La apertura de este proceso disciplinario tiene su origen en varios encuentros que, de acuerdo con las declaraciones de Rodríguez, tuvieron lugar en octubre de 2025. La exdirectora del Dapre reconoció, según informó Semana, que fue instruida para coordinar reuniones con antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estructura armada ilegal que existió en anteriores décadas. El objetivo de estos encuentros habría sido obtener declaraciones comprometedoras contra reconocidos dirigentes políticos en medio de la campaña presidencial.

En su versión, Rodríguez mencionó nombres como Álvaro Uribe Vélez, Abelardo De la Espriella y Germán Vargas Lleras, sobre quienes se buscaban señalamientos por parte de los exparamilitares. Además, afirmó que participó en la organización de un encuentro al que presuntamente asistieron Salvatore Mancuso y los excomandantes conocidos como alias El Alemán, Jorge 40 y alias Macaco, todos antiguos jefes de las AUC. Sin embargo, siempre según el testimonio de Rodríguez divulgado por Semana, algunos de estos exparamilitares habrían rechazado la posibilidad de prestar declaraciones con esos fines políticos.

La Procuraduría lo que intenta determinar es hasta qué punto Rodríguez y Benedetti tenían conocimiento, participaron o autorizaron las supuestas actuaciones, y si estas podrían convertirse en faltas disciplinarias. No obstante, la entidad resaltó que abrir la investigación no constituye una sanción ni una declaración de responsabilidad, sino que busca establecer la verdad de los hechos señalados.

Patricia Carrillo Blanco, funcionaria ponente del caso, comunicó el 20 de octubre que los elementos de la denuncia también fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación, que los examina a través de un equipo especializado para esclarecer lo sucedido y, en caso de ser necesario, tomar decisiones en el ámbito penal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el ‘Pacto de Valledupar’ y por qué involucra a exjefes paramilitares?

El ‘Pacto de Valledupar’ hace referencia a presuntas reuniones entre altos funcionarios del gobierno y antiguos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia para, supuestamente, obtener acusaciones contra figuras políticas a cambio de beneficios jurídicos y carcelarios. La información conocida surge del procedimiento disciplinario abierto por la Procuraduría General de la Nación y de las declaraciones divulgadas por la revista Semana.

¿Cuáles son las implicaciones de la investigación disciplinaria contra Angie Rodríguez y Armando Benedetti?

La investigación disciplinaria busca esclarecer si Angie Rodríguez y Armando Benedetti participaron o tuvieron conocimiento de los hechos denunciados en torno al ‘Pacto de Valledupar’. Según comunicó la Procuraduría, la apertura de la investigación aún no implica responsabilidad alguna, sino que tiene como objetivo comprobar la veracidad de las acusaciones y determinar si existieron faltas disciplinarias.

La actuación ocurrió el pasado 31 de agosto, fecha en la que se abrió una noticia criminal en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, según la información divulgada por Caracol Radio. 

Con la compulsa de copias, el ente investigador puso los hechos en conocimiento de la comisión de la Cámara que tiene entre sus funciones examinar las actuaciones de altos funcionarios y expresidentes, para que determine si hay motivos para adelantar una investigación dentro de sus competencias.

#ATENCIÓN | La @FiscaliaCol compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue al expresidente Gustavo Petro (@petrogustavo), por el denominado ‘Pacto de Valledupar’. Esto ocurrió el pasado 31 de agosto, fecha en la que se abrió una noticia criminal en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Vía: @JennyAngaritaG

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2026

El procedimiento no equivale a una condena ni significa que se haya establecido la responsabilidad de Petro. La compulsa de copias permite que la autoridad competente conozca los hechos y evalúe si corresponde iniciar las actuaciones pertinentes.

Por ahora, la información compartida señala la apertura de la noticia criminal y el envío de la documentación a la Cámara. Para establecer el alcance de la indagación, será necesario conocer los hechos concretos que sustentan el caso del llamado ‘Pacto de Valledupar’ y las eventuales decisiones que adopte la comisión.

(Vea también: Presupuesto de la Nación para 2027: estos son los sectores que terminaron ganando más plata)

La senadora Carolina Corcho anunció que la colectividad acudirá a instancias nacionales e internacionales para cuestionar los cambios presupuestales, especialmente los relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La congresista también señaló que buscarán medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en defensa de las madres buscadoras y de las personas afectadas por los recortes que, según denunció, comprometerían recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz.

El anuncio se produjo después de una extensa jornada legislativa que terminó en la madrugada del martes 20 de octubre, cuando la Cámara de Representantes aprobó el proyecto que ya había recibido el aval del Senado.

Pacto Histórico cuestiona recorte presupuestal a la JEP

Uno de los principales puntos de controversia es la reducción de recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz, organismo creado a partir del Acuerdo de Paz de 2016 para investigar y juzgar los crímenes más graves relacionados con el conflicto armado.

El presupuesto aprobado contempla una reducción de 181.400 millones de pesos para la JEP. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el ajuste incluye una disminución inicial de 170.000 millones de pesos y otra de 11.400 millones de pesos, cuyos recursos se trasladan al Ministerio de Defensa.

Desde el Pacto Histórico, Corcho calificó la decisión como un recorte arbitrario y cuestionó la forma en que se modificaron las partidas destinadas a las instituciones vinculadas con la implementación del acuerdo.

La senadora sostuvo que las decisiones presupuestales podrían afectar compromisos nacionales e internacionales relacionados con los derechos de las víctimas, entre ellas las madres buscadoras y las personas damnificadas.

El Gobierno, por su parte, ha defendido el presupuesto y sostiene que los ajustes a la JEP no afectarán el funcionamiento de la entidad ni el cumplimiento de sus funciones misionales.

Carolina Corcho anunció acciones jurídicas contra el presupuesto

Además de acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Corcho anunció que promoverán una acción popular ante la jurisdicción contencioso-administrativa para cuestionar la aprobación del presupuesto.

La congresista argumentó que durante el trámite legislativo se habrían presentado irregularidades y cuestionó las facultades utilizadas por los congresistas para introducir modificaciones relacionadas con los recursos de las instituciones surgidas del Acuerdo de Paz.

Las acciones anunciadas buscan que las autoridades competentes examinen la legalidad de las decisiones adoptadas durante el trámite presupuestal. Sin embargo, las objeciones planteadas por la oposición no significan, por sí solas, que se haya declarado la inconstitucionalidad del presupuesto o que su aprobación haya sido anulada.

Desde la bancada del Pacto Histórico, en conjunto y unidad con las Madres buscadoras, las víctimas y los damnificados denunciamos los graves vicios de inconstitucionalidad del presupuesto aprobado. 

Alertamos sobre el recorte arbitrario y sin justificación técnica del 80% del presupuesto de inversión de la JEP un golpe bajo que busca la impunidad y constituye una venganza directa contra quienes han sufrido el conflicto y contra los acuerdos de paz, así como el peligroso traslado de recursos al opaco Fondo Milagro operado por @ABDELAESPRIELLA.

No nos quedaremos de brazos cruzados: interpondremos acciones, pediremos medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en defensa de las madres buscadoras y de los damnificados, y de la mano del movimiento social masivo, convocamos al Paro Cívico Nacional en Noviembre. 

La fuerza de la gente en las calles es la que detendrá esta injusticia.

#PresupuestoDeMiseria #CarolinaCorcho #PactoHistorico #JEP #ParoNacional #FondoMilagro

— Carolina Corcho (@carolinacorcho) October 20, 2026

Pacto Histórico prepara nuevas movilizaciones contra De la Espriella

El partido también anunció que mantendrá las movilizaciones como mecanismo de oposición al Gobierno. La colectividad ya había participado en la jornada de protestas del pasado 14 de octubre y ahora busca impulsar nuevas manifestaciones.

Según los anuncios divulgados este martes, la próxima movilización está prevista para el 24 de noviembre, en medio de los cuestionamientos al presupuesto y de las diferencias políticas con la administración de De la Espriella.

La oposición también ha expresado preocupación por la distribución territorial de los recursos de inversión. En el debate se mencionaron reducciones para departamentos como Antioquia y Valle del Cauca, aunque esas cifras deben contrastarse con las partidas definitivas aprobadas para cada región.

Por su parte, el presidente celebró la aprobación del presupuesto y agradeció a los congresistas que respaldaron el proyecto.

“Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. A los senadores y representantes a la Cámara que votaron a favor, mi reconocimiento especial por su patriotismo y determinación”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

Los empresarios del transporte intermunicipal de pasajeros solicitan al Gobierno Nacional incluir en el Plan Nacional de Desarrollo medidas concretas para renovar la flota, formar nuevos conductores, reducir los costos operativos y eliminar las barreras administrativas que afectan la prestación del servicio en Colombia.

“Movilizamos entre 130 y 135 millones de pasajeros al año, por lo que el país debe tener una política de transporte que reconozca las particularidades del sector y garantice las condiciones para su sostenibilidad y modernización”, afirmaron los transportadores en comunicado de Aditt.

Una de las principales preocupaciones es la antigüedad del parque automotor: el 38 % de los vehículos supera los 15 años de servicio. Para acelerar su renovación, los empresarios proponen crear un programa de incentivos económicos que reconozca entre el 15 % y el 30 % del valor comercial de los buses retirados, bajo determinadas condiciones, y ampliar la exención del IVA, sin limitarla a propietarios de máximo dos automotores.

Los beneficios aplicarían a pequeños propietarios, cooperativas y empresas habilitadas que adquieran vehículos con tecnologías más limpias, como diésel Euro VI o superior, gas natural vehicular dedicado, electricidad o hidrógeno. Asimismo, plantean financiar el 100 % de los costos de formación y obtención de licencias C1, C2 y C3, con prioridad para los jóvenes.

La iniciativa busca facilitar el ingreso de nuevos conductores y responder al déficit proyectado de más de 28.000 profesionales, asociado a las dificultades para atraer personal al sector.

Los empresarios también solicitan articular el transporte intermunicipal con la expansión de los trenes de cercanías y los sistemas integrados de transporte masivo, garantizando la continuidad de las rutas y frecuencias legalmente autorizadas.

Actualmente, el sector conecta a más de 1.000 municipios y facilita el acceso al empleo, la educación, la salud y el turismo. Además, el 82 % de las rutas interdepartamentales y de larga distancia conecta municipios de categorías cuarta, quinta y sexta con las principales metrópolis regionales.

Los transportadores reiteran su llamado al Gobierno Nacional para convertir estas propuestas en medidas concretas, con financiación, reglas claras y coordinación institucional que permitan modernizar el sector y garantizar la sostenibilidad del transporte intermunicipal de pasajeros.

¿Qué es Aditt en Colombia?

La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal constituye uno de los gremios más importantes de la industria de movilidad de pasajeros en Colombia.

La organización privada sin ánimo de lucro representa activamente a más de cien compañías transportadoras que conectan rutas en los 32 departamentos del territorio nacional.

Fundada jurídicamente en marzo de 1989, la entidad nació con el propósito de defender los intereses de pequeñas y medianas empresas frente a las autoridades estatales.

El gremio impulsó hitos regulatorios fundamentales para la legislación nacional, participando en la formulación de la Ley 105 de 1993 y la Ley 336 de 1996.

Estas normativas promovieron la libertad de horarios y tarifas, fomentando un marco de competitividad entre las diferentes empresas habilitadas para operar transporte público por carretera.

Actualmente, la institución actúa como vocero unificado ante el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y el Congreso en debates sobre seguridad y políticas públicas.

La entidad presta servicios permanentes de capacitación, asesoría jurídica, actualización normativa y soporte económico a sus afiliados para impulsar la formalización del sector vehicular.

Adicionalmente, sus directivas gestionan estrategias para garantizar la continuidad operativa ante problemas de orden público, costos de combustibles y peajes en los corredores viales.

El trabajo coordinado de la asociación busca elevar los estándares de calidad en la prestación del servicio para más de cien millones de usuarios anuales.

A través de sus programas de formación empresarial, fortalece el desarrollo técnico de conductores y directivos, contribuyendo modernización logística de las terminales del país.

Su liderazgo ratifica el compromiso con la libre movilidad, el progreso regional, la equidad de mercado y el fortalecimiento de la infraestructura vial colombiana.

“Apoyamos la firmeza del presidente Abelardo de la Espriella para que la verdad acerca del asesinato de mi hijo Miguel Uribe Turbay no se quede en la ejecución del crimen”, señalaron en el comunicado.

(Le puede interesar: “La orden salió del Congreso”: explosiva revelación de viuda de Miguel Uribe sobre el magnicidio)

En el documento, los firmantes también destacaron una pregunta que, según ellos, debe tener respuesta dentro del proceso judicial: “¿Quién dio la orden de matarlo?”.

El mensaje incluyó una acusación contra el anterior ejecutivo. “Colombia y el mundo tienen que conocer la verdad sobre este crimen de Estado con la complicidad del gobierno de Petro”, afirmaron.

Se trata de un señalamiento de los firmantes que deberá ser contrastado por las autoridades; no constituye una conclusión judicial sobre la responsabilidad de funcionarios o integrantes de esa administración.

#Política | “Colombia y el mundo tienen que conocer la verdad sobre este crimen de Estado”, señaló Miguel Uribe Londoño en un comunicado con el que respaldó el compromiso del presidente Abelardo de la Espriella por establecer los autores materiales e intelectuales del magnicidio.… pic.twitter.com/njZcSS5X0Q

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2026

¿Qué dijo De La Espriella sobre la investigación?

El pronunciamiento de la familia se conoce después de que De La Espriella asegurara, el pasado 7 de octubre, que el asesinato de Miguel Uribe Turbay no quedará impune durante su Gobierno. En un acto en homenaje al dirigente político, el mandatario sostuvo que todavía es necesario esclarecer quién ordenó el crimen, más allá de las personas que participaron directamente en su ejecución.

(Lea también: “Los voy a cazar uno a uno”: De la Espriella les habló directo a los asesinos de Miguel Uribe Turbay)

Fiscalía busca establecer quién ordenó el asesinato

La investigación ha tenido avances en la identificación y judicialización de personas presuntamente involucradas en el atentado, pero las autoridades siguen examinando posibles responsabilidades intelectuales y financieras.

El 19 de octubre, el Ministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía profundizar las pesquisas y verificar información reciente entregada por María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay. La petición incluye establecer quién habría ordenado y financiado el crimen, además de comprobar la autenticidad y veracidad de los elementos aportados.

En su mensaje, Uribe Londoño y Jaramillo Hoyos también defendieron el legado del dirigente asesinado: “Mataron a mi hijo Miguel, pero nunca podrán matar ni sus principios ni sus valores. Su legado vivirá para siempre en el corazón de los colombianos”.

La autoría intelectual del magnicidio continúa bajo investigación y deberá esclarecerse con pruebas dentro del proceso judicial.

El informe contiene una reconstrucción cronológica del desplazamiento del 31 de enero de 2023, además de una revisión de aspectos físicos y técnicos relacionados con la comisión que acompañó a Alcocer. Entre los elementos analizados aparece incluso el bolso de mano que llevaba durante el viaje.

Vea también: Luces y sombras que proyectan las declaraciones de la ex primera dama Verónica Alcocer 

La defensa también cuestionó las declaraciones de Eva Ferrer sobre un supuesto ingreso de US $ 2,5 millones en efectivo desde Venezuela hacia Colombia, así como señalamientos relacionados con presunto tráfico de armas y drogas. El abogado Ricardo Gaviria citó la versión de Manuel Grau Pujadas, quien habría calificado esas afirmaciones como falsas.

“El informe adjunto corresponde a un avance de las labores de investigación adelantadas por la defensa y aborda, entre otros aspectos: La verificación directa de la fuente de información invocada públicamente por la señora EVA FERRER GALCERÁN, señor MANEL GRAU PUJADAS, quien, al ser consultado directamente, respondió que la afirmación según la cual había sostenido con ella una conversación en la que le informó sobre el supuesto ingreso a Colombia de USD 2,5 millones en efectivo desde Venezuela por parte de la primera dama ‘(…) Es totalmente falso, una calumnia’; una reconstrucción cronológica del viaje oficial del 31 de enero de 2023 a Venezuela, a partir de registros audiovisuales divulgados en Colombia y Venezuela”, se lee en el documento.

#ATENCIÓN | La defensa de Verónica Alcocer presentó ante la @FiscaliaCol un informe preliminar con los detalles técnicos y físicos del viaje que realizó la exprimera dama a Venezuela el 31 de enero de 2023.

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Vía @JennyAngaritaG
https://t.co/qVSnCpbL62 https://t.co/yxyPkIHyKq

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2026

El informe también señala que Jorge Ignacio Zorro, Clara Inés Leyva Durán y Pilar Leyva Durán, quienes hicieron parte de la comisión oficial, están dispuestos a atender eventuales requerimientos de la Fiscalía. Estas personas podrían aportar información sobre la planeación y el desarrollo del viaje.

“En el desarrollo de estas labores se estableció contacto con el ex Ministro JORGE IGNACIO ZORRO SÁNCHEZ, CLARA INÉS LEYVA DURÁN y PILAR LEYVA DURÁN, participantes de la comisión oficial, quienes han manifestado su disposición a atender eventuales requerimientos de la Fiscalía y explicar lo ocurrido durante el desplazamiento”, señala el informe.

Otro de los puntos incluidos corresponde al análisis del equipaje y de las condiciones logísticas del desplazamiento. La defensa aportó información sobre “el objeto cultural de la visita, el análisis del equipaje observable, incluido el bolso de mano que portaba mi representada”.

También se incluyeron “las estimaciones preliminares de peso, volumen y plausibilidad logística frente a los señalamientos sobre estupefacientes y USD 2,5 millones en efectivo; y vi) el examen del marco normativo de seguridad aplicable a las aeronaves de Estado, particularmente el RACAE 16O”, según el documento.

Mientras la defensa presentó este informe, la Fiscalía mantiene abierta la indagación. Cabe mencionar que Eva Ferrer fue citada nuevamente para entregar su declaración juramentada el 21 de octubre, a las 9:00 de la mañana, mediante una diligencia virtual.

El abogado de Ferrer aseguró que ella entregará las supuestas pruebas que tiene contra Alcocer y que se ratificará en sus señalamientos, además de aportar detalles que podrían ampliar la investigación.

De acuerdo con la CVC, los recursos recaudados por la sobretasa ambiental representan más del 50 % de los ingresos corrientes de la entidad y cubren cerca de la mitad de su inversión total en el Valle del Cauca. El director general, Marco Antonio Suárez, expresó su preocupación por la posibilidad de que el nuevo esquema afecte la financiación de proyectos ambientales, debido a que este sistema ha posibilitado tradicionalmente distribuir inversiones tanto en Cali como en otros municipios del departamento. Suárez también advirtió que la aplicación del modelo podría aumentar el valor del impuesto predial hasta en un 40 %.

Por otro lado, el director de la AMSO, Alexander Durán, explicó que la sobretasa ambiental está contemplada como una fuente directa de financiación para las áreas metropolitanas, y aseguró que los recursos obtenidos se reinvertirán exclusivamente en los territorios de la AMSO. Para ejemplificar el impacto económico, Durán mencionó que el cambio en la tarifa sería de 1,5 a 2 por mil sobre el avalúo catastral, lo que para un inmueble con un pago anual de 10 millones de pesos en predial solo supondría un incremento de 5.000 pesos al año. El funcionario defendió el modelo metropolitano y señaló que la iniciativa fue respaldada a través de un proceso de participación ciudadana.

La controversia también tiene una arista legal y de legitimidad. La CVC cuestiona el proceso de conformación del área metropolitana al argumentar que hubo falencias en la consulta previa a las comunidades étnicas, así como en la robustez técnica y operativa de la AMSO para manejar asuntos ambientales. Según Suárez, la nueva entidad aún no está preparada para asumir esas tareas, poniendo como respaldo los 72 años de experiencia acumulada de la CVC. Además, la CVC llama la atención sobre la baja participación electoral en la consulta popular que dio origen a la AMSO, indicando que fue inferior al 10 % del censo electoral.

Ante este panorama, el debate sigue abierto, girando en torno al costo para los contribuyentes, la capacidad institucional y la forma en la cual se distribuirán los recursos ambientales entre Cali y el resto del Valle del Cauca.

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¿Cuál sería el impacto de la sobretasa ambiental en el impuesto predial de Cali?

Según información presentada por la CVC, la implementación del nuevo esquema de sobretasa ambiental podría elevar el cobro del impuesto predial en aproximadamente un 40 %. Sin embargo, la AMSO argumenta que el aumento real sería de 0,5 por mil sobre el avalúo catastral, lo que representaría un incremento de 5.000 pesos anuales para predios cuyo impuesto predial es de 10 millones de pesos.

¿Qué cuestionamientos existen sobre la conformación y capacidad de la AMSO?

La CVC ha expresado dudas sobre la legalidad y robustez de la AMSO, señalando posibles irregularidades en la consulta previa a comunidades étnicas y la capacidad técnica para asumir competencias ambientales. También enfatiza que la participación electoral en la consulta popular que legitimó la creación de la AMSO fue inferior al 10 % del censo electoral, lo que pone en entredicho el respaldo ciudadano real del proceso.

La acción del Ministerio Público surge a raíz de una entrevista publicada por Semana, en la que Angie Rodríguez revela detalles de un supuesto plan originado desde la Presidencia de la República. De acuerdo con su testimonio, la estrategia buscaba vincular a De la Espriella, al expresidente Uribe y al fallecido exvicepresidente Vargas Lleras con organizaciones paramilitares, todo esto en el contexto de la campaña presidencial de 2025. La exdirectora del Dapre afirma que la instrucción llegaba directamente del entonces presidente Gustavo Petro y del ministro Benedetti, en busca de organizar un evento con exjefes paramilitares en Valledupar, bajo la apariencia de cerrar el llamado Pacto de Ralito. No obstante, Rodríguez insiste en que el objetivo real era enlodar a los mencionados políticos.

La investigación disciplinaria fue formalizada un día después de que el ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitara a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que se investigaran penalmente las presuntas reuniones en Valledupar, encuentros que habrían tenido lugar durante octubre de 2025. Esta solicitud se basa también en una columna escrita por Melquisedec Torres, titulada “El Pacto de Valledupar”, publicada en El Colombiano. En el texto se describen eventos entre el 22 y 24 de octubre, en los que habrían sido identificados tres exjefes paramilitares –Alfonso Severini Caballero, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, alias “Martín Llanos”– como testigos claves.

La información oficial indica que, según el columnista, se plantearon posibles ofrecimientos de beneficios judiciales, incluyendo el ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pronta libertad o mejores condiciones de reclusión para familiares, pero finalmente estos exjefes no aceptaron participar. Reforzando la gravedad de este caso, el abogado Juan Carlos Villamizar, defensor del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, señaló a Caracol Radio haber sido testigo en algunas de estas reuniones.

Por ahora, la Procuraduría avanzará en la recolección de pruebas para determinar si existen fundamentos para llevar a juicio disciplinario a los exfuncionarios involucrados. Tanto Benedetti como Rodríguez tienen derecho a presentar su versión de los hechos, ya sea por escrito o de manera presencial.

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¿Qué es el caso conocido como “Pacto Valledupar” y por qué involucra a exjefes paramilitares?

El “Pacto Valledupar” hace referencia a un supuesto plan, según la Procuraduría y declaraciones recogidas por Semana y El Colombiano, para involucrar a destacados políticos con organizaciones paramilitares a través de testimonios de exjefes de estos grupos, utilizando reuniones y ofrecimientos de beneficios judiciales. La presunta manipulación tenía por objetivo afectar la imagen de Abelardo De la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras en medio de la contienda presidencial.

¿Qué acciones ha tomado la Procuraduría frente a las denuncias sobre el “Pacto Valledupar”?

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y designó procuradores encargados de recolectar pruebas. Los investigados podrán dar su versión de los hechos. Este proceso busca determinar si existen méritos suficientes para iniciar un juicio disciplinario contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez por las presuntas acciones denunciadas.

Hoy en día, las redes delictivas emplean cédulas totalmente auténticas pertenecientes a personas fallecidas para concretar transacciones comerciales e institucionales de manera fraudulenta.

Esta preocupante realidad quedó al descubierto luego de la publicación de un exhaustivo informe elaborado por la firma tecnológica AUCO, experta en validación digital.

La compañía, que procesa mensualmente más de 250.000 comprobaciones de identidad para múltiples sectores de la economía, detectó una alarmante recurrencia de este fenómeno.

De acuerdo con sus registros analíticos, aproximadamente 1.500 cédulas pertenecientes a ciudadanos fallecidos son ingresadas cada mes en procesos de validación y firma.

Esta preocupante estadística equivale a cerca de 50 intentos diarios de suplantación, superando dos casos por hora en los sistemas de autenticación digital.

Los datos proyectados por los analistas sugieren que cerca de 18.000 cédulas de personas difuntas podrían estar utilizándose al año para cerrar operaciones ilegales.

“Estamos viendo documentos reales de personas fallecidas que alguien intenta utilizar para pedir préstamos, financiar productos o firmar contratos. Como la cédula es auténtica, una revisión visual puede no detectar nada extraño”, explicó Santiago Montoya, CEO de AUCO y autor del informe.

El directivo remarcó que las estructuras criminales también acuden al hurto de documentos físicos, la adulteración fotográfica y el uso no autorizado de identidades.

Frente a este escenario, la Registraduría Nacional ha reiterado la urgencia de tramitar las defunciones de forma oportuna para proceder con el reporte correspondiente.

La entidad oficial informó que durante el año 2025 anuló 105 documentos por falsa identidad, mientras que hasta agosto de 2026 canceló 83 adicionales.

Ante estas vulnerabilidades del sistema comercial, el representante de AUCO fue enfático en la necesidad de transformar los procedimientos habituales: “mirar una cédula y comprobar que ‘parece original’ ya no alcanza”.

El experto sugiere implementar análisis biométricos, verificación facial con prueba de vida activa, consultas cruzadas en plataformas oficiales y canales alternativos de confirmación.

Las incidencias por suplantación no se limitan al sector bancario; también impactan significativamente a constructoras, inmobiliarias, firmas de venta directa, microcréditos y telecomunicaciones.

Cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio revelan que desde 2020 se han radicado más de 40.316 denuncias asociadas a la suplantación de identidad.

Adicionalmente, el mecanismo SIC Facilita atendió 13.983 Reclamaciones por casos similares, destacándose que 11.365 solicitudes correspondieron puntualmente a empresas prestadoras de telefonía e internet.

El panorama normativo dará un giro drástico con la entrada en vigor de la Ley Estatutaria 2573 de 2026, fijada para el 19 de noviembre.

La nueva legislación exigirá a las entidades comerciales demostrar con pruebas razonables los protocolos aplicados para verificar la identidad de sus clientes habituales.

Aquellas corporaciones que no acrediten las comprobaciones debidas tendrán que suspender cobros, revertir calificaciones negativas en centrales de riesgo y asumir las pérdidas económicas.

“Si la empresa no guardó evidencia de cómo validó la identidad, después no tendrá con qué demostrar que la operación fue legítima”, señaló Montoya.

Para blindar sus procedimientos, las organizaciones deberán preservar las imágenes del documento, registros de ubicación IP, comprobaciones biométricas y la fecha exacta del trámite.

¿Cómo saber si una cédula en Colombia es de alguien muerto?

Verificar la validez jurídica de un documento de identidad en Colombia constituye un paso fundamental para prevenir estafas, fraudes y suplantaciones de personas fallecidas.

Cualquier ciudadano o entidad empresarial puede constatar gratuitamente el estado legal de un documento de identificación nacional mediante el portal oficial de la entidad registradora.

El procedimiento virtual requiere ingresar el número del documento en la herramienta de consulta de certificados de vigencia habilitada por la autoridad electoral.

El aplicativo del Archivo Nacional de Identificación arroja de forma inmediata el resultado actualizado sobre la condición administrativa de la persona consultada.

Si el titular ha fallecido y la defunción fue debidamente reportada, el sistema genera la leyenda identificatoria que confirma la cédula cancelada por muerte.

Adicionalmente, las organizaciones privadas y del sector financiero pueden conectar sus sistemas tecnológicos a las bases de datos de la administración estatal.

Este enlace técnico permite validar automáticamente la autenticidad del documento y contrastar los datos en tiempo real antes de autorizar transacciones comerciales.

Las autoridades nacionales recomiendan verificar el certificado de vigencia para evitar el uso indebido de identidades extintas en contratos, créditos o trámites notariales.

En caso de detectar irregularidades o inconsistencias en los registros, las personas afectadas deben notificar de inmediato las anomalías ante las instancias judiciales.

La Fiscalía precisó que el presunto responsable será presentado ante un juez de control de garantías. Este individuo enfrentará cargos por el delito de amenazas agravadas, relacionados con situaciones ocurridas el 18 de octubre pasado. En relación con estos hechos, el organismo judicial indicó que la Dirección Especializada para los Delitos Informáticos recopila evidencia técnica que apunta a que el mensaje intimidante fue enviado mediante una cuenta anónima de la red social Instagram. En aquel mensaje, se incluían declaraciones que atentaban contra la vida de la primera dama y de su familia, situación que rápidamente fue denunciada y puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

Este caso no representa la única investigación en curso por posibles ataques a Ana Lucía Pineda en plataformas digitales. La Fiscalía también abrió una indagación el 13 de octubre contra el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido en el medio como Matador, tras una serie de publicaciones que hacía referencia a la primera dama. Según la información proporcionada por la Fiscalía, el caso podría configurar violencia contra la esposa del presidente Abelardo De la Espriella y, por ende, la investigación ha sido asumida por una fiscal del Grupo de Violencias Basadas en Género, quien indaga por el presunto delito de injuria agravada.

Las publicaciones de Matador desataron una fuerte reacción del Gobierno nacional, que condenó los señalamientos hechos en redes sociales, donde se refirió a Pineda con términos despectivos y discriminatorios, estableciendo que tales comentarios representan formas de animalización y ataques misóginos. Por estos motivos, el Gobierno solicitó a la Fiscalía determinar si verdaderamente se configura una infracción o delito penal. Además, la firma de abogados De la Espriella Lawyers decidió iniciar acciones legales contra Matador, ya que consideran que se trata de una agresión directa a la primera dama. La firma también declaró, según lo publicado, su rechazo total a cualquier expresión que atente contra la dignidad humana y, particularmente, a aquellas que recurren a la violencia simbólica contra las mujeres.

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¿En qué consiste el delito de amenazas agravadas por el que fue imputado el capturado?

El delito de amenazas agravadas implica enviar mensajes o realizar acciones que ponen en peligro la integridad o la vida de una persona, con agravantes cuando se utiliza tecnología o existen factores que incrementan la gravedad de la intimidación. Según la Fiscalía General de la Nación, el acusado utilizó una cuenta anónima de Instagram para amenazar a la primera dama y su familia, lo que constituye una conducta delictiva especialmente grave.

¿Cómo respondió el Gobierno y la firma De la Espriella Lawyers a las publicaciones del caricaturista Matador?

El Gobierno rechazó de manera contundente las expresiones utilizadas por el caricaturista Matador en redes sociales hacia la primera dama, calificando sus comentarios como ofensivos, discriminatorios y misóginos. Por su parte, la firma de abogados De la Espriella Lawyers también condenó estos actos y emprendió acciones legales, argumentando que las publicaciones constituyen un ataque a la dignidad y una forma de violencia simbólica contra las mujeres.

En el comunicado, se recuerda la relevancia de los principios consagrados en la Constitución de 1991: soberanía nacional, integridad territorial, autodeterminación de los pueblos, respeto al derecho internacional, solución pacífica de las controversias, protección del medio ambiente e integración regional latinoamericana y caribeña. A juicio del Centro Político, preservar estos principios es esencial para la democracia y el desarrollo del país.

Se traza una comparación entre la política exterior del exmandatario Gustavo Petro y la actual gestión. Según el documento, la última administración se caracterizó por el “ideologismo extremo, falta de coherencia y profesionalismo” y críticas puntuales sobre “nombramientos que omitieron la meritocracia y debilitaron el servicio exterior”. No obstante, advierten que la nueva administración no debe caer en esos mismos errores y sugieren actuar con mayor equilibrio y profesionalismo.

El Centro Político respalda el multilateralismo y destaca la importancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para el país, señalando que la reforma de estas entidades sería necesaria para hacerlas más representativas. En cuanto a la eventual salida de Colombia de la CPI, señalan que mantener vínculos con este organismo es fundamental para la lucha contra la impunidad y la credibilidad nacional en derechos humanos, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial de retiro.

Sobre la relación con Estados Unidos, el grupo propone mantener una alianza fuerte pero con cautela, resaltando que la preferencia por Washington no puede suplantar la autonomía de Colombia. Critican que la adhesión al "Escudo de las Américas" pone en riesgo esa independencia y recomiendan imparcialidad frente a la política interna estadounidense.

En el caso de China, el comunicado considera que la salida de la Franja y la Ruta debería basarse en razones claras, pues la relación con ese país es clave para el comercio y las inversiones. También, respecto a la relación con Israel y la decisión de trasladar la embajada a Jerusalén, subrayan el desacuerdo del Consejo de Seguridad de la ONU y el alejamiento de la tradición diplomática colombiana.

Finalmente, el Centro Político plantea fomentar la cooperación Sur-Sur, considerando el protagonismo creciente de Asia, África y el denominado Sur Global, e impulsa la diversificación de las relaciones exteriores en todos los ámbitos posibles.

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¿Cuáles son los principales cuestionamientos del Centro Político sobre la política exterior del gobierno De la Espriella?

El Centro Político planteó ocho cuestionamientos al gobierno de Abelardo de la Espriella, enfatizando la importancia de mantener los principios constitucionales en la política exterior, la necesidad de autonomía frente a Estados Unidos, la relevancia de conservar vínculos con la Corte Penal Internacional y la prudencia ante el retiro de la iniciativa china de la Franja y la Ruta. El grupo también criticó el posible traslado de la embajada a Jerusalén y destacó la urgencia de diversificar relaciones internacionales, según información de El Espectador.

¿Por qué es relevante para Colombia mantener vínculos con la Corte Penal Internacional (CPI)?

De acuerdo con el documento citado por El Espectador, para un país con una historia marcada por la violencia y millones de víctimas, los lazos con la CPI son cruciales en la lucha contra la impunidad de graves crímenes y para sostener una política de derechos humanos basada en principios universales. El mantener estas relaciones refuerza la credibilidad internacional de Colombia en esta materia.

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A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario informó que el cargamento tenía como destino los Países Bajos, en Europa, y aprovechó el resultado para presentar un balance de la lucha contra el narcotráfico durante los primeros 75 días de su Gobierno.

“¡Golpe contundente al narcotráfico! La Policía Nacional acaba de lograr la mayor incautación de cocaína en el puerto de Cartagena de los últimos 10 años: 7,6 toneladas que tenían como destino los Países Bajos, en Europa”, escribió el jefe de Estado.

El operativo fue adelantado por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en el marco de la Estrategia Esmeralda. La incautación representa un golpe a las redes dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

¡Golpe contundente al narcotráfico!

La Policía Nacional acaba de lograr la mayor incautación de cocaína en el puerto de Cartagena de los últimos 10 años: 7,6 toneladas que tenían como destino los Países Bajos, en Europa.

En tan solo 75 días de Gobierno, nuestra Fuerza Pública ha incautado 132 toneladas de cocaína, valoradas en 6.108 millones de dólares.

¡No hay tregua contra el narcoterrorismo! Cada dosis que impedimos que llegue a las calles salva vidas, y cada dólar que les arrebatamos debilita sus estructuras criminales. Porque el dinero del narcotráfico es el combustible que alimenta todas las formas de violencia.

¡Esto es apenas el comienzo de la Patria Milagro!

¡Firme por la Patria!
¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 20, 2026

Así fue la incautación de 7,6 toneladas de cocaína en Cartagena

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, el cargamento estaba compuesto por más de 7,6 toneladas de clorhidrato de cocaína. La droga se encontraba mezclada con panela pulverizada, un método que presuntamente buscaba dificultar su detección durante los controles portuarios. Hasta en cocos estaba camuflada, según se ve en el video.

La operación permitió evitar que el estupefaciente saliera del país rumbo al mercado europeo. Según el reporte oficial, el decomiso también afectó las finanzas de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

La Presidencia informó que el valor de la droga incautada superaría los 42.000 millones de pesos en las estimaciones relacionadas con el impacto económico del operativo.

De la Espriella entregó balance de incautaciones en sus primeros 75 días

Además de destacar el resultado en Cartagena, De la Espriella aseguró que la Fuerza Pública ha incautado 132 toneladas de cocaína durante los primeros 75 días de su administración.

Según el mandatario, esos cargamentos tendrían un valor estimado de 6.108 millones de dólares, cifra que presentó como parte del impacto económico de las operaciones contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

“En tan solo 75 días de Gobierno, nuestra Fuerza Pública ha incautado 132 toneladas de cocaína, valoradas en 6.108 millones de dólares”, afirmó el presidente.

Presidente reiteró su ofensiva contra las redes del narcotráfico

En su mensaje, De la Espriella defendió la estrategia de su Gobierno contra el tráfico de estupefacientes y sostuvo que las incautaciones no solo impiden la distribución de drogas, sino que también afectan los recursos de las organizaciones criminales.

“¡No hay tregua contra el narcoterrorismo! Cada dosis que impedimos que llegue a las calles salva vidas, y cada dólar que les arrebatamos debilita sus estructuras criminales. Porque el dinero del narcotráfico es el combustible que alimenta todas las formas de violencia”, escribió.

El mandatario cerró su publicación con una referencia a su proyecto de Gobierno: “¡Esto es apenas el comienzo de la Patria Milagro!”. 

La captura está relacionada con un homicidio ocurrido el 29 de marzo de 2022, en un apartamento ubicado en la avenida 33 con carrera 65, barrio Belén (Medellín). De acuerdo con la investigación, después de asesinar a la víctima dentro de una vivienda, los responsables envolvieron el cuerpo en bolsas plásticas y lo introdujeron en el baúl de un vehículo que posteriormente fue abandonado en inmediaciones del sector de Belén La Mota.

“Durante 4 años, nuestros investigadores recolectaron y analizaron elementos materiales probatorios, los cuales permitieron reconstruir este hecho. Alias el abuelo habría sido el integrante del bloque central Bolívar de las autodefensas y posteriormente habría desarrollado actividades criminales bajo lineamientos del Clan del Golfo”, aseguró el coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

(Vea también: De la Espriella apuntó a Benedetti por ‘Pacto de Valledupar’: “Ni perdón ni olvido para ese criminal”)

Las autoridades establecieron que el capturado habría pertenecido al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas y se habría desmovilizado en 2008. Sin embargo, la investigación señala que presuntamente habría continuado vinculado a actividades criminales en Medellín, bajo las órdenes del Clan del Golfo.

Además, registra antecedentes por homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y falsedad en documento.

“Otro capturado por homicidio agravado y por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. En un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fue capturado por orden judicial”, destacó a su turno el secretario de Seguridad, Manuel Villa.

María Alejandra Solano reside en el barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, al sur de Bogotá. Sus compromisos laborales en Cali habían sido planeados previamente. Según la información revelada, la modelo informó a su familia al momento de arribar a la ciudad, pero abruptamente cortó toda comunicación. Desde entonces, su teléfono permanece apagado y las redes sociales donde solía compartir información con regularidad no han vuelto a registrar actividad. Personas cercanas, citadas por El Espectador, insisten en que este comportamiento es inusual, pues era una persona atenta que mantenía contacto frecuente con su entorno familiar y social.

Una de las principales incógnitas se centra en las primeras horas después de su llegada a Cali. Nadie ha podido determinar a ciencia cierta cuál fue su desplazamiento exacto por los distintos barrios o sectores de la ciudad. Además, tampoco existen indicios concretos sobre personas con quienes podría haberse reunido antes de perder toda comunicación. Tal situación llevó a sus seres queridos a activar una cadena de búsqueda. Han difundido su fotografía y mensajes en redes sociales solicitando cualquier información, una labor en la que también participan compañeros de trabajo y personas del gremio del modelaje bogotano.

Frente a la falta de respuestas, la familia solicitó apoyo a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de esclarecer las circunstancias en las que María Alejandra desapareció. Entre sus pedidos están la revisión de cámaras de seguridad de lugares que podría haber transitado y el análisis de las llamadas telefónicas recientes. Hasta la fecha, un grupo especial, de acuerdo con El Espectador, asumió las investigaciones y evalúa todos los datos que se han logrado recopilar. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no se cuenta con información confirmada que permita saber qué ocurrió después de su arribo a Cali.

La búsqueda sigue activa, tanto en Bogotá como en Cali, mientras la familia espera que pronto puedan esclarecerse los hechos y se conozca el paradero de María Alejandra Solano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de María Alejandra Solano en Cali?

Lo que se conoce, de acuerdo con El Espectador, es que María Alejandra Solano llegó a Cali y confirmó su arribo el 11 de octubre. Desde entonces, perdió contacto con sus familiares y amigos. Ni su celular ni sus redes sociales han registrado actividad posterior, lo que generó preocupación en su entorno. Hasta el momento, no hay información suficiente sobre los lugares que visitó o las personas que vio tras su llegada, y las autoridades mantienen la investigación abierta.

¿Qué acciones han solicitado los familiares de María Alejandra Solano tras su desaparición?

La familia de María Alejandra ha pedido a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación la pronta revisión de cámaras de seguridad en sectores clave y la verificación de las últimas llamadas de la joven. Estas diligencias buscan encontrar pistas útiles que permitan reconstruir los movimientos y el paradero de la modelo luego de su llegada a la ciudad de Cali.

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La declaración se produjo durante una entrevista con el programa ‘El Debate’, de Semana, en la que Leyva también habló sobre la situación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las controversias alrededor de su funcionamiento.

Al ser consultado por el panorama que vislumbra para Petro, el excanciller mencionó la existencia de denuncias y pesquisas que, según afirmó, se estarían adelantando en territorio estadounidense.

“No me sorprendería que terminara preso”, manifestó Leyva, quien fue canciller durante el Gobierno de Petro y posteriormente se convirtió en uno de sus críticos.

Acá, esas declaraciones:

Álvaro Leyva habló de pesquisas contra Gustavo Petro en Estados Unidos

Durante la entrevista, Leyva sostuvo que en Estados Unidos se adelantan actuaciones relacionadas con presuntos delitos que podrían involucrar al expresidente colombiano.

“Hay denuncias allá que se están adelantando con delitos cometidos frente a normas positivas de los Estados Unidos de América”, afirmó el exministro.

Sin embargo, no precisó cuáles serían esos delitos, qué autoridades estarían al frente de las pesquisas ni si existe alguna actuación judicial formal contra Petro que pueda derivar en una acusación penal.

El propio Leyva reconoció que anticipar ese desenlace implicaba especular sobre lo que podría ocurrir.

“Eso está sucediendo en el mundo y creo que vamos a ver circunstancias que puedan suscitar sorpresas. En el mundo ya hay antecedentes. Eso es hacer futurismo, esperemos a ver”, agregó.

Por ahora, sus declaraciones no permiten concluir que exista una acusación formal contra Petro en Estados Unidos ni que el expresidente enfrente una condena o una orden de captura en ese país.

La ruptura entre Álvaro Leyva y Gustavo Petro

Las declaraciones del excanciller se producen después de la ruptura política entre ambos, quienes fueron aliados. Leyva dejó el Ministerio de Relaciones Exteriores en 2024. Posteriormente, sus diferencias con Petro se hicieron públicas, especialmente en abril de 2025, cuando divulgó una carta en la que lanzó fuertes señalamientos contra el entonces mandatario.

En esa misiva, el exministro afirmó que había observado comportamientos que, según su interpretación, estarían relacionados con un supuesto problema de consumo de drogas por parte de Petro durante un viaje oficial a París, Francia, en octubre de 2023.

Esas afirmaciones no fueron acompañadas de pruebas que demostraran el supuesto consumo. Petro rechazó los señalamientos y respondió públicamente que había sido calumniado.

El expresidente sostuvo que durante su estancia en París estuvo con su hija y sus nietos, y cuestionó la versión presentada por quien había sido uno de sus colaboradores.

El edificio Contranal, ubicado en la carrera 42 con calle 7, fue evacuado a causa del riesgo que representa su estado estructural tras el sismo. Sin embargo, a pesar de las restricciones para ingresar, los propietarios señalan que personas ajenas han logrado entrar en repetidas ocasiones para llevarse objetos de valor. De acuerdo con Elizabeth Zuluaga, administradora y propietaria de uno de los apartamentos, los intrusos han logrado sacar neveras, lavadoras, televisores, ventiladores, joyas y ropa. Como relató Zuluaga, algunos de los residentes han intentado recuperar sus pertenencias, pero el temor por el estado del edificio les impide hacerlo de manera segura.

Claudia Amaya, quien también es propietaria de un apartamento en Contranal, expresó su frustración ante la situación: "Estamos esperando la viabilidad para poder sacar nuestras cosas, pero al ladrón no se le ha caído el edificio y sí pudo venir a sacar las cosas por encima de la reja". A su vez, los residentes advierten que los saqueos pueden causar además otros riesgos, como cortocircuitos o un eventual colapso del inmueble en una situación crítica.

En este contexto, las familias hacen un llamado urgente a la Administración Distrital y al Consejo Distrital de Gestión del Riesgo para que agilicen la demolición y tomen medidas inmediatas que permitan proteger el edificio mientras ocurre la intervención. El retraso incrementa el miedo de perder no solo sus hogares sino los objetos que les han costado años construir y reunir.

No solo los habitantes se ven impactados por esta crisis; los comercios ubicados cerca del edificio tuvieron que desalojar por el peligro, lo que ha traído graves consecuencias económicas para la zona. En medio de la espera, las familias inician procesos ante las aseguradoras con la esperanza de reconstruir su vida después de haber perdido su casa y la tranquilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las familias del edificio Contranal en Cali piden acelerar la demolición?

Las familias solicitan la agilización de la demolición porque la demora ha dado pie a numerosos saqueos de sus apartamentos y temen perder los bienes materiales que aún permanecen en el interior. Además, hay preocupación por el riesgo que representa el edificio tanto para quienes intentan sustraer pertenencias como para los comercios y residentes aledaños, según las declaraciones recogidas por 90 Minutos.

¿Qué consecuencias traen los saqueos en edificios afectados por terremotos?

De acuerdo con los testimonios de los propietarios en el edificio Contranal, los saqueos no solo dejan pérdidas materiales, sino que pueden provocar situaciones de mayor riesgo, como cortocircuitos o el colapso estructural del inmueble durante la sustracción de objetos. Esta problemática también agrava el daño emocional de quienes han perdido sus viviendas y dificulta el proceso de recuperación para toda la comunidad.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres realizó una visita y, tras una inspección, declaró el uso restringido de la vivienda y la catalogó como no habitable, de acuerdo con lo descrito por los propios afectados. Sin embargo, Henry Betancourt, propietario del hogar, manifestó que tras esa intervención no han recibido nuevas evaluaciones ni información adicional de las autoridades. En palabras textuales a 90 Minutos, Henry expresó: "Nos consideramos revictimizados porque el terremoto nos causa la primera sensación de victimización y luego el sistema nos abandona y nos deja al margen".

La situación económica es otro de los grandes desafíos para los Betancourt Torres. Rocío del Pilar Torres Sánchez, esposa de Henry, relató que solo la demolición de la casa implicaría un gasto cercano a los 50 millones de pesos, sin contar los permisos oficiales requeridos. Por eso, hacen un llamado a las autoridades y a otras instituciones para que los asesoren en las rutas de apoyo, los subsidios disponibles o los aportes económicos que les permitan recuperar y reconstruir su vivienda. A pesar de estar inscritos en el sistema para damnificados, hasta el momento no han obtenido respuesta acerca del subsidio de ayuda, según información trasladada a 90 Minutos.

La adversidad se agrava para las hijas de la familia, quienes tienen discapacidad visual y auditiva. Tras el terremoto, la familia tuvo que separarse y buscar refugio en casas de familiares, con la esperanza de reunirse pronto. En la actualidad, viven en la casa prestada de una amiga, pero deberán desocuparla a finales de noviembre. María Paula Betancourt Torres explicó a 90 Minutos que adaptarse a una vivienda ajena ha implicado modificar rutinas y enfrentar retos de convivencia. También señaló que el costo de los arriendos dificulta encontrar un lugar más amplio, adecuado para toda la familia y su perro. Por ello, solicitan que las autoridades revisen el tema de los alquileres, cuya demanda aumentó tras la emergencia.

Mientras esperan respuestas institucionales, la familia sigue buscando alternativas para acceder a ayudas, avanzar en los trámites y conseguir el acompañamiento que requieren para no perder el patrimonio que representa su hogar.

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¿Cuál es la situación actual de la familia Betancourt Torres tras el terremoto del 10 de agosto de 2026?

La familia Betancourt Torres se enfrenta a la inhabitalidad de su vivienda por graves daños estructurales. Aunque han recibido una inspección oficial y la vivienda fue declarada no habitable, no han tenido respuesta sobre nuevas evaluaciones ni sobre el subsidio solicitado. Actualmente viven temporalmente en la casa prestada de una amiga y necesitan encontrar una solución segura antes de fin de noviembre.

¿Qué apoyo solicita la familia damnificada del barrio Vipasa y cuáles son sus principales dificultades?

La familia solicita orientación y ayuda económica para cubrir los altos costos de demolición y reconstrucción, además de acompañamiento para acceder a subsidios y rutas institucionales de apoyo. Sus principales dificultades incluyen la falta de respuesta estatal, las barreras económicas, la urgencia de encontrar una vivienda adecuada, y los retos adicionales que implica la discapacidad de sus hijas.

(Vea también: “Igual de criminal que ellos”: De la Espriella advirtió a gobernador y alcaldes de Arauca que apoyen a grupos armados)

Durante una jornada del programa gubernamental ‘El Milagro de las Regiones’, del lunes 19 de octubre, el mandatario cuestionó que, pese a los cerca de 4 billones de pesos que, según sus declaraciones, han ingresado al departamento por ese concepto, no se evidencien obras ni avances suficientes para la población.

“Señor gobernador y alcaldes, desde el año 2012 el departamento ha recibido cerca de $ 4 billones en regalías. No se ven esas regalías en obras, tampoco se ve el progreso”, manifestó el jefe de Estado.

El reclamo subió de tono cuando De la Espriella puso en duda el destino de esos recursos y lanzó una acusación directa durante el encuentro con los dirigentes regionales.

El presidente Abelardo De La Espriella cuestionó al gobernador de Arauca y a los alcaldes de la región: “Desde el año 2012, el departamento ha recibido cerca de $ 4 billones en regalías. No se ven esas regalías en obras, tampoco se ve el progreso”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/pHBjZDW3cY

— Revista Semana (@RevistaSemana) October 20, 2026

De La Espriella cuestionó el destino de 4 billones de pesos en regalías

“¿Saben por qué esta tierra se ha mantenido en pie? No es por los políticos, es por el araucano trabajador y patriota. Aquí ha llegado mucho dinero, pero ese dinero no se ve reflejado. ¿Qué pasó con ese dinero? No hay otra explicación, se lo robaron”, afirmó el presidente.

Con esas palabras, el mandatario cuestionó a las autoridades territoriales por la falta de resultados que, a su juicio, deberían verse después de más de una década de ingresos por regalías.

Las declaraciones se produjeron durante una agenda de trabajo en Arauca, en la que el Gobierno nacional abordó asuntos relacionados con la seguridad y las necesidades de la región.

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Según informó la revista Semana, la denuncia se apoya en declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez; el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, y el abogado Juan Carlos Villamizar, quienes han hablado sobre lo ocurrido durante las reuniones en Valledupar.

La representante a la Cámara Carol Borda explicó que buscan establecer si existió una instrucción directa de Petro para promover señalamientos contra Abelardo De La Espriella, actual presidente de Colombia; el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, fallecido.

“Los espacios institucionales no pueden usarse para perseguir rivales políticos ni alterar las reglas del juego democrático”, manifestó Borda al anunciar la acción judicial.

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¿Qué se sabe del pacto de Valledupar?

La controversia gira en torno a encuentros celebrados en octubre de 2025 con antiguos integrantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). De acuerdo con las versiones que motivaron la denuncia, en esas reuniones se habría planteado la posibilidad de que los excomandantes hicieran declaraciones sobre los tres dirigentes políticos.

Villamizar, abogado y asesor de Mancuso, afirmó que desde el Gobierno se habría solicitado a los antiguos jefes paramilitares hablar sobre esas figuras. Según su versión, los excomandantes se negaron a hacerlo. Estas afirmaciones deberán ser examinadas por las autoridades y no constituyen, por sí solas, una prueba de responsabilidad del expresidente.

¿Qué respondió Gustavo Petro?

Petro ha negado haber ordenado presiones para que los exparamilitares declararan contra sus adversarios. En una publicación en X, compartió un comunicado firmado tras una reunión oficial y sostuvo que el propósito era avanzar en el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y la devolución de bienes.

El exmandatario también defendió que los encuentros estaban relacionados con el proceso de paz y la justicia restaurativa.

Con la denuncia, Salvación Nacional busca que la Comisión de Acusación determine si hubo irregularidades y establezca posibles responsabilidades. La investigación deberá contrastar las declaraciones conocidas con los documentos y demás pruebas disponibles.

La situación comenzó a preocuparle cuando una compañera le avisó sobre la cuenta y descubrió que también difundían fotografías de su sobrina de dos años. El hombre, además, publicaba historias ficticias sobre la periodista y aseguraba que coordinaba los colores de la ropa que ella usaría durante sus cubrimientos en el Congreso.

En su relato, un conocido contactó al administrador de la cuenta y este afirmó que había visto a Tavera en el Congreso y que pretendía acercarse a ella. La periodista decidió acudir a la Fiscalía: “Me tengo que ir a la Fiscalía... Yo no quiero encontrarme a esta persona jamás en el Congreso y tengo que ir a denunciar.”

La periodista Carolina Tavera denuncia un caso de acoso digital: un fan pasó de un amor ficticio por redes sociales a amenazarla de muerte. https://t.co/qgaOP46e33

— La Red Caracol (@LaRedCaracol) October 17, 2026

Tras revisar los antecedentes del sujeto, la periodista encontró que decía trabajar como camarógrafo, aunque medios mencionados en su perfil negaron cualquier vínculo. Así mismo, aparecían cinco expedientes abiertos en la Fiscalía y el hombre había ingresado al Congreso durante ese año.

La situación empeoró después de que Tavera publicara un video para aclarar que no tenía ninguna relación con el hombre. Recibió amenazas contra su vida y mensajes en los que el sujeto decía conocer su dirección, horarios y desplazamientos.

La periodista dejó de regresar a su vivienda y buscó refugio en hoteles y casas de allegados. Las amenazas también mencionaron a familiares. Cinco días antes de la entrevista, presentó su renuncia.

“Me dejó sin trabajo, me dejó sin casa, estoy sin vida social, estoy afectada emocionalmente, tengo miedo a salir a la calle”, expresó Tavera. 

La comunicadora también cuestionó la respuesta de las autoridades. “El nivel de estrés no es la situación que pase, que ya estresa de entrada, sino es cómo soluciono si ya no siento el apoyo del Estado para que me ayude a mejorar esas situaciones”, dijo. 

Finalmente, Tavera explicó por qué decidió contar públicamente su experiencia: “Aquí hay una mujer que quiere alzar la voz y que está miedosa y que está nerviosa (…) tengo que hablar porque no sé en qué momento me pase esto y al menos hay que dejar un precedente”, señaló. 

Durante el año 2026, la entidad concentró sus esfuerzos y recursos en Bosa, destinando más de 1.700 millones de pesos para intervenir las viviendas de 440 familias, con un impacto directo en aproximadamente 1.764 personas. Esta inversión busca garantizar que los hogares cuenten con condiciones habitacionales dignas, adaptadas a sus necesidades y que fortalezcan su entorno social y personal, según datos proporcionados por la CVP.

Además de las obras físicas, la CVP organizó una jornada especial en la localidad de Suba, donde se otorgaron diplomas de reconocimiento a familias participantes del programa Mejora Tu Casa en barrios como Bilbao, Lisboa, San Carlos, San Pedro, Villa Cindy, Santa Rita y Santa Cecilia. Estas familias ya cuentan con el subsidio de mejoramiento asignado por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), lo que respalda y asegura la continuidad del proceso de intervención en sus hogares.

En palabras de Juan Carlos Fernández, director general de la CVP, “en Bosa y Suba estamos acompañando dos momentos importantes de Mejora Tu Casa, ver cómo los mejoramientos transforman las viviendas y orientar a las familias que están en camino de lograrlo. Con estas acciones demostramos que el alcalde Carlos Fernando Galán sí cumple, trabajando para que más familias bogotanas cuenten con viviendas adecuadas". El funcionario subrayó la importancia de que cada familia conozca los beneficios y las etapas del programa, además de recibir orientación y acompañamiento institucional.

Estos encuentros también han facilitado la socialización de los alcances del proyecto, los derechos y deberes de los beneficiarios y los canales de atención disponibles para resolver inquietudes. La relación constante entre familias, la CVP y los equipos ejecutores refuerza el compromiso de transformar la calidad de vida en Bogotá a través del trabajo conjunto y la escucha activa de la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder al programa Mejora Tu Casa de la Caja de la Vivienda Popular en Bogotá?

Para participar en el programa Mejora Tu Casa, las familias deben estar vinculadas a los procesos respaldados por la Caja de la Vivienda Popular y contar con la asignación del subsidio de mejoramiento por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat. Según la información oficial, hay etapas claras para el inicio de las obras y numerosos canales de atención que permiten resolver dudas y orientar a los beneficiarios en cada paso.

¿Cuáles son los beneficios de los mejoramientos de vivienda realizados por la CVP en Bogotá?

De acuerdo con la CVP, los principales beneficios son la transformación de viviendas en espacios más seguros, funcionales y adaptados a las necesidades cotidianas. Las intervenciones también fortalecen la comunicación entre familias, autoridades y equipos ejecutores, asegurando acompañamiento y atención durante todo el proceso de mejoramiento habitacional.

Ortiz señaló que la idea de que las capacidades y oportunidades obligan a trabajar sin descanso debe revaluarse. Citando su propia experiencia y el ambiente competitivo de egresar de una de las universidades más reconocidas del país, sostuvo que la libertad radica en decidir cuáles luchas asumir, cuándo detenerse y en aceptar también los errores y las frustraciones propias del camino. Propuso la autocompasión como una herramienta necesaria para enfrentar derrotas y proyectos inconclusos, evitando que cada fracaso se convierta en una condena personal.

Además de la reflexión individual, el discurso tuvo un marcado enfoque social. Ortiz conectó su mensaje con la persistente violencia en Colombia, mencionando cifras expuestas por el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre al menos ocho conflictos armados internos y datos presentados en su discurso, provenientes de Naciones Unidas, que advierten sobre más de 630.000 personas impactadas por la violencia solamente en el primer semestre de 2026. Para el joven abogado, esta realidad exige que los egresados asuman un compromiso con la paz y la justicia, rechazando la indiferencia, el estigma y la venganza como formas de respuesta al conflicto. A la vez, defendió la importancia de proteger la memoria histórica y de ejercer la vida profesional con humildad, solidaridad y respeto por las diferencias.

Ortiz culminó su intervención expresando su deseo de paz, tanto para sus compañeros como para el país, destacando que el éxito pasa también por el cuidado de los vínculos personales y por asumir la responsabilidad colectiva como ciudadanos.

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¿Cuál fue el mensaje principal del discurso de Santiago Ortiz García en la Universidad de Los Andes?

El eje del mensaje de Santiago Ortiz García fue cuestionar la presión social basada en la búsqueda constante del éxito entendido como acumulación de prestigio, dinero y logros, invitando a sus compañeros a redefinir el éxito personal y profesional. Propuso valorar la paz, el autocuidado, la compasión frente a los fracasos y, especialmente, el compromiso activo con la transformación social y la construcción de una Colombia en paz.

¿Qué cifras sobre violencia en Colombia mencionó el discurso de Santiago Ortiz García?

Durante su intervención, Santiago Ortiz García citó datos del Comité Internacional de la Cruz Roja que hablan de al menos ocho conflictos armados internos en el país. Además, mencionó cifras humanitarias de Naciones Unidas señalando que, en el primer semestre de 2026, más de 630.000 personas se vieron afectadas por el aumento de la violencia, resaltando así la urgencia de mantener el compromiso de los nuevos profesionales con la paz y la justicia social.

(Vea también: Primera dama despejó secretos detrás del radio que usa el presidente De la Espriella: “Conectado”)

De acuerdo con la entidad, los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre y estarían relacionados con un mensaje intimidatorio publicado desde una cuenta anónima de Instagram. El contenido habría incluido amenazas contra la vida y la integridad de la esposa del presidente de la República y de sus familiares.

La detención se produjo durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada por la Policía Nacional en un inmueble de la capital de Risaralda. El hombre será presentado ante un juez penal de control de garantías, mientras la investigación continúa.

#Noticia🔴 | La Fiscalía General de la Nación identificó y capturó al hombre que sería el responsable de amenazar por medios informáticos a la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre.

La detención se llevó a cabo durante un operativo de registro y allanamiento realizado por la Policía Nacional en Pereira. En el lugar fueron incautados un computador y un celular, que serán sometidos a análisis para avanzar en la investigación.

— Canal TRO (@CanalTRO) October 20, 2026

Allanamiento en Pereira permitió incautar un computador y un celular

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un computador y un teléfono celular que, según la Fiscalía, contienen información relevante para avanzar en la investigación.

Los dispositivos serán objeto de las verificaciones correspondientes dentro de las actividades investigativas. La evidencia técnica recopilada hasta el momento habría permitido identificar al hombre que presuntamente publicó el mensaje intimidatorio desde un perfil anónimo en Instagram.

La Fiscalía señaló que la publicación fue rastreada hasta un perfil situado en Pereira, Risaralda. Sin embargo, no entregó detalles adicionales sobre el contenido íntegro del mensaje ni informó si habría otras personas involucradas en los hechos.

Fiscalía imputará amenaza agravada al detenido

Tras la captura, un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos Informáticos presentará al hombre ante un juez penal de control de garantías. Durante la diligencia, le imputará el delito de amenaza agravada, según informó el ente investigador.

Esta actuación judicial permitirá comunicarle formalmente los hechos que se le atribuyen y la calificación jurídica que plantea la Fiscalía.

La investigación comenzó después de que las amenazas fueran denunciadas y puestas en conocimiento de las autoridades. A partir de ese momento, se adelantaron labores para identificar el origen de la publicación y establecer quién estaría detrás del mensaje.

Entre las principales decisiones tomadas durante el proceso, destaca que la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad responsable de la organización electoral y la identificación ciudadana, recibió para 2027 una asignación de 6,1 billones de pesos, lo que representa una disminución frente al presupuesto de 6,9 billones otorgado en el año anterior. En particular, el programa de “Identificación y Registro del Estado Civil de la Población” perdió 100.000 millones de pesos entre la primera y la segunda ronda de debates. Sin embargo, para compensar el recorte y asegurar los procesos clave como cedulación y actualización del censo electoral, el Ministerio de Hacienda destinó recursos adicionales, según detalló El Espectador.

En lo jurídico, el Consejo Nacional Electoral (CNE), que fue dotado de autonomía presupuestal en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, vio revocada esa característica por decisión de la Corte Constitucional, lo que genera incertidumbre sobre su manejo financiero. A pesar de ello, se estableció que hasta que no se expida la Ley Orgánica correspondiente, el CNE contará con una sección presupuestal independiente. Juan Felipe Lemos, presidente del CNE, expresó su inconformidad con la asignación de 1,3 billones de pesos para 2027, alegando que no cubre con suficiencia las funciones institucionales del organismo.

Por su parte, el Ministerio del Interior, bajo el liderazgo de Rodrigo Lara, experimentó solo una leve reducción en su rubro presupuestal frente al año anterior, pasando de 4,5 a 4,4 billones de pesos. Contrario a la tendencia general, el Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de la política exterior del gobierno de la administración De la Espriella, prácticamente duplicó su presupuesto, pasando de 1 billón a 2 billones para 2027, según el reporte de El Espectador. Esta redistribución financiera responde a nuevas prioridades trazadas desde el Ejecutivo y evidencia el peso que tendrán los preparativos y la realización de las elecciones regionales en la agenda nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios presenta el Presupuesto General de la Nación para el año 2027 respecto a las elecciones regionales?

El presupuesto aprobado muestra una reducción significativa en los recursos asignados a la Registraduría, el Ministerio del Interior y el Consejo Nacional Electoral en comparación con el año anterior. Aunque estas entidades son claves para la organización de las elecciones regionales, las autoridades aseguran que los recursos esenciales para los comicios están garantizados. Esto, según El Espectador, pone en evidencia la necesidad de un manejo más eficiente y ajustado de los fondos públicos en un contexto electoral.

¿Qué significa la autonomía presupuestal del Consejo Nacional Electoral y por qué fue eliminada?

La autonomía presupuestal implica que una entidad puede gestionar sus propios recursos sin depender de la aprobación directa de otras instancias gubernamentales. En el caso del Consejo Nacional Electoral, esta capacidad le fue otorgada por el Plan Nacional de Desarrollo, pero la Corte Constitucional anuló los artículos pertinentes, dejando al CNE sin dicha autonomía. Hasta que no se expida una nueva Ley Orgánica, el CNE tendrá una sección presupuestal independiente, pero su presupuesto dependerá de las asignaciones hechas por el Congreso y el Ejecutivo.

Entre los puntos clave de la solicitud de la defensora se encuentra la preocupación por el posible cambio de nombre del espacio dedicado a Miguel Ángel Díaz. Según el comunicado, Marín pide que se informe si esta modificación se efectuó y, de ser así, que se expongan los fundamentos que motivaron la decisión y si los familiares de Díaz fueron notificados o consultados con anterioridad. En palabras de la Defensoría del Pueblo: "Desde la Defensoría del Pueblo haremos seguimiento a las respuestas del Ministerio y evaluaremos las actuaciones adicionales que correspondan para proteger la libertad de expresión, los derechos culturales y la memoria histórica". El comunicado resalta la importancia de preservar la memoria histórica y facilitar el acceso a la cultura, reconociendo la pluralidad de voces y experiencias: "Ninguna expresión artística o memoria colectiva debe ser excluida por razones políticas o ideológicas", señala la entidad.

Este debate se da en un contexto legal relevante. En días recientes, el juzgado 24 de familia de Bogotá emitió una orden para que el Museo Nacional de Colombia conserve en condiciones técnicas adecuadas las piezas que fueron retiradas de las exposiciones objeto de controversia. El fallo también establece que el Museo debe abstenerse de destruir, trasladar, dar de baja o alterar estas obras, mientras se toma una decisión definitiva sobre el caso. También instruye a la institución a no intervenir ni retirar otras obras por su contenido, salvo que existan actos administrativos que lo justifiquen. Finalmente, el juzgado requiere que, en un término de 24 horas, se entregue un informe detallado con el listado completo de las piezas retiradas, su estado y ubicación actual, así como la dependencia responsable del retiro.

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¿Por qué fueron retiradas piezas del Museo Nacional?

La Defensoría del Pueblo solicitó explicaciones al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes sobre los fundamentos jurídicos, técnicos y administrativos detrás del retiro de estas piezas del Museo Nacional. El objetivo es esclarecer si las decisiones relacionadas con estas obras se fundamentaron en criterios claros y si las condiciones de conservación de las piezas fueron adecuadas.

¿Qué consecuencias legales tiene la orden del juzgado sobre las piezas retiradas?

El juzgado 24 de familia de Bogotá ordenó al Museo Nacional conservar las piezas retiradas en condiciones técnicas apropiadas, prohibiendo su destrucción, traslado o alteración mientras se resuelve el pleito. Además, exige un informe detallado sobre el estado y ubicación actual de las obras retiradas, reforzando el control sobre su preservación durante el proceso.

Entre los aspectos señalados por el alto tribunal se encuentran las sanciones penales, el congelamiento de bienes y la imposición de restricciones sin un debido proceso. De acuerdo con lo expuesto en el documento, es esencial modificar las partes del proyecto relacionadas con los efectos penales y patrimoniales del Registro de organizaciones terroristas, la acción de aprehensión de bienes, la concesión de facultades extraordinarias y el principio de proporcionalidad en la clasificación de nuevos delitos.

Una de las mayores preocupaciones que recoge la Corte se centra en la creación de la figura del Alto Comisionado. Según el alto tribunal, esta figura podría invadir competencias que corresponden estrictamente a la rama judicial. El concepto advierte de manera específica: “Su principal debilidad jurídica es hacer depender consecuencias penales y patrimoniales severas de un registro administrativo y diseñar tipos penales amplios o incompletos, en tensión con los principios de ultima ratio, lesividad y proporcionalidad”, una postura citada de El Tiempo.

Sobre el Registro de organizaciones terroristas, el juicio de la Corte Suprema es claro: este registro no puede jamás sustituir la prueba del delito ni la responsabilidad personal. La inclusión de una persona en el registro administrativo, enfatiza la Corte, no constituye de por sí prueba de responsabilidad penal o prueba automática de pertenencia, autoría o participación en delitos de terrorismo, ni permite presumir la intención subjetiva de cometer tales delitos.

También es motivo de advertencia la regulación sobre las garantías del registro. El documento señala falta de claridad respecto a la notificación del acto de inclusión y la ausencia de acceso a las razones esenciales de la decisión. Muchas veces, según advierte la Corte Suprema, las motivaciones pueden estar respaldadas en anexos clasificados o informes de inteligencia que no tienen valor probatorio en procedimientos judiciales. Así, el tribunal destaca la necesidad de exigir información objetiva, verificable y suficiente para tomar tales decisiones.

Finalmente, la Corte considera valioso que el proyecto integre temas como las redes de apoyo, nuevas tecnologías y financiación del terrorismo. No obstante, reafirma que la constitucionalidad de la propuesta depende de ajustes en el tratamiento legal de los registros, las facultades extraordinarias y la proporcionalidad de los tipos penales sugeridos.

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¿Cuáles son las principales preocupaciones de la Corte Suprema sobre el estatuto antiterrorista?

De acuerdo con el documento conocido por El Tiempo, la Corte Suprema de Justicia expresó inquietudes sobre las sanciones penales, el congelamiento de bienes y la imposición de restricciones sin un debido proceso dentro del proyecto del estatuto antiterrorista del gobierno De la Espriella. También destacó problemas sobre el Registro de organizaciones terroristas, la figura del Alto Comisionado y la falta de garantías en la notificación y acceso a la información esencial del registro.

¿Por qué el Registro de organizaciones terroristas no puede ser prueba de responsabilidad penal?

Según lo planteado por la Corte Suprema, la inclusión en un registro administrativo no reemplaza la necesidad de pruebas para demostrar un delito. Ingresar a dicho registro no equivale, por sí solo, a demostrar responsabilidad penal, autoría o participación en un delito de terrorismo; tampoco permite presumir intenciones delictivas, ya que la ley exige pruebas objetivas y verificables para establecer responsabilidad ante la justicia.

El presidente De la Espriella informó en un video: “Compatriotas, la Policía Nacional ha dado un golpe histórico al narcoterrorismo. 7,6 toneladas de cocaína incautadas en el puerto de Cartagena que iban con destino a Holanda. La mayor incautación en los últimos diez años”. Este resultado, según mencionó el mandatario, fue posible gracias a la coordinación entre autoridades nacionales y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Destacó que este tipo de logros son fruto de la cooperación internacional y la decisión política de atacar el problema del narcotráfico, al que calificó como “el peor cáncer que tiene Colombia”.

Durante su intervención, el presidente enfatizó en la necesidad de “empezar a fumigar” los cultivos de coca. Según su planteamiento, la lucha contra el narcotráfico no puede reducirse únicamente a la incautación de droga; es fundamental, dijo, combatir el origen del negocio, que son los cultivos ilícitos y todo el circuito económico ilegal que se desarrolla en torno a ellos.

La magnitud de esta operación se evidencia en las cifras mencionadas por De la Espriella: el cargamento decomisado tendría un valor de 43.000 millones de pesos en Colombia, mientras que en Holanda el monto supera los 200 millones de dólares. Además, señaló que esta incautación representa unas 75 millones de dosis de cocaína, las cuales, según el presidente, no llegarán a afectar a niños y jóvenes. Refiriéndose al contexto de su administración, De la Espriella resaltó que en los primeros 75 días de su gobierno la fuerza pública ha decomisado 132 toneladas de cocaína, valoradas en 6.108 millones de dólares, lo que equivale a 19,28 billones de pesos colombianos. Para el mandatario, “cada dosis que impedimos que llegue a las calles salva vidas, y cada dólar que les arrebatamos debilita sus estructuras criminales”, resaltando que el dinero proveniente del narcotráfico es el motor financiero de la violencia en Colombia.

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¿Cuánto vale la cocaína incautada en Cartagena y cuál era su destino?

De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, el cargamento de 7,6 toneladas de cocaína incautado en el puerto de Cartagena tenía un valor aproximado de 43.000 millones de pesos en Colombia y, tras su llegada a Holanda, superaría los 200 millones de dólares. El destino final de esta droga eran los Países Bajos, en Europa.

¿Por qué el presidente de Colombia insiste en la fumigación de cultivos de coca?

El presidente Abelardo de la Espriella sostiene que combatir solo el tráfico de cocaína es insuficiente. Según su declaración, es “absolutamente necesario empezar a fumigar” los cultivos de coca, ya que sin atacar la raíz del problema, que son los cultivos ilícitos y la economía ilegal asociada, el narcotráfico seguirá siendo una amenaza para el país.

El ente de control busca establecer si ambos funcionarios conocieron o participaron en un presunto plan para que exjefes paramilitares señalaran a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, según replicó Noticias RCN sobre el documento que oficializó la medida.

#ATENCIÓN | La Procuraduría abre investigación disciplinaria contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez por los distintos señalamientos del ‘Pacto de Valledupar’. https://t.co/LBXGvl9pCg

— Noticias RCN (@NoticiasRCN) October 20, 2026

Las indagaciones apuntan a determinar posibles señalamientos sobre vínculos con esas organizaciones criminales durante la contienda electoral de 2026.

El proceso examina minuciosamente lo sucedido en la mesa de diálogo social realizada en Valledupar en octubre de 2025.

Dicho encuentro se desarrolló en el marco de las iniciativas de paz impulsadas por la administración del entonces mandatario Gustavo Petro.

El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso soltó detalles sobre las reuniones confidenciales sostenidas con delegados oficiales durante el denominado Pacto de Valledupar en el gobierno de Gustavo Petro.

Según sus declaraciones, voceros del Ejecutivo solicitaron a los antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia acusar públicamente a los tres mencionados dirigentes de la oposición política.

Las revelaciones indican que la petición buscaba incriminar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, al exprocurador Alejandro Ordóñez y al excandidato presidencial Germán Vargas Lleras antes de las elecciones.

Mancuso afirmó que los delegados gubernamentales condicionales la continuidad del proceso de paz a la entrega de testimonios incriminatorios contra estos líderes de la derecha colombiana.

Sin embargo, el antiguo jefe paramilitar aseguró que la totalidad de los excomandantes reunidos rechazó enfáticamente la propuesta realizada por los emisarios de la administración nacional.

El exlíder de las AUC explicó que la negativa unánime causó un profundo malestar entre las partes, provocando la ruptura inmediata de la mesa de negociación en la capital cesarense.

Estas declaraciones coincidieron con los testimonios entregados ante las autoridades judiciales por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Angie Rodríguez.

La exfuncionaria confirmó la existencia de las presiones institucionales dirigidas a instrumentalizar el proceso de paz con fines estrictamente electorales y políticos durante dicha coyuntura.

Ante la gravedad de las acusaciones, la Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones disciplinarias para establecer las responsabilidades de los altos funcionarios salpicados.

Igualmente, la Fiscalía General de la Nación inició las indagaciones correspondientes para verificar la veracidad de los hechos denunciados por el exjefe paramilitar en los estrados.

El caso desató una intensa controversia política en el país sobre el uso ético de las instituciones estatales y los procesos de paz en coyunturas electorales.

Analistas y sectores sociales exigen celeridad a los organismos de control para esclarecer el alcance de los compromisos buscados en las reuniones confidenciales celebradas en Valledupar.

Las autoridades judiciales continúan acopiando material probatorio y testimonios para determinar si existieron faltas disciplinarias o conductas punibles por parte de los antiguos delegados gubernamentales.

La rotación de las placas restringidas obedece al esquema semanal definido por la autoridad de tránsito. Según la Secretaría de Movilidad de Cali, la distribución es la siguiente: los lunes corresponde a placas terminadas en 9 y 0, los martes a 1 y 2, los miércoles a 3 y 4, los jueves a 5 y 6, y finalmente los viernes a 7 y 8. Es importante precisar que esta normativa rige únicamente de lunes a viernes, ya que durante los sábados, domingos y días festivos la restricción no aplica para los vehículos particulares.

Además, la actual rotación tuvo su inicio en julio, tal como comunicó la Secretaría de Movilidad de Cali. Entre el 1 y el 3 de dicho mes se llevó a cabo una etapa pedagógica, y a partir del 6 de julio comenzaron a imponerse comparendos a quienes incumplan la medida. Por eso, revisar la rotación antes de salir de casa no solo es una recomendación práctica, sino también una forma de prevenir sanciones económicas y la posible inmovilización del vehículo.

La normativa contempla algunas excepciones, por lo que los conductores deben verificar si su situación corresponde a alguna de ellas antes de circular en los horarios restringidos. Cumplir con las restricciones establecidas, según Noticiero 90 Minutos y la Secretaría de Movilidad de Cali, es fundamental tanto para evitar multas como para contribuir al ordenamiento vial de la ciudad durante el segundo semestre de 2026.

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¿Qué placas tienen restricción de pico y placa en Cali este miércoles?

Este miércoles en Cali, la medida de pico y placa aplica para los vehículos particulares cuyas placas terminan en los números 3 y 4, según la rotación determinada por la Secretaría de Movilidad de Cali y recogida por Noticiero 90 Minutos. La restricción opera desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.

¿Cuáles son las sanciones por incumplir el pico y placa en Cali?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad de Cali, circular durante el horario restringido puede acarrear la imposición de un comparendo y la posible inmovilización del vehículo. Por esta razón, resulta relevante consultar cada día la rotación vigente y cumplir con la medida.

El presidente de Colombia y la cúpula militar no salieron del consejo de seguridad durante varias horas hasta descartar la presencia de explosivos, según La Fm le atribuyó a altas fuentes debido a la amenaza de un carrobomba del Eln, entre Tame y Arauca.

La cumbre extraordinaria tuvo como sede oficial las dependencias tácticas de la Brigada 18, adscrita a la Octava División del Ejército Nacional.

En este recinto se reunieron ministros, altos mandos militares y policiales, junto a gobernantes locales, buscando estructurar planes efectivos contra la delincuencia organizada y las guerrillas.

La movilización de los altos mandos hacia la capital araucana comenzó desde muy temprano, respondiendo a la instrucción directa impartida por el jefe de Estado.

Entre los integrantes del gabinete gubernamental presentes destacaron el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora; el de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán; y el de Ambiente, Fabio Arjona.

A la cita en Arauca, donde De la Espriella dio un regaño, asistió el comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez Aparicio, junto al general José Bertulfo Soto, comandante del Ejército Nacional.

Completaron la delegación el general Juan Jaime Martínez Ossa, de la Fuerza Aérea; el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, de la Armada; y el general Alejandro Barrera, director policial.

Hacia las 10:00 a.m., el presidente Abelardo De la Espriella ingresó a la base militar para encabezar la reunión con la cúpula de la Fuerza Pública.

Mientras avanzaban las discusiones estratégicas, los organismos de inteligencia detectaron un peligro inminente que activó los protocolos de protección en toda la zona.

Un informe de seguridad detalló que insurgentes del Eln atravesaron un camión sobre la arteria vial en la vereda Flor Amarillo.

El reporte señala que integrantes del Eln abandonaron un camión en el sector de Flor Amarillo, un punto entre Tame y Arauca, donde se desarrollaba el consejo.

Para encarar la contingencia, la Octava División envió contingentes especializados en desactivación de artefactos letales hasta el sitio del hallazgo.

Las maniobras de inspección se prolongaron por dos horas, obligando al mandatario, ministros y mandos a permanecer preventivamente en la instalación militar.

Pese a contar con medios de evacuación aérea para el presidente y la cúpula, “decidieron quedarse para verificar directamente la situación”.

Concluida la revisión técnica, los uniformados comprobaron que el automotor carecía de cargas explosivas y procedieron a retirarlo del corredor vial.

El nuevo esquema de seguridad aprobado centrará sus esfuerzos operacionales en contener las acciones delictivas del Eln y blindar la frontera con Venezuela.

La estrategia contempla una campaña militar y policial para articular la inteligencia entre Ejército, FAC, Armada, Policía y la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades descartaron por el momento la llegada de una Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), pero garantizaron un despliegue especial en puntos clave.

Adicionalmente, las tropas de la Primera Brigada, con sede en Boyacá, apoyarán las operaciones de vigilancia en los corredores estratégicos de Arauca.

Las acciones sobre el límite internacional buscarán identificar trochas ilegales empleadas para el contrabando de droga, hidrocarburos y el escape de criminales hacia Venezuela.

Al término de la reunión, la cartera de Defensa reportó una reducción del 56,3 % en homicidios y del 71 % en ataques a la Fuerza Pública en 70 días.

Asimismo, el Gobierno fijó como prioridades de neutralización a alias ‘Dumar’, del Frente Domingo Laín del Eln, y alias ‘Franklin’ o ‘Mata amarrados’, de disidencias de las Farc.

El Ministerio de Defensa confirmó que intensificará los operativos en territorio araucano para capturar a estos cabecillas y devolver la tranquilidad a la población.

Frente al debate sobre la reforma pensional, Zuleta expuso su propuesta de contrarreforma, insistiendo en la urgencia de modificar ciertos aspectos del sistema actual para garantizar la estabilidad financiera y el bienestar de futuros pensionados. Para la congresista, las reformas planteadas hasta el momento no han solucionado las preocupaciones de fondo, por lo que propone otra ruta para responder a la gravedad del problema y evitar que los más vulnerables sean los más afectados.

La senadora también hizo hincapié en la urgente necesidad de levantar las restricciones ambientales vigentes en el departamento del Cesar, particularmente aquellas que dificultan la producción de energía termoeléctrica. Zuleta argumenta que, sin estas limitaciones, la región contaría con más herramientas para impulsar su desarrollo económico y garantizar la seguridad energética, aspectos que, según ella, son prioritarios para el bienestar de la población local.

En el marco político, Zuleta detalló que el Centro Democrático ya se encuentra trabajando en la preparación y fortalecimiento de sus bases con miras a las elecciones territoriales de 2027. La congresista resaltó la importancia de la organización y del trabajo de base para garantizar una representación efectiva en cargos públicos regionales, así como la ejecución de proyectos que respondan a las necesidades de las comunidades, de acuerdo con lo conversado en la entrevista realizada por EL PILÓN.

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¿Cuáles son los principales retos estructurales que enfrenta el Cesar según Claudia Margarita Zuleta?

De acuerdo con la entrevista citada por EL PILÓN, la senadora Claudia Margarita Zuleta identifica varios retos estructurales en el Cesar, como la necesidad de fortalecer la gestión pública, superar restricciones que frenan el desarrollo energético y adaptar las políticas sociales para responder a las necesidades reales de la población.

¿Qué propuestas tiene Claudia Margarita Zuleta sobre la reforma pensional y el desarrollo energético en el Cesar?

Según la información recogida por EL PILÓN, Claudia Margarita Zuleta propone una contrarreforma pensional que responda a las deficiencias del sistema actual y urge levantar algunas restricciones ambientales para favorecer la producción de energía termoeléctrica, buscando así fortalecer tanto el bienestar social como el desarrollo económico regional.

Rojas reemplazará a Alejandro Ramelli y asumirá la representación de esta jurisdicción, creada a partir del Acuerdo de Paz de 2016.

Rojas es abogado de la Universidad Libre y cuenta con especializaciones, maestría y doctorado en Derecho de la Universidad Nacional, además de estudios en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante. Su trayectoria incluye experiencia académica, trabajo en derechos humanos y cargos públicos.

Fue consultor de organismos como la ONU y el Consejo Noruego para los Refugiados, dirigió la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y fue magistrado y presidente del Consejo de Estado.

Actualmente integra la Sección de Apelación de la JEP. Entre las decisiones relevantes que ha respaldado está la permanencia del exparamilitar Salvatore Mancuso en esa jurisdicción, determinación que motivó una recusación de la Procuraduría.

Rojas ya había aspirado a la presidencia del tribunal en 2024, cuando perdió frente a Ramelli. En esta elección compitió con otros magistrados, entre ellos Camilo Suárez y Reinere de los Ángeles Jaramillo.

Las imágenes muestran a un hombre no identificado que es seguido por los dos empleados de seguridad que empujan los carritos en un supermercado, a pesar de que no es su labor oficial.

Precisamente, la revelación sobre esas acciones que causaron la reacción general de los usuarios desembocaron en un anuncio de la entidad en cuestión por esos espacios digitales.

De esa manera, la respuesta llegó el martes 20 de octubre por medio de la cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter) con la clara indisposición por esas publicaciones.

“Ante las recientes denuncias en redes sociales sobre un presunto mal uso de medidas de protección por parte de un beneficiario, la Unidad Nacional de Protección informa que no tolerará estas prácticas y reitera que los esquemas de protección son asignados para salvaguardar vidas y son financiados con recursos públicos”, indicó en la primera parte de su mensaje.

De hecho, el presidente Abelardo de la Espriella había cuestionado a esquemas de la UNP recientemente, al punto de plantear el desmonte en algunos casos en los que se ofrece este apoyo.

De ahí, la UNP remarcó cuáles son las acciones correspondientes que tiene previsto para asumir frente al caso en cuestión y otro tipo de situaciones que quedaron bajo lupa de la entidad.

“Ante estas presuntas irregularidades, se adelantará un riguroso proceso administrativo sancionatorio y se notificará a la empresa contratista para las acciones disciplinarias a que haya lugar contra el personal de protección”, aseveró.

Cabe aclarar que si bien para el caso la Unidad Nacional de Protección no hizo ninguna referencia a la persona que recibe el beneficio de seguridad, sentenció con una advertencia contundente.

“Los recursos del Estado se respetan. La protección es un compromiso con la vida”, concluyó frente a un caso que no pasó desapercibido luego de que lo expusieron en redes sociales.

Este es el video en el que acabó en evidencia el uso de los miembros de seguridad para empujar carritos, lo que reduce su margen de reacción en una eventual situación de riesgo.

 

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La Unidad Nacional de Protección asigna esquemas de seguridad exclusivamente a ciudadanos pertenecientes a grupos poblacionales específicos que afrontan un riesgo extraordinario o extremo acreditado.

Entre los beneficiarios se encuentran dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas, periodistas, servidores públicos, magistrados y víctimas del conflicto armado interno.

Asimismo, la entidad brinda protección a firmantes de paz, reclamantes de tierras, miembros de la Misión Médica y dirigentes de grupos étnicos constituidos legalmente.

La asignación de las medidas materiales depende de una evaluación técnica realizada por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas del programa.

Para identificar correctamente a los agentes de protección en servicio, los ciudadanos deben observar distintos distintivos institucionales oficiales exigidos por la normatividad nacional.

La Unidad Nacional de Protección administra millonarios recursos públicos destinados a garantizar la seguridad física de ciudadanos e integrantes de poblaciones vulnerables con riesgo elevado.

Un esquema de seguridad promedio en Colombia le representa al Estado un desembolso mensual superior a los 45 millones de pesos por cada beneficiario asignado.

El presupuesto individual varía según la cantidad de personal de escolta asignado, los vehículos utilizados, el tipo de blindaje, el combustible y los peajes requeridos.

En cuanto al talento humano, cada hombre de protección o escolta asignado genera un costo aproximado de 13,8 millones de pesos mensuales a la entidad.

Por su parte, el arrendamiento y mantenimiento de una camioneta blindada de alto nivel representa una erogación mensual cercana a los 17,9 millones de pesos.

Adicionalmente, un vehículo convencional sin blindaje representa para la institución un costo estimado de 8 millones de pesos por cada mes de operación.

Los esquemas de mayor envergadura y complejidad logística, como los asignados a altos dignatarios o excombatientes, pueden superar los 335 millones de pesos mensuales.

Estas cifras corresponden a la contratación de personal, la logística vehicular, los viáticos, los chalecos antibalas, el armamento de dotación y los equipos de radiocomunicación.

El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona ubicada cerca del municipio de Los Santos, una de las áreas del país con frecuente actividad sísmica.

De acuerdo con el reporte, el sismo ocurrió a las 10:14 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 129 kilómetros. La localización del evento fue establecida en las coordenadas 6,81° de latitud y -73,14° de longitud.

El municipio de Los Santos fue identificado como el más cercano al punto del movimiento, a una distancia aproximada de 7 kilómetros.

También aparecen como poblaciones cercanas Jordán, ubicado a 10 kilómetros, y Zapatoca, a unos 14 kilómetros del epicentro.

El registro fue obtenido a partir de nueve estaciones de monitoreo y aparece con estatus automático dentro de la información publicada por el SGC.

El evento presentó un RMS de 0,6 segundos y un gap de 137 grados.

Por su magnitud relativamente baja y su considerable profundidad, el movimiento fue de intensidad reducida. El reporte permite conocer las características y ubicación del sismo registrado durante la mañana de este martes en Santander.

La JEP es reconocida por ser el mecanismo judicial derivado del Acuerdo de Paz de 2016, con el mandato de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos en el conflicto armado colombiano. El presidente de la JEP asume la tarea de coordinar, dirigir y representar a esta jurisdicción transicional, cuya estabilidad institucional enfrenta retos como la reducción significativa de su presupuesto, que para 2027 asciende a 181.000 millones de pesos colombianos, tema que aún debe ser definido en el Congreso de la República. Además, enfrenta el desafío del diálogo pendiente con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, con el que hasta la fecha no ha logrado concertaciones necesarias para el funcionamiento adecuado de la justicia transicional.

Danilo Rojas Betancourth, además de haber sido candidato a la presidencia de la JEP en dos ocasiones anteriores, integra el Tribunal para la Paz, específicamente en la Sección de Apelaciones, considerada la última instancia dentro de la jurisdicción transicional. Su trayectoria profesional es amplia. Nació en San Antonio, Tolima, es abogado de la Universidad Libre, con especializaciones en instituciones jurídico-políticas y derecho público. Realizó una maestría y un doctorado en derecho en la Universidad Nacional de Colombia. En su recorrido profesional, ha trabajado como consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en el Consejo Noruego para los Refugiados (CNR).

Asimismo, tuvo a su cargo la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango y ejerció como consejero de Estado, cargo que presidió en 2016. Durante su tiempo en la JEP, Rojas Betancourth ha defendido reiteradamente el carácter fundamental de la entidad y sus competencias dentro del marco del cumplimiento del Acuerdo de Paz.

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¿Cuáles son los retos que enfrenta Danilo Rojas Betancourth como nuevo presidente de la JEP?

Danilo Rojas Betancourth deberá sortear desafíos como la reducción del presupuesto de la JEP, que en 2027 se proyecta en 181.000 millones de pesos colombianos, y la falta de diálogo hasta el momento con el gobierno actual de Abelardo de la Espriella. También tendrá la responsabilidad de coordinar el funcionamiento de la justicia transicional, especialmente en tiempos de incertidumbre institucional, según El Espectador.

¿Qué significa la Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz y cuál es su función?

La Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz, donde actualmente ejerce Danilo Rojas, es la instancia encargada de resolver los recursos contra sentencias de primera instancia en la JEP, permitiendo el cierre jurídico definitivo de los expedientes dentro de la justicia transicional, tal como explicó El Espectador.

Durante el procedimiento, Balanta habría sido sometido a golpes e impactos repetidos con un dispositivo Taser, incluso una vez dentro de la estación de policía. Permaneció allí cerca de 20 minutos, presentando dificultades para respirar y dolor en el pecho, además de solicitar atención médica, la cual, de acuerdo a lo indagado, no fue atendida de inmediato. La necropsia concluyó que Balanta tenía lesiones compatibles con el uso de un dispositivo de conducción eléctrica, algunas contusiones adicionales y otras marcas físicas. El dictamen de Medicina Legal estableció como causa de muerte una arritmia cardíaca asociada al uso del dispositivo, aunque el análisis histopatológico advirtió que sus hallazgos no permiten demostrar por sí solos que las descargas eléctricas fueran la causa directa del fallecimiento.

Ya suman cinco los uniformados investigados por el caso, y recientemente se realizó una nueva captura relacionada. Entre los procesados destacan el patrullero Johathan Alexánder Giraldo, señalado de haber activado en varias oportunidades el Taser contra Balanta, junto a los patrulleros Santiago Vargas Romero y Nahumer Hernando Vergel, el subintendente Henar Tapiero Tique y el mayor Roque Correa Yáñez. La audiencia de legalización de capturas y allanamientos inició ante el Juzgado 02 Penal de Control de Garantías. Sin embargo, en una decisión relevante, el juez acogió la petición de la Fiscalía y declaró reservada la audiencia en la etapa de legalización, con el fin de proteger la integridad de la investigación, dado que se presentarán datos de potenciales implicados adicionales y pruebas audiovisuales sensibles.

Se prevé que la audiencia retome su carácter público en el momento en que se formalice la imputación de cargos, entre los que se cuentan homicidio agravado, tortura agravada y falsedad ideológica en documento público, de acuerdo con El Espectador. Por lo pronto, la vinculación de los policías no significa una condena, ya que la responsabilidad individual deberá determinarse a lo largo del proceso penal.

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¿Qué cargos enfrentan los policías implicados en el caso Donovan Balanta?

De acuerdo con información reportada por El Espectador, los policías vinculados a la muerte de Donovan Balanta enfrentan cargos por homicidio agravado, tortura agravada y falsedad ideológica en documento público. La acusación será formalizada en audiencia, una vez esta vuelva a ser pública.

¿Por qué se declaró reservada la audiencia en el caso Donovan Balanta?

El juez de control de garantías, a solicitud de la Fiscalía, declaró reservada la audiencia durante las etapas de legalización de capturas y allanamientos. El motivo, según el representante del ente acusador citado por El Espectador, es que se presentarán pruebas audiovisuales y detalles sobre nuevos presuntos implicados cuya divulgación podría afectar el curso correcto de la investigación.

Las denuncias que surgieron en torno a estos encuentros se centran en presuntos ofrecimientos de beneficios jurídicos y carcelarios a los exjefes paramilitares a cambio de declaraciones dirigidas contra figuras de la oposición, hechos que están siendo objeto de investigaciones oficiales. De acuerdo con el documento revelado por La FM, el Estado se comprometió a estudiar la revisión de la extradición de algunos exparamilitares, mejorar sus condiciones carcelarias y analizar la excarcelación de quienes aún permanecen privados de la libertad. También se contempló la creación de colonias agrícolas, una figura de resocialización orientada a que antiguos integrantes de la AUC realicen actividades productivas que favorezcan a las comunidades, aunque no se detalló cómo serían implementadas, financiadas ni sus condiciones de acceso.

La declaración, fechada el 24 de octubre de 2025, detalló los mecanismos legales que serían examinados, entre ellos la reubicación en centros penitenciarios, el ejercicio de actividades de los gestores de paz desde la cárcel y la acumulación jurídica de penas. No obstante, el texto aclaró que ninguna de estas alternativas constituía una decisión definitiva ni suponía la concesión automática de los beneficios. Adicionalmente, el acuerdo instó a revisar los bienes entregados y por entregar por parte de los excombatientes, su destino y el manejo de las pruebas, incluyendo la organización de archivos judiciales, académicos y políticos relacionados con las AUC y el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En cuanto a los siguientes pasos, el documento exigió a los gestores de paz actualizar en un plazo de diez días hábiles sus planes de trabajo para identificar las acciones necesarias para la puesta en marcha de los compromisos pactados en Valledupar.

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¿Qué es el Pacto de Valledupar y quiénes participaron en sus reuniones?

El Pacto de Valledupar es el nombre dado a una serie de reuniones celebradas en octubre de 2025 en las que participaron excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, con figuras como Salvatore Mancuso y Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, en busca de avanzar hacia el cierre del proceso conocido como Ralito.

¿Qué propuestas y compromisos quedaron consignados en el documento del Pacto de Valledupar?

El documento revelado detalla propuestas como la revisión de la extradición y condiciones carcelarias de los exparamilitares, la creación de colonias agrícolas para su resocialización y la revisión de bienes entregados o por entregar, así como la necesidad de actualizar planes de trabajo para implementar los compromisos alcanzados.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las actuaciones de De Roux se ajustaron a las normas establecidas en el derecho canónico, es decir, el conjunto de normas jurídicas y disciplinarias que regulan la organización y funcionamiento de la Iglesia católica, especialmente en lo relacionado con sus miembros y los procedimientos internos. La entidad argumentó que, en el momento de los hechos, el sacerdote activó los mecanismos canónicos que estaban previstos ante situaciones como la investigada, lo que para el ente acusador excluye la existencia de una falta penal en su conducta.

Durante la audiencia, el juez subrayó que no existía evidencia de que De Roux hubiera incumplido algún deber funcional, religioso o institucional. Según destacó, tampoco se pudo concluir que las acciones u omisiones del sacerdote pudieran transformarse en un comportamiento de tipo penal. "No se puede presumir que tenía una posición de garante de una persecución penal", manifestó el despacho, citando directamente lo discutido en la diligencia.

La determinación judicial aclara que la preclusión de este proceso no significa que los hechos de abuso sexual no hayan ocurrido, sino que en relación con la conducta de Francisco de Roux no se configuró el presunto delito de encubrimiento. El fallo resalta que De Roux, en calidad de sacerdote provincial, activó los mecanismos institucionales en el marco del derecho canónico, lo que derivó en la imposición de sanciones eclesiásticas. Además, la valoración global de las actuaciones y la prescripción de la investigación permitieron concluir que la conducta atribuida al sacerdote carecía de tipicidad penal.

La decisión refuerza la importancia de analizar cada caso dentro de su contexto jurídico, diferenciando entre las acciones tomadas de acuerdo a normas internas, como el derecho canónico, y las exigencias de la normatividad penal colombiana, siempre bajo la observación de un juez de conocimiento y del ente acusador.

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¿Por qué se archivó la investigación contra el padre Francisco de Roux?

La investigación fue archivada porque, según el juzgado 54 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, el padre Francisco de Roux actuó siguiendo las normas del derecho canónico. Se concluyó que su conducta, al activar los mecanismos eclesiásticos pertinentes, no representó un incumplimiento penal ni un encubrimiento según los parámetros jurídicos colombianos.

¿Qué es el derecho canónico y cómo influyó en el caso del padre De Roux?

El derecho canónico es el conjunto de normas jurídicas que rige la organización y procedimientos internos de la Iglesia católica. En este caso, influyó al determinar que De Roux, actuando como sacerdote provincial, aplicó las medidas requeridas por estas normas ante los hechos investigados, lo cual fue decisivo para considerar que no hubo conducta punible atribuible a él en materia penal.

Este proyecto contempla la integración de vivienda, comercio y servicios en una zona con un potencial edificable aproximado de 87.000 metros cuadrados. Su localización en pleno Centro Internacional y junto al futuro nodo de integración del sistema de transporte de la capital posiciona a Metro 26 como un eje fundamental para la articulación urbana. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía de Bogotá, el desarrollo se vinculará de forma directa a la Primera Línea del Metro de Bogotá, el sistema TransMilenio y el Regiotram de Occidente. Esta conexión busca potenciar el acceso a la movilidad y aprovechar al máximo el predio urbano para garantizar su revitalización.

Carlos Felipe Reyes, gerente general de RenoBo, afirmó: "Esta será la oportunidad para que las principales empresas del sector conozcan el Proyecto Metro 26, exploren posibilidades de participación y evalúen su potencial de desarrollo e inversión. Buscamos transformar el corazón de Bogotá con mejores opciones de vivienda, comercio y servicios, aprovechando una ubicación estratégica y su conexión con los principales sistemas de transporte de la ciudad".

En la jornada, RenoBo no solo socializará el alcance arquitectónico y urbano de Metro 26, sino que dará a conocer el modelo de negocio propuesto. Este modelo prevé la vinculación de un socio desarrollador e inversionista, quien participará activamente en la estructuración y ejecución del proyecto, sumando un ventaja adicional: el suelo listo para desarrollar o ready to build, considerado un activo estratégico al reducir tiempos y riesgos.

El Proyecto Metro 26 ha sido planeado dentro del marco del Plan Parcial Estación Metro 26, un instrumento diseñado para una intervención integral sobre un área de 9,3 hectáreas. Según la administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, la intención es consolidar un modelo de gestión del suelo que impulse la colaboración entre el sector público y privado, dinamice la inversión inmobiliaria y acelere la revitalización del centro de la ciudad.

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¿Qué es el Proyecto Metro 26 en Bogotá y cuál es su objetivo principal?

El Proyecto Metro 26 es una iniciativa impulsada por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), cuya meta es integrar vivienda, comercio y servicios en una zona estratégica del centro de la ciudad, articulada con los principales sistemas de transporte, según la Alcaldía de Bogotá. Su objetivo principal es fomentar la renovación urbana y facilitar la inversión conjunta entre sectores público y privado para revitalizar el corazón de Bogotá.

¿En qué consiste el modelo de negocio del Proyecto Metro 26 en Bogotá?

De acuerdo con RenoBo, el modelo de negocio del Proyecto Metro 26 incluye la participación de un socio desarrollador e inversionista en la estructuración y ejecución del proyecto. Uno de sus componentes clave es el suelo "ready to build", o listo para desarrollar, lo que significa que el terreno está listo para ser intervenido desde el punto de vista técnico y normativo, agilizando así el proceso de construcción y reduciendo los riesgos para futuros inversionistas.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades y fuentes castrenses, los acontecimientos se registraron en la madrugada de este martes, momentos en los que un pelotón perteneciente a la Brigada de Atención de Desastres se alistaba para cumplir una misión urgente de apoyo. Los uniformados tenían previsto desplazarse hacia el municipio de Villa de Leyva con el propósito de colaborar en las labores orientadas a sofocar un incendio forestal que ya había sido controlado en un 90 por ciento la noche anterior, pero que requería liquidación total con apoyo aéreo.

Las primeras hipótesis sobre el origen de la confrontación apuntan a un cruce de palabras derivado de instrucciones operativas. Según reveló una fuente militar a los medios de comunicación, “al parecer, todo comenzó con una orden dada por el sargento, que fue respondida de manera airada por el soldado y, en medio de una refriega, este último accionó su fusil contra su superior y contra otro de sus compañeros; después, al ver lo que había hecho, se disparó”.

El reporte oficial y las indagaciones preliminares señalan que el soldado profesional Edwin Malabet Collante disparó por la espalda a su superior, el sargento segundo Héctor Hernando Lozano Burgos, quien falleció de manera instantánea. En medio de la balacera dentro de la guarnición, un proyectil alcanzó al soldado profesional Luis Alberto Barrios Carmona, hiriéndolo en el dedo meñique del pie derecho, y también lesionó a un canino que integraba el mismo grupo operativo. Tras perpetrar el ataque, el agresor accionó su arma de dotación contra sí mismo y se quitó la vida.

Tras conocerse la emergencia, la unidad militar experimentó un intenso despliegue de ambulancias y vehículos oficiales que generó gran revuelo entre los habitantes y el personal de turno. El hermetismo institucional prevaleció durante las primeras horas de la mañana, mientras los mandos superiores tomaban el control de la situación y notificaban a los organismos judiciales competentes para iniciar las diligencias de rigor.

Horas más tarde, el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional emitió un comunicado oficial en el que confirmó los lamentables hechos: “En las instalaciones del Batallón de Artillería N.° 1, ubicado en Sogamoso, Boyacá, se presentó un suceso con arma de fuego que dejó como resultado el fallecimiento de dos integrantes de la institución, además de un militar lesionado y un canino herido”. Asimismo, la institución castrense puntualizó: “En el hecho se habría visto involucrado un soldado profesional, quien accionó su arma de dotación contra un suboficial, ocasionando además lesiones a un soldado y a un canino. Posteriormente, se habría quitado la vida”.

Ante la conmoción generada por este episodio al interior de las filas castrenses, el Ejército Nacional dispuso de un equipo interdisciplinario de acompañamiento psicológico y social para brindar soporte a los familiares del sargento Lozano Burgos y del soldado Malabet Collante. Entre tanto, el soldado herido y el canino reciben atención médica especializada, al tiempo que las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la trágica riña continúan bajo una rigurosa investigación penal y disciplinaria a cargo de las autoridades competentes.

Los salones de baile impulsados por Idartes destacan por su carácter gratuito y su enfoque en la inclusión, ya que están dirigidos a personas de todas las edades dispuestas a explorar la danza social. Quienes asisten a estos encuentros pueden dejarse llevar no solo por géneros como el tango —protagonista de 'Susurros de Bandoneón'—, sino también por la salsa, bachata, merengue y bailes tradicionales representativos de distintas regiones como el Caribe, el Pacífico y la zona andina. Según Idartes, el objetivo va más allá de la simple actividad física, pues estos espacios buscan fomentar el bienestar emocional, fortalecer el tejido social e integrar a la ciudadanía por medio de la música y el movimiento.

El evento será realizado el viernes 23 de octubre de 2026, en una franja horaria de 5:00 a 7:00 de la tarde, dentro de las instalaciones del CEFE Chapinero, específicamente en el Ágora, piso 6, con dirección en la calle 82 No. 11 – 69. La entrada es totalmente libre y se asignará hasta que se complete el aforo disponible, asegurando así que más personas puedan tener acceso a la experiencia sin costo alguno.

Participar en 'Susurros de Bandoneón' no solo permite disfrutar del baile y la música en vivo, sino que también abre la posibilidad de conectarse con otras personas, aprender de profesionales y fortalecer la identidad cultural bogotana. En definitiva, es una apuesta por la cultura y la integración comunitaria que sigue encontrando espacios vitales en la capital colombiana, como lo demuestra la agenda cultural que promueve Idartes.

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¿Cómo puede participar en los salones de baile gratis de Idartes en Bogotá?

Es posible participar en los salones de baile organizados por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) simplemente asistiendo al lugar y hora indicados para cada evento, como en el caso de 'Susurros de Bandoneón' en el CEFE Chapinero, donde la entrada es libre hasta completar el aforo, según lo señalado en la información oficial.

¿Qué beneficios ofrecen los salones de baile para la integración y el bienestar en Bogotá?

De acuerdo con Idartes, los salones de baile, además de facilitar la actividad física, aportan al bienestar emocional, la integración comunitaria y el fortalecimiento del tejido social, brindando espacios compartidos para la danza y la cultura en la capital.

La acusación formal de la Fiscalía incluye los delitos de homicidio agravado y tortura agravada. La investigación busca esclarecer la posible responsabilidad de los policías en las agresiones sufridas por Balanta el 20 de septiembre, cuando, después de ser reducido y esposado durante el procedimiento, fue trasladado a la Estación de Policía de Cazucá. Según los datos recopilados por El Espectador, Balanta fue víctima de golpes y recibió múltiples descargas con un dispositivo Taser, incluso ya estando dentro de la estación. Permanece documentado que, durante cerca de 20 minutos, presentó dificultades respiratorias, dolor en el pecho y solicitó atención médica, la cual no habría sido brindada a tiempo, de acuerdo con la investigación oficial.

El informe de necropsia realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal identificó lesiones compatibles con el empleo de un dispositivo de conducción eléctrica, así como hematomas y otras lesiones. Si bien Medicina Legal estableció como causa de muerte una arritmia cardíaca asociada al uso del dispositivo, el estudio histopatológico aclaró que sus hallazgos no permiten determinar una relación causal directa entre las descargas eléctricas y el deceso.

Los hechos se desencadenaron tras una discusión vecinal en el barrio Caracolí. Testigos afirmaron que uno de los policías emitió comentarios racistas, incluyendo la frase: “Estoy acostumbrado a matar negros guerrilleros en el Chocó”. Durante la intervención, José Luis Guerrero recibió descargas eléctricas y fue capturado. Donovan Balanta, quien se encontraba en el lugar, habría lanzado un objeto contra los uniformados antes de intentar huir. Posteriormente, fue alcanzado, presuntamente golpeado y sometido a descargas eléctricas incluso después de estar esposado. La actuación de los mandos policiales también está bajo investigación, ya que, según la reconstrucción de los hechos, el mayor al mando habría intervenido para detener el uso del Taser pero no ordenó el traslado inmediato de Balanta a un centro médico. Finalmente, Balanta fue llevado al hospital tras perder el conocimiento, donde falleció horas después.

Con la detención de este quinto policía, la Fiscalía continúa con el proceso judicial, centrado en esclarecer la responsabilidad de cada uno de los involucrados y en determinar la gravedad de los hechos, en un caso que ha captado la atención pública por el contexto de abuso de autoridad y racismo denunciados.

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¿Cuál fue la causa de muerte de Donovan Balanta según Medicina Legal?

El Instituto Nacional de Medicina Legal consignó como causa de muerte una arritmia cardíaca asociada al uso de un dispositivo de conducción eléctrica. No obstante, el informe histopatológico señaló que los hallazgos obtenidos no permiten establecer por sí mismos una relación causal directa entre las descargas eléctricas aplicadas y el fallecimiento de Donovan Balanta.

¿Por qué la Fiscalía imputa homicidio agravado y tortura agravada a los policías implicados?

De acuerdo con El Espectador, la Fiscalía fundamenta la imputación de homicidio agravado y tortura agravada en las presuntas agresiones físicas y el uso de un dispositivo eléctrico (Taser) contra Donovan Balanta, sumado a la posible demora en la atención médica. La fiscalía busca determinar la responsabilidad individual de los funcionarios en las circunstancias que rodearon la muerte del líder comunitario tras el procedimiento policial.

El encuentro contó con la asistencia de reconocidos parlamentarios como Enrique Gómez (Salvación Nacional), Hernán Cadavid (Centro Democrático) y James Mosquera (Citrep). Esta cita se dio después de conocerse la primera ponencia, respaldada por firmas de miembros del Senado y la Cámara, una señal de que el debate legislativo avanzará con celeridad al portar mensaje de urgencia.

De acuerdo con declaraciones de Cadavid, el trámite del proyecto busca definir dos puntos centrales: la eliminación de la política de “paz total” y el establecimiento de condiciones para el sometimiento de personas y grupos criminales, sin que se establezcan beneficios desproporcionados fuera de los estrictamente legales. Esta línea sustituiría modelos anteriores basados en amplias concesiones.

El documento presentado redujo el articulado original de 28 a 22 artículos, detallando también un cambio fundamental en la terminología: el “rol de liderazgo” cambió por “rol de mando”. Se establecieron límites estrictos sobre cómo evaluar posibles rebajas y beneficios, que solo estarán disponibles para quienes no hayan ejercido dicho rol de mando dentro de las estructuras criminales.

Los ponentes puntualizaron en el texto que los máximos cabecillas enfrentarán una pena mínima de diez años, y que los mecanismos de control para acreditar los miembros de organizaciones criminales serán más rigurosos bajo este nuevo marco jurídico. Según explicaron los ministros Cancino y Rodrigo Lara (Interior), el fin último es instaurar un marco legal que facilite el desmonte, desarme y sometimiento, excluyendo cualquier negociación de índole política. Por eso, toda interlocución será a través de abogados, los espacios de diálogo estarán limitados y la víctima será el eje del proceso. Los beneficios y rebajas de pena oscilarán entre el 30 % y el 50 %, dependiendo de la función criminal del solicitante.

Por ahora, la comunidad política y la opinión pública continúan a la espera del estatuto antiterrorista, un documento extenso que, después de recibir observaciones del Consejo de Política Criminal, regresó a la Casa de Nariño para la última revisión antes de ser radicado en el Congreso, reportó Caracol Radio.

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¿En qué consiste el proyecto de ley de sometimiento discutido por el Congreso?

El proyecto de ley de sometimiento discutido por el Congreso busca establecer un marco legal para que grupos y personas vinculadas a estructuras criminales se acojan voluntariamente a la justicia. Este proceso descarta negociaciones con tintes políticos y limita los beneficios a rebajas de pena exclusivamente legales, dependiendo del rol que haya tenido cada integrante dentro de la organización. Fuentes citadas como El Espectador y Caracol Radio detallan que se eliminan beneficios excesivos y se impone una pena mínima obligatoria para cabecillas.

¿Por qué es relevante la eliminación de la “paz total” en el nuevo proyecto de sometimiento?

La eliminación de la “paz total” resulta relevante porque marca una ruptura con el enfoque anterior, al dejar de lado concesiones amplias e introducir condiciones más estrictas para el sometimiento a la justicia. Según lo expuesto en la reunión y reportado por El Espectador, esto responde a la intención de evitar negociaciones políticas y garantizar que los beneficios otorgados se limiten a lo estrictamente legal, priorizando siempre a las víctimas en el proceso.

Este marco legal se hace más estricto cuando los conductores realizan acciones que pueden generar distracciones al volante, como encender un cigarrillo, cometer maniobras no autorizadas o ignorar normas de tránsito. En esos casos, el conductor corre el riesgo de no concentrarse en la conducción y de provocar accidentes o infracciones. En cuanto a los vehículos de servicio público, el Código Nacional de Policía y Convivencia afirma, en su artículo 26, que existen restricciones específicas para el comportamiento dentro del transporte público, vehículos escolares o aquellos que transportan sustancias peligrosas o inflamables. Fumar en este contexto está estrictamente prohibido.

Las autoridades pueden imponer sanciones si detectan que el conductor está cometiendo una imprudencia, por ejemplo, si enciende un cigarrillo y, al hacerlo, suelta el volante, manipula cenizas, o llega a perder el control del vehículo. Incluso las empresas transportadoras tienen la obligación de llevar un registro de todas las infracciones de sus empleados, conforme al artículo 93 del citado Código de Tránsito; si omiten este control, también pueden recibir sanciones de las autoridades.

La sanción por fumar mientras se maneja no es menor. El infractor puede enfrentarse a una multa equivalente a 10 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), suma que asciende a $583.635,00 pesos según la referencia dada por 90minutos.co. Además del pago de esta multa, la persona debe cumplir de manera obligatoria con un curso de seguridad vial, buscando así concienciar sobre los riesgos implicados y fomentar mejores hábitos de conducción.

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¿Cuál es la multa por fumar mientras conduce un vehículo de servicio público en Colombia?

De acuerdo con lo informado, la multa por fumar al volante dentro de un vehículo de servicio público en Colombia corresponde a 10 salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que equivale a $583.635,00 pesos. Además de pagar esta suma, el conductor sancionado debe asistir obligatoriamente a un curso de seguridad vial.

¿Qué prohíbe exactamente la ley colombiana sobre fumar en el transporte público?

La legislación colombiana, según el Código Nacional de Policía y Convivencia, prohíbe fumar en vehículos de servicio público, transporte escolar y en aquellos que movilizan sustancias inflamables o peligrosas. Esta restricción se impone para evitar distracciones y proteger la vida e integridad tanto de los pasajeros como de otras personas en la vía.

Ninguna autoridad reveló el nombre del propietario del vehículo, a pesar de que medios locales y del exterior registraron la estrellada de una camioneta Cybertruck Tesla, de cerca de 700 millones de pesos, en la vía que conduce de Rionegro a Llanogrande (Antioquia).

Los reportes iniciales confirmaron que el siniestro ocurrió el pasado lunes, 19 de octubre, a las 7:30 de la mañana, provocando cortes de energía tras impactar la infraestructura.

Además, que la camioneta quedó incrustada en un poste de la luz, afectando la red eléctrica de la zona. De hecho, no aparecen multas impuestas por el accidente.

Frente al secretismo que rodeó las primeras investigaciones viales, las pesquisas periodísticas de El Tiempo lograron precisar la identidad del conductor y los antecedentes del automotor comercializado.

Así, se estableció que el propietario de la lujosa camioneta es un venezolano, de 27 años, nacido en el municipio de Piar, estado Bolívar.

Los registros públicos revelan antecedentes de infracciones por exceso de velocidad cometidas previamente por el ciudadano extranjero en la capital antioqueña.

De hecho, en julio pasado le impusieron un fotocomparendo por ir a alta velocidad en la zona de El Poblado, en Medellín. Se trata de Anderson José Osuna Castillo quien se presenta como un comerciante del sector de la seguridad.

El empresario venezolano figura como titular absoluto de una firma constituida recientemente en territorio nacional para prestar servicios de vigilancia privada.

Asimismo, se indicó que Osuna aparece como socio único y controlante de Pretorium Wolf Protection SAS., creada en diciembre de 2025 en Medellín con un capital de 2 millones de pesos e ingresos por 187 millones de pesos.

Asimismo, trascendieron publicaciones digitales que vincularon la procedencia del vehículo Tesla con un sorteo promovido por un reconocido creador de contenido digital.

Autoridades locales dijeron que en redes hay un video, fechado el 15 de agosto de 2025, en donde se asegura que Osuna se ganó el lujoso vehículo en una rifa.

“De aquellos días haciendo seguridad para @westcol a hoy, recibiendo el Cybertruck que él mismo rifó, la vida tiene formas mágicas de recompensar el esfuerzo, y tú eres la prueba viva de que todo lo que uno da, vuelve multiplicado”, señaló una persona sobre el comerciante venezolano.

Al ser consultado por el siniestro, el propio comerciante ofreció pormenores sobre su condición física y descartó el consumo de bebidas embriagantes en conversación con El Tiempo. De hecho, Anderson José Osuna Castillo empezó por asegurar que cree que el vehículo sufrió pérdida total.

“Estoy bien. Tengo algunos moretones producto del impacto. No fue producto del alcohol. Las autoridades de tránsito me hicieron todas las pruebas y todo salió negativo”, dijo en la charla.

El conductor argumentó que la fatiga acumulada luego un extenso viaje internacional provocó un despiste momentáneo mientras manejaba por el corredor vial y desembocó en el accidente de tránsito.

Y agregó: “Fue producto del cansancio. Venía llegando hace una semana de Turquía, estaba muy cansado y me relajé. Tuve un microsueño. Pero alcancé a reaccionar o hubiese sido más grave”.

Respecto a la manera como adquirió el vehículo, Osuna prefirió mantener reserva sobre su entorno personal, aunque terminó admitiendo la relación del carro con el influenciador.

Cuando se le preguntó si era cierto que se había ganado el carro en una rifa, primero se negó a contestar.

Luego, manifestó que, en efecto, el carro había sido del influenciador Westcol: “Son temas de mi vida privada”.

Sin embargo, el mencionado medio de comunicación confirmó que la empresa de Osuna le ha prestado seguridad a Westcol y a una de sus empresas.

El gobernador Escobar destacó que la mayoría de las víctimas eran mujeres cabeza de familia, responsables de llevar el sustento a sus hogares. Además, manifestó preocupación por las condiciones de informalidad en las que se desarrolla la minería artesanal en la región. Sobre la emergencia, Escobar advirtió en sus comunicaciones oficiales en la red social X que todavía podrían existir personas atrapadas bajo los escombros. Las labores de rescate se vieron complicadas por la difícil geografía del sector, ya que la mina no cuenta con vías de acceso terrestre. Esto obligó a los organismos de socorro a depender de rutas fluviales y aeronaves para llegar al lugar del incidente y evacuar a los heridos. La propia comunidad apoyó las acciones de rescate mientras las autoridades y equipos especializados lograban acceder a la zona.

Frente al riesgo constante que enfrentan las comunidades mineras, el gobernador reiteró la urgencia de acelerar la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala. Escobar señaló que en Nariño existen 181 solicitudes para declarar áreas de reserva especial minera. Varias de ellas llevan más de dos décadas en espera ante la Agencia Nacional de Minería. Para Escobar, avanzar en estos procesos permitiría que las familias dedicadas a la extracción de oro cuenten con regulaciones técnicas y ambientales que disminuyan los riesgos a los que se exponen. Finalmente, la tragedia de Iscuandé trajo a la memoria otro derrumbe sucedido en agosto en Policarpa, en el mismo departamento, donde murieron doce personas también ligadas a la minería artesanal, según reportes recogidos por Noticiero 90 Minutos.

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¿Cómo afectó el derrumbe en Santa Bárbara de Iscuandé a las mujeres cabeza de familia de la zona?

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, aseguró que la mayoría de las víctimas del derrumbe eran mujeres cabeza de familia, quienes dependían de la minería artesanal para mantener a sus hogares. Su fallecimiento deja a varias familias de la región en una situación aún más vulnerable y evidencia el importante rol económico y social que desempeñan estas mujeres en las comunidades mineras.

¿Qué significa minería artesanal de oro y cuáles son los riesgos asociados?

La minería artesanal de oro corresponde a la extracción de oro en pequeña escala, generalmente sin equipos industriales ni formalización legal ni técnica. Esta actividad se realiza con métodos manuales y rudimentarios, lo que expone a los trabajadores a altos riesgos, como deslizamientos de tierra y accidentes fatales, especialmente en zonas sin infraestructura adecuada, como ocurrió en Santa Bárbara de Iscuandé.

El crimen ocurrió después de que Jaime Esteban asistiera a una fiesta de Halloween el 31 de octubre, en el bar Before Club, ubicado en la localidad de Chapinero. Un año después de lo sucedido, la familia sigue esperando, según relató Jaramillo, alguna señal de arrepentimiento por parte de Juan Carlos Suárez y Ricardo Rafael González, quienes fueron condenados a 37 años de prisión por el asesinato del universitario, de 20 años.

(Vea también: Dan a conocer larga condena para los dos responsables del asesinato de Jaime Esteban Moreno)

“De lo único que me he dado cuenta es que no tienen ningún arrepentimiento, no han mostrado sino cinismo y un cinismo repugnante, una crueldad, una dureza que realmente me sorprende”, afirmó la madre durante la entrevista. Para ella, la ausencia de una muestra de arrepentimiento hace aún más difícil afrontar la pérdida y comprender cómo ocurrió un ataque de esa magnitud.

David Moreno también se refirió a la posibilidad de perdonar a los condenados y sostuvo que resulta complicado hacerlo cuando, a su juicio, no han demostrado comprender la gravedad de lo sucedido. El hermano de Jaime Esteban aseguró que durante algunas audiencias los ha visto reírse y mantener una actitud distante frente a la familia. “Buscar perdonar a alguien así, es muy complicado buscar perdonar a alguien que no ha dado una muestra de entendimiento”, expresó.

Mónica Jaramillo, por su parte, recordó la violencia de la agresión y señaló que las pruebas presentadas durante el proceso permitieron conocer la gravedad de las lesiones que sufrió su hijo. Según manifestó, el joven fue atacado a puños y patadas, sin que estuviera armado. La madre calificó lo ocurrido como un acto de crueldad y aseguró que el daño causado fue irreversible.

La mujer también sostuvo que los videos y testimonios conocidos durante el proceso respaldaron su convicción sobre la responsabilidad de los dos condenados. Además, cuestionó que, después de la golpiza, no le hubieran prestado asistencia médica a su hijo. “Yo daría lo que fuera para volver a tener a mi hijo. Cuestiono mucho por qué estas personas ni siquiera le dieron una oportunidad y una atención médica”, manifestó con dolor.

(Lea también: “Pedíamos 45 años”: familia de Jaime Esteban Moreno reaccionó molesta por condena a asesinos)

Uno de los recuerdos que más la atormentan, según relató, es que Jaime Esteban quedó tendido en la calle después de la agresión y no volvió a despertar. “Lo dejaron en un lago hemático, botado. Y se fueron tranquilos como si nada hubiese pasado, demostrando todo el desprecio por la vida humana”, dijo Jaramillo. Aunque la condena contra los responsables representa un avance judicial para la familia, la madre y el hermano del joven aseguraron que el dolor por su ausencia continúa y que, hasta ahora, no han encontrado razones para perdonar a quienes le quitaron la vida.

El espectáculo que se presentará ha dado de qué hablar en diferentes escenarios: se trata de la historia de un viejo titiritero de plaza, sus personajes y su singular Teatro de la Bicicleta. Esta obra utiliza una combinación de máscaras, objetos, sombras y música en vivo, recorriendo emociones que van desde la melancolía hasta el humor y la farsa popular. Su duración aproximada es de 45 minutos y está dirigida tanto al público adulto como a niñas, niños y sus acompañantes, promoviendo así la integración intergeneracional por medio de las artes escénicas.

Según la información oficial, Berretín de Trapo ha sido reconocida con el Premio de Dramaturgia para Títeres y ha logrado una destacada participación, siendo seleccionada en más de 20 festivales internacionales. Este respaldo evidencia la calidad y alcance del montaje, así como su capacidad de conectar con audiencias diversas a nivel global.

La propuesta hace parte de una agenda cultural más amplia en Bogotá, que ese mismo mes incluye otras actividades como la obra ‘Burlesca’, también dentro del Festival Internacional de Títeres Manuelucho, y eventos de arte urbano y emprendimiento en Hip Hop al Parque. Así, la ciudad sigue fortaleciendo espacios gratuitos donde la cultura se convierte en un puente de encuentro para toda la ciudadanía.

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¿Qué es el Festival Internacional de Títeres Manuelucho y qué actividades incluye?

El Festival Internacional de Títeres Manuelucho es un evento que reúne propuestas destacadas del teatro de títeres en Bogotá, con funciones dirigidas a públicos de todas las edades. Incluye obras galardonadas, espectáculos para familias y niños, como la obra Berretín de Trapo, y otras puestas en escena como ‘Burlesca’, así como actividades relacionadas con el arte y la cultura en diferentes espacios de la ciudad.

¿Cómo asistir gratis al espectáculo de títeres ‘Berretín de Trapo’ en la Casa de la Cultura de Fontibón?

Para asistir de manera gratuita a Berretín de Trapo, usted debe acercarse el 23 de octubre de 2026 a la Casa de la Cultura de Fontibón, ubicada en la calle 17A No. 99-53. La entrada es libre hasta completar el aforo, por lo que se recomienda llegar puntual para asegurar el acceso al evento.

En medio de la polémica, el exconcejal Jhon Díaz Carpio, quien denunció el contrato ante la opinión pública, utilizó su cuenta de X para criticar la falta de transparencia en el proceso. Díaz recordó que ya habían pasado ocho días desde que el alcalde anunció la petición del informe, pero el contenido aún no se había hecho público. Entre los bienes vendidos a precios cuestionablemente bajos figuró una camioneta Prado, transferida por solo 2.500.000 pesos. Díaz resaltó que, según el Acta 001, existía interés en agilizar la transacción, e indicó que el Concejo municipal autorizó la venta una vez el negocio ya había sido adjudicado.

En respuesta a las inquietudes, Keyner Sanmartín, apoderado del alcalde Orozco, explicó que el informe no se divulgará porque hará parte de una investigación penal. Según argumentó el abogado, la ley reserva la indagación penal y permite proteger información que, de ser divulgada, podría afectar el debido proceso y el trabajo de la justicia. Añadió que corresponde a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría decidir si se presentan responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales, mientras que la Alcaldía colaborará plenamente en la investigación.

De acuerdo con los documentos revisados por EL PILÓN, los bienes vendidos incluyeron una excavadora hidráulica John Deere por 5.155.000 pesos, una motoniveladora de la misma marca por 5.022.000 pesos y una retroexcavadora valorada en 3.850.000 pesos. El lote de maquinaria se completó con un vibrocompactador JCB por 2.185.000 pesos y un minicargador John Deere por 840.000 pesos. Por su parte, los vehículos livianos, en su mayoría de marcas reconocidas como Toyota, Nissan, Chevrolet y Mazda, se vendieron en rangos de precios entre 240.000 y 3.000.000 pesos, lo que llamó la atención por los montos considerablemente bajos.

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¿Por qué la Alcaldía de Valledupar no publica el informe sobre la venta de los 33 bienes?

La Alcaldía de Valledupar decidió no hacer público el informe técnico sobre la venta de los 33 bienes, porque, según su apoderado Keyner Sanmartín, el documento será parte de una investigación penal. De acuerdo con la explicación, la ley establece la reserva de información en procesos penales para proteger el debido proceso, evitar interferencias en la investigación y resguardar a las personas involucradas.

¿Cuáles fueron los precios de los vehículos y maquinaria vendidos por la Alcaldía de Valledupar?

Según los documentos investigados por EL PILÓN, el municipio de Valledupar vendió equipo pesado como una excavadora hidráulica John Deere en 5.155.000 pesos y una motoniveladora por 5.022.000 pesos. Los vehículos livianos, entre ellos automóviles Toyota, Nissan, Chevrolet y Mazda, se vendieron en precios que oscilaron entre 240.000 y 3.000.000 pesos, notoriamente por debajo de su valor comercial estimado.

La trastienda logística para el traslado de figuras como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40’), Edward Cobos, Rodrigo Pérez, Carlos Mario Jiménez (‘Macaco’) y Fredy Rendón Herrera fue articulada directamente por el Inpec tras directrices del Ejecutivo. Por parte del Gobierno, la mesa estuvo encabezada por la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez, y su asesor Víctor de Currea-Lugo, acompañados por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el director nacional de Inteligencia, Jorge Lemus. Aunque el trasfondo oficial apuntaba a finiquitar el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, la reapertura de estos acercamientos en pleno calendario electoral levantó serias sospechas sobre presuntas intenciones de manipular testimonios judiciales contra líderes de la oposición como Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.

El texto de la declaración conjunta, fundamentado en la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025 que reactivó la condición de gestores de paz para 16 exjefes paramilitares, detalla en sus apartados iniciales las intenciones de las partes. En uno de sus puntos centrales, el manifiesto consigna textualmente: “Reconocemos la voluntad de paz de las partes hacia un mejor país. En este sentido, los Gestores de Paz reiteran su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación, para garantizar el valor supremo de la no repetición y la reparación integral de las víctimas”. Asimismo, el documento admite que la cumbre en la capital del Cesar constituía únicamente la fase inicial de una ruta más amplia: “Reconocemos, igualmente, que estos días de trabajo son un punto de partida hacia un proceso, cuya meta fundamental es el cierre del proceso de paz entre el Estado colombiano y las extintas Autodefensas Unidas de Colombia”.

 

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Uno de los acápites más relevantes del escrito aborda el tratamiento de las confesiones y la memoria histórica del conflicto armado. La declaración fija una postura sobre las intervenciones previas de los excombatientes al señalar que “La verdad de la participación de las Autodefensas en el conflicto armado ya ha sido ampliamente dicha y corresponde a la Mesa Técnica la organización, sistematización y divulgación de la información ya disponible”. Este aspecto resulta clave dentro del expediente, pues varios de los excomandantes manifestaron posteriormente que se negaron a reabrir juicios o emitir nuevos señalamientos sin sustento probatorio, argumentando que toda su versión había sido entregada exhaustivamente ante los tribunales de Justicia y Paz.

Mientras las autoridades judiciales entran a evaluar si durante estas aproximaciones se incurrió en conductas irregulares o uso indebido de los recursos del Estado con fines electorales, la revelación del documento formaliza la existencia de una hoja de ruta que intentó redefinir la relación entre el Estado y los antiguos mandos del paramilitarismo. La Fiscalía General de la Nación deberá determinar hasta qué punto las actuaciones de los altos funcionarios se ajustaron al marco legal de la ‘paz total’ o si sobrepasaron las atribuciones institucionales en la búsqueda de réditos políticos.

Se trata de un ciudadano que puso a los dos escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección para llevar carritos en un reconocido supermercado en Colombia, hecho que acabó en un material que la cuenta de Instagram de Aburrá Press replicó.

 

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Si bien no es claro en qué zona del país sucedió esto, el empleo de esquemas de seguridad de la entidad para tareas domésticas como empujar carritos de mercado contraviene el marco legal colombiano.

La normativa estipula que el personal de escoltas tiene la función exclusiva de salvaguardar la vida, integridad y libertad de los ciudadanos beneficiarios en situación de riesgo extremo.

El Decreto 1066 de 2015 del Ministerio del Interior reglamenta el funcionamiento del programa de protección y prohíbe el uso indebido de las medidas asignadas.

La regulación determina expresamente que obligar al personal de seguridad a realizar labores de servicio doméstico o diligencias personales ajenas a la protección constituye una falta sancionable.

Estas actuaciones distraen la atención táctica de los agentes, reducen su capacidad de reacción profesional ante posibles amenazas y comprometen la eficacia operativa de los esquemas.

Adicionalmente, destinar escoltas estatales o contratados con fondos públicos para cargar compras degrada la dignidad laboral de los trabajadores y distorsiona el sentido asistencial del servicio público.

La Unidad Nacional de Protección invierte millonarios recursos presupuestales del Estado colombiano para evaluar riesgos, financiar vehículos blindados y contratar personal calificado.

Por este motivo, la desviación de estos recursos toward tareas privadas indefendibles impacta negativamente la transparencia institucional y vulnera la confianza ciudadana.

El protocolo oficial establece que el mal uso reiterado de las medidas asignadas faculta a las autoridades a iniciar procesos sancionatorios para suspender o retirar los esquemas.

Igualmente, los organismos de control estatal, como la Procuraduría General de la Nación, adelantan investigaciones disciplinarias contra aquellos funcionarios o esquemas que transgreden los reglamentos operativos.

La ciudadanía exige rigor en el empleo de las garantías de seguridad financiadas con los impuestos del país, evitando privilegios o excesos personales injustificados.

¿A quiénes se les asigna escoltas de la UNP y cómo identificarlos?

La Unidad Nacional de Protección asigna esquemas de seguridad exclusivamente a ciudadanos pertenecientes a grupos poblacionales específicos que afrontan un riesgo extraordinario o extremo acreditado.

Entre los beneficiarios se encuentran dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas, periodistas, servidores públicos, magistrados y víctimas del conflicto armado interno.

Asimismo, la entidad brinda protección a firmantes de paz, reclamantes de tierras, miembros de la Misión Médica y dirigentes de grupos étnicos constituidos legalmente.

La asignación de las medidas materiales depende de una evaluación técnica realizada por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas del programa.

Para identificar correctamente a los agentes de protección en servicio, los ciudadanos deben observar distintos distintivos institucionales oficiales exigidos por la normatividad nacional.

Los escoltas portan una tarjeta de identificación o carné institucional visible con sus datos personales, fotografía reciente, logotipo oficial y firma de la entidad.

Adicionalmente, el personal cuenta con chalecos antibalas dotados con el escudo de la Unidad Nacional de Protección y chalecos reflectivos en operativos viales.

El armamento de dotación, los equipos de comunicación y los vehículos blindados o convencionales cuentan con registros y salvoconductos oficiales vigentes para operar.

Los esquemas de seguridad también están integrados en ocasiones por personal contratado mediante uniones temporales de vigilancia privada avaladas por la Superintendencia de Vigilancia.

Estos escoltas privados deben presentar la identificación de la empresa prestadora junto con el carné que los acredita como prestadores asignados a la entidad pública.

Verificar el carné oficial y contrastar los datos con la línea telefónica institucional de atención al ciudadano evita posibles suplantaciones por parte de delincuentes.

La abuela de la menor contó que la niña acostumbraba dormir con su mascota y que, al notar que el animal no estaba en el lugar habitual, decidió salir a buscarlo. “Ella duerme con su gatito y como que no vio el gatito y abrió la ventana del cuarto donde duerme la mamá y por ahí salió”, relató la mujer al explicar lo que habría ocurrido antes del accidente.

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Según la versión conocida, la menor habría llegado hasta el área donde se encontraba el poste señalado por los vecinos. La oscuridad y la humedad del suelo son factores que habrían incidido en el accidente, aunque las circunstancias exactas en las que ocurrió la descarga eléctrica deberán ser establecidas.

Tras la muerte de la niña, los habitantes de Caribe Verde expresaron su preocupación e indignación, pues aseguran que el problema ya había sido advertido entre tres y cuatro meses atrás. Jhon Saleve, residente del sector, afirmó que las anomalías en el lugar no eran recientes y que la situación ya se había denunciado. “Yo ya tenía como más de tres o cuatro meses. Ya eso estaba denunciado, pero tú sabes que aparece una anomalía, aparece otra”, manifestó.

Ante lo sucedido, los vecinos pidieron que se inspeccionen las instalaciones cercanas al poste para determinar si existen fallas eléctricas o estructurales que representen un peligro para la comunidad. También esperan que se adopten las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad y evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

Según la investigación judicial, los hechos iniciaron en la vía pública, donde los capturados habrían interceptado a un cobrador de préstamos y lo despojaron de la motocicleta que utilizaba para cumplir sus funciones laborales. Posteriormente, y siempre de acuerdo con las pesquisas, los detenidos contactaron de manera directa al propietario del negocio de préstamos. A través de reiteradas llamadas telefónicas y mensajes con tono amenazante, en los que atribuyeron ser parte de la estructura delincuencial “La Mafia Vallenata”, supuestamente exigieron 4.500.000 pesos colombianos como condición indispensable para devolver el vehículo sustraído. Además, estos mensajes contenían amenazas directas contra la vida del comerciante en caso de no cumplir con el pago exigido, junto a la promesa de un permiso para que el prestatario pudiera operar en la zona sin represalias.

Frente a la gravedad de las amenazas, el comerciante afectado optó por denunciar la extorsión ante el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), unidad de la Policía especializada en combatir el secuestro y la extorsión. De acuerdo con la información recolectada, los agentes organizaron una entrega controlada del dinero en las cercanías del complejo deportivo La Gota Fría. Allí, uniformados de la Policía sorprendieron y capturaron a los dos hombres cuando estos, presuntamente, recibían el paquete que simulaba contener la suma exigida.

La Fiscalía Séptima Local, que hace parte de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), fue la encargada de presentar a Manrique Martínez y Nieves Beltrán ante el juez de control de garantías. En la audiencia se les imputó el delito de extorsión agravada, por lo que permanecerán privados de la libertad mientras se desarrolla el proceso penal en su contra. La responsabilidad de los procesados será definida en etapas judiciales posteriores, según lo previsto por las autoridades competentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa extorsión agravada según la Fiscalía en Colombia?

En el contexto presentado por la Fiscalía Séptima Local, extorsión agravada se refiere a un delito que va más allá de la extorsión simple, pues implica el uso de amenazas severas o la participación de organizaciones delictivas, como se indica en el caso al atribuirse los procesados pertenencia a “La Mafia Vallenata” y amenazar la vida de la víctima. La agravación surge de factores como el peligro para la integridad o la vida.

¿Cómo actuó el Gaula en la captura de los presuntos extorsionistas en Valledupar?

El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) respondió a la denuncia del comerciante afectado, coordinando una entrega controlada en un lugar acordado con los presuntos responsables. En esta operación participaron agentes antiextorsión y uniformados de la Policía, quienes detuvieron a los sospechosos en flagrancia mientras recibían el paquete que simulaba contener el dinero exigido en la extorsión.

El reporte señala una tendencia hacia la disminución de lluvias en regiones como la Orinoquía y la Amazonía, así como periodos de tiempo seco en varios puntos del país.

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Cabe recordar que octubre forma parte de la segunda temporada de fuertes lluvias en Colombia, con foco en las regiones Andina y Pacífica. Por ello, no se descartan aguaceros dispersos, especialmente durante las tardes.

¿Dónde podría haber fuertes lluvias en Colombia?

• Región Andina y Sabana de Bogotá: Persistirá un comportamiento mixto. Se anticipan mañanas secas o de nubosidad variable, seguidas de precipitaciones de intensidad moderada a fuerte durante las tardes en sectores de Cundinamarca, Antioquia, los Santanderes y el Eje Cafetero. En Bogotá se prevén episodios de lluvia vespertina
• Región Pacífica: Mantendrá los mayores niveles de inestabilidad y humedad, con tormentas eléctricas frecuentes en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño
• Región Caribe: Predominará el tiempo seco y las altas temperaturas en amplias zonas del norte, aunque no se descartan posibles lluvias moderadas
• Orinoquía y Amazonía: Presentará una reducción paulatina de las precipitaciones con respecto a días anteriores, abriendo paso a jornadas secas

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Sobre el fin de las fuertes lluvias en Colombia, el Ideam proyecta que las temperaturas continuarán elevadas en los valles interandinos y en zonas de las regiones Caribe y Orinoquía.

La investigación sostiene que, en varias ocasiones, Orrego presuntamente mantuvo contacto físico no consentido con las implicadas y les envió mensajes de carácter sexual a través de redes sociales. Por estas conductas, un fiscal especializado imputó al periodista los delitos de acto sexual violento y acoso sexual, bajo las figuras de concurso homogéneo y sucesivo, y concurso heterogéneo. Durante la audiencia de imputación, el procesado no aceptó los cargos, por lo cual el caso queda sujeto a la valoración judicial de pruebas y testimonios durante el avance del proceso, tal y como lo señala la Fiscalía.

El caso de Orrego es uno de los que investiga el Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de violencias basadas en género en medios de comunicación. Este grupo fue creado específicamente para atender denuncias relacionadas con acoso sexual, acoso laboral y otras formas de violencia contra mujeres dentro de estos espacios laborales. De acuerdo con la Fiscalía, este tipo de investigaciones buscan garantizar que las denuncias recibidas sean tratadas con la seriedad y respaldo institucional que exigen tanto las víctimas como la sociedad.

Ricardo Orrego se pronunció públicamente luego de varios meses de silencio, reconociendo el fuerte impacto que el proceso ha tenido en su entorno personal y profesional. "No puedo negar que el impacto en nuestras vidas ha sido muy fuerte. Esta situación ha alterado la tranquilidad de mi hogar, ha significado el final de un ciclo en mi trabajo y ha puesto a prueba mi reputación profesional", señaló Orrego. También pidió perdón a su familia por las consecuencias derivadas del proceso, manifestando su decisión de no utilizar las redes sociales para defender su posición y optar por llevar su defensa ante los estrados judiciales. Orrego expresó además que comprende la atención social sobre el caso y reiteró la importancia de una investigación responsable que permita el esclarecimiento de los hechos.

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¿Cuáles son los delitos que la Fiscalía imputó a Ricardo Orrego y en qué consisten?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Ricardo Orrego fue imputado por los delitos de acto sexual violento y acoso sexual, bajo las modalidades de concurso homogéneo y sucesivo, así como concurso heterogéneo. El acto sexual violento involucra conductas en las que se produce un contacto físico de carácter sexual sin el consentimiento de la víctima, mientras que el acoso sexual se refiere a mensajes o comportamientos de naturaleza sexual no consentidos. La imputación responde a la presunta comisión de estos hechos contra cinco mujeres en contexto laboral.

¿Quiénes son las presuntas víctimas en el caso contra Ricardo Orrego según la Fiscalía?

Según la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, las presuntas víctimas en el caso de Ricardo Orrego son cinco mujeres que trabajaron o tuvieron algún vínculo laboral con él en los medios de comunicación. Entre ellas se identifican tres periodistas, una practicante y una estudiante universitaria, quienes, según la investigación, habrían experimentado distintas formas de violencia basada en género entre 2012 y 2024.

La solicitud de preclusión fue presentada por la Fiscalía en favor del padre tras advertir que no hay pruebas de favorecimiento, reveló Semana, al replicar la decisión en este caso.

El organismo investigador agilizó las diligencias pertinentes y estableció la improcedencia de continuar con las indagaciones, acudiendo ante el estrado judicial correspondiente para presentar el material recaudado.

Las pruebas recolectadas demostraron que las determinaciones asumidas en su momento por el religioso se ajustaron a los requerimientos normativos del derecho canónico.

Durante la audiencia pública, la representación de la Fiscalía argumentó con firmeza ante el administrador de justicia la falta de méritos para mantener activa la causa.

Tras valorar de manera exhaustiva el acervo probatorio expuesto, el juzgador ratificó la pertinencia del pedido institucional, dictando la terminación del expediente a favor del investigado.

“No se evidencia el incumplimiento de un deber funcional, religioso, institucional o que el mismo pueda transformarse en un comportamiento de tipo penal, pues para ello inequívocamente, es indispensable demostrar, verificar y validar que la conducta reunía en el caso de Francisco; esa conclusión permite explicar por qué entonces sí activó los derechos canónicos, pero no se puede llegar a presumir que tenía una posición de garante de una persecución penal”, dijo el juez.

La resolución judicial dejó en claro que la conducta examinada no constituye infracción al ordenamiento penal colombiano.

Los elementos acopiados en la fase investigativa acreditaron que Francisco de Roux inició las acciones disciplinarias necesarias para esclarecer los acontecimientos reportados, conforme a los parámetros eclesiásticos.

“Tampoco sería adecuado afirmar que esa actuación canónica demuestra necesariamente la ausencia de dolo; lo que permite sostener es que constituye un elemento objetivo relevante para valorar el comportamiento en conjunto con las circunstancias mencionadas y desde luego, en síntesis, el despacho considera que el juicio de la ecuación típica debe adecuarse sobre el comportamiento del padre Francisco y no exclusivamente sobre aquello que dejó de hacer”, advirtió el despacho.

La determinación de dar por terminado este asunto no desestima la ocurrencia de los hechos que involucran a otro presbítero.

Sencillamente ratifica que la imputación por supuesto encubrimiento carece de sustento fáctico, pues se activaron los protocolos correspondientes en el marco institucional.

“Bajo ese contexto, la actuación acredita que en su condición de sacerdote provincial activó los mecanismos institucionales que se encuentran previstos en el derecho canónico y que derivaron en esa imposición de sanciones eclesiásticas. Apreciando en conjunto esas circunstancias con la prescripción de la investigación, permite establecer la atipicidad de la conducta”, dijo el juez.

El fallo de preclusión cobró firmeza jurídica absoluta al no registrarse recursos ni apelaciones por parte de los intervinientes en el proceso.

De esta manera, la causa penal queda clausurada de forma concluyente en los estrados judiciales.

Esta decisión pone fin a la controversia legal surgida en torno a las competencias y actuaciones del alto dignatario religioso frente a la justicia ordinaria.

Asimismo, sienta un precedente relevante respecto a la articulación entre el derecho canónico y la legislación penal en investigaciones sobre el clero.

¿Quién es Francisco de Roux?

Francisco de Roux Rengifo es un reconocido sacerdote jesuita, economista y filósofo colombiano que ha dedicado su trayectoria al trabajo comunitario y la paz.

Nacido en Cali en 1943, de Roux adelantó estudios de Filosofía en la Universidad Javeriana y completó un doctorado en Economía en la Universidad de París.

A lo largo de su trayectoria profesional, el religioso lideró el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, promoviendo iniciativas de diálogo social territorial.

Entre 2008 y 2014, el sacerdote ejerció el cargo de Superior Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, coordinando la labor eclesiástica nacional.

Posteriormente, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad designó a Francisco de Roux como su presidente para liderar la investigación sobre el conflicto armado.

Bajo su dirección, el organismo extrajudicial elaboró el Informe Final entregado en 2022, documento que consolidó los testimonios de miles de víctimas colombianas.

Su labor humanitaria le ha valido múltiples reconocimientos internacionales, destacándolo como una figura clave en la construcción de reconciliación en el país.

Recientemente, la justicia ordinaria precluyó una investigación en su contra tras verificar que actuó bajo los parámetros establecidos por el derecho canónico.

Actualmente, Francisco de Roux continúa participando en espacios académicos y de debate público, promoviendo el diálogo intersectorial y la defensa de los derechos humanos.

Su liderazgo ético lo consolida como un referente imprescindible para entender la historia reciente y los procesos de paz en el territorio nacional.

Según lo comunicado por Carlos Amaya, el desafío principal radicaba en la complejidad del terreno, situación que motivó la solicitud de un helicóptero especializado y personal entrenado en Chile para apoyar las operaciones terrestres. Además, el gobernador señaló que solicitó ayuda adicional al alcalde de Tunja y al cuerpo de bomberos de esa ciudad, sumándose a los efectivos de Villa de Leyva. En medio de la emergencia, Amaya fue enfático en pedir celeridad a las autoridades investigativas para determinar con prontitud las causas del incidente, resaltando la necesidad de esclarecer el origen de este suceso cuanto antes.

Durante la atención a la emergencia, el director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo se desplazó hacia la zona impactada para coordinar las labores y evaluar la situación de primera mano. Las autoridades y equipos de socorro ejecutaron un sobrevuelo temprano para conocer la magnitud de la afectación y orientar la estrategia de respuesta. Este esfuerzo conjunto permitió que, horas después, el incendio fuera totalmente controlado, según confirmó públicamente el gobernador Amaya.

En declaraciones posteriores, el gobernador expresó su agradecimiento a los cuerpos de bomberos de Villa de Leyva y Tunja, así como a la comunidad, por su trabajo inmediato y eficaz, el cual resultó fundamental para superar la emergencia. Si bien la situación fue contenida, Amaya reiteró la importancia de avanzar velozmente en las investigaciones, con el objetivo de prevenir futuros riesgos y hallar las razones que desencadenaron este hecho en el municipio.

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¿Qué originó el incendio forestal en Villa de Leyva según las autoridades?

Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido la causa específica del incendio forestal en Villa de Leyva, según los reportes citados por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Se ha solicitado celeridad en las investigaciones para determinar el origen del fuego, pero la información disponible aún no permite identificar el factor desencadenante, y el proceso de indagación continúa.

¿Cómo actuaron las autoridades y cuerpos de socorro ante el incendio en Villa de Leyva?

De acuerdo con el gobernador Carlos Amaya, la reacción fue inmediata: se gestionó el apoyo de un helicóptero especializado, se movilizó personal entrenado y se solicitó la colaboración de los cuerpos de bomberos de Villa de Leyva y Tunja. El trabajo conjunto y la coordinación eficiente permitieron controlar el incendio en su totalidad, destacándose el sobrevuelo realizado para evaluar los daños y guiar las acciones necesarias.

El caso se registró durante la madrugada de este martes y permanece bajo investigación para establecer qué ocurrió dentro de las instalaciones militares. Las autoridades buscan reconstruir la secuencia de los disparos y determinar qué circunstancias precedieron al ataque contra el suboficial, así como las razones que habrían desencadenado el episodio.

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Según la información divulgada por el Comando de Ingenieros del Ejército y recopilada por El Tiempo, el presunto responsable sería un soldado profesional que habría accionado su arma contra uno de sus superiores. Hasta el momento, la institución no ha revelado las identidades de los dos militares fallecidos.

A través de un comunicado, el Ejército señaló que “las circunstancias de lo ocurrido son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”. La institución activó los protocolos correspondientes y dispuso la atención médica para las personas lesionadas, incluido el soldado que sobrevivió al episodio. El perro que resultó herido también hace parte de los afectados por la situación.

Finalmente, el Ejército informó que dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a los familiares de los dos uniformados fallecidos. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades deberán esclarecer cómo sucedieron los hechos, identificar las posibles causas y establecer las responsabilidades correspondientes.

Efraín Antonio Pérez Meza, quien hace parte de la junta de acción comunal y el comité de obras del sector, enfatizó en la necesidad de obtener material de relleno limpio para que el lote pueda ser usado con seguridad, especialmente por los niños y jóvenes que desean jugar fútbol. "Lo que deseamos es que nos ayuden con un relleno limpio, para que los niños no se vayan a estropear cuando estén jugando fútbol", afirmó Pérez Meza, destacando la preocupación por la seguridad de los menores.

Paralelamente, la comunidad ha tomado la iniciativa de gestionar la instalación de dos arcos de fútbol en el terreno, solicitando permisos temporales a algunos propietarios de los predios y reuniendo contribuciones económicas para comprar los tubos necesarios. De acuerdo con los vecinos, la colaboración institucional, en especial de la entidad Inder, es fundamental para dotar el espacio de implementos deportivos y asegurar su adecuado uso.

Para evitar que este sitio vuelva a convertirse en punto de disposición irregular de residuos, los habitantes consideran clave mantener actividades deportivas que refuercen la apropiación del lugar por parte de los jóvenes. Sin embargo, advirtieron que cualquier aprovechamiento del lote está sujeto a los acuerdos alcanzados con los propietarios y podría finalizar si estos deciden vender o construir en el terreno.

En ese sentido, tanto la junta de acción comunal, presidida por Natalia Isabel Gullo, como los vecinos, han solicitado la intervención de la Alcaldía de Valledupar para gestionar la nivelación del lote y el apoyo a la iniciativa recreativa. Gullo subrayó la importancia de contar con espacios de recreación en el barrio y explicó que la organización comunal legalmente constituida en 2025 busca visibilizar estas necesidades ante las instituciones pertinentes. El objetivo central de la propuesta es que el lote deje de ser un foco de contaminación y, mientras legalmente sea posible, se convierta en un lugar para el disfrute y desarrollo de la comunidad.

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¿Cómo buscan los habitantes de Villa Concha transformar un botadero en espacio recreativo?

Los residentes de Villa Concha están trabajando juntos para convertir un antiguo botadero de basuras en un espacio deportivo para los niños y jóvenes. Para ello, han limpiado el terreno con el apoyo de Interaseo, buscan material de relleno para su nivelación y gestionan acuerdos con propietarios para instalar arcos de fútbol. Así aspiran a que el lugar sea adecuado y seguro para actividades recreativas, evitando que vuelva a convertirse en un punto de disposición irregular de residuos.

¿Qué apoyo institucional solicita la comunidad de Villa Concha para el lote?

La comunidad solicita a la Alcaldía de Valledupar el préstamo de maquinaria pesada y material de relleno, así como el acompañamiento de la entidad Inder para dotar el espacio de elementos deportivos. Además, piden respaldo para formalizar su uso temporal como espacio de recreación, todo dentro del marco legal y con la coordinación necesaria para asegurar la seguridad y el bienestar de los menores del barrio.

Inicialmente, el proceso judicial no trajo respuestas satisfactorias para la familia ni para quienes los acompañaron. El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos, en una primera instancia, absolvió a todos los procesados por el múltiple homicidio. Sin embargo, las víctimas, junto con el apoyo de la Fiscalía, decidieron apelar esta decisión. De acuerdo con información publicada por El Espectador, fue el Tribunal Superior de Sincelejo el que finalmente cambió el rumbo del caso. El pasado 22 de septiembre, el Tribunal condenó a 27 años de prisión a William Martínez Santamaría, exdirector de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre). Según la sentencia, Martínez fue el responsable de ordenar la masacre con el objetivo de apoderarse ilegalmente de las tierras de la familia Mercado, ejecutando este plan con la participación de otros tres hombres.

La sentencia representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos de las víctimas. No obstante, la noticia también ha traído una nueva preocupación para quienes participaron activamente en el proceso judicial. La abogada Yessika Hoyos Morales, miembro del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), relató a El Espectador que tanto ella como otras personas han recibido amenazas de muerte tras la condena. Según Hoyos Morales, el 18 de octubre recibió un mensaje en su WhatsApp de un número desconocido, en el que se advertía que "si William llega a pisar un día de cárcel, pues que compremos los cajones". Este tipo de intimidaciones ahora afecta no solo a la familia Mercado, sino también a los abogados y defensores de derechos humanos que han acompañado este proceso.

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¿Quién es William Martínez Santamaría y por qué fue condenado en Sucre?

William Martínez Santamaría fue condenado por el Tribunal Superior de Sincelejo a 27 años de prisión. Según la sentencia, fue el exdirector de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre) y se le responsabilizó de haber ordenado el asesinato de tres hermanos de la familia Mercado para apoderarse de sus tierras. Esta decisión cambió el curso del caso, que en primera instancia no había dado un fallo condenatorio.

¿Qué es el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar)?

El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo, conocido como Cajar, es un grupo de abogados dedicado a la defensa de los derechos humanos. En el contexto del caso de la familia Mercado, la abogada Yessika Hoyos Morales, integrante de Cajar, acompañó el proceso judicial y ha sido víctima de amenazas a raíz de la condena contra William Martínez Santamaría.

El caso se registró durante la madrugada de este martes y permanece bajo investigación para establecer qué ocurrió dentro de las instalaciones militares. Las autoridades buscan reconstruir la secuencia de los disparos y determinar qué circunstancias precedieron al ataque contra el suboficial, así como las razones que habrían desencadenado el episodio.

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Según la información divulgada por el Comando de Ingenieros del Ejército y recopilada por El Tiempo, el presunto responsable sería un soldado profesional que habría accionado su arma contra uno de sus superiores. Hasta el momento, la institución no ha revelado las identidades de los dos militares fallecidos.

A través de un comunicado, el Ejército señaló que “las circunstancias de lo ocurrido son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”. La institución activó los protocolos correspondientes y dispuso la atención médica para las personas lesionadas, incluido el soldado que sobrevivió al episodio. El perro que resultó herido también hace parte de los afectados por la situación.

Finalmente, el Ejército informó que dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a los familiares de los dos uniformados fallecidos. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades deberán esclarecer cómo sucedieron los hechos, identificar las posibles causas y establecer las responsabilidades correspondientes.

La mina La Gallinacera está ubicada en el manto 7, bajo el título minero 1926T. Según la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Servicio de Salvamento Minero, responsables de las labores subterráneas, las condiciones de seguridad y la evaluación ambiental son factores fundamentales que determinan el ritmo de avance en el rescate. El procedimiento continúa apoyado por la empresa operadora Sociedad MyM S.A.S., así como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, la Policía Nacional y la Alcaldía de Cucunubá, que hacen un monitoreo constante del desarrollo de la emergencia.

Los reportes oficiales indican que, además del bombeo constante de agua al interior de la mina, se llevan a cabo revisiones periódicas de la maquinaria y se analizan las condiciones ambientales dentro de la bocamina. La presencia de agua y la seguridad estructural son los principales obstáculos a los que se enfrentan los rescatistas. Aunque las operaciones no se han detenido en ningún momento, hasta ahora no se ha definido una fecha límite para culminar el proceso de extracción de agua ni para avanzar hacia nuevas etapas de la búsqueda.

El primer comunicado del PMU, emitido después del incidente registrado el 16 de octubre, ya advertía sobre la necesidad de actuar con precaución y de consultar únicamente información verificada, evitando así especulaciones alrededor del caso. Las autoridades insisten en que la prioridad es salvaguardar la vida tanto del trabajador atrapado como de quienes participan en las labores de rescate, reiterando el llamado a la prudencia y a la consulta de fuentes oficiales para conocer cualquier novedad.

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¿Cuáles son los pasos que siguen las autoridades en el rescate de un minero atrapado en la mina La Gallinacera?

Las autoridades, lideradas por la Agencia Nacional de Minería y el Servicio de Salvamento Minero, continúan con el bombeo de agua como primer paso para garantizar el acceso seguro. Paralelamente, realizan inspecciones técnicas en la maquinaria y monitorean el ambiente en el interior de la bocamina, antes de proceder con la búsqueda directa del trabajador. La coordinación del Puesto de Mando Unificado, con apoyo de entidades locales, garantiza una supervisión constante de las condiciones en la zona.

¿Qué implica el trabajo del Puesto de Mando Unificado (PMU) en emergencias mineras?

El Puesto de Mando Unificado es una entidad de coordinación que integra a diferentes organismos y autoridades para supervisar y dirigir las acciones en una emergencia minera. De acuerdo con los reportes citados, el PMU en Cucunubá involucra a la ANM, bomberos, Policía Nacional y la alcaldía local, quienes monitorean la situación, dirigen las operaciones y garantizan que se sigan los protocolos de seguridad establecidos.

El hecho ocurrió en la mañana del jueves 15 de octubre en el barrio El Remanso, específicamente en la carrera 63A con calle 51. Según el reporte conocido por las autoridades, una llamada a la línea de emergencias 123 alertó sobre la presencia de un conductor de taxi herido dentro de su vehículo. Cuando los organismos de atención llegaron al lugar, encontraron al hombre con lesiones ocasionadas por arma de fuego.

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De acuerdo con la información recopilada en la etapa inicial de la investigación, el conductor habría sido abordado por dos personas que se desplazaban en motocicleta. La principal línea de investigación señala que los agresores intentaron despojarlo de sus pertenencias y, en medio de la situación, le dispararon. Sin embargo, las autoridades continúan recopilando evidencia para establecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos y cuál fue el móvil del crimen.

Según relató El Colombiano, una versión obtenida a partir de testimonios de habitantes del sector indica que el taxista acababa de dejar a una pasajera cuando habría sido seguido por una motocicleta. Minutos después se produjo el ataque armado que terminó con su vida. Las versiones preliminares coinciden en que los presuntos responsables eran dos hombres que se movilizaban en una misma motocicleta. Tras los disparos, el conductor perdió el control del vehículo y el taxi terminó estrellándose contra una estructura ubicada cerca de un parque del sector. No obstante, los investigadores intentan determinar si el choque fue consecuencia directa de las heridas que recibió la víctima o si existieron otros factores involucrados.

La situación generó alarma entre los residentes del barrio El Remanso, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones. Los primeros uniformados que llegaron a la zona acordonaron el lugar para permitir el trabajo de los agentes judiciales encargados de recolectar pruebas y avanzar en la reconstrucción de los hechos.

Aunque la principal hipótesis apunta a un intento de robo, la investigación sigue abierta y no se descartan otras posibilidades. Medios regionales han señalado que los organismos judiciales también analizan si el homicidio podría tener relación con otras circunstancias, por lo que la revisión de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios serán clave para esclarecer el caso. Por ahora, las autoridades trabajan para identificar plenamente a los responsables, establecer la ruta que tomaron tras huir del lugar y determinar qué ocurrió en los minutos previos al ataque. La información disponible indica que los agresores escaparon inmediatamente después de disparar contra el conductor.

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El homicidio ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad de los taxistas en el Valle de Aburrá, especialmente frente a hechos violentos que ocurren durante la jornada laboral. Mientras continúa la investigación, familiares, compañeros de trabajo y miembros del gremio esperan que las autoridades logren esclarecer lo sucedido y capturar a los responsables.

El hombre relató para el especial de El Tiempo sobre la tragedia que llegó hacia el mediodía, después de navegar durante casi dos horas por el río Iscuandé desde la cabecera municipal. El fuerte sol acompañó el recorrido, pero al enterarse de la emergencia decidió dirigirse a la mina, donde trabajaban algunos de sus amigos del Consejo Comunitario Cuenca Río Iscuandé.

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Al llegar, se encontró con una escena de angustia. “La gente no sabía qué hacer, unos lloraban, otros gritaban, otros corrían a buscar a sus familiares que estaban sepultados; miraba cómo algunos sacaban la tierra desesperados hasta con sus propias manos”, recordó. En la zona ya operaba una retroexcavadora para remover el material y buscar a los mineros atrapados.

Según le informaron al testigo, unos 42 trabajadores se encontraban en el lugar cuando se produjo el deslizamiento. Allí, las labores para extraer el oro se hacían de forma manual: algunos mineros encendían motobombas, mientras otros retiraban piedras y tierra para avanzar en las excavaciones. El colapso de una parte de la mina a cielo abierto provocó la caída de una gran cantidad de material que sepultó a quienes trabajaban en ese momento.

En medio de la emergencia, el testigo y tres amigos ayudaron a trasladar en una lancha rápida a uno de los heridos que se encontraba en grave estado hasta Guapi, en el Cauca. Otros trabajadores fueron llevados a Tumaco. El balance reportado por las autoridades señalaba siete mineros heridos, cuatro de ellos en estado grave, que necesitaban ser trasladados a un centro médico de mayor complejidad. La Gobernación de Nariño adelantaba gestiones con el Ejército para facilitar su transporte en helicóptero.

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La tragedia dejó 14 personas muertas, de las cuales 12 eran mujeres, y golpeó a familias enteras de Iscuandé. “Esta tragedia enluta a todo el pueblo de Iscuandé; es que hay familias enteras que la sufrieron porque murieron el papá, la mamá y el hijo; esta minería artesanal aquí une a todo un núcleo familiar”, expresó el hombre. Tras cumplirse 24 horas del derrumbe, las autoridades y los organismos de socorro determinaron cerrar las labores de búsqueda. Para entonces, 13 cuerpos estaban en la cabecera municipal y otro había sido trasladado a Guapi, donde vivía su familia.

En Bogotá, la iniciativa se traducirá en un plantón pacífico frente a la Biblioteca Nacional de Colombia. El alcance de la movilización busca expandirse a distintas regiones del país, donde se realizarán actividades como lecturas públicas, concentraciones, expresiones artísticas y plantones en diversos espacios, incluyendo bibliotecas, librerías, plazas públicas, escuelas y también en territorios rurales. La jornada involucra a distintos actores sociales que trabajan en el campo de la cultura.

La convocatoria surge en medio de cuestionamientos hacia la gestión de Julia Cristina Daza Noguera, quien asumió recientemente el cargo de directora de la Biblioteca Nacional. Según ha reportado El Espectador, funcionarios de la institución han presentado denuncias por dificultades en la comunicación e incluso malos tratos, así como por el posible desconocimiento de la directora sobre sectores clave como el editorial y la gestión patrimonial. Frente a estas denuncias, el Ministerio de las Culturas ha manifestado que Daza cumple formalmente los requisitos requeridos para ocupar dicho cargo.

Este ambiente de movilización no es aislado: se suma a recientes protestas generadas por decisiones del Gobierno sobre otros espacios culturales, como el retiro de 30 piezas del Museo Nacional que estaban relacionadas con la historia de la población LGBTIQ+, luchas feministas, el Acuerdo de Paz firmado en 2016 y la memoria política nacional, bajo la orden del presidente Abelardo de la Espriella.

La manifestación del jueves tiene como meta visibilizar la importancia de mantener políticas relacionadas con la lectura y la escritura, así como fortalecer entidades y programas como las Bibliotecas Rurales Itinerantes (BRI), la Red Relata, el Plan LEOB y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Los organizadores solicitan atención a las necesidades de bibliotecas comunitarias, populares e itinerantes y de librerías independientes, donde se siente que la defensa de estos espacios es crucial para el ecosistema del libro y la lectura. También piden condiciones dignas para la escuela de mediación LEO y los tutores GSB, en pro de la continuidad de estas iniciativas.

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¿Por qué se están realizando movilizaciones para defender las bibliotecas públicas en Colombia?

La movilización surge para proteger los derechos culturales y asegurar la permanencia de programas que promueven la lectura, la escritura y la oralidad. Se busca llamar la atención sobre la importancia de las bibliotecas públicas, rurales, comunitarias y de otras iniciativas culturales ante posibles amenazas a su continuidad. Además, el contexto actual de denuncias internas sobre la dirección de la Biblioteca Nacional y recientes decisiones gubernamentales sobre espacios culturales refuerza la urgencia de estas acciones, según información publicada por El Espectador.

¿Qué son las Bibliotecas Rurales Itinerantes (BRI) y cuál es su importancia en la movilización?

Las Bibliotecas Rurales Itinerantes (BRI) son iniciativas que llevan libros, actividades lectoras y culturales a territorios rurales, permitiendo el acceso a la lectura en comunidades apartadas. Los convocantes de la movilización consideran crucial garantizar la existencia y continuidad de estos programas, pues ofrecen oportunidades de formación y acceso cultural a poblaciones que no cuentan con bibliotecas fijas.

De acuerdo con lo revelado por El Espectador, la denuncia se fundamenta principalmente en declaraciones públicas recientes emitidas por Salvatore Mancuso, Angie Rodríguez y Juan Carlos Villamizar. Según la bancada, estos testimonios plantean dudas sobre la posible instrumentalización de espacios institucionales destinados a la paz y reconciliación, para supuestos fines político-electorales. La solicitud ante la Comisión de Acusaciones es clara: indagar si se usaron de manera inadecuada recursos públicos, personal, medios oficiales o hubo manipulación de competencias del gobierno para perseguir estos objetivos.

El documento de la denuncia cuenta con la firma de los senadores Enrique Gómez, Germán Rodríguez y Sara Castellanos, así como la representante Carol Borda. Entre las exigencias está que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) entregue toda la documentación vinculada con la organización y desarrollo de los encuentros con los exjefes paramilitares durante 2025. Esto incluye agendas, memorandos, actas, el listado de asistentes, y cualquier información que permita esclarecer el rol y las funciones de los delegados estatales presentes en dichas reuniones.

En medio del debate, otros congresistas del oficialismo han apoyado el avance de investigaciones sobre las declaraciones de la exdirectora del Dapre y de Salvatore Mancuso. Adicionalmente, el senador Hernán Cadavid pidió a la Fiscalía investigar tanto a Mancuso como "la responsabilidad de Armando Benedetti, ministro del Interior que coordinó esos diálogos".

Frente a las acusaciones, tanto Gustavo Petro como su exministro del Interior, Armando Benedetti, han rechazado enérgicamente los señalamientos. Petro afirmó que no acepta que se le atribuyan hechos de tal gravedad "sin que exista una sola prueba" y explicó que el proceso de diálogo fue reglamentado públicamente, con el fin de avanzar en la verdad, reparación y cierre del proceso de paz. Benedetti, por su parte, se defendió en sus redes sociales, calificando el hecho como un perfilamiento grave y anunció acciones legales para proteger su nombre, mientras alertaba sobre el retiro de su esquema de protección, sugiriendo que podría estar directamente relacionado con su postura pública.

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¿Por qué fue denunciado Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones?

Gustavo Petro fue denunciado por la bancada de Salvación Nacional ante la Comisión de Acusaciones debido a presuntas órdenes o autorizaciones para promover declaraciones públicas en contra de Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, aprovechando espacios institucionales de paz que, según la denuncia, podrían haberse utilizado con fines políticos o electorales. Sin embargo, Petro niega haber impartido alguna instrucción de ese tipo.

¿Qué es el Dapre y cuál es su papel en la investigación mencionada?

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) es la dependencia encargada de coordinar asuntos administrativos y logísticos de la Presidencia. En esta investigación, se le solicitó entregar toda la documentación sobre la convocatoria y desarrollo de reuniones con exjefes paramilitares, para determinar si existió alguna irregularidad o abuso de funciones en estos encuentros.

Según el expediente judicial citado, los hechos giran alrededor de las exigencias económicas millonarias que Camilo Tarquino habría formulado al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus. Tales exigencias estaban supuestamente ligadas a la promesa de realizar gestiones judiciales favorables en procesos que estaban en curso contra el exgobernador, relacionados con investigaciones de corrupción y con la desaparición forzada de una persona. Esta situación se desarrolló durante el mandato de Lyons Muskus, comprendido entre los años 2012 y 2015.

En 2014, Alejandro Lyons Muskus enfrentaba múltiples investigaciones penales, entre ellas por la presunta apropiación de recursos públicos derivados de regalías, así como por la desaparición y posterior muerte de Jairo Alberto Zapa Pérez. Las investigaciones y todo el escándalo que se desató captaron la atención nacional, afectando la imagen del entonces gobernador. Ante dicho panorama, Lyons Muskus decidió buscar la intervención de Tarquino, quien, tras su salida de la Corte Suprema en 2012, se dedicaba a ejercer como abogado litigante. Según la Corte, Lyons Muskus pretendía que Tarquino aprovechara sus fuertes vínculos con magistrados de la alta corte y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación para influir en el desarrollo de los procesos legales en su contra.

Vale mencionar que estos hechos forman parte de uno de los mayores fiascos recientes de la justicia colombiana, pues el denominado cartel de la toga evidenció cómo, desde el círculo más cercano al poder judicial, se habrían ofrecido favores a cambio de sobornos de grandes cantidades de dinero. Con este fallo, la Corte no solo reafirma la condena contra Tarquino, sino que también envía un mensaje sobre la vigilancia y el castigo frente a prácticas corruptas en el ámbito más alto de la justicia colombiana.

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¿Por qué fue condenado Camilo Tarquino en el caso del cartel de la toga?

Camilo Tarquino fue condenado por el delito de concusión, ya que, de acuerdo con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia, exigió sumas millonarias al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, a cambio de supuestas gestiones judiciales a su favor en investigaciones relacionadas con corrupción y desaparición forzada.

¿Qué es el delito de concusión según la Corte Suprema de Justicia?

El delito de concusión, según los hechos expuestos por la Corte Suprema de Justicia, consiste en que un funcionario público o exfuncionario, aprovechando su cargo o influencias, exige dinero u otros beneficios indebidos a particulares a cambio de realizar acciones oficiales, en este caso, gestiones judiciales supuestamente favorables.

Un colapso de tierra en un yacimiento de oro a cielo abierto acabó con la vida de 12 mujeres mineras y dos hombres; además, hirió a otras siete personas. El trágico suceso ocurrió hacia las 8:30 de la mañana, en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, en el momento cuando cerca de 30 trabajadores se encontraban realizando labores de extracción artesanal.

La fuerza del colapso sepultó a los mineros bajo toneladas de lodo, arena y piedras, obligando a los sobrevivientes y pobladores a iniciar desesperadas labores de rescate con sus propias manos.

(Vea también: Asesinaron a un mecánico en Bogotá: sicarios le dispararon en su propio taller)

El balance oficial entregado por las autoridades locales confirmó la muerte de 14 mineros, revelando un dato impactante sobre la composición de los trabajadores en la zona: 12 de las víctimas mortales eran mujeres dedicadas al barequeo y a la extracción artesanal de oro. De los cuerpos recuperados por los equipos de socorro y la comunidad, 13 fueron trasladados hacia el casco urbano de Iscuandé, mientras que uno más fue evacuado de manera directa hacia el municipio de Guapi por ser oriundo de esa localidad vecina.

Asimismo, se estableció que entre los fallecidos y afectados figuran ciudadanos provenientes de los departamentos de Cauca y Chocó, quienes habían viajado a la zona en busca de sustento diario. A este doloroso panorama se suman siete personas heridas, de las cuales cuatro se encuentran en estado extremadamente crítico como consecuencia de la severidad del impacto del material de arrastre sobre sus cuerpos. Esta tragedia representa el segundo episodio mortal de este tipo en tan solo dos meses en la región, sumándose a los 12 mineros que perecieron previamente en el municipio de Policarpa y elevando a 26 la cifra de vidas perdidas por la informalidad minera en Nariño.

Las inhóspitas condiciones de la zona y la odisea de evacuación

La emergencia dejó al descubierto las extremas dificultades geográficas que caracterizan a las zonas rurales del Pacífico Nariñense. La mina donde ocurrió el siniestro carece por completo de vías de acceso terrestre, lo que transformó el traslado de los heridos en una angustiosa carrera contra el tiempo.

Las víctimas debieron ser transportadas inicialmente en motocarros y lanchas a través de los ríos locales, en un trayecto fluvial y marítimo que puede demorar entre tres y cuatro horas para alcanzar el punto de atención médica más cercano. A la falta de infraestructura vial se suman los riesgos climáticos asociados a la variabilidad del fenómeno de El Niño, el cual ha desestabilizado los terrenos e incrementado el peligro en las labores de excavación.

El delicado estado de salud de los cuatro heridos más graves —entre los que se encuentran dos mujeres— hace que el transporte por río resulte sumamente riesgoso, requiriéndose asistencia aérea de urgencia.

El pronunciamiento del Gobernador de Nariño

Ante la gravedad de los acontecimientos, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, se trasladó al municipio de Tumaco para coordinar las operaciones de socorro y hacer un vehemente llamado al Gobierno Nacional. El mandatario enfatizó la urgencia de contar con apoyo aéreo para salvar a los lesionados: “Aquí lo complejo de esta zona es que no hay vías de acceso terrestre y por lo tanto lo que hemos solicitado a la Fuerza Aérea Colombiana es la posibilidad de que los cuatro heridos que hay, de los cuales dos de ellas son mujeres, se puedan trasladar hacia Tumaco o hacia Pasto”.

Escobar visibilizó la dura realidad social y laboral que rodea la tragedia, subrayando que “12 de las 14 personas muertas son mujeres que practican la minería artesanal”, e insistió en que las comunidades acuden a estas zonas movidas por la necesidad económica y la tradición: “La gente sale y debe trabajar legítimamente porque ancestralmente siempre han trabajado esta minería artesanal y la pequeña minería”.

Finalmente, el Gobernador cuestionó duramente la burocracia central que frena la seguridad minera en la región, señalando que “tenemos más de 180 solicitudes de títulos mineros desde hace más de 25 años y avanza esto de manera muy reducida, hay demasiadas trabas”. Por ello, urgió a la Agencia Nacional Minera a agilizar la formalización: “Lo que nosotros hemos planteado al Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional Minera es acelerar la formalización minera para que esta explotación sea técnicamente y ambientalmente muy bien manejada”.

“Entonces espero que la condena sea larga para ellos y que no haya perdón ni rebaja de condena”, afirmó la mujer. Su pronunciamiento se conoció después de que la Fiscalía ordenara capturar a cuatro integrantes de la Policía Nacional por su presunta relación con los hechos ocurridos en el barrio Caracolí, en Soacha, Cundinamarca. Entre los detenidos hay un mayor, un subintendente y dos patrulleros.

Durante la entrevista, Paz también cuestionó la versión que relacionaba lo ocurrido con una riña. Según sostuvo, su hijo estaba llegando al lugar cuando se encontró con la intervención policial. “Eso no era ninguna riña”, dijo, antes de preguntar dónde estaban las otras personas que supuestamente habrían participado en el enfrentamiento. La madre considera que las autoridades deben aclarar las circunstancias en las que se produjo la muerte.

(Vea también: Muerte de Donovan Balanta en operativo policial reaviva debate sobre derechos humanos y discriminación en Colombia)

La mujer, además, pidió que la investigación no se limite a los uniformados que ya fueron capturados. A su juicio, otros policías que habrían estado relacionados con el procedimiento también deben ser investigados. La Fiscalía y Medicina Legal establecieron, según el reporte de Blu Radio, que Balanta murió después de una golpiza que presuntamente recibió durante la actuación policial. El caso continúa bajo investigación y las responsabilidades individuales deberán determinarse en el proceso judicial.

Más allá de sus reclamos ante la justicia, Marleny Paz relató cómo la pérdida de su hijo ha cambiado la vida de la familia. Según el informe de Blu Radio, la habitación de Donovan permanece intacta: su madre no ha querido mover sus pertenencias ni destender la cama. La motocicleta que él utilizaba también continúa estacionada en la casa de su hermana, donde acostumbraba dejarla.

Paz recordó, además, que el día de los hechos había preparado el almuerzo para su hijo y que la comida quedó servida cuando recibió la noticia de lo ocurrido. El impacto también alcanzó a los hijos de Donovan: uno de ellos, según el relato publicado, quería ingresar a la Policía Nacional, pero cambió de opinión después de la muerte de su padre.

La madre también expresó que siente dificultades para reclamar justicia por su situación económica y por pertenecer a una comunidad afrodescendiente, pues considera que se enfrenta a una institución con mayores recursos. “Donovan no se merecía esa muerte”, manifestó. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, su familia insiste en que se esclarezca lo sucedido, se investigue a todos los posibles implicados y se establezcan las responsabilidades por la muerte del hombre.

Los asesinos de Jaime Esteban Moreno, Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz, ya fueron condenados por un juez tras casi un año del crimen del joven estudiante de la Universidad de Los Andes. Camilo Rincón, abogado de la familia de la víctima, habló con Noticias Caracol tras conocerse la sentencia de 37 años y seis meses y señaló que la decisión judicial “es un bálsamo que recibe la familia Moreno Jaramillo con el sentido del fallo de carácter condenatorio por el homicidio a título de dolo, en circunstancias de agravación”. El defensor sostuvo que al juez le solicitó una condena de 550 meses, lo que traduce 45 años y 10 meses sin ningún tipo de beneficio.

Juan Carlos Suárez intentó responsabilizar del crimen a Ricardo González, según abogado

El juez del caso, indicó el abogado, “desestimó cualquier tipo de argumentación por parte de la defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz y de Ricardo Rafael González Castro. Desestimó cualquier posibilidad de que esto se hubiese transformado o hubiesen querido parecer un homicidio preterintencional. También aniquiló la única prueba con la que Juan Carlos Suárez Ortiz pretendió endilgarle su responsabilidad únicamente a Ricardo Rafael González Castro. También desestimó que aquí no se trataba de quién fue el que aquí propinó la patada mortal o el golpe mortal. Aquí hubo unos golpes consecutivos, unos golpes contundentes.

(Vea también: Gestos de implicados en muerte de Jaime E. Moreno luego de condena; tuvieron actitudes distintas)

Así fue precisamente también como lo acreditó el testigo directo que fue Juan David Cárdenas y también el médico patólogo que hizo la necropsia. Jaime Esteban no muere por un solo golpe, Jaime Esteban muere por una continuidad de golpes mortales que de manera deliberada Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro tomaron esa decisión de acabar con la vida de una persona que no tuvo ni siquiera la intención de defenderse”.

Según la investigación, en la madrugada del 31 de octubre de 2025, Jaime Esteban Moreno Jaramillo se encontraba compartiendo en un establecimiento comercial junto a su amigo Juan David. Al salir del lugar, ambos decidieron dirigirse a un Oxxo, ya que no encontraban un servicio de transporte por plataforma para regresar a su vivienda. Fue en ese momento cuando, presuntamente, se produjo el primer encuentro con Juan Carlos Suárez Ortiz, quien golpeó, amenó, intimidó e insultó a Jaime Esteban. Con el propósito de evitar la confrontación, los dos amigos continuaron su recorrido por la calle 64 en dirección a la carrera 15. Sin embargo, según la acusación, nuevamente fueron interceptados por Suárez Ortiz, quien actuó de manera violenta contra la víctima.

Ante la agresión, Juan David intentó defender a Jaime Esteban y logró bloquear uno de los ataques. No obstante, segundos después ocurrió el hecho que quedó registrado en videos ampliamente difundidos: una patada sorpresiva por la espalda que hizo caer a Jaime Esteban Moreno Jaramillo al suelo. Desde ese momento, la víctima no volvió a incorporarse. La Fiscalía sostiene que, mientras Jaime Esteban permanecía tendido en el piso, gravemente herido y expulsando sangre por la boca, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro aprovecharon el estado de indefensión en el que se encontraba para continuar la agresión. De acuerdo con el ente acusador, los ataques incluyeron múltiples patadas dirigidas a zonas vitales como el cráneo y el tórax, acciones que, según la hipótesis de la acusación, evidencian la intención de acabar con su vida de manera violenta y despiadada.

Paola Fernández, nombrada en caso Jaime Esteban Moreno

Finalmente, sobre Paola Fernández, quien es señalada como instigadora de estos hechos, el abogado indicó que ella “también fue mencionada no solamente en el juicio, sino también en la diligencia de hoy aquí en Paloquemao. Paola Fernández sigue siendo buscada por la Fiscalía, por la Policía, por la Interpol. Esperemos y confiamos que una vez termine este proceso penal podamos nosotros avanzar con la declaración de persona ausente, con la colaboración de la Fiscalía, claramente, y poder llevar a juicio a Paola Fernández mientras que se logre su captura”.

En su concepto final, la Procuraduría indicó que, al cierre de inscripciones el 26 de noviembre de 2025, el candidato solo podía acreditar 4 años, 10 meses y 26 días en docencia universitaria. Los verificadores descartaron un certificado laboral expedido por UPARSISTEM, dado que esa entidad se dedica únicamente a programas de formación para el trabajo y desarrollo humano, y no se considera institución de educación superior bajo la regulación colombiana. Con esto, la experiencia presentada por Echavarría resultó insuficiente para el cumplimiento del requisito exigido.

El mismo documento del ente de control fue enfático al señalar una errada actuación por parte del Tribunal de Garantías Electorales de la UPC, ente encargado del proceso electoral. Según la Procuraduría, este tribunal habría incurrido en falsa y falta de motivación al expedir el Acuerdo 009 de 2025, que habilitó la candidatura de Echavarría Gil después de un rechazo inicial. El argumento es que dicho acto no explicó cómo se realizó el cálculo del tiempo de experiencia, ni aclaró la validez de las certificaciones aportadas.

Sin embargo, el Ministerio Público desestimó otros señalamientos presentados durante el proceso. Por un lado, consideró que la sesión realizada el 9 de marzo, que duró apenas ocho minutos y en la que participaron cinco consejeros, no fue irregular. Por otro lado, concluyó que no existió un conflicto de intereses en la participación del consejero Marlon José Bastidas, a pesar de que este había sido suplente de Echavarría en la representación docente. Asimismo, aclaró que Echavarría Gil no estaba inhabilitado por tiempos, dado que la restricción de un año prevista en la ley solo aplica cuando se trata de contratos de prestación de servicios y no en casos de nombramientos legales y reglamentarios como la rectoría.

Por ahora, el Consejo de Estado mantiene suspendido a Echavarría Gil, mientras se prepara para emitir una sentencia anticipada, de acuerdo con la Procuraduría, lo que indica que no se practicarán nuevas pruebas y se decidirá con base en los documentos existentes.

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¿Por qué la Procuraduría solicitó la nulidad de la designación de Guillermo Echavarría como rector de la UPC?

La Procuraduría General de la Nación argumentó que Guillermo Echavarría Gil no cumplía el requisito de cinco años de experiencia académica en educación superior exigido para el cargo de rector, sumando únicamente 4 años, 10 meses y 26 días, y que una certificación de UPARSISTEM presentada como soporte no era válida por no tratarse de una institución de educación superior, según el análisis realizado y expuesto en el concepto final remitido al Consejo de Estado.

¿Qué significa experiencia académica en educación superior para el cargo de rector?

Según el análisis de la Procuraduría, la experiencia académica en educación superior implica haber trabajado durante un tiempo específico —en este caso, cinco años— exclusivamente en instituciones que ofrezcan programas universitarios o tecnológicos avalados por la normativa colombiana; las actividades en entidades que solo imparten formación para el trabajo y desarrollo humano, como UPARSISTEM, no se consideran experiencia de educación superior.

Los asesinos de Jaime Esteban Moreno, Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz, ya fueron condenados por un juez tras casi un año del crimen del joven estudiante de la Universidad de Los Andes. Camilo Rincón, abogado de la familia de la víctima, habló con Noticias Caracol tras conocerse la sentencia de 37 años y seis meses y señaló que la decisión judicial “es un bálsamo que recibe la familia Moreno Jaramillo con el sentido del fallo de carácter condenatorio por el homicidio a título de dolo, en circunstancias de agravación”. El defensor sostuvo que al juez le solicitó una condena de 550 meses, lo que traduce 45 años y 10 meses sin ningún tipo de beneficio.

Juan Carlos Suárez intentó responsabilizar del crimen a Ricardo González, según abogado

El juez del caso, indicó el abogado, “desestimó cualquier tipo de argumentación por parte de la defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz y de Ricardo Rafael González Castro. Desestimó cualquier posibilidad de que esto se hubiese transformado o hubiesen querido parecer un homicidio preterintencional. También aniquiló la única prueba con la que Juan Carlos Suárez Ortiz pretendió endilgarle su responsabilidad únicamente a Ricardo Rafael González Castro. También desestimó que aquí no se trataba de quién fue el que aquí propinó la patada mortal o el golpe mortal. Aquí hubo unos golpes consecutivos, unos golpes contundentes.

(Vea también: Gestos de implicados en muerte de Jaime E. Moreno luego de condena; tuvieron actitudes distintas)

Así fue precisamente también como lo acreditó el testigo directo que fue Juan David Cárdenas y también el médico patólogo que hizo la necropsia. Jaime Esteban no muere por un solo golpe, Jaime Esteban muere por una continuidad de golpes mortales que de manera deliberada Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro tomaron esa decisión de acabar con la vida de una persona que no tuvo ni siquiera la intención de defenderse”.

Según la investigación, en la madrugada del 31 de octubre de 2025, Jaime Esteban Moreno Jaramillo se encontraba compartiendo en un establecimiento comercial junto a su amigo Juan David. Al salir del lugar, ambos decidieron dirigirse a un Oxxo, ya que no encontraban un servicio de transporte por plataforma para regresar a su vivienda. Fue en ese momento cuando, presuntamente, se produjo el primer encuentro con Juan Carlos Suárez Ortiz, quien golpeó, amenó, intimidó e insultó a Jaime Esteban. Con el propósito de evitar la confrontación, los dos amigos continuaron su recorrido por la calle 64 en dirección a la carrera 15. Sin embargo, según la acusación, nuevamente fueron interceptados por Suárez Ortiz, quien actuó de manera violenta contra la víctima.

Ante la agresión, Juan David intentó defender a Jaime Esteban y logró bloquear uno de los ataques. No obstante, segundos después ocurrió el hecho que quedó registrado en videos ampliamente difundidos: una patada sorpresiva por la espalda que hizo caer a Jaime Esteban Moreno Jaramillo al suelo. Desde ese momento, la víctima no volvió a incorporarse. La Fiscalía sostiene que, mientras Jaime Esteban permanecía tendido en el piso, gravemente herido y expulsando sangre por la boca, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro aprovecharon el estado de indefensión en el que se encontraba para continuar la agresión. De acuerdo con el ente acusador, los ataques incluyeron múltiples patadas dirigidas a zonas vitales como el cráneo y el tórax, acciones que, según la hipótesis de la acusación, evidencian la intención de acabar con su vida de manera violenta y despiadada.

Paola Fernández, nombrada en caso Jaime Esteban Moreno

Finalmente, sobre Paola Fernández, quien es señalada como instigadora de estos hechos, el abogado indicó que ella “también fue mencionada no solamente en el juicio, sino también en la diligencia de hoy aquí en Paloquemao. Paola Fernández sigue siendo buscada por la Fiscalía, por la Policía, por la Interpol. Esperemos y confiamos que una vez termine este proceso penal podamos nosotros avanzar con la declaración de persona ausente, con la colaboración de la Fiscalía, claramente, y poder llevar a juicio a Paola Fernández mientras que se logre su captura”.

La nueva normativa impone obligaciones específicas para el personal que opera las rutas. En primer lugar, los conductores, además de contar con la licencia de conducción acorde a la categoría del vehículo, deberán acreditar obligatoriamente una certificación de competencias laborales en la modalidad de servicio especial, la cual será expedida por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) o por instituciones debidamente habilitadas para tal fin. Asimismo, las empresas transportadoras o las instituciones educativas que presten el servicio por cuenta propia deberán garantizar capacitaciones periódicas obligatorias en áreas críticas como seguridad vial, primeros auxilios, manejo defensivo, prevención de riesgos, gestión del comportamiento infantil y adolescente, protocolos de evacuación y cultura de servicio, de acuerdo con el citado medio.

De igual manera, el decreto regula de forma estricta la figura del adulto acompañante, estableciendo que su presencia a bordo será obligatoria durante todo el trayecto, salvo en los vehículos que transporten exclusivamente a estudiantes de educación superior. Esta persona deberá acreditar cualificación en seguridad vial, tránsito y primeros auxilios, y su ubicación dentro del automotor deberá ser estrictamente en una silla cercana a la puerta para supervisar de manera permanente el orden, así como el ascenso y descenso seguro de los menores. En el caso de transportar a estudiantes en condición de discapacidad, el acompañante deberá poseer una formación específica que garantice su atención integral especializada, según el informe periodístico.

Frente a los cambios operativos en las inmediaciones de los colegios, la normativa precisa que las paradas finales deberán ubicarse preferiblemente dentro de las instalaciones de las instituciones educativas. Cuando esto no sea factible, los puntos de descenso deberán garantizar un acceso seguro sobre el costado derecho en el sentido de la marcha, implementando señalización temporal o requiriendo la presencia de agentes de la Policía si el descenso se realiza al costado opuesto de la vía. Las autoridades reiteraron que los procedimientos de bajada y subida deben ser vigilados rigurosamente por un adulto mayor de edad, asegurando que las puertas se utilicen de forma ordenada. Con estas medidas, el Ejecutivo busca cerrar vacíos normativos y elevar los estándares de protección vial en los trayectos escolares de todo el territorio nacional, de acuerdo con el citado diario.

En materia de vivienda, uno de los frentes más avanzados es el desarrollo habitacional en la manzana 167, espacio comprendido entre las carreras 13 y 14 y las calles 13 y 13A. Según la Secretaría de Vivienda, el objetivo es entregar apartamentos subsidiados a familias vulnerables, incluyendo damnificados por el reciente terremoto, asegurando así un techo digno y acceso a servicios públicos y transporte. Tal como destacó la Alcaldía de Cali, esta iniciativa garantiza condiciones de seguridad y bienestar a sectores tradicionalmente afectados por la precariedad de su entorno.

La renovación no se limita a la vivienda; también se incluye la construcción de un parque urbano pensado para fomentar el encuentro ciudadano y la recreación. Este espacio estará ubicado en las manzanas 169 y 170, entre las calles 13 y 13A y las carreras 12 y 13, y servirá como un nuevo pulmón verde para el centro de Cali, una apuesta por el esparcimiento familiar y la recuperación ambiental. Ciudad Paraíso, delimitado por las calles 12 y 15 y las carreras 10 y 15, integra barrios históricos como El Calvario, Sucre y San Pascual, sectores que durante años han requerido acciones sostenidas de renovación urbana.

Las labores de demolición de predios en desuso y en riesgo representan otra fase clave. De acuerdo con la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana (EDRU), en conjunto con otras entidades distritales, ya culminó la demolición de siete predios, acción finalizada el 19 de octubre. Paralelamente, se avanza junto a la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres en la demolición preventiva de estructuras peligrosas; hasta la fecha, se han derribado cinco de las 21 edificaciones identificadas. Mauricio Bonilla Guerrero, gerente de la EDRU, resaltó la importancia de cumplir los plazos para que la oferta institucional llegue de manera oportuna a la comunidad.

La Alcaldía asegura que cada etapa sigue un Plan de Gestión Social junto al Fideicomiso Derivado San Pascual, que busca una atención integral a las familias afectadas, con apoyos como subsidios de arriendo temporal y planes de traslado para comercios. El proceso avanza con el retiro de escombros y nuevos acuerdos prediales en la manzana 170, sostenido en el acompañamiento permanente de la administración distrital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales proyectos de renovación urbana en Ciudad Paraíso, Cali?

La renovación de Ciudad Paraíso en Cali se centra en la construcción de viviendas subsidiadas para familias vulnerables y damnificadas, así como en la creación de un importante parque urbano en las manzanas 169 y 170. Además, se llevan a cabo demoliciones preventivas y procesos de gestión social para transformar la zona y mejorar la calidad de vida, de acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Cali y la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana.

¿En qué consiste el Plan de Gestión Social durante las obras de renovación en Ciudad Paraíso?

El Plan de Gestión Social implementado en Ciudad Paraíso busca atender de forma personalizada a los propietarios y familias afectadas por las obras, incluyendo procesos de enajenación voluntaria, avalúos comerciales y trámites jurídicos. Asimismo, contempla subsidios de arriendo temporal y ayuda para la reubicación de comercios, con el acompañamiento de entidades como el Fideicomiso Derivado San Pascual, según información oficial de la Alcaldía de Cali.

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En su diálogo con José Manuel Acevedo, director del informativo, Alcocer respondió sobre su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero las declaraciones de la ex primera dama entran en contradicción con lo que ha dicho el Departamento del Tesoro. “Yo solicité la revisión de mi caso particular, e inmediatamente me dijeron que sí. Que retomaban, que recibían mi caso y están en el proceso de revisión. Pero mi caso es independiente del de Gustavo [Petro]”, dijo.

Influencia de Alcocer en campaña de Petro

Ante una solicitud de información de NTN24, el Departamento del Tesoro situó nuevamente a Alcocer bajo escrutinio internacional y confirmó que permanece incluida en la lista de sanciones OFAC. “Verónica del Socorro Alcocer García fue incluida en la lista OFAC en virtud de la orden ejecutiva 14-059 por haber proporcionado o intentar proporcionar apoyo financiero, material tecnológico o bienes y servicios en apoyo de Gustavo Petro”, informó el Departamento del Tesoro.

“¿Qué tanta influencia tuvo en la campaña de su exesposo Gustavo Petro?”, preguntó Acevedo, y la respuesta de Alcocer fue dubitativa: “¿Yo influía en la campaña? No, yo no influía”. Sin embargo, esta afirmación choca con la de una persona que conoció muy de cerca la campaña: Laura Sarabia, que le dijo a la periodista Darcy Quinn: “Verónica Alcocer es una persona que tuvo mucha importancia en la campaña del presidente”.

En la entrevista, Alcocer también dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, está desinformado. “Yo estoy segura que desconoce la verdad. Estoy segura que lo han malinformado. Que ojalá nos dé la oportunidad, en algún momento me dé la oportunidad de tener un diálogo abierto y sincero para esclarecer estos hechos”, dijo. Pero Rubio ha sido contundente cuando le preguntan por la inclusión de Petro, Alcocer, Nicolás Petro y el exministro Armando Benedetti en la Lista OFAC. “Por alguna razón están ahí”, ha dicho.

Además, la oficina de Rubio ya había publicado un comunicado en el que aseguran que están bien informados de las acusaciones contra Alcocer. “Estamos al tanto de los reportes que señalan que Verónica Alcocer usó un avión oficial para transportar narcóticos a Venezuela y regresar con 2,5 millones de dólares. El 24 de octubre de 2025 la OFAC incluyó a Alcocer en su lista de sancionados, de conformidad con la Orden Ejecutiva que se dirige contra personas extranjeras implicadas en el tráfico ilícito de drogas a escala mundial”.

La negada amistad con Eva Ferrer

Otro punto clave de la entrevista fue cuando Alcocer negó tener una relación personal con Eva Ferrer, su exconsejera y quien ahora la acusa de haber encabezado una red de narcotráfico y tráfico de armas y desvío de capitales usando aviones oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana.

“Eva Ferrer no era una persona de confianza mía, no era una persona cercana y me generaba algo de tranquilidad porque teníamos amigos en común. La relación de Eva y mía era profesional”, aseguró Alcocer, y explicó que esa relación comenzó con la idea de que ella participara “en la construcción de un empoderamiento de la mujer, visibilización de las mujeres en la sociedad”.

“Gracias a ese momento y a ese diálogo es que ella resuelve venir a Colombia y yo la hospedo por varios meses en mi casa”, agregó Alcocer, pero en cambio de esclarecer, oscurece. Aunque la ex primera dama goza plenamente de la presunción de que dice la verdad, el sentido común rechaza la idea de que a una desconocida con la que apenas se mantiene una estricta relación profesional se le aloje por un tiempo tan prolongado en la casa privada de quien sería su jefa.

Por otra parte, resultan incontestables las imágenes que circulan profusamente por redes sociales en las que se ve a Alcocer y Ferrer en niveles de proximidad que superan lo estrictamente profesional. Esas imágenes hablan de un estrecho vínculo que se rompió entre las dos mujeres a las que hoy el país les exige que presenten las pruebas de lo que afirman. Hasta ahora, solo han anunciado esas pruebas.

De acuerdo con la información oficial emitida por la entidad, las indagaciones revelaron que varios contratistas habrían radicado planillas que certificaban supuestos aportes a salud y pensión los cuales, en la práctica, no se habrían efectuado. Dichos documentos fueron incorporados de manera sistemática dentro de las cuentas de cobro y posteriormente avalados por los supervisores de los contratos, quienes tenían la obligación legal de verificar su autenticidad antes de autorizar las transferencias de recursos públicos.

Frente a la gravedad de este escenario operativo, la entidad advirtió que la situación trasciende un simple error administrativo, señalando textualmente en su reporte: “No se trata de una inconsistencia menor. La acreditación de los aportes al Sistema de Seguridad Social es un control esencial en la ejecución contractual. Si los hechos son corroborados, podrían comprometer la responsabilidad de quienes presentaron los soportes y de quienes tenían el deber de verificarlos”. Asimismo, el documento subraya que las presuntas fallas de control no recaen únicamente en el comportamiento de los particulares, sino también en las omisiones de la supervisión contractual, cuya labor era garantizar la idoneidad de los documentos presentados.

Como respuesta directa a estas anomalías, la gerencia de RTVC, en cabeza de Ángela María Mora Soto, ordenó una auditoría exhaustiva y transversal que abarca la revisión detallada de todas las planillas, los soportes de cobro, las certificaciones de supervisión y las aprobaciones de pago emitidas entre 2023 y 2026, con el fin de dimensionar el impacto financiero y legal de lo ocurrido.

Ante el alcance de los hallazgos documentados, la actual dirección ratificó que toda la información probatoria será trasladada de manera inmediata a los organismos de control competentes, incluyendo la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para que inicien las investigaciones disciplinarias, fiscales y penales a que haya lugar. Con esta decisión, la gerencia reafirma su directriz institucional bajo la premisa clara de “revisar la casa por dentro, corregir los controles que fallaron y acudir a todas las instancias legales” para salvaguardar los recursos del Estado.

Según el reporte publicado por Noticiero 90 Minutos, los barrios que se verán impactados por la suspensión del servicio de agua son El Bosque, en la calle 47A con avenida 6N; San Marino, en la carrera 7J # 68-01; San Antonio, en la carrera 4 # 1-75; y Terrón Colorado, en la avenida 6 Oeste # 15-63. Emcali no especificó la duración de la interrupción, pero recomendó a los habitantes de estos sectores tomar las precauciones necesarias para abastecerse de agua y afrontar la contingencia de la mejor manera posible.

La medida responde a la necesidad de mantener en condiciones óptimas el sistema de acueducto, fundamental para el suministro de agua potable en Cali. Esta labor, aunque afecta de forma temporal a los barrios mencionados, es necesaria para prevenir fallas mayores y asegurar la calidad del servicio en el futuro. En casos previos, estas intervenciones han requerido la cooperación de la ciudadanía, que suele ser informada con antelación para que pueda prepararse ante la eventualidad.

Noticiero 90 Minutos señala que estas acciones de mantenimiento forman parte del compromiso de la empresa con la modernización y el buen funcionamiento de la red de acueducto. La empresa insiste en la importancia de estas intervenciones, al margen de las molestias que puedan causar por el tiempo que dure la suspensión del servicio en los sectores afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali que tendrán cortes de agua este martes?

Los barrios de Cali que experimentarán suspensión del suministro de agua potable este martes, según la información de Noticiero 90 Minutos y Emcali, son El Bosque, San Marino, San Antonio y Terrón Colorado. La empresa recomienda a los residentes de estas zonas tomar las medidas necesarias para enfrentar la interrupción temporal del servicio.

¿Por qué Emcali realiza trabajos de mantenimiento en la red de acueducto?

Emcali realiza trabajos de mantenimiento y reemplazo de elementos como válvulas en la red de acueducto con el objetivo de optimizar la infraestructura y garantizar un servicio de agua potable eficiente. Estas maniobras técnicas son necesarias para prevenir problemas mayores y asegurar la continuidad y calidad del suministro en Cali, a pesar de que puedan causar molestias temporales.

El episodio que desató una ola de reacciones y burlas en redes sociales como X, Instagram y Threads se originó en plena sesión de la corporación. Mientras defendía con vehemencia la gestión adelantada durante el anterior gobierno en relación con las manifestaciones contra la represión de la Fuerza Pública, la cabildante cometió un lapsus al emplear un pretérito inexistente en lugar de la forma correcta del verbo disminuir. En los extractos audiovisuales difundidos ampliamente por usuarios y opositores políticos, se le escucha manifestar textualmente: “Si usted va a decir que soy terrorista por defender a los colombianos y colombianas lo voy a seguir haciendo, durante el gobierno de Gustavo Petro se ‘disminujo'”.

Lo de María Fernanda Carrascal y su ya célebre “disminujo” es el reflejo perfecto de una clase política que corre más rápido para hablar ante las cámaras que para abrir un libro. https://t.co/BweJ6fqlaE

— 🅂🄴🄱🄰🅂_🄺🅄🄷🄽 (@atomarporqlo) October 20, 2026

Más allá de la controversia gramatical, la congresista afronta un frente judicial y disciplinario de mayor gravedad. La Procuraduría General de la Nación dio apertura formal a una investigación disciplinaria para esclarecer su presunta responsabilidad en la utilización de una menor de edad durante las protestas ciudadanas y sindicales desarrolladas el pasado miércoles 14 de octubre de 2026 en Bogotá.

El origen de esta actuación se remonta a la queja interpuesta por el concejal Santiago Perdomo Montoya ante la Comisión de Ética del Congreso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el propio Ministerio Público. Según los informes y registros audiovisuales aportados en la denuncia, la parlamentaria participó activamente en las marchas y apareció sobre una tarima acompañada por una niña de aproximadamente siete años frente a los manifestantes. En los videos se observa a la cabildante hablar al oído de la menor, tras lo cual esta procede a emitir consignas ante el micrófono, incluyendo una expresión soez dirigida directamente contra el presidente de la República. El denunciante advirtió que la exposición pública de la menor y la circulación masiva de su imagen vulneraron sus derechos fundamentales e identidad, hechos frente a los cuales la legislativa no ha emitido un pronunciamiento explicativo detallado.

Con el inicio formal de este expediente probatorio, la Procuraduría evaluará los elementos materiales y testimoniales necesarios para determinar si la congresista incurrió en faltas disciplinarias por la presunta instrumentalización de la menor. Mientras los estrados de control avanzan en la recolección de pruebas, la congresista continúa en el centro del debate político nacional, lidiando tanto con el escrutinio digital derivado de su reciente lapsus semántico como con las exigencias legales de rendir cuentas ante los entes disciplinarios.

De acuerdo con las revelaciones entregadas a Semana por la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, la orden directa provino de la propia jefatura del Estado. La exfuncionaria, encargada de la logística y custodia de las actas durante las sesiones con los exparas, ratificó ante la Fiscalía que el objetivo real distaba de la reconciliación institucional: “Gustavo Petro me dio la orden y era que teníamos que hacer el cierre de la negociación de Ralito con el pretexto de su política de paz total. Obviamente creí, en su momento, de manera ingenua que ese era el propósito. Después me enteré de que el enfoque era otro”. Según su testimonio, días antes del encuentro en una casa campestre cercana al río Guatapurí, el entonces mandatario le exigió direccionar las declaraciones de los exjefes de las AUC hacia la implicación directa de Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras.

El encuentro, que reunió a 11 excomandantes paramilitares como Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez (‘Macaco’), Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40’) y Fredy Rendón Herrera (‘El Alemán’), estuvo marcado por la tensión. Al plantearse la solicitud gubernamental, la reacción inicial de los excombatientes fue de rotundo rechazo. Una de las fuentes consultadas por el medio precisó: “Dije que prefería retirarme y levantarme”, al considerar que las verdades ya habían sido entregadas a los estrados de Justicia y Paz. Ante la negativa, Rodríguez optó por reorientar la mesa hacia propuestas de reparación a las víctimas y ubicación de fosas comunes, postura que generó la fuerte molestia del entonces presidente vía telefónica, quien le advirtió sobre consecuencias administrativas si no secundaba la directriz inicial.

La reunión comenzó a fracturarse de manera definitiva cuando confluyeron varios factores imprevistos. Por un lado, la presencia sorpresiva del entonces director de RTVC, Hollman Morris, y las intervuciones de asesores cercanos al Ejecutivo levantaron suspicacias entre los exparamilitares, quienes sintieron que querían utilizarlos como “idiotas útiles” para una jugada política. Por otro lado, un hecho coyuntural terminó por sepultar la sesión: en pleno desarrollo de la jornada, al entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, le notificaron vía telefónica su inclusión en la lista Ofac, lo que provocó su retiro inmediato del recinto y facilitó que los exjefes de las AUC abandonaran las instalaciones tras exigir la suspensión de las deliberaciones.

La versión de la exdirectora del Dapre fue plenamente corroborada por tres exjefes paramilitares que participaron en la cumbre de Valledupar. Uno de ellos aportó un detalle adicional sobre la logística de retorno a Bogotá al asegurar que, en el mismo vuelo oficial de traslado, se encontraba el hoy senador Iván Cepeda. Paralelamente, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso revalidó las denuncias a través de un video difundido en redes sociales, donde sentenció públicamente: “Delegados del gobierno de Gustavo Petro nos pidieron a los excomandantes de las Autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”. Con estas revelaciones, el expediente sobre el ‘Pacto de Valledupar’ pasa a convertirse en una de las pruebas más delicadas que la justicia ordinaria deberá investigar para esclarecer los límites del poder y el uso de los procesos de paz.

De acuerdo con lo informado por Noticias Caracol, el proceso de investigación reveló que el exmandatario habría recurrido a miembros de este grupo delincuencial con el propósito de amedrentar y presionar a contratistas para obtener pagos millonarios. Estas exigencias económicas, que ascendieron hasta cerca de 3.000 millones de pesos, estaban orientadas a permitir que los afectados continuaran sus labores comerciales sin mayores interferencias y, sobre todo, a salvaguardar la integridad de sus familias frente a la amenaza de represalias.

La investigación ha causado un fuerte impacto en San Andrés, ya que los individuos afectados serían contratistas de la misma Gobernación. La Fiscalía, al momento de divulgar avances sobre el caso, afirmó haber documentado a por lo menos dos víctimas dentro de este proceso judicial, quienes habrían sido sometidas a presiones y amenazas por el grupo criminal presuntamente vinculado al exgobernador. Entre los hechos más delicados que fundamentan la investigación figura la retención de un familiar de una de las víctimas. Este episodio habría sido utilizado como herramienta de presión para forzar la entrega del dinero solicitado bajo amenaza, configurando así el delito de secuestro extorsivo.

Como resultado de las pruebas materiales obtenidas por los organismos judiciales, se expidió la orden de captura contra Hawkins Sjorgreen, quien enfrentará ahora el proceso penal correspondiente. Según la información oficial recogida por Noticias Caracol, el caso queda en manos de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y la fiscal del Gaula, quienes presentarán cargos por extorsión agravada y secuestro extorsivo ante un juez de control de garantías.

Este caso representa uno de los episodios judiciales más representativos en la región, considerando la gravedad de las acusaciones y la relevancia política del detenido. La investigación sigue en curso, y, conforme se desarrollen las audiencias y diligencias judiciales, se darán a conocer nuevos detalles que permitan esclarecer la responsabilidad penal de los señalados en estos hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué delitos se le imputan al exgobernador Everth Julio Hawkins Sjorgreen en el caso de San Andrés?

El exgobernador Everth Julio Hawkins Sjorgreen deberá responder ante la justicia por los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo. Ambos cargos hacen referencia a conductas especialmente graves en el Código Penal colombiano y fueron imputados tras la investigación de la Fiscalía, que lo señala de exigir dinero a través de amenazas y de la retención de un familiar de una víctima, según lo informado por Noticias Caracol.

¿Cómo operaba la presunta red de extorsión según lo revelado por la Fiscalía?

La Fiscalía sostiene que Hawkins habría utilizado a integrantes de la estructura delincuencial ‘Las Salsas Mexicanas’ para intimidar a contratistas de la Gobernación de San Andrés, exigiendo millonarias sumas de dinero bajo amenazas de posibles ataques a las víctimas o sus familiares. Entre las estrategias empleadas estaría el secuestro, usado como mecanismo de presión. Toda la información ha sido confirmada a través de los hallazgos recopilados durante la investigación según Noticias Caracol.

(Vea también: Gobierno presenta ante el Congreso nuevo presupuesto general por 634,9 billones para 2026 y genera debate político en Colombia)

La sesión de la Cámara fue citada nuevamente para las 12:10 a. m. de este martes 20 de octubre, luego de una jornada extensa en la que los congresistas debatieron el articulado y las proposiciones presentadas.

Al reanudarse la plenaria, la corporación optó por acoger el texto que había aprobado previamente el Senado en una votación que cerró hacia las 3: 45 a. m, según puntualizó Caracol Radio.

Con la decisión de las dos plenarias, el proyecto supera sus votaciones en el Congreso. Sin embargo, todavía queda pendiente el proceso de conciliación entre Senado y Cámara, que debe revisar las versiones aprobadas y establecer el texto definitivo de la iniciativa antes de que concluya el trámite legislativo.

¿En qué se distribuirá el presupuesto de 2027?

Los $634,9 billones aprobados corresponden a los recursos previstos para financiar el funcionamiento del Estado, atender el servicio de la deuda pública y respaldar la inversión durante la vigencia fiscal de 2027.

La distribución contempla cerca de $393,25 billones para funcionamiento, $147,07 billones para el pago de la deuda y $94,63 billones para inversión. Esta última partida financiará programas y proyectos estatales, mientras que los recursos de funcionamiento cubrirán las obligaciones de las entidades públicas.

Uno de los cambios que marcó la discusión fue el recorte de $170.000 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aprobado durante el trámite presupuestal. De esa suma, $30.000 millones corresponden a funcionamiento y $140.000 millones a inversión. Los recursos liberados se redistribuirían, principalmente, entre la justicia ordinaria y otros sectores, incluido el deporte.

El monto y la distribución de los recursos estuvieron en el centro de la discusión legislativa, en medio de las presiones sobre las finanzas públicas y las decisiones que deberá tomar el Gobierno para atender sus compromisos el próximo año.

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La noche del lunes 19 de octubre terminó en tragedia en una carretera del Valle del Cauca. Un accidente que involucró a tres vehículos dejó tres personas muertas y una más gravemente herida en el corredor vial que conecta a Palmaseca con El Cerrito, a la altura de Palmira.

El siniestro ocurrió en el tramo que comunica al corregimiento de Palmaseca con el distrito de Rozo. Según los primeros reportes conocidos por Semana, en el choque estuvieron involucrados un automóvil particular y dos motocicletas. La fuerza del impacto provocó que tres personas perdieran la vida en el lugar.

La emergencia movilizó a unidades de los Bomberos Voluntarios y a agentes de tránsito de Palmira, quienes llegaron para atender a los afectados y asegurar el área. La persona que sobrevivió al choque sufrió heridas de gravedad y fue trasladada a una clínica de Cali para recibir atención médica.

Accidente en la vía Palmaseca.~ Rozo en Palmira

Tres personas fallecidas una más herida llevada a Cali

Involucradas dos motos y un vehículo. https://t.co/1Hz8JE5t9i

— Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) October 20, 2026

Autoridades investigan las causas del accidente en Palmira

Tras la atención inicial, personal judicial y de criminalística adelantó la inspección del lugar y las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos. Al momento del reporte, las identidades de las tres víctimas aún estaban pendientes de confirmación oficial.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Palmira inició las verificaciones para establecer cómo ocurrió la colisión y cuáles fueron los factores que incidieron en el accidente. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del choque y las posibles responsabilidades.

El caso se presentó en una vía que conecta varios sectores del centro del Valle del Cauca y que registra tránsito intermunicipal. Por ahora, la información divulgada sobre el siniestro no establece una causa definitiva ni permite atribuir responsabilidad a alguno de los conductores.

El señalamiento se centra en el posible papel de Marulanda dentro de una estructura relacionada con la Segunda Marquetalia, disidencia de las antiguas Farc. Tarazona sostuvo que el hombre estaría encargado de administrar y custodiar una mina ilegal que pertenecería a Géner García Molina, conocido como alias ‘John 40’, uno de los cabecillas de esa organización.

La viuda de Uribe precisó que la mina estaría ubicada en Vaupés o Guainía, aunque reconoció que no tenía certeza sobre cuál de los dos departamentos. Según su versión, la información recibida abrió una nueva posibilidad para esclarecer cómo se habría coordinado la ejecución del atentado contra su esposo, ocurrido en Bogotá en junio de 2025.

¿Quién es el hijo de ‘Tirofijo’ mencionado en la investigación?

El nombre de Alberto Cruz Lobo, alias ‘Enrique Marulanda’, volvió a aparecer en el debate público por los señalamientos de Tarazona, en una entrevista para el periódico El Tiempo.

Según ella, Marulanda habría intervenido en la coordinación de la orden material del crimen y tendría relación con una mina ilegal atribuida a alias ‘John 40’, integrante de la Segunda Marquetalia. La información hace parte de lo que Tarazona aseguró haber entregado a la Fiscalía y está pendiente de verificación judicial.

Alberto Cruz Lobo el hijito de Griselda Lobo, tiene el siguiente prontuario el angelito:
-Concierto para delinquir agravado
-Rebelión
-Narcotráfico
-Extorsiones
-Reclutamiento forzado de menores
-Homicidios selectivos

Su madrecita debe estar muy orgullosa 🤢🤮 https://t.co/PQYI1Ru5mI

— 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) December 11, 2025

Para entender quién es el hombre mencionado por Tarazona, hay que remontarse a su vínculo familiar con Manuel Marulanda Vélez, conocido como ‘Tirofijo’, fundador y máximo jefe histórico de las Farc.

Su historia también está ligada a Sandra Ramírez, quien fue compañera sentimental de ‘Tirofijo’ durante más de tres décadas y posteriormente llegó al Senado por el partido Comunes.

La relación con Ramírez comenzó cuando él era niño. En abril de 1989, Alberto, de nueve años, llegó con sus hermanos Mario y Pablo a Casa Verde, en Meta, donde permanecía su padre.

Los menores habían sido trasladados después de que su madre advirtiera que estaban siendo vigilados. Ramírez se hizo cargo de su crianza y la de sus hermanos; durante ese periodo les enseñó a leer y escribir y les dio su apellido. Así, Alberto pasó a ser conocido también como Alberto Cruz Lobo.

Su vida estuvo marcada por la presencia de las Farc. Ya en la edad adulta, se incorporó a la organización y estuvo vinculado al Bloque Oriental, que tuvo como comandante a Jorge Briceño Suárez, alias ‘Mono Jojoy’.

Años después participó en el proceso de paz entre la guerrilla y el Gobierno de Juan Manuel Santos. Tras la firma del acuerdo de 2016, se instaló en Mesetas, Meta, donde hizo parte de los espacios creados por antiguos combatientes para organizar su reincorporación a la vida civil.

La aparición pública de su alias volvió a llamar la atención en julio de 2022, cuando fue mencionado en un comunicado de la Segunda Marquetalia, disidencia integrada por Iván Márquez y otros antiguos mandos que abandonaron el acuerdo de paz. Esa referencia permitió relacionar nuevamente su nombre con una estructura armada surgida después de la desmovilización de las Farc.

¿Qué dijo María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe?

En la entrevista con El Tiempo, Tarazona afirmó que Marulanda habría impartido y coordinado la orden material para ejecutar el asesinato. La viuda hizo una distinción entre esa presunta función y la autoría intelectual, cuya determinación corresponde a la investigación judicial.

Según su relato, la Segunda Marquetalia habría intervenido en la preparación y ejecución del atentado, con participación de otros integrantes de esa organización. También mencionó a alias ‘Zarco Aldinever’ e Iván Márquez dentro de la cadena que, según la información que dijo conocer, habría conectado a los responsables con quienes ejecutaron el crimen.

Tarazona agregó que parte de los recursos utilizados habría salido de Venezuela y que la estructura criminal habría contratado a los encargados de ejecutar el ataque.

En su versión, alias ‘el Viejo’, señalado como coordinador de la red en Bogotá, habría declarado que recibió el encargo y el dinero de integrantes de esa organización. Esas afirmaciones deben ser contrastadas dentro del proceso judicial.

¿Qué falta por esclarecer en el caso de Miguel Uribe Turbay?

La información sobre Enrique Marulanda abre interrogantes sobre la posible cadena de coordinación del asesinato de Miguel Uribe Turbay, pero los señalamientos divulgados no equivalen a una decisión judicial sobre su responsabilidad. La Fiscalía deberá verificar los datos aportados, establecer si existen elementos materiales que los respalden y determinar el papel que habría tenido cada persona mencionada.

El caso sigue bajo investigación para establecer quiénes planearon el atentado, cómo se financiaron sus responsables y qué vínculos existieron entre quienes presuntamente impartieron las órdenes y quienes participaron en la ejecución. La versión entregada por Tarazona representa una nueva línea de indagación, no una conclusión definitiva sobre los autores intelectuales del crimen.

(Vea también: Tres personas fueron halladas muertas en zona rural de Chaparral, Tolima, y las autoridades investigan los hechos)

La entidad entregó detalles preliminares sobre las condiciones en las que operaba la mina y advirtió que, según la información recopilada hasta el momento, el sitio no cumplía con los requisitos exigidos para desarrollar actividades extractivas.

“Se presenta una emergencia en una mina en el municipio de Gámeza, Boyacá, que deja a un trabajador minero fallecido. A esta hora funcionarios de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Nobsa adelantan labores en el lugar para recuperar el cuerpo del trabajador”, escribió la entidad en su cuenta de X.

Según el reporte de la Agencia Nacional de Minería, la explotación donde ocurrió el hecho funcionaba de manera ilegal y no contaba con las condiciones necesarias para operar. La entidad no entregó, en su comunicación inicial, detalles sobre las circunstancias específicas que llevaron a la muerte del trabajador.

La emergencia vuelve a poner la atención sobre los riesgos asociados con las explotaciones que operan por fuera de los requisitos legales y de seguridad. En estos casos, la ausencia de condiciones adecuadas puede exponer a los trabajadores a peligros durante sus labores.

🚨 ATENCIÓN, EMERGENCIA MINERA EN GÁMEZA, BOYACÁ

A esta hora se atiende una emergencia minera en el municipio de Gámeza, Boyacá, que deja lamentablemente a un trabajador minero fallecido.

Funcionarios de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Nobsa adelantan labores en el lugar para recuperar el cuerpo del trabajador.

De acuerdo con la información preliminar, la mina no cumplía con las condiciones requeridas para operar y desarrollaba actividades de manera ilegal.

Reiteramos el llamado a no ingresar ni realizar actividades en explotaciones mineras ilegales o que no cuenten con las condiciones de seguridad necesarias.

— Agencia Nacional de Minería (@ANMColombia) October 20, 2026

Agencia Nacional de Minería hizo llamado tras la muerte del trabajador

Tras reportar el fallecimiento, la ANM pidió a la ciudadanía no ingresar ni desarrollar actividades en minas ilegales o que no cuenten con las medidas de seguridad necesarias.

La entidad reiteró que las explotaciones deben cumplir las condiciones exigidas para operar, con el fin de reducir los riesgos para quienes trabajan en ellas. Por ahora, el reporte sobre lo ocurrido en Gámeza corresponde a información preliminar y no se han divulgado más detalles sobre las causas de la emergencia.

(Vea también: Dan a conocer fecha aproximada de muerte Ayelén Sofía; habría sido días después de desaparecer)

Beltrán tiene 65 años y cerca de tres décadas de trayectoria en el ena. Actualmente, se desempeña como coordinador académico del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información, en Bogotá. Su presencia en la capital nariñense obedecía a una agenda de capacitación organizada por la Escuela Nacional de Instructores.

Según la información divulgada por la entidad, el profesor fue visto por última vez el domingo 18 de octubre, aproximadamente a las 6:47 p. m., en la carrera 30 n.º 20-45, sobre la avenida Los Estudiantes, en el norte de Pasto. Desde entonces, se solicita colaboración para dar con su paradero.

#ACTUALIDAD El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) hace un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para unir esfuerzos en la búsqueda del funcionario Gustavo Beltrán Macías, de quien se desconoce el paradero desde el domingo 18 de octubre, cuando fue visto por última vez a las 6:47 p. m. en la carrera 30 # 20-45, avenida Los Estudiantes, en Pasto, Nariño.

https://t.co/v2vIVVHFXe

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2026

¿Cómo identificar al docente del Sena desaparecido en Pasto?

La institución compartió detalles de su apariencia y de la ropa que llevaba cuando fue visto por última vez. Ese día vestía pantalón azul, camisa oscura y zapatos negros. También portaba una cadena de oro en el cuello.

Otro rasgo que puede ayudar a reconocerlo es una particularidad al caminar, relacionada con una condición en la cadera, según la información divulgada por el Sena.

La entidad pidió fortalecer las acciones de búsqueda y solicitó a los medios de comunicación y a la ciudadanía compartir los datos para ampliar su difusión.

¿Dónde entregar información sobre Gustavo Beltrán Macías?

Quienes tengan información que pueda ayudar a localizar al docente pueden comunicarse con el Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas del CTI de la Fiscalía en Nariño, a través del número 314 213 0062.

Hasta la publicación del reporte, no se habían divulgado hipótesis oficiales sobre lo ocurrido. Semana indicó que una de las posibilidades planteadas es que el caso esté relacionado con el posible hurto de la cadena que llevaba el profesor; sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.

(Vea también: Gobierno presenta ante el Congreso nuevo presupuesto general por 634,9 billones para 2026 y genera debate político en Colombia)

De los recursos previstos para el próximo año, $393,25 billones se destinarían al funcionamiento del Estado, $147,07 billones al pago de la deuda pública y $94,63 billones a inversión. La distribución de estas partidas fue uno de los asuntos centrales de la discusión legislativa.

Antes de la votación definitiva, congresistas de oposición expresaron reparos frente a la iniciativa e impulsaron una propuesta para archivarla. Sin embargo, esa solicitud no prosperó y el Senado continuó con el estudio hasta aprobar el proyecto.

El trámite también estuvo acompañado de cuestionamientos de sectores de la oposición, que pidieron archivar la iniciativa. Sin embargo, la plenaria del Senado rechazó esa propuesta y aprobó el informe de ponencia, con lo que el proyecto continuó hacia la votación de sus artículos.

#ATENCIÓN | Tras casi 12 horas de debate, la plenaria del Senado aprobó el Presupuesto General de la Nación 2027. Con cerca de 60 votos en promedio y la ausencia de la oposición en la recta final, el oficialismo aprobó el texto que promovía el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Vía: @davidortegaso
https://t.co/woHMRjVE2M

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2026

¿Qué falta para aprobar el presupuesto de 2027?

El Senado aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027, por un monto cercano a $634,9 billones, con lo que el proyecto del Gobierno de Abelardo de la Espriella superó una de las etapas decisivas de su trámite legislativo.

Sin embargo, la iniciativa todavía necesita el visto bueno de la Cámara de Representantes para completar su paso por el Congreso. La corporación debe estudiar y votar el proyecto dentro del plazo legal establecido para el 20 de octubre.

El presupuesto contempla recursos para el funcionamiento de las entidades estatales, el pago de la deuda pública y la inversión. La propuesta distribuye $393,25 billones para funcionamiento, $147,07 billones para el servicio de la deuda y $94,63 billones para inversión.

Si Senado y Cámara aprueban versiones diferentes, será necesario conciliar los textos para establecer una versión definitiva. El desenlace de ese trámite determinará cómo quedarán distribuidos los recursos públicos para 2027.

¿Por qué hay diferencias por el presupuesto de 2027?

Las críticas se concentran, entre otros asuntos, en la distribución de los recursos, las necesidades de financiación de algunos sectores y las proyecciones fiscales del Gobierno. La oposición cuestionó el monto destinado a los subsidios de energía y gas y planteó dudas sobre los cálculos relacionados con el servicio de la deuda.

Durante la discusión, la senadora Carolina Corcho defendió la propuesta de archivar el proyecto y sostuvo que los recursos previstos para determinados subsidios eran insuficientes frente a las necesidades del sector. También cuestionó los cambios en las cifras de la deuda incluidos en la iniciativa.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, defendió el proyecto al señalar que el país enfrenta restricciones fiscales que limitan la capacidad de atender todas las solicitudes de gasto. En su intervención, se refirió al tamaño del Estado, a la administración de los recursos y a las dificultades para recaudar impuestos.

Las diferencias también se relacionan con la inversión pública, que representa el rubro más pequeño de los tres grandes componentes del presupuesto. Algunos congresistas defendieron los ajustes que reducen recursos destinados al servicio de la deuda para trasladarlos a inversión, aunque persisten reparos sobre el alcance de esos cambios.

¿Qué pasa si el presupuesto no se aprueba antes del plazo legal?

El Congreso debe completar el trámite del proyecto a más tardar el 20 de octubre de 2026. Si las plenarias aprueban textos diferentes, será necesario conciliarlos para que ambas corporaciones adopten una versión definitiva dentro del plazo establecido.

Si el Legislativo no le da su aprobación dentro del término legal, el Gobierno deberá expedir el Presupuesto por decreto, con el mismo texto que presentó inicialmente ante el Congreso, según explicó El Espectador.

Por eso, las votaciones de las plenarias son determinantes para definir cómo se distribuirán los recursos públicos durante 2027. Además de la aprobación general, el resultado del debate establecerá cuáles de las modificaciones propuestas por los congresistas quedan incorporadas en el texto definitivo.

La discusión llega en un momento clave para las finanzas públicas, pues de ese presupuesto dependerá la asignación de recursos para el funcionamiento de las entidades estatales, el cumplimiento de las obligaciones financieras y los proyectos de inversión previstos para el próximo año.

A través de un pronunciamiento oficial, la institución indicó que “gracias a la rápida y efectiva reacción de nuestras unidades policiales, se logró la captura del sujeto señalado como responsable de los hechos ocurridos en las últimas horas en el municipio de Chiquinquirá”, señaló la Policía. La entidad también manifestó sus condolencias a la familia de la persona fallecida y aseguró que continuará trabajando para esclarecer completamente lo sucedido.

Un muerto y dos heridos dejó la agresión

El caso se registró durante la madrugada de este lunes 19 de octubre. De acuerdo con un comunicado emitido por la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, hacia las 5:12 de la mañana ingresaron al servicio de urgencias tres personas con lesiones ocasionadas por arma cortopunzante. Según el reporte médico, una de las víctimas fue un paciente de 70 años que llegó en condición crítica, con heridas en la región precordial y en paro cardiorrespiratorio. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal de salud, el hombre no respondió a los procedimientos y lamentablemente falleció.

La segunda víctima corresponde a una mujer de 52 años que presentó heridas en la región torácica y compromiso pulmonar. Debido a la gravedad de las lesiones, fue sometida a una cirugía de urgencia y posteriormente trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece bajo observación médica. Entretanto, un hombre de 27 años ingresó con heridas en las extremidades inferiores, abdomen y espalda. El hospital informó que recibió atención inmediata y sutura de las lesiones, y que su condición es estable. La gerencia del centro asistencial destacó la actuación del equipo médico y reiteró su compromiso con la atención oportuna y humanizada de los pacientes que llegan a la institución.

Avanza la investigación para esclarecer los hechos

Mientras se conocían los primeros reportes sobre el estado de salud de los afectados, las autoridades avanzaron en las labores de búsqueda del presunto responsable del ataque. Horas después, la Policía confirmó su captura, una noticia que fue recibida con atención por la comunidad chiquinquireña debido al impacto que provocó este caso. La investigación ahora busca determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió la agresión, así como establecer qué motivó el ataque que terminó cobrándole la vida a una persona y dejando otras dos lesionadas.

De acuerdo con la información divulgada por medios regionales, entre ellos Caracol Radio, el hecho generó conmoción en el municipio por la gravedad de las heridas sufridas por las víctimas y por tratarse de un episodio de violencia ocurrido en plena zona urbana. Por ahora, las autoridades mantienen reserva sobre varios aspectos del proceso mientras continúan las diligencias judiciales y la recopilación de elementos probatorios.

Entretanto, la comunidad permanece atenta al estado de salud de las dos personas que sobrevivieron al ataque y al desarrollo del proceso judicial. La Policía Nacional reiteró que seguirá acompañando las investigaciones para garantizar que este caso sea esclarecido y que, de comprobarse responsabilidades, los hechos no queden en la impunidad.

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De acuerdo con la información preliminar, el helicóptero UH-60 había despegado de la base militar de Popayán para abastecer a las tropas desplegadas en una instalación cercana a ese municipio, relevar uniformados y recoger al personal que debía regresar a la capital caucana.

El siniestro ocurrió minutos después de que la aeronave emprendiera el trayecto de regreso, en el sector del páramo de Las Delicias, cerca de la laguna de La Herradura. La primera línea de investigación apunta a que el aparato habría perdido sustentación, una situación que habría obligado al piloto, un teniente coronel, a ejecutar un aterrizaje forzoso para intentar controlar la emergencia.

Sin embargo, todavía es necesario establecer qué provocó la pérdida de estabilidad y si estuvo relacionada con una falla mecánica. Las inspecciones en el lugar y la recopilación de información serán fundamentales para esclarecer las causas del accidente.

Cuatro soldados tendrían heridas de mayor gravedad

Aunque las 19 personas que viajaban en el helicóptero sobrevivieron, varios militares sufrieron lesiones. Entre los afectados, cuatro soldados profesionales presentan heridas de mayor gravedad, incluidas fracturas múltiples que podrían requerir intervenciones quirúrgicas.

Los uniformados están siendo trasladados a centros médicos de Popayán y Cali para recibir atención especializada. Otros soldados sufrieron contusiones, mientras que algunos salieron ilesos del accidente.

Para apoyar la atención de los heridos, la Fuerza Aérea Colombiana desplegó un avión que facilita las labores de traslado y asistencia médica.

Investigan las causas del accidente en Cauca

Un equipo de inspección llegó al lugar del siniestro para iniciar las verificaciones correspondientes y recopilar información sobre lo ocurrido. En estas labores también participan comunidades indígenas de la zona, que brindan apoyo debido a las condiciones geográficas del sector.

Por ahora, la posible falla mecánica se mantiene como la primera hipótesis conocida, pero las autoridades deberán completar las investigaciones antes de determinar qué causó el accidente del helicóptero militar.

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El pronunciamiento se produjo después de dos reuniones que se extendieron por más de cinco horas: un consejo de seguridad para evaluar la situación de orden público y un encuentro del programa Milagro en las Regiones, iniciativa de su Gobierno.

Al finalizar las reuniones, De la Espriella se dirigió a los mandatarios locales y aseguró que no permitirá que quienes tienen responsabilidades públicas respalden a organizaciones criminales.

“He sido muy claro con el señor gobernador y los señores alcaldes. Uno no puede hablar de seguridad mientras haya políticos, empresas y grupos de poder que protejan, financien o faciliten las actividades del narcoterrorismo. Se acabó”, afirmó el presidente.

La advertencia de De la Espriella a los mandatarios de Arauca

Durante su intervención, el jefe de Estado endureció el mensaje y aseguró que su Gobierno utilizará herramientas nacionales e internacionales para perseguir a quienes, según sus palabras, terminen aliados con organizaciones narcoterroristas.

“Quien apoye a los narcoterroristas es igual de criminal que ellos y está igual de sucio con la sangre de los colombianos. Así que no lo vamos a permitir y vamos a utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales para perseguir a aquellos que terminen aliados con el narcoterrorismo”, manifestó.

Acá ese momento (desde el minuto 4:04):

La advertencia estuvo dirigida al gobernador Renson Jesús Martínez y a los alcaldes de los municipios de Arauca, en un contexto marcado por los desafíos de seguridad que enfrenta ese departamento.

Sin embargo, en el pronunciamiento citado, el presidente no presentó pruebas concretas contra alguno de esos mandatarios. Sus declaraciones constituyen una advertencia general frente a posibles vínculos entre actores políticos y grupos armados ilegales.

De la Espriella también lanzó mensaje contra el Eln y las Farc

El presidente amplió su pronunciamiento a través de sus redes sociales, donde explicó que el consejo de seguridad tenía como propósito evaluar la situación de orden público y fortalecer la ofensiva contra las organizaciones criminales.

“A mí Dios no me puso aquí para quedarme callado ni para mirar hacia otro lado. No soy político ni vengo de la política; por eso, no tengo la obligación de quedar bien con nadie distinto a la ley, la Constitución y los colombianos de bien”, escribió.

En otra parte de su mensaje, hizo referencia explícita al Ejército de Liberación Nacional (Eln) y a las disidencias de las Farc, al rechazar cualquier posible entendimiento entre esas organizaciones y dirigentes políticos.

“¡Que lo escuchen fuerte y claro! No voy a aceptar, ¡jamás!, alianzas entre políticos y los terroristas del Eln y las Farc. Quienes tienen las manos manchadas de sangre no pueden decidir el destino de nuestra patria”, señaló.

El mandatario cerró su mensaje con la promesa de utilizar las herramientas a su alcance para recuperar la seguridad en los territorios afectados por la violencia.

“Desde Arauca lo reitero: haré todo lo que me corresponda, cueste lo que cueste, para defender a los colombianos, recuperar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los territorios que durante años han sufrido el terror de los violentos”, puntualizó.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que Balanta murió por “una arritmia cardíaca provocada por descargas eléctricas” el pasado 20 de septiembre de 2026. El hombre había sido detenido en el sur de Bogotá y posteriormente trasladado a la estación de Policía de Cazucá, en Soacha, donde permaneció bajo custodia.

El dictamen forense también encontró otras señales de violencia en el cuerpo de la víctima. La necropsia documentó quemaduras y diferentes lesiones, elementos que ahora hacen parte de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación.

El caso comenzó en el barrio Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde los policías acudieron para atender una discusión entre vecinos que terminó en enfrentamientos entre civiles y uniformados. Durante el procedimiento, Balanta habría lanzado un objeto contundente contra un grupo de policías.

Según la reconstrucción presentada por El Tiempo, un subintendente y tres patrulleros procedieron a esposarlo y, posteriormente, “le propinaron golpes con puños y patadas en la cabeza y el abdomen, además de someterlo a múltiples descargas con el dispositivo táser”. Las agresiones y el uso del dispositivo eléctrico, de acuerdo con la investigación, continuaron después de que Balanta ingresó a la estación de Cazucá.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la investigación fue lo ocurrido durante el tiempo que el hombre permaneció bajo custodia. Balanta presentó señales que advertían sobre un deterioro en su estado de salud y pidió ayuda médica en varias oportunidades.

“Balanta Paz pidió reiteradamente atención médica porque tenía dificultades para respirar (…) Otra persona detenida solicitó que lo socorrieran. Pese a estas señales de alarma, no recibió apoyo oportunamente”, señaló la Fiscalía.

La investigación también apunta al comandante de la estación, quien presuntamente habría omitido la activación de los protocolos de atención médica y no habría intervenido para detener los tratos crueles ni el uso del dispositivo eléctrico.

Según la Fiscalía, aproximadamente 20 minutos después de que se evidenciara un deterioro físico y la pérdida de conocimiento de Balanta, el hombre fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, los médicos confirmaron su muerte durante la noche del 20 de septiembre.

El resultado de Medicina Legal se conoció este lunes 19 de octubre, mientras avanzaban las actuaciones contra cuatro uniformados. El CTI y la Sijín capturaron a los policías en Soacha y Barbosa, Santander, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y tortura agravados.

Los cuatro capturados deberán comparecer ante un juez de control de garantías. Según El Tiempo, durante las audiencias la Fiscalía presentará la imputación de cargos correspondiente para establecer la situación jurídica de cada uno de los implicados mientras continúa la investigación por la muerte de Donovan Balanta.

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El evento sísmico ocurrió a las 9:11 p. m., hora local, con una profundidad de 63 kilómetros. El municipio de El Litoral del San Juan, en el sector de Docordó, fue señalado como referencia geográfica del movimiento.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-19, 21:11 hora local Magnitud 3.0. Profundidad 63 km, El Litoral del San Juán (Docordó) – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/tCDWhnw6Pc

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 20, 2026

¿Cómo reportar y para qué un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) dispone de la plataforma Sismo Sentido para que las personas informen si percibieron un movimiento telúrico en el lugar donde se encontraban. Este mecanismo permite recopilar información de quienes sintieron el temblor, incluso cuando no se registran reportes desde otros sectores.

Para diligenciar el formulario, se debe ingresar al portal oficial Sismo Sentido del SGC. Allí, los usuarios pueden responder preguntas sobre su experiencia durante el evento sísmico y aportar datos relacionados con el sitio donde se encontraban cuando ocurrió.

¿Para qué sirve reportar un sismo? Los datos recopilados ayudan a los especialistas a establecer en qué zonas se percibió el movimiento y con qué intensidad fue sentido por la población. Esta información complementa los registros instrumentales de las estaciones sismológicas y permite conocer mejor los efectos del evento en diferentes lugares.

Los reportes ciudadanos también ayudan a identificar diferencias en la percepción del mismo temblor entre municipios y regiones. La experiencia puede variar según factores como la distancia al lugar de origen, la profundidad del sismo y las características del suelo y de las edificaciones.

Por eso, si una persona siente un movimiento telúrico, puede ingresar al portal y completar el cuestionario con información sobre lo que experimentó. Estos datos contribuyen al análisis de la actividad sísmica en Colombia y al conocimiento de cómo se perciben los temblores en el territorio nacional.

(Vea también: Reapareció Cepeda en marchas y defendió lo que, según él, fue el gobierno “pacífico” de Petro)

El momento más tenso llegó cuando Hernández se dirigió directamente a Cepeda y le lanzó una frase que llamó la atención durante su intervención: “Iván Cepeda, míreme si no le da miedo”. Al final de su discurso, también lo llamó “asqueroso heredero”.

-Ivan Cépeda míreme si no le da miedo:

“Bienvenido a la Patria Milagro, asqueroso heredero” 🤭

Grande @JotaPeHernandez

CC: @IvanCepedaCast https://t.co/FHl12cvNtd

— •Elizabeth Cardona• (@EliCrH) October 19, 2026

El enfrentamiento se produjo después de que se publicaran nuevas revelaciones sobre las reuniones en Valledupar en octubre de 2025 con antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según los testimonios divulgados por ese medio, funcionarios del entonces Gobierno de Gustavo Petro habrían buscado que los excomandantes señalaran a De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.

Jota Pe Hernández le lanzó fuerte frase a Iván Cepeda en el Congreso

Durante su intervención, Hernández cuestionó a Cepeda por referirse a una supuesta amistad entre De La Espriella y Mancuso, y lo acusó de no responder a los señalamientos relacionados con las reuniones de Valledupar.

“A Iván Cepeda, al que claramente yo aquí he enfrentado y le he mostrado su asqueroso pasado, así como el de sus señores padres, le voy a responder sin ningún tipo de miedo, porque usted es un personaje bastante siniestro que cree que todos le tenemos miedo, pero no, señor”, expresó el senador.

Luego, Hernández hizo referencia al proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe y cuestionó lo que consideró un cambio de posiciones frente a las acusaciones relacionadas con antiguos jefes paramilitares.

“Usted cabalgó sobre un proceso, el de Uribe, por una supuesta compra de testigos. Y vea cómo se voltea la torta, que ahora es Mancuso, el amigo de Petro. No venga aquí, señor heredero, a decirnos a nosotros que es el amigo de Abelardo De La Espriella, cuando era con Petro que se regalaban sombreros. ¿O ya se le olvidó?”, manifestó.

El audio de Salvatore Mancuso que reprodujo Jota Pe Hernández

En medio de sus cuestionamientos a Cepeda, Hernández reprodujo un audio de Mancuso en el que el exjefe paramilitar se refirió a las reuniones de Valledupar y a las supuestas solicitudes que habrían recibido los antiguos comandantes de las AUC.

“Esto fue lo que pasó en Valledupar en octubre de 2025. Delegados del gobierno Petro les pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, a De La Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”, se escucha decir a Mancuso en el fragmento divulgado por el senador.

La declaración coincide con la versión que el exjefe paramilitar difundió públicamente sobre el encuentro. La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, también ha señalado que desde el Gobierno de entonces se habría impulsado una estrategia para vincular a esas figuras políticas con organizaciones paramilitares.

Después de reproducir el audio, Hernández volvió a dirigirse a Cepeda y aseguró que las revelaciones de Rodríguez y Mancuso estaban poniendo en cuestión al Gobierno que el senador había respaldado.

“Señor Cepeda, se está volteando la torta y puedo ver en su cara el miedo que lo aborda, porque Angie Rodríguez y el mismo Mancuso están mostrando cómo operaba la porquería de gobierno que usted siempre defendió”, afirmó.

Finalmente, repitió el reclamo que marcó su intervención: “Iván Cepeda, míreme si no le da miedo. Iván Cepeda, míreme si no le da miedo. Bienvenido a la Patria Milagro, asqueroso heredero”.

De acuerdo con la información dada a conocer por el jefe de Estado, esta decisión responde a los recientes hechos que alteraron la seguridad de la zona, donde se reportó, por ejemplo, que el Eln atravesó una tractomula en el sector de Flor Amarillo, obstaculizando el paso en la vía entre Tame y Arauca. A raíz de estos sucesos, el presidente aseguró que desarrollará una ofensiva fuerte contra el Eln y las disidencias de las Farc. En sus palabras, "Ninguno de estos bandidos de las Farc o del Eln que delinquen aquí se va a quedar en Arauca, y tampoco los extorsionistas, porque siguen delinquiendo desde las cárceles. He ordenado trasladarlos en el término de la distancia (de inmediato) a todos", enfatizando así su postura frente a la criminalidad y la reincidencia de delitos desde los centros carcelarios.

Como parte integral de la estrategia, durante el consejo de seguridad, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el aumento del pie de fuerza policial y militar en la zona y el fortalecimiento del control fronterizo, enfocándose en combatir delitos como el narcotráfico, la extorsión y el contrabando. Este tipo de medidas se han implementado previamente, pues el pasado 25 de septiembre, el mandatario ordenó el traslado de internos vinculados con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) que estaban recluidos en Santa Marta, capital del Magdalena, asegurando que quienes lleguen a ser capturados por su pertenencia a ese grupo serán igualmente enviados a cárceles alejadas de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el presidente decidió trasladar a jefes del Eln y de las Farc desde Arauca?

El presidente Abelardo de la Espriella tomó la decisión de trasladar a estos internos ante la persistencia de delitos cometidos desde la cárcel en Arauca y debido a recientes hechos de alteración del orden público. Según sus declaraciones, estos jefes criminales y extorsionistas continuaban delinquiendo desde el interior del centro penitenciario y, por ello, ordenó su traslado inmediato a cárceles de máxima seguridad en otras regiones.

¿Qué acciones adicionales anunció el presidente para mejorar la seguridad en Arauca?

Además del traslado de los reclusos, el presidente manifestó en el consejo de seguridad un aumento del pie de fuerza y el refuerzo de los controles fronterizos en Arauca. Estas medidas buscan combatir delitos como el narcotráfico, la extorsión y el contrabando, con el objetivo de devolver la estabilidad y fortalecer el orden público en la región.

Media Luna es destacada como una de las zonas más hermosas y productivas del Cesar, con una población aproximada de 7.000 habitantes. Estas personas ahora contarán con acceso directo a servicios básicos gracias a la nueva infraestructura, que aspira a transformar su calidad de vida de manera significativa. La importancia de esta obra radica no solo en su magnitud, sino también en la prolongada espera que implicó para la comunidad, que había visto desfilar a diferentes mandatarios sin lograr la concreción del proyecto.

El mandatario manifestó que, al asumir su administración, recibió el proyecto ya estructurado y se encargó de gestionar su viabilidad ante el Gobierno nacional. Finalmente, la optimización del sistema de acueducto se materializó gracias a una financiación cercana a los $25.208 millones, recursos provenientes del Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz (OCAD Paz), el cual es un mecanismo nacional para asignar recursos destinados a zonas que requieren intervenciones de construcción de paz.

De acuerdo con Rocha, la inversión responde a una estrategia dirigida a cerrar brechas sociales en un territorio calificado como prioritario, en un contexto de avances para la construcción de paz. La relevancia de la obra no se limita al acceso a agua potable, sino que se extiende al mejoramiento de la salud pública y la dignidad de los habitantes de Media Luna, quienes se beneficiarían de una prestación adecuada de servicios públicos.

Ese mismo día se marcó otro hito para la comunidad al dar inicio a la construcción del sistema de alcantarillado en el corregimiento. El mandatario local expresó: "La revolución de las obras sigue dejando huellas con la puesta del primer tubo de alcantarillado, un paso importante para el desarrollo y el bienestar de nuestra gente". Así, el municipio de San Diego avanza en la mejora de condiciones básicas para los habitantes de uno de sus corregimientos más emblemáticos.

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¿Cuántos habitantes se beneficiarán con el nuevo acueducto en Media Luna, Cesar?

Según la información proporcionada por el alcalde Unaldo Rocha, el acueducto permitirá que alrededor de 7.000 habitantes de Media Luna tengan acceso directo a agua potable y mejores condiciones de saneamiento básico, lo que representa un avance significativo para este corregimiento reconocido por su productividad y belleza.

¿Qué es el OCAD Paz y cómo financió el acueducto de Media Luna?

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz (OCAD Paz) es un mecanismo nacional responsable de asignar recursos a proyectos en territorios priorizados por su contexto de construcción de paz. Según explicó Unaldo Rocha, el acueducto de Media Luna obtuvo una financiación de $25.208 millones a través de este organismo, lo que permitió su ejecución y puesta en marcha.

Según información del ente acusador, el entonces presentador deportivo supuestamente utilizó su experiencia y posición de poder en la compañía para acercarse a las víctimas. A ellas, en varias oportunidades, se les habría contactado físicamente sin su consentimiento y recibido mensajes de tono lujurioso a través de redes sociales. El proceso judicial se lleva a cabo en el marco de la labor de un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para la Investigación y Judicialización de Violencias Basadas en Género en Entornos de Medios de Comunicación. Este grupo fue creado con la finalidad de unir capacidades investigativas y ofrecer una respuesta especializada, con enfoque de género, a denuncias de acoso sexual y otras formas de violencia contra mujeres comunicadoras.

En marzo de 2026, Orrego y el presentador Jorge Alfredo Vargas abandonaron Caracol Televisión en medio de una investigación interna del canal por denuncias de presuntos acosos sexuales. En ese contexto, periodistas colombianas usaron las etiquetas #MeTooColombia y #YoTeCreoColega para visibilizar casos similares en redes sociales. Tras los primeros señalamientos, Caracol Televisión activó protocolos internos y anunció la salida de ambos periodistas. La empresa aclaró que esas decisiones no representaban pronunciamiento alguno sobre la veracidad de los hechos ni de responsabilidades individuales. El presidente del canal, Gonzalo Córdoba Mallarino, informó después sobre el inicio de una investigación independiente, que sería adelantada por una comisión externa encabezada por Catalina Botero Marino, garantizando audiencias respetuosas, confidenciales y sin revictimización.

Posteriormente, Orrego reapareció en un video tras siete meses de ausencia pública. Alegó haber optado por el silencio con prudencia y respeto hacia el proceso judicial, y manifestó que la investigación supuso el cierre de un ciclo profesional y un reto para su reputación. El periodista aseguró que su defensa se restringirá a los escenarios judiciales y que continuará colaborando plenamente con las autoridades.

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¿Por qué la Fiscalía le imputó cargos a Ricardo Orrego por violencia de género?

La Fiscalía General de la Nación atribuyó a Ricardo Orrego presuntas conductas de acto sexual violento y acoso sexual, debido a acusaciones provenientes de cinco mujeres vinculadas laboralmente con él en Caracol Televisión. Según el ente investigador, estas acciones habrían incluido contacto físico no consentido y el envío de mensajes de índole sexual, aprovechando su posición de poder.

¿Qué significa un enfoque de género en la investigación judicial?

Un enfoque de género implica que las investigaciones, como la liderada por el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, consideran las circunstancias específicas que enfrentan las mujeres y buscan garantizar respuestas especializadas, protección y justicia ante casos de violencia, acoso sexual y discriminación en el entorno laboral y de medios de comunicación.

(Vea también: Cineastas retratan los efectos de los incendios en Villa de Leyva con el corto “La jaula del tiempo” durante el Festival Villa del Cine)

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, habitantes de la vereda El Espinal, en jurisdicción de Sáchica, reportaron la presencia de las llamas en la parte alta de Boquerón, donde las condiciones del terreno representan un desafío para las labores de control.

Por ahora, no se ha establecido la extensión del área afectada ni las causas que originaron el fuego. La emergencia se presenta menos de un mes después de otro incendio de grandes proporciones que afectó los cerros de Villa de Leyva.

Se volvió a prender Iguaque. Se volvió no, lo volvieron a prender. Hoy hacía las 5 de la tarde, manos criminales prendieron fuego en las montañas Villa de Leyva, en la zona del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. Los bomberos y la comunidad están trabajando en la zona. Pero el acceso es muy complicado y peligroso, por lo empinado y por la hora. Está vez queremos pedirle a gobernación @CarlosAmayaR y a las autoridades que estén listos para una posible expansión del fuego y evitar que se repita la historia de septiembre. Mejor dicho que hagan presencia cuánto antes. Pero de otro lado es urgente poner a andar un operativo y una investigación completa que nos entregue reportes y ojalá capturas relacionadas con este nuevo incendio y con el anterior.

— Javier de la Cuadra (@JavierDlacuadra) October 20, 2026

Incendio forestal en Villa de Leyva: así avanzan las labores de los bomberos

El Cuerpo de Bomberos de Villa de Leyva ya se encuentra en el lugar para atender la emergencia. A estas labores se sumaron cerca de 10 integrantes del grupo especializado forestal y una unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos de Tunja, según la información suministrada sobre el operativo.

La difícil topografía del sector de Boquerón complica el acceso a la zona afectada y las tareas para contener las llamas. Por esa razón, las autoridades departamentales anunciaron el apoyo de un helicóptero especializado para reforzar la atención de la emergencia.

Mientras avanzan las labores de los organismos de socorro, las autoridades trabajan para contener el fuego y establecer qué provocó el nuevo incendio forestal.

Carlos Amaya anunció apoyo aéreo para controlar el incendio

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se pronunció sobre la emergencia a través de su cuenta de X. Según explicó, recibió el reporte del alcalde encargado de Villa de Leyva, Nicolás Méndez Figueroa, y dispuso el desplazamiento del director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo hacia el lugar.

Amaya también anunció que un helicóptero especializado, con personal que recibió entrenamiento en Chile, llegará al municipio el martes 20 de octubre a primera hora para apoyar las labores de control.

“Por la difícil topografía donde se inició el incendio, di instrucciones para el uso de un helicóptero especializado, con personal que tuvo entrenamiento en Chile, que hará presencia en el municipio mañana a primera hora”, señaló el mandatario.

Además, el gobernador indicó que solicitó el apoyo del alcalde de Tunja y de su Cuerpo de Bomberos para fortalecer el operativo.

“Vamos a trabajar sin descanso para contener el incendio y proteger nuestra naturaleza”, afirmó.

Hace unos minutos fui informado por el alcalde (e) de Villa de Leyva, Nicolás Méndez Figueroa, sobre un incendio forestal que se activó hace cerca de media hora.

De inmediato, el director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo se dirige a la zona.

Por la difícil topografía donde se inició el incendio, di instrucciones para el uso de un helicóptero especializado, con personal que tuvo entrenamiento en Chile, que hará presencia en el municipio mañana a primera hora.

Los Bomberos de Villa de Leyva ya están en el lugar, pero hemos solicitado el apoyo del alcalde de Tunja y de su Cuerpo de Bomberos para fortalecer las labores de control.

Les pedimos a las autoridades competentes celeridad en las investigaciones para esclarecer las causas de esta emergencia.

Vamos a trabajar sin descanso para contener el incendio y proteger nuestra naturaleza.

— Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) October 19, 2026

De acuerdo con los resultados presentados, el sistema de clasificación de Col-Sapiens utiliza diez categorías, desde D1, la más alta, hasta D10, la cual se refiere al grupo de menor desempeño académico dentro del listado. Es importante aclarar que esta metodología no asigna puestos individuales; es decir, los colegios que aparecen en la misma categoría D simplemente comparten un nivel de rendimiento, sin que uno sea considerado superior al otro dentro de ese grupo.

En el caso de Valledupar, el Colegio de la Sagrada Familia ocupa la categoría D3, siendo el mejor ubicado del municipio en el listado consultado. Además, esta institución ostenta una calificación AA en el aspecto de certificaciones o acreditaciones, otra escala que evalúa la calidad pero sobre parámetros distintos al desempeño académico. En la categoría D5 figuran cinco instituciones: Colegio Bilingüe de Valledupar (AAA+ en certificaciones), Colegio Santa Fe (AA), Colegio San Fernando (A), Colegio Windsor (A) y Colegio Nacional Loperena, para el que no se evidencia calificación en certificaciones en la plataforma.

El Gimnasio del Norte y el Colegio Colombo Inglés hacen parte de la categoría D6 —con AAA y AA, respectivamente, en certificaciones— mientras que el Colegio Internacional la Sierra está en D7 y cuenta con AAA en certificaciones. En D8 aparecen el Colegio Parroquial el Carmelo y el Gimnasio del Saber, ambos calificados con A, y el Colegio Fisher School, que no presenta información sobre certificaciones. Finalmente, el Colegio Comfacesar Rodolfo Campo Soto se ubica en D9, también con A en certificaciones.

Es fundamental comprender que las categorías D1 a D10 se relacionan directamente con resultados académicos, mientras que las letras A, AA, AAA y demás variantes corresponden al reconocimiento de certificaciones o acreditaciones de calidad. Como aclara la plataforma, una puntuación elevada en certificaciones (como AAA+) no implica necesariamente que el colegio pertenezca a la mejor categoría académica. Ambas escalas miden aspectos diferentes y deben interpretarse por separado.

Según información de Sapiens Research, Col-Sapiens 2026-2027 evaluó más de 14.700 colegios en Colombia y clasificó a 892. El ingreso al ranking exigió tener categoría A+ en la plataforma Prisma del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) y un índice general mínimo de 0,80 en los años evaluados: 2024 y 2025. El principal objetivo fue identificar tanto la estabilidad del rendimiento académico como el cumplimiento de certificaciones reconocidas, siguiendo criterios estrictos de investigación.

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¿Cuáles son los mejores colegios de Valledupar según Col-Sapiens 2026-2027?

El Colegio de la Sagrada Familia se destaca en el ranking como el mejor ubicado de Valledupar, al figurar en la categoría D3. Además, el Colegio Bilingüe de Valledupar resalta en certificaciones, alcanzando una calificación AAA+. Otras instituciones como el Gimnasio del Norte y el Colegio Internacional la Sierra también presentan altos niveles en certificaciones, pero la clasificación académica principal la lidera la Sagrada Familia.

¿En qué consiste la clasificación D1 a D10 del ranking Col-Sapiens?

El ranking Col-Sapiens clasifica a los colegios en diez categorías, desde D1 (más alta) hasta D10 (más baja), según su desempeño académico. Esta escala permite agrupar instituciones con resultados similares, sin asignarles posiciones estrictas dentro del grupo. La interpretación correcta de estas categorías es clave para entender el nivel académico de cada colegio en comparación con otros.

Durante su intervención, el mandatario reafirmó su decisión de enfrentar eventuales "alianzas" entre el poder regional, empresarial y sectores que terminan aliados con grupos calificados como terroristas. Esta línea de acción, que ya había sido mencionada por De la Espriella en una visita previa a Cúcuta, fue reiterada el 19 de octubre, enfatizando que no aceptará interferencias de "manos sucias de sangre" en los destinos de la población. Según El Espectador, aunque no mencionó nombres específicos, el jefe de Estado fue contundente al expresar que no se puede hablar de seguridad mientras haya "políticos, empresas y grupos de poder que protejan, financien o faciliten las actividades del narcoterrorismo".

Este tipo de enfrentamientos no es nuevo; ya antes De la Espriella había confrontado a otros mandatarios regionales. Así ocurrió en Sincelejo con el alcalde Yahir Acuña y en San Andrés, donde la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz, ambas Liberales, fueron advertidas de que el gobierno conoce lo que ocurre en la isla. Igualmente, tras un atentado en Los Patios, Cúcuta, el presidente reafirmó que no permitirá que ningún mandatario se alinee con organizaciones ilegales.

En lo referente a los logros en materia de seguridad en Arauca, De la Espriella destacó una reducción del 56 % en los homicidios y del 71 % en los ataques contra la Fuerza Pública en el periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 15 de octubre de 2026, según datos reportados por El Espectador. Este esfuerzo está respaldado por el fortalecimiento de la Fuerza Pública en inteligencia, operaciones y control terrestre y fluvial, orientado a intensificar la ofensiva contra Eln y las disidencias de las Farc.

Además, el mandatario exigió al Eln la liberación inmediata de cinco secuestrados, incluidos dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), dejando claro que su gobierno no negociará con el terrorismo y solicitando al Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) que intensifique los operativos de rescate. Finalmente, anunció el traslado de cabecillas y objetivos de alto valor detenidos en Arauca, disposición similar a la que ordenó días antes en San Andrés.

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¿Cuáles fueron los principales logros de la estrategia de seguridad en Arauca bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con información de El Espectador, la administración de Abelardo de la Espriella resaltó como principales logros la reducción del 56 % en el número de homicidios y una disminución del 71 % en los ataques dirigidos contra la Fuerza Pública, en el periodo reportado entre el 7 de agosto y el 15 de octubre de 2026, mostrando un impacto relevante de las acciones implementadas por la Fuerza Pública en la zona.

¿Qué significa la sigla Gaula y cuál es su función en el contexto del conflicto en Arauca?

La sigla Gaula corresponde a Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal. Estos grupos tienen la función específica de operar para la liberación de personas secuestradas y la lucha contra la extorsión y el secuestro, como lo destacó el mandatario Abelardo de la Espriella al pedirles intensificar los operativos de rescate en Arauca frente a los secuestros atribuidos al Eln.

Pese a la severidad de la condena, tanto la Fiscalía como los defensores de los acusados y los abogados de la familia de la víctima manifestaron desacuerdo con la decisión, salvo la Procuraduría. Por este motivo, anunciaron que apelarán el fallo. Las partes interesadas expondrán sus argumentos en una audiencia virtual convocada por el juez, con el fin de que el Tribunal Superior de Bogotá analice nuevamente el caso y valore la decisión adoptada en primera instancia.

La reconstrucción de los hechos revela que la confrontación ocurrió luego de que Jaime Esteban y su amigo Juan David Cárdenas Ortiz salieran del establecimiento Bifor Pub en la madrugada, buscando transporte hacia sus hogares. Durante este trayecto, Juan Carlos Suárez Ortiz inició una agresión física contra la víctima. La violencia continuó incluso cuando Jaime Esteban intentó alejarse. Ricardo Rafael González Castro se sumó posteriormente al ataque, incrementando la gravedad de la situación. El juez determinó que ambos continuaron golpeando a la víctima incluso cuando yacía en el suelo y no podía defenderse.

Un punto relevante durante el juicio fue el origen de la agresión. Según explicó una testigo, Valentina Paricet Peña Castañeda, una mujer vestida de negro señaló a Jaime Esteban como supuesto acosador, lo que desencadenó los sucesos. Sin embargo, el despacho advirtió que el proceso no buscaba determinar si existió acoso, sino si el señalamiento de terceros fue asumido como justificación suficiente para ejercer violencia, lo cual quedó probado a juicio del juez. Además, se recogió la manifestación de Suárez Ortiz de que continuarían el ataque si alguien los animaba, lo que evidenció una dinámica colectiva e irresponsable de los acusados.

Entre los factores agravantes considerados estuvieron la hora del ataque —la madrugada—, la superioridad numérica, el estado de vulnerabilidad de la víctima y el hecho de que la agresión continuó cuando Jaime Esteban había perdido toda capacidad de defensa. El juez subrayó que la responsabilidad no radica solo en los golpes individuales, sino en haber participado de manera conjunta en una conducta que resultó fatal. El tribunal determinó, además, las circunstancias de mayor punibilidad previstas en el artículo 58 del Código Penal por haber actuado bajo motivo abyecto y aprovechando la condición de indefensión de la víctima, según la sentencia reseñada por El Espectador.

Con este fallo, el caso avanza a segunda instancia, mientras permanece vigente el debate sobre la pertinencia de la pena y las circunstancias que rodearon los hechos.

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¿Por qué el juez dictó la condena de 37 años y seis meses de prisión por homicidio agravado?

El juez consideró probado que Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro atacaron a Jaime Esteban Moreno Jaramillo cuando este se encontraba en estado de indefensión. La sucesión de golpes, la imposibilidad de la víctima para defenderse y la continuidad de la violencia después de que cayera al suelo fueron claves para aplicar el agravante previsto en el numeral séptimo del artículo 104 del Código Penal, que contempla una pena mayor cuando se comete homicidio aprovechando la indefensión de la víctima.

¿Qué es un motivo abyecto en el proceso penal y cómo se aplicó en este caso?

El motivo abyecto, según el artículo 58 del Código Penal, implica actuar movido por razones despreciables o indignas socialmente. En este caso, el juez consideró que los agresores justificaron el ataque por señalamientos de terceros, actuando con saña e incitados por el entorno, sin que existiera peligro real o recurrencia a las autoridades, lo que constituyó una motivación abyecta y agravó la condena.

El Tribunal Superior de Sincelejo sentenció en septiembre a Martínez Santamaría a 27 años de prisión, considerándolo determinador en los homicidios de los hermanos Humberto Escobar Mercado, Preliciano Mercado García y Eusebio Osorio Mercado. La abogada Hoyos representa a las víctimas de este caso, mientras que el Movice Sucre ha respaldado a la familia en su búsqueda de justicia, según información del Cajar. Inicialmente, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos había absuelto a los procesados, pero tras la apelación de la Fiscalía y de Hoyos, el Tribunal cambió la decisión, condenando también a Neiser Manuel Contreras Montiel, Ever Manuel Álvarez Madrid y Roger Alfredo Contreras Macea como autores materiales, según la información divulgada por el Cajar.

La masacre ocurrió el 25 de enero de 2018 en el corregimiento La Guaripa, en Sucre, mientras los tres hermanos realizaban labores en el predio El Trébol. El colectivo de abogados informó que el crimen fue precedido por una prolongada disputa por la tierra, con antecedentes de amenazas y agresiones a la familia, denuncias que no evitaron el asesinato. Un mes después de la condena, las amenazas a Hoyos y Barrios mencionan expresamente a personas y las vinculan con el proceso judicial, lo que evidencia un seguimiento directo, advirtió el Cajar en un comunicado emitido el 19 de octubre.

El Cajar solicitó a la Presidencia, al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Sucre y a las autoridades locales que se activen rutas de prevención y se convoquen con urgencia instancias territoriales de garantías. Además, pidieron a la Fiscalía investigar de manera diligente la autoría de las amenazas y exigieron que el Gobierno reconozca públicamente la labor de los defensores de derechos humanos, evite su estigmatización y comunique sobre los hechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana.

La organización también instó a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a entidades internacionales a acompañar a las víctimas y vigilar la respuesta estatal. Finalmente, el Cajar reafirmó su compromiso: “Seguiremos acompañando a la familia de los hermanos Escobar Mercado hasta que la justicia sea plena”.

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¿Por qué amenazaron a Yessika Hoyos y otros miembros de Movice Sucre?

Según información publicada por el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), las amenazas enviadas a Yessika Hoyos Morales y otros integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), capítulo Sucre, están relacionadas con la reciente condena a William Martínez Santamaría por su participación en la masacre de los hermanos Escobar Mercado. Las amenazas buscan intimidar a quienes han representado y acompañado a las víctimas en este proceso judicial.

¿Cuál fue el contexto de la masacre de los hermanos Escobar Mercado en Sucre?

De acuerdo con los datos del Cajar, la masacre de los hermanos Humberto Escobar Mercado, Preliciano Mercado García y Eusebio Osorio Mercado ocurrió el 25 de enero de 2018 en el corregimiento La Guaripa, en Sucre, en medio de una disputa por la tierra en el predio El Trébol. La familia había sido objeto de amenazas, agresiones y desalojos previamente, pese a las denuncias ante las autoridades, pero estos hechos no fueron prevenidos.

La decisión judicial se conoció este lunes 19 de octubre, casi un año después de la muerte del joven de 20 años. El Juzgado 8011 Penal del Circuito de Bogotá encontró responsables a Suárez Ortiz y González Castro en calidad de coautores del homicidio agravado.

El fallo representa el desenlace de un proceso que comenzó después de la agresión ocurrida en la madrugada del 31 de octubre de 2025. Jaime Esteban Moreno había salido del establecimiento Before Club, donde asistía a una fiesta, y se encontraba buscando transporte junto con un amigo cuando fue atacado.

La reconstrucción de los hechos expuesta durante el proceso indica que el estudiante fue golpeado inicialmente por la espalda y cayó al suelo. Mientras se encontraba indefenso, los agresores continuaron la golpiza con golpes y patadas dirigidos principalmente hacia la cabeza y el tórax.

El acompañante de Moreno intentó intervenir para auxiliarlo, pero también fue agredido. Cuando llegaron los policías tras recibir una alerta de la comunidad, encontraron al estudiante con graves traumatismos y sangrado. Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial, donde ingresó sin signos vitales, indicó el medio.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó diferentes elementos para sustentar la responsabilidad de los acusados. Entre las pruebas estuvieron videos de cámaras de seguridad públicas y privadas, testimonios de personas que presenciaron los hechos y dictámenes de Medicina Legal. 

Uno de los puntos centrales del proceso fue establecer la naturaleza del ataque. Al respecto, el juez descartó la tesis de la defensa que buscaba que el caso fuera considerado como un homicidio preterintencional y determinó que existió responsabilidad a título de dolo, con circunstancias de agravación relacionadas con la indefensión de la víctima.

La familia había solicitado una pena superior a los 45 años de prisión y pidió que los condenados no recibieran beneficios. El abogado también señaló que continúa la búsqueda de Paola Fernández, quien es señalada dentro del proceso como presunta instigadora de la agresión. 

El ejercicio comenzará a las 10:00 a. m., y ofrecerá a las entidades inscritas la posibilidad de poner a prueba sus planes de gestión del riesgo y de emergencia. Cada organización podrá diseñar escenarios acordes con su actividad y necesidades particulares, permitiendo un enfoque adaptado a la realidad de quienes forman parte de la comunidad organizada. Así, diferentes sectores tendrán la oportunidad de medir su preparación, identificar fortalezas y reconocer áreas susceptibles de mejora en sus protocolos de reacción.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Alcaldía, el sector educativo lidera la participación con 24 inscritos, seguido de propiedad horizontal (22), comercio (17), administración pública (14), construcción (12), y los sectores de salud y transporte, con 11 participantes cada uno. Este reparto evidencia que la movilidad y el bienestar, tanto en ámbitos residenciales como institucionales, son considerados prioritarios para la gestión del riesgo en Valledupar.

Durante la tarde, el enfoque de la simulación cambiará: se realizará un ejercicio de escritorio basado en el escenario de un vendaval que deriva en la caída de varios árboles. Para este propósito, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, junto a sus entidades operativas, revisarán la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias y los mecanismos de coordinación entre las diferentes áreas involucradas. Según la programación nacional, este segundo momento estará centrado en la evaluación institucional, especialmente en la coordinación para la toma de decisiones y en el despliegue de las capacidades territoriales.

El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias no solo pretende movilizar a los distintos actores, sino también verificar que los planes y mecanismos previstos en caso de emergencia sean realmente efectivos. La jornada permitirá identificar los aspectos que funcionan y aquellos que requieren ajustes, para fortalecer la respuesta y resiliencia ante futuros eventos.

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¿Cuáles son los sectores que participan en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en Valledupar?

En el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en Valledupar participan sectores como educación, propiedad horizontal, comercio, administración pública, construcción, salud y transporte, según cifras reportadas por la Alcaldía. La diversidad en la inscripción refleja el interés por fortalecer la gestión del riesgo desde múltiples frentes y entornos.

¿Cuál es el propósito de la simulación de escritorio sobre un vendaval en Valledupar?

La simulación de escritorio sobre un vendaval en Valledupar busca evaluar la capacidad de respuesta institucional ante un evento que implique la caída de árboles y posibles afectaciones asociadas. El ejercicio está enfocado en revisar la coordinación, la estrategia municipal de emergencias y la eficacia en la toma de decisiones durante una emergencia de este tipo.

La universidad enfatizó la función de los museos como lugares donde se debe reconocer la diversidad de relatos históricos, especialmente aquellos que han estado marginados de las narrativas oficiales, aspecto determinante para la pluralidad cultural. Además, recordó que según el proyecto de ley 630 de 2025, artículo 65, los museos son instituciones permanentes, democráticas y vinculadas a sus territorios, cuyo servicio debe estar orientado a la sociedad sin fines de lucro.

Otra voz que se sumó fue la de la Universidad de Los Andes, por medio de su Facultad de Artes y Humanidades (Arthum), que señaló que la remoción de estas piezas afecta la representación pública de momentos cruciales recientes, como las víctimas de la Unión Patriótica y la séptima papeleta. Arthum cuestionó la posibilidad de imponer una visión única de la nación y destacó que no hay antecedentes de una acción de esa magnitud bajo gobiernos anteriores. También aseguró que la exposición del Museo Nacional es el resultado de años de investigación y trabajo curatorial en conjunto con las comunidades, que ahora ven vulneradas sus historias y memorias.

Por su parte, la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana advirtió que dicha censura puede afectar la credibilidad de la institución, además de suponer una violencia simbólica contra la sociedad. Enfatizaron que el respeto por las instituciones se debilita y puso en duda el compromiso del gobierno con la diversidad. Similarmente, la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario destacó que la exhibición de piezas debe fomentar el análisis crítico y el diálogo informado, por lo que exige transparencia en las decisiones y resguardo de los principios de pluralismo y libertad académica.

Las obras retiradas formaban parte de salas emblemáticas como "Hacer sociedad", "Memoria y Nación" y "Fuerza, fe y sustancia". La orden, dada por el presidente, fue ejecutada por la ministra de Cultura, Paola Holguín, con el argumento de combatir lo que llamó una "oda al terrorismo". Tras la polémica, el Juzgado 24 de familia de Bogotá prohibió la destrucción, alteración o salida de las piezas tras una tutela interpuesta por los colectivos León Zuleta y Revolución en Rosa.

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¿Por qué las universidades rechazan el retiro de piezas del Museo Nacional de Colombia?

Las universidades, como la Universidad Nacional, la Universidad de Los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario, consideran que eliminar testimonios y relatos por motivaciones políticas amenaza la diversidad y el pluralismo en la construcción de la memoria colectiva. Además, argumentan que los museos deben ser espacios de inclusión y debate crítico, no de imposición de una única narrativa histórica.

¿Qué implica el concepto de “violencia simbólica” en el contexto del Museo Nacional?

El término “violencia simbólica” se refiere a acciones que, sin recurrir a la fuerza física, afectan la dignidad o reconocimiento de grupos sociales. En este caso, la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana lo utiliza para señalar que la censura y retiro de piezas representan una negación de historias y memorias fundamentales para la identidad nacional, lo que debilita el respeto institucional y el sentido democrático.

Este decreto también determina mecanismos para identificar de manera individual a quienes usen explosivos o causen daños en la infraestructura pública. Además, establece que no se necesita agotar primero el diálogo para intervenir cuando surjan episodios de violencia durante las protestas. Bogotá se convirtió en el principal escenario donde se puso a prueba esta nueva relación entre el Ejecutivo y la movilización ciudadana, especialmente durante las tres jornadas en que se aplicó el decreto, dejando un balance que se catalogó como contradictorio.

Al finalizar la jornada, el presidente Abelardo de la Espriella hizo énfasis en que, de acuerdo con el balance general, la jornada resultó mayormente positiva. Según sus declaraciones, cerca de 62.000 personas participaron ese día en diferentes ciudades del país y, de acuerdo con su apreciación, “fueron pacíficas en un 98%”. Sin embargo, el mandatario también detalló que se registraron intervenciones de la Fuerza Pública en seis oportunidades: dos en Bogotá, dos en Ibagué, una en Popayán y otra en Medellín, todas motivadas por lo que denominó “pequeñas revueltas”.

De esta manera, el nuevo decreto evidencia el interés del Gobierno en establecer reglas claras para la actuación estatal durante las movilizaciones sociales, pero la aplicación práctica dejó varias impresiones encontradas sobre la efectividad de las intervenciones y la protección del derecho a la protesta, especialmente en la capital del país. Toda la información aquí referida fue tomada de datos y declaraciones recogidos en medios nacionales.

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¿Qué cambios introduce el Decreto 1525 para la protesta social en Colombia?

El Decreto 1525 modifica el protocolo de la Fuerza Pública y de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) durante las protestas, obligando a que mantengan una distancia mínima de cuatro metros respecto a los manifestantes, permitan el acompañamiento permanente, individualicen a quienes generen violencia y eliminen la obligatoriedad del diálogo previo antes de intervenir en situaciones violentas.

¿Cuál fue el balance de las protestas tras la aplicación del Decreto 1525 en Bogotá?

De acuerdo con las cifras y declaraciones oficiales, el balance en Bogotá fue mayormente positivo, con un 98% de manifestaciones pacíficas y solo dos intervenciones de la Fuerza Pública por disturbios menores, en el contexto de una convocatoria que reunió a miles de personas en todo el país.

De acuerdo con el funcionario, 13 de los cuerpos se encuentran en la cabecera municipal de Santa Bárbara de Iscuandé, mientras que otra de las víctimas está en el municipio de Guapi, en el departamento del Cauca. Además, siete personas resultaron heridas y reciben atención médica. González explicó que cuatro de los lesionados presentan heridas de gravedad, por lo que la Gobernación de Nariño adelanta gestiones con la Tercera División del Ejército para facilitar su traslado aéreo hasta Tumaco, donde puedan recibir la atención que requieren.

“Hasta el momento hay 14 personas fallecidas, 13 cuerpos que ya están en la cabecera municipal del casco urbano de Santa Bárbara de Iscuandé y otra persona que está en el municipio de Guapi. Adicional a eso, hay siete personas heridas”, señaló el secretario. El funcionario también precisó que, según el balance disponible, las labores de búsqueda habían concluido sin que se reportaran más personas desaparecidas. Sin embargo, las autoridades continuaban concentradas en la asistencia de los heridos y sus familias.

¿Cómo ocurrió el derrumbe en la mina de Nariño?

Según la información entregada por el secretario de Paz y Derechos Humanos, la emergencia se originó por el colapso de un sector de minería a cielo abierto ubicado en las riberas del río Iscuandé, en el territorio del consejo comunitario Cuenca del Río Iscuandé. El desprendimiento de tierra sepultó a varias personas que se encontraban desarrollando actividades mineras en el lugar. La magnitud del derrumbe provocó la muerte de 14 personas y dejó a otras siete heridas. Las primeras informaciones sobre el accidente daban cuenta de nueve fallecidos. No obstante, el balance aumentó durante el desarrollo de la emergencia.

Más allá de la atención inmediata de la emergencia, el secretario advirtió sobre las condiciones en las que se desarrolla parte de la actividad minera en el Pacífico colombiano. Según explicó, la falta de una regulación adecuada “es un fenómeno de orden nacional que está dejando muertos como lo estamos evidenciando y está dejando muertos como lo estamos evidenciando y que necesita regularse en departamentos donde sale el oro”.

González sostuvo que una parte importante de la minería que se desarrolla en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño enfrenta problemas de regularización por parte del Gobierno. Frente a las familias de las víctimas del derrumbe en Santa Bárbara de Iscuandé, el funcionario expresó su solidaridad y aseguró que las instituciones mantienen la atención de la emergencia.

El balance más reciente entregado por la Gobernación de Nariño es de 14 personas fallecidas y siete heridas, cuatro de ellas en estado de gravedad. Hasta el momento de la entrevista, no se reportaban personas desaparecidas y las autoridades concentraban sus esfuerzos en la atención médica de los lesionados y el acompañamiento a sus familiares. “Nuestro mensaje es de solidaridad en estos momentos difíciles”, indicó.

La manifestación de los trabajadores hizo parte de una convocatoria nacional promovida por SINDISALUD-ASMET. Según la trabajadora Keyla Cujia, estos empleados llevan cerca de un año enfrentando problemas salariales y dificultades operativas, lo que ha derivado en protestas recurrentes para exigir el pago de sus salarios. Cujia relató que la situación crítica inició en octubre del año anterior y que, desde entonces, los pagos han sido irregulares y solo se han consignado parcialmente tras las jornadas de protesta. Las movilizaciones más recientes ocurrieron en marzo y en los días 8, 9 y 10 de abril, cuando denunciaron hasta tres meses de salario atrasado. Actualmente, según los trabajadores, aún se les adeudan las prestaciones correspondientes a julio y agosto.

Los empleados han manifestado su interés en que Asmet Salud supere la crisis, pero expresan frustración por los cambios de interventores y la falta de soluciones definitivas. La atención a los usuarios tampoco se detuvo por completo; según Cujia, durante el plantón se prestó asesoría y se habilitaron opciones para continuar los tratamientos, gracias a la presencia de personal del área de accesibilidad entre las 7:00 a. m. y el mediodía.

La manifestación estuvo acompañada por una carta pública de SINDISALUD-ASMET, que solicita respuestas urgentes sobre la crisis financiera, la operación y los embargos que enfrenta la EPS. Advierten que la problemática ha trascendido lo económico y ya pone en riesgo la continuidad de la atención médica, la estabilidad laboral y el derecho a la salud de los afiliados. Además, instan a revisar jurídicamente los embargos sin desconocer los derechos de los acreedores.

Otro punto central de la reclamación es la falta de rendición de cuentas de la intervención forzosa administrativa, que suma cerca de tres años bajo la vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud. Los trabajadores piden un balance verificable, la creación de una mesa interinstitucional y un plan operativo que garantice tanto los derechos laborales como la atención de los pacientes, señalando que la vocación de servicio del personal no debe convertirse en la solución indefinida frente a problemas estructurales de la entidad.

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¿Cuál es la situación laboral actual de los empleados de Asmet Salud en Valledupar?

La situación laboral de los empleados de Asmet Salud en Valledupar, según lo informado por El Pilón, se caracteriza por la inestabilidad en el pago de salarios, con periodos críticos de varios meses sin recibir sus ingresos y pagos fraccionados que solo se han efectuado tras jornadas de protesta. Además, enfrentan incertidumbre debido a cambios de interventores y carecen de garantías laborales suficientes para cumplir sus funciones en condiciones dignas.

¿Cómo afecta la crisis de Asmet Salud a los afiliados que requieren atención médica?

De acuerdo con la información publicada por El Pilón, la crisis financiera y operativa de Asmet Salud impacta directamente a los afiliados, quienes experimentan demoras y dificultades para acceder a citas, autorizaciones y continuidad en los tratamientos. Aunque durante las protestas los trabajadores mantienen algunos servicios de orientación y asesoría, la inestabilidad administrativa y los retrasos salariales generan incertidumbre en la garantía del derecho a la salud de los usuarios.

(Le puede interesar: Susto en famoso centro comercial de Colombia: se incendió local y tuvieron que evacuar)

Según el testimonio de González, el conflicto estaría relacionado con un malentendido ocurrido meses atrás, cuando, presuntamente, le atribuyeron comentarios ofensivos contra la madre de su pareja. La denunciante afirmó que no sería la primera vez que enfrenta situaciones de maltrato por parte de su familia política.

“Me rompieron hasta la camisa. Yo jamás pensé que una persona (…) me fuera a golpear de esa manera”, manifestó en la grabación. También sostuvo que Gutiérrez habría alardeado de tener poder y contactos por su presunto vínculo laboral con entidades públicas.

La mujer, quien tiene un bebé de cinco meses, recordó que durante su embarazo también habría sufrido una agresión en medio de un conflicto familiar. Tras el episodio en el centro comercial, aseguró que acudió a la Policía y recibió atención médica. Además, pidió revisar las cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido.

 

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Gobernación del Valle pidió atender a la denunciante

La gobernadora Dilian Francisca Toro rechazó los hechos denunciados y solicitó a la Secretaría de Equidad de Género activar la ruta de atención para que González reciba acompañamiento integral. También pidió verificar si alguno de los señalados tiene vínculos con la Administración Departamental.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Cali aclaró que Gutiérrez no es funcionario ni contratista directo de la entidad. Álvaro Díaz Zúñiga, abogado de la dependencia, explicó que el hombre es representante de una unión temporal externa encargada del mantenimiento de vehículos de la Secretaría. La entidad manifestó su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres y anunció que acompañará a la denunciante para que acuda formalmente a la Fiscalía.

¡En el Valle del Cauca tenemos CERO TOLERANCIA con la violencia contra las mujeres!

Rechazo contundentemente las agresiones denunciadas por Ana Catalina González y le expreso toda mi solidaridad. No podemos normalizar ni permitir ningún tipo de violencia contra las mujeres.

He… pic.twitter.com/bYCplohLvd

— Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) October 19, 2026

Otra mujer entregó una versión diferente

El caso también tuvo una versión contrapuesta. Otra mujer que aseguró haber presenciado el altercado afirmó en redes sociales que González habría llegado a la mesa para reclamar de manera agresiva y que el grupo intentó retirarse para evitar una confrontación.

Según ese testimonio, el hombre señalado habría intentado separar a los involucrados y ella misma habría jalado la blusa de González mientras trataba de apartarla. La mujer también pidió que se revisen las grabaciones de seguridad.

Las versiones difieren sobre cómo comenzó el enfrentamiento y qué ocurrió durante la confrontación. Por eso, las grabaciones y demás elementos de prueba serán importantes para que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen las posibles responsabilidades.

(Vea también: Imputaron cargos a Ricardo Orrego por acoso; el periodista no aceptó acusaciones)

A través de un video, el comunicador explicó por qué había decidido mantenerse al margen de las declaraciones públicas durante ese periodo y se refirió a las consecuencias personales y laborales que, según dijo, ha tenido esta situación.

“Esta pausa no fue fortuita, fue una decisión consciente para actuar con la máxima prudencia y con absoluto respeto frente al proceso judicial que sigue su curso”, manifestó.

La Fiscalía investiga presuntos hechos ocurridos entre 2012 y 2024 en un contexto laboral y ha señalado la existencia de cinco presuntas víctimas. La imputación constituye una etapa del proceso penal y no equivale a una condena.

#Judicial | Ricardo Orrego rompe su silencio y habla tras la imputación de cargos de la Fiscalía. “A mi esposa y a mis hijos quiero expresarles mi gratitud infinita por mantenerse a mi lado, unidos frente a la incertidumbre. A ellos les pido perdón por el dolor que esta situación les ha causado”, dijo.

— Minuto60 (@minuto60com) October 19, 2026

Ricardo Orrego habló del impacto que tuvo el caso en su familia y su trabajo

En su pronunciamiento, Orrego aseguró que el proceso ha cambiado distintos aspectos de su vida, desde la tranquilidad de su hogar hasta su trayectoria profesional.

“No puedo negar que el impacto en nuestras vidas ha sido muy fuerte. Esta situación ha alterado la tranquilidad de mi hogar, ha significado el final de un ciclo en mi trabajo y ha puesto a prueba mi reputación profesional“, expresó.

El periodista también dedicó parte de su mensaje a su esposa y a sus hijos, a quienes agradeció por acompañarlo durante los meses de incertidumbre.

“A mi esposa y a mis hijos quiero expresarles mi gratitud infinita por mantenerse a mi lado, unidos frente a la incertidumbre. A ellos les pido perdón por el dolor que esta situación les ha causado”, dijo.

Orrego señaló que su familia ha sido su principal prioridad durante este periodo y aseguró que el apoyo de sus seres queridos le ha permitido afrontar las dificultades.

“Son la razón principal por la que hoy estoy aquí dando la cara con la frente en alto”, añadió en el video.

Decisión de Ricardo Orrego frente al proceso judicial

Otro de los puntos centrales de su declaración fue su decisión de no utilizar los medios de comunicación ni sus redes sociales para discutir públicamente los hechos que se investigan.

El periodista aseguró que su defensa se desarrollará ante las autoridades judiciales y que continuará atendiendo los requerimientos que le hagan dentro del proceso.

“Quiero ser muy claro en algo: no utilizaré mis redes sociales ni los medios de comunicación para debatir versiones, controvertir declaraciones o referirme a personas específicas. Mi defensa se llevará a cabo estrictamente donde corresponde, en los estrados judiciales”, afirmó.

También reconoció la sensibilidad de los hechos investigados y sostuvo que espera que sean evaluados con responsabilidad, objetividad y respeto por la ley.

“Las conductas que se investigan involucran asuntos sumamente delicados que nuestra sociedad, con toda razón, exige que se tomen con la mayor seriedad”, manifestó.

En ese sentido, pidió que el proceso avance con apego a las garantías judiciales y expresó su confianza en la justicia y en el equipo que asumió su defensa. Finalmente, agradeció a las personas que lo han acompañado durante los últimos meses y aseguró que afronta esta etapa apoyado en su familia y en sus creencias religiosas.

“Afronto el futuro de la mano de Dios, sostenido por el amor incondicional de mi familia, con plena confianza en la labor de la justicia y en mi equipo de la defensa“, concluyó.

La apertura de la investigación disciplinaria fue impulsada por una queja presentada por la periodista Sofía Casas. Según su denuncia, "la menor apareció en una tarima, micrófono en mano, gritando arengas políticas y expresiones vulgares". Casas solicitó que se investigue la posible intervención de Carrascal en estos hechos y si le indicó a la menor qué decir, argumentando que las leyes, como el artículo 44 de la Constitución y la Ley 1098 de 2006, garantizan la protección integral de los niños y niñas frente a situaciones de instrumentalización política.

En paralelo, el concejal Santiago Perdomo Montoya también formalizó una queja ante la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Procuraduría. Perdomo señaló la presencia de Carrascal en la tarima, junto a una niña de aproximadamente siete años, y denunció que la menor habría sido inducida a lanzar insultos contra el presidente Abelardo de la Espriella. Para el concejal, la difusión pública de las imágenes en redes sociales podría comprometer tanto los derechos como la identidad de la menor.

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría asumió el caso para determinar si Carrascal incurrió en una falta disciplinaria por posible utilización o inducción de una menor con fines políticos. Como parte del proceso, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales debe recolectar videos y obtener información que permita identificar a la menor y sus tutores, así como establecer las circunstancias en que se produjo su exposición mediática. Por otro lado, se solicitó al ICBF informar si existe alguna actuación en curso relacionada.

Ante la controversia, María Fernanda Carrascal negó haber incitado a la niña a pronunciar expresiones ofensivas. Declaró que solo le preguntó si estaba lista y que la participación fue autorizada por los padres, quienes no conocían previamente a la representante. Carrascal también sostuvo que los videos difundidos están editados y enfatizó que la frase que le dirigió a la niña fue "Palestina libre", porque portaba una bandera palestina. Según una entrevista al padre de la menor compartida por la congresista, la intervención fue espontánea y nadie sabía qué diría la niña.

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¿Por qué la Procuraduría investiga a María Fernanda Carrascal por el caso de la menor en las marchas?

La Procuraduría General de la Nación decidió investigar a María Fernanda Carrascal luego de varias denuncias que la relacionan con la posible utilización de una menor de edad para emitir arengas políticas y expresiones ofensivas durante una movilización pública. Las autoridades buscan establecer si existió una falta disciplinaria por inducir o instrumentalizar a la menor, ya que esto podría vulnerar la protección especial que las normas colombianas otorgan a los derechos de los niños y niñas.

¿Qué establece la Ley 1098 de 2006 sobre la protección de los menores en actos públicos?

La Ley 1098 de 2006, conocida como Código de Infancia y Adolescencia, establece garantías y medidas de protección integral para todos los niños y niñas en Colombia. Entre otros aspectos, prohíbe la exposición y utilización de menores en circunstancias que puedan afectar su dignidad, integridad o derechos, incluidas situaciones donde puedan ser instrumentalizados con fines políticos o mediáticos. Las autoridades deben salvaguardar en todo momento el bienestar y la identidad de los menores involucrados en este tipo de hechos.

(Le puede interesar: La reacción de Ricardo Orrego a imputación de la Fiscalía, a través de su abogada)

Según la información divulgada por el ente investigador, el caso involucra a cinco mujeres que habrían tenido algún vínculo laboral con Orrego: tres periodistas, una practicante y una estudiante universitaria.

La Fiscalía señaló que, presuntamente, el entonces presentador deportivo se habría valido de su experiencia y posición de poder en el entorno laboral para acercarse a las mujeres. De acuerdo con la investigación, habría tenido contacto físico sin consentimiento y enviado mensajes de contenido sugestivo por redes sociales.

Los hechos son materia de investigación y las conductas atribuidas al periodista no constituyen una responsabilidad penal demostrada. La imputación comunica formalmente los delitos que la Fiscalía le atribuye, pero no equivale a una condena.

(Le puede interesar: De la Espriella Lawyers responde a supuesta “alianza” con caso Ricardo Orrego: “Exigimos verdad”)

¿Qué sigue en el proceso contra Ricardo Orrego?

La investigación está en manos de un Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, creado para investigar y judicializar casos de violencia basada en género en entornos de medios de comunicación.

Con la imputación, el proceso judicial avanza hacia las siguientes etapas, en las que se determinará si existen elementos suficientes para continuar con una acusación formal. Orrego conserva su derecho a la defensa y la presunción de inocencia mientras las autoridades esclarecen los hechos.

El caso hace parte de las investigaciones por presuntas conductas de violencia basada en género en espacios laborales del sector periodístico. La Fiscalía deberá sustentar los señalamientos y establecer las circunstancias de cada uno de los hechos que atribuye al comunicador.

Por ahora, el periodista no aceptó los cargos que le fueron imputados. La responsabilidad penal solo podrá determinarse dentro del proceso judicial correspondiente.

(Vea también: Abren investigación a María F. Carrascal por episodio con una menor en tarima en marchas)

La polémica surgió cuando Carrascal le reclamó a uno de los uniformados por acercar su macana a su cuerpo. En medio de la discusión, la representante mencionó su condición de congresista, una frase que varios usuarios relacionaron con la expresión “usted no sabe quién soy yo”.

El episodio ocurrió durante las protestas por el retiro de al menos 30 piezas de la exposición del Museo Nacional, una decisión que generó cuestionamientos por su relación con asuntos como la lucha feminista, la población LGBTI+ y el conflicto armado colombiano.

“Usted no sabe quien soy yo” https://t.co/SgaQwrDItd

— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 18, 2026

Qué dijo María Fernanda Carrascal durante el cruce con agentes de la UNDMO

En la grabación que circuló en redes sociales, Carrascal le pidió a uno de los uniformados que tuviera cuidado con el manejo de su elemento de dotación.

“Agente, cuidado, cuidado. Oiga, oiga, no me pase ese bolillo que yo soy representante a la Cámara. Cuidado que yo sé cómo mueven esos bolillos. Yo sé cómo mueven esos bolillos y cómo están intimidando a la gente. No se le ocurra volver a hacer lo que acaba de hacer, agente. No se le ocurra”, expresó la congresista.

Las palabras de la representante provocaron reacciones encontradas. Algunos usuarios cuestionaron que mencionara su investidura durante el intercambio con la autoridad, mientras otros respaldaron su presencia en las manifestaciones y su intervención frente a lo que consideraron una posible actuación desproporcionada de la fuerza pública.

El representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, fue uno de los políticos que reaccionó a la grabación. “Usted no sabe quién soy yo”, escribió en redes sociales, al asociar el episodio con esa expresión.

También hubo críticas del concejal de Bogotá Andrés Barrios Bernal, quien cuestionó que Carrascal recurriera a su condición de congresista durante el procedimiento. “La curul no es un escudo ni un pase VIP. El policía estaba haciendo su trabajo. No sea oportunista: el respeto a la autoridad también aplica para los congresistas”, escribió.

Mafe Carrascal respondió a las críticas por el video

Ante la controversia, la representante del Pacto Histórico defendió su actuación y negó que hubiera recurrido a su cargo para obtener privilegios. Según explicó, identificarse como congresista tenía como propósito proteger a los manifestantes y advertir sobre posibles abusos de la fuerza pública.

“’Usted no sabe quién soy yo’ es usado para proteger intereses y privilegios particulares. En estas circunstancias no opera, identificarse en una situación como esta para proteger la vida de manifestantes pacíficos es un imperativo“, escribió Carrascal al responder a Briceño.

La congresista también señaló que una agresión física contra un servidor público puede tener consecuencias penales y sostuvo que mostrar su credencial fue una manera de intervenir ante lo que consideró una situación de riesgo para quienes participaban en la protesta.

De igual forma, ratificó que seguirá acompañando las movilizaciones ciudadanas y utilizando su condición de representante para exigir explicaciones frente a denuncias sobre posibles excesos de las autoridades.

“Sí, claro que voy a mostrar mi credencial y a estar en las calles defendiendo los derechos del pueblo. Para eso me eligieron: para representarlo, no para quedarme encerrada en una oficina”, afirmó.

Sí, claro que voy a mostrar mi credencial y a estar en las calles defendiendo los derechos del pueblo. Para eso me eligieron: para representarlo, no para quedarme encerrada en una oficina.

Sí, siempre voy a privilegiar el diálogo. Lo he hecho y lo seguiré haciendo. Pero dialogar no significa guardar silencio frente a los abusos ni renunciar a mi deber de exigir explicaciones cuando hay denuncias de actuaciones desproporcionadas de la Fuerza Pública contra quienes se manifiestan.

Que lo sepan: soy Mafe Carrascal y aquí estoy y aquí seguiré, defendiendo el derecho de las juventudes a expresarse, a protestar y a exigir un país distinto. No voy a abandonar a quienes ejercen sus derechos en las calles. Mi compromiso es con la gente y con la defensa de sus libertades.

Cumplir con el deber no significa levantar las armas contra el pueblo. Significa proteger sus derechos y garantizar que la autoridad actúe dentro de los límites de la Constitución y la ley.

¿Les incomoda que levante la voz? La voy a seguir levantando, con más fuerza y con argumentos.

En los últimos días hemos visto intentos de presentar las movilizaciones como si todas hubieran sido violentas. No podemos generalizar ni estigmatizar a quienes protestan pacíficamente. Ningún decreto está por encima de la Constitución ni puede convertirse en una autorización para desconocer los derechos de la ciudadanía. Las actuaciones de las autoridades deben respetar la ley, y cualquier posible abuso debe investigarse. La protesta social no es un delito y defender ese derecho también es parte de mi responsabilidad como representante a la Cámara.

— Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) October 19, 2026

El balance revelado también señala que la nueva administración del Minigualdad eliminó 471 cargos de los 744 existentes en la entidad. El liquidador explicó que esta decisión fue el resultado de un "esfuerzo técnico y coordinado" que perseguía eliminar cargos innecesarios, resolver pasivos laborales y asegurar la transferencia efectiva de los programas sociales gestionados por este ministerio. El objetivo principal era evitar que la burocracia y las cargas administrativas afectaran negativamente la estabilidad financiera del Estado.

La liquidación de este ministerio responde a una orden de la Corte Constitucional, que concluyó que hubo irregularidades en el procedimiento de formación del Minigualdad durante su paso por el Congreso de la República. Esta medida se enmarca en la continuidad de un proceso iniciado bajo la administración de Gustavo Petro, que fue fuertemente criticado por la nueva administración debido a la falta de fondos destinados a los programas sociales del ministerio.

Rodríguez puntualizó que los ejes rectores en la liquidación han sido los estados financieros y acreedores, la reducción de cargos, el rescate y reintegración de programas sociales, y la intervención de patrimonios autónomos y fondos. Según el liquidador, se logró saldar pagos pendientes de nómina y seguridad social, situaciones que se encontraban “en total abandono”. Además, se cerró la recepción de reclamaciones de acreedores, y se procederá con la calificación y posterior negociación de las obligaciones contraídas. La supresión de cargos, según el reporte oficial, logró un ahorro anual aproximado de COP 70.000 millones, garantizando, afirma Rodríguez, los derechos laborales de los trabajadores. A pesar de esto, persiste incertidumbre entre los contratistas que venían de la administración anterior, quienes han enfrentado presiones para entregar anticipadamente sus contratos.

La administración actual ha hecho énfasis en la importancia de mantener los programas sociales, trasladándolos a otras entidades del Estado para su continuidad, subrayando así la relevancia de asegurar la protección social a los grupos beneficiarios de estos proyectos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto de la liquidación del Ministerio de la Igualdad en los programas sociales?

Con la liquidación del Ministerio de la Igualdad, la administración de John Milton Rodríguez y Abelardo de la Espriella ha priorizado el traslado efectivo de los programas sociales a otros ministerios y departamentos administrativos. La intención es garantizar que estas iniciativas sigan operando, a pesar de la supresión de la entidad original, y que sigan beneficiando a sus poblaciones destinatarias, como informó Rodríguez.

¿Por qué la Corte Constitucional ordenó la liquidación del Ministerio de la Igualdad?

La Corte Constitucional determinó que hubo vicios de trámite en la creación del Ministerio de la Igualdad durante su paso por el Congreso de la República bajo el gobierno de Gustavo Petro. Esta irregularidad procesal fue la razón legal para que la Corte emitiera la orden de liquidación, siguiendo los procedimientos y requerimientos constitucionales en Colombia.

El Bulevar del Río y el Paseo Bolívar se consolidan como los puntos principales donde estarán ubicados varios de los escenarios habituales del festival. En estos espacios estarán distribuidos los pabellones y auditorios que acogerán actividades literarias, talleres y exposiciones, siempre guiados por la organización, que ha dispuesto además un mapa oficial para quienes deseen ubicarse mejor dentro del evento.

Dentro de las novedades destaca la participación de República Dominicana como país invitado de honor. De acuerdo con 90minutos.co, el país caribeño presenta una agenda cultural propia, que abarca literatura, teatro, cine y música, y que tiene como fin acercar al público caleño a tradiciones y expresiones artísticas dominicanas, como la obra de teatro ‘Otelo... Sniff’ del Teatro Guloya y la película de animación ‘Olivia y las Nubes’, dirigida por Tomás Pichardo Espaillat.

Los primeros días de CaliLee 2026 ofrecen una agenda que incluye desde espacios educativos y talleres, hasta presentaciones de libros como ‘Ecos de un linaje’ de Paola Aranda y actividades centradas en el público infantil, como ‘Pintemos la muñeca sin rostro dominicana’. La literatura colombiana también encuentra su lugar con presentaciones como ‘Alas de Colores. Aves y polinizadores de Colombia’, de Israel Sánchez Rojas.

El festival contempla, asimismo, propuestas de teatro, recitales musicales como ‘Cantos del Agua para la Vida’ y recorridos de avistamiento de aves, evidenciando su vocación por unir distintas artes con la literatura. Charlas como la dedicada a la meditación en tiempos de crisis o al patrimonio cultural inmaterial dominicano, junto a actividades de ilustración y talleres de serigrafía, completan la oferta.

CaliLee invita a recorrer la ciudad a través de los libros, extendiendo durante varios días un puente cultural entre Colombia y República Dominicana. Para conocer con precisión los horarios y escenarios de cada actividad, los interesados pueden consultar la agenda oficial publicada por el festival.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se lleva a cabo el Festival CaliLee 2026 y cómo encontrar la programación?

El Festival CaliLee 2026 tiene lugar principalmente en el sector del Bulevar del Río y el Paseo Bolívar en Cali. Para facilitar la visita y la participación en las diferentes actividades, la organización ofrece un mapa oficial en el que los asistentes pueden ubicar los pabellones, auditorios, entradas y otros puntos de interés. Además, la programación completa, con horarios y detalles de cada evento, está disponible para consulta antes de planear la visita al festival.

¿Qué actividades destacan en los primeros días del Festival CaliLee 2026?

Durante los primeros tres días de CaliLee 2026, la agenda incluye talleres educativos, presentaciones de libros, actividades infantiles como narración de cuentos y títeres, funciones de cine, conciertos y espacios para el diálogo sobre el patrimonio cultural de República Dominicana, país invitado de honor. La programación está orientada tanto al público adulto como infantil, resaltando actividades literarias, teatrales, musicales y de arte gráfico.

El cambio más visible fue el relevo en la presidencia de la CUT, que pasó de Fabio Arias a Nelson Alarcón, marcando una renovación interna que ya muestra fracturas públicas. Como señala El Espectador, solo 11 de los 21 integrantes del comité directivo respaldaron la nueva dirección, mientras la minoría, encabezada por Arias, denunció tendencias “abelardistas, anti Pacto Histórico y antipetristas” dentro de la plana directiva. Arias advirtió que la actual configuración “no representa la posición oficial que democráticamente definió la CUT”, mientras que Alarcón aseguró que continuará afianzando la oposición al gobierno de la Espriella y sus políticas, a las que calificó de “fascistas” y contrarias a los intereses ciudadanos y de la clase trabajadora.

Estas tensiones se evidenciaron recientemente en las protestas realizadas en la capital. Pese al llamado sindical a participar, la asistencia fue inferior a la observada en manifestaciones durante el gobierno de Gustavo Petro. Este factor no pasó inadvertido para miembros del partido Pacto Histórico, quienes señalaron que las marchas parecen reflejar más una protesta ciudadana espontánea que el tradicional respaldo sindical coordinado.

El trasfondo de estas diferencias está marcado por la búsqueda del gobierno de la Espriella por influir en los sindicatos, tradicionalmente asociados a la izquierda política y ahora divididos ante una coyuntura clave como el debate del aumento del salario mínimo. La propuesta inicial de Fabio Arias de un aumento del 38,5 % fue rechazada por sectores alineados con el gobierno, reafirmando la complejidad del escenario para los próximos meses.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la división interna de la CUT a las protestas sindicales en Colombia?

La división interna de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha debilitado la convocatoria y la participación en las recientes protestas, haciendo menos visibles las demandas tradicionales de los sindicatos y mostrando una fractura entre la posición oficial y las bases sindicales, de acuerdo con información de El Espectador.

¿Qué significa el término ‘abelardistas’ en el contexto sindical colombiano?

Dentro del debate sobre la dirección sindical, el término ‘abelardistas’ ha sido utilizado por un sector de la CUT para referirse a quienes simpatizan o han mostrado posturas alineadas con el gobierno de Abelardo de la Espriella, percibidas como distanciadas del progresismo y la izquierda histórica en el movimiento sindical.

La emergencia ha forzado a cientos de personas a buscar refugio en campamentos improvisados. Según la información citada por 90 Minutos, existen 137 campamentos donde se alojan unas 300 personas; aunque algunos han recibido ayudas, muchas familias permanecen a la espera de soluciones claras y definitivas. Las demandas de la comunidad se dirigen principalmente hacia la garantía de vivienda digna y la atención inmediata para quienes, hasta el momento, no han sido beneficiarios de apoyo suficiente.

El impacto del terremoto trasciende la problemática habitacional. Los afectados también enfrentan dificultades de movilidad, lo que complica sus desplazamientos diarios a lugares de trabajo, instituciones educativas y centros de salud, una situación especialmente compleja para adultos mayores. A esto se suma la preocupación por la seguridad, dada la inestabilidad de las torres afectadas y la presencia de ocupaciones irregulares, lo que motiva a los residentes a solicitar un acompañamiento constante por parte de las autoridades.

La crisis también ha perturbado el acceso a la educación. Algunas familias señalan dificultades para mantener la escolaridad de niños y jóvenes, principalmente por la falta de conectividad a internet y limitaciones para continuar las clases de manera remota. Por ello, se solicita que las entidades responsables propongan alternativas para asegurar la continuidad académica de los menores afectados.

En este contexto, la comunidad de Altos de Santa Elena demanda información precisa respecto a ayudas económicas, procedimientos de reubicación y el futuro de las torres comprometidas. Hasta ahora, los habitantes insisten en la urgencia de recibir respuestas y soluciones concretas de las entidades responsables, pues desconocen cuándo podrán retomar una vida normal y segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas familias y torres están afectadas en Altos de Santa Elena tras el terremoto?

De acuerdo con el informe de 90 Minutos, en Altos de Santa Elena se reportan alrededor de 1.500 familias afectadas. Además, 23 torres han sido catalogadas con clasificación roja debido al alto riesgo estructural, mientras que en total el conjunto residencial cuenta con 106 torres edificadas.

¿Qué problemas enfrentan los damnificados de Altos de Santa Elena en materia de vivienda y educación?

Las familias damnificadas no solo han tenido que abandonar sus viviendas y trasladarse a campamentos improvisados, sino que también enfrentan graves obstáculos para acceder a la educación y la movilidad. Según la información de 90 Minutos, muchas familias presentan dificultades para que los niños y jóvenes continúen sus estudios de manera remota por falta de conectividad, situación que agrava la vulnerabilidad social de la comunidad.

La solicitud del ministro se fundamenta en recientes declaraciones y publicaciones que han vuelto pública la polémica. Entre ellas figuran las confesiones de Angie Rodríguez, quien fuera directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE); una columna de Melquisedec Torres en El Colombiano; y los señalamientos ofrecidos por Juan Carlos Villamizar, abogado y asesor de Salvatore Mancuso, a Caracol Radio. Según Cancino, el objetivo es indagar si existió alguna operación para involucrar de manera falsa a personas en delitos, o si estos señalamientos forman parte de una estrategia para manipular la acción de la justicia con fines políticos.

El expediente que acompaña la petición indica que las presuntas citas tuvieron lugar en Valledupar a finales de 2025 y habrían convocado a nombres reconocidos de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como Saúl Alfonso Severini Caballero, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, alias «Martín Llanos». Aunque inicialmente se planteó reabrir el proceso de Ralito, diferentes testimonios sugieren que el fin verdadero habría sido sacar declaraciones incriminatorias contra figuras como Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y el fallecido Germán Vargas Lleras, ofreciendo a los exjefes beneficios como acceso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), libertad anticipada y mejores condiciones carcelarias para familiares, según la información reseñada por Caracol Radio y El Colombiano. Sin embargo, los propios excomandantes habrían rechazado la propuesta, asegurando que "nunca hubo ningún pacto", como señaló Villamizar.

Ante las inconsistencias en las fechas mencionadas por los distintos involucrados y la gravedad de estas acusaciones, el Ministerio de Justicia pidió investigar a fondo quiénes financiaron, convocaron y organizaron estos encuentros. Para ello, requirió que la Fiscalía evalúe testimonios, registros y posibles pruebas de delitos como falsa denuncia, falso testimonio, soborno o fraude procesal, y determine si el caso ya está bajo el escrutinio de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe hasta el momento sobre el «Pacto de Valledupar» y sus protagonistas?

Hasta ahora, las investigaciones y testimonios se centran en reuniones secretas entre funcionarios del Gobierno nacional y exjefes paramilitares en Valledupar, presuntamente programadas a finales de 2025. Los nombres que más se repiten en las versiones divulgadas pertenecen a Angie Rodríguez, Saúl Alfonso Severini Caballero, Darío Laíno Scopetta, Héctor Germán Buitrago (‘Martín Llanos’), y asesorías como la de Juan Carlos Villamizar y Víctor de Currea Lugo. No hay evidencia concluyente de un pacto, y los contactos suscitan dudas sobre intentos de involucrar en delitos a figuras políticas y jurídicas de alto perfil, según Caracol Radio y El Colombiano.

¿Cuáles son los delitos que se investigan en torno al «Pacto de Valledupar»?

El Ministerio de Justicia solicita que la Fiscalía considere posibles delitos como falsa denuncia contra persona determinada, falso testimonio, soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. La petición también incluye determinar si la trama corresponde a los delitos investigados por la Dirección Especializada contra la Corrupción, para establecer si se trató de un intento de manipular la justicia con fines políticos, según el oficio oficial citado en el texto.

Sin embargo, la decisión del togado cambió las reglas del juego y ahora se tendrán que conocer los detalles de la audiencia una vez finalice. El reconocido periodista deportivo está en medio de la imputación de cargos por los delitos de acoso y acto sexual violento.

#Judicial | Por decisión de un juez de control de garantías, la audiencia de imputación de cargos contra el periodista Ricardo Orrego, por los delitos de acoso sexual y acto sexual violento, será reservada.

Vía: @JennyAngaritaG

https://t.co/QVaHJnrSa3

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 19, 2026

El caso contra Ricardo Orrego se dio a conocer en el ojo público en marzo del presente 2026, cuando en su lugar de trabajo dieron a conocer que había investigaciones por casos de acoso. Finalmente, al periodista le terminaron su contrato junto con Jorge Alfredo Vargas.

Ambos siguen rindiendo cuentas con la justicia por las acusaciones de haber, presuntamente, acosado a compañeras en su lugar de trabajo.