De acuerdo con el reporte automático de la entidad, el epicentro se localizó en cercanías del municipio de Chaparral, en el sur del Tolima.

Entre las poblaciones más próximas al lugar del evento se encuentran Roncesvalles, ubicado a 25 kilómetros, y Chaparral y San Antonio, ambos a una distancia aproximada de 28 kilómetros.

El informe técnico del SGC señala que el registro contó con información de siete estaciones de monitoreo y presentó un RMS de 1,1 segundos.

Asimismo, el evento aparece clasificado con estatus automático, por lo que corresponde a un reporte preliminar de la actividad sísmica detectada.

Aunque se trató de un movimiento de magnitud moderada, su profundidad superficial es un factor que puede influir en la percepción del temblor en las poblaciones cercanas.

Hasta el momento, la información suministrada no incluye reportes de personas afectadas, daños materiales ni emergencias relacionadas con el movimiento telúrico.

Cien días se ofrecen como los primeros trazos de un dibujo que verá completo el país en los próximos cuatro años. Ese periodo, con una profunda raigambre histórica, se entiende ahora como una ‘luna de miel’ política en el que se evalúa la capacidad de arranque, el cumplimiento de promesas iniciales, el estilo de mando y la influencia del mandatario cuando su capital político suele estar en su punto más alto.

Para el caso de De la Espriella, hay quienes aseguran que su periodo de arranque se ha visto seriamente afectado por dos factores que alteran cualquier análisis: el terremoto del 10 de agosto y la herencia de violencia que recibió de cuatro años de laxitud con los grupos armados en la administración Petro. Con todo, hay al menos 12 cosas que distinguen claramente a De la Espriella de su predecesor y de otos presidentes de Colombia.

Cien días de clara disrupción en materia de seguridad

1)    Precisamente, para anunciar y significar la manera como iba a enfrentar a los delincuentes, De la Espriella comenzó por ponerse el apelativo de ‘el Tigre’ desde su campaña, y ha asumido esta figura, surgida inicialmente del fervor popular en redes sociales y de su propio lema (“Yo soy el tigre para Colombia”) para simbolizar carácter, fuerza, orden y mano dura en materia de seguridad. No es común que un presidente de Colombia se autodefina como un animal. Se diferencia de Petro, que usó la figura del jaguar, en la que fundía al país y a sí mismo, pero no como apodo, mote o sobrenombre.

2)    En la línea de seguridad, De la Espriella ha resultado toda una caja de sorpresas. Viene produciendo una verdadera ruptura con una vieja línea de conducta no establecida en normas escritas según la cual un presidente de la República, aun siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no participa en terreno en operaciones de las autoridades contra la delincuencia. La razón también es simple: un jefe de Estado no se puede exponer de esa manera. Pero el nuevo mandatario de los colombianos decidió liderar varias acciones de la Policía y las Fuerzas Militares en diferentes zonas del país.

 3)    En ese contexto, también ha sorprendido que aparezca portando al cinto una pistola Glock 19 Gen5. El país, entre perplejo y admirado, no deja de pensar que si el jefe de Estado lleva un arma también esté dispuesto a usarla. Pero eso no ha sido todo.

4)    En Cúcuta recibió, el 9 de noviembre, el parte de los resultados de un bombardeo que ordenó contra el frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, vestido con uniforme camuflado del Ejército de Colombia y boina. Los dos hechos, para algunos, riñen con la tradición civilista y pacífica que debe encarnar quien ostenta la primera magistratura del país. Otros aplauden eso porque ven a un presidente empoderado, con determinación y liderazgo.

5)    Cuatro hechos más en materia de seguridad han resultado disruptivos por parte de De la Espriella en estos primeros cien días de su gobierno: el primero es la manera como interactúa y recrimina a los delincuentes capturados, algo que sus detractores descalifican pues lo ven como un acto de regodeo humillante e innecesario del vencedor sobre el vencido. Pero también hay quienes lo aplauden porque consideran que ese escarnio es aleccionador y envía un duro mensaje a los criminales.

6)    Otro es la intensa movilización y reubicación de presos en cárceles, algo que es bien visto porque muestra su determinación de coger por los cuernos ese toro bravo al que otros mandatarios o prefirieron ignorar o con el que se quisieron congraciar.

7)    También, los mensajes sarcásticos que el presidente escribe en las bombas que serán arrojadas contra organizaciones criminales, y caminar por entre los cadáveres de integrantes de esas organizaciones abatidos. Al respecto, chocan las opiniones de quienes consideran que es una infracción a las normas básicas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las de quienes creen que los criminales no merecen ningún miramiento, incluso después de muertos, por los grandes daños que les han causado a sus víctimas.

Colombia ha sentido un giro de 180 grados

8)    Pero en su estilo, claramente marcado por el fervor que siente por la simbología y el mundo castrenses (desde la campaña presidencial hizo suyos el saludo militar la expresión “Firme por la patria”), también se han destacado otros importantes aspectos de la esfera civil en los que De la Espriella ha querido ser diferente. Para empezar, se posesionó en Cali, tomando distancia de la tradición de que esa ceremonia tenga lugar en Bogotá, aunque no pudo hacerlo, como quería, en una guarnición militar.

9)    También se ha apartado de la capital de la República al construir una sede alterna de Gobierno en Barranquilla, en donde, por ejemplo, recibió la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

10)  Ha hecho un claro esfuerzo por recuperar la dignidad que deben encarnar y proyectar la figura del presidente de la República y los integrantes de su Gobierno. No hay alocución o comparecencia formal ante los medios en la que, al dirigirse a los colombianos, él y sus subalternos no aparezcan impecablemente vestidos de traje. Sus discursos son estructurados y organizados de tal forma que no dan lugar a divagaciones ni elucubraciones inanes. En esto también el contraste con Petro es abrumador.

11)  Ha cumplido la promesa de campaña de no salir del país, algo que no tiene antecedentes en la historia de Colombia y en lo cual también resulta profundamente antitético frente a Petro, que tuvo su primer viaje internacional solo 23 días después haberse posesionado. Fue a Lima, pero luego vendrían, únicamente en sus primeros cien días de gobierno, desplazamientos a Nueva York, Caracas, Brasilia, Sharm el Sheikh (Egipto), Roma y París. Así, bosquejó lo que haría durante todo su mandato hasta convertirse en el presidente con más viajes al exterior en la historia de Colombia, con varios datos récord: 65 viajes internacionales a 32 países, en los que estuvo fuera 259 días, casi nueve meses de su mandato.

12) De la Espriella sí viaja intensamente, pero dentro del país, incluso también más que cualquier mandatario en sus primeros cien días de gobierno. Inicialmente lo tuvo que hacer para enterarse y atender de primera mano del sismo que debió enfrentar tres días después de posesionarse. Después, en su propósito de gobernar más cerca de alcaldes y gobernadores; y luego como parte de su propia estrategia de seguridad, en medio de la cual aparece, incluso por las noches y madrigadas, en peligrosas calles de diferentes ciudades.

Más allá de las críticas que pueda recibir por eso (como la de quienes lo señalan de presumir ser Rambo con fines solamente propagandísticos), es claro que causa impresión entre la ciudadanía que no ha visto a un presidente en actitud vigilante y a la ofensiva contra la delincuencia. Pero no es solo eso. Las diferentes dimensiones de la figura de De la Espriella han hecho que, en los primeros cien días de su gobierno, Colombia haya sentido un giro de 180 grados. El rumbo y los propósitos ya están señalados a la manera de un croquis. Falta ver cómo quedará el dibujo completo.

El grupo armado ilegal ejecutó la entrega humanitaria en el departamento de Arauca, poniendo fin a un prolongado cautiverio que mantenía en vilo a sus familiares y compañeros institucionales.

Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, fueron quienes estuvieron bajo cautiverio.

Los investigadores judiciales habían perdido su libertad el 8 de mayo de 2025, cuando hombres armados interceptaron su desplazamiento terrestre sobre el corredor vial que comunica los municipios de Fortul y Arauquita.

Durante más de 18 meses, el ente acusador y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron pruebas de supervivencia y el respeto inmediato por la integridad física de ambos servidores públicos.

De hecho, Eln había presentado pruebas de vida de los funcionarios de la Fiscalía desde hace más de un año, en medio de un proceso que ahora culminó con este nuevo hecho.

Con este desenlace confirmado este jueves, las autoridades competentes activaron los protocolos médicos y administrativos correspondientes para garantizar el reencuentro seguro de los dos agentes con sus núcleos familiares.

En la vereda La Esmeralda, zona rural de Arauquita, hombres armados interceptaron una camioneta y raptaron a varios funcionarios mientras transitaban por el corredor vial hacia el municipio de Fortul.

De acuerdo con los reportes oficiales entregados por las autoridades competentes, la responsabilidad material de esta retención ilegal recae directamente sobre la estructura Camilo Cienfuegos, facción adscrita al Frente de Guerra Oriental del Eln.

Esa misma célula insurgente divulgó recientemente un comunicado oficial acompañado de una prueba de supervivencia, confirmando la identidad y el estado actual de los servidores públicos retenidos en esa región fronteriza.

Previamente, el grupo guerrillero difundió otra misiva donde argumentó que, durante el momento de la interceptación en carretera, los funcionarios transportaban el armamento oficial de dotación asignado por la institución estatal.

En dicho pronunciamiento escrito, los captores aseguraron que someterían a los retenidos bajo “”el debido proceso conforme a la normatividad”, justificando así su permanencia forzosa en campamentos clandestinos del oriente colombiano.

Transcurridos dos meses desde aquel suceso violento en Arauquita, los familiares de las víctimas mantuvieron la esperanza intacta y reclamaban acciones humanitarias urgentes para concretar su pronto retorno al hogar.

El registro audiovisual publicado por Noticias RCN captura el instante exacto en que la camioneta utilizada por los delincuentes abandona a toda velocidad las inmediaciones del lugar donde se perpetró el plagio. De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los hechos, la mujer fue interceptada de manera sorpresiva cuando se encontraba realizando sus rutinas habituales de ejercicio al interior de un gimnasio local, siendo obligada bajo intimidación a abordar el automotor en el que emprendieron la fuga.

Este es el video:

Las imágenes están siendo analizadas minuciosamente por los equipos de inteligencia y policía judicial con el propósito de dimensionar los tiempos de reacción, establecer la ruta exacta que tomaron los captores y verificar la existencia de otras cámaras de vigilancia públicas o privadas que permitan obtener detalles sobre las placas o características del vehículo involucrado. Paralelamente, los investigadores adelantan la recopilación de testimonios en el sector para precisar cuántos hombres participaron en el operativo criminal.

Dentro de las líneas de investigación abiertas por la fuerza pública, una de las principales hipótesis apunta hacia una eventual participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en este secuestro. No obstante, fuentes oficiales precisaron que dicha posibilidad forma parte de las pesquisas en curso y aún no cuenta con confirmación definitiva sobre la autoría de esa estructura guerrillera. Entre tanto, la zozobra persiste entre familiares, allegados y habitantes de Uribia, quienes aguardan resultados concretos de las operaciones desplegadas en la región para traer de vuelta sana y salva a la esposa del mandatario municipal.

El hombre relató lo sucedido en Noticias RCN y explicó que no notó ningún comportamiento extraño durante los primeros minutos del recorrido. Incluso, aceptó la bebida que le ofreció el taxista sin imaginar lo que podría ocurrir después.

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“Agarro el primer taxi que encuentro e iba hablando con el taxista. No vi nada sospechoso. El tipo me ofrece un tinto”, contó el afectado al medio de comunicación.

Sin embargo, después de tomar el café, dejó de recordar lo que sucedió. “Yo, de pronto de lo dócil, me lo tomo y ya es lo último que recuerdo”, relató.

Imágenes conocidas por Noticias RCN mostrarían el momento en el que el conductor, después de que el pasajero quedó inconsciente, lo dejó abandonado en una esquina.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, transcurrieron aproximadamente tres horas antes de que alguien lo auxiliara. Durante ese tiempo permaneció tendido en la vía pública, sin poder reaccionar a lo que había ocurrido.

La situación llamó la atención de cuatro policías que se movilizaban en motocicletas por el sector. Los uniformados encontraron al ciudadano en el suelo y se acercaron para ayudarlo. Cuando comenzó a recuperar la consciencia, el hombre se percató de que había perdido sus objetos personales.

“Me encontraron tirado en una zona, que estuve más o menos tres horas ahí tirado, según parece. Cuando los del cuadrante llegaron, ya no tenía mi billetera, mi celular. Me habían robado la maleta, todas las pertenencias que cargaba en ese momento”, explicó.

El hurto no terminó con la pérdida de sus pertenencias. Cuando el ciudadano pudo revisar sus cuentas y comparar los movimientos financieros con la hora en la que abordó el taxi, encontró varias transacciones que no reconocía.

Según su relato, minutos después de recibir el tinto se habrían realizado compras a su nombre por un valor superior a los 2 millones de pesos.

La víctima sospecha que el conductor utilizó alguna sustancia para dejarlo inconsciente y aprovechar ese estado para quitarle sus objetos personales y acceder a sus recursos económicos. Sin embargo, la sustancia que habría ingerido no fue identificada en la información conocida del caso.

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El caso se conoce en medio de las cifras de inseguridad en la capital. De acuerdo con los datos suministrados, entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2026 se registraron 89.503 reportes de hurto a personas en Bogotá.

Aunque la cifra continúa siendo elevada, representa una disminución de 16.584 casos frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 106.087 reportes.

La denuncia del ciudadano vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de aceptar bebidas de desconocidos durante los desplazamientos y la importancia de reportar este tipo de hechos ante las autoridades.

Cabe recordar que el hombre es uno de los mencionados en el caso de Zulma Guzmán en la muerte de dos niñas, una de ellas hija biológica del hombre, que murieron por frambuesas con talio.

La acción legal, replicada por ‘Los informantes’, fue interpuesta por la familia Graham mediante la representación del abogado penalista David Espinosa Acuña, buscando esclarecer el fallecimiento ocurrido el 17 de agosto del 2021, años antes del otro episodio.

“Se ha establecido que el señor Juan de Bedout Vargas puede estar relacionado con el envenenamiento de Alicia Graham Sardi y con la manipulación sobre las verdaderas causas de su muerte”, indica el documento acusatorio, que tiene como interesados a Cristina Graham Sardi y Carlos Graham Sardi.

El escrito judicial plantea que la mujer falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá debido a los efectos letales de una sustancia tóxica, sin que el caso recibiera indagación forense.

Al catalogarse erróneamente como un deceso por causas naturales, los allegados autorizaron la cremación inmediata de sus restos mortales, imposibilitando actualmente cualquier necropsia o examen físico posterior sobre el cadáver.

Este señalamiento guarda estrecha conexión con el sonado expediente de las frambuesas con chocolate que cobró la vida de dos niñas y dejó otras dos personas gravemente intoxicadas en la capital.

Por esa tragedia anterior, el ente acusador responsabiliza a Zulma Guzmán Castro, mujer detenida actualmente en Londres mientras avanza su trámite judicial de imputación y extradición hacia territorio colombiano.

Guzmán mantuvo un vínculo sentimental extramatrimonial con Juan de Bedout, quien además de ser el esposo de Alicia Graham, es el padre biológico de una de las menores fallecidas.

Ahora, un fiscal adscrito a la Unidad de Vida analiza la petición familiar para investigar al viudo, sospechoso de suministrar talio a su cónyuge años antes del incidente con las frambuesas.

Para sustentar estas graves afirmaciones, los denunciantes entregaron ante los investigadores un robusto paquete probatorio integrado por entrevistas testimoniales, conversaciones en chats, grabaciones de audio, documentos clínicos y material audiovisual comprometedor.

Entre las evidencias técnicas destaca un análisis de orina de 24 horas ejecutado por el laboratorio La Vintox, cuya muestra tomada el 3 de agosto del 2021 marcó 672,9 microgr por litro de talio.

Según conceptos toxicológicos especializados, dicha concentración química evidencia un cuadro severo de intoxicación aguda por este metal pesado altamente letal para el organismo humano.

Aunque el laboratorio remitió el reporte clínico a la institución médica el 14 de agosto, tres jornadas antes del fallecimiento, dicho documento jamás apareció en la historia clínica entregada a los familiares.

Previamente, el primero de agosto, la médica internista encargada de atender a Graham había solicitado contramuestras de talio con el objetivo clínico de ratificar el diagnóstico toxicológico inicial.

Ese mismo día, conforme revelan conversaciones digitales anexadas al expediente entre De Bedout y varios galenos, el hoy señalado exigió relevar a la doctora porque deseaba “seguir con la teoría del talio”.

Efectivamente, la institución hospitalaria concretó la sustitución del especialista tratante poco después de aquella solicitud, desviando el enfoque diagnóstico inicial sobre el origen real del deterioro orgánico de la paciente.

Mientras en el proceso original de las frambuesas contaminadas De Bedout ostenta la calidad procesal de víctima, en este nuevo radicado judicial asume formalmente la condición de denunciado.

Ahora, queda por establecer cómo avanza el proceso de Guzmán por el delito y si va a tener alguna incidencia en este capítulo que surge por la denuncia de la familia Graham.

El proceso de postulación está dirigido a bachilleres que hayan egresado de colegios de Bogotá y cuenten con el título de bachiller y haber presentado la prueba Saber 11. Los postulantes pueden tener hasta 28 años y residir en cualquiera de las 20 localidades de la ciudad, siempre y cuando su título sea de un colegio bogotano. Entre el 12 y el 18 de noviembre de 2026 será posible inscribirse a través de la página web oficial de Atenea, usando el sistema SICORE. Atenea financia el valor de la matrícula y entrega un apoyo económico semestral para acompañar a los beneficiarios durante su trayectoria educativa.

La convocatoria cuenta con la participación de 39 instituciones privadas entre las que se encuentran la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Central, entre otras. Los programas ofrecidos abarcan áreas como ingenierías, tecnología y transformación digital, ciencias económicas, derecho, salud, arte, arquitectura, educación y ciencias naturales, respondiendo así a los desafíos de un mundo en constante transformación, según declaraciones del director de la Agencia Atenea.

En el proceso de selección, la vulnerabilidad estructural puede dar hasta 15 puntos adicionales en la asignación de cupos. Grupos como mujeres, personas transgénero, indígenas, afrodescendientes, pueblos Rrom, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad y veteranos de la fuerza pública tienen criterios de priorización específicos, sustentados con certificaciones oficiales. La vulnerabilidad económica se determina por la clasificación del Sisbén y el mérito académico, por el puntaje de la prueba Saber 11.

Los resultados se publicarán el 29 de diciembre de 2026, y quienes resulten seleccionados iniciarán clases en enero de 2027. Es clave que los aspirantes consulten la oferta académica oficial en la página de Atenea, verifiquen requisitos y reúnan los documentos solicitados antes de inscribirse, para evitar inconvenientes en sus postulaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a una beca del programa Jóvenes a la E en Bogotá?

Para aspirar a una beca del programa Jóvenes a la E, usted debe ser bachiller egresado de un colegio de Bogotá, haber presentado la prueba Saber 11, tener hasta 28 años y residir en una de las 20 localidades de la ciudad. Adicionalmente, debe inscribirse en línea durante las fechas establecidas, revisar los lineamientos y contar con los documentos requeridos.

¿Cómo es el proceso de selección y priorización para las becas de la Agencia Atenea?

La asignación de cupos en la convocatoria de Atenea toma en cuenta tanto el mérito académico, determinado por la puntuación en la prueba Saber 11, como la situación de vulnerabilidad, que incluye criterios como pertenencia étnica, condición de víctima, discapacidad y género. La vulnerabilidad estructural puede sumar hasta 15 puntos posibles, con la evidencia de certificados oficiales requeridos.

La reacción de Jiménez surgió luego de que el activista digital del petrismo Alejandro Vergel difundiera varios videos sugiriendo que la denunciante estaría siendo instrumentalizada o financiada por el gobierno de Abelardo De La Espriella para afectar la imagen del exmandatario y sus exfuncionarios. Frente a esa narrativa, Jiménez desestimó los ataques y cuestionó la estrategia de difamación impulsada desde sectores afines al anterior Ejecutivo. “Solo diré que acudir a las bodegas es un plan bastante sencillo. Tanto que algunos prefieren imaginar que el Gobierno me instrumentaliza o que quizás me han pagado para hablar”, expresó la mujer a través de sus redes sociales, asegurando que no tiene necesidad alguna de inventar historias ni atribuir intenciones falsas.

En su pronunciamiento, Jiménez apuntó directamente contra la conducta del exjefe de Estado, reprochando que ahora los salpicados en el entramado pretendan posar de víctimas ante la opinión pública. “El problema es que el señor Petro parecía creerse el dueño del mundo. Quizás porque eso le resultaba más fácil: disponer de los recursos del Estado que sacar dinero de su propio bolsillo. Y si no es capaz de ayudar a las mujeres que instrumentaliza, entonces que busque otra manera de complacerse”, sentenció de manera categórica.

La denunciante también rechazó los señalamientos por haber buscado respaldo institucional tras el estallido del caso, cuestionando la doble moral de quienes la atacan mientras guardan silencio frente a las denuncias de abuso de poder. “¿Cómo así? ¿Él sí tiene derecho de buscar niñas jóvenes vulnerables para complacer sus necesidades sexuales?”, recalcó Jiménez, insistiendo en que las presiones para canjear vinculaciones contractuales por favores íntimos se remontan incluso a la época en que Petro ocupaba una curul en el Senado.

Como respaldo probatorio de sus afirmaciones, Jiménez ya entregó a los investigadores su teléfono celular, dispositivo que contiene chats, fotografías y registros audiovisuales —entre ellos un reciente video de 90 segundos difundido públicamente donde se observa al expresidente abrazándola y besándola—. Con este material en poder de la justicia, avanzan de manera simultánea las indagaciones por presunto interés indebido en la celebración de contratos y coacción en la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Caballero explicó que la medición se hizo mediante encuestas presenciales y contó con un equipo de 68 encuestadores, 16 supervisores y personal de la firma. Al comparar los resultados con los primeros 100 días de gobiernos anteriores, señaló que De la Espriella tiene una favorabilidad superior únicamente a la que registró Iván Duque, mientras que se encuentra por debajo de las cifras de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro.

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El informe también encontró diferencias en la percepción del mandatario según las características de los encuestados. De acuerdo con Caballero, De la Espriella tiene mejores resultados entre las mujeres, las personas mayores, quienes se identifican con la derecha y quienes cuentan con educación media. En cambio, su imagen es menos favorable entre los jóvenes, las personas con estudios superiores y los ciudadanos de izquierda. Uno de los aspectos que más le reconocen es su política de seguridad, especialmente las capturas de criminales y la imagen de carácter que proyecta.

Entre los puntos positivos de la administración aparecen las visitas del presidente a las regiones y el traslado de presos entre cárceles. Sobre esta última medida, Caballero explicó que los ciudadanos perciben que el Gobierno está reduciendo la capacidad de los delincuentes para continuar con sus actividades desde los centros penitenciarios. Estas acciones figuran entre las decisiones que han tenido una recepción favorable en la opinión consultada.

En contraste, hay actuaciones que no estarían sumándole respaldo al mandatario. Caballero mencionó la publicación de videos en los que aparece junto a cadáveres, la llamada batalla cultural, las controversias relacionadas con el Museo Nacional y expresiones como “Viva Cristo Rey”. Según el gerente de Cifras y Conceptos, el presidente estaría desgastando rápidamente su imagen con mensajes que no consiguen conectar con personas por fuera de su grupo de seguidores.

Las relaciones internacionales, la batalla cultural, el fracking y la reforma tributaria también aparecen entre los asuntos peor calificados de la administración. En cuanto al manejo de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto, el estudio encontró una diferencia entre la atención inicial y la etapa posterior: la primera recibió una mejor valoración, mientras que la percepción sobre la reconstrucción cayó considerablemente, en especial en Pereira y Cali.

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Otro de los puntos examinados fue la estrategia de comunicaciones del Gobierno. Para Caballero, el mensaje oficial no está llegando a una parte amplia de la población, pues muchas personas desconocen quiénes son los voceros y los ministros. También consideró que el presidente todavía tiene un alcance limitado para difundir los resultados de su administración y que concentrar los esfuerzos en las redes sociales deja por fuera a sectores que consumen principalmente radio y televisión.

El gerente concluyó que De la Espriella está utilizando una estrategia de comunicación que llega, sobre todo, a quienes ya lo respaldan, pero tiene dificultades para conectar con otros públicos. En ese sentido, contrastó el alcance actual del mandatario con el que tenía Gustavo Petro durante su Gobierno y advirtió que la falta de presencia en medios tradicionales limita la capacidad de la Casa de Nariño para divulgar sus avances y convencer a sectores distintos a su base política.

El caso ocurrió cuando la mujer de la tercera edad se encontraba sola en su apartamento. Según el relato de su hija, los sujetos habrían aprovechado la situación para entrar por una de las ventanas del inmueble durante la noche.

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Una vez dentro, despertaron a la adulta mayor, la intimidaron y le exigieron que les indicara dónde guardaba el dinero. Aunque no la golpearon, sí la asustaron durante el asalto. Entre los elementos que se llevaron estaban un televisor y un bolso que contenía un celular, dinero en efectivo, tarjetas y la cédula de ciudadanía de la víctima.

De acuerdo con la denuncia de la familia, existen grabaciones de cámaras de seguridad en las que aparecen tres hombres cerca del edificio horas antes del hurto.

La hija de la adulta mayor señaló que los sujetos permanecieron en los alrededores del inmueble, aparentemente conversando y tomándose fotografías. Sin embargo, sospecha que en realidad estaban observando las instalaciones y recopilando información sobre el lugar.

En los registros también se habría evidenciado que los hombres fotografiaron el edificio, lo que aumentó las sospechas de que estaban preparando el ingreso a la vivienda.

Después de conocer el robo, la mujer identificó que uno de los dispositivos hurtados contaba con un sistema de geolocalización. Por medio de esa herramienta comenzó a seguir su ubicación y estableció que los elementos estaban en Bogotá.

El recorrido la condujo hasta la localidad de Suba, donde encontró a tres hombres dentro de un vehículo estacionado. Al reconocerlos como los presuntos responsables, decidió acercarse para reclamar las pertenencias de su madre.

En uno de los videos del encuentro se escucha a la mujer exigir que le devuelvan el televisor y el bolso que habían sacado del apartamento.

La hija de la adulta mayor aseguró que previamente había solicitado acompañamiento de la Policía, pero los uniformados estaban atendiendo otro procedimiento y no pudieron llegar de inmediato. Por esa razón, decidió grabar el momento mientras reclamaba los objetos.

Durante la confrontación, la mujer insistió en que los hombres entregaran las pertenencias. Según su relato, los sujetos se mostraron asustados ante sus reclamos y finalmente bajaron el televisor del vehículo, que quedó en el suelo.

La hija de la víctima también aclaró que una camioneta que aparece en las grabaciones no estaba relacionada con los presuntos ladrones. Por el contrario, sus ocupantes habrían intentado ayudarla al notar lo que estaba ocurriendo.

(Vea también: Ladrón terminó salado en Bogotá: fue a robar, le dispararon y lo hurtaron cuando estaba en el suelo)

Aunque consiguió recuperar el televisor y algunas de las pertenencias, los tres hombres abandonaron el lugar y escaparon antes de que pudieran ser detenidos.

Tras lo ocurrido en Suba, la familia pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones para identificar y localizar a los tres hombres que habrían participado en el robo a la adulta mayor en Cajicá.

Por ahora, según la información suministrada, los señalados responsables no han sido capturados. La familia espera que los videos y demás elementos recopilados contribuyan al esclarecimiento del caso.

La nueva ruta tiene una frecuencia de dos vuelos semanales, los días lunes y viernes en la mañana, y estará activa hasta el 25 de enero de 2027. Durante este tiempo, la aerolínea dispondrá de 8.928 sillas entre Bogotá y Puerto Plata, manejando tarifas que comienzan en 300 dólares para el viaje de ida y regreso, cifra que incluye impuestos y tasas.

Esta conexión aérea adquiere especial relevancia para el sector turístico de la capital. El Observatorio de Turismo de Bogotá reportó que en 2025 la ciudad recibió 1.985.173 viajeros internacionales, siendo el 1,4 % de origen dominicano. Este nuevo puente directo permite que tanto el flujo de turistas hacia Bogotá como la posibilidad de que los ciudadanos bogotanos visiten República Dominicana se fortalezca durante el periodo habilitado.

Para Anabella Otero Berrocal, subdirectora de Mercadeo de la Oficina de Turismo de Bogotá, esta ruta representa una oportunidad para acercar la ciudad a los viajeros dominicanos y mostrarles la diversidad de experiencias que ofrece, de acuerdo con sus declaraciones recogidas en la fuente oficial. Otero Berrocal resaltó la capacidad que tiene esta conexión para impulsar la promoción de la gastronomía, el entretenimiento y la oferta comercial bogotana, además de abrir nuevas puertas para los negocios y la inversión extranjera en la ciudad.

La estrategia de expansión de alternativas aéreas también fortalece el posicionamiento internacional de Bogotá como destino turístico. La capital ofrece a los viajeros diferentes opciones para disfrutar de actividades culturales, naturaleza, compras y entretenimiento, así como oportunidades para quienes buscan negocios o inversión. Estas experiencias pueden ser exploradas a través de Visit Bogotá, la plataforma oficial de promoción turística.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios de la nueva ruta aérea directa entre Bogotá y Puerto Plata?

La nueva conexión aérea entre Bogotá y Puerto Plata permite ampliar las opciones de viaje para turistas y empresarios, sumar alternativas para el sector turismo y fortalecer la promoción de la capital como destino internacional. Además, facilita la llegada de personas desde República Dominicana, lo que dinamiza la economía bogotana y la visibilidad de su oferta cultural, gastronómica y comercial, tal como explicó la subdirectora de Mercadeo de la Oficina de Turismo de Bogotá.

¿Por cuánto tiempo estará disponible la ruta Bogotá-Puerto Plata de Wingo y cuántos asientos ofrece?

La ruta estará disponible desde su inauguración, el 9 de noviembre de 2026, hasta el 25 de enero de 2027. Durante este periodo la aerolínea Wingo ofrecerá un total de 8.928 asientos en ambos sentidos, con dos vuelos semanales y tarifas desde 300 dólares ida y regreso, incluyendo impuestos y tasas, de acuerdo con datos del Instituto Distrital de Turismo y el Observatorio de Turismo de Bogotá.

(Ver también: Secuestraron a la esposa de un alcalde y hay “despliegue total” para recuperarla; crece la tensión)

Desde entonces, desde presidencia se dio la orden de que se movilizara toda la fuerza pública para tratar de recuperarla, pero hasta ahora esos esfuerzos no han dado resultado y según el alcalde del municipio, Jaime Buitrago, lo más seguro es que ya la hayan trasladado a Venezuela por la cercanía con la frontera.

En diálogo con Blu Radio, Buitrago aseguró que esta es una situación que temían, puesto que las amenazas venían ocurriendo desde hace ya varios meses porque Nancy Gómez era la que movilizaba a la comunidad cuando ocurría cualquier tipo de secuestro a comerciantes.

“Ella era la que convocaba a marchas en la plaza pública y debido a esta situación ella recibió amenazas en su teléfono, donde le decían que le bajara al tono, que si ella quería ser la próxima con nuestros hijos y de hecho yo había hecho una denuncia ante la Fiscalía por esa situación. De un tiempo para acá decidimos no contestar más llamadas porque ahí siempre había amenazas”, dijo el alcalde.

Y sobre qué les decían en esas llamadas, agregó: “Nos decían: ‘Vamos por ti y tu familia, tenemos ubicados a tus hijos, sabemos que tu hijo estudia en tal universidad’ y así’. Ustedes se imaginan el lenguaje que usan este tipo de personas”.

De hecho, el alcalde aseguró que son grupos pequeños los que llevan a cabo esta clase de actos y ahí van y los entregan a grupos armados al margen de la ley, aunque asegura que todavía no hay certeza de que Nancy Gómez, su esposa, esté en manos del ELN, puesto que no hay una confirmación oficial.

(Ver también: ¿Quién es Nancy Gómez, la esposa del alcalde de Uribia que fue secuestrada?)

Por lo pronto, lo que pide el alcalde es apoyo de la Cancillería para que se hable con el gobierno de Venezuela para hacer una operación conjunta en la frontera porque él cree que su mujer ya está en ese país.

Sin embargo, el principal desafío sigue sin resolverse: conseguir los recursos necesarios para estabilizar el sistema, pagar las deudas acumuladas y garantizar la continuidad de los tratamientos.

Uno de los cambios que destacan los representantes del sector es la recuperación de los espacios de diálogo. La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) explicó a Pulzo que ve una buena disposición del Gobierno para trabajar con EPS, IPS, hospitales y empresas farmacéuticas, y considera positivo el lanzamiento de un Tablero Público de Avances del Plan de Choque en Salud, que permite hacer seguimiento a los compromisos y conocer los resultados de las intervenciones.

No obstante, advierte que la apertura institucional debe convertirse en soluciones concretas para los pacientes.

La preocupación central es financiera. De la Espriella llegó al poder con la promesa de destinar $ 10 billones para estabilizar el sistema durante sus primeros 90 días.

El plan contemplaba $ 4 billones para nóminas y deudas hospitalarias, $ 3 billones para medicamentos, $ 2 billones para pacientes de alto costo y $ 1 billón para fortalecer entidades como el Invima y el Iets. Sin embargo, esa financiación no se materializó en los términos anunciados.

En su lugar, el Gobierno puso en marcha un plan de choque con un mecanismo de créditos por $ 500.000 millones de la Adres, que las EPS deben devolver.

De acuerdo con la información oficial, de los recursos solicitados se asignaron $ 372.000 millones mediante traslados presupuestales del Ministerio de Salud. Sin embargo, todavía no se ha realizado el primer giro a las EPS, por lo que los avances iniciales han sido financiados con recursos propios de aseguradores y prestadores.

La estrategia busca resolver los pendientes de más de un millón de pacientes, entre ellos personas con cáncer, enfermedades huérfanas, VIH, problemas renales y otras condiciones que requieren atención prioritaria.

Al 3 de noviembre, el Gobierno reportaba que el 31 % de los casos identificados había cerrado sus pendientes: el 51 % en entrega de medicamentos y apenas el 23 % en tratamientos y procedimientos. Esto muestra que hay avances operativos, pero también que la solución todavía está lejos de cubrir la totalidad de las necesidades.

El balance operativo también tiene limitaciones importantes. El mecanismo anunciado no representa una inyección de recursos frescos para todo el sistema, sino una herramienta de liquidez dirigida a resolver casos represados.

La dimensión del problema es considerable: 232 hospitales reportaban deudas por $ 27 billones a junio de 2026. Por eso, diferentes representantes del sector consideran que los $ 500.000 millones son insuficientes frente a las obligaciones acumuladas y las necesidades de atención de aproximadamente 55 millones de personas.

El segundo gran frente de preocupación es el presupuesto de 2027. El Ministerio de Salud había solicitado cerca de $ 14 billones adicionales para financiar adecuadamente el aseguramiento y ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pero finalmente solo se incorporaron $ 2 billones adicionales en la versión del presupuesto que terminó decretando el Gobierno.

El monto representa un aumento del 4 % frente a 2026, inferior a la inflación. La discusión es especialmente relevante porque la Corte Constitucional ordenó calcular la UPC de acuerdo con las necesidades reales de atención y no simplemente con los recursos disponibles. La ministra Ana María Vesga anticipó que el ajuste requerido podría ubicarse entre el 12 % y el 13 %, aunque todavía está pendiente el cálculo definitivo.

Ante estas dificultades, el Ejecutivo apuesta por la Ley de Rescate Fiscal como una de las principales fuentes de financiación para los próximos años. La iniciativa contempla cambios en las cotizaciones de trabajadores e independientes, modificaciones a las exoneraciones de aportes empresariales, recursos de las cajas de compensación e impuestos al licor, el tabaco y las bebidas azucaradas.

También propone gravar con IVA la medicina prepagada. El Gobierno calcula que estas medidas permitirían aportar cerca de $ 30 billones al sistema durante cuatro años, aunque existen cuestionamientos sobre cuánto dinero nuevo llegaría realmente a la salud y cuánto sustituiría recursos que actualmente aporta la Nación.

Por su parte, Afidro plantea alternativas con un potencial superior a $ 5 billones, entre ellas destinar a salud el recaudo de los impuestos saludables, aprovechar excedentes disponibles y estudiar mecanismos relacionados con apuestas en línea, videojuegos y bonos de impacto social.

La organización aclara que son propuestas que requieren evaluación y ajustes normativos, no recursos garantizados ni de disponibilidad inmediata.

Más allá del dinero, el Gobierno también tiene pendiente una reorganización estructural del sistema. Entre las propuestas que prepara el Ministerio aparecen una nueva ley para reorganizar las EPS, el ordenamiento de las deudas, una mayor eficiencia del gasto y el fortalecimiento de la atención en las regiones mediante servicios primarios, telesalud, telemedicina y redes hospitalarias.

Estos cambios se incorporarían a las bases del Plan Nacional de Desarrollo que se presentaría en febrero de 2027.

Otro asunto relevante es el fortalecimiento del Invima. Afidro insiste en reducir los tiempos de aprobación de medicamentos, resolver trámites represados y aprovechar las evaluaciones de autoridades regulatorias internacionales para facilitar el acceso a nuevos tratamientos.

También advierte que Colombia necesita estabilidad financiera, seguridad jurídica y reglas claras para atraer inversión farmacéutica e investigación clínica. En 2025, las compañías afiliadas a Afidro patrocinaban 321 de los 418 protocolos de investigación activos en el país.

Los primeros 100 días de De la Espriella muestran una nueva disposición al diálogo, una estrategia para descongestionar la atención y algunos avances en la identificación y resolución de casos pendientes. Sin embargo, todavía existe una distancia importante entre las promesas de campaña y los recursos efectivamente disponibles. El principal interrogante es cómo financiar la recuperación del sistema sin trasladar mayores cargas a los pacientes y trabajadores ni dejar desprotegidos a los hospitales y prestadores.

El Gobierno tiene por delante tres retos: conseguir financiación suficiente, cumplir las órdenes sobre la UPC y convertir los anuncios de reorganización en resultados verificables. Por ahora, la crisis de salud continúa y su evolución dependerá, en buena medida, de que los compromisos institucionales se traduzcan en medicamentos entregados, tratamientos continuos y atención oportuna.

Según el especial del diario español, las bibliotecas de BibloRed han dejado de ser simples depósitos de libros para convertirse en puntos de encuentro donde los saberes se comparten de manera vivencial y los vínculos comunitarios se fortalecen. En palabras de Andrea Victorino, Directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, "las bibliotecas no son únicamente lugares para consultar grandes colecciones; son espacios donde las personas pueden acercarse con sus problemáticas y, entre todos, buscar soluciones. El conocimiento no solamente está en los libros, también está en las personas que llegan a nuestras bibliotecas".

Este enfoque se ve reflejado en iniciativas como Escuela LEO, un programa orientado a una alfabetización intercultural, incluyente y territorial. Su trabajo en el reconocimiento de saberes ancestrales y la revitalización de lenguas nativas fue merecedor, en septiembre de 2026, del Premio UNESCO de Alfabetización Rey Sejong. Un ejemplo destacado es el proceso desarrollado con el Cabildo Muisca de Suba, donde la alfabetización va más allá de la lectura y la escritura para convertirse en un ejercicio de recuperación de memoria, revitalización de la lengua propia y fortalecimiento de la identidad mediante el aprendizaje entre generaciones.

El especial de El País también resalta el alcance de BibloRed en todas las etapas de la vida. Durante 2026, más de 81.000 niñas y niños entre cero y 12 años, así como más de 38.000 personas mayores de 60 años, participaron en actividades ofertadas por la Red. Estas historias demuestran que las bibliotecas se han transformado en escenarios para aprender, crear y compartir, permitiendo reconocer la diversidad y las capacidades de cada comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto de BibloRed en la transformación social de Bogotá?

BibloRed ha pasado de ser únicamente un sistema de bibliotecas a consolidarse como un ecosistema cultural. Según El País de España, sus espacios permiten el aprendizaje conjunto, la investigación y la recuperación de saberes, fortaleciendo los lazos comunitarios y convirtiéndose en un motor de transformación social en la ciudad.

¿Qué significa alfabetización intercultural, incluyente y territorial en el contexto de Escuela LEO?

La alfabetización intercultural, incluyente y territorial, como la que promueve Escuela LEO, implica reconocer y trabajar sobre los saberes ancestrales, la revitalización de lenguas nativas y la transmisión de conocimientos entre diferentes generaciones, de acuerdo con la experiencia destacada por El País de España en el caso del Cabildo Muisca de Suba.

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La preocupación aumenta ante las proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Su director, Andrés Herkrath, señaló que existe una probabilidad del 90 % de que el fenómeno sea clasificado como muy fuerte y del 75 % de que alcance la mayor intensidad registrada desde que existen datos. Según la actualización científica divulgada en septiembre, sus efectos podrían extenderse hasta junio, julio o agosto de 2027.

Este escenario representa un desafío para el sistema eléctrico colombiano, cuya generación depende en buena medida de las centrales hidroeléctricas. Si disminuyen las lluvias y los ríos aportan menos agua a los embalses, el país necesita recurrir con mayor intensidad a las plantas térmicas y garantizar que estas tengan combustible suficiente para producir electricidad.

Pero ¿significa esto que Colombia tendrá apagones en 2027? No necesariamente. David Felipe Celeita, director de Proyección y Relacionamiento y profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana, explicó que un posible déficit energético no equivale automáticamente a un racionamiento. El riesgo depende de factores como el crecimiento de la demanda, la disponibilidad de las plantas, las condiciones hidrológicas y el suministro de combustibles.

¿Colombia podría tener apagones en 2027 por el fenómeno de El Niño?

La primera aclaración del experto es que hablar de un posible déficit de energía no significa que el país necesariamente vaya a quedarse sin electricidad. Se trata de un escenario en el que los recursos disponibles para generar y suministrar energía podrían resultar insuficientes bajo determinadas condiciones.

Celeita explicó que es necesario diferenciar entre dos conceptos: el déficit de energía firme y el déficit de potencia. El primero se refiere a una insuficiencia de respaldo para garantizar el suministro en condiciones críticas. El segundo ocurre cuando el sistema no cuenta con capacidad disponible suficiente para atender la demanda en determinados momentos.

El académico señaló: “Cuando hablamos de un posible déficit energético en 2027, no estamos diciendo que Colombia necesariamente vaya a experimentar apagones. Bajo determinados escenarios de crecimiento de la demanda, disponibilidad de generación, hidrología y combustibles, la energía que el sistema puede suministrar de manera confiable podría resultar insuficiente para atender el consumo nacional”.

Y agregó: “Es importante diferenciar entre un déficit de energía firme, que representa una insuficiencia de respaldo en condiciones críticas, y un déficit de potencia, que ocurre cuando no existe suficiente capacidad disponible para atender la demanda en determinados momentos. Ambos representan riesgos, pero no significan automáticamente un racionamiento”.

En otras palabras, el país puede enfrentar dificultades para garantizar el suministro en determinados escenarios sin que eso implique necesariamente cortes programados o apagones generalizados. La capacidad de respuesta dependerá de qué tanta generación esté disponible y de si puede llegar a los lugares donde se necesita.

¿Por qué El Niño representa un riesgo para la energía en Colombia?

La dependencia de las hidroeléctricas es uno de los principales factores que explican la preocupación. En condiciones normales de lluvias, estas centrales pueden aportar alrededor del 70 % de la electricidad producida en el país, según explicó Celeita.

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Cuando aparece un fenómeno de El Niño fuerte, disminuyen las precipitaciones y los aportes de agua a los embalses. Esto obliga a utilizar más las plantas térmicas, que generan electricidad a partir de combustibles como el gas natural.

El experto advirtió que el problema no consiste únicamente en tener menos agua almacenada, sino en garantizar que el sistema cuente con otras fuentes capaces de responder durante un periodo prolongado de bajas lluvias.

“El fenómeno de El Niño continúa siendo determinante porque Colombia tiene una matriz eléctrica estructuralmente dependiente del agua. En años de hidrología favorable, la generación hidroeléctrica puede representar alrededor del 70 % de la electricidad producida en el país. Pero durante un episodio fuerte de El Niño disminuyen los aportes de los ríos a los embalses y el sistema debe recurrir con mayor intensidad a la generación térmica”, explicó.

A esa situación se suma la disponibilidad de gas natural. Celeita señaló que el sistema enfrenta mayores restricciones en el suministro de este combustible y una exposición creciente a los precios internacionales del gas importado.

Por eso, el desafío no se limita a almacenar agua. También implica garantizar que las plantas térmicas puedan operar cuando se necesiten y que existan fuentes adicionales para complementar la generación hidroeléctrica.

¿En qué nivel deben estar los embalses para evitar un apagón en Colombia?

El nivel de los embalses es uno de los indicadores que más atención recibe cuando se habla de la confiabilidad energética. Sin embargo, el experto explicó que no basta con observar el porcentaje de agua almacenada: también es necesario calcular cuánta electricidad puede producirse con ese recurso y durante cuánto tiempo puede sostenerse la demanda.

Celeita recordó tres episodios que permiten dimensionar la importancia de este indicador. En 1992, durante el gran apagón que vivió Colombia, los niveles de los embalses cayeron por debajo del 30 %. En 2016, el almacenamiento estuvo cerca del 50 % y, según el experto, permitió evitar un apagón. En 2024, durante otro episodio de condiciones hidrológicas adversas, los niveles llegaron a cerca del 27 %.

Para 2026, el académico señaló que los embalses estaban por encima del 75 % en el momento de su análisis. No obstante, advirtió que el país debe mantener el monitoreo ante la demanda de electricidad y los pronósticos de variabilidad climática.

“Desde el punto de vista técnico, lo importante no es solamente cuánta agua tenemos almacenada, sino cuánta energía podemos producir con esa agua y durante cuánto tiempo podemos sostener la demanda si las lluvias continúan disminuyendo”, afirmó.

Esto significa que un nivel alto de almacenamiento puede ofrecer un margen de respaldo, pero no elimina por sí solo los riesgos. Si el periodo seco se prolonga, el sistema debe administrar el agua disponible y garantizar que otras tecnologías puedan cubrir una mayor parte del consumo.

¿Qué debe hacer Colombia para reducir el riesgo de déficit energético?

Para Celeita, uno de los principales problemas del sistema eléctrico es que no se puede analizar por separado la generación, la transmisión y el suministro de combustibles. Los tres componentes deben funcionar de manera coordinada.

El país necesita incorporar nuevas plantas de generación, pero también construir y habilitar las redes que permitan transportar esa electricidad desde los lugares donde se produce hasta las ciudades y regiones donde se consume. El experto destacó el potencial de los proyectos solares y eólicos, especialmente en la región Caribe, aunque advirtió que varios han enfrentado retrasos para entrar en operación.

También se refirió a los planes del Gobierno para ampliar la capacidad de regasificación, impulsar nuevos proyectos de gas y desarrollar infraestructura. A su juicio, estas medidas son necesarias, pero no garantizan por sí solas que exista combustible disponible para las plantas térmicas.

“Tener mayor capacidad de regasificación no garantiza automáticamente que exista gas contratado, disponible y económicamente accesible para las plantas térmicas. También necesitamos capacidad de transporte, contratos de suministro y condiciones comerciales que permitan operar esas centrales durante periodos prolongados”, explicó.

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Por esa razón, Colombia debe acelerar los proyectos de generación, resolver los retrasos en las redes de transmisión y diversificar las fuentes de energía firme. Además de la solar y la eólica, Celeita mencionó la necesidad de evaluar tecnologías como la geotermia y otras alternativas de generación gestionable.

El académico insistió en que el resultado debe medirse por la infraestructura que efectivamente entre en funcionamiento y no solamente por los proyectos anunciados. “El indicador de éxito debe ser cuánta generación confiable y cuánta infraestructura de transmisión entran realmente en operación, con fechas verificables, para reducir los riesgos de abastecimiento en 2027 y los años siguientes”.

La decisión, adoptada en el marco de la sentencia SU-367 de 2026, resuelve la acción de tutela interpuesta a raíz de los contenidos publicados por el medio digital CasaMacondo en el marco del especial periodístico titulado Justicia huérfana: el hijo negado del presidente de la Corte Constitucional —artículo que incluía graves señalamientos y apartes como aquel en el que el magistrado expresaba: “Y yo me vi con ella, ella me invitó a tomarme un café y yo con mucho gusto fui. Era estudiante de la Javeriana y nos vimos como en la 48 o 49 y yo terminé perdido, al día siguiente salí en la calle y dije ‘miércoles, ¿yo dónde estoy?’. Yo no sabía si me había intoxicado”—.

Para el alto tribunal, dichas manifestaciones carecían de respaldo probatorio y causaron un daño directo a la dignidad de los accionantes. Por tal motivo, la providencia estableció que Ibáñez Najar dispone de un plazo improrrogable de tres días, contados a partir de la notificación, para redactar y entregar una rectificación bajo estrictos parámetros: deberá estar escrita en primera persona, asumir la autoría directa de las expresiones lesivas y carecer de contextualizaciones previas que desvíen el propósito correctivo. Asimismo, la Corte prohibió expresamente que el magistrado intente atribuir la afectación al medio de comunicación o cuestione los métodos de reportería utilizados por los periodistas de CasaMacondo.

Una vez elaborada, el documento deberá ser remitido al Juzgado Doce Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Neiva y al portal investigativo, el cual tendrá un plazo idéntico de tres días para difundirla en su sitio web y redes sociales oficiales, garantizando un despliegue y un tiempo de permanencia equiparables a los del reportaje original. La corporación judicial advirtió que la obligación de publicación subsiste incluso si el medio decide retirar temporalmente el artículo investigativo.

Adicionalmente, el fallo exhortó a CasaMacondo para que permita a Yolanda Robles y a su hijo exponer su versión de los hechos si así lo solicitan, y ordenó a la Defensoría del Pueblo brindar acompañamiento y orientación especializada a la mujer para que acceda a las medidas de prevención y atención de violencias intrafamiliares contempladas en las leyes 294 de 1996 y 1257 de 2008.

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A través de una carta fechada el 9 de noviembre, los alumnos, con el respaldo de trabajadores del plantel, solicitaron un espacio de diálogo con el Gobierno nacional para exponer las consecuencias que tendría la decisión de cerrar el colegio. El documento también fue dirigido a la primera dama, Ana Lucía Pineda, y al vicepresidente José Manuel Restrepo.

“No queremos despedirnos”, es uno de los mensajes que resume la preocupación de los estudiantes, quienes aseguran que la institución representa una parte importante de sus vidas y de sus procesos académicos. Entre sus principales peticiones está que las autoridades estudien alternativas para que el establecimiento pueda continuar funcionando.

Los alumnos de grado décimo, próximos a graduarse en 2027, manifestaron su preocupación por no poder terminar el bachillerato junto a sus compañeros. También señalaron que hay estudiantes que necesitan apoyos especiales y que han encontrado en el colegio un entorno en el que han podido avanzar en su educación.

La carta reconoce la gravedad de lo sucedido con Valeria y aclara que su intención no es desconocer el dolor de la familia ni pedir que se detengan las investigaciones. Por el contrario, los firmantes dicen que esperan que se conozca la verdad y que se establezcan las responsabilidades correspondientes.

¿Por qué ordenaron cerrar el colegio de Valeria Afanador?

La decisión de cerrar el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe está relacionada con las fallas administrativas identificadas por la Gobernación de Cundinamarca después de la desaparición y muerte de la menor.

Valeria, quien tenía síndrome de Down, desapareció el 12 de agosto de 2025 mientras se encontraba en las instalaciones del colegio. Después de 18 días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en inmediaciones del río Frío, en Cajicá. Medicina Legal estableció que la causa de su muerte fue ahogamiento.

Tras investigar lo ocurrido, las autoridades educativas encontraron incumplimientos relacionados con los protocolos de seguridad, vigilancia, custodia y protección especial que requería la estudiante.

En junio de 2026, la Gobernación sancionó administrativamente al establecimiento y ordenó cancelar su licencia de funcionamiento. Posteriormente, el colegio presentó un recurso de apelación, pero la Secretaría de Educación de Cundinamarca confirmó la medida mediante la Resolución 007360 del 14 de octubre de 2026.

La decisión quedó en firme en la vía administrativa y contempla que el colegio termine el calendario académico de 2026 antes de dejar de funcionar.

Cerca de 100 trabajadores también se verían afectados

Otro de los puntos que destacan los estudiantes es el impacto que tendría el cierre sobre las familias que dependen económicamente de la institución.

De acuerdo con la carta, cerca de 100 trabajadores hacen parte de la comunidad educativa, entre docentes, personal administrativo, empleados de cocina, aseo y transporte.

Los firmantes aseguran que detrás de la decisión también hay personas que llevan años trabajando en el plantel y cuyo empleo representa el sustento de sus hogares.

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Por ahora, los estudiantes insisten en que quieren ser escuchados y que se estudien alternativas para continuar en Los Laureles. Su petición no busca borrar lo ocurrido con Valeria, sino evitar que cientos de alumnos y trabajadores pierdan el espacio educativo y laboral que han construido durante años.

Si bien la defensa del ingeniero de sistemas Carlos Andrés Oyola Tovar ha insistido en que las autoridades no han formalizado cargos en su contra por intervenciones al sistema electoral, una fuente humana lo señaló de integrar una red orientada a alterar los resultados de las presidenciales y vulnerar plataformas tecnológicas. Ante las consultas de este medio, la Registraduría ratificó que el sistema informático no fue vulnerado, pero confirmó que el pasado 13 de febrero de 2026 un hombre con los mismos rasgos físicos de Oyola Tovar ingresó a una reunión de alto nivel correspondiente a la mesa técnica para socializar componentes del Congreso 2026.

El ingreso al evento cerrado, reservado para autoridades electorales y entes de control, quedó registrado a nombre de Cristian Javier Oyola Tovar. Las pesquisas revelaron que su presencia fue autorizada mediante un correo electrónico enviado el 12 de febrero desde una cuenta oficial asignada al despacho de la entonces magistrada del Pacto Histórico, Fabiola Márquez. En el mensaje, el remitente solicitaba el aval para la participación de varios invitados sin que Cristian Oyola contara con un contrato vigente en el CNE para esa fecha, aunque sí se estableció que un mes antes había firmado un vínculo laboral con la Unidad Nacional de Protección (UNP) como desarrollador junior de inteligencia artificial, el cual se mantiene activo hasta fin de año.

Mientras las autoridades buscan esclarecer quién hizo uso efectivo de dicho permiso y si las conductas investigadas contra el ingeniero salpican a su hermano —quien registra un proceso judicial privado en Neiva—, la exmagistrada Márquez y el propio Cristian Oyola evitaron responder a los llamados de la prensa. Entre tanto, el futuro judicial de Carlos Oyola se definirá en las próximas horas en audiencias donde se evaluará medida de aseguramiento por otros delitos informáticos, en un proceso que por ahora se mantiene al margen del componente electoral.

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El caso, denunciado por Noticias Caracol, expone cómo las redes sociales se han convertido en una herramienta de captación para organizaciones criminales que ofrecen supuestos trabajos bien remunerados fuera del país. Los colombianos aceptaban las propuestas sin imaginar que terminarían bajo el control de una mafia china, que los utilizaba para cometer delitos y los sometía a condiciones extremas.

Una vez en Camboya, las víctimas eran obligadas a participar en operaciones fraudulentas. Entre las modalidades utilizadas estaba hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría para engañar a ciudadanos, infectar sus teléfonos celulares y posteriormente robarles dinero.

La situación era aún más grave por los mecanismos de intimidación utilizados para mantenerlos bajo control.

De acuerdo con los testimonios conocidos, los integrantes de la organización amenazaban a los colombianos con descargas eléctricas, los mantenían encerrados sin recibir alimentos y les advertían que podían quitarles la vida si no alcanzaban las metas económicas impuestas. En algunos casos, las víctimas tampoco tenían libertad para abandonar las instalaciones ni podían comunicarse tranquilamente con sus familias.

La investigación también permitió establecer que la red utilizaba supuestas deudas de viaje para mantener sometidos a los trabajadores. Según los reportes conocidos, a algunos les exigían cerca de 30 millones de pesos por los gastos de traslado y les imponían permanecer al menos seis meses en esos centros para saldar esa obligación.

Más de 100 colombianos habrían caído en la red criminal

La dimensión del caso encendió las alarmas de las autoridades. De acuerdo con la investigación de la Policía colombiana, más de 100 connacionales fueron identificados como posibles víctimas de esta estructura transnacional, que buscaba principalmente a personas entre los 25 y 35 años con dificultades económicas.

La operación contó con la participación de la Dijín, la Fiscalía, autoridades españolas y organismos internacionales. El despliegue permitió tres capturas por orden judicial en Bogotá y la retención de dos personas en España mediante notificaciones rojas de Interpol, con fines de extradición. También se emitieron tres notificaciones azules para ubicar e identificar a otros posibles integrantes de la organización.

Las autoridades calificaron el resultado como el primer caso transnacional documentado y judicializado en Colombia relacionado con la instrumentalización de ciudadanos en centros de llamadas criminales en Asia.

El caso deja una advertencia para quienes buscan oportunidades laborales fuera del país: una oferta con salarios elevados, trámites aparentemente sencillos y promesas de cubrir los gastos del viaje puede esconder una estructura de explotación.

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Por eso, las autoridades recomiendan verificar la existencia de las empresas contratantes, comprobar la legalidad de las ofertas y desconfiar de intermediarios que prometan empleos en el exterior sin requisitos claros. Lo ocurrido en Camboya demuestra que una propuesta laboral aparentemente atractiva puede terminar convirtiéndose en una situación de trata de personas, amenazas y trabajos forzados.

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De acuerdo con la información entregada por sus familiares, el estudiante fue visto por última vez en las horas de la noche en inmediaciones del Centro Comercial Monterrey, en el sector de El Poblado. Al momento de su desaparición, el joven vestía una camiseta gris de cuello redondo y un jean azul oscuro.

Estamos en su búsqueda. 🙏🏻

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 10, 2026

Según el reporte oficial, José David es de tez trigueña, mide 1.72 centímetros de estatura y pesa aproximadamente 72 kilogramos. Sus allegados precisaron que perdieron todo contacto con él luego de su permanencia en el mencionado sector del sur de la ciudad.

Tanto la Facultad de Minas como sus familiares solicitaron el apoyo de la comunidad para difundir la información y habilitaron la línea fija familiar 604 276 6666, así como la línea de emergencias de las autoridades 123, para recibir cualquier dato que permita dar con la localización del estudiante.

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La mujer fue secuestrada durante la mañana del miércoles 11 de noviembre, cuando se dirigía a un gimnasio en Uribia. Según la información conocida por las autoridades, fue interceptada por hombres armados que se movilizaban en varios vehículos. Desde que se reportó el hecho, la Policía y el Ejército pusieron en marcha operaciones para localizarla y conseguir su liberación.

La Gobernación de La Guajira confirmó el ofrecimiento de hasta 300 millones de pesos para quienes suministren información veraz, oportuna y efectiva que permita encontrar a Nancy. El anuncio fue realizado por el gobernador Jairo Aguilar, quien coordinó las acciones con el Gobierno Nacional y los grupos especializados en la lucha contra el secuestro, el cual habría sido cometido por el Eln.

El temor de las autoridades por un posible traslado de Nancy Gómez a Venezuela

Una de las principales preocupaciones durante la búsqueda está relacionada con la ubicación geográfica de Uribia y su cercanía con la frontera venezolana. El secretario de Gobierno de La Guajira, Alberto Mario Cuan, explicó que las condiciones de la zona rural y los antecedentes de otros hechos delictivos en la región mantienen encendida esa alerta.

En declaraciones a Blu Radio, el funcionario reconoció que existe temor de que los secuestradores hayan llevado a la gestora social hacia el vecino país. Según explicó, en esa zona se han presentado situaciones en las que los responsables de actividades criminales cruzan la frontera después de cometer los delitos.

“Eso es lo que tememos, porque eso es lo que transcurre normalmente en esta zona del país cuando están hurtando los vehículos, cuando llegan a hacer estos actos delictivos, van y se esconden inmediatamente en el territorio venezolano”, señaló Cuan.

La posibilidad representa una dificultad adicional para las autoridades colombianas, pues cualquier operación en territorio extranjero requiere coordinación con las instituciones venezolanas.

Por esa razón, el despliegue de seguridad también contempla vigilancia sobre los corredores que conducen hacia la frontera y, de acuerdo, con Blu Radio, el Ministerio de Defensa pidió ayuda a Estados Unidos para determinar si Gómez fue llevada a ese país. 

Así ocurrió el secuestro de la gestora social de Uribia

De acuerdo con los primeros reportes, Nancy Gómez fue interceptada alrededor de las 6:10 de la mañana del 11 de noviembre, cuando se encontraba cerca de un gimnasio al que acostumbraba asistir. La mujer estaba acompañada por una amiga y, según la información divulgada por medios de comunicación, fue abordada por varios hombres armados.

Noticias RCN informó que el alcalde Jaime Luis Buitrago y su esposa habían recibido amenazas y extorsiones desde hacía más de un año. El secretario de Gobierno municipal, René Alberto Lindarte, señaló que esos hechos ya habían sido puestos en conocimiento de la Fiscalía y que también se habían solicitado estudios de riesgo ante la Unidad Nacional de Protección.

Otro aspecto que hace parte de las primeras indagaciones tiene que ver con el esquema de seguridad de Nancy. Cuan explicó a Blu Radio que, según la información preliminar, la mujer habría salido caminando hacia el gimnasio sin esperar el vehículo que la transportaba junto con su equipo de protección.

Las autoridades también revisan registros de cámaras de seguridad para establecer las características de los automotores que habrían participado en el recorrido de los secuestradores. El secretario indicó que esos elementos han permitido obtener información útil, aunque evitó revelar detalles para no afectar las operaciones.

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En ese sentido, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) aseguró que la exhibía por las diferencias que mantenía con Laura Sarabia, quien reaccionó al conocer esa explicación y cuestionó el mensaje que podía transmitir el símbolo.

Rodríguez habló del tema en una entrevista con el periodista Melquisedec Torres, en la que explicó que el estandarte era una forma de expresar su molestia con Sarabia. Las dos funcionarias tuvieron una relación laboral marcada por desacuerdos durante su paso por el Gobierno.

#1MayoXRTVC I “El Congreso de Colombia hoy está rodeado de negro. ¿A quién se le ocurrió la idea de cubrir la fachada del Congreso? No encuentro la razón”, presidente @petrogustavo.

Sigue el en vivo aquí: https://t.co/eLL01m2SM0 https://t.co/SQjDFFZX8W

— Radio Nacional CO (@RadNalCo) May 1, 2025

La exdirectora del Dapre aseguró que la entonces canciller era la destinataria de ese gesto y que Armando Benedetti conocía la razón por la que llevaba la bandera. También sostuvo que el presidente Gustavo Petro desconocía el trasfondo personal del mensaje cuando utilizó el símbolo en uno de sus discursos.

En el relato que hizo durante la conversación, Rodríguez recordó que le pidió a Benedetti transmitirle a Sarabia que la bandera era por ella. También explicó que, durante la movilización del primero de mayo de 2025 en la Plaza de Bolívar, Petro vio el estandarte y comenzó a pronunciar un discurso contra el Congreso, por lo que, según su versión, el sentido original del gesto terminó mezclado con el mensaje político del mandatario.

“Él lo distorsionó, no fue mi culpa”, afirmó Rodríguez al referirse a la intervención de Petro. Cuando le preguntaron si el entonces presidente sabía que la bandera estaba dirigida a Sarabia, respondió que no y aseguró que Benedetti era el único que conocía esa intención.

Hoy me entero de que, en repetidas ocasiones, sacaban por mí una bandera roja y negra, asociada históricamente con la “guerra a muerte”.

Me pregunto qué mensaje pretenden enviarme.

Ninguna diferencia política o personal puede justificar una amenaza contra la vida. Hay símbolos que, por su historia y significado, no pueden tomarse a la ligera.

— Laura Sarabia (@laurisarabia) November 12, 2026

Laura Sarabia cuestionó el mensaje detrás de la bandera

La explicación de Rodríguez provocó una reacción pública de Laura Sarabia, quien se pronunció a través de su cuenta en X. La exministra de Relaciones Exteriores aseguró que desconocía que el símbolo se hubiera exhibido en repetidas ocasiones con ella como destinataria y preguntó qué pretendían comunicarle con ese gesto.

“Hoy me entero de que, en repetidas ocasiones, sacaban por mí una bandera roja y negra, asociada históricamente con la ‘guerra a muerte’. Me pregunto qué mensaje pretenden enviarme”, escribió.

Sarabia también cuestionó que una diferencia entre personas que compartieron responsabilidades en el Gobierno pudiera expresarse mediante un símbolo asociado históricamente con la violencia. En ese sentido, advirtió que las discrepancias personales o políticas no justifican mensajes que puedan interpretarse como amenazas.

“Ninguna diferencia política o personal puede justificar una amenaza contra la vida. Hay símbolos que, por su historia y significado, no pueden tomarse a la ligera”, agregó.

Hoy me entero de que, en repetidas ocasiones, sacaban por mí una bandera roja y negra, asociada históricamente con la “guerra a muerte”.

Me pregunto qué mensaje pretenden enviarme.

Ninguna diferencia política o personal puede justificar una amenaza contra la vida. Hay símbolos que, por su historia y significado, no pueden tomarse a la ligera.

— Laura Sarabia (@laurisarabia) November 12, 2026

La respuesta de la exfuncionaria trasladó la controversia más allá de las diferencias que Rodríguez describió durante la entrevista. Mientras la exdirectora del Dapre presentó la bandera como una expresión de su inconformidad con Sarabia, esta última manifestó preocupación por el significado que podía tener ese gesto y por el mensaje que habría recibido.

La revelación se conoce en medio del enfrentamiento público entre ambas exfuncionarias, cuyas diferencias también han llegado al terreno judicial. Según lo publicado por Semana, Rodríguez contó ahora el motivo personal que, de acuerdo con su versión, estaba detrás de la exhibición de la bandera durante los actos públicos del Gobierno Petro.

El bosque de la paz y la reconciliación, que surgió en 2014 como parte de la estrategia de restauración ecológica del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), busca mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida en situaciones violentas. Esta iniciativa se estableció en la localidad de Suba, y en ella, los expertos del JBB recrearon la figura del mapa de Colombia utilizando 36 cedros, una especie nativa en riesgo de extinción. Cada árbol representa a una víctima cuya vida fue truncada por la violencia.

Desde la creación del bosque, el equipo forense de la Fiscalía General de la Nación (FGN) realiza eventos simbólicos de memoria y reparación cada vez que logra identificar y entregar a sus familias los cuerpos de las víctimas, enfatiza la antropóloga forense Helka Quevedo de la FGN. Hasta la fecha, han sido identificadas 20 de las 36 víctimas, las cuales reciben placas conmemorativas en los cedros del bosque, en presencia de sus familiares y amigos. En septiembre de este año, la FGN informó la identificación de tres cuerpos adicionales, lo que motivó la realización de un nuevo evento de homenaje en Las Mercedes con más de 40 asistentes.

María Claudia García, directora del JBB, señaló que el proyecto de Las Mercedes es un esfuerzo de restauración ecológica que alberga siete bosques con significados especiales, entre los que se destacan el de la salud, dedicado a las víctimas del covid-19, y otros dedicados a la cultura, la educación y a personas destacadas en el ámbito ambiental. Además, durante los homenajes, se reconoce la labor de los funcionarios de la Fiscalía que desaparecieron o fueron secuestrados mientras trabajaban por la protección de los colombianos.

En cada evento, las familias reciben mensajes en las placas conmemorativas como “aquí sembramos memoria para que florezca la vida”, reafirmando el propósito de honrar a las víctimas a través de la restauración del bosque y la consolidación de un espacio para el recuerdo. Al final de cada jornada, los participantes realizan actos simbólicos, como la entrega de rosas rosadas, para rendir tributo a quienes siguen desaparecidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo honra el bosque de la paz y la reconciliación la memoria de las víctimas del conflicto armado en Colombia?

El bosque de la paz y la reconciliación, gestionado por el Jardín Botánico de Bogotá, efectúa un homenaje a través de la siembra de 36 cedros que representan a las víctimas de la masacre de Puerto Torres. Cada árbol lleva una placa con el nombre de la persona a la que honra y, durante eventos especiales, se realizan encuentros de memoria y reparación simbólica donde las familias de las víctimas pueden rendir tributo y participar en ceremonias conmemorativas.

¿Cuál es el significado de los diferentes bosques consolidados en la reserva Thomas Van der Hammen?

De acuerdo con la directora del Jardín Botánico de Bogotá, Las Mercedes incluye siete bosques nativos, cada uno con un mensaje específico. Entre estos se encuentra el bosque de la paz y la reconciliación, así como bosques dedicados a la salud (en honor a las víctimas del covid-19), la cultura, la educación y en reconocimiento a personas con una destacada labor ambiental y social. Cada bosque representa un espacio de memoria, reflexión y homenaje colectivo.

(Vea también: ¿Hay pistas en el crimen de Blanca Pardo? Esto es lo último que se sabe del doloroso caso)

Jenny Pardo, hija de la víctima, pidió al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Medellín, acelerar la entrega de las pruebas genéticas practicadas durante los procedimientos forenses. La solicitud busca que esa información llegue a la Fiscalía y permita continuar con las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

En declaraciones entregadas a El Tiempo, Jenny explicó que la familia espera que el análisis no siga retrasando el proceso y que las autoridades puedan contar cuanto antes con los elementos necesarios para avanzar.

Llamado de familia de Blanca Pardo a Medicina legal

La demora también ha tenido un impacto emocional en los familiares de Blanca, quienes, según relató su hija al medio, completan dos meses y once días sin conocer los resultados de las pruebas ni tener claridad sobre quién pudo agredirla.

“Para nosotros ha sido como un viacrucis todos estos dos meses, once días que llevamos sin respuesta”, expresó Jenny.

La incertidumbre se concentra, especialmente, en la identidad de la persona que habría atacado a la mujer. La familia no sabe si el responsable sería alguien de la misma vereda o una persona que llegó desde otro lugar.

“Todos los días nos levantamos pensando en quién pudo haber sido, si alguien de la vereda, si alguien de lejos, esa es la incertidumbre que nosotros tenemos todos los días”, contó.

Por eso, los allegados insisten en que Medicina Legal entregue los resultados a la Fiscalía. Para Jenny, contar con esos análisis es necesario para que la investigación no permanezca estancada y las autoridades puedan avanzar en el esclarecimiento de la muerte de su madre.

“Es para que ellos puedan acelerar ese proceso, para que le puedan dar el resultado a la Fiscalía, para que pueda avanzar con el caso y poderlo esclarecer lo más rápido posible”, manifestó.

Cómo ocurrió el crimen de Blanca Pardo en Nariño

Según el relato de su hija, el pasado 29 de agosto de 2026, la víctima salió de su vivienda (ubicada en la vereda Plazuelas) en San Bernardo, Nariño, para recoger leña en un potrero de su propiedad. La mujer, de 72 años, acostumbraba realizar esa actividad, pero al avanzar la tarde su familia notó que no había regresado y comenzó a buscarla con ayuda de vecinos.

Horas después, una de sus hijas la encontró en medio de la vegetación, a unos diez minutos de la casa. Blanca tenía múltiples lesiones, estaba desorientada y presentaba signos de hipotermia. Sus familiares y habitantes de la zona la auxiliaron y la trasladaron inicialmente a un centro de salud de San Bernardo. Debido a la gravedad de su estado, fue remitida a un hospital de Pasto, donde murió el 30 de agosto.

Las circunstancias del ataque siguen bajo investigación. La familia ha señalado que durante la atención médica se identificaron posibles indicios de violencia sexual, pero este aspecto debe ser establecido mediante los análisis forenses. La Fiscalía busca reconstruir lo ocurrido durante las horas en que Blanca estuvo fuera de su vivienda e identificar a la persona o personas responsables.

(Vea también: Feria de empleo en Kennedy ofrece vacantes para la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá)

En ese sentido, la Contraloría General de la República advirtió que el concesionario encargado del proyecto tendría un déficit de aproximadamente 1.500 trabajadores, situación que podría llevarlo a buscar personal en China.

La alerta también pone el foco en el costo que tendría esa alternativa. Según la información entregada por el organismo de control, el traslado de los trabajadores desde ese país representaría un gasto cercano a los 10 millones de dólares para el concesionario Metro Línea 1, encargado de ejecutar la obra.

El señalamiento se conoce mientras el proyecto continúa avanzando, aunque todavía tiene actividades pendientes en varios frentes. La Contraloría llamó la atención sobre las dificultades que se presentan en componentes necesarios para completar la infraestructura y preparar el sistema para su funcionamiento.

El panorama resulta llamativo porque el avance reportado de la obra contratada alcanza el 84,68 %. Sin embargo, ese porcentaje no significa que todos los trabajos marchen al mismo ritmo ni que estén resueltas las necesidades de personal para cumplir con las actividades que faltan.

#JUSTICIA La Contraloría General de la Nación lanzó una alerta sobre el déficit de 1.500 trabajadores y retrasos en la Primera Línea del Metro de Bogotá, donde indica que el Concesionario encargado de la obra, traería a estas personas desde China a un costo cercano a los 10 millones de dólares.

El ministerio público aseguró que también se registran retrasos en estaciones, sistemas y malla vial, pese al avance reportado del 84,68 % de la obra contratada.

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— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 12, 2026

Contraloría alertó por retrasos en estaciones, sistemas y malla vial

Entre los puntos que preocupan al organismo de control están las demoras en la construcción de estaciones, la instalación de sistemas y equipos, y las intervenciones relacionadas con la malla vial. Estos componentes hacen parte de las obras necesarias para completar la Primera Línea y permitir que el servicio pueda entrar en funcionamiento.

La situación adquiere importancia porque los trabajos deben avanzar de manera coordinada. Las estaciones, por ejemplo, requieren que se completen las obras civiles para continuar con la instalación de equipos y sistemas que permitirán operar el metro.

Por esa razón, la Contraloría advirtió que el avance general del proyecto debe analizarse junto con el estado de cada uno de sus componentes. Aunque la ejecución reportada se acerca al 85 %, las demoras en determinados frentes y la falta de trabajadores plantean desafíos para el cumplimiento de las obligaciones del concesionario.

(Vea también: De la Espriella destapó por qué se viste con uniforme militar en operativos: lanzó razón de fondo)

El atentado ocurrió el miércoles 11 de noviembre, cerca de una estación de servicio. Según la información conocida por Blu Radio, los policías fueron sorprendidos por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta y abrieron fuego contra ellos.

En el mismo hecho resultó herido un subintendente de la institución, quien quedó en estado crítico. La gravedad del ataque motivó el rechazo de las autoridades regionales, mientras se conocían los primeros detalles sobre la agresión contra los uniformados.

De acuerdo con los reportes preliminares, los responsables también habrían despojado a los policías de sus armas de dotación antes de escapar. Hasta el momento, no se han establecido públicamente las circunstancias que rodearon el atentado ni la identidad de quienes participaron en el ataque.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, condenó lo ocurrido y expresó su solidaridad con las familias de los uniformados y con la Policía Nacional. El mandatario departamental pidió respaldo para la Fuerza Pública frente a los hechos violentos registrados en el territorio.

Condeno con toda contundencia el asesinato de nuestro patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas, atacado por criminales en Hato Corozal, Casanare. Un subintendente también resultó herido. A sus familias y a toda la Policía Nacional les expreso mi solidaridad.

He ordenado desplegar todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación criminal para identificar, perseguir y capturar a los responsables cuanto antes.

NO PERMITIREMOS QUE ESTOS ASESINOS CREAN QUE PUEDEN ARREBATARLE LA VIDA A NUESTROS HÉROES Y ESCAPAR DE LA JUSTICIA. LOS VAMOS A PERSEGUIR HASTA ENCONTRARLOS; PAGARÁN POR ESTE CRIMEN.

Cada ataque contra la Fuerza Pública tendrá una respuesta contundente del Estado.

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 12, 2026

De la Espriella se pronunció por asesinato del patrullero en Casanare

El presidente Abelardo De la Espriella también reaccionó al homicidio de Juan Sebastián Quintero Caldas mediante un mensaje publicado en su cuenta de X. En su pronunciamiento, rechazó el ataque, envió un mensaje de solidaridad a los familiares de la víctima y a la institución policial, y confirmó que ordenó desplegar capacidades para encontrar a los responsables.

«He ordenado desplegar todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación criminal para identificar, perseguir y capturar a los responsables cuanto antes», manifestó el mandatario.

De la Espriella también se refirió al subintendente que resultó herido durante el atentado y expresó su solidaridad con sus familiares. Además, lanzó una advertencia a quienes participaron en el crimen: “No permitiremos que estos asesinos crean que pueden arrebatarle la vida a nuestros héroes y escapar de la justicia”.

El jefe de Estado aseguró que las autoridades adelantarán las acciones necesarias para ubicar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Por ahora, las investigaciones buscan establecer quiénes estuvieron detrás del ataque armado en Hato Corozal y cuáles fueron los motivos de la agresión contra los integrantes de la Policía Nacional.

#CASANARE El gobernador del Casanare, César Ortiz Zorro, condenó el ataque contra dos miembros de la Policía en el municipio de Hato Corozal que dejó uno de ellos fallecido. Además, informó que el otro uniformado permanece en estado crítico y una ciudadana resultó herida en los hechos.

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— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 12, 2026

(Vea también: Agmeth Escaf hizo revelación sobre su pareja, ahora que se habla de la separación de Verónica Alcocer y Petro)

La admisión de la acción judicial, conocida este miércoles 11 de noviembre, marca un nuevo capítulo en la controversia que comenzó con las declaraciones de Ferrer en una entrevista con Semana. En ellas, la mujer mencionó a Escaf y a Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer, al hablar de presuntas influencias en organismos públicos.

La demanda fue presentada por Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo (VER-Control), quien considera que las actuaciones atribuidas al senador podrían configurar la causal de tráfico de influencias, contemplada en la Constitución como motivo para decretar la pérdida de investidura de un congresista.

Es importante precisar que la admisión significa que el alto tribunal estudiará la demanda, no que haya encontrado responsable al senador. Las afirmaciones de Ferrer tendrán que ser examinadas dentro del procedimiento y Escaf conserva sus garantías de defensa.

Los señalamientos de Eva Ferrer que llevaron el caso al Consejo de Estado

En la entrevista con la revista, Ferrer aseguró que Escaf y Mario Fernández Alcocer habrían tenido injerencia en instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y ProColombia.

Entre los episodios que mencionó estuvo la salida de Concepción Baracaldo de la dirección del ICBF. También habló de movimientos administrativos en el Dapre y de supuestas presiones contra Carmen Caballero, quien estuvo al frente de ProColombia.

La exasesora extendió sus señalamientos a otras entidades, entre ellas Ecopetrol, el Banco Agrario, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Fondo Adaptación, el Icetex y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Las afirmaciones hacen referencia al periodo en el que Escaf ocupaba una curul en la Cámara de Representantes por el Atlántico, entre 2022 y 2026. El demandante tomó esos testimonios como fundamento para solicitar que se examine si el congresista utilizó su posición para intervenir indebidamente en decisiones de organismos estatales.

¿Qué busca la demanda contra Agmeth Escaf?

La acción judicial pretende que se aplique la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias, contemplada en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política.

Para respaldar su solicitud, Juan Carlos Calderón España pidió que Eva Ferrer sea llamada a declarar ante el Consejo de Estado y ratifique las afirmaciones que hizo públicamente. También solicitó incorporar la entrevista concedida a Semana y escuchar a antiguas directivas de las instituciones mencionadas.

El escrito incluye solicitudes de información a diferentes organismos del Estado para recopilar elementos que permitan examinar los hechos expuestos. Asimismo, el demandante había pedido la suspensión provisional del senador mientras avanzaba el procedimiento.

Si el Consejo de Estado encuentra demostrada la causal invocada, Escaf podría perder su investidura, lo que implicaría dejar su curul y quedar inhabilitado de manera permanente para volver a ser elegido al Congreso.

¿Qué ha respondido Agmeth Escaf a los señalamientos?

El senador ha rechazado las acusaciones de Eva Ferrer. En una respuesta pública anterior, calificó los señalamientos como una campaña en su contra y aseguró que no había cometido las conductas que le atribuían.

También informó que había emprendido acciones legales contra la exasesora por presunta injuria y calumnia, además de solicitar un espacio de réplica al citado medio.

Con la admisión de la demanda, el caso pasa a estudio del alto tribunal, que deberá examinar los argumentos y las pruebas antes de establecer si existe fundamento para imponer la sanción solicitada. Por ahora, no hay una decisión que determine que el congresista incurrió en tráfico de influencias.

La jurista se refirió al tema durante una entrevista con Blu Radio, en la que también le preguntaron si Jiménez podría tener alguna corresponsabilidad jurídica por los hechos que está denunciando. Frente a ese interrogante, Malo evitó anticipar conclusiones y señaló que no le corresponde determinar si su representada incurrió en alguna conducta penal. Esa valoración, insistió, está en manos de las autoridades competentes. 

Sin embargo, la abogada aprovechó la pregunta para explicar cómo se habría sentido su defendida durante la relación que ahora está en el centro de la controversia. Según su versión, Jiménez ha manifestado disposición para colaborar con la justicia, contar lo sucedido y explicar las circunstancias que la llevaron a sentirse víctima. 

“Lo que se les ha referido es que ella siempre ha tenido el ánimo de colaborar, de esclarecer, de indicar cómo han ocurrido los hechos, por qué se siente víctima y cómo se sentía de alguna manera condicionada a manifestar una voluntad, un consentimiento sexual para obtener un beneficio estando en una situación de necesidad, como ella ampliamente lo ha referido”, afirmó Dina Luz Malo. 

La declaración pone el foco en uno de los puntos centrales de la denuncia contra Petro: establecer si existió un condicionamiento sexual relacionado con la posibilidad de acceder a contratos u oportunidades laborales financiadas con recursos públicos. Para la defensa, no se trata simplemente de determinar si hubo una relación consentida entre dos adultos, sino de examinar si ese consentimiento estuvo atravesado por una situación de necesidad y por una eventual relación desigual de poder. 

Malo también dejó claro que será la Fiscalía y las demás autoridades las encargadas de establecer si hubo delitos y qué responsabilidad tendría cada persona involucrada. Por ahora, la abogada sostiene que Jiménez está dispuesta a entregar información y aportar elementos para esclarecer lo ocurrido. 

Las declaraciones se conocen mientras avanzan las investigaciones por los señalamientos contra el expresidente, quien ha rechazado las acusaciones y ha negado que hubiera condicionado la entrega de contratos públicos a encuentros sexuales. El proceso deberá establecer qué ocurrió y si existieron irregularidades en la contratación estatal. 

La jurista aclaró que las razones personales de esa decisión debe explicarlas directamente Jiménez, pero expuso una interpretación relacionada con la diferencia de poder que existía entre ambos. A su juicio, denunciar a una persona que todavía ocupa la Presidencia puede representar una dificultad distinta a hacerlo cuando ya no tiene esa posición de autoridad. 

“Estas son situaciones que corresponden estrictamente a aspectos subjetivos (…) pero se me hace lógico pensar que no vamos a denunciar a una persona cuando todavía tiene el poder. De pronto existe una diferencia o un cambio cuando es una persona que sale el poder y tú piensa o puedes considerar que tienes las herramientas para realmente obtener una justicia porque estas personas ya no tiene una posición de jerarquía”, explicó Malo en la entrevista. 

Pero la abogada también quiso dejar claro que el proceso no gira alrededor de establecer si existió una relación sentimental o sexual consentida entre dos adultos. El punto central, según su explicación, es determinar si hubo un posible condicionamiento mediante el cual se habrían ofrecido contratos públicos a cambio de encuentros sexuales.

“Lo que se debate es efectivamente que él haya obtenido o haya podido obtener un beneficio de carácter sexual y que la haya favorecido, como o sea como una condición de ese beneficio sexual con contratos que obviamente se pagaban con recursos públicos“, manifestó la representante de Jiménez. 

La jurista también mencionó que las autoridades deberán examinar posibles irregularidades en la contratación estatal, entre ellas contratos sin los requisitos legales, tráfico de influencias y eventuales desviaciones de recursos públicos. Sin embargo, insistió en que no está anticipando responsabilidades penales ni condenas, pues esa tarea corresponde a la justicia. 

El caso también contempla la posible responsabilidad de otras personas involucradas en las decisiones contractuales. La defensa sostiene que su representada está dispuesta a colaborar con las autoridades y aportar elementos que permitan esclarecer los hechos. 

Mientras avanzan las investigaciones, Petro ha rechazado los señalamientos y ha negado cualquier intercambio de contratos por favores sexuales. Entretanto, Jiménez tiene diligencias programadas ante la Procuraduría y la Fiscalía para los días 12 y 13 de noviembre de 2026. Además, su teléfono celular ha sido sometido a procedimientos de informática forense para examinar conversaciones, videos y otros registros de interés. 

(Vea también: “Hoy no estaba”: madre de profesora que apareció en Bogotá vive nuevo drama con su hija)

Durante sus recorridos por Bogotá, hay un comportamiento que ha llamado particularmente la atención de sus allegados: carga varias bolsas pesadas y se resiste a que alguien más las manipule.

La curiosidad por conocer qué transporta en esos equipajes fue resuelta por su prima Vanessa Ríos, quien habló sobre el tema en el pódcast ‘Más allá del silencio’, dirigido por el periodista Rafael Poveda. Allí explicó qué objetos lleva Arleth y cómo ha sido intentar ayudarla con sus pertenencias.

Según contó, las bolsas contienen ropa, elementos de aseo personal y libros. Son artículos de uso cotidiano que Arleth mantiene consigo durante sus desplazamientos y de los que no quiere desprenderse, incluso cuando otras personas se ofrecen a ayudarla.

Vanessa recordó un encuentro frente al Museo Nacional de Bogotá, donde encontró a su prima caminando con tres bolsas que parecían bastante pesados. La escena le llamó la atención porque, pese al esfuerzo que implicaba transportarlos, Arleth no quería que nadie se hiciera cargo de ellos.

La familiar compartió estos detalles durante una conversación en la que también estuvo Sergio García, periodista de Impacto News, quien ha acompañado a Arleth y ha conocido de cerca algunas de las situaciones que se presentan cuando intenta acercarse a ella.

Arleth Carolina puede molestarse si alguien intenta cargar sus bolsas

Sergio García relató que durante varias horas de acompañamiento llegó a observar que Arleth llevaba hasta cinco bolsas. Su reacción ante los ofrecimientos de ayuda fue uno de los aspectos que más le llamó la atención.

De acuerdo con su testimonio, ella no permite que otras personas carguen sus pertenencias ni acepta que abran los equipajes para revisar su contenido. Incluso, cuando alguien intenta quitarle parte del peso para facilitarle el recorrido, puede reaccionar con molestia.

Esta situación también ha complicado algunos desplazamientos por la capital. García contó que en una oportunidad Arleth rechazó abordar un vehículo solicitado mediante una aplicación de transporte porque no quería dejar sus bolsas ni permitir que alguien más se encargara de ellas.

Así, los objetos que lleva consigo se han convertido en una dificultad adicional para quienes buscan acompañarla, pues cualquier intento de facilitarle el traslado debe tener en cuenta su negativa a separarse de ellos.

 

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La noticia fue confirmada por Julián Gallo, antiguo congresista del partido Comunes y exintegrante de esa guerrilla, quien explicó que los abogados de los señalados recibieron una respuesta de la Corte sobre el inicio de las actuaciones. Según contó, el movimiento judicial está relacionado con la información entregada por María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe.

Gallo explicó el alcance de la decisión y dejó claro que, por ahora, no se trata de una investigación formal con conclusiones sobre responsabilidades penales. “La semana pasada la Corte respondió a los abogados que asumieron ese proceso que estaba iniciando una indagación sobre Luis Alberto Albán y Sandra Ramírez, pero es como una investigación preliminar”, manifestó. 

Sin embargo, el exsenador rechazó cualquier participación de antiguos integrantes de Comunes en el crimen. Frente a los señalamientos que rodean el caso, fue enfático en defender a quienes hicieron parte de esa bancada: “Absolutamente, ningún integrante de la bancada de Comunes tuvo que ver en ese homicidio”, aseguró. 

El nuevo capítulo judicial tiene como antecedente las declaraciones de Tarazona, quien planteó interrogantes sobre posibles conexiones entre antiguos miembros de las Farc y la planeación del atentado contra su esposo. El 21 de octubre, la Fiscalía había compulsado copias ante la Corte Suprema para que examinara posibles responsabilidades de antiguos congresistas de Comunes. Entre los nombres mencionados estaban Sandra Ramírez, Luis Alberto Albán y Julián Gallo. 

El atentado contra Miguel Uribe ocurrió el 7 de junio de 2025 en Bogotá, mientras que el dirigente político falleció el 11 de agosto de ese año. Desde entonces, las autoridades han avanzado en las pesquisas para establecer quiénes estuvieron detrás del ataque y si hubo responsables que participaron en su planeación. 

Pero el asunto también llegó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El despacho de la magistrada Lily Andrea Rueda solicitó información a la Corte Suprema sobre las actuaciones contra Sandra Ramírez, debido a que ella es compareciente ante ese tribunal. La petición busca establecer si aparece vinculada a las investigaciones remitidas por la Fiscalía y verificar el cumplimiento de sus compromisos con la justicia transicional, entre ellos aportar verdad y no cometer nuevos delitos. 

La JEP dio un plazo de tres días hábiles para recibir la respuesta del alto tribunal, en un caso que suma interrogantes sobre posibles responsabilidades alrededor del magnicidio. 

El anuncio quedó consignado en el boletín 04 de 2026, publicado el 9 de noviembre. Según el documento, la universidad ya había aplicado medidas de austeridad y reducción del gasto, pero estas no fueron suficientes para corregir el desequilibrio entre sus ingresos y egresos.

Uno de los factores mencionados por el Consejo fue la disminución de las matrículas, asociada a cambios externos que han afectado la demanda de educación superior. Además, una revisión contratada por la Rectoría encontró que los costos crecieron a un ritmo mayor que los ingresos, especialmente los relacionados con la nómina, cuyo tamaño no sería proporcional al número de estudiantes.

Cómo será la reducción de personal en el Externado

El plan contempla mantener congeladas las vacantes y abrir excepciones únicamente cuando se demuestre que un cargo es indispensable para el funcionamiento de la institución. La intención, según el Consejo Directivo, es que los retiros sean los mínimos necesarios y que no se comprometan la calidad académica ni la prestación del servicio.

La universidad también anunció acompañamiento individual y grupal para los trabajadores afectados, además de compensaciones mediante bonificaciones o beneficios. Una comisión hará seguimiento a la aplicación de las medidas y verificará que se respeten las normas laborales y el estatuto profesoral.

El proceso tendrá una condición adicional: su implementación será gradual y deberá evitar cualquier afectación al censo de profesores que participará en la consulta no vinculante de marzo de 2027, cuando se elegirá al próximo rector o rectora.

El déficit y la reducción de estudiantes

El panorama financiero fue examinado por el Observatorio de la Universidad Colombiana, que encontró resultados operacionales negativos durante los últimos años. Según sus cálculos, el déficit llegó a cerca de 59.924 millones de pesos en 2023, 66.660 millones en 2024 y 62.478 millones en 2025.

A esto se suma una disminución en la matrícula. El Externado pasó de 14.052 estudiantes en 2017 a 11.439 al cierre de 2025, una caída cercana al 18,6 %.

Aunque la institución cuenta con un patrimonio estimado en 4,7 billones de pesos al cierre de 2024, el Observatorio advierte que parte de su sostenibilidad depende de los dividendos que recibe por su participación en el Grupo Bolívar.

Por ahora, el Consejo Directivo no ha precisado cuántos puestos se suprimirán, cuáles dependencias tendrán cambios ni el monto exacto del déficit que busca corregir. La universidad tendrá que ejecutar el ajuste en el periodo anunciado y bajo las condiciones que estableció para proteger su funcionamiento académico.

El objetivo principal de este taller es acercar a la ciudadanía al conocimiento y preservación del patrimonio natural a través de experiencias prácticas y participativas. Los asistentes podrán realizar moldes y vaciados de fósiles en yeso, lo que les permitirá comprender la historia natural de la sabana de Bogotá. Durante la actividad, se explicará cómo los ecosistemas del Pleistoceno dieron lugar a la existencia de megafauna en el territorio, información destacada en el plan para el reconocimiento y protección del patrimonio geológico y paleontológico, conocido como PTR-12 dentro del PEMP.

Según el anuncio oficial, la implementación de estas actividades responde a una metodología que prioriza el diagnóstico, reconocimiento y valoración de los posibles bienes patrimoniales de la zona. El taller también cuenta con el respaldo académico del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de Colombia, conocido como UNAL, fortaleciendo así los estudios sobre la riqueza paleontológica de la región. Este enfoque busca consolidar estrategias para la identificación, valoración y divulgación de los elementos que conforman la riqueza natural del centro de Bogotá.

La inscripción previa es obligatoria y gratuita, según la convocatoria del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, asegurando la participación organizada de quienes deseen explorar y reconocer el valor de la paleontología local. Esta acción forma parte de una agenda más amplia de actividades culturales dirigidas a fortalecer la identidad y la memoria histórica de la ciudad.

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¿En qué consiste el taller ‘Paleontología en la sabana de Bogotá’ ofrecido por el Museo del Oro?

El taller es una actividad teórico-práctica programada para el 18 de noviembre de 2026, en la que los participantes podrán realizar moldes y vaciados de fósiles en yeso, conocer la historia natural de la sabana y aprender sobre las especies de megafauna que habitaron la zona durante el Pleistoceno. Esta actividad busca promover la valoración y conservación del patrimonio paleontológico del Centro Histórico de Bogotá, de acuerdo con la información proporcionada por la administración distrital y el Museo del Oro.

¿Qué es el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá?

El Plan Especial de Manejo y Protección, conocido como PEMP, es una estrategia impulsada por la administración distrital para reconocer, proteger y valorar el patrimonio geológico y paleontológico presente en el Centro Histórico de Bogotá. El PEMP incluye líneas de acción como el reconocimiento del patrimonio a través del PTR-12, así como la coordinación con entidades como el Servicio Geológico Colombiano y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

La disculpa quedó consignada en una carta en la que el ministro reconoció que el lenguaje que utilizó fue inapropiado e irrespetuoso. Aunque aclaró que las publicaciones aparecieron mucho antes de asumir la Cancillería y en medio de una campaña presidencial, también admitió que eso no lo exime de responsabilidad. 

“Esas publicaciones fueron escritas mucho antes de que me convirtiera en Ministro de Relaciones Exteriores, en el contexto de una elección presidencial en particular. Si bien ese contexto ayuda a explicar las circunstancias en las que se hicieron, no disminuye mi responsabilidad por lo que escribí. Mi perspectiva ha evolucionado desde entonces, y esos mensajes no reflejan las opiniones que tengo hoy. Tampoco representan, de ninguna manera, la posición del Gobierno de Colombia bajo el presidente Abelardo De La Espriella”, afirmó el canciller en la misiva. 

#EnDesarrollo El canciller Omar Bula envió una carta al Partido Demócrata de Estados Unidos para ofrecer disculpas por los comentarios que publicó en redes sociales sobre sus integrantes. El ministro reconoció que utilizó un lenguaje “inapropiado e irrespetuoso” y aseguró que esos mensajes, escritos antes de asumir el cargo, no representan sus opiniones actuales ni la posición del Gobierno.

“Esas publicaciones fueron escritas mucho antes de que me convirtiera en ministro de Relaciones Exteriores, en el contexto de una elección presidencial en particular. Si bien ese contexto ayuda a explicar las circunstancias en las que se hicieron, no disminuye mi responsabilidad por lo que escribí”, señaló en la carta. #VocesySonidos

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 11, 2026

Pero Bula no se limitó a reconocer sus errores. También aprovechó la comunicación para dejar claro que Colombia necesita conservar una buena relación con las dos principales fuerzas políticas estadounidenses: demócratas y republicanos. Para el funcionario, el entendimiento entre ambos partidos ha sido clave en la alianza entre Bogotá y Washington. 

“La relación entre Colombia y los Estados Unidos merece continuidad y cuidado, y debe basarse en el respeto mutuo y el bipartidismo. Debemos esforzarnos por mantenerla, independientemente de las diferencias políticas y los ciclos electorales. Ofrezco esta disculpa con ese espíritu y espero fortalecer nuestro diálogo y cooperación”, sostuvo Bula en la carta. 

Finalmente, el canciller aseguró que su responsabilidad es representar al país mediante el respeto, el diálogo y la defensa de los intereses compartidos con Estados Unidos. 

(Le puede interesar: Laura Sarabia anuncia denuncia penal tras señalamientos en el libro ‘Las mujeres de Petro’ de Felipe Zuleta)

De acuerdo con el relato de Zuleta, Petro permanecía durante un tiempo considerable en el baño antes de algunas de esas reuniones, varias de las cuales fueron transmitidas por televisión durante su Gobierno.

“Dicen que se demoraba en el baño entre 45 y 50 minutos antes de entrar al consejo de ministros, porque se ponía unos parchecitos en los ojos”, contó el periodista en la entrevista radial.

Zuleta agregó que, según la información que recopiló, esos adhesivos podrían contener LSD. Sin embargo, hizo una salvedad sobre ese señalamiento y reconoció que no tenía certeza acerca de su composición.

“Estos parchecitos, según he podido yo investigar, serían de LSD, aunque no sé exactamente si lo son”, manifestó.

(Lea también: Felipe Zuleta revela exámenes que confirmarían que a Angie Rodríguez intentaron envenenarla)

Qué más reveló Felipe Zuleta sobre Gustavo Petro

Las declaraciones hacen parte de los detalles que el periodista ha compartido sobre ‘Las mujeres de Petro’, publicación en la que reúne testimonios de personas que, según explicó, estuvieron cerca del expresidente durante distintas etapas de su vida personal y política.

En la conversación con Blu Radio, Zuleta también se refirió a las versiones sobre el supuesto consumo de otras sustancias. Según dijo, varias de sus fuentes coincidieron en ese punto y mencionó que Angie Rodríguez habría señalado el uso de tusi por parte del exmandatario. Otras personas, añadió, hablaron de sustancias diferentes.

El periodista también expuso otro relato relacionado con las reuniones privadas en las que supuestamente participaba Petro. De acuerdo con lo que le contaron sus fuentes, el exjefe de Estado habría grabado con su celular algunas escenas de esas celebraciones.

“Él no siempre intervenía activamente en estas escenas, sino que las grababa y las tenía en su celular. Entonces eso es lo que relatan estas mujeres”, afirmó Zuleta.

El autor presentó su libro el 6 de noviembre y explicó que buena parte de su contenido se construyó a partir de testimonios y documentos entregados por personas que solicitaron mantener su identidad bajo reserva.

Por ahora, las afirmaciones sobre los supuestos parches, el consumo de sustancias y las grabaciones corresponden a los relatos que Zuleta atribuye a sus fuentes. La entrevista no presentó pruebas independientes que permitan establecer esos señalamientos como hechos comprobados.

La solicitud también estaría relacionada con los cambios políticos que atraviesa Venezuela y la posibilidad de fortalecer la cooperación en seguridad en la zona fronteriza. Sobre ese punto, el ministro señaló: “Y con esta transición que está sucediendo en Venezuela, haya una cooperación en materia de inteligencia en el caso de la subteniente y en todos los aspectos para que haya una verdadera contención del otro lado”.

#EnDesarrollo Colombia solicitó apoyo a Estados Unidos para verificar si la subteniente del Ejército María Camila Pantoja, secuestrada por el ELN, se encuentra en territorio venezolano.

“Y con esta transición que está sucediendo en Venezuela, haya una cooperación en materia de inteligencia en el caso de la subteniente y en todos los aspectos para que haya una verdadera contención del otro lado”, agregó. #VocesySonidos

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 11, 2026

Cabe mencionar que el pasado 5 de noviembre el Frente de Guerra Oriental del Eln confirmó que tenía en su poder a Pantoja Hernández, integrante del Ejército Nacional. La subteniente había sido secuestrada en Saravena, Arauca, a comienzos de este mes.

Tras confirmar el secuestro, esa estructura armada responsabilizó a las Fuerzas Militares colombianas por cualquier intento de rescate que, según advirtió, pudiera poner en riesgo la vida de la uniformada.

Mientras avanzan las gestiones para conseguir apoyo de inteligencia estadounidense, la situación de la subteniente sigue siendo motivo de preocupación para las autoridades. La cooperación internacional aparece ahora como una de las alternativas que contempla el Gobierno para ubicarla y avanzar en su recuperación.

La medida cautelar exige que Colsubsidio ponga en marcha de inmediato un plan de normalización para despachar medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías en salud que permanecen represados. La orden también contempla que la entidad responda oportunamente a los requerimientos de los pacientes y corrija los retrasos identificados en la atención.

Uno de los puntos centrales es la protección de quienes podrían enfrentar mayores consecuencias por una interrupción de sus tratamientos. La Supersalud pidió priorizar a personas con enfermedades crónicas, pacientes que requieren tratamientos continuos, usuarios con condiciones de alto costo y afiliados con riesgo clínico elevado.

La instrucción también incluye atención preferencial para menores de edad y adultos mayores. Colsubsidio deberá enfocar su plan de contingencia en estabilizar los inventarios y asegurar que estos grupos reciban los insumos que necesitan, con el propósito de evitar pausas en sus esquemas médicos. 

La orden no se limita a exigir que se pongan al día las entregas. El gestor farmacéutico tendrá que enviar informes periódicos a la Superintendencia, con soportes de los medicamentos y dispositivos entregados, además de explicar qué acciones adelanta para resolver los casos que siguen pendientes.

El octavo bombardeo desde que llegó el Gobierno de Abelardo De La Espriella fue denominado Nehemías, en zona rural de Tarazá, donde no sólo hay disputa por el microtráfico sino por la minería ilegal que ha destruido miles de hectáreas en esa zona de Antioquia.

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Sobre la operación

Esta operación fue contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo y contó con apoyo de miembros del Ejército con inteligencia de la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana, en donde cayó uno de los 10 cabecillas priorizados por el Gobierno Nacional en Colombia.

El mismo presidente Abelardo De La Espriella entregó el reporte preliminar señalado, ocho fueron dados de baja, entre ellos, Haminton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, cabecilla principal de esta estructura, con más de 20 años de trayectoria criminal y una recompensa de hasta $2.018 millones.

Inteligencia de las autoridades señalaron que este criminal, subordinado directamente a alias ‘Gonzalito’. Era señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra nuestra Fuerza Pública, incluido el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025. En el operativo también fueron incautados cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación. Además, fue destruido un campamento utilizado para coordinar actividades criminales.

Con este bombardeo se golpea las finanzas y capacidad logística del Clan del Golfo y por eso el presidente les advierte:

“A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos”.

¡AYER AUTORICÉ UN BOMBARDEO CONTRA EL CLAN DEL GOLFO EN ANTIOQUIA! ¡ABATIDO ALIAS ‘NEGRO PEREA’, UNO DE LOS DIEZ CABECILLAS PRIORITARIOS DEL PAÍS!

En la operación NEHEMÍAS, desarrollada en zona rural de Tarazá, nuestro Ejército Nacional, con inteligencia de la Policía Nacional y apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, golpeó a la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo.

El resultado preliminar: ocho dados de baja, entre ellos Haminton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, cabecilla principal de esta estructura, con más de 20 años de trayectoria criminal y una recompensa de hasta $2.018 millones.

Este criminal, subordinado directamente a alias ‘Gonzalito’, era señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra nuestra Fuerza Pública, incluido el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025.

También fueron incautados cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación. Además, fue destruido un campamento utilizado para coordinar actividades criminales.

¡SEGUIMOS GOLPEANDO LA CÚPULA DEL CLAN DEL GOLFO, DEBILITANDO SUS FINANZAS Y DESTRUYENDO SU CAPACIDAD CRIMINAL!

A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos.

¡LA OFENSIVA NO SE DETIENE! VAMOS A RECUPERAR EL CONTROL DEL TERRITORIO Y A IMPONER LA AUTORIDAD DEL ESTADO!

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 11, 2026

El Ministerio de Minas y Energía radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para poner en conocimiento presuntas anomalías en la administración de cupos subsidiados de gasolina y ACPM en zonas fronterizas, según informó La FM.

La auditoría interna constató que el aplicativo oficial asignó un volumen extra de 35.’071.070 galones por encima del margen legalmente cobijado con exenciones impositivas entre enero de 2025 y septiembre de 2026.

Esta brecha en las asignaciones comenzó a mostrar una tendencia sostenida a partir de septiembre de 2025, durante el mandato de Gustavo Petro, experimentando su mayor desajuste en mayo de 2026.

En dicho mes, el sistema informático matriculó un sobrante mensual de 4,1 millones de galones, consolidando un consolidado que abarca 21 meses e integra los primeros compases de la administración entrante.

La denuncia consta en un oficio reservado de radicado 2-2026-049062, con fecha del 3 de noviembre de 2026, respaldado con la rúbrica de Germán Orlando León Duarte, director técnico de Hidrocarburos.

El expediente señala a Julián Flórez Quiroga, quien comandó esa dependencia bajo el gobierno Petro y presuntamente gestionó la habilitación de un perfil informático especial con atribuciones para ajustar las cifras registradas.

En las zonas limítrofes, los dispensadores de combustible comercializan cupos específicos exentos de tributos como el IVA y el gravamen nacional a los carburantes, buscando mitigar el contrabando y abaratar el abastecimiento regional.

La cartera energética determina mediante actos formales el volumen asignable para cada localidad y estación; no obstante, el Sistema de Información de Combustibles (SICOM) incorporó cantidades superiores a las autorizadas.

Bajo este esquema irregular, varias estaciones obtuvieron márgenes ficticios para distribuir carburante con subsidios, provocando que las arcas estatales dejaran de percibir recursos tributarios indispensables si el producto llegó al consumidor final.

Durante los 21 meses examinados, las resoluciones técnicas avalaban 1.136.903.110 galones, mientras la base informática totalizó 1.171.974.180 galones, consolidando un desfase porcentual exacto del 3,1 % en el consolidado.

Para tasar la merma financiera, MinMinas multiplicó el exceso detectado por $2.078 por cada galón, cifra representativa calculada para los beneficios tributarios que rigieron formalmente a lo largo de 2026.

A partir de este cálculo aritmético, el despacho ministerial fijó la suma de $72.878 millones como una “estimación preliminar del posible impacto fiscal” derivado de las inconsistencias documentadas en los sistemas.

La corroboración del menoscabo patrimonial exige verificar cuántos de aquellos galones concedidos irregularmente se despacharon y facturaron de forma efectiva bajo el amparo de los beneficios tributarios existentes en frontera.

La Dirección de Hidrocarburos identificó cerca de 30 resoluciones suscritas en 2025 cuyas asignaciones numéricas diferían ostensiblemente del cómputo técnico arrojado por la metodología matemática oficial estipulada para el cálculo.

Para la vigencia de 2026, los auditores detectaron divergencias sustanciales entre los borradores con sustento técnico y las versiones definitivas sancionadas, además de cargas al sistema previas a la expedición del acto administrativo.

Una situación representativa ocurrió en San José de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, en Norte de Santander, donde resoluciones fechadas el 5 de julio de 2025 operaron desde el primero de julio.

Una acción de tutela ordenó rehacer todo el trámite cuestionado, obligando al nuevo equipo directivo a promulgar tres actos administrativos correctivos el 2 de octubre de 2026 para cumplir el fallo judicial.

En el departamento de Nariño se hallaron puntos de expendio con volúmenes superiores, justificándose en supuestas “duplicidades del sistema”, “órdenes de compra” o “necesidades de abastecimiento”, carentes de cualquier sustento normativo o técnico válido.

Las pesquisas evidenciaron entregas a establecimientos comerciales ausentes de la normativa o bloqueados de manera preventiva, maniobras presuntamente ejecutadas desde el “usuario editor solicitado directamente por el señor Julián Flórez Quiroga”.

Internexa, operador tecnológico del SICOM, aportó el correo institucional en el cual Flórez solicitó abrir dicha cuenta de editor, junto con la bitácora electrónica de modificaciones en los volúmenes de abastecimiento autorizados.

Los investigadores buscan clarificar quién ordenó cada transacción digital y determinar qué proporción de los 35 millones de galones en disputa corresponde directamente a los movimientos trazados desde aquel perfil informático.

El 8 de septiembre de 2026, la Dirección solicitó auditar las cuotas de frontera; el 18 de septiembre, Secretaría General remitió a Presidencia el segundo tomo del Libro de la Verdad con esta alerta.

Asimismo, el 23 de septiembre la cartera trasladó a control disciplinario una queja formulada contra Flórez por distribuidores minoristas de combustibles pertenecientes al gremio del departamento de Nariño.

El oficio ministerial incluye igualmente dos cuestionadas decisiones operativas expedidas durante julio de 2026, bajo la administración de Gustavo Petro, las cuales prescindieron de la debida articulación interministerial obligatoria por mandato legal.

El 7 de julio, mediante la Resolución 01199, la Dirección autorizó a Chevron Petroleum Company a importar temporalmente gasolina corriente para almacenarla y comercializarla desde una planta en Buenaventura.

Los peritos advirtieron que el combustible presentaba niveles prohibidos de compuestos aromáticos y excesiva presión de vapor, violando estándares ambientales fijados mancomunadamente con el Ministerio de Ambiente, cartera que jamás autorizó tal dispensa.

Al 3 de noviembre, las autoridades aguardaban el consentimiento expreso de Chevron para revocar la resolución, sin precisar el total de carburante introducido al territorio nacional bajo este cuestionado permiso administrativo.

De modo similar, el 10 de julio, mediante la Resolución 01249, la dependencia facultó a Primax Colombia para implementar un piloto comercial de gasolina con 15 % de etanol en Nariño.

El permiso careció de concertación con los ministerios de Hacienda, Agricultura y Ambiente, motivo por el cual el actual gobierno lo revocó con la Resolución 1860 de 2026, mediando consentimiento empresarial.

Otro frente crítico involucra la Resolución del 17 de julio de 2026, que reorganizó el suministro hacia Nariño desde las plantas mayoristas ubicadas en Chachagüí y el puerto de Tumaco.

El despacho ministerial modificó la distribución territorial los días 5 y 8 de agosto, vulnerando los plazos procesales vigentes hasta el 25 de agosto para que los distribuidores interpusieran sus recursos legales.

Ante este cúmulo de evidencias, el director Germán Orlando León Duarte solicitó a la Fiscalía que “evalúe los hechos puestos en su conocimiento y determine la procedencia de adelantar las actuaciones investigativas que estime pertinentes”.

La conversación del 15 de febrero de 2025 mostraría una instrucción de Sarabia para que Rodríguez comprara tiquetes, reservara hoteles y coordinara gastos personales del mandatario. “El presidente pide tiquetes y hoteles en sus viajes. Es importante que tú los compres y coordines. Más sus gastos personales”, dice el mensaje. 

#POLÍTICA | La exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, reveló nuevo chat en el que Laura Sarabia ordenó comprar tiquetes y reservar hoteles para el expresidente Gustavo Petro.

https://t.co/qRQodC6mox https://t.co/5hkWGtw53g

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 11, 2026

Rodríguez aseguró que la solicitud le causó desconcierto porque, según ella, el transporte y alojamiento de Petro ya estaban cubiertos. “No entendía a qué hacía referencia. ¿Por qué comprar tiquetes al presidente o por qué comprar tiquetes si el presidente tiene no un avión, sino varios aviones presidenciales? Además, ¿por qué hoteles? Si normalmente el presidente tiene casas privadas y le dan cortesía en muchos de los viajes a los que él iba, tanto nacional como internacionalmente”, explicó en el video. 

Comunicado a la opinión pública
Abro hilo
1. https://t.co/z1piSsLmgY

— Angie Lizeth Rodríguez Fajardo (@Angier_1992) November 11, 2026

La exfuncionaria afirmó que después entendió que se trataba de gastos de la llamada agenda privada y sostuvo: “Yo no me presté para eso. Cuando me di cuenta de lo que estaba enfrentando, dije que eso no va conmigo y que no me iba a prestar para eso”. También señaló que Petro le pidió gestionar gastos de Vanessa Cortés, a quien identificó como su pareja “oficial”.

La publicación apareció después de que un juez ordenara a Rodríguez rectificar afirmaciones contra Sarabia. Anunció que impugnará la sentencia en próximos días y dijo: “No comparto esta valoración judicial”. Además, insistió: “Ella, en ese mensaje en WhatsApp, está reconociendo que sí había una agenda privada. Entonces, ¿por qué le molesta que yo señale que presuntamente ella era una de las que organizaba eso? Lo mantengo”. 

Explosivos lanzados desde drones, de acuerdo con la información de la periodista Vicky Dávila desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), atemorizaron un punto en la vía Panamericana.

El ataque se presentó contra el peaje de Mondomo, en carretera que comunica a Popayán y Cali, una de las zonas que más ha tenido este tipo de situaciones en los últimos meses.

Según los datos preliminares, el impactante episodio no desembocó en ninguna persona herida ni muertos, a pesar del momento de terror que se evidenció en los videos replicados.

Atacan con explosivos lanzados desde drones las instalaciones del peaje de Mondomo ubicado sobre la vía Panamericana, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao y que aún no entra en operación. https://t.co/nCZOidbI9o

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 11, 2026

Acerca del impactante hecho que se vivió en la jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, en un peaje que todavía no entra en operación, se desconoce algún grupo que se atribuya los hechos hasta el momento.

Las grabaciones también enfocaron a los objetos voladores que protagonizaron los ataques en una zona como la vía Panamericana que ha sido blanco de múltiples atentados recientes.

En pasadas ocasiones, las autoridades han apuntado a la estructura Jaime Martínez, liderada por alias Iván Mordisco, como posibles autores de los ataques, aunque para este caso apenas empiezan las investigaciones para confirmar esta hipótesis.

Por ahora, las Fuerzas Armadas son las que van a darle seguimiento a un caso que tuvo un punto diferencial por el registro de los drones como parte del uso de explosivos a plena luz del día en la mencionada carretera colombiana.

En Colombia, la Vía Panamericana (clasificada técnicamente dentro de la red vial nacional principalmente como la Ruta Nacional 25) es la arteria de transporte más estratégica del occidente del país. Conecta la frontera sur con Ecuador, las principales capitales del suroccidente, el centro industrial y cafetero, y el noroccidente hacia la costa Caribe y el Urabá.

¿Por qué hay tantos atentados en la vía Panamericana de Colombia?

La recurrencia de atentados sobre la vía Panamericana en el suroccidente colombiano responde a factores territoriales, económicos y tácticos que aprovechan las estructuras armadas ilegales activas en esa región.

El tramo comprendido entre Popayán y Cali atraviesa municipios estratégicos del norte del Cauca, una zona montañosa que enlaza la cordillera Central con las selvas vírgenes del Pacífico colombiano.

Esa ubicación geográfica convierte al corredor terrestre en un paso obligado para el tráfico de cargamentos de cocaína, marihuana y armamento pesado procedentes de complejos enclaves ilegales de producción.

Disidencias de las Farc, frentes del Ejército de Liberación Nacional y bandas criminales disputan violentamente el control de estas rutas de escape hacia los esteros del océano Pacífico sur.

Los grupos armados ejecutan emboscadas y hostigamientos explosivos contra la infraestructura estatal sobre la vía para impedir el avance operativo de las Fuerzas Militares en los cañones montañosos aledaños.

Al atacar estaciones policiales y peajes en la carretera principal, los insurgentes desvían la atención de los uniformados que custodian las zonas rurales altas donde operan los laboratorios clandestinos.

La vía Panamericana representa además la única arteria pavimentada que abastece de víveres, medicamentos y combustibles a los departamentos de Nariño y Cauca desde el interior del país.

Por esa razón, los ataques contra este eje vial paralizan el comercio exterior y generan una presión mediática inmediata para forzar al Gobierno nacional a negociar concesiones territoriales.

La geografía quebrada y la cercanía de cañadas boscosas facilitan la huida rápida de los atacantes tras activar artefactos detonantes o disparar armas de largo alcance contra vehículos civiles.

Las autoridades redoblan los patrullajes y controles de vigilancia electrónica para neutralizar estas amenazas violentas, salvaguardando la movilidad comunitaria y el desarrollo económico en todo el suroccidente de Colombia.

En diálogo con Mañanas BLU, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, abordó la complejidad que vive la región al enfrentar simultáneamente desafíos de orden público e iniciativas de desarrollo social y afirmó que el secuestro le fue atribuido al Eln.

(Vea también: Ataque con explosivos afecta sede de RCN en Cali: autoridades investigan atentado contra medio de comunicación)

El mandatario hizo énfasis en la compleja coyuntura que afronta el departamento frente a las acciones delictivas contra la población civil y la búsqueda de soluciones de fondo para La Guajira.

Ante la gravedad del panorama, el mandatario departamental reiteró la urgencia de contar con la articulación efectiva de las instituciones gubernamentales en el territorio:

“A La Guajira, La Guajira merece una oportunidad. La Guajira merece sobre todo que ese respaldo exista con un verdadero ejercicio y un compromiso por parte del Estado. Y nosotros desde el territorio estamos dispuestos a acompañar estas acciones, aquí seguimos trabajando para sacar este departamento adelante”.

La Unidad de Diálogo Social como herramienta clave ante la conflictividad

Como parte de los mecanismos para contrarrestar la inestabilidad institucional y solucionar las protestas que históricamente han afectado la movilidad de la zona, Aguilar resaltó la creación de la Unidad de Diálogo Social, una instancia pionera en el país:

“Somos el único departamento que cuenta con una unidad de diálogo social que entre otras cosas nos ha permitido… Por ejemplo, en el año 2023 el departamento de La Guajira ha ocupado el primer lugar en número de bloqueos y en número de vías de hechos en todo el territorio nacional. Según Colfecámaras, hoy ni siquiera estamos en los cinco primeros departamentos”.

Atentos. Va la primicia de El Vaticano y el gobierno de Colombia, según mis conversaciones con altas fuentes conectadas con la sede papal:
1. No hay posibilidad de que haya diálogos con el ELN en El Vaticano por dos razones: Petro no siguió recomendaciones que, en ese tema, le…

— Melquisedec Torres (@Melquisedec70) May 21, 2025

Una de las razones que habría complicado la relación fue la intención del presidente colombiano de llevar los diálogos de paz con el Eln a territorio vaticano. Según la información que Torres atribuyó a fuentes de alto nivel cercanas a la Santa Sede, el entorno del pontífice no veía con buenos ojos esa posibilidad, pues consideraba que los intentos de negociación con esa guerrilla ya habían fracasado en escenarios como La Habana y Caracas.

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El periodista también señaló que Petro no habría seguido las recomendaciones que el papa Francisco le entregó sobre ese proceso durante un encuentro en enero de 2024. Posteriormente, cuando el mandatario le habría planteado la posibilidad de adelantar conversaciones con el Eln en el Vaticano a León XIV, el nuevo pontífice habría guardado silencio, de acuerdo con las fuentes citadas por Torres.

Otro episodio que habría causado malestar en la Santa Sede fue la manera como el Gobierno colombiano comunicó los resultados de sus encuentros con el Papa. Según la versión publicada por el periodista, en el Vaticano generó incomodidad que Petro y la Cancillería afirmaran que el pontífice se había comprometido con determinados asuntos, cuando la dinámica de esas reuniones consiste principalmente en escuchar las solicitudes y analizarlas posteriormente.

“Ni con este Papa ni anteriores se generan compromisos inmediatos, estos se analizan y días o meses después se responde a los gobiernos”, fue la explicación que recibió Torres de sus fuentes. Esa diferencia en la interpretación de los encuentros habría contribuido al distanciamiento entre el Ejecutivo colombiano y el entorno papal.

En mayo de 2025, el periodista también aseguró que León XIV no visitaría Colombia ni el parque nacional natural Serranía de Chiribiquete durante el actual Gobierno y que un eventual viaje tendría que esperar hasta después de 2028. La gira anunciada para noviembre de 2026, con paradas en Uruguay, Argentina y Perú, coincide con ese escenario, aunque el Vaticano no ha señalado públicamente que las diferencias con Petro sean la razón para excluir a Colombia del recorrido.

La agenda oficial de este viaje fue anunciada por la Santa Sede e incluye diez ciudades de los tres países. El recorrido contempla encuentros con autoridades, actividades religiosas y visitas a comunidades, especialmente en Perú, donde León XIV desarrolló buena parte de su labor pastoral. Colombia, por ahora, no aparece entre los destinos de esta gira, mientras siguen vigentes los antecedentes que Torres dio a conocer sobre la relación entre el Gobierno y el Vaticano.

La propuesta parte de que 5,31 millones de adultos tuvieron algún conflicto en 2025 y se identificaron más de 7,6 millones de problemas que requerían atención judicial.

Además, el 83,8 % de las personas afectadas no recibió asistencia jurídica y solo el 23,7 % de los conflictos en zonas rurales logró resolverse.

Entre las medidas está la iniciativa Milagro de la Justicia y la Convivencia, que contempla centros de conciliación gratuitos, mediación escolar y mecanismos de justicia restaurativa.

También se formulará el Plan Decenal del Sistema de Justicia 2028-2038 y una nueva política de defensa jurídica para enfrentar las 281.841 demandas activas contra entidades nacionales, cuyas pretensiones suman $721,49 billones.

El plan también propone reformar la articulación del Gobierno con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), otorgándole capacidad para adoptar decisiones vinculantes que garanticen el cumplimiento de sus sanciones.

Asimismo, busca fortalecer la atención a víctimas, la búsqueda de desaparecidos y la prevención del reclutamiento de menores.

Las otras estrategias apuntan a enfrentar la criminalidad, mejorar la seguridad y debilitar las finanzas de las organizaciones ilegales.

El movimiento telúrico ocurrió a la 1:11 de la tarde, hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a los 30 kilómetros.

De acuerdo con el informe, el epicentro se ubicó en las coordenadas 5,00° de latitud y -76,27° de longitud. El municipio más cercano fue San José del Palmar, situado a 12 kilómetros del punto donde se originó el temblor.

Otros municipios próximos fueron El Cairo y El Águila, ambos en el departamento del Valle del Cauca, a una distancia aproximada de 27 kilómetros.

El evento fue registrado por 21 estaciones de monitoreo y tuvo un estatus de revisión manual por parte de la entidad.

El reporte también indicó un RMS de 0,9 segundos y un gap de 74 grados, parámetros técnicos utilizados para evaluar la precisión de la localización del movimiento sísmico.

El SGC documentó el evento en su sistema de seguimiento, con información sobre la magnitud, profundidad, ubicación y municipios cercanos.

Este evento se realizará en la calle 21 número 44-40, frente al Cantón Caldas, en Bogotá, y estará disponible de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. según la convocatoria, el propósito es atender a los integrantes de la Fuerza Pública que hayan sido víctimas de hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, a quienes aún no hayan rendido declaración ante el Ministerio Público y quienes requieran información sobre procedimientos de caracterización, acreditación ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otros servicios institucionales. La participación de familiares dependerá de las condiciones específicas estipuladas para cada trámite.

La teniente coronel María Fernanda Cifuentes Villamarín, directora de Apoyo a la Transición del Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional, destacó la importancia de estos espacios, asegurando que buscan acercar a las víctimas y sus familias a las instituciones pertinentes y darles orientación sobre la oferta de apoyo disponible, así como acompañamiento personalizado de acuerdo con las necesidades identificadas.

Durante la jornada, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) ofrecerá asesoría a quienes estén inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV), agilizando los procesos de caracterización tendientes a identificar sus requerimientos, circunstancias y afectaciones actuales. Además, habrá orientación para quienes deban presentar declaraciones ante el Ministerio Público y para aquellas personas interesadas en los procesos de justicia transicional liderados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Para quienes adelanten trámites relacionados con su condición de víctimas, se recomienda llevar documentos de soporte, como epicrisis, actas de Junta Médico Laboral, reportes administrativos, denuncias penales, identificación y acreditaciones profesionales o militares correspondientes. En situaciones de familiares de personas fallecidas, puede ser necesario presentar registros civiles de defunción y pruebas del vínculo familiar. Así mismo, la jornada permitirá informarse sobre los servicios institucionales disponibles, como salud, prestaciones sociales, vivienda, apoyo en prótesis y órtesis, bienestar y carnetización, bajo las condiciones y requisitos pertinentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para que las víctimas de la Fuerza Pública accedan a la jornada de caracterización en Bogotá?

Los asistentes deben ser integrantes activos o retirados de las Fuerzas Militares o la Policía Nacional, víctimas por hechos sucedidos durante el conflicto armado, o familiares que cumplan las condiciones específicas de cada trámite. Es aconsejable llevar documentos que soporten la situación, como epicrisis, informes médicos, denuncias, documentos de identidad y certificaciones de calidad militar o policial; en el caso de familiares de fallecidos, también serán necesarios los registros civiles de defunción y pruebas del vínculo familiar.

¿Qué servicios ofrece la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en la jornada?

La UARIV orienta a los inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV) sobre la caracterización de sus necesidades y afectaciones, apoya en la presentación de declaraciones ante el Ministerio Público y brinda información relevante sobre procesos de reparación integral, acompañamiento institucional y rutas de acceso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), según lo contemplado en la normativa para las víctimas del conflicto armado.

La primicia sobre este llamado judicial la entregó el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, alertando sobre el avance de las indagaciones en el ente acusador.

Respecto al llamado procesal, los fiscales manifestaron que la diligencia pretende “recaudar información relevante para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y contribuir al adecuado desarrollo de las actuaciones que actualmente adelanta este despacho”.

Las alertas estallaron tras las declaraciones que Ferrer concedió a la revista Semana, espacio mediático donde lanzó duras imputaciones sobre la presunta utilización de aeronaves del Estado para trasladar estupefacientes y divisas entre Colombia y Venezuela.

Frente a la controversia pública provocada, el abogado de la declarante, Jhony Batalla Mena, sostuvo que recopilaron registros fotográficos, archivos documentales, cronogramas de reuniones y contactos telefónicos para respaldar cada acusación.

El jurista puntualizó que el acervo probatorio ingresará prioritariamente a los radicados del organismo investigador para garantizar la debida cadena de custodia de las piezas allegadas al despacho.

Ferrer, ciudadana de origen español que integró el comité de campaña de Gustavo Petro y posteriormente ocupó cargos en la administración nacional, ya había comparecido ante la justicia por otros requerimientos.

En aquel primer testimonio, la exservidora pública relató que el ingreso del contratista Euclides Torres a las instalaciones de la Casa de Nariño figuró administrativamente bajo su despacho particular.

Esa comparecencia inicial obedeció puntualmente a una acción legal instaurada por un congresista perteneciente al Centro Democrático, quien solicitó esclarecer filtraciones de audios donde la exasesora mencionaba anomalías institucionales.

Sin embargo, la nueva apertura procesal concentra sus esfuerzos en verificar la veracidad técnica de los testimonios sobre las operaciones aéreas irregulares atribuidas a la cúpula estatal.

Las autoridades judiciales avanzan en la práctica de pruebas testimoniales para esclarecer las responsabilidades penales derivadas de estas revelaciones en el territorio nacional.

¿Qué dijo Eva Ferrer sobre narcotráfico de Verónica Alcocer?

Eva Ferrer formuló graves señalamientos contra la exprimera dama Verónica Alcocer, vinculándola con presuntas operaciones clandestinas de narcotráfico y transporte irregular de divisas en vuelos oficiales.

Durante una entrevista periodística, la excolaboradora gubernamental denunció el supuesto empleo reiterado de aeronaves del Estado colombiano para movilizar cargamentos de estupefacientes y paquetes de dólares hacia Venezuela.

Ferrer aseguró que coordinadores cercanos al círculo presidencial facilitaban los itinerarios aéreos internacionales para eludir los controles aduaneros habituales en los aeropuertos civiles del país.

Según sus declaraciones, las actividades ilícitas ocurrían amparadas por la investidura protocolaria y el estatus diplomático que rodeaba los desplazamientos de la entonces primera dama de la República.

La testigo manifestó que conserva copias de registros fotográficos, itinerarios precisos, fechas exactas y números telefónicos que corroboran sus afirmaciones sobre estos itinerarios sospechosos entre ambas naciones.

El representante legal de Ferrer, Jhony Batalla Mena, ratificó públicamente la existencia de este material probatorio documental ante los medios informativos en la capital colombiana.

Frente a la gravedad institucional de los testimonios divulgados, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal por conductas conexas al tráfico internacional de estupefacientes.

El ente acusador emitió una citación judicial obligatoria para recibir la declaración jurada de la denunciante y recepcionar todas las evidencias físicas bajo custodia procesal.

La defensa de Verónica Alcocer desestimó tajantemente las sindicaciones, calificándolas como afirmaciones infundadas orientadas a lesionar su buen nombre e integridad personal en Colombia.

El caso judicial continúa en etapa de indagación preliminar mientras los investigadores verifican las bitácoras de vuelo y la veracidad de los testimonios allegados al expediente.

Según detalló la ministra Gutiérrez, en al menos 19 de los procesos auditados no existía una justificación clara de necesidad ni sustento técnico suficiente para ampliar la nómina de contratistas, detectándose además funciones duplicadas y asignaciones arbitrarias de personal a dependencias de la entidad que ni siquiera habían solicitado dichos apoyos. Sin embargo, investigaciones de El Tiempo elevaron la cifra a 23 contratos por un valor superior a los 993 millones de pesos, todos tramitados mediante contratación directa por prestación de servicios. Entre las vinculaciones de mayor cuantía figuran las de la abogada María José Mengual Velásquez por 60 millones de pesos, la ingeniera María Fernanda Corrales por 60 millones y el ingeniero Milder José Mengual por 50 millones, contratos dirigidos a la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte (SND) con vigencia hasta diciembre.

Frente a la lluvia de cuestionamientos, la abogada Ketty Arias Ruidíaz, exdirectora encargada de la Dirección de Recursos y Herramientas del SND y firmante de los estudios previos y justificaciones de la mayoría de estos contratos, rompió el silencio en el citado medio para salir al paso a las denuncias de la nueva administración. “Esos contratos de prestación de servicios se elaboraron por la pertinencia de la necesidad. Yo firmo porque en ese momento estaba encargada de la Dirección luego de que la doctora Karol Gómez renunciara. La directora anterior había dejado un oficio manifestando que no daban abasto con la carga laboral por un déficit de personal”, sostuvo Arias al justificar la prisa por avalar las contrataciones a escasas horas del relevo presidencial.

Respecto a las acusaciones de la ministra Gutiérrez sobre la repetición de funciones y posible nómina paralela, la exfuncionaria del petrismo negó cualquier anomalía en el trámite y cuestionó los señalamientos de los organismos de control y del actual Ejecutivo. “Para algunos convenios solidarios era necesario contratar a varias personas para una misma función, como la liquidación. No entiendo por qué tienen que salir a satanizar o a desvirtuar cosas que eran necesarias en ese momento dentro de la entidad”, puntualizó Arias, asegurando que cuenta con el respaldo documental para defender la legalidad de los procesos ante las autoridades competentes

La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) alertó sobre el impacto de un eventual arancel del 83 % a las llantas para buses y camiones importadas de China, que incrementaría hasta en un 88,64 % su costo de importación.

La preocupación del sector es que Colombia depende de las importaciones para abastecer este mercado: el 80,73 % de las llantas comercializadas proviene del exterior y ocho de cada diez llantas importadas son de origen chino.

La producción nacional, por su parte, apenas cubre cerca del 5 % de la demanda. Un mayor costo de las llantas se traduciría directamente en mayores costos de operación para los transportadores, con posibles incrementos en las tarifas de los pasajes y los fletes.

Esto afectaría tanto a los usuarios del transporte intermunicipal como a las empresas que movilizan mercancías en el país. El resultado podría ser menos vehículos en circulación y mayores costos para los colombianos.

La propuesta de imponer estas medidas arancelarias surge de un proceso promovido por la ANDI en representación del fabricante nacional Goodyear, que argumenta presuntas prácticas de dumping en las importaciones de llantas chinas. La solicitud inicial de la ANDI planteó un derecho antidumping del 167,1 % durante 5 años.

Posteriormente, el Ministerio de Comercio del gobierno anterior propuso un arancel del 83 %, en medio de cuestionamientos del sector transportador por la falta de información que evidenciaría el impacto que tendría la medida en el transporte intermunicipal.

Ante este escenario, los transportadores esperan que la nueva administración de la ANDI revise los alcances de esta iniciativa y que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo evalúe el impacto económico y operativo de la medida antes de tomar una decisión.

Si bien ADITT advirtió que reconoce la importancia de proteger la industria nacional, agregó que la protección de un fabricante no puede traducirse en mayores costos para los transportadores y millones de colombianos.

¿Qué es la ADITT?

La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, identificada en el país bajo la sigla ADITT, agrupa y representa a las empresas del transporte de pasajeros por carretera.

Esta entidad gremial de carácter privado sin ánimo de lucro nació para defender los intereses corporativos de las compañías habilitadas formalmente ante el Ministerio de Transporte de Colombia.

Su radio de acción abarca el diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales, impulsando normativas claras que modernicen las flotas vehiculares y garanticen la sostenibilidad operativa del sector intermunicipal.

La organización lidera mesas de trabajo técnicas con la Superintendencia de Transporte y la Policía Nacional para combatir frontalmente la ilegalidad y la piratería en las carreteras nacionales.

Asimismo, ADITT promueve la renovación tecnológica en las empresas afiliadas mediante la implementación de sistemas inteligentes de monitoreo, telemetría y plataformas digitales seguras para la venta de pasajes.

El gremio capacita permanentemente a conductores y operadores de ruta en protocolos de seguridad vial, enfocándose en la reducción efectiva de la siniestralidad en los corredores viales colombianos.

Durante las temporadas festivas y vacacionales, la asociación articula planes de contingencia con las diferentes terminales de transporte para atender la alta demanda de usuarios en todo el territorio.

La agremiación también canaliza las preocupaciones de los empresarios del transporte terrestre frente a contingencias macroeconómicas como el costo de los combustibles, peajes y repuestos mecánicos importados.

En materia medioambiental, la entidad coordina programas de transición energética para incorporar gradualmente autobuses de bajas emisiones contaminantes en las rutas de media y larga distancia nacional.

ADITT consolida una vocación de servicio orientada a dignificar la movilidad colectiva, integrando regiones apartadas y facilitando la conectividad terrestre cotidiana de millones de viajeros colombianos.

El presidente colombiano ha aparecido recientemente en operativos de capturas con uniforme militar, situación sobre la que destapó la razón de fondo que lo motiva a esta vestimenta.

“Soy un soldado de la patria y me visto de soldado porque vine a servirle a Colombia”, aseguró en medio de su explicación durante una aparición en público en Roldanillo (Valle del Cauca) este miércoles 11 de noviembre de 2026.

El atuendo del mandatario ha estado bajo la lupa de propios y extraños, en particular, de los críticos que han emitido cuestionamientos por el uso de esas prendas de las autoridades.

De la Espriella se refirió al tema a propósito del anuncio sobre su viaje a Montería para la presentación de resultados de un bombardeo con una bomba de 450 kilos en el que advirtió que murieron presuntos integrantes del Clan del Golfo.

Las apariciones del Jefe de Estado se han convertido en uno de los sellos durante sus tres meses de mandato, que en poco llegarán a sus primeros 100 días en el principal cargo del país.

Uno de los principales mensajes que ha enviado en sus diferentes discursos es la lucha frontal contra los grupos criminales, con lo que ha descartado la continuidad de la denominada ‘paz total’ que lideró Gustavo Petro en el anterior mandato.

De hecho, son varias las determinaciones que se han asumido en el mencionado periodo de tiempo para empezar una política enmarcada en la seguridad en el territorio nacional.

Por lo mismo, su confrontación a los señalados delincuentes con la frase “bienvenidos a la patria milagro” es una carta de presentación que ha divulgado por medio de las redes sociales.

#ATENCIÓN | Desde Roldanillo, Valle, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que se han autorizado más de $347.416 millones para apoyar económicamente a los damnificados del terremoto. De estos recursos, cerca de $87.000 millones corresponden al Valle del Cauca y $65.000 millones a Cali.
@maironnoticias

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 11, 2026

¿Quiénes pueden usar uniforme militar en Colombia?

El ordenamiento jurídico de Colombia restringe de manera estricta el porte, fabricación y tenencia de prendas militares oficiales exclusivamente al personal activo de las Fuerzas Militares del país.

Esta exclusividad operativa abarca a los integrantes uniformados del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, quienes acreditan su condición mediante la tarjeta de identidad militar. Cabe recordar que el presidente es el comandante de estas instituciones.

Asimismo, los estudiantes inscritos formalmente en las escuelas matrices de formación de oficiales, suboficiales y soldados profesionales ostentan autorización legal para vestir los uniformes de gala y fatiga reglamentarios.

La normativa interna castiga a cualquier particular que porte elementos textiles distintivos, insignias, condecoraciones o camuflados oficiales sin pertenecer activamente a la estructura orgánica del Ministerio de Defensa Nacional.

El Código Penal colombiano tipifica este comportamiento delictivo en el artículo 346 bajo la figura de utilización indebida de uniformes e insignias de uso privativo de la fuerza pública.

Los jueces penales imponen penas de prisión que oscilan entre cuatro y ocho años de cárcel para quienes fabriquen, distribuyan, almacenen o vistan estas prendas con fines fraudulentos o delincuenciales.

La prohibición general contempla excepciones rigurosamente reglamentadas para veteranos y oficiales de la reserva activa de las armas, quienes pueden portar uniformes ceremoniales únicamente en desfiles patrios solemnes.

Para acceder a este permiso conmemorativo, el oficial o suboficial retirado debe solicitar una autorización escrita previa ante el comando de fuerza correspondiente, cumpliendo estándares estrictos de disciplina castrense.

Las empresas privadas de vigilancia y las compañías de producción cinematográfica deben registrar indumentarias con diseños, patrones cromáticos y distintivos radicalmente diferentes a los camuflados del Estado.

El Ministerio de Defensa mantiene fiscalizaciones periódicas sobre talleres de confección y almacenes comerciales para impedir la comercialización ilegal de textiles o insignias a personas no acreditadas.

De esta manera, el Estado salvaguarda la seguridad nacional, previene la suplantación de la autoridad legítima y garantiza el respeto por la soberanía en todo el territorio colombiano.

El prontuario de alias ‘Chapolo’ estaba marcado por denuncias de extorsión, amenazas constantes a campesinos y productores agrícolas, así como el control ilegal de las comunidades rurales. Desde hace varios meses, el seguimiento de las autoridades se centró en su actividad criminal. En julio de 2025, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, llegó a ofrecer una recompensa de hasta $100 millones, incrementada posteriormente a $300 millones, como incentivo para obtener información que permitiera su captura, de acuerdo con reportes oficiales. La presión aumentó en febrero de 2026, cuando el entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lo declaró objetivo de alto valor regional durante un consejo de seguridad en Ibagué y duplicó la recompensa a $200 millones, estableciendo además un plazo para que las fuerzas estatales intensificaran sus labores en busca de su detención, neutralización o sometimiento.

Además de extorsionar campesinos, cafeteros, comerciantes y ganaderos, las autoridades lo atribuían a mecanismos de control como la presunta carnetización ilegal de pobladores, ataques a la Fuerza Pública con drones armados, actividades relacionadas con la minería ilegal, homicidios y reclutamiento de personas. Según reportes militares, alias ‘Chapolo’ había permanecido unos 14 años en la organización, ocupando roles de dirección en actividades ilícitas en Tolima y Huila. Estos señalamientos, que incluyen delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas, hacen parte de investigaciones en curso, sin que exista una condena definitiva al respecto.

El 10 de noviembre de 2026, en el sector Pacarní, Huila, se registró el sometimiento de alias ‘Chapolo’, su compañera sentimental y tres integrantes más de su esquema de seguridad, quienes entregaron armamento, equipo de comunicación, drones y recibos relacionados con presuntos pagos extorsivos. El procedimiento lo coordinaron el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con fuentes oficiales.

La gobernadora Adriana Matiz y el secretario de Seguridad del Tolima, Alfredo Bocanegra, celebraron el resultado y subrayaron que es un avance para las comunidades bajo presión de los grupos armados. El presidente Abelardo De La Espriella resaltó que la acción estatal fue decisiva en este caso. El desafío ahora es evitar la reconfiguración del grupo y garantizar seguridad a las comunidades de la región, especialmente en municipios como Ataco, Chaparral, San Antonio y Rioblanco.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las autoridades ofrecían una recompensa tan alta por alias ‘Chapolo’?

La recompensa ofrecida por alias ‘Chapolo’ se debía a que las autoridades lo consideraban el principal cabecilla de la estructura Ismael Ruiz, con presunta responsabilidad en extorsiones sistemáticas, amenazas, homicidios, reclutamiento y control ilegal en varios municipios. Según datos de la gobernación y reportes del Ministerio de Defensa, su captura era fundamental para debilitar la estructura armada que afectaba el sur del Tolima y zonas del Huila.

¿Qué es la estructura Ismael Ruiz y cómo operaba en Tolima y Huila?

La estructura Ismael Ruiz, según información mencionada en el texto, forma parte del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc y estaba bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Esta organización se dedicaba a actividades criminales como extorsión, amenazas, homicidios y control ilegal de las actividades económicas en los territorios del Tolima y Huila, acciones que generaron una intensa presión institucional para acabar con su presencia.

Prieto Uribe, al ser notificado de los cargos, expresó no entender en qué momento habría incurrido en las conductas señaladas por la Fiscalía. No aceptó los cargos, mientras su defensa insistió en que la acusación carecía de detalles claros sobre el tiempo, modo y lugar de los hechos. Sin embargo, la jueza del caso ratificó que la Fiscalía sí precisó los delitos, el contexto de los hechos y el objetivo de la investigación, remarcando que el análisis probatorio debe hacerse en juicio y no durante la etapa de imputación.

La Fiscalía sostiene que el aporte de Odebrecht no fue reportado ante las autoridades electorales y superó los límites legales de financiación para campañas, permitiendo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobara los informes financieros de la campaña y autorizara el pago de 576 millones de pesos colombianos (COP) por reposición de votos. El informe presentado por Prieto Uribe registró gastos por más de 13.500 millones COP, sin reportar donaciones. La fiscal explicó que el enriquecimiento ilícito es consecuencia del fraude procesal, pues el ingreso injustificado de dineros se dio induciendo en error al CNE y la Registraduría Nacional del Estado Civil gracias a reportes financieros fraudulentos.

En contraste con este proceso, la Fiscalía archivó una investigación distinta relacionada con un contrato de 2015 entre Sancho BBDO y Odebrecht, concluyendo que allí los pagos sí estaban justificados y se prestaron los servicios pactados. No obstante, la investigación por el aporte de un millón de dólares vinculado con la campaña de 2014 sigue adelante y Prieto Uribe deberá enfrentar un juicio penal.

La defensa argumentó falta de claridad en los hechos, afirmando que no se estableció cómo ni cuándo se habría acordado o recibido el supuesto aporte. No obstante, la fiscal explicó que las reuniones clave ocurrieron en enero de 2014 y que la contratación con Paddington Ventures respondía a la necesidad de manejar fondos fuera de Colombia, específicamente en Panamá, lo que, según la Fiscalía, prueba la omisión en el reporte ante el CNE.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué José Roberto Prieto Uribe enfrenta cargos relacionados con la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014?

José Roberto Prieto Uribe enfrenta estos cargos porque, según la Fiscalía, habría gestionado un contrato de un millón de dólares para la campaña presidencial de 2014, ocultando tanto la fuente como el monto del aporte ante las autoridades electorales. Los fiscales argumentan que este dinero, presuntamente suministrado por Odebrecht a través de Paddington Ventures, permitió a la campaña superar los topes legales de financiación y lograr la aprobación de recursos por reposición de votos, incurriendo en posible fraude procesal y enriquecimiento ilícito.

¿Cuál es el papel de Odebrecht y de Paddington Ventures en la investigación contra Prieto Uribe?

De acuerdo con la Fiscalía, Odebrecht habría entregado recursos para la campaña a través de Paddington Ventures, una filial de la agencia Sancho BBDO con cuentas en el extranjero, en lugar de hacerlo directamente en Colombia. Esta estructura habría permitido que el pago no se reportara ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), omitiendo donaciones y gastos reales en los informes oficiales. La figura de Paddington Ventures resulta central en el proceso, al ser señalada como el vehículo para canalizar los recursos externos hacia la campaña.

Durante el desarrollo del espacio de debate, Bejarano le reprochó al congresista un presunto doble rasero dentro del movimiento político, cuestionando la razón por la cual en algunos casos se le otorga credibilidad inmediata a los testimonios de las víctimas mientras que en otros se opta por remitirlas exclusivamente a los estrados judiciales. La jurista increpó directamente a Cepeda sobre el impacto ético de mantener al exmandatario en la conducción de la coalición pese a la gravedad de los señalamientos presentados por una joven. Asimismo, la columnista cuestionó que en las recientes intervenciones del senador sobre el machismo dentro de la colectividad no se hubiera hecho una mención explícita al nombre del expresidente, advirtiendo que el feminismo no debe predicarse en abstracto sino aplicarse con rigurosidad frente a las situaciones particulares que comprometen a los líderes del partido.

 

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Frente a la ráfaga de cuestionamientos, el senador Cepeda rechazó que exista una postura de condescendencia o connivencia dentro del movimiento, asegurando que el caso debe desarrollarse bajo el rigor de una investigación judicial transparente y sin presiones. El congresista fue enfático en señalar que no se prestará a lo que catalogó como una estrategia mediática orientada a destruir políticamente al Pacto Histórico, recordando su trayectoria legislativa en la tipificación de la violencia contra la mujer como crimen de lesa humanidad para sostener que su compromiso con la causa no admite ambigüedades.

Pese a los roces durante la entrevista, el parlamentario sostuvo que la colectividad examinará internamente los elementos que surjan en el proceso y que, si se comprueban responsabilidades, cualquier integrante deberá asumirlas sin excepción alguna. Entre tanto, el expresidente Gustavo Petro ha reiterado su rechazo categórico a las acusaciones en su contra, insistiendo en que las denuncias forman parte de una campaña de un supuesto desprestigio político.

El encuentro congrega a delegaciones gubernamentales, organismos multilaterales, entidades de la sociedad civil, representantes del sector privado y especialistas internacionales para consensuar una hoja de ruta que garantice presupuestos suficientes, sostenibles y equitativos para el desarrollo temprano de la niñez en el hemisferio. Hay representantes de organizaciones que trabajan por la niñez en países de América Latina, entre ellos Colombia.

El punto de partida del foro internacional responde a una realidad estructural alarmante en materia de derechos humanos: la pobreza sigue marcando con severidad los primeros años de vida. De acuerdo con análisis conjuntos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en 2022 el 43,7 % de las niñas y los niños de 0 a 8 años en América Latina y el Caribe vivía en situación de pobreza, una cifra que superó en casi 15 puntos porcentuales el promedio de la población general de la región.

Para Ángela Constanza Jerez, coordinadora de Nacional de NiñezYa, escenarios como esta Cumbre sirven para elevar mensajes de urgencia y esperanza.

“Urgencia, porque cada segundo y cada minuto que pasan niñas y niños de nuestra región pierden o aprovechan las oportunidades para desarrollarse de manera integral. Una crisis afecta a millones de ellos, impidiendo ese desarrollo”, afirmó Jérez durante su intervención en el evento en México.

Esta es su intervención completa:

🧵Nuestra coordinadora nacional, @conniejerezz, participó, en representación de #SomosCrianza, en la jornada inaugural de la I Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia 2026, que se desarrolla en México.

Durante su intervención, habló de urgencia y esperanza. 🔽 https://t.co/N3ncNve3Um

— NiñezYA – Sociedad Civil por la Niñez (@Ninez_Ya) November 11, 2026

Brechas territoriales y rezago presupuestal

La persistencia de estas privaciones se evidencia en los panoramas internos de las naciones latinoamericanas. En Colombia, los indicadores más recientes sitúan al 12,7 % de las niñas y los niños de 0 a 5 años en condiciones de pobreza para el año 2025, lo que ratifica la urgencia de articular medidas que superen la fragmentación de la oferta estatal y protejan de manera blindada el bienestar infantil frente a los ciclos económicos.

Por su parte, en el país anfitrión, las cifras compiladas por el Pacto por la Primera Infancia con base en el INEGI señalan que, si bien el gasto público destinado al segmento infantil registró incrementos en la última década, en 2025 representó apenas el 0,61 % del Producto Interno Bruto (PIB) y un modesto 2,53 % del gasto público total. Este reducido margen presupuestal ilustra cómo los compromisos jurídicos con la niñez todavía se enfrentan a severas restricciones fiscales en las agendas nacionales.

A las deficiencias de financiamiento se suma el rezago en acceso efectivo a servicios esenciales de cuidado y aprendizaje. En la región, millones de niños crecen sin acceso a educación inicial o preescolar de calidad, condición que reproduce tempranamente las brechas de desigualdad y menoscaba su derecho inalienable a un desarrollo físico, emocional y cognitivo integral.

Una coalición multiactor orientada a la acción

La cumbre regional cuenta con la coorganización y respaldo técnico de diversas carteras y entidades clave. Entre los convocantes en México destacan la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de la AMEXCID, y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE SIPINNA).

A este esfuerzo institucional se suman el Pacto por la Primera Infancia A.C., la campaña global Act For Early Years, Somos Crianza, Save the Children México, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la organización Theirworld y UNICEF. La alianza refleja el consenso de que atender la primera infancia no puede concebirse como un gasto asistencial optativo, sino como una inversión prioritaria y de máxima rentabilidad social.

Hacia la Cumbre Global de 2027: compromisos y seguimiento

El resultado central previsto para las jornadas de trabajo en Ciudad de México es la adopción de una Declaración Regional sobre Financiamiento para la Primera Infancia. Dicho documento estará complementado por una matriz de compromisos nacionales, cuyo propósito es traducir las declaraciones de voluntad en planes programáticos medibles, con fuentes de financiamiento claramente asignadas y orientados al cumplimiento de metas concretas hacia 2030.

Este bloque de acuerdos constituirá la posición formal que América Latina y el Caribe llevará a la Cumbre Global de Financiamiento para la Primera Infancia de 2027. Dicha cita mundial será el hito culminante de la movilización Act for Early Years, impulsada a nivel planetario para acelerar el cumplimiento de la meta 4.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), relativa al acceso a desarrollo infantil y educación preescolar.

Para las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil congregada, la primera infancia representa la etapa fundacional en la que se definen las oportunidades de vida de una persona. El llamado de la cumbre es contundente: los Estados deben armonizar sus prioridades macrofiscales con sus obligaciones de derechos humanos, garantizando que el presupuesto público deje de ser una barrera y se convierta en la principal palanca de protección y dignidad para la niñez.

Así lo determinó un informe técnico de la Aeronáutica Civil, conocido por El Tiempo, que atribuyó la contingencia a la degradación de la red durante unas pruebas realizadas por personal de la entidad.

El incidente comenzó a las 5:39 p. m., cuando varias posiciones operativas reportaron el congelamiento de las pantallas de radar. Aunque los servidores principales funcionaban con normalidad y se aplicaron medidas de redundancia, las pantallas permanecieron bloqueadas durante 16 minutos.

Los técnicos identificaron problemas de latencia, demoras para establecer conexiones e imposibilidad de ejecutar comandos remotos entre estaciones de trabajo.

El informe señala que las pruebas en las redes LAN 1 y LAN 2 no fueron coordinadas previamente con los equipos responsables de la operación aérea ni contaron con una evaluación conjunta de riesgos.

Hacia las 9:00 p. m. se presentó un nuevo congelamiento parcial mientras se incorporaban servicios asociados a San Andrés.

Al suspender las pruebas y desconectar esos servicios, las pantallas se estabilizaron inmediatamente. Aunque el sistema ya funciona con normalidad, la Aerocivil analiza lo ocurrido para establecer medidas preventivas y mejorar la coordinación entre sus áreas técnicas y operativas.

García declaró a El Nuevo Día que asume este momento con tranquilidad, convencido de que “cuando uno hace las cosas bien, las cosas tienen que resultar bien”. El representante insiste en que su triunfo electoral fue legítimo y surgido de una campaña sin prácticas de clientelismo ni corrupción, defendiendo así la transparencia de su llegada al Congreso. Además, afirmó que, aunque está preparado para cualquier resultado judicial, le preocupa la posibilidad de que el fallo tenga motivaciones políticas y no jurídicas. Según sus palabras, “ganamos en las urnas, en democracia y nos parece que eso no puede ser burlado, pero igual estamos tranquilos”.

La demanda, presentada por el ciudadano Javier Rodríguez Figueroa, cuestiona la legitimidad en la inscripción de la lista de la coalición Pacto Verde. El objetivo del proceso es establecer si se cometieron irregularidades que afecten la legalidad de la elección. La audiencia que definirá el caso está prevista para las 8:30 de la mañana en la Sección Quinta del Consejo de Estado, y el fallo podría impactar las dos curules que hoy ocupa la coalición en la Cámara de Representantes.

En paralelo al proceso de García, también hubo novedades respecto a Marco Emilio Hincapié, quien junto a García representa al Tolima en la Cámara por la coalición Pacto Verde. El pasado 5 de noviembre, de acuerdo con El Nuevo Día, la Sección Quinta del Consejo de Estado falló a favor de Hincapié en otro proceso judicial que cuestionaba su elección por una supuesta inhabilidad relacionada con el cargo que desempeñaba su padre en Coljuegos. Este desenlace fue celebrado por integrantes de la coalición, como el concejal de Ibagué, Andrés Zambrano, quien espera que los procesos pendientes se resuelvan conforme a la Constitución y la ley.

En este contexto, la decisión del Consejo de Estado será clave para aclarar el futuro de la representación política del Tolima en el Congreso y el desenlace de la controversia legal que pone en suspenso las curules del departamento.

¿Cuál es el proceso judicial que enfrenta Renzo García por la coalición Pacto Verde en el Tolima?

Renzo García, representante a la Cámara por el Tolima, enfrenta un proceso judicial ante la Sección Quinta del Consejo de Estado. La demanda, interpuesta por el ciudadano Javier Rodríguez Figueroa, cuestiona la inscripción de la lista de la coalición Pacto Verde, buscando determinar si hubo irregularidades que pongan en duda la legalidad de la elección de sus representantes.

¿Qué consecuencias puede tener la decisión del Consejo de Estado sobre las curules del Tolima en la Cámara de Representantes?

La decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado podría afectar de manera directa las dos curules en la Cámara de Representantes que actualmente ocupa la coalición Pacto Verde por el Tolima. Dependiendo del fallo, estas podrían quedar en firme o verse anuladas, modificando así la representación política del departamento en el Congreso.

El movimiento de Ana Lucía Pineda ha desencadenado preguntas sobre el papel concreto que desempeñan las primeras damas, considerando que su posición no es producto de una elección popular y, por lo tanto, su legitimidad en escenarios internacionales podría estar sujeta a discusión. Sin embargo, la participación de figuras como ella en eventos protocolarios suele ser vista como un apoyo a la gestión diplomática del estado que representan. En este caso, su asistencia a un acto tan simbólico como la bienvenida a un jefe religioso mundial se interpreta como un gesto de cercanía y respaldo institucional al gobierno anfitrión, encabezado por Fujimori.

Un aspecto que ha generado particular atención en la opinión pública es quién financia los viajes internacionales de la primera dama. La Cancillería aclaró que, para esta ocasión, todos los gastos relacionados con el desplazamiento de Ana Lucía Pineda serán cubiertos con recursos personales, lo cual busca despejar cualquier duda sobre el uso de dinero estatal en viajes de personas asociadas al gobierno pero que no ostentan un cargo oficial. Esta aclaración resulta significativa, ya que, tradicionalmente, los gastos de viáticos y logística en este tipo de comitivas pueden estar sujetos a controversias y revisiones por parte de la Contraloría o la opinión pública.

La invitación cursada por Keiko Fujimori a los líderes de la región pone en evidencia la importancia simbólica de este encuentro, al que también asiste la primera dama. Aunque aún se mantienen debates sobre la representatividad y el alcance de sus funciones, tanto la asistencia de Ana Lucía Pineda como los detalles logísticos de su viaje han sido objeto de verificación y transparencia por parte de las autoridades involucradas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la primera dama Ana Lucía Pineda fue invitada por Keiko Fujimori a Perú?

De acuerdo con la información disponible, Ana Lucía Pineda fue invitada a Perú por la presidenta Keiko Fujimori para participar en el acto de recibimiento del papa León XIV. Esta invitación se extendió también a otros jefes de Estado de la región, lo que respalda el carácter protocolario y de alto nivel del evento, en el cual la presencia de la primera dama adquiere un valor simbólico y de representación diplomática.

¿Quién paga los gastos de los viajes internacionales de la primera dama Ana Lucía Pineda?

Según confirmó la Cancillería, el viaje de Ana Lucía Pineda a Perú será financiado con recursos propios, es decir, no se emplearán fondos públicos ni dineros estatales para cubrir los gastos asociados al desplazamiento. Esta decisión responde a los interrogantes sobre el uso de recursos oficiales para personas que, aunque vinculadas al gobierno, no ejercen un cargo de elección popular.

El incidente fue observado por varios ciudadanos, quienes dieron aviso inmediato de la emergencia. El registro audiovisual y las narraciones de quienes se encontraban cerca permitió dimensionar el alcance del incendio, que se propagó sobre el material del hipopótamo. El testigo citado por El Nuevo Día relató: "Estaban haciendo una figura de un hipopótamo y entonces estaban soldando, salieron chispas y comenzó a quemar el hipopótamo y fue avanzando la conflagración", enfatizando la rapidez con la que avanzó el fuego y la imposibilidad de controlarlo en los primeros instantes.

Ante este panorama, la situación generó preocupación entre los habitantes y trabajadores del sector. Las imágenes y reportes enviados por la ciudadanía muestran la magnitud del incendio y el temor que generó la emergencia, registrada en una vía concurrida como la calle 24. Hasta el momento, no existe un informe oficial sobre daños materiales ni la confirmación de personas heridas. Se aguarda el pronunciamiento de los organismos de emergencia para conocer con precisión tanto las afectaciones como la causa exacta del incendio.

La información proporcionada por El Nuevo Día se centra en los testimonios de los presentes y en los reportes ciudadanos, enfatizando que, aunque la emergencia logró ser reportada rápidamente, continúa la incertidumbre sobre los daños y las posibles consecuencias derivadas del incidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el incendio en la calle 24 de Ibagué durante la elaboración de una figura?

El incendio en la calle 24 de Ibagué se desató mientras varios trabajadores fabricaban una figura de hipopótamo con labores de soldadura. Según testimonios recopilados por El Nuevo Día, algunas chispas generadas durante el procedimiento provocaron que el material de la figura prendiera fuego, lo que desencadenó la rápida propagación de las llamas y la emergencia que preocupó a los ciudadanos del sector.

¿Se conocen los daños o heridos por el incendio de la figura de hipopótamo en Ibagué?

Hasta ahora, no existe un reporte oficial sobre daños materiales ni información confirmada sobre personas lesionadas como consecuencia del incendio en la calle 24 de Ibagué. Los reportes ciudadanos y testigos consultados por El Nuevo Día señalan la magnitud del hecho, pero se espera el informe definitivo de los organismos pertinentes para establecer el impacto exacto del suceso.

La persona afectada fue identificada como Dina María Acero. La mujer recibió heridas producto de la detonación y debió ser trasladada para recibir atención médica. Aunque se desconocen detalles sobre la gravedad de sus lesiones, el hecho de que la explosión se haya presentado en una zona habitada encendió las alertas de la comunidad y de los organismos de socorro.

Luego del incidente, las autoridades respondieron con rapidez. Unidades de los cuerpos de socorro y miembros de la Policía Nacional arribaron al sitio para controlar la emergencia, verificar que el lugar no representara más riesgos y revisar la condición de las viviendas que se encuentran en el entorno inmediato de la polvorería. Los uniformados procedieron con labores de inspección con el propósito de descartar daños adicionales y garantizar la seguridad de los residentes.

Hasta el momento, según lo reportado, no se ha precisado la causa exacta que provocó esta explosión. Las autoridades aún adelantan las investigaciones necesarias para determinar el motivo de la detonación y poder establecer el impacto total de la emergencia.

Este tipo de situaciones vuelve a poner sobre la mesa los peligros inherentes al almacenamiento y manipulación de pólvora dentro de contextos urbanos y habitacionales. El episodio, recogido por medios locales como El Nuevo Día, pone en evidencia la preocupación recurrente de las comunidades frente a actividades que, pese a su regularidad en algunas zonas, pueden poner en riesgo la integridad de quienes habitan en el sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué daños materiales dejó la explosión en la polvorería San Martín de Guamo?

De acuerdo con los reportes iniciales, la explosión en la polvorería San Martín causó daños materiales no solo en el establecimiento afectado, sino también en áreas cercanas. Las autoridades realizaron verificaciones en las viviendas vecinas para identificar y cuantificar las afectaciones originadas por la detonación, aunque aún no se ha divulgado una cifra exacta sobre el alcance de la destrucción.

¿Cuál es el riesgo de tener polvorerías en zonas residenciales como las de Guamo, Tolima?

Según lo documentado por El Nuevo Día, emergencias como la ocurrida en la polvorería San Martín resaltan los peligros que supone el almacenamiento y manejo de pólvora en sectores habitados. Estos riesgos no solo afectan a los trabajadores y propietarios de los establecimientos, sino que también comprometen la seguridad y tranquilidad de los residentes que viven en las inmediaciones.

Los municipios seleccionados —Arbeláez, Junín, La Mesa, La Vega, Manta, Medina, Pacho, Zipaquirá, Tibacuy, Útica, Sibaté y Silvania— han enfrentado históricamente dificultades en el acceso y calidad de los servicios de saneamiento y provisión de agua potable, lo cual afecta redes sanitarias y la salud pública local. Frente a esa problemática, el departamento invertirá más de COP 80.500 millones en distintos proyectos, con una expectativa de beneficiar a más de 200.000 habitantes, de acuerdo con estimaciones oficiales recogidas por El Espectador.

Según la Gobernación, estas obras forman parte de los planes para reducir brechas en el acceso a servicios públicos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Cundinamarca. Sin embargo, los resultados dependerán del cumplimiento de los tiempos programados y del respeto por los estándares técnicos exigidos para que la infraestructura funcione correctamente. El gobernador Jorge Emilio Rey resaltó que estos desarrollos permitirán modernizar y aportar al progreso de los territorios, tanto en zonas urbanas como rurales, y que, aunque las intervenciones puedan acarrear dificultades temporales durante la construcción, sus beneficios serán relevantes en el mediano y largo plazo.

Durante el anuncio, la Gobernación pidió a los alcaldes asumir la supervisión de los proyectos en sus municipios. Esto incluye vigilar la labor de los contratistas y procurar una ejecución ágil y de calidad, minimizando los impactos en el comercio, el turismo y la movilidad local durante la fase de obras. Empresas Públicas de Cundinamarca será la institución encargada de proporcionar acompañamiento técnico en todo el proceso, lo cual, de acuerdo con la administración departamental, busca asegurar mejores resultados.

Tras la formalización de los convenios y contratos, los municipios entran en una etapa de definición de prioridades, en la que se determinará la distribución detallada de recursos, así como cuál necesidad de infraestructura sanitaria o abastecimiento de agua se abordará en cada territorio.

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¿Cuáles municipios de Cundinamarca recibirán inversión para acueducto y alcantarillado?

Los municipios que se beneficiarán de los proyectos de mejoramiento de acueducto y alcantarillado son Arbeláez, Junín, La Mesa, La Vega, Manta, Medina, Pacho, Zipaquirá, Tibacuy, Útica, Sibaté y Silvania, según lo informado por El Espectador. Estas localidades enfrentan históricas dificultades en acceso a servicios públicos, por lo cual fueron incluidas en la inversión liderada por la Gobernación de Cundinamarca.

¿Cuál es la función de Empresas Públicas de Cundinamarca en los nuevos proyectos de saneamiento?

Empresas Públicas de Cundinamarca estará a cargo de proporcionar acompañamiento técnico a los proyectos de acueducto y alcantarillado, según la Gobernación departamental y lo reportado por El Espectador. Su labor será clave para garantizar que la ejecución de las obras cumpla con los requisitos técnicos y se logren los objetivos de mejorar el acceso a servicios básicos en las distintas zonas intervenidas.

La apoteosis que Bolívar vivió en Lima, especialmente después del triunfo de Antonio José de Sucre en Ayacucho contra los realistas, parecía efímera frente al escenario político hostil y fragmentado que lo esperaba en el norte. Su sueño de una gran confederación entre Colombia, Perú y Bolivia —esta última nación nombrada en su honor— chocaba con la dura realidad: la pobreza provocada por la guerra, la anarquía de los caudillos y la falta de visión política sostenible.

En ese contexto, Bolívar impulsó la Constitución boliviana, una carta política centralista y con tintes monárquicos, a la que Santander se resistía, esgrimiendo la Constitución de Cúcuta y su respaldo como vicepresidente. Mientras tanto, el Congreso que funcionaba en Bogotá era cada vez más escenario de disputas. El artículo de El Espectador resalta que Santander no solo había obstaculizado la aventura militar de Bolívar en el Perú desde 1821, sino que instigó la destitución de Bolívar en 1824, aunque el liderazgo de Sucre y la dictadura peruana le permitieron sortear ese revés.

La relación se tensó hasta convertirse en algo meramente protocolario en 1826, agravada por crisis como la del reclutamiento fallido de venezolanos bajo José Antonio Páez. La negativa de Páez y su posterior rebelión desencadenaron la separación de Venezuela, causando a Bolívar una profunda herida política. Santander, según el texto, maniobraba políticamente y buscaba debilitar la visión centralista de Bolívar, defendiendo los principios de la Constitución de Cúcuta.

Las semanas siguientes al encuentro de Tocaima reflejaron el deterioro: Bolívar pasó fugazmente por Bogotá antes de centrarse en reconciliarse con Páez en Venezuela, mientras Santander esperaba sanciones que nunca llegaron. La ruptura personal y política entre ambos líderes no tardó en transformarse en abierta hostilidad, con intercambios epistolares llenos de acusaciones, resquemor y advertencias, preludiando la crisis que culminaría en la Conspiración Septembrina de 1828.

Por una vez, desde la cálida Tocaima, el viento sopló gélido sobre el destino de la república, como ilustra el recuento de estos hechos por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue tan importante el encuentro entre Bolívar y Santander en Tocaima en 1826?

El encuentro entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander en Tocaima fue crucial porque simbolizó la culminación de las tensiones internas que amenazaban el proyecto de la República de Colombia, según El Espectador. Este momento expuso la profunda división ideológica y personal entre ambos líderes, lo que anticipó la ruptura definitiva de la unión, la pérdida de Venezuela y el colapso del sueño bolivariano de integración suramericana.

¿Qué diferencias había entre la Constitución boliviana de Bolívar y la Constitución de Cúcuta defendida por Santander?

La Constitución boliviana, promovida por Bolívar, proponía un sistema extremadamente centralista y autoritario con un presidente vitalicio, senado y vicepresidencia hereditarias y nuevos cuerpos como tribunos y censores. Por su parte, la Constitución de Cúcuta, defendida por Santander, respaldaba un modelo más republicano y pluralista, limitando el poder presidencial y garantizando la división política de los territorios integrantes de la república.

De acuerdo con los reportes compartidos, la pérdida de control del conductor fue el detonante principal del accidente. El hecho se registró en una zona transitada, lo que causó expectación entre quienes circulaban por el corredor vial. Al lugar del siniestro llegaron rápidamente unidades de la Policía, encargadas de atender la situación y realizar el control de tráfico. Además, una ambulancia se hizo presente, aunque posteriormente se retiró tras constatar que no había personas lesionadas, por lo que el accidente no habría dejado víctimas ni heridos.

Uno de los aspectos que generó mayor interés durante la atención del percance fue la posible embriaguez del conductor. Testigos y fuentes en el sitio mencionaron la sospecha de que el conductor de la camioneta estaría bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, hasta el momento, no se ha conocido información oficial que lo confirme ni resultados de pruebas de alcoholemia, por lo que no se puede afirmar esta condición de manera definitiva, de acuerdo con lo publicado por El Nuevo Día.

Por ahora, las circunstancias exactas que llevaron a la salida de la vía siguen sin esclarecerse, y se desconoce qué factores puntuales ocasionaron que el conductor perdiera el control del vehículo. Aunque el incidente podría haber tenido consecuencias graves, afortunadamente la camioneta terminó en el canal de aguas lluvias sin provocar personas afectadas. El caso se mantiene bajo la atención de las autoridades, quienes buscan establecer las causas precisas de este insólito hecho vial.

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¿Qué se sabe sobre el accidente de tránsito cerca del aeropuerto de Ibagué?

El accidente involucró a una camioneta Kia Sportage que quedó dentro de un canal de aguas lluvias después de salirse de la carretera, en las cercanías de la primera glorieta del aeropuerto de Ibagué. No se reportaron personas lesionadas y las autoridades atendieron el caso en el sitio, pero aún no hay claridad total sobre las causas del percance.

¿El conductor del accidente en Ibagué estaba bajo los efectos del alcohol?

La posibilidad de que el conductor estuviera bajo los efectos del alcohol surgió durante la atención del accidente; sin embargo, hasta el momento, no hay información oficial ni resultados de pruebas de alcoholemia conocidos que permitan confirmar dicha sospecha, según El Nuevo Día.

El comunicado cita la más reciente decisión del Consejo de Estado, tomada el lunes 9 de noviembre, en la que fue rechazada una demanda promovida por Sergio Álzate González y el concejal Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como ‘Gury’, quienes buscaban la nulidad de las curules tanto de Iván Cepeda como de la representante a la Cámara Aida Quilcué Vivas. En consecuencia, el senador enfatizó que las demandas ante el Consejo de Estado “no acreditan un solo acto de violencia, presión, y menos aún que la voluntad de los electores se haya alterado como consecuencia de violencia ejercida por grupos armados ilegales”, desmintiendo que su campaña haya estado marcada por este tipo de delitos.

Cepeda también mencionó que la postura del Consejo de Estado coincide con la de la Misión de Observación Electoral, entidad que no encontró una correlación estadísticamente significativa entre la presencia de grupos armados y los resultados electorales en la segunda vuelta presidencial celebrada el 21 de junio. Además, el senador denunció que el discurso sobre el “voto fusil” constituye una acusación sin fundamento impulsada por sectores de extrema derecha como herramienta de persecución política, con el fin de descalificar la validez del respaldo ciudadano en las urnas.

Finalmente, Iván Cepeda rechazó nuevas versiones sobre supuesta manipulación de resultados mediante la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y defendió la transparencia de su campaña. Un análisis de los municipios donde existen Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) muestra que Cepeda ganó en 121 de 167 localidades, mientras que De la Espriella fue el vencedor en las otras 46, territorios caracterizados por altos niveles de violencia y ausencia estatal, según información contenida en el comunicado.

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¿Qué significa el ‘voto fusil’ en el contexto electoral de Colombia?

El término ‘voto fusil’ hace referencia a una tesis que sostiene la existencia de presión o coacción de grupos armados ilegales para incidir en los resultados electorales a favor de ciertos candidatos en regiones con presencia de estos actores. Según Iván Cepeda, esta interpretación carece de pruebas y ha sido utilizada como instrumento político para desacreditar campañas opositoras, de acuerdo con los datos presentados por el propio congresista.

¿Por qué el Consejo de Estado ha rechazado las demandas sobre el ‘voto fusil’?

El Consejo de Estado ha inadmitido o rechazado las demandas sobre el ‘voto fusil’ porque los demandantes no han presentado pruebas claras de afectación electoral ni acreditaron actos de violencia o constreñimiento que alteraran la voluntad del electorado, como consta en las decisiones comunicadas por Iván Cepeda en su comunicado de prensa.

Cali, por su parte, se convierte en el epicentro de la cultura artística con el Festival Internacional de Ballet entre el 11 y el 15 de noviembre, en el Teatro al Aire Libre Los Cristales. De acuerdo con la información difundida, el evento asegura entrada gratuita y un despliegue de siete compañías de seis países, reuniendo a más de 180 artistas. Bajo el lema “¡Danza la Esperanza!”, el festival rinde homenaje a las víctimas del terremoto, afianzando la memoria colectiva y el papel del arte como vía para afrontar tragedias.

En otro aspecto, la capital de Nariño, Pasto, enfrenta preocupación debido a cambios en la distribución de gasolina provocados por la entrada en operación de la planta Petronar en Chachagüí. Los transportadores advierten que la compensación del seis por ciento para movilizar el combustible hacia Pasto no cubriría los costos del traslado, lo que podría derivar en un posible desabastecimiento y afectar el normal abastecimiento en la región.

Por otra parte, la Bienal de Arte de Cali 2026, bajo el tema ECOBIODIVERSIDAD: El arte como voz de la naturaleza, invita a vivir una experiencia desde el 11 hasta el 19 de noviembre. Este encuentro, según la información suministrada, busca mostrar cómo el arte contemporáneo refleja la riqueza natural y la relación con el medio ambiente, posicionando a la ciudad como referente en manifestaciones culturales respetuosas con la naturaleza.

Finalmente, la Gobernación del Valle del Cauca intervino cuatro kilómetros de la vía principal de Sevilla, en el interior del municipio, desde el parque central hasta la salida a Caicedonia. Estas obras, según los datos presentados por 90 Minutos, pretenden mejorar la movilidad, brindar mayor seguridad y estimular el comercio y el turismo local, evidenciando el impacto de la infraestructura en el desarrollo regional.

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¿Cómo impacta la construcción del intercambiador vial en Tuluá en la movilidad de la ciudad?

La construcción del intercambiador vial en la carrera 40 de Tuluá, según lo reportado por 90 Minutos, tiene como objetivo mejorar de manera significativa la movilidad urbana. Al facilitar los accesos a distintos sectores, permite reducir los tiempos de desplazamiento y contribuye a que la ciudadanía experimente mayor fluidez en sus trayectos diarios.

¿Por qué el Festival Internacional de Ballet en Cali rinde homenaje a las víctimas del terremoto?

De acuerdo con 90 Minutos, el Festival Internacional de Ballet, desarrollado en Cali, escoge como lema “¡Danza la Esperanza!” y dedica su edición a las víctimas del terremoto. El evento utiliza la danza como un mecanismo de homenaje y memoria colectiva, reafirmando el papel del arte en la resiliencia social ante acontecimientos traumáticos.

Las circunstancias que rodean el hecho generan profunda preocupación, no solo por la seguridad de la víctima sino también por las implicaciones en torno a la presencia de grupos ilegales en la región. Según el pronunciamiento citado, existe una hipótesis inicial sobre la posible intervención del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en este secuestro. Sin embargo, el propio De la Espriella fue enfático al señalar que esta versión aún está en proceso de verificación, subrayando la prudencia con la que se manejan los datos y la prioridad de confirmar cualquier señalamiento antes de hacerlo público.

En palabras textuales recogidas por De la Espriella, se ha ordenado "emplear todas las capacidades del Estado para dar con su paradero, rescatarla sana y salva y llevar a los responsables ante la justicia". Además, el dirigente manifestó su solidaridad con el alcalde de Uribia y sus familiares, reconociendo la gravedad del impacto que este episodio tiene en la vida pública y comunitaria del municipio.

Por el momento, la atención de las autoridades se centra en ubicar a la mujer y asegurar que no cruce la frontera, mientras continúan las labores de inteligencia y control en la región. Este caso evidencia, como han señalado medios como El Nuevo Día, la vulnerabilidad que enfrenta La Guajira respecto a hechos de violencia y la presión constante que representan los pasos fronterizos para la seguridad local. La investigación sobre la participación del ELN y la reconstrucción detallada del secuestro permanecen abiertas, a la espera de que las medidas adoptadas permitan esclarecer lo ocurrido.

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¿Qué acciones tomaron las autoridades tras el secuestro de la esposa del alcalde de Uribia?

Las autoridades, siguiendo las directrices de Abelardo de la Espriella, activaron el despliegue completo de la Fuerza Pública y un plan candado en La Guajira. Estas medidas buscan evitar que los secuestradores trasladen a la víctima hacia Venezuela, haciendo un cerco en la región fronteriza y empleando todos los recursos estatales al alcance para ubicarla rápidamente.

¿Cuál es la hipótesis sobre la participación del ELN en el secuestro de Uribia?

Según declaraciones recogidas por De la Espriella, hay información preliminar que apunta a una posible intervención del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo armado ilegal. Sin embargo, esta hipótesis está en proceso de confirmación y, por ahora, no existe una certeza total sobre la autoría, por lo que las investigaciones continúan enfocadas en esclarecer todas las dudas sobre los responsables.

La decisión, anunciada el 10 de noviembre de 2026, obliga a la entidad a implementar soluciones inmediatas para garantizar que sus afiliados reciban los tratamientos formulados y evitar interrupciones que puedan poner en riesgo su salud.

La orden establece atención prioritaria para pacientes con riesgo vital y personas con protección reforzada, entre ellas niños, adolescentes, mujeres gestantes, pacientes con cáncer, VIH, personas trasplantadas y quienes padecen enfermedades huérfanas.

Además, Sanitas deberá documentar cada reclamación por falta de medicamentos, informar el estado de los casos, demostrar las fechas de entrega efectiva y presentar los soportes de cumplimiento.

También tendrá que reportar los avances de su plan de acción ante el organismo de vigilancia.

Por su parte, la EPS informó que trabaja en estabilizar su operación farmacéutica en Bogotá, donde Colsubsidio asumió el servicio desde el 1 de noviembre.

Según su balance, se han entregado 226.078 medicamentos, dispensado 119.116 fórmulas y realizado 4.317 entregas a domicilio, con una efectividad del 88 %. La Supersalud continuará vigilando el cumplimiento de las medidas.

De acuerdo con los reportes oficiales, la Policía reaccionó rápidamente tras conocer el secuestro, implementando un plan candado, una táctica policial destinada a restringir movimientos y salidas en la zona de los hechos, con el objetivo de impedir que los responsables pudieran fugarse del área. Las fuerzas policiales, en coordinación con el propio alcalde Buitrago García, se encuentran verificando las circunstancias en las que se desarrolló el secuestro y adelantando investigaciones para esclarecer los hechos.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el secuestro por medio de sus redes sociales, informando que, desde el inicio, impartió la orden de desplegar completamente la fuerza pública y activar el plan candado en toda la región. Según el mensaje del jefe de Estado, citado por El Espectador, el objetivo principal es evitar que los secuestradores crucen la frontera y lleven a la víctima hasta territorio venezolano, una preocupación que incrementa la gravedad del caso por la cercanía geográfica de Uribia con el vecino país.

Además, el presidente señaló que, con base en las primeras versiones de lo ocurrido, se sospecha la participación del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en el secuestro. No obstante, el mandatario subrayó que esta información se encuentra en proceso de verificación por parte de las autoridades competentes, por lo que hasta el momento se mantiene como una hipótesis que está siendo evaluada con cautela.

El gobierno aseguró que están empleando todas las capacidades institucionales del Estado colombiano para hallar el paradero de Gómez Sánchez, rescatarla en buenas condiciones de salud y capturar a los responsables. El presidente, además, expresó "toda mi solidaridad con el alcalde de Uribia y su familia en estos momentos de angustia", enfatizando el apoyo institucional y humano en una coyuntura que vulnera no solo a una familia, sino también la seguridad y tranquilidad de la comunidad.

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¿Quién es Nancy Yaneth Gómez Sánchez y por qué su secuestro ha causado conmoción en Uribia?

Nancy Yaneth Gómez Sánchez es la esposa de Jaime Luis Buitrago García, alcalde de Uribia. Su secuestro ha generado preocupación y consternación en el municipio porque afecta directamente a la familia del principal líder local y pone en evidencia riesgos relacionados con la seguridad, según confirmó El Espectador.

¿Qué es un plan candado y cómo se aplicó en el caso del secuestro en Uribia?

Un plan candado es una estrategia de seguridad utilizada por la Policía para restringir el tránsito y controlar accesos con el fin de evitar que los delincuentes escapen de una zona. En el caso de Uribia, de acuerdo con lo reportado por El Espectador, este plan fue activado tras el secuestro de Gómez Sánchez para impedir que los secuestradores salieran del área o intentaran cruzar la frontera, incrementando así las posibilidades de rescatar a la víctima.

La controversia se originó a raíz de los cambios introducidos mediante la Resolución 1589 del pasado 2 de octubre de 2026, la cual modificó los requisitos para ocupar cargos directivos en el ICANH —máxima autoridad arqueológica del país— ampliando el espectro de disciplinas válidas (incorporando profesiones como derecho y economía, históricamente ajenas a la antropología pura) y reduciendo la experiencia exigida de 72 a 48 meses. El estudio técnico fue adelantado por el Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano sin especificar bases de evaluación. Altas fuentes del Ministerio de Cultura confirmaron que la titular de la cartera, Paola Holguín, se había opuesto firmemente a estas modificaciones e incluso había recomendado no llevarlas a cabo, advirtiendo que los ajustes impactarían hasta en ocho puestos directivos, permitiendo por ejemplo la llegada del abogado José Hernán Muriel a la Subdirección de Investigación y Producción Científica.

Camilo Noguera Pardo, formado como abogado en la Universidad Sergio Arboleda, doctor en Bioética y con posdoctorados en Italia, había alcanzado un ascenso acelerado en la administración pública tras asumir como viceministro de Educación Superior el pasado 12 de agosto y postularse tres semanas atrás para liderar el ICANH. Su perfil familiar y político también rodeaba el nombramiento: es nieto de Camilo Andrés Noguera Abello —director del partido Defensores de la Patria y representante presidencial ante cinco universidades públicas— y exyerno del actual ministro del Interior, Alejandro Ordóñez.

Ante los hechos, el jefe de Estado emitió una tajante advertencia a través de sus canales oficiales, sentando una postura inflexible frente a los manejos administrativos en las entidades descentralizadas. “Aunque el ICANH es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura y goza de autonomía administrativa, eso no significa que puedan adelantarse decisiones de esta naturaleza. Mi instrucción ha sido clara: en el Gobierno del Tigre no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos. Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi gobierno”, aseveró el mandatario. “He decidido revocar la designación de Noguera Pardo y disponer la salida inmediata del director encargado, Javier Estrada. ¡Aquí nadie está por encima de las reglas! ¡Y nadie tiene autorización para actuar a espaldas de sus superiores!”, concluyó.

De acuerdo con información obtenida de testigos y las primeras versiones conocidas, los dos individuos habrían llegado al lugar en motocicleta. Mientras uno de ellos permanecía sobre la carrera Quinta, el otro se dirigió al área donde se encontraba estacionado el vehículo con la aparente intención de forzar los candados de seguridad. El propietario, un joven deportista que se hallaba en ese momento dentro del escenario deportivo, notó la situación y decidió intervenir.

La reacción del joven y la de sus compañeros fue inmediata. Al darse cuenta del intento de hurto, salieron a enfrentarse con los presuntos delincuentes. La confrontación subió de tono cuando un ciudadano logró derribar, de una patada, a uno de los hombres que intentaba huir. En ese momento, los golpes continuaron y la situación se desbordó, mientras que uno de los involucrados logró escapar de la multitud, el otro quedó retenido por varias personas presentes en el sitio.

La indignación entre los testigos no desapareció tras la golpiza; al contrario, creció y derivó en la incineración de la motocicleta que, presuntamente, pertenecía a los hombres señalados de intentar el robo. El vehículo terminó totalmente calcinado, en medio de la vía, lo que incrementó la tensión vivida en ese concurrido sector de la capital del Tolima. Finalmente, el hombre que recibió la golpiza fue atendido por uniformados de la Policía que lo trasladaron al hospital Federico Lleras Acosta, donde recibió atención médica. Su acompañante logró darse a la fuga.

Este episodio no solo dejó escenas de confusión y violencia, sino que además reactivó el debate sobre los altos niveles de inseguridad, la respuesta ciudadana y los riesgos implícitos en tomar la justicia por mano propia, de acuerdo con los hechos descritos por El Nuevo Día.

¿Por qué los ciudadanos de Ibagué decidieron tomar la justicia por mano propia?

Según el relato recogido, la comunidad reaccionó con violencia tras detectar el presunto intento de robo, motivada por la indignación y la sensación de inseguridad en la zona. La rápida intervención del propietario del vehículo y de sus compañeros desencadenó una respuesta colectiva que se intensificó, llevando incluso a la destrucción de la moto, lo que evidencia la frustración de los habitantes y el debate sobre el papel de la justicia en estas situaciones.

¿Cuál fue la respuesta de la Policía y qué pasó con los presuntos responsables?

De acuerdo con El Nuevo Día, la Policía intervino trasladando al hombre que fue golpeado al hospital Federico Lleras Acosta para recibir atención médica. Por su parte, el segundo involucrado logró huir del lugar, dejando en evidencia tanto la contundencia de la reacción ciudadana como las dificultades de las autoridades para controlar este tipo de hechos una vez que la multitud se involucra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ambos hermanos compartieron varias pasiones y convicciones: el amor por la música, las conversaciones enriquecedoras y la formación como arquitectos, además de una inclinación por la lucha social y política. Gregorio se destacó como un pionero en campañas cívicas y en la promoción de la ecología. En varias regiones de Colombia, impulsó el reconocimiento de poblaciones históricamente marginadas, como las comunidades indígenas del Meta, quienes lo recuerdan como una figura esencial en la defensa de sus derechos y supervivencia. Por su parte, Alejandro, identificado con posturas comunistas, fue un ferviente opositor del sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante), que, según describe su sobrino, generaba deudas impagables e injusticias para muchas familias que, a pesar de los esfuerzos, terminaban perdiendo sus viviendas. Su incansable lucha permitió que miles de hogares pudieran conservarse, aunque, como suele suceder, muchos de los beneficiados no recuerdan su nombre, destaca la fuente de El Espectador.

La herencia política y crítica vino de sus padres y su hermano mayor Ricardo, quien también participó activamente en la vida pública desde las filas del Partido Liberal. El entorno familiar fomentó discusiones de todo tipo, desde profundas convicciones ideológicas hasta desencuentros personales. La espiritualidad marcó otra diferencia: Gregorio exploraba caminos alternativos alejados del dogmatismo, mientras Alejandro adoptaba un ateísmo militante y una posición anticlerical muy crítica con la Iglesia, especialmente por los casos conocidos de abuso sexual, según narra el artículo.

Aunque diversos en temperamento y visión, ambos compartieron una educación humanista y una disposición permanente a la acogida y el diálogo, con las puertas de sus casas siempre abiertas. Sus influencias siguen vivas en sus familiares, quienes ahora enfrentan la reflexión sobre la ausencia de referentes y el paso de una generación. La tristeza se profundiza al pensar en la soledad que deja la muerte de seres queridos y el vacío emocional y vivencial en la familia, especialmente para el padre del autor, al perder a sus dos hermanos en tan corto tiempo. El recuerdo de las historias, la música y la compañía de los tíos permanece, aunque ambos hayan partido, dejando huellas imborrables.

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¿Cuál fue el impacto de Gregorio y Alejandro Baquero Nariño en su entorno según El Espectador?

De acuerdo con la información de El Espectador, Gregorio y Alejandro Baquero Nariño marcaron una diferencia significativa en su entorno a través de su labor social, política y cultural. Sus acciones incluyeron la defensa de poblaciones indígenas y la lucha por la justicia en el sistema de vivienda, así como el compromiso con causas humanistas y comunitarias.

¿Qué fue el sistema UPAC y por qué Alejandro Baquero Nariño luchó contra él según el artículo?

En el relato presentado por El Espectador, el sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante) era un esquema financiero que ocasionó que numerosas personas, aún después de pagar sus deudas, terminaran perdiendo sus casas y manteniendo obligaciones superiores. Alejandro Baquero Nariño se destacó por oponerse firmemente a este sistema, contribuyendo a salvar miles de viviendas a través de su lucha persistente.

Los datos evidencian una tendencia positiva: los incendios disminuyeron significativamente, de 262 en agosto a solo 12 en octubre, lo que representa una reducción del 94 %. Esta reducción refleja los esfuerzos de monitoreo y coordinación liderados por la CAR y la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD), organismos que mantuvieron seguimiento territorial e implementaron estrategias conjuntas con municipios y organismos de respuesta.

El análisis por meses muestra que agosto fue el periodo más crítico, con 2.105,5 hectáreas quemadas. En septiembre, la cifra disminuyó a 1.327 hectáreas afectadas por 170 incendios, mientras que en octubre tan solo 56,5 hectáreas resultaron dañadas en 14 eventos. Sin embargo, el peligro no se limitó al fuego: en este mismo lapso, la UAEGRD reportó 34 emergencias asociadas a lluvias, que incluyeron inundaciones, deslizamientos, crecientes súbitas, vendavales y avenidas torrenciales. Octubre concentró la mayor parte de estos eventos con 15 reportes, seguido de agosto con 11 y septiembre con ocho.

En el panorama municipal, Soacha fue el más golpeado, reportando 43 incendios forestales. Otros municipios, como Ricaurte (25), Pacho (21), San Juan de Rioseco y Fusagasugá (20 cada uno), también sufrieron importantes afectaciones, al igual que localidades como San Francisco, Apulo, Funza, Granada, Villeta y Cáqueza.

Este panorama se dio bajo condiciones de variabilidad climática, intensificadas por la declaración del fenómeno de El Niño 2026, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). El 8 de octubre, el IDEAM advirtió una probabilidad del 83 % de que el fenómeno se extienda hasta el primer trimestre de 2027, con intensidad fuerte o muy fuerte. Este evento puede incrementar temperaturas, reducir lluvias y, por ende, aumentar el riesgo de incendios y escasez de agua. Sin embargo, la variabilidad climática también propicia lluvias intensas y emergencias por exceso de agua.

Las autoridades han reiterado el llamado a no encender fogatas ni realizar quemas, a respetar las recomendaciones oficiales y a reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo a las personas, bienes o ecosistemas.

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¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño 2026 a los incendios forestales en Cundinamarca?

El fenómeno de El Niño 2026, de acuerdo con el IDEAM, aumenta la probabilidad de incendios forestales debido a la elevación de temperaturas y reducción de precipitaciones. Esto implica un mayor riesgo de sequías, escasez de agua y propagación del fuego, lo que explica en parte la magnitud de los incendios recientes en Cundinamarca.

¿Cuáles municipios de Cundinamarca registraron más incendios forestales entre agosto y octubre de 2026?

Según datos de la CAR, Soacha fue el municipio con más incendios reportados (43), seguido de Ricaurte (25), Pacho (21), San Juan de Rioseco y Fusagasugá (20 cada uno). Otros municipios como San Francisco, Apulo, Funza, Granada, Villeta y Cáqueza también presentaron emergencias, lo que muestra la extensión del problema en la región.

El secuestro, considerado un atentado grave contra la familia de una autoridad local, generó una inmediata reacción de las entidades encargadas de la seguridad en la región. Según el pronunciamiento oficial, se ordenó la puesta en marcha de un plan candado en las zonas limítrofes de La Guajira, con el propósito de impedir que los secuestradores logren sacar a la mujer del país. La acción se concentra principalmente en la frontera con Venezuela, por el temor de que los responsables intenten trasladarla a territorio vecino.

Sobre los autores intelectuales y materiales del crimen, aún reina la incertidumbre. Las primeras informaciones, según el pronunciamiento citado, sugieren una posible participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en este hecho. Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas contundentes ni una confirmación oficial que permita responsabilizar a dicha organización armada, y las autoridades mantienen varias hipótesis abiertas mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.

Abelardo de la Espriella manifestó su solidaridad con el alcalde de Uribia y su familia, al tiempo que ratificó el compromiso estatal para rescatar a la víctima “sana y salva” y llevar ante la justicia a los responsables. Las autoridades permanecen en máxima alerta y han dispuesto todos los recursos necesarios para evitar una tragedia mayor.

La situación ha elevado el nivel de preocupación sobre la seguridad en el norte del país y enciende nuevamente las alarmas sobre el impacto que tiene la violencia en los territorios fronterizos. Mientras se adelantan las operaciones de búsqueda y las familias esperan respuestas, la incertidumbre se extiende, y el rescate de la mujer se ha convertido en la prioridad número uno para las entidades oficiales.

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¿Quién es el presunto responsable del secuestro de la esposa del alcalde de Uribia?

De acuerdo con la información inicial citada por Abelardo de la Espriella, se investiga la posible intervención del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el secuestro de la esposa del alcalde de Uribia. Sin embargo, las autoridades continúan verificando los hechos y todavía no existe una confirmación oficial que permita responsabilizar plenamente a esta organización armada del crimen.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras el secuestro en Uribia, La Guajira?

Tan pronto se confirmó el secuestro, las entidades de seguridad ordenaron la activación de un plan candado en la región fronteriza, especialmente para evitar que los secuestradores trasladen a la víctima fuera del país, en particular hacia Venezuela. Según lo anunciado, la Fuerza Pública desplegó todos sus recursos con la finalidad de ubicar y rescatar a la mujer “sana y salva”.

El hecho criminal fue ratificado por el secretario de Gobierno municipal, René Lindarte, quien confirmó que la alta funcionaria fue retenida contra su voluntad en un hecho que obligó al despliegue inmediato de un candado de seguridad coordinado entre unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Las fuerzas estatales adelantan intensos patrullajes terrestres y aéreos sobre la zona rural y las trochas fronterizas del municipio más extenso del país para dar con el paradero de Gómez Sánchez y determinar la identidad del grupo armado responsable, en una región azotada por el flagelo del secuestro en el transcurso del presente año.

Aunque no nació en tierras guajiras, Nancy Gómez Sánchez construyó su reconocimiento público y el afecto comunitario demostrando que el compromiso con el desarrollo social no depende del lugar de origen, sino de la cercanía constante con las poblaciones más vulnerables. Desde su llegada a la Oficina de Gestión Social en el marco de la administración del alcalde Jaime Luis Buitrago García, la primera dama enfocó su estrategia de trabajo en los caminos rurales, los barrios urbanos y especialmente en las rancherías wayuu. “Ser gestora social en Uribia no es un cargo, es una experiencia que se vive con el alma”, ha sido una de las frases rectoras que han marcado sus intervenciones públicas ante la comunidad.

Durante su labor institucional al frente del despacho social en 2025, Gómez articuló una propuesta fundamentada en seis ejes estratégicos: niñez y adolescencia, mujer y equidad de género, adultos mayores, educación y recreación, salud integral y articulación institucional. Su gestión se tradujo en campañas directas de donación de útiles escolares, brigadas odontológicas y visuales, talleres de salud mental y estrategias de abastecimiento como Mercando con Propósito, Uribia en Modo Agua y Desayunos Solidarios. Su constante presencia en el territorio le valió distinciones locales y nacionales, entre ellas el reconocimiento del Mes de la Niñez, la Medalla Dama Guajira y la medalla Honor al Mérito Eduardo Londoño Villegas.

El presidente Abelardo de la Espriella condenó enérgicamente el atentado. Afirmó: "Rechazo total al atentado contra RCN en Cali. He ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal". De la Espriella subrayó que ningún grupo narcoterrorista podrá intimidar, silenciar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia y reafirmó su compromiso con la libertad de informar, asegurando que el Estado usará toda su capacidad para garantizar justicia.

En la misma línea de rechazo, el ministro de Defensa Jorge Mora indicó que la Fuerza Pública aumentará las operaciones y labores de inteligencia, enfatizando que no habrá tregua contra quienes pretendan afectar la libertad de prensa y la seguridad. Destacó que "proteger a los periodistas y garantizar la libertad de informar es defender la democracia".

Desde el Congreso, la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U y oriunda del Valle del Cauca, lamentó lo ocurrido y recalcó: "Toda agresión contra la prensa vulnera la libertad de expresión y el derecho de todos a estar informados. Condeno el atentado contra RCN en Cali y me solidarizo con su equipo". Por su parte, el senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, advirtió: "Ya no son solo amenazas. La intimidación ha pasado a las acciones, al atentado". Ambos exigieron esclarecer lo sucedido y proteger a quienes informan desde zonas vulnerables.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, dos personas fueron capturadas como presuntas responsables del atentado, y se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre las investigaciones en curso.

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¿Qué sucedió en el atentado contra la sede de RCN en Cali?

La madrugada del 11 de noviembre, dos hombres en motocicleta lanzaron una granada contra la sede de RCN Radio y Noticias RCN en la comuna 8 de Cali, ocasionando daños en la fachada y ventanales del edificio sin dejar personas heridas. Las autoridades capturaron a dos sospechosos y continúan las investigaciones.

¿Cómo reaccionaron las autoridades al ataque contra RCN en Cali?

El presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Defensa Jorge Mora rechazaron el atentado y anunciaron el refuerzo de operativos policiales y de inteligencia, reafirmando la protección a la prensa y el compromiso del Estado con la libertad de información y la democracia, según reportó El Espectador.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:50 de la madrugada, cuando dos sujetos que se desplazaban en motocicleta habrían lanzado un artefacto explosivo contra las oficinas de RCN Radio y Noticias RCN, situadas en la comuna 8 de la ciudad de Cali. Aunque el estallido dejó daños materiales en la fachada y ventanales del edificio, no se registraron personas heridas. Este atentado contra la infraestructura de un medio de comunicación reaviva el debate y la preocupación en torno a las amenazas que enfrentan los periodistas y trabajadores de medios en Colombia, donde la presión y la intimidación por parte de grupos criminales constituyen un constante riesgo para la libertad de prensa.

A través de un mensaje compartido en su cuenta de X, Abelardo de la Espriella fue claro en su mensaje: "¡Rechazo total al atentado contra RCN en Cali! He ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal". Además, enfatizó que "¡la prensa se respeta! No permitiremos que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia. ¡No nos van a intimidar!". En el mismo comunicado, el presidente expresó su apoyo y solidaridad con periodistas, comunicadores y trabajadores que laboran en diferentes medios.

La situación se agrava si se tiene en cuenta que días antes, el Gobierno había decidido reforzar la protección a medios como RCN, Caracol Televisión y la revista Semana, en respuesta a advertencias de inteligencia que alertaban sobre posibles atentados. El reciente ataque en Cali confirma la urgencia de esclarecer quiénes están detrás de estos hechos y de garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo en el país, según lo registrado por medios como El Nuevo Día.

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¿Por qué se reforzó la seguridad en medios como RCN y Caracol Televisión?

La seguridad en medios como RCN y Caracol Televisión se reforzó debido a alertas de inteligencia que advertían sobre posibles atentados. Según la información proporcionada, días antes del ataque en Cali, el Gobierno ya había tomado medidas para proteger a estos medios ante las amenazas que afectan la libertad y seguridad de los periodistas en Colombia.

¿Qué sucedió exactamente en el ataque a RCN en Cali?

En el atentado contra RCN en Cali, dos personas que se movilizaban en motocicleta lanzaron una granada contra las instalaciones de RCN Radio y Noticias RCN en la comuna 8. El hecho, ocurrido hacia las 3:50 de la madrugada, causó daños materiales en la fachada y ventanales del edificio, pero no resultaron personas heridas.

La lista de barrios afectados fue divulgada por la entidad. Entre los sectores que tendrán corte de agua se encuentran Chiminangos I, con afectaciones puntuales en la carrera 1 B Bis número 63-40 y la carrera 1 C1 número 67-11. En el barrio Granada, el corte está programado en la intersección de la calle 13 con la avenida 9 AN. Por su parte, en Santa Fe se verá afectada la carrera 17 B número 43-72, mientras que en Santander la interrupción se dará en la carrera 1 A número 33-25.

Un caso particular ocurre en el sector de Pance, específicamente en el área circundante a las carreras 122 con calle 15. En este punto, Emcali realizará la instalación de una T y uniones en la tubería principal, motivo por el cual se anunció una suspensión temporal del servicio que comenzará a las 8:00 a. m. y se extenderá hasta horas de la tarde. En todos los sectores señalados, Emcali insiste en que los trabajos son necesarios para mantener y mejorar la calidad del agua distribuida y prevenir fallas imprevistas en el futuro.

La importancia de esta labor radica en la necesidad de garantizar un suministro eficiente y sostenible, así como en la anticipación a posibles emergencias derivadas del desgaste de las infraestructuras. Emcali destacó el aporte de la comunidad para recibir información sobre los cortes y responder adelantando las acciones preventivas recomendadas, como el almacenamiento de agua antes de la suspensión. La entidad invitó a la ciudadanía a estar atenta a los canales oficiales para mayor información y detalles sobre los horarios específicos de reposición, reiterando que el objetivo principal de las intervenciones es asegurar la continuidad y calidad del servicio a largo plazo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Cali tendrán corte de agua y cuál es el motivo?

Los barrios afectados por el corte de agua programado son Chiminangos I, Granada, Santa Fe, Santander y Pance. De acuerdo con Emcali, la suspensión se debe a trabajos de mantenimiento, reposición de válvulas y optimización de redes en esas zonas, con el fin de conservar la calidad y eficiencia del servicio de acueducto en el presente y el futuro.

¿Cómo afectarán estos cortes de agua a los habitantes de Cali?

Los habitantes de los sectores señalados experimentarán una interrupción temporal del servicio de agua potable durante el desarrollo de los trabajos. Emcali recomienda anticipar acciones como almacenar suficiente agua antes del corte y mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre la duración exacta de las suspensiones y la reanudación del servicio.

El presidente De la Espriella, citado por El Espectador, expresó en su anuncio que "no vamos a parar" y reafirmó el compromiso de utilizar todas las "capacidades legítimas del Estado" para enfrentar el narcoterrorismo y recuperar la seguridad nacional. Según sus palabras, cada ataque armado contra policías, soldados y ciudadanos recibirá una respuesta contundente y letal.

Este octavo bombardeo se produjo tan solo un día después del séptimo, identificado como operación Noah, desarrollada el 9 de noviembre en zona rural de Tibú, Norte de Santander, específicamente en el Catatumbo. Esta acción militar tuvo como objetivo la estructura o frente 33 de las disidencias de las Farc, liderada por alias “Calarcá”. Los resultados inmediatos incluyeron la muerte de cuatro presuntos disidentes y la captura de seis personas, entre quienes sobresale alias “Barba Chivo” o “Costeño”, jefe de comisión con al menos 11 años de actividad delictiva en la zona. Según el mandatario, este disidente era hombre de confianza de alias “Andrey Avendaño”, máximo líder de la estructura 33.

Durante la operación Noah se incautaron siete fusiles y 15 granadas para drones, y se desmantelaron tres áreas campamentarias con capacidad para unos 35 integrantes de las disidencias. Estos bombardeos forman parte del plan anunciado por De la Espriella al principio de su administración, en el que declaró la intención de ejecutar entre 12 y 15 operativos aéreos en los primeros 100 días de gobierno, que concluyen el 14 de noviembre; hasta el momento, se han realizado ocho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos bombardeos ha ordenado el presidente Abelardo de la Espriella desde que comenzó su mandato?

Desde el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, el presidente ha ordenado ocho bombardeos dirigidos contra grupos armados ilegales. Así lo señalan los balances publicados por el propio mandatario y recogidos por El Espectador, en los que se destaca que estos operativos forman parte de una estrategia de seguridad anunciada para los primeros 100 días de su administración.

¿Qué es el “narcoterrorismo” según la información oficial?

De acuerdo con las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella citadas por El Espectador, el término “narcoterrorismo” se refiere a grupos armados ilegales que mezclan actividades relacionadas con el narcotráfico y el uso de la violencia, principalmente contra las fuerzas del orden y la población civil, para mantener su control territorial y sus operaciones ilícitas.

De acuerdo con los reportes preliminares entregados por fuentes oficiales de la Policía Metropolitana de Cali, la acción criminal se materializó cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta arrojaron el artefacto explosivo en el exterior del complejo periodístico antes de emprender la huida a toda velocidad por las calles aledañas. A pesar de la gravedad del ataque terrorista, las autoridades confirmaron que la detonación no dejó personas lesionadas ni afectaciones de consideración en el interior de las oficinas, aunque sí provocó daños materiales en la infraestructura externa y momentos de profundo temor entre los vecinos del sector industrial.

Al conocerse la noticia, el mandatario nacional se pronunció de manera enérgica a través de su cuenta oficial en la red social X, en donde desaprobó con vehemencia la agresión y exigió resultados inmediatos a los cuerpos de seguridad del Estado. “He ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal”, expresó el jefe de Estado, quien confirmó asimismo que la detonación causó daños materiales en el perímetro exterior sin cobrar víctimas fatales ni heridos.

¡RECHAZO TOTAL AL ATENTADO CONTRA RCN EN CALI!

He ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal.

La explosión causó daños materiales en las instalaciones, pero no dejó personas heridas. A los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación les expreso toda mi solidaridad.

¡LA PRENSA SE RESPETA! No permitiremos que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia.

¡NO NOS VAN A INTIMIDAR!
En Colombia se garantiza la libertad de informar y el Estado actuará con toda su capacidad para llevar a los responsables ante la justicia.

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 11, 2026

En su pronunciamiento oficial, el presidente De La Espriella manifestó su absoluta solidaridad con el cuerpo de periodistas, redactores, camarógrafos y demás trabajadores del medio de comunicación afectado, reiterando que la administración central mantendrá una postura intransigente frente a las intimidaciones de las estructuras armadas. “No permitiremos que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia”, sentenció el mandatario, dejando en claro que la protección del ejercicio periodístico y de las libertades informativas constit

La profundización del reporte emitido por el Servicio Geológico Colombiano explica que aunque se tienen claras la magnitud y la localización superficial del evento sísmico en Chaparral, el boletín no especificó si este movimiento fue sentido directamente por los habitantes de la zona o de áreas cercanas dentro del departamento del Tolima. Este es un aspecto relevante cuando se evalúan los efectos de un sismo de baja magnitud, ya que no siempre genera impactos perceptibles o daños visibles en la superficie.

En ese sentido, el SGC destacó la importancia de que las personas que hayan percibido el temblor contribuyan con sus reportes a través de la plataforma Sismos Sentidos. Esta herramienta sirve para recibir información proporcionada por ciudadanos de diferentes regiones, aportando insumos fundamentales para el análisis de la percepción humana ante este tipo de fenómenos. El objetivo es complementar los datos técnicos con testimonios que ayuden a entender mejor el impacto en las comunidades.

Por ahora, según la información oficial que se tiene disponible hasta el momento, el reporte en el Tolima corresponde a un movimiento sísmico de magnitud 2,7, sin que se hayan informado daños materiales ni personas afectadas. El monitoreo constante y la invitación a reportar percepciones por parte del Servicio Geológico Colombiano representan herramientas clave para mantener informada y preparada a la población del departamento frente a estos fenómenos de la naturaleza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo fue el último temblor reportado en el Tolima, según el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con el más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano, el último temblor registrado en el departamento del Tolima ocurrió la madrugada del miércoles 11 de noviembre, teniendo como punto de referencia el municipio de Chaparral.

¿Qué es la plataforma Sismos Sentidos y cómo ayuda en el monitoreo sísmico?

La plataforma Sismos Sentidos es una herramienta del Servicio Geológico Colombiano que permite a los ciudadanos reportar si percibieron un movimiento telúrico. De esta manera, se recopila información sobre las sensaciones de la población, la cual complementa los datos técnicos y mejora el monitoreo de la actividad sísmica en distintas regiones.

De acuerdo con el anuncio del mandatario, se activó un plan candado en la zona para cerrar las posibles rutas de escape de los responsables e impedir que la mujer sea trasladada hacia Venezuela, teniendo en cuenta la cercanía de Uribia con la frontera de ese país.

Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a una posible participación del ELN, organización armada que tiene presencia en diferentes sectores de La Guajira y que también opera en zonas fronterizas. Sin embargo, por ahora no existe una confirmación oficial sobre la identidad de los secuestradores ni sobre los motivos detrás del plagio.

El Gobierno Nacional aseguró que están activadas las capacidades de inteligencia, investigación y operaciones de la Fuerza Pública para ubicar a Nancy Gómez, conseguir su liberación y capturar a quienes estarían detrás del hecho.

Uribia, bajo la preocupación por los secuestros

Este nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa los problemas de seguridad que enfrenta Uribia y otros municipios de la Alta Guajira, donde durante 2026 se han registrado diferentes casos de secuestro, homicidios y amenazas contra la población.

Uno de los antecedentes más preocupantes ocurrió el 30 de julio, cuando David Rodríguez Gómez, funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), fue secuestrado por hombres armados en el barrio Yosú, en el casco urbano de Uribia. Durante la reacción de las autoridades hubo disparos contra uniformados y dos policías resultaron lesionados luego de que un vehículo los embistiera.

En agosto también se conocieron otros casos de secuestro en Uribia y Maicao. Las autoridades investigaban si existía alguna conexión entre los hechos y si detrás de ellos operaba una misma estructura criminal.

A esto se sumaron operativos contra presuntas redes vinculadas al ELN. El 24 de octubre, seis personas fueron capturadas en Uribia durante allanamientos adelantados por la Policía y el Ejército. En los procedimientos fueron incautados municiones, elementos alusivos a esa organización y sustancias ilícitas.

La situación representa un desafío para las autoridades, especialmente por las condiciones geográficas de la Alta Guajira y las posibilidades de movilidad entre Colombia y Venezuela.

Por ahora, la prioridad del Gobierno es encontrar a Nancy Gómez y evitar que el secuestro termine con su traslado fuera del territorio colombiano.

Las primeras investigaciones indican que los responsables del atentado huyeron inmediatamente tras lanzar la granada, hechos que quedaron registrados en cámaras de seguridad de la zona. Las autoridades adelantan la revisión de estos videos para identificar la motocicleta utilizada y establecer quiénes serían los autores materiales. Caracol Radio informó que, tras las primeras diligencias, cuatro personas fueron individualizadas en el marco de la investigación mientras que otras dos, inicialmente consideradas sospechosas, posteriormente fueron descartadas, según fuentes de la Policía Metropolitana de Cali. De manera paralela, personal especializado en antiexplosivos realizó una inspección exhaustiva del sector y acordonó la zona para descartar otros riesgos, sin que se presentaran lesiones entre trabajadores o ciudadanos.

El atentado se produce en un contexto tenso para los medios de comunicación en Colombia. Días antes, se habían emitido alertas sobre posibles amenazas contra RCN, Caracol Televisión y la revista Semana, lo que llevó a que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara el refuerzo de medidas de seguridad para estas entidades. Sus declaraciones sugieren que las amenazas estarían relacionadas con posibles acciones criminales atribuidas al Ejército de Liberación Nacional (ELN). En medio del rechazo al ataque, figuras como la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se solidarizaron con los periodistas y trabajadores de RCN, enfatizando que la violencia no debe ser un mecanismo de silenciamiento. Por su parte, la Personería de Cali hizo un llamado urgente para acelerar investigaciones y proteger a los comunicadores, dejando claro que la seguridad de la prensa sigue siendo una preocupación prioritaria ante la escalada de intimidaciones.

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¿Por qué fue atacada la sede de RCN en Cali?

El ataque contra la sede de RCN en Cali se da días después de que se emitieran alertas sobre amenazas a medios como RCN, Caracol Televisión y Semana. Según declaraciones citadas por el presidente Abelardo de la Espriella, se reforzaron medidas de seguridad debido a información de inteligencia sobre posibles acciones criminales ligadas al ELN. Si bien la investigación sobre los responsables aún está en curso, este contexto de amenazas sugiere que el atentado podría haber sido un intento de intimidar o silenciar a los comunicadores.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras el atentado con granada a RCN en Cali?

Las autoridades iniciaron investigaciones apoyándose en grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables, y según Caracol Radio, ya hay cuatro personas individualizadas. Además, personal antiexplosivos inspeccionó y acordonó el área afectada, descartando la presencia de más riesgos. Además, se reforzaron las medidas de protección para la prensa, respaldadas por el llamado de la Personería de Cali y las declaraciones de solidaridad de la gobernadora Dilian Francisca Toro.

De acuerdo con los reportes oficiales y la información recopilada en los corredores de la terminal aérea, esta restricción temporal en las franjas de despegue y aterrizaje obedece directamente a la ejecución de ensayos aéreos programados por la Fuerza Aérea Colombiana. Dicha actividad institucional requerirá el uso exclusivo del espacio aéreo sobre la sabana de Bogotá, lo que obligará a inhabilitar por completo las pistas del principal aeropuerto del país durante las dos horas mencionadas.

#Bogotá | A esta hora se siguen presentando fallas en el sistema de embarque de pasajeros en el aeropuerto El Dorado. Le contamos.

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Ante esta ventana de inactividad comercial, las autoridades aeronáuticas y las diferentes compañías comerciales extendieron un llamado urgente a todos los usuarios para que se pongan en contacto inmediato con sus aerolíneas y verifiquen minuciosamente el estado de sus itinerarios. Múltiples trayectos están siendo adelantados o reprogramados para horas de la tarde con el fin de evitar traumatismos mayores, aglomeraciones en los pasillos o pérdidas de conexión en las salas de abordaje.

Esta contingencia preventiva llega justo cuando el personal de tierra y los operadores del concesionario OPAIN confirmaron el restablecimiento pleno de los sistemas informáticos y de la verificación digital de pasabordos (Veripax), herramientas tecnológicas que habían fallado en la jornada anterior y que obligaron a desplegar procesos manuales de registro y chequeo de equipajes. Pese a que el flujo general de viajeros en los muelles nacionales e internacionales registra total normalidad y fluidez durante las primeras horas del día, las autoridades reiteraron la importancia de acudir a la terminal con la debida antelación para prevenir cualquier contratiempo derivado de los ajustes en los cronogramas de vuelo.

Testigos que se encontraban cerca del lugar manifestaron que, presuntamente, el incendio habría comenzado en el interior del establecimiento, aparentemente originado por una motocicleta. Esta versión, que proviene de quienes presenciaron los hechos, todavía no ha sido confirmada por las autoridades encargadas de la investigación, por lo que se mantienen abiertas varias hipótesis sobre lo ocurrido. Mientras tanto, la tensión en el sector fue palpable, ya que la posibilidad de una emergencia mayor mantuvo en alerta tanto a los comerciantes como a los residentes cercanos.

Respecto a la emergencia, el reporte inicial señala que no han podido establecerse aún las causas exactas que dieron origen al incendio ni ha sido posible confirmar si hubo personas heridas como consecuencia del incidente. Por ahora, la única información disponible surge de relatos no oficiales, por lo que será fundamental que las autoridades, especialmente los organismos de seguridad y socorro, esclarezcan en los próximos días lo que desencadenó la conflagración para determinar responsables y establecer acciones preventivas.

Este suceso vuelve a resaltar la importancia de revisar y mantener las condiciones de seguridad en establecimientos comerciales, especialmente aquellos relacionados con vehículos y combustibles, donde el riesgo de incendios es más alto. Además, pone en el centro de la discusión pública la necesidad de contar con protocolos efectivos para enfrentar emergencias de este tipo en la capital tolimense. Se espera que los reportes oficiales permitan conocer pronto el alcance de los daños materiales y las circunstancias completas detrás de este incendio, tema que continúa siendo seguido por medios de comunicación locales como El Nuevo Día.

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¿Cuáles fueron las causas del incendio en el almacén de motocicletas en Ibagué?

Hasta ahora, las causas exactas del incendio en el almacén de motocicletas en el barrio Jardín de Ibagué no han sido confirmadas. Solo se cuenta con versiones extraoficiales recogidas por testigos que apuntan a una motocicleta como posible origen del fuego, pero las autoridades siguen investigando para esclarecer qué provocó realmente la emergencia.

¿Hubo personas lesionadas durante el incendio en Ibagué?

Según la información divulgada por El Nuevo Día, no se ha confirmado hasta el momento si hubo personas lesionadas durante el incendio. Las autoridades tampoco han divulgado reportes oficiales al respecto, por lo que esta información permanece pendiente de ser aclarada con avances en la investigación.

A través de una declaración institucional difundida en su cuenta oficial de X, la mandataria departamental fijó una firme postura en defensa del ejercicio libre del periodismo tras la detonación del artefacto explosivo en la capital vallecaucana. “Proteger a los medios de comunicación es proteger el derecho de todos los ciudadanos a estar informados”, afirmó la alta funcionaria regional, quien agregó de manera tajante: “Rechazamos las amenazas contra los medios de comunicación en Colombia y, especialmente, el más reciente ataque con granada ocurrido en Cali. La violencia y la intimidación no pueden convertirse en herramientas para callar a quienes informan”. Asimismo, Toro manifestó su total solidaridad con los periodistas y trabajadores del medio de comunicación, insistiendo en que la seguridad de los profesionales debe constituir una prioridad colectiva de Estado.

#Colombia | Se confirmó un atentado con explosivos contra las instalaciones de RCN en Cali. Le contamos los detalles.

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Según los reportes confirmados por la Policía Metropolitana de Cali y la Alcaldía de la ciudad, el ataque se registró cuando sujetos que se desplazaban en una motocicleta arrojaron un artefacto explosivo de bajo poder justo frente a la sede administrativa del medio, ubicada en la carrera 8 con calle 30 del barrio Industrial Los Mangos. Aunque la explosión causó serios momentos de zozobra entre los vecinos del sector, las autoridades locales ratificaron que el hecho no dejó personas lesionadas ni víctimas mortales, provocando únicamente afectaciones menores en la infraestructura del andén y daños estructurales leves en la fachada de la parte administrativa del complejo periodístico.

A la ola de indignación y condena institucional por estos hechos violentos se sumó la Personería Distrital de Cali, organismo de control que emitió un pronunciamiento público solicitando acciones urgentes a las autoridades judiciales. “Exigimos a la fiscalía y a la policía avanzar con celeridad en esta investigación para el esclarecimiento de los hechos que permitan judicializar a los responsables y desplegar todas las capacidades institucionales para proteger a los periodistas y los diferentes medios de comunicación garantizándose toda la tranquilidad en el desarrollo de la profesión”, expresó la entidad. Mientras tanto, las dos personas interceptadas en las inmediaciones del lugar continúan en custodia policial mientras se verifica técnicamente su grado de participación en la acción criminal.

El incidente no solo puso en evidencia la capacidad tecnológica de los actores armados, sino también la actual debilidad del Estado para responder a esta amenaza. Los expertos en seguridad resaltaron que el Estado colombiano no cuenta con herramientas suficientes para proteger a sus fuerzas y reactiva la discusión sobre los vacíos existentes.

Jorge Mora, actual ministro de Defensa, señaló tras este ataque que existía un proyecto llamado Escudo Nacional Antidrones. Esta propuesta, cuya ejecución buscaba frenar este tipo de amenazas, tendría un costo estimado de 6,2 billones de pesos colombianos y prometía dotar al país de tecnología como radares e inhibidores para detectar y neutralizar drones no pertenecientes a la fuerza pública. Sin embargo, Mora aseguró que la administración anterior “resultó ser un espejismo”, ya que no existe un diseño estructurado, ni financiación asegurada, ni factibilidad técnica para el plan.

El ministro Mora también indicó que, aunque el gobierno de Gustavo Petro anunció recursos por 800.000 millones de pesos para una primera etapa, en realidad no se aseguró “ni un solo peso” para que esta fase pudiera cumplirse para 2026. Mora calificó como negligencia esa falta de ejecución y recalcó que esta situación “costó vidas” y reveló una incompetencia institucional que debe ser explicada. En conclusión, Colombia enfrenta un nuevo desafío en el campo de batalla moderno, con una brecha tecnológica preocupante entre las fuerzas armadas y los grupos ilegales.

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¿Por qué el Estado colombiano no ha logrado implementar el Escudo Nacional Antidrones?

De acuerdo con información de El Espectador y declaraciones del ministro de Defensa, Jorge Mora, el Estado no ha logrado poner en marcha el Escudo Nacional Antidrones debido a la falta de un proyecto estructurado, ausencia de financiación consolidada y problemas de viabilidad técnica. A pesar de los anuncios de recursos y de la urgencia frente a la amenaza de los drones, el plan quedó sin respaldo presupuestal real y sin avances significativos en su diseño.

¿Cómo afecta el uso de drones por parte de grupos armados a la seguridad en Colombia?

Según expertos citados por El Espectador, la utilización de drones por parte de grupos armados ha generado una marcada desventaja tecnológica para el Estado. Estos dispositivos permiten ataques más precisos y difíciles de prevenir, como lo evidenció el atentado del 7 de noviembre en Bolívar que causó múltiples víctimas entre las fuerzas militares, poniendo en riesgo la seguridad de las instituciones y la población.

(Vea también: Andrea Petro denuncia filtración de grabaciones privadas de Gustavo Petro y pide investigar el uso de material confidencial)

“Había unas casas donde Petro se iba de fiesta. El gran escándalo es que las pagaba la DNI, presentándolas como casas de seguridad”, afirmó Ángela Benedetti al hablar de los inmuebles que, según ella, habrían servido para esos encuentros.

Su señalamiento apunta al supuesto uso de recursos de una entidad estatal para cubrir propiedades que habrían tenido una finalidad distinta a la que se reportaba oficialmente. Sin embargo, sus declaraciones no constituyen por sí mismas una comprobación de que esos pagos se hayan efectuado con dinero público ni de que las viviendas fueran utilizadas para las actividades que menciona.

Benedetti también se refirió a la dinámica que, según su interpretación, existía alrededor de esas reuniones y al papel que habría desempeñado Laura Sarabia durante su permanencia en el Gobierno.

Ángela Benedetti habló del papel de Laura Sarabia en las fiestas de Petro

Al referirse a la exjefa de gabinete, Ángela Benedetti aseguró que estaba convencida de que Sarabia tenía participación en la organización de esos encuentros. También comparó su silencio con las declaraciones recientes de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, quien ha hecho señalamientos sobre la vida privada del entonces mandatario.

“Yo creo que Petro la debe estar amando entre comillas, porque Angie salió a venderlo, a contar infidencias estando al lado de él. En cambio, Laura, de momento, ha guardado silencio”, expresó.

Benedetti agregó que, a su juicio, Sarabia tendría conocimiento de información interna de la administración y de situaciones relacionadas con el expresidente. “Estoy completamente segura de que Laura sabe muchas cosas de Gobierno”, afirmó.

La entrevistada también relacionó la salida de Sarabia de la Casa de Nariño con cambios en la dinámica de esas supuestas reuniones y mencionó a Juliana Guerrero en ese contexto.

“Estoy segura de que sí se las organizaba. Sé que eso era así. Cuando Laura se va de Palacio, se desordena el tema y ahí es cuando sale a flote Juliana Guerrero”, sostuvo.

Laura Sarabia negó supuestos chantajes a Petro

Las declaraciones de Ángela Benedetti se conocen en medio de la controversia por los señalamientos que Angie Rodríguez hizo contra Laura Sarabia. El 9 de noviembre, un juzgado de Bogotá ordenó a la exdirectora del Dapre retractarse de afirmaciones relacionadas con la supuesta organización de encuentros privados para Petro y el presunto uso de información personal para presionarlo.

Un día después, el expresidente se pronunció y rechazó esas versiones. Petro negó haber compartido fiestas privadas o públicas con Sarabia y aseguró que tampoco ordenó celebraciones en la Casa de Nariño.

De esta manera, las declaraciones de Ángela Benedetti se suman a la discusión pública sobre los encuentros privados que supuestamente se habrían realizado durante el Gobierno Petro, el posible uso de inmuebles financiados por entidades estatales y el papel que habrían tenido algunas de sus antiguas colaboradoras.

(Vea también: Buscan quitar nombres de excombatientes a colegios de Bogotá: hay uno ligado a Pizarro)

Dicha situación encendió las alertas de Fenalco Antioquia, que advirtió sobre el impacto que esta transformación demográfica puede tener en colegios y universidades, especialmente en las instituciones privadas. El gremio señaló que la reducción de alumnos presiona los ingresos de los centros educativos y pone nuevos desafíos para mantener su funcionamiento.

Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran la dimensión del fenómeno. En Antioquia, los nacimientos pasaron de 74.637 en 2018 a 51.291 en 2025, una disminución del 31,3 %. Esta reducción significa que las generaciones que ingresarán al sistema escolar en los próximos años serán menos numerosas.

El panorama también se refleja en los datos nacionales. Durante 2024, Colombia registró 9.328.665 estudiantes matriculados en educación formal, una cifra 2,3 % inferior a la del año anterior, equivalente a 218.495 alumnos menos, según el DANE.

La preocupación no se limita a la cantidad de niños que ingresan a los colegios. La reducción de estudiantes puede afectar los ingresos de las instituciones, la contratación de docentes, el aprovechamiento de la infraestructura y los servicios que dependen de la actividad educativa.

Antioquia perdió miles de estudiantes y disminuyó su número de instituciones educativas

El departamento se encuentra entre los territorios donde el cambio demográfico ya tiene efectos visibles. Según el estudio Lupa para la Educación de Antioquia (LEA), de Proantioquia, entre 2018 y 2025 el número de instituciones educativas oficiales disminuyó un 6,3 %, mientras que las no oficiales registraron una reducción del 12,1 %.

La matrícula también presentó retrocesos en varios niveles. Durante ese periodo, los registros cayeron un 7,6 % en preescolar, un 9,3 % en primaria y un 11,9 % en secundaria. En contraste, la educación media tuvo un crecimiento del 5,8 %.

Otro dato permite dimensionar lo que ocurre en las zonas rurales. De acuerdo con cifras divulgadas por El Colombiano, Antioquia pasó de tener cerca de 515.000 estudiantes en 2015 a aproximadamente 420.000. Además, en 2026 había 85 sedes educativas sin alumnos matriculados y otras 359 tenían menos de cuatro estudiantes.

Esta reducción plantea dificultades particulares para las comunidades apartadas, donde una escuela puede ser uno de los pocos servicios institucionales disponibles. La menor cantidad de alumnos también obliga a revisar cómo se mantiene la infraestructura y cómo se garantiza la continuidad de la oferta educativa.

Las universidades también sienten los efectos de la caída de la natalidad

La educación superior tampoco está al margen de esta transformación. Según el análisis de Proantioquia citado por Fenalco, entre 2018 y 2025 las matrículas de pregrado en Antioquia disminuyeron un 4,5 % y las de posgrado, un 5 %.

Sin embargo, el comportamiento no fue igual en todas las instituciones. En pregrado, las matrículas de las universidades oficiales aumentaron un 6 %, mientras que las de las instituciones no oficiales cayeron un 20 %. En posgrado también hubo diferencias: las matrículas oficiales bajaron un 31,7 % y las no oficiales crecieron un 12,6 %.

Estas cifras muestran que el desafío no consiste únicamente en la reducción de nacimientos. La capacidad de atraer estudiantes también está relacionada con el acceso a la educación, los costos de matrícula, las posibilidades de financiación y la oferta de programas académicos.

El efecto demográfico podría extenderse progresivamente a la educación superior a medida que las generaciones menos numerosas terminen el bachillerato y lleguen a la edad de ingresar a la universidad.

¿Por qué preocupa esta situación a Fenalco?

Para el gremio, la disminución de estudiantes representa un problema de sostenibilidad económica para los establecimientos que dependen de las matrículas y pensiones para cubrir sus gastos.

Cuando baja la cantidad de alumnos, los ingresos pueden reducirse, pero muchos costos de funcionamiento permanecen. El mantenimiento de las instalaciones, los servicios, la nómina y las obligaciones administrativas continúan, incluso cuando hay menos estudiantes en los salones.

Fenalco Antioquia también advirtió sobre las consecuencias para el empleo docente y las actividades económicas relacionadas con la educación, como el transporte escolar, la alimentación, los materiales y otros servicios que dependen de las instituciones.

La alerta apunta a una transformación que requiere respuestas de las autoridades y del sector educativo. La reorganización de la oferta, la adaptación de los programas y la planeación de los recursos serán parte de los desafíos para atender una realidad demográfica en la que cada vez nacen menos niños.

(Vea también: Andrea Petro denuncia filtración de grabaciones privadas de Gustavo Petro y pide investigar el uso de material confidencial)

En el mensaje, Petro aseguró que Rodríguez estaba autorizada para retirar su salario y cubrir sus gastos personales, debido a que no puede utilizar sus tarjetas bancarias desde que fue incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

Según su versión, durante los últimos cuatro meses la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) habría dejado intacto el dinero de su sueldo y asumido esos pagos con recursos propios. Por eso, sostuvo que la transferencia publicada corresponde a la devolución de esos gastos y al pago de la deuda que tenía con ella.

“Aquí está la prueba de la devolución y el pago de mi deuda”, escribió el exmandatario al compartir el comprobante bancario.

Sin embargo, el pronunciamiento no se limitó a explicar el movimiento de dinero. Petro también cuestionó a Noticias RCN y al empresario Carlos Ardila, a quien señaló de manipular la información sobre el caso.

Sigue RCN manipulando a una enferma que debería ser protegida. Desde que me metieron a la lista ofac no puedo usar mis tarjetas de del banco.

Angie quedo autorizada a sacar mi sueldo del banco. En los últimos 4 meses dejó mi sueldo intacto y pagó mi gastos corrientes, dijo que con su dinero.

Aquí esta la prueba de la devolución y el pago de mi deuda.

Sigan manipulando señor Carlos Ardila a una persona bajo consumo de medicamentos psicóticos.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 11, 2026

Petro lanzó señalamientos contra Angie Rodríguez

En la misma publicación, el expresidente se refirió a la situación de salud de Rodríguez y utilizó expresiones descalificadoras para cuestionar las declaraciones que ha entregado a los medios de comunicación.

“Sigue RCN manipulando a una enferma que debería ser protegida”, escribió. Al final del mensaje volvió a mencionar el supuesto consumo de medicamentos psicóticos y pidió que dejaran de utilizar a la exfuncionaria en medio de la controversia.

Sus afirmaciones sobre la salud de Rodríguez hacen parte de los señalamientos publicados por Petro y no constituyen, por sí mismas, una valoración médica independiente.

¿Qué había dicho Angie Rodríguez sobre la deuda de Petro?

La respuesta del expresidente se produjo después de que Noticias RCN divulgara que Rodríguez estaría recopilando facturas, comprobantes bancarios, conversaciones y otros documentos para respaldar una reclamación que superaría los 200 millones de pesos.

Según la versión de la exdirectora del Dapre, ella habría asumido gastos relacionados con desplazamientos de Petro, entre ellos tiquetes, alojamiento y viáticos. Para cubrirlos, habría utilizado recursos de sus ingresos y solicitado préstamos que todavía tendría pendientes.

El informe también reveló que Rodríguez recibió una consignación de 120 millones de pesos cuyo origen buscaba establecer. De acuerdo con Noticias RCN, la exfuncionaria habría elevado solicitudes ante el banco, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Superintendencia Financiera para conocer quién ordenó la transferencia.

Así, mientras Rodríguez prepara los soportes de los gastos que asegura haber asumido, Petro sostiene que ya saldó la obligación y publicó un comprobante para respaldar su versión. Las dos explicaciones dejan en el centro de la controversia los movimientos de dinero entre ambos y el origen de los recursos involucrados.

La iniciativa ‘Guau al Parque’ surge como una respuesta a la necesidad de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la tenencia responsable de animales de compañía, especialmente perros y gatos. Durante este evento, los asistentes podrán acceder de manera gratuita a servicios fundamentales como vacunación antirrábica, así como participar en actividades lúdico-recreativas que buscan fortalecer el vínculo entre cuidadores y sus mascotas.

De acuerdo con información publicada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), estos encuentros también funcionan como espacios de sensibilización, en los que se abordan aspectos clave para garantizar una convivencia responsable en los hogares donde conviven varias especies. Además, se promueve la adopción de buenas prácticas dentro de los hogares interesados en brindar una vida saludable y segura a los animales.

La jornada contará con el respaldo de entidades distritales como la Secretaría Distrital de Salud (SDS), encargada de llevar a cabo las vacunaciones, y el IDRD, que apoya las actividades recreativas y pedagógicas. El objetivo principal es acercar los servicios y recursos de la administración a las comunidades, facilitando mayor acceso a la protección animal en las distintas localidades de Bogotá.

Todas las actividades programadas para ‘Guau al Parque’ están diseñadas para fomentar la educación, la recreación y el cuidado integral de perros y gatos. Quienes deseen conocer más detalles pueden consultar directamente con el IDPYBA a través de su publicación en la red social Instagram, según lo informado por la entidad.

Este enfoque refuerza el papel activo de los cuidadores de animales en la ciudad, mostrando cómo la articulación de diferentes entidades distritales contribuye a consolidar una Bogotá más inclusiva y amigable para los seres sintientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios gratuitos ofrece la jornada ‘Guau al Parque’ en Bogotá?

La jornada ‘Guau al Parque’, según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), ofrece vacunación antirrábica, actividades lúdico-recreativas y espacios de sensibilización sobre la tenencia responsable de mascotas, todo de manera gratuita. Estas actividades buscan apoyar directamente a los cuidadores de perros y gatos de la ciudad.

¿Cuál es el objetivo de la iniciativa ‘Guau al Parque’ del IDPYBA?

La principal meta de la iniciativa ‘Guau al Parque’, de acuerdo con la información del IDPYBA, es promover la tenencia responsable en hogares con animales de compañía, asegurar su bienestar y acercar los servicios distritales a más comunidades. Además, busca sensibilizar y educar sobre la importancia de brindar un entorno seguro y saludable para perros y gatos en Bogotá.

La raíz de la controversia está en la Resolución 1589 del 2 de octubre, firmada por Estrada, que modificó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del ICANH. Esta resolución amplió los requisitos de formación académica para ocho cargos directivos, permitiendo que abogados aspiraran a estos puestos e incluyó, en seis de ellos, a profesionales en Administración o Economía. Esta flexibilización de perfiles contrastó con los anteriores requisitos orientados principalmente a áreas como antropología, arqueología, historia, sociología y comunicación social.

Según lo expresado por el ICANH en el texto de la resolución, la institución defendió los cambios argumentando que las responsabilidades de estos cargos incluyen la gestión de recursos públicos, toma de decisiones estratégicas y la expedición de actos administrativos, lo que demanda competencias adicionales en gestión jurídica y financiera, más allá del conocimiento tradicional en las áreas de estudio de la entidad.

Uno de los nombramientos que suscitó mayor debate fue el de José Hernán Muriel, abogado designado como subdirector de Investigación y Producción Científica. Esta dependencia tiene bajo su responsabilidad la coordinación y dirección de investigaciones en antropología, arqueología e historia. El texto de la resolución justifica que, pese a que estas disciplinas constituyen el núcleo del ICANH, el subdirector técnico debe combinar funciones de investigación con tareas de dirección, administración y protección jurídica y económica del patrimonio cultural de la nación.

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¿Por qué fue revocada la designación de Camilo Noguera Pardo en el ICANH?

La designación de Camilo Noguera Pardo como director del ICANH fue revocada debido a que, junto con el director encargado Javier Estrada, modificó el manual de funciones de la entidad sin conocimiento de la ministra de Cultura, acción que el presidente Abelardo De la Espriella consideró contraria a las directrices del gobierno y perjudicial para la transparencia en la administración pública.

¿Qué cambios se hicieron al manual de funciones del ICANH según la Resolución 1589?

La Resolución 1589 amplió los perfiles profesionales habilitados para aspirar a ocho cargos directivos en el ICANH, permitiendo la postulación de abogados y, en seis puestos, de profesionales en Administración o Economía, mientras que antes solo se admitían disciplinas como antropología, arqueología, historia, sociología y comunicación social.

(Vea también: “No me arrepiento de nada”: Angie Rodríguez abrió redes sociales y lanzó mensaje sobre sus denuncias)

La exfuncionaria sostiene que habría asumido gastos por cuenta del entonces mandatario que todavía no le habrían sido reembolsados y que superarían los 200 millones de pesos.

Dicha información fue divulgada por Noticias RCN, que indicó que el equipo jurídico de Rodríguez estaría preparando un expediente con facturas, comprobantes de transacciones, documentos y conversaciones para respaldar lo que ella ha señalado. Ese material sería presentado ante las autoridades.

El asunto tendría relación con distintos desplazamientos que, según la versión de la exdirectora del Dapre, Petro le habría pedido ayudar a financiar. Entre los pagos mencionados aparecen tiquetes, alojamiento, viáticos y otros costos asociados con esos viajes.

La situación habría llevado a Rodríguez a utilizar parte de sus ingresos y a solicitar préstamos para cubrir los compromisos. Según lo publicado por Noticias RCN, también habría recurrido a recursos provenientes de su salario, viáticos y comisiones en dólares.

La suma pendiente, de acuerdo con la información que estaría recopilando su defensa, superaría los 200 millones de pesos. Por ahora, se trata de una reclamación atribuida a la exfuncionaria, cuya documentación buscaría sustentar ante las autoridades.

¿Por qué Angie Rodríguez recibió consignación de $120 millones?

A la presunta deuda se suma un movimiento bancario que habría despertado inquietud en Rodríguez. Según Noticias RCN, la exfuncionaria recibió una consignación de 120 millones de pesos cuyo origen no habría podido identificar y en la que tampoco aparecía un remitente reconocido.

Luego de advertir sobre la transferencia, habría presentado solicitudes ante el banco, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Superintendencia Financiera. El propósito sería conocer quién ordenó el envío del dinero y establecer las circunstancias en las que llegó a su cuenta.

La exdirectora del Dapre sostiene que no habría utilizado esos recursos y estaría dejando constancia de las gestiones adelantadas para aclarar el movimiento. Su defensa también buscaría documentar las actuaciones relacionadas con esa consignación.

¿Por qué le preocupa a Angie Rodríguez el origen del dinero?

La inquietud de Rodríguez estaría relacionada con las posibles interpretaciones que podría tener esa transferencia si no se establece de dónde salió. Según la información divulgada por Noticias RCN, teme que el movimiento pueda ser utilizado para formular señalamientos en su contra, entre ellos un supuesto pago de coimas o enriquecimiento ilícito.

Por esa razón, su equipo jurídico estaría recopilando los documentos que permitan reconstruir el recorrido de los recursos y demostrar cuál ha sido su actuación frente a ellos.

Tanto la presunta deuda como la consignación deberán ser esclarecidas con los soportes correspondientes. Las autoridades competentes tendrán que verificar las transacciones y revisar la documentación para determinar el origen de los recursos y si existe alguna responsabilidad relacionada con estos hechos.

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El boletín actualizado de la entidad señala que el temblor ocurrió a las 12:22 a. m., hora local, y alcanzó una magnitud de 2,7. El reporte también clasifica su profundidad como superficial, aunque no precisa una cifra exacta en kilómetros.

La información hace parte del monitoreo permanente que adelanta la Red Sismológica Nacional para identificar los movimientos que ocurren en el territorio colombiano y establecer sus características.

¿Cómo reportar si sintió el temblor?

Quienes hayan percibido el movimiento pueden ingresar a la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano y completar el formulario correspondiente al evento.

El reporte ciudadano ayuda a identificar las zonas en las que se sintió el sismo y las características de esa percepción. Para consultar los datos oficiales y las actualizaciones, se recomienda acudir a los canales del SGC.

(Vea también: Usuarios de EPS Sanitas, atentos por cambio de farmacia; ¿dónde reclamar medicamentos?)

Dicha operación quedó a cargo del Servicio Farmacéutico Colsubsidio, que asumió la entrega de los medicamentos de los usuarios de Sanitas tras la salida de Cruz Verde. Sin embargo, durante los primeros días del nuevo esquema se presentaron problemas de atención y congestión en varias sedes de la capital.

Los reclamos de los pacientes también motivaron inspecciones de las autoridades sanitarias. En una revisión a dos establecimientos de Colsubsidio, la Secretaría Distrital de Salud encontró tiempos de espera de hasta seis horas en uno de los puntos y de aproximadamente tres horas en otro. La entidad distrital también advirtió que no estaban funcionando todas las ventanillas disponibles para atender a los usuarios.

El panorama llevó a que las autoridades exigieran respuestas a la EPS y al gestor farmacéutico, mientras los afiliados continúan a la espera de sus tratamientos. A las dificultades para acceder a los medicamentos se suman las preocupaciones por la continuidad de las fórmulas y la atención de pacientes que necesitan tratamientos permanentes.

Medida cautelar de Supersalud a EPS Sanitas por entrega de medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar a EPS Sanitas para que adopte y ejecute de manera inmediata todas las acciones necesarias que eviten poner en riesgo los tratamientos médicos y su continuidad.

La instrucción busca que la entidad garantice la entrega oportuna y completa de los medicamentos, especialmente en los casos considerados de riesgo vital y en aquellos usuarios que requieren protección reforzada. Entre estos últimos se encuentran niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes, pacientes con cáncer, VIH y personas trasplantadas o diagnosticadas con enfermedades huérfanas.

La Supersalud también advirtió sobre las dificultades relacionadas con la entrega incompleta de medicamentos y las condiciones de acceso y atención en los puntos del gestor farmacéutico. Por ello, la vigilancia se concentra en que las medidas adoptadas permitan superar los problemas operativos y evitar interrupciones en los tratamientos de los afiliados.

¿Qué medidas anunció Sanitas para entregar medicamentos en Bogotá?

En medio de este panorama, EPS Sanitas comunicó una serie de ajustes temporales para mejorar la atención durante noviembre. Uno de los principales cambios es la ampliación de horarios en 19 de las 29 sedes de dispensación de Bogotá, que comenzarán a atender desde las 6:00 de la mañana.

La entidad también informó que reforzó el personal de atención y habilitó cajas rápidas para tramitar fórmulas de hasta dos medicamentos. A esto se suma el aumento de la capacidad de entrega a domicilio, servicio que los afiliados pueden solicitar a través de la página medicamentoscolsubsidio.com.co/inicio.

Otro de los anuncios está relacionado con la vigencia de las fórmulas médicas. Sanitas extendió hasta el 30 de noviembre las órdenes que vencían en cualquier fecha de este mes. Además, recomendó a los usuarios que todavía tengan medicamentos disponibles y cuenten con una fórmula vigente esperar un tiempo prudencial antes de acudir a reclamarlos, mientras se estabiliza la operación.

Estas son las 19 sedes de Colsubsidio que tendrán apertura desde las 6:00 a. m.:

• Kennedy Central: calle 40 sur n.º 73D-41.
• Clínica Roma: carrera 80 n.º 53-20 sur, local 3.
• Puente Aranda: calle 13 n.º 62-82.
• Clínica Colombia: calle 23 n.º 66-46, entrada 2, edificio de consultorios de la Clínica Universitaria Colombia.
• Floresta: avenida calle 100 n.º 67-26.
• Restrepo: carrera 24 n.º 18-61 sur, piso 2.
• Colsubsidio Calle 26: calle 27 n.º 25-45, local 3.
• Teusaquillo: carrera 17 n.º 36-74, piso 1.
• Chapinero Calle 53: carrera 13 n.º 53-31.
• Quintaparedes: carrera 44A n.º 24-11.
• Fontibón: carrera 99 n.º 18A-18.
• Pontevedra: avenida calle 116 n.º 71B-04.
• Navarra: carrera 45 n.º 100-90.
• Mazurén: calle 152 n.º 53A-05, local 3.
• Toberín: calle 163A n.º 21-89.
• Portal Norte: avenida carrera 45 n.º 176-31, piso 1.
• Santa Bárbara: avenida 19 n.º 123-82.
• Usaquén: calle 120A n.º 7-14.
• Cedritos: calle 140 n.º 7C-50.

Sanitas recomendó a los afiliados acudir a los puntos de dispensación a partir del horario establecido para cada sede, con el fin de evitar filas antes de la apertura. También aseguró que los medicamentos que deben entregar están contratados con Colsubsidio, por lo que, según la EPS, no hay desabastecimiento de esos productos.

En el balance de la operación desde el 1 de noviembre hasta la fecha de su comunicado, la entidad reportó 226.078 medicamentos entregados, 119.116 fórmulas dispensadas y 4.317 domicilios realizados. La efectividad de entrega, según sus cifras, se ubicó en el 88%.

La EPS señaló que continuará reforzando su capacidad operativa para estabilizar la atención en los puntos de dispensación y garantizar la continuidad de los tratamientos de sus afiliados.

(Vea también: De la Espriella firmó bomba que lanzaron a disidencias de ‘Calarcá’ y mensaje que puso llamó atención)

A través de una publicación en su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que dio la autorización desde las primeras horas del día y anticipó que entregará detalles de la operación este miércoles, una vez se consoliden y verifiquen los resultados.

“Hoy, desde tempranas horas, autoricé un bombardeo contra un objetivo de una estructura narcoterrorista. La operación se ejecutó esta noche, exactamente a las 10:17 p. m.”, escribió De la Espriella.

El mandatario no reveló, por ahora, en qué región del país se desarrolló la acción militar ni cuál fue la organización armada contra la que estuvo dirigida. Tampoco entregó un balance de personas muertas, capturadas o material incautado.

Este es su anuncio:

¡NO VAMOS A DETENER LA OFENSIVA CONTRA EL NARCOTERRORISMO!

Hoy, desde tempranas horas, autoricé un bombardeo contra un objetivo de una estructura narcoterrorista. La operación se ejecutó esta noche, exactamente a las 10:17 p. m.

Mañana informaré al país, una vez consolidados y verificados los resultados, en qué región se desarrolló la operación, contra qué grupo narcoterrorista estuvo dirigida y cuál fue el resultado respecto del objetivo.

¡NO VAMOS A PARAR! Seguiremos empleando todas las capacidades legítimas del Estado para enfrentar al narcoterrorismo, proteger a los colombianos y recuperar la seguridad de nuestra patria.

Cada ataque del narcoterrorismo contra nuestros policías, soldados y ciudadanos, será contestado por el gobierno con una letalidad nunca antes vista.

¡NUESTRA RESPUESTA SEGUIRÁ SIENDO FIRME Y CONTUNDENTE!

¡Bienvenidos a la Patria Milagro!

¡Firme por la Patria!

¡Que viva Cristo Rey!

(A.D.L.E) 🇨🇴 🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 11, 2026

Abelardo de la Espriella anticipó detalles del bombardeo

En su mensaje, el presidente explicó que informará al país sobre tres aspectos centrales de la operación: la región en la que se llevó a cabo, el grupo narcoterrorista al que pertenecía el objetivo y el resultado del ataque.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que De la Espriella reiteró que su Gobierno mantendrá la ofensiva militar contra las organizaciones criminales.

“¡No vamos a parar! Seguiremos empleando todas las capacidades legítimas del Estado para enfrentar al narcoterrorismo, proteger a los colombianos y recuperar la seguridad de nuestra patria”, manifestó.

Otro detalle que llamó la atención fue la firma de la bomba que se lanzó. De la Espriella publicó la foto del momento en el que escribía en el misil. La imagen alcanza a mostrar: “Bienvanidos…”

De la Espriella habló de una respuesta más letal contra el narcoterrorismo

El jefe de Estado también lanzó una advertencia a las organizaciones armadas ilegales y aseguró que los ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y la población civil tendrán una respuesta contundente por parte de su administración.

“Cada ataque del narcoterrorismo contra nuestros policías, soldados y ciudadanos, será contestado por el gobierno con una letalidad nunca antes vista”, afirmó.

Finalmente, reiteró que su Gobierno mantendrá la estrategia de confrontación contra esas estructuras y cerró su publicación con la frase que ha acompañado varios de sus mensajes: “¡Bienvenidos a la patria milagro!”.

El caso se reportó en la vereda Naranjal, donde el menor de edad, identificado como Matías Gutiérrez, cayó en un pozo de agua que estaba siendo construido en una vivienda del sector al momento que se encontraba al cuidado de un familiar.

De acuerdo con la información entregada por Jhon Jairo García, comandante del Cuerpo de Bomberos de Amalfi, fueron los propios habitantes de la vereda quienes reaccionaron ante la emergencia y lograron sacar al pequeño del lugar.

Cuando los organismos de socorro se desplazaban hacia la zona para atender la situación, la comunidad ya había iniciado el traslado del niño hacia el casco urbano del municipio.

“La misma comunidad nos llama y nos informan que ya habían encontrado el niño lamentablemente sin vida. Ya el Cuerpo de Bomberos se dispone de nuevo a cambiar de los planes, ya es hacer el traslado del niño, del menor que ya se encontraba sin vida, para hacer el traslado del sector de la vereda Naranjal al municipio”, indicó.

Pese a los esfuerzos de los habitantes, el menor fue recuperado sin signos vitales y posteriormente entregado al hospital local El Carmen, donde quedó a disposición de los procedimientos correspondientes.

Por ahora, está pendiente establecer dónde se practicarán las inspecciones forenses, pues las autoridades deberán definir si estas diligencias se adelantan en el mismo centro asistencial o si el cuerpo es trasladado a Medicina Legal en Medellín.

(Vea también: Por qué Petro sale de X y se va para WhatsApp: apuntan a “fría jugada calculada” que hay detrás)

En su nueva publicación, el presidente pidió a los periodistas revisar las fechas de las grabaciones antes de sacar conclusiones sobre su contenido. Según planteó, algunos de los registros tendrían cerca de ocho años, un detalle que considera fundamental para entender el contexto en el que fueron realizados.

“¿Un vídeo de hace aproximadamente ocho años es prueba?”, escribió Petro, antes de lanzar otro cuestionamiento dirigido a los medios tradicionales del país: «¿Qué es lo que está haciendo la prensa tradicional colombiana en medio de su odio?”.

El mandatario insistió en que las fechas de los registros deben ser examinadas antes de utilizarlos para respaldar señalamientos. Con ese argumento, puso en duda el valor que se les ha dado a las imágenes dentro de la discusión pública y criticó la manera en que algunos medios han presentado el material.

La controversia por los videos y los señalamientos contra el Gobierno

Las declaraciones de Petro se producen en medio de la polémica relacionada con Deicy Jiménez, quien ha hecho señalamientos sobre presuntos ofrecimientos de contratos a cambio de favores sexuales durante el Gobierno.

El presidente ha rechazado las acusaciones y ha cuestionado la difusión de grabaciones relacionadas con el caso. Su más reciente pronunciamiento apunta precisamente a la antigüedad de esos registros y a la necesidad de establecer cuándo fueron realizados antes de atribuirles un significado.

La discusión también ha puesto nuevamente sobre la mesa el enfrentamiento entre Petro y varios medios de comunicación, a los que el mandatario ha cuestionado por la forma en que cubren las controversias que involucran a su administración.

Así, aunque el presidente había anunciado que WhatsApp tendría mayor protagonismo en sus comunicaciones, volvió a X para responder a la polémica y dirigir un nuevo cuestionamiento a la prensa tradicional colombiana.

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Duque es el fundador de la Comercializadora Internacional Empaquetadora del Norte S.A.S. BIC. La empresa vende aceites vegetales y se conoce por operar bajo el modelo de sociedad de Beneficio e Interés Colectivo. Entre sus proyectos más visibles está Refinorte, un complejo agroindustrial para refinar aceites comestibles que se planea construir en El Zulia y que, según lo anunciado, generaría unos 2.500 empleos. Blu Radio conoció además que existirían denuncias de personas que invirtieron en el proyecto y que aseguran haber sido víctimas de una presunta estafa.

También preside la Corporación de Empresarios e Industriales de Norte de Santander (Corpoindustrial). Desde allí ha participado en debates sobre desarrollo empresarial, seguridad, formalización y economía de frontera. En Cúcuta se le conoce además por Arduvi, un restaurante y café que abrió en 2022 como proyecto de inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual, física y con síndrome de Down. De esa iniciativa nació la Fundación Arduvi.

Fuentes consultadas por Blu Radio señalan que parte de su fortuna estaría presuntamente ligada a nexos con sectores del chavismo. Esas mismas fuentes lo relacionan, de manera presunta, con grupos guerrilleros.

Cabe recordar que el nombre del empresario ya había aparecido en la campaña electoral, en un video que se hizo viral en redes sociales. En la grabación aparecían el veedor ciudadano José Botello y alias Richard, señalado de ser financiador de las disidencias de las Farc que delinquen en el Catatumbo. En la conversación se mencionaba que se habrían enviado 200 millones de pesos para la campaña de Botello al Senado, y que ese dinero se entregaría a través de Duque. Botello ha rechazado esas afirmaciones y ha dicho que el video es un montaje. Hasta el momento, las autoridades no han indicado si ese episodio tiene relación con su captura.

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Reacciones en la región

En un comunicado, Corpoindustrial confirmó que su presidente enfrenta una situación legal, pero sostuvo que se trata “de un malentendido que esperamos pueda esclarecerse prontamente, confiando en que las circunstancias serán debidamente aclaradas y se conocerá la realidad de los hechos”.

Por su parte, la Comercializadora Internacional Empaquetadora del Norte S.A.S. BIC, empresa fundada por Duque, también emitió un comunicado. En él destacó “la calidad humana, los principios y la trayectoria intachable” del empresario, aseguró que las circunstancias se aclararán conforme a los procedimientos correspondientes y reiteró su respeto por las autoridades y el debido proceso. “No condenemos a nadie antes de conocer la verdad”, concluye el documento.

Hasta ahora, la Fiscalía no se ha pronunciado oficialmente sobre los cargos que se le imputarían ni los hechos relacionados a la captura.

La ministra destacó que la cifra aprobada representa "una cuarta parte de los recursos internacionales que logró para Cultura el gobierno anterior durante 48 meses". En cifras globales, según un documento citado por el Ministerio, entre 2022 y 2026 se administraron 2.488.281 dólares para la cultura mediante recursos de cooperación internacional. Estos fueron distribuidos en 17 proyectos, financiados por 12 cooperantes internacionales. Al comparar los periodos, la administración actual alcanzó un promedio mensual de 178.455 dólares durante sus primeros tres meses, frente a los 51.839 dólares que se promediaron mensualmente en el gobierno anterior entre 2022 y 2026.

Entre los cooperantes que hicieron posible la financiación de estos cuatro proyectos durante la actual gestión se encuentran el British Council, la Embajada de Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio (ALIPH). A pesar de este impulso, persisten preocupaciones en el sector, ya que, según información de El Espectador, 62 bibliotecas públicas siguen cerradas luego del terremoto, situación que no fue incluida en el balance del Ministerio y que mantiene la incertidumbre entre quienes dependen de estos espacios culturales.

Más allá de la recuperación patrimonial, uno de los proyectos apoyados por Estados Unidos contempla acciones de formación para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, una problemática relevante en contextos de emergencia. Finalmente, el Ministerio de Cultura también informó sobre la reactivación de relaciones de cooperación cultural con Estados Unidos, Israel, Suiza y Reino Unido, con el objetivo de ampliar el intercambio, la asistencia técnica y diversificar las fuentes de apoyo internacional para fortalecer el sector cultural.

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¿Cuáles son los proyectos financiados con cooperación internacional para la recuperación del patrimonio cultural?

Según información suministrada por el Ministerio de Cultura, en los primeros tres meses del gobierno de Abelardo De La Espriella se aprobaron cuatro proyectos específicos orientados a la recuperación y protección del patrimonio cultural dañado por el terremoto del 10 de agosto. El respaldo de entidades como el British Council, la Embajada de Estados Unidos, la Unesco y ALIPH fue clave para financiar estas iniciativas, que priorizan tanto la restauración material como la formación para la protección de bienes culturales.

¿Por qué siguen cerradas 62 bibliotecas públicas después del terremoto?

De acuerdo con El Espectador, 62 bibliotecas públicas del país permanecen cerradas tres meses después del terremoto, lo que ha generado incertidumbre dentro del sector cultural. Aunque los recientes recursos gestionados por el Ministerio de Cultura están enfocados en otros aspectos de la recuperación patrimonial, la situación de las bibliotecas evidencia desafíos pendientes en la restauración y reapertura de estos espacios fundamentales para las comunidades.

Esta solicitud surge como parte del proceso de verificación del régimen de condicionalidad que deben mantener quienes firmaron el acuerdo de paz en calidad de comparecientes, entre ellos Sandra Ramírez. Dicha condición implica que deben cumplir estrictos compromisos legales y de verdad ante el sistema de justicia transicional. En el mismo documento, firmado por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, la JEP exige que se clarifique si Ramírez está actualmente sujeta a investigaciones, actuaciones procesales o si existe cualquier información que la relacione con el magnicidio. Además, pide que, en caso de haber una relación formal o investigativa, se informe sobre la naturaleza y estado del proceso, así como que se envíen copias de los documentos pertinentes, bajo las reservas legales que regulan este tipo de diligencias.

En torno al crimen de Miguel Uribe Turbay, ya se encuentra bajo investigación otro compareciente de la JEP: Kendry Téllez Álvarez, conocido como “Yako” dentro de las disidencias asociadas al grupo de “Iván Márquez”. De acuerdo con la información suministrada, la JEP revocó su beneficio de libertad condicional el 26 de octubre, a raíz de una orden de captura expedida por la Fiscalía por su presunta participación en el asesinato. Sin embargo, Téllez lleva más de un año y ocho meses sin ser ubicado, incluso para su propio abogado.

La decisión de quitarle la libertad condicional a alias “Yako”, pero sin expulsarlo del Sistema Integral para la Paz —tal como lo había solicitado la Procuraduría—, fue firmada por los magistrados Diana María Vega Laguna y Pedro Julio Mahecha Ávila, integrantes de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP. Esta determinación obedece a que no se ha comprobado plenamente que Téllez haga parte de las disidencias de las Farc, según lo expuesto por la jurisdicción transicional.

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¿Cuál es el papel actual de la Jurisdicción Especial para la Paz en el seguimiento de casos como el de Sandra Ramírez?

La Jurisdicción Especial para la Paz se encarga de vigilar el cumplimiento de los compromisos asumidos por quienes firmaron el acuerdo de paz, como Sandra Ramírez. Su función central es verificar que estos comparecientes mantengan condiciones legales y aporten a la verdad sobre hechos relevantes, solicitando y analizando información ante posibles nuevas investigaciones o vínculos con actividades ilícitas según la información oficial trasladada por instancias como la Corte Suprema de Justicia.

¿Por qué la JEP no ha expulsado a “Yako” del Sistema Integral para la Paz tras revocarle la libertad condicional?

La JEP tomó la decisión de revocar el beneficio de libertad condicional de Kendry Téllez Álvarez, alias “Yako”, ya que existe una orden de captura por su supuesta participación en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, no fue expulsado del Sistema Integral para la Paz porque, según la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP, aún no se ha comprobado de manera suficiente que “Yako” pertenezca a las disidencias de las Farc, elemento necesario para proceder con la expulsión.

El ambiente político tampoco ha cambiado mucho en otros aspectos: la polarización, visible tanto en el estrecho resultado del plebiscito como en las recientes elecciones presidenciales, se mantiene como el telón de fondo de la vida nacional. Esta continuidad en la división política fue destacada durante el foro, donde varios de los protagonistas del proceso de paz compartieron sus perspectivas. Entre ellos estuvieron el expresidente Juan Manuel Santos; el general retirado y exvicepresidente Óscar Naranjo, quien fue negociador del acuerdo; Danilo Rojas, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo; Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (ONU); y diferentes voceros que representaron a las víctimas del conflicto armado.

Durante este espacio para la reflexión, el expresidente Santos hizo énfasis al comparar el actual contexto político con el que vivía el país una década atrás. En sus palabras, señaló, con tono de desacuerdo político, que el mandatario en el poder, Abelardo de la Espriella, representa una nación que ha cambiado considerablemente desde la firma del acuerdo. La intervención de los protagonistas en este foro se convierte en una especie de radiografía que permite apreciar, en contraste, cómo han evolucionado las dinámicas políticas, institucionales y sociales en Colombia desde 2016.

Datos compartidos durante el foro evidencian la trascendencia de observar el estado actual del país a través de quienes tuvieron roles clave en la construcción del acuerdo firmado en La Habana. Así, las reflexiones propuestas por El Espectador y la Universidad del Rosario ofrecen una mirada comparativa indispensable para quienes buscan comprender los profundos cambios que han ocurrido desde aquel icónico 24 de noviembre.

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¿Cómo ha cambiado la polarización política en Colombia desde la firma del acuerdo de paz?

La polarización política en Colombia, de acuerdo con lo discutido en el foro respaldado por El Espectador, se mantiene como un fenómeno persistente. Tanto el margen ajustado del plebiscito para refrendar el acuerdo de paz en 2016 como los resultados cerrados en recientes elecciones presidenciales reflejan que las divisiones sociales y políticas siguen siendo parte del día a día nacional. Los protagonistas del proceso de paz consideran este elemento una constante en la historia reciente del país.

¿Qué papel ha tenido la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el seguimiento del acuerdo firmado en 2016?

Según lo compartido por Danilo Rojas, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta institución fue creada a partir del acuerdo de paz de 2016 para abordar delitos relacionados con el conflicto armado. Su función principal es ofrecer verdad, justicia y reparación, aunque la desfinanciación y los recortes han dificultado la acción de instituciones como la JEP para cumplir plenamente con sus responsabilidades trazadas en el pacto firmado en el Teatro Colón.

Las primeras investigaciones indican que los explosivos se habrían instalado en la planta de máquinas del complejo energético. De acuerdo con el Ejército, este tipo de ataques atenta directamente contra la infraestructura energética y pone en riesgo tanto la seguridad como la tranquilidad de la población de la región. En respuesta a estos hechos, tropas de la Tercera Brigada del Ejército han permanecido desplegadas en las inmediaciones de la hidroeléctrica, dedicándose a tareas de seguridad y verificación de los daños ocasionados durante la acción violenta.

Hasta el momento, y de acuerdo con el reporte oficial, la acción no provocó lesiones en el personal ni fallecimientos, limitándose a causar únicamente daños materiales en la infraestructura de la central. No obstante, el ambiente de incertidumbre se ha incrementado en las comunidades rurales cercanas por la amenaza latente contra servicios estratégicos y la multiplicación de hechos similares en la región. Las autoridades han solicitado el apoyo ciudadano, invitando a la población a reportar cualquier actividad sospechosa o información que conduzca a ubicar a los responsables a través de la Línea 107.

Por su parte, Celsia, empresa responsable de la operación de la central hidroeléctrica de Amaime, también se pronunció. Señaló que, tras la emergencia, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y emergencia en coordinación con entidades competentes, entre ellas el Ejército y el cuerpo de bomberos, para evaluar el alcance de los daños y avanzar en la pronta recuperación de la operatividad del complejo. Según la compañía, la zona fue asegurada para garantizar la seguridad tanto del personal de la empresa como de las comunidades vecinas.

De acuerdo con el llamado de las autoridades, el trabajo conjunto entre instituciones, ciudadanía y empresa privada resulta fundamental para enfrentar este tipo de amenazas que comprometen la seguridad regional y la prestación de servicios estratégicos.

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¿Quién fue responsable del ataque a la central hidroeléctrica de Amaime en Palmira?

De acuerdo con la información proporcionada por la Tercera División del Ejército, el ataque con explosivos a la central hidroeléctrica de Amaime fue atribuido preliminarmente al grupo armado organizado residual estructura Adán Izquierdo. Esta organización habría colocado los explosivos en la planta de máquinas, buscando afectar la infraestructura energética de la región y con ello, la seguridad de la población.

¿Cuáles fueron las consecuencias del atentado en la central hidroeléctrica de Amaime?

Según reportes oficiales del Ejército y el pronunciamiento de Celsia, empresa operadora de la central, el ataque produjo daños materiales en la infraestructura, pero no dejó personas heridas ni víctimas mortales. Se activaron protocolos de seguridad y emergencia para atender la situación y buscar la pronta recuperación operacional del complejo, mientras que el Ejército y los bomberos trabajaron en la atención y aseguramiento del área afectada.

Castro Flórez ejercerá de forma interina las funciones de dirección del Icfes sin dejar de lado sus obligaciones actuales como directora de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media, dentro del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media. Su nueva función surge en un contexto de revisión interna. Según explicó la ministra Hoyos, se identificaron situaciones que requieren una evaluación rigurosa de las actividades y la misión institucional del Icfes. Por eso, se espera que Castro entregue un balance a nivel nacional y se asegure de la correcta aplicación de las pruebas censales, consideradas esenciales para orientar y tomar decisiones que mejoren la calidad educativa.

El Ministerio de Educación detalló la experiencia profesional de Maribel Castro, quien acumula dos décadas de trabajo como directiva docente. Ha ejercido roles clave como líder de Evaluación en la Secretaría de Educación de Barranquilla durante cuatro años, subsecretaria de Desarrollo Educativo de la Gobernación del Atlántico por cinco años y secretaria de Educación del Atlántico durante otro año. Asimismo, fue consultora de proyectos educativos tanto en el ámbito nacional como internacional. En su posición actual dentro del ministerio, ha priorizado el fortalecimiento de la calidad educativa y los resultados de aprendizaje.

La llegada de Castro ocurre solo un día después de la salida de Elizabeth Blandón, quien había asumido el cargo de directora general desde el 2 de agosto de 2023, durante el gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con la información de la página del Icfes citada por El Espectador, Blandón buscaba consolidar a la institución como referente en evaluación educativa en América Latina y avanzar en su transformación digital. Uno de sus objetivos principales era la implementación de pruebas de Estado en formato electrónico y una colaboración estrecha con la comunidad educativa y las autoridades sectoriales.

¿Por qué fue necesario el cambio de dirección en el Icfes?

El relevo en la dirección del Icfes se dio luego de que, según El Espectador, el presidente Abelardo de la Espriella declarara insubsistente a Elizabeth Blandón Bermúdez. La ministra de Educación Nacional argumentó que es preciso revisar el funcionamiento del Icfes, hacer seguimiento a sus actuaciones y reflexionar sobre su misión institucional.

¿Qué funciones asumirá Maribel Castro Flórez como directora encargada del Icfes?

Maribel Castro Flórez se hará cargo temporalmente de la dirección del Icfes, asegurando el cumplimiento de las pruebas censales y presentando un balance sobre el funcionamiento de la entidad, sin dejar de ejercer su labor como directora de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media del Viceministerio de Educación. También deberá enfocarse en la misión de fortalecer la educación en Colombia según lo expuesto por el Ministerio de Educación Nacional.

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“Decidí, por obvias razones, abrir las redes sociales. Los invito a seguirme. Deben tenerme un poquito de paciencia, iré poco a poco aprendiendo”, dijo Rodríguez en el video. además, aprovechó el mensaje para insistir en los señalamientos que ha expuesto desde su salida del Gobierno.

Entre esos asuntos mencionó presuntas anomalías en la contratación y en la selección de funcionarios durante la administración Petro. También ha hablado de una supuesta “red de mujeres” vinculada, según sus denuncias, con la prostitución dentro del Ejecutivo. 

Este será un espacio para seguir siendo escudera de la verdad, con la misma firmeza de siempre.

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— Angie Lizeth Rodríguez Fajardo (@Angier_1992) November 10, 2026

Rodríguez sostuvo que no se arrepiente de exponer esas situaciones y afirmó que, mientras recibía ataques, recopilaba pruebas. “Me estaba enfrentando al poder. (…) no me arrepiento de nada”, manifestó. Aseguró que entregó el material probatorio a la justicia y que tiene más información por divulgar.

La exfuncionaria dijo que busca abrir conversaciones sobre asuntos de interés nacional que deben conocer en otros países. “Guardar silencio nunca fue una opción y menos para mí”, expresó. 

La apertura de sus cuentas ocurre tras una decisión judicial sobre Laura Sarabia. Un juzgado de Bogotá ordenó a Rodríguez retractarse de afirmaciones contra la exembajadora, al proteger sus derechos a la honra y al buen nombre. La disputa surgió por declaraciones en las que Rodríguez afirmó que Sarabia habría chantajeado a Petro y tendría material comprometedor. La abogada Lina Sandoval, representante de Sarabia, confirmó la orden.

La convocatoria, orientada a profesionales colombianos que ingresen por primera vez a uno de los 27 doctorados priorizados, utiliza la figura de crédito educativo condonable: se financia la totalidad de la formación, y si se cumplen las condiciones, incluido obtener el título en el plazo previsto, se puede condonar hasta el 100 %. Según Atenea, esta decisión de ampliar el plazo responde a solicitudes de aspirantes y universidades, dadas las diferencias en los calendarios de admisión. El proceso está planteado para que los seleccionados inicien estudios en el primer semestre de 2027.

Entre los requisitos definidos están: ser profesional colombiano, contar con admisión (primera matrícula) a uno de los programas habilitados, presentar una carta o certificación oficial de admisión, una propuesta de investigación alineada con una demanda territorial de Bogotá o Cundinamarca, una carta de motivación y diligenciar el formulario de Atenea adjuntando todos los soportes. Solamente se permite una postulación por aspirante. Entre las temáticas prioritarias se encuentran biodiversidad y servicios ecosistémicos, soberanía alimentaria, energías sostenibles, salud y bienestar, prevención de violencias, y ordenamiento territorial y convergencia regional. Quienes ya tienen doctorado, han estado matriculados en un doctorado en los dos semestres anteriores o reciben apoyo de Minciencias o el Sistema General de Regalías para ese nivel, no pueden participar.

La distribución de cupos se da entre siete universidades: Universidad Nacional de Colombia (39 cupos), Universidad El Bosque (10), Universidad de La Sabana (10), Universidad Distrital Francisco José de Caldas (7), Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (7), Pontificia Universidad Javeriana (5) y Universidad de los Andes (3). Los campos incluyen ingeniería, ciencias biomédicas, biotecnología, estadística, física, química y más.

El apoyo cubre 100 % de matrícula, sostenimiento mensual de 4,5 millones de pesos, apoyo a la investigación por hasta 45 millones y un único desembolso para movilidad internacional. No genera intereses y, de acuerdo con el reglamento de Atenea, la condonación máxima es del 100 %, aunque puede ser parcial si sólo se avalan productos de investigación.

Para inscribirse es necesario revisar los programas, ingresar al micrositio oficial de Atenea, llenar el formulario y cargar los documentos requeridos. El cronograma señala publicación de requisitos el 23 de noviembre, divulgación de resultados el 16 de diciembre y legalización de créditos hasta el 22 de enero de 2027.

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¿Cuál es el plazo exacto para inscribirse a las becas de doctorado en Bogotá de Atenea?

La fecha límite para postularse a la convocatoria de becas de doctorado en Bogotá, según la Agencia Atenea, es el martes 17 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. Después de ese momento no será posible modificar información ni adjuntar documentos en la postulacíón registrada.

¿Qué requisitos se deben cumplir para aspirar a los créditos condonables del proyecto Roberto Zarama?

De acuerdo con Atenea, es fundamental ser profesional colombiano, tener admisión por primera vez en alguno de los 27 programas priorizados, contar con una carta oficial de la universidad, proponer un proyecto de investigación pertinente, presentar carta de motivación y cargar todos los documentos en el formulario. No pueden aplicar quienes ya tengan doctorado, hayan cursado doctorados en los dos semestres anteriores o reciban apoyo nacional para doctorado.

El proceso inició en 2024, cuando Arleth Carolina fue reportada como desaparecida en Barranquilla. Un giro positivo llegó a comienzos de noviembre, gracias a una familiar que, tras recibir una foto, logró ubicarla con vida en Bogotá. Su madre viajó desde el Atlántico para reencontrarse con ella. De acuerdo con su testimonio, Arleth reconoció a sus allegados y compartió junto a ellos unas horas, aunque expresó su deseo de no regresar a casa en ese momento. Familiares informaron que la docente se alojaba en establecimientos de hospedaje con pagos diarios y que, posteriormente, al intentar localizarla en el mismo sitio, ya no estaba presente, lo que llevó a la madre a quedarse en Bogotá en espera de nuevas oportunidades de contacto.

Leida Castillo y otros familiares han solicitado públicamente que Arleth Carolina reciba valoración médica, psicológica y psiquiátrica debido a cambios observados en su conducta y a la dificultad para convencerla de acudir voluntariamente a un centro de salud. No obstante, hasta el momento no se conoce ningún diagnóstico médico emitido ni pronunciamiento oficial por parte de entidades de salud, la Fiscalía o la Policía sobre una posible atención, hospitalización o las circunstancias detrás de su reciente ausencia del hospedaje. Las actuaciones legales y los procedimientos médicos, especialmente con adultos, deben salvaguardar su privacidad, autonomía y dignidad, a menos que alguna autoridad determine que existe una excepción avalada por ley.

Pese a la alegría inicial de saber que Arleth Carolina está con vida, muchas preguntas permanecen abiertas: aún no se esclarecen los motivos de su desaparición, los sitios donde estuvo durante este periodo ni las causas del distanciamiento respecto a sus seres queridos. Aunque la familia ha afirmado que buscó ayuda de entidades, no hay información pública sobre documentos o avances institucionales en la investigación del caso. Por ahora, la confirmación oficial se limita al hallazgo con vida de la docente, su contacto con familiares y la declaración de su madre sobre la nueva pérdida de comunicación. Cualquier dato adicional sobre su estado de salud o la existencia de atención profesional solamente podrá ser corroborado por la familia o autoridades competentes, garantizando el derecho de Arleth Carolina a la intimidad.

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¿Qué pasó con Arleth Carolina Álvarez Castillo tras ser encontrada en Bogotá?

Después de un reencuentro breve con su madre y otros familiares en Bogotá, Arleth Carolina Álvarez Castillo volvió a perder contacto con ellos al no ser hallada nuevamente en su hospedaje. No existe hasta ahora información oficial sobre su paradero, atención médica o condiciones de salud, según lo relatado por la familia en entrevistas y reportajes.

¿Por qué la familia de Arleth Carolina solicita valoración médica y psicológica?

La familia de Arleth Carolina ha pedido que se le realicen exámenes médicos y psicológicos por los cambios observados en su comportamiento y por la dificultad para llevarla voluntariamente a un centro de salud. La solicitud responde a la preocupación por su bienestar, aunque hasta este momento no hay un diagnóstico público ni confirmación de atención de parte de entidades oficiales.

A través de un comunicado, la Casa de Nariño informó que Pineda aceptó una invitación de Keiko Sofía Fujimori Higuchi, presidenta de Perú, para asistir a la ceremonia de recibimiento del sumo pontífice, programada para el próximo 11 de noviembre de 2026 en el Palacio de Gobierno de Lima.

La invitación, de acuerdo con el documento oficial, hace parte de una convocatoria dirigida a los jefes de Estado de América Latina. En ese contexto, la primera dama acompañará el acto protocolario en representación de Colombia.

Uno de los puntos que la Presidencia quiso dejar claros fue la financiación del desplazamiento. Según el comunicado, el viaje será cubierto con recursos propios de Ana Lucía Pineda, por lo que no implicará gastos para el Estado colombiano ni comprometerá dinero del presupuesto nacional.

Comunicado de Prensa https://t.co/vI0umemum2

— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) November 11, 2026

Presidencia explicó el propósito del viaje de la primera dama 

El Gobierno también señaló que la participación de la primera dama busca contribuir al acercamiento entre los países de la región, en medio de un encuentro que combina aspectos diplomáticos y religiosos.

En el comunicado, la Presidencia destacó que este tipo de espacios representan una oportunidad para fortalecer los vínculos de amistad y fraternidad entre los pueblos latinoamericanos.

La ceremonia del 11 de noviembre tendrá como protagonista al papa León XIV, quien será recibido en el Palacio de Gobierno de la capital peruana.

(Le puede interesar: Exponen traición que tumbó a alias ‘Kevin Masacre’, señalado sucesor de ‘Bendito Menor’ en Guajira)

La información sobre su detención fue divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella en X, antes Twitter, quien aseguró que el procedimiento fue desarrollado por el Gaula. Según el reporte, el hombre estaría relacionado con una serie de hechos violentos utilizados para intimidar a comerciantes y habitantes de la capital de La Guajira.

De acuerdo con los señalamientos, ‘Danielito’ habría participado en ataques contra viviendas y establecimientos comerciales mediante disparos, una modalidad que presuntamente utilizaban para generar temor entre sus víctimas y presionarlas.

Además, el capturado es investigado por su posible participación en el asesinato de un tendero, ocurrido el pasado 16 de junio. Por ahora, la información divulgada no precisa las circunstancias en las que se habría cometido este homicidio.

¡OTRO GOLPE CONTRA LAS ESTRUCTURAS CRIMINALES QUE SIEMBRAN TERROR A LA GUAJIRA!

En desarrollo de una operación del GAULA, fue capturado alias ‘Danielito’, integrante de ‘Los JJ’ y ‘Fresno Nueva Generación’, señalado de sembrar miedo en Riohacha con disparos contra viviendas y… pic.twitter.com/NPcEjHYokX

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 10, 2026

(Lea también: Jefe de ‘Bendito menor’ expone la complicada relación con el criminal: “Era difícil de controlar”)

Alias ‘Danielito’ habría asumido control de redes tras muerte de ‘Bendito Menor’

Otro de los elementos señalados por el presidente tiene que ver con el papel que habría asumido alias ‘Danielito’ dentro de las actividades ilegales en Riohacha.

Según la información entregada sobre el operativo, después de la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias ‘Nain’ o ‘Bendito Menor’, el hombre habría asumido el control de redes de microtráfico y extorsión en el municipio.

La captura también se conoce después de que, en septiembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella advirtiera sobre las acciones de otros presuntos integrantes de las estructuras criminales que habrían buscado ocupar los espacios dejados por ‘Bendito Menor’.

En ese momento, el mandatario aseguró que las autoridades tenían identificados a varios hombres que pretendían continuar con el control territorial y las intimidaciones contra la población de La Guajira. En ese momento dijo que quienes siguieran el ejemplo de ‘Naim’ “Terminará como él”.

“Los tenemos identificados para sacarlos del mercado delictivo”, manifestó entonces.

La muerte de alias ‘Bendito Menor’ se produjo durante un operativo de la Policía Nacional en Riohacha, el 4 de septiembre de 2026. El hombre era señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y jefe del frente Javier Cáceres.

En su mensaje, Andrea Petro expresó su alarma ante el hecho de que la intimidad de una persona, en este caso su padre, sea convertida en un instrumento para avanzar intereses particulares o colectivos, señalando que semejante situación representa un atentado a la confianza personal. "La intimidad no puede convertirse en un arma, ni la confianza en una trampa", puntualizó la hija del presidente, dejando en evidencia su inconformidad con la forma en que habría sido obtenido y luego usado el material audiovisual.

La exposición de estos hechos ha llevado a Andrea Petro a exigir investigaciones exhaustivas respecto a la apropiación y divulgación del contenido privado del mandatario. Solicitó, además, que se respete en el proceso el debido proceso y señaló la importancia de proteger los derechos fundamentales involucrados en el caso, específicamente aquellos relacionados con las conversaciones privadas que, según sus palabras, pudieron haber sido vulnerados.

En su pronunciamiento, Andrea Petro recalcó: "Ninguna denuncia otorga licencia para vulnerar la dignidad ajena. La justicia debe garantizar los derechos de todos, sin excepciones". De acuerdo con la información proporcionada, estas aseveraciones aumentan la presión sobre las autoridades y también sobre quienes han estado involucrados en la obtención y uso del material privado.

Así, la polémica en torno al presidente Gustavo Petro dejó de centrarse exclusivamente en el contenido de los videos y ha pasado a abarcar la discusión sobre la legitimidad de los métodos usados para su obtención, los posibles abusos a la privacidad y los límites frente a la publicación de conversaciones de carácter personal. Este capítulo plantea una serie de reflexiones sobre los alcances y riesgos de la exposición mediática en el contexto de la política colombiana.

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¿Por qué la hija de Gustavo Petro critica la grabación de conversaciones privadas?

La hija del presidente Petro, Andrea Petro, criticó la grabación de conversaciones privadas porque considera que registrar y mantener contenido confidencial de manera oculta representa un acto grave. Según sus declaraciones citadas en X, expuso que este material puede ser utilizado para presionar, manipular y dañar la confianza, por lo cual pidió investigaciones y respeto por los derechos fundamentales implicados en estos hechos.

¿Cuáles son los derechos que podrían vulnerarse al grabar y divulgar material privado?

De acuerdo con Andrea Petro, al grabar y divulgar material privado de un individuo, podrían vulnerarse derechos fundamentales, especialmente los relacionados con la privacidad y la dignidad. Ella subrayó en su pronunciamiento que el respeto a la intimidad es crucial y que ninguna denuncia debería justificar la exposición ni el uso indebido de información confidencial.

El protagonista de la denuncia es Álvaro Jany Barbosa, quien publicó un video en sus redes sociales para mostrar lo que encontró frente a las instalaciones de la Dirección de Tránsito del municipio. El empresario cuestionó que su vehículo siguiera circulando y que no hubiera ingresado al parqueadero autorizado.

“Acá vemos el vehículo que se lo trajeron andando, no está ingresado a los patios, está simplemente parqueado afuera de la dirección de tránsito, no sé cómo habrá sido el procedimiento”, sostuvo Barbosa en la grabación.

Las imágenes muestran a un agente sentado en el puesto del conductor mientras el automóvil permanece estacionado frente a la sede de la entidad. La situación llamó la atención del empresario, quien también aseguró que el funcionario había pasado anteriormente junto a él mientras conducía el carro.

“Ahí vemos que está el agente de tránsito dentro del vehículo, no sé, esperando. Vamos a ver si también vuelve y me saluda. Vamos a saludarlo así como él nos saludó y pasó pitándonos con el vehículo… Aquí vemos el procedimiento un poquito pues fuera de lo ordinario, creo yo”, manifestó.

El empresario Álvaro Jany Barbosa denunció presuntas irregularidades en la inmovilización de su vehículo en Girón, Santander, al grabar a un agente conduciéndolo. La Dirección de Tránsito Municipal no ha entregado un reporte oficial del caso. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/Ue13VkyTTj

— Revista Semana (@RevistaSemana) November 10, 2026

Empresario pidió explicaciones por el procedimiento

Según las reglas de inmovilización, los vehículos deben ser sellados y trasladados en una grúa autorizada hasta los patios correspondientes, mientras se adelantan los trámites administrativos.

La denuncia despertó cuestionamientos entre usuarios de redes sociales sobre la custodia de los automóviles inmovilizados y la actuación de los agentes encargados de estos procedimientos.

“No sé quién habrá autorizado este procedimiento del vehículo”, agregó Barbosa. 

Hasta el momento, la Dirección de Tránsito de Girón no había entregado una explicación oficial sobre lo sucedido ni sobre las razones por las que el automóvil fue conducido por un funcionario.

De acuerdo con los reportes preliminares, los artefactos explosivos, transportados y arrojados mediante drones, impactaron sobre la planta de máquinas de la central hidroeléctrica. El uso de estas aeronaves no tripuladas para atacar objetivos estratégicos ha despertado inquietudes entre las autoridades locales y nacionales, quienes observan con preocupación la sofisticación de este tipo de acciones como una amenaza para la seguridad de la infraestructura pública en Colombia.

Frente a este panorama, hay alivio temporal entre la comunidad y los organismos de socorro, ya que, por el momento, no se reportan personas heridas ni víctimas fatales entre la población civil ni en las fuerzas de seguridad que mantenían presencia en el lugar. Además, se confirmó que el evento no ocasionó interrupciones en el suministro eléctrico, de modo que el servicio continúa prestándose con normalidad, tal como registran los datos del informe inicial.

Después del incidente, unidades del Batallón de Ingenieros número 3 Coronel Agustín Codazzi acudieron para reforzar la seguridad en la zona y apoyar las investigaciones. La ubicación de la hidroeléctrica, a unos 40 minutos del centro de Palmira, implica una respuesta coordinada para establecer los detalles y la magnitud de los daños causados por el ataque. Las autoridades trabajan en esclarecer las circunstancias exactas del suceso y en identificar a los responsables de esta acción violenta.

Este ataque reabre el debate público en torno a la vulnerabilidad de infraestructuras esenciales del país y resalta el desafío creciente que representa el uso de drones cargados con explosivos en actos violentos. Aunque aún falta un pronunciamiento oficial sobre los móviles y posibles responsables, la expectativa de la comunidad y de las autoridades está centrada en recibir claridad sobre los alcances de este atentado y en fortalecer la protección de estos puntos estratégicos.

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¿Por qué fue atacada la Central Hidroeléctrica de Amaime desde drones con explosivos?

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los motivos detrás del ataque a la Central Hidroeléctrica de Amaime ni sobre los posibles responsables. La información disponible únicamente confirma que se utilizó la modalidad de lanzamiento de explosivos mediante drones, dejando en evidencia la preocupación por la seguridad de infraestructuras estratégicas en el país.

¿Qué daños ocasionó el ataque con drones a la hidroeléctrica de Amaime en Palmira?

De acuerdo con los reportes preliminares, el ataque no ha dejado personas heridas ni ha provocado víctimas fatales y no se han reportado interrupciones en el suministro de energía eléctrica. Las autoridades todavía trabajan en verificar el alcance real de los daños ocasionados por los explosivos lanzados sobre la planta de máquinas.