Según lo manifestado por Rivero Larios, esta movilización tiene como principales motivaciones la defensa de la educación pública y la protección de los derechos de los maestros, especialmente en lo relacionado con la atención en salud y el respeto por sus prestaciones sociales. El dirigente sindical expresó su inquietud frente a iniciativas legislativas y una propuesta de modificación del Decreto 1075 que, de acuerdo con Aducesar, podrían favorecer una mayor intervención de particulares en la prestación del servicio educativo y generar consecuencias para la estabilidad de la carrera docente.

Rivero también denunció que, debido a dificultades en la atención médica, algunos maestros han debido asumir consultas con recursos propios, lo que afecta directamente su bienestar y el de sus familias. Por otro lado, entre las principales solicitudes del magisterio están la asignación de mayores recursos para el transporte escolar, la contratación de personal de aseo y vigilancia en los colegios y la ampliación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que resulta fundamental para garantizar condiciones adecuadas de permanencia y bienestar en las instituciones educativas.

En relación con la continuidad de las clases durante la movilización, Aducesar orientó suspender las actividades escolares desde las nueve de la mañana para facilitar la participación de los educadores en la protesta. Sin embargo, esta decisión no se traduce en una suspensión generalizada en todas las instituciones oficiales de Valledupar, pues algunos rectores han decidido acogerse a una circular emitida por el Ministerio de Educación, en la que se recomienda mantener el desarrollo de las actividades académicas. Las directivas sindicales han propuesto organizar la jornada de manera que parte de las clases se impartan y posteriormente se recupere el tiempo perdido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los docentes del Cesar protestan en Valledupar este 14 de octubre?

Los maestros del Cesar realizan esta jornada para defender la educación pública, exigir mejoras en la atención en salud y garantizar la protección de sus prestaciones sociales. Según lo explicado por Aducesar, el magisterio cuestiona iniciativas que podrían permitir una mayor participación de particulares en la educación y solicita recursos para transporte, aseo, vigilancia y ampliación del Programa de Alimentación Escolar.

¿Las clases oficiales en Valledupar se suspenden completamente por la movilización de Fecode?

No todas las clases en instituciones oficiales de Valledupar serán suspendidas durante la jornada de protesta. Mientras la directriz sindical sugiere suspender desde las nueve de la mañana, algunos rectores han decidido seguir las orientaciones del Ministerio de Educación y mantener actividades académicas, por lo que la suspensión será parcial según cada colegio.

De acuerdo con la comunicación oficial citada por la Universidad Autónoma del Caribe, la sesión del Consejo Directivo se llevó a cabo el viernes 9 de octubre. La elección de Sajer coincidió con una decisión en segunda instancia de la justicia, que ese día revocó la restitución de Silvia Gette Ponce como rectora de la institución. Según lo reportado en El Espectador, Gette había vuelto al cargo en abril tras un fallo de primera instancia, pero la nueva resolución judicial impidió su regreso definitivo.

Silvia Gette Ponce fue rectora entre 2003 y 2012, año en el que salió de la universidad envuelta en un proceso por abuso de confianza y apropiación indebida de recursos de la institución. Posteriormente, Gette fue condenada por estos hechos, y la Corte Suprema de Justicia ratificó esta condena. Sin embargo, este año surgió un fallo que reconocía que su salida en 2012 no se debió específicamente a la investigación penal, indicando una posible vulneración de sus derechos durante ese proceso.

Ante el retorno temporal de Gette a la rectoría, Jorge Senior, quien había sido elegido en marzo de 2026 como rector para el período 2026-2030, dejó el cargo en abril. Con la nueva decisión de segunda instancia, no fue restituido Senior; en cambio, el Consejo Directivo optó por nombrar a Sajer Maldonado, siendo la tercera persona en asumir la rectoría desde marzo del mismo año.

Ana Bernarda Sajer Maldonado tiene una amplia trayectoria en la Universidad Autónoma del Caribe: es licenciada en Español y Literatura por la Universidad del Atlántico y magíster en Educación de la misma Autónoma del Caribe, además de desempeñarse como docente por más de dos décadas. Según la información oficial de la universidad, Sajer fue elegida para completar el mismo período previsto anteriormente, es decir, de 2026 a 2030.

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¿Quién es Ana Bernarda Sajer Maldonado y cuál es su trayectoria en la Universidad Autónoma del Caribe?

Ana Bernarda Sajer Maldonado, recientemente elegida rectora, es licenciada en Español y Literatura de la Universidad del Atlántico y magíster en Educación de la Universidad Autónoma del Caribe. Lleva 23 años como docente de esta última institución, lo que demuestra su experiencia y vinculación de largo plazo con la universidad, de acuerdo con la comunicación oficial publicada por la entidad.

¿Por qué Silvia Gette Ponce no regresó a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe?

Silvia Gette Ponce no regresó a la rectoría porque, según una decisión judicial de segunda instancia tomada el 9 de octubre, las condiciones y mecanismos de decisión en la universidad habían cambiado durante los 13 años que estuvo por fuera. Esto impidió su retorno a pesar del fallo de primera instancia que le había restituido temporalmente el cargo, como reportó El Espectador.

De acuerdo con Valera Ibáñez, las crecientes repentinas en ríos como el Badillo y el Guatapurí durante los últimos días encendieron las alarmas de las autoridades locales. El funcionario resaltó la necesidad de extremar la precaución, especialmente en balnearios y sectores vulnerables. Por ello, actualmente en la zona de Hurtado permanece un equipo interdisciplinario con el apoyo de una ambulancia, personal médico, dos nadadores de rescate y voluntarios de la Defensa Civil, con el fin de prevenir y atender cualquier emergencia que pudiera surgir.

La alerta se intensificó tras la publicación del boletín hidrológico emitido por el Ideam el 13 de octubre, que informó sobre crecientes súbitas en la cuenca alta del río Cesar y sus afluentes, y recomendó vigilar de manera especial las riberas de los ríos Guatapurí y Badillo, así como la quebrada La Malena en Patillal y las zonas de Chemesquemena y Vega Arriba. Según la misma entidad, se espera que tanto la tarde como la noche del 13 y del 14 de octubre presenten condiciones de cielo entre parcialmente nublado y nublado, con la posibilidad de lluvias moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Cesar, La Guajira y otros departamentos del Caribe colombiano.

Por su parte, Petra Romero, jefa de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo del Cesar, señaló que el monitoreo permanente permitió identificar incrementos importantes en los caudales de los ríos Badillo, Manaure y San Alberto. Incluso, en Manaure fue necesario cerrar la bocatoma para evitar la contaminación por causa de la creciente. Romero hizo énfasis en que las lluvias en la Sierra Nevada pueden provocar crecidas en los ríos de la región, aunque no llueva en la zona urbana, por lo que recomendó mantener una vigilancia constante y reportar cualquier emergencia a los organismos competentes, como Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.

A nivel preventivo, la Alcaldía aconsejó a la población asegurar los techos, limpiar canales y acequias, evitar arrojar basura en las calles y prestar atención a posibles agrietamientos o deslizamientos en las vías, con el objetivo de reducir riesgos y proteger la vida de los habitantes. El Ideam y las autoridades reiteraron su llamado a seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informados ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

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¿Qué significa alerta amarilla preventiva y qué implica para los habitantes de Valledupar?

La alerta amarilla preventiva es una medida emitida por las autoridades para advertir sobre la posibilidad de emergencias, como crecientes súbitas e inundaciones, y busca que la comunidad adopte precauciones adicionales. En el caso de Valledupar, implica que los habitantes deben estar atentos a las condiciones de los ríos, evitar zonas de riesgo durante lluvias y acatar las recomendaciones de las autoridades para prevenir tragedias.

¿Cuáles son las principales recomendaciones de las autoridades ante las crecientes de ríos en Valledupar?

Las autoridades, de acuerdo con los reportes de la Alcaldía y del Ideam, recomiendan asegurar techos, limpiar canales y acequias, no arrojar basuras en las calles, mantenerse alejados de las orillas de los ríos durante lluvias, reportar emergencias a Bomberos, Defensa Civil o Cruz Roja, y prestar atención a los avisos oficiales sobre posibles emergencias y deslizamientos.

La información oficial divulgada a las 4:24 p. m. señaló que, aunque el sismo no se sintió de manera uniforme en todo el territorio colombiano, los habitantes de diversos municipios en el departamento del Tolima reportaron haber percibido claramente el temblor. En Líbano, un municipio del Tolima, la comunidad manifestó haber sentido con mayor fuerza el movimiento, mientras que en Ibagué, la capital departamental, la sensación fue más leve y mitigada por la distancia y la profundidad del evento sísmico.

El Servicio Geológico Colombiano, fuente principal de información ante este tipo de eventualidades, fue el encargado de confirmar datos clave como la magnitud, el epicentro y la profundidad del movimiento de tierra. Además, recalcó que la profundidad registrada fue de 149 kilómetros, lo que se considera un sismo intermedio a profundo y generalmente reduce el impacto superficial, aunque amplía el rango de territorios donde puede ser sentido.

Las autoridades competentes aprovecharon la ocasión para recordar la importancia de que la ciudadanía reporte cualquier percepción de sismo a través de los canales oficiales dispuestos para ese fin. El objetivo es fortalecer el registro y la evaluación de estos eventos, clave para la respuesta institucional y la educación ciudadana en materia de gestión del riesgo.

Este episodio refuerza la importancia de la cultura de prevención y la participación activa de la comunidad ante fenómenos naturales, así como el rol fundamental del monitoreo científico en tiempo real para mantener informada a la población sobre cualquier situación sísmica relevante.

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¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 5,0 registrado en Colombia?

El epicentro de este evento sísmico se localizó en Los Santos, Santander, según la información oficial proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano. Esta región es conocida por su actividad sísmica recurrente, lo que la convierte en un punto clave para la vigilancia y el monitoreo por parte de las autoridades y la comunidad científica.

¿Por qué la profundidad de un sismo influye en la percepción del temblor en superficie?

La profundidad a la que ocurre un sismo determina en buena medida la intensidad con que se siente en la superficie: un sismo ocurrido a una mayor profundidad, como el de 149 kilómetros registrado, suele ser percibido en un área más extensa pero con menor fuerza, mientras que un sismo superficial suele sentirse más fuerte en el epicentro pero en un área geográfica más limitada.

(Vea también: Gobierno anuncia Puesto de Mando Unificado y nuevas medidas para jornada de protestas y regulación de la fuerza en Colombia)

La propuesta es una de las principales apuestas de la política de seguridad de la actual administración y fue presentada con mensaje de urgencia. Esto implica que las comisiones primeras de Senado y Cámara deberán estudiar el proyecto de manera conjunta, de acuerdo con el trámite anunciado por el Ejecutivo.

La iniciativa constituye uno de los dos componentes centrales de la estrategia de seguridad del Gobierno. El otro es el estatuto antiterrorista, cuya presentación ante el Legislativo está prevista para los próximos días.

Desde el Ejecutivo han descrito ambos proyectos como dos herramientas complementarias: la ley de sometimiento ofrecería una ruta jurídica para quienes decidan acogerse a la justicia, mientras que el estatuto antiterrorista buscaría fortalecer la respuesta del Estado frente a las organizaciones que continúen delinquiendo.

Gobierno propone rebajas de penas de hasta el 50 % para quienes se sometan

Uno de los puntos centrales del proyecto es la posibilidad de reducir hasta en un 50 % las penas acumuladas de los integrantes de organizaciones criminales que cumplan las condiciones previstas en el articulado.

La reducción estaría vinculada a las contribuciones al desmantelamiento de las estructuras ilegales, los aportes de verdad y la reparación a las víctimas. Para quienes ocupen posiciones de liderazgo dentro de esas organizaciones, el proyecto contempla una rebaja máxima del 30 %.

Estos beneficios no serían automáticos por la sola manifestación de voluntad de someterse a la justicia. Su aplicación dependerá del cumplimiento de los requisitos que establezca la ley y de la valoración correspondiente en cada caso.

El articulado también propone mecanismos para descontar tiempo de condena mediante actividades laborales y programas restaurativos. Según el texto suministrado, se podría reconocer un día menos de pena por cada dos días de trabajo, siempre que exista colaboración con la justicia.

Asimismo, se contempla un día de descuento por cada día de participación en programas restaurativos, labores de erradicación de cultivos ilícitos y actividades de desminado.

En el caso de los líderes de los grupos armados, el proyecto establece que las penas no podrán ser inferiores a 10 años. Esta disposición fija un mínimo para las sanciones que se impongan a quienes ocupen posiciones de mando dentro de las estructuras que se acojan al mecanismo.

Libertad condicional y suspensión de penas tendrían requisitos específicos

La iniciativa también contempla disposiciones sobre el cumplimiento de las condenas y el acceso a la libertad condicional. Como regla general, el proyecto plantea que este beneficio pueda concederse después de cumplir las cuatro quintas partes de la pena, sujeto a las condiciones previstas en el articulado.

También incluye una disposición especial para determinados casos en los que exista colaboración para encontrar personas desaparecidas. En esas circunstancias, se plantea la posibilidad de acceder a la libertad condicional tras cumplir dos quintas partes de la condena, siempre que se satisfagan los requisitos correspondientes.

Entre las condiciones mencionadas se encuentran las contribuciones a la verdad, la reparación de las víctimas y el esclarecimiento de los nexos políticos de las organizaciones criminales, así como de las redes de corrupción que afecten la administración pública y la justicia.

Otro de los puntos de la propuesta es la posibilidad de suspender la ejecución de determinadas penas un año después de su imposición, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

La medida estaría dirigida a personas que no sean cabecillas y que hayan sido condenadas únicamente por delitos específicos, entre ellos concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, uso ilícito de equipos transmisores o receptores y porte ilegal de armas de fuego o municiones.

El texto también contempla esta posibilidad para condenados exclusivamente por lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, siempre que entreguen los bienes derivados de las conductas ilegales y cumplan los requisitos previstos.

Estas disposiciones no significan que todos los integrantes de grupos armados puedan obtener la suspensión de sus condenas o acceder a la libertad condicional. La aplicación de cada medida dependerá de los delitos, las condiciones individuales y los requisitos que finalmente queden establecidos en la ley.

De acuerdo con lo informado, el dispositivo de seguridad previsto para este día contempla la implementación de controles en distintos puntos estratégicos de la ciudad, y una vigilancia reforzada tanto en los accesos principales como en las salidas de Cali. Además, se establecieron medidas especiales para asegurar la protección de las estaciones del sistema de transporte masivo MIO, infraestructura que ha sido identificada como prioritaria en situaciones de manifestaciones públicas.

La concentración de la movilización está proyectada para iniciar en la plazoleta Jairo Varela, desde donde los participantes avanzarán por la calle Quinta hasta el parque de las Banderas. Las autoridades locales indicaron que su objetivo es acompañar la manifestación, salvaguardando en todo momento la seguridad y la movilidad tanto de quienes participan como de los demás ciudadanos.

Javier Garcés, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, detalló que la labor de los 1.200 miembros de la Policía Nacional estará enfocada tanto en el acompañamiento como en acciones preventivas a lo largo del recorrido de la marcha. Desde el PMU, se realizará un monitoreo permanente, lo que permitirá atender de forma inmediata cualquier hecho que pueda poner en riesgo el orden público, la infraestructura urbana o la tranquilidad de la comunidad.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, reiteró el respeto de la Administración Distrital por el derecho a la movilización social, puntualizando que es igualmente prioritario garantizar los derechos de quienes deciden marchar y de quienes no participan de las manifestaciones. El mandatario fue enfático al advertir que, ante cualquier acto de violencia, vandalismo, desmanes o bloqueos, la respuesta de las autoridades será "rápida y contundente", según declaración recogida en Noticiero 90 Minutos. Finalmente, la Alcaldía llamó a que la jornada se desarrolle de manera pacífica y con respeto a las personas, los bienes públicos y privados de Cali.

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¿Cómo acompañará la Policía Nacional las marchas del 14 de octubre en Cali?

De acuerdo con la Alcaldía de Cali y el secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés, 1.200 policías estarán encargados de acompañar la movilización de este 14 de octubre, con operaciones de control en diferentes puntos, vigilancia en entradas y salidas de la ciudad, y protección de la infraestructura estratégica, especialmente las estaciones del sistema MIO.

¿Qué es el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cali y cuál es su función durante las marchas?

El Puesto de Mando Unificado (PMU) es un centro de coordinación desde el cual las autoridades de Cali realizarán seguimiento en tiempo real del transcurso de las marchas, permitiendo atender cualquier incidente que afecte la seguridad y la movilidad en la ciudad durante la movilización del 14 de octubre.

De acuerdo con la información entregada por los ministros y citada por El Espectador, uno de los aspectos clave es que no se reconocen beneficios políticos para las organizaciones criminales, dado que no se trata de una negociación de tipo político sino netamente jurídico. Por eso, el interlocutor obligado para las partes será un abogado, el lugar de conversación será específicamente limitado y la atención estará siempre en las víctimas. "No es una negociación política, por eso el interlocutor tiene que ser abogado", indicaron los ministros, quienes recalcaron la claridad de las reglas del juego: quien se acoja lo hará bajo términos estrictamente jurídicos.

El proyecto expone diez puntos esenciales; entre ellos, la exigencia de entregar rutas de narcotráfico, dejar las armas y aportar verdad como condiciones para acceder a las reducciones de pena. Además, contempla la posibilidad de obtener rebajas adicionales en las penas por acciones como la entrega de laboratorios de drogas —no solo de cocaína—, la erradicación manual de cultivos ilícitos y la participación en labores de desminado. Igualmente, se plantean incentivos por demostrar vínculos con corrupción pública o denunciar nexos con políticos, pero el Estado no devolverá bienes pertenecientes a estas agrupaciones, ya que, según lo explicado, la devolución está expresamente excluida en el proyecto.

Sobre las rebajas de penas, el ministro Lara aclaró que quien haya sido líder de la organización criminal tendrá una reducción de hasta el 30 %, mientras que los integrantes que no sean considerados jefes podrán acceder a una rebaja de hasta el 50 %. Todo quedará sujeto a la comprobación judicial y a los aportes efectivos a la verdad y la reparación.

El trámite del proyecto será de urgencia, porque debe estar amparado bajo la ley de orden público antes de su vencimiento el 5 de noviembre. Además, se complementará con un estatuto antiterrorista, cuya radicación está prevista para la próxima semana, según lo anunciado por el ministro del Interior. (Fuente: El Espectador)

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¿Qué requisitos deben cumplir las organizaciones criminales para acogerse a la nueva ley de sometimiento?

Las organizaciones criminales que deseen acogerse al proyecto de ley deben entregar rutas de narcotráfico, dejar las armas y aportar verdad. De acuerdo con El Espectador, tendrán que presentar pruebas de sus acciones y colaborar con la erradicación de cultivos ilícitos o la destrucción de laboratorios, además de denunciar y probar vínculos con corrupción pública o nexos políticos.

¿Cuál es la diferencia entre el tratamiento político y jurídico para las organizaciones criminales según el gobierno?

Según lo expuesto por el gobierno y citado en El Espectador, el proyecto no otorga estatus político ni ofrece espacios de negociación política a las organizaciones criminales. El proceso será exclusivamente jurídico, dirigido por abogados y bajo supervisión judicial, centrando la atención en la víctima, sin reconocer ningún tipo de beneficio o reconocimiento político a quienes se sometan.

Esta movilización es especialmente significativa por varias razones. Marca el debut de Gustavo Petro como expresidente y líder declarado de la oposición, y representa también la primera aplicación del nuevo decreto que regula la protesta social en Colombia bajo la administración de De la Espriella. De acuerdo con la información, dicha normativa establece que la Policía debe ubicarse a una distancia mínima de cuatro metros de los manifestantes. Además, permite que el diálogo se mantenga incluso si la Fuerza Pública se ve obligada a intervenir en casos donde surjan disturbios.

Lara enfatizó que, para el gobierno, uno de los temas más sensibles es la posibilidad de bloqueos y movilizaciones en el suroccidente del país. Aunque reiteró que existirán todas las garantías para la protesta social convocada para el 14 de octubre, el ministro calificó la convocatoria como un “paro que solo busca engañar al pueblo”.

El nuevo decreto detalla que si se presentan actos de violencia durante la manifestación —como el uso de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos, artefactos incendiarios, retención forzada de personas o agresiones a terceros no participantes, funcionarios públicos, personal uniformado, misiones médicas o periodísticas—, la Policía podrá usar la fuerza, priorizando siempre el diálogo y la mediación, pero sin que esto condicione o suspenda las intervenciones individuales contra quienes cometan actos violentos.

Por último, el presidente De la Espriella recalcó que no tolerará manifestaciones violentas ni la afectación de servicios esenciales. En ese sentido, la cartera de Lara criticó el decreto anterior por carecer de criterios claros sobre la continuidad de servicios vitales y la respuesta de la autoridad ante bloqueos que comprometieran la atención en salud, el paso de misiones médicas o la infraestructura de abastecimiento.

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¿Qué dice el nuevo decreto sobre el uso de la fuerza en protestas sociales en Colombia?

El nuevo decreto establece que la Policía podrá intervenir usando la fuerza únicamente en situaciones específicas, como el porte de armas, uso de explosivos, retención de personas o agresión a personal no participante, funcionarios, misiones médicas y periodísticas. La normativa prioriza el diálogo y la mediación, pero deja claro que no se tratarán como condición previa para intervenir individualmente contra quienes incurran en actos violentos.

¿Cómo se protegerán los servicios esenciales durante las protestas en Colombia según el gobierno actual?

De acuerdo con el ministro Rodrigo Lara y el presidente Abelardo de la Espriella, el gobierno garantizará que no haya bloqueos a los servicios esenciales durante las protestas. Si bien se respeta la protesta social pacífica, las autoridades actuarán conforme al nuevo decreto para evitar la suspensión de servicios como salud, infraestructura de abastecimiento y el desarrollo de misiones médicas.

Al llegar al lugar señalado, los uniformados confirmaron que Méndez no tenía signos vitales. Posteriormente, la policía procedió a acordonar el área para permitir que los peritos judiciales realizaran la inspección técnica al cadáver, un procedimiento crucial para esclarecer las circunstancias del deceso. Este protocolo es habitual en casos como este, donde no se conocen de inmediato las causas exactas de la muerte. La zona acordonada permite a los expertos judiciales recolectar evidencia y cumplir con los estándares establecidos en investigaciones forenses, de acuerdo con los procedimientos usualmente mencionados en casos cubiertos por la prensa.

De acuerdo con información publicada por EL PILÓN, Óscar Méndez vivía en la urbanización María Paula. Además, recibía atención médica especializada y acudía periódicamente al centro de rehabilitación Hombres de Bien. Estos datos ofrecen un panorama sobre las rutinas de atención y el contexto de salud que rodeaban a Méndez en sus últimos días. Sin embargo, la información proporcionada no detalla las causas médicas o personales concretas que pudieron haber influido en el desenlace reportado.

Ante situaciones difíciles o de crisis emocional similares, existen líneas de atención en salud mental a disposición del público, como la línea telefónica 106 y la línea de emergencias 123. El acceso a estos servicios puede variar según la cobertura local, por lo que se sugiere confirmar su disponibilidad antes de hacer uso de los mismos. Este tipo de recursos busca brindar apoyo a quienes experimentan dificultades emocionales o requieren acompañamiento profesional.

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¿Qué ocurrió con Óscar Méndez en Valledupar y cómo fue encontrada la víctima?

Óscar Méndez fue hallado sin vida en una zona boscosa del barrio Villa Dariana por la mañana, luego de que la comunidad diera aviso a la Policía Nacional. La víctima fue localizada junto a una acequia, y los uniformados confirmaron el fallecimiento al llegar. Después, el área fue acordonada para que los peritos judiciales realizaran la inspección técnica al cadáver, conforme a los protocolos que exige la ley, de acuerdo con información de EL PILÓN.

¿Qué servicios de apoyo emocional existen para quienes atraviesan situaciones difíciles en Valledupar?

En casos de crisis emocional, existen recursos como la línea 106 de salud mental y la línea de emergencias 123, que ofrecen apoyo profesional y acompañamiento. Sin embargo, se recomienda confirmar la disponibilidad y cobertura local de estos servicios antes de emplearlos, ya que pueden variar según la zona y la institución responsable.

El sismo tuvo una magnitud de 5,0 y una profundidad de 149 kilómetros, con epicentro en Los Santos, Santander, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano. El movimiento se registró a las 4:24 p. m. y fue percibido en diferentes zonas del país.

Durante la transmisión, el periodista explicó que estaba recorriendo buena parte del municipio de Ocaña cuando sintió que el vehículo estacionado se movía de manera repentina.

“Pensé que me habían colisionado el vehículo”, contó al describir su primera reacción. Ante la sensación, sacó la cabeza para observar qué ocurría y notó que los cables y los postes también se estaban moviendo. Fue entonces cuando comprendió que se trataba de un sismo.

“Es de los movimientos más fuerte después del pasado, 10 de agosto que se ha sentido en esta región del país”, agregó Santiago. 

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-13, 16:24 hora local Magnitud 5.0. Profundidad 149 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/Cq3HvR9HcB

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 13, 2026

Su relato permitió conocer cómo se vivió el fenómeno desde esta zona de Norte de Santander, mientras otras personas también reportaban haber sentido el movimiento telúrico.

El sismo de este martes volvió a poner la atención sobre Los Santos, Santander, una zona reconocida por su actividad sísmica. La profundidad del evento fue de 149 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano.

(Le puede interesar: Temblor movió a Colombia hoy martes 13 de octubre: estos fueron municipios cercanos al epicentro)

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-13, 16:24 hora local Magnitud 5.0. Profundidad 149 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/Cq3HvR9HcB

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 13, 2026

Los sectores de Cabecera y el centro de Bucaramanga fueron los más afectados en cuanto a la percepción del sismo. Un corresponsal de Blu Radio en Santander señaló que: “Fue tremendo el susto… Se sintió con fuerza en los edificios altos, sobre todo el sector de cabecera y el centro de la capital santandereana. Hubo evacuación de edificaciones, incluso alcanzaron a sonar algunas de las alarmas de los edificios, alarmas precisamente que fueron instaladas después del fuerte sismo de hace 2 meses que sacudió a todo el país”.

El movimiento no se limitó a Bucaramanga. Según la misma fuente, el sismo también se sintió con fuerza en San Gil, en Barrancabermeja,  Magdalena Medio, y norte de Santander, lo que evidencia el amplio radio de percepción del temblor en la región.

Hasta el momento de la transmisión, las autoridades del departamento de Santander no reportaron daños en infraestructura ni víctimas. No obstante, el susto vivido por los habitantes fue considerable, especialmente entre quienes trabajan o residen en torres y edificaciones de varios pisos.

“Por el momento, las autoridades no reportan ningún tipo de daño en el departamento de Santander, pero sí un gran susto que se vivió a la hora de la tarde de hoy aquí en la capital santandereana”, sentenció el corresponsal de Blu durante la transmisión.

¿Qué tan seguido se producen sismos en Los Santos, Santander?

Los Santos es uno de los municipios del departamento de Santander con mayor actividad sísmica registrada en Colombia, ubicado en una zona de confluencia de fallas geológicas activas. La Red Sismológica Colombiana monitorea constantemente esta región debido a su historial de movimientos telúricos de diversa magnitud.

¿Qué hacer durante la evacuación de un edificio tras un sismo en Colombia?

Las autoridades colombianas recomiendan seguir las rutas de evacuación señalizadas, no usar los ascensores y alejarse de vidrios y estructuras que puedan colapsar. Una vez fuera del edificio, los protocolos indican ubicarse en zonas abiertas, lejos de postes y fachadas, y esperar la instrucción de los organismos de socorro antes de reingresar.

(Vea también: Temblor movió a Colombia hoy martes 13 de octubre: estos fueron municipios cercanos al epicentro)

En el reporte preliminar, la entidad había informado una magnitud de 5,2 y una profundidad de 154 kilómetros. Sin embargo, tras actualizar los parámetros del evento, ajustó ambos datos.

La información fue divulgada por el SGC a través de sus canales oficiales, donde también invitó a quienes sintieron el temblor a reportarlo mediante el formulario de sismo sentido.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-13, 16:24 hora local Magnitud 5.0. Profundidad 149 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/Cq3HvR9HcB

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 13, 2026

¿Dónde fue el epicentro del temblor de este martes 13 de octubre?

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico tuvo como referencia a Los Santos, en el departamento de Santander.

Este municipio se encuentra en una de las zonas de mayor actividad sísmica de Colombia. Por eso, los movimientos registrados en el área suelen ser objeto de seguimiento por parte de las autoridades y de los organismos encargados de estudiar la actividad sísmica.

¿Cómo reportar si sintió el temblor en Colombia?

El SGC invitó a las personas que percibieron el movimiento telúrico a diligenciar el formulario de sismo sentido, una herramienta que permite recopilar información sobre cómo se experimentó el evento en diferentes lugares.

También pueden consultar las actualizaciones y los parámetros de los eventos sísmicos en el portal oficial del Servicio Geológico Colombiano.

La entidad puede actualizar los datos de un sismo después de analizar la información disponible. Por eso, ante un reporte preliminar, es importante consultar los boletines más recientes antes de publicar cifras definitivas.

Dentro de las reacciones de los ciudadanos, hubo quienes lo reportaron en Medellín, Cúcuta, municipios de Cundinamarca, Santander, Boyacá.

De igual manera, hubo usuarios que reportaron que lo sintieron fuerte y durante varios segundos:

@sgcol En Medellín fuerte y largo

— Dulcinea (@Dulci0503) October 13, 2026

@sgcol Se sintió fuertecito en Medellín piso 9

— Maye (❁´◡`❁) 💜💜💜💜 (@MaybethEscobar) October 13, 2026

@sgcol En Bello, Antioquia, cuarto piso se sintió fuerte.

— Fernando Castro Rojo (@LuisFCastroR) October 13, 2026

@sgcol BGA se sintió fuerte

— Gab🇨🇴 (@dixanx) October 13, 2026

El hecho que motivó la intervención de la Fiscalía se relaciona con mensajes difundidos el domingo 11 de octubre en la cuenta de X del caricaturista, en los que cuestionó la actuación de Pineda frente a las ayudas destinadas a familias damnificadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, mencionando a Pereira como una de las ciudades afectadas. Según el registro citado, las expresiones publicadas incluían calificativos despectivos sobre la apariencia física de la primera dama, lo que de inmediato generó un debate público sobre los límites de la crítica y la sátira política en redes sociales.

El Gobierno, a través de un comunicado oficial citado por la fuente, manifestó su rechazo a estos mensajes, señalando que contenían expresiones misóginas y sexistas. En el documento, se argumentó que la animalización y los ataques contra el aspecto físico de una mujer representan formas de descalificación consideradas “profundamente misóginas”. Además, el Ejecutivo precisó que aunque se defiende la libertad de expresión y la crítica política, estas no pueden utilizarse para justificar actos que atenten contra la dignidad de las mujeres, subrayando que “la misoginia no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política”.

La Presidencia recordó, en este contexto, el alcance de la Ley 1257 de 2008 y la Ley 2453 de 2025, que buscan proteger a las mujeres contra diversas formas de violencia. Según el comunicado, el rechazo institucional ante cualquier tipo de agresión no debe depender de motivaciones políticas o ideológicas. Por ahora, la indagación de la Fiscalía permanece en etapa inicial y no representa una acusación formal, sino un proceso para esclarecer si existe relevancia penal en las conductas atribuidas al caricaturista.

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¿Por qué la Fiscalía abrió una indagación contra ‘Matador’ por sus publicaciones sobre Ana Lucía Pineda?

La apertura de la indagación por parte de la Fiscalía General de la Nación responde a que las publicaciones del caricaturista contenían expresiones que podrían ser consideradas como injuria agravada y violencia contra la mujer, específicamente por los comentarios despectivos sobre la apariencia física de la primera dama y la animalización en el contexto de una crítica sobre la gestión de ayudas a los damnificados del terremoto, según Última Hora Caracol y los comunicados del Gobierno.

¿Qué establece la Ley 1257 de 2008 sobre la violencia contra la mujer?

La Ley 1257 de 2008, mencionada en el comunicado de Presidencia, establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres en Colombia, incluyendo violencia verbal, psicológica y mediática, subrayando la importancia de proteger la dignidad de las mujeres y el derecho a recibir un trato respetuoso en todos los ámbitos, incluso en el debate público.

De acuerdo con los resultados presentados por la institución, la organización delictiva empleaba armas de fuego y equipos de comunicación para ejecutar los hechos. Así lograban simular, de manera convincente, procedimientos policiales, engañando a los conductores y asaltando los cargamentos seleccionados. Según el balance policial, con información recopilada durante la investigación y validada por las autoridades, este grupo estaría relacionado con seis episodios de piratería terrestre que ocurrieron entre 2025 y 2026. Estas acciones ilícitas generaron, a su vez, pérdidas económicas calculadas en aproximadamente 1.386 millones de pesos debido al hurto de mercancías transportadas por las víctimas.

Como parte de la operación ‘Escudo Central’, la Policía Nacional ejecutó registros y allanamientos en Bogotá, Coello, El Espinal, Guamo y Saldaña. Fue en estas localidades donde se materializaron las diez capturas autorizadas por orden judicial. Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad incautaron una pistola, dos radios de comunicación y siete teléfonos celulares, elementos que habrían sido utilizados para coordinar los asaltos. Además, se recuperaron camiones, autopartes y diversos productos, todos relacionados con los hechos investigados y que aportan pruebas esenciales en el avance del proceso judicial contra los capturados. Así lo confirmó la información difundida por las mismas autoridades policiales, quienes insisten en la gravedad del daño económico y la amenaza de estas modalidades delictivas.

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¿Cómo funcionaban los falsos puestos de control policial usados por la banda para robar camiones?

Según la Policía Nacional, los integrantes del grupo criminal se disfrazaban y montaban supuestos puestos de control en carreteras, donde detenían a los conductores de vehículos de carga. Mediante este engaño, lograban tomar el control del camión y de la mercancía, utilizando armas y equipos de comunicación para simular una operación legítima y coordinar el asalto.

¿Qué significa piratería terrestre en el contexto del robo de camiones en Colombia?

La expresión ‘piratería terrestre’, de acuerdo con la información oficial, se refiere al asalto o robo que sufren vehículos de carga en vías y carreteras, ejecutados por personas u organizaciones armadas con el objetivo de apropiarse de la mercancía transportada. Las autoridades vinculan esta modalidad con pérdidas millonarias para transportadores y empresas afectadas.

Por ejemplo, la Secretaría de Educación de Bogotá comunicó que las actividades escolares en los colegios públicos de la ciudad transcurrirán con normalidad el 14 de octubre. Asimismo, el Ministerio de Educación de Colombia publicó una circular durante los días previos con instrucciones claras sobre la forma en que se podrá recuperar el tiempo académico perdido debido al paro. Según el Ministerio de Educación, las orientaciones buscan conciliar el derecho a la protesta de los educadores con la responsabilidad estatal de garantizar el acceso continuo a la educación, considerado además como un servicio público de función social esencial. La circular cita el artículo 44 de la Constitución Política, donde se establecen como prevalentes los derechos de los niños y niñas, y el artículo 67 que reconoce la educación como un derecho fundamental.

Sin embargo, Fecode expresó su desacuerdo con esa circular y exigió mayores precisiones sobre sus alcances, argumentando que podría restringir la legítima participación de los docentes en las protestas. En su comunicado, el sindicato manifestó una “enérgica protesta” ante la Circular 051 —emitida el 9 de octubre de 2026 por el Ministerio de Educación—, pues teme que se utilice la obligación de garantizar la continuidad del servicio educativo como un fundamento para condicionar el ejercicio de la protesta social y los derechos sindicales. Un punto de particular debate es el relacionado con el pago de salarios: la circular del Ministerio de Educación señala que la remuneración depende de actividades efectivamente realizadas y justificación de ausencias, lo que ha sido interpretado por Fecode como una posible amenaza a las garantías laborales de los educadores.

Pese a sus reparos, Fecode resaltó que comparte la obligación de reponer el tiempo académico perdido y aseguró el cumplimiento de las tareas curriculares restantes en el calendario educativo. Aun así, rechaza que se utilicen estos argumentos para deslegitimar o condicionar su derecho a la protesta. Mientras tanto, la federación reclama que el Ministerio de Educación aclare el alcance de la circular y que dicha directriz no obstaculice la participación en las movilizaciones. Los docentes que decidan apoyar el paro deberán presentar y desarrollar planes de recuperación que garanticen el cubrimiento de los contenidos académicos, sin perjudicar el calendario o el tiempo de clase para los estudiantes.

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¿Los colegios públicos en Bogotá tendrán clases normales durante el paro nacional del 14 de octubre?

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Bogotá, las clases en los colegios públicos de la ciudad se desarrollarán normalmente el 14 de octubre, a pesar de la convocatoria al paro nacional liderado por Fecode. Las directrices oficiales indican que no habrá suspensión generalizada de actividades académicas.

¿Qué establece la Circular 051 del Ministerio de Educación sobre la recuperación de clases y el derecho a la protesta?

La Circular 051 del Ministerio de Educación señala que se deben armonizar el derecho a la educación y el derecho a la protesta, estableciendo planes para recuperar el tiempo de clases perdido durante las manifestaciones. Además, aclara que el salario solo se reconocerá por actividades efectivamente prestadas y que las ausencias deben justificarse, lo que fue motivo de rechazo y llamado a aclarar por parte de Fecode.

La mayor inquietud de los estudiantes se centra en la falta de convenio formalizado con la Clínica Cali, además de la no aprobación de las tres rotaciones previstas en la Fundación Valle del Lili. Como señaló Isabella Villegas, estudiante de cuarto año: "cómo nos dan una fecha sin tener todos los convenios confirmados. Dos, no tenemos cronogramas académicos con nuestros docentes y tres, se conoce hasta el momento que también hay falta de comunicación desde el programa con muchos docentes". Este panorama deja en evidencia la ausencia de una estructura definida para el retorno a las actividades clínicas y la necesidad de mejorar la comunicación interna dentro de la universidad.

Sumado a esto, los estudiantes advierten que la incertidumbre afecta especialmente a quienes provienen de otras ciudades y han tenido que asumir gastos elevados de arriendo, servicios, alimentación y transporte en Cali, sin la certeza de si necesitan permanecer allí. Por ese motivo, exigen a las directivas una fecha de retorno que esté respaldada por acuerdos concretos y escenarios de práctica establecidos. Así lo manifestó Lía Peralta, también estudiante de cuarto año, al enfatizar la importancia de una "fecha real, sustentada en procesos concretos y convenios formalizados y escenarios de práctica definidos".

Los estudiantes reconocen los avances en la recuperación del HUV, el cual, según sus afirmaciones, ha recuperado el 70 % de su capacidad instalada. Piden entonces que se contemple su regreso progresivo a los servicios que ya están habilitados, retomando así la histórica relación entre la Universidad del Valle y el hospital en la formación de profesionales de la salud. Consideran fundamental que se den explicaciones transparentes y que, si no es posible reanudar las prácticas de inmediato, se informe con honestidad y se presente un cronograma académico serio.

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¿Por qué los estudiantes de Medicina de Univalle no han podido regresar a sus prácticas clínicas tras el terremoto?

La imposibilidad de retomar las prácticas clínicas se debe a los daños en la infraestructura del Hospital Universitario del Valle provocados por el terremoto del 10 de agosto, lo que ha requerido evaluar y restablecer la capacidad operativa del hospital. Además, está pendiente la formalización de convenios con instituciones como la Clínica Cali y la autorización de rotaciones en la Fundación Valle del Lili, según confirmó 90 Minutos.

¿Qué piden los estudiantes de Medicina de la Universidad del Valle para reanudar sus prácticas?

Los estudiantes exigen que el regreso esté sustentado en convenios formales y en la confirmación de escenarios definidos para las prácticas. Piden un cronograma académico claro y que se les informe, con honestidad, si no es posible reanudar actividades en la fecha anunciada. También solicitan evaluar el retorno progresivo a los servicios habilitados del Hospital Universitario del Valle.

“Eso va a estar listo para mañana, es un decreto garantista y democrático y el suroccidente del país tiene especial atención, porque por el historial de bloqueos, el presidente Abelardo De La Espriella ha sido claro: se respeta la protesta pacífica, pero no se toleran los bloqueos; estamos perfectamente preparados”, afirmó Lara desde la Casa de Nariño.

El presidente también se refirió a las movilizaciones durante una alocución el lunes festivo. Al respecto, el mandatario envió un mensaje tanto a quienes participarán en las marchas como a las personas que deberán cumplir sus actividades habituales.

“Quiero hablarles con absoluta claridad, tanto a quienes saldrán a protestarse como a quienes ese día tendrán que trabajar, estudiar, atender una cita médica o desplazarse por el país”, manifestó De La Espriella, según el medio.

El jefe de Estado agregó: “Les aseguro que el Gobierno trabajará para proteger sus derechos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Y a toda Colombia, le quiero decir: se pueden expresar con firmeza, pero deben tramitarse sin violencia. Eso nunca lo voy a admitir”.

El mandatario también cuestionó a los promotores del paro. “Ténganlo muy, pero muy claro, quienes mueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al Gobierno, son los mismos que dejaron al país quebrado”, expresó.

Por su parte, el expresidente Gustavo Petro invitó a la ciudadanía a participar en la jornada. “A todas y todos los colombianos, a marchar este 14 de octubre por la vida, porque la familia pueda vivir en dignidad y con comida”, escribió en su cuenta de X.

Qué dice el nuevo decreto sobre las protestas sociales

El Gobierno nacional anunció que las Fuerzas Militares y la Policía estarán preparadas para atender posibles alteraciones del orden público durante las marchas del 14 de octubre. Según explicó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, los uniformados deberán actuar bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y estricta legalidad, con el fin de atender cualquier situación que se presente durante las movilizaciones.

Por otra parte, el ministro advirtió que los actos violentos, los daños a la infraestructura pública y las agresiones contra integrantes de la fuerza pública tendrán consecuencias penales. Para ello, la Fiscalía General de la Nación acompañará las actuaciones judiciales y la recolección de material probatorio en los lugares donde se desarrollen las protestas.

De acuerdo con la respuesta dada por el Ministerio de Cultura a solicitudes del comentarista político Alejandro Vergel, el gasto para la realización de la velatón ascendió a COP 326 millones. Esta suma se financió a través del Convenio de Asociación No. 0958-2026, suscrito entre la Corporación de Desarrollo Social Élite y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. La cartera cultural aclaró que no hubo aportes ni donaciones externas: todos los fondos utilizados provinieron de recursos propios asignados al convenio. Para la realización técnica y artística de la jornada, la Corporación de Desarrollo Social Élite contrató a la empresa 10 Audio S.A.S., tal como lo estipula el contrato No. CA958-107-2026.

Es importante destacar, según los datos del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), que dicho convenio empezó a ejecutarse el 15 de abril de 2026, bajo la administración de Yannai Kadamani como ministra de Cultura y Gustavo Petro en la presidencia. Denominado "Programación CNA 2026", el convenio tiene un presupuesto total de COP 13.393 millones, con objetivos enfocados en fortalecer proyectos de arte, educación y mediación cultural, y estuvo orientado también a programas como Danza en Expansión 2026, dedicados al fortalecimiento de la danza y las artes vivas. Parte de estos recursos, entonces, fue dirigido a la financiación de la velatón.

El Espectador consultó al Ministerio de Cultura sobre este uso de fondos, pero la entidad se abstuvo de emitir comentarios adicionales sobre el tema.

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¿Cuánto costó la velatón en homenaje a las víctimas del terremoto y cómo se financió?

La velatón "Oración por Colombia", celebrada en la Plaza de Bolívar, tuvo un costo de COP 326 millones. Según el Ministerio de Cultura, estos recursos provinieron del Convenio de Asociación No. 0958-2026, firmado con la Corporación de Desarrollo Social Élite, y no hubo donaciones externas. Los fondos hacían parte de un presupuesto mayor destinado a la gestión artística y cultural bajo el programa "Programación CNA 2026".

¿Para qué sirve el Convenio de Asociación No. 0958-2026 y qué es "Programación CNA 2026"?

El Convenio de Asociación No. 0958-2026, titulado "Programación CNA 2026" según el SECOP, se utiliza para fortalecer la gestión artística y cultural a través de proyectos de educación, mediación, formación y promoción de las artes, apuntando al posicionamiento del CNA. También apoya programas como Danza en Expansión 2026, enfocados en desarrollar los ecosistemas de las artes vivas, como la danza y el movimiento.

De acuerdo con la entidad, Tolima vive actualmente una etapa en la que es probable el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas. Esta situación responde a la dinámica habitual de los meses de octubre y noviembre, considerados los de mayor precipitación durante la segunda temporada lluviosa del año. Así, la presencia constante de nubes cargadas de humedad y la variabilidad atmosférica pueden provocar episodios de intensa lluvia. El Ideam recalca la importancia de tener presente este comportamiento climático estacional, ya que influye directamente en la vida cotidiana y la movilidad de la población.

Ante este panorama, las recomendaciones adquieren relevancia, en especial para quienes residen en cercanías de ríos, quebradas o zonas de riesgo histórico de deslizamientos. El Ideam subraya la importancia de consultar los reportes oficiales y estar atentos a las variaciones en el nivel del agua y posibles cambios en la estabilidad del terreno. Este llamado está orientado a prevenir emergencias y evitar riesgos innecesarios. Además, para quienes transitan por las carreteras del departamento, la sugerencia es reducir la velocidad durante las lluvias, mantener una distancia prudente entre vehículos y adaptar las maniobras de conducción a las condiciones adversas, como medida para disminuir la probabilidad de accidentes.

El Ideam continúa actualizando sus pronósticos y alertas en función de la evolución de las condiciones atmosféricas. Por ello, para quienes desean conocer en detalle los municipios que presentan probabilidad de lluvias en días específicos, se recomienda consultar los boletines diarios publicados por la entidad. Esta información permite una mejor preparación frente a posibles eventos climáticos, protegiendo así la integridad de la comunidad y de quienes se desplazan por la región.

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¿Qué municipios del Tolima tendrán lluvias en octubre de 2026 según el Ideam?

El Ideam pronostica que municipios como Ibagué, Líbano, Fresno, Mariquita, Honda, Venadillo, Lérida, Ambalema, Armero Guayabal, Murillo, Santa Isabel y Villahermosa pueden experimentar lluvias durante la segunda semana de octubre de 2026. Este pronóstico está basado en los reportes meteorológicos oficiales.

¿Cuáles son las recomendaciones del Ideam para enfrentar la temporada de lluvias en Tolima?

El Ideam aconseja a quienes viven cerca de ríos y quebradas o en zonas de deslizamientos que consulten reportes oficiales y vigilen los cambios en niveles de agua y terreno. Para los conductores, se recomienda bajar la velocidad y mantener distancia entre vehículos durante aguaceros. Mantenerse informado con los boletines diarios del Ideam es clave para prevenir emergencias.

La propuesta contempla una medida concreta: si en una alta corte hay menos del 50 % de mujeres, las listas y ternas para elegir a sus miembros deberán estar conformadas únicamente por mujeres. De acuerdo con Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, hoy las mujeres constituyen apenas el 34,52 % de quienes ejercen la magistratura en esas cortes. Además, Marín resaltó que las desigualdades van mucho más allá de la representación numérica, mencionando la situación de mujeres indígenas, afrodescendientes, lesbianas, bisexuales, trans, y de aquellas en condiciones económicas precarias.

Al revisar la distribución de género en la rama judicial, con cifras del Consejo Superior de la Judicatura hasta diciembre de 2025, se evidencia que el 56,68 % de los empleados judiciales son mujeres. Respecto a los cargos de mayor rango, se observa un descenso: mujeres ocupan el 49,62 % de los puestos de jueces municipales, el 47,55 % como jueces del circuito y el 39,20 % de los magistrados de tribunal. No obstante, el porcentaje cae de manera notable al analizar la representación femenina en las altas cortes, donde solo llega al 28,05 %, señala la Defensoría del Pueblo.

La presidenta de la Comisión Nacional de Género, Miryam Stella Gutiérrez, sostiene que las acciones afirmativas, como las contempladas en este proyecto, son las únicas vías para garantizar la igualdad de condiciones. Asimismo, la Defensoría advierte que el mérito no será sacrificado. Al contrario, considera que la paridad y la excelencia profesional deben ser principios que se integren y complementen en la configuración de los procesos de selección judicial.

El camino de este proyecto de ley estatutaria en el Congreso no será corto. Deberá superar cuatro debates, iniciando en la Cámara de Representantes y siguiendo en el Senado, para cumplir los requisitos que le impone su naturaleza estatutaria, incluido el análisis de constitucionalidad. El proceso legislativo debe completarse antes de finalizar la presente legislatura, en junio de 2027. La iniciativa, de acuerdo con la información oficial, apenas comienza su trámite parlamentario y representa un paso clave en la discusión sobre equidad de género en el poder judicial.

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¿Cuál es el objetivo del proyecto de ley estatutaria sobre paridad en las cortes?

El objetivo del proyecto radicado por la Defensoría del Pueblo es lograr una representación equilibrada entre mujeres y hombres en las altas cortes de Colombia, eliminando barreras históricas y permitiendo que haya igualdad de oportunidades en los máximos organismos judiciales.

¿Cómo se implementaría la paridad de género en las altas cortes según la propuesta?

La iniciativa contempla que, si en una alta corte las mujeres representan menos del 50 %, las listas y ternas para la selección de magistrados estarán conformadas solo por mujeres, buscando así incrementar su presencia en esos cargos hasta alcanzar la paridad.

La controversia surgió cuando desde el gobierno se rechazaron de manera enfática las publicaciones de Matador sobre la primera dama, argumentando que son ofensivas y discriminatorias. Desde el Ejecutivo se consideró que las afirmaciones hechas por el caricaturista constituyen una acción de animalización y ataques misóginos hacia Ana Lucía Pineda. En una de las publicaciones, Matador se refirió a la primera dama como "ratica", lo que, según las autoridades, representa un acto de violencia simbólica al utilizar términos que deshumanizan a la mujer citada.

A raíz de estos hechos, el gobierno solicitó la intervención de la Fiscalía para establecer si las acciones del caricaturista configuran una infracción o delito, en línea con la protección contra la violencia de género. La situación adquirió mayor relevancia jurídica cuando la firma de abogados De la Espriella Lawyers inició acciones legales contra Matador, al entender que sus publicaciones constituyen un ataque directo contra la dignidad de la primera dama. Según declaraciones de la firma, liderada por Abelardo de la Espriella, rechazan de manera categórica cualquier manifestación que vulnere la dignidad humana, especialmente aquellas que recurren a la humillación o la violencia simbólica contra las mujeres.

Este contexto ha impulsado el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la protección de los derechos fundamentales, en especial cuando las figuras públicas y sus familiares son objeto de escrutinio o crítica, como señala la información reportada por la Fiscalía y los comunicados de la firma de abogados. Para más detalles sobre temas vinculados a justicia, seguridad y derechos humanos, El Espectador mantiene una cobertura actualizada en su sección Judicial.

¿Por qué la Fiscalía investiga a Matador por publicaciones sobre la primera dama?

La Fiscalía General de la Nación abrió la investigación porque consideró que las publicaciones de Matador sobre la primera dama, Ana Lucía Pineda, podrían constituir violencia contra la mujer y el presunto delito de injuria agravada. De acuerdo con la Fiscalía, este proceso es asumido por el Grupo de Violencias Basadas en Género, tras la denuncia sobre expresiones que han sido calificadas como ofensivas, discriminatorias y posibles ataques misóginos, según los pronunciamientos del gobierno.

¿Qué se entiende por violencia simbólica contra las mujeres según la Fiscalía y los abogados involucrados?

La violencia simbólica contra las mujeres, según lo señalado en los comunicados de la Fiscalía y de la firma De la Espriella Lawyers, se refiere a expresiones o acciones que descalifican, humillan o animalizan a una mujer en el discurso público o privado. En este caso, se considera que referirse a la primera dama como "ratica" es un ejemplo de dicha violencia, por involucrar una deshumanización y contribuir a la perpetuación de actitudes discriminatorias y misóginas.

De acuerdo con declaraciones del presidente, las autoridades tienen instrucciones de permitir las marchas pacíficas, pero intervendrán frente a cualquier intento de bloquear permanentemente las vías, especialmente aquellas esenciales para el transporte masivo. En sus palabras, “¡Nunca más un bloqueo permanente de una carretera! ¡Nunca más un carril de TransMilenio convertido en trinchera!”, dejando claro que no tolerará acciones que afecten el orden público o la movilidad de miles de ciudadanos. Según lo informado por 90 Minutos, este mensaje se dio antes de la jornada de protestas convocada por organizaciones sindicales, indígenas y otros colectivos sociales.

Durante su intervención, De la Espriella también aclaró que comportamientos como agresiones a personas, lanzamiento de objetos con intención de causar daño, la retención de ciudadanos y la instrumentalización de menores en las protestas no corresponden a un ejercicio legítimo del derecho a la movilización. Estos actos, según el mandatario, serán tratados como conductas delictivas y tendrán respuestas acordes por parte de las autoridades.

En el mismo mensaje institucional, el presidente abordó la preocupación por la situación energética provocada por el fenómeno de El Niño. Solicitó al Congreso, con carácter de urgencia, la aprobación de un traslado presupuestal por 1 billón de pesos, monto destinado a fortalecer la generación térmica y a administrar las reservas hídricas. Subrayó que antes del 31 de diciembre deberán implementarse medidas para reforzar el suministro de energía y proteger la continuidad del servicio, como respuesta a los riesgos asociados a las condiciones climáticas adversas.

Finalmente, el jefe de Estado anunció la asignación del primer billón de pesos del Fondo Milagro, enfocado en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con la información dada por De la Espriella, los recursos llegarán de forma directa a las familias damnificadas, eliminando la intermediación y facilitando el proceso de recuperación de estas comunidades.

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¿Qué medidas anunció el Gobierno frente a los bloqueos durante las marchas del 14 de octubre?

El presidente Abelardo de la Espriella informó que las autoridades permitirán las manifestaciones pacíficas, pero actuarán con firmeza frente a los bloqueos permanentes de las carreteras y ante cualquier acción que impida el funcionamiento del transporte público. Además, subrayó que conductas como agresiones, uso de menores en protestas o retenciones son consideradas delitos.

¿Cuál es el destino de los recursos anunciados para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto?

Según lo informado, el primer billón de pesos del Fondo Milagro será entregado directamente a las familias damnificadas por el terremoto, sin la intervención de intermediarios, con el objetivo de facilitar el proceso de recuperación y reconstrucción en las zonas afectadas.

Según lo explicó el IDRD, la extracción de gramilla fue autorizada a Equiver S. A. S. bajo una figura de Laboratorio de Innovación, con permiso temporal y contraprestación en especie, lo que no implica un contrato adicional de mantenimiento. De acuerdo con la entidad, la intervención permitirá probar técnicas de cultivo, manejo y cosecha mecanizada de césped natural, y evaluar métodos para la recuperación de los campos deportivos. En total, se reportaron trabajos en 20.180 metros cuadrados de las canchas 6, 8 y 9 del parque La Florida, las cuales serán niveladas, recubiertas con nueva vegetación y equipadas con sistemas de riego funcionales. El permiso tiene una vigencia hasta el 1.º de abril de 2027.

El concejal Castellanos, sin embargo, cuestionó que para atender el deterioro de la gramilla de El Campín, tras los conciertos recientes, se haya recurrido a un parque distrital que sirve a escuelas de formación, clubes y la comunidad general. Planteó dudas sobre los impactos para los usuarios de las canchas y exigió conocer los documentos que respalden el proceso: desde registros de salida e ingreso del césped, hasta contratos, facturas e informes sobre la zona intervenida. Además, solicitó precisar el área exacta de gramilla trasladada, el plazo de reposición y los recursos para la recuperación de los campos en La Florida.

El IDRD indicó que antes de autorizar la intervención verificó la disponibilidad de las canchas y destacó que Equiver será responsable del cuidado de estas durante seis meses, tiempo en el que el resto de campos seguirá recibiendo mantenimiento habitual. Aunque el costo estimado de los trabajos asciende a COP 444 millones, la entidad aseguró que no se invertirán recursos públicos y vigilará el cumplimiento de las condiciones establecidas. No obstante, hasta el momento, el Instituto no ha divulgado los documentos específicos que permitan reconstruir el recorrido y destino de los rollos de gramilla que motivaron la denuncia del concejal.

Castellanos concluyó enfatizando la necesidad de transparencia: “Bogotá merece respuestas claras: ¿quién autorizó?, ¿quién pagó? y ¿quién recibió ese beneficio?”

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¿Por qué se trasladó gramilla de La Florida a El Campín y quién autorizó el proceso?

El traslado de gramilla desde el parque La Florida hacia El Campín fue autorizado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) mediante un permiso temporal bajo la modalidad de Laboratorio de Innovación. El propósito declarado era permitir pruebas de técnicas de cultivo y manejo mecanizado de césped natural, en respuesta al deterioro de la grama del estadio tras eventos recientes. Sin embargo, la documentación detallada sobre la autorización y ejecución aún está pendiente de ser publicada, según los cuestionamientos del concejal Leandro Castellanos.

¿Qué consecuencias tiene la intervención en las canchas de La Florida para los usuarios y cómo se garantizará su recuperación?

El IDRD afirmó que antes de autorizar la intervención se confirmó que las canchas asignadas no tuvieran reservas vigentes, para no interrumpir las actividades deportivas. Las otras canchas del parque La Florida continuarán con mantenimiento normal. Se espera que las zonas intervenidas sean recuperadas y mejoradas, aunque las dudas persisten sobre la reposición de la gramilla y los mecanismos de seguimiento. El concejal solicitó documentos que clarifiquen los compromisos y plazos de recuperación, para garantizar que la comunidad no se vea perjudicada.

En el marco de este plan, se puso en marcha la estrategia denominada ‘Volver a sembrar, volver a creer’, que articula acciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Tolima, la Secretaría de Salud Departamental y la Cámara de Comercio de Ibagué. El operativo arrancó directamente en el terreno, iniciando en Valle de San Juan, especialmente en las veredas El Neme, El Cabuyal e Hijo del Valle. Allí, las brigadas realizaron el primer barrido, durante el cual caracterizaron a 17 hogares y calcularon pérdidas por valor de $2.234 millones para estas familias. Además de la identificación de daños en la producción, se brindó atención con primeros auxilios psicológicos y acompañamiento psicosocial, en respuesta a las afectaciones emocionales causadas por la emergencia.

Para garantizar precisión y eficacia en la recolección de datos, la Cámara de Comercio de Ibagué implementó la herramienta KoboToolbox. Esta tecnología facilita la recopilación y georreferenciación de información directamente desde zonas rurales, incluso en áreas donde la conectividad digital es limitada. La información obtenida en esta etapa será clave para orientar los recursos y definir las intervenciones siguientes, abriendo camino a la reactivación progresiva de la producción, el acompañamiento a los hogares damnificados y la reparación del tejido productivo en el Tolima rural. Según datos recopilados en el diagnóstico, el propósito central es reconstruir los medios de vida y fortalecer la confianza de las comunidades campesinas que han visto afectado su futuro.

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¿Cuáles son las principales acciones de la estrategia ‘Volver a sembrar, volver a creer’ en el Tolima?

La estrategia ‘Volver a sembrar, volver a creer’ coordina brigadas que recorren las zonas rurales afectadas para caracterizar daños, identificar necesidades y prestar atención psicosocial. Además, utiliza herramientas tecnológicas para recopilar información precisa que será la base para distribuir recursos y planificar los próximos pasos en la reactivación económica.

¿Cómo funciona la herramienta KoboToolbox para apoyar el diagnóstico de daños productivos rurales?

KoboToolbox es una tecnología que permite recolectar y georreferenciar datos en campo, incluso cuando la conectividad a Internet es escasa. Su uso facilita la obtención de información puntual y confiable sobre las pérdidas, lo que permite a las autoridades enfocar los recursos de la recuperación según las áreas y familias más perjudicadas.

El ataque contra Tafur Leytón se produjo en el sector de la cuesta de la 24, exactamente en inmediaciones de la calle 24 con carrera Primera, barrio Las Ferias. Según los relatos recogidos en el lugar por El Nuevo Día, la víctima se encontraba ingresando su motocicleta a una vivienda cuando dos hombres, también a bordo de una moto y con el rostro cubierto, lo sorprendieron y uno de ellos le disparó tres veces antes de huir por la carrera Primera. Esta descripción ha sido clave para los investigadores, quienes ahora buscan esclarecer si hubo seguimiento previo o premeditación por parte de los atacantes.

Dentro de la información conocida sobre Tafur Leytón, figura que estaría vinculado con investigaciones relacionadas con dos homicidios, uno de ellos vinculado a la muerte de un hombre apodado ‘Borojó’ en el barrio La Estación de Ibagué. No obstante, como aclara El Nuevo Día, hasta ahora no ha sido posible establecer oficialmente el estado de esas investigaciones, ni hay evidencia que permita relacionarlas de manera directa con el asesinato del joven.

Actualmente, tampoco se conocen los móviles detrás del crimen ni se ha podido identificar a los responsables. Las autoridades avanzan en la recopilación de testimonios y materiales probatorios para reconstruir los hechos y lograr esclarecer el caso. Los investigadores deberán determinar si los agresores actuaron bajo algún motivo concreto o si existió alguna situación previa que originó el ataque. La reconstrucción detallada de lo ocurrido y la búsqueda de evidencias serán claves para detener a los autores materiales del crimen. La comunidad permanece a la espera de avances oficiales, mientras se esclarecen las circunstancias de este violento hecho.

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¿Cuál era la situación judicial de Iván Andrés Tafur Leytón antes de su asesinato?

De acuerdo con información preliminar publicada por El Nuevo Día, Iván Andrés Tafur Leytón estaría vinculado a investigaciones por dos homicidios, incluyendo la muerte de un hombre conocido como ‘Borojó’. Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado oficialmente el estado de estos procesos ni han establecido una relación directa entre estos antecedentes y el asesinato del joven.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Iván Andrés Tafur Leytón en Ibagué?

El asesinato de Iván Andrés Tafur Leytón ocurrió cuando, según las versiones recogidas por El Nuevo Día, la víctima se encontraba ingresando su motocicleta a una vivienda en el barrio Las Ferias de Ibagué. En ese momento, dos hombres con el rostro cubierto llegaron en moto y uno de ellos le disparó en tres ocasiones antes de escapar por la carrera Primera. Las circunstancias y móviles del crimen aún son materia de investigación.

El incidente ocurrió la noche del sábado 10 de octubre en la Plaza de la Trinidad, ubicada en el barrio Getsemaní. Las imágenes mostraron a la visitante bailando mientras se sujetaba de la escultura, hasta provocar su caída. La grabación desató reacciones en redes sociales y motivó un pronunciamiento del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

El mandatario rechazó lo ocurrido y pidió que la responsable respondiera por los daños ocasionados al patrimonio público. Turbay expresó: “Uno llega a un destino turístico es a disfrutar de él, a contemplarlo, a gozar, a bailar, a reír, no a dañar el mobiliario urbano ni sus monumentos”.

En otro llamado difundido tras el incidente, el alcalde manifestó: “Si la identifican o conocen, díganle, por favor, que responda por el daño, como corresponde. En la Alcaldía de Cartagena de Indias la estamos esperando”. 

“No creo que esta señora permita que lleguen a su casa a destruirle sus jarrones, sus cuadros, sus adornos, sus elementos preciados. Si la identifican y/o conocen, díganle, por favor, que responda por el daño, como corresponde. En la Alcaldía de Cartagena la estamos esperando”, agregó. 

🔴Estatua dañada en Cartagena: piden aplicar a turista una reparación como la de ‘Epa Colombia’ y alcalde exige que responda.

La escultura de los Lanceros de Getsemaní cayó durante una escena de baile y el caso desató rechazo en redes sociales.

Imágenes de lo sucedido y los detalles aquí 📹⬇️
https://t.co/JpWwXIjsZb

📹: dumek_turbay en X

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 12, 2026

Ante el llamado institucional, Laura se presentó ante funcionarios del Distrito y explicó públicamente su decisión. “Mi nombre es Laura. Soy la persona que aparece en un video que está rondando en redes sociales y hoy aproveché para venir a la Alcaldía, poner la cara por mis acciones y procurar resarcir los daños ocasionados por mí”, afirmó. 

La turista también invitó a ciudadanos y visitantes a proteger los bienes históricos. “Estoy aquí para resarcir el daño que cometí. De igual manera, invito a todos los colombianos, a los cartageneros, visitantes y turistas a que cuidemos el patrimonio histórico de Cartagena y de nuestra nación, para que estos casos no vuelvan a ocurrir”, señaló. Además, aclaró que nunca tuvo la intención de perjudicar la estructura ni faltarle al respeto a la ciudad.

El acuerdo contempla que Laura financie los trabajos de restauración, que estarán a cargo del escultor Óscar Noriega, responsable original de la obra. La escultura integra un conjunto monumental junto a las figuras de Pedro Romero y el Tamborilero.

La pieza representa al sacerdote franciscano Nicolás Mauricio de Umaña y Rodríguez, vinculado a los movimientos independentistas de la Nueva Granada. El caso reavivó el llamado a proteger el patrimonio cultural de Cartagena y a promover el respeto por los monumentos públicos entre residentes y turistas.

El suceso quedó documentado en video, lo que permitió observar los angustiantes momentos posteriores al ataque. Testigos que estuvieron presentes relataron que Yoscani fue atacada de manera sorpresiva por personas que ingresaron al establecimiento. Según versiones preliminares recogidas por El Nuevo Día, los presuntos responsables huyeron de la escena a bordo de una motocicleta, aumentando la incertidumbre sobre sus identidades y motivaciones.

Las primeras informaciones indican que la víctima sufrió impactos de bala en el tórax y la cabeza, aunque las circunstancias exactas del homicidio aún no han sido determinadas con precisión. Las autoridades locales, en particular la Policía del Tolima, asumieron los denominados “actos urgentes”, término utilizado para referirse a las diligencias iniciales que se deben adelantar para la recolección de pruebas fundamentales en casos de homicidio, y emprendieron las investigaciones con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, dar con los responsables y establecer los móviles detrás del crimen.

Hasta el momento, no se ha revelado información oficial sobre posibles hipótesis del caso ni sobre la nacionalidad específica de Yoscani. Tampoco se han dado a conocer detalles acerca de la cantidad de personas involucradas ni de la reacción inmediata de los presentes en el establecimiento nocturno. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier dato relevante que contribuya al avance de la investigación.

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¿Cómo fue el ataque en el establecimiento nocturno en El Espinal, Tolima?

El ataque, según la información registrada por El Nuevo Día, ocurrió mientras Yoscani compartía en un establecimiento del barrio El Libertador. Personas no identificadas irrumpieron y dispararon contra ella, causándole la muerte en el acto. Los responsables huyeron del sitio en una motocicleta, generando escenas de tensión que quedaron grabadas en video.

¿Qué acciones ha tomado la Policía del Tolima tras el homicidio de una mujer en El Espinal?

Luego del crimen, la Policía del Tolima inició los actos urgentes y se encuentra recabando pruebas para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el motivo del homicidio. Las investigaciones continúan mientras se solicita la colaboración de la comunidad para aportar información relevante.

En su publicación, Petro enfatizó que no pretende insultar, pero considera indispensable esclarecer el papel de las personas mencionadas en los tres primeros días tras el desastre. Así mismo, el exmandatario preguntó si otras personas participaban en encuentros privados para coordinar acciones posteriores al sismo, sin dar aviso a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), autoridad encargada de la atención y manejo de emergencias en el país. Es importante señalar, según El Nuevo Día, que estos señalamientos corresponden exclusivamente a los interrogantes planteados por Petro y no constituyen pruebas de irregularidades.

Otro aspecto relevante del mensaje fue la solicitud de Petro para que De la Espriella publique las transacciones relacionadas con el fondo privado que, de acuerdo con él, habría creado su familia con el fin de ayudar a los damnificados. El exmandatario exigió, además, a la Contraloría que prepare un informe y que lo presente en el menor tiempo posible. Estas solicitudes han abierto dudas sobre el origen y destino de los recursos recaudados, aunque Petro insiste en que, hasta no tener documentación de respaldo o reportes oficiales, sus inquietudes deben ser vistas como peticiones de transparencia y no como afirmaciones de mala gestión.

Todo esto ocurre en paralelo a la controversia de Matador y la primera dama Ana Lucía Pineda, pues la fundación asociada a esta última divulgó comunicados aclarando su situación frente a las donaciones, mientras que De La Espriella Lawyers ha anunciado posibles acciones legales contra el caricaturista por sus declaraciones. Por ahora, los planteamientos de Petro y los reclamos de Matador continúan sujetos al pronunciamiento del Gobierno, de los directamente implicados y de los organismos de control.

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¿Qué papel tuvo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres después del terremoto?

Según El Nuevo Día, Gustavo Petro puso en duda si la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, responsable de coordinar las acciones tras emergencias en el país, fue informada sobre reuniones donde se planificaron acciones para atender el sismo. Sin pruebas documentales, esto sigue en el terreno de los cuestionamientos, sin detalles adicionales sobre la participación real de la entidad en esos primeros días.

¿Cómo respondió la familia De la Espriella y la fundación de Ana Lucía Pineda a los cuestionamientos sobre las donaciones?

Tal como reportó El Nuevo Día, la fundación vinculada a Ana Lucía Pineda respondió mediante un comunicado sobre su papel en la recolección de donaciones para los afectados. Al mismo tiempo, De La Espriella Lawyers, el despacho familiar, expresó intención de presentar acciones legales contra Matador por sus comentarios, defendiendo así la transparencia de su gestión.

La iniciativa pretende poner fin a la disputa entre conductores de plataformas digitales y taxistas mediante reglas que, según sus autores, permitan equilibrar las cargas, promover la libre competencia y beneficiar a los usuarios.

Junto q @MauroToroO @Maluvillalba y @CathyJuvinao radicamos el proyecto de ley para regular las plataformas de movilidad como Uber, Cabify, DIDI y otras, pero que también busca nivelar la cancha con los señores taxistas en el país.

Queremos acabar la histórico pelea entre… pic.twitter.com/MZO80ONu18

— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 13, 2026

El proyecto propone crear una nueva categoría denominada Servicio de Transporte Intermediado por Plataformas Digitales, que podría operar con vehículos particulares o de servicio público.

Para los taxistas, la propuesta contempla desmontar el sistema de cupos, permitir el uso de tarifas dinámicas cuando trabajen mediante plataformas, eliminar trámites considerados innecesarios y modernizar las reglas que regulan la prestación del servicio.

Además, el proyecto establece una contribución no tributaria del 1,5 % sobre los ingresos de las plataformas.

Los recursos recaudados se destinarían a programas de formación para transportadores, vivienda para taxistas, conductores y otros trabajadores del sector, mantenimiento de la malla vial y medidas de protección y cobertura en salud para los conductores.

Briceño aseguró que la iniciativa busca modernizar el transporte en Colombia y establecer condiciones más equilibradas para todos los actores del sector.

La medida del pico y placa se enmarca en una programación vigente para el segundo semestre de 2026. De acuerdo con los datos oficiales citados por la Secretaría de Movilidad de Cali, la restricción tiene un horario continuo desde las 6:00 a. m. y hasta las 7:00 p. m. Por lo tanto, los propietarios de vehículos sujetos a la restricción deberán adaptar sus actividades cotidianas, como movilizarse al trabajo, trasladar a los hijos al colegio o realizar diligencias en diferentes puntos de la ciudad, evitando las sanciones que puede acarrear el incumplimiento de la normativa.

La Secretaría de Movilidad de Cali destaca que, desde el 1 de julio de 2026, rige una nueva rotación del pico y placa. Durante los primeros días de implementación (del 1 al 3 de julio), la etapa fue meramente pedagógica, y a partir del 6 de julio se comenzaron a imponer comparendos a quienes no acataran la restricción. Es importante señalar que existen diversas excepciones: las motocicletas, vehículos eléctricos e híbridos registrados oficialmente, vehículos de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas y algunos automotores utilizados para servicios especiales quedan excluidos de la medida. Además, los vehículos oficiales, diplomáticos, consulares o destinados a emergencias, así como los diseñados para personas con movilidad reducida que cumplen con las disposiciones, también están exentos de la restricción.

El cumplimiento de la medida de pico y placa en Cali es fundamental. Incumplirla puede conducir a una sanción económica correspondiente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), además de la posible inmovilización del vehículo, según lo establece la autoridad de tránsito. Por este motivo, se recomienda a todos los conductores caleños y visitantes consultar atentamente los detalles y excepciones antes de movilizarse.

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¿Cuáles son los horarios y placas restringidas por el pico y placa en Cali este miércoles 14 de octubre?

El pico y placa en Cali para el miércoles 14 de octubre afecta a los vehículos cuyas placas terminan en 3 y 4, desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., en horario continuo. La información fue verificada con base en lo anunciado oficialmente por la Secretaría de Movilidad de Cali y publicada en Noticiero 90 Minutos.

¿Qué vehículos están exentos de la restricción de pico y placa en Cali según la normativa vigente?

Los vehículos exentos de la medida de pico y placa en Cali incluyen motocicletas, vehículos eléctricos e híbridos registrados como tales, vehículos de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas y algunos automotores destinados a servicios especiales, además de vehículos oficiales, diplomáticos, consulares o aquellos usados para emergencias o transporte de personas con movilidad reducida, siempre y cuando cumplan las condiciones establecidas en la normativa local.

La declaración de Eljach tuvo lugar durante una sesión técnica en Riohacha, organizada por la Corte Constitucional, en la que participaron entidades nacionales y regionales. El objetivo principal del encuentro era analizar la implementación de medidas urgentes que la Corte exigió en materia de acceso al agua, alimentación y salud en dicha región. De acuerdo con El Espectador, durante la jornada se destacó la necesidad de verificar si las instituciones responsables han cumplido las órdenes de protección dictadas.

El procurador explicó que, desde la sentencia de 2017, el Ministerio Público ha iniciado un total de 125 indagaciones disciplinarias por incumplimiento de funcionarios públicos a las medidas impuestas por el alto tribunal. De este total, según cifras actualizadas hasta el viernes anterior, 41 investigaciones desembocaron en procesos disciplinarios y otras 25 incluyen funcionarios acusados de omitir sus responsabilidades.

Eljach resaltó que este proceso no busca intimidar, sino evidenciar la importancia del Estado de derecho y la obligación de los servidores públicos de responder por sus acciones. Además, enfatizó que, según reportes recientes de El Espectador, persiste una falta de claridad sobre cuántos niños pertenecientes a la comunidad wayuu requieren protección, lo que agrava el panorama.

El propio jefe del Ministerio Público indicó que la omisión y falta de voluntad política han sido determinantes para que, después de casi una década de la orden de la Corte Constitucional, la situación de acceso a servicios básicos y atención a la infancia continúe prácticamente igual. También refirió el caso de una bebé que falleció en septiembre pasado en una comunidad de Uribia, debido a la negativa de una IPS (Institución Prestadora de Salud) a atender a la madre durante el parto, hecho que calificó como doloroso y representativo de la grave crisis de desnutrición y desatención en la zona.

El procurador Eljach concluyó que los procesos disciplinarios seguirán avanzando, con el fin de lograr el cumplimiento efectivo de las sentencias que han buscado, sin resultados significativos hasta ahora, mejorar el acceso al agua, la alimentación y la salud para los menores de La Guajira.

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¿Cuáles son los funcionarios públicos investigados por incumplir la sentencia de la Corte Constitucional en La Guajira?

El Ministerio Público, bajo la dirección del procurador Gregorio Eljach, ha abierto investigaciones disciplinarias contra 25 funcionarios públicos por presuntos incumplimientos a la sentencia de la Corte Constitucional emitida en 2017, que ordena la protección de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en La Guajira. De acuerdo con El Espectador, esas investigaciones surgen tras comprobarse posibles omisiones en el acceso a agua, alimentación y salud.

¿Qué significa el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en La Guajira?

El “estado de cosas inconstitucional” es una figura jurídica que reconoce la existencia de una violación masiva y reiterada de derechos fundamentales, evidenciando una situación estructural de incumplimiento estatal. Según la información proporcionada, desde 2017 la Corte Constitucional lo declaró en los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia por vulneraciones a los derechos de la población infantil wayuu, ordenando acciones urgentes que, hasta ahora, no se han ejecutado plenamente.

La decisión judicial garantiza que De Armas pueda continuar en el ejercicio de sus funciones o volver inmediatamente al cargo, paralizando así el empalme con Víctor Augusto Pedraza López, quien había sido nombrado como su sucesor el 7 de octubre. El fallo responde a hechos concretos expuestos por De Armas, quien para sustentar su permanencia en el hospital no recurrió a argumentos de índole política. Según el expediente citado por el juzgado, la actual interventora argumentó y probó estar en embarazo y ser la principal proveedora económica de su familia. Además, evidenció que su esposo se vio obligado a dejar un trabajo formal para cuidar de su hija menor, quien experimenta una condición de discapacidad y necesita tratamientos continuos.

La situación del hospital venía desarrollándose en un ambiente político tenso. Según el expediente, De Armas asumió la gerencia del hospital cinco meses antes, apoyada por Daniel Quintero, quien fungía entonces como Superintendente de Salud. No obstante, con el ascenso de Abelardo de la Espriella a la presidencia de la República, se agudizaron las decisiones institucionales que precipitaban su salida.

Si bien algunos sectores atribuyeron el relevo a conflictos políticos, e incluso se mencionó a la senadora Claudia Margarita Zuleta como opositora, el juzgado indicó que la Supersalud fundamentó la remoción en motivos administrativos y técnicos, como supuestas fallas en materia de contratación, cobertura de riesgos laborales y posibles conflictos de interés. El juez, sin embargo, ordenó a la entidad entregar en solo 24 horas las pruebas de dichas fallas y elaborar un informe que clarifique si consideraron los comunicados de De Armas sobre su embarazo. También exigió que Salud Total EPS, entidad promotora de salud, garantice tanto la atención médica durante el embarazo de la funcionaria como los tratamientos requeridos para su hija.

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¿Por qué el juzgado ordenó la suspensión de la remoción de Lina de Armas en el Hospital Rosario Pumarejo?

La suspensión de la remoción se ordenó porque el juzgado encontró méritos en los alegatos de Lina de Armas, quien demostró estar en embarazo y ser el sustento económico de su familia, además de que su esposo cuida a una hija con discapacidad. El juez consideró que su destitución podría vulnerar derechos fundamentales, por lo que decretó medidas cautelares de urgencia, de acuerdo con la información del expediente citado en el auto del 9 de octubre de 2026.

¿Qué argumentos presentó Supersalud para justificar la destitución de Lina de Armas?

De acuerdo con el expediente judicial, la Superintendencia Nacional de Salud justificó la remoción de Lina de Armas por presuntas deficiencias en los procesos de contratación, fallas en la cobertura de riesgos laborales y problemas asociados a la gestión de conflictos de interés, aunque el juzgado solicitó pruebas y explicación detallada de estas causas en un plazo de 24 horas.

De acuerdo con la información proporcionada por Energua, las acciones técnicas se centrarán en el circuito Salguero 2. Estas actividades están programadas para efectuarse desde las 8:45 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, periodo en el que se ejecutarán ajustes y trabajos asociados al mantenimiento de la red eléctrica. El área específica donde se desarrollarán estas labores corresponde a la zona urbana de Valledupar, precisamente en la carrera 6 con calle 45, en inmediaciones del barrio San Fernando, lo que permitirá intervenir en uno de los sectores de mayor actividad residencial y comercial de la ciudad.

Durante el margen horario establecido, Energua ha señalado que podría ser necesario suspender temporalmente el suministro de energía en el área intervenida. Por ello, la compañía ha hecho un llamado a los residentes y comerciantes locales para que adopten medidas de precaución con el fin de minimizar los impactos en sus rutinas diarias. Entre las recomendaciones dirigidas a los usuarios se encuentran planear el uso de equipos eléctricos indispensables, garantizar la adecuada conservación de alimentos que requieran refrigeración, así como planificar todas aquellas actividades comerciales o domésticas que dependan del flujo constante de energía.

Además, la empresa sugiere mantenerse atentos a la información oficial que pueda emitir Energua sobre cualquier actualización o novedad relacionada con la ejecución de las labores técnicas. Estas medidas buscan anticipar posibles contratiempos y preservar la seguridad de quienes residen o trabajan en la zona afectada por los trabajos en la red eléctrica. De este modo, la compañía reitera su compromiso de informar oportunamente sobre eventos relacionados con el mantenimiento y mejora del servicio energético en la región.

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¿Cuándo habrá suspensión de energía en Valledupar por trabajos de Energua?

La empresa Energua informó que la interrupción del servicio de energía en Valledupar está programada para el miércoles 14 de octubre. Los trabajos se realizarán en el circuito Salguero 2, entre las 8:45 de la mañana y las 5:00 de la tarde, con posible afectación en la carrera 6 con calle 45, en inmediaciones del barrio San Fernando.

¿Qué recomendaciones dio Energua para enfrentar la suspensión de energía en Valledupar?

Energua recomendó a los habitantes de la zona afectada organizar el uso de equipos eléctricos, procurar la adecuada conservación de alimentos que necesiten refrigeración y planificar actividades que dependan de la energía. Además, sugiere estar atentos a la información oficial sobre cualquier novedad durante los trabajos técnicos.

El especial recoge las vivencias de María Paula, quien tiene discapacidad visual, y de Laura, quien presenta discapacidad auditiva. A través de sus relatos y los de sus padres, el trabajo periodístico explora en profundidad los desafíos diarios que enfrentan, especialmente en temas de educación, bienestar, transporte, infraestructura y acceso al empleo. Más allá de enumerar obstáculos, el especial destaca la relevancia del acompañamiento familiar en el proceso de inclusión, tema central en la narrativa y en el reconocimiento recibido.

De acuerdo con una cita textual dada por Ismael Cardozo, director de UAO Media, “ser finalistas en estos premios es una muestra de que el trabajo interno para potenciar el área digital va por el camino correcto: es pertinente, responsable y está conectado con el futuro del periodismo. Asimismo, refleja el talento excepcional que integra el equipo digital del Noticiero”. Esta afirmación respalda la apuesta del medio por contenidos que aporten valor público y una visión más humana de las historias.

El Premio Xilópalo, que se celebra desde 2019, exalta los trabajos orientados al entorno digital en Colombia. Según la descripción de los premios, la categoría Responsabilidad Social destaca investigaciones, reportajes y especiales multimedia que hacen visible el impacto de iniciativas relacionadas con derechos humanos e inclusión social. El especial ‘Hermandad en todos los sentidos’ se convierte entonces en una invitación a la reflexión colectiva desde Cali, siendo un reconocimiento tanto para el equipo de 90 Minutos como para todos quienes apuestan por una sociedad más incluyente.

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¿Por qué ‘Hermandad en todos los sentidos’ es importante para la inclusión de personas con discapacidad en Cali?

El especial es relevante porque da voz a las personas con discapacidad a través de casos concretos como el de María Paula y Laura, mostrando sus retos diarios en educación, trabajo y movilidad, pero también resaltando el papel fundamental de la familia. Su visibilidad en el Premio Xilópalo contribuye a que la sociedad caleña reflexione sobre la inclusión real.

¿Qué criterios utiliza el Premio Xilópalo para elegir a los finalistas en la categoría Responsabilidad Social?

De acuerdo con la información de los premios, la categoría Responsabilidad Social reconoce trabajos que visibilizan problemáticas sociales, derechos humanos e iniciativas con alto impacto en la comunidad. Se evalúa el rigor informativo y la capacidad de los trabajos para generar aportes valiosos en el ecosistema digital colombiano.

El motivo central de esta jornada es la defensa de la educación pública, los derechos laborales y otras reivindicaciones sociales, en respuesta a las políticas impulsadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Asimismo, estas movilizaciones se inscriben dentro de una serie de acciones previas a un posible paro nacional proyectado para noviembre de 2026, aunque la confirmación de una fecha definitiva aún está pendiente, tal como se expone en El Nuevo Día.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Regional Tolima —de acuerdo con la información disponible—, junto con sindicatos como Fecode y Sindesena, convocó especialmente al magisterio a reunirse desde las 8:00 a. m. en la avenida 37 con carrera 4G, frente a la Casa del Maestro. Los manifestantes han destacado que su propósito es velar no solo por una educación pública de calidad, sino también por aspectos como la salud del magisterio, prestaciones sociales y garantías laborales, elementos que consideran están en riesgo debido a medidas gubernamentales recientes.

De manera paralela, la Universidad del Tolima será el otro eje de la jornada, ya que estudiantes, docentes y colectivos de la institución también iniciarán su movilización a las 8:00 a. m., concentrándose en la entrada principal. Posteriormente, está previsto que esta manifestación se una con la del magisterio, avanzando conjuntamente por la carrera Quinta hasta llegar al centro de Ibagué.

El último punto del recorrido será el parque Murillo Toro, donde culminará la jornada de protestas. Esta acción colectiva se enmarca en un plan de lucha de organizaciones sociales y sindicales, quienes cuestionan decisiones del Gobierno al considerar que estas afectan intereses fundamentales en materia de derechos sociales, educación y salud pública. Los organizadores esperan que esta movilización sirva para visibilizar sus demandas y preparar el contexto para un paro nacional más amplio en el futuro cercano.

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¿Cuál es el motivo de la movilización social en Ibagué este 14 de octubre?

La movilización de este miércoles en Ibagué tiene como propósito principal la defensa de la educación pública, los derechos laborales y otras demandas sociales. Según El Nuevo Día, los participantes cuestionan políticas del Gobierno de Abelardo de la Espriella y preparan el camino para un posible paro nacional.

¿Quiénes convocan la movilización en Ibagué y cuál es el recorrido de la marcha?

De acuerdo con El Nuevo Día, la jornada fue convocada por la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) Regional Tolima, Fecode, Sindesena y colectivos sociales. Los puntos de encuentro serán la Casa del Maestro y la entrada de la Universidad del Tolima, con un recorrido que va en la carrera Quinta y culmina en el parque Murillo Toro.

La denuncia, que consta de 44 páginas, expone una serie de cargos graves contra el registrador Penagos. Según lo consignado en el documento, se le acusa de prevaricato por omisión —es decir, por no actuar conforme a la ley cuando tenía la obligación de hacerlo—, así como de falsedad ideológica en documento público, lo que implica alterar la verdad en el contenido de un acto oficial. Además, se le señala por la destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, alteración de resultados electorales, perturbación del certamen democrático y favorecimiento de voto fraudulento. A estos presuntos delitos se suman el acceso abusivo a un sistema informático y el daño informático, lo que sugiere acciones vinculadas a la manipulación o afectación de los sistemas digitales empleados en el proceso electoral.

Esta denuncia se convierte en un hecho relevante no solo por la gravedad de los delitos señalados, sino también por el contexto político y la sensibilidad del proceso electoral en Colombia. La intervención del abogado de un expresidente y la implicación de la máxima autoridad electoral del país en asuntos de tal calibre refuerzan la importancia de que las autoridades den cuenta de la integridad y transparencia del sistema electoral colombiano. La parte acusadora ha dirigido el caso directamente a la fiscalía general, lo que plantea el inicio de una investigación de alto perfil y mantiene el tema en el foco de la opinión pública. Por ahora, la noticia sigue en desarrollo y se espera mayor claridad sobre el curso que tomará este proceso judicial y sus posibles consecuencias.

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¿Cuáles son los delitos por los que se denuncia al registrador nacional del Estado Civil?

De acuerdo con El Espectador, la denuncia radicada contra Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del Estado Civil, incluye delitos como prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, alteración de resultados electorales, perturbación del certamen democrático, favorecimiento de voto fraudulento, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático.

¿Qué significa prevaricato por omisión en el contexto de las elecciones?

Prevaricato por omisión se refiere a la conducta de un funcionario público que, teniendo la obligación de actuar según la ley, decide no hacerlo. En el contexto electoral, esto puede implicar dejar de intervenir o no aplicar procedimientos necesarios para garantizar la transparencia y legalidad de los resultados.
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De acuerdo con la defensa, la adquisición de ese lote no obedeció a un interés particular ni buscaba favorecer a terceros, sino que fue el resultado de una política pública ya trazada desde gobiernos anteriores. Para sustentar esto, Sánchez solicitó la inclusión en el expediente del Plan de Desarrollo 2016-2019, titulado “San Diego de Paz”, así como de acuerdos municipales de 2012 y 2013 donde se definía la necesidad de adquirir tierras en el corregimiento Nuevas Flores con el fin de impulsar proyectos de vivienda. Según el penalista, esto confirma que la compra obedeció a una continuidad administrativa y no a decisiones aisladas o arbitrarias de Sanjuán.

Frente a las dudas sobre la transparencia y economía del proceso, la defensa añadió como prueba la carpeta contractual, explicando que hubo una invitación pública de 60 días para la recepción de ofertas. En cuanto al avalúo del lote, que fue realizado por un perito particular y no por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el abogado Sánchez presentó certificaciones del mismo IGAC en las que la entidad reconocía no contar con personal disponible para efectuar dicho avalúo en el periodo señalado. Además, se aportaron documentos sobre la idoneidad del arquitecto que realizó la tasación. Un dato relevante, según la defensa, es que el avalúo hecho por la Fiscalía establecía un valor de cerca de 220 millones de pesos, mientras que la compra se efectuó por 88 millones, lo que, a su juicio, desmiente la existencia de sobrecostos o detrimento al erario.

Sánchez argumentó también la elección de la finca Villa Calzo para este proyecto al agregar mapas de zonificación, estudios de riesgo por inundaciones y documentos técnicos que justificaban la decisión por razones de seguridad y viabilidad. Finalmente, sobre el presunto vínculo parental entre el vendedor y un concejal, la defensa presentó actas y registros civiles que evidenciarían que los apellidos invertidos dificultaban la identificación clara de una posible inhabilidad por parentesco.

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¿Cuáles son los argumentos de la defensa de Elvia Milena Sanjuán Dávila en el caso por la compra del lote en San Diego?

La defensa de Elvia Milena Sanjuán Dávila, representada por el abogado Alejandro Sánchez, se centró en demostrar que la adquisición del lote en San Diego, Cesar, respondió a una política pública preexistente y a las necesidades planteadas en planes y acuerdos municipales anteriores. Adicionalmente, el abogado aportó pruebas documentales sobre la transparencia del proceso, la justificación técnica y la elección del predio, así como sobre la imposibilidad de contar con el avalúo del IGAC y la legitimidad del perito encargado.

¿Por qué la Fiscalía acusa a la gobernadora del Cesar por el contrato de compra del lote en San Diego?

La Fiscalía sostiene que la compra del lote durante la gestión de Elvia Milena Sanjuán Dávila como alcaldesa de San Diego incumplió requisitos legales de contratación y vulneró el régimen de inhabilidades. Según lo mencionado en reportes judiciales y fuentes como EL PILÓN, la investigación apunta a presuntas irregularidades en el procedimiento de adquisición del terreno, el tipo de avalúo realizado y un posible vínculo de parentesco entre el vendedor y un concejal del municipio.

De acuerdo con la información difundida, los denunciantes argumentan que la publicación de Matador podría constituir una afectación directa al buen nombre y la dignidad de la primera dama. Además, subrayan que este tipo de mensajes podría tener repercusiones negativas en la manera en que se percibe el papel de las mujeres dentro del debate nacional, dejando ver su preocupación ante lo que consideran una falta de respeto en entornos de discusión pública. Cabe anotar que toda la información relacionada con la denuncia y los hechos fue obtenida directamente de las declaraciones de los afectados y la documentación presentada ante la fiscalía.

En ese sentido, la denuncia formal menciona la presunta comisión de tres delitos: hostigamiento agravado, injuria calificada y calumnia graduada. Los accionantes han solicitado expresamente a la Fiscalía General de la Nación que examine el contenido de la publicación y, en caso de identificar elementos constitutivos de delito, se estudien las sanciones pertinentes. Entre las consecuencias posibles que buscan los denunciantes están una pena privativa de la libertad y la imposición de una multa económica en contra de Matador.

Sin embargo, la presentación de la denuncia no implica que Julio César González, alias Matador, haya sido declarado culpable, ni que exista, hasta el momento, algún tipo de condena en su contra. El caso vuelve a suscitar un debate relevante sobre la responsabilidad de las figuras públicas en sus manifestaciones, especialmente cuando estas están dirigidas a otras personas con notoriedad pública. Según los documentos consignados en la denuncia, será tarea de las autoridades competentes establecer si la conducta de Matador constituye una violación penal y si corresponde avanzar en un proceso judicial.

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¿Cuáles son los delitos mencionados en la denuncia contra Matador?

En la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación contra Julio César González, conocido como Matador, se señalan tres presuntas conductas delictivas: hostigamiento agravado, injuria calificada y calumnia graduada. Cada uno de estos delitos implica distintas formas de daño a la reputación y el bienestar de una persona, según lo manifestado por los denunciantes. La fiscalía es la encargada de determinar si estos hechos constituyen delito bajo la ley colombiana.

¿Qué consecuencias podrían enfrentar los acusados en un proceso penal por injuria o calumnia graduada?

De acuerdo con la solicitud de los denunciantes, en caso de que las autoridades determinen responsabilidad penal por injuria calificada o calumnia graduada, Matador podría enfrentar penas restrictivas de la libertad y multas económicas. No obstante, la presentación de la denuncia es apenas el inicio del proceso y la determinación de posibles sanciones corresponde exclusivamente a la autoridad judicial, luego de la valoración de los hechos expuestos.

En medio de esa emergencia, el hombre, quien se movilizaba en silla de ruedas, no consiguió alejarse a tiempo ni resguardarse, quedando atrapado entre las abejas que lo picaron en repetidas ocasiones. El ataque duró varios minutos, pues su movilidad reducida le impidió buscar ayuda o refugio inmediato. La comunidad reaccionó y dio aviso a las autoridades, lo que permitió la llegada del Cuerpo de Bomberos de Agustín Codazzi. Según la información disponible, los socorristas llevaron a cabo maniobras de rescate para apartar al hombre del enjambre y ponerlo a salvo.

Debido a la gravedad de las picaduras y el delicado estado de salud que presentaba tras el ataque, el hombre fue trasladado a la clínica Sermultisalud. Allí, ingresó directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece bajo pronóstico reservado, de acuerdo con la información suministrada hasta el momento.

El caso ha generado alerta en las autoridades y organismos de socorro, quienes hicieron un llamado urgente a la comunidad. Se recomendó que, ante la presencia de abejas, panales o enjambres en tránsito, los ciudadanos eviten cualquier interacción o intento de perturbación como lanzar objetos o sustancias, y que reporten de inmediato cualquier avistamiento a las líneas de emergencia. Con esta prevención se busca evitar que situaciones semejantes ocurran nuevamente, especialmente en zonas donde se han detectado abejas en otros sectores del casco urbano.

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¿Qué se debe hacer ante la presencia de abejas africanizadas en zonas urbanas?

Las autoridades y organismos de socorro de Agustín Codazzi enfatizaron que ante cualquier presencia de abejas africanizadas, panales o enjambres en tránsito, lo más seguro es no intervenir ni intentar ahuyentarlas. Se recomienda abstenerse de lanzarles objetos o sustancias para evitar que se tornen agresivas. Es fundamental comunicarse con las líneas de emergencia para que personal especializado se encargue de la situación.

¿Por qué es peligroso intentar acercarse o perturbar un enjambre de abejas?

La interacción o perturbación de enjambres de abejas, especialmente las africanizadas, puede resultar en ataques masivos. Como ocurrió en este caso documentado en Agustín Codazzi, intentar acercarse o incomodar a estos insectos puede desatar una respuesta defensiva y causar múltiples picaduras que ponen en riesgo la vida de cualquier persona, en especial quienes tienen movilidad reducida o dificultades para huir.

‘De Borondo’ busca acercar a los habitantes de Cali a propuestas atractivas para el esparcimiento en familia, la convivencia de las comunidades y el apoyo directo a los emprendimientos locales. Además de la oferta comercial, la jornada incluye la participación de una docena de restaurantes, quienes pondrán a disposición de los asistentes una variada oferta gastronómica, lo que representa una alternativa para quienes quieran recorrer el evento probando diferentes tipos de comida.

La propuesta no se limita únicamente a compras y oferta de alimentos. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, los asistentes también encontrarán espacios adecuados para compartir con niños y mascotas: habrá actividades especialmente pensadas para quienes quieran llevar a sus animales de compañía y un inflable infantil, diseñado como zona de juegos para los más pequeños. La música en vivo acompañará toda la jornada, sumando un matiz cultural y creando un ambiente propicio para la integración de los ciudadanos durante el recorrido.

La importancia de la jornada ‘De Borondo’ radica en su aporte a la reactivación económica de los barrios de Cali, además de ofrecer una vitrina valiosa para emprendimientos jóvenes y otros comercios emergentes que buscan dar a conocer sus productos y conectar con nuevos clientes. La cita, según lo reportado por Noticiero 90 Minutos, se convierte en un espacio donde confluyen comercio, gastronomía, entretenimiento y actividades familiares. En suma, estos eventos buscan dinamizar la economía barrial y convertir a la ciudad en un punto de encuentro para su ciudadanía, reflejando así una voluntad colectiva de impulsar la economía y el tejido social de la capital vallecaucana.

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¿Qué es la jornada 'De Borondo' en Cali y qué actividades incluye?

La jornada ‘De Borondo’ en Cali es una iniciativa de reactivación económica pensada para reunir a emprendimientos juveniles, restaurantes y familias en un mismo espacio, promoviendo tanto el consumo local como la integración social. Entre sus actividades están la venta de productos de más de 60 emprendimientos, una amplia oferta gastronómica, zonas para mascotas, juegos infantiles e intervención musical en vivo.

¿Dónde y cuándo será la próxima jornada 'De Borondo' en Cali?

Según la información presentada por Noticiero 90 Minutos, la próxima jornada ‘De Borondo’ tendrá lugar en los barrios Capri y Nuevo Rey, específicamente en la Calle 10A, entre las carreras 70 y 72. En este espacio se congregarán los diversos participantes para ofrecer una experiencia destinada al disfrute familiar y el impulso de la economía local.

Durante una entrevista concedida a un medio radial, la exfuncionaria subrayó que las acusaciones sobre el presunto transporte de fajos de dólares y cargamentos ilegales en aeronaves oficiales no pueden pasarse por alto. Según explicó, los protocolos de seguridad de la Fuerza Aérea Colombiana y el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) operan bajo estrictos controles de pesaje de equipaje y registro de pasajeros, por lo que instó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría a solicitar dichos soportes documentales. “Creo que sería muy oportuno que los órganos de control y la Fiscalía pudieran hacer llegar esas pruebas para determinar qué fue lo que sucedió”, enfatizó, desmarcándose de la defensa corporativa del anterior gobierno y recordando que el deber legal de todo servidor público es denunciar de inmediato cualquier anomalía, en lugar de guardar silencio hasta que concluyan las administraciones.

Sarabia también abordó los cuestionamientos sobre supuestas influencias en la designación de cargos públicos, asegurando que desde su paso por la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) nunca recibió peticiones irregulares de Alcocer para la contratación estatal. Si bien reconoció que la exprimera dama podía tener vínculos cercanos con algunos funcionarios, aclaró que la recomendación de perfiles no constituye per se una ilegalidad, delimitando su responsabilidad exclusivamente a los asuntos que conoció de primera mano durante su gestión institucional. Asimismo, rechazó las versiones que intentan reducir el escándalo a disputas personales entre excolaboradoras, reiterando que las diferencias deben dilucidarse con evidencias ante los estrados judiciales.

Las declaraciones de la excanciller se producen en paralelo al avance formal de la indagación disciplinaria abierta por la Procuraduría, entidad que recientemente citó a rendir testimonio bajo juramento a la propia Eva Ferrer, a Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes y a Ingrid Carolina Plata Navas. Este andamiaje institucional coincide con la directriz impartida por el presidente Abelardo De La Espriella, quien ordenó a la Inspección General y a la contrainteligencia militar abrir una investigación exhaustiva al interior del CATAM para depurar responsabilidades y sancionar a cualquier miembro de la Fuerza Pública que hubiese facilitado operaciones al margen de la ley. Mientras el entramado judicial continúa tejiéndose alrededor de los viajes a Venezuela y los señalamientos de maletas grises cargadas de estupefacientes, las voces del alto gobierno anterior continúan reacomodándose frente a un expediente que amenaza con escalar dimensiones en los estrados internacionales.

Vicky Dávila, periodista de amplia trayectoria, expresó que tanto el testimonio de Ferrer como el de Rodríguez deben ser revisados por las autoridades competentes. Solicitó de manera explícita la intervención de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación, para que determinen si dichas denuncias pueden comprobarse o si carecen de veracidad. Asimismo, Dávila resaltó la gravedad de las afirmaciones relacionadas con posibles actividades ilícitas, insistiendo en que estas requieren de una investigación profunda y seria.

Ante estos hechos, Gustavo Petro salió al paso y rechazó enfáticamente los señalamientos realizados en su contra y contra las personas cercanas a él. En su respuesta, hecha también desde X, Petro indicó que sus hijas y la madre de ellas tomarán acciones judiciales contra Vicky Dávila y Gabriel Gilinski, propietario de la revista Semana, argumentando que emplearon acusaciones graves en sus publicaciones sin contar con pruebas que las sustenten. Según él, exigió que se rectifiquen públicamente los señalamientos, demandando que la rectificación tenga el mismo nivel de visibilidad que se dio a las denuncias.

Petro también puso en entredicho la validez de los testimonios. Sobre Angie Rodríguez, aseguró que en 2023 ella no tenía vínculos con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y que la misma Rodríguez habría admitido no tener certeza sobre los hechos contados por Ferrer. Respecto a Eva Ferrer, indicó que su relato estaría basado solamente en información transmitida por un tercero, cuyo nombre, según sus palabras, no ha sido revelado.

El asunto incrementó la polémica alrededor de las declaraciones de Ferrer en contra de Verónica Alcocer, generando respuestas políticas y demandas para que todo lo dicho sea objeto de revisión por parte de las autoridades, evitando que estos señalamientos sean interpretados como hechos probados sin el respaldo judicial correspondiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gustavo Petro anunció acciones legales contra Vicky Dávila y Semana?

Gustavo Petro anunció acciones legales porque considera que Vicky Dávila y la revista Semana difundieron acusaciones graves en su contra y contra su familia sin contar con pruebas suficientes. Según el exmandatario, lo publicado carece de sustento y exigió que se haga una rectificación pública que tenga el mismo alcance que los señalamientos originales.

¿Qué denuncias hizo Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer según las publicaciones?

De acuerdo con las publicaciones referenciadas, Eva Ferrer lanzó señalamientos hacia Verónica Alcocer relacionados con presuntos vínculos con drogas y movimientos de dinero, incluyendo la financiación de campañas. Sin embargo, el mismo Gustavo Petro y otras fuentes han cuestionado la solidez de estos testimonios, indicando que se basan en información indirecta.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la administración del complejo comercial, el fuego se originó al interior de un local comercial situado en el primer piso. La emergencia fue contenida con rapidez gracias a la activación inmediata de los protocolos internos de seguridad y a la respuesta oportuna del sistema automático de protección contra incendios, el cual logró focalizar y extinguir la conflagración en su origen exacto, impidiendo que las llamas se propagaran hacia otros establecimientos o áreas comunes de la propiedad.

El reporte gerencial firmado por Andrés Alcocer, Center Manager de Parque Alegra y Parque Arauco Colombia, confirmó que la prioridad absoluta se cumplió a cabalidad, reportando saldo blanco en materia de integridad física. “No se registraron personas lesionadas ni afectaciones a la salud de colaboradores, brigadistas o personal técnico”, indicó el documento institucional.

#Atención l A esta hora se reporta un conato de incendio al interior del centro comercial Parque Alegra, en el sur de Barranquilla.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la emergencia y si se registran personas afectadas. https://t.co/ItHDEQybfV

— Impacto News (@ImpactoNewsCol) October 13, 2026

Para atender la contingencia y garantizar la seguridad de los presentes, el equipo de brigada e inspección interna coordinó de manera articulada con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Barranquilla, cuyos efectivos acudieron al sitio para realizar labores técnicas de verificación de seguridad, control definitivo y ventilación de espacios. Debido a la acumulación de humo generada en el establecimiento afectado, las directivas ejecutaron una evacuación preventiva y temporal de todo el personal que se encontraba al interior del centro comercial, asegurando de esta forma parámetros óptimos de calidad del aire antes de retomar las actividades.

En cuanto a la operación comercial, la administración informó que, una vez finalizadas las inspecciones técnicas de rigor, Parque Alegra reabrió sus puertas y habilitó de forma progresiva el acceso a las zonas comunes. Sin embargo, se especificó que el local comercial de la marca Derek permanecerá cerrado temporalmente mientras se evalúan los daños materiales y se realizan las adecuaciones necesarias, cuya fecha de reapertura será comunicada oportunamente. Asimismo, un par de establecimientos colindantes implementaron labores preventivas de limpieza y ventilación debido al humo residual antes de normalizar su atención al público.

La tutela, presentada ante el Consejo de Estado, sostiene que el expresidente Petro, durante los últimos meses de su mandato, habría intentado construir una narrativa destinada a poner en entredicho la legitimidad de las elecciones, afectando la confianza pública en las instituciones y en el voto. Según la información de El Espectador, Penagos señala en su recurso que los señalamientos de Petro atribuyen a la Registraduría poderes que no tiene, como el control directo sobre el resultado electoral. "El registrador no cuenta votos ni declara resultados", afirma el texto de la tutela, que fue aceptado para su estudio por el magistrado Nicolás Yepes Corrales.

Durante el inicio de una sesión técnica de la Corte Constitucional en Riohacha, La Guajira, Penagos aprovechó la oportunidad para destacar el trabajo de la Registraduría en cumplimiento de las órdenes establecidas por la sentencia de 2017. Esta sentencia declaró un estado de cosas inconstitucional para el pueblo wayuu, debido a la falta de acceso a derechos fundamentales como salud, agua potable y alimentación. La Corte exigió que la Registraduría adelantara jornadas para identificar y registrar a niños wayuu del asentamiento de La Pista, en Maicao, una localidad donde hasta la fecha el Estado desconoce a cuántos infantes debe proteger.

En respuesta, Penagos informó que la entidad ha realizado más de 7.000 registros de niños y niñas en la región, ampliando su cobertura con sedes especiales y campañas de identificación. Subrayó que obtener un registro civil de nacimiento es la puerta de entrada a otros derechos fundamentales y reiteró el compromiso de la Registraduría con la garantía de dichos derechos, especialmente en poblaciones históricamente marginadas como la wayuu.

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¿Por qué el registrador nacional presentó una tutela contra Gustavo Petro?

El registrador Hernán Penagos argumentó que la tutela fue interpuesta debido a las declaraciones del expresidente Petro, quien habría puesto en duda la transparencia de las elecciones presidenciales y atribuido supuestos poderes indebidos a la Registraduría. De acuerdo con El Espectador, el recurso busca proteger el buen nombre de la entidad y recuperar la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral colombiano.

¿Qué medidas ha tomado la Registraduría para garantizar los derechos de los niños wayuu en La Guajira?

La Registraduría ha cumplido las órdenes de la Corte Constitucional realizando jornadas de identificación y registro civil para niños, niñas y adolescentes del pueblo wayuu en asentamientos como La Pista. Según declaraciones de Penagos, se han registrado más de 7.000 menores y se han creado sedes especializadas, como la de Nazareth, con el fin de facilitar el acceso a la identificación y, por extensión, a otros derechos fundamentales.

Los ocupantes del automóvil eran tres adultos, tres menores de edad y el perro de la familia. Todos salían del municipio de Barrancas, ubicado en La Guajira, y su destino final era la ciudad de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. De acuerdo con la información recopilada por los organismos de socorro que acudieron rápidamente al sitio del siniestro, a pesar de lo grave que pareció el accidente en un primer momento, tanto los pasajeros como el canino se encontraban ilesos. Se les practicó una valoración médica de carácter preventivo y, afortunadamente, no se reportaron lesiones considerables.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Cesar hizo presencia en el sitio para regular el flujo vehicular y adelantar las investigaciones correspondientes. Según las primeras indagaciones realizadas por las autoridades, la principal hipótesis apunta a que el conductor del automotor perdió el control al tomar una curva característica de esa zona del trayecto.

El rápido actuar de los equipos de atención permitió descartar cualquier consecuencia de gravedad para los ocupantes. Este hecho pone en relevancia el impacto que pueden tener los factores de la vía y el entorno sobre la seguridad en los desplazamientos, así como la importancia de la reacción oportuna de los organismos de emergencia. Toda la información citada proviene de fuentes de las autoridades de tránsito y de los equipos de socorro presentes en el evento.

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¿Qué causó el accidente en la vía entre San Juan del Cesar y Valledupar?

De acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Cesar, la hipótesis principal es que el vehículo perdió el control mientras tomaba una curva, lo que provocó que saliera de la calzada y terminara a un lado de la vía. Las condiciones específicas del accidente están siendo investigadas por las autoridades correspondientes.

¿Qué medidas tomaron los organismos de socorro tras el accidente de tránsito con seis personas?

Los organismos de socorro acudieron al lugar prontamente y realizaron valoraciones médicas preventivas a los seis ocupantes y a la mascota de la familia. Confirmaron que no hubo lesiones de gravedad y garantizaron la seguridad de los afectados mientras las autoridades regulaban el tránsito y adelantaban las averiguaciones pertinentes.

La principal controversia gira alrededor de las afirmaciones de Rodríguez, quien utilizó expresiones polémicas para referirse a ese grupo femenino. Según ella, “eran mujeres de la vida fácil que se dedicaban a una de las profesiones más antiguas del mundo”, palabras que generaron debate público. También indicó que algunas de estas mujeres habrían pasado de participar en reuniones privadas a ocupar cargos de responsabilidad dentro de entidades estatales. De acuerdo con la información de Caracol Radio y Vértice Noticias, tales señalamientos aún requieren confirmación y verificación, en tanto corresponden únicamente al testimonio de la exdirectora del Dapre.

Rodríguez manifestó que algunas de esas mujeres supuestamente ejercían un poder que superaba incluso la influencia propia de la dirección del Dapre. Relató que recibió solicitudes respecto a contratos y nombramientos que consideró irregulares dentro de la estructura del Estado. Además, describió la existencia de un supuesto “pacto de silencio criminal” entre el presidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer. Rodríguez sostuvo que fue testigo auditiva de presuntos episodios de violencia verbal y física en las instalaciones presidenciales, señalando haber escuchado golpes y gritos en un enfrentamiento entre Petro y Alcocer. Tales afirmaciones, según la información de Caracol Radio y Vértice Noticias, pertenecen exclusivamente a la versión de la exfuncionaria y no constituyen pruebas judiciales formales.

Frente a estos señalamientos, el presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de X (antes Twitter), rechazando la posibilidad de ser manipulado por miembros de su entorno y manifestando: “Jajaja. Como no. En la vida aprendí una cosa: no soy un hombre estúpido”. Petro también criticó a quienes, según él, terminan vinculados al paramilitarismo tras relaciones sentimentales.

La exposición pública de estos hechos por parte de Angie Rodríguez reabre la discusión sobre el funcionamiento de las relaciones de poder y la transparencia dentro de la administración anterior. Entre sus afirmaciones, Rodríguez también mencionó el caso de Juliana Guerrero, advirtiendo de presuntas inconsistencias en sus credenciales académicas y manifestando que alertó sobre ello al presidente Petro. Por ahora, las autoridades competentes serán responsables de verificar la autenticidad de estas declaraciones.

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¿Cuáles son las principales denuncias de Angie Rodríguez contra el Gobierno de Gustavo Petro?

Angie Rodríguez señaló la existencia de una supuesta red de mujeres jóvenes con influencia dentro de la Casa de Nariño, manifestó la presencia de un posible “pacto de silencio criminal” entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer y relató presuntos episodios de violencia y solicitud de contratos irregulares. Todo esto según entrevistas vistas en Caracol Radio y Vértice Noticias.

¿Qué es el Dapre y cuál fue el papel de Angie Rodríguez en el Gobierno de Petro?

El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) se encarga de apoyar en la gestión administrativa y operativa del presidente y su equipo. Angie Rodríguez sostuvo el cargo de directora y, desde esa posición, aseguró haber recibido solicitudes relacionadas con contratos y advertido inconsistencias en nombramientos, según su testimonio en medios mencionados.

Esta decisión institucional responde directamente a las graves acusaciones emitidas por Eva Ferrer acerca del supuesto transporte de armas y sustancias ilícitas hacia Venezuela, además del posterior ingreso a Colombia con 2,5 millones de dólares en efectivo.

Cumpliendo las instrucciones expresas del presidente Abelardo De La Espriella, el comandante de la Fuerza Aeroespacial, mayor general Juan Jaime Martínez, lidera la verificación del caso con el fin de identificar a posibles implicados en estas presuntas irregularidades.

El proceso de auditoría contempla la revisión exhaustiva de las aeronaves utilizadas, la confrontación de las bitácoras oficiales de vuelo y las entrevistas requeridas al personal de tripulación que transportó a Alcocer durante sus desplazamientos internacionales.

Con este seguimiento técnico, las autoridades buscan reconstruir detalladamente la ruta de cada viaje y establecer si se cometieron faltas operativas o violaciones a los protocolos de seguridad aeroportuaria establecidos.

Los delicados señalamientos vertidos por Ferrer deberán ser contrastados rigurosamente con los registros documentales y el material probatorio recabado por los investigadores asignados.

Por el momento, la verificación interna pretende esclarecer los hechos y servir de fundamento para definir si resulta procedente la apertura de procesos judiciales adicionales sobre este asunto de alto impacto nacional.

Vale la pena recordar que Eva Ferrer ejerció como exconsejera presidencial para la Reconciliación y formó parte activa de la campaña política de Gustavo Petro junto a Verónica Alcocer antes de revelar estas delicadas informaciones.

Ferrer aseveró que Alcocer habría integrado una estructura de tráfico de estupefacientes y que empleó el avión oficial del Gobierno para trasladar sumas millonarias de dinero durante sus traslados al país vecino.

Ante la gravedad del escenario denunciado por la revista Semana en su reciente edición, la Procuraduría General de la Nación citó formalmente a declarar a Eva Ferrer y a otros cinco ciudadanos presuntamente vinculados.

El ente de control disciplinario profundizará en las pesquisas para determinar la veracidad de estos presuntos actos de corrupción y narcotráfico donde estarían involucrados la ex primera dama y otros servidores públicos.

Señalamientos de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer

Eva Ferrer formuló señalamientos graves contra la exprimera dama. Sus declaraciones aparecieron en una entrevista publicada por la revista Semana el 10 de octubre de 2026.

Ferrer acusó a Alcocer de liderar una presunta red dedicada al traslado ilegal de dinero, drogas y armas. Al ser consultada sobre si Alcocer era la jefa de una mafia, respondió: “A día de hoy digo que sí”.

La exconsejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia afirmó que la exprimera dama habría utilizado aeronaves oficiales para realizar viajes confidenciales entre Colombia y Venezuela.

Uno de los señalamientos centrales apunta a un supuesto viaje a Venezuela en enero de 2023. Según Ferrer, el empresario Manel Grau le habría informado que Alcocer regresó a Colombia con 2,5 millones de dólares.

Ferrer también aseguró que parte de esa suma habría sido destinada a financiar la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama. Esta versión forma parte de las acusaciones presentadas en la entrevista.

La española vinculó además a Carolina Plata, asistente de Alcocer, con la gestión de esos desplazamientos. También mencionó a la capitana Lozano, exjefa de seguridad de la exprimera dama, dentro de los hechos denunciados.

Los señalamientos incluyen presuntas conductas relacionadas con tráfico de estupefacientes y armas, lavado de activos, financiación irregular de campañas, venta de cargos públicos, uso indebido de bienes estatales e intimidación a funcionarios.

Ferrer también señaló presuntas ambiciones presidenciales de Alcocer y la describió como la persona que impartía órdenes dentro de la presunta estructura. Sus afirmaciones vinculan además al expresidente Gustavo Petro con esa supuesta organización.

Las acusaciones no constituyen hechos judicialmente comprobados. Los medios que difundieron la información precisaron que se trata de señalamientos atribuidos a Ferrer y que deben ser verificados por las autoridades competentes.

Tras las declaraciones, la Procuraduría General de la Nación citó a Eva Ferrer y a otras cinco personas a rendir declaración bajo juramento. La investigación busca esclarecer los presuntos hechos de corrupción mencionados públicamente.

La Fiscalía General de la Nación también mantiene una indagación relacionada con los señalamientos. La entidad citó a Ferrer a declarar este miércoles, luego de que ella faltara a dos llamados previos.

El presidente Abelardo De la Espriella anunció una investigación en la Fuerza Aérea Colombiana y solicitó intervenciones de la Fiscalía, la Corte y autoridades de Estados Unidos.eltiempo+1

Verónica Alcocer y Gustavo Petro rechazaron las acusaciones. Las hijas del expresidente anunciaron acciones legales contra el dueño de Semana por los señalamientos difundidos.

Los denunciantes, descritos como conservadores y representantes de la nueva derecha en Colombia, calificaron la publicación del caricaturista como ultrajante. El movimiento al que pertenecen se ha caracterizado por impulsar litigios que sus integrantes denominan estratégicos como forma de incidencia política y jurídica.

De acuerdo con Blu Radio, la acción legal contempla tres tipos penales: hostigamiento agravado, injuria calificada y calumnia agravada. Además de buscar una condena, los jóvenes aspiran a que el caso siente un precedente sobre los límites del lenguaje en el debate político colombiano.

Sánchez Mosquera explicó las razones detrás de la decisión: “Como colombianos debemos rechazar vehementemente estos actos de violencia en contra de la mujer. Por esta razón, junto con mi compañero Tomás Flores, hemos decidido iniciar acciones penales en contra de este sujeto por 3 tipos penales diferentes. Hostigamiento agravado, injuria calificada y calumnia agravada”, sostuvo.

“Lo que buscamos con esto es sentar un precedente de que en Colombia la política debe hacerse a la altura de las ideas y no de los insultos, y que no se puede en Colombia incurrir en acciones que agraven o dañen la imagen pública de una persona, y más de una mujer como lo es la doctora Ana Lucía Pineda”, añadió el denunciante en esa emisora.

(Vea también: De La Espriella Lawyers va contra ‘Matador’ por sus palabras sobre la primera dama y anuncia medidas)

¿’Matador’ podría ir a la cárcel por insultar a la primera dama?

Además de las implicaciones simbólicas, los denunciantes solicitaron medidas concretas contra el caricaturista. Según afirmó Sánchez Mosquera, “buscamos una sanción privativa de la libertad y una multa contra este sujeto para que aprenda a, uno, respetar a las mujeres, y segundo, respetar el ordenamiento jurídico colombiano que nuestro código penal consagra”.

¿Qué es el movimiento De Cara al Futuro y qué papel juega en esta denuncia?

De Cara al Futuro es una agrupación conformada por jóvenes conservadores y de la nueva derecha en Colombia, que utiliza el litigio estratégico como herramienta de acción política. Su participación en este caso refleja una tendencia creciente de usar el sistema judicial para disputar los límites del discurso público en el país.

¿Qué consecuencias legales podría enfrentar ‘Matador’ si prospera la denuncia?

En Colombia, los delitos de injuria y calumnia agravadas contemplan penas privativas de la libertad y sanciones económicas según el Código Penal. Si la Fiscalía decide avanzar con la investigación, el caricaturista Julio César González podría enfrentar un proceso formal que incluya audiencias y, eventualmente, una condena.

La actual gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, enfrenta un juicio por supuestas irregularidades relacionadas con la compra de un terreno cuando ejercía como alcaldesa de San Diego en el periodo 2016-2019. Según lo presentado durante la audiencia preparatoria por la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela Rodríguez, el caso gira en torno a la adquisición de un predio de dos hectáreas, parte de la finca Villa Calzo, ubicado en el corregimiento El Desastre, cuyo objetivo era destinarlo a viviendas de interés social. El contrato de compraventa, identificado con el número 17-046 y firmado el 27 de febrero de 2017, fue por valor de 88 millones de pesos.

Durante la audiencia, Elvia Milena Sanjuán se retiró de la sala virtual para reunirse con los alcaldes departamentales, quedando representada por su abogado defensor, Alejandro Sánchez. El abogado expuso que la mandataria no aceptaba los cargos imputados, que incluyen violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía, la administración municipal habría incumplido los procesos legales exigidos durante la etapa precontractual del negocio. Uno de los puntos críticos fue la publicación de una invitación a ofertar por 60 días, que se cerró intempestivamente en seis días después de recibir tan solo una propuesta, la del señor Juan Gerardo Arzuaga Rubio. Otro aspecto cuestionado es la ausencia de un avalúo independiente: la Alcaldía aceptó el peritaje proporcionado por el propio vendedor y firmado por el arquitecto Rubén Darío Carrillo, en lugar de contratar uno propio.

El eje del proceso judicial reside en la acusación por presunta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Según explicó la fiscal Marlene Orjuela Rodríguez, documentos expedidos por la Registraduría Nacional confirmaron que el vendedor del predio es hermano en doble conjunción de Armando José Arzuaga Rubio, quien entonces ejercía como concejal activo de San Diego. La normatividad prohíbe a los mandatarios celebrar contratos con familiares directos de miembros de corporaciones públicas locales.

Para fortalecer su hipótesis, la Fiscalía solicitó la comparecencia de varios exfuncionarios que participaron en la estructuración del contrato, como Ricardo Javier Peralta Pérez, jefe jurídico, y Fanny María Padilla López, supervisora del contrato. También se incluyó el testimonio del denunciante de las supuestas irregularidades y del perito financiero Germán Alberto Ramírez, encargado de exponer los detalles sobre los presuntos sobrecostos en la negociación, según reportes de 'El Pilón'.

¿Por qué se investiga a la gobernadora del Cesar Elvia Milena Sanjuán Dávila por la compra de un lote en San Diego?

La investigación se centra en presuntas anomalías durante la adquisición de un predio destinado a vivienda social mientras ejercía como alcaldesa de San Diego. La Fiscalía sostiene que la mandataria vulneró normas legales y de transparencia, al adquirir el terreno sin cumplir los requisitos precontractuales y celebrar el contrato con un familiar de un concejal local, lo que configuraría una incompatibilidad.

¿Qué significa el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en procesos de contratación pública?

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades es un conjunto de normas que busca impedir que funcionarios públicos contraten con familiares de miembros de corporaciones públicas, con el fin de evitar conflictos de interés y asegurar la transparencia en la contratación estatal, aspecto central en el caso contra la gobernadora del Cesar.

Según la CAR, dichas acciones se concentran en las vías más transitadas, como la autopista norte y la calle 13, donde se calcula que ocurre el tránsito intermunicipal más intenso. El propósito es sensibilizar y promover en las empresas medidas que mejoren sus prácticas ambientales, así como reconocer los esfuerzos de quienes avancen en esa dirección, con el fin de tener una visión más amplia y responsable de la movilidad sostenible. Actualmente, la corporación ya ha sensibilizado a 11 empresas, de las cuales cuatro participan activamente, sumando una flota que supera los 500 buses y colectivos.

El respaldo técnico de la CAR incluye equipos de laboratorio y modelamiento ambiental de última generación, únicos en Colombia, con capacidad para analizar la densidad, el peso y el número de partículas contaminantes, tanto finas como ultrafinas, que emiten los tubos de escape de los vehículos. Con esta medición precisa, la corporación puede identificar dónde es necesaria una mayor intervención y cuáles son las oportunidades de mejora.

El programa se sustenta en tres estrategias ambientales principales. En primer lugar, la movilidad organizacional, que analiza los patrones y necesidades de desplazamiento de los trabajadores e identifica alternativas más sostenibles como el uso de transporte público, la bicicleta, caminatas, horarios flexibles o incluso el teletrabajo. En segundo lugar, la estrategia de autogestión ambiental impulsa a las empresas a hacer un seguimiento y mejora continua de su operación vehicular, optimizando el uso de sus flotas y reduciendo los impactos negativos. Finalmente, el etiquetado ambiental vehicular permite reconocer e identificar a los vehículos con mejor desempeño ambiental, teniendo en cuenta su tecnología, tipo de combustible, antigüedad y emisiones.

Según Alfred Ballesteros, director de la CAR, este enfoque integral logra que las empresas puedan comprender y mejorar su movilidad corporativa, involucrando tanto a colaboradores como a las características técnicas de los automotores. La participación de las empresas en este proceso es voluntaria, y aquellas que sobresalen pueden recibir el "Sello Organizacional de la CAR", un distintivo que destaca el compromiso ambiental y fomenta mejoras progresivas en la flota.

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¿En qué consiste el “Sello Organizacional de la CAR” para empresas de transporte público?

El “Sello Organizacional de la CAR” es un reconocimiento otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca a las empresas de transporte público que demuestran un mejor desempeño ambiental en sus vehículos. Este distintivo hace visible el compromiso ambiental de las compañías y ayuda a identificar oportunidades para mejorar progresivamente las condiciones ambientales de la flota que requiere intervenciones.

¿Cuáles son las estrategias ambientales implementadas por la CAR en la movilidad empresarial de Bogotá y Cundinamarca?

La CAR implementa tres estrategias principales: movilidad organizacional, que promueve alternativas sostenibles para los traslados de los colaboradores; autogestión ambiental, orientada a que las empresas optimicen su flota y reduzcan los impactos negativos; y etiquetado ambiental vehicular, que identifica a los automotores con mejor desempeño ambiental. Estas acciones buscan crear una movilidad empresarial más eficiente y respetuosa con el entorno.

Según afirmó, la documentación fue recibida el pasado 9 de octubre en la sede diplomática de Bogotá, por medio del encargado de negocios, Hugo Guevara.

En un comunicado público, Leyva divulgó una carta dirigida al presidente Abelardo De La Espriella y al fiscal general de Estados Unidos, en la que reiteró su intención de aportar información sobre actuaciones que asegura haber adelantado ante funcionarios del Departamento de Justicia estadounidense.

El exministro señaló que previamente había enviado un mensaje al secretario de Estado, Marco Rubio, el 15 de septiembre, para anunciar su propósito de entregar los documentos.

Además, aseguró que su intención es respaldar sus señalamientos con actuaciones penales y nombres de testigos que considera relevantes para esclarecer los presuntos delitos que atribuye a Petro.

Sin embargo, la información divulgada no especifica cuáles son los documentos entregados, quiénes son los testigos mencionados ni qué delitos concretos estarían bajo investigación.

Tampoco hay información que confirme que las autoridades estadounidenses hayan iniciado un proceso judicial o una revisión formal de las supuestas pruebas.

Por ahora, la imagen publicada por Leyva acredita la recepción de una comunicación en la Embajada, pero no demuestra que Estados Unidos haya tomado medidas judiciales contra el exmandatario colombiano.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, destacó las cualidades personales y profesionales de Pineda, con quien trabaja en diferentes iniciativas.

“Los que tenemos el privilegio de trabajar a su lado sabemos quién es Ana Lucía Pineda, una mujer con un corazón enorme y una gran capacidad de gestión”, escribió Céspedes.

Además, expresó su agradecimiento por compartir labores con ella y manifestó su confianza en los proyectos que vienen para el país.

“Dios me premió con tenerla como coequipera y trabajar a su lado. Se vienen grandes cosas para la reconstrucción de Colombia”, agregó, en un mensaje con el que reafirmó su respaldo a la primera dama.

La controversia comenzó después de que ‘Matador’ publicara un mensaje ofensivo dirigido a Pineda, en el que utilizó expresiones despectivas sobre su apariencia física. La publicación provocó reacciones de rechazo de diferentes sectores políticos y del Gobierno nacional.

El vicepresidente José Manuel Restrepo también cuestionó el comentario y lo calificó como una muestra de mezquindad y falta de humanidad.

Por su parte, la Presidencia rechazó las expresiones y advirtió sobre la necesidad de combatir la misoginia y evitar que las humillaciones contra las mujeres se normalicen en el debate público.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) desestimó categóricamente las acusaciones que cuestionaban la situación tributaria de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada por la primera dama.

El organismo fiscal ratificó que la entidad mantiene su Registro Único Tributario (RUT) activo y pertenece formalmente al Régimen Tributario Especial (RTE) del país.

La institución subrayó que esta organización “por lo que se encuentra sujeta a los derechos, obligaciones y mecanismos de control aplicables a las entidades que integran dicho régimen”.

A través de un pronunciamiento oficial, la autoridad hacendaria sostuvo que la “Fundación Colombia Luz y Sonrisas se encuentra debidamente registrada en el Régimen Tributario Especial”.

Ante las dudas surgidas sobre la captación de ayudas para los damnificados del sismo del 10 de agosto, la Dian aclaró que las entidades sin ánimo de lucro constituidas legalmente reciben aportes libremente.

“La diferencia entre las organizaciones pertenecientes al Régimen Tributario Especial y las que no pertenecen a ese régimen es que las primeras pueden expedir las certificaciones requeridas para que los donantes accedan a los beneficios tributarios establecidos en la normativa. Tales certificados se emiten en los términos del artículo 1.2.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, mientras que las entidades que no hacen parte de este régimen no pueden otorgar dichas certificaciones”, manifestó la Dian.

El organismo remarcó que carece de sustento jurídico aseverar que una organización no puede captar recursos simplemente por no estar inscrita en el régimen tributario preferencial.

“La normativa tributaria distingue claramente entre la posibilidad de recibir aportes y los beneficios tributarios que estos pueden generar para los donantes”.

Previo a estas explicaciones institucionales, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas difundió una nota informativa destacando que posee el aval correspondiente de la administración tributaria.

“Esta condición reafirma nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la transparencia institucional y la responsabilidad en el desarrollo de nuestra misión social”.

La oenegé enfatizó que todos sus procesos operativos avanzan con total apego a la ley, desmintiendo las variadas especulaciones surgidas en la opinión pública.

“¡La transparencia y la legalidad respaldan nuestra labor social! La Fundación Colombia Luz y Sonrisas informa a la opinión pública, a nuestros benefactores, donantes, aliados y comunidad en general que contamos con el reconocimiento correspondiente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para recibir donaciones, conforme a la normativa aplicable”, añadió.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad y el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan nuestra labor social. Cada donación representa una oportunidad para llevar esperanza, bienestar y sonrisas a quienes más lo necesitan. Seguimos trabajando con amor, compromiso y transparencia por Colombia”, concluyó.

¿Cómo crear una fundación en Colombia?

Constituir una fundación en Colombia exige completar un procedimiento legal estructurado que otorga personería jurídica y reconocimiento tributario a las entidades sin ánimo de lucro.

El primer paso consiste en redactar el acta de constitución y los estatutos, definiendo claramente el objeto social, el patrimonio inicial y los órganos de gobierno.

Verifique la disponibilidad del nombre mediante la consulta de homonimia antes de realizar el reconocimiento de firmas ante una notaría o funcionario autorizado.

Posteriormente, efectúe el registro formal en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio principal para formalizar la existencia jurídica de la institución.

Inscriba la entidad solicitando el Registro Único Tributario ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para obtener la identificación del NIT.

Si la organización busca acceder a exenciones fiscales y emitir certificados de donación, trámite la calificación dentro del Régimen Tributario Especial.

Remita la documentación necesaria ante la entidad pública encargada de la inspección, vigilancia y control para cumplir con los requisitos regulatorios vigentes.

Adicionalmente, aperture una cuenta bancaria a nombre de la institución y habilite la contabilidad oficial desde la fecha de inicio de las operaciones.

Cumplir rigurosamente con este proceso normativo garantiza la legalidad institucional y consolida la transparencia necesaria para ejecutar proyectos sociales en el territorio nacional.

En el ámbito de la seguridad y el orden público, las autoridades informaron la captura de 12 personas: nueve en flagrancia y tres por orden judicial. Según el reporte oficial, los procedimientos estuvieron asociados a delitos como el porte y tráfico de estupefacientes, hurtos en establecimientos comerciales, fabricación y tenencia ilegal de armas de fuego y un caso relacionado con presuntos actos sexuales cometidos contra una persona menor de 14 años. Durante las labores de registro e inspección, la Policía incautó dos armas de fuego y cuatro armas traumáticas modificadas, y recuperó dos vehículos y cuatro motocicletas que figuraban como robadas.

A través de la línea de emergencias 123 y del Centro Automático de Despacho, la ciudadanía reportó un total de 420 incidentes. Entre los casos más frecuentes se encuentran 85 reportes por perturbación de la tranquilidad pública, particularmente por el alto volumen de la música en algunos barrios; 88 por riñas en espacios públicos; 68 solicitudes de patrullaje preventivo y 44 episodios de violencia intrafamiliar. De acuerdo con el balance, en desarrollo de la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se impusieron 126 medidas correctivas: 79 por comportamientos que pusieron en riesgo la vida y la integridad física, y 45 por afectaciones al cuidado y conservación del espacio público.

A pesar de los dispositivos de seguridad, el festivo finalizó con dos muertes: una por violencia y otra por un siniestro vial. En el corregimiento de Río Seco, cerca de un comercio, falleció Álvaro López Serna, de 51 años, tras intervenir en una riña y recibir graves heridas con arma cortopunzante. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía General de la Nación asumieron el caso. Además, se reportó la muerte de Alfrain Martínez, de 36 años, quien perdió la vida luego de estrellar su motocicleta contra un árbol en la vía entre Codazzi y La Paz.

El movimiento de viajeros fue intenso por diferentes medios. Según la Policía, se movilizaron 23.488 vehículos por las rutas de acceso local, mientras que el aeropuerto Alfonso López Pumarejo operó 26 vuelos con cerca de 3.000 pasajeros. En la jornada, hubo múltiples controles de tránsito; se impusieron 60 comparendos e inmovilizaron 47 automotores en áreas urbanas e intermunicipales, y 167 comparendos nacionales con más de 130 vehículos y motocicletas detenidas por infracciones diversas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué balance dejó la Policía Metropolitana de Valledupar durante el puente festivo del Día de la Raza?

El balance presentado por la Policía Metropolitana de Valledupar refleja la detención de 12 personas relacionadas con diferentes delitos, la incautación de armas, la recuperación de vehículos robados y la imposición de más de 120 medidas correctivas en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Además, reportó la atención de 420 incidentes ciudadanos y dos muertes violentas, una por riña y otra por accidente de tránsito.

¿Qué acciones preventivas y de control implementó la Policía durante la semana de receso escolar en Valledupar?

Durante la semana de receso escolar y el festivo, la Policía Metropolitana de Valledupar desplegó alrededor de 2.000 uniformados en puntos estratégicos, realizó controles en corredores viales, zonas turísticas e implementó operativos de patrullaje urbano y rural. También atendió denuncias a través de la línea 123 y el Centro Automático de Despacho, lo que permitió una reacción oportuna frente a disturbios, riñas y actos que comprometían la seguridad ciudadana.

El movimiento telúrico ocurrió a las 9:02 de la mañana, hora local, y tuvo como referencia geográfica una zona cercana al municipio de Chaparral.

De acuerdo con la información preliminar, el evento presentó una profundidad superficial, inferior a los 70 kilómetros.

El reporte del SGC ubicó el epicentro en las coordenadas 3,75 grados de latitud y -75,72 grados de longitud.

Entre los municipios más cercanos al punto del sismo se encuentran Rioblanco, ubicado a 26 kilómetros; Chaparral, a 27 kilómetros, y Roncesvalles, a una distancia aproximada de 32 kilómetros.

La información publicada por la entidad señala que el registro se encuentra en estado automático y que se utilizaron datos de cuatro estaciones para su detección.

Debido a que se trató de un sismo de baja magnitud, el reporte técnico permite conocer sus características principales, aunque la información suministrada no confirma si fue percibido por los habitantes de la zona ni si ocasionó afectaciones.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en el país y publica información sobre la ubicación, magnitud y profundidad de estos eventos para mantener informada a la ciudadanía.

A la problemática de infraestructura se suma el severo impacto ecológico y sanitario: una sola gota de aceite vegetal puede contaminar miles de litros de agua dulce, deteriorando la calidad de los ríos y suelos de la sabana de Bogotá. Por esta razón, la regulación distrital y nacional fija responsabilidades y compromisos estrictos para todos los generadores comerciales e industriales del sector de alimentos.

Registro obligatorio y gratuito ante la Secretaría de Ambiente

La primera obligación legal para cualquier persona natural o jurídica que opere un restaurante, cafetería o industria de alimentos en Bogotá es inscribirse en el registro oficial de generadores de aceite vegetal usado. Este trámite, administrado por la Secretaría Distrital de Ambiente, es completamente gratuito y formaliza la actividad del establecimiento frente al control ambiental del Distrito.

Mediante este registro, la autoridad ambiental busca caracterizar la cantidad de residuos grasos producidos en las distintas localidades de la capital, garantizando que el aceite tenga una ruta de recolección trazable y no termine en las fuentes hídricas o en el alcantarillado público.

Contratación de gestores y transportadores autorizados

Una vez completado el registro, los propietarios de restaurantes no pueden tratar el aceite vegetal usado como basura doméstica común ni entregarlo a recolectores informales. La normativa exige contratar los servicios de empresas transportadoras y gestoras que cuenten con el aval y la certificación expresa de la Secretaría de Ambiente.

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, la SDA mantiene publicado y actualizado el listado de empresas habilitadas —cuya última versión corresponde a marzo de 2026—, permitiendo a los comerciantes verificar que el gestor seleccionado cumple con las licencias ambientales para el almacenamiento, transporte y aprovechamiento del residuo.

El ciclo de cumplimiento ambiental no finaliza con la recolección física del contenedor de aceite. Cada vez que el transportador autorizado retira el material del establecimiento, debe entregar un certificado de disposición final o comprobante de recolección oficial.

Este documento es indispensable para que el restaurante cumpla con el reporte trimestral obligatorio ante la plataforma digital de la Secretaría de Ambiente. La conservación y carga periódica de estos certificados sirve como prueba ante eventuales visitas de inspección, vigilancia y control sanitario por parte de las autoridades competentes.

Marco legal: Criterios del Ministerio y del Concejo de Bogotá

La exigencia de estas medidas se encuentra respaldada por un sólido marco regulatorio nacional y distrital. A nivel local, el Acuerdo Distrital 634 de 2015 establece las directrices para la gestión integral de aceites usados en Bogotá.

A nivel nacional, la Resolución 316 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fija las disposiciones y obligaciones claras para los generadores comerciales, industriales y de servicios, sancionando el vertimiento de grasas en los sistemas de alcantarillado y promoviendo la economía circular.

Puntos de acopio frente a la logística de los pequeños restaurantes

Para la ciudadanía en general o locales que generan cantidades mínimas de grasa, la ciudad cuenta con más de 130 puntos autorizados de recolección distribuidos por la EAAB y la Alcaldía Mayor. En estos casos, la recomendación técnica es dejar enfriar el aceite, embasarlo en recipientes plásticos cerrados y llevarlo directamente al punto limpio más cercano.

Sin embargo, para un restaurante de operación diaria que genera grandes volúmenes, los puntos vecinales no son una alternativa funcional. La norma exige el trabajo directo con un gestor industrial, lo que plantea retos logísticos y financieros significativos para las micro y pequeñas empresas del sector gastronómico.

El problema para los restaurantes pequeños

Jorge Alberto Arévalo Galarza, experto en negocios sostenibles y en logística de distribución, señala que el principal obstáculo para los pequeños establecimientos puede estar precisamente en la logística de recolección.

“La logística que esto supone para los pequeños productores es un costo oculto que solo conocen los empresarios cuando se enfrentan a la disposición del residuo: cómo transportarlo, cómo recolectarlo, cómo almacenarlo y de dónde va a salir el dinero para todo esto”, explica Arévalo.

Su propuesta es que varios restaurantes se organicen para reunir el aceite usado y contratar una recolección conjunta. Según el experto, agrupar el volumen puede mejorar la capacidad de negociación frente a las empresas que realizan el aprovechamiento.

“Tal vez un solo restaurante tenga bajo poder de negociación frente a la industria privada, pero uniendo varios restaurantes se puede obtener un volumen importante y así convertir el desperdicio en una fuente de ingreso”, sostiene.

Además, el aceite usado tiene posibilidades de aprovechamiento. El Ministerio de Ambiente señala que puede utilizarse como materia prima para productos como combustibles, velas y jabones.

Por eso, para un pequeño restaurante la ruta es concreta: no arrojar el aceite al sifón, almacenarlo por separado, registrarse ante la SDA, identificar un gestor autorizado, conservar el certificado de recolección y cumplir con el reporte trimestral. Si el volumen generado es pequeño, la opción planteada por el experto es coordinarse con otros establecimientos para hacer más eficiente la recolección.

La información preliminar recopilada por las autoridades indica que Casallas Vargas fue agredido dentro de un establecimiento comercial durante el fin de semana. Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional acudieron rápidamente a la escena para realizar los procedimientos urgentes y reunir datos claves para esclarecer cómo y por qué ocurrieron los hechos. Hasta el momento, el caso permanece abierto y es materia de investigación, por lo que no se han realizado capturas ni se ha confirmado la identidad de los posibles responsables.

Expertos e investigadores de la Policía Nacional han comenzado la recolección de elementos materiales probatorios y el análisis de la escena del crimen para entender con mayor exactitud las circunstancias del homicidio. Las autoridades tampoco han establecido si el ataque estaba dirigido exclusivamente contra Casallas Vargas ni cuáles serían los posibles móviles detrás de este acto violento. Por ahora, el hecho permanece sin resolver y la comunidad continúa a la espera de resultados oficiales que permitan conocer los detalles y responsables de este suceso.

Un aspecto relevante del caso es el antecedente judicial de Leonardo Casallas Vargas. Su nombre figura en un proceso vinculado con la muerte de un niño de 12 años ocurrida en marzo de 2013, en una finca de la vereda Maracaibo, también en Armero Guayabal. Por esa situación, un juzgado del circuito de Lérida condenó tanto a Casallas Vargas como a su padre a 37 años de prisión por el homicidio del menor, llamado Albeiro Herrera Martínez. Los reportes judiciales de la época, citados por El Nuevo Día, señalan que ambos habían sido arrestados en 2016 pero quedaron en libertad debido al vencimiento de los términos procesales. Al conocerse la condena, el juez expidió nuevas órdenes de captura. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades no han confirmado si existe alguna relación entre estos antecedentes y el homicidio reciente en el sector La Clave.

La investigación, según El Nuevo Día, sigue en desarrollo para dilucidar las circunstancias exactas que rodearon el crimen de Leonardo Casallas Vargas y establecer si hay conexión con hechos judiciales previos.

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¿Cuál es la situación actual de la investigación sobre el homicidio en Armero Guayabal?

Hasta el momento, la investigación adelantada por la Policía Nacional busca determinar las circunstancias del ataque y los móviles detrás del crimen de Leonardo Casallas Vargas. No se han reportado capturas ni se ha identificado oficialmente a los responsables, por lo que la Policía sigue recolectando pruebas y evidencias en el lugar de los hechos, como parte de las labores investigativas.

¿Qué significa vencimiento de términos en un proceso judicial?

El vencimiento de términos en un proceso judicial ocurre cuando las autoridades exceden el plazo legal establecido para desarrollar la investigación o avanzar en el proceso judicial. Esto puede llevar a que personas detenidas recuperen su libertad aún si están siendo procesadas, como sucedió con Leonardo Casallas Vargas y su padre, quienes fueron liberados por la justicia debido a este motivo, según reportó El Nuevo Día.

En Bogotá, la marcha central sucede en el Parque Nacional a las 10:00 a. m., convocada por la Asociación Distrital de Educadores. En Cali, la movilización arranca a las 9:00 a. m. en la plazoleta Jairo Varela, avanzando hasta el Parque de las Banderas. Bucaramanga tendrá dos puntos de concentración desde las 9:00 a. m.: la carrera 27 con calle 56 y la Universidad Industrial de Santander, dirigiéndose a la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Para Medellín, las convocatorias se fijaron en la sede de Adida, la Universidad de Antioquia y el Centro Comercial Aventura, además del Parque de la Resistencia. Otras ciudades implicadas son Barranquilla, donde la cita es en el Paseo Bolívar a las 10:00 a. m.; Ibagué, a las 8:00 a. m. en la Casa del Maestro; Armenia, a las 8:30 a. m. en la Plaza de Bolívar; y Riohacha, desde las 7:00 a. m. en el Parque Simón Bolívar.

Las razones de estas manifestaciones, según Fecode, residen en la exigencia de atención adecuada en salud, reconocimiento de prestaciones sociales conforme a la ley y respuestas ante los daños sufridos en instituciones educativas a raíz del terremoto del 10 de agosto. La jornada también servirá de escenario para pronunciarse frente al debate sobre el salario mínimo para 2027 y las acciones estatales destinadas a mitigar los efectos de la sequía.

El expresidente Gustavo Petro, a través de un comunicado, expresó que participará en la movilización en Bogotá e invitó a "todo el pueblo trabajador de la ciudad". Igualmente, hizo un llamado a preparar futuras movilizaciones en defensa de un salario mínimo vital y de acciones estatales frente al hambre. Por su parte, el actual presidente Abelardo de la Espriella defendió el decreto que faculta a la fuerza pública para intervenir en concentraciones donde se detecten vandalismo o bloqueos reiterados, aclarando: “Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano”.

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¿Cuáles son los puntos de encuentro para las marchas del 14 de octubre en Colombia?

Según información publicada por 90minutos.co, las movilizaciones del 14 de octubre tendrán lugar en distintas ciudades. Los puntos de encuentro más representativos incluyen el Parque Nacional de Bogotá, la plazoleta Jairo Varela en Cali, la carrera 27 con calle 56 y la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, la sede de Adida y Parque de la Resistencia en Medellín, el Paseo Bolívar en Barranquilla, la Casa del Maestro en Ibagué, la Plaza de Bolívar en Armenia y el Parque Simón Bolívar en Riohacha. A estas movilizaciones acudirán docentes, sindicatos y afiliados a Fecode.

¿Cuáles son las principales exigencias de la marcha liderada por Fecode?

De acuerdo con Fecode y lo informado por 90minutos.co, las principales demandas de la jornada incluyen acceso digno a la salud, reconocimiento legal de las prestaciones sociales, acciones para atender los daños en escuelas afectados por el terremoto del 10 de agosto y respuestas a las carencias laborales y económicas, como el debate sobre el salario mínimo y la sequía.

El Ministerio de Defensa explicó que la acción militar comenzó a las 10:00 p. m. y fue coordinada detalladamente contra objetivos identificados con anticipación, bajo el mando de alias ‘Calarcá’. Según la cartera, la planificación incluyó estrictas medidas para resguardar a la población civil, en cumplimiento de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución contemplados en el derecho internacional humanitario —DIH—. La operación contempló el uso inicial de fuerza aérea, seguido del despliegue terrestre para registrar la zona, una estrategia respaldada por labores de inteligencia que detectaron campamentos, un búnker y áreas protegidas con artefactos explosivos improvisados.

Durante la etapa de consolidación, cuando las tropas aseguraban el lugar, tres soldados miembros de las Fuerzas Militares resultaron heridos al detonar un campo minado, evidenciando el elevado nivel de peligro que caracteriza este tipo de operativos. También, las autoridades reportaron el decomiso de una considerable cantidad de armamento: diez fusiles, una ametralladora, una pistola, un revólver, casi cuatro mil cartuchos y otros elementos militares, además del hallazgo de campamentos y brazaletes relacionados con las Farc. De acuerdo con el Ministerio, los enclaves insurgentes podían albergar hasta 36 personas.

Respecto a la muerte de la menor, el ministro Mora reiteró la firme condena estatal al reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de actores armados ilegales, remarcando que prácticas como esta los exponen directamente al conflicto, lo que contraviene los principios del DIH. Según la información oficial, la ofensiva se enmarca en los intentos por proteger a las comunidades rurales de la violencia desatada por el enfrentamiento entre el frente 33 y el Eln, quienes se disputan el control de rutas en Catatumbo usadas para narcotráfico y minería ilegal. La cartera de Defensa afirma que ambos grupos han causado amplios daños, incluyendo ataques con drones explosivos y la siembra de minas, incrementando los riesgos tanto para civiles como para los propios militares.

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¿Por qué murió una menor de edad en el bombardeo militar en Tibú contra el frente 33?

La menor de 16 años falleció en una operación militar porque, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y lo reportado por el ministro de Defensa, se encontraba en función de combate dentro del campamento de los disidentes del frente 33, donde tuvo lugar la acción. Esta situación llevó a que el Ministerio condenara con firmeza el reclutamiento de menores por parte de los actores armados en la zona, conducta que los expone directamente a las hostilidades, en contravía de los principios del derecho internacional humanitario.

¿Qué significa el derecho internacional humanitario en el contexto de operaciones militares como la de Tibú?

El derecho internacional humanitario, conocido por la sigla DIH, es un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados protegiendo a las personas que no participan directamente en las hostilidades y restringiendo los medios y métodos de combate. En el caso de la operación en Tibú, el Ministerio de Defensa aseguró que se aplicaron los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del DIH para resguardar a la población civil y reducir los daños colaterales, enfatizando que el accionar de las Fuerzas Militares buscó ajustarse a este marco legal internacional.

Hasta el momento, la información sobre la supuesta orden solo ha sido presentada por Matador y no existe una confirmación independiente de que la UNP haya impartido tal instrucción. La denuncia fue pública, pero requiere ser contrastada directamente con la entidad mencionada y con fuentes oficiales para determinar su veracidad.

Esta controversia surge en medio de una discusión más amplia entre Matador y la primera dama, Ana Lucía Pineda, a raíz de cuestionamientos sobre el manejo de ayudas para los damnificados del terremoto en Pereira. Tras los señalamientos del caricaturista, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas –vinculada a Pineda– difundió un comunicado. En este, la organización afirmó que posee el reconocimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que la faculta para recibir donaciones y reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad, pero no entregó un balance detallado de los recursos recaudados y ejecutados. La fundación destacó: “Cada donación representa una oportunidad para llevar esperanza, bienestar y sonrisas a quienes más lo necesitan”.

Ante los cuestionamientos de Matador, varios funcionarios y figuras públicas reaccionaron. El vicepresidente José Manuel Restrepo calificó los mensajes del caricaturista como “mezquindad” y “bajeza”, mientras que el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, pidió respeto por la primera dama y lamentó los ataques personales. El expresidente Iván Duque también defendió la integridad de Pineda y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, resaltó los valores de la primera dama. Asocapitales, por su parte, señaló que la emergencia humanitaria no puede ser espacio para descalificaciones y anunció el traslado del caso a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Defensoría del Pueblo para su análisis.

De la misma manera, la firma de abogados De La Espriella Lawyers anunció su intención de emprender acciones legales contra el caricaturista por considerar sus expresiones descalificadoras y humillantes contra las mujeres. Esta comunicación constituye solo el anuncio de una posible querella, pues aún no existe ninguna decisión judicial en contra de Matador.

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¿Qué dijo exactamente Matador sobre la primera dama y la UNP?

Matador denunció en su cuenta de X que un alto funcionario de la Unidad Nacional de Protección habría ordenado a los encargados de su seguridad dejarlo solo, sin informarle, y relacionó la situación con el presidente Abelardo de la Espriella. Además, su comentario se dio en el marco de una controversia con la primera dama Ana Lucía Pineda, a quien había cuestionado por la gestión de ayudas a afectados por un terremoto.

¿Qué respuesta dio la Fundación de la primera dama a las críticas de Matador?

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, vinculada a Ana Lucía Pineda, respondió con un comunicado en el que sostuvo contar con el aval de la DIAN para recibir donaciones. Reiteró sus compromisos de transparencia y legalidad, aunque no presentó detalles sobre los fondos recaudados y su uso, enfatizando la importancia social de las donaciones.

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Las declaraciones de Ferrer incluyeron detalles sobre los desplazamientos que realizaba Alcocer hacia Venezuela. Según lo relatado, Carolina Plata era la encargada de coordinar estos viajes, los cuales se mantenían bajo un estricto secreto, al punto de no involucrar a ciertos edecanes de confianza, con el argumento de la confidencialidad. Estas afirmaciones fueron expuestas en una entrevista, donde Ferrer dejó entrever una estructura de reserva y exclusión en torno a las actividades de la exprimera dama, una versión que, por la gravedad de las acusaciones, ha obligado a distintas entidades a expresar su posición pública.

El presidente Abelardo de la Espriella exigió a la Fuerza Aérea una investigación extensa para aclarar “lo ocurrido y determinar responsabilidades”. Igualmente, hizo un llamado a organismos como la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y autoridades de Estados Unidos para que valoren la información y tomen medidas, como se indicó en Semana y El Espectador. Mientras tanto, el exmandatario Gustavo Petro anunció demandas por parte de su familia, advirtiendo que estas declaraciones afectan profundamente a sus hijas. Petro criticó que no se presentaran pruebas y sostuvo que responderá penalmente ante lo que consideró una grave calumnia.

La controversia también salpicó a figuras como Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, quien señaló la existencia de un “pacto de silencio” entre Petro y Laura Sarabia, antigua embajadora en Reino Unido, además de contratos supuestamente fuera de la ley. Ante esto, Petro enfatizó que responderá judicialmente para defenderse y restablecer la verdad.

Paralelamente, desde el Congreso se exigió esclarecimiento y responsabilidades. El senador Óscar Villamizar (Centro Democrático) pidió a la Fiscalía actuar frente al “grupo” que habría salido de la Casa de Nariño tras el cambio de mando. Simón Molina (Creemos) y Miguel Pinto dieron respaldo a una investigación transparente, asegurando que “las maletas no se explican solas”. Del lado del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, señalado en las declaraciones de Ferrer, negó cualquier vínculo con actividades ilegales e informó que interpuso demandas civiles y penales por injuria y calumnia.

La Procuraduría citó este martes a Eva Ferrer para que rinda declaración, junto a otros exfuncionarios como Carmen Caballero, Concepción Baracaldo y Guillermo Reyes, siguiendo el curso formal que exige la gravedad de los señalamientos, como informó El Espectador. La atención pública se centra, ahora, en los resultados de estas investigaciones y en la actuación de las instituciones ante los delicados señalamientos.

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¿Qué pruebas presentó Eva Ferrer sobre los señalamientos a Verónica Alcocer?

De acuerdo con la información provista por Semana, Eva Ferrer afirmó haber presenciado situaciones delicadas y sostuvo que los viajes y actividades de Verónica Alcocer eran manejados bajo extrema confidencialidad. Sin embargo, según el exmandatario Gustavo Petro, Ferrer no aportó pruebas concretas, lo que ha sido motivo de cuestionamientos y de la decisión de su familia de emprender acciones legales.

¿Qué acciones tomó la Procuraduría tras las acusaciones contra Verónica Alcocer?

La Procuraduría citó a Eva Ferrer y a varios exfuncionarios para que rindan declaración sobre los señalamientos en contra de Verónica Alcocer. Entre los citados se encuentran Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo e Ingrid Carolina Plata, siguiendo los pasos formales para investigar el caso según lo informado por El Espectador.

El presidente colombiano se posicionó en el quinto lugar del ránking de mandatarios latinoamericanos elaborado por la firma CB Global Data en octubre de 2026.

El jefe de Estado colombiano registró un índice de aprobación del 49,7 % entre sus ciudadanos, acompañado por una desaprobación del 47,0 % y un 3,3 % en la categoría de no sabe o no responde.

A pesar de mantenerse dentro del grupo de los seis líderes con mejor desempeño de la región, el mandatario experimentó un descenso respecto a la medición de septiembre, cuando alcanzaba un 53,6 % de imagen favorable.

Esta contracción en los niveles de apoyo popular refleja los continuos cambios en la percepción pública regional sobre la gestión gubernamental en medio de los retos sociales e institucionales actuales.

El estudio estadístico mensual ubica a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum en la cima de la tabla continental tras obtener un 69,3 % de respaldo popular y un 27,6 % de imagen negativa.

La presidenta de México consolida la primera posición de la lista tras mostrar un ligero incremento desde el 69,0 % reportado durante el ciclo de medición del mes pasado.

El podio regional lo completa Nayib Bukele de El Salvador en la segunda casilla con un 68,3 % de aprobación y un 27,9 % de rechazo por parte del electorado salvadoreño.

El mandatario salvadoreño evidenció una evolución favorable respecto al 66,2 % registrado en septiembre, afianzando la aceptación ciudadana hacia sus políticas de gobierno actuales.

En el tercer peldaño se sitúa Luis Abinader de República Dominicana, quien alcanzó el 51,9 % de respaldo frente a un 42,5 % de desaprobación popular dentro del territorio dominicano.

El gobernante de República Dominicana mostró un avance progresivo tras subir desde el 50,8 % que ostentaba en el informe demoscópico del periodo mensual anterior.

El cuarto puesto de la evaluación internacional corresponde a Laura Fernández de Costa Rica, tras cosechar un 51,0 % de imagen positiva y un 43,3 % de evaluación negativa.

La mandataria costarricense ascendió desde el 49,7 % registrado en el mes anterior, superando por escaso margen el porcentaje acumulado por el jefe de Estado colombiano.

Justo debajo de la representación colombiana, Daniel Noboa de Ecuador se ubicó en el sexto lugar con un 47,5 % de aprobación y un 46,9 % de desaprobación popular.

El gobernante ecuatoriano mejoró levemente su índice favorabilidad respecto al 47,4 % cosechado en la encuesta realizada durante el mes de septiembre.

En la franja media de la medición destacan Keiko Fujimori de Perú con 46,3 % de aceptación y Lula da Silva de Brasil con 45,3 % de imagen positiva.

La líder peruana protagonizó la disminución más pronunciada de toda la muestra regional, registrando una baja de 6,1 puntos porcentuales respecto al 52,4 % anterior.

Nasry Asfura de Honduras obtuvo la novena posición con 44,1 % de respaldo, seguido por Santiago Peña de Paraguay con 42,9 % y Rodrigo Paz de Bolivia con 41,1 %.

Por su parte, José Antonio Kast de Chile alcanzó un 38,8 % de aprobación popular, ubicándose en la casilla número doce dentro de la tabla general.

El mandatario panameño José Raúl Mulino protagonizó el repunte más destacado del mes al ascender 4,4 puntos porcentuales para situarse en 36,5 % desde el 32,1 % previo.

Javier Milei de Argentina logró un 36,1 % de favorabilidad, mientras Daniel Ortega de Nicaragua alcanzó el 35,7 % dentro de sus respectivos territorios nacionales.

El grupo con menor respaldo ciudadano lo integran Yamandú Orsi de Uruguay con 35,2 %, Delcy Rodríguez de Venezuela con 32,3 % y Bernardo Arévalo de Guatemala con 31,0 %.

El presidente guatemalteco ocupa el último lugar del estudio de opinión pese a subir desde el 28,2 % alcanzado en la encuesta previa del mes anterior.

El informe de CB Global Data analiza el comportamiento de la opinión pública latinoamericana mediante encuestas periódicas que evalúan el desempeño de los gobernantes en ejercicio.

Según las primeras versiones reportadas por El Nuevo Día, el hecho tuvo lugar en la calle 24, entre las carreras Primera y Primera Sur, una arteria del barrio Las Ferias. En ese punto, un hombre armado habría interceptado a Tafur Leyton, disparándole en repetidas ocasiones. A pesar de que la víctima logró entrar a la vivienda, las lesiones sufridas resultaron fatales, y perdió la vida en el lugar.

Uno de los aspectos que circuló tras los hechos corresponde a información extraoficial, la cual señala que Tafur Leyton habría recibido cuatro impactos de bala. No obstante, esta cifra no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades pertinentes. Luego de accionar el arma, el presunto responsable escapó de la escena, desencadenando un operativo de búsqueda y labores investigativas encaminadas a establecer tanto la identidad como la localización de la persona involucrada.

La Policía Metropolitana de Ibagué llegó poco después al lugar del crimen para iniciar la fase de recolección de pruebas. El personal de criminalística se encargó de realizar la inspección técnica del cuerpo y de recuperar elementos materiales probatorios que permitan establecer una reconstrucción precisa de los hechos. Las autoridades también contemplan revisar los registros de las cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de identificar rutas de escape o movimientos sospechosos antes y después del ataque.

Por el momento, los móviles del asesinato permanecen como una incógnita; tampoco se ha confirmado oficialmente la identidad del responsable. Las labores investigativas continúan, mientras la comunidad espera que este violento episodio, que enluta a una familia en Ibagué, logre esclarecerse a la mayor brevedad.

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¿Qué información se conoce sobre el asesinato de Iván Andrés Tafur Leyton en Las Ferias, Ibagué?

Iván Andrés Tafur Leyton fue asesinado mientras ingresaba su motocicleta a la vivienda donde vivía con su pareja, en la calle 24 del barrio Las Ferias, en Ibagué. Según reportó El Nuevo Día, un hombre armado lo interceptó y le habría disparado en reiteradas ocasiones. Aunque Tafur Leyton alcanzó a entrar a su casa, perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

¿Cuál es el avance de la investigación sobre el crimen de Iván Tafur en Ibagué?

Las autoridades, encabezadas por la Policía Metropolitana de Ibagué, se encuentran adelantando las pesquisas correspondientes. Se realizaron inspecciones técnicas y se recolectaron pruebas en el lugar. Así mismo, buscan registros en cámaras de seguridad para encontrar pistas sobre el responsable, cuyo paradero e identidad aún se desconocen, y continúan trabajando para determinar las razones detrás del asesinato.

De acuerdo con Helver González Mora, la administración municipal permanece alerta frente al fenómeno y está a la espera del informe oficial del Servicio Geológico Colombiano que permita esclarecer la situación con mayor detalle. Hasta el momento, las autoridades locales han notado una tendencia a la disminución en la frecuencia y la intensidad de los eventos sísmicos registrados, aunque remarcan que requieren información técnica para confirmar y profundizar en el análisis del comportamiento sísmico.

Según el registro oficial publicado por el Servicio Geológico Colombiano el 1 de octubre, se identificó que entre el 20 y el 30 de septiembre se localizaron más de 1.100 sismos con magnitudes superiores a 2,0, cuyo epicentro se ubicó en el municipio de Chaparral. Tal concentración de eventos sísmicos generó una alerta especial en la población y motivó la instalación del sismógrafo. La entidad explicó que sigue trabajando en la recolección de información para caracterizar y comprender mejor este fenómeno, de modo que las autoridades y la ciudadanía puedan tomar decisiones informadas respecto a la gestión del riesgo.

Durante este proceso de monitoreo, la administración municipal ha insistido en la importancia de mantener la calma y seguir las directrices de las entidades competentes, mientras se conocen los resultados del análisis realizado por el Servicio Geológico Colombiano. El alcalde enfatizó la necesidad de confiar en la labor técnica de los expertos y evitar la difusión de rumores, con el objetivo de proteger la tranquilidad de la comunidad mientras se mantiene un trabajo conjunto entre diferentes autoridades para informar oportunamente sobre cualquier novedad relevante.

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¿Qué ha informado el Servicio Geológico Colombiano sobre los sismos en Chaparral?

El Servicio Geológico Colombiano indicó que, entre el 20 y el 30 de septiembre, se registraron más de 1.100 sismos con magnitudes superiores a 2,0 en el municipio de Chaparral, Tolima. Además, la entidad aseguró que continúa recabando datos técnicos para caracterizar adecuadamente la actividad sísmica y así informar sobre sus causas y evolución.

¿Qué medidas anunció la Alcaldía de Chaparral frente a los recientes sismos?

La Alcaldía de Chaparral, liderada por Helver González Mora, recomendó a los habitantes mantener la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades, mientras se esperan los resultados del informe técnico del Servicio Geológico Colombiano sobre la reciente actividad sísmica registrada en la zona.

El rector del colegio, Luis Guillermo Ramírez López, hizo pública esta problemática al afirmar que la presencia de habitantes en situación de calle aún persiste en la zona, representando un reto significativo para la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa. "Encontramos que todavía siguen alrededor del Antonio José Camacho los habitantes de calle y eso es un problema de inseguridad, de un ambiente incómodo con respecto a ellos", comentó Ramírez López. Su declaración resalta el impacto que tiene esta situación en los estudiantes y en el desarrollo de los procesos educativos.

Ramírez López también abordó la relación de esta problemática con las intervenciones recientes de la Alcaldía de Cali en el centro de la ciudad, específicamente en el marco de los proyectos de desarrollo de Ciudad Paraíso. Aunque expresó que no se oponen al progreso ni a las obras de renovación urbana, insistió en la necesidad de que se garanticen condiciones adecuadas de seguridad para la comunidad educativa. Según palabras del rector: "No obstaculizamos el progreso. Que haya progreso, sí, pero no de esta manera, porque lo que necesitamos es que nuestra comunidad educativa esté protegida, que tenga seguridad, que esté digna para que los estudiantes desde nuestra institución tengan una buena educación".

La manifestación ha tenido consecuencias en la movilidad del sector. La Secretaría de Movilidad de Cali confirmó el cierre vial en la zona afectada, lo que requirió la presencia de agentes de tránsito para regular la circulación y desviar vehículos. Igualmente, el servicio de transporte masivo MÍO ha registrado desvíos debido a la situación. Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a transitar con precaución y utilizar rutas alternas.

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¿Por qué protestaron los habitantes cerca de la Institución Educativa Antonio José Camacho en Cali?

La protesta pacífica realizada por la comunidad de la comuna 9 en Cali se debió a la presencia de personas en situación de calle en los alrededores de la Institución Educativa Antonio José Camacho. Según el rector Luis Guillermo Ramírez López, la comunidad considera que esto afecta la seguridad y el ambiente educativo, preocupaciones manifestadas tras el regreso de los estudiantes después del receso escolar, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos.

¿Qué impacto tuvo la protesta en la movilidad y el transporte en Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, la manifestación produjo el cierre de vías en la zona donde se realizó la protesta. Esto generó desvíos del transporte masivo MÍO y obligó a las autoridades a regular el tránsito, recomendando a los conductores tomar rutas alternas y programar sus desplazamientos con anticipación para evitar mayores contratiempos.

El hombre al llegar dio una palabras de agradecimiento. Camargo aseguró que volver a Colombia era algo que veía prácticamente imposible, pero que finalmente logró gracias al respaldo recibido.

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“Bendecido ante todo por Dios, por el presidente que me dio esa mano de apoyo. A todos los colombianos, mil gracias porque sin la ayuda de todos no hubiera sido posible. Lo veía como algo imposible, pero con la Patria Milagro se pudo hacer posible”, expresó a su llegada.

 

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La situación de Camargo se conoció en septiembre, cuando pidió ayuda para ser repatriado desde Estados Unidos debido a sus complicaciones pulmonares y a la necesidad de someterse a un doble trasplante.

Ante su solicitud, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó al canciller Omar Bula atender el caso con celeridad. La Cancillería activó un mecanismo de apoyo humanitario excepcional para facilitar su traslado.

De acuerdo con la información divulgada por esa entidad, Camargo regresó el lunes 13 de octubre en un vuelo medicalizado desde Nueva York, gestionado con el acompañamiento de la Cancillería y el consulado de Colombia en esa ciudad. La operación se financió con recursos del Fondo Especial para las Migraciones, lo que permitió concretar el traslado y facilitar la continuidad de su atención médica en el país.

A su llegada a Bogotá, el exmilitar fue recibido en el Hospital Militar Central, donde continuará su tratamiento debido a su afiliación al régimen especial de salud de las Fuerzas Militares.

🇨🇴 ¡Bienvenido a Colombia, Henry!

Siguiendo la instrucción del presidente @ABDELAESPRIELLA, Henry Camargo, exintegrante de las Fuerzas Militares, regresó este lunes al país en un vuelo medicalizado desde Nueva York, gestionado por la Cancillería y el @ConsuladoColNY.

El traslado, posible gracias a la autorización excepcional de recursos del Fondo Especial para las Migraciones, permitirá que Henry continúe su atención médica especializada en Colombia.

A su llegada a Bogotá, fue recibido por el Hospital Militar Central, donde continuará su proceso médico de acuerdo con su afiliación al régimen especial de salud de las Fuerzas Militares.

Durante su permanencia en Estados Unidos, el Consulado de Colombia en Nueva York mantuvo un acompañamiento permanente y realizó las gestiones necesarias para facilitar su retorno en condiciones adecuadas.

🇨🇴 Henry ya está en casa y continuará su recuperación en Colombia.

En La Patria Milagro, nuestra política exterior tiene una prioridad clara: el bienestar de todos los colombianos.

— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 13, 2026

Durante sus declaraciones, Camargo también dejó un mensaje dirigido a quienes atraviesan situaciones difíciles. En medio de su agradecimiento, los invitó a mantener la fe y a no abandonar la lucha frente a las adversidades.

El exmilitar reconoció el acompañamiento de su familia y de los colombianos, a quienes agradeció por no dejarlo solo durante este proceso.

“A mi familia, a mi pueblo colombiano que nunca me dejó solo, le estoy muy agradecido y muy orgulloso de estar hoy acá en Colombia, con mucho amor”, manifestó.

Asimismo, destacó la labor del cónsul colombiano en Nueva York, del canciller y del equipo que lo acompañó durante su permanencia en Estados Unidos.

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Según relató, recibió apoyo de profesionales que estuvieron pendientes de su situación, entre ellos personal médico y psicológico. Por eso, calificó el servicio recibido como una ayuda fundamental para hacer realidad su regreso.

Ahora, Camargo continuará bajo atención médica en el Hospital Militar Central, mientras se prepara para el procedimiento que necesita para tratar sus afectaciones pulmonares: un doble trasplante de pulmón.

Momentos emocionantes marcaron la jornada, como la presentación de Mon Laferte, quien manifestó su asombro ante la multitud congregada que rebasaba el entorno habitual de un concierto. El nuevo escenario BBC fue un factor destacado, ya que sus 21 agrupaciones, incluyendo talento nacional, bogotano e internacional, enriquecieron la experiencia del público. Todo esto fue posible gracias a una articulación ejemplar entre patrocinadores privados y las entidades públicas como la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

La agenda incluyó más que conciertos: la Zona de Arte y Emprendimiento integró 59 iniciativas, desde moda hasta artes gráficas, y aportó más de 280 millones de pesos en ganancias. Proyectos como la carpa Manos que construyen paz y programas de lectura como Libro al Viento involucraron dimensiones sociales y culturales adicionales, abriendo espacios para la comercialización y la reflexión. De acuerdo con la Encuesta de Impacto Turístico y Económico, la proyección de gasto de los asistentes superó los 190.000 millones de pesos en los dos primeros días, con el 91,9 % de visitantes de fuera de Bogotá motivados exclusivamente por el festival. Los residentes también impulsaron la economía local, lo que refuerza el papel dinamizador del evento en múltiples sectores.

La internacionalización estuvo presente con la llegada de programadores y agentes de distintos festivales, quienes ofrecieron oportunidades para las bandas locales. Destaca la coordinación de entidades como el Comité SUGA, además del apoyo de patrocinadores y la formación de alianzas público-privadas que fortalecieron la difusión y conectividad del festival. Las actividades académicas, la exposición en la Biblioteca Virgilio Barco, el Foro Internacional de Periodismo de Rock y la inauguración de la escultura La Rockera completaron una edición que celebró tres décadas de historia, identidad y transformación cultural en la capital.

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¿Cuál fue el impacto económico y turístico del Festival Rock al Parque 2026 en Bogotá?

Durante la edición número 30 del festival, la Encuesta de Impacto Turístico y Económico reportó un movimiento de cerca de $190.948 millones de pesos en los dos primeros días, incluyendo gastos en alimentación, transporte, compras y hospedaje. El 24,2 % de los asistentes llegó de fuera de Bogotá, y la mayoría de ellos viajó específicamente para el evento, lo que demuestra su gran capacidad de atracción y su importancia en la economía y el turismo de la ciudad.

¿Qué novedades y actividades complementarias se destacaron en Rock al Parque 2026?

Rock al Parque 2026 estrenó un cuarto escenario, el BBC, ampliando la diversidad musical y los espacios para artistas. Además, se fortaleció la dimensión social y cultural con la Zona de Arte y Emprendimiento, programas de lectura, espacios para la paz y exposiciones históricas. Estas iniciativas integraron el festival al tejido económico y cultural de Bogotá, mostrando cómo va más allá de los conciertos para impactar positivamente en la ciudad y sus comunidades.

Todo empezó cuando el hijo de la víctima, un adolescente de 16 años, llegó en motocicleta para tanquear. Según el relato familiar, al momento de hacer la fila se generó una confusión por el orden para ser atendidos. En ese instante, el conductor de una camioneta, mencionan los denunciantes, confrontó al joven. Al presenciar la tensión, el padre se acercó para informarse sobre lo que sucedía y tratar de calmar la situación.

Sin embargo, de acuerdo con la versión de la familia, la intervención del padre terminó de la peor manera: recibió un disparo en el brazo izquierdo, aparentemente efectuado con un arma traumática. Cabe destacar que una arma traumática es un tipo de arma diseñada para causar lesiones no letales, generalmente utilizada para defensa personal, pero que igualmente puede provocar daños considerables.

La gravedad del incidente se acentúa porque, en ese momento, el lugar estaba concurrido por varios menores de edad y otras personas que fueron testigos del violento episodio. El hombre herido recibió atención médica tras lo ocurrido, y después decidió dar inicio al proceso legal para que lo sucedido sea investigado por las autoridades competentes.

Tras el hecho, el conductor señalado abandonó de inmediato la escena en una camioneta con placas de Cali. Los familiares de la víctima, preocupados por la impunidad, aseguraron que cuentan con fotografías y videos que podrían facilitar la identificación del presunto agresor. No obstante, hasta el momento, la información recopilada no ha sido suficiente para establecer una identificación oficial.

La familia hace un llamado a las autoridades para que con el material disponible se adelante la investigación y se pueda establecer plenamente la responsabilidad sobre el ataque. El caso sigue bajo análisis y deja en evidencia los riesgos que pueden surgir en situaciones cotidianas por la intolerancia y la falta de control.

¿Qué ocurrió exactamente en la estación de servicio de Ibagué según los testigos?

De acuerdo con la denuncia familiar recogida en el reporte, el incidente comenzó por el desacuerdo sobre el turno para tanquear una motocicleta. Luego de una confrontación verbal entre el conductor de una camioneta y un adolescente de 16 años, el padre del menor intervino y fue herido en el brazo con un arma traumática. El presunto agresor huyó en su vehículo inmediatamente después de los hechos.

¿Qué es un arma traumática y cómo fue utilizada en el incidente de Ibagué?

Una arma traumática, según lo expuesto en el reporte, es un dispositivo que causa lesiones no letales y suele usarse para defensa personal. En este episodio, el arma fue empleada presuntamente por el conductor de la camioneta para disparar contra el brazo del padre del joven involucrado en la disputa por el turno en la estación de servicio, provocándole una herida que requirió atención médica.

Según el análisis expuesto en el espacio radial, el andamiaje de las movilizaciones descansa sobre dos grandes artefactos de distracción. Por un lado, se instrumentalizan polémicas coyunturales como el ataque misógino perpetrado por el caricaturista ‘Matador’ contra la primera dama; por el otro, se agitan banderas completamente infundadas en torno al salario vital para el 2027, ignorando deliberadamente que dichas discusiones de carácter económico y normativo competen a la rama judicial y al Consejo de Estado, y no directamente a las determinaciones del Ejecutivo. “¿Cuál es el miedo que le tienen a esas herramientas?”, cuestionó Araújo al poner en evidencia la incoherencia discursiva de los organizadores.

Esta narrativa de cortinas de humo adquiere una dimensión crítica al conectarla directamente con el terremoto institucional desatado por las recientes confesiones de la exconsejera presidencial Eva Ferrer. Las explosivas declaraciones entregadas a la revista Semana por quien fuera una de las fichas más cercanas del círculo íntimo del expresidente Gustavo Petro destaparon un entramado oscuro que involucra a la ex primera dama Verónica Alcocer en supuestas redes de narcotráfico internacional. Según el testimonio juramentado de Ferrer, Alcocer habría participado en el transporte clandestino de cargamentos de estupefacientes y sumas astronómicas de dinero en efectivo —que ascenderían a los 2,5 millones de dólares— aprovechando vuelos oficiales con destino a Venezuela realizados en enero de 2023.

La exfuncionaria aseguró que existen registros fotográficos que evidenciarían el descenso de la exprimera dama de aeronaves del Estado portando “maletas grises” cargadas con sustancias ilícitas y capitales de dudosa procedencia, salpicando además a figuras del entramado político y empresarial como el polémico catalán-colombiano Manel Grau y el congresista Agmeth Escaf. Este caudal probatorio, sumado a las pesquisas que ya adelanta la Procuraduría General de la Nación con la citación de exministros y exfuncionarios clave, conforma el expediente que la oposición intentaría diluir mediante la agitación callejera de este 14 de octubre. Para los analistas, convocar a un paro bajo consignas desnaturalizadas busca blindar políticamente a los alfiles del gobierno anterior, utilizando el asfalto como trinchera frente al avance incontenible de la justicia.

El Ejecutivo ha mencionado que mejorar la entrega de medicamentos, el acceso a citas con especialistas y los tratamientos para enfermedades de alto riesgo son las prioridades durante los primeros meses de esta administración.

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Ante esta urgencia, el gobierno De la Espriella ha señalado que el plan para recuperar el sistema de salud define cómo deberían administrarse los recursos.

Así entregará los recursos el gobierno De la Espriella para la atención en salud

De esta manera, se estableció que los recursos de financiación se desembolsarán directamente a clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos para pagar las obligaciones validadas entre el 1 de enero y el 20 de septiembre de 2026.

El Ejecutivo explicó que la decisión de optar por este mecanismo busca garantizar que el dinero se destine a la atención de los pacientes y no se convierta en un «cheque en blanco».

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Así, la atención se centrará en resolver más de un millón de casos acumulados por la falta de entrega de medicamentos y en atender procedimientos médicos represados. Se priorizará a pacientes con patologías de alto riesgo, como cáncer, VIH, enfermedades renales y enfermedades huérfanas, además de las gestantes.

Hasta el momento, la información sobre la supuesta orden solo ha sido presentada por Matador y no existe una confirmación independiente de que la UNP haya impartido tal instrucción. La denuncia fue pública, pero requiere ser contrastada directamente con la entidad mencionada y con fuentes oficiales para determinar su veracidad.

Esta controversia surge en medio de una discusión más amplia entre Matador y la primera dama, Ana Lucía Pineda, a raíz de cuestionamientos sobre el manejo de ayudas para los damnificados del terremoto en Pereira. Tras los señalamientos del caricaturista, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas –vinculada a Pineda– difundió un comunicado. En este, la organización afirmó que posee el reconocimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que la faculta para recibir donaciones y reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad, pero no entregó un balance detallado de los recursos recaudados y ejecutados. La fundación destacó: “Cada donación representa una oportunidad para llevar esperanza, bienestar y sonrisas a quienes más lo necesitan”.

Ante los cuestionamientos de Matador, varios funcionarios y figuras públicas reaccionaron. El vicepresidente José Manuel Restrepo calificó los mensajes del caricaturista como “mezquindad” y “bajeza”, mientras que el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, pidió respeto por la primera dama y lamentó los ataques personales. El expresidente Iván Duque también defendió la integridad de Pineda y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, resaltó los valores de la primera dama. Asocapitales, por su parte, señaló que la emergencia humanitaria no puede ser espacio para descalificaciones y anunció el traslado del caso a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Defensoría del Pueblo para su análisis.

De la misma manera, la firma de abogados De La Espriella Lawyers anunció su intención de emprender acciones legales contra el caricaturista por considerar sus expresiones descalificadoras y humillantes contra las mujeres. Esta comunicación constituye solo el anuncio de una posible querella, pues aún no existe ninguna decisión judicial en contra de Matador.

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¿Qué dijo exactamente Matador sobre la primera dama y la UNP?

Matador denunció en su cuenta de X que un alto funcionario de la Unidad Nacional de Protección habría ordenado a los encargados de su seguridad dejarlo solo, sin informarle, y relacionó la situación con el presidente Abelardo de la Espriella. Además, su comentario se dio en el marco de una controversia con la primera dama Ana Lucía Pineda, a quien había cuestionado por la gestión de ayudas a afectados por un terremoto.

¿Qué respuesta dio la Fundación de la primera dama a las críticas de Matador?

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, vinculada a Ana Lucía Pineda, respondió con un comunicado en el que sostuvo contar con el aval de la DIAN para recibir donaciones. Reiteró sus compromisos de transparencia y legalidad, aunque no presentó detalles sobre los fondos recaudados y su uso, enfatizando la importancia social de las donaciones.

La citación de Ferrer no se da de manera aislada. Junto con ella, el órgano de control también llamó a declarar a varias figuras públicas, entre quienes se encuentran Carmen Caballero; Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); Concepción Baracaldo, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); el exministro de Transporte Guillermo Reyes; e Ingrid Carolina Plata Navas, quien trabajó en la Casa de Nariño y mantiene vínculos cercanos con la familia del presidente Gustavo Petro y de Verónica Alcocer, según El Espectador. Todas estas diligencias hacen parte de una investigación en curso iniciada por la Procuraduría, que ya había tomado fuerza luego de denuncias divulgadas por la revista Semana sobre supuestas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Eva Ferrer, conocida por haber sido asesora de Verónica Alcocer durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y posteriormente consejera del gobierno, apareció en una entrevista publicada el 10 de octubre donde sostuvo que la entonces primera dama habría hecho uso de su posición para viajar con drogas, armas y grandes cantidades de dinero entre Colombia y Venezuela. Ferrer afirmó que en enero de 2023, Verónica Alcocer habría regresado de Venezuela ingresando una suma superior a dos millones de dólares, según lo relatado tanto por ella como por un colaborador identificado como Manel Grau.

Ferrer aseguró también que estos viajes no fueron un hecho aislado y describió cómo supuestamente existieron múltiples vuelos oficiales y confidenciales, con la participación directa o conocimiento de personas como Carolina Plata. Adicionalmente, señaló que otras figuras vinculadas al entorno político de Gustavo Petro, entre ellas Danilo Romero, podrían haber participado en el ocultamiento de fondos desviados con fines electorales, presuntamente dirigidos a apoyar la campaña de Mario Fernández Alcocer en Sucre, en el año 2023. En su testimonio, Ferrer mencionó además a supuestos financiadores de la campaña presidencial de Petro, tales como Diego Marín Buitrago, alias "Papá Pitufo", y Euclides Torres, quienes habrían aportado dinero en efectivo que, de acuerdo con ella, no fue reportado oficialmente.

Al cierre, El Espectador reportó que la Fiscalía General de la Nación también investiga el caso y ha solicitado la declaración de Eva Ferrer, quien no se ha presentado ni ha aportado pruebas hasta el momento. Todas estas afirmaciones, según los medios citados, permanecen bajo proceso de verificación judicial y disciplinaria.

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¿Cuáles son las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer y otros funcionarios?

Eva Ferrer ha denunciado que Verónica Alcocer supuestamente utilizó su cargo de primera dama para realizar viajes oficiales en los que habría transportado drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela. Además, Ferrer implicó a funcionarios y personas cercanas al entorno presidencial en el manejo confidencial de estos viajes y en el ocultamiento de capitales con fines políticos. Estas aseveraciones también involucran a presuntos financiadores de campañas políticas.

¿Qué significa "Dapre" y por qué es relevante en esta investigación?

"Dapre" corresponde al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, una entidad encargada de la gestión administrativa y de apoyo a la Presidencia. En esta investigación, el cargo es relevante porque una de sus exdirectoras, Angie Rodríguez, ha sido citada a declarar, debido a su posible conocimiento sobre las presuntas irregularidades señaladas por Eva Ferrer.

En el Senado, el trabajo de las comisiones será diverso. Destaca la citación de la Comisión Tercera, encargada de la presentación del informe de gestión del Banco de la República, mientras que la Comisión Sexta tiene previsto abordar proyectos relacionados con la alerta sísmica temporal y el examen nacional de especialidades médicas, asuntos de relevancia para la seguridad y la formación profesional en el país.

La actividad continuará el miércoles, día en el que la Comisión de Paz analizará el presupuesto y los indicadores de gestión de las entidades responsables de tan delicado proceso. En paralelo, la Comisión de Ordenamiento Territorial se ocupa de estudiar la reforma al Sistema General de Participaciones y la Ley de Competencias, asuntos que impactan directamente en la distribución y manejo de recursos públicos a nivel local. La Comisión Segunda y la Quinta mantendrán su atención en la votación de proyectos de ley que han quedado en agenda.

El jueves, la programación incluye la sesión de la Comisión Bicameral Accidental, que hará seguimiento a la atención brindada a los damnificados del terremoto ocurrido en San José del Palmar, Chocó, el pasado 10 de agosto. Además, la Comisión de la Mujer evaluará el avance en la implementación de la ley de apoyo a mujeres rurales mediante control político. Por su parte, la Comisión Séptima organizará una audiencia pública sobre el uso de la inteligencia artificial en el sector salud, enfocándose en la seguridad del paciente y la protección de datos.

En la Cámara de Representantes, la agenda también está marcada por el presupuesto de 2027. Así, las Comisiones Económicas definirán la ponencia para el segundo debate, mientras que otras comisiones debatirán proyectos de ley y revisarán temas energéticos. El proceso continuará con debates de control político dirigidos especialmente al ICBF y la gestión ambiental, de acuerdo con lo informado por El Espectador.

El calendario legislativo se vio afectado por la denominada "semana de receso", lo que postergó el avance de varios proyectos. Ahora, con el reinicio de las sesiones, se espera que el presupuesto llegue a las plenarias en los próximos días, y que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, presente el articulado del estatuto antiterrorista ante el Consejo de Política Criminal. El presidente Abelardo de la Espriella ha insistido en la importancia estratégica de esta iniciativa para su administración.

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¿Cuál es el calendario de debates sobre el presupuesto general de 2027 en el Congreso?

De acuerdo con la información descrita por El Espectador, esta semana inicia una serie de debates clave en distintas comisiones tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. El martes se reúnen las Comisiones Económicas para establecer la ponencia del presupuesto, y en los días siguientes continúan las discusiones en plenarias, después de la revisión por parte de las comisiones necesarias.

¿Qué temas serán prioridad en los debates de control político citados por el Congreso?

Durante las próximas sesiones, según reporta El Espectador, estarán en el centro de los debates asuntos como la gestión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la eficacia del Ministerio de Ambiente, la implementación de leyes de apoyo a mujeres rurales y la respuesta estatal ante emergencias como el reciente terremoto en Chocó.

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De acuerdo con los reportes de las autoridades, la pareja habría sostenido una fuerte discusión en medio de una escena de celos, durante la cual el hombre le habría hecho varios reclamos a la mujer y, posteriormente, la habría atacado en repetidas ocasiones con un arma blanca, causándole graves heridas.

Lorena fue trasladada de inmediato al hospital del municipio. Sin embargo, al ingresar al servicio de urgencias, el personal médico confirmó que ya no tenía signos vitales

Según la información conocida sobre el caso, la agresión ocurrió en presencia de la madre de la víctima, quien también habría sido atacada por su yerno.

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El hecho ha causado consternación entre los habitantes de Quinchía. A través de las redes sociales, varios ciudadanos han expresado su rechazo a lo ocurrido y han exigido justicia, así como una condena ejemplar para el responsable.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía y deberá comparecer ante un juez de control de garantías, quien adelantará las audiencias correspondientes para legalizar la captura, formular la imputación de cargos, si hay lugar a ello, y evaluar la imposición de una medida de aseguramiento.

Durante su intervención radial, Gómez fue categórico al señalar que la convocatoria liderada por sectores afines al petrismo y sindicales resulta prematura. “Yo creo que la convocatoria no solo es prematura sino es una mala estrategia por parte de la oposición”, sentenció el analista, al advertir sobre el riesgo político que implica pretender medir fuerzas en el asfalto contra un Ejecutivo que apenas acumula dos meses en el poder, el cual además afronta los millonarios retos de reconstrucción tras el reciente sismo de magnitud 8.0 y que, por ende, mantiene altos niveles de compasión y respaldo ciudadano.

El análisis profundizó en la desconexión discursiva que arrastra la izquierda con uno de los sectores electorales más decisivos del tablero nacional: la clase media urbana. Según el criterio expuesto en el espacio radial, el triunfo de Gustavo Petro en los comicios de 2022 se cimentó precisamente en su capacidad para persuadir a este segmento poblacional, un logro que hoy se desvanece porque el discurso tradicional de los partidos de izquierda y de centrales obreras como la CUT se queda corto frente a las verdaderas prioridades de dichos ciudadanos, quienes priorizan el mejoramiento tangible de sus ingresos y estabilidad económica.

En esa misma línea crítica, Gómez recordó que figuras como Iván Cepeda no lograron conectar ni hablarle de manera efectiva a esa clase media, capitalizando por el contrario un espacio que el actual mandatario, Abelardo De La Espriella, supo interpretar con éxito durante su campaña presidencial. Para el experto, la oposición está replicando exactamente el mismo fallo táctico al organizar una protesta concebida “de la izquierda para la izquierda”, incapaz de sintonizarse con los dolores y aspiraciones cotidianas de la ciudadanía urbana.

La radiografía planteada pone en evidencia que la gran apuesta de calle de la próxima semana corre el peligro de convertirse en un monólogo sectorial que desatiende el pulso real de la opinión pública. Mientras los organizadores afinan las consignas y preparan las pancartas para la jornada del 14 de octubre, voces independientes advierten que la estrategia de confrontación frontal contra un gobierno en fase de consolidación y emergencia humanitaria podría fracturar aún más el capital político de una oposición que insiste en mirar hacia adentro en lugar de sintonizarse con las urgencias del ciudadano de a pie.

Sin embargo, sostuvo que estas molestias hacen parte del ejercicio de la protesta y reiteró que debe garantizarse el derecho a manifestarse sin represión.

“Vamos a manifestarnos y a caminar por las vías de Colombia. Obviamente, eso genera bloqueos o interrupciones de vías, pero será solo mientras pasamos por ellas. Toda protesta genera alguna molestia para alguien, lo sabemos perfectamente. Pero esa es la garantía de la protesta: que nadie vaya a ser reprimido”, detalló en Blu Radio.

Arias también confirmó que el presidente Gustavo Petro estará en la marcha y señaló que no ve inconvenientes en que intervenga en la Plaza de Bolívar.

“El presidente Petro estará en la marcha y vamos a ver si va a intervenir en la Plaza de Bolívar. No vemos problema con que intervenga”, añadió.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella defendió el decreto que busca regular la intervención de la Fuerza Pública durante las manifestaciones.

El mandatario aseguró que su Gobierno respetará las protestas pacíficas, pero actuará frente a bloqueos prolongados, vandalismo y hechos violentos.

“Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano”, afirmó De la Espriella, quien también cuestionó a los sectores que promueven las movilizaciones y los señaló de buscar desestabilizar al Gobierno.

Durante su alocución, el mandatario presentó resultados de seguridad, anunció medidas para prevenir riesgos energéticos y destacó la puesta en marcha del Fondo Milagro, que cuenta con $1 billón para atender a las familias afectadas por el terremoto.

De acuerdo con lo registrado durante la jornada, el encuentro comenzó con una feria de emprendimiento que logró reunir a numerosos habitantes del sector. Allí, las personas mostraron al público productos y servicios elaborados localmente, reafirmando la creatividad y el espíritu de trabajo que caracteriza a la comunidad. Los expositores, con vistosas prendas que evocaban las tradiciones y raíces autóctonas, manifestaron su orgullo por la identidad cultural que los une y fortalece.

Uno de los momentos más resonantes de la jornada fue la presentación del mural titulado “Villacorelca es historia, es música, es gente”, una obra que se convirtió en símbolo visual de la riqueza cultural del barrio. Según la información suministrada, este mural retrata a un músico usando un sombrero tradicional, acompañado de brillantes flores tropicales, elementos que juntas recogen la historia, el arte y la gente que han dado forma a la comunidad.

La cita cultural también tuvo espacio para la inauguración de una estructura artística de gran significado: las “Damas del Hierro”. Esta obra metálica fue concebida para rendir homenaje a las mujeres afrodescendientes del sector. La silueta de mujer y el mapa de Colombia, enmarcados bajo la frase “Nuestra Fuerza, Nuestra Raíz”, buscan inspirar reflexión acerca del papel protagónico de la mujer afro en la construcción de la identidad local y nacional.

El evento, impulsado por ASOPEDIC y respaldado por Comfacesar, dejó en claro el relevante papel que las manifestaciones culturales y las expresiones artísticas desempeñan al fortalecer la memoria y la cohesión social en Valledupar.

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¿Cuál fue el objetivo principal de la jornada cultural ‘Las 6 raíces de Villa Corelca’ en Valledupar?

La jornada buscó resaltar y poner en valor la herencia cultural, la memoria colectiva y la identidad de la comunidad de Villa Corelca, por medio de actividades artísticas y una feria de emprendimiento que promovieron el sentido de pertenencia, de acuerdo con la información presentada por ASOPEDIC y Comfacesar.

¿Qué significado tienen las “Damas del Hierro” en la jornada cultural de Villa Corelca?

La estructura denominada “Damas del Hierro” representa la silueta de una mujer afro y el mapa de Colombia, rindiendo homenaje a la fuerza y raíces de las mujeres afrodescendientes, quienes han sido fundamentales en la construcción de la identidad del sector, tal como se resaltó durante la jornada.

Aunque la Fundación Colombia Luz y Sonrisas no ha publicado aún un balance oficial con el total de dinero recaudado, sí difundió un comunicado en el que informa su pertenencia al Régimen Tributario Especial (RTE) de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Según este documento, la fundación está legalmente habilitada para recibir donaciones en Colombia, en cumplimiento de las normativas vigentes. En palabras de la organización, “nuestra fundación se encuentra habilitada para recibir donaciones, de conformidad con las disposiciones legales vigentes”. Asimismo, enfatiza en su compromiso con la legalidad, la transparencia y la confianza en los donantes, benefactores y aliados.

A la par, la DIAN, máxima autoridad tributaria en el país, abordó los cuestionamientos públicos confirmando que Colombia Luz y Sonrisas mantiene vigente su Registro Único Tributario (RUT) y es integrante del Régimen Tributario Especial. Esto significa que la fundación está sujeta a los derechos, obligaciones y mecanismos de control que corresponden a todas las organizaciones de este régimen. La entidad desmintió versiones según las cuales la fundación carecería de reconocimiento o pertenencia al régimen especial y subrayó que las organizaciones sin ánimo de lucro que estén legalmente constituidas pueden recibir aportes para las actividades que describe su objeto social.

La DIAN también aclaró que la diferencia entre pertenecer o no al régimen tributario especial radica en la capacidad de la entidad para expedir certificaciones que permitan a los donantes acogerse a beneficios tributarios, conforme al artículo 1.2.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016. No pertenecer a dicho régimen, sin embargo, no implica estar impedido para recibir donaciones, aunque sí limita el acceso de los donantes a ciertos beneficios fiscales.

A pesar de estas precisiones jurídicas y tributarias, sigue siendo un punto pendiente la publicación de un balance concreto sobre los fondos recaudados y su ejecución para la campaña de apoyo a los afectados del terremoto, que resultó en más de 300 fallecidos y miles de familias afectadas. Por ahora, las declaraciones se centran en la capacidad legal de la fundación para manejar donativos, pero la ciudadanía aún espera conocer cifras y detalles sobre la gestión de los recursos.

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¿Cuál es la situación legal de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas para recibir donaciones en Colombia?

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas está reconocida por la DIAN como parte del Régimen Tributario Especial, lo que le habilita legalmente para recibir donaciones conforme a las leyes colombianas. De acuerdo con el comunicado de la organización y la confirmación de la autoridad tributaria, la fundación cuenta con su Registro Único Tributario al día y se encuentra sujeta a los controles y obligaciones que exige la normatividad para entidades sin ánimo de lucro.

¿Cuánto dinero ha recaudado la Fundación Colombia Luz y Sonrisas tras el terremoto del 10 de agosto?

Hasta el momento, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas no ha publicado un balance oficial que indique el monto total recaudado tras el sismo. Los comunicados y declaraciones conocidos se han enfocado en aclarar la legalidad de la organización para recibir donaciones, pero la cifra consolidada de los recursos obtenidos y su distribución aún no ha sido divulgada al público.

La nueva víctima mortal fue identificada como Ajay Bhathaga, un ciudadano británico de 50 años, oriundo de Londres y radicado desde hace décadas en los Estados Unidos. Bhathaga era un reconocido especialista en oncología, destacado profesionalmente por su labor en tratamientos contra el cáncer de próstata mediante terapias de radiación de baja dosis. El pasado domingo, el médico oncólogo se encontraba disfrutando de uno de los siete escenarios dispuestos en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, epicentro que congregó a más de 90.000 asistentes durante los dos días que duró el festival, de acuerdo con el periódico. 

En medio de la masiva aglomeración, el especialista de raíces asiáticas comenzó a presentar graves complicaciones de salud derivadas de una aparente sobredosis. Ante la emergencia, los equipos de asistencia trasladaron de urgencia al ciudadano inglés hacia la Clínica El Rosario, ubicada en el exclusivo sector de El Tesoro, donde ingresó directamente a la unidad de cuidados intensivos para recibir atención médica especializada. A pesar de los esfuerzos del personal asistencial por estabilizarlo, el médico permaneció internado durante varias horas hasta que se produjo su deceso entre las 5:00 y las 6:00 de la tarde del lunes 12 de octubre, según el rotativo. 

Los reportes preliminares entregados por las autoridades y los centros médico-legales revelaron que los exámenes toxicológicos practicados al oncólogo arrojaron resultados positivos para múltiples sustancias psicoactivas, destacando la presencia de cocaína, anfetaminas y alcohol en su organismo. Este trágico suceso se suma al de Ismael Gerardo Méndez Huertas, el joven costarricense de 23 años cuya muerte se registró en la madrugada del pasado sábado en el Hospital Pablo Tobón Uribe, tras ser evacuado del festival con fallas respiratorias agudas asociadas también a una sobredosis. La magnitud de ambas tragedias ha encendido las alarmas institucionales en Medellín sobre el control de sustancias y los riesgos asociados al consumo desmedido en macroeventos de entretenimiento global.

La jugada procesal responde a los avisos previos que Leyva había lanzado desde el pasado 15 de septiembre, cuando notificó por escrito al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, su intención de arrimar piezas procesales ante el Departamento de Justicia (U.S. Department of Justice). Según el exfuncionario, la misiva entregada en la sede diplomática incluye la identificación de “testigos calificados” que buscan sustentar ante la justicia internacional la urgencia de procesar penalmente al exmandatario por presuntos delitos cometidos durante su administración.

“Hoy le informo a la opinión pública, al Jefe del Estado colombiano, Abelardo De La Espriella, y al US General Attorney, que el pasado viernes 9 de octubre se hizo la entrega de la anunciada misiva en las oficinas del Chargé d’ Affaires en Colombia, señor Hugo Guevara”, reza textualmente el comunicado divulgado por el exministro, evidenciando el canal de comunicación directo que mantiene con la actual administración de la Casa de Nariño respecto a este expediente. Leyva subrayó que esta actuación da continuidad a sus iniciativas jurídicas presentadas ante los estrados norteamericanos en fechas anteriores.

El giro radical del excanciller profundiza la ruptura total con el proyecto político del Pacto Histórico, al que ayudó a consolidar en sus inicios pero al que hoy señala de haber incurrido en graves irregularidades institucionales y fallas administrativas durante su gestión presidencial. Los dardos lanzados por Leyva apuntan a desmontar la narrativa de la administración pasada, abriendo un flanco de escrutinio transnacional que genera profunda inquietud en los círculos cercanos al exjefe de Estado. Mientras el Departamento de Justicia de EE. UU. evalúa con lupa el peso probatorio de los documentos y las identidades de los testigos protegidos aportados por el exministro, el escenario político nacional permanece en máxima tensión ante el impacto colateral que estas diligencias en el exterior puedan desencadenar sobre el futuro judicial inmediato de Gustavo Petro y los principales alfiles de su anterior gabinete.

Las tensiones institucionales escalaron luego de que el propio Petro instara a preparar una lucha sindical y callejera que escalaría hacia una huelga general, exigiendo un salario mínimo elevado para 2027 y planes de contingencia frente al hambre y la sequía. A este llamado se sumó Fecode, ratificando su salida a las calles para blindar el GOMAG, reclamar el pago de prestaciones sociales y exigir garantías en un sistema de salud digno para el magisterio.

Lejos de matizar la confrontación, De La Espriella etiquetó a los organizadores como “instigadores de la maldad”. Durante su alocución, el mandatario endilgó a los promotores del paro la responsabilidad directa por el estado financiero y fiscal heredado. “Quienes promueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al Gobierno son los mismos que dejaron el país quebrado, ad portas de un apagón, con el sistema de salud en cuidados intensivos, con la soberanía energética comprometida y con los recursos públicos depredados y saqueados”, sentenció, reprochando que se agiten las vías de hecho en plena fase de reconstrucción nacional tras el sismo de magnitud 8.0 que sacudió al continente.

Como respuesta táctica al clima de protesta, la administración central blindó la vigencia del decreto que faculta a la fuerza pública para intervenir de manera drástica en aquellas concentraciones donde confluyan el vandalismo y el bloqueo sistemático de vías. “Si pretenden incendiar a Colombia se van a encontrar con la determinación del tigre para defender lo que en derecho corresponde”, advirtió el jefe de Estado, marcando una línea roja infranqueable para el orden público.

En medio del choque político, el Ejecutivo blindó su gestión social y operativa reportando que el Fondo Milagro arrancó operaciones con un billón de pesos destinados estrictamente a socorrer los estragos del terremoto, exigiendo trazabilidad absoluta sobre cada peso ejecutado. Paralelamente, la Casa de Nariño ventiló balances operacionales de sus primeros dos meses en el poder, confirmando la neutralización de 33 cabecillas de estructuras criminales, incluidos mandos de las disidencias de las Farc como alias ‘La Morocha’, ‘Lobo’ o ‘Emanuel’, ‘Max Max’ y ‘Ruso’ o ‘Alemán’. Con las cartas sobre la mesa, la pugna por las calles del 14 de octubre se perfila como el examen de fuego definitivo para la cohabitación política del país.

En el contexto de nuevas marchas convocadas por el Pacto Histórico y varios sindicatos para el 14 de octubre, De la Espriella fue enfático al señalar que quienes promueven el paro buscan generar caos, poniendo en riesgo la estabilidad del gobierno. Atribuyó a los opositores la responsabilidad de distintas crisis recientes y dejó claro que el derecho a protestar no depende del apoyo o no al gobierno. Para el día de las movilizaciones, el jefe de Estado ha dado instrucciones para que las autoridades coordinen con los organizadores y los gobiernos locales, a fin de tomar medidas que garanticen la movilidad, la prevención de emergencias y la seguridad ciudadana. Al mismo tiempo, pidió a la Fuerza Pública responder dentro del marco legal y actuar con proporcionalidad ante cualquier hecho delictivo.

El ministro Rodrigo Lara reforzó el mensaje oficial subrayando que el nuevo decreto apunta a garantizar la protesta pacífica, y adelantó que habrá monitoreo especial en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, zonas históricamente sensibles a este tipo de manifestaciones. Añadió, además, que se prohibirán bloqueos en puntos críticos, como el corredor Panamericano y vías estratégicas de los departamentos citados. Los convocantes, entre los que están la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), piden garantías ante la incertidumbre por la nueva regulación, mientras que otras centrales, como la Confederación General del Trabajo (CGT), han anunciado que no participarán.

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¿Qué busca el decreto que regula las protestas en Colombia según el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El decreto propuesto por el gobierno de Abelardo de la Espriella apunta a regular las protestas garantizando el derecho constitucional a movilizarse de manera pacífica, a la vez que fija límites claros frente a conductas violentas. Según lo expuesto por el presidente y su ministro del Interior, el propósito es proteger a quienes se manifiestan sin recurrir a la violencia y responder con base en la ley y pruebas a quienes incurran en delitos durante las movilizaciones, buscando así un equilibrio entre los derechos y la seguridad pública.

¿Qué organizaciones convocaron a las marchas del 14 de octubre y cuál es la posición del gobierno frente a ellas?

Las marchas del 14 de octubre fueron citadas por el Pacto Histórico, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Fecode. Entre los participantes anunciados figuran el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda. Aunque algunos sindicatos, como la Confederación General del Trabajo (CGT), han expresado que no participarán, el gobierno ha recalcado su compromiso de ofrecer garantías siempre que la protesta sea pacífica, pero advirtió que tomará medidas legales ante posibles hechos delictivos o bloqueos que afecten el orden público.

Al notar la presencia de las autoridades, los sospechosos intentaron huir internándose en una ciclorruta para evadir la persecución. Sin embargo, la reacción de las patrullas permitió capturarlos pocos metros después. La Policía informó que el celular hurtado tenía un valor de seis millones de pesos. Los hombres, de 27 y 30 años, quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar el proceso por el delito de hurto. No obstante, en el comunicado no se confirmó si el teléfono fue recuperado ni se precisaron detalles sobre decisiones judiciales posteriores al operativo.

El hecho se presentó en el contexto de patrullajes rutinarios en Hayuelos, donde la víctima no solo reportó el robo, sino que añadió descripciones útiles para que las autoridades centraran la búsqueda. Aunque los agentes lograron interceptar a los buscados, el reporte oficial no indicó el punto exacto del raponazo ni si hubo armas o personas heridas durante el suceso.

La Policía señaló además que uno de los capturados tenía antecedentes judiciales por hurto. Durante la judicialización, surgieron reportes sobre posibles víctimas adicionales de estos hombres bajo la misma modalidad. Así lo confirmó el teniente coronel Julián García, comandante de la Estación de Policía de Fontibón, quien habló de otros afectados por raponazo, aunque no se detalló cuántos casos están en revisión o si existen denuncias formales adicionales.

En los días previos a este caso, ocurrieron otros hurtos en Fontibón, según la Policía. Uno de ellos fue registrado por cámaras de seguridad y replicó el modus operandi: un raponazo ejecutado por un hombre que escapó en motocicleta con ayuda de un cómplice. Asimismo, se conoció la captura de tres hombres que, haciéndose pasar por agentes de la Sijín (Seccional de Investigación Judicial), despojaron de pertenencias a ciudadanos a través de controles falsos. Los capturados recuperaron un celular, entre otros objetos, y respondían por los delitos de hurto y suplantación de autoridad, aunque no existe evidencia de que estos episodios guarden relación directa con los protagonistas del caso de Hayuelos.

Durante los primeros ocho meses del año, Bogotá sumó más de 73.000 denuncias por hurto a personas, de las cuales 3.361 se registraron en Fontibón. El reporte policial destacó una reducción del 16 % en comparación con el periodo anterior, y la recuperación de más de 2.400 celulares. Sin embargo, las cifras globales engloban modalidades variadas de hurto, no limitadas solo al robo de teléfonos.

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¿Cómo puede denunciar un ciudadano el robo de un celular en Fontibón?

Ante un hurto, usted puede llamar a la Línea de Emergencias 123 y suministrar la mayor cantidad de detalles sobre los responsables y el lugar del hecho. Además, es posible presentar la denuncia formal en línea a través del Sistema Nacional de Denuncia Virtual o comunicarse con la Fiscalía en la línea 122 o en las Unidades de Reacción Inmediata. También se recomienda informar al operador para bloquear el IMEI, número que identifica el equipo.

¿Cuántos casos de hurto a personas se han registrado en Fontibón y cómo se comparan con otros años?

Entre enero y agosto de 2026, las autoridades registraron 3.361 casos de hurto a personas en Fontibón, ubicando a la localidad en el séptimo lugar de la ciudad con mayor número de hechos. El balance policial resaltó que los casos de hurto disminuyeron un 16 % frente al mismo lapso del año anterior, lo que representa una diferencia significativa de más de 13.000 reportes menos a nivel distrital.

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La nueva acusación contra Maduro, que, para muchos, hará que no vuelva a ver la calle en lo que le resta de vida, es muy grave y se puede resumir en tres grandes delitos, el primero de los cuales es conspiración para torturar, relacionado con abusos sistemáticos, intimidación y castigos (descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual) a opositores, presos políticos y ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela. El segundo es narcoterrorismo y tráfico de drogas, por liderar el Cartel de los Soles y asociarse con grupos armados y carteles, como las Farc, el Eln y el Cartel de Sinaloa, con el fin de enviar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.

El tercero es uso y porte de armamento de alto calibre (incluidas ametralladoras) para sostener la red de narcotráfico y control político. En los dos últimos delitos estaría comprometido el último secretariado de las Farc, el máximo órgano de dirección, mando y toma de decisiones políticas y militares, del que hicieron parte, además de Londoño Echeverri como jefe, y los cabecillas con los alias de ‘Iván Márquez’, ‘Pablo Catatumbo’, ‘Pastor Alape’, ‘Joaquín Gómez’, ‘Carlos Antonio Lozada’, ‘el Médico’, y ‘Rodrigo Granda’. La acusación contra Maduro asegura que el dictador se reunió con Londoño Echeverri, ‘Iván Márquez’ y alias ‘Jesús Santrich’ para discutir el dinero que Maduro presuntamente les debía a las Farc por su alianza en el tráfico de drogas.

Derrota de Iván Cepeda agudizó crisis

Las explicaciones al respecto seguramente nunca se darán y en su reemplazo llegarán las letanías de siempre: que es un ataque político para destruir la imagen de los comparecientes ante la JEP con el único propósito de acabar el proceso de paz. Es lo mismo que dirá Maduro pese a estar hundido hasta el cuello en un estanque de evidencias en su contra, entre las que deben obrar, cómo no, las confesiones de su antiguo alfil Álex Saab, que llegó a un acuerdo para declararse culpable en Estados Unidos, y las que vaya a aportar el también colombiano Álvaro Pulido, socio de Saab recién extraditado de Venezuela. Eso para no hablar de lo que ya pudieron haber dicho los exgenerales del régimen Hugo Armando ‘el Pollo’ Carvajal y Cliver Alcalá Cordones, que decidieron colaborar con la justicia estadounidense.

En contravía de las aspiraciones de las Farc, en las pasadas elecciones presidenciales el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, fue derrotado. Con él también se fueron a pique las posibilidades de una atmósfera en la que hubieran podido respirar sin mayores problemas. Pero ganó Abelardo de la Espriella, que no ha tenido ninguna dificultad para asegurar, por ejemplo, que el narcotráfico no cambia de naturaleza dependiendo de la bandera bajo la cual se practique. “Siempre es lo que es: narcoterrorismo”, ha dicho el presidente. “Y ese narcoterrorismo es criminal venga de donde venga. […] Igual de mafiosos han sido y son Pablo Escobar, Miguel Rodríguez Orejuela, [Gonzalo Rodríguez] Gacha, ‘Iván Mordisco’ o ‘Timochenko’”.

El mandatario ha anunciado que “no habrá contemplaciones en el campo de batalla, pero tampoco en el terreno político, donde también hay que enfrentarlos y derrotarlos”. Así mismo, ha dicho que jamás ha compartido la tesis de que “una organización narcoterrorista adquiere carácter político simplemente porque acompaña sus crímenes con un discurso supuestamente ideológico”. Para De la Espriella, “un secuestro no deja de ser un secuestro porque quien lo comete invoque una revolución; una extorsión no se convierte en una actividad simplemente porque esa estructura criminal supuestamente persigue un fin social”.

Pero el campo de acción en el que están los miembros de las Farc que se desmovilizaron es el político, y, como ha quedado plenamente probado, enfrentan a un duro contendor que no piensa darles cuartel. Lo grave es que en ese ámbito también están de capa caída. Después de perder las 10 curules (cinco en el Senado y cinco en la Cámara) que les aseguró el Acto Legislativo 03 de 2017 y el Acuerdo de Paz para los períodos 2018-2022 y 2022-2026, se vieron obligados a competir en igualdad de condiciones para mantenerlas, a remar solos para buscar el respaldo de los ciudadanos. Pero fracasaron.

Sin representación en el Congreso y sin personería jurídica

Las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo eran cruciales para ellos, porque era la primera vez que competían con las reglas del sistema político tradicional, y porque debían buscar que su personería jurídica quedara asegurada. Pero si en las elecciones de 2018 consiguieron más de 85.000 votos y en las de 2022 apenas superaron los 52.000, en las de 2026 su única candidata a la Cámara, Sandra Ramírez, llegó a 10.000, y no logró una curul. En esos tres casos sus votaciones fueron marginales, pero el tercero selló la pérdida de la personería jurídica de Comunes por no alcanzar el umbral mínimo del 3% de los votos.

Pese a haber acompañado varias agendas progresistas y respaldado al gobierno de Gustavo Petro, el partido Comunes presidido por Londoño Echeverri nunca logró integrarse plenamente a coaliciones electorales más amplias. Incluso, “su incorporación al Pacto Histórico encontró resistencias políticas y estratégicas”, porque “para algunos sectores de la izquierda integrar formalmente al partido surgido de las Farc implicaba costos electorales”, escribió Miguel Suárez, de la Fundación Ideas para la Paz, poco después de las elecciones de marzo. “El resultado fue que Comunes terminó compitiendo relativamente aislado en el escenario electoral nacional”.

Suárez encontró un hecho paradójico: “la desaparición de Comunes ocurre en un momento en el que la izquierda colombiana ha ganado espacio político”. Para el analista, “en los últimos años las fuerzas progresistas se han consolidado como actores centrales del sistema político, con presencia en el Gobierno, en el Congreso y en varias administraciones locales. Mientras el partido surgido directamente del Acuerdo de Paz desaparece del escenario electoral, el espectro político que históricamente fue marginal en Colombia se ha fortalecido”.

Pero también desaparece, habría que agregar, porque no consiguió el respaldo de la ciudadanía. Si a lo anterior se suman hechos como el llamado que hizo la JEP a la exsenadora y exintegrante de las Farc Sandra Ramírez para que rinda versión libre dentro de la investigación por el reclutamiento y utilización de niños durante el conflicto armado, pues esa jurisdicción, que también enfrenta la decisión del Gobierno de hacerle un fuerte recorte presupuestal, consideró que existían elementos suficientes para escuchar a Ramírez, expareja sentimental de alias ‘Tirofijo’, dentro del proceso.

O si se suma el video filtrado de la declaración de Londoño Echeverri de 2019 ante la JEP, que tiene irritada a la opinión pública por la afirmación del compareciente en el sentido de que su grupo armado tenía criterios para garantizar el “buen trato” de los secuestrados, además de evidenciarse la actitud complaciente de la magistrada que no lo interrogaba, sino que departía con él, cómodo, sonriente. Todo ha reavivado un ambiente de rechazo con un alto costo político para el último comandante de las Farc y su entorno, que lucen cada vez más aislados.

Los elementos intimidatorios fueron abandonados de manera sigilosa sobre un andén del escenario deportivo, exactamente en el cruce de la calle 5B con carrera 34, en pleno corazón del tradicional barrio San Fernando y a pocos metros del complejo de piscinas Alberto Galindo. El hallazgo provocó momentos de profunda tensión entre decenas de deportistas aficionados, atletas de alto rendimiento y peatones que madrugan diariamente a realizar sus actividades físicas o a transitar por este concurrido corredor de la ciudad.

Ante la amenaza inminente, un equipo especializado del cuerpo antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Cali hizo presencia en el lugar para aislar el perímetro, evacuar a los transeúntes e iniciar los protocolos técnicos de verificación mediante el uso de robots y trajes de protección especial. Las autoridades buscan determinar con precisión si el contenedor metálico alberga una carga explosiva real o si se trata de una acción de propaganda negra orientada a sembrar pánico en la población civil.

Un cilindro, junto a una pancarta de las disidencias de las Farc, fue abandonado esta mañana en las inmediaciones del estadio Pascual Guerrero de Cali. Esta zona del barrio San Fernando permanece acordonada por la policía, que verifica el contenido del cilindro. #MañanasBLU https://t.co/vDIH3kPk3F

— BLU Pacífico (@BLUPacifico) October 13, 2026

Este alarmante episodio en territorio valluno no es un hecho aislado dentro de la dinámica de amedrentamiento urbano que vienen desplegando los grupos armados al margen de la ley en grandes capitales. Apenas la semana pasada se registró un evento de características similares en la ciudad de Barranquilla, donde miembros del Eln instalaron una bandera y un cilindro sospechoso en una vía pública, operativo que derivó en la posterior captura de un individuo señalado como responsable de la acción terrorista. Mientras los técnicos en explosivos aseguran la zona en Cali, los caleños exigen un redoblamiento de las medidas de inteligencia para frenar las incursiones criminales en los espacios comunitarios de la ciudad.

La empresa detalló que los trabajos de reposición de válvulas y mejora de redes se llevarán a cabo en diversos sectores, lo que implica que varias zonas estarán sin servicio de agua potable mientras duren las maniobras. Emcali comunicó oportunamente a los usuarios sobre estas intervenciones, adelantando la programación para que los ciudadanos puedan tomar precauciones y reducir las molestias derivadas de la suspensión temporal.

Entre los barrios de Cali que se verán afectados por estas intervenciones se encuentran Aguacatal, específicamente en la calle 23 Bis con avenida 8 B Oeste; La Esmeralda, en la carrera 7 # 42 - 05; San Fernando Nuevo, en la calle 5 B2 con carrera 38; Los Farallones, en la carrera 72 # 1 C 04; Mojica, en la calle 84 # 28 D4 -10; y Ciudad Pacífica, en la calle 48 con carrera 122. La suspensión del servicio responde a la necesidad de garantizar las condiciones óptimas del sistema de acueducto y evitar futuras afectaciones mayores.

Según la información publicada por Noticiero 90 Minutos, este tipo de procedimientos es esencial para mantener en funcionamiento eficiente la red de acueducto en la ciudad. Sin embargo, desde la Gerencia de Acueducto advierten que, aunque estos trabajos buscan mejorar la calidad y continuidad del suministro, pueden representar incomodidades momentáneas para quienes residen en los sectores mencionados. Por ello, recalcan la importancia de estar atentos a los comunicados oficiales y tomar medidas preventivas, como el almacenamiento temporal de agua potable en recipientes limpios.

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¿Cuáles son los barrios de Cali que se quedarán sin agua este martes?

De acuerdo con la información de Emcali citada por Noticiero 90 Minutos, los barrios afectados por los trabajos de mantenimiento en las redes de acueducto este martes son Aguacatal, La Esmeralda, San Fernando Nuevo, Los Farallones, Mojica y Ciudad Pacífica. La suspensión se realizará en puntos específicos de cada sector, previamente informados por la empresa.

¿Qué tipo de trabajos están realizando las autoridades de acueducto en Cali?

Según la Gerencia de Acueducto de Emcali, los trabajos que generan suspensión del servicio consisten principalmente en la reposición de válvulas y la optimización de las redes de distribución, acciones que buscan mejorar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la ciudad.

Luego del homicidio, las autoridades arribaron al sitio para adelantar los procedimientos judiciales necesarios. Datos de El Nuevo Día detallan que personal de criminalística realizó la inspección técnica del escenario y el levantamiento del cuerpo, y recopiló posibles elementos probatorios para intentar esclarecer el crimen. Hasta el momento, tanto las circunstancias como los móviles del asesinato permanecen sin esclarecer, por lo que los investigadores continúan con las indagaciones correspondientes para identificar a los responsables.

Este crimen no es un hecho aislado. Según El Nuevo Día, durante el fin de semana se reportaron al menos dos homicidios más en la capital del Tolima. Uno de los casos sucedió durante la madrugada del domingo 4 de octubre. La víctima, Juan José Medina Mendoza, de 22 años, fue atacada con arma de fuego detrás de la Terminal de Transportes de Ibagué, cuando se encontraba en un establecimiento de la carrera Primera, entre calles 19 y 20. Aunque fue trasladado a un centro médico, perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

De igual manera, otro episodio ocurrió en el barrio La Cima, donde Jerson David Murcia Pava, de 25 años, falleció después de resultar gravemente herido en medio de una riña ocurrida en la carrera 2 Sur con calle 107 tras la medianoche del domingo. Murcia Pava fue llevado a la Unidad de Salud Integral (USI) del Jordán, pero llegó sin signos vitales, según los datos preliminares recogidos por El Nuevo Día.

Hasta ahora, los tres hechos corresponden a escenarios y circunstancias diferentes; no existe información que permita establecer vínculos entre ellos. No obstante, la seguidilla de homicidios genera preocupación en la ciudadanía y mantiene a las autoridades frente a la urgencia de esclarecer los casos y garantizar la seguridad en Ibagué. La información sobre el ataque contra Tafur Leyton es todavía preliminar, por lo que se espera que los avances investigativos permitan identificar y capturar a los responsables.

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¿Qué se sabe sobre los homicidios recientes en Ibagué y sus posibles conexiones?

Según la información disponible en El Nuevo Día, los tres homicidios recientes en Ibagué, entre ellos el de Iván Andrés Tafur Leyton, corresponden a hechos distintos y no existe evidencia de que estén relacionados entre sí. Cada caso se investiga por separado, y hasta el momento, no se ha establecido si existe algún vínculo entre las víctimas o los ataques.

¿Cómo avanzan las investigaciones sobre el asesinato de Iván Andrés Tafur Leyton en Ibagué?

Las primeras diligencias fueron adelantadas por personal de criminalística, que realizó la inspección judicial y el levantamiento del cuerpo de Iván Andrés Tafur Leyton. Sin embargo, la información disponible es preliminar y los móviles del crimen, así como la identidad de los responsables, aún no han sido esclarecidos, de acuerdo con los datos publicados por El Nuevo Día.

(Le interesa: De la Espriella vuelve a la fuerza de tarea, una estrategia que ha dado muchos resultados)

Un peaje como el de El Mango (también conocido como peaje de El Bordo), situado en la vía Panamericana entre los municipios de La Sierra y Patía (Cauca), atacado este lunes festivo, a las 6:00 de la mañana, con el uso de un carro bomba. La brutal explosión desintegró el vehículo, destruyó la caseta civil de cobro, lo mismo que 20 viviendas de civiles, y dejó heridas a tres personas civiles. A 200 metros, los atacantes dejaron abandonado un cilindro bomba con un cable para detonar.

Para dar una apariencia de cumplimiento del DIH en cuanto al principio de precaución, y en general para mostrar algún vestigio de ‘humanidad’, los señalados atacantes, miembros de la estructura ‘Carlos Patiño’, de las disidencias de las Farc que comanda alias ‘Iván Mordisco’, habrían intentado despejar previamente el sitio, ubicado en la vereda La Depresión, para evitarles daños a las personas que podrían resultar afectadas. Después activaron los explosivos.

El principal objetivo del ataque fue causar terror

Pero el alcalde de La Sierra, Manuel Fernando Guerrero, explicó que el sector es mucho más que un peaje. “Es un centro de comercio”, dijo en Noticias Caracol, y luego explicó que su concepto se refleja “en los restaurantes, en las personas que venden la gaseosa, el agua. Hoy, con la afectación total, [para] la gente que vivía de ese comercio va a haber tragedia económica en sus familias”.

El mandatario local demuestra que los atacantes violaron flagrantemente el otro principio que se debe tener en cuenta en este tipo de acciones: el de proporcionalidad, según el cual está prohibido lanzar un ataque si se prevé que causará muertes de civiles, heridos o daños a bienes civiles que sean excesivos en comparación con la ventaja militar concreta que se espera obtener. Uno de los ejemplos que usa el DIH es el de bombardear una red de comunicaciones que colapse los hospitales civiles solo para cortar el teléfono a un cuartel menor. Eso lo califica de ilegal.

El DIH admite que en muchos manuales militares se afirma que la presencia de personas civiles en el interior o cerca de los objetivos militares no hace que esos objetivos sean inmunes al ataque. Pero es perfectamente claro en qué tipo de instalaciones se trata. Para eso, pone el ejemplo de los civiles que trabajan en una fábrica de municiones, que pueden ser víctimas de un ataque a ese objetivo militar, pero que no son combatientes. Los ataques siguen estando sujetos al principio de proporcionalidad y al requisito de tomar precauciones.

También advierte que, en la práctica de los Estados, suelen citarse, como ejemplo de objetivos militares, los establecimientos, edificios y posiciones que albergan a combatientes enemigos, su material y armamento, así como medios de transporte y comunicación militares, o instalaciones de doble uso, como los medios civiles de transporte y comunicación que pueden utilizarse con fines militares, y hasta objetivos económicos que respalden eficazmente las operaciones militares, siempre y cuando su ataque ofrezca una ventaja militar definida.

De ninguna manera el peaje de El Mango encaja en alguna de esas opciones. La figura ensangrentada de una mujer que llegaba a su puesto de trabajo y resultó herida resume el objetivo de la acción de la estructura encabezada por José Esteban Méndez, alias ‘Felery Ríos’. Y el alcalde de La Sierra volvió a definirlo con precisión: “La comunidad de La Depresión se encuentra con miedo, con zozobra”. Ese es el propósito primario: causar terror. No se perseguía ninguna ventaja militar, lo que le quita cualquier vestigio de legitimidad a ese ataque.

El verdadero mensaje del ataque a El Mango

Desde el primer día de su mandato, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó recuperar el control territorial, restablecer la autoridad del Estado, proteger a la población, combatir las economías ilícitas y enfrentar a las organizaciones que recurren al terrorismo y a la violencia para imponer su poder. El ataque contra El Mango está dirigido contra todas y cada una de esas órdenes. El propósito no son las unidades de la Vigesimonovena Brigada del Ejército, basada en Popayán, bajo cuya jurisdicción está el peaje, ni, en últimas, de la Tercera División, basada en Cali.

La acción, terrorista por definición, como todas las demás de su índole que soporta Colombia, busca revertir la sensación de seguridad, control e iniciativa que está construyendo el Gobierno de De la Espriella; impedir que se consoliden los resultados de una política que le da prioridad a la seguridad, a partir de la cual se pueden desarrollar una paz sostenible, la justicia y el progreso en general. Los grupos armados también buscan demostrar que, mientras ellos existan, el Estado no podrá cumplir su responsabilidad constitucional de ejercer su autoridad en todo el territorio nacional, en el marco del respeto a la ley y a los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Otro mandato constitucional que luce imposible de cumplir por parte del Estado con atentados como el perpetrado contra el peaje de El Mango es el de proteger la vida, la libertad y el bienestar de los colombianos. Los muertos y los heridos civiles, y las instalaciones civiles destruidas envían ese mensaje. Por eso, los grupos armados desconocen la primera norma del DIH relativa a los ataques violentos según la cual el objetivo previsto debe ser un objetivo militar. Si bien un objetivo militar es el objetivo, según normas adicionales, el ataque puede, no obstante, volverse ilegal si se prevén daños colaterales excesivos que afecten a civiles o bienes civiles.

No es una ventaja militar frente al Estado la que se busca con este tipo de ataques, ejecutados en puntos vulnerables. Su propósito es, primero, sembrar terror para recordarles a las comunidades quién impone las condiciones. Después, dar la sensación de que el Estado no puede cumplir con sus fines y propósito. El reto para el Gobierno Nacional es complejo, pero ya ha mostrado resultados en apenas dos meses. Las acciones de este tipo allanan el camino también para que avance el proyecto de Estatuto Antiterrorista que está por comenzar su trámite en el Congreso.

Tras la alerta de los asistentes, el personal de socorro lo valoró y fue trasladado de urgencia en una ambulancia de la Secretaría de Salud de Medellín al Hospital Pablo Tobón Uribe. Pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida durante cerca de tres horas, Ismael falleció a las 3:46 a. m. del domingo 11 de octubre a causa de una falla respiratoria derivada de la complicación médica.

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Agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) adelantaron la inspección técnica del cuerpo e iniciaron los procedimientos para la repatriación a Costa Rica. Las autoridades investigan un aparente cuadro de sobredosis como hipótesis inicial, aunque aclaran que los reportes preliminares no permiten confirmarla aún como causa definitiva de la muerte.

#Colombia | Las autoridades en Antioquia avanzan en las investigaciones por la muerte de un extranjero de 23 años en un festival de música electrónica en Medellín. Otro turista, al salir de dicho evento, habría recibido más de 20 puñaladas.

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— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 12, 2026

Javier Méndez, padre de Ismael, le dijo a Noticias Caracol que la Fiscalía colombiana se comunicó con él luego del doloroso acontecimiento, señalando que el joven había sufrido una sobredosis de drogas; sin embargo, en el breve diálogo con este medio de comunicación, el padre de familia aseguró que su hijo “no era ningún adicto”.

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Uno de los amigos de Ismael en Colombia, Daniel Ríos, señaló que aparentemente la causa de la muerte sería una sobredosis de una sustancia psicoactiva. También criticó la seguridad y la logística del evento de música electrónica EDC, señalando que las requisas fueron muy por encima, permitiendo el ingreso de sustancias con facilidad. Incluso, Stefany Spin indicó que fue testigo del consumo de drogas dentro del evento. “Fumaban muchas cosas”, señaló.

Por otro lado, la investigadora de La Salle, Rosalina González, recordó que el consumo de estas sustancias ocasiona que el sistema nervioso central se estimule bastante y, entre los escenarios que pueden ocurrir, está la deshidratación y el golpe de calor.

Las autoridades en Medellín también están investigando el caso de otro extranjero asistente al festival EDC. Se trata de un australiano quien habría sido brutalmente atacado para robarle sus elementos y recibió múltiples heridas de arma blanca. Por el momento, los organizadores del evento no se han manifestado sobre los dos lamentables acontecimientos.

El caso, que conmocionó a la opinión pública el pasado mes de septiembre, evidenció las críticas condiciones de salud que enfrentaba el exmilitar en territorio estadounidense, donde una severa afección respiratoria le exigía someterse con urgencia a un doble trasplante para evitar un desenlace fatal. Ante la crudeza del testimonio audiovisual, el presidente De La Espriella activó de inmediato los mecanismos estatales, impartiendo una instrucción categórica al canciller Omar Bula para priorizar el caso y materializar la repatriación bajo los más altos estándares de asistencia humanitaria excepcional.

🇨🇴 ¡Bienvenido a Colombia, Henry!

Siguiendo la instrucción del presidente @ABDELAESPRIELLA, Henry Camargo, exintegrante de las Fuerzas Militares, regresó este lunes al país en un vuelo medicalizado desde Nueva York, gestionado por la Cancillería y el @ConsuladoColNY.

El traslado, posible gracias a la autorización excepcional de recursos del Fondo Especial para las Migraciones, permitirá que Henry continúe su atención médica especializada en Colombia.

A su llegada a Bogotá, fue recibido por el Hospital Militar Central, donde continuará su proceso médico de acuerdo con su afiliación al régimen especial de salud de las Fuerzas Militares.

Durante su permanencia en Estados Unidos, el Consulado de Colombia en Nueva York mantuvo un acompañamiento permanente y realizó las gestiones necesarias para facilitar su retorno en condiciones adecuadas.

🇨🇴 Henry ya está en casa y continuará su recuperación en Colombia.

En La Patria Milagro, nuestra política exterior tiene una prioridad clara: el bienestar de todos los colombianos.

— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 13, 2026

Para cumplir con la directriz de la Jefatura de Estado, la Cancillería movilizó recursos estratégicos provenientes del Fondo Especial para las Migraciones, logrando gestionar y asegurar un vuelo medicalizado con el personal clínico necesario para salvaguardar la estabilidad de Camargo durante todo el trayecto transcontinental desde Nueva York hasta la capital colombiana. A su aterrizaje, el exintegrante de las Fuerzas Militares fue recibido en la plataforma aeronáutica y remitido de inmediato al Hospital Militar Central, institución donde continuará bajo rigurosa observación médica especializada aprovechando su vinculación al régimen de salud castrense.

Fuentes diplomáticas resaltaron que el acompañamiento consular en Norteamérica no decayó un solo instante, manteniendo un canal de comunicación directo y constante con el paciente hasta concretar su retorno a casa. En sintonía con el desenlace del operativo, el presidente Abelardo De La Espriella celebró la noticia a través de su perfil oficial en la red social X con un mensaje institucional cargado de emotividad: “¡Bienvenido a la Patria Milagro!”. Con esta intervención de carácter humanitario, el Gobierno busca subrayar que la asistencia prioritaria a los connacionales en condición de vulnerabilidad en el exterior constituye una piedra angular en la nueva directriz de la política exterior colombiana.

Alias ‘Ferley Ríos’ es señalado como cabecilla del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Estructura Carlos Patiño, organización en la que llevaría cerca de 20 años. Su nombre aparece relacionado con acciones violentas reportadas en Santander de Quilichao, Miranda y Patía, en el Cauca, así como con ataques realizados mediante sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) en ese departamento.

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¿Qué se sabe de alias ‘Ferley Ríos’?

Según la información oficial, Méndez Álvis tiene una orden de captura por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, secuestro simple y secuestro extorsivo.

Las autoridades ofrecen hasta 1.000 millones de pesos por información que permita localizarlo y lograr su captura.

Además, se informó que, durante la semana, tropas del Ejército Nacional adelantaron operaciones para neutralizar acciones terroristas que se habrían planeado o desarrollado en municipios del Cauca. En el marco de estas actuaciones, los uniformados incautaron más de una tonelada de explosivos.

Atentado contra el peaje El Bordo dejó cinco trabajadores heridos

El Ministerio de Transporte condenó el ataque contra el peaje El Bordo, ubicado en la vía Panamericana, en el tramo Mojarras-Popayán, en jurisdicción del municipio de La Sierra, Cauca. El hecho ocurrió durante la mañana del lunes 12 de octubre de 2026 y dejó cinco trabajadores heridos, además de daños en la infraestructura.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados intimidaron al personal de seguridad y activaron un artefacto explosivo. Asimismo, las autoridades reportaron el hallazgo de un cilindro a unos 500 metros del peaje, cuya situación estaba siendo verificada por unidades del Ejército Nacional.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, rechazó el ataque y expresó su solidaridad con los trabajadores lesionados, sus familias y las comunidades afectadas. “Atacar la infraestructura de transporte y poner en peligro la vida de los trabajadores es un acto criminal que no tiene ninguna justificación. La violencia no puede imponerse sobre el derecho de los colombianos a movilizarse, trabajar y desarrollar sus actividades con seguridad”, afirmó.

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¿Qué pasará con la movilidad en la vía Panamericana?

El Ministerio de Transporte informó que el Gobierno nacional trabaja de manera coordinada para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y reforzar la seguridad en este corredor vial.

El tránsito se restablecerá cuando las autoridades verifiquen que existen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de la vía. Este ataque sucedió en medio del puente festivo en el que con más frecuencia las personas utilizan las vías para desplazarse.

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El jefe de la cartera de Justicia aseguró que el Gobierno no se dejará intimidar por estos hechos y advirtió que las autoridades buscarán a los responsables para llevarlos ante la justicia. Además, reiteró su respaldo a los trabajadores del Inpec que cumplen sus funciones en medio de la situación de inseguridad que enfrenta el sector.

“A esas personas que están amenazando y atacando al Inpec, les decimos que los vamos a perseguir y a judicializar. Los vamos a encontrar y no nos van a amedrentar ni al señor presidente, ni al ministro de Justicia, ni al director del Inpec, ni a ninguno de los guardianes”, manifestó Cancino.

El ministro Iván Cancino, en representación del presidente @ABDELAESPRIELLA, rechaza de manera categórica el asesinato del dragoneante del @INPEC_Colombia Bryan Rangel Saavedra y condena los actos violentos registrados contra el establecimiento penitenciario de Cúcuta. pic.twitter.com/P256MnExf4

— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) October 13, 2026

El mensaje del ministro se conoció en medio de la preocupación por los hechos violentos contra integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria, luego de que se reportaran ataques contra funcionarios del Inpec en diferentes ciudades del país.

Iván Cancino defendió a los funcionarios del Inpec

En su pronunciamiento, el ministro también insistió en que las amenazas no cambiarán la posición del Gobierno frente a quienes atenten contra los servidores públicos. Según expresó, las autoridades mantendrán su compromiso con la legalidad y con la protección de quienes trabajan en el sistema penitenciario.

“Y este es un mensaje para quienes creen que con esas conductas nos van a amedrentar: por el contrario, los vamos a perseguir. No habrá lugar de la tierra donde se puedan esconder del peso de la ley. Nosotros respaldamos la legalidad, respaldamos a la mayoría de las personas del Inpec que dan su vida y su tiempo por Colombia”, reiteró el ministro.

Con estas palabras, Cancino hizo énfasis en el respaldo institucional a los guardianes y demás funcionarios penitenciarios, al tiempo que advirtió que los ataques no impedirán que el Gobierno continúe con sus actuaciones frente a quienes cometan estos delitos.

¿Qué pasó con el dragoneante Bryan Rangel Saavedra?

El asesinato de Bryan Rangel Saavedra ocurrió en la noche de este lunes 12 de octubre, en Cúcuta. El funcionario acababa de terminar su turno de trabajo en la cárcel Modelo de la ciudad y se dirigió a una estación de servicio para abastecer de combustible su vehículo.

Mientras se encontraba en el lugar, ubicado en el sector de Prados del Este y El Escobal, fue atacado con arma de fuego por hombres desconocidos. Tras lo ocurrido, las autoridades llegaron al sitio para adelantar las primeras diligencias y establecer las circunstancias del homicidio.

El caso se sumó a otros hechos de violencia contra trabajadores del Inpec, en un contexto marcado por las alertas sobre amenazas dirigidas a integrantes del sistema penitenciario.

Por ahora, la identificación de los responsables del asesinato de Rangel Saavedra y el esclarecimiento de los motivos del ataque forman parte de las investigaciones de las autoridades.

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De acuerdo con las cifras entregadas por el mandatario, 145 colombianos ya se posesionaron en cargos del Gobierno, mientras que otras personas continúan en distintas etapas del proceso de vinculación.

“145 colombianos ya se posesionaron por cuenta del Banco de Talentos. Sin politiquería, sin palanca, por sus propios méritos y por sus hojas de vida. 76 hojas de vida están publicadas y pendientes de posesión. 38 perfiles siguen pendientes de publicación, no es un anuncio de campaña. Es gente que ya firmó y ya trabaja en el Gobierno”, afirmó De la Espriella.

Con estas cifras, el presidente aseguró que la iniciativa ya se traduce en nombramientos y en la incorporación de personal a la administración pública. Además, diferenció a quienes ya asumieron sus cargos de las hojas de vida que están pendientes de posesión y de los perfiles que todavía no han sido publicados.

En qué entidades trabajan los funcionarios del Banco de Talentos

Durante su intervención, De la Espriella también detalló algunas de las entidades en las que se encuentran los funcionarios vinculados mediante esta iniciativa. Según el balance que presentó, el sector Agricultura concentra 25 personas, mientras que la Presidencia de la República cuenta con 22.

El mandatario también mencionó a otras entidades y ministerios que han recibido personal por medio del Banco de Talentos.

“¿Dónde están estas personas? Están en agricultura, ahí tenemos 25; en la presidencia de la República, ahí tenemos 22; en la función pública, 15 personas; en vivienda, otras 15; en el Ministerio del Interior, 12 personas; en Defensa, 11 colombianos; en Relaciones Exteriores, 11; y también en los ministerios de Minas, de Comunicaciones, de Hacienda, de Deportes… y vamos a seguir”, señaló.

En su declaración, el presidente destacó la presencia de los funcionarios en diferentes áreas de la administración nacional y sostuvo que el proceso de vinculación continuará.

De la Espriella advirtió que habrá desvinculaciones si no cumplen

Otro de los puntos centrales del balance fue el llamado del presidente a los funcionarios que ya ingresaron al Gobierno. De la Espriella sostuvo que los nombramientos implican responsabilidades y advirtió que no permitirá que los cargos se utilicen para favorecer intereses personales o familiares.

“A los 145 funcionarios que ya están adentro les digo: no los traje a calentar un escritorio ni a repetir los vicios del gobierno anterior. Los traje a servir. El que llegue a cobrar sin trabajar, se va. El que llegue a recomendar al primo, se va. El mérito abre la puerta a mi Gobierno, la decencia es la que permite quedarse”, manifestó.

El mandatario también aseguró que su administración está dispuesta a corregir posibles errores en los nombramientos. En ese sentido, indicó que las personas que no cumplan con los criterios esperados podrán ser retiradas de sus cargos.

“Si alguien no merece que lo hayamos nombrado, reconocemos nuestro error y lo desvinculamos. La desvinculación es inmediata y se lo cuento al país. Somos sinceros y honestos en este Gobierno”, agregó.

Con estas declaraciones, el presidente presentó el balance del Banco de Talentos como parte de su apuesta por vincular funcionarios con base en sus capacidades profesionales y no en recomendaciones políticas. También dejó claro que, según sus palabras, la permanencia de las personas nombradas dependerá de su desempeño y de su comportamiento en el ejercicio de sus funciones.

Este suceso se suma a otro de similar gravedad ocurrido durante el fin de semana, en el que dos dragoneantes de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, Atlántico, fueron atacados en las afueras del centro penitenciario por hombres armados. Los funcionarios heridos tuvieron que ser trasladados de inmediato a un centro asistencial. Estos atentados, ocurridos en un mismo fin de semana, han encendido las alarmas sobre la seguridad de los empleados del sistema penitenciario en el país.

En la misma noche del ataque a Rangel Saavedra, el presidente Abelardo de la Espriella informó sobre la captura de Juliánis Paola Altamar Medina, alias "Lucía", en el barrio Caribe Verde de Barranquilla. Según reveló De la Espriella, esta mujer es señalada de coordinar y financiar la estructura criminal conocida como Los Pepes, además de estar relacionada sentimentalmente con alias “Gomelo”, hombre de confianza del cabecilla Digno Palomino. Alias “Lucía” habría tenido un presunto papel clave en el atentado contra los dragoneantes de El Bosque, lo cual se investiga de manera prioritaria. Durante su captura, las autoridades incautaron un teléfono y hallaron panfletos que presentaban un formato utilizado previamente para intimidar a guardianes penitenciarios, según el propio mandatario en X.

El Ministerio de Justicia expresó recientemente su preocupación por la creciente ola de violencia que afrontan los funcionarios del Inpec, relacionada con las órdenes de traslado de jefes criminales a cárceles de mayor seguridad. Desde esta cartera y de organizaciones de servidores penitenciarios advirtieron sobre circulares y panfletos amenazantes, e incluso confirmaron que tanto el presidente De la Espriella como el ministro Iván Cancino han sido igualmente objeto de intimidaciones. Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió verificar la autenticidad de estas amenazas y adoptar medidas de protección urgente.

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¿Qué consecuencias tienen los ataques recientes a funcionarios del Inpec en Colombia?

Los ataques a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) han generado un ambiente de preocupación en el sector justicia y seguridad, especialmente ante los recientes atentados en Cúcuta y Barranquilla, que han obligado a las autoridades a reforzar medidas y a investigar posibles vínculos con estructuras criminales como Los Pepes.

¿Qué es el "plan pistola" que mencionan los funcionarios del Inpec?

El término "plan pistola" hace referencia a amenazas específicas que circulan en panfletos dirigidos contra funcionarios del Inpec, alertando sobre la posibilidad de ataques premeditados en su contra, lo que ha motivado pronunciamientos de entidades como la Defensoría del Pueblo y exigencias de mayor protección para ese personal público.

De la Espriella subrayó que la crisis actual se explica por una “falta de preparación”, atribuyendo el peligro inminente de racionamiento eléctrico al estado en el que quedó el sistema energético, en particular para regiones vulnerables como la Costa Caribe. A pesar de esto, el jefe de Estado aseguró que ya se adelantan acciones para evitar tanto el racionamiento como un posible apagón. Entre las medidas adoptadas, está la conformación de un equipo especial encargado de diseñar y ejecutar intervenciones específicas, cuya fecha límite de operación será antes del 31 de diciembre. Las principales tareas de este grupo, según las instrucciones presidenciales, serán reforzar la generación térmica y administrar cuidadosamente los embalses, acciones consideradas clave para enfrentar el descenso de los niveles de agua y el incremento de demanda energética.

El enfoque del equipo especial consiste en “reducir al máximo el riesgo de racionamiento y dejar una ruta de prevención con responsables y fechas,” según palabras del presidente citadas por El Espectador. Además, el gobierno dirigió una solicitud formal al Congreso para agregar 1,2 billones de pesos al presupuesto de 2027. Esa cantidad, indicó De la Espriella, busca cubrir los costos de la emergencia ante el impacto del fenómeno natural, asegurando que estos recursos estarán debidamente controlados y destinados exclusivamente a la atención de la crisis. En su mensaje, el mandatario insistió en que el objetivo es impedir que Colombia vuelva a afrontar eventos de esta magnitud sin planes claros y con las reservas desfalcadas.

Finalmente, De la Espriella reiteró el compromiso de su administración para “disponer de todos los instrumentos” y proteger el servicio eléctrico. Así, la estrategia oficial busca evitar que repita la situación de vulnerabilidad en la que, en palabras del presidente, dejó el “irresponsable gobierno que nos antecedió”.

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¿Cuáles son las medidas del gobierno de Abelardo de la Espriella para evitar el apagón debido al fenómeno de El Niño?

El gobierno de Abelardo de la Espriella estableció la conformación de un equipo especial con responsabilidades y fechas claras, encargado de implementar medidas de choque como el refuerzo de la generación térmica y la administración responsable de los embalses. La finalidad es minimizar el riesgo de racionamiento o apagón antes del 31 de diciembre, especialmente en regiones vulnerables como la Costa Caribe, según detalló el presidente en su alocución citada por El Espectador.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella critica la gestión energética del gobierno de Gustavo Petro?

Abelardo de la Espriella culpa a la administración de Gustavo Petro de haber dejado a Colombia sin reservas suficientes y sin un plan de respaldo para enfrentar el fenómeno de El Niño, lo que según él, expuso al país a un posible racionamiento de energía. El mandatario aseguró que el fenómeno era previsible y que la “falta de preparación” se tradujo en una mayor vulnerabilidad para el sistema energético nacional.

La operación militar que desencadenó este incidente tuvo lugar en la vereda Filo Gringo, cerca del límite entre los municipios de Tibú y El Tarra. Según la información reportada, los uniformados formaban parte de la tropa que llegó al área la mañana del domingo 11 de octubre para verificar los resultados de un bombardeo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella. Dicha acción militar estaba dirigida contra un campamento del frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), al mando de un líder conocido con el alias de 'Calarcá'.

Las investigaciones preliminares señalan que, cuando los soldados intentaban establecer el impacto del operativo, fueron atacados por hombres armados. La región de Catatumbo está marcada por la presencia de varios grupos armados ilegales, incluidos el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que mantienen una violenta disputa por el control territorial en la zona. Estas circunstancias dificultan no solo la movilidad, sino también el ingreso de refuerzos hasta el lugar exacto del ataque, debido a las condiciones de seguridad, la geografía del terreno y la alta concentración de minas antipersona, un tipo de armamento prohibido por normativas internacionales destinado a causar bajas o mutilaciones en personas que transiten por el área sin previo aviso.

El bombardeo en Catatumbo, según El Espectador, se convierte en el cuarto ordenado por Abelardo de la Espriella en los dos meses que lleva en la presidencia, y es el segundo que se realiza en Norte de Santander. Hasta el momento, la operación habría dejado al menos cuatro supuestos disidentes muertos y la incautación de material de guerra, aunque todavía se espera un reporte oficial por parte del Ministerio de Defensa para confirmar los detalles de lo ocurrido.

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¿Qué se sabe de los soldados heridos en el operativo militar en Tibú, Catatumbo?

Los soldados heridos han sido identificados como el capitán Geovanny Guerrero Montes y los soldados profesionales Luis Ángel Ceballos Ramírez y José Oswaldo Zapata Cuellar. Según El Espectador, el caso más delicado es el de Zapata Cuellar, quien permanece bajo pronóstico reservado. Todos reciben atención médica en la Clínica Medical Duarte de Cúcuta, luego de ser evacuados tras el ataque armado tras el operativo en la zona rural de Tibú.

¿Por qué es tan difícil el acceso de tropas militares al área de Filo Gringo en Catatumbo?

El acceso es complejo debido a varios factores: la constante presencia de grupos armados como las disidencias del frente 33 de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), sumada a la disputa territorial que protagonizan en la región. Además, el terreno es peligroso por la cantidad de minas antipersona sembradas, lo que representa un riesgo permanente para cualquier desplazamiento militar o de ayuda humanitaria en la zona.

(Vea también: Procuraduría lanzó advertencia por amenazas contra Abelardo de la Espriella y ministro de Justicia)

Durante su alocución presidencial, el mandatario aseguró que sus promotores son los mismos que, según él, dejaron al país en una situación económica y energética crítica, y los señaló de buscar desestabilizar a su Gobierno.

El tema fue el sexto que abordó el jefe de Estado durante su intervención, en la que también se refirió a las medidas que, según anunció, deberán adoptar las autoridades para garantizar la movilidad, prevenir hechos violentos y proteger a quienes participen en las manifestaciones, así como a los ciudadanos que deban cumplir sus actividades cotidianas.

“El próximo miércoles 14 de octubre está anunciada una movilización nacional. Quiero hablarles con total claridad, tanto a quienes saldrán a manifestarse como para quienes ese día tendrán que trabajar, estudiar, atender una cita médica o desplazarse por el país”, expresó De la Espriella.

El mandatario aseguró que impartió instrucciones para que las autoridades coordinen las medidas necesarias con los organizadores de las protestas. Entre las acciones mencionadas incluyó la movilidad, la prevención, la atención de emergencias y la protección de las personas.

“He dado instrucciones claras para que las autoridades coordinen con los organizadores las medidas necesarias de movilidad, prevención, atención de emergencias y protección de las personas”, afirmó.

De la Espriella hizo llamado a protestar pacíficamente

Durante su intervención, el presidente también se refirió al papel que deberá cumplir la fuerza pública durante las movilizaciones y sostuvo que sus actuaciones deben ajustarse a la ley.

“La fuerza pública deberá actuar con legalidad, necesidad y proporcionalidad. La legalidad es cuidar la vida, prevenir la violencia y permitir que la jornada transcurra en paz”, manifestó.

De la Espriella advirtió que el derecho a la protesta no puede utilizarse como justificación para cometer agresiones o afectar a otras personas. En ese sentido, enumeró algunas conductas que, según dijo, no estarán permitidas durante la jornada.

“Quiero ser claro en esto: la protesta no autoriza agredir a otros ciudadanos, no autoriza destruir bienes, amenazar a trabajadores ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia. Frente a hechos que constituyan delitos, las autoridades actuarán conforme a la ley”, señaló.

El mandatario también les pidió a los convocantes que ejerzan su derecho de manera pacífica y ayuden a evitar provocaciones. A quienes no participen en las manifestaciones, les aseguró que su Gobierno trabajará para proteger sus derechos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

“A los convocantes les pido que ejerzan su derecho de manera pacífica y contribuyan a prevenir provocaciones. A quienes no participen les aseguro que el Gobierno trabajará para proteger sus derechos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales”, agregó.

El presidente cuestionó a quienes convocan al paro

La parte más crítica de su pronunciamiento llegó cuando se refirió directamente a quienes, según él, están detrás de la convocatoria. De la Espriella vinculó las movilizaciones con una supuesta intención política de generar desorden y debilitar a su administración.

“Quienes promueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al Gobierno son los mismos que dejaron al país quebrado, ad portas de un apagón, con la salud en cuidados intensivos, con la soberanía energética comprometida y con los recursos públicos saqueados”, afirmó.

El jefe de Estado insistió en sus cuestionamientos y aseguró que la convocatoria busca aprovechar la coyuntura para impulsar intereses políticos contrarios a su administración.

“A esos mismos, después del terremoto, se les ocurre convocar un paro que solo busca engañar al pueblo, que es lo que saben hacer, generando caos para lograr un fin politiquero en contra de mi Gobierno”, sostuvo.

Finalmente, De la Espriella lanzó una advertencia a quienes, en su opinión, pretenden promover hechos violentos durante las manifestaciones y aseguró que su administración responderá dentro del marco legal.

“Son instigadores de la maldad, y no luchadores por la libertad. Y si pretenden incendiar a Colombia, se van a encontrar con la determinación del ‘Tigre’ y su Gobierno para hacer lo que en derecho corresponde, que es defender la vida, honra y bienes de todos los colombianos”, concluyó.

Así, el presidente centró su mensaje sobre las protestas del 14 de octubre en dos puntos: el llamado a que las movilizaciones transcurran pacíficamente y sus señalamientos contra quienes considera responsables de promover el paro. Sus declaraciones se produjeron en el marco de una alocución en la que abordó diferentes asuntos de la agenda nacional.

Uno de los pasos que ha dado la administración municipal de Aguachica ha sido la contratación de un estudio técnico para modernizar la institución y evaluar la planta de personal. De acuerdo con documentos revisados por EL PILÓN, el contrato 228-2026, firmado el 7 de septiembre y adjudicado a Jorge Luis Sequeira Cueto por $148.036.000 (IVA incluido), tiene una duración de tres meses contados desde el acta de inicio. El objetivo del estudio incluye evaluar funciones, perfiles, cargas de trabajo y el manual de funciones, además de analizar aspectos financieros y proponer una nueva estructura organizacional. Sin embargo, el contrato no menciona de manera explícita la Ley 2492, ni define puntos concretos sobre el ajuste de cargos de inspectores, lo que deja incertidumbre en los funcionarios respecto a la verdadera aplicación de los cambios.

El panorama se complica al considerar un reciente fallo judicial emitido el 24 de febrero de 2026 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Aguachica, que declaró nulo el Decreto 728 de 2015 sobre el manual de funciones y el Decreto 194 de 1999 que fijaba la escala salarial. Según la sentencia, el manual fue expedido basándose en normativas ya derogadas y el decreto de salarios sobrepasó las competencias que le correspondían al alcalde, ya que definir remuneraciones es tarea del Concejo Municipal. El juez otorgó un año, a partir de la ejecutoria de la sentencia, para que la Alcaldía formule un nuevo manual y escala salarial.

Por su parte, la Alcaldía comunicó que estaba a la espera de los lineamientos nacionales tras consultar al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), argumentando que estos orientarán la correcta aplicación de la Ley 2492. Sin embargo, los inspectores, mediante recurso de reposición y apelación, sostienen que la ley no condiciona su entrada en vigor a la expedición de conceptos del DAFP y piden una acción inmediata.

A estas demandas se suma la preocupación frente a rumores sobre la supresión de inspecciones rurales, lo cual, según el inspector, afectaría gravemente la atención a comunidades y la capacidad de acción en zonas alejadas, especialmente si la Policía no apoya sus tareas.

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¿En qué consiste la Ley 2492 de 2025 según los inspectores de Aguachica?

De acuerdo con declaraciones recogidas por EL PILÓN y documentos de la Alcaldía de Aguachica, la Ley 2492 de 2025 establece nuevos parámetros para las condiciones laborales, funciones y estructura salarial de los inspectores de Convivencia y Paz. Sin embargo, los inspectores afirman que la plena implementación de la norma aún no se ha dado y cuestionan el retraso en la aplicación de estos ajustes.

¿Qué funciones debe cumplir el estudio de modernización contratado por la Alcaldía?

El contrato, documentado por EL PILÓN, establece que el estudio técnico contratado debe evaluar las funciones, perfiles, carga de trabajo y condiciones actuales de la planta de personal, revisar el manual específico de funciones y competencias laborales, realizar un análisis financiero y proponer modificaciones en la estructura organizacional. No obstante, el contrato no especifica cómo aplicará la Ley 2492 ni los detalles de los ajustes salariales y de cargos para los inspectores.

Este panorama contrasta con lo informado por el secretario de Gobierno, Eduardo Esquivel, a este medio el 21 de septiembre, cuando señaló que 18 personas habían regresado a sus hogares y que 14 casos permanecían bajo seguimiento. En la respuesta oficial fechada el 6 de octubre de 2026, no se explica cómo se conectan estas cifras con los 19 casos reportados ni se aclara la situación actual de quienes continuaban esperando su retorno.

Las historias detrás de los datos ponen de manifiesto la gravedad del problema. Un cesarense que fue víctima relató, en información difundida por la Gobernación y recogida por EL PILÓN, que junto a sus amigos recibió una oferta de empleo en Camboya como agentes de centro de llamadas. Habiendo quedado sin trabajo en Bogotá, aceptaron bajo la premisa de un ingreso mensual de hasta 20 millones de pesos. Sin embargo, al llegar, enfrentaron jornadas laborales de 16 horas, amenazas y sanciones económicas, convirtiendo una promesa de mejor vida en maltrato psicológico y explotación.

Sobre la información oficial, la Secretaría de Gobierno detalló 17 casos de Agustín Codazzi (siete mujeres y diez hombres) con destino a Camboya y agregó uno cada uno de Astrea y Chiriguaná, usando la expresión "desertaron en el Aeropuerto Internacional El Dorado" sin precisar las circunstancias. Para 2025 existe registro de un caso adicional en Agustín Codazzi vinculado también con Camboya. No se indicaron datos de 2023 ni 2024, ni comparación de finalidades de explotación.

En septiembre, Esquivel mencionó que algunas ofertas laborales llevaron a personas a escenarios relacionados con la guerra en Ucrania, aunque la gobernación no distribuye los casos por país ni especifica su vinculación con estos conflictos. Una fuente reservada afirmó que, en sesiones del Comité Departamental de Lucha contra la Trata de Personas, se presentaron testimonios de familias con parientes que habrían firmado contratos en ucraniano sin comprenderlos y sin recibir los pagos prometidos. No obstante, la Secretaría no confirmó ni descartó esta información de manera puntual y, en su respuesta, argumentó que no puede revelar detalles que afecten la seguridad o investigaciones vigentes.

De acuerdo con testimonios de familiares recogidos por EL PILÓN, muchas familias en el Cesar permanecen sin comunicación ni acompañamiento adecuado tras la salida de sus parientes. Si bien las autoridades departamentales, junto con entidades como Migración Colombia y la Defensoría del Pueblo, han articulado acciones para los repatriados, las gestiones continuas y el nivel de atención recibido no fueron detallados en la respuesta al derecho de petición. Así, persisten las dudas sobre el acompañamiento efectivo, el número de repatriados y el éxito de las acciones de retorno emprendidas hasta el momento.

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¿Cuántos casos de trata de personas en Cesar están vinculados con ofertas laborales engañosas en el extranjero?

La Gobernación del Cesar enumeró 19 casos de presunta trata de personas en 2026, todos asociados a ofertas laborales falsas en el exterior, especialmente de municipios como Agustín Codazzi, Astrea y Chiriguaná. Sin embargo, la Secretaría de Gobierno no especificó por países ni aclaró si estos datos representan el total de afectados en el departamento.

¿Qué tipo de apoyo reciben las víctimas y familias afectadas por la trata de personas en Cesar?

De acuerdo con la información reportada por la Secretaría de Gobierno y recogida por EL PILÓN, no se detalló el tipo de respaldo brindado a las víctimas y familias, ni los recursos o atenciones desplegadas tras el retorno. La respuesta oficial reconoce que varias entidades participan en la articulación, pero dejó sin responder cuántas familias recibieron acompañamiento psicológico, jurídico, alojamiento o formación posterior al regreso.

El informe detalla que las principales alarmas se relacionan con dificultades económicas de hospitales y clínicas, barreras en la atención de los pacientes, problemas para acceder a medicamentos y tecnologías, y el riesgo latente de interrupción del servicio. Es importante subrayar, según la propia metodología del estudio, que estos resultados se construyen con respuestas de la autoridad sanitaria municipal y no implican que el sistema haya colapsado ni detallan la cantidad exacta de pacientes afectados. Entre los servicios que han sufrido suspensiones temporales, Valledupar reportó campos como “Oncologías (Famisanar)” y problemas con el acceso a medicamentos, evidenciando situaciones que han afectado la continuidad de tratamientos críticos.

La recolección de la información se hizo entre el 4 de agosto y el 16 de septiembre de 2026, antes de que se anunciara, el 17 de septiembre, la suspensión de algunos servicios por parte del Grupo Clínica Médicos. Lo anterior indica que los datos ya daban cuenta de riesgos existentes previos a ese evento y no evalúan sus impactos posteriores.

En el contexto local, la secretaría de Salud del Cesar, encabezada por Gina Sánchez, resaltó que la cartera pendiente con los hospitales públicos asciende a $380.000 millones, lo cual limita la operación y prestación de servicios. Sánchez, en entrevista con Cacica Noticias, enfatizó los persistentes problemas contractuales y las demoras en autorizaciones, situación que complica tanto la facturación como la atención efectiva, además de señalar la posibilidad de futuras suspensiones. La Secretaría demandó a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) información sobre las redes alternas disponibles para garantizar la atención en casos de suspensión.

Desde el lado de los prestadores, Carlos Arce, presidente del Grupo Clínica Médicos, también reportó barreras para la conciliación de cuentas y cerca de 70 pacientes en proceso de remisión durante las afectaciones. Alertó sobre los problemas que generan los traslados a otras ciudades, tanto para pacientes como para sus familias. La autoridad sanitaria local garantizó que los pacientes hospitalizados recibirían atención mientras se resolvían las remisiones.

Este panorama no es exclusivo de Valledupar. El informe revela que todas las capitales están afectadas: 16 en riesgo alto, 15 en crítico. Las principales causas identificadas por las autoridades sanitarias se centran en las deudas entre EPS e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), la insuficiencia financiera y la terminación de contratos, lo que lleva a la interrupción de tratamientos y progresión de enfermedades por falta de atención oportuna. Como respuesta, la casi totalidad de ciudades pide el saneamiento de la cartera, mejores garantías para el suministro de medicamentos y tecnologías, así como la continuidad contractual.

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¿Cuáles son los principales riesgos del sistema de salud en Valledupar según el informe de Asocapitales y UNIPS Colombia?

El informe indica que Valledupar enfrenta riesgos críticos en cuatro áreas: dificultades económicas para hospitales y clínicas, barreras en el acceso de pacientes a los servicios de salud, problemas de acceso a medicamentos y tecnologías, y riesgo de interrupción en la prestación de servicios debido a estos factores combinados. Estos problemas crean un escenario vulnerable para el sistema de salud local y se evidencian en la suspensión temporal de servicios, como la oncología, y dificultades en el suministro de medicamentos.

¿Por qué las deudas entre EPS e IPS afectan la atención en salud en Valledupar y otras capitales?

De acuerdo con lo revelado en el informe y las declaraciones de las autoridades de salud del Cesar, las deudas de $380.000 millones entre EPS e IPS generan restricciones financieras que impiden la operación normal de los hospitales, retrasan autorizaciones y complican la facturación. Esta situación puede llevar a la suspensión de servicios, incremento en las barreras de acceso y afectación en la continuidad de tratamientos esenciales, un patrón que también se repite en otras ciudades capitales del país.

De acuerdo con El Espectador, el argumento oficial señala que la reforma rural es una política pública estructural y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse en la institucionalidad estatal y estar a cargo de Colombia. Sin embargo, la solicitud de suprimir ese componente fue criticada por diversos sectores y exfuncionarios. Entre quienes cuestionaron la medida está el expresidente Gustavo Petro, quien advirtió que con esto “se pide que la riqueza de la mafia, que es la tierra acaparada con violencia y con dinero, no se reparta a los campesinos”. Además, la exembajadora Arlene Tickner y el exministro de Minas Andrés Camacho destacaron la relevancia de una reforma agraria auditada para impulsar el desarrollo rural y la economía, mientras que el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo calificó de “inexplicable” la decisión, defendiendo que los acuerdos sobre desarrollo rural benefician a la población campesina y hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Los números muestran los desafíos pendientes. El Instituto Kroc reportó que para noviembre de 2025, solo el 9 % de las disposiciones del punto rural estaban completamente implementadas y que la meta de adjudicación de tierras apenas ha alcanzado el 2,4 % según cifras de la Agencia Nacional de Tierras. Ante la ONU, Bula insistió que garantizar el acceso a la tierra y el desarrollo rural son tareas esenciales del Estado colombiano, y que no dependen exclusivamente de la Misión de Verificación de la ONU.

En el Consejo de Seguridad, algunos países como Dinamarca subrayaron la importancia estratégica de mantener el seguimiento sobre la reforma rural, mientras que Estados Unidos apoyó la priorización de la seguridad y sugirió que Colombia debe asumir la titularidad de la reforma agraria. La votación sobre la modificación del mandato de la misión se definirá antes del 31 de octubre, en una decisión clave para el rumbo del Acuerdo de Paz.

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¿Por qué es clave el seguimiento internacional a la Reforma Rural Integral en Colombia?

El seguimiento internacional a la Reforma Rural Integral es importante porque implica acompañamiento y verificación sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano en cuanto a transformación del campo, acceso a la tierra y desarrollo rural, tal como fue pactado en el Acuerdo de Paz de 2016. Según cifras citadas por El Espectador, la lenta ejecución de este componente muestra rezagos críticos que afectan directamente a la población campesina y la posibilidad de lograr una paz duradera.

¿Qué consecuencias podría tener eliminar la Reforma Rural Integral del mandato de la Misión de Verificación de la ONU?

Eliminar el componente de Reforma Rural Integral del mandato de la Misión de Verificación de la ONU podría significar que el Gobierno colombiano asuma en solitario la vigilancia y reporte de estos compromisos, sin la observación internacional acordada inicialmente en el proceso de paz. Esto ha generado controversia y preocupación entre quienes consideran que la reforma agraria requiere supervisión independiente para asegurar transparencia e impulso efectivo, tal como han señalado fuentes y exfuncionarios citados por El Espectador.

(Vea también: “Tendrá consecuencias”: De la Espriella reacciona al atentado contra peaje El Bordo con seria advertencia)

La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento en el que la organización rechazó las expresiones dirigidas contra la esposa del presidente de la República.

En el pronunciamiento, la firma manifestó su rechazo a las declaraciones que, a su juicio, atentan contra la dignidad humana y recurren a la descalificación y la humillación contra las mujeres. Asimismo, indicó que acudirá a los mecanismos legales que correspondan para que las autoridades competentes examinen lo sucedido y establezcan si existen responsabilidades.

Desde DE LA ESPRIELLA LAWYERS rechazamos categóricamente toda expresión que atente contra la dignidad humana y, en particular, aquellas que recurren a la descalificación, la humillación y la violencia simbólica contra las mujeres.

Lo ocurrido contra la primera dama de la Nación…

— DE LA ESPRIELLA LAWYERS (@DELAESPRIELLALA) October 12, 2026

El anuncio se conoce en medio de la polémica que desataron las publicaciones de ‘Matador’ en redes sociales, en las que se refirió a la primera dama con expresiones ofensivas. El episodio provocó reacciones y un pronunciamiento de rechazo desde el Gobierno nacional.

¿Qué dijo De La Espriella Lawyers sobre Matador?

En su comunicado, De La Espriella Lawyers sostuvo que rechaza categóricamente las expresiones que atenten contra la dignidad humana, especialmente cuando se utilizan para descalificar, humillar o ejercer violencia simbólica contra las mujeres.

Según el pronunciamiento, el caso pone sobre la mesa la importancia de defender el respeto hacia las mujeres y hacia quienes desempeñan funciones de liderazgo en la sociedad.

“Lo ocurrido contra la primera dama de la Nación trasciende una ofensa personal”, indicó la organización en el documento, en el que también hizo referencia a los principios de convivencia que, según su postura, Colombia necesita fortalecer.

A partir de estos argumentos, la firma anunció que adelantará las acciones legales que resulten procedentes. Su propósito, de acuerdo con el texto, es que los hechos sean revisados por las autoridades competentes y que estas determinen las posibles responsabilidades.

Por ahora, el comunicado no especifica qué tipo de acción judicial se presentará, ante qué autoridad se radicará ni si ya existe una denuncia formal. Por eso, el anuncio corresponde a la intención de emprender las actuaciones legales pertinentes, sin que ello signifique que haya una decisión judicial sobre el caso.

El anuncio de De La Espriella Lawyers abre ahora la posibilidad de que el caso llegue a instancias judiciales. La firma insistió en que defender la dignidad humana es una responsabilidad colectiva y concluyó su pronunciamiento con un llamado a no admitir excepciones frente al respeto por las personas.

Entre los amenazados, además de Luis Alonso Colmenares, figuran José Arredondo, Juan Zambrano, Pedro Arteta, Federico Ocuña, Alejandro Mafla, José Celedón y Yonairo Gómez. El panfleto, difundido por las AGC, llama también a sus miembros y aliados a proceder con el “exterminio” de quienes considera contrarios a su ideología, escalando la preocupación sobre la seguridad y libertad de expresión en la zona, como lo afirma el propio Colmenares.

Ante la gravedad de estas intimidaciones, Colmenares fue enfático en responsabilizar al gobernador de La Guajira, al alcalde de Riohacha y al comandante del Departamento de Policía Guajira, por cualquier atentado contra su vida o integridad. El columnista advirtió que, debido a sus funciones académicas en la Universidad de La Guajira, está obligado a desplazarse y cumplir horarios que podrían hacerlo más vulnerable a posibles ataques. “Exijo medidas de protección inmediatas y efectivas, y que la Fiscalía investigue a los autores de esta amenaza”, reclamó Colmenares, enfatizando que este no es un simple mensaje intimidatorio, sino una amenaza directa contra su vida y la libertad de prensa.

En sus declaraciones, Luis Alonso Colmenares dejó claro que sus actividades en el ámbito crítico y de activismo le han generado riesgos serios. “No me callarán. Si algo me ocurre, el Estado sabrá que fue advertido”, puntualizó públicamente el columnista, exigiendo que la Fiscalía actúe con celeridad y que las autoridades ofrezcan una respuesta clara y efectiva. Cabe recordar que Colmenares es padre de Luis Andrés Colmenares Escobar, el joven universitario fallecido en Bogotá en circunstancias que dieron origen a una investigación judicial de gran notoriedad en Colombia.

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¿Quiénes son las personas amenazadas junto a Luis Alonso Colmenares en el panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia?

De acuerdo con la información difundida por Colmenares y citada en el comunicado, las personas que aparecen en el panfleto junto a él son José Arredondo, Juan Zambrano, Pedro Arteta, Federico Ocuña, Alejandro Mafla, José Celedón y Yonairo Gómez. Todos han sido señalados por las AGC de ser promotores de actividades políticas y de ejercer labores periodísticas o críticas que contradicen la ideología de ese grupo armado.

¿Qué solicitan las víctimas a las autoridades frente a las amenazas de las AGC en La Guajira?

Según los pronunciamientos de Luis Alonso Colmenares citados por EL PILÓN, las víctimas de las amenazas exigen a las autoridades medidas de protección inmediatas y efectivas. Además, piden que la Fiscalía inicie investigaciones para identificar y enjuiciar a los responsables de los panfletos amenazantes, al considerar que se trata de amenazas directas contra su vida y la libertad de expresión en la región.

El homenaje ocurrió en el conversatorio realizado el sábado 10 de octubre, donde estuvieron presentes familiares, allegados y habitantes que recordaron el impacto de ‘Ocha’ Rosado en Valencia de Jesús. Alba Rosa Barrios Rosado, hija de la periodista, expresó su agradecimiento a la organización del festival y a la Fundación Calixto Ochoa por mantener vivo el legado de su madre. Manifestó sentirse orgullosa del cariño con que la población recuerda a Rosa Elena Rosado Quintero y la manera en que su trabajo es reconocido tras años de entrega profesional.

Más allá del periodismo, ‘Ocha’ Rosado es recordada por su dedicación a la mejora de las condiciones de vida en Valencia de Jesús. Su hermano, Álvaro Rosado, compartió detalles sobre el compromiso de la periodista con la restauración de la iglesia del corregimiento, así como con distintas iniciativas de impacto social. Entre ellas destacó el acueducto de Valencia de Jesús, un proyecto significativo en el que la comunicadora trabajó hasta sus últimos años y que, aunque no alcanzó a verlo finalizado, terminó haciéndose realidad para la comunidad.

Durante el homenaje, Ernesto Orozco Durán, alcalde de Valledupar, resaltó la trayectoria periodística de ‘Ocha’ Rosado, quien acumuló más de dos décadas de experiencia. Se recordó su paso por medios como Cardenal Noticias, la fundación de El País Vallenato y su labor como jefe de prensa tanto en la Gobernación del Cesar como en la Alcaldía de Valledupar, según declaraciones directas del mandatario. Además, la familia de Rosa Elena ‘Ocha’ Rosado recibió reconocimientos de la Asamblea del Cesar y de la propia organización del Festival Calixto Ochoa, evidenciando el respeto y la admiración que la comunicadora conquistó.

Este tributo se llevó a cabo en el contexto del festival, desarrollado del 9 al 11 de octubre, en conjunto con las festividades religiosas y culturales de la Virgen del Rosario, donde concursos de música vallenata, encuentros religiosos y presentaciones musicales formaron parte de la programación general.

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¿Quién fue Rosa Elena ‘Ocha’ Rosado Quintero y cuál fue su aporte al periodismo en el Cesar?

Rosa Elena ‘Ocha’ Rosado Quintero fue una periodista con más de dos décadas de trayectoria, conocida por su trabajo en medios como Cardenal Noticias y El País Vallenato, así como por ocupar cargos como jefe de prensa en la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar. Su labor trascendió al periodismo, ya que también se involucró activamente en proyectos sociales que beneficiaron a su comunidad de Valencia de Jesús.

¿Cómo se desarrolló el homenaje a ‘Ocha’ Rosado en el Festival Calixto Ochoa de Valencia de Jesús?

El homenaje a Rosa Elena ‘Ocha’ Rosado Quintero se efectuó durante el Festival Calixto Ochoa y las Fiestas Patronales de la Virgen del Rosario, mediante un conversatorio con la participación de familiares y habitantes de Valencia de Jesús. Durante el evento, figuras públicas y representantes institucionales exaltaron su legado profesional y comunitario, además de entregar reconocimientos a su familia como símbolo del respeto y gratitud de toda la región.

Las estaciones con horario extendido se encuentran sobre las troncales NQS y avenida El Dorado. Entre ellas están la estación 7 de Agosto, Movistar Arena, CAN–British Council y Salitre El Greco–Vive Claro, cada una con diferentes rutas disponibles. Esta ampliación de servicio dependerá de la cantidad de usuarios que demanden el transporte al finalizar el evento, por lo que se recomienda dirigirse rápidamente hacia las estaciones y paraderos cuando termine la jornada. Quienes deseen planear su viaje con anticipación pueden consultar rutas y disponibilidad en la aplicación oficial TransMiApp, según indicó la entidad.

El plan de movilidad se ve afectado por el cierre total de la calle 63 entre la avenida carrera 68 y la carrera 60, el cual comenzó a las 10:30 a. m. y se mantendrá hasta las 10:30 p. m. Este cierre también incluye la ciclorruta del mismo tramo y ha generado desvíos en varias rutas zonales del sistema, especialmente en los buses que normalmente circulan por dicha vía. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, personal de la entidad estará disponible en los accesos y salidas principales para guiar a los visitantes y ayudar a regular el tráfico, recomendando a los conductores tomar vías alternas y prever demoras.

En cuanto a las opciones de regreso, quienes salgan por la calle 53 podrán tomar rutas hacia Bosa, Fontibón, el centro, Usaquén y Suba; por la carrera 60, habrá opciones a Suba, Usme, Engativá y el centro; y desde la calle 63, saldrán buses con desvíos hacia Engativá, la calle 80 y el centro. La recomendación principal de TransMilenio es consultar siempre la información actualizada en las plataformas oficiales y recargar la tarjeta TuLlave antes de salir. Además, se sugiere a los asistentes evitar vehículos particulares por las restricciones de parqueo y cierres viales. El parqueadero del Simón Bolívar solo habilita 800 cupos pagos hasta las 10:00 p. m., por lo que utilizar el transporte público es lo más recomendable en este cierre festivo.

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¿Cuáles son las estaciones de TransMilenio habilitadas durante Rock al Parque 2023?

De acuerdo con la información oficial de TransMilenio, las estaciones con servicio extendido para el cierre de Rock al Parque son 7 de Agosto, Movistar Arena, CAN–British Council y Salitre El Greco–Vive Claro, ubicadas sobre las troncales NQS y avenida El Dorado. La disponibilidad estará sujeta a la demanda al finalizar los conciertos, por lo que se sugiere llegar a las estaciones apenas termine la evacuación del parque Simón Bolívar.

¿Qué recomendaciones da TransMilenio para regresar de Rock al Parque?

Entre las recomendaciones más importantes, TransMilenio sugiere recargar con anticipación la tarjeta TuLlave, consultar las rutas y horarios usando la aplicación TransMiApp, salir rápidamente hacia los puntos de transporte, atender las indicaciones del personal autorizado y evitar el uso de vehículos particulares debido a los cierres viales y la limitada disponibilidad de parqueaderos.

(Vea también: Petro mandó oscuro mensaje a Vicky Dávila tras decisión de De la Espriella sobre exjefe de seguridad de Alcocer)

En una publicación en X, Dávila cuestionó los términos utilizados por el ilustrador para referirse a la esposa del presidente Abelardo De La Espriella y sostuvo que la animalización de una mujer y las burlas sobre su apariencia física no pueden justificarse como humor.

“‘Matador’ tiene que responder ante la justicia. Atacó a Ana Lucía Pineda, la primera dama, deshumanizándola, pero antes golpeó a la mamá de sus hijos y maltrató a muchas mujeres en sus redes sociales”, escribió la periodista.

Dávila también calificó al caricaturista de “misógino y violento” y aseguró que sus publicaciones contra mujeres no deben normalizarse.

Matador tiene que responder ante la justicia. Atacó a Ana Lucía Pineda, la primera dama, deshumanizándola, pero antes golpeó a la mamá de sus hijos y maltrató a muchas mujeres en sus redes sociales.

Animalizar a una mujer y burlarse de su aspecto físico, no es chiste, es violencia de género. Matador es misógino y violento, es peligroso.
@ABDELAESPRIELLA

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 12, 2026

Vicky Dávila comparó la polémica con el caso de Francia Márquez

En el video que acompañó su publicación, Dávila insistió en que los comentarios dirigidos contra Pineda deben examinarse más allá de una discusión sobre humor o sátira política.

“Animalizar a una mujer, burlarse de su aspecto físico, eso no es humor y no podemos normalizarlo”, manifestó.

La periodista también comparó la controversia con el caso de Luz Fabiola Rubiano, la mujer condenada en 2023 por los insultos racistas que dirigió contra Francia Márquez, cuando esta se desempeñaba como vicepresidenta de Colombia.

A partir de ese antecedente, Dávila cuestionó lo que considera una reacción selectiva frente a expresiones ofensivas contra mujeres que ocupan posiciones públicas.

“Entonces, ¿aquí nos vamos a aterrar de manera selectiva? No, es exactamente lo mismo que pasó con una mujer que comparó con un animal a la vicepresidente en su momento, Francia Márquez”, dijo en el video.

Angulo Arévalo falleció el 17 de marzo de 2025, dejando una huella relevante en distintas áreas de la vida local. Fundó el Centro de Urología del Cesar, un referente médico en la región, y desde su formación como médico cirujano en la Universidad de Caldas, se especializó en la Universidad Autónoma de México, conocida como UNAM, además de completar un fellow en endourología, que es una subespecialidad de la urología enfocada en técnicas mínimamente invasivas. Durante más de cuarenta años de ejercicio profesional, fue nombrado miembro emérito de la Sociedad Colombiana de Urología, distinción que resalta su trayectoria científica.

Su dedicación no solo se evidenció en la medicina. En su carrera atendió en el Hospital San Andrés de Chiriguaná y ofreció consultas en su propio consultorio ubicado en el barrio Santa Ana de Valledupar. Asimismo, tuvo una faceta pública como diputado de la Asamblea del Cesar entre 1982 y 1984. Según lo establecido en la resolución entregada a su familia, Angulo Arévalo demostró respeto permanente por la figura de Calixto Ochoa, ícono del folclor local, lo que para las directivas constituye un ejemplo de compromiso con la cultura y el legado tradicional de la región.

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¿Quién fue Oswaldo Angulo Arévalo y cuál fue su legado en Valledupar?

Oswaldo Angulo Arévalo fue un médico cirujano, fundador del Centro de Urología del Cesar y miembro emérito de la Sociedad Colombiana de Urología. Además, fue diputado de la Asamblea del Cesar, impulsando la difusión y preservación de las tradiciones culturales de Valencia de Jesús, aportando tanto en el ámbito médico como en el fortalecimiento del folclor regional, según la Fundación Festival Calixto Ochoa.

¿Por qué la Fundación Festival Calixto Ochoa le otorgó un reconocimiento póstumo a Angulo Arévalo?

La Fundación Festival Calixto Ochoa otorgó el reconocimiento póstumo a Angulo Arévalo por su papel como impulsor de las tradiciones culturales y por el compromiso mostrado hacia el legado folclórico de la región de Valledupar, hecho que quedó plasmado en la Resolución No. 002 de 2026 firmada por la junta directiva y fundamentada en el respeto y contribuciones de Angulo a la cultura local.

(Vea también: “Tendrá consecuencias”: De la Espriella reacciona al atentado contra peaje El Bordo con seria advertencia)

La propuesta fue presentada este lunes 12 de octubre por el canciller Omar Bula ante el Consejo de Seguridad de la ONU, durante la sesión en la que se expuso el informe trimestral sobre la implementación del acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y las antiguas Farc.

Aunque el Gobierno manifestó que respalda la continuidad de la misión, planteó concentrar su trabajo en dos componentes: la reincorporación de los excombatientes a la vida civil y las garantías de seguridad para los firmantes de paz y las comunidades.

“Quiero ser claro en relación con lo que nos reúne hoy: el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Nuestro compromiso permanece intacto”, afirmó Bula.

La propuesta deberá ser evaluada por el Consejo de Seguridad, organismo encargado de decidir si prorroga el mandato y bajo qué condiciones. La vigencia actual termina el 31 de octubre de 2026.

¿Por qué el Gobierno quiere excluir la reforma rural de la misión de la ONU?

Durante su intervención, Bula argumentó que la reforma rural integral tiene características diferentes de los compromisos relacionados con la reincorporación y las garantías de seguridad de los antiguos integrantes de las Farc.

Según el canciller, se trata de una política pública estructural y de largo plazo, cuya ejecución debe quedar integrada en las instituciones permanentes del Estado colombiano.

“La Reforma Rural Integral, por su parte, tiene una naturaleza distinta. Incorporada al mandato de la Misión en 2023, constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo”, señaló.

El canciller agregó que el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, la productividad rural, la infraestructura y las oportunidades económicas para los campesinos son responsabilidades fundamentales del Estado.

El Gobierno sostiene que Colombia cuenta con los instrumentos normativos e institucionales necesarios para continuar con las políticas de acceso a tierras y desarrollo productivo, incluso si la misión internacional deja de verificar ese componente.

Bula también aclaró que la propuesta no pretende modificar unilateralmente las resoluciones de Naciones Unidas ni desconocer las obligaciones del Estado derivadas del Acuerdo de Paz.

¿Qué seguiría verificando la Misión de la ONU en Colombia?

La propuesta del Gobierno es mantener el seguimiento internacional a dos componentes del Acuerdo de Paz de 2016.

El primero es la reincorporación política, económica y social de los antiguos integrantes de las Farc, relacionada con su transición a la vida civil. El segundo corresponde a las garantías de seguridad para los firmantes del acuerdo, sus familias y las comunidades y organizaciones presentes en los territorios.

La reforma rural integral fue incorporada al mandato de la misión en 2023. Entre los asuntos que abarca están el acceso y uso de la tierra, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los planes nacionales para la reforma rural.

Por ahora, estos componentes continúan bajo el mandato vigente. La eventual exclusión de la reforma rural dependerá de la decisión que adopte el Consejo de Seguridad.

¿Cuándo se decidirá la prórroga de la misión de la ONU?

El Consejo de Seguridad deberá definir la continuidad y el alcance del mandato antes de que termine su vigencia actual, el 31 de octubre de 2026.

La intervención de Bula marca la posición que el Gobierno de De la Espriella lleva a esa discusión: mantener la verificación internacional en asuntos de reincorporación y seguridad, pero trasladar el seguimiento de la reforma rural a la institucionalidad colombiana.

La decisión no depende exclusivamente de Colombia. El Consejo de Seguridad deberá examinar la propuesta y determinar si la incorpora a la resolución que establezca las condiciones del nuevo mandato.

En el caso del circuito Guatapurí 5, uno de los sectores donde se concentrarán estos trabajos será el barrio San Carlos. En este punto, la suspensión del suministro eléctrico está planeada entre las 7:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, lo que representa un corte de nueve horas. Según la información difundida, los cortes impactarán el área comprendida desde la calle 7 hasta la calle 7C, entre las carreras 14 y 16, además de la calle 7C entre las carreras 14 y 19, dentro de la zona urbana de Valledupar, capital del departamento del Cesar.

Por su parte, el circuito Cañahuate 4 tendrá mantenimiento en otro rango de horarios. Las labores allí iniciarán a las 8:00 de la mañana y concluirán a las 2:30 de la tarde. Los puntos comprometidos corresponden a la calle 1 con carrera 23 y el área de la avenida Sierra Nevada, lo que implica que diferentes sectores de la ciudad experimentarán interrupciones de acuerdo con su ubicación exacta dentro del circuito.

Las zonas afectadas tendrán que identificar si sus viviendas, negocios o establecimientos hacen parte de las áreas incluidas en el cronograma, ya que la interrupción del servicio será temporal y solo mientras el personal de Energua lleva a cabo las intervenciones técnicas planeadas. La compañía recomienda que los habitantes tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes mientras se ejecutan los trabajos y el servicio se restablece en los horarios estipulados para cada sector, según la planificación oficial.

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¿Qué sectores de Valledupar estarán sin energía el martes 13 de octubre según Energua?

Los sectores de Valledupar que tendrán suspensión de energía el martes 13 de octubre, según Energua, incluyen el barrio San Carlos, comprendido desde calle 7 hasta calle 7C y entre carreras 14 y 16, así como la calle 7C entre carreras 14 y 19, dentro del circuito Guatapurí 5. También se afectarán la calle 1 con carrera 23 y la avenida Sierra Nevada, pertenecientes al circuito Cañahuate 4.

¿Por qué se suspende el servicio de energía en Guatapurí 5 y Cañahuate 4 en Valledupar?

La suspensión del servicio de energía en los circuitos Guatapurí 5 y Cañahuate 4 de Valledupar fue programada por Energua para permitir labores de mantenimiento y trabajos técnicos en la red eléctrica. Estas tareas requieren interrupciones temporales para garantizar la seguridad y el adecuado desarrollo de las intervenciones a lo largo de la jornada señalada.

Un caso representativo es el de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que bajo la presidencia de Fabio Arias, enfrenta una significativa fractura interna. Mientras un sector minoritario se mantiene alineado con la oposición, la mayoría de su Comité Ejecutivo Nacional, es decir, 11 de los 21 integrantes, manifestó su respaldo a las políticas implementadas por el actual presidente Abelardo de la Espriella. A pesar de esta posición, la CUT mantiene su llamado a las calles. Como lo expresó Carlos Rivas, fiscal de la organización, la CUT se caracteriza por su pluralismo. Rivas recalcó que los recientes cambios internos responden a procesos naturales, y afirmó que "esto no nos hace abelardistas", insistiendo en la sana coexistencia de posturas diversas dentro del sindicato.

El reacomodo sindical no se limita a la CUT. La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que no participará en la manifestación del 14 de octubre. Fecode, el principal gremio de maestros, también está hoy distanciado de la izquierda debido a dificultades en el régimen especial de salud que los cobija, sobre el cual el gobierno De la Espriella adelanta auditorías y ha encontrado irregularidades en la implementación del nuevo modelo. Respecto a la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato más grande de Ecopetrol, la postura no es clara; aunque recientemente ha tenido acercamientos con la presidencia, aún no se define su rol en las protestas promovidas por sectores afines a Petro.

Otro actor relevante en la convocatoria es el exministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien calificó de "masacre laboral" los recientes movimientos en las entidades públicas y llamó a trabajadores y contratistas a movilizarse y ejercer acciones legales. Como puntualizó en declaraciones citadas por El Espectador, invitó a la concentración del 14 de octubre en el Parque Nacional de Bogotá y en otros puntos principales del país.

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¿Por qué están divididos los sindicatos frente a la marcha del 14 de octubre?

La división sindical frente a la convocatoria del 14 de octubre radica principalmente en diferencias internas sobre el respaldo o la oposición a las políticas del gobierno de Abelardo de la Espriella. Así lo muestran los casos de la CUT, donde la mayoría apoya al Gobierno, y de la CGT y Fecode, que mantienen posiciones distantes respecto a la oposición y a los organizadores de la marcha. Esta fragmentación se relaciona con procesos de reorganización, posturas sobre auditorías estatales y debates internos sobre el rumbo que deben tomar frente a la coyuntura política actual.

¿Qué denuncias motivan la movilización liderada por Gustavo Petro?

La movilización impulsada por Gustavo Petro y respaldada por figuras como Antonio Sanguino obedece a críticas por supuestas "masacres laborales", es decir, despidos y cambios en entidades públicas, así como desacuerdos con las políticas del actual gobierno. Las declaraciones recogidas en El Espectador subrayan que los convocantes buscan defender los derechos de trabajadores y contratistas, promover la movilización popular y visibilizar su inconformidad con lo que consideran una persecución laboral en la actual administración.

“Queremos que más colombianos viajen por Colombia, que sea más accesible. Por eso proponemos reducir el IVA hasta el 31 de diciembre de 2030”, sostuvo el senador Quintero.

La iniciativa pretende incentivar los desplazamientos dentro del país y apoyar al sector turístico, especialmente en el Eje Cafetero, una región afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Los promotores consideran que una reducción en el precio de los vuelos ayudaría a impulsar la actividad económica de los destinos nacionales.

Los congresistas también argumentaron que el turismo todavía afronta las consecuencias de la pandemia de COVID-19. De acuerdo con las cifras incluidas en el proyecto, en 2019 los ingresos del sector superaron los 25,3 billones de pesos, mientras que en 2020 cayeron a 13,9 billones de pesos, según registros del DANE.

Aunque actividades como la hotelería y la compra de vuelos mostraron una recuperación desde 2021, los resultados no habrían alcanzado los niveles anteriores a la emergencia sanitaria.

Otro de los argumentos de los autores es que el fin de los incentivos tributarios aplicados durante la pandemia coincidió con incrementos en las tarifas aéreas. Según los datos presentados por los congresistas, entre 2022 y 2023 hubo aumentos en los tiquetes hacia destinos como San Andrés, Santa Marta, Bogotá, Cartagena y Medellín.

Los promotores sostienen que reducir el impuesto permitiría estimular los viajes turísticos. En el documento, la propuesta señala que mantener el IVA en el 5 % “se constituiría para los ciudadanos en un estímulo importante para la realización de viajes turísticos”.

Por ahora, se trata de una iniciativa legislativa y no de una reducción aprobada. Su eventual aplicación dependerá del trámite y la aprobación del proyecto de ley en el Congreso.

La Fiscalía, a través de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico, conoció los escritos en los que se señalan cinco posibles delitos: estafa, hurto, abuso de confianza, administración desleal y concierto para delinquir. Aunque la investigación avanza, hasta la fecha no se han dictado imputaciones, ni otras decisiones judiciales que indiquen responsabilidades. Según los documentos reseñados por Infobae, los reclamos van más allá de la no entrega: en el caso del comprador del Ferrari 296 GTS, también se exige el reintegro de cerca de 72.655 dólares, monto que quedó bajo administración de la empresa tras no concretarse la nacionalización del vehículo, hoy almacenado en Panamá junto con otro automóvil mencionado en las denuncias.

En paralelo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lleva a cabo una averiguación preliminar bajo el radicado 26-294239, concentrándose en aspectos como las condiciones pactadas, tiempos de entrega, publicidad, finalización del vínculo con Ferrari North America y la continuidad en la promoción de la marca por parte del concesionario tras haber perdido la licencia. De acuerdo con la SIC, son alrededor de seis los afectados que han presentado quejas hasta el momento.

Tras el cambio accionario en mayo de 2026, la nueva administración, Autos de Alta Gama Holdings, informó que realizaba una auditoría forense sobre documentos y operaciones anteriores antes de tomar decisiones frente a los anticipos recibidos de los clientes. Aunque Ferrari North America retiró a Autos Italianos de Colombia de su red oficial el 4 de junio de 2026 por cambios no autorizados en la tenencia accionaria, la marca mantiene sus compromisos de apoyo técnico y garantías mientras explora un nuevo distribuidor para el país. El caso continúa bajo escrutinio judicial y administrativo, sin que existan sanciones o soluciones definitivas para los compradores afectados.

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¿Qué posibles delitos investiga la Fiscalía por el caso Ferrari en Bogotá?

La Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía analiza las denuncias interpuestas por clientes del concesionario, en las que se mencionan presuntos delitos de estafa, hurto, abuso de confianza, administración desleal y concierto para delinquir. Sin embargo, hasta ahora, no se conocen imputaciones ni decisiones judiciales que definan responsabilidades frente a estos hechos.

¿Qué implica una auditoría forense en una empresa como Ferrari Bogotá?

Una auditoría forense es una revisión detallada, normalmente de carácter contable, administrativo y financiero, que tiene como objetivo reconstruir la información sobre cómo fueron manejados los recursos y detectar posibles irregularidades u omisiones. En este caso, la auditoría busca aclarar el estado de las operaciones, anticipos y obligaciones con los clientes tras el cambio en la administración de la compañía.

(Vea también: Angie Rodríguez dice que Verónica Alcocer le pegaba a Petro: “Se escuchaban los golpes”)

A través de su cuenta de X, el exmandatario respondió directamente a un mensaje de Vicky Dávila en el que la periodista divulgaba las medidas tomadas contra la capitana Lozano. Petro hizo referencia a la muerte del teniente coronel Óscar Darío Dávila Torres, ocurrida en junio de 2023, cuando el oficial estaba relacionado con las investigaciones por las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia.

“Así mencionaron al coronel Dávila y lo hicieron suicidar”, escribió Petro, en un mensaje de respuesta a Dávila, publicado después de que se conociera la decisión del actual Gobierno sobre la comisión de Lozano.

El comentario se produjo en medio de la controversia por las declaraciones de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer y personas que, según su versión, conocían los movimientos de la entonces primera dama.

Acá, la publicación:

Así mencionaron al coronel Dávila y lo hicieron suicidar.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 12, 2026

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la muerte del coronel Óscar Dávila?

En su publicación, respondiendo a Dávila, Petro aludió al caso del oficial sin desarrollar más detalles sobre la comparación que planteó con la situación de Kelly Daniela Lozano.

Óscar Dávila fue hallado sin vida el 9 de junio de 2023, en Bogotá, cuando estaba en curso la investigación por el uso del polígrafo a Marelbys Meza y las interceptaciones ilegales a ella y a otra exempleada de Sarabia.

El oficial se desempeñaba entonces en labores de seguridad e inteligencia vinculadas con la Presidencia. Su nombre apareció en las indagaciones relacionadas con el escándalo que involucró a integrantes del entorno de la entonces jefa de gabinete.

La muerte del coronel desató una fuerte controversia pública. En junio de 2023, Medicina Legal concluyó que las evidencias forenses correspondían a un suicidio y la Fiscalía acogió esa conclusión al cerrar el caso.

¿Por qué De la Espriella ordenó cancelar la comisión de Kelly Daniela Lozano?

La decisión del presidente Abelardo de la Espriella se conoció después de las declaraciones de Eva Ferrer sobre el círculo cercano a Verónica Alcocer durante el Gobierno anterior.

En su entrevista con Vicky Dávila, Ferrer señaló a Lozano como una de las personas que, según ella, tendría conocimiento de los movimientos de la entonces primera dama. También hizo afirmaciones sobre presuntas actividades relacionadas con drogas y dinero procedente de Venezuela, señalamientos que deben entenderse como acusaciones de la entrevistada y no como hechos judicialmente establecidos.

Tras conocerse esas declaraciones, De la Espriella ordenó cancelar la comisión de la capitana en la Embajada de Colombia en Catar.

El anuncio provocó una reacción de Petro, quien no respondió directamente a las acusaciones de Ferrer en el mensaje publicado en X, sino que centró su comentario en el antecedente del coronel Dávila.

(Vea también: Atentado contra el peaje El Bordo, en Cauca, dejó 5 trabajadores heridos y daños en la infraestructura)

A través de su cuenta de X, el mandatario rechazó la acción violenta, que obligó a suspender temporalmente el tránsito por la vía Panamericana mientras las autoridades verificaban las condiciones de seguridad en el sector.

“Cada agresión de los narcoterroristas tendrá consecuencias. Los perseguiremos y responderán ante la justicia”, escribió De la Espriella en su mensaje.

El jefe de Estado también señaló que los ataques contra la infraestructura afectan directamente a los ciudadanos, los transportadores y las personas que necesitan movilizarse por este corredor vial.

Este es su mensaje:

Deploro el atentado terrorista contra el peaje El Bordo, en la vía Panamericana, municipio de La Sierra, departamento del Cauca. La explosión obligó a cerrar el paso mientras las autoridades aseguran la zona.

Atacar la infraestructura perjudica a la gente, a los transportadores y a todos aquellos que necesitan movilizarse. Cada agresión de los narcoterroristas tendrá consecuencias. Los perseguiremos y responderán ante la justicia.

¡Firme por la Patria!

¡Que viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴 🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 12, 2026

¿Qué dijo De la Espriella tras el atentado al peaje El Bordo?

En su publicación, el presidente expresó su rechazo al atentado registrado en el peaje El Bordo, ubicado en el sector de La Depresión, en jurisdicción del municipio de La Sierra.

“Deploro el atentado terrorista contra el peaje El Bordo, en la vía Panamericana, municipio de La Sierra, departamento del Cauca. La explosión obligó a cerrar el paso mientras las autoridades aseguran la zona”, manifestó.

De la Espriella sostuvo que este tipo de acciones perjudica a quienes dependen de la vía para sus desplazamientos y actividades económicas. Además, aseguró que el Gobierno perseguirá a los responsables y que estos deberán comparecer ante la justicia.

Su pronunciamiento se produjo en medio de las labores de las autoridades para asegurar el área, establecer las afectaciones y permitir la recuperación de la movilidad por este importante corredor del suroccidente colombiano.

Carro bomba destruyó el peaje y dejó civiles heridos en Cauca

El ataque ocurrió durante la mañana de este lunes festivo, 12 de octubre, cuando fue activado un vehículo acondicionado con explosivos en inmediaciones del peaje El Bordo.

La detonación destruyó gran parte de la estructura y obligó a cerrar preventivamente la vía Panamericana. Los reportes iniciales dieron cuenta de civiles heridos, mientras los equipos de seguridad adelantaban inspecciones para descartar la presencia de otros artefactos explosivos.

El Ejército atribuyó preliminarmente el atentado a integrantes de la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc. La atribución debe mantenerse como una hipótesis de las autoridades mientras avanzan las investigaciones.

Durante la tarde, el Ejército informó sobre la habilitación de la vía Panamericana, aunque las consecuencias del ataque y las exigencias de mayor presencia de la fuerza pública mantuvieron la atención sobre la situación de seguridad en el Cauca.

La investigación deberá establecer las circunstancias del atentado y las responsabilidades de quienes participaron en la acción.

(Vea también: “¡Basta ya de la misoginia!”: Presidencia se pronuncia luego de insulto de ‘Matador’ a la primera dama)

Aunque Pineda no publicó un pronunciamiento propio sobre el episodio, sí compartió en las historias de su cuenta de Instagram varios mensajes de respaldo. En ellos, diferentes usuarios defendieron su labor y cuestionaron el tono utilizado por el ilustrador.

Una de esas publicaciones la describió como una mujer íntegra y destacó sus intenciones de ayudar. Otra cuestionó directamente a ‘Matador’ y aseguró que sus señalamientos reflejaban resentimiento y falta de argumentos para debatir.

Los mensajes que compartió Ana Lucía Pineda tras la polémica con ‘Matador’

Una de las publicaciones que reposteó la primera dama resaltó sus cualidades personales y expresó respaldo a las actividades que desarrolla en favor de las personas necesitadas.

“Es decepcionante ver cómo la desesperación de algunas personas los lleva a querer denigrar y manchar la imagen de una persona que ni siquiera uno tiene la necesidad de conocerla para darse cuenta de sus cualidades y virtudes”, se lee en uno de los mensajes compartidos.

El texto también describió a Pineda como una mujer “íntegra, sencilla, dulce” y afirmó que sus acciones hablan de sus intenciones. La publicación cerró con una expresión de agradecimiento a Dios por su vida y por lo que, según el autor del mensaje, hará por el país.

La segunda publicación compartida por la primera dama fue más directa contra el caricaturista. El usuario que la escribió sostuvo que los señalamientos personales no contribuyen al debate público y cuestionó las motivaciones de González.

“Los ataques sistemáticos de Matador en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda, sólo demuestran ser un humano lleno de resentimiento y carente de argumentos para entablar un debate de oposición”, señaló el mensaje.

La publicación también calificó los señalamientos como una forma de violencia contra una mujer y pidió respeto por la primera dama y por su trabajo.

De acuerdo con la publicación del Gobierno en la cuenta oficial de la Presidencia de Colombia, el comunicado fue claro al señalar que la deshumanización de una figura pública por medio de estereotipos de género constituye un grave intento por restringir su participación social. Según el texto oficial, “la animalización de una mujer y los ataques contra su aspecto físico son formas de descalificación que consideramos profundamente misóginas”. De esta manera, se denuncia abiertamente la naturaleza y el impacto de este tipo de discursos sobre el liderazgo femenino.

En el mismo sentido, el gabinete ministerial fue contundente al hablar sobre la importancia de distinguir los límites de la sátira y el debate político, advirtiendo que el humor no puede servir como excusa para atacar la dignidad humana. El documento oficial subraya: “La misoginia no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política”. Así, la administración central aclara que tales manifestaciones afectan no solo a la primera dama, sino también a todas las mujeres con roles de liderazgo público.

Ante la gravedad del caso, el Ejecutivo presentó una solicitud formal ante los entes de control judicial, exigiendo específicamente a la Fiscalía General de la Nación que investigue las expresiones ofensivas. El Gobierno invocó las leyes 1257 de 2008 y 2453 de 2025, que ofrecen herramientas legales para proteger a las ciudadanas frente a la violencia política y de género.

Finalmente, el comunicado hace un llamado a la coherencia de los distintos sectores sociales y políticos, señalando que no puede existir una condena selectiva y que toda forma de violencia sistemática contra las mujeres debe ser rechazada. De este modo, la administración central reafirma su postura de respaldo tanto a la primera dama como a todas las mujeres que ocupan posiciones de liderazgo en el país.

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¿Por qué el Gobierno rechazó los ataques misóginos contra la primera dama?

De acuerdo con el comunicado oficial divulgado por la Presidencia de Colombia, el rechazo se debió a que los ataques se basaron en estereotipos de género y comentarios sobre el físico, lo cual fue interpretado por el Ejecutivo como una forma de descalificación profundamente misógina. Señalaron que este tipo de expresiones buscan limitar la participación de las mujeres en la vida pública y constituyen violencia de género.

¿Qué leyes protegen a las mujeres de la violencia política y de género en Colombia?

Según la posición expresada por el Gobierno Nacional, existen normativas como la Ley 1257 de 2008 y la Ley 2453 de 2025 que garantizan protección legal a las mujeres frente a agresiones políticas y de género. Estas legislaciones contemplan medidas para defender los derechos de las ciudadanas y aseguran atención judicial ante situaciones de violencia o discriminación.

Tras conocerse el hecho, la Alcaldía, bajo directriz del alcalde Carlos Pinedo, acompañó a la Policía en la activación de los protocolos de atención y respuesta orientados a localizar a los fugados lo más pronto posible. En ese sentido, fueron publicados dos carteles con los nombres de los internos prófugos. Entre ellos figuran Víctor Alfonso Ávila Cuao, Edilberto Elías Pinedo Quintero y Wilfrido Acevedo Guarnición, así como otros identificados en los listados oficialmente compartidos.

La búsqueda tiene especial énfasis en alias ‘Mongolo’ y alias ‘Guajiro’, quienes, de acuerdo con información divulgada por la Alcaldía y otras fuentes oficiales, representan intereses prioritarios en los operativos de recaptura. Alias ‘Mongolo’, señalado de pertenecer a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachenca’, habría sido capturado en Guachaca la semana pasada, en operativo conjunto entre Ejército y el Gaula de la Policía, donde presuntamente se le incautó un arma de fuego. Alias ‘Guajiro’, o Johan, según informaciones del Gobierno, está relacionado con el asesinato de un policía ocurrido el 31 de octubre de 2025 en Ciénaga, en el Magdalena, delito durante el que habría sustraído dinero de la víctima.

Los hechos han provocado cambios en el mando de la Policía Metropolitana de Santa Marta. El presidente Abelardo De la Espriella anunció que el coronel Yeison López será llamado a calificar servicios por no informar oportunamente sobre la fuga y no tomar las medidas pertinentes frente al bloqueo en la vía Santa Marta–Barranquilla. Temporalmente, el coronel Urriago asumirá la comandancia, y esta semana llegará el coronel Jimmy Belalcázar como nuevo comandante. Las autoridades reiteraron que los fugados no corresponden a delincuentes considerados de alta peligrosidad y solicitaron la colaboración de la ciudadanía en la identificación y localización de los 41 evadidos. Los dispositivos de búsqueda continúan para aclarar cómo lograron salir del centro de reclusión y recapturarlos en el menor tiempo posible.

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¿Por qué se produjo la fuga de 41 internos del centro de reclusión transitorio en Santa Marta?

La fuga ocurrió cuando, según el reporte oficial citado por la Alcaldía de Santa Marta, un custodio abrió la reja para atender la supuesta emergencia de salud de un detenido, quien solicitó acetaminofén. Este momento fue aprovechado por los demás internos para organizarse, amotinarse y escapar del lugar, facilitando así la huida de 41 personas.

¿Quiénes son alias Mongolo y alias Guajiro y por qué su recaptura es prioritaria?

Alias ‘Mongolo’ está señalado de pertenecer a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachenca’, y habría sido capturado recientemente en Guachaca por presunta tenencia de arma de fuego. Alias ‘Guajiro’, o Johan, está relacionado con el asesinato de un policía en Ciénaga en 2025 y el supuesto robo de dinero a la víctima. Por estos antecedentes, figuran como objetivos prioritarios en los operativos de recaptura según la información oficial divulgada.

El comunicado, que rinde cuenta de 28 firmas en respaldo, enfatiza que Pineda fue llamada “ratica” por Matador, lo que según la misiva representa una vulneración a su dignidad y moral. Esta acción es calificada como un ataque misógino y sexista, pues, de acuerdo con el Ejecutivo, los señalamientos no cuestionan el trabajo ni las ideas de la primera dama, sino que recurren a ataques basados en estereotipos de género y aspectos físicos, lo cual puede limitar su autoridad y liderazgo. En la carta también se advierte que la “animalización” y las ofensas físicas no son herramientas de debate aceptables, ni pueden disfrazarse de humor político.

Según el documento, aunque el derecho a la libertad de expresión y la sátira es reconocido por el Ejecutivo, existe el derecho a rechazar de manera pública las expresiones degradantes y discriminatorias. Se recalca que resulta inadmisible que las mujeres deban tolerar ataques relacionados con su cuerpo o humillaciones por ocupar espacios de visibilidad. La carta deja claro el mensaje de que ninguna mujer, sin importar su posición política o condición social, debe soportar este tipo de agravios como condición para formar parte activa de la sociedad.

El pedido del gobierno se extiende a la Fiscalía General de la Nación, solicitando que se investiguen estos hechos con rigor, aludiendo a antecedentes similares que involucran a Matador, quien ya había sido acusado de misoginia contra otras figuras femeninas, como la candidata Paloma Valencia y otras personalidades políticas. El documento concluye que el respeto por las mujeres es innegociable y que la lucha contra la violencia de género exige firmeza y coherencia institucional, reiterando que la libertad de prensa y disenso político no son pretexto para denigrar ni deshumanizar a ninguna persona.

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¿Qué significa misoginia y cómo se manifestó en el caso de Ana Lucía Pineda?

La misoginia es la aversión o prejuicio contra las mujeres. En el caso de Ana Lucía Pineda, según el comunicado del gobierno, se manifestó a través de apelativos como “ratica”, utilizados para descalificar a la primera dama en función de estereotipos de género, lo que representa un ataque a su dignidad y moral más allá de cualquier crítica a su labor pública.

¿Qué postura tuvo el gobierno sobre la libertad de expresión frente a los ataques misóginos contra la primera dama?

De acuerdo con el comunicado citado, el gobierno reconoció la importancia de la libertad de expresión y el uso de la sátira en la vida política. Sin embargo, dejó claro que también existe el derecho a rechazar públicamente cualquier manifestación degradante, subrayando que la libertad de prensa y el disenso no justifican la humillación ni la violencia simbólica hacia las mujeres.