(Vea también: Gustavo Petro le dio puestazo a Gabriela Muñoz y hasta los petristas están indignados)

El pronunciamiento de Bolívar surgió en medio de una extensa reflexión sobre las críticas que han recibido Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, así como las disputas que atraviesa el sector político que durante años ha respaldado al actual expresidente.

Bolívar sostuvo que el Pacto Histórico está siendo “dinamitado desde dos frentes”: la oposición y sectores de la propia militancia que, según él, están cayendo en esa conversación. También cuestionó que ya existan aspiraciones presidenciales cuando todavía no se han resuelto los problemas internos del movimiento.

En ese contexto, se refirió directamente a Muñoz, a quien dijo no conocer personalmente.

“A Gabriela nunca la he visto y no me parece una delincuente más si una provocadora que nos divide”, escribió Bolívar, quien además insistió en que el progresismo debe mantener el respeto hacia Petro y otros dirigentes que, según su interpretación, permitieron que ese sector político llegara a tener un peso importante en Colombia.

SOBRE LOS ATAQUES A PETRO Y A CEPEDA.
Reconociendo que hay errores y que siempre los habrá, el Pacto Histórico está siendo dinamitado desde dos frentes: la ultraderecha que agiganta cada error y lo vuelve tendencia con sus multitudes algorítmicas, y la militancia que cae en la…

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 30, 2026

La respuesta de Muñoz llegó poco después.

“Gustavo, no te conozco personalmente, pero te pido respeto al referirte a mí. Llamarme ‘provocadora de división’ es una afirmación injusta e irresponsable. ¿Provocadora de qué?”, cuestionó.

La joven defendió su participación política y aseguró que apenas está comenzando su camino. “Soy una joven de 19 años, segura de sus capacidades, que apenas comienza su vida y ha decidido trabajar por el país, defender sus convicciones y participar en política”, afirmó.

Muñoz también rechazó que se le atribuyan las divisiones que existen dentro del progresismo. Según dijo, su aparición simplemente habría hecho visibles “las rivalidades, deslealtades y disputas internas” que llevan años dentro del movimiento.

La controversia se suma al protagonismo que Muñoz ha adquirido en redes sociales desde que su nombre comenzó a aparecer públicamente a raíz de señalamientos hechos por Angie Rodríguez. Rodríguez ha cuestionado presuntos beneficios que Muñoz habría recibido durante el Gobierno Petro, aunque estos señalamientos deben entenderse como denuncias y no como hechos judicialmente establecidos.

Desde entonces, Muñoz ha aumentado su actividad en redes sociales, especialmente en X, donde publica mensajes y videos para responder a las críticas que recibe, defender su trayectoria y cuestionar lo que considera ataques relacionados con su condición de mujer joven.

Además, cuestionó que dirigentes con décadas de experiencia política responsabilicen a una joven por conflictos internos que, según ella, fueron generados por personas adultas.

Gustavo, no te conozco personalmente, pero te pido respeto al referirte a mí. Llamarme “provocadora de división” es una afirmación injusta e irresponsable. ¿Provocadora de qué?

Soy una joven de 19 años, segura de sus capacidades, que apenas comienza su vida y ha decidido… https://t.co/cpObtxy7Ea

— Gabriela Muñoz Olaya (@gabymunozz_) August 31, 2026

El cruce deja así una nueva muestra de las tensiones que atraviesa el progresismo, esta vez con una joven que en pocos meses pasó de ser prácticamente desconocida para buena parte de la opinión pública a convertirse en una de las figuras más comentadas en las redes de ese sector político.

Los restos humanos fueron trasladados inicialmente al municipio de San José del Guaviare y posteriormente remitidos a la sede principal de Medicina Legal en Villavicencio, Meta. En este lugar se adelantaron las necropsias y los rigurosos procedimientos técnico-científicos necesarios para esclarecer plenamente la identidad de los fallecidos.

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En entrevista con los medios de comunicación, el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, explicó los pormenores del proceso forense. “Pudimos identificar 9 personas y una no se pudo porque el cuerpo está incompleto y no hemos podido determinar la identificación. Lo que podemos manifestar son dos personas de 15 y otro de 16, dos mujeres y un hombre, esos son los menores”, detalló el funcionario, añadiendo que los equipos institucionales han intentado establecer contacto con las respectivas familias para proceder con la entrega de los cuerpos. Asimismo, precisó que los dictámenes de necropsia sobre las causas y maneras de muerte ya fueron remitidos a las autoridades competentes, específicamente a la justicia penal militar.

Más allá del caso particular en Guaviare, el director de la entidad aprovechó la intervención para revelar cifras históricas comparativas sobre la trágica presencia de menores de edad en medio de operaciones militares bajo diferentes administraciones presidenciales, un foco que evidencia un incremento preocupante al comparar los periodos gubernamentales recientes.

De acuerdo con los datos entregados por Cortés, durante el mandato del expresidente Iván Duque se registró la muerte de 367 personas en el marco de operaciones militares, de las cuales 42 correspondían a menores de edad. Sin embargo, la cifra experimenta un repunte considerable al analizar el actual mandato. Con corte al 31 de mayo del presente año, en el gobierno de Gustavo Petro se reportan 458 personas fallecidas en circunstancias similares, de las cuales 62 eran menores de edad, superando de esta forma el registro consolidado del periodo anterior. Adicionalmente, el informe aportó un dato sobre el gobierno de De la Espriella, donde se contabilizan 4 menores de edad fallecidas bajo el mismo contexto operativo.

El organismo de control encontró que solo cuatro de las 28 EPS que operan actualmente cumplen con todos los requisitos financieros establecidos por la ley. De las 26 entidades que entregaron información para el análisis, 17 registraron pérdidas durante 2025.

Uno de los principales factores detrás del deterioro es que los costos de atención de los afiliados superaron los recursos recibidos mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

En promedio, las EPS destinaron a la atención de sus usuarios recursos equivalentes a 110 % de los ingresos disponibles para cubrir estos servicios, lo que evidencia una presión creciente sobre sus finanzas.

La situación es todavía más compleja entre las EPS intervenidas por el Estado. Durante el primer trimestre de 2026, estas entidades gastaron $117,8 por cada $100 que recibieron, mientras que las no intervenidas gastaron $100,8 por cada $100. La Contraloría advirtió que ninguna de las EPS intervenidas ha conseguido recuperar su patrimonio ni acercarse a los niveles financieros mínimos exigidos.

Nueva EPS aparece como uno de los casos más críticos. La entidad, intervenida desde abril de 2024 y con cerca de 11,6 millones de afiliados, aumentó su deuda con la red de servicios de $22 billones a casi $26 billones en un año.

Además, registra $17 billones en anticipos que todavía no han sido justificados contablemente. Sus estados financieros no están aprobados desde diciembre de 2023 y tampoco ha cerrado los correspondientes a 2024 y 2025.

El informe se conoció dentro del balance de vigilancia fiscal de la Contraloría durante los últimos cuatro años. En ese periodo, el organismo reportó la recuperación de $22,7 billones y 6.261 hallazgos fiscales por $28,2 billones. Además, abrió 5.315 procesos de responsabilidad fiscal por $21,72 billones y emitió 1.090 fallos con responsabilidad fiscal por $3,37 billones.

La Secretaría Distrital de Salud informó este domingo 30 de agosto que la paciente murió en su vivienda, ubicada en la localidad de Antonio Nariño. De acuerdo con la entidad, la mujer había acudido días antes a un establecimiento estético del sector para realizarse una bichectomía.

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La emergencia fue reportada al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) a las 5:21 de la mañana. Mientras se desplazaba el personal asistencial hasta el domicilio, se iniciaron maniobras de reanimación básica mediante videollamada.

A las 5:48 a. m., la tripulación médica llegó a la vivienda y confirmó el fallecimiento de la paciente. Posteriormente, se activó una unidad de apoyo psicológico para acompañar a sus familiares.

Aunque las autoridades investigan las circunstancias del caso, hasta el momento no se ha establecido públicamente que la bichectomía haya sido la causa directa de la muerte. Los procedimientos correspondientes deberán determinar qué ocurrió y cuáles fueron las causas del fallecimiento.

¿Qué es una bichectomía?

La bichectomía es una cirugía estética que consiste en retirar parte de las bolsas de Bichat, depósitos de tejido graso que se encuentran en una zona profunda de las mejillas.

El objetivo del procedimiento es reducir el volumen de esta zona del rostro y conseguir una apariencia más definida o estilizada. A diferencia de algunos tratamientos estéticos que no requieren cirugía, la bichectomía implica realizar una incisión en el interior de la boca para acceder al tejido graso y extraer una cantidad determinada.

Precisamente por tratarse de una intervención quirúrgica, requiere condiciones adecuadas para su realización, valoración previa del paciente y personal con la formación y las credenciales correspondientes.

¿Por qué se realiza?

La principal razón para realizarse una bichectomía es estética. Algunas personas buscan conseguir una apariencia facial más delgada o resaltar determinadas estructuras del rostro.

Sin embargo, no todas las personas son necesariamente candidatas para este procedimiento. La anatomía facial, la cantidad de tejido graso y las características particulares de cada paciente deben ser evaluadas antes de tomar una decisión.

Además, una extracción excesiva del tejido puede modificar considerablemente el aspecto del rostro y sus resultados son permanentes, por lo que la valoración previa resulta fundamental.

Aunque suele ser presentada como un procedimiento relativamente sencillo, la bichectomía continúa siendo una intervención quirúrgica y, como tal, puede presentar complicaciones.

Entre los riesgos que pueden existir están sangrado, infección, inflamación, lesiones de estructuras anatómicas cercanas y alteraciones en la simetría del rostro. También pueden presentarse complicaciones relacionadas con la anestesia o con las condiciones particulares del paciente.

Por eso, antes de someterse a una intervención de este tipo, es importante contar con una valoración médica y conocer tanto los posibles riesgos como las condiciones en las que será realizado el procedimiento.

En el caso de la mujer fallecida en Bogotá, uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades tiene que ver con la habilitación del establecimiento donde se habría realizado la intervención.

Según las indagaciones preliminares de la Secretaría Distrital de Salud, el lugar no contaría con autorización para realizar cirugías plásticas.

La entidad indicó que el establecimiento figura en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) desde el 22 de marzo de 2024 bajo la modalidad de “Objeto social diferente a la prestación de servicios de salud”.

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría, el establecimiento estaba habilitado para prestar servicios de consulta externa de medicina general, dermatología y psicología, pero no para realizar cirugías plásticas.

El lugar había recibido un concepto favorable después de una visita de inspección y vigilancia realizada el 9 de junio de 2026. Además, había sido objeto de un operativo de la Alcaldía Local el pasado 22 de mayo.

Tras conocerse el fallecimiento, funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud realizaron visitas a tres sedes relacionadas con el centro estético, pero las encontraron cerradas.

Ahora las autoridades avanzan en la verificación de las credenciales del personal médico que estaría relacionado con el establecimiento y en la recopilación de información para determinar las circunstancias en las que se realizó la intervención.

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La investigación deberá establecer quién realizó la bichectomía, qué tipo de procedimiento se practicó, cuáles fueron las condiciones médicas, qué medicamentos o anestésicos pudieron utilizarse y si el establecimiento tenía las autorizaciones necesarias.

¿Qué revisar antes de hacerse una bichectomía?

El caso también generó un llamado de las autoridades a las personas que estén considerando realizarse procedimientos estéticos.

Antes de someterse a una cirugía, es importante verificar que el establecimiento esté habilitado para realizar específicamente ese tipo de procedimiento y comprobar las credenciales del profesional encargado.

La Secretaría Distrital de Salud recomendó a los ciudadanos consultar sus canales oficiales antes de tomar una decisión y verificar que tanto la institución como el personal cuenten con las habilitaciones exigidas por la ley.

En el caso de la mujer fallecida, mientras avanza la investigación, las autoridades deberán establecer qué ocurrió durante y después de la bichectomía y determinar si existió alguna irregularidad relacionada con el procedimiento o con las condiciones en las que fue realizado.

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El pronunciamiento dio estricto cumplimiento a la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá. Dicha decisión judicial resolvió en primera instancia una acción de tutela promovida contra el mandatario debido a los marcados componentes espirituales incorporados en el protocolo de posesión celebrado el pasado 7 de agosto. En la resolución, el despacho fijó la realización obligatoria de una alocución institucional por radio y televisión para el martes 30 de septiembre de 2026, con el propósito explícito de presentar disculpas al país por afectar la laicidad que rige a las instituciones públicas colombianas.

Al finalizar su alocución, el presidente Abelardo De La Espriella se refirió al fallo de tutela del 26 de agosto sobre la invocación religiosa durante su ceremonia de posesión. Explicó que este punto hacía parte del orden del día aprobado por el Congreso y aseguró que, aunque es… pic.twitter.com/Hqvvw3ELSF

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 31, 2026

Durante su intervención televisada, el presidente expresó: “Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado, ofrezco excusas por ello”. Sin embargo, el cierre de la transmisión con la invocación religiosa reavivó de manera inmediata el intenso cuestionamiento sobre los límites difusos entre las convicciones individuales de un gobernante y el mandato constitucional de estricta laicidad que exige la más alta investidura de la nación.

El fallo judicial no se limitó a exigir una simple retractación pública. La providencia también conminó expresamente al jefe de Estado a abstenerse de incurrir en conductas futuras que denoten favoritismo o preferencia institucional hacia la Iglesia Católica o cualquier otra cofradía de fe, argumentando que la imparcialidad es un pilar fundamental para garantizar los derechos de toda la ciudadanía sin distinciones.

En su defensa institucional, el mandatario sostuvo previamente que el diseño del orden del día para el traspaso de mando estuvo a cargo del Congreso de la República, estamento que contempló un espacio formal denominado “invocación”. Asimismo, reafirmó su respeto por el ordenamiento jurídico superior: “Aunque me identifico como creyente, soy católico, respeto la separación entre la Iglesia y el Estado y garantizaré en el marco de mis funciones las libertades y los derechos de todos los colombianos”, manifestó en el mensaje institucional. Pese a estas declaraciones, diversos sectores de la opinión pública criticaron la abierta contradicción de utilizar una proclama confesional justo al finalizar una intervención ordenada para enmendar una falta contra la neutralidad del Estado.

Cabe recordar que el origen de esta acción legal se remonta a la ceremonia solemne realizada en la Arena USC de Cali. En aquella jornada, pese a que Colombia está constituida constitucionalmente como un Estado laico, la transmisión oficial de mando incorporó múltiples manifestaciones espirituales y religiosas. Dicho segmento contó con la participación del rabino David Michaan —quien citó fragmentos bíblicos y cerró con la frase “Viva Colombia y viva Israel”—, así como con las intervenciones del pastor Eduardo Cañas Estrada y monseñor Francisco Múnera, quienes hicieron llamados por la seguridad y la unidad nacional. Además, la escenografía oficial incluyó una efigie de la Virgen María ante delegados internacionales y parlamentarios, consolidando el escenario que hoy mantiene encendida la discusión jurídica y política en el país.

Según denunció su madre Magalis Porto en diálogo con Blu Radio, tras sufrir maltrato físico, la menor de edad quedó bajó protección de la entidad que presuntamente dos días después del fuerte sismo reportó no tener conocimiento de su paradero.

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Lo que vino después fue una búsqueda de entidad en entidad, pues incluso, cuenta la progenitora, le indicaron que la pequeña Sharlottes estaba en la institución Santa Clara del municipio de San Pedro de los Milagros, pero al llegar al sitio no la encontró.

“Me notifican los del Gaula que hicieron un operativo y rescataron a muchos niños que, por lo tanto, voy verificar a bienestar familiar, a ver si ellos tenían de pronto a la niña. Bienestar familiar me pasa por escrito que ellos tienen a la niña. Voy al lugar donde me dicen que está, y allá me dicen del instituto que la niña no se encuentra. Vuelvo a la comisaría y le pregunto al comisario, y me dice que ellos no tienen respuesta de la niña y que ellos no la tienen a cargo”, detalló la madre.

La realidad fue todavía peor de lo que imaginaba: la menor de edad estaría en las calles de la capital antioqueña, en condición de indigencia y presuntamente bajo efectos de alucinógenos, algo que sería nuevo en su historial. Luego de pedir ayuda en la Personería, Fiscalía, Defensoría, Icbf y la Comisaría de Familia de la Comuna 9 de la ciudad, Porto pidió a las autoridades que actúen con urgencia para rescatar a la menor de esta situación.

“Yo, como su mamá, estuve averiguando dónde se encontraba por cosas del destino. Me doy cuenta que la tienen en el Bronx, del centro de Medellín, donde está raptada por una trata que me la tienen en la prostitución y la drogadicción. Yo la iba a a rescatar, pero en el momento de los hechos, los indigentes no me permiten llevarme a mi niña”, indicó.

De momento, la madre tuvo acceso a fotografías de su hija en las calles de esa zona roja de la ciudad, conocida por ser expendio de drogas, con lo que espera que las autoridades puedan dar con su paradero prontamente.

Blu Radio conoció que la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía activó la ruta de búsqueda de la menor de edad, mientras que en la Fiscalía fue recepcionada la denuncia de la madre.

Este caso se suma a la desaparición de Michell Dayana Henao Chavarría, una niña de 6 años de edad, con autismo y epilepsia, de la cual se perdió su rastro el 24 de agosto en Buriticá, Antioquia.

Según el organismo de control, las obligaciones financieras acumuladas de las EPS con la red de salud y farmacéuticas alcanzaron la astronómica cifra de $ 58 billones, registrando un crecimiento del 26,5 % (más de $12 billones) en un solo año.

El informe detalla que los números rojos se explican principalmente porque el costo de atender a los afiliados superó ampliamente los ingresos percibidos a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). La situación se tensó aún más debido a la negativa del Gobierno —en cabeza del entonces Ministerio de Salud de Guillermo Alfonso Jaramillo— de ajustar la UPC en los niveles ordenados por la Corte Constitucional, omisión que llevó al alto tribunal a abrir un incidente de desacato en diciembre de 2025, de acuerdo con el informe periodístico.

El panorama normativo y financiero es desolador: de 26 EPS que entregaron información, 17 terminaron el año con pérdidas, gastando en promedio el 110 % de los recursos recibidos. Además, solo cuatro entidades cumplieron con todos los requisitos financieros estipulados por la ley (Aliansalud, Anas Wayúu, EPM y Salud Mía), las cuales agrupan a menos del 2 % de los afiliados de todo el país, según el citado diario.

Uno de los hallazgos más preocupantes de la Contraloría apunta al grupo de EPS que el Ejecutivo asumió bajo intervención administrativa (como Nueva EPS, Sanitas y Coosalud). Contrario a lo esperado, las medidas no se tradujeron en una recuperación patrimonial.

Durante el primer trimestre de 2026, las EPS intervenidas gastaron en promedio 117,8 pesos por cada 100 pesos recibidos, empeorando el registro frente a las entidades no intervenidas, que gastaron 100,8 pesos. El informe sentencia que ninguna de las aseguradoras bajo vigilancia especial ha logrado recuperar su patrimonio ni acercarse a los mínimos de solvencia.

En el centro de la tormenta se encuentra la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con 11,6 millones de afiliados (uno de cada cinco colombianos). Intervenida desde abril de 2024, la entidad lleva sin certificar estados financieros desde diciembre de 2023. Su deuda pasó de $22 billones a casi $26 billones en un año, a lo que se suman $17 billones en anticipos que aún no han podido justificarse contablemente.

Esta aseguradora lideró también las inconformidades de los ciudadanos con 518.211 PQRS en 2025, reflejando casos críticos como el de menores con patologías complejas que han exigido atención prioritaria tras denuncias públicas.

Por su parte, los proveedores de medicamentos tampoco escapan a la crisis: las deudas con farmacéuticas escalaron un 33 %, pasando de $2,85 billones a $3,8 billones, lo que amenaza con interrumpir la cadena de suministro de tratamientos esenciales y multiplicar las barreras de acceso para los pacientes en todo el territorio nacional.

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La información fue confirmada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que recibió los cuerpos relacionados con la operación militar denominada Operación Amón. Según la entidad, nueve de las 10 personas fallecidas ya fueron identificadas.

De acuerdo con el reporte forense, entre los cuerpos identificados hay cuatro mujeres y cinco hombres. Tres de las víctimas eran menores de edad. La identidad y las circunstancias relacionadas con el décimo cuerpo todavía son materia de análisis.

El cadáver que permanece sin identificar podría corresponder a Juan Antonio Agudelo Salazar, conocido con el alias de ‘Urías Perdomo’, quien sería uno de los integrantes de la estructura armada contra la que estaba dirigida la operación. Sin embargo, esta información aún debe ser confirmada por las autoridades mediante los procedimientos de identificación correspondientes.

Qué se sabe de la operación en Guaviare

La operación militar se desarrolló en una zona rural de El Retorno, Guaviare, contra integrantes de una estructura de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Calarcá’.

Según los reportes conocidos sobre el operativo, las Fuerzas Militares adelantaron un bombardeo y posteriormente ingresaron a la zona para asegurar el área. Las autoridades reportaron inicialmente la muerte de 10 personas señaladas de pertenecer a la estructura armada.

La confirmación de que tres de las víctimas eran menores de edad incorpora un nuevo elemento a la investigación de los hechos, especialmente por el contexto de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en distintas regiones del país.

La situación del reclutamiento de menores continúa siendo uno de los problemas asociados al conflicto armado colombiano. En diferentes zonas afectadas por la presencia de organizaciones armadas, las autoridades y organismos de derechos humanos han advertido sobre la vinculación de menores a estas estructuras.

La Operación Amón ocurrió pocas semanas después de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República, el 7 de agosto de 2026, y hace parte de las primeras acciones militares de su administración contra estructuras armadas ilegales.

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Por ahora, Medicina Legal continúa con los procedimientos forenses correspondientes para establecer plenamente la identidad de la décima persona fallecida y completar la información sobre las víctimas de la operación.

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En su pronunciamiento, el mandatario explicó que la inclusión de dicho elemento no fue una decisión suya, sino de las mesas directivas del Congreso de la República, corporación ante la cual se llevó a cabo la transmisión de mando.

Según sus palabras, ese acto correspondió a un punto del orden del día de la sesión conjunta aprobado previamente por el Legislativo, bajo la denominación de “invocación”.

“La elaboración del orden del día corresponde a una de las facultades de las mesas directivas de esa honorable corporación e incluyó un punto denominado invocación”, afirmó De la Espriella al dar cumplimiento a la decisión judicial.

Presiente Abelardo De la Espriella anuncia detalles del Bloque de Búsqueda Anticorrupción que ha ordenado crear.

El jefe de Estado reconoció que aún persiste la presencia de personas corruptas “enquistadas en el Estado” y que personalmente las perseguirá.

También reiteró que… pic.twitter.com/siaZrwdzDd

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 31, 2026

El presidente aclaró su posición personal frente a la religión y subrayó el respeto que le merece la separación entre la Iglesia y el Estado.

“Aunque me identifico como creyente, soy católico, respeto la separación entre la Iglesia y el Estado y garantizaré en el marco de mis funciones las libertades y los derechos de todos los colombianos sin ningún distingo, incluida la libertad de profesar cualquier religión o de no profesar ninguna”, señaló.

Al mismo tiempo, defendió su derecho constitucional a expresar su fe. Indicó que, así como la Carta Magna protege la libertad de conciencia de todos los ciudadanos, también ampara su derecho a profesar su religión de manera pública y privada.

Finalmente, el jefe de Estado extendió sus disculpas a quienes pudieron sentirse afectados. “Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado ofrezco excusas por ello”, concluyó De la Espriella.

¿Qué ordenó el fallo de tutela del Juzgado Quinto Laboral sobre la posesión de De la Espriella?

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá profirió el 26 de agosto de 2026 un fallo de tutela que obligó al presidente De la Espriella a pronunciarse públicamente sobre el acto religioso incluido en su ceremonia de transmisión de mando. La decisión judicial reconoció que dicho episodio pudo vulnerar derechos fundamentales relacionados con la libertad de conciencia y la laicidad del Estado colombiano.

(Ver también: De la Espriella anunció para quiénes van nuevos alivios automáticos en Colombia, luego del terremoto)

¿Qué dice la Constitución colombiana sobre la libertad religiosa y la separación entre Iglesia y Estado?

La Constitución Política de Colombia consagra tanto la laicidad del Estado como la libertad de cada ciudadano para profesar la religión de su elección o para no adherirse a ninguna. Al mismo tiempo, protege el derecho de los individuos, incluidos los funcionarios públicos, a expresar sus creencias de forma pública y privada, siempre que ello no vulnere los derechos de terceros.

(Ver también: Pacto Histórico lanzó escuela de política; Iván Cepeda estrena puesto como profesor)

La elección del Consejo Nacional Electoral (CNE), el llamado ‘gabinete por la vida’ y una polémica votación en la Comisión de Acusación son algunos de los hechos que tienen enfrentada a la oposición.

La semana comenzó con el revés en el CNE. Los partidos cercanos al nuevo Gobierno consiguieron siete de las nueve magistraturas, mientras que el Pacto Histórico se quedó con dos y perdió la posibilidad de obtener una tercera silla.

El resultado causó molestia, pero también hubo tensión por la escogencia de los candidatos. Aunque Alirio Uribe tenía respaldo de buena parte de la bancada, Gustavo Petro habría vetado su nombre. La discusión se extendió durante horas y, según personas presentes, hubo fuertes enfrentamientos. Finalmente, Ana Jimena Bautista, cercana a Iván Cepeda y Felipe Harman, fue escogida.

A esto se sumó la creación del denominado ‘Gabinete por la vida’, integrado, entre otros, por los exministros Guillermo Alfonso Jaramillo, Germán Ávila y Felipe Harman. La decisión recibió críticas de sectores que consideran que el Pacto necesita nuevos liderazgos y no figuras asociadas al gobierno saliente.

“La forma como se compone no da un mensaje de esperanza, sino de volver al pasado”, señaló un líder de la colectividad.

El malestar aumentó después de que cinco congresistas del Pacto respaldaran en la Comisión de Acusación una decisión relacionada con el expediente contra Álvaro Uribe por los casos de El Aro, La Granja y Jesús María Valle. Aunque el traslado del proceso finalmente fue negado, sectores de la militancia cuestionaron la posición de sus propios representantes.

Gustavo Bolívar pide unidad en el Pacto Histórico

En medio de las diferencias, Gustavo Bolívar defendió a Petro e Iván Cepeda y pidió evitar que las disputas internas terminen dividiendo al movimiento.

Bolívar reconoció que existen errores, pero aseguró que el Pacto está siendo “dinamitado” desde afuera y desde dentro. También cuestionó que algunos sectores estén impulsando candidaturas presidenciales con tanta anticipación, cuando, según él, primero deben “arreglar la casa” y concentrarse en las elecciones de 2027.

SOBRE LOS ATAQUES A PETRO Y A CEPEDA.
Reconociendo que hay errores y que siempre los habrá, el Pacto Histórico está siendo dinamitado desde dos frentes: la ultraderecha que agiganta cada error y lo vuelve tendencia con sus multitudes algorítmicas, y la militancia que cae en la…

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 30, 2026

El dirigente pidió respeto por Petro y Cepeda y llamó a convocar un Congreso del Pacto Histórico para definir nuevas reglas internas.

Para el analista Gabriel Cifuentes, el progresismo está en una etapa de reorganización marcada por la falta de nuevos liderazgos y el regreso de figuras del gobierno anterior.

(Ver también: Pacto Histórico demandará al CNE por personería jurídica de Defensores por la Patria)

El reto para el Pacto será resolver esas fracturas y definir quiénes conducirán la oposición antes de las elecciones regionales de 2027.

La iniciativa parte de una crítica al modelo actual, en el que los conductores pagan el seguro obligatorio sin que necesariamente se tenga en cuenta si han tenido accidentes o si cumplen las normas de tránsito. La propuesta busca crear incentivos para quienes tengan un comportamiento responsable en las vías.

Vea también: Este es el pago que deberían hacer los conductores por servicio que no cubre el SOAT

Vargas plantea que los propietarios que no tengan accidentes y cumplan las normas contempladas en el Código Nacional de Tránsito puedan acceder a una reducción en el valor del Soat cuando llegue el momento de renovarlo.

En contraste, quienes acumulen accidentes o incurran en conductas sancionadas por las normas de tránsito tendrían que asumir un costo mayor por la póliza. La idea, según el congresista, es que el sistema premie a los conductores “más juiciosos” y tenga en cuenta su comportamiento en las calles.

“Hay conductores responsables que pagan el mismo seguro que otros que han sido imprudentes. La meta es aliviar esa carga y establecer un sistema más justo”, afirmó Vargas. 

Cabe mencionar que el Soat es obligatorio para los vehículos que circulan por Colombia. Por eso, cualquier modificación en sus condiciones tendría impacto sobre millones de propietarios, quienes deben mantener vigente la póliza para transitar legalmente por las carreteras del país.

El congresista también ha cuestionado otras medidas del sector transporte y ha anunciado seguimiento a los costos, la cobertura y la aplicación de las nuevas reglas que afecten a los conductores. La propuesta sobre el Soat todavía debe avanzar en el Congreso antes de convertirse en una modificación aplicable a los propietarios de vehículos.

(Vea también: Sismo en Los Santos, Santander: Servicio Geológico descarta vínculos con el reciente terremoto en Chocó)

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica que, en Colombia, se utilizan diferentes escalas para determinar la magnitud de un sismo, dependiendo de las características del evento.

Por eso, al informar sobre un movimiento telúrico, una forma más precisa es hablar simplemente de su magnitud y atribuir el dato al SGC. Por ejemplo: “El sismo tuvo una magnitud de 6,5, según el Servicio Geológico Colombiano”.

¿Qué escalas utiliza el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con la explicación del SGC, la institución puede utilizar diferentes escalas de magnitud.

Entre ellas están:

• Magnitud momento (Mw).
• Magnitud local (ML).

La elección depende de las características del evento sísmico registrado. Esto significa que no todos los terremotos deben describirse necesariamente como si hubieran sido medidos en la denominada escala de Richter.

¿Escala de Richter? ¿Magnitud? ¿Intensidad? ¿Profundidad? 🧐Sí, sabemos que son términos que pueden generar confusión, pero a la hora de informar sobre sismos, usar las palabras correctas importa. Aquí te explicamos cómo utilizarlos correctamente para evitar errores. pic.twitter.com/u38J9JDBhD

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 16, 2026

¿Por qué es mejor hablar de magnitud?

La magnitud es el dato que permite expresar el tamaño de un sismo de acuerdo con la escala utilizada para calcularlo.

Por eso, en una información periodística resulta más preciso indicar el número reportado por la autoridad sismológica y especificar quién entregó el dato.

Así, en lugar de afirmar:

“El terremoto fue de 6,5 en la escala de Richter”.

Se puede escribir:

“El terremoto tuvo una magnitud de 6,5, según el Servicio Geológico Colombiano”.

La diferencia puede parecer pequeña, pero evita atribuir automáticamente todos los eventos a una escala específica cuando el SGC puede emplear magnitud momento (Mw), magnitud local (ML) u otras metodologías, de acuerdo con las características del sismo.

Por eso, cuando se reporte un temblor en Colombia, lo recomendable es consultar el boletín del Servicio Geológico Colombiano y utilizar exactamente la magnitud y la escala consignadas en el reporte oficial.

Uno de los casos es el de Édgar Humberto Restrepo Benjumea, alias ‘Mono Clinton’, quien fue dejado en libertad el 20 de junio de 2025 para ejercer como gestor de paz de los Comuneros. Según Espinosa, tenía una condena de 40 años por secuestro y otros delitos. El periodista señaló que hace aproximadamente dos meses el hombre manifestó que viajaría a Medellín para visitar a su familia. Desde entonces, aseguró, nadie lo ha vuelto a ver.

Otro caso es el de Violeta Arango Ramírez, alias ‘Violeta’, señalada por la Fiscalía de una presunta participación en el atentado del Centro Comercial Andino, ocurrido en 2017 y que dejó tres mujeres muertas y al menos 10 personas heridas. La mujer fue acusada por delitos como terrorismo, homicidio y rebelión. Arango fue nombrada gestora de paz del Eln en 2022, durante los primeros meses del Gobierno Petro. De acuerdo con Espinosa, su proceso judicial continúa y su paradero tampoco está claro.

El tercer nombre mencionado es Jairo Arrigui Guenis, alias ‘Antonio’, integrante del Frente de Guerra Oriental del Eln. Fue capturado en 2017 y condenado por homicidio. En 2022 también obtuvo la libertad y fue designado gestor de paz. “¿Dónde está ‘Antonio’?”, preguntó Espinosa en su columna.

El periodista aclaró que estos serían solo tres casos dentro de una lista más amplia de personas beneficiadas por las gestiones de paz impulsadas durante el Gobierno anterior. La situación vuelve a poner en discusión qué controles existían sobre quienes recibieron este tipo de beneficios y cuál fue el seguimiento posterior a su salida de prisión.

El argumento de De la Espriella para acabar con la Paz Total

El Gobierno de Abelardo de la Espriella tomó la decisión de poner fin a los procesos de paz iniciados durante la administración Petro y uno de sus principales argumentos está relacionado precisamente con los resultados de la estrategia de seguridad.

De acuerdo con cifras citadas por Espinosa a partir del informe de la Fundación Ideas para la Paz, El costo de negociar mal, publicado en agosto de 2026, entre diciembre de 2022 y julio de 2026 el número de integrantes de grupos armados organizados aumentó cerca de 90 %, al pasar de 15.120 a 28.802.

El mayor crecimiento habría correspondido al Clan del Golfo, con 152 %, seguido por las disidencias de las Farc. En el caso del Eln, el incremento habría sido del 22 %.

Para el actual Gobierno, estas cifras son una muestra de que la Paz Total no consiguió reducir la capacidad de las organizaciones armadas y, por el contrario, coincidió con un periodo de expansión de varios grupos.

Espinosa también aseguró que algunos gestores de paz acreditados por el Gobierno Petro terminaron desapareciendo del limitado seguimiento que realizaba la Oficina del Comisionado de Paz, entidad que dejará de existir durante la administración de De la Espriella.

De acuerdo con documentos e informes periciales conocidos por El Colombiano, ‘Churco’ es oriundo de Falcón, Venezuela, y el pasado 12 de mayo cumplió la mayoría de edad.

Su testimonio comenzó el 23 de julio de 2025 en el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. La diligencia tuvo que ser suspendida unas horas después porque el joven habría entregado información que podía comprometerlo penalmente. Por esa razón, las autoridades garantizaron sus derechos y le asignaron un defensor.

La entrevista continuó el 24 de julio. Ese mismo día quedó registrada formalmente su entrega voluntaria. Sin embargo, ‘Churco’ permaneció bajo custodia solamente hasta el 25 de julio, cuando logró escapar de los funcionarios que lo vigilaban en una estación de Policía de Bogotá.

Antes de su fuga, el joven entregó información que ahora hace parte de una de las líneas más sensibles de la investigación.

Según su declaración, Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, condenado a 26 años y 3 meses de prisión por su participación en el magnicidio, habría contado con información proveniente de personas cercanas al senador.

‘Churco’ aseguró que la organización conocía detalles como la residencia de Miguel Uribe, el vehículo Toyota TXL blanco y gris en el que se movilizaba y algunas de las rutas que utilizaba.

Pero uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue la supuesta existencia de escoltas que estarían “de parte” de la organización criminal.

El joven aseguró que uno de esos contactos aparecía registrado en el teléfono de ‘Chipi’ como “Escolta del senador” o “Escolta senador”. Según su relato, a finales de mayo de 2025 se encontraba junto al cabecilla en un taller de motocicletas en Engativá cuando presenció una llamada de WhatsApp a ese número.

La conversación habría durado menos de tres segundos. Una voz masculina respondió: “hay manifestaciones” y posteriormente terminó la comunicación.

Para los investigadores, ahora resulta fundamental establecer quién estaba detrás de ese número y si la información entregada podía proceder de alguien con acceso directo a la agenda o al esquema de seguridad del senador.

El expediente también contiene otros elementos relacionados con el seguimiento que habría realizado la organización. En el teléfono entregado por ‘Churco’ fue encontrada una fotografía de Miguel Uribe tomada durante un evento público. El archivo aparece fechado el 29 de mayo de 2025, pocos días antes del atentado.

Además, los investigadores reconstruyeron movimientos de teléfonos asociados con integrantes de la estructura. Uno de ellos, atribuido a Simeón Pérez Marroquín, alias ‘La Firma’ o ‘El Viejo’, registró actividad en el sector de Bosa el 30 de marzo de 2025, cuando Miguel Uribe participaba en una actividad política.

(Vea también: Definidos los años que estará internado el menor que le disparó a Miguel Uribe; no es lo que se creía)

La declaración de ‘Churco’ también permitió conocer que la organización habría contemplado diferentes escenarios para atacar al senador. Incluso habría considerado utilizar un corredor cercano a su vivienda por donde debía caminar después de algunas actividades.

Uno de los planes se intentó ejecutar el 3 de junio de 2025, cuatro días antes del atentado. Según el expediente, la estructura habría intentado atacar la camioneta del senador con un artefacto explosivo, pero el plan fue abortado.

Después, el grupo cambió de estrategia y recurrió a un sicario de 15 años, identificado con las iniciales JCSR y el alias de ‘Tianz’, a quien le habrían ofrecido 20 millones de pesos para cometer el asesinato.

Tras declarar ante las autoridades, ‘Churco’ habría quedado convertido en un potencial testigo incómodo para la organización. El expediente señala que algunos integrantes incluso habrían planeado trasladarlo a Caquetá para asesinarlo, una práctica que dentro de la estructura denominaban “sacar la basura”.

La investigación deberá determinar qué información conocía realmente el joven, qué papel tuvo dentro de la organización y, especialmente, si sus declaraciones sobre una posible infiltración del esquema de seguridad pueden ser corroboradas con otras pruebas.

Por ahora, su testimonio constituye una de las piezas que los investigadores buscan contrastar con registros telefónicos, fotografías, movimientos de antenas y demás elementos obtenidos durante la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Los delitos a los que apuntaría el ente acusador son abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal, de acuerdo con la versión de revista Cambio acerca de este paso.

Cabe recordar que la defensa de la exfuncionaria buscaba que el caso no llegara a juicio por medio de mecanismo de la justicia restaurativa, pero que finalmente no habría prosperado como se pretendía.

Ante eso, la propia Sarabia salió a responder a través de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) sobre esta situación, en la que no hizo mayor énfasis ni referencia en principio.

“Este tema siempre lo han manejado mis abogados y son ellos quienes pueden referirse a las decisiones jurídicas”, aseguró en la primera parte de su publicación este domingo 30 de agosto de 2026.

Lo cierto es que dejó clara su postura frente a la posible determinación de la Fiscalía en su contra, en un controversial caso que está en la mira de la opinión pública.

“Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones. Mi deseo sigue siendo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar. Yo también quiero hacerlo”, finalizó.

Así es el caso de Laura Sarabia por polígrafo a Marelbys Meza

El polémico caso que involucra a Laura Sarabia comenzó luego del hurto de una maleta con dinero en su residencia de Bogotá. Ante la sospecha del robo, la exfuncionaria y su esquema de seguridad sometieron a Marelbys Meza a una prueba de polígrafo.

La controversia escaló cuando la afectada denunció públicamente que la trasladaron de forma irregular a los sótanos del edificio oficial para el examen psicológico. El uso inadecuado del detector de mentiras y las interceptaciones ilegales activaron una investigación penal formal.

En el plano judicial, los fiscales asignados determinaron la comisión de irregularidades graves al utilizar los protocolos de protección presidencial para un asunto personal. Las pesquisas del ente acusador vincularon a varios oficiales pertenecientes a la Jefatura de Protección Presidencial.

Asimismo, la investigación penal estableció que se impartieron instrucciones directas para concretar el examen. Uniformados implicados colaboraron activamente con la justicia para esclarecer si la orden original de realizar el procedimiento provino de la alta ejecutiva tras denunciar la pérdida.

Por su parte, la defensa técnica de la funcionaria argumenta que el procedimiento obedeció estrictamente a protocolos institucionales de seguridad nacional por integrar el equipo cercano al mandatario. Sin embargo, los investigadores sostienen que el examen practicado a Meza violó derechos fundamentales.

El desarrollo de la causa judicial provocó múltiples imputaciones contra los policías que participaron en la retención y en las intervenciones telefónicas privadas de la víctima. Las autoridades continúan recopilando material probatorio para definir las responsabilidades individuales de los involucrados.

La complejidad del expediente impactó fuertemente el panorama político nacional debido a las posibles conductas punibles derivadas del uso indebido de recursos del Estado. El proceso busca determinar la legalidad de los métodos aplicados en las áreas gubernamentales de seguridad.

Recientemente, las indagaciones fiscales tomaron un giro determinante al alistar una imputación de cargos formal contra la exfuncionaria por abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal. Los analistas advierten que estos delitos podrían derivar en sanciones penales severas.

Las autoridades competentes avanzan en las distintas etapas procesales evaluando pruebas documentales y testimoniales para esclarecer definitivamente las responsabilidades penales e institucionales del caso. La opinión pública mantiene su atención sobre las decisiones definitivas que adopte la justicia colombiana.

Los hechos aparecen consignados en una misión de trabajo reservada del Ejército, identificada como la n.º 02/2025, en la que fueron recopilados testimonios sobre fiestas, consumo de licor, relaciones entre superiores y subalternas y presuntos casos de acoso dentro y fuera del cantón militar.

Una de las declaraciones se refiere específicamente a un capitán que tenía responsabilidades de mando dentro del batallón.

“El mencionado oficial mantenía relaciones sexuales con las soldados 12, 18 y suboficiales, aprovechándose de su posición de comandante”, señala el documento.

Según el testimonio, el uniformado habría utilizado su posición para obtener beneficios relacionados con permisos y salidas de las instalaciones.

“Aprovechándose de que era el comandante, les cobraba permiso o en ocasiones las sacaba sin boleta de salida en donde hay fotos con soldados en moteles”, relató una suboficial.

El supuesto romance terminó afectando también la vida personal del oficial. De acuerdo con el informe, la relación habría provocado constantes conflictos con su esposa, algunos de ellos dentro de las instalaciones militares.

“La situación originó discusiones y riñas públicas en las instalaciones del cantón Tenerife, las cuales comprometían los objetivos básicos de la actividad y la disciplina militar”, advierte la investigación.

Uno de los testimonios describe un episodio particularmente grave. Una uniformada contó que varios militares fueron llamados debido a una pelea entre el capitán y su esposa.

“Nos mandaron a llamar porque estaban peleando (el capitán y la esposa). Después ellos salieron de la habitación y mi capitán la tenía con morados en los brazos y un morado muy visible en la cara”, declaró.

El informe relacionó este episodio con una presunta situación de violencia intrafamiliar y señaló que el comportamiento del oficial terminó trascendiendo el ámbito privado para convertirse en un problema dentro del cantón.

El caso hacía parte de un panorama más amplio de denuncias. Otras mujeres uniformadas también señalaron a oficiales por presuntos comportamientos de acoso sexual, mientras distintos testimonios describieron fiestas y relaciones entre superiores y subordinadas.

La gravedad de las denuncias llevó al Ejército a realizar una revisión de la situación disciplinaria de la unidad. La institución determinó que se habían presentado comportamientos que comprometían la disciplina, la moral y los principios militares.

SEMANA consultó al Ejército por estos hechos. La institución informó que se adoptaron las actuaciones administrativas correspondientes, entre ellas retiros de personal y acciones disciplinarias, y precisó que actualmente se adelanta una investigación disciplinaria por estos acontecimientos.

Los testimonios hacen parte de una investigación que deberá establecer qué ocurrió realmente, cuáles fueron las responsabilidades individuales y si hubo abuso de autoridad o incumplimiento de las normas militares.

Los hechos fueron documentados en la misión de trabajo reservada n.º 02/2025, un informe de 16 páginas elaborado después de que varias mujeres uniformadas entregaran testimonios sobre lo que, según ellas, estaba ocurriendo en el batallón.

Una de las declaraciones describe un ambiente de fiestas frecuentes entre oficiales, suboficiales y soldados. “El coronel mantenía tomando con los cuadros y soldados del batallón en la casa de él o en lugares públicos, en oficinas y eventos”, relató una cabo tercero.

La situación habría llegado a tal punto que el Ejército terminó restringiendo la venta de bebidas alcohólicas dentro de la instalación. El documento señala que el comandante de ese momento había “encauzado la disciplina prohibiendo la venta de licor en el minimarket”.

Pero los testimonios fueron más allá. Una de las uniformadas aseguró que algunas soldados mantenían relaciones con superiores y que incluso eran sacadas de sus alojamientos para encontrarse con ellos.

“A la soldado la sacaban del alojamiento para que se viera con los cuadros y, los fines de semana, salía de permiso, sin boleta, por el hecho de estar con los cuadros”, señaló.

Según la misma declaración, algunas de ellas habrían salido con oficiales a discotecas y hoteles. Otro testimonio habló de un supuesto “catálogo de soldados” utilizado para facilitar encuentros.

“Los cuadros mantenían saliendo con las mujeres soldados y terminaban en fiestas en lugares privados, todos con todos. Antes la soldado manejaba un catálogo de soldado, en donde la soldado era la que manejaba la plata; hoy ese catálogo ya no existe”, se lee en el informe.

El documento también recoge denuncias sobre presunto acoso sexual por parte de oficiales. Una uniformada manifestó que habría recibido comentarios inapropiados, insinuaciones y amenazas, y aseguró que otras compañeras no denunciaban por temor a consecuencias en sus carreras.

Todo esto ocurría mientras el Batallón Tenerife tenía responsabilidades de seguridad en una región afectada por el crecimiento de grupos armados. La unidad pertenece a la Quinta División del Ejército, cuya jurisdicción incluye Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Risaralda y Caldas.

En 2024, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para Neiva y otros municipios del Huila por la presencia de disidencias de las Farc y estructuras de delincuencia común. Para 2025, además, se reportaron restricciones a la movilidad y afectaciones a comunidades en municipios como La Plata.

El Ejército aseguró a SEMANA que, tras conocer los hechos, adoptó actuaciones administrativas, incluidos retiros de personal y acciones disciplinarias, respetando el debido proceso. La institución también confirmó que actualmente existe una investigación disciplinaria relacionada con estos acontecimientos.

El caso deja bajo investigación no solo las conductas individuales denunciadas, sino también las condiciones de disciplina y control que permitieron que estos hechos fueran reportados dentro de una unidad militar con responsabilidades estratégicas de seguridad en el sur del país.

Por otra parte, se reportó afectación en la movilidad por manifestantes en la carrera 10, sentido Norte – Sur.

Las autoridades y organismos de tránsito se encuentran realizando el seguimiento de la situación, mientras se adelantan las acciones correspondientes para atender el vehículo y restablecer la movilidad. Se recomienda a los conductores transitar con precaución para evitar mayores demoras en este corredor vial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los hechos se presentaron en inmediaciones de una institución universitaria ubicada en el barrio Bosque Calderón Tejada. Mientras la patrulla de vigilancia realizaba labores de prevención y control, fue alertada por la central de radio sobre el hurto de un vehículo mediante la modalidad de atraco. Estas personas al parecer habrían abordado a la víctima haciendo uso de un arma de fuego y escapado en este automóvil.

De manera inmediata, la Policía Nacional desplegó un plan candado por toda la jurisdicción y, gracias al GPS de este vehículo, se logró ubicarlo en la localidad de Santa Fe.

Al momento de interceptar este automóvil, varias personas descendieron y emprendieron la huida; en la oportuna reacción, los uniformados lograron detenerlas. Asimismo, al efectuar el registro del automotor, se halló en su interior un arma traumática y otra cortopunzante. Por lo cual fueron aprehendidos y, junto con el vehículo recuperado y los elementos incautados, puestos a disposición de la autoridad administrativa correspondiente.

El caso es investigado por las autoridades, mientras sus familiares cuestionan las condiciones en las que el joven estaba realizando una labor de limpieza y aseguran que no recibieron información oportuna sobre lo ocurrido.

De acuerdo con Yulieth López, hermana de Jhon Jader, el joven llevaba aproximadamente dos meses y medio trabajando en la compañía y habría sido asignado, por segunda vez, a realizar labores de limpieza en una máquina que no hacía parte de sus funciones habituales.

“Él estaba en esa zona que no le correspondía, que no era el área en la que él trabajaba. La máquina estaba en el momento que él la estaba limpiando, no entendemos cómo cayó a ella”, relató la mujer.

@yulliethlopez Pido que me ayuden, mi hermano murió en pollo coa en una de sus máquinas #justicia #federicogutierrez #avicola #ministeriodetrabajo #viral?video ♬ sonido original – Yullieth Lopez

Según su versión, Jhon Jader incluso habría tenido que preguntarle a una compañera cómo funcionaba el equipo. La familiar considera que esto debe ser tenido en cuenta dentro de la investigación para establecer si recibió la capacitación necesaria para desarrollar esa labor.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El reporte preliminar de las autoridades señala que el joven se encontraba trabajando en la zona de escaldado de patas cuando, al parecer, resbaló y cayó al interior de una máquina escaldadora de patas de pollo.

El documento indica que sufrió graves lesiones y quedó atascado en el equipo. Su muerte ocurrió en el lugar.

Aunque inicialmente algunos relatos hicieron referencia a una máquina trituradora, el reporte conocido sobre el caso identifica específicamente el equipo como una máquina escaldadora de patas de pollo. La investigación deberá establecer las circunstancias exactas del accidente.

Uno de los reclamos de la familia tiene que ver con la comunicación posterior a la tragedia. Yulieth aseguró que sus allegados no fueron contactados oportunamente por la compañía.

“Nos enteramos fue porque un familiar que trabaja allá nos llamó y nos contó. Si no es así, esta es la hora que no sabríamos nada de mi hermano”, afirmó.

Empresa respondió por la muerte

La compañía Cárnicos y Alimentos S.A.S., propietaria de la línea Pollos Coa, aseguró que el caso ya se encuentra bajo investigación y que activó los protocolos correspondientes después del accidente.

La empresa señaló que notificó a las autoridades competentes y a su Administradora de Riesgos Laborales, ARL SURA, y manifestó su disposición para colaborar con la investigación técnica.

“Nos encontramos colaborando de manera transparente con los expertos y las entidades encargadas de adelantar la investigación técnica que permita esclarecer las circunstancias que rodearon este doloroso evento”, indicó la compañía.

También aseguró que la seguridad, protección y bienestar de sus trabajadores son una prioridad.

Mientras avanzan las indagaciones, la familia de Jhon Jader pide que se determine si hubo fallas en los protocolos de seguridad, capacitación o condiciones laborales que pudieron contribuir al accidente.

“Era un niño de tan solo 20 años, deja una familia que lo amaba. Hoy es mi hermano, mañana puede ser alguien más”, manifestó Yulieth, quien pidió el acompañamiento del Ministerio del Trabajo y de las autoridades de Medellín.

Sin embargo, a pesar de la respuesta de la empresa ante la situación, la joven asegura que no ha tenido comunicación con la empresa. Por tal razón, ella lideró un plantón el pasado sábado. Este sirvió porque desde la compañía le aseguraron que este lunes se podría reunir con el gerente para responder sus preguntas.

@yulliethlopez #viraltiktok #pollocoa🐔 #avicola #justiciaparatodas ♬ sonido original – Yullieth Lopez

Uno de estos sismos, con epicentro en Totoró, Cauca, provocó que varias personas salieran de sus casas en la noche del sábado. En redes sociales han circulado videos de evacuaciones en conjuntos residenciales y también los cambios en la actividad volcánica, algunos muy sorprendentes.

Estas son algunas de las imágenes que han difundido en redes sociales:

🚨 Sismo de magnitud 4,3 sacudió Popayán 🌋
Un fuerte movimiento telúrico se registró anoche en el área de influencia del volcán Puracé. El epicentro estuvo cerca de Totoró, a 12 km de profundidad, y el temblor fue sentido con fuerza en Popayán. Algunos edificios fueron evacuados… pic.twitter.com/d0RYpuNyCa

— 𝕲𝖚𝖘. 『X』 (@CapGusXMan) August 30, 2026

#NACIÓN El @sgcol reportó 58 sismos por fracturamiento de roca en el área de influencia del volcán Puracé. Uno alcanzó magnitud 4,1 y fue sentido en Puracé, Totoró y Popayán. La alerta se mantiene en nivel Naranja, según explicó Cristian Santacoloma, del Observatorio de Popayán. pic.twitter.com/Uh8eRvy5rJ

— RUTA 50 Movilidad y Seguridad (@RUTA50MOVILIDAD) August 30, 2026

De acuerdo con el comunicado oficial de la entidad, los eventos sísmicos se localizaron a 11 kilómetros en dirección nororiente del cráter del volcán, a una profundidad de 9 kilómetros. La secuencia, que superó el medio centenar de movimientos en un corto período, corresponde al fracturamiento de roca dentro del área de influencia volcánica.

El Servicio Geológico Colombiano explicó que “este tipo de actividad se puede presentar dentro de la zona de influencia volcánica, especialmente en la cual se encuentran estructuras de falla, las cuales pueden interactuar con el sistema volcánico”. La aclaración busca contextualizar los sismos sin desestimar la atención que requiere el fenómeno.

Pese a la intensidad de los movimientos registrados, la entidad precisó que los demás parámetros de monitoreo volcánico no presentaron variaciones significativas. “Los demás parámetros de monitoreo volcánico permanecen dentro de los niveles que han sido reportados en los últimos días y no se han registrado cambios algunos después del registro de estos eventos“, señaló la institución en su informe.

Ante este panorama, el volcán Puracé y la cadena volcánica de los Coconucos permanecen en estado de alerta naranja, el mismo nivel que se ha mantenido en los últimos días. Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para que se abstenga de acceder a la parte alta del volcán Puracé, Curiquinga y Pío Collo.

Estas son las declaraciones completas de Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán:

Ante el incremento de la actividad sísmica registrado esta tarde en el volcán Puracé, Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, explica la situación y entrega más detalles sobre el boletín extraordinario emitido por el @sgcol.

🔶… https://t.co/25521WEsVk pic.twitter.com/tOpdrZTMTI

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 30, 2026

¿Qué es la alerta naranja en un volcán y qué significa para los habitantes cercanos?

La alerta naranja es el segundo nivel más alto dentro del sistema de clasificación volcánica colombiano e indica cambios en el comportamiento del sistema que podrían anticipar una erupción. Para las comunidades cercanas, implica seguir las instrucciones de las autoridades, estar pendientes de los canales oficiales y evitar zonas de exclusión definidas por el Servicio Geológico Colombiano.

¿Por qué los sismos volcánicos pueden estar relacionados con fallas geológicas?

En zonas de actividad volcánica, las estructuras de falla presentes en el subsuelo pueden interactuar con el sistema magmático e hidrotermal del volcán, lo que produce sismos por fracturamiento de roca. Este tipo de eventos no necesariamente anticipa una erupción, pero sí exige monitoreo constante porque la actividad de las fallas puede modificar las condiciones internas del volcán.

Laura Sarabia tendría imputación de cargos por parte de la Fiscalía en el controversial caso del polígrafo con quien la niñera Marelbys Meza, según la revista Cambio.

La publicación indicó que fuentes judiciales le revelaron que el ente investigador habría desistido de la exploración que hizo la defensa de la exembajadora como mecanismo de la justicia restaurativa y con la intención de no llegar a juicio para alcanzar un cierre del caso.

Así, los cargos que alistaría la Fiscalía en contra de Sarabia son por los delitos de abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal, según la versión periodística.

“La decisión cambia por completo el panorama judicial de Sarabia: de terminar en una condena, dos de esos delitos podrían impedirle acceder a beneficios como la prisión domiciliaria. Es decir, podría terminar en la cárcel”, señaló Cambio en la explosiva revelación.

El giro después de varios meses de llevar a cabo el proceso plantea un escenario delicada para la exfuncionaria, que ha estado bajo el ojo del huracán desde las declaraciones de Meza sobre el caso.

El polémico caso que involucra a Laura Sarabia inició tras la pérdida de una maleta con dinero en su residencia de Bogotá. Ante la sospecha de hurto, la exfuncionaria y su esquema de seguridad sometieron a Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera de la familia, a una prueba de polígrafo en las instalaciones de la Casa de Nariño.

La controversia escaló cuando la afectada denunció públicamente que fue trasladada de forma irregular a los sótanos del edificio oficial para someterse al procedimiento bajo presión psicológica. La presunta utilización inadecuada del aparato detector de mentiras y la posterior interceptación ilegal de las líneas telefónicas de Meza activaron de inmediato una indagación penal formal.

En el plano judicial, los agentes encargados determinaron la comisión de irregularidades graves al emplear los protocolos de protección presidencial para atender un asunto estrictamente particular.

Las pesquisas del ente acusador vincularon a varios oficiales pertenecientes a la Jefatura de Protección Presidencial por abuso de autoridad e interceptaciones no autorizadas.

Asimismo, las investigaciones arrojaron la hipótesis de que se impartieron instrucciones directas para concretar la prueba del examen. Distintos uniformados implicados colaboraron activamente con la justicia para esclarecer si la indicación original de realizar el procedimiento provino de la propia exfuncionaria tras reportar el robo.

Por su parte, la defensa técnica de la alta ejecutiva argumenta que el procedimiento obedeció estrictamente a protocolos institucionales de seguridad nacional al integrar el equipo cercano al primer mandatario. Sin embargo, el ente de control sostiene que la evaluación poligráfica practicada a particulares violó derechos fundamentales e incurrió en abusos de poder.

El desarrollo del proceso judicial ha generado múltiples imputaciones contra los policías que participaron directamente en la retención y en las intervenciones de las comunicaciones privadas de la víctima. La investigación penal continúa su curso en las instancias correspondientes para definir las responsabilidades individuales de los exfuncionarios involucrados.

La complejidad del expediente impactó fuertemente el panorama político nacional debido a las posibles conductas punibles derivadas del uso indebido de bienes e infraestructuras del Estado. El juzgamiento busca determinar la legalidad de los métodos aplicados en las áreas gubernamentales de seguridad estratégica.

Las autoridades competentes avanzan en las distintas etapas procesales evaluando pruebas documentales y testimoniales para esclarecer de manera definitiva las responsabilidades penales e institucionales correspondientes al incidente del polígrafo.

Por ahora, queda esperar si esta información con el mencionado cambio se hace oficial, en un tema de interés general.

Luego de finalizar una sesión de Consejo de Ministros superior a siete horas en Barranquilla, el mandatario Abelardo de la Espriella ordenó auditar globalmente los contratos y la arquitectura del sector público.

El propósito principal busca detectar acaparamiento de convenios, sobrecostos, intermediaciones innecesarias y conductas comerciales que limiten la libre competencia en los procesos estatales.

Para lograrlo, el gobernante impartió órdenes directas a ministros, directores de departamentos y jefes institucionales para verificar, “ministerio por ministerio, entidad por entidad y empresa por empresa”, la distribución del presupuesto público.

Una de las iniciativas centrales contempla elaborar un mapa de concentración contractual. El instrumento precisará quiénes contratan repetidamente, las sumas otorgadas, las formas de selección aplicadas y los resultados obtenidos.

El jefe de Estado focalizó su vigilancia en los servicios profesionales, asesores jurídicos, auditorías, interventorías, consultorías, supervisores y convenios para eventos, producción y logística, conocidos como BTL.

“Hay que romper la rosca”, aseveró el gobernante al rechazar beneficios exclusivos. Enfatizó que cada adjudicación debe fundamentarse en necesidad real, aptitud, tarifas justas, rendimiento e impecable apego legal.

Paralelamente, propuso convocar concursos públicos y transparentes para elegir abogados externos, liquidadores y consultores siempre que la norma lo permita. La intención persigue impedir monopolios prolongados en bufetes específicos.

El plan de supervisión alcanzará igualmente las alianzas con universidades públicas, acuerdos interadministrativos y fideicomisos que gestionan dineros fiscales. En tales esquemas examinarán minuciosamente las comisiones, gastos, criterios de asignación y efectividad.

De la Espriella recalcó que erradicará la figura de “contratistas eternos” y desestimó prorrogar convenios argumentando simplemente que “siempre se ha hecho así”.

Adicionalmente, el Ejecutivo analizará el esquema de las dependencias gubernamentales para corregir la burocracia, choque de competencias, programas duplicados e instituciones con tareas idénticas.

“No necesitamos un Estado más grande, necesitamos un Estado que funcione mejor”, manifestó categóricamente el mandatario durante la jornada de trabajo desarrollada en la capital del Atlántico.

El plan definitivo proyecta identificar qué dependencias deben eliminarse o unificarse obligatoriamente. La meta busca aligerar trámites ciudadanos, estructurar ventanillas únicas de atención y recortar drásticamente los gastos operativos centrales.

¿Cómo funciona la contratación de trabajadores en Estado de Colombia?

La vinculación mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios en las entidades públicas colombianas exige el cumplimiento estricto de parámetros legales vigentes. Esta figura jurídica atiende exclusivamente necesidades temporales.

Las instituciones estatales deben acudir a este mecanismo cuando la planta de personal permanente resulta insuficiente para ejecutar labores altamente especializadas. La contratación exige una justificación técnica y presupuestal previa.

Un elemento determinante en esta modalidad contractual radica en la total autonomía técnica y administrativa del contratista. El vinculante no puede ejercer subordinación continuada ni imponer horarios rígidos de trabajo.

Si la entidad gubernamental exige el cumplimiento de jornadas fijas e imparte órdenes directas constantes, configura jurídicamente una relación laboral encubierta. Las leyes vigentes prohíben expresamente incurrir en dicha práctica.

Asimismo, la persona vinculada debe acreditar la idoneidad profesional y experiencia requerida para desarrollar las obligaciones pactadas. El contratista asume de forma independiente el pago periódico de su seguridad social.

Los pagos de salud, pensión y riesgos laborales deben calcularse sobre el cuarenta por ciento del valor mensual del contrato. La entidad exige verificar estos aportes antes de autorizar las desembolsos.

Los contratos de prestación de servicios carecen de prestaciones sociales tradicionales como prima de servicios, cesantías y vacaciones pagadas. La duración contractual debe coincidir estrictamente con el tiempo estipulado para la labor.

La normativa colombiana busca evitar la proliferación de contratistas informales en los ministerios y dependencias. Las autoridades promueven la formalización progresiva del empleo público mediante concursos de méritos transparentes.

El uso adecuado de esta modalidad optimiza los recursos públicos y garantiza una gestión transparente. La supervisión constante de las obligaciones previene irregularidades en el desarrollo de los proyectos estatales.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó a través de su cuenta institucional de X (antes conocida como Twitter) acerca de un sismo en Istmina, Chocó, región que semanas atrás fue epicentro del terremoto de 7.4 de magnitud.

El movimiento telúrico de este domingo 30 de agosto de 2026 se presentó a las 5:48 de la mañana con magnitud de 3.4 y una profundidad de 41 kilómetros, lo que provocó reacciones de los usuarios.

“Duró como 2 segundos, pero sí se sintió”, afirmó una persona al responder a la publicación por parte de la entidad que se encarga de los reportes de estos eventos telúricos en el país.

De esta manera, las alarmas no paran ya que en la mañana del sábado hubo otro temblor en Colombia, por lo que la atención sigue vigente entre los habitantes del territorio nacional.

Las autoridades siguen protocolos de seguimiento al tema en departamentos como Chocó, donde se ha registrado la mayoría de eventos telúricos recientemente, y Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Caldas, también afectados por el impacto del pasado 10 de agosto de 2026.

Para este caso, las dos capitales más cercanas al movimiento telúrico del domingo son Quibdó y Cali, con la particularidad de que en este último se han sentido estos eventos.

La situación lleva al llamado para que los ciudadanos se mantengan alerta frente a cualquier incidencia, con las recomendaciones sobre cómo actuar correctamente para evitar mayores percances.

Las afectaciones en las edificaciones en ciudades como Pereira, Manizales y Dosquebradas (Risaralda) han obligado a medidas de seguridad como el desalojamiento en miles de viviendas.

Ahora, el reto para el Gobierno Nacional es responder para que los damnificados tengan un respaldo, pero además de evitar nuevas tragedias debido a estos temblores que puedan provocar accidentes si no se controlan correctamente en las regiones antes mencionadas.

¿Qué hacer ante un temblor en Colombia?

Mantener la serenidad constituye la regla principal ante la ocurrencia de un temblor en Colombia. La reacción oportuna en los primeros segundos del movimiento telúrico reduce significativamente los riesgos de sufrir lesiones severas.

Si el fenómeno sorprende dentro de un inmueble, resulta vital alejarse inmediatamente de ventanas, espejos y objetos pesados susceptible a caer. Conviene agacharse, cubrirse la cabeza con los brazos y sujetarse firmemente de un mueble resistente.

Jamás deben utilizarse los ascensores durante la emergencia ni salir corriendo hacia las escaleras en plena sacudida. Si el espacio no ofrece refugio seguro, hay que ubicarse junto a una columna o muro portante.

En caso de encontrarse en la calle, es indispensable desplazarse hacia zonas descubiertas lejos de cables eléctricos, fachadas y postes de alumbrado. Los conductores deben detener el vehículo en un sitio despejado sin obstaculizar las vías.

Una vez finalizado el temblor principal, procede la evacuación ordenada de los inmuebles utilizando únicamente las salidas de emergencia. Resulta obligatorio cerrar las llaves de paso de gas, agua y cortar el suministro eléctrico inmediatamente.

Las personas deben dirigirse hacia los puntos de encuentro previamente asignados en el plan de gestión de riesgos. Antes de reingresar a las edificaciones, hay que verificar estructuralmente que no existan grietas peligrosas o daños graves.

La comunicación telefónica debe reservarse de forma exclusiva para situaciones de extrema emergencia médica. Es preferible emplear mensajes de texto cortos para avisar el estado de salud a los familiares cercanos.

Mantener a la mano una mochila con linterna, botiquín de primeros auxilios, silbato y agua fortalece la prevención constante. La preparación familiar continua permite actuar con eficacia frente a réplicas telúricas posteriores.

(Ver también: “Se me revolvió el estómago”: susto por fuerte sismo que sacudió a Colombia este jueves)

De acuerdo con el reporte actualizado del SGC, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de apenas 12 kilómetros, por lo que fue considerado superficial. El epicentro se localizó aproximadamente a 14 kilómetros de Totoró, en un área de influencia del volcán Puracé, situación que llamó especialmente la atención entre los habitantes de la región.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-29, 23:37 hora local Magnitud 4.3. Profundidad superficial, Totoró – Cauca, Colombia – Área de Influencia … ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/nHUIuK253Z

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 30, 2026

El temblor fue percibido con fuerza en diferentes sectores y también hubo reportes de personas que lo sintieron en zonas cercanas a Popayán y Cali. En redes sociales, varios ciudadanos manifestaron su preocupación por la intensidad del movimiento y por la actividad sísmica que se ha registrado en los alrededores del volcán.

La ubicación del sismo adquiere especial relevancia debido a que el SGC mantiene al Puracé en alerta naranja, correspondiente a un volcán que presenta cambios importantes en los parámetros que son monitoreados.

¿Por qué está temblando tanto en Colombia?

El movimiento registrado en la noche del sábado ocurre en medio de un periodo de actividad sísmica importante en el área de influencia del Puracé. Según el último reporte del SGC sobre la cadena volcánica Los Coconucos, desde las 4:20 p. m. del 29 de agosto se presentó un incremento en la actividad sísmica asociada al fracturamiento de roca, conocida como sismicidad volcano-tectónica (VT).

Hasta el momento de ese boletín se habían contabilizado 58 eventos de este tipo, localizados principalmente a unos 11 kilómetros al nororiente del volcán y a una profundidad aproximada de 9 kilómetros.

Uno de los movimientos más destacados ocurrió a las 6:18 p. m., con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 9.4 kilómetros, en el sector del valle de San Rafael, a 11.1 kilómetros al nororiente del Puracé. También se registraron eventos de magnitudes 3.9, 3.1 y 2.8, algunos de ellos sentidos en Puracé, Totoró y Popayán.

La actividad sísmica no significa necesariamente que vaya a ocurrir una erupción. De hecho, el SGC señaló que no se han detectado cambios en los demás parámetros de monitoreo volcánico y mantiene el seguimiento permanente.

Colombia es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación geológica y a la interacción de varias placas tectónicas. Por eso, los temblores pueden presentarse con frecuencia en distintas regiones. En el caso particular del Puracé, además, los científicos vigilan de cerca la actividad volcánica y los movimientos asociados al fracturamiento de las rocas.

El SGC recomendó a la población mantenerse atenta a sus boletines oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

(Ver también: Cómo están Cali, Pereira, Chocó y más luego del temblor de este miércoles en Colombia)

El estado de alerta del volcán Puracé continúa en naranja, por lo que cualquier cambio relevante en los parámetros monitoreados será informado por las autoridades.

(Ver también: Accidente múltiple en el norte de Bogotá: alerta por choque entre automóvil, bus escolar y camión)

Tal como han reportado las autoridades, un bus Bolivariano, que salió pocos minutos antes del terminal de Medellín, se chocó de frente contra un camión, lo cual le causó muchos daños al intermunicipal, ocasionando el fallecimiento de tres personas y dejando a 15 heridos, varios de gravedad.

Estas son las imágenes de la situación:

A un carril las autoridades empezaron a habilitar el tránsito luego del accidente ocurrido en las últimas horas cerca al peaje de Supía, en la vía que comunica a Medellín con Manizales. Largos trancones por la emergencia se han reportado sobre el corredor. pic.twitter.com/2HCIPa54go

— Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 30, 2026

🔴Grave accidente en la vía Medellín-Manizales deja 3 muertos y 15 heridos

👉🏾Un grave accidente de tránsito entre un bus de pasajeros y un tractocamión se registró este sábado en la vía La Pintada-Manizales, en Antioquia.

📹: Tomados de redes sociales

Le dejamos más detalles… pic.twitter.com/3b0YTH8MeA

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 29, 2026

Se registró un grave accidente de tránsito que dejó tres personas fallecidas y 15 más lesionadas, luego de la colisión de un tractocamión con un bus de Expreso Bolivariano en la vía Manizales-Medellín. pic.twitter.com/UOwe7RplVo

— Mauricio Vanegas (@Marovaan) August 29, 2026

Accidente entre bus y tractocamión deja 3 fallecidos y cerca de 15 lesionados en la vía La Pintada–Manizales.

VIDEOS 🔞 https://t.co/olx6BWB4Cs pic.twitter.com/rGZGN70xsC

— chisme Fresco Medellín (@ChismeMedellin) August 29, 2026

Según reveló el diario El Tiempo, uno de los fallecidos fue el conductor del bus, identificado como Cristian Camilo Palacios. Por su parte, las otras dos víctimas fueron una pareja de esposos identificados como Jorge Eliécer Soto y Nubia Alba Deavila, quienes viajaban rumbo a Buga para visitar al Señor de los Milagros.

Desde entonces, las autoridades hacen presencia en la zona y desde hace unos minutos se reabrió un carril para el paso intermitente de los vehículos.

(Ver también: Ciclista murió atropellado por bus del SITP en Chapinero (Bogotá); testigos quedaron impactados)

En cuanto a la causa del accidente, todo se mantiene en materia de investigación para determinar si hubo invasión de carril, falla mecánica, desconcentración o algo más.

(Ver también: Graves acusaciones de David Murcia Guzmán a Abelardo de la Espriella: “Si me pasa algo, él es culpable”)

De acuerdo con el reporte del medio mencionado, Murcia Guzmán llegó al establecimiento carcelario en la tarde de este sábado y en ese momento se encontraba en el área de recepción. Allí, una junta conformada por médicos, responsables de tratamiento psicológico y otros profesionales especializados determinaría el lugar exacto donde quedará ubicado dentro del centro de reclusión.

Según el noticiero, lo más probable es que al procesado se le asigne un espacio en los pabellones 7 u 8 de Palogordo. Esas dos alas del complejo carcelario son las destinadas a reclusos que requieren condiciones especiales de seguridad y seguimiento institucional.

Murcia Guzmán es recordado por ser la figura central del caso DMG, uno de los mayores escándalos financieros en la historia reciente de Colombia, que involucró un esquema de captación masiva de dinero que afectó a miles de colombianos en distintas regiones del país.

¿Qué es la cárcel de Palogordo y por qué es de máxima seguridad?

La cárcel de Palogordo, situada en Girón, Santander, es uno de los establecimientos penitenciarios de mayor nivel de seguridad en Colombia. Alberga reclusos de alto perfil y cuenta con protocolos estrictos de vigilancia, control y atención profesional para quienes ingresan al sistema.

(Ver también: David Murcia Guzmán denunció a Abelardo de la Espriella: aseguró que le robó $ 5.000 millones)

¿Qué fue el escándalo de DMG por el que es conocido David Murcia Guzmán?

DMG fue una empresa colombiana que operó bajo un esquema piramidal de captación ilegal de dinero, prometiendo altos rendimientos a sus inversores. El caso estalló alrededor de 2008, dejando a miles de afectados en el país y derivando en procesos penales contra Murcia Guzmán tanto en Colombia como en Estados Unidos.

(Ver también: Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral se quedan sin esquema de seguridad de la UNP)

La cifra equivale a unos 480 millones de pesos al año, si el gasto se mantuviera durante 12 meses. La Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió retirar las medidas después de revisar nuevamente las condiciones de riesgo de los tres y concluir que no existían elementos suficientes para mantener los dispositivos.

La decisión puso nuevamente bajo la lupa la forma en que se asignan los esquemas de protección y, especialmente, los criterios utilizados para determinar quién necesita escoltas y vehículos oficiales.

¿Por qué tenían seguridad de la UNP?

El caso de Gabriela Muñoz había causado cuestionamientos desde que se conoció que recibió protección poco antes de finalizar el gobierno Petro. La joven fue señalada de tener presunta influencia en decisiones y nombramientos relacionados con la Aerocivil, mientras que ella sostuvo que el esquema obedecía a amenazas que había denunciado.

En cuanto a Juliana Guerrero, la joven ha estado en medio de investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con documentos académicos y por señalamientos sobre una posible participación en gestiones para contratos estatales. Guerrero ha negado las acusaciones.

El tercer caso es el de Beto Coral, activista y creador de contenido, quien recibió medidas de protección poco después de ser deportado desde Estados Unidos. El procedimiento despertó cuestionamientos porque, según la revisión posterior, el esquema habría sido asignado antes de completar las evaluaciones técnicas de riesgo establecidas por la UNP.

Qué va a pasar con la UNP

Con las nuevas evaluaciones, la entidad concluyó que ninguno de los tres cumplía actualmente con las condiciones necesarias para conservar la protección.

Así, además de retirar los esquemas, la decisión abre una discusión sobre cuánto dinero público se destina a este tipo de medidas y si los criterios utilizados para otorgarlas fueron aplicados correctamente.

(Ver también: Juliana Guerrero aclara qué pasó con sus escoltas y contradice versión sobre retiro del esquema)

El dato de los 40 millones de pesos mensuales permite dimensionar el impacto: mantener durante un año los tres dispositivos habría representado aproximadamente 480 millones de pesos para el Estado.

(Vea también: “Es más poderosa que yo”: la inesperada confesión que Benedetti habría hecho sobre Juliana Guerrero)

Bolívar aseguró que recientemente conversó con Benedetti y describió de esta manera su situación:

“Hablé con Benedetti hace poco. Lo vi muy destrozado, está como pagando las consecuencias de haberse metido en la orilla contraria. Siento que está muy afectado, le esperan años muy crueles porque sigue en la Lista Ofac, con muchas cosas embargadas y procesos. Hoy debe estar arrepentido de haberse metido al petrismo. Aunque él ha sido leal con Petro, yo he sido crítico de él; el precio que ha pagado es muy alto. Eso le jode la vida a cualquiera; está muy preocupado”.

La declaración cobra relevancia por la particular relación que Benedetti mantuvo con Petro durante los últimos años. Aunque el político había construido su carrera durante décadas en sectores tradicionales de la política colombiana, terminó convertido en uno de los hombres cercanos al proyecto petrista y ocupó cargos diplomáticos y de Gobierno.

Uno de los episodios más polémicos ocurrió en 2023, cuando se conocieron los explosivos audios que Benedetti le envió a Laura Sarabia. En esas grabaciones hizo afirmaciones sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro y aseguró, entre otras cosas, que había organizado votos en la Costa y conseguido importantes recursos para la campaña.

El escándalo puso contra las cuerdas al Gobierno y generó una crisis alrededor de Sarabia y Benedetti. Petro, sin embargo, salió públicamente a defender la contabilidad de su campaña y negó que se hubieran recibido dineros de personas relacionadas con el narcotráfico.

Pero la historia no terminó allí. En 2025, Petro volvió a darle espacio dentro de su círculo más cercano al nombrarlo jefe de despacho presidencial. La decisión provocó una fuerte crisis interna, especialmente porque la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dijo que no podía sentarse en el gabinete con Benedetti y puso su cargo a disposición del presidente.

Incluso la vicepresidenta Francia Márquez manifestó su desacuerdo con llevar al Gobierno a personas que, según ella, tenían responsabilidad en los problemas que enfrentaba la administración.

Petro, pese a las críticas, defendió la designación de Benedetti. El mandatario respondió a los cuestionamientos durante aquel Consejo de Ministros y sostuvo una postura favorable a su permanencia.

Después, Benedetti llegó incluso al Ministerio del Interior, desde donde tuvo un papel central en la relación del Gobierno con el Congreso y en la defensa de las iniciativas de Petro. Es decir, pese a las controversias que lo habían acompañado, el expresidente siguió confiando en él.

Ahora Bolívar sostiene que esa cercanía tuvo un costo enorme para Benedetti. Cuando Semana le preguntó por qué Petro parece manejar de otra manera su situación frente a las sanciones internacionales, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social respondió:

“Tal vez porque a Petro no le importa eso. No tiene ni un negocio. Ni un carro de perros calientes. Él va por la vida anticapitalista y no le importa, pero a un hombre como Armando Benedetti sí le tiene que importar. Es distinta la situación”.

(Vea también: Armando Benedetti rompió el silencio en plena transición de Gobierno: “Soy un cadáver político”)

La última aparición pública de Benedetti fue en el cierre del Gobierno Petro. En ese momento dijo que su intención era radicarse en Barranquilla e incluso pujar por la alcaldía de esa ciudad, una decisión que lo haría enfrentarse o volverse a acercar al grupo político Char, que durante los últimos años ha sido el que lograr ganar las elecciones con miembros de su familia o personas que tienen su respaldo completo.

De hecho, parece haber un pacto de silencio entre Benedetti y el presidente Abelardo de la Espriella. Ellos, que en el pasado fueron fotografiados juntos innumerables veces, nunca tuvieron una confrontación en campaña y a pesar de que el senador fue uno de los hombres más polémicos del gobierno Petro, nunca ha existido una palabra en su contra por parte del presidente.

Dichas conversaciones se desarrollaban con grupos armados organizados ilegales que continuaron delinquiendo en medio de los constantes esfuerzos del Ejecutivo anterior para encontrar una salida dialogada sin el uso directo de la fuerza.

En este sentido, las tres resoluciones firmadas por el Gobierno de Abelardo De La Espriella desmontan los espacios existentes con disidencias del Estado Mayor, Autodefensas Conquistadoras de Colombia y Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Específicamente, la resolución 343 firmada el pasado 28 de agosto le puso fin a la mesa que el gobierno del expresidente Gustavo Petro designó para el grupo armado organizado ilegal Estado Mayor Central.

Esta organización criminal actúa bajo el mando directo de Iván Mordisco, según detallan las autoridades competentes. La medida gubernamental abarca a facciones que se rearmaron tras el acuerdo firmado previamente.

El documento sobre la ‘paz total’ especifica que la negociación concluida estaba fijada con los bloques del Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Briceño y Frente Raúl Reyes, surgidos tras el rearme de varios exguerrilleros de las Farc.

En la norma administrativa, el Gobierno ordenó: “Terminar la Mesa de Diálogos de Paz entre los representantes autorizados del Gobierno nacional y los miembros representantes del grupo armado organizado al margen de la ley”.

El texto oficial añade textualmente respecto al autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes EMBF – FARC EP: “por ausencia de voluntad de paz”.

La postura estatal argumenta que en la mesa ocurrieron múltiples acontecimientos que permitieron al Gobierno de De la Espriella concluir que existió un reiterado incumplimiento a lo pactado en las jornadas.

Las autoridades determinaron que el proceso se debilitó progresivamente, impidiendo evidenciar una voluntad real de paz y una posterior reinserción efectiva a la vida civil por parte de los combatientes.

Asimismo, la resolución 349 de este año le puso fin al Espacio de Conversación Sociojurídico que venía adelantando el entonces presidente Petro con la estructura de alto impacto autodenominada Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella le pone fin a varias mesas de diálogos de la llamada ‘paz total’, justamente, por “ausencia de voluntad de paz” de dichas organizaciones criminales pic.twitter.com/NSRsNo9n24

— Yesid Lancheros (@YesidLancheros) August 29, 2026

Ese documento oficial contiene idéntica justificación que la medida previa, señalando que la iniciativa ha dejado: “Diversos acontecimientos que han debilitado las conversaciones y no ha sido posible evidenciar la voluntad real de paz”.

El argumento concluye indicando la falta evidente de voluntad para efectuar una auténtica propuesta de: “sometimiento a la justicia” por parte de los integrantes de la mencionada estructura armada.

Finalmente, el Gobierno De La Espriella expidió la resolución 346 para terminar la mesa de diálogos de paz con la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, facción nacida tras la división de la Segunda Marquetalia.

Esta agrupación disidente de las Farc surgió formalmente en noviembre de 2024 tras separarse de los Comandos de la Frontera y de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, según reportan registros de inteligencia.

Para el Gobierno actual, este espacio también presentó graves hechos que debilitaron la negociación, impidiendo confirmar el compromiso genuino de los criminales para desmovilizarse e integrarse a la sociedad civil colombiana.

La embajada estadounidense en Bogotá publicó desde su cuenta institucional en X (antes conocido como Twitter) las medidas por parte del Departamento de Estado como respaldo.

“Aportamos 48.000 dólares para apoyar la labor de la Gobernación de Tolima, Nariño y Valle del Cauca, bomberos de Yumbo y el municipio de Vijes en el Valle del Cauca”, indicó en el mensaje.

El aviso sirvió para aclarar que el dinero previsto no se entregará sino que hay un plan de acción para combatir esa incidencia en los departamentos en cuestión más afectados en este caso.

“Estos elementos de apoyo especializados incluyen: sopladoras, mochilas de extinción de incendios, motosierras, batefuegos, guadañadoras, machetes, rastrillos y palas”, sentenció el breve comunicado.

La emergencia por más de 20 incendios activos tiene a Tolima como uno de los de mayores sectores perjudicados, por lo que la atención de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) está dirigida para respaldar a la comunidad.

En Nariño se ubican cinco incendios, Cundinamarca y Valle del Cauca tienen dos cada uno, y Huila con uno solo. En Tolima, se reportan emergencias en municipios como Suárez, San Luis, Armero, Coello, Guamo, Ambalema, Ataco, Lérida, Rovira, Purificación y Carmen de Apicalá.

Los organismos de emergencia mantienen activos cuerpos de bomberos, Defensa Civil, Ejército y equipos especializados, en un problema que ha coincidido con la crisis humanitaria por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto de 2026.

El Gobierno colombiano ha estructurado un paquete de acciones preventivas y operativas para combatir las conflagraciones forestales en el territorio nacional. La estrategia prioriza la protección del medio ambiente y de las comunidades vulnerables.

Mediante la expedición del Decreto de Desastre Nacional, las autoridades habilitaron la apropiación expedita de recursos económicos. Esta herramienta jurídica agiliza la contratación de helicópteros, la compra de combustible y la movilización de insumos.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres encabeza la coordinación del Sistema Nacional. Sus brigadas monitorean permanentemente los puntos de calor utilizando plataformas satelitales conectadas con los cuerpos de bomberos locales.

En la vertiente operativa se fortaleció la capacidad de respuesta de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional. Ambas instituciones mantienen desplegadas aeronaves equipadas con sistemas de descarga de agua sobre focos activos.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente activó protocolos orientados a la vigilancia de ecosistemas estratégicos. La entidad restringió el acceso a parques nacionales naturales en alerta roja y prohibió las quemas abiertas agrícolas.

Adicionalmente, se promueve la creación de brigadas comunitarias en zonas rurales vulnerables. El Ministerio de Agricultura implementó incentivos para apoyar a pequeños productores agrícolas afectados por la prolongada temporada seca.

Asimismo, las corporaciones autónomas regionales aplican sanciones administrativas estrictas contra provocadores de fuego. La Fiscalía General de la Nación mantiene unidades especializadas para investigar e judicializar la quema intencional de bosques.

Las alertas meteorológicas emitidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales orientan las decisiones. El trabajo interinstitucional permanente procura mitigar el impacto ambiental en las zonas selváticas y montañosas.

La organización indicó en un comunicado que la admisibilidad sanitaria que daría acceso al mercado estadounidense no puede seguir patinando entre trámites y estudios mientras otros países ocupan el espacio que hoy se abre con la autorización del presidente Donald Trump, de importar 300.000 toneladas de carne de res en los próximos 90 días.

De ahí, resaltó el llamado de José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), en su columna de opinión semanal titulada ‘Es ahora o nunca’. “Colombia no puede perder esta oportunidad”, indican en el arranque del texto.

El alto ejecutivo afirmó que después de 14 años del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, nunca las circunstancias habían coincidido de manera tan favorable: EEUU necesita carne, Colombia puede producirla y estamos negociando con ellos. “Es ahora… o nunca”, insistió.

En su escrito, considera urgente diseñar una hoja de ruta para avanzar en esa necesidad con gran celeridad. “No pretendemos preferencias ni desconocer exigencias sanitarias, solo que reconozcan el acceso a los subproductos cárnicos originarios de Colombia”, aseguró.

El directivo de Fedegán invitó a los ministerios de Comercio y Agricultura, así como a la Cancillería, ICA e INVIMA a trabajar de la mano con el gremio ganadero para evaluar los pendientes relacionados con la admisibilidad sanitaria de la carne al país del norte.

Para Lafaurie existe una gran oportunidad de mercado. Estados Unidos, uno de los grandes consumidores de carne bovina, atraviesa una escasez de ganado sin precedentes en su historia reciente, con un inventario que cayó a 86,2 millones de cabezas, el nivel más bajo en 75 años.

Este factor de mercado disparó los precios de la carne y de su expresión más popular: la hamburguesa, el ‘lunch’ de la inmensa clase media de ese país.
Ante esta circunstancia, el olfato político de Trump -con los precios de la carne subiendo y las elecciones de noviembre a la vista- lo llevó a autorizar la importación adicional de 300.000 toneladas de carne bovina en 90 días.

No parece una necesidad pasajera, pues Estados Unidos puede recomponer rápidamente su economía ganadera, pero el crecimiento de la población mundial viene provocando una escasez permanente que podría extender las importaciones adicionales más allá de los 90 días.

Fedegán indica que Estados Unidos necesita carne y Colombia tiene cómo suministrarla:

• Representa una oportunidad comercial sin antecedentes para la ganadería colombiana.
• El país tiene una población de 30 millones de bovinos y, con ella, un gran componente de razas cebuinas alimentadas a pasto.
• El mercado estadounidense demanda carne magra para mezclar con sus cortes grasos y abastecer su gigantesco mercado de carne molida.
• Es una necesidad que no es de poca monta en un país que consume entre 150 y 156 hamburguesas/habitante/año, es decir, algo más de 50.000 millones de este producto alimenticio.

El dirigente gremial considera que el tema trasciende el de las exportaciones y se constituye en un factor impulsor de la economía ganadera y sus implicaciones sociales. Al lograr la admisibilidad al mercado estadounidense se causaría una demanda sostenida de carne y enviaría una señal económica a toda la cadena productiva hasta llegar al pequeño criador del Caribe y el trópico bajo.

“Miles de productores que sobreviven ordeñando vacas de cuatro o cinco litros y destetando terneros de apenas 160 kilos, podrían producir a toda leche terneros de 200 kilos o más peso en menos tiempo y, esto, sería un mejor negocio”, añadió.

Lafaurie Rivera considera urgente también protocolizar de manera prioritaria un esquema de trazabilidad regionalizada. “Todos los instrumentos planteados así como el respectivo análisis se deben presentar en el marco de la negociación que se adelanta el gobierno nacional sobre la admisibilidad de la carne de res en Washington”, finalizó.

Esta inquietud puso el foco en el vínculo entre las tres. El asunto llamó la atención de los internautas que siguen las publicaciones de la empresaria en sus plataformas digitales.

La hija mayor del exmandatario respondió una interrogante puntual aclarando cómo era ese contacto. La empresaria especificó que existía un distanciamiento evidente que aumentó paulatinamente con el paso del tiempo.

“Obviamente la gente nota y ve muchas cosas. Uno no puede camuflar realidades. La Presidencia ayudó a fracturar a la familia internamente. Es un tema que yo lo he hablado muchísimo”, confesó.

Explicó que la dinámica actual entre los parientes influye directamente en la comunicación diaria. La brecha generacional y la ubicación geográfica también han marcado diferencias notorias en el entorno cotidiano.

“Entre nosotros como hermanos no hay esa comunicación muy fluida, como otras personas suelen tenerla. Hay una diferencia de edad muy grande, hay distancias geográficas muy lejanas entre nosotros, y todos venimos de mamás diferentes también”, aseguró.

Sin embargo, aclaró que Antonella y Sofía permanecían junto a Verónica Alcocer, con quien Andrea Petro no es cercana. Por su parte, la hija del exmandatario prefería compartir más momentos acompañando a Mary Luz Herrán, su progenitora.

“Llegan unos momentos en los que uno se acerca más a unos núcleos familiares y se aleja de otros en general. Pero yo, últimamente, he estado mucho con mi mamá, y ellas han estado mucho con su mamá”, puntualizó.

Lo cierto es que la conclusión fue contundente acerca de la delicada realidad que se vive luego del paso del líder del Pacto Histórico por la presidencia durante estos cuatro años de periodo.

“Pero sí hay una fractura interna en la familia, que para mí es evidente. La gente se ha dado cuenta, pero es un tema que no lo he escondido”, sentenció en sus redes sociales.

¿Quién es Andrea Petro?

Andrea Petro Herrán destaca como una economista y empresaria colombiana nacida en Bogotá el 29 de marzo de 1991. Su madre es Mary Luz Herrán.

A través de un video, el menor explicó que utiliza oxígeno permanentemente y que ya ha sido sometido a tres cirugías de corazón abierto. Según contó, tiene solamente medio corazón y requiere nuevos procedimientos para determinar si puede avanzar en el proceso de trasplante.

“Hola, señor presidente, hablando desde Las Breñas. Yo me llamo Lucas Francesco Muello García, tengo 7 años”, comenzó diciendo el pequeño.

Lucas aseguró que su mamá lleva cerca de un año intentando conseguir las autorizaciones necesarias ante la Nueva EPS para que le practiquen los exámenes y un cateterismo en una clínica de cuarto nivel.

(Vea también: Quién estará a cargo de la Nueva EPS en el Gobierno de De la Espriella, entidad al borde del colapso)

El objetivo, explicó, es que pueda ser valorado y eventualmente ingresar a una lista de espera para un trasplante de corazón.

“Dios siempre me ha ayudado y ahora quiero que ustedes me ayuden. Yo no quiero morir”, fue una de las frases que más llamó la atención en su mensaje.

El niño también habló de su vida escolar y manifestó que quiere seguir aprendiendo: “Soy muy inteligente en el colegio, me va bien en el colegio. Quiero seguir aprendiendo”.

Finalmente, advirtió sobre la urgencia de su situación: “Pero si no me hacen este trasplante pronto, me puedo morir”.

He dado una instrucción inmediata a la ministra de Salud, Ana María Vesga: ponerse personalmente al frente del caso de Lucas Francesco Murillo García, el niño de 7 años de Cúcuta que necesita atención médica urgente.

No podemos permitir que un niño tenga que decir “yo no me… pic.twitter.com/tsehjP7IEk

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 29, 2026

El mensaje llegó hasta el presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que dio una instrucción inmediata a la ministra de Salud, Ana María Vesga, para que se ponga al frente del caso.

“He dado una instrucción inmediata a la ministra de Salud, Ana María Vesga: ponerse personalmente al frente del caso de Lucas Francesco Murillo García, el niño de 7 años de Cúcuta que necesita atención médica urgente”, escribió.

El mandatario también cuestionó que un menor tenga que hacer públicamente una petición de este tipo para recibir atención.

“No podemos permitir que un niño tenga que decir ‘yo no me quiero morir’ para que el sistema responda”, señaló.

El presidente pidió a la ministra ubicar a la familia, revisar la situación con la Nueva EPS y garantizar que Lucas reciba los exámenes, tratamientos y atención especializada que necesite.

“Estaré pendiente de este caso”, concluyó.

El usuario identificado como Robert Eaton en su cuenta de Instagram, que tiene más de 10.000 seguidores en ese espacio, afirmó que un marino neerlandés perdió 25.000 dólares luego de un encuentro por la aplicación Bumble con una mujer colombiana.

“Esto sucedió en julio en Cartagena. Un marinero holandés hizo ‘match’ con ‘María José’, tuvo una primera cita perfecta y, tras la segunda cita, despertó sin su teléfono, sin su tarjeta bancaria y sin 0,38 BTC. La identificación que ella usó era falsa. El informe toxicológico está pendiente, pero él ni siquiera llegó a terminar la segunda ronda de bebidas”, indicó.

El hombre explicó el supuesto robo y engaño, al mostrar el rostro de la joven y dar detalles acerca del modo de operación en un caso que ha sido expuesto en el territorio colombiano.

“Esto no es algo raro. Es toda una industria. Y que la primera cita sea perfecta no es la excepción a la estafa: es la estafa en sí misma. La confianza es el producto; la segunda cita es el momento de la cosecha”, aseveró.

Incluso, Eaton ofreció una lista con un protocolo para otros extranjeros que tengan citas a través de aplicaciones en Colombia, con recomendaciones muy específicas:

• Las primeras 3 citas = lugares públicos. Sin excepciones.
• Tu bebida nunca sale de tu mano. Jamás.
•  Videollamada antes de conocerse. Fotos recicladas = señal inequívoca de engaño.
• Ubicación en tiempo real compartida con un amigo en cada cita.
• Criptomonedas, aplicaciones de autenticación y gestores de contraseñas: en un dispositivo que se quede en casa. El teléfono que llevas en el bolsillo no debería tener valor alguno para un ladrón.

 

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Precisamente, al hacer énfasis en este caso, el hombre puso un dinero a disposición para dar con el paradero de la joven, sobre la que dio detalles específicos y varias fotos.

“Recompensa: ofrezco 1.000 dólares por información que conduzca a una detención. Mujer, veintitantos años, cabello largo y oscuro con flequillo, tatuaje de un ángel en el hombro derecho y tatuaje de un diablo en el hombro izquierdo. Activa en aplicaciones de citas en Cartagena”, indicó.

El remate de su mensaje planteó algunos puntos para que las personas que se sumen en esta búsqueda, debido al caso de la presunta estafa en la que también están avisadas las autoridades del país.

“No te acerques ni confrontes a nadie. Envía información por mensaje directo (DM) a esta cuenta; todo se entrega directamente a la Fiscalía. Colombia no es el problema; el exceso de confianza sí lo es. Ten citas con inteligencia, protege lo esencial y no dejes que una primera cita perfecta te nuble el juicio”, concluyó.

¿Qué hacer si es víctima de una estafa tras un encuentro por aplicación de citas?

Ser víctima de estafa o hurto tras una cita pactada por aplicaciones requiere actuar con inmediatez para resguardar la salud, proteger los activos financieros e iniciar las acciones legales correspondientes.

Las autoridades y los expertos en ciberseguridad sugieren ejecutar un protocolo sistemático de respuesta para minimizar los daños y facilitar la investigación del delito por parte de los organismos de control:

• Acudir de inmediato a un centro médico para realizar exámenes toxicológicos y recibir valoración si sospecha el uso de sustancias químicas o escopolamina durante el encuentro.
• Comunicarse con las entidades bancarias para bloquear inmediatamente tarjetas de crédito, débito, claves de banca móvil y plataformas digitales de pago afectadas por los delincuentes.
• Cambiar las contraseñas de correos electrónicos, redes sociales y cuentas personales para evitar la suplantación de identidad o el acceso a datos confidenciales en dispositivos sustraídos.
• Recopilar evidencias digitales como capturas de pantalla del perfil en la aplicación, conversaciones del chat, números telefónicos, nombres utilizados y recibos de transacciones sospechosas hechas.
• Interponer la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional utilizando el sistema virtual A Denunciar o acudiendo a las sedes de las Unidades de Reacción Inmediata.
• Reportar el perfil fraudulento directamente dentro de la plataforma de citas utilizada para suspender la cuenta del agresor y alertar a la comunidad de usuarios.
• Preservar la calma, evitar el contacto posterior con los involucrados y formalizar el reporte institucional permite a los investigadores identificar bandas dedicadas al hurto mediante encuentros virtuales.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) publicó desde su cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter) sobre el temblor de magnitud 3.9 y profundidad de 40 kilómetros en Medio San Juan (Andagoya), en el departamento de Chocó.

El registro del movimiento telúrico fue en la mañana, a las 5:50 a. m., con lo que la reacción de ciudadanos a través de la mencionada red social permitió conocer lugares con reportes.

Usuarios indicaron que en ciudades como Cali y Palmira se sintió el evento telúrico, mientras que en Bogotá hubo quien aseguró que el celular emitió la alerta por el sismo aunque no fue muy significativo.

“En Cali, eso fue lo que me levantó”, advirtió una persona que respondió a la pregunta por parte de las autoridades para saber los puntos en donde se registraron alguna clase de situaciones.

Lo cierto es que, a pesar del susto generalizado que hay después del terremoto del pasado lunes 10 de agosto de 2026 a nivel nacional, no se registró ninguna clase de heridos, muertos o daños materiales hasta el momento.

Cabe recordar que las redes sociales del Servicio Geológico Colombiano funcionan como mecanismo para informar acerca de las incidencias por los eventos telúricos a nivel nacional.

Actualmente, los departamentos de Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío se recuperan luego de la tragedia de varias semanas atrás, que dejó miles de damnificados y millonarias pérdidas materiales.

La prevención es determinante para evitar, aparte de las consecuencias mencionadas, muertes o heridas de gravedad debido al impacto que tengan este tipo de situaciones.

Precisamente, por eso es clave tener en cuenta las recomendaciones para los momentos en los que haya temblores en Colombia, con el fin de tener menores riesgos.

¿Qué hacer ante un temblor en Colombia?

Saber cómo reaccionar durante un sismo en Colombia resulta fundamental para salvaguardar la vida, reducir el riesgo de lesiones y actuar con serenidad frente a emergencias telúricas.

Las autoridades de gestión del riesgo y organismos de socorro recomiendan mantener la calma y ejecutar medidas preventivas inmediatas según la infraestructura donde se encuentre la persona.

Los expertos sugieren seguir las siguientes recomendaciones de seguridad antes, durante y después de un movimiento telúrico en cualquier región del territorio colombiano:

• Buscar refugio de inmediato bajo una mesa resistente o proteger la cabeza con los brazos al costado de una estructura firme si no hay muebles cercanos.
• Alejarse de ventanas, espejos, fachadas de vidrio, estanterías pesadas y objetos colgantes que puedan desprenderse por la vibración del suelo.
• Evitar el uso de ascensores durante la sacudida y no evacuar a través de las escaleras mientras el movimiento telúrico permanezca activo.
• Cortar los suministros de gas, agua y energía eléctrica al finalizar el sismo para prevenir explosiones, incendios o cortocircuitos en la edificación.
• Evacuar de forma ordenada hacia el punto de encuentro previamente establecido utilizando las rutas de emergencia señalizadas en el inmueble.
• Permanecer atento a las réplicas sísmicas secundarias y consultar únicamente los canales institucionales oficiales para recibir instrucciones claras.
• Si el temblor ocurre mientras conduce un vehículo, reducir gradualmente la velocidad y detenerse en un lugar seguro lejos de puentes, postes de luz o cables eléctricos.
• En zonas costeras del Pacífico o el Caribe, si el sismo es muy fuerte y dificulta mantenerse en pie, evacuar inmediatamente hacia zonas altas para prevenir riesgos por tsunamis.
• Tener listo un botiquín de primeros auxilios y una mochila de emergencia con linterna, silbato, agua y alimentos no perecederos facilita la supervivencia en contingencias mayores.

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La información será presentada ante el FBI durante una reunión en Florida. Según informó Semana, la documentación apunta a una hipótesis sobre el supuesto movimiento de recursos públicos hacia el exterior mediante operaciones que habrían involucrado a empresas y cuentas en Panamá y Estados Unidos.

Esos señalamientos hacen parte de investigaciones que también avanzan en Colombia y no constituyen, por ahora, una condena contra las personas mencionadas.

Gutiérrez busca que se rastree el eventual movimiento internacional de los recursos y que, si las autoridades encuentran delitos con jurisdicción en Estados Unidos, se estudien las acciones judiciales correspondientes.

¿Qué investiga la Fiscalía sobre el entorno de Daniel Quintero?

La Fiscalía adelanta procesos relacionados con presuntas irregularidades durante el periodo de gobierno de Quintero. Uno de los expedientes mencionados por la revista involucra a Miguel Quintero, hermano del exalcalde, por hechos relacionados con contratación pública en entidades como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Metroparques y la Empresa de Desarrollo Urbano.

De acuerdo con la información publicada, la Fiscalía tiene previsto imputarle a Miguel Quintero los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El citado medio señala que, según la legislación aplicable, las penas máximas para esos delitos pueden alcanzar cinco y 22 años de prisión, respectivamente.

La investigación también menciona a otros empresarios y personas cercanas al anterior gobierno de Medellín. Estos señalamientos hacen parte de las hipótesis que las autoridades deberán probar dentro de los respectivos procesos judiciales.

¿Cómo habría salido el dinero de Medellín hacia el exterior?

Uno de los elementos que busca establecer la Alcaldía es la posible ruta que habrían seguido recursos presuntamente obtenidos mediante hechos de corrupción. La hipótesis presentada por Gutiérrez apunta a que el dinero habría salido de Colombia, pasado por Panamá y terminado en Estados Unidos.

El alcalde ya había señalado que las autoridades tenían información sobre presuntos socios y testaferros residentes en Miami, además de sociedades que podrían haber servido para mover o darle apariencia de legalidad a recursos de origen cuestionado.

La documentación que será presentada al FBI incluiría estados financieros, transacciones bancarias, testimonios y datos de empresas que, según la investigación citada por Semana, podrían estar relacionadas con el supuesto entramado.

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Henríquez  reaccionó en la madrugada de este sábado a una publicación del 27 de agosto que daba cuenta de varios movimientos sísmicos en Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador y Perú, algunos de ellos con magnitudes de 4 o superiores.

“Qué temblader. Hay que estar q.a.p. ante cualquier terremoto de más intensidad que puede ser posible”, escribió el meteorólogo, en respuesta a una publicación que recopilaba varios sismos ocurridos recientemente en países de la región.

La advertencia aparece en un momento en el que los movimientos telúricos han sido registrados de manera consecutiva en diferentes territorios, aunque la coincidencia temporal de estos eventos no permite establecer por sí misma que estén relacionados ni anticipar la ocurrencia de un terremoto.

¿Puede saberse cuándo ocurrirá un terremoto?

La sucesión de sismos no permite establecer que un terremoto de mayor magnitud vaya a ocurrir. La actividad sísmica debe analizarse según las características de cada evento, como su magnitud, profundidad, ubicación y mecanismo de origen.

Por ello, el mensaje de Henríquez debe entenderse como un llamado a la preparación y no como una predicción de que un terremoto esté próximo. Una publicación en redes sociales tampoco permite determinar cuándo, dónde o con qué magnitud ocurrirá un evento de estas características.

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Montilla publicó un video acompañado de un mensaje en el que recordó algunos de los momentos que vivió junto a su hijo y expresó el profundo dolor que le deja su partida. La publicación rápidamente recibió mensajes de apoyo por parte de quienes siguen su contenido.

“Me vas a doler toda la vida, mi bebé chiquito. Cada sonrisa tuya, cada mirada, cada pequeño logro quedó guardado para siempre en mi corazón. Fuiste mi alegría más grande, mi abrazo favorito y el amor más puro que he conocido”, indicó.

 

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¿Qué se sabe sobre la muerte del bebé de Daniela Montilla?

Hasta el momento, no se conocen públicamente las causas del fallecimiento de Matilú. Daniela Montilla confirmó la muerte de su bebé, pero no entregó detalles sobre las circunstancias que provocaron su partida.

La influenciadora concentró su publicación en despedirse de su hijo y recordar los momentos que compartieron, sin referirse a una causa médica.

La noticia fue recibida con mensajes de solidaridad de sus seguidores, quienes expresaron su apoyo ante el difícil momento que atraviesa la creadora de contenido.

 

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(Vea también: Revelan las regiones de Colombia donde un terremoto tendría menor impacto; solo hay dos)

Según la entidad, el evento ocurrió a la 1:23 a. m., tuvo una magnitud de 2,4 y presentó una profundidad superficial. El epicentro fue ubicado a 3 kilómetros de Aldana, Nariño.

El movimiento hace parte de la actividad sísmica que es monitoreada de manera permanente por el SGC en esta zona del departamento, donde también se realiza vigilancia sobre el comportamiento del volcán Cumbal.

Debido a la baja magnitud del movimiento, no se conocen daños ni afectaciones en la zona. Tampoco hay reportes de personas lesionadas como consecuencia del sismo registrado durante la madrugada.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-29, 01:23 hora local Magnitud 2.4. Profundidad superficial, Área de Influencia del Volcán Cumbal ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/5Dxjnlv6Nv

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 29, 2026

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano dispone de Sismo Sentido, una herramienta en la que los ciudadanos pueden indicar dónde percibieron un movimiento y qué efectos observaron. Esa información ayuda al SGC a estimar cómo se sintió el sismo en diferentes lugares.

La plataforma permite reportar aspectos como la percepción del movimiento, efectos en puertas y ventanas, desplazamiento de objetos o posibles daños.

Además, el SGC aclara que estos reportes tienen fines de investigación y sirven para complementar la información obtenida mediante la Red Sismológica Nacional.

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Esa situación ocurre en medio de la vulnerabilidad que enfrenta buena parte de la población del municipio luego del terremoto de magnitud 7.4 que se registró con epicentro en San José del Palmar (Chocó) el pasado 10 de agosto. Habitantes de diferentes sectores piden una respuesta urgente de las autoridades ante las condiciones que enfrentan.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el alcance de las inundaciones, vehículos entre el agua y pobladores angustiados por la emergencia.

Quibdó inundado… 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/T2aMeSeNDX

— Yasuke (@miltonmoskera) August 29, 2026

La UNGRD mantiene para Quibdó un pronóstico de amenaza alta por deslizamientos de tierra, emitido con base en el monitoreo de las condiciones meteorológicas y la susceptibilidad del terreno. La alerta fue reportada por el IDEAM.

Y, para colmo de todos los males, Quibdó está inundado. ¡Ojo al Chocó! pic.twitter.com/0eBOoTqJQb

— Adri💚💜 (@adri_ojbv) August 29, 2026

Habitantes piden ayuda y evacuaciones por lluvias en Quibdó (Chocó)

Medios digitales como Poder Informativo aseguran que los pobladores hicieron un llamado a las autoridades locales, departamentales y nacionales para que envíen socorristas y asistencia a las comunidades.

Entre las solicitudes están la entrega de kits de ayuda humanitaria y la disponibilidad de botes para apoyar las labores de rescate, de acuerdo con el citado medio. También piden evaluar la evacuación de las personas que permanecen en los sectores con mayor riesgo.

𝗤𝗨𝗜𝗕𝗗𝗢́, 𝗕𝗔𝗝𝗢 𝗘𝗟 𝗔𝗚𝗨𝗔: 𝗨𝗡 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗢 𝗚𝗢𝗟𝗣𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗖𝗛𝗢𝗖𝗢́https://t.co/EWKe7t5Qtd pic.twitter.com/AKzrmhyZls

— El Pacifico (@Elpacificop) August 29, 2026

Max Henríquez ya había advertido sobre inundaciones en Chocó

La situación también vuelve a poner sobre la mesa las advertencias hechas por el meteorólogo Max Henríquez, quien había llamado la atención sobre las condiciones climáticas que podían afectar a la región.

Mientras continúa la emergencia, los habitantes esperan que las autoridades activen los mecanismos de respuesta y atención necesarios para las comunidades afectadas por las inundaciones.

Mucha lluvia en el Chocó. Pueden registrarse crecientes y desbordamientos de ríos. A estar atentos pic.twitter.com/d5WAgSqRLQ

— Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) August 28, 2026

(Vea también: Quién es el empresario al que iban a matar y confundieron con Gustavo Aponte)

La Unidad Investigativa de El Tiempo estableció que uno de los hombres asesinados días después del empresario habría participado en el plan original y que su muerte estaría relacionada con la decisión de los autores intelectuales de eliminar a los integrantes de la banda, luego de descubrir que habían atacado a la persona equivocada.

¿Qué pasó con uno de los sicarios que participó en el crimen?

El 13 de febrero, dos días después del asesinato de Aponte, fue encontrado el cuerpo de Andrés Molano Rincón dentro de un Chevrolet Spark gris, en una zona rural de Tibirita, Cundinamarca.

El joven presentaba múltiples heridas con arma blanca y, en un primer momento, el caso fue relacionado con una posible riña. Sin embargo, la investigación estableció una conexión entre ese vehículo y el homicidio del empresario arrocero ocurrido en Bogotá.

De acuerdo con el citado medio, Molano habría hecho parte del grupo de sicarios contratado para ejecutar un asesinato que tenía como verdadero objetivo a otro empresario.

¿Por qué ordenaron acabar con la banda de sicarios?

El plan criminal habría tenido un giro inesperado cuando quienes ordenaron el homicidio descubrieron que Gustavo Aponte no era la persona que buscaban.

El empresario arrocero habría sido confundido con un reconocido empresario del sector del oro, quien tenía una característica que habría facilitado el error: ambos frecuentaban el mismo gimnasio en Bogotá.

Ante lo ocurrido, los autores intelectuales habrían tomado una nueva decisión para acabar con los integrantes de la banda conocida como ‘Los gladiadores’, quienes habían sido contratados para ejecutar el crimen y ya habían recibido parte del dinero acordado. Molano habría sido la primera víctima de esa nueva operación, según el rotativo.

Celular de otro sicario terminó en manos de la Fiscalía

La estrategia para borrar rastros habría enfrentado un problema. Según el rotativo, Molano tenía en su vivienda el celular de otro integrante de la organización criminal.

El dispositivo contenía información que podía llevar a otros participantes de la operación. Finalmente, ese teléfono llegó a manos de la Fiscalía y se convirtió en una pieza relevante para avanzar en la investigación.

El hallazgo abrió una nueva línea para los investigadores, pues la información almacenada en el equipo permitiría establecer conexiones entre los integrantes de la banda y reconstruir parte del plan que terminó con el asesinato de Aponte.

El caso continúa bajo investigación para determinar quiénes estuvieron detrás de la orden inicial, identificar a todos los participantes y establecer las circunstancias que llevaron a que el empresario arrocero fuera asesinado por equivocación.

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El temblor ocurrió a las 11:30 p. m., tuvo una magnitud de 3,6 y se presentó a una profundidad de 44 kilómetros. El municipio de Istmina fue identificado como la zona de referencia del sismo.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-28, 23:30 hora local Magnitud 3.6. Profundidad 44 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/l2S5Hjwg87

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 29, 2026

¿Dónde se sintió el temblor en la noche de este viernes 28 de agosto de 2026?

Los primeros reportes ciudadanos indican que el movimiento fue percibido con mayor presencia en Cali y otros puntos del Valle del Cauca. Usuarios señalaron que la sacudida fue breve, aunque en algunos sectores se sintió con claridad.

También hubo reportes desde Armenia, Mosquera, Medellín y Bogotá, donde ciudadanos describieron el sismo como leve y de pocos segundos de duración. “Se sintió en la cumbre valle, corto, pero da susto”, escribió una usuaria en la publicación de X del SGC.

En Cali, algunos habitantes mencionaron vibraciones y hasta el sonido de ventanas, mientras que en El Cairo, Valle del Cauca, un usuario aseguró que el movimiento se sintió con mayor fuerza.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

El SGC dispone de la plataforma Sismo Sentido, mediante la cual las personas pueden informar si percibieron un movimiento desde el lugar donde se encontraban.

Estos reportes ayudan a las autoridades y especialistas a conocer cómo fue percibido el sismo por la población y en qué zonas pudo sentirse con mayor intensidad.

Quienes hayan sentido este temblor pueden ingresar a la plataforma Sismo Sentido y completar el reporte correspondiente.

Por el momento, el boletín corresponde a la actualización del evento registrado a las 11:30 p. m. y tiene como principales datos una magnitud de 3,6 y una profundidad de 44 kilómetros, con referencia en Istmina, Chocó.

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Uno de los asuntos que abordó Bolívar durante su conversación con el programa radial fue el lugar donde está viviendo actualmente Petro. El exsenador explicó que el expresidente se encuentra temporalmente en la vivienda del exdirector de Prosperidad Social, luego de que él mismo le ofreciera ese espacio.

Bolívar señaló en el programa de La FM que la situación no obedece a que Petro necesite depender de él, sino a que actualmente requiere un lugar para vivir y cuenta con el apoyo de sus amigos.

“No, él no necesita estar en mi casa, sino que necesita una casa, y pues los amigos están para ayudar a los otros amigos. Entonces yo le dije: ‘Bueno, ahí tiene la mía’ y se fue a la casa”, manifestó Bolívar en la emisora.

La conversación también giró alrededor de la situación económica del exjefe de Estado. De acuerdo con lo expresado por Bolívar en la emisora, Petro no es una persona adinerada y tampoco cuenta con un amplio patrimonio o numerosas propiedades.

“Es que Gustavo Petro es un hombre pobre. Gustavo Petro es un hombre sin dinero, digamos. No pobre, sino un hombre que no es adinerado, no tiene propiedades… No tiene sino una sola propiedad que obviamente la debe, me imagino que compartir o no sé si dejársela a la familia después del divorcio“, agregó Bolívar en La FM.

¿Qué está haciendo Gustavo Petro actualmente? Bolívar detalló proyecto

Mientras tanto, el expresidente estaría concentrado en un nuevo proyecto editorial. Bolívar contó a ‘Tarde, pero llego’ que Petro está escribiendo un libro que, según dijo, podría ser presentado próximamente en México.

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El exsenador también destacó una característica que, según él, ha acompañado durante años al exmandatario: su hábito permanente de leer. En diálogo con la radio, afirmó que Petro suele llevar libros consigo y que la lectura y la escritura ocupan un lugar importante en su rutina.

Después de cuatro años al frente del Gobierno, el cambio de ritmo habría sido significativo. Bolívar explicó que Petro busca ahora tener una agenda mucho menos exigente para contar con tiempo de descanso y avanzar en su libro.

Sin embargo, el alejamiento de la Casa de Nariño no significa una desconexión completa de la actualidad colombiana. El dirigente político continúa atento a lo que ocurre en el país y, según relató Bolívar en el programa de La FM, sus planes iniciales sobre vivir fuera de Colombia parecen haber cambiado.

El exmandatario habría contemplado la posibilidad de establecerse en otro país, pero su interés por la coyuntura nacional continúa siendo importante. Petro sigue siendo una figura central dentro del Pacto Histórico y su posición frente a la política colombiana mantiene expectativa sobre los pasos que dará en los próximos meses.

Bolívar aseguró que ha notado al expresidente nuevamente involucrado en los debates del país. Así, mientras combina el descanso con la escritura de su libro, Petro parece mantener abierta la puerta a seguir participando en la discusión política nacional desde su nuevo papel fuera de la Presidencia.

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Según informó Noticias RCN, el director del CTI de la Fiscalía, el general (r) José Luis Ramírez, entregó detalles sobre los controles adelantados recientemente y dio a conocer cuánto pagan algunos criminales para introducir celulares a los centros de reclusión.

El funcionario explicó que las investigaciones adelantadas en establecimientos penitenciarios de Barranquilla, Valledupar y Boyacá permitieron detectar elementos que serían utilizados por estructuras criminales para mantener comunicación con el exterior.

¿Cuánto pagan los criminales por ingresar un celular a una cárcel?

De acuerdo con el director del CTI, los cabecillas de organizaciones criminales pueden pagar entre $15 millones y $20 millones para conseguir que un celular ingrese de manera irregular a una cárcel.

Ramírez señaló que el elevado valor que puede alcanzar uno de estos dispositivos dentro de un centro penitenciario evidencia el nivel de corrupción interna que enfrentan las autoridades y los incentivos económicos que existirían para permitir el ingreso de elementos prohibidos.

El funcionario también explicó que esta situación plantea cuestionamientos sobre los mecanismos de custodia y control dentro de los establecimientos penitenciarios.

¿Para qué usan los celulares desde las cárceles?

Según el director del CTI, los teléfonos encontrados en los operativos pueden estar relacionados con la coordinación de extorsiones, homicidios, secuestros y otros delitos desde el interior de los centros penitenciarios.

La información conocida por las autoridades apunta a que algunas estructuras criminales mantienen operaciones pese a que sus integrantes se encuentran privados de la libertad. En estos casos, los dispositivos de comunicación se convierten en una herramienta para mantener contacto con personas que permanecen en el exterior.

Ramírez hizo un llamado a las víctimas de extorsión para que denuncien este tipo de hechos a través de la línea 165 de la Policía Nacional, con el propósito de que las autoridades puedan establecer, entre otros aspectos, si las llamadas tienen origen en un centro penitenciario.

Operativos encontraron celulares y elementos relacionados con ‘Los Costeños’

Durante los procedimientos adelantados por el CTI fueron encontrados más de 20 celulares, además de libretas, cargadores y otros elementos que estarían relacionados con la estructura criminal conocida como ‘Los Costeños’, señalada de múltiples casos de extorsión en el Atlántico.

En el establecimiento penitenciario de Cómbita, Boyacá, las autoridades también notificaron tres órdenes de captura relacionadas con investigaciones por secuestro.

Uno de los puntos de interés para los investigadores está en la información almacenada en los dispositivos incautados. Según Ramírez, los datos obtenidos mediante los procedimientos autorizados por la Policía Judicial pueden servir para fortalecer los procesos y aportar nuevas pruebas contra los responsables.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para establecer el alcance de las actividades coordinadas desde los establecimientos penitenciarios y determinar las responsabilidades correspondientes.

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El crimen ocurrió cerca de un conjunto residencial del sector, donde la víctima había detenido su automóvil mientras esperaba una bebida que había pedido en un establecimiento cercano. De acuerdo con la información conocida por El Heraldo, Serrano Osorio se encontraba en un Chevrolet Onix blanco cuando fue sorprendido por los atacantes.

La versión recopilada por las autoridades indica que dos hombres se movilizaban en una motocicleta negra y se aproximaron al carro. Uno de ellos, quien iba como parrillero, habría sacado un arma de fuego y disparado en repetidas oportunidades contra el comerciante.

Según el periódico barranquillero, fueron cuatro los impactos que recibió Serrano Osorio durante el ataque. Habitantes de la zona reaccionaron al escuchar los disparos y auxiliaron al hombre, llevándolo en su propio vehículo hasta el Paso El Pueblito.

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Sin embargo, los esfuerzos por salvarle la vida no fueron suficientes. El comerciante falleció debido a la gravedad de las heridas, según la información divulgada por el diario.

El asesinato es materia de investigación y las autoridades buscan establecer quiénes estuvieron detrás del ataque y cuáles fueron las razones que llevaron al homicidio. Una de las hipótesis que ha cobrado fuerza está relacionada con un posible problema surgido en el ámbito comercial de la víctima.

El Heraldo señaló que un allegado de Serrano Osorio habló sobre presuntas diferencias con un antiguo socio. El conflicto estaría relacionado, al parecer, con la división de un establecimiento dedicado a la venta de carnes.

Por ahora, esa información forma parte de las líneas que analizan los investigadores y no ha sido confirmada oficialmente como el motivo del crimen. Las autoridades deberán establecer si esas diferencias tuvieron alguna relación con el asesinato ocurrido en Caribe Verde.

La víctima residía en el sector de Altos de Caribe Verde y era conocida por dedicarse al comercio. Su muerte causó preocupación entre habitantes de la zona, donde el ataque ocurrió a plena luz del día.

Mientras avanza la investigación, las autoridades continúan recopilando información y buscando elementos que permitan identificar a los responsables del homicidio de Rolando Serrano Osorio y esclarecer completamente lo sucedido.