El octavo bombardeo desde que llegó el Gobierno de Abelardo De La Espriella fue denominado Nehemías, en zona rural de Tarazá, donde no sólo hay disputa por el microtráfico sino por la minería ilegal que ha destruido miles de hectáreas en esa zona de Antioquia.

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Sobre la operación

Esta operación fue contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo y contó con apoyo de miembros del Ejército con inteligencia de la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana, en donde cayó uno de los 10 cabecillas priorizados por el Gobierno Nacional en Colombia.

El mismo presidente Abelardo De La Espriella entregó el reporte preliminar señalado, ocho fueron dados de baja, entre ellos, Haminton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, cabecilla principal de esta estructura, con más de 20 años de trayectoria criminal y una recompensa de hasta $2.018 millones.

Inteligencia de las autoridades señalaron que este criminal, subordinado directamente a alias ‘Gonzalito’. Era señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra nuestra Fuerza Pública, incluido el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025. En el operativo también fueron incautados cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación. Además, fue destruido un campamento utilizado para coordinar actividades criminales.

Con este bombardeo se golpea las finanzas y capacidad logística del Clan del Golfo y por eso el presidente les advierte:

“A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos”.

¡AYER AUTORICÉ UN BOMBARDEO CONTRA EL CLAN DEL GOLFO EN ANTIOQUIA! ¡ABATIDO ALIAS ‘NEGRO PEREA’, UNO DE LOS DIEZ CABECILLAS PRIORITARIOS DEL PAÍS!

En la operación NEHEMÍAS, desarrollada en zona rural de Tarazá, nuestro Ejército Nacional, con inteligencia de la Policía Nacional y apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, golpeó a la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo.

El resultado preliminar: ocho dados de baja, entre ellos Haminton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, cabecilla principal de esta estructura, con más de 20 años de trayectoria criminal y una recompensa de hasta $2.018 millones.

Este criminal, subordinado directamente a alias ‘Gonzalito’, era señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra nuestra Fuerza Pública, incluido el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025.

También fueron incautados cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación. Además, fue destruido un campamento utilizado para coordinar actividades criminales.

¡SEGUIMOS GOLPEANDO LA CÚPULA DEL CLAN DEL GOLFO, DEBILITANDO SUS FINANZAS Y DESTRUYENDO SU CAPACIDAD CRIMINAL!

A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos.

¡LA OFENSIVA NO SE DETIENE! VAMOS A RECUPERAR EL CONTROL DEL TERRITORIO Y A IMPONER LA AUTORIDAD DEL ESTADO!

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 11, 2026

El Ministerio de Minas y Energía radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para poner en conocimiento presuntas anomalías en la administración de cupos subsidiados de gasolina y ACPM en zonas fronterizas, según informó La FM.

La auditoría interna constató que el aplicativo oficial asignó un volumen extra de 35.’071.070 galones por encima del margen legalmente cobijado con exenciones impositivas entre enero de 2025 y septiembre de 2026.

Esta brecha en las asignaciones comenzó a mostrar una tendencia sostenida a partir de septiembre de 2025, durante el mandato de Gustavo Petro, experimentando su mayor desajuste en mayo de 2026.

En dicho mes, el sistema informático matriculó un sobrante mensual de 4,1 millones de galones, consolidando un consolidado que abarca 21 meses e integra los primeros compases de la administración entrante.

La denuncia consta en un oficio reservado de radicado 2-2026-049062, con fecha del 3 de noviembre de 2026, respaldado con la rúbrica de Germán Orlando León Duarte, director técnico de Hidrocarburos.

El expediente señala a Julián Flórez Quiroga, quien comandó esa dependencia bajo el gobierno Petro y presuntamente gestionó la habilitación de un perfil informático especial con atribuciones para ajustar las cifras registradas.

En las zonas limítrofes, los dispensadores de combustible comercializan cupos específicos exentos de tributos como el IVA y el gravamen nacional a los carburantes, buscando mitigar el contrabando y abaratar el abastecimiento regional.

La cartera energética determina mediante actos formales el volumen asignable para cada localidad y estación; no obstante, el Sistema de Información de Combustibles (SICOM) incorporó cantidades superiores a las autorizadas.

Bajo este esquema irregular, varias estaciones obtuvieron márgenes ficticios para distribuir carburante con subsidios, provocando que las arcas estatales dejaran de percibir recursos tributarios indispensables si el producto llegó al consumidor final.

Durante los 21 meses examinados, las resoluciones técnicas avalaban 1.136.903.110 galones, mientras la base informática totalizó 1.171.974.180 galones, consolidando un desfase porcentual exacto del 3,1 % en el consolidado.

Para tasar la merma financiera, MinMinas multiplicó el exceso detectado por $2.078 por cada galón, cifra representativa calculada para los beneficios tributarios que rigieron formalmente a lo largo de 2026.

A partir de este cálculo aritmético, el despacho ministerial fijó la suma de $72.878 millones como una “estimación preliminar del posible impacto fiscal” derivado de las inconsistencias documentadas en los sistemas.

La corroboración del menoscabo patrimonial exige verificar cuántos de aquellos galones concedidos irregularmente se despacharon y facturaron de forma efectiva bajo el amparo de los beneficios tributarios existentes en frontera.

La Dirección de Hidrocarburos identificó cerca de 30 resoluciones suscritas en 2025 cuyas asignaciones numéricas diferían ostensiblemente del cómputo técnico arrojado por la metodología matemática oficial estipulada para el cálculo.

Para la vigencia de 2026, los auditores detectaron divergencias sustanciales entre los borradores con sustento técnico y las versiones definitivas sancionadas, además de cargas al sistema previas a la expedición del acto administrativo.

Una situación representativa ocurrió en San José de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, en Norte de Santander, donde resoluciones fechadas el 5 de julio de 2025 operaron desde el primero de julio.

Una acción de tutela ordenó rehacer todo el trámite cuestionado, obligando al nuevo equipo directivo a promulgar tres actos administrativos correctivos el 2 de octubre de 2026 para cumplir el fallo judicial.

En el departamento de Nariño se hallaron puntos de expendio con volúmenes superiores, justificándose en supuestas “duplicidades del sistema”, “órdenes de compra” o “necesidades de abastecimiento”, carentes de cualquier sustento normativo o técnico válido.

Las pesquisas evidenciaron entregas a establecimientos comerciales ausentes de la normativa o bloqueados de manera preventiva, maniobras presuntamente ejecutadas desde el “usuario editor solicitado directamente por el señor Julián Flórez Quiroga”.

Internexa, operador tecnológico del SICOM, aportó el correo institucional en el cual Flórez solicitó abrir dicha cuenta de editor, junto con la bitácora electrónica de modificaciones en los volúmenes de abastecimiento autorizados.

Los investigadores buscan clarificar quién ordenó cada transacción digital y determinar qué proporción de los 35 millones de galones en disputa corresponde directamente a los movimientos trazados desde aquel perfil informático.

El 8 de septiembre de 2026, la Dirección solicitó auditar las cuotas de frontera; el 18 de septiembre, Secretaría General remitió a Presidencia el segundo tomo del Libro de la Verdad con esta alerta.

Asimismo, el 23 de septiembre la cartera trasladó a control disciplinario una queja formulada contra Flórez por distribuidores minoristas de combustibles pertenecientes al gremio del departamento de Nariño.

El oficio ministerial incluye igualmente dos cuestionadas decisiones operativas expedidas durante julio de 2026, bajo la administración de Gustavo Petro, las cuales prescindieron de la debida articulación interministerial obligatoria por mandato legal.

El 7 de julio, mediante la Resolución 01199, la Dirección autorizó a Chevron Petroleum Company a importar temporalmente gasolina corriente para almacenarla y comercializarla desde una planta en Buenaventura.

Los peritos advirtieron que el combustible presentaba niveles prohibidos de compuestos aromáticos y excesiva presión de vapor, violando estándares ambientales fijados mancomunadamente con el Ministerio de Ambiente, cartera que jamás autorizó tal dispensa.

Al 3 de noviembre, las autoridades aguardaban el consentimiento expreso de Chevron para revocar la resolución, sin precisar el total de carburante introducido al territorio nacional bajo este cuestionado permiso administrativo.

De modo similar, el 10 de julio, mediante la Resolución 01249, la dependencia facultó a Primax Colombia para implementar un piloto comercial de gasolina con 15 % de etanol en Nariño.

El permiso careció de concertación con los ministerios de Hacienda, Agricultura y Ambiente, motivo por el cual el actual gobierno lo revocó con la Resolución 1860 de 2026, mediando consentimiento empresarial.

Otro frente crítico involucra la Resolución del 17 de julio de 2026, que reorganizó el suministro hacia Nariño desde las plantas mayoristas ubicadas en Chachagüí y el puerto de Tumaco.

El despacho ministerial modificó la distribución territorial los días 5 y 8 de agosto, vulnerando los plazos procesales vigentes hasta el 25 de agosto para que los distribuidores interpusieran sus recursos legales.

Ante este cúmulo de evidencias, el director Germán Orlando León Duarte solicitó a la Fiscalía que “evalúe los hechos puestos en su conocimiento y determine la procedencia de adelantar las actuaciones investigativas que estime pertinentes”.

La conversación del 15 de febrero de 2025 mostraría una instrucción de Sarabia para que Rodríguez comprara tiquetes, reservara hoteles y coordinara gastos personales del mandatario. “El presidente pide tiquetes y hoteles en sus viajes. Es importante que tú los compres y coordines. Más sus gastos personales”, dice el mensaje. 

#POLÍTICA | La exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, reveló nuevo chat en el que Laura Sarabia ordenó comprar tiquetes y reservar hoteles para el expresidente Gustavo Petro.

https://t.co/qRQodC6mox https://t.co/5hkWGtw53g

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 11, 2026

Rodríguez aseguró que la solicitud le causó desconcierto porque, según ella, el transporte y alojamiento de Petro ya estaban cubiertos. “No entendía a qué hacía referencia. ¿Por qué comprar tiquetes al presidente o por qué comprar tiquetes si el presidente tiene no un avión, sino varios aviones presidenciales? Además, ¿por qué hoteles? Si normalmente el presidente tiene casas privadas y le dan cortesía en muchos de los viajes a los que él iba, tanto nacional como internacionalmente”, explicó en el video. 

Comunicado a la opinión pública
Abro hilo
1. https://t.co/z1piSsLmgY

— Angie Lizeth Rodríguez Fajardo (@Angier_1992) November 11, 2026

La exfuncionaria afirmó que después entendió que se trataba de gastos de la llamada agenda privada y sostuvo: “Yo no me presté para eso. Cuando me di cuenta de lo que estaba enfrentando, dije que eso no va conmigo y que no me iba a prestar para eso”. También señaló que Petro le pidió gestionar gastos de Vanessa Cortés, a quien identificó como su pareja “oficial”.

La publicación apareció después de que un juez ordenara a Rodríguez rectificar afirmaciones contra Sarabia. Anunció que impugnará la sentencia en próximos días y dijo: “No comparto esta valoración judicial”. Además, insistió: “Ella, en ese mensaje en WhatsApp, está reconociendo que sí había una agenda privada. Entonces, ¿por qué le molesta que yo señale que presuntamente ella era una de las que organizaba eso? Lo mantengo”. 

Explosivos lanzados desde drones, de acuerdo con la información de la periodista Vicky Dávila desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), atemorizaron un punto en la vía Panamericana.

El ataque se presentó contra el peaje de Mondomo, en carretera que comunica a Popayán y Cali, una de las zonas que más ha tenido este tipo de situaciones en los últimos meses.

Según los datos preliminares, el impactante episodio no desembocó en ninguna persona herida ni muertos, a pesar del momento de terror que se evidenció en los videos replicados.

Atacan con explosivos lanzados desde drones las instalaciones del peaje de Mondomo ubicado sobre la vía Panamericana, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao y que aún no entra en operación. https://t.co/nCZOidbI9o

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 11, 2026

Acerca del impactante hecho que se vivió en la jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, en un peaje que todavía no entra en operación, se desconoce algún grupo que se atribuya los hechos hasta el momento.

Las grabaciones también enfocaron a los objetos voladores que protagonizaron los ataques en una zona como la vía Panamericana que ha sido blanco de múltiples atentados recientes.

En pasadas ocasiones, las autoridades han apuntado a la estructura Jaime Martínez, liderada por alias Iván Mordisco, como posibles autores de los ataques, aunque para este caso apenas empiezan las investigaciones para confirmar esta hipótesis.

Por ahora, las Fuerzas Armadas son las que van a darle seguimiento a un caso que tuvo un punto diferencial por el registro de los drones como parte del uso de explosivos a plena luz del día en la mencionada carretera colombiana.

En Colombia, la Vía Panamericana (clasificada técnicamente dentro de la red vial nacional principalmente como la Ruta Nacional 25) es la arteria de transporte más estratégica del occidente del país. Conecta la frontera sur con Ecuador, las principales capitales del suroccidente, el centro industrial y cafetero, y el noroccidente hacia la costa Caribe y el Urabá.

¿Por qué hay tantos atentados en la vía Panamericana de Colombia?

La recurrencia de atentados sobre la vía Panamericana en el suroccidente colombiano responde a factores territoriales, económicos y tácticos que aprovechan las estructuras armadas ilegales activas en esa región.

El tramo comprendido entre Popayán y Cali atraviesa municipios estratégicos del norte del Cauca, una zona montañosa que enlaza la cordillera Central con las selvas vírgenes del Pacífico colombiano.

Esa ubicación geográfica convierte al corredor terrestre en un paso obligado para el tráfico de cargamentos de cocaína, marihuana y armamento pesado procedentes de complejos enclaves ilegales de producción.

Disidencias de las Farc, frentes del Ejército de Liberación Nacional y bandas criminales disputan violentamente el control de estas rutas de escape hacia los esteros del océano Pacífico sur.

Los grupos armados ejecutan emboscadas y hostigamientos explosivos contra la infraestructura estatal sobre la vía para impedir el avance operativo de las Fuerzas Militares en los cañones montañosos aledaños.

Al atacar estaciones policiales y peajes en la carretera principal, los insurgentes desvían la atención de los uniformados que custodian las zonas rurales altas donde operan los laboratorios clandestinos.

La vía Panamericana representa además la única arteria pavimentada que abastece de víveres, medicamentos y combustibles a los departamentos de Nariño y Cauca desde el interior del país.

Por esa razón, los ataques contra este eje vial paralizan el comercio exterior y generan una presión mediática inmediata para forzar al Gobierno nacional a negociar concesiones territoriales.

La geografía quebrada y la cercanía de cañadas boscosas facilitan la huida rápida de los atacantes tras activar artefactos detonantes o disparar armas de largo alcance contra vehículos civiles.

Las autoridades redoblan los patrullajes y controles de vigilancia electrónica para neutralizar estas amenazas violentas, salvaguardando la movilidad comunitaria y el desarrollo económico en todo el suroccidente de Colombia.

En diálogo con Mañanas BLU, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, abordó la complejidad que vive la región al enfrentar simultáneamente desafíos de orden público e iniciativas de desarrollo social y afirmó que el secuestro le fue atribuido al Eln.

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El mandatario hizo énfasis en la compleja coyuntura que afronta el departamento frente a las acciones delictivas contra la población civil y la búsqueda de soluciones de fondo para La Guajira.

Ante la gravedad del panorama, el mandatario departamental reiteró la urgencia de contar con la articulación efectiva de las instituciones gubernamentales en el territorio:

“A La Guajira, La Guajira merece una oportunidad. La Guajira merece sobre todo que ese respaldo exista con un verdadero ejercicio y un compromiso por parte del Estado. Y nosotros desde el territorio estamos dispuestos a acompañar estas acciones, aquí seguimos trabajando para sacar este departamento adelante”.

La Unidad de Diálogo Social como herramienta clave ante la conflictividad

Como parte de los mecanismos para contrarrestar la inestabilidad institucional y solucionar las protestas que históricamente han afectado la movilidad de la zona, Aguilar resaltó la creación de la Unidad de Diálogo Social, una instancia pionera en el país:

“Somos el único departamento que cuenta con una unidad de diálogo social que entre otras cosas nos ha permitido… Por ejemplo, en el año 2023 el departamento de La Guajira ha ocupado el primer lugar en número de bloqueos y en número de vías de hechos en todo el territorio nacional. Según Colfecámaras, hoy ni siquiera estamos en los cinco primeros departamentos”.

Atentos. Va la primicia de El Vaticano y el gobierno de Colombia, según mis conversaciones con altas fuentes conectadas con la sede papal:
1. No hay posibilidad de que haya diálogos con el ELN en El Vaticano por dos razones: Petro no siguió recomendaciones que, en ese tema, le…

— Melquisedec Torres (@Melquisedec70) May 21, 2025

Una de las razones que habría complicado la relación fue la intención del presidente colombiano de llevar los diálogos de paz con el Eln a territorio vaticano. Según la información que Torres atribuyó a fuentes de alto nivel cercanas a la Santa Sede, el entorno del pontífice no veía con buenos ojos esa posibilidad, pues consideraba que los intentos de negociación con esa guerrilla ya habían fracasado en escenarios como La Habana y Caracas.

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El periodista también señaló que Petro no habría seguido las recomendaciones que el papa Francisco le entregó sobre ese proceso durante un encuentro en enero de 2024. Posteriormente, cuando el mandatario le habría planteado la posibilidad de adelantar conversaciones con el Eln en el Vaticano a León XIV, el nuevo pontífice habría guardado silencio, de acuerdo con las fuentes citadas por Torres.

Otro episodio que habría causado malestar en la Santa Sede fue la manera como el Gobierno colombiano comunicó los resultados de sus encuentros con el Papa. Según la versión publicada por el periodista, en el Vaticano generó incomodidad que Petro y la Cancillería afirmaran que el pontífice se había comprometido con determinados asuntos, cuando la dinámica de esas reuniones consiste principalmente en escuchar las solicitudes y analizarlas posteriormente.

“Ni con este Papa ni anteriores se generan compromisos inmediatos, estos se analizan y días o meses después se responde a los gobiernos”, fue la explicación que recibió Torres de sus fuentes. Esa diferencia en la interpretación de los encuentros habría contribuido al distanciamiento entre el Ejecutivo colombiano y el entorno papal.

En mayo de 2025, el periodista también aseguró que León XIV no visitaría Colombia ni el parque nacional natural Serranía de Chiribiquete durante el actual Gobierno y que un eventual viaje tendría que esperar hasta después de 2028. La gira anunciada para noviembre de 2026, con paradas en Uruguay, Argentina y Perú, coincide con ese escenario, aunque el Vaticano no ha señalado públicamente que las diferencias con Petro sean la razón para excluir a Colombia del recorrido.

La agenda oficial de este viaje fue anunciada por la Santa Sede e incluye diez ciudades de los tres países. El recorrido contempla encuentros con autoridades, actividades religiosas y visitas a comunidades, especialmente en Perú, donde León XIV desarrolló buena parte de su labor pastoral. Colombia, por ahora, no aparece entre los destinos de esta gira, mientras siguen vigentes los antecedentes que Torres dio a conocer sobre la relación entre el Gobierno y el Vaticano.

La propuesta parte de que 5,31 millones de adultos tuvieron algún conflicto en 2025 y se identificaron más de 7,6 millones de problemas que requerían atención judicial.

Además, el 83,8 % de las personas afectadas no recibió asistencia jurídica y solo el 23,7 % de los conflictos en zonas rurales logró resolverse.

Entre las medidas está la iniciativa Milagro de la Justicia y la Convivencia, que contempla centros de conciliación gratuitos, mediación escolar y mecanismos de justicia restaurativa.

También se formulará el Plan Decenal del Sistema de Justicia 2028-2038 y una nueva política de defensa jurídica para enfrentar las 281.841 demandas activas contra entidades nacionales, cuyas pretensiones suman $721,49 billones.

El plan también propone reformar la articulación del Gobierno con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), otorgándole capacidad para adoptar decisiones vinculantes que garanticen el cumplimiento de sus sanciones.

Asimismo, busca fortalecer la atención a víctimas, la búsqueda de desaparecidos y la prevención del reclutamiento de menores.

Las otras estrategias apuntan a enfrentar la criminalidad, mejorar la seguridad y debilitar las finanzas de las organizaciones ilegales.

El movimiento telúrico ocurrió a la 1:11 de la tarde, hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a los 30 kilómetros.

De acuerdo con el informe, el epicentro se ubicó en las coordenadas 5,00° de latitud y -76,27° de longitud. El municipio más cercano fue San José del Palmar, situado a 12 kilómetros del punto donde se originó el temblor.

Otros municipios próximos fueron El Cairo y El Águila, ambos en el departamento del Valle del Cauca, a una distancia aproximada de 27 kilómetros.

El evento fue registrado por 21 estaciones de monitoreo y tuvo un estatus de revisión manual por parte de la entidad.

El reporte también indicó un RMS de 0,9 segundos y un gap de 74 grados, parámetros técnicos utilizados para evaluar la precisión de la localización del movimiento sísmico.

El SGC documentó el evento en su sistema de seguimiento, con información sobre la magnitud, profundidad, ubicación y municipios cercanos.

Este evento se realizará en la calle 21 número 44-40, frente al Cantón Caldas, en Bogotá, y estará disponible de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. según la convocatoria, el propósito es atender a los integrantes de la Fuerza Pública que hayan sido víctimas de hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, a quienes aún no hayan rendido declaración ante el Ministerio Público y quienes requieran información sobre procedimientos de caracterización, acreditación ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otros servicios institucionales. La participación de familiares dependerá de las condiciones específicas estipuladas para cada trámite.

La teniente coronel María Fernanda Cifuentes Villamarín, directora de Apoyo a la Transición del Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional, destacó la importancia de estos espacios, asegurando que buscan acercar a las víctimas y sus familias a las instituciones pertinentes y darles orientación sobre la oferta de apoyo disponible, así como acompañamiento personalizado de acuerdo con las necesidades identificadas.

Durante la jornada, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) ofrecerá asesoría a quienes estén inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV), agilizando los procesos de caracterización tendientes a identificar sus requerimientos, circunstancias y afectaciones actuales. Además, habrá orientación para quienes deban presentar declaraciones ante el Ministerio Público y para aquellas personas interesadas en los procesos de justicia transicional liderados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Para quienes adelanten trámites relacionados con su condición de víctimas, se recomienda llevar documentos de soporte, como epicrisis, actas de Junta Médico Laboral, reportes administrativos, denuncias penales, identificación y acreditaciones profesionales o militares correspondientes. En situaciones de familiares de personas fallecidas, puede ser necesario presentar registros civiles de defunción y pruebas del vínculo familiar. Así mismo, la jornada permitirá informarse sobre los servicios institucionales disponibles, como salud, prestaciones sociales, vivienda, apoyo en prótesis y órtesis, bienestar y carnetización, bajo las condiciones y requisitos pertinentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para que las víctimas de la Fuerza Pública accedan a la jornada de caracterización en Bogotá?

Los asistentes deben ser integrantes activos o retirados de las Fuerzas Militares o la Policía Nacional, víctimas por hechos sucedidos durante el conflicto armado, o familiares que cumplan las condiciones específicas de cada trámite. Es aconsejable llevar documentos que soporten la situación, como epicrisis, informes médicos, denuncias, documentos de identidad y certificaciones de calidad militar o policial; en el caso de familiares de fallecidos, también serán necesarios los registros civiles de defunción y pruebas del vínculo familiar.

¿Qué servicios ofrece la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en la jornada?

La UARIV orienta a los inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV) sobre la caracterización de sus necesidades y afectaciones, apoya en la presentación de declaraciones ante el Ministerio Público y brinda información relevante sobre procesos de reparación integral, acompañamiento institucional y rutas de acceso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), según lo contemplado en la normativa para las víctimas del conflicto armado.

La primicia sobre este llamado judicial la entregó el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, alertando sobre el avance de las indagaciones en el ente acusador.

Respecto al llamado procesal, los fiscales manifestaron que la diligencia pretende “recaudar información relevante para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y contribuir al adecuado desarrollo de las actuaciones que actualmente adelanta este despacho”.

Las alertas estallaron tras las declaraciones que Ferrer concedió a la revista Semana, espacio mediático donde lanzó duras imputaciones sobre la presunta utilización de aeronaves del Estado para trasladar estupefacientes y divisas entre Colombia y Venezuela.

Frente a la controversia pública provocada, el abogado de la declarante, Jhony Batalla Mena, sostuvo que recopilaron registros fotográficos, archivos documentales, cronogramas de reuniones y contactos telefónicos para respaldar cada acusación.

El jurista puntualizó que el acervo probatorio ingresará prioritariamente a los radicados del organismo investigador para garantizar la debida cadena de custodia de las piezas allegadas al despacho.

Ferrer, ciudadana de origen español que integró el comité de campaña de Gustavo Petro y posteriormente ocupó cargos en la administración nacional, ya había comparecido ante la justicia por otros requerimientos.

En aquel primer testimonio, la exservidora pública relató que el ingreso del contratista Euclides Torres a las instalaciones de la Casa de Nariño figuró administrativamente bajo su despacho particular.

Esa comparecencia inicial obedeció puntualmente a una acción legal instaurada por un congresista perteneciente al Centro Democrático, quien solicitó esclarecer filtraciones de audios donde la exasesora mencionaba anomalías institucionales.

Sin embargo, la nueva apertura procesal concentra sus esfuerzos en verificar la veracidad técnica de los testimonios sobre las operaciones aéreas irregulares atribuidas a la cúpula estatal.

Las autoridades judiciales avanzan en la práctica de pruebas testimoniales para esclarecer las responsabilidades penales derivadas de estas revelaciones en el territorio nacional.

¿Qué dijo Eva Ferrer sobre narcotráfico de Verónica Alcocer?

Eva Ferrer formuló graves señalamientos contra la exprimera dama Verónica Alcocer, vinculándola con presuntas operaciones clandestinas de narcotráfico y transporte irregular de divisas en vuelos oficiales.

Durante una entrevista periodística, la excolaboradora gubernamental denunció el supuesto empleo reiterado de aeronaves del Estado colombiano para movilizar cargamentos de estupefacientes y paquetes de dólares hacia Venezuela.

Ferrer aseguró que coordinadores cercanos al círculo presidencial facilitaban los itinerarios aéreos internacionales para eludir los controles aduaneros habituales en los aeropuertos civiles del país.

Según sus declaraciones, las actividades ilícitas ocurrían amparadas por la investidura protocolaria y el estatus diplomático que rodeaba los desplazamientos de la entonces primera dama de la República.

La testigo manifestó que conserva copias de registros fotográficos, itinerarios precisos, fechas exactas y números telefónicos que corroboran sus afirmaciones sobre estos itinerarios sospechosos entre ambas naciones.

El representante legal de Ferrer, Jhony Batalla Mena, ratificó públicamente la existencia de este material probatorio documental ante los medios informativos en la capital colombiana.

Frente a la gravedad institucional de los testimonios divulgados, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal por conductas conexas al tráfico internacional de estupefacientes.

El ente acusador emitió una citación judicial obligatoria para recibir la declaración jurada de la denunciante y recepcionar todas las evidencias físicas bajo custodia procesal.

La defensa de Verónica Alcocer desestimó tajantemente las sindicaciones, calificándolas como afirmaciones infundadas orientadas a lesionar su buen nombre e integridad personal en Colombia.

El caso judicial continúa en etapa de indagación preliminar mientras los investigadores verifican las bitácoras de vuelo y la veracidad de los testimonios allegados al expediente.

Según detalló la ministra Gutiérrez, en al menos 19 de los procesos auditados no existía una justificación clara de necesidad ni sustento técnico suficiente para ampliar la nómina de contratistas, detectándose además funciones duplicadas y asignaciones arbitrarias de personal a dependencias de la entidad que ni siquiera habían solicitado dichos apoyos. Sin embargo, investigaciones de El Tiempo elevaron la cifra a 23 contratos por un valor superior a los 993 millones de pesos, todos tramitados mediante contratación directa por prestación de servicios. Entre las vinculaciones de mayor cuantía figuran las de la abogada María José Mengual Velásquez por 60 millones de pesos, la ingeniera María Fernanda Corrales por 60 millones y el ingeniero Milder José Mengual por 50 millones, contratos dirigidos a la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte (SND) con vigencia hasta diciembre.

Frente a la lluvia de cuestionamientos, la abogada Ketty Arias Ruidíaz, exdirectora encargada de la Dirección de Recursos y Herramientas del SND y firmante de los estudios previos y justificaciones de la mayoría de estos contratos, rompió el silencio en el citado medio para salir al paso a las denuncias de la nueva administración. “Esos contratos de prestación de servicios se elaboraron por la pertinencia de la necesidad. Yo firmo porque en ese momento estaba encargada de la Dirección luego de que la doctora Karol Gómez renunciara. La directora anterior había dejado un oficio manifestando que no daban abasto con la carga laboral por un déficit de personal”, sostuvo Arias al justificar la prisa por avalar las contrataciones a escasas horas del relevo presidencial.

Respecto a las acusaciones de la ministra Gutiérrez sobre la repetición de funciones y posible nómina paralela, la exfuncionaria del petrismo negó cualquier anomalía en el trámite y cuestionó los señalamientos de los organismos de control y del actual Ejecutivo. “Para algunos convenios solidarios era necesario contratar a varias personas para una misma función, como la liquidación. No entiendo por qué tienen que salir a satanizar o a desvirtuar cosas que eran necesarias en ese momento dentro de la entidad”, puntualizó Arias, asegurando que cuenta con el respaldo documental para defender la legalidad de los procesos ante las autoridades competentes

La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) alertó sobre el impacto de un eventual arancel del 83 % a las llantas para buses y camiones importadas de China, que incrementaría hasta en un 88,64 % su costo de importación.

La preocupación del sector es que Colombia depende de las importaciones para abastecer este mercado: el 80,73 % de las llantas comercializadas proviene del exterior y ocho de cada diez llantas importadas son de origen chino.

La producción nacional, por su parte, apenas cubre cerca del 5 % de la demanda. Un mayor costo de las llantas se traduciría directamente en mayores costos de operación para los transportadores, con posibles incrementos en las tarifas de los pasajes y los fletes.

Esto afectaría tanto a los usuarios del transporte intermunicipal como a las empresas que movilizan mercancías en el país. El resultado podría ser menos vehículos en circulación y mayores costos para los colombianos.

La propuesta de imponer estas medidas arancelarias surge de un proceso promovido por la ANDI en representación del fabricante nacional Goodyear, que argumenta presuntas prácticas de dumping en las importaciones de llantas chinas. La solicitud inicial de la ANDI planteó un derecho antidumping del 167,1 % durante 5 años.

Posteriormente, el Ministerio de Comercio del gobierno anterior propuso un arancel del 83 %, en medio de cuestionamientos del sector transportador por la falta de información que evidenciaría el impacto que tendría la medida en el transporte intermunicipal.

Ante este escenario, los transportadores esperan que la nueva administración de la ANDI revise los alcances de esta iniciativa y que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo evalúe el impacto económico y operativo de la medida antes de tomar una decisión.

Si bien ADITT advirtió que reconoce la importancia de proteger la industria nacional, agregó que la protección de un fabricante no puede traducirse en mayores costos para los transportadores y millones de colombianos.

¿Qué es la ADITT?

La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, identificada en el país bajo la sigla ADITT, agrupa y representa a las empresas del transporte de pasajeros por carretera.

Esta entidad gremial de carácter privado sin ánimo de lucro nació para defender los intereses corporativos de las compañías habilitadas formalmente ante el Ministerio de Transporte de Colombia.

Su radio de acción abarca el diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales, impulsando normativas claras que modernicen las flotas vehiculares y garanticen la sostenibilidad operativa del sector intermunicipal.

La organización lidera mesas de trabajo técnicas con la Superintendencia de Transporte y la Policía Nacional para combatir frontalmente la ilegalidad y la piratería en las carreteras nacionales.

Asimismo, ADITT promueve la renovación tecnológica en las empresas afiliadas mediante la implementación de sistemas inteligentes de monitoreo, telemetría y plataformas digitales seguras para la venta de pasajes.

El gremio capacita permanentemente a conductores y operadores de ruta en protocolos de seguridad vial, enfocándose en la reducción efectiva de la siniestralidad en los corredores viales colombianos.

Durante las temporadas festivas y vacacionales, la asociación articula planes de contingencia con las diferentes terminales de transporte para atender la alta demanda de usuarios en todo el territorio.

La agremiación también canaliza las preocupaciones de los empresarios del transporte terrestre frente a contingencias macroeconómicas como el costo de los combustibles, peajes y repuestos mecánicos importados.

En materia medioambiental, la entidad coordina programas de transición energética para incorporar gradualmente autobuses de bajas emisiones contaminantes en las rutas de media y larga distancia nacional.

ADITT consolida una vocación de servicio orientada a dignificar la movilidad colectiva, integrando regiones apartadas y facilitando la conectividad terrestre cotidiana de millones de viajeros colombianos.

El presidente colombiano ha aparecido recientemente en operativos de capturas con uniforme militar, situación sobre la que destapó la razón de fondo que lo motiva a esta vestimenta.

“Soy un soldado de la patria y me visto de soldado porque vine a servirle a Colombia”, aseguró en medio de su explicación durante una aparición en público en Roldanillo (Valle del Cauca) este miércoles 11 de noviembre de 2026.

El atuendo del mandatario ha estado bajo la lupa de propios y extraños, en particular, de los críticos que han emitido cuestionamientos por el uso de esas prendas de las autoridades.

De la Espriella se refirió al tema a propósito del anuncio sobre su viaje a Montería para la presentación de resultados de un bombardeo con una bomba de 450 kilos en el que advirtió que murieron presuntos integrantes del Clan del Golfo.

Las apariciones del Jefe de Estado se han convertido en uno de los sellos durante sus tres meses de mandato, que en poco llegarán a sus primeros 100 días en el principal cargo del país.

Uno de los principales mensajes que ha enviado en sus diferentes discursos es la lucha frontal contra los grupos criminales, con lo que ha descartado la continuidad de la denominada ‘paz total’ que lideró Gustavo Petro en el anterior mandato.

De hecho, son varias las determinaciones que se han asumido en el mencionado periodo de tiempo para empezar una política enmarcada en la seguridad en el territorio nacional.

Por lo mismo, su confrontación a los señalados delincuentes con la frase “bienvenidos a la patria milagro” es una carta de presentación que ha divulgado por medio de las redes sociales.

#ATENCIÓN | Desde Roldanillo, Valle, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que se han autorizado más de $347.416 millones para apoyar económicamente a los damnificados del terremoto. De estos recursos, cerca de $87.000 millones corresponden al Valle del Cauca y $65.000 millones a Cali.
@maironnoticias

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 11, 2026

¿Quiénes pueden usar uniforme militar en Colombia?

El ordenamiento jurídico de Colombia restringe de manera estricta el porte, fabricación y tenencia de prendas militares oficiales exclusivamente al personal activo de las Fuerzas Militares del país.

Esta exclusividad operativa abarca a los integrantes uniformados del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, quienes acreditan su condición mediante la tarjeta de identidad militar. Cabe recordar que el presidente es el comandante de estas instituciones.

Asimismo, los estudiantes inscritos formalmente en las escuelas matrices de formación de oficiales, suboficiales y soldados profesionales ostentan autorización legal para vestir los uniformes de gala y fatiga reglamentarios.

La normativa interna castiga a cualquier particular que porte elementos textiles distintivos, insignias, condecoraciones o camuflados oficiales sin pertenecer activamente a la estructura orgánica del Ministerio de Defensa Nacional.

El Código Penal colombiano tipifica este comportamiento delictivo en el artículo 346 bajo la figura de utilización indebida de uniformes e insignias de uso privativo de la fuerza pública.

Los jueces penales imponen penas de prisión que oscilan entre cuatro y ocho años de cárcel para quienes fabriquen, distribuyan, almacenen o vistan estas prendas con fines fraudulentos o delincuenciales.

La prohibición general contempla excepciones rigurosamente reglamentadas para veteranos y oficiales de la reserva activa de las armas, quienes pueden portar uniformes ceremoniales únicamente en desfiles patrios solemnes.

Para acceder a este permiso conmemorativo, el oficial o suboficial retirado debe solicitar una autorización escrita previa ante el comando de fuerza correspondiente, cumpliendo estándares estrictos de disciplina castrense.

Las empresas privadas de vigilancia y las compañías de producción cinematográfica deben registrar indumentarias con diseños, patrones cromáticos y distintivos radicalmente diferentes a los camuflados del Estado.

El Ministerio de Defensa mantiene fiscalizaciones periódicas sobre talleres de confección y almacenes comerciales para impedir la comercialización ilegal de textiles o insignias a personas no acreditadas.

De esta manera, el Estado salvaguarda la seguridad nacional, previene la suplantación de la autoridad legítima y garantiza el respeto por la soberanía en todo el territorio colombiano.

El prontuario de alias ‘Chapolo’ estaba marcado por denuncias de extorsión, amenazas constantes a campesinos y productores agrícolas, así como el control ilegal de las comunidades rurales. Desde hace varios meses, el seguimiento de las autoridades se centró en su actividad criminal. En julio de 2025, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, llegó a ofrecer una recompensa de hasta $100 millones, incrementada posteriormente a $300 millones, como incentivo para obtener información que permitiera su captura, de acuerdo con reportes oficiales. La presión aumentó en febrero de 2026, cuando el entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lo declaró objetivo de alto valor regional durante un consejo de seguridad en Ibagué y duplicó la recompensa a $200 millones, estableciendo además un plazo para que las fuerzas estatales intensificaran sus labores en busca de su detención, neutralización o sometimiento.

Además de extorsionar campesinos, cafeteros, comerciantes y ganaderos, las autoridades lo atribuían a mecanismos de control como la presunta carnetización ilegal de pobladores, ataques a la Fuerza Pública con drones armados, actividades relacionadas con la minería ilegal, homicidios y reclutamiento de personas. Según reportes militares, alias ‘Chapolo’ había permanecido unos 14 años en la organización, ocupando roles de dirección en actividades ilícitas en Tolima y Huila. Estos señalamientos, que incluyen delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas, hacen parte de investigaciones en curso, sin que exista una condena definitiva al respecto.

El 10 de noviembre de 2026, en el sector Pacarní, Huila, se registró el sometimiento de alias ‘Chapolo’, su compañera sentimental y tres integrantes más de su esquema de seguridad, quienes entregaron armamento, equipo de comunicación, drones y recibos relacionados con presuntos pagos extorsivos. El procedimiento lo coordinaron el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con fuentes oficiales.

La gobernadora Adriana Matiz y el secretario de Seguridad del Tolima, Alfredo Bocanegra, celebraron el resultado y subrayaron que es un avance para las comunidades bajo presión de los grupos armados. El presidente Abelardo De La Espriella resaltó que la acción estatal fue decisiva en este caso. El desafío ahora es evitar la reconfiguración del grupo y garantizar seguridad a las comunidades de la región, especialmente en municipios como Ataco, Chaparral, San Antonio y Rioblanco.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las autoridades ofrecían una recompensa tan alta por alias ‘Chapolo’?

La recompensa ofrecida por alias ‘Chapolo’ se debía a que las autoridades lo consideraban el principal cabecilla de la estructura Ismael Ruiz, con presunta responsabilidad en extorsiones sistemáticas, amenazas, homicidios, reclutamiento y control ilegal en varios municipios. Según datos de la gobernación y reportes del Ministerio de Defensa, su captura era fundamental para debilitar la estructura armada que afectaba el sur del Tolima y zonas del Huila.

¿Qué es la estructura Ismael Ruiz y cómo operaba en Tolima y Huila?

La estructura Ismael Ruiz, según información mencionada en el texto, forma parte del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc y estaba bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Esta organización se dedicaba a actividades criminales como extorsión, amenazas, homicidios y control ilegal de las actividades económicas en los territorios del Tolima y Huila, acciones que generaron una intensa presión institucional para acabar con su presencia.

Prieto Uribe, al ser notificado de los cargos, expresó no entender en qué momento habría incurrido en las conductas señaladas por la Fiscalía. No aceptó los cargos, mientras su defensa insistió en que la acusación carecía de detalles claros sobre el tiempo, modo y lugar de los hechos. Sin embargo, la jueza del caso ratificó que la Fiscalía sí precisó los delitos, el contexto de los hechos y el objetivo de la investigación, remarcando que el análisis probatorio debe hacerse en juicio y no durante la etapa de imputación.

La Fiscalía sostiene que el aporte de Odebrecht no fue reportado ante las autoridades electorales y superó los límites legales de financiación para campañas, permitiendo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobara los informes financieros de la campaña y autorizara el pago de 576 millones de pesos colombianos (COP) por reposición de votos. El informe presentado por Prieto Uribe registró gastos por más de 13.500 millones COP, sin reportar donaciones. La fiscal explicó que el enriquecimiento ilícito es consecuencia del fraude procesal, pues el ingreso injustificado de dineros se dio induciendo en error al CNE y la Registraduría Nacional del Estado Civil gracias a reportes financieros fraudulentos.

En contraste con este proceso, la Fiscalía archivó una investigación distinta relacionada con un contrato de 2015 entre Sancho BBDO y Odebrecht, concluyendo que allí los pagos sí estaban justificados y se prestaron los servicios pactados. No obstante, la investigación por el aporte de un millón de dólares vinculado con la campaña de 2014 sigue adelante y Prieto Uribe deberá enfrentar un juicio penal.

La defensa argumentó falta de claridad en los hechos, afirmando que no se estableció cómo ni cuándo se habría acordado o recibido el supuesto aporte. No obstante, la fiscal explicó que las reuniones clave ocurrieron en enero de 2014 y que la contratación con Paddington Ventures respondía a la necesidad de manejar fondos fuera de Colombia, específicamente en Panamá, lo que, según la Fiscalía, prueba la omisión en el reporte ante el CNE.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué José Roberto Prieto Uribe enfrenta cargos relacionados con la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014?

José Roberto Prieto Uribe enfrenta estos cargos porque, según la Fiscalía, habría gestionado un contrato de un millón de dólares para la campaña presidencial de 2014, ocultando tanto la fuente como el monto del aporte ante las autoridades electorales. Los fiscales argumentan que este dinero, presuntamente suministrado por Odebrecht a través de Paddington Ventures, permitió a la campaña superar los topes legales de financiación y lograr la aprobación de recursos por reposición de votos, incurriendo en posible fraude procesal y enriquecimiento ilícito.

¿Cuál es el papel de Odebrecht y de Paddington Ventures en la investigación contra Prieto Uribe?

De acuerdo con la Fiscalía, Odebrecht habría entregado recursos para la campaña a través de Paddington Ventures, una filial de la agencia Sancho BBDO con cuentas en el extranjero, en lugar de hacerlo directamente en Colombia. Esta estructura habría permitido que el pago no se reportara ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), omitiendo donaciones y gastos reales en los informes oficiales. La figura de Paddington Ventures resulta central en el proceso, al ser señalada como el vehículo para canalizar los recursos externos hacia la campaña.

Durante el desarrollo del espacio de debate, Bejarano le reprochó al congresista un presunto doble rasero dentro del movimiento político, cuestionando la razón por la cual en algunos casos se le otorga credibilidad inmediata a los testimonios de las víctimas mientras que en otros se opta por remitirlas exclusivamente a los estrados judiciales. La jurista increpó directamente a Cepeda sobre el impacto ético de mantener al exmandatario en la conducción de la coalición pese a la gravedad de los señalamientos presentados por una joven. Asimismo, la columnista cuestionó que en las recientes intervenciones del senador sobre el machismo dentro de la colectividad no se hubiera hecho una mención explícita al nombre del expresidente, advirtiendo que el feminismo no debe predicarse en abstracto sino aplicarse con rigurosidad frente a las situaciones particulares que comprometen a los líderes del partido.

 

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Frente a la ráfaga de cuestionamientos, el senador Cepeda rechazó que exista una postura de condescendencia o connivencia dentro del movimiento, asegurando que el caso debe desarrollarse bajo el rigor de una investigación judicial transparente y sin presiones. El congresista fue enfático en señalar que no se prestará a lo que catalogó como una estrategia mediática orientada a destruir políticamente al Pacto Histórico, recordando su trayectoria legislativa en la tipificación de la violencia contra la mujer como crimen de lesa humanidad para sostener que su compromiso con la causa no admite ambigüedades.

Pese a los roces durante la entrevista, el parlamentario sostuvo que la colectividad examinará internamente los elementos que surjan en el proceso y que, si se comprueban responsabilidades, cualquier integrante deberá asumirlas sin excepción alguna. Entre tanto, el expresidente Gustavo Petro ha reiterado su rechazo categórico a las acusaciones en su contra, insistiendo en que las denuncias forman parte de una campaña de un supuesto desprestigio político.

El encuentro congrega a delegaciones gubernamentales, organismos multilaterales, entidades de la sociedad civil, representantes del sector privado y especialistas internacionales para consensuar una hoja de ruta que garantice presupuestos suficientes, sostenibles y equitativos para el desarrollo temprano de la niñez en el hemisferio. Hay representantes de organizaciones que trabajan por la niñez en países de América Latina, entre ellos Colombia.

El punto de partida del foro internacional responde a una realidad estructural alarmante en materia de derechos humanos: la pobreza sigue marcando con severidad los primeros años de vida. De acuerdo con análisis conjuntos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en 2022 el 43,7 % de las niñas y los niños de 0 a 8 años en América Latina y el Caribe vivía en situación de pobreza, una cifra que superó en casi 15 puntos porcentuales el promedio de la población general de la región.

Para Ángela Constanza Jerez, coordinadora de Nacional de NiñezYa, escenarios como esta Cumbre sirven para elevar mensajes de urgencia y esperanza.

“Urgencia, porque cada segundo y cada minuto que pasan niñas y niños de nuestra región pierden o aprovechan las oportunidades para desarrollarse de manera integral. Una crisis afecta a millones de ellos, impidiendo ese desarrollo”, afirmó Jérez durante su intervención en el evento en México.

Esta es su intervención completa:

🧵Nuestra coordinadora nacional, @conniejerezz, participó, en representación de #SomosCrianza, en la jornada inaugural de la I Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia 2026, que se desarrolla en México.

Durante su intervención, habló de urgencia y esperanza. 🔽 https://t.co/N3ncNve3Um

— NiñezYA – Sociedad Civil por la Niñez (@Ninez_Ya) November 11, 2026

Brechas territoriales y rezago presupuestal

La persistencia de estas privaciones se evidencia en los panoramas internos de las naciones latinoamericanas. En Colombia, los indicadores más recientes sitúan al 12,7 % de las niñas y los niños de 0 a 5 años en condiciones de pobreza para el año 2025, lo que ratifica la urgencia de articular medidas que superen la fragmentación de la oferta estatal y protejan de manera blindada el bienestar infantil frente a los ciclos económicos.

Por su parte, en el país anfitrión, las cifras compiladas por el Pacto por la Primera Infancia con base en el INEGI señalan que, si bien el gasto público destinado al segmento infantil registró incrementos en la última década, en 2025 representó apenas el 0,61 % del Producto Interno Bruto (PIB) y un modesto 2,53 % del gasto público total. Este reducido margen presupuestal ilustra cómo los compromisos jurídicos con la niñez todavía se enfrentan a severas restricciones fiscales en las agendas nacionales.

A las deficiencias de financiamiento se suma el rezago en acceso efectivo a servicios esenciales de cuidado y aprendizaje. En la región, millones de niños crecen sin acceso a educación inicial o preescolar de calidad, condición que reproduce tempranamente las brechas de desigualdad y menoscaba su derecho inalienable a un desarrollo físico, emocional y cognitivo integral.

Una coalición multiactor orientada a la acción

La cumbre regional cuenta con la coorganización y respaldo técnico de diversas carteras y entidades clave. Entre los convocantes en México destacan la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de la AMEXCID, y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE SIPINNA).

A este esfuerzo institucional se suman el Pacto por la Primera Infancia A.C., la campaña global Act For Early Years, Somos Crianza, Save the Children México, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la organización Theirworld y UNICEF. La alianza refleja el consenso de que atender la primera infancia no puede concebirse como un gasto asistencial optativo, sino como una inversión prioritaria y de máxima rentabilidad social.

Hacia la Cumbre Global de 2027: compromisos y seguimiento

El resultado central previsto para las jornadas de trabajo en Ciudad de México es la adopción de una Declaración Regional sobre Financiamiento para la Primera Infancia. Dicho documento estará complementado por una matriz de compromisos nacionales, cuyo propósito es traducir las declaraciones de voluntad en planes programáticos medibles, con fuentes de financiamiento claramente asignadas y orientados al cumplimiento de metas concretas hacia 2030.

Este bloque de acuerdos constituirá la posición formal que América Latina y el Caribe llevará a la Cumbre Global de Financiamiento para la Primera Infancia de 2027. Dicha cita mundial será el hito culminante de la movilización Act for Early Years, impulsada a nivel planetario para acelerar el cumplimiento de la meta 4.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), relativa al acceso a desarrollo infantil y educación preescolar.

Para las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil congregada, la primera infancia representa la etapa fundacional en la que se definen las oportunidades de vida de una persona. El llamado de la cumbre es contundente: los Estados deben armonizar sus prioridades macrofiscales con sus obligaciones de derechos humanos, garantizando que el presupuesto público deje de ser una barrera y se convierta en la principal palanca de protección y dignidad para la niñez.

Así lo determinó un informe técnico de la Aeronáutica Civil, conocido por El Tiempo, que atribuyó la contingencia a la degradación de la red durante unas pruebas realizadas por personal de la entidad.

El incidente comenzó a las 5:39 p. m., cuando varias posiciones operativas reportaron el congelamiento de las pantallas de radar. Aunque los servidores principales funcionaban con normalidad y se aplicaron medidas de redundancia, las pantallas permanecieron bloqueadas durante 16 minutos.

Los técnicos identificaron problemas de latencia, demoras para establecer conexiones e imposibilidad de ejecutar comandos remotos entre estaciones de trabajo.

El informe señala que las pruebas en las redes LAN 1 y LAN 2 no fueron coordinadas previamente con los equipos responsables de la operación aérea ni contaron con una evaluación conjunta de riesgos.

Hacia las 9:00 p. m. se presentó un nuevo congelamiento parcial mientras se incorporaban servicios asociados a San Andrés.

Al suspender las pruebas y desconectar esos servicios, las pantallas se estabilizaron inmediatamente. Aunque el sistema ya funciona con normalidad, la Aerocivil analiza lo ocurrido para establecer medidas preventivas y mejorar la coordinación entre sus áreas técnicas y operativas.

García declaró a El Nuevo Día que asume este momento con tranquilidad, convencido de que “cuando uno hace las cosas bien, las cosas tienen que resultar bien”. El representante insiste en que su triunfo electoral fue legítimo y surgido de una campaña sin prácticas de clientelismo ni corrupción, defendiendo así la transparencia de su llegada al Congreso. Además, afirmó que, aunque está preparado para cualquier resultado judicial, le preocupa la posibilidad de que el fallo tenga motivaciones políticas y no jurídicas. Según sus palabras, “ganamos en las urnas, en democracia y nos parece que eso no puede ser burlado, pero igual estamos tranquilos”.

La demanda, presentada por el ciudadano Javier Rodríguez Figueroa, cuestiona la legitimidad en la inscripción de la lista de la coalición Pacto Verde. El objetivo del proceso es establecer si se cometieron irregularidades que afecten la legalidad de la elección. La audiencia que definirá el caso está prevista para las 8:30 de la mañana en la Sección Quinta del Consejo de Estado, y el fallo podría impactar las dos curules que hoy ocupa la coalición en la Cámara de Representantes.

En paralelo al proceso de García, también hubo novedades respecto a Marco Emilio Hincapié, quien junto a García representa al Tolima en la Cámara por la coalición Pacto Verde. El pasado 5 de noviembre, de acuerdo con El Nuevo Día, la Sección Quinta del Consejo de Estado falló a favor de Hincapié en otro proceso judicial que cuestionaba su elección por una supuesta inhabilidad relacionada con el cargo que desempeñaba su padre en Coljuegos. Este desenlace fue celebrado por integrantes de la coalición, como el concejal de Ibagué, Andrés Zambrano, quien espera que los procesos pendientes se resuelvan conforme a la Constitución y la ley.

En este contexto, la decisión del Consejo de Estado será clave para aclarar el futuro de la representación política del Tolima en el Congreso y el desenlace de la controversia legal que pone en suspenso las curules del departamento.

¿Cuál es el proceso judicial que enfrenta Renzo García por la coalición Pacto Verde en el Tolima?

Renzo García, representante a la Cámara por el Tolima, enfrenta un proceso judicial ante la Sección Quinta del Consejo de Estado. La demanda, interpuesta por el ciudadano Javier Rodríguez Figueroa, cuestiona la inscripción de la lista de la coalición Pacto Verde, buscando determinar si hubo irregularidades que pongan en duda la legalidad de la elección de sus representantes.

¿Qué consecuencias puede tener la decisión del Consejo de Estado sobre las curules del Tolima en la Cámara de Representantes?

La decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado podría afectar de manera directa las dos curules en la Cámara de Representantes que actualmente ocupa la coalición Pacto Verde por el Tolima. Dependiendo del fallo, estas podrían quedar en firme o verse anuladas, modificando así la representación política del departamento en el Congreso.

El movimiento de Ana Lucía Pineda ha desencadenado preguntas sobre el papel concreto que desempeñan las primeras damas, considerando que su posición no es producto de una elección popular y, por lo tanto, su legitimidad en escenarios internacionales podría estar sujeta a discusión. Sin embargo, la participación de figuras como ella en eventos protocolarios suele ser vista como un apoyo a la gestión diplomática del estado que representan. En este caso, su asistencia a un acto tan simbólico como la bienvenida a un jefe religioso mundial se interpreta como un gesto de cercanía y respaldo institucional al gobierno anfitrión, encabezado por Fujimori.

Un aspecto que ha generado particular atención en la opinión pública es quién financia los viajes internacionales de la primera dama. La Cancillería aclaró que, para esta ocasión, todos los gastos relacionados con el desplazamiento de Ana Lucía Pineda serán cubiertos con recursos personales, lo cual busca despejar cualquier duda sobre el uso de dinero estatal en viajes de personas asociadas al gobierno pero que no ostentan un cargo oficial. Esta aclaración resulta significativa, ya que, tradicionalmente, los gastos de viáticos y logística en este tipo de comitivas pueden estar sujetos a controversias y revisiones por parte de la Contraloría o la opinión pública.

La invitación cursada por Keiko Fujimori a los líderes de la región pone en evidencia la importancia simbólica de este encuentro, al que también asiste la primera dama. Aunque aún se mantienen debates sobre la representatividad y el alcance de sus funciones, tanto la asistencia de Ana Lucía Pineda como los detalles logísticos de su viaje han sido objeto de verificación y transparencia por parte de las autoridades involucradas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la primera dama Ana Lucía Pineda fue invitada por Keiko Fujimori a Perú?

De acuerdo con la información disponible, Ana Lucía Pineda fue invitada a Perú por la presidenta Keiko Fujimori para participar en el acto de recibimiento del papa León XIV. Esta invitación se extendió también a otros jefes de Estado de la región, lo que respalda el carácter protocolario y de alto nivel del evento, en el cual la presencia de la primera dama adquiere un valor simbólico y de representación diplomática.

¿Quién paga los gastos de los viajes internacionales de la primera dama Ana Lucía Pineda?

Según confirmó la Cancillería, el viaje de Ana Lucía Pineda a Perú será financiado con recursos propios, es decir, no se emplearán fondos públicos ni dineros estatales para cubrir los gastos asociados al desplazamiento. Esta decisión responde a los interrogantes sobre el uso de recursos oficiales para personas que, aunque vinculadas al gobierno, no ejercen un cargo de elección popular.

El incidente fue observado por varios ciudadanos, quienes dieron aviso inmediato de la emergencia. El registro audiovisual y las narraciones de quienes se encontraban cerca permitió dimensionar el alcance del incendio, que se propagó sobre el material del hipopótamo. El testigo citado por El Nuevo Día relató: "Estaban haciendo una figura de un hipopótamo y entonces estaban soldando, salieron chispas y comenzó a quemar el hipopótamo y fue avanzando la conflagración", enfatizando la rapidez con la que avanzó el fuego y la imposibilidad de controlarlo en los primeros instantes.

Ante este panorama, la situación generó preocupación entre los habitantes y trabajadores del sector. Las imágenes y reportes enviados por la ciudadanía muestran la magnitud del incendio y el temor que generó la emergencia, registrada en una vía concurrida como la calle 24. Hasta el momento, no existe un informe oficial sobre daños materiales ni la confirmación de personas heridas. Se aguarda el pronunciamiento de los organismos de emergencia para conocer con precisión tanto las afectaciones como la causa exacta del incendio.

La información proporcionada por El Nuevo Día se centra en los testimonios de los presentes y en los reportes ciudadanos, enfatizando que, aunque la emergencia logró ser reportada rápidamente, continúa la incertidumbre sobre los daños y las posibles consecuencias derivadas del incidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el incendio en la calle 24 de Ibagué durante la elaboración de una figura?

El incendio en la calle 24 de Ibagué se desató mientras varios trabajadores fabricaban una figura de hipopótamo con labores de soldadura. Según testimonios recopilados por El Nuevo Día, algunas chispas generadas durante el procedimiento provocaron que el material de la figura prendiera fuego, lo que desencadenó la rápida propagación de las llamas y la emergencia que preocupó a los ciudadanos del sector.

¿Se conocen los daños o heridos por el incendio de la figura de hipopótamo en Ibagué?

Hasta ahora, no existe un reporte oficial sobre daños materiales ni información confirmada sobre personas lesionadas como consecuencia del incendio en la calle 24 de Ibagué. Los reportes ciudadanos y testigos consultados por El Nuevo Día señalan la magnitud del hecho, pero se espera el informe definitivo de los organismos pertinentes para establecer el impacto exacto del suceso.

La persona afectada fue identificada como Dina María Acero. La mujer recibió heridas producto de la detonación y debió ser trasladada para recibir atención médica. Aunque se desconocen detalles sobre la gravedad de sus lesiones, el hecho de que la explosión se haya presentado en una zona habitada encendió las alertas de la comunidad y de los organismos de socorro.

Luego del incidente, las autoridades respondieron con rapidez. Unidades de los cuerpos de socorro y miembros de la Policía Nacional arribaron al sitio para controlar la emergencia, verificar que el lugar no representara más riesgos y revisar la condición de las viviendas que se encuentran en el entorno inmediato de la polvorería. Los uniformados procedieron con labores de inspección con el propósito de descartar daños adicionales y garantizar la seguridad de los residentes.

Hasta el momento, según lo reportado, no se ha precisado la causa exacta que provocó esta explosión. Las autoridades aún adelantan las investigaciones necesarias para determinar el motivo de la detonación y poder establecer el impacto total de la emergencia.

Este tipo de situaciones vuelve a poner sobre la mesa los peligros inherentes al almacenamiento y manipulación de pólvora dentro de contextos urbanos y habitacionales. El episodio, recogido por medios locales como El Nuevo Día, pone en evidencia la preocupación recurrente de las comunidades frente a actividades que, pese a su regularidad en algunas zonas, pueden poner en riesgo la integridad de quienes habitan en el sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué daños materiales dejó la explosión en la polvorería San Martín de Guamo?

De acuerdo con los reportes iniciales, la explosión en la polvorería San Martín causó daños materiales no solo en el establecimiento afectado, sino también en áreas cercanas. Las autoridades realizaron verificaciones en las viviendas vecinas para identificar y cuantificar las afectaciones originadas por la detonación, aunque aún no se ha divulgado una cifra exacta sobre el alcance de la destrucción.

¿Cuál es el riesgo de tener polvorerías en zonas residenciales como las de Guamo, Tolima?

Según lo documentado por El Nuevo Día, emergencias como la ocurrida en la polvorería San Martín resaltan los peligros que supone el almacenamiento y manejo de pólvora en sectores habitados. Estos riesgos no solo afectan a los trabajadores y propietarios de los establecimientos, sino que también comprometen la seguridad y tranquilidad de los residentes que viven en las inmediaciones.

Los municipios seleccionados —Arbeláez, Junín, La Mesa, La Vega, Manta, Medina, Pacho, Zipaquirá, Tibacuy, Útica, Sibaté y Silvania— han enfrentado históricamente dificultades en el acceso y calidad de los servicios de saneamiento y provisión de agua potable, lo cual afecta redes sanitarias y la salud pública local. Frente a esa problemática, el departamento invertirá más de COP 80.500 millones en distintos proyectos, con una expectativa de beneficiar a más de 200.000 habitantes, de acuerdo con estimaciones oficiales recogidas por El Espectador.

Según la Gobernación, estas obras forman parte de los planes para reducir brechas en el acceso a servicios públicos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Cundinamarca. Sin embargo, los resultados dependerán del cumplimiento de los tiempos programados y del respeto por los estándares técnicos exigidos para que la infraestructura funcione correctamente. El gobernador Jorge Emilio Rey resaltó que estos desarrollos permitirán modernizar y aportar al progreso de los territorios, tanto en zonas urbanas como rurales, y que, aunque las intervenciones puedan acarrear dificultades temporales durante la construcción, sus beneficios serán relevantes en el mediano y largo plazo.

Durante el anuncio, la Gobernación pidió a los alcaldes asumir la supervisión de los proyectos en sus municipios. Esto incluye vigilar la labor de los contratistas y procurar una ejecución ágil y de calidad, minimizando los impactos en el comercio, el turismo y la movilidad local durante la fase de obras. Empresas Públicas de Cundinamarca será la institución encargada de proporcionar acompañamiento técnico en todo el proceso, lo cual, de acuerdo con la administración departamental, busca asegurar mejores resultados.

Tras la formalización de los convenios y contratos, los municipios entran en una etapa de definición de prioridades, en la que se determinará la distribución detallada de recursos, así como cuál necesidad de infraestructura sanitaria o abastecimiento de agua se abordará en cada territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles municipios de Cundinamarca recibirán inversión para acueducto y alcantarillado?

Los municipios que se beneficiarán de los proyectos de mejoramiento de acueducto y alcantarillado son Arbeláez, Junín, La Mesa, La Vega, Manta, Medina, Pacho, Zipaquirá, Tibacuy, Útica, Sibaté y Silvania, según lo informado por El Espectador. Estas localidades enfrentan históricas dificultades en acceso a servicios públicos, por lo cual fueron incluidas en la inversión liderada por la Gobernación de Cundinamarca.

¿Cuál es la función de Empresas Públicas de Cundinamarca en los nuevos proyectos de saneamiento?

Empresas Públicas de Cundinamarca estará a cargo de proporcionar acompañamiento técnico a los proyectos de acueducto y alcantarillado, según la Gobernación departamental y lo reportado por El Espectador. Su labor será clave para garantizar que la ejecución de las obras cumpla con los requisitos técnicos y se logren los objetivos de mejorar el acceso a servicios básicos en las distintas zonas intervenidas.

La apoteosis que Bolívar vivió en Lima, especialmente después del triunfo de Antonio José de Sucre en Ayacucho contra los realistas, parecía efímera frente al escenario político hostil y fragmentado que lo esperaba en el norte. Su sueño de una gran confederación entre Colombia, Perú y Bolivia —esta última nación nombrada en su honor— chocaba con la dura realidad: la pobreza provocada por la guerra, la anarquía de los caudillos y la falta de visión política sostenible.

En ese contexto, Bolívar impulsó la Constitución boliviana, una carta política centralista y con tintes monárquicos, a la que Santander se resistía, esgrimiendo la Constitución de Cúcuta y su respaldo como vicepresidente. Mientras tanto, el Congreso que funcionaba en Bogotá era cada vez más escenario de disputas. El artículo de El Espectador resalta que Santander no solo había obstaculizado la aventura militar de Bolívar en el Perú desde 1821, sino que instigó la destitución de Bolívar en 1824, aunque el liderazgo de Sucre y la dictadura peruana le permitieron sortear ese revés.

La relación se tensó hasta convertirse en algo meramente protocolario en 1826, agravada por crisis como la del reclutamiento fallido de venezolanos bajo José Antonio Páez. La negativa de Páez y su posterior rebelión desencadenaron la separación de Venezuela, causando a Bolívar una profunda herida política. Santander, según el texto, maniobraba políticamente y buscaba debilitar la visión centralista de Bolívar, defendiendo los principios de la Constitución de Cúcuta.

Las semanas siguientes al encuentro de Tocaima reflejaron el deterioro: Bolívar pasó fugazmente por Bogotá antes de centrarse en reconciliarse con Páez en Venezuela, mientras Santander esperaba sanciones que nunca llegaron. La ruptura personal y política entre ambos líderes no tardó en transformarse en abierta hostilidad, con intercambios epistolares llenos de acusaciones, resquemor y advertencias, preludiando la crisis que culminaría en la Conspiración Septembrina de 1828.

Por una vez, desde la cálida Tocaima, el viento sopló gélido sobre el destino de la república, como ilustra el recuento de estos hechos por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue tan importante el encuentro entre Bolívar y Santander en Tocaima en 1826?

El encuentro entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander en Tocaima fue crucial porque simbolizó la culminación de las tensiones internas que amenazaban el proyecto de la República de Colombia, según El Espectador. Este momento expuso la profunda división ideológica y personal entre ambos líderes, lo que anticipó la ruptura definitiva de la unión, la pérdida de Venezuela y el colapso del sueño bolivariano de integración suramericana.

¿Qué diferencias había entre la Constitución boliviana de Bolívar y la Constitución de Cúcuta defendida por Santander?

La Constitución boliviana, promovida por Bolívar, proponía un sistema extremadamente centralista y autoritario con un presidente vitalicio, senado y vicepresidencia hereditarias y nuevos cuerpos como tribunos y censores. Por su parte, la Constitución de Cúcuta, defendida por Santander, respaldaba un modelo más republicano y pluralista, limitando el poder presidencial y garantizando la división política de los territorios integrantes de la república.

De acuerdo con los reportes compartidos, la pérdida de control del conductor fue el detonante principal del accidente. El hecho se registró en una zona transitada, lo que causó expectación entre quienes circulaban por el corredor vial. Al lugar del siniestro llegaron rápidamente unidades de la Policía, encargadas de atender la situación y realizar el control de tráfico. Además, una ambulancia se hizo presente, aunque posteriormente se retiró tras constatar que no había personas lesionadas, por lo que el accidente no habría dejado víctimas ni heridos.

Uno de los aspectos que generó mayor interés durante la atención del percance fue la posible embriaguez del conductor. Testigos y fuentes en el sitio mencionaron la sospecha de que el conductor de la camioneta estaría bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, hasta el momento, no se ha conocido información oficial que lo confirme ni resultados de pruebas de alcoholemia, por lo que no se puede afirmar esta condición de manera definitiva, de acuerdo con lo publicado por El Nuevo Día.

Por ahora, las circunstancias exactas que llevaron a la salida de la vía siguen sin esclarecerse, y se desconoce qué factores puntuales ocasionaron que el conductor perdiera el control del vehículo. Aunque el incidente podría haber tenido consecuencias graves, afortunadamente la camioneta terminó en el canal de aguas lluvias sin provocar personas afectadas. El caso se mantiene bajo la atención de las autoridades, quienes buscan establecer las causas precisas de este insólito hecho vial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el accidente de tránsito cerca del aeropuerto de Ibagué?

El accidente involucró a una camioneta Kia Sportage que quedó dentro de un canal de aguas lluvias después de salirse de la carretera, en las cercanías de la primera glorieta del aeropuerto de Ibagué. No se reportaron personas lesionadas y las autoridades atendieron el caso en el sitio, pero aún no hay claridad total sobre las causas del percance.

¿El conductor del accidente en Ibagué estaba bajo los efectos del alcohol?

La posibilidad de que el conductor estuviera bajo los efectos del alcohol surgió durante la atención del accidente; sin embargo, hasta el momento, no hay información oficial ni resultados de pruebas de alcoholemia conocidos que permitan confirmar dicha sospecha, según El Nuevo Día.

El comunicado cita la más reciente decisión del Consejo de Estado, tomada el lunes 9 de noviembre, en la que fue rechazada una demanda promovida por Sergio Álzate González y el concejal Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como ‘Gury’, quienes buscaban la nulidad de las curules tanto de Iván Cepeda como de la representante a la Cámara Aida Quilcué Vivas. En consecuencia, el senador enfatizó que las demandas ante el Consejo de Estado “no acreditan un solo acto de violencia, presión, y menos aún que la voluntad de los electores se haya alterado como consecuencia de violencia ejercida por grupos armados ilegales”, desmintiendo que su campaña haya estado marcada por este tipo de delitos.

Cepeda también mencionó que la postura del Consejo de Estado coincide con la de la Misión de Observación Electoral, entidad que no encontró una correlación estadísticamente significativa entre la presencia de grupos armados y los resultados electorales en la segunda vuelta presidencial celebrada el 21 de junio. Además, el senador denunció que el discurso sobre el “voto fusil” constituye una acusación sin fundamento impulsada por sectores de extrema derecha como herramienta de persecución política, con el fin de descalificar la validez del respaldo ciudadano en las urnas.

Finalmente, Iván Cepeda rechazó nuevas versiones sobre supuesta manipulación de resultados mediante la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y defendió la transparencia de su campaña. Un análisis de los municipios donde existen Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) muestra que Cepeda ganó en 121 de 167 localidades, mientras que De la Espriella fue el vencedor en las otras 46, territorios caracterizados por altos niveles de violencia y ausencia estatal, según información contenida en el comunicado.

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¿Qué significa el ‘voto fusil’ en el contexto electoral de Colombia?

El término ‘voto fusil’ hace referencia a una tesis que sostiene la existencia de presión o coacción de grupos armados ilegales para incidir en los resultados electorales a favor de ciertos candidatos en regiones con presencia de estos actores. Según Iván Cepeda, esta interpretación carece de pruebas y ha sido utilizada como instrumento político para desacreditar campañas opositoras, de acuerdo con los datos presentados por el propio congresista.

¿Por qué el Consejo de Estado ha rechazado las demandas sobre el ‘voto fusil’?

El Consejo de Estado ha inadmitido o rechazado las demandas sobre el ‘voto fusil’ porque los demandantes no han presentado pruebas claras de afectación electoral ni acreditaron actos de violencia o constreñimiento que alteraran la voluntad del electorado, como consta en las decisiones comunicadas por Iván Cepeda en su comunicado de prensa.

Cali, por su parte, se convierte en el epicentro de la cultura artística con el Festival Internacional de Ballet entre el 11 y el 15 de noviembre, en el Teatro al Aire Libre Los Cristales. De acuerdo con la información difundida, el evento asegura entrada gratuita y un despliegue de siete compañías de seis países, reuniendo a más de 180 artistas. Bajo el lema “¡Danza la Esperanza!”, el festival rinde homenaje a las víctimas del terremoto, afianzando la memoria colectiva y el papel del arte como vía para afrontar tragedias.

En otro aspecto, la capital de Nariño, Pasto, enfrenta preocupación debido a cambios en la distribución de gasolina provocados por la entrada en operación de la planta Petronar en Chachagüí. Los transportadores advierten que la compensación del seis por ciento para movilizar el combustible hacia Pasto no cubriría los costos del traslado, lo que podría derivar en un posible desabastecimiento y afectar el normal abastecimiento en la región.

Por otra parte, la Bienal de Arte de Cali 2026, bajo el tema ECOBIODIVERSIDAD: El arte como voz de la naturaleza, invita a vivir una experiencia desde el 11 hasta el 19 de noviembre. Este encuentro, según la información suministrada, busca mostrar cómo el arte contemporáneo refleja la riqueza natural y la relación con el medio ambiente, posicionando a la ciudad como referente en manifestaciones culturales respetuosas con la naturaleza.

Finalmente, la Gobernación del Valle del Cauca intervino cuatro kilómetros de la vía principal de Sevilla, en el interior del municipio, desde el parque central hasta la salida a Caicedonia. Estas obras, según los datos presentados por 90 Minutos, pretenden mejorar la movilidad, brindar mayor seguridad y estimular el comercio y el turismo local, evidenciando el impacto de la infraestructura en el desarrollo regional.

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¿Cómo impacta la construcción del intercambiador vial en Tuluá en la movilidad de la ciudad?

La construcción del intercambiador vial en la carrera 40 de Tuluá, según lo reportado por 90 Minutos, tiene como objetivo mejorar de manera significativa la movilidad urbana. Al facilitar los accesos a distintos sectores, permite reducir los tiempos de desplazamiento y contribuye a que la ciudadanía experimente mayor fluidez en sus trayectos diarios.

¿Por qué el Festival Internacional de Ballet en Cali rinde homenaje a las víctimas del terremoto?

De acuerdo con 90 Minutos, el Festival Internacional de Ballet, desarrollado en Cali, escoge como lema “¡Danza la Esperanza!” y dedica su edición a las víctimas del terremoto. El evento utiliza la danza como un mecanismo de homenaje y memoria colectiva, reafirmando el papel del arte en la resiliencia social ante acontecimientos traumáticos.

Las circunstancias que rodean el hecho generan profunda preocupación, no solo por la seguridad de la víctima sino también por las implicaciones en torno a la presencia de grupos ilegales en la región. Según el pronunciamiento citado, existe una hipótesis inicial sobre la posible intervención del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en este secuestro. Sin embargo, el propio De la Espriella fue enfático al señalar que esta versión aún está en proceso de verificación, subrayando la prudencia con la que se manejan los datos y la prioridad de confirmar cualquier señalamiento antes de hacerlo público.

En palabras textuales recogidas por De la Espriella, se ha ordenado "emplear todas las capacidades del Estado para dar con su paradero, rescatarla sana y salva y llevar a los responsables ante la justicia". Además, el dirigente manifestó su solidaridad con el alcalde de Uribia y sus familiares, reconociendo la gravedad del impacto que este episodio tiene en la vida pública y comunitaria del municipio.

Por el momento, la atención de las autoridades se centra en ubicar a la mujer y asegurar que no cruce la frontera, mientras continúan las labores de inteligencia y control en la región. Este caso evidencia, como han señalado medios como El Nuevo Día, la vulnerabilidad que enfrenta La Guajira respecto a hechos de violencia y la presión constante que representan los pasos fronterizos para la seguridad local. La investigación sobre la participación del ELN y la reconstrucción detallada del secuestro permanecen abiertas, a la espera de que las medidas adoptadas permitan esclarecer lo ocurrido.

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¿Qué acciones tomaron las autoridades tras el secuestro de la esposa del alcalde de Uribia?

Las autoridades, siguiendo las directrices de Abelardo de la Espriella, activaron el despliegue completo de la Fuerza Pública y un plan candado en La Guajira. Estas medidas buscan evitar que los secuestradores trasladen a la víctima hacia Venezuela, haciendo un cerco en la región fronteriza y empleando todos los recursos estatales al alcance para ubicarla rápidamente.

¿Cuál es la hipótesis sobre la participación del ELN en el secuestro de Uribia?

Según declaraciones recogidas por De la Espriella, hay información preliminar que apunta a una posible intervención del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo armado ilegal. Sin embargo, esta hipótesis está en proceso de confirmación y, por ahora, no existe una certeza total sobre la autoría, por lo que las investigaciones continúan enfocadas en esclarecer todas las dudas sobre los responsables.

La decisión, anunciada el 10 de noviembre de 2026, obliga a la entidad a implementar soluciones inmediatas para garantizar que sus afiliados reciban los tratamientos formulados y evitar interrupciones que puedan poner en riesgo su salud.

La orden establece atención prioritaria para pacientes con riesgo vital y personas con protección reforzada, entre ellas niños, adolescentes, mujeres gestantes, pacientes con cáncer, VIH, personas trasplantadas y quienes padecen enfermedades huérfanas.

Además, Sanitas deberá documentar cada reclamación por falta de medicamentos, informar el estado de los casos, demostrar las fechas de entrega efectiva y presentar los soportes de cumplimiento.

También tendrá que reportar los avances de su plan de acción ante el organismo de vigilancia.

Por su parte, la EPS informó que trabaja en estabilizar su operación farmacéutica en Bogotá, donde Colsubsidio asumió el servicio desde el 1 de noviembre.

Según su balance, se han entregado 226.078 medicamentos, dispensado 119.116 fórmulas y realizado 4.317 entregas a domicilio, con una efectividad del 88 %. La Supersalud continuará vigilando el cumplimiento de las medidas.

De acuerdo con los reportes oficiales, la Policía reaccionó rápidamente tras conocer el secuestro, implementando un plan candado, una táctica policial destinada a restringir movimientos y salidas en la zona de los hechos, con el objetivo de impedir que los responsables pudieran fugarse del área. Las fuerzas policiales, en coordinación con el propio alcalde Buitrago García, se encuentran verificando las circunstancias en las que se desarrolló el secuestro y adelantando investigaciones para esclarecer los hechos.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el secuestro por medio de sus redes sociales, informando que, desde el inicio, impartió la orden de desplegar completamente la fuerza pública y activar el plan candado en toda la región. Según el mensaje del jefe de Estado, citado por El Espectador, el objetivo principal es evitar que los secuestradores crucen la frontera y lleven a la víctima hasta territorio venezolano, una preocupación que incrementa la gravedad del caso por la cercanía geográfica de Uribia con el vecino país.

Además, el presidente señaló que, con base en las primeras versiones de lo ocurrido, se sospecha la participación del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en el secuestro. No obstante, el mandatario subrayó que esta información se encuentra en proceso de verificación por parte de las autoridades competentes, por lo que hasta el momento se mantiene como una hipótesis que está siendo evaluada con cautela.

El gobierno aseguró que están empleando todas las capacidades institucionales del Estado colombiano para hallar el paradero de Gómez Sánchez, rescatarla en buenas condiciones de salud y capturar a los responsables. El presidente, además, expresó "toda mi solidaridad con el alcalde de Uribia y su familia en estos momentos de angustia", enfatizando el apoyo institucional y humano en una coyuntura que vulnera no solo a una familia, sino también la seguridad y tranquilidad de la comunidad.

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¿Quién es Nancy Yaneth Gómez Sánchez y por qué su secuestro ha causado conmoción en Uribia?

Nancy Yaneth Gómez Sánchez es la esposa de Jaime Luis Buitrago García, alcalde de Uribia. Su secuestro ha generado preocupación y consternación en el municipio porque afecta directamente a la familia del principal líder local y pone en evidencia riesgos relacionados con la seguridad, según confirmó El Espectador.

¿Qué es un plan candado y cómo se aplicó en el caso del secuestro en Uribia?

Un plan candado es una estrategia de seguridad utilizada por la Policía para restringir el tránsito y controlar accesos con el fin de evitar que los delincuentes escapen de una zona. En el caso de Uribia, de acuerdo con lo reportado por El Espectador, este plan fue activado tras el secuestro de Gómez Sánchez para impedir que los secuestradores salieran del área o intentaran cruzar la frontera, incrementando así las posibilidades de rescatar a la víctima.

La controversia se originó a raíz de los cambios introducidos mediante la Resolución 1589 del pasado 2 de octubre de 2026, la cual modificó los requisitos para ocupar cargos directivos en el ICANH —máxima autoridad arqueológica del país— ampliando el espectro de disciplinas válidas (incorporando profesiones como derecho y economía, históricamente ajenas a la antropología pura) y reduciendo la experiencia exigida de 72 a 48 meses. El estudio técnico fue adelantado por el Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano sin especificar bases de evaluación. Altas fuentes del Ministerio de Cultura confirmaron que la titular de la cartera, Paola Holguín, se había opuesto firmemente a estas modificaciones e incluso había recomendado no llevarlas a cabo, advirtiendo que los ajustes impactarían hasta en ocho puestos directivos, permitiendo por ejemplo la llegada del abogado José Hernán Muriel a la Subdirección de Investigación y Producción Científica.

Camilo Noguera Pardo, formado como abogado en la Universidad Sergio Arboleda, doctor en Bioética y con posdoctorados en Italia, había alcanzado un ascenso acelerado en la administración pública tras asumir como viceministro de Educación Superior el pasado 12 de agosto y postularse tres semanas atrás para liderar el ICANH. Su perfil familiar y político también rodeaba el nombramiento: es nieto de Camilo Andrés Noguera Abello —director del partido Defensores de la Patria y representante presidencial ante cinco universidades públicas— y exyerno del actual ministro del Interior, Alejandro Ordóñez.

Ante los hechos, el jefe de Estado emitió una tajante advertencia a través de sus canales oficiales, sentando una postura inflexible frente a los manejos administrativos en las entidades descentralizadas. “Aunque el ICANH es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura y goza de autonomía administrativa, eso no significa que puedan adelantarse decisiones de esta naturaleza. Mi instrucción ha sido clara: en el Gobierno del Tigre no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos. Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi gobierno”, aseveró el mandatario. “He decidido revocar la designación de Noguera Pardo y disponer la salida inmediata del director encargado, Javier Estrada. ¡Aquí nadie está por encima de las reglas! ¡Y nadie tiene autorización para actuar a espaldas de sus superiores!”, concluyó.

De acuerdo con información obtenida de testigos y las primeras versiones conocidas, los dos individuos habrían llegado al lugar en motocicleta. Mientras uno de ellos permanecía sobre la carrera Quinta, el otro se dirigió al área donde se encontraba estacionado el vehículo con la aparente intención de forzar los candados de seguridad. El propietario, un joven deportista que se hallaba en ese momento dentro del escenario deportivo, notó la situación y decidió intervenir.

La reacción del joven y la de sus compañeros fue inmediata. Al darse cuenta del intento de hurto, salieron a enfrentarse con los presuntos delincuentes. La confrontación subió de tono cuando un ciudadano logró derribar, de una patada, a uno de los hombres que intentaba huir. En ese momento, los golpes continuaron y la situación se desbordó, mientras que uno de los involucrados logró escapar de la multitud, el otro quedó retenido por varias personas presentes en el sitio.

La indignación entre los testigos no desapareció tras la golpiza; al contrario, creció y derivó en la incineración de la motocicleta que, presuntamente, pertenecía a los hombres señalados de intentar el robo. El vehículo terminó totalmente calcinado, en medio de la vía, lo que incrementó la tensión vivida en ese concurrido sector de la capital del Tolima. Finalmente, el hombre que recibió la golpiza fue atendido por uniformados de la Policía que lo trasladaron al hospital Federico Lleras Acosta, donde recibió atención médica. Su acompañante logró darse a la fuga.

Este episodio no solo dejó escenas de confusión y violencia, sino que además reactivó el debate sobre los altos niveles de inseguridad, la respuesta ciudadana y los riesgos implícitos en tomar la justicia por mano propia, de acuerdo con los hechos descritos por El Nuevo Día.

¿Por qué los ciudadanos de Ibagué decidieron tomar la justicia por mano propia?

Según el relato recogido, la comunidad reaccionó con violencia tras detectar el presunto intento de robo, motivada por la indignación y la sensación de inseguridad en la zona. La rápida intervención del propietario del vehículo y de sus compañeros desencadenó una respuesta colectiva que se intensificó, llevando incluso a la destrucción de la moto, lo que evidencia la frustración de los habitantes y el debate sobre el papel de la justicia en estas situaciones.

¿Cuál fue la respuesta de la Policía y qué pasó con los presuntos responsables?

De acuerdo con El Nuevo Día, la Policía intervino trasladando al hombre que fue golpeado al hospital Federico Lleras Acosta para recibir atención médica. Por su parte, el segundo involucrado logró huir del lugar, dejando en evidencia tanto la contundencia de la reacción ciudadana como las dificultades de las autoridades para controlar este tipo de hechos una vez que la multitud se involucra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ambos hermanos compartieron varias pasiones y convicciones: el amor por la música, las conversaciones enriquecedoras y la formación como arquitectos, además de una inclinación por la lucha social y política. Gregorio se destacó como un pionero en campañas cívicas y en la promoción de la ecología. En varias regiones de Colombia, impulsó el reconocimiento de poblaciones históricamente marginadas, como las comunidades indígenas del Meta, quienes lo recuerdan como una figura esencial en la defensa de sus derechos y supervivencia. Por su parte, Alejandro, identificado con posturas comunistas, fue un ferviente opositor del sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante), que, según describe su sobrino, generaba deudas impagables e injusticias para muchas familias que, a pesar de los esfuerzos, terminaban perdiendo sus viviendas. Su incansable lucha permitió que miles de hogares pudieran conservarse, aunque, como suele suceder, muchos de los beneficiados no recuerdan su nombre, destaca la fuente de El Espectador.

La herencia política y crítica vino de sus padres y su hermano mayor Ricardo, quien también participó activamente en la vida pública desde las filas del Partido Liberal. El entorno familiar fomentó discusiones de todo tipo, desde profundas convicciones ideológicas hasta desencuentros personales. La espiritualidad marcó otra diferencia: Gregorio exploraba caminos alternativos alejados del dogmatismo, mientras Alejandro adoptaba un ateísmo militante y una posición anticlerical muy crítica con la Iglesia, especialmente por los casos conocidos de abuso sexual, según narra el artículo.

Aunque diversos en temperamento y visión, ambos compartieron una educación humanista y una disposición permanente a la acogida y el diálogo, con las puertas de sus casas siempre abiertas. Sus influencias siguen vivas en sus familiares, quienes ahora enfrentan la reflexión sobre la ausencia de referentes y el paso de una generación. La tristeza se profundiza al pensar en la soledad que deja la muerte de seres queridos y el vacío emocional y vivencial en la familia, especialmente para el padre del autor, al perder a sus dos hermanos en tan corto tiempo. El recuerdo de las historias, la música y la compañía de los tíos permanece, aunque ambos hayan partido, dejando huellas imborrables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el impacto de Gregorio y Alejandro Baquero Nariño en su entorno según El Espectador?

De acuerdo con la información de El Espectador, Gregorio y Alejandro Baquero Nariño marcaron una diferencia significativa en su entorno a través de su labor social, política y cultural. Sus acciones incluyeron la defensa de poblaciones indígenas y la lucha por la justicia en el sistema de vivienda, así como el compromiso con causas humanistas y comunitarias.

¿Qué fue el sistema UPAC y por qué Alejandro Baquero Nariño luchó contra él según el artículo?

En el relato presentado por El Espectador, el sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante) era un esquema financiero que ocasionó que numerosas personas, aún después de pagar sus deudas, terminaran perdiendo sus casas y manteniendo obligaciones superiores. Alejandro Baquero Nariño se destacó por oponerse firmemente a este sistema, contribuyendo a salvar miles de viviendas a través de su lucha persistente.

Los datos evidencian una tendencia positiva: los incendios disminuyeron significativamente, de 262 en agosto a solo 12 en octubre, lo que representa una reducción del 94 %. Esta reducción refleja los esfuerzos de monitoreo y coordinación liderados por la CAR y la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD), organismos que mantuvieron seguimiento territorial e implementaron estrategias conjuntas con municipios y organismos de respuesta.

El análisis por meses muestra que agosto fue el periodo más crítico, con 2.105,5 hectáreas quemadas. En septiembre, la cifra disminuyó a 1.327 hectáreas afectadas por 170 incendios, mientras que en octubre tan solo 56,5 hectáreas resultaron dañadas en 14 eventos. Sin embargo, el peligro no se limitó al fuego: en este mismo lapso, la UAEGRD reportó 34 emergencias asociadas a lluvias, que incluyeron inundaciones, deslizamientos, crecientes súbitas, vendavales y avenidas torrenciales. Octubre concentró la mayor parte de estos eventos con 15 reportes, seguido de agosto con 11 y septiembre con ocho.

En el panorama municipal, Soacha fue el más golpeado, reportando 43 incendios forestales. Otros municipios, como Ricaurte (25), Pacho (21), San Juan de Rioseco y Fusagasugá (20 cada uno), también sufrieron importantes afectaciones, al igual que localidades como San Francisco, Apulo, Funza, Granada, Villeta y Cáqueza.

Este panorama se dio bajo condiciones de variabilidad climática, intensificadas por la declaración del fenómeno de El Niño 2026, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). El 8 de octubre, el IDEAM advirtió una probabilidad del 83 % de que el fenómeno se extienda hasta el primer trimestre de 2027, con intensidad fuerte o muy fuerte. Este evento puede incrementar temperaturas, reducir lluvias y, por ende, aumentar el riesgo de incendios y escasez de agua. Sin embargo, la variabilidad climática también propicia lluvias intensas y emergencias por exceso de agua.

Las autoridades han reiterado el llamado a no encender fogatas ni realizar quemas, a respetar las recomendaciones oficiales y a reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo a las personas, bienes o ecosistemas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño 2026 a los incendios forestales en Cundinamarca?

El fenómeno de El Niño 2026, de acuerdo con el IDEAM, aumenta la probabilidad de incendios forestales debido a la elevación de temperaturas y reducción de precipitaciones. Esto implica un mayor riesgo de sequías, escasez de agua y propagación del fuego, lo que explica en parte la magnitud de los incendios recientes en Cundinamarca.

¿Cuáles municipios de Cundinamarca registraron más incendios forestales entre agosto y octubre de 2026?

Según datos de la CAR, Soacha fue el municipio con más incendios reportados (43), seguido de Ricaurte (25), Pacho (21), San Juan de Rioseco y Fusagasugá (20 cada uno). Otros municipios como San Francisco, Apulo, Funza, Granada, Villeta y Cáqueza también presentaron emergencias, lo que muestra la extensión del problema en la región.

El secuestro, considerado un atentado grave contra la familia de una autoridad local, generó una inmediata reacción de las entidades encargadas de la seguridad en la región. Según el pronunciamiento oficial, se ordenó la puesta en marcha de un plan candado en las zonas limítrofes de La Guajira, con el propósito de impedir que los secuestradores logren sacar a la mujer del país. La acción se concentra principalmente en la frontera con Venezuela, por el temor de que los responsables intenten trasladarla a territorio vecino.

Sobre los autores intelectuales y materiales del crimen, aún reina la incertidumbre. Las primeras informaciones, según el pronunciamiento citado, sugieren una posible participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en este hecho. Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas contundentes ni una confirmación oficial que permita responsabilizar a dicha organización armada, y las autoridades mantienen varias hipótesis abiertas mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.

Abelardo de la Espriella manifestó su solidaridad con el alcalde de Uribia y su familia, al tiempo que ratificó el compromiso estatal para rescatar a la víctima “sana y salva” y llevar ante la justicia a los responsables. Las autoridades permanecen en máxima alerta y han dispuesto todos los recursos necesarios para evitar una tragedia mayor.

La situación ha elevado el nivel de preocupación sobre la seguridad en el norte del país y enciende nuevamente las alarmas sobre el impacto que tiene la violencia en los territorios fronterizos. Mientras se adelantan las operaciones de búsqueda y las familias esperan respuestas, la incertidumbre se extiende, y el rescate de la mujer se ha convertido en la prioridad número uno para las entidades oficiales.

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¿Quién es el presunto responsable del secuestro de la esposa del alcalde de Uribia?

De acuerdo con la información inicial citada por Abelardo de la Espriella, se investiga la posible intervención del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el secuestro de la esposa del alcalde de Uribia. Sin embargo, las autoridades continúan verificando los hechos y todavía no existe una confirmación oficial que permita responsabilizar plenamente a esta organización armada del crimen.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras el secuestro en Uribia, La Guajira?

Tan pronto se confirmó el secuestro, las entidades de seguridad ordenaron la activación de un plan candado en la región fronteriza, especialmente para evitar que los secuestradores trasladen a la víctima fuera del país, en particular hacia Venezuela. Según lo anunciado, la Fuerza Pública desplegó todos sus recursos con la finalidad de ubicar y rescatar a la mujer “sana y salva”.

El hecho criminal fue ratificado por el secretario de Gobierno municipal, René Lindarte, quien confirmó que la alta funcionaria fue retenida contra su voluntad en un hecho que obligó al despliegue inmediato de un candado de seguridad coordinado entre unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Las fuerzas estatales adelantan intensos patrullajes terrestres y aéreos sobre la zona rural y las trochas fronterizas del municipio más extenso del país para dar con el paradero de Gómez Sánchez y determinar la identidad del grupo armado responsable, en una región azotada por el flagelo del secuestro en el transcurso del presente año.

Aunque no nació en tierras guajiras, Nancy Gómez Sánchez construyó su reconocimiento público y el afecto comunitario demostrando que el compromiso con el desarrollo social no depende del lugar de origen, sino de la cercanía constante con las poblaciones más vulnerables. Desde su llegada a la Oficina de Gestión Social en el marco de la administración del alcalde Jaime Luis Buitrago García, la primera dama enfocó su estrategia de trabajo en los caminos rurales, los barrios urbanos y especialmente en las rancherías wayuu. “Ser gestora social en Uribia no es un cargo, es una experiencia que se vive con el alma”, ha sido una de las frases rectoras que han marcado sus intervenciones públicas ante la comunidad.

Durante su labor institucional al frente del despacho social en 2025, Gómez articuló una propuesta fundamentada en seis ejes estratégicos: niñez y adolescencia, mujer y equidad de género, adultos mayores, educación y recreación, salud integral y articulación institucional. Su gestión se tradujo en campañas directas de donación de útiles escolares, brigadas odontológicas y visuales, talleres de salud mental y estrategias de abastecimiento como Mercando con Propósito, Uribia en Modo Agua y Desayunos Solidarios. Su constante presencia en el territorio le valió distinciones locales y nacionales, entre ellas el reconocimiento del Mes de la Niñez, la Medalla Dama Guajira y la medalla Honor al Mérito Eduardo Londoño Villegas.

El presidente Abelardo de la Espriella condenó enérgicamente el atentado. Afirmó: "Rechazo total al atentado contra RCN en Cali. He ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal". De la Espriella subrayó que ningún grupo narcoterrorista podrá intimidar, silenciar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia y reafirmó su compromiso con la libertad de informar, asegurando que el Estado usará toda su capacidad para garantizar justicia.

En la misma línea de rechazo, el ministro de Defensa Jorge Mora indicó que la Fuerza Pública aumentará las operaciones y labores de inteligencia, enfatizando que no habrá tregua contra quienes pretendan afectar la libertad de prensa y la seguridad. Destacó que "proteger a los periodistas y garantizar la libertad de informar es defender la democracia".

Desde el Congreso, la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U y oriunda del Valle del Cauca, lamentó lo ocurrido y recalcó: "Toda agresión contra la prensa vulnera la libertad de expresión y el derecho de todos a estar informados. Condeno el atentado contra RCN en Cali y me solidarizo con su equipo". Por su parte, el senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, advirtió: "Ya no son solo amenazas. La intimidación ha pasado a las acciones, al atentado". Ambos exigieron esclarecer lo sucedido y proteger a quienes informan desde zonas vulnerables.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, dos personas fueron capturadas como presuntas responsables del atentado, y se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre las investigaciones en curso.

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¿Qué sucedió en el atentado contra la sede de RCN en Cali?

La madrugada del 11 de noviembre, dos hombres en motocicleta lanzaron una granada contra la sede de RCN Radio y Noticias RCN en la comuna 8 de Cali, ocasionando daños en la fachada y ventanales del edificio sin dejar personas heridas. Las autoridades capturaron a dos sospechosos y continúan las investigaciones.

¿Cómo reaccionaron las autoridades al ataque contra RCN en Cali?

El presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Defensa Jorge Mora rechazaron el atentado y anunciaron el refuerzo de operativos policiales y de inteligencia, reafirmando la protección a la prensa y el compromiso del Estado con la libertad de información y la democracia, según reportó El Espectador.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:50 de la madrugada, cuando dos sujetos que se desplazaban en motocicleta habrían lanzado un artefacto explosivo contra las oficinas de RCN Radio y Noticias RCN, situadas en la comuna 8 de la ciudad de Cali. Aunque el estallido dejó daños materiales en la fachada y ventanales del edificio, no se registraron personas heridas. Este atentado contra la infraestructura de un medio de comunicación reaviva el debate y la preocupación en torno a las amenazas que enfrentan los periodistas y trabajadores de medios en Colombia, donde la presión y la intimidación por parte de grupos criminales constituyen un constante riesgo para la libertad de prensa.

A través de un mensaje compartido en su cuenta de X, Abelardo de la Espriella fue claro en su mensaje: "¡Rechazo total al atentado contra RCN en Cali! He ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal". Además, enfatizó que "¡la prensa se respeta! No permitiremos que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia. ¡No nos van a intimidar!". En el mismo comunicado, el presidente expresó su apoyo y solidaridad con periodistas, comunicadores y trabajadores que laboran en diferentes medios.

La situación se agrava si se tiene en cuenta que días antes, el Gobierno había decidido reforzar la protección a medios como RCN, Caracol Televisión y la revista Semana, en respuesta a advertencias de inteligencia que alertaban sobre posibles atentados. El reciente ataque en Cali confirma la urgencia de esclarecer quiénes están detrás de estos hechos y de garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo en el país, según lo registrado por medios como El Nuevo Día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se reforzó la seguridad en medios como RCN y Caracol Televisión?

La seguridad en medios como RCN y Caracol Televisión se reforzó debido a alertas de inteligencia que advertían sobre posibles atentados. Según la información proporcionada, días antes del ataque en Cali, el Gobierno ya había tomado medidas para proteger a estos medios ante las amenazas que afectan la libertad y seguridad de los periodistas en Colombia.

¿Qué sucedió exactamente en el ataque a RCN en Cali?

En el atentado contra RCN en Cali, dos personas que se movilizaban en motocicleta lanzaron una granada contra las instalaciones de RCN Radio y Noticias RCN en la comuna 8. El hecho, ocurrido hacia las 3:50 de la madrugada, causó daños materiales en la fachada y ventanales del edificio, pero no resultaron personas heridas.

La lista de barrios afectados fue divulgada por la entidad. Entre los sectores que tendrán corte de agua se encuentran Chiminangos I, con afectaciones puntuales en la carrera 1 B Bis número 63-40 y la carrera 1 C1 número 67-11. En el barrio Granada, el corte está programado en la intersección de la calle 13 con la avenida 9 AN. Por su parte, en Santa Fe se verá afectada la carrera 17 B número 43-72, mientras que en Santander la interrupción se dará en la carrera 1 A número 33-25.

Un caso particular ocurre en el sector de Pance, específicamente en el área circundante a las carreras 122 con calle 15. En este punto, Emcali realizará la instalación de una T y uniones en la tubería principal, motivo por el cual se anunció una suspensión temporal del servicio que comenzará a las 8:00 a. m. y se extenderá hasta horas de la tarde. En todos los sectores señalados, Emcali insiste en que los trabajos son necesarios para mantener y mejorar la calidad del agua distribuida y prevenir fallas imprevistas en el futuro.

La importancia de esta labor radica en la necesidad de garantizar un suministro eficiente y sostenible, así como en la anticipación a posibles emergencias derivadas del desgaste de las infraestructuras. Emcali destacó el aporte de la comunidad para recibir información sobre los cortes y responder adelantando las acciones preventivas recomendadas, como el almacenamiento de agua antes de la suspensión. La entidad invitó a la ciudadanía a estar atenta a los canales oficiales para mayor información y detalles sobre los horarios específicos de reposición, reiterando que el objetivo principal de las intervenciones es asegurar la continuidad y calidad del servicio a largo plazo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Cali tendrán corte de agua y cuál es el motivo?

Los barrios afectados por el corte de agua programado son Chiminangos I, Granada, Santa Fe, Santander y Pance. De acuerdo con Emcali, la suspensión se debe a trabajos de mantenimiento, reposición de válvulas y optimización de redes en esas zonas, con el fin de conservar la calidad y eficiencia del servicio de acueducto en el presente y el futuro.

¿Cómo afectarán estos cortes de agua a los habitantes de Cali?

Los habitantes de los sectores señalados experimentarán una interrupción temporal del servicio de agua potable durante el desarrollo de los trabajos. Emcali recomienda anticipar acciones como almacenar suficiente agua antes del corte y mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre la duración exacta de las suspensiones y la reanudación del servicio.

El presidente De la Espriella, citado por El Espectador, expresó en su anuncio que "no vamos a parar" y reafirmó el compromiso de utilizar todas las "capacidades legítimas del Estado" para enfrentar el narcoterrorismo y recuperar la seguridad nacional. Según sus palabras, cada ataque armado contra policías, soldados y ciudadanos recibirá una respuesta contundente y letal.

Este octavo bombardeo se produjo tan solo un día después del séptimo, identificado como operación Noah, desarrollada el 9 de noviembre en zona rural de Tibú, Norte de Santander, específicamente en el Catatumbo. Esta acción militar tuvo como objetivo la estructura o frente 33 de las disidencias de las Farc, liderada por alias “Calarcá”. Los resultados inmediatos incluyeron la muerte de cuatro presuntos disidentes y la captura de seis personas, entre quienes sobresale alias “Barba Chivo” o “Costeño”, jefe de comisión con al menos 11 años de actividad delictiva en la zona. Según el mandatario, este disidente era hombre de confianza de alias “Andrey Avendaño”, máximo líder de la estructura 33.

Durante la operación Noah se incautaron siete fusiles y 15 granadas para drones, y se desmantelaron tres áreas campamentarias con capacidad para unos 35 integrantes de las disidencias. Estos bombardeos forman parte del plan anunciado por De la Espriella al principio de su administración, en el que declaró la intención de ejecutar entre 12 y 15 operativos aéreos en los primeros 100 días de gobierno, que concluyen el 14 de noviembre; hasta el momento, se han realizado ocho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos bombardeos ha ordenado el presidente Abelardo de la Espriella desde que comenzó su mandato?

Desde el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, el presidente ha ordenado ocho bombardeos dirigidos contra grupos armados ilegales. Así lo señalan los balances publicados por el propio mandatario y recogidos por El Espectador, en los que se destaca que estos operativos forman parte de una estrategia de seguridad anunciada para los primeros 100 días de su administración.

¿Qué es el “narcoterrorismo” según la información oficial?

De acuerdo con las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella citadas por El Espectador, el término “narcoterrorismo” se refiere a grupos armados ilegales que mezclan actividades relacionadas con el narcotráfico y el uso de la violencia, principalmente contra las fuerzas del orden y la población civil, para mantener su control territorial y sus operaciones ilícitas.

De acuerdo con los reportes preliminares entregados por fuentes oficiales de la Policía Metropolitana de Cali, la acción criminal se materializó cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta arrojaron el artefacto explosivo en el exterior del complejo periodístico antes de emprender la huida a toda velocidad por las calles aledañas. A pesar de la gravedad del ataque terrorista, las autoridades confirmaron que la detonación no dejó personas lesionadas ni afectaciones de consideración en el interior de las oficinas, aunque sí provocó daños materiales en la infraestructura externa y momentos de profundo temor entre los vecinos del sector industrial.

Al conocerse la noticia, el mandatario nacional se pronunció de manera enérgica a través de su cuenta oficial en la red social X, en donde desaprobó con vehemencia la agresión y exigió resultados inmediatos a los cuerpos de seguridad del Estado. “He ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal”, expresó el jefe de Estado, quien confirmó asimismo que la detonación causó daños materiales en el perímetro exterior sin cobrar víctimas fatales ni heridos.

¡RECHAZO TOTAL AL ATENTADO CONTRA RCN EN CALI!

He ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal.

La explosión causó daños materiales en las instalaciones, pero no dejó personas heridas. A los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación les expreso toda mi solidaridad.

¡LA PRENSA SE RESPETA! No permitiremos que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia.

¡NO NOS VAN A INTIMIDAR!
En Colombia se garantiza la libertad de informar y el Estado actuará con toda su capacidad para llevar a los responsables ante la justicia.

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 11, 2026

En su pronunciamiento oficial, el presidente De La Espriella manifestó su absoluta solidaridad con el cuerpo de periodistas, redactores, camarógrafos y demás trabajadores del medio de comunicación afectado, reiterando que la administración central mantendrá una postura intransigente frente a las intimidaciones de las estructuras armadas. “No permitiremos que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia”, sentenció el mandatario, dejando en claro que la protección del ejercicio periodístico y de las libertades informativas constit

La profundización del reporte emitido por el Servicio Geológico Colombiano explica que aunque se tienen claras la magnitud y la localización superficial del evento sísmico en Chaparral, el boletín no especificó si este movimiento fue sentido directamente por los habitantes de la zona o de áreas cercanas dentro del departamento del Tolima. Este es un aspecto relevante cuando se evalúan los efectos de un sismo de baja magnitud, ya que no siempre genera impactos perceptibles o daños visibles en la superficie.

En ese sentido, el SGC destacó la importancia de que las personas que hayan percibido el temblor contribuyan con sus reportes a través de la plataforma Sismos Sentidos. Esta herramienta sirve para recibir información proporcionada por ciudadanos de diferentes regiones, aportando insumos fundamentales para el análisis de la percepción humana ante este tipo de fenómenos. El objetivo es complementar los datos técnicos con testimonios que ayuden a entender mejor el impacto en las comunidades.

Por ahora, según la información oficial que se tiene disponible hasta el momento, el reporte en el Tolima corresponde a un movimiento sísmico de magnitud 2,7, sin que se hayan informado daños materiales ni personas afectadas. El monitoreo constante y la invitación a reportar percepciones por parte del Servicio Geológico Colombiano representan herramientas clave para mantener informada y preparada a la población del departamento frente a estos fenómenos de la naturaleza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo fue el último temblor reportado en el Tolima, según el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con el más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano, el último temblor registrado en el departamento del Tolima ocurrió la madrugada del miércoles 11 de noviembre, teniendo como punto de referencia el municipio de Chaparral.

¿Qué es la plataforma Sismos Sentidos y cómo ayuda en el monitoreo sísmico?

La plataforma Sismos Sentidos es una herramienta del Servicio Geológico Colombiano que permite a los ciudadanos reportar si percibieron un movimiento telúrico. De esta manera, se recopila información sobre las sensaciones de la población, la cual complementa los datos técnicos y mejora el monitoreo de la actividad sísmica en distintas regiones.

De acuerdo con el anuncio del mandatario, se activó un plan candado en la zona para cerrar las posibles rutas de escape de los responsables e impedir que la mujer sea trasladada hacia Venezuela, teniendo en cuenta la cercanía de Uribia con la frontera de ese país.

Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a una posible participación del ELN, organización armada que tiene presencia en diferentes sectores de La Guajira y que también opera en zonas fronterizas. Sin embargo, por ahora no existe una confirmación oficial sobre la identidad de los secuestradores ni sobre los motivos detrás del plagio.

El Gobierno Nacional aseguró que están activadas las capacidades de inteligencia, investigación y operaciones de la Fuerza Pública para ubicar a Nancy Gómez, conseguir su liberación y capturar a quienes estarían detrás del hecho.

Uribia, bajo la preocupación por los secuestros

Este nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa los problemas de seguridad que enfrenta Uribia y otros municipios de la Alta Guajira, donde durante 2026 se han registrado diferentes casos de secuestro, homicidios y amenazas contra la población.

Uno de los antecedentes más preocupantes ocurrió el 30 de julio, cuando David Rodríguez Gómez, funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), fue secuestrado por hombres armados en el barrio Yosú, en el casco urbano de Uribia. Durante la reacción de las autoridades hubo disparos contra uniformados y dos policías resultaron lesionados luego de que un vehículo los embistiera.

En agosto también se conocieron otros casos de secuestro en Uribia y Maicao. Las autoridades investigaban si existía alguna conexión entre los hechos y si detrás de ellos operaba una misma estructura criminal.

A esto se sumaron operativos contra presuntas redes vinculadas al ELN. El 24 de octubre, seis personas fueron capturadas en Uribia durante allanamientos adelantados por la Policía y el Ejército. En los procedimientos fueron incautados municiones, elementos alusivos a esa organización y sustancias ilícitas.

La situación representa un desafío para las autoridades, especialmente por las condiciones geográficas de la Alta Guajira y las posibilidades de movilidad entre Colombia y Venezuela.

Por ahora, la prioridad del Gobierno es encontrar a Nancy Gómez y evitar que el secuestro termine con su traslado fuera del territorio colombiano.

Las primeras investigaciones indican que los responsables del atentado huyeron inmediatamente tras lanzar la granada, hechos que quedaron registrados en cámaras de seguridad de la zona. Las autoridades adelantan la revisión de estos videos para identificar la motocicleta utilizada y establecer quiénes serían los autores materiales. Caracol Radio informó que, tras las primeras diligencias, cuatro personas fueron individualizadas en el marco de la investigación mientras que otras dos, inicialmente consideradas sospechosas, posteriormente fueron descartadas, según fuentes de la Policía Metropolitana de Cali. De manera paralela, personal especializado en antiexplosivos realizó una inspección exhaustiva del sector y acordonó la zona para descartar otros riesgos, sin que se presentaran lesiones entre trabajadores o ciudadanos.

El atentado se produce en un contexto tenso para los medios de comunicación en Colombia. Días antes, se habían emitido alertas sobre posibles amenazas contra RCN, Caracol Televisión y la revista Semana, lo que llevó a que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara el refuerzo de medidas de seguridad para estas entidades. Sus declaraciones sugieren que las amenazas estarían relacionadas con posibles acciones criminales atribuidas al Ejército de Liberación Nacional (ELN). En medio del rechazo al ataque, figuras como la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se solidarizaron con los periodistas y trabajadores de RCN, enfatizando que la violencia no debe ser un mecanismo de silenciamiento. Por su parte, la Personería de Cali hizo un llamado urgente para acelerar investigaciones y proteger a los comunicadores, dejando claro que la seguridad de la prensa sigue siendo una preocupación prioritaria ante la escalada de intimidaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue atacada la sede de RCN en Cali?

El ataque contra la sede de RCN en Cali se da días después de que se emitieran alertas sobre amenazas a medios como RCN, Caracol Televisión y Semana. Según declaraciones citadas por el presidente Abelardo de la Espriella, se reforzaron medidas de seguridad debido a información de inteligencia sobre posibles acciones criminales ligadas al ELN. Si bien la investigación sobre los responsables aún está en curso, este contexto de amenazas sugiere que el atentado podría haber sido un intento de intimidar o silenciar a los comunicadores.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras el atentado con granada a RCN en Cali?

Las autoridades iniciaron investigaciones apoyándose en grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables, y según Caracol Radio, ya hay cuatro personas individualizadas. Además, personal antiexplosivos inspeccionó y acordonó el área afectada, descartando la presencia de más riesgos. Además, se reforzaron las medidas de protección para la prensa, respaldadas por el llamado de la Personería de Cali y las declaraciones de solidaridad de la gobernadora Dilian Francisca Toro.

De acuerdo con los reportes oficiales y la información recopilada en los corredores de la terminal aérea, esta restricción temporal en las franjas de despegue y aterrizaje obedece directamente a la ejecución de ensayos aéreos programados por la Fuerza Aérea Colombiana. Dicha actividad institucional requerirá el uso exclusivo del espacio aéreo sobre la sabana de Bogotá, lo que obligará a inhabilitar por completo las pistas del principal aeropuerto del país durante las dos horas mencionadas.

#Bogotá | A esta hora se siguen presentando fallas en el sistema de embarque de pasajeros en el aeropuerto El Dorado. Le contamos.

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Ante esta ventana de inactividad comercial, las autoridades aeronáuticas y las diferentes compañías comerciales extendieron un llamado urgente a todos los usuarios para que se pongan en contacto inmediato con sus aerolíneas y verifiquen minuciosamente el estado de sus itinerarios. Múltiples trayectos están siendo adelantados o reprogramados para horas de la tarde con el fin de evitar traumatismos mayores, aglomeraciones en los pasillos o pérdidas de conexión en las salas de abordaje.

Esta contingencia preventiva llega justo cuando el personal de tierra y los operadores del concesionario OPAIN confirmaron el restablecimiento pleno de los sistemas informáticos y de la verificación digital de pasabordos (Veripax), herramientas tecnológicas que habían fallado en la jornada anterior y que obligaron a desplegar procesos manuales de registro y chequeo de equipajes. Pese a que el flujo general de viajeros en los muelles nacionales e internacionales registra total normalidad y fluidez durante las primeras horas del día, las autoridades reiteraron la importancia de acudir a la terminal con la debida antelación para prevenir cualquier contratiempo derivado de los ajustes en los cronogramas de vuelo.

Testigos que se encontraban cerca del lugar manifestaron que, presuntamente, el incendio habría comenzado en el interior del establecimiento, aparentemente originado por una motocicleta. Esta versión, que proviene de quienes presenciaron los hechos, todavía no ha sido confirmada por las autoridades encargadas de la investigación, por lo que se mantienen abiertas varias hipótesis sobre lo ocurrido. Mientras tanto, la tensión en el sector fue palpable, ya que la posibilidad de una emergencia mayor mantuvo en alerta tanto a los comerciantes como a los residentes cercanos.

Respecto a la emergencia, el reporte inicial señala que no han podido establecerse aún las causas exactas que dieron origen al incendio ni ha sido posible confirmar si hubo personas heridas como consecuencia del incidente. Por ahora, la única información disponible surge de relatos no oficiales, por lo que será fundamental que las autoridades, especialmente los organismos de seguridad y socorro, esclarezcan en los próximos días lo que desencadenó la conflagración para determinar responsables y establecer acciones preventivas.

Este suceso vuelve a resaltar la importancia de revisar y mantener las condiciones de seguridad en establecimientos comerciales, especialmente aquellos relacionados con vehículos y combustibles, donde el riesgo de incendios es más alto. Además, pone en el centro de la discusión pública la necesidad de contar con protocolos efectivos para enfrentar emergencias de este tipo en la capital tolimense. Se espera que los reportes oficiales permitan conocer pronto el alcance de los daños materiales y las circunstancias completas detrás de este incendio, tema que continúa siendo seguido por medios de comunicación locales como El Nuevo Día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las causas del incendio en el almacén de motocicletas en Ibagué?

Hasta ahora, las causas exactas del incendio en el almacén de motocicletas en el barrio Jardín de Ibagué no han sido confirmadas. Solo se cuenta con versiones extraoficiales recogidas por testigos que apuntan a una motocicleta como posible origen del fuego, pero las autoridades siguen investigando para esclarecer qué provocó realmente la emergencia.

¿Hubo personas lesionadas durante el incendio en Ibagué?

Según la información divulgada por El Nuevo Día, no se ha confirmado hasta el momento si hubo personas lesionadas durante el incendio. Las autoridades tampoco han divulgado reportes oficiales al respecto, por lo que esta información permanece pendiente de ser aclarada con avances en la investigación.

A través de una declaración institucional difundida en su cuenta oficial de X, la mandataria departamental fijó una firme postura en defensa del ejercicio libre del periodismo tras la detonación del artefacto explosivo en la capital vallecaucana. “Proteger a los medios de comunicación es proteger el derecho de todos los ciudadanos a estar informados”, afirmó la alta funcionaria regional, quien agregó de manera tajante: “Rechazamos las amenazas contra los medios de comunicación en Colombia y, especialmente, el más reciente ataque con granada ocurrido en Cali. La violencia y la intimidación no pueden convertirse en herramientas para callar a quienes informan”. Asimismo, Toro manifestó su total solidaridad con los periodistas y trabajadores del medio de comunicación, insistiendo en que la seguridad de los profesionales debe constituir una prioridad colectiva de Estado.

#Colombia | Se confirmó un atentado con explosivos contra las instalaciones de RCN en Cali. Le contamos los detalles.

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Según los reportes confirmados por la Policía Metropolitana de Cali y la Alcaldía de la ciudad, el ataque se registró cuando sujetos que se desplazaban en una motocicleta arrojaron un artefacto explosivo de bajo poder justo frente a la sede administrativa del medio, ubicada en la carrera 8 con calle 30 del barrio Industrial Los Mangos. Aunque la explosión causó serios momentos de zozobra entre los vecinos del sector, las autoridades locales ratificaron que el hecho no dejó personas lesionadas ni víctimas mortales, provocando únicamente afectaciones menores en la infraestructura del andén y daños estructurales leves en la fachada de la parte administrativa del complejo periodístico.

A la ola de indignación y condena institucional por estos hechos violentos se sumó la Personería Distrital de Cali, organismo de control que emitió un pronunciamiento público solicitando acciones urgentes a las autoridades judiciales. “Exigimos a la fiscalía y a la policía avanzar con celeridad en esta investigación para el esclarecimiento de los hechos que permitan judicializar a los responsables y desplegar todas las capacidades institucionales para proteger a los periodistas y los diferentes medios de comunicación garantizándose toda la tranquilidad en el desarrollo de la profesión”, expresó la entidad. Mientras tanto, las dos personas interceptadas en las inmediaciones del lugar continúan en custodia policial mientras se verifica técnicamente su grado de participación en la acción criminal.

El incidente no solo puso en evidencia la capacidad tecnológica de los actores armados, sino también la actual debilidad del Estado para responder a esta amenaza. Los expertos en seguridad resaltaron que el Estado colombiano no cuenta con herramientas suficientes para proteger a sus fuerzas y reactiva la discusión sobre los vacíos existentes.

Jorge Mora, actual ministro de Defensa, señaló tras este ataque que existía un proyecto llamado Escudo Nacional Antidrones. Esta propuesta, cuya ejecución buscaba frenar este tipo de amenazas, tendría un costo estimado de 6,2 billones de pesos colombianos y prometía dotar al país de tecnología como radares e inhibidores para detectar y neutralizar drones no pertenecientes a la fuerza pública. Sin embargo, Mora aseguró que la administración anterior “resultó ser un espejismo”, ya que no existe un diseño estructurado, ni financiación asegurada, ni factibilidad técnica para el plan.

El ministro Mora también indicó que, aunque el gobierno de Gustavo Petro anunció recursos por 800.000 millones de pesos para una primera etapa, en realidad no se aseguró “ni un solo peso” para que esta fase pudiera cumplirse para 2026. Mora calificó como negligencia esa falta de ejecución y recalcó que esta situación “costó vidas” y reveló una incompetencia institucional que debe ser explicada. En conclusión, Colombia enfrenta un nuevo desafío en el campo de batalla moderno, con una brecha tecnológica preocupante entre las fuerzas armadas y los grupos ilegales.

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¿Por qué el Estado colombiano no ha logrado implementar el Escudo Nacional Antidrones?

De acuerdo con información de El Espectador y declaraciones del ministro de Defensa, Jorge Mora, el Estado no ha logrado poner en marcha el Escudo Nacional Antidrones debido a la falta de un proyecto estructurado, ausencia de financiación consolidada y problemas de viabilidad técnica. A pesar de los anuncios de recursos y de la urgencia frente a la amenaza de los drones, el plan quedó sin respaldo presupuestal real y sin avances significativos en su diseño.

¿Cómo afecta el uso de drones por parte de grupos armados a la seguridad en Colombia?

Según expertos citados por El Espectador, la utilización de drones por parte de grupos armados ha generado una marcada desventaja tecnológica para el Estado. Estos dispositivos permiten ataques más precisos y difíciles de prevenir, como lo evidenció el atentado del 7 de noviembre en Bolívar que causó múltiples víctimas entre las fuerzas militares, poniendo en riesgo la seguridad de las instituciones y la población.

(Vea también: Andrea Petro denuncia filtración de grabaciones privadas de Gustavo Petro y pide investigar el uso de material confidencial)

“Había unas casas donde Petro se iba de fiesta. El gran escándalo es que las pagaba la DNI, presentándolas como casas de seguridad”, afirmó Ángela Benedetti al hablar de los inmuebles que, según ella, habrían servido para esos encuentros.

Su señalamiento apunta al supuesto uso de recursos de una entidad estatal para cubrir propiedades que habrían tenido una finalidad distinta a la que se reportaba oficialmente. Sin embargo, sus declaraciones no constituyen por sí mismas una comprobación de que esos pagos se hayan efectuado con dinero público ni de que las viviendas fueran utilizadas para las actividades que menciona.

Benedetti también se refirió a la dinámica que, según su interpretación, existía alrededor de esas reuniones y al papel que habría desempeñado Laura Sarabia durante su permanencia en el Gobierno.

Ángela Benedetti habló del papel de Laura Sarabia en las fiestas de Petro

Al referirse a la exjefa de gabinete, Ángela Benedetti aseguró que estaba convencida de que Sarabia tenía participación en la organización de esos encuentros. También comparó su silencio con las declaraciones recientes de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, quien ha hecho señalamientos sobre la vida privada del entonces mandatario.

“Yo creo que Petro la debe estar amando entre comillas, porque Angie salió a venderlo, a contar infidencias estando al lado de él. En cambio, Laura, de momento, ha guardado silencio”, expresó.

Benedetti agregó que, a su juicio, Sarabia tendría conocimiento de información interna de la administración y de situaciones relacionadas con el expresidente. “Estoy completamente segura de que Laura sabe muchas cosas de Gobierno”, afirmó.

La entrevistada también relacionó la salida de Sarabia de la Casa de Nariño con cambios en la dinámica de esas supuestas reuniones y mencionó a Juliana Guerrero en ese contexto.

“Estoy segura de que sí se las organizaba. Sé que eso era así. Cuando Laura se va de Palacio, se desordena el tema y ahí es cuando sale a flote Juliana Guerrero”, sostuvo.

Laura Sarabia negó supuestos chantajes a Petro

Las declaraciones de Ángela Benedetti se conocen en medio de la controversia por los señalamientos que Angie Rodríguez hizo contra Laura Sarabia. El 9 de noviembre, un juzgado de Bogotá ordenó a la exdirectora del Dapre retractarse de afirmaciones relacionadas con la supuesta organización de encuentros privados para Petro y el presunto uso de información personal para presionarlo.

Un día después, el expresidente se pronunció y rechazó esas versiones. Petro negó haber compartido fiestas privadas o públicas con Sarabia y aseguró que tampoco ordenó celebraciones en la Casa de Nariño.

De esta manera, las declaraciones de Ángela Benedetti se suman a la discusión pública sobre los encuentros privados que supuestamente se habrían realizado durante el Gobierno Petro, el posible uso de inmuebles financiados por entidades estatales y el papel que habrían tenido algunas de sus antiguas colaboradoras.

(Vea también: Buscan quitar nombres de excombatientes a colegios de Bogotá: hay uno ligado a Pizarro)

Dicha situación encendió las alertas de Fenalco Antioquia, que advirtió sobre el impacto que esta transformación demográfica puede tener en colegios y universidades, especialmente en las instituciones privadas. El gremio señaló que la reducción de alumnos presiona los ingresos de los centros educativos y pone nuevos desafíos para mantener su funcionamiento.

Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran la dimensión del fenómeno. En Antioquia, los nacimientos pasaron de 74.637 en 2018 a 51.291 en 2025, una disminución del 31,3 %. Esta reducción significa que las generaciones que ingresarán al sistema escolar en los próximos años serán menos numerosas.

El panorama también se refleja en los datos nacionales. Durante 2024, Colombia registró 9.328.665 estudiantes matriculados en educación formal, una cifra 2,3 % inferior a la del año anterior, equivalente a 218.495 alumnos menos, según el DANE.

La preocupación no se limita a la cantidad de niños que ingresan a los colegios. La reducción de estudiantes puede afectar los ingresos de las instituciones, la contratación de docentes, el aprovechamiento de la infraestructura y los servicios que dependen de la actividad educativa.

Antioquia perdió miles de estudiantes y disminuyó su número de instituciones educativas

El departamento se encuentra entre los territorios donde el cambio demográfico ya tiene efectos visibles. Según el estudio Lupa para la Educación de Antioquia (LEA), de Proantioquia, entre 2018 y 2025 el número de instituciones educativas oficiales disminuyó un 6,3 %, mientras que las no oficiales registraron una reducción del 12,1 %.

La matrícula también presentó retrocesos en varios niveles. Durante ese periodo, los registros cayeron un 7,6 % en preescolar, un 9,3 % en primaria y un 11,9 % en secundaria. En contraste, la educación media tuvo un crecimiento del 5,8 %.

Otro dato permite dimensionar lo que ocurre en las zonas rurales. De acuerdo con cifras divulgadas por El Colombiano, Antioquia pasó de tener cerca de 515.000 estudiantes en 2015 a aproximadamente 420.000. Además, en 2026 había 85 sedes educativas sin alumnos matriculados y otras 359 tenían menos de cuatro estudiantes.

Esta reducción plantea dificultades particulares para las comunidades apartadas, donde una escuela puede ser uno de los pocos servicios institucionales disponibles. La menor cantidad de alumnos también obliga a revisar cómo se mantiene la infraestructura y cómo se garantiza la continuidad de la oferta educativa.

Las universidades también sienten los efectos de la caída de la natalidad

La educación superior tampoco está al margen de esta transformación. Según el análisis de Proantioquia citado por Fenalco, entre 2018 y 2025 las matrículas de pregrado en Antioquia disminuyeron un 4,5 % y las de posgrado, un 5 %.

Sin embargo, el comportamiento no fue igual en todas las instituciones. En pregrado, las matrículas de las universidades oficiales aumentaron un 6 %, mientras que las de las instituciones no oficiales cayeron un 20 %. En posgrado también hubo diferencias: las matrículas oficiales bajaron un 31,7 % y las no oficiales crecieron un 12,6 %.

Estas cifras muestran que el desafío no consiste únicamente en la reducción de nacimientos. La capacidad de atraer estudiantes también está relacionada con el acceso a la educación, los costos de matrícula, las posibilidades de financiación y la oferta de programas académicos.

El efecto demográfico podría extenderse progresivamente a la educación superior a medida que las generaciones menos numerosas terminen el bachillerato y lleguen a la edad de ingresar a la universidad.

¿Por qué preocupa esta situación a Fenalco?

Para el gremio, la disminución de estudiantes representa un problema de sostenibilidad económica para los establecimientos que dependen de las matrículas y pensiones para cubrir sus gastos.

Cuando baja la cantidad de alumnos, los ingresos pueden reducirse, pero muchos costos de funcionamiento permanecen. El mantenimiento de las instalaciones, los servicios, la nómina y las obligaciones administrativas continúan, incluso cuando hay menos estudiantes en los salones.

Fenalco Antioquia también advirtió sobre las consecuencias para el empleo docente y las actividades económicas relacionadas con la educación, como el transporte escolar, la alimentación, los materiales y otros servicios que dependen de las instituciones.

La alerta apunta a una transformación que requiere respuestas de las autoridades y del sector educativo. La reorganización de la oferta, la adaptación de los programas y la planeación de los recursos serán parte de los desafíos para atender una realidad demográfica en la que cada vez nacen menos niños.

(Vea también: Andrea Petro denuncia filtración de grabaciones privadas de Gustavo Petro y pide investigar el uso de material confidencial)

En el mensaje, Petro aseguró que Rodríguez estaba autorizada para retirar su salario y cubrir sus gastos personales, debido a que no puede utilizar sus tarjetas bancarias desde que fue incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

Según su versión, durante los últimos cuatro meses la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) habría dejado intacto el dinero de su sueldo y asumido esos pagos con recursos propios. Por eso, sostuvo que la transferencia publicada corresponde a la devolución de esos gastos y al pago de la deuda que tenía con ella.

“Aquí está la prueba de la devolución y el pago de mi deuda”, escribió el exmandatario al compartir el comprobante bancario.

Sin embargo, el pronunciamiento no se limitó a explicar el movimiento de dinero. Petro también cuestionó a Noticias RCN y al empresario Carlos Ardila, a quien señaló de manipular la información sobre el caso.

Sigue RCN manipulando a una enferma que debería ser protegida. Desde que me metieron a la lista ofac no puedo usar mis tarjetas de del banco.

Angie quedo autorizada a sacar mi sueldo del banco. En los últimos 4 meses dejó mi sueldo intacto y pagó mi gastos corrientes, dijo que con su dinero.

Aquí esta la prueba de la devolución y el pago de mi deuda.

Sigan manipulando señor Carlos Ardila a una persona bajo consumo de medicamentos psicóticos.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 11, 2026

Petro lanzó señalamientos contra Angie Rodríguez

En la misma publicación, el expresidente se refirió a la situación de salud de Rodríguez y utilizó expresiones descalificadoras para cuestionar las declaraciones que ha entregado a los medios de comunicación.

“Sigue RCN manipulando a una enferma que debería ser protegida”, escribió. Al final del mensaje volvió a mencionar el supuesto consumo de medicamentos psicóticos y pidió que dejaran de utilizar a la exfuncionaria en medio de la controversia.

Sus afirmaciones sobre la salud de Rodríguez hacen parte de los señalamientos publicados por Petro y no constituyen, por sí mismas, una valoración médica independiente.

¿Qué había dicho Angie Rodríguez sobre la deuda de Petro?

La respuesta del expresidente se produjo después de que Noticias RCN divulgara que Rodríguez estaría recopilando facturas, comprobantes bancarios, conversaciones y otros documentos para respaldar una reclamación que superaría los 200 millones de pesos.

Según la versión de la exdirectora del Dapre, ella habría asumido gastos relacionados con desplazamientos de Petro, entre ellos tiquetes, alojamiento y viáticos. Para cubrirlos, habría utilizado recursos de sus ingresos y solicitado préstamos que todavía tendría pendientes.

El informe también reveló que Rodríguez recibió una consignación de 120 millones de pesos cuyo origen buscaba establecer. De acuerdo con Noticias RCN, la exfuncionaria habría elevado solicitudes ante el banco, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Superintendencia Financiera para conocer quién ordenó la transferencia.

Así, mientras Rodríguez prepara los soportes de los gastos que asegura haber asumido, Petro sostiene que ya saldó la obligación y publicó un comprobante para respaldar su versión. Las dos explicaciones dejan en el centro de la controversia los movimientos de dinero entre ambos y el origen de los recursos involucrados.

La iniciativa ‘Guau al Parque’ surge como una respuesta a la necesidad de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la tenencia responsable de animales de compañía, especialmente perros y gatos. Durante este evento, los asistentes podrán acceder de manera gratuita a servicios fundamentales como vacunación antirrábica, así como participar en actividades lúdico-recreativas que buscan fortalecer el vínculo entre cuidadores y sus mascotas.

De acuerdo con información publicada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), estos encuentros también funcionan como espacios de sensibilización, en los que se abordan aspectos clave para garantizar una convivencia responsable en los hogares donde conviven varias especies. Además, se promueve la adopción de buenas prácticas dentro de los hogares interesados en brindar una vida saludable y segura a los animales.

La jornada contará con el respaldo de entidades distritales como la Secretaría Distrital de Salud (SDS), encargada de llevar a cabo las vacunaciones, y el IDRD, que apoya las actividades recreativas y pedagógicas. El objetivo principal es acercar los servicios y recursos de la administración a las comunidades, facilitando mayor acceso a la protección animal en las distintas localidades de Bogotá.

Todas las actividades programadas para ‘Guau al Parque’ están diseñadas para fomentar la educación, la recreación y el cuidado integral de perros y gatos. Quienes deseen conocer más detalles pueden consultar directamente con el IDPYBA a través de su publicación en la red social Instagram, según lo informado por la entidad.

Este enfoque refuerza el papel activo de los cuidadores de animales en la ciudad, mostrando cómo la articulación de diferentes entidades distritales contribuye a consolidar una Bogotá más inclusiva y amigable para los seres sintientes.

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¿Qué servicios gratuitos ofrece la jornada ‘Guau al Parque’ en Bogotá?

La jornada ‘Guau al Parque’, según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), ofrece vacunación antirrábica, actividades lúdico-recreativas y espacios de sensibilización sobre la tenencia responsable de mascotas, todo de manera gratuita. Estas actividades buscan apoyar directamente a los cuidadores de perros y gatos de la ciudad.

¿Cuál es el objetivo de la iniciativa ‘Guau al Parque’ del IDPYBA?

La principal meta de la iniciativa ‘Guau al Parque’, de acuerdo con la información del IDPYBA, es promover la tenencia responsable en hogares con animales de compañía, asegurar su bienestar y acercar los servicios distritales a más comunidades. Además, busca sensibilizar y educar sobre la importancia de brindar un entorno seguro y saludable para perros y gatos en Bogotá.

La raíz de la controversia está en la Resolución 1589 del 2 de octubre, firmada por Estrada, que modificó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del ICANH. Esta resolución amplió los requisitos de formación académica para ocho cargos directivos, permitiendo que abogados aspiraran a estos puestos e incluyó, en seis de ellos, a profesionales en Administración o Economía. Esta flexibilización de perfiles contrastó con los anteriores requisitos orientados principalmente a áreas como antropología, arqueología, historia, sociología y comunicación social.

Según lo expresado por el ICANH en el texto de la resolución, la institución defendió los cambios argumentando que las responsabilidades de estos cargos incluyen la gestión de recursos públicos, toma de decisiones estratégicas y la expedición de actos administrativos, lo que demanda competencias adicionales en gestión jurídica y financiera, más allá del conocimiento tradicional en las áreas de estudio de la entidad.

Uno de los nombramientos que suscitó mayor debate fue el de José Hernán Muriel, abogado designado como subdirector de Investigación y Producción Científica. Esta dependencia tiene bajo su responsabilidad la coordinación y dirección de investigaciones en antropología, arqueología e historia. El texto de la resolución justifica que, pese a que estas disciplinas constituyen el núcleo del ICANH, el subdirector técnico debe combinar funciones de investigación con tareas de dirección, administración y protección jurídica y económica del patrimonio cultural de la nación.

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¿Por qué fue revocada la designación de Camilo Noguera Pardo en el ICANH?

La designación de Camilo Noguera Pardo como director del ICANH fue revocada debido a que, junto con el director encargado Javier Estrada, modificó el manual de funciones de la entidad sin conocimiento de la ministra de Cultura, acción que el presidente Abelardo De la Espriella consideró contraria a las directrices del gobierno y perjudicial para la transparencia en la administración pública.

¿Qué cambios se hicieron al manual de funciones del ICANH según la Resolución 1589?

La Resolución 1589 amplió los perfiles profesionales habilitados para aspirar a ocho cargos directivos en el ICANH, permitiendo la postulación de abogados y, en seis puestos, de profesionales en Administración o Economía, mientras que antes solo se admitían disciplinas como antropología, arqueología, historia, sociología y comunicación social.

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La exfuncionaria sostiene que habría asumido gastos por cuenta del entonces mandatario que todavía no le habrían sido reembolsados y que superarían los 200 millones de pesos.

Dicha información fue divulgada por Noticias RCN, que indicó que el equipo jurídico de Rodríguez estaría preparando un expediente con facturas, comprobantes de transacciones, documentos y conversaciones para respaldar lo que ella ha señalado. Ese material sería presentado ante las autoridades.

El asunto tendría relación con distintos desplazamientos que, según la versión de la exdirectora del Dapre, Petro le habría pedido ayudar a financiar. Entre los pagos mencionados aparecen tiquetes, alojamiento, viáticos y otros costos asociados con esos viajes.

La situación habría llevado a Rodríguez a utilizar parte de sus ingresos y a solicitar préstamos para cubrir los compromisos. Según lo publicado por Noticias RCN, también habría recurrido a recursos provenientes de su salario, viáticos y comisiones en dólares.

La suma pendiente, de acuerdo con la información que estaría recopilando su defensa, superaría los 200 millones de pesos. Por ahora, se trata de una reclamación atribuida a la exfuncionaria, cuya documentación buscaría sustentar ante las autoridades.

¿Por qué Angie Rodríguez recibió consignación de $120 millones?

A la presunta deuda se suma un movimiento bancario que habría despertado inquietud en Rodríguez. Según Noticias RCN, la exfuncionaria recibió una consignación de 120 millones de pesos cuyo origen no habría podido identificar y en la que tampoco aparecía un remitente reconocido.

Luego de advertir sobre la transferencia, habría presentado solicitudes ante el banco, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Superintendencia Financiera. El propósito sería conocer quién ordenó el envío del dinero y establecer las circunstancias en las que llegó a su cuenta.

La exdirectora del Dapre sostiene que no habría utilizado esos recursos y estaría dejando constancia de las gestiones adelantadas para aclarar el movimiento. Su defensa también buscaría documentar las actuaciones relacionadas con esa consignación.

¿Por qué le preocupa a Angie Rodríguez el origen del dinero?

La inquietud de Rodríguez estaría relacionada con las posibles interpretaciones que podría tener esa transferencia si no se establece de dónde salió. Según la información divulgada por Noticias RCN, teme que el movimiento pueda ser utilizado para formular señalamientos en su contra, entre ellos un supuesto pago de coimas o enriquecimiento ilícito.

Por esa razón, su equipo jurídico estaría recopilando los documentos que permitan reconstruir el recorrido de los recursos y demostrar cuál ha sido su actuación frente a ellos.

Tanto la presunta deuda como la consignación deberán ser esclarecidas con los soportes correspondientes. Las autoridades competentes tendrán que verificar las transacciones y revisar la documentación para determinar el origen de los recursos y si existe alguna responsabilidad relacionada con estos hechos.

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El boletín actualizado de la entidad señala que el temblor ocurrió a las 12:22 a. m., hora local, y alcanzó una magnitud de 2,7. El reporte también clasifica su profundidad como superficial, aunque no precisa una cifra exacta en kilómetros.

La información hace parte del monitoreo permanente que adelanta la Red Sismológica Nacional para identificar los movimientos que ocurren en el territorio colombiano y establecer sus características.

¿Cómo reportar si sintió el temblor?

Quienes hayan percibido el movimiento pueden ingresar a la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano y completar el formulario correspondiente al evento.

El reporte ciudadano ayuda a identificar las zonas en las que se sintió el sismo y las características de esa percepción. Para consultar los datos oficiales y las actualizaciones, se recomienda acudir a los canales del SGC.

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Dicha operación quedó a cargo del Servicio Farmacéutico Colsubsidio, que asumió la entrega de los medicamentos de los usuarios de Sanitas tras la salida de Cruz Verde. Sin embargo, durante los primeros días del nuevo esquema se presentaron problemas de atención y congestión en varias sedes de la capital.

Los reclamos de los pacientes también motivaron inspecciones de las autoridades sanitarias. En una revisión a dos establecimientos de Colsubsidio, la Secretaría Distrital de Salud encontró tiempos de espera de hasta seis horas en uno de los puntos y de aproximadamente tres horas en otro. La entidad distrital también advirtió que no estaban funcionando todas las ventanillas disponibles para atender a los usuarios.

El panorama llevó a que las autoridades exigieran respuestas a la EPS y al gestor farmacéutico, mientras los afiliados continúan a la espera de sus tratamientos. A las dificultades para acceder a los medicamentos se suman las preocupaciones por la continuidad de las fórmulas y la atención de pacientes que necesitan tratamientos permanentes.

Medida cautelar de Supersalud a EPS Sanitas por entrega de medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar a EPS Sanitas para que adopte y ejecute de manera inmediata todas las acciones necesarias que eviten poner en riesgo los tratamientos médicos y su continuidad.

La instrucción busca que la entidad garantice la entrega oportuna y completa de los medicamentos, especialmente en los casos considerados de riesgo vital y en aquellos usuarios que requieren protección reforzada. Entre estos últimos se encuentran niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes, pacientes con cáncer, VIH y personas trasplantadas o diagnosticadas con enfermedades huérfanas.

La Supersalud también advirtió sobre las dificultades relacionadas con la entrega incompleta de medicamentos y las condiciones de acceso y atención en los puntos del gestor farmacéutico. Por ello, la vigilancia se concentra en que las medidas adoptadas permitan superar los problemas operativos y evitar interrupciones en los tratamientos de los afiliados.

¿Qué medidas anunció Sanitas para entregar medicamentos en Bogotá?

En medio de este panorama, EPS Sanitas comunicó una serie de ajustes temporales para mejorar la atención durante noviembre. Uno de los principales cambios es la ampliación de horarios en 19 de las 29 sedes de dispensación de Bogotá, que comenzarán a atender desde las 6:00 de la mañana.

La entidad también informó que reforzó el personal de atención y habilitó cajas rápidas para tramitar fórmulas de hasta dos medicamentos. A esto se suma el aumento de la capacidad de entrega a domicilio, servicio que los afiliados pueden solicitar a través de la página medicamentoscolsubsidio.com.co/inicio.

Otro de los anuncios está relacionado con la vigencia de las fórmulas médicas. Sanitas extendió hasta el 30 de noviembre las órdenes que vencían en cualquier fecha de este mes. Además, recomendó a los usuarios que todavía tengan medicamentos disponibles y cuenten con una fórmula vigente esperar un tiempo prudencial antes de acudir a reclamarlos, mientras se estabiliza la operación.

Estas son las 19 sedes de Colsubsidio que tendrán apertura desde las 6:00 a. m.:

• Kennedy Central: calle 40 sur n.º 73D-41.
• Clínica Roma: carrera 80 n.º 53-20 sur, local 3.
• Puente Aranda: calle 13 n.º 62-82.
• Clínica Colombia: calle 23 n.º 66-46, entrada 2, edificio de consultorios de la Clínica Universitaria Colombia.
• Floresta: avenida calle 100 n.º 67-26.
• Restrepo: carrera 24 n.º 18-61 sur, piso 2.
• Colsubsidio Calle 26: calle 27 n.º 25-45, local 3.
• Teusaquillo: carrera 17 n.º 36-74, piso 1.
• Chapinero Calle 53: carrera 13 n.º 53-31.
• Quintaparedes: carrera 44A n.º 24-11.
• Fontibón: carrera 99 n.º 18A-18.
• Pontevedra: avenida calle 116 n.º 71B-04.
• Navarra: carrera 45 n.º 100-90.
• Mazurén: calle 152 n.º 53A-05, local 3.
• Toberín: calle 163A n.º 21-89.
• Portal Norte: avenida carrera 45 n.º 176-31, piso 1.
• Santa Bárbara: avenida 19 n.º 123-82.
• Usaquén: calle 120A n.º 7-14.
• Cedritos: calle 140 n.º 7C-50.

Sanitas recomendó a los afiliados acudir a los puntos de dispensación a partir del horario establecido para cada sede, con el fin de evitar filas antes de la apertura. También aseguró que los medicamentos que deben entregar están contratados con Colsubsidio, por lo que, según la EPS, no hay desabastecimiento de esos productos.

En el balance de la operación desde el 1 de noviembre hasta la fecha de su comunicado, la entidad reportó 226.078 medicamentos entregados, 119.116 fórmulas dispensadas y 4.317 domicilios realizados. La efectividad de entrega, según sus cifras, se ubicó en el 88%.

La EPS señaló que continuará reforzando su capacidad operativa para estabilizar la atención en los puntos de dispensación y garantizar la continuidad de los tratamientos de sus afiliados.

(Vea también: De la Espriella firmó bomba que lanzaron a disidencias de ‘Calarcá’ y mensaje que puso llamó atención)

A través de una publicación en su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que dio la autorización desde las primeras horas del día y anticipó que entregará detalles de la operación este miércoles, una vez se consoliden y verifiquen los resultados.

“Hoy, desde tempranas horas, autoricé un bombardeo contra un objetivo de una estructura narcoterrorista. La operación se ejecutó esta noche, exactamente a las 10:17 p. m.”, escribió De la Espriella.

El mandatario no reveló, por ahora, en qué región del país se desarrolló la acción militar ni cuál fue la organización armada contra la que estuvo dirigida. Tampoco entregó un balance de personas muertas, capturadas o material incautado.

Este es su anuncio:

¡NO VAMOS A DETENER LA OFENSIVA CONTRA EL NARCOTERRORISMO!

Hoy, desde tempranas horas, autoricé un bombardeo contra un objetivo de una estructura narcoterrorista. La operación se ejecutó esta noche, exactamente a las 10:17 p. m.

Mañana informaré al país, una vez consolidados y verificados los resultados, en qué región se desarrolló la operación, contra qué grupo narcoterrorista estuvo dirigida y cuál fue el resultado respecto del objetivo.

¡NO VAMOS A PARAR! Seguiremos empleando todas las capacidades legítimas del Estado para enfrentar al narcoterrorismo, proteger a los colombianos y recuperar la seguridad de nuestra patria.

Cada ataque del narcoterrorismo contra nuestros policías, soldados y ciudadanos, será contestado por el gobierno con una letalidad nunca antes vista.

¡NUESTRA RESPUESTA SEGUIRÁ SIENDO FIRME Y CONTUNDENTE!

¡Bienvenidos a la Patria Milagro!

¡Firme por la Patria!

¡Que viva Cristo Rey!

(A.D.L.E) 🇨🇴 🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 11, 2026

Abelardo de la Espriella anticipó detalles del bombardeo

En su mensaje, el presidente explicó que informará al país sobre tres aspectos centrales de la operación: la región en la que se llevó a cabo, el grupo narcoterrorista al que pertenecía el objetivo y el resultado del ataque.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que De la Espriella reiteró que su Gobierno mantendrá la ofensiva militar contra las organizaciones criminales.

“¡No vamos a parar! Seguiremos empleando todas las capacidades legítimas del Estado para enfrentar al narcoterrorismo, proteger a los colombianos y recuperar la seguridad de nuestra patria”, manifestó.

Otro detalle que llamó la atención fue la firma de la bomba que se lanzó. De la Espriella publicó la foto del momento en el que escribía en el misil. La imagen alcanza a mostrar: “Bienvanidos…”

De la Espriella habló de una respuesta más letal contra el narcoterrorismo

El jefe de Estado también lanzó una advertencia a las organizaciones armadas ilegales y aseguró que los ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y la población civil tendrán una respuesta contundente por parte de su administración.

“Cada ataque del narcoterrorismo contra nuestros policías, soldados y ciudadanos, será contestado por el gobierno con una letalidad nunca antes vista”, afirmó.

Finalmente, reiteró que su Gobierno mantendrá la estrategia de confrontación contra esas estructuras y cerró su publicación con la frase que ha acompañado varios de sus mensajes: “¡Bienvenidos a la patria milagro!”.

El caso se reportó en la vereda Naranjal, donde el menor de edad, identificado como Matías Gutiérrez, cayó en un pozo de agua que estaba siendo construido en una vivienda del sector al momento que se encontraba al cuidado de un familiar.

De acuerdo con la información entregada por Jhon Jairo García, comandante del Cuerpo de Bomberos de Amalfi, fueron los propios habitantes de la vereda quienes reaccionaron ante la emergencia y lograron sacar al pequeño del lugar.

Cuando los organismos de socorro se desplazaban hacia la zona para atender la situación, la comunidad ya había iniciado el traslado del niño hacia el casco urbano del municipio.

“La misma comunidad nos llama y nos informan que ya habían encontrado el niño lamentablemente sin vida. Ya el Cuerpo de Bomberos se dispone de nuevo a cambiar de los planes, ya es hacer el traslado del niño, del menor que ya se encontraba sin vida, para hacer el traslado del sector de la vereda Naranjal al municipio”, indicó.

Pese a los esfuerzos de los habitantes, el menor fue recuperado sin signos vitales y posteriormente entregado al hospital local El Carmen, donde quedó a disposición de los procedimientos correspondientes.

Por ahora, está pendiente establecer dónde se practicarán las inspecciones forenses, pues las autoridades deberán definir si estas diligencias se adelantan en el mismo centro asistencial o si el cuerpo es trasladado a Medicina Legal en Medellín.

(Vea también: Por qué Petro sale de X y se va para WhatsApp: apuntan a “fría jugada calculada” que hay detrás)

En su nueva publicación, el presidente pidió a los periodistas revisar las fechas de las grabaciones antes de sacar conclusiones sobre su contenido. Según planteó, algunos de los registros tendrían cerca de ocho años, un detalle que considera fundamental para entender el contexto en el que fueron realizados.

“¿Un vídeo de hace aproximadamente ocho años es prueba?”, escribió Petro, antes de lanzar otro cuestionamiento dirigido a los medios tradicionales del país: «¿Qué es lo que está haciendo la prensa tradicional colombiana en medio de su odio?”.

El mandatario insistió en que las fechas de los registros deben ser examinadas antes de utilizarlos para respaldar señalamientos. Con ese argumento, puso en duda el valor que se les ha dado a las imágenes dentro de la discusión pública y criticó la manera en que algunos medios han presentado el material.

La controversia por los videos y los señalamientos contra el Gobierno

Las declaraciones de Petro se producen en medio de la polémica relacionada con Deicy Jiménez, quien ha hecho señalamientos sobre presuntos ofrecimientos de contratos a cambio de favores sexuales durante el Gobierno.

El presidente ha rechazado las acusaciones y ha cuestionado la difusión de grabaciones relacionadas con el caso. Su más reciente pronunciamiento apunta precisamente a la antigüedad de esos registros y a la necesidad de establecer cuándo fueron realizados antes de atribuirles un significado.

La discusión también ha puesto nuevamente sobre la mesa el enfrentamiento entre Petro y varios medios de comunicación, a los que el mandatario ha cuestionado por la forma en que cubren las controversias que involucran a su administración.

Así, aunque el presidente había anunciado que WhatsApp tendría mayor protagonismo en sus comunicaciones, volvió a X para responder a la polémica y dirigir un nuevo cuestionamiento a la prensa tradicional colombiana.

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Duque es el fundador de la Comercializadora Internacional Empaquetadora del Norte S.A.S. BIC. La empresa vende aceites vegetales y se conoce por operar bajo el modelo de sociedad de Beneficio e Interés Colectivo. Entre sus proyectos más visibles está Refinorte, un complejo agroindustrial para refinar aceites comestibles que se planea construir en El Zulia y que, según lo anunciado, generaría unos 2.500 empleos. Blu Radio conoció además que existirían denuncias de personas que invirtieron en el proyecto y que aseguran haber sido víctimas de una presunta estafa.

También preside la Corporación de Empresarios e Industriales de Norte de Santander (Corpoindustrial). Desde allí ha participado en debates sobre desarrollo empresarial, seguridad, formalización y economía de frontera. En Cúcuta se le conoce además por Arduvi, un restaurante y café que abrió en 2022 como proyecto de inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual, física y con síndrome de Down. De esa iniciativa nació la Fundación Arduvi.

Fuentes consultadas por Blu Radio señalan que parte de su fortuna estaría presuntamente ligada a nexos con sectores del chavismo. Esas mismas fuentes lo relacionan, de manera presunta, con grupos guerrilleros.

Cabe recordar que el nombre del empresario ya había aparecido en la campaña electoral, en un video que se hizo viral en redes sociales. En la grabación aparecían el veedor ciudadano José Botello y alias Richard, señalado de ser financiador de las disidencias de las Farc que delinquen en el Catatumbo. En la conversación se mencionaba que se habrían enviado 200 millones de pesos para la campaña de Botello al Senado, y que ese dinero se entregaría a través de Duque. Botello ha rechazado esas afirmaciones y ha dicho que el video es un montaje. Hasta el momento, las autoridades no han indicado si ese episodio tiene relación con su captura.

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Reacciones en la región

En un comunicado, Corpoindustrial confirmó que su presidente enfrenta una situación legal, pero sostuvo que se trata “de un malentendido que esperamos pueda esclarecerse prontamente, confiando en que las circunstancias serán debidamente aclaradas y se conocerá la realidad de los hechos”.

Por su parte, la Comercializadora Internacional Empaquetadora del Norte S.A.S. BIC, empresa fundada por Duque, también emitió un comunicado. En él destacó “la calidad humana, los principios y la trayectoria intachable” del empresario, aseguró que las circunstancias se aclararán conforme a los procedimientos correspondientes y reiteró su respeto por las autoridades y el debido proceso. “No condenemos a nadie antes de conocer la verdad”, concluye el documento.

Hasta ahora, la Fiscalía no se ha pronunciado oficialmente sobre los cargos que se le imputarían ni los hechos relacionados a la captura.

La ministra destacó que la cifra aprobada representa "una cuarta parte de los recursos internacionales que logró para Cultura el gobierno anterior durante 48 meses". En cifras globales, según un documento citado por el Ministerio, entre 2022 y 2026 se administraron 2.488.281 dólares para la cultura mediante recursos de cooperación internacional. Estos fueron distribuidos en 17 proyectos, financiados por 12 cooperantes internacionales. Al comparar los periodos, la administración actual alcanzó un promedio mensual de 178.455 dólares durante sus primeros tres meses, frente a los 51.839 dólares que se promediaron mensualmente en el gobierno anterior entre 2022 y 2026.

Entre los cooperantes que hicieron posible la financiación de estos cuatro proyectos durante la actual gestión se encuentran el British Council, la Embajada de Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio (ALIPH). A pesar de este impulso, persisten preocupaciones en el sector, ya que, según información de El Espectador, 62 bibliotecas públicas siguen cerradas luego del terremoto, situación que no fue incluida en el balance del Ministerio y que mantiene la incertidumbre entre quienes dependen de estos espacios culturales.

Más allá de la recuperación patrimonial, uno de los proyectos apoyados por Estados Unidos contempla acciones de formación para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, una problemática relevante en contextos de emergencia. Finalmente, el Ministerio de Cultura también informó sobre la reactivación de relaciones de cooperación cultural con Estados Unidos, Israel, Suiza y Reino Unido, con el objetivo de ampliar el intercambio, la asistencia técnica y diversificar las fuentes de apoyo internacional para fortalecer el sector cultural.

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¿Cuáles son los proyectos financiados con cooperación internacional para la recuperación del patrimonio cultural?

Según información suministrada por el Ministerio de Cultura, en los primeros tres meses del gobierno de Abelardo De La Espriella se aprobaron cuatro proyectos específicos orientados a la recuperación y protección del patrimonio cultural dañado por el terremoto del 10 de agosto. El respaldo de entidades como el British Council, la Embajada de Estados Unidos, la Unesco y ALIPH fue clave para financiar estas iniciativas, que priorizan tanto la restauración material como la formación para la protección de bienes culturales.

¿Por qué siguen cerradas 62 bibliotecas públicas después del terremoto?

De acuerdo con El Espectador, 62 bibliotecas públicas del país permanecen cerradas tres meses después del terremoto, lo que ha generado incertidumbre dentro del sector cultural. Aunque los recientes recursos gestionados por el Ministerio de Cultura están enfocados en otros aspectos de la recuperación patrimonial, la situación de las bibliotecas evidencia desafíos pendientes en la restauración y reapertura de estos espacios fundamentales para las comunidades.

Esta solicitud surge como parte del proceso de verificación del régimen de condicionalidad que deben mantener quienes firmaron el acuerdo de paz en calidad de comparecientes, entre ellos Sandra Ramírez. Dicha condición implica que deben cumplir estrictos compromisos legales y de verdad ante el sistema de justicia transicional. En el mismo documento, firmado por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, la JEP exige que se clarifique si Ramírez está actualmente sujeta a investigaciones, actuaciones procesales o si existe cualquier información que la relacione con el magnicidio. Además, pide que, en caso de haber una relación formal o investigativa, se informe sobre la naturaleza y estado del proceso, así como que se envíen copias de los documentos pertinentes, bajo las reservas legales que regulan este tipo de diligencias.

En torno al crimen de Miguel Uribe Turbay, ya se encuentra bajo investigación otro compareciente de la JEP: Kendry Téllez Álvarez, conocido como “Yako” dentro de las disidencias asociadas al grupo de “Iván Márquez”. De acuerdo con la información suministrada, la JEP revocó su beneficio de libertad condicional el 26 de octubre, a raíz de una orden de captura expedida por la Fiscalía por su presunta participación en el asesinato. Sin embargo, Téllez lleva más de un año y ocho meses sin ser ubicado, incluso para su propio abogado.

La decisión de quitarle la libertad condicional a alias “Yako”, pero sin expulsarlo del Sistema Integral para la Paz —tal como lo había solicitado la Procuraduría—, fue firmada por los magistrados Diana María Vega Laguna y Pedro Julio Mahecha Ávila, integrantes de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP. Esta determinación obedece a que no se ha comprobado plenamente que Téllez haga parte de las disidencias de las Farc, según lo expuesto por la jurisdicción transicional.

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¿Cuál es el papel actual de la Jurisdicción Especial para la Paz en el seguimiento de casos como el de Sandra Ramírez?

La Jurisdicción Especial para la Paz se encarga de vigilar el cumplimiento de los compromisos asumidos por quienes firmaron el acuerdo de paz, como Sandra Ramírez. Su función central es verificar que estos comparecientes mantengan condiciones legales y aporten a la verdad sobre hechos relevantes, solicitando y analizando información ante posibles nuevas investigaciones o vínculos con actividades ilícitas según la información oficial trasladada por instancias como la Corte Suprema de Justicia.

¿Por qué la JEP no ha expulsado a “Yako” del Sistema Integral para la Paz tras revocarle la libertad condicional?

La JEP tomó la decisión de revocar el beneficio de libertad condicional de Kendry Téllez Álvarez, alias “Yako”, ya que existe una orden de captura por su supuesta participación en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, no fue expulsado del Sistema Integral para la Paz porque, según la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP, aún no se ha comprobado de manera suficiente que “Yako” pertenezca a las disidencias de las Farc, elemento necesario para proceder con la expulsión.

El ambiente político tampoco ha cambiado mucho en otros aspectos: la polarización, visible tanto en el estrecho resultado del plebiscito como en las recientes elecciones presidenciales, se mantiene como el telón de fondo de la vida nacional. Esta continuidad en la división política fue destacada durante el foro, donde varios de los protagonistas del proceso de paz compartieron sus perspectivas. Entre ellos estuvieron el expresidente Juan Manuel Santos; el general retirado y exvicepresidente Óscar Naranjo, quien fue negociador del acuerdo; Danilo Rojas, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo; Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (ONU); y diferentes voceros que representaron a las víctimas del conflicto armado.

Durante este espacio para la reflexión, el expresidente Santos hizo énfasis al comparar el actual contexto político con el que vivía el país una década atrás. En sus palabras, señaló, con tono de desacuerdo político, que el mandatario en el poder, Abelardo de la Espriella, representa una nación que ha cambiado considerablemente desde la firma del acuerdo. La intervención de los protagonistas en este foro se convierte en una especie de radiografía que permite apreciar, en contraste, cómo han evolucionado las dinámicas políticas, institucionales y sociales en Colombia desde 2016.

Datos compartidos durante el foro evidencian la trascendencia de observar el estado actual del país a través de quienes tuvieron roles clave en la construcción del acuerdo firmado en La Habana. Así, las reflexiones propuestas por El Espectador y la Universidad del Rosario ofrecen una mirada comparativa indispensable para quienes buscan comprender los profundos cambios que han ocurrido desde aquel icónico 24 de noviembre.

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¿Cómo ha cambiado la polarización política en Colombia desde la firma del acuerdo de paz?

La polarización política en Colombia, de acuerdo con lo discutido en el foro respaldado por El Espectador, se mantiene como un fenómeno persistente. Tanto el margen ajustado del plebiscito para refrendar el acuerdo de paz en 2016 como los resultados cerrados en recientes elecciones presidenciales reflejan que las divisiones sociales y políticas siguen siendo parte del día a día nacional. Los protagonistas del proceso de paz consideran este elemento una constante en la historia reciente del país.

¿Qué papel ha tenido la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el seguimiento del acuerdo firmado en 2016?

Según lo compartido por Danilo Rojas, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta institución fue creada a partir del acuerdo de paz de 2016 para abordar delitos relacionados con el conflicto armado. Su función principal es ofrecer verdad, justicia y reparación, aunque la desfinanciación y los recortes han dificultado la acción de instituciones como la JEP para cumplir plenamente con sus responsabilidades trazadas en el pacto firmado en el Teatro Colón.

Las primeras investigaciones indican que los explosivos se habrían instalado en la planta de máquinas del complejo energético. De acuerdo con el Ejército, este tipo de ataques atenta directamente contra la infraestructura energética y pone en riesgo tanto la seguridad como la tranquilidad de la población de la región. En respuesta a estos hechos, tropas de la Tercera Brigada del Ejército han permanecido desplegadas en las inmediaciones de la hidroeléctrica, dedicándose a tareas de seguridad y verificación de los daños ocasionados durante la acción violenta.

Hasta el momento, y de acuerdo con el reporte oficial, la acción no provocó lesiones en el personal ni fallecimientos, limitándose a causar únicamente daños materiales en la infraestructura de la central. No obstante, el ambiente de incertidumbre se ha incrementado en las comunidades rurales cercanas por la amenaza latente contra servicios estratégicos y la multiplicación de hechos similares en la región. Las autoridades han solicitado el apoyo ciudadano, invitando a la población a reportar cualquier actividad sospechosa o información que conduzca a ubicar a los responsables a través de la Línea 107.

Por su parte, Celsia, empresa responsable de la operación de la central hidroeléctrica de Amaime, también se pronunció. Señaló que, tras la emergencia, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y emergencia en coordinación con entidades competentes, entre ellas el Ejército y el cuerpo de bomberos, para evaluar el alcance de los daños y avanzar en la pronta recuperación de la operatividad del complejo. Según la compañía, la zona fue asegurada para garantizar la seguridad tanto del personal de la empresa como de las comunidades vecinas.

De acuerdo con el llamado de las autoridades, el trabajo conjunto entre instituciones, ciudadanía y empresa privada resulta fundamental para enfrentar este tipo de amenazas que comprometen la seguridad regional y la prestación de servicios estratégicos.

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¿Quién fue responsable del ataque a la central hidroeléctrica de Amaime en Palmira?

De acuerdo con la información proporcionada por la Tercera División del Ejército, el ataque con explosivos a la central hidroeléctrica de Amaime fue atribuido preliminarmente al grupo armado organizado residual estructura Adán Izquierdo. Esta organización habría colocado los explosivos en la planta de máquinas, buscando afectar la infraestructura energética de la región y con ello, la seguridad de la población.

¿Cuáles fueron las consecuencias del atentado en la central hidroeléctrica de Amaime?

Según reportes oficiales del Ejército y el pronunciamiento de Celsia, empresa operadora de la central, el ataque produjo daños materiales en la infraestructura, pero no dejó personas heridas ni víctimas mortales. Se activaron protocolos de seguridad y emergencia para atender la situación y buscar la pronta recuperación operacional del complejo, mientras que el Ejército y los bomberos trabajaron en la atención y aseguramiento del área afectada.

Castro Flórez ejercerá de forma interina las funciones de dirección del Icfes sin dejar de lado sus obligaciones actuales como directora de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media, dentro del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media. Su nueva función surge en un contexto de revisión interna. Según explicó la ministra Hoyos, se identificaron situaciones que requieren una evaluación rigurosa de las actividades y la misión institucional del Icfes. Por eso, se espera que Castro entregue un balance a nivel nacional y se asegure de la correcta aplicación de las pruebas censales, consideradas esenciales para orientar y tomar decisiones que mejoren la calidad educativa.

El Ministerio de Educación detalló la experiencia profesional de Maribel Castro, quien acumula dos décadas de trabajo como directiva docente. Ha ejercido roles clave como líder de Evaluación en la Secretaría de Educación de Barranquilla durante cuatro años, subsecretaria de Desarrollo Educativo de la Gobernación del Atlántico por cinco años y secretaria de Educación del Atlántico durante otro año. Asimismo, fue consultora de proyectos educativos tanto en el ámbito nacional como internacional. En su posición actual dentro del ministerio, ha priorizado el fortalecimiento de la calidad educativa y los resultados de aprendizaje.

La llegada de Castro ocurre solo un día después de la salida de Elizabeth Blandón, quien había asumido el cargo de directora general desde el 2 de agosto de 2023, durante el gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con la información de la página del Icfes citada por El Espectador, Blandón buscaba consolidar a la institución como referente en evaluación educativa en América Latina y avanzar en su transformación digital. Uno de sus objetivos principales era la implementación de pruebas de Estado en formato electrónico y una colaboración estrecha con la comunidad educativa y las autoridades sectoriales.

¿Por qué fue necesario el cambio de dirección en el Icfes?

El relevo en la dirección del Icfes se dio luego de que, según El Espectador, el presidente Abelardo de la Espriella declarara insubsistente a Elizabeth Blandón Bermúdez. La ministra de Educación Nacional argumentó que es preciso revisar el funcionamiento del Icfes, hacer seguimiento a sus actuaciones y reflexionar sobre su misión institucional.

¿Qué funciones asumirá Maribel Castro Flórez como directora encargada del Icfes?

Maribel Castro Flórez se hará cargo temporalmente de la dirección del Icfes, asegurando el cumplimiento de las pruebas censales y presentando un balance sobre el funcionamiento de la entidad, sin dejar de ejercer su labor como directora de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media del Viceministerio de Educación. También deberá enfocarse en la misión de fortalecer la educación en Colombia según lo expuesto por el Ministerio de Educación Nacional.

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“Decidí, por obvias razones, abrir las redes sociales. Los invito a seguirme. Deben tenerme un poquito de paciencia, iré poco a poco aprendiendo”, dijo Rodríguez en el video. además, aprovechó el mensaje para insistir en los señalamientos que ha expuesto desde su salida del Gobierno.

Entre esos asuntos mencionó presuntas anomalías en la contratación y en la selección de funcionarios durante la administración Petro. También ha hablado de una supuesta “red de mujeres” vinculada, según sus denuncias, con la prostitución dentro del Ejecutivo. 

Este será un espacio para seguir siendo escudera de la verdad, con la misma firmeza de siempre.

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— Angie Lizeth Rodríguez Fajardo (@Angier_1992) November 10, 2026

Rodríguez sostuvo que no se arrepiente de exponer esas situaciones y afirmó que, mientras recibía ataques, recopilaba pruebas. “Me estaba enfrentando al poder. (…) no me arrepiento de nada”, manifestó. Aseguró que entregó el material probatorio a la justicia y que tiene más información por divulgar.

La exfuncionaria dijo que busca abrir conversaciones sobre asuntos de interés nacional que deben conocer en otros países. “Guardar silencio nunca fue una opción y menos para mí”, expresó. 

La apertura de sus cuentas ocurre tras una decisión judicial sobre Laura Sarabia. Un juzgado de Bogotá ordenó a Rodríguez retractarse de afirmaciones contra la exembajadora, al proteger sus derechos a la honra y al buen nombre. La disputa surgió por declaraciones en las que Rodríguez afirmó que Sarabia habría chantajeado a Petro y tendría material comprometedor. La abogada Lina Sandoval, representante de Sarabia, confirmó la orden.

La convocatoria, orientada a profesionales colombianos que ingresen por primera vez a uno de los 27 doctorados priorizados, utiliza la figura de crédito educativo condonable: se financia la totalidad de la formación, y si se cumplen las condiciones, incluido obtener el título en el plazo previsto, se puede condonar hasta el 100 %. Según Atenea, esta decisión de ampliar el plazo responde a solicitudes de aspirantes y universidades, dadas las diferencias en los calendarios de admisión. El proceso está planteado para que los seleccionados inicien estudios en el primer semestre de 2027.

Entre los requisitos definidos están: ser profesional colombiano, contar con admisión (primera matrícula) a uno de los programas habilitados, presentar una carta o certificación oficial de admisión, una propuesta de investigación alineada con una demanda territorial de Bogotá o Cundinamarca, una carta de motivación y diligenciar el formulario de Atenea adjuntando todos los soportes. Solamente se permite una postulación por aspirante. Entre las temáticas prioritarias se encuentran biodiversidad y servicios ecosistémicos, soberanía alimentaria, energías sostenibles, salud y bienestar, prevención de violencias, y ordenamiento territorial y convergencia regional. Quienes ya tienen doctorado, han estado matriculados en un doctorado en los dos semestres anteriores o reciben apoyo de Minciencias o el Sistema General de Regalías para ese nivel, no pueden participar.

La distribución de cupos se da entre siete universidades: Universidad Nacional de Colombia (39 cupos), Universidad El Bosque (10), Universidad de La Sabana (10), Universidad Distrital Francisco José de Caldas (7), Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (7), Pontificia Universidad Javeriana (5) y Universidad de los Andes (3). Los campos incluyen ingeniería, ciencias biomédicas, biotecnología, estadística, física, química y más.

El apoyo cubre 100 % de matrícula, sostenimiento mensual de 4,5 millones de pesos, apoyo a la investigación por hasta 45 millones y un único desembolso para movilidad internacional. No genera intereses y, de acuerdo con el reglamento de Atenea, la condonación máxima es del 100 %, aunque puede ser parcial si sólo se avalan productos de investigación.

Para inscribirse es necesario revisar los programas, ingresar al micrositio oficial de Atenea, llenar el formulario y cargar los documentos requeridos. El cronograma señala publicación de requisitos el 23 de noviembre, divulgación de resultados el 16 de diciembre y legalización de créditos hasta el 22 de enero de 2027.

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¿Cuál es el plazo exacto para inscribirse a las becas de doctorado en Bogotá de Atenea?

La fecha límite para postularse a la convocatoria de becas de doctorado en Bogotá, según la Agencia Atenea, es el martes 17 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. Después de ese momento no será posible modificar información ni adjuntar documentos en la postulacíón registrada.

¿Qué requisitos se deben cumplir para aspirar a los créditos condonables del proyecto Roberto Zarama?

De acuerdo con Atenea, es fundamental ser profesional colombiano, tener admisión por primera vez en alguno de los 27 programas priorizados, contar con una carta oficial de la universidad, proponer un proyecto de investigación pertinente, presentar carta de motivación y cargar todos los documentos en el formulario. No pueden aplicar quienes ya tengan doctorado, hayan cursado doctorados en los dos semestres anteriores o reciban apoyo nacional para doctorado.

El proceso inició en 2024, cuando Arleth Carolina fue reportada como desaparecida en Barranquilla. Un giro positivo llegó a comienzos de noviembre, gracias a una familiar que, tras recibir una foto, logró ubicarla con vida en Bogotá. Su madre viajó desde el Atlántico para reencontrarse con ella. De acuerdo con su testimonio, Arleth reconoció a sus allegados y compartió junto a ellos unas horas, aunque expresó su deseo de no regresar a casa en ese momento. Familiares informaron que la docente se alojaba en establecimientos de hospedaje con pagos diarios y que, posteriormente, al intentar localizarla en el mismo sitio, ya no estaba presente, lo que llevó a la madre a quedarse en Bogotá en espera de nuevas oportunidades de contacto.

Leida Castillo y otros familiares han solicitado públicamente que Arleth Carolina reciba valoración médica, psicológica y psiquiátrica debido a cambios observados en su conducta y a la dificultad para convencerla de acudir voluntariamente a un centro de salud. No obstante, hasta el momento no se conoce ningún diagnóstico médico emitido ni pronunciamiento oficial por parte de entidades de salud, la Fiscalía o la Policía sobre una posible atención, hospitalización o las circunstancias detrás de su reciente ausencia del hospedaje. Las actuaciones legales y los procedimientos médicos, especialmente con adultos, deben salvaguardar su privacidad, autonomía y dignidad, a menos que alguna autoridad determine que existe una excepción avalada por ley.

Pese a la alegría inicial de saber que Arleth Carolina está con vida, muchas preguntas permanecen abiertas: aún no se esclarecen los motivos de su desaparición, los sitios donde estuvo durante este periodo ni las causas del distanciamiento respecto a sus seres queridos. Aunque la familia ha afirmado que buscó ayuda de entidades, no hay información pública sobre documentos o avances institucionales en la investigación del caso. Por ahora, la confirmación oficial se limita al hallazgo con vida de la docente, su contacto con familiares y la declaración de su madre sobre la nueva pérdida de comunicación. Cualquier dato adicional sobre su estado de salud o la existencia de atención profesional solamente podrá ser corroborado por la familia o autoridades competentes, garantizando el derecho de Arleth Carolina a la intimidad.

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¿Qué pasó con Arleth Carolina Álvarez Castillo tras ser encontrada en Bogotá?

Después de un reencuentro breve con su madre y otros familiares en Bogotá, Arleth Carolina Álvarez Castillo volvió a perder contacto con ellos al no ser hallada nuevamente en su hospedaje. No existe hasta ahora información oficial sobre su paradero, atención médica o condiciones de salud, según lo relatado por la familia en entrevistas y reportajes.

¿Por qué la familia de Arleth Carolina solicita valoración médica y psicológica?

La familia de Arleth Carolina ha pedido que se le realicen exámenes médicos y psicológicos por los cambios observados en su comportamiento y por la dificultad para llevarla voluntariamente a un centro de salud. La solicitud responde a la preocupación por su bienestar, aunque hasta este momento no hay un diagnóstico público ni confirmación de atención de parte de entidades oficiales.

A través de un comunicado, la Casa de Nariño informó que Pineda aceptó una invitación de Keiko Sofía Fujimori Higuchi, presidenta de Perú, para asistir a la ceremonia de recibimiento del sumo pontífice, programada para el próximo 11 de noviembre de 2026 en el Palacio de Gobierno de Lima.

La invitación, de acuerdo con el documento oficial, hace parte de una convocatoria dirigida a los jefes de Estado de América Latina. En ese contexto, la primera dama acompañará el acto protocolario en representación de Colombia.

Uno de los puntos que la Presidencia quiso dejar claros fue la financiación del desplazamiento. Según el comunicado, el viaje será cubierto con recursos propios de Ana Lucía Pineda, por lo que no implicará gastos para el Estado colombiano ni comprometerá dinero del presupuesto nacional.

Comunicado de Prensa https://t.co/vI0umemum2

— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) November 11, 2026

Presidencia explicó el propósito del viaje de la primera dama 

El Gobierno también señaló que la participación de la primera dama busca contribuir al acercamiento entre los países de la región, en medio de un encuentro que combina aspectos diplomáticos y religiosos.

En el comunicado, la Presidencia destacó que este tipo de espacios representan una oportunidad para fortalecer los vínculos de amistad y fraternidad entre los pueblos latinoamericanos.

La ceremonia del 11 de noviembre tendrá como protagonista al papa León XIV, quien será recibido en el Palacio de Gobierno de la capital peruana.

(Le puede interesar: Exponen traición que tumbó a alias ‘Kevin Masacre’, señalado sucesor de ‘Bendito Menor’ en Guajira)

La información sobre su detención fue divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella en X, antes Twitter, quien aseguró que el procedimiento fue desarrollado por el Gaula. Según el reporte, el hombre estaría relacionado con una serie de hechos violentos utilizados para intimidar a comerciantes y habitantes de la capital de La Guajira.

De acuerdo con los señalamientos, ‘Danielito’ habría participado en ataques contra viviendas y establecimientos comerciales mediante disparos, una modalidad que presuntamente utilizaban para generar temor entre sus víctimas y presionarlas.

Además, el capturado es investigado por su posible participación en el asesinato de un tendero, ocurrido el pasado 16 de junio. Por ahora, la información divulgada no precisa las circunstancias en las que se habría cometido este homicidio.

¡OTRO GOLPE CONTRA LAS ESTRUCTURAS CRIMINALES QUE SIEMBRAN TERROR A LA GUAJIRA!

En desarrollo de una operación del GAULA, fue capturado alias ‘Danielito’, integrante de ‘Los JJ’ y ‘Fresno Nueva Generación’, señalado de sembrar miedo en Riohacha con disparos contra viviendas y… pic.twitter.com/NPcEjHYokX

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 10, 2026

(Lea también: Jefe de ‘Bendito menor’ expone la complicada relación con el criminal: “Era difícil de controlar”)

Alias ‘Danielito’ habría asumido control de redes tras muerte de ‘Bendito Menor’

Otro de los elementos señalados por el presidente tiene que ver con el papel que habría asumido alias ‘Danielito’ dentro de las actividades ilegales en Riohacha.

Según la información entregada sobre el operativo, después de la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias ‘Nain’ o ‘Bendito Menor’, el hombre habría asumido el control de redes de microtráfico y extorsión en el municipio.

La captura también se conoce después de que, en septiembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella advirtiera sobre las acciones de otros presuntos integrantes de las estructuras criminales que habrían buscado ocupar los espacios dejados por ‘Bendito Menor’.

En ese momento, el mandatario aseguró que las autoridades tenían identificados a varios hombres que pretendían continuar con el control territorial y las intimidaciones contra la población de La Guajira. En ese momento dijo que quienes siguieran el ejemplo de ‘Naim’ “Terminará como él”.

“Los tenemos identificados para sacarlos del mercado delictivo”, manifestó entonces.

La muerte de alias ‘Bendito Menor’ se produjo durante un operativo de la Policía Nacional en Riohacha, el 4 de septiembre de 2026. El hombre era señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y jefe del frente Javier Cáceres.

En su mensaje, Andrea Petro expresó su alarma ante el hecho de que la intimidad de una persona, en este caso su padre, sea convertida en un instrumento para avanzar intereses particulares o colectivos, señalando que semejante situación representa un atentado a la confianza personal. "La intimidad no puede convertirse en un arma, ni la confianza en una trampa", puntualizó la hija del presidente, dejando en evidencia su inconformidad con la forma en que habría sido obtenido y luego usado el material audiovisual.

La exposición de estos hechos ha llevado a Andrea Petro a exigir investigaciones exhaustivas respecto a la apropiación y divulgación del contenido privado del mandatario. Solicitó, además, que se respete en el proceso el debido proceso y señaló la importancia de proteger los derechos fundamentales involucrados en el caso, específicamente aquellos relacionados con las conversaciones privadas que, según sus palabras, pudieron haber sido vulnerados.

En su pronunciamiento, Andrea Petro recalcó: "Ninguna denuncia otorga licencia para vulnerar la dignidad ajena. La justicia debe garantizar los derechos de todos, sin excepciones". De acuerdo con la información proporcionada, estas aseveraciones aumentan la presión sobre las autoridades y también sobre quienes han estado involucrados en la obtención y uso del material privado.

Así, la polémica en torno al presidente Gustavo Petro dejó de centrarse exclusivamente en el contenido de los videos y ha pasado a abarcar la discusión sobre la legitimidad de los métodos usados para su obtención, los posibles abusos a la privacidad y los límites frente a la publicación de conversaciones de carácter personal. Este capítulo plantea una serie de reflexiones sobre los alcances y riesgos de la exposición mediática en el contexto de la política colombiana.

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¿Por qué la hija de Gustavo Petro critica la grabación de conversaciones privadas?

La hija del presidente Petro, Andrea Petro, criticó la grabación de conversaciones privadas porque considera que registrar y mantener contenido confidencial de manera oculta representa un acto grave. Según sus declaraciones citadas en X, expuso que este material puede ser utilizado para presionar, manipular y dañar la confianza, por lo cual pidió investigaciones y respeto por los derechos fundamentales implicados en estos hechos.

¿Cuáles son los derechos que podrían vulnerarse al grabar y divulgar material privado?

De acuerdo con Andrea Petro, al grabar y divulgar material privado de un individuo, podrían vulnerarse derechos fundamentales, especialmente los relacionados con la privacidad y la dignidad. Ella subrayó en su pronunciamiento que el respeto a la intimidad es crucial y que ninguna denuncia debería justificar la exposición ni el uso indebido de información confidencial.

El protagonista de la denuncia es Álvaro Jany Barbosa, quien publicó un video en sus redes sociales para mostrar lo que encontró frente a las instalaciones de la Dirección de Tránsito del municipio. El empresario cuestionó que su vehículo siguiera circulando y que no hubiera ingresado al parqueadero autorizado.

“Acá vemos el vehículo que se lo trajeron andando, no está ingresado a los patios, está simplemente parqueado afuera de la dirección de tránsito, no sé cómo habrá sido el procedimiento”, sostuvo Barbosa en la grabación.

Las imágenes muestran a un agente sentado en el puesto del conductor mientras el automóvil permanece estacionado frente a la sede de la entidad. La situación llamó la atención del empresario, quien también aseguró que el funcionario había pasado anteriormente junto a él mientras conducía el carro.

“Ahí vemos que está el agente de tránsito dentro del vehículo, no sé, esperando. Vamos a ver si también vuelve y me saluda. Vamos a saludarlo así como él nos saludó y pasó pitándonos con el vehículo… Aquí vemos el procedimiento un poquito pues fuera de lo ordinario, creo yo”, manifestó.

El empresario Álvaro Jany Barbosa denunció presuntas irregularidades en la inmovilización de su vehículo en Girón, Santander, al grabar a un agente conduciéndolo. La Dirección de Tránsito Municipal no ha entregado un reporte oficial del caso. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/Ue13VkyTTj

— Revista Semana (@RevistaSemana) November 10, 2026

Empresario pidió explicaciones por el procedimiento

Según las reglas de inmovilización, los vehículos deben ser sellados y trasladados en una grúa autorizada hasta los patios correspondientes, mientras se adelantan los trámites administrativos.

La denuncia despertó cuestionamientos entre usuarios de redes sociales sobre la custodia de los automóviles inmovilizados y la actuación de los agentes encargados de estos procedimientos.

“No sé quién habrá autorizado este procedimiento del vehículo”, agregó Barbosa. 

Hasta el momento, la Dirección de Tránsito de Girón no había entregado una explicación oficial sobre lo sucedido ni sobre las razones por las que el automóvil fue conducido por un funcionario.

De acuerdo con los reportes preliminares, los artefactos explosivos, transportados y arrojados mediante drones, impactaron sobre la planta de máquinas de la central hidroeléctrica. El uso de estas aeronaves no tripuladas para atacar objetivos estratégicos ha despertado inquietudes entre las autoridades locales y nacionales, quienes observan con preocupación la sofisticación de este tipo de acciones como una amenaza para la seguridad de la infraestructura pública en Colombia.

Frente a este panorama, hay alivio temporal entre la comunidad y los organismos de socorro, ya que, por el momento, no se reportan personas heridas ni víctimas fatales entre la población civil ni en las fuerzas de seguridad que mantenían presencia en el lugar. Además, se confirmó que el evento no ocasionó interrupciones en el suministro eléctrico, de modo que el servicio continúa prestándose con normalidad, tal como registran los datos del informe inicial.

Después del incidente, unidades del Batallón de Ingenieros número 3 Coronel Agustín Codazzi acudieron para reforzar la seguridad en la zona y apoyar las investigaciones. La ubicación de la hidroeléctrica, a unos 40 minutos del centro de Palmira, implica una respuesta coordinada para establecer los detalles y la magnitud de los daños causados por el ataque. Las autoridades trabajan en esclarecer las circunstancias exactas del suceso y en identificar a los responsables de esta acción violenta.

Este ataque reabre el debate público en torno a la vulnerabilidad de infraestructuras esenciales del país y resalta el desafío creciente que representa el uso de drones cargados con explosivos en actos violentos. Aunque aún falta un pronunciamiento oficial sobre los móviles y posibles responsables, la expectativa de la comunidad y de las autoridades está centrada en recibir claridad sobre los alcances de este atentado y en fortalecer la protección de estos puntos estratégicos.

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¿Por qué fue atacada la Central Hidroeléctrica de Amaime desde drones con explosivos?

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los motivos detrás del ataque a la Central Hidroeléctrica de Amaime ni sobre los posibles responsables. La información disponible únicamente confirma que se utilizó la modalidad de lanzamiento de explosivos mediante drones, dejando en evidencia la preocupación por la seguridad de infraestructuras estratégicas en el país.

¿Qué daños ocasionó el ataque con drones a la hidroeléctrica de Amaime en Palmira?

De acuerdo con los reportes preliminares, el ataque no ha dejado personas heridas ni ha provocado víctimas fatales y no se han reportado interrupciones en el suministro de energía eléctrica. Las autoridades todavía trabajan en verificar el alcance real de los daños ocasionados por los explosivos lanzados sobre la planta de máquinas.

La denuncia detalla que desde la llegada de Quintero a Cómbita su seguridad y la de su familia se ha visto comprometida por distintas situaciones. Una de ellas, según el reporte, son llamadas recibidas desde el 5 de noviembre por individuos que intentaron hacerse pasar por funcionarios judiciales. Por ejemplo, uno de estos hombres se presentó como Andrés Sanguinetti, supuesto funcionario del Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín; sin embargo, la verificación del número reveló que correspondía a otra persona. Señala también que, días posteriores, otra llamada formuló exigencias económicas utilizando la expresión “ocho galones” para referirse, en clave, a cerca de 8 millones de pesos, monto que debía pagarse a cambio de un informe de arraigo necesario para el proceso judicial. Frente a la negativa de la esposa de Quintero de hacer pagos, las amenazas directas de muerte no tardaron en llegar, extendiéndose incluso al abogado defensor.

En el escrito, la defensa de Quintero afirma que hay rumores consistentes entre personas privadas de la libertad en Cómbita sobre la planeación de un atentado. Igualmente, denuncia que el traslado de Quintero Calle a dicha cárcel representó una omisión en la evaluación de riesgos, exponiéndolo innecesariamente. Argumenta que trasladarlo sin una valoración previa significa dejarlo en condición vulnerable, lo que podría traer consecuencias irreparables y situaría al Estado en una responsabilidad especial por su deber como garante de la vida de las personas privadas de la libertad.

Respecto a la situación jurídica, Quintero fue formalmente vinculado a una investigación en septiembre, relacionada con el presunto direccionamiento irregular de seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos. Inicialmente fue beneficiado con detención domiciliaria, pero el 30 de octubre, esta fue revocada y se ordenó su traslado a prisión en respuesta a un recurso presentado por la Fiscalía. De acuerdo con esa entidad, Quintero habría liderado, sin firmar contratos directamente, una estructura para beneficiar al Cuerpo de Bomberos, mediante acuerdos que contemplaban comisiones ilegales sobre proyectos adjudicados por un valor de 17.656 millones de pesos, principalmente durante la pandemia de covid-19.

¿Por qué razones fue trasladado Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita?

El traslado de Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita se produjo luego de que la detención domiciliaria que le había sido concedida fuera revocada por un juez penal del circuito de Medellín. Según la información expuesta por la Fiscalía General de la Nación y compilada en El Espectador, el cambio de medida obedeció a la solicitud de la Procuraduría y la representación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, motivadas por el riesgo de que Quintero obstaculizara el proceso o eludiera a la justicia.

¿En qué consisten los contratos irregulares que involucran a Miguel Quintero?

De acuerdo con la Fiscalía, los contratos bajo investigación corresponden a la entrega de elementos de protección y kits de bioseguridad durante la pandemia de covid-19, suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Se señala que se desviaron más de 2.400 millones de pesos mediante comisiones ilegales y que Miguel Quintero, sin firmar los contratos, habría ordenado a otros funcionarios adjudicarlos como parte de un supuesto "acuerdo de favorecimiento".

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(Vea también: “Ella votó por Petro”; “Deje la inquina”: agarrón entre María Jimena Duzán y Vicky Dávila)

En un video publicado en sus redes sociales, la comunicadora comenzó señalando que las dos mujeres tienen todo el derecho de defender, querer y respetar a su papá. Sin embargo, manifestó que, por tratarse de sus hijas, prefería abordar el asunto desde el contenido del documento y las investigaciones que rodean al exmandatario.

“Creo que todos los escándalos que han rodeado a Gustavo Petro al final han terminado afectando, convirtiendo en víctimas también a personas alrededor suyo como Sofía y Antonella”, expresó.

La periodista se detuvo en uno de los apartados de la carta en el que las hermanas aseguraron que la vida pública y privada de su padre ha estado sometida a un escrutinio minucioso y que, pese a ello, nunca se ha comprobado ningún hecho de corrupción.

Frente a esa afirmación, Dávila planteó un cuestionamiento sobre el avance de las investigaciones que han rodeado al exmandatario.

Acá, el video de la periodista:

Los escándalos de Petro que recordó Vicky Dávila

La comunicadora enumeró varios episodios que, desde su perspectiva, todavía necesitan explicaciones y resultados judiciales.

Entre ellos mencionó el caso de las bolsas de dinero que fueron registradas en videos relacionados con el entorno de la campaña presidencial de Petro. También recordó los denominados petrovideos, investigación periodística que ella hizo en revista Semana y en la que se conocieron conversaciones sobre el llamado pacto de La Picota y las estrategias de campaña.

A esa lista agregó el proceso contra Nicolás Petro, hijo mayor del exmandatario, quien enfrenta un juicio por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

También hizo referencia al escándalo por el caso de la niñera de Laura Sarabia, los audios del entonces embajador Armando Benedetti, en los que se mencionaban 15.000 millones de pesos relacionados con la campaña presidencial, y las declaraciones de Aida Merlano.

La periodista igualmente mencionó el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y otros cuestionamientos que, según sostuvo, deberían tener resultados en las investigaciones.

“Todo esto, ¿dónde están los resultados de esas investigaciones?”, preguntó.

Vicky Dávila habló de Deicy Jiménez y pidió investigar a Petro

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la denuncia de Deicy Jiménez, quien aseguró que habría existido una red de mujeres que recibían beneficios contractuales con entidades del Estado a cambio de favores sexuales para Gustavo Petro.

Dávila consideró que el testimonio de Jiménez debe ser investigado y que las autoridades tienen que establecer qué ocurrió. En ese sentido, mencionó que existen videos, conversaciones y contratos que, según la denunciante, respaldarían sus señalamientos.

La periodista también cuestionó que se ponga el foco en la actividad que desempeñaba Jiménez como modelo webcam, en lugar de concentrarse en el fondo de la denuncia.

“¿Estamos juzgando a Deicy Jiménez o estamos tratando de identificar si de verdad Gustavo Petro usó dineros públicos para obtener favores sexuales?”, planteó.

Finalmente, Dávila reiteró que su cuestionamiento no estaba dirigido contra Sofía y Antonella, a quienes manifestó su respeto, sino contra la necesidad de esclarecer las denuncias que involucran a su padre.

“Esta carta de las hijas del expresidente, muy respetable, pero creo que la discusión política hay que sacarla de allí y ponerla en manos de la justicia”, concluyó.

Jenča subrayó que tanto la comunidad internacional como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han invertido ya 600 millones de dólares en el sostenimiento de la misión y el acompañamiento al proceso. No obstante, recalcó que la responsabilidad principal de cumplir con lo acordado recae sobre el Estado colombiano, a pesar del acompañamiento y apoyo externo. Esta postura se conoce en momentos de revisión crítica de los logros y desafíos tras una década de la firma del Acuerdo de Paz.

El foro contó también con la participación de Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y ganador del premio Nobel de Paz por su papel en el proceso que desembocó en la firma con las Farc. Santos aprovechó el evento para cuestionar la estrategia de seguridad implementada por el presidente Abelardo de la Espriella. Según Santos, la situación actual del país resulta inquietante, ya que considera que el presidente "se pasea entre cadáveres". Esta declaración surge tras las acciones recientes, en las que De la Espriella firmó una bomba que precedió a la llamada “Operación Noah”. Durante la operación, se produjo el séptimo bombardeo bajo su mandato, dirigido contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc en Tibú, municipio del departamento de Norte de Santander.

En su intervención, Santos manifestó su preocupación por la violencia persistente en el contexto del décimo aniversario del acuerdo, resaltando la contradicción entre los ideales de paz que se buscaron y la realidad de los acontecimientos actuales bajo la administración de De la Espriella.

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¿Qué papel ha tenido la ONU en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia?

De acuerdo con Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, la comunidad internacional y la ONU han brindado un apoyo consistente al proceso de paz, representado tanto en respaldo político como en la inversión de 600 millones de dólares durante los últimos años. Sin embargo, Jenča enfatizó que la principal responsabilidad de la implementación corresponde al Estado colombiano.

¿En qué consiste la “Operación Noah” ordenada por el presidente De la Espriella?

La “Operación Noah” es una acción militar reciente autorizada por el presidente Abelardo de la Espriella. Incluyó el séptimo bombardeo bajo su gobierno, dirigido específicamente a combatir al Frente 33 de las disidencias de las Farc en la zona rural de Tibú, Norte de Santander. Esta operación ha generado críticas, como las expresadas por el expresidente Juan Manuel Santos en el foro sobre el Acuerdo de Paz.

En cuanto a la vivienda, la magnitud del daño ha sido profunda: 105 mil familias resultaron damnificadas, entre ellas más de 7 mil perdieron completamente sus casas y 26 mil viviendas quedaron inhabitables. Sobre los recursos asignados, Gustavo Adolfo Roa, secretario de Vivienda y Hábitat del Valle, explicó que se han enfocado 30.000 millones de pesos para mejoramiento de vivienda y 20.000 millones de pesos para el desarrollo de prototipos de vivienda nueva. Según datos de la Gobernación, ya se han entregado materiales de construcción a 4 mil personas y se han terminado 500 mejoramientos de vivienda; para los próximos tres meses se prevé culminar la entrega de estos apoyos y entregar 1.400 viviendas nuevas. Por otra parte, la Asamblea Departamental aprobó alivios tributarios y la exoneración del impuesto vehicular de 2027 para quienes perdieron sus vehículos, bajo cumplimento de requisitos como la cancelación de matrícula.

Respecto a la educación, la crisis dejó 512 instituciones educativas colapsadas. La Gobernación ha establecido alrededor de 500 albergues escolares, que actualmente albergan a cerca de 15.000 estudiantes. Además, varios colegios han adoptado clases virtuales y sistemas de alternancia mientras se completan las obras de recuperación. La gobernación, en conjunto con el Ministerio de Educación y entidades privadas, está al frente de la reconstrucción estructural: la meta es financiar la recuperación de cerca de 60 instituciones con recursos públicos y 50 con inversión privada, conforme lo informó Dilian Francisca Toro, gobernadora del departamento.

En la esfera económica, el impacto fue severo: el 94% de las empresas censadas reportaron algún tipo de daño, el 28% no opera y el 42% funciona parcialmente, siendo el comercio el sector más golpeado. La estrategia de reactivación incluye la entrega de 9 mil créditos condonables y 20 mil millones de pesos destinados a la reconstrucción de locales. Además, se concederán 1.800 créditos condonables para pequeños emprendedores de siete municipios, Buenaventura y Cali. El área agrícola tampoco se libró de las afectaciones: 1.221 hectáreas dañadas, 129.348 animales impactados (con una tasa de mortalidad del 54%) y apoyos directos a productores cafeteros y agrícolas.

De acuerdo con la información oficial, el proceso continúa y el objetivo es devolver la tranquilidad y nuevas oportunidades a las familias afectadas, acompañando con medidas estructurales y ayudas directas.

¿Cuáles son las ayudas para las familias damnificadas por el terremoto en el Valle del Cauca?

Las ayudas incluyen asignación de recursos para el mejoramiento y reconstrucción de viviendas, entrega de materiales de construcción, apoyo económico a familias que han perdido sus hogares, y exoneración del impuesto vehicular para quienes perdieron vehículos, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la Gobernación del Valle del Cauca.

¿Cómo avanza la recuperación de la educación en el departamento tras el terremoto?

El proceso educativo se recupera a través de la implementación de albergues escolares temporales, clases virtuales y alternancia, así como planes para reconstruir al menos 110 instituciones educativas con recursos tanto públicos como privados, según lo reportado oficialmente.

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El accidente no solo causó daños materiales, sino que también provocó una fuerte discusión entre los conductores, tal como lo reportó la persona que grabó el incidente. La confrontación entre los involucrados en plena vía pública estuvo a punto de convertirse en una pelea física, lo que agravó la alteración del orden en el lugar de los hechos. Ante la situación, fue necesaria la intervención de las autoridades para evitar que la disputa escalara y garantizar la seguridad de los presentes.

Una vez ocurrido el siniestro, unidades de la Policía, agentes de tránsito y personal de ambulancias acudieron al lugar para controlar la emergencia y prestar la atención necesaria. De acuerdo con los relatos mencionados, la emergencia también causó una significativa congestión vehicular en este concurrido sector de Ibagué, mientras las autoridades se encargaban de adelantar las verificaciones iniciales y asistir a las partes involucradas.

Según la transmisión en redes sociales, las personas implicadas en el accidente aparentemente no sufrieron heridas de gravedad. Sin embargo, recae en las autoridades competentes la responsabilidad de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades. Como parte del procedimiento, se contempla la recolección de fotografías y otras pruebas materiales que permitan aclarar las circunstancias exactas del choque. Todos estos elementos serán cruciales para tomar decisiones y avanzar en el proceso de investigación, según lo reportado en las fuentes consultadas.

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¿Cuáles fueron las causas y consecuencias del accidente de tránsito en Ibagué?

El accidente ocurrió cuando una volqueta doble troque impactó a una motocicleta NKD, arrastrándola varios metros y dejando visibles huellas de fricción en el pavimento, según registros de video citado en redes sociales. De acuerdo con los datos proporcionados, la consecuencia inmediata fue una confrontación entre los conductores, intervención de las autoridades y congestión vehicular en el sector, aunque no se reportaron heridas de gravedad.

¿Cómo actuaron las autoridades tras el choque entre volqueta y motocicleta en Ibagué?

Luego del accidente, acudieron unidades de Policía, agentes de tránsito y personal de ambulancias, quienes controlaron la emergencia y asistieron a los involucrados. De acuerdo con lo reportado, las autoridades se ocuparon de adelantar verificaciones, recolectar pruebas materiales y mantener el orden público, acciones fundamentales para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El eje central del proyecto es la construcción del Centro de Investigación, Innovación y Transferencia Farmacéutica, conocido por sus siglas como Citfarma. Este espacio tiene como objetivo impulsar el desarrollo científico, la innovación y el fortalecimiento de capacidades estratégicas para Colombia en el ámbito farmacéutico. La creación de Citfarma responde de manera directa a una solicitud reiterada de la comunidad universitaria, motivada por la situación actual del edificio de Farmacia. Las condiciones de deterioro de esta infraestructura obligaron a un cierre parcial hace dos años, lo que impactó negativamente tanto en los laboratorios como en los proyectos de investigación y en las actividades académicas.

Durante el anuncio, la ministra Hoyos enfatizó que la iniciativa busca ir más allá de la simple construcción de un nuevo edificio, pues pretende consolidar espacios de encuentro comunitario y fortalecer la educación pública en el país. En la misma línea, el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, resaltó que la decisión representa una respuesta esperada durante una década para enfrentar las dificultades de infraestructura que han afectado el área de los laboratorios de Farmacia.

De acuerdo con la información suministrada, el inicio de las obras está previsto para 2027. Con la puesta en marcha de Citfarma, se espera lograr una mayor conexión entre el conocimiento científico y las necesidades del país. Además, se busca promover la autonomía farmacéutica y aportar al bienestar de la población colombiana a través del fortalecimiento de la investigación y la innovación en este sector.

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¿Cuándo comenzará la construcción del Centro de Investigación, Innovación y Transferencia Farmacéutica en la Universidad Nacional?

Según lo comunicado durante la sesión número 20 del Consejo Superior Universitario y citado por la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, se prevé que las obras del centro Citfarma comiencen en 2027, dando respuesta a una solicitud de larga data por parte de la comunidad universitaria.

¿Por qué era necesario construir Citfarma en la Universidad Nacional de Colombia?

La necesidad de construir Citfarma surge debido al deterioro del edificio de Farmacia de la Universidad Nacional, que causó un cierre parcial hace dos años y afectó actividades académicas y de investigación, situación que motivó una solicitud reiterada de la comunidad universitaria para mejorar la infraestructura y fortalecer la investigación en el área farmacéutica.

El ataque ocurrió este martes 10 de agosto, cuando dos hombres armados ingresaron a las instalaciones de la planta y ubicaron un artefacto explosivo que posteriormente detonaron, de acuerdo con información divulgada por El Tiempo. La explosión causó graves afectaciones en la infraestructura de la central, que cuenta con una capacidad de generación de 19,9 megavatios.

Ataque con explosivos contra Central Hidroeléctrica de Amaime, zona rural de Palmira. Las detonaciones provocaron un incendio y daños estructurales. No hay personas heridas ni fallecidas.

Celsia rechazó el atentado, El Ejército aseguró la zona y bomberos atienden la emergencia. https://t.co/asP1eQK2X7

— Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) November 10, 2026

Pese a la magnitud de los daños, la compañía confirmó que no hubo trabajadores ni civiles heridos o fallecidos. La situación activó los protocolos de emergencia y seguridad para atender lo sucedido y evitar nuevos riesgos en la zona.

Tras la detonación, tropas del Ejército Nacional acordonaron el perímetro de la hidroeléctrica para verificar que no hubiera otros artefactos explosivos. Entretanto, unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia estructural y los equipos técnicos comenzaron la evaluación de las afectaciones.

Celsia manifestó su preocupación por un ataque contra una infraestructura que cumple un papel importante en el respaldo eléctrico del país y que, además, puso en riesgo la integridad de sus colaboradores.

Por ahora, las autoridades buscan establecer quiénes estuvieron detrás de la acción y cuáles fueron sus motivaciones. Los especialistas de la empresa trabajan en determinar el alcance de los daños y las condiciones necesarias para recuperar la operación de la central en el menor tiempo posible.

La hidroeléctrica Amaime tiene una capacidad instalada de 19,9 megavatios, por lo que las afectaciones también despiertan preocupación por las consecuencias que podría tener la interrupción de sus actividades.

Esta percepción desfavorable se refuerza por el retraso en una de las labores más relevantes para transformar la imagen y funcionalidad de la zona: la recuperación del espacio público y de la malla vial. De acuerdo con la interventoría, las diferentes tareas de construcción avanzan en general a buen ritmo. Hasta la fecha, se registra una ejecución física del 81 %, una cifra ligeramente inferior al 87 % que estaba programado en el cronograma. La evaluación abarca un total de 597 Unidades de Ejecución, con la mayoría presentando progresos importantes dentro de lo estipulado en el contrato.

Entre los frentes de obra con mayores avances se destacan las estructuras complementarias, que alcanzan el 99,36 %; el material rodante, con un avance del 95,96 %; el patio taller, con el 95,10 %; y el viaducto, que llega al 93,02 %. Sin embargo, subsisten rezagos en otras áreas como los sistemas y equipos, cuya ejecución llega al 43,49 % frente al 54 % previsto, así como en las estaciones y edificios, con un progreso del 49,26 % respecto a un 64 % que debía completarse.

El retraso más notorio, sin embargo, corresponde al frente dedicado a la modernización del espacio público y la malla vial. Según lo establecido en el contrato, esta labor incluye la renovación de 1,3 millones de metros cuadrados, una tarea fundamental tanto para la integración urbanística como para la percepción y el bienestar de quienes usarán las nuevas infraestructuras.

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¿Cuánto ha avanzado la Primera Línea del Metro de Bogotá según cifras oficiales?

De acuerdo con la interventoría citada en el artículo, la Primera Línea del Metro de Bogotá presenta una ejecución física del 81 % en general, aunque esta cifra se encuentra por debajo del 87 % programado inicialmente. Se han identificado frentes de obra con avances superiores al 90 %, destacando estructuras complementarias, material rodante, patio taller y viaducto; no obstante, áreas como el sistema y equipos, además de las estaciones y edificios, evidencian ligeros retrasos en relación con los planes originales.

¿Por qué preocupa el retraso en la renovación de la malla vial y el espacio público del metro?

El retraso en la renovación de la malla vial y el espacio público preocupa porque afecta directamente la percepción de la megaobra y el entorno de los ciudadanos. Aunque el viaducto y otras estructuras presentan avances significativos, el cumplimiento pendiente en la restauración de calles y áreas peatonales dificulta la integración urbana y mantiene el desorden, deterioro y mala imagen en los alrededores, según los datos reportados por la interventoría.

El proceso inició el 2 de noviembre, momento desde el cual los jóvenes se hallaban alojados en el barrio Altico. Tras la alerta ciudadana, la Policía llegó a los hoteles señalados y encontró a los adolescentes en varias habitaciones. Tal como informó la Presidencia, su rescate incluyó la incautación de vehículos, celulares y memorias USB, evidencias actualmente bajo análisis judicial. Los testimonios brindados por los menores, reseñados en el reporte oficial, afirmaron que su traslado no era voluntario y que habían sido víctimas de reclutamiento.

Las investigaciones atribuyen la movilización de estos jóvenes al frente Franco Benavides de las disidencias de las FARC, identificado por las autoridades como facción relacionada con alias Iván Mordisco. Según declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, el operativo impidió su entrega a dicha organización armada en Guaviare. El reporte inicial de Presidencia indicó que ocho presuntos miembros de ese grupo fueron capturados, aunque la Fiscalía precisó posteriormente que cuatro hombres fueron judicializados como presuntos coordinadores del traslado, imputados por el delito de reclutamiento ilícito. Estas personas no aceptaron los cargos y se les impuso medida de aseguramiento intramural; sin embargo, no existe información pública concreta sobre la situación procesal de los otros cuatro detenidos, lo que marca una diferencia entre los balances oficiales.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el país enfrenta una problemática creciente: entre 2024 y julio de 2026, se registraron 1.173 casos de reclutamiento de menores, aunque la cifra podría ser mayor por falta de reportes. En la misma línea, Unicef advirtió que en Colombia un menor es reclutado cada 22 horas y que este delito tuvo un incremento del 300 % entre 2019 y 2024.

Para reportar situaciones similares, la línea gratuita 141 del ICBF atiende denuncias y solicitudes de orientación sobre vulneraciones de los derechos de menores, disponible las 24 horas. En casos urgentes, se puede llamar también a la línea 123.

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¿Cómo denuncian los ciudadanos el reclutamiento de menores en Colombia?

En Colombia, la principal vía para reportar posibles casos de reclutamiento de menores es la línea gratuita 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que está disponible a toda hora para recibir denuncias, brindar orientación y atender emergencias relacionadas con la niñez. Además, la línea 123 funciona como alternativa para emergencias inmediatas.

¿Qué significa el delito de reclutamiento ilícito en el contexto colombiano?

El delito de reclutamiento ilícito consiste, de acuerdo con la imputación realizada por la Fiscalía en este caso, en captar, trasladar o forzar a menores de edad para integrarlos a estructuras armadas ilegales. Este delito vulnera gravemente los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, tal como señalan la Defensoría del Pueblo y Unicef, y conlleva una investigación y judicialización especializada en el país.

Durante la actividad, los participantes abordarán el yoga desde una metodología progresiva. Según Idartes, el taller se enfocará en la comprensión anatómica de las posturas, partiendo de la estructura ósea para promover un alineamiento correcto. El propósito central de este método radica en que cada persona aprenda a encontrar una posición corporal estable, que disminuya tensiones musculares innecesarias y favorezca una respiración natural y continua. El estudio detallado de las posturas permitirá que los asistentes comprendan cómo ensamblar y desarmar las asanas –nombre en sánscrito para las posturas de yoga– apoyándose en la observación de los huesos y el eje corporal.

El desarrollo del taller también incluirá un recorrido por las transiciones entre posturas, permitiendo identificar los cambios en el eje del cuerpo y la apertura de las articulaciones. De esa forma, el objetivo es que cada persona logre enlazar las asanas en una secuencia dinámica y armónica, similar a una coreografía guiada por la respiración y la conciencia corporal. Esta integración favorece un fluir continuo en la práctica, reduciendo el esfuerzo innecesario y profundizando la conexión mente-cuerpo en cada movimiento, dentro del espacio patrimonial que ofrece el Museo Nacional de Colombia.

La actividad estará dirigida por Alejandra Cuéllar Hilarión, maestra en artes escénicas con énfasis en danza contemporánea de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital, y formada en Teacher Training Yoga Vaisnava Academy. Cuéllar Hilarión suma experiencia como artista formadora, bailarina, coreógrafa e instructora de yoga, lo que, según Idartes, garantiza un acompañamiento idóneo y especializado para los asistentes al evento.

Para quienes desean participar, la dirección es carrera Séptima # 28-66, en Bogotá. La invitación es abierta y gratuita, hasta que se complete la capacidad del lugar, permitiendo así el acceso al público interesado en esta propuesta de bienestar y movimiento consciente.

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¿En qué consiste el taller de yoga que ofrece Idartes en el Museo Nacional de Bogotá?

De acuerdo con información oficial de Idartes, el taller está diseñado para profundizar en la práctica del yoga a través de un enfoque progresivo que estudia el alineamiento a partir de la estructura ósea. Además, busca integrar las transiciones entre posturas, permitiendo que cada participante logre una secuencia dinámica y fluida, con orientación directa de una instructora experimentada.

¿Quién dirige el taller de yoga de Idartes y qué experiencia tiene?

Según los datos de Idartes, la encargada del taller es Alejandra Cuéllar Hilarión, quien cuenta con formación en artes escénicas, énfasis en danza contemporánea, y tiene un Teacher Training en Yoga por la Vaisnava Academy. Su trayectoria incluye experiencia como bailarina, coreógrafa, artista formadora e instructora, lo que respalda la solvencia de la actividad programada.

(Le puede interesar: Nuevos hallazgos al caso Valeria Márquez: revelan quién habría ordenado el feminicidio)

La detención ocurrió el domingo 8 de noviembre en un restaurante de Zapopan, en el estado de Jalisco. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, el operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina, con apoyo de otras instituciones federales y autoridades de Michoacán.

Según el reporte oficial, los agentes llegaron al establecimiento luego de labores de inteligencia que permitieron ubicar a integrantes de una presunta estructura criminal. Cuando los uniformados se aproximaron al lugar, habrían recibido disparos de los sospechosos, lo que desencadenó un enfrentamiento armado.

Durante el intercambio resultaron heridos Rafael Álvarez Ayala y un integrante de la Marina. El presunto cabecilla recibió atención médica en el sitio y luego fue trasladado a un hospital bajo custodia. En el mismo procedimiento fueron detenidas otras 19 personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades para establecer su posible responsabilidad.

La captura de ‘R2’ también llamó la atención por su relación familiar con Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias ‘R1’, detenido en julio de 2026. Tras esa aprehensión, Rafael habría asumido el liderazgo de la estructura conocida como ‘Los Rs’, con presencia en Jalisco y Michoacán.

(Lea también: Novedad en asesinato de la ‘tiktoker’ Valeria Márquez pone a familiar como cerebro del crimen)

¿Qué se sabe del caso de Valeria Márquez?

El asesinato de la creadora de contenido ocurrió el 13 de mayo de 2025. La joven se encontraba transmitiendo desde su establecimiento de belleza, en el municipio de Zapopan, cuando un hombre llegó al lugar y le disparó. El ataque quedó registrado durante la emisión en directo.

Las investigaciones apuntaron a un posible vínculo entre el crimen y una relación sentimental que la ‘influencer’ habría tenido con Francisco, hijo de alias ‘R1’. En julio de 2026, el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, señaló que el hijo del detenido habría ordenado el feminicidio y que las autoridades lo estaban buscando.

Aunque la captura de ‘R2’ representa un nuevo movimiento en las investigaciones contra esa estructura criminal, las autoridades deberán establecer cuál habría sido su participación concreta en el homicidio de Márquez. Por ahora, su detención no constituye una declaración de responsabilidad judicial por ese caso.

El operativo también se relaciona con otras investigaciones por homicidios y actividades delictivas atribuidas a la célula, entre ellas el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El análisis detalla que las bibliotecas municipales fueron las más perjudicadas, con 81 de las 101 evaluadas afectadas. Además, se registran daños en 12 bibliotecas rurales, cuatro ubicadas en resguardos indígenas, tres departamentales y una perteneciente a un consejo comunitario. El informe, según la información proporcionada por la Biblioteca Nacional, fue elaborado antes de la llegada de Julia Daza a la dirección de la institución el 1 de octubre. De acuerdo con una fuente anónima citada en el documento, aunque este reporte fue compartido durante su empalme, Daza habría optado por no hacer comentarios al respecto.

En cuanto a la gravedad de los daños, dos bibliotecas colapsaron completamente, ubicadas respectivamente en Chocó y Quindío. Otras ocho sufrieron colapsos parciales, concentrándose principalmente en Valle del Cauca, Chocó y Risaralda. Según el propio informe, Valle del Cauca representa el departamento más afectado: de 38 bibliotecas con estado registrado, 30 permanecen cerradas. La problemática también se extiende a Chocó, Caldas, Risaralda, Antioquia, Quindío y Cauca, todos con bibliotecas cerradas o con graves afectaciones.

El colectivo Medio Pan y un Libro manifestó en redes sociales que cada número representa una comunidad privada de su espacio para el encuentro y aprendizaje. Tatiana Barajas, mediadora de lectura y miembro del colectivo, explicó que existía la intención de acompañar a las bibliotecas para obtener un diagnóstico más detallado sobre el estado real de estos espacios. Ante el panorama, el colectivo exigió a la Biblioteca Nacional y al Ministerio de las Culturas diagnósticos actualizados, planes de recuperación concretos y acompañamiento técnico y financiero, con el objetivo de salvaguardar el acceso de infancias y comunidades a los servicios bibliotecarios.

La situación de las bibliotecas públicas se tensionó aún más tras la renuncia de Sandra Suescún como coordinadora de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, un cargo que había ocupado durante 14 años. Según la página de la Biblioteca Nacional, Suescún cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector, en campos vinculados a la lectura y la gestión de bibliotecas públicas y escolares. La salida de Suescún despierta preocupaciones adicionales en un contexto en el que la actual administración ha sido objeto de críticas por su gestión y por la falta de experiencia de sus directivos.

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¿Cuántas bibliotecas públicas siguen cerradas en Colombia tras el terremoto?

De acuerdo con el informe de la Biblioteca Nacional de Colombia y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, 62 bibliotecas públicas permanecen cerradas a raíz de los daños ocasionados por el terremoto del 10 de agosto.

¿Cuáles fueron los departamentos más afectados por el sismo según la Red Nacional de Bibliotecas Públicas?

Según datos del informe, el departamento con mayor número de bibliotecas cerradas es Valle del Cauca, con 30 de 38 cerradas, seguido por Chocó, Caldas, Risaralda, Antioquia, Quindío y Cauca, que reportan varios recintos fuera de servicio debido a los daños sufridos.

El senador Enrique Gómez aseguró que la decisión del exmandatario de trasladar su canal prioritario desde X hacia WhatsApp obedece a una maniobra política premeditada para evadir la confrontación directa con la opinión ciudadana.

Según el congresista de oposición, la maniobra encubre fines netamente electorales y publicitarios bajo un falso argumento de censura ideológica en las redes sociales tradicionales. “Esto no es un triunfo, es otra fría jugada calculada”, apuntó desde su cuenta en X, antes Twitter.

Para el legislador, la determinación del dirigente de izquierda responde a un análisis de penetración digital cuantitativa y control de audiencias.

Sostuvo que el motivo de fondo detrás de este viraje comunicativo es “estrictamente matemática y estratégica”. Para eso señaló un dato clave: “X solo llega al 38,6 % de la población, mientras que WhatsApp alcanza al 93,1 %”.

El senador Gómez remarcó que las herramientas de mensajería instantánea evitan cualquier interacción crítica de la audiencia en los contenidos emitidos.

“Además, hábilmente ni menciona que en los canales la comunicación es unidireccional. Es decir, que los ciudadanos no pueden refutar, desmentir u opinar en sus publicaciones”, aseveró.

Frente a este formato cerrado, el parlamentario alertó sobre los peligros de restringir la retroalimentación informativa en las plataformas digitales contemporáneas.

“Ojo: los canales no son el problema (yo mismo tengo uno), pero no nos dejemos engañar por sus triquiñuelas ni le celebremos la huida al debate”, sentenció Gómez.

El pronunciamiento del senador respondió a la declaración pública con la que el exmandatario oficializó su distanciamiento de la plataforma administrada por Elon Musk.

Petro justificó su decisión de irse de X alegando la existencia de supuestas trabas operativas contra sus tesis institucionales y un sesgo doctrinario en la red.

Denunció la presencia de “restricciones” y acusó a la plataforma de mantener una “afinidad a la extrema derecha con algoritmos que expanden el odio que la razón y la democracia”.

Bajo esa justificación, el expresidente comunicó el cambio de eje digital a través de su propio perfil oficial.

“Dadas las restricciones que pone X a la irradiación del pensamiento progresista, y su afinidad a la extrema derecha con algoritmos que expanden el odio q la razón y la democracia, he decididó dejar de utilizar X como cuenta principal en las redes y pasara a ser cuenta comlementaria. Empiezo a hacer crecer mi canal por Whassap que pasará a ser mi cuenta principal y personal. De 9,1 millones paso a 600.000 pero creo que aun disminuya mi ausencia ayudo más a la democracia desde redes”, indicó.

Este martes 10 de noviembre de 2026, el dirigente divulgó formalmente el enlace de acceso comunitario, dando inicio a su nueva estrategia de difusión en medios digitales.

¿Cuáles son las diferencias entre una cuenta de X y un canal de WhatsApp?

La arquitectura digital que separa a una cuenta de la red social X de un canal de WhatsApp define formas radicalmente opuestas de interacción comunitaria en los entornos virtuales contemporáneos.

La plataforma X opera mediante un modelo abierto de comunicación bidireccional. Cualquier usuario registrado puede responder publicaciones, citar mensajes ajenos, abrir hilos de discusión y debatir públicamente con los creadores de contenido.

Por el contrario, el canal de WhatsApp funciona como una herramienta de difusión estrictamente unidireccional. En este espacio, únicamente los administradores autorizados poseen facultades operativas para redactar y transmitir informaciones a las audiencias suscritas.

Los seguidores de un canal no pueden publicar textos de respuesta directa ni entablar conversaciones abiertas en el hilo informativo. Su participación queda limitada exclusivamente a reaccionar mediante emoticonos predeterminados o participar en sondeos rápidos.

El algoritmo de distribución representa otra divergencia técnica esencial entre ambos sistemas digitales. En X, los algoritmos jerarquizan el contenido visible según tendencias globales, interacciones virales y polarización temática en el muro principal.

En cambio, WhatsApp entrega los mensajes en estricto orden cronológico dentro de la pestaña Novedades, sin alterar artificialmente la visibilidad de los comunicados emitidos por los gestores.

La privacidad de los datos personales exhibe igualmente contrastes notorios en su diseño operativo. Mientras en X los seguidores quedan expuestos públicamente ante cualquier observador, en WhatsApp los números telefónicos permanecen completamente ocultos.

Ni los administradores ni los integrantes de la comunidad pueden visualizar la identidad telefónica de los demás miembros, garantizando un entorno anónimo frente al resto de los suscriptores.

Mientras X fomenta la confrontación y la discusión en tiempo real, los canales de WhatsApp priorizan la emisión de boletines cerrados sin derecho a réplica inmediata.

Comprender estas distinciones técnicas permite a las figuras públicas seleccionar la plataforma adecuada según sus propósitos de retroalimentación o difusión informativa.

La magnitud del accidente motivó el despliegue de varias ambulancias, que se dirigieron al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia médica al conductor de la motocicleta. Hasta el momento, la información preliminar manejada por medios locales señala que no existe confirmación sobre la afectación a otras personas más allá del motociclista involucrado; tampoco se ha suministrado un reporte oficial sobre el estado de salud del conductor, cuestión que mantiene a las autoridades y a los familiares a la espera de detalles más precisos.

El motivo exacto que desencadenó el choque entre la motocicleta y la buseta, así como las circunstancias previas a la colisión, siguen siendo materia de verificación por parte de los entes encargados. El siniestro, además de causar traumatismo en la movilidad de la zona, evidencia la preocupación latente sobre la seguridad vial en Ibagué. La falta de un comunicado oficial hasta ahora subraya la incertidumbre frente a la evolución del caso y la suerte del conductor involucrado.

El accidente refuerza la necesidad de prestar atención continua al tema de los siniestros viales en la capital tolimense. Se espera que en los próximos días las autoridades ofrezcan una versión más concreta sobre las causas del accidente y el estado del motociclista, aportando claridad sobre cómo ocurrió el incidente y si existieron otros afectados. Por el momento, la prioridad permanece en el seguimiento al estado de salud del motociclista accidentado y las investigaciones para esclarecer los hechos.

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¿Cuál es el estado de salud del motociclista involucrado en el accidente de Ibagué?

De acuerdo con la información proporcionada por los primeros reportes, aún no se ha entregado un parte oficial sobre el estado de salud del conductor de la motocicleta. Las autoridades no han emitido detalles adicionales que permitan conocer con certeza la condición actual de la persona involucrada en el siniestro vial.

¿Qué provocó el accidente entre la motocicleta y la buseta en el sur de Ibagué?

Hasta el momento, las circunstancias exactas que llevaron al choque entre la motocicleta y la buseta están bajo investigación. No se ha confirmado el motivo que originó el incidente, ya que las autoridades continúan verificando los hechos para establecer cómo terminó el motociclista debajo del vehículo de transporte público.

La implementación del Pico y Placa en Cali incluye una etapa pedagógica y una de control. Según publicaciones recientes de la Secretaría de Movilidad en redes sociales, desde el 1 de julio se realizará la etapa pedagógica para socializar la rotación y las nuevas normas, en tanto que los comparendos y sanciones económicas empezarán a aplicarse desde el 6 de julio. Se recalca la importancia de consultar diariamente la rotación antes de salir de casa, ya que el desconocimiento de la medida no exime de responsabilidad y las multas establecidas por infracción a la norma ascienden a 15 días de salario mínimo diario legal vigente (SMDLV). Además, el vehículo podría ser inmovilizado.

Existen grupos excepcionados de la medida, según la normatividad vigente divulgada por la Secretaría de Movilidad: motocicletas, vehículos de emergencia, oficiales, diplomáticos y consulares, así como aquellos destinados a personas con discapacidad, vehículos híbridos y eléctricos, entre otras categorías especiales que define el reglamento local. No obstante, para quienes requieran transitar durante los horarios de restricción, la Secretaría tramita alternativas como la llamada tasa por congestión, permitiendo así mayor flexibilidad bajo determinadas condiciones.

Con la continuidad de esta regulación, la Alcaldía de Cali reitera el llamado a la responsabilidad ciudadana y al cumplimiento de las disposiciones, recomendando informarse oportunamente sobre las excepciones y horarios específicos, lo cual puede consultarse en los canales oficiales de la dependencia.

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¿Cuáles son las excepciones del Pico y Placa en Cali?

La normativa de Cali contempla excepciones al Pico y Placa para ciertos vehículos, entre ellos motocicletas, autos oficiales, de emergencia, diplomáticos, consulares, vehículos a servicio de personas con discapacidad, además de híbridos y eléctricos, según información suministrada por la Secretaría de Movilidad.

¿De cuánto es la multa por infringir el Pico y Placa en Cali?

La Secretaría de Movilidad de Cali indica que quienes sean sorprendidos infringiendo el Pico y Placa deberán pagar una multa equivalente a 15 días de salario mínimo diario legal vigente (SMDLV), y además podrían enfrentar la inmovilización de su vehículo.

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Según información oficial, la emergencia se registró en un inmueble que operaba como una fábrica artesanal de pólvora en la vereda Salinas, donde como consecuencia de la detonación fallecieron dos personas.

Tras la inspección del lugar por parte de organismos de rescate y la Policía, las autoridades confirmaron el deceso de dos hombres con quemaduras en diferentes partes del cuerpo: John Freddy Muñoz Guerra, de 47 años de edad; e Iván Darío Bedoya Tamayo, de 60 años. Este último reconocido ampliamente por la comunidad como presidente de Obras Públicas y miembro de la Junta de Acción Comunal.

#Atención I Las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos personas tras la explosión de una polvorearia en la vereda Salinas del municipio de Caldas, Antioquia. Se investiga la situación sobre qué ocasionó la emergencia. pic.twitter.com/jESiVC7doo

— Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) November 10, 2026

Alejandra Castaño, secretaria de Infraestructura de esta localidad del sur del Valle de Aburrá, se refirió a las acciones desplegadas para atender la situación que no dejó otras personas heridas.

“Se atiende la situación, encontramos dos personas fallecidas. Se convoca al grupo de gestión del riesgo, Alcaldía Municipal, Bomberos, Policía y Tránsito. Se deja la situación en competencia de la Policía Nacional”, indicó la funcionaria.

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Ahora, serán las autoridades judiciales las que determinen las causas que derivaron en la explosión y las condiciones en las que allí se almacenaba este material explosivo.

Ya a finales de 2024 en esta misma vereda se había registrado una situación similar con una polvorería que dejó dos personas lesionadas y al menos ocho viviendas con afectaciones.

A través de su cuenta de X, el mandatario destacó la llegada de Murgas a la dirección del gremio y le deseó éxitos en la responsabilidad que asumirá. La dirigente se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo desde la fundación de la Andi, en 1944.

“Felicitaciones a Luz Stella Murgas, presidenta de la Andi. Le deseo muchos éxitos en esta importante responsabilidad. Colombia necesita un sector empresarial fuerte, que impulse la inversión, genere empleo y contribuya al crecimiento económico de nuestra Nación”, escribió De la Espriella.

Felicitaciones a @luzstellamurgas, presidenta de la ANDI.

Le deseo muchos éxitos en esta importante responsabilidad. Colombia necesita un sector empresarial fuerte, que impulse la inversión, genere empleo y contribuya al crecimiento económico de nuestra Nación.

Confío en que, trabajando juntos, el sector público y el privado podremos construir un país de mayores oportunidades y prosperidad para todos los colombianos.

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 10, 2026

En su pronunciamiento, el jefe de Estado también hizo énfasis en la necesidad de que el sector público y el privado trabajen de manera coordinada para impulsar el desarrollo económico del país.

“Confío en que, trabajando juntos, el sector público y el privado podremos construir un país de mayores oportunidades y prosperidad para todos los colombianos. ¡Firme por la Patria!”, agregó.

La nueva presidenta llega al cargo después de dirigir la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), organización que lideraba desde 2021. Es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario de esa misma institución.

Su elección se produjo luego de la salida de Bruce Mac Master, quien estuvo cerca de 13 años al frente de la Andi. Murgas fue seleccionada por la Junta de Dirección General del gremio, después de un proceso de evaluación de candidatos.

Entre los principales desafíos de su gestión estarán representar al empresariado colombiano, impulsar la inversión y la competitividad, promover el empleo formal y fortalecer los canales de diálogo con el Gobierno.

El mensaje de De la Espriella se suma a las primeras reacciones institucionales frente a este nombramiento, que marca un cambio histórico en uno de los gremios empresariales más importantes del país.

Las posiciones de Hincapié no solo se enfocaron en la oposición política local; también extendió sus críticas al Gobierno nacional y departamental. El representante cuestionó al presidente Abelardo De la Espriella y al ministro de Defensa, señalando que, luego del ataque ocurrido en Planadas, ninguno de los dos ha visitado el sur del departamento tras más de diez días de los hechos violentos. Además, puso bajo la lupa un supuesto recorte superior a 321.000 millones de pesos en el presupuesto departamental proyectado para 2027, apuntando a una deficiente atención a las emergencias provenientes de incendios forestales y la inseguridad.

Por otro lado, Adriana Matiz, gobernadora del Tolima, también se vio mencionada en el debate. Hincapié objetó el anuncio de 20 proyectos priorizados para ejecución en 2026, asegurando que, al indagar sobre los detalles, la Gobernación no tenía claridad en torno a su contenido y el Departamento Nacional de Planeación tampoco contaba con información sobre la procedencia de esas iniciativas. Este reclamo refleja un ambiente político tenso y el traslado del conflicto sobre la minería ilegal y la inseguridad hacia un enfrentamiento abierto entre sectores políticos. El contexto se amplió aún más durante la sesión, donde se discutió la difícil situación de los departamentos de Tolima, Antioquia y Santander, poniendo especial atención a la minería ilegal, sus consecuencias ambientales y la pérdida de control territorial en el sur tolimense. La convocatoria fue realizada por Miguel Ángel Barreto y cinco congresistas más, e incluyó a autoridades nacionales, organismos ambientales y entidades de seguridad, según lo documentado en la sesión.

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¿Cuál es el impacto de la minería ilegal en el sur del Tolima según el debate del Senado?

Durante el debate, se destacó que la minería ilegal ha generado una crisis de seguridad, un deterioro significativo de las condiciones sociales y la pérdida de control territorial en el sur del Tolima, según los señalamientos expuestos por Marco Hincapié y otros congresistas. Estas consecuencias han sido motivo de enfrentamiento político y preocupación por parte de diversas autoridades convocadas a la sesión.

¿Por qué hay enfrentamientos políticos en Tolima relacionados con la inseguridad y la asignación presupuestal?

El debate mostró que los enfrentamientos políticos en el Tolima derivan de las acusaciones de responsabilidad frente al avance de la inseguridad, la minería ilegal y los recortes presupuestales, con sectores como el barretismo y la actual administración departamental señalados por la oposición debido a la supuesta falta de gestión, claridad en proyectos y respuesta a las emergencias, evidenciando divisiones profundas entre los actores políticos de la región.

Ante esta situación, el Ministerio de Educación entregó un balance sobre la recuperación en estos primeros tres meses, indicando la destinación de COP 337 mil millones para priorizar la reconstrucción de 225 sedes educativas y 11 instituciones de educación superior. De acuerdo con el ministerio, estos recursos representan el primer avance en la recuperación de la infraestructura escolar. En consonancia, señalaron que ya se han intervenido cinco sedes en el departamento de Caldas y que han recibido apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el cual redireccionó USD 48 millones para priorizar la reconstrucción, especialmente en las zonas de Chocó y Risaralda.

El ministerio también informó sobre la implementación de asistencias técnicas en los territorios, basadas en el mecanismo de Obras por Impuestos para la Reconstrucción. Esta estrategia busca integrar al sector privado y sumar recursos y capacidades destinados a reconstruir la infraestructura dañada. En cuanto a las universidades públicas afectadas, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) recibió una habilitación temporal para intervenir en estas instituciones, mientras que se examinaron acciones para responder a los daños específicos en la Universidad Nacional de Colombia, en sus sedes de Manizales y Palmira.

No obstante, la Defensoría del Pueblo advirtió que persisten dificultades importantes para atender y recuperar a las comunidades afectadas, sobre todo por las barreras en el acceso al registro de damnificados. La entidad enfatizó que la falta de una ruta clara para nuevos registros o la corrección de inconsistencias puede dejar a familias sin acceso a ayudas. El subsidio de arrendamiento, fijado en COP 1.050.000 mensuales durante tres meses para los afectados, resulta insuficiente, dada la extensión de los plazos de reconstrucción y la escasez de vivienda adecuada, situación que ha forzado a algunas familias a retornar a zonas inseguras.

En el área educativa, la Defensoría denunció que no todos los estudiantes han podido regresar a clases presenciales ni cuentan con instalaciones seguras. Además, existen retrasos en la asignación de recursos y problemas en la implementación del Programa de Alimentación Escolar, siendo frecuentes los alimentos en mal estado y las entregas incompletas. Finalmente, resaltó la brecha financiera: de los COP 58,29 billones que se requieren para la recuperación, solamente COP 8,21 billones están asegurados, quedando una diferencia de COP 50,08 billones por financiar.

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¿Qué acciones ha tomado el gobierno para recuperar la educación tras el terremoto en Colombia?

El gobierno, mediante el Ministerio de Educación y con apoyo de entidades internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), ha priorizado la destinación de recursos para intervenir sedes educativas y universidades afectadas, ejecutando inversiones y articulando estrategias como Obras por Impuestos. Se han intervenido varias sedes y se avanzan gestiones para asegurar espacios seguros y restablecer el servicio educativo.

¿Cuál es la brecha financiera en la reconstrucción tras el terremoto según la Defensoría del Pueblo?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto requiere COP 58,29 billones, pero solo se han identificado COP 8,21 billones en recursos. Esto deja una brecha de COP 50,08 billones aún por financiar, lo que dificulta avanzar en la recuperación integral de infraestructura y atención a las comunidades.

En el primero de los casos, la víctima es Gellis Julieth Rambao Martínez, quien resultó gravemente herida a bala, mientras cumplía su turno en un supermercado del barrio Rebolo.

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La mujer estaba atendiendo en la caja, cuando un hombre ingresó al lugar con un arma oculta, caminó entre los estantes fingiendo ser un cliente y, después de ocho minutos dando vueltas, fue directo hacia la víctima y le disparó ahí mismo frente a los demás compradores y trabajadores.

El atacante alcanzó a huir en una moto, en la que lo esperaba un cómplice; sin embargo, las cámaras de seguridad del supermercado lo grabaron dentro del lugar y, gracias a estas imágenes, su rostro está siendo difundido por las autoridades para que la comunidad se una a su búsqueda y poder llevarlo ante la justicia.

El hombre es delgado, cabello negro, tez trigueña y, al momento del ataque, vestía un buzo azul claro, un jean oscuro y tenis negros. Llama la atención que, pese al grave hecho que cometió, nunca cubrió su rostro ni se preocupó por evadir las cámaras.

De acuerdo con lo reportado, la acción de Matador no solo se limitó a esa escena puntual capturada durante la operación militar. El caricaturista realizó una recopilación de otras ocasiones en las que, según él, el presidente De La Espriella ha hecho uso de vestimenta y elementos característicos de instituciones de seguridad del Estado y de las Fuerzas Militares. En su publicación, Matador resaltó con sarcasmo cómo la imagen del mandatario parece una “puesta en escena” que se repite con frecuencia, trayendo a colación ejemplos como el disfraz de escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), celador de conjunto, miembro del comando Jungla, agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y hasta piloto de la Fuerza Aérea. Para Matador, la más reciente prenda, la boina, le habría conferido un cierto aire al icónico personaje cinematográfico Rambo.

No obstante, la crítica del caricaturista fue más allá al finalizar su mensaje con una frase contundente que elevó el tono del debate: “En el fondo, lo que quiere es disfrazarse de hombre”. Esta declaración, citada en el reporte, se convirtió en el punto más álgido del comentario y en el aspecto que más eco provocó entre los usuarios de la red. Según se ha documentado, no es la primera vez que Matador y De La Espriella cruzan señalamientos en público; distintos episodios recientes muestran que sus enfrentamientos y la imagen pública del mandatario son objeto de análisis y controversia en las redes sociales, donde la opinión política y la sátira se entremezclan de forma constante.

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¿Por qué Matador criticó a Abelardo De La Espriella por su vestimenta?

Matador cuestionó a Abelardo De La Espriella porque, según el caricaturista, el mandatario utiliza de manera repetida prendas y elementos asociados a organismos de seguridad, lo que en su opinión es parte de una “puesta en escena”. A través de una frase sarcástica, Matador sugirió que detrás de esta actitud estaría un intento de proyectar cierta imagen personal, lo que generó debate en redes sociales.

¿Qué significa ESMAD y por qué se menciona en la crítica?

ESMAD es la sigla del Escuadrón Móvil Antidisturbios, una fuerza perteneciente a la Policía Nacional destinada a controlar el orden público durante protestas y disturbios. Matador mencionó al ESMAD como ejemplo de los diferentes personajes de seguridad en los que, según él, De La Espriella se ha "disfrazado", para enfatizar la reiteración de estas apariciones en su imagen pública.

Tercer Canal destacó que esta amenaza no debe ser vista como un hecho aislado. El medio subrayó que el episodio ocurre en un contexto donde otros medios de comunicación en Colombia han sido blanco de amenazas y alertas similares. En su pronunciamiento, Tercer Canal reafirmó públicamente su decisión de continuar con su labor informativa, pese a los intentos de intimidación. La denuncia se produce después de que Caracol Televisión experimentara la evacuación preventiva de sus instalaciones en Bogotá, tras recibir una alerta de posible amenaza, y Caracol Radio y RCN también se vieran envueltos en advertencias de la misma índole.

De acuerdo con información de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía fue alertado sobre un posible plan del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dirigido contra las sedes tanto de Caracol como de RCN. No obstante, la FLIP aclaró que, hasta el momento, no se ha encontrado ninguna relación directa entre esos planes y la llamada intimidatoria recibida por Tercer Canal.

Estos hechos han provocado reacciones de rechazo por parte de varias instituciones y organizaciones. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han expresado su preocupación y solicitaron que se adelanten las acciones de investigación necesarias. Así mismo, la FLIP pidió aplicar medidas de protección para los periodistas y trabajadores afectados mientras avanza el esclarecimiento de los hechos. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las intimidaciones y solicitó garantías para que el periodismo se ejerza de manera libre y segura. También la Embajada de Estados Unidos en Colombia manifestó respaldo y solidaridad con los medios implicados y sus equipos de trabajo. En medio de esta coyuntura, Tercer Canal agradeció el respaldo de la audiencia y recalcó su compromiso de seguir informando.

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¿Qué respondió la Fiscalía a la denuncia del Tercer Canal por amenazas?

Tercer Canal informó que, tras recibir la llamada intimidatoria, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, en la información divulgada no se detalla ninguna respuesta específica de la Fiscalía sobre el avance de las investigaciones o medidas adoptadas. El medio solo señaló que ha solicitado que las autoridades agilicen las indagaciones para identificar a los responsables.

¿Qué significa FLIP y cuál es su papel frente a las amenazas a medios en Colombia?

FLIP corresponde a la Fundación para la Libertad de Prensa. Su papel, como se menciona en el texto, es monitorear y divulgar alertas sobre amenazas a la prensa en Colombia, además de solicitar medidas de protección para los periodistas y trabajadores de medios afectados mientras se esclarecen estos hechos.

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A través de su cuenta de X, el funcionario destacó que Murgas se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de uno de los principales gremios empresariales del país. También aprovechó el mensaje para plantear algunas de las prioridades que, desde su cartera, esperan impulsar con el acompañamiento de las compañías.

“¡Felicitaciones a Luz Stella Murgas por su designación como nueva presidenta de la Andi! Su llegada marca un hito histórico al convertirse en la primera mujer en liderar este importante gremio empresarial”, escribió Gómez Amín.

En el mismo pronunciamiento, el ministro manifestó la disposición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para trabajar articuladamente con los empresarios en asuntos como la inversión, la competitividad, el empleo y el crecimiento económico.

“Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reiteramos nuestra disposición de trabajar articuladamente con el sector empresarial para impulsar la inversión, la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento de Colombia”, agregó.

El funcionario cerró su publicación con una frase relacionada con el lema del Gobierno: “¡La Patria Milagro se construye entre todos!”.

¡Felicitaciones a @luzstellamurgas por su designación como nueva presidenta de la @ANDI_Colombia!

Su llegada marca un hito histórico al convertirse en la primera mujer en liderar este importante gremio empresarial.

Desde el @MincomercioCo reiteramos nuestra disposición de trabajar articuladamente con el sector empresarial para impulsar la inversión, la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento de Colombia.

¡La Patria Milagro se construye entre todos!

— Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) November 10, 2026

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Luz Stella Murgas tendrá varios retos al frente de la Andi

La nueva presidenta fue elegida por la Junta de Dirección General de la Andi, luego de que la comisión encargada del proceso de selección presentara su informe sobre los candidatos. Con su llegada, sucederá a Bruce Mac Master, quien estuvo al frente de la organización durante cerca de 13 años.

Murgas se desempeñaba como presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), cargo que ocupaba desde 2021. Es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario de esa institución. Además, cuenta con experiencia en el sector minero-energético, donde trabajó en empresas como Ecopetrol y en la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Entre los desafíos que asumirá está fortalecer la competitividad y la productividad del país, promover la inversión y contribuir a la creación de empleo formal. También tendrá la responsabilidad de representar los intereses del empresariado y defender principios como la libertad de empresa, la institucionalidad y el desarrollo sostenible.

Otro de los puntos centrales de su gestión será mantener los canales de diálogo entre el sector público y el privado, en un escenario en el que la relación entre el Gobierno y los empresarios será clave para discutir las condiciones económicas y las oportunidades de crecimiento en Colombia.

El foro fue escenario de un análisis profundo sobre el comportamiento de la infraestructura caleña frente a la emergencia, la confusión que enfrentan los ciudadanos acerca de la habitabilidad de los edificios y la urgencia de establecer rutas claras de ingeniería que protejan vidas ante futuros sismos. Uno de los hallazgos más inquietantes surgió durante la presentación de Sergio Castañeda, investigador en riesgo sísmico, quien reveló que la red de acelerógrafos de Cali, esencial para medir la sacudida del terreno y orientar planes de prevención, llevaba tres años sin operar cuando ocurrió el sismo. De acuerdo con lo expuesto, esta red se instaló en 2003 tras el estudio de microzonificación sísmica de 2002 junto a Ingeominas, y aunque registró eventos como el sismo de Pizarro en 2004, la falta de controles y el descuido institucional provocaron que Cali no contara con datos científicos clave en la reciente emergencia.

Los acelerógrafos, tal como explicó Castañeda, no solo miden la aceleración del terreno, sino que permiten identificar las zonas de mayor riesgo. Pese a que la inactividad de la red no se debió a falta de recursos, la crítica fue directa a la administración municipal y se propuso no solo reactivar los equipos, sino aumentar su número.

En relación con la evaluación post-terremoto, Albert Ortiz, director de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Universidad del Valle, precisó que la asignación de stickers rojos en los inmuebles no significa una demolición inmediata, sino una alerta sobre posibles peligros, principalmente por elementos sueltos; los colapsos se concentraron en edificaciones antiguas con sistemas flexibles y construcción entre 1970 y 2000. Ortiz recalcó que la demolición debe ser el último recurso, optando primero por inspecciones y estudios rigurosos.

El experto internacional Méndez Galindo advirtió sobre la vulnerabilidad de edificios de varias décadas y enfatizó la importancia de evitar la inacción administrativa. Subrayó la necesidad de rehabilitar los inmuebles antiguos y robustecer sus estructuras, recordando experiencias como la de Turquía en 2023. Finalmente, el proceso de recuperación depende ahora de la acción conjunta de autoridades, copropiedades y propietarios, quienes deberán seguir rutas técnicas estrictas para preservar tanto la seguridad como el patrimonio caleño.

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¿Cuál es la importancia de los acelerógrafos para la prevención de desastres en Cali?

Los acelerógrafos son vitales para medir la aceleración real del terreno durante un sismo. Proporcionan información esencial para ingenieros y autoridades, permitiendo identificar las zonas de mayor sacudida y priorizar los estudios de vulnerabilidad y reforzamiento estructural de edificaciones. Así, su correcta operación facilita respuestas fundamentadas ante emergencias y mejora la prevención de desastres.

¿Qué significa recibir un sticker rojo en una edificación tras un terremoto?

La asignación de un sticker rojo en un inmueble indica riesgo para la integridad física de los ocupantes, pero no implica necesariamente un colapso inminente ni una orden de demolición inmediata. Muchas veces estas alertas se deben a la presencia de elementos no estructurales sueltos, por lo que requieren inspecciones detalladas y estudios de vulnerabilidad antes de considerar intervenciones drásticas.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP vinculó a nueve exintegrantes de la Armada Nacional y a dos exintegrantes de la Policía Nacional a un patrón de violencia en Montes de María y el Canal del Dique, en la región Caribe, donde 32 masacres tuvieron lugar entre 1999 y 2001. Según la investigación liderada por la magistrada María del Pilar Valencia García, a los comparecientes se les atribuye responsabilidad en 284 asesinatos y 107 casos de violencias basadas en género, violencia sexual y agresiones contra mujeres, niñas y población campesina, estigmatizada como colaboradora de las antiguas Farc.

La JEP determinó que las masacres no fueron hechos aislados. Por el contrario, hicieron parte de un entramado criminal donde existieron acuerdos, coordinación y colaboración entre paramilitares y ciertos miembros de la fuerza pública, quienes facilitaron desplazamientos, compartieron información y omitieron actuar frente a los crímenes. Incluso, los campesinos y sus formas de organización comunitaria fueron tomados como criterios para seleccionar víctimas, lo que llevó al vaciamiento territorial y al desplazamiento masivo de la población.

Se comprobó, además, que las violencias sexuales y de género no fueron conductas marginales, sino herramientas de castigo, humillación y control social, afectando de manera particular a mujeres, niñas y la comunidad LGBTIQ+. La responsabilidad individual también salpica a Gregorio García Raigosa, Jorge Tadeo Castañeda Garzón y Jaime Alberto Navarro Ferrero por hechos relacionados a las masacres de Capaca, El Salado y Macayepo.

La JEP ordenó la instalación de dos mesas técnicas: una para revisar la reparación a víctimas de violencia sexual y otra para la búsqueda e identificación digna de personas desaparecidas en el conflicto. Además, se activaron rutas de protección y reconocimiento para las mujeres buscadoras, quienes han sufrido amenazas y revictimizaciones.

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¿Qué responsabilidades les imputa la JEP a los exintegrantes de la fuerza pública por las masacres en Montes de María?

La Jurisdicción Especial para la Paz señaló a nueve exintegrantes de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional como máximos responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, específicamente por su rol en 32 masacres entre 1999 y 2001. De acuerdo con la investigación citada por la JEP, se les atribuye responsabilidad en 284 asesinatos y 107 casos de violencia sexual y de género, dentro de un entramado de colaboración con estructuras paramilitares.

¿En qué consistieron las violencias basadas en género documentadas por la JEP en el conflicto armado en Montes de María?

Según la JEP, las violencias basadas en género y reproductivas no fueron hechos menores ni accidentales; formaron parte de una estrategia sistemática para castigar y disciplinar a las comunidades. Las agresiones sexuales y otros actos de violencia sirvieron para transmitir terror, humillar y controlar socialmente a las víctimas, especialmente mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTIQ+.

De acuerdo con Tercer Canal, la intimidación directa ocurrió el 9 de noviembre, a través de una llamada telefónica en la que se advirtió explícitamente: "Les toca callarse a los del Tercer Canal, o nos los vamos a llevar a todos?". Esta declaración resalta el nivel de riesgo que enfrentan quienes trabajan en medios independientes y la persistencia de amenazas en el entorno mediático del país. Al referirse a la denuncia presentada ante la Fiscalía, Tercer Canal manifestó la urgencia de que se tomen medidas adecuadas para identificar a los responsables y proteger tanto la libertad de prensa como la integridad de los comunicadores.

El contexto de la amenaza coincide con una serie de incidentes similares que han afectado a otros medios de comunicación en los últimos días. Tercer Canal aseguró que el caso se suma a “actos intimidatorios contra diversos medios” y recordó la vulnerabilidad que afrontan los periodistas en Colombia. En fechas cercanas al incidente contra Tercer Canal, Caracol Radio reportó haber recibido alertas de las autoridades por la posibilidad de un atentado contra Caracol Televisión, la empresa radial y otros medios. Esto llevó a que la emisora implementara medidas de prevención en coordinación con organismos de seguridad responsables, atendiendo las recomendaciones oficiales para reducir el riesgo.

Según lo publicado, el incremento de amenazas a reporteros y empresas informativas evidencia una situación preocupante que requiere atención de parte de la institucionalidad y de los órganos de justicia. La cobertura y seguimiento de estos casos se pueden consultar en la sección Judicial del diario El Espectador, que profundiza sobre justicia, seguridad y derechos humanos en el país.

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¿Por qué el equipo de periodistas de Tercer Canal fue amenazado, según la denuncia pública?

Según la denuncia divulgada por Tercer Canal, la amenaza se materializó mediante una llamada donde se exigió que el medio "callara", lo que el portal considera parte de actos intimidatorios generalizados que enfrentan periodistas colombianos. Esta situación demuestra el alto nivel de riesgo al que están expuestos los equipos periodísticos por su labor informativa, de acuerdo con el comunicado oficial.

¿Qué medidas han tomado los medios de comunicación tras las amenazas recibidas?

De acuerdo con la información compartida, los medios afectados, como Tercer Canal y Caracol Televisión, han presentado denuncias ante la Fiscalía y han implementado medidas preventivas en coordinación con autoridades encargadas de la seguridad. Adicionalmente, han fortalecido su cooperación con instituciones para proteger a su personal y garantizar la continuidad de su labor periodística bajo circunstancias de riesgo.

El edificio Marisol fue uno de los más afectados por el sismo, causando una crisis que impactó no solo a sus habitantes sino a toda la comunidad circundante. Para sobrellevar la pérdida colectiva y evitar que el duelo se viva de forma solitaria, surgió este espacio de memoria que busca integrar a todos los perjudicados por el desastre, no solo del edificio Marisol sino de otros sectores de la ciudad. Durante el homenaje, el testimonio de Patricia Valencia, una damnificada, evidenció la intensidad del desastre. "Yo solamente me prendí y le pedí a Dios que parara... confiando en que los otros temblores anteriormente pasaban muy rápido... cuando salí, alrededor del barrio, todo destrozado, me dio mucha tristeza, en shock", relata, mostrando el impacto emocional que aún persiste.

Mientras los habitantes afectados esperan respuestas y soluciones definitivas, distintas fundaciones y organizaciones humanitarias han mantenido su apoyo. Según la directora de alianzas de la organización Techo Colombia, Alexandra García, ya han entregado cincuenta viviendas en zonas de alta vulnerabilidad. La fundación, que en principio brindó ayudas comunitarias, actualmente avanza con la reconstrucción de viviendas como parte de una segunda fase de intervención. García enfatiza que la fundación se dirige allí donde las comunidades tienen más dificultades para recuperarse por sí solas.

Así, tres meses después del sismo, la memoria de las víctimas y la solidaridad de la comunidad se mantienen vivas. Los retos persisten, pero la reconstrucción y el apoyo colectivo avanzan, alimentados por la dignidad y la resiliencia de quienes no se rinden frente a la tragedia.

¿Cómo avanza la reconstrucción después del terremoto en Cali?

Después del terremoto del 10 de agosto, de acuerdo con la información reportada por Noticiero 90 Minutos, la reconstrucción se ha enfocado en atender a los sectores más vulnerables de la ciudad. Fundaciones como Techo Colombia han entregado cincuenta viviendas y continúan con labores de reconstrucción, priorizando lugares donde las comunidades no pueden recuperarse de manera autónoma. Además, las ayudas humanitarias no han cesado y hay acciones en marcha para apoyar a los damnificados.

¿Qué tipo de apoyo han recibido los damnificados del edificio Marisol tras el sismo?

Según Noticiero 90 Minutos, los damnificados del edificio Marisol han contado con apoyo emocional y humanitario por parte de la comunidad, rescatistas, voluntarios y organizaciones como la clínica CME, que ofreció atención médica especializada. Además, fundaciones como Techo Colombia han entregado ayudas comunitarias y están enfocadas actualmente en la reconstrucción de viviendas, aportando soluciones concretas a quienes resultaron más afectados.

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La independencia de Cartagena no fue un acto aislado ni limitado a las decisiones de dirigentes. De acuerdo con 90 Minutos, destaca la intervención decidida de los habitantes del barrio Getsemaní. Estos ciudadanos, con la convicción de obtener la separación definitiva de la Corona española, protagonizaron una movilización que no solo exigía, sino que presionaba activamente por el cambio. Dentro de este grupo resalta el liderazgo de Pedro Romero, quien, al frente de los llamados Lanceros de Getsemaní, reunió a artesanos, milicias pardas y personas de diversos orígenes populares para marcar la diferencia en un momento crítico.

El 11 de noviembre de 1811, según la misma fuente, los habitantes de Getsemaní marcharon armados hacia el lugar en donde sesionaba la Junta de Gobierno. Esta acción contundente generó la presión decisiva para que los miembros de la Junta firmaran el Acta de Independencia, logrando así la declaración que convertiría a Cartagena en un Estado libre, soberano e independiente. La participación de estos sectores populares se vuelve, así, un referente crucial dentro de este proceso: los hechos muestran que la independencia no se comprende sin el impulso y la presencia activa de quienes no pertenecían a las élites tradicionales.

El recuerdo de aquel acontecimiento sigue vivo. Conforme a lo señalado por 90 Minutos, la conmemoración de la independencia en noviembre trasciende una simple fecha del calendario. Representa el reconocimiento colectivo a todos los que lucharon por la libertad de la ciudad. Fiestas, música, desfiles y expresiones culturales renuevan cada año el lazo de Cartagena con su propia historia de resistencia y orgullo. Así, la independencia no solo celebra una nueva identidad política, sino que también honra la memoria de los sectores populares que hicieron posible esta transformación fundamental.

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¿Por qué la independencia de Cartagena se celebra específicamente el 11 de noviembre?

La celebración ocurre cada año el 11 de noviembre porque en esa fecha, en 1811, Cartagena declaró su independencia absoluta de la Corona española. Según 90 Minutos, este día simboliza el momento en que la Junta de Gobierno, presionada por la movilización de los habitantes de Getsemaní, firmó el Acta de Independencia, estableciendo la ciudad como un Estado libre y soberano.

¿Quiénes fueron los Lanceros de Getsemaní y qué papel tuvieron en la independencia de Cartagena?

Los Lanceros de Getsemaní formaron un grupo integrado por habitantes del barrio Getsemaní, artesanos y milicias pardas, liderados por Pedro Romero. De acuerdo con la información de 90 Minutos, estas personas participaron activamente el 11 de noviembre de 1811, marchando armados y presionando a la Junta de Gobierno para lograr la firma del Acta de Independencia. Su papel fue fundamental para consolidar la separación definitiva de Cartagena respecto de España.

La joven actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Asotrauma de Ibagué, conectada a equipos de soporte vital. Según los reportes, Eliana perdió uno de sus riñones y sufrió lesiones de consideración en la zona abdominal. El personal médico mantiene una estricta vigilancia sobre su evolución y ha considerado la posibilidad de someterla a otra intervención quirúrgica en los próximos días. Esta operación, que podría realizarse entre martes y miércoles, tiene como objetivo mejorar sus condiciones de salud, aunque implica ciertos riesgos debido a la fragilidad en la que se encuentra la joven. Tal como relatan personas cercanas a la familia, para llevar a cabo el procedimiento sería necesario retirar temporalmente el soporte vital, una circunstancia que aumenta la preocupación entre sus allegados.

Entretanto, el apoyo de la comunidad ha sido fundamental para la familia Tocora Grisales. Amigos, conocidos y seres queridos han organizado una velatón este martes a las 6:30 de la tarde frente a la Clínica Asotrauma de Ibagué. El objetivo es acompañar simbólicamente a Eliana en este difícil momento y brindar solidaridad a sus familiares, quienes no se apartan de su lado mientras esperan nuevas noticias sobre su recuperación. Toda la información ha sido recopilada de acuerdo con los datos disponibles sobre el caso del accidente y la situación de salud de la joven.

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¿Cuál es el estado de salud de Eliana Tocora Grisales tras el accidente en Ibagué?

Eliana Tocora Grisales se encuentra en estado crítico, conectada a equipos de soporte vital en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Asotrauma. Tras perder uno de sus riñones y sufrir graves lesiones abdominales, su salud es seguida de cerca por el cuerpo médico, que contempla una intervención quirúrgica para intentar mejorar su situación.

¿Por qué la próxima cirugía de Eliana Tocora Grisales genera preocupación en su familia?

La cirugía propuesta para Eliana genera preocupación entre sus allegados debido a que, por su grave estado, podría implicar el retiro temporal del soporte vital al que está conectada. Esto representa un riesgo considerable y, ante la incertidumbre sobre su respuesta, la familia permanece a la espera de la decisión médica y de su evolución.

La dimensión del impacto se refleja en los datos del Registro Único de Damnificados, citados por la Defensoría y referenciados con corte al 3 de noviembre, que contabilizan a 363.791 familias afectadas y 776.119 viviendas declaradas inhabitables. Asimismo, datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al 27 de octubre, indican que el sismo dejó un balance de 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas.

Uno de los principales problemas identificados por la Defensoría radica en el acceso al registro de damnificados. Según la entidad, no existe actualmente una ruta definida para nuevos registros, para corregir inconsistencias o para reportar daños que hayan surgido posteriormente. Esto implica que muchas familias podrían quedar excluidas de recibir ayuda, ya que la inscripción en dicho registro es obligatoria para acceder a los apoyos.

En cuanto a las ayudas, la Defensoría reclama que el subsidio de arrendamiento otorgado, correspondiente a 1.050.000 pesos colombianos mensuales por tres meses, resulta insuficiente, pues el proceso de reconstrucción puede extenderse entre 12 y 18 meses. Además, la escasez de viviendas disponibles ha obligado a algunas familias a regresar a lugares inseguros y en malas condiciones.

El sistema de salud también enfrenta serias dificultades. La Defensoría reportó reducciones en la capacidad de atención, demoras en las consultas especializadas, entrega tardía de medicamentos y retrasos en autorizaciones. Por ejemplo, el hospital La Misericordia de Calarcá, en Quindío, continúa funcionando pese a tener daños estructurales y operar con la mitad de su capacidad. En Risaralda, se presentaron retrasos y suspensiones de servicios, afectando especialmente a los afiliados de la Nueva Empresa Promotora de Salud (EPS).

El sector educativo atraviesa un panorama igual de crítico. Muchos estudiantes no han podido regresar a clases presenciales, y quienes asisten lo hacen en instalaciones consideradas inseguras. La Defensoría advierte además sobre problemas en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, donde han detectado alimentos en mal estado, entregas incompletas y demoras.

En lo relacionado con la financiación de la recuperación, la Defensoría observó una brecha de 50,08 billones de pesos, pues de los 58,29 billones necesarios, solo se han identificado 8,21 billones en recursos iniciales. La única fuente confirmada con cronograma corresponde a una adición al presupuesto nacional a través de un crédito con el Banco Mundial. Sobre el Fondo Milagro, diseñado para centralizar recursos de asistencia y reconstrucción, existen dificultades de coordinación con otras entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

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¿Cuáles son los principales retos en la recuperación tras el terremoto según la Defensoría?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los mayores retos incluyen la falta de una ruta clara para el registro de damnificados, la insuficiencia de subsidios, pocas viviendas disponibles, demoras en la atención en salud, dificultades en el acceso educativo y una brecha significativa de financiación para enfrentar la crisis.

¿Qué funciones cumple el Fondo Milagro y por qué enfrenta dificultades en su operación?

El Fondo Milagro fue creado para concentrar y administrar recursos dirigidos a la asistencia humanitaria, la reconstrucción y la reactivación económica de las zonas afectadas. Sin embargo, enfrenta problemas de articulación con el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y otras instancias, lo que dificulta la ejecución y el flujo de recursos.

De acuerdo con el reporte de la entidad, el epicentro se ubicó en inmediaciones de Charalá, a 7 kilómetros de distancia.

También se identificaron otros municipios cercanos, como Encino, ubicado a 10 kilómetros, y Ocamonte, a 13 kilómetros del punto donde se originó el evento.

El organismo registró el fenómeno mediante seis estaciones de monitoreo y clasificó el reporte con estatus automático.

Entre los datos técnicos del movimiento se encuentran una latitud de 6,22 grados y una longitud de -73,14 grados.

Por su magnitud de 2,4 y su profundidad de 135 kilómetros, se trató de un evento sísmico de baja intensidad.

El SGC incluyó las coordenadas y el mapa de localización para identificar con mayor precisión el punto del territorio santandereano donde ocurrió el movimiento. La información corresponde al registro inicial publicado por la entidad.

La intervención de Aranda se dio a conocer el martes 10 de noviembre durante el balance del Bloque Operativo de Seguridad Urbana (BOSUR), estrategia que articuló el esfuerzo de más de 500 uniformados. Esta operación permitió realizar 30 diligencias de allanamiento y registro en diferentes puntos de la capital del Tolima, según el reporte oficial.

El llamado de la mandataria fue uno de los momentos más destacados de la jornada, donde no solo se reiteró la postura institucional frente al crimen, sino que también se divulgaron cifras clave sobre los resultados. De acuerdo con la información entregada, los operativos dejaron 89 personas capturadas: 51 en flagrancia, es decir, sorprendidas en el momento del delito, y 38 mediante orden judicial. Entre los capturados figuran 25 presuntamente vinculados con homicidios, 23 relacionados con tráfico de estupefacientes y 17 con casos de hurto. Además, hubo capturas por otros delitos como lesiones personales, porte ilegal de armas, feminicidio, concierto para delinquir y extorsión.

En cuanto a los decomisos, la Administración Municipal reportó la incautación de 18.441 dosis de marihuana, 3.700 de cocaína, 4.720 de bazuco y 65 de tusi. Al balance también se sumaron tres armas de fuego, cuatro pistolas traumáticas, 12 cartuchos, la incautación de un vehículo, una motocicleta y 36 celulares, así como el decomiso de 14 millones de pesos en efectivo. Se reportó, además, la recuperación de seis motocicletas que habían sido hurtadas.

De acuerdo con Aranda, estos resultados reflejan un trabajo conjunto de la Alcaldía, la Fiscalía, la Policía, las Fuerzas Militares, Migración Colombia y el Ministerio Público. El objetivo, explicó la Administración, es desmantelar estructuras criminales, combatir el tráfico de drogas y disminuir la violencia en la ciudad, en una clara apuesta por la seguridad ciudadana.

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¿Cuántas personas fueron capturadas y por qué delitos en Ibagué?

En el balance presentado por la Administración Municipal de Ibagué se informó que 89 personas fueron capturadas durante los operativos de seguridad; 51 en flagrancia y 38 a través de órdenes judiciales. Entre los delitos más recurrentes están homicidio, tráfico de estupefacientes y hurto, además de casos por lesiones personales, porte ilegal de armas, feminicidio, concierto para delinquir y extorsión.

¿Qué es el Bloque Operativo de Seguridad Urbana (BOSUR) y cuál fue su resultado?

El Bloque Operativo de Seguridad Urbana (BOSUR) es una estrategia coordinada que involucra a más de 500 uniformados, orientada a combatir el crimen en Ibagué. Según el balance divulgado, permitió la ejecución de 30 allanamientos, la captura de 89 personas, la incautación de grandes cantidades de drogas, armas, vehículos y dinero en efectivo, así como la recuperación de motocicletas robadas.

El foro, titulado "A diez años del Acuerdo de Paz: balance, implementación y perspectivas", contó además con la presencia de figuras destacadas como el general retirado Óscar Naranjo y la defensora del Pueblo, Iris Marín. Durante el encuentro, Marín enfatizó lo señalado por Santos, y advirtió que "la guerra es un daño en el sistema" y que no se debe celebrar el número de bajas presentadas en combate, haciendo un llamado a replantear la manera en la que se conciben los logros en materia de seguridad nacional. De acuerdo con lo expuesto en el evento, la celebración de las muertes en combate plantea un serio debate ético y político, especialmente a la luz de la historia reciente y las heridas provocadas durante el conflicto armado.

Pastor Alape, integrante del proceso de paz y panelista invitado, no asistió al foro porque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no autorizó su participación. Sin embargo, envió un mensaje en el que defendió el trabajo de la justicia transicional y afirmó que “el mío es un testimonio de que la justicia funciona”. Esta reflexión sirvió para destacar la relevancia de la justicia especial creada tras la firma del acuerdo como un mecanismo legítimo para enfrentar los crímenes cometidos durante décadas de violencia.

Santos recordó que, desde su llegada a la dirección de las Fuerzas Militares en 2010, buscó cambiar la concepción del éxito militar. Según explicó, se trataba de pasar de medir los triunfos por la cantidad de bajas, como ocurrió durante el fenómeno de los llamados falsos positivos, a valorar más las desmovilizaciones y capturas. Esta transformación institucional fue presentada como uno de los principales retos y logros en la ruta hacia la paz.

Pese a las críticas y cuestionamientos, el gobierno De la Espriella ha mantenido una posición distante frente a los resultados del Acuerdo de Paz que Santos firmó en representación del Estado colombiano. Sectores críticos consideran que los temas en discusión, como las operaciones militares y la justicia, siguen vigentes y plantean desafíos de cara al futuro del país.

¿Por qué Juan Manuel Santos critica la estrategia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella?

Según lo expuesto por Santos durante el evento de la Universidad del Rosario, su crítica se fundamenta en la preocupación por un modelo de seguridad que prioriza los resultados militares en términos de bajas enemigas, repitiendo prácticas del pasado que relacionan el éxito con el número de cadáveres, en vez de centrar los esfuerzos en procesos de paz, desmovilización y la protección de la vida.

¿Qué papel cumple la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el proceso colombiano?

La Jurisdicción Especial para la Paz, mencionada por Pastor Alape, es un mecanismo de justicia transicional surgido tras el Acuerdo de Paz firmado por Santos. Su función es investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, buscando así verdad, reparación y justicia para las víctimas.

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Elizabeth Blandón Bermúdez es economista, egresada de la Universidad de Medellín, y su nombramiento como directora general del Icfes fue oficializado mediante el Decreto 1284 del 2 de agosto de 2023. Posteriormente, se posesionó en el cargo ante el presidente Gustavo Petro, también en agosto de ese año. Según lo consignado en el portal de la entidad, Blandón llegó con el objetivo de "posicionar a la institución como líder en la evaluación de la educación en América Latina y de fortalecer su proceso de transformación digital", lo que incluía la consolidación de pruebas de Estado en modalidad electrónica y la cooperación con actores del sector educativo.

Tras la salida de Blandón, el gobierno de Abelardo de la Espriella designó como directora encargada a Maribel Cristina Castro, quien se desempeñaba como directora técnica en el interior de la entidad. Es importante señalar que Blandón era una de las últimas funcionarias de alto rango nombradas en la administración de Gustavo Petro. Incluso, la entidad destacó en sus redes sociales que una de sus más recientes intervenciones públicas ocurrió a principios de noviembre, cuando participó, como directora del ICFES, en un evento realizado en Bogotá enfocado en la búsqueda de soluciones innovadoras para transformar el Estado.

Por ahora, el futuro de la dirección general del ICFES permanece pendiente y no se ha oficializado quién asumirá de manera definitiva. La noticia se encuentra en desarrollo, según indicó El Espectador.

¿Quién es Elizabeth Blandón Bermúdez y cuál era su objetivo como directora del Icfes?

Elizabeth Blandón Bermúdez es economista de la Universidad de Medellín y fue nombrada directora general del Icfes en agosto de 2023. Según la página oficial de la entidad, su objetivo principal era fortalecer la transformación digital del instituto, consolidar la aplicación de pruebas de Estado en modalidad electrónica y posicionar al Icfes como referente latinoamericano en la evaluación educativa.

¿Qué implica una declaración de insubsistencia en la función pública de Colombia?

La declaración de insubsistencia es una figura administrativa en la función pública colombiana que permite remover a un funcionario de su cargo sin que necesariamente existan causas disciplinarias. En el caso de Elizabeth Blandón Bermúdez, esta declaratoria significó su cese inmediato de la dirección del Icfes, de acuerdo con información de El Espectador.

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Petro manifestó su inconformidad con el funcionamiento actual de X, propiedad del empresario Elon Musk. Según detalló el propio exmandatario, considera que los algoritmos de la plataforma favorecen el contenido de la extrema derecha y dificultan la difusión de posturas políticas distintas a esta tendencia. De manera textual expresó: "Dadas las restricciones que pone X a la irradiación del pensamiento progresista, y su afinidad a la extrema derecha con algoritmos que expanden el odio a la razón y la democracia, he decidido dejar de utilizar X como cuenta principal en las redes y pasará a ser cuenta complementaria".

Pese a ello, Petro aclaró que no cerrará su perfil en X, sino que dejará de priorizarlo mientras traslada su comunicación hacia su canal de WhatsApp. El dirigente busca que este canal sea ahora su principal espacio para enviar mensajes y tener contacto con sus seguidores, impulsando a su comunidad a migrar junto con él. Este paso implica, sin embargo, una reducción significativa en la audiencia a la que puede llegar directamente: mientras en X cuenta con aproximadamente 9,1 millones de seguidores, en WhatsApp la cifra ronda los 600.000 usuarios, según el propio Petro en la misma publicación.

Aun así, el exmandatario considera que, pese a llegar a una audiencia menor, puede tener un aporte más efectivo al debate democrático desde su nuevo canal principal. Así lo explicó en su mensaje: "Empiezo a hacer crecer mi canal por WhatsApp que pasará a ser mi cuenta principal y personal. De 9,1 millones paso a 600.000, pero creo que, aunque disminuya mi audiencia, ayudo más a la democracia desde redes".

Esta decisión ocurre mientras Petro se encuentra en el centro de diferentes controversias, aunque el foco de su anuncio y los motivos expuestos por él se centran exclusivamente en su desacuerdo con las dinámicas internas de X, según manifestó en sus propias palabras.

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¿Por qué Gustavo Petro deja de usar X como canal principal y elige WhatsApp?

Gustavo Petro explicó que considera que los algoritmos de X, propiedad de Elon Musk, restringen la difusión de pensamientos progresistas y favorecen contenido de extrema derecha, lo que, en su opinión, obstaculiza el debate democrático. Por ello, decidió dejar de priorizar X como canal de comunicación y optó por fortalecer su canal de WhatsApp, aunque implica llegar a una comunidad considerablemente menor.

¿Cuántos seguidores tiene Gustavo Petro en WhatsApp y X?

Según el propio Gustavo Petro, mientras en X cuenta con aproximadamente 9,1 millones de seguidores, su canal de WhatsApp tiene alrededor de 600.000 usuarios. Aunque la diferencia es amplia, Petro considera que desde WhatsApp puede contribuir de manera más directa al debate y la comunicación con sus seguidores.

De acuerdo con las explicaciones publicadas por Casa Macondo, la orden de inspección judicial tiene como objetivo revisar documentos y comunicaciones que respaldan alguna de las investigaciones periodísticas del medio, aunque todavía no han sido informados con claridad sobre cuál publicación en específico se relaciona con la diligencia. El procedimiento fue autorizado el 28 de agosto por Laura Milena Fuentes Cerquera, funcionaria de la Fiscalía, quien firmó la orden de Policía Judicial para dar inicio a la revisión.

El medio precisó que la investigación que originó dicha medida está relacionada con presuntas calumnias en contra del abogado Francisco Bernate. Sin embargo, Casa Macondo afirmó que este abogado nunca ha sido mencionado en sus informes. Además, la Fiscalía indicó que el objetivo de la visita es verificar la veracidad de cierta información, así como recoger correos electrónicos, documentos de respaldo y otras comunicaciones.

Casa Macondo advirtió que, aunque la orden expresa que no se exigirá revelar la identidad de las fuentes protegidas, sí busca acceder a materiales esenciales del trabajo periodístico. El medio sostiene que incluso sin exigir nombres, los documentos y comunicaciones solicitados podrían permitir, indirectamente, identificar a quienes han brindado información. Por tal motivo, Casa Macondo solicitó a la Fiscalía explicar cómo esta actuación concilia con la protección constitucional de la reserva periodística en Colombia.

Otro aspecto relevante es que la diligencia contradice una directiva interna de la Fiscalía misma, que señala la importancia de proteger el secreto profesional de los periodistas. En concreto, la Directiva 003 de 2023 instruye a los funcionarios del ente investigador a no ordenar inspecciones ni otras actividades que pongan en riesgo el secreto periodístico.

Ante este panorama, la Flip pidió oficialmente la revisión de la orden judicial. En su pronunciamiento, destacó la gravedad de que la Fiscalía acceda a información que podría estar protegida y exhortó a que los requerimientos susceptibles de violar la reserva profesional se suspendan de inmediato.

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¿Por qué la Flip considera preocupante la orden de inspección judicial a Casa Macondo?

La Flip advirtió que el alcance de esta orden judicial resulta especialmente grave porque permite a la Fiscalía revisar materiales usados en el ejercicio periodístico, poniendo en riesgo la reserva profesional y la confidencialidad de las fuentes. Según la Flip, aunque no se pida revelar nombres, la revisión de correos y documentos puede permitir identificar indirectamente el origen de la información, vulnerando derechos protegidos por la constitución.

¿Qué establece la Directiva 003 de 2023 de la Fiscalía sobre el secreto periodístico?

De acuerdo con Casa Macondo, la Directiva 003 de 2023 de la Fiscalía dispone que los funcionarios deben abstenerse de ordenar diligencias como allanamientos e inspecciones a medios de comunicación si estas ponen en peligro el secreto profesional de los periodistas. Esta norma busca salvaguardar la confidencialidad y el ejercicio libre de la prensa.

La disputa legal involucra dos graves acusaciones que sacudieron al entorno presidencial: que Sarabia habría facilitado y organizado encuentros sexuales del mandatario y que habría chantajeado al entonces presidente Gustavo Petro.

Frente a la orden que impone modificar sus testimonios públicos, Rodríguez ratificó que posee elementos probatorios contundentes para sustentar cada palabra y confirmó que interpondrá una impugnación contra la sentencia emitida. Así lo indicó Darcy Quinn en La FM.

La determinación adoptada prolonga el choque mediático e institucional entre dos figuras que ejercieron despachos de alto rango y notable cercanía durante el mandato del entonces presidente Gustavo Petro en el país.

El escenario evidencia las persistentes divisiones que sacuden al círculo del anterior gobierno, alimentando un debate sobre el alcance ético y penal de las revelaciones formuladas por antiguos colaboradores de confianza.

En contraste, Sarabia rechazó categóricamente cualquier vínculo con los episodios relatados, sosteniendo un desconocimiento absoluto de las conductas irregulares atribuidas en los señalamientos promovidos por la exfuncionaria en diversos medios informativos.

Los especialistas advierten que este conflicto acarreará derivaciones jurídicas adicionales, condicionadas a los recursos interpuestos y a las medidas coercitivas que adopten los magistrados para forzar el cumplimiento del fallo judicial.

Rodríguez aseveró públicamente que Sarabia presuntamente facilitaba y coordinaba encuentros íntimos para el mandatario Gustavo Petro durante los periodos de mayor actividad institucional en el palacio gubernamental.

Asimismo, la excolaboradora afirmó que la alta funcionaria ejercía presiones indebidas y presuntos chantajes directos contra el propio jefe de Estado para consolidar su permanencia institucional.

Estas incriminaciones generaron un terremoto mediático inmediato, llevando a que los apoderados legales de Sarabia interpusieran acciones de tutela exigiendo la inmediata rectificación de tales señalamientos públicos.

Los tribunales distritales acogieron parcialmente las pretensiones de la defensa, ordenando a Rodríguez retractarse formalmente de sus imputaciones por carecer de soporte probatorio sumario en el expediente.

¿Qué pasa si alguien no se retracta ante orden de un juez en Colombia?

Desobedecer la orden de rectificación emitida por un juez de la República en Colombia desencadena severas consecuencias legales que abarcan desde sanciones económicas hasta la privación efectiva de la libertad.

Cuando una persona rehúsa corregir afirmaciones lesivas tuteladas por la justicia, la parte afectada activa de inmediato un incidente de desacato ante el mismo despacho que emitió el fallo.

El Decreto 2591 de 1991 establece en su artículo 52 que el desacato a una providencia judicial castiga la renuencia con arresto de hasta seis meses y multas de veinte salarios mínimos.

El trámite incidental exige evaluar la intencionalidad de la omisión. Si el juzgado comprueba negligencia injustificada, impone la privación de la libertad en estación policial y la sanción dineraria respectiva.

Dicha determinación sancionatoria no admite recurso de apelación ordinario, aunque el superior jerárquico revisa obligatoriamente la legalidad de la medida a través del grado jurisdiccional de consulta en tres días.

Paralelamente, la persistencia en la negativa habilita la apertura de un proceso penal ante la Fiscalía General de la Nación bajo el delito de fraude a resolución judicial.

El Código Penal colombiano castiga este comportamiento delictivo con penas de prisión que oscilan entre uno y cuatro años, aumentando si el autor ejerce funciones públicas en el Estado.

Asimismo, la desatención del mandato judicial faculta a la víctima para promover demandas de responsabilidad civil extracontractual, reclamando indemnizaciones económicas tasadas por los perjuicios morales y materiales causados.

El infractor debe tener presente que pagar la multa o cumplir el arresto correccional no extingue la obligación primordial de rectificar la información inexacta divulgada previamente.

La orden de protección constitucional permanece vigente hasta que la persona enmiende sus declaraciones con el mismo despliegue e impacto público que tuvieron los señalamientos originales lesivos.

De este modo, el sistema legal colombiano protege la honra y el buen nombre ciudadano frente a quienes desacatan determinaciones judiciales vinculantes y definitivas.

Mary Luz Herrán expresó que, al reflexionar sobre los acontecimientos, llegó a la conclusión de que quizá se equivocó al mantener distancia con su exesposo tras su llegada al poder. Indicó que, cuando retomaron el contacto, sus conversaciones se limitaron a temas políticos y admitió: “Quizá debí escucharlo más”. La exesposa del expresidente señaló la importancia de acompañar a una persona no solo mediante la defensa pública, sino también a través de la escucha y la presencia, y reconoció sentir cierta responsabilidad por no haber mantenido ese acercamiento, aunque en su momento esto no lo consideró necesario.

Durante el periodo en que Gustavo Petro estuvo en el Gobierno, Herrán aseguró que evitó buscar reuniones directas con él o solicitar beneficios personales. Enfatizó que no recibió contratos y que la comunicación sobre asuntos familiares se realizó mediante su hijo, Andrés Gustavo. Además, destacó su labor en diversas regiones del país, escuchando a comunidades y acompañando asociaciones que buscaban acercarse a funcionarios estatales.

No obstante, Herrán confesó un aspecto doloroso de su relación: no recibir el apoyo de Petro cuando lo necesitó en su carrera política como mujer. Señaló que, durante ese tiempo, el expresidente estuvo rodeado por diversas mujeres a quienes calificó como “aduladoras, falsas e hipócritas”, atribuyéndoles cierta responsabilidad en decisiones políticas equivocadas. A pesar de sus críticas, manifestó que apoyó a Petro y desea que sea una figura familiar presente.

Respecto a la situación política actual del exmandatario, Herrán advirtió que Petro enfrenta cuestionamientos incluso dentro del Pacto Histórico, mencionando que “incluso algunos sectores… no quieren verlo cerca”. Aunque defendió el derecho a criticar errores y contradicciones, pidió no ignorar la trayectoria del expresidente. También mostró esperanza de que las denuncias se aclaren y se conozca la verdad sobre los hechos controvertidos. Por último, criticó duramente a personas cercanas a Petro, a quienes describió como “vampiros” motivados por intereses personales y económicos.

Las declaraciones de Mary Luz Herrán surgen en un contexto de intensos debates públicos por las acusaciones presentadas por Deicy Jiménez, quien señaló a Petro por una posible relación y un presunto intercambio de favores sexuales por contratos estatales, según la información del artículo.

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¿Qué dijo Mary Luz Herrán sobre su relación con Gustavo Petro y el apoyo durante su carrera política?

Mary Luz Herrán aseguró que, durante el Gobierno de Petro, no buscó reuniones para beneficio propio ni recibió contratos, y la comunicación familiar se hizo a través de su hijo. Sin embargo, confesó que le dolió no recibir respaldo del exmandatario cuando lo necesitó en su vida política como mujer, y criticó el entorno político que rodeó a Petro durante ese periodo.

¿Cuál es la posición de Mary Luz Herrán frente a las acusaciones contra Gustavo Petro relacionadas con Deicy Jiménez?

Herrán manifestó que, aunque reconoce que Petro puede ser criticado por sus errores y contradicciones, considera importante no desconocer su trayectoria. Expresó su deseo de que se esclarezcan las denuncias que han generado controversia en la opinión pública, y pidió que se conozca la verdad sobre estos hechos.

Según información confirmada por El Espectador, el Partido Liberal será la fuerza política con mayor asignación para este periodo, con una suma de 5.306 millones de pesos colombianos (COP). El partido de oposición Pacto Histórico ocupa el segundo lugar, con una asignación de 5.038 millones de pesos. El Partido Conservador recibirá 4.538 millones y el Centro Democrático 4.414 millones, siendo estos los partidos que más recursos recibirán, solo superados por el Partido Liberal y el Pacto Histórico, ambos por encima de los 5.000 millones de pesos.

La Resolución 4353 de 2026 también introdujo advertencias para algunas colectividades que mantienen su personería jurídica en estado ‘condicionado’, como el Partido Ecologista Colombiano, el Partido Oxígeno, el Partido La Fuerza y Esperanza Democrática. El CNE notificó que estos partidos solo podrán acceder a los recursos de funcionamiento hasta el momento en que se resuelva de manera definitiva su situación jurídica y quede en firme la decisión correspondiente.

Adicionalmente, el documento establece que de la asignación de cada partido se deben descontar los montos correspondientes a sanciones impuestas previamente, además de un descuento obligatorio del 1 % que se destina a la contratación del Sistema de Auditoría Externa, un mecanismo para vigilar la utilización de los recursos.

Para recibir estos fondos, los partidos deben presentar ante el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales los libros donde detallan ingresos y gastos anuales, junto con sus declaraciones de patrimonio, ingresos y egresos, todo a través del Portal Cuentas Claras. Los pagos se realizan en dos tramos: el primero, del 50 %, tras la ejecución administrativa y entrega de documentos; el resto únicamente después de la revisión y certificación de la información suministrada.

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¿Qué es la Resolución 4353 de 2026 del Consejo Nacional Electoral y qué determina?

La Resolución 4353 de 2026, expedida por el Consejo Nacional Electoral, es el acto administrativo que define cómo serán distribuidos los recursos públicos entre los partidos políticos colombianos con personería jurídica para su funcionamiento, teniendo en cuenta resultados electorales y representación de mujeres y jóvenes en las corporaciones públicas.

¿Qué partidos políticos reciben más recursos públicos según el CNE en 2026?

De acuerdo con información presentada por El Espectador, el Partido Liberal es la colectividad que más recursos recibirá, superando los 5.306 millones de pesos, seguido del Pacto Histórico, que recibirá 5.038 millones de pesos, mientras que el Partido Conservador y el Centro Democrático ocupan los siguientes lugares en la lista.

Blandón Ramírez había sido nombrada en la dirección técnica y ejecutiva del Icfes en agosto del año 2023 durante la administración del expresidente Gustavo Petro, acumulando una trayectoria superior a los 25 años dentro del servicio público. Antes de asumir la conducción del organismo evaluador, la profesional desempeñó responsabilidades de alta gerencia administrativa, entre las que destacan sus pasos como viceministra encargada de Economía Digital y directora de Gobierno Digital en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, además de encabezar la Dirección de Planeación del SENA y la Dirección de Innovación y Desarrollo en la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con el periódico.

A pesar de la trascendencia del cargo para el calendario académico y la logística de las pruebas estatales en el territorio nacional, el instituto se encuentra temporalmente sin dirección asignada. Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha hecho pública la hoja de vida de quien asumirá la titularidad del despacho, mientras se completan los trámites de empalme y la designación oficial de su reemplazo en los próximos días, según el rotativo.

Valencia expresó su inquietud ante la posibilidad de que organismos estatales, como la DNI, hayan sido empleados para incidir en procesos políticos y electorales. En palabras suyas, “espantoso saber que el Gobierno tenía la Dirección de Inteligencia incidiendo sobre las elecciones”, reflejando así la gravedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer lo sucedido. Además, la dirigente anticipó que solicitará la inclusión del partido Centro Democrático como parte interesada en las investigaciones, bajo el argumento de que también podría haber sido eventualmente afectado por estas irregularidades.

Las pesquisas actuales están centradas, entre otros puntos, en la captura de Carlos Andrés Oyola Tovar, quien según las autoridades habría estado vinculado laboralmente con la DNI. Oyola fue aprehendido en Neiva y enfrenta investigaciones por presuntos delitos como concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, falsedad material en documento público y fraude procesal. Un aspecto clave que se investiga es la creación supuestamente ilegal de una copia espejo del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia (SICC), lo cual compromete la seguridad informativa de la entidad.

De acuerdo con lo informado, las autoridades deberán determinar si hubo acciones ilícitas dentro de la DNI, identificar a los posibles responsables y confirmar si la información recogida tuvo algún impacto en el marco electoral, particularmente con miras a las elecciones presidenciales de 2026. El proceso continúa abierto y mantiene en alerta tanto a figuras políticas como a instituciones encargadas de la transparencia democrática. Por ahora, Paloma Valencia busca ser tenida en cuenta oficialmente en la indagación para acceder a la información relevante y velar por la claridad de los hechos.

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¿Por qué Paloma Valencia pidió ser reconocida como víctima en el caso de la Dirección Nacional de Inteligencia?

Paloma Valencia solicitó ante la justicia su reconocimiento como víctima en el caso que investiga presuntas actividades de espionaje y manipulación de información electoral por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según lo revelado por Noticias Caracol, ella considera que las actuaciones señaladas pudieron haber afectado tanto su campaña como el partido Centro Democrático, por lo que busca participar formalmente en las averiguaciones y conocer el alcance de lo ocurrido.

¿Qué es el Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia (SICC) y por qué es relevante en esta investigación?

El Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia, conocido como SICC, es una plataforma que se utiliza para el almacenamiento y manejo de datos sensibles relacionados con funciones de inteligencia y contrainteligencia. La supuesta creación de una copia espejo de este sistema, según la investigación, es un hecho relevante porque compromete la integridad y el buen uso de la información estatal, aspecto que está ahora bajo indagación judicial.

Elizabeth Blandón Bermúdez, economista egresada de la Universidad de Medellín, fue designada en este cargo durante el gobierno de Gustavo Petro. Su nombramiento quedó definido mediante el decreto 1284 del 2 de agosto de 2023, y asumió funciones ese mismo mes luego de oficializar su posesión frente al entonces presidente, según la información publicada. Durante su corto periodo al frente del Icfes, Blandón encabezó esta entidad clave que se encarga de evaluar la calidad de la educación en Colombia, aunque los detalles de su gestión no fueron especificados en el reporte.

La salida de la funcionaria se dio a conocer el martes 10 de noviembre, pero aún no se han publicado las razones exactas que llevaron al gobierno de De La Espriella a cesar el nombramiento de Blandón. Hasta el momento, la Presidencia no ha revelado la hoja de vida de quien pueda sucederla en el cargo, ni ha informado sobre la persona que estará encargada de la dirección mientras se define el futuro del Icfes.

Este movimiento se suma a otras modificaciones que el Gobierno nacional ha ido implementando en diversas entidades desde que Abelardo De La Espriella llegó a la presidencia. El número de cambios en cargos directivos refleja una tendencia constante de transformaciones en la administración pública, cuya motivación específica en el caso de Blandón permanece sin dilucidar según la información disponible.

El proceso de relevo dentro del Icfes continúa y se espera que en los próximos días la opinión pública conozca nuevos detalles acerca de la persona encargada y del futuro nombramiento en la dirección de la entidad.

¿Por qué fue declarada insubsistente Elizabeth Blandón como directora del Icfes?

La información divulgada señala que Elizabeth Blandón Bermúdez fue declarada insubsistente por decisión del presidente Abelardo De La Espriella, pero no se han dado a conocer las razones específicas de su salida. Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha emitido un comunicado público que explique los motivos exactos detrás de la declaratoria de insubsistencia de la directora del Icfes.

¿Quién asumirá la dirección del Icfes tras la salida de Elizabeth Blandón?

Por ahora, aún no hay una persona designada oficialmente para reemplazar a Elizabeth Blandón en la dirección del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. La Presidencia no ha publicado hojas de vida ni información sobre posibles encargados, por lo que se espera que en los próximos días se confirme quién dirigirá la entidad de manera provisional o definitiva.

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El crimen ocurrió hacia las 6:00 de la tarde en la carrera 6B con calle 33B. Según la información preliminar recopilada por las autoridades, la mujer se encontraba en ese sector cuando fue abordada por el hombre, quien presuntamente sacó un arma y le disparó en varias oportunidades. Dos de los impactos la alcanzaron en la cabeza y murió en el lugar.

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Después del ataque, el señalado agresor se habría provocado una lesión a sí mismo. Sin embargo, los uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla que llegaron tras el llamado de la comunidad lograron capturarlo y trasladarlo a un centro asistencial.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver que habría sido utilizado en el homicidio. Torrenegra Moreno fue llevado al Paso Simón Bolívar, donde permanece bajo atención médica. De acuerdo con el reporte policial, su estado de salud es estable.

Las primeras indagaciones indican que Shirley Patricia Payares y el presunto responsable mantuvieron una relación sentimental durante aproximadamente seis años. Además, el hombre registra una anotación judicial relacionada con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

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Por ahora, las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido y establecer si existían antecedentes de violencia o denuncias entre la víctima y el capturado. También deberán determinar las circunstancias que rodearon el ataque, mientras el caso es investigado bajo la hipótesis de un posible feminicidio.