El apoyo familiar no solo se fundamenta en la tradición musical que representa la familia Morales en el vallenato, sino que se relaciona con el deseo de extender ese legado hacia otros ámbitos, como el político. Kaleth Morales, hermano de Eva Sandrith, fue una figura destacada de la Nueva Ola del vallenato, mientras que Miguel Morales ha consolidado una trayectoria en la música y tuvo aspiraciones políticas, como su reciente candidatura a la Alcaldía de Valledupar en las elecciones de 2023, donde no obtuvo la votación suficiente para ejercer el cargo, según información recogida en entrevistas y medios locales.

Sobre la hoja de vida de Eva Sandrith Morales, se sabe que tiene 33 años y es comunicadora social organizacional graduada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Además, es especialista en Alta Gerencia por la Universidad Andina. Su experiencia laboral está marcada por cargos en entidades públicas y privadas, principalmente en Valledupar. Como menciona su perfil de LinkedIn, se desempeñó como auxiliar administrativa en la Oficina de Protocolo de la Gobernación del Cesar durante 2015, y trabajó en calidad de profesional de apoyo en el Consorcio Sociedad de Interventores (SDI); también estuvo en la Fundación Imaginario Social (FIS) y en la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Además, entre febrero y agosto de 2018, ejerció como profesional en comunicación en la Alcaldía de Valledupar.

Eva Sandrith ha utilizado sus redes sociales para enfatizar que, aunque muchos creen que tuvo ventajas por ser hija de Miguel Morales, su camino profesional se ha forjado mediante trabajo constante y esfuerzo, señalando que laboró desde los 21 años y sigue enfrentando nuevos desafíos, motivada por su hijo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Eva Sandrith Morales y cuáles son sus antecedentes profesionales?

Eva Sandrith Morales es comunicadora social organizacional y especialista en alta gerencia, con experiencia en el sector público y privado de Valledupar. Se ha desempeñado en cargos administrativos y de comunicación en la Gobernación del Cesar, la Alcaldía local y la Agencia Pública de Empleo del SENA, según información verificada en su perfil profesional y declaraciones públicas.

¿Cuándo son las próximas elecciones para el Concejo de Valledupar y qué cargos se eligen?

Las próximas elecciones territoriales en Colombia serán el 31 de octubre de 2027, fecha en la que los ciudadanos de Valledupar podrán elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles, de acuerdo con la información oficial sobre el calendario electoral nacional.

No obstante, según manifestó Manuel Afanador, padre de la menor, el colegio continúa en funcionamiento, lo que ha reactivado debates sobre las garantías de seguridad y el monitoreo en la institución. Las directivas han indicado su disposición para mantener actividades, mientras la familia de Valeria insiste en que las investigaciones deben dirigirse también hacia otros miembros de la comunidad educativa, dadas las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Por orden de la Gobernación, la rectora del colegio tiene plazo hasta el 31 de octubre de 2026 para entregar un plan detallado para la reubicación de los estudiantes, prestando especial atención a menores con discapacidad, necesidades educativas especiales o tratamientos terapéuticos. El plan deberá contemplar estrategias para evitar el estigma y el ciberacoso contra los alumnos, así como mecanismos de acompañamiento emocional y participación familiar. La Dirección de Buen Gobierno Educativo será responsable de vigilar el cumplimiento de estas medidas, mientras la Secretaría de Educación divulgará la oferta escolar de Sabana Centro para facilitar el traslado de estudiantes.

En la esfera judicial, la familia de Valeria, representada por el abogado Julián Quintana, celebró la decisión administrativa, pero insiste en que se haga justicia penal contra la rectora Sonia Inés Ochoa y otros dos docentes. La Fiscalía General de la Nación ya imputó a dos profesores, quienes enfrentan una audiencia de acusación pendiente. La familia solicita continuar la investigación sobre el papel de la rectora, dada su responsabilidad legal en el colegio. Además, persisten inquietudes sobre la investigación forense y el esclarecimiento total de lo ocurrido; los padres han denunciado presuntas negligencias y revictimización por parte de las autoridades. Pese a las decisiones administrativas, la familia exige un proceso penal a fondo para que ningún responsable quede por fuera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué cerraron el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe tras el caso Valeria Afanador?

El cierre del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe se ordenó después de que la Gobernación de Cundinamarca ratificara la responsabilidad administrativa del centro educativo en el caso de Valeria Afanador. Según la Resolución 007360 del 14 de octubre de 2026, la medida fue motivada por fallas y omisiones en el cuidado de la menor, halladas tras su desaparición y posterior muerte, por lo que se procedió a cancelar la licencia de funcionamiento definitivamente.

¿Qué medidas tomará la Gobernación para reubicar a los estudiantes afectados por el cierre del colegio?

La Gobernación exige a la rectora del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe la presentación de un plan detallado de reubicación para cada estudiante, antes del 31 de octubre de 2026. Este plan debe contemplar necesidades especiales, apoyo psicosocial, y evitar la estigmatización. Además, la Secretaría de Educación divulgará información sobre la oferta educativa disponible para que las familias puedan buscar cupos en otros colegios de la región.

De acuerdo con Carranza, Gustavo Petro jamás ordenó a Rodríguez buscar testimonios o armar montajes relacionados con el paramilitarismo contra Uribe o De la Espriella. El abogado enfatizó que, de haber tenido conocimiento de actos delictivos, Petro los habría denunciado públicamente, y no recurriría a intermediarios. La denuncia presentada incluye delitos como peculado, concierto para delinquir, injuria y calumnia agravada, así como violación de datos personales. Según Carranza, la Fiscalía debería escuchar el testimonio de Mancuso para esclarecer quiénes intervinieron en los encuentros bajo investigación y determinó que podrían solicitarse declaraciones de otros miembros del despacho presidencial, además de la revisión de documentos y grabaciones.

Por otro lado, este miércoles también se remitió una solicitud a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que el expresidente Petro declare sobre estos hechos. Carranza pidió agilidad tanto a la Fiscalía como a la Comisión en la gestión de estos procedimientos. Adicionalmente, presentó denuncias relacionadas con los señalamientos sobre supuestos consumos de sustancias y presuntas conductas inapropiadas atribuidas a Petro por Rodríguez, solicitando investigar actos de corrupción durante la gestión de Rodríguez en el Dapre.

La investigación cobró notoriedad tras el pedido del ministro de Justicia, Iván Cancino, del 19 de octubre, dirigido a la fiscal general Luz Adriana Camargo para verificar reuniones con exjefes paramilitares en Valledupar. La base de esta solicitud incluye las declaraciones de Angie Rodríguez y la columna firmada por Melquisedec Torres en El Colombiano, publicada el 17 de octubre. En este contexto, se identifican discrepancias en las fechas de los supuestos encuentros y se mencionan presuntos ofrecimientos a exparamilitares como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y mejores condiciones de reclusión. Paralelamente, la Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra Armando Benedetti, exministro del Interior, y Angie Rodríguez, luego de entrevistas publicadas en Semana donde Rodríguez habló de un supuesto plan, atribuido a órdenes desde la Presidencia, para vincular a los mencionados políticos con el paramilitarismo en medio de la campaña presidencial de 2025, según información recogida por la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el “Pacto de Valledupar” y quiénes están involucrados en la investigación?

El llamado “Pacto de Valledupar” es una controversia política que involucra presuntas reuniones entre funcionarios del Gobierno, exjefes paramilitares y declaraciones dirigidas a afectar políticamente a figuras como Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, es uno de los principales nombres señalados, así como Gustavo Petro, Salvatore Mancuso y Armando Benedetti, según informaciones recogidas por la Fiscalía y la Procuraduría.

¿Qué es la JEP y por qué se menciona en el caso del “Pacto de Valledupar”?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un mecanismo judicial especializado creado en Colombia para investigar, juzgar y sancionar delitos cometidos en el marco del conflicto armado, buscando la verdad y la reparación de las víctimas. En el caso del “Pacto de Valledupar”, se menciona que algunos exparamilitares habrían recibido la oferta de ingresar a la JEP como un posible beneficio a cambio de entregar declaraciones contra algunos políticos, según lo reportado en la columna de Melquisedec Torres y otras fuentes citadas.

Laserna detalló que inicialmente su interés se dirigió hacia la "grandilocuencia obsoleta del muralismo socialista" y las maquetas monumentales proyectadas por regímenes autoritarios, pero que en Colombia, esas tradiciones no han existido de la misma manera. En nuestro país, explica el artista, los relatos sobre vencedores y vencidos suelen ser construidos por "el archivo que producen los medios, la publicidad oficial y la propaganda". Es sobre esa base que nace la exposición.

"El círculo cromático" está compuesta por cuatro murales de gran escala, trabajados con precisión para evidenciar texturas y el proceso pictórico. Dos de esos murales están inspirados en imágenes emblemáticas: la primera, la fotografía de Ingrid Betancourt durante su secuestro, tomada de un video publicado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2007; la segunda, una imagen difundida por el Ministerio de Defensa en 2017, que retrata la muerte de alias ‘Mono Jojoy’. Las otras dos piezas son reinterpretaciones de color de esos mismos retratos, transformando los rostros en paisajes distorsionados y pixelados.

Cada mural se compone de cuadros minuciosos que construyen una especie de "píxeles cromáticos", trabajando con 1.664 colores diferentes. La curadora Daniela Marín, fundadora de Miles de veces, sugirió enfrentar esas dos imágenes para enfatizar la dualidad entre víctima y victimario, entre las narrativas producidas por actores armados y las estatales. Además, la exposición incluye un segundo espacio ubicado en Quinta Camacho, donde se detalla el proceso creativo con pruebas de color, bocetos y materiales utilizados en la elaboración de los murales.

De acuerdo con el artista y la curadora, la exposición interpela a la sociedad para que cuestione las historias que repiten los medios, la publicidad y la propaganda, y a la vez pone sobre la mesa la crudeza de la violencia como escenario cotidiano.

La exposición estará abierta hasta el 12 de noviembre, de lunes a sábado, de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. en Telecom, y en Miles de veces con cita previa.

¿De qué trata la exposición 'El círculo cromático' de Juan David Laserna?

La exposición "El círculo cromático", de Juan David Laserna en colaboración con la plataforma Miles de veces, presenta cuatro murales monumentales que revisitan dos imágenes icónicas de la violencia en Colombia: una de Ingrid Betancourt durante su secuestro y otra de alias ‘Mono Jojoy’ tras su muerte. Mediante una técnica detallada que parte de la descomposición del color y el pixelado, estos murales exploran las narrativas duales entre víctima y victimario, así como el rol de los medios y la propaganda en la construcción de relatos históricos.

¿Qué representan los murales de 'El círculo cromático' en la exposición de Bogotá?

Los murales de "El círculo cromático" simbolizan la confrontación entre imágenes mediáticas que narran, desde perspectivas opuestas, la violencia en Colombia. Dos piezas reproducen rostros emblemáticos asociados con el conflicto nacional, mientras que otras dos reinterpretan esos retratos como paisajes cromáticos. De acuerdo con la información proporcionada, el objetivo es invitar a la reflexión sobre cómo se construyen y confrontan las narrativas sociales y políticas a partir de imágenes icónicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El ambiente dentro de las comisiones estuvo marcado por tensiones entre los congresistas. Jaime Arizabaleta y José Jaime Uscátegui, ambos del partido Centro Democrático, protagonizaron una discusión derivada de la exclusión de un artículo de la llamada ley “anticapuchos” presentada por Arizabaleta. Fue necesaria la intervención de Daniel Briceño para poner fin a la confrontación, evidenciando así las divisiones internas respecto a la agenda legislativa y la inclusión de diferentes propuestas dentro del articulado.

Durante la apertura del debate, la definición del orden del día suscitó nuevas controversias. La senadora Carolina Corcho, perteneciente al movimiento Pacto Histórico, expuso que su bancada propuso la realización de una audiencia pública sobre el proyecto. Sin embargo, la proposición no fue discutida, lo que llevó a Corcho a dejar constancia pública de que “se nos negó de manera arbitraria la discusión de audiencia”. Según su percepción, esta decisión atentaría contra derechos de participación de los congresistas.

A esta situación se sumó el caso del senador Iván Cepeda, quien radicó un impedimento para participar en el trámite legislativo alegando un “posible conflicto de interés”. Cepeda fue coautor de la Ley 2272 de 2022, que podría ser modificada o derogada si prospera la nueva iniciativa, y además mencionó su nombramiento por parte del gobierno Petro en la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El propio Cepeda argumentó que lo anterior le restaba objetividad para participar en la discusión. Finalmente, su impedimento fue aprobado, abriendo el espacio para que otros senadores, como Jonathan Pulido, plantearan posibles recusaciones contra otros miembros del Pacto Histórico, entre ellos Isabel Zuleta, aunque dicha acusación no prosperó. Mientras tanto, las comisiones negaron las propuestas de archivo presentadas por la oposición y continuaron adelante con la ponencia positiva presentada por el oficialismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella?

La ley de sometimiento, impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, pretende crear un marco jurídico especial para el sometimiento de grupos criminales. Esta política se diferencia de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, buscando establecer procedimientos legales específicos para el acogimiento de estos actores sin necesariamente adoptarse los lineamientos de paz negociada. Según El Espectador, la propuesta avanza con respaldo del oficialismo en las Comisiones Primeras del Congreso.

¿Por qué algunos senadores han presentado impedimentos en el debate sobre la ley de sometimiento?

Durante el debate, senadores como Iván Cepeda presentaron impedimentos argumentando posibles conflictos de interés. En el caso de Cepeda, su participación previa como coautor de la Ley 2272 de 2022, así como su designación en la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), motivaron su decisión. Esto busca garantizar transparencia e imparcialidad en la discusión, según información recogida por El Espectador.

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos, reveló graves acusaciones institucionales durante su intervención ante la Comisión Segunda del Senado este miércoles, 21 de octubre.

El funcionario aseguró que la administración liderada por Abelardo De La Espriella acudirá formalmente ante los tribunales judiciales para denunciar el presunto constreñimiento contra 48 contratistas del Ejecutivo anterior.

“Hay denuncias y las haremos. Personalmente las haré sobre 48 mujeres que tenía el expresidente Gustavo Petro en la Presidencia que, lamentablemente, las instrumentalizaba a punta de OPS”, aseveró, en declaraciones replicadas por revista Semana.

Según la manifestación del titular, el gobierno previo atravesó dinámicas irregulares que desviaron las funciones públicas esenciales de la jefatura de Estado hacia conductas incompatibles con la administración nacional.

“Vamos a demostrar al pueblo colombiano cómo, lamentablemente, la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a no gobernar sino parrandear todos los días. Además, llevar mujeres y generar lo que no deberíamos hacer nosotros”, afirmó.

En la misma sesión, el directivo encaró a congresistas de la colectividad Pacto Histórico, dirigiéndose específicamente al legislador Agmeth Escaf para recriminarle el manejo del periodo gubernamental previo.

“Ustedes tuvieron la oportunidad de gobernar durante cuatro años y poderle demostrar al pueblo colombiano sobre cómo gobernar. 48 mujeres que ya están hablando con nosotros de cómo, por intermedio de un contrato de OPS, las amarraban y las instrumentalizaban para poder estar con el expresidente Gustavo Petro”, manifestó.

Las sorpresivas aseveraciones del alto funcionario paralizaron las discusiones de la célula legislativa durante varios instantes, generando un hondo impacto entre los congresistas presentes.

🔴 ATENTOS. El director del Dapre, Carlos Ríos, denunciará el caso de 48 mujeres que, según dijo, fueron “instrumentalizadas“ durante el gobierno de Gustavo Petro. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/nPVKmbSRwy

— Revista Semana (@RevistaSemana) October 21, 2026

Aunque Ríos reservó las identidades de las afectadas, confirmó que recopila el material probatorio correspondiente para formalizar la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.

Polémicas en contratación de mujeres en Gobierno Petro

La contratación de mujeres cercanas al Gobierno de Gustavo Petro provocó varias polémicas durante su administración. Los cuestionamientos se centraron en contratos con influenciadoras, presuntas redes de influencia y denuncias de irregularidades en entidades públicas.

Uno de los casos más visibles fue el de Gabriela Muñoz, una joven estudiante de Derecho e influenciadora contratada en la Aeronáutica Civil en 2025. Diversas denuncias cuestionaron su vinculación y presuntas relaciones con procesos de contratación en la entidad.

La controversia se amplió con investigaciones periodísticas sobre Juliana Guerrero y su hermana Verónica. Los reportes señalaron una presunta red que habría ofrecido acceso a contratos en los ministerios de Vivienda e Interior a cambio de pagos anticipados y porcentajes sobre los proyectos.

Según esas investigaciones, tres empresarios afirmaron haber entregado más de $ 600 millones a las hermanas Guerrero sin recibir los contratos prometidos. Estas versiones requerían verificación judicial y no constituían, por sí solas, hechos comprobados.

La polémica escaló en octubre de 2026 tras declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Rodríguez afirmó que existía una presunta red de mujeres con capacidad de incidir en contratos, nombramientos y decisiones administrativas.

Rodríguez aseguró que recibió solicitudes para adelantar contratos y nombramientos que consideró irregulares. También manifestó que algunas personas le habrían indicado que esas decisiones contaban con el beneplácito del expresidente Petro.

El abogado de Gustavo Petro anunció acciones legales contra Angie Rodríguez por injuria y calumnia. La defensa del expresidente rechazó las afirmaciones y calificó los señalamientos como infundados.

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación penal contra Verónica Alcocer, exprimera dama, por presuntas irregularidades relacionadas con contratación estatal durante el Gobierno Petro. La investigación también examina presunto tráfico de influencias en Ecopetrol y nombramientos públicos.

Estos casos no implican, por sí mismos, responsabilidad penal demostrada. Las autoridades deben establecer pruebas, escuchar a los implicados y determinar si existieron irregularidades en cada proceso contractual.

El informe reveló documentos que darían cuenta del ingreso de personal médico, auxiliares de enfermería y esteticistas al establecimiento penitenciario durante mayo y junio de 2026. Las autorizaciones, según el noticiero, contaron con el visto bueno de la dirección del penal y estaban relacionadas oficialmente con una atención dermatológica.

Sin embargo, el inventario de los elementos autorizados abrió nuevos interrogantes. Entre los insumos mencionados aparecen 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica, cánulas nasales, una mentonera, un monitor multiparámetros y cilindros portátiles, de acuerdo con los documentos conocidos por el medio citado.

Uno de los registros está fechado el 25 de mayo de 2026 y lleva la firma del mayor Edgar Iván Pérez, director de la prisión. El documento autoriza el ingreso de personal médico para una valoración clínica, con fundamento en un informe dermatológico.

Un segundo registro, expedido aproximadamente un mes después, menciona el ingreso de un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería para atender a Camargo Ríos. En el documento se lee: “Se autoriza ingreso del personal médico correspondiente para la realización de atención dermatológica integral del PPL Camargo Ríos Óscar”.

La controversia también gira alrededor de los cambios en la apariencia física del recluso. Noticias RCN comparó fotografías de su reseña de diciembre de 2024 con imágenes más recientes, en las que se observa un cabello más largo, una barba más abundante y un rostro que aparenta mayor volumen. No obstante, esas diferencias no demuestran por sí solas que se hayan practicado procedimientos estéticos.

#Exclusivo | Un nuevo escándalo sacude al INPEC por los presuntos procedimientos estéticos realizados a alias Pichi, conocido como el ‘Pablo Escobar de Bucaramanga’. Registros conocidos por Noticias RCN evidenciarían el ingreso de cirujanos, enfermeras e insumos para estos procedimientos a la cárcel donde está recluido ⬇️

— Noticias RCN (@NoticiasRCN) October 21, 2026

Alias ‘Pichi’ alcanzó notoriedad por su historial delictivo y por su presunta capacidad para modificar su apariencia con el propósito de evadir a las autoridades. Por eso, las nuevas revelaciones reavivaron las preguntas sobre los controles dentro de los centros penitenciarios y el tratamiento que reciben las personas privadas de la libertad.

Según Noticias RCN, la dirección del penal confirmó que la autorización de ingreso existió y explicó que se concedió después de un derecho de petición presentado por el abogado del recluso.

El medio indicó que buscó una respuesta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), pero hasta el momento de la emisión no había recibido un pronunciamiento oficial de la institución. Por ahora, las autorizaciones conocidas no permiten establecer por sí solas qué procedimientos se practicaron ni si hubo alguna irregularidad.

Durante esta jornada, los participantes implementaron y pusieron a prueba sus planes de emergencia, las medidas de autoprotección, así como los mecanismos de coordinación entre los diferentes actores. Tal como se detalla en el reporte, las emergencias simuladas variaron de acuerdo con los riesgos y características propias de cada territorio, lo que permitió adaptarse a las amenazas locales. En muchos municipios, el enfoque principal fue el riesgo sísmico, con ejercicios enfocados en simulacros de terremotos. Para lograr una mayor efectividad, se activaron alarmas y se realizaron evacuaciones de edificios y espacios públicos.

La jornada se estructuró en dos fases. En primer lugar, se enfocó en la participación comunitaria y de las entidades, verificando los procedimientos individuales y colectivos. Posteriormente, hubo un espacio dirigido exclusivamente a las autoridades territoriales responsables de la gestión del riesgo, con el objetivo de validar sus estrategias y la toma de decisiones, así como la coordinación entre las instituciones involucradas. Este segundo momento fue clave para identificar los retos y oportunidades de mejora en la articulación entre los diferentes niveles de gobierno y el sector privado.

De acuerdo con el informe de El Espectador, las actividades se llevaron a cabo en dos horarios, a las 10:00 a. m. y a las 2:00 p. m., permitiendo abarcar tanto la autoprotección de la comunidad como la capacidad institucional de respuesta. A través del simulacro, se descubrieron fallas en los planes de emergencia y se identificaron responsabilidades de los participantes. Además, en muchos casos se extendió la prueba a protocolos de respuesta ante amenazas como inundaciones, atendiendo los escenarios de riesgo particulares de cada región. En resumen, este evento permitió reconocer el estado actual de la preparación ciudadana e institucional, sirviendo de antesala para fortalecer los sistemas de emergencia en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el simulacro nacional de emergencias en Colombia?

El simulacro nacional de emergencias es una estrategia coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la que municipios, instituciones y comunidades ponen a prueba sus protocolos y planes de acción frente a eventos como terremotos o inundaciones. La actividad se realiza en diferentes horarios y escenarios, adaptándose al tipo de riesgo predominante en cada zona. El propósito es identificar debilidades, validar la coordinación institucional y mejorar la capacidad de respuesta.

¿Por qué es importante que las comunidades participen en los simulacros de emergencia?

La participación activa de las comunidades es fundamental para fortalecer la preparación y la reacción ante posibles desastres. Al integrarse en los simulacros, los ciudadanos aprenden las medidas de autoprotección, reconocen rutas de evacuación y entienden sus roles en una emergencia. Esto contribuye a salvar vidas y a reducir los daños materiales cuando se presentan situaciones reales de riesgo.

El domingo 25 de octubre, amantes del ciclismo de montaña tienen cita en la pista La De Suma, ubicada en la única localidad completamente rural de la ciudad, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Este espacio aspira a consolidarse como referente en la práctica de ciclomontañismo, tanto a nivel distrital como nacional, pues acerca el alto rendimiento competitivo a contextos rurales, ofreciendo nuevas oportunidades a deportistas de todas las edades y a las comunidades de la zona.

La De Suma es una pista construida sobre terreno natural, orientada bajo las especificaciones técnicas del Cross Country Olímpico. Esta modalidad exige a los participantes habilidades de destreza, concentración y resistencia. El circuito principal, de acuerdo con la fuente mencionada, tiene un recorrido de 3.2 kilómetros con un desnivel positivo de 72 metros, caracterizado por ascensos técnicos, descensos, curvas y saltos que ponen a prueba la preparación física y mental de los deportistas. Además, cuenta con trazados diferenciales para categorías infantiles y PushBike, lo que fomenta la inclusión de niños en experiencias adaptadas a su nivel, ampliando así el margen de formación de nuevos talentos.

El diseño y desarrollo de la pista recibieron acompañamiento técnico y valoración del exciclista colombiano Fabio Parra, quien destacó sus condiciones para proyectar el deporte de montaña. Igualmente, la final de la Copa Bogotana de MTB cuenta con el respaldo de la Liga de Ciclismo de Bogotá y la Comisión Bogotana de Ciclomontañismo, buscando no solo impulsar el talento local, sino también promover el turismo sostenible y la integración entre ciudad y ruralidad.

Más de 200 deportistas inscritos, en jornadas apoyadas por equipos, familias y aficionados, buscarán llevarse parte de una bolsa de premios por más de nueve millones de pesos. Modalidades como Short Track, Relevos y PushBike conforman la programación oficial, junto a categorías adaptadas por edades. La organización, según la convocatoria oficial, mantiene abiertas las inscripciones e invita a consultar las condiciones de participación.

El sábado 24, la comunidad estrenará la nueva cancha de tejo con el Campeonato Distrital, una infraestructura que incluye cuatro pistas profesionales y que celebrará categorías masculinas y femeninas, según lo reporta la Alcaldía Local de Sumapaz. Estos eventos reflejan el compromiso por fortalecer la infraestructura deportiva, ampliar oportunidades y consolidar la ruralidad bogotana como polo de encuentro, recreación y competencia.

¿Cuál es la importancia de la Copa Bogotana de MTB 2026 para el ciclismo en Bogotá?

La Copa Bogotana de MTB 2026 representa una oportunidad crucial para consolidar el ciclomontañismo en Bogotá, al acercar el deporte competitivo a la ruralidad y abrir espacios de formación para nuevas generaciones, según la Alcaldía de Bogotá. El evento impulsa el talento local, integra a equipos y familias, y promueve la proyección nacional e internacional del ciclismo de montaña desde escenarios naturales como Sumapaz.

¿Qué características técnicas tiene la pista La De Suma en Sumapaz?

De acuerdo con la información oficial, la pista La De Suma fue construida con las exigencias del Cross Country Olímpico, tiene un recorrido principal de 3.2 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 72 metros. Incluye ascensos, descensos, curvas, saltos y puentes, para desafiar a deportistas de diferentes niveles y categorías, además de trazados adaptados para niños en modalidades como PushBike.

Ese fue el caso entre los representantes a la Cámara por el partido Centro Democrático Jaime Arizabaleta y José Jaime Uscátegui, que tuvieron un fuerte careo que acabó registrado en las cámaras.

Lo llamativo es que el episodio quedó en un video, en el que fueron grabados como protagonistas de una discusión subida de tono en la sesión y poco antes al debate sobre la Ley de Sometimiento de este miércoles 21 de octubre de 2026 en el Congreso de la República.

La molestia entre ambos congresistas resultó tan evidente que su colega Daniel Briceño llegó a separarlos, en medio de lo que resultó un hecho poco frecuente dentro del recinto.

#VERGONZOSO 🤔 Representantes a la Cámara por el partido Centro Democrático, Jaime Arizabaleta y José Jaime Uscátegui, fueron grabados protagonizando una fuerte discusión previo al debate sobre la Ley de Sometimiento que a esta hora se lleva a cabo en el Congreso de la República. https://t.co/Kpnl0ISxoB

— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 21, 2026

Cabe reconocer que las peleas entre figuras del Congreso de diferentes partidos son parte de los ánimos que se suben en los debates, pero el caso entre dos del mismo bando no es algo común.

Arizabaleta y Uscátegui destacan como dos reconocidas figuras políticas que ejercen la vocería legislativa en la Cámara de Representantes por la colectividad del Centro Democrático.

Ambos parlamentarios comparten militancia en la bancada derechista, distinguiéndose en la opinión pública nacional por sus posturas críticas y sus propuestas enfocadas en la seguridad ciudadana.

Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo nació en Cali el 10 de junio de 1988. Ejerce como abogado graduado de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.

El congresista vallecaucano consolidó su notoriedad pública a través del activismo en redes sociales y medios de comunicación, impulsando debates sobre la justicia punitiva y la infraestructura carcelaria.

Antes de su llegada al órgano legislativo para el periodo de circunscripción territorial por el Valle del Cauca, Arizabaleta figuró como aspirante a la Alcaldía de su ciudad natal.

En su labor de control político, el representante enfoca su discurso en la defensa del orden social, el combate frontal a la delincuencia organizada y la disciplina de las instituciones.

Por su parte, José Jaime Uscátegui Pastrana es un politólogo bogotano nacido el 8 de julio de 1981. Ostenta una sólida formación en gobierno, relaciones internacionales y política social.

Uscátegui cuenta con una dilatada carrera parlamentaria, habiendo logrado la reelección como representante a la Cámara en la circunscripción de Bogotá para múltiples periodos constitucionales.

Su enfoque legislativo prioriza el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, los derechos de la fuerza pública y la defensa integral de los veteranos de la patria.

El congresista capitalino ostenta la autoría de diversas iniciativas normativas orientadas a endurecer las penas contra la criminalidad urbana y proteger el ordenamiento institucional en las ciudades.

Ambos dirigentes convergen en la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara, liderando discusiones estratégicas sobre reformas al sistema judicial, normas de seguridad y proyectos de sometimiento.

¿De qué trata el debate sobre la Ley de Sometimiento?

El debate sobre la Ley de Sometimiento a la Justicia en Colombia centra su atención en definir el marco normativo para el desmantelamiento de bandas criminales y estructuras delictivas organizadas.

La iniciativa legislativa busca establecer condiciones jurídicas claras para que miles de integrantes de grupos armados ilícitos entreguen sus armas, reconozcan sus delitos y desmantelen sus redes de finanzas ilegales.

Dentro del proyecto de ley radicado en el Congreso de la República, la discusión gira en torno al alcance de las penas restrictivas de la libertad y los porcentajes de rebaja punitiva.

El articulado contempla tratamientos penales diferenciados, fijando sanciones mínimas de cárcel efectiva para cabecillas y mandos, mientras que los combatientes rasos accederían a esquemas de libertad condicional mediante trabajo comunitario.

Las comisiones legislativas analizan exhaustivamente los mecanismos de verificación previa por parte de la Fuerza Pública y la Fiscalía General para evitar el ingreso indebido de colados a las listas de beneficiarios.

Asimismo, la propuesta exige la entrega total de bienes obtenidos ilegalmente, la reparación integral de las víctimas y la colaboración efectiva con las autoridades judiciales para desarticular economías delictivas.

Sectores de oposición y voceros parlamentarios exigen mantener penas severas, garantizar el estricto cumplimiento de los compromisos de verdad y prohibir el reconocimiento de estatus político a estas organizaciones.

Además de esta investigación, la Procuraduría también abrió una segunda indagación, esta vez centrada en los contratos firmados con Norbert Vonblon Pomare, quien es esposo de Elizabeth Jay-Pang Díaz, actual representante a la Cámara por San Andrés. Ambos procesos buscan determinar si hubo algún tipo de falta administrativa o posible indebido manejo de recursos en la celebración de estos acuerdos contractuales, en un contexto que ha sido señalado por funcionarios públicos y habitantes del archipiélago como complejo y marcado por denuncias de corrupción.

Estas decisiones se dieron a conocer después de las declaraciones realizadas recientemente por Abelardo De la Espriella, presidente del país. Según expresó el mandatario, lo fundamental no ha sido la falta de recursos sino la ausencia de integridad entre algunos dirigentes. "Aquí no ha faltado plata, aquí ha faltado honestidad. Aquí ha llegado mucho dinero y se lo ha robado la clase política del archipiélago. Quiero que sepan que estoy encima. Quiero ser vehemente y claro: Voy a llegar al fondo de todo", manifestó el jefe de Estado el fin de semana anterior. Las palabras del presidente enfatizan la preocupación del Gobierno por garantizar que los fondos destinados a la salud en las islas se utilicen correctamente, buscando erradicar prácticas corruptas que perjudiquen a la población local.

De acuerdo con la información proporcionada, tanto la investigación relacionada con el hospital como la que involucra a Norbert Vonblon Pomare están en fases iniciales. La Procuraduría General de la Nación será la encargada de definir si existen responsabilidades disciplinarias o administrativas en los hechos investigados y si es necesario avanzar en un proceso formal de sanción. La noticia continúa en desarrollo y, por el momento, no se han dado a conocer resultados concluyentes ni fechas sobre una posible decisión final.

Para quienes deseen mayor información sobre temas relacionados con justicia, seguridad y derechos humanos, El Espectador recomienda visitar su sección Judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué investiga la Procuraduría al Hospital Departamental de San Andrés?

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa en respuesta a posibles irregularidades en la contratación pública del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El objetivo es esclarecer si existieron prácticas indebidas en la celebración de contratos, evidenciadas por denuncias y declaraciones recientes sobre la gestión de los recursos en ese centro hospitalario.

¿Qué implicaciones tiene la investigación contra Norbert Vonblon Pomare y Elizabeth Jay-Pang Díaz?

La segunda indagación de la Procuraduría involucra los contratos firmados con Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz. Esta investigación busca determinar si hubo conflictos de interés o manejo irregular de recursos en los contratos relacionados, lo cual podría acarrear consecuencias administrativas o disciplinarias para los involucrados.

La divisa arrancó con impulso en $3.185,10, tocó un mínimo intradiario de $3.178,88 y trepó hasta un máximo de $3.202, antes de estabilizarse sobre los $3.189,50 finales.

De acuerdo con JP Tactical, la sesión estuvo marcada por movimientos muy contenidos y sin una dirección clara durante buena parte del día. Por su parte, el equipo de investigaciones económicas de Acciones & Valores señaló que la recuperación del petróleo y el diferencial de tasas favorecen el tono del peso local, aunque el alivio permanece contenido debido a que la percepción fiscal sigue sensible tras la aprobación en el Congreso del Presupuesto General de la Nación para 2027.

(Vea también: Cómo la tasa de cambio del dólar impacta el valor del peso colombiano y la economía del país)

Por otro lado, en los mercados cambiarios internacionales, la divisa norteamericana se mantuvo relativamente plana frente a las principales monedas del mundo. El índice DXY mostró una variación marginal de -0,02 % situándose en 101,68 puntos.

Producto de ello, las divisas latinoamericanas exhibieron un comportamiento heterogéneo: el real brasileño cotizó estable, mientras que el peso mexicano cedió terreno ante las persistentes preocupaciones inflacionarias derivadas de los costos energéticos globales.

Petróleo roza los US$109 tras ataques en el estrecho de Ormuz

En el mercado global de commodities, los precios del crudo operaron en niveles máximos de varias semanas respaldados por la prima de riesgo geopolítico.

El petróleo Brent cedió un leve 0,08 % hasta los US$108,70 por barril (tras tocar la zona de los US$111) y el WTI cayó un 0,94 %, ubicándose en US$96,90 por barril (luego de bordear los US$100).

La cotización del crudo continuó respaldada por nuevos incidentes en las rutas marítimas de Medio Oriente, incluyendo un buque afectado cerca de Omán y un supertanquero dañado por una mina marina en el estrecho de Ormuz.

Estos sucesos opacaron la caída de 4,9 millones de barriles en los inventarios comerciales de Estados Unidos y las declaraciones oficiales de la administración estadounidense sobre la progresiva recuperación de los flujos regionales.

Importaciones crecen en Colombia

Las importaciones de Colombia registraron un repunte en agosto de 2026, alcanzando un valor total de US$7.702,5 millones CIF. Esta cifra representó un crecimiento del 31,7 % en comparación con el mismo mes de 2025 y estuvo jalonada por el incremento del 18,9 % en el grupo de manufacturas.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados sin valorización alguna en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

• Los TES de 2028 terminaron en 12,479 % desde los 12,529 % de la sesión previa.
• Los TES de 2033 concluyeron en 12,955 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,920 %.
• Los TES de 2050 finalizaron en 13,028 %; la jornada anterior en 13,009 %.

El proceso comenzó después de los hechos que rodearon la desaparición y muerte de la menor. El pasado 19 de junio la Dirección de Buen Gobierno de la Gobernación de Cundinamarca expidió una resolución que declaró responsable administrativamente al colegio y ordenó cancelar su licencia de funcionamiento. Los abogados del establecimiento apelaron la medida, pero la decisión posterior mantuvo la sanción.

Uno de los puntos centrales de la investigación tiene que ver con los controles internos durante la jornada escolar. La resolución cuestionó que nadie advirtiera oportunamente que Valeria no había regresado al salón después del descanso. El documento señala: “De lo anterior se infiere que no operaron los controles necesarios para advertir que la menor no había retornado al aula de clases después del horario de descanso, para ver generado una actuación oportuna y salvaguardar su integridad”.

La investigación administrativa, adelantada por la Secretaría de Educación departamental, también examinó la ausencia de protocolos claros para responder ante una situación de este tipo. Las autoridades consideraron que la falta de procedimientos definidos afectó la capacidad de reacción del personal y retrasó una respuesta que resultaba determinante para proteger a la niña.

En la resolución, la Secretaría de Educación expuso además argumentos jurídicos sobre la sanción administrativa. “El despacho resalta que la tipicidad en el derecho administrativo sancionador no exige el mismo grado de determinación que caracteriza el derecho penal al respecto a la Corte Constitucional al pronunciarse sobre esta materia ha señalado en una reiterada y pacífica línea jurisprudencial”, señaló la decisión. 

Otro apartado cuestionó la falta de coordinación institucional. Según el documento: “Protocolos previamente definidos con roles y tiempos precisos impidió una reacción institucional oportuna y materializó un riesgo que habría podido prever y atender oportunamente en el escenario en el que la inmediatez y el carácter coordinado de la respuesta resulta determinante”.

La sanción corresponde al ámbito administrativo y se fundamenta en las fallas identificadas durante la investigación. La decisión ratificada mantiene la cancelación de la licencia del colegio, mientras el caso de Valeria continúa marcado por los interrogantes sobre la vigilancia escolar, la prevención de riesgos y la rapidez de respuesta ante una desaparición dentro de una jornada académica.

La tragedia golpeó especialmente a las familias de la zona, pues entre las víctimas mortales había 12 mujeres y dos hombres. El colapso también dejó siete personas heridas, quienes tuvieron que ser atendidas en medio de las dificultades que representa el acceso a este territorio del Pacífico nariñense.

El registro audiovisual del derrumbe se convirtió en una de las evidencias más impactantes de la emergencia, al mostrar la dimensión del desprendimiento que terminó en tragedia. Las labores de búsqueda y atención se activaron tras conocerse lo ocurrido, mientras se intentaba establecer el alcance de la afectación y atender a los sobrevivientes.

#TERRIBLE ☠️ Se conoció impactante video del aterrador momento en que un repéntino deslizamiento de tierra sepultó a mineros artesanales en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, dejando un trágico saldo de 14 personas fallecidas (entre ellas 12 mujeres cabezas de hogar) y 7 heridos. https://t.co/Z3cvJzDHuB pic.twitter.com/KXUPGV9DTe

— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 21, 2026

(Vea también: ¿Hay pistas en el crimen de Blanca Pardo? Esto es lo último que se sabe del doloroso caso)

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, señaló que la mayoría de las mujeres fallecidas eran madres cabeza de hogar que dependían de la extracción artesanal de oro para sostener económicamente a sus familias. La pérdida de estas personas representa un duro golpe para sus comunidades, donde esta actividad constituye una fuente de ingresos.

La emergencia también motivó un llamado de la Defensoría del Pueblo, que pidió coordinar las labores de rescate, activar la red hospitalaria y disponer de apoyo aéreo para facilitar el traslado de los heridos. La entidad solicitó, además, la intervención de Medicina Legal para identificar los cuerpos y garantizar un manejo digno de las víctimas.

A las dificultades geográficas se sumó la preocupación por la presencia de grupos armados ilegales en el área. Por esa razón, la Defensoría pidió garantizar condiciones de seguridad para que los organismos de socorro y el personal humanitario pudieran cumplir sus labores. Mientras avanzaba la atención de la emergencia, el video del derrumbe dejó en evidencia la dimensión de una tragedia que cobró la vida de 14 personas.

En específico, durante la jornada señalada, la restricción aplica exclusivamente a los vehículos particulares cuya placa termina en 5 o 6. Estos automotores no podrán transitar por la ciudad entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche. Así lo establece el horario oficial dispuesto por las autoridades para controlar el flujo vehicular, buscando reducir los niveles de congestión en horas clave.

La Secretaría de Movilidad de Cali enfatiza la necesidad de que los conductores, tanto residentes como visitantes, organicen sus desplazamientos con suficiente anticipación si planean hacer trámites personales, asistir a compromisos laborales o movilizarse por diferentes sectores urbanos. El cumplimiento de esta medida evita no solo situaciones incómodas, sino también sanciones económicas.

La reglamentación establece que conducir un automóvil durante el horario restringido, cuando la placa coincide con los dos dígitos señalados para ese día, puede acarrear una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Esta información fue confirmada por la Secretaría de Movilidad de Cali, autoridad responsable del control y la supervisión del tránsito en la ciudad.

Existen, sin embargo, algunas excepciones a la regla. Los vehículos híbridos, eléctricos y aquellos destinados a servicios de emergencia y seguridad no están sujetos a la restricción. Además, quienes requieran movilizarse con su vehículo particular, pese a las restricciones, pueden optar por el pago de la Tasa por Congestión, mecanismo previsto en la normativa local para flexibilizar la aplicación del pico y placa bajo ciertas condiciones.

La institución recalca la importancia de conocer las condiciones de excepcionalidad, ya que estas pueden variar y se encuentran consignadas en la regulación vigente. Por ello, recomienda a los ciudadanos consultar las fuentes oficiales para evitar confusiones y sanciones innecesarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa en Cali?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad de Cali, quienes circulen en horario restringido con placas terminadas en los dígitos mencionados deberán pagar una sanción equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes, conocida como SMLDV, lo que representa un castigo económico significativo por el incumplimiento.

¿Cuáles vehículos están exentos del pico y placa en Cali?

Entre las principales excepciones definidas en la normativa se encuentran los vehículos híbridos y eléctricos, así como los destinados a servicios de emergencia y seguridad. Además, existe la posibilidad de realizar el pago de la Tasa por Congestión para circular durante la restricción, bajo las condiciones establecidas legalmente.

Han pasado más de dos meses desde esa emergencia y la incertidumbre continúa. Aunque personal de Gestión del Riesgo visitó la vivienda y marcó la propiedad para una evaluación, hasta el momento no han definido si la casa puede ser reparada o si es necesario demolerla por completo. Según la información recogida por 90 Minutos, la continuidad de los escombros impide la inspección técnica completa del inmueble. Dentro de la vivienda aún permanecen estructuras del edificio Cantabria, como paredes y piezas del baño, lo cual obstaculiza un diagnóstico certero del estado real del hogar de Sandra.

La principal preocupación de Sandra es recibir una respuesta de BBVA Seguros, la aseguradora responsable del edificio Cantabria, para que se adelante un proceso de reclamación por afectaciones a terceros. En un principio, Sandra buscó ser incluida en la reclamación colectiva gestionada por el administrador del edificio. No obstante, según narró al medio de comunicación, luego de varias gestiones, se le comunicó que debía adelantar el reclamo de forma independiente. Así, la propietaria relató que envió directamente a la aseguradora toda la documentación necesaria, pero no ha recibido respuesta sobre el avance o estado de su caso. Frente a la falta de información, Sandra ha optado por buscar asistencia jurídica, considerando presentar un derecho de petición para obtener una evaluación técnica.

La situación es aún más compleja por la vulnerabilidad del inmueble a causa de las lluvias. El peso de los escombros sobre la losa aumenta el riesgo de colapso, lo que ha obligado a instalar soportes provisionales. Mientras tanto, Sandra y su esposo, quienes llevan 16 años habitando esa casa, temen perder lo que han conseguido tras años de esfuerzo. Sandra manifestó su preocupación por la posibilidad de asumir un nuevo crédito hipotecario a largo plazo, dado que ambos se acercan a la edad de pensión, haciendo inviable esa opción.

Por ahora, la familia sigue a la espera de la evaluación definitiva y enfrenta la incertidumbre sobre la reconstrucción o reparación de su vivienda, en medio de una situación marcada por la falta de respuestas institucionales y el temor de perder el patrimonio construido durante toda una vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué debe hacer una persona afectada por escombros tras un colapso de edificio en Cali?

De acuerdo con el caso de Sandra Hernández citado por 90 Minutos, una persona afectada debe primero contactar a autoridades de Gestión del Riesgo para la evaluación inicial de daños. Luego, debe comunicarse con la aseguradora responsable para presentar la reclamación, acompañando el proceso con documentación y evidencias. Si la respuesta no es concreta, la búsqueda de asesoría jurídica y la presentación de un derecho de petición son opciones recomendadas para avanzar en la resolución del caso.

¿Cuáles son los pasos para reclamar daños a una aseguradora tras un terremoto en Cali?

Según el relato proporcionado, la persona afectada debe recopilar pruebas y documentos sobre los daños, enviar una reclamación directa a la aseguradora relacionada con el inmueble responsable y dar seguimiento al proceso. Si no recibe respuesta o la gestión se dilata, puede buscar ayuda legal y presentar un derecho de petición para exigir una evaluación técnica de los daños y garantizar la protección de sus derechos como afectada.

De acuerdo con información publicada por El Espectador, la medida fue comunicada por la Delegada para la Seguridad Territorial a través de una carta dirigida al ministro Cancino. En ella, se señala que la compulsa de copias se origina a partir de las afirmaciones de María Claudia Tarazona, viuda del senador Uribe Turbay, durante su entrevista con Caracol Televisión, en la que reveló detalles inéditos sobre el caso.

El ministro Cancino solicitó verificar los señalamientos públicos de Tarazona, especialmente en lo relacionado con la cadena de mando y la financiación detrás del crimen. También pidió investigar si el excongresista Luis Alberto Albán, conocido como alias ‘Marcos Calarcá’, tuvo alguna participación en la organización del atentado, ya que Albán fue representante a la Cámara por el partido Comunes, agrupación conformada en 2017 por exintegrantes de las FARC después del Acuerdo de Paz. Debido al fuero constitucional de Albán por su antiguo cargo, el Ministerio consideró pertinente remitir la información a la Corte Suprema de Justicia y así precisar su competencia en el proceso.

La Fiscalía indicó que, con base en los datos aportados por Tarazona y su representación de víctimas, proceden a verificar la autenticidad y el origen de las comunicaciones recibidas, así como la posible relación de las personas mencionadas con los hechos. En palabras del ente acusador, todos los pasos se están adelantando “con la reserva necesaria para preservar la investigación” y se ofrecerán respuestas a la familia Uribe Turbay y al país “en un término razonable”.

Desde junio de 2025, de acuerdo con la Delegada Deicy Jaramillo, un Grupo de Tareas Especiales –conformado por cuatro fiscales y respaldado por la fuerza investigativa y policial, entre ellas la Sijín, la Dijín y el CTI– está dedicado exclusivamente a este caso. La Fiscalía recalcó que “la investigación nunca se ha detenido” y que mantiene abiertas varias líneas, muchas de ellas en concordancia con las nuevas hipótesis planteadas por el ministro.

Sobre el origen de los recursos y la autoría intelectual, María Claudia Tarazona ha sostenido que el dinero salió de Venezuela y que la orden del crimen provino del Congreso de la República. Además, ha dejado ver su preocupación por posibles infiltraciones en el esquema de seguridad del senador, aunque mantiene en reserva la identidad de sus fuentes y espera que las autoridades corroboren toda la información.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la relación entre alias “Marcos Calarcá” y el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

De acuerdo con la información remitida por el Ministerio de Justicia a la Fiscalía, existe la petición de investigar si el excongresista Luis Alberto Albán, conocido como alias “Marcos Calarcá” y vinculado al partido Comunes, tuvo algún grado de implicación en la preparación del atentado contra el senador Uribe Turbay. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía no ha presentado resultados concluyentes respecto a su participación, y la investigación continúa en proceso sin señalar a ningún responsable concreto de entre los nombres mencionados por Tarazona.

¿Qué información entregó María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

María Claudia Tarazona, en entrevista con Noticias Caracol y de acuerdo con lo recopilado por El Espectador, declaró que la financiación para cometer el asesinato de su esposo habría salido de Venezuela y que la orden provino del Congreso de la República. Sostuvo además que entregó esta información a la Fiscalía, basada en mensajes advertidos por una fuente anónima antes del atentado, y pidió que se abra una línea de investigación específica para corroborar estos datos.

La administración distrital aclaró que los niños que provienen de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), hogares infantiles, hogares comunitarios u otros servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así como de la Subsecretaría de Primera Infancia, ya tienen un cupo asignado automáticamente en la institución educativa oficial más cercana a su lugar de residencia. Sin embargo, si la familia desea que el menor sea admitido en otro colegio oficial diferente al asignado, puede acercarse directamente a ese establecimiento para preguntar por disponibilidad de puestos y recibir información precisa sobre los pasos a seguir.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, el procedimiento para formalizar la matrícula comienza con una visita a la institución educativa oficial más próxima al domicilio de la familia. Allí, los acudientes podrán confirmar el cupo, recibir asesoría sobre los requisitos y presentar la documentación. Para quienes optan por una institución distinta, es fundamental consultar primero la oferta de cupos antes de solicitar el traslado.

En cuanto a la documentación que se exige para completar la matrícula, el proceso requiere la copia del documento de identidad del niño o niña y del padre, madre o acudiente responsable; copia actualizada del carné de vacunación; soporte de asistencia a valoración integral en salud; certificado de afiliación al sistema de salud; recibos de servicios públicos de la vivienda y, en caso de discapacidad, copia del diagnóstico correspondiente.

Finalmente, la Secretaría de Educación recordó que la matrícula en la educación inicial oficial es un trámite gratuito y corresponde a un derecho fundamental de la niñez. Por eso, reiteró la invitación a realizar el procedimiento dentro de las fechas establecidas, para garantizar el acceso efectivo de las niñas y los niños a su formación académica en los primeros años escolares. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para inscribir niños en jardín y transición en Cali?

Para inscribir a los menores en los grados de jardín y transición de las instituciones oficiales de Cali, es necesario presentar copias del documento de identidad del niño o niña y del acudiente, carné de vacunación al día, soporte de valoración integral en salud, certificado de afiliación al sistema de salud, recibos de servicios públicos y, si aplica, el diagnóstico de discapacidad, según lo informado por la Secretaría de Educación Distrital.

¿Cómo asegurar el cupo en una institución educativa oficial de Cali?

El cupo de los niños provenientes de programas como los Centros de Desarrollo Infantil o servicios del ICBF se asigna automáticamente en la institución oficial más cercana a su residencia. Si la familia quiere elegir otro colegio, debe consultar la disponibilidad directamente en dicho establecimiento antes de formalizar la matrícula, siempre dentro del calendario fijado por la Secretaría de Educación.

“Da mucha rabia porque se ensañaron con mi hermano de una manera que no debía de ser así. Como nos dijo uno: ‘vengo de un lugar de matar negros, ¿qué me da matar uno más?’”, relató Ana en conversación con CityTV. La mujer también cuestionó que una persona señalada de actuar de esa manera llevara el uniforme de una institución policial.

(Vea también: “Ni perdón ni rebaja”: mamá de Donovan Balanta habló sobre los policías señalados de su crimen)

¿Qué dijo Medicina Legal sobre la muerte de Donovan Balanta?

La gravedad de lo ocurrido también quedó reflejada en el dictamen de Medicina Legal, que estableció que Balanta murió por una arritmia cardíaca provocada por las descargas eléctricas que recibió durante el procedimiento. Según el informe forense citado en el material sobre el caso, los hallazgos relacionaron las descargas con la alteración del ritmo cardíaco que terminó causándole la muerte.

El documento también describió las condiciones críticas en las que el hombre llegó al centro asistencial: no tenía pulso y presentaba respiración agónica. La investigación busca reconstruir lo sucedido el 20 de septiembre en el sector de Caracolí, en la zona limítrofe entre Ciudad Bolívar, en Bogotá, y Soacha, Cundinamarca. De acuerdo con la información recopilada por El Espectador, Balanta habría sido reducido, esposado y trasladado a la Estación de Policía de Cazucá, donde presuntamente recibió golpes y varias descargas con un dispositivo Taser.

La reconstrucción de los hechos también señala que Balanta habría manifestado dolor en el pecho y dificultades para respirar durante cerca de 20 minutos, mientras solicitaba atención médica. Estos elementos hacen parte de las circunstancias que deben esclarecer las autoridades para determinar las posibles responsabilidades individuales e institucionales.

Barrios enfatizó que el despliegue de la observación electoral cubrirá la mayoría de los territorios nacionales, prestando especial atención a los municipios catalogados con niveles de riesgo altos y extremos para la participación política. De acuerdo con la MOE, durante las pasadas elecciones territoriales de 2023, se detectaron 91 incidentes de afectación del orden público en 80 municipios, relacionados en su mayoría con denuncias de trashumancia electoral y controversias por la revocatoria de inscripciones. El subdirector de la MOE, Frey Muñoz, recalcó la importancia de que el Consejo Nacional Electoral resuelva estas controversias de manera oportuna según el calendario electoral, para así evitar incertidumbre jurídica.

La libertad de prensa y el derecho a la oposición democrática fueron otros temas centrales durante la instalación. Barrios insistió en que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, requiriendo garantías para que los periodistas ejerzan su labor sin presiones y accedan a información de calidad, así como condiciones que permitan la disidencia sin temor. Las delegaciones regionales de la MOE manifestaron además su preocupación por la polarización presenciada en las recientes elecciones y llamaron a partidos y ciudadanía a mantener debates políticos alejados de discursos de odio.

Próximamente, la Registraduría Nacional publicará el calendario electoral, definiendo con precisión cada etapa del proceso. Estas elecciones permitirán evaluar tanto la administración de Abelardo de la Espriella como la fuerza del nuevo partido Defensores de la Patria, que se confrontará con agrupaciones tradicionales como el Centro Democrático. El resultado podría alterar la balanza del poder político en Colombia, más aún ante las recientes tensiones entre el Gobierno y sectores aliados del Congreso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales desafíos para las elecciones regionales de 2027 en Colombia?

De acuerdo con la información de la MOE y las autoridades electorales, entre los principales retos figuran garantizar la seguridad en municipios con alto riesgo para la participación política, resolver controversias jurídicas de manera oportuna y asegurar condiciones para el libre ejercicio de la prensa y la oposición. Además, la polarización política y el surgimiento de nuevos movimientos como Defensores de la Patria generan desafíos adicionales para la convivencia democrática.

¿Qué papel cumple la Misión de Observación Electoral (MOE) en el proceso electoral de Colombia?

La Misión de Observación Electoral (MOE) es una organización encargada de vigilar y supervisar las distintas etapas de los procesos electorales colombianos. Con 34 coordinaciones regionales, su labor se centra en la identificación de incidentes que puedan afectar la transparencia, la seguridad y el orden público durante las jornadas democráticas, así como en promover garantías para la participación y la libertad de expresión.

El evento fue localizado en las coordenadas 3,87° de latitud y -75,68° de longitud.

Aunque el reporte identifica a Chaparral como referencia, el epicentro se ubicó a 18 kilómetros de Roncesvalles, 23 kilómetros de San Antonio y 28 kilómetros de Chaparral, todos municipios del Tolima.

El SGC indicó que para la detección del temblor se utilizaron registros de siete estaciones sismológicas. El reporte tiene estatus automático y registra un RMS de 0,7 segundos y un gap de 122 grados.

Por su magnitud, el movimiento fue considerado de baja intensidad. Hasta el momento del reporte no se entregaron detalles sobre daños materiales o personas afectadas por el sismo.

Este tipo de eventos son registrados constantemente por la red de monitoreo sísmico del país, que permite identificar la ubicación, profundidad y magnitud de los movimientos de tierra que se presentan en diferentes regiones de Colombia.

No solo se trata del relevo en la cabeza visible de la justicia transicional, sino que también los nuevos líderes asumirán sus cargos poco después de que el Congreso autorizara una disminución de COP 181.400 millones en el presupuesto para 2027. Este recorte impone una preocupación adicional para el nuevo presidente, quien deberá atender asuntos presupuestales de inmediato. Pero las dificultades no terminan ahí: existen iniciativas legislativas, impulsadas principalmente por sectores políticos de oposición, orientadas a reformar la Constitución, modificar la vigencia de la JEP e incluso condicionar la validez de las sentencias emitidas en casos relacionados con exintegrantes de la fuerza pública. Una de esas propuestas, impulsada por el Centro Democrático, busca que las sentencias que dicte el Tribunal para la Paz sean revisadas automáticamente por el Tribunal Superior Militar y Policial, mientras que otra iniciativa, presentada por el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, pretende que la existencia de la JEP se limite a 10 años.

El entorno de la JEP, además, ha estado marcado por críticas en la gestión de sus recursos, cuestionamientos a la labor de magistrados y posibles conflictos de interés dentro de la institución. A esto se suma la falta de diálogo con el actual gobierno, a pesar de los intentos previos.

Danilo Rojas Betancourth, nacido en San Antonio (Tolima), cuenta con una extensa trayectoria en la rama judicial e instituciones internacionales. Su formación incluye estudios de derecho y especializaciones en Colombia y España, además de amplia experiencia como relator, magistrado auxiliar y, posteriormente, presidente del Consejo de Estado, antes de llegar a la JEP en 2018. Diana María Vega Laguna, por su parte, es oriunda de Neiva (Huila), tiene una sólida carrera en la academia jurídica y cargos en entidades como la Procuraduría, la Fiscalía y el Consejo de Estado, llegando a la JEP en 2021. Ambos enfrentarán el reto de mantener la independencia de la justicia transicional y de gestionar los recursos de la institución en un escenario político y fiscal complejo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales retos del nuevo presidente de la JEP para el periodo 2026-2028?

El presidente Danilo Rojas Betancourth debe gestionar el recorte presupuestal aprobado por el Congreso, enfrentar iniciativas legislativas que buscan limitar la independencia y duración de la JEP, y responder a cuestionamientos sobre la gestión interna. Su liderazgo será determinante para garantizar el cierre apropiado de macrocasos y la autonomía de la justicia transicional en un ambiente desafiante.

¿Qué experiencia tienen Danilo Rojas Betancourth y Diana Vega Laguna en la justicia transicional?

Danilo Rojas acumula cuatro décadas de experiencia en organismos internacionales, la rama judicial colombiana y la dirección de entidades como el Consejo de Estado, llegando a la JEP en 2018. Diana Vega ha trabajado en la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado, integrándose a la JEP en 2021 como magistrada suplente, antes de asumir la vicepresidencia.

La situación se originó cuando, en febrero de 2025, el médico tratante de Santiago ordenó realizar una osteotomía de húmero, un procedimiento específico para corregir el hueso afectado tras su fractura, y solicitó también el material de osteosíntesis, elementos indispensables para fijar el hueso durante la intervención. Según lo reportado por El Espectador, la operación nunca se concretó porque la EPS no proporcionó el material necesario. La clínica responsable informó que no podía programar la cirugía ante la falta de insumos. A esto se sumó la respuesta confusa de los proveedores: uno manifestó que el material disponible no era adecuado para la técnica quirúrgica requerida y otro aseguró que jamás recibió la orden de suministro.

De acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, ninguna de estas justificaciones exime a la EPS de su obligación principal: gestionar su red de clínicas y proveedores para garantizar el acceso efectivo y seguro al servicio de salud. Frente al caso, la Sala Quinta de Revisión, encabezada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade, determinó que Famisanar vulneró los derechos a la salud, la dignidad y la seguridad social del menor. Se evidenció que, aunque las órdenes médicas se emitieron el 11 de febrero de 2025, la EPS solo las autorizó el 8 de septiembre de ese año y además no entregó el material indispensable, interrumpiendo así el proceso médico.

La Corte enfatizó tres principios fundamentales del derecho a la salud: oportunidad, que exige atención sin demoras injustificadas; continuidad, que impide suspender tratamientos por razones administrativas; e integralidad, que obliga a cubrir todas las etapas del proceso médico. Además, resaltó que los derechos de los niños tienen prioridad y protección especial del Estado. En ese sentido, todo dispositivo médico esencial, como el material de osteosíntesis para la osteotomía de húmero —cubierto con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)—, debe ser garantizado por la EPS. Los conflictos internos o contractuales nunca pueden justificar el incumplimiento de una orden médica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las EPS no pueden suspender tratamientos médicos por problemas con proveedores?

La Corte Constitucional dejó claro que las EPS son las responsables principales de garantizar la prestación efectiva de servicios de salud a sus afiliados, según lo señalado por El Espectador. Por ello, los problemas administrativos, contractuales o con sus proveedores no son una justificación válida para suspender, retrasar o no cumplir una orden médica, ya que esto vulnera derechos fundamentales como la salud y la dignidad humana.

¿Qué es una osteotomía de húmero y por qué requiere material de osteosíntesis?

La osteotomía de húmero es un procedimiento quirúrgico utilizado para corregir deformidades en el hueso del brazo. Requiere material de osteosíntesis, elementos esenciales que permiten fijar y estabilizar el hueso durante y después de la intervención, garantizando así una recuperación adecuada y segura para el paciente.

Los habitantes enfatizan que, a causa de estas restricciones, quienes se dirigen hacia la avenida Ciudad de Cali o vienen de la zona de Bochalema se ven obligados a realizar cruces indebidos, especialmente frente a la cárcel de menores. Alexandra Paredes, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Kachipay, señala que, pese a que la empresa Rutas del Valle se había comprometido a solucionar esta problemática, no se ha evidenciado ninguna mejora sustancial.
Otra de las preocupaciones recurrentes para la comunidad se presenta a las 2:00 p. m., cuando los padres de familia llegan a recoger a sus hijos al colegio local. Según explicó la líder de la JAC, la práctica de estacionarse en contravía, especialmente en el costado de la iglesia, ha propiciado que una persona de manera improvisada regule el tránsito para dar paso, escenario que genera temor frente a potenciales accidentes o complicaciones en la circulación.

La comunidad también denuncia a la Constructora Bolívar por no habilitar una de las vías internas de la urbanización, abriendo solo uno de los accesos y brindando, a juicio de los vecinos, respuestas poco satisfactorias. Frente a esto, la empresa manifestó, por medio de declaraciones recogidas por 90 Minutos, que reconoce los retos existentes con la movilidad del sector. Añadió que la apertura y entrega oficial de las vías aún está pendiente y que, mientras tanto, se encuentran trabajando junto a las autoridades municipales para agilizar el proceso.

La Constructora Bolívar expuso que el trámite de entrega formal ante la Secretaría de Infraestructura de Cali sigue en curso, y que están atendiendo requerimientos adicionales presentados por el municipio. Informaron que han habido mesas de trabajo con entidades como Infraestructura, Planeación y Movilidad, buscando caminos alternativos para acelerar la habilitación. Mientras tanto, la Secretaría de Planeación ya emitió un concepto favorable para el recibo parcial de las vías, pero aún resta el visto bueno técnico por parte de la Secretaría de Movilidad. Por esta razón, la constructora indicó que no puede proceder unilateralmente con la habilitación y reiteró su voluntad de mantener el diálogo con la comunidad y las autoridades para resolver la situación en el marco de los requisitos oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la principal causa de la congestión vial en el barrio Kachipay de Cali?

La principal causa de la congestión vial en Kachipay, según lo reportado por 90 Minutos y los testimonios de la Junta de Acción Comunal, radica en la restricción de un giro clave en la intersección de la carrera 109 con calle 60. Esto obliga a los residentes y visitantes a realizar maniobras indebidas y complejas que dificultan la entrada y salida del barrio, sobre todo en horarios pico.

¿Qué acciones ha tomado la Constructora Bolívar frente a las quejas de los habitantes de Kachipay por el colapso vial?

Constructora Bolívar informó, en declaraciones recogidas por 90 Minutos, que están gestionando la entrega oficial de las vías a las autoridades municipales. Han participado en mesas de trabajo con instituciones como la Secretaría de Infraestructura y Planeación para buscar alternativas que permitan agilizar este proceso. La constructora aclaró que la habilitación depende del cumplimiento de requisitos técnicos y normativos, y reiteró que mantendrán el diálogo con la comunidad hasta lograr una solución conjunta.

La secuencia de los hechos, de acuerdo con la información recogida hasta ahora, señala que la pareja fue atacada alrededor de las 11:34 a. m. del miércoles señalado. Se investiga el ingreso de al menos dos personas al inmueble, lo que habría dado pie a una confrontación al interior de la vivienda. En medio del ataque, la pareja habría intentado salir de la casa para buscar ayuda, pero ambos murieron a causa de las heridas recibidas. La escena mostró objetos desordenados y otros indicios que ahora forman parte de los elementos recolectados para esclarecer cómo ocurrió el crimen.

Familiares y vecinos advirtieron la falta de comunicación con Alejandra y Jorge, situación que, sumada a señales de violencia y al comportamiento inusual de los perros del predio, motivó el aviso a las autoridades. Cuando ingresaron a la finca, encontraron a las víctimas sin vida, lo que provocó un llamado de la comunidad para esclarecer los hechos y dar con los responsables. La inspección técnica estuvo a cargo del CTI y la Policía de Cundinamarca, quienes avanzan en la recolección de pruebas forenses y testimonios.

Dentro de las líneas de investigación se contempla la posibilidad de un acto de hurto violento, aunque la Fiscalía no ha confirmado ninguna hipótesis. Además, La FM informó sobre antecedentes de preocupaciones de seguridad en la zona y desacuerdos de la pareja con algunos vecinos, pero hasta el momento no existe una confirmación oficial que relacione estos antecedentes con el doble homicidio.

Por contexto, el doble homicidio se da cuando el departamento de Cundinamarca registra una disminución estadística de estos delitos según la Gobernación, aunque esta baja no tiene relación directa con el caso particular de Suesca. Conforme al balance publicado, los homicidios han caído un 18,6 % en lo que va de 2026, y solo en septiembre se reportaron 266 casos frente a 305 del año anterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las hipótesis que investiga la Fiscalía sobre el doble homicidio en Suesca?

La Fiscalía y la Policía de Cundinamarca manejan varias hipótesis sobre el doble homicidio ocurrido en la vereda Tenería. Entre las principales líneas de investigación se encuentran un posible hurto violento y antecedentes de conflictos con otras personas de la zona. Sin embargo, hasta ahora ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente y el caso sigue en investigación.

¿Por qué se considera relevante la reducción de homicidios en Cundinamarca frente al caso de Suesca?

La reducción de homicidios reportada por la Gobernación de Cundinamarca, con una baja del 18,6 % en lo que va de 2026, establece un contexto general de seguridad en el departamento. Sin embargo, esta cifra no permite establecer una relación directa con el crimen específico de la pareja en Suesca, ya que las circunstancias y móviles de ese hecho particular siguen sin esclarecerse por parte de las autoridades.

La decisión del ente acusador se da en respuesta directa a una solicitud elevada por el Ministerio de Justicia, en cabeza del ministro Iván Cancino, quien instó a las autoridades a profundizar en las líneas de investigación orientadas a esclarecer no solo a los autores materiales, sino también a los determinadores, financiadores y redes de apoyo político de la estructura criminal. El oficio remitido por la Fiscalía pone sobre la mesa la necesidad de verificar los hallazgos derivados de los recientes testimonios y elementos materiales probatorios aportados a las autoridades competentes.

Las alarmas institucionales se encendieron con mayor intensidad tras las explosivas declaraciones entregadas hace pocos días por María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, en una extensa entrevista concedida al noticiero Noticias Caracol y a otros medios de comunicación. En sus intervenciones públicas, Tarazona aseguró haber recibido información reservada y chats que evidenciarían una conspiración de gran calado, afirmando de manera categórica que “la orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”.

Según los detalles revelados por la viuda del exsenador, las comunicaciones y documentos entregados a la justicia apuntan a que la operación criminal habría sido coordinada por facciones de la disidencia armada autodenominada Segunda Marquetalia —bajo el mando de cabecillas como alias Iván Márquez y alias Zarco Aldinever— y financiada con recursos provenientes de Venezuela. Dentro de los señalamientos más sensibles, Tarazona vinculó directamente a Enrique Marulanda —hijo biológico del exjefe guerrillero Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, e hijo de crianza de la excongresista Sandra Ramírez— como presunto responsable de impartir la orden material de la acción criminal.

A raíz de estos señalamientos, y debido a que en las fechas del atentado y en periodos anteriores los presuntos implicados o figuras del entorno político militaban o tenían cercanía con espacios legislativos de partidos como Comunes, la viuda del dirigente político exigió que se indague a fondo el papel de actores con fuero político. No obstante, las autoridades judiciales han recordado que estas hipótesis y señalamientos forman parte de una fase de recolección y análisis probatorio, por lo que corresponderá a la Corte Suprema de Justicia determinar el mérito jurídico de las copias enviadas y definir si existen méritos suficientes para abrir indagaciones formales contra excongresistas aforados.

Mientras el Ministerio de Justicia insiste en la urgencia de reconstruir toda la cadena de mando y revisar si existieron fallas u omisiones en los esquemas de protección institucional que rodearon a Uribe Turbay antes del atentado, el país permanece a la expectativa de los resultados que arroje este nuevo expediente en las altas instancias de la justicia colombiana.

El documento también describió el estado crítico en el que Balanta llegó al centro asistencial. De acuerdo con el dictamen, el hombre presentaba ausencia de pulso y respiración agónica, signos de una condición médica de extrema gravedad. El caso ocurrió después de un procedimiento de la fuerza pública en el sector de Caracolí, en la zona limítrofe entre Ciudad Bolívar, Bogotá, y Soacha, Cundinamarca.

(Vea también: “Ni perdón ni rebaja”: mamá de Donovan Balanta habló sobre los policías señalados de su crimen)
“Da mucha rabia porque se ensañaron con mi hermano de una manera que no debía de ser así. Como nos dijo uno: ‘vengo de un lugar de matar negros, ¿qué me da matar uno más?’. Creo que eso no justifica que una persona, porque es un asesino, tenga ese uniforme puesto”,  dijo Ana Balanta, hermana del asesinado.

La investigación busca establecer qué ocurrió durante el procedimiento del 20 de septiembre. Según la información recopilada por El Espectador, Balanta fue reducido, esposado y trasladado a la Estación de Policía de Cazucá, donde presuntamente recibió golpes y varias descargas con un dispositivo Taser. La reconstrucción de los hechos también indica que habría manifestado dolor en el pecho y dificultades para respirar durante cerca de 20 minutos, mientras solicitaba atención médica.

En el proceso judicial, la Fiscalía contempla imputar a los uniformados involucrados por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada. Además, un quinto integrante de la Policía Nacional fue detenido en relación con el caso. La actuación de los mandos también está bajo investigación, pues se busca establecer qué decisiones tomaron durante el procedimiento y si hubo demoras en el traslado de Balanta a un centro médico.

El joven, que cumplió 18 años en mayo de 2026, es señalado por las autoridades de estar vinculado con múltiples homicidios en Bucaramanga y su área metropolitana.

(Lea también:  Hombre que le llevó flores a su novia y luego la asesinó quedó libre; hija de la víctima dio duro relato)

Su captura se produjo en el sector del Santísimo, en Floridablanca, durante un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. En el procedimiento también fueron capturadas otras cinco personas, entre ellas un menor de edad.

Según el presidente Abelardo de la Espriella, las autoridades incautaron cuatro armas de fuego, cerca de 4.000 dosis de base de coca, cuatro kilos de marihuana, dinero y teléfonos celulares.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó el resultado del operativo y aseguró que ‘Julito’ era uno de los hombres más buscados de la región, señalado de tener un papel clave en varios asesinatos.

Por su parte, las autoridades investigan su posible participación en más de 30 homicidios, aunque hasta ahora han informado que estaría vinculado directamente con al menos 19 de estos casos, uno de ellos como mayor de edad.

La trayectoria criminal que se le atribuye habría comenzado cuando aún era menor de edad. Según las investigaciones, sería integrante de la estructura conocida como ‘Los del Sur’, que delinque en el área metropolitana de Bucaramanga.

Por información  que permitiera su captura, se había ofrecido una recompensa superior a los 70 millones de pesos. Uno de los hechos que puso a ‘Julito’ en el radar de las autoridades fue la masacre de Villa Esperanza, ocurrida el 25 de octubre de 2025 en el sector de La Cumbre, en Floridablanca, que dejó cuatro personas muertas.

También es investigado por el presunto feminicidio de su expareja, Cynthia Valeria Espitia Argüello, ocurrido en enero de 2026. Tras este último caso, fue capturado, pero posteriormente escapó de un centro de reclusión para menores durante una cita médica en Bogotá. Desde entonces, su búsqueda continuó mientras avanzaban las investigaciones por los hechos que se le atribuyen.

¿Qué pasará ahora con alias ‘Julito’?

La captura también generó reacciones en redes sociales, donde usuarios recordaron el video en el que el propio ‘Julito’ desafió a las autoridades a encontrarlo.

Video de redes, alias “Julito”. 

Su caso ha sido comparado con el de alias ‘Naín’, otro joven señalado de actividades criminales, por las similitudes que algunos analistas encuentran en sus trayectorias y en la búsqueda de reconocimiento y poder en contextos de violencia.

(Vea también: Hombre condenado a 16 años de cárcel asegura que es inocente: dice que lo acusaron por su cejas)

Ahora, la Fiscalía deberá avanzar en los procedimientos judiciales correspondientes y presentar ante un juez los elementos materiales probatorios que sustenten las imputaciones.

Aunque las autoridades consideran que esta captura podría contribuir al esclarecimiento de varios homicidios, queda una pregunta de fondo:¿su detención reducirá la violencia en Bucaramanga y su área metropolitana o surgirán nuevos actores dispuestos a ocupar el lugar que deja?

Según un comunicado emitido por el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional, los hechos ocurrieron cuando los uniformados del batallón se preparaban para desplazarse hasta Villa de Leyva, con el propósito de apoyar las labores de control de un incendio forestal en el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. El personal se encontraba en pleno alistamiento y organización para atender la emergencia ambiental cuando se produjo el incidente con arma de fuego.

La investigación, que está en curso, deberá precisar de manera exhaustiva cómo se desencadenaron los acontecimientos, qué ocurrió inmediatamente antes de los disparos y si existieron posibles fallas en los protocolos de manejo de armas o en los procedimientos internos de la unidad. El Ejército afirmó haber activado los protocolos institucionales correspondientes y puso en marcha actuaciones para determinar las causas exactas del caso. Además, destinó un equipo interdisciplinario encargado de acompañar a las familias de los militares involucrados y garantizar la atención médica a quienes resultaron afectados.

Con respecto a los motivos que habrían originado el conflicto, una fuente militar citada por El Tiempo indicó que la situación comenzó cuando el sargento Lozano Burgos dio una orden al soldado Malabet Collante en medio del alistamiento del grupo. Según esa versión, esta instrucción molestó al soldado, desencadenando una discusión que posteriormente escaló hasta el uso de un arma de fuego. El desenlace fue fatídico: dos muertos, un herido y un canino lesionado dentro de las filas del Ejército Nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre las causas de la discusión dentro del Batallón de Artillería 1 en Sogamoso?

Sobre las causas que dieron origen a la discusión, una fuente citada por El Tiempo señaló que la confrontación comenzó cuando el sargento Lozano Burgos le dio una orden al soldado Malabet Collante durante la organización para atender una emergencia ambiental. Esta instrucción habría generado molestia en el soldado, lo cual desencadenó una discusión que terminó escalando hasta convertirse en un incidente fatal con arma de fuego.

¿Qué protocolos activó el Ejército Nacional tras el incidente en Boyacá?

De acuerdo con un comunicado del Comando de Ingenieros del Ejército Nacional, tras conocerse lo ocurrido en el Batallón de Artillería 1, la institución activó los protocolos institucionales e inició investigaciones para esclarecer los hechos. También asignó un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias de los militares afectados y garantizar la atención médica de quienes resultaron heridos, mientras se determina la secuencia de los acontecimientos y posibles fallas en los procedimientos internos.

El comportamiento del jefe de Estado en X también incluyó cuatro respuestas a las alocuciones de De la Espriella. De acuerdo con los datos divulgados por Cambio, el político pasó a desempeñar un papel activo en la oposición tras terminar su mandato, con publicaciones en las que defendió su gestión y cuestionó a sus contradictores.

(Vea también: “Complicidad del gobierno Petro”: papá de Miguel Uribe dejó mensaje a De la Espriella por magnicidio)

Sin embargo, el cambio en su estrategia de comunicación no comenzó después de abandonar el poder. La revista señaló que durante la campaña electoral ya se evidenciaba un aumento de las publicaciones de Petro contra sus adversarios. Una vez fuera de la Presidencia, De la Espriella desplazó a Álvaro Uribe e Iván Duque entre los principales blancos de sus críticas en redes sociales.

El análisis también encontró que el 82 % de los trinos con los que Petro defiende su gestión incluye ataques a sus críticos. Este comportamiento muestra cómo sus publicaciones combinan la reivindicación de las decisiones tomadas durante su Gobierno con cuestionamientos a figuras que se oponen a su proyecto político.

En paralelo, el expresidente recibió un respaldo dentro de su sector político con su elección unánime al frente del Pacto Histórico. No obstante, esa decisión no ha cerrado las discusiones sobre el rumbo que debería tomar la izquierda colombiana ni sobre la necesidad de construir nuevos liderazgos de cara al futuro.

Entre las voces que han planteado cambios están Carlos Carrillo, Susana Muhamad y María José Pizarro, quienes han defendido la importancia de que el movimiento tenga mayor autonomía, abra espacios para nuevas figuras y encuentre mecanismos para tramitar sus diferencias internas. Estas posturas reflejan los debates que atraviesa el sector político después del Gobierno de Petro.

(Lea también: Exministro de Petro habló de posible cárcel para el expresidente: “No me sorprendería”)

Otro elemento que permite examinar la evolución del discurso presidencial es la colección Las palabras del cambio, compuesta por diez tomos que reúnen 282 discursos pronunciados por Petro entre 2022 y abril de 2026, con cerca de 860.000 palabras. Según Cambio, esos documentos permiten rastrear cómo las alocuciones del último año de su mandato se acercaron al tono que adoptó posteriormente, marcado por la defensa de su legado y el enfrentamiento con sus críticos.

Las comunicaciones reveladas por la citada revista sitúan las maniobras en las semanas previas tanto a la primera como a la segunda vuelta presidencial de 2026. En aquel momento, De La Espriella lideraba las preferencias de voto frente a Iván Cepeda, carta del petrismo, lo que generó desesperación en sectores cercanos al Ejecutivo. A través de mensajes de WhatsApp y notas de voz enviadas a Mancuso, De Currea-Lugo advirtió sobre un escenario electoral adverso y sugirió la necesidad de articular un “golpe de opinión” de alto impacto para fracturar la ventaja del candidato opositor.

En uno de los audios más comprometedores difundidos por la investigación periodística, el exasesor gubernamental le expresa al excomandante de las AUC su temor ante una posible traición institucional por parte de quienes llegaran al poder, utilizando referencias históricas para coaccionar al exparamilitar: “Con eso la posibilidad, hermano, de que los que lleguen, que antes ayudaron a construir la paz con ustedes, les claven el puñal, como hizo Uribe. Así como Uribe los extraditó, hermano”, manifestó De Currea en la grabación, agregando a modo de advertencia: “Yo siento que De La Espriella les va a hacer una señora putada para sacarlos del juego”.

Para justificar la urgencia de la intervención de Mancuso, el exfuncionario recurrió a ejemplos de campañas pasadas donde giros discursivos de última hora modificaron las estadísticas electorales, comparando la situación con estrategias previas implementadas en la historia política reciente del país. Enseguida, De Currea lanzó la petición directa de inmiscuir al exjefe paramilitar en el debate político: “Sin eso vamos a perder, hermano. Y yo creo… Bueno, con todo respeto, creo que tú tienes en la mano ese golpe de opinión. Las palabras tuyas, hermano, no son las palabras de un mamerto. No son las palabras de un hombre de izquierda. Tú ya has recuperado una… Digamos que se te escucha en el país”, argumentó, insistiendo en que su pronunciamiento “podría ser determinante en las elecciones”.

El expediente probatorio detalla que los contactos iniciaron formalmente el pasado 23 de mayo, a escasos ocho días de la primera vuelta, cuando De Currea le propuso a Mancuso conceder una entrevista para su portal web personal bajo el pretexto de “ayudar en algo de cara a las elecciones”. Junto a la invitación, el exasesor le hizo llegar un cuestionario compuesto por diez preguntas directas orientadas a vincular a De La Espriella con estructuras paramilitares durante sus años de mayor expansión en el país, indagando sobre supuestos nexos políticos, financieros e intermediaciones jurídicas.

Entre los interrogantes remitidos figuraban planteamientos encaminados a inducir respuestas incriminatorias, tales como cuestionar el origen de los dineros de clientes del entonces candidato o exigir afirmaciones bajo juramento sobre supuestas relaciones con las autodefensas. “Si hoy usted tuviera que declarar bajo juramento sobre la relación de Abelardo De La Espriella con personas o intereses asociados a las AUC, ¿qué estaría dispuesto a afirmar de manera concreta ante la justicia colombiana?”, se lee en uno de los chats aportados.

Ante las revelaciones, Salvatore Mancuso confirmó haber recibido las comunicaciones por parte del exasesor presidencial, mientras que los intentos periodísticos por obtener una respuesta o defensa directa por parte de Víctor de Currea-Lugo no han obtenido contestación. Estas nuevas evidencias se suman a los antecedentes del fallido ‘Pacto de Valledupar’ de octubre de 2025, robusteciendo las investigaciones sobre el uso presuntamente irregular de aparatos estatales y operadores políticos para desestabilizar contendores democráticos desde las más altas esferas del poder.

Los seis policías ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde recibieron cuidados especializados y permanecen bajo observación permanente para monitorear su evolución. La clínica destacó la importancia de la atención médica oportuna para lograr la recuperación de los afectados, quienes permanecen vigilados tanto por su seguridad como por las eventuales complicaciones derivadas de las heridas sufridas durante el atentado.

El ataque ocurrió alrededor de la 1:30 a. m., cuando la estación de Policía de Pelaya fue blanco de cuatro descargas explosivas lanzadas desde artefactos aéreos no tripulados, conocidos comúnmente como drones. Según explicó el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, el hecho se atribuye a retaliaciones de grupos armados ilegales en respuesta a las recientes operaciones y capturas realizadas en la región. Estas acciones oficiales han estado dirigidas especialmente contra actividades ilícitas, como el hurto de hidrocarburos.

Frente a la emergencia, las autoridades de la Fuerza Pública respondieron de inmediato, activando un Puesto de Mando Unificado (PMU) y estableciendo un plan candado en las principales vías de la zona. Asimismo, se enviaron refuerzos del Ejército Nacional y unidades de la Fuerza URANO para garantizar la seguridad en el área, según detalla el reporte oficial.

Por otro lado, el atentado puso de nuevo en evidencia las falencias tecnológicas para la protección de las estaciones policiales en Cesar. Eduardo Esquivel confirmó que la estación de Pelaya aún no cuenta con sistemas de detección de drones, dado que los primeros seis dispositivos suministrados por la Gobernación del Cesar fueron asignados prioritariamente a otras localidades, como Río de Oro. Las autoridades departamentales reiteraron el llamado al Gobierno nacional para acelerar la entrega de los aproximadamente 60 detectores antidrones proyectados en una primera fase y garantizar que se instalen sistemas efectivos para inhibir y neutralizar estos aparatos en todas las estaciones del departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado de salud de los policías heridos tras el ataque con drones en Pelaya?

De acuerdo con el reporte oficial de la Clínica Alta Complejidad de Aguachica, los seis policías afectados por el ataque recibieron atención médica inmediata, fueron estabilizados y actualmente se encuentran fuera de peligro. Permanecen bajo observación especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para monitorear su evolución y descartar complicaciones relacionadas con las heridas causadas por el atentado.

¿Por qué las estaciones de policía en Cesar aún no cuentan con suficientes detectores antidrones?

Según manifestó el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, la estación de Policía de Pelaya aún no dispone de detectores de drones porque los primeros seis equipos adquiridos por la Gobernación fueron entregados a otras localidades priorizadas, como Río de Oro. Por esto, las autoridades regionales solicitan al Gobierno nacional que agilice la entrega de cerca de 60 detectores proyectados en una primera etapa, así como la implementación de sistemas de inhibición y neutralización de drones en todas las estaciones policiales del Cesar.

El violento episodio ocurrió mientras el agente de seguridad transitaba hacia el domicilio del congresista para iniciar la jornada habitual de custodia institucional, indicó El Tiempo.

Las primeras hipótesis oficiales sugieren que delincuentes interceptaron al funcionario con el propósito de despojarlo de sus pertenencias mediante la fuerza.

El propio cabildante confirmó públicamente el atentado, expresando honda preocupación por la delicada condición médica en que terminó su colaborador tras la agresión.

“Esta mañana, el hombre de mi equipo de seguridad resultó herido de bala cuando se dirigía a mi residencia. Según la información preliminar, el ataque habría ocurrido durante un intento de robo”, escribió el congresista mediante sus plataformas digitales.

Luego de verificar el impacto de proyectil recibido por el escolta, el legislador solicitó la pronta intervención de los organismos de seguridad de la capital.

Moreno requirió de forma directa al alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, emprender pesquisas exhaustivas para esclarecer el suceso e identificar a los responsables.

El representante instó al gobierno distrital y a los mandos de la Policía Metropolitana a intensificar la operatividad para frenar el crimen en las zonas urbanas.

Diversas voces del escenario político manifestaron su respaldo al parlamentario y a su grupo de trabajo, demandando acciones contundentes ante el incremento de asaltos.

Las unidades de investigación judicial analizan grabaciones de cámaras de seguridad del sector para reconstruir la ruta de huida utilizada por los agresores armados.

Medicina legal y centros asistenciales monitorean la evolución respiratoria del escolta, cuyo pronóstico médico continúa bajo estricta reserva técnica.

El hecho reaviva el debate nacional sobre las garantías de protección para esquemas de custodia y el deterioro persistente de la seguridad ciudadana.

¿Quién es el senador Gustavo Moreno?

Gustavo Adolfo Moreno Hurtado destaca como un líder político colombiano que ejerce como senador de la República en representación del departamento de Santander y la circunscripción nacional.

Nacido el 28 de abril de 1990 en la ciudad de Barrancabermeja, el congresista proviene de una familia de trabajadores vinculados al sector petrolero en la región del Magdalena Medio.

En el ámbito académico, Moreno obtuvo su título profesional como politólogo en la Universidad del Rosario y posteriormente realizó estudios de postgrado en la Universidad Católica de Colombia.

Su formación incluye una especialización en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal, complementada con programas de posgrado enfocados en las áreas de seguridad y defensa nacional.

Antes de asumir su curul parlamentaria, se desempeñó como asesor y contratista en temas de desarrollo territorial, Hábitat en Bogotá, la Superintendencia de Notariado y la Alcaldía de Barrancabermeja.

El dirigente inició su trayectoria en el Congreso tras resultar electo senador para el cuatrienio 2022-2026 dentro de la lista de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza.

Durante su labor parlamentaria ha integrado comisiones legislativas clave, impulsando proyectos orientados a la conectividad digital, los servicios públicos, las juventudes y el desarrollo de la infraestructura regional.

Asimismo, Moreno ratificó su liderazgo nacional al obtener la reelección para el periodo legislativo 2026-2030, respaldado por la plataforma política de la Alianza Social Independiente.

Su agenda legislativa prioriza la gestión de inversiones públicas para las provincias, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la promoción de la equidad social en el país.

El congresista promueve activamente iniciativas para modernizar el marco normativo del transporte intermunicipal y defender los derechos fundamentales de las comunidades vulnerables en los territorios.

El objetivo central de esta propuesta es establecer una ruta jurídica clara para el sometimiento de grupos criminales, abordando aspectos fundamentales de la Ley de Orden Público de 1994. Además, la ley se articula con el llamado estatuto antiterrorista, otra pieza controversial de la política de seguridad del gobierno de la Espriella. Las discusiones han girado especialmente en torno a los beneficios jurídicos y condiciones que entrarían a regir para quienes formen parte de estas estructuras delictivas.

Una de las reuniones clave para afinar el texto se llevó a cabo en el Ministerio de Justicia, con participación de los coordinadores y ponentes del proyecto. Sin embargo, no todos los congresistas invitados estuvieron presentes, ya que algunos se encontraban hasta la madrugada debatiendo el Presupuesto General de la Nación, documento que, según El Espectador, presentaría vicios de trámite y terminaría expidiéndose por decreto.

Durante este encuentro, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aclaró dudas sobre los artículos centrales: el texto se mantiene casi igual al borrador inicial y llega a primer debate con mensaje de urgencia. Uno de los cambios sustanciales fue la sustitución del “rol de liderazgo” por “rol de mando” y la delimitación de beneficios para quienes ocupen posiciones de autoridad dentro de las organizaciones criminales. Según los ponentes oficialistas, este ajuste responde a la necesidad de alinear la ley con el Derecho Internacional Humanitario y otras normativas legales.

Daniel Briceño, uno de los ponentes y miembro del Centro Democrático, explicó a El Espectador que estas aclaraciones jurídicas son fundamentales para diferenciar a los integrantes de alto rango y definir claramente a quiénes deben aplicarse los beneficios. Por su lado, Santiago Barreto del Partido Conservador expuso que el proyecto soluciona vacíos de la ley de paz anterior, aunque también advirtió sobre posibles incentivos perversos en el reconocimiento de colaboradores con perfiles políticos, lo que recuerda episodios del “Pacto de Valledupar” bajo el gobierno pasado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cambios en la ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella?

Los cambios principales en la ley de sometimiento giran alrededor del reemplazo del término “rol de liderazgo” por “rol de mando” y el establecimiento de límites para el acceso a beneficios jurídicos para quienes han ejercido mando dentro de grupos criminales. Según los informes de El Espectador, con estas modificaciones se busca que las personas identificadas como mandos no reciban rebajas o indulgencias pensadas solo para miembros sin posiciones directivas, ajustando la norma al marco nacional e internacional.

¿Cómo afectará la nueva ley de sometimiento a los beneficios jurídicos para integrantes de grupos criminales?

De acuerdo con lo revelado por El Espectador, la nueva ley establece que los beneficios jurídicos, especialmente aquellos referentes a la reducción de penas, libertad condicional y modalidades especiales de cumplimiento, estarán restringidos a quienes no hayan desempeñado “rol de mando” en las organizaciones delictivas. Esto implica una evaluación más rigurosa para determinar quiénes pueden acceder a estos beneficios, excluyendo a los jefes o mandos dentro de los grupos criminales.

Además de las lesiones sufridas por los miembros de la Policía, la infraestructura de la estación resultó dañada por las explosiones. La institución informó que avanza en las investigaciones con el apoyo de sus equipos de inteligencia, con el propósito de esclarecer los hechos y dar con los responsables materiales e intelectuales del ataque. Si bien no existe confirmación oficial sobre la autoría, la Policía señaló que el frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (Eln) tiene presencia en la zona y se le atribuye preliminarmente la acción violenta.

La Policía Nacional repudió "de manera categórica este acto violento" e invitó a los ciudadanos a colaborar con información que permita la captura de los responsables, a través de las líneas 123, 155 y 165. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los drones se han convertido en una herramienta eficaz y económica para los grupos armados, quienes han perfeccionado el uso de estos dispositivos en ataques a la Fuerza Pública, frente a la dificultad que tienen las autoridades para neutralizar esta modalidad. La FIP reporta que, en Colombia, ocurre un ataque con drones cada 20 horas.

Las cifras de la Fuerza Pública reseñan que entre 2023 y el 1 de octubre de 2026 se han registrado 716 ataques con drones, de los cuales 318 corresponden a este año. El promedio es de 8,2 hechos por semana, con 56 ataques solo en agosto, y el 71 % de los casos concentrado en Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander. El Estado Mayor Central (Emc) y el Eln son los principales responsables, con 72 % y 23 % de atribución respectivamente.

La FIP detalla que los drones llegaban originalmente por canales legales desde Estados Unidos, China y Rusia, pero actualmente se adquieren y adaptan también a través de Venezuela, e incluso se fabrican localmente a menor costo. El Emc ha desarrollado la capacidad de producir drones armados por tan solo una fracción del costo comercial, incrementando la amenaza sobre la Fuerza Pública. El Eln, entre tanto, ha triplicado su utilización de drones de 36 ataques en 2025 a 132 en el año en curso, aunque el Emc sigue encabezando la estadística, sobre todo en regiones bajo influencia de sus frentes armados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo utilizan los grupos armados drones en ataques contra la Policía en Colombia?

De acuerdo con información de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y reportes de la Fuerza Pública, los grupos armados emplean drones comerciales, que pueden ser adaptados o incluso fabricados a bajo costo, para lanzar explosivos contra instalaciones y personal de la Fuerza Pública. Este método ha resultado eficaz y difícil de contrarrestar. Los ataques se concentran principalmente en regiones con fuerte presencia de estructuras armadas como el Estado Mayor Central y el Ejército de Liberación Nacional, quienes han logrado incrementar su capacidad táctica mediante la formación de operadores especializados.

¿Qué medidas están tomando las autoridades de Colombia frente a los ataques con drones?

La Policía Nacional ha intensificado las labores de inteligencia e investigación para identificar y capturar a los responsables de los ataques con drones, como lo evidencian los procedimientos posteriores a lo ocurrido en Pelaya. Sin embargo, el uso de drones plantea retos significativos de seguridad debido a la facilidad de acceso y adaptación de estos equipos por parte de los grupos armados. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a suministrar información que ayude a enfrentar esta problemática, mientras buscan fortalecer sus capacidades técnicas para responder a esta amenaza creciente.

La vigilancia ordenada no implica una cancelación ni un cambio de sede para el evento, pero sí pone en evidencia la preocupación institucional por el estado del campo de juego. Sencia debe entregar un plan detallado que incluya estrategias de protección y mecanismos para asegurar la pronta recuperación de la gramilla una vez culmine el concierto, con el compromiso claro de no interferir con la agenda futbolística posterior.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), según menciona El Espectador, ha solicitado a la interventoría de la Asociación Público-Privada un seguimiento reforzado en varios aspectos: técnico, operativo, jurídico y financiero. Dentro de las disposiciones, se revisarán riesgos asociados al montaje de estructuras, los corredores para el desplazamiento de asistentes, el cubrimiento del césped y la etapa de desmontaje. Además, la interventoría deberá establecer un registro documental y fotográfico del estado inicial de la cancha, acompañar el evento y conducir una inspección al día siguiente de retirar el montaje.

En cuanto a la reciente polémica por la cancelación y aplazamiento de partidos de fútbol profesional, como los duelos entre Millonarios y Once Caldas, y Santa Fe frente a Jaguares, la Dimayor emitió las suspensiones por el mal estado de la gramilla. El IDRD aclaró que ya había solicitado información a Sencia desde septiembre sobre la recuperación del césped, y aunque se presentó un cronograma, persistieron problemas de adherencia debido a la humedad.

La administración distrital está evaluando posibles incumplimientos contractuales por parte del concesionario, lo cual podría traducirse en sanciones económicas o la aplicación de cláusulas penales si se determina que se han dejado de cumplir las prioridades deportivas. No obstante, cualquier decisión en este sentido dependerá de la evaluación técnica y el proceso contractual correspondiente.

El director del IDRD, Daniel García Cañón, afirmó que el fútbol tendrá prioridad en El Campín, resaltando que, aunque el contrato de concesión permite la realización de eventos masivos como conciertos, el mantenimiento de una gramilla en óptimas condiciones para el deporte sigue siendo una obligación principal. Por ello, se han dispuesto controles adicionales para el concierto de Ryan Castro, con el fin de garantizar la disponibilidad del estadio para los compromisos de los equipos bogotanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Distrito ordenó vigilancia especial para el concierto de Ryan Castro en El Campín?

La decisión se tomó tras los daños sufridos por la gramilla del estadio después de eventos anteriores, como los conciertos de BTS, y debido a la cancelación reciente de partidos de fútbol profesional porque el césped no estaba en condiciones óptimas. De acuerdo con El Espectador, el Distrito busca evitar afectaciones que perjudiquen la agenda deportiva y asegurar que el concesionario Sencia cumpla con los planes de protección y recuperación del terreno.

¿Qué controles exigió el IDRD para proteger la gramilla durante el concierto de Ryan Castro?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte solicitó a la interventoría vigilancia técnica, operativa, jurídica y financiera antes, durante y después del evento. Sencia debe presentar un cronograma, detallar los sistemas de protección de la cancha, reportar los horarios de montaje y desmontaje, y preparar un plan de contingencia que incluya personal e insumos para responder ante eventuales daños en la gramilla.

Rodríguez aclaró que su decisión de mantenerse al margen de los medios no implica retractación ni renuncia a buscar justicia, tanto a nivel nacional como internacional. Según lo expresado en su misiva, considera que visibilizar su situación ha sido fundamental para su bienestar y protección. En ese sentido, expone que la Ley 2453 de 2025 —que aborda la violencia contra las mujeres en política— contempla prevención, atención y sanción, pero advierte sobre la distancia entre la norma y la experiencia vivida por quienes acuden a las instituciones en busca de ayuda. “Una mujer que denuncia no debería terminar sintiendo que es ella quien está siendo juzgada”, enfatizó en su texto. Además, en el comunicado dedicado parte de sus palabras a agradecer el respaldo en temas de seguridad que recibió, incluso de personas que no conoce personalmente, como el actual presidente Abelardo de la Espriella, durante momentos difíciles.

En otro frente, el 29 de julio de 2026, Rodríguez interpuso ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia formal contra Gustavo Petro, en la que lo señala por presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia. Como lo expuso su abogado Wilson Ruiz, quien fue ministro de Justicia en el gobierno de Duque, buscarán que la instancia correspondiente adelante la investigación penal al exmandatario. Paralelamente, el abogado de Petro, Alejandro Carranza, anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Rodríguez por injuria y calumnia. Además, la bancada de Salvación Nacional también llevó una acusación ante la Comisión de Acusaciones, señalando a Petro por reuniones del gobierno con antiguos jefes paramilitares y solicitando una investigación sobre posibles órdenes o declaraciones relacionadas con figuras como Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, conforme a lo informado por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las denuncias presentadas por Angie Rodríguez contra Gustavo Petro?

Angie Rodríguez presentó ante la Comisión de Investigación y Acusación denuncias formales contra el expresidente Gustavo Petro. Entre los señalamientos figuran peculado, tráfico de influencias, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia, según declaraciones de su abogado, Wilson Ruiz. Estas denuncias buscan que se investigue el presunto comportamiento irregular del exmandatario durante su gestión, de acuerdo con lo registrado oficialmente en el proceso.

¿Qué establece la Ley 2453 de 2025 sobre violencia contra las mujeres en política?

La Ley 2453 de 2025, mencionada por Angie Rodríguez, se refiere a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres en escenarios políticos. La exfuncionaria remarca que, aunque la norma contempla medidas legales, en la práctica las mujeres denunciantes deben enfrentar retos que complican acceder a la protección y la justicia, tema también señalado en su comunicado.

La expectativa en torno a la diligencia quedó evidenciada cuando la revista SEMANA reveló en exclusiva una imagen de Ferrer a la espera del inicio formal de la sesión virtual, flanqueada por documentos, registros fotográficos y los soportes documentales que su equipo jurídico incorporará legalmente al expediente. Esta citación responde directamente al proceso penal abierto a raíz de las explosivas revelaciones hechas públicas por medio de audios periodísticos, en los cuales la exfuncionaria catalogó sin ambigüedades al núcleo cercano de la ex primera dama como una presunta “mafia”.

En diálogo con el mismo medio de comunicación, el abogado penalista Johnny Batalla, miembro del equipo jurídico de la ciudadana catalana, confirmó la participación activa de su representada en la diligencia de este miércoles y ratificó la entrega formal de los elementos probatorios: “En estos momentos estamos a la espera de que inicie la diligencia virtual. Tanto Eva Ferrer como su equipo de abogados están esperando que la diligencia empiece”, manifestó el jurista. Asimismo, enfatizó que todo el material recopilado se entregará “respetando la cadena de custodia que determine la Fiscalía”.

Las ramificaciones de este proceso judicial trascienden las fronteras nacionales. En entrevistas previas concedidas a SEMANA, Ferrer expuso con detalle el supuesto modus operandi de una red criminal que gravitaría alrededor de Verónica Alcocer, señalando que tanto ella como personas de su círculo más íntimo habrían participado en actividades de tráfico de drogas y armamento. De acuerdo con las declaraciones de la exconsejera, estas operaciones ilícitas habrían incluido vuelos clandestinos hacia Venezuela, donde se transportaban estupefacientes a cambio de millonarias sumas de dinero, hechos que ya fueron ratificados formalmente ante la Procuraduría General de la Nación.

Ante la magnitud de los señalamientos, la defensa de Ferrer confirmó que no agotará sus recursos en el ámbito local, sino que planea trasladar la totalidad de las evidencias y testimonios recabados a la justicia de los Estados Unidos, instancia con la que ya se habrían mantenido contactos preliminares. Mientras los organismos de investigación evalúan la pertinencia y contundencia del material probatorio aportado por la defensa de la catalana, el caso reaviva el debate nacional sobre los controles de legalidad y la presunta corrupción institucional durante el periodo presidencial anterior.

De acuerdo con Cepeda, la cultura debe ser entendida como un "campo democrático al que concurren muchos sectores", en contraposición a lo que juzga como un intento del gobierno actual por imponer una visión ideológica a través de la selección y exclusión de contenidos históricos. El senador formuló preguntas directas sobre la legitimidad de que figuras como De la Espriella dicten a las víctimas del país cómo deben interpretar la historia y la memoria. También advirtió sobre el peligro de imponer definiciones únicas sobre la religión, la familia y la sociedad.

Cepeda subrayó la diversidad que caracteriza a Colombia: la convivencia entre la cultura occidental, pueblos originarios, comunidades afrodescendientes, comunidades con diversidad sexual y las múltiples formas de ver el mundo. Afirmó que esta pluralidad tiene la capacidad de manifestarse y defender las distintas expresiones culturales del país.

En este escenario, el gobierno de De la Espriella ha defendido la revisión de contenidos museográficos con el argumento de combatir lo que denomina "adoctrinamiento político" y "apología del terrorismo". Sin embargo, representantes del sector cultural y organizaciones sociales han manifestado su preocupación por las consecuencias que esto pueda tener sobre la preservación y la pluralidad de la memoria histórica nacional.

El enfrentamiento alcanzó un nuevo nivel cuando Cepeda expresó solidaridad con María José Pizarro y María del Mar Pizarro, hermanas e hijas del asesinado excomandante guerrillero Carlos Pizarro, luego de que el mandatario ordenara retirar cualquier mención pública a este personaje histórico. Como concluyen voces del sector cultural, la controversia evidencia la disputa por el relato de la historia reciente de Colombia y la manera como se plasma en los espacios culturales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué genera controversia la revisión de contenidos en el Museo Nacional de Colombia?

La controversia surge porque la revisión promovida por el gobierno de De la Espriella ha implicado el retiro de piezas que documentan hechos y luchas sociales relevantes, como el feminismo, los derechos LGTBIQ+, la violencia política y el proceso de paz con las FARC. Según fuentes citadas en la entrevista, representantes culturales y organizaciones sociales consideran que esta medida puede afectar una visión plural y democrática de la memoria histórica, restringiendo el acceso a relatos fundamentales de la historia reciente del país.

¿Qué argumentos dan los críticos y defensores del cambio en exposiciones del Museo Nacional?

Los críticos, como el senador Cepeda, argumentan que imponer una visión única sobre la historia en el Museo Nacional vulnera la diversidad cultural y la memoria de víctimas de conflicto y luchas sociales. Advierten, de acuerdo con lo expresado en la entrevista, que la cultura debe ser democrática e inclusiva. Por otro lado, el gobierno de De la Espriella sostiene que su intervención busca evitar el "adoctrinamiento político" y la "apología del terrorismo" en los centros culturales estatales, defendiendo así su derecho a revisar el contenido exhibido.

La final tuvo lugar en el auditorio Xepia de la UAO, donde los participantes pusieron a prueba su capacidad para argumentar y persuadir, enfrentándose ante el público con discursos preparados a lo largo de varias fases. Tal como lo expresó Rodríguez de Vivero, el proceso demanda “mucho tiempo de trabajo detrás. Cada discurso de las fases previas lleva preparación, lleva esfuerzo”. Su testimonio resalta la dedicación y rigor que exige una competencia de esta magnitud, en la cual cada intervención representa el resultado de un proceso de formación integral en oratoria.

De acuerdo con Ángel Domingo, director de comunicaciones de las ligas españolas, el Mundial de Oratoria cumple seis años promoviendo la elocuencia y la comunicación persuasiva entre estudiantes universitarios. Lo que comenzó con la participación de cerca de un centenar de concursantes en su primera edición, ahora suma entre 500 y 600 inscritos provenientes de más de 20 países. El evento no solo visibiliza el talento de los finalistas, sino que resalta la importancia de las habilidades de comunicación en todos los ámbitos de la vida, como lo mencionó Sarah Macías, estudiante UAO: “yo creo que la oratoria y la comunicación en general son una habilidad que todas las personas deberíamos tener”.

El hecho de que Cali haya sido la sede de 2026 responde al histórico triunfo de Sarah Macías Garzón, quien en 2025 se convirtió en la primera colombiana en ganar el certamen, con una final celebrada ese año en España. Su victoria permitió que la competencia se trasladara a Colombia para la última edición, reafirmando el crecimiento y la relevancia internacional del evento en la formación de jóvenes universitarios en argumentación, expresión oral y persuasión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién ganó el Mundial de Oratoria en español 2026 disputado en Cali?

El ganador de la edición 2026 del Mundial de Oratoria en español, celebrada en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, fue Óscar Rodríguez de Vivero, representante de la Universidad Carlos III de Madrid, quien se llevó el primer lugar tras varias fases de competencias y preparación previa.

¿Por qué la Universidad Autónoma de Occidente fue sede del Mundial de Oratoria en 2026?

La UAO alojó la final del Mundial de Oratoria en 2026 gracias al triunfo de Sarah Macías Garzón, quien en 2025 se convirtió en la primera colombiana en obtener el primer puesto de este certamen internacional, lo que permitió que la siguiente edición se realizara en Cali.

Según Julio César Rodríguez, jefe de Gestión Técnica de Emdupar, la situación alcanzó niveles preocupantes cuando la turbiedad del agua superó los 10.000 NTU (unidades de turbidez nefelométrica), una cifra que excedió la capacidad operativa de los sistemas de tratamiento. Rodríguez afirmó que se trató inicialmente de enfrentar el desafío, pero los desarenadores y sedimentadores se llenaron de sedimentos en cuestión de horas, lo que los obligó a ejecutar una parada preventiva de la planta para evitar daños mayores y proteger la seguridad del agua distribuida. "Intentamos tratarlo, pero se nos colmataron rápidamente todas las unidades. Eso obligó a parar la planta porque ya se vuelve intratable el agua", señaló el funcionario, de acuerdo con Emdupar.

Después de la suspensión temporal, la planta logró reanudar actividades, aunque el restablecimiento del suministro a todos los sectores no fue inmediato. Emdupar explicó que la acumulación de aire en las tuberías y la disminución de la presión han dificultado llevar el agua a barrios periféricos y a las zonas altas de la ciudad. Por ello, las cuadrillas técnicas trabajan para normalizar gradualmente la presión y asegurar la llegada del agua potable a todos los hogares afectados.

Entre los sectores impactados se encuentran Arizona, Villa Taxi, La Castellana, Villalba, Garupal, Acuarela y Altos de Comfacesar. La empresa manifestó que la mayoría de las zonas ya cuentan con el servicio, aunque aún es necesario mantener las labores de recuperación. Además, Emdupar solicitó a los ciudadanos no arrojar residuos al alcantarillado ni conectar aguas lluvias a las redes sanitarias, ya que estas prácticas pueden generar rebosamientos durante nuevas precipitaciones, dificultando aún más la operación del sistema.

La empresa continúa monitoreando el estado de las redes para garantizar la normalización total del servicio, al tiempo que la recuperación completa dependerá de una mejora en la calidad del agua y la restauración de la presión en la red de distribución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las causas del corte de agua potable en Valledupar?

La principal causa fue el aumento de sedimentos y lodo en el agua debido a las fuertes lluvias en la zona alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta situación incrementó la turbidez a niveles que la planta de tratamiento de Emdupar no pudo manejar, obligando a una suspensión preventiva del servicio para proteger la infraestructura y mantener la calidad del agua.

¿Qué acciones tomó Emdupar para restablecer el suministro de agua en Valledupar?

Emdupar detuvo temporalmente la planta para evitar daños y, tras el descenso de los niveles de sedimentos, reinició la operación. Sin embargo, la acumulación de aire y la baja presión retrasaron la normalización completa del servicio en algunos sectores, por lo que se desplegaron cuadrillas técnicas para recuperar la presión y se pidió a la ciudadanía evitar prácticas inconvenientes en las redes, como arrojar residuos o conectar aguas lluvias.

La víctima, identificada como Edvin Rojas, murió tras ser atacado con un arma blanca durante un atraco en el barrio El Rodeo, en Villavicencio. En el hecho estarían involucrados tres menores de edad, según informó la Policía Metropolitana de la ciudad.

(Lea también: Él era el sargento asesinado durante riña en el Batallón Tarqui de Sogamoso, Boyacá)

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la víctima se encontraba con su compañera sentimental cuando fueron sorprendidos por los tres adolescentes, quienes presuntamente les exigieron sus teléfonos celulares.

En medio del hurto, el hombre habría reaccionado y fue agredido con un arma blanca que le causó una grave herida en la pierna izquierda.

Tras el ataque, Rojas fue trasladado a un centro asistencial del sector de El Recreo. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, el personal médico no logró salvarle la vida.

El comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, coronel Milton Melo, confirmó a Blu Radio que los presuntos implicados son menores de edad. Según explicó el oficial, el adolescente de 13 años quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), mientras que los jóvenes de 15 y 16 años fueron puestos a disposición de la Fiscalía para el respectivo proceso judicial.

(Vea también: Asesinaron a un mecánico en Bogotá: sicarios le dispararon en su propio taller)

Las autoridades señalaron que el caso genera preocupación por la participación de menores de edad y el nivel de violencia registrado durante el hecho.

La Policía avanza en la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del homicidio ocurrido durante el presunto hurto, que vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad ciudadana en Villavicencio y la participación de adolescentes en hechos delictivos.

Según lo especificado, los estudiantes de educación superior recibirán $400.000 por permanencia en el programa, suma a la cual pueden agregar un incentivo adicional de $200.000 en caso de haber alcanzado un promedio de 4,0 o superior durante el primer semestre de 2026. Por su parte, los aprendices SENA recibirán la transferencia correspondiente al componente de permanencia, la cual abarca los meses de junio y julio de este mismo año. Este enfoque busca premiar el esfuerzo académico de los jóvenes y fortalecer su permanencia en el sistema educativo.

Para acceder a estos recursos, los jóvenes deben poseer una cuenta de ahorros o una billetera electrónica activa, debidamente registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Si no disponen de un producto financiero reportado ante Prosperidad Social, tienen la opción de reclamar la transferencia mediante giro, acudiendo a los puntos habilitados de SuperGiros-Gane en la ciudad.

Desde la administración distrital, Lilia Astrith Bello Cruz, líder local de los programas del Departamento de Prosperidad Social, enfatizó la importancia de retirar los recursos dentro del periodo establecido, recordando que Cali cuenta con un alto número de beneficiarios. Además, se recuerda a los beneficiarios que, si tienen dudas o necesitan información adicional, pueden acudir a la Avenida Estación #5N-33, frente al Centro Comercial La Pasarela, o escribir al correo prog.jovenesaccion@cali.gov.co.

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, esta transferencia representa el quinto ciclo de pagos de Renta Joven y está condicionada al cumplimiento de los compromisos que establece el programa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede cobrar el pago de Renta Joven en Cali?

Para obtener el pago correspondiente al quinto ciclo de Renta Joven en Cali, los beneficiarios con cuenta de ahorros o billetera electrónica registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) recibirán el dinero directamente. Si no existe un producto financiero reportado, los jóvenes pueden cobrar por giro en los puntos habilitados de SuperGiros-Gane, según lo confirmó Noticiero 90 Minutos.

¿Cuáles son los requisitos para recibir hasta $600.000 de Renta Joven en Cali?

Los requisitos para acceder hasta $600.000 en el ciclo actual de Renta Joven están relacionados con la permanencia en programas técnicos, tecnológicos o profesionales y con el rendimiento académico. Los estudiantes de educación superior recibirán $400.000 por permanencia y un adicional de $200.000 si lograron un promedio mínimo de 4,0 en el primer semestre de 2026. Para los aprendices SENA, la transferencia se entrega por permanencia en los meses de junio y julio.

El episodio fue capturado en imágenes que evidencian el instante exacto en el que el ciclista se desplaza por la avenida, mientras a pocos metros se desploma una rama de considerable tamaño. La escena pone en primer plano la vulnerabilidad de quienes transitan por espacios públicos ante riesgos repentinos, especialmente cuando hay condiciones climáticas adversas o intervenciones relacionadas con la gestión de emergencias. Según la información disponible, dicho simulacro incluyó ejercicios prácticos para preparar a las autoridades y a la ciudadanía para actuar de manera coordinada ante emergencias, especialmente aquellas relacionadas con vendavales y caída de árboles, que son amenazas identificadas en la región.

La agenda del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en Valledupar contempló actividades de evaluación sobre la capacidad de respuesta de las instituciones ante eventos inesperados. Entre los principales riesgos evaluados se encuentran precisamente los vendavales y la caída de árboles, fenómenos que pueden presentarse de manera súbita y que ponen en riego tanto a transeúntes como a la infraestructura urbana. De acuerdo con los organizadores y participantes, la jornada buscó medir la reacción de los organismos de socorro y generar conciencia en la población sobre la importancia de estar preparados para situaciones de este tipo.

Este evento concreto, en el que un ciclista estuvo a centímetros de una tragedia, refleja la importancia de estos ejercicios preventivos para fortalecer la seguridad en escenarios cotidianos y pone en evidencia la necesidad de una vigilancia constante sobre el estado de los árboles y espacios públicos, especialmente durante actividades de simulación y entrenamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió durante el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en Valledupar?

Durante el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en Valledupar, un ciclista estuvo a punto de ser impactado por una rama que cayó sobre la avenida Simón Bolívar. Según el video registrado, la rama cayó en el preciso momento en que el hombre se movilizaba en bicicleta, exponiéndolo a un riesgo considerable. Este hecho resaltó la importancia del simulacro y de la evaluación de riesgos como la caída de árboles, que fue uno de los focos principales del ejercicio.

¿Por qué es relevante prepararse ante vendavales y caída de árboles en Valledupar?

La preparación ante vendavales y caída de árboles es clave en Valledupar, ya que estos fenómenos representan riesgos frecuentes para sus habitantes y la infraestructura de la ciudad. Como quedó en evidencia durante el simulacro, una situación como la caída de una rama puede desencadenar accidentes graves; por eso, las actividades de simulación permiten identificar debilidades en la respuesta institucional y sensibilizar a la comunidad sobre la prevención y el manejo de emergencias naturales.

De acuerdo con la información preliminar divulgada por la institución, el incidente habría involucrado al soldado profesional Edwin Malabet Collante, quien presuntamente disparó contra su superior, el sargento segundo Héctor Hernando Lozano Burgos. Posteriormente, el soldado habría muerto por una lesión que, según las primeras versiones, él mismo se habría ocasionado.

(Lea también: Asesinaron a un mecánico en Bogotá: sicarios le dispararon en su propio taller)

Las circunstancias exactas del caso permanecen bajo investigación de las autoridades competentes, que buscan establecer qué ocurrió dentro de la unidad militar y cuáles fueron los motivos que desencadenaron el ataque.

¿Quién era el sargento que murió en el batallón de Sogamoso?

La víctima fue identificada como Héctor Hernando Lozano Burgos, sargento segundo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Nacional.

Según la información conocida, tanto él como los demás uniformados involucrados pertenecían a la Brigada de Atención de Desastres, una unidad especializada en apoyar emergencias y atender situaciones derivadas de fenómenos naturales.

Caracol Radio también confirmó la identidad del suboficial y recordó que había participado en labores de rescate durante las inundaciones registradas en Córdoba a comienzos de año.

La emisora difundió imágenes en las que se observa al militar ayudando a trasladar animales en medio de calles inundadas, en el marco de las operaciones de atención a la emergencia.

Por su parte, el medio regional Boyacá Siete Días informó que el equipo al que pertenecían los uniformados había llegado al batallón donde ocurrieron los hechos apenas 15 días antes.

Uno de los aspectos que rodean el caso es la misión que los uniformados tenían prevista para la mañana del martes. Según la información conocida, el pelotón se alistaba para desplazarse hacia Villa de Leyva, donde se adelantaban labores para controlar un incendio forestal que había comenzado durante la tarde del lunes 19 de octubre.

En declaraciones conocidas durante la noche, el director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá había informado sobre los avances en la atención de la emergencia. Para las primeras horas del martes se contemplaba el apoyo de un helicóptero con el fin de intervenir los puntos donde persistieran las llamas.

En ese contexto, los militares se preparaban para salir a cumplir la misión cuando se habría presentado el episodio que terminó con la muerte de los dos integrantes del Ejército.

Una fuente militar consultada por El Tiempo entregó una versión preliminar sobre lo sucedido antes de los disparos. Según su relato, el incidente habría comenzado después de que el suboficial impartiera una instrucción al soldado profesional, quien presuntamente reaccionó de manera airada.

“En medio de una refriega, este último accionó su fusil contra su superior”, señaló la fuente al medio de comunicación.

Esta versión deberá ser contrastada con los testimonios y demás elementos probatorios que recopilen los investigadores.

¿Qué dijo el Ejército Nacional sobre las dos muertes?

A través de un comunicado, el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional confirmó que el hecho ocurrió durante la madrugada del martes en las instalaciones del Batallón de Artillería N.° 1, en Sogamoso.

La institución informó que el episodio dejó dos integrantes fallecidos, un militar lesionado y un perro herido. Sobre la posible participación del soldado profesional, señaló que la información inicial apunta a que habría disparado contra un suboficial y causado lesiones a otro uniformado y al animal.

Posteriormente, el presunto agresor también habría muerto, en circunstancias que todavía deben establecerse oficialmente.

El Ejército precisó que las circunstancias del caso son materia de investigación y que, tras conocer lo ocurrido, activó los procedimientos institucionales correspondientes.

Asimismo, informó que se dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a los familiares de los dos militares fallecidos y que se contempló la atención médica de las personas afectadas.

En su pronunciamiento, la institución expresó sus condolencias a los seres queridos de las víctimas y manifestó su solidaridad con sus compañeros.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente este suceso”, indicó el comunicado.

Autoridades buscan esclarecer qué ocurrió dentro de la unidad militar

Como parte de las actuaciones para reconstruir los hechos, se adelantan diligencias investigativas y entrevistas a personas que podrían aportar información sobre lo ocurrido.

(Vea también: Asesinaron a una pareja en una finca de Suesca: investigan amenazas, conflictos y un posible saqueo)

Los testimonios serán fundamentales para establecer la secuencia de los acontecimientos, verificar las versiones sobre una posible discusión previa y determinar las circunstancias en las que se produjeron los disparos.

Por ahora, el Ejército Nacional no ha informado públicamente sobre las conclusiones definitivas de la investigación.

La tragedia enluta a la institución militar y deja interrogantes sobre lo sucedido en una unidad cuyos integrantes se preparaban para participar en la atención de una emergencia ambiental en Boyacá.

En el proceso judicial, John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, señalado como cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, permanece en prisión mientras avanza la investigación por el crimen de Mateo.

El documento forense revela hallazgos estremecedores y contundentes y advierte que las heridas en su cabeza sugieren un posible patrón de ejecución.

(Vea también: Fiscalía imputa cargos a alias “Víctor Chalá” por el asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia)

Necropsia de Mateo Pérez Rueda

El examen forense realizado al cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda reveló cinco heridas por proyectiles de arma de fuego, de las cuales dos de ellos fueron encontrados en el cráneo, uno en el tórax que afectó el pulmón derecho, otro más que afectó el hígado y el quinto que causó fractura de la rodilla izquierda y lesiones en vasos sanguíneos importantes.

Según la necropsia, los dos proyectiles que golpearon la cabeza produjeron lesiones cerebrales que terminaron causando su muerte. 

“Los hallazgos de necropsia permiten concluir como causa de muerte: proyectil de arma de fuego de carga única con extensa lesión del cráneo que le ocasionan una laceración encefálica que lo lleva a la muerte”, se puede leer en el informe médico legal.

Sin embargo, el examen revela que las lesiones de la cabeza son compatibles con un posible patrón de ejecución: “Por las características de ubicación anatómica de las lesiones por proyectil de arma de fuego en cráneo que sugieren patrón tipo ejecución”.

Además de las heridas causadas por arma de fuego, el examen forense también identificó lesiones producidas con un elemento cortante en el abdomen y detrás de la rodilla derecha; estas heridas fueron realizadas después de la muerte de Mateo Pérez.

El médico forense planteó posibles explicaciones para estos hallazgos: entre ellas, que pudieran estar relacionados con un intento de alterar las condiciones del cuerpo o dificultar su hallazgo.

Es importante precisar que se trata de posibilidades planteadas en el informe, no de una conclusión que identifique a los responsables o establezca definitivamente el propósito de estas lesiones.

Luego del análisis, la necropsia clasificó la muerte de Mateo Pérez como violenta, de manera médico-legal y como homicidio.

Hallazgo del cuerpo en una fosa de Briceño

Otro dato que revela la necropsia fue el lugar en el que fue encontrado el cuerpo del periodista. El hallazgo se dio en una fosa en el municipio de Briceño; según el médico forense, esta información es relevante a la hora de analizar las circunstancias que rodean su muerte. 

(Lea también: Capturan a ‘Chala’, presunto responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez en Antioquia)

El documento señala que: “El hallazgo del cuerpo al interior de una fosa ilegal sugiere que se trata de un desaparecido al cual se quería ocultar”.

¿Cuándo habría sido asesinado Mateo Pérez?

El informe también estima que la muerte podría haber ocurrido alrededor del 5 de mayo, teniendo en cuenta el estado del cuerpo, las condiciones en las que fue encontrado y la información disponible. Sin embargo, el mismo documento advierte que se necesitan más elementos para precisar con mayor certeza el momento del fallecimiento.

El anuncio de la acción judicial, oficializado a través de un comunicado emitido por la defensa del exjefe de Estado, busca contrarrestar el impacto mediático y legal de los testimonios rendidos por Rodríguez, quien ha reiterado haber presenciado maniobras irregulares al interior y fuera de la Casa de Nariño durante la anterior administración. No obstante, desde el equipo legal de Petro insisten en que las afirmaciones de la exgerente del Fondo de Adaptación carecen de sustento probatorio y forman parte de una narrativa calumniosa encaminada a minar la imagen del exmandatario.

De acuerdo con lo estipulado en la comunicación pública de la defensa: “El 21 de octubre de 2026, a las 9:00 a. m., se radicará ante la Fiscalía General de la Nación, en su sede del búnker, una denuncia contra la señora Angie Rodríguez”. Según precisó el jurista Carranza, la radicación es el resultado de un supuesto “trabajo sostenido de recopilación de información e investigación”, señalando que solicitarán imputaciones por tipos penales de alta gravedad que incluyen peculado, concierto para delinquir, injuria y calumnia agravadas, además de la presunta violación de datos personales.

La jugada estratégica de la defensa del expresidente Petro no se limitará al ámbito penal ante el ente instructor, sino que buscará trasladar las presuntas inconsistencias administrativas de la exdirectora del Dapre a los órganos de control fiscal. “Corresponderá a las autoridades esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar. Se pondrán también en conocimiento de la Contraloría General de la República los hechos de su competencia”, concluyó el documento difundido por el abogado, quien además ofreció amplios detalles sobre el alcance del recurso durante una entrevista con la emisora Caracol Radio en su espacio 6 AM-W.

Esta maniobra del equipo jurídico del exjefe de Estado se produce en un punto crítico para la coyuntura política nacional, justo cuando sobre la administración anterior pesan severas sospechas por el presunto uso de la estructura del Estado para favorecer intereses electorales y coaccionar a antiguos comandantes de las AUC con el fin de salpicar a líderes de la oposición. Mientras la defensa de Petro intenta frenar el avance de las declaraciones de Rodríguez catalogándolas de delictivas, las autoridades competentes deberán evaluar con rigor los elementos materiales probatorios presentados por ambas partes para determinar el fondo de un escándalo que salpica las más altas esferas del poder.

Los satélites meteorológicos juegan un papel crucial, ya que orbitan la Tierra y proporcionan imágenes continuas de los sistemas nubosos, permitiendo monitorear grandes extensiones de la atmósfera. Por otro lado, los radares en tierra tienen la capacidad de seguir con detalle la evolución de las lluvias en zonas específicas. Toda esta información es recogida, validada y enviada a centros internacionales equipados con supercomputadoras, donde verdaderamente ocurre la magia del pronóstico.

Una vez en estos centros, los datos se procesan mediante modelos numéricos de predicción, que son esencialmente programas informáticos diseñados para aplicar leyes básicas de la física y la termodinámica. Estos modelos dividen la atmósfera en una especie de rejilla tridimensional, permitiendo simular cada pequeño cambio minuto a minuto, lo cual mejora la precisión en la predicción de fenómenos como lluvias, tormentas o cambios de temperatura.

Para Cali, la CVC detalló el panorama climático de este miércoles, señalando que se esperan lloviznas y lluvias ligeras intercaladas con periodos de tiempo seco a lo largo del día. Sin embargo, hacia el final de la tarde y en la noche, la CVC advirtió que el acoplamiento de brisas provenientes de las montañas podría aumentar la nubosidad y propiciar lluvias moderadas e incluso tormentas eléctricas en el área urbana. Adicionalmente, la propia CVC indicó que una vaguada (una especie de canal de baja presión en la atmósfera) en el Pacífico colombiano, respaldada por divergencia en niveles altos, está creando una dinámica que aumenta la humedad e inestabilidad en el occidente del país, alzando el potencial de lluvias.

Estos pronósticos, de acuerdo con la información transmitida por la CVC y divulgada por Noticiero 90 Minutos, son el resultado de la constante interacción entre observación detallada, procesamiento masivo de datos y modelos numéricos avanzados, lo que permite anticipar el comportamiento atmosférico con rigor científico para la ciudad y la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona un modelo numérico de predicción del clima?

Un modelo numérico de predicción del clima es un programa informático que simula la atmósfera usando principios de la física y la termodinámica. Divide el aire del planeta en una rejilla tridimensional y calcula cómo se moverán y evolucionarán las distintas variables como temperatura, humedad y viento con el paso del tiempo, a partir de los datos reales que se recopilan mundialmente.

¿Qué es una vaguada y cómo afecta el clima en Cali según la CVC?

Una vaguada es una región alargada de baja presión atmosférica, y según la CVC, en este caso está situada en el Pacífico colombiano. Esta configuración favorece la entrada continua de humedad e inestabilidad al occidente de Colombia, lo que incrementa la probabilidad de lluvias y tormentas, impactando directamente el clima de Cali y sus alrededores.

La corriente, provocada por una creciente inesperada, sorprendió tanto a Leal Quintero como a quienes estaban con él, haciendo imposible que lograra salir por sus propios medios. Una vez se notificó su desaparición, voluntarios de la Defensa Civil y miembros de otras entidades de socorro organizaron un despliegue de búsqueda a lo largo de la ribera del río Azúcar, manteniendo la esperanza de encontrar a Leal Quintero con vida. Sin embargo, las labores realizadas permitieron ubicar el cuerpo sin vida en el mismo sector donde fue visto por última vez. Según las autoridades, la causa de muerte fue asfixia por inmersión, término utilizado para referirse a la pérdida de funciones vitales provocada por la entrada de agua en las vías respiratorias.

Tras el hallazgo, las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional realizaron en el lugar la inspección técnica del cadáver, procedimiento indispensable para verificar las circunstancias en las que ocurrió el accidente, de acuerdo con los protocolos legales. Como parte del protocolo, el cuerpo será trasladado a la sede de Medicina Legal en Valledupar, donde se le practicará la necropsia, la cual determinará con exactitud las causas y circunstancias de la muerte, antes de ser entregado a sus familiares.

Esta tragedia deja en evidencia el peligro que representan las crecientes súbitas en los ríos de la región y el trabajo que desempeñan las autoridades y cuerpos de socorro en este tipo de situaciones.

¿Qué ocurrió con Otoniel Leal Quintero en el río Azúcar en Valledupar?

Otoniel Leal Quintero perdió la vida luego de ser arrastrado por una creciente repentina mientras se bañaba en el río Azúcar, en el corregimiento de La Mesa, Valledupar. Las labores de búsqueda fueron adelantadas por la Defensa Civil y otras entidades de socorro, quienes localizaron el cuerpo en el mismo sector donde desapareció.

¿Qué significa asfixia por inmersión según las autoridades?

La asfixia por inmersión, según las autoridades, es la causa de fallecimiento que ocurre cuando la entrada de agua a las vías respiratorias interrumpe la función pulmonar, impidiendo el intercambio de oxígeno y provocando la muerte. En este caso, el término se utilizó para describir la razón por la que Otoniel Leal Quintero falleció tras ser arrastrado por la corriente.

Las consecuencias de este error legislativo impactan directamente al presidente Abelardo de la Espriella y a los ministros de Hacienda, Miguel Gómez, y del Interior, Rodrigo Lara. Ante la anomalía, los equipos jurídicos analizan las rutas legales, entre ellas la posibilidad de que el Ejecutivo expida el presupuesto por decreto. Esta salida extraordinaria dependería de una revisión jurídica profunda y se conocería de manera oficial tras la declaración pública del ministro Gómez, prevista para el miércoles 21 de octubre, según El Espectador.

Uno de los puntos de debate radica en la interpretación jurídica sobre las facultades concedidas al Gobierno en el trámite, específicamente sobre la posibilidad de que expida el presupuesto de acuerdo con el texto aprobado en las comisiones, en caso de vicios insubsanables. Este matiz significaría la anulación de adiciones importantes, como los COP 3 billones asignados a la salud y los montos para la reconstrucción tras el terremoto, a la vez que recogería recortes a instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo cual ha generado fuerte controversia, tal y como lo reporta El Espectador.

El escenario político se muestra dividido. Desde la oposición, representantes como Esmeralda Hernández y María Fernanda Carrascal denuncian un vicio insalvable que, en su criterio, tumbaría el presupuesto. Por el contrario, voces del Centro Democrático como María Clara Posada y Enrique Gómez han señalado que el error solo afecta el artículo en cuestión y no invalida el resto del acto legislativo, opción que abriría una disputa en la Corte Constitucional. Mientras tanto, otros congresistas advierten sobre el impacto negativo para el sector salud y para las regiones, ante la amenaza de que los recursos asignados se pierdan en el limbo administrativo.

La decisión final se debate entre vías legales alternativas y un ambiente de alta tensión, que muestra la fragilidad de los procedimientos legislativos y las repercusiones directas sobre el manejo de los recursos públicos del país.

¿Por qué está en riesgo el Presupuesto General de la Nación para 2027?

El riesgo que enfrenta el Presupuesto General de la Nación para 2027 radica en un posible vicio de trámite descubierto cuando se detectó que la Cámara de Representantes aprobó un artículo que no fue discutido ni votado en el Senado. Según El Espectador, esta discrepancia compromete la legalidad del proceso y podría impedir que el presupuesto se convierta en ley, teniendo como posible salida su expedición vía decreto.

¿Qué consecuencias puede traer la expedición del presupuesto por decreto?

En caso de que el Gobierno expida el presupuesto por decreto, como lo analizan los equipos jurídicos mencionados por El Espectador, el texto aplicado sería el aprobado en las comisiones económicas. Esto implica que podrían eliminarse los recursos adicionales destinados a la salud y reconstrucción, y consolidarse recortes a entidades como la JEP, lo que podría generar demandas y afectar la distribución de los recursos públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En relación con las imágenes que supuestamente glorifican la violencia, el presidente señaló su propósito de eliminarlas. Dicha posición fue planteada en el Claustro de Santa Clara, un lugar de relevancia histórica y artística, aunque, según el artículo, esa perspectiva ignora la variedad de prácticas religiosas y expresiones culturales presentes en el país, así como la relación de este espacio con el arte contemporáneo. Colombia, aunque compartida bajo un mismo nombre, es descrita como una nación compuesta por diferencias territoriales, linajes y formas de vida, y la propuesta del mandatario de suprimir ciertas representaciones visuales evidencia un deseo de controlar la interpretación de la realidad, legitimando solo determinados tipos de violencia y deslegitimando otros. La garantía que da el presidente para esta política es el recién renombrado ministerio de la cultura y el patrimonio, dirigido por la ministra Paola Holguín, llamada por él “generala”, lo que plantea dudas sobre el rol que asumirá esta cartera y si podría convertirse en una herramienta de censura gubernamental.

En sus intervenciones, el presidente recurre a la expresión “el régimen anterior”, etiquetando a sus predecesores como el antagonista principal. No obstante, el texto argumenta que lo relevante aquí no es el enfrentamiento entre gobiernos, sino la disputa sobre la memoria social y cultural. En ese contexto, las artes se presentan no como instrumentos de un poder central, sino como parte de la democracia y la construcción colectiva de relatos nacionales. Imponer una visión única desde el Estado, recalca el texto, no reconoce las múltiples memorias y saberes que han configurado la vida cultural del país. Finalmente, el artículo pone sobre la mesa la pregunta fundamental: más allá de cuál historia se busca corregir, quién tendría el control de ese relato y quiénes serían silenciados en ese proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica el retorno a valores tradicionales en el discurso del presidente Abelardo de la Espriella?

El retorno a valores tradicionales, mencionado por el presidente Abelardo de la Espriella, implica privilegiar una visión del pasado que excluye la diversidad de identidades y los movimientos sociales que han ampliado la pluralidad en Colombia, según lo expuesto en el artículo. Este enfoque genera preguntas sobre los relatos que se buscan reivindicar y los grupos sociales que pueden quedar fuera de ese linaje.

¿Qué papel podría desempeñar el ministerio de la cultura y el patrimonio en la nueva política cultural del gobierno?

De acuerdo con el texto citado, el ministerio de la cultura y el patrimonio, encabezado por Paola Holguín, podría asumir un rol crucial en la determinación de qué expresiones culturales y artísticas se consideran legítimas, lo cual abre el debate sobre si la entidad actuará como órgano censor o árbitro de la mirada oficial, definiendo qué historias y representaciones se visibilizan y cuáles son relegadas.

Frente a este escenario, el analista y panelista Felipe Zuleta fijó una contundente postura en los micrófonos de Blu Radio, advirtiendo que los hechos conocidos hasta la fecha representan apenas una fracción de un entramado mucho más amplio y oscuro. Según el criterio del comunicador, las denuncias ventiladas por exfuncionarias como Angie Rodríguez o Eva Ferrer exponen dinámicas institucionales profundas: “Es la punta del Iceberg de lo que pasó en el gobierno Petro, algunas de las que ha mencionado Angie Rodríguez o Eva Ferrer, pero no porque lo hayan dicho ellas, sino porque hay más información de lo que pasó en la Casa de Nariño”.

Profundizando en las implicaciones jurídicas de las cumbres celebradas con los excomandantes paramilitares, Zuleta trazó una línea divisoria entre las gestiones oficiales cobijadas por la política de paz y la presunta materialización de conductas al margen de la ley. Para el panelista, el componente punible no reside en la interlocución con los exactores armados, sino en la instrumentalización de los mismos con fines de persecución política: “La conducta delictiva no es haberse reunido con ellos en el marco de la paz total, el delito es pedirles que declararan en contra de De la Espriella y Uribe, pero ¿quién dio la orden? Pero uno puede oponerse a algo que es ilegal, Angie Rodríguez debe responder por su actuación ilegal. Todo son responsables, lo que pasa es que es de la mayor gravedad que Petro diera esas órdenes delictivas”.

Las aseveraciones de Zuleta entran a terciar en medio de la defensa pública emitida por el expresidente Gustavo Petro, quien ha negado tajantemente haber impartido directrices para coaccionar a dirigentes políticos y ha difundido el documento formal suscrito al término de las reuniones en Valledupar. Dicho texto argumentaba que las mesas técnicas buscaban avanzar en el cierre definitivo del proceso de paz con las extintas AUC, la entrega material de bienes para la reparación de las víctimas y el esclarecimiento de información sobre los financiadores del paramilitarismo.

Paralelamente, la controversia sumó un nuevo capítulo luego de que Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, emitiera un comunicado este miércoles 21 de octubre ratificando que no se retractará de sus señalamientos y justificando sus denuncias previas como una respuesta defensiva ante lo que calificó como un presunto modus operandi orientado a desprestigiarla. “Yo viví lo que considero trampas e intentos de desprestigiarme, pero no me arrepiento de haber denunciado”, aseveró la exfuncionaria, quien admitió haber obrado motivada por el temor a retaliaciones contra su reputación y su integridad.

Mientras la Procuraduría General de la Nación avanza en la investigación disciplinaria contra ex altos funcionarios como Armando Benedetti y la propia Rodríguez, y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes evalúa las denuncias formales contra el exmandatario, las valoraciones de analistas como Felipe Zuleta reavivan el debate nacional sobre los límites éticos y penales en el ejercicio del poder público y la urgencia de esclarecer las cadenas de mando que rodearon los polémicos acuerdos con las autodefensas.

Mientras las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables, los familiares de las víctimas entregaron nuevos detalles sobre posibles antecedentes de inseguridad, amenazas y conflictos que, según sus testimonios, podrían ser relevantes para esclarecer el caso.

(Lea también: Detallan si puede cambiar la condena para los asesinos de Jaime Esteban Moreno; abogado explicó)

La información fue conocida por El Tiempo, medio que consultó fuentes cercanas a la pareja y tuvo acceso a un informe preliminar de la Policía de Cundinamarca.

¿Cómo ocurrió el doble homicidio en Suesca?

De acuerdo con el reporte policial citado, el ataque se registró hacia las 11:34 de la mañana en la vía pública de la vereda Tenería.

El documento señala que Jorge Alejandro Vivas Alba, de 56 años, presentaba una herida en el cuello, mientras que Alejandra Torres, de 39 años, tenía lesiones en el pecho, la espalda y la pierna derecha.

Las primeras informaciones indican que dos personas habrían ingresado a la vivienda de la pareja, donde se produjo una riña que terminó en una agresión con arma cortopunzante.

Según la versión preliminar, los dos afectados salieron a la vía pública para pedir ayuda, pero fallecieron a causa de las heridas antes de que pudieran recibir atención médica.

Tras conocerse el caso, unidades de la Policía y funcionarios de investigación criminal e inteligencia policial asumieron las labores correspondientes. La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) realizó la inspección técnica de los cuerpos y comenzó la recolección de elementos para establecer cómo ocurrió el ataque.

Hasta el momento, las circunstancias exactas de la agresión y la identidad de los responsables siguen bajo investigación.

Además de la información oficial, los familiares de las víctimas relataron a el medio una versión que podría aportar elementos para reconstruir los momentos previos al doble homicidio.

Según una vecina, citada por los allegados de la pareja, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían permanecido estacionados durante un tiempo considerable frente a la vivienda.

De acuerdo con ese testimonio, Alejandra alcanzó a ingresar a la casa y comunicarse con la Policía para solicitar ayuda. Sin embargo, cuando llegaron los uniformados, la pareja ya había fallecido.

Este relato hace parte de las versiones que deberán ser contrastadas por los investigadores para determinar si existe alguna relación entre la presencia de los hombres en motocicleta y el ataque.

Alejandra y Jorge Alejandro residían en una finca donde tenían perros de criadero, ganado y proyectos de cultivo hidropónico. Según sus allegados, aunque llevaban una vida dedicada a sus actividades, en el pasado se habían presentado situaciones de inseguridad que generaron preocupación entre sus familiares.

Familiares denunciaron presuntos robos y conflictos anteriores

Entre los antecedentes mencionados por las personas cercanas a las víctimas figura un episodio ocurrido aproximadamente un año y medio antes del crimen.

Según contaron al medio mencionado, Alejandra habría manifestado su preocupación porque, presuntamente, algunas personas intentaban ingresar a la propiedad para robar. Incluso, habría mencionado la existencia de un supuesto túnel que se estaría utilizando para acceder a la vivienda.

Sus familiares señalaron que, con el paso del tiempo, comenzaron a notar la falta de algunos objetos en la finca. No obstante, estos señalamientos no han sido confirmados oficialmente como parte de la investigación por el doble homicidio.

Otro asunto que mencionaron fue un conflicto entre Jorge Alejandro y un vecino de la zona, aparentemente relacionado con la poda de unos árboles.

Según el relato entregado por las fuentes al medio, algunas ramas habrían caído sobre un predio vecino, situación que desencadenó una discusión y una agresión física contra Jorge.

Los allegados señalaron que, posteriormente, circularon versiones sobre una posible hospitalización del vecino durante varios meses. Sin embargo, reconocieron que no les constaba directamente esa información.

Para la familia, este enfrentamiento es uno de los antecedentes que consideran importante revisar. Aun así, no existe una confirmación oficial que permita vincular ese conflicto con el asesinato de la pareja.

Denuncian saqueo de la finca después de la muerte de la pareja

A la tragedia se sumó otra denuncia de los familiares: la propiedad donde vivían Alejandra y Jorge Alejandro habría sido saqueada por terceros.

Según las declaraciones recogidas por El Tiempo, varias pertenencias fueron sustraídas de la vivienda, entre ellas una nevera. Los allegados también describieron daños y desorden en el interior del inmueble. Uno de los testimonios mencionó que, presuntamente, un hombre armado habría ingresado a la finca para llevarse diferentes objetos.

Esta denuncia deberá ser verificada por las autoridades, que tendrán que establecer cuándo ocurrió el supuesto saqueo, quiénes participaron y si los hechos guardan alguna relación con el doble homicidio. Por ahora, no se ha confirmado públicamente que el robo denunciado por los familiares esté conectado con el ataque contra la pareja.

Familia pide justicia por el asesinato de Alejandra Torres y Jorge Vivas

La muerte de Alejandra y Jorge Alejandro dejó a sus seres queridos a la espera de respuestas sobre lo ocurrido en la vereda Tenería.

En declaraciones a El Tiempo, familiares que solicitaron mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad expresaron su indignación y reclamaron avances en la investigación.

“Quiero justicia. Esta fue una muerte muy dura, una muerte muy tenaz”, manifestó uno de los allegados, al referirse a la violencia con la que fueron atacados.

(Vea también: Taxista murió luego de ser baleado: habría sido víctima de un intento de hurto)

La familia también pidió que se investiguen los antecedentes de inseguridad y los conflictos que, según sus versiones, se habían presentado antes de la tragedia.

Mientras tanto, las autoridades judiciales continúan con las diligencias para esclarecer el doble homicidio, establecer el posible móvil e identificar a los responsables.

Por ahora, ninguna de las hipótesis mencionadas por los familiares ha sido confirmada como la causa del crimen. La investigación deberá determinar si existió una relación entre las denuncias de presuntos robos, los conflictos anteriores y el ataque que terminó con la vida de la pareja.

Espinal dirigió su mensaje no solo a las autoridades y empresas, sino también a los ciudadanos. Les recomendó moderar el uso de luces decorativas en sus hogares y adoptar medidas para el ahorro tanto de energía como de agua, insistiendo en que la situación requiere sensatez y responsabilidad. Según sus palabras, "tenemos que ser responsables, necesitamos ahorrar energía y agua. Esta es una decisión compleja, pero es una decisión que requiere sensatez. La demanda está creciendo dos veces de lo que se esperaba". Además, el senador sugirió que quienes decidan instalar decoraciones luminosas opten exclusivamente por luces LED, las usen en periodos cortos y eviten encenderlas entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, franja horaria de máximo consumo energético.

La posición adoptada por Espinal toma relevancia especialmente en ciudades como Valledupar, donde la decoración navideña en ventanas y balcones es una tradición. Sin embargo, algunas familias han comenzado a replantear sus planes frente a los recientes episodios de cobros adicionales a quienes excedieron las metas individuales de ahorro energético, impuestas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La Liga de Usuarios de Servicios Públicos reportó que cerca de 100.000 usuarios en Valledupar fueron sancionados por superar esas metas.

En su mensaje público, el senador resumió su advertencia de manera contundente: "O ahorramos energía y agua o Colombia se apaga". Por ahora, no se conoce una respuesta oficial de las autoridades de Valledupar respecto a la propuesta de Espinal ni si evaluarán restricciones en la instalación de los alumbrados navideños, tradición arraigada en la región. La decisión final podría impactar los planes de muchas familias para la próxima temporada decembrina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el senador Juan Espinal pide limitar los alumbrados navideños en Colombia?

El senador Juan Espinal solicitó que alcaldes y empresas evalúen técnicamente los alumbrados navideños a causa de la crisis energética provocada por el fenómeno de El Niño. Según Espinal, el aumento inusual de la demanda eléctrica obliga a tomar medidas de ahorro para evitar apagones y sanciones por exceder los límites de consumo establecidos por la CREG.

¿Cuál es el riesgo de mantener decoraciones luminosas durante el fenómeno de El Niño?

El principal riesgo de mantener las decoraciones luminosas radica en el incremento de la demanda eléctrica en plena crisis energética asociada al fenómeno de El Niño. Espinal y la Liga de Usuarios de Servicios Públicos advierten que esto puede llevar a apagones y a sanciones económicas para quienes superen las metas individuales de ahorro energético establecidas por la regulación vigente.

En el caso de Valledupar, la intervención será puntual: según la compañía, las actividades se concentrarán en el circuito Cañahuate 8. Específicamente, los trabajos se harán en el sector de La Esperanza, en la calle 16C con carrera 2B. El horario establecido va desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:15 de la tarde. Durante ese lapso, los habitantes de esta zona deben estar atentos, pues el suministro eléctrico estará interrumpido temporalmente. Todo forma parte de las tareas programadas de mantenimiento que buscan, según Energua, mantener la calidad y confiabilidad del servicio.

Por otra parte, en Chimichagua, la suspensión del servicio contempla un rango horario más extenso. Energua indicó que la intervención en el circuito correspondiente a esta localidad comenzará a las 7:10 de la mañana y se extenderá hasta las 3:10 de la tarde. Las labores cubrirán la calle 5, entre las carreras 6 y 8, en el barrio El Centro. Esta jornada, al igual que en Valledupar, implica que los residentes no tendrán acceso a energía eléctrica mientras se realizan los mantenimientos previstos.

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, las interrupciones responden a la necesidad de ejecutar tareas técnicas en la infraestructura eléctrica. Energua recomendó a los usuarios que residen en los sectores incluidos dentro de la programación que tomen las precauciones necesarias durante las horas de intervención, ya que los trabajos implican la suspensión temporal del servicio. Este anuncio fue difundido para que la comunidad tenga presente la fecha y los horarios afectados, minimizando complicaciones o contratiempos asociados con la falta de luz durante la jornada. La compañía enfatizó la importancia de este tipo de mantenimientos para asegurar la prestación eficiente del servicio eléctrico en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué sectores de Valledupar y Chimichagua habrá cortes de energía según Energua?

La interrupción del servicio se realizará en Valledupar, específicamente en el circuito Cañahuate 8, en la calle 16C con carrera 2B, sector de La Esperanza, y en Chimichagua, en la calle 5 entre carreras 6 y 8 del barrio El Centro, de acuerdo con Energua.

¿Por qué se realizarán trabajos programados de energía eléctrica en Valledupar y Chimichagua?

Según la información entregada por la empresa Energua, las labores de mantenimiento programadas tienen como objetivo asegurar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en estas zonas y requieren la suspensión temporal del suministro mientras se ejecutan los trabajos en la infraestructura.

La suspensión del servicio de agua afecta a barrios puntuales, entre ellos Santa Anita, específicamente en la calle 11 A con carrera 55 A; Aguacatal, en la calle 16 Oeste con Av. 11 A; San Fernando Nuevo, en la calle 5 B4 número 38 - 09; y Santa Rita, en la calle 7 Oeste número 3 - 03. Según lo reportado por Emcali, estos sectores experimentarán cortes totales de agua mientras duren los trabajos de mantenimiento que buscan prevenir futuras fallas y mejorar la infraestructura del acueducto.

Adicionalmente, la compañía adelantará un trabajo especial de acueducto en otros sectores de la ciudad. Grupos operativos realizarán una maniobra específica en el circuito para llevar a cabo pruebas de estanqueidad, proceso que consiste en verificar que la red hidráulica no tenga fugas y funcione correctamente. Estas pruebas se realizarán en los barrios San Luis II, Calimio Norte y Urbanización Calimio, todos ubicados en la comuna 6. Durante la ejecución de estas pruebas, los residentes de estos barrios notarán una baja presión en el suministro de agua desde el mediodía hasta las 3:00 p. m., de acuerdo con el comunicado oficial de Emcali.

De este modo, la compañía reitera a la ciudadanía la importancia de tomar medidas preventivas como el almacenamiento temporal de agua y el uso racional mientras duren las intervenciones. Toda la información relevante fue compartida por Noticiero 90 Minutos, fuente a la que Emcali remitió para informar a la comunidad sobre las zonas y horarios afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali afectados por cortes de agua este miércoles?

De acuerdo con la información entregada por Emcali, los barrios de Cali que tendrán cortes de agua debido a trabajos de reparación son Santa Anita, Aguacatal, San Fernando Nuevo y Santa Rita. Estas interrupciones son necesarias para realizar el mantenimiento de las redes de acueducto y mejorar la prestación del servicio a los usuarios.

¿Por qué hay baja presión de agua en algunos barrios de la comuna 6 de Cali?

La baja presión de agua en barrios como San Luis II, Calimio Norte y Urbanización Calimio de la comuna 6 se debe a las pruebas de estanqueidad que realizará el personal operativo de Emcali. Este proceso consiste en comprobar que la red hidráulica no presenta fugas y que su funcionamiento es correcto, por lo que durante el periodo de las pruebas se verá afectada la presión del servicio.

La iniciativa reunirá alrededor de 48.000 entidades públicas y privadas, así como más de 5.000 comunidades a nivel nacional. Todos estos actores pondrán en marcha sus planes de emergencia, prácticas de autoprotección y mecanismos de coordinación interinstitucional. La escala de la convocatoria refleja la importancia que adquiere este simulacro en la construcción de una cultura de preparación y respuesta frente a desastres en el país, de acuerdo con la UNGRD.

Una de las novedades de la edición 2026 del simulacro es su estructura en dos momentos diferenciados pero complementarios. El primero tendrá lugar a las 10:00 a. m., momento en el que entidades públicas, privadas, organizaciones sociales, familias y ciudadanos se sumarán al ejercicio, revisando y poniendo a prueba sus capacidades de preparación y reacción ante emergencias.

El tipo de emergencia que se simulará variará según la evaluación previa que haya realizado cada municipio sobre sus escenarios de riesgo. En la mayoría de los casos, el ejercicio estará enfocado en sismos, por lo que es probable que se activen alarmas y se realicen evacuaciones, simulando lo que ocurriría en una emergencia real. En algunos municipios, el enfoque será otro tipo de amenaza, como inundaciones u otras situaciones identificadas en los diagnósticos locales de riesgo.

El segundo momento del simulacro se vivirá a las 2:00 p. m. y estará orientado especialmente a autoridades territoriales responsables de la gestión del riesgo. Durante esta fase, los participantes validarán sus Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias (ETRE), priorizando la articulación institucional y la toma de decisiones rápidas y coordinadas. Según información de la UNGRD, cerca del 46 % de los municipios inscritos participará en ambas fases de la jornada.

Según la UNGRD, este ejercicio busca no solo practicar el desalojo de espacios, sino identificar el nivel de preparación de las instituciones y comunidades. Esto implica evaluar la coordinación, la comunicación, el acceso a la información y la toma de decisiones bajo presión. También servirá para detectar debilidades en los planes existentes y precisar roles y responsabilidades de actores clave. La UNGRD extendió la invitación a todos los sectores sociales para participar, recordando que la preparación frente a una emergencia parte del conocimiento y la responsabilidad individual y colectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se divide el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 en Colombia?

El simulacro estará estructurado en dos momentos diferentes. El primero se realiza a las 10:00 a. m., involucrando entidades públicas, privadas y la ciudadanía en general, quienes pondrán a prueba sus capacidades de preparación y respuesta ante distintos tipos de emergencias, dependiendo del riesgo identificado en cada municipio. El segundo momento está programado para las 2:00 p. m. y se orienta a las autoridades territoriales de gestión del riesgo, quienes validarán sus estrategias institucionales de respuesta y fortalecerán la articulación para la toma de decisiones.

¿Qué significa ETRE en el contexto del simulacro nacional?

ETRE significa Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias, las cuales son mecanismos que permiten a las autoridades coordinar, decidir y actuar de manera organizada ante situaciones de riesgo. Durante el simulacro, las ETRE serán puestas a prueba especialmente en el segundo momento, para validar su eficacia y detectar aspectos que deban fortalecerse en cada territorio, según información de la UNGRD.

El funcionario calificó esta acción como un “nuevo ataque terrorista” y agradeció que, a pesar de la violencia del hecho, no se registraron víctimas fatales. Según Esquivel, la rápida respuesta de la Fuerza Pública incluyó el despliegue inmediato de refuerzos del Ejército Nacional y de la Fuerza URANO. Al mismo tiempo, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) y se puso en marcha el llamado ‘plan candado’ en las principales vías del municipio para encontrar a los responsables, tal como informó Radio Guatapurí.

En la información entregada por el gobierno departamental se indicó que el ataque sería una represalia violenta de grupos armados ilegales que operan en la zona, producto de recientes acciones de la Fuerza Pública contra sus redes y fuentes ilícitas de financiación, entre ellas el hurto de hidrocarburos. Esquivel aseguró que “cada vez que hay golpes certeros contra ellos, reaccionan atacando con drones”, dejando claro que las operaciones militares y policiales en Pelaya y la región continuarán sin detenerse.

Sin embargo, este acontecimiento vuelve a poner en evidencia las falencias en protección tecnológica que presentan varias estaciones de Policía en municipios vulnerables del Cesar. Según explicó Esquivel, la estación de Pelaya no cuenta con detectores antidrones, pese a los antecedentes violentos en la zona. Detalló que, hasta el momento, solo seis equipos de aproximadamente 60 previstos han sido entregados, y estos se han asignado a puntos críticos como Río de Oro. Además, subrayó que la solución definitiva debería incluir, además de detectores, inhibidores y sistemas de neutralización especializada, reclamando mayor celeridad al Gobierno nacional para cumplir con la entrega de estos dispositivos ya que, según sus declaraciones, los plazos establecidos para tal fin ya se encuentran vencidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos policías resultaron heridos en el ataque con drones en Pelaya según las autoridades?

Según declaraciones del secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, a Radio Guatapurí, en el ataque con drones registrado en Pelaya resultaron heridos seis uniformados, dos de ellos con heridas de extrema gravedad.

¿La estación de Policía de Pelaya cuenta con tecnología antidrones frente a estos ataques?

De acuerdo con la información suministrada por Eduardo Esquivel, la estación de Policía de Pelaya no dispone de detectores antidrones. Aunque el departamento ha recibido algunos dispositivos, estos han sido asignados a otros puntos críticos, y Esquivel insistió en la necesidad de que todas las estaciones cuenten con sistemas de detección, inhibición y neutralización para mitigar estos riesgos.

(Vea también: “Inepta”: guantazo del papá del Colmenares a la Fiscalía, luego de absolución de Laura Moreno)

De acuerdo con lo revelado en el material difundido, fue precisamente ese trabajo de inteligencia comunicacional el que permitió a los investigadores atar cabos. En una de las llamadas, un hombre identificado como ‘Juanpi’ (Juan Valderrama)  pregunta con nerviosismo qué debe hacer y cómo manejar las preguntas de las autoridades. Su interlocutora le responde:

“Naturalidad. Tú y yo, pues, sobre todo, tú no tienes tampoco nada que ver. Yo tampoco, yo vi las cosas, pero yo tampoco tengo nada que ver en eso. Sabes, con naturalidad, lo que te pregunten lo respondes y ya. O sea, no le pongas tanto tiza a las cosas”.

En otro segmento, el mismo hombre admite su preocupación por lo que las autoridades pudieran saber: “Ellos saben toda la verdad, ¿cierto? Todo. Ellos saben todo. Ellos saben”.

La conversación evidencia el temor compartido entre quienes figuraban en la órbita del caso y la necesidad de coordinar sus relatos antes de ser interrogados.

Otra  llamada resulta especialmente reveladora: Carlos habla con su hermana momentos después de enterarse de la captura de Laura Moreno y la mujer le pregunta si las autoridades habrían actuado porque se enteraron de que Laura tenía planes de salir del país.

“Sí, yo creo que porque justo ahorita cuando ella se va, que en 2 días se va”, responde el interlocutor, antes de advertirle a Carlos que no salga.

Según el análisis presentado en el audio, la Fiscalía consideró que estas interceptaciones, sumadas a otras evidencias, eran suficientes para dictar órdenes de captura. El 7 de octubre de 2011, exactamente un año después de la muerte de Colmenares, Laura Moreno y Jessy Quintero fueron detenidas en Bogotá.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de La Kalle (@lakalle)

¿Cuál fue el resultado del proceso judicial contra los implicados en el caso Colmenares?

Tras años de juicio, Laura Moreno y Jessy Quintero fueron condenadas en 2019 por el delito de omisión de socorro. Sin embargo, la condena por homicidio nunca prosperó por falta de pruebas suficientes, lo que dejó a la familia Colmenares y a gran parte de la opinión pública con la sensación de que la verdad completa jamás salió a la luz.

(Vea también: Dicen cómo es la vida de Laura Moreno y Jessy Quintero tras caso Colmenares; su abogado lo contó)

¿Qué papel jugaron las interceptaciones telefónicas en la investigación del caso Colmenares?

Las llamadas captadas por la Fiscalía fueron determinantes para relacionar a los sospechosos con los hechos y para identificar posibles intentos de coordinar versiones. Esas grabaciones se convirtieron en prueba dentro del proceso y su contenido fue presentado ante los jueces como parte del acervo probatorio que sustentó las órdenes de captura.

El punto de partida para esta propuesta es el estigma que recae sobre el liderazgo femenino. De acuerdo con datos aportados por la Fundación Corona Rosa, a menudo las mujeres que defienden derechos o representan intereses colectivos son vistas como problemáticas o demasiado insistentes, en vez de ser reconocidas como agentes que promueven el bienestar de comunidades completas. Frente a ese panorama, el proyecto incorpora una campaña orientada a rechazar la estigmatización y fomentar el reconocimiento de las lideresas. Además, prevé procesos formativos en liderazgo, prevención de violencias, autocuidado, cultura de paz, diálogo social y concertación comunitaria.

Nimia Rosa Vega Murgas, directora ejecutiva de la Fundación Corona Rosa, explicó que se trata de ir más allá de los encuentros y reuniones. “La confianza no se construye únicamente abriendo espacios de reunión. Se construye cuando las personas se sienten escuchadas, cuando existe respeto y cuando los compromisos se convierten en acciones. Queremos que las lideresas encuentren instituciones dispuestas a dialogar y que las instituciones reconozcan en ellas a mujeres capaces de construir soluciones”, manifestó Vega Murgas.

El programa pretende también establecer espacios de intercambio entre las lideresas, las organizaciones comunitarias y los representantes institucionales, para escuchar, identificar necesidades y edificar acuerdos colectivos. Aunque hay 40 participantes directas, se calcula que la propuesta impactará de manera indirecta a unas 220 personas, incluyendo jóvenes, familias y miembros de las comunidades involucradas. Entre las acciones previstas se encuentran mesas de diálogo con actores institucionales, actividades pedagógicas para visibilizar los aportes de las lideresas y la construcción de acuerdos comunitarios para fortalecer la convivencia pacífica.

Al consolidar redes comunitarias de mujeres, la Fundación Corona Rosa y el Ministerio del Interior buscan no solo reconocimiento, sino también condiciones reales para una participación activa en la construcción de paz territorial. Como concluyó Vega Murgas, “una lideresa no debería tener que guardar silencio para ser respetada”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el programa ‘Tejemos Confianza y Vida’ y a quién beneficia?

El programa ‘Tejemos Confianza y Vida: Redes de Mujeres para la Seguridad Pacífica y la Paz Territorial’ es una iniciativa impulsada por la Fundación Corona Rosa junto con el Ministerio del Interior. Busca fortalecer el liderazgo femenino mediante formación, diálogo y reconocimiento público, priorizando a 40 mujeres lideresas y de base comunitaria, con un impacto proyectado de 220 personas entre familiares y miembros de sus comunidades.

¿Cuáles son las acciones para combatir la estigmatización de las mujeres lideresas?

El programa contempla una campaña de desestigmatización, procesos formativos en liderazgo, prevención de violencias, autocuidado, cultura de paz y diálogo social. Además, prevé mesas de diálogo con actores institucionales y actividades pedagógicas que visibilicen el aporte de las lideresas, en busca de acuerdos participativos que reconozcan su papel en la convivencia y la construcción de paz.

El origen del colapso presupuestal se centra en una inconsistencia detectada en el trámite del artículo 65 del proyecto. Según se estableció, una proposición modificatoria de dicho apartado fue incorporada al texto final como si contara con el aval de la Plenaria del Senado, pese a que nunca fue sometida a votación en esa corporación. Dado que la Cámara de Representantes había aprobado una versión divergente, el ordenamiento jurídico exigía adelantar un proceso de conciliación para unificar los textos antes de que venciera el plazo legal, procedimiento que se omitió por completo, según informó Semana.

Ante este panorama, las reacciones de los congresistas no se hicieron esperar, apuntando responsabilidades tanto al equipo jurídico del Ministerio de Hacienda como a la falta de rigurosidad de los ponentes. El representante liberal Octavio Cardona cuestionó severamente la labor jurídica gubernamental al señalar: “¿Dónde queda la responsabilidad de los abogados del MinHacienda? Se pierde el trabajo de Cámara y del Senado por falta de cuidado y rigor de funcionarios del Gobierno”.

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa recriminó el manejo del trámite legislativo y advirtió sobre las deficiencias en el seguimiento de una iniciativa tan sensible para las finanzas estatales: “Es insólito lo sucedido con una ley importante como lo es PGN”, afirmó, añadiendo que el episodio evidencia fallas procedimentales graves, como el intento de otorgar competencias al Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante una ley temporal sin naturaleza orgánica, lo que resumió lapidariamente con la frase “todo mal”.

En la misma línea intervino el senador del partido de la U, Antonio Correa, quien criticó el afán gobiernista por entregar resultados apresurados: “Le dije al Gobierno, escuchen, debatamos, concertemos! Por correr a entregarle una victoria al gobernante, como si fuésemos un apéndice del Ejecutivo. Hicieron las cosas mal de fondo y de forma. El país necesita una reforma política seria donde los elegidos por el pueblo le cumplan al pueblo y no al del lapicero”.

Con este escenario de nulidad procedimental, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se enfrenta a la compleja tarea de expedir el presupuesto mediante decreto, replicando los montos aprobados en las comisiones económicas conjuntas o ajustándose a los márgenes legales permitidos. La crisis no solo sepulta semanas de intenso debate parlamentario, sino que reabre el debate nacional sobre la necesidad de blindar los controles jurídicos en el Congreso para evitar que errores de trámite pongan en jaque la gobernabilidad fiscal del país.

El contundente pronunciamiento de Rodríguez se produjo apenas un día después de que la Procuraduría General de la Nación abriera formalmente una investigación disciplinaria en su contra y en contra del exministro del Interior, Armando Benedetti. La actuación del Ministerio Público, asumida por la delegada Patricia Carrillo tras la publicación de reportes periodísticos, busca esclarecer si los dos exaltos funcionarios utilizaron la cumbre efectuada en octubre de 2025 en Valledupar con excomandantes de las AUC —como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40’) y Carlos Mario Jiménez (‘Macaco’)— para presionar falsos testimonios que salpicaran a figuras de la oposición, entre ellos Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y el hoy presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

Lejos de intimidarse o matizar el alcance de sus versiones ante el expediente disciplinario en curso, Rodríguez ratificó la veracidad de lo dicho a las autoridades judiciales y al periodismo de investigación. En el comunicado difundido por Caracol Radio, la exdirectora del Dapre defendió su postura de destapar las presuntas irregularidades que atestiguó desde las altas esferas del Ejecutivo, manifestando categóricamente: “No me retracto de ninguna de las denuncias ni declaraciones que he realizado públicamente”.

En el mismo documento, la exgerente del Fondo de Adaptación reveló detalles estremecedores sobre el ambiente de coacción e intimidación en el que se vio envuelta antes de hacer públicas sus denuncias. Según su testimonio, el propio exmandatario la amenazaba constantemente advirtiéndole que “nadie le creería” y sugiriéndole que se encontraba bajo estricta vigilancia. La exfuncionaria relató además haber sido víctima de advertencias sobre un supuesto “plan B”, amenazas de encarcelamiento y presiones psicológicas continuas orientadas a doblegar su voluntad e impedir que la verdad sobre las reuniones en la capital del Cesar saliera a la luz.

Finalmente, Rodríguez vinculó las recientes actuaciones e investigaciones disciplinarias a una estrategia orquestada para desacreditar su testimonio y restar validez a sus aportes a la justicia. “Yo viví lo que considero trampas e intentos de desprestigiarme, pero no me arrepiento de haber denunciado”, sentenció la exdirectora, reiterando que deja la resolución de estos graves hechos en manos de los organismos de control y las autoridades competentes, mientras adopta medidas extremas de autocuidado para salvaguardar su vida y la de su círculo familiar más cercano.

(Vea también: Procuraduría pone contra pared a Benedetti y Angie Rodríguez por caso de Gobierno Petro con exparas)

La acción judicial contempla presuntas conductas de peculado, concierto para delinquir, injuria y calumnia agravadas, además de una posible violación de datos personales. Los hechos deberán ser examinados por las autoridades, pues la presentación de una denuncia no significa que los delitos mencionados estén demostrados.

El anuncio se conoce en medio del enfrentamiento público entre Petro y Rodríguez, quien ha hecho declaraciones sobre supuestas irregularidades durante el Gobierno y sobre la relación del mandatario con otras personas de su entorno.

Los señalamientos de Angie Rodríguez contra Gustavo Petro

Uno de los episodios más recientes de la controversia se relaciona con las afirmaciones de Rodríguez sobre Laura Sarabia, exdirectora del Dapre, excanciller y exembajadora de Colombia en el Reino Unido. La exfuncionaria aseguró que Sarabia habría chantajeado a Petro para conseguir el nombramiento diplomático y sostuvo que tendría fotografías y videos relacionados con la vida privada del entonces mandatario.

Rodríguez afirmó que vio ese material en un computador y aseguró que Sarabia tenía información con la que, según su versión, podía presionar al expresidente. También sostuvo que la exfuncionaria habría concentrado poder dentro del Gobierno hasta el punto de controlar el acceso al mandatario. Según su relato, los ministros tenían dificultades para comunicarse directamente con Petro y Sarabia actuaba como intermediaria en asuntos de alto nivel.

La exdirectora del Dapre también señaló a Verónica Alcocer, exprimera dama, al afirmar que habría tenido cercanía con Sarabia en decisiones relacionadas con nombramientos y contratación. Además, sostuvo que ambas habrían intervenido para apartar a Armando Benedetti del círculo presidencial porque lo consideraban una amenaza. Estas afirmaciones hacen parte de la versión de Rodríguez y requieren verificación por parte de las autoridades.

Otro de los asuntos que puso sobre la mesa está relacionado con las intervenciones a las EPS. Rodríguez aseguró que, cuando trabajaba como asesora del entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, conoció situaciones en las que, según ella, las instrucciones sobre la Superintendencia Nacional de Salud y los interventores provenían de la Casa de Nariño. En ese contexto, mencionó a Sarabia y al exsuperintendente Luis Carlos Leal, y pidió que se esclareciera quién impartía las órdenes y cómo se tomaban esas decisiones.

Frente a las acusaciones relacionadas con Sarabia, Petro anunció que acudiría a la justicia y negó que hubiera existido un crimen entre ambos. Sarabia, por su parte, pidió que los señalamientos se lleven ante las autoridades con pruebas y sostuvo que corresponde a la justicia determinar si hubo conductas ilícitas.

(Vea también: Procuraduría pone contra pared a Benedetti y Angie Rodríguez por caso de Gobierno Petro con exparas)

En una entrevista con Daniel Samper Ospina, Rodríguez afirmó que conoció material que, según dijo, estaría en poder de Sarabia. La exdirectora sostuvo que ese contenido habría sido utilizado para ejercer presión sobre Petro, aunque no presentó públicamente las imágenes ni los videos mencionados en sus declaraciones.

“Yo sí vi en un computador fotos y videos. Laura tiene todo”, afirmó Rodríguez al referirse al supuesto material. La exfuncionaria vinculó esas imágenes con lo que describió como una red de mujeres alrededor del presidente y habló de una vida personal que, según sus palabras, estaba marcada por excesos.

“El presidente desafortunadamente tenía una vida de excesos, una vida loca, lo que ustedes cubrían en los medios como ‘agenda privada’”, declaró durante la conversación. Sus afirmaciones apuntan a presuntas situaciones personales del mandatario y al supuesto conocimiento que Sarabia tendría de ellas.

Angie Rodríguez le envió mensaje a Laura Sarabia y le pidió que hablara

Durante la entrevista, Rodríguez también se dirigió directamente a la exfuncionaria y la invitó a pronunciarse sobre los hechos que ella asegura conocer. En su mensaje, insistió en que Sarabia tendría información sobre la vida privada del mandatario y que, según su versión, habría aprovechado ese conocimiento para presionarlo.

“Laura, usted quiere darle un ejemplo de honestidad al país, la invito a que hable, porque usted más que nadie sabe que no estoy diciendo mentiras. Y usted se aprovechó para sacar toda la información”, manifestó Rodríguez.

La exdirectora del Dapre relacionó esos señalamientos con un supuesto chantaje al presidente. También sostuvo que el material al que se refería incluiría imágenes de Petro con mujeres, aunque no expuso públicamente las fotografías o los videos ni presentó en la entrevista pruebas que permitieran verificar sus afirmaciones.

Las declaraciones se suman a los señalamientos que Rodríguez ha hecho sobre el supuesto papel de Sarabia en el entorno presidencial. En una entrevista con Caracol Radio, la exdirectora del Dapre afirmó que la presión habría estado relacionada con el nombramiento de Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido.

Durante el análisis, se evidenció que el texto aprobado en el Senado podría haber sido modificado posteriormente en la Cámara de Representantes sin que existiera un proceso de conciliación, situación que pondría en riesgo la validez jurídica del presupuesto. De acuerdo con reportes de El Espectador, asesores jurídicos de ambas corporaciones y del Ejecutivo están revisando las actas de los debates. Varios funcionarios consultados indicaron que, efectivamente, en el Senado se habría aprobado el texto del presupuesto sin votar la proposición relacionada con el artículo 65, pero que esta sí fue incluida y avalada en la Cámara. Esto habría provocado que los plenarios de ambas cámaras terminaran votando versiones distintas del articulado, un error de trámite grave que podría considerarse un vicio de inconstitucionalidad.

Figuras políticas como la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, advirtieron sobre la existencia de este vicio y anunciaron posibles acciones legales. Mientras tanto, fuentes del Ejecutivo señalaron que, como consecuencia de este error, el presidente Abelardo de la Espriella tendría que expedir el presupuesto vía decreto, una medida respaldada por la facultad de traslado presupuestal otorgada tras la aprobación en comisiones. También el secretario del Senado, Diego González, aclaró que la mencionada proposición nunca fue votada en el Senado, y el senador Carlos Meisel precisó que esta situación no invalida todo el proceso, pues lo aprobado en el primer debate en comisiones sigue en pie.

El artículo 65, objeto de la polémica, está relacionado con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y fue propuesto en el Senado por Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático. Esta controversia ha desencadenado debates políticos tanto en el gabinete como en las bancadas del Congreso, y expone la complejidad y riesgos de los procedimientos legislativos en temas clave para el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue polémico el artículo 65 del presupuesto en Colombia en 2023?

La polémica por el artículo 65 surgió porque la proposición referente a este tema, vinculada al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, no fue votada en el Senado pero sí en la Cámara de Representantes, según explicó El Espectador. Esto llevó a que las cámaras aprobaran textos distintos del presupuesto, generando cuestionamientos sobre la constitucionalidad y validez del proceso.

¿Qué consecuencias tiene que el presupuesto de Colombia se expida por decreto?

De acuerdo con fuentes citadas por El Espectador, el presupuesto podría ser expedido por decreto debido al vicio de trámite detectado. Esto implica que el presidente asume la facultad de definir el presupuesto directamente, basándose en el articulado avalado en comisiones, lo que podría aumentar la tensión política y abrir espacios para demandas o cuestionamientos por parte de la oposición.

(Vea también: Destapan desgarrador dato de tragedia en mina de oro en Nariño: la mayoría eran mujeres)

Las maniobras de rescate se extendieron durante más de cuatro días debido a la inundación de la bocamina, una condición que dificultó las tareas para llegar hasta el trabajador y recuperar su cuerpo.

Dicha emergencia movilizó a diferentes organismos de socorro y entidades encargadas de la seguridad minera, que mantuvieron las labores en el yacimiento para intentar localizar al trabajador atrapado.

En el operativo participaron la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Policía Nacional, la Cruz Roja y los Bomberos Voluntarios de Ubaté, junto con la empresa operadora Sociedad MyM S.A.S.

¿Cómo fue el rescate del minero atrapado en Cucunubá?

Las labores se concentraron en la mina de carbón La Gallinacera, ubicada en jurisdicción de Cucunubá, donde la inundación de la entrada subterránea complicó el acceso a la zona en la que permanecía Malaver.

Durante las 103 horas de operación, los equipos de rescate adelantaron maniobras para superar las condiciones que impedían llegar hasta el trabajador. La recuperación del cuerpo se concretó después de varios días de esfuerzos coordinados entre las entidades participantes.

La presencia de organismos de socorro y personal vinculado a la operación minera permitió mantener las labores hasta encontrar al trabajador. Sin embargo, el desenlace fue fatal y el cuerpo fue recuperado sin vida.

¿Qué entidades participaron en la emergencia minera?

La operación contó con la intervención de la Agencia Nacional de Minería, encargada de asuntos relacionados con la actividad minera en el país, además de la Policía Nacional, la Cruz Roja y los Bomberos Voluntarios de Ubaté.

También participó la Sociedad MyM S.A.S., empresa operadora de la mina, en las tareas relacionadas con la emergencia.

El caso vuelve a poner la atención sobre los riesgos que enfrentan los trabajadores de las minas subterráneas, especialmente cuando se presentan inundaciones que dificultan el ingreso y las labores de recuperación.

(Vea también: Angustia en Bogotá por desaparición de Diana Sofía, menor de 14 años: salió del colegio y no volvió)

La joven llegó a la capital del Valle del Cauca el jueves 8 de octubre. Ese día le envió a su hermana una fotografía que confirmaba su llegada y le explicó que debía esperar hasta las 3:00 de la tarde para ingresar al alojamiento en el que se quedaría. Sin embargo, no les indicó el nombre ni la dirección exacta del lugar.

De acuerdo con sus familiares, María Alejandra había viajado para trabajar como modelo de protocolo en eventos de mercadeo. Aunque acostumbraba desplazarse por compromisos profesionales, sus allegados aseguran que no conocían con precisión qué empresa la había contratado en esta ocasión ni quiénes serían sus contactos durante la estadía.

¿Cuál fue el último rastro de María Alejandra Molina?

La última conversación que Natalia recuerda con su hermana ocurrió el domingo 11 de octubre, alrededor de las 6:53 p. m. Después de recibir el mensaje, le contestó, pero no obtuvo una nueva respuesta. Al día siguiente intentó comunicarse otra vez y advirtió que los mensajes ya no llegaban al teléfono de la joven.

A partir de ese momento, sus familiares comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos mediante fotografías y registros bancarios. Entre los datos que examinan figura una transacción de 172.000 pesos, registrada el domingo a las 6:41 p. m., que, según una amiga citada por El Tiempo, podría estar relacionada con el pago de un alojamiento mediante Airbnb. No se ha confirmado que ese movimiento corresponda al lugar donde se hospedaba la modelo.

Las imágenes que María Alejandra envió desde Cali tampoco han permitido identificar el establecimiento. Su hermana ha revisado habitaciones y opciones de hospedaje que se parecen a las fotografías, pero todavía no ha logrado establecer una coincidencia. La familia busca que las autoridades obtengan información que permita verificar la ubicación del alojamiento y reconstruir los movimientos de la joven.

¿Qué otras pistas busca aclarar la familia?

Otro elemento que despierta interrogantes es el lugar en el que María Alejandra habría pasado esos días. Una amiga de la joven manifestó que, por ciertos detalles visibles en una de las fotografías, sospecha que podría tratarse de un apartamento turístico y no de un hotel convencional. Sin embargo, esa apreciación no confirma qué tipo de alojamiento utilizó ni cuál era su dirección.

Los allegados también intentan identificar a las personas que la contrataron y conocer los compromisos laborales que tenía previstos en Cali. Hasta ahora, según la información publicada, no cuentan con datos suficientes para establecer qué empresa estaba detrás de la oferta o con quién debía encontrarse durante esos días.

La familia presentó una denuncia y espera que las autoridades avancen en las verificaciones necesarias. Entre sus solicitudes están revisar registros de seguridad, comunicaciones y posibles movimientos de transporte que ayuden a determinar qué ocurrió después del último contacto con la modelo. Sus familiares también han expresado temor de que pudiera haber salido del país, aunque no hay información confirmada que respalde esa hipótesis.

A pesar de la declaración tajante del presidente, recalcando que no se considerará un canje humanitario y que “la única salida es la captura o la entrega incondicional de estos secuestrados”, hasta el momento no se ha establecido un plan concreto para determinar el paradero de las víctimas, facilitar su liberación y judicializar a los responsables del delito. Estas declaraciones surgen en un contexto en el que la administración de De la Espriella reportó, el 28 de septiembre, una disminución notable en los delitos considerados de alto impacto durante el primer mes de gestión del actual gobierno.

Las cifras presentadas por el presidente indican que, en agosto de 2026, los casos de secuestro experimentaron una caída del 79 % en comparación con los reportados en agosto de 2025. Además, los delitos de extorsión disminuyeron en un 62 %, mientras que las masacres tuvieron una reducción del 58 %, según información del gobierno. Las declaraciones de De la Espriella y las acciones adoptadas han generado reacciones entre las familias de los secuestrados, quienes han hecho un llamado directo al mandatario para que escuche sus solicitudes y avance en la búsqueda de sus seres queridos, de acuerdo con información publicada en El Espectador. Sin embargo, la ausencia de un plan oficial concreto y público para afrontar la situación sigue generando incertidumbre sobre las próximas etapas en la lucha contra el secuestro y la violencia ejercida por los grupos narcoterroristas en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la posición del presidente Abelardo De la Espriella frente al canje humanitario para los secuestrados en Colombia?

El presidente Abelardo De la Espriella descarta la posibilidad de un canje humanitario para los secuestrados y enfatiza que la única alternativa válida, según sus declaraciones, es la captura de los responsables o la entrega incondicional de los secuestrados, tal como se informó en los comunicados difundidos por el gobierno.

¿Cómo han evolucionado los delitos de secuestro y extorsión en el primer mes de gobierno de De la Espriella?

Durante el primer mes de gestión del presidente De la Espriella, el gobierno reportó una significativa disminución en los delitos de alto impacto. Según datos oficiales, el secuestro redujo su incidencia en un 79 %, la extorsión disminuyó un 62 % y las masacres un 58 % entre agosto de 2025 y agosto de 2026.

Las imágenes difundidas después del siniestro permiten dimensionar la fuerza del impacto. El vehículo gris quedó con la parte inferior expuesta y presentó daños considerables en diferentes zonas de la carrocería.

El registro audiovisual muestra que la defensa delantera quedó parcialmente desprendida, mientras el capó terminó con fuertes deformaciones. También se observan afectaciones en las puertas y ventanas del automóvil, que quedó en una posición que dificultó el paso de otros vehículos.

#CUNDINAMARCA. Se presenta siniestro vial en la vía Bogotá – La Vega en el sector de El Rosal. Al parecer el conductor de un vehículo tipo automóvil pierde el control del mismo y terminó volcado. Afortunadamente, no se reportan víctimas fatales. https://t.co/7AyGBhT6FT

— Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 20, 2026

Otro detalle que llamó la atención fue la presencia de humo que comenzó a salir del automóvil después del impacto. El carro terminó atravesado entre el separador y parte de la calzada, situación que contribuyó a las dificultades para circular por este corredor de Cundinamarca.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 14, en el tramo comprendido entre Madrid y El Rosal. El siniestro provocó largas filas de vehículos en ambos sentidos de la vía Bogotá-La Vega, por lo que se recomendó a los conductores transitar con precaución y contemplar mayores tiempos de desplazamiento.

Al lugar también llegaron organismos de socorro y unidades de tránsito para atender la emergencia. Los ocupantes del vehículo fueron valorados por personal médico después del accidente.

Hasta el momento, la información disponible no establece cuántas personas resultaron afectadas ni cuál es su estado de salud. Tampoco se conocen con precisión las circunstancias que provocaron el volcamiento. 

Sin embargo, no se trata de un libre acceso. A partir de 2016, durante la presidencia de Juan Manuel Santos y en el contexto del proceso de paz, se implementó la suspensión de nuevos permisos para portar armas. Esta medida hizo parte de ocho iniciativas enfocadas en la Seguridad Ciudadana que buscaban favorecer una mayor protección y convivencia, y fue extendida en los siguientes periodos presidenciales bajo el mandato de Iván Duque y Gustavo Petro. A pesar de la suspensión, existen excepciones que siempre se han mantenido vigentes. Por ejemplo, las empresas de seguridad privada, reguladas por la Superintendencia de Vigilancia, las compañías que transportan valores o divisas, escoltas, así como la reserva activa y los veteranos de las fuerzas del orden, han continuado con la posibilidad de portar armas bajo regulación estatal.

Por esta razón, no es correcto afirmar que las decisiones presidenciales relacionadas con este asunto sean ilegales o carezcan de soporte jurídico. El presidente tiene la capacidad de mantener, modificar o suspender los decretos que rigen las medidas de seguridad, como lo estipula el marco legal vigente.

Uno de los resultados destacables de estas restricciones legales y otras medidas de Seguridad Ciudadana fue la consecución de una de las tasas de homicidio más bajas en la historia reciente del país. No obstante, a la fecha el trámite para la adquisición de un arma de fuego se mantiene igual: debe gestionarse ante el Departamento Nacional de Control de Municiones y Armas, cumpliendo requisitos como exámenes médicos y psicosociales, revisión de antecedentes, visita domiciliaria, pruebas de aptitud y justificación válida de la necesidad del arma.

Es fundamental aclarar que la posesión de un permiso para portar armas no le otorga a nadie inmunidad frente a la justicia por delitos que puedan perpetrarse empleando dichas armas. La existencia del permiso tampoco autoriza a disparar, ni siquiera en defensa personal, sin que se inicie una investigación criminal al respecto.

De acuerdo con estudios de la Universidad de Boston y el Alto Centro de Investigación de Seguridad de Brasil, flexibilizar el acceso a armas no se traduce en una reducción de la criminalidad; por el contrario, en los primeros años, los índices de violencia pueden aumentar entre un 22 % y un 28 %, principalmente en conflictos entre ciudadanos, más que en acciones dirigidas contra delincuentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede tramitar un permiso para portar armas de fuego en Colombia?

El trámite para obtener un permiso de armas de fuego en Colombia, según la normatividad vigente, debe hacerse ante el Departamento Nacional de Control de Municiones y Armas. El proceso involucra exámenes médicos, una evaluación psicosocial, revisión de antecedentes legales, visita domiciliaria, pruebas de aptitud y una justificación detallada de la necesidad del arma.

¿Qué impacto tuvo la suspensión de permisos de armas en la seguridad ciudadana en Colombia?

Según el artículo, la suspensión de nuevos permisos de armas, junto con otras medidas en Seguridad Ciudadana implementadas desde 2016, coincidió con una reducción histórica en la tasa de homicidios en Colombia. Sin embargo, investigaciones recientes indican que flexibilizar el acceso a armas puede aumentar la violencia entre ciudadanos, en vez de disminuir la criminalidad.

De acuerdo con la información proporcionada, el proceso involucra a familias provenientes de varios corregimientos de Valledupar y de municipios vecinos como Astrea y Bosconia. La decisión de levantar el plantón se tomó el martes 20 de octubre, esto después de un encuentro con representantes de las autoridades regionales. Bernarda Márquez Gómez, una lideresa de las víctimas, relató que durante la reunión les comunicaron la apertura de una ruta de gestión y les ofrecieron explicaciones detalladas sobre cómo avanzaría el proceso relacionado con sus necesidades habitacionales. Márquez Gómez explicó que las entidades competentes en materia de vivienda participarían en la solución y señaló: “Nos dijeron que les diéramos 20 días para darnos la respuesta”.

Esta solicitud motivó a los manifestantes a retirarse del lugar pacíficamente. Según la lideresa, “a las 2 de la tarde nosotros hablamos con la gente, la reunimos”, y tras explicarles lo conversado con las autoridades, los representantes recogieron los residuos y dejaron limpio el espacio en el que habían pasado la noche, mostrando una actitud cívica y de respeto. Los participantes de este proceso regresaron a sus hogares, atentos ahora al cumplimiento del nuevo compromiso.

La protesta tenía su origen en diferentes reclamos que van más allá de la vivienda, incluyendo la búsqueda de oportunidades para generar ingresos y el pedido de protección a los líderes sociales, quienes han sufrido amenazas y riesgos por su rol en la defensa de los derechos de las víctimas. Las familias afectadas señalan que llevan 11 años esperando que el Estado les repare y reconozca sus derechos tras los hechos de violencia. Por ahora, aunque el retiro de la protesta permitió abrir una ruta de gestión, este paso todavía no representa una solución definitiva, sino la esperanza en que, en el plazo prometido, las autoridades puedan finalmente ofrecer alternativas concretas y efectivas para quienes siguen esperando justicia y reparación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué peticiones principales hicieron las víctimas del conflicto armado frente a la Gobernación del Cesar?

Las víctimas del conflicto armado solicitaron principalmente soluciones relacionadas con el acceso a vivienda digna, la generación de ingresos y medidas de protección para los líderes sociales. Estas exigencias fueron el motivo central del plantón realizado en Valledupar y son el resultado de una espera de 11 años por la reparación de sus derechos, según información dada a conocer por los propios manifestantes y líderes.

¿Cuánto tiempo pidieron las autoridades para responder a las peticiones de las víctimas y qué pasos seguirán?

De acuerdo con el relato de Bernarda Márquez Gómez, las autoridades solicitaron específicamente un plazo de 20 días para dar una respuesta formal a las peticiones presentadas durante la protesta. En ese lapso, se comprometieron a realizar gestiones con las entidades responsables en materia de vivienda y a definir la ruta de atención adecuada para atender los reclamos de las familias afectadas.

(Vea también: Viuda de Miguel Uribe Turbay afirma que el asesinato fue financiado desde Venezuela y la orden salió del Congreso)

Los primeros mensajes llegaron el 16 de abril de 2025, desde un número desconocido. En ellos, el remitente le pidió a la senadora extremar las medidas de seguridad y mantenerse protegida con su esquema de escoltas.

Cinco días después, el 21 de abril, la misma persona volvió a contactar a la congresista. Según la publicación de Noticias RCN, le solicitó una llamada y, al no conseguirla, le pidió que respondiera por escrito para transmitirle información que consideraba urgente.

En uno de esos mensajes, el informante mencionó a Luis Alberto Albán Urbano, conocido como alias ‘Marcos Calarcá’, y aseguró que estaría organizándose un grupo de ocho hombres para ejecutar un atentado. También sostuvo que la instrucción criminal habría salido del Senado, una afirmación que debe ser verificada por las autoridades.

¿Qué decían los chats sobre el plan para atentar contra Miguel Uribe?

Uno de los mensajes divulgados por Noticias RCN contenía una advertencia directa sobre el supuesto plan criminal. El remitente justificó su insistencia al asegurar que la información provenía de alguien cercano a la organización señalada.

“Me lo dijo una fuente muy fiel y muy cercana a ellos, yo le creo 100 por ciento”, escribió la persona, según la transcripción publicada por el medio.

En otra parte de la conversación, el informante afirmó que la orden habría salido del Senado y explicó por qué decidió contactar a la congresista: “No puedo permitir que les llegue a pasar algo sin antes avisarle, por eso le digo para que extreme sus medidas de seguridad”.

La advertencia no se limitaba a Miguel Uribe Turbay. En los mensajes también se mencionaba a otros dirigentes políticos, entre ellos Álvaro Uribe Vélez y la propia congresista. En un oficio posterior, la senadora puso en conocimiento de la Fiscalía otra información sobre un presunto atentado contra el expresidente y contra ella, que el informante relacionaba con el Clan del Golfo.

“Él me dice que la orden salió del Senado (…) Yo a ustedes los quiero mucho a usted a la doctora Paola y al doctor Miguel Uribe, no puedo permitir que les llegue a pasar algo sin antes avisarle, por eso le digo para que extreme sus medidas de seguridad”, se lee en la conversación, según el citado medio.

¿Qué pasó con los mensajes el día del atentado?

El 7 de junio de 2025, día en que Miguel Uribe Turbay fue atacado a tiros durante una actividad política en Bogotá, la fuente volvió a escribirle a la senadora. En ese mensaje cuestionó dónde se encontraba el esquema de seguridad del entonces senador y precandidato presidencial al momento de la agresión.

Posteriormente, el 16 de junio de 2025, la congresista radicó un oficio dirigido a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en el que expuso el contenido de las conversaciones y solicitó que se investigara la información recibida.

Ese documento también incluyó la advertencia sobre un posible atentado contra Álvaro Uribe Vélez y la senadora, que presuntamente estaría relacionado con el Clan del Golfo, según lo manifestado por el informante.

¿Qué investiga la Fiscalía sobre los chats?

De acuerdo con Noticias RCN, el grupo de fiscales especializados que trabaja en el caso del magnicidio de Miguel Uribe adelanta verificaciones sobre el contenido de los mensajes y ya tiene ubicada a la persona que contactó a la congresista. El objetivo es que rinda entrevista y permita corroborar la información suministrada.

Por ahora, las afirmaciones contenidas en las conversaciones deben entenderse como señalamientos pendientes de comprobación judicial. La mención de personas en los mensajes no demuestra por sí misma su participación en la planeación u orden del crimen.

La investigación deberá establecer la credibilidad de la fuente, el alcance de las advertencias y si existían datos verificables sobre el plan criminal antes del ataque. También tendrá que determinar qué información llegó a las autoridades y qué actuaciones se adelantaron frente a las alertas recibidas.

En el mensaje publicado en su cuenta oficial, el presidente De la Espriella resaltó la necesidad de que los centros penitenciarios dejen de ser espacios donde los criminales burlan la justicia y persisten en sus delitos. Según información proporcionada por el Inpec a El Espectador, los reclusos trasladados fueron enviados a establecimientos con pabellones de nivel uno de seguridad, lo que implica mayores controles internos y medidas más estrictas de vigilancia.

Por otro lado, en el municipio de Girón, Santander, las autoridades incautaron una tarjeta SIM, 5,58 gramos de lo que se presume es una sustancia vegetal, una batería y un cable de datos. El presidente enfatizó en otro trino que su instrucción es clara: las cárceles deben ser espacios exclusivos para la ejecución de condenas y no para actividades ilícitas.

El pasado 19 de octubre, el presidente también emitió una orden dirigida al Inpec para trasladar a jefes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y de las disidencias de las Farc recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Arauca. El objetivo es enviarlos a centros de máxima seguridad en otras regiones del país, como medida urgente tras un consejo de seguridad debido a la situación de orden público reportada en Arauca. De acuerdo con De la Espriella, la directriz fue comunicada al director del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez, y abarca también otros objetivos considerados de alto impacto.

"Ninguno de estos bandidos de las Farc o del Eln que delinquen aquí se va a quedar en Arauca, y tampoco los extorsionistas, porque siguen delinquiendo desde las cárceles," afirmó el presidente, enfatizando que los traslados debían ejecutarse de forma inmediata.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella ordenó trasladar presos a otras cárceles en Colombia?

De acuerdo con los mensajes oficiales y la información compartida por Inpec a El Espectador, el presidente Abelardo de la Espriella busca impedir que las cárceles sirvan como centros desde donde se planean y ejecutan delitos, incluso mientras los reclusos cumplen sus condenas. Por eso ordenó los traslados hacia penales con mayor nivel de seguridad en varios departamentos.

¿Qué son los pabellones nivel uno de seguridad a los que fueron trasladados los presos?

Los pabellones nivel uno de seguridad en los establecimientos penitenciarios, de acuerdo con lo reportado por el Inpec y citado por El Espectador, son espacios donde se aplican controles estrictos y una vigilancia reforzada. Esto busca evitar que los internos participen en nuevas actividades delictivas desde el interior de las cárceles.

El calendario electoral para estos comicios también está próximo a ser presentado. En palabras del registrador Penagos, "en octubre estamos presentando a Colombia el calendario electoral para las elecciones locales, es decir, alcaldes, gobernadores, concejales, asambleas y juntas administradoras locales, ya estamos trabajando, poniendo a punto todo el sistema electoral para estas elecciones". La organización y planificación de estos comicios es fundamental, ya que la elección de mandatarios y representantes locales tiene un impacto profundo en la dinámica política nacional.

Adicionalmente, la Registraduría ha venido realizando otras labores relevantes para la preparación de las elecciones. Penagos participó en una comisión de debates presidenciales de Funicar, donde señaló la importancia de discutir si estos debates requieren de una reglamentación específica y si podría establecerse como una obligación legal o constitucional para fortalecer el derecho a la información de la ciudadanía. Asimismo, advirtió sobre el creciente número de partidos políticos en Colombia; mientras que en 2009 se contabilizaban cerca de 16 partidos, la cifra aumentó a aproximadamente 45 para el periodo 2016-2024. Este fenómeno plantea retos para el sistema electoral y la representatividad política, situación que, según Penagos, debería ser objeto de debate para posibles reformas.

Las elecciones que se avecinan serán también una prueba para el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien estrena personería jurídica con el partido Defensores de la Patria. Su desempeño en las urnas pondrá en evidencia la acogida de su gestión, especialmente frente a partidos tradicionales como el Centro Democrático, y las alianzas o tensiones con otros actores políticos, en particular con las colectividades en el Congreso. Esto resulta clave en un contexto en el que el presidente, si bien contó con apoyo mayoritario para su elección, ha tomado distancia de los partidos tradicionales, generando dinámicas nuevas en el espectro político.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara la Misión de Observación Electoral para las elecciones regionales de 2027?

La Misión de Observación Electoral, encabezada por Alejandra Barrios, inicia su labor con la instalación oficial en la Registraduría y la participación de sus 34 delegaciones regionales. Durante este evento, se presentan análisis sobre comicios anteriores, lo que permite entender mejor la conformación política del país y prever posibles retos para el proceso electoral de 2027, según la información proporcionada por la MOE.

¿Cuál es el impacto del aumento de partidos políticos en el sistema electoral colombiano?

Según lo advertido por el registrador Hernán Penagos, el crecimiento del número de partidos, que han pasado de alrededor de 16 en 2009 a unos 45 para el periodo 2016-2024, representa un desafío significativo para la eficacia y representatividad del sistema político. Este escenario plantea la necesidad de debatir reformas que permitan fortalecer la estructura del sistema electoral en Colombia.

Félix Valera, secretario de Gobierno, explicó que la elección del escenario de vendaval no es casual. Según el funcionario, profesionales de la Oficina de Gestión del Riesgo analizaron las amenazas que enfrenta el municipio, especialmente durante la temporada de lluvias. Como precedente, Valera recordó un hecho del año anterior en el que un vendaval provocó la caída de 48 árboles en distintas zonas del municipio. A raíz de ese incidente, se intensificaron las labores en conjunto con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y la concesión a cargo del arbolado, orientadas a identificar e intervenir los árboles que representan peligro para la población.

El simulacro servirá para revisar específicamente la coordinación entre los organismos de emergencia y para ensayar las decisiones que deberían adoptarse frente a múltiples puntos afectados. Valera fue enfático al señalar que se busca medir "la capacidad de respuesta institucional, la coordinación entre los organismos de emergencia, la priorización de las acciones y la toma de decisiones". Los resultados de esta jornada se sistematizarán en una matriz y serán remitidos al nivel nacional. De acuerdo con el secretario, la valoración de esta experiencia permitirá determinar debilidades y establecer acciones de mejora para enfrentar emergencias reales.

El simulacro de la tarde será totalmente diferente al ejercicio programado para las 10:00 de la mañana, cuando entidades públicas, empresas privadas y comunidades implementarán sus propios planes de emergencia en escenarios ajustados a sus riesgos particulares. Según el informe más reciente aportado por Valera, hasta el momento hay 170 participantes inscritos en el simulacro general: 149 entidades y 21 comunidades, entre ellas una junta de acción comunal de Los Corazones y 20 conjuntos residenciales.

Tiler Tamayo, jefa de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo, señaló a EL PILÓN que en comparación con el año 2025, cuando se registraron 119 inscritos, este año se alcanzó un total de 170. Esto representa un incremento del 42,9%, es decir, 51 inscritos adicionales entre entidades públicas, privadas y comunidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un simulacro nacional de respuesta a emergencias en Valledupar?

Un simulacro nacional de respuesta a emergencias en Valledupar es una actividad organizada por las autoridades locales para ensayar y evaluar la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia, entidades públicas, empresas privadas y comunidades ante situaciones de amenaza. En esta ocasión, el ejercicio se enfoca en un escenario de vendaval con caída de árboles, permitiendo medir la coordinación, la implementación de los planes de emergencia y la toma de decisiones frente a eventos similares que podrían ocurrir en la realidad.

¿Cuáles son los objetivos principales del simulacro de vendaval en Valledupar?

De acuerdo con lo expresado por las autoridades municipales, los objetivos del simulacro son evaluar la capacidad de respuesta institucional, la coordinación entre los organismos de emergencia, la priorización de las acciones y la toma de decisiones en escenarios de desastre. Los resultados obtenidos servirán para identificar debilidades y proponer mejoras en los protocolos de atención ante emergencias, preparando así tanto a funcionarios como a la comunidad para afrontar eventos reales.

La posible llegada de Hinojosa a la Asamblea supone un reto para los actuales diputados del partido Conservador, José Mario Rodríguez y Fawzi Muvdi, pues en las elecciones regionales rápidamente se configurará una competencia interna por las curules. Según información de EL PILÓN, además de Hinojosa, se contemplan otros nombres que podrían sumarse a la contienda, como los concejales José Ávila Díaz, André Molina Carvajal y José Alberto Morillo, quienes también suenan como aspirantes a la Asamblea Departamental. Esta multiplicidad de figuras evidencia el interés y la dinámica interna del partido por consolidar liderazgos y proyección regional.

Hinojosa llegó al Concejo de Valledupar en 2016 y, de completar su periodo hasta 2027, sumaría tres mandatos consecutivos en la corporación. Uno de los aspectos que más destaca de su trayectoria es el respaldo recibido en las zonas rurales de Valledupar. De hecho, en las más recientes elecciones locales, se consolidó como el concejal más votado, consolidando así un capital político relevante en territorios alejados del casco urbano y dando cuenta de su capacidad para conectar con diferentes sectores sociales. Esto podría ser clave en su búsqueda por llegar a la Asamblea Departamental, ya que requiere conquistar votos a nivel de todo el Cesar y no solo centrarse en Valledupar.

Con estos movimientos políticos anticipados, el partido Conservador en el Cesar se prepara para un proceso electoral complejo, donde la renovación y la competencia serán protagonistas. El futuro de Hinojosa y los otros precandidatos estará determinado, en gran parte, por la capacidad de movilización que logren consolidar en los meses previos a la contienda electoral, así como por su trayectoria y los apoyos que consigan al interior del partido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Wilber Hinojosa y cuál es su trayectoria política?

Wilber Hinojosa es concejal de Valledupar por el partido Conservador, cargo al que llegó en 2016 y que mantendrá hasta 2027, completando tres periodos. Según EL PILÓN, ha desarrollado su capital político principalmente en la zona rural de Valledupar y en las últimas elecciones fue el concejal más votado, lo que resalta su influencia y solidez electoral en el municipio.

¿Qué implicaciones tiene que Wilber Hinojosa aspire a la Asamblea Departamental del Cesar?

De acuerdo con la información de EL PILÓN, la aspiración de Hinojosa a la Asamblea Departamental incrementa la competencia interna dentro del partido Conservador por las curules, enfrentando a los actuales diputados José Mario Rodríguez y Fawzi Muvdi, y sumando más candidatos como José Ávila Díaz, André Molina Carvajal y José Alberto Morillo. Este escenario podría transformar la dinámica política departamental, fomentando la renovación de liderazgos.

(Vea también: Revelan las regiones de Colombia donde un terremoto tendría menor impacto; solo hay dos)

El evento sísmico ocurrió a las 6:57 p. m., hora local, y fue clasificado con profundidad superficial menor a 2430 kilómetros, de acuerdo con los datos reportados por la entidad.

Dabeiba está ubicado en el occidente de Antioquia, una zona del departamento donde el monitoreo sísmico permite identificar las características de los movimientos telúricos registrados.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-20, 18:57 hora local Magnitud 2.9. Profundidad superficial, Dabeiba – Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/jUIJykVJVS

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 21, 2026

¿Cómo y para qué reportar un temblor en Colombia?

Las personas que hayan sentido el movimiento telúrico pueden registrar su experiencia en la plataforma Sismo Sentido, habilitada por el Servicio Geológico Colombiano. El formulario está disponible en sismosentido.sgc.gov.co.

Para completar el reporte, deben ingresar a la plataforma, responder las preguntas sobre su experiencia y señalar las condiciones en las que percibieron el temblor, según las opciones disponibles en el formulario.

Esta información le permite al SGC conocer en qué lugares se sintió el sismo y cómo lo percibieron las personas. Los testimonios complementan los registros instrumentales y contribuyen al análisis de las características del evento sísmico.

Expertos consultados y citados en los reportes subrayan que la historia de la educación sexual en Colombia revela que el desmontaje de una política no depende únicamente de la emisión de un decreto o resolución. De acuerdo con Diego Arbeláez, quien formó parte del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) creado durante el gobierno de Álvaro Uribe, lo que realmente afecta la implementación es la falta de acompañamiento y recursos para los programas. “Una política realmente no se desmonta con una resolución, porque ya hay una capacidad instalada importante en las regiones y en las mismas instituciones educativas”, explicó Arbeláez. El golpe, agrega, ocurre cuando las personas encargadas de ejecutar los proyectos pierden el respaldo institucional y presupuestal necesario para funcionar.

La experiencia con el PESCC, considerado como el plan más ambicioso de educación sexual en la historia reciente del país, evidencia los riesgos de la desarticulación por vías indirectas. Según Arbeláez, entre 2011 y 2013 el grupo técnico que lideraba el PESCC fue desintegrado y los fondos asignados fueron reorientados a otras prioridades, debilitando así la política pese a la ausencia de una derogatoria oficial.

En este escenario, el rumbo de la educación sexual y reproductiva en Colombia depende tanto de decisiones normativas como del compromiso institucional, de acuerdo con las fuentes mencionadas en el texto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el gobierno de Abelardo de la Espriella pidió derogar la política de educación sexual y reproductiva?

El gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Educación encabezado por Ilva Myriam Hoyos, solicitó a la Presidencia que se tomaran acciones urgentes para derogar la política nacional de educación sexual y reproductiva, argumentando la necesidad de “contener sus efectos”. La solicitud refleja desacuerdos con los lineamientos fijados en la administración anterior, sin que hasta el momento se haya formalizado esa derogación.

¿Qué impacto tiene la eliminación del acompañamiento y recursos en la educación sexual en Colombia?

De acuerdo con Diego Arbeláez, exintegrante del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, el mayor impacto negativo ocurre cuando los programas pierden respaldo y financiación, ya que esto limita su operatividad y desintegra los equipos técnicos. Así sucedió anteriormente con la implementación del PESCC, mostrando que la falta de apoyo institucional puede debilitar la educación sexual incluso sin derogaciones formales.

La investigación se da poco tiempo después de que el mal estado del campo obligara a cancelar el partido entre Millonarios y Once Caldas, un hecho que llevó al alcalde Carlos Fernando Galán a calificar como “inaceptable” la condición de la gramilla. Además, el mandatario solicitó una revisión sobre posibles incumplimientos contractuales del concesionario del estadio. En respuesta a la actuación disciplinaria, representantes del IDRD le dijeron a El Espectador que ven el seguimiento de los organismos de control como parte de los procedimientos regulares y se manifestaron dispuestos a entregar la información requerida. Aclararon también que la apertura de la investigación no significa por sí sola que haya responsabilidad disciplinaria establecida para los funcionarios involucrados.

En medio de las demandas de mayor rigor, el IDRD anunció nuevas acciones para asegurar la disponibilidad de El Campín para eventos deportivos luego del concierto previsto para el 31 de octubre. El Instituto, a través de comunicación con el Consorcio C.C.A., responsable de la interventoría de la APP, pidió reforzar el control técnico, operacional, legal y financiero antes, durante y después del espectáculo musical. Esto incluye la exigencia a Sencia de presentar, dentro del día hábil posterior al requerimiento, un plan detallado sobre los horarios de montaje y desmontaje, protección de la gramilla, límites de cargas permitidas y plazo de disponibilidad del estadio para actividades futbolísticas.

Entre las disposiciones destaca la exigencia de documentar el estado del césped con actas, evidencias fotográficas y reportes técnicos antes del montaje y repetir la inspección una vez terminado el desmontaje. Dichos informes, que deben entregarse al IDRD en los siguientes dos días hábiles, servirán para detectar daños potenciales, permitiendo tomar decisiones contractuales si se comprueban incumplimientos. Aunque el contrato de concesión contempla la realización de conciertos y eventos culturales, el IDRD reiteró a El Espectador que la prioridad debe ser mantener El Campín apto para el fútbol profesional. Por tanto, el concierto del 31 de octubre será una prueba decisiva para los nuevos controles y la vigilancia sobre el concesionario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las nuevas medidas del IDRD para proteger la gramilla de El Campín durante conciertos?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dispuso que la interventoría exija a Sencia un plan detallado con horarios de montaje y desmontaje, sistemas de protección de la gramilla, cargas máximas permitidas y fecha de disponibilidad del estadio. Además, se realizarán inspecciones y registros técnicos antes y después del evento para identificar daños y definir acciones contractuales si es necesario.

¿Por qué la Personería de Bogotá investiga al IDRD y sus directivos por el estadio El Campín?

De acuerdo con El Espectador, la Personería abrió una investigación disciplinaria por presunto déficit en la vigilancia al mantenimiento del estadio, en medio de cuestionamientos sobre el estado de la gramilla que llevaron a la cancelación de un partido importante. El proceso busca establecer si hubo omisiones por parte de los funcionarios del IDRD en el seguimiento y control a las obligaciones del concesionario.

(Le puede interesar: “Deshonran la memoria de los afectados”: ministra de Cultura responde a protestas en Museo Nacional)

De acuerdo con las declaraciones difundidas por La Silla Vacía, Bohórquez fue categórico al señalar la gravedad del acto: “Haber quitado al compañero Bernardo Jaramillo del Museo Nacional es una seria provocación”. Para él, la figura del líder político asesinado en 1990 representa un símbolo de democracia, paz y resistencia civil, y su exclusión de un espacio público de memoria constituye un retroceso.

El congresista también cuestionó directamente la coherencia del ministro Lara, precisamente por pertenecer al Gobierno que ordenó el retiro de todas estas piezas.

“Si usted como liberal le parece quitar a Bernardo Jaramillo, que no estuvo en ningún grupo armado… él habló de paz, habló incluso hasta contra el armamento, el secuestro, la voladura de oleoductos… todo eso lo tenemos en nuestra historia, pero lo quitaron”.

Por su parte, Lara Restrepo reconoció en la grabación algo sobre Jaramillo Ossa: “Sí, fue un gran hombre”.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de La Silla Vacía – Medio independiente (@lasillavaciaoficial)

Bohórquez fue más allá y emplazó directamente al ministro del Interior a dar respuestas concretas sobre el destino de las piezas retiradas: “Esas piezas quitaron, ¿cuál va a ser el tratamiento? ¿Qué va a pasar? ¿Van a guardarse? ¿Las van a desaparecer?”.

(Lea también: Muestran videos de los enfrentamientos entre Esmad y manifestantes en el Museo Nacional (Bogotá))

Bohórquez lamentó además que la falta de canales de comunicación fluidos con el Gobierno haya obligado a plantear estas preguntas en el espacio público.

La situación, según advirtió, está afectando la confianza en el proceso de diálogo: “Como no hay diálogo con ustedes, queríamos saber qué va a pasar con eso”, recalcó.

¿Por qué es relevante la figura de Bernardo Jaramillo en el debate político colombiano?

Bernardo Jaramillo Ossa fue candidato presidencial de la Unión Patriótica y uno de los líderes políticos más destacados de la izquierda colombiana antes de su asesinato en 1990. Su discurso en ciudades como Ibagué y sus posiciones contra la violencia armada lo convirtieron en un referente histórico de la paz, razón por la cual su presencia en espacios de memoria pública tiene una carga simbólica profunda para sectores políticos y sociales del país.

¿Qué implicaciones tiene retirar piezas de un museo nacional en términos de memoria histórica?

Los museos nacionales son custodios de la memoria colectiva de un país, y la exclusión de figuras o materiales relacionados con episodios del conflicto puede interpretarse como una forma de silenciamiento histórico. En Colombia, donde la disputa por la narrativa del pasado reciente sigue vigente, decisiones de este tipo suelen despertar reacciones políticas inmediatas y encender el debate sobre quién tiene el derecho de definir qué se recuerda y qué se omite.

(Vea también: Luces y sombras que proyectan las declaraciones de la ex primera dama Verónica Alcocer) 

En una publicación en su cuenta de X, este martes 20 de octubre, Benedetti relacionó los salarios que Sarabia habría devengado como jefa de despacho presidencial, directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), directora del Dapre, canciller y embajadora de Colombia en el Reino Unido.

Sobre Laura Sarabia:

Entre el 7 de agosto de 2022 y el 2 de junio de 2023, Laura Sarabia habría devengado 224 millones como jefa de gabinete y posteriormente del despacho de la presidencia.

Entre el 4 de septiembre de 2023 y el 22 de febrero de 2024, habría devengado 141 millones como directora del Departamento para la Prosperidad Social:

Entre el 23 de febrero de 2024 y el 28 de enero de 2025, habría devengado 302 millones como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Entre el 29 de enero y el 3 de julio de 2025, habría devengado 148 millones como ministra de Relaciones Exteriores de Colombia.

Entre el 14 de octubre de 2025 y el 31 de julio de 2026, habría devengado 446 millones como embajadora de Colombia en el Reino Unido.

La remuneración ordinaria estimada de los cinco cargos suman 1.263 millones y, por concepto global de primas adicionales, prestaciones y liquidaciones de todos los cargos, una suma aproximada de 315 millones, para un total aproximado de ingresos de 1578 millones.

El nivel de vida que muestra en público no corresponde a sus ingresos. Hay rumores de que logró una gran fortuna y que justamente por esta razón está siendo indagada por la Fiscalía General de la Nación por un presunto enriquecimiento ilícito.

Cuando la conocí a la niña con sueños, de verdad tenía sueños, pero creo que ni ella se imaginó que llegaría tan “lejos”. Era muy joven y con muy bajo perfil para ocupar cargos directivos. Ojalá su “éxito” hubiera ocurrido por sus méritos y desempeño y no por su alianza con Verónica.

En fin…. este será un asunto que decida la justicia. Pero lo que yo sí puedo dar fe es su pobre condición humana:
desleal, desagradecida y oportunista y arribista. Una persona, como dirían los viejos: “ de mala condición”.

— Angela Benedetti (@AngelaBenedet) October 20, 2026

Según el cálculo divulgado por la exembajadora, Sarabia habría recibido 224 millones de pesos entre agosto de 2022 y junio de 2023, cuando estuvo al frente del despacho presidencial.

A esa suma agregó 141 millones de pesos por su paso por el DPS, 302 millones  de pesos como directora del Dapre, 148 millones de pesos durante su gestión como ministra de Relaciones Exteriores y 446 millones de pesos por su trabajo como embajadora en el Reino Unido.

Los cinco montos suman unos 1.263 millones de pesos. Benedetti también estimó en 315 millones de pesos los ingresos adicionales por primas, prestaciones y liquidaciones, aunque las cifras corresponden a su cálculo y no constituyen, por sí solas, una verificación independiente de los pagos efectivamente recibidos por Sarabia.

Ángela Benedetti cuestionó el estilo de vida de Laura Sarabia

Más allá de los ingresos, Benedetti cuestionó el nivel de vida que, a su juicio, muestra públicamente Sarabia y planteó dudas sobre el origen de su patrimonio.

“El nivel de vida que muestra en público no corresponde a sus ingresos”, escribió la exembajadora, quien también mencionó rumores sobre una supuesta fortuna y afirmó que, por esa razón, Sarabia estaría siendo indagada por la Fiscalía General de la Nación por presunto enriquecimiento ilícito.

La exembajadora también lanzó críticas personales contra Sarabia y cuestionó la forma en que llegó a ocupar cargos de alto nivel en el Ejecutivo. En su mensaje, hizo referencia a la cercanía de la exfuncionaria con Verónica Alcocer y expresó dudas sobre si su ascenso obedeció a sus méritos profesionales.

Benedetti cerró esa parte de su publicación con una referencia a la justicia y aseguró que será esta la que determine lo que corresponda frente a los cuestionamientos planteados.

No es la primera vez que Ángela Benedetti critica a Laura Sarabia

Las diferencias entre ambas no son nuevas. Cuando Sarabia dejó el Ministerio de Relaciones Exteriores en julio de 2025, en medio de la controversia por el proceso de contratación para la expedición de pasaportes, Benedetti también cuestionó públicamente su salida.

En aquella ocasión, la exembajadora preguntó si Petro había despedido a Sarabia o si ella había renunciado espontáneamente. “Para mí, es la primera. Más bien, Laura desautorizó a su jefe. ¿No?”, escribió entonces.

Benedetti remató aquella publicación con otra crítica a la exfuncionaria: “Laura Sarabia no es sensata”.

La institución argumenta que respetar los nombres tradicionales es una garantía para la preservación de los valores culturales asociados a estos bienes patrimoniales. Tal como lo explicó el canciller Bula, mantener esas denominaciones es también una manera de transmitir la historia a nuevas generaciones y de honrar la trayectoria del Palacio de San Carlos, donde han ocurrido eventos significativos para el país.

Este acto ocurre después de que el presidente De la Espriella anunciara públicamente una “contrarrevolución cultural”, cuyo propósito, según sus declaraciones, es fortalecer la identidad colombiana, proteger el patrimonio y emprender una lucha frontal contra el “wokismo”. Desde su perspectiva, esa corriente busca transformar los fundamentos morales, culturales y sociales occidentales, y propone, en su reemplazo, un nuevo modelo fundamentado en colectivos y grupos orientados hacia el relativismo moral. El mandatario puntualizó que, para su gobierno, la cultura no debe ser empleada como instrumento de ideología, indicando que el estado debe impedir que los espacios culturales sean influenciados por el “socialcomunismo ateo” y otras ideologías opuestas a los supuestos valores fundamentales del país.

Además de la restauración del nombre tradicional en la Cancillería, la administración De la Espriella ordenó el retiro de varias obras del Museo Nacional vinculadas a la memoria histórica, incluyendo fotografías de líderes políticos como Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro, así como piezas sobre luchas feministas y de la población LGBTIQ. Este hecho generó protestas por parte de diversos sectores de la sociedad. Según el editorial de El Espectador, publicado el 20 de octubre, la exclusión de estas obras revela una visión limitada y selectiva de la historia nacional, alertando sobre el peligro de imponer una única perspectiva moral e ideológica en detrimento de la libertad y pluralidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Cancillería decidió volver al nombre Patio de los Novios en el Palacio de San Carlos?

La Cancillería, por orden del canciller Omar Bula y del presidente Abelardo de la Espriella, decidió restaurar el nombre tradicional, Patio de los Novios, argumentando que la preservación de las denominaciones históricas es fundamental para proteger los valores culturales y la memoria institucional. Según declaraciones de la Cancillería recogidas en El Espectador, este espacio había sido conocido con ese nombre desde 1992 y la administración actual busca respetar ese legado frente a los cambios realizados en el gobierno anterior.

¿Qué motivó el retiro de obras del Museo Nacional durante el gobierno De la Espriella?

El retiro de obras relacionadas con la memoria histórica, como fotografías de líderes políticos y piezas sobre feminismo y diversidad sexual, fue motivado por la decisión del presidente De la Espriella de combatir al “wokismo” y fortalecer una visión tradicional de la cultura nacional. El editorial de El Espectador señala que esta medida responde a una estrategia que busca controlar la narrativa cultural para impedir, según el gobierno, la influencia de ideologías que consideran contrarias a los valores fundamentales de Colombia.

Trump también aseguró que América del Sur está experimentando una transformación política que, desde su perspectiva, favorece a los sectores conservadores. El mandatario estadounidense afirmó que la región se está convirtiendo en un lugar distinto y que ese cambio avanza de manera positiva.

El comentario más llamativo estuvo dirigido a De La Espriella. Al respecto, Trump destacó al presidente colombiano con palabras que relacionó con su personalidad y con la cercanía que, de acuerdo con sus declaraciones, existe entre ambos dirigentes.

“Sabes, le llaman El Tigre por una razón, ¿verdad? Porque es duro, es un chico duro, pero siempre fue grande para Trump”, afirmó el mandatario estadounidense.

#Mundo| A menos de una semana de las elecciones en Brasil, el presidente Donald Trump aseguró que Suramérica está dando un giro político a la derecha y nuevamente elogió al presidente Abelardo de la Espriella.

“Sudamérica era liderada por la izquierda y ahora está girando a la derecha, es un lugar diferente y está prosperando. Respaldé a muchas personas, a todos los que apoyé ganaron incluyendo el nuevo presidente de Colombia quien es excelente, El Tigre, es un tipo duro. No lo conocía, pero me caía bien, si me aprecian los aprecio”, dijo Trump.

Vía @EddyMosquera0

https://t.co/woHMRjVE2M

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2026

La declaración también refleja la afinidad política que Trump dice tener con el jefe de Estado colombiano. El presidente estadounidense aseguró que había identificado algo especial en De La Espriella, aunque el texto no precisa cuándo surgió esa impresión ni detalla otras palabras del encuentro.

Trump habló del giro conservador en Sudamérica

Más allá del elogio personal, Trump presentó a Sudamérica como una región que estaría dejando atrás la predominancia de gobiernos de izquierda para dar paso a liderazgos de derecha y propuestas conservadoras.

En esa lectura política, el republicano sostuvo que varios movimientos que ha respaldado en procesos electorales de la región han conseguido victorias importantes. Trump considera que esos resultados están modificando el equilibrio político del continente en un periodo relativamente corto.

El mandatario estadounidense también vinculó esa transformación con resultados que considera favorables en asuntos económicos y de orden público. Sin embargo, las declaraciones citadas corresponden a su interpretación de la situación regional y no incluyen cifras ni indicadores que permitan medir esos resultados.

Fernando Escobar, el dirigente de Cenaprov que administra dicho parqueadero y tiene cuatro décadas de experiencia en la organización, no estaba presente cuando ocurrió la agresión. “Llamaron a contarme”, relató Escobar, quien explicó que, al regresar, observó los impactos de bala en la caseta y concluyó que “no fue una advertencia. Tiraron a matar”. La llegada inmediata del comandante del CAI del barrio y de miembros del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), luego de la alerta a la Policía, pone en evidencia la seriedad de la situación y el intento de las autoridades por controlar el hecho.

Minutos después del ataque, Escobar recibió una llamada de un hombre que se identificó como Pedrito Satanás. Esta persona le exigió una suma millonaria –200 millones de pesos colombianos– a cambio de no atentar contra su familia, mencionando incluso a su esposa e hijas y amenazando con “picarlos”, según el testimonio directo de la víctima. Además, Escobar reportó haber recibido un video mostrando el asesinato de un taxista en Soacha, elemento que buscaba aumentar la presión y el temor sobre su familia.

Sin embargo, según la Policía, existe la posibilidad de que el supuesto extorsionista haya adoptado el alias de Pedrito Satanás –que correspondería originalmente a un sujeto capturado en Estados Unidos y catalogado como segundo al mando de los Satanás en Bogotá– con el objetivo de confundir y dificultar las investigaciones. Las fuentes policiales citadas explican que en estas redes delictivas es común reciclar apodos, una estrategia dirigida a entorpecer la acción de la justicia y proteger a los verdaderos responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Fernando Escobar y cuál es su papel en Cenaprov tras el atentado en Bosa?

Fernando Escobar es dirigente de la Central Nacional Provivienda (Cenaprov), organización a la que ha pertenecido durante 40 años. Está encargado del parqueadero que fue blanco del ataque armado y, aunque no estaba presente durante los hechos, ha asumido el seguimiento de la situación, trabajando de la mano con las autoridades luego de recibir amenazas directas contra su familia.

¿Qué hacen las bandas al reutilizar apodos como ‘Pedrito Satanás’ en casos de extorsión?

Según información de la Policía compartida en el texto, los grupos delictivos suelen reutilizar alias de líderes capturados o reconocidos, como ‘Pedrito Satanás’, para confundir tanto a las víctimas como a los investigadores, dificultando así la identificación de los verdaderos responsables y entorpeciendo las acciones judiciales.

(Le puede interesar: Tragedia por grave accidente en el que bus se volcó por intento de atraco: hay 4 muertos y 56 heridos)

El incidente dejó al automóvil involucrado con sus llantas mirando arriba y prácticamente en pérdida total, ya que sufrió graves destrozos.

En imágenes, el vehículo gris quedó con gran parte de su defensa delantera desprendida, además de quedar con el capó aplastado, y sus ventanas y puertas rotas.

#CUNDINAMARCA. Se presenta siniestro vial en la vía Bogotá – La Vega en el sector de El Rosal. Al parecer el conductor de un vehículo tipo automóvil pierde el control del mismo y terminó volcado. Afortunadamente, no se reportan víctimas fatales. https://t.co/7AyGBhT6FT

— Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 20, 2026

Además, el carro quedó botando humo por los daños que sufrió.

El carro quedó entre el separador y parte de la vía del sector de El Rosal. Allí, se presentó congestión vehicular por ambos carriles debido al accidente, por lo que hubo largas filas de vehículos.

Pese a la gravedad del accidente, las autoridades no reportaron víctimas fatales.

Una de las voces más activas en este debate ha sido la senadora Carolina Corcho, miembro del Pacto Histórico, quien informó sobre su intención de recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De acuerdo con lo señalado por Corcho, su acción buscará proteger los derechos de “las madres buscadoras y de los damnificados” afectados por ajustes en el presupuesto, además de denunciar lo que considera un “recorte arbitrario y sin justificación técnica” en la inversión destinada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Corcho también alertó sobre el traslado de recursos hacia el Fondo Milagro, creado para cubrir gastos de reconstrucción tras el terremoto, e insistió en que se trata de una acción “peligrosa”.

Esta movilización política no es aislada. De acuerdo con El Espectador, se trata del segundo llamado de la oposición para protestar contra las decisiones del gobierno, después de una primera jornada de manifestaciones realizada en la Plaza de Bolívar el 14 de octubre. Desde el Pacto Histórico se ha definido la protesta social como la principal herramienta para construir su alternativa política frente al gobierno actual, marcando una línea estratégica de cara a las elecciones regionales de 2027.

En respuesta, el presidente Abelardo de la Espriella agradeció públicamente al Congreso por la aprobación del presupuesto y destacó la "determinación" y el "patriotismo" de quienes apoyaron su propuesta, subrayando la importancia del compromiso colectivo para el futuro del país.

Pese a los mensajes institucionales, la polémica persiste debido al enfoque del presupuesto, en especial por la reducción de recursos a las instituciones surgidas del Acuerdo de Paz. Según la información presentada, Antioquia y Valle del Cauca figuran entre las regiones más impactadas, con recortes de 600.000 millones y 200.000 millones respectivamente.

Esta controversia llevó a la senadora Corcho a anunciar una acción popular ante el Tribunal contencioso administrativo, para exigir el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales del Estado y denunciar una supuesta extralimitación de funciones por parte del Congreso. El trasfondo de la discusión reside en la intención del gobierno de orientar recursos de entidades asociadas a la paz, hacia otras prioridades consideradas urgentes. Todo este escenario ha intensificado la organización de la oposición, que avanza en su preparación hacia la contienda electoral venidera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la oposición critica el presupuesto general de la nación 2027 en Colombia?

La principal crítica de la oposición es la disminución de los recursos para entidades vinculadas al proceso de paz y la asignación de fondos hacia otras áreas, en particular el Fondo Milagro. Según la senadora Carolina Corcho, esto representa un recorte sin justificación técnica que afecta a víctimas y sectores vulnerables. Además, algunos departamentos como Antioquia y Valle del Cauca fueron señalados por sufrir recortes importantes en el presupuesto asignado.

¿Qué acciones legales están emprendiendo contra el presupuesto de 2027?

La senadora Carolina Corcho anunció medidas cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y una acción popular en el Tribunal contencioso administrativo. Estas acciones buscan que el Estado cumpla los compromisos establecidos y se declare la no exequibilidad del presupuesto aprobado, en particular aquellos aspectos considerados una extralimitación de funciones por parte del Congreso.

Este suceso ha generado una profunda consternación no solo en la familia, sino en toda la comunidad indígena arhuaca. El Gobierno del Pueblo Arhuaco manifestó públicamente su solidaridad con los padres de Sanny, Nelson Ener Torres y Lirias Gutiérrez, y con el resto de la comunidad afectada por la tragedia. Así mismo, se activó un protocolo de acompañamiento y apoyo integral para brindar respaldo emocional y logístico a los familiares.

En medio de la conmoción, las autoridades tradicionales del pueblo arhuaco hicieron un llamado a las instituciones responsables, entre ellas la Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Cruz Roja Colombiana, para trabajar en conjunto. El objetivo es fortalecer la prevención, la atención a las emergencias y la adecuada gestión del riesgo en zonas habitadas por poblaciones indígenas.

Este trágico caso resalta, una vez más, los peligros que enfrentan diariamente los habitantes de zonas rurales y comunidades indígenas, especialmente durante la temporada de lluvias. Las condiciones geográficas, la cercanía a ríos y quebradas, así como la dificultad de acceso, aumentan los riesgos en las actividades cotidianas. Por ello, las autoridades tradicionales reiteraron la importancia de que los habitantes de resguardos y veredas lleven a cabo medidas de precaución, evitando transitar o trabajar en laderas inestables y manteniéndose alejados de fuentes hídricas peligrosas. Recomendaron, además, prestar atención a las advertencias y consejos de los organismos de socorro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué recomendaciones hacen las autoridades indígenas para evitar accidentes en temporada de lluvias?

Las autoridades indígenas, citadas en la información, recomiendan extremar las precauciones durante la temporada de lluvias. Entre las sugerencias destacan evitar transitar o realizar labores en laderas inestables, mantenerse alejados de fuentes hídricas peligrosas y seguir las recomendaciones preventivas emitidas por los organismos de socorro, para minimizar los riesgos asociados con las condiciones climáticas y geográficas de sus territorios.

¿Qué es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y cuál fue su papel en este caso?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es una entidad mencionada por las autoridades tradicionales arhuacas entre los organismos llamados a articular acciones de prevención y atención de emergencias en territorios indígenas. En este caso, la UNGRD fue invitada a participar en el fortalecimiento de estrategias para la gestión del riesgo, junto con otras instituciones territoriales y de socorro.

La víctima mortal fue identificada como Mario Rafael Tapia Pineda, de 21 años, oriundo de Zambrano, Bolívar, quien había residido durante varios años en Bosconia. Según confirmaron los investigadores citados en la información, Tapia Pineda falleció en el mismo sitio debido a la gravedad de las heridas sufridas por impactos de bala.

En el ataque también resultó herida su esposa, Ángela María Muñoz Acuña, de 22 años, natural de El Copey, Cesar. La joven recibió rápidamente asistencia y fue trasladada de urgencia a la Clínica Sinais Vitais de Bosconia. Allí permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos, también conocida como UCI, con pronóstico reservado dada la delicada situación de salud que le dejaron las heridas.

La investigación inicial, llevada a cabo por el personal de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, apunta a que dos sujetos desconocidos que viajaban en motocicleta irrumpieron de manera violenta en la finca y dispararon directamente contra la pareja. Mientras los peritos judiciales desarrollaban la inspección técnica al cadáver, encontraron en el lugar un panfleto sobre el cuerpo de Tapia Pineda con la frase manuscrita: "Por Pachenca – Jíbaro".

Este hallazgo ha desencadenado nuevas líneas de investigación, ya que las autoridades buscan determinar la autenticidad del mensaje y establecer si existe una relación entre el contenido del panfleto y el homicidio. Por el momento, el cuerpo de Mario Rafael Tapia Pineda fue trasladado a Medicina Legal y la recolección de pruebas continúa enfocada en esclarecer los móviles del crimen, el origen del escrito y la identificación de los responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa UCI y cuál es su función en casos de emergencia como el ataque en Bosconia?

La sigla UCI significa "Unidad de Cuidados Intensivos". Se trata de un área especializada dentro de los hospitales dedicada al monitoreo, tratamiento y atención permanente de pacientes en estado crítico o con complicaciones graves, como en el caso de Ángela María Muñoz Acuña después del ataque en Bosconia.

¿Qué investigan las autoridades tras el hallazgo del panfleto en el crimen de Bosconia, Cesar?

Tras el hallazgo del panfleto con el mensaje "Por Pachenca – Jíbaro", las autoridades investigan tanto la autenticidad del escrito como su posible conexión con el homicidio, además de buscar esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables del ataque armado ocurrido en la finca El Pedregalito.

La apertura de este proceso disciplinario tiene su origen en varios encuentros que, de acuerdo con las declaraciones de Rodríguez, tuvieron lugar en octubre de 2025. La exdirectora del Dapre reconoció, según informó Semana, que fue instruida para coordinar reuniones con antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estructura armada ilegal que existió en anteriores décadas. El objetivo de estos encuentros habría sido obtener declaraciones comprometedoras contra reconocidos dirigentes políticos en medio de la campaña presidencial.

En su versión, Rodríguez mencionó nombres como Álvaro Uribe Vélez, Abelardo De la Espriella y Germán Vargas Lleras, sobre quienes se buscaban señalamientos por parte de los exparamilitares. Además, afirmó que participó en la organización de un encuentro al que presuntamente asistieron Salvatore Mancuso y los excomandantes conocidos como alias El Alemán, Jorge 40 y alias Macaco, todos antiguos jefes de las AUC. Sin embargo, siempre según el testimonio de Rodríguez divulgado por Semana, algunos de estos exparamilitares habrían rechazado la posibilidad de prestar declaraciones con esos fines políticos.

La Procuraduría lo que intenta determinar es hasta qué punto Rodríguez y Benedetti tenían conocimiento, participaron o autorizaron las supuestas actuaciones, y si estas podrían convertirse en faltas disciplinarias. No obstante, la entidad resaltó que abrir la investigación no constituye una sanción ni una declaración de responsabilidad, sino que busca establecer la verdad de los hechos señalados.

Patricia Carrillo Blanco, funcionaria ponente del caso, comunicó el 20 de octubre que los elementos de la denuncia también fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación, que los examina a través de un equipo especializado para esclarecer lo sucedido y, en caso de ser necesario, tomar decisiones en el ámbito penal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el ‘Pacto de Valledupar’ y por qué involucra a exjefes paramilitares?

El ‘Pacto de Valledupar’ hace referencia a presuntas reuniones entre altos funcionarios del gobierno y antiguos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia para, supuestamente, obtener acusaciones contra figuras políticas a cambio de beneficios jurídicos y carcelarios. La información conocida surge del procedimiento disciplinario abierto por la Procuraduría General de la Nación y de las declaraciones divulgadas por la revista Semana.

¿Cuáles son las implicaciones de la investigación disciplinaria contra Angie Rodríguez y Armando Benedetti?

La investigación disciplinaria busca esclarecer si Angie Rodríguez y Armando Benedetti participaron o tuvieron conocimiento de los hechos denunciados en torno al ‘Pacto de Valledupar’. Según comunicó la Procuraduría, la apertura de la investigación aún no implica responsabilidad alguna, sino que tiene como objetivo comprobar la veracidad de las acusaciones y determinar si existieron faltas disciplinarias.

La actuación ocurrió el pasado 31 de agosto, fecha en la que se abrió una noticia criminal en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, según la información divulgada por Caracol Radio. 

Con la compulsa de copias, el ente investigador puso los hechos en conocimiento de la comisión de la Cámara que tiene entre sus funciones examinar las actuaciones de altos funcionarios y expresidentes, para que determine si hay motivos para adelantar una investigación dentro de sus competencias.

#ATENCIÓN | La @FiscaliaCol compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue al expresidente Gustavo Petro (@petrogustavo), por el denominado ‘Pacto de Valledupar’. Esto ocurrió el pasado 31 de agosto, fecha en la que se abrió una noticia criminal en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Vía: @JennyAngaritaG

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2026

El procedimiento no equivale a una condena ni significa que se haya establecido la responsabilidad de Petro. La compulsa de copias permite que la autoridad competente conozca los hechos y evalúe si corresponde iniciar las actuaciones pertinentes.

Por ahora, la información compartida señala la apertura de la noticia criminal y el envío de la documentación a la Cámara. Para establecer el alcance de la indagación, será necesario conocer los hechos concretos que sustentan el caso del llamado ‘Pacto de Valledupar’ y las eventuales decisiones que adopte la comisión.

(Vea también: Presupuesto de la Nación para 2027: estos son los sectores que terminaron ganando más plata)

La senadora Carolina Corcho anunció que la colectividad acudirá a instancias nacionales e internacionales para cuestionar los cambios presupuestales, especialmente los relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La congresista también señaló que buscarán medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en defensa de las madres buscadoras y de las personas afectadas por los recortes que, según denunció, comprometerían recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz.

El anuncio se produjo después de una extensa jornada legislativa que terminó en la madrugada del martes 20 de octubre, cuando la Cámara de Representantes aprobó el proyecto que ya había recibido el aval del Senado.

Pacto Histórico cuestiona recorte presupuestal a la JEP

Uno de los principales puntos de controversia es la reducción de recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz, organismo creado a partir del Acuerdo de Paz de 2016 para investigar y juzgar los crímenes más graves relacionados con el conflicto armado.

El presupuesto aprobado contempla una reducción de 181.400 millones de pesos para la JEP. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el ajuste incluye una disminución inicial de 170.000 millones de pesos y otra de 11.400 millones de pesos, cuyos recursos se trasladan al Ministerio de Defensa.

Desde el Pacto Histórico, Corcho calificó la decisión como un recorte arbitrario y cuestionó la forma en que se modificaron las partidas destinadas a las instituciones vinculadas con la implementación del acuerdo.

La senadora sostuvo que las decisiones presupuestales podrían afectar compromisos nacionales e internacionales relacionados con los derechos de las víctimas, entre ellas las madres buscadoras y las personas damnificadas.

El Gobierno, por su parte, ha defendido el presupuesto y sostiene que los ajustes a la JEP no afectarán el funcionamiento de la entidad ni el cumplimiento de sus funciones misionales.

Carolina Corcho anunció acciones jurídicas contra el presupuesto

Además de acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Corcho anunció que promoverán una acción popular ante la jurisdicción contencioso-administrativa para cuestionar la aprobación del presupuesto.

La congresista argumentó que durante el trámite legislativo se habrían presentado irregularidades y cuestionó las facultades utilizadas por los congresistas para introducir modificaciones relacionadas con los recursos de las instituciones surgidas del Acuerdo de Paz.

Las acciones anunciadas buscan que las autoridades competentes examinen la legalidad de las decisiones adoptadas durante el trámite presupuestal. Sin embargo, las objeciones planteadas por la oposición no significan, por sí solas, que se haya declarado la inconstitucionalidad del presupuesto o que su aprobación haya sido anulada.

Desde la bancada del Pacto Histórico, en conjunto y unidad con las Madres buscadoras, las víctimas y los damnificados denunciamos los graves vicios de inconstitucionalidad del presupuesto aprobado. 

Alertamos sobre el recorte arbitrario y sin justificación técnica del 80% del presupuesto de inversión de la JEP un golpe bajo que busca la impunidad y constituye una venganza directa contra quienes han sufrido el conflicto y contra los acuerdos de paz, así como el peligroso traslado de recursos al opaco Fondo Milagro operado por @ABDELAESPRIELLA.

No nos quedaremos de brazos cruzados: interpondremos acciones, pediremos medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en defensa de las madres buscadoras y de los damnificados, y de la mano del movimiento social masivo, convocamos al Paro Cívico Nacional en Noviembre. 

La fuerza de la gente en las calles es la que detendrá esta injusticia.

#PresupuestoDeMiseria #CarolinaCorcho #PactoHistorico #JEP #ParoNacional #FondoMilagro

— Carolina Corcho (@carolinacorcho) October 20, 2026

Pacto Histórico prepara nuevas movilizaciones contra De la Espriella

El partido también anunció que mantendrá las movilizaciones como mecanismo de oposición al Gobierno. La colectividad ya había participado en la jornada de protestas del pasado 14 de octubre y ahora busca impulsar nuevas manifestaciones.

Según los anuncios divulgados este martes, la próxima movilización está prevista para el 24 de noviembre, en medio de los cuestionamientos al presupuesto y de las diferencias políticas con la administración de De la Espriella.

La oposición también ha expresado preocupación por la distribución territorial de los recursos de inversión. En el debate se mencionaron reducciones para departamentos como Antioquia y Valle del Cauca, aunque esas cifras deben contrastarse con las partidas definitivas aprobadas para cada región.

Por su parte, el presidente celebró la aprobación del presupuesto y agradeció a los congresistas que respaldaron el proyecto.

“Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. A los senadores y representantes a la Cámara que votaron a favor, mi reconocimiento especial por su patriotismo y determinación”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

Los empresarios del transporte intermunicipal de pasajeros solicitan al Gobierno Nacional incluir en el Plan Nacional de Desarrollo medidas concretas para renovar la flota, formar nuevos conductores, reducir los costos operativos y eliminar las barreras administrativas que afectan la prestación del servicio en Colombia.

“Movilizamos entre 130 y 135 millones de pasajeros al año, por lo que el país debe tener una política de transporte que reconozca las particularidades del sector y garantice las condiciones para su sostenibilidad y modernización”, afirmaron los transportadores en comunicado de Aditt.

Una de las principales preocupaciones es la antigüedad del parque automotor: el 38 % de los vehículos supera los 15 años de servicio. Para acelerar su renovación, los empresarios proponen crear un programa de incentivos económicos que reconozca entre el 15 % y el 30 % del valor comercial de los buses retirados, bajo determinadas condiciones, y ampliar la exención del IVA, sin limitarla a propietarios de máximo dos automotores.

Los beneficios aplicarían a pequeños propietarios, cooperativas y empresas habilitadas que adquieran vehículos con tecnologías más limpias, como diésel Euro VI o superior, gas natural vehicular dedicado, electricidad o hidrógeno. Asimismo, plantean financiar el 100 % de los costos de formación y obtención de licencias C1, C2 y C3, con prioridad para los jóvenes.

La iniciativa busca facilitar el ingreso de nuevos conductores y responder al déficit proyectado de más de 28.000 profesionales, asociado a las dificultades para atraer personal al sector.

Los empresarios también solicitan articular el transporte intermunicipal con la expansión de los trenes de cercanías y los sistemas integrados de transporte masivo, garantizando la continuidad de las rutas y frecuencias legalmente autorizadas.

Actualmente, el sector conecta a más de 1.000 municipios y facilita el acceso al empleo, la educación, la salud y el turismo. Además, el 82 % de las rutas interdepartamentales y de larga distancia conecta municipios de categorías cuarta, quinta y sexta con las principales metrópolis regionales.

Los transportadores reiteran su llamado al Gobierno Nacional para convertir estas propuestas en medidas concretas, con financiación, reglas claras y coordinación institucional que permitan modernizar el sector y garantizar la sostenibilidad del transporte intermunicipal de pasajeros.

¿Qué es Aditt en Colombia?

La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal constituye uno de los gremios más importantes de la industria de movilidad de pasajeros en Colombia.

La organización privada sin ánimo de lucro representa activamente a más de cien compañías transportadoras que conectan rutas en los 32 departamentos del territorio nacional.

Fundada jurídicamente en marzo de 1989, la entidad nació con el propósito de defender los intereses de pequeñas y medianas empresas frente a las autoridades estatales.

El gremio impulsó hitos regulatorios fundamentales para la legislación nacional, participando en la formulación de la Ley 105 de 1993 y la Ley 336 de 1996.

Estas normativas promovieron la libertad de horarios y tarifas, fomentando un marco de competitividad entre las diferentes empresas habilitadas para operar transporte público por carretera.

Actualmente, la institución actúa como vocero unificado ante el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y el Congreso en debates sobre seguridad y políticas públicas.

La entidad presta servicios permanentes de capacitación, asesoría jurídica, actualización normativa y soporte económico a sus afiliados para impulsar la formalización del sector vehicular.

Adicionalmente, sus directivas gestionan estrategias para garantizar la continuidad operativa ante problemas de orden público, costos de combustibles y peajes en los corredores viales.

El trabajo coordinado de la asociación busca elevar los estándares de calidad en la prestación del servicio para más de cien millones de usuarios anuales.

A través de sus programas de formación empresarial, fortalece el desarrollo técnico de conductores y directivos, contribuyendo modernización logística de las terminales del país.

Su liderazgo ratifica el compromiso con la libre movilidad, el progreso regional, la equidad de mercado y el fortalecimiento de la infraestructura vial colombiana.

“Apoyamos la firmeza del presidente Abelardo de la Espriella para que la verdad acerca del asesinato de mi hijo Miguel Uribe Turbay no se quede en la ejecución del crimen”, señalaron en el comunicado.

(Le puede interesar: “La orden salió del Congreso”: explosiva revelación de viuda de Miguel Uribe sobre el magnicidio)

En el documento, los firmantes también destacaron una pregunta que, según ellos, debe tener respuesta dentro del proceso judicial: “¿Quién dio la orden de matarlo?”.

El mensaje incluyó una acusación contra el anterior ejecutivo. “Colombia y el mundo tienen que conocer la verdad sobre este crimen de Estado con la complicidad del gobierno de Petro”, afirmaron.

Se trata de un señalamiento de los firmantes que deberá ser contrastado por las autoridades; no constituye una conclusión judicial sobre la responsabilidad de funcionarios o integrantes de esa administración.

#Política | “Colombia y el mundo tienen que conocer la verdad sobre este crimen de Estado”, señaló Miguel Uribe Londoño en un comunicado con el que respaldó el compromiso del presidente Abelardo de la Espriella por establecer los autores materiales e intelectuales del magnicidio.… pic.twitter.com/njZcSS5X0Q

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2026

¿Qué dijo De La Espriella sobre la investigación?

El pronunciamiento de la familia se conoce después de que De La Espriella asegurara, el pasado 7 de octubre, que el asesinato de Miguel Uribe Turbay no quedará impune durante su Gobierno. En un acto en homenaje al dirigente político, el mandatario sostuvo que todavía es necesario esclarecer quién ordenó el crimen, más allá de las personas que participaron directamente en su ejecución.

(Lea también: “Los voy a cazar uno a uno”: De la Espriella les habló directo a los asesinos de Miguel Uribe Turbay)

Fiscalía busca establecer quién ordenó el asesinato

La investigación ha tenido avances en la identificación y judicialización de personas presuntamente involucradas en el atentado, pero las autoridades siguen examinando posibles responsabilidades intelectuales y financieras.

El 19 de octubre, el Ministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía profundizar las pesquisas y verificar información reciente entregada por María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay. La petición incluye establecer quién habría ordenado y financiado el crimen, además de comprobar la autenticidad y veracidad de los elementos aportados.

En su mensaje, Uribe Londoño y Jaramillo Hoyos también defendieron el legado del dirigente asesinado: “Mataron a mi hijo Miguel, pero nunca podrán matar ni sus principios ni sus valores. Su legado vivirá para siempre en el corazón de los colombianos”.

La autoría intelectual del magnicidio continúa bajo investigación y deberá esclarecerse con pruebas dentro del proceso judicial.

El informe contiene una reconstrucción cronológica del desplazamiento del 31 de enero de 2023, además de una revisión de aspectos físicos y técnicos relacionados con la comisión que acompañó a Alcocer. Entre los elementos analizados aparece incluso el bolso de mano que llevaba durante el viaje.

Vea también: Luces y sombras que proyectan las declaraciones de la ex primera dama Verónica Alcocer 

La defensa también cuestionó las declaraciones de Eva Ferrer sobre un supuesto ingreso de US $ 2,5 millones en efectivo desde Venezuela hacia Colombia, así como señalamientos relacionados con presunto tráfico de armas y drogas. El abogado Ricardo Gaviria citó la versión de Manuel Grau Pujadas, quien habría calificado esas afirmaciones como falsas.

“El informe adjunto corresponde a un avance de las labores de investigación adelantadas por la defensa y aborda, entre otros aspectos: La verificación directa de la fuente de información invocada públicamente por la señora EVA FERRER GALCERÁN, señor MANEL GRAU PUJADAS, quien, al ser consultado directamente, respondió que la afirmación según la cual había sostenido con ella una conversación en la que le informó sobre el supuesto ingreso a Colombia de USD 2,5 millones en efectivo desde Venezuela por parte de la primera dama ‘(…) Es totalmente falso, una calumnia’; una reconstrucción cronológica del viaje oficial del 31 de enero de 2023 a Venezuela, a partir de registros audiovisuales divulgados en Colombia y Venezuela”, se lee en el documento.

#ATENCIÓN | La defensa de Verónica Alcocer presentó ante la @FiscaliaCol un informe preliminar con los detalles técnicos y físicos del viaje que realizó la exprimera dama a Venezuela el 31 de enero de 2023.

🧵
Vía @JennyAngaritaG
https://t.co/qVSnCpbL62 https://t.co/yxyPkIHyKq

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2026

El informe también señala que Jorge Ignacio Zorro, Clara Inés Leyva Durán y Pilar Leyva Durán, quienes hicieron parte de la comisión oficial, están dispuestos a atender eventuales requerimientos de la Fiscalía. Estas personas podrían aportar información sobre la planeación y el desarrollo del viaje.

“En el desarrollo de estas labores se estableció contacto con el ex Ministro JORGE IGNACIO ZORRO SÁNCHEZ, CLARA INÉS LEYVA DURÁN y PILAR LEYVA DURÁN, participantes de la comisión oficial, quienes han manifestado su disposición a atender eventuales requerimientos de la Fiscalía y explicar lo ocurrido durante el desplazamiento”, señala el informe.

Otro de los puntos incluidos corresponde al análisis del equipaje y de las condiciones logísticas del desplazamiento. La defensa aportó información sobre “el objeto cultural de la visita, el análisis del equipaje observable, incluido el bolso de mano que portaba mi representada”.

También se incluyeron “las estimaciones preliminares de peso, volumen y plausibilidad logística frente a los señalamientos sobre estupefacientes y USD 2,5 millones en efectivo; y vi) el examen del marco normativo de seguridad aplicable a las aeronaves de Estado, particularmente el RACAE 16O”, según el documento.

Mientras la defensa presentó este informe, la Fiscalía mantiene abierta la indagación. Cabe mencionar que Eva Ferrer fue citada nuevamente para entregar su declaración juramentada el 21 de octubre, a las 9:00 de la mañana, mediante una diligencia virtual.

El abogado de Ferrer aseguró que ella entregará las supuestas pruebas que tiene contra Alcocer y que se ratificará en sus señalamientos, además de aportar detalles que podrían ampliar la investigación.

De acuerdo con la CVC, los recursos recaudados por la sobretasa ambiental representan más del 50 % de los ingresos corrientes de la entidad y cubren cerca de la mitad de su inversión total en el Valle del Cauca. El director general, Marco Antonio Suárez, expresó su preocupación por la posibilidad de que el nuevo esquema afecte la financiación de proyectos ambientales, debido a que este sistema ha posibilitado tradicionalmente distribuir inversiones tanto en Cali como en otros municipios del departamento. Suárez también advirtió que la aplicación del modelo podría aumentar el valor del impuesto predial hasta en un 40 %.

Por otro lado, el director de la AMSO, Alexander Durán, explicó que la sobretasa ambiental está contemplada como una fuente directa de financiación para las áreas metropolitanas, y aseguró que los recursos obtenidos se reinvertirán exclusivamente en los territorios de la AMSO. Para ejemplificar el impacto económico, Durán mencionó que el cambio en la tarifa sería de 1,5 a 2 por mil sobre el avalúo catastral, lo que para un inmueble con un pago anual de 10 millones de pesos en predial solo supondría un incremento de 5.000 pesos al año. El funcionario defendió el modelo metropolitano y señaló que la iniciativa fue respaldada a través de un proceso de participación ciudadana.

La controversia también tiene una arista legal y de legitimidad. La CVC cuestiona el proceso de conformación del área metropolitana al argumentar que hubo falencias en la consulta previa a las comunidades étnicas, así como en la robustez técnica y operativa de la AMSO para manejar asuntos ambientales. Según Suárez, la nueva entidad aún no está preparada para asumir esas tareas, poniendo como respaldo los 72 años de experiencia acumulada de la CVC. Además, la CVC llama la atención sobre la baja participación electoral en la consulta popular que dio origen a la AMSO, indicando que fue inferior al 10 % del censo electoral.

Ante este panorama, el debate sigue abierto, girando en torno al costo para los contribuyentes, la capacidad institucional y la forma en la cual se distribuirán los recursos ambientales entre Cali y el resto del Valle del Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál sería el impacto de la sobretasa ambiental en el impuesto predial de Cali?

Según información presentada por la CVC, la implementación del nuevo esquema de sobretasa ambiental podría elevar el cobro del impuesto predial en aproximadamente un 40 %. Sin embargo, la AMSO argumenta que el aumento real sería de 0,5 por mil sobre el avalúo catastral, lo que representaría un incremento de 5.000 pesos anuales para predios cuyo impuesto predial es de 10 millones de pesos.

¿Qué cuestionamientos existen sobre la conformación y capacidad de la AMSO?

La CVC ha expresado dudas sobre la legalidad y robustez de la AMSO, señalando posibles irregularidades en la consulta previa a comunidades étnicas y la capacidad técnica para asumir competencias ambientales. También enfatiza que la participación electoral en la consulta popular que legitimó la creación de la AMSO fue inferior al 10 % del censo electoral, lo que pone en entredicho el respaldo ciudadano real del proceso.

La acción del Ministerio Público surge a raíz de una entrevista publicada por Semana, en la que Angie Rodríguez revela detalles de un supuesto plan originado desde la Presidencia de la República. De acuerdo con su testimonio, la estrategia buscaba vincular a De la Espriella, al expresidente Uribe y al fallecido exvicepresidente Vargas Lleras con organizaciones paramilitares, todo esto en el contexto de la campaña presidencial de 2025. La exdirectora del Dapre afirma que la instrucción llegaba directamente del entonces presidente Gustavo Petro y del ministro Benedetti, en busca de organizar un evento con exjefes paramilitares en Valledupar, bajo la apariencia de cerrar el llamado Pacto de Ralito. No obstante, Rodríguez insiste en que el objetivo real era enlodar a los mencionados políticos.

La investigación disciplinaria fue formalizada un día después de que el ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitara a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que se investigaran penalmente las presuntas reuniones en Valledupar, encuentros que habrían tenido lugar durante octubre de 2025. Esta solicitud se basa también en una columna escrita por Melquisedec Torres, titulada “El Pacto de Valledupar”, publicada en El Colombiano. En el texto se describen eventos entre el 22 y 24 de octubre, en los que habrían sido identificados tres exjefes paramilitares –Alfonso Severini Caballero, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, alias “Martín Llanos”– como testigos claves.

La información oficial indica que, según el columnista, se plantearon posibles ofrecimientos de beneficios judiciales, incluyendo el ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pronta libertad o mejores condiciones de reclusión para familiares, pero finalmente estos exjefes no aceptaron participar. Reforzando la gravedad de este caso, el abogado Juan Carlos Villamizar, defensor del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, señaló a Caracol Radio haber sido testigo en algunas de estas reuniones.

Por ahora, la Procuraduría avanzará en la recolección de pruebas para determinar si existen fundamentos para llevar a juicio disciplinario a los exfuncionarios involucrados. Tanto Benedetti como Rodríguez tienen derecho a presentar su versión de los hechos, ya sea por escrito o de manera presencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el caso conocido como “Pacto Valledupar” y por qué involucra a exjefes paramilitares?

El “Pacto Valledupar” hace referencia a un supuesto plan, según la Procuraduría y declaraciones recogidas por Semana y El Colombiano, para involucrar a destacados políticos con organizaciones paramilitares a través de testimonios de exjefes de estos grupos, utilizando reuniones y ofrecimientos de beneficios judiciales. La presunta manipulación tenía por objetivo afectar la imagen de Abelardo De la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras en medio de la contienda presidencial.

¿Qué acciones ha tomado la Procuraduría frente a las denuncias sobre el “Pacto Valledupar”?

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y designó procuradores encargados de recolectar pruebas. Los investigados podrán dar su versión de los hechos. Este proceso busca determinar si existen méritos suficientes para iniciar un juicio disciplinario contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez por las presuntas acciones denunciadas.

Hoy en día, las redes delictivas emplean cédulas totalmente auténticas pertenecientes a personas fallecidas para concretar transacciones comerciales e institucionales de manera fraudulenta.

Esta preocupante realidad quedó al descubierto luego de la publicación de un exhaustivo informe elaborado por la firma tecnológica AUCO, experta en validación digital.

La compañía, que procesa mensualmente más de 250.000 comprobaciones de identidad para múltiples sectores de la economía, detectó una alarmante recurrencia de este fenómeno.

De acuerdo con sus registros analíticos, aproximadamente 1.500 cédulas pertenecientes a ciudadanos fallecidos son ingresadas cada mes en procesos de validación y firma.

Esta preocupante estadística equivale a cerca de 50 intentos diarios de suplantación, superando dos casos por hora en los sistemas de autenticación digital.

Los datos proyectados por los analistas sugieren que cerca de 18.000 cédulas de personas difuntas podrían estar utilizándose al año para cerrar operaciones ilegales.

“Estamos viendo documentos reales de personas fallecidas que alguien intenta utilizar para pedir préstamos, financiar productos o firmar contratos. Como la cédula es auténtica, una revisión visual puede no detectar nada extraño”, explicó Santiago Montoya, CEO de AUCO y autor del informe.

El directivo remarcó que las estructuras criminales también acuden al hurto de documentos físicos, la adulteración fotográfica y el uso no autorizado de identidades.

Frente a este escenario, la Registraduría Nacional ha reiterado la urgencia de tramitar las defunciones de forma oportuna para proceder con el reporte correspondiente.

La entidad oficial informó que durante el año 2025 anuló 105 documentos por falsa identidad, mientras que hasta agosto de 2026 canceló 83 adicionales.

Ante estas vulnerabilidades del sistema comercial, el representante de AUCO fue enfático en la necesidad de transformar los procedimientos habituales: “mirar una cédula y comprobar que ‘parece original’ ya no alcanza”.

El experto sugiere implementar análisis biométricos, verificación facial con prueba de vida activa, consultas cruzadas en plataformas oficiales y canales alternativos de confirmación.

Las incidencias por suplantación no se limitan al sector bancario; también impactan significativamente a constructoras, inmobiliarias, firmas de venta directa, microcréditos y telecomunicaciones.

Cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio revelan que desde 2020 se han radicado más de 40.316 denuncias asociadas a la suplantación de identidad.

Adicionalmente, el mecanismo SIC Facilita atendió 13.983 Reclamaciones por casos similares, destacándose que 11.365 solicitudes correspondieron puntualmente a empresas prestadoras de telefonía e internet.

El panorama normativo dará un giro drástico con la entrada en vigor de la Ley Estatutaria 2573 de 2026, fijada para el 19 de noviembre.

La nueva legislación exigirá a las entidades comerciales demostrar con pruebas razonables los protocolos aplicados para verificar la identidad de sus clientes habituales.

Aquellas corporaciones que no acrediten las comprobaciones debidas tendrán que suspender cobros, revertir calificaciones negativas en centrales de riesgo y asumir las pérdidas económicas.

“Si la empresa no guardó evidencia de cómo validó la identidad, después no tendrá con qué demostrar que la operación fue legítima”, señaló Montoya.

Para blindar sus procedimientos, las organizaciones deberán preservar las imágenes del documento, registros de ubicación IP, comprobaciones biométricas y la fecha exacta del trámite.

¿Cómo saber si una cédula en Colombia es de alguien muerto?

Verificar la validez jurídica de un documento de identidad en Colombia constituye un paso fundamental para prevenir estafas, fraudes y suplantaciones de personas fallecidas.

Cualquier ciudadano o entidad empresarial puede constatar gratuitamente el estado legal de un documento de identificación nacional mediante el portal oficial de la entidad registradora.

El procedimiento virtual requiere ingresar el número del documento en la herramienta de consulta de certificados de vigencia habilitada por la autoridad electoral.

El aplicativo del Archivo Nacional de Identificación arroja de forma inmediata el resultado actualizado sobre la condición administrativa de la persona consultada.

Si el titular ha fallecido y la defunción fue debidamente reportada, el sistema genera la leyenda identificatoria que confirma la cédula cancelada por muerte.

Adicionalmente, las organizaciones privadas y del sector financiero pueden conectar sus sistemas tecnológicos a las bases de datos de la administración estatal.

Este enlace técnico permite validar automáticamente la autenticidad del documento y contrastar los datos en tiempo real antes de autorizar transacciones comerciales.

Las autoridades nacionales recomiendan verificar el certificado de vigencia para evitar el uso indebido de identidades extintas en contratos, créditos o trámites notariales.

En caso de detectar irregularidades o inconsistencias en los registros, las personas afectadas deben notificar de inmediato las anomalías ante las instancias judiciales.

La Fiscalía precisó que el presunto responsable será presentado ante un juez de control de garantías. Este individuo enfrentará cargos por el delito de amenazas agravadas, relacionados con situaciones ocurridas el 18 de octubre pasado. En relación con estos hechos, el organismo judicial indicó que la Dirección Especializada para los Delitos Informáticos recopila evidencia técnica que apunta a que el mensaje intimidante fue enviado mediante una cuenta anónima de la red social Instagram. En aquel mensaje, se incluían declaraciones que atentaban contra la vida de la primera dama y de su familia, situación que rápidamente fue denunciada y puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

Este caso no representa la única investigación en curso por posibles ataques a Ana Lucía Pineda en plataformas digitales. La Fiscalía también abrió una indagación el 13 de octubre contra el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido en el medio como Matador, tras una serie de publicaciones que hacía referencia a la primera dama. Según la información proporcionada por la Fiscalía, el caso podría configurar violencia contra la esposa del presidente Abelardo De la Espriella y, por ende, la investigación ha sido asumida por una fiscal del Grupo de Violencias Basadas en Género, quien indaga por el presunto delito de injuria agravada.

Las publicaciones de Matador desataron una fuerte reacción del Gobierno nacional, que condenó los señalamientos hechos en redes sociales, donde se refirió a Pineda con términos despectivos y discriminatorios, estableciendo que tales comentarios representan formas de animalización y ataques misóginos. Por estos motivos, el Gobierno solicitó a la Fiscalía determinar si verdaderamente se configura una infracción o delito penal. Además, la firma de abogados De la Espriella Lawyers decidió iniciar acciones legales contra Matador, ya que consideran que se trata de una agresión directa a la primera dama. La firma también declaró, según lo publicado, su rechazo total a cualquier expresión que atente contra la dignidad humana y, particularmente, a aquellas que recurren a la violencia simbólica contra las mujeres.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el delito de amenazas agravadas por el que fue imputado el capturado?

El delito de amenazas agravadas implica enviar mensajes o realizar acciones que ponen en peligro la integridad o la vida de una persona, con agravantes cuando se utiliza tecnología o existen factores que incrementan la gravedad de la intimidación. Según la Fiscalía General de la Nación, el acusado utilizó una cuenta anónima de Instagram para amenazar a la primera dama y su familia, lo que constituye una conducta delictiva especialmente grave.

¿Cómo respondió el Gobierno y la firma De la Espriella Lawyers a las publicaciones del caricaturista Matador?

El Gobierno rechazó de manera contundente las expresiones utilizadas por el caricaturista Matador en redes sociales hacia la primera dama, calificando sus comentarios como ofensivos, discriminatorios y misóginos. Por su parte, la firma de abogados De la Espriella Lawyers también condenó estos actos y emprendió acciones legales, argumentando que las publicaciones constituyen un ataque a la dignidad y una forma de violencia simbólica contra las mujeres.

En el comunicado, se recuerda la relevancia de los principios consagrados en la Constitución de 1991: soberanía nacional, integridad territorial, autodeterminación de los pueblos, respeto al derecho internacional, solución pacífica de las controversias, protección del medio ambiente e integración regional latinoamericana y caribeña. A juicio del Centro Político, preservar estos principios es esencial para la democracia y el desarrollo del país.

Se traza una comparación entre la política exterior del exmandatario Gustavo Petro y la actual gestión. Según el documento, la última administración se caracterizó por el “ideologismo extremo, falta de coherencia y profesionalismo” y críticas puntuales sobre “nombramientos que omitieron la meritocracia y debilitaron el servicio exterior”. No obstante, advierten que la nueva administración no debe caer en esos mismos errores y sugieren actuar con mayor equilibrio y profesionalismo.

El Centro Político respalda el multilateralismo y destaca la importancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para el país, señalando que la reforma de estas entidades sería necesaria para hacerlas más representativas. En cuanto a la eventual salida de Colombia de la CPI, señalan que mantener vínculos con este organismo es fundamental para la lucha contra la impunidad y la credibilidad nacional en derechos humanos, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial de retiro.

Sobre la relación con Estados Unidos, el grupo propone mantener una alianza fuerte pero con cautela, resaltando que la preferencia por Washington no puede suplantar la autonomía de Colombia. Critican que la adhesión al "Escudo de las Américas" pone en riesgo esa independencia y recomiendan imparcialidad frente a la política interna estadounidense.

En el caso de China, el comunicado considera que la salida de la Franja y la Ruta debería basarse en razones claras, pues la relación con ese país es clave para el comercio y las inversiones. También, respecto a la relación con Israel y la decisión de trasladar la embajada a Jerusalén, subrayan el desacuerdo del Consejo de Seguridad de la ONU y el alejamiento de la tradición diplomática colombiana.

Finalmente, el Centro Político plantea fomentar la cooperación Sur-Sur, considerando el protagonismo creciente de Asia, África y el denominado Sur Global, e impulsa la diversificación de las relaciones exteriores en todos los ámbitos posibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cuestionamientos del Centro Político sobre la política exterior del gobierno De la Espriella?

El Centro Político planteó ocho cuestionamientos al gobierno de Abelardo de la Espriella, enfatizando la importancia de mantener los principios constitucionales en la política exterior, la necesidad de autonomía frente a Estados Unidos, la relevancia de conservar vínculos con la Corte Penal Internacional y la prudencia ante el retiro de la iniciativa china de la Franja y la Ruta. El grupo también criticó el posible traslado de la embajada a Jerusalén y destacó la urgencia de diversificar relaciones internacionales, según información de El Espectador.

¿Por qué es relevante para Colombia mantener vínculos con la Corte Penal Internacional (CPI)?

De acuerdo con el documento citado por El Espectador, para un país con una historia marcada por la violencia y millones de víctimas, los lazos con la CPI son cruciales en la lucha contra la impunidad de graves crímenes y para sostener una política de derechos humanos basada en principios universales. El mantener estas relaciones refuerza la credibilidad internacional de Colombia en esta materia.

(Vea también: De la Espriella increpó a dirigentes de Arauca por dinero de las regalías: “Se lo robaron”)

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario informó que el cargamento tenía como destino los Países Bajos, en Europa, y aprovechó el resultado para presentar un balance de la lucha contra el narcotráfico durante los primeros 75 días de su Gobierno.

“¡Golpe contundente al narcotráfico! La Policía Nacional acaba de lograr la mayor incautación de cocaína en el puerto de Cartagena de los últimos 10 años: 7,6 toneladas que tenían como destino los Países Bajos, en Europa”, escribió el jefe de Estado.

El operativo fue adelantado por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en el marco de la Estrategia Esmeralda. La incautación representa un golpe a las redes dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

¡Golpe contundente al narcotráfico!

La Policía Nacional acaba de lograr la mayor incautación de cocaína en el puerto de Cartagena de los últimos 10 años: 7,6 toneladas que tenían como destino los Países Bajos, en Europa.

En tan solo 75 días de Gobierno, nuestra Fuerza Pública ha incautado 132 toneladas de cocaína, valoradas en 6.108 millones de dólares.

¡No hay tregua contra el narcoterrorismo! Cada dosis que impedimos que llegue a las calles salva vidas, y cada dólar que les arrebatamos debilita sus estructuras criminales. Porque el dinero del narcotráfico es el combustible que alimenta todas las formas de violencia.

¡Esto es apenas el comienzo de la Patria Milagro!

¡Firme por la Patria!
¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 20, 2026

Así fue la incautación de 7,6 toneladas de cocaína en Cartagena

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, el cargamento estaba compuesto por más de 7,6 toneladas de clorhidrato de cocaína. La droga se encontraba mezclada con panela pulverizada, un método que presuntamente buscaba dificultar su detección durante los controles portuarios. Hasta en cocos estaba camuflada, según se ve en el video.

La operación permitió evitar que el estupefaciente saliera del país rumbo al mercado europeo. Según el reporte oficial, el decomiso también afectó las finanzas de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

La Presidencia informó que el valor de la droga incautada superaría los 42.000 millones de pesos en las estimaciones relacionadas con el impacto económico del operativo.

De la Espriella entregó balance de incautaciones en sus primeros 75 días

Además de destacar el resultado en Cartagena, De la Espriella aseguró que la Fuerza Pública ha incautado 132 toneladas de cocaína durante los primeros 75 días de su administración.

Según el mandatario, esos cargamentos tendrían un valor estimado de 6.108 millones de dólares, cifra que presentó como parte del impacto económico de las operaciones contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

“En tan solo 75 días de Gobierno, nuestra Fuerza Pública ha incautado 132 toneladas de cocaína, valoradas en 6.108 millones de dólares”, afirmó el presidente.

Presidente reiteró su ofensiva contra las redes del narcotráfico

En su mensaje, De la Espriella defendió la estrategia de su Gobierno contra el tráfico de estupefacientes y sostuvo que las incautaciones no solo impiden la distribución de drogas, sino que también afectan los recursos de las organizaciones criminales.

“¡No hay tregua contra el narcoterrorismo! Cada dosis que impedimos que llegue a las calles salva vidas, y cada dólar que les arrebatamos debilita sus estructuras criminales. Porque el dinero del narcotráfico es el combustible que alimenta todas las formas de violencia”, escribió.

El mandatario cerró su publicación con una referencia a su proyecto de Gobierno: “¡Esto es apenas el comienzo de la Patria Milagro!”. 

La captura está relacionada con un homicidio ocurrido el 29 de marzo de 2022, en un apartamento ubicado en la avenida 33 con carrera 65, barrio Belén (Medellín). De acuerdo con la investigación, después de asesinar a la víctima dentro de una vivienda, los responsables envolvieron el cuerpo en bolsas plásticas y lo introdujeron en el baúl de un vehículo que posteriormente fue abandonado en inmediaciones del sector de Belén La Mota.

“Durante 4 años, nuestros investigadores recolectaron y analizaron elementos materiales probatorios, los cuales permitieron reconstruir este hecho. Alias el abuelo habría sido el integrante del bloque central Bolívar de las autodefensas y posteriormente habría desarrollado actividades criminales bajo lineamientos del Clan del Golfo”, aseguró el coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

(Vea también: De la Espriella apuntó a Benedetti por ‘Pacto de Valledupar’: “Ni perdón ni olvido para ese criminal”)

Las autoridades establecieron que el capturado habría pertenecido al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas y se habría desmovilizado en 2008. Sin embargo, la investigación señala que presuntamente habría continuado vinculado a actividades criminales en Medellín, bajo las órdenes del Clan del Golfo.

Además, registra antecedentes por homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y falsedad en documento.

“Otro capturado por homicidio agravado y por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. En un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fue capturado por orden judicial”, destacó a su turno el secretario de Seguridad, Manuel Villa.

María Alejandra Solano reside en el barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, al sur de Bogotá. Sus compromisos laborales en Cali habían sido planeados previamente. Según la información revelada, la modelo informó a su familia al momento de arribar a la ciudad, pero abruptamente cortó toda comunicación. Desde entonces, su teléfono permanece apagado y las redes sociales donde solía compartir información con regularidad no han vuelto a registrar actividad. Personas cercanas, citadas por El Espectador, insisten en que este comportamiento es inusual, pues era una persona atenta que mantenía contacto frecuente con su entorno familiar y social.

Una de las principales incógnitas se centra en las primeras horas después de su llegada a Cali. Nadie ha podido determinar a ciencia cierta cuál fue su desplazamiento exacto por los distintos barrios o sectores de la ciudad. Además, tampoco existen indicios concretos sobre personas con quienes podría haberse reunido antes de perder toda comunicación. Tal situación llevó a sus seres queridos a activar una cadena de búsqueda. Han difundido su fotografía y mensajes en redes sociales solicitando cualquier información, una labor en la que también participan compañeros de trabajo y personas del gremio del modelaje bogotano.

Frente a la falta de respuestas, la familia solicitó apoyo a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de esclarecer las circunstancias en las que María Alejandra desapareció. Entre sus pedidos están la revisión de cámaras de seguridad de lugares que podría haber transitado y el análisis de las llamadas telefónicas recientes. Hasta la fecha, un grupo especial, de acuerdo con El Espectador, asumió las investigaciones y evalúa todos los datos que se han logrado recopilar. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no se cuenta con información confirmada que permita saber qué ocurrió después de su arribo a Cali.

La búsqueda sigue activa, tanto en Bogotá como en Cali, mientras la familia espera que pronto puedan esclarecerse los hechos y se conozca el paradero de María Alejandra Solano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de María Alejandra Solano en Cali?

Lo que se conoce, de acuerdo con El Espectador, es que María Alejandra Solano llegó a Cali y confirmó su arribo el 11 de octubre. Desde entonces, perdió contacto con sus familiares y amigos. Ni su celular ni sus redes sociales han registrado actividad posterior, lo que generó preocupación en su entorno. Hasta el momento, no hay información suficiente sobre los lugares que visitó o las personas que vio tras su llegada, y las autoridades mantienen la investigación abierta.

¿Qué acciones han solicitado los familiares de María Alejandra Solano tras su desaparición?

La familia de María Alejandra ha pedido a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación la pronta revisión de cámaras de seguridad en sectores clave y la verificación de las últimas llamadas de la joven. Estas diligencias buscan encontrar pistas útiles que permitan reconstruir los movimientos y el paradero de la modelo luego de su llegada a la ciudad de Cali.

(Vea también: Le llegó la mala hora a Petro por movida que hubo en el Congreso por el presunto pacto con exparas)

La declaración se produjo durante una entrevista con el programa ‘El Debate’, de Semana, en la que Leyva también habló sobre la situación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las controversias alrededor de su funcionamiento.

Al ser consultado por el panorama que vislumbra para Petro, el excanciller mencionó la existencia de denuncias y pesquisas que, según afirmó, se estarían adelantando en territorio estadounidense.

“No me sorprendería que terminara preso”, manifestó Leyva, quien fue canciller durante el Gobierno de Petro y posteriormente se convirtió en uno de sus críticos.

Acá, esas declaraciones:

Álvaro Leyva habló de pesquisas contra Gustavo Petro en Estados Unidos

Durante la entrevista, Leyva sostuvo que en Estados Unidos se adelantan actuaciones relacionadas con presuntos delitos que podrían involucrar al expresidente colombiano.

“Hay denuncias allá que se están adelantando con delitos cometidos frente a normas positivas de los Estados Unidos de América”, afirmó el exministro.

Sin embargo, no precisó cuáles serían esos delitos, qué autoridades estarían al frente de las pesquisas ni si existe alguna actuación judicial formal contra Petro que pueda derivar en una acusación penal.

El propio Leyva reconoció que anticipar ese desenlace implicaba especular sobre lo que podría ocurrir.

“Eso está sucediendo en el mundo y creo que vamos a ver circunstancias que puedan suscitar sorpresas. En el mundo ya hay antecedentes. Eso es hacer futurismo, esperemos a ver”, agregó.

Por ahora, sus declaraciones no permiten concluir que exista una acusación formal contra Petro en Estados Unidos ni que el expresidente enfrente una condena o una orden de captura en ese país.

La ruptura entre Álvaro Leyva y Gustavo Petro

Las declaraciones del excanciller se producen después de la ruptura política entre ambos, quienes fueron aliados. Leyva dejó el Ministerio de Relaciones Exteriores en 2024. Posteriormente, sus diferencias con Petro se hicieron públicas, especialmente en abril de 2025, cuando divulgó una carta en la que lanzó fuertes señalamientos contra el entonces mandatario.

En esa misiva, el exministro afirmó que había observado comportamientos que, según su interpretación, estarían relacionados con un supuesto problema de consumo de drogas por parte de Petro durante un viaje oficial a París, Francia, en octubre de 2023.

Esas afirmaciones no fueron acompañadas de pruebas que demostraran el supuesto consumo. Petro rechazó los señalamientos y respondió públicamente que había sido calumniado.

El expresidente sostuvo que durante su estancia en París estuvo con su hija y sus nietos, y cuestionó la versión presentada por quien había sido uno de sus colaboradores.

El edificio Contranal, ubicado en la carrera 42 con calle 7, fue evacuado a causa del riesgo que representa su estado estructural tras el sismo. Sin embargo, a pesar de las restricciones para ingresar, los propietarios señalan que personas ajenas han logrado entrar en repetidas ocasiones para llevarse objetos de valor. De acuerdo con Elizabeth Zuluaga, administradora y propietaria de uno de los apartamentos, los intrusos han logrado sacar neveras, lavadoras, televisores, ventiladores, joyas y ropa. Como relató Zuluaga, algunos de los residentes han intentado recuperar sus pertenencias, pero el temor por el estado del edificio les impide hacerlo de manera segura.

Claudia Amaya, quien también es propietaria de un apartamento en Contranal, expresó su frustración ante la situación: "Estamos esperando la viabilidad para poder sacar nuestras cosas, pero al ladrón no se le ha caído el edificio y sí pudo venir a sacar las cosas por encima de la reja". A su vez, los residentes advierten que los saqueos pueden causar además otros riesgos, como cortocircuitos o un eventual colapso del inmueble en una situación crítica.

En este contexto, las familias hacen un llamado urgente a la Administración Distrital y al Consejo Distrital de Gestión del Riesgo para que agilicen la demolición y tomen medidas inmediatas que permitan proteger el edificio mientras ocurre la intervención. El retraso incrementa el miedo de perder no solo sus hogares sino los objetos que les han costado años construir y reunir.

No solo los habitantes se ven impactados por esta crisis; los comercios ubicados cerca del edificio tuvieron que desalojar por el peligro, lo que ha traído graves consecuencias económicas para la zona. En medio de la espera, las familias inician procesos ante las aseguradoras con la esperanza de reconstruir su vida después de haber perdido su casa y la tranquilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las familias del edificio Contranal en Cali piden acelerar la demolición?

Las familias solicitan la agilización de la demolición porque la demora ha dado pie a numerosos saqueos de sus apartamentos y temen perder los bienes materiales que aún permanecen en el interior. Además, hay preocupación por el riesgo que representa el edificio tanto para quienes intentan sustraer pertenencias como para los comercios y residentes aledaños, según las declaraciones recogidas por 90 Minutos.

¿Qué consecuencias traen los saqueos en edificios afectados por terremotos?

De acuerdo con los testimonios de los propietarios en el edificio Contranal, los saqueos no solo dejan pérdidas materiales, sino que pueden provocar situaciones de mayor riesgo, como cortocircuitos o el colapso estructural del inmueble durante la sustracción de objetos. Esta problemática también agrava el daño emocional de quienes han perdido sus viviendas y dificulta el proceso de recuperación para toda la comunidad.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres realizó una visita y, tras una inspección, declaró el uso restringido de la vivienda y la catalogó como no habitable, de acuerdo con lo descrito por los propios afectados. Sin embargo, Henry Betancourt, propietario del hogar, manifestó que tras esa intervención no han recibido nuevas evaluaciones ni información adicional de las autoridades. En palabras textuales a 90 Minutos, Henry expresó: "Nos consideramos revictimizados porque el terremoto nos causa la primera sensación de victimización y luego el sistema nos abandona y nos deja al margen".

La situación económica es otro de los grandes desafíos para los Betancourt Torres. Rocío del Pilar Torres Sánchez, esposa de Henry, relató que solo la demolición de la casa implicaría un gasto cercano a los 50 millones de pesos, sin contar los permisos oficiales requeridos. Por eso, hacen un llamado a las autoridades y a otras instituciones para que los asesoren en las rutas de apoyo, los subsidios disponibles o los aportes económicos que les permitan recuperar y reconstruir su vivienda. A pesar de estar inscritos en el sistema para damnificados, hasta el momento no han obtenido respuesta acerca del subsidio de ayuda, según información trasladada a 90 Minutos.

La adversidad se agrava para las hijas de la familia, quienes tienen discapacidad visual y auditiva. Tras el terremoto, la familia tuvo que separarse y buscar refugio en casas de familiares, con la esperanza de reunirse pronto. En la actualidad, viven en la casa prestada de una amiga, pero deberán desocuparla a finales de noviembre. María Paula Betancourt Torres explicó a 90 Minutos que adaptarse a una vivienda ajena ha implicado modificar rutinas y enfrentar retos de convivencia. También señaló que el costo de los arriendos dificulta encontrar un lugar más amplio, adecuado para toda la familia y su perro. Por ello, solicitan que las autoridades revisen el tema de los alquileres, cuya demanda aumentó tras la emergencia.

Mientras esperan respuestas institucionales, la familia sigue buscando alternativas para acceder a ayudas, avanzar en los trámites y conseguir el acompañamiento que requieren para no perder el patrimonio que representa su hogar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación actual de la familia Betancourt Torres tras el terremoto del 10 de agosto de 2026?

La familia Betancourt Torres se enfrenta a la inhabitalidad de su vivienda por graves daños estructurales. Aunque han recibido una inspección oficial y la vivienda fue declarada no habitable, no han tenido respuesta sobre nuevas evaluaciones ni sobre el subsidio solicitado. Actualmente viven temporalmente en la casa prestada de una amiga y necesitan encontrar una solución segura antes de fin de noviembre.

¿Qué apoyo solicita la familia damnificada del barrio Vipasa y cuáles son sus principales dificultades?

La familia solicita orientación y ayuda económica para cubrir los altos costos de demolición y reconstrucción, además de acompañamiento para acceder a subsidios y rutas institucionales de apoyo. Sus principales dificultades incluyen la falta de respuesta estatal, las barreras económicas, la urgencia de encontrar una vivienda adecuada, y los retos adicionales que implica la discapacidad de sus hijas.

(Vea también: “Igual de criminal que ellos”: De la Espriella advirtió a gobernador y alcaldes de Arauca que apoyen a grupos armados)

Durante una jornada del programa gubernamental ‘El Milagro de las Regiones’, del lunes 19 de octubre, el mandatario cuestionó que, pese a los cerca de 4 billones de pesos que, según sus declaraciones, han ingresado al departamento por ese concepto, no se evidencien obras ni avances suficientes para la población.

“Señor gobernador y alcaldes, desde el año 2012 el departamento ha recibido cerca de $ 4 billones en regalías. No se ven esas regalías en obras, tampoco se ve el progreso”, manifestó el jefe de Estado.

El reclamo subió de tono cuando De la Espriella puso en duda el destino de esos recursos y lanzó una acusación directa durante el encuentro con los dirigentes regionales.

El presidente Abelardo De La Espriella cuestionó al gobernador de Arauca y a los alcaldes de la región: “Desde el año 2012, el departamento ha recibido cerca de $ 4 billones en regalías. No se ven esas regalías en obras, tampoco se ve el progreso”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/pHBjZDW3cY

— Revista Semana (@RevistaSemana) October 20, 2026

De La Espriella cuestionó el destino de 4 billones de pesos en regalías

“¿Saben por qué esta tierra se ha mantenido en pie? No es por los políticos, es por el araucano trabajador y patriota. Aquí ha llegado mucho dinero, pero ese dinero no se ve reflejado. ¿Qué pasó con ese dinero? No hay otra explicación, se lo robaron”, afirmó el presidente.

Con esas palabras, el mandatario cuestionó a las autoridades territoriales por la falta de resultados que, a su juicio, deberían verse después de más de una década de ingresos por regalías.

Las declaraciones se produjeron durante una agenda de trabajo en Arauca, en la que el Gobierno nacional abordó asuntos relacionados con la seguridad y las necesidades de la región.

(Le puede interesar: Procuraduría pone contra pared a Benedetti y Angie Rodríguez por caso de Gobierno Petro con exparas)

Según informó la revista Semana, la denuncia se apoya en declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez; el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, y el abogado Juan Carlos Villamizar, quienes han hablado sobre lo ocurrido durante las reuniones en Valledupar.

La representante a la Cámara Carol Borda explicó que buscan establecer si existió una instrucción directa de Petro para promover señalamientos contra Abelardo De La Espriella, actual presidente de Colombia; el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, fallecido.

“Los espacios institucionales no pueden usarse para perseguir rivales políticos ni alterar las reglas del juego democrático”, manifestó Borda al anunciar la acción judicial.

(Lea también: De la Espriella apuntó a Benedetti por ‘Pacto de Valledupar’: “Ni perdón ni olvido para ese criminal”)

¿Qué se sabe del pacto de Valledupar?

La controversia gira en torno a encuentros celebrados en octubre de 2025 con antiguos integrantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). De acuerdo con las versiones que motivaron la denuncia, en esas reuniones se habría planteado la posibilidad de que los excomandantes hicieran declaraciones sobre los tres dirigentes políticos.

Villamizar, abogado y asesor de Mancuso, afirmó que desde el Gobierno se habría solicitado a los antiguos jefes paramilitares hablar sobre esas figuras. Según su versión, los excomandantes se negaron a hacerlo. Estas afirmaciones deberán ser examinadas por las autoridades y no constituyen, por sí solas, una prueba de responsabilidad del expresidente.

¿Qué respondió Gustavo Petro?

Petro ha negado haber ordenado presiones para que los exparamilitares declararan contra sus adversarios. En una publicación en X, compartió un comunicado firmado tras una reunión oficial y sostuvo que el propósito era avanzar en el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y la devolución de bienes.

El exmandatario también defendió que los encuentros estaban relacionados con el proceso de paz y la justicia restaurativa.

Con la denuncia, Salvación Nacional busca que la Comisión de Acusación determine si hubo irregularidades y establezca posibles responsabilidades. La investigación deberá contrastar las declaraciones conocidas con los documentos y demás pruebas disponibles.

La situación comenzó a preocuparle cuando una compañera le avisó sobre la cuenta y descubrió que también difundían fotografías de su sobrina de dos años. El hombre, además, publicaba historias ficticias sobre la periodista y aseguraba que coordinaba los colores de la ropa que ella usaría durante sus cubrimientos en el Congreso.

En su relato, un conocido contactó al administrador de la cuenta y este afirmó que había visto a Tavera en el Congreso y que pretendía acercarse a ella. La periodista decidió acudir a la Fiscalía: “Me tengo que ir a la Fiscalía... Yo no quiero encontrarme a esta persona jamás en el Congreso y tengo que ir a denunciar.”

La periodista Carolina Tavera denuncia un caso de acoso digital: un fan pasó de un amor ficticio por redes sociales a amenazarla de muerte. https://t.co/qgaOP46e33

— La Red Caracol (@LaRedCaracol) October 17, 2026

Tras revisar los antecedentes del sujeto, la periodista encontró que decía trabajar como camarógrafo, aunque medios mencionados en su perfil negaron cualquier vínculo. Así mismo, aparecían cinco expedientes abiertos en la Fiscalía y el hombre había ingresado al Congreso durante ese año.

La situación empeoró después de que Tavera publicara un video para aclarar que no tenía ninguna relación con el hombre. Recibió amenazas contra su vida y mensajes en los que el sujeto decía conocer su dirección, horarios y desplazamientos.

La periodista dejó de regresar a su vivienda y buscó refugio en hoteles y casas de allegados. Las amenazas también mencionaron a familiares. Cinco días antes de la entrevista, presentó su renuncia.

“Me dejó sin trabajo, me dejó sin casa, estoy sin vida social, estoy afectada emocionalmente, tengo miedo a salir a la calle”, expresó Tavera. 

La comunicadora también cuestionó la respuesta de las autoridades. “El nivel de estrés no es la situación que pase, que ya estresa de entrada, sino es cómo soluciono si ya no siento el apoyo del Estado para que me ayude a mejorar esas situaciones”, dijo. 

Finalmente, Tavera explicó por qué decidió contar públicamente su experiencia: “Aquí hay una mujer que quiere alzar la voz y que está miedosa y que está nerviosa (…) tengo que hablar porque no sé en qué momento me pase esto y al menos hay que dejar un precedente”, señaló. 

Durante el año 2026, la entidad concentró sus esfuerzos y recursos en Bosa, destinando más de 1.700 millones de pesos para intervenir las viviendas de 440 familias, con un impacto directo en aproximadamente 1.764 personas. Esta inversión busca garantizar que los hogares cuenten con condiciones habitacionales dignas, adaptadas a sus necesidades y que fortalezcan su entorno social y personal, según datos proporcionados por la CVP.

Además de las obras físicas, la CVP organizó una jornada especial en la localidad de Suba, donde se otorgaron diplomas de reconocimiento a familias participantes del programa Mejora Tu Casa en barrios como Bilbao, Lisboa, San Carlos, San Pedro, Villa Cindy, Santa Rita y Santa Cecilia. Estas familias ya cuentan con el subsidio de mejoramiento asignado por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), lo que respalda y asegura la continuidad del proceso de intervención en sus hogares.

En palabras de Juan Carlos Fernández, director general de la CVP, “en Bosa y Suba estamos acompañando dos momentos importantes de Mejora Tu Casa, ver cómo los mejoramientos transforman las viviendas y orientar a las familias que están en camino de lograrlo. Con estas acciones demostramos que el alcalde Carlos Fernando Galán sí cumple, trabajando para que más familias bogotanas cuenten con viviendas adecuadas". El funcionario subrayó la importancia de que cada familia conozca los beneficios y las etapas del programa, además de recibir orientación y acompañamiento institucional.

Estos encuentros también han facilitado la socialización de los alcances del proyecto, los derechos y deberes de los beneficiarios y los canales de atención disponibles para resolver inquietudes. La relación constante entre familias, la CVP y los equipos ejecutores refuerza el compromiso de transformar la calidad de vida en Bogotá a través del trabajo conjunto y la escucha activa de la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder al programa Mejora Tu Casa de la Caja de la Vivienda Popular en Bogotá?

Para participar en el programa Mejora Tu Casa, las familias deben estar vinculadas a los procesos respaldados por la Caja de la Vivienda Popular y contar con la asignación del subsidio de mejoramiento por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat. Según la información oficial, hay etapas claras para el inicio de las obras y numerosos canales de atención que permiten resolver dudas y orientar a los beneficiarios en cada paso.

¿Cuáles son los beneficios de los mejoramientos de vivienda realizados por la CVP en Bogotá?

De acuerdo con la CVP, los principales beneficios son la transformación de viviendas en espacios más seguros, funcionales y adaptados a las necesidades cotidianas. Las intervenciones también fortalecen la comunicación entre familias, autoridades y equipos ejecutores, asegurando acompañamiento y atención durante todo el proceso de mejoramiento habitacional.

Ortiz señaló que la idea de que las capacidades y oportunidades obligan a trabajar sin descanso debe revaluarse. Citando su propia experiencia y el ambiente competitivo de egresar de una de las universidades más reconocidas del país, sostuvo que la libertad radica en decidir cuáles luchas asumir, cuándo detenerse y en aceptar también los errores y las frustraciones propias del camino. Propuso la autocompasión como una herramienta necesaria para enfrentar derrotas y proyectos inconclusos, evitando que cada fracaso se convierta en una condena personal.

Además de la reflexión individual, el discurso tuvo un marcado enfoque social. Ortiz conectó su mensaje con la persistente violencia en Colombia, mencionando cifras expuestas por el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre al menos ocho conflictos armados internos y datos presentados en su discurso, provenientes de Naciones Unidas, que advierten sobre más de 630.000 personas impactadas por la violencia solamente en el primer semestre de 2026. Para el joven abogado, esta realidad exige que los egresados asuman un compromiso con la paz y la justicia, rechazando la indiferencia, el estigma y la venganza como formas de respuesta al conflicto. A la vez, defendió la importancia de proteger la memoria histórica y de ejercer la vida profesional con humildad, solidaridad y respeto por las diferencias.

Ortiz culminó su intervención expresando su deseo de paz, tanto para sus compañeros como para el país, destacando que el éxito pasa también por el cuidado de los vínculos personales y por asumir la responsabilidad colectiva como ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el mensaje principal del discurso de Santiago Ortiz García en la Universidad de Los Andes?

El eje del mensaje de Santiago Ortiz García fue cuestionar la presión social basada en la búsqueda constante del éxito entendido como acumulación de prestigio, dinero y logros, invitando a sus compañeros a redefinir el éxito personal y profesional. Propuso valorar la paz, el autocuidado, la compasión frente a los fracasos y, especialmente, el compromiso activo con la transformación social y la construcción de una Colombia en paz.

¿Qué cifras sobre violencia en Colombia mencionó el discurso de Santiago Ortiz García?

Durante su intervención, Santiago Ortiz García citó datos del Comité Internacional de la Cruz Roja que hablan de al menos ocho conflictos armados internos en el país. Además, mencionó cifras humanitarias de Naciones Unidas señalando que, en el primer semestre de 2026, más de 630.000 personas se vieron afectadas por el aumento de la violencia, resaltando así la urgencia de mantener el compromiso de los nuevos profesionales con la paz y la justicia social.

(Vea también: Primera dama despejó secretos detrás del radio que usa el presidente De la Espriella: “Conectado”)

De acuerdo con la entidad, los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre y estarían relacionados con un mensaje intimidatorio publicado desde una cuenta anónima de Instagram. El contenido habría incluido amenazas contra la vida y la integridad de la esposa del presidente de la República y de sus familiares.

La detención se produjo durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada por la Policía Nacional en un inmueble de la capital de Risaralda. El hombre será presentado ante un juez penal de control de garantías, mientras la investigación continúa.

#Noticia🔴 | La Fiscalía General de la Nación identificó y capturó al hombre que sería el responsable de amenazar por medios informáticos a la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre.

La detención se llevó a cabo durante un operativo de registro y allanamiento realizado por la Policía Nacional en Pereira. En el lugar fueron incautados un computador y un celular, que serán sometidos a análisis para avanzar en la investigación.

— Canal TRO (@CanalTRO) October 20, 2026

Allanamiento en Pereira permitió incautar un computador y un celular

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un computador y un teléfono celular que, según la Fiscalía, contienen información relevante para avanzar en la investigación.

Los dispositivos serán objeto de las verificaciones correspondientes dentro de las actividades investigativas. La evidencia técnica recopilada hasta el momento habría permitido identificar al hombre que presuntamente publicó el mensaje intimidatorio desde un perfil anónimo en Instagram.

La Fiscalía señaló que la publicación fue rastreada hasta un perfil situado en Pereira, Risaralda. Sin embargo, no entregó detalles adicionales sobre el contenido íntegro del mensaje ni informó si habría otras personas involucradas en los hechos.

Fiscalía imputará amenaza agravada al detenido

Tras la captura, un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos Informáticos presentará al hombre ante un juez penal de control de garantías. Durante la diligencia, le imputará el delito de amenaza agravada, según informó el ente investigador.

Esta actuación judicial permitirá comunicarle formalmente los hechos que se le atribuyen y la calificación jurídica que plantea la Fiscalía.

La investigación comenzó después de que las amenazas fueran denunciadas y puestas en conocimiento de las autoridades. A partir de ese momento, se adelantaron labores para identificar el origen de la publicación y establecer quién estaría detrás del mensaje.

Entre las principales decisiones tomadas durante el proceso, destaca que la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad responsable de la organización electoral y la identificación ciudadana, recibió para 2027 una asignación de 6,1 billones de pesos, lo que representa una disminución frente al presupuesto de 6,9 billones otorgado en el año anterior. En particular, el programa de “Identificación y Registro del Estado Civil de la Población” perdió 100.000 millones de pesos entre la primera y la segunda ronda de debates. Sin embargo, para compensar el recorte y asegurar los procesos clave como cedulación y actualización del censo electoral, el Ministerio de Hacienda destinó recursos adicionales, según detalló El Espectador.

En lo jurídico, el Consejo Nacional Electoral (CNE), que fue dotado de autonomía presupuestal en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, vio revocada esa característica por decisión de la Corte Constitucional, lo que genera incertidumbre sobre su manejo financiero. A pesar de ello, se estableció que hasta que no se expida la Ley Orgánica correspondiente, el CNE contará con una sección presupuestal independiente. Juan Felipe Lemos, presidente del CNE, expresó su inconformidad con la asignación de 1,3 billones de pesos para 2027, alegando que no cubre con suficiencia las funciones institucionales del organismo.

Por su parte, el Ministerio del Interior, bajo el liderazgo de Rodrigo Lara, experimentó solo una leve reducción en su rubro presupuestal frente al año anterior, pasando de 4,5 a 4,4 billones de pesos. Contrario a la tendencia general, el Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de la política exterior del gobierno de la administración De la Espriella, prácticamente duplicó su presupuesto, pasando de 1 billón a 2 billones para 2027, según el reporte de El Espectador. Esta redistribución financiera responde a nuevas prioridades trazadas desde el Ejecutivo y evidencia el peso que tendrán los preparativos y la realización de las elecciones regionales en la agenda nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios presenta el Presupuesto General de la Nación para el año 2027 respecto a las elecciones regionales?

El presupuesto aprobado muestra una reducción significativa en los recursos asignados a la Registraduría, el Ministerio del Interior y el Consejo Nacional Electoral en comparación con el año anterior. Aunque estas entidades son claves para la organización de las elecciones regionales, las autoridades aseguran que los recursos esenciales para los comicios están garantizados. Esto, según El Espectador, pone en evidencia la necesidad de un manejo más eficiente y ajustado de los fondos públicos en un contexto electoral.

¿Qué significa la autonomía presupuestal del Consejo Nacional Electoral y por qué fue eliminada?

La autonomía presupuestal implica que una entidad puede gestionar sus propios recursos sin depender de la aprobación directa de otras instancias gubernamentales. En el caso del Consejo Nacional Electoral, esta capacidad le fue otorgada por el Plan Nacional de Desarrollo, pero la Corte Constitucional anuló los artículos pertinentes, dejando al CNE sin dicha autonomía. Hasta que no se expida una nueva Ley Orgánica, el CNE tendrá una sección presupuestal independiente, pero su presupuesto dependerá de las asignaciones hechas por el Congreso y el Ejecutivo.

Entre los puntos clave de la solicitud de la defensora se encuentra la preocupación por el posible cambio de nombre del espacio dedicado a Miguel Ángel Díaz. Según el comunicado, Marín pide que se informe si esta modificación se efectuó y, de ser así, que se expongan los fundamentos que motivaron la decisión y si los familiares de Díaz fueron notificados o consultados con anterioridad. En palabras de la Defensoría del Pueblo: "Desde la Defensoría del Pueblo haremos seguimiento a las respuestas del Ministerio y evaluaremos las actuaciones adicionales que correspondan para proteger la libertad de expresión, los derechos culturales y la memoria histórica". El comunicado resalta la importancia de preservar la memoria histórica y facilitar el acceso a la cultura, reconociendo la pluralidad de voces y experiencias: "Ninguna expresión artística o memoria colectiva debe ser excluida por razones políticas o ideológicas", señala la entidad.

Este debate se da en un contexto legal relevante. En días recientes, el juzgado 24 de familia de Bogotá emitió una orden para que el Museo Nacional de Colombia conserve en condiciones técnicas adecuadas las piezas que fueron retiradas de las exposiciones objeto de controversia. El fallo también establece que el Museo debe abstenerse de destruir, trasladar, dar de baja o alterar estas obras, mientras se toma una decisión definitiva sobre el caso. También instruye a la institución a no intervenir ni retirar otras obras por su contenido, salvo que existan actos administrativos que lo justifiquen. Finalmente, el juzgado requiere que, en un término de 24 horas, se entregue un informe detallado con el listado completo de las piezas retiradas, su estado y ubicación actual, así como la dependencia responsable del retiro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron retiradas piezas del Museo Nacional?

La Defensoría del Pueblo solicitó explicaciones al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes sobre los fundamentos jurídicos, técnicos y administrativos detrás del retiro de estas piezas del Museo Nacional. El objetivo es esclarecer si las decisiones relacionadas con estas obras se fundamentaron en criterios claros y si las condiciones de conservación de las piezas fueron adecuadas.

¿Qué consecuencias legales tiene la orden del juzgado sobre las piezas retiradas?

El juzgado 24 de familia de Bogotá ordenó al Museo Nacional conservar las piezas retiradas en condiciones técnicas apropiadas, prohibiendo su destrucción, traslado o alteración mientras se resuelve el pleito. Además, exige un informe detallado sobre el estado y ubicación actual de las obras retiradas, reforzando el control sobre su preservación durante el proceso.

Entre los aspectos señalados por el alto tribunal se encuentran las sanciones penales, el congelamiento de bienes y la imposición de restricciones sin un debido proceso. De acuerdo con lo expuesto en el documento, es esencial modificar las partes del proyecto relacionadas con los efectos penales y patrimoniales del Registro de organizaciones terroristas, la acción de aprehensión de bienes, la concesión de facultades extraordinarias y el principio de proporcionalidad en la clasificación de nuevos delitos.

Una de las mayores preocupaciones que recoge la Corte se centra en la creación de la figura del Alto Comisionado. Según el alto tribunal, esta figura podría invadir competencias que corresponden estrictamente a la rama judicial. El concepto advierte de manera específica: “Su principal debilidad jurídica es hacer depender consecuencias penales y patrimoniales severas de un registro administrativo y diseñar tipos penales amplios o incompletos, en tensión con los principios de ultima ratio, lesividad y proporcionalidad”, una postura citada de El Tiempo.

Sobre el Registro de organizaciones terroristas, el juicio de la Corte Suprema es claro: este registro no puede jamás sustituir la prueba del delito ni la responsabilidad personal. La inclusión de una persona en el registro administrativo, enfatiza la Corte, no constituye de por sí prueba de responsabilidad penal o prueba automática de pertenencia, autoría o participación en delitos de terrorismo, ni permite presumir la intención subjetiva de cometer tales delitos.

También es motivo de advertencia la regulación sobre las garantías del registro. El documento señala falta de claridad respecto a la notificación del acto de inclusión y la ausencia de acceso a las razones esenciales de la decisión. Muchas veces, según advierte la Corte Suprema, las motivaciones pueden estar respaldadas en anexos clasificados o informes de inteligencia que no tienen valor probatorio en procedimientos judiciales. Así, el tribunal destaca la necesidad de exigir información objetiva, verificable y suficiente para tomar tales decisiones.

Finalmente, la Corte considera valioso que el proyecto integre temas como las redes de apoyo, nuevas tecnologías y financiación del terrorismo. No obstante, reafirma que la constitucionalidad de la propuesta depende de ajustes en el tratamiento legal de los registros, las facultades extraordinarias y la proporcionalidad de los tipos penales sugeridos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de la Corte Suprema sobre el estatuto antiterrorista?

De acuerdo con el documento conocido por El Tiempo, la Corte Suprema de Justicia expresó inquietudes sobre las sanciones penales, el congelamiento de bienes y la imposición de restricciones sin un debido proceso dentro del proyecto del estatuto antiterrorista del gobierno De la Espriella. También destacó problemas sobre el Registro de organizaciones terroristas, la figura del Alto Comisionado y la falta de garantías en la notificación y acceso a la información esencial del registro.

¿Por qué el Registro de organizaciones terroristas no puede ser prueba de responsabilidad penal?

Según lo planteado por la Corte Suprema, la inclusión en un registro administrativo no reemplaza la necesidad de pruebas para demostrar un delito. Ingresar a dicho registro no equivale, por sí solo, a demostrar responsabilidad penal, autoría o participación en un delito de terrorismo; tampoco permite presumir intenciones delictivas, ya que la ley exige pruebas objetivas y verificables para establecer responsabilidad ante la justicia.

El presidente De la Espriella informó en un video: “Compatriotas, la Policía Nacional ha dado un golpe histórico al narcoterrorismo. 7,6 toneladas de cocaína incautadas en el puerto de Cartagena que iban con destino a Holanda. La mayor incautación en los últimos diez años”. Este resultado, según mencionó el mandatario, fue posible gracias a la coordinación entre autoridades nacionales y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Destacó que este tipo de logros son fruto de la cooperación internacional y la decisión política de atacar el problema del narcotráfico, al que calificó como “el peor cáncer que tiene Colombia”.

Durante su intervención, el presidente enfatizó en la necesidad de “empezar a fumigar” los cultivos de coca. Según su planteamiento, la lucha contra el narcotráfico no puede reducirse únicamente a la incautación de droga; es fundamental, dijo, combatir el origen del negocio, que son los cultivos ilícitos y todo el circuito económico ilegal que se desarrolla en torno a ellos.

La magnitud de esta operación se evidencia en las cifras mencionadas por De la Espriella: el cargamento decomisado tendría un valor de 43.000 millones de pesos en Colombia, mientras que en Holanda el monto supera los 200 millones de dólares. Además, señaló que esta incautación representa unas 75 millones de dosis de cocaína, las cuales, según el presidente, no llegarán a afectar a niños y jóvenes. Refiriéndose al contexto de su administración, De la Espriella resaltó que en los primeros 75 días de su gobierno la fuerza pública ha decomisado 132 toneladas de cocaína, valoradas en 6.108 millones de dólares, lo que equivale a 19,28 billones de pesos colombianos. Para el mandatario, “cada dosis que impedimos que llegue a las calles salva vidas, y cada dólar que les arrebatamos debilita sus estructuras criminales”, resaltando que el dinero proveniente del narcotráfico es el motor financiero de la violencia en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto vale la cocaína incautada en Cartagena y cuál era su destino?

De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, el cargamento de 7,6 toneladas de cocaína incautado en el puerto de Cartagena tenía un valor aproximado de 43.000 millones de pesos en Colombia y, tras su llegada a Holanda, superaría los 200 millones de dólares. El destino final de esta droga eran los Países Bajos, en Europa.

¿Por qué el presidente de Colombia insiste en la fumigación de cultivos de coca?

El presidente Abelardo de la Espriella sostiene que combatir solo el tráfico de cocaína es insuficiente. Según su declaración, es “absolutamente necesario empezar a fumigar” los cultivos de coca, ya que sin atacar la raíz del problema, que son los cultivos ilícitos y la economía ilegal asociada, el narcotráfico seguirá siendo una amenaza para el país.

El ente de control busca establecer si ambos funcionarios conocieron o participaron en un presunto plan para que exjefes paramilitares señalaran a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, según replicó Noticias RCN sobre el documento que oficializó la medida.

#ATENCIÓN | La Procuraduría abre investigación disciplinaria contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez por los distintos señalamientos del ‘Pacto de Valledupar’. https://t.co/LBXGvl9pCg

— Noticias RCN (@NoticiasRCN) October 20, 2026

Las indagaciones apuntan a determinar posibles señalamientos sobre vínculos con esas organizaciones criminales durante la contienda electoral de 2026.

El proceso examina minuciosamente lo sucedido en la mesa de diálogo social realizada en Valledupar en octubre de 2025.

Dicho encuentro se desarrolló en el marco de las iniciativas de paz impulsadas por la administración del entonces mandatario Gustavo Petro.

El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso soltó detalles sobre las reuniones confidenciales sostenidas con delegados oficiales durante el denominado Pacto de Valledupar en el gobierno de Gustavo Petro.

Según sus declaraciones, voceros del Ejecutivo solicitaron a los antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia acusar públicamente a los tres mencionados dirigentes de la oposición política.

Las revelaciones indican que la petición buscaba incriminar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, al exprocurador Alejandro Ordóñez y al excandidato presidencial Germán Vargas Lleras antes de las elecciones.

Mancuso afirmó que los delegados gubernamentales condicionales la continuidad del proceso de paz a la entrega de testimonios incriminatorios contra estos líderes de la derecha colombiana.

Sin embargo, el antiguo jefe paramilitar aseguró que la totalidad de los excomandantes reunidos rechazó enfáticamente la propuesta realizada por los emisarios de la administración nacional.

El exlíder de las AUC explicó que la negativa unánime causó un profundo malestar entre las partes, provocando la ruptura inmediata de la mesa de negociación en la capital cesarense.

Estas declaraciones coincidieron con los testimonios entregados ante las autoridades judiciales por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Angie Rodríguez.

La exfuncionaria confirmó la existencia de las presiones institucionales dirigidas a instrumentalizar el proceso de paz con fines estrictamente electorales y políticos durante dicha coyuntura.

Ante la gravedad de las acusaciones, la Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones disciplinarias para establecer las responsabilidades de los altos funcionarios salpicados.

Igualmente, la Fiscalía General de la Nación inició las indagaciones correspondientes para verificar la veracidad de los hechos denunciados por el exjefe paramilitar en los estrados.

El caso desató una intensa controversia política en el país sobre el uso ético de las instituciones estatales y los procesos de paz en coyunturas electorales.

Analistas y sectores sociales exigen celeridad a los organismos de control para esclarecer el alcance de los compromisos buscados en las reuniones confidenciales celebradas en Valledupar.

Las autoridades judiciales continúan acopiando material probatorio y testimonios para determinar si existieron faltas disciplinarias o conductas punibles por parte de los antiguos delegados gubernamentales.

La rotación de las placas restringidas obedece al esquema semanal definido por la autoridad de tránsito. Según la Secretaría de Movilidad de Cali, la distribución es la siguiente: los lunes corresponde a placas terminadas en 9 y 0, los martes a 1 y 2, los miércoles a 3 y 4, los jueves a 5 y 6, y finalmente los viernes a 7 y 8. Es importante precisar que esta normativa rige únicamente de lunes a viernes, ya que durante los sábados, domingos y días festivos la restricción no aplica para los vehículos particulares.

Además, la actual rotación tuvo su inicio en julio, tal como comunicó la Secretaría de Movilidad de Cali. Entre el 1 y el 3 de dicho mes se llevó a cabo una etapa pedagógica, y a partir del 6 de julio comenzaron a imponerse comparendos a quienes incumplan la medida. Por eso, revisar la rotación antes de salir de casa no solo es una recomendación práctica, sino también una forma de prevenir sanciones económicas y la posible inmovilización del vehículo.

La normativa contempla algunas excepciones, por lo que los conductores deben verificar si su situación corresponde a alguna de ellas antes de circular en los horarios restringidos. Cumplir con las restricciones establecidas, según Noticiero 90 Minutos y la Secretaría de Movilidad de Cali, es fundamental tanto para evitar multas como para contribuir al ordenamiento vial de la ciudad durante el segundo semestre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué placas tienen restricción de pico y placa en Cali este miércoles?

Este miércoles en Cali, la medida de pico y placa aplica para los vehículos particulares cuyas placas terminan en los números 3 y 4, según la rotación determinada por la Secretaría de Movilidad de Cali y recogida por Noticiero 90 Minutos. La restricción opera desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.

¿Cuáles son las sanciones por incumplir el pico y placa en Cali?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad de Cali, circular durante el horario restringido puede acarrear la imposición de un comparendo y la posible inmovilización del vehículo. Por esta razón, resulta relevante consultar cada día la rotación vigente y cumplir con la medida.

El presidente de Colombia y la cúpula militar no salieron del consejo de seguridad durante varias horas hasta descartar la presencia de explosivos, según La Fm le atribuyó a altas fuentes debido a la amenaza de un carrobomba del Eln, entre Tame y Arauca.

La cumbre extraordinaria tuvo como sede oficial las dependencias tácticas de la Brigada 18, adscrita a la Octava División del Ejército Nacional.

En este recinto se reunieron ministros, altos mandos militares y policiales, junto a gobernantes locales, buscando estructurar planes efectivos contra la delincuencia organizada y las guerrillas.

La movilización de los altos mandos hacia la capital araucana comenzó desde muy temprano, respondiendo a la instrucción directa impartida por el jefe de Estado.

Entre los integrantes del gabinete gubernamental presentes destacaron el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora; el de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán; y el de Ambiente, Fabio Arjona.

A la cita en Arauca, donde De la Espriella dio un regaño, asistió el comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez Aparicio, junto al general José Bertulfo Soto, comandante del Ejército Nacional.

Completaron la delegación el general Juan Jaime Martínez Ossa, de la Fuerza Aérea; el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, de la Armada; y el general Alejandro Barrera, director policial.

Hacia las 10:00 a.m., el presidente Abelardo De la Espriella ingresó a la base militar para encabezar la reunión con la cúpula de la Fuerza Pública.

Mientras avanzaban las discusiones estratégicas, los organismos de inteligencia detectaron un peligro inminente que activó los protocolos de protección en toda la zona.

Un informe de seguridad detalló que insurgentes del Eln atravesaron un camión sobre la arteria vial en la vereda Flor Amarillo.

El reporte señala que integrantes del Eln abandonaron un camión en el sector de Flor Amarillo, un punto entre Tame y Arauca, donde se desarrollaba el consejo.

Para encarar la contingencia, la Octava División envió contingentes especializados en desactivación de artefactos letales hasta el sitio del hallazgo.

Las maniobras de inspección se prolongaron por dos horas, obligando al mandatario, ministros y mandos a permanecer preventivamente en la instalación militar.

Pese a contar con medios de evacuación aérea para el presidente y la cúpula, “decidieron quedarse para verificar directamente la situación”.

Concluida la revisión técnica, los uniformados comprobaron que el automotor carecía de cargas explosivas y procedieron a retirarlo del corredor vial.

El nuevo esquema de seguridad aprobado centrará sus esfuerzos operacionales en contener las acciones delictivas del Eln y blindar la frontera con Venezuela.

La estrategia contempla una campaña militar y policial para articular la inteligencia entre Ejército, FAC, Armada, Policía y la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades descartaron por el momento la llegada de una Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), pero garantizaron un despliegue especial en puntos clave.

Adicionalmente, las tropas de la Primera Brigada, con sede en Boyacá, apoyarán las operaciones de vigilancia en los corredores estratégicos de Arauca.

Las acciones sobre el límite internacional buscarán identificar trochas ilegales empleadas para el contrabando de droga, hidrocarburos y el escape de criminales hacia Venezuela.

Al término de la reunión, la cartera de Defensa reportó una reducción del 56,3 % en homicidios y del 71 % en ataques a la Fuerza Pública en 70 días.

Asimismo, el Gobierno fijó como prioridades de neutralización a alias ‘Dumar’, del Frente Domingo Laín del Eln, y alias ‘Franklin’ o ‘Mata amarrados’, de disidencias de las Farc.

El Ministerio de Defensa confirmó que intensificará los operativos en territorio araucano para capturar a estos cabecillas y devolver la tranquilidad a la población.