La audiencia de imputación quedó programada para el próximo 17 de noviembre. La Fiscalía sostiene que el caso corresponde a un supuesto acto cometido sin consentimiento de García y que será analizado bajo un enfoque de género.

La investigación se remonta a los hechos que la columnista denunció años atrás. La decisión de llevar el caso ante un juez representa un nuevo capítulo en un proceso que, según García, ha avanzado después de varios años desde que acudió a las autoridades.

A través de su cuenta de X, García se refirió a la decisión de la Fiscalía y manifestó su confianza en el proceso judicial. “Subrayo mi confianza en las instituciones judiciales y en que se tomarán las decisiones pertinentes conforme a la ley. Por respeto a mi privacidad y al desarrollo del proceso, no daré declaraciones adicionales ni concederé entrevistas. Cualquier solicitud de información adicional deberá dirigirse exclusivamente a mi apoderada, María Camila Correa, quien será el canal autorizado para atender las comunicaciones relacionadas con este asunto”, escribió.

Los hechos investigados habrían ocurrido en diciembre de 2011, cuando Morris y García se encontraban en España. La Fiscalía considera que existen elementos para llevar el caso a una audiencia de imputación y exponer allí su hipótesis ante la justicia.

Los familiares de Guzmán Mesa solicitaron ayuda en la revisión de las orillas y otros puntos donde la fuerza del agua podría haber arrastrado al joven. El desaparecido estaba en el sector de la vereda San Agustín cuando ocurrió el accidente, lo que generó una movilización inmediata de la comunidad y diversos organismos de socorro. A medida que transcurrían las horas sin noticias de su ubicación, la angustia entre sus seres queridos aumentaba notablemente.

Finalmente, pescadores de la zona encontraron el cuerpo, aunque la búsqueda fue apoyada también por miembros de la Defensa Civil de Guamo, El Espinal y Melgar, quienes participaron activamente en las tareas de rescate. El operativo no solo se concentró en el sector inicial, sino que también se extendió a zonas de influencia del río, incluyendo los municipios de Saldaña, Guamo, Purificación y Suárez. La colaboración entre la comunidad y los organismos de socorro fue fundamental para cubrir el extenso recorrido del afluente y para intentar localizar oportunamente a Guzmán Mesa.

El caso de Cristian Camilo pone en evidencia los peligros que representan las crecientes inesperadas de los ríos en esta región del país, especialmente durante temporadas de lluvia, y la importancia del trabajo coordinado entre habitantes, familiares y entidades de emergencia ante este tipo de accidentes. De acuerdo con la información proporcionada por los familiares y los equipos de rescate, la respuesta rápida y el apoyo entre los distintos actores fueron claves para el desarrollo de la búsqueda, aunque lamentablemente el desenlace fue fatal.

¿Cómo ocurrió el accidente de Cristian Camilo Guzmán Mesa en el Tolima?

El accidente se presentó la tarde del domingo 25 de octubre, cuando Cristian Camilo Guzmán Mesa cayó accidentalmente al río Saldaña, en la vereda San Agustín, y fue reportado como desaparecido. La corriente del río, aumentada debido a las lluvias, complicó las labores de búsqueda, que iniciaron de inmediato tanto por familiares como por pescadores locales. Así lo informaron los allegados y organismos de socorro citados en el informe.

¿Qué municipios participaron en la búsqueda en el río Saldaña?

La búsqueda del joven Cristian Camilo Guzmán Mesa abarcó los municipios de Saldaña, Guamo, Purificación y Suárez, según señaló la información recogida por los familiares y los grupos de rescate. Esta ampliación del área de rastreo se debió al trayecto del río y la preocupación de que la corriente pudiera haber trasladado el cuerpo aguas abajo de donde ocurrió el accidente.

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La muerte de Laura Ximena, una adolescente que acababa de culminar su etapa académica, ha generado un sentimiento de rechazo entre la comunidad, que sigue afectada por los recientes episodios de violencia. La Administración Municipal confirmó la identidad tanto de Laura como de Arquímedes e informó que los cuerpos fueron trasladados a la Fiscalía Seccional Chaparral, donde se adelantan los procedimientos judiciales correspondientes. El hallazgo de un escrito cerca de las víctimas, en el que se les acusaba de supuesta colaboración con la Segunda Marquetalia, ha incrementado las dudas y la angustia; sin embargo, hasta el momento no se ha esclarecido públicamente quién dejó el mensaje ni la relación concreta de esta acusación con los asesinatos.

La Alcaldía de Ataco, tras los hechos, convocó de inmediato a un consejo de seguridad con la participación de entidades como la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación, la Personería, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima. El propósito principal de este encuentro fue analizar los hechos violentos y organizar acciones conjuntas en respuesta a la crisis vivida por la población rural del municipio. Además, la Alcaldía explicó que se activaron labores inmediatas de búsqueda para localizar a las personas reportadas como desaparecidas, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación.

La Administración Municipal manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas y recalcó el compromiso de mantener la cooperación con las autoridades para apoyar el esclarecimiento de lo sucedido. A medida que avanzan las investigaciones, la comunidad de Ataco permanece en la incertidumbre, aguardando respuestas sobre la autoría y el motivo del crimen, así como el paradero de los desaparecidos.

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¿Qué hipótesis manejan las autoridades sobre el crimen en Ataco, Tolima?

Hasta ahora, la información oficial, citada por la Alcaldía de Ataco, señala que cerca de los cuerpos se halló un escrito que asociaba a las víctimas con la Segunda Marquetalia, pero no se ha determinado públicamente la autoría ni la relación directa entre ese mensaje y los asesinatos. Las investigaciones avanzan bajo el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación, pero no se han confirmado hipótesis concretas sobre los posibles responsables o móviles.

¿Cómo respondieron las autoridades de Ataco ante la desaparición de cinco personas?

En respuesta a la desaparición de cinco ciudadanos paralela al doble homicidio, la Alcaldía de Ataco informó que activó de inmediato un plan de búsqueda con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación. La comunidad espera resultados de estas acciones mientras continúa la preocupación sobre la seguridad en el municipio.

En el marco de la jornada, miembros de la Fundación Ministros Competentes brindaron atención a varias personas en situación de calle, con el objetivo de integrarlas en procesos destinados a superar problemas de consumo. Las acciones fueron supervisadas institucionalmente para asegurar el cumplimiento adecuado de los protocolos establecidos en este tipo de operativos sociales. Asimismo, la limpieza del sector estuvo a cargo de Interaseo, que empleó un vehículo compactador para recoger los residuos y apoyar el proceso de desinstalación de cambuches dispersos por diversos puntos críticos de la zona.

La intervención no solo se restringió a la plaza de la calle 21. Comprendió también sectores aledaños como las calles 20, 21, 22 y 23, e igualmente tramos de las carreras Tercera y Cuarta, donde se desarrollaron labores de recuperación del espacio público. En la carrera Cuarta, las autoridades realizaron requerimientos específicos a vendedores informales sobre la ocupación indebida del espacio. Funcionarios de las áreas de Movilidad, Gobierno y otras dependencias municipales acompañaron el proceso, mostrando la integralidad de la estrategia.

Según lo comunicado por las autoridades, la vigilancia y las labores de intervención en la zona continuarán durante algo más de un mes, como parte de la estrategia Ocobos Plus, liderada por la Administración Municipal. El propósito es hacer un seguimiento sostenido que permita mejorar las condiciones para residentes, comerciantes y visitantes de la plaza de la calle 21. El seguimiento institucional será clave para determinar los resultados de la estrategia y definir cuáles medidas se mantendrán en este sector de Ibagué.

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¿Cuáles fueron los principales objetivos de la operación Ocobos de la Patria en Ibagué?

Los objetivos fundamentales de la operación Ocobos de la Patria fueron recuperar el espacio público en sectores específicos de Ibagué, atender la problemática de personas en condición de calle, promover procesos de superación de consumo de sustancias y limpiar los puntos críticos afectados por la acumulación de residuos, de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en el texto.

¿Qué entidades participaron en la intervención y qué funciones cumplieron durante la jornada?

Según lo reportado por las autoridades, participaron la Alcaldía de Ibagué, la Policía Metropolitana, la Personería, Interaseo y la Fundación Ministros Competentes, entre otras entidades. Sus funciones incluyeron la supervisión institucional, el acompañamiento en la atención social a personas vulnerables, la coordinación de limpieza, el retiro de cambuches y la recuperación del espacio público en la zona intervenida.

El anuncio contempla cargos en Alemania, Brasil, Estados Unidos, Corea del Sur, Ecuador, España, Italia, Francia, Indonesia, México, Reino Unido, Singapur, Israel y Qatar. Un detalle que puede ser determinante para los aspirantes es que el Gobierno busca especialmente colombianos que ya residan en esos países y conozcan su cultura y dinámica económica.

Las oportunidades están distribuidas en 11 cargos de consejero-director de Oficina Comercial, dos de primer secretario-director de Oficina Comercial y uno de segundo secretario-representante comercial. Estas oficinas tienen entre sus funciones promover las exportaciones colombianas, atraer inversión extranjera y fortalecer el turismo.

Requisitos y cómo postularse al Banco de Talentos

El perfil que busca el Gobierno está relacionado con profesionales que tengan experiencia en comercio exterior, inversión, turismo, negocios internacionales y dirección de equipos. La residencia en el país donde se encuentra la vacante aparece como uno de los elementos centrales de la convocatoria.

“Necesitamos colombianos que ya vivan en esos países y que conozcan bien la cultura y la economía local”, explicó el presidente Abelardo De La Espriella. 

La intención también está relacionada con la eficiencia en el uso de recursos públicos, pues la contratación de personas que ya viven en los destinos permitiría reducir gastos asociados con traslados desde Colombia.

Para quienes quieran postularse, deben preparar su hoja de vida y enviarla al correo bancodetalentos@presidencia.gob.co. El mandatario invitó a los colombianos que cumplan con el perfil a participar en el proceso.

La apuesta busca fortalecer la presencia comercial de Colombia en esos mercados y apoyar cuatro objetivos: abrir mercados para productos nacionales, atraer inversión extranjera, impulsar el turismo y ampliar las oportunidades para empresarios colombianos.

Así, quienes actualmente viven en alguno de los 14 países incluidos y cuentan con experiencia relacionada tienen la posibilidad de presentar su hoja de vida. El proceso anunciado contempla el correo de la Presidencia como uno de los canales para recibir las postulaciones.

La senadora del Pacto Histórico se mostró tajante frente a las declaraciones de la mujer que la menciona como una de las figuras que estuvo dentro de esas contrataciones por parte del expresidente de Colombia.

“Cero y van dos. En un mes he tenido que afrontar señalamientos sin fundamento, dentro de una estrategia planeada para acabar moralmente con mi nombre. ¿Cuál es la estrategia? Convertir una mención sin pruebas en una condena social y linchamiento mediático y digital de la prensa sensacionalista al servicio de intereses oscuros, sin sustento ni pruebas”, aseguró Pizarro.

La respuesta por medio de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) se presentó un día después de que se hicieran públicas las afirmaciones en las que ella aparece vinculada, sin que se resalte alguna participación directa. De ahí, apuntó contra el presidente Abelardo de la Espriella.

“Esto es lo que De La Espriella llamó el ‘destripamiento’. Quieren sacarme de la carrera política como hicieron con mi padre, pero se equivocan, aquí estoy para enfrentar esta arremetida baja, coordinada con un medio que opera sin verificación, al servicio de la viralidad”, aseguró.

Deicy Jiménez involucró a Pizarro en sus declaraciones contra Petro, por lo que la congresista se defendió al remarcar su trabajo alrededor de la causa feminista en el territorio colombiano.

“Lamentablemente toca salir e insistir: jamás cohonestaré con una situación como la que se insinúa. He defendido los derechos de las mujeres no de palabra, sino como causa de vida; esa ha sido, es y seguirá siendo una convicción central de mi ejercicio político. Mi trabajo, mis luchas y mi trayectoria hablan por mí. No van a borrar lo que soy ni lo que represento con insinuaciones malintencionadas. Mi compromiso con las mujeres y con las causas populares no se negocia”, advirtió.

Incluso, la senadora del Pacto Histórico cuestionó la labor periodística, luego de las publicaciones hechas por Vicky Dávila al exponer esas afirmaciones contra el exmandatario.

“El país espera del periodismo un ejercicio serio y responsable, que no es posible si se sustenta en montajes, especulaciones y tergiversaciones. A los medios de comunicación les exijo rigor, verificación y respeto. Ninguna mención puede llevar a asociaciones tendenciosas y construir narrativas acusatorias; ninguna insinuación equivale a una condena. La libertad de prensa es fundamental, pero no puede confundirse con linchamiento ni con la difusión irresponsable de señalamientos”, aseveró.

Jiménez afirmó que tuvo contratos (que suman más de 100 millones de pesos) y que uno de ellos fue en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por lo que surgió la mención a Pizarro. Eso desembocó en la respuesta y crítica al trabajo de Dávila.

“A la ciudadanía ¿Vamos a permitir que la prensa amarillista y mercenaria sea el nuevo juez de la sociedad colombiana? Rechacemos que una interpretación sustituya la verdad y que los intereses oscuros se impongan sobre el debate democrático”, escribió en sus redes sociales.

La congresista sentenció su reacción con una advertencia de cara a la justicia colombiana con la postura de que no tuvo la participación que para el caso indicó Deicy Jiménez en sus declaraciones a Semana.

“De ser necesario ante cada afirmación falsa o relación que se haga con mi nombre y mis actuaciones, sin sustento, acudiré a los estrados judiciales. Aquí estoy y aquí sigo, enfrentando con dignidad y sin miedo lo que hemos logrado”, finalizó.

Cabe recordar que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ofreció protección a Jiménez, mientras que Gustavo Petro también rechazó los señalamientos sobre esos contratos.

De acuerdo con la Defensoría, la culminación de la mesa de diálogo con la CNEB en agosto de 2026 podría catalizar nuevas disputas armadas en la región. También advirtió que, ante este panorama, no se descarta el regreso de facciones tanto del Eln como del Estado Mayor Central (Emc), estructura que sigue instrucciones de alias “Iván Mordisco”. El informe expone la dinámica de ‘tercerización criminal’, consistente en delegar actividades ilícitas a agrupaciones como las Autodefensas Unidas de Nariño (Aun) —con nexos en Ecuador con Los Lobos y Los Choneros— y la Nueva Urías Rondón Frente 37, la cual emplea símbolos del Emc. Igualmente contribuyen bandas locales llamadas Los Zabaleteros, Los Marihuanos y Los Flacos, quienes perpetran asesinatos por encargo, extorsionan mediante las llamadas “vacunas” y ejercen tareas de vigilancia, facilitando el control social y la impunidad, según la entidad.

Este dominio armado vulnera seriamente la autonomía y la integridad de los pueblos indígenas, especialmente los Awá —integrantes de Camawari y Uripawa— y los Pastos del Gran Mallama. Datos reportados por la Defensoría evidencian un agravamiento de la seguridad, resaltando una tasa de homicidios en Mallama de 67,37 por cada 100.000 habitantes en 2026. Casos recientes, como la masacre de tres familiares en Ricaurte y el asesinato de jóvenes en Mallama, ilustran la gravedad. También se han registrado homicidios selectivos de líderes indígenas y sociales, así como firmantes del acuerdo de paz.

El documento destaca graves infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), incluyendo ataques a misiones médicas, el asesinato de pacientes y la instalación de minas antipersonal. Frente a esta crisis, la Defensoría formuló 29 recomendaciones para fortalecer la protección institucional y comunitaria, instando al Estado a actuar con urgencia para evitar el exterminio físico y cultural de los pueblos Awá, la desestructuración de los Pastos y el impacto sobre comunidades campesinas.

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¿Qué riesgos enfrentan los pueblos indígenas Awá y Pastos en Ricaurte y Mallama según la Defensoría?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los pueblos indígenas Awá y Pastos viven bajo una amenaza creciente debido al dominio de estructuras armadas que vulneran su autonomía, debilitan la cohesión comunitaria y ponen en peligro su integridad física y cultural. Además del riesgo de violencia directa, estas poblaciones enfrentan infracciones al derecho internacional humanitario, reclutamiento forzado y un deterioro acelerado de la seguridad en la región.

¿Qué significa la tercerización criminal en el contexto de la alerta en Nariño?

En el contexto señalado por la Defensoría, la tercerización criminal consiste en que grandes estructuras armadas delegan actividades delictivas como extorsión o sicariato a bandas locales (por ejemplo, Los Zabaleteros, Los Marihuanos y Los Flacos) y grupos externos como las Autodefensas Unidas de Nariño. Esta estrategia les permite aumentar su control territorial y social, al tiempo que refuerzan la impunidad en zonas rurales.

El tema central es un informe elaborado suficientemente para dar cumplimiento a una medida cautelar ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Según la Casa de la Moneda de Portugal, el informe fue concertado previamente entre las partes antes de su presentación. Sin embargo, al momento de la firma, el Ministerio de Relaciones Exteriores se negó a suscribirlo, motivo por el cual no aparece explícitamente en calidad de firmante. En el documento presentado ante el tribunal, Felipe de Vivero Arciniegas, representante legal de la Casa de la Moneda, sostuvo que "el texto de dicho informe fue concertado entre las partes de manera previa a su presentación, sin embargo, en el último momento el Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio se negó a firmarlo". Es decir, desde la perspectiva de Portugal, no hubo mala fe ni irregularidad en la presentación del informe.

Por su parte, la Cancillería expuso en documentos fechados el 20 y 21 de octubre que se estaría induciendo en error al tribunal, sugiriendo la existencia de un acuerdo entre las demandadas sobre el contenido del informe. Sin embargo, la Casa de la Moneda rechazó categóricamente estas afirmaciones, asegurando que solo cumplió con lo ordenado por el Tribunal, y que todas sus actuaciones obedecieron al marco de la legalidad y la buena fe.

Además, se aclaró que la presentación del informe no fue producto de un acuerdo autónomo, sino que desde el inicio respondía a una instrucción directa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La Casa de la Moneda enfatizó que la decisión y los plazos de radicación estuvieron definidos por órdenes judiciales, y que cualquier solicitud de prórroga solicitada por la Cancillería no fue consensuada ni informada previamente a Portugal.

El informe finalmente presentado avala la primera fase del nuevo modelo de pasaportes, asegurando que funciona y es estable, aunque sigue pendiente la declaración de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio, tras la suspensión temporal ordenada por el tribunal.

¿Cuál es el conflicto entre la Cancillería y la Casa de la Moneda de Portugal en el caso pasaportes?

El enfrentamiento surge a raíz de la elaboración y presentación de un informe técnico sobre el modelo de pasaportes impulsado durante el gobierno Petro. La Cancillería alega que no autorizó la entrega ni el uso de su logo, mientras que la Casa de la Moneda sostiene que actuó conforme a lo estipulado por el Tribunal Administrativo y que no hay irregularidad en su actuar.

¿Por qué el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pidió un informe sobre el modelo de pasaportes?

El Tribunal solicitó el informe como parte de una medida cautelar dentro de un proceso legal en curso. El objetivo era analizar la viabilidad y solidez del modelo de pasaportes mientras se estudia una demanda que llevó a la suspensión temporal del sistema implementado durante el gobierno Petro.

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El movimiento telúrico tuvo como referencia el municipio de Chaparral y se registró a las 1:36 p. m., hora local.

El evento tuvo una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros, por lo que se produjo relativamente cerca de la superficie terrestre. Su localización fue establecida en las coordenadas 3,84° de latitud y -75,66° de longitud.

De acuerdo con el reporte oficial, el sismo fue registrado por 51 estaciones de monitoreo y su análisis tuvo estatus manual. El SGC estableció un RMS de 1 segundo y un gap de 37 grados para el evento.

Aunque Chaparral aparece como municipio de referencia, el epicentro se ubicó aproximadamente a 24 kilómetros de esa población. También estuvo cerca de Roncesvalles, a unos 20 kilómetros, y San Antonio, a cerca de 22 kilómetros.

Por su magnitud de 2,6, se trató de un movimiento de baja intensidad. El SGC no reportó en la información suministrada daños, personas afectadas ni otras consecuencias asociadas al sismo.

La investigación se adelanta bajo el marco de la Ley 600 de 2000, normativa procesal penal vigente para la época de los hechos. Según informó la Fiscalía, integrantes del Frente Batallas del Santuario, perteneciente al Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), retuvieron a las jóvenes en la plaza principal del municipio de Granada y las trasladaron a una vivienda. Fue en ese lugar donde, presuntamente, Velandia Serrano, quien en ese momento era teniente del Batallón de Artillería 4, adscrito a la Cuarta Brigada, llegó y participó en los abusos.

Las evidencias recabadas apuntan a que la menor de 17 años fue llevada por Velandia Serrano al baño, donde la habría agredido sexualmente, mientras que la hermana mayor sufrió violencia sexual por parte de otros hombres que se encontraban en el sitio. Posteriormente, el ahora coronel retirado también habría atacado sexualmente a la joven de 19 años, según la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía.

La entidad afirmó que, además, Velandia Serrano habría sido quien dio la orden a los paramilitares para asesinar a las dos víctimas y enterrarlas en un cerro. Pasados algunos años, presuntamente ordenó exhumar los cuerpos con el objetivo de evitar que estos fueran encontrados por las autoridades.

Dentro del proceso, la fiscal designada de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos dispuso su captura, que fue ejecutada por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional en Medellín, Antioquia. Velandia Serrano fue escuchado en diligencia de indagatoria y se le investiga por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, tortura en persona protegida agravada, homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada.

La Fiscalía subrayó que esta investigación integra una estrategia para priorizar el esclarecimiento de crímenes cometidos por estructuras paramilitares en el país.

¿Qué relación tuvo Wilson Humberto Velandia Serrano con el Frente Batallas del Santuario de las AUC?

Según la investigación de la Fiscalía, Velandia Serrano, cuando era teniente del Batallón de Artillería 4, habría actuado en coordinación con integrantes del Frente Batallas del Santuario del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. De acuerdo con lo reportado, su presunta participación incluye la orden a los miembros de esta estructura para cometer el asesinato y desaparición de las dos jóvenes.

¿Cuáles son los delitos por los que la Fiscalía investiga al coronel en retiro Wilson Humberto Velandia Serrano?

La Fiscalía investiga a Velandia Serrano por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, tortura en persona protegida agravada, homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada. Todos estos cargos están relacionados con los hechos ocurridos en Granada, Antioquia, entre el 21 y 22 de febrero de 2003, según la autoridad judicial.

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Según información recogida por Noticiero 90 Minutos, la comunidad ha participado de reuniones y mesas de diálogo con la Alcaldía de Cali y Emcali (Empresas Municipales de Cali), pero alegan que aún no reciben respuestas definitivas. De acuerdo con las autoridades, las principales causas de este desabastecimiento son la disminución del caudal del río Meléndez —fuente principal de agua del sector— y los problemas de presión en la red de distribución. Jhon Jairo González, líder y vocero de la comuna 18, ha explicado que una solución de fondo requeriría la construcción de un embalse en Pichindé para compensar la baja presión y el flujo insuficiente del río Meléndez. No obstante, advierte que este tipo de proyecto tomaría largo tiempo y posiblemente no se iniciaría durante la actual administración local.

Emcali, por su parte, ha señalado otras dificultades que agudizan la situación. Lucierne Obogana, subgerente de agua potable de la entidad, explicó que los asentamientos irregulares y las conexiones no autorizadas al acueducto generan desequilibrios en el sistema, afectando especialmente a los usuarios legales que habitan en la frontera del sector. Detalló que, en una zona específica denominada El Indio, se realizó una conexión irregular con tubería de dos pulgadas a una red original de cuatro pulgadas, lo que provoca una descompensación y dificulta aún más el suministro para las familias censadas.

Mientras tanto, las familias afectadas insisten en la urgencia de una intervención concreta por parte de las autoridades para restablecer el abastecimiento regular de agua potable, sin tener que esperar la ejecución de proyectos a largo plazo. El clamor de los habitantes de Los Chorros sigue en pie tras dos años de incertidumbre e insalubridad derivada de la falta de este servicio esencial.

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¿Por qué llevan dos años sin agua potable las familias de Los Chorros en Cali?

Las familias de Los Chorros, en la comuna 18 de Cali, han enfrentado dos años sin acceso regular al agua potable a causa de la disminución del caudal del río Meléndez, problemas de baja presión en la red de distribución, y el impacto negativo de asentamientos y conexiones irregulares a la red de acueducto, según información de Noticiero 90 Minutos y declaraciones de autoridades como Emcali.

¿Qué soluciones proponen las autoridades para el problema de agua en Los Chorros, Cali?

De acuerdo con voceros como Jhon Jairo González y Lucierne Obogana de Emcali, la solución definitiva consiste en la construcción de un embalse en Pichindé para compensar la presión y el caudal perdido del río Meléndez, aunque advierten que esta obra tomaría largo tiempo en ejecutarse. Mientras tanto, la comunidad continúa exigiendo medidas urgentes para garantizar el suministro básico de agua potable.

Según queda registrado en la convocatoria, el senador tiene como objetivo “demostrar que está en curso una contrarreforma agraria”. Este término sugiere la percepción de que, en lugar de avanzar en la distribución justa de tierras o en políticas que favorezcan al campo, se estarían implementando medidas que revierten los posibles logros alcanzados por el sector rural. Cepeda invitó a la ciudadanía a estar atenta al desarrollo del debate mediante el canal del Congreso y a través de las redes sociales, donde espera visibilizar estos temas ante la opinión pública.

Por ahora, los detalles de los cuestionamientos concretos que Cepeda presentará y la evidencia que respalde sus afirmaciones están reservados para el escenario del debate mismo. En su publicación, el senador subrayó la seriedad de las acusaciones al anunciar que dedicará la discusión al campesinado, aunque no reveló todas las líneas argumentativas ni los datos específicos que piensa utilizar. Así, se abre un ambiente de expectativa y discusión sobre la coyuntura del sector rural, una de las áreas que ha concentrado históricamente las luchas por la equidad y el desarrollo en Colombia.

El escenario político se calienta alrededor de la gestión del Ministerio de Agricultura y la figura de Dangond Baquero, quien deberá responder a estas acusaciones en el contexto institucional del Congreso. Además, es importante señalar que, de acuerdo con la información suministrada, la posible relación entre Dangond y otras figuras políticas, como Abelardo de la Espriella, no puede ser confirmada debido a la ausencia de fuentes directas y confiables dentro del texto.

Este panorama deja claro que el debate anunciado por Cepeda representa solo el inicio de una discusión más amplia sobre las políticas rurales y las acciones del Ejecutivo en materia agrícola.

¿Cuáles son los objetivos del debate de control político que anunció Iván Cepeda?

De acuerdo con la información proporcionada, el propósito principal del debate convocado por Iván Cepeda contra el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, es poner en cuestionamiento el rumbo de la política agraria en Colombia. Cepeda busca demostrar que existe en el país una "contrarreforma agraria", y sostiene que sus cuestionamientos estarán centrados en asuntos de interés para el campesinado colombiano.

¿Qué significa el término “contrarreforma agraria” en el contexto del debate político colombiano?

En el contexto presentado, “contrarreforma agraria” se refiere a la percepción de que se estarían implementando políticas o decisiones que revierten avances previos hacia una mayor equidad en la distribución de la tierra o en los derechos del sector rural, en lugar de fomentar una reforma agraria progresista que beneficie a los campesinos.

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La nueva rectora enfatizó la responsabilidad de convertir al Rosario en un referente internacional en innovación, haciendo hincapié en la necesidad de asumir el liderazgo ante los retos estructurales que enfrenta la educación superior, que van desde la transformación impulsada por la inteligencia artificial hasta las demandas de una sociedad cada vez más incierta. Incidió en su deseo de que la universidad no sea solo un lugar de adaptación, sino un motor de cambio anticipado y de vanguardia. En ese sentido, Lavaux insistió en que la tradición y la innovación no son conceptos opuestos, sino complementarios, y que el legado histórico de la institución es base y garantía para afrontar el futuro.

Entre los proyectos emblemáticos citados por Lavaux está la implementación de la "Nueva Expedición Botánica para el Siglo XXI". Esta iniciativa científica busca articular el talento investigador con aliados tanto públicos como privados, nacionales e internacionales; pretende ubicar nuevamente a la Universidad del Rosario como centro de una revolución científica, con impacto directo en la sociedad. Lavaux recalcó que se trata de ir más allá de la simple recolección de especímenes: el objetivo es generar alianzas para encauzar el talento científico en torno a retos contemporáneos, con la ciencia al servicio del país y de sus comunidades.

Otra apuesta crucial es la creación de una "fábrica de inteligencia artificial pensada para la educación", espacio donde estudiantes, docentes y aliados puedan diseñar soluciones a problemáticas relevantes, utilizando tecnologías emergentes. Asimismo, Lavaux resaltó la importancia de una presencia activa de la universidad en las regiones y de una proyección social renovada que aborde las necesidades nacionales, promoviendo alianzas con otras instituciones y fortaleciendo el sistema universitario.

En la ceremonia, José Manuel Restrepo, vicepresidente y exrector de la Universidad del Rosario, respaldó la visión de Lavaux, señalando el compromiso de la institución con el servicio a los más vulnerables y la necesidad de abordar los desafíos de la llamada cuarta revolución industrial. Finalmente, Lavaux defendió la autonomía universitaria como una condición esencial para la libertad intelectual y se comprometió a gestionar con transparencia, promoviendo un pacto social basado en el conocimiento, la ética y el servicio a la sociedad.

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¿Cuáles son los principales ejes del plan de innovación de Stéphanie Lavaux en la Universidad del Rosario?

La propuesta de Lavaux se concentra en convertir al Rosario en líder de innovación educativa y científica, articulada en seis ejes estratégicos: ampliar la relación educativa a lo largo de toda la vida, revolucionar la docencia y el aprendizaje con pedagogías y tecnologías emergentes, encabezar una nueva expedición científica, impulsar una fábrica de inteligencia artificial centrada en la educación, fortalecer la proyección social regional, y repensar la gobernanza interna con enfoque participativo y plural.

¿Qué significa la "Nueva Expedición Botánica para el Siglo XXI" propuesta por la Universidad del Rosario?

La "Nueva Expedición Botánica para el Siglo XXI" es una iniciativa de la Universidad del Rosario que, de acuerdo con la rectora, no busca solo recolectar especímenes biológicos, sino liderar una revolución científica colaborativa. Su objetivo central es articular el talento de investigación con aliados públicos y privados dentro y fuera de Colombia, abordando misiones de investigación que sirvan a la sociedad y posicionen a la universidad como referente científico en la región.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, remarcó la importancia de integrar la educación con las labores del campo, promoviendo que las nuevas generaciones desarrollen capacidades para impulsar el desarrollo local. Según sus palabras, “los campesinos son empresarios del campo”, subrayando la urgencia de que los jóvenes fomenten los procesos productivos familiares a través de la investigación, la tecnología y la innovación.

En este marco, han surgido diversos modelos de negocio en áreas como productos lácteos, plátano, huevos y carnes, hasta el punto de comercializar para el programa de alimentación escolar (PAE). Estas experiencias demuestran que el aprendizaje trasciende los contenidos tradicionales y se traduce en oportunidades concretas de generación de ingresos.

De acuerdo con la Secretaría de Educación departamental, de las 148 instituciones educativas en municipios no certificados, 127 tienen características rurales. Por esto, el aprendizaje se basa en proyectos pedagógicos productivos y en la integración del enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas). Esto facilita que los jóvenes exploren sistemas de riego automatizado, observación meteorológica y agricultura de precisión. Además, la consolidación de 37 asociaciones de futuros agricultores inscritas ante la Cámara de Comercio y la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) les da herramientas en administración y contabilidad para fortalecer sus iniciativas.

Un caso destacado se encuentra en la institución educativa Santa Marta de El Águila, donde más de 2.000 estudiantes han fortalecido sus competencias productivas. Lácteos Mi Granjita, liderado por la AFA local, aprovecha la leche producida en la institución para fabricar yogur, kumis, quesos y arequipe, contribuyendo a la economía estudiantil y al arraigo por el territorio. La educación rural en este contexto representa una apuesta por alternativas formativas y productivas que evitan la migración e impulsan el crecimiento local.

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¿Cómo funcionan las asociaciones de futuros agricultores en el Valle del Cauca?

Las asociaciones de futuros agricultores en el Valle del Cauca permiten a estudiantes de colegios rurales unirse para desarrollar proyectos productivos, especialmente en agroindustria. Estas asociaciones están reconocidas legalmente ante la Cámara de Comercio y la DIAN, lo que posibilita que los jóvenes realicen actividades productivas y comerciales aprendiendo gestión administrativa y contable mientras aportan a las economías familiares y locales, según información de la Secretaría de Educación departamental.

¿Qué significa el enfoque STEAM en la educación rural?

El enfoque STEAM en la educación rural se refiere a un modelo pedagógico que integra ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Este método permite que los estudiantes accedan a herramientas modernas y conocimientos aplicados en áreas como riego automatizado, observación meteorológica o agricultura de precisión, lo que enriquece la formación y brinda nuevas oportunidades para el desarrollo de emprendimientos en el campo.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, bajo la dirección del general (r) Jorge Eduardo Mora, las sesiones de entrenamiento estarán enfocadas en temas prioritarios como la lucha contra el narcotráfico, el combate a la explotación ilícita de yacimientos mineros, la gestión de los retos que plantean los sistemas aéreos no tripulados —drones—, y la evacuación médica de heridos en contextos operacionales. El 30 de octubre está programado el inicio de actividades con una evacuación aeromédica que simulará el traslado de una persona herida desde Tolemaida hasta la Escuela de Caballería en Bogotá. Este ejercicio tiene como meta verificar los procedimientos de atención primaria y primeros auxilios implementados por el personal médico de ambos ejércitos ante un caso hipotético de una víctima en un área minada.

Para la simulación se emplearán aeronaves y equipos médicos especializados con el fin de trasladar al paciente simulado hasta un centro de atención médica de alta complejidad. Posteriormente, al culminar este ejercicio de rescate, se llevará a cabo una ceremonia militar que marcará el inicio formal de las siguientes jornadas de entrenamiento, todas orientadas a enfrentar de manera conjunta el narcotráfico, la minería ilegal y el uso táctico de drones.

Esta corresponde a la cuarta versión de Vanguardia del Sur en territorio colombiano. Durante el ejercicio se evaluará la capacidad de ambos ejércitos para construir trabajo coordinado, evaluando el desarrollo de maniobras así como la toma de decisiones durante las operaciones en terreno hostil. El Ejército Nacional, en palabras de la cartera de Defensa, busca fortalecer la cooperación internacional, fomentar el intercambio de conocimientos y preparar a sus unidades para enfrentar la criminalidad ejercida por grupos armados organizados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo principal de Vanguardia del Sur 2026 entre Colombia y Estados Unidos?

El objetivo central de Vanguardia del Sur 2026 es fortalecer la cooperación entre el Ejército Nacional de Colombia y el Ejército estadounidense. Según el Ministerio de Defensa, la meta es compartir tácticas, técnicas y procedimientos en áreas clave como la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal, la utilización de sistemas aéreos no tripulados y las evacuaciones médicas, permitiendo una preparación conjunta y eficaz frente a amenazas transnacionales.

¿Qué actividades destacan en el entrenamiento militar Vanguardia del Sur 2026?

Dentro de Vanguardia del Sur 2026, sobresalen actividades como una simulación de evacuación aeromédica desde el Fuerte Militar de Tolemaida hasta Bogotá, en la cual se verifican protocolos médicos de atención y rescate ante heridos en zonas minadas. Además, se realizan entrenamientos contra el narcotráfico, la explotación ilegal de minería y el uso de drones, mejoras importantes para la coordinación y capacidad operativa de ambos ejércitos.

Las víctimas, identificadas como Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, fueron encontradas sin vida el 14 de marzo en habitaciones distintas de su residencia situada en el noroccidente de Bogotá. Según el abogado de la familia, el crimen se destacó por la violencia ejercida: Guerrero habría recibido entre 17 y 19 heridas de arma blanca, mientras que Anzola fue agredido en el cuello y otros puntos del cuerpo. Este último, además, padecía problemas de salud que lo forzaban a utilizar bastón y dependía de tratamientos de diálisis, lo que evidenciaba una condición especialmente vulnerable. Al ser hallado, su bastón se encontraba a su lado, un signo de su limitada movilidad.

La hija de la pareja, consultada por Noticias Caracol, recordó que sus padres permitieron la permanencia de Barajas en la vivienda movidos por el afecto a su hija y su nieto. Esta confianza depositada en el ahora detenido ha sido uno de los puntos más dolorosos del caso para la familia. Además, según la Fiscalía, el capturado cuenta con anotaciones judiciales por violencia intrafamiliar y lesiones personales, aunque no tiene condenas previas asociadas a estas acusaciones.

El temor entre los parientes de las víctimas persiste incluso después de la captura. El abogado que representa a la familia expresó su preocupación ante la posibilidad de que Barajas pudiera enfrentar el proceso judicial en libertad, ya que el señalado conoce las direcciones y rutinas de varios de los afectados. Por esta razón, solicita que permanezca privado de la libertad mientras se aclara su situación jurídica. Aunque este paso representa un progreso en las investigaciones, aún no se ha determinado la responsabilidad penal del capturado y sigue pendiente la decisión final sobre el caso. Por ahora, los familiares de Anzola y Guerrero aguardan que la justicia defina lo ocurrido y que los responsables sean juzgados conforme a la ley.

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¿Cómo fue la relación de Freddy Alexander Barajas con la pareja de adultos mayores asesinada en Aures?

Freddy Alexander Barajas mantenía una relación cercana con las víctimas, ya que era exyerno de la pareja y seguía viviendo en la misma vivienda a pesar de la separación. La familiaridad y confianza que existían permitieron que él permaneciera en el entorno familiar durante más de veinte años, lo que facilitó el acceso y convivencia diaria con los adultos mayores.

¿Cuál es la preocupación actual de los familiares de las víctimas tras la captura del presunto responsable?

El principal temor de los familiares es que el señalado pueda quedar en libertad mientras avanza la investigación, debido a su conocimiento de las viviendas y hábitos de varios integrantes del núcleo familiar. Por eso, el abogado representante solicita que el proceso se realice con Barajas privado de libertad para proteger la integridad de los afectados y garantizar que el caso se resuelva.

De acuerdo con los reportes, Iván Cancino, ministro de Justicia, habría sido uno de los primeros en recibir la información sobre el posible atentado y, frente a eso, notificó a otras entidades clave como la Fiscalía General de la Nación. Según las fuentes citadas, la advertencia fue hecha por un recluso, quien señaló una posible amenaza contra Penagos y pidió que se fortaleciera su seguridad.

En medio de esta coyuntura, los detalles del presunto plan permanecen reservados: hasta el momento, no se ha divulgado información que permita identificar a los posibles implicados ni tampoco se conoce la magnitud del riesgo. Sin embargo, se estaría estudiando un refuerzo en el esquema de protección del registrador nacional, como medida preventiva y en respuesta a la advertencia hecha desde el centro penitenciario. Los reportes al respecto provienen directamente de medios reconocidos y reflejan la preocupación existente entorno a la situación.

La reciente amenaza no es un hecho aislado para Penagos. En agosto, la Defensoría del Pueblo ya había manifestado su rechazo ante mensajes intimidatorios dirigidos a él, a servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a las instalaciones de esa entidad. En esa oportunidad, la Defensoría pidió averiguar el origen de esas intimidaciones y revisar las condiciones de seguridad de los funcionarios involucrados, sin que hasta ahora se hicieran públicos los resultados de esas investigaciones.

Estas alertas de seguridad se dan justamente cuando la Registraduría enfrenta cuestionamientos y controversias relacionados con el sistema electoral colombiano, situación que ha aumentado la atención sobre las condiciones de seguridad de sus directivos y trabajadores.

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¿Por qué es importante reforzar la seguridad de Hernán Penagos en el contexto actual?

Reforzar la seguridad de Hernán Penagos se considera relevante porque no es la primera vez que él y la Registraduría Nacional se ven enfrentados a amenazas directas. De acuerdo con reportes periodísticos, episodios anteriores y la coyuntura actual de controversias sobre el sistema electoral colombiano han puesto bajo la lupa a los directivos de la entidad, incrementando el nivel de riesgo y la necesidad de protección.

¿Qué papel tuvo la Defensoría del Pueblo frente a las amenazas recientes contra la Registraduría Nacional?

La Defensoría del Pueblo intervino en agosto rechazando los mensajes amenazantes enviados tanto a Hernán Penagos como a otros funcionarios y a las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Según la información de medios nacionales, la entidad solicitó que se investigara el origen de estas intimidaciones y se revisaran las medidas de seguridad de las personas impactadas.

Los reportes preliminares señalan que el trabajador cayó desde el octavo piso de la estructura, la cual alcanza los 89 metros de altura en su punto máximo. El hallazgo del cuerpo ocurrió hacia las 9:00 de la mañana, aunque las primeras hipótesis plantean que el hecho tuvo lugar durante la madrugada.

Unidades de criminalística de la Policía Nacional y personal de seguridad del terminal aéreo acordonaron la zona para adelantar la inspección técnica del cadáver y el levantamiento de pruebas. Las indagaciones buscan establecer si la caída respondió a un accidente laboral o a un caso de suicidio.

La Aeronáutica Civil y las autoridades judiciales avanzan en la revisión de los registros de cámaras de seguridad y las bitácoras de turno para reconstruir los momentos previos al suceso y determinar las circunstancias precisas del fallecimiento.

Información en desarrollo…

El trámite de esta iniciativa tiene gran relevancia dentro del contexto político actual. El senador Hernán Cadavid, miembro del partido Centro Democrático y uno de los ponentes, indicó que "se incorporaron elementos muy importantes desde todos los sectores", lo cual, según él, permitirá al país definir un rumbo en materia de seguridad, presencia territorial y orden público. En la misma línea, el representante a la Cámara Daniel Briceño, también del Centro Democrático, subrayó que la aprobación inicial marca el cierre de una política del anterior presidente Gustavo Petro, a la que consideró responsable del aumento de la ilegalidad. "Este proyecto es el fin de la ‘paz total’ de Petro", afirmó Briceño, destacando el nuevo enfoque que plantea la actual administración.

Ahora, el proyecto requiere avanzar en las plenarias antes del 4 de noviembre, ya que uno de sus componentes clave es la prórroga de la llamada ley de orden público. Por ello, el ministro de Justicia, Iván Cancino, procura agilizar su trámite y fortalecer los respaldos en el Congreso, de acuerdo con El Espectador. Además, el Consejo Superior de Política Criminal dio su respaldo con 14 votos a favor y uno en contra. Este organismo, que reúne a entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, los ministerios del Interior y de Justicia, y representantes del Congreso, respalda la coordinación institucional en este tipo de decisiones.

El cambio de ministro y la falta de designación de Ordóñez en el cargo abren escenarios de incertidumbre para el gobierno de De la Espriella, que además busca impulsar otros proyectos, como la ley de ajuste fiscal y convertir a Barranquilla en capital alterna de Colombia. Sin embargo, el futuro de estas iniciativas y la agenda legislativa en general podría verse afectado por el reciente relevo en el gabinete.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la ley de sometimiento aprobada en las comisiones conjuntas del Congreso?

La ley de sometimiento es una iniciativa legislativa promovida por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que busca establecer mecanismos para que actores ilegales se acojan al marco jurídico nacional. El proyecto, compuesto por 27 artículos, pretende reforzar la seguridad, la presencia estatal en el territorio y el orden público, según información de El Espectador. Su aprobación inicial en las comisiones implica un primer paso antes de ser debatido en las plenarias del Senado y la Cámara.

¿Cómo afecta la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior a la agenda legislativa del Gobierno?

La renuncia de Rodrigo Lara al Ministerio del Interior ocurre en un momento clave para el Gobierno, justo antes de la aprobación del proyecto de ley de sometimiento. Este cambio genera retos adicionales para el Ejecutivo, que debe lograr nuevas alianzas y apoyos en el Congreso para sacar adelante, no solo esta ley, sino también otros proyectos prioritarios. Según El Espectador, el relevo en el gabinete podría influir en la dinámica y la viabilidad de la agenda legislativa actual.

Según el anuncio publicado en la cuenta oficial de la Secretaría de Movilidad de Cali, la rotación del pico y placa para el segundo semestre inicia a partir del 1 de julio, comenzando con una fase pedagógica entre el 1 y el 3 de julio, en la cual no se imponen sanciones económicas mientras se educa a los conductores sobre la nueva disposición. Sin embargo, desde el 6 de julio ya empiezan a emitirse comparendos por incumplimiento.

La medida de pico y placa en Cali aplica de lunes a viernes y está organizada de la siguiente forma: lunes para placas terminadas en 9 y 0, martes en 1 y 2, miércoles en 3 y 4, jueves en 5 y 6, y viernes en 7 y 8. Sábados, domingos y días festivos no están sujetos a esta restricción, como aclara la Secretaría de Movilidad de Cali en los comunicados que ha emitido sobre el tema.

Los conductores deben ser conscientes de que infringir esta norma puede representar una sanción económica equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Además, existen algunas excepciones: los vehículos híbridos, eléctricos y aquellos que pertenezcan a servicios de emergencia o seguridad no están sujetos a la restricción del pico y placa. Por otro lado, quienes necesiten circular sin limitaciones pueden optar por el pago de la Tasa por Congestión, una alternativa autorizada en la normativa vigente, bajo supervisión de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Es fundamental estar atentos y consultar las disposiciones actualizadas proporcionadas por la Secretaría de Movilidad para evitar confusiones, especialmente en lo relacionado con las excepciones y normativas aplicables a situaciones particulares.

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¿Cómo funciona el pico y placa en Cali durante el segundo semestre de 2026?

Durante el segundo semestre de 2026, la medida de pico y placa en Cali restringe la circulación de vehículos particulares según el último número de la placa, de lunes a viernes en horario continuo entre 6:00 a.m. y 7:00 p.m. Cada día corresponde a dos dígitos finales distintos, mientras que los fines de semana y días festivos están exentos de la medida, según información de la Secretaría de Movilidad de Cali.

¿Cuáles son las sanciones por incumplir el pico y placa en Cali y quiénes están exentos?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, quienes circulen durante el horario de pico y placa con placas restringidas deben pagar una sanción económica equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Vehículos híbridos, eléctricos y los dedicados a servicios de emergencia o seguridad están exentos, junto con aquellos cuyos propietarios paguen la Tasa por Congestión, opción establecida en la normativa local.

Miembros de la Policía Nacional detuvieron en Manizales a un ciudadano señalado de manejar en presunto estado de embriaguez luego de desplegar un agitado operativo de intercepción en el corredor vial del barrio La Enea.

De acuerdo con el relato, el incidente inició cuando el sospechoso, a bordo de un Mazda 3 sedán plateado, impactó a otro automotor particular y desatendió las órdenes oficiales de detenerse para escapar rápidamente del sector, según replicó la cuenta de Instagram de Manizales en vivo.

 

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Varios transeúntes registraron con teléfonos móviles la riesgosa trayectoria del vehículo mientras las unidades motorizadas emprendían la persecución policial para neutralizar cualquier amenaza contra los peatones que transitaban por esa transitada zona caldense.

En medio del cerco táctico para frenar su avance, una motocicleta oficial cayó fuertemente sobre el pavimento, mientras testigos aseguraban consternados que el carro en fuga golpeó a un policía durante las maniobras.

Los agentes lograron bloquear definitivamente el paso del rodante metros adelante, forzaron la apertura de la puerta delantera y sometieron al conductor sobre la calzada para consumar su aprehensión en flagrancia.

Tras consolidar la captura, los uniformados trasladaron al indiciado para practicarle el examen de alcoholemia reglamentario y abrir el proceso judicial respectivo por los daños causados a los bienes estatales y particulares afectados.

El automotor quedó inmovilizado por las autoridades de tránsito mientras los peritos recopilan las grabaciones ciudadanas para sustentar ante la fiscalía local la responsabilidad penal del implicado en estos graves sucesos viales.

Lo cierto es que el caso no pasó desapercibido entre los presentes por lo insólito del caso registrado en video.

¿Cuál es la multa por manejar en estado de embriaguez en Colombia?

Manejar bajo la influencia de bebidas alcohólicas acarrea severas penalizaciones económicas que oscilan entre 3 millones y más de 74 millones de pesos en las carreteras colombianas.

El monto pecuniario exacto, la inmovilización del automotor y el tiempo de suspensión de la licencia dependen estrictamente del grado de alcoholemia registrado y del historial de reincidencia del conductor, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito y sus cambios en 2026.

Para el grado cero, la sanción básica contempla la suspensión del pase por un año, multas económicas considerables y la inmovilización preventiva del vehículo durante un día hábil completo.

En contraste, alcanzar el grado tres por tercera vez representa la pena máxima administrativa: cancelación definitiva de la licencia, inmovilización por veinte días y la imposición de la tarifa económica más alta.

Asimismo, negarse a hacer la prueba de alcoholemia genera de forma automática la sanción correspondiente al grado tres de reincidencia, conllevando la pérdida perpetua del permiso de conducción vehicular.

Adicionalmente, el infractor sancionado debe cumplir jornadas obligatorias de acciones comunitarias no remuneradas para la prevención de la accidentalidad vial, con tiempos que oscilan entre veinte y cincuenta horas.

La situación jurídica empeora drásticamente cuando el ciudadano decide ignorar la orden de pare, embestir barricadas o intentar fugarse activamente de un puesto de control policial instalado.

El intento de fuga acarrea una infracción complementaria por desacato a la autoridad de tránsito, conllevando la inmovilización inmediata del vehículo y una multa independiente cercana a un millón de pesos.

Si la maniobra evasiva causa daños a bienes públicos, lesiona a uniformados o pone en riesgo inminente vidas humanas, la policía procede con la captura en flagrancia del conductor involucrado.

En tales escenarios, la fiscalía imputa delitos tipificados en el código penal como violencia contra servidor público, tentativa de homicidio o daño en bien ajeno, imponiendo potenciales penas carcelarias.

La profundidad de 49 kilómetros clasifica al sismo como de tipo intermedio, ya que no se produjo ni sobre la superficie ni en las capas más profundas de la corteza terrestre. De acuerdo con el reporte del SGC, la magnitud de 4,2 es suficiente para ser perceptible en algunas zonas, aunque no necesariamente implica daños graves o lesiones. Hasta el momento en que fue elaborada esta nota, las autoridades no han confirmado reportes de afectaciones materiales ni personas heridas a causa del fenómeno natural.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene su protocolo de invitar a la ciudadanía a colaborar mediante la plataforma "Sismos Sentidos". A través de esa herramienta digital, las personas que experimentaron el movimiento pueden registrar su vivencia aportando información que resulta clave para que la entidad comprenda cómo se sintió el temblor en distintos sectores. Estos registros complementan los datos técnicos y permiten construir mapas más detallados de percepción sísmica en Colombia.

El monitoreo de los movimientos sísmicos sigue siendo una labor prioritaria para el SGC, ya que permite alertar a la población y actualizar de manera constante la información sobre los fenómenos geológicos. Las actualizaciones sobre este y otros eventos pueden ser consultadas en el portal oficial del Servicio Geológico Colombiano. Hasta el cierre de este reporte, no se han presentado novedades sobre daños o afectaciones adicionales en El Litoral del San Juan o sus alrededores.

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¿Qué significa un sismo de magnitud 4,2 para la población de Colombia?

Un sismo de magnitud 4,2, como el registrado en El Litoral del San Juan, suele ser percibido por quienes se encuentran cerca del epicentro, aunque rara vez ocasiona daños materiales o personales significativos. Según el Servicio Geológico Colombiano, estos movimientos permiten evaluar la percepción del temblor y continuar fortaleciendo los sistemas de prevención.

¿Cómo se puede reportar la experiencia de un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano dispone de la plataforma "Sismos Sentidos", donde cualquier persona que haya sentido un temblor puede ingresar y registrar los detalles de su experiencia. Esta información ayuda a la entidad a comprender la intensidad con que se perciben los eventos sísmicos en diferentes regiones del país.

Miembros de la Policía Nacional detuvieron en Manizales a un ciudadano señalado de manejar en presunto estado de embriaguez luego de desplegar un agitado operativo de intercepción en el corredor vial del barrio La Enea.

De acuerdo con el relato, el incidente inició cuando el sospechoso, a bordo de un Mazda 3 sedán plateado, impactó a otro automotor particular y desatendió las órdenes oficiales de detenerse para escapar rápidamente del sector, según replicó la cuenta de Instagram de Manizales en vivo.

 

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Varios transeúntes registraron con teléfonos móviles la riesgosa trayectoria del vehículo mientras las unidades motorizadas emprendían la persecución policial para neutralizar cualquier amenaza contra los peatones que transitaban por esa transitada zona caldense.

En medio del cerco táctico para frenar su avance, una motocicleta oficial cayó fuertemente sobre el pavimento, mientras testigos aseguraban consternados que el carro en fuga golpeó a un policía durante las maniobras.

Los agentes lograron bloquear definitivamente el paso del rodante metros adelante, forzaron la apertura de la puerta delantera y sometieron al conductor sobre la calzada para consumar su aprehensión en flagrancia.

Tras consolidar la captura, los uniformados trasladaron al indiciado para practicarle el examen de alcoholemia reglamentario y abrir el proceso judicial respectivo por los daños causados a los bienes estatales y particulares afectados.

El automotor quedó inmovilizado por las autoridades de tránsito mientras los peritos recopilan las grabaciones ciudadanas para sustentar ante la fiscalía local la responsabilidad penal del implicado en estos graves sucesos viales.

Lo cierto es que el caso no pasó desapercibido entre los presentes por lo insólito del caso registrado en video.

¿Cuál es la multa por manejar en estado de embriaguez en Colombia?

Manejar bajo la influencia de bebidas alcohólicas acarrea severas penalizaciones económicas que oscilan entre 3 millones y más de 74 millones de pesos en las carreteras colombianas.

El monto pecuniario exacto, la inmovilización del automotor y el tiempo de suspensión de la licencia dependen estrictamente del grado de alcoholemia registrado y del historial de reincidencia del conductor, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito y sus cambios en 2026.

Para el grado cero, la sanción básica contempla la suspensión del pase por un año, multas económicas considerables y la inmovilización preventiva del vehículo durante un día hábil completo.

En contraste, alcanzar el grado tres por tercera vez representa la pena máxima administrativa: cancelación definitiva de la licencia, inmovilización por veinte días y la imposición de la tarifa económica más alta.

Asimismo, negarse a hacer la prueba de alcoholemia genera de forma automática la sanción correspondiente al grado tres de reincidencia, conllevando la pérdida perpetua del permiso de conducción vehicular.

Adicionalmente, el infractor sancionado debe cumplir jornadas obligatorias de acciones comunitarias no remuneradas para la prevención de la accidentalidad vial, con tiempos que oscilan entre veinte y cincuenta horas.

La situación jurídica empeora drásticamente cuando el ciudadano decide ignorar la orden de pare, embestir barricadas o intentar fugarse activamente de un puesto de control policial instalado.

El intento de fuga acarrea una infracción complementaria por desacato a la autoridad de tránsito, conllevando la inmovilización inmediata del vehículo y una multa independiente cercana a un millón de pesos.

Si la maniobra evasiva causa daños a bienes públicos, lesiona a uniformados o pone en riesgo inminente vidas humanas, la policía procede con la captura en flagrancia del conductor involucrado.

En tales escenarios, la fiscalía imputa delitos tipificados en el código penal como violencia contra servidor público, tentativa de homicidio o daño en bien ajeno, imponiendo potenciales penas carcelarias.

Una de las claves en su defensa se centra en los recursos económicos del proyecto. El exalcalde indicó que estos fondos se administraron a través de una fiducia, una figura financiera que permite custodiar y manejar el dinero de forma segura, y que, de acuerdo con él, todo ese capital terminó reintegrado al municipio una vez concluyó su periodo como alcalde. “Yo respondo por lo primero. Ahí están los recursos. Por lo segundo, también merece que la actual administración le explique a los ibaguereños qué pasó con esa obra”, expresó Hurtado en su video, remarcando la importancia de la transparencia en las fases posteriores de su mandato.

No obstante, Hurtado también señaló que la demora en el inicio de los trabajos se debió a pendientes administrativos que involucraban a organismos como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y Cortolima, entidades encargadas de autorizar intervenciones en zonas con intereses ambientales y patrimoniales. De acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, este es uno de los principales argumentos del exfuncionario para explicar la falta de avances en la construcción del puente, aunque el asunto ha escalado hasta derivar en un proceso judicial.

Según el mismo medio, a comienzos de octubre de 2026 la Fiscalía General de la Nación presentó cargos en contra de Hurtado y otras siete personas por supuestas irregularidades relacionadas con el contrato de interventoría, figura encargada de vigilar la correcta ejecución de la obra. Ninguno de los implicados aceptó los cargos y ahora corresponde a la justicia determinar las responsabilidades. Mientras tanto, la controversia persiste, pues las explicaciones hasta ahora ofrecidas no permiten esclarecer por completo el estado financiero y contractual del proyecto. El exalcalde sostiene que la iniciativa buscaba mejorar la movilidad de una cantidad significativa de habitantes en Ibagué, pero la administración actual y otros entes responsables no han presentado una versión concluyente sobre el destino de esta obra pública.

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¿Por qué el puente de la calle 60 en Ibagué sigue sin ejecutarse?

El proyecto del puente de la calle 60 sigue sin ejecutarse debido, según el exalcalde Hurtado, a trámites pendientes ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y Cortolima, lo que impidió el inicio de las obras a pesar de existir estudios, diseños y recursos asignados. Además, la controversia aumentó por el proceso judicial sobre irregularidades en el contrato de interventoría, lo que ha dejado el futuro de la obra sin una explicación oficial por parte de la administración actual.

¿Qué es una fiducia y cómo se utilizó en el caso del puente de la calle 60 en Ibagué?

Una fiducia es un mecanismo financiero en el que un tercero administra fondos para proteger y garantizar su uso adecuado. En el caso del puente de la calle 60, según lo explicado por Andrés Hurtado, los recursos destinados a la obra se manejaron por medio de una fiducia, asegurando la custodia y, posteriormente, la devolución de estos recursos al municipio ante la falta de avance del proyecto.

Las actividades están programadas para el 24 y el 26 de octubre de 2026, fechas en las que el equipo de Gestión Predial de la Alcaldía Local estará disponible para atender a los ciudadanos en el salón comunal de las veredas Chorreras y Raizal, respectivamente. De acuerdo con la convocatoria, la primera jornada será el sábado 24 de octubre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en Chorreras; la segunda, el lunes 26 de octubre, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., se desarrollará en Raizal.

Estas jornadas buscan acercar la oferta institucional a los habitantes del sector rural, facilitando información precisa sobre trámites, documentos requeridos y procedimientos de formalización predial. Esto resulta relevante debido a la frecuente complejidad de los procesos legales asociados a la tenencia y regularización de la propiedad rural en Colombia, lo cual puede implicar trámites ante entidades nacionales como la ANT. La convocatoria está dirigida principalmente a las veredas Lagunitas, Chorreras, Vegas y Raizal, aunque está abierta a quienes residan en la ruralidad y requieran esta orientación.

Durante los encuentros, los funcionarios ofrecerán asesoría personalizada para resolver dudas específicas de los asistentes, guiando paso a paso en la ruta que debe seguirse para que los predios rurales cuenten con la documentación y legalidad exigidas. Así lo expresó la Alcaldía Local de Sumapaz a través de su publicación en la red social X, enfatizando la importancia de estos espacios para fortalecer la seguridad jurídica de los propietarios rurales y su acceso a programas institucionales.

La administración hace un llamado a las comunidades rurales para que se acerquen a las jornadas, aprovechen la presencia de los funcionarios y adelanten los trámites que permitan la regularización de sus tierras, contribuyendo así al desarrollo y bienestar de la zona rural.

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¿Cuándo y dónde se realizarán las jornadas de formalización de tierras en Sumapaz?

Las jornadas prediales se realizarán el sábado 24 de octubre de 2026 en el salón comunal de Chorreras, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., y el lunes 26 de octubre de 2026 en el salón comunal de Raizal, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., según información de la Alcaldía Local de Sumapaz.

¿Cuál es el propósito de la orientación sobre predios rurales que ofrece la Alcaldía de Sumapaz?

La orientación brindada por la Alcaldía Local de Sumapaz busca facilitar a los habitantes rurales el acceso a información y asesoría sobre la formalización de la propiedad de sus predios ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), resolviendo dudas y apoyando en los trámites legales necesarios para garantizar la seguridad jurídica y el adecuado registro de sus tierras.

Según lo dicho por el presidente y los datos oficiales presentados, para este nuevo ciclo de pagos se asignaron 669.581 millones de pesos. De esta manera, la administración ha destinado a la fecha más de 1,3 billones de pesos para atender a la población beneficiaria de Colombia Mayor. La declaración del presidente fue clara al afirmar: “A nuestros adultos mayores no los vamos a desamparar”, haciendo énfasis en la prioridad social del programa en la agenda del Gobierno.

Sin embargo, el panorama actual del programa enfrenta retos significativos. De acuerdo con el informe presentado por el Gobierno, Colombia Mayor opera hoy bajo dificultades presupuestales, con un déficit superior a los 3 billones de pesos. Esta situación obliga a que se busquen recursos adicionales para poder cumplir con las obligaciones proyectadas para el año 2026. Ante este escenario, De la Espriella señaló que ha dado instrucciones al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, para priorizar la financiación del programa dentro del proyecto de modificación del Presupuesto General de la Nación. Ahora, la aprobación de estos recursos depende del trámite en el Congreso de la República.

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez, advirtió que la continuidad de los pagos está sujeta a que el Congreso apruebe los fondos solicitados. Respecto a la posibilidad de aumentar el monto de las transferencias, el presidente recalcó que ese incremento solo será posible cuando la situación financiera lo permita, añadiendo que, por el momento, seguirán vigentes los montos acordados anteriormente.

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¿Qué es el programa Colombia Mayor y a quiénes beneficia?

Colombia Mayor es un programa social del Gobierno que otorga transferencias económicas a adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Según datos oficiales, beneficia actualmente a más de 2.850.000 personas mayores en todo el país, brindando apoyo para que puedan cubrir necesidades básicas.

¿Está en riesgo la continuidad de los pagos de Colombia Mayor por el déficit presupuestal?

De acuerdo con las declaraciones oficiales, el programa enfrenta un déficit superior a los 3 billones de pesos, lo que pone en duda la financiación de los pagos futuros. Sin embargo, el Gobierno afirma que trabaja para garantizar los recursos necesarios, aunque la decisión final está en manos del Congreso.

De acuerdo con los testimonios conocidos hasta el momento, la discusión entre ambos hombres fue subiendo de tono hasta que el dueño del establecimiento presuntamente golpeó al joven y después le disparó. Sin embargo, las circunstancias exactas del homicidio aún son materia de investigación y las autoridades buscan esclarecer qué ocurrió.

(Lea también: Una pareja de esposos fueron hallados muertos en una casa y hay pista clave)

Cuando la Policía llegó al lugar, Hernández Gómez se encontraba tendido en el suelo, mientras que el señalado agresor había abandonado el sitio con el arma de fuego.

Las primeras versiones indican que el altercado se habría originado cuando el joven intentó llevarse una libra de arroz sin pagarla de inmediato. Según algunos testigos, Hernández Gómez le habría dicho al propietario que le cancelaría el producto después, propuesta que presuntamente fue rechazada por el comerciante.

La discusión habría escalado hasta convertirse en una agresión física que terminó con el disparo mortal. Uno de los testigos relató cómo se habría desarrollado el enfrentamiento y aseguró que el joven manifestó su intención de pagar el producto.

“Yo le dije: ‘Yo se la pago’, pero el hombre decidió disparar”, contó, según los testimonios recopilados sobre el caso.

No obstante, una persona cercana a la víctima rechazó la versión de que Hernández Gómez pretendiera llevarse la mercancía sin pagar y afirmó que el joven estaba comprando alimentos.

“Él solo estaba comprando su comida”, señaló, al pedir que las autoridades investiguen lo sucedido y determinen las circunstancias reales del homicidio.

El caso también generó reacciones entre personas que aseguraron conocer al propietario del supermercado. En declaraciones al medio alternativo Informativo 1/24 Caquetá, una mujer afirmó que, según su percepción, al comerciante le gustaba humillar a otras personas. La testigo pidió que fuera capturado para que respondiera ante la justicia por lo ocurrido.

“Lo mató por una libra de arroz. No hay derecho. Todos cometemos errores y en la vida todo se paga, pero quitarle la vida a alguien no es justo”, manifestó.

La mujer también sostuvo que el joven habría sacado dinero para pagar el producto y reclamó que el caso no quede impune.

Estas declaraciones corresponden a testimonios conocidos después del hecho y deberán ser contrastadas con los demás elementos de prueba que recopilen las autoridades.

(Lea también: Él era Harold Fernando Loaiza, el policía que fue asesinado durante un presunto robo en un restaurante)

Tras el crimen, la Policía informó que ya tiene identificado al hombre señalado de disparar contra Hernández Gómez. Las autoridades adelantan las labores para ubicarlo y lograr su captura o que se presente voluntariamente ante la justicia.

Además, los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento, que podrían ayudar a reconstruir la secuencia de los hechos y establecer cómo comenzó y terminó la discusión.

La investigación deberá determinar si el enfrentamiento ocurrió por el presunto intento de llevarse el arroz sin pagarlo, como sostienen algunos testigos, o si hubo otras circunstancias que todavía no se han esclarecido.

No sería la primera vez que Hernán Penagos y la Registraduría Nacional enfrentan este tipo de riesgos. En agosto pasado, la Defensoría del Pueblo condenó enérgicamente mensajes amenazantes dirigidos tanto a Penagos como a otros funcionarios de la Registraduría y a las instalaciones de la entidad, los cuales circulaban en redes sociales y plataformas digitales desde cuentas anónimas. De acuerdo con la Defensoría, dichos mensajes formaron parte de una campaña constante que buscaba desprestigiar al registrador y a la autoridad electoral, con acusaciones de fraude que se mantenían fuera de las vías institucionales habilitadas para denunciar irregularidades. Esto no solo amenazó la seguridad de los funcionarios, sino que también afectó la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, según señaló la entidad de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo advirtió, además, sobre el preocupante aumento de la violencia en entornos digitales y la urgencia de que estas acciones no se conviertan en conductas normalizadas ni evolucionen hacia agresiones más serias. Por este motivo, solicitó a la Fiscalía General de la Nación iniciar investigaciones para identificar responsables, proteger las pruebas digitales y brindar garantías de seguridad a la Registraduría. También le pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar el nivel de riesgo de Penagos y sus colaboradores, así como adoptar las medidas de protección necesarias.

Este clima de tensión se presenta en el marco de las recientes elecciones, donde el expresidente Gustavo Petro cuestionó en reiteradas ocasiones el sistema de votación y llegó a denunciar un supuesto fraude sin presentar pruebas, según El Espectador. Frente a estas acusaciones, Penagos interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado solicitando la protección de sus derechos fundamentales y la rectificación pública del expresidente. Penagos afirmó, según El Espectador, que el proceso electoral es manual y vigilado por múltiples instancias, y que la legitimidad del resultado está confirmada por observación nacional e internacional.

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¿Por qué Hernán Penagos interpuso una tutela contra el expresidente Gustavo Petro?

Hernán Penagos presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado debido a las declaraciones de Gustavo Petro, quien sostuvo reiteradamente que hubo fraude electoral. Según El Espectador, Penagos argumenta que estas acusaciones, carentes de pruebas, afectan su buen nombre y el de la Registraduría. La tutela busca que el expresidente se retracte públicamente, y que se reconocan los procedimientos manuales y vigilados que fundamentan la transparencia del proceso electoral colombiano.

¿Qué medidas se han tomado frente a las amenazas contra el registrador nacional Hernán Penagos?

De acuerdo con Caracol Radio y la Defensoría del Pueblo, las autoridades han reforzado el esquema de seguridad de Hernán Penagos y de los funcionarios de la Registraduría luego de amenazas recientes. Se ha pedido a la Fiscalía investigar el origen de los mensajes amenazantes y preservar la evidencia digital. Adicionalmente, la Unidad Nacional de Protección (UNP) recibió solicitudes para realizar una nueva evaluación del riesgo al que están expuestos Penagos y sus colaboradores, a fin de implementar las medidas de protección adecuadas.

Según las declaraciones entregadas por la joven a la opinión pública, los encuentros personales y el envío de documentos laborales se coordinaron mediante los usuarios denominados Penser Lesujet, Michel Foucault, Mihail Bukharin y Altheaïs Monteluz. El reporte técnico verificó que la cuenta ‘Penser Lesujet’ registra apertura formal en octubre de 2025, utiliza la imagen de perfil de un hombre con estilo ‘rasta’ y mantiene seguimiento a cuatro cuentas radicadas en Colombia, correspondientes a perfiles de modelos, un portal informativo y una cuenta política.

Jiménez sostuvo ante las autoridades que la última interacción registrada con el usuario ‘Lesujet’ se produjo el 16 de agosto de 2022, días después de la posesión presidencial. Asimismo, la denunciante precisó que remitió su hoja de vida a través de la cuenta ‘Altheaïs Monteluz’, canal por el cual se le interrogó sobre su formación académica antes de ser vinculada formalmente a la subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana del Ministerio del Interior, entidad en la que ejerció labores de consolidación de informes.

El rastreo identificó además la vigencia de la cuenta ‘Michel Foucault’, la cual exhibe la fotografía de un hombre afroamericano tomada de un banco de imágenes sin derechos de autor. Desde este perfil, la testigo afirmó haber recibido el enlace oficial con la intervención de Petro ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2022.

La acumulación de evidencia digital se integra a la investigación formal abierta por la Fiscalía General de la Nación, la cual indaga la adjudicación de cinco contratos en entidades como el Sena, la Superintendencia de Vigilancia y el Ministerio del Interior, cuyos montos rozan los 100 millones de pesos. Mientras el organismo acusador evalúa el levantamiento de la privacidad en las listas de amigos de dichas cuentas para verificar otros posibles nombramientos, entes como la Defensoría del Pueblo y el propio Dapre han solicitado la verificación exhaustiva de los hechos, frente a los cuales el exmandatario mantiene un rechazo categórico.

El caso ha cobrado relevancia, pues las primeras versiones apuntan a que en la vivienda de la familia, antes del trágico desenlace, se habría presentado una discusión entre varios de sus integrantes. Sin embargo, según reseña El Nuevo Día, aún no existe claridad sobre si la caída de Fabio Andrés a la quebrada fue un accidente o si estuvo relacionada directamente con esa presunta riña familiar. Las autoridades, por lo tanto, mantienen abierta una investigación para esclarecer las verdaderas causas y determinar el contexto exacto del incidente.

El impacto del fallecimiento de Fabio Andrés se ha sentido de manera especial en los barrios Antonio Nariño, La Esperanza y Fenalco, sectores donde era ampliamente conocido como una persona trabajadora, honesta y servicial. Su inesperada muerte deja un vacío importante en su núcleo familiar, especialmente para su esposa y sus tres hijos, quienes ahora deben afrontar el complicado proceso de duelo en medio de la incertidumbre por las circunstancias de su partida.

En medio del dolor, la familia y la comunidad han organizado los actos fúnebres. El cuerpo de Fabio Andrés es velado desde la mañana del lunes 26 de octubre en la Sala Acacios de Comfunser, ubicada en la ciudad. Las honras fúnebres se llevarán a cabo el martes 27 de octubre, con una ceremonia religiosa programada en la Parroquia La Medalla Milagrosa y la posterior inhumación en el Camposanto San Bonifacio.

La investigación está en curso y la principal incógnita continúa girando en torno a lo sucedido durante la madrugada en la vivienda familiar. Autoridades esperan esclarecer si hubo algún vínculo entre la disputa familiar y el fatal desenlace, para brindar respuestas claras a los afectados y a la opinión pública.

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¿Qué detalles se conocen sobre la presunta riña familiar en la muerte de Fabio Andrés Andrade?

Según la información publicada por El Nuevo Día, existen versiones preliminares que indican la existencia de una discusión entre miembros de la familia de Fabio Andrés Andrade Méndez antes de su caída a la quebrada. Sin embargo, hasta el momento no se ha determinado oficialmente si este altercado tuvo relación directa con el accidente, lo que mantiene abierta la investigación sobre el caso.

¿Cómo y cuándo se realizan las exequias de Fabio Andrés en Ibagué?

La velación de Fabio Andrés Andrade Méndez se lleva a cabo desde las 8:00 de la mañana del lunes 26 de octubre en la Sala Acacios de Comfunser, Ibagué. Las honras fúnebres están previstas para el martes 27 de octubre, con salida en cortejo a la 1:20 p. m., ceremonia religiosa a las 2:00 p. m. en la Parroquia La Medalla Milagrosa y sepultura en el Camposanto San Bonifacio, según datos reportados por El Nuevo Día.

En su declaración, Marín fue clara en la importancia de que las autoridades actúen con independencia y celeridad para esclarecer los hechos y asegurar la aplicación de las sanciones pertinentes si se comprueban las acusaciones. Paralelamente, el Ministerio de Justicia y la Unidad Nacional de Protección activaron medidas especiales para salvaguardar la vida e integridad de Jiménez, una instrucción dada por el presidente Abelardo de la Espriella, con el compromiso de brindar atención institucional coordinada, diligente y respetuosa de los derechos humanos.

Estas denuncias se suman a los señalamientos de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien ha acusado irregularidades en el gobierno anterior, incluyendo la realización de fiestas y consumo de sustancias en la Casa de Nariño, así como la coordinación de un encuentro con exjefes paramilitares que involucraba también a Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras. Petro negó estos señalamientos y denunció a Rodríguez por diversos delitos, como peculado y calumnia agravada.

La Fiscalía confirmó que el pasado 23 de octubre inició una investigación penal sobre posibles irregularidades en el Dapre y otras entidades públicas, incluyendo la supuesta contratación irregular de mujeres y las declaraciones de Rodríguez. Esta indagación la asumió una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien ya citó a declarar a Rodríguez y Laura Sarabia, entre otros funcionarios. La Fiscalía aclaró que, por la investidura de Petro, sólo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes puede investigarlo por hechos ocurridos durante su gobierno, y la Corte Suprema por hechos previos como senador.

Gustavo Petro, a través de un comunicado, negó haber otorgado contratos a cambio de favores sexuales y argumentó que la investigación sobre su vida íntima responde a una operación del actual gobierno. Petro insistió en que nunca ha cometido delitos en el ámbito sexual ni ha recurrido a uso político de temas personales contra sus oponentes.

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¿Cuáles son las acusaciones contra Gustavo Petro por presunta contratación de mujeres para favores sexuales?

Las acusaciones, presentadas por Deicy Jiménez en entrevista con Semana, señalan que durante el gobierno de Petro existió una red de entre 30 y 40 mujeres a quienes presuntamente se otorgaron contratos con entidades del Estado como pago por servicios sexuales. Además, Jiménez afirmó que cuando Petro era senador, le pidió comprar y transportar droga. Las autoridades han considerado estas denuncias como graves y han iniciado investigaciones para esclarecer los hechos.

¿Qué procedimientos siguen las autoridades en Colombia cuando un exmandatario es denunciado penalmente?

Según información divulgada por la Fiscalía y citada en El Espectador, cuando un exmandatario es denunciado penalmente, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes asume las investigaciones por hechos ocurridos durante su mandato, mientras que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia investiga hechos supuestamente cometidos antes o después de ocupar la presidencia, como en el periodo en que Gustavo Petro fue senador.

Según reveló Cambio a partir de extractos bancarios, los movimientos se realizaron a través de empresas vinculadas al holding de la entidad, que cuenta con cerca de 3 millones de afiliados en Colombia.

Una de las compañías involucradas es Portichelly, dedicada formalmente a la confección de uniformes. Sus registros muestran cuatro pagos por 5 millones de pesos en el Texas Luxury Casino, en Cartagena, el 23 de septiembre de 2025.

Asimismo, el 28 de noviembre de ese año se efectuaron dos pagos por 800.000 pesos en El Paraíso del Marino, establecimiento que, según los reportes, sería un prostíbulo. Entre agosto y diciembre también se registraron retiros de efectivo por 56 millones de pesos.

Por otra parte, Soluinnova, otra empresa del holding, firmó contratos por 972 millones de pesos con Transsen, compañía que tendría vínculos comerciales con directivos de Soluinnova designados por el Gobierno. Algunos anticipos no estarían completamente soportados.

La situación financiera de Coosalud también genera preocupación: su patrimonio pasó de 290.000 millones de pesos antes de la intervención a menos 3,7 billones.

Entretanto, Petro había acusado de corrupción a la entidad, pero un tribunal le ordenó rectificar sus declaraciones y posteriormente lo multó por negarse a hacerlo.

Así lo indicó El Tiempo al replicar información de Caracol Radio, que agregó que al enterarse de esta delicada situación, el ministro de Justicia, Iván Cancino, notificó de inmediato al mandatario Abelardo de la Espriella y al titular a cargo de la Fiscalía General de la Nación, Gilberto Guerrero.

Los reportes preliminares indican que un recluso recluido en una prisión manejaría datos precisos acerca de un complot violento estructurado para atentar contra la integridad del jefe de la organización electoral.

El funcionario electoral ya conoce la existencia de estas advertencias y “durante esta semana se van a tomar medidas para reforzar su esquema de seguridad” con el fin de neutralizar cualquier riesgo.

Hasta el momento, Penagos mantiene total reserva sobre las presuntas intimidaciones y optó por no emitir declaraciones públicas en sus canales oficiales de comunicación ni en sus redes sociales personales.

Por su parte, al ser indagada por medios informativos sobre la existencia de denuncias o expedientes formales, la Fiscalía General de la Nación manifestó que no dispone de registros o documentación sobre el caso.

Las agencias estatales de seguridad coordinan acciones preventivas urgentes para verificar la veracidad del plan criminal gestado en los patios carcelarios y salvaguardar la vida del alto funcionario.

Penagos Giraldo asumió oficialmente sus funciones como registrador nacional del estado civil el 6 de diciembre de 2023, acumulando casi tres años de gestión institucional continua.

Los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado lo eligieron tras superar con los máximos puntajes un riguroso concurso público de méritos.

El mandato constitucional fija un periodo reglamentario de cuatro años para la dirección de la entidad electoral colombiana, completando su ciclo formal hasta finales de dos mil veintisiete.

Durante su jefatura, el funcionario lidera planes orientados a la transformación tecnológica institucional, agilizando la emisión masiva de la cédula digital y optimizando los sistemas biométricos en todo el país.

Asimismo, la administración de Penagos promueve auditorías técnicas transparentes a los programas de software electoral y fortalece la seguridad logística indispensable para garantizar la confiabilidad en futuras jornadas comiciales.

Su gestión avanza coordinando labores estratégicas con los tribunales y ministerios para salvaguardar la democracia y asegurar la plena efectividad en el registro civil nacional.

¿Qué hacer ante una amenaza de muerte en Colombia?

Afrontar una amenaza de muerte en Colombia exige actuar con rapidez y preservar cualquier soporte digital, mensaje escrito, grabación o registro telefónico que permita evidenciar la conducta criminal ocurrida.

La persona afectada debe radicar inmediatamente una denuncia penal en las Unidades de Reacción Inmediata, Casas de Justicia o salas de atención presencial de la fiscalía seccional correspondiente.

Asimismo, los ciudadanos pueden formalizar el reporte a través de plataformas virtuales seguras dispuestas para registrar conductas delictivas asociadas al delito tipificado legalmente como amenazas en el código penal.

En situaciones de peligro inminente, los afectados deben llamar a la línea de emergencias policial para solicitar patrullajes preventivos continuos cerca de sus lugares de residencia o trabajo.

Cuando la persona amenazada pertenece a sectores de especial vulnerabilidad, líderes comunales o defensores de derechos humanos, procede la solicitud formal de evaluación de riesgo ante el organismo gubernamental.

Esta dependencia estatal coordina con comités técnicos especializados la asignación de medidas materiales de protección como chalecos blindados, botones de apoyo táctico, vehículos o personal de escolta asignado.

De forma complementaria, el ministerio público recibe declaraciones para activar alertas tempranas institucionales y vigilar que las autoridades policiales cumplan estrictamente las medidas cautelares preventivas fijadas en cada territorio.

Seguir la ruta legal establecida permite salvaguardar oportunamente la integridad física personal, frenar el accionar delictivo y brindar herramientas indispensables a los investigadores para judicializar a los responsables de las intimidaciones.

Ante la gravedad de las afirmaciones y buscando determinar la veracidad de lo narrado por la denunciante, la Fiscalía citó a Laura Sarabia y Angie Rodríguez, exdirectoras del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). El objetivo de la citación, según informó el organismo en declaraciones recogidas por SEMANA, es que ambas exfuncionarias aporten información relevante sobre lo que pudieran conocer respecto a los hechos y los supuestos contratos irregulares relacionados con las mencionadas denuncias. De esta manera la entidad busca recopilar elementos que permitan esclarecer si existieron o no irregularidades en el proceso de contratación de mujeres dentro del Dapre y otras entidades públicas durante la anterior administración.

Es relevante señalar que la diligencia de entrevista que deben cumplir Sarabia y Rodríguez ante la Fiscalía no representa, por sí misma, una imputación o declaración de responsabilidad contra ellas. Más bien, se trata de un procedimiento dirigido a buscar elementos de juicio en el marco de la investigación sobre posibles delitos en la gestión pública. La investigación fue asumida por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien cuenta con el respaldo de un equipo especializado para el abordaje de estos hechos, según la información publicada por SEMANA.

La Fiscalía, de acuerdo con su pronunciamiento oficial, ha manifestado que la competencia para investigar la eventual responsabilidad de Gustavo Petro depende de los cargos que ocupó en distintas etapas. Si los hechos investigados se relacionan con su rol como senador, el órgano competente sería la Corte Suprema de Justicia; mientras que si los hechos están vinculados a su gestión como presidente, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes sería la entidad encargada.

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¿Qué son los “sexo contratos” en el caso de Gustavo Petro según SEMANA?

Los “sexo contratos”, denominados así por la denunciante Deicy Jiménez y reseñados por SEMANA, hacen referencia a la supuesta entrega de contratos estatales a mujeres a cambio de favores sexuales con el entonces presidente Gustavo Petro. La Fiscalía investiga si existieron realmente estas prácticas y busca establecer si hubo irregularidades en la contratación de mujeres dentro del Dapre y otras entidades públicas bajo la administración de Petro.

¿Por qué la Fiscalía citó a Laura Sarabia y Angie Rodríguez por los “sexo contratos”?

Laura Sarabia y Angie Rodríguez, quienes estuvieron al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), fueron citadas por la Fiscalía para que entreguen información que pudieran tener sobre las denuncias de los “sexo contratos” y posibles contratos irregulares. La diligencia es con el propósito de recolectar datos y esclarecer los hechos, pero no implica una acusación directa contra ellas.

La situación ha generado alarma entre los residentes y las instituciones educativas de la zona. Según la comunidad, la presencia de personas en condición de calle ha despertado inquietud especialmente entre quienes hacen parte de los colegios Santa Librada e Industrial Antonio José Camacho. Los manifestantes denunciaron presuntos robos de contadores de servicios públicos, hurto de cables eléctricos y celulares, sumados a problemas de seguridad que se agudizan durante las noches, afectando la tranquilidad de los estudiantes y de quienes viven cerca de estos planteles.

Frente a este panorama, el propósito del plantón fue llamar la atención de las autoridades locales y exigir respuestas inmediatas para garantizar la seguridad en el entorno. La comunidad solicitó que la Alcaldía de Cali implementara medidas urgentes ante la percepción de una creciente inseguridad y el temor de que la situación continúe deteriorándose. Noticiero 90 Minutos, que ha seguido de cerca este caso, reportó que la protesta también generó afectaciones en la movilidad, pues el paso de vehículos se vio reducido a intervalos, lo que derivó en congestión vial y desvíos en las rutas del sistema MÍO (Masivo Integrado de Occidente).

Este episodio se desarrolla tras la operación Orión, un procedimiento en el centro de Cali donde las autoridades realizaron desalojos y capturas, impulsando así el desplazamiento de habitantes de calle hacia otras zonas. Mientras las intervenciones continúan en el centro de la ciudad, los habitantes de la comuna 9 reafirman su llamado para que se brinde una solución institucional que permita atender tanto la dimensión social del problema como los riesgos para la seguridad que señalan estar enfrentando.

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¿Por qué los residentes de la comuna 9 de Cali protestan por la inseguridad?

Los residentes de la comuna 9 de Cali protestan porque, según denuncias dadas a conocer por Noticiero 90 Minutos, la inseguridad en su sector se ha intensificado después del desalojo de personas en situación de calle de El Calvario. La comunidad ha señalado el aumento de hurtos y la sensación de inseguridad, especialmente en las zonas cercanas a las instituciones educativas.

¿En qué consiste la operación Orión mencionada en el contexto de los desalojos en Cali?

La operación Orión es una intervención realizada por las autoridades en el centro de Cali que incluyó desalojos y capturas, con el objetivo de modificar la dinámica en sectores como El Calvario. Según Noticiero 90 Minutos, tras esta intervención, numerosas personas en condición de calle se desplazaron a otras zonas de la ciudad, desencadenando problemáticas adicionales en barrios como la comuna 9.

Durante estas cuatro décadas, la entidad se ha enfocado en formar profesionales que hoy aportan al desarrollo social y la transformación informativa del país. Uno de los momentos clave ha sido su alianza con el noticiero 90 Minutos, unión que ha acercado el aprendizaje en el aula con la vivencia periodística dentro de verdaderas salas de redacción. De acuerdo con lo publicado por 90minutos.co, esta relación ha fortalecido la calidad y la pertinencia de su formación.

Como parte del aniversario, se realizó una jornada especial que incluyó el panel "Periodismo regional y democracia". En este espacio se analizó el panorama de los medios locales, abordando desafíos como la polarización política, el fenómeno de las noticias falsas y el salto tecnológico que está cambiando las rutinas en la prensa. Entre los panelistas invitados estuvieron Vicky Perea, directora de El País Cali; Fernando Alonso Ramírez, director de La Patria; Marta Ramos, directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM) y directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); Juan Carlos Gutiérrez, director de Vanguardia; Gerardo Quintero, director de 90 Minutos; y como moderador Werner Zitzmann, director de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI).

Marta Ramos abrió el debate relatando su experiencia durante un sismo en México en 2017, destacando cómo el periodismo regional se vuelve la fuente más confiable y el espacio seguro de los ciudadanos al enfrentar emergencias y crisis, según sus palabras recogidas por 90minutos.co. A su vez, Vicky Perea enfatizó que lo local sigue marcando el pulso de la información, adaptándose ahora a formatos y plataformas más inmediatas, destacando la credibilidad que los medios regionales continúan construyendo a lo largo del tiempo.

Gerardo Quintero abordó las tensiones que surgen en época electoral, especialmente cuando la audiencia asocia a los medios con bandos o candidatos específicos, una problemática que se ha intensificado con la inmediatez de la televisión y las redes. Por su lado, Fernando Alonso Ramírez insistió en la importancia de fijar reglas claras para el cubrimiento periodístico y el equilibrio informativo, subrayando que la labor de periodistas sustentan la función social de los medios en cualquier contexto político.

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¿Cuál es la importancia del periodismo regional en Colombia?

El periodismo regional se ha consolidado como un pilar en la construcción de la democracia y el desarrollo social en Colombia, pues acerca las historias e inquietudes locales a la agenda informativa nacional y ofrece un espacio seguro y confiable para la ciudadanía, especialmente en momentos de crisis o polarización política, según testimonios compartidos en la jornada por directivos de medios como 90 Minutos y El País Cali, citados por 90minutos.co.

¿Qué desafíos enfrentan los medios regionales ante la transformación tecnológica y la polarización?

Los medios regionales hoy deben adaptarse a la acelerada transformación tecnológica que redefine los procesos internos y la forma de comunicar, además de combatir la proliferación de noticias falsas y sortear la polarización política que puede influir en la percepción de credibilidad. Estos retos exigen respuestas innovadoras y la reafirmación de reglas éticas y de equilibrio, como resaltaron los panelistas del aniversario del programa de comunicación social – periodismo, según 90minutos.co.

La Fiscalía General de la Nación oficializó la apertura de una indagación preliminar tras las revelaciones periodísticas sobre la presunta red de contratación irregular orientada a entregar puestos en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) a cambio de encuentros íntimos.

El caso, destapado inicialmente por Carlos Ríos, director del Dapre, cobró dimensiones judiciales luego de la entrevista exclusiva concedida por Deicy Jiménez a la revista Semana. En dicha intervención, la ciudadana aportó elementos probatorios como fotografías, audios y registros digitales que sustentan los señalamientos contra la administración del entonces presidente Gustavo Petro.

Ante la gravedad de los hallazgos, la noticia criminal fue asumida por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia con el respaldo de un equipo técnico especializado. Como parte de las primeras diligencias probatorias, el organismo de control citó formalmente a declarar a las exdirectoras del Dapre, Angie Rodríguez y Laura Sarabia, con el fin de esclarecer los manejos contractuales denunciados durante el mandato anterior.

Respecto a las posibles responsabilidades penales que recaen sobre el exmandatario, la Fiscalía delimitó las competencias institucionales. El ente acusador aclaró que las actuaciones de Petro en su etapa como legislador serán evaluadas por la Corte Suprema de Justicia, mientras que los hechos asociados a su periodo como jefe de Estado recaerán estrictamente bajo la órbita de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

La investigación fue impulsada después de que las hijas del magistrado Urán presentaran una demanda contra Plazas Vega en 2022, acusándolo de tener un rol determinante en las acciones militares que resultaron en la tortura y ejecución extrajudicial de su padre. Este proceso legal culminó ante un jurado federal en Miami el 8 de septiembre, fecha en la que se decidió que Plazas Vega no sería considerado responsable de tales señalamientos. Así, el jurado descartó la obligación de pagar indemnización alguna a la familia del magistrado auxiliar, a pesar de que las demandantes insistían en que, como comandante de la Escuela de Caballería, el general tenía una responsabilidad directa en los hechos.

Antes del fallo, el presidente Abelardo de la Espriella respaldó públicamente a Plazas Vega y solicitó a la cancillería, encabezada por Omar Bula, así como a la embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, que acompañaran al militar en el proceso judicial en Miami, señalando que era “deber del Estado”. El mandatario remarcó la inocencia del general, citando decisiones previas de la Corte Suprema de Justicia, y defendió la necesidad de proteger a los miembros de las Fuerzas Armadas ante el “litigio estratégico” fuera del país.

En cuanto a Thania Vega, exsenadora del partido Centro Democrático, El Espectador informó que fue designada como embajadora ante Perú y que contaba con el aval del gobierno limeño. Vega, hija del exministro de Defensa Miguel Vega Uribe, ocupó una curul en el Congreso entre 2014 y 2018 como parte del Centro Democrático. En la actualidad, Plazas Vega asume la labor de gestionar la relación diplomática con Perú, uno de los ejes exteriores del gobierno de la Espriella luego de la reunión entre el presidente colombiano y su homóloga peruana, Keiko Fujimori.

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¿Por qué Luis Alfonso Plazas Vega fue nombrado embajador de Colombia en Perú?

El nombramiento de Plazas Vega como embajador en Perú se da luego de que fuera considerado no responsable por la justicia de Estados Unidos en el caso del magistrado Carlos Horacio Urán. Esta designación busca fortalecer la representación diplomática en Lima y responde al interés del gobierno de la Espriella en las relaciones bilaterales tras la cita con la presidenta Keiko Fujimori, según reportó El Espectador.

¿Qué ocurrió en el juicio civil en Estados Unidos contra Luis Alfonso Plazas Vega?

El juicio civil en Estados Unidos surgió por una demanda interpuesta en 2022 por las hijas del magistrado Urán, quienes acusaron a Plazas Vega de participación en la tortura y ejecución extrajudicial de su padre durante la toma del Palacio de Justicia. El jurado federal en Miami determinó que Plazas Vega no era responsable, eximiéndolo de pagar indemnización alguna y permitiendo su posterior nombramiento como embajador, según la información de El Espectador.

La convocatoria para escoger el diseño recibió un total de 39 propuestas, presentadas por personas interesadas en participar en la creación de la imagen de la Feria de Cali. Tras una evaluación detallada, un jurado calificador redujo la selección a los tres finalistas. Estos trabajos ahora enfrentan la votación directa del público, que, según la organización, tendrá el poder de escoger el afiche oficial mediante el sistema de votación abierto en las redes sociales del evento.

En concreto, los ciudadanos pueden conocer las propuestas y votar por su favorita a través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la Feria de Cali. La votación está habilitada únicamente hasta hoy a las 4:00 p. m., de acuerdo con la convocatoria. Quienes deseen ser parte de la decisión deben ingresar a la publicación correspondiente y consultar las opciones disponibles en los comentarios para seleccionar su preferida. De esta forma, los caleños tienen la oportunidad directa de incidir en la imagen visual que representará una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.

El afiche seleccionado será el símbolo visual que acompañará a la próxima edición de la Feria, denominada oficialmente '69 Feria de Cali: Un Canto a la Vida', la cual está programada para celebrarse del 25 al 30 de diciembre de 2025. La organización del evento aprovechó para resaltar y agradecer el esfuerzo y la participación de las 39 personas que enviaron sus propuestas, reconociendo su aporte a una celebración que es motivo de orgullo para todos los habitantes de la ciudad. Esta iniciativa refuerza el sentido de pertenencia y la relevancia de la participación ciudadana en una feria que trasciende lo festivo para convertirse en parte esencial de la identidad caleña.

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¿Cómo votar por el afiche oficial de la Feria de Cali 2026?

Para participar en la elección del afiche oficial de la Feria de Cali 2026, usted debe ingresar a la cuenta oficial de Instagram de la Feria de Cali. Una vez allí, podrá consultar en los comentarios las opciones de los tres finalistas y seleccionar su preferida. La votación está disponible hasta las 4:00 p. m. de hoy, según lo indicado por la organización.

¿Cuántas propuestas compiten para ser la imagen de la Feria de Cali y quiénes deciden?

Luego de recibir 39 propuestas, un jurado seleccionó tres finalistas. La decisión sobre cuál será la imagen oficial está en manos de la ciudadanía caleña, que podrá votar a través de las redes sociales de la Feria y así escoger el afiche ganador para la edición 69 de la celebración.

En su intervención, Matador fue más allá de la simple burla, sugiriendo con sarcasmo que el “producto” presuntamente lo comercializa un hombre en un puesto de la Séptima, una avenida muy reconocida en Colombia. La intención del dibujante no parece ser la de aclarar los hechos, sino la de comentar desde la sátira acerca del desarrollo mediático del caso que involucra tanto a personajes de la política como a representantes de los medios de comunicación. De acuerdo con lo citado, Matador también arremetió nuevamente contra Vicky Dávila con la frase: “No recomiendo que utilicen este polvito en la revista Semana, porque podría ser perjudicial para tu salud”. De esta forma, el humorista retomó el tono de mofa que le caracteriza y aprovechó para lanzar una crítica indirecta a la periodista y al medio al que está vinculada.

Sin embargo, la publicación de Matador no aporta datos verificables sobre el contenido de las bolsitas ni constituye en sí misma una confirmación de los rumores que circulan. Más bien, su mensaje se suma a la conversación en redes sociales, donde el intercambio de humor político y comentarios ácidos suelen amplificar las polémicas. De acuerdo con lo publicado, la reacción del dibujante hace parte de la dinámica mediática en la que se mezclan sátira, debate y cuestionamientos entre figuras públicas, sin que se aclare en el fondo la verdad sobre los hechos originales.

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¿Qué papel juega Matador en la polémica sobre las bolsitas en el caso de Gustavo Petro?

De acuerdo con la información citada, Matador intervino en la controversia a través de mensajes sarcásticos y comentarios irónicos publicados en la red social X. Su participación no se enfocó en esclarecer los hechos ni en validar la información sobre las bolsitas, sino en sumarse al debate mediante el humor político, en un contexto donde la sátira suele aportar nuevas aristas a la discusión pública.

¿Qué contienen las bolsitas mencionadas en la controversia relacionadas con Gustavo Petro?

Según lo indicado en la publicación, la intervención de Matador no revela ni confirma el contenido real de las bolsitas que han sido objeto de controversia. La naturaleza de estos elementos sigue siendo parte del debate y no se cuenta con datos verificables en el artículo para determinar con certeza su composición.

De acuerdo con los primeros reportes divulgados por Blu Radio, el automóvil involucrado es un Renault Twingo que terminó con daños visibles en una de sus puertas y en la parte trasera, luego del impacto con el tren. Según la información preliminar, no habría personas lesionadas.

Las primeras versiones indican que el conductor del carro no se habría percatado de la presencia del cruce férreo y que, al parecer, iba distraído. Cuando intentó arrancar, el vehículo fue impactado por el tren, en el que se movilizaban estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada.

A esta hora organismos de socorro de Cajicá atienden un choque entre un vehículo particular y el Tren de La Sabana en el cruce férreo del sector conocido como EPC. De acuerdo con el primer reporte, al momento no hay registro de personas lesionadas. #EnDesarrollo https://t.co/HYsK4ciP02

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 26, 2026

Tras el choque, el automóvil quedó detenido junto al tren mientras los equipos de emergencia verificaban lo ocurrido. Por ahora, la información disponible no da cuenta de personas heridas, aunque las autoridades y los organismos presentes en el lugar deben establecer las circunstancias exactas del accidente.

Paso férreo estaría cerrado hasta las 9:00 de la mañana

La emergencia también afectó la movilidad en el sector de Cajicá, debido a la atención del choque en el cruce ferroviario. Según las autoridades, se estima que el tren retome sus operaciones sobre las 9:00 de la mañana.

Por eso, quienes transiten por este punto deben tener en cuenta posibles demoras mientras se normaliza la circulación. La hora anunciada para la reapertura corresponde a un reporte preliminar y está sujeta a la evolución de la atención en el lugar.

El caso vuelve a poner la atención sobre la importancia de extremar las precauciones al acercarse a los cruces ferroviarios, respetar la señalización y verificar que sea seguro avanzar antes de intentar atravesar la vía.

Las causas del accidente y las eventuales responsabilidades deberán establecerse con base en la información que entreguen las autoridades.

Uno de los grandes valores de este programa radica en su capacidad para ajustar su currículo a las exigencias de un entorno cambiante y globalizado. Esto se traduce en una preparación pertinente y actualizada para los futuros periodistas. Según lo señalado en el evento, un eje fundamental en esta formación ha sido la estrecha relación del programa con el Noticiero Regional 90 Minutos. Esta alianza ha servido como un verdadero laboratorio práctico para generaciones de periodistas en formación, fortaleciendo su vínculo con escenarios reales y permitiéndoles afianzar las competencias que requiere el ámbito informativo.

Como parte central de los actos conmemorativos, se desarrollará una jornada académica que propiciará el análisis y debate sobre el presente y el futuro de la profesión. Al evento asistirán directores de medios tradicionales, líderes en transformación digital y destacados estrategas del ecosistema de la comunicación tanto de Colombia como de América Latina. De especial relevancia es el foro titulado Perspectiva Continental: Conversación SIP, que contará con la intervención de Carlos Jornet, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En este espacio, Jornet ofrecerá su visión y aportará al entendimiento sobre el trabajo periodístico y la proyección de esta disciplina.

Durante la apertura, Catalina Jiménez Correa, decana de la Facultad de Comunicación Social, Humanidades y Artes, presentó el evento junto con el Dr. Jornet. Este último aprovechó para enviar un mensaje de felicitación a toda la comunidad académica y expresó su solidaridad hacia las víctimas del reciente sismo. Todo esto refuerza el papel esencial que desempeñan estos espacios en la consolidación del periodismo responsable y comprometido en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha impactado el programa de Comunicación Social – Periodismo de la UAO en el periodismo colombiano?

El programa ha sido pilar en la formación de periodistas íntegros, quienes han protagonizado transformaciones en los medios y en la sociedad. Su modelo de enseñanza, enfocado en la excelencia académica y la práctica en escenarios reales como el Noticiero Regional 90 Minutos, ha fortalecido la preparación de los estudiantes para enfrentar los retos del periodismo nacional e internacional.

¿Qué es la Sociedad Interamericana de Prensa y cuál es su rol en los espacios académicos?

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es una organización que agrupa a medios y profesionales de prensa en el continente americano, y trabaja en la defensa y promoción de la libertad de prensa. En espacios académicos, como el foro del programa de Comunicación Social – Periodismo, sus representantes aportan su experiencia en la comprensión de los desafíos de la profesión y en el análisis del contexto periodístico regional.

A la consternación por el doble homicidio se suma la desaparición de seis ciudadanos: José Albeiro Quintero, Robinson Merchán, Anderson Gutiérrez, Darwin Soto, Duber Guluma Navarro y Sebastián Cortés. Sus nombres han sido identificados por sus familias, quienes aún esperan información concreta sobre su paradero. En esta etapa de la investigación, la Fiscalía General de la Nación ha activado la búsqueda inmediata, ya que todavía no existe claridad respecto a si las desapariciones están vinculadas de forma directa con los asesinatos de Laura Ximena y Arquímedes, o si responden a otras circunstancias.

De acuerdo con reportes locales, las autoridades en Ataco han respondido frente a la gravedad de los hechos organizando un consejo de seguridad, al que asistieron representantes de la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía, la Personería, la Defensoría del Pueblo y autoridades del departamento. La principal prioridad en este momento es localizar a las seis personas que permanecen desaparecidas y avanzar en los esfuerzos para esclarecer tanto los recientes asesinatos como las desapariciones reportadas en la misma región.

La comunidad de Ataco continúa en estado de alerta, mientras las investigaciones siguen su curso sin información concreta sobre la suerte de las personas desaparecidas ni sobre los móviles detrás de los asesinatos. Los familiares y habitantes del municipio insisten en el esclarecimiento de los hechos y en la protección de la población, esperando pronunciamientos oficiales conforme avance el trabajo de las autoridades.

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¿Quiénes son las personas desaparecidas en Ataco, Tolima?

Las seis personas reportadas como desaparecidas en la zona rural de Ataco, Tolima son José Albeiro Quintero, Robinson Merchán, Anderson Gutiérrez, Darwin Soto, Duber Guluma Navarro y Sebastián Cortés. Sus familiares y la comunidad permanecen a la espera de información confiable sobre su situación, mientras la Fiscalía adelanta su búsqueda, según El Nuevo Día.

¿Qué acciones han tomado las autoridades frente a los homicidios y desapariciones en Ataco?

Las autoridades de Ataco han organizado un consejo de seguridad en el que participaron entes como la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía, la Personería y la Defensoría del Pueblo, junto con autoridades departamentales. Como resultado, se ha priorizado tanto la búsqueda de los desaparecidos como la investigación de los recientes homicidios, según confirmaron reportes locales.

Jiménez sostuvo que los contactos iniciales se concretaban a través de redes sociales mediante  Adicionalmente, describió reuniones privadas en las que se consumían sustancias estupefacientes y se sostenían encuentros íntimos en hoteles o residencias particulares, asegurando la existencia de registros audiovisuales que comprometerían al exmandatario.

El impacto de las declaraciones desató de inmediato pronunciamientos en el escenario político. El analista Felipe Zuleta advirtió en Blu Radio sobre la dimensión del caso al señalar que “no son hechos aislados. Yo alguna vez le oí decir a alguien que uno no le puede decir mentiras a todos al mismo tiempo. Esto es la punta del iceberg, se lo estoy diciendo con conocimiento de causa”.

El analista Héctor Riveros desglosó en la emisora las implicaciones jurídicas del caso y explicó por qué este episodio difiere sustancialmente de anteriores controversias que han rodeado al dirigente político:

“A diferencia de otros escándalos que han surgido alrededor de Petro, este tiene nombres propios y documentos, además de una posibilidad de rastreo probatorio, acá hay una gran diferencia, porque otra veces más allá de los dichos no aparecían personas que pusieran su nombre ni su cédula ni documentos que probaran los hechos, en cambio en esta oportunidad sí”, argumentó Riveros.

Riveros enfatizó además en la respuesta emitida por el propio Gustavo Petro, señalando que el comunicado del exmandatario aporta elementos clave al no desmentir de tajo la relación central con la denunciante:

“De seguir avanzando esto y de encontrarse algún grado de certeza sobre lo que esta señora afirmó este realmente puede ser el caso que lleve al expresidente a una declaración de indignidad por mala conducta. Quedé muy impactado con las denuncias, la crudeza de los hechos, pero me llamó mucho la atención el comunicado de Petro, porque me parece que acepta los hechos esenciales de la denuncia. Primero no niega conocer a esta persona, ese punto que es esencial él lo reclama para su vida privada, pero es un elemento esencial y si estamos hablando de estos hechos hay que probar el punto esencial que es si el expresidente Petro la conocía y tenía algún tipo de relación. El presidente acepta conocerla y por lo menos el hecho central no lo niega y el segundo hecho central es que evidentemente le ayudó, esta era una mujer de origen humilde y él le ayudó”, puntualizó el experto.

El analista concluyó recordando que la confesión pública sobre la recepción de contratos estatales plantea también implicaciones legales para la denunciante, por lo que corresponderá a los entes de control y a la justicia ordinaria determinar la veracidad de los hechos y deslindar las responsabilidades penales correspondientes.

Según la programación oficial divulgada por la universidad, la jornada se abre con el conversatorio “Perspectiva Continental: Conversación SIP”, en el que participarán Carlos Jornet, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), junto a Catalina Jiménez Correa, quien funge como decana de la Facultad de Comunicación Social, Humanidades y Artes. Este primer espacio busca centrar el análisis en las tendencias y desafíos globales del periodismo, considerando el contexto continental en el que se desenvuelven los comunicadores actuales.

Más adelante, el panel “Periodismo Regional y Democracia” reunirá a Vicky Perea, directora de El País de Cali; Gerardo Quintero, director de 90 Minutos; Fernando Alonso Ramírez, director de La Patria; Marta Ramos, dirigente de la Organización Editorial Mexicana y directiva de la SIP, así como Juan Carlos Gutiérrez, director de Vanguardia. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos y la Universidad Autónoma de Occidente, la invitación es a debatir y analizar el papel del periodismo regional en la construcción democrática y la pluralidad informativa, temas centrales para el futuro de la profesión.

Desde su fundación hace cuatro décadas, el programa ha sostenido un compromiso con la formación integral de periodistas, manteniendo vínculos históricos, especialmente con el noticiero regional 90 Minutos. Este aniversario no solo representa una oportunidad para rememorar los logros alcanzados, sino también para que estudiantes, egresados y profesionales del sector discutan sobre las competencias y desafíos futuros. El esfuerzo organizativo demuestra el interés de la Universidad Autónoma de Occidente por afianzar una comunidad académica y profesional en constante evolución, consciente de que el ecosistema mediático enfrenta transformaciones profundas en Colombia y América Latina.

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¿Cómo ha impactado el Programa de Comunicación Social – Periodismo de la UAO al periodismo regional?

El programa de la Universidad Autónoma de Occidente ha influido de manera significativa en el periodismo regional, sobre todo al mantener una relación estrecha con medios como el noticiero 90 Minutos y al formar generaciones de profesionales comprometidos con los valores democráticos y la ética informativa.

¿Qué retos enfrenta el periodismo según los expertos invitados en la conmemoración de la UAO?

De acuerdo con los espacios académicos y paneles programados por la UAO, los principales retos identificados son la transformación de los medios de comunicación en Colombia y América Latina, la pluralidad informativa, el fortalecimiento de la democracia y la adaptación a las tendencias globales y tecnológicas.

De acuerdo con Semana, Deicy Jiménez relató haber sostenido encuentros íntimos con Gustavo Petro y sostuvo que tales encuentros se relacionaron con la obtención de contratos estatales. La entrevistada también sugirió la existencia de otras mujeres que habrían estado involucradas en dinámicas similares, de acuerdo siempre con su versión. Tales denuncias fueron presentadas como parte de una investigación periodística que abrió un intenso debate sobre los límites entre lo público, lo privado y el ejercicio del poder político.

En su respuesta pública, Petro negó haber "entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales". Además, el exmandatario se defendió asegurando que jamás ha "utilizado el poder público para obtener sexo" y reivindicó los programas del Estado orientados a mujeres que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. En el mismo pronunciamiento, Petro cuestionó la labor de Semana y expresó que detrás de estas publicaciones existirían intereses políticos y económicos, aunque estas afirmaciones, provenientes de su comunicado oficial, no han sido comprobadas más allá de su propia declaración.

La controversia trajo a colación el tratamiento mediático de las vidas privadas de los líderes públicos y la prudencia necesaria en torno a acusaciones tan delicadas, especialmente cuando involucran supuestas redes, contratos y relaciones de poder. Petro reiteró que, en su criterio, no existirían fundamentos para asociarlo con corrupción ni con actos relacionados con narcotráfico, y que los ataques mediáticos responderían a la imposibilidad de comprobar hechos de ese tipo en su contra.

El episodio, ampliamente divulgado por Semana en redes sociales este 25 de octubre de 2026, reavivó el debate sobre la transparencia de la contratación pública y el respeto a la privacidad de figuras públicas, una discusión que, según el desarrollo del caso y las futuras investigaciones, podría tener implicaciones mayores en el ámbito político y judicial.

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¿Qué respondió Gustavo Petro ante las acusaciones de Deicy Jiménez en Semana?

Petro negó de manera categórica haber entregado contratos públicos a cambio de relaciones sexuales, según el comunicado difundido el 25 de octubre de 2026. El exmandatario afirmó que jamás ha utilizado el poder para obtener sexo y criticó a la revista Semana por exponer su vida íntima; además, declaró que las publicaciones responderían a intereses políticos y económicos, aunque no aportó pruebas sobre estos supuestos motivos.

¿De qué trata la denuncia de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro y qué implicaciones podría tener?

Deicy Jiménez declaró en entrevista con Semana que sostuvo encuentros sexuales con Petro y que, a causa de esas relaciones, accedió a contratos públicos; además, señaló que otras mujeres estarían involucradas en una dinámica similar. Estas declaraciones abren un debate sobre la posible relación entre poder, contratación y vida privada, y podrían derivar en investigaciones para esclarecer la veracidad de los hechos denunciados.

En cinco contratos durante el gobierno de Gustavo Petro recibió cerca de $100 millones, según el rastreo de documentos de contratación citado por varios medios.

Jiménez, de 29 años, obtuvo dos contratos con el Senado en 2023. El primero, por $7 millones, estuvo relacionado con labores de archivo, mientras que el segundo, por $34 millones, se extendió hasta julio de 2024 y estuvo ligado a la Primera Vicepresidencia, entonces encabezada por María José Pizarro.

En junio de 2025, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le asignó un contrato de $18 millones para actividades de archivo y organización documental.

Posteriormente, el Ministerio del Interior la vinculó mediante un contrato de $11,15 millones para apoyar proyectos financiados por Fonsecon. En enero de 2026, esa vinculación fue renovada por $30 millones.

Los contratos suman alrededor de $100 millones durante el periodo analizado y, con otros vínculos anteriores, el total supera los $130 millones en cinco años.

El caso tomó relevancia luego de que Jiménez afirmara públicamente que obtuvo contratos estatales a cambio de favores personales al expresidente Petro.

La Fiscalía y los organismos de control deberán determinar si existió alguna irregularidad. Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno de Abelardo de la Espriella activó una ruta de protección para la denunciante.

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Temblor hoy: datos del sismo reportado en Chocó

El Servicio Geológico Colombiano identificó este evento con el código SGC2026vbjfby. El movimiento ocurrió exactamente a las 23:25:31 del 25 de octubre de 2026 en Colombia, mientras que la hora universal coordinada (UTC) correspondió a las 04:25:31 del 26 de octubre.

Las coordenadas del sismo fueron 4.25 grados de latitud y -76.73 grados de longitud. El análisis del evento fue realizado de manera manual por los especialistas del SGC y contó con información recopilada por 52 estaciones de monitoreo sísmico. El reporte técnico también indicó un valor RMS de 0.9 segundos y un Gap de 71 grados, parámetros utilizados por los expertos para determinar la precisión en la ubicación y caracterización del fenómeno.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-25, 23:25 hora local Magnitud 4.2. Profundidad 49 km, El Litoral del San Juán (Docordó) – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/hO4Wh7ABAb

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 26, 2026

Municipios cercanos al epicentro del temblor hoy

Aunque el epicentro se localizó en jurisdicción de El Litoral del San Juan, varias poblaciones cercanas se encuentran dentro del área en la que el movimiento pudo ser percibido por algunos habitantes. Según el informe, los municipios más próximos al punto donde se originó el sismo fueron:

• Calima (Valle del Cauca), a 45 kilómetros.
• Sipí (Chocó), a 46 kilómetros.
• Trujillo (Valle del Cauca), a 46 kilómetros.

La ubicación del evento entre los departamentos de Chocó y Valle del Cauca hace que ciudadanos de distintos sectores del occidente colombiano estén atentos a los reportes oficiales sobre percepción y posibles efectos asociados al movimiento.

¿Por qué tiembla con frecuencia en Colombia?

Colombia es uno de los países con mayor actividad sísmica en América Latina debido a su ubicación geológica. El territorio nacional está influenciado por la interacción de varias placas tectónicas, entre ellas la placa de Nazca, la placa Sudamericana y la placa del Caribe.

Esta dinámica genera acumulación y liberación de energía en diferentes zonas del país, especialmente en regiones como el Pacífico colombiano, los Andes y el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, reconocido por su constante actividad. Por esa razón, los reportes de temblor hoy son consultados diariamente por miles de personas que buscan conocer la magnitud, profundidad y ubicación exacta de los movimientos registrados por la red de monitoreo nacional.

Intensidad y monitoreo del sismo

El informe del Servicio Geológico Colombiano señaló que la intensidad instrumental máxima registrada alcanzó un PGA de 0.74 centímetros por segundo cuadrado. Este indicador permite estimar la aceleración máxima del suelo durante el evento y forma parte de los parámetros utilizados para evaluar el comportamiento de un sismo.

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Hasta el momento de la emisión del reporte, no se habían informado afectaciones derivadas de este movimiento telúrico. Sin embargo, las autoridades recomiendan mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales y seguir las medidas de prevención establecidas para eventos sísmicos.

El monitoreo permanente de la actividad geológica continúa en todo el territorio nacional a través de la red de estaciones del SGC, que permite detectar, localizar y analizar los movimientos sísmicos que ocurren diariamente en Colombia. Este temblor hoy en El Litoral del San Juan, Chocó, se suma a los eventos que regularmente son registrados en una de las zonas con mayor actividad tectónica del país.

De acuerdo con la información entregada, la suspensión del servicio afectará a sectores puntuales. Entre los barrios que estarán sin agua potable se encuentran Sindical y Alto Menga. En el barrio Sindical, los puntos específicos afectados corresponden a las direcciones Transversal 34 número 42C 41 y Transversal 34 número 42C 95. Por su parte, en Alto Menga, la suspensión ocurrirá en el sector ubicado en la Avenida 7C1 Norte con 53. La notificación anticipada de estas áreas impactadas permite que los ciudadanos tomen precauciones y se preparen frente a los posibles inconvenientes que cause la falta temporal del suministro.

Las labores de mantenimiento y modernización de las redes de acueducto suelen ser indispensables para asegurar el funcionamiento eficiente de los servicios públicos. Emcali reiteró que, aunque la interrupción puede representar molestias para los habitantes, estas acciones son necesarias para prevenir daños mayores y fallas inesperadas en el futuro. De esta manera, la empresa busca reducir el riesgo de emergencias o cortes prolongados y aumentar la cobertura y calidad del servicio entregado a los caleños.

Durante jornadas de este tipo, es habitual que los usuarios se enfrenten a dificultades para realizar tareas domésticas o requieran hacer ajustes en sus rutinas diarias. Por eso, Emcali hace un llamado a la ciudadanía para que almacene suficiente agua, use el recurso con responsabilidad y consulte canales oficiales para estar al tanto de novedades sobre la restitución del servicio. Así, la empresa mantiene un compromiso con la transparencia y la comunicación constante mientras avanzan los trabajos de infraestructura.

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¿Cuáles barrios de Cali estarán sin agua por trabajos de Emcali el lunes, 26 de octubre de 2026?

De acuerdo con la información publicada, los barrios que tendrán suspensión temporal del servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento de Emcali serán Sindical y Alto Menga. En Sindical, los puntos específicos afectados son Transversal 34 número 42C 41 y Transversal 34 número 42C 95. En Alto Menga, el corte ocurrirá en Avenida 7C1 Norte con 53.

¿Por qué Emcali realiza trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto?

Según Emcali, las actividades de reparación y mantenimiento, que incluyen la reposición de válvulas y la optimización de redes, se llevan a cabo para mejorar la infraestructura de acueducto y garantizar un servicio de agua más eficiente y seguro. Aunque la interrupción puede representar una molestia temporal para los usuarios, estos trabajos son claves para evitar daños mayores y prevenir problemas que puedan afectar a la ciudad en el futuro.

Durante una entrevista con Caracol Radio, Andrea Petro sostuvo que la vida privada de una persona no debería convertirse en un asunto de debate público.

Señaló que, durante los últimos cuatro años, su familia ha estado expuesta públicamente y que esa situación ha sido especialmente difícil para sus integrantes.

Frente a las contrataciones que son objeto de cuestionamientos, afirmó que deben ser investigadas de manera rigurosa y transparente. Sin embargo, pidió que el proceso se adelante sin manipulación de información, distorsiones ni difusión de noticias falsas.

Andrea Petro también manifestó que la manera en que se han presentado algunos elementos del caso genera la impresión de que existe una estrategia para afectar la imagen de una persona. “No le creo ni 5”, añadió la hija del expresidente sobre el caso de Deyci Jiménez.

Según dijo, esa situación podría tener como objetivo destruir políticamente a alguien que eventualmente podría continuar participando en contiendas electorales y mantener un papel relevante en la política colombiana.

La hija del expresidente insistió en la necesidad de diferenciar entre las investigaciones sobre posibles irregularidades en contrataciones y los aspectos relacionados con la vida privada, al considerar que estos últimos no deberían utilizarse como herramienta de exposición o señalamiento público.

El uniformado se encontraba de vacaciones y viajaba junto con su esposa y su hija desde San Antero hacia Coveñas, cuando se habría presentado un intento de hurto que terminó en un ataque armado. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, antes de llegar al corregimiento El Porvenir, la familia ingresó a un restaurante. En ese lugar, al parecer, un hombre armado intentó despojar al subintendente de sus pertenencias. Durante el episodio, Loaiza Sánchez recibió varios impactos de bala.

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Aunque fue trasladado a un centro asistencial, el uniformado falleció en la ESE CAMU Iris López Durán, donde recibió atención médica. Por ahora, las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque son objeto de verificación por parte de los investigadores.

¿Qué se sabe del homicidio del subintendente en San Antero?

Harold Fernando Loaiza Sánchez tenía 17 años de servicio en la Policía Nacional y estaba adscrito al Departamento de Policía Guajira. Al momento de los hechos no se encontraba cumpliendo funciones operativas, pues disfrutaba de su periodo de vacaciones junto con su familia.

La información divulgada por la institución señala que el ataque ocurrió durante el recorrido que realizaban entre San Antero y Coveñas. El presunto intento de robo habría tenido lugar en el restaurante al que ingresaron antes de llegar al corregimiento El Porvenir. Tras conocerse la muerte del subintendente, la Policía Nacional informó que dispuso de un equipo de investigación judicial e inteligencia para avanzar en el esclarecimiento del caso.

La institución también hizo un llamado a los habitantes de San Antero y a las personas que puedan tener información relevante para que la suministren a las autoridades. Los datos que permitan reconstruir los hechos o identificar al presunto agresor pueden contribuir al desarrollo de las diligencias judiciales.

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¿Quién era Harold Fernando Loaiza Sánchez?

El subintendente Harold Fernando Loaiza Sánchez tenía 39 años y acumulaba 17 años de servicio en la Policía Nacional. Su labor estaba vinculada al Departamento de Policía Guajira, aunque se encontraba de vacaciones cuando ocurrió el ataque en Córdoba.

La noticia de su muerte fue confirmada por la Policía Nacional, que expresó sus condolencias a la esposa, la hija, la madre y los demás familiares del uniformado. Mientras avanzan las investigaciones, la Policía mantiene el llamado a la ciudadanía para que aporte información que ayude a esclarecer lo sucedido en el sector El Empedrado, en San Antero.

De acuerdo con los datos disponibles, uno de los incidentes reportados se localizó en el sector conocido como La Amapola, en la carretera que une a las poblaciones mencionadas. Además, se tuvo noticia de otra emergencia registrada en el sector de Sabinas, próximo a Maltería, donde de nuevo se relacionó un vehículo que habría caído por un precipicio. Hasta el momento no se tiene claridad suficiente para indicar si ambos reportes corresponden al mismo evento vial o si se trata de situaciones diferentes, por lo que se espera una mayor precisión una vez las autoridades emitan un pronunciamiento oficial.

El vehículo siniestrado tendría placas RHK-675, las cuales, según los informes recogidos, están registradas en Líbano, Tolima. En cuanto a la identidad de las personas afectadas y su condición de salud, la información aún resulta insuficiente y se aguarda un reporte formal que permita esclarecer los detalles. Ningún reporte oficial da cuenta todavía de datos personales de las víctimas ni describe el estado exacto en el que se encuentran los heridos.

De acuerdo con lo informado, distintos organismos de socorro y unidades de la Policía de Tránsito y Transporte acudieron a la zona afectada para atender la situación. Como consecuencia de las labores de rescate y aseguramiento del área, la movilidad se ha visto afectada y se han recomendado medidas de precaución para quienes transitan por la vía mientras avanzan las labores de atención y remoción. Las autoridades han insistido en que los conductores deben obedecer las indicaciones oficiales a fin de evitar nuevos incidentes en la zona.

Se espera que la información sobre este accidente de tránsito se amplíe en las próximas horas, una vez se tengan confirmaciones oficiales sobre la cantidad de víctimas, los daños materiales y el sitio específico donde ocurrió el siniestro. Por el momento, la noticia continúa en desarrollo y los organismos de emergencia mantienen la alerta en la región.

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¿Cuántos heridos y fallecidos dejó el accidente en la vía Fresno–Manizales?

Según la información preliminar recopilada, el accidente habría dejado una persona fallecida y dos heridas. No obstante, hasta ahora las autoridades no han confirmado de manera oficial el número de víctimas, por lo que se espera un pronunciamiento formal que detalle con precisión el balance definitivo.

¿Dónde ocurrió exactamente el accidente de tránsito reportado el 25 de octubre?

El accidente fue reportado inicialmente en el sector de La Amapola, en la carretera que conecta Fresno, Tolima, con Manizales, Caldas. También se mencionó una emergencia en Sabinas, zona cercana a Maltería, con versiones preliminares de que un vehículo habría caído por un precipicio. Todavía no se ha definido si ambos reportes corresponden al mismo hecho ni se ha especificado el punto exacto hasta que las autoridades esclarezcan la información.

De acuerdo con información conocida por Noticias RCN, la investigación permitió reconstruir las circunstancias en las que fue encontrada la mujer y establecer, mediante el dictamen forense, las lesiones que presentaba. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a su pareja el delito de feminicidio agravado.

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El hombre no aceptó los cargos, pero un juez ordenó que permanezca privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La investigación tomó un rumbo determinante cuando un familiar de la víctima encontró señales sospechosas en el patio de la vivienda. En el lugar había una amplia cantidad de tierra removida y se percibía un fuerte olor, situación que motivó la solicitud de apoyo a la Policía Nacional.

Con la intervención de las autoridades, fue localizado el cuerpo de la mujer, que estaba enterrado en ese espacio de la casa. Según la información conocida sobre el caso, el cadáver tenía las manos amarradas con un cordón y un elemento que le sujetaba la boca. Estos detalles quedaron dentro de las circunstancias examinadas por los investigadores para esclarecer lo ocurrido.

Antes del hallazgo, mientras se adelantaban las labores de búsqueda de los menores, el padre les habría dicho a otras personas que su esposa se había marchado con otro hombre.

Sin embargo, las señales encontradas en el patio llevaron a las autoridades a profundizar en una hipótesis distinta y a examinar la posible responsabilidad del compañero sentimental de la mujer.

Uno de los elementos que forman parte de la investigación es la información anónima que, según la Fiscalía, había alertado sobre las sospechas de una menor, hija del hombre actualmente procesado.

De acuerdo con esa información, la niña habría manifestado que sospechaba que su padre había causado la muerte de su madre y posteriormente la había enterrado en la vivienda. Los testimonios de los menores también permitieron reconstruir parte de lo que ocurrió después de la desaparición de la mujer.

Según el relato de una de las niñas, al regresar del colegio notó que su madre no estaba y observó un hueco parcialmente cubierto en el patio de la casa. Al preguntarle a su padre por ese lugar, el hombre habría respondido que allí había enterrado un pescado.

Esa explicación quedó consignada dentro de los elementos que examinan las autoridades para establecer cómo ocurrieron los hechos y qué sabía el procesado sobre la desaparición de su pareja.

El examen de Medicina Legal aportó información clave para esclarecer la muerte de la víctima. Según el dictamen forense, la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. Además, los especialistas identificaron lesiones traumáticas en la región craneoencefálica, entre ellas heridas en el cuero cabelludo y fracturas en los huesos del cráneo.

Estos hallazgos hacen parte de las pruebas que buscan establecer las circunstancias de la muerte y sustentar la investigación penal. El caso ha generado preocupación en Cravo Norte, especialmente por las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo y por el hecho de que los menores estuvieran buscando a su madre sin conocer lo que había ocurrido.

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Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó al hombre el delito de feminicidio agravado. Aunque el procesado no aceptó los cargos, un juez ordenó que continúe privado de la libertad en un establecimiento carcelario.

La imputación constituye una acusación formal dentro del proceso, pero no equivale a una condena. Las autoridades deberán avanzar en la presentación y valoración de las pruebas para determinar la responsabilidad penal del señalado.

La investigación busca esclarecer completamente lo ocurrido en la vivienda y establecer las circunstancias que rodearon la muerte de la mujer.

El jefe de Estado nacional abordó los antecedentes políticos recientes de ambas naciones, recordando los cruces de respaldo electoral que marcaron los debates regionales previos. Ante este panorama, De La Espriella fue enfático en señalar que los procesos electorales responden exclusivamente a la voluntad ciudadana de cada país, desestimando cualquier influencia externa en los resultados definitivos de las urnas.

“En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia!”, expresó el mandatario a través de un comunicado oficial.

Si bien el presidente colombiano reconoció abiertamente la existencia de profundas divergencias de orden político e ideológico con el líder del Partido de los Trabajadores (PT), subrayó que las relaciones bilaterales entre Bogotá y Brasilia deben prevalecer por encima de las animadversiones partidistas, priorizando una agenda común de estabilidad regional, seguridad y desarrollo sostenible.

“El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente. Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones”, puntualizó De La Espriella, destacando la necesidad de articular esfuerzos conjuntos en frentes estratégicos de alto impacto geopolítico.

Dentro de los ejes fundamentales planteados por el Ejecutivo para encauzar la relación bilateral con la mayor economía de América Latina se destacan la lucha frontal contra el narcoterrorismo, la represión a las redes de minería ilegal que afectan los ecosistemas fronterizos, la defensa integral de la Amazonía y la garantía de condiciones de bienestar para los ciudadanos de ambos países hermanos.

El pronunciamiento oficial del mandatario nacional cerró con consignas tradicionales de su línea política, reafirmando el compromiso institucional de la administración central con la defensa de los intereses nacionales y la cooperación internacional bajo los principios rectores de respeto mutuo y soberanía estatal.

En el aviso de búsqueda difundido por redes sociales se señala que la joven habría sido vista por última vez con un hombre identificado como Marcos Antonio Useche. Las circunstancias de su desaparición y la información sobre esta persona deben ser verificadas por las autoridades.

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Otro dato que aparece en la alerta es que la abuela de la menor estaría en estado grave en un hospital de Chaparral. Sin embargo, no se han precisado públicamente las circunstancias de este hecho ni si tiene relación con la desaparición.

La comunidad pidió a quienes puedan tener información sobre el paradero de Yenifer que la comuniquen de inmediato a las autoridades.

Quienes conozcan algún dato pueden comunicarse con la Policía a través de la línea 123, o con la Fiscalía y las demás autoridades competentes. En la información difundida también figura el número 311 524 6394 como contacto para aportar datos sobre el caso.

Hasta el momento, es importante que la información que circula en redes sea contrastada con las autoridades encargadas de la búsqueda. Cualquier dato que ayude a ubicar a la menor debe reportarse oportunamente.

El programa de intercambio contempla recorridos técnicos, espacios para reuniones y una revisión detallada del Ciclopaseo Urbano de Quito. En esta iniciativa participan grupos como Supervial, el Frente Ciudadano por la Seguridad Vial, Hermandad Ciclista UIO y Ciegocleta. Según lo informado, el objetivo de este trabajo conjunto es identificar buenas prácticas orientadas a fortalecer la accesibilidad y promover la convivencia tanto de peatones como de ciclistas.

Bajo la actual administración del alcalde Carlos Fernando Galán, la ciudad ha ampliado la red de la Ciclovía, permitiendo que más habitantes puedan disfrutar de manera gratuita espacios para caminar, correr, montar bicicleta, patinar y compartir tiempo en familia. En julio de 2025, se habilitaron nuevos corredores en barrios como Bosa, Kennedy, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Puente Aranda. Estas rutas incluyen conexiones desde el parque El Porvenir hacia la avenida Boyacá y desde el parque El Tunal hasta la autopista Sur con carrera 50, marcando la primera expansión de la red desde octubre de 2019. En abril de 2026, se sumaron 3,22 kilómetros adicionales en la avenida Boyacá y la calle 183. Según cifras del IDRD, la extensión total pasó de 138,24 a 141,46 kilómetros, acompañada por el trabajo de los Guardianes de la Ciclovía, quienes orientan a la comunidad y actúan como primeros respondientes.

En paralelo, la Ciclovía Alternativa ofrece talleres gratuitos dos domingos al mes en lugares itinerantes, permitiendo que la ciudadanía explore nuevas disciplinas deportivas. El director del IDRD, Daniel García Cañón, expresó que llevar la Ciclovía a más barrios significa acercar el bienestar y que compartir esta experiencia con Quito abre la puerta a seguir mejorando el programa.

El fortalecimiento de la Ciclovía incluye mejoras en los módulos de alimentos gracias a la alianza entre el IDRD y Bavaria, a través de Pony Malta, mejorando así las condiciones de quienes trabajan en estos puntos. Además, se reemplazaron 683 vallas y se expandieron los puntos de la Escuela de la Bicicleta. Frente a obras viales, como la del Corredor Carrera Séptima, el IDRD ha adaptado la operación para mantener conectividad en la ciudad, demostrando la capacidad de adaptación continua del programa.

La invitación del IDRD es a disfrutar la Ciclovía todos los domingos y festivos, de 7:00 a. m. a 2:00 p. m., consultando los recorridos en sus canales oficiales. Así, Bogotá reafirma su apuesta por la convivencia urbana y la vida activa en bicicleta.

¿Cómo se ha ampliado la red de la Ciclovía de Bogotá en los últimos años?

La red de la Ciclovía ha visto una notable expansión bajo la gestión actual, sumando corredores en barrios como Bosa, Kennedy, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Puente Aranda, así como nuevos tramos en la avenida Boyacá y la calle 183. Según el IDRD, esto permitió que la extensión total llegara a 141,46 kilómetros, incluyendo acciones complementarias como la actualización de vallas y la incorporación de los Guardianes para guiar y proteger a los usuarios.

¿Qué es el programa Ciclovía Alternativa de Bogotá y cómo funciona?

El programa Ciclovía Alternativa, liderado por el IDRD, ofrece talleres gratuitos y abiertos al público dos domingos al mes, en puntos itinerantes a lo largo de la red. Este espacio busca integrar nuevas prácticas deportivas, permitiendo a las personas explorar disciplinas distintas y fomentando la actividad física, la recreación y la interacción entre vecinos durante la tradicional jornada de Ciclovía.

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Actualmente, la principal ocupación del Centro Democrático se centra en la preparación para el proceso electoral que tendrá lugar el próximo año. Este trabajo previo es clave, tanto para la estructura interna del partido como para su proyección nacional. De acuerdo con las declaraciones recogidas, el partido ha finalizado recientemente la fase de inscripción para celebrar sus convenciones municipales, programadas entre el 21 y el 25 de noviembre. En este proceso se logró la vinculación de algo más de 25.000 nuevos militantes. Estas personas, quienes se integran a los integrantes ya existentes, participarán activamente en la selección de precandidatos para diversos cargos de elección popular: concejos municipales, alcaldías y juntas administradoras locales.

La estrategia del partido, según la información proporcionada, consiste en reforzar la organización y fomentar la participación de las bases para afrontar de manera sólida y cohesiva las elecciones del año entrante. Se han referido a esta contienda como las elecciones de la consolidación política del Centro Democrático. Para el partido, el reto en el corto plazo radica en mantener la motivación de sus integrantes y la dinámica de trabajo, sustentando así su proyecto de liderazgo nacional a partir de la participación colectiva. Toda esta fase de organización y movilización se da en un contexto de fortalecimiento interno y proyección electoral, de acuerdo con la visión que busca imprimir el presidente Uribe en el accionar del partido.

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¿En qué está concentrado el Centro Democrático para las elecciones del próximo año?

El Centro Democrático actualmente está enfocado en organizarse internamente mediante la selección de nuevos militantes y la preparación de convenciones municipales. Esta labor tiene como objetivo principal escoger a los candidatos que participarán en los cargos de concejo, alcaldía y juntas administradoras locales, reforzando así su estructura con miras a las elecciones del año próximo.

¿Qué significa para el Centro Democrático la llamada “consolidación política” en las próximas elecciones?

La “consolidación política” a la que hace referencia el Centro Democrático implica fortalecer aún más su presencia y liderazgo a nivel local y nacional. Esto se busca lograr mediante la suma de nuevos militantes, la organización de sus bases y la selección transparente de sus candidatos para los diferentes cargos públicos, conforme a la visión estratégica promovida por las directivas del partido.

El primer individuo que llegó al lugar llamó a la puerta y sostuvo una corta conversación con Cañizales, quien luego regresó al interior de su casa. Sin embargo, la tranquilidad se quebró minutos después, cuando otros dos sujetos se presentaron en ese mismo lugar y, tras volver a llamar, esperaron a que la víctima saliera para dispararle antes de huir. A pesar de la pronta atención y traslado a un centro asistencial, la gravedad de las heridas ocasionó la muerte de Cañizales.

El impacto de este suceso en la comunidad aumentó cuando, luego del asesinato, autoridades revelaron que Cañizales contaba con cuatro anotaciones judiciales previas por delitos como homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes. Según la Policía, había recuperado su libertad hacía aproximadamente ocho meses tras haber estado privado de la libertad en un establecimiento carcelario. Esta información, de acuerdo con las autoridades, forma parte de la investigación, aunque aún no se ha determinado si sus antecedentes tenían alguna relación directa con el ataque de esa madrugada.

El caso generó de inmediato un plan candado y un despliegue conjunto de unidades de vigilancia, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y miembros de inteligencia policial para intentar identificar a los responsables del homicidio. Hasta el momento, no se han reportado capturas ni se conoce el móvil del crimen. Los investigadores continúan con la recolección de pruebas y la verificación de testimonios para esclarecer los hechos y dar con quienes participaron en el ataque que acabó con la vida de alias ‘Cacerolo’.

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¿Qué antecedentes judiciales tenía Camilo Cañizales, alias ‘Cacerolo’?

Según información entregada por la Policía Metropolitana de Ibagué, Camilo Cañizales registraba cuatro anotaciones judiciales relacionadas con homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes. Además, se había reintegrado a la sociedad hacía cerca de ocho meses, después de haber estado recluido en un centro carcelario.

¿Cómo avanzan las investigaciones por el asesinato de alias ‘Cacerolo’ en Ibagué?

Las autoridades, incluidas unidades de vigilancia, agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y personal de inteligencia policial, implementaron un plan candado y continúan recolectando pruebas para identificar a los responsables. Hasta el momento, no se han producido capturas y aún no se ha confirmado el motivo detrás del homicidio.

En una jornada electoral caracterizada por una marcada polarización ciudadana y una extensión de dos horas en el cierre de los colegios electorales —decretada por el Tribunal Supremo tras denuncias de trabas para votar—, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) se impuso con el 51,78 % de los votos, equivalentes a 64,2 millones de sufragios, frente al 48,22 % (59,8 millones) obtenido por el candidato de derecha Flávio Bolsonaro.

El desenlace de los comicios no tardó en repercutir con fuerza en el escenario internacional. Desde territorio brasileño, a donde viajó específicamente para hacer seguimiento a la jornada democrática y respaldar al movimiento de derecha, la exsenadora colombiana María Fernanda Cabal se pronunció de inmediato para rechazar el balance oficial y enviar un espaldarazo categórico al hijo del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro:

“Flavio Bolsonaro, Dios no se queda con nada y hará justicia. Aquí estamos, a tu lado por el Brasil”, expresó la dirigente política nacional a través de sus redes sociales.

 

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La postura de la excongresista sintoniza directamente con el clima de tensión e inconformidad instalado en el campamento opositor. Tras conocerse los boletines definitivos, Flávio Bolsonaro declaró públicamente que “es imposible reconocer el resultado” del proceso electoral, atribuyendo el giro en los porcentajes a la decisión judicial que prorrogó las votaciones. Ante este panorama, el candidato del Partido Liberal (PL) anticipó que su equipo jurídico exigirá la anulación formal de los comicios.

En la orilla opuesta, durante su discurso desde Brasilia, Lula da Silva agradeció el respaldo popular y enfatizó que los ciudadanos acudieron masivamente a las urnas para “garantizar la democracia”. El mandatario electo también advirtió sobre la influencia de factores externos y prometió regular el uso de plataformas digitales. No obstante, analistas coinciden en que el estrecho margen porcentual y la sombra de los procesos judiciales que pesan sobre el clan Bolsonaro dejan un escenario de alta fragilidad política para el próximo cuatrienio en la mayor economía de la región.

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El exjefe de Estado sostuvo que, después de los señalamientos que lo han relacionado con presuntos hechos de corrupción y narcotráfico, ahora se busca exponer aspectos de su intimidad. También cuestionó a quienes, según él, estarían detrás de una operación para indagar sobre sus relaciones personales.

“Nunca he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales”, afirmó Petro en el pronunciamiento, en el que rechazó las acusaciones y defendió su trayectoria en la administración pública.

Ante el intento de intromisión en mi vida íntima y sexual dado que no pudo comprobar ningún hecho de corrupción o narcotráfico en mi existencia, este es mi comunicado: pic.twitter.com/I0dDYSVjtF

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 25, 2026

Petro cuestionó las denuncias y defendió su vida privada

Jiménez aseguró en la entrevista con Dávila que mantuvo una relación con Petro y que obtuvo contratos durante cerca de cinco años en entidades como el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

La mujer también habló de supuestas reuniones en hoteles y viviendas, en las que, según su relato, se consumían sustancias alucinógenas. Además, afirmó que entre 30 y 40 mujeres habrían integrado un círculo cercano al exmandatario y que algunas recibían contratos a cambio de encuentros íntimos.

Petro rechazó que se utilice su vida privada para cuestionar su conducta y sostuvo que no ha cometido delitos en sus relaciones personales. Asimismo, aseguró que nunca ha sometido a una mujer ni ha empleado el poder público para obtener beneficios íntimos.

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El expresidente también defendió los programas estatales dirigidos a mujeres en condiciones de vulnerabilidad económica, incluidas madres cabeza de hogar y mujeres que ejercen el trabajo sexual. Según explicó, esas iniciativas buscan ampliar sus oportunidades laborales y educativas, y no tienen relación con las acusaciones divulgadas.

El expresidente habló de libertad y respeto a las mujeres

En su comunicado, Petro señaló que la intimidad debe protegerse y cuestionó que se convierta en un asunto de exposición pública. También afirmó que sus principios personales están relacionados con la libertad, la igualdad y el respeto por las decisiones de otras personas.

El exmandatario defendió, además, las políticas sociales de su Gobierno y aseguró que las mujeres de menores ingresos estuvieron entre las principales beneficiarias de su gestión. En ese contexto, mencionó un aumento del 41 % en sus ingresos reales, cifra que atribuyó a los resultados de sus políticas económicas y sociales.

Las declaraciones de Jiménez y la respuesta de Petro mantienen la controversia en el terreno público. Los señalamientos sobre presuntos contratos a cambio de encuentros íntimos constituyen acusaciones que deben ser verificadas; el comunicado del expresidente, por su parte, recoge su rechazo a esas versiones.

Esta preocupación por la exclusión se hace más evidente en el contexto del futuro de las bibliotecas públicas, visto como un espacio de encuentro con diferentes ideas y expresiones. En apoyo a ese mensaje, cuatro exdirectoras de la Biblioteca Nacional manifestaron públicamente su inquietud, según se informó en un pronunciamiento difundido el sábado 24 de octubre. En ese documento, expresaron su desacuerdo con recientes decisiones del Ministerio de Cultura, advirtiendo que detener los programas de la biblioteca podría poner en riesgo derechos fundamentales como la lectura, la educación, la investigación y el acceso a la cultura. Subrayaron en su carta que "las bibliotecas no imponen nunca una sola lectura: procuran que podamos encontrarnos en la diversidad de sus colecciones y pensar por nosotros mismos", de acuerdo con información publicada por El Espectador.

Durante la jornada, los manifestantes también rechazaron la participación de sectores religiosos en decisiones políticas, que, según afirmaron, afectan libertades individuales. Subrayaron que no aceptan la imposición de ninguna ideología religiosa sobre los cuerpos, las escuelas y las libertades, tal como se lee en la convocatoria de Lilas y Lavandas: "el Estado es de todas, todos y todes" y "nuestros derechos no se negocian".

Por su parte, otro colectivo llamado Fattal realizó un plantón que incluyó un recorrido histórico por la represión de la disidencia sexual y de género en Colombia, guiado por el historiador Felipe Caro. De acuerdo con información de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, las movilizaciones transcurrieron sin incidentes que alteraran la convivencia.

En medio de esta coyuntura, se anunció que a finales de noviembre el Museo Nacional presentará una exposición basada en el Informe Final de la Comisión de la Verdad, centrada en la historia del conflicto armado colombiano, los testimonios de las víctimas y recomendaciones para la paz. La apertura de la muestra coincidirá con el décimo aniversario del Acuerdo de Paz de 2016. Sin embargo, esta noticia se da en un contexto de polémica, ya que algunas piezas significativas, como el balígrafo con el que se firmó el acuerdo, fueron retiradas por orden del presidente Abelardo de la Espriella, generando debate sobre la representación de la historia política del país.

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¿Por qué colectivos LGBTIQ+ y de mujeres protestaron frente al Museo Nacional y la Biblioteca Nacional?

Colectivos de mujeres y de la población LGBTIQ+ protestaron debido a decisiones recientes del Ministerio de Cultura que, según señalan, excluyen la diversidad de los espacios educativos y culturales. Las organizaciones manifestaron su preocupación por el futuro de las bibliotecas públicas y el posible riesgo para derechos como la lectura, la educación y la cultura, expresando además un rechazo a la influencia religiosa en la toma de decisiones políticas sobre temas de libertades y derechos individuales.

¿Qué papel tiene la Comisión de la Verdad en la nueva exposición del Museo Nacional?

La Comisión de la Verdad es fundamental en la nueva exposición programada para el Museo Nacional, ya que esta muestra está basada en su Informe Final. El contenido aborda la historia del conflicto armado colombiano, testimonios de víctimas, las causas de la persistencia de la violencia y propuestas para construir la paz, contexto relevante en el aniversario del Acuerdo de Paz de 2016.

Durante su alocución, De la Espriella defendió la gestión realizada hasta el momento afirmando que las decisiones adoptadas no obedecen a presiones de sus detractores políticos ni de aquellos a quienes venció en las urnas. Subrayó que su propósito es transformar un “sistema que se resiste a cambiar”, enfatizando que su gobierno prioriza el servicio al pueblo colombiano y no busca congraciarse con los actores tradicionales de la política nacional. De la Espriella aseguró que mantiene la firmeza frente a las críticas, sin modificar su hoja de ruta ni dejarse imponer decisiones sobre nombramientos en su equipo.

Abordando el manejo presupuestal, el presidente destacó recortes en el sector público por COP 267.000 millones y una reducción de COP 192.000 millones específicamente en la Presidencia de la República. Informó que, de los 1.018 cargos disponibles, 586 están ocupados, y mencionó la finalización de 32 contratos de prestación de servicios por COP 2.200 millones. Además, el mandatario hizo énfasis en la labor del Fondo Patria Milagro para reconstrucción, detallando fondos disponibles por COP 1 billón, con nuevos aportes previstos para noviembre. Explicó que ya se han destinado COP 332.000 millones para 7.385 viviendas y COP 4.600 millones en apoyos a pequeños negocios, así como COP 50.000 millones para demoliciones. Todo esto, según cifras y datos citados por El Espectador.

Respecto al sector energético y el Fenómeno del Niño, el presidente informó que octubre fue el mes más seco del semestre y que el nivel de agua en los embalses bajó un 40 %, situándose la capacidad en 75,8 %, con una meta del 80 % para finales de noviembre. Dijo que se adelantan investigaciones a empresas generadoras por posibles incumplimientos y lanzó una campaña nacional para el ahorro de agua, energía y gas. Además, señaló inversiones en educación a través del Sena y Google, con un millón de becas enfocadas en inteligencia artificial y tecnología, más de COP 43.800 millones para trabajadores y COP 34.000 millones en apoyo a emprendedores de regiones afectadas por un terremoto reciente. Por último, resaltó los nuevos giros para adultos mayores, quienes recibirán hasta COP 230.000 cada uno, para lo cual se destinaron COP 669.581 millones, intentando subsanar un déficit de COP 3 billones en ese rubro.

De la Espriella resaltó que este tipo de balances los entrega cada semana y reiteró su apuesta ideológica de liderar una “batalla cultural” para consolidar, en sus palabras, una “patria milagro”, de acuerdo con el seguimiento realizado por El Espectador.

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¿Por qué se expidió el presupuesto 2027 por decreto en el gobierno de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con la información suministrada, el presupuesto para 2027 fue expedido por decreto debido a un error insubsanable detectado en un punto específico del trámite legislativo durante su paso por el Congreso. El presidente Abelardo de la Espriella explicó públicamente que, aunque la anomalía afectó solo una parte del articulado, no era posible corregirla dentro del procedimiento, por lo que la única salida era la expedición por decreto.

¿Cuáles son las principales medidas del Fondo Patria Milagro para la reconstrucción en Colombia?

Según datos citados por El Espectador, el Fondo Patria Milagro ha destinado recursos para la reconstrucción del país, acumulando un cupo de COP 1 billón con apoyo de partidos y un crédito del Banco Mundial. Entre las medidas más importantes están la asignación de COP 332.000 millones para 7.385 viviendas, COP 4.600 millones en apoyos a pequeños negocios, y COP 50.000 millones para demoliciones, todo en línea con la estrategia de manejo y recuperación liderada por el gobierno actual.

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En su discurso, el mandatario cuestionó a quienes, según él, guardaron silencio durante el cuatrienio anterior y ahora elevan la voz para señalar su gestión. “Mis detractores pretenden que en apenas 3 meses de gobierno resuelva el desastre que heredé después de 4 años de desidia, improvisación, falta de planeación, politiquería y gravísimos cuestionamientos de corrupción. ¡Qué cinismo tan grande!”, afirmó el jefe de Estado.

De la Espriella fue categórico al señalar que las fallas en seguridad, el debilitamiento institucional y el desorden en las finanzas públicas son herencia directa de la administración anterior. «Los mismos que guardaron silencio mientras se deterioraba la seguridad, se debilitaban las instituciones, se desordenaban las finanzas públicas y se las robaban, y se acumulaban los problemas del país, ahora exigen que todo se resuelva de la noche a la mañana», reclamó.

El presidente también rechazó de forma explícita las críticas provenientes de medios de comunicación y columnistas de opinión. Los describió como sectores «divorciados de las necesidades del pueblo» que nunca aceptaron su llegada al poder por provenir de fuera de los círculos tradicionales. «Esos que hoy me atacan siguen profundamente divorciados de la realidad nacional, porque son exactamente los mismos que durante la campaña aseguraban que mi candidatura no tenía sentido», sostuvo.

Pese a la dureza del tono, De la Espriella aclaró que no busca eludir compromisos. «No estoy buscando excusas ni eludiendo responsabilidades. Por eso trabajo 20 horas al día, es la única manera de sacar las cosas adelante», aseguró, al tiempo que apeló a su origen provincial como símbolo de representación ciudadana frente a las élites.

¿Cuáles son los principales problemas que De la Espriella atribuye al gobierno Petro?

El mandatario señaló que recibió un país con deterioro en seguridad, instituciones debilitadas, finanzas públicas desordenadas y señalamientos graves de corrupción. Para él, estos son los factores estructurales que explican por qué no es posible mostrar transformaciones profundas en menos de 90 días.

¿Por qué De la Espriella critica a los medios de comunicación?

El presidente los acusa de haber ignorado los problemas durante el gobierno anterior y de atacar ahora su gestión con motivaciones políticas, no ciudadanas. Además, sostiene que esos sectores nunca creyeron en su candidatura y fallaron al interpretar el sentir popular que lo llevó a la presidencia.

De acuerdo con la Fiscalía, la situación se originó el 20 de septiembre, alrededor de las 2:03 de la tarde, cuando José Luis Guerrero, amigo de Donovan, estaba reunido con su entorno familiar. Momentos después, una discusión entre dos mujeres atrajo la atención de policías motorizados. Testimonios recopilados por la Fiscalía señalaron que uno de estos uniformados pronunció expresiones racistas y profería amenazas, lo que tensó el ambiente en el lugar.

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran que, tras solicitar apoyo, llegaron más uniformados al sector. Aunque informaron asistir por una “riña campal”, el fiscal del caso afirmó que los videos no muestran una confrontación de tal magnitud. Según la investigación, los policías movieron una motocicleta y, al intervenir Guerrero para pedir explicaciones, este fue rodeado, sometido con descargas eléctricas y detenido.

La tensión creció con la llegada del comandante de la Estación de Cazucá y del Grupo de Operaciones Especiales (GOES). Donovan Balanta apareció en medio de esta situación: la Fiscalía afirma que lanzó dos objetos a los policías antes de intentar huir, lo que desencadenó su persecución, captura y sometimiento. Una vez detenido, recibió golpes, patadas y repetidas descargas de una pistola Taser, antes de ser trasladado a la estación de policía.

Dentro de la Estación de Cazucá, las cámaras mostraron a Balanta esposado, tendido en el suelo y con evidente deterioro en su condición física. La Fiscalía señala que durante su estancia en la estación recibió más descargas eléctricas, pese a que pedía ayuda y manifestaba dolor en el pecho y dificultad para respirar. Las imágenes también muestran los intentos fallidos por levantarlo y la demora en brindarle atención médica: fue trasladado a un hospital 19 minutos después de su ingreso, cuando ya estaba inconsciente.

El informe de Medicina Legal estableció la causa de muerte como arritmia cardíaca asociada al uso de un ‘dispositivo de conducción eléctrica’. Las lesiones descritas en la necropsia son compatibles con golpes y descargas eléctricas. Sin embargo, el estudio histopatológico aclaró que no era posible establecer una relación causal directa solo con esos hallazgos.

Actualmente, cuatro policías enfrentan cargos de homicidio agravado y tortura agravada. Dos de ellos, además, por falsedad ideológica en documento público. La audiencia para definir su detención quedó programada para el lunes 26 de octubre. El proceso sigue en curso, pendiente todavía la captura de otro implicado, según El Espectador.

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¿Qué pruebas existen sobre la muerte de Donovan Balanta en la Estación de Policía de Cazucá?

Las principales pruebas que rodean la muerte de Donovan Balanta incluyen registros de cámaras de seguridad que documentan su restricción física, las descargas eléctricas y la actuación policial tanto durante como después de la detención. Según la Fiscalía y reportes de Noticias Caracol y El Espectador, la necropsia de Medicina Legal documentó lesiones compatibles con descargas eléctricas y golpes, y determinó como causa de muerte una arritmia cardíaca relacionada con el uso de un dispositivo eléctrico. Además, el testimonio de José Luis Guerrero y los registros audiovisuales forman parte clave de la investigación judicial en curso.

¿Cuál es el significado de arritmia cardíaca asociada a dispositivo de conducción eléctrica?

En el contexto del caso de Donovan Balanta, una arritmia cardíaca asociada a dispositivo de conducción eléctrica significa que la causa de muerte, según Medicina Legal, fue una alteración del ritmo normal del corazón provocada por el uso de una pistola eléctrica (Taser). Sin embargo, el estudio histopatológico aclaró que estos hallazgos, por sí solos, no permiten asegurar una relación directa entre las descargas y el fallecimiento, por lo que deben analizarse junto a otras evidencias del caso.

“Sé que muchos han estado esperando los recursos de Colombia Mayor y quiero decirles que estamos trabajando para garantizarles el apoyo. Recibimos un programa con un déficit de más de 3 billones de pesos” aseguró De la Espriella durante su alocución de la noche del domingo 25 de octubre.

Sin embargo, el actual jefe de Estado aseguró que no hay excusa para dejar a los abuelos a la deriva y que los giros para los beneficiados de Colombia Mayor iniciarán este miércoles 28 de octubre. Según De la Espriella, el programa beneficiará a más de 2’800.000 personas que tendrán pagos de hasta 230.000 pesos

“Por lo pronto, voy a seguir pagándoles lo que ya estaba acordado, porque encontramos un hueco gigantesco. Para cumplir este compromiso hemos destinado 669.581 millones de pesos”, anunció el mandatario.

El mandatario le pidió a su ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, que priorice en la modificación del presupuesto para 2027 a la atención de los beneficiarios de Colombia Mayor. También le pidió a los congresistas que aprueben la iniciativa.

Las investigaciones de la Fiscalía han identificado que durante la campaña, Ricardo Roa habría permitido el ingreso de al menos COP 1.664 millones por encima de los topes permitidos por la ley. El Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció que su equipo de trabajo habría excedido los límites legales, lo que llevó a que la organización recibiera mucho más dinero del que la legislación permite, centrando así las sospechas sobre Roa como principal responsable de monitorear los recursos y asegurar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.

En paralelo, este lunes 26 de octubre se llevará a cabo la audiencia de acusación contra Germán Arias Cortés, exfiscal, procesado por un presunto delito de acoso sexual contra Yeraldín Acuña, quien era su subalterna en el Tribunal Superior de Bogotá. El caso, ventilado por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, reúne denuncias de abusos físicos y verbales, tras lo cual la Fiscalía relató que el acoso comenzó con insinuaciones e invitaciones de carácter sexual, escalando luego a contactos físicos no consentidos y amenazas relacionadas con posibles traslados o despidos, impactando significativamente la salud de la víctima.

Por otro lado, el 28 de octubre se reanudarán las audiencias preparatorias al juicio contra Sandra Paola Hurtado, exgobernadora del Quindío. Hurtado enfrenta cargos de presunta corrupción, específicamente por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en cuatro contratos superiores a COP 20.700 millones en 2015. Además, en 2017 la Procuraduría la destituyó por celebrar convenios interadministrativos por COP 36.398 millones sin el debido proceso de selección objetiva, involucrando a empresas locales y la gobernación, lo que complicó aún más su situación jurídica.

¿Por qué Ricardo Roa es acusado de violar los topes electorales en la campaña Petro Presidente?

Ricardo Roa enfrenta una acusación judicial porque, en su calidad de gerente de la campaña Petro Presidente en 2022, habría permitido que se ingresaran fondos superiores a los legalmente permitidos para ese proceso electoral. Según la Fiscalía y lo determinado por el Consejo Nacional Electoral, la campaña sobrepasó el monto autorizado por la ley, situando a Roa como el principal responsable de la supervisión financiera, lo que constituye una supuesta violación de los topes electorales.

¿Cuáles son los cargos que enfrenta la exgobernadora Sandra Paola Hurtado por presunta corrupción?

Sandra Paola Hurtado está siendo procesada por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Las acusaciones están relacionadas con irregularidades detectadas en cuatro contratos celebrados por su administración en 2015 por más de COP 20.700 millones y, además, por haber firmado convenios interadministrativos en 2017 sin respetar los procesos de selección objetiva, lo que desencadenó su destitución por parte de la Procuraduría.

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De acuerdo con los comunicados de Migración Colombia, estos ciudadanos extranjeros estaban siendo señalados por presuntas conductas delictivas, tales como tráfico de estupefacientes, hurto, porte ilegal de armas, daños inmobiliarios y otros comportamientos que justificaron su expulsión del país. Este procedimiento se fundamentó en una serie de cruces de datos entre diferentes entidades. En particular, se cotejaron los registros del Sistema Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, el Sistema de Información SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio) de la Fiscalía General de la Nación y las bases de datos propias de Migración Colombia. Con este análisis, se determinó que algunas de estas personas acumulaban hasta 55 medidas correctivas impuestas por comportamientos contrarios a la convivencia desde el año 2021.

Adicionalmente, se reportó que 18 de los extranjeros expulsados se encontraban en etapa de indagación preliminar por hechos que podrían ser delitos, lo cual reforzó la decisión de la medida adoptada. El presidente Abelardo de la Espriella respaldó públicamente esta acción a través de sus redes sociales, al afirmar que el país mantiene una política de puertas abiertas para quienes vienen a trabajar de forma honesta, pero actúa con firmeza contra quienes intentan violentar la ley y afectar la tranquilidad de la ciudadanía. Para el mandatario, quienes migran y trabajan respetando las normas son siempre bienvenidos; en cambio, quienes quieran aprovechar su condición de migrantes para delinquir encontrarán una respuesta contundente por parte del Estado colombiano.

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¿Por qué Migración Colombia expulsó a 27 ciudadanos extranjeros en Arauca?

Migración Colombia tomó la decisión de expulsar a 27 extranjeros en Arauca ya que, según sus análisis interinstitucionales, estas personas representaban un alto riesgo para la comunidad. Entre las razones principales se encuentran su permanencia irregular en el país y las múltiples medidas correctivas y antecedentes judiciales relacionados con delitos como tráfico de estupefacientes, hurto, porte de armas y daños inmobiliarios, de acuerdo con los registros de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué es el Sistema Nacional de Medidas Correctivas usado por la Policía Nacional?

El Sistema Nacional de Medidas Correctivas es una base de datos empleada por la Policía Nacional de Colombia para registrar las sanciones y medidas impuestas a personas que cometen conductas contrarias a la convivencia. Estas medidas pueden incluir advertencias, multas y otras acciones administrativas que buscan prevenir comportamientos que afecten la seguridad y el bienestar ciudadano, tal como se mencionó en la verificación de antecedentes de los expulsados por Migración Colombia.

La influencia de Carlos Suárez, estratega y presidente de la junta directiva de Ecopetrol, fue relevante para la consolidación de los cambios. De acuerdo con El Espectador, su participación fue definitiva para que Miguel Gómez permaneciera como ministro de Hacienda. Esto refleja la importancia de los acuerdos internos y los respaldos estratégicos en la permanencia de figuras clave dentro del gabinete gubernamental.

Los movimientos en el poder no solo responden a la coyuntura inmediata, sino que buscan establecer una hoja de ruta definida para los primeros 100 días del mandato de De la Espriella, que culminan el 15 de noviembre. Esta estrategia tiene como fin enviar un mensaje claro al Congreso respecto al tipo de relación que se entablará a partir de ahora, especialmente cuando el escenario electoral empieza a calentarse de cara a las elecciones regionales de 2027.

El núcleo duro del Gobierno, encargado de liderar lo que denominan “batalla cultural” por una “patria milagro”, sigue siendo objeto de análisis y debate, según lo describe El Espectador. Por su parte, la oposición observa y responde a estos movimientos, donde el Pacto Histórico, liderado por el expresidente Gustavo Petro, ya prepara estrategias para influir y enfrentar las nuevas decisiones.

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¿Por qué Alejandro Ordóñez fue designado como nuevo ministro del Interior?

La designación de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior se da tras la salida de Rodrigo Lara, quien apenas llevaba 75 días en el cargo. Ordóñez, quien venía desempeñándose como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), asume la cartera con una perspectiva clara hacia el lineamiento político que busca implementar el presidente De la Espriella, de acuerdo con lo consignado por El Espectador.

¿Qué impacto tienen los cambios en el gabinete del Gobierno De la Espriella en el Congreso y las próximas elecciones?

Los recientes cambios en el gabinete del Gobierno De la Espriella, especialmente en el Ministerio del Interior y Hacienda, buscan fortalecer la ruta política del Ejecutivo y trazar un nuevo tono en la relación con el Congreso, justo en un momento en que se aproximan las elecciones regionales de 2027. Esta reestructuración también influye en las estrategias de la oposición, que ya afina su respuesta frente a los movimientos recientes, según lo reportado por El Espectador.

La medida se llevó a cabo mediante un trabajo coordinado entre Migración Colombia y la Policía Nacional. De acuerdo con el mandatario, los procedimientos hacen parte de las acciones de su Gobierno para enfrentar la delincuencia y reforzar los controles migratorios en el país.

“Colombia tiene las puertas abiertas para quienes vienen a trabajar honradamente, pero cerradas para quienes pretenden delinquir y aterrorizar a nuestra gente”, manifestó el jefe de Estado al referirse a las medidas contra los ciudadanos extranjeros.

21 extranjeros fueron trasladados desde Arauca

Uno de los principales operativos se adelantó en Arauca, donde las autoridades intervinieron a 21 ciudadanos extranjeros. Según el anuncio presidencial, estas personas fueron trasladadas hacia Paraguachón, en La Guajira, para su entrega a las autoridades venezolanas.

El mandatario también indicó que se han adelantado actuaciones migratorias en otras ciudades, aunque no entregó detalles adicionales sobre los lugares en los que se desarrollaron esos procedimientos.

Entre los casos mencionados por el presidente hay dos que destacó por sus antecedentes. Uno de los ciudadanos deportados registra ocho anotaciones en el Sistema Penal de la Fiscalía General de la Nación y enfrenta un proceso por hurto calificado.

Otro de los extranjeros expulsados acumula 55 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia, según la información divulgada por el Gobierno.

De la Espriella lanzó advertencia contra la delincuencia

El presidente sostuvo que Colombia recibirá a los extranjeros que lleguen a trabajar, respetar las leyes y contribuir al país, pero advirtió que habrá medidas contra quienes utilicen su condición migratoria para cometer delitos.

“Colombia no es refugio de delincuentes, vengan de donde vengan”, afirmó el mandatario, quien insistió en que su administración mantendrá una política de tolerancia cero frente a las conductas que afecten la seguridad.

¡COLOMBIA TIENE LAS PUERTAS ABIERTAS PARA QUIENES VIENEN A TRABAJAR HONRADAMENTE, PERO CERRADAS PARA QUIENES PRETENDEN DELINQUIR Y ATERRORIZAR A NUESTRA GENTE!

La acción coordinada de Migración Colombia y la Policía Nacional permitió la expulsión y deportación de 27 ciudadanos extranjeros, vinculados con atracos, tráfico de drogas, porte ilegal de armas y otras conductas que afectan la seguridad ciudadana.

En Arauca se adelantaron procedimientos contra 21 ciudadanos extranjeros, con traslado hacia Paraguachón, en La Guajira, para su entrega a las autoridades venezolanas. También se han desarrollado actuaciones migratorias en otras ciudades del país.

Uno de los deportados registra ocho anotaciones en el Sistema Penal de la Fiscalía General de la Nación y enfrenta un proceso por hurto calificado. Otro de los expulsados acumula 55 medidas correctivas por conductas contrarias a la convivencia.

¡QUE LES QUEDE ABSOLUTAMENTE CLARO: COLOMBIA NO ES REFUGIO DE DELINCUENTES, VENGAN DE DONDE VENGAN!

Los extranjeros que llegan a trabajar, producir, respetar nuestras leyes y contribuir al progreso nacional son bienvenidos. Pero quienes pretendan aprovechar su condición de migrantes para cometer delitos encontrarán toda la contundencia del Estado.

¡CERO TOLERANCIA CON LA DELINCUENCIA EN LA PATRIA MILAGRO!

La seguridad de los colombianos y la soberanía nacional se respetan y se hacen respetar.

¡Bienvenidos a la Patria Milagro!

¡Firme por la Patria!

¡Que viva Cristo Rey!

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 25, 2026

De la Espriella también señaló que la protección de los ciudadanos y el respeto por la soberanía nacional son prioridades de su Gobierno. Sin embargo, el anuncio no incluyó información detallada sobre la situación migratoria individual de los 27 extranjeros ni sobre las decisiones administrativas específicas que sustentaron cada expulsión o deportación.

Las expulsiones y deportaciones son medidas migratorias distintas, por lo que la situación jurídica de cada persona depende del procedimiento aplicado por las autoridades competentes.

De acuerdo con la información, la entrega de la joven contó con la participación de una comisión humanitaria compuesta por la Defensoría del Pueblo, representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), organizaciones defensoras de derechos humanos y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La presencia del arzobispo de Popayán, monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, también hizo parte de este acto humanitario, otorgándole legitimidad y respaldo social.

Los hechos que rodearon la retención de la adolescente se remontan al 12 de septiembre, fecha en que fue capturada en la vereda Togalma durante enfrentamientos armados entre el ELN y la columna móvil Dagoberto Ramos, perteneciente a las disidencias de las FARC, conocidas como Estado Mayor Central (EMC). De acuerdo con un comunicado emitido por el Frente Guerrillero Manuel Vásquez Castaño, del ELN, la adolescente hacía parte de esa estructura insurgente. Asimismo, en el mismo comunicado se mencionó que dos integrantes de la columna Dagoberto Ramos perdieron la vida en dicho combate.

La noticia de la liberación de la joven fue difundida el mismo día en que el presidente Abelardo de la Espriella anunció el aumento en el número de personas fallecidas tras un bombardeo llevado a cabo en un campamento del ELN, ubicado en la zona rural de El Tambo, también en el departamento del Cauca. Según lo informado por el mandatario, el saldo mortal ascendió a diez personas, incluyendo a "Marcos Pacífico", considerado jefe del frente José María Becerra, así como a "Ochenta" y "Murillo".

El Gobierno nacional denominó a esta acción militar como operación Ónix y la presentó como uno de los golpes más significativos contra el ELN en los últimos ocho años. Asimismo, De la Espriella señaló que "Marcos Pacífico" estaba vinculado a delitos como homicidios, reclutamiento de menores y desplazamientos forzados, según sus declaraciones.

La continuidad del conflicto en el Cauca y la intervención de organismos internacionales refuerzan la necesidad de seguir observando la situación humanitaria en la zona, como evidencia la labor de entidades como la ONU, la MAPP/OEA y la Defensoría del Pueblo, citadas por El Espectador.

¿Cómo fue liberada la adolescente retenida por el ELN en Cauca?

La liberación de la adolescente se efectuó tras 43 días de cautiverio en Inzá, Cauca, y contó con la intervención de una comisión humanitaria integrada por entidades nacionales e internacionales de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, la ONU y la MAPP/OEA, así como organizaciones indígenas y religiosas. Estas instituciones participaron en la entrega y garantizaron que el proceso fuera respetuoso y transparente, según la información publicada por El Espectador.

¿Qué es la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y cuál fue su función en el caso?

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) es un organismo internacional encargado de brindar acompañamiento y verificación en procesos de paz y situaciones de crisis humanitarias. En el caso de la liberación de la adolescente, la MAPP/OEA formó parte de la comisión humanitaria que facilitó y supervisó el acto, proporcionando garantías para las partes involucradas y reforzando la legitimidad del procedimiento.

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En este escenario, tanto partidos políticos como comunidades, incluidas minorías como la población LGBTIQ+, buscan claridad sobre el manejo que tendrá Ordóñez en el Ministerio. La incertidumbre persiste respecto a los canales para tratar iniciativas como la ley de sometimiento, el estatuto antiterrorista, la ley de ajuste fiscal y el plan de desarrollo. Esta situación se presenta a raíz de la transición en el liderazgo del Ministerio, que ocurrió justo después de una aprobación presupuestal fallida en el Congreso, el cual terminó siendo expedido mediante decreto por un error legislativo, según confirmaron fuentes citadas por El Espectador.

Diversas voces ya han reaccionado al inminente nombramiento. Por ejemplo, Honorio Enríquez, presidente del Senado y miembro del Centro Democrático, apoyó la designación, mientras que el Partido Conservador también expresó su respaldo. En contraste, la oposición, liderada por Iván Cepeda del Pacto Histórico, se manifestó en desacuerdo. Las tensiones internas quedaron expuestas especialmente por los desacuerdos entre Rodrigo Lara y Carlos Suárez, principal estratega de De la Espriella y presidente de la junta directiva de Ecopetrol. María José Valenzuela, pareja del exministro, aseguró: “Salió porque no le siguió la cuerda a Carlos Suárez”, revela El Espectador.

Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, mantiene su puesto a pesar del problema en el trámite presupuestal. Su continuidad, según explicó El Espectador, estaría respaldada por su relación cercana con Suárez y la necesidad de enviar un mensaje de estabilidad a los mercados, en un contexto donde el país gestiona apoyo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ajuste realizado fue quitarle la vocería sobre asuntos presupuestales y entregarla al vicepresidente José Manuel Restrepo. Ordóñez asumirá pronto y queda abierta la expectativa sobre cómo conformará su equipo y responderá a los desafíos políticos y sociales inmediatos.

¿Por qué la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior genera controversia política?

La llegada de Alejandro Ordóñez ha provocado controversia política principalmente por la forma inesperada en que salió Rodrigo Lara y por el debate sobre la alineación ideológica del nuevo gabinete con el gobierno de Abelardo de la Espriella, según informó El Espectador. A esto se suma la preocupación de partidos políticos y minorías sobre el trato que recibirán proyectos clave y comunidades históricamente marginadas.

¿Qué es la OEA y cuál era el cargo previo de Alejandro Ordóñez?

La Organización de Estados Americanos (OEA) es un organismo internacional dedicado a la promoción de la democracia, los derechos humanos y la cooperación entre sus países miembros en el continente americano. Alejandro Ordóñez ocupaba el cargo de embajador de Colombia ante la OEA antes de ser designado como ministro del Interior, de acuerdo con la información de El Espectador.

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El Espectador enfatiza que su categoría de videos está diseñada para facilitar el acceso a reportajes, entrevistas, documentales, coberturas en directo y análisis de coyuntura, orientados a distintos públicos y necesidades informativas. La estrategia apunta a una mejor comprensión de los hechos a partir de la narrativa visual, permitiendo que los usuarios se conecten de forma rápida y directa con los temas relevantes del momento. Todo ello se apoya en el prestigio que caracteriza al medio, el cual se reconoce por su rigurosidad y responsabilidad frente a los contenidos que publica.

En línea con esta tendencia, la relevancia de los formatos audiovisuales en la agenda mediática ha ido en aumento. Estos se convierten en herramientas fundamentales para acompañar al lector, quien cada vez demanda alternativas más adaptadas a la inmediatez y profundidad. De acuerdo con la información ofrecida, el acceso al contenido en video de El Espectador se facilita a través de botones específicos en su plataforma digital, contribuyendo a una experiencia de usuario más fluida y ordenada.

Así, el valor del material audiovisual disponible radica en la cercanía y veracidad de la información transmitida. De acuerdo con El Espectador, las piezas producidas se basan en el trabajo de reporteros, editores y camarógrafos que asumen la responsabilidad de comunicar lo que sucede en distintos escenarios del país y del mundo. Además, el medio garantiza que los contenidos publicados respetan altos estándares de verificación y contraste de fuentes, buscando fortalecer la confianza en lo que se reporta.

En este contexto, El Espectador reafirma su compromiso de innovar en los modos en que la información llega a sus audiencias, invitando a los usuarios a no perderse ninguna novedad en su sección de videos. Lo anterior responde, según se señala, a la necesidad de adaptarse a la evolución de los hábitos de consumo de noticias, que hoy privilegian la inmediatez sin sacrificar la profundidad y el rigor comunicativo.

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¿Cómo acceder a los videos informativos de El Espectador?

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¿Qué tipo de contenido se publica en la sección de videos de El Espectador?

De acuerdo con El Espectador, en la sección de videos se incluyen material como reportajes profundos, entrevistas, transmisiones en directo, documentales cortos y análisis de coyuntura. Este abanico de opciones responde a la meta de diversificar la información y ofrecer alternativas cercanas, profundamente verificadas y adaptadas a las nuevas formas de consumo mediático.

Del total mencionado, la UBPD reportó que ha logrado encontrar con vida a 640 personas previamente identificadas como desaparecidas, lo que representa un hito relevante en la labor humanitaria que desempeña la entidad. Por otro lado, también se ha esclarecido el paradero de 861 personas, quienes lamentablemente fueron halladas sin vida. Estos resultados han sido posibles gracias a los esfuerzos constantes y a la implementación de estrategias como la confidencialidad en los procesos de búsqueda, la cual, según Luz Janeth Forero, directora de la UBPD, ha favorecido que más personas entreguen información relevante para avanzar en las investigaciones humanitarias.

"Hoy, al menos 1.508 familias en Colombia saben qué pasó con su ser querido desaparecido. No solo porque hemos podido entregar dignamente sus cuerpos, sino también porque hemos logrado retornarlos con vida, un resultado que nos convierte en pioneros en el mundo", enfatizó Forero durante la audiencia, según información recogida por El Espectador.

La directora también señaló que, de las más de 137.000 personas consideradas dentro del universo de búsqueda de la UBPD, existen actualmente 41.813 solicitudes específicas para iniciar investigaciones de búsqueda. Cada una de estas solicitudes representa un caso que aporta datos fundamentales para reconstruir la historia y comprender lo ocurrido en cada desaparición.

En el presente año, la UBPD ha intervenido 85 lugares que podrían arrojar pistas sobre el paradero de personas desaparecidas: 33 ubicados en campos abiertos y 52 en cementerios. Además, se han recibido reportes sobre 526 nuevos sitios de interés forense, los cuales se convertirán en focos de investigación en futuras diligencias de búsqueda y recuperación.

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¿Cuántas personas desaparecidas han sido encontradas vivas por la UBPD en Colombia?

De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, 640 personas reportadas como desaparecidas han sido halladas con vida. Este dato fue presentado durante la rendición de cuentas de la entidad y muestra un avance significativo en la búsqueda humanitaria dentro del contexto del conflicto armado.

¿Qué rol cumple la confidencialidad en la búsqueda de desaparecidos en Colombia?

La confidencialidad en los procesos de búsqueda ha sido destacada por la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, como una herramienta fundamental que incentiva a más personas a brindar información clave para las investigaciones humanitarias, contribuyendo así a esclarecer el paradero de desaparecidos en el país.

El movimiento telúrico ocurrió a las 3:50 p. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 70 kilómetros. El evento fue localizado en las coordenadas 3,78° de latitud y -75,66° de longitud.

De acuerdo con la información entregada por el SGC, el epicentro se ubicó aproximadamente a 21 kilómetros de Chaparral. Otros municipios cercanos fueron San Antonio, a 24 kilómetros, y Roncesvalles, a 26 kilómetros.

El reporte señala que el evento fue detectado por 10 estaciones y permanece con estatus automático dentro del sistema de monitoreo sísmico. La información corresponde al registro inicial del organismo encargado de vigilar la actividad sísmica en Colombia.

Por su baja magnitud, el movimiento fue relativamente leve, aunque la percepción de un sismo puede variar dependiendo de la distancia al epicentro, la profundidad y las condiciones del terreno y las edificaciones.

Hasta el momento, el reporte técnico no incluye información sobre daños materiales o personas afectadas por este movimiento ocurrido en el departamento del Tolima.

La última semana estuvo marcada por largas y exhaustivas jornadas judiciales. El jueves 22 de octubre, la audiencia comenzó a tempranas horas y finalizó solo después de casi once horas de intervención. Pese al avance, el juez de control de garantías determinó suspender la diligencia, dándole carácter reservado a la continuación, que se realizó el viernes 23 de octubre. Esa sesión también se extendió considerablemente, finalizando entrada la noche, y sin que se tomara una decisión definitiva sobre la medida de aseguramiento. Fue necesario fijar una nueva fecha para este lunes 26 de octubre, momento en el que se espera claridad para las partes involucradas.

En el proceso están implicados los patrulleros Jonathan Alexander Giraldo Torres y Santiago Vargas Romero, el subintendente Henar Tapiero, y el mayor Roque Correa Yáñez, líder en ese entonces de la Estación de Policía de Cazucá, Soacha. Según la información expuesta por la Fiscalía, se les imputa homicidio agravado y tortura agravada, aunque con diferentes grados de participación. Además, Giraldo y Correa enfrentan cargos por falsedad ideológica en documento público, debido a irregularidades señaladas entre los registros oficiales y las pruebas recolectadas. En la audiencia, ninguno de los acusados aceptó los cargos.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, todo comenzó el 20 de septiembre, cuando una discusión barrial en Caracolí terminó en intervención policial. Tras el arribo de más agentes, Donovan Balanta, quien intentó huir tras lanzar una botella a los uniformados, fue perseguido, alcanzado, esposado y, según la investigación, agredido física y eléctricamente mediante descargas de pistola Taser, incluso cuando ya estaba reducido. Luego, fue llevado hasta la estación, donde, pese a pedir auxilio médico, no recibió atención oportuna y solo fue remitido al hospital cuando ya estaba inconsciente. Medicina Legal reportó una arritmia cardíaca provocada por el uso del dispositivo eléctrico, pero aclaró que la relación causal debía analizarse con la totalidad de pruebas del caso. Las diligencias también apuntan a inconsistencias en los reportes oficiales, configurando presunta falsedad en documento público.

Mientras tanto, la familia de Donovan Balanta sigue exigiendo justicia, y la captura de otro agente implicado, Naúm Hernando Vergel Lozano, está pendiente. Los ojos están puestos en la decisión del juez acerca de la privación de la libertad de los uniformados mientras continúa la investigación.

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¿Por qué se acusa a los policías del caso Donovan Balanta de falsedad ideológica en documento público?

La Fiscalía sostiene que dos de los uniformados implicados consignaron información falsa en los registros oficiales de la estación de policía. Según el ente acusador, los documentos indicaban que Balanta había sido trasladado de inmediato a un centro médico y que no hubo maltratos, versiones que contrastan con las pruebas recolectadas, las cuales muestran demoras y presuntas agresiones previas, hechos fundamentales para comprender la acusación de falsedad ideológica en documento público.

¿Cuál es la causa de muerte de Donovan Balanta según Medicina Legal y qué significa arritmia cardíaca asociada al uso de dispositivo eléctrico?

De acuerdo con Medicina Legal, Donovan Balanta falleció debido a una arritmia cardíaca, alteración del ritmo normal del corazón, que se asoció al uso de un dispositivo de conducción eléctrica como la pistola Taser utilizada durante el procedimiento policial. Sin embargo, dicho dictamen forense indicó que estos hallazgos deben ser valorados junto con los demás elementos de la investigación para esclarecer la relación exacta entre las descargas eléctricas y la muerte.

Dávila señaló que parte de ese contenido no será publicado por respeto a la dignidad de Jiménez, Petro y sus familias, pero que podría quedar en poder de las autoridades como parte de eventuales investigaciones.

#LosSexoContratos
Deicy Jiménez me entregó material impublicable, pero que es prueba determinante de su relato sobre lo que vivió con Petro.

Otras cosas que me entregó como esta fotografía, dejan sin palabras. “La ropa de Petro”, y Sofy Casas encontró algo👇👇👇 https://t.co/jrlCwVEdm8 pic.twitter.com/xPhazqn2a2

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 25, 2026

Jiménez contactó a Dávila el pasado 28 de julio y manifestó que quería denunciar situaciones que, según su relato, involucrarían abuso de poder, corrupción y manipulación de mujeres durante el gobierno de Petro. La joven afirmó ser funcionaria y dijo estar dispuesta a entregar información sobre lo que conocía.

Según Dávila, Jiménez decidió esperar hasta la salida de Petro de la Presidencia porque temía por su seguridad.

La periodista explicó que la mujer le habría contado detalles sobre una supuesta red de unas 40 mujeres que habría estado al servicio del entonces mandatario.

En su denuncia, Jiménez también habría afirmado que transportó droga para Petro y que recibió pagos por servicios sexuales mediante contratos.

Dávila sostuvo que, debido a la gravedad de las acusaciones y a la posible utilización de recursos públicos, los hechos deben ser investigados por las autoridades.

Entre los hechos que más preocupan están “pliegos direccionados para favorecer a los mismos contratistas durante años, ausencia de estudios de mercado, pagos por servicios no prestados, fraccionamiento de contratos y supervisores que autorizaron desembolsos sin verificar su cumplimiento”. De acuerdo con la información entregada, algunos contratos analizaron desembolsos por altos montos, sin el respaldo adecuado de cumplimiento de los servicios pactados. Por ejemplo, uno de los contratos observados asciende a 933 millones de pesos, caso en el cual se detectó la entrega de refrigerios presuntamente en mal estado y el pago de eventos donde no se cumplían los aforos requeridos. Otro contrato, por 765 millones de pesos, también está bajo la lupa, pues se registraron entregas de medicamentos próximas a vencer y parcialidad o retrasos en la distribución, lo que pone en entredicho la gestión administrativa y la supervisión.

De la Espriella ha señalado que detrás de estas conductas estarían involucrados políticos de Córdoba, por lo cual se solicitarán más investigaciones penales y un seguimiento profundo a las redes de corrupción posiblemente articuladas en la entidad. El presidente anunció, además, que este ejercicio de vigilancia no será exclusivo para Córdoba. Las auditorías y revisiones administrativas se aplicarán en todas las regionales y centros del Sena, con el objetivo de examinar no solo la legalidad en la contratación y pagos, sino también los programas de formación, la infraestructura y la destinación exacta de los recursos públicos, como quedó consignado en declaraciones citadas por El Espectador.

Para la noche del 25 de octubre, está prevista una alocución presidencial en la que se esperan más detalles sobre estas acciones, en un contexto donde además se han producido otros movimientos relevantes en el Gobierno, como la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y la expedición del presupuesto nacional por decreto.

¿Cuáles fueron las principales irregularidades halladas en el Sena de Córdoba según el Gobierno?

De acuerdo con lo divulgado por El Espectador, las irregularidades más graves incluyen la persistencia de pliegos contractuales direccionados hacia los mismos beneficiarios, ausencia de estudios de mercado, pagos efectuados por actividades o servicios que no se comprobaron, fraccionamiento de contratos para posiblemente evadir controles y supervisores que autorizaron desembolsos sin constatar el cumplimiento de los acuerdos pactados.

¿Qué acciones anunció el presidente De la Espriella para prevenir la corrupción en el Sena a nivel nacional?

Según lo anunciado oficialmente, el presidente de la República aseguró que las auditorías iniciadas en Córdoba se replicarán en todas las sedes y centros del Sena en el país. El examen abarcará la contratación, pagos realizados, programas de formación, infraestructura y la destinación de los recursos, con el fin de erradicar posibles redes de corrupción y garantizar un manejo transparente de los fondos públicos.

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Durante la labor, los profesionales alertaron a los participantes que, a cierta profundidad, podrían hallar restos de una persona. Esta posibilidad provocó en Valdez una mezcla de esperanza y dolor, pues la búsqueda implica tanto el anhelo de respuestas como el peso emocional de excavar y encontrar restos humanos en condiciones difíciles. La comunidad, preparada para enfrentar lo que pudieran descubrir, realizó la práctica en el cementerio local, donde yacen abuelos, hijos, madres, bebés y algunas de las personas ausentes desde hace décadas, muchas de ellas traídas por el río y acogidas según sus costumbres ancestrales.

Equipados con guantes, botas y sombreros, los participantes revisaron lodo y objetos recientes y antiguos. En una de las excavaciones encontraron prendas y objetos personales que, junto con los restos, sugirieron una historia ligada a la cosecha de coca. El análisis confirmó que correspondía a un caso de competencia de la UBPD y permitió reconstruir parte de la identidad y circunstancias del desaparecido. Asimismo, en otro punto del cementerio se halló un segundo cuerpo que también cayó bajo la responsabilidad de la entidad para su recuperación.

En Colombia, según El Espectador, existen 137.000 personas desaparecidas, de las cuales 2.360 son indígenas. Ante esta realidad, la UBPD impulsa el fortalecimiento de capacidades en los territorios para que las comunidades, una vez terminado el acompañamiento institucional, puedan seguir adelantando búsquedas autónomas y basadas en el diálogo entre conocimientos ancestrales y procedimientos forenses. Karen Carlosama, una de las integrantes del equipo, destacó el sentido reparador de la búsqueda para las familias que desconocen el paradero de sus seres queridos.

La formación de nueve días incluyó técnicas para medir, documentar, fotografiar y georreferenciar lugares de intervención, y se apoyó en la memoria colectiva y los saberes propios de la región. Para Magali Chindoy, enlace de la Regional Sur de la UBPD, el objetivo es integrar las herramientas forenses con el respeto y la memoria ancestral, considerando la dimensión espiritual del territorio en cada paso del proceso. El proyecto espera que las capacidades comunitarias así desarrolladas continúen en el tiempo, para que más familias puedan encontrar respuestas.

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¿Qué hace la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en Colombia?

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en Colombia trabaja en la localización, recuperación y restitución digna de personas desaparecidas, especialmente en el contexto del conflicto armado. Según El Espectador, en proyectos piloto como el realizado en Puerto Asís, la UBPD capacita a miembros de las comunidades indígenas para que adquieran herramientas técnicas y puedan participar directamente en la búsqueda y documentación de desaparecidos, integrando saberes ancestrales y métodos forenses.

¿Cómo participan las comunidades indígenas en la búsqueda de desaparecidos en Putumayo?

De acuerdo con el reportaje de El Espectador, los miembros de comunidades indígenas, como el pueblo siona, reciben formación en aspectos como antropología, criminalística y georreferencia para participar activamente en las búsquedas. Esta participación no se limita a lo técnico, sino que incorpora las memorias, las costumbres y el conocimiento del territorio, permitiendo un proceso más integral y respetuoso con los valores culturales y espirituales de la comunidad.

En el país, una persona puede llevar como primer apellido el de su madre y como segundo el de su padre, una normativa que cambió hace algunos años.

La eliminación de la prioridad del apellido paterno quedó establecida con la Ley 2129 de 2021, la cual eliminó la regla que durante años otorgaba la preferencia al padre.

Un análisis del bufete Integrity Legal da cuenta de que los padres pueden acordar libremente cuál de sus apellidos irá primero.

En caso de que no exista acuerdo al momento del registro, el orden se define mediante sorteo, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Lo que se debe tener en cuenta del apellido paterno en Colombia

“La situación cambia cuando la paternidad se declara posteriormente mediante una decisión judicial. Si los padres no llegan a un acuerdo, la ley establece que debe ir primero el apellido de quien reconoció primero al hijo y después el del otro progenitor”, explica la firma.

Esto quiere decir que, si una madre registró inicialmente a su hijo y años después un juez declara la paternidad de un hombre, esto no significa automáticamente que el apellido paterno deba pasar al primer lugar.

La sentencia STC12233-2026 de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural recordó que el cambio de apellido no puede analizarse únicamente desde la filiación, sino también desde el derecho a la identidad y el interés superior del niño, niña o adolescente.

“El apellido no es simplemente un dato en un documento. Hace parte de la identidad y de la historia de cada persona. Por eso, cuando se trata de un menor, el juez debe analizar qué impacto real tendría cambiar el apellido con el que ha crecido y con el que se reconoce dentro de su entorno”, explica el abogado Jimmy Jiménez, especialista en derecho de familia del bufete Integrity Legal.

Según cifras oficiales proporcionadas por De la Espriella en un mensaje divulgado en sus redes sociales, la operación Ónix dejó un saldo de diez muertos. El presidente subrayó la relevancia estratégica del objetivo alcanzado, puesto que alias Marcos Pacífico acumulaba más de 24 años como miembro activo del Eln. Sobre este, las autoridades atribuyen la autoría de más de 62 asesinatos, el reclutamiento forzado de cientos de menores y la responsabilidad en el desplazamiento forzado de más de 500 personas en la región. Por estos hechos, el mandatario afirmó que este operativo representó un golpe trascendental contra los mandos del Eln en el suroccidente del país, debilitando significativamente la capacidad de dirección del grupo.

La operación Ónix no fue un hecho aislado, sino parte de una serie de acciones enfocadas en reducir las capacidades del Eln, de acuerdo con la información publicada. Un golpe anterior se produjo el 21 de septiembre, cuando las autoridades reportaron la muerte de Ricardo Trigos Peñaranda, alias “Resorte”, identificado como jefe financiero del Frente de Guerra Urbano Nacional Reynaldo Ardila Gómez del Eln. La baja de alias Resorte se registró durante enfrentamientos armados en la vereda Palo Colorado, en Chinácota, Norte de Santander, y estuvo a cargo de fuerzas combinadas de la Segunda División del Ejército, la Brigada 30 y el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar, en coordinación con el Gaula de la Policía de Cúcuta.

Según lo confirmado por las fuentes citadas, la operación Ónix es el quinto bombardeo que el gobierno actual ejecuta contra el Eln en el Cauca, consolidándose como una de las ofensivas más importantes en esa región.

¿Quiénes eran alias “Marcos Pacífico” y alias “Ochenta” dentro del Eln?

Alias “Marcos Pacífico” era señalado como jefe del frente José María Becerra, una de las estructuras del Eln en el frente de guerra suroccidental, mientras “Ochenta” o “Murillo” también figuraba como dirigente clave en ese grupo. Ambos desempeñaban roles de liderazgo y, según la información registrada oficialmente, concentraban múltiples responsabilidades en la planeación y ejecución de actividades criminales.

¿Cuántas personas murieron en la operación Ónix contra el Eln en Cauca?

La cifra oficial de muertos en la operación Ónix asciende a diez, incluyendo líderes clave como alias “Marcos Pacífico” y “Ochenta”, según datos confirmados por el presidente Abelardo de la Espriella.

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La invitación a sumarse a la transmisión estuvo acompañada por expresiones que buscan apelar a la identidad y valores nacionales como “¡Firme por la Patria!” y “¡Viva Cristo Rey!”, mensajes que, según la comunicación citada, buscan motivar la sintonía y atraer la atención de los ciudadanos hacia el pronunciamiento previsto. La relevancia de este evento se destaca, además, por la disponibilidad multiplataforma del mensaje, pues podrá ser visto tanto en las redes sociales de Abelardo de la Espriella como en los canales oficiales habilitados para la alocución, según detalla la convocatoria presentada en redes.

El uso de estas frases y la convocatoria en horario central, a las 8:00 p. m., sugieren la expectativa de una audiencia amplia, aunque hasta el momento no se ha revelado información precisa sobre los temas, anuncios o decisiones que se darán a conocer durante la intervención. Así, la atención está puesta en el discurso que pronunciará De la Espriella, dado el contexto de expectativa generado por el hermetismo en torno a los contenidos del mensaje y la amplia difusión otorgada a su llamado a los colombianos. La fuente central de esta información son las comunicaciones divulgadas en redes sociales y los canales oficiales dispuestos para la transmisión.

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¿Cómo y dónde ver la transmisión de Abelardo de la Espriella este domingo?

La alocución será transmitida a las 8:00 de la noche de este domingo 25 de octubre. De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, podrá verse a través de los canales de televisión y las plataformas digitales oficiales, incluyendo las redes sociales de Abelardo de la Espriella y otros canales anunciados para la ocasión.

¿Cuáles son las frases clave usadas en la convocatoria de Abelardo de la Espriella?

En la invitación difundida para la transmisión, se destacan las frases “¡Firme por la Patria!” y “¡Viva Cristo Rey!”. Estas expresiones fueron utilizadas para enfatizar el carácter de compromiso y convicción nacional que De la Espriella busca proyectar en su convocatoria.

La reacción ministerial se produjo este domingo 25 de octubre de 2026 en Bogotá tras difundirse la entrevista en la revista Semana, donde la mujer expuso supuestos abusos de poder y fiestas privadas.

Atendiendo una orden directa del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, el ministro de Justicia y del Derecho y ministro del Interior encargado, Iván Cancino González, anunció medidas inmediatas de seguridad.

El alto funcionario comunicó la activación urgente de una ruta institucional articulada con la Unidad Nacional de Protección (UNP) “para salvaguardar su vida, seguridad e integridad” frente a posibles retaliaciones contra la testigo.

El comunicado oficial enfatizó con firmeza institucional que “la protección de la vida no admite dilaciones”, garantizando procedimientos oportunos, debida diligencia y máxima confidencialidad para preservar los derechos individuales de Jiménez.

De acuerdo con el documento gubernamental, “ninguna persona debe sentir temor por ejercer su actividad política, social o periodística, ni por expresar libremente su testimonio” en el marco de la democracia colombiana.

La sumatoria total de los contratos mencionados por Deicy Jiménez supera ampliamente los 130 millones de pesos, abarcando asignaciones en el legislativo y en entidades del poder ejecutivo nacional a lo largo de un lustro.

Sobre el tema, las autoridades del poder ejecutivo nacional remarcaron enfáticamente que “en Colombia, nadie debe ser silenciado mediante amenazas, intimidaciones o represalias”, respaldando la plena libertad de expresión de los ciudadanos denunciantes.

Ambas carteras ministeriales coordinarán esfuerzos con las autoridades competentes, recordando que la directriz presidencial demanda que “la vida se protege, los derechos se garantizan y las instituciones actúan” con estricto apego a la ley.

Las declaraciones de la testigo detallaron que conoció al dirigente político en Cali en 2019, iniciando un romance que derivó en la obtención de contratos mediante órdenes de prestación de servicios.

La mujer reveló que se trasladó a Bogotá y suscribió acuerdos laborales continuos durante cinco años en el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Jiménez afirmó que no toleraba el abuso de poder ni el uso de mujeres para fines particulares a cambio de asignaciones presupuestales, señalando que entre 30 y 40 jóvenes integraban ese esquema.

La denunciante aseguró además haber transportado sustancias psicoactivas solicitadas por Petro para supuestos encuentros en hoteles y viviendas particulares, conservando fotografías y pruebas documentales de tales hechos para respaldar su delicado testimonio público.

El respaldo brindado por el Ministerio del Interior busca prevenir agresiones contra la testigo mientras la Fiscalía General de la Nación evalúa formalmente el material probatorio aportado en las publicaciones periodísticas conocidas.

Analistas institucionales destacan la prontitud del pronunciamiento ministerial para brindar garantías de seguridad personal y evitar presiones indebidas que obstaculicen el esclarecimiento integral de los hechos denunciados en la capital del país.

El despliegue de este esquema de protección evidencia la gravedad del escándalo y reafirma el deber del Estado de resguardar a quienes acuden a los medios para visibilizar presuntas conductas punibles.

Las entidades de control continuarán con el rastreo documental de los contratos mencionados por la declarante para esclarecer las responsabilidades penales y disciplinarias que correspondan ante la justicia nacional e internacional.

El avance de estas indagaciones continuará bajo la lupa de las autoridades judiciales para determinar las responsabilidades penales y disciplinarias frente al presunto uso indebido de los recursos del erario.

Las declaraciones de Deicy Jiménez abren un nuevo capítulo debido a que para el caso expuso detalles que ahora la llevan a contar con la protección gubernamental.

El mandatario nacional advirtió que una visita técnica de verificación institucional dejó al descubierto anomalías por miles de millones de pesos mediante pliegos presuntamente direccionados para beneficiar a contratistas recurrentes en ese departamento caribeño.

De acuerdo con el pronunciamiento del jefe de Estado, la inspección técnica constató ausencia sistemática de estudios previos de mercado, fraccionamiento indebido de convenios y autorizaciones negligentes de supervisores para pagar servicios jamás ejecutados.

Entre los hallazgos preliminares más alarmantes sobresale un acuerdo enfocado en bienestar institucional por un valor de 933 millones de pesos, donde “se entregaron refrigerios en mal estado, incluso a niños”.

El mandatario puntualizó que en ese mismo convenio las autoridades cancelaron facturas al 100 % del presupuesto pactado a pesar de que decenas de personas convocadas no asistieron a los talleres programados.

Asimismo, la auditoría gubernamental documentó serias inconsistencias en otro proceso contractual del Sena tasado en 765 millones de pesos, donde se registraron entregas tardías, suministros incompletos y remesas de medicamentos próximos a expirar sin sanciones comerciales.

El gobernante evidenció fallas similares en el suministro de tiquetes aéreos, esquemas de alimentación y brigadas médicas, mientras la adquisición de computadores y herramientas pedagógicas indispensables para la formación de los aprendices permanece totalmente estancada.

Frente a la gravedad de los hechos, De La Espriella enfatizó que “esto es apenas la punta del iceberg”, advirtiendo que los datos corresponden exclusivamente a la fase inicial de una auditoría exhaustiva.

El presidente anunció que en los próximos días publicará el informe definitivo sobre infraestructura, vinculación docente y ejecución financiera, para radicar las denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación y órganos de control.

El mandatario advirtió que las investigaciones rastrearán posibles nexos entre funcionarios de la seccional y dirigentes políticos tradicionales del departamento de Córdoba, enfatizando con firmeza que “aquí no habrá intocables ni protegidos”.

De igual manera, el mandatario ratificó que “el Sena no es el botín de los políticos, ni de los contratistas, ni de los funcionarios corruptos”, reiterando que defenderá el patrimonio educativo público.

Finalmente, el mandatario ordenó extender estas revisiones minuciosas a todas las regionales de Colombia para evitar casos de corrupción, concluyendo enfáticamente que “se acabó la fiesta con la plata del Sena” y que aplicará sanciones estrictas, “caiga quien caiga”.

¿Cuántas sedes del Sena hay en Colombia?

El Servicio Nacional de Aprendizaje articula una robusta infraestructura formativa compuesta por 33 direcciones regionales y 118 centros de formación profesional distribuidos estratégicamente a lo largo de todo el territorio nacional.

Esta distribución geográfica garantiza cobertura presencial efectiva en los 32 departamentos del país y el Distrito Capital, permitiendo capacitar a millones de aprendices en múltiples áreas del conocimiento técnico y agropecuario.

La estructura misional agrupa sus centros en cinco macrorregiones que facilitan la administración de recursos: la región Andina, la región Caribe, la región Pacífica, la región Amazónica y la región de la Orinoquía.

La zona Andina concentra el mayor volumen de infraestructura con complejos educativos especializados en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Manizales, Pereira e Ibagué, donde operan modernos laboratorios para industrias de servicios, finanzas y tecnología.

Por su parte, la zona Caribe impulsa la actividad portuaria y turística mediante sedes localizadas en ciudades principales como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar y Riohacha para responder a las dinámicas marítimas.

En el litoral Pacífico, los complejos situados en Cali, Buenaventura, Pasto y Quibdó fortalecen habilidades productivas, aprovechando la riqueza natural y estimulando la competitividad económica de las comunidades afrodescendientes e indígenas locales.

Asimismo, la extensa presencia en la Amazonía y los Llanos Orientales responde a planes formativos adaptados al cuidado ambiental, la agroecología, la ganadería sostenible y el desarrollo de emprendimientos rurales comunitarios.

El suceso, cuya causa aún no ha sido determinada por las autoridades, dejó el vehículo con las ruedas hacia arriba, generando alarma entre los habitantes de la zona y quienes transitaban por el sector a esa hora. Hasta el momento, las circunstancias exactas por las cuales ocurrió el volcamiento todavía permanecen sin esclarecer, y los entes encargados continúan recopilando pruebas y testimonios en el lugar del accidente, de acuerdo con la información presentada en el reporte original.

De acuerdo con datos extraoficiales citados en el texto, el conductor del taxi fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica inmediata, dada la gravedad de las lesiones sufridas. Sin embargo, hasta el cierre de la información publicada, no se ha proporcionado un reporte oficial sobre su estado de salud, lo que mantiene la incertidumbre sobre su evolución.

Las autoridades locales avanzan en las investigaciones necesarias para determinar tanto la causa del volcamiento como la forma en que sucedió este siniestro vial. Según los reportes disponibles, están en proceso de verificación y aún no han entregado conclusiones definitivas. El accidente se suma a una serie de hechos viales recientes que han ocurrido en el departamento de Tolima, según se puede observar en otros reportes relacionados, aunque cada caso mantiene su propia dinámica e investigación independiente.

Este incidente pone en evidencia la importancia de respetar las normas de tránsito y las condiciones de seguridad vial, así como la necesidad de contar con información oficial y actualizada en este tipo de casos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud del taxista herido en el accidente de Ibagué?

Según la información extraída del reporte original, el conductor del taxi involucrado en el accidente fue llevado a un centro asistencial para recibir atención médica por las graves lesiones sufridas. Sin embargo, hasta el momento no se ha entregado un reporte oficial sobre su estado de salud, por lo cual no es posible precisar detalles adicionales acerca de su diagnóstico o pronóstico actual.

¿Qué están investigando las autoridades sobre el accidente de taxi en la avenida Ferrocarril de Ibagué?

Las autoridades competentes están llevando a cabo las verificaciones necesarias para establecer tanto las causas del volcamiento del taxi como la forma exacta en la que ocurrió el siniestro. Hasta ahora, siguen en proceso de recopilación de pruebas y testimonios, y no han revelado conclusiones definitivas sobre los motivos que provocaron el accidente en la calle 21 con avenida Ferrocarril.

Según la información oficial, las promesas de Gurrute Luna incluían entregar hasta 2 millones de pesos colombianos a los jóvenes por su integración a la estructura armada. La situación salió a la luz el 18 de octubre, cuando ambos adolescentes abordaron un bus intermunicipal en Pitalito, Huila, con destino al departamento del Cauca. El movimiento fue detectado gracias a que familiares de uno de los menores alertaron a las autoridades tras recibir información sobre la entrega de los adolescentes a una organización criminal. Así, la Policía Nacional localizó el bus y realizó la verificación de los pasajeros, encontrando a Gurrute Luna junto a los dos menores sin que él pudiera acreditar algún parentesco o vínculo legal con ellos.

Las víctimas lo identificaron de inmediato como la persona que los había contactado y que compró los boletos de viaje, lo que llevó a la captura de Gurrute Luna en el lugar. Tras la intervención policial, los adolescentes quedaron bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para asegurar la protección de sus derechos y garantizar su bienestar. Por su parte, la Fiscalía procedió a imputar el delito de reclutamiento ilícito a Gurrute Luna, quien no aceptó el cargo. Finalmente, un juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué se trata el delito de reclutamiento ilícito según la Fiscalía en Colombia?

El delito de reclutamiento ilícito, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, consiste en captar, trasladar o utilizar a personas menores de edad para involucrarlas en actividades delictivas, especialmente en grupos armados ilegales. Este tipo de conducta, como fue imputado a Juan David Gurrute Luna, implica aprovechar vulnerabilidades socioeconómicas para persuadir a menores de unirse a organizaciones criminales, lo cual está expresamente prohibido por la legislación colombiana y busca garantizar la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

¿Qué medidas tomó la autoridad al detectar el traslado de menores al Cauca?

Tras la alerta de los familiares, la Policía Nacional localizó el bus intermunicipal en el que viajaban los dos adolescentes junto a Juan David Gurrute Luna. Al verificar los pasajeros, los uniformados confirmaron la presencia del acusado con los menores sin justificación válida, procediendo a capturarlo. Posteriormente, los jóvenes fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de restablecer sus derechos, mientras la Fiscalía avanzó en la investigación judicial.

Un elemento que ha llamado poderosamente la atención de los investigadores fue el hallazgo de un panfleto amenazante localizado junto a los cuerpos. El mensaje escrito decía literalmente: “Por colaboración a la Segunda Marquetalia”, lo que según el informe preliminar sugeriría que las víctimas fueron señaladas de mantener algún tipo de vínculo con dicha estructura armada ilegal. Este detalle abre un complejo panorama respecto a las motivaciones detrás del doble crimen, ya que la violencia asociada a grupos armados ilegales ha sido un factor recurrente en varias regiones del país, aunque en este caso, todavía no existe confirmación oficial sobre la autoría o responsabilidad de la Segunda Marquetalia en estos hechos.

De acuerdo con la información inicial difundida por las autoridades, las dos personas encontradas tendrían lazos familiares, posiblemente primos, pero esta relación aún no ha sido verificada de forma formal. Además, no se ha logrado establecer la identidad precisa de las víctimas ni el motivo exacto por el cual fueron atacadas, lo que agrava la incertidumbre y el dolor en la comunidad de Batatas y zonas aledañas. De momento, tampoco se conoce quiénes serían los responsables materiales o intelectuales del homicidio múltiple.

La aparición del panfleto, además de aumentar la preocupación de los pobladores, plantea interrogantes sobre si este doble asesinato responde a una estrategia de intimidación y de control territorial por parte de alguna organización armada ilegal, o si se trata de un caso aislado con otras motivaciones. Sin embargo, como han advertido las propias autoridades, mientras no se verifique plenamente la información contenida en el mensaje y no se cuente con resultados avanzados en la investigación, no es posible atribuir el hecho a una estructura delincuencial específica ni afirmar que la supuesta colaboración con la Segunda Marquetalia sea la verdadera causa. Se espera que en los próximos días se produzca un pronunciamiento oficial que esclarezca la identidad de las víctimas, los detalles exactos del suceso y permita determinar quiénes serían los responsables de este nuevo acto violento registrado en el sur del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el doble homicidio en Batatas, Ataco, el 25 de octubre?

Hasta el momento, lo confirmado es que dos personas fueron halladas sin vida en una vía rural de Batatas, en el municipio de Ataco. Las autoridades no han establecido aún las circunstancias exactas ni la identidad de los responsables. Un panfleto con amenazas relacionadas con la Segunda Marquetalia fue encontrado en el lugar, lo que está siendo objeto de investigación para determinar si existe conexión con algún grupo armado ilegal.

¿Cuál es la posible relación entre el panfleto hallado y la Segunda Marquetalia?

El panfleto hallado junto a los cuerpos hacía referencia a una supuesta colaboración de las víctimas con la Segunda Marquetalia, una estructura armada ilegal. No obstante, según las autoridades, todavía no existe evidencia suficiente para confirmar un vínculo real ni responsabilizar de forma directa a dicho grupo armado del doble homicidio, por lo que la investigación sigue abierta.

El mandatario de Colombia lanzó a invitación para esa presentación en vivo desde las 8 de la noche, sin ofrecer mayores detalles acerca del tema previsto en cuestión en esa aparición.

“Los invito a conectarse a través de los canales nacionales de televisión pública y privada, RTVC, Señal Colombia, Canal Institucional y las plataformas digitales oficiales de la Presidencia de la República”, indicó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

El tema no pasa desapercibido si se tiene en cuenta que hay dos puntos claves que han sido foco de interés en la política nacional en los últimos días, con uno de ellos que estalló precisamente en el remate de esta semana.

La mención de contratos como supuesto pago de Petro para servicios íntimos puede ser un tema que salga a flote debido a que varios de estos episodios presuntamente sucedieron durante el mandato en cuestión.

Si bien no parece un asunto que implique un interés central para ser tratado en una alocución presidencial, la referencia no resulta descabellada si se tiene en cuenta que es un asunto delicado sobre la contratación estatal.

El contexto está mucho más remarcado si se tiene en cuenta que hay una molestia en la administración actual por lo que se ha calificado como un malgasto del anterior mandato en las finanzas.

Los cuestionamientos han sido constantes, especialmente con la huella del terremoto del pasado 10 de agosto de 2026 que afectó principalmente a Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío.

Incluso, el Vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, habló sobre el Presupuesto recientemente, en un asunto que se ha convertido de análisis exhaustivo para el Gobierno Nacional.

En ese mismo sentido, el otro tema que está sobre la mesa es el de la reciente salida de Rodrigo Lara como Ministro del Interior, uno de los cargos más determinantes en cualquier administración.

Si bien la llegada de Alejandro Ordoñez en su lugar es parte de una línea que tiene clara una de las manos derechas de De la Espriella, lo sucedido ha sido motivo de debate durante lo corrido de la semana.

Lejos de la controversia sobre el error de trámite en el Congreso para el mencionado Presupuesto de la Nación, las grandes dudas giran alrededor de otros aspectos que se han repetido.

Las posibles razones de la salida de Lara de MinInterior remarcan una supuesta división interna, asunto sobre el que no es descabellado que el mandatario hable en su alocución presidencial en la noche de este domingo.

Resulta pertinente recordar que, a diferencia de otras ocasiones en las que Petro repetía discursos en la plaza pública y los presentaba como en la televisión nacional, para este caso se aclaró que es en vivo.

En ese sentido, el mensaje del Jefe de Estado va a estar de la mano con la coyuntura no solo de lo sucedido en los últimos días, sino que es probable que se refiera a las incidencias en las últimas horas.

Otro aspecto que va a estar en el panorama es el de las elecciones en Brasil, donde hay una marcada diferencia entre ambos candidatos y una ventaja muy ligera para suponer que va a salir un ganador holgado.

De hecho, Lula da Silva y Flavio Bolsonaro ya votaron en la segunda vuelta y es muy probable que para el momento de la aparición de De la Espriella se conozca al ganador de esa contienda electoral.

La reacción a este tema también es clave para entender el manejo de la relación en una nueva etapa, por lo que es otro de los aspectos que podría aparecer en el panorama.

Así, solo queda por conocer si hay alguna clase de anuncio durante la alocución presidencial en un Gobierno Nacional que se aproxima a sus primeros 3 meses y, asimismo, 100 días.

La madre sostiene que existen inconsistencias en la versión oficial, la cual indica que su hija se lanzó voluntariamente del vehículo en movimiento. Ella rechaza esta hipótesis y demanda a las autoridades que esclarezcan con rigor lo acontecido. Además, denunció que Angie Valentina, durante su relación sentimental, había sido víctima de episodios de violencia física y psicológica, amenazas y un fuerte control por parte de su pareja, quien era el conductor de la camioneta según el testimonio de Ruiz.

El contexto previo al accidente arroja más sombras sobre lo ocurrido. Según Luz Dary, el día de los hechos, Angie no asistió a la universidad y su última conversación fue desde un puente peatonal, minutos antes de que se comunicara el accidente. Hacia las 5:00 p.m., la madre fue informada por la Policía sobre el siniestro y la urgencia de trasladarse al hospital de Cajicá. La versión dada por el conductor, según la cual la joven se arrojó de la camioneta, resulta ilógica para la familia. Además, está pendiente esclarecer si se encontraban otras personas en la cabina durante el trayecto, dato que hasta el momento no ha sido aclarado públicamente.

Por otro lado, Luz Dary asegura que la relación sentimental de su hija, que duró entre tres y cuatro años, estuvo marcada por episodios de agresión y control, incluyendo restricciones en su vestir y hostigamiento laboral por parte del hombre señalado. Destaca también que Angie sentía temor para finalizar la relación por posibles represalias, información que la madre comparte para que las autoridades puedan determinar su relevancia durante las investigaciones.

La familia señala la presencia de videos, fotografías y testimonios como elementos clave para esclarecer los hechos. Ruiz afirma tener imágenes en las que se evidenciaría una respuesta tardía de quienes asistieron a su hija tras la caída. Igualmente, puso de manifiesto su preocupación por el tiempo de llegada de la ambulancia, aunque señaló que este dato aún debe ser confirmado por las autoridades. Todos estos elementos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, con la esperanza de que el caso no quede impune y se establezcan responsabilidades si corresponde.

¿Cuáles fueron las dudas de la familia de Angie Valentina Rodríguez sobre su presunta caída?

La familia de Angie Valentina Rodríguez duda de la hipótesis que sostiene que la joven se lanzó de la camioneta tipo turbo. Su madre, Luz Dary Ruiz, considera ilógica esa versión y solicita a las autoridades investigar si su hija saltó voluntariamente o si existieron otras circunstancias alrededor del accidente, así como la presencia de otras personas en la cabina y los antecedentes de violencia denunciados.

¿Qué antecedentes de violencia se denunciaron en la relación de Angie Valentina Rodríguez?

Luz Dary Ruiz afirmó que durante la relación sentimental de su hija, la joven habría sido víctima de agresiones físicas y psicológicas, amenazas, control sobre su vestimenta y hostigamiento en su trabajo. Aseguró también que Angie tenía miedo de terminar la relación por temor a represalias, hechos que han sido expuestos ante las autoridades para su verificación en la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Santa Marta fue declarada la alerta roja debido a las condiciones climáticas, mientras el Ideam advirtió sobre la posibilidad de nuevas precipitaciones durante este domingo.

Las lluvias también generaron dificultades en diferentes sectores urbanos y obligaron a las autoridades a mantener vigilancia sobre ríos, arroyos y canales.

En Montería, el alcalde Hugo Kerguelén descartó por ahora un riesgo de desbordamiento del río Sinú. Según información entregada por la Hidroeléctrica de Urrá, los niveles de los embalses se encuentran por debajo de los registros históricos habituales para esta época.

Sin embargo, varios sectores de la capital cordobesa sí reportaron inundaciones. En Monteverde y La Castellana, el agua ingresó a viviendas y un vehículo quedó sumergido.

El alcalde atribuyó parte de la emergencia a la acumulación de basura que taponó canales y obstaculizó el flujo del agua. Maquinaria amarilla fue utilizada para retirar toneladas de residuos entre los sectores de Tapao y Balmoral, en una jornada de atención a la emergencia.

La velación de Edward Stiven Castillo Vanegas se lleva a cabo el domingo 25 de octubre en la sala 2 de La Aurora Funerales y Capillas, donde los asistentes pueden expresar sus condolencias entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. La noticia de su fallecimiento ha generado conmoción entre amigos, familiares y colegas, quienes han destacado la personalidad trabajadora y honesta del joven, además de resaltar su carisma y nobleza.

Según la información publicada, el trágico accidente ocurrió el jueves 22 de octubre, mientras Castillo Vanegas practicaba parapente en el sector de la vereda Ambalá, en la ciudad de Ibagué. Tras despegar, el joven cayó en un cafetal pocos minutos después del inicio de su vuelo. Personas presentes en el lugar actuaron rápidamente para auxiliarlo y lo trasladaron a la clínica Keralty. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el dragoneante del INPEC falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Hasta ahora, no se han esclarecido de manera pública las causas de la caída, por lo que detalles sobre el accidente permanecen sin ser confirmados, de acuerdo con la información conocida hasta el momento.

El recuerdo de Edward Stiven Castillo Vanegas ha quedado marcado en su entorno más cercano. Tras la noticia de su muerte, amigos publicaron mensajes donde resaltaron su espíritu y la pasión que sentía por volar. Uno de sus allegados le dedicó un emotivo mensaje de despedida: “Ahora estás volando demasiado alto”, evocando los gratos momentos vividos junto al joven y el reconocimiento de sus cualidades personales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se llevarán a cabo las exequias de Edward Stiven Castillo Vanegas?

Las exequias de Edward Stiven Castillo Vanegas están programadas para el lunes 26 de octubre a las 9:00 de la mañana en la parroquia María Auxiliadora, ubicada en el barrio Cádiz, en Ibagué. Posteriormente, sus restos serán trasladados al Parque Cementerio La Milagrosa para su inhumación, según la información compartida en los reportes oficiales.

¿Qué se sabe sobre el accidente de parapente en el que falleció Edward Stiven Castillo?

El accidente ocurrió el jueves 22 de octubre, cuando Edward Stiven Castillo Vanegas practicaba parapente en el sector de la vereda Ambalá, en Ibagué. Después de despegar, el joven cayó en un cafetal y fue auxiliado por personas presentes, quienes lo trasladaron a la clínica Keralty. Lamentablemente, falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Hasta el momento, no se han esclarecido públicamente las causas de la caída, según lo divulgado.

#LosSexoContratos

El expresidente Gustavo Petro tiene derecho a una vida privada, como cualquier ciudadano. Pero si siendo presidente, esa intimidad interfería con sus funciones y de por medio había además pagos con plata pública, presuntos abusos de poder y hasta posibles delitos, el país debe conocer esa información y la justicia debe investigar. Por esa razón, hoy publico esta historia, en mi condición de periodista y mujer. Gran parte del material, como algunos videos y conversaciones, es impublicable por respeto a la dignidad de Deicy Jiménez, incluso, a la dignidad del expresidente y las familias. Seguro estarán a buen recaudo en los expedientes.

https://t.co/X9JBUw1dX5

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 25, 2026

Incluso, hay otra fotografía que para el caso Pulzo prefiere no replicar para el caso en el que es posible observar una cantidad de billetes colombianos y droga encima de una cama.

Los registros contractuales obtenidos en el sistema electrónico estatal y presentados por la periodista desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) dejaron en evidencia una cantidad impactante.

#LosSexoContratos
Aquí están algunos de los contratos con los que Petro le habría pagado servicios sexuales a Deicy Jiménez, según denunció la joven.

En el Congreso, dice Deicy, que con María José Pizarro, la Superintendencia de Vigilancia y el Ministerio del Interior, entre otros.

https://t.co/X9JBUw1dX5

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 25, 2026

Según los datos presentados, se confirmaron la asignación de múltiples acuerdos laborales a nombre de Deicy Alejandra Jiménez Ramírez, quien denunció presuntos favores íntimos retribuidos con recursos públicos.

Los documentos oficiales detallan un extenso historial de contrataciones directas suscritas de forma continua en entidades del orden nacional entre los años 2021 y 2026.

La vinculación de la contratista con el aparato estatal inició formalmente en el Congreso de la República – Senado de la República mediante el contrato 709-2021 por un valor total de 2’700.000 pesos.

En esa misma corporación legislativa, la ciudadana suscribió el contrato 1403-2021 firmado en octubre de 2021, pactando un monto asignado de 4’500.000 pesos colombianos.

Durante el año 2022, el Congreso de la República – Senado de la República formalizó el contrato 604-2022, el cual estipuló un pago oficial por la suma de 9’420.000 pesos.

Posteriormente, en septiembre de 2022, la misma entidad legislativa expidió el contrato 1252-2022, estableciendo una remuneración total equivalente a 10’000.000 de pesos para la contratista.

Las asignaciones en el legislativo continuaron durante el periodo siguiente, registrándose el contrato 695-2023 suscrito en marzo de 2023 por un valor acordado de 10’000.000 de pesos.

Deicy Jiménez afirmó que en todo ese tiempo hubo múltiples encuentros, en los que obtuvo los mencionados contratos por parte del antes congresista y luego presidente.

Meses más tarde, en julio de 2023, la entidad parlamentaria avaló el contrato 937-2023, fijando un importe contractual específico de 3’000.000 de pesos por labores de corta duración.

El acuerdo más oneroso otorgado dentro de la corporación correspondió al contrato 1312-2023 firmado en septiembre de 2023, fijando un monto presupuestal de 34’336.000 pesos.

Posteriormente, la contratista expandió sus actividades hacia el sector ejecutivo, logrando vincularse con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a través del acuerdo CDPS-0300-2025 suscrito en junio de 2025.

Esa entidad descentralizada pactó una asignación total de 18’000.000 de pesos con una vigencia programada para finalizar formalmente en diciembre del respectivo calendario fiscal.

De manera simultánea, la joven afirmó que accedió a la nómina de contratistas de Gobierno luego de suscribir compromisos laborales remunerados con el Ministerio del Interior.

Dicha cartera ministerial formalizó en agosto de 2025 el contrato 1826 de 2025, comprometiendo desembolsos oficiales por la cifra de 11.151.338 pesos de la oferta económica.

Meses después, la misma dependencia ministerial emitió el contrato 947 de 2026 firmado en enero de 2026, fijando una cuantía sustancial por el valor de 30’457.094 pesos.

La sumatoria consolidada de estos compromisos contractuales supera ampliamente los 130 millones de pesos, evidenciando un flujo ininterrumpido de ingresos fiscales derivados de entidades públicas.

El compendio de soportes institucionales respaldaría las declaraciones de Jiménez, quien asegura que estas órdenes contractuales retribuían requerimientos personales no vinculados con el estricto cumplimiento de funciones técnicas institucionales.

Lo ocurrido tiene lugar tan solo un día después del fallecimiento de María José Recuero Suárez, patrullera de 20 años de la Policía Nacional, quien fue herida durante un tiroteo en el barrio Industrial de Cali el viernes 23 de octubre, en el contexto de otro intento de atraco. Según la información recogida, aunque las circunstancias de ambos hechos presentan diferencias, existe una coincidencia trágica: ambos policías fueron asesinados durante lo que se presume eran robos en su contra. La cercanía en la fecha de los dos crímenes resalta un clima de vulnerabilidad que invade tanto a los miembros de la fuerza pública como a la opinión pública.

A raíz del asesinato de Loaiza Sánchez, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, expresó su rechazo absoluto ante los hechos y exigió a las autoridades acelerar las investigaciones para dar con el paradero del responsable. En este sentido, Zuleta Bechara comunicó que se ha ofrecido una recompensa de hasta 30 millones de pesos a quien entregue información efectiva que facilite la ubicación y captura del autor del homicidio.

Harold Fernando Loaiza Sánchez contaba con una trayectoria de 17 años como miembro de la Policía Nacional y estaba asignado al departamento de La Guajira. Había concedido sus días de descanso para estar en Córdoba junto a sus familiares, sin presagiar el desenlace fatal que tendría su visita.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué recompensa ofrecieron por información sobre el asesinato del subintendente Harold Fernando Loaiza Sánchez?

De acuerdo con lo manifestado por el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, se estableció una recompensa de hasta 30 millones de pesos destinada a quienes aporten información confiable que conduzca a la captura del responsable del crimen del subintendente Loaiza Sánchez en San Antero, Córdoba.

¿Qué pasó con la patrullera María José Recuero Suárez en Cali?

Según el informe original, la patrullera María José Recuero Suárez, de 20 años, falleció tras ser herida durante un intercambio de disparos en el barrio Industrial de Cali. Los hechos ocurrieron el viernes 23 de octubre, en el marco de un intento de hurto que terminó de manera trágica para la joven uniformada.

Unidades especializadas de Interpol, en articulación permanente con la Fiscalía y la DEA, interceptaron a Eneil Esneider Roncayo Hernández, conocido como alias ‘Neil’, durante una redada adelantada en una residencia ubicada en Maicao, La Guajira.

Los reportes oficiales confirmaron la incautación de ocho armas de fuego, 92 cartuchos de munición de diversos calibres, 9 proveedores y dispositivos satelitales “empleados para coordinar rutas del narcotráfico y evadir el control técnico de las autoridades”.

Las pesquisas determinaron que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, denominadas además ‘Los Pachenca’, afrontaban un agudo descalabro en sus finanzas tras la muerte en combate de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘El Bendito Menor’.

Ante dicha contingencia presupuestal, esa agrupación armada consolidó una red logística con el fin prioritario de trocar armamento de corto y largo alcance por considerables cargamentos de cocaína en la zona fronteriza.

Los expedientes revelan que el arsenal bélico ingresaba inicialmente por Uribia, permanecía acopiado en el sector céntrico de Maicao y terminaba remitido a ‘La Nueva Generación del Freseo’, facción perteneciente a ‘Los Costeños’.

El propósito central de suministrar este armamento pesado consistía en equipar a esa célula delincuencial para ejecutar atentados sangrientos dirigidos contra la Fuerza Pública en Barranquilla y su área metropolitana de forma inmediata.

La captura en Maicao dejó en evidencia una oscura alianza que se llevó a cabo con dos grupos criminales a través de una persona que cumplía un papel determinante para este caso.

De acuerdo con el documento oficial, “gracias a información de inteligencia administrada en coordinación con la DEA, se estableció que alias ‘Neil’ actuaba como un outsourcing criminal al servicio de ‘La Nueva Generación del Freseo’, para el intercambio de estupefacientes por armamento de corto y largo alcance con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”, conocidos también como ‘Los Pachenca’.

Sobre este operativo binacional, el Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e Interpol, expuso que el resultado ratifica la maleabilidad operativa de estas bandas mediante el trueque armamentístico.

“Con esta operación conjunta con la DEA, cortamos de raíz una línea de suministro bélico que pretendía ser utilizada para ejecutar atentados terroristas contra nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la población civil”,  aseveró el Coronel Alfonso Sanabria, al valorar el éxito de la intervención interinstitucional en el norte del país.

El decomiso de este arsenal frena una escalada terrorista que amenazaba la seguridad de uniformados y habitantes en la capital del Atlántico.

¿Quiénes son ‘Los Pachenca’ y ‘La Nueva Generación del Freseo’?

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas delictivamente como ‘Los Pachenca’, constituyen una temida organización narcoparamilitar con arraigo en los departamentos de Magdalena y La Guajira.

Surgida tras la desmovilización del extinto Bloque Resistencia Tayrona, esta estructura criminal domina el tráfico marítimo de cocaína, extorsiones a comerciantes y corredores rurales estratégicos del macizo montañoso caribeño.

Por su parte, ‘La Nueva Generación del Freseo’ opera como una ramificación violenta subordinada a la temida banda criminal de ‘Los Costeños’, concentrando sus actividades ilegales en el departamento del Atlántico.

Esta célula urbana ejecuta homicidios selectivos mediante sicariato, cobra extorsiones intimidatorias a negocios locales y distribuye estupefacientes en vecindarios populares de Barranquilla y su área metropolitana contigua.

Recientemente, las agencias de seguridad descubrieron un pacto criminal entre ambos grupos para intercambiar considerables cargamentos de droga por fusiles y munición de guerra traídos clandestinamente desde La Guajira.

Dicha alianza logística pretendía equipar a los sicarios urbanos para desatar una sangrienta ola de atentados terroristas contra miembros uniformados de la Fuerza Pública en la capital atlanticense.

Frente a la gravedad de estas agresiones, los escuadrones militares intensifican operaciones conjuntas para desmantelar sus redes financieras, capturar a sus cabecillas principales y neutralizar su poder bélico regional.

Las autoridades judiciales consideran la articulación entre estas mafias regionales como un desafío prioritario para la estabilidad social, la tranquilidad ciudadana y la convivencia democrática en el norte colombiano.

Entre sus aportes destaca el libro ‘La danza y el martillo. 25 años de decisiones frente a la violencia organizada en Colombia’, escrito en colaboración con Juan Carlos Garzón. Según señala Llorente, citado en la entrevista, la investigación permitió reconstruir cómo las decisiones en materia de seguridad y negociación han sido acumulativas y no definitivas. Cada gobierno arrastra el legado del anterior, lo que obliga a negociar continuamente con diferentes actores y evita que los procesos tengan cierres “limpios”. En este sentido, Llorente advierte que estereotipos, como la idea de una política exclusivamente militar bajo el mandato de Álvaro Uribe o concebir el acuerdo de paz de Juan Manuel Santos como inmóvil, son simplificaciones que no reflejan la complejidad real. A juicio de la autora, el país vive ciclos inconclusos, donde tras cada negociación o política pública persisten conflictos sin resolver.

Llorente identifica que, tras la desmovilización paramilitar, surgieron rápidamente nuevas estructuras criminales conocidas como Bacrim (bandas criminales), lo que evidenció que la desmovilización fue solo parcial. De acuerdo con la experta, la economía ilegal siguió siendo un incentivo y las estructuras de poder permanecieron. Además, explica que el modelo de Justicia y Paz, aunque pionero como mecanismo de justicia transicional, aún no ha terminado de resolver todos los casos pendientes, lo que ha llevado a nuevas reflexiones, como el marco legal para la paz en el gobierno de Santos.

Respecto al acuerdo con las Farc, Llorente sostiene que la aparición de disidencias estaba ligada a mandos medios reacios a abandonar economías ilegales y que la violencia actual está más vinculada a disputas entre grupos ilegales por estas rentas que al enfrentamiento abierto con el Estado. La autora resalta que, si bien se logró reducir significativamente los homicidios en las primeras dos décadas del siglo XXI, la fragmentación y reconfiguración de la violencia en el país continúan siendo desafíos. Señala también la importancia de entender la interrelación entre economías legales e ilegales y advierte que la recurrente decepción frente al Estado obedece a la dificultad histórica de implementar políticas integrales y sostenidas. Para Llorente, el avance es innegable, pero el reto sigue siendo pensar la paz más allá del catastrofismo y la esperanza de cierres totales.

¿Por qué las políticas de conflicto armado en Colombia no han logrado consolidar una paz duradera?

Según el análisis expuesto en el libro y en las reflexiones de María Victoria Llorente, las políticas sobre conflicto armado y seguridad en Colombia sufren de una acumulación de ciclos inconclusos. Cada gobierno introduce ajustes, pero debe negociar con las decisiones previas y con actores del Congreso, la justicia y la sociedad, lo que dificulta imponer cambios radicales o alcanzar cierres definitivos. Las estructuras ilegales y los incentivos relacionados con las economías ilícitas persisten, generando un reacomodamiento constante de la violencia y dificultando la consolidación de una paz integral.

¿Qué es la justicia transicional y cómo ha funcionado en Colombia?

La justicia transicional es un mecanismo legal creado para afrontar delitos cometidos durante conflictos armados o períodos de violencia, con el objetivo de lograr verdad, justicia y reparación. En Colombia, el modelo de Justicia y Paz fue innovador y permitió avanzar en el esclarecimiento de la parapolítica y otras formas de crimen organizado. No obstante, su implementación ha sido incompleta: existen procesos judiciales aún abiertos y retos estructurales para cerrar todos los casos, hecho que ha motivado la creación de otros marcos legales, como el impulsado en el gobierno de Santos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La denunciante es una mujer joven de aproximadamente 26 años, de origen humilde (según indicó Vicky Dávila), que decidió romper el silencio para exponer presuntos hechos de corrupción y tráfico de influencias institucionales en entrevista con Semana.

Su vinculación con el dirigente de izquierda se originó en Cali durante el año 2019, cuando Petro ejercía funciones legislativas como senador de la República.

Según explicó la ciudadana, el primer contacto ocurrió mediante una plataforma digital para adultos, donde el político se presentó inicialmente bajo un seudónimo alternativo.

Posteriormente, la relación derivó en un vínculo sentimental reservado que motivó su posterior traslado a Bogotá para vincularse formalmente al sector público.

En la capital colombiana, Jiménez dijo que obtuvo diversas órdenes de prestación de servicios (OPS), mecanismo contractual estatal mediante el cual financió sus gastos personales.

La denunciante desempeñó labores contractuales en el Congreso de la República con la congresista María José Pizarro y luego en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Asimismo, confirmó la asignación de un contrato administrativo en el Ministerio del Interior, acumulando contratos oficiales continuos durante un lapso de cinco años.

De ahí salió a flote el video en el que es posible verla en las afirmaciones acerca del líder del Pacto Histórico, en medio de un relato que se divulgó este domingo 25 de octubre de 2026.

Revista Semana llevó a cabo esta publicación, replicada en redes sociales por múltiples cuentas de X (antes conocido como Twitter), donde es posible observarla. Ella es Deicy Jiménez:

Aquí la entrevista completa de @VickyDavilaH a Deicy Jiménez, en exclusiva para @RevistaSemana . La joven hace graves denuncias contra Gustavo Petro. Asegura que recibió contratos del Estado a cambio de servicios sexuales, habla de una presunta red de mujeres y afirma que transportó drogas para el expresidente.

— Sofy Casas (@SofyCasas_) October 25, 2026

La mujer manifestó su desacuerdo ético con el manejo de recursos públicos, señalando que el exmandatario remuneraba encuentros íntimos favoreciendo laboralmente a varias jóvenes. Petro recientemente respondió al tema de las fiestas.

De acuerdo con su testimonio directo, existiría una red de entre 30 y 40 mujeres que recibían vinculaciones contractuales para satisfacer requerimientos personales.

La denunciante advirtió además que muchas participantes permanecen bajo intimidación constante o reciben recursos financieros para garantizar su silencio frente a la opinión pública.

Incluso detalló que, antes de culminar el mandato constitucional, varias colaboradoras consiguieron cargos de planta en entidades como la Superintendencia Nacional de Salud.

Por otra parte, Jiménez reveló la realización de fiestas clandestinas en hoteles y residencias, donde presuntamente circulaban sustancias ilícitas junto a mujeres acompañantes.

La ciudadana afirmó que conservó registros audiovisuales y fotográficos detallados de estos eventos, además de conversaciones mediante perfiles falsos de redes sociales.

Estas revelaciones coinciden temporalmente con advertencias del director del Dapre, Carlos Ríos, quien alertó sobre la presunta instrumentalización de 48 mujeres en el Estado.

Polémica de contratos con mujeres en Gobierno Petro

Las polémicas por contratos de mujeres durante el Gobierno de Gustavo Petro involucran casos de influenciadoras, presuntas redes de influencia y señalamientos sobre órdenes de prestación de servicios. Los hechos generaron investigaciones y fuerte debate político.

Un caso fue el de Gabriela Muñoz, estudiante de Derecho e ‘influenciadora’ vinculada a la Aeronáutica Civil en 2025. Las denuncias señalaron presuntas irregularidades en su contratación y en procesos relacionados con familiares y personas de su entorno.infobae+2

Muñoz tenía entonces 20 años. Según los reportes periodísticos, ella, su hermano y primos habrían tenido contratos en la entidad, lo que alimentó el debate sobre favoritismo político y falta de experiencia técnica.lasillavacia+2

El caso de Juliana Guerrero también marcó la administración. La joven politóloga estuvo cerca de ocupar la viceministrería de Juventudes del Ministerio de Igualdad, pero enfrentó cuestionamientos por inconsistencias en su perfil académico.agenciapi+2

Investigaciones periodísticas señalaron que Guerrero y su hermana Verónica habrían ofrecido a empresarios facilitar contratos en entidades estatales a cambio de comisiones y anticipos. La Fiscalía abrió investigaciones por presunto direccionamiento ilegal de contratos.

Sin embargo, Matador no se limitó a la sátira sobre su situación personal y aprovechó el mismo mensaje para cuestionar la gestión de las ayudas para los damnificados de un terremoto, preguntándose: “¿Dónde están las ‘pati raquíticas’ donaciones para los damnificados?”. De acuerdo con el artículo, esta crítica se suma a las inquietudes ya existentes en redes sociales acerca de la recolección y distribución de recursos destinados a quienes resultaron afectados por el desastre.

La controversia se originó por una publicación realizada el 11 de octubre de 2026. Según la información proporcionada, la Fiscalía recibió una solicitud para investigar posibles implicaciones penales derivadas de dicha publicación. Fue así como el caso quedó en manos de una fiscal especializada de la Dirección de Apoyo Territorial, quien tendrá la tarea de analizar los hechos e identificar si constituyen alguna conducta penal.

Es importante aclarar, según señala el artículo, que la asignación de este caso a una fiscal no implica que Matador haya sido declarado culpable ni que exista actualmente una orden de captura en su contra. El proceso busca establecer, con base en la evidencia, si realmente existió una violación a la ley. Mientras tanto, el episodio continúa alimentando la controversia entre Matador y De la Espriella, y reabre la discusión sobre la transparencia y eficacia de las ayudas dirigidas a quienes más las requieren.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía investiga a Matador por su publicación en redes sociales?

La Fiscalía investiga a Matador debido a una publicación hecha el 11 de octubre de 2026, después de recibir una solicitud que cuestionaba si sus comentarios podían tener implicaciones penales. El caso fue asignado a una fiscal especializada para que defina si los hechos realmente configuran un delito. Todavía no se ha determinado responsabilidad y la investigación está en curso, de acuerdo con los datos presentados en el artículo.

¿Qué crítica hizo Matador sobre las donaciones para los damnificados del terremoto?

Matador cuestionó en su mensaje la cantidad y gestión de las donaciones destinadas a los damnificados del terremoto, refiriéndose a estas ayudas como “’pati raquíticas’ donaciones”. Sus palabras reflejan la inquietud sobre la recaudación y distribución de recursos, problemática que también se ha debatido ampliamente en redes sociales, según lo registrado en el artículo.

Vicky Dávila afirmó en Revista Semana que desde el pasado 28 de julio de 2026 recibió información por parte de una mujer llamada Deicy Jiménez, quien afirma que el expresidente le pagó servicios íntimos con contratos con el Gobierno Nacional de la pasada administración.

La periodista describió a la joven como una persona “humilde” y explicó que tuvo el primer encuentro con ella el pasado 28 de agosto para tener una conversación en la que conoció las razones para destapar las denuncias.

“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el Gobierno de Gustavo Petro, usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, aseguró Jiménez en conversación divulgada en Revista Semana.

Este encuentro sale a flote poco después de que el director del Dapre, Carlos Ríos, aseveró que Petro “instrumentalizaba” a “48 mujeres” con ordenes de prestación de servicios (OPS), mecanismo contractual en el Estado.

En esa misma línea se presentó el relato de la mencionada, que aseguró sobre el exmandatario que “cuando las mujeres aceptan acompañarlo en sus fiestas o en sus reuniones, y a cambio les da contratos, es un abuso de poder, como un control que tiene para que no hablen”, tema que indicó sucedió con ella al añadir que tuvo relaciones íntimas con él.

“No quise volver a ceder en eso, pero sé que las demás mujeres sí aceptaron todo”, afirmó Jiménez, que agregó que varias de ellas amenazaron con exponer lo que sucedía y por eso el uso de la contratación para evitar las revelaciones que ella calificó como “cosas más delicadas”.

Manifestó que lo conoció en una página para adultos y que si bien se presentó como “un cliente más”, pues la supuesta relación se mantuvo durante tiempo después.

“Él puede hacer lo que quiera con su vida personal, lo que quiera, pero cuando se trata del país ya es algo delicado y no estoy de acuerdo con lo que hizo”, manifestó, al aclarar que en su momento Petro utilizó otro nombre en el sitio web mencionado.

“Empezamos un romance, una conexión muy íntima. Y decidí venirme para Bogotá y empecé a trabajar en el Senado. Y seguí trabajando con él”, relató al explicar que lo conoció en Cali, en 2019, cuando el señalado era congresista.

Jiménez aseveró que en la capital vivió gracias a los contratos que en ese momento fueron con el Congreso, específicamente con María José Pizarro. Asimismo contó que tuvo uno en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Lo cierto es que reveló que tuvo uno en el Ministerio del Interior durante el Gobierno, aunque nunca conversó con Armando Benedetti. Incluso, remarcó que recibió contratos durante 5 años.

El tema, sobre el que Petro reaccionó recientemente, sobre la cantidad de involucradas con el expresidente quedó sobre la mesa de acuerdo con la conversación presentada.

“Son muchísimas mujeres. Podríamos contar entre 30 y 40”, dijo Jiménez, que añadió: “Básicamente es para complacer sus necesidades sexuales”.

Incluso, aseguró que le transportó droga al exmandatario, algo que aseveró era uno de los requisitos para los supuestos encuentros íntimos, por lo que decidió tener registro audiovisual de lo sucedido.

“Tomé esa foto porque nunca confié en él y siempre quise tener evidencias. Y le tomé fotos a algo pequeño, de lo tanto que me llevaba a guardar. Y le tomé fotos a unas papeletas”, relató.

Además de que aseveró que tiene “amenazadas” a varias mujeres para que no hablen y que hay unas “calladas con dinero”, por lo que usó las contrataciones durante su mandato.

“Incluso antes de salir [de la Presidencia] las dejó ubicadas en planta. En la Superintendencia de Salud, en la Presidencia, en el Congreso, en muchos lugares”, señaló.

De hecho, afirmó que durante el Gobierno Petro hubo “fiestas sexuales, droga y eso” en las que participó el exmandatario que se hicieron en hoteles y en las casas de las demás mujeres, que en algunos casos lo grabaron.

Contó que varias de ellas eran jóvenes y muchas webcam, que en su mayoría son bachilleres, que en ninguno de los casos llegó a convertirse en una relación sentimental y que nunca pagó con dinero.

“Muchas chicas son conscientes de las fiestas de Gustavo, o sea, esa es la red en la que todas participan en las fiestas y todas se prestan para eso y tienen contratos”, afirmó.

Dávila remarcó que la mujer le dio videos y fotografías, junto a una copia de las charlas que tuvo durante el mandato de Petro por medio de los falsos perfiles creados en Facebook.

La investigación también fue archivada para los sacerdotes jesuitas Luis Javier Sarralde Delgado y Hans Zollner. Según El Espectador, este proceso tenía como eje la responsabilidad de los religiosos por favorecimiento y omisión de denuncia, luego de que en 2014 Luis Fernando Llano Narváez denunciara al padre De Roux los abusos cometidos por Chavarriaga entre los años 1976 y 1979. La Fiscalía reconoció que, si bien los tres religiosos no informaron el caso a las autoridades judiciales, sí retiraron al responsable de sus funciones y lo trasladaron a una casa para sacerdotes enfermos.

Sobre la gestión del padre Sarralde, quien fue incorporado como procurador en la investigación interna, el expediente señala que fue él quien concluyó que los hechos constituían un delito canónico de abuso sexual. Acto seguido, él recomendó el retiro inmediato de Chavarriaga. Según la Fiscalía, no hubo intención de obstaculizar la justicia ni de proteger al agresor dentro del proceso penal.

En el caso del sacerdote Hans Zollner, la Fiscalía verificó que tampoco hubo acciones para ordenar el silencio de las víctimas o impedirles acudir a la justicia. Zollner fue contactado en 2017 por las víctimas para que informara al papa Francisco sobre los hechos, y en respuesta aseguró que se habían seguido los protocolos correspondientes, sin evidencia de encubrimiento o presión indebida. De este modo, la Fiscalía solicitó archivar la investigación para los tres sacerdotes, quedando el caso cerrado en cuanto a su posible responsabilidad penal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cerró la investigación contra el padre Francisco de Roux por presunto encubrimiento de abuso sexual?

La investigación fue cerrada porque el juez concluyó que el padre Francisco de Roux actuó conforme al derecho canónico y tomó medidas ante la denuncia. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, no se encontró evidencia de que incumpliera un deber legal o institucional, ni que su conducta configurara un delito penal según la normativa vigente. Además, no se pudo presumir el incumplimiento de una posición de garante en la persecución penal.

¿Qué implica el delito de favorecimiento y omisión de denuncia particular en el caso de los sacerdotes jesuitas?

El delito de favorecimiento consiste en ayudar a eludir la acción de las autoridades, mientras que la omisión de denuncia particular se refiere a no reportar hechos delictivos a la justicia cuando se tiene conocimiento de ellos. En este caso, la Fiscalía concluyó que los sacerdotes investigados no encubrieron a Chavarriga ni procuraron impedir la acción judicial, por lo que decidieron archivar el proceso en su contra.

Tras el fuerte choque, ambos motociclistas fueron atendidos inicialmente en el centro médico del corregimiento de Santiago Pérez. Allí los equipos médicos les brindaron atención por las lesiones sufridas durante el accidente. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados en este establecimiento de salud, uno de los hombres perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas. El otro implicado, por su parte, debió ser remitido a un centro asistencial de mayor complejidad, ya que su estado requería un nivel más avanzado de atención médica. Esta información fue confirmada en los reportes conocidos por Pulzo.

Las autoridades, por ahora, no han revelado las identidades de los involucrados ni han entregado detalles precisos sobre cómo se originó el accidente. Los organismos correspondientes adelantan las pesquisas para esclarecer lo sucedido y así definir las circunstancias exactas del siniestro sobre este tramo vial, que conecta el sur del departamento del Tolima y representa uno de los corredores más usados por vehículos y motociclistas de la región.

La falta de información oficial y datos precisos mantiene a la comunidad a la expectativa, en espera de que se establezcan responsabilidades y se conozcan las causas que motivaron esta lamentable situación. El incidente evidencia la importancia de investigar a fondo cada accidente de tránsito que se presenta en las vías del departamento, tanto para conocer la verdad de lo sucedido como para promover la prevención de futuros hechos similares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado actual del motociclista herido en el accidente de la vía entre Ataco y Planadas?

Según lo reportado, uno de los involucrados en el accidente fue trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad debido a la gravedad de sus lesiones. Por ahora, no se brinda mayor información sobre su estado de salud y su evolución, ya que las fuentes citadas no revelan detalles adicionales.

¿Cómo ocurrió el choque de motocicletas en la vía de Ataco a Planadas, en el Tolima?

Hasta el momento, la información disponible indica que el accidente se presentó en el sector de Aguadulce, pero las circunstancias del choque no han sido aclaradas. Las autoridades correspondientes investigan el hecho; sin embargo, aún no han confirmado oficialmente cómo sucedió la colisión ni han revelado las identidades de los involucrados.

La joven afirmó en entrevista con Vicky Dávila en Semana que esas reuniones ocurrían en hoteles y casas de mujeres, y que en ellas había consumo de cocaína. También aseguró que algunas mujeres tenían videos de Petro durante esos encuentros.

Exclusivo: joven denuncia a Gustavo Petro y dice que le pagó servicios sexuales con contratos. Habla de una red de mujeres
Deicy Jiménez contactó a la periodista Vicky Dávila y le reveló, en largas horas de conversación, los detalles de cómo habría funcionado una red de unas 40… pic.twitter.com/uC1jeBaqOu

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 25, 2026

Jiménez denunció la supuesta existencia de una red de entre 30 y 40 mujeres que, según ella, acompañaban a Petro y recibían contratos a cambio de servicios sexuales.

Afirmó que ella misma mantuvo una relación con el entonces senador y que obtuvo contratos durante aproximadamente cinco años en entidades como el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

La mujer sostuvo que durante algunos encuentros se consumía cocaína y aseguró que, en ocasiones, Petro la llevaba o ella debía conseguirla.

También afirmó que consumir drogas era un requisito para permanecer en su compañía y que los encuentros podían durar varios días.

Jiménez señaló que decidió hablar por considerar que hubo abuso de poder y utilización de mujeres jóvenes mediante contratos estatales. Dijo además que algunas mujeres habrían recibido amenazas para evitar que revelaran información.

Según el mandatario, la operación, denominada Ónix, dejó diez integrantes de esa organización muertos durante el desarrollo de las acciones militares.

¡EL GOLPE MÁS DURO DE LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS CONTRA EL ELN!

En zona rural de El Tambo, Cauca, nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional ejecutaron la OPERACIÓN ÓNIX, en la que DIEZ INTEGRANTES DEL ELN MURIERON EN DESARROLLO DE OPERACIONES, entre ellos alias ‘MARCOS… pic.twitter.com/VxkAsr0q5Y

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 25, 2026

De acuerdo con el mensaje publicado por De La Espriella, entre los fallecidos se encuentran alias ‘Marcos Pacífico’ y alias ‘Ochenta’ o ‘Murillo’, señalados como dos de los principales cabecillas de la estructura del ELN atacada. Durante el operativo también fueron incautados siete fusiles, una pistola y dos granadas.

Las autoridades, según el reporte presidencial, localizaron además un área campamentaria con capacidad aproximada para 25 personas.

De La Espriella aseguró que el resultado afecta la cadena de mando y la capacidad de combate de la organización, especialmente en una zona considerada estratégica por sus conexiones hacia el Pacífico colombiano.

El mandatario destacó el trabajo de los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que participaron en la operación y reiteró su respaldo a la Fuerza Pública.

También afirmó que su Gobierno mantendrá las operaciones contra las estructuras armadas ilegales y buscará recuperar territorios donde estas tengan presencia.

Entre los establecimientos afectados se encontraba la droguería Súperbaratas, donde la presencia de productos inflamables, como aerosoles y alcohol, contribuyó a que la situación se agravara. Otro de los locales impactados fue La Caperucita, negocio cuya estructura se vio comprometida, aunque la respuesta de los bomberos evitó que las llamas lo destruyeran completamente. El incendio también amenazó un asadero cercano, donde, según la información oficial, las campanas de extracción almacenaban grasa vegetal, lo que habría incrementado el riesgo si el fuego hubiera llegado hasta esa zona.

Las labores de atención se extendieron hasta la madrugada y contaron con el apoyo de unidades de Carmen de Apicalá, personal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y funcionarios de la administración municipal. Durante la emergencia, cuatro personas sufrieron afectaciones: dos bomberos y dos civiles. Según explicó Sánchez, uno de los civiles presentó quemaduras al intentar manipular una reja caliente, mientras que otras personas reportaron síntomas por inhalación de humo. Todos recibieron atención médica y, según el balance difundido por las autoridades municipales, se encontraban estables.

Al cierre de la emergencia, hacia las 4:00 a. m., los equipos revisaron los últimos focos activos y se confirmó que el incendio había sido controlado en su totalidad. Sin embargo, todavía no se ha determinado su origen. El comandante anunció que se solicitará una comisión técnica de la Dirección Nacional de Bomberos para investigar cómo inició la conflagración. Insistió en la importancia de no manipular los elementos afectados, ya que esto podría alterar evidencias clave para la investigación.

Sánchez recordó que en años anteriores el sector ya había enfrentado incendios en el supermercado Sumapaz, un asadero y el área cercana a la cárcel, aunque en esos episodios las afectaciones no alcanzaron la magnitud de la emergencia actual, que dejó pérdidas materiales importantes. Finalmente, el Cuerpo de Bomberos hizo un llamado a los comerciantes para que revisen sus instalaciones eléctricas y desconecten los equipos innecesarios durante la noche, con el fin de reducir riesgos futuros y proteger tanto los negocios como a las familias que dependen de ellos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos locales comerciales fueron afectados por el incendio en Melgar?

De acuerdo con la información aportada por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Melgar, seis establecimientos comerciales resultaron afectados por la emergencia, la cual tuvo lugar en la zona céntrica de la ciudad, comprometiendo principalmente estructuras en la parte superior de los locales.

¿Qué productos presentes en la droguería Súperbaratas contribuyeron a agravar la situación durante el incendio?

En el caso de la droguería Súperbaratas, los productos inflamables como aerosoles, alcohol y otros elementos similares favorecieron la propagación del fuego y dificultaron las labores de los bomberos, debido a su alto nivel de combustibilidad durante la emergencia.

El destinatario de las amenazas, así como sus colegas, no dudan de la relación entre los mensajes y este fallo judicial, pues el texto hacía referencia directa a la situación procesal de Martínez, quien actualmente no está en prisión porque su defensa interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Además, el abogado Juan David Díaz es hijo del exalcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, asesinado en circunstancias similares de hostigamiento y violencia estatal.

No es la primera vez que los integrantes del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR) enfrentan este tipo de persecuciones. Como señala la misma fuente, varios de sus miembros han tenido que exiliarse debido a amenazas, y episodios tan dramáticos como el recibido por Soraya Gutiérrez—una muñeca quemada y mensajes intimidantes—dan cuenta de la crudeza del acoso. Las agresiones han sido constatadas oficialmente: la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la responsabilidad internacional del Estado colombiano por violaciones a los miembros del CAJAR, y la Procuraduría General sancionó a oficiales del Ejército por actividades ilegales en contra de defensores y periodistas, como reveló la revista Semana en 2020. Sin embargo, hasta la fecha, no se han obtenido resultados penales efectivos frente a las numerosas denuncias por amenazas recibidas.

El CAJAR, con 48 años de trayectoria, sigue comprometido con la defensa de víctimas y la lucha contra la impunidad, pese a la persistencia de riesgos y la falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades nacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el caso de William Martínez provocó nuevas amenazas contra abogados del MOVICE y el CAJAR?

La condena de William Martínez por el Tribunal Superior de Sincelejo, revocando una absolución previa, intensificó las amenazas contra los abogados que representaron a las víctimas de la masacre de La Guaripa. Los mensajes intimidatorios hacían alusión directa al proceso, lo que evidencia una reacción violenta de quienes buscan evitar que se haga justicia en casos de graves violaciones de derechos humanos.

¿Qué significa el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano en el caso del CAJAR?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la responsabilidad internacional del Estado colombiano por las amenazas, hostigamientos y persecución sistemática sufrida por los miembros del CAJAR. Este fallo no solo da cuenta de graves faltas a las garantías de los defensores de derechos humanos, sino que obliga al Estado a adoptar medidas para evitar la impunidad y la repetición de estos hechos.

El caricaturista Julio César González, conocido popularmente como ‘Matador’ se soltó sobre las posibles consecuencias que se pueden presentar frente a este controversial caso.

“Parece que voy a estrenar la primera mega cárcel del país. Creo que me van a enviar al pabellón ‘el Tigre’. Bueno, espero que no se me caiga el jabón mientras me baño”, escribió con sarcasmo desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

Lo cierto es que en el remate de su mensaje lanzó una nueva pulla sobre los recursos y donaciones para los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia.

Una intensa controversia jurídica y política sacude al país luego de las fuertes publicaciones del caricaturista, contra la primera dama Ana Lucía Pineda.

El enfrentamiento inició cuando el dibujante pereirano difundió en redes sociales severos cuestionamientos con calificativos abiertamente despectivos contra Pineda sobre la gestión de recursos destinados.

En su mensaje, el ilustrador exigió explicaciones inmediatas sobre el destino de los auxilios económicos recaudados para atender a familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

Asimismo, los pronunciamientos cuestionaron directamente el rol desempeñado por la fundación vinculada a la esposa del presidente Abelardo De La Espriella en la administración inicial de donaciones de emergencia en los territorios más afectados.

Las declaraciones provocaron un rechazo categórico desde el Gobierno Nacional, cuyos voceros calificaron las palabras como manifestaciones misóginas y denigrantes que exceden el marco del debate político y social.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, reprochó públicamente las expresiones del caricaturista, advirtiendo que los agravios personales hacia mujeres desdibujan el legítimo ejercicio de veeduría y control ciudadano.

De igual manera, reconocidos colegas del gremio periodístico tomaron distancia de las publicaciones, argumentando que el ejercicio profesional de la sátira gráfica no otorga licencias para lanzar insultos.

Por su parte, el caricaturista defendió sus mensajes asegurando que su objetivo radicaba en visibilizar el clamor urgente de comunidades desamparadas en Pereira ante la grave crisis habitacional.

El dibujante descartó cualquier disculpa pública y ratificó sus reclamos frente a la falta de soluciones prontas para personas damnificadas que siguen sin albergue tras el sismo departamental.

El caso escaló rápidamente al plano judicial luego de que la firma De La Espriella Lawyers anunció la interposición de acciones penales formales para defender a la afectada.

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar formal a través del Grupo de Violencias Basadas en Género para verificar posibles faltas penales cometidas en redes.

La investigación al caricaturista va a ser por el delito de hostigamiento, que aparece en los artículos 134B y 134C, en los numerales 1 y 2 del Código Penal. La encargada es la fiscal adscrita al Grupo de Género de la Delegada para la Seguridad Territorial.

“La apertura de la actuación obedece a la necesidad de verificar integralmente las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer su eventual relevancia jurídico-penal, teniendo en consideración, entre otros aspectos, que, dadas las particularidades del caso, la conducta puesta en conocimiento podría estar asociada a una manifestación de violencia contra la mujer”, indica el documento de la Fiscalía.

El proceso judicial reabre una discusión profunda sobre las fronteras entre el libre periodismo de opinión, la fiscalización a dineros públicos y la protección contra la difamación.

La opinión pública observa con suma atención el expediente, considerando que sentará precedentes sobre la responsabilidad legal de opinadores frente a personalidades públicas en las redes sociales colombianas.

Luego de la caída, la víctima fue socorrida por personas presentes y trasladada de manera urgente al Hospital San Francisco. Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, la persona falleció a los pocos minutos de haber ingresado, según lo informado en los reportes iniciales. La rapidez de la atención sanitaria no logró revertir el desenlace fatal, lo que resalta la gravedad de las lesiones sufridas en el incidente.

Uno de los aspectos más relevantes que deberán ser esclarecidos por los investigadores es la naturaleza de la caída a la quebrada: no se ha determinado aún si se trató de un accidente involuntario o si fue consecuencia de una acción premeditada. La diferencia entre ambas hipótesis será clave para reconstruir los últimos momentos con vida de la persona y dilucidar si existe alguna responsabilidad penal derivada de los hechos. En este sentido, las autoridades trabajan en la recolección de testimonios y evidencias que permitan entender la secuencia exacta del suceso.

Hasta el momento, se mantiene en reserva la identidad de la víctima, así como la de los integrantes de la familia involucrados en la presunta discusión. Tampoco se han revelado mayores detalles a la opinión pública sobre posibles avances en la investigación, lo que refleja la cautela de los organismos encargados del caso. De acuerdo con la información divulgada, el hecho ocurrió específicamente en el sector del barrio Antonio Nariño, en Ibagué, y permanece bajo estudio de las entidades competentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ocurrió la muerte en la quebrada La Pioja de Ibagué?

De acuerdo con la información preliminar, la muerte tuvo lugar después de que la persona cayera a la quebrada La Pioja, en el barrio Antonio Nariño de Ibagué, durante una discusión familiar. Sin embargo, las autoridades están indagando si la caída fue accidental o si pudo haber sido provocada, y por ahora no hay una conclusión oficial sobre las causas exactas del hecho.

¿Quién era la víctima del caso en la quebrada La Pioja de Ibagué?

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado públicamente la identidad de la persona fallecida ni de los integrantes familiares que participaron en la discusión, por lo que se desconoce quién era la víctima en este caso investigado en el barrio Antonio Nariño de Ibagué.

La Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes conoció informes oficiales que detallan cómo el déficit presupuestal paralizó obras determinantes, provocando un inminente riesgo de pleitos judiciales por parte de firmas contratistas, reveló Semana.

El congresista Víctor Manuel Salcedo, integrante de la bancada del Partido de la U, denunció públicamente la gravedad del asunto al manifestar: “Incumplieron en su mayoría los compromisos, por lo que se avecinaría una cascada de multas por contratos firmados que no se pagaron. Las obras se podrían convertir en elefantes blancos”.

El legislador agregó que las reclamaciones formales contra la Nación ya superarían los 100 billones de pesos como consecuencia de estas recurrentes demoras operativas.

Salcedo enfatizó que el traumatismo afecta corredores estratégicos para la competitividad regional, citando de manera puntual la parálisis en la doble calzada entre Buga y Buenaventura.

Igualmente, el parlamentario denunció el abandono de las adecuaciones requeridas en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira, Valle del Cauca.

El desplome presupuestal perjudicó además la operación de la Aerocivil y estancó la inversión destinada al transporte fluvial y marítimo durante dicho periodo anual.

Por su parte, la vicepresidenta de la célula congresional, Eimy Julieth Suárez, perteneciente a Cambio Radical, reveló que siete entidades sectoriales omitieron fenecer cuentas ante la Contraloría General de la República.

La congresista expuso que la cartera ministerial arrastra un patrimonio negativo de 1,8 billones de pesos, enfrentando litigios “que superan todos los activos de la entidad” por 11.000 millones de pesos.

“En solo 20 procesos judiciales de la entidad hay casi 1,6 billones de pesos a los que no se les está haciendo seguimiento de probabilidad de pérdida de recursos”, remarcó Suárez.

Al revisar proyectos puntuales, la legisladora indicó que el tramo Pamplona – Cúcuta, en Norte de Santander, mantenía 312,6 mil millones comprometidos al 100 % pero únicamente desembolsó el 25,2.

De igual forma, Suárez cuestionó que Invías comprometió el 99,2 % de sus obligaciones en 2025 y obligó solo el 55 %, dejando 1,56 billones de pesos en reservas de inversión.

Esta cifra representa un exceso de tres veces sobre el límite legal permitido, complicando el flujo de recursos para las constructoras en territorio nacional.

Ante semejante diagnóstico, el Gobierno de Abelardo De La Espriella adelanta gestiones técnicas para corregir los desajustes heredados en materia de infraestructura vial y conectividad.

El viceministro de Transporte, Miguel Eduardo Vergara, reconoció abiertamente que las métricas “son preocupantes”, aunque expresó su compromiso institucional de avanzar con prontitud.

El alto funcionario precisó que de los 7,9 billones que estaban pendientes ya se han cancelado 5,9, restando todavía 1,9 billones pendientes por tramitar.

“Es un tema de coordinación y trabajo en equipo. No es pagar por pagar, es porque el contratista está cumpliendo con sus obligaciones”, aseguró Vergara, al defender la prudencia en las autorizaciones bancarias.

Las cifras radicadas ante el Capitolio confirman que el sector transporte ejecutó únicamente el 48,43 % de sus obligaciones en 2025 frente al 87,8 % del promedio nacional.

El nudo administrativo se originó en las restricciones operativas impuestas por el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) a lo largo del calendario fiscal.

La ANI reportó que 5,8 billones de 7,9 billones en reservas presupuestales obedecieron directamente a la carencia de giros del PAC, lo que representa el 73,4 %.

Asimismo, la entidad registró una ejecución por obligaciones del 21,3 %, mientras Invías reportó una cifra consolidada del 53,1 % en similar lapso.

Adicionalmente, de 66 peticiones de modificación tramitadas ante el PAC en 2025, solo una recibió aprobación, tres resultaron anuladas y 62 continuaban “registradas”.

Esta congestión contable provocó moras financieras, reconociéndose pagos de 469 millones en las concesiones Cartagena–Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad por intereses acumulados.

Asimismo, los informes descubren pasivos con corporaciones autónomas y trámites ambientales desatendidos en sectores vulnerables del corredor Bogotá–Villavicencio.

La ANI comprobó que las aprobaciones de caja resultaron insuficientes, registrando giros por 0 pesos en febrero, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre.

En contraste, durante enero de 2025 el Gobierno autorizó apenas 5.000 millones de pesos de los más de 1.600 millones de pesos requeridos inicialmente.

El traslado de estos compromisos sin pago hacia reservas del año 2026 sobrecarga la planeación fiscal presente, afectando 124 proyectos de inversión pública.

De estos contratos rezagados con ejecución inferior al 63,6 por ciento, 71 corresponden al Invías y 26 pertenecen a la ANI en todo el país.

La información preliminar, presentada en los reportes iniciales, indica que, después del ataque, la prioridad fue llevar al joven al centro asistencial para que fuera atendido lo más rápido posible. Sin embargo, la gravedad de las lesiones resultó irreversible, lo que generó aún más incertidumbre sobre los motivos y circunstancias exactas que llevaron a este lamentable desenlace.

Sobre el presunto responsable, algunos testimonios mencionan que habría llegado al sitio en motocicleta y luego de disparar escapó rápidamente, según lo registrado en las primeras versiones. Aunque se trata de un punto importante para el avance en la investigación, aún no se ha confirmado la identidad de la persona ni se conocen los motivos detrás del crimen. Este aspecto mantiene abierta la investigación, pues hasta ahora ninguna fuente oficial ha revelado detalles que permitan esclarecer qué originó la agresión contra Rodríguez.

Mientras tanto, las autoridades en Melgar avanzan con la recopilación de pruebas y declaraciones para reconstruir los hechos y establecer con claridad qué fue lo que ocurrió en el ataque. Además, el proceso investigativo tiene como objetivo descubrir quién estuvo detrás del homicidio y cómo se desarrollaron los hechos desde el inicio hasta la huida del presunto agresor. Hasta el momento, ni la identidad del atacante ni el móvil del crimen han sido revelados por los investigadores, por lo que el homicidio permanece en la etapa inicial del esclarecimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el ataque a Jimmy Rodríguez en la avenida CAFAM de Melgar?

El ataque a Jimmy Rodríguez ocurrió en la avenida CAFAM de Melgar, Tolima, cuando un individuo, presuntamente a bordo de una motocicleta, llegó al lugar y le disparó en varias oportunidades. Rodríguez recibió cuatro impactos de bala y fue trasladado de urgencia al hospital Louis Pasteur, pero murió debido a la gravedad de las heridas. La identidad del agresor y el motivo del ataque aún no han sido confirmados por las autoridades.

¿Qué avances tiene la investigación del homicidio de Jimmy Rodríguez en Melgar?

La investigación está centrada en reconstruir la secuencia de los hechos y determinar la identidad del responsable. Hasta ahora, las autoridades recopilan pruebas y testimonios para establecer con certeza qué ocurrió. No hay, por el momento, un móvil confirmado ni un responsable identificado públicamente, por lo que el caso sigue abierto y en fase inicial.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió una alerta a la 1:14 a. m. por un temblor de magnitud 3.0 con profundidad superficial, que tuvo como epicentro a Chaparral en Tolima.

El movimiento sísmico se sintió especialmente en Ibagué, la capital del departamento, en una situación que había puesto a la región con especial atención porque semanas atrás se vivió de manera repetida.

La tranquilidad en general se da porque el hecho no implicó ninguna clase de daño material ni percance humano, justo en un fin de semana en el que el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026 todavía causa impacto.

Cabe recordar que en Pereira colapsó un edificio que estaba afectado y el video causó sorpresa entre propios y extraños al observar cómo las consecuencias de ese doloroso episodio siguen vigentes, a pesar del tiempo transcurrido.

Precisamente por eso es que resulta pertinente darle seguimiento a los eventos telúricos a nivel nacional, como el ahora registrado en el último domingo del décimo mes del año.

Departamentos como Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío fueron los más golpeados por el mencionado terremoto, pero en Tolima también hubo complicaciones.

En esa misma línea, mantenerse alerta y que las regiones en cuestión sigan bajo lupa para evitar cualquier clase de sorpresas resulta determinante en este periodo de alarmas constantes.

El Servicio Geológico Colombiano explicó qué pasa con Chaparral y Chocó para que sean lugares de constante epicentro de temblores, como sucedió ahora para estar pendientes de reacción.

¿Qué hacer ante un temblor en Colombia?

Ante un temblor en Colombia, la prioridad consiste en protegerse, conservar la calma y evitar decisiones precipitadas. Las autoridades recomiendan actuar de acuerdo con el lugar donde se encuentre la persona.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) indica que, durante un sismo, se debe agacharse, cubrirse y sujetarse. Esta técnica reduce el riesgo de golpes por caída de objetos.

Si la persona se encuentra dentro de una edificación sismorresistente, no debe correr hacia la salida mientras el movimiento continúa. Lo indicado es buscar protección bajo un mueble resistente o junto a una columna estructural.

También se recomienda alejarse de ventanas, espejos, lámparas, estanterías, balcones y objetos colgantes. Estos elementos pueden desprenderse y causar lesiones graves durante el movimiento.

En caso de que la edificación no cuente con sismorresistencia, la recomendación es evacuar lo más rápido posible. La evacuación debe realizarse por las escaleras y nunca mediante el ascensor.

Si la persona está en la calle, debe alejarse de edificios, postes, árboles, cables eléctricos y estructuras que puedan colapsar. Buscar un espacio abierto reduce los riesgos de caída de escombros.e

Después del movimiento, las autoridades piden cerrar los registros de agua, energía y gas antes de evacuar. Esta acción previene incendios, fugas y accidentes adicionales.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) recuerda que los sismos pueden generar réplicas. Por ello, se recomienda permanecer alerta y no regresar de inmediato a zonas dañadas.

La preparación previa resulta fundamental. Cada hogar debe contar con un plan familiar que incluya un punto de encuentro, contactos de emergencia y una ruta de evacuación conocida.portal.gestiondelriesgo.gov+1

La UNGRD recomienda identificar zonas seguras dentro de la vivienda y mantener objetos pesados asegurados. También sugiere tener disponibles documentos importantes, agua, alimentos no perecederos y un botiquín básico.portal.gestiondelriesgo.gov+1

Si una persona siente un sismo, puede reportar cómo lo percibió a través de Sismo Sentido, plataforma oficial del Servicio Geológico Colombiano. Este registro ayuda a complementar la información técnica del evento.

En caso de emergencia, las personas pueden comunicarse con la línea única de emergencias 123. Este canal permite reportar heridos, incendios, fugas de gas o estructuras con riesgo de colapso.

Mantener la calma sigue siendo la recomendación principal. Una respuesta ordenada permite proteger la vida propia y facilitar la ayuda a personas cercanas durante una emergencia sísmica.

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En la grabación se observa a una persona sobre el techo de la edificación. Según la descripción que acompañó el registro audiovisual, los bomberos adelantaban labores de búsqueda y localización para verificar si había alguien en el lugar.

EN VIDEO QUEDÓ REGISTRADO EL COLAPSO ESTRUCTURAL EN PEREIRA

En video quedó registrado el colapso estructural de un edificio ubicado en la calle 18 con carrera 12, en Pereira. En las imágenes se observa a una persona sobre el techo de la edificación. A esta hora, los bomberos… pic.twitter.com/mLvIPZVggC

— Pereira En Vivo (@pereiraenvivo) October 25, 2026

Sin embargo, las autoridades aclararon posteriormente que no había personas atrapadas entre los escombros. Aunque en un primer momento se habló de dos posibles víctimas, esa versión no fue confirmada tras las verificaciones en el sitio.

¿Por qué colapsó el edificio en Pereira?

El inmueble había sufrido daños estructurales durante el terremoto del pasado 10 de agosto y, de acuerdo con la Alcaldía de Pereira, se encontraba en proceso de demolición.

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La información preliminar del Cuerpo Oficial de Bomberos apuntaba a que dos personas en condición de calle podrían haber ingresado a la estructura para extraer cobre cuando ocurrió el desplome. No obstante, las autoridades descartaron que hubiera cuerpos atrapados, por lo que esa hipótesis inicial no debe confundirse con un balance confirmado de víctimas.

Después del colapso, unidades de emergencia se desplazaron hasta el lugar para revisar la zona, descartar riesgos y asegurar el área. Las circunstancias exactas del desplome no habían sido precisadas en la información disponible.

Cerraron la zona tras el desplome

El sector de la carrera 12 con calle 18 fue acordonado para facilitar el trabajo de los organismos de socorro y evitar que peatones se acercaran a los restos de la edificación.

La Alcaldía reiteró el llamado a la ciudadanía para que no ingrese ni permanezca en inmuebles declarados en riesgo o que tengan orden de demolición. Estas estructuras pueden representar un peligro incluso cuando no hay labores visibles en su interior.

El caso ocurrió más de dos meses después del sismo que afectó el edificio y volvió a poner la atención sobre los riesgos de las construcciones con daños estructurales. Mientras se verifica lo sucedido, las autoridades recomendaron respetar los cierres y seguir las instrucciones del personal de emergencia.

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De acuerdo con ese reporte ciudadano, el siniestro ocurrió mientras el automotor descendía por este corredor vial. Al llegar al puente, el vehículo perdió el control y terminó volcado contra las estructuras de protección, antes de incendiarse.

El fuego se extendió rápidamente y las detonaciones aumentaron la preocupación entre quienes estaban cerca del sitio. Por las características del automotor y la magnitud de las llamas, surgieron versiones de que podría tratarse de un camión cisterna. Sin embargo, ese detalle no había sido confirmado oficialmente en la información disponible sobre la emergencia.

#EnDesarrollo Un accidente de tránsito se registró la noche de este sábado en el puente Helicoidal, municipio de Calarcá, departamento de Quindío, en la vía que comunica con Cajamarca, Tolima.

Al parecer, el conductor de un tractocamión tipo cisterna perdió el control e impactó… pic.twitter.com/kjAlSMGHcP

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 25, 2026

Bomberos atendieron el incendio en el puente Helicoidal

Tras el accidente, unidades de bomberos llegaron al lugar y comenzaron las labores para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara. Según el testimonio ciudadano, también se habría solicitado apoyo de organismos de emergencia del sector de La Línea.

Hasta el momento, la información suministrada no precisa si hubo personas heridas o fallecidas, ni establece las causas exactas del choque. Estos aspectos deberán ser aclarados por las autoridades que atienden el caso.

La emergencia se presentó en un punto importante para la movilidad entre el departamento del Quindío y el centro del país. Por esa razón, la atención del incendio afectó el tránsito de vehículos por el corredor, dependiendo de las decisiones que tomen los organismos de respuesta.

Se recomienda a los conductores que transitan por la zona estar atentos a las indicaciones de las autoridades, reducir la velocidad al aproximarse al lugar y evitar acercarse al área del accidente. También es importante no difundir versiones sobre las causas o las posibles víctimas sin confirmación oficial.

Se espera que las autoridades entreguen más detalles sobre las características del vehículo involucrado, el balance de la emergencia y las medidas adoptadas para restablecer la movilidad en este tramo de la vía La Línea.

Un accidente similar ocurrió en 2025

El 24 de mayo de 2025, un bus que transportaba estudiantes de la Universidad Alexander von Humboldt, de Armenia, chocó contra una de las barandas del puente Helicoidal, en Calarcá. El accidente dejó al menos nueve personas fallecidas y varios heridos, según el reporte inicial de Pulzo. Algunos pasajeros salieron expulsados del vehículo y cayeron a la zona boscosa bajo la estructura.

En el mensaje que publicó junto a las imágenes, De la Espriella señaló que acudió a la capital del Valle del Cauca para expresar personalmente sus condolencias a la madre de la uniformada y a los demás familiares.

“Les he expresado personalmente mis condolencias y mi compromiso: ¡su muerte no quedará impune!”, escribió el presidente, quien también aseguró que las autoridades no descansarán hasta que los responsables respondan ante la justicia.

El mandatario agregó que no dejará sola a la familia y que les brindará toda la ayuda que esté a su alcance. Además, destacó la labor de Recuero como integrante de la Policía Nacional y afirmó que el país recordará su servicio.

Hoy acompaño en Cali a la mamá y a la familia de nuestra patrullera María José Recuero, en medio de un dolor que ninguna madre debería vivir.

Les he expresado personalmente mis condolencias y mi compromiso: ¡SU MUERTE NO QUEDARÁ IMPUNE! No descansaremos hasta que los responsables respondan ante la justicia.

No voy a dejar sola a su familia. Los acompañaré y les brindaré toda la ayuda que esté a mi alcance. María José entregó su vida al servicio de la Patria y Colombia jamás olvidará su sacrificio.

Que Dios les conceda fortaleza y consuelo.

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 25, 2026

¿Cómo murió la patrullera María José Recuero?

La uniformada, oriunda de Montería, resultó herida el viernes 23 de octubre durante un enfrentamiento armado en Cali. Según la información preliminar del caso, un policía que se encontraba de permiso habría sido abordado por varios hombres que intentaban robarle la motocicleta y sus pertenencias.

La situación derivó en una reacción policial y un intercambio de disparos. En medio de la confrontación, Recuero recibió varios impactos de arma de fuego y fue trasladada a un centro asistencial. Pese a la atención médica, murió al día siguiente, hacia el mediodía.

El episodio dejó también a otros dos uniformados lesionados. Uno continúa en recuperación, mientras que el otro ya recibió el alta médica.

Un muerto y dos capturados tras el enfrentamiento

Durante el operativo murió uno de los presuntos responsables del intento de hurto, mientras que otros dos hombres fueron capturados después de resultar heridos.

Las autoridades reportaron la incautación de dos armas de fuego, cuatro celulares que figuraban como hurtados y una motocicleta que presuntamente habría sido utilizada durante los hechos.

Los investigadores también buscan establecer si los capturados estarían relacionados con otros tres hurtos ocurridos horas antes en Cali. La investigación deberá precisar la participación de cada implicado y las circunstancias de la balacera.

Mientras avanzan las pesquisas, la muerte de Recuero enluta a su familia y a la Policía Nacional. De la Espriella reiteró su compromiso de acompañar a los allegados de la patrullera y pidió que el caso no quede impune.

Las firmantes resaltaron los logros y el trabajo acumulado por la Biblioteca Nacional, próxima a cumplir 250 años en enero de 2027, y subrayaron la importancia de mantener la continuidad de los planes y programas existentes. Según la carta citada por El Espectador, las bibliotecas públicas en Colombia son producto de una política de Estado y este modelo es ejemplo para América Latina. Por esta razón, las exdirectoras pidieron que las políticas públicas sobre bibliotecas se mantengan bajo criterios técnicos, con participación de diferentes sectores y recursos que permitan asegurar su sostenibilidad.

Otro aspecto destacado es el papel de las bibliotecas como espacios de pluralidad y encuentro con la diversidad de ideas. En sus palabras, “las bibliotecas no imponen nunca una sola lectura: procuran que podamos encontrarnos en la diversidad de sus colecciones y pensar por nosotros mismos”. Además, la Biblioteca Nacional es la promotora de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que reúne a 1.569 bibliotecas en distintas regiones del país, así como 689 Bibliotecas Rurales Itinerantes. Cada biblioteca refleja particularidades propias de su entorno y de sus usuarios, lo que enriquece la vida cultural del país.

El debate también se centra en la gestión del grupo del libro y la literatura, función asumida por la biblioteca desde 2024. Según la carta, esta área diseña y lleva a cabo políticas y programas para promover la creación literaria, la edición y la circulación del libro en Colombia, entre ellos la Red Relata y el fortalecimiento de editoriales y librerías.

El pronunciamiento llegó poco después de un plantón que reunió a cientos de personas frente a la biblioteca, convocado debido al aplazamiento de importantes eventos y la falta de recursos para financiar la participación de bibliotecarios, como informó la dirección de la institución en un comunicado del 21 de octubre. Los asistentes reclamaron pagos oportunos a contratistas, continuidad de programas y mejor gestión, además de solicitar la salida de Julia Daza como directora, por no tener experiencia en el sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué protestaron frente a la Biblioteca Nacional de Colombia en octubre?

Las protestas frente a la Biblioteca Nacional surgieron en respuesta a la postergación del X Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, del Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Samper Ortega y del Encuentro Nacional Relata. Adicionalmente, los manifestantes exigieron el fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y garantías laborales para quienes trabajan en estas instituciones, según El Espectador.

¿Qué es la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y cuál es su importancia?

La Red Nacional de Bibliotecas Públicas es una estructura coordinada por la Biblioteca Nacional de Colombia, que incluye 1.569 bibliotecas municipales, departamentales, rurales y étnicas, y 689 Bibliotecas Rurales Itinerantes. Su importancia radica en que articula proyectos únicos según la comunidad y región, fomentando el acceso a la lectura y la cultura en toda Colombia.

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El inmueble está ubicado en la carrera 12 con calle 18, frente al Teatro Santiago Londoño. Según informó la Alcaldía de Pereira, la estructura había sufrido afectaciones por el terremoto del pasado 10 de agosto y se encontraba en proceso de demolición.

De acuerdo con información preliminar del Cuerpo Oficial de Bomberos, los supuestos atrapados serían dos personas en condición de habitabilidad en calle que, al parecer, estaban dentro de la edificación extrayendo cobre cuando ocurrió el desplome.

Tras el incidente, unidades de emergencia llegaron al lugar para verificar la situación, adelantar las labores de búsqueda y asegurar el área. Por ahora, las autoridades no han divulgado más detalles sobre las circunstancias exactas del colapso.

(Lea también: “Iba al baño y me llamaron”: dramático relato del hombre de cómo se salvó de derrumbe de casa en Pereira)

Organismos de socorro descartan que haya personas atrapadas bajo los escombros de la panadería qué colapsó en el centro de Pereira.
En la ciudad más de 100 edificaciones están en riesgo de colapso a raíz del temblor del pasado 10 de agosto.
“Le recordamos a la ciudadanía tener mucha precaución en este tipo de edificaciones, no parquear en estos lugares, no ingresar ni transitar cerca de ellos“, recomendó Alejandro Arango, director del Cuerpo de Bomberos de Pereira. #Vocesysonidos

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 25, 2026

Cierran el sector mientras atienden la emergencia

La zona fue acordonada para facilitar el trabajo de los organismos de socorro y evitar que peatones se acerquen a la estructura afectada.

Por esa razón, se recomienda a conductores y transeúntes evitar el cruce de la carrera 12 con calle 18 y seguir las indicaciones del personal que permanece en el sitio mientras avanzan los procedimientos correspondientes.

El caso ocurrió más de dos meses después del sismo del 10 de agosto, que dejó daños estructurales en el inmueble y motivó su demolición. La emergencia vuelve a poner la atención sobre los riesgos que representan las edificaciones que presentan deterioro y tienen restricciones de acceso.

Alcaldía de Pereira hizo llamado para evitar zonas de riesgo

A través de un comunicado, la administración distrital reiteró la importancia de no ingresar ni permanecer en inmuebles declarados en riesgo o que tengan orden de demolición.

“Reiteramos el llamado a no ingresar a estructuras en riesgo”, señaló la Alcaldía, al informar sobre el colapso y las labores de los organismos de socorro.

Mientras se esclarecen las circunstancias del hecho, las autoridades mantienen la atención en el lugar.

El enfrentamiento ocurrió en la tarde del viernes 23 de octubre cuando varios uniformados intervinieron ante una situación en la que, según la Policía Nacional, varios sujetos habrían intentado robarle la motocicleta y otras pertenencias a un integrante de la institución que estaba de permiso. Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer las circunstancias de lo ocurrido e identificar a los demás posibles involucrados.

La situación motivó la intervención de unidades de la estación de Policía del sector. La reacción de los uniformados derivó en un intercambio de disparos en el que tres integrantes de la institución resultaron lesionados. Entre ellos se encontraba la patrullera María José Recuero, quien fue trasladada a un centro asistencial debido a la gravedad de sus heridas. Pese a la atención médica recibida, falleció este sábado. Sobre los otros dos policías afectados, la institución informó que uno continúa en proceso de recuperación, mientras que el tercero recibió el alta médica y una incapacidad.

¿Qué se sabe sobre la patrullera María José Recuero?

María José Recuero era patrullera de la Policía Nacional y “dedicó su vida a proteger la seguridad y la tranquilidad de los caleños”, aseguró el Concejo de Cali en un comunicado. De acuerdo con reportes de medios locales, la mujer tenía 20 años y era oriunda de Montería. La mujer murió tras resultar gravemente herida en medio de un enfrentamiento armado en Cali, tras mantener un pronóstico reservado. La velatón por su muerte se hará este sábado a las 6:00 p. m. en el Comando de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali.

En el lugar, las autoridades incautaron dos armas de fuego, recuperaron cuatro teléfonos celulares que habrían sido hurtados y encontraron una motocicleta que, según las primeras indagaciones, presuntamente habría sido utilizada para cometer el delito. La información recopilada por los investigadores también señala que los presuntos implicados podrían estar relacionados con otros tres hurtos cometidos horas antes en diferentes sectores de Cali.

Estos hechos son materia de investigación y las autoridades deberán establecer si existe relación entre los casos, así como determinar la participación de cada una de las personas involucradas. El procedimiento terminó con uno de los presuntos responsables neutralizado y la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia adelantará labores de investigación. La Policía Metropolitana Santiago de Cali informó que rechaza “cualquier acción violenta contra la ciudadanía, se solidariza con las familias de los integrantes de la Institución afectados y reitera su compromiso en la lucha frontal contra la criminalidad en esta parte del territorio”.

De acuerdo con Hernández, la denuncia fue interpuesta por el presunto delito de hostigamiento agravado, contemplado en el artículo 134B del Código Penal. El senador sostuvo que la Fiscalía debe examinar los hechos y establecer si las expresiones de Rincón tienen consecuencias penales.

“Le informo que la víctima en este caso, la primera dama, Ana Lucía Pineda, ya interpuso la denuncia contra Levy Rincón en la Fiscalía”, manifestó el congresista, quien defendió la decisión de la primera dama de acudir a las autoridades.

¿Por qué denunció Ana Lucía Pineda a Levy Rincón?

El caso está relacionado con las declaraciones del creador de contenido sobre la participación de Pineda en la atención de las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Hernández afirmó que, a su juicio, no se trató de simples opiniones, sino de expresiones que podrían constituir injuria y calumnia.

Al referirse a las consecuencias que podría enfrentar el activista, el senador lanzó una frase que también hizo pública al confirmar la denuncia: “Levy Rincón va a recibir una espectacular bienvenida a la patria milagro”.

🔴ÚLTIMA HORA!

La Primera Dama Ana Lucía Pineda también denunció a Levy Rincón ante la Fiscalía.

Lo hizo por el delito de hostigamiento (art 134b)

Este sujeto tendrá que probar ante la justicia las calumnias lanzadas contra la primera dama!

BIENVENIDO A LA PATRIA MILAGRO!🔥 pic.twitter.com/jgXnMzm2O6

— Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) October 24, 2026

La denuncia, sin embargo, no significa que exista una condena ni que la responsabilidad penal de Rincón esté establecida. Corresponderá a las autoridades evaluar los hechos y determinar si hay motivos para avanzar en una investigación.

La controversia también tuvo un capítulo previo en el Congreso. Un grupo de parlamentarios había anunciado que acudiría a la justicia por las declaraciones del activista. Rincón respondió que la denuncia debía ser presentada por la propia primera dama, en su condición de presunta afectada.

Fiscalía también indaga por señalamientos contra la primera dama

El caso se suma a la actuación de la Fiscalía contra el caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, por hechos relacionados con ataques a Pineda. Según el documento citado en la información de origen, la entidad busca establecer las circunstancias de lo ocurrido y evaluar su posible relevancia penal, incluida la eventual relación con violencia contra la mujer.

Por su parte, Pineda ha rechazado públicamente los señalamientos. En una entrevista con Vicky Dávila para Semana, cuestionó a quienes recurren a los ataques personales para obtener visibilidad y afirmó que esas expresiones no la intimidan ni la detienen.

La primera dama también sostuvo que, detrás de las críticas, existe una estrategia política para afectar al presidente. Defendió su trabajo y el de su esposo en favor de las comunidades afectadas, mientras el caso contra Rincón queda en manos de las autoridades judiciales.

De acuerdo con declaraciones que el propio Rodríguez entregó, la denuncia fue radicada con el objetivo de que la justicia esclarezca "su presencia en el Consejo Directivo y por qué presuntamente ejerció un poder de facto e influyó directamente en el rumbo de la sesión ante ministros y viceministros". Uno de los delitos que se solicitó investigar es el de presunto fraude procesal, por lo que el liquidador pidió a la Fiscalía efectuar los procedimientos necesarios para determinar lo ocurrido con precisión. Toda esta situación fue reportada por El Espectador.

Rodríguez enfatizó que el gobierno actual no será "cómplice por omisión" y que la legalidad debe prevalecer para que "Colombia sabrá toda la verdad". Este caso se desarrolla en un contexto de controversias históricas alrededor del ministerio de la Igualdad. Desde su creación, la cartera estuvo envuelta en críticas, especialmente en lo relacionado con la asignación y ejecución de recursos durante la administración del expresidente Gustavo Petro, cuando la entonces vicepresidenta Francia Márquez estuvo al frente de la entidad.

La debacle del ministerio se consolidó luego de que la Corte Constitucional detectara anomalías en el origen legal de la entidad, situación que no fue remediada en el Congreso, lo que derivó en el proceso de liquidación que enfrenta actualmente. Así, la denuncia de Rodríguez se suma a una cadena de controversias que siguen marcando la historia de esta entidad, cuyo futuro depende ahora de las decisiones de la justicia colombiana y los hallazgos que resulten de la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el ministerio de la Igualdad está en proceso de liquidación?

El ministerio de la Igualdad entró en proceso de liquidación porque la Corte Constitucional detectó inconsistencias en la constitución legal de la entidad, las cuales no fueron corregidas en el Congreso, según los reportes citados por El Espectador.

¿Qué es el FonIgualdad y cuál fue su papel en las presuntas irregularidades?

El FonIgualdad, o Fondo de Igualdad de Oportunidades, es la instancia en la que, según el liquidador Jhon Milton Rodríguez, se detectaron decisiones presuntamente influenciadas ilegalmente por personas que no tenían la autoridad normativa para participar, como Juliana Guerrero y su hermana Verónica.

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El inmueble está ubicado en la carrera 12 con calle 18, frente al Teatro Santiago Londoño. Según informó la Alcaldía de Pereira, la estructura había sufrido afectaciones por el terremoto del pasado 10 de agosto y se encontraba en proceso de demolición.

De acuerdo con información preliminar del Cuerpo Oficial de Bomberos, las víctimas serían dos personas en condición de habitabilidad en calle que, al parecer, estaban dentro de la edificación extrayendo cobre cuando ocurrió el desplome.

Tras el incidente, unidades de emergencia llegaron al lugar para verificar la situación, adelantar las labores de búsqueda y asegurar el área. Por ahora, las autoridades no han divulgado más detalles sobre las circunstancias exactas del colapso.

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Cierran el sector mientras atienden la emergencia

La zona fue acordonada para facilitar el trabajo de los organismos de socorro y evitar que peatones se acerquen a la estructura afectada.

Por esa razón, se recomienda a conductores y transeúntes evitar el cruce de la carrera 12 con calle 18 y seguir las indicaciones del personal que permanece en el sitio mientras avanzan los procedimientos correspondientes.

El caso ocurrió más de dos meses después del sismo del 10 de agosto, que dejó daños estructurales en el inmueble y motivó su demolición. La emergencia vuelve a poner la atención sobre los riesgos que representan las edificaciones que presentan deterioro y tienen restricciones de acceso.

Alcaldía de Pereira hizo llamado para evitar zonas de riesgo

A través de un comunicado, la administración distrital reiteró la importancia de no ingresar ni permanecer en inmuebles declarados en riesgo o que tengan orden de demolición.

“Reiteramos el llamado a no ingresar a estructuras en riesgo”, señaló la Alcaldía, al informar sobre el colapso y las labores de los organismos de socorro.

Mientras se esclarecen las circunstancias del hecho, las autoridades mantienen la atención en el lugar. La información preliminar confirma el hallazgo de dos personas sin vida, cuya identidad no ha sido divulgada oficialmente.

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Los hechos ocurrieron el viernes 23 de octubre, cuando un policía que se encontraba de permiso habría sido abordado por varios hombres que pretendían robarle su motocicleta y sus pertenencias. La situación provocó una reacción policial que terminó en un intercambio de disparos.

En medio de la confrontación, Recuero recibió varios impactos de arma de fuego. Fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica; sin embargo, la gravedad de sus heridas le causó la muerte al día siguiente, hacia el mediodía.

El caso también dejó a otros dos uniformados lesionados. Uno de ellos continúa en recuperación, mientras que el otro ya fue dado de alta.

Armas y elementos hurtados, entre lo incautado

Tras el enfrentamiento, las autoridades reportaron la incautación de dos armas de fuego, cuatro teléfonos celulares reportados como hurtados y una motocicleta que presuntamente habría sido utilizada durante los hechos.

Los investigadores también buscaban establecer si los capturados estarían relacionados con otros tres hurtos ocurridos horas antes en Cali. La investigación deberá determinar la participación de cada uno de los implicados y las circunstancias exactas de la confrontación.

La muerte de María José Recuero enluta a sus familiares y a la Policía Nacional, luego de que la uniformada resultara herida mientras se desarrollaba el procedimiento.

La intervención de las autoridades comenzó con una orden de allanamiento y registro. Según el comunicado oficial citado por la Dijín, el ingreso de los uniformados y comandos al inmueble fue respondido de manera hostil por la estructura armada, lo que desencadenó un enfrentamiento con ráfagas de disparos. El resultado de la actuación dejó a varios integrantes del grupo heridos. En el lugar fueron capturados tres sujetos identificados como alias "Toni", alias "Santiago" y alias "Stiven".

Uno de los lesionados logró huir hacia una zona boscosa, pero posteriormente fue detectado cuando acudió por atención médica al Hospital Local San Sebastián, en el municipio de Morales, Bolívar. De acuerdo con la información suministrada, hasta este centro asistencial se desplazó el Grupo Investigativo de Delitos contra la Seguridad Pública y el Terrorismo (Grate) de la Dijín, en coordinación con la Estación de Policía de Morales. Allí, la identidad del fugitivo fue verificada mediante el análisis de sus características físicas, morfológicas, tatuajes y un análisis dactiloscópico, confirmando que se trataba de David José Rosales Castiblanco, alias "Brayan Veneco", quien figura entre los más buscados por la Gobernación de Antioquia.

Durante el operativo, las autoridades incautaron un fusil, trece proveedores de esta arma, una pistola con su respectivo proveedor, 921 cartuchos de diversos calibres y tres artefactos explosivos. Además, hallaron seis uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, equipamiento táctico, dos banderas que hacían alusión al frente 37 de las extintas Farc, un par de esposas metálicas y un teléfono celular. Todo este material, junto con los detenidos y la menor aprehendida, fue puesto a disposición de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General de la Nación en Medellín, para ser imputados por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas.

Según las autoridades, a esta estructura criminal, bajo el mando de Luis Antonio Montoya Muriel, alias "Jhon Fiera", se le vincula con la autoría intelectual y material del homicidio de Marcos Fidel Jiménez Bohórquez, líder comunal asesinado el 22 de agosto de 2023 en la vereda Rancho Quemado, Segovia, Antioquia, así como con amenazas y atentados contra comunidades relacionadas con los acuerdos de paz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias "Brayan Veneco" y por qué figura entre los más buscados en Antioquia?

Alias "Brayan Veneco", cuyo nombre real es David José Rosales Castiblanco, fue capturado tras ser identificado por las autoridades luego de un operativo en Santa Rosa del Sur, Bolívar. Figura entre los más buscados por la Gobernación de Antioquia, debido a su presunta participación en crímenes ligados al bloque Magdalena Medio "Gentil Duarte" del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, incluyendo un caso de homicidio agravado y otras acciones violentas.

¿Qué delitos se imputan a los integrantes capturados del bloque Magdalena Medio del EMC?

Los integrantes capturados del bloque Magdalena Medio "Gentil Duarte" del Estado Mayor Central (EMC) enfrentan cargos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Estos delitos están relacionados tanto con la violencia armada ejercida en la región como con actividades que afectan la seguridad pública y la integridad de comunidades vinculadas a los acuerdos de paz.