciones específicas al uso de teléfonos celulares para estudiantes menores de 14 años durante la jornada académica. No obstante, contempla excepciones que incluyen actividades pedagógicas autorizadas, situaciones relacionadas con salud o discapacidad, y casos de emergencias familiares.

Sin embargo, aunque el acuerdo ya fue aprobado y sancionado, la puesta en marcha efectiva de la restricción requiere varios pasos previos. Uno de los principales desafíos es que los colegios deberán ajustar sus manuales de convivencia, es decir, modificar los estatutos internos que regulan la vida escolar, y definir los procedimientos para manejar los dispositivos durante las actividades educativas. Todo este proceso implicará un periodo de adaptación y acompañamiento por parte de la Secretaría de Educación, la cual deberá brindar apoyo y orientación para que la comunidad educativa logre una transición organizada.

Según lo mencionado anteriormente por el concejal Castillo, la intención es que la aplicación formal de estas nuevas normas se haga efectiva desde el calendario académico de 2027. Por eso, el debate de control político servirá para identificar si las entidades citadas han avanzado de forma concreta o si la regulación continúa solo en etapa de preparación, sin presencia real en los colegios públicos de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dice el Acuerdo 018 de 2026 sobre el uso de celulares en colegios públicos de Ibagué?

El Acuerdo 018 de 2026 dispone restricciones al uso de teléfonos celulares por estudiantes menores de 14 años durante la jornada académica en las instituciones educativas oficiales de Ibagué. Este acuerdo, de acuerdo con información del Concejo de Ibagué, permite ciertas excepciones, como situaciones pedagógicas autorizadas, emergencias familiares y necesidades derivadas de salud o discapacidad.

¿Cuándo comenzará a regir la restricción de celulares en los colegios públicos de Ibagué?

Según lo informado por el concejal Arturo Castillo, la aplicación de la restricción al uso de celulares se prevé para el calendario académico de 2027. Sin embargo, su entrada en vigencia depende de que los colegios ajusten sus manuales de convivencia y se lleve a cabo un periodo de adaptación y acompañamiento por parte de la Secretaría de Educación de Ibagué, pasos que aún se encuentran en desarrollo.

La citación fue confirmada por el Ministerio Público y se conoce en medio de los movimientos que adelantan varias entidades para esclarecer las acusaciones de Jiménez, quien recientemente volvió a poner el caso en el centro de la discusión tras publicar un video en el que aparece junto a Petro. 

La diligencia ante la Procuraduría busca que la denunciante amplíe su versión sobre las presuntas irregularidades en la contratación pública y entregue detalles que permitan contrastar sus afirmaciones. El organismo también citó para el martes 10 de noviembre a Tito Lorenzo Lobo, quien habría supervisado uno de los contratos que Jiménez tuvo en la Segunda Vicepresidencia del Senado. 

Este llamado se suma a las actuaciones que ya están en marcha en la Fiscalía. Precisamente, este jueves 5 de noviembre, Jiménez llegó al búnker de esa entidad para entregar su celular, dispositivo al que le practican una inspección forense con el propósito de revisar conversaciones, fotografías, videos y otros archivos que podrían servir como elementos de prueba. La diligencia tendría una duración aproximada de cuatro horas.

Además, la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección para recopilar los contratos que tuvo la mujer en el Congreso, mientras la Fiscalía avanza en una investigación por posibles irregularidades en entidades estatales durante el Gobierno anterior.

Sin embargo, el grupo armado ilegal advirtió sobre las posibles consecuencias ante cualquier intento de rescate, declarando que “si se pone en riesgo la vida” de la secuestrada, ello recaería bajo la responsabilidad de las fuerzas militares. En el mismo mensaje dirigido al país y, especialmente, a la familia de María Camila Pantoja Hernández, el Eln aseguró que la subteniente se encuentra bien, que se le respetarán sus derechos y que el secuestro responde a los “riesgos de la guerra que a diario vive el país”, haciendo referencia al conflicto armado vigente en la región.

La desaparición de la uniformada se conoció cuando esta se desplazaba en motocicleta. Tras ser informadas las autoridades, se activaron de inmediato los protocolos oficiales de búsqueda y coordinación entre varias instituciones para determinar su ubicación y procurar su rápido regreso. Según El Espectador, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional llevan a cabo labores coordinadas en la zona para hallar a la secuestrada.

La Defensoría del Pueblo, dirigida por Iris Marín Ortiz, exigió en un pronunciamiento público la liberación inmediata de la subteniente, recordando que al momento del secuestro la uniformada no portaba el uniforme militar. La institución expresó solidaridad con los familiares y allegados de María Camila, así como con el Ejército Nacional, destacando la ansiedad e incertidumbre que produce el secuestro. Además, la Defensoría señaló que en octubre de 2025 se emitió la Alerta Temprana 014-25 para Arauca y Cubará (Boyacá), en la que se advertía del incremento de la confrontación armada entre el Eln y las disidencias de las Farc, así como del incremento de amenazas y hechos de violencia generados por la presencia de distintos grupos armados.

La entidad también llamó a las autoridades en todos los niveles a tomar medidas urgentes tanto para lograr la liberación de la subteniente como para fortalecer la protección de derechos humanos y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Arauca y Cubará, según lo recomendaba la Alerta Temprana. Así, el caso de María Camila Pantoja Hernández se convierte en un ejemplo de la compleja situación de seguridad en la región.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo pide implementar la Alerta Temprana 014-25 en Arauca y Cubará?

La Defensoría del Pueblo solicitó que se implementen urgentemente las recomendaciones de la Alerta Temprana 014-25 porque esta alerta advertía desde octubre de 2025 sobre el aumento de la confrontación armada y el riesgo creciente de hechos violentos en Arauca y Cubará, especialmente por la presencia y acciones del Eln y las disidencias de las Farc. La entidad espera que estas medidas ayuden a prevenir nuevos secuestros y otras violaciones de derechos humanos en la región.

¿Cuál es la situación actual del secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, según El Espectador?

Según El Espectador, la subteniente María Camila Pantoja Hernández permanece en poder del Eln, que aseguró que está en buenas condiciones y que se le respetarán sus derechos. Las autoridades, entre ellas la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, activaron operativos de búsqueda para dar con su paradero y lograr su liberación. La Defensoría del Pueblo y otros organismos han exigido la liberación inmediata y la adopción de medidas preventivas en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La suspensión de estas emisoras se remonta al 17 de agosto de 2026, cuando el gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó interrumpir la programación de las 20 frecuencias creadas dentro del marco del Acuerdo Final de Paz de 2016. Durante ese periodo crítico, las comunidades de los territorios afectados vieron cómo su espacio de comunicación local era reemplazado por programación musical, lo que suscitó reclamos por parte de organizaciones sociales y defensores de la libertad de prensa. Según El Espectador, esta medida fue especialmente polémica, ya que las emisoras de paz representaban el único punto del acuerdo de La Habana que había sido completamente implementado en regiones golpeadas por el conflicto armado.

A partir del 7 de septiembre, 16 estaciones lograron retomar su identidad local bajo el nombre de “Emisoras de la Reconciliación”. Sin embargo, las frecuencias de Tierralta, Agustín Codazzi, Buenaventura y Riosucio continuaron apagadas. La gerente general de RTVC, Ángela María Soto, explicó entonces que su falta de operación obedecía a que no se habían completado a cabalidad los trámites concesionales estipulados por MinTIC durante administraciones previas.

En el comunicado oficial, RTVC enfatizó que la suspensión nunca tuvo fines políticos ni implicó el cierre definitivo de las estaciones. Según la entidad, se detectaron irregularidades legales y administrativas en el otorgamiento de concesiones durante gestiones anteriores, lo que motivó la pausa temporal para evitar posibles afectaciones jurídicas o patrimoniales.

RTVC también subrayó que la reapertura de las frecuencias responde a la necesidad de cumplir el numeral 6.5 del Acuerdo Final de Paz, que promueve la creación de espacios radiales para la convivencia, la participación ciudadana y la pedagogía institucional en zonas rurales. Así, con la reactivación de estas cuatro señales, la red de Emisoras de la Reconciliación restableció completamente su operación en los territorios asignados, aunque el monitoreo de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos continuará para vigilar las condiciones de acceso a la información y libertad de prensa en estas regiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendieron las emisoras de paz de RTVC en agosto de 2026?

La suspensión de las emisoras de paz de RTVC en agosto de 2026 fue ordenada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, que interrumpió la programación local de las 20 frecuencias creadas tras el Acuerdo Final de Paz de 2016. Según RTVC, esta decisión se tomó por pendientes e irregularidades concesionales heredados de administraciones anteriores, lo que hacía necesario pausar emisiones hasta verificar y regularizar las licencias ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

¿Cuál es el objetivo de las Emisoras de la Reconciliación según el Acuerdo Final de Paz?

Las Emisoras de la Reconciliación, denominación institucional asumida por estas frecuencias, buscan cumplir el numeral 6.5 del Acuerdo Final de Paz. Su objetivo es servir como espacios radiales que promuevan la convivencia, la participación ciudadana y la educación institucional en zonas rurales, especialmente aquellas históricamente afectadas por el conflicto armado, según lo expuesto por RTVC tras la reapertura de las estaciones.

(Vea también: Bus de pasajeros se volcó en la vía Mosquera-La Mesa, Cundinamarca: un muerto y 25 heridos tras accidente en Bojacá)

De acuerdo con una publicación difundida en redes sociales, una buseta de servicio intermunicipal de la empresa Rápido El Carmen perdió el control y terminó en el carril contrario, frente a las instalaciones de Compensar.

Las primeras versiones, publicadas por la cuenta de noticias La Región, señalan que el hecho ocurrió cuando el pavimento estaba húmedo. Sin embargo, todavía no se conocen las causas oficiales del accidente.

Acá, el video del hecho:

 

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Se desconoce el estado de los ocupantes de la buseta

La información difundida inicialmente por ese perfil no precisó cuántas personas viajaban en el vehículo ni si hubo pasajeros lesionados.

Tampoco se ha entregado un balance oficial sobre posibles traslados a centros asistenciales o la atención de organismos de emergencia.

Por ahora, se espera que las autoridades entreguen información que permita establecer qué ocurrió y cuál fue el alcance de la emergencia.

Accidente causó restricciones en la vía Zipaquirá-Cajicá

El siniestro también afectó la movilidad en este corredor de Cundinamarca. Según el reporte de La Región, se presentó paso restringido en los dos sentidos de la vía mientras se atendía la situación.

Los conductores que transitan por el sector deben tener precaución y estar atentos a las indicaciones de las autoridades de tránsito.

El balance oficial entregado por el gobierno destaca la presentación de 2.495 proyectos en las mesas por parte de los actores regionales, sumando un valor aproximado a COP 566,9 millones. En el marco de esta estrategia descentralizada, el Departamento de Planeación Nacional (DPN) también recibió cerca de 2.600 propuestas ciudadanas, que llegaron tanto a través de los espacios presenciales como del buzón digital dispuesto para dicho fin.

Según el informe del Ejecutivo, la participación en las mesas abarcó principalmente zonas rurales y se vio enriquecida por la presencia de mujeres, jóvenes, estudiantes, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, la academia y el sector productivo. Las áreas temáticas más señaladas por los ciudadanos fueron “seguridad, conectividad, agua y saneamiento básico, salud, vivienda y educación”. En el caso específico del Amazonas, región que acogió el cierre de la gira, se identificaron 42 proyectos estratégicos, cuya inversión ascendería a COP 2,6 billones y en los que el mandatario sostiene que se podrían crear más de 10 mil empleos.

Sin embargo, De la Espriella aclaró que estos anuncios forman parte de un portafolio preliminar y todavía no existe un documento oficial del Plan Nacional de Desarrollo. Este borrador debe llegar al Capitolio para ser discutido y tramitado el año próximo.

El proceso de selección de proyectos a nivel nacional, según Planeación Nacional, consideró criterios como alcance interdepartamental o nacional, la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), cofinanciación territorial y concesiones, así como el desarrollo de cadenas productivas, logística, turismo o agroindustria. El PND precisa que cada uno de los encuentros regionales contó con siete mesas temáticas organizadas por eje. Las propuestas resultantes de estos espacios serán llevadas a versión final antes de finalizar noviembre.

Frente a los límites presupuestales, Buitrago advirtió que, aunque hay muchas iniciativas viables, se debe tener en cuenta que los recursos estatales son limitados, especialmente en el escenario de crisis que afronta el país. Como complemento, el gobierno presentó recientemente un proyecto de ley de ajuste fiscal para reorganizar el Ejecutivo y ajustar el gasto mediante cambios tributarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales proyectos del Plan Nacional de Desarrollo propuestos para el Amazonas?

Según el gobierno de Abelardo de la Espriella, en el Amazonas se priorizaron 42 proyectos estratégicos con una inversión aproximada de COP 2,6 billones. Estos proyectos responderían a necesidades identificadas por la comunidad durante las mesas de trabajo, abarcando temas como empleo, desarrollo regional y servicios básicos. Se estima que la implementación de estas iniciativas podría aportar más de 10 mil empleos a la región.

¿Cómo fue el proceso de selección de proyectos para el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030?

De acuerdo con el Departamento de Planeación Nacional, la selección de proyectos para el Plan Nacional de Desarrollo se fundamentó en criterios como alcance interdepartamental, participación en la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), cofinanciación territorial y factibilidad técnica y financiera. Los proyectos emergieron de siete mesas temáticas por región y deben aún ser consolidados en el documento final para su presentación ante el Congreso.

(Vea también: Nuevo cambio en el Gobierno: sale funcionario que llevaba poco más de dos meses en su cargo)

De acuerdo con el mandatario, la operación militar se desarrolló en el sector de Timba, con participación de las Fuerzas Militares, apoyo de artillería y de la Fuerza Aérea.

En su publicación, De la Espriella aseguró que dos integrantes de esa organización fueron dados de baja y destacó entre ellos a ‘Pincher’, a quien las autoridades señalaban de tener responsabilidades dentro de la Columna Móvil Ricardo Velásquez.

Caracol Radio identificó al hombre como William Andrés Daza Guetio y señaló que era considerado uno de los principales cabecillas del frente Jaime Martínez. También era señalado como explosivista y tercer cabecilla de la Comisión Valle.

Acá, el mensaje de De la Espriella:

¡DURO GOLPE A LOS NARCOTERRORISTAS DE IVÁN MORDISCO: DADO DE BAJA ALIAS ‘PINCHER’ EN EL VALLE DEL CAUCA!

En Timba, Valle del Cauca, nuestras Fuerzas Militares intensificaron la ofensiva contra la estructura Jaime Martínez. En operaciones con apoyo de artillería y de nuestra Fuerza Aérea fueron dados de baja dos integrantes de esta organización criminal, entre ellos alias ‘Pincher’, señalado cabecilla de la Columna Móvil Ricardo Velásquez.

Alias ‘Pincher’ era señalado de ordenar ataques con explosivos contra supermercados en Cali, participar en la quema de maquinaria de INCAUCA, cometer secuestros y dirigir atentados con drones contra instalaciones militares.

A Iván Mordisco y a sus estructuras les advierto: ¡NO VAN A CONQUISTAR EL CAUCA NI EL VALLE DEL CAUCA! No tendrán refugio ni tranquilidad mientras continúen atentando contra los colombianos.

He ordenado mantener la presión operacional hasta debilitar y desmantelar estas estructuras criminales.

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 5, 2026

Los ataques que le atribuían a alias ‘Pincher’

Según el mensaje del presidente, el hombre era señalado de ordenar ataques con explosivos contra supermercados en Cali, participar en la quema de maquinaria de Incauca, cometer secuestros y dirigir atentados con drones contra instalaciones militares.

Caracol Radio también reportó que ‘Pincher’ habría tenido responsabilidad en la coordinación de acciones armadas de esta estructura en el Valle del Cauca.

La emisora indicó que su área de influencia estaba principalmente en el corregimiento de Villacolombia, en Jamundí, y que aparecía relacionado con investigaciones sobre la preparación de atentados contra la Fuerza Pública en Cali.

De la Espriella anunció que mantendrá la ofensiva contra Iván Mordisco

El mandatario acompañó su anuncio con un video relacionado con el operativo y lanzó una advertencia a las estructuras armadas bajo el mando ‘de Iván Mordisco’.

“A Iván Mordisco y a sus estructuras les advierto: ¡No van a conquistar el Cauca ni el Valle del Cauca!”, escribió.

De la Espriella también aseguró que ordenó mantener la presión operacional hasta debilitar y desmantelar esas organizaciones.

La operación se desarrolló en Timba, corregimiento de Buenos Aires, Cauca, en una zona limítrofe con el Valle del Cauca, donde durante la mañana de este jueves se reportaron combates entre el Ejército y la estructura Jaime Martínez.

La discusión comenzó cuando ‘Matador’ publicó un mensaje en su cuenta de X en el que lanzó varios comentarios contra Dávila, quien ha divulgado las denuncias de Jiménez sobre una presunta red de mujeres que habría recibido contratos estatales a cambio de favores íntimos para el exmandatario.

“Vicky Dávila parece la primera moza de la nación. Solo falta que le eche aceite de batería a la pintura del carro del ‘man’. Hasta debe tener un muñeco de ‘Petrosky’ lleno de alfileres en el bonitico. He conocido mujeres tóxicas… y luego está Vicky”, escribió el caricaturista.

(Le puede interesar: Deicy Jiménez llegó a Fiscalía en caso contra Petro: exponen cuánto dura proceso clave con celular)

El comentario hizo referencia a supuestos celos de la periodista hacia Petro y utilizó expresiones personales para cuestionar su postura frente al escándalo. La publicación provocó una respuesta directa de Dávila, quien rechazó los calificativos y también lanzó fuertes acusaciones contra González.

Vicky Dávila respondió a ‘Matador’ con fuertes señalamientos

La periodista contestó en X y cuestionó el lenguaje utilizado por el caricaturista. Además, lo calificó de maltratador y aludió a presuntos episodios de violencia contra la madre de sus hijos.

“‘La primera moza de la nación’, me llama este degenerado de ‘Matador’. Me gustaría responderle: ‘Su madre’. Pero esa pobre mujer tiene que haber sido otra víctima”, escribió inicialmente.

Luego agregó: “El primer maltratador de la nación, que azota a golpes a la mamá de sus hijos. Y luego se hace la víctima. Un hombre que nos odia a las mujeres solo porque somos mujeres”.

Las afirmaciones sobre presuntos episodios de violencia corresponden a los señalamientos hechos por Dávila en su publicación y no deben asumirse como hechos judicialmente comprobados.

(Lea también: Darcy Quinn revela chat en el que Petro ordena contratar a Deicy Jiménez en el Mininterior)

¿Qué desató la discusión entre ‘Matador’ y Vicky Dávila?

El enfrentamiento ocurrió después de que Deicy Jiménez publicara, el 4 de noviembre, un video en el que aparece junto a Gustavo Petro y que presentó como respaldo de sus declaraciones sobre el vínculo que asegura haber tenido con él.

Jiménez había denunciado previamente que el expresidente habría utilizado contratos estatales para obtener favores íntimos de mujeres. Petro, por su parte, rechazó que hubiera utilizado recursos o contratos públicos para conseguir beneficios personales y cuestionó la difusión de imágenes de su vida privada.

La publicación del video reavivó el debate político y las reacciones en redes sociales. En ese contexto, ‘Matador’ arremetió contra Dávila por su postura frente al caso y la periodista respondió con los señalamientos personales que terminaron convirtiendo la discusión en un nuevo enfrentamiento público.

De acuerdo con RTVC, las estaciones enfrentaron una suspensión luego de una revisión jurídica, técnica y operativa realizada por la nueva administración. En esa evaluación se identificaron trámites pendientes ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) que resultaban fundamentales para garantizar la operación legal de los medios. MinTIC indicó que la prestación del servicio debía mantenerse en regla, por lo que fue imprescindible resolver esas gestiones antes de reanudar las transmisiones.

El contexto de estas emisoras tiene un trasfondo relevante. Según RTVC, están incluidas entre las 20 emisoras que fueron previstas en el Acuerdo de Paz de 2016, cuyo objetivo era llevar radio pública a zonas especialmente afectadas por el conflicto armado. Estos medios no solo cumplen una función informativa, sino que son canales clave para fomentar la reconciliación, el diálogo y la participación ciudadana en regiones históricamente marcadas por la violencia.

La controversia aumentó cuando, en septiembre de 2026, RTVC comunicó que estas cuatro emisoras debían suspender emisiones porque comenzaban a operar en 2024 sin concluir el proceso de concesión necesario. La gerente de RTVC, Ángela María Mora, sostuvo que la decisión buscaba evitar la operación sin los permisos correspondientes, y aclaró que la suspensión sería temporal, en lo que se solucionaban los asuntos jurídicos y administrativos señalados por MinTIC.

Mientras tanto, las otras 16 emisoras del mismo proyecto retomaron sus emisiones el 7 de septiembre bajo la denominación Emisoras de la Reconciliación. Las estaciones de Tierralta, Agustín Codazzi, Buenaventura y Riosucio, por su parte, permanecieron fuera del aire hasta que se normalizó su situación jurídica y operativa. Finalmente, con el restablecimiento del servicio, RTVC reafirmó su compromiso de mantener la legalidad y calidad técnica de su red, permitiendo así que las comunidades recuperen un espacio fundamental para la información y el diálogo local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las razones para la suspensión de las emisoras comunitarias en Tierralta, Agustín Codazzi, Buenaventura y Riosucio?

La suspensión de las emisoras comunitarias en estos cuatro municipios ocurrió porque, tras una revisión realizada por RTVC, se determinó que las estaciones habían iniciado operaciones en 2024 sin finalizar el trámite de concesión requerido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Esta situación obligó a pausar temporalmente sus transmisiones hasta que se completaran los procedimientos legales y administrativos establecidos.

¿Qué importancia tienen las emisoras comunitarias incluidas en el Acuerdo de Paz de 2016?

Las emisoras comunitarias mencionadas forman parte de un grupo de 20 estaciones establecidas en el Acuerdo de Paz de 2016, con el objetivo de brindar radio pública en territorios afectados por el conflicto armado. Su papel es fundamental porque promueven la participación ciudadana, difunden información relevante a nivel local y contribuyen a los esfuerzos de reconciliación en regiones históricamente golpeadas por la violencia.

La confirmación llegó a través de un video divulgado este jueves 5 de noviembre de 2026, en el que integrantes del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln) leyeron un comunicado sobre el caso.

#ATENCIÓN | El Frente de Guerra Oriental del ELN confirmó que tiene secuestrada a la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández.

El grupo criminal responsabilizó a las Fuerzas Militares de Colombia por cualquier intento de rescate que, según advirtió, pueda poner en riesgo la vida de la oficial.

Vía: @josedavid88_
https://t.co/v2vIVVHFXe

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

En la grabación, el Eln aseguró que la captura ocurrió el pasado 4 de noviembre, durante una operación que describió como una acción de registro y control urbano. Según su versión, unidades especializadas del grupo, después de un trabajo de inteligencia, interceptaron a la subteniente, quien pertenece al Cuerpo Élite de Inteligencia del Ejército Nacional.

“Nos responsabilizamos de esta operación militar y a la vez responsabilizamos a las Fuerzas Armadas de Colombia por cualquier intento de rescate que ponga en riesgo su vida”, manifestó el grupo armado en el video.

Además, el Eln envió un mensaje a los familiares de Pantoja y aseguró que la mujer se encuentra bien. “Que María Camila se encuentra bien y se le respetará sus derechos de acuerdo a las realidades de la guerra que vive la región”, señaló el comunicado.

El secuestro ocurrió en Saravena, Arauca, donde, según la información conocida por las autoridades, hombres armados interceptaron a la militar cuando estaba en una vía pública y la obligaron a subir a una motocicleta. La cercanía con Venezuela también encendió las alertas ante la posibilidad de que haya sido trasladada al otro lado de la frontera, como informó Pulzo.

Tras conocerse el caso, el Ejército activó las operaciones de búsqueda con apoyo de otras fuerzas. Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella rechazó el secuestro y exigió la liberación inmediata de la subteniente.

El taller está diseñado específicamente para que personas con y sin capacidades diversas puedan sumergirse en el universo de la experimentación audiovisual, utilizando estrategias participativas e inclusivas. De acuerdo con la convocatoria publicada, allí los asistentes descubrirán cómo sus propios gestos, movimientos y rostros pueden convertirse en materia prima para la creación de animaciones, por medio de la técnica de animación cuadro a cuadro.

Uno de los aspectos más destacados será el proceso creativo, donde se invita a mezclar música, sonidos, collage e intervenciones de fotogramas, planteando la creación colectiva de una pieza audiovisual única. Esta, a su vez, se concibe como una obra accesible que podrá ser percibida a través de diferentes sentidos: vista, oído e incluso el tacto, al permitir recorridos con las manos. Se trata de un laboratorio que fomenta la inclusión, la colaboración y las posibilidades de transformar una misma producción por diversos medios, haciendo que cada participante aporte desde su perspectiva y experiencia.

La convocatoria está abierta a personas con capacidades diversas cognitivas, a quienes son ciegos o tienen baja visión, estudiantes y al público general que tenga interés en la animación. Entre los mediadores y facilitadores seleccionados por la Cinemateca de Bogotá, se destacan Ivonne Espíndola, diseñadora industrial y animadora 3D; Pedro Carranza Córdoba, especialista en dirección y producción de cine; Albert Núñez, profesor y estudiante de artes visuales; y Catalina Serna, antropóloga con amplia trayectoria en curaduría y mediación audiovisual con comunidades diversas.

De acuerdo con lo comunicado por la Cinemateca y el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), la participación en este taller pretende abrir nuevas posibilidades de experimentación y reconocimiento de identidades, explorando cómo el arte audiovisual puede ser una herramienta para la inclusión real.

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¿Quiénes pueden participar en el taller 'Capacidades diversas: Entre cuadros' de la Cinemateca de Bogotá?

En el taller pueden participar personas con capacidades diversas cognitivas, personas ciegas o con baja visión, estudiantes y cualquier persona interesada en explorar el mundo de la animación y la experimentación audiovisual. Según la Cinemateca de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), la convocatoria fue concebida para ser incluyente y accesible, abriendo el espacio tanto a quienes tienen experiencia como a quienes se inician en estos campos.

¿Qué significa la animación cuadro a cuadro y cómo se aplica en el taller?

La animación cuadro a cuadro es una técnica que consiste en crear movimiento a partir de imágenes fijas sucesivas, generando la ilusión de movimiento al proyectarlas en secuencia. En este taller, los y las participantes emplearán sus propios gestos, movimientos y rostros como base para desarrollar piezas audiovisuales, integrando técnicas como el collage, intervención de fotogramas y sumando elementos sonoros y táctiles, en un ejercicio colectivo e inclusivo.

Hasta hace poco tiempo, la proyección política de Hurtado parecía orientarse hacia un objetivo departamental, pues había sostenido reuniones y acercamientos en torno a una posible aspiración a la Gobernación del Tolima. Sin embargo, en los últimos días el panorama habría cambiado y su interés se centraría nuevamente en el Palacio Municipal de Ibagué. El regreso de Hurtado a la agenda local aún no es público, pero se percibe como una decisión estratégica que podría estar motivada por evaluaciones del escenario electoral y por la percepción de apoyo que podría conservar en la ciudad.

No obstante, este eventual regreso a la arena electoral ocurre en un contexto marcado por varios asuntos judiciales que involucran al exmandatario. De acuerdo con la información conocida, Hurtado enfrenta investigaciones relacionadas con el uso del estadio Manuel Murillo Toro para celebrar el cumpleaños de su hijo en marzo de 2021. Adicionalmente, está vinculado a un proceso judicial sobre el contrato de interventoría del proyecto del puente de la calle 60, en el que la Fiscalía le imputó el delito de peculado por apropiación. Es importante resaltar que el exalcalde no aceptó los cargos ante la autoridad competente.

A las anteriores investigaciones, se suma otra por presunto enriquecimiento ilícito en torno al crecimiento de su patrimonio durante y después de su gestión en la Alcaldía de Ibagué. La eventualidad de su candidatura se da en medio de estos procesos, lo que representa un factor crucial que podría influir en la percepción ciudadana y en las posibilidades de apoyo político rumbo a las elecciones regionales de 2027.

Por ahora, Andrés Hurtado solo ha comunicado su intención en círculos reservados y continúa evaluando el ambiente político local mientras sus procesos judiciales siguen su curso. El desenlace de estas circunstancias será determinante para su futuro político y para el electorado de Ibagué.

¿Por qué Andrés Hurtado podría volver a aspirar a la Alcaldía de Ibagué?

Andrés Hurtado podría considerar una nueva aspiración a la Alcaldía de Ibagué debido a un cambio en sus planes políticos, pasando de explorar una posible candidatura a la Gobernación del Tolima a enfocarse nuevamente en el ámbito municipal, de acuerdo con información compartida en su círculo cercano. Esta intención aún no es oficial y se mantiene en evaluación según el panorama electoral y el respaldo que el exalcalde sienta que conserva en la ciudad.

¿Cómo podrían afectar los procesos judiciales a la posible candidatura de Andrés Hurtado?

Los procesos judiciales que enfrenta Andrés Hurtado, incluyendo investigaciones por el uso del estadio Manuel Murillo Toro, presuntas irregularidades en contratos y enriquecimiento ilícito, son un aspecto clave que podría incidir en su posible candidatura. Aunque no ha sido condenado y no ha aceptado los cargos imputados por la Fiscalía, estos expedientes juegan un papel relevante en la percepción pública y el respaldo político que podría obtener para las elecciones regionales de 2027.

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(Vea también: Deicy Jiménez publicó video en el que Gustavo Petro la besa y lanzó advertencia: “Lo hago responsable”)

En su intervención, Dávila sostuvo que el material no debe examinarse de manera aislada, sino en el contexto de las denuncias que la excontratista ha hecho sobre una presunta relación entre encuentros íntimos y la asignación de contratos estatales.

“Es contundente, pero no por sí mismo. Es contundente por lo que ya hemos conocido”, afirmó la periodista al comenzar su análisis.

Dávila señaló que, a su juicio, el video debe revisarse junto con los contratos que Jiménez habría obtenido en el Congreso y durante el Gobierno Petro, así como con las conversaciones y otros elementos que la mujer ha mencionado en sus declaraciones.

La periodista también insistió en que las autoridades deben establecer si existió un aprovechamiento de una posición de poder para obtener favores sexuales a cambio de recursos públicos.

Este es el video de Dávila

Los contratos y los supuestos chats que mencionó Vicky Dávila

En otro apartado de su grabación, Dávila se refirió a los contratos que habría tenido Deicy Jiménez en distintas entidades estatales. Según explicó, la denunciante sostiene que esos vínculos laborales estaban relacionados con los encuentros que habría tenido con Petro.

La periodista también mencionó cuatro perfiles de Facebook que, según la versión de Jiménez, estarían relacionados con el expresidente. Dávila aseguró que las conversaciones atribuidas a esas cuentas contienen referencias a la hoja de vida de la mujer, a personas cercanas al entorno político de Petro y a posibles gestiones para conseguirle oportunidades laborales.

Entre los elementos mencionados aparece una hoja de vida que habría llegado al hospital San Juan de Dios, en Bogotá. Dávila afirmó que la institución habría certificado la recepción de ese documento.

La periodista sostuvo que todos esos materiales deben ser examinados por las autoridades para determinar su autenticidad y establecer si tienen relación con los señalamientos de la denunciante.

También recordó que Jiménez ha hablado de una supuesta red de mujeres que habría tenido vínculos con el entonces mandatario. Esa afirmación, al igual que las demás acusaciones, debe ser verificada por las autoridades.

Vicky Dávila pidió explicaciones a Petro y protección para Deicy Jiménez

Uno de los argumentos centrales del análisis de Dávila fue la diferencia de poder que, según ella, habría existido entre Petro y Jiménez. La periodista pidió que el debate no se concentre en juzgar la vida privada de la denunciante, sino en esclarecer si hubo utilización de recursos públicos para obtener beneficios personales.

“Falta mucha tela por cortar y muchas explicaciones que Petro debe dar”, manifestó.

Dávila también pidió que la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación revisen los elementos relacionados con las denuncias, teniendo en cuenta las competencias de cada institución.

Al cierre de su video, la periodista hizo un llamado a proteger a Jiménez y a sus familiares, luego de que la mujer denunciara presuntas amenazas y hostigamientos.

¿Qué ha respondido la defensa de Gustavo Petro?

El abogado Alejandro Carranza, defensor de Gustavo Petro, cuestionó que la grabación pueda considerarse una prueba concluyente de las acusaciones.

En un pronunciamiento conocido el 4 de noviembre, sostuvo que es necesario establecer mediante peritajes la autenticidad, integridad, fecha, lugar y contexto del material audiovisual.

El abogado también señaló que las imágenes, por sí solas, no demuestran que haya existido un intercambio de favores sexuales por contratos públicos.

“En esas imágenes no aparece un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”, afirmó Carranza.

Por su parte, la abogada de Deicy Jiménez anunció que el material sería entregado a las autoridades para que haga parte de las actuaciones correspondientes.

Así, el caso continúa a la espera de que las instituciones competentes examinen los videos, las conversaciones, los contratos y los testimonios para establecer qué ocurrió y si existen responsabilidades.

Durante la audiencia, la Sala Penal del Tribunal, con la ponencia del magistrado Héctor Tamayo, explicó que no se justificó adecuadamente la necesidad de mantener privado de la libertad al exministro. La Corte destacó carencias en los argumentos presentados por la Fiscalía, alegando que muchos eran solo insistencias en la gravedad de la supuesta conducta, abstracciones sin fundamento sólido e incluso contradicciones. El Tribunal consideró que la experiencia política y los contactos de Velasco no constituían un peligro concreto que justificara medidas restrictivas, algo que podría aplicarse a otros altos funcionarios en circunstancias similares.

Después de conocer la decisión, Velasco expresó en la red social X su aceptación serena y respetuosa del fallo, señalando su disposición a enfrentar el proceso ante la Corte Suprema de Justicia para demostrar su inocencia y colaborar en el esclarecimiento del caso. Velasco indicó que fue instrumentalizado como “cortina de humo” para desviar la atención de los verdaderos responsables del desfalco en la Ungrd.

El caso tiene antecedentes: Velasco ya había sido privado de la libertad en diciembre, aunque una tutela en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, resuelta en agosto, ordenó su liberación. En esa acción judicial, el exministro argumentó que la magistrada responsable se excedió en las competencias del caso, al imponer una medida de aseguramiento aún más estricta que la solicitada por la Fiscalía. Sin embargo, tras ser recapturado ese mismo mes y con su detención legalizada el 19 de agosto, Velasco ha enfrentado cargos como concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. La decisión reciente lo habilita para seguir su defensa en libertad, al menos mientras avanza el proceso judicial.

¿Por qué fue investigado Luis Fernando Velasco por la Fiscalía?

De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la Nación, Luis Fernando Velasco, en su calidad de exministro del Interior, fue investigado por presuntamente favorecer a congresistas a través del direccionamiento de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Se señala que estos contratos tendrían el objetivo de conseguir votos para impulsar reformas gubernamentales, entre ellas la pensional y la de salud.

¿Qué significa cohecho por dar u ofrecer en el proceso judicial colombiano?

El delito de cohecho por dar u ofrecer, en el contexto del proceso judicial colombiano, refiere a cuando un funcionario público recibe, ofrece o da algún tipo de recompensa o beneficio a cambio de realizar u omitir acciones relacionadas con sus funciones. En el caso de Velasco, se le atribuye este cargo por supuestamente ofrecer beneficios indebidos en el marco de la operación de la Ungrd.

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El magistrado hizo una distinción entre la vida privada del exmandatario y las posibles consecuencias penales que podría tener el caso. Para Solórzano, más allá de lo que ocurra en el ámbito personal, el punto que merece atención es si existieron contratos estatales relacionados con los señalamientos que hizo Jiménez. 

Cabe mencionar que la mujer denunció que Petro le habría pagado favores sexuales con contratos en el Estado. Frente a ese escenario, el presidente de la Sala Penal consideró que las autoridades deben examinar si hubo actuaciones que comprometan recursos públicos y puedan tener relevancia desde el punto de vista judicial.

#Atención | Fuerte pronunciamiento del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano, sobre la polémico video que publicó Deicy Jiménez con el expresidente Gustavo Petro (@PetroGustavo), por los presuntos contratos en el Estado a cambio de favores sexuales.

“Los servidores públicos tenemos que ser dignos en lo público y en lo privado”, dijo.

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

Sin embargo, Solórzano también aprovechó su intervención para referirse al comportamiento que deben mantener quienes ocupan cargos públicos. “También tengo que decir que los servidores públicos tenemos que ser dignos en los público y en lo privado y en eso yo creo que tenemos una responsabilidad”, expresó el magistrado. 

El presidente de la Sala Penal agregó que espera que las investigaciones permitan conocer los hechos dentro de su contexto y establecer qué ocurrió realmente. Asimismo, señaló que la Corte Suprema tendrá que pronunciarse en su momento, siempre que el asunto corresponda a sus competencias.

Por ahora, el pronunciamiento pone el foco en las posibles implicaciones judiciales de la controversia y en la responsabilidad de los funcionarios frente a sus actuaciones, tanto dentro como fuera del ejercicio de sus cargos. 

Sin embargo, hasta el momento, no se ha expedido ningún decreto ni existe una decisión definitiva que formalice esta restricción. Según fuentes oficiales citadas, la iniciativa está en discusión y no se ha avanzado en los procedimientos regulatorios que permitan hacerla efectiva. Los funcionarios de la administración municipal centran su análisis en la pertinencia, el alcance y la viabilidad de la medida, así como en el impacto que tendría en el funcionamiento cotidiano de los habitantes, especialmente los usuarios frecuentes de motocicletas.

Las deliberaciones incluyen, además, otras eventuales restricciones relacionadas con el tránsito de vehículos de carga. Estas serían focalizadas en zonas céntricas de Ibagué, donde se concentran entidades públicas relevantes, como la Alcaldía, la Gobernación del Tolima, el Palacio de Justicia, la Fiscalía, estaciones de Policía y las instalaciones militares. En estos sectores, las autoridades buscan limitar la circulación de ciertos vehículos durante horarios definidos, enfáticamente en la franja nocturna, para fortalecer el control y la seguridad en puntos críticos de la ciudad.

Otra de las estrategias discutidas consiste en reforzar la vigilancia en los ingresos y salidas de Ibagué, mediante la instalación de puestos de control conjuntos entre la Policía y el Ejército. Estos puntos de revisión, distribuidos en 11 sitios estratégicos de la periferia, permitirían un monitoreo continuo y una respuesta más efectiva ante posibles incidentes. Además, la Policía contempla fortalecer los cuadrantes y optimizar el personal disponible, para aumentar la presencia institucional y la sensación de seguridad.

La alcaldía de Ibagué deberá definir próximamente cuáles de estas propuestas se aplicarán formalmente, así como los lugares y franjas horarias en los que empezarán a regir. Por ahora, los motociclistas siguen circulando con parrillero hombre conforme a las normas actuales, pues la restricción está en proceso de análisis.

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¿Cuándo comenzaría a regir la prohibición de parrillero hombre en Ibagué?

Hasta la fecha, no existe una decisión definitiva ni un decreto oficial que establezca la restricción al parrillero hombre en Ibagué. Las autoridades municipales están estudiando la viabilidad de la medida y se espera que en los próximos días la Alcaldía defina si se implementará y a partir de qué momento entraría en vigencia.

¿En cuáles sectores y horarios se estudia la restricción al parrillero hombre en Ibagué?

Según lo discutido en el Consejo de Seguridad, la restricción al parrillero hombre podría aplicarse en sectores céntricos de Ibagué donde se encuentran la Alcaldía, la Gobernación del Tolima, el Palacio de Justicia, la Fiscalía, estaciones de Policía y bases militares. Se contempla que la medida funcione en horarios específicos, principalmente en la noche, aunque los detalles exactos aún están en evaluación.

El caso emblemático es el del edificio Asadega, estratégicamente localizado sobre la calle novena con carrera 39, justo frente al coliseo de hockey. El inmueble, catalogado en alto riesgo, fue evacuado por completo tras el sismo. Sin embargo, la ausencia de sus habitantes generó un nuevo problema: la constante incursión de delincuentes que, sin restricción horaria, aprovechan la desprotección para saquear. Entrar a la fuerza se ha convertido en algo frecuente; han roto cristales, forzado accesos y desvalijado apartamentos, según expuso José Suárez, coordinador del proceso de reconstrucción. Suárez señaló que no solo han robado objetos que los propietarios no lograron evacuar, sino también elementos fijos de la infraestructura como sanitarios y lavamanos.

En medio de este drama, Paola Cabrera, dueña de uno de los apartamentos, explicó por qué muchos damnificados debieron dejar sus cosas en el edificio: estaban obligados por las circunstancias. Cabrera recordó que, hace unos 15 días, le sustrajeron una computadora portátil, una tablet, juguetes y varias pertenencias de alto valor sentimental, recuerdos de su hijo mayor y de su padre fallecido. Otros vecinos han perdido televisores, y el problema también ha tocado a deportistas destacados: dos campeones paralímpicos, residentes en los pisos quinto y sexto, se vieron afectados por los hurtos.

La inseguridad ni siquiera ha respetado a los trabajadores. José Aragón, encargado de las primeras reparaciones, denunció que fue víctima de robo de todas sus herramientas, incluidas pulidoras y extensiones eléctricas. Así, los residentes y el personal enfrentan no solo el desafío de reconstruir, sino también la incertidumbre de volver a un lugar donde ya nada es seguro, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos.

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¿Qué medidas han tomado los afectados del edificio Asadega tras el terremoto y los robos?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, los afectados han denunciado públicamente la situación y han tratado de recuperar lo perdido en la medida de sus posibilidades, aunque muchos damnificados se han visto obligados a dejar sus pertenencias en el lugar por falta de alternativas seguras. Las acciones de los residentes han estado más centradas en la denuncia y en destacar la necesidad de apoyo, ya que el riesgo estructural impide su retorno y complica cualquier intento de proteger sus bienes.

¿Cómo han actuado los delincuentes para ingresar al edificio Asadega tras la evacuación?

Según lo relatado por José Suárez, coordinador de reconstrucción citado por Noticiero 90 Minutos, los delincuentes han roto ventanas y violentado puertas para acceder a los apartamentos en el edificio Asadega. Estos individuos han robado tanto objetos personales de valor como elementos fijos de la propiedad, como sanitarios y lavamanos. Esta situación ha incrementado la preocupación y angustia de los residentes, quienes se sienten indefensos ante los constantes saqueos.

Durante la ceremonia de inauguración, la ministra Hoyos extendió una invitación a todos los miembros de la comunidad universitaria, incluidas las y los estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo, para que la nueva sede se convierta en un espacio para alcanzar sueños y metas, dentro del propósito de continuar avanzando en la educación superior. En palabras de Hoyos: "Esta sede que hoy se inaugura sea la sede de los sueños y de las realizaciones, de eso que de una u otra forma hemos llamado educación superior".

El Ministerio detalló que el nuevo campus tiene la capacidad de acoger tanto a los 2.125 estudiantes que ya residen en esta zona, como un aumento de 783 cupos, lo que permite ampliar la oferta educativa de la Universidad del Valle (Univalle) en Sevilla. El edificio cuenta con una infraestructura de 1.406 metros cuadrados, distribuidos en tres pisos, y dispone de biblioteca, auditorio para 89 personas, tres aulas, así como laboratorios especializados en gastronomía, sistemas e inteligencia artificial y ciencias básicas, con énfasis en suelos y aguas. Estos ambientes están destinados a fortalecer el desarrollo académico de los 15 programas que actualmente ofrece la sede, según el comunicado del Ministerio de Educación.

Asimismo, la ministra Hoyos informó que se evalúa la posibilidad de abrir una seccional de la Univalle en el Eje Cafetero, y que se están explorando medidas para la recuperación de las instituciones educativas que fueron afectadas por un reciente terremoto en la región, ocurrido hace cerca de tres meses.

Posterior al acto inaugural, Hoyos también participó en la sesión del Consejo Superior Universitario, la instancia de mayor decisión en Univalle. En la actualidad, esta universidad pública cuenta con cerca de 35.000 estudiantes en todas sus sedes. Aunque su campus principal está en Cali, la oferta de pregrado se ha expandido por medio de la regionalización, estrategia que se espera beneficie significativamente a partir de 2026. Hay 11.300 estudiantes en sedes regionales y convenios, lo que destaca el esfuerzo de la institución por acercar la educación superior a más regiones del país. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos estudiantes serán beneficiados con la nueva sede de la Universidad del Valle en Sevilla?

De acuerdo con el Ministerio de Educación, la nueva sede de Univalle en Sevilla está destinada a beneficiar a 2.908 estudiantes, pues albergará a los 2.125 estudiantes actuales y ampliará la oferta educativa con 783 nuevos cupos.

¿Cuáles son las características de la nueva sede de Univalle y qué programas académicos ofrece?

La sede dispone de 1.406 metros cuadrados, un auditorio, biblioteca, aulas y laboratorios de gastronomía, sistemas e inteligencia artificial y ciencias básicas con énfasis en suelos y aguas, que respaldan los 15 programas académicos disponibles en Sevilla, según el comunicado oficial del Ministerio de Educación.

La Presidencia, a través de declaraciones de Miller Soto desde la Casa de Nariño, catalogó los señalamientos como “de enorme gravedad” y señaló que la Fiscalía ya adelanta una investigación penal para esclarecer los hechos y las posibles responsabilidades. Soto también expuso un hecho adicional: el ingreso de tres personas con antecedentes criminales al interior de la residencia del director Ríos tras revelarse las denuncias. Estas personas fueron identificadas y detenidas por las autoridades, lo que aumenta la preocupación por la seguridad de los funcionarios involucrados en el caso. Poco después, también se detectó la presencia de otra persona sospechosa cerca del colegio de los hijos de Ríos, pero esta logró huir antes de ser detenida. Las autoridades trabajan para identificarlo plenamente.

En paralelo con este proceso, las investigaciones en torno al expresidente Petro avanzan luego de las acusaciones públicas realizadas por Deicy Jiménez, quien lo señala de presuntamente utilizar contratos estatales para pagar encuentros sexuales. Jiménez divulgó un video junto a sus denuncias y ha entregado su teléfono celular para una inspección forense en la Fiscalía, buscando aportar pruebas tangibles a la investigación. Según información de El Espectador, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha ordenado una revisión judicial de los contratos de Jiménez con el Congreso, mientras su declaración ante la Fiscalía permanece aplazada por el cambio reciente de defensa jurídica. Estas investigaciones resaltan la complejidad y sensibilidad de las denuncias, además de la repercusión institucional y mediática que rodea el caso.

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¿Cuáles son las acusaciones concretas contra Gustavo Petro según las denuncias de Carlos Ríos y Deicy Jiménez?

Las acusaciones al expresidente Gustavo Petro, de acuerdo con las denuncias de Carlos Ríos y Deicy Jiménez, giran en torno al presunto uso de contratos estatales financiados con fondos públicos para la vinculación de 48 mujeres mediante órdenes de prestación de servicios al DAPRE. Según lo afirmado por Ríos ante el Senado y por Jiménez en medios, estas contrataciones habrían tenido la finalidad de que las mujeres estuvieran con el expresidente y, en algunos casos, habrían implicado pagos por encuentros sexuales.

¿Qué medidas ha adoptado la Fiscalía tras las denuncias sobre contratos y amenazas en el caso Petro?

La Fiscalía ha abierto una investigación penal que incluye el análisis de la gravedad de los señalamientos por presunta corrupción y la eventual responsabilidad penal. Dentro de estas acciones, se ha realizado una inspección forense al celular de Deicy Jiménez y se está revisando la documentación relacionada con contratos cuestionados. Además, la Fiscalía investiga los hechos relacionados con las amenazas y el ingreso de personas con antecedentes criminales a la residencia de Carlos Ríos, lo que ha motivado un refuerzo de las medidas de protección a los denunciantes.

La campaña humanitaria, denominada ‘Colombia, un solo corazón’, fue impulsada precisamente para apoyar a quienes sufrieron las consecuencias de la emergencia. Alejandro Ocampo solicitó formalmente detalles sobre cómo se han manejado los fondos recaudados mediante esta iniciativa, en busca de claridad ante la ciudadanía sobre los procedimientos financieros y el destino final de las donaciones.

La decisión del juzgado especificó que la fundación suministre informes y documentos, incluidos el Informe de Gestión 2026 y los respectivos soportes de balance financiero. Además, exige un desglose sobre los montos recibidos y su uso, los plazos establecidos para ejecutar los fondos y el sistema de verificación que asegure que las ayudas sean entregadas bajo las condiciones prometidas a los donantes.

A pesar de que Colombia Luz y Sonrisas es una entidad privada, el despacho resaltó que su vínculo con la estrategia nacional para mitigar la emergencia la obliga a rendir cuentas sobre los recursos obtenidos, pues los aportes estuvieron alineados con el esfuerzo del Gobierno nacional. Alejandro Ocampo, tras la revelación del fallo, enfatizó la importancia de clarificar el recorrido del dinero: "La plata de las donaciones no puede manejarse como plata de bolsillo", señaló el congresista. Además, anunció que, si la fundación no cumple dentro del periodo fijado o la información entregada no satisface lo solicitado, él iniciará un incidente de desacato.

Por ahora, el mandato judicial requiere que la fundación exhiba todos los soportes y justificaciones necesarias sobre la administración de los recursos recaudados, estableciendo un precedente sobre la rendición de cuentas en campañas de ayuda humanitaria de origen privado pero con alcance nacional.

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¿Qué documentos debe entregar la Fundación Colombia Luz y Sonrisas tras la orden judicial?

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas debe entregar el Informe de Gestión 2026, los soportes del balance financiero y documentación que detalle el monto recibido en donaciones, el uso asignado a esos recursos, los plazos para su ejecución y los mecanismos de verificación que garanticen la correcta entrega de las ayudas según lo acordado con los donantes, de acuerdo con la decisión del Juzgado 126 Penal Municipal de Bogotá.

¿Qué ocurre si la fundación no cumple con la entrega de información sobre donaciones?

Si la fundación no responde dentro de las 48 horas señaladas o la información proporcionada no satisface los términos del fallo, Alejandro Ocampo, segundo vicepresidente del Senado, aseguró que acudirá a un incidente de desacato, mecanismo judicial que permite exigir el cumplimiento de una decisión y establece consecuencias por su incumplimiento.

El presidente encabezó este jueves 5 de noviembre de 2026 una jornada oficial en Leticia, Amazonas, enfocada en estructurar las bases estratégicas del nuevo Plan Nacional de Desarrollo territorial.

Durante su alocución pública, el mandatario nacional analizó con dureza el proceso licitatorio promovido por la administración previa para tender fibra óptica en los ríos Putumayo y Amazonas.

El jefe de Estado denunció que dicho proyecto tecnológico experimentó un notable incremento financiero, pasando de costar 683.000 millones de pesos en 2025 a superar los 1.14 billones en 2026.

La máxima autoridad ejecutiva señaló la existencia de severas dudas presupuestales, peligros para el ecosistema amazónico y fallas de ingeniería en los trazados fluviales planificados por sus antecesores.

Sin aludir nombres puntuales, lanzó duras críticas contra la anterior administración de Gustavo Petro, en medio del escándalo con Deicy Jiménez en donde salió a flote el tema de la contratación.

“Yo todo lo que hizo el Gobierno pasado lo veo con gran sospecha, donde uno levanta siempre hay corrupción, desastre y una que otra novia del anterior presidente contratada”, afirmó el mandatario.

Estas declaraciones coincidieron con las denuncias formuladas por el director del Dapre, Carlos Ríos, sobre la presunta instrumentalización de 48 mujeres mediante órdenes de prestación de servicios.

A raíz de estas afirmaciones ventiladas en el parlamento, los investigadores de la Fiscalía General citaron al alto funcionario a diligencia de versión libre para los días 18 y 19 de noviembre.

Como respuesta a este escenario de tensión institucional, la Presidencia difundió los retratos de tres individuos que merodearon de forma sospechosa la residencia particular de Ríos.

La alerta de seguridad se activó inmediatamente después de que el funcionario destapara ante las comisiones legislativas los presuntos esquemas irregulares de vinculación laboral femenina en el mandato previo.

Asimismo, la Casa de Nariño divulgó la captura fotográfica de un sujeto que vigilaba las instalaciones educativas donde asiste regularmente el hijo del titular del Dapre.

El sospechoso escapó con rumbo desconocido apenas detectó la aproximación táctica del esquema de seguridad gubernamental asignado para proteger al menor.

¿Qué dijo Deicy Jiménez sobre contratos con Gustavo Petro?

Deicy Jiménez desató un terremoto político y judicial tras denunciar públicamente la existencia de contrataciones estatales otorgadas presuntamente a cambio de favores sexuales.

La mujer afirmó haber conocido a Gustavo Petro en 2019, época en la que el dirigente político ejercía como senador de la República.

Según su versión pública, a partir de ese momento sostuvo una relación cercana con el líder político que derivó en vinculaciones laborales con entidades oficiales.

Jiménez aseveró que las órdenes de prestación de servicios recibidas funcionaron como una retribución económica indirecta por encuentros íntimos y requerimientos personales no institucionales.

Entre las dependencias mencionadas por la denunciante figuran el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

En sus declaraciones públicas, la testigo sostuvo que entre 30 y 40 mujeres habrían formado parte de este presunto esquema irregular de contratación pública.

Asimismo, afirmó que varias de las involucradas continuaron vinculadas a diversas entidades estatales durante la posterior administración del Gobierno nacional.

La denunciante aseguró poseer material probatorio, incluyendo registros de chats, fotografías y videos, para corroborar sus afirmaciones ante los despachos judiciales competentes.

Adicionalmente, solicitó esquemas de protección y garantías de seguridad formal para su integridad personal y la de su círculo familiar más cercano.

Tras el impacto de sus acusaciones, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y la Fiscalía General abrieron indagaciones preliminares sobre el caso.

Por su parte, el expresidente rechazó de manera categórica los señalamientos, afirmando que jamás utilizó contratos del Estado para obtener beneficios de nadie.

El dirigente político y su equipo de defensa anunciaron acciones legales penales contra Jiménez, calificando las acusaciones como una estrategia difamatoria.

La situación fue expuesta por el vocero del Gobierno, Miller Soto, quien detalló que los tres sujetos fueron sorprendidos por las autoridades encargadas de la protección del funcionario en el interior de su residencia, no en sus alrededores.

Según explicó, al verificar sus antecedentes se encontraron registros por homicidio y múltiples casos de hurto agravado. El pronunciamiento oficial también señaló que los individuos fueron identificados y puestos a disposición de las autoridades competentes. Sin embargo, no se entregaron detalles sobre las circunstancias en las que ingresaron a la vivienda ni sobre sus posibles intenciones.

Soto agregó que se presentó otro episodio cerca del establecimiento educativo al que asisten los hijos de Ríos. Allí fue vista una persona cuya presencia llamó la atención de las autoridades. Cuando llegaron los uniformados, el individuo huyó y no pudo ser identificado ni detenido. De acuerdo con el vocero, las autoridades trabajan para establecer quién es.

Sumado a ello, el Gobierno mostró quiénes eran las personas que invadieron la vivienda del director del Dapre. Además, aparecieron las imágenes del sujeto que merodeó el colegio de sus hijos.

El director del DAPRE, Carlos Andrés Ríos Puerta, denunció los graves hechos de intimidación hacia él y su familia, tras dar a conocer ante el Senado la presunta instrumentalización de 48 mujeres con contratos estatales durante la administración anterior, caso que ya investiga la Fiscalía General de la Nación.

En hechos que son materia de investigación, las autoridades sorprendieron dentro de la residencia del funcionario a tres individuos con antecedentes por homicidio y hurto agravado, hecho al que se suma la presencia sospechosa de otra persona cerca del colegio de sus hijos, quien huyó ante la llegada de uniformados.

El Gobierno Nacional rechaza categóricamente cualquier intento de amedrentamiento por proteger el patrimonio público y desplegará todas las capacidades institucionales para garantizar la seguridad del doctor Ríos y su núcleo familiar, porque ningún servidor público debe ver amenazada su tranquilidad ni la de sus hijos por cumplir con su deber.

— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 5, 2026

Hechos ocurrieron después de denuncia sobre 48 mujeres

Los episodios se conocieron pocos días después de que Ríos expusiera, el 21 de octubre, ante la Comisión Segunda del Senado, una denuncia sobre la presunta instrumentalización de 48 mujeres mediante contratos de prestación de servicios durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

El director del Dapre sostuvo que esas vinculaciones, financiadas con recursos públicos, habrían sido utilizadas para facilitar encuentros con el entonces mandatario. También afirmó que varias mujeres ya habían hablado sobre el asunto y anunció que llevaría el caso ante las autoridades.

La Fiscalía abrió una indagación preliminar de oficio para establecer qué ocurrió y determinar si hubo conductas delictivas. Entre las actuaciones anunciadas están escuchar a Ríos y a las exdirectoras del Dapre Laura Sarabia y Angie Rodríguez, además de revisar los contratos señalados.

Soto presentó la cercanía temporal entre las denuncias y los hechos en la vivienda como un motivo de preocupación para el Gobierno. No obstante, hasta ahora no se ha establecido públicamente que la presencia de las tres personas en la residencia o el episodio cerca del colegio tengan relación con los señalamientos sobre los contratos.

La Presidencia rechazó cualquier intento de intimidación y aseguró que desplegará las capacidades institucionales para proteger al director del Dapre y a su familia.

Una vez conocida la emergencia, se desplegó un amplio operativo de rescate y atención con la intervención de diferentes organismos de socorro. En el interior del lugar, los cuerpos de Bomberos de Bojacá, Tena, La Mesa y Mosquera hicieron presencia, sumando un total de 15 unidades bomberiles. El despliegue incluyó también más de 15 ambulancias que actuaron en el rescate y posterior traslado de los heridos hacia varios centros asistenciales localizados en Mosquera y Funza.

De acuerdo con los informes oficiales de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, las autoridades realizaron primero la atención prehospitalaria y valoraron el estado de los pasajeros afectados. Se garantizó la evacuación segura de las personas lesionadas, quienes fueron trasladadas oportunamente para recibir atención médica. Paralelamente, se emprendieron labores delicadas para el aseguramiento del vehículo y la recuperación del cuerpo de la víctima fatal.

La magnitud del accidente obligó a restringir el tránsito en el sector de Curubital, especialmente en uno de los carriles, como medida para facilitar las labores de atención sanitaria y retiro del bus siniestrado. Personal de la concesión vial Devisab, junto con autoridades de tránsito, estuvieron presentes para coordinar la movilidad y apoyar los trabajos. Según indicaron las autoridades, hasta el momento no se ha logrado establecer de forma oficial la causa que produjo el volcamiento. Algunas hipótesis recogidas en el lugar mencionaron la posibilidad de una falla mecánica, pero será necesario esperar la investigación formal para confirmar si este fue el motivo del incidente. Este hecho causó inquietud entre los conductores y usuarios habituales de la ruta, ya que este corredor vial conecta importantes municipios de la Sabana de Occidente con La Mesa y otros destinos de Cundinamarca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado de los heridos por el accidente en la vía Mosquera-La Mesa?

De acuerdo con la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, los 25 heridos en el accidente fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de Mosquera y Funza. Entre las personas atendidas hay un menor de edad y una adulta mayor. Las autoridades informaron que recibieron valoración médica y atención prehospitalaria en el lugar antes de ser evacuados.

¿Qué se sabe sobre la causa del volcamiento del bus en Bojacá?

Hasta el momento, las causas del volcamiento del bus de la empresa Capillas de la Fe no han sido establecidas oficialmente. Según el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, aunque algunas versiones preliminares mencionaron una posible falla mecánica, las autoridades deben realizar las verificaciones e investigaciones correspondientes para determinar el motivo exacto del accidente.

El origen del caso data del 15 de octubre, cuando se conoció de manera pública el retiro de estas 30 piezas históricas, artísticas y documentales en el Museo Nacional. Estas obras abarcaban temáticas relevantes, como el conflicto armado, el Acuerdo de Paz, la participación de colectivos LGBTIQ+ y las luchas feministas, entre otros asuntos. Todo ello generó controversia debido a que los contenidos representaban procesos de memoria histórica y reconocimiento de distintos sectores sociales.

Tras la decisión presidencial, el congresista Gabriel Becerra, perteneciente al movimiento Pacto Histórico, en conjunto con colectivos LGBTIQ+, instauró varias acciones de tutela solicitando el regreso de las obras a sus lugares originales. Como resultado, el juez 24 de Familia de Bogotá ordenó al Ministerio de las Culturas, en coordinación con el Museo Nacional, restituir todas las piezas retiradas "bajo las condiciones técnicas necesarias para garantizar su adecuada conservación".

Esta medida de carácter provisional debía cumplirse mientras se adelantaba una evaluación técnica y curatorial que permitiera determinar la permanencia de las obras en las exposiciones. Según lo indicado por la justicia, el retorno de las piezas debía realizarse hasta tanto el gobierno no pudiera justificar su retiro basándose en motivaciones ajenas a la ideología política.

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¿Por qué el gobierno busca impugnar la orden de devolver las piezas al Museo Nacional?

El gobierno sostiene que la decisión judicial que obliga a devolver las obras debió ser tomada por el Consejo de Estado y no por los juzgados que actuaron. Además, manifiestan que durante el trámite de las acciones de tutela se presentaron errores en los recursos presentados por los demandantes, lo que fundamenta su impugnación ante las instancias correspondientes.

¿Qué temas abordaban las obras retiradas del Museo Nacional por orden presidencial?

Las piezas retiradas de las salas "Hacer sociedad" y "Memoria y Nación" del Museo Nacional abordaban temas como el conflicto armado, el Acuerdo de Paz, la historia y lucha de colectivos LGBTIQ+, así como expresiones feministas. Estos contenidos resultaban significativos para la memoria histórica y el reconocimiento de los diversos procesos sociales en Colombia.

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El pronunciamiento se produjo mientras De la Espriella hablaba de los proyectos que heredó del Gobierno Petro y de los presuntos hechos de corrupción que, según él, ha encontrado. El jefe de Estado aseguró que “ve con gran sospecha” varias de esas iniciativas. 

Uno de los cuestionamientos estuvo dirigido a la licitación para llevar fibra óptica por los ríos Putumayo y Amazonas. Según el mandatario, el costo del proyecto pasó de 683.000 millones de pesos en 2025 a más de 1,14 billones de pesos en 2026, un incremento del 67 %.

Desde el Amazonas, el presidente Abelardo De La Espriella criticó los proyectos del gobierno de Gustavo Petro: “Siempre hay un desastre y una que otra novia del anterior presidente contratada”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/i9eCFGmyA0

— Revista Semana (@RevistaSemana) November 5, 2026

De la Espriella advirtió que esa iniciativa habría dejado “incertidumbre financiera, riesgos ambientales, posibles fallas técnicas y dudas sobre si conectaría de verdad a la gente”.

Sin embargo, el comentario que más llamó la atención llegó cuando el presidente volvió a cuestionar los contratos de la administración anterior y mencionó directamente la controversia de Deyci Jiménez. “Porque donde uno levanta siempre hay corrupción, siempre hay desastre y una que otra novia del anterior presidente contratada“, expresó el mandatario. 

La declaración se suma a los señalamientos que De la Espriella ha hecho sobre la gestión de su antecesor y pone nuevamente en el centro de la discusión la polémica que involucra a Jiménez y al expresidente Petro. 

Organismos como los bomberos de Bojacá, Tena y Mosquera, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Cundinamarca, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y el personal de la concesión Devisab acudieron al lugar para atender la emergencia y brindar apoyo a los lesionados. De acuerdo con la información suministrada, los heridos fueron auxiliados en el sitio, mientras se aseguraba la zona y se organizaba el retiro del bus accidentado. Esto ocasionó demoras considerables para quienes transitaban por la vía, pues durante la atención, uno de los carriles permaneció bloqueado.

El accidente se presentó en un tramo fundamental que enlaza la Sabana de Occidente con localidades como La Mesa, Anapoima y Girardot. Así, el siniestro impactó a numerosos viajeros y al alto flujo de vehículos que caracteriza esta ruta, famosa por conectar con destinos turísticos del Alto Magdalena. En el pasado, el sector de Curubital también ha sido escenario de restricciones, especialmente durante temporadas de lluvia y otras emergencias.

En cuanto a las causas que originaron el accidente, las hipótesis iniciales mencionan una posible falla en los frenos cuando el bus transitaba por una curva; sin embargo, Bomberos de Cundinamarca, las autoridades de tránsito y la concesión vial han sido claros en no haber confirmado esa versión. Se encuentran a la espera de los resultados de la revisión del vehículo y de los testimonios de quienes viajaban en él para establecer las circunstancias exactas del hecho.

La concesión Devisab resaltó que la vía dispone de recursos como ambulancias, grúas, vehículos de rescate y equipos de inspección para atender este tipo de emergencias. Además, destacó la importancia de consultar el estado de la carretera antes de viajar por este corredor, debido a los retrasos que pueden surgir mientras se atenúan las consecuencias del accidente y se normaliza el tránsito.

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial citados por la Gobernación de Cundinamarca, el departamento cerró 2025 con 646 personas fallecidas en incidentes de tránsito, una reducción de 2,7 % respecto a 2024. Esto subraya la persistencia del riesgo en las carreteras de la región. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un reporte actualizado sobre la cifra de lesionados, los centros médicos a los que fueron trasladados y el retorno a la normalidad en el sector afectado.

¿Cuál fue la causa del accidente de bus en la vía Mosquera-La Mesa?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa oficial del volcamiento del bus de Capillas de la Fe en el sector Curubital. Aunque algunas versiones señalan una posible falla en los frenos al tomar una curva, ni Bomberos de Cundinamarca, ni las autoridades de tránsito han validado esa hipótesis y se mantienen a la espera de revisar el vehículo y escuchar los testimonios de los pasajeros.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras el accidente del bus en Curubital, Bojacá?

Después del accidente, las autoridades desplegaron de inmediato equipos de bomberos de Bojacá, Tena y Mosquera, así como personal médico y de gestión del riesgo. Se atendió a los heridos en el lugar y se tomaron medidas para controlar la movilidad, asegurando uno de los carriles y previniendo mayores riesgos mientras se retiraba el vehículo accidentado y se restablecían las condiciones de seguridad en la vía.

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De acuerdo con las autoridades, el secuestro habría sido perpetrado por el Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo armado ilegal que opera en la zona. El temor de las autoridades aumenta porque la frontera con Venezuela está muy próxima al lugar del secuestro, lo que facilitaría el traslado a otro país. El gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, afirmó que esta hipótesis está siendo evaluada en el consejo de seguridad, debido a la posibilidad de que los responsables hayan cruzado el río Arauca en un trayecto corto. Ante este panorama, el gobernador solicitó al ELN respetar la vida de la subteniente y permitir su liberación sin condición alguna.

María Camila Pantoja Hernández pertenece al Grupo de Caballería Mediano número 18 del Ejército Nacional, unidad militar con área de operaciones en Arauca, y al momento de su secuestro se encontraba fuera de servicio y vestía prendas de civil. Tras conocerse el hecho, el Ejército Nacional activó de inmediato los protocolos de búsqueda, y, en conjunto con la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, inició operaciones coordinadas para encontrar el paradero de la subteniente y lograr su liberación.

El presidente Abelardo De la Espriella manifestó su rechazo al secuestro y exigió la entrega inmediata y sin condiciones de la uniformada. Mediante sus redes sociales informó que ordenó el despliegue total de las capacidades tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía para hallar a María Camila Pantoja Hernández. En uno de sus mensajes, envió una advertencia al ELN indicando: “se equivocaron de gobierno”, y recalcó que no permitirá que este tipo de crímenes sean usados como estrategia de intimidación contra la Fuerza Pública. Mientras avanzan las labores de búsqueda, las autoridades mantienen como máxima prioridad establecer el paradero de la subteniente y lograr que regrese sana y salva.

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¿Por qué se sospecha que María Camila Pantoja fue trasladada a Venezuela?

Las autoridades sostienen la hipótesis de que María Camila Pantoja Hernández pudo haber sido llevada a Venezuela debido a la cercanía geográfica de Saravena con la frontera y la facilidad para cruzar el río Arauca en trayectos cortos. Esta posibilidad fue confirmada por el gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, quien explicó que se está investigando este desplazamiento en el consejo de seguridad.

¿Quién está detrás del secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández?

De acuerdo con la información oficial del Ejército Nacional, el grupo responsable del secuestro sería el Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las operaciones para encontrar a la subteniente han involucrado diversas fuerzas como la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional para lograr su pronta liberación.

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano, advirtió en medios que, más allá de la esfera privada, lo fundamental es establecer si hubo contratos financiados con recursos estatales para encuentros personales. Solórzano recalcó que los funcionarios públicos tienen responsabilidades tanto en la vida pública como privada, y que solo un contexto completo permitirá a la Corte pronunciarse de forma definitiva.

En paralelo, la Fiscalía realiza una inspección forense al celular de Jiménez, actualmente bajo análisis en su sede en Bogotá, debido a que puede contener pruebas relevantes. Sin embargo, la declaración formal de Jiménez ante la Fiscalía sigue pendiente, ya que su anterior abogado, Felipe Caballero, renunció a la defensa por motivos de seguridad. Aunque Dina Malo asumió como nueva defensora, aún no hay fecha para tomar su testimonio.

Desde el 23 de octubre, la Fiscalía abrió una investigación criminal por posibles irregularidades en entidades públicas, como el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en el gobierno anterior. A la Corte Suprema le corresponde indagar hechos de cuando Petro era senador, mientras que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se ocupa de su gestión como presidente. Además, la Procuraduría indaga presuntos casos de extralimitación de funciones, acoso y violencia de género en varias entidades públicas.

Las denuncias de Jiménez están ligadas también a señalamientos de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, sobre irregularidades en la administración pasada. Frente a la publicación del video, el equipo legal de Petro, dirigido por Alejandro Carranza, recalcó que se trata de “un fragmento sin fecha, sin lugar y sin origen verificado” y reiteró que la autenticidad del material debe ser determinada por peritos y en el marco legal. Además, negó cualquier entrega de contratos a cambio de favores sexuales y aseguró que el expresidente responderá ante las autoridades judiciales y no en redes sociales.

¿Qué investigaciones ha abierto la Fiscalía y la Corte Suprema por las denuncias de Deicy Jiménez?

La Fiscalía abrió una noticia criminal por posibles irregularidades en contratos del Dapre y otras entidades durante el gobierno anterior, incluyendo la presunta contratación irregular de mujeres. Por su parte, la Corte Suprema evalúa hechos relacionados con Gustavo Petro durante su etapa como senador, y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes asume los hechos de su presidencia. Además, la Procuraduría investiga presuntos abusos y violencia de género en distintas dependencias públicas.

¿Qué implica una inspección forense al celular en una investigación judicial?

La inspección forense del celular implica revisar el dispositivo en busca de evidencia relevante para el caso, como mensajes, llamadas, videos y cualquier dato que pueda apoyar las denuncias o aportar nuevos elementos a la investigación judicial, respetando la cadena de custodia y los derechos de las partes involucradas.

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⭕️ En medio de la polémica que involucra al expresidente Gustavo Petro, tras la divulgación de un video por parte de Deicy Jiménez, el senador Iván Cepeda evitó pronunciarse sobre el tema. https://t.co/sr5s1DckEP pic.twitter.com/u4wcKfu8Ur

— La FM (@lafm) November 5, 2026

“No quiero en este momento que cualquier asunto distinto a este, que es muy importante para nosotros, desvíe la atención de la opinión”, respondió Cepeda. Después de pronunciar esas palabras, se giró y se alejó del lugar sin atender nuevas preguntas sobre el tema.

(Vea también: Vanessa de la Torre sacó episodio inédito con Petro: “No se podía sostener y olía putrefacto”)

La pregunta surgió después de que Jiménez publicara, el miércoles 4 de noviembre, un video en el que aparece junto a Petro en una habitación. En las imágenes se observa al expresidente abrazándola y besándola. La mujer aseguró que difundió el material para respaldar su versión sobre la relación que habría mantenido con él.

El video se conoció en medio de las denuncias de Jiménez sobre una supuesta red de entre 30 y 40 mujeres que, según su testimonio, habrían recibido contratos estatales a cambio de encuentros, compañía y silencio. La denunciante también ha señalado presuntas irregularidades relacionadas con la contratación pública y el uso de recursos del Estado. Estas afirmaciones son materia de investigación y no han sido probadas judicialmente.

La controversia también tuvo una respuesta del propio Petro. El expresidente negó haber utilizado contratos públicos para obtener relaciones y sostuvo que el video debe ser examinado por expertos para establecer su autenticidad y contexto. Además, afirmó que las imágenes no demuestran la existencia de pagos, contratos o decisiones administrativas relacionadas con las acusaciones.

(Lea también: Deicy Jiménez entregará su celular a la Fiscalía por la investigación por video de Petro)

Mientras tanto, el caso avanza en los organismos judiciales. Este jueves, el CTI inició la extracción forense de la información del celular que Deicy Jiménez entregó voluntariamente, con el propósito de revisar conversaciones, fotografías, videos y otros archivos que puedan servir como elementos de prueba. Además, el director del DAPRE, Carlos Andrés Ríos Puerta, fue citado por la Fiscalía para declarar el próximo 10 de noviembre.

La trágica muerte de la universitaria Ana María Chávez, ultimada cruelmente en Bogotá el 17 de septiembre de 2009, impulsó a su hermano Juan Camilo a encabezar una singular cruzada investigativa.

Descontento con las hipótesis preliminares barajadas por los detectives oficiales, el familiar asumió pesquisas personales para ubicar el paradero de los homicidas de la joven.

“No podía dejar que fuera un homicidio más, una estadística más”, aseguró el hombre cuya familia es proveniente de Villavicencio

El impactante relato trascendió durante una emisión de ‘Conducta Delictiva’, videopodcast de investigación enfocado en crímenes reales, análisis judicial y testimonios verídicos de víctimas.

En ese espacio audiovisual, Juan Camilo rememoró la férrea convicción que lo motivó a actuar: “O los capturaba o los capturaba”.

La víctima cursaba la carrera de arquitectura en Bogotá, destacaba por su carácter jovial y albergaba la ilusión de consolidar una carrera en la música.

Su pariente evocó con ternura aquellas virtudes: “Ella tenía mucho para entregarle a este mundo, amor, talento, una excelente hermana, una excelente hija”.

Aquellos anhelos juveniles terminaron truncados violentamente aquel fatídico 17 de septiembre de 2009 dentro del apartamento donde habitaba en la urbe bogotana.

Los delincuentes contactaron a la estudiante a través de Facebook simulando ser productores discográficos reconocidos, aprovechando su vocación artística para ganarse su simpatía y confianza personal.

“Mi hermana logra conectar con esta persona que le promete la fama”, rememoró el allegado al repasar el mecanismo de engaño inicial.

Luego de consumarse el asesinato, Juan Camilo inspeccionó minuciosamente los videos registrados por los circuitos cerrados de vigilancia instalados en los accesos del conjunto residencial.

Las secuencias visuales registraron a varios desconocidos ingresando al inmueble y retirándose posteriormente con maletas cargadas con objetos personales de la universitaria.

“Ahí es donde arranca y nos enganchamos con la tesis que era la correcta”, explicó el investigador civil al detallar las evidencias fílmicas halladas de la copropiedad en la que ella vivía.

“Lo que logramos identificar en las cámaras de seguridad iniciales eran un par de jóvenes delgados con un estilo, uno de ellos especialmente en esa época para 2009 estaban muy de moda los ‘candies’, como tipo ‘emo candy'”, aseguró.

Días después, localizó publicaciones digitales donde los sospechosos lucían orgullosamente las pertenencias de la occisa durante concurridas fiestas nocturnas capitalinas.

“Orgullosos del crimen que acaban de cometer, pero con las prendas como trofeo de mi hermana”, relató con indignación el familiar.

Provisto de estas pistas, estructuró una sofisticada trampa encubierta creando identidades apócrifas de mujeres jóvenes para estrechar lazos afectivos directos con los agresores.

“Utilizo unos perfiles de unas niñas, unas de Uruguay, unas mujeres jóvenes, eh de unas de Uruguay, unas muchachas de Puerto Rico, una de Argentina, una de Chile y sustraigo esos perfiles de Facebook de estas muchachas y les pongo nombres colombianos, muy muy colombianos, Diana, Sofía, Camila y construyo cada uno de estos perfiles para que sea muy real. De hecho, le pido a muchos amigos y dentro del círculo y la mesa de investigadores que eran amigos y amigas de mi hermana, les pido a ellos que desde sus perfiles reales me comenten los perfiles”, relató.

El joven inició un coqueteo digital calculando aguardar meses, pero el presunto victimario reaccionó inmediatamente con devoción a las insinuaciones románticas virtuales.

“En una noche ya el nivel de confianza es tal que al día dos ya era ‘mi amor’, ya era mi novia, llegué el punto de que me lo cuadré. Yo fui novia de alias ‘Chucky’, del quien le hizo eso a mi hermana“, contó.

Esa audaz seducción permitió cosechar confesiones determinantes para esclarecer el suceso: “Necesito interactuar con ellos, hacerlos amigos para ganarme su confianza y traer esa información”, explicó sobre su plan.

Gracias a este empeño, el hombre impidió la impunidad del asesinato, facilitando la ubicación y posterior captura y encarcelamiento del victimario.

El escueto balance conocido hasta el momento indica que el hombre, de 29 años, fue ubicado y detenido a pocas cuadras del sitio de los hechos. Según informaron las autoridades, el individuo al parecer intentaba abandonar el sector cuando fue interceptado y quedó a disposición de la Fiscalía. El caso, ahora en manos de ese organismo, avanza bajo la investigación por el presunto delito de feminicidio, aunque todavía no se han conocido más detalles de lo ocurrido dentro del domicilio ni si existían antecedentes de denuncias previas o medidas de protección para la pareja involucrada.

El coronel Óscar Campaña, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana, confirmó que atendieron el llamado de alerta de los vecinos a través del número del cuadrante, lo que permitió una reacción inmediata por parte de las patrullas del sector. Campaña puntualizó que al ingresar ya encontraron a la mujer sin signos vitales y de inmediato activaron el protocolo de búsqueda y captura del principal sospechoso.

Este hecho se suma a una problemática que trasciende los límites de los casos más violentos. Según datos de la Secretaría Distrital de Salud, recogidos por su sistema de vigilancia en salud, entre enero y junio de este año se han reportado 25.660 presuntas víctimas de violencia intrafamiliar y de género en Bogotá. De esa cifra, 16.739 corresponden a mujeres. Es más, del grupo de víctimas mayores de edad, las mujeres representaron el 83,7 % de los registros. La cifra evidencia la dimensión del fenómeno al interior de los hogares y el impacto que sigue teniendo sobre la vida y la integridad de las mujeres en la capital.

Para las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, existen canales como la Línea Púrpura Distrital, que ofrece atención gratuita, orientación psicosocial y jurídica las 24 horas al 01 8000 112 137 y mediante WhatsApp al 300 755 1846. Sin embargo, en casos de agresión en curso o de peligro inmediato, la recomendación es acudir directamente a la Línea 123 para la activación de una respuesta de emergencia por parte de las autoridades.

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¿Cómo denunciar violencia intrafamiliar y de género en Bogotá?

En Bogotá, existen diferentes rutas de atención para denunciar casos de violencia intrafamiliar y de género. La ciudadanía puede comunicarse con la Línea Púrpura Distrital para recibir acompañamiento, orientación psicológica y asesoría jurídica gratuita. Ante una emergencia o situación de peligro inminente, la indicación oficial es contactar inmediatamente la Línea 123 para una respuesta pronta de la Policía y la atención de urgencias. La Fiscalía también está habilitada para recibir denuncias directas y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

¿Qué servicios ofrece la Línea Púrpura para mujeres víctimas de violencia?

La Línea Púrpura Distrital atiende gratuitamente las 24 horas del día, ofreciendo orientación psicosocial, jurídica y guiando a las mujeres en la búsqueda de rutas de protección frente a las violencias. Está disponible en el número 01 8000 112 137 y en WhatsApp al 300 755 1846. Es importante tener en cuenta que aunque la Línea Púrpura brinda acompañamiento y asesoría, no reemplaza la atención de emergencias, ni elimina la necesidad de reportar casos de urgencia a la Línea 123 o presentar denuncias formales ante la Fiscalía.

Profundizando en los hechos, el gremio de controladores detalló que la anomalía se reportó hacia las 12:40 p. m. y se extendió durante aproximadamente una hora y media, lo que interrumpió el monitoreo del tráfico aéreo en gran parte del territorio nacional, desde Aguachica, en Cesar, hasta el sur del país. "La afectación no se limita a esta dependencia, pues el sistema de vigilancia también proporciona información a otras salas de control de aproximación interconectadas", enfatizó ACDECTA en su pronunciamiento, citado por El Espectador.

Testimonios de personal en la torre de control de El Dorado, recogidos también por El Espectador, dan cuenta de un apagado masivo de las pantallas de radar, que dejó a los controladores sin la visualización de las trazas —las líneas en pantalla que muestran la ruta que sigue cada avión—. "No se veía ninguna traza", relató una fuente, subrayando que normalmente estas interrupciones duran minutos, pero en esta ocasión el impacto fue mucho mayor.

Frente a la crisis, el protocolo aplicado fue el denominado "Control por Procedimientos", el cual se basa en cálculos y estimaciones manuales hechas a partir de la experiencia del personal. Este sistema recuerda métodos usados hace décadas, y según los expertos, la destreza necesaria podría perderse con la dependencia tecnológica. El capitán Germán Roa, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), reveló en Caracol Radio la falta de actualizaciones en los equipos desde 2015, particularmente en el centro de control de Bogotá.

Además, la ACDECTA señaló que han advertido a Aerocivil, por diversos canales, de los riesgos persistentes y reclamaron la necesidad de intervenciones estructurales, no solo soluciones temporales tras cada avería. Propusieron actualizaciones de hardware y software y sugirieron mejores condiciones técnicas y profesionales en la gestión del tránsito aéreo colombiano. Finalmente, instaron a un pronunciamiento técnico que esclarezca el incidente y fortalezca la confianza en el sistema.

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¿Por qué fue tan grave la falla en los radares del aeropuerto El Dorado?

La gravedad de la falla radicó en que los controladores aéreos quedaron sin herramientas de seguimiento digital durante más de una hora, lo que interrumpió la operación normal en gran parte del espacio aéreo nacional. La ausencia de “trazas” dificultó mantener las distancias y trayectorias seguras de las aeronaves, obligando a volver a procedimientos manuales y aumentando así el riesgo operativo, según información de ACDECTA y El Espectador.

¿Qué es el protocolo "Control por Procedimientos" en la aviación?

El "Control por Procedimientos" es un protocolo que se activa cuando los sistemas automáticos de vigilancia fallan. En este, los controladores deben usar cálculos manuales y estimaciones basadas en la experiencia y la comunicación con las aeronaves para mantener la seguridad, un método que requiere altos niveles de destreza y recuerda las prácticas de hace décadas, según relataron fuentes consultadas por El Espectador.

Los dos últimos detenidos fueron identificados por las autoridades como ‘Anyelo’ y ‘Cristian’. Con sus aprehensiones, se completa la lista de siete personas presuntamente involucradas en este crimen que conmocionó a Cali y que ha sido objeto de una investigación exhaustiva. María Camila, una joven de 21 años y con ocho meses de embarazo, desapareció luego de salir de su casa en el barrio Meléndez, según datos oficiales. Su destino, la zona de Polvorines, quedó como el último punto conocido, hasta que su cuerpo y los restos de su bebé fueron hallados a orillas del río Meléndez el 20 de julio, en el corregimiento de La Buitrera.

La Fiscalía, citada por la prensa, explicó que los avances en el caso fueron resultado de un gran despliegue de las autoridades en una serie de operaciones que contemplaron más de 140 diligencias de registro y allanamiento. Más de 2.000 miembros de la Fuerza Pública y organismos de investigación participaron en esta ofensiva, denominada Iron 2.0, que no solo permitió estas capturas, sino que además reportó más de 100 sospechosos de diferentes delitos y la desarticulación de 11 estructuras delincuenciales implicadas en homicidio, extorsión, robos y tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con los reportes entregados, entre los cinco primeros capturados en relación con el homicidio de María Camila se encuentran Yulia Cecilia Angulo Escobar, Nixon Steven Mondragón Fuero, Kevin Alexi López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Las autoridades sostienen que cada uno tiene un papel específico en los hechos investigados. El alcalde Alejandro Eder, en declaraciones recogidas por los medios, expresó que "hoy los siete implicados en este caso están en manos de la justicia", reafirmando el compromiso institucional para esclarecer lo sucedido y establecer las respectivas responsabilidades individuales.

Los últimos capturados deberán comparecer ante los jueces, mientras continúa la investigación para definir la participación de cada señalado. La operación Iron 2.0, además de este caso, permitió avances en la lucha contra organizaciones ilegales en Cali y sus alrededores.

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¿Cómo avanzó la investigación por el feminicidio de María Camila Potosí?

La Fiscalía lideró la investigación desde el reporte de la desaparición de María Camila Potosí, el 16 de julio de 2026. El hallazgo de su cuerpo y el de su bebé, cuatro días después, activó un operativo que logró identificar y capturar a siete personas que ahora deberán enfrentar a la justicia por su presunta participación en los hechos, según datos oficiales entregados por las autoridades.

¿Cuál fue el alcance de la operación Iron 2.0 en Cali?

La operación Iron 2.0, de acuerdo con informes policiales, comprendió más de 140 registros y allanamientos realizados en diferentes áreas de Cali, con la colaboración de más de 2.000 agentes. Durante este operativo se detuvieron más de 100 implicados en diversos delitos y fueron desarticuladas 11 estructuras criminales activas en la ciudad y su entorno.

La decisión se produjo después de que la defensa de Velasco y la Procuraduría apelaran la determinación del pasado 19 de agosto, cuando se ordenó su detención preventiva. Luego de esto, el Tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público sobre el retiro del exfuncionario de la vida pública y el contexto político actual del país.

Velasco enfrenta señalamientos de la Fiscalía General, que lo acusa de aprovechar su cargo y sus influencias para direccionar varios contratos de obra e interventoría que estaban bajo responsabilidad de la UNGRD. La orden cambia su situación de detención, pero no elimina los cargos ni cierra la investigación, que sigue en curso y es de carácter penal. 

#Atención El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tras resolver la apelación contra la medida de aseguramiento que se le había impuesto por el caso de corrupción de la UNGRD. #VocesySonidos https://t.co/8gFxseKo5V

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 5, 2026

La libertad no significa que el proceso haya terminado ni que exista una decisión sobre su responsabilidad. El juicio continuará en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, cuya próxima sesión quedó programada para el martes 2 de febrero de 2027. 

Durante la audiencia preparatoria celebrada el miércoles, Velasco cuestionó que la Fiscalía no les hubiera entregado todas las pruebas necesarias para preparar su defensa. “¿Cómo es posible que en un sistema de partes, llega quien acusa con una serie de documentos que no conoce?”, reclamó el exministro. 

Con esta decisión, Velasco recupera la libertad mientras se prepara para afrontar el juicio por los presuntos hechos relacionados con los contratos de la UNGRD. 

Restrepo enfatizó que el presidente De la Espriella entendió que "no se podía seguir haciendo la política de siempre", y resaltó la intención de priorizar políticas para el bien común, por encima de los intereses particulares. Además, comparó el reciente enfoque del actual gobierno en el ámbito de la seguridad con la estrategia de la administración previa, a la que acusó de supuesta connivencia con grupos criminales. Estas declaraciones cobran relevancia en el contexto de los debates sobre la legitimidad y el rumbo del Ejecutivo, como lo señala El Espectador.

Las intervenciones del vicepresidente ocurren mientras la delegación de De la Espriella recorre Europa en una gira diplomática y comercial. En ese contexto, la Vicepresidencia anunció que Madrid será la sede de la Milagro Week en marzo de 2027, una estrategia para captar inversión extranjera y presentar proyectos a inversores internacionales. Nueva York será la primera ciudad en hospedar este evento, entre el 16 y el 18 de noviembre, enfocándose en dar visibilidad internacional a las iniciativas del gobierno.

Durante la agenda en España, el vicepresidente Restrepo estuvo acompañado por Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo; Samuel Bluman, presidente de ProColombia; Juan Gonzalo Ospina, embajador designado ante la Unión Europea; y el canciller Bula. Sin embargo, la presencia de la delegación fue marcada por la expectativa respecto al aval diplomático de Carlos Felipe Mejía como embajador en España, un tema polémico debido a la oposición de sectores de la izquierda española. El Espectador destaca que Mejía, exsenador y figura relevante de la campaña presidencial, fue designado para liderar la misión diplomática, pero la izquierda española ha pedido a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, que rechace esa designación.

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¿Cuáles han sido los principales logros del gobierno de Abelardo de la Espriella en sus primeros 90 días según sus propios voceros?

De acuerdo con las declaraciones del vicepresidente José Manuel Restrepo, los principales logros del gobierno de Abelardo de la Espriella incluyen avances en seguridad y transformaciones económicas y sociales. Restrepo afirmó que el Ejecutivo ha adoptado un enfoque de bien común y una estrategia de seguridad diferenciada respecto a la administración anterior, señalando resultados "convincente" en tan solo tres meses, según expuso en la XXX Cumbre Iberoamericana.

¿Por qué la designación de Carlos Felipe Mejía como embajador ha sido cuestionada en España?

La designación de Carlos Felipe Mejía como embajador en España ha recibido críticas principalmente de sectores de la izquierda de ese país. Según información de El Espectador, estas voces han pedido al presidente español Pedro Sánchez que no otorgue el beneplácito a Mejía, debido a su perfil y antecedentes políticos, así como a su relevancia dentro del Centro Democrático y su participación en la campaña presidencial de De la Espriella.

En un nuevo episodio de Más Allá del Silencio, Katherin rompe el silencio y cuenta, sin filtros, el horror que enfrentó al descubrir la escena del crimen. Su testimonio reconstruye los momentos más dolorosos de aquella jornada y expone las circunstancias que rodearon la muerte de Magnolia, una mujer cuya historia terminó de manera violenta, presuntamente a manos de quien era su compañero sentimental.

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Detrás de este crimen, según el relato de su hija, existía una relación atravesada por señales de alarma. Los celos extremos y las conductas de control habrían convertido la convivencia en un escenario de tensión. Una dinámica que hoy cobra especial relevancia al reconstruir los antecedentes de una tragedia que dejó a una familia destrozada y a una hija enfrentada a una dolorosa búsqueda de justicia.

Sin embargo, el drama de Katherin no terminó con la muerte de su madre. A la pérdida se sumó una decisión judicial que generó indignación: Héctor León Cañas, señalado como presunto feminicida, recuperó su libertad por vencimiento de términos. Una determinación que no significa que haya sido declarado inocente, pero que representa un nuevo golpe para los familiares de Magnolia.

Ahora, Katherin enfrenta una espera que parece interminable. Según lo expuesto en el episodio, la posibilidad de obtener una condena podría extenderse hasta 2028, tres años después del asesinato de su madre. Mientras tanto, la familia continúa esperando que el proceso avance y que las autoridades esclarezcan plenamente lo ocurrido.

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¿Qué pasó realmente dentro de aquel apartamento? ¿Cómo era la relación entre Magnolia y el hombre señalado de asesinarla? ¿Qué circunstancias llevaron a que recuperara su libertad mientras continúa el proceso judicial?

En esta conversación con Rafael Poveda, Katherin pone rostro y voz a una historia que va más allá de un expediente judicial. Es el relato de una hija que tuvo que encontrar a su madre sin vida y que ahora debe enfrentar otra batalla: evitar que su muerte quede en el olvido y conseguir que se haga justicia.

Una historia desgarradora que evidencia el dolor de las familias que, además de perder a sus seres queridos, deben enfrentarse a largos procesos judiciales para encontrar respuestas.

La salida llama la atención porque el funcionario llevaba poco más de dos meses en el cargo. Cabe mencionar que Sánchez Arango había asumido la dirección el 31 de agosto de 2026, después de ser designado por el Gobierno Nacional.

Antes de llegar a esa posición, el abogado había sido una de las fichas importantes de De la Espriella durante el proceso de empalme del sector salud. También tuvo experiencia en la Contraloría General de la República, donde ocupó diferentes cargos relacionados con el control de los recursos públicos. 

Su salida se produce en una entidad estratégica para el funcionamiento del sistema de salud colombiano, pues tiene a su cargo la administración y distribución del dinero destinado a financiar la atención de los pacientes y los giros a los diferentes actores del sector. 

Por ahora, no se conocen públicamente las razones que motivaron la decisión. Sin embargo, de acuerdo con la información adicional sobre el relevo, la viceministra Marcela Brun asumirá la dirección de manera encargada. Además, todavía estaban pendientes los detalles oficiales sobre el cambio y la transición en la entidad.

El movimiento se suma a los ajustes que ha tenido la administración de De la Espriella y despierta preguntas sobre los motivos de la salida de un funcionario que llevaba apenas unas semanas al frente de una de las entidades financieras más importantes del sector salud. 

En Bogotá, el alcance de esta práctica resulta evidente. Solo en 2024 se contabilizaron 26.372 acciones de tutela relacionadas con el derecho a la salud, posicionando a la ciudad entre las cifras más altas del país. Cada caso representa una solicitud individual que merece atención; sin embargo, el problema surge cuando la atención prestada de manera preferencial bajo orden judicial afecta el cronograma de quienes aguardaban su turno en la lista de espera. Es decir, adelantar el turno de un paciente puede conllevar que muchos otros sean postergados, sobre todo en un contexto donde no se ampliaron los recursos para responder a la nueva demanda.

El artículo utiliza un ejemplo concreto para ilustrar la magnitud del desafío: si un especialista tiene capacidad para atender mil pacientes en un mes, es decir, cerca de 33 cada día, y todos esos pacientes deciden interponer acciones de tutela para ser atendidos en solo cinco días, el médico debería llevar a cabo 200 consultas diarias. Esto sería materialmente irrealizable, salvo que se cuente con cinco profesionales adicionales, algo que no sería inmediato considerando el tiempo necesario para formarlos. Este caso hipotético revela cómo la acción de tutela puede distorsionar la gestión de citas y servicios dentro del sistema de salud.

Más allá del impacto en la programación, el texto advierte que la utilización masiva de tutelas puede desencadenar un mercado alterno donde se prioriza la atención judicializada, lo que genera efectos negativos sobre las finanzas del sistema. Según El Espectador, cuando la capacidad no crece al mismo ritmo que la demanda, la presión por atender casos inmediatos propicia el aumento de precios y pone en riesgo la sostenibilidad financiera, afectando especialmente a quienes no pueden cubrir sobrecostos y dejando a muchos fuera del servicio al inflarse los precios.

El artículo concluye que la solución no es limitar el derecho a la tutela, sino abordar las causas de su uso excesivo e introducir criterios técnicos reconocidos y transparentes para priorizar la atención y administrar las listas de espera. Solo así puede garantizarse un equilibrio justo entre los derechos individuales y colectivos, evitando que las decisiones judiciales terminen perjudicando, desafortunadamente, a quienes más necesitan el servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las consecuencias negativas del uso excesivo de tutelas en el sistema de salud colombiano?

El uso excesivo de tutelas en salud, según los datos de El Espectador, desarticula las listas de espera y obliga a priorizar casos por orden judicial sin nuevas capacidades, desplazando recursos y retrasando la atención de otros pacientes. Además, ejerce presión sobre las finanzas del sistema, provoca aumentos injustificados en los precios y puede excluir a quienes no pueden pagar sobrecostos, perjudicando la sostenibilidad del sistema a mediano y largo plazo.

¿Por qué existen listas de espera en el sistema de salud colombiano?

Las listas de espera existen porque la capacidad de atención, en términos de médicos, camas y equipos, es limitada, como explica El Espectador. Estas listas buscan organizar la prestación de servicios de acuerdo con la disponibilidad real, asegurando que los recursos se asignen de forma equitativa y ordenada ante la demanda que, en muchas ocasiones, supera ampliamente lo que el sistema puede proporcionar en el momento.

Según el mandatario, las autoridades interceptaron una embarcación tipo Go-Fast que transportaba las armas ocultas en un doble fondo. El operativo dejó como resultado la incautación de 104 armas de fuego, entre ellas 69 fusiles, 30 pistolas, tres lanzagranadas y dos ametralladoras.

¡HACE 45 AÑOS NO SE REGISTRABA UNA INCAUTACIÓN DE ARMAS DE ESTA MAGNITUD EN EL CARIBE COLOMBIANO!

¡104 ARMAS DE FUEGO INCAUTADAS Y 5 CAPTURADOS!

Nuestra Armada Nacional, a través de la Fuerza Naval del Caribe, en una operación de interdicción marítima realizada el 4 de… pic.twitter.com/MEgMfG8qzw

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 5, 2026

También fueron decomisados 96 proveedores, municiones de diferentes calibres, 6.960 dólares y 23.569 lempiras hondureños.

En el procedimiento fueron capturadas cinco personas: cuatro colombianos y un ciudadano hondureño. Además, la embarcación utilizada para transportar el armamento fue inmovilizada.

De acuerdo con información de inteligencia citada por De La Espriella, el arsenal tendría como destino a la estructura criminal Los Conquistadores de la Sierra.

El presidente aseguró que su Gobierno continuará persiguiendo a las organizaciones delincuenciales, golpeando sus finanzas y desmantelando sus rutas de abastecimiento de armas.

Finalmente, reconoció el trabajo de la Armada y la Policía Nacional y reiteró que no dará tregua a las estructuras criminales que operan en el país.

Santos, galardonado con el Premio Nobel de la Paz, ya había hecho referencia a la postura del diplomático Gaona. En respuesta a un editorial de El Espectador, el exmandatario expresó: “totalmente de acuerdo”, respaldando la afirmación del medio de que “decir que no es modelo es no conocer los procesos de paz”. Gaona replicó asegurando que sus palabras ante la ONU estaban siendo tergiversadas, y recalcó que Colombia obtuvo respaldo pleno con 15 votos a favor en el Consejo de Seguridad para modificar el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016.

Durante su gira internacional para conmemorar los diez años de negociaciones en La Habana, Juan Manuel Santos ha compartido su experiencia sobre el proceso de paz en varios países. En ese contexto, el exmandatario enfatizó que la posición del actual gobierno responde a “razones ideológicas y políticas que no tienen ninguna lógica y van en contra del sentido común”. Por su parte, el embajador Gaona sostuvo ante la ONU: “el Acuerdo firmado en 2016 no es un modelo para nuestro mundo”.

Las posturas divididas en torno al proceso han suscitado debates entre figuras relevantes, como Humberto De la Calle, quien resaltó que aunque el acuerdo logró la dejación de armas de la guerrilla más poderosa, los grupos que continuaron delinquiendo no alteran el resultado. Además, De la Calle indicó que se compara injustamente con los problemas de la llamada 'paz total' impulsada por otro gobierno.

Abelardo de la Espriella, presidente actual, ratificó el respaldo a su diplomático, destacando la aprobación unánime del Consejo de Seguridad sobre la propuesta de su gobierno en relación con la misión de verificación. Afirmó que Colombia precisa una paz que cuente con seguridad, justicia, instituciones fuertes y la presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional. Así, el debate sobre el valor, modelo y aplicación del Acuerdo de Paz de 2016 sigue generando intensos cuestionamientos en el ámbito nacional e internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el embajador de Colombia ante la ONU dijo que el Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo?

De acuerdo con las declaraciones del embajador Mauricio Gaona, ante la Organización de las Naciones Unidas, su posición se basa en que el Acuerdo de Paz de 2016 no encaja como modelo universal, pues considera que cada realidad nacional es diferente. Gaona argumentó que ha habido interpretaciones incorrectas de su postura, pero destacó el respaldo unánime que obtuvo Colombia para modificar la misión de verificación del Acuerdo, reafirmando que su enfoque pretende adaptar el proceso a las necesidades actuales del país.

¿Qué efectos tiene la postura del gobierno de Abelardo de la Espriella sobre el Acuerdo de Paz?

La posición del gobierno de Abelardo de la Espriella ha desencadenado tanto críticas como apoyos en diferentes sectores. Según comentarios recogidos de figuras como Juan Manuel Santos y Humberto De la Calle, el actual gobierno estaría intentando restarle legitimidad al acuerdo, motivado principalmente por razones políticas e ideológicas. Esta postura mantiene activo el debate sobre el impacto y la continuidad de la implementación del Acuerdo de Paz, así como sobre los mecanismos de verificación internacional de sus compromisos.

El movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Tesalia y ocurrió a las 10:33 de la mañana, hora local.

De acuerdo con la información oficial, el evento tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. Esta característica permite identificar que el movimiento se originó a poca distancia de la superficie terrestre.

El reporte del SGC señala que el temblor fue localizado en las coordenadas 2.62° de latitud y -75.66° de longitud.

Para establecer sus características, el organismo contó con información de 34 estaciones de monitoreo y clasificó el registro con estatus manual.

Entre los municipios más cercanos al epicentro se encuentran Íquira, ubicado a 4 kilómetros; Yaguará, a 17 kilómetros, y Teruel, también a 17 kilómetros, todos en el departamento del Huila.

El movimiento ocurrió a las 3:33 de la tarde en horario UTC. El informe técnico también reportó un RMS de 0,6 segundos y un GAP de 54 grados, parámetros utilizados para evaluar la calidad de la localización del evento sísmico.

El caso salió a la luz luego de que miembros de un equipo de fútbol de la Facultad de Relaciones Internacionales denunciaran públicamente que se habían sustraído computadores, celulares, tabletas y dinero en efectivo que dejaron en los camerinos durante el encuentro deportivo. Si bien algunas afectadas calcularon las pérdidas en alrededor de 60 millones de pesos, la institución no confirmó oficialmente esa cifra, manteniendo reserva sobre el monto exacto.

Las críticas sobre la seguridad no tardaron en aparecer. De acuerdo con las declaraciones difundidas por las estudiantes, la falta de control de acceso a las instalaciones fue determinante; incluso una de ellas señaló mediante un video en redes sociales que no se estaba solicitando el carné de identificación para el ingreso al campus, lo que facilitó la entrada de personas externas o ajenas a la universidad.

En respuesta, la Javeriana expresó por medio de un comunicado su respaldo a las siete estudiantes, indicando que se facilitará el acompañamiento en la presentación de denuncias individuales ante las autoridades. La universidad también interpondrá una denuncia adicional y activará el proceso de reclamación de la póliza correspondiente que ampara estos incidentes, buscando cubrir el impacto de lo ocurrido.

Como medida inmediata de mejora, la institución informó que trabajará en conjunto con las autoridades para obtener información relevante sobre el caso y para afianzar la investigación en curso. Para atender las inquietudes y necesidades específicas de las afectadas, se habilitó una línea directa de comunicación con Luis Felipe Zuluaga, director de Recursos Físicos.

Considerando las preocupaciones sobre la seguridad, la Javeriana revisará sus protocolos y controles de acceso, en especial durante actividades nocturnas, para identificar aspectos susceptibles de ajuste y reforzar la protección de los espacios deportivos. Según el pronunciamiento institucional, la seguridad del entorno educativo es una prioridad. Aunque en un primer momento se habló de al menos diez afectadas, la universidad corroboró siete casos confirmados. Hasta el momento, no se han reportado capturas ni detalles oficiales sobre la manera en que los responsables ingresaron al área de vestidores. El desarrollo de la investigación y la revisión de las medidas de seguridad serán determinantes en la prevención futura de este tipo de incidentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones implementó la Universidad Javeriana tras el robo en los vestidores femeninos?

La universidad anunció acompañamiento legal a las siete estudiantes para la presentación de las denuncias, interpondrá una denuncia institucional, gestionará la reclamación del seguro por hurto y trabajará junto a las autoridades para clarificar el caso. Además, habilitó un canal directo con el director de Recursos Físicos para atender a las afectadas y revisará los protocolos de acceso a las instalaciones deportivas.

¿Qué medidas de seguridad evalúa la Universidad Javeriana tras el hurto?

La institución informó que revisará los procedimientos y controles de ingreso a los espacios deportivos, principalmente durante actividades nocturnas, para determinar cuáles requieren ajustes. El objetivo principal es fortalecer la seguridad y evitar futuros incidentes en el campus.

De ahí, se conoció que sobre el mediodía del jueves 5 de noviembre de 2026 se presentó el arribo de esa mujer al búnker de la Fiscalía General de la Nación para exponer uno de los elementos claves.

Cabe recordar que ella aseguró que el líder del Pacto Histórico le ofreció contratos con entidades como forma de pago presuntamente por la prestación de servicios íntimos para él.

Esas declaraciones salieron a flote el pasado domingo 25 de octubre de 2026 en medio de la sorpresa general, entre los detractores del exmandatario y quienes cuestionan los mencionados señalamientos.

Incluso, Vanessa de la Torre señaló a Petro por olor “putrefacto” en un episodio con el que se plantea un comportamiento por parte del entonces presidente de Colombia, tema que ahora es parte del debate.

De ahí, Caracol Radio indicó que Jiménez le entrega el celular a la Fiscalía para la extracción forense del dispositivo y advirtió que “se estima que la diligencia durará cuatro horas”, aunque para el caso no se tiene claro en qué momento finalizaría.

El análisis de este material como probatorio contra Petro busca que la Corte Suprema tenga elementos para la revisión del caso que ya está bajo su potestad para responder a los señalamientos de la mencionada mujer.

Cabe recordar que la senadora María José Pizano también fue mencionada por la joven dentro de todo el proceso de los contratos, como una de las personas que estuvo a cargo de una de las entidades en esa época.

Días atrás, el supervisor de dos contratos de Jiménez reconoció que la tuvo a cargo, aunque para el caso en cuestión aclaró que no supo cómo se presentó la contratación de ella.

Los resultados que surjan del mencionado proceso clave van a servir para avanzar o no en la investigación de uno de los señalamientos más controversiales contra un mandatario.

¿Cómo es una extracción forense de un celular?

La extracción forense de un teléfono móvil constituye uno de los procedimientos técnicos más determinantes dentro de las investigaciones judiciales modernas para recopilar pruebas digitales legalmente válidas.

El proceso inicia estrictamente en el lugar de los hechos mediante el aislamiento físico y electromagnético del equipo incautado para bloquear cualquier comunicación inalámbrica remota.

Los peritos depositan el terminal dentro de bolsas de Faraday especializadas, impidiendo la recepción de llamadas, mensajes de texto o comandos de borrado remoto vía internet.

Posteriormente, el personal forense traslada el artefacto al laboratorio oficial garantizando el riguroso registro documental de la cadena de custodia para evitar impugnaciones procesales posteriores.

Una vez en el laboratorio especializado, los ingenieros conectan el teléfono apagado o desbloqueado a estaciones de trabajo forenses certificadas mediante cables de datos blindados.

Los expertos seleccionan entre tres metodologías técnicas de extracción según el estado operativo del teléfono, el nivel de cifrado y el sistema operativo involucrado.

La extracción manual permite visualizar y registrar fotográficamente los elementos directamente visibles en pantalla, siendo el método más básico pero menos exhaustivo del análisis.

La modalidad lógica utiliza los comandos del fabricante para copiar archivos del sistema, registros de llamadas, listas de contactos, galerías multimedia y bases de mensajería instantánea.

Por su parte, la extracción física realiza un volcado binario directo de los chips de memoria flash, logrando recuperar registros borrados y fragmentos de información oculta.

Durante cada volcado digital, el software forense genera automáticamente una función algorítmica de comprobación denominada valor hash para blindar la integridad del contenido original extraído.

Esa firma criptográfica irrepetible asegura ante los jueces que ningún funcionario modificó, eliminó o implantó archivos durante el análisis técnico de los elementos materiales probatorios.

Finalmente, los especialistas procesan los datos brutos, elaboran un informe técnico pericial estructurado y entregan las conclusiones detalladas a los fiscales del caso penal correspondiente.

En su publicación, Matador usó expresiones provocadoras y comparaciones para referirse a Dávila, llegando incluso a llamarla «la primera moza de la nación». Este calificativo, acompañado de otras frases, elevó el tono de la discusión y centró la atención en el estilo y la posición de la periodista dentro del escenario político y mediático colombiano. Al continuar su mensaje, Matador hizo referencia a supuestos comportamientos de celos, afirmando: «Solo falta que le eche aceite de batería a la pintura del carro del man», en respuesta directa a una publicación de Vicky Dávila. Posteriormente, remató con una apreciación aún más personal: «Yo he conocido mujeres tóxicas… y luego está Vicky», lo cual acentuó el carácter confrontativo de su intervención.

La publicación no pasó desapercibida en redes sociales. De acuerdo con la información recogida, los comentarios de Matador se suman a una ola de discusiones marcadas por la polarización y la crítica personal en X, especialmente cuando están relacionados con temas de alta sensibilidad política como el escándalo que rodea a Gustavo Petro. El uso de calificativos personales y comparaciones directas desvió parte de la controversia hacia Dávila, alejando el foco de la discusión sobre el video implicado y centrándolo en disputas de carácter mediático y personal entre figuras públicas.

Este episodio demuestra cómo el debate político colombiano en las redes sociales suele desenvolverse en un marco de confrontaciones agudas, donde los límites entre la crítica al contenido y la descalificación personal pueden difuminarse con facilidad. Según lo reportado, la intervención de Matador provocó una multiplicidad de reacciones entre usuarios, acentuando aún más las divisiones que ya existen en el ambiente digital y mediático del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Matador criticó a Vicky Dávila en X durante la polémica de Gustavo Petro?

Matador dirigió fuertes críticas a Vicky Dávila en X a raíz de la polémica generada por la difusión de un video relacionado con el presidente Gustavo Petro. Usando comentarios personales y comparaciones provocadoras, Matador puso en tela de juicio la actitud de la periodista frente a la situación del mandatario, lo que desató una nueva ola de controversia y discusión en las redes sociales, de acuerdo con la información presentada originalmente.

¿Cuál fue la reacción en redes sociales tras las palabras de Matador contra Vicky Dávila?

De acuerdo con lo reportado, los mensajes de Matador rápidamente generaron reacciones y conversación en X, reflejando el ambiente de polarización y confrontación que suele caracterizar los debates políticos en Colombia. Las palabras del caricaturista desviaron momentáneamente la atención del video de Petro hacia la figura de Vicky Dávila, mostrando cómo, en este tipo de polémicas, el foco puede pasar de una discusión de fondo a enfrentamientos personales entre figuras mediáticas.

El siniestro ocurrió sobre las 9:20 de la mañana de este jueves 5 de noviembre, en el kilómetro 98+650, en jurisdicción de Bojacá. Según el reporte conocido por el medio mencionado, el automotor, de placas IXN435, se desplazaba en sentido Mosquera-La Mesa y tenía como destino el municipio de Girardot.

La hipótesis preliminar de las autoridades señala que el bus habría presentado daños en el mecanismo de frenado mientras recorría ese corredor vial. La situación habría complicado el control del vehículo cuando el conductor llegó a una curva, momento en el que salió de la carretera y terminó volcado sobre uno de sus costados.

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El bus, de color azul y perteneciente a Capillas de la Fe, transportaba a seis ocupantes, además del conductor, identificado como José Armando Rojas, de 42 años. También llevaba un féretro con los restos de Israel Malagón Wilches, cuyo traslado tenía como destino Girardot.

Como consecuencia del volcamiento, seis personas resultaron lesionadas. Entre ellas se encuentran un menor de 11 años y una mujer de 81 años. El conductor, por su parte, salió ileso, de acuerdo con la información entregada por las fuentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca.

Por ahora, la falla en los frenos es la hipótesis inicial sobre lo ocurrido y deberá ser establecida mediante las investigaciones correspondientes. Las autoridades tendrán que determinar las condiciones mecánicas del bus y las circunstancias exactas en las que perdió el control antes de salirse de la vía.

#Cundinamarca | Un bus de la funeraria Capillas de la Fe se volcó en la vía Mosquera – La Mesa, dejando a seis personas heridas, entre ellos un menor de edad y una adulta mayor. La vía se encuentra cerrada en un carril.

Vía: @Nia_Maldonadoohttps://t.co/qRQodC6mox pic.twitter.com/weK9w51oct

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

En entrevista con el programa Bajo Sospecha, la madre lanzó un llamado directo al presidente de la República y al director de la Policía Nacional para que la reciban y le den respuestas.

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De acuerdo con la versión oficial, Mateus falleció tras inhalar monóxido de carbono en una estación de gasolina en Sibaté, Cundinamarca. Sin embargo, su familia rechaza esa explicación.

“Yo estoy segura que él no se metió allá a inhalar monóxido de carbono. Él estaba haciendo curso de ascenso, amaba su institución, él ya llevaba 10 años y ya sabía los peligros a los que se estaba enfrentando”, señaló Sandra en la entrevista.

Su hija también detalló las irregularidades que encontraron desde el primer momento. Cuando reclamaron las pertenencias del patrullero, el teléfono celular les fue entregado con retraso y con señales evidentes de alteración.

“Me doy cuenta que han eliminado mensajes, que se encuentran también llamadas a las horas que él ya no se encontraba”, reveló. Además, al recuperar el dispositivo tras entregarlo a la Fiscalía, advirtieron que el WhatsApp y los correos electrónicos habían sido borrados por completo.

La ropa de Mateus también causó sospechas. Según la hermana del patrullero, las prendas fueron entregadas con un nivel de humedad inusual: “Parecía que la hubiesen metido en un balde y la hubieran sacado así escurriendo agua”. A eso se suma que el cuerpo presentaba golpes visibles durante la velación que no quedaron consignados en los documentos oficiales, y que el informe forense reportó líquido hemático en el abdomen, el cerebro y los riñones, hallazgos incompatibles, según la familia, con una intoxicación por monóxido de carbono.

Sandra, la madre de Edwin,  asegura que la institución nunca la contactó directamente para notificarle el fallecimiento. Se enteró por una cadena de llamadas que pasó por un compañero de trabajo de su hijo, su yerno y una hermana.

“No fue directamente de la Policía”, precisó. El llamado ahora va dirigido a las más altas esferas: “Si el mensaje le llega al presidente, a Abelardo de La Espriella , que él es padre también, que por favor me escuche, que me reciba, porque yo soy la mamá de un patrullero de la Policía Nacional de Colombia y quiero una explicación”.

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¿Por qué la familia de Edwin Mateus sospecha de manipulación en la investigación?

Además de las evidencias físicas y digitales alteradas, la familia interpuso derechos de petición después de que las autoridades intentaron archivar el caso en menos de dos años. Gracias a una apelación, el proceso sigue abierto, pero la familia denuncia que ha tenido que recurrir a acciones de tutela para acceder a información básica de Medicina Legal y la Fiscalía.

¿Qué papel tiene el compañero de turno de Edwin Mateus esa noche?

El patrullero que compartía servicio con Mateus nunca se acercó a la familia ni a la funeraria, y los intentos por contactarlo han resultado infructuosos. La hermana de Edwin acudió personalmente hasta la estación de Sibaté para buscarlo y le informaron que ya no estaba allí. La familia cree que esa persona podría tener información clave para esclarecer lo ocurrido.

Uno de los momentos destacados de esta agenda es la novena edición del Festival de la Familia, programada para el domingo 8 de noviembre en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio. El encuentro, según la información difundida, está diseñado como una jornada para estimular la integración, la diversión y el encuentro entre los habitantes de Cali. El evento se desarrollará de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. y proyecta recibir a más de 4.000 personas, incluyendo cerca de 2.200 niños. La oferta recreativa estará compuesta por más de 35 actividades, entre ellas juegos inflables, espectáculos artísticos y estaciones con juegos tradicionales, como sapo, parqués y dominó.

Además de las actividades lúdicas, el festival vinculará los 11 programas institucionales de la Secretaría del Deporte y la Recreación, junto con los 10 componentes de la estrategia ‘Cali Juega’. El acceso a todo el evento será libre y gratuito, sujeto a registro previo en la plataforma digital oficial.

Por otra parte, el Estadio Olímpico Pascual Guerrero también se encuentra bajo una fase intensiva de mejoras. De acuerdo con el medio citado, las adecuaciones buscan preparar el escenario para el partido entre la selección Colombia masculina de mayores y Chile, correspondiente a la fecha FIFA, y pautado para el viernes 13 de noviembre a las 7:00 p.m. Este partido significa el regreso de “La tricolor” al Pascual Guerrero tras 27 años de ausencia. El estadio, además, es sede de equipos como América de Cali, Boca Juniors y Atlético FC.

La administración distrital, bajo la orientación del alcalde Alejandro Eder y el secretario Alexander Camacho, emprendió obras como resane de grietas en la tribuna occidental, reparación de la lona en la tribuna norte y reacondicionamiento de camerinos. También se están reemplazando 400 sillas y realizando trabajos en ascensores, sistemas de aire acondicionado, iluminación y gramilla, todo para alcanzar los estándares requeridos a nivel internacional.

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¿Qué actividades incluye el Festival de la Familia en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio?

El Festival de la Familia, que se llevará a cabo en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, contempla más de 35 ofertas de entretenimiento, como módulos de inflables, espectáculos artísticos en tarima y estaciones de juegos tradicionales, entre ellos sapo, parqués y dominó. El evento vincula programas institucionales y la estrategia “Cali Juega”, permitiendo la participación libre con registro previo.

¿Qué intervenciones se han realizado en el estadio Pascual Guerrero tras el sismo del 10 de agosto?

Después del sismo registrado el 10 de agosto, el estadio Pascual Guerrero ha sido objeto de obras de resane en la tribuna occidental, reparación de la lona en la tribuna norte, reacondicionamiento de camerinos y reemplazo de 400 sillas. Además, se realizan mantenimientos en ascensores, sistemas de aire acondicionado, iluminación y gramilla para cumplir estándares internacionales.

Actualmente, destacan las intervenciones en los colegios Marice Sinisterra y Julio Caicedo y Tellez, donde la inversión conjunta alcanza los $128.575.605. De acuerdo con la información proporcionada por Noticiero 90 Minutos, estos fondos no solo se emplean en la reconstrucción estructural, sino también en la creación de áreas como salas de lectura, en un esfuerzo por recuperar y fortalecer el ambiente académico tras los daños generados por el sismo.

La situación era especialmente crítica en la sede Francisco de Paula Santander de la institución Julio Caicedo y Tellez. Allí, según relata Fabiola Cortés Arango, coordinadora de la sede, la comunidad educativa debió adoptar la modalidad ‘Pico y salón’, alternando grupos de estudiantes debido a la falta de aulas en condiciones adecuadas. Cortés Arango señala que "en un tiempo récord se logró hacer el trabajo de demolición y reconstrucción de esas aulas, que estaban afectando gravemente y muy sensiblemente a la población estudiantil".

La intervención ya ha permitido que aproximadamente 710 estudiantes de las instituciones beneficiadas tengan acceso a mejores instalaciones. Sin embargo, la estrategia ‘Modo Esperanza’ no se detiene ahí. Está previsto intervenir la sede Ana María Vernaza de la Institución Educativa Siete de Agosto, con otra inversión de $71.424.395, buscando beneficiar a más de mil estudiantes en total.

Este esfuerzo conjunto entre entidades públicas y privadas responde al impacto profundo de la emergencia y evidencia la importancia de la reconstrucción educativa para el bienestar de miles de familias de la ciudad.

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¿Qué instituciones educativas se están restaurando con la campaña ‘Modo Esperanza’ tras el terremoto?

De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos, en esta fase de la campaña ‘Modo Esperanza’ se intervienen las instituciones educativas Marice Sinisterra y Julio Caicedo y Tellez, así como la sede Ana María Vernaza de la Institución Educativa Siete de Agosto. Se realizan inversiones destinadas a reconstruir y mejorar la infraestructura y a crear espacios especializados como salas de lectura.

¿Cuántos estudiantes se benefician de la reconstrucción de colegios después del terremoto en la ciudad?

En la actualidad, las intervenciones benefician a cerca de 710 estudiantes de distintas edades en Marice Sinisterra y Julio Caicedo y Tellez. Además, la futura intervención en la sede Ana María Vernaza está proyectada para favorecer a más de mil estudiantes, lo que evidencia el alcance y el impacto de la estrategia.

Sin embargo, en su ponencia de archivo, Nieto Loaiza subraya que no es viable que el Congreso otorgue este tipo de facultades extraordinarias sin una solicitud precisa y sin ambigüedad por parte del Gobierno Nacional. El senador enfatiza que la petición debe ser clara y específica para cumplir con los preceptos constitucionales. Además, advierte que el Ejecutivo ya ha solicitado este tipo de facultades en proyectos de ley propios, como el de ajuste fiscal que será debatido pronto en el Capitolio. En ese proyecto, como señala El Espectador, el artículo 7 propose otorgar al Ejecutivo la autoridad para crear, suprimir, fusionar, reorganizar o reestructurar carteras y entidades estatales, evitando así la duplicidad legislativa sobre una misma temática y en un mismo periodo.

La iniciativa también proponía al presidente modificar la naturaleza jurídica de las entidades, redefinir sus funciones y estructura, y trasladar competencias según lo considerara necesario, aunque sin generar nuevas funciones. Si el Congreso aprueba el proyecto de ajuste fiscal, De la Espriella podría suprimir, fusionar o modificar organismos estatales de diversa índole, incluidas superintendencias y agencias, siempre y cuando se justifique la creación de nuevas entidades para reemplazar funciones esenciales y con una vigencia de hasta seis meses. En línea con la búsqueda de austeridad, Correa y Caicedo propusieron además reducir en 50% las Unidades de Trabajo Legislativo. El alcance de estos cambios será objeto de intenso debate dentro del Congreso en las próximas semanas.

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¿Cuáles serían los cambios en la administración pública si se aprueba el proyecto de ajuste fiscal de De la Espriella?

Si el Congreso aprueba el proyecto de ajuste fiscal del presidente Abelardo de la Espriella, el mandatario podría fusionar, suprimir, crear o reorganizar ministerios y otras entidades estatales mediante decretos con fuerza de ley, en busca de un Estado más eficiente y menos costoso durante un periodo limitado de seis meses, según El Espectador.

¿Qué significa que el presidente tenga facultades extraordinarias para reorganizar entidades públicas?

Contar con facultades extraordinarias implica que el presidente recibiría autorización legislativa para modificar, mediante decretos que tengan fuerza de ley y por un tiempo determinado, la estructura, funciones y naturaleza jurídica de entidades del Estado, sin requerir cada vez la aprobación del Congreso, concentrando temporalmente el poder de reorganizar la administración pública, de acuerdo con lo informado por El Espectador.

El presupuesto de la entidad para 2027 se estableció en 181.400 millones de pesos, una cifra que plantea retos importantes en la operación y el desarrollo de sus tareas judiciales. Danilo Rojas Betancourth, durante su acto de posesión, anticipó que serán necesarios ajustes administrativos ante las restricciones económicas. Algunas de las medidas consideradas incluyen la entrega del edificio principal que ocupa la entidad y la posible reducción en los esquemas de seguridad, todo ello con miras a utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles.

La JEP, según lo indicado en los reportes oficiales, se encuentra en un momento decisivo: mientras la Sala de Justicia avanza hacia el cierre de las investigaciones, el Tribunal para la Paz se prepara para afrontar la etapa más exigente de los juicios. Todo esto ocurre en el contexto de relaciones complejas para establecer diálogo con el gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella.

Sobre el perfil del nuevo presidente de la JEP, hay que destacar su preparación académica y su recorrido profesional en la rama judicial, la academia y organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo Noruego para los Refugiados. Rojas también se desempeñó como director del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional y ha ocupado cargos de relevancia en el Consejo de Estado, llegando a la presidencia de ese organismo en 2016. Dentro de la JEP, asumió como vicepresidente de la Sección de Apelación en 2018 y esta vez fue elegido presidente por 23 votos frente a otras candidaturas, en la primera ronda de votación realizada en octubre.

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¿Cuáles son los principales retos presupuestales que enfrenta la JEP con Danilo Rojas Betancourth?

La Jurisdicción Especial para la Paz enfrenta restricciones económicas severas, con un presupuesto de 181.400 millones de pesos para 2027, lo que obliga a considerar medidas de ahorro como la entrega del edificio principal y la reducción de esquemas de seguridad. Estos ajustes podrían influir en la capacidad operativa y en la seguridad del personal, un tema relevante dado su papel en los procesos de justicia transicional.

¿Qué perfil académico y profesional tiene Danilo Rojas Betancourth, presidente de la JEP?

Danilo Rojas Betancourth es abogado con especialización, maestría y doctorado en Derecho de la Universidad Nacional, además de formación en Derecho Administrativo y Argumentación Jurídica. Ha trabajado en entidades internacionales y nacionales de derechos humanos y ha ocupado importantes cargos en la rama judicial de Colombia, como consejero y presidente del Consejo de Estado antes de llegar a la presidencia de la JEP.

De acuerdo con las indagaciones periodísticas, se han documentado cinco contratos obtenidos por la joven de 27 años, natural de Sevilla (Valle), en entidades como el Ministerio del Interior —cuando la cartera era liderada por Armando Benedetti—, la Superintendencia de Vigilancia y el Senado de la República, periodo este último que coincidió con la gestión en la primera vicepresidencia de la corporación por parte de la senadora María José Pizarro.

A los chats y al video de 54 segundos difundidos recientemente se sumaron imágenes que habían permanecido inadvertidas y que evidencian el acceso de Jiménez a zonas restringidas del Congreso. Una de las fotografías data del 6 de marzo de 2022 y muestra a la joven, vestida de negro, ubicada en uno de los atriles contiguos a la mesa directiva del Senado. Para esa época, la excontratista ostentaba un vínculo contractual en la división de recursos humanos de la Cámara alta por un valor de 9 millones de pesos, mientras Gustavo Petro ejercía simultáneamente como congresista.

Ante este hallazgo, las autoridades solicitarán al funcionario que ordenó dicha contratación que explique cómo llegó la hoja de vida de Jiménez a la corporación, teniendo en cuenta sus antecedentes laborales previos en plataformas de contenido para adultos. En la misma fecha, los registros gráficos la ubican en el patio Rafael Núñez —el espacio que separa el Capitolio de la Casa de Nariño—, así como subiendo las escalinatas del legislativo.

Las evidencias fotográficas también abarcan registros posteriores fuera del entorno estrictamente institucional, incluyendo imágenes de una terraza en el centro de Bogotá fechada el 11 de noviembre de 2024 —cuando ya había culminado su paso como contratista del Senado—, además de postales en escenarios campestres montando a caballo de paso fino y a bordo de una cuatrimoto junto a camionetas de alta gama. Con estos elementos, la justicia busca esclarecer el grado de acceso y la trazabilidad de los contratos adjudicados a la excontratista.

Estas son las fotos

De acuerdo con los detalles proporcionados, la línea de emergencias 123 recibió el reporte y permitió la reacción tanto de uniformados de la Policía Metropolitana como de grupos de rescate. Estos organismos realizaron una valoración inicial de la víctima en el lugar antes de su traslado hasta una entidad de salud, donde permanece estable y bajo observación médica, de acuerdo con la Alcaldía.

Gracias a las primeras indagaciones relacionadas con la identidad del hombre, se supo que había salido el lunes 2 de noviembre del hogar de paso Mi Jesús. Aunque la investigación sigue en curso, una de las principales hipótesis apunta a que el adulto mayor habría sido atacado por dos personas, quienes, con el aparente objetivo de robarle sus pertenencias, lo ataron y condujeron hasta el lote donde finalmente fue encontrado. Esta versión hace parte de las líneas de investigación y no ha sido confirmada en su totalidad por las autoridades correspondientes.

Las actuaciones de la Policía Nacional se concentran en esclarecer las circunstancias que rodean el caso e identificar a los responsables de la agresión. Para ello, se lleva a cabo la revisión de cámaras de seguridad instaladas en la zona, así como la toma de declaraciones a testigos y habitantes del sector. Mientras tanto, la Alcaldía de Manizales anunció que, tras la recuperación médica de la víctima, se realizará un acompañamiento psicosocial y se gestionará su eventual ingreso a un hogar de bienestar para personas mayores. Este caso ha puesto sobre la mesa la preocupación por la vulnerabilidad a la que están expuestos muchos adultos mayores y la necesidad de reforzar acciones de protección para esta población.

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¿Qué medidas anunció la Alcaldía de Manizales para proteger al adulto mayor agredido?

La Alcaldía de Manizales comunicó que, tras recibir el alta médica, el adulto mayor contará con acompañamiento psicosocial. Además, se gestionará su ingreso a un hogar de bienestar para personas mayores, con el propósito de proteger su integridad y bienestar luego de la agresión sufrida, según datos entregados por la entidad.

¿Cuál es la principal hipótesis sobre el caso del adulto mayor encontrado atado en Manizales?

De acuerdo con la información difundida, la principal hipótesis que exploran las autoridades señala que el hombre habría sido interceptado por dos personas que intentaron robarle sus pertenencias. Estas personas lo habrían atado y dejado en el terreno donde finalmente fue hallado. Esta versión está sujeta a investigación y no ha sido confirmada oficialmente.

La solicitud de información por parte de la Procuraduría permitió establecer que no existen actuaciones disciplinarias sobre Monterrey y Estambul; sin embargo, sí se adelantaba una pesquisa respecto al consulado en Tijuana. El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció que se investigaban aspectos como la habilitación financiera, la operatividad de la sede, el arrendamiento del inmueble y los compromisos sin respaldo presupuestal, así como pagos de salarios sin que se evidenciara la prestación efectiva del servicio. De acuerdo con la investigación de la Unidad Investigativa de Caracol Radio, el consulado en Tijuana fue creado hace dos años durante el gobierno de Gustavo Petro, aunque nunca ha contado con una sede física ni ha prestado servicios, a pesar de mantener una cónsul provisional hasta el 30 de octubre.

En ese periodo, el Estado destinó más de USD 153.000 a la abogada Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, quien recibió USD 14.700 mensuales y pagos adicionales relacionados con su traslado y menaje doméstico. A pesar de estos desembolsos, la oficina nunca abrió operaciones y, de hecho, existe una deuda por el arrendamiento del inmueble, sobre la cual la embajada en México recibió un requerimiento formal el 30 de septiembre. Ante la falta de respuesta de la cónsul y pendientes económicos con proveedores de servicios contratados para la etapa de adecuación, Pabón renunció el 30 de octubre.

El origen del consulado se remonta al Decreto 1405 expedido el 22 de noviembre de 2024 por el entonces canciller Luis Gilberto Murillo, que también autorizaba la creación de consulados en Monterrey y Tuxtla Gutiérrez. No obstante, la sede en Tijuana sigue sin operar, lo que ha derivado en sobrecarga para el consulado en Ciudad de México y cuestionamientos sobre la autenticidad de los estudios previos y la asignación de recursos. Por la gravedad de los hallazgos, la Cancillería, bajo la gestión de Omar Bula, informó a la Fiscalía y la Procuraduría sobre todas las actuaciones relacionadas con el caso.

¿Cuáles son las presuntas irregularidades detectadas en la apertura del Consulado de Colombia en Tijuana?

De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Investigativa de Caracol Radio, las principales irregularidades incluyen pagos de salarios y viáticos sin prestación efectiva del servicio, arrendamiento de un inmueble sin respaldo presupuestal y la inexistencia de una sede operativa a pesar de los desembolsos hechos. Además, existen deudas pendientes por adecuación de infraestructura y obligaciones económicas sin liquidar.

¿Por qué el Consulado de Tijuana no llegó a operar pese a su creación formal?

Aunque el Decreto 1405 de noviembre de 2024 autorizó la apertura del consulado, investigaciones periodísticas y comunicados oficiales muestran que nunca funcionó de manera efectiva. No se estableció físicamente ni prestó servicios, persistieron dudas sobre la existencia de estudios previos y disponibilidad de presupuesto, y las actuaciones administrativas fueron objeto de denuncias y alertas, lo que terminó por frenar su operación.

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En su llamado, la CUT invitó de manera abierta no solo a sus miembros, sino también a otros sindicatos, estudiantes, campesinos, organizaciones políticas y una diversidad de sectores sociales para que participen en las movilizaciones. El sindicato argumenta que la reforma tributaria propuesta contiene elementos especialmente polémicos para la clase trabajadora y los hogares de menores ingresos. De acuerdo con el documento difundido y citado por los medios, el principal punto de discordia es la aplicación de un IVA (impuesto al valor agregado) del 19 % a los alimentos y productos básicos, lo que encarecería significativamente la canasta familiar. Además, el proyecto contempla un aumento en los impuestos sobre la renta de trabajo y la cotización al sistema de salud hasta un 8 %.

La CUT cuestiona que, al tiempo que se elevan estos tributos, el Gobierno prevé aplicar reducciones tributarias que, según la organización, beneficiarían a los sectores con mayor capital. Además de los temas fiscales, el sindicato denuncia el riesgo de que se otorguen facultades especiales al presidente para reestructurar el Estado. Según sus estimaciones, esto podría conllevar la eliminación de hasta 700.000 empleos públicos y facilitar la privatización de empresas estatales como Ecopetrol, Cenit y Grupo Bicentenario.

Por otra parte, la central obrera rechaza posibles cambios en los acuerdos de paz, advierte lo que considera restricciones impuestas a la movilización social y denuncia el posible desmonte de derechos laborales y sociales adquiridos bajo el gobierno de Gustavo Petro. En su comunicado, la CUT afirma que la protesta del 19 de noviembre será la continuidad de las marchas realizadas el 14 de octubre y hace un llamado a fortalecer la oposición “en las calles” bajo la consigna “¡Democracia o fascismo!”. La discusión en torno a la reforma tributaria se presenta como un eje central de confrontación entre el gobierno y diferentes sectores sociales.

¿Cuáles son los puntos centrales que motivan el paro nacional del 19 de noviembre según la CUT?

De acuerdo con la información divulgada por la CUT, los principales motivos del paro son el rechazo al IVA del 19 % para alimentos y productos básicos, el aumento de impuestos a las rentas de trabajo, la subida de la cotización a salud al 8 %, la posible masiva eliminación de empleos públicos y la eventual privatización de empresas estatales. Además, la CUT se opone a reformas que, en su criterio, pondrían en riesgo conquistas laborales y sociales.

¿Qué implica la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Abelardo de la Espriella según la CUT?

Según la Central Unitaria de Trabajadores, el proyecto de reforma tributaria contempla un incremento del IVA al 19 % para alimentos y bienes básicos, mayores exigencias fiscales sobre rentas de trabajo y el aumento de la cotización a salud. La CUT sostiene que la iniciativa beneficiaría principalmente a los grandes capitales y pone en riesgo empleos estatales y derechos sociales, generando un ambiente de tensión y protesta social.

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Las aprehensiones se llevaron a cabo durante la madrugada de este jueves 5 de noviembre, en el marco de la Operación Iron 2.0, una estrategia de seguridad desarrollada en Cali y municipios cercanos para combatir diferentes estructuras delincuenciales.

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El caso de María Camila causó indignación debido a las circunstancias en las que ocurrió el crimen: la joven fue asesinada y, presuntamente, los responsables le extrajeron de manera violenta a su bebé, cuyos restos fueron encontrados posteriormente.

¿Qué se sabe de los siete implicados en el crimen?

Antes de las recientes capturas, cinco personas ya tenían medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta participación en el secuestro y homicidio de la joven.

Los procesados fueron identificados como Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Sus capturas se llevaron a cabo en Cali y Tuluá.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, los señalados habrían tenido diferentes funciones dentro del plan criminal.

Según las autoridades, Yulieth Cecilia Angulo habría coordinado el hecho junto con otros dos implicados. Las cámaras de seguridad del sector la habrían registrado transportando en una motocicleta a María Camila, momento desde el cual se perdió el rastro de la joven.

Por su parte, Nitzon Stiven Mondragón, conocido como alias Nitson, fue señalado de presuntamente pertenecer a la estructura delincuencial ‘Los Santa’, organización con presencia en la Comuna 18 de Cali y relacionada con actividades como el microtráfico y los homicidios selectivos.

Entre tanto, Edwin García Zuluaga, alias ‘Edu’, y Kevin Alexis López Orozco, alias ‘Kevin’, habrían participado directamente en el asesinato y en la extracción de la bebé que estaba por nacer.

Finalmente, Juan José Narváez Rodríguez, conocido como alias ‘JJ’, habría intervenido en acciones para ocultar lo ocurrido, entre ellas el traslado y abandono del cuerpo de la víctima en inmediaciones del río Meléndez.

Las autoridades no han suministrado en la información conocida los nombres de las dos personas capturadas durante la más reciente operación.

Así ocurrió la desaparición de María Camila Potosí

Los hechos se remontan al 16 de julio de 2026, cuando María Camila, quien cursaba el octavo mes de embarazo, fue vista por última vez en el sector de Los Polvorines, en la Comuna 18, al sur de Cali.

Cuatro días después, el 20 de julio, su cuerpo fue encontrado a orillas del río Meléndez. La joven estaba amarrada, tenía heridas ocasionadas con arma blanca y había sido envuelta en sábanas.

La búsqueda continuó para establecer el paradero de su hija. El 30 de julio, las autoridades localizaron los restos de la bebé, luego de que uno de los detenidos entregara información sobre el lugar donde había sido abandonada. La familia había decidido llamarla Alahia.

Una de las principales líneas de investigación apunta a que el asesinato habría sido planeado para sostener un engaño sentimental. Según las autoridades, Yulieth Cecilia Angulo habría fingido estar embarazada para hacerle creer a su pareja que esperaba un hijo suyo. Esa situación, presuntamente, le habría permitido acercarse a María Camila durante los controles prenatales de un programa de asistencia para mujeres gestantes y ganarse su confianza.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se refirió a las nuevas capturas y aseguró que se cumplió el compromiso de encontrar a todas las personas señaladas por este crimen.

“Como lo dijimos en su momento, no íbamos a descansar hasta capturarlos a todos, pues ya capturamos a todos los responsables de ese homicidio”, afirmó el mandatario.

Operación Iron 2.0 deja más de 100 capturados

Las detenciones relacionadas con el caso de María Camila hacen parte de los resultados de la segunda fase de la Operación Iron, una ofensiva contra las estructuras criminales que operan en Cali y municipios cercanos.

De acuerdo con el balance entregado por la Alcaldía, el despliegue contó con más de 2.000 integrantes de la Fuerza Pública y organismos de investigación, entre ellos 1.781 policías y 265 soldados del Ejército Nacional, además de personal de la Fiscalía.

(Vea también: El último mensaje que envió mujer embarazada que fue hallada sin vida: hay pistas claves)

Durante las intervenciones, que se extendieron por ocho comunas y 14 barrios, se realizaron 140 diligencias de registro y allanamiento. El resultado preliminar reportado fue de más de 100 capturas y la desarticulación de 11 organizaciones delincuenciales.

Según el alcalde Eder, las estructuras intervenidas estarían relacionadas con delitos como hurto, homicidio, extorsión y microtráfico.

El mandatario aseguró que las acciones de seguridad continuarán y que la administración distrital mantendrá el trabajo conjunto con las autoridades nacionales para combatir las organizaciones criminales que afectan a la ciudad.

Según el cronograma oficial presentado por el registrador nacional, Hernán Penagos, en estas elecciones estarán en juego los cargos de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales. Como dato relevante ofrecido por la entidad, se estima que alrededor de 120.000 candidatos formalizarán su inscripción para disputar estos puestos en todo el territorio nacional.

El calendario electoral comenzó el 31 de octubre de 2026 con la apertura de registro para ciudadanos que necesitan actualizar su lugar de votación tras un cambio de residencia, y el registro de comités que respaldan candidaturas a través de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales o que promueven el voto en blanco. La fecha límite para realizar cambios en los puestos de votación se extenderá hasta el 31 de agosto de 2027, mientras que el censo electoral definitivo será conformado y publicado el 30 de septiembre de ese mismo año.

Por su parte, los aspirantes a cargos públicos deberán prestar especial atención al periodo de inscripción de candidaturas. Este proceso se abrirá el 30 de junio de 2027, fecha que coincide también con el plazo para registrar los comités inscriptores. La inscripción de candidatos y listas cerrará el 31 de julio de 2027, mismo día en que vence el plazo para entregar las firmas de respaldo de quienes se presentan a través de grupos significativos de ciudadanos. Además, el calendario prevé la fecha del 16 de octubre de 2027 como límite para el sorteo y publicación de las listas de jurados de votación. Finalmente, el 31 de octubre de 2027 tendrá lugar la jornada electoral en la que se definirán las nuevas autoridades locales y regionales.

Con esta hoja de ruta, la Registraduría Nacional del Estado Civil brinda claridad a partidos políticos, aspirantes y ciudadanía sobre los procedimientos y tiempos clave de cara a los comicios, permitiendo una adecuada organización y preparación para garantizar la transparencia y eficacia del proceso.

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¿Cuándo serán las elecciones regionales de 2027 en Colombia?

Las elecciones regionales de 2027 en Colombia se llevarán a cabo el domingo 31 de octubre de 2027. En esta jornada se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, de acuerdo con el cronograma oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

¿Cuáles son los plazos para la inscripción de candidatos en las elecciones territoriales 2027?

El periodo para la inscripción de candidatos y listas en las elecciones territoriales de 2027 iniciará el 30 de junio y finalizará el 31 de julio de 2027. En ese mismo lapso deberá entregarse la documentación y las firmas requeridas para quienes buscan aval por grupos significativos de ciudadanos, según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Entre los afectados se encuentran un menor de edad y una adulta mayor. Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre la identidad de los lesionados ni sobre las circunstancias que provocaron el volcamiento del vehículo.

(Vea también: Tragedia: padres e hija murieron en grave accidente de tránsito entre motos y camión)

La emergencia obligó a restringir la movilidad en este corredor vial, pues uno de los carriles permanece cerrado mientras se atiende la situación. La medida puede ocasionar demoras para los conductores que transitan por el sector.

Las autoridades deberán establecer qué ocurrió y avanzar en la atención de las personas heridas. Por ahora, se recomienda a los viajeros tener en cuenta la afectación vial al desplazarse entre Mosquera y La Mesa.

#Cundinamarca | Un bus de la funeraria Capillas de la Fe se volcó en la vía Mosquera – La Mesa, dejando a seis personas heridas, entre ellos un menor de edad y una adulta mayor. La vía se encuentra cerrada en un carril.

Vía: @Nia_Maldonadoohttps://t.co/qRQodC6mox pic.twitter.com/weK9w51oct

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

La gestión del magistrado Rojas Betancourth y la magistrada Vega Laguna comienza en un momento especialmente difícil para la JEP. Este tribunal enfrenta no solo fuertes críticas a su desempeño y la dificultad en las conversaciones con el gobierno de Abelardo de la Espriella, sino recortes financieros significativos: el presupuesto para 2027 se estableció en COP 181.400 millones. Además, un proyecto de reforma constitucional plantea reducir el tiempo de existencia del tribunal a diez años, poniendo en entredicho su continuidad. En su discurso de posesión, Rojas Betancourth anticipó cambios inminentes, como la posible entrega del edificio central y reducciones en los esquemas de seguridad.

Rojas Betancourth llega al cargo con una trayectoria de cerca de cuatro décadas. Nacido en San Antonio (Tolima), estudió Derecho en la Universidad Libre y se formó en Derecho, Derecho Administrativo y Argumentación Jurídica en varias universidades de renombre, dentro y fuera del país. Su carrera incluye experiencias en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Fue director nacional de derechos humanos y ocupó cargos en el Consejo de Estado, llegando a presidirlo en 2016. En la JEP, estaba vinculado desde 2018 como vicepresidente de la Sección de Apelación y esta vez fue elegido presidente en la primera ronda de votación, obteniendo 23 votos.

Por su parte, Diana María Vega Laguna, nacida en Neiva (Huila), ha dedicado dos décadas a la academia y la Rama Judicial. Formada en la Universidad Nacional, fue docente de Derecho Público y trabajó en la Procuraduría, la Fiscalía y el Consejo de Estado, desempeñándose como magistrada suplente en la JEP antes de ser elegida vicepresidenta tras tres rondas de votación.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la JEP con la llegada de Danilo Rojas Betancourth?

La Jurisdicción Especial para la Paz enfrenta, bajo la presidencia de Rojas Betancourth, dificultades presupuestales graves con recursos limitados a COP 181.400 millones para 2027, cuestionamientos a su labor y la amenaza de una reducción de su vigencia a diez años, todo en un entorno de finalización de investigaciones clave y la entrada a una fase de juicios fundamentales.

¿Quién es Diana María Vega Laguna, nueva vicepresidenta de la JEP?

Diana María Vega Laguna es una abogada con unos 20 años de experiencia judicial y académica, nacida en Neiva y formada en la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido docente de Derecho Público más de una década, con trabajo en entes clave como la Procuraduría, la Fiscalía y la JEP, donde primero fue magistrada suplente y asumió la vicepresidencia tras ser elegida en tres rondas de votación.

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La importancia de este informe radica en el monitoreo permanente de la actividad sísmica que realiza el SGC, institución encargada de registrar y analizar los eventos sísmicos que ocurren en el territorio nacional. Al reportar este movimiento, el SGC reiteró su invitación a la ciudadanía para participar activamente en la plataforma de Sismo Sentido, donde las personas pueden registrar su experiencia sobre cómo percibieron el temblor.

Hasta el momento, según el boletín publicado, no se ha reportado ninguna afectación material ni personas heridas o lesionadas como consecuencia de este temblor en Tesalia, Huila. El reporte oficial se centra en la localización, la magnitud y la profundidad del movimiento telúrico, subrayando que la situación está siendo monitoreada por las autoridades competentes.

Además, el SGC recordó a los habitantes del Huila y de Colombia en general que la información aportada por quienes perciben los temblores es esencial para fortalecer el monitoreo y la respuesta ante este tipo de fenómenos. Por esta razón, invitó a los ciudadanos que sintieron el sismo a ingresar en la plataforma oficial (sismosentido.sgc.gov.co) y registrar allí los detalles de su experiencia a través del formulario correspondiente.

Así, la colaboración entre instituciones especializadas como el SGC y la sociedad civil resulta esencial para mantener informado al país sobre la actividad sísmica y minimizar riesgos mediante la recolección y el análisis de datos en tiempo real.

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¿Dónde fue el epicentro del temblor reportado en Huila el 5 de noviembre de 2026?

De acuerdo con el boletín del Servicio Geológico Colombiano, el temblor tuvo como epicentro el municipio de Tesalia, ubicado en el departamento del Huila. Este dato fue confirmado por el reporte oficial difundido la mañana del suceso.

¿Cuál es la magnitud y la profundidad del temblor ocurrido en Huila según el SGC?

Según el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento sísmico que se presentó en Huila el 5 de noviembre de 2026 alcanzó una magnitud de 3.1 y se registró con una profundidad superficial, lo que significa que tuvo un origen poco profundo en la corteza terrestre.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por el presidente y recogidas en medios como El Nuevo Día, Petro dirigió duras críticas contra aquellas personas y sectores políticos que han reproducido las imágenes. Se preguntó si la difusión de ese video puede considerarse periodismo y cuestionó el morbo mediático al preguntar: "¿Nos creen ingenuos? ¿Nos creen pendejos?". Además, hizo un llamado a proteger a la testigo y a quienes están participando en el proceso judicial, subrayando la importancia de la reserva y el debido proceso en este tipo de situaciones.

El presidente aprovechó el escenario para desviar la atención hacia una ley discutida en el Congreso, de la que mencionó incluye una reducción de penas para quienes han participado en narcotráfico. Criticó los beneficios de esta norma y advirtió que, en su opinión, no debería superar el examen de constitucionalidad. Según Petro, el escándalo generado por la difusión del video podría estar ocultando la discusión pública acerca de dicha ley, mostrando así su preocupación sobre la manipulación mediática y el enfoque informativo.

Finalmente, Petro confirmó que instruyó a su abogado para presentar una demanda ante las autoridades competentes, marcando así el inicio de una acción legal frente a la controversia. Además, reafirmó que respetará las directrices impuestas por el magistrado encargado del caso, y que no responderá a través de videos o medios similares, sino a través de los conductos establecidos por la justicia. Con este pronunciamiento, el presidente llevó la disputa del debate mediático al ámbito judicial y político, dejando abierta la discusión sobre los límites de la información y la protección de las personas vinculadas al Gobierno.

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¿Por qué Gustavo Petro anunció una demanda tras la difusión del polémico video?

El presidente Gustavo Petro anunció una demanda debido a que considera que la publicación del video representa un ataque sin pruebas verificadas ni contexto judicial, ya que la autenticidad y el contenido de las imágenes no han sido examinados formalmente. Según aclaró, busca que la discusión se aborde en instancias legales y de acuerdo con la reserva judicial pertinente, en vez del escenario mediático, y proteger así a las personas involucradas en el proceso.

¿Qué afirmó Petro sobre la relación entre el video polémico y la ley de reducción de penas para narcotraficantes?

Gustavo Petro sugirió que la polémica alrededor del video podría estar distrayendo la atención pública de una ley recientemente debatida en el Congreso, la cual contempla beneficios como la reducción de penas para narcotraficantes. El mandatario cuestionó la legitimidad de dicha ley y afirmó que ningún video debería ocultar un debate tan relevante para el país, expresando su desacuerdo frente a los beneficios que otorga a quienes han cometido delitos de tráfico de drogas.

Vanessa de la Torre puso sobre la mesa en la emisión matutina de La FM de este jueves 5 de noviembre de 2026 un episodio inédito en el que relató un momento que ahora tomaría mayor pertinencia.

“Pensaba que es parte de su vida privada”, aseguró en primera instancia antes de referirse a un homenaje al M-19 en el que según ella se afirmó que Petro “no llegó porque estaba con una gripa horrible”.

Lo cierto es que la comunicadora ofreció otros detalles de lo que supuestamente se encontró al día siguiente, en una escena en la que se refirió al líder del Pacto Histórico.

“Me encuentro al [entonces] presidente a las 3 de la tarde y usted no sabe el estado en el que estaba el mandatario en ese momento. No se podía sostener, olía putrefacto, acompañado de un montón de viejas y un montón de gente. Todos esos esquemas de seguridad obviamente protegiéndolo y yo me los salté, me acerqué y lo saludé. Le dije: ‘Presidente, cómo siguió’. Él contestó: ‘¿De qué?’. Le dije: ‘No dizque tenía una gripa horrible’, a lo que replicó: ‘Ah, no, aquí me mejoré un poquito'”, contó De la Torre.

Esta declaración queda sobre la mesa en el contexto del video en el que presuntamente aparece Petro con Deicy Jiménez, en medio de un escándalo por señalamientos sobre contratos para pagos de servicios íntimos. De ahí, la periodista apuntó contra el exmandatario.

“Ese día dije: ‘Este señor está podrido por dentro y es absolutamente sórdido y absolutamente decrépito’. Pero como estábamos en la onda de que hay que respetarle la vida privada a la gente, pues dije: ‘Es la vida privada de él, son las 3 de la tarde, no cumplió su agenda del viernes'”, afirmó.

El relato llevó a una conclusión acerca de la gestión que tuvo el líder del Pacto Histórico como jefe de Estado en Colombia entre 2022 y 2026, con el marco de las múltiples controversias durante su periodo.

“A mí me preocupa muchísimo que durante los últimos 4 años hayamos estado en manos de un señor tan sórdido y tan desajustado. Y volviendo a lo que decimos con Santiago [Ángel], pero con absoluta certeza de que esos mensajes que mandó a las 2 de la mañana los hizo borracho. La pelea en la cual nos estaba metiendo, las decisiones que tomó”, criticó y sentenció: “¿Usted le soltaría sus hijos a un señor así?”.

Las afirmaciones sobre el supuesto estado de Petro todavía no tienen respuesta por parte del exmandatario, que ahora está en el ojo del huracán por el caso con Deicy Jiménez.

Inaudito 🇨🇴

Vanessa de la Torre @vanedelatorre rompe el silencio y cuenta que cuando en un evento Petro se excuso que estaba enfermo en realidad estaba era ebrio y que olía putrefacto

Tienen que escuchar esto 👇 https://t.co/N41yv8TgXN

— Luis Rincón Arguello 🇨🇴 (@Rincon001A) November 5, 2026

¿Cuál es la polémica de Gustavo Petro y Deicy Jiménez?

La controversia política y judicial que involucra a Gustavo Petro y Deicy Jiménez desató un intenso debate nacional sobre la contratación estatal en Colombia.

El caso estalló cuando la mujer denunció públicamente que círculos políticos entregaban puestos oficiales y órdenes de prestación de servicios a cambio de favores íntimos.

Según su relato público, este supuesto esquema de retribuciones laborales comenzó durante la época en que el dirigente ejercía funciones como congresista en el Capitolio Nacional.

La denunciante afirmó que diversos intermediarios gestionaban vinculaciones burocráticas condicionadas al otorgamiento de encuentros íntimos, extendiendo además sus señalamientos a figuras como la excongresista María José Pizarro.

Asimismo, salieron a relucir convenios estatales recientes suscritos por la testigo en dependencias como el Ministerio del Interior, donde laboró como apoyo a la gestión.

Exfuncionarios de esa cartera confirmaron la legalidad de dichos acuerdos, justificando la incorporación de la contratista en la evidente carencia de personal de planta.

Frente a la gravedad de los testimonios, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió una denuncia formal para indagar lo ocurrido.

El alto tribunal designó al magistrado instructor Javier Fernando Fonseca para revisar la solidez de las evidencias y evaluar posibles versiones libres de los involucrados.

De manera simultánea, la Fiscalía General de la Nación inició actuaciones preliminares para verificar los documentos contractuales y contrastar las declaraciones entregadas por los testigos.

Por su parte, el expresidente Petro rechazó tajantemente las acusaciones, afirmando que jamás entregó cargos a cambio de favores personales ni incurrió en delitos sexuales.

El dirigente y sus defensores calificaron los señalamientos como un montaje difamatorio diseñado para vulnerar su imagen pública y la de su movimiento político.

Fonseca fue enfática en su mensaje e insistió en que el video no constituye prueba de los señalamientos sobre supuestos pagos de servicios sexuales a cambio de contratos. En su publicación, citada en el material consultado, expresó: "El video íntimo publicado por Deisy Jiménez sólo prueba una relación afectiva entre un hombre y una mujer. No es ninguna prueba de que le pagaran sexo con contratos…". Su declaración refuerza la idea de que no se puede establecer una relación directa entre el material divulgado y las acusaciones de irregularidades contractuales dirigidas contra Petro.

Las palabras de Fonseca, dadas las circunstancias y la repercusión pública del caso, posicionaron de nuevo el tema en la agenda mediática y política. Además, ponen en tela de juicio la utilización de pruebas de carácter íntimo para fundamentar señalamientos de corrupción o conducta indebida, especialmente cuando no existen pruebas independientes y verificables que respalden tales acusaciones. La postura de Fonseca, de acuerdo con las reacciones recogidas en la red social, se suma a un debate mucho más amplio en el que convergen opiniones divididas y donde la discusión sobre la legitimidad y relevancia de estas evidencias persiste.

Así, la controversia no solo implica cuestiones sobre la vida privada de figuras públicas como el presidente Gustavo Petro, sino también el manejo de la información y la base sobre la que se sustentan denuncias de alto impacto. Lo cierto es que, según la declaración de Fonseca y la información proporcionada, el video en cuestión por sí solo no demuestra las acusaciones ligadas a supuestos pagos por servicios sexuales, permaneciendo como parte de un debate más extenso sobre la ética en la divulgación de material personal y su papel en investigaciones públicas.

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¿Qué dijo María Paula Fonseca Gómez sobre el video de Gustavo Petro y cuál fue su argumento principal?

María Paula Fonseca Gómez afirmó públicamente que el video íntimo divulgado por Deisy Jiménez únicamente da cuenta de una relación afectiva entre dos personas, descartando que el material pueda usarse como prueba de supuestos pagos por servicios sexuales mediante contratos. Según su publicación en la red social X, Fonseca consideró que las interpretaciones sobre el video como una muestra de irregularidades carecen de sustento.

¿El video publicado por Deisy Jiménez representa prueba de pagos a cambio de contratos, según la información disponible?

Según la información expuesta por María Paula Fonseca Gómez, el video no constituye evidencia de pagos a cambio de contratos. La posición de Fonseca, recogida en la misma fuente, subraya que la grabación solo refleja una relación afectiva y no respalda las acusaciones de posibles irregularidades contractuales o pagos por servicios sexuales.

Testigos señalaron que, aunque la zona estaba bloqueada y custodiada con mallas de seguridad debido a afectaciones previas, el desplome del muro no pudo evitarse. Inmediatamente tras el incidente, se identificaron daños materiales considerables. Los postes de energía quedaron torcidos, provocando riesgos para las personas que transiten cerca; por tal motivo, las autoridades han solicitado a la comunidad evitar la zona y circular con máxima precaución hasta que se terminen las labores de limpieza y reparación.

Es relevante destacar que, conforme lo informado por Noticiero 90 Minutos, no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales como consecuencia del colapso, lo que ha sido un alivio para la ciudadanía de Sucre y sus alrededores. Por ahora, se han iniciado las reparaciones inmediatas de la red de alumbrado público y las conexiones de telecomunicaciones. Según el mismo medio, la luz ya fue restablecida en el barrio, aunque todavía permanece pendiente la recolección de los escombros y la retirada de los postes dañados; a la fecha de la publicación, tampoco se había despejado en su totalidad el cableado afectado.

Las autoridades mantienen cerrada la vía y aconsejan prudencia en el sector mientras se concluyen las tareas necesarias para garantizar la seguridad. El reporte, avalado únicamente por Noticiero 90 Minutos, no da cuenta de un plazo de reapertura, por lo que la comunidad sigue a la expectativa de una solución definitiva.

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¿Por qué colapsó el muro en el barrio Sucre de Cali?

El colapso se dio mientras trabajadores adelantaban labores de remoción de escombros en el antiguo predio de una fábrica de sombreros. La pared cedió y provocó afectaciones en postes y cableado, según informó Noticiero 90 Minutos. Aunque la zona estaba cerrada por seguridad debido a afectaciones previas, el desplome ocurrió en medio de los trabajos autorizados.

¿Qué daños causó el colapso del muro en el sector Sucre?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, el incidente ocasionó daños materiales significativos, especialmente en postes del alumbrado público y acometidas de telecomunicaciones, algunos de los cuales quedaron torcidos y representaron un peligro para la comunidad. Aunque la electricidad ya se restableció, continúan pendientes la recolección de escombros y el retiro de los postes afectados.

La orden fue impartida por el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, que adelanta la verificación de la denuncia. Jiménez confirmó que acudirá junto con su nueva abogada, Dina Luz Malo, para entregar voluntariamente el dispositivo y permitir que los investigadores accedan a la información que considera relevante para su declaración juramentada.

(Vea también: “En bañera drogado y a punto de morir”: panelista de Blu dice que Deicy Jiménez tendría listo otro video de Petro)

Deicy Jiménez, una mujer de 26 años que fue contratista del Estado durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, acusó al expresidente de ofrecerle contratos públicos a cambio de relaciones íntimas. Este martes, ha publicado un video íntimo en el que se escucha la voz del… pic.twitter.com/t7snmkgEgj

— EL INFORMÁNTE CÓRDOBA 👁️🕵🏼‍♂️ (@elinformanteCor) November 5, 2026

Durante el procedimiento, los expertos del CTI llevarán a cabo una extracción forense de los archivos almacenados en el teléfono, incluidos videos, fotografías, conversaciones de WhatsApp y mensajes de texto. El objetivo es incorporar esos elementos al expediente y establecer si aportan información que permita corroborar los hechos relatados por la denunciante. La nueva defensa de Jiménez fue asumida por Malo después de que el abogado anterior, Felipe Caballero, renunciara por motivos de seguridad.

En paralelo, la Fiscalía General de la Nación citó a declarar al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Andrés Ríos Puerta. La diligencia quedó programada para el martes 10 de noviembre y busca que el funcionario amplíe sus afirmaciones y entregue los elementos de prueba que aseguró tener sobre la presunta instrumentalización de mujeres mediante contratos de prestación de servicios durante el gobierno de Petro.

Ríos hizo pública su denuncia el pasado 21 de octubre, durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado. En esa sesión afirmó que 48 mujeres habrían sido vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios para, según sus palabras, “Amarrarlas e instrumentalizarlas”. También sostuvo que algunas de ellas estarían dispuestas a contar lo que supuestamente ocurrió y cuestionó el uso que se habría dado a la Casa de Nariño durante la administración anterior.

Por su parte, Jiménez aseguró que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, a través de una plataforma para adultos. En su denuncia afirmó que habría hecho parte de una red de entre 30 y 40 mujeres que, según su versión, recibían contratos en distintas entidades estatales a cambio de silencio, compañía en fiestas y encuentros sexuales. También señaló que el exmandatario supuestamente le pedía comprar cocaína y llevársela. Estas afirmaciones hacen parte de su testimonio y todavía deben ser verificadas por las autoridades.

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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema asumió parte de la indagación porque algunos de los hechos denunciados se remontarían a 2019, cuando Petro ocupaba una curul en el Senado. De manera paralela, la Fiscalía adelanta sus propias actuaciones para establecer si existieron irregularidades en la contratación pública y posibles responsabilidades penales.

La revelación se conoce días después de que Jiménez divulgara un video en sus redes sociales para demostrar su cercanía con el exjefe de Estado ante las negativas de personas de su círculo cercano. Adicionalmente, se conoció que Rodríguez y Jiménez sostuvieron una reunión previa en la cual acordaron llevar una defensa conjunta al percatarse de que sus versiones se complementan. De acuerdo con la información ventilada por el medio radial, Rodríguez ubicó a Jiménez entre sus contactos tras recordar que era una de las mujeres para las que el entonces presidente le había solicitado gestionar un cargo o contrato público.

No obstante, el material probatorio más delicado radica en la existencia de un segundo chat que aún no ha sido divulgado públicamente. Según lo conocido, Petro le habría solicitado la hoja de vida directamente a la joven y, posteriormente, la directora de una entidad se comunicó con ella para concretar un nuevo acuerdo laboral. En medio de dichas gestiones, el exmandatario le habría exigido un encuentro íntimo al que la bachiller se negó, tras lo cual la funcionaria encargada le comunicó horas más tarde que el contrato no se firmaría. Ante este panorama, la Fiscalía le ha pedido a Jiménez abstenerse de filtrar detalles privados del proceso para no entorpecer las pesquisas, mientras que la entrega formal de las evidencias se realizará a través de su nueva abogada, luego de la renuncia de su anterior apoderado.

🆘🇨🇴ATENCIÓN

Darcy Quinn destapa la prueba reina: ¡la justicia tiene el chat donde el propio Petro ordena contratar a su examante Daisy Jiménez en MinInterior con sus propias faltas de ortografía: “Esta persona necesita que la tengan allí en el contrato mi interior”!

Y OJO: Daisy y Angie Rodríguez se unieron para exponer la red de puestos y contratos estatales, mientras el exabogado de Daisy huyó del caso por nexos con el gobierno. https://t.co/d64kOT3sfO

— Mónica Saade (@MonicaSaadeX) November 5, 2026

Frente a las posibles consecuencias penales, el exfiscal general Francisco Barbosa analizó los escenarios jurídicos derivados de estas pruebas. Según explicó, el primer chat sobre la hoja de vida enviada al DAPRE podría configurar un presunto tráfico de influencias de servidor público, tipificado si se comprueba que Petro usó su jerarquía de manera indebida ante otro funcionario, sin que sea requisito indispensable que él firmara el documento. Asimismo, mencionó la posible ocurrencia de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en caso de haberse omitido trámites esenciales.

Sobre el segundo chat, en caso de ser validado legalmente por los investigadores, Barbosa advirtió que se tipificaría un delito de acoso sexual por el uso de la posición de poder para presionar relaciones no consentidas bajo la amenaza de retirar un contrato. Adicionalmente, indicó que podría configurarse concusión, figura descrita cuando un servidor público exige dinero o “cualquier otra utilidad”, que en este evento equivaldría a un beneficio de carácter sexual. Con estos elementos, la responsabilidad penal del exmandatario queda bajo el escrutinio definitivo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

La respuesta no tardó en llegar. De acuerdo con El Espectador, el abogado Alejandro Carranza, representante de Petro, emitió un comunicado indicando que el video divulgado carece de fecha, lugar y origen verificable. Carranza enfatizó que “su autenticidad, su integridad, su fecha, su contexto y su alcance deben establecerse dentro del proceso, mediante peritaje y con garantías para todas las partes”. Insistió en que el fragmento difundido no constituye una prueba mientras no sea sometido al análisis judicial correspondiente. Aunque el comunicado de la defensa no negó explícitamente que Petro fuera la persona en el video, reafirmó que el exmandatario “niega haber condicionado o entregado contratos públicos a cambio de favores sexuales”. Además, Carranza advirtió que no debatirán en público lo que debe resolverse en los estrados judiciales y remarcó que “aun si se estableciera todo eso, en esas imágenes no aparece un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”.

La investigación por estos hechos fue asumida por la Fiscalía el 23 de octubre, y días después la Procuraduría abrió una indagación previa sobre posibles irregularidades relacionadas con funcionarios del Congreso, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio del Interior y otras entidades. El abogado de Jiménez renunció por razones de seguridad y, poco después, salió a la luz el video. Según la defensa de Petro, corresponde a las autoridades determinar si existe una estrategia orientada a instaurar un juicio mediático antes que judicial. En todo caso, pidieron a las autoridades adoptar medidas de protección para la testigo y quienes estén implicados en el proceso, rechazando cualquier forma de presión o amenaza.

En redes sociales, Gustavo Petro reiteró su postura. Señaló que “los juicios mediáticos llegan siempre antes que los de los tribunales” y afirmó que nunca usó un contrato estatal para obtener favores personales. Además, destacó que el video divulgado no fue examinado por peritos especializados ni por jueces, y que las pruebas deberían entregarse ante la justicia, no divulgarse públicamente.

¿Cuál es el avance de la investigación sobre las denuncias contra Gustavo Petro?

De acuerdo con El Espectador, la Fiscalía abrió formalmente una investigación tras las declaraciones de Deicy Jiménez sobre supuestos pagos de favores sexuales mediante contratos. La Procuraduría también inició una indagación previa para identificar responsables disciplinarios en entidades públicas. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la Procuraduría enfatizan que el análisis de los hechos y la valoración de las pruebas corresponden exclusivamente a la autoridad judicial competente.

¿Qué es un contrato de prestación de servicios y cómo se relaciona con la denuncia?

En el contexto de esta denuncia, un contrato de prestación de servicios es un acuerdo suscrito entre una persona y una entidad pública para desarrollar tareas específicas por un tiempo determinado. Según la acusación de Jiménez citada por Semana y El Espectador, estos contratos habrían sido usados para presuntamente pagar favores sexuales, aunque hasta el momento, la defensa de Petro niega cualquier uso indebido de estos instrumentos y sostiene que debe esclarecerse todo ante la justicia.

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A partir de la difusión del material y de las reacciones institucionales, El Tiempo identificó cuatro datos centrales que configuran el panorama actual del proceso. En primer lugar, a pesar de que personas del círculo cercano a Petro intentaron descalificar a la joven asegurando que no correspondía a su perfil, el exmandatario no ha desvirtuado su relación personal con la excontratista.

En segundo lugar, en los comunicados emitidos, el exjefe de Estado tampoco ha negado de manera directa los cinco contratos que Jiménez obtuvo en dependencias como el Ministerio del Interior, el Senado —durante la gestión de María José Pizarro—, la Superintendencia de Vigilancia y un acuerdo proyectado en el Dapre. No obstante, el exmandatario defendió la legalidad de los nombramientos al señalar que nunca usó un contrato del Estado para obtener favores de nadie y que las mujeres que trabajaron en su gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, mientras que chats filtrados y reportes periodísticos internacionales señalan que una de las certificaciones utilizadas para su vinculación habría carecido de autorización oficial.

Como tercer dato clave, ante la circulación masiva del metraje, Petro advirtió que el contenido no ha sido examinado por peritos ni valorado por un juez, cuestionando el origen y el contexto exacto de la grabación y exigiendo un análisis riguroso de tiempo, modo y lugar para determinar su cargo y el nexo contractual vigente en ese momento con la bachiller.

Finalmente, como cuarto punto, allegados a Jiménez indicaron a El Tiempo que el teléfono celular visible en el registro audiovisual contiene pruebas adicionales, por lo que copias espejo de seguridad ya fueron recopiladas para ser entregadas a las autoridades competentes, complementadas con testimonios de terceros vinculados a la administración anterior —entre ellos Angie Rodríguez—, quienes apuntan a la existencia de un presunto patrón de conducta en las designaciones de la misma naturaleza.

Mientras la defensa y los denunciantes aportan los elementos probatorios a la justicia, el caso avanza para determinar si la adjudicación de los recursos oficiales estuvo comprometida por intereses particulares o si los acuerdos contractuales se ajustaron a los requisitos legales establecidos.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de octubre, específicamente en el barrio Bella Suiza de Ibagué. La investigación señala que esa noche el hombre habría asfixiado a Alba Pérez, provocando su muerte al tomarla por el cuello. Al llegar las autoridades al lugar, hallaron a la víctima ya sin signos vitales, y al agresor con lesiones hechas, aparentemente, con un arma cortopunzante. Las dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica debido a la gravedad de la situación.

Después de recibir el alta médica, el hombre fue capturado tras una orden judicial. La Fiscalía destacó que ya tenía en su poder material probatorio suficiente y evidencia física que lo vincularían como presunto autor del feminicidio de Pérez, quien tenía la misma edad que el procesado. De acuerdo con la Fiscalía, los registros en el caso apuntan a que la relación sentimental de la pareja, que se extendió por casi tres años, estuvo marcada por conductas de control, episodios de violencia física y psicológica por parte del presunto agresor. Las mismas investigaciones precisan que la pareja había terminado su relación días antes del ataque fatal, un elemento que resulta central para la comprensión de los hechos y que refuerza la gravedad de la acusación.

El procesado no aceptó los cargos imputados durante la diligencia realizada por una fiscal adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata de la Seccional Tolima. Por el momento, deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario, mientras prosiguen las fases del proceso judicial. Este hecho ha puesto nuevamente sobre la mesa la problemática de las violencias ocultas en relaciones sentimentales y la importancia de esclarecer los detalles en torno a tragedias como la sucedida con Alba Pérez, cuyo caso aún sigue bajo minucioso estudio de las autoridades.

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¿Cuáles fueron los antecedentes de violencia entre Alba Pérez y su pareja según la Fiscalía?

De acuerdo con la Fiscalía, la relación sentimental entre Alba Pérez y el procesado, que duró cerca de tres años, estuvo marcada por presuntas conductas de control, violencia física y psicológica ejercidas por él. Esta información, recogida en el marco de la investigación judicial, fue clave para sustentar la acusación de feminicidio agravado ante las autoridades.

¿Por qué el caso de feminicidio de Alba Pérez en Ibagué es relevante para la justicia?

La relevancia del caso radica en su capacidad para visibilizar las violencias que pueden sobrevenir dentro del contexto de relaciones personales y los retos que enfrenten las autoridades para investigarlas y sancionarlas correctamente. Según la información suministrada por la Fiscalía, este crimen puso de relieve las consecuencias trágicas de episodios de violencia no denunciados y la importancia de adelantar procesos judiciales rigurosos y respetuosos de los derechos de las víctimas.

Uno de los aspectos que ha despertado mayor atención es que el nombre de alias ‘Cristóbal Pérez’ aparece vinculado a investigaciones por la posible planeación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, exsenador, perpetrado el 7 de junio de 2025 en un acto político en Bogotá. Las autoridades buscan precisar qué papel habría jugado esta organización armada en dicho crimen, ya que la Segunda Marquetalia figura en indagaciones alrededor del caso.

De acuerdo con fuentes de inteligencia citadas por las autoridades, Castillo Duarte había permanecido cerca de nueve años dentro de estructuras criminales. Su historial incluye el control de finanzas ilegales y el liderazgo de comisiones armadas en las regiones de Huila y Caquetá. Ha sido señalado como un actor estratégico en la articulación de redes de extorsión que afectan a comerciantes, ganaderos, agricultores, transportadores, asociaciones campesinas y contratistas de obra pública. Según información reproducida por medios nacionales, estas prácticas habrían representado una fuente de ingresos estimada en 1.000 millones de pesos mensuales para la estructura Teófilo Forero.

A lo largo de su trayectoria, entre 2020 y 2021, habría hecho parte de la comisión armada Fernando Díaz y luego pasó a la estructura Teófilo Forero. En 2024, tras la muerte de alias ‘Edwin Marín’ en operaciones militares, asumió el liderazgo principal de la columna. Posteriormente, en 2026, con la llegada de alias ‘Mario’ o ‘Doble Cero’, asumió el rol de segundo cabecilla.

Entre los delitos que pesan sobre alias ‘Cristóbal Pérez’ están su presunta participación en el homicidio de tres personas en Villa Hermosa, Florencia (Caquetá), en el marco de conflictos armados entre organizaciones ilegales. También se le atribuye la orden de asesinar a alias ‘Hernán Cuéllar’, la supuesta responsabilidad en la incineración de una ambulancia en Hobo, Huila, y varios delitos como concierto para delinquir, homicidio, terrorismo, extorsión y uso irregular de uniformes e insignias. Las autoridades lo consideran un golpe significativo a la estructura criminal cuya fortaleza financiera aún debe ser desmontada en las investigaciones en curso.

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¿Quién era Wilmer Castillo Duarte, alias ‘Cristóbal Pérez’, y cuál era su papel en la estructura Teófilo Forero?

Wilmer Castillo Duarte, conocido como alias ‘Cristóbal Pérez’, habría sido el segundo cabecilla de la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia. Según información de inteligencia oficial, tenía cerca de nueve años en la organización, donde se encargó principalmente del manejo de comisiones armadas y finanzas ilegales, coordinando redes de extorsión y asumiendo roles de liderazgo tras bajas estratégicas dentro del grupo.

¿Por qué es clave la captura de alias ‘Cristóbal Pérez’ en las investigaciones por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

La detención de alias ‘Cristóbal Pérez’ reviste gran importancia debido a que es señalado de participar en la planeación del magnicidio del exsenador Miguel Uribe Turbay ocurrido en Bogotá. Las autoridades buscan determinar qué relación tuvo la estructura Teófilo Forero y este cabecilla en ese hecho, por lo que su captura permitiría avanzar en el esclarecimiento y judicialización del crimen.

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El hecho de que con el paso de los días no se haya confirmado la muerte de Luz Amanda Payares, alias ‘Silvana Guerrero’, cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del Eln, que presumiblemente se encontraba en el lugar, incrementa las versiones de que la arremetida, ejecutada, según las crecientes versiones, por Estados Unidos con drones, no consiguió su objetivo. Ese objetivo pudo haber sido señalado por el régimen venezolano para satisfacer, en apariencia, los requerimientos de Washington de combatir al grupo armado.

Entre las bajas del Eln, hasta lo que se conoce hoy, no hay un perfil significativo. Las primeras informaciones difundidas por El Nacional daban cuenta de que el hecho violento habría cobrado la vida del hijo de un comisario rural de la zona de Puerto Páez, municipio Pedro Camejo.

Venezolanos, colombianos y mexicanos

Ese diario, citando redes sociales y publicaciones de otros medios y periodistas, sostuvo que en el lugar se encontraron documentos de identidad a nombre de Jesús Javier Brugal Carrero y Juan Carlos Guerrero Márquez; y licencias de conducir venezolanas de Jesús Javier Brugal Carrero, Wilden Luis Solórzano Camacho y Gabriel Carlos Brugal, por lo que se presume que estas serían las identidades de algunos de los fallecidos.

También informó que en la morgue del barrio Luis Herrera, en San Fernando de Apure, se encontraban los cuerpos de Luis Alexander Solórzano Camacho, Juan Carlos Guerrero Martínez, Jesús Javier Bruzual Camacho, Luis Alexander Sorzano Camacho, Juan Carlos Gutiérrez, Olimar Moraima Martínez Solórzano y Nelson Magallanes. Los cuerpos estuvieron “custodiados por funcionarios fuertemente armados”, aseguró en ese momento.

Según fuentes consultadas por ese medio en la morgue, entre los fallecidos había dos venezolanos, dos colombianos y cuatro mexicanos. Si bien se desconocen sus edades, el material audiovisual filtrado sobre el ataque y los mensajes publicados por familiares de las víctimas en redes sociales coinciden en que la mayoría eran hombres jóvenes, de menos de 40 años, “y estarían vinculados con el ELN”.

La ausencia de una figura significativa entre las bajas del Eln hacen ver desproporcionado ese ataque. El hecho de que el campamento fuera un centro de acopio de estupefacientes del Eln, según información recabada por la ONG FundaRedes y testimonios de fuentes del municipio Pedro Camejo, no justificaría la dimensión de la letal e inédita acción. Salvo información que aún se desconozca, el bombardeo no parece haber conseguido un objetivo estratégico o táctico, que son los que debe perseguir semejante potencia de fuego.

La cúpula del Eln sigue intacta

Eso fue lo que ocurrió en las minas de oro del estado Bolívar, en territorio venezolano, con el bombardeo ejecutado por Estados Unidos en el que fue abatido Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, principal cabecilla de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. La caída de un cabecilla siempre dará mayor justificación a un bombardeo, aunque ese tipo de ataques también obedecen a la necesidad militar de, entre otros objetivos, desviar, interrumpir, retardar, desorganizar o destruir por completo el potencial militar del enemigo, sus líneas de suministro, infraestructura crítica o campamentos base.

Por lo que se conoce hasta ahora, el campamento atacado el viernes pasado en Venezuela no era una infraestructura crítica o de base del Eln, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Colombia, el 22 de octubre pasado, cuando las Fuerzas Militares lanzaron la operación Onix en zona rural de El Tambo (Cauca), un bombardeo en el que murieron 10 integrantes del frente ‘José María Becerra’ del Eln, entre ellos, quienes respondían a los alias de ‘Marcos Pacífico’ y ‘Ochenta’ o ‘Murillo’, dos comandantes del orden regional o mandos medios de esa guerrilla.

Pero ni en Colombia ni en Venezuela se ha conseguido afectar a ninguno de los objetivos de alto valor estratégico del Eln, como Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’, comandante en jefe de esa guerrilla; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’, segundo al mando y jefe político; Aníbal Giraldo, alias ‘Pablito’, encargado de las operaciones armadas del grupo; Rafael Sierra, alias ‘Ramiro Vargas’, miembro del COCE encargado de los asuntos internacionales; o Jaime Galvis Rivera, alias ‘Ariel’, comandante responsable de las finanzas de la organización.

En cambio, no se puede olvidar que mediante bombardeos fue como se consiguió debilitar a las Farc. Su máximo jefe, Guillermo León Sáenz, alias ‘Alfonso Cano’, fue abatido en su campamento en Morales, Cauca, en la operación Odiseo, en noviembre de 2011. Aunque sobrevivió al impacto inicial, cayó después en el despliegue terrestre de las fuerzas especiales. Un año antes había muerto Víctor Julio Suárez Rojas, alias ‘Mono Jojoy’, jefe del Bloque Oriental, por un bombardeo a su campamento en la sierra de La Macarena (Meta). Y en 2008 cayó el segundo al mando de esa guerrilla, Luis Edgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’, en un bombardeo estratégico contra su campamento en Santa Rosa de Sucumbíos, Ecuador.

Si bien son múltiples y válidos los bombardeos que no alcanzan semejantes metas, el que ocurrió en Venezuela el viernes pasado, y que finalmente habría dejado 23 muertos y múltiples heridos, arroja serias dudas por el verdadero propósito que pudo haber tenido: ordenado por un régimen que ha acogido por años al Eln y las disidencias de las Farc, solo parece haber afectado a guerrilleros rasos y a algunos familiares y colaboradores. No deja indicios ciertos de haber buscado una afectación real, estratégica, que dañara la cúpula del Eln, que sigue intacta.

Uno de los elementos más sensibles en torno a su arresto se relaciona con las investigaciones por el magnicidio del exsenador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 durante un acto político en Bogotá. Las autoridades buscan esclarecer el posible vínculo entre alias ‘Cristóbal Pérez’, la estructura Teófilo Forero y este crimen, subrayando la gravedad del caso y el contexto en que operan organizaciones armadas en Colombia.

Según datos de inteligencia citados por las propias fuerzas del orden, Castillo Duarte ha estado vinculado por cerca de nueve años a la Segunda Marquetalia. Durante ese periodo, ascendió en los niveles de mando, asumiendo tareas como la dirección de comisiones armadas y el control de finanzas ilegales en territorios como Huila y Caquetá. Entre 2020 y 2021, hizo parte de la comisión armada Fernando Díaz y luego migró a la estructura Teófilo Forero. En 2024, tras la muerte de alias ‘Edwin Marín’, habría asumido la jefatura, hasta que en 2026 pasó a ser el segundo al mando tras la llegada de alias ‘Mario’ o ‘Doble Cero’.

Las investigaciones descritas por las autoridades lo señalan como uno de los principales articuladores de redes de extorsión que afectan a comerciantes, ganaderos, transportadores y asociaciones campesinas. Estas acciones ilegales representarían ingresos superiores a los 1.000 millones de pesos mensuales para la estructura armada, un dato relevante citado en medios nacionales con base en reportes de inteligencia. Entre los hechos que se le atribuyen están el homicidio de tres personas en Florencia, Caquetá, en medio de disputas entre organizaciones delictivas. También se le acusa de ordenar el asesinato de alias ‘Hernán Cuéllar’ y de disponer la quema de una ambulancia ligada al proyecto vial Ruta al Sur, utilizada como método de intimidación en exigencias extorsivas.

Alias ‘Cristóbal Pérez’ era solicitado por delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio, terrorismo, extorsión, utilización ilegal de uniformes e insignias y tráfico de armas. Además, según los reportes, poseía conocimientos técnicos en la fabricación y uso de artefactos explosivos. De acuerdo con las autoridades, su detención afecta la capacidad de mando y financiamiento ilícito de la organización, y las investigaciones sobre su posible responsabilidad en el crimen del exsenador Uribe Turbay seguirán su curso judicial.

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¿Quién era alias ‘Cristóbal Pérez’ y cuál fue su papel en la Segunda Marquetalia?

Alias ‘Cristóbal Pérez’, cuyo nombre real es Wilmer Castillo Duarte, fue considerado durante varios años uno de los principales cabecillas de la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia. Según las autoridades, además de desempeñar funciones de mando militar, participaba activamente en las finanzas ilegales de la organización y era clave en actividades de extorsión y violencia en departamentos como Huila y Caquetá. Su trayectoria incluyó la dirección de comisiones armadas y asumir la jefatura en momentos clave, según los reportes oficiales.

¿Qué delitos le atribuyen y por qué es relevante su captura para las autoridades?

A alias ‘Cristóbal Pérez’ se le atribuyen delitos como homicidio, concierto para delinquir agravado, terrorismo, extorsión, uso ilegal de uniformes, y tráfico de armas. Su captura es calificada por las autoridades como un golpe significativo a la estructura de mando y las finanzas de la columna Teófilo Forero, ya que era uno de los líderes encargados de coordinar acciones violentas y redes de extorsión que sostenían económicamente a la organización armada.

La denuncia presentada indica que, mientras esperaban la comida, un individuo desconocido se acercó a la mesa, sacó un arma y, en medio de la confusión, disparó. Alexis Bejarano pensó que el ataque iba en su contra y, en ese momento, arrojó el morral donde llevaba el dinero antes de salir corriendo en busca de refugio. No obstante, el disparo impactó al comprador, quien fue trasladado y permanece hospitalizado en la clínica Medicadiz, conforme a la narración recopilada.

Nathalie Bejarano señaló que, después del asalto, surgió inquietud por el destino del dinero. Según lo que le informaron empleados del restaurante, unas cámaras de seguridad revelarían que detrás de la mesa de los afectados se sentó una pareja y que una persona recogió el morral tras la huida de Alexis. Esa persona, supuestamente, entró a la parte trasera del local y salió sin el bolso, aunque la familia aclara que no han visto las grabaciones ni saben si esta información está avalada por los investigadores.

En cuanto al proceso investigativo, Nathalie también manifestó molestias sobre el trato recibido, ya que su hermano percibió que algunos funcionarios de la Sijín, la Seccional de Investigación Judicial y Criminal, lo señalaron de posible autorrobo. Él reiteró que solo lanzó el morral al escuchar el disparo, temiendo por su vida. La familia denuncia no haber podido acceder a los videos ni conocer si el dinero fue recuperado, aunque un funcionario de la Fiscalía les habría indicado que el bolso apareció. Se desconoce si los $50 millones fueron encontrados y cómo ocurrió el robo, y piden claridad sobre lo sucedido y una investigación rigurosa para determinar la autoría y planeación del asalto. Todo esto, según lo expuesto por la familia a medios como El Nuevo Día.

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¿Qué pasó con los $50 millones robados en Ibagué según la familia de la víctima?

La familia de Alexis Bejarano explica que no tiene certeza sobre el destino del dinero, ya que aunque un funcionario de la Fiscalía informó que el bolso apareció, desconocen si fue recuperada la suma de $50 millones. Además, no han tenido acceso a las grabaciones ni a información clara de los investigadores, lo que mantiene la incertidumbre sobre si el dinero fue hallado o no.

¿Por qué la familia del afectado en el fleteo de Ibagué cuestiona la investigación de la Sijín?

De acuerdo con Nathalie Bejarano, algunos miembros de la Sijín sugirieron que Alexis podría haberse autorrobado el dinero por haber salido corriendo con el morral tras el disparo. Sin embargo, él sostiene que arrojó el bolso por temor a ser atacado. Además, la familia reclama no haber recibido información clara ni acceso a videos de seguridad, lo que genera desconfianza sobre la gestión investigativa hasta ahora.