Desde la madrugada del miércoles 9 de septiembre se han intensificado las acciones para intentar controlar la emergencia. Equipos de Bomberos de San Luis, Bomberos de Ibagué, miembros de la Defensa Civil, operativos de Ponalsar, efectivos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y voluntarios de la comunidad, coordinan esfuerzos para impedir que el incendio se aproxime a zonas residenciales y a la infraestructura minera de la multinacional involucrada. El alcalde Ricardo Acosta describió la situación como “bastante compleja” y subrayó el alto riesgo que representa la cercanía de las llamas a la mina. Explicó que, dadas las circunstancias y las dificultades para acceder a parte del territorio afectado, para este miércoles se tenía programado aumentar la intervención con apoyo desde helicópteros.

La posibilidad de evacuar tanto la mina como áreas residenciales aledañas ya fue discutida por el Comité de Emergencia. Conforme a lo indicado por el mandatario municipal, hasta el momento, solamente una vivienda ha debido ser evacuada de inmediato, luego de confirmarse que las llamas se encontraban en el mismo cañón donde está concentrada la crisis. Sin embargo, las autoridades continúan en comunicación constante con la empresa minera para evaluar la amenaza y determinar si será necesario tomar medidas adicionales.

De acuerdo con la información local, San Luis se ha convertido en uno de los municipios más afectados por las conflagraciones de vegetación en Tolima, registrando más de 10.000 hectáreas quemadas. Aunque habitantes han señalado la posible intervención de personas no identificadas que circulaban en motocicleta y podrían estar provocando nuevos focos de incendio, el alcalde Acosta aclaró que estas afirmaciones aún no tienen respaldo en pruebas concretas. Por ahora, la existencia de vegetación seca y la dificultad para llegar hasta cierta parte de la zona afectada han sido los factores que explican la veloz expansión del fuego, de acuerdo con lo señalado por las autoridades involucradas en la contención del desastre.

¿Cuántas hectáreas han sido afectadas por el incendio en San Luis, Tolima?

De acuerdo con los reportes de la alcaldía y organismos de socorro, más de 10.000 hectáreas han resultado consumidas por el incendio forestal que afecta al municipio de San Luis, en el departamento del Tolima, destacándose como uno de los episodios más severos en la región.

¿Qué organismos están participando en el control del incendio en San Luis?

En el lugar trabajan equipos de Bomberos de San Luis, Bomberos de Ibagué, la Defensa Civil, Ponalsar, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y voluntarios de la zona, todos coordinando estrategias para controlar y mitigar el avance del fuego, según confirmó el alcalde Ricardo Acosta.

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De acuerdo con información preliminar divulgada por el periodista Hernando Lozano, en la buseta viajaban 27 estudiantes. Algunos de ellos habrían resultado gravemente heridos y, hasta el momento, se adelantan las verificaciones para establecer si el accidente dejó personas fallecidas.

(Vea también: Accidente entre dos motociclistas en la variante de Ibagué deja heridos y moviliza atención médica urgente)

Extra

Accidente de buseta que transportaba a estudiantes de una institución educativa en Morroa, Sucre. se volcó en la vía a la Peñata.

Llevaba 27 estudiantes, algunos quedan heridos de gravedad y se está confirmando su hay fallecidos.

Es una información en desarrollo. pic.twitter.com/MxLk3XaPqd

— Nando J Lozano (@hernandolozano) September 9, 2026

El medio El Meridiano informó que varios de los estudiantes heridos están siendo atendidos en el hospital de Morroa, mientras que otros tuvieron que ser trasladados a la Clínica La Concepción, en Sincelejo, para recibir atención médica. Los estudiantes serían de la Institución Educativa Cristóbal Colón.

#Sucre | Un accidente de tránsito se registró en el municipio de Morroa, donde estaría involucrada una buseta de servicio escolar que transportaba estudiantes de bachillerato de la I.E. Cristóbal Colón de este municipio.

De manera preliminar se conoció que varias personas… pic.twitter.com/T0aQ255FQ1

— EL MERIDIANO (@elmeridiano_co) September 9, 2026

Por ahora, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre el número de heridos ni las circunstancias que provocaron el volcamiento de la ruta escolar. La información continúa en desarrollo mientras se conocen nuevos detalles sobre el estado de salud de los estudiantes y las causas del accidente.

(Lea también: Juliana Guerrero aceptó responsabilidad por los títulos falsos por preacuerdo: esta sería su condena)

Guerrero explicó que el preacuerdo que hizo con el ente acusador fue para: “Admitir que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el Sigep y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes, su señoría. Entonces, ahí, en la medida que yo realicé esa actividad fraudulenta, fue donde se materializó el fraude procesal. A cambio de esta situación obtiene la reducción de la pena a la mitad de 3 años, la inhabilidad de 2,5 años y una multa de sin salarios mínimos”.

¿Qué más dijo Juliana Guerrero por falsificación de título profesional?

Tras presentar el preacuerdo, asegurando que: “Durante este tiempo guardé silencio por respeto a la justicia de las instituciones. Hoy, frente al país, quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida. No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones. Pido perdón al país; a mi familia; a quienes confiaron en mí; a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente; a la Universidad San José; a su fundador, Francisco Pareja; a su vicerrectora académica, Stefanny Camacho; a su rectora, Romelia Ñuste; con quienes no tuve ningún tipo de contacto. De igual forma, de manera sincera les pido perdón a los profesores, directivos, estudiantes y egresados de esta institución”.

Según la joven: “Mi intención nunca fue hacerle daño al Estado ni al país; sin embargo, soy consciente de que eso no borra mi responsabilidad. Mi fe en Dios y en Jesús me han enseñado que reconocer nuestros errores, pedir perdón y responder por ellos también es una forma de cuidar el corazón. Quiero agradecer profundamente a quienes, a pesar de lo sucedido, no han dejado de tenderme la mano, de creer en mí y de recordarme con sus palabras y sus actos que las segundas oportunidades existen. A quienes han elegido acompañarme en este momento, gracias por recordarme que un error no tiene por qué definir toda una vida. A los jóvenes de Colombia les digo desde mi propia experiencia que equivocarnos no nos exime de asumir nuestra responsabilidad. Hoy les pido perdón y espero que mi historia no sea recordada únicamente mi por mi error, sino también por haber tenido la valentía de reconocerlo, aprender de él y volver a empezar. Creo en las segundas oportunidades y espero demostrar con mi vida que voy a ser una de ellas. Perdón por haberme equivocado”.

Por este caso, ya fue condenado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, a 36 meses de prisión luego de aceptar su responsabilidad en la expedición de títulos académicos falsos. El exfuncionario también hizo un preacuerdo con la Fiscalía.

No obstante, cerca de diez minutos después, el mismo sujeto regresó y, al notar aparentemente que las alarmas ya no sonaban, logró ingresar al interior del local. Allí permaneció aproximadamente cinco minutos, tiempo en el que sustrajo dinero en efectivo de la caja registradora y también se llevó diversos insumos empleados en la producción del negocio. Este comportamiento evidencia una modalidad delictiva que se aprovecha de las fallas o límites en los sistemas de alerta y de respuesta de la zona.

Los propietarios de Ventisca expresaron abiertamente su preocupación ante esta situación. Según manifestaron, la inseguridad viene afectando de manera recurrente a los comerciantes del sector, generando no solo pérdidas materiales sino también temor e incertidumbre entre quienes dependen de estos emprendimientos. Los afectados consideran posible que el mismo delincuente esté vinculado con otros robos registrados en la zona, aunque aclararon que corresponde a las autoridades confirmar o descartar esa hipótesis.

A pesar de las pérdidas económicas sufridas, los responsables del comercio enfatizaron que mantendrán sus esfuerzos para seguir adelante con el negocio. Además, pidieron la solidaridad tanto de sus clientes como de la comunidad, subrayando la importancia del apoyo local en estos momentos difíciles. La invitación a mantener la confianza en el emprendimiento quedó reflejada en el mensaje "Ventisca es más que un postre", con el que los propietarios buscan motivar a su clientela a continuar respaldando el establecimiento y disfrutar de sus productos.

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¿Qué acciones tomaron los responsables de Ventisca tras el robo en Ibagué?

Luego del hurto, los propietarios manifestaron su preocupación por la inseguridad y, pese a las pérdidas, reiteraron su decisión de mantener el negocio en funcionamiento. Hicieron un llamado de apoyo a la comunidad y a sus clientes, invitando a respaldar el emprendimiento y a no dejarse vencer por la situación.

¿Cómo fue el método utilizado por el delincuente para cometer el robo en el establecimiento?

Según lo registrado en las cámaras de seguridad, el delincuente llegó en la madrugada, forzó los pasadores y cerraduras, lo que activó las alarmas. Tras retirarse por unos minutos, regresó aprovechando que los sistemas de alerta dejaron de sonar, ingresó al local, y sustrajo dinero en efectivo e insumos de producción antes de escapar.

El programa fue impartido por una escuela de belleza reconocida, que además otorgó la certificación oficial al finalizar el ciclo de formación. Cada mujer recibió un kit inicial con herramientas esenciales para manicure y pedicure, facilitando así la puesta en práctica de lo aprendido y su entrada al mercado laboral o la posibilidad de emprender desde su hogar. Además, para ayudar a que las participantes pudieran asistir sin dificultades económicas, se entregaron apoyos para la recarga de la tarjeta TuLlave, que cubre parte de los gastos de transporte en la ciudad.

Un aspecto fundamental de esta formación fue la incorporación de talleres orientados a la defensa de los derechos de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencias y la identificación de diferentes tipologías de violencia. Este enfoque buscó complementar el aprendizaje técnico con herramientas de empoderamiento y conciencia de derechos.

Durante la entrega de certificados, Melissa Morales, alcaldesa local de Barrios Unidos, reconoció el esfuerzo realizado por las participantes, quienes tuvieron que combinar los retos del aprendizaje con sus responsabilidades como trabajadoras, cuidadoras y madres. Morales subrayó que este logro colectivo marca un hito en los planes de desarrollo de la localidad, al ser la primera vez que se ejecuta una meta de autonomía económica de este tipo.

Testimonios como el de Diana Marcela Contreras Rojas, una de las graduadas, reflejan que el proceso significó mucho más que la simple adquisición de una técnica. Ella destacó la oportunidad de aprender en profundidad sobre el cuidado de las uñas y el proceso profesional detrás del manicure y pedicure, y afirmó que desde que culminó el curso ha iniciado su camino laboral en este sector.

En síntesis, este programa no solo busca que las mujeres generen ingresos, sino que logren una verdadera autonomía y confianza para tomar decisiones que transformen su vida y comunidad.

¿En qué consiste el programa de autonomía económica para mujeres en Barrios Unidos?

El programa de autonomía económica en Barrios Unidos es una iniciativa que ofrece formación técnica en manicure y pedicure a mujeres, junto con la entrega de implementos iniciales, apoyo en transporte y talleres de prevención de violencias. Según la Alcaldía Local de Barrios Unidos, su objetivo es fortalecer la capacidad de las participantes para acceder a trabajos, emprender y tomar decisiones sobre sus proyectos de vida.

¿Cómo beneficia la formación en manicure y pedicure a las mujeres participantes?

De acuerdo con testimonios y declaraciones recogidas por la Alcaldía Local de Barrios Unidos, la capacitación en manicure y pedicure permite a las mujeres acceder a nuevas oportunidades laborales y de emprendimiento, además de darles herramientas para ejercer sus derechos y prevenir violencias. Esto impulsa tanto su desarrollo profesional como su autonomía personal y económica.

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Estos kits permitirán que las familias puedan iniciar trabajos de reparación y, en algunos casos, reconstrucción de sus viviendas, contando además con acompañamiento técnico especializado. Dicho apoyo técnico es fundamental para que los trabajos que se lleven a cabo en cada hogar cumplan con las condiciones mínimas de seguridad, lo que evidencia una respuesta no solo inmediata sino también pensada a mediano plazo. La estrategia contempla extender esta ayuda a otras zonas rurales de Cali que también resultaron afectadas por el movimiento telúrico, buscando que la recuperación sea integral y equitativa en todos los corregimientos impactados.

De acuerdo con el Registro Único de Familias Afectadas (RUFE), en La Buitrera se identificaron 364 personas distribuidas en 173 hogares, con un total de 383 bienes inspeccionados tras el sismo. De esos bienes, 164 presentaron averías, 131 fueron calificados como no habitables y 20 sufrieron destrucción total. Estas cifras reflejan la magnitud de los daños sufridos por la comunidad y la necesidad de una intervención continua para restablecer la calidad de vida de los habitantes.

En el contexto general de la emergencia, las autoridades reportan que en 15 corregimientos de Cali hay 2.945 personas afectadas, agrupadas en 1.222 hogares. Los Andes lidera la lista de mayor número de damnificados, mientras que sectores como Montebello, Felidia, La Buitrera y La Paz concentran la mayoría de los casos donde la pérdida de vivienda fue total. El alcalde Alejandro Eder reiteró el compromiso de mantener el acompañamiento hasta que todas las comunidades afectadas reciban la atención necesaria, insistiendo en que la meta es lograr la recuperación completa del municipio.

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¿Cuántas familias de La Buitrera recibieron kits de materiales tras el sismo?

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Cali, fueron 16 las familias damnificadas en el corregimiento de La Buitrera que recibieron los kits de materiales de construcción. Esta ayuda busca apoyar la reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas, priorizando los casos con mayores daños.

¿Qué es el Registro Único de Familias Afectadas (RUFE) y cuál es su función tras el terremoto en Cali?

El Registro Único de Familias Afectadas (RUFE) es un censo en el que se identifican las personas y hogares afectados por emergencias como el sismo ocurrido en Cali. Según datos citados, RUFE permitió contabilizar los hogares y bienes afectados en La Buitrera y otros corregimientos, facilitando así la distribución focalizada de ayudas y el seguimiento de la recuperación en las comunidades.

(Vea también: Confirman cuántos años de cárcel deberá pagar Juliana Guerrero por fraude con títulos universitarios)

Durante la diligencia, el juez le explicó que la aceptación de cargos implicaba la imposición de una pena y una inhabilidad para ejercer cargos y funciones públicas. También le recordó que tenía derecho a ir a juicio, presentar pruebas y llevar testigos para defender su inocencia.

Guerrero respondió afirmativamente a cada una de las preguntas y confirmó que entendía las consecuencias de la decisión que estaba tomando. Pero el momento más llamativo llegó cuando el juez le pidió que explicara, con sus propias palabras, cuál era el acuerdo al que había llegado con la Fiscalía.

Acá, ese momento:

Guerrero respondió que admitía haber cometido fraude procesal porque actualizó su hoja de vida presentó documentos falsos ante el Ministerio de la Igualdad con el propósito de “quedar con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de juventudes”.

Después explicó que, mediante esa actividad que calificó como fraudulenta, se materializó el fraude procesal.

¿Qué reconoció Juliana Guerrero ante el juez?

La declaración resulta relevante porque fue la propia Guerrero quien explicó ante el despacho judicial qué conducta estaba aceptando y cuál era la finalidad que, según sus palabras, tenía cuando actualizó su hoja de vida y presentó los documentos fraudulentos .

Antes de llegar a ese punto, el juez verificó que la decisión de aceptar cargos fuera tomada de manera libre, consciente y voluntaria.

También le preguntó si estaba consumiendo algún medicamento, sustancia o elemento que pudiera afectar su capacidad para comprender lo que estaba ocurriendo. Guerrero respondió que no.

Posteriormente, cuando el juez le preguntó si alguien la había presionado para aceptar los cargos, respondió que tomó la decisión de manera libre.

¿Qué pena aceptó Juliana Guerrero?

En la audiencia también quedó consignado el alcance del acuerdo alcanzado entre Guerrero y la Fiscalía.

Según lo explicado durante la diligencia, el acuerdo contempla una pena de tres años de prisión, una inhabilidad para ejercer cargos y funciones públicas durante 2,5 años y una multa de 100 salarios mínimos.

Sin embargo, el juez todavía debe adelantar el trámite correspondiente para determinar la legalidad del acuerdo y continuar con el proceso judicial.

Según datos proporcionados por el JBB, esta entidad contribuye con cerca de la mitad de los registros relacionados con biodiversidad de la región gracias a su activa participación en el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB Colombia) y la Global Biodiversity Information Facility (GBIF, por sus siglas en inglés). Estas plataformas funcionan como repositorios de información y permiten a públicos globales acceder, analizar y aprovechar valiosos datos científicos. Desde el año 2017, el JBB ha puesto a disposición cerca de 150.000 registros biológicos, situándolo como aliado estratégico para el reconocimiento y la conservación del patrimonio natural del país, en particular de aves, orquídeas y mariposas.

Johana Velásquez, especialista citada en el artículo, explicó que el GBIF es un repositorio internacional que agrupa información suministrada por socios institucionales denominados 'nodos'. En el contexto colombiano, el nodo oficial es el SIB Colombia, responsable de administrar la información sobre biodiversidad a nivel nacional. El SIB es alimentado por organizaciones no gubernamentales, entidades estatales, privadas y centros de investigación que recopilan datos sobre diversos ecosistemas, desde páramos y selvas, hasta manglares, ríos y mares.

El proceso de publicación y acceso abierto de esas colecciones biológicas, liderado por el Jardín Botánico de Bogotá desde 2017, fortalece el inventario nacional de biodiversidad. Así, científicos, autoridades y la ciudadanía pueden consultar y aprovechar esta información al tomar decisiones para la protección de ecosistemas estratégicos esenciales para la sostenibilidad futura. Con este enfoque, el JBB demuestra su liderazgo en la defensa de los recursos naturales, invitando a conocer los avances a través de sus plataformas y redes sociales.

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¿Qué función cumple el Jardín Botánico de Bogotá en el registro de biodiversidad?

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis tiene la función de recopilar, sistematizar y publicar registros biológicos de la biodiversidad presente en la región. Su labor contribuye con cerca del 50 % de los datos reportados sobre biodiversidad local a plataformas como el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB Colombia) y la Global Biodiversity Information Facility (GBIF), facilitando así el acceso público y científico a estos datos.

¿Qué es el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB Colombia) y cómo opera?

El Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, conocido como SIB Colombia, es la entidad oficial encargada de administrar toda la información referente a la biodiversidad del país. Opera como un nodo que agrupa la colaboración de ONG, entidades públicas, privadas y centros de investigación. Su funcionamiento se basa en la recolección y sistematización de datos sobre los diferentes ecosistemas de Colombia, permitiendo un acceso abierto y centralizado a esta información.

No recogerlos a tiempo puede hacer que sean retirados de las sedes, enviados a las oficinas centrales y posteriormente destruidos.

Para las cédulas de ciudadanía, el plazo máximo para reclamarlas es de un año contado desde la fecha de producción.

En el caso de las tarjetas de identidad, el límite corresponde a su fecha de vencimiento. La medida está contemplada en la Resolución 11630 del 8 de agosto de 2018 y también aplica a documentos tramitados desde consulados en el exterior.

En abril de 2026, la Registraduría informó que 63.638 documentos permanecían sin reclamar en Bogotá: más de 44.000 eran cédulas y cerca de 19.000 tarjetas de identidad.

Los ciudadanos pueden consultar el estado de su documento mediante la opción “¿Está listo mi documento de identidad?” en la página de la Registraduría. Si está disponible, deben acudir a la sede donde realizaron el trámite, generalmente mediante autenticación biométrica.

Si el documento ya fue destruido, la persona deberá solicitar un duplicado y pagar nuevamente la tarifa vigente. Los valores son de $76.100 para cédula digital o de policarbonato, $67.350 para cédula amarilla y $66.100 para tarjeta de identidad.

En su declaración, Barreras hizo un recuento de su vida profesional, recordando que dedicó cerca de 20 años a la medicina y otros 20 años más a la política. Tras esta extensa carrera en dos campos fundamentales para la sociedad, confirmó que desea concentrar sus esfuerzos en la literatura, una disciplina que le ha interesado y cultivado durante los últimos años. Este giro hacia las letras cobra especial relevancia, ya que coincide con la reciente obtención de su título de maestría en Literatura Creativa en la Universidad de Salamanca, en España. El exsenador compartió imágenes de su graduación y mencionó su voluntad de que esta nueva etapa se prolongue, ojalá, por los próximos 20 años de su vida.

Con humor, y en alusión directa a su decisión de dejar la política activa, Barreras publicó un mensaje en el que expresó: “Los dejo descansar”. Además, abordó el tema del relevo generacional, subrayando que es el turno de una nueva generación de líderes para continuar defendiendo las causas que él respaldó a lo largo de su carrera. En su mensaje, hizo hincapié en la necesidad de ese cambio al frente de la vida pública.

La trayectoria de Roy Barreras abarca múltiples escenarios dentro de la política colombiana. Según su propio recuento, fue elegido como representante a la Cámara, luego senador de la República y llegó a ocupar la presidencia tanto del Senado como del Partido de la U. También participó en la vida diplomática como embajador de Colombia en Reino Unido y, recientemente, intentó alcanzar la presidencia del país como candidato. Ahora, Barreras desea entregar su tiempo a la escritura y profundizar en la exploración de la condición humana desde la literatura.

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¿Por qué Roy Barreras decidió retirarse de la política luego de 20 años?

Roy Barreras señaló que, tras cerca de dos décadas dedicadas a la medicina y otras dos a la política, considera concluida esa fase de su vida. Su decisión, compartida a través de redes sociales, obedece al deseo de cerrar el ciclo político y abrirse a nuevas experiencias enfocadas en la literatura y proyectos personales que, según él, quiere cultivar durante los próximos años.

¿Cuál será la nueva ocupación de Roy Barreras tras su salida de la vida pública?

Luego de completar una maestría en Literatura Creativa en la Universidad de Salamanca en España, Roy Barreras afirmó que se dedicará de lleno a la literatura. Expresó su intención de priorizar la escritura, disciplina en la que ya viene trabajando y donde espera explorar distintos aspectos de la condición humana a través de sus obras.

(Vea también: [Video] “Se volvió loco” el comentario jocoso de Marco Rubio que le sacó risas a De la Espriella)

El propio mandatario reveló el encuentro este miércoles 9 de septiembre a través de su cuenta de X, donde publicó imágenes junto a Rubio y su esposa, Jeanette Rubio, además de la primera dama colombiana, Ana Lucía Pineda.

“Después de una jornada de trabajo, tuvimos el gusto de recibir en nuestra casa al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y a su esposa, Jeanette Rubio, para compartir una cena en familia”, escribió De la Espriella.

El encuentro se produjo después de una intensa agenda bilateral en Barranquilla, en la que ambos gobiernos abordaron asuntos relacionados con seguridad, lucha contra el narcotráfico, inversión y cooperación estratégica.

De hecho, la cena ya había sido anticipada durante la jornada. La Casa de Nariño había informado que Rubio sería recibido en la residencia privada del mandatario, acompañado por su esposa.

Después de una jornada de trabajo, tuvimos el gusto de recibir en nuestra casa al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y a su esposa, Jeanette Rubio, para compartir una cena en familia.

Un encuentro cercano y fraterno que fortalece no solo la alianza… pic.twitter.com/bRRYgU30xl

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 9, 2026

De la Espriella destacó la cercanía con Marco Rubio

Más allá de la agenda oficial, el mensaje publicado por el presidente buscó mostrar el componente personal de la relación que mantiene con el funcionario estadounidense.

De la Espriella calificó la velada como un “encuentro cercano y fraterno” y aseguró que este tipo de espacios contribuyen a fortalecer tanto la alianza estratégica entre Colombia y Estados Unidos como los vínculos de amistad entre ambos.

“Gracias por su visita y por permitirnos compartir lo mejor de nuestra tierra: nuestra gastronomía, nuestra alegría y el inigualable calor humano de Barranquilla”, escribió el mandatario.

El presidente cerró su mensaje con una frase dirigida directamente al secretario de Estado: “¡Esta siempre será su casa!”.

Las imágenes compartidas muestran a las dos parejas cenando juntas durante el encuentro en Barranquilla. Además, De la Espriella mostró una imagen junto a sus hijos y Rubio. 

La escena adquiere especial relevancia porque Rubio y De la Espriella tienen una relación personal previa. Durante la rueda de prensa posterior a la reunión oficial, el secretario de Estado recordó que conocía al mandatario colombiano desde antes de que este llegara a la política.

Tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, recibirá una condena de 36 meses de prisión, además de una inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos públicos y una multa equivalente a 100 salarios mínimos.

La Fiscalía explicó que Guerrero conocía las irregularidades detrás de los documentos y que, pese a no cumplir los requisitos académicos, los incorporó en su hoja de vida para aspirar a un cargo en el Ministerio de la Igualdad.

Según la investigación, no asistió a clases, no presentó exámenes ni realizó las pruebas del Icfes necesarias para obtener los títulos como tecnóloga y contadora pública.

Aunque inicialmente se declaró inocente durante las diligencias ante un juez de control de garantías, posteriormente aceptó los cargos ante un juez de conocimiento.

Como parte del preacuerdo, la Fiscalía degradó su participación de autora a cómplice, lo que permitió reducir la pena.

Guerrero también se comprometió a ofrecer disculpas a directivos de la Fundación San José que no estuvieron involucrados.

Por este caso, el exsecretario general de la institución, Luis Carlos Gutiérrez, ya fue condenado a tres años de prisión por falsedad en documento público.

Mantener estos documentos correctamente inscritos garantiza la identidad ante las autoridades y previene dificultades en asuntos como sucesiones, pensiones, expedición de la cédula de ciudadanía o legalización de divorcios, según la información del ordenamiento jurídico citado en el texto. Sobre todo, el registro civil de nacimiento es un requisito esencial para tramitar el documento de identidad y, por ende, ejercer derechos fundamentales como el voto en el país.

Cuando surgen errores en el registro civil, la ley colombiana distingue entre simples equivocaciones ortográficas o mecanográficas y solicitudes más complejas como el cambio de nombre o de sexo/género. Si, por ejemplo, se presenta una diferencia entre letras similares en un apellido (como “S” por “C”), la normativa permite subsanar el error mediante una escritura pública tramitada en notaría, lo cual implica un proceso sencillo y de bajo costo.

Sin embargo, en situaciones donde la persona desea modificar su nombre legal o el componente de sexo/género, hay mecanismos más formales. El cambio puede ejecutarse por escritura pública o juicio, pero la legislación limita la vía notarial a una sola ocasión tanto para el nombre como para el sexo/género; si la persona requiere un segundo ajuste, debe acudir a un juez de la República.

Expertos citados recomiendan gestionar cualquier corrección o inscripción en los registros civiles con diligencia. Regularizar documentos, inscribir matrimonios —aun en casos de separación de hecho—, corregir la filiación o registrar de manera oportuna los fallecimientos familiares son acciones clave para no dejar obstáculos legales a los descendientes ni complicar trámites posteriores.

¿Cuáles son los tipos de registro civil en Colombia y para qué sirven?

En Colombia, existen tres tipos fundamentales de registro civil: de nacimiento, de matrimonio y de defunción. Cada uno cumple una función vital para certificar la identidad, la situación civil y la existencia legal de los ciudadanos, permitiendo el acceso a derechos y facilitando trámites legales y administrativos.

¿Cómo se corrige un error ortográfico en el registro civil colombiano?

De acuerdo con la normativa nacional, un error ortográfico o mecanográfico simple en el registro civil puede corregirse mediante una escritura pública ante notaría. Este es un trámite rápido y de bajo costo, necesario para mantener la información personal sin inconsistencias y evitar problemas legales en el futuro.

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Juliana Guerrero aceptó su responsabilidad en los títulos falsos con la Fundación Universitaria San José, situación por la que está en medio de un proceso judicial con las autoridades colombianas.

La joven reconoció que anexó estos títulos a su hoja de vida y con estos aspiraba a ser viceministra de las Juventudes del Gobierno Petro, hecho que salió a flote.

Ahora, con la determinación de reconocer su participación en el controversial hecho, logró un preacuerdo con la Fiscalía en uno de los asuntos que marcó el remate del pasado mandato.

El escándalo rodea a Juliana Guerrero tras revelarse irregularidades relacionadas con la presentación de títulos académicos falsificados expedidos supuestamente por la Fundación Universitaria San José en Colombia.

La investigación judicial inició cuando la joven adjuntó certificaciones universitarias apócrifas en su hoja de vida oficial para cumplir los requisitos exigidos en nombramientos del sector público.

Entre las aspiraciones de Guerrero figuraba la designación oficial en el viceministerio de las Juventudes durante la administración gubernamental del expresidente colombiano Gustavo Petro.

Sin embargo, las verificaciones institucionales revelaron inconsistencias graves en las fechas de graduación, folios de registro y actas académicas presentadas formalmente por la postulante.

La Fundación Universitaria San José confirmó ante las autoridades competentes que los diplomas y certificados mostrados no correspondían con los registros auténticos de su base de datos.

La institución de educación superior aclaró que Guerrero no completó los planes de estudio ni cumplió los requisitos exigidos para la titulación profesional requerida.

Frente al material probatorio recopilado, las autoridades judiciales abrieron una investigación penal para determinar la responsabilidad de la procesada en la falsificación de documentos públicos.

El caso tomó un giro definitivo cuando la investigada decidió aceptar formalmente su responsabilidad en el uso e incorporación de los títulos falsificados en su hoja de vida.

Mediante esta aceptación de cargos, Guerrero pactó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación para obtener beneficios en la tasación final de la pena.

La negociación judicial incluyó el compromiso explícito de aceptar las faltas imputadas a cambio de una rebaja en la condena por delitos contra la fe pública.

Este episodio causó fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos de control, validación y verificación de antecedentes académicos utilizados dentro de las entidades gubernamentales del país.

Diversos analistas políticos y ciudadanos exigieron endurecer los filtros institucionales para evitar que personas con documentación fraudulenta accedan a posiciones de alta dirección pública.

Las autoridades judiciales avanzan en la ratificación del preacuerdo penal ante un juez de conocimiento para definir la sentencia definitiva que deberá cumplir la imputada.

El proceso sienta un precedente relevante respecto a la sanción de irregularidades en la acreditación de idoneidad profesional para el desempeño de cargos estatales en Colombia.

El ente investigador continúa monitoreando casos similares de posible falsificación documental en diferentes dependencias públicas para salvaguardar la transparencia en la función estatal.

La resolución definitiva del caso ratifica el compromiso de las instituciones judiciales por castigar el fraude en la vinculación de funcionarios dentro de la administración pública nacional.

De acuerdo con el seguimiento judicial, la menor comenzó a presentar síntomas respiratorios desde el 14 de mayo. Sin embargo, solo hasta el 26 de mayo recibió atención médica, momento en el cual su estado de salud ya estaba gravemente deteriorado. Esta demora en el acceso a servicios médicos se considera clave en la argumentación que sostiene la Fiscalía.

Según lo documentado en el proceso y confirmado por la Fiscalía, la bebé fue llevada inicialmente al Hospital San Rafael de El Espinal tras manifestar fiebre persistente y convulsiones. Ante la gravedad, fue remitida a un centro asistencial de mayor complejidad en Ibagué, donde lamentablemente falleció al día siguiente.

En la presentación del escrito de acusación, la Fiscalía citó el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que determinó que la causa de la muerte fue una neumonía que derivó en shock séptico, una reacción crítica del cuerpo ante una infección generalizada que puede provocar un fallo multiorgánico y la muerte.

El ente investigador considera que la falta de atención médica oportuna, sumada al deterioro progresivo de la salud de la menor, constituiría un presunto incumplimiento del deber de cuidado y protección por parte de la madre. Por estos hechos, Laura Valentina López enfrentará un juicio en calidad de probable responsable del delito de homicidio agravado, bajo la figura de comisión por omisión con dolo eventual. Esto significa que se le acusa de haber evitado u omitido acciones básicas de cuidado respecto a su hija, contemplando la posibilidad de que un resultado como el ocurrido podía producirse.

Actualmente, López permanece privada de la libertad desde el 4 de junio, fecha en la que fue judicializada, a la espera del proceso judicial que esclarecerá sus responsabilidades en este lamentable caso.

¿Por qué la Fiscalía acusó a Laura Valentina López por homicidio agravado?

La Fiscalía consideró que Laura Valentina López presuntamente incumplió el deber de cuidado y protección hacia su hija Mía Kataleya, al no procurar atención médica oportuna cuando la menor presentaba síntomas graves desde el 14 de mayo. Al llegar la atención tardíamente el 26 de mayo, las condiciones de la bebé empeoraron, y esta omisión fue vista como agravante para imputarle el delito de homicidio agravado bajo la modalidad de comisión por omisión con dolo eventual.

¿Qué significa comisión por omisión con dolo eventual en el caso de Laura Valentina López?

La figura de comisión por omisión con dolo eventual implica que una persona es responsable de un delito, no por realizar una acción directa, sino por omitir un deber específico de cuidado que podía evitar el daño. En este caso, la Fiscalía plantea que Laura Valentina López habría omitido buscar ayuda médica oportuna para su hija, aceptando el riesgo de un desenlace fatal como el que finalmente ocurrió.

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Briceño recordó que Colombia ha venido experimentando una década de retrocesos en el desempeño en la prueba PISA. De acuerdo con el congresista, "llevamos 10 años en descenso de los resultados en las pruebas PISA y si antes estábamos mal, hoy estamos peor". En sus declaraciones, recogidas según la información proporcionada, Briceño se distancia de las explicaciones que atribuyen la crisis únicamente a una tendencia internacional. Por el contrario, insiste en que el declive es sostenido y profundo, y que el sistema actual presenta graves deficiencias.

Parte de sus críticas se dirigió a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), organización sindical que agrupa a los docentes del país. Briceño cuestionó que el modelo de educación pública, bajo la influencia de ese sindicato, no logre cerrar las diferencias socioeconómicas entre los estudiantes. Respaldó su afirmación indicando una brecha de 93 puntos entre el 25 % más rico y el 25 % más pobre de la población estudiantil. El representante calificó como "una absoluta mentira" la posibilidad de que el modelo vigente permita superar esa desigualdad, y puso en duda la coherencia de algunos dirigentes sindicales cuyos hijos estudian en colegios privados, mientras defienden el sistema público.

Ante este panorama, Briceño propuso impulsar un proyecto de ley que contempla declarar la educación como servicio público esencial. Según detalló, esa iniciativa incluye establecer mecanismos de evaluación docente enfocados en resultados y la desvinculación de profesores que no cumplan con los objetivos definidos. Asimismo, promovió la ampliación del modelo de colegios en concesión y la adopción del llamado 'voucher educativo', para que los estudiantes de los estratos socioeconómicos 1 y 2 tengan la opción de elegir entre instituciones privadas, colegios en concesión o instituciones públicas.

Las propuestas y señalamientos de Briceño se conocen al tiempo que los resultados de PISA muestran que Colombia sigue por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Matemáticas, Lectura y Ciencias. El retroceso es más marcado en Lectura, donde el país descendió 10 puntos respecto a la medición de 2022.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las propuestas para mejorar la educación en Colombia tras los resultados de las pruebas PISA?

De acuerdo con el representante Daniel Briceño, se plantea declarar la educación como servicio público esencial, implementar una evaluación docente basada en resultados, permitir la desvinculación de profesores que no alcancen los objetivos, y ampliar tanto el modelo de colegios en concesión como la opción del 'voucher educativo', para que estudiantes de estratos bajos puedan escoger entre instituciones públicas y privadas.

¿Qué significa el 'voucher educativo' y cómo funcionaría en el contexto colombiano?

El 'voucher educativo' es una propuesta que contempla otorgar a estudiantes de estratos 1 y 2 un beneficio que les permitiría elegir en qué tipo de institución estudiar: pública, privada o en concesión. Así, la financiación seguiría al estudiante, permitiéndole decidir el establecimiento educativo que mejor se ajuste a sus necesidades.

(Vea también: Incendio forestal prende las alarmas en Tolima; importante empresa está en alto riesgo)

Un video publicado por La FM en su cuenta de X muestra la dimensión del hecho, en donde se ve gran parte de monte ardiendo. Además, el riesgo se ha incrementado debido al roce de cuerdas eléctricas ante los vientos en la zona.

#Colombia | Entre 15 y 20 hectáreas de vegetación se vieron afectadas en Guacamayas, Boyacá, debido a la generación de un incendio de gran magnitud que se extendió por más de 3 días y que tuvo que ser atendido por 40 cuerpos de socorro. pic.twitter.com/nfSQFlBLHT

— La FM (@lafm) September 9, 2026

De acuerdo con la emisora, la conflagración, que comenzó hace tres días y requirió la intervención de más de 40 voluntarios y socorristas y volvió a encender las alarmas por la temporada seca que enfrenta esa región del país.

Por otro lado, Boyacá Digital señaló que las labores de atención estuvieron a cargo de unidades de los cuerpos de Bomberos de Macaravita, Güicán de la Sierra, Guacamayas, El Cocuy, San Mateo y otros municipios cercanos, además de integrantes de la Defensa Civil y habitantes de la zona.

Aunque el incendio había sido controlado inicialmente, las autoridades informaron que se reactivó luego de que un tronco aún encendido rodara por la montaña y propagara nuevamente las llamas. Para este miércoles 9 de septiembre, la emergencia volvió a quedar bajo control y se mantiene vigilancia permanente para evitar nuevos focos.

¿Qué pasó con el incendio forestal en Guacamayas, Boyacá?

De acuerdo con Francisco Centeno, comandante del Cuerpo de Bomberos de Macaravita, citado por el medio regional digital, la emergencia comenzó hacia las 9:00 de la mañana del domingo y exigió un amplio despliegue de personal debido a las condiciones del terreno y al riesgo de expansión.

La cifra definitiva de hectáreas afectadas todavía no ha sido establecida, ya que el acceso al área resulta complejo. Sin embargo, las primeras evaluaciones indican que el fuego consumió entre 15 y 20 hectáreas de cobertura vegetal.

Autoridades pidieron evitar quemas por riesgo de nuevos incendios

Luego de controlar la emergencia, los organismos de socorro reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar cualquier tipo de quema, debido a las condiciones de sequía que afectan a varias provincias de Boyacá y zonas vecinas de Santander.

Centeno agregó que las quemas controladas están prohibidas y pueden convertirse rápidamente en incendios forestales de gran magnitud, especialmente por las altas temperaturas, los fuertes vientos y la escasez de agua que actualmente enfrentan municipios de las provincias Norte y Gutiérrez, así como García Rovira.

Además, recomendaron no arrojar colillas de cigarrillo ni abandonar materiales que puedan desatar fuego en áreas rurales, y pidieron reportar de inmediato cualquier columna de humo o conato de incendio a las autoridades.

Mientras continúa la vigilancia en Guacamayas, las autoridades mantienen la alerta e insisten en que la prevención será determinante para evitar nuevas emergencias ambientales durante esta temporada seca.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) declaró alerta roja este 9 de septiembre ante el marcado incremento térmico asociado al fenómeno de El Niño.

La escasez prolongada de lluvias y la escasa cobertura nubosa mantuvieron la elevación progresiva de los termómetros durante las últimas jornadas en la geografía nacional.

Las mediciones oficiales sitúan en condición crítica a las regiones Caribe, Insular, Andina, Orinoquía y Amazonía, abarcando 14 departamentos expuestos a sufrir sofocantes golpes de calor.

En el sector Caribe sobresale La Guajira por su vulnerabilidad extrema, junto a Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, mientras San Andrés y Providencia lideran el reporte insular.

La franja Andina registra riesgos elevados en áreas territoriales de Antioquia y Santander, concentrados en el Magdalena Medio, sumando a Arauca, Casanare, Vichada y Amazonas en el oriente colombiano.

Paralelamente, la entidad meteorológica decretó alarma naranja en el Pacífico y otros 15 departamentos propensos a provocar severo agotamiento físico e insolación en la población local.

Esta lista de prevención secundaria incluye a Norte de Santander, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Vaupés.

El equipo del Ideam mantendrá el seguimiento detallado de las variables atmosféricas en todo el país y difundirá informes diarios mientras persistan las condiciones climáticas extremas en las zonas afectadas.

Las autoridades recomiendan aplicar medidas de hidratación permanente, evitar la exposición prolongada al sol en horas pico y seguir con atención los boletines preventivos emitidos durante esta contingencia ambiental.

Cabe recordar que los pronósticos sobre el fenómeno de El Niño van aproximadamente hasta febrero del próximo año, por lo que los colombianos deben estar muy atentos al incremento de temperaturas.

De hecho, hay regiones que se han visto afectadas por incendios que han dañado las tierras y hasta destruido propiedades, lo que también encendió las alarmas por parte de las autoridades a nivel nacional.

¿Cómo prevenir los golpes de calor en Colombia?

Prevenir un golpe de calor en Colombia exige adoptar hábitos de autocuidado inmediatos frente al aumento progresivo de las temperaturas atmosféricas en las diversas regiones del país.

La hidratación constante constituye la medida preventiva principal, recomendándose el consumo abundante de agua potable a lo largo del día sin esperar a sentir sed manifiesta.

Resulta indispensable evitar la ingesta de bebidas alcohólicas, azucaradas o con alto contenido de cafeína, ya que estas sustancias aceleran la pérdida de líquidos corporales.

Durante las horas de mayor radiación solar, entre las diez de la mañana y las cuatro de la tarde, conviene limitar la realización de actividades físicas intensas en espacios abiertos.

Los ciudadanos deben vestir prendas de vestir holgadas, ligeras y elaboradas con telas de colores claros que faciliten la transpiración natural de la piel.

Asimismo, el uso de sombreros de ala ancha, gorras y gafas con protección ultravioleta reduce la exposición directa a los rayos solares en entornos urbanos y rurales.

Aplicar protector solar con un factor elevado sobre la piel expuesta ayuda a prevenir quemaduras cutáneas que alteran la regulación térmica adecuada del organismo.

Es fundamental mantener los hogares ventilados, utilizando cortinas para bloquear el ingreso directo del sol y permanecer en las zonas más frescas de la vivienda.

Nunca se debe dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados con las ventanas cerradas, incluso si la parada es por pocos minutos.

Si una persona presenta mareos, dolor de cabeza o piel enrojecida, requiere traslado inmediato a un lugar fresco y asistencia médica oportuna para estabilizar su temperatura.

La población vulnerable necesita supervisión frecuente durante jornadas calurosas extremas para prevenir complicaciones de salud o emergencias médicas graves por deshidratación severa.

Los uniformados acudieron rápidamente al sitio y, al llegar, encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición, lo que dificultó la identificación inicial del fallecido. Debido a esta condición, las autoridades procedieron a trasladar los restos a Medicina Legal, entidad encargada de esclarecer tanto la identidad como las circunstancias y causas del deceso.

Durante la inspección, en el área también se halló una motocicleta marca Keeway TX 200, de color blanco y placas XGA 82D. Este vehículo fue incautado e incluido dentro de la investigación, ya que podría aportar pistas clave para entender los últimos movimientos de la víctima y el desarrollo de los hechos previos al hallazgo del cadáver. Las autoridades trabajan con la hipótesis de que la moto le pertenecía al fallecido o tenía algún vínculo directo con él, aunque no revelaron detalles adicionales en este sentido.

Pocas horas después del hallazgo se conoció, de acuerdo con los reportes oficiales, que la persona fallecida era Wenderson Esty Gutiérrez Gómez, quien residía en Girardot. La confirmación de la identidad se logró gracias a las diligencias adelantadas por Medicina Legal.

En cuanto a las circunstancias que rodearon la muerte de Gutiérrez Gómez, fuentes oficiales explicaron que se halló una manguera alrededor de su cuello en el lugar, lo que llevó a considerar, en una hipótesis preliminar, la posibilidad de que se tratara de una muerte autoinfligida. Sin embargo, los expertos forenses y los investigadores destacados en el caso continúan recabando pruebas y testimonios, de modo que serán ellos quienes determinen finalmente las causas del fallecimiento y si existieron o no factores externos involucrados.

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¿Quién era Wenderson Esty Gutiérrez Gómez y cómo fue identificado su cuerpo en Flandes?

La víctima hallada fue identificada como Wenderson Esty Gutiérrez Gómez, residente en Girardot. Su identidad se confirmó después de que el cuerpo, hallado en avanzado estado de descomposición, fuera trasladado a Medicina Legal. Los expertos de esta entidad se encargaron de los procedimientos forenses necesarios para verificar sus datos y notificar a las autoridades competentes.

¿Qué indicios investigan las autoridades sobre la muerte de Wenderson Esty Gutiérrez Gómez en Tolima?

Las autoridades encontraron una manguera alrededor del cuello del fallecido, lo que llevó a establecer inicialmente la hipótesis de una muerte autoinfligida. No obstante, la investigación continúa en curso, y tanto Medicina Legal como los investigadores buscan esclarecer si existieron otros motivos o participaciones de terceros en las circunstancias que rodearon el deceso de Gutiérrez Gómez.

De acuerdo con la información oficial, las personas responsables del robo habrían sustraído principalmente tubería y acero, insumos fundamentales para el avance del proyecto vial. Esta identificación fue posible gracias a la cooperación entre los ciudadanos y el sistema de vigilancia, lo que permitió a las autoridades esclarecer parcialmente lo ocurrido y tener pistas claras de los posibles implicados.

Además del robo de materiales, Saavedra reportó daños intencionales en algunas de las placas de concreto que forman parte de la obra. El funcionario sugirió que estos actos vandálicos podrían estar vinculados con los cuestionamientos y denuncias surgidas alrededor de la ejecución del proyecto. Manifestó su preocupación ante la reiteración de este tipo de situaciones, enfatizando que no pueden convertirse en un hecho normal para la ciudad. "Se están robando los elementos o nos dañan las obras que son para el servicio de toda la ciudadanía", recalcó el secretario, en un llamado a la reflexión y a la solidaridad entre habitantes.

En cuanto a la responsabilidad de definir sanciones para los señalados, el secretario aclaró que será competencia de las autoridades pertinentes, quienes están adelantando los análisis respectivos conforme a las pruebas recabadas. Por su parte, la Alcaldía de Ibagué reiteró que la obra en la vía El Salado sigue activa, con varios frentes de trabajo abiertos para continuar la ejecución y así beneficiar al conjunto de la ciudadanía. Además, hizo un llamado urgente para que la comunidad ayude a proteger tanto los materiales como las estructuras de este proyecto vial, subrayando la importancia de colaborar en la conservación de infraestructuras diseñadas para el mejoramiento de la ciudad.

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¿Qué materiales fueron hurtados en la obra de la vía El Salado en Ibagué?

Según el secretario de Infraestructura de Ibagué, Marco Matheus Saavedra, los elementos hurtados en la obra de la vía El Salado incluyen principalmente tubería y acero, materiales esenciales para la construcción y avance del proyecto, de acuerdo con lo establecido en la investigación de las autoridades y la revisión de cámaras de videovigilancia y testimonios de la comunidad.

¿Qué medidas tomará la Alcaldía de Ibagué tras el hurto y los daños en la vía El Salado?

La Alcaldía de Ibagué informó que serán las autoridades competentes quienes determinen las sanciones y medidas oportunas para los responsables identificados del hurto y los daños. Entretanto, el proyecto continúa y la administración municipal hizo un llamado a la ciudadanía para proteger los materiales y las estructuras de la obra en beneficio de todos los ciudadanos.

Sin embargo, el Gobierno de Abelardo de la Espriella aseguró que la dimisión no estuvo relacionada con diferencias políticas ni con algún desacuerdo dentro de la administración. Miller Soto, vocero de la Casa de Nariño, explicó que Morales tomó la decisión debido a una situación familiar inesperada que requirió su presencia.

De acuerdo con Soto, el 31 de agosto Morales se comunicó directamente con el presidente para informarle que dejaría el Ministerio de Educación. “Le escribió al presidente De la Espriella para comunicarle una decisión difícil, su renuncia como ministra de Educación”, manifestó el funcionario, quien destacó que la exministra había asumido su trabajo con compromiso durante las tres semanas que estuvo en el cargo.

(Vea también: ¿Consulado de EE. UU. en Barranquilla? Alejandro Char respondió a propuesta de De la Espriella)

El vocero también reveló que la decisión tuvo un componente relacionado con la fe de Morales. Según contó, la exministra explicó al mandatario que debía atender esa situación familiar y expresó que mantendría sus oraciones por el Gobierno. “El hombre hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor”, afirmó Soto al referirse a la conversación entre ambos.

La respuesta de Abelardo de la Espriella llegó dos días después y, según el relato entregado por el Gobierno, tuvo un tono personal. El presidente le agradeció a Morales por su trabajo durante la campaña y su paso por la administración, pero también destacó la relación de amistad entre ambos. “Hoy no quiero hablarte solamente como presidente, quiero hablarte, sobre todo, como amigo”, habría escrito el mandatario.

Soto insistió en que la renuncia se produjo en medio de un ambiente de agradecimiento y sin enfrentamientos. El Gobierno manifestó su solidaridad con Morales y su familia, mientras el presidente aseguró que también acompañará con sus oraciones a la exministra. “Hay momentos para entregarlo todo por Colombia y otros en los que la vida nos recuerda que nuestra primera patria es la familia”, concluyó el vocero.

Verano cuestionó que estas medidas desconozcan las condiciones climáticas de la Costa, donde las temperaturas pueden alcanzar entre 36 °C y 39 °C.

Señaló que el uso permanente de ventiladores y aires acondicionados es una necesidad para soportar el calor, especialmente frente a las temperaturas mucho menores de Bogotá. Por ello, comparó las restricciones con “ponerle dieta a una persona que lleva seis días sin comer”.

El gobernador explicó que, mientras un hogar promedio en Bogotá consume menos de 300 kWh mensuales, familias de estratos bajos del Caribe pueden requerir entre 800 y 1.000 kWh.

Esta elevada demanda también ha provocado problemas en la infraestructura: 115 transformadores resultaron averiados en ocho días.

Arana, por su parte, denunció facturas de hasta $500.000 en hogares vulnerables de Bolívar y advirtió que pagar la energía puede significar dejar de comprar alimentos.

Además, municipios como Cimití y Santa Rosa del Sur enfrentan cortes de hasta 12 horas diarias, mientras Afinia acumula una deuda superior al billón de pesos.

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“Acompaño con profundo pesar a la familia de Juliana Ávila, a nuestro señor vicepresidente, a su hijo Julián y a todos sus seres queridos ante esta dolorosa e inesperada partida”, escribió el jefe de Estado.

En el mismo mensaje, aseguró que despedir a “una joven llena de vida y de sueños conmueve profundamente el alma de la nación” y pidió a Dios que conceda fortaleza, consuelo y serenidad a quienes hoy enfrentan esta pérdida.

La publicación se sumó a las múltiples expresiones de solidaridad que han surgido desde distintos sectores del país después de conocerse el fallecimiento de la deportista.

Acompaño con profundo pesar a la familia de Juliana Ávila, a nuestro señor vicepresidente, a su hijo Julián y a todos sus seres queridos ante esta dolorosa e inesperada partida.

Despedir a una joven llena de vida y de sueños conmueve profundamente el alma de la nación.

Que Dios… pic.twitter.com/mXXHiEHG56

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 9, 2026

Uno de los aspectos que llamó la atención del pronunciamiento fue que el presidente mencionó expresamente a Julián, hijo del vicepresidente, quien era el novio de Juliana Ávila, enviándole un mensaje de apoyo en medio del duelo.

El mensaje rápidamente recibió reacciones de ciudadanos que también expresaron sus condolencias a la familia de la joven.

¿Qué pasó con Juliana Ávila?

La muerte de Juliana Ávila conmocionó al país luego de que se conociera que sufrió graves complicaciones de salud tras participar en la Maratón de Medellín. La noticia desató una ola de mensajes de solidaridad entre deportistas, corredores, dirigentes y figuras públicas.

Con el paso de las horas también trascendió que la joven era la novia de Julián, hijo del vicepresidente, un hecho que aumentó la atención sobre el caso y motivó pronunciamientos de diferentes personalidades de la vida pública.

El presidente Abelardo de la Espriella fue una de las voces que expresó públicamente sus condolencias, enviando un mensaje de fortaleza a la familia de Juliana, al vicepresidente y a su hijo, mientras el país continúa lamentando la inesperada muerte de la joven.

Como parte de la respuesta institucional, se habilitaron canales de atención tanto virtuales como presenciales. Los ciudadanos mayores pueden comunicarse a través de la línea de WhatsApp 315 0548498 o enviar solicitudes al correo electrónico adulto.mayor@cali.gov.co. Estas alternativas buscan facilitar la orientación y el acompañamiento sin que las personas tengan que desplazarse largas distancias, una consideración fundamental dadas las afectaciones en la infraestructura física.

En consecuencia, se organizaron jornadas presenciales descentralizadas en diferentes puntos de la ciudad. El fin es continuar la prestación de servicios a pesar de que la sede principal permanece inhabilitada. Según la programación oficial, los martes se ofrece atención en el CALI 21, ubicado en la carrera 27 # 78A-04 del barrio Decepaz. Los miércoles, la atención se traslada a tres sedes: CALI 8 (carrera 13 # 39-00, barrio Las Américas), CALI 15 (Coliseo María Isabel Urrutia) y CALI 14 (carrera 27 # 78A-04, barrio Alfonso Bonilla Aragón), este último disponible también los jueves y viernes.

Además, los Centros Vida continúan funcionando con normalidad de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Aquí, alrededor de 1.300 adultos mayores reciben atención alimentaria, actividades recreativas y acompañamiento en salud, consolidando así la oferta estatal de respaldo a este grupo poblacional.

Vale la pena mencionar que el programa Colombia Mayor, el cual ha impactado positivamente a más de 3 millones de adultos mayores a nivel nacional, mantiene sus inscripciones cerradas temporalmente. Esta suspensión responde a directrices de Prosperidad Social y estará vigente hasta nuevo aviso, de acuerdo con la información entregada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrecen los Centros Vida para adultos mayores en Cali?

Los Centros Vida prestan atención integral a adultos mayores, poniendo a disposición servicios como alimentación, actividades lúdicas y recreativas, así como acompañamiento en salud, de lunes a viernes y en horario diurno. Estos centros operan como un punto clave de bienestar para cerca de 1.300 beneficiarios en Cali.

¿Por qué están cerradas las inscripciones al programa Colombia Mayor en Cali?

De acuerdo con directrices de Prosperidad Social, las inscripciones al programa Colombia Mayor se encuentran suspendidas de manera temporal en Cali y en todo el país, y permanecerán así hasta que las autoridades emitan un nuevo comunicado. Esta medida afecta a nuevos aspirantes, pero el programa continúa beneficiando a quienes ya hacían parte de él.

Miller Soto, vocero del Ejecutivo, señaló que el último ministro de la administración de Gustavo Petro aún no habría entregado las llaves de unas bodegas donde se encuentran mercancías de la Dian valoradas en $16.800 millones.

Según el balance, la nueva administración ha recuperado más de $20.000 millones anualizados, recursos que podrían traducirse en unos 6.600 auxilios de arrendamiento para familias afectadas por el terremoto.

También fueron eliminados los cinco viceministerios, medida que representaría un ahorro cercano a $1.500 millones anuales, mientras que la supresión de más de 40 cargos directivos generaría otros $12.000 millones de ahorro al año.

Además, el Gobierno desmontará cinco de los ocho pisos utilizados por el Ministerio, con un ahorro estimado de $2.000 millones anuales.

Las autoridades revisaron más de 60 contratos por más de $469.000 millones, algunos de los cuales presentan presuntas irregularidades, incluida la concentración de más de $171.000 millones en una sola empresa.

Por estos hechos se radicaron 13 denuncias: seis penales, cinco disciplinarias y dos fiscales. Asimismo, 567 trabajadores quedaron sin salario ni seguridad social, situación que el Gobierno ordenó solucionar.

Al llegar las autoridades al lugar, confirmaron la identidad de la víctima fatal: Albeiro Marroquín, quien recibió varios impactos de bala y perdió la vida de forma inmediata en el lugar de los hechos, según la información manejada por los agentes policiales. Junto a él, una mujer fue hallada con heridas graves. Debido a la crítica condición en la que se encontraba, fue trasladada de urgencia hasta un centro asistencial en Ibagué, capital del departamento, donde actualmente permanece sometida a cuidados médicos intensivos. Hasta el momento, no ha sido revelada al público la identidad de la mujer ni se han comunicado actualizaciones oficiales sobre su evolución.

Las circunstancias exactas que rodean este violento episodio aún son desconocidas. De acuerdo con la SIJÍN, los móviles y responsables del ataque continúan en investigación. Este hermetismo en el proceso corresponde a la etapa de verificación y recopilación de pruebas, que podría tomar tiempo mientras se profundiza en la recolección de testimonios y análisis técnicos. Como medida de apoyo a la investigación y en busca de avanzar en el esclarecimiento del caso, la Policía ha hecho un llamado a la ciudadanía. Quienes posean información relacionada con los hechos pueden comunicarse de manera anónima mediante la línea 123, donde se ha garantizado absoluta reserva a quienes colaboren.

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¿Qué investigaciones lidera la SIJÍN por el ataque en Rovira, Tolima?

La Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) de la Policía asumió el liderazgo en los actos urgentes para esclarecer el ataque ocurrido en la vereda Pastales. Hasta ahora, las autoridades examinan las evidencias recogidas en el lugar, buscan testimonios y trabajan para identificar el móvil y a los presuntos responsables, aunque hasta el momento no se han divulgado hipótesis oficiales.

¿Cómo denunciar información sobre el ataque con arma de fuego en Rovira?

Las personas que posean detalles relevantes sobre lo sucedido pueden aportar información comunicándose con la línea 123 de la Policía Nacional. Según lo comunicado oficialmente, se garantizará absoluta reserva para quienes colaboren con las autoridades, lo que fomenta la participación ciudadana en el esclarecimiento de casos criminales como el ocurrido en Rovira.

A medida que los días transcurrían sin noticias, la familia de Juan Ramiro incrementó sus esfuerzos, compartiendo su fotografía y sus datos personales en distintas plataformas digitales. Esta movilización generó una importante ola de solidaridad, evidenciada en la masiva colaboración ciudadana que recibió la familia durante la búsqueda. Sin embargo, la esperanza de hallarlo con vida se desvaneció tras la confirmación, por parte de sus allegados, de que Juan Ramiro fue encontrado sin vida, poniendo fin a la angustiosa espera.

Se conoció, de manera preliminar, que Juan Ramiro Díaz Rojas habría sufrido un accidente vinculado a un aparente microsueño, aunque hasta el momento no se han esclarecido los detalles exactos de las circunstancias en que ocurrió el hecho. En este sentido, la familia y la comunidad deben esperar los resultados de las investigaciones oficiales para determinar las causas precisas de su muerte.

Este desenlace lamentable dejó sumidos en el dolor tanto a sus familiares como a sus amigos y personas cercanas, quienes han expresado profunda tristeza ante la noticia. No obstante, la familia de Juan Ramiro manifestó su gratitud por los mensajes de solidaridad y la colaboración recibida en esos momentos de incertidumbre. Asimismo, solicitaron respeto y consideración en el difícil proceso que enfrentan tras el trágico hallazgo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Juan Ramiro Díaz Rojas en Fresno?

Según lo informado por la familia y fuentes cercanas, de forma preliminar se considera que Juan Ramiro Díaz Rojas habría fallecido a causa de un accidente, posiblemente provocado por un microsueño. Sin embargo, las circunstancias exactas permanecen bajo investigación, por lo que todavía no se ha determinado oficialmente la causa precisa de su muerte.

¿Cómo apoyó la comunidad la búsqueda de Juan Ramiro Díaz Rojas?

Durante los días en que Juan Ramiro Díaz Rojas estuvo desaparecido, sus familiares y allegados difundieron su fotografía y datos en redes sociales. La comunidad respondió compartiendo la información y ofreciendo su ayuda para tratar de localizar al joven, lo que generó una muestra significativa de solidaridad y apoyo hacia su familia.

La respuesta es no.

El Decreto 1368 de 2026, firmado el 8 de septiembre, no establece un permiso general para que los ciudadanos puedan salir armados. Lo que hace es restablecer la eficacia de los permisos individuales de porte que se encuentren vigentes, siempre que no tengan una suspensión, cancelación, revocatoria, vencimiento o alguna prohibición legal o judicial.

Además, el decreto elimina la autorización especial adicional que debían tramitar quienes ya tenían un permiso de porte durante el periodo de suspensión general.

Por eso, tener un arma registrada y tener autorización para portarla son dos cosas diferentes.

¿Qué diferencia hay entre tenencia y porte de armas?

El general (r) Fernando Murillo, exdirector de la Dijín, explicó que uno de los primeros aspectos que se deben tener claros es la diferencia entre tenencia y porte.

La tenencia permite que una persona conserve legalmente un arma en el lugar autorizado, por ejemplo, en su residencia, finca, establecimiento o sitio de trabajo, de acuerdo con las condiciones establecidas en el permiso.

Eso no significa que pueda llevarla permanentemente consigo.

El porte, en cambio, es la autorización para llevar el arma consigo o tenerla a su alcance para defensa personal. El Decreto Ley 2535 de 1993 establece precisamente esta diferencia: la tenencia está relacionada con la posesión del arma dentro del inmueble registrado, mientras que el porte corresponde a llevarla consigo con el respectivo permiso.

Murillo explicó que esta diferencia también determina el tipo de licencia que puede recibir una persona.

“La tenencia es cuando usted compra un arma legalmente al Estado y la tiene en un lugar, ya sea su residencia, su actividad económica, en su finca, en su almacén, en algún lugar. No la puede transportar permanentemente, no la puede llevar en su vehículo ni de forma personal”.

En el caso del porte, agregó, la autorización permite que el arma acompañe a la persona durante sus actividades personales o laborales, siempre bajo las condiciones establecidas por la autoridad.

¿Qué requisitos debe cumplir una persona para portar un arma?

El general (r) Murillo explicó que el proceso no depende simplemente de que alguien manifieste que quiere comprar un arma.

Según el exdirector de la Dijín, se realizan estudios sobre la persona que solicita la autorización. Entre los elementos que mencionó están los exámenes psicológicos, las referencias personales y la ausencia de antecedentes.

“Esos requisitos los llevan a un comité donde se hace un estudio real de la persona para ver si tiene las condiciones para autorizar la compra del arma y el porte”, explicó.

Sin embargo, la regulación oficial contempla otros requisitos específicos.

El Decreto Ley 2535 de 1993 establece que los particulares solo pueden poseer o portar armas de manera excepcional y con permiso expedido por la autoridad competente. La expedición de estos permisos está a cargo de autoridades militares.

Para las solicitudes se contempla, entre otros aspectos:

• La documentación correspondiente.
• La identificación del solicitante.
• El certificado de aptitud sicofísica
• La justificación de la necesidad del arma.

La legislación también establece condiciones específicas dependiendo de si se solicita tenencia o porte.

Con las condiciones que actualmente recuerda el Gobierno tras la entrada en vigencia del Decreto 1368, entre los filtros para el porte están:

• Tener mínimo 25 años.
• Contar con un permiso expedido por la autoridad militar competente.
• Tener el arma debidamente registrada y amparada por ese permiso.
• No tener antecedentes que impidan la autorización.
• Aprobar los certificados y evaluaciones médicas y de aptitud psicofísica correspondientes.
• Acreditar los conocimientos exigidos sobre el manejo y uso responsable de armas.
• Cumplir las demás condiciones establecidas en el Decreto Ley 2535 de 1993 y las normas que lo complementan.

Esto significa que no basta con tener dinero para comprar un arma. Existe un procedimiento y la autorización depende de la autoridad competente.

¿El nuevo decreto permite comprar cualquier arma?

Tampoco.

El sistema colombiano mantiene un control estatal sobre las armas de fuego. El Decreto Ley 2535 señala que solo el Gobierno puede introducir al país, exportar, fabricar y comercializar armas, municiones y explosivos, y ejercer el control sobre esas actividades.

Además, las armas están clasificadas según su uso. Existen armas de defensa personal, deportivas y de colección, mientras que determinadas armas de uso restringido tienen condiciones especiales y otras están prohibidas para particulares.

Por eso, no se puede interpretar el anuncio presidencial como una autorización para adquirir cualquier tipo de arma disponible en el mercado.

Incluso después de obtener un permiso, el porte está limitado al arma o las armas que aparezcan específicamente amparadas en la autorización.

Tener un permiso para un arma no significa poder llevar otra

Este es otro punto que resulta clave con el nuevo decreto. El artículo 4 del Decreto 1368 establece que el ejercicio del porte queda limitado al arma o armas específicamente amparadas por el respectivo permiso y a las condiciones establecidas en este.

En otras palabras, una persona que tenga autorización para portar un arma determinada no puede utilizar ese mismo permiso para llevar otra.

Tampoco recuperan automáticamente su validez los permisos que estén vencidos, suspendidos individualmente, cancelados o revocados.

El decreto también excluye los casos en los que el arma haya sido decomisada o esté sometida a una medida judicial o administrativa que impida su porte. Lo mismo ocurre cuando existe una prohibición legal o judicial.

Y hay una precisión especialmente importante: quienes tengan únicamente un permiso de tenencia no quedan habilitados para portar el arma.

Es decir, si el documento autoriza únicamente a mantener el arma en una vivienda, finca, negocio u otro inmueble registrado, esa persona no puede interpretar el nuevo decreto como una autorización para llevarla por la calle.

¿Qué cambió entonces con la decisión de De la Espriella?

El cambio principal está en que se levantó la suspensión general que impedía ejercer los permisos de porte durante los últimos años.

El Gobierno había mantenido esa suspensión y la última prórroga la extendía hasta el 31 de diciembre de 2026. Con el Decreto 1368, quienes ya tienen un permiso de porte vigente y cumplen las condiciones podrán volver a ejercerlo sin solicitar la autorización especial adicional que se exigía durante la suspensión.

El propio decreto deja claro que la medida no crea nuevos derechos, no autoriza el libre porte de armas y no modifica los requisitos legales establecidos en el Decreto Ley 2535 de 1993.

El presidente De la Espriella defendió la decisión bajo el argumento de que los ciudadanos que cumplen la ley no deberían quedar en desventaja frente a los delincuentes armados. También aseguró que el 99,9 % de los delitos se cometen con armas ilegales.

La Policía podrá seguir incautando armas

El levantamiento de la suspensión tampoco elimina los controles de las autoridades.

Las autoridades militares mantienen las facultades para expedir, revalidar, suspender, cancelar o revocar permisos. Por su parte, la Policía y las demás entidades competentes conservan sus funciones de inspección, verificación e incautación cuando encuentren irregularidades.

Así, durante un procedimiento, no bastará con que una persona diga que tiene un arma legal. Las autoridades podrán verificar que el permiso esté vigente, que corresponda al titular y que el arma que lleva sea exactamente la que aparece registrada y autorizada.

Además, el Gobierno mantiene la posibilidad de establecer nuevamente restricciones generales o individuales si las condiciones de seguridad nacional, seguridad pública u orden público así lo requieren.

En conclusión, el nuevo decreto no convierte a Colombia en un país de porte libre de armas. La decisión de Abelardo de la Espriella permite que vuelvan a tener eficacia los permisos de porte que estaban vigentes, pero conserva los filtros, requisitos y controles establecidos por la legislación.

Por eso, ante la pregunta de si cualquier persona puede comprar un arma y salir con ella a la calle, la respuesta sigue siendo no: una cosa es adquirir legalmente un arma y otra muy distinta tener una autorización individual vigente que permita portarla.

Según líderes comunitarios, el apoyo brindado ha permitido la continuidad de estas ollas, que ahora representan un pilar fundamental para la seguridad alimentaria de los grupos familiares e individuos más vulnerables del área. Cecilia Garcés Asprilla, quien representa a los residentes de las torres 83 a 90, señaló: "Estos insumos nos permiten sostener la olla comunitaria, la cual brinda alimento a cerca de 90 personas. Agradezco a la Alcaldía de Cali por estar aquí". Esta colaboración se traduce no solo en alimentos, sino también en el fortalecimiento del tejido social de Altos de Santa Elena. Wilson Morales, líder de la torre 5, explicó que la coordinación entre vecinos y administración favorece que alrededor de 20 personas tengan acceso a tres raciones diarias de comida gracias a estos espacios comunitarios.

El acompañamiento institucional va más allá del suministro de alimentos. La administración distrital, por intermedio de las secretarías de Salud, Vivienda, Seguridad y Justicia, Educación y Bienestar Social, mantiene la operación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la zona. Este espacio permite atender de manera directa las inquietudes y necesidades de quienes se han visto más afectados por el sismo, en especial en temas de asistencia social, inscripción al Registro Unifamiliar de Emergencias (RUFE) y al Registro Único de Damnificados (RUD). Además, se acompaña a la comunidad en la prevención de violencias basadas en género y en gestiones asociadas al programa Persona Mayor.

Carolina Ordóñez Cedeño, subsecretaria de Poblaciones y Etnias, reafirmó que el principal compromiso del Distrito es asegurar el acceso efectivo a los derechos fundamentales, principalmente a una alimentación digna y atención psicosocial. De este modo, la Alcaldía mantiene su presencia y apoyo, promoviendo la solidaridad y resiliencia colectivas como vías para la recuperación.

¿Cuáles son los beneficios de las ollas comunitarias para los habitantes de Altos de Santa Elena?

Las ollas comunitarias, de acuerdo con líderes como Cecilia Garcés Asprilla y Wilson Morales, representan un soporte esencial para la alimentación diaria de personas que continúan en la zona tras el terremoto. Estas estructuras no solo aseguran el acceso a comida para cerca de 800 habitantes, sino que fortalecen la organización y unión de la comunidad ante la adversidad.

¿Qué entidades apoyan a los damnificados de Altos de Santa Elena tras el terremoto?

La respuesta a la emergencia ha contado con la intervención de varias secretarías de la Alcaldía de Cali, entre ellas Bienestar Social, Salud, Vivienda, Seguridad y Justicia y Educación. Además, el Puesto de Mando Unificado (PMU) articula la atención, facilitando inscripciones al Registro Unifamiliar de Emergencias (RUFE) y al Registro Único de Damnificados (RUD), y atendiendo otras necesidades prioritarias según lo indicado por la administración distrital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Las víctimas, un hombre y una mujer, presentaban lesiones que, según las primeras indagaciones, habrían sido ocasionadas con arma de fuego. Los cuerpos fueron encontrados en una región que se localiza a aproximadamente dos horas y media del casco urbano, lo que pone en evidencia las condiciones adversas en las que se realizó el descubrimiento y la posterior intervención de las autoridades para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.

Ante la magnitud del suceso, la Policía Judicial asumió de inmediato la investigación del doble homicidio, desplazando un equipo especial al lugar de los hechos con el objetivo de establecer con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. El capitán Jonathan Sánchez Bermúdez, comandante del Distrito de Policía Rovira, señaló: “En este momento los hechos son materia de investigación. Un equipo especial de la Policía Judicial adelanta labores correspondientes con el propósito de establecer plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como identificar y ubicar a los responsables”.

Sumado a esto, el Departamento de Policía Tolima reiteró el llamado a los habitantes para que colaboren con información que permita esclarecer el caso. La institución aseguró que toda la información suministrada a la línea 123 o a la patrulla de policía más cercana será recibida bajo absoluta reserva, garantizando la protección de quienes decidan aportar datos relevantes.

El caso mantiene en vilo a la comunidad de El Cedral y zonas vecinas, quienes esperan que las investigaciones avancen para esclarecer lo sucedido y brindar un parte de tranquilidad.

¿Qué se sabe hasta ahora del doble homicidio en Roncesvalles, Tolima?

Según el reporte oficial del Departamento de Policía Tolima, hasta el momento se conoce que dos personas, un hombre y una mujer, fueron encontradas sin vida con lesiones producidas, al parecer, por arma de fuego en la vereda El Cedral. Las circunstancias en que ocurrió el hecho son materia de investigación y un equipo especial de la Policía Judicial trabaja para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

¿Cómo pueden colaborar los habitantes de El Cedral con las investigaciones del doble homicidio?

De acuerdo con las autoridades, los habitantes pueden aportar cualquier información relevante comunicándose a la línea 123 o acercándose a la patrulla de policía más cercana. El Departamento de Policía Tolima afirmó que se garantiza la absoluta reserva de la información proporcionada, con el fin de proteger la identidad de quienes colaboren.

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La entidad señaló que el producto no cuenta con registro sanitario, requisito obligatorio para la venta de plaguicidas de uso doméstico o en salud pública en el país.

De acuerdo con la alerta sanitaria 286-2026, la falta de registro impide garantizar aspectos fundamentales como la calidad, seguridad, eficacia, composición y origen del insecticida, además de las condiciones en las que fue fabricado, almacenado y transportado.

El Invima advirtió que esta situación puede representar un riesgo para la salud de las personas que lo utilicen.

La detección del producto se produjo tras denuncias ciudadanas y acciones de vigilancia sanitaria. Ante esto, la autoridad pidió a quienes ya lo compraron o lo tienen en sus hogares suspender inmediatamente su uso.

Asimismo, recomendó no adquirir ‘Sergio El Exterminador’ y denunciar ante el Invima a las personas o establecimientos que lo comercialicen o distribuyan.

La entidad recordó que los productos fraudulentos pueden promocionarse mediante redes sociales, páginas web y otros canales digitales, por lo que recomendó verificar siempre el registro sanitario antes de comprar plaguicidas.

Durante la primera jornada, programada para el 9 de septiembre, el equipo técnico realizará labores en los predios ubicados en Calle 3 #61A-41 y Calle 3 #58-65. La intervención continuará el 10 de septiembre en el sector de Calle 3 con Carrera 56. Según la información entregada por Gases de Occidente, cada una de estas intervenciones contemplará una serie de pasos técnicos clave. Primero, se realizarán inspecciones preventivas externas en las viviendas, seguidas de validaciones técnicas y de desconexión del servicio en propiedades vecinas, cuyo suministro también se ha visto alterado.

La empresa enfatizó la importancia de que una persona autorizada y mayor de edad esté presente en cada predio durante las visitas, con el fin de facilitar el acceso y la correcta realización de los trabajos programados. En caso de que el usuario no pueda encontrarse en su vivienda en el momento de la intervención, se procederá a suspender el servicio como medida preventiva. Posteriormente, el usuario deberá comunicarse directamente con Gases de Occidente, a través de los teléfonos 602 4187333 o el número de WhatsApp 315 6658536, para concertar una nueva fecha para la visita técnica y con ello permitir que el proceso de restablecimiento continúe sin contratiempos.

La compañía resaltó que el proceso de restablecimiento del servicio se desarrolla de manera gradual y por sectores, debido a la magnitud de las afectaciones y a la necesidad de garantizar la seguridad en las conexiones. De este modo, las labores técnicas se realizan siguiendo un estricto protocolo, siempre orientadas a prevenir incidentes y asegurar que la restauración del suministro sea segura y confiable para todos los usuarios afectados en el interior del barrio El Refugio y zonas cercanas.

¿Cuáles son las recomendaciones para los usuarios durante los trabajos de Gases de Occidente en El Refugio?

Los usuarios deben asegurarse de que una persona mayor de edad y autorizada esté presente durante las visitas técnicas programadas. Si no puede asistir en la fecha indicada, es fundamental contactar a la empresa para programar una nueva visita, ya que, de no hacerlo, el servicio permanecerá suspendido preventivamente.

¿Por qué el restablecimiento del servicio de gas natural se realiza de forma gradual y por sectores?

De acuerdo con lo informado por Gases de Occidente, el restablecimiento gradual obedece a la necesidad de garantizar la seguridad de los usuarios, dado que las afectaciones en el suministro han sido extensas y requieren intervenciones individualizadas en cada predio afectado conforme a protocolos técnicos.

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El vocero presidencial, Miller Soto, explicó que la medida restablece la eficacia de los permisos individuales ordinarios que estén vigentes y cumplan los requisitos establecidos por la Constitución y la ley.

Soto recordó que el monopolio de las armas continúa exclusivamente en manos del Estado, de acuerdo con el artículo 223 de la Constitución. Con el decreto también se elimina la exigencia de tramitar una autorización especial o salvoconducto extraordinario para quienes ya cuentan con un permiso ordinario vigente.

La norma no permite portar armas a personas con permisos vencidos, cancelados o suspendidos, ni autoriza el uso de armas decomisadas, sometidas a medidas cautelares o relacionadas con procesos penales.

Tampoco convierte los permisos de tenencia, que permiten conservar un arma dentro de un inmueble, en autorizaciones para llevarla en espacios públicos.

Las autoridades militares mantienen la facultad de expedir, renovar, suspender o revocar permisos, mientras la Policía conserva sus funciones de inspección, vigilancia e incautación.

El Gobierno señaló además que entre enero y el 3 de septiembre de 2026 fueron incautadas 15.700 armas, 14.179 vinculadas con delitos.

A lo largo de casi una década en el sector público, Fonseca Roa ha centrado su carrera profesional en entidades de la capital del Tolima. Su puesto más reciente fue como jefe de la Oficina de Contratación de la Alcaldía de Ibagué. Desde ese cargo, coordinó y supervisó todos los procesos contractuales del municipio, así como el acompañamiento a distintas dependencias en las etapas iniciales de los proyectos, la selección de los contratistas, el control de garantías y la vigilancia institucional de las ejecuciones.

Además de esta experiencia, su hoja de vida incluye otras posiciones clave en el sector público de Ibagué. Fue gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), dirigido al fomento de la actividad física y deportiva en la ciudad. También ocupó el cargo de director de Cobertura Educativa en la Secretaría de Educación Municipal y lideró la Oficina Jurídica del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), lo que le dio un conocimiento detallado sobre la administración municipal y el funcionamiento de los sistemas de movilidad local.

En sus primeras declaraciones oficiales, Fonseca Roa expresó su agradecimiento a la alcaldesa Johana Aranda, a la empresa Interaseo y a la Junta Directiva de Ibagué Limpia y Ambiental por confiar en su capacidad y experiencia. Señaló que se compromete a aportar todo su esfuerzo, dedicación y conocimientos para seguir fortaleciendo la empresa, beneficiar a la comunidad y aportar a la supervisión de los servicios públicos de aseo, a la promoción de la cultura ciudadana y a la recuperación de los espacios en la ciudad, de acuerdo con lo reportado.

¿Quién es Juan Sebastián Fonseca Roa, nuevo gerente de Ibagué Limpia y Ambiental?

Juan Sebastián Fonseca Roa es un abogado graduado de la Universidad de Ibagué, con especialización en Gobierno y Gestión Pública Territorial de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha trabajado cerca de 10 años en diferentes entidades públicas de Ibagué, desempeñando cargos como jefe de la Oficina de Contratación de la Alcaldía, gerente del IMDRI, director de Cobertura Educativa y jefe jurídico del SETP, lo que le ha dado experiencia en gestión y administración municipal.

¿Cuáles serán los desafíos de Juan Sebastián Fonseca Roa al frente de Ibagué Limpia y Ambiental?

De acuerdo con la información conocida, entre los principales retos que deberá abordar Fonseca Roa están la continuidad y supervisión del servicio público de aseo, el desarrollo de estrategias de cultura ciudadana, y el proceso de recuperación de espacios públicos en Ibagué, tareas clave para mantener y mejorar el bienestar de la comunidad local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La observación del estado del tiempo se inicia recopilando millones de datos sobre temperatura, presión, humedad y viento, en una labor que abarca toda la Tierra. Esta información se obtiene gracias a una extensa red conformada por estaciones meteorológicas terrestres, boyas oceánicas, aviones comerciales que registran parámetros durante sus vuelos y globos sonda que ascienden hasta la estratosfera. Además, los satélites meteorológicos juegan un papel clave al proporcionar imágenes constantes de los sistemas nubosos, mientras que los radares instalados en superficie ofrecen detalles precisos de la evolución de las lluvias, según lo informa 90minutos.co.

La información recolectada es enviada a centros internacionales equipados con supercomputadoras de alta capacidad. En estos centros, se emplean modelos numéricos de predicción: programas que utilizan las leyes básicas de la física y la termodinámica para simular, de manera exhaustiva, el movimiento e interacción futura de las masas de aire. El procedimiento implica dividir la atmósfera en una rejilla tridimensional y calcular, minuto a minuto, cómo varían las condiciones climáticas, como lo explicó el medio citado.

En el caso específico de la ciudad de Cali este miércoles, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) pronosticó "cielo parcialmente nublado, con períodos de radiación solar alta durante la mañana y tarde, manteniéndose baja la probabilidad de lluvias en horas diurnas; hacia la noche, aumenta la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas debido a un flujo de humedad que llega desde el occidente". Además, la entidad mencionó que el desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) al sur está modulando la dinámica atmosférica regional, y se espera un potencial moderado de precipitaciones para las próximas horas, preservando cobertura nubosa parcial y periodos de insolación en la región andina.

¿Cómo se recopila la información para el pronóstico del clima en Cali?

La recopilación se realiza mediante una red global de estaciones terrestres, boyas oceánicas, aviones, globos sonda y satélites meteorológicos que monitorean continuamente variables como temperatura, presión, humedad y viento. De acuerdo con 90minutos.co, estos datos se analizan en centros internacionales para generar el pronóstico local.

¿Qué significa la Zona de Convergencia Intertropical en el pronóstico climático?

La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) es una franja donde se encuentran los vientos alisios de ambos hemisferios, lo cual influye directamente en la formación de nubes y lluvias. Según la CVC, el desplazamiento de la ZCIT puede modular la dinámica de lluvias en Cali y la región andina.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El encuentro se produjo después de que el caso de Consuelo se hiciera público y llamara la atención del empresario. Tras más de dos décadas viviendo con las consecuencias físicas y emocionales de la agresión, la mujer recibió la propuesta de contar con una vivienda propia y un aporte económico mensual.

(Lea también: María Consuelo, la mujer que pidió la eutanasia, contó qué pasó con el hombre que la atacó con ácido en Bogotá)

Antes de ingresar a la oficina donde se encontraba Calle, Consuelo habló con Citytv, y expresó la felicidad que sentía por la oportunidad que estaba a punto de recibir.

“Muy feliz. Nunca pensé que fuera a llegar tan alto”, manifestó la mujer.

Uno de los principales anuncios realizados durante la reunión fue el propósito de conseguirle a María Consuelo un lugar donde pueda vivir de manera permanente.

El empresario explicó que se buscará un apartaestudio adecuado y que la adquisición podría realizarse con apoyo del Minuto de Dios o directamente a través de la Fundación Arturo Calle.

“Hay que buscarle a Consuelo dónde vivir, un apartaestudio decente, mirar con el Minuto de Dios si se compra un apartaestudio o lo compra la Fundación Arturo Calle y esa vivienda se le entrega para que tenga como usufructo el resto de su existencia”, explicó Calle a Citytv.

De concretarse la propuesta, Consuelo tendría un techo permanente para afrontar su vida diaria, una ayuda que llega después de 26 años de vivir con las secuelas del ataque. La vivienda no sería el único respaldo ofrecido por el empresario. Arturo Calle también anunció que entregará a Consuelo un aporte económico mensual.

La intención, según explicó, es que pueda cubrir sus necesidades básicas y tener una mayor estabilidad.

“Yo le voy a dar un dinero mensual, pero si hay alguien que quiera darle adicional, repito, con mucho gusto”, señaló.

Calle, además, hizo un llamado a otras personas, empresas u organizaciones interesadas en apoyar a Consuelo para que se comuniquen con la Fundación Arturo Calle. El empresario indicó que pueden hacerlo a través del correo presidencia@arturocalle.com.

Aclaró que la convocatoria no busca recaudar dinero para él ni constituye una solicitud directa de recursos para Consuelo, sino que pretende construir una red de apoyo que pueda mantenerse en el tiempo.

“Esto no es que esté yo pidiendo para mí ni para Consuelo, sino que es una cuestión de que pueda estar mucho mejor Consuelo permanentemente”, afirmó a Citytv.

Durante el encuentro, el empresario también contó que la conversación con Consuelo no estuvo marcada únicamente por su historia de dolor. Según relató, ambos han podido compartir momentos de alegría y cercanía.

“Con Consuelo hemos gozado, nos hemos reído mucho, hemos disfrutado. Yo le digo que cuando yo esté estresado y cansado, que venga y me visite”, contó Calle.

También aseguró que las circunstancias que ha atravesado la mujer no son una razón para tratarla de manera diferente.

“Pero no me causa ninguna impresión. ¿Por qué? Porque es razonable a veces que el ser humano tenga estas tragedias”, manifestó.

Arturo Calle también explicó qué lo llevó a involucrarse en la historia de Consuelo y por qué suele apoyar diferentes causas sociales. El empresario aseguró que ayudar a otras personas representa para él una satisfacción personal y una forma de compartir con quienes atraviesan momentos difíciles.

“Soy el hombre más feliz invirtiendo en el prójimo”, expresó.

Asimismo, agregó:

“Dios me dijo que fuera generoso y nada me llevo, pero qué satisfacción tan grande”.

La ayuda anunciada representa para Consuelo una nueva oportunidad después de más de dos décadas marcadas por las consecuencias del ataque con ácido que sufrió.

(Vea también: “Ella no quiere”: Natalia Ponce habló de drástica decisión que tomó mujer que quiere eutanasia)

La historia de María Consuelo Córdoba también ha estado relacionada con su decisión de considerar la eutanasia debido a las dificultades que ha enfrentado durante años por las secuelas de la agresión. Sin embargo, recientemente desistió de esa intención después de recibir apoyo para acceder a nuevas cirugías que podrían contribuir a mejorar su calidad de vida.

Ahora, con el respaldo anunciado por Arturo Calle, se espera que avancen las gestiones para concretar tanto la vivienda como la ayuda económica mensual.

Para Consuelo, el encuentro representa un nuevo capítulo en una historia que durante 26 años estuvo marcada por las consecuencias de un ataque que cambió su vida.

(Vea también: María Consuelo, la mujer que pidió la eutanasia, contó qué pasó con el hombre que la atacó con ácido en Bogotá)

El empresario conoció su historia y decidió ayudarla con algo que puede cambiar sus condiciones de vida: una vivienda para que tenga dónde vivir de manera permanente y un apoyo económico mensual.

Consuelo llegó al encuentro emocionada y aseguró que estaba feliz, pues no esperaba recibir una oportunidad como la que estaba a punto de conocer. Frente a las cámaras de Citytv, antes de ingresar a la oficina del empresario, reconoció la ilusión que le producía la reunión.

Durante la conversación, Calle se mostró cercano con ella y aseguró que han podido compartir momentos de alegría a pesar de la difícil historia que ha tenido que afrontar la mujer. “Con Consuelo hemos gozado, nos hemos reído mucho, hemos disfrutado. Yo le digo que cuando yo esté estresado y cansado, que venga y me visite”, contó el empresario a ese medio.

Uno de los principales anuncios de la reunión fue el compromiso de buscar una vivienda para Consuelo.

Calle explicó que la idea es conseguirle un apartaestudio digno, que pueda utilizar durante el resto de su vida. Para hacerlo, contempla la posibilidad de adquirirlo junto con el Minuto de Dios o mediante la Fundación Arturo Calle.

“Hay que buscarle a Consuelo dónde vivir, un apartaestudio decente, mirar con el Minuto de Dios si se compra un apartaestudio o lo compra la Fundación Arturo Calle y esa vivienda se le entrega para que tenga como usufructo el resto de su existencia”, explicó, cumpliendo la promesa que había anunciado hace varios días, pero que no había podido cumplir.

El empresario también anunció que le entregará dinero mensualmente para ayudarla con sus necesidades. “Yo le voy a dar un dinero mensual”, señaló Calle, quien además invitó a otras personas y empresas que quieran contribuir a la causa a comunicarse con la Fundación Arturo Calle.

El empresario aclaró que la convocatoria busca que Consuelo pueda contar con un respaldo permanente y mejorar sus condiciones de vida.

Consuelo quiere seguir adelante

Durante el encuentro, Calle también le transmitió a Consuelo un mensaje para que continúe adelante sin sentir vergüenza por su historia.

La mujer, quien ha hablado públicamente sobre las dificultades que ha enfrentado después del ataque, aseguró que quiere mantener esa actitud y no esconder su pasado.

“Que siga adelante, que no me dé pena ni nada, saber de dónde vengo y seguir siendo igual”, expresó.

Córdoba también resumió su manera de entender la ayuda que ha recibido y la que espera poder entregar a otras personas cuando tenga la oportunidad: “De gracia se recibe y de gracia se da. Si yo recibo, comparto; siempre tener ese corazón”.

Quién es María Consuelo Córdoba

La historia de Consuelo volvió a tomar fuerza después de que manifestara su intención de practicarse la eutanasia debido a las condiciones que enfrentaba tras el ataque.

Posteriormente, recibió apoyo para acceder a nuevas cirugías que podrían mejorar su calidad de vida, y desistió de esa intención.

Ahora, el compromiso anunciado por Arturo Calle abre otra posibilidad para la mujer: contar con una vivienda y un ingreso mensual que le permitan afrontar el futuro con mayor estabilidad.

El empresario, además, dejó abierta la puerta para que otras personas se sumen a la ayuda, mientras se avanza en la búsqueda del lugar que Consuelo podría convertir en su hogar permanente.

Con el fin de asegurar la protección de participantes, conductores y peatones, la Secretaría de Movilidad decidió implementar un cierre vial en el tramo comprendido entre la carrera 34 y la calle 3 Oeste, específicamente en el sector donde se ubica el Parque del Perro. Esta disposición facilita la circulación segura y el desarrollo de la jornada, al restringir el tránsito vehicular durante el horario del evento. De acuerdo con el comunicado, se recomienda a quienes se desplazarán por esa zona que planeen rutas alternativas, evitando contratiempos por los bloqueos temporales.

La cita no solo está dirigida a quienes buscan esparcimiento; también representa una oportunidad para los emprendedores locales. De acuerdo con Víctor Alfonso Barrera Miranda, secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, "Borondeando ando es un espacio para conocer los emprendimientos, caminar, disfrutar y encontrarnos. Más de 3.500 personas nos han visitado en estos espacios y esto nos demuestra que los caleños y quienes nos visitan quieren vivir la ciudad". La iniciativa integra actividades como la exhibición de emprendimientos, presentaciones de artistas, rifas y otras dinámicas pensadas en la participación de personas de todas las edades y en el fortalecimiento de la economía local.

Así, "Borondeando ando" se consolida como un evento que impulsa la reactivación social y económica en Cali, motivando a los ciudadanos a redescubrir sitios tradicionales y a apoyar a nuevos talentos y negocios. La Secretaría de Movilidad reitera la importancia de planificar con anticipación el desplazamiento, considerando los cierres viales establecidos para garantizar la seguridad de la jornada.

¿Qué actividades podrán disfrutar las familias en "Borondeando ando" en el Parque del Perro?

Las familias que asistan a "Borondeando ando" en el Parque del Perro tendrán la oportunidad de recorrer el sector, disfrutar de exhibiciones de emprendimientos locales, asistir a presentaciones artísticas, participar en rifas y compartir espacios de recreación en un ambiente seguro, de acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Cali.

¿Qué medidas de movilidad han sido implementadas para el evento "Borondeando ando"?

La Secretaría de Movilidad anunció el cierre vial desde la carrera 34 hasta la calle 3 Oeste, en el sector del Parque del Perro, desde las 4:00 p. m. hasta las 12:00 a. m. del viernes 11 de septiembre. Esta medida, dirigida a garantizar la seguridad durante el evento, implica que los conductores deben planificar rutas alternativas para evitar los bloqueos en esa zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La visita de Marco Rubio a Colombia dejó señales de un nuevo rumbo en la relación bilateral, especialmente en seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Durante su encuentro con Abelardo De La Espriella en Barranquilla, Rubio aseguró que Washington respaldará al país para recuperar capacidades de la Fuerza Pública y enfrentar a grupos terroristas y narcotraficantes.

Uno de los puntos centrales fue la situación del ELN y otros grupos armados que tienen campamentos en territorio venezolano. Rubio confirmó que Estados Unidos ha discutido esta amenaza con las autoridades venezolanas y que deberá ser enfrentada rápidamente.

También dejó abierta la posibilidad de establecer bases militares estadounidenses en Colombia, aunque aclaró que cualquier decisión requeriría una invitación del Gobierno colombiano y respetaría plenamente la soberanía nacional.

Además, ambos países firmaron acuerdos sobre tierras raras y uso civil de energía nuclear. Rubio también señaló que la cooperación del nuevo Gobierno podría influir en la próxima certificación antidrogas de Colombia.

En materia comercial, no hubo anuncios concretos sobre la reducción de aranceles. Estados Unidos, además, prepara apoyo para la reconstrucción tras el terremoto.

Entre las áreas afectadas por las labores programadas se encuentran Bosques del Limonar, Portales Nuevo Rey y Gran Limonar Cataya, ubicadas desde la calle 10 A hasta la calle 14, entre la carrera 65 A y la carrera 72. Allí, la suspensión del servicio se extenderá desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., según Emcali. Por otro lado, en el barrio El Porvenir, específicamente en la carrera 7 con calle 34, está previsto un corte desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., debido a tareas de optimización de la red de distribución.

Otro de los frentes de intervención está situado en La Base y Las Ceibas, en la carrera 8 entre las calles 56 y 62, donde se efectuará la reparación de una tubería de gran diámetro. Para realizar estas obras, Emcali contempla el cierre total de ambas calzadas durante seis días, lo que podría ocasionar baja presión en sectores de la zona norte de Cali que dependen de esta red de distribución.

Igualmente, se ha programado la realización de pruebas técnicas en los barrios San Judas, El Guabal y Las Granjas, por lo que se reporta que habrá baja presión en el suministro de agua entre las 12:00 m. y las 3:00 p.m. Además, se informó sobre cortes en otros barrios como Terrón Colorado, Santa Anita, Colseguros, Nueva Floresta, La Cascada, San Joaquín, San Marino, Nueva Tequendama y Olímpico, donde la suspensión dependerá de las características del trabajo realizado en cada dirección específica.

La ejecución de estas maniobras responde a la intención de aumentar la eficiencia y asegurar la continuidad del servicio de agua potable en el mediano y largo plazo. Sin embargo, la suspensión temporal puede impactar el uso cotidiano que los habitantes hacen del recurso, por lo que se recomienda a los usuarios tomar medidas preventivas mientras se desarrollan estas acciones.

¿Qué barrios estarán sin agua en Cali este miércoles según Emcali?

De acuerdo con la información suministrada por Emcali, los barrios que tendrán suspensión total o baja presión en el suministro de agua este miércoles incluyen Bosques del Limonar, Portales Nuevo Rey, Gran Limonar Cataya, El Porvenir, La Base, Las Ceibas, Terrón Colorado, Santa Anita, Colseguros, Nueva Floresta, La Cascada, San Joaquín, San Marino, Nueva Tequendama, Olímpico, así como San Judas, El Guabal y Las Granjas donde se presentará baja presión.

¿Por qué se programan cortes de agua en Cali y cuáles serán los horarios?

Según información de Emcali, los cortes de agua están programados para realizar reposición de válvulas, optimización de redes y reparación de tuberías de gran diámetro, actividades clave para asegurar la eficiencia del acueducto. Los horarios de suspensión varían: en algunos barrios se extenderán desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., en otros desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., y habrá baja presión en distintos sectores entre las 12:00 m. y las 3:00 p.m.

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El caso es investigado por la Policía Metropolitana de Cali y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que buscan establecer con precisión cómo se produjo la lesión y qué ocurrió al interior del inmueble.

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El teniente coronel Luis Díaz, comandante del Distrito 2 de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que la menor fue trasladada rápidamente a un centro asistencial luego de resultar herida con un arma de fuego.

Sin embargo, pese a los esfuerzos para atenderla, llegó al lugar sin signos vitales.

“La Policía Nacional lamenta profundamente un doloroso hecho registrado en la madrugada de este lunes 7 de septiembre en el barrio San Marino de la ciudad de Cali”, manifestó el oficial.

Díaz explicó que las primeras indagaciones permitieron establecer que el disparo se habría producido dentro de una vivienda, aunque inicialmente no fueron entregados detalles sobre la forma en que ocurrió la lesión.

“Una menor de 5 años de edad fue ingresada de urgencias a un centro asistencial con herida por arma de fuego, a donde lamentablemente llegó sin signos vitales”, señaló.

Después de conocerse la muerte de la menor, integrantes de la Policía Judicial y de Infancia y Adolescencia adelantaron los primeros procedimientos en coordinación con el CTI. Los investigadores realizaron entrevistas, verificaciones técnicas y otros actos urgentes con el objetivo de reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda.

“De manera articulada con el CTI y nuestras capacidades de policía judicial e infancia y adolescencia, se adelantaron los actos urgentes, entrevistas y verificaciones técnicas para esclarecer con total precisión lo ocurrido”, explicó el comandante del Distrito 2.

Hasta el momento, una de las versiones preliminares indica que el arma de fuego involucrada no habría sido encontrada durante las primeras diligencias.

La Personería Distrital de Santiago de Cali entregó información preliminar sobre una de las hipótesis que está siendo considerada por las autoridades. Según el personero distrital, Gerardo Mendoza Castrillón, el hermano de la menor, de siete años, habría encontrado un arma de fuego dentro de la vivienda y estaría involucrado accidentalmente en el hecho.

No obstante, esta versión hace parte de una hipótesis preliminar y deberá ser establecida por la investigación. Por ahora, las autoridades no han determinado oficialmente cómo ocurrió el disparo.

Mendoza hizo un llamado a garantizar la atención y protección tanto del menor como de los demás integrantes de la familia mientras avanzan las diligencias.

El caso también llevó a la Personería de Cali a hacer un llamado a los adultos sobre los riesgos relacionados con la tenencia y custodia de armas de fuego en viviendas donde hay niños, niñas y adolescentes.

“Este lamentable caso debe generar una reflexión urgente sobre la responsabilidad de los adultos frente a la tenencia y custodia de armas de fuego”, afirmó Mendoza Castrillón.

El funcionario insistió en que este tipo de elementos no deben permanecer en lugares donde puedan ser manipulados por menores.

“Ningún arma debe permanecer cargada, sin seguro o al alcance de niñas, niños y adolescentes”, sostuvo.

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La Personería Distrital anunció que realizará seguimiento a las actuaciones adelantadas por las instituciones y a las rutas de atención que sean activadas para los menores y sus familiares.

El objetivo será verificar que se garanticen los derechos de los niños y que la familia reciba el acompañamiento correspondiente tras la tragedia.

Mientras tanto, la Policía y el CTI continúan recopilando información y evidencia para determinar exactamente cómo ocurrió el disparo que terminó con la vida de la niña y establecer las circunstancias que rodearon su muerte.

El epicentro fue localizado en inmediaciones de Dabeiba, con coordenadas de 6,91° de latitud y -76,23° de longitud.

De acuerdo con el reporte oficial, los municipios más cercanos al punto del evento fueron Uramita, ubicado a 6 kilómetros; Dabeiba, a 11 kilómetros, y Frontino, a 18 kilómetros.

El evento fue detectado por cuatro estaciones sismológicas y aparece registrado con estatus automático por el SGC.

El organismo también reportó un RMS de 0,3 segundos y un gap de 231 grados, datos técnicos relacionados con la calidad y cobertura de las mediciones.

Por su baja magnitud, el sismo fue de intensidad reducida y no se reportan en la información suministrada daños ni afectaciones asociadas al movimiento. El registro hace parte de la actividad sísmica monitoreada permanentemente por el SGC en Colombia.

En matemáticas, Colombia perdió dos puntos, pasando de 383 a 381. En ciencias, en cambio, mejoró levemente, de 411 a 414. Sin embargo, el dato más relevante reside en los estudiantes que no logran alcanzar los niveles mínimos de competencia. Según la OCDE, un 71 % de los estudiantes colombianos no llegó al nivel 2 de competencia en matemáticas, mientras que el promedio en los países de la organización es del 35 %. En lectura, la situación también resulta preocupante: el 55 % de los colombianos no alcanzó el mínimo exigido, frente a un 31 % promedio de la OCDE.

En el extremo opuesto, la proporción de estudiantes con alto desempeño es muy baja. Menos del 1 % de los jóvenes colombianos alcanzó los niveles más altos, 5 y 6, en matemáticas y lectura. Para poner la cifra en contexto, en los países de la OCDE esas proporciones alcanzan el 8 % en matemáticas y el 6 % en lectura. Esto evidencia tanto los desafíos como las desigualdades estructurales que persisten en el sistema educativo colombiano.

En el ámbito latinoamericano, de acuerdo con la OCDE, Colombia quedó por debajo de naciones como Chile—que logró 436 puntos en ciencias—y Uruguay, pero por encima de Argentina, República Dominicana y Perú. Otro aspecto significativo radica en la brecha socioeconómica, que en el país es de 93 puntos, superando los 85 puntos del promedio de la organización. Por otro lado, la caída acumulada en la lectura desde 2015 llega a 12 puntos porcentuales, lo que refleja una tendencia negativa sostenida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectan las brechas socioeconómicas los resultados de Colombia en las pruebas Pisa?

La diferencia entre estudiantes colombianos de mayores y menores recursos alcanzó 93 puntos según la OCDE, cifra superior al promedio de la organización, que es de 85 puntos. Esto significa que el nivel socioeconómico continúa incidiendo de forma marcada en el acceso y aprovechamiento de la educación, reflejándose en los puntajes de las pruebas Pisa y acentuando desigualdades en el desempeño académico nacional.

¿Cuáles son las cifras más preocupantes de Colombia en matemáticas y lectura según la OCDE?

El 71 % de los estudiantes en Colombia no logra el nivel mínimo de competencia en matemáticas y un 55 % tampoco alcanza el mínimo en lectura, de acuerdo con la OCDE. Además, menos del 1 % alcanza los niveles de excelencia, lo que refleja tanto bajos desempeños generales como escasez de estudiantes con alto rendimiento en estas áreas.

Además en exclusiva reconoce a una paciente que se le murió porque “el anestesiólogo estaba chateando”, el cierre de tres de sus clínicas por la Secretaría de Salud y una orden de captura en su contra.

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Dijo que no operaba, pero un video lo confrontó

Uno de los primeros puntos que Daniel Muñoz buscó esclarecer fue quién opera realmente a los pacientes que llegan a las clínicas de Cubillos.

El médico sostuvo que trabaja con un grupo interdisciplinario y que el responsable de las cirugías plásticas es un cirujano plástico certificado y no él. Cuando Muñoz le preguntó directamente si él operaba, Cubillos insistió en que las cirugías recaían sobre los especialistas de su equipo.

La entrevista dio un giro cuando La Red Viral le mostró un video publicado por el propio Cubillos, en el que aparece realizando un procedimiento sobre una paciente.

“¿Está operando?”, preguntó Muñoz.

“Sí, claro”, respondió Cubillos.

El médico explicó que se trataba de una “demostración quirúrgica” y que estaba utilizando un láser. Muñoz insistió: lo que aparecía en las imágenes era una cirugía plástica o estética.

“Claro. Sí, absolutamente”, terminó reconociendo.

Cubillos defendió que ninguna norma le impide realizar ese tipo de procedimientos.

La precisión resulta relevante: Cubillos sostiene que él no es cirujano plástico responsable de las operaciones, pero algunas pacientes han dicho en La Red Viral que sí es Gabriel Cubillos quien promete opéralas.

Una contradicción frente a las imágenes presentadas por Muñoz, donde reconoció que sí participa directamente en determinados procedimientos quirúrgicos.

Paciente murió tras cirugía: el anestesiólogo y el “paseo de la muerte”

Otra de las revelaciones exclusivas más delicadas de La Red Viral surgió con el caso de Xiomar Vanessa Castillo Vega, una de las pacientes cuyo caso hace parte de los hechos por los que la Fiscalía imputó al Gabriel Cubillos.

Cubillos reconoció que Xiomar sufrió una grave emergencia durante una cirugía realizada el 23 de septiembre de 2024 en una de sus clínicas y aseguró que él se encontraba dentro del quirófano.

Su versión apunta directamente al anestesiólogo: afirmó que, “por estar chateando”, no advirtió lo que estaba ocurriendo. La paciente entró en paro, fue reanimada, quedó en coma y tuvo que ser trasladada a cuidados intensivos.

Pero Daniel fue más allá de lo ocurrido en el quirófano y reconstruyó el recorrido que sufrió Xiomar después de quedar en estado crítico. Durante la entrevista le señaló a Cubillos que la paciente ese día fue trasladada de su clínica a una IPS de Fontibón, al otro lado de la ciudad donde permaneció hasta el 15 de noviembre, y posteriormente fue nuevamente trasladada a la IPS Medical en Kennedy.

Muñoz cuestionó esa cadena de remisiones como un posible “paseo de la muerte”. Cubillos reconoció los traslados, pero se desligó de las decisiones posteriores: sostuvo que inicialmente las remisiones dependían de la red de atención y de la Secretaría de Salud y que, una vez la paciente quedó bajo el manejo de otra institución, los siguientes movimientos ya no dependían de su clínica.

En medio de ese recorrido aparecieron dos datos calve que Daniel no dudo en revelados durante la entrevista: un pago realizado a la IPS de Fontibón otro dinero entregado a la familia. Daniel le preguntó directamente a Cubillos si él había pagado a la IPS y $100 millones a la mañana de Xiomar.

“Sí, claro”, respondió. Daniel preguntó y la póliza?

Cubillos explicó después que existía una póliza para cubrir complicaciones, pero aseguró que esta tenía límites y que, debido a la situación económica de la familia, su clínica aportó recursos adicionales. “Aparte de lo que cubría la póliza, nosotros le ayudamos a la familia”, afirmó.

La explicación abrió un interrogante especialmente sensible: si existía una póliza y Cubillos sostenía que Xiomar ya había sido remitida y había dejado de estar bajo su manejo, ¿por qué su clínica terminó poniendo dinero adicional? El médico negó que esa ayuda constituyera una aceptación de responsabilidad y sostuvo que se trató de un apoyo a una familia que no tenía recursos.

Muñoz también lo confrontó sobre su propio proceder: si consideraba que el anestesiólogo había cometido una falla de semejante gravedad, ¿qué hizo él como dueño de la clínica? Cubillos respondió que decidió “expulsarlo de mi clínica”, aseguró que el caso quedó registrado, que fue conocido por la Secretaría de Salud y que el profesional fue citado ante un comité de ética médica.

El caso de Xiomar adquiere todavía mayor relevancia porque Cubillos reconoció durante la entrevista que está entre los casos cuestionados dentro del proceso que adelanta la Fiscalía.

La exclusiva de La Red Viral permitió así conectar la emergencia dentro del quirófano, el señalamiento de Cubillos contra el anestesiólogo, los posteriores traslados de Xiomar, el cuestionamiento sobre un posible “paseo de la muerte”, los recursos entregados a la familia pese a existir una póliza y, finalmente, la muerte de la paciente.

Orden de captura, cierre de clínicas y la pregunta: ¿estaba huyendo?

Otro de los momentos más tensos de la entrevista llegó cuando Daniel presentó a Gabriel por la orden de captura que existió en su contra. El médico la reconoció, aunque la calificó como “irregular” aseguró que la Fiscalía nunca lo había llamado previamente para informarle que era requerido.

Muñoz no se quedó en esa explicación. Le recordó además que la Secretaría de Salud había ordenado el cierre temporal de tres de sus clínicas mientras investigaba complicaciones y denuncias relacionadas con pacientes. Cubillos reconoció los cierres, pero sostuvo que obedecieron precisamente al desarrollo de esas investigaciones.

Daniel dijo entonces: si se trataba simplemente de una investigación, ¿por qué habían terminado cerradas temporalmente tres clínicas?.

El periodista seguidamente puso sobre la mesa información de fuentes de La Red Viral, según la cual tras esos cierres la Fiscalía habría expedido la orden de captura contra él.

Cubillos rechazó esa relación: “Falso”.

Pero Daniel continuó con otro punto sensible: el tiempo transcurrido antes de que Cubillos compareciera ante las autoridades. Frente a versiones que hablaban de un periodo mayor, Cubillos aseguró que fueron 15 días hasta que supo que existía la orden.

“Dicen que cuando usted se enteró de esa orden de captura se escondió, se desapareció. ¿Qué tan cierto es eso?”, preguntó Muñoz.

“Para nada. Yo siempre pongo la cara porque el que nada debe nada teme”, respondió Cubillos.

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Daniel volvió a presionarlo: si no estaba escondiéndose, ¿por qué terminó presentándose en Barranquilla y no en Bogotá?.

Cubillos explicó que estaba de vacaciones con su familia en un resort cercano a la Sierra Nevada cuando conoció la orden y que desde allí decidió dirigirse a Barranquilla para presentarse.

Muñoz fue directo: ¿estaba huyendo de las autoridades?

Cubillos lo negó categóricamente: “no”.

“Soy absolutamente inocente de todos los cargos que me acusan”, aseguró Cubillos al finalizar su entrevista en La Red Viral, dejando claro que aun sigue operando pacientes. Sin embargo la determinación sobre las eventuales responsabilidades que le imputa la Fiscalía permanecen en aun manos de las autoridades judiciales y el proceso continua abierto.

Rubio señaló que Washington está dispuesto a apoyar el fortalecimiento de estas instalaciones y la cooperación en seguridad, especialmente frente al narcotráfico y el crimen organizado.

La agenda bilateral también contempla mayor intercambio de información, acciones conjuntas contra grupos criminales y fortalecimiento de las capacidades de seguridad de Colombia.

La intención es profundizar la coordinación entre ambos países y responder a los desafíos regionales.

Además de seguridad, la visita abrió conversaciones sobre inversión, energía y desarrollo económico. Estados Unidos busca ampliar sus vínculos comerciales con Colombia y explorar oportunidades de inversión en sectores estratégicos.

Rubio destacó la importancia de mantener una relación cercana con el Gobierno colombiano y trabajar en objetivos compartidos. Por su parte, las autoridades colombianas buscan aprovechar el respaldo estadounidense para fortalecer la seguridad nacional y atraer inversiones.

La visita marca un nuevo momento en las relaciones entre Bogotá y Washington, con una agenda que combina cooperación militar y lucha contra el crimen con oportunidades económicas y energéticas.

Los acuerdos y compromisos anunciados podrían definir una nueva hoja de ruta para la relación bilateral durante los próximos años.

El movimiento telúrico ocurrió a la 1:03 a. m. y tuvo una profundidad de 42 kilómetros, según el Boletín Actualizado 1 publicado por la entidad. Hasta el momento, el reporte suministrado no incluye información sobre daños o personas afectadas por este evento sísmico.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-09, 01:03 hora local Magnitud 3.6. Profundidad 42 km, Sipí – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/1k28hmdUv5

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 9, 2026

¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 3,6 en Sipí?

El movimiento sísmico también fue percibido en Jamundí, Valle del Cauca, donde algunos ciudadanos señalaron que se sintió con fuerza. En el sur de Cali también hubo personas que reportaron haberlo percibido.

Uno de los testimonios corresponde a una persona ubicada en un octavo piso de un edificio de 10 niveles en el sur de Cali, quien indicó que sintió el movimiento. Sin embargo, otros habitantes de esa misma zona señalaron que no percibieron el temblor.

Los reportes ciudadanos muestran que la percepción del sismo fue diferente entre quienes se encontraban en Cali y Jamundí, algo que puede variar según la ubicación y las condiciones del lugar donde se encuentre cada persona.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Las personas que sientan un movimiento telúrico pueden reportarlo mediante el formulario Sismo Sentido, habilitado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). La información permite a la entidad conocer en qué lugares fue percibido el evento y cuáles fueron sus efectos.

Al ingresar al formulario, el ciudadano debe seleccionar el sismo que percibió y proporcionar datos como la fecha, la hora y el lugar donde se encontraba. También puede indicar su departamento, municipio, centro poblado y una dirección aproximada.

El reporte incluye preguntas sobre la intensidad percibida, la reacción de las personas y los movimientos observados en edificios, habitaciones, muebles, puertas, ventanas u otros objetos. También permite informar si hubo daños en la construcción o algún efecto sobre el entorno.

La entidad explica que estos testimonios ayudan a evaluar la intensidad del sismo en diferentes zonas y a conocer sus efectos pocos minutos después del evento. Los datos recopilados tienen fines de evaluación e investigación sobre la actividad sísmica del país.

(Vea también: Presidente De la Espriella firma decreto que modifica restricciones al porte legal de armas en el país)

Más allá de contar con un permiso, el uso de un arma puede tener consecuencias penales y debe analizarse de acuerdo con las circunstancias en las que ocurrió cada hecho.

El tema cobró relevancia luego de que el Gobierno expidiera el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026, con el que volvió a poner en vigencia el sistema de permisos para el porte de armas que había sido restringido en distintos momentos por anteriores administraciones. La medida permitió que cerca de 700.000 personas con autorización vigente puedan llevar sus armas fuera de sus viviendas, según Blu Radio.

En medio de este escenario, el abogado penalista Fabio Mar explicó en diálogo con Recap Blu que tener un permiso de porte no significa que el propietario pueda utilizar el arma sin restricciones. La legislación contempla la legítima defensa cuando existe una agresión actual o inminente contra una persona, sus familiares o determinados bienes jurídicamente protegidos.

“La legítima defensa requiere, según el Código Penal, y esto pues es una institución milenaria, que la defensa para que sea legítima, es decir, cuando yo estoy impidiendo un ataque a mi ser, al de mi familia, a mis bienes, a mi propiedad, a mi intimidad en general, debe ser proporcional”, indicó el experto a la emisora.

Uno de los aspectos centrales está en que la reacción debe estar relacionada con la necesidad de detener la agresión. Por eso, cada situación debe examinarse de manera particular y no basta con argumentar que la persona estaba enfrentando un robo o algún otro tipo de ataque.

La diferencia entre legítima defensa y venganza

El límite jurídico adquiere especial importancia cuando la amenaza ya terminó. La explicación del penalista establece una diferencia entre actuar para repeler una agresión y reaccionar posteriormente como forma de retaliación.

En consecuencia, que una persona tenga un arma de fuego autorizada no significa que cualquier utilización del elemento quede automáticamente amparada por la legítima defensa. Las autoridades pueden revisar las circunstancias concretas, la existencia de una amenaza y la conducta desplegada durante el episodio.

El debate también se produce en medio de las discusiones sobre seguridad ciudadana que acompañaron la decisión del Gobierno. La propia medida mantiene controles para acceder a un permiso de porte, entre ellos requisitos relacionados con la edad, la aptitud psicofísica, los conocimientos sobre el manejo de armas y la revisión de antecedentes.

Así, el cambio en las reglas sobre el porte no elimina las responsabilidades que puedan surgir por el uso de un arma. El análisis de una eventual legítima defensa dependerá de las circunstancias específicas de cada caso y de la valoración que hagan las autoridades judiciales.

Roa, en su calidad de gerente de campaña durante el periodo electoral en cuestión, era el responsable de supervisar todos los ingresos que llegaban a las cuentas oficiales del movimiento que respaldó la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia. En sus pesquisas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció que el equipo de trabajo de Petro superó los topes legales para la financiación de campañas, es decir, ingresó a la campaña más dinero del que permite la normatividad vigente en Colombia. Como resultado, el CNE sancionó tanto a Roa como a la tesorera y la contadora de la campaña con una multa conjunta que supera los 6.000 millones de pesos colombianos.

El proceso penal que adelanta la Fiscalía se concentra en determinar si Roa fue responsable no solo de sobrepasar estos límites, sino también de omitir la rendición de cuentas sobre importantes donaciones recibidas durante la contienda electoral. El ente investigador estima que, bajo la responsabilidad de Roa, los aportes habrían superado los montos permitidos en al menos 1.664 millones de pesos y que ciertos movimientos y recursos no fueron registrados de manera adecuada.

No obstante, Roa ha declarado públicamente su inocencia y sostuvo, incluso al momento de dejar su cargo como presidente de la petrolera estatal el pasado 30 de julio, que las entidades de control estarían interpretando erróneamente varias cifras y movimientos financieros en el proceso en su contra. Según sus palabras, “no se violaron los topes. Hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”.

¿Cuál es el motivo del llamado a juicio contra Ricardo Roa relacionado con la campaña de Gustavo Petro?

El llamado a juicio de Ricardo Roa está fundado en la presunta violación de los límites de financiación de campañas electorales, durante su gestión como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. De acuerdo con la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral, hubo un sobrepaso de los topes legales y posible omisión en la rendición de cuentas.

¿Qué significa sobrepasar los topes de financiación en una campaña electoral?

Superar los topes de financiación en una campaña electoral implica que la campaña recibe más dinero del que la ley permite, lo que puede distorsionar la equidad en la contienda y está sujeto a sanciones legales. El Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía investigan estos casos para garantizar la transparencia en los procesos democráticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El perfil del detenido revela la magnitud de la investigación: de acuerdo con la Dijín, Boedhoe contaba con una sentencia condenatoria en firme de 12 años de prisión por tráfico de drogas. Está señalado además de liderar una estructura transnacional dedicada a enviar cocaína desde Colombia hacia distintos países de Europa, principalmente Francia, España y Países Bajos. El modus operandi de esta red consistía en emplear ‘correos humanos’, es decir, personas que transportaban la droga escondida en su organismo o equipaje, utilizando vuelos comerciales para el traslado internacional de sustancias ilícitas.

Las investigaciones internacionales permitieron establecer que Boedhoe residía en Colombia desde el año 2015. Según información recabada por las autoridades, se habría establecido en el país con el propósito de consolidar alianzas estratégicas con organizaciones narcotraficantes locales, facilitando así la coordinación y ejecución de envíos internacionales de cocaína. Tras su captura en Medellín, Boedhoe fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en espera de los trámites judiciales requeridos para su extradición a la justicia europea.

De acuerdo con El Espectador y fuentes oficiales de la Dijín, este caso refleja la importancia de la cooperación internacional entre cuerpos policiales y judiciales para desarticular redes criminales de alcance global.

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¿Por qué fue capturado Eldrich Boedhoe en Medellín?

Eldrich Boedhoe fue capturado en Medellín debido a que tenía una condena vigente por tráfico de drogas y estaba señalado como líder de una red transnacional que enviaba cocaína desde Colombia hacia países europeos. Las autoridades contaban con una circular roja de la Interpol en su contra, lo que permitió que la Dijín, junto a agencias de Francia y Estados Unidos, ejecutara un operativo exitoso para su aprehensión, según información oficial recogida por El Espectador.

¿Qué es una circular roja de la Interpol y cómo influye en capturas internacionales?

Una circular roja es un requerimiento emitido por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para solicitar la localización y detención preventiva de personas buscadas con miras a su extradición. Este mecanismo facilita la colaboración de fuerzas de seguridad de distintos países, como en el caso de Eldrich Boedhoe, al permitir que esté registrado como fugitivo de alta prioridad entre los miembros de Interpol.

De acuerdo con lo investigado por la Fiscalía y confirmado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro habría recibido ingresos monetarios superiores a los permitidos. Según el CNE, este exceso llevó a que se impusieran sanciones económicas tanto a Ricardo Roa como a la tesorera y la contadora de la campaña: una multa colectiva superior a los 6.000 millones de pesos colombianos. La responsabilidad de Roa se centra en que era el encargado de controlar y vigilar el flujo de recursos a las cuentas de la organización política que promovió la candidatura de Petro a la Casa de Nariño.

Ricardo Roa dejó el cargo de presidente de Ecopetrol el pasado 30 de julio y, hasta su salida, sostuvo su inocencia frente a las acusaciones, señalando que, en su criterio, no hubo violación de los topes de financiación. Roa argumentó públicamente que las cifras presentadas por los entes de control, incluida la Fiscalía, habían sido interpretadas de manera errónea y que existían recursos contabilizados de forma indebida. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que la campaña de Petro habría recibido por encima de 1.664 millones de pesos más de lo permitido y que, además, Roa habría omitido reportar adecuadamente donaciones millonarias, lo que constituye otra posible irregularidad en el manejo de los fondos de la campaña.

La citación de Ricardo Roa a la audiencia reaviva el debate sobre la transparencia en la financiación de campañas políticas en Colombia y el papel de los controles institucionales, representado por entes como el CNE y la Fiscalía.

¿Por qué Ricardo Roa fue sancionado junto con la tesorera y la contadora por el CNE?

Ricardo Roa, en su rol de gerente de la campaña de Gustavo Petro, fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a que, según este ente, tanto él como la tesorera y la contadora permitieron que la campaña superara los límites legales de financiación establecidos por la ley. En consecuencia, los tres deben responder solidariamente por una multa de más de 6.000 millones de pesos, al considerarse que se infringieron las normas sobre recursos en campañas electorales.

¿Qué significa sobrepasar los topes de financiación en una campaña electoral en Colombia?

Sobrepasar los topes de financiación en una campaña electoral implica que la organización política recibe aportes monetarios que exceden el límite máximo permitido por la ley para ese proceso. Esta regulación busca asegurar la transparencia y evitar la influencia indebida de recursos ilícitos o desbalanceados en los resultados electorales, siendo motivo de sanciones administrativas y penales, como quedó evidenciado en el caso de Ricardo Roa y la campaña ‘Petro Presidente’.

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Como respuesta, el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora anunció la reorganización de la campaña militar y policial Esparta, orientada a bloquear corredores utilizados por los grupos armados y fortalecer la integración entre inteligencia y judicialización. Sin embargo, voces como la de Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina de Crisis Group, consultadas por El Espectador, advirtieron que la falta de previsión sobre las consecuencias podría romper la confianza de las comunidades con el Estado.

La reciente “neutralización” de figuras como Naín Andrés Pérez, alias “Bendito Menor”, jefe de un frente de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), marca un avance visible para el gobierno, que reporta la muerte de dos de sus diez “objetivos de alto valor” en los primeros noventa días de mandato. Sin embargo, informes de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y de expertos citados por El Espectador advierten que el poder de las ACSN, consolidado desde 2020, no se limita a su capacidad armada, sino que abarca mecanismos de gobernanza criminal en Magdalena, Cesar y La Guajira, regulando la vida de las comunidades y controlando rentas ilícitas como la extorsión. Por eso, los analistas insisten en que solo una presencia estatal sostenida lograría transformar la estructura de estos grupos.

El debate cobra mayor complejidad ante denuncias de que, según Medicina Legal, seis menores murieron en bombardeos durante el primer mes de la nueva administración, desatando la decisión judicial de suspender ataques aéreos en zonas con posible presencia de menores reclutados. Además, la actuación pública del presidente en episodios como el de “Bendito Menor”, donde mostró cuerpos durante declaraciones oficiales, motivó un fuerte llamado de atención de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien subrayó que la estrategia estatal no debe perder de vista principios constitucionales ni deshumanizar ni a víctimas ni a adversarios.

Así, la política de seguridad enfrenta el reto de lograr resultados tangibles en materia de control territorial y protección a la población, sin que ello signifique caer en una carrera de demostraciones de fuerza que puedan afectar los derechos fundamentales de las comunidades más afectadas por el conflicto.

¿Cuál es el riesgo de fortalecer solo la ofensiva militar en Catatumbo y La Guajira?

Según la Fundación Ideas para la Paz y expertos consultados por El Espectador, reforzar únicamente el componente ofensivo sin una presencia estatal integral podría fragmentar las organizaciones criminales y desplazar la violencia, sin resolver los problemas de control social y gobernanza criminal en las regiones, lo que prolonga el ciclo de inseguridad.

¿Por qué se cuestiona la exhibición pública de bajas en operaciones militares?

La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que exponer cuerpos en declaraciones públicas normaliza la muerte y puede deshumanizar tanto a adversarios como a quienes detentan el poder, recordando que en Colombia esa práctica ha derivado en graves violaciones como las ejecuciones extrajudiciales, investigadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, fue tajante en su respuesta, afirmando que equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas es “una triste equivocación” y que “esa equivalencia no corresponde”. Aunque Lara reconoció el papel fundamental de la Defensoría del Pueblo en la protección de víctimas y derechos humanos en el país, defendió la obligación constitucional del Estado de combatir a quienes ejercen el terror, utilizando medios como drones y prácticas que afectan gravemente a la población, recurriendo incluso al reclutamiento de menores.

La discusión se dio en un contexto marcado por la transición hacia el fin de la política que Lara denominó como la ‘Paz Total’ y la necesidad, señalada tanto por el gobierno como por la Defensoría, de proteger a la población civil en medio de los conflictos armados y la criminalidad organizada. Marín insistió en que lo relevante no es poner en duda la legitimidad de las acciones de la Fuerza Pública, sino cuestionar la manera en que los resultados se comunican y el riesgo de banalizar la muerte en los mensajes institucionales. Para la defensora, “la privación del derecho a la vida no puede ser arbitraria”, y debe analizarse dentro de los límites que imponen la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente en un país que ha atravesado décadas de conflictos armados.

En respuesta, la Defensoría reiteró la disposición para trabajar en alianza interinstitucional, enfocándose en los retos que plantea la expansión territorial de grupos armados, el desplazamiento forzado y la protección de los derechos humanos, siempre exigiendo que los derechos fundamentales, especialmente el respeto por la dignidad incluso en la muerte, sean preservados. La funcionaria enfatizó que, aunque sean legales y en ocasiones necesarias, las operaciones militares que involucran muertes no deben considerarse deseables ni convertirse en motivo de exhibición o demostración de poder.

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¿Por qué la defensora del Pueblo criticó la exhibición de cadáveres en operaciones militares?

La defensora Marín señaló que utilizar los cuerpos sin vida de personas abatidas en operativos como parte de las comunicaciones oficiales contribuye a normalizar la muerte y banalizar la dignidad humana. Considera que la representación pública del poder no debe incluir la muestra de cadáveres, pues la vida y el respeto hacia los muertos son principios fundamentales del Estado de Derecho y del marco constitucional.

¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y por qué es importante en este debate?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que regulan los conflictos armados, limitando los métodos y medios de guerra y protegiendo a las víctimas. Es relevante en este contexto porque, según la defensora, el Estado debe actuar dentro de estos límites incluso en situaciones de guerra, asegurando que la protección de la vida y la dignidad humana no se vean afectadas por la violencia.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Ricardo Roa era el encargado de supervisar los recursos que ingresaban a las cuentas de la organización que impulsó a Gustavo Petro a la presidencia. El Consejo Nacional Electoral (CNE) identificó que el equipo de campaña habría recibido más dinero del autorizado por la ley, lo cual constituye una infracción grave de la normatividad electoral en Colombia. Por este motivo, el CNE sancionó a Roa junto a la tesorera y la contadora de la campaña, imponiéndoles una multa superior a 6.000 millones de pesos colombianos, que deberán pagar de manera conjunta.

Simultáneamente a la sanción administrativa, la Fiscalía avanza en el proceso penal contra Roa por las mismas irregularidades. El órgano investigador señala que, como gerente de campaña, habría excedido los límites de financiación establecidos por la ley en al menos 1.664 millones de pesos colombianos. Adicionalmente, se argumenta que Roa habría omitido reportar importantes donaciones que ingresaron a la campaña presidencial.

Ante las acusaciones, Ricardo Roa, quien renunció a la presidencia de Ecopetrol el pasado 30 de julio, insiste en su inocencia. Con respecto a la información presentada por la Fiscalía y otros entes de control, Roa sostiene que existe una interpretación incorrecta de las cifras y asegura que “no se violaron los topes”, sino que hubo recursos contabilizados de manera indebida.

El proceso contra Ricardo Roa pone de relieve la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la financiación de campañas electorales, temas centrales para la democracia y la confianza pública en las instituciones.

¿Cuáles son las acusaciones específicas de la Fiscalía contra Ricardo Roa por el caso de la campaña Petro Presidente?

La Fiscalía acusa al exgerente de campaña Ricardo Roa de haber sobrepasado los límites legales de financiación, con un margen de al menos 1.664 millones de pesos colombianos, y de omitir la rendición de cuentas sobre importantes donaciones, lo que habría constituido una violación directa a las normas electorales del país.

¿Qué sanciones impuso el Consejo Nacional Electoral en este caso y quiénes deben responder?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una multa superior a 6.000 millones de pesos colombianos a Ricardo Roa, así como a la tesorera y la contadora de la campaña Petro Presidente, por superar los topes permitidos de financiación durante la campaña de 2022. Estas personas deberán responder solidariamente por el pago de la sanción.

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En respuesta, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, comunicó la reestructuración de la campaña militar y policial denominada Esparta, enfocada en bloquear rutas de tráfico de armas y combatientes, y en centralizar esfuerzos de inteligencia y judicialización. Sin embargo, expertos citados por El Espectador advierten sobre el riesgo de que operaciones sin prever consecuencias puedan deteriorar la relación con las comunidades afectadas.

El ataque, que causó la muerte del capitán Marco David Pirajón Montezuma y de los soldados Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Marrugo Manjarrez, generó la reacción directa del presidente, quien prometió que esas muertes no quedarían impunes y resaltó la promesa de hacer caer sobre los responsables la fuerza legítima del Estado.

La estrategia militar reforzada también se refleja en golpes recientes contra cabecillas de grupos armados. En Riohacha murió Naín Andrés Pérez, alias “Bendito Menor”, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), durante una operación conjunta. Este resultado forma parte de la lista de objetivos de “alto valor” que el gobierno espera neutralizar en sus primeros meses. Las ACSN, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), desarrollaron estructuras de control local, gobernanza criminal y resistieron la intromisión de otros grupos armados, especialmente en Magdalena, Cesar y La Guajira.

No obstante, para investigadores como Lerber Dimas y especialistas de la FIP, eliminar líderes armados no garantiza el desmantelamiento de estas organizaciones, pues pueden surgir nuevas disputas y riesgos para la comunidad. Así, las ofensivas requieren un acompañamiento estatal persistente enfocado en la justicia, servicios públicos y protección a los civiles, señalan voces desde la Defensoría del Pueblo y otras instituciones, que también cuestionan la exposición mediática de cadáveres en operativos y el impacto colateral en menores reclutados, según datos de Medicina Legal.

Para la defensora del Pueblo Iris Marín, la clave está en no perder la humanidad en el combate al crimen: el éxito no debe medirse en muertes, sino en derechos garantizados y vidas resguardadas.

¿Qué impacto tienen las ofensivas militares contra grupos armados en la seguridad de Catatumbo?

Las ofensivas militares recientes en Catatumbo han generado golpes directos a estructuras armadas como el ELN, pero las fuentes citadas por El Espectador y la Fundación Ideas para la Paz advierten que sin una presencia estatal sostenida, dichas operaciones pueden fragmentar bandas criminales, provocar disputas internas y desplazar la violencia, sin resolver los problemas de inseguridad que afectan a la población civil.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo critica la estrategia de medir el éxito militar por el número de bajas?

La Defensoría del Pueblo, a través de Iris Marín, sostiene que medir el éxito militar por el conteo de bajas puede deshumanizar el conflicto, exponer a civiles a mayores riesgos y derivar en violaciones de derechos, como ejecuciones extrajudiciales. Para la entidad, la seguridad se evalúa en derechos protegidos y en la reducción del peligro para la población, no únicamente en cifras de muertes de presuntos criminales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió resaltando el trabajo de la Defensoría en la protección de víctimas y derechos humanos. No obstante, rechazó lo que calificó como una “triste equivocación” por parte de Marín, argumentando que equiparar al Estado con bandas narcoterroristas representa una comparación injusta. Lara defendió que el Estado cumple la obligación constitucional de combatir a quienes ejercen el terror y hasta reclutan menores para la guerra, por lo que considera indispensable que la Defensoría refuerce su apoyo en esta labor.

El debate no es nuevo. Desde el pasado 6 de septiembre, la defensora ha advertido sobre los riesgos de que el Estado ingrese en una lógica de competencia con grupos ilegales, buscando demostrar quién ejerce mayor crueldad. Marín subrayó que “el Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel” y que enfrentarse a los grupos armados debe realizarse siempre dentro de los límites que marcan la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), conforme destaca El Espectador.

En la última respuesta, Iris Marín insistió en que se debe analizar la proporcionalidad, necesidad y razonabilidad de cada acción estatal, porque incluso en contextos de guerra existen limitaciones éticas y jurídicas. Recalcó que la protección a la vida es prioritaria y que los muertos deben ser tratados dignamente, sin convertir las bajas en “trofeos” ni en símbolos de poder. Marín reiteró la disposición de la Defensoría a trabajar en conjunto para prevenir vulneraciones y mejorar la protección de la población, enfatizando la importancia de la colaboración institucional frente a la criminalidad organizada y los riesgos para los derechos humanos en Colombia.

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¿Por qué la Defensoría del Pueblo critica la exhibición de cuerpos en comunicados oficiales?

La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, sostiene que la exhibición de cuerpos en anuncios públicos normaliza la violencia y banaliza el respeto por la dignidad humana. Marín enfatizó que la muerte no debe utilizarse como instrumento de poder ni escenografía para demostrar autoridad estatal, y remarcó que, aunque la legítima defensa del Estado sea necesaria, debe comunicarse de forma ética y respetuosa.

¿Cuáles son los límites que impone el Derecho Internacional Humanitario (DIH) al Estado en la guerra?

De acuerdo con la información citada por El Espectador, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) exige que el Estado actúe siempre bajo los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Incluso en contextos armados, la privación de la vida no puede ser arbitraria y las bajas deben ser tratadas con respeto y dignidad, evitando que se usen como elementos de propaganda o demostraciones de poder.

Según la Fiscalía, Roa tenía bajo su responsabilidad la supervisión de todos los recursos económicos que ingresaban a las cuentas oficiales de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia. La investigación sostiene que, durante su gestión, se habrían superado los topes legales permitidos para las campañas electorales. Esa versión también fue corroborada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que estableció que el equipo de la campaña sobrepasó los montos máximos de financiación, ingresando a las cuentas más dinero del autorizado por la normatividad vigente.

Como consecuencia de estos hallazgos, el CNE impuso una sanción económica a Ricardo Roa, junto a la tesorera y a la contadora de la misma campaña presidencial. La multa supera los 6.000 millones de pesos colombianos, monto que deberá ser pagado entre los tres responsables. Paralelamente, la Fiscalía inició un proceso penal contra Roa debido a las mismas anomalías detectadas en los informes financieros de la campaña.

Ricardo Roa renunció a su cargo en Ecopetrol el pasado 30 de julio y, hasta la fecha, ha mantenido su inocencia en todas sus declaraciones públicas. Según él, las cifras presentadas en los procesos en su contra habrían sido malinterpretadas y contienen errores. Ha afirmado que “no se violaron los topes. Hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”.

Sin embargo, la Fiscalía insiste en que Roa, como gerente de la campaña presidencial, sobrepasó el monto máximo de financiación en al menos 1.664 millones de pesos colombianos y omitió reportar millonarias donaciones, lo que fortalece la tesis de violación de topes establecidos por la ley para los gastos de campaña.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía investiga a Ricardo Roa por los topes de campaña de Petro?

La Fiscalía investiga a Ricardo Roa debido a supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Se le acusa de haber permitido que se excedieran los límites legales de gasto para campañas electorales y por la omisión en el reporte de millonarias donaciones, según determina el Consejo Nacional Electoral y el ente investigador.

¿Qué significa ‘violar los topes de gastos en campañas electorales’ en Colombia?

En Colombia, ‘violar los topes de gastos en campañas electorales’ significa sobrepasar los límites de financiación establecidos por la ley para las campañas políticas. Estos topes buscan garantizar la transparencia y la igualdad en las contiendas electorales; superarlos constituye delito y puede acarrear sanciones económicas y procesos judiciales, como ocurre en el caso de Ricardo Roa.

La respuesta oficial no tardó. De acuerdo con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, se reorganizó la campaña Esparta, bloqueando corredores usados por grupos armados y articulando inteligencia y judicialización. Elizabeth Dickinson, de Crisis Group, advirtió en El Espectador que la ofensiva puede deteriorar el vínculo con las comunidades si no se anticipan represalias, recordando los riesgos de aumentar la presión militar sin protección civil sostenida.

La muerte de Naín Andrés Pérez, alias ‘Bendito Menor’, comandante crucial de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), refleja otra faceta de la estrategia gubernamental. Este golpe se suma al dado en agosto al jefe disidente alias “El Ruso”. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), las ACSN, aunque menos numerosas que otros grupos, consolidaron en los últimos años una estructura criminal y de control territorial fuerte en Magdalena, Cesar y La Guajira, fundamentada en extorsión y gobernanza ilegal. Sin embargo, la FIP y expertos como Lerber Dimas apuntan a que atacar militarmente su cúpula no basta para deshabilitar el control y que podría abrirse una nueva disputa interna, perpetuando la violencia contra las comunidades.

Las operaciones aéreas del gobierno también desataron controversias. Según Medicina Legal, seis menores fallecieron en bombardeos recientes, reavivando el debate sobre el reclutamiento infantil y el uso de la fuerza. Dos jueces han ordenado suspender bombardeos en zonas con presencia de niños reclutados. La defensora del Pueblo, Iris Marín, recalcó la importancia de no deshumanizar al adversario ni hacer de la muerte un espectáculo público. De acuerdo con El Espectador, insistió en que el Estado debe proteger derechos y no reducir la seguridad a cifras de bajas. Finalmente, el desafío para el gobierno sigue siendo evitar que el control estatal desaparezca tras los operativos y que la seguridad se asiente no sólo en la fuerza, sino en la garantía de derechos y la presencia institucional real.

¿Qué impacto real tiene la muerte de cabecillas de organizaciones armadas como ‘Bendito Menor’ en la seguridad territorial?

La eliminación de líderes de grupos armados suele medir el éxito inmediato de la estrategia militar, como sucedió con la muerte de ‘Bendito Menor’. Sin embargo, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y expertos citados por El Espectador, estos golpes no garantizan por sí solos la desarticulación de las organizaciones ni el retorno seguro del Estado, ya que pueden provocar reacomodamientos internos y nuevas disputas violentas.

¿Por qué ha sido polémico el uso de bombardeos en zonas de reclutamiento infantil en Colombia?

El debate surge porque, de acuerdo con Medicina Legal y reportes de El Espectador, seis menores han muerto durante ataques aéreos en los primeros meses de gestión de Abelardo de la Espriella. Esto ha llevado a decisiones judiciales que prohíben temporalmente bombardeos en áreas donde se sospecha la presencia de niños reclutados, resaltando la demanda de priorizar la protección de la infancia en el conflicto armado.

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El pasado 6 de septiembre, Iris Marín le solicitó al presidente De la Espriella abstenerse de usar imágenes de cuerpos de personas muertas en operaciones militares como parte de los anuncios oficiales del Gobierno. Explicó que “las imágenes y las palabras de quienes representan el poder público importan”, y subrayó el peligro de normalizar la exposición de los cuerpos en declaraciones oficiales, pues podría convertir la muerte en un símbolo de poder y autoridad, según lo reportado ese día.

Rodrigo Lara, en respuesta, reconoció la labor de la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos humanos pero lamentó lo que considera un error conceptual de Marín. Defendió que "el Estado cumple un deber constitucional de combatir a los criminales que ejercen el terror", aludiendo a escenarios donde los grupos armados incursionan con estrategias de violencia, reclutan niños y controlan grandes zonas del país. Para Lara, equiparar al Estado con estos grupos es una comparación inadecuada.

El Gobierno aclaró que continuará aplicando la ley, sin dejar de enfatizar la importancia de la lucha institucional y la colaboración necesaria con la Defensoría. Marín, por su parte, insistió en mantener el diálogo y el seguimiento de alertas tempranas en zonas prioritarias, recalcando que la protección de los civiles y el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) son irrenunciables. Citó que, aunque los operativos militares pueden ser legales y en ocasiones indispensables, debe prevalecer el respeto por la vida y la dignidad, y agregó que incluso en la guerra existen límites claros que el Estado no debe sobrepasar.

La discusión subraya una preocupación de fondo: la manera en que el Estado comunica el uso legítimo de la fuerza y los riesgos de banalizar la violencia mediante la exposición pública de los muertos. Para la Defensoría, el deber estatal radica en enfrentar a los grupos armados dentro de los límites constitucionales, garantizando siempre el trato digno aún de quienes mueren en combate.

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¿Por qué la Defensoría del Pueblo critica la forma en que el Gobierno exhibe los resultados de operaciones militares?

La Defensoría del Pueblo, a través de Iris Marín, sostiene que el uso de imágenes de personas muertas en anuncios oficiales contribuye a normalizar la muerte y a convertirla en una exhibición de poder. Para la entidad, esta práctica puede banalizar el respeto por la dignidad humana y distorsionar el deber estatal de proteger la vida, incluso en el contexto de operaciones militares legítimas.

¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y cómo se relaciona con las operaciones militares en Colombia?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que regulan la conducta de los conflictos armados con el objetivo de limitar sus efectos y proteger a las personas que no participan en las hostilidades. Según la Defensoría del Pueblo, las operaciones militares en Colombia deben llevarse a cabo dentro del marco constitucional y del DIH, garantizando los derechos humanos y el trato digno incluso de quienes mueren durante los enfrentamientos.

Boedhoe tenía una condena en firme de 12 años de prisión por tráfico de drogas. Además, era señalado como supuesto líder de una red transnacional dedicada al envío de cocaína desde Colombia hacia diferentes países de Europa, específicamente Francia, España y Países Bajos. La modalidad con la que su organización realizaba los envíos consistía en el uso de correos humanos, es decir, personas que transportan la droga en vuelos comerciales, ocultándola en su equipaje o, en ocasiones, en el interior de su cuerpo.

Las autoridades establecieron, de acuerdo con la investigación de la Dijín, que Boedhoe residía en Colombia desde 2015. Se presume que durante su estadía en el país logró consolidar alianzas con organizaciones narcotraficantes locales y coordinar complejos envíos internacionales de estupefacientes hacia Europa.

El operativo que permitió su captura fue posible gracias a la colaboración entre diferentes organismos internacionales, demostrando la importancia de la cooperación transnacional para enfrentar el crimen organizado. Tras su detención, Boedhoe fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Ahora, se encuentra a la espera del proceso para ser entregado formalmente a la justicia europea, donde deberá cumplir la condena impuesta y responder ante las acusaciones en su contra.

Para más detalles sobre este caso y temas de justicia, seguridad y derechos humanos, puede consultarse la sección judicial de El Espectador, fuente de la información presentada.

¿Quién es Eldrich Boedhoe y por qué era buscado por la justicia europea?

Eldrich Boedhoe es un ciudadano neerlandés condenado a 12 años de prisión por delitos relacionados con tráfico de drogas. Según la Dijín, era investigado por supuestamente liderar una red criminal que enviaba cocaína desde Colombia a varios países europeos, utilizando correos humanos en vuelos comerciales. Su captura en Medellín fue resultado de una colaboración internacional y responde a una orden de detención emitida por la justicia de Europa.

¿Qué es una circular roja de la Interpol y cuál es su función en capturas internacionales?

Una circular roja de la Interpol es un aviso internacional solicitado por la justicia de un país miembro, con el objetivo de localizar y detener provisionalmente a una persona buscada, a la espera de un proceso de extradición. Sirve como herramienta clave en la cooperación policial internacional, facilitando que personas acusadas o condenadas en un país puedan ser aprehendidas en otros países y puestas a disposición de la justicia correspondiente.

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De acuerdo con la información recopilada por la Fiscalía, Roa, quien en ese entonces ejercía como gerente de la campaña, habría permitido que la organización política recibiera recursos por encima de lo permitido por la legislación electoral, lo cual constituye una falta grave dentro del proceso democrático. El organismo sostiene que Roa tenía la responsabilidad de vigilar y controlar todo el flujo de dinero que ingresó a favor de la candidatura presidencial que finalmente llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) respaldó las investigaciones, al determinar que el equipo de Petro recibió más fondos que los autorizados legalmente. Por esta razón, el CNE impuso una sanción a Ricardo Roa, así como a la tesorera y la contadora de la campaña, quienes deberán pagar de forma conjunta una multa que supera los 6.000 millones de pesos colombianos. Esta sanción administrativa es paralela al proceso penal que adelanta la Fiscalía, profundizando la controversia alrededor de la financiación de campañas políticas en el país.

A pesar de las acusaciones, Roa sostiene su inocencia y asegura que las cifras analizadas tanto por la Fiscalía como por el CNE han sido “malinterpretadas” y presentan errores en los cálculos. Según Roa, “no se violaron los topes”, sino que existieron “movimientos y recursos contabilizados indebidamente”. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que el monto excedido ascendió, como mínimo, a 1.664 millones de pesos y que habría omisiones en la rendición de cuentas sobre aportes significativos que beneficiaron la campaña presidencial.

La audiencia de octubre será crucial para dilucidar si estos hechos constituyen una violación penal y administrativa, y marcará un precedente sobre la vigilancia de ingresos durante procesos electorales en Colombia.

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¿Por qué la Fiscalía investiga a Ricardo Roa por los gastos de la campaña Petro Presidente?

La Fiscalía investiga a Ricardo Roa porque, según la información conocida del organismo y del Consejo Nacional Electoral (CNE), durante su gestión como gerente de la campaña de Gustavo Petro en 2022 se habrían superado los límites permitidos legalmente para ingresos en campañas. Además, se señala que habría omitido la obligación de reportar ciertas donaciones millonarias, situación que podría configurar una violación a la normatividad electoral vigente.

¿Cuál es el impacto de superar los topes de financiación en campañas electorales en Colombia?

Superar los topes de financiación en campañas implica sanciones administrativas, como multas, y procesos penales, dependiendo de la gravedad de la irregularidad. En este caso, el Consejo Nacional Electoral sancionó a los responsables con una multa de más de 6.000 millones de pesos y la Fiscalía adelanta un proceso penal contra Roa, lo que muestra el alcance legal e institucional de este tipo de faltas en el sistema electoral colombiano.

El ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora anunció ajustes en la campaña militar y policial Esparta, intensificando el bloqueo de rutas cruciales utilizadas para el tráfico ilegal de armas y personal armado, así como la instalación de dos centros de coordinación de inteligencia y judicialización. La directora adjunta para América Latina de Crisis Group, Elizabeth Dickinson, advirtió a El Espectador que estas operaciones pueden romper la confianza de las comunidades si no se prevén represalias y repercusiones.

En paralelo a la crisis en Catatumbo, las fuerzas militares han obtenido resultados operativos relevantes. Recientemente, informaron la muerte de Naín Andrés Pérez, alias “Bendito Menor”, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), durante un operativo en Riohacha. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha documentado que las ACSN han construido una fuerte influencia territorial en Magdalena, Cesar y La Guajira, regulando aspectos de la vida comunitaria e imponiendo rentas ilegales como la extorsión.

No obstante, la Defensoría del Pueblo y la FIP han subrayado que la reducción del poder de estos grupos requiere algo más que operaciones armadas. Javier Flórez, de la FIP, enfatizó que aumentar el pie de fuerza no necesariamente se traduce en mayor seguridad y advirtió sobre la fragmentación criminal y el desplazamiento de economías ilícitas. Otro aspecto crítico es la muerte de menores en bombardeos, según Medicina Legal, lo que ha derivado en restricciones judiciales a las operaciones militares en zonas donde hay presencia de niños reclutados.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó el uso de la muerte como herramienta de exhibición de autoridad y llamó a que la respuesta estatal esté regida por la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario. Afirmó que la seguridad auténtica se debería medir en derechos garantizados y vidas protegidas, no en el número de bajas. Así, el foco del debate recae en si la estrategia del Estado está siendo suficiente y adecuada para transformar el territorio sin cruzar límites éticos o legales definidos.

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¿Qué impacto tuvo la muerte de “Bendito Menor” en las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?

La eliminación de “Bendito Menor”, jefe de un frente de las ACSN, fue un golpe importante al liderazgo armado de la organización, según información de El Espectador y la Fundación Ideas para la Paz. Sin embargo, no implica necesariamente el desmantelamiento de su influencia territorial, pues la ACSN mantiene estructuras profundas en la Sierra Nevada y el control de rentas ilegales. Especialistas alertan que pueden ocurrir reacomodamientos internos y nuevas disputas por el poder que perpetúan la violencia en la región.

¿Cuáles son los riesgos de una estrategia militar ofensiva sin presencia estatal sostenida en Catatumbo?

Los expertos consultados por El Espectador y la Defensoría del Pueblo advierten que, sin una presencia estatal permanente, las ofensivas militares pueden fragmentar los grupos armados y desplazar la violencia, pero no garantizan seguridad a largo plazo. En ausencia de justicia, servicios públicos y protección institucional, las regiones pueden quedar expuestas a reacomodamientos criminales y ciclos reiterativos de violencia, afectando especialmente a las comunidades locales.

Por su parte, el ministro Lara, aunque reconoció el trabajo de la Defensoría en la protección de víctimas y derechos humanos, reprochó enfáticamente lo que considera un error de Marín por “equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad”. De acuerdo con Lara, el Estado cumple un deber constitucional al combatir a quienes actúan con violencia en amplias zonas de Colombia y resaltó que buscan aliados como la Defensoría para enfrentar el terrorismo, el reclutamiento de menores y la barbarie. Lara recordó además el abandono de políticas previas como la de “Paz Total”, asegurando que esa estrategia permitió que poblaciones enteras quedaran sometidas al dominio criminal.

En respuesta, Marín insistió en la importancia de reflexionar sobre la manera en que se comunican los resultados operacionales y reafirmó la disposición de la Defensoría a trabajar en el seguimiento de alertas tempranas en zonas prioritarias. Subrayó que la alianza institucional es clave para afrontar el uso de drones, el reclutamiento forzado, la expansión territorial de grupos armados, el confinamiento y el desplazamiento, así como otros crímenes asociados. Marín fue clara en que el Estado “no puede dejarse llevar por una competencia cruel” y recordó que su función es proteger a la población dentro de la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), sin convertir la muerte en símbolo de poder. La funcionaria recalcó que la vida debe mantenerse como prioridad y que, aunque las operaciones legales de la Fuerza Pública sean a veces necesarias, nunca deben banalizar la dignidad de las personas ni la gravedad de la muerte.

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¿Por qué la Defensoría del Pueblo cuestionó la exhibición de cuerpos fallecidos en operaciones militares?

La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín, cuestionó la exhibición de cuerpos fallecidos en operaciones militares porque considera que este tipo de prácticas normaliza la muerte como parte del discurso público y convierte los cadáveres en una demostración de autoridad. Según sus declaraciones, el uso de imágenes y la manera de comunicar los resultados importan, y el respeto por la dignidad humana debe mantenerse incluso en situaciones de guerra o conflicto armado.

¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario (DIH) mencionado por la defensora Marín?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados en las personas. Protege a quienes no participan en las hostilidades y restringe los métodos y medios de guerra. La defensora Marín hizo referencia a este marco legal para enfatizar que, aun en escenarios de guerra, existen límites claros para proteger la dignidad y la vida, y que el Estado debe cumplir con estos principios en sus acciones militares.

Contra Boedhoe pesa una condena en firme de 12 años de prisión, dictada por delitos de tráfico de drogas. De acuerdo con la Dijín, se le señala como líder de una estructura criminal transnacional dedicada a enviar cocaína desde Colombia hacia Francia, España y Países Bajos. Esta organización, con Boedhoe presuntamente a la cabeza, utilizaba correos humanos —personas encargadas de transportar droga en su equipaje o incluso dentro de su cuerpo— para el tráfico internacional, aprovechando vuelos comerciales como principal medio de traslado.

El proceso investigativo arrojó que Boedhoe se habría radicado en Colombia desde el año 2015. Durante este período, se estima que reforzó alianzas con redes narcotraficantes locales y consolidó la coordinación de envíos ilícitos al exterior. La captura fue posible gracias al flujo de información y la cooperación entre agencias internacionales, lo que llevó a que Boedhoe fuera detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Actualmente, permanece en espera de su entrega formal a las autoridades judiciales europeas, en cumplimiento de los tratados de extradición vigentes.

Según los datos suministrados en el reporte de la Dijín, este caso ilustra cómo el crimen organizado trasciende fronteras y requiere de articulación efectiva entre distintos países y organismos policiales para lograr resultados exitosos en la lucha contra el narcotráfico internacional.

¿Por qué fue capturado Eldrich Boedhoe y qué delitos le imputan?

De acuerdo con la Dijín, Eldrich Boedhoe fue capturado por tener una condena en firme de 12 años de prisión por tráfico de drogas y por supuestamente liderar una red transnacional que enviaba cocaína desde Colombia hacia varios países europeos, utilizando personas como correos humanos en vuelos comerciales.

¿Qué es una circular roja de la Interpol y para qué se utiliza?

La circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) es una solicitud internacional de localización y detención preventiva dirigida a las fuerzas de policía de sus países miembros, para asegurar la captura de personas con orden judicial vigente mientras se tramita su extradición.

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El centro de la investigación de la Fiscalía radica en la presunta violación de los topes legales de financiación de campañas, un límite económico que la ley colombiana impone para evitar la concentración indebida de recursos y garantizar la transparencia electoral. Según la Fiscalía, Roa, en calidad de gerente de la campaña, habría permitido que ingresaran fondos por encima de los límites permitidos, situación que también fue detectada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El CNE, máximo órgano de control en materia electoral, concluyó que el equipo de trabajo de Gustavo Petro recibió ingresos por montos superiores a los autorizados, lo que desencadenó sanciones administrativas contra Roa y otros responsables financieros de la campaña.

La sanción impuesta por el CNE incluye una multa superior a los 6.000 millones de pesos colombianos, suma que deberán pagar Roa, la tesorera y la contadora de la campaña. Paralelamente, la Fiscalía avanza en el proceso penal, enfocándose en la responsabilidad directa de Roa sobre el presunto exceso en los recursos ingresados —estiman un sobrepaso de al menos 1.664 millones de pesos— y, además, le acusan de no rendir cuentas adecuadamente frente a donaciones millonarias recibidas durante la contienda.

Tras dejar su cargo en Ecopetrol el pasado 30 de julio, Roa se ha mantenido firme en su posición de inocencia. Señala que las cifras mencionadas por la Fiscalía y los organismos de control han sido interpretadas de forma equivocada y que, según sus palabras recogidas por El Espectador, “no se violaron los topes” sino que “hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”. Hasta el momento, las autoridades mantienen la acusación y continúan recabando pruebas para esclarecer si hubo o no un incumplimiento de la ley electoral en la pasada campaña presidencial.

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¿Cuándo será la audiencia contra Ricardo Roa por el caso de los topes electorales de la campaña Petro Presidente?

La audiencia en la que la Fiscalía llamará a juicio a Ricardo Roa está programada para el 30 de octubre a las 2:00 p. m., y se realizará de forma virtual, según la información presentada por El Espectador. En esta diligencia, Roa deberá responder por las acusaciones de presunta violación de los límites de gastos en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

¿Por qué fue multado Ricardo Roa por el Consejo Nacional Electoral y de qué lo acusa la Fiscalía?

Ricardo Roa fue multado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) junto con la tesorera y la contadora de la campaña porque, según ese órgano, las cuentas de la campaña Petro Presidente excedieron los topes de financiación permitidos por la ley, con una multa conjunta superior a 6.000 millones de pesos. La Fiscalía lo acusa formalmente de haber permitido la entrada de recursos por encima de lo legalmente aceptado y de no reportar adecuadamente donaciones millonarias a la campaña.

En respuesta a la escalada, el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora anunció la reorganización de la campaña militar y policial llamada Esparta. Según El Espectador, la estrategia consiste en bloquear corredores utilizados por grupos ilegales y crear centros de inteligencia y judicialización, aunque expertos como Elizabeth Dickinson, de Crisis Group, advierten sobre el riesgo de perder la confianza de la comunidad con acciones que no calculen las consecuencias para la población.

Entre los fallecidos en Catatumbo se encuentran el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Marrugo Manjarrez. El ejecutivo enfatizó en sus redes sociales que “sus muertes no quedarán impunes”. Además, otra operación militar relevante fue la muerte de Naín Andrés Pérez, alias “Bendito Menor”, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), quien murió durante una acción conjunta del Ejército y la Policía. Este grupo, con raíces profundas en la sierra, ha consolidado una estructura criminal fuerte en diversas regiones, regulando aspectos de la vida comunitaria e imponiendo su gobernanza sobre rentas ilegales, especialmente la extorsión, como ha documentado la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

La ofensiva estatal, aunque celebra golpes contra capos, enfrenta críticas sobre su alcance y posibles consecuencias. La Defensoría del Pueblo respalda la nueva estrategia, pero insiste en la necesidad de intervenciones estructurales y de largo plazo que ofrezcan justicia, servicios y protección real a las comunidades. Además, la muerte de menores en bombardeos ha reavivado el debate sobre los límites de la fuerza usada por el Gobierno. Iris Marín, defensora del Pueblo, recordó la importancia de evitar prácticas de deshumanización y regresar a una política de seguridad que mide su éxito en garantizar derechos y salvar vidas, no solo en contar bajas de líderes criminales.

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¿Cuál es el impacto de la estrategia militar en la seguridad del Catatumbo y la Sierra Nevada?

La estrategia militar reciente ha permitido golpear a figuras clave de estructuras armadas y bloquear corredores estratégicos; sin embargo, según análisis de la FIP, el control territorial y el bienestar comunitario requieren de una presencia estatal más duradera y comprensiva, pues los golpes militares por sí solos no logran desmontar la injerencia criminal ni proteger plenamente a la población.

¿Qué papel cumple la Defensoría del Pueblo en los debates sobre seguridad y derechos humanos?

La Defensoría del Pueblo juega un rol fundamental al advertir sobre los riesgos humanitarios de la estrategia militar, defender la protección de los derechos humanos y exigir al gobierno que el respeto a la población civil y la justicia sean ejes centrales de cualquier política de seguridad.

La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar y provino del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien resaltó la labor de la Defensoría en la protección de víctimas y derechos humanos, pero lamentó lo que llamó “una triste equivocación: equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad”. Lara defendió el accionar militar señalando que “el Estado cumple un deber constitucional de combatir a los criminales que ejercen el terror en amplias zonas del país”, y subrayó la importancia de la colaboración de la Defensoría para enfrentar amenazas como el reclutamiento de menores y el uso de drones por parte de grupos ilegales.

En este contexto, Marín insistió en que su llamado no desconoce el deber estatal de enfrentar a estos grupos ni cuestiona la legitimidad de las operaciones de la Fuerza Pública, pero sí la manera en que se comunica a la opinión pública. Añadió que en todo caso la privación del derecho a la vida debe ser analizada bajo parámetros de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, dados los límites incluso en el marco del conflicto armado.

La defensora reiteró que los muertos deben ser respetados y tratados dignamente, recordando que aunque en escenarios de conflicto las bajas pueden resultar inevitables y legales, la protección de la vida debe ser prioritaria en el ordenamiento jurídico, tal como lo exige la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Este choque institucional revela la complejidad de comunicar la violencia en un país que ha atravesado décadas de conflicto armado, enfrentando el riesgo de normalizar imágenes y discursos que despojan a la muerte de su gravedad para la sociedad.

¿Por qué la defensora del Pueblo pidió al presidente dejar de exhibir los cuerpos de combatientes muertos?

Iris Marín, defensora del Pueblo, solicitó al presidente Abelardo de la Espriella evitar la exhibición pública de los cuerpos de individuos muertos en operaciones militares, argumentando que normalizar estas imágenes en los anuncios oficiales convierte la muerte en un espectáculo y un instrumento de demostración de poder, lo cual desvirtúa el respeto por la dignidad humana, según información de El Espectador.

¿Cuál es la posición del Gobierno frente a las críticas sobre la exhibición de resultados en operaciones militares?

El Gobierno, a través del ministro del Interior Rodrigo Lara, defendió la presentación pública de los resultados de operaciones contra grupos armados alegando que cumplen un deber constitucional. Lara rechazó cualquier comparación entre el Estado y los grupos armados ilegales y afirmó que la divulgación de estos logros de la Fuerza Pública responde a la necesidad de combatir el terrorismo, según lo citado en El Espectador.

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Según los reportes oficiales, Boedhoe no era un actor menor dentro de esta red criminal. Contaba con una sentencia condenatoria en firme de 12 años por tráfico de drogas y era señalado como el líder de una estructura cuyo objetivo principal era el envío de cocaína desde Colombia hacia destinos en Francia, España y Países Bajos. Las autoridades detallaron que los envíos ilícitos se realizaban utilizando “correos humanos” —personas que transportan drogas en vuelos comerciales—, un método muy utilizado por las redes internacionales dada la dificultad de detección entre el flujo masivo de pasajeros.

La investigación señala que el ciudadano neerlandés residía en Colombia desde 2015. Presuntamente, llegó al país con el objetivo de establecer y consolidar alianzas con organizaciones locales de tráfico de drogas. Desde allí, coordinaba la logística para exportar grandes remesas de estupefacientes hacia Europa. Su captura, de acuerdo con la Dijín, marca un avance significativo para desmantelar este tipo de estructuras, que se nutren de la colaboración entre actores nacionales y extranjeros, usando el territorio colombiano como plataforma para el narcotráfico de alcance mundial.

En la actualidad, Eldrich Boedhoe permanece bajo custodia de la Fiscalía en Colombia, a la espera de su extradición a Europa, donde deberá responder ante las autoridades judiciales por los delitos que se le imputan. El procedimiento pone de manifiesto el trabajo articulado de fuerzas internacionales para combatir delitos de alto impacto y el uso de Colombia como punto neurálgico para redes globales de criminalidad.

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¿Cómo fue la captura de Eldrich Boedhoe en Medellín y qué autoridades participaron?

La captura de Eldrich Boedhoe se realizó en Medellín, Antioquia, luego de una operación conjunta entre la Dijín de la Policía Nacional de Colombia, el Servicio de Seguridad Interior (SSI) de Francia y agentes del Servicio de Marshalls de los Estados Unidos. Esta colaboración internacional permitió dar con el paradero del ciudadano neerlandés, quien era requerido por autoridades europeas mediante una circular roja de Interpol.

¿Por qué Eldrich Boedhoe era buscado internacionalmente por las autoridades?

Según la información oficial de la Dijín, Boedhoe tenía una condena en firme de 12 años de prisión por tráfico de drogas y estaba señalado como el líder de una organización transnacional dedicada a enviar cocaína desde Colombia a países europeos como Francia, España y Países Bajos. Las investigaciones indicaron que utilizaba “correos humanos” para el transporte de drogas en vuelos comerciales, lo que lo convirtió en un objetivo prioritario para las autoridades internacionales.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, Roa, en calidad de gerente de la campaña Petro Presidente, tenía bajo su supervisión la totalidad de los recursos que ingresaban a las cuentas del movimiento político que finalmente llevó a Petro a la Casa de Nariño. Las pesquisas del ente acusador sugieren que los montos recolectados y utilizados en la contienda electoral excedieron ampliamente los límites establecidos por la legislación colombiana para la financiación de campañas, una infracción que pone en tela de juicio la transparencia y legalidad del proceso electoral de 2022.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que el equipo liderado por Roa sobrepasó los topes de financiación definidos por la ley. Como consecuencia de esto, el CNE impuso una sanción económica tanto a Roa como a la tesorera y a la contadora de la campaña, con una multa conjunta que supera los 6.000 millones de pesos colombianos, suma que deberá ser cancelada por los tres responsables señalados por la autoridad electoral. Es importante recordar que Roa ocupó la presidencia de Ecopetrol hasta el pasado 30 de julio, fecha en la que decidió abandonar su cargo tras el avance de las investigaciones en su contra.

Frente a las acusaciones, Roa se ha declarado inocente y ha afirmado públicamente que los organismos de control y la Fiscalía han malinterpretado y contabilizado de forma equivocada los recursos utilizados en la campaña. Según sus declaraciones, “no se violaron los topes. Hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Roa habría sobrepasado los montos máximos de financiación permitidos por al menos 1.664 millones de pesos y omitido la declaración de millonarias donaciones. El caso seguirá su curso judicial, mientras los organismos de control y justicia determinan la responsabilidad individual de los involucrados.

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¿Por qué el Consejo Nacional Electoral sancionó a Ricardo Roa y a su equipo de campaña?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una multa superior a 6.000 millones de pesos a Ricardo Roa, junto con la tesorera y la contadora de la campaña presidencial de Gustavo Petro, tras comprobar que se superaron los topes legales de financiación durante las elecciones de 2022. Según los reportes del CNE, al ingresar más dinero del permitido por la ley, se violaron las normas diseñadas para garantizar transparencia en el proceso electoral.

¿Qué significa violar los topes de financiación en una campaña electoral?

En el contexto de las campañas electorales, violar los topes de financiación implica exceder los montos máximos de dinero establecidos por la ley para recaudar y gastar. Esta limitación busca evitar influencias indebidas y asegurar condiciones equitativas entre los candidatos. Según la Fiscalía, Ricardo Roa habría superado estos montos en al menos 1.664 millones de pesos y omitido informar sobre importantes donaciones recibidas.

La respuesta estatal a estos hechos fue inmediata. El ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora detalló la reorganización de la campaña Esparta, enfocada en bloquear corredores estratégicos para armas y hombres, y en la integración de esfuerzos de inteligencia y judicialización. Sin embargo, Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina de Crisis Group, advirtió a El Espectador sobre los peligros de implementar tales operaciones sin prever represalias, pues podrían deteriorar la relación con las comunidades.

El ataque en Catatumbo no fue el único resultado de la ofensiva militar. El pasado 4 de septiembre, el Ejército y la Policía informaron la muerte en La Guajira de Naín Andrés Pérez, alias “Bendito Menor”, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Se trata del segundo de los diez “objetivos de alto valor” que De la Espriella se propuso “neutralizar” en sus primeros 90 días. Sin embargo, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sostiene que, aunque este tipo de golpes puede fragmentar a las ACSN, solo una presencia estatal sostenida evitaría su reconfiguración y el regreso de la violencia a las comunidades.

Además, la Defensoría del Pueblo y expertos citados por El Espectador subrayan que el éxito militar debe traducirse en justicia, servicios públicos y protección local. La muerte de seis menores de edad durante bombardeos presidenciales abrió una controversia por posibles excesos, con jueces ordenando suspender operaciones donde haya riesgos de reclutamiento infantil. Este debate se intensificó tras la difusión de imágenes presidenciales mostrando cadáveres de los operativos, lo que para Iris Marín, defensora del Pueblo, deshumaniza tanto a víctimas como al propio Estado.

Como concluyó Marín, la seguridad va más allá de eliminar líderes armados: debe medirse por garantías de derechos y vidas salvadas para la población civil. En síntesis, la estrategia de De la Espriella enfrenta la prueba de lograr mayor seguridad sin sacrificar los principios del Estado de Derecho.

¿Qué significa la campaña militar y policial Esparta en la estrategia de seguridad del gobierno?

La campaña Esparta, según explicó el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora a El Espectador, consiste en reorganizar operaciones para bloquear corredores frecuentados por grupos armados y centralizar la inteligencia y judicialización, con la finalidad de debilitar el movimiento de armas y hombres. Este esquema busca un control territorial más efectivo, aunque diversos analistas advierten sobre el riesgo de desconfianza y represalias en las comunidades si no se acompaña de una presencia estatal permanente.

¿Por qué la muerte de alias “Bendito Menor” no garantiza la desarticulación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?

De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la desaparición de un líder como “Bendito Menor” fragmenta pero no elimina el poder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, pues la organización ha construido una autoridad territorial y redes de control social difíciles de erradicar solo con acciones armadas. La FIP señala que, sin una política estatal integral y sostenida, otros miembros pueden ocupar ese vacío, perpetuando el ciclo de violencia en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Lara insistió en la necesidad de que la Defensoría colabore en la lucha contra grupos armados responsables de crímenes graves como el uso de drones, el reclutamiento de menores y el desplazamiento forzado, prácticas habituales de organizaciones criminales en el país. Asimismo, el funcionario remarcó que el gobierno seguirá haciendo cumplir la ley y defendió el fin de la política de ‘Paz Total’, señalando que antes se entregaron comunidades “a la tiranía del terror”. A pesar de los roces, Marín respondió reafirmando la disposición de la entidad para trabajar conjuntamente en el seguimiento de alertas tempranas en zonas priorizadas y enfatizó la importancia de la colaboración institucional en el manejo de la crisis humanitaria, el conflicto armado y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

La defensora del Pueblo fue clara al recalcar que, aunque las operaciones militares pueden ser legales y hasta necesarias frente a crímenes atroces, la manera en que se comunican estos hechos debe salvaguardar la dignidad de las víctimas. Sostuvo que la privación de la vida requiere de criterios estrictos de razonabilidad y proporcionalidad y subrayó que incluso en la guerra existen límites legales y éticos. Marín concluyó que el Estado debe anteponer la protección de la vida, respetando tanto las normas constitucionales como el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y que exhibir cuerpos como trofeos vulnera estos principios fundamentales.

¿Por qué está criticando la defensora del Pueblo la forma en la que el Gobierno exhibe los resultados militares?

Iris Marín critica que el Gobierno use imágenes de cuerpos sin vida en sus anuncios públicos para mostrar resultados operativos, alegando que esto normaliza la muerte como demostración de autoridad y vulnera la dignidad de las víctimas, según planteó en su pronunciamiento del 6 de septiembre.

¿Qué postura sostiene el Gobierno frente a las observaciones de la Defensoría sobre derechos humanos y exhibición de cuerpos?

El Gobierno, a través del ministro Rodrigo Lara, rechaza la equiparación con grupos armados y sostiene que cumple su deber constitucional al combatir el crimen, defendiendo la comunicación abierta de sus operaciones mientras insiste en la colaboración con la Defensoría para proteger a la población y mantener el respeto por la ley.

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La Fiscalía ha centrado sus investigaciones en el papel de Roa como responsable de controlar el flujo financiero de la campaña presidencial. De acuerdo con lo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha documentado, durante la gerencia de Roa se superaron los topes establecidos para el financiamiento electoral. Esto significa que fueron recibidos recursos que excedieron lo permitido por la legislación colombiana, lo que generó la apertura de procesos sancionatorios y penales en su contra.

El CNE, entidad encargada de la vigilancia de los procesos electorales y sus recursos en Colombia, verificó que el equipo de la campaña de Petro recibió dinero por encima de los límites, lo que llevó a que Roa, junto con la tesorera y la contadora de la campaña, fuera sancionado con una multa superior a los 6.000 millones de pesos colombianos. Dicha suma debe ser asumida de manera conjunta entre las tres personas.

A pesar de las acusaciones en su contra, Ricardo Roa ha sostenido públicamente su inocencia. En sus declaraciones, ha argumentado que las cifras presentadas tanto por la Fiscalía como por los órganos de control han sido malinterpretadas o presentan errores. Según Roa, “no se violaron los topes. Hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que Roa habría superado los montos máximos de financiación en al menos 1.664 millones de pesos y, además, habría omitido reportar millonarias donaciones recibidas por la campaña de Gustavo Petro.

El proceso legal que enfrenta Roa se desarrolla paralelo a las sanciones administrativas ya impuestas por el CNE y busca esclarecer si efectivamente existieron faltas a la normativa electoral. El desenlace de este caso será clave para el futuro político y judicial de los involucrados.

¿Cuál es la fecha de la audiencia judicial contra Ricardo Roa por el caso de los topes electorales?

La audiencia citada por la Fiscalía contra Ricardo Roa, exgerente de la campaña de Gustavo Petro y expresidente de Ecopetrol, está programada para el 30 de octubre a las 2:00 p. m. y se realizará de forma virtual. Allí el ente acusador expondrá los cargos relacionados con la posible violación de los límites de gastos permitidos en campañas electorales en el año 2022.

¿Por qué el Consejo Nacional Electoral sancionó a Ricardo Roa y otros miembros de la campaña Petro Presidente?

El Consejo Nacional Electoral, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de las normas en procesos electorales, determinó que se superaron los topes de financiación en la campaña ‘Petro Presidente’. Por eso, sancionó a Ricardo Roa, la tesorera y la contadora de la campaña con una multa de más de 6.000 millones de pesos, debido a que la campaña habría recibido montos superiores a los permitidos por la ley electoral.

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Ante esta coyuntura, el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora comunicó la reorganización de la campaña Esparta, que busca bloquear rutas de movilización de armas y hombres, integrando esfuerzos de inteligencia y judicialización. Sin embargo, Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina de Crisis Group, advirtió en declaraciones recogidas por El Espectador que operaciones militares sin considerar su impacto social pueden romper la confianza con las comunidades.

Un aspecto clave de la política del gobierno ha sido la ofensiva contra la cúpula de organizaciones armadas. En su primer mes, esta estrategia logró la muerte de Naín Andrés Pérez, alias ‘Bendito Menor’, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en una operación en Riohacha, y previamente la de alias “el Ruso”, cabecilla de las disidencias de “Iván Mordisco”. Sin embargo, de acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el control territorial de grupos como las ACSN no depende solo de sus cabecillas, pues estas estructuras han afianzado redes ilegales y sistemas de coerción en Magdalena, Cesar y La Guajira, resistiendo incluso al Clan del Golfo.

La FIP advierte que estas ofensivas pueden fragmentar las organizaciones, pero sin una presencia estatal duradera el peligro de volver a la violencia permanece. Tras el operativo en el que murió ‘Bendito Menor’, Lerber Dimas, investigador del conflicto, prevé un posible reacomodamiento criminal y un riesgo renovado para la población.

Paralelamente, la Defensoría del Pueblo ha subrayado los límites de la estrategia militar. Iris Marín, defensora del Pueblo, recordó la necesidad de no deshumanizar al adversario ni utilizar la muerte como símbolo de autoridad, mencionando además el riesgo de que la política de “bajas” derive en abusos como las ejecuciones extrajudiciales investigadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El principal desafío, coinciden las fuentes citadas, es reducir la capacidad de daño y control de los grupos armados, no solo eliminar a sus líderes. La pregunta de fondo es si la actual estrategia puede transformar la realidad en regiones históricamente controladas por actores ilegales, sin sacrificar garantías ni derechos civiles.

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¿Cuál fue el impacto de la muerte de “Bendito Menor” en las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?

La muerte de “Bendito Menor”, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), constituyó un golpe significativo para esta organización criminal, pero no implicó una desarticulación de su estructura ni de su capacidad de control territorial. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, el poder de las ACSN se basa en años de presencia en regiones como Magdalena, Cesar y La Guajira, y depende de su arquitectura criminal y su dominio sobre economías ilegales. La ausencia de una presencia estatal sostenida tras estos golpes puede facilitar el reacomodamiento de otros mandos y mantener el riesgo de violencia para la población.

¿Qué críticas ha recibido la estrategia militar del gobierno de Abelardo de la Espriella en zonas como Catatumbo?

Según la defensora del Pueblo, Iris Marín, y la Fundación Ideas para la Paz, la estrategia militar del gobierno de Abelardo de la Espriella ha sido cuestionada por centrar sus esfuerzos en la eliminación de cabecillas, sin garantizar una intervención integral que proteja los derechos civiles y transforme los problemas estructurales. La preocupación principal radica en que estas ofensivas pueden resultar insuficientes si no se acompaña de acción institucional sostenible, aumentando el riesgo de fragmentación criminal, desplazamiento de economías ilegales y nuevas oleadas de violencia en zonas históricamente afectadas.

Rodrigo Lara, ministro del Interior, respondió resaltando el papel de la Defensoría en la protección de víctimas y derechos humanos, pero calificó como una “triste equivocación” equiparar al Estado con las bandas criminales. Para Lara, el Estado cumple con su deber constitucional enfrentando a quienes ejercen violencia y terror. En su opinión, la participación de la Defensoría es clave para combatir delitos como el uso de drones para ataques, el reclutamiento de menores y otras acciones de grupos armados que atemorizan amplias zonas del país.

En respuesta, Marín reiteró la necesidad de repensar la forma en que se comunican los resultados de los operativos. Sostuvo que la colaboración institucional es fundamental para enfrentar fenómenos como la expansión de la criminalidad, el confinamiento, el desplazamiento forzado y, en general, las graves violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Recordó que a pesar de que muchas de estas acciones son legales desde la perspectiva oficial, la protección de la vida sigue siendo un principio prioritario en el marco jurídico colombiano. Insistió en que “la privación del derecho a la vida no puede ser arbitraria” y que toda acción debe ser analizada por su razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Como señaló la Defensoría, aunque Colombia ha lidiado con décadas de conflicto armado, es inusual ver a un presidente “caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”. El llamado de Marín es a respetar la dignidad humana incluso en el marco de la guerra y a mantener límites claros en la confrontación con los actores armados, sin utilizar la muerte como demostración de poder estatal.

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¿Por qué la Defensoría del Pueblo critica la exhibición de muertos en operaciones militares?

La defensora del Pueblo, Iris Marín, sostiene que la exhibición de cuerpos en anuncios oficiales normaliza la muerte y convierte a las víctimas en parte de la escenografía del poder, lo cual considera contrario a la ética pública. Según su postura expresada en El Espectador, este tipo de comunicación puede banalizar la dignidad humana y generar competencia entre el Estado y los grupos armados en la demostración de poder por medio del miedo y la crueldad.

¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y cómo se relaciona con este debate?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a quienes no participan directamente en las hostilidades y regulando los métodos de guerra. En este contexto, la Defensoría del Pueblo remarca que aunque las fuerzas estatales enfrenten a grupos armados, deben hacerlo respetando la dignidad humana y evitando acciones que puedan ser percibidas como arbitrarias o desproporcionadas, en línea con las exigencias del DIH.

La información oficial indica que Boedhoe contaba con una condena en firme de 12 años de prisión por tráfico de drogas, según la Dijín. Además, el capturado es señalado como presunto líder de una estructura transnacional dedicada al envío de cocaína desde Colombia hacia Europa, específicamente a Francia, España y los Países Bajos. Las autoridades detallaron que las operaciones ilegales se realizaban por medio de 'correos humanos', es decir, personas que transportaban drogas ocultas en el cuerpo o el equipaje en vuelos comerciales.

Las pesquisas indican que Boedhoe se había radicado en Colombia desde el año 2015. Según los investigadores, su permanencia en territorio colombiano tendría como objetivo consolidar alianzas estratégicas con otras organizaciones narcotraficantes presentes en el país y coordinar los envíos internacionales de estupefacientes. La captura de Boedhoe constituye un golpe relevante para las autoridades, teniendo en cuenta la red internacional que presuntamente lideraba.

Luego de su detención, Boedhoe fue dejado a disposición de la Fiscalía colombiana y está a la espera del proceso de extradición para ser entregado a la justicia europea, que busca que cumpla su condena. Todo este operativo ha contado con la cooperación de agencias reconocidas, entre ellas la Interpol, el Servicio de Seguridad Interior de Francia y el Servicio de Marshalls de Estados Unidos, lo que demuestra el nivel de coordinación internacional en temas de lucha contra el narcotráfico.

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¿Quién es Eldrich Boedhoe y por qué las autoridades europeas lo buscaban?

Eldrich Boedhoe es un ciudadano de los Países Bajos que fue condenado a 12 años de prisión por tráfico de drogas. De acuerdo con la Dijín, era investigado por supuestamente liderar una red de narcotráfico dedicada a enviar cocaína desde Colombia a varios países europeos. Su detención era prioritaria para las autoridades europeas debido a su papel dentro de una estructura transnacional.

¿Cómo fue la captura de Eldrich Boedhoe en Medellín y qué agencias participaron?

La captura de Eldrich Boedhoe se realizó en Medellín, Antioquia, según informó la Dijín de la Policía Nacional. El operativo contó con la colaboración del Servicio de Seguridad Interior de Francia y el Servicio de Marshalls de Estados Unidos. La acción se enmarca en un esfuerzo internacional para combatir redes de narcotráfico que operan entre Colombia y Europa.

De acuerdo con la Fiscalía, Roa tenía la responsabilidad de supervisar y controlar el flujo de dinero hacia las cuentas de la organización política de Petro. El Consejo Nacional Electoral (CNE), máxima autoridad en temas electorales, concluyó que el equipo de trabajo del exmandatario no cumplió los límites establecidos, permitiendo que ingresaran recursos por encima de lo autorizado. Esta transgresión de la normativa electoral originó una sanción pecuniaria para Roa y dos miembros más del equipo financiero, quienes deberán abonar de manera conjunta más de 6.000 millones de pesos colombianos (COP).

La decisión del Consejo Nacional Electoral se suma al proceso penal que adelanta la Fiscalía contra Roa por los mismos hechos. Pese a las acusaciones, Roa ha mantenido su inocencia, argumentando públicamente que las cifras presentadas por las autoridades investigativas han sido interpretadas de forma errónea y contienen inconsistencias. “No se violaron los topes. Hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”, expresó en sus declaraciones poco después de dejar Ecopetrol el pasado 30 de julio.

Sin embargo, la posición oficial de la Fiscalía contradice sus afirmaciones: sostiene que Roa y su equipo habrían superado los montos máximos por al menos 1.664 millones de pesos colombianos, además de no reportar millonarias donaciones, una omisión que agrava la supuesta falta. Así, la audiencia del 30 de octubre se convierte en un punto decisivo para delimitar responsabilidades y aclarar el alcance real de las presuntas irregularidades en la campaña de Gustavo Petro, un tema que ha captado la atención nacional y plantea interrogantes sobre la financiación política en el país.

¿Cuál es la acusación puntual contra Ricardo Roa por la Fiscalía?

La acusación puntual de la Fiscalía General de la Nación contra Ricardo Roa es la violación de los topes legales de gasto en campañas electorales, específicamente al presuntamente superar los límites permitidos para la financiación e ingreso de dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, y omitir reportar ciertos recursos y donaciones.

¿Qué significa que se hayan “superado los topes electorales” en una campaña?

Superar los topes electorales en una campaña política implica que el monto total de dinero recibido y/o gastado por la organización excede el límite máximo autorizado por la ley. Según el Consejo Nacional Electoral, este acto representa una infracción grave, ya que busca evitar ventajas indebidas y garantizar la transparencia en la contienda electoral.

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De acuerdo con la información recopilada por la Secretaría Distrital de Gobierno, la movilización inició cerca de la Universidad Nacional, en la calle 26 con carrera 33, y culminó en la sede regional del ICBF en la localidad de Teusaquillo. Al transitar hacia esa dirección, se registró el bloqueo de uno de los carriles, lo que obligó a TransMilenio a implementar desvíos temporales en las rutas zonales del sector. En el punto de llegada, algunos manifestantes usaron crayones y pintura en aerosol para dejar mensajes en el edificio y en cámaras de seguridad, conforme informaron los gestores de diálogo.

Las autoridades, mediante el Puesto de Mando Unificado y la colaboración de la Policía Nacional junto a la Policía de Infancia y Adolescencia, respondieron para mantener el orden. Según los reportes, no se presentaron heridos ni capturados durante la jornada. El colectivo Resistencia Chiquita figuró como uno de los principales convocantes, y los equipos de diálogo se centraron en verificar la presencia y condiciones de posibles adolescentes participantes.

Carolina Restrepo Cañavera, directora del ICBF, compartió imágenes de los daños y afirmó que la entidad actuaría judicialmente para identificar responsables, además de reparar los daños en la fachada. Indicó que se investigará si adultos o actores políticos promovieron o financiaron la movilización, aunque, hasta el momento, el ICBF no ha presentado pruebas públicas sobre esa hipótesis ni ha identificado formalmente a responsables directos.

En cuanto al origen de la controversia, la discusión se detonó cuando una comunicación interna de la Regional Huila fue conocida, en la que se pedía emplear “niños y adolescentes”, sin mencionar a las niñas. Posteriormente, la dirección nacional explicó que su postura es priorizar “niñez” al considerar que abarca niñas y niños, aunque la Defensoría del Pueblo solicitó claridad sobre la política lingüística vigente. El ICBF respondió que no excluirá a las niñas de su lenguaje ni de sus programas, y que formalizará su respuesta ante la Defensoría.

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¿Por qué se originó la protesta en el ICBF de Bogotá por el cambio de lenguaje institucional?

La protesta surgió como respuesta a la directriz de la Regional Huila del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para referirse solo a “niños y adolescentes” y a la decisión de la dirección nacional de priorizar el término “niñez”, lo que generó inquietud sobre la posible exclusión del género femenino en la comunicación institucional. Esta polémica motivó la manifestación “Marcha las niñas resisten” frente a la sede regional de Bogotá.

¿Qué acciones anunció el ICBF tras la manifestación y los daños en su sede de Bogotá?

La directora del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, aseguró que la entidad reparará los daños ocasionados en la fachada y las cámaras de seguridad, y que interpondrá acciones judiciales para individualizar a quienes resulten responsables de la intervención. Además, señaló que se investigará una posible financiación o promoción del acto por parte de adultos o actores políticos, aunque no se han divulgado pruebas al respecto.

La emergencia se produjo apenas tres días después de la posesión de De la Espriella, cuando un terremoto de magnitud 7,4 golpeó a Colombia, poniendo en jaque a la población y a un equipo de Gobierno recién nombrado. Aunque el temblor solo duró menos de dos minutos, sus consecuencias representan un desafío de largo plazo para el Gobierno, que deberá gestionar las afectaciones durante meses o incluso años.

La cita en Chocó es particularmente relevante, pues buena parte de los recursos y la capacidad operativa para la reconstrucción dependen de los acuerdos y el respaldo del sector económico. De acuerdo con la información, la presencia de figuras como Alejandro Santo Domingo de Valorem, Jaime y Gabriel Gilinski del Grupo Gilinski, Luis Carlos Sarmiento del Grupo Aval, Fuad Char de Olímpica, Juan Carlos Mora de Bancolombia, César Caicedo de Colombina, Miguel Cortés del Grupo Bolívar, Christian Daes de Tecnoglass, Carlos Julio y Antonio Ardila de la Organización Ardila Lülle y David Vélez de Nubank, otorga legitimidad y respaldo concreto a los planes oficiales.

Esta cita es la segunda que se lleva a cabo en torno a la emergencia y evidencia la urgencia con la que el presidente De la Espriella busca articular al Gobierno con los grandes actores del poder económico. El despliegue de ayudas fue el eje central de la reunión, siendo fundamental la armonía y el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y los principales conglomerados empresariales. Tal como indica el contexto, las decisiones y compromisos que se tomen en este espacio serán determinantes para la hoja de ruta de la reconstrucción nacional.

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¿Quiénes son los empresarios convocados por Abelardo de la Espriella para la reconstrucción tras el terremoto?

Los empresarios convocados por el presidente Abelardo de la Espriella son líderes de los principales grupos económicos del país. Entre ellos están Alejandro Santo Domingo (Valorem), Jaime y Gabriel Gilinski (Grupo Gilinski), Luis Carlos Sarmiento (Grupo Aval), Fuad Char (Olímpica), Juan Carlos Mora (Bancolombia), César Caicedo (Colombina), Miguel Cortés (Grupo Bolívar), Christian Daes (Tecnoglass), Carlos Julio y Antonio Ardila (Organización Ardila Lülle) y David Vélez (Nubank).

¿Por qué es importante la alianza entre el Gobierno y los ‘cacaos’ para la reconstrucción de Colombia tras el terremoto?

La alianza entre el Gobierno y los denominados ‘cacaos’, es decir, los empresarios más influyentes, es clave porque sus recursos y experiencia permiten acelerar y fortalecer la respuesta ante la crisis. Los acuerdos logrados en estas reuniones proporcionan los instrumentos necesarios para que el Gobierno pueda avanzar en la recuperación y la reconstrucción nacional después de un desastre de gran magnitud.

Aunque la Corte Suprema de Justicia absolvió a Plazas Vega en diciembre de 2015 por la desaparición de dos personas, existen otros fallos y múltiples voces de expertos que sostienen la supuesta responsabilidad del coronel en los sucesos conocidos como el holocausto del Palacio de Justicia. Entre quienes han investigado, se destaca Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, también asesinado durante esos días. Gaona, actualmente embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declaró que “las voces del pasado saben qué le ocurrió” a su padre, sosteniendo que las pruebas están disponibles.

El rol de Plazas Vega, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, fue central en los mandos operativos que retuvieron el control del edificio. El oficial, al frente de la Escuela de Caballería, dirigió la operación militar y comandó la entrada de tanques al Palacio. La intervención fue documentada en grabaciones audiovisuales y testimonios de sobrevivientes y militares, muchos de los cuales relataron el manejo que recibieron quienes salieron con vida del sitio, en particular, el traslado de algunos sobrevivientes a la Casa del Florero y a unidades militares al mando de Plazas Vega.

En 2010, el Juzgado Tercero Especializado de Bogotá condenó a Plazas Vega a 30 años de prisión por la desaparición forzada de varios civiles y una combatiente del M-19, aunque la Corte Suprema luego absolvió al coronel por insuficiencia probatoria. Existen declaraciones, como la de la magistrada Patricia Salazar, quien en su salvamento de voto señaló múltiples indicios que vinculan a Plazas Vega y otros oficiales con la eliminación de secuestradores y el trato a los sospechosos de ser guerrilleros.

Por su parte, familiares de víctimas como Irma Franco y Carlos Rodríguez han manifestado inconformidad ante la falta de responsables claros, pese a que diversas investigaciones institucionales e internacionales reconocen la desaparición de quienes estuvieron bajo custodia estatal. Las demandas actuales buscan esclarecer la verdad y la responsabilidad en uno de los episodios más oscuros de la historia colombiana reciente.

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¿Cuál es el rol de Alfonso Plazas Vega en el caso del Palacio de Justicia?

Alfonso Plazas Vega fue señalado como uno de los principales responsables en la operación militar que retomó el control del Palacio de Justicia durante la toma del M-19 en noviembre de 1985. Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, Plazas Vega comandó la Escuela de Caballería y dirigió el ingreso de los tanques al Palacio, participando activamente en la identificación, interrogatorio y traslado de sobrevivientes bajo custodia militar.

¿Por qué la justicia colombiana absolvió a Plazas Vega de las desapariciones forzadas?

La Corte Suprema de Justicia de Colombia absolvió a Alfonso Plazas Vega en 2015 principalmente por falta de pruebas directas que lo vincularan con los casos de desaparición forzada. Aunque existieron indicios y testimonios, la Sala concluyó que no había evidencia suficiente para mantener la sentencia, a pesar de las objeciones expresadas por la magistrada Patricia Salazar y por las víctimas.

De acuerdo con las declaraciones del presidente, la intención es equilibrar el acceso de los ciudadanos al porte de armas, argumentando que “durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes”. Según el mandatario, esto responde a la necesidad de que “la gente decente no pueda defenderse”, mientras el crimen se fortalece en armamento. Las cifras oficiales compartidas en el anuncio subrayan la problemática: entre enero y septiembre, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con delitos y otra parte significativa vinculada a grupos armados como las disidencias, el Clan del Golfo y el Eln. Los datos reflejan además la incautación de 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros solo en el contexto de las disidencias.

No obstante, de la Espriella enfatizó que no se trata de habilitar el “porte indiscriminado”. El control estatal se mantiene: persisten los requisitos como permiso vigente expedido por autoridad militar, edad mínima de 25 años, antecedentes limpios, certificado médico y pruebas de aptitud psicofísica, así como conocimiento teórico sobre el manejo de armas. Lo que sí se elimina es la obligación de solicitar un documento adicional cada año para quienes ya cuentan con permiso actualizado.

El decreto advierte, además, que este levantamiento no constituye una autorización general ni cambia el monopolio estatal estipulado en el artículo 223 de la Constitución Política. Los permisos individuales continúan siendo sujetos de vigilancia, y se restringen o revocan cuando estén vencidos, suspendidos o cuando violen restricciones legales o judiciales. El Ministerio de Defensa, encabezado por Jorge Mora, junto al Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, deberá garantizar “sistemas de registro, control, verificación, auditoría y seguimiento” ante la restauración de los permisos vigentes.

La normativa recalca finalmente que las autoridades podrán suspender de nuevo estos permisos, en casos donde la seguridad nacional o el orden público así lo requieran, de acuerdo con los argumentos del decreto.

¿Cuáles son los requisitos para portar armas tras el decreto firmado por Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con el decreto presentado, los requisitos incluyen contar con un permiso expedido por la autoridad militar, tener como mínimo 25 años, no registrar antecedentes judiciales, aprobar un certificado médico, acreditar aptitud psicofísica y demostrar conocimiento teórico sobre armas. La novedad es que, si ya se posee permiso al día, no es necesario solicitar un documento adicional anual.

¿El levantamiento de la suspensión implica que cualquier ciudadano podrá portar armas libremente?

No. El decreto firmado por el presidente Abelardo de la Espriella no concede una autorización general para portar armas. El monopolio estatal sigue vigente y los permisos individuales continúan siendo necesarios, bajo los controles ya establecidos y sujetos a suspensión o revocatoria ante situaciones legales o de orden público.

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Soto puntualizó que, tras revisar la gestión anterior, se han identificado más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad no ha sido plenamente justificada y que, además, se concentran en periodo de campaña electoral, lo que abre la puerta a nuevas indagaciones. Así mismo, se señaló la existencia de donaciones realizadas durante el primer semestre de 2026, sin que hasta el momento se haya esclarecido quiénes son los beneficiarios finales, y nombramientos cuyo cumplimiento de requisitos legales permanecen bajo investigación. El vocero enfatizó que las evidencias encontradas podrán tener consecuencias fiscales, disciplinarias o penales, y serán presentadas ante las autoridades pertinentes para determinar responsabilidades y tomar medidas en conformidad con la ley.

En relación con otros temas de interés nacional, Miller Soto abordó el impacto negativo del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario y describió las iniciativas promovidas en respuesta a esta emergencia. Destacó la implementación del programa Forrajes Milagro, desarrollado por el Ministerio de Agricultura junto con Agrosavia, orientado a garantizar la producción de heno y silos en las regiones más golpeadas para asegurar la alimentación del ganado. Además, informó sobre el acceso a financiamiento a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), mediante el Combo Milagro de Riego, que incluye tecnología para el suministro de agua y condiciones favorables como tasas subsidiadas, plazos de hasta diez años y beneficios de capitalización rural, con el objetivo de respaldar a campesinos y productores colombianos.

¿En qué consiste la auditoría forense que adelanta el gobierno de Abelardo de la Espriella sobre la administración de Gustavo Petro?

La auditoría forense impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella es una revisión técnica y detallada de las finanzas y contratos gestionados durante la administración de Gustavo Petro. Esta auditoría, según el vocero Miller Soto y Prosperidad Social, implica analizar cuentas, revisar contratos y rastrear movimientos de dinero público con el fin de esclarecer el destino de aproximadamente un billón de pesos colombianos y determinar si existen irregularidades.

¿Qué acciones tomó el gobierno frente a la afectación del sector agropecuario por el fenómeno de El Niño?

Ante las consecuencias del fenómeno de El Niño en el campo colombiano, el gobierno implementó programas como Forrajes Milagro para producir alimentos destinados al ganado. Además, a través de Finagro, puso en marcha el Combo Milagro de Riego, que ofrece facilidades de financiamiento y tecnologías de suministro hídrico con condiciones especiales para apoyar tanto a campesinos como a productores afectados.

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Según explicó De la Espriella, durante años se le impuso una serie de restricciones a ciudadanos que cumplen con la ley, mientras que las actividades delictivas continuaron armándose de manera ilegal. Citó como soporte los datos de la Fuerza Pública, revelando que entre el 1° de enero y el 3 de septiembre se incautaron 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban vinculadas con delitos. Además, se especificó que 980 de estas armas tenían vínculos con disidencias armadas, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el Eln. Dentro del antimaterial incautado a las disidencias, se hallaron 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros, lo que para el mandatario evidencia la magnitud del armamento en manos de estructuras criminales.

Aunque la medida culmina con la suspensión generalizada y facilita la vigencia de permisos individuales, no elimina los controles estrictos. La obtención o renovación del porte de armas seguirá exigiendo requisitos como permiso expedido por autoridad militar, mayoría de edad mínima de 25 años, no tener antecedentes judiciales, aprobación de exámenes médicos y pruebas de aptitud psicofísica, y el debido conocimiento teórico sobre el manejo de armas. Según el decreto citado por El Espectador, los permisos vencidos, suspendidos, revocados o limitados solo a la tenencia —y no al porte— no serán válidos.

La disposición ordena al Ministerio de Defensa y demás autoridades militares reforzar los sistemas de registro y control, manteniendo la trazabilidad y seguimiento de los permisos vigentes. La normativa también prevé que, en caso de cambios en las condiciones de seguridad nacional o pública, las autoridades pueden volver a imponer restricciones tanto generales como individuales, según corresponda.

¿Qué es el porte de armas y cómo se diferencia de la tenencia?

El porte de armas es la autorización legal para que una persona lleve consigo un arma de fuego en lugares públicos, bajo ciertos requisitos y condiciones establecidas por la ley. Por su parte, la tenencia hace referencia al permiso solo para poseer el arma en una propiedad privada, sin poder transportarla ni portarla en espacios públicos.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el permiso de porte de armas en Colombia tras el nuevo decreto?

De acuerdo con el decreto firmado por el presidente De la Espriella, el porte de armas requerirá un permiso expedido por autoridad militar, edad mínima de 25 años, no presentar antecedentes judiciales, contar con certificado médico y demostrar aptitud psicofísica, además de tener conocimiento teórico en el manejo de armas de fuego.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Según lo mencionado por Miller Soto, la auditoría forense también ha puesto en evidencia la existencia de más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad no ha sido comprobada, especialmente concentrados en el periodo de la campaña electoral. Además, se identificaron donaciones realizadas en el primer semestre de 2026 sin que existan beneficiarios finales claros y varios nombramientos en los que, actualmente, se investiga si cumplen con los requisitos legales establecidos. Soto puntualizó que todas estas situaciones están siendo evaluadas cuidadosamente y que los resultados con incidencia en materia fiscal, disciplinaria o penal serán remitidos a las autoridades competentes, asegurando que “los responsables respondan y asuman las consecuencias”.

El vocero subrayó que, aunque la investigación se encuentra en proceso de verificación y se respetará el debido proceso, la administración de De la Espriella no tiene como política encubrir ni minimizar ninguna alerta relacionada con actos de corrupción, comprometiéndose a dar transparencia a cada hallazgo.

En paralelo, Soto también abordó el impacto del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario y las acciones oficiales frente a esta emergencia. Informó que, a través del Ministerio de Agricultura y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), se puso en marcha el programa Forrajes Milagro para producir heno y silos destinados a las regiones más afectadas, garantizando así alimento para el ganado. Adicionalmente, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) habilitó el plan Combo Milagro de Riego, que incluye opciones de financiación preferente con incentivos para dotar a los campesinos de infraestructura como pozos profundos, motobombas sumergibles y sistemas de distribución de agua.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la auditoría forense sobre la administración de Gustavo Petro?

La auditoría forense impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella implica una revisión detallada de contratos, cuentas y movimientos financieros de la gestión anterior. Se busca determinar la legalidad y trazabilidad de aproximadamente 1 billón de pesos en instrumentos financieros, identificar contratos de servicios presuntamente innecesarios y aclarar donaciones y nombramientos sospechosos, según declaraciones de Miller Soto.

¿Qué es el programa Forrajes Milagro y cómo apoya a los campesinos afectados por El Niño?

De acuerdo con Miller Soto, Forrajes Milagro es un programa desarrollado por el Ministerio de Agricultura y Agrosavia para producir heno y silos en las zonas más golpeadas por el fenómeno de El Niño, garantizando alimento para el ganado. Además, el plan Combo Milagro de Riego permite a los productores acceder a herramientas de riego y financiamiento con condiciones ventajosas, fortaleciendo así la seguridad alimentaria y la resiliencia rural frente a la sequía.

El presidente De la Espriella argumentó su decisión con base en cifras de incautaciones presentadas por la Fuerza Pública. Entre el 1º de enero y el 3 de septiembre, las autoridades decomisaron 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estuvieron relacionadas directamente con actividades delictivas. Adicionalmente, señaló que 980 armas estaban vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al Ejército de Liberación Nacional (Eln). También se destacaron las 380 unidades de fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros encontradas entre las armas asociadas a disidencias. De acuerdo con el mandatario, “ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”, pero subrayó que no se trata de permitir el “porte indiscriminado”.

El documento oficial deja claro que el levantamiento de la suspensión general no constituye una autorización masiva para portar armas ni afecta el monopolio estatal de las mismas, establecido según el artículo 223 de la Constitución. En cambio, restablece la vigencia para los permisos individuales que ya existen y para los nuevos que se tramiten, siempre y cuando no medie restricción específica. Para obtener o mantener el permiso de porte, se exigen condiciones como acreditar un permiso vigente expedido por autoridad militar, contar con al menos 25 años de edad, tener antecedentes limpios, aprobar evaluaciones médicas y psicofísicas, y demostrar conocimiento teórico sobre armas.

En cuanto a los límites, las armas cuyo permiso esté vencido, suspendido, cancelado o revocado, así como aquellas sujetas a decomiso o medidas judiciales, quedan expresamente fuera de la posibilidad de ser portadas. Además, quienes únicamente tengan permiso de tenencia y no de porte, tampoco podrán salir con el arma. El Ministerio de Defensa, encabezado por Jorge Mora, será el encargado de coordinar con las autoridades militares para asegurar que el levantamiento de la suspensión se aplique de acuerdo con las directrices legales y administrativas, manteniendo la trazabilidad y auditoría estricta de los permisos. Finalmente, el decreto resalta que las autoridades podrán volver a imponer restricciones o suspensiones generales o individuales, si las situaciones de seguridad así lo exigen.

¿Qué requisitos debe cumplir una persona para portar un arma tras el levantamiento de la suspensión?

Ahora que se ha levantado la suspensión general, sigue siendo obligatorio cumplir con diferentes requisitos, como tener un permiso vigente expedido por una autoridad militar, ser mayor de 25 años, no tener antecedentes judiciales, aprobar exámenes médicos y demostrar aptitud psicofísica y conocimiento sobre armas. Solo quienes cumplan todas estas condiciones y no tengan restricciones individuales podrán portar armas legalmente.

¿Cuándo no es válido el permiso de porte de armas en Colombia?

El permiso de porte de armas pierde validez cuando está vencido, ha sido suspendido o cancelado individualmente, o si el arma fue decomisada, tiene medidas judiciales o administrativas, o existe alguna restricción legal o judicial. Además, el permiso de tenencia no otorga derecho al porte fuera del lugar autorizado.

Soto precisó que la revisión técnica reveló la existencia de más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad real no está verificada. Llama la atención que la mayor parte de estos contratos se concentraron en la época de campaña electoral, lo que abre interrogantes sobre su motivación y justificación. Asimismo, se identificaron donaciones efectuadas en el primer semestre de 2026 sin una claridad específica sobre quiénes serían los beneficiarios finales, además de nombramientos sobre los que pesan dudas acerca del cumplimiento de los requisitos legales correspondientes. Todo este conjunto de situaciones es objeto de investigación en este momento.

El vocero hizo énfasis en que cualquier hallazgo de posibles irregularidades con impacto fiscal, disciplinario o penal será inmediatamente remitido a las autoridades competentes. De esta manera, quienes resulten responsables deberán responder frente a la ley y enfrentar las consecuencias establecidas. Soto enfatizó: “Este gobierno no va a encubrir, no va a minimizar y no va a engavetar una sola alerta de corrupción”, subrayando el compromiso de la actual administración con la transparencia y el debido proceso.

Paralelamente, Soto también abordó los retos ocasionados por el fenómeno de El Niño, especialmente en el sector agropecuario. El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), puso en marcha el programa Forrajes Milagro, destinado a la producción de heno y silos para asegurar el alimento del ganado en las zonas más afectadas. Además, mediante el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), se habilitó la línea de financiación Combo Milagro de Riego, que brinda acceso a pozos profundos, motobombas, paneles solares y sistemas de distribución de agua, con condiciones favorables como plazos de hasta diez años, periodos de gracia, tasas subsidiadas y un incentivo de capitalización de hasta el 30 % para productores rurales.

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¿En qué consiste la auditoría forense a la administración de Gustavo Petro?

La auditoría forense emprendida por el gobierno de Abelardo de la Espriella examina en detalle cuentas, contratos y movimientos del dinero público en la administración pasada. Se busca esclarecer el destino de cerca de un billón de pesos detectados en instrumentos como fiducias y convenios, revisando posibles irregularidades en contratos y donaciones, según el vocero Miller Soto.

¿Qué acciones toma el gobierno frente al impacto de El Niño en el sector agropecuario?

De acuerdo con lo expresado por Miller Soto, el gobierno implementó el programa Forrajes Milagro y el Combo Milagro de Riego, que aportan soluciones como producción de forraje y financiamiento de sistemas tecnológicos para riego, garantizando apoyo a campesinos y productores afectados por el fenómeno de El Niño.

De acuerdo con el propio presidente Abelardo de la Espriella, la razón detrás de este cambio es el desequilibrio percibido entre ciudadanos respetuosos de la ley y criminales armados ilegalmente. En palabras del presidente, "durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes". Según cifras expuestas por el mandatario, entre el 1º de enero y el 3 de septiembre, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos. Además, 980 armas fueron ligadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al Eln. Particularmente, se incautaron 380 fusiles y 65 morteros de calibre 60 milímetros vinculados con las disidencias.

Pese a levantar la restricción general, el Estado mantendrá las facultades de control sobre quién puede portar armas. Así, solo podrán portar armas quienes cuenten con un permiso vigente expedido por la autoridad militar competente, sean mayores de 25 años, no cuenten con antecedentes penales, hayan aprobado exámenes médicos y de aptitud psicofísica, y tengan el conocimiento teórico necesario. No se hará extensiva la autorización si el permiso ha vencido, ha sido suspendido, revocado, cancelado o si el arma ha sido objeto de medidas judiciales o decomiso. El decreto puntualiza que el levantamiento de la suspensión general no significa autorización automática para todos ni modifica el monopolio estatal sobre las armas establecido en el artículo 223 de la Constitución Política.

El Ministerio de Defensa, dirigido por Jorge Mora, está encargado de impartir las directrices necesarias a las autoridades militares para restablecer la vigencia de los permisos amparados por la ley. Al mismo tiempo, las autoridades deberán asegurar la trazabilidad, verificación y seguimiento de cada permiso otorgado. Finalmente, el decreto deja constancia de que las autoridades podrán, en cualquier momento, volver a imponer restricciones generales o individuales si las condiciones de seguridad nacional o pública así lo ameritan.

¿Qué requisitos exige actualmente la ley para portar armas en Colombia?

La legislación colombiana establece que solo pueden portar armas quienes cuenten con un permiso vigente otorgado por la autoridad militar, sean mayores de 25 años, no tengan antecedentes, aprueben evaluación médica y de aptitud psicofísica, y acrediten conocimientos teóricos. También es indispensable no tener permisos vencidos ni armas sujetas a restricciones judiciales o administrativas.

¿El nuevo decreto permite el porte libre de armas para cualquier ciudadano?

No. El decreto solo elimina la suspensión general, pero mantiene intactos los requisitos y controles. No constituye una autorización libre ni exime de los trámites o verificaciones de las autoridades competentes, por lo que portar un arma sigue siendo un privilegio sujeto a regulación estricta.

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Miller Soto expuso que el análisis técnico efectuado a la administración de Petro evidenció una serie de irregularidades, entre ellas, la existencia de más de 900 contratos de prestación de servicios sin una necesidad justificada, la mayoría concentrados en el período de la campaña electoral. Además, se identificaron donaciones realizadas en el primer semestre de 2026 que aún no tienen beneficiarios finales claramente definidos. A esto se suman nombramientos cuyos requisitos legales ahora son sujetos de verificación. Soto recalcó que cada hallazgo que tenga implicaciones fiscales, disciplinarias o penales será entregado a las autoridades competentes para que aquellos responsables enfrenten las respectivas consecuencias legales, dejando claro que el gobierno de De la Espriella no tolerará ni permitirá la ocultación de posibles actos de corrupción, respetando siempre el debido proceso.

En otro frente, el vocero presidencial destacó las medidas en marcha para combatir el impacto del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario. Explicó que, a través del Ministerio de Agricultura y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), se implementó el programa Forrajes Milagro, orientado a garantizar alimento para el ganado en las zonas más afectadas mediante la producción de heno y silos. Igualmente, señaló que con el apoyo del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), se habilitó el plan Combo Milagro de Riego. Este programa proporciona créditos con plazos largos, tasas subsidiadas, gracia y hasta un 30 % de incentivo, permitiendo así a los productores rurales acceder a sistemas de riego modernos y reforzar la capitalización de sus actividades agrícolas y ganaderas.

¿Por qué el gobierno de De la Espriella realiza una auditoría forense a la administración de Gustavo Petro?

De acuerdo con la información proporcionada por el vocero Miller Soto, el análisis busca esclarecer el manejo de recursos públicos y detectar posibles irregularidades, como fondos pendientes de legalización, contratos sin justificación y donaciones sin beneficiarios identificados, todo con el fin de que cualquier hallazgo con incidencia fiscal, disciplinaria o penal sea puesto en conocimiento de las autoridades.

¿Qué acciones está tomando el gobierno frente a las consecuencias del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario?

El gobierno, según explicó su vocero, está implementando programas como Forrajes Milagro y el Combo Milagro de Riego, que se desarrollan a través de entidades como el Ministerio de Agricultura, Agrosavia y Finagro, para garantizar alimentos para el ganado y facilitar el acceso de los productores a sistemas de riego y financiamiento favorable.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

De acuerdo con lo explicado por el presidente De la Espriella, la razón de estos cambios radica en el desequilibrio actual: “Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes”. El mandatario fue enfático en que no es justo que “los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”. Respaldando sus argumentos, expuso que entre el 1º de enero y el 3 de septiembre la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego. De ese total, 14.179 estaban vinculadas a delitos, según cifras oficiales. Además, puntualizó que 980 armas fueron asociadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al Eln, destacando también la incautación de 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 mm solo en manos de disidencias.

Pese a los cambios, las autoridades reiteraron que no se autoriza el porte indiscriminado y que se conservarán los controles estrictos. Las personas que ya contaban con permisos vigentes para porte de armas verán simplificados algunos trámites, ya que no deberán gestionar un permiso adicional cada año. Sin embargo, los permisos siguen sujetos a requisitos como edad mínima de 25 años, antecedentes limpios, certificación médica y pruebas psicofísicas. Los permisos no tendrán validez si están vencidos, revocados o ligados a armas decomisadas u objeto de decisiones judiciales. La directiva ordena al Ministerio de Defensa, encabezado por Jorge Mora, que asegure el control y trazabilidad de los permisos y mantenga sistemas de verificación y seguimiento.

El decreto enfatiza que, aunque se levanta la suspensión general, el monopolio estatal sobre las armas permanece y el Estado puede establecer nuevas restricciones según necesidades de seguridad. Fuentes de esta información provienen del anuncio presidencial y documentos oficiales citados en El Espectador.

¿Qué implica el levantamiento de la suspensión del permiso de porte de armas en Colombia?

El levantamiento de la suspensión permite a ciudadanos con permisos vigentes portar armas sin tener que realizar un nuevo trámite extraordinario cada año; sin embargo, sigue existiendo un control riguroso estatal sobre la expedición, vigencia y requisitos de dichos permisos. No se trata de una autorización general, pues el marco legal y los controles permanecen según el decreto 2035 de 1993.

¿Cuáles son los requisitos para portar armas legalmente según la normativa colombiana?

Según lo estipulado en el nuevo decreto y normas vigentes, solo puede portar armas quien cuente con un permiso expedido por la autoridad militar, tenga al menos 25 años, no registre antecedentes penales, acredite aptitud psicofísica a través de certificaciones y mantenga actualizado su permiso. Los permisos vencidos o revocados pierden su validez de manera inmediata.

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De acuerdo con lo expuesto por Soto, se ha identificado la existencia de alrededor de 1 billón de pesos colombianos en fiducias, convenios y otros esquemas fiscales que requieren aclaración o legalización, como resultado de las investigaciones en curso. Esta auditoría ha llegado hasta la verificación de más de 900 contratos de prestación de servicios, cuyas necesidades reales no han sido ratificadas, en especial porque estuvieron concentrados en el periodo de campaña electoral, así como donaciones efectuadas durante el primer semestre de 2026, respecto a las que no se han encontrado beneficiarios finales con la debida claridad.

Soto recalcó que se están estudiando también los nombramientos realizados en ese tiempo, dado que existen dudas sobre el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para los cargos. Insistió en que cualquier hallazgo con posibles implicaciones fiscales, disciplinarias o penales será canalizado hacia las autoridades correspondientes, garantizando que quienes resulten responsables se vean abocados a las consecuencias legales establecidas. Asimismo, el vocero reiteró el compromiso del gobierno actual con la transparencia, subrayando que no se encubrirá, minimizará ni archivará ninguna alerta relacionada con posibles irregularidades o corrupción.

En otro frente, Miller Soto abordó la situación generada por el fenómeno climático de El Niño, el cual ha impactado negativamente el sector agropecuario. El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y la corporación Agrosavia, respondió con la implementación del programa Forrajes Milagro, que está orientado a asegurar la producción de heno y silos en las regiones más golpeadas, salvaguardando así el alimento del ganado. Además, mediante la entidad Finagro se habilitó el Combo Milagro de Riego, que consiste en facilidades financieras de hasta diez años, periodos de gracia, tasas subsidiadas y un incentivo de capitalización rural que puede alcanzar el 30 %, junto con tecnología como pozos profundos y sistemas de riego eficientes, facilitando que los campesinos mantengan su actividad productiva pese a las adversidades climáticas.

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¿Qué es una auditoría forense y cómo se aplica en la revisión del gobierno anterior?

Una auditoría forense es una investigación especializada orientada a identificar, documentar y esclarecer posibles irregularidades administrativas y financieras. En el contexto del proceso anunciado por el gobierno de De la Espriella, consiste en revisar contratos, cuentas y movimientos de recursos públicos para detectar inconsistencias, legalidad y eventuales actos de corrupción. Así, se busca garantizar que los responsables de posibles anomalías respondan ante las autoridades.

¿Cuáles son las medidas del gobierno frente a El Niño y cómo apoya al sector agropecuario?

Frente a las afectaciones de El Niño, el gobierno impulsó iniciativas como el programa Forrajes Milagro, destinado a la producción de alimento para el ganado en zonas críticas. Además, a través de Finagro, se facilitaron sistemas de riego y acceso a financiación con condiciones favorables, incluyendo periodos de gracia y subsidios, para que los campesinos y productores puedan sostener su labor y proteger su producción frente al fenómeno climático.

El presidente de la Espriella justificó su decisión indicando que, en su opinión, "durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar". A su juicio, "no hay derecho de que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse".

Para respaldar esta postura, el mandatario citó cifras del periodo comprendido entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre, cuando la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego; de estas, 14.179 estaban vinculadas con delitos y centenas más aparecen ligadas a grupos armados ilegales, incluyendo 980 al margen de disidencias, 551 relacionadas con el Clan del Golfo y 339 con el Eln. Además, la incautación de 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros muestra el poder de fuego existente entre actores ilegales.

Sin embargo, el decreto no implica una autorización libre para portar armas. Tal como se aclara en el documento oficial firmado el martes, el “levantamiento de la suspensión general no constituye una autorización general para el porte de armas de fuego, ni modifica el monopolio estatal establecido en el artículo 223 de la Constitución Política”. Los permisos individuales siguen condicionados a requisitos específicos: contar con autorización expedida por autoridad militar, tener al menos 25 años, no registrar antecedentes, superar un examen médico y de aptitud psicofísica, además de acreditar conocimientos teóricos sobre armas. Por ende, quien tenga un permiso vigente no deberá realizar trámites adicionalmente, pero los controles se mantienen.

La normativa deja por fuera los permisos vencidos, suspendidos o revocados, así como los decomisados o con restricciones legales o judiciales. Corresponderá al Ministerio de Defensa, liderado por Jorge Mora, coordinar la aplicación de las directrices administrativas, técnicas y operativas para hacer efectivo el levantamiento, mientras que las autoridades militares deberán mantener los sistemas de control y vigilancia sobre permisos vigentes. El decreto deja abierta la posibilidad de futuras suspensiones si la situación de orden público lo exige.

¿Qué cambia para los ciudadanos con el levantamiento de la suspensión del porte de armas?

Con esta medida, los ciudadanos que cuenten con un permiso vigente ya no necesitan tramitar un documento adicional para portar armas, siempre que cumplan todos los requisitos establecidos por la normatividad vigente. El porte libre sigue estando restringido, pues solo aplica para quienes mantengan sus permisos en regla y cumplan con las condiciones legales y administrativas determinadas por el Estado.

¿Cuál es el marco legal que regula el porte de armas en Colombia?

El marco legal vigente para el porte de armas en Colombia es el decreto 2035 de 1993, que establece los requisitos, controles y procedimientos para la autorización estatal del porte y tenencia de armas. A pesar del levantamiento de la suspensión general, la regulación estatal y el monopolio del Estado sobre las armas, según el artículo 223 de la Constitución Política, siguen plenamente vigentes.

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De la misma manera, el vocero explicó que la revisión técnica arrojó hallazgos relevantes, entre ellos más de 900 contratos de prestación de servicios sin justificación de necesidad, cuya aprobación coincidió con el periodo de campaña electoral. También se identificaron donaciones en el primer semestre de 2026 sin beneficiarios finales identificados y nombramientos bajo sospecha, ya que los requisitos legales para estos aún se encuentran bajo análisis. Soto fue enfático al señalar que cualquier indicio con impacto fiscal, disciplinario o penal será entregado a las autoridades competentes, para que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus acciones.

El avance de esta investigación, de acuerdo con lo informado por Soto y fuentes recogidas por El Espectador, se orienta bajo el respeto al debido proceso y con el compromiso de no encubrir ni minimizar ninguna alerta de corrupción que se detecte durante el proceso. Además, enfatizó que el gobierno actual se compromete a no "engavetar" las alertas, subrayando una política de transparencia frente a posibles irregularidades.

Adicionalmente, Soto se refirió al impacto del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario, explicando las medidas adoptadas por el gobierno para mitigar sus efectos. Citó el programa Forrajes Milagro, implementado por el Ministerio de Agricultura y Agrosavia, que busca garantizar alimento para el ganado en las zonas más afectadas. Asimismo, mencionó que, a través de Finagro —entidad financiera de apoyo al sector rural—, se habilitó el Combo Milagro de Riego, que facilita infraestructura hídrica y financiamiento para los campesinos, con incentivos de hasta el 30 % en capitalización rural.

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¿Qué irregularidades encontró la auditoría forense al gobierno de Gustavo Petro?

La auditoría forense adelantada por la actual administración evidenció posibles anomalías, como la existencia de más de 900 contratos de prestación de servicios sin necesidad comprobada y concentrados en época electoral, donaciones sin claridad sobre sus beneficiarios y recursos en instrumentos como fiducias por un valor aproximado de COP 1 billón, pendientes de ser esclarecidos o legalizados, según información de la Presidencia citada por El Espectador.

¿Qué medidas implementó el gobierno frente a los efectos del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario?

El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Agrosavia y Finagro, puso en marcha programas como Forrajes Milagro y el Combo Milagro de Riego para sustentar al sector agropecuario. Estas iniciativas incluyen la producción de alimento para el ganado y financiamiento de infraestructura de riego, con plazos extendidos y subsidios, dirigidos especialmente a campesinos de las zonas más afectadas.

Sin embargo, es clave aclarar que este cambio no significa que portar un arma sea ahora un derecho amplio disponible para cualquier persona. El Estado continúa siendo la autoridad que controla y determina el otorgamiento de permisos individuales, manteniendo un estricto régimen de vigilancia y permisos. De acuerdo con lo explicado por el presidente, durante mucho tiempo las restricciones se aplicaban sobre ciudadanos que cumplían la ley, mientras que los grupos criminales continuaban armándose por fuera de la ley. Para él, esto representa una injusticia que debía corregirse, enfatizando que "no hay derecho de que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse".

Datos suministrados por el jefe de Estado muestran la magnitud de las armas incautadas: entre el 1 de enero y el 3 de septiembre, la Fuerza Pública confiscó un total de 15.700 armas de fuego, de las cuales más de 14.000 estaban relacionadas con delitos. Además, se explica que muchos de estos decomisos estuvieron ligados a estructuras criminales como las disidencias, el Clan del Golfo y el Eln, subrayando la gravedad del problema de armamento ilegal.

El documento firmado aclara que el levantamiento de la suspensión “no constituye una autorización general para el porte de armas de fuego, ni modifica el monopolio estatal establecido en el artículo 223 de la Constitución Política”. Se restituyen los permisos individuales vigentes, siempre que estos no tengan impedimentos legales. Los requisitos actuales siguen incluídos: autorización militar, edad mínima de 25 años, antecedentes limpios, certificación médica y conocimientos sobre manejo de armas. Lo que cambia es que quienes ya tenían permiso vigente no necesitarán solicitar un aval adicional anual como hacían antes.

También se especifica que el permiso no será válido para armas con permisos vencidos, suspendidos, cancelados o que hayan sido decomisadas. Esta decisión instruye al Ministerio de Defensa, dirigido por Jorge Mora, y a otras autoridades, fortalecer el control, registro y seguimiento sobre los permisos reconocidos. Finalmente, el propio decreto deja abierta la puerta a que, en circunstancias excepcionales de seguridad nacional, se pueda restituir una suspensión general.

¿Qué requisitos se mantienen para portar armas tras el decreto de De la Espriella?

El permiso para portar armas no se otorga de forma general. Se mantiene vigente la exigencia de cumplir con requisitos estrictos: tener un permiso otorgado por autoridad militar, ser mayor de 25 años, aprobar pruebas médicas y psicofísicas, no contar con antecedentes y acreditar conocimientos teóricos sobre el manejo de armas.

¿Qué implica el artículo 223 de la Constitución Política sobre el monopolio estatal de las armas?

El artículo 223 de la Constitución Política establece que el Estado es el único autorizado para poseer y controlar armas de fuego. El decreto reafirma este principio al señalar que, a pesar del levantamiento de la suspensión general, sigue prohibido el porte indiscriminado y solo quienes tengan permisos individuales pueden portar armas bajo los controles estatales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Según lo expuesto por el vocero presidencial, las labores incluyen la apertura de cuentas, la revisión detallada de contratos y el seguimiento riguroso de la ruta del dinero público. En el marco de estas investigaciones, han identificado aproximadamente COP 1 billón de pesos alojados en instrumentos como fiducias, convenios y otras figuras financieras que requieren aclaración o procesos de legalización. Esta información proviene de la vigilancia y revisión técnica que está en marcha, según aseguró Soto.

Miller Soto también advirtió que la auditoría reveló más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad no ha sido verificada, concentrados en plena campaña electoral. A esto se suma el hallazgo de donaciones realizadas durante el primer semestre de 2026, sin que exista claridad sobre los beneficiarios finales, así como la existencia de nombramientos cuyas condiciones legales están siendo objeto de investigación. El portavoz subrayó que cualquier hallazgo con incidencia fiscal, disciplinaria o penal será remitido a las autoridades competentes para que los responsables enfrenten las consecuencias respectivas, reafirmando el compromiso de la administración vigente con la transparencia y el respeto al debido proceso.

En cuanto a la respuesta gubernamental frente a la situación provocada por el fenómeno de El Niño, Soto detalló que el Ministerio de Agricultura y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia) pusieron en marcha el programa Forrajes Milagro, con el fin de asegurar la producción de heno y silos en las zonas del país más afectadas, garantizando así la alimentación del ganado. Además, a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), se habilitó el Combo Milagro de Riego, una línea de financiación que cubre la instalación de pozos profundos, motobombas, paneles solares y sistemas de distribución de agua con condiciones preferenciales, como plazos de hasta diez años, periodos de gracia, tasas subsidiadas y un incentivo a la capitalización rural, cubriendo hasta el 30% de la inversión inicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la auditoría forense al gobierno de Gustavo Petro?

La auditoría forense impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella está orientada a revisar a fondo los movimientos financieros y contratos realizados durante la administración de Gustavo Petro. El proceso, liderado por Prosperidad Social según declaraciones oficiales, busca identificar y aclarar recursos públicos no justificados, como el billón de pesos en fiducias y convenios encontrados, así como contratos y donaciones bajo sospecha de irregularidades.

¿Qué es el programa Forrajes Milagro y a quiénes beneficia?

De acuerdo con el vocero Miller Soto, el programa Forrajes Milagro, implementado por el Ministerio de Agricultura y Agrosavia, está destinado a producir heno y silos en zonas del país severamente afectadas por el fenómeno de El Niño. Este programa busca asegurar alimentos para el ganado y ofrecer respaldo directo a los pequeños y medianos productores agropecuarios, ayudando a mantener su capacidad de producción pese a las dificultades climáticas.

El presidente argumentó que la política de restricción perjudicaba a los ciudadanos respetuosos de la ley, mientras los delincuentes seguían accediendo a armas de manera ilegal. En palabras de De la Espriella, “no hay derecho de que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”. Además, presentó cifras para contextualizar el problema: entre el primero de enero y el tres de septiembre, la Fuerza Pública decomisó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban vinculadas con delitos. A esto se suma la incautación de 980 armas con nexos a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al Ejército de Liberación Nacional (Eln), incluyendo 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros, solo entre las disidencias.

Pese al levantamiento de la suspensión, el Estado mantiene controles rigurosos como la vigencia del permiso expedido por autoridad militar, edad mínima de 25 años, antecedentes limpios y la aprobación de certificados médicos y pruebas psicofísicas. Según el decreto, el fin de la suspensión generaliza no constituye una autorización libre, ni modifica el control estatal del porte y tenencia de armas establecido en el artículo 223 de la Constitución Política.

El Ministerio de Defensa, liderado por Jorge Mora, junto con el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, deberá implementar directrices para restablecer el ejercicio de los permisos vigentes e intensificar la trazabilidad y auditoría. El decreto enfatiza que aún se pueden emitir medidas individuales de suspensión de permisos, cuando la seguridad nacional o el orden público lo exijan.

¿Quiénes pueden portar armas en Colombia tras el nuevo decreto de De la Espriella?

Bajo la reciente normativa, solo pueden portar armas quienes tengan un permiso individual vigente, sin antecedentes negativos, y que cumplan requisitos como edad mínima de 25 años, certificado médico y prueba psicofísica. Los permisos vencidos, cancelados, revocados o con restricciones judiciales, así como permisos sólo para tenencia, siguen sin permitir el porte.

¿Qué significa el monopolio estatal de armas según la Constitución Política de Colombia?

El monopolio estatal de armas, como lo establece el artículo 223 de la Constitución Política, significa que la fabricación, importación, exportación y comercialización de armas solo pueden hacerse bajo control y autorización del Estado, quien regula y supervisa estrictamente el porte y la tenencia de armamento por parte de los ciudadanos.

De acuerdo con las declaraciones recogidas, este análisis incluye la revisión exhaustiva de cuentas, investigación minuciosa sobre contratos, así como el seguimiento puntual al manejo del dinero estatal. Hasta el momento, según el gobierno actual, las pesquisas han identificado cerca de COP 1 billón depositado en fiducias, convenios y otros mecanismos financieros cuya legalidad y destino aún deben aclararse o regularizarse. tales hallazgos forman parte de un proceso institucional enfocado en determinar responsabilidades y ordenar el uso de los recursos.

Al detallar los primeros resultados de la auditoría, Soto explicó: “La revisión técnica también expuso más de 900 contratos de prestación de servicios sin necesidad verificada —concentrados en plena campaña electoral—, donaciones del primer semestre de 2026 sin beneficiarios finales claros y nombramientos cuyos requisitos legales están bajo investigación”. Según el vocero, si se detecta alguna irregularidad con validez fiscal, disciplinaria o penal, toda la información respectiva será remitida a las autoridades pertinentes para que se tomen las acciones que corresponden conforme al debido proceso.

Asimismo, Soto subrayó que, pese a que la investigación sigue en fase de verificación, la administración de Abelardo de la Espriella “no va a encubrir, no va a minimizar y no va a engavetar una sola alerta de corrupción”, destacando el interés gubernamental en actuar con transparencia. El enfoque central es mantener la integridad institucional y entregar cada hallazgo relevante a los entes de control.

Por otro lado, el funcionario también mencionó el impacto del fenómeno climático de El Niño sobre el sector agropecuario. Explicó que, como respuesta, el Ministerio de Agricultura y Agrosavia pusieron en marcha el programa Forrajes Milagro, orientado a producir alimento para el ganado en las zonas más damnificadas. Igualmente, a través de la financiación de Finagro, se habilitó el Combo Milagro de Riego, proporcionando desde pozos profundos hasta sistemas solares para garantizar el suministro de agua y el respaldo financiero a campesinos y productores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales irregularidades halladas en la auditoría forense al gobierno de Gustavo Petro?

De acuerdo con Miller Soto, vocero de la presidencia, la auditoría forense identificó contrataciones de prestación de servicios sin justificación verificable realizadas durante la campaña electoral, donaciones efectuadas sin claridad sobre los beneficiarios finales y nombramientos bajo sospecha de no cumplir los requisitos legales. Además, se reportan recursos públicos en fiducias y otros convenios que aún requieren ser esclarecidos o regularizados.

¿Qué medidas está tomando el gobierno de Abelardo de la Espriella para apoyar al sector agropecuario afectado por El Niño?

El gobierno actual implementó el programa Forrajes Milagro, dirigido a la producción de heno y silos, y habilitó a través de Finagro el Combo Milagro de Riego, que incluye acceso a sistemas de agua y financiación favorable. Estas acciones buscan garantizar la seguridad alimentaria del ganado y brindar respaldo económico a campesinos y productores en las zonas afectadas.

De acuerdo con las declaraciones de De la Espriella, recogidas por El Espectador, la medida responde a la percepción de que los ciudadanos que cumplen con la ley han sido restringidos, mientras que los delincuentes continúan accediendo a armas de forma ilegal. El presidente afirmó: “no hay derecho de que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”. Para sustentar su posición, citó cifras oficiales sobre incautaciones de armas entre enero y septiembre de este año: la Fuerza Pública decomisó 15.700 armas; de estas, 14.179 estaban relacionadas con delitos, y 980 estaban asociadas a grupos armados ilegales como las disidencias, el Clan del Golfo y el Eln. Entre estas se incluyen, según el mandatario, 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros relacionados solo con disidencias.

Pese al levantamiento de la suspensión, De la Espriella fue claro en señalar que no se permite el “porte indiscriminado” de armas; se mantienen controles, requisitos y permisos. No se habilita una autorización general para toda la ciudadanía, ni se altera el monopolio estatal de las armas, establecido por el artículo 223 de la Constitución Política. Solo podrán portar armas quienes cuenten con un permiso vigente y no tengan restricciones particulares, como permisos suspendidos, cancelados o armas decomisadas.

El decreto detalla que, para obtener o mantener el permiso de porte, los ciudadanos deben cumplir condiciones como ser mayores de 25 años, no tener antecedentes, acreditar aptitud médica y psicológica, y aprobar pruebas teóricas. Una novedad es que quienes ya tengan su permiso vigente no necesitarán tramitar un documento adicional, como se exigía anteriormente.

Finalmente, el Ministerio de Defensa, según lo estipulado en el documento, debe impartir directrices para hacer efectivo el levantamiento de la suspensión y mantener sistemas de control, verificación y registro de permisos de armas. No obstante, el decreto aclara que, si el contexto lo exige, podrían restablecerse medidas de suspensión por razones de seguridad nacional o pública.

¿Qué requisitos debe cumplir una persona para portar armas tras el nuevo decreto de De la Espriella?

Para portar armas en el país tras el levantamiento de la suspensión general, los ciudadanos deben cumplir con requisitos como contar con un permiso vigente expedido por la autoridad militar, ser mayores de 25 años, no tener antecedentes judiciales, aprobar exámenes médicos y psicofísicos, así como pruebas de conocimientos teóricos. Si ya tenían permiso al día, no se les exigirá un trámite adicional, siempre y cuando no exista suspensión o revocatoria individual.

¿Qué diferencia hay entre tenencia y porte de armas en la normativa colombiana?

La tenencia de armas significa que una persona puede tener el arma registrada en su domicilio o lugar autorizado, pero no puede trasladarla ni portarla en espacios públicos. El porte, en cambio, permite llevar el arma consigo fuera de ese lugar específico. El nuevo decreto solo afecta a los permisos de porte para quienes ya cumplan los requisitos legales y tengan permisos vigentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Soto precisó que la investigación técnica reveló más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad no ha sido verificada y que se concentraron en el periodo de campaña electoral. Además, salieron a la luz donaciones realizadas durante el primer semestre de 2026, para las cuales no existen beneficiarios finales identificados con claridad. Igualmente, se evaluó la legalidad de nombramientos hechos en ese mismo periodo, ya que los requisitos exigidos por la normativa están siendo objeto de revisión. Soto subrayó que todos los hallazgos que tengan incidencia fiscal, disciplinaria o penal serán entregados a las autoridades correspondientes, para que los responsables afronten las consecuencias que correspondan. El vocero fue tajante al afirmar que el nuevo gobierno no encubrirá, minimizará ni dejará sin control ninguna alerta de posible corrupción derivada de estas auditorías.

En otro frente, Soto se refirió a las dificultades que atraviesa el sector agropecuario a causa del fenómeno de El Niño. Ante esta situación, afirmó que “a través del Ministerio de Agricultura y Agrosavia, se puso en marcha el programa Forrajes Milagro para producir heno y silos en las zonas más afectadas, asegurando alimento para el ganado”. De igual manera, destacó que Finagro ha habilitado la financiación del Combo Milagro de Riego, un paquete que incluye la construcción de pozos profundos, la instalación de motobombas sumergibles, paneles solares y sistemas de distribución de agua, con condiciones especiales de crédito que ofrecen plazos de hasta diez años, periodos de gracia y tasas subsidiadas, así como incentivos a la capitalización rural de hasta el 30 %. Con estas acciones, el Gobierno busca que los campesinos y productores se mantengan activos en sus actividades y el Estado respalde efectivamente su trabajo en el campo.

¿Cuáles son los hallazgos principales de la auditoría a la administración de Gustavo Petro?

De acuerdo con Miller Soto, vocero presidencial, la auditoría ha identificado alrededor de COP 1 billón en instrumentos financieros pendientes de aclaración, más de 900 contratos de prestación de servicios sin necesidades verificadas, donaciones del primer semestre de 2026 sin beneficiarios claros y nombramientos cuya legalidad se encuentra bajo investigación.

¿Qué acciones ha tomado el Gobierno ante el impacto del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario?

Según explicó el vocero, el Gobierno impulsó el programa Forrajes Milagro para asegurar alimento al ganado y habilitó el Combo Milagro de Riego, que suma apoyo financiero y tecnológico, permitiendo que productores rurales cuenten con herramientas para enfrentar los efectos de El Niño y seguir trabajando la tierra.

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El control estatal sobre el porte de armas permanece en rigor bajo el decreto 2035 de 1993, el cual sigue siendo la base normativa para regular este tema. En palabras del presidente, recogidas en su reciente declaración, “durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar”, enfatizó. Añadió que “no hay derecho de que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”, reflejando su postura sobre la seguridad ciudadana.

Según cifras presentadas por el mandatario, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de este año, la Fuerza Pública decomisó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas directamente con delitos. Además, 980 armas tenían vínculo con grupos disidentes, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el Eln. Entre las armas asociadas a disidencias se hallaron 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros. De acuerdo con el presidente, “ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”.

No obstante, la abolición de la suspensión general no significa “porte indiscriminado”; continúan vigentes los controles, requisitos y permisos otorgados por la autoridad competente. El decreto deja claro que el levantamiento “no constituye una autorización general para el porte de armas de fuego, ni modifica el monopolio estatal establecido en el artículo 223 de la Constitución Política”. Los permisos individuales vigentes siguen siendo válidos siempre que no exista medida legal o administrativa que los impida. Entre los requisitos para portar un arma se mantienen: ser mayor de 25 años, no tener antecedentes penales, contar con un certificado médico y demostrar aptitud psicofísica y conocimientos teóricos. Los permisos vencidos, suspendidos o revocados, así como aquellas armas sujetas a medidas judiciales o administrativas, seguirán prohibidos.

El Ministerio de Defensa, liderado por Jorge Mora, deberá ajustar las directrices para que las autoridades militares den cumplimiento a la nueva disposición, manteniendo controles y sistemas de registro, trazabilidad y verificación sobre los permisos. El decreto reitera que las autoridades pueden volver a imponer restricciones si cambian las circunstancias de seguridad.

¿Qué implica para los ciudadanos el levantamiento de la suspensión general del porte de armas?

El levantamiento de la suspensión general permite que los ciudadanos con permisos vigentes no deban realizar trámites adicionales para portar su arma. Sin embargo, no autoriza el porte irrestricto, ya que deben cumplirse una serie de requisitos y estar sujetos a constante vigilancia estatal, según lo detallado en el decreto firmado por De la Espriella.

¿Cuáles son los requisitos para obtener un permiso de porte de armas en Colombia?

De acuerdo con el marco vigente, los ciudadanos deben tener más de 25 años, no registrar antecedentes, presentar certificado médico, demostrar aptitud psicofísica y conocimiento teórico, y contar con permiso expedido por la autoridad militar competente. Si el permiso está vencido o revocado, no podrá usarse para portar armas.

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El funcionario precisó que estos hallazgos surgen de investigaciones internas y que la revisión técnica permitió descubrir más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad no fue comprobada, muchos de ellos suscritos en el contexto de la campaña electoral. Además, se detectaron donaciones registradas en el primer semestre de 2026 sin claridad en torno a quiénes serían sus beneficiarios finales y también nombramientos cuyos requisitos legales están en revisión. Soto puntualizó que todo lo que implique incidencia fiscal, disciplinaria o penal será remitido a las autoridades pertinentes, con el compromiso de que los responsables respondan ante las consecuencias establecidas por la ley.

El énfasis del actual gobierno, reiteró el vocero, está en la transparencia y la cero tolerancia frente a conductas irregulares; no se encubrirá ni minimizará ninguna alerta de corrupción mientras avance la etapa de verificación, donde se respeta el debido proceso. De acuerdo con los reportes citados, se encontraron contratos de gran cuantía asignados durante la campaña presidencial, así como recursos en fideicomisos y una multiplicación inusual de contratos en un periodo muy específico.

En paralelo, Soto informó sobre las acciones frente a las afectaciones provocadas por el fenómeno de El Niño en el sector agropecuario. El Gobierno puso en marcha con el Ministerio de Agricultura y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia) el programa Forrajes Milagro, dirigido a la producción de heno y silos para asegurar el alimento del ganado en las regiones más golpeadas. Además, a través de Financiera de Desarrollo Agropecuario (Finagro), se habilitó la financiación para el "Combo Milagro de Riego", un paquete que incluye perforación de pozos, motobombas, paneles solares y sistemas de distribución de agua, con condiciones financieras favorables para pequeños productores.

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¿Qué es una auditoría forense y por qué se está aplicando a la administración de Gustavo Petro?

Una auditoría forense es un examen exhaustivo de documentos y operaciones financieras orientado a detectar posibles irregularidades, fraudes o mal uso de los recursos públicos. En este caso, según información presentada por la Presidencia, el proceso busca esclarecer el destino y legalidad de contratos, convenios y donaciones ejecutados durante el mandato de Gustavo Petro, con el fin de transparentar la gestión pública y remitir a las autoridades cualquier evidencia de posibles delitos.

¿Qué acciones ha tomado el gobierno de Abelardo de la Espriella frente al fenómeno de El Niño y sus impactos en el sector agropecuario?

El gobierno, de acuerdo con la información compartida por la vocería oficial, implementó el programa Forrajes Milagro para la producción de insumos ganaderos y facilitó financiación a través de Finagro con el Combo Milagro de Riego. Estas medidas buscan asegurar la alimentación del ganado y la viabilidad productiva de los campesinos frente a los desafíos causados por el fenómeno de El Niño, contando con incentivos y créditos blandos para fortalecer la economía rural.

Las reacciones de solidaridad hacia Carol Borda no se hicieron esperar y miembros de diferentes bancadas, entre ellos la senadora Jennifer Pedraza, se manifestaron en defensa de la representante. Pedraza, aunque reconoció tener diferencias ideológicas con Borda, manifestó su rechazo a la “violencia detrás de la descalificación por ser una congresista joven” e hizo un llamado explícito a un pronunciamiento por parte del Pacto Histórico. Un gesto similar vino de la representante Laura Beltrán, quien desde el propio movimiento, sostuvo que “usar la infantilización para un debate, es desconocer las luchas históricas que hemos dado las mujeres”. Beltrán insistió que el debate político debe centrarse en ideas y no en el descrédito personal, mucho menos cuando se trata de mujeres que han tenido que abrirse camino en medio de ataques reiterados y señalamientos, incluso sobre cuestiones personales como el cuerpo.

Otras voces, como la del senador Enrique Gómez, recordaron que “el respeto no tiene género, pero el machismo sí tiene formas muy reconocibles”, señalando que las diferencias políticas nunca justifican el irrespeto ni los calificativos que buscan disminuir la participación femenina. Inclusive, la senadora Andrea Padilla se dirigió directamente a Ocampo, pidiéndole que rectifique y ofrezca disculpas por un acto que, según ella, “degrada el debate público”. De acuerdo con todos estos testimonios recogidos por El Espectador, el episodio trasciende un simple enfrentamiento parlamentario y se inscribe en el marco de las luchas por la igualdad de género y el respeto en la política colombiana.

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¿Por qué fue catalogada como misógina la intervención del senador Alejandro Ocampo contra Carol Borda?

La intervención del senador Alejandro Ocampo fue catalogada como misógina porque, según los testimonios publicados por El Espectador, su actitud y comentarios buscaron desacreditar y minimizar a la representante Carol Borda, recurriendo a expresiones como “niña” y calificándola de “mentirosa”. Estas palabras fueron vistas como intentos de infantilizar y disminuir a una mujer por su participación activa en el Congreso, lo que fue interpretado como una forma de violencia de género y no como un simple desacuerdo político.

¿Qué significa infantilización en el contexto de los debates políticos?

La infantilización, según lo explicado en el artículo y citado por congresistas como Laura Beltrán, hace referencia a tratar a una mujer adulta como si fuera incapaz de tomar decisiones o expone sus ideas con madurez, utilizando expresiones que la disminuyen, como llamarla “niña”. Este fenómeno en los debates políticos niega la autoridad y autonomía de la interlocutora, perpetuando actitudes machistas y socavando la igualdad en los escenarios de deliberación pública.

Ante este contexto, la mujer transformó el trauma y el dolor personal en una misión colectiva. Inspirada por el sufrimiento de otras mujeres –viudas, madres que perdieron a sus hijos, esposas y familias–, dedicó sus esfuerzos a acompañarlas y defender su oficio frente a la violencia, la muerte y el olvido. De acuerdo con sus palabras, desconocía el término 'lideresa'; simplemente empezó a estar presente para esas mujeres, visibilizando causas y acompañándolas en sus luchas. La defensa de los derechos humanos se amplió, además, a un compromiso con la naturaleza y el territorio, pues constató cómo las fuentes hídricas, especialmente el río Magdalena, se contaminaban cada vez más. Esto la llevó a definir su labor: proteger no solo a las personas sino también a quienes no tienen voz, como la naturaleza.

El camino de defensa no estuvo exento de graves dificultades. Según la defensora, el mayor reto ha sido el estigma y el riesgo que involucra levantar la voz, sobre todo siendo una mujer pescadora. Luego de denunciar hechos de corrupción y acompañar a familias víctimas de la violencia, fue objeto de persecución, amenazas y tres atentados en su contra. Estas agresiones la forzaron a desplazarse en dos ocasiones, perdiendo su arraigo en la comunidad. La persecución por sus denuncias ejemplifica los peligros que enfrentan quienes protegen los derechos humanos y luchan contra la corrupción, enfrentando tanto riesgos personales como el desarraigo social.

¿Qué factores impulsaron la labor de esta defensora de derechos humanos y medio ambiente?

La labor de la defensora estuvo motivada principalmente por experiencias personales trágicas: el asesinato de su hermano y de su padre de crianza. Estos hechos, sumados a la indiferencia institucional y a la necesidad de acompañar a otras víctimas, la llevaron a convertirse en lideresa comunitaria y ambientalista. Además, la creciente contaminación de los ríos y fuentes hídricas reforzó su compromiso con el medio ambiente.

¿Cuáles son los principales riesgos que han enfrentado las mujeres defensoras en contextos similares?

Según el testimonio, las mujeres que alzan la voz, especialmente aquellas vinculadas a oficios como la pesca, son objeto de persecución, amenazas y estigmatización. En el caso narrado, la defensora ha sufrido tres atentados y desplazamientos forzados, lo que muestra los graves riesgos personales y familiares a los que se exponen quienes defienden derechos humanos y medio ambiente en territorios afectados por la violencia y la corrupción.

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La situación se originó durante un control preventivo que agentes del Departamento de Policía Tolima, junto con la Seccional de Tránsito y Transporte, ejecutaban en el kilómetro 90 de la vía, sector conocido como Las Brujas. Durante la verificación habitual del flujo vehicular, algunos usuarios de la carretera detectaron movimientos irregulares y alertaron a los uniformados. Los conductores informaron sobre una persona sospechosa, que, según su testimonio, lanzaba elementos contundentes hacia vehículos de carga desde uno de los costados de la carretera. Ante el aviso, la patrulla policial se desplazó de inmediato hasta el kilómetro 88, sector San Lorenzo, donde corroboraron la información recibida.

En el lugar señalado, los agentes hallaron al joven justo en el momento en que, presuntamente, incendiaba la vegetación que bordea la carretera. La detención se realizó en flagrancia, es decir, mientras el acto presuntamente delictivo se desarrollaba, evitando así posibles consecuencias para el tránsito vehicular y sin reportar heridos en el acto, según las autoridades. Esta intervención fue confirmada por el coronel Ferney Martín Romero, comandante del Departamento de Policía Tolima, quien también precisó que el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía 65 Local de Venadillo para responder por el delito de incendio. Hasta el cierre del reporte, el implicado permanecía en audiencia virtual, donde la autoridad judicial evaluaría su situación jurídica.

Por su parte, la Policía Nacional reiteró que rechaza de forma categórica cualquier acción que ponga en riesgo el medio ambiente, los recursos naturales y la seguridad de las personas que transitan por las vías del Tolima. La institución hizo un llamado a la comunidad para que continúe colaborando, reportando cualquier hecho sospechoso o delictivo mediante la línea 123 o ante la patrulla más cercana, garantizando absoluta reserva en la identidad de los denunciantes.

¿Por qué fue capturado un hombre en flagrancia en Armero Guayabal, Tolima?

De acuerdo con el Departamento de Policía Tolima, el hombre fue sorprendido presuntamente prendiendo fuego a la capa vegetal al borde de la carretera, durante un operativo de control en el sector San Lorenzo. Su detención se produjo tras la alerta de varios conductores, quienes reportaron comportamientos sospechosos y riesgos a la seguridad vial, por lo que se procedió con la captura en flagrancia y la imputación del delito de incendio.

¿Qué delito enfrenta el capturado en el operativo policial en el norte de Tolima?

El capturado en el operativo realizado por la Policía Nacional debe responder judicialmente por el delito de incendio, según confirmó el coronel Ferney Martín Romero, comandante del Departamento de Policía Tolima. El caso fue remitido a la Fiscalía 65 Local de Venadillo, donde la autoridad correspondiente definirá su situación jurídica en una audiencia virtual.

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La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD) intervino en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, instancia donde se evaluaron tanto las capacidades locales de respuesta como los escenarios de riesgo más probables para la comunidad. Durante este análisis, tuvo especial relevancia el Plan de Contingencia Departamental, un instrumento que revisa las emergencias registradas entre 2020 y 2026. En dicho estudio, Soacha figura como uno de los municipios de mayor vulnerabilidad frente a emergencias recurrentes, principalmente originadas por incendios forestales y problemas de abastecimiento de agua.

Como parte de las conclusiones y acuerdos, el departamento y el municipio decidieron fortalecer la coordinación entre los cuerpos de bomberos, tanto voluntarios como oficiales, y promover la puesta en marcha de Planes Comunales de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel local. Asimismo, se priorizó el desarrollo de medidas orientadas a la reducción y mitigación de riesgos para consolidar un plan específico frente a la variabilidad climática asociada a El Niño. De acuerdo con los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se espera una reducción significativa de las lluvias en Cundinamarca en los próximos meses, lo que incrementa el riesgo de nuevos incendios.

Además de los incendios reportados, Soacha enfrentó en el mismo periodo seis eventos derivados de las lluvias, de los cuales tres correspondieron a movimientos en masa y tres a inundaciones, evidenciando la complejidad y diversidad de los retos ambientales del municipio.

Las autoridades enfatizan que la articulación de capacidades y la anticipación de los escenarios de emergencia permitirán una mejor respuesta ante los desafíos ambientales y climáticos que enfrenta Soacha y la región.

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¿Cuáles son las causas de los incendios forestales en Soacha durante 2026?

De acuerdo con el análisis presentado en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y la referencia al Plan de Contingencia Departamental, la principal causa de los incendios en Soacha está relacionada con la susceptibilidad que aumenta durante el fenómeno de El Niño, debido a la disminución de lluvias y el clima más seco. Estos factores naturales facilitan la propagación de las llamas en coberturas vegetales.

¿Qué acciones acordaron la Gobernación de Cundinamarca y Soacha frente a los riesgos ambientales?

La Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Soacha decidieron coordinar los cuerpos de bomberos, impulsar planes comunales de gestión del riesgo, desarrollar medidas de reducción y mitigación de emergencias e implementar un plan específico de preparación ante el fenómeno de El Niño, anticipándose a los posibles escenarios de riesgo identificados en la zona.

(Vea también: Escalofriantes detalles y misterio del hallazgo de Michel Dahiana: “Es imposible que llegara sola”)

De acuerdo con El Tiempo, el hallazgo ocurrió hacia las 7:35 de la mañana, en inmediaciones de la transversal 18H Bis con calle 10. La Red de Apoyo de la institución alertó a la zona de atención centro sobre la presencia del cadáver.

Al llegar al punto señalado, los uniformados verificaron la condición de la persona y procedieron a asegurar el lugar. Después, funcionarios del CTI de la Fiscalía asumieron la inspección técnica del cuerpo como parte de las diligencias correspondientes.

Cuerpo hallado en Soacha aún no ha sido identificado

Por ahora, las autoridades no han podido establecer la identidad de la persona encontrada en El Danubio. Tampoco se ha determinado si se trata de un hombre o una mujer.

Otro de los interrogantes está relacionado con la causa de muerte. El reporte oficial señala que todavía no se conoce si la persona murió por una lesión ocasionada con arma de fuego, un objeto cortopunzante o por causas naturales.

Mientras avanzan las diligencias, los investigadores revisan las cámaras de seguridad instaladas en la zona con el propósito de reconstruir lo ocurrido. Además, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, habría un testigo que podría aportar datos sobre el caso.

Cifras de homicidios en Cundinamarca y muertes violentas

El hallazgo ocurre en un contexto en el que Cundinamarca registró una reducción de los homicidios durante el primer semestre de 2026. Según cifras de la Gobernación, en ese periodo se contabilizaron 90 homicidios, 17 menos frente a los registrados durante los primeros seis meses de 2025.

A nivel nacional, en cambio, los homicidios presentaron un incremento del 2,2 % durante el mismo periodo, de acuerdo con los datos citados por la Gobernación de Cundinamarca.

Por su parte, las cifras de Medicina Legal correspondientes a junio de 2026 muestran que en el país se registraron 15.860 muertes violentas. De ese total, 7.389 correspondieron a homicidios, 4.860 a muertes en accidentes de tránsito, 2.275 a muertes accidentales y 1.326 a suicidios.

(Vea también: Max Henríquez lanzó fuerte alerta por septiembre en Colombia: “Lo que viene es muy grave”)

Enríquez llamó especialmente la atención sobre Bogotá, Villavicencio y Leticia, territorios que, según explicó, registraron condiciones de sequía durante el fuerte episodio de El Niño de aquella época. Su advertencia apunta a la necesidad de observar cómo evoluciona el fenómeno durante los próximos meses.

El llamado ocurre en un momento en el que las autoridades meteorológicas mantienen un seguimiento especial sobre las condiciones del Pacífico. El Ideam informó en agosto que las condiciones asociadas con El Niño continúan fortaleciéndose y estimó como escenario más probable una intensidad muy fuerte entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

La situación genera interés porque El Niño puede modificar los patrones habituales de precipitación en distintas zonas del país. Históricamente, el fenómeno se ha relacionado con menores lluvias, temperaturas más altas y mayor presión sobre el recurso hídrico, aunque sus efectos no son iguales en todo el territorio.

En el Niño fuerte del 2.015-2.016 hubo sequía simultanea en Leticia, Villavicencio y Bogotá, porque es desde la selva del Amazonas desde donde vienen la humedad y las lluvias que caen en los llanos y en la Sabana. Ojo con ésto, que se puede repetir, de pronto peor pic.twitter.com/brxaDL1oc2

— Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 8, 2026

El antecedente del  fenómeno de El Niño 2015-2016

El episodio que recordó Enríquez fue uno de los eventos de El Niño más fuertes de las últimas décadas. En sus reportes de ese periodo, la citada entidad documentó déficits importantes de precipitación en amplias zonas de Colombia, especialmente en regiones como la Andina y la Caribe.

Para la región Andina, los registros muestran anomalías negativas de precipitación durante distintos meses del episodio 2015-2016. En contraste, el comportamiento en la Orinoquía y la Amazonía fue más variable, una diferencia que resulta importante al analizar los efectos del fenómeno sobre cada territorio.

Precisamente por esas diferencias regionales, la advertencia no significa que Bogotá, los Llanos y la Amazonía vayan a enfrentar necesariamente las mismas condiciones que hace una década. El comportamiento dependerá de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas y de otros factores que influyen en las lluvias.

Qué podría pasar con las lluvias en los próximos meses

El escenario actual merece atención porque el Ideam mantiene activo el monitoreo de El Niño y advierte sobre posibles impactos relacionados con menos precipitaciones, temperaturas elevadas y presión sobre el agua disponible. El instituto también señala que uno de los riesgos asociados al fenómeno es el aumento de la amenaza de incendios.

En ese contexto, el recuerdo del periodo 2015-2016 funciona como un antecedente para entender lo que podría ocurrir si las condiciones actuales se mantienen o se intensifican. Sin embargo, será el seguimiento de los próximos meses el que permita establecer con mayor precisión qué regiones registrarán déficits de lluvia y qué tan fuertes podrían ser.

La advertencia de Enríquez pone así el foco en un aspecto que podría tener impacto directo en el abastecimiento de agua, las actividades agropecuarias y las condiciones ambientales de varias zonas del país, mientras las autoridades continúan evaluando la evolución del fenómeno.

Al intentar ingresar a la página oficial de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, el servidor dejó de responder debido al alto flujo de personas que buscaron tramitar, consultar o renovar sus salvoconductos de manera simultánea.

Ante la desinformación y el incremento masivo de consultas, el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos de las Fuerzas Militares emitió un comunicado oficial aclarando el alcance real de la medida.

El Ejército Nacional precisó que el levantamiento de la suspensión no constituye una venta libre ni una flexibilización automática para que cualquier ciudadano compre o porte un arma de fuego.

“Esto no significa que todo el mundo vaya a poder acceder a comprar un arma o a tener un permiso del Estado”, precisaron las autoridades militares. La norma elimina únicamente el trámite del permiso especial o adicional que se exigía desde la administración del expresidente Juan Manuel Santos para movilizar el arma en vehículos o en la vía pública.

El presidente De La Espriella también se refirió a la medida señalando que la decisión busca permitir la legítima defensa frente a la delincuencia, pero aclaró que la medida no representa un cheque en blanco.

“No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”, afirmó el mandatario, quien citó cifras oficiales señalando que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre la fuerza pública ha incautado 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban vinculadas a delitos.

Requisitos vigentes y estado de los salvoconductos

Las Fuerzas Militares explicaron que los ciudadanos que tengan su salvoconducto o permiso de porte vigente podrán movilizar sus armas sin necesidad del salvoconducto especial. Sin embargo, quienes tengan el documento vencido deberán agendar la validación y actualización en las sedes o instalaciones militares autorizadas.

Para acceder a un permiso de porte de armas de fuego en Colombia, las autoridades recordaron que se mantienen sin modificación las siguientes exigencias legales:

• Tener una edad mínima de 25 años.
• Contar con la aprobación de exámenes de aptitud psicofísica y certificados médicos.
• Demostrar conocimientos teóricos y prácticos sobre el manejo de armas.
• Carecer de antecedentes penales o judiciales.
• Obtener la aprobación final tras la verificación del expediente por parte de las autoridades militares.

La expedición del decreto generó de inmediato opiniones divididas en el Congreso de la República entre congresistas que apoyan la medida como un factor disuasivo contra la criminalidad y sectores que advierten sobre los riesgos de trasladar a la ciudadanía la responsabilidad de la seguridad.

(Vea también: [Video] “Se volvió loco” el comentario jocoso de Marco Rubio que le sacó risas a De la Espriella)

La primera dama colombiana contó en una publicación en Instagram algunos detalles del encuentro, que tuvo dos momentos: una conversación sobre las familias afectadas por el terremoto y una visita a uno de los lugares más representativos de la cultura barranquillera.

El plan terminó con una parada en el Museo del Carnaval de Barranquilla, espacio en el que las visitantes pudieron acercarse a una de las expresiones culturales más importantes de la ciudad.

 

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Ana Lucía Pineda habló con Jeanette Rubio sobre las familias afectadas por el terremoto

De acuerdo con lo contado por Ana Lucía Pineda, durante el encuentro con Jeanette Rubio hablaron sobre la situación que atraviesan las familias afectadas por el terremoto y sobre las acciones que se han desarrollado para acompañarlas.

La conversación estuvo relacionada con la campaña ‘Colombia, Un Solo Corazón’, iniciativa que, según explicó Pineda, permitió reunir esfuerzos de colombianos y extranjeros para brindar apoyo a las personas que más lo necesitaban después de la emergencia.

El tema cobró especial relevancia durante la visita, pues la situación de las comunidades afectadas ha requerido atención y solidaridad más allá de los primeros días posteriores al desastre.

Pineda destacó precisamente ese componente de unión y generosidad que, a su juicio, dejó la campaña, al señalar que sirvió para mostrar cómo diferentes personas se sumaron para acompañar a las familias damnificadas.

Así, el encuentro entre ambas no se limitó a un protocolo de bienvenida, sino que incluyó una conversación sobre una de las situaciones sociales que ha marcado la agenda reciente del país.

Jeanette Rubio conoció el Museo del Carnaval de Barranquilla

Después de conversar sobre la situación de las familias afectadas, Ana Lucía Pineda y Jeanette Rubio tuvieron un plan mucho más relacionado con la cultura de la ciudad.

Las dos visitaron el Museo del Carnaval de Barranquilla, acompañadas por Katia Nule, gestora social de Barranquilla.

El lugar fue escogido como escenario para mostrar parte de las tradiciones que identifican a la capital del Atlántico y que tienen en el Carnaval una de sus principales expresiones.

Pineda destacó que el museo permite exaltar la cultura, las tradiciones y el patrimonio que representan a Colombia, además de mostrar elementos asociados con la alegría, la creatividad y la identidad del país.

La visita también permitió darle un componente cultural a la agenda de los acompañantes de Rubio durante su paso por Barranquilla, ciudad que recibió al funcionario estadounidense en medio de una jornada marcada principalmente por asuntos de seguridad, cooperación y relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

Aunque la agenda del secretario de Estado estuvo concentrada en reuniones y asuntos de gobierno, el recorrido de sus acompañantes permitió mostrar otra cara de la visita internacional.

Un recorrido por la cultura colombiana durante la visita de Rubio

El paso de Jeanette Rubio por el Museo del Carnaval se convirtió así en uno de los momentos más distendidos de la jornada.

La publicación de Ana Lucía Pineda puso el foco en el encuentro entre ambas y en la posibilidad de compartir un espacio cultural durante una visita que, en el caso de Marco Rubio, estuvo marcada por asuntos de alto nivel entre los dos países.

El Museo del Carnaval es, además, un escenario especialmente representativo para una actividad de este tipo, debido al peso que tiene la celebración barranquillera dentro de la identidad cultural de Colombia.

Pineda aprovechó la publicación para resaltar precisamente esa dimensión. Más que entregar detalles políticos sobre la visita, su mensaje mostró el componente humano y cultural que también acompañó la llegada de la delegación estadounidense.

El encuentro tuvo entonces dos caras: primero, una conversación relacionada con las familias que siguen enfrentando las consecuencias del terremoto y el trabajo de solidaridad desarrollado mediante ‘Colombia, Un Solo Corazón’; después, un recorrido por una expresión cultural que busca representar parte de la identidad del país.

De esta manera, Jeanette Rubio tuvo una agenda diferente durante la visita de Marco Rubio a Colombia y conoció, de la mano de Ana Lucía Pineda y Katia Nule, uno de los espacios culturales más reconocidos de Barranquilla.

(Vea también: Ecopetrol sacó a hija de exministro de Petro: se ganaba 54 millones de pesos)

Name Correa había ingresado a la empresa el 10 de marzo de 2025 y trabajó durante poco más de un año y cinco meses como analista de apoyo comercial, según la información conocida sobre su trayectoria en la compañía.

¿Quién es José Enrique Name Correa?

José Enrique Name Correa es hijo del exsenador José David Name, dirigente del Partido de la U y uno de los políticos más reconocidos de la región Caribe.

Durante su paso por Ecopetrol estuvo vinculado a la filial de ‘trading’ de la empresa en Estados Unidos, donde apoyaba labores relacionadas con conciliación de operaciones, elaboración de reportes de posición y riesgo, validación de transacciones y seguimiento de información para las áreas comerciales.

¿Cuál era el cargo que ocupaba en Ecopetrol?

De acuerdo con la información divulgada sobre su contrato, Name Correa ocupaba el cargo de analista de apoyo comercial.

Entre sus funciones estaban la conciliación de operaciones en los sistemas de trading, la elaboración de reportes diarios de resultados y riesgos, la validación de transacciones físicas y financieras, así como la preparación de informes mediante herramientas de análisis de datos.

Según la información conocida, el costo anual asociado a su vinculación estaba entre 113.000 y 130.000 dólares, cifra que incluía salario, prestaciones, beneficios laborales y otros costos asumidos por la empresa.

La salida se suma a otros movimientos en Ecopetrol

La desvinculación de José Enrique Name Correa ocurre en medio de varios cambios recientes dentro de Ecopetrol.

Semana señala que distintas versiones conocidas públicamente han señalado cuestionamientos sobre el perfil profesional de Name Correa para el cargo que ocupaba en la filial de trading. Sin embargo, hasta el momento Ecopetrol no ha informado oficialmente si esa fue una de las razones que motivó su salida.

Tampoco la empresa ha emitido un pronunciamiento público detallando las causas específicas de esta desvinculación. Eso sí, Semana señala que José David Name fue aliado de Petro.

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La solicitud fue planteada por el mandatario colombiano durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Barranquilla. Allí, De la Espriella pidió estudiar la posibilidad de restablecer la sede consular que durante años funcionó en la ciudad y sostuvo que el Gobierno colombiano asumiría los recursos necesarios para su construcción.

¿Qué dijo Alejandro Char sobre el consulado de EE. UU. en Barranquilla?

Tras la intervención del presidente, el alcalde Alejandro Char expresó públicamente su respaldo a la propuesta.

“Señor presidente, usted lo ha dicho todo. Cuente con Barranquilla y con nosotros para sacar adelante esta petición. Estamos listos para apoyar en todo lo que sea necesario”, afirmó el mandatario distrital.

Con ese mensaje, Char respaldó la iniciativa de recuperar una representación diplomática estadounidense en Barranquilla, una petición que desde hace años han impulsado distintos sectores de la región Caribe.

¿Por qué De la Espriella pidió reabrir el consulado?

Durante su encuentro con Marco Rubio, De la Espriella recordó que Barranquilla contó con un consulado de Estados Unidos antes de que esa representación se concentrara en Bogotá.

Por esa razón, pidió al funcionario estadounidense estudiar la posibilidad de reabrir la sede y aseguró que el Gobierno colombiano está dispuesto a aportar los recursos para hacer realidad el proyecto.

“Necesitamos que se estudie esa posibilidad… esperamos pronto tener aquí, en Curramba la Bella, el consulado americano”, expresó el presidente.

La propuesta, según explicó, beneficiaría no solo a Barranquilla, sino también al departamento del Atlántico y a los habitantes de toda la región Caribe, que actualmente deben desplazarse a Bogotá para realizar la mayoría de trámites consulares.

Gobernador Eduardo Verano también respaldó la iniciativa

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, se sumó al llamado y aseguró que la reapertura del consulado fortalecería la relación entre Colombia y Estados Unidos desde la región Caribe.

El mandatario departamental afirmó que el Atlántico reúne condiciones estratégicas para atraer inversión estadounidense gracias a su ubicación geográfica, conectividad, talento humano y vocación empresarial.

Además, sostuvo que la cooperación entre ambas naciones podría ampliarse hacia sectores como los centros de datos, la infraestructura tecnológica y el desarrollo de proyectos vinculados con inteligencia artificial.

Durante la visita de Rubio, Verano también entregó un obsequio elaborado por Artesanías del Atlántico al secretario de Estado y a su esposa, Jeanette Rubio, como símbolo de la identidad cultural de la región.

Con el respaldo del alcalde de Barranquilla y del gobernador del Atlántico, la propuesta del presidente De la Espriella ganó impulso político, aunque la eventual reapertura del consulado dependerá de la evaluación y decisión que adopte el Gobierno de Estados Unidos.

Ortega deberá cumplir una pena de 76 meses de prisión, es decir, seis años y cuatro meses. Además, tendrá una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo y deberá pagar una multa de 29,77 salarios mínimos legales mensuales vigentes, suma que supera los 52 millones de pesos.

El caso se remonta a 2017, cuando el abogado publicó en X varios mensajes contra María Antonia García de la Torre. Algunas de esas publicaciones hicieron referencia al exjefe paramilitar Carlos Castaño y contenían llamados a tomar acciones violentas contra la periodista.

Ese mismo año, Ortega también lanzó mensajes amenazantes contra Daniel Samper Ospina. En sus publicaciones el condenado utilizó calificativos contra el periodista y aseguró que hacían falta grupos paramilitares como las AUC para “calmarlo”, en alusión a la violencia.

En 2018, el objetivo de sus publicaciones fue el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como ‘Matador’. Ortega lo calificó de “canalla” y escribió que hacía falta Carlos Castaño para matarlo.

Para la Corte Suprema, esas publicaciones tenían la capacidad de provocar alarma y zozobra, por lo que sí configuraron el delito de amenazas agravado. Así las cosas, el alto tribunal dejó en firme el fallo emitido en 2021 por un juzgado penal de Bogotá, después de revisar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

Finalmente, la suspensión condicional de la pena fue negada, aunque Ortega recibió el beneficio de prisión domiciliaria. Por eso, ahora deberá permanecer en el inmueble dispuesto para cumplir su condena.

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Rubio señaló que la permanencia de estructuras del Eln al otro lado de la frontera no puede continuar y planteó la necesidad de abordar esta situación como parte de la cooperación en materia de seguridad entre los países de la región. La advertencia ocurre mientras Washington y el Gobierno colombiano buscan fortalecer sus acciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilegales.

La posición del funcionario estadounidense cobra relevancia por la actividad que el Eln mantiene en zonas fronterizas con Colombia. El grupo armado tiene presencia histórica en sectores de ambos lados de la frontera, una situación que ha sido señalada durante años como uno de los factores que complican la seguridad en el Catatumbo y otras áreas limítrofes.

 “Eso va a tomar un tiempo resolverlo. Pero sin duda hay que enfrentarse a esa amenaza. Esa amenaza como existe en este momento no puede seguir. Tiene que buscar solución y tiene que ser rápido”, indicó Rubio.

Rubio y la nueva agenda de seguridad con Colombia

La declaración del secretario de Estado se produjo durante su visita a Colombia, donde sostuvo reuniones con el presidente Abelardo de la Espriella. Ambos gobiernos acordaron profundizar la cooperación en seguridad, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas ilegales.

El tema adquiere especial importancia después de los recientes ataques atribuidos al Eln en Norte de Santander. Uno de ellos ocurrió en Ocaña, donde un ataque con drones contra una instalación militar dejó tres uniformados muertos y varios heridos, según reportes de autoridades colombianas.

“Imagínese usted si hay una banda criminal operando de un territorio al otro lado de una frontera, entran a su país, cometen delitos, asesinatos, ataques, y después regresan y se esconden en otro país. Eso no es sostenible”, agregó la mano derecha de Trump.

La situación en la frontera también forma parte de las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos, debido a la presencia de grupos armados y redes vinculadas al narcotráfico. Por ello, la administración estadounidense busca ampliar la cooperación con Colombia y otros gobiernos de la región para enfrentar estas estructuras.

“Eso hay que enfrentarse a eso. Obviamente lo queremos hacer de manera de cooperación y eso se ha discutido y se seguirá discutiendo”, agregó el funcionario estadounidense.

La advertencia de Rubio se suma así a una agenda bilateral que incluye seguridad, lucha contra las drogas y control de las organizaciones criminales. Su visita continuará por Ecuador y Perú, países con los que Washington también busca fortalecer la cooperación regional.

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Al ser abordado por periodistas mientras caminaba a subirse en la camioneta que lo trasladaría al Hotel Marriott, donde cumpliría otro encuentro esta vez con empleados de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, el alto funcionario norte americano aseguró sentirse encantado con la ciudad e incluso su clima cálido.

“Se parece a Miami esta humedad y el calor caribeño, eso me encanta”, afirmó el funcionario estadounidense.

El secretario de Estado agregó que esta era su primera visita a Barranquilla y dejó abierta la posibilidad de regresar en próximas oportunidades.

“Primera vez que visito acá. No la conozco, pero ahora la conozco. Tengo que regresar muchas veces”, dijo Rubio.

Tras su visita a Barranquilla, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no descartó regresar a la capital del Atlántico en otro momento. El alto funcionario estadounidense dijo sentirse encantado con la ciudad, a la que comparó en su clima con Miami. #VocesySonidos pic.twitter.com/gTBRNhdotk

— Blu Caribe (@BLUCaribe) September 8, 2026

La extensa agenda del Secretario de Estado durante este martes en la capital del Atlántico, termina con una comida junto a su esposa, en la casa del presidente Abelardo de la Espriella, en lagos de Caujaral, un exclusivo sector ubicado en la vía que de Barranquilla conduce a Puerto Colombia, cerca de Sabanilla.

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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, fueron los primeros en recibir al secretario de Estados de los Estados Unidos, Marco Rubio, junto con su esposa en medio de su histórica llegada a la capital del Atlántico para sostener reuniones con el presidente Abelardo De La Espriella.

Ambos mandatarios lograron hablar un par de minutos con el alto funcionario estadounidense y la principal petición fue la necesidad de reabrir una Agencia Consular de los Estados Unidos en Barranquilla.

“Fue una importante reunión de alto nivel que se realizó aquí en Barranquilla con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Creo que es una oportunidad histórica; nunca más creo que vayamos a tener la oportunidad de hablar con el segundo al mando del Gobierno de Estados Unidos”, expresó por su parte el gobernador Verano.

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De acuerdo con la entidad, las fotografías que circulan en plataformas digitales no fueron tomadas en ninguna de sus sedes. La aclaración surgió luego de que varias publicaciones afirmaran que las imágenes habrían sido captadas mientras el cuerpo permanecía bajo custodia del instituto, según El Tiempo.

¿Qué dijo Medicina Legal sobre las fotos de alias ‘Bendito menor’?

En un pronunciamiento conocido este martes, Medicina Legal aseguró que desarrolla todos sus procedimientos bajo estrictos protocolos técnicos, éticos y de confidencialidad.

La entidad afirmó que protege la información forense y garantiza el respeto por los cuerpos que permanecen bajo su custodia, por lo que negó que las imágenes divulgadas en redes sociales hayan sido tomadas en sus instalaciones.

Además, rechazó de manera categórica la difusión de fotografías de personas fallecidas al considerar que este tipo de publicaciones vulnera la dignidad humana, afecta la privacidad de las víctimas y causa un impacto adicional para sus familiares y seres queridos.

Medicina Legal pidió no compartir este tipo de imágenes

Tras finalizar las labores de identificación forense, los cuerpos fueron trasladados para los procedimientos correspondientes. Posteriormente, comenzaron a circular imágenes sensibles en redes sociales que algunos usuarios atribuyeron a Medicina Legal.

Frente a esa situación, la entidad reiteró que mantiene protocolos de confidencialidad durante sus actuaciones y pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación abstenerse de compartir fotografías de personas fallecidas.

El instituto insistió en que el respeto por la dignidad de las víctimas debe prevalecer, independientemente de las circunstancias en las que haya ocurrido su muerte, e hizo un llamado para evitar la difusión de este tipo de contenidos.

La medida se dio tras una investigación adelantada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, mecanismo que permite a Estados Unidos evaluar prácticas comerciales de otros países que puedan afectar sus intereses económicos.

En este caso, la administración estadounidense concluyó que Colombia no ha adoptado ni implementado de manera efectiva mecanismos suficientes para prohibir la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

El nuevo escenario comercial se convirtió en uno de los asuntos abordados durante la visita a Colombia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Tras las reuniones que sostuvo con el presidente Abelardo de la Espriella, el funcionario se refirió al futuro de los aranceles y a las conversaciones que ambos gobiernos mantienen para alcanzar un acuerdo bilateral.

Rubio explicó que el proceso requiere avanzar dentro de un marco jurídico específico y señaló que existe disposición de ambas partes para buscar una salida. “Es un proceso legal complejo. Se tiene el deseo de llegar a un acuerdo con Colombia cuanto antes. El embajador Greer ha estado trabajando con las autoridades de Colombia”, afirmó.

El secretario de Estado también entregó detalles sobre el estado de las negociaciones y aseguró que las conversaciones entre los dos países continúan. Según explicó, ya se han desarrollado dos rondas de diálogo, en las que se han registrado avances, aunque todavía no existe un anuncio definitivo sobre un eventual acuerdo.

“Las negociaciones creo que marchan bien y espero tener buenas noticias pronto. En ese sentido, una vez que se pueda llegar a un acuerdo, pero esa es la forma del acuerdo 302. Hay que llegar a un acuerdo bilateral y estamos comprometidos a hacer eso”, manifestó Rubio.

El funcionario estadounidense agregó que los equipos de ambos gobiernos permanecen en contacto y que el proceso continuará durante los próximos días. “Las conversaciones ya están en curso. Ha habido dos rondas de conversaciones y se ha progresado. No hay ningún anuncio en este momento, pero espero que sea pronto”, sostuvo.

La posición expresada por Rubio deja abierta la posibilidad de que Colombia y Estados Unidos alcancen un entendimiento que permita revisar las condiciones comerciales actualmente vigentes. Sin embargo, mientras las negociaciones continúen y no se concrete un acuerdo, las medidas arancelarias anunciadas por Washington seguirán teniendo efectos sobre los productos colombianos alcanzados por la disposición.

Finalmente, el secretario de Estado señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene interés en avanzar hacia una solución negociada. “El presidente Trump tiene el deseo de llegar a un acuerdo”, concluyó.

Se trata del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a quien le reclaman porque viajó con su familia a una playa de Santa Marta, pocos días después de haber ocurrido el terremoto que afectó varias regiones del país.

Aunque Beltrán ofreció disculpas y aseguró que siguió virtualmente conectado a reuniones y asignaciones por la emergencia, también afirmó que debía atender un compromiso familiar adquirido previamente.

El debate de moción de censura fue citado para este miércoles 9 de septiembre a las 2:00 de la tarde, momento a partir del cual se escucharán las razones que expondrán los congresistas y el ministro tendrá la palabra para defenderse y responder el cuestionario.

Después de la plenaria donde se exponen los argumentos la mesa directiva deberá definir fecha para la siguiente plenaria, donde se desarrollará la votación.

El asunto ha causado una conversación polarizada en torno a la pertinencia de citar a un debate por esa causa, que no implicaría acciones penales, aunque en cuanto a formalismos haya razones, pero en el fondo de todo esto está el debate político.

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La conflagración se presenta en la zona rural del corregimiento y, de acuerdo con reportes conocidos sobre la emergencia, uno de los puntos críticos se encuentra en inmediaciones de la finca Altamira, a unos 500 metros de la planta de Cemex. El comportamiento del fuego mantiene la preocupación entre quienes permanecen en sectores cercanos.

El mayor Fernando Vélez, comandante de la Defensa Civil, señaló que más de 150 personas participan en las labores para contener el incendio. La emergencia ocurre en un departamento que durante las últimas semanas ha enfrentado varios incendios forestales.

En Tolima, los organismos de socorro han tenido que mantener despliegues en distintos municipios debido a la cantidad de focos activos y a las dificultades para controlar las llamas en sectores rurales.

#Tolima | Un incendio forestal de grandes proporciones amenaza con alcanzar la planta de Cemex en Payandé, Tolima. Más de 150 personas trabajan para sofocar la conflagración, según el mayor Fernando Vélez, comandante de la Defensa Civil.https://t.co/qVSnCpbdgu pic.twitter.com/FQR2vqBy4T

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 9, 2026

Bomberos y comunidad apoyan las labores de control de incendio en Payandé

En Payandé, los equipos de emergencia trabajan para contener el avance del fuego mientras se monitorea su comportamiento. En las primeras jornadas de atención también fueron reportados vehículos y unidades de bomberos provenientes de Ibagué para reforzar las labores en el terreno.

La cercanía con la planta de Cemex aumenta la atención sobre esta emergencia, debido a que la zona hace parte del área de influencia de las operaciones mineras y de producción de cemento de la compañía en Payandé. La ANLA mantiene seguimiento ambiental al proyecto de explotación de calizas que Cemex desarrolla en este corregimiento de San Luis.

#Tolima | 🚨 Una emergencia por incendio forestal se registra en la finca Altamira, en el corregimiento de Payandé, aproximadamente 500 metros antes de la planta de Cemex. Según la comunidad, las llamas avanzan hacia zonas donde se encuentran varias viviendas.

🔥 Los habitantes… pic.twitter.com/YujjNFsPJH

— El ⭕lfato (@Elolfato) September 7, 2026

Por ahora, los organismos de socorro mantienen el operativo concentrado en evitar que el incendio siga avanzando. Las condiciones del terreno y la extensión de la zona afectada son algunos de los factores que dificultan las labores de control, mientras las autoridades permanecen atentas a cualquier cambio en el comportamiento de las llamas.

De la Espriella defendió públicamente el decreto argumentando que “no hay derecho que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”. Este enfoque, según él, atendía una deuda pendiente con quienes respetan la ley, pues antes, incluso contando con el permiso individual para portar armas, no era posible llevarlas consigo en espacios públicos sin una autorización adicional, resultado de una suspensión general aplicada en todo el país. Ahora, con el Decreto 1368, esa restricción queda eliminada y se restablece la vigencia de los permisos ya expedidos, mientras las autoridades militares están obligadas a tomar las medidas necesarias para activar de nuevo esos permisos.

La medida ha abierto debates profundos sobre su impacto en la seguridad nacional. Analistas en temas de seguridad y conflicto han destacado la trascendencia de esta decisión en un contexto complejo como el que vive actualmente Colombia. Aunque el decreto no permite que cualquier persona salga armada a la calle —solo beneficia a quienes tienen permiso vigente—, se interpreta como una señal clara del gobierno hacia el fortalecimiento de la defensa personal y la confianza en los ciudadanos responsables. Sin embargo, la polémica también se sostiene en la preocupación de expertos que advierten sobre las implicaciones que podría tener en una coyuntura donde el control de armas ilegales sigue siendo uno de los mayores retos para el gobierno.

Según información referenciada en El Espectador, la reactivación de los permisos obliga a las fuerzas militares a reglamentar nuevamente los procedimientos para el porte legal y a vigilar de cerca que no se presenten abusos. Por ahora, la discusión queda abierta mientras el país analiza los efectos inmediatos y a mediano plazo de este viraje en la política de seguridad nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dice el Decreto 1368 sobre el porte de armas en Colombia?

El Decreto 1368, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, elimina la suspensión general de los permisos para portar armas en Colombia. Esto significa que las personas que ya tenían un permiso de porte vigente pueden volver a utilizarlo sin solicitar la autorización especial requerida durante la restricción, según información publicada por El Espectador.

¿Quiénes pueden portar armas legalmente en Colombia tras la firma del Decreto 1368?

Tras la firma del Decreto 1368, únicamente pueden portar armas aquellas personas que cuenten con un permiso de porte vigente. No se trata de una autorización generalizada para toda la población, sino de la reactivación de los permisos legales previamente otorgados, siempre bajo el control de las autoridades militares.

Figuras de distintas bancadas se pronunciaron en defensa de Carol Borda y exigieron un pronunciamiento claro por parte del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro. La senadora Jennifer Pedraza fue enfática al señalar que, aunque mantiene profundas diferencias ideológicas con Borda, nunca justificará la violencia ni la descalificación por razones de juventud o género. Pedraza expresó su solidaridad y rechazo a lo que consideró actitudes machistas, solicitando una respuesta institucional del Pacto Histórico.

Desde el mismo movimiento, la representante Laura Beltrán subrayó la importancia de defender principios y condenar acciones que, a su juicio, reproducen dinámicas de infantilización hacia las mujeres, incluso cuando no comparten posiciones políticas. Beltrán señaló que ha debatido tanto interna como externamente la relevancia de abordar temas de género en el partido y resaltó la necesidad de condenar ataques que ninguna mujer debería enfrentar en el escenario político.

El senador Enrique Gómez, por su parte, rechazó el trato recibido por Borda y enfatizó que diferencias políticas no pueden ser excusa para faltar al respeto, especialmente en un contexto donde los apelativos buscan menospreciar a las mujeres. A estos señalamientos se sumaron muestras de solidaridad de otros congresistas, como Daniel Briceño y la senadora Andrea Padilla, quien instó directamente a Ocampo a ofrecer disculpas, recalcando el esfuerzo que implica para las mujeres abrirse espacio en el debate público.

Hasta el momento, Alejandro Ocampo no se ha pronunciado de manera pública sobre los hechos ni ha presentado una disculpa oficial.

¿Qué ocurrió entre Alejandro Ocampo y Carol Borda en el Congreso?

Durante un debate sobre el Fondo Milagro, el senador Alejandro Ocampo calificó a la representante Carol Borda de mentirosa y la llamó “niña”. Esto fue interpretado como una actitud misógina e infantilista, lo que desencadenó reacciones de solidaridad hacia Borda y solicitudes de un pronunciamiento oficial del Pacto Histórico.

¿Por qué se considera misógina la actitud del senador Alejandro Ocampo?

Lo que generó las críticas fue que, en vez de responder a los argumentos de Carol Borda, Ocampo recurrió a términos que buscan minimizarla por su condición de mujer y juventud. Diversas voces señalaron que estas actitudes reproducen formas de machismo al descalificar a mujeres en espacios de poder político.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La primera etapa tras el sismo movilizó a toda la nación en una respuesta urgente para buscar sobrevivientes, remover escombros, distribuir alimentos y organizar albergues. Una vez superada esa emergencia inicial, se presentan nuevos desafíos, especialmente en el campo educativo. Según el Ministerio, la prioridad presente debe centrarse en permitir el regreso de los estudiantes a un entorno escolar, incluso si este debe ser provisorio. La escuela no solo constituye un espacio de aprendizaje, sino también un lugar esencial para la protección, la alimentación y el acompañamiento social de las nuevas generaciones.

La situación es particularmente crítica para la niñez y la adolescencia. La interrupción de la rutina escolar afecta su bienestar físico y emocional, y las exposiciones derivadas del desplazamiento o la falta de acceso a la escuela incrementan riesgos como la deserción, el reclutamiento por grupos armados y la explotación sexual. Además, en ausencia de la escuela, los estudiantes pueden terminar aislados, recurriendo a dispositivos electrónicos como única compañía, justo en un momento de alta vulnerabilidad donde requieren apoyo presencial y comunitario.

Especialmente preocupante es el caso de los más pequeños, quienes necesitan mayor protección. Los entornos de albergues o espacios con hacinamiento aumentan la exposición al abuso sexual, el maltrato y la negligencia, incluso si se trata de espacios compartidos con personas conocidas.

Por eso, diversas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se destaca Red PaPaz, han puesto a disposición del Gobierno su experiencia, recursos y equipos de trabajo en terreno, con la meta de que los estudiantes retornen a clases presenciales antes del 29 de septiembre, fecha que marca cincuenta días desde el sismo. Señalan que una escuela temporal, lejos de ser una solución de menor valor, representa el principal espacio de estabilidad, protección y esperanza en medio de la emergencia. Asimismo, subrayan la importancia de que toda inversión del sector educativo priorice condiciones seguras para la presencialidad, siguiendo el aprendizaje de la pandemia sobre la necesidad de la educación presencial, especialmente cuando las familias enfrentan la reconstrucción de sus vidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas sedes educativas resultaron gravemente afectadas por el terremoto según el Ministerio de Educación Nacional?

Según el Ministerio de Educación Nacional, 3.891 sedes educativas fueron perjudicadas por el terremoto del 10 de agosto, de las cuales 811 presentaron daños críticos. Esta magnitud impacta directamente a 1,2 millones de estudiantes, cuya educación y protección integral están en riesgo.

¿Por qué es importante regresar a clases presenciales luego de una emergencia como un terremoto?

El regreso a clases presenciales es fundamental porque la escuela, además de garantizar el aprendizaje, proporciona protección, alimentación escolar y apoyo emocional. La ausencia prolongada de la rutina educativa expone a la niñez y la adolescencia a riesgos como la deserción escolar, el reclutamiento forzado y la explotación, según lo destacan organizaciones de la sociedad civil como Red PaPaz.

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Rubio aseguró que el gobierno de Estados Unidos tiene una postura de respetar la soberanía colombiana y que no puede hacer un avance militar sin permiso de la administración de turno. No obstante, no se cerró a la idea y dijo que es posible analizarla.

“Esto es territorio soberano colombiano, nosotros no podemos abrir una base militar, tienen que invitarnos a hacerlo. Hay que estudiar si eso es factible. En muchos casos son bases que tenemos en común, así que si eso se propone, tendrá que ser con las autoridades colombianas y que nos hayan pedido eso”, aseguró el secretario de Estado durante una atención a medios.

El miembro del gabinete de Trump agregó que esta idea también dependerá de un análisis de poner una base militar en Colombia y si es conveniente para Estados Unidos. Eso sí, confirmó que su país cooperará con el Gobierno de De la Espriella para confrontar grupos terroristas y criminales como el Eln o las diversas estructuras de las disidencias de las Farc.

Además, Rubio ve posibles alianzas triples entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela para hacer frente a las guerrillas y otras estructuras delincuenciales que se esconden entre la frontera de los últimos países mencionados.

Su reconocimiento nacional llegó con el título de Defensora del Año, otorgado en el Premio Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, para Velásquez Briceño, este camino no nació de la búsqueda de liderazgo, sino de la respuesta a una profunda herida personal: a los 14 años, perdió a su único hermano varón, de tan solo cinco años, tras un asesinato perpetrado por la entonces organización armada conocida como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Según sus propias palabras para El Espectador, el dolor se amplificó por la "indiferencia y el silencio institucional". Tres años después, la tragedia se repitió: Gabriel Torres Oquendo, su padre de crianza y pescador artesanal, fue asesinado en la misma región del Magdalena Medio y su cuerpo arrojado al río Magdalena, siendo finalmente enterrado como un N. N. (sigla para ‘No Nombrado’, es decir, sin identificar).

Ese cúmulo de pérdidas impulsó a Velásquez Briceño a transformar su dolor en acompañamiento de otras mujeres que, tras la violencia, quedaron viudas, perdieron hijos o esposos, o encontraron a sus seres queridos en el río, e incluso a quienes nunca lograron hallarlos. Su trabajo trascendió poco a poco el apoyo comunitario para incorporar la protección a la naturaleza y al territorio, pues como ella misma afirma, la defensa de los derechos humanos también involucra luchar por quienes no tienen voz: “la naturaleza y el territorio”. De ese modo, el reconocimiento que hoy recibe es solo parte de un proceso de resistencia y persistencia, que ella misma invita a continuar, al advertir que no abandonará su lucha.

¿Quién es Yuly Andrea Velásquez Briceño y por qué fue premiada como Defensora del Año?

Yuly Andrea Velásquez Briceño es una líder social nacida entre Puerto Casabe y Barrancabermeja, marcada por experiencias de violencia familiar y un firme compromiso en la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. Su papel como presidenta de Fedepesan y su apoyo a víctimas la llevaron a recibir el premio Defensora del Año en el Premio Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo con El Espectador.

¿Qué significa ser reconocido como N. N. y por qué es relevante en la historia de Velásquez?

La sigla N. N. se usa para referirse a personas ‘No Nombradas’ o sin identificar al momento de ser halladas y enterradas. En el contexto de Velásquez Briceño, su padre de crianza fue asesinado y arrojado al río Magdalena, y finalmente fue sepultado como un N. N., lo que evidencia la gravedad de la violencia y la desatención institucional que enfrentaron estas comunidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.