El escándalo por las presuntas irregularidades administrativas y favorecimientos en la contratación pública durante la administración del expresidente Gustavo Petro dio un nuevo giro institucional. La representación jurídica de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), alista una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación en la que aportará una lista detallada con los nombres de mujeres que habrían sido instrumentalizadas a cambio de la adjudicación de órdenes de prestación de servicios en el Estado.

La acción legal, cuya radicación está prevista para las próximas horas o en el transcurso de los siguientes días, entrará a fortalecer el expediente penal abierto por el ente acusador el pasado 23 de octubre de 2026. La indagación judicial, asignada a una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia con apoyo de un cuerpo élite de investigadores, busca establecer la existencia de redes de favorecimiento y delitos asociados a la administración pública en la Casa de Nariño y otras entidades del Ejecutivo.

En el marco del programa metodológico trazado por la Fiscalía, el vicefiscal general, Gabriel Javier Guerrero, confirmó el inicio de las primeras diligencias y la emisión de órdenes de citación para escuchar en versión a personas clave del entorno gubernamental de la anterior administración. Entre los llamados a rendir testimonio figuran las exdirectoras del Dapre Angie Rodríguez y Laura Sarabia, junto a otros exaltos mandos de la entidad ministerial.

De igual manera, la Fiscalía citó a Deicy Jiménez, ciudadana que realizó explosivas declaraciones públicas sobre la entrega de contratos estatales a través de presuntos vínculos e intercambios de favores íntimos con el entonces jefe de Estado. Los señalamientos también apuntan a la realización de reuniones privadas y eventos no oficiales al interior de la sede presidencial para concretar dichos acuerdos.

Por su parte, el actual director del Dapre, Carlos Ríos, sostuvo ante el Congreso de la República que las pesquisas internas señalan que la cifra de personas involucradas en este entramado podría ascender a 48 mujeres, de las cuales al menos cuatro ya se encuentran entregando sus versiones ante los equipos de control disciplinario del Gobierno Nacional.