Garcés Villamil argumentó que el acuerdo, aprobado por la Alcaldía el 17 de septiembre de 2013, proponía “fortalecer valores” para enfrentar problemas como el alcoholismo, la drogadicción, el pandillismo y los embarazos tempranos. Sin embargo, sostenía que declarar una fecha específica para la Biblia implicaba una violación de los artículos 1, 4 y 19 de la Constitución, que obligan al Estado a mantener neutralidad religiosa y a garantizar la igualdad de todas las confesiones. Según la demanda, el Estado no debe convertirse en promotor ni patrocinador de ningún credo, ni puede destinar recursos públicos a incentivar la lectura de un texto religioso particular como la Biblia, ignorando otros textos sagrados como el Corán o el Libro de Mormón.

Por su parte, el municipio defendió la legalidad del acuerdo, enfatizando que no tenía la intención de imponer la fe cristiana ni excluir a otras religiones. Argumentó que las actividades como conversatorios, presentaciones folclóricas y eventos deportivos eran de carácter cultural y social. No obstante, declaraciones oficiales en las que se mencionaba la idea de unión “como hermanos” y la frase “todos somos uno en Cristo” pusieron en cuestión dicha neutralidad.

Anteriormente, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá ya había fallado en contra del municipio, enfatizando que la Constitución de 1991 dejó de reconocer un credo oficial, contrario a lo que ocurría bajo la Constitución de 1886. Al resolver la apelación, la Sala con ponencia del magistrado César Giovanni Chaparro Rincón, recordó la evolución hacia un Estado laico, en donde el pluralismo religioso y la igualdad ante la ley son principios superiores. El fallo, citando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, fue enfático al señalar que la neutralidad estatal es obligatoria: ninguna autoridad puede privilegiar o asociarse oficialmente con ningún símbolo religioso.

La decisión concluyó que institucionalizar el “Día de la Biblia” favorece, en la práctica, a las tradiciones católica y cristiana por encima de otras presentes en Chía, motivo suficiente para declarar la nulidad absoluta del acuerdo municipal.

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¿Por qué el Tribunal de Cundinamarca anuló el “Día de la Biblia” en Chía?

El Tribunal de Cundinamarca anuló el acuerdo municipal que establecía el “Día de la Biblia” porque consideró que vulneraba la neutralidad religiosa exigida por la Constitución de 1991. Según la sentencia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las autoridades estatales no pueden privilegiar o patrocinar ningún credo ni asociarse oficialmente con símbolos religiosos. El Tribunal concluyó que dedicar un día oficial a la Biblia generaba una preferencia por las tradiciones católica y cristiana, lo que discriminaba otras confesiones presentes en el municipio.

¿Qué significa que Colombia sea un Estado laico según la Constitución de 1991?

Colombia es un Estado laico, lo cual significa que no existe una religión oficial y que el Estado está obligado a mantener estricta neutralidad frente a todas las confesiones religiosas. Esta transición se consolidó en la Constitución de 1991, que dejó atrás el reconocimiento del catolicismo como credo exclusivo bajo la Constitución de 1886. Así, la igualdad religiosa y el pluralismo son principios esenciales, y ninguna autoridad puede identificar al Estado con símbolos o celebraciones religiosas específicas.

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Como parte de ese proceso, los ciudadanos pueden encontrar stickers de diferentes colores en las fachadas de los inmuebles inspeccionados.

Las etiquetas permiten identificar rápidamente la condición establecida después de la evaluación visual y buscan evitar que las personas regresen o ingresen a estructuras que presentan algún nivel de riesgo.

Pero verde, amarillo y rojo no significan lo mismo. Cada color establece una condición diferente para el inmueble.

¿Te instalaron un sticker en tu propiedad después de la visita de nuestros equipos?🤔

Te contamos qué significa, qué debes hacer según el color y qué sucede después de la evaluación.#CaliSomosTodos pic.twitter.com/EutZfvh7oK

— Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) August 27, 2026

¿Qué significa cada color?

La clasificación funciona mediante un sistema de semaforización que permite identificar las condiciones encontradas durante la inspección inicial.

• Verde — habitable / inspeccionada: indica que durante la revisión no se encontraron fallas estructurales evidentes. El inmueble puede ser ocupado, aunque se recomienda vigilar la aparición de nuevas grietas.
• Amarillo — uso restringido: significa que fueron identificados daños moderados o riesgos en determinadas zonas. La ocupación total queda limitada mientras se adelantan reparaciones o estudios más detallados.
• Rojo — inseguro / evacuación: corresponde a inmuebles con daños estructurales severos o riesgo inminente de colapso. En estos casos, está prohibido ingresar o permanecer en la estructura.

La clasificación, por tanto, no es simplemente una señal informativa: determina las condiciones de uso del inmueble después de la inspección.

¿Qué deben hacer los propietarios si el sticker es amarillo o rojo?

En los casos clasificados como amarillo o rojo, la responsabilidad no termina con la visita de los equipos de Gestión del Riesgo.

Según el protocolo explicado por la Alcaldía, la entidad determina la condición de riesgo a partir de la inspección, pero corresponde al propietario o a la administración de la copropiedad contratar un ingeniero estructural independiente.

Este profesional debe establecer el plan necesario para el reforzamiento o reparación de la estructura. Una vez se haya corregido la falla o se cuente con el peritaje técnico correspondiente, comienza otro paso del procedimiento.

¿Cómo se solicita una nueva inspección?

La documentación relacionada con las reparaciones o con el estudio estructural debe enviarse al correo habilitado por la Alcaldía:

estructurales.sismo@cali.gov.co

A partir de esa documentación se puede programar la reinspección oficial del inmueble. El objetivo es que la condición de la estructura vuelva a ser evaluada después de las intervenciones correspondientes.

No se deben retirar los stickers

La Secretaría de Gestión del Riesgo también advierte sobre la importancia de conservar las etiquetas instaladas en las fachadas. De acuerdo con el protocolo, retirar o romper los stickers constituye una falta grave, debido a que cumplen una función de alerta pública.

La señal permite advertir a inquilinos, compradores y transeúntes sobre la condición establecida para el inmueble y evitar que alguien ingrese a un espacio que pueda representar un riesgo.

Por eso, después del terremoto del 10 de agosto, el sticker ubicado en una vivienda o establecimiento no debe verse simplemente como una marca en la fachada: es parte del procedimiento oficial de evaluación estructural y seguridad implementado en Cali.

Un siguiente enfoque útil sería explicar qué hacer exactamente después de recibir cada color, en formato de pasos, para una nota más práctica y de servicio.

Según el balance oficial difundido, un total de 111 instituciones educativas oficiales fueron evaluadas para determinar su situación después del sismo. De acuerdo con la Alcaldía, 47 de estos establecimientos resultaron habitables, lo que permite el uso de sus instalaciones bajo protocolos de alternancia. Por otro lado, 48 instituciones presentan restricciones de uso, por lo que funcionarán parcialmente y solo en áreas seguras; en estos casos, las jornadas de estudiantes se organizarán de manera rotativa. El informe agrega que 13 instituciones están en peligro de colapso, lo que prohíbe cualquier actividad presencial en sus espacios por riesgo estructural, mientras que otras tres aún esperan evaluación técnica.

En los colegios que también funcionan como refugios temporales para familias damnificadas, el servicio educativo se ajustará en horarios diferenciados, con el objetivo de garantizar tanto las clases como el apoyo a los afectados. De igual forma, para los estudiantes de instituciones con espacios inhabitables o sin conectividad, se prevé la implementación de trabajo remoto y el uso de materiales impresos, garantizando la continuidad académica. El plan incluye adaptaciones curriculares y flexibilidad para quienes afrontan dificultades de desplazamiento o limitaciones en los servicios públicos.

Una de las noticias más relevantes es la intervención inmediata en las 48 instituciones de uso restringido. El alcalde Mauricio Salazar indicó que a partir de la próxima semana comenzarán los trabajos tanto de día como de noche, para recuperar la presencialidad. Para las 13 sedes en riesgo de colapso absoluto, la administración anunció estudios técnicos y diseños, así como la gestión de apoyos externos para su futura reconstrucción. "Queremos que nuestros estudiantes regresen, pero que lo hagan de manera segura", subrayó el alcalde Salazar, en reconocimiento al trabajo de directivos y maestros durante esta emergencia.

De esta forma, la comunidad educativa de Pereira inicia un proceso de recuperación orientado a un retorno prudente y adaptado a la realidad posdesastre, siempre condicionado por las evaluaciones de seguridad en cada plantel.

¿Cómo funcionará el modelo de alternancia en las instituciones educativas de Pereira tras el terremoto?

El modelo de alternancia en Pereira consiste en la rotación de estudiantes entre jornadas presenciales y trabajo remoto, dependiendo de las condiciones de cada sede. Aquellas instituciones declaradas habitables retomarán actividades en horarios y espacios seguros, mientras que otras solo tendrán uso parcial de sus instalaciones o recurrirán a clases remotas si persiste el riesgo estructural.

¿Qué medidas se tomarán en las instituciones educativas con peligro de colapso en Pereira?

Para las 13 instituciones identificadas con peligro de colapso, la administración local realizará estudios y diseños para futuras obras de recuperación y buscará la ayuda de entidades que puedan apoyar la reconstrucción, asegurando que no se reanuden actividades presenciales hasta resolver los riesgos estructurales.

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Uno de los cambios más relevantes afecta el Impuesto Predial Unificado, tributo fundamental para el funcionamiento del distrito. Originalmente, la fecha límite para pagar este impuesto, sin descuentos y sin intereses moratorios, se había establecido para el 30 de septiembre. Sin embargo, la administración extendió el plazo hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto otorga un margen mucho mayor para quienes tuvieron dificultades durante la crisis, permitiéndoles ponerse al día con sus obligaciones tributarias hasta el final del año. Es importante aclarar que si el pago no se realiza antes de esa fecha, desde el 1 de enero de 2027 comenzarán a causarse intereses por mora sobre el valor pendiente, como lo especifica la autoridad local.

Por otra parte, comerciantes y empresarios también verán un alivio en sus calendarios impositivos para el impuesto de Industria y Comercio (ICA) y su retención en la fuente, conocida como ReteICA, correspondiente al periodo comprendido entre julio y agosto. Tal como establece la resolución, la nueva fecha de vencimiento varía según el último número del NIT: para quienes terminan en 1 y 2 será el 5 de octubre; en 3 y 4, el 6 de octubre; en 5 y 6, el 7 de octubre; en 7 y 8, el 8 de octubre, y finalmente para los terminados en 9 y 0 el plazo se extiende hasta el 9 de octubre de 2026.

Asimismo, la modificación incluye los vencimientos de las estampillas y tasas distritales de julio y agosto: el pago de julio podrá hacerse hasta el 15 de septiembre y el de agosto hasta el 18 de septiembre. De acuerdo con la administración distrital, estas medidas buscan ayudar a la recuperación y normalización fiscal en la ciudad, luego de la emergencia sísmica. Finalmente, Hacienda hizo un llamado a consultar y tramitar los procesos tributarios por canales virtuales, recomendando reducir desplazamientos.

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¿Cuáles son las nuevas fechas para pagar el Impuesto Predial Unificado en Cali en 2026?

El plazo para pagar el Impuesto Predial Unificado sin intereses moratorios en Cali fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2026, según la Resolución No. 4131.010.21.1.0785 del Departamento Administrativo de Hacienda Distrital. A partir del 1 de enero de 2027 aplican los intereses de mora.

¿Cómo quedaron los plazos para declarar y pagar ICA y ReteICA tras el sismo en Cali?

Los plazos para declarar y pagar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) y la retención ReteICA correspondientes a julio y agosto de 2026 fueron ajustados según el último dígito del NIT, con fechas de vencimiento entre el 5 y el 9 de octubre de 2026, de acuerdo con la última cifra del NIT de cada contribuyente.

La mujer, periodista, presentadora y productora de televisión, aparece mencionada en una investigación de la Unidad Investigativa de El Tiempo, que indagó por los contratos que suscribió con diferentes entidades estatales durante la administración del entonces presidente Petro.

(Le puede interesar: [Video] Gabriela Muñoz (la de la Aerocivil) reapareció junto a Petro en reunión privada del Pacto y desata polémica)

Según el periódico, Martha Zawady firmó contratos por cerca de 184 millones de pesos con entidades como Prosperidad Social, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (Enterritorio).

Uno de esos contratos corresponde a servicios para la Oficina Asesora de Comunicaciones de Prosperidad Social, mientras que otros estuvieron relacionados con labores de comunicaciones, relacionamiento institucional y actividades periodísticas.

La aparición de su nombre en la investigación está relacionada con los señalamientos que han circulado sobre una supuesta red de mujeres cercanas a Petro, denominada por algunos integrantes del entorno del petrismo como las ‘Mariposas Amarillas’.

El caso de ‘La Coco’ tomó fuerza luego de versiones según las cuales la joven samaria habría tenido cercanía con Petro antes de su llegada a la Presidencia y habría recibido beneficios económicos y otros favores durante su administración. Esas afirmaciones han sido objeto de controversia y no equivalen, por sí mismas, a una conclusión judicial.

(Lea también: ¿Hubo infidelidad? Los secretos de la ruptura de Gustavo Petro con su novia justo el 7 de agosto)

Prima de ‘La Coco’ negó intermediación

Ante las preguntas de El Tiempo, Martha Zawady rechazó que su vínculo familiar con María Masip haya servido para conseguir los contratos que aparecen a su nombre.

“María es prima mía, nunca ha intervenido ni recomendado mi trabajo, siempre he conseguido sola”, aseguró la periodista, de acuerdo con el medio.

Zawady añadió que, cuando alguna entidad estatal la ha contratado, ha sido por su trayectoria profesional y su experiencia. También aseguró que desconoce cuál es la relación que actualmente mantiene su prima con el expresidente Petro.

“No tengo conocimiento del tipo de relación que guarda con el expresidente. Ella vive en Bogotá y yo en la ciudad de Cartagena, así que no tengo mayor información al respecto”, manifestó, según la publicación.

Sobre los contratos con entidades como MinTic y Prosperidad Social, explicó que fueron suscritos bajo los procedimientos establecidos para la contratación de servicios profesionales y dentro del marco normativo correspondiente.

Familiar de Zawady también habló de Coosalud

Otro de los puntos consultados por el diario fue una supuesta participación de Martha Zawady en la junta directiva de Coosalud Inversa, una de las empresas relacionadas con la EPS intervenida Coosalud.

De acuerdo con la investigación de El Tiempo, en agosto de 2025 Zawady habría sido incluida como suplente en uno de los renglones de esa junta, dentro de una lista presentada por Andrés Felipe Arango, quien para ese momento ejercía como agente especial interventor de la Cooperativa Coosalud.

La periodista aclaró que actualmente no pertenece a ninguna junta directiva relacionada con esa entidad y sostuvo que así consta en el certificado de existencia y representación legal de Coosalud Inversa S.A.

Además, explicó que su inclusión como suplente ocurrió debido a su experiencia en asuntos de comunicaciones y audiovisuales dentro de la cooperativa, donde, según dijo, lleva más de dos décadas prestando servicios.

Zawady también enfatizó que se trató de una posición sin honorarios y sin mayor representatividad, pues la junta no era remunerada.

De esta manera, la familiar de ‘La Coco’ entregó su propia explicación sobre los contratos y su paso por esa junta, mientras continúan las versiones sobre las presuntas relaciones de María Masip con personas vinculadas al gobierno Petro.

El documento establece pautas estrictas ante posibles casos de corrupción al interior de la administración pública colombiana y discrepa entre las competencias de los entes de control. Según el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), toda actuación que comprometa recursos públicos debe quedar meticulosamente respaldada en expedientes que incluyan contratos, bases de datos y correos institucionales, para luego ser remitida de inmediato a las autoridades encargadas como la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría. Textualmente, la circular señala que “los hallazgos deberán documentarse de manera objetiva y acompañarse de los antecedentes y soportes disponibles, identificando los hechos, las actuaciones involucradas y los recursos públicos” que pudieran estar comprometidos. Si esta revisión deja ver hechos relevantes en ámbitos fiscal, penal, disciplinario, civil o administrativo, el caso debe trasladarse sin demora a las autoridades competentes.

Por disposición legal, quienes asumen el servicio público durante los cambios de gobierno cuentan con treinta días para revisar los documentos de entrega y solicitar aclaraciones. Sin embargo, la circular es clara en advertir que el cumplimiento de este plazo en ningún caso exime a las entidades de documentar, proteger y denunciar irregularidades detectadas posteriormente. Además, resulta obligatorio conservar toda evidencia y soporte, incluyendo la correspondencia institucional y registros contables asociados a los hallazgos. Pese a la exigencia de esta vigilancia, el Gobierno aclara que la circular no otorga potestad a la Presidencia ni a las entidades estatales para investigar o juzgar: esa responsabilidad pertenece exclusivamente a los órganos oficiales competentes, en seguimiento del debido proceso.

¿Cuál es el objetivo principal de la Circular 01 de 2026 en la administración pública?

La Circular 01 de 2026 tiene como finalidad principal prevenir el ocultamiento o la omisión de posibles irregularidades en la administración estatal, estableciendo que el vencimiento de plazos administrativos no anula la responsabilidad de documentar y denunciar hechos relevantes. Insiste en la protección y entrega rigurosa de información relacionada con posibles actos de corrupción a las autoridades competentes.

¿Qué diferencia hay entre los plazos administrativos y los términos penales o disciplinarios en la revisión de actos de entrega?

Según la circular emitida por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, los plazos administrativos están relacionados con los tiempos formales de revisión y empalme en el servicio público, mientras que los términos penales o disciplinarios rigen el inicio, investigación y sanción de posibles faltas legales. Es decir, aunque se cumplan los tiempos administrativos, ello no impide que persista la obligación de informar y respaldar hallazgos ante autoridades judiciales o de control.

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Una de las figuras principales mencionadas es Martha Elena Zawady Rodríguez, prima de María Masip y reconocida por su desempeño como periodista, presentadora y productora de televisión. Zawady ha sido señalada por haber obtenido contratos con varias entidades públicas entre 2024 y 2025. Sin embargo, la comunicadora rechazó cualquier insinuación que relacione estos contratos con la supuesta intermediación de su prima. En declaraciones recogidas por medios nacionales, manifestó: “María es prima mía, nunca ha intervenido ni recomendado mi trabajo, siempre he conseguido sola”. Además, Zawady subrayó que desconoce la relación entre Masip y el expresidente Petro, argumentando que sus oportunidades laborales siempre han sido conseguidas por méritos propios.

Los documentos revisados por Cambio indican que Martha Zawady suscribió seis contratos entre 2024 y 2025, alcanzando unos 232 millones de pesos, aunque otras fuentes, como El Tiempo, hablan de cerca de 184 millones. Los contratos celebrados estuvieron relacionados con actividades como comunicaciones institucionales, fortalecimiento de la presencia de las entidades y funciones de apoyo periodístico. Entidades involucradas incluyen RTVC, ENTerritorio, MinTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), Prosperidad Social y la AUNAP (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca).

Además, la investigación resalta que Martha Zawady se incorporó en agosto de 2025 como suplente en la junta directiva de Coosalud Inversa, una sociedad vinculada a la cooperativa Coosalud, intervenida por las autoridades.

Sobre María Masip Zawady, no existen registros que indiquen que haya sido contratista directa del Estado, según lo revelado por El Colombiano. No obstante, su nombre se ha vinculado al obtener relevancia por la influencia aparente en favor de personas allegadas, como su hermano Juan Manuel Masip Zawady, quien firmó siete contratos por cerca de 291,7 millones de pesos.

No se ha documentado, hasta el momento, alguna determinación judicial en torno a estas denuncias, y el caso continúa siendo objeto de investigaciones y reportajes periodísticos, según lo informan El Colombiano, Cambio y otros medios nacionales.

¿Quién es Martha Zawady y por qué están en controversia sus contratos estatales?

Martha Elena Zawady Rodríguez es periodista, presentadora y productora de televisión. Su nombre está en el debate público tras la publicación de investigaciones que sugieren un posible favorecimiento en contratos estatales, los cuales ella niega que hayan resultado de la influencia de familiares como María Masip Zawady, quien ha sido señalada de liderar una red de intermediación durante el gobierno de Gustavo Petro.

¿Qué es la red ‘Mariposas Amarillas’ y por qué ha sido mencionada en investigaciones periodísticas?

La denominada red ‘Mariposas Amarillas’ es un grupo señalado por investigaciones periodísticas de influir en la adjudicación de contratos en entidades estatales durante el mandato de Gustavo Petro. Aunque el término ha sido recurrente en medios, no hay hasta ahora determinaciones judiciales sobre su existencia, y quienes han sido vinculados directamente niegan cualquier tipo de intermediación ilegal.

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El evento está programado en dos horarios, a las 8:30 a. m. y 10:30 a. m., y la entrada se obtiene mediante boletería, según aclaró el Planetario de Bogotá en su página oficial. La iniciativa busca que los asistentes se desconecten de su rutina diaria para activar su fuerza interior por medio de una práctica dinámica, seguida de una experiencia de libertad de movimiento y ritmo guiada por vibraciones sonoras en tiempo real bajo el reconocido domo del Planetario.

De acuerdo con los organizadores, la propuesta integra el movimiento, la música y la contemplación a través de dos sesiones principales: una práctica de yoga dinámica y una danza libre, ambas acompañadas de música en vivo. El enfoque se centra en permitir que los participantes logren una profunda reconexión consigo mismos y el universo, utilizando los sonidos y el ritmo como instrumentos para alcanzar este objetivo.

La invitación es a dejarse guiar por la energía de la música y el movimiento en un escenario emblemático de la ciudad, lo cual promete una experiencia contemplativa y revitalizadora. Para quienes deseen adquirir entradas, la boletería está disponible en la plataforma oficial señalada por el Planetario de Bogotá.

Esta actividad se enmarca dentro de la variada agenda cultural y de bienestar diseñada por la administración de la ciudad, orientada a ofrecer planes de esparcimiento y autocuidado para los diferentes públicos. Asimismo, el evento forma parte de la programación especial de la Semana del Bienestar, donde se desarrollan más de cien experiencias similares, según Bogotá.gov.co.

La actividad se desarrollará en la sede del Planetario, ubicada en la calle 26B #5-93, un espacio icónico dedicado a la divulgación de la ciencia, la cultura y el bienestar ciudadano.

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¿Qué es la ‘Franja de Bienestar Flow con las estrellas’ del Planetario de Bogotá?

La ‘Franja de Bienestar Flow con las estrellas’ es una actividad especial que combina práctica de yoga dinámica y sesiones de danza libre acompañadas de música en vivo bajo el domo del Planetario de Bogotá, específicamente diseñada para promover el bienestar físico y emocional de los asistentes.

¿Cómo comprar boletas para el evento de bienestar en el Planetario de Bogotá?

La entrada para participar en la ‘Franja de Bienestar Flow con las estrellas’ se obtiene comprando la boletería a través de la plataforma oficial informada por el Planetario de Bogotá, como se indica en su sitio web y los canales oficiales de divulgación de eventos de la ciudad.

La intimidación ocurrió durante la mañana del 27 de agosto y llegó por medio del radio de comunicaciones utilizado por los uniformados. Los responsables, según el relato conocido, aseguraron que conocían cuántas personas permanecían en el lugar y también las coordenadas de la brigada.

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La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, advirtió que los hombres les advirtieron a los militares que lo mejor era abandonar el sitio y dejar de apagar el incendio. La amenaza incluyó una frase que encendió las alarmas entre quienes atendían la emergencia: “Si ellos no se iban, pues ellos sencillamente iban a mandarles un droncito”.

Grave denuncia de la Gobernadora del Tolima: “Les vamos a mandar un dron cargado. No intenten apagar el incendio, quien debe apagarlo es El Tigre”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/bTSsoQ8dj4

— Revista Semana (@RevistaSemana) August 27, 2026

Ante esta advertencia los integrantes del grupo especializado decidieron abandonar temporalmente el área para proteger su integridad. La situación fue comunicada al Puesto de Mando Unificado (PMU), donde se informó sobre la intimidación sufrida por el personal desplegado en el sector.

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El episodio ocurrió mientras la brigada apoyaba las labores para contener un incendio de gran magnitud en el cerro Las Mercedes, uno de los puntos afectados por la emergencia que mantiene en alerta a diferentes municipios del departamento.

La situación se suma a las preocupaciones expresadas por las autoridades sobre el posible origen intencional de algunas conflagraciones. Al respecto, el presidente Abelardo De La Espriella ya había advertido sobre la posibilidad de que detrás de algunos incendios existieran manos criminales y había ordenado fortalecer la respuesta estatal.

“Si se confirma que fueron provocados deliberadamente, perseguiremos a los responsables y los llevaremos ante la justicia”, dijo De La Espriella. A su vez, gregó: “Atentar contra nuestros bosques, poner en riesgo comunidades y utilizar el fuego para sembrar destrucción es un crimen que no quedará impune”.

Ante el peligro inminente de colapso estructural, decenas de familias se han visto forzadas a dormir en campamentos improvisados, con carpas extendidas desde la base hasta la parte alta del sector. La restricción de acceso es total en las ocho torres más afectadas, desde la torre 83 a la 90, donde el organismo de Gestión del Riesgo decretó alerta roja para evitar accidentes mortales.

Casos concretos, como el de Jennifer Liceé Martínez Ortiz y su padre en la torre 89, evidencian el drama que viven los habitantes. La comunidad ha rechazado propuestas temporales que consideran inviables, como la oferta de ser alojados en hoteles solo por diez días, aludiendo que en ese periodo no pueden llevar pertenencias tan básicas como camas y que no se resuelve el fondo de la emergencia.

Exigen la llegada inmediata del alcalde de Cali y de la gobernadora del Valle del Cauca para comprometerse con soluciones definitivas. Además, denuncian falta de información sobre subsidios prometidos: no se conocen cronogramas, valores ni cómo se entregarán, generando incertidumbre y preocupación entre los damnificados.

En respuesta a la escasez y al agotamiento de las ayudas iniciales, los líderes comunitarios, como Jennifer Martínez y sus hermanas, junto con el líder Daniel, crearon un comedor comunitario que diariamente reparte hasta 100 almuerzos para los más vulnerables. No obstante, las lluvias recientes anegaron las carpas y causaron la pérdida total de colchones y cobijas, agravando las condiciones de vida de quienes allí resisten.

La lista de necesidades urgentes es larga: la comunidad pide de manera apremiante donaciones de carpas de gran tamaño, alimentos no perecederos, mercados, carnes y un congelador más grande, para almacenar adecuadamente los productos destinados a los alimentos diarios. Quienes deseen colaborar pueden acercarse a la torre 89 de Altos de Santa Elena, donde los líderes comunitarios reciben auxilio a cualquier hora.

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¿Qué ayuda humanitaria necesitan las familias damnificadas en Altos de Santa Elena tras el terremoto?

De acuerdo con la información difundida por 90 Minutos, los afectados solicitan carpas de gran formato para protegerse de las lluvias, alimentos no perecederos, mercados, carnes y un congelador de mayor tamaño. Estas donaciones son esenciales para enfrentar la pérdida de enseres básicos y mantener en funcionamiento el comedor comunitario que atiende a la población más vulnerable.

¿Por qué la comunidad rechaza la reubicación temporal tras el terremoto en Altos de Santa Elena?

Los residentes rechazan opciones temporales, como el traslado a hoteles por solo diez días, al considerar que no resuelven el problema de fondo y hacen imposible el traslado de pertenencias esenciales. Además, exigen soluciones definitivas y claridad sobre los subsidios estatales prometidos, ya que hasta el momento no se conocen detalles sobre montos, cronogramas o modalidades de entrega.

Entre los nuevos representantes destaca el sacerdote y abogado Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella, quien fue designado para representar al gobierno ante los CSU de cinco de las universidades públicas más reconocidas: Universidad Nacional, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y Universidad del Atlántico. Esta reiterada designación subraya la confianza del gobierno actual en su perfil profesional y hace que figure como un actor clave en las decisiones de las universidades más relevantes del país.

Junto a él, también fueron nombrados otros representantes en los distintos consejos superiores de las IES públicas. Diego Alejandro Torres Galindo se suma como otro representante presidencial ante el CSU de la Universidad Nacional, mientras que Víctor Hugo Malagón Basto representa al mandatario en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Las universidades regionales también cuentan con nuevos delegados: Brenda Magaly Restrepo Plazas en la Universidad de la Amazonia, Gabriel Jaime Cardona Orozco en la Universidad Tecnológica de Pereira, María Rocío Cortés Vargas en la Universidad de Cundinamarca, Cenaida Rubiela Alvis Barranco en la Universidad Popular del Cesar, Isaura Yaneth Parejo Buelvas en la Universidad del Magdalena, Wilson Caballero Ariza en la Universidad Industrial de Santander, Esneyder Andres Nazarith Vidal en la Universidad del Cauca, y Julián Ricardo Gómez Ávila en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).

El Consejo Superior Universitario es definido como la máxima autoridad de dirección y gobierno en las instituciones de educación superior públicas. La presencia de los representantes del presidente en estos órganos funciona como un canal de articulación institucional entre el gobierno nacional y las universidades, actuando de acuerdo con la Constitución, la ley y los estatutos propios de cada universidad. Así, el decreto no solo reorganiza la representación, sino que refuerza el papel que el Ejecutivo desempeña en el rumbo de la educación superior pública en Colombia, conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Educación.

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¿Cuáles son las funciones de los representantes de presidencia ante los Consejos Superiores Universitarios?

Los representantes de presidencia actúan como voceros del jefe de Estado en los Consejos Superiores Universitarios, participando en la toma de decisiones relacionadas con el gobierno y la dirección de las instituciones de educación superior públicas, siguiendo la normativa constitucional, legal y estatutaria vigente.

¿Qué significa CSU en el contexto de la educación superior pública de Colombia?

CSU hace referencia al Consejo Superior Universitario, órgano que constituye la máxima autoridad de dirección y gobierno en las universidades públicas, encargado de orientar y definir la política institucional dentro del marco de la ley y los estatutos universitarios.

Entre estos artículos han aparecido fotografías, documentos y recuerdos valiosos para quienes, por la premura de la emergencia, tuvieron que abandonar rápidamente sus hogares sin posibilidad de recoger sus cosas. Estos objetos ahora están siendo cuidadosamente recuperados y puestos a disposición de las familias que hayan perdido sus pertenencias. La Alcaldía de Cali, según informaciones divulgadas, ha dispuesto que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) coordine la publicación y entrega de estos elementos.

El proceso establecido consiste en que las familias revisen las publicaciones que la Uaesp difunde a través de sus canales oficiales. Si reconocen algún objeto como propio, deben seguir las instrucciones de la entidad para avanzar con la verificación y la entrega. Todo el procedimiento de recuperación y reclamo se efectúa en el Puesto de Mando Unificado (PMU), ubicado en la Ciudadela Petronio Álvarez, lugar dispuesto específicamente para este fin.

La recuperación de estos elementos va más allá de lo material. Para muchas personas, una fotografía o un documento recuperado puede significar el reencuentro con parte de su historia y su identidad, especialmente después de experimentar la pérdida repentina causada por un terremoto. Las autoridades insisten en que las personas deben estar atentas únicamente a los canales oficiales de la Uaesp y la Alcaldía de Cali para evitar caer en engaños o confusiones, ya que cualquier proceso de identificación y entrega se ejecuta exclusivamente bajo las directrices de las entidades responsables.

Así, mientras continúa el trabajo de saneamiento y remoción en la ciudad, también avanza la búsqueda por devolver a los habitantes aquellos recuerdos personales que para muchos no tienen precio, y que ayudan en el proceso de reconstruir sus vidas tras la tragedia.

¿Cómo pueden las familias recuperar sus pertenencias tras el terremoto en Cali?

Las familias cuyas pertenencias resultaron extraviadas durante el terremoto pueden consultarlas en las publicaciones realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) de Cali. Al identificar algún objeto propio, deben seguir el protocolo ofrecido por la entidad, presentándose en el Puesto de Mando Unificado (PMU) ubicado en la Ciudadela Petronio Álvarez, según informaron fuentes oficiales.

¿Qué valor tienen los objetos personales recuperados tras desastres como un terremoto?

Los objetos personales rescatados de los escombros, como documentos o fotografías, representan mucho más que simples bienes materiales: para sus propietarios, simbolizan recuerdos y fragmentos de su historia que se creían perdidos, y su recuperación puede ser fundamental en el proceso de reconstrucción emocional tras una catástrofe.

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El contenido del mensaje busca que cada persona pueda verificar su información y, de ser el caso, avanzar en el proceso para recibir una ayuda de primera necesidad. Los pasos que deben seguir quienes reciban la comunicación inician con el ingreso a un enlace de WhatsApp proporcionado en el mensaje, donde deben escribir su número de cédula para confirmar si efectivamente están registrados como damnificados. Una vez se valida el dato y la persona aparece habilitada en el sistema, puede seleccionar entre los puntos designados para la entrega de la ayuda.

Es importante que los ciudadanos no se desplacen inmediatamente tras recibir el mensaje. De acuerdo con las instrucciones de la Alcaldía, la fecha y el lugar exacto para recoger la ayuda serán comunicados posteriormente por medio de WhatsApp o mediante una llamada directa del operador responsable. En ese momento, se brindará la información precisa sobre cuándo y dónde presentarse, y será indispensable llevar el documento de identificación para reclamar el apoyo humanitario.

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali también enfatiza la importancia de proteger los datos personales. Aunque este canal ha sido confirmado como oficial, no se debe ingresar información en páginas ni enlaces que provengan de fuentes no verificadas. En épocas de emergencia, advierte la entidad, suelen circular mensajes y publicaciones engañosas que buscan perjudicar a los afectados, por lo que la recomendación es asegurarse siempre de la legitimidad del canal antes de ingresar cualquier dato personal.

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¿Cómo identificar si un mensaje de ayuda humanitaria en Cali es legítimo?

Para confirmar que un mensaje recibido corresponde a una notificación oficial de la Alcaldía de Cali, debe verificar que el enlace proporcionado sea el canal autorizado y que la comunicación haya llegado por medios oficiales, como WhatsApp o una llamada directa del operador encargado. Es clave no entregar información personal a enlaces o páginas que no estén avaladas por la administración municipal.

¿Cuáles son los pasos para recibir las ayudas humanitarias tras el sismo en Cali?

Quienes reciben la notificación deben ingresar al enlace oficial de WhatsApp, escribir el número de cédula y verificar si están en la base de datos de damnificados. Si aparecen habilitados, elegirán un punto para la entrega y deberán esperar la confirmación oficial, que indicará cuándo y dónde presentar el documento de identidad para recoger la ayuda.

Los señalamientos fueron revelados principalmente por Cambio y posteriormente ampliados por El Tiempo, medios que han relacionado a Masip con las llamadas ‘Mariposas amarillas’, un supuesto grupo de mujeres cercanas al entonces mandatario al que la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez atribuyó influencia en nombramientos y contratación estatal.

De acuerdo con Cambio, Masip conoció a Petro años antes de que llegara a la Presidencia, durante un evento social al que habría asistido por invitación de una amiga en común. Con la llegada del Pacto Histórico al poder, su nombre habría comenzado a ganar relevancia entre personas cercanas al Gobierno.

Tanto fue así que, según las fuentes citadas por Cambio, algunos antiguos excombatientes del M-19 cercanos a Petro la llamaban “Manuelita Sáenz, la Manuelita Sáenz de Petro”, en alusión a la compañera de Simón Bolívar.

El dato particular es que Masip no aparece directamente como contratista del Estado ni ocupó un cargo público durante el Gobierno Petro, según la investigación de Cambio. Sin embargo, sus familiares sí tuvieron vínculos contractuales con entidades estatales.

Su hermano, Juan Manuel Masip Zawady, obtuvo contratos con Colombia Compra Eficiente, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y la Alcaldía de Santa Marta. Los contratos reseñados por Cambio suman $291,7 millones y fueron realizados mediante contratación directa.

También aparece su prima, Martha Elena Zawady Rodríguez, periodista y productora de televisión, a quien diferentes investigaciones periodísticas relacionan con seis contratos estatales durante los últimos años del Gobierno Petro, por una suma que supera los $180 millones, según El Tiempo, mientras Cambio reportó contratos por $232 millones al incluir otros registros.

Uno de los episodios que más llamó la atención fue la llegada de Zawady, en agosto de 2025, como suplente en la junta directiva de Coosalud Inversa, sociedad vinculada a la Cooperativa Coosalud, en medio de la intervención estatal a esa organización.

Sin embargo, Zawady negó que su relación familiar con Masip hubiera influido en sus contratos. “María es prima mía, nunca ha intervenido ni recomendado mi trabajo, siempre he conseguido sola”, dijo a El Tiempo.

También aseguró que su paso por la junta de Coosalud Inversa fue circunstancial y sin remuneración: “Una posición sin mayor representatividad y sin honorarios”. Según su explicación, presentó su renuncia desde agosto de 2025 porque no tenía tiempo para cumplir esa función.

Sobre Masip también han circulado versiones más delicadas. El Tiempo, citando a Cambio, publicó que fuentes aseguraron que funcionarios y contratistas habrían reunido parte de sus ingresos para entregarle una mensualidad cercana a $15 millones, además de señalar que un hombre conocido como ‘Pacho’ habría puesto a su disposición un apartamento en el Chicó y un BMW. Estas afirmaciones corresponden a testimonios citados por el medio y no han sido acreditadas como hechos judicialmente probados.

La propia Masip rechazó los señalamientos. A cambio respondió: “No sé de qué me hablas” y pidió que no se le vincularan con esos hechos, pues sus familiares han logrado esos contratos por mérito propio.

Por ahora, su nombre permanece ligado a una investigación periodística sobre las supuestas ‘Mariposas amarillas’, pero no existe en la información entregada una condena o decisión judicial que establezca que Masip haya obtenido ilegalmente beneficios por su cercanía con Petro.

La extensión del plazo fue confirmada por Francisco Javier Tenorio Lara, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento del Valle, quien señaló que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres transmitió la autorización formal para que los damnificados carguen la información pertinente en el Registro Único de Familias en Emergencia o Registro Unifamiliar de Emergencias (RUFE). Este proceso debe hacerse a través de la plataforma del Registro Único de Damnificados (RUD), fundamental en situaciones de emergencia para organizar y canalizar la atención oficial.

Un punto destacado de esta flexibilización es la inexistencia de una fecha límite para el cierre del registro, permitiendo que las familias se inscriban sin presión y de acuerdo con su situación. De este modo, se pretende que nadie que haya sido perjudicado por el sismo quede excluido de las ayudas del gobierno.

Frente a la magnitud de la emergencia, las cifras son contundentes: según el primer corte enviado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se estima que unas 90 mil personas resultaron damnificadas solo en el departamento del Valle del Cauca. Este escenario representa un enorme desafío logístico y administrativo para las autoridades municipales y nacionales, que trabajan en la verificación y análisis de los registros realizados en el RUD para clasificar la gravedad y tipo de las afectaciones sufridas. Estos datos serán determinantes para establecer prioridades en las fases siguientes de recuperación y reconstrucción.

Para acceder a los beneficios, es indispensable completar el proceso ante los coordinadores municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, quienes están encargados de validar y subir los datos a la plataforma oficial. Las autoridades han reiterado el llamado a la población afectada que aún no figura en los listados para que acuda sin demora a las oficinas municipales y formalice su registro, única vía habilitada para recibir los apoyos dispuestos por el Gobierno Nacional ante la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en el Registro Único de Damnificados (RUD) tras el sismo en el Valle del Cauca?

El proceso de inscripción requiere acercarse a la alcaldía correspondiente y diligenciar allí el formato oficial ante los coordinadores municipales de Gestión del Riesgo de Desastres. Solo a través de este canal se valida la información y se formaliza el acceso a los apoyos estatales dirigidos a los afectados por el sismo.

¿Por qué es importante el Registro Único de Damnificados para acceder a ayudas en emergencias?

El Registro Único de Damnificados (RUD) permite a las autoridades identificar de manera precisa a las personas afectadas, clasificar el tipo de daños y priorizar la atención según la gravedad de cada caso. Sin la inscripción en este sistema, los afectados no pueden recibir los auxilios oficiales establecidos para emergencias como la vivida recientemente en el Valle del Cauca.

La emergencia se agrava al sumarse las consecuencias recientes del terremoto que sacudió a la región, dejando 44 municipios afectados, 85 viviendas colapsadas y 3.212 viviendas averiadas. En todo el departamento, se han reportado 3.776 afectaciones. Ante este panorama, el presidente De la Espriella anunció medidas inmediatas y a mediano plazo. De acuerdo con sus declaraciones, el Gobierno nacional pondrá en marcha un plan integral para la recuperación ambiental, el restablecimiento de la productividad agrícola, y el fortalecimiento de la seguridad en la zona. Entre las acciones anunciadas, destaca la entrega de 343 subsidios de 65 millones de pesos para vivienda rural y la disposición de 5.000 toneladas de heno y 5.000 toneladas de tamo de arroz para alimentar al ganado y ayudar a la regeneración del suelo.

Para apoyar financieramente a los afectados, el presidente informó que la cartera de agro Finagro tendrá un congelamiento de pagos por tres meses para los productores perjudicados y se lanzará un programa de compra de cartera orientado a pequeños y medianos productores. Asimismo, el Gobierno destinará 7.000 millones de pesos para proyectos productivos que buscan recuperar los cultivos, las unidades productivas y las fuentes de ingreso que han sido aniquiladas por los incendios.

Por otro lado, el mandatario denunció que existe evidencia de “manos criminales” detrás de la provocación deliberada de varios de los incendios. Aseguró que el Estado conformará un grupo élite especializado en inteligencia e investigación para identificar y capturar a quienes estén detrás de estos hechos, enfatizando que se empleará toda la capacidad institucional para llevar a los responsables ante la justicia.

¿Qué medidas anunció el Gobierno tras los incendios forestales en Tolima?

El Gobierno de Abelardo de la Espriella informó la implementación de un plan especial que incluye subsidios para vivienda rural, suministro de alimento para animales, alivios financieros temporales a través de Finagro y recursos para proyectos productivos, buscando recuperar las áreas y productores afectados.

¿Cómo afectaron los incendios y el terremoto a los campesinos y al sector agropecuario del Tolima?

Según cifras oficiales, los incendios y el reciente terremoto han causado pérdidas cuantiosas en el Tolima, con más de 2.660 productores afectados, daños en cultivos y ganado, así como severas afectaciones en viviendas y unidades productivas, impactando gravemente la economía y la forma de vida rural en el departamento.

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En particular, se informó que en Valledupar, capital del Cesar, las suspensiones de energía estarán enfocadas en el Circuito Guatapurí. Allí, desde las 7:00 a. m. hasta las 3:00 p. m., se desarrollarán trabajos de instalación de apoyos y armado, además de poda técnica. Esta intervención obligará a cortes programados en la zona urbana específicamente en la carrera 4, cerca del Parque de La Leyenda Vallenata, y en una extensa área rural que involucra corregimientos como Atánquez, Badillo, Chemesquemena, El Mojao, El Alto de La Vuelta y Guatapurí, entre otros. Sectores estratégicos también estarán afectados, como las antenas transmisoras de RCN, Olímpica y Radio Guatapurí, el Batallón de Ingenieros del Ejército Nacional, el Relleno Sanitario Interaseo y los colegios Fisher School y Windsor School.

En la zona urbana de Valledupar, otras suspensiones puntuales afectarán la carrera 7a con calle 47a en la urbanización O.G.B., la calle 55 con carrera 18h en el barrio 25 de Diciembre, y la Manzana J Casa 13 en el barrio Emmanuel, debido a las acciones planificadas para ese día. Asimismo, el Circuito Salguero 2 será intervenido entre las 7:50 a. m. y las 5:00 p. m. con trabajos de cambio de estructuras y elementos de red, así como labores en la red de baja tensión. Por su parte, en el Circuito Mariangola 1, los técnicos realizarán tareas de instalación y mantenimiento de puntos de control en el corregimiento de Caracolí, particularmente en el kilómetro 6 de la vía Mariangola – Bosconia, entre las 8:40 a. m. y las 5:00 p. m.

El municipio de Astrea también verá cortes programados en el Circuito Cerro Los Santos, desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., lo que impactará a la zona rural, incluyendo lugares como la finca El Recuerdo, finca El Amparo y el sector José Antonio Machuca. Finalmente, en Magdalena, el Circuito Tres Esquinas tendrá períodos de interrupción entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m., afectando la zona rural de Ariguaní y numerosas fincas.

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¿Cuáles son las zonas afectadas por los cortes de energía programados de Afinia el 28 de agosto?

Según la información divulgada por Afinia (Grupo EPM), las áreas afectadas incluyen circuitos de Valledupar como Guatapurí, Salguero 2 y Mariangola 1, así como zonas rurales y urbanas del municipio. También se reportan interrupciones en Astrea, particularmente en el área rural del Circuito Cerro Los Santos, y en el municipio de Ariguaní (Magdalena), donde se harán cortes en el Circuito Tres Esquinas cubriendo varios predios y sectores rurales.

¿Qué trabajos específicos se harán durante la suspensión del servicio de energía de Afinia?

De acuerdo con el comunicado de Afinia, los trabajos incluyen instalación de apoyos, mantenimiento y cambio de estructuras de la infraestructura eléctrica, adecuaciones en la red de baja tensión y modernización de puntos de control. Estas labores buscan mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico para los usuarios de las zonas intervenidas.

El temblor de Los Santos tuvo su epicentro en una región conocida por concentrar frecuentes movimientos sísmicos. Esta zona, denominada el nido sísmico de Bucaramanga, es reconocida por la constante actividad telúrica. Es decir, que se presenten reportes reiterados de sismos allí no es una novedad, pues los habitantes del sector experimentan temblores con más regularidad que en otras partes del país. De hecho, el SGC insiste en que la frecuencia de sismos en la zona no permite anticipar cuándo podría ocurrir un terremoto de mayor magnitud, ya que, según la entidad, los sismos no se pueden predecir.

Por otro lado, el desastre en Chocó obedeció a otro proceso geológico completamente diferente. Allí, el movimiento sísmico estuvo vinculado a un fenómeno de subducción, que es cuando una placa tectónica se desliza debajo de otra, generando una enorme presión y acumulando energía que se libera abruptamente en forma de terremotos. En contraste, Los Santos responde a dinámicas propias de su geología local, sin conexión con lo ocurrido en el occidente colombiano.

El SGC explica que para considerar que un movimiento es réplica de un terremoto principal, debe existir una relación directa tanto con la magnitud como con la zona de ruptura del evento original. En el caso de Los Santos, no se cumplen estos requisitos, por lo que fue descartada cualquier posibilidad de vínculo con el terremoto de Chocó.

En síntesis, aunque la coincidencia entre los sismos genera preocupación y especulaciones entre la población, los organismos expertos aseguran que responden a características y regiones distintas. Cada fenómeno es evaluado por separado para entender sus particularidades y prevenir desinformación.

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¿Por qué el sismo de Los Santos no es una réplica del terremoto de Chocó?

El Servicio Geológico Colombiano señala que para considerar un sismo como réplica debe originarse en la misma zona de ruptura del evento principal y estar vinculado a esa secuencia. El temblor de Los Santos tuvo un epicentro y un origen distintos, por lo que no se relaciona con el terremoto de Chocó ni corresponde a una réplica.

¿Se pueden predecir los sismos en zonas de alta actividad como Los Santos, Santander?

Según el Servicio Geológico Colombiano, no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, incluso en regiones con frecuente actividad como Los Santos. Las autoridades solo pueden monitorear y analizar los eventos después de sucedidos para identificar patrones y brindar información oportuna.

La detención de este individuo se realizó en la localidad de Fontibón, Bogotá, mediante un operativo conjunto entre la Policía, la Fiscalía y la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés). Según relató el mandatario, alias ‘Nairobi’ desempeñaba un papel clave en la articulación de actividades delictivas, no solo en Suramérica sino también en Centroamérica, lo que ampliaba el alcance transnacional de sus movimientos.

El historial de alias ‘Nairobi’ incluye hechos graves relacionados con la extorsión, el tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y el narcotráfico. De acuerdo con las declaraciones de las autoridades, el hombre era requerido por organismos de Estados Unidos en relación con esos delitos, aunque hasta el momento no se han dado detalles precisos sobre los cargos exactos ni se ha divulgado una orden judicial internacional específica contra él.

Pérez Nieto, durante su permanencia en Colombia, habría mantenido un perfil discreto. Sin embargo, las autoridades colombianas venían realizando labores de seguimiento a sus movimientos, que culminaron con su captura en el momento considerado más oportuno. Ahora, el proceso judicial establece que Pérez Nieto debe permanecer a disposición de los entes judiciales competentes, en espera de que se defina su situación legal. En caso de que Estados Unidos formalice una solicitud de extradición, las autoridades colombianas deberán iniciar los trámites correspondientes, siguiendo el marco legal vigente.

El presidente Abelardo de la Espriella señaló que esta captura envía un mensaje contundente contra el crimen transnacional: Colombia no será refugio para delincuentes internacionales y quienes intenten operar desde el país serán perseguidos y llevados ante la justicia. En este momento, las investigaciones buscan determinar con quién mantenía contactos Pérez Nieto en la capital y si desde allí coordinaba operaciones para el Tren de Aragua.

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¿Quién es Luis Saúl Pérez Nieto y cuál era su papel en el Tren de Aragua?

De acuerdo con las autoridades colombianas y declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, Luis Saúl Pérez Nieto, conocido como alias ‘Páez’ o ‘Nairobi’, era identificado como uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias ‘Niño Guerrero’. Su papel se centraba en articular actividades criminales como extorsión, tráfico de armas, homicidios selectivos y narcotráfico, actuando con un perfil bajo pero realizando coordinaciones en toda la región sur y centroamericana.

¿Qué es el Tren de Aragua y por qué es considerado una organización criminal peligrosa?

El Tren de Aragua es una organización criminal internacional mencionada en el informe oficial, liderada por alias ‘Niño Guerrero’. Según las autoridades, está vinculada con delitos como extorsión, tráfico de armas, homicidios y narcotráfico, acciones por las cuales algunos de sus miembros, como alias ‘Nairobi’, son requeridos por la justicia de Estados Unidos. Su estructura y operaciones en varios países la han convertido en un objetivo prioritario para las autoridades de la región.

La lista de los cinco extraditables fue citada directamente por la Presidencia. Los nombres revelados son Willington Henao Gutiérrez, conocido como El Mocho Olmedo; Carmen Emelio, alias Muñeca; Giovanni Andrés Rojas, apodado Araña; Gabriel Yepes Mejía, llamado HH; y Fredy Castillo, conocido como Pinocho. De acuerdo con el Gobierno, las órdenes de extradición para estos individuos ya habían sido concedidas desde 2025, no obstante, su ejecución fue aplazada por su participación en mesas y espacios de diálogo durante la administración previa.

Uno de los casos más destacados es el de Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, señalado como líder de Comandos de Frontera, una organización con actividades en zonas fronterizas con Ecuador y el departamento de Nariño. El presidente explicó que, pese a considerarse la opción de enviarlo a una cárcel flotante de la Armada, finalmente la decisión fue la extradición a Estados Unidos.

En cuanto a Gabriel Yepes Mejía, alias HH, y Fredy Castillo, alias Pinocho, De la Espriella aclaró que la extradición se realizará cuando sean detenidos. Las autoridades de Estados Unidos los requieren por delitos como narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilegal de armas y narcoterrorismo.

El presidente Abelardo de la Espriella defendió un nuevo enfoque para los procesos de paz, advirtiendo que dejarán de ser “refugios frente a la justicia”. A su vez, subrayó que su Gobierno está comprometido con una política de respeto a la seguridad y la legalidad, remarcando la necesidad de fortalecer la autoridad del Estado y la confianza en los procedimientos judiciales, según lo citado en su declaración pública.

¿Por qué Estados Unidos solicitó la extradición de los cinco criminales?

Estados Unidos pidió la extradición de estas cinco personas, según la información oficial, debido a su presunta vinculación con delitos transnacionales como narcotráfico, lavado de activos y otros delitos conexos, incluyendo concierto para delinquir. La solicitud responde a investigaciones y requerimientos judiciales en ese país, que buscan juzgar a los señalados por actos cometidos que afectan la seguridad y la legalidad internacional.

¿Qué significa concierto para delinquir y por qué es relevante en estos casos?

El concierto para delinquir es el acuerdo entre varias personas para cometer delitos de forma organizada y sostenida. En este contexto, el cargo es relevante porque indica que los procesados no actuaron de manera aislada, sino dentro de estructuras delictivas que incrementan el alcance y la gravedad de sus acciones, lo que agrava su situación judicial y justifica la decisión de extradición, de acuerdo con los argumentos presentados en el anuncio presidencial.

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Detalles revelados por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO indican que la intervención tuvo como blanco directo los campamentos del ‘Bloque Jorge Suárez Briceño’, perteneciente a la facción de las disidencias comandadas por alias Calarcá. La planeación estratégica del golpe se nutrió de un movimiento que los organismos de inteligencia venían siguiendo de cerca: durante las tres jornadas previas, la zona fue escenario de intensos enfrentamientos territoriales entre los hombres de Calarcá y las estructuras bajo el mando de alias Iván Mordisco. Dicha confrontación interna concentró a los insurgentes y permitió fijar sus posiciones exactas.

Para materializar la acción, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales dispuso el uso masivo de poder aéreo. En la misión participaron de manera coordinada cinco aeronaves de combate Kfir y seis aviones A-29 Super Tucano de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, los cuales abrieron fuego de precisión antes de la inserción de los comandos por tierra. Al respecto, el presidente De La Espriella ratificó la contundencia estatal al señalar: “Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional”.

Si bien el reporte preliminar del Ejecutivo apuntaba inicialmente a ocho abatidos, fuentes de este diario confirmaron que la cifra de muertos ascendió a 11 integrantes de las disidencias neutralizados, sumados a dos capturados. Entre los cuerpos trasladados a las morgues de Medicina Legal en Villavicencio y Florencia para sus respectivas labores de plena identificación, los investigadores analizan la presunta presencia de cabecillas de alto nivel, entre ellos el temido Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, por quien se ofrecía una recompensa de hasta 400 millones de pesos.

Este segundo bombardeo se enmarca dentro de una hoja de ruta gubernamental que proyecta la ejecución de 15 operaciones de esta magnitud en los primeros 100 días de mandato. La ejecución de la estrategia coincidió, además, con la visita oficial a Colombia del general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, ante quien se expusieron los resultados de estas acciones contra las economías ilícitas. Mientras las tropas se mantienen copando el terreno en El Retorno, las evidencias físicas incautadas —que incluyen 11 fusiles y cinco ametralladoras— comenzaron a ser procesadas por los laboratorios de balística e inteligencia.

De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos se remontan al periodo en el que Hawkins Sjogreen desempeñó sus funciones como gobernador, entre 2020 y 2023. En ese lapso, el entonces mandatario tomó la determinación de delegar en el secretario de Infraestructura de la Gobernación la tarea de suscribir el contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe, conocida por su sigla Aremca. El contrato fue firmado el 19 de octubre de 2022, formalizando un acuerdo entre el departamento insular y la mencionada asociación para ejecutar el proyecto urbano.

Posteriormente, la Asociación Regional de Municipios del Caribe decidió subcontratar la ejecución material del proyecto y la interventoría de las labores contempladas en el contrato. En el contexto colombiano, la ‘interventoría’ hace referencia a la vigilancia y control técnico, administrativo y financiero de los proyectos de obras públicas, con el objetivo de garantizar que se cumplan los requisitos y parámetros acordados. Sin embargo, la actuación de Hawkins Sjogreen levanta dudas sobre la legalidad y transparencia de los procedimientos seguidos, situación que ha motivado la actuación judicial reciente.

La investigación continúa en curso y, según el informe de la Fiscalía, la judicialización del exgobernador de San Andrés se sustenta en presuntas irregularidades identificadas durante el proceso de selección y ejecución del contrato. El seguimiento al caso es de particular interés público, dado que involucra recursos significativos destinados al desarrollo urbanístico de un sector estratégico para la economía y el turismo local.

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¿Por qué fue judicializado el exgobernador de San Andrés Everth Hawkins Sjogreen?

El exgobernador de San Andrés Everth Hawkins Sjogreen fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación debido a presuntas irregularidades cometidas durante la contratación del mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay, en un contrato valorado en 11.125 millones de pesos. El proceso involucra la delegación de funciones a su secretario de Infraestructura y la suscripción de un contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), que posteriormente subcontrató tanto la ejecución como la interventoría del proyecto.

¿Qué es la interventoría en proyectos de contratación pública en Colombia?

La interventoría en proyectos de contratación pública en Colombia se refiere a la labor de vigilancia y control realizada para asegurar el cumplimiento técnico, administrativo y financiero de los contratos. En este caso particular, la interventoría fue subcontratada por Aremca para monitorear las actividades del mejoramiento urbanístico en Haynes Cay, buscando que las obras se desarrollaran conforme a las condiciones pactadas.

El papel de Rodrigo Londoño de la Espriella en el gobierno no solo es administrativo, sino que también ha estado vinculado a actos simbólicos. Por ejemplo, fue quien ofició el espacio de “invocación y alabanza” durante la posesión de Abelardo de la Espriella, acto por el cual un juez de Bogotá dictaminó que el presidente debe excusarse públicamente, ya que se consideró una vulneración a la neutralidad religiosa del Estado colombiano, según registró El Espectador.

El nombramiento ha sido duramente criticado por sectores de oposición, principalmente por miembros del Pacto Histórico, colectividad política que ha señalado posibles irregularidades en el proceso. La representante a la Cámara Isabel Vera anunció una demanda, argumentando que dicho nombramiento incumple el régimen de inhabilidades por posible conflicto de interés, ya que el designado no es académico o científico, sino sacerdote, e hizo énfasis en lo que considera prácticas de nepotismo por parte del actual gobierno. De acuerdo con una declaración publicada por Vera en su perfil de X, “hoy mismo demandaré el nombramiento del primo de Abelardo, Londoño de la Espriella, a los Consejos Superiores de cinco universidades de Colombia, porque viola el régimen de inhabilidades por conflicto de interés”.

La representante María Fernanda Carrascal sumó críticas al indicar que, según su opinión, el nuevo gobierno ha tenido prácticas asociadas con el nepotismo y el clientelismo, incluso antes de cumplir un mes en la administración. Así mismo, la senadora Isabel Zuleta acusó públicamente a Abelardo de la Espriella de violar la laicidad del Estado y de favorecer a familiares en cargos relevantes, generando preocupaciones sobre la transparencia y equidad en los nombramientos, todo ello reportado por El Espectador.

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¿Por qué es polémico el nombramiento de Rodrigo Londoño de la Espriella en los Consejos Superiores Universitarios?

La designación de Rodrigo Londoño de la Espriella ha suscitado controversia debido a su parentesco con el presidente Abelardo de la Espriella y su condición de sacerdote y capellán de la Presidencia. Congresistas del Pacto Histórico han señalado que este nombramiento podría vulnerar el régimen de inhabilidades por conflicto de interés y consideran que se trata de un acto de nepotismo, ya que no proviene del ámbito académico o científico.

¿Qué significa neutralidad religiosa y por qué se mencionó en el caso de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella?

La neutralidad religiosa implica que el Estado debe mantenerse imparcial frente a cualquier credo o religión, evitando manifestaciones oficiales que privilegien una fe específica. En el caso de la posesión de Abelardo de la Espriella, esta neutralidad fue cuestionada porque su primo, como capellán, ofició un espacio de invocación y alabanza, situación por la que un juez determinó que el presidente debía excusarse públicamente.

(Vea también: Video mostró cómo inició la tragedia en Nepal y que deja decenas de muertos; no fue un sismo)

Voluntarios de la Defensa Civil y bomberos se encuentran monitoreando la situación y recomendaron especial atención a los habitantes que viven cerca de las rondas de los ríos.

Las imágenes de la emergencia muestran aguas turbulentas y cargadas de sedimentos avanzando sobre un puente y sus accesos, evidenciando la fuerza de la creciente.

La situación ocurre en medio de una emergencia que continúa en Guayabetal, donde también se reportan condiciones relacionadas con la colmatación de ríos, deslizamientos y aislamiento de veredas.

🌧️ #Cundinamarca | Fuertes lluvias provocan desbordamiento de los ríos Negro y Blanco en Guayabetal.Voluntarios y @BomberosOficial apoyan y monitorean la emergencia en el punto.⚠️ Si vives cerca de las rondas de estos ríos, mantente alerta a los niveles del agua. pic.twitter.com/TnCafmmkdn

— DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) August 27, 2026

Recomiendan atención a las zonas cercanas a los ríos

Ante el desbordamiento de los afluentes, los organismos de socorro mantienen el monitoreo de la emergencia y piden a los residentes ubicados cerca de las rondas permanecer atentos.

El comportamiento de los ríos Negro y Blanco se mantiene bajo vigilancia debido a las condiciones provocadas por las fuertes lluvias.  Por ahora, la atención está concentrada en el seguimiento de los afluentes y en las zonas afectadas por las condiciones que se presentan en el municipio.

La Defensa Civil y los bomberos continúan monitoreando la situación mientras se mantiene la recomendación de estar atentos para quienes se encuentran cerca de las rondas de los ríos.

De acuerdo con lo señalado por la senadora Hernández, “a partir de ahora entra en vigencia nuestra ley que penaliza la zoofilia. Es decir, el Código Penal introduce un nuevo tipo penal que es el de acceso carnal a animales. Es el único delito contra los animales que no es excarcelable en Colombia”. Esta medida surge tras diversas denuncias públicas y la presión social y política que se ejerció ante el vencimiento de términos previamente ocurrido en este tipo de casos.

La legislación agrega el artículo 339D al Código Penal, imponiendo penas de 48 a 55 meses de prisión para quienes incurran en acceso carnal con animales. Además de la privación de libertad, los infractores serán sancionados con la inhabilidad especial para ejercer profesiones, oficios o actividades comerciales relacionadas con el manejo de animales por dos a cuatro años; la prohibición absoluta para tener, cuidar o refugiar animales; y multas que oscilan entre 30 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). En situaciones consideradas como agravantes, como la comisión en grupo, la difusión digital, actuar con sevicia o cometer el abuso como represalia, el castigo puede incrementarse hasta alcanzar 140 meses de prisión.

El artículo 5 de la ley describe el “acceso carnal” como la penetración del miembro viril humano —anal, vaginal u oral—, así como la penetración utilizando cualquier parte del cuerpo o un objeto. Quedan excluidos de responsabilidad penal quienes practiquen actos veterinarios, zootécnicos o diagnósticos estrictamente asociados al bienestar y la salud animal. Los jueces podrán imponer también la asistencia a programas obligatorios de formación y prácticas restaurativas en protección animal, aunque estas acciones no sustituyen la pena de prisión.

La ley exige, dentro de los próximos seis meses, la ejecución de una campaña pedagógica nacional dirigida por los ministerios de Justicia, Salud y Cultura, y un protocolo unificado de investigación, que será responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación. Este protocolo implicará capacitación a activistas y defensores de los derechos animales para colaborar en la recolección de pruebas. La norma pretende así articular acciones entre instituciones y sociedad civil para aportar a la lucha contra el abuso sexual animal en Colombia.

¿Cuáles son las penas por abuso sexual animal en Colombia según la nueva ley?

La ley sancionada establece penas de 48 a 55 meses de prisión para actos de abuso sexual contra animales. Además, contempla inhabilidad para trabajar con animales, prohibición absoluta de tenencia y multas de hasta 50 salarios mínimos. En circunstancias agravadas, la pena puede llegar a 140 meses.

¿Qué significa exactamente el 'acceso carnal' en la ley contra la zoofilia en Colombia?

El término 'acceso carnal' en la legislación aprobada se refiere a cualquier tipo de penetración, ya sea anal, vaginal u oral, del miembro viril humano hacia un animal, o bien mediante otras partes del cuerpo u objetos. La norma precisa el alcance para evitar ambigüedades en los procesos judiciales.

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De acuerdo con lo explicado por voceros oficiales citados en los reportes, el plan contempla que las embarcaciones se ubiquen frente a costas estratégicas como las de Cartagena y Buenaventura. Allí, los barcos funcionarían temporalmente como centros de reclusión de máxima seguridad, totalmente incomunicados de redes externas que puedan facilitar la coordinación de actos criminales. Esta iniciativa responde a propuestas de política penitenciaria defendidas por De la Espriella durante su campaña; en ese entonces, el mandatario expresó que en Colombia “no hay cárceles, hay universidades del crimen” y anunció como parte de su programa la construcción de diez megacárceles en zonas aisladas, sin posibilidad de acceso a señal telefónica.

El uso de embarcaciones de la Armada como solución carcelaria ya tiene un referente en Colombia: en 2007, bajo el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, alias Macaco fue temporalmente recluido en una fragata, mientras que alias Don Diego estuvo en una embarcación antes de ser extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, según información oficial, la puesta en marcha del plan REMAS se encuentra en etapa de análisis. El proceso de adecuación de los buques requeriría entre dos y tres meses y debe solventar retos tanto logísticos como jurídicos, tales como las posibles objeciones de organizaciones defensoras de derechos de los internos. Entre las preocupaciones están el mantenimiento del arraigo familiar, el respeto al debido proceso y las garantías sobre la dignidad humana.

Hasta el momento, entre los nombres mencionados en reportes como posibles traslados figuran Digno Palomino y alias Negro Ober, aunque las autoridades no han hecho pública una lista definitiva de internos que serían trasladados a estas cárceles marítimas.

¿Cómo funcionaría el plan REMAS para cárceles en buques según el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

El plan REMAS, impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, consiste en adaptar buques de la Armada Nacional para recluir a internos de alta peligrosidad lejos de tierra firme. Según la estrategia, estas embarcaciones operarían frente a Cartagena y Buenaventura y, de modo temporal, impedirían todo tipo de comunicación entre los cabecillas y sus estructuras delincuenciales. De esta forma, se busca cortar la coordinación de delitos graves desde prisión.

¿Qué retos legales y de derechos humanos enfrenta la propuesta de cárceles en buques en Colombia?

La implementación de cárceles marítimas enfrenta críticas de organizaciones que defienden los derechos de los presos, preocupadas por el posible aislamiento, la afectación al arraigo familiar, el respeto al debido proceso y la protección de la dignidad humana. Además, el Gobierno ha reconocido que existen desafíos logísticos y jurídicos que deben superarse antes de que la propuesta avance, lo que podría retrasar la adecuación de las embarcaciones hasta por tres meses.

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Recientemente, un caso ejemplificó la gravedad de esta problemática cuando las autoridades lograron identificar a un individuo que utilizaba a una perra para pedir limosna. La alerta ciudadana fue crucial: pasajeros frecuentes de Transmilenio notaron que el animal estaba presente de manera reiterada y en evidente estado de malnutrición, lo cual provocó inquietud entre quienes atestiguaban las condiciones en que era mantenida.

La reacción institucional no se hizo esperar. Gracias al sistema de cámaras de videovigilancia del servicio de transporte, se logró hacer un seguimiento cuidadoso del trayecto del individuo y el animal, desde su entrada al sistema hasta la interceptación definitiva, que se produjo en la estación Guatoque-Veraguas. Allí, el Escuadrón Anticrueldad, especializado en la protección de seres sintientes, intervino la situación.

Durante la valoración, médicos veterinarios del Escuadrón determinaron que la perra se encontraba en una situación alarmante: presentaba signos evidentes de debilidad, además de carecer de alimento y agua para afrontar las largas caminatas a las que era obligada. Ante la vulnerabilidad manifiesta y la infracción evidente de las normas de protección animal, la Policía actuó con aprehensión preventiva y retiró la custodia del animal al individuo.

Actualmente, la perra fue llevada a una clínica veterinaria perteneciente al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), donde se somete a una evaluación exhaustiva para determinar la magnitud de los daños sufridos y recibir atención específica. De acuerdo con El Espectador, este proceso busca restaurar su bienestar y proteger sus derechos como ser sintiente, lo que refleja la importancia creciente que se le da al cuidado de los animales en el contexto urbano.

¿Cómo denunciar el maltrato animal en el sistema de transporte público de Bogotá?

Para denunciar situaciones de maltrato en sistemas como Transmilenio, las autoridades recomiendan que los usuarios informen inmediatamente a la Policía o se comuniquen con las entidades de protección animal que tengan jurisdicción en Bogotá. El registro de las cámaras de vigilancia puede ser una herramienta clave para dar seguimiento a los hechos y actuar oportunamente.

¿Qué es el Escuadrón Anticrueldad y cuál es su función en casos de explotación animal?

El Escuadrón Anticrueldad es una unidad veterinaria especializada de la Policía encargada de intervenir en situaciones donde se vulneran los derechos de los animales. Su función primordial consiste en la valoración, rescate y restitución del bienestar a los animales víctimas de maltrato, como ocurrió en el caso reportado en la red de Transmilenio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ningún instrumento de justicia transicional ha surgido sin controversias. Según se narra, todos han enfrentado críticas por insuficiencia, politización, legitimidad o lentitud. Ejemplos históricos ilustran estos retos: el Tribunal de Núremberg —creado tras la Segunda Guerra Mundial— fue acusado, en su momento, de impartir la “justicia de los vencedores” y de aplicar leyes retroactivas. No obstante, con el tiempo, sus decisiones cimentaron las bases del derecho penal internacional. Por su parte, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia enfrentó señalamientos por procesos extensos, escasa participación de víctimas y alejamiento geográfico del lugar de los hechos. Pese a ello, su contribución transformó el derecho internacional al definir nuevas formas de responsabilidad y declarar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

La experiencia se repite en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, criticado por enfocarse en una sola parte del conflicto, pero vital en la definición legal de genocidio y violencia sexual. El Tribunal Especial para Sierra Leona fue cuestionado por concentrarse solo en altos mandos y procesar pocos casos, mientras que las Cámaras Extraordinarias en Camboya recibieron objeciones por interferencias políticas y demoras.

Esos reproches, aunque muchas veces justificados, no impidieron que estos modelos dejaran huellas profundas que superaron las polémicas que generaron. Hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia se enfrenta a retos similares: críticas sobre su lentitud, costos y criterios, similares a las de otros contextos, según el texto. Aunque la JEP dialogó con modelos internacionales, en la discusión pública colombiana persiste la tendencia a ver sus problemas como propios y aislados.

Sin embargo, el mayor aporte de estos mecanismos no suele ser solo sus sentencias, sino su trabajo en reconstrucción de la verdad, preservación de archivos, protección de testimonios y reconocimiento de víctimas. Al final, estos tribunales fijan responsabilidades y protegen la memoria histórica, para que el pasado no sea ignorado, sino comprendido. El texto concluye que el verdadero legado reside en la capacidad de una sociedad para construir y sostener estas instituciones en momentos críticos, reconociendo que la perfección no es el criterio por el cual serán recordadas, sino por el valor de atreverse a enfrentar el pasado.

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¿Por qué la Jurisdicción Especial para la Paz enfrenta críticas similares a otros tribunales internacionales?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta críticas sobre su lentitud, altos costos y criterios de selección de los máximos responsables, como lo experimentaron antes otros tribunales internacionales según el texto. Estas críticas emanan tanto de la falta de contexto en la discusión pública local como de las dificultades inherentes a los procesos de justicia transicional que se repiten en diferentes países, evidenciando que se trata de retos estructurales y no exclusivamente colombianos.

¿Cuál es el verdadero legado de los tribunales de justicia transicional según el texto?

El legado de los tribunales de justicia transicional, de acuerdo con el texto, va más allá de sus sentencias. Estos mecanismos aportan de manera fundamental a la reconstrucción de la verdad, a la preservación de archivos, a la protección de los testimonios y al reconocimiento de las víctimas. Así, fijan una verdad pública duradera y establecen responsabilidades, permitiendo que las futuras generaciones no tengan que empezar de cero cuando se enfrenten a intentos de negar el pasado.

De acuerdo con la información suministrada por el jefe de Estado, el balance preliminar de la operación fue la muerte de ocho integrantes de ese grupo armado, además de la incautación de once fusiles, cinco ametralladoras y abundante material de intendencia, término que hace referencia a equipo y suministros logísticos utilizados por los combatientes. En el mismo anuncio, De la Espriella señaló que la operación seguía en curso y que las tropas estaban trabajando en la consolidación de la zona.

El presidente enfatizó en su declaración pública: “Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional”. Con esta acción, se suma el segundo bombardeo realizado contra grupos armados durante el actual gobierno, que empezó el pasado 7 de agosto. Según la información expuesta, el primer operativo tuvo lugar el 10 de agosto en las zonas de San Calixto, Tibú y El Tarra, dirigido en ese caso contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Tras ese primer bombardeo, la Defensoría del Pueblo manifestó su inquietud por el impacto en la comunidad, apoyándose en reportes que indicaban que tres campesinos, incluida una mujer de 44 años, habían resultado afectados durante los ataques que se extendieron desde la noche del lunes 10 de agosto hasta la madrugada del martes 11. Por otro lado, el Ministerio de Defensa informó que, durante la operación militar contra el Eln en Catatumbo, fueron abatidos dos presuntos miembros del grupo y se confiscaron 1,5 toneladas de explosivos, 440 granadas aptas para drones, equipos de comunicación y se destruyeron dos búnkeres y cinco áreas de campamento.

El Ministerio subrayó que todas las acciones se planearon y ejecutaron siguiendo los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente en cuanto a la protección de la población civil, la proporcionalidad y la precaución.

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¿Qué fue la Operación AMÓN y cuál fue su impacto en Guaviare?

La Operación AMÓN, según confirmó el presidente Abelardo de la Espriella, fue un bombardeo realizado por la fuerza pública en El Retorno, Guaviare, dirigido contra campamentos del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción disidente de las Farc. El saldo incluyó ocho muertos entre los perseguidos, la incautación de armamento y abundantes materiales; el mandatario resaltó que la ofensiva sigue en marcha para consolidar el control estatal sobre la zona.

¿Cómo el Gobierno y las instituciones justifican las operaciones militares recientes?

De acuerdo con los comunicados del Ministerio de Defensa y pronunciamientos del presidente, las operaciones recientes, incluidas aquellas contra el Eln y disidencias de las Farc, han sido justificadas bajo el cumplimiento de normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), mencionando criterios como distinción de objetivos, protección de civiles y proporcionalidad, buscando limitar el impacto sobre la población no combatiente y asegurar la legitimidad de las acciones estatales.

(Vea también: Dónde fue el epicentro del fuerte temblor de este jueves; fue cerca de zona del terremoto)

Las coordenadas entregadas por el SGC corresponden a 4,57° N y -76,78° W. El movimiento se produjo menos de una hora después de otro sismo registrado en la misma zona durante la mañana, lo que hizo que nuevamente ciudadanos del occidente colombiano comentaran haber sentido la sacudida.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-27, 11:21 hora local Magnitud 4.0. Profundidad 43 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/k0gqsaOjrw

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 27, 2026

Segundo movimiento reportado durante la mañana

El nuevo evento ocurre después del sismo de magnitud 4,4 registrado a las 10:25 a. m. de este jueves en Istmina, también con una profundidad de 43 kilómetros y epicentro a 17 kilómetros de Sipí.

Con este nuevo registro, durante la mañana se han reportado dos movimientos de magnitud 4 o superior en esa zona de Chocó, separados por menos de una hora.

El segundo sismo también fue percibido por ciudadanos en Cali y otros sectores cercanos, según los reportes compartidos por usuarios.

La percepción, sin embargo, puede variar entre personas y lugares dependiendo de factores como la distancia al epicentro, las características del terreno y el tipo de construcción.

SGC mantiene el monitoreo del movimiento

El boletín del Servicio Geológico Colombiano incluye un mapa con la ubicación del epicentro y las estaciones sísmicas utilizadas para el seguimiento del evento.

La entidad también invita a las personas que hayan sentido el movimiento a reportar sus percepciones en su plataforma Sismo Sentido. Estos reportes ciudadanos hacen parte de la información que permite conocer cómo fue percibido un sismo en diferentes lugares.

Por ahora, el dato oficial corresponde a un sismo de magnitud 4,0, ocurrido a 43 kilómetros de profundidad en inmediaciones de Istmina.

La aparición de dos movimientos durante la misma mañana ha llamado nuevamente la atención de ciudadanos en el occidente colombiano, especialmente en Cali, donde varios reportaron haber sentido el segundo temblor.

El fuerte movimiento fue sentido en diversos municipios, principalmente en ciudades como Cali, Buenaventura, Palmira, Jamundí, Yumbo, Popayán, Pereira, Armenia y La Tebaida, según notificaron ciudadanos a través de diferentes medios. En Cali, donde varias personas sintieron el sismo con mayor intensidad, se realizaron evacuaciones preventivas en algunos edificios, como medida de precaución ante la incertidumbre que generan estos eventos.

La percepción de un temblor puede variar significativamente en función de factores como la cercanía al epicentro, la profundidad del sismo y el tipo de infraestructura en cada localidad. Por esa razón, el SGC dispone de un formulario denominado “Sismo Sentido”, el cual permite que los habitantes de las zonas afectadas informen dónde se encontraban durante el movimiento y cuáles fueron los efectos percibidos. Estos reportes resultan fundamentales para que los especialistas puedan analizar el alcance del temblor y la distribución de su intensidad en diferentes regiones.

Este temblor tuvo lugar en medio de una seguidilla de movimientos sísmicos en el país. Apenas un día antes, el 26 de agosto, se había registrado un sismo de magnitud 5,1 en Los Santos, Santander. Además, poco más de dos semanas atrás, el pasado 10 de agosto, ocurrió el fuerte terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El SGC informó que aquel fue el evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI, provocando afectaciones significativas.

Por el momento, de acuerdo con el SGC, no se han reportado nuevas afectaciones graves derivadas del movimiento de este jueves. Las autoridades invitan a mantener la calma, estar atentos a los comunicados oficiales y reportar cualquier situación de emergencia para reaccionar de forma oportuna.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué ciudades de Colombia se sintió el sismo de magnitud 4,4 del 27 de agosto?

El sismo con epicentro en Istmina, Chocó, fue percibido en varias ciudades del occidente y suroccidente de Colombia, entre ellas Cali, Buenaventura, Palmira, Jamundí, Yumbo, Popayán, Pereira, Armenia y La Tebaida, según reportes de ciudadanos y la información del Servicio Geológico Colombiano.

¿Qué es el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y cuál es su función ante los sismos?

El Servicio Geológico Colombiano es la entidad encargada de monitorear y reportar la actividad sísmica en el país. Su labor incluye registrar los movimientos telúricos, actualizar magnitudes y profundidades, y poner a disposición de la ciudadanía herramientas como el formulario “Sismo Sentido” para recopilar información sobre los efectos percibidos en distintas localidades.

De acuerdo con información de la Cancillería, Omar Bula recibió en el Palacio de San Carlos a Jenca Miroslav en su calidad de Representante Especial de la ONU para Colombia y máximo responsable de la Misión de Verificación en el país. Esta misión tiene por tarea observar y verificar el avance en la consolidación del Acuerdo de Paz. Su labor engloba aspectos como la reincorporación de los excombatientes, la garantía de seguridad para los firmantes, la protección de comunidades y líderes sociales, así como la promoción de la participación política. Es importante señalar que la Misión de Verificación de la ONU no gobierna ni tiene facultad decisoria dentro de Colombia; su papel es recoger información, acompañar el proceso y reportar ante el Consejo de Seguridad de la ONU avances y dificultades periódicas.

En el último informe presentado tras la segunda vuelta presidencial, la misión resaltó la frágil situación de seguridad en regiones que aún sienten los efectos del conflicto armado, subrayando episodios de violencia como la ola de ataques ocurrida en el suroccidente del país en abril y en el departamento del Guaviare a finales de mayo. El mismo informe, citado por El Espectador, indica que si bien durante el gobierno de Gustavo Petro se han producido avances graduales en la implementación del Acuerdo de Paz, estos logros han sido desiguales. El texto menciona avances en la reforma rural y reincorporación, especialmente en la entrega de tierras y el acceso de excombatientes a medios de subsistencia y servicios, aunque persisten retos estructurales. Se advierte también sobre la desigualdad en la implementación, la limitada presencia estatal y la falta de coordinación institucional, factores que afectan la seguridad en las zonas antes impactadas por el conflicto.

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¿Qué actividades realiza la Misión de Verificación de la ONU en Colombia?

La Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas en Colombia observa y reporta cómo avanza la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, haciendo seguimiento al proceso de reincorporación de excombatientes, garantías de seguridad para firmantes y comunidades, protección de líderes sociales, participación política y cumplimiento de diversos compromisos del acuerdo. Su tarea es principalmente de acompañamiento y reporte ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

¿Cuáles son los principales retos para la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia?

Según los informes de la Misión de Verificación de la ONU, los retos principales para la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia incluyen la desigualdad regional en el avance de los compromisos, la limitada presencia del Estado en zonas afectadas por el conflicto, la coordinación institucional insuficiente y los problemas de seguridad persistentes que dificultan la consolidación de la paz.

De acuerdo con la información, el operativo fue dirigido contra la estructura Rodrigo Cadete, que hace parte del Bloque Jorge Suárez Briceño. Durante el desarrollo de la ofensiva, el presidente De La Espriella comunicó un balance inicial en el que afirmó que ocho integrantes de esa organización armada habrían perdido la vida en el enfrentamiento. Igualmente, el mandatario mencionó que las autoridades lograron incautar once fusiles, cinco ametralladoras y material de intendencia, elementos que son empleados para el abastecimiento y funcionamiento cotidiano de la organización armada.

El operativo comenzó con un bombardeo de precisión, según explicó el propio presidente, seguido por el despliegue de comandos de la Fuerza Pública con el objetivo de asegurar y consolidar el lugar del ataque. El accionar militar incluyó la participación de aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Informes citados por el diario El Tiempo señalaron que aviones Kfir y Súper Tucano intervinieron en el bombardeo contra el campamento en Guaviare.

La ofensiva ocurre en el contexto de recurrentes enfrentamientos entre distintas facciones de las disidencias de las Farc en esa región. Por este motivo, las autoridades mantienen presencia y continúan labores para establecer plenamente la identidad de los fallecidos, y confirmar si entre ellos se encontraba algún integrante relevante de la estructura criminal. El comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, lideró directamente la operación, de acuerdo con reportes conocidos.

Tras el balance preliminar, el gobierno de De La Espriella afirmó que la ofensiva continuará como parte central de su renovada estrategia de seguridad, reiterando que las estructuras criminales no tendrán escondites seguros en el territorio nacional.

¿Qué es la Operación AMÓN y cuáles fueron sus objetivos en Guaviare?

La Operación AMÓN fue una acción militar desarrollada por la Fuerza Pública en la zona rural de El Retorno, Guaviare, contra una estructura armada de las disidencias de las Farc, liderada por alias ‘Calarcá’. Su objetivo fue golpear directamente un campamento de la estructura Rodrigo Cadete, con el empleo de bombardeo aéreo y aseguramiento por comandos, resultando en ocho bajas de la organización y la incautación de armas.

¿Qué información hay sobre la participación de aeronaves Kfir y Súper Tucano en el bombardeo?

Según información citada por el periódico El Tiempo, aviones Kfir y Súper Tucano de la Fuerza Aeroespacial Colombiana participaron en la ofensiva, apoyando el bombardeo que permitió atacar con precisión el campamento de la estructura armada en Guaviare.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Vea también: Reportan fuerte temblor en Colombia: fue de magnitud superior a 4.0 y tuvo profundidad superficial)

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó inicialmente sobre el movimiento registrado a las 10:25 de la mañana, hora local, con epicentro en Istmina, Chocó.

El evento tuvo una profundidad de 43 kilómetros y su epicentro fue ubicado a 17 kilómetros de Sipí, de acuerdo con la información entregada por la entidad.

Las coordenadas reportadas fueron 4,54° N y -76,74° W, mientras que el boletín del SGC incluyó la ubicación del epicentro y las estaciones sísmicas cercanas. Pero más allá de los datos técnicos, el movimiento rápidamente provocó reacciones entre quienes lo percibieron.

Justo cuando se me está quitando la sensación de mareo, se me revolvió el estómago 😫

— maria jose (@mjc_pp) August 27, 2026

“Se sintió acá en Cali”

En redes sociales, varios ciudadanos contaron cómo experimentaron el sismo en Cali y otras zonas cercanas.

Uno de los usuarios aseguró que se encontraba en un edificio cuando sintió el movimiento y destacó una diferencia en la percepción según el piso en el que estaban las personas.

“Se sintió acá en Cali. Estaba en un 4to piso y las que corren. Los que estaban en pisos bajos no sintieron casi”.

Se sintió acá en Cali. Estaba en un 4to piso y las que corren. Los que estaban en pisos bajos no sintieron casi.

— Aura Morales Rojas (@AuraMorale40027) August 27, 2026

Otra persona describió el movimiento como un jalón breve y contó que estuvo cerca de evacuar ante el susto:

“Cali, se sintió como un jalón pero fue corto, que susto, ya iba a evacuar”.

Cali, se sintió como un jalón pero fue corto, que susto, ya iba a evacuar 😭🤚

— davdksn (@davdksn) August 27, 2026

También hubo ciudadanos que aseguraron haber tomado medidas inmediatamente después de sentir el movimiento.

“Lo acabamos de sentir y tocó evacuar”.

Lo acabamos de sentir y toco evacuar

— Luis Fernando Garcia (@lfgarcianeira) August 27, 2026

Las experiencias fueron diferentes entre los usuarios, algo que también quedó reflejado en los comentarios publicados después del sismo.

“Llevo 3 semanas sin dormir”

Entre las reacciones también apareció el cansancio de personas que aseguran estar afectadas emocionalmente por los movimientos registrados durante las últimas semanas.

Una usuaria escribió:

“¿Cuándo van a terminar estas réplicas? Llevo 3 semanas sin dormir”.

Cuando van a terminar estás replicas? Llevo 3 semanas sin dormir

— av/n_ (@299_addiction) August 27, 2026

Otra comentó que apenas comenzaba a recuperarse de las sensaciones que le habían dejado los movimientos anteriores cuando volvió a percibir el sismo:

“Justo cuando se me está quitando la sensación de mareo, se me revolvió el estómago”.

Si lo sentí, ya estoy cansada. No se puede tener una mañana tranquila sin sentir que algo se mueve ;( jajajaja

— Linda Marin (@09n09b) August 27, 2026

Y una ciudadana más expresó su agotamiento con una mezcla de preocupación y humor:

“Sí lo sentí, ya estoy cansada. No se puede tener una mañana tranquila sin sentir que algo se mueve ;( jajajaja”.

Si lo sentí, ya estoy cansada. No se puede tener una mañana tranquila sin sentir que algo se mueve ;( jajajaja

— Linda Marin (@09n09b) August 27, 2026

Las publicaciones muestran cómo un nuevo movimiento puede despertar temor o preocupación entre personas que han seguido de cerca la actividad sísmica de las últimas semanas.

Por ahora, los datos oficiales corresponden a un sismo de magnitud 4,4, con epicentro en Chocó y profundidad de 43 kilómetros. Las reacciones ciudadanas permiten conocer cómo fue percibido en distintos lugares, pero no sustituyen las mediciones y análisis del Servicio Geológico Colombiano.

(Vea también: Poder, celos y escándalos: la lista de mujeres que protagonizaron guerras en el Gobierno Petro)

La investigación, publicada por Cambio, identifica a Masip, oriunda de Santa Marta, con los sobrenombres de “la Turca” o “la Coco” y la ubica dentro de la llamada red de “las mariposas amarillas”, término utilizado para referirse a mujeres que habrían tenido cercanía con Petro y capacidad de influencia en el Gobierno, como pasó con Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, ambas señaladas por Angie Rodríguez.

Según el medio, Masip conoció a Petro años antes de que llegara a la Presidencia y, durante su Gobierno, habría adquirido influencia en sectores de la economía solidaria y la salud. Incluso, antiguos integrantes del M-19 cercanos al entonces mandatario la llamaban “Manuelita Sáenz, la Manuelita Sáenz de Petro”, en referencia a la histórica compañera de Simón Bolívar.

La particularidad es que Masip no aparece en las bases de contratación estatal ni ocupó cargos públicos. Sin embargo, Cambio documentó contratos de dos familiares que, en conjunto, suman más de $533 millones.

Su hermano, Juan Manuel Masip Zawady, comenzó a contratar con el Estado en octubre de 2022, poco después de la llegada de Petro a la Presidencia. Según la investigación, tuvo cuatro contratos con Colombia Compra Eficiente por $247 millones y posteriormente obtuvo contratos con la AUNAP y la Alcaldía de Santa Marta. En total, sus contratos reseñados por Cambio suman $291,7 millones.

La otra familiar es Martha Elena Zawady Rodríguez, identificada como prima de María Masip. Cambio encontró que obtuvo seis contratos por $232 millones durante los dos últimos años del Gobierno Petro, con entidades como RTVC, ENTerritorio, MinTIC, Prosperidad Social y la AUNAP.

Pero el episodio que más llama la atención está relacionado con Coosalud Inversa.

En agosto de 2025, Martha Zawady ingresó como suplente a la junta directiva de esa sociedad, en medio de la intervención estatal a la Cooperativa Coosalud. La cooperativa, principal accionista de Coosalud EPS, registraba al cierre de 2024 3,27 millones de afiliados e ingresos operacionales por $5,35 billones.

Cambio también señaló que Coosalud Inversa había suscrito un contrato por $172.690 millones para adquirir hasta el 40 % de Coosalud EPS, operación que estaba sujeta a autorización de la Superintendencia Nacional de Salud.

La llegada de Zawady a esa junta ocurrió después de que el agente especial designado por la Supersolidaria, Andrés Felipe Arango, presentara una lista única que fue aprobada por unanimidad. El acta no precisa quién propuso específicamente a Zawady.

La investigación también menciona a María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria nombrada durante el Gobierno Petro y oriunda de Santa Marta. Una fuente aseguró a Cambio que Masip habría influido en su nombramiento, pero Navarro negó esa versión y también negó haber intervenido en la llegada de Zawady a Coosalud Inversa.

Ante las preguntas de Cambio sobre su relación con Petro y los contratos de sus familiares, Masip respondió: “No sé de qué me hablas. Realmente, mi hermano es un muy buen profesional y, sobre mi prima, no sé de qué contratos me hablas. Te pido el favor de que, como periodista, no saques noticias falsas”.

Así, la investigación deja sobre la mesa un caso en el que una mujer que, según las fuentes citadas, estuvo cerca del poder durante el Gobierno Petro no aparece directamente en la contratación estatal, pero sí tiene a dos familiares con contratos públicos y a una prima que terminó en la junta de una sociedad vinculada a uno de los grandes negocios del sistema de salud colombiano.

Entre las recomendaciones para disfrutar del concierto, se sugiere vestir zapatos cerrados y cómodos, como tenis, ya que las personas asistentes pasarán varias horas de pie. El Festival contará con un sistema robusto de atención médica: habrá enfermerías tanto fijas como móviles, ambulancias de respaldo equipadas para emergencias y personal paramédico calificado, todo esto en diferentes áreas del estadio. Por otra parte, la apertura de puertas será a las 2:30 p. m.; por eso, la organización aconseja llegar con tiempo suficiente para evitar filas extensas y encontrar el lugar más adecuado, ya que el ingreso será por orden de llegada.

En cuanto al acceso, están permitidos los menores de edad desde los siete años, siempre y cuando asistan acompañados por un adulto responsable. Está estrictamente prohibido el ingreso de mujeres embarazadas, medida pensada en su seguridad ante la masiva asistencia y posibles eventualidades. Entre los objetos no permitidos figuran comidas, bebidas, termos, botellas de vidrio o latas, armas, objetos punzantes, sombrillas con punta metálica, correas con chapas grandes, pancartas con astas y cualquier clase de estupefacientes o bebidas alcohólicas.

El Festival también ofrece espacios de solidaridad activa: en el estadio se podrán hacer donaciones para personas damnificadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto. El personal logístico se encargará de orientar a quienes deseen apoyar, indicando los puntos de acopio para entregas presenciales y facilitando donaciones económicas mediante código QR, según detalla la información oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede asistir gratis al Festival de la Solidaridad en Bogotá?

Para acceder al Festival de la Solidaridad, los interesados solo deben realizar un registro previo a través de la página oficial del evento. No es necesario comprar boletas ni pagar tarifas de ningún tipo para el ingreso, pues la asistencia es gratuita y abierta a toda la ciudadanía.

¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad para el concierto del Festival de la Solidaridad?

Entre las principales sugerencias se encuentra asistir con zapatos cómodos, llegar con anticipación y evitar llevar objetos prohibidos como comidas, bebidas, armas, sombrillas con punta metálica o sustancias alucinógenas. Mujeres embarazadas no pueden ingresar y los menores deben estar acompañados por adultos responsables, todo esto para garantizar la seguridad y el bienestar de los asistentes.

Según lo informado, la emergencia fue afrontada de manera inmediata por la comunidad del corregimiento Tapias, cuyo sentido de solidaridad permitió contener las llamas durante la madrugada, evitando que el incendio se extendiera hacia los hogares y cultivos próximos. Gracias a esta acción colectiva, no fue necesaria la intervención de los bomberos oficiales ni de otros organismos de socorro. La prioridad de los pobladores fue salvaguardar tanto la escuela como los medios de vida dependientes de la ganadería y agricultura, que predominan en esta región rural.

La sospecha sobre el origen del incendio fue uno de los puntos centrales según Emir Aguilera, edil del corregimiento Tapias. El líder comunal manifestó la preocupación de los residentes, asegurando que el incendio fue intencional. “Este incendio en las laderas del volcán Cerro Machín fue provocado y hay manos criminales detrás de esto”, afirmó Aguilera, quien hizo énfasis en la gravedad del incidente por la cercanía con la escuela.

Aguilera puntualizó que las quemas no son una práctica habitual en esta zona, dedicada mayoritariamente a labores rurales y en la que no se reportan antecedentes similares. De acuerdo con el edil, la ubicación del fuego en la ladera del cráter, a pocos metros del volcán, es particularmente inquietante y demanda la intervención de las autoridades para esclarecimiento de los hechos.

Las autoridades, representadas por Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, confirmaron que el incendio se extinguió completamente en las primeras horas del día siguiente, gracias a la acción de los vecinos de Tapias. Leal explicó que el traslado de los organismos de respuesta desde el casco urbano hacia el corredor Toche-Tapias puede requerir al menos dos horas, por lo cual la intervención vecinal resultó crucial en el control de la emergencia.

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¿Por qué la comunidad sospecha que el incendio en Cerro Machín fue provocado?

La sospecha de la comunidad sobre la provocación del incendio surge, según Emir Aguilera, edil de Tapias, porque este tipo de quemas no es habitual en la zona y el fuego inició en un lugar inusual, muy cerca del cráter y de una escuela rural. Por ello, los residentes consideran que podría haber habido una acción intencional y esperan que las autoridades investiguen la posible responsabilidad de terceros.

¿Quiénes controlaron el incendio en las laderas del volcán Cerro Machín?

De acuerdo con la información entregada, fueron los mismos habitantes del corregimiento Tapias quienes unieron esfuerzos para controlar y finalmente extinguir el incendio durante la madrugada. Gracias a esta rápida respuesta comunitaria, no fue necesario el desplazamiento de los bomberos oficiales ni la intervención de otros organismos de socorro, hecho que evitó daños mayores en la zona rural de Ibagué.

(Vea también: “No se puede dormir”: noche movida en Colombia por seis temblores en las últimas horas)

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento ocurrió a las 10:25 de la mañana, hora local.

La información inicial clasifica el movimiento como un sismo de magnitud 4,4, aunque el dato es preliminar y puede ser actualizado por la entidad después de revisar los registros de las estaciones que conforman la Red Sismológica Nacional.

El evento se presenta en medio de la atención que mantiene buena parte del país sobre la actividad sísmica, luego del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó. Aquel movimiento tuvo una profundidad de 103 kilómetros, según la actualización oficial del SGC.

¿Qué significa que haya sido superficial?

El reporte del SGC señala que el nuevo movimiento tuvo profundidad superficial.

En términos sencillos, esto significa que el punto donde se originó el sismo se encuentra relativamente cerca de la superficie terrestre. La profundidad es uno de los factores que los especialistas tienen en cuenta para analizar cómo se propagan las ondas y cómo puede sentirse un movimiento en diferentes lugares.

Sin embargo, que un sismo sea superficial no permite por sí solo determinar si provocará daños. Para establecer sus posibles efectos también se deben considerar aspectos como la magnitud, la distancia al epicentro, las características del terreno y las condiciones de las construcciones.

Por ahora, el dato entregado por el SGC corresponde a un reporte preliminar, por lo que las características del evento pueden ser ajustadas a medida que avance el procesamiento de la información.

El sismo ocurre después del terremoto de agosto

El nuevo movimiento también despierta interés por el contexto sísmico que atraviesa Colombia desde el terremoto del 10 de agosto.

El SGC explicó después de ese evento que las réplicas pueden presentarse durante días, semanas e incluso meses, pero también aclaró que la ciencia actualmente no cuenta con un método que permita predecir cuándo ocurrirá un sismo ni sus posibles réplicas.

Por eso, la aparición de un nuevo movimiento sísmico no permite afirmar que esté por ocurrir un terremoto de mayor magnitud.

La entidad mantiene el seguimiento permanente de la actividad sísmica mediante sus estaciones de monitoreo y actualiza los datos de los eventos conforme obtiene nueva información.

El reporte de magnitud 4,4 es preliminar, por lo que se deberá esperar la actualización oficial para conocer si la magnitud, profundidad o ubicación del evento presentan alguna modificación.

Este nuevo sismo ocurre apenas un día después de que el país experimentara otro temblor de magnitud 5.1 con epicentro en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander. Asimismo, se suma a la memoria de la emergencia registrada 17 días atrás, cuando el pasado 10 de agosto un fuerte terremoto de magnitud 5.4 sacudió a Colombia, dejando considerables daños materiales en ciudades como Pereira, Manizales, Cali y varios puntos del departamento chocoano.

Ante la seguidilla de eventos telúricos, los organismos técnicos han recordado la importancia de mantener la calma y estar preparados ante cualquier eventualidad. Los reportes preliminares indican que el movimiento de este jueves fue perceptible en varias zonas aledañas debido a sus características geológicas: “El evento telúrico tuvo una profundidad catalogada de nivel intermedio, lo que amplía el radio de percepción en el occidente del país”, señalaron los registros técnicos tras el reporte inicial. Las autoridades locales continúan evaluando la zona del epicentro para descartar afectaciones estructurales graves tras el sacudón.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-27, 10:25 hora local Magnitud 4.4. Profundidad 43 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/ncFzWmGTRx

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 27, 2026

La noticia del temblor fue dada a conocer también a través de la cuenta oficial del SGC en la red social X (antes Twitter), donde se amplió la información de su boletín actualizado y se invitó a la ciudadanía a reportar si sintió el movimiento. A través del hashtag “#SismosColombiaSGC”, la entidad mantuvo informados a los usuarios sobre las características técnicas del sismo, detalles del lugar de ocurrencia y el llamado a la participación comunitaria mediante reportes ciudadanos. Esta retroalimentación ciudadana permite al SGC recopilar datos sobre la percepción e impacto del sismo en diferentes zonas del país.

Adicionalmente, medios reconocidos como Noticiero 90 Minutos resaltaron que el sismo también se llegó a sentir en Cali, lo cual evidencia el alcance regional de este tipo de fenómenos naturales, dado que ciudades situadas a más de 200 kilómetros del epicentro experimentaron vibraciones asociadas al movimiento. En respuesta a la situación, las autoridades municipales de Cali habilitaron un canal oficial de WhatsApp, destinado a la atención de posibles damnificados por el sismo. Según se indicó en la misma fuente, esta medida busca agilizar la comunicación y brindar atención rápida a los ciudadanos que requieran ayuda o deseen reportar afectaciones producto del temblor.

Vale la pena señalar que la reacción institucional y la difusión oportuna de información son elementos clave en la gestión de eventos sísmicos en Colombia. La coordinación entre fuentes oficiales como el SGC y los medios de comunicación fue relevante para mantener informada a la población y canalizar la asistencia en caso de requerirse.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las características principales del sismo registrado en Istmina, Chocó, el 27 de agosto de 2026?

El sismo tuvo una magnitud de 4,4, ocurrió a las 10:25 a. m., y tuvo una profundidad de 43 kilómetros según datos del Servicio Geológico Colombiano. El epicentro se ubicó en Istmina, departamento del Chocó, y alcanzó a sentirse en otras regiones, como la ciudad de Cali, lo que refleja su impacto regional.

¿Qué acciones tomaron las autoridades tras el sismo que se sintió en Cali y otras zonas?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, las autoridades en Cali habilitaron un canal oficial de WhatsApp para atender a quienes resultaran damnificados o afectados por el sismo. Esta herramienta facilita la comunicación entre los ciudadanos y el gobierno local para reportar daños y recibir asistencia rápida.

En este contexto, la reciente tragedia del terremoto del 10 de agosto en Colombia pone a prueba y también exhibe esta misma dimensión solidaria que Mead destacaba. Los estragos causados afectaron profundamente a miles de familias: algunas perdieron seres queridos, muchas otras sus casas, sus negocios o los medios con los que aseguraban su sustento. Frente a este dolor, según se señala en la reflexión del texto, toda la nación colombiana ha respondido con un activo esfuerzo de ayuda.

La reacción nacional no se ha limitado a las instituciones estatales responsables ni a los cuerpos especializados de emergencia y rescate. La respuesta crucial ha sido protagonizada por las personas comunes: colombianos y colombianas que, espontáneamente, han formado cadenas humanas para transportar comida, escombros y elementos vitales; que han removido ruinas para liberar a víctimas humanas y también animales; que han repartido agua y alimento sin recibir órdenes ni esperar recompensa alguna. Este impulso, que emerge de lo más profundo del corazón colectivo, remite a aquel gesto constitutivo de civilización descrito por Mead: no dejar atrás a ninguna persona doliente, sino ayudarle a sanar y a reintegrarse a la vida común.

De acuerdo con el testimonio de expertos como Gustavo Wilches —mencionado en el texto como un conocedor del tema de desastres y de la responsabilidad estatal para afrontarlos—, Colombia debe continuar preparándose como sociedad para enfrentar mejor futuras crisis. Tanto él como entidades como la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá y la Federación Nacional de Sociedades de Mejoras Públicas de Colombia insisten en que la solidaridad es un pilar de la civilidad y una herramienta esencial contra la indiferencia y la violencia. Los días recientes han sido prueba de que, ante los desafíos, la civilización colombiana resurge de la solidaridad genuina y la fraternidad social.

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¿Por qué Margaret Mead consideraba la solidaridad como el origen de la civilización?

Margaret Mead interpretó el hallazgo de un fémur antiguo, que presentaba evidencia de recuperación tras una fractura, como prueba de que los primeros seres humanos practicaban el cuidado y la compasión. Según explicó, cuidar de un individuo herido significó ir más allá del instinto de supervivencia, dejando ver valores como clemencia y solidaridad, lo que para ella marcó el inicio de la civilización.

¿Cómo ha respondido la sociedad colombiana tras el terremoto del 10 de agosto?

De acuerdo con el texto proporcionado, la sociedad colombiana respondió al terremoto movilizándose en acciones de ayuda espontánea y solidaria. Las personas, más allá de las instituciones, formaron cadenas humanas, ofrecieron alimento y asistencia, y trabajaron juntos para rescatar y auxiliar a las víctimas, demostrando un sentido de fraternidad y civilidad en los momentos de crisis.

Según detalló la entidad investigadora, los hechos ocurrieron entre abril y octubre de 2024. Durante ese periodo, los implicados habrían aprovechado sus funciones para apropiarse de los recursos asignados al abastecimiento de alimentos. Entre los imputados se encuentran los mayores Juan Camilo Lasso Leyton, David Leandro Hernández Ramírez y Daniel Camilo Rodríguez Guerrero; los sargentos Gilberto Valencia Vargas, Jair Alberto Polo Pedraza, Richard Josué Rodríguez Pontón, Luis Carlos Tafur Tafur, Carlos Arturo Hurtado Ayala; y el suboficial retirado Jorge Armando Mejía Quevedo.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, los procesados, además de apropiarse del dinero público, habrían alterado documentos oficiales para encubrir su actuar. Esto incluyó la firma de planillas que certificaban, de manera falsa, la entrega de víveres secos a seis pelotones del batallón, sin que correspondiera a las necesidades reales de la unidad. El registro de alimentos también mostraba suministros para escuadras que, según las evidencias, no estaban agregadas operacionalmente a la unidad militar, mientras que otros recursos alimentarios se dirigían a uniformados que no se encontraban allí físicamente, ya que estaban en actualizaciones administrativas o ejercicios fuera del batallón en Aguachica, Cesar.

Por estos hechos, la Fiscalía de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander les imputó delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. A pesar de las pruebas presentadas, los acusados no aceptaron los cargos en la audiencia. La gestión judicial avanzó tras la captura de los militares el pasado 25 de agosto, labor realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en colaboración con la Policía Nacional. Las detenciones se hicieron en varias ciudades del país, incluyendo Bogotá, Cúcuta, San Vicente de Chucurí, Barrancabermeja, Fusagasugá, Nilo, Puerto Boyacá, Caucasia y Túquerres, según lo reportado por El Espectador.

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¿Por qué fueron capturados nueve militares en Ocaña, Norte de Santander, en agosto de 2024?

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, los nueve militares fueron capturados por presuntamente haber desviado más de COP 100 millones destinados a la alimentación de un batallón militar en Ocaña. Aprovecharon sus funciones para apropiarse de estos recursos y, supuestamente, alteraron documentos oficiales para ocultar el desvío.

¿Qué delitos les imputó la Fiscalía a los militares implicados en el caso de desviación de fondos?

Según la Fiscalía de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander, los militares enfrentan cargos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Estos delitos corresponden a la apropiación indebida de recursos estatales para alimentación y a la alteración de documentos oficiales para encubrir el hecho.

El nuevo canal funciona mediante el número telefónico 324 6900888, por donde los habitantes afectados pueden validar datos personales y seleccionar su punto de entrega, garantizando así un proceso directo, transparente y ágil. De acuerdo con la administración distrital, la iniciativa es coordinada por la Secretaría de Gestión del Riesgo, bajo el liderazgo del secretario Ricardo Peñuela, y recurre a registros en la base de datos de la emergencia (RUFE), para identificar y verificar a los beneficiarios.

El flujo de atención inicia cuando la persona registrada en RUFE recibe un mensaje oficial en su teléfono móvil, acompañado de un enlace directo al chat de WhatsApp. Al continuar, el usuario debe proporcionar su número de documento de identidad; el sistema valida de manera inmediata sus datos. Posteriormente, el asistente virtual permite elegir el punto de atención preferido para la entrega de ayuda, y luego el beneficiario recibe un nuevo mensaje donde se le informa la fecha y hora designadas para presentarse en el sitio seleccionado. Es obligatorio que el ciudadano lleve su documento de identidad físico para acceder al kit humanitario.

Los puntos de distribución han sido descentralizados en siete locaciones, situadas en las comunas 1, 2, 5, 13, 18 y 19. Eso permite evitar aglomeraciones y facilitar el acceso según la ubicación de los afectados. Entre los sitios habilitados figuran el Coliseo Celestino Mutis, la Unidad Recreativa El Avión y la Unidad Recreativa Cañaveralejo, entre otros mencionados por la Alcaldía de Cali en su anuncio oficial.

La administración enfatiza que recibir estas ayudas humanitarias no limita la postulación a otros programas sociales, subsidios o apoyos financieros de orden local, departamental o nacional, pues cada uno mantiene requisitos y procedimientos independientes. Las autoridades insisten también en la importancia de atender solo mensajes oficiales para proteger los datos personales y aprovechar el canal verificado de WhatsApp para una gestión segura y eficiente del apoyo institucional.

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¿Cómo funciona el canal de WhatsApp habilitado por la Alcaldía de Cali para los damnificados por el sismo?

El canal de WhatsApp implementado por la Alcaldía de Cali permite a los damnificados del reciente terremoto validar sus datos, elegir un punto de entrega y recibir notificaciones sobre la fecha y hora para recoger su kit humanitario, asegurando así transparencia y agilidad durante todo el proceso, según detalló la Secretaría de Gestión del Riesgo.

¿Qué es el RUFE y por qué es necesario estar registrado para recibir ayuda en Cali tras el sismo?

RUFE es el registro de emergencia de la Alcaldía de Cali que asocia los datos de las personas afectadas por el terremoto. Solo quienes figuran en este registro pueden acceder al canal oficial de WhatsApp y recibir la asistencia humanitaria coordinada por las autoridades municipales, de acuerdo con la información oficial proporcionada.

De acuerdo con los datos oficiales del SGC, la jornada sísmica inició a las 3:22 a. m. con un evento en Panamá que alcanzó una magnitud de 2.8. Aunque este sismo se reportó fuera de las fronteras nacionales, el organismo lo incluyó dentro de la actividad sísmica que se ha presentado en la región durante las primeras horas de la mañana, mostrando así la interconexión geológica que afecta tanto a Colombia como a sus países vecinos.

Minutos después, a las 4:09 a. m., se produjo un segundo sismo, esta vez en el occidente colombiano, específicamente en Sipí, Chocó. Con una magnitud de 2.2 y una profundidad superficial, este movimiento se caracterizó por su baja intensidad, lo que sugiere que los efectos para la población probablemente fueron mínimos.

El tercer evento sísmico, que captó la atención por su profundidad y localización, se presentó a las 4:32 a. m. en jurisdicción de Piedecuesta, Santander. Con una magnitud de 2.6 y una profundidad de 147 kilómetros, este sismo tuvo su epicentro cerca de los municipios de Cepitá, San Andrés y Guaca. Al ser un sismo de foco profundo, pudo ser percibido en una zona relativamente amplia, aunque según los reportes no se registran afectaciones materiales ni emergencias derivadas de este evento.

El SGC recomienda que, durante un temblor, usted mantenga la calma y se aparte de ventanas, objetos sueltos o cualquier elemento que pueda caer. Además, es clave atender las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo y, si se percibe el sismo, reportarlo a través de la plataforma Sismo Sentido, herramienta oficial del Servicio Geológico Colombiano para recopilar información sobre estos fenómenos.

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¿Cuáles fueron las características de los sismos registrados el 27 de agosto de 2026?

Los tres sismos ocurridos la madrugada del 27 de agosto de 2026 tuvieron epicentros en Panamá, Sipí (Chocó) y Piedecuesta (Santander), con magnitudes de 2.8, 2.2 y 2.6 respectivamente, según el Servicio Geológico Colombiano. El evento más profundo (147 kilómetros) fue el de Piedecuesta, mientras que el de Sipí fue superficial. No se reportaron afectaciones o emergencias relacionadas.

¿Qué debe hacer usted durante un movimiento telúrico según el Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano recomienda mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan colocarle en riesgo, y seguir las instrucciones de los organismos de gestión del riesgo. Además, si usted percibe el sismo, puede reportar su experiencia en la plataforma Sismo Sentido, herramienta que ayuda a recolectar datos importantes para el monitoreo sísmico en Colombia.

La entidad explicó que está revisando su estructura, cargos, funciones, número de posiciones y cargas de trabajo, con el objetivo de adaptar sus equipos a las condiciones actuales y optimizar los recursos disponibles.

Según la EPS, las decisiones responden a análisis técnicos sobre la distribución de responsabilidades y buscan contribuir a una operación más eficiente, sostenible y enfocada en mejorar la atención y prestación de servicios a sus afiliados.

Famisanar aseguró que el proceso se desarrolla bajo la normatividad laboral vigente y con respeto por los derechos de sus trabajadores.

La entidad también señaló que reconoce el seguimiento de asociaciones, veedurías, medios de comunicación y organismos de control.

Entre las entidades que realizan seguimiento mencionó a la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, esta última encargada de las funciones de inspección, vigilancia y control sobre la EPS.

En paralelo con la reorganización, Famisanar reportó avances en sus indicadores financieros.

El 26 de agosto informó que la siniestralidad acumulada del costo médico del Plan de Beneficios en Salud (PBS) disminuyó 0,7 puntos porcentuales durante el último mes, al pasar de 104,4 % a 103,7 %. La EPS atribuyó esta reducción a medidas para fortalecer la gestión, mejorar el uso de los recursos y controlar los costos asociados a la prestación de servicios.

Famisanar indicó que continuará haciendo seguimiento al costo médico, fortaleciendo la gestión del riesgo en salud y optimizando sus recursos.

La estrategia busca consolidar su recuperación financiera y sostenibilidad, mientras mantiene la continuidad y oportunidad de la atención para sus 2,6 millones de afiliados.

En detalle, el fallo de primera instancia dictaminó que Abelardo Gabriel De la Espriella Otero, actual presidente de la República, debe realizar una alocución por radio y televisión el martes 30 de septiembre de 2026, a las 7:00 de la noche. En esa transmisión, deberá “ofrecer disculpas al pueblo colombiano por haber vulnerado la neutralidad religiosa del Estado en el acto oficial de su posesión como presidente”. Además, se le ordenó manifestar públicamente que evitará incurrir en comportamientos que evidencien inclinación hacia la Iglesia católica o hacia cualquier otro credo determinado. El juzgado fue enfático en que el jefe de Estado también debe, en el mes de septiembre, emitir una Directiva Presidencial dirigida a todos los servidores públicos del país, exigiéndoles respetar y hacer valer el principio de neutralidad religiosa en todas las actuaciones oficiales.

Por otra parte, la sentencia igualmente involucra al presidente del Congreso, el senador Honorio Miguel Henríquez Pinedo. El juez ordenó que, en la sesión plenaria prevista para la última semana de septiembre de 2026, Henríquez Pinedo ofrezca disculpas ante la nación por vulnerar la neutralidad religiosa en el acto oficial de posesión del presidente. Además, debe advertir que no participará en conductas que puedan asociar los actos del Congreso con una inclinación hacia la Iglesia católica o cualquier otro credo. Esta determinación se pronunció luego de analizar una acción de tutela presentada por Omar Franco Alberto Becerra, quien argumentó que la posesión presidencial no respetó el principio constitucional de neutralidad religiosa.

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¿Por qué el juez consideró que se vulneró la neutralidad religiosa del Estado en la posesión presidencial?

El juez determinó que la neutralidad religiosa del Estado se vio afectada debido a la inclusión de un espacio llamado “invocación y alabanza” y la presencia de representantes de tres sectores religiosos durante la ceremonia de posesión del presidente Abelardo De la Espriella. Según el fallo, aunque los funcionarios conservan su libertad religiosa, en calidad de autoridades tienen el deber de evitar asociar actos oficiales con algún credo, para preservar la separación entre Estado y religión.

¿Qué implica la orden de emitir una Directiva Presidencial sobre neutralidad religiosa?

La decisión judicial exige que el presidente Abelardo De la Espriella expida una Directiva Presidencial que ordene a todos los servidores públicos respetar y asegurar la neutralidad religiosa en todas sus actuaciones. Esta medida busca garantizar que, en el ejercicio de funciones oficiales, no se favorezca a ningún credo específico, como corresponde al principio constitucional que rige la relación entre Estado y religiones en Colombia.

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“Yo sentí el temblor y obviamente lo primero que hice fue buscar a mi mamá, buscar a mi familia, decirles que saliéramos. Salimos. Pero pasó algo distinto. Probablemente la mayoría de los colombianos hemos sentido algún movimiento, algún temblor a lo largo de nuestras vidas, pero nada como esto. En el Chocó nosotros sentimos literalmente, que al parecer fueron 2 minutos, pero sentimos como si la tierra se hubiese movido por 5 minutos”, relató la gobernadora.

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Parada en medio de la calle, abrazada a su familia, la mandataria observó cómo la tierra seguía moviéndose sin detenerse. “Yo empecé a ver cómo se caían pedazos de los edificios, cómo se caían los tanques, cómo se resquebrajaba mi propia casa, que afortunadamente no tiene problemas estructurales, pero pues grietas. Gracias a Dios no son estructurales, hay que decirlo. Pero pues en ese momento uno no lo sabía, y lo único que veía era cómo se abrían grietas a lo largo de su propia casa o cómo se caían pedazos de los edificios circundantes”, describió.

La gobernadora también recordó la desesperación colectiva que se apoderó de la ciudad en los minutos siguientes: padres de familia saliendo con lo que tenían puesto a buscar a sus hijos, que ya estaban en jornada escolar desde las 7 de la mañana, y una ciudad convertida en caos, con accidentes de tránsito incluidos. “La ciudad se volvió un caos completamente, todo el mundo corría”, señaló.

A pesar de la angustia personal, la mandataria tomó sus cosas y salió de inmediato hacia el Hospital San Francisco, el único centro de segundo nivel del departamento, que había colapsado por la cantidad de personas que llegaron. Desde ese instante, afirmó, no ha vuelto a tener un día de menos de 20 horas de trabajo y ahora se prepara para empezar la reconstrucción de su departamento.

¿Qué pasó con el Hospital San Francisco de Quibdó tras el terremoto?

El Hospital San Francisco, único centro hospitalario de segundo nivel en el Chocó, colapsó por la cantidad de personas que llegaron luego del sismo. La gobernadora debió acudir de inmediato para organizar el triage y coordinar la atención de heridos, además de gestionar traslados aéreos de los pacientes más graves hacia centros de tercer nivel fuera del departamento.

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¿Cuántas familias perdieron su vivienda en el Chocó por el terremoto?

De acuerdo con la gobernadora, aproximadamente 25.000 familias tienen sus viviendas averiadas y cerca de 5.000 quedaron en la calle con un hogar totalmente inhabitable. En un departamento donde las viviendas representan el único patrimonio construido durante toda una vida de trabajo, la pérdida fue, en muchos casos, absoluta.

De acuerdo con la información recabada por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, el despliegue estuvo a cargo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares. Al respecto, fuentes de alta confidencialidad confirmaron que “la operación fue contra la estructura Rodrigo Cadete, en la que se utilizaron 5 aviones Kfir y 6 Super Tucanos”, materializando un poder de fuego aéreo sin concesiones contra los campamentos ilegales.

Golpe contundente contra las estructuras criminales de la facción del narcoterrorista alias Calarcá en el Guaviare.

Esta madrugada, nuestra Fuerza Pública ejecutó la Operación AMÓN en zona rural de El Retorno, contra campamentos utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez…

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 27, 2026

Este tipo de acciones armadas responden a una rigurosa hoja de ruta trazada por el Ejecutivo para cumplirse durante los primeros 100 días de administración, periodo en el cual el alto gobierno fijó la ejecución de al menos quince operaciones denominadas “beta”, diseñadas específicamente para propiciar la caída de los máximos cabecillas de las organizaciones criminales.

La contundencia de estos resultados operativos coincide con la llegada a Colombia del comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general Francis L. Donovan, con quien las autoridades locales afinan la coordinación estratégica para desarticular las redes transnacionales del narcotráfico y el terrorismo. Cabe recordar que el primer bombardeo de la administración De La Espriella se perpetró en la madrugada del pasado 11 de agosto de 2026 contra un objetivo del Eln en la región del Catatumbo, reportes oficiales en los que las autoridades descartaron de manera tajante cualquier tipo de afectación colateral sobre la población civil de la zona.

Los hechos habrían ocurrido entre abril y octubre de 2024 y fueron investigados durante dos años por la Fiscalía General de la Nación, añade ese medio.

Entre los judicializados hay tres mayores, cinco sargentos y un suboficial retirado, resalta ese diario.

Las capturas fueron realizadas por agentes del CTI, con apoyo de la Policía, en diferentes ciudades y municipios del país, entre ellos Bogotá, Cúcuta, Barrancabermeja, Fusagasugá y Caucasia, agrega esa publicación.

Según la Fiscalía, los uniformados presuntamente se apropiaron de los recursos destinados a la compra y entrega de alimentos, además de intentar ocultar el supuesto desvío mediante la alteración de documentos.

Entre las irregularidades detectadas aparecen planillas que certificaban la entrega de víveres secos a seis pelotones, pese a que las cantidades no corresponderían a las necesidades reales.

También se habrían registrado alimentos entregados a escuadras que no estaban operando o a militares que se encontraban realizando entrenamiento en Aguachica, Cesar.

Los nueve fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, de acuerdo con el nivel de participación que les atribuye la investigación. Todos se declararon inocentes ante las acusaciones.

El ente acusador sostiene ahora que el hombre, de 52 años, no se habría quitado la vida, sino que habría sido víctima de un homicidio. Por estos hechos fue imputada su esposa, Chirley Mildred Hernández Rojas, funcionaria del CTI, quien deberá responder por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

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Durante la audiencia realizada este miércoles, la Fiscalía solicitó que la investigadora sea cobijada con una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Hernández Rojas, quien fue capturada el martes 25 de agosto, no aceptó los cargos y manifestó su inocencia.

El fiscal 23 seccional de la Unidad de Vida, Adolfo Niebles Torres, expuso ante el juez varios elementos que, según la Fiscalía, permitirían cuestionar la primera hipótesis de un suicidio.

Entre las evidencias presentadas se encuentran residuos asociados a disparos hallados en prendas de Hernández Rojas, las características de las heridas que sufrió Avendaño, la distancia desde la que se habría producido el disparo que recibió en la cabeza y la posición en la que fue encontrada el arma.

Estos elementos hacen parte de la hipótesis que actualmente maneja el ente acusador y que apunta a que el hombre habría sido atacado por otra persona.

Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con las lesiones que presentaba la víctima. Según lo expuesto durante la audiencia, Avendaño tenía tres heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego: una en la región parietal izquierda de la cabeza, otra en el pectoral derecho y una tercera en el antebrazo izquierdo.

Esta última lesión tenía orificio de entrada y salida y llamó especialmente la atención de los investigadores.

“La lesión en el antebrazo izquierdo puede ser de carácter defensivo”, explicó el fiscal Niebles durante la diligencia.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el hombre habría utilizado su brazo para intentar protegerse de uno de los disparos.

El ente acusador también cuestionó las características de la herida en la cabeza. Según los análisis de Medicina Legal presentados en la audiencia, esta no tendría características propias de un disparo realizado por contacto o a una distancia muy corta.

La condición de Avendaño como hombre diestro también fue tenida en cuenta dentro del análisis de las lesiones y la forma en que se habría producido el ataque.

“No cabe duda que no se encuentra dentro de los parámetros de un suicidio… Hubo multiplicidad de heridas”, sostuvo el fiscal, según el reporte divulgado por Zonacero.com.

Otro de los elementos que intenta esclarecer la investigación es la ubicación del arma de fuego.

Cuando las autoridades llegaron al apartamento, encontraron la pistola en la mano derecha de Avendaño, situación que inicialmente permitió considerar la posibilidad de un suicidio.

Sin embargo, con el avance de la investigación, la Fiscalía comenzó a cuestionar si esa posición era compatible con la hipótesis de una muerte autoinfligida.

Durante la audiencia, el fiscal planteó interrogantes relacionados con la manera en que el arma habría permanecido en la mano de la víctima después de recibir el disparo y con la posición de sus dedos.

A esto se sumaron los resultados de las pruebas para establecer la presencia de residuos de disparo en prendas de Hernández Rojas. Con base en estos elementos, el ente acusador presentó ante el juez su teoría sobre lo ocurrido.

“La imputada tomó el arma y la accionó contra la humanidad de su mismo esposo”, afirmó el fiscal durante la diligencia.

La muerte ocurrió dentro del apartamento donde residía la pareja, ubicado en el edificio Catedral Plaza, en el barrio Boston de Barranquilla. De acuerdo con la versión inicial entregada a las autoridades, Avendaño habría regresado a la vivienda y permanecido en la sala mientras consumía cerveza. Su esposa, entretanto, se encontraba en otra habitación.

Hernández Rojas manifestó que escuchó varias detonaciones y posteriormente salió para verificar qué había sucedido. Al encontrar a su esposo herido y el arma junto a él, inicialmente se contempló la posibilidad de que se tratara de un suicidio.

Sin embargo, los análisis posteriores de la necropsia, las características de las heridas y otros elementos materiales probatorios hicieron que la Fiscalía modificara el rumbo de la investigación y comenzara a considerar a la esposa como presunta responsable.

Luego de varios meses de labores investigativas, Hernández Rojas fue capturada el 25 de agosto por unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con la Fiscalía 23 Seccional de la Unidad de Vida.

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Ahora la defensa deberá controvertir los elementos presentados por el ente acusador durante la audiencia, mientras el juez deberá decidir sobre la solicitud de medida de aseguramiento.

Por el momento, Chirley Mildred Hernández Rojas no ha sido condenada y mantiene su posición de inocencia. La Fiscalía, por su parte, tendrá que demostrar durante el proceso que los elementos recopilados permiten establecer su responsabilidad en la muerte de Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo.

Luz Estella enfrenta no solo la pérdida de su patrimonio construido tras 30 años de esfuerzo, sino también la ausencia de acompañamiento técnico frente a una pared colindante con otras viviendas. La falta de asesoría de expertos la deja prácticamente sola para resolver una amenaza que no solo pone en riesgo su inmueble, sino también la seguridad de las casas vecinas, especialmente porque esa pared muestra señales claras de fractura y separación.

Este edificio, que durante tres décadas fue un refugio para estudiantes jóvenes oriundos de los alrededores que llegaban a la ciudad en busca de educación superior, se ha transformado del símbolo de progreso y dedicación en un foco de peligro. Luz Estella cuenta que ver a estos “primíparos” avanzar y graduarse fue su mayor satisfacción, pero hoy toda esa historia se ve empañada por la incertidumbre tras el impacto del sismo.

La principal preocupación se ha centrado en la evolución de una de las paredes de la torre, la cual, según la propietaria, ha estado cediendo progresivamente durante los últimos 15 días. Las grietas se profundizan cada día y la separación entre los ladrillos llega a 10 o 15 centímetros, dejando en evidencia la severidad del daño estructural. A pesar de haber cumplido con el proceso de registro en los censos de damnificados coordinados en un parque cercano, Luz Estella manifiesta que hasta el momento no ha recibido la visita de ningún equipo técnico, ni ha obtenido orientaciones precisas de las autoridades para manejar la emergencia de manera óptima y segura.

En ese contexto, Luz Estella hace un llamado para evitar que la emergencia actual desemboque en una tragedia aún mayor, pues el inminente riesgo de colapso amenaza no solo su historia, sino la vida y tranquilidad de todo el entorno residencial de Pampalinda.

¿Qué daños estructurales presenta el edificio de apartaestudios en Pampalinda tras el sismo?

Según el testimonio de Luz Estella, propietaria del inmueble, la edificación presenta una pared que ha comenzado a ceder de manera progresiva, mostrando grietas crecientes y una separación de entre 10 y 15 centímetros entre sus ladrillos. Esta situación compromete severamente la estabilidad de la estructura y pone en peligro tanto a los residentes actuales como a las viviendas cercanas.

¿Por qué la propietaria del edificio en Cali no ha recibido apoyo técnico ante los daños estructurales?

A pesar de haberse inscrito en los censos de damnificados, Luz Estella asegura que ninguna autoridad ha visitado el edificio para realizar una inspección técnica ni brindarle orientación adecuada sobre cómo actuar. Esta falta de acompañamiento impide que se tomen medidas preventivas y agrava la incertidumbre de la propietaria y de la comunidad vecina.

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La notificación oficial, firmada por la cartera de educación, expresa satisfacción por “contar con su experiencia y trayectoria en el desarrollo de esta importante responsabilidad”, refiriéndose al nombramiento de Torres. El perfil de Diego Torres evidencia un amplio recorrido académico: es físico de la Universidad Nacional, donde también obtuvo su título doctoral en 2007 con una tesis dedicada a la física nuclear. Su experiencia internacional incluye investigaciones postdoctorales en la Universidad del Oeste de Escocia y en la Universidad de Rutgers, en el periodo 2010-2012, así como una estancia como investigador visitante en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Desde 2012 mantiene el cargo de profesor asociado en la Universidad Nacional y, hasta hace poco, había sido elegido como el representante de los docentes en el CSU.

El Ministerio de Educación Nacional, dirigido por Viviane Morales, remarcó la confianza en que los conocimientos y el perfil de Torres fortalecerán el trabajo del CSU y ayudarán a cumplir los objetivos fundamentales de la Universidad Nacional. El Consejo Superior Universitario es el máximo ente decisor en instituciones públicas de educación superior. En la Universidad Nacional está formado, según su Estatuto General, por el ministro de educación (o viceministro, quien ejerce la presidencia); un exrector elegido por sus pares; un delegado del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) presentado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; un miembro del Consejo Académico designado por este; un profesor de categoría de asociado o superior, elegido por sus colegas; un estudiante designado por la comunidad estudiantil, y el rector de la Universidad, quien actúa como vicepresidente con voz, pero sin voto. Además, el presidente de la república tiene facultad para designar dos representantes, en este caso Torres y el sacerdote Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella, primo de Abelardo de la Espriella.

En el marco de la controversia por la elección de rector en la Universidad Nacional, Diego Torres se ha destacado como uno de los principales defensores del profesor José Ismael Peña Reyes, quien recuperó la rectoría tras una sentencia de segunda instancia de la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, según lo reportado por El Espectador.

¿Cuál es la función del Consejo Superior Universitario (CSU) en la Universidad Nacional?

El Consejo Superior Universitario es el órgano máximo de dirección de la Universidad Nacional de Colombia y define las políticas y lineamientos generales de la institución. Está integrado por autoridades del gobierno, académicos, docentes y representantes estudiantiles, tomando decisiones claves sobre la gestión académica y administrativa.

¿Quiénes integran el CSU y cómo se eligen sus miembros?

De acuerdo con El Espectador, el CSU está conformado por el ministro o viceministro de educación, un exrector elegido por sus pares, un delegado designado por el CESU, un representante del Consejo Académico, un profesor elegido por los docentes, un estudiante elegido por la comunidad estudiantil, el rector con voz pero sin voto, y dos representantes nombrados por el presidente de la república.

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De acuerdo con el balance presentado por Bomberos, las zonas con incendios activos incluían Tolemaida, en Nilo, así como la vereda Manoa Alto, ubicada en el municipio de Guayabal de Síquima. Mientras tanto, se mantenían en proceso de control otras emergencias en municipios como Caparrapí, Bituima, Útica, Guayabal de Síquima y Bojacá. Además, la Delegación de Bomberos confirmó que varios focos ya habían sido extinguidos en veredas y municipios como Nochote de Travesías y Yacopí La Grande (en Yacopí), Santa Bárbara (en Bojacá), Ciudad Verde (en Soacha), El Carbón (en Pacho), y en los kilómetros 53 y 54 de la vía principal en la jurisdicción de Viotá.

El informe oficial reportó un saldo provisional de 11 incendios y 105 hectáreas afectadas. Sin embargo, Bomberos advirtió que la cifra podría aumentar, puesto que algunos focos activos podrían haber impactado más territorio del inicialmente estimado. Esta información forma parte de un informe que está sujeto a actualizaciones a medida que avanzan las labores de evaluación y atención de los organismos encargados.

Un caso destacable fue el incendio en Mondoñedo, jurisdicción de Bojacá y Mosquera. Allí trabajaban alrededor de 75 personas para controlar el fuego según lo señaló la Gobernación de Cundinamarca. Debido a la complejidad del terreno montañoso, la propagación hacia áreas sensibles mantiene en alerta a las autoridades, especialmente en zonas adyacentes a instalaciones de la Industria Militar Colombiana (Indumil), donde se reforzaron las acciones preventivas.

En el operativo participaron unidades de Bomberos de varios municipios (Mosquera, Bojacá, Soacha, Cota y Funza), además de la Policía, ambulancias, Empresas Públicas de Cundinamarca, y equipos provenientes de Facatativá, Tenjo y Madrid. Integrantes de la Defensa Civil se sumaron a los esfuerzos en Soacha y Bojacá.

Para coordinar estas acciones, Mosquera activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) que permite una gestión articulada de recursos y seguimiento a la emergencia, trabajando de la mano con la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca y los diferentes organismos presentes.

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¿Cuántos municipios de Cundinamarca están afectados por los incendios forestales?

De acuerdo con la Delegación Departamental de Bomberos, al menos 10 municipios de Cundinamarca reportaron incendios forestales durante la jornada del 26 de agosto, evidenciando la magnitud de la emergencia en el departamento.

¿Qué es un Puesto de Mando Unificado (PMU) y cuál es su importancia durante emergencias?

Un Puesto de Mando Unificado (PMU) es una instancia de coordinación que permite a diferentes entidades y organismos gestionar recursos y acciones durante situaciones de emergencia, como incendios forestales. Su función es asegurar la colaboración y el seguimiento efectivo para controlar las emergencias de manera eficiente.

Según el comunicado dirigido a la alcaldesa Johana Aranda, al secretario de Movilidad Camilo Martínez y a la gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público, Rocío Lozano, los propietarios argumentan que es urgente adoptar medidas excepcionales. El principal reclamo consiste en la creación de un “subsidio económico transitorio de salvamento” como respuesta al incremento de los combustibles y demás insumos requeridos para operar. Los transportadores afirman que actualmente están trabajando bajo pérdidas, una situación que, si no es atendida, pondría en riesgo la continuidad del transporte público en la ciudad, según la misiva citada.

Entre las exigencias también figura la aprobación de un plan integral para el control y erradicación del transporte ilegal, ya que consideran que esta práctica ha disminuido hasta en un 40 % la demanda del servicio formal. En su carta, los propietarios sugieren que, ante esta competencia desleal, es indispensable la intervención de las autoridades para recuperar pasajeros y garantizar condiciones de competitividad equilibradas.

Otra de las peticiones relevantes contempla la creación de un fondo de chatarrización y compensación enfocado en aquellos vehículos que cumplen la normativa legal vigente. De igual forma, los transportadores solicitan que la administración municipal lleve ante el Concejo un proyecto para crear un fondo de estabilización de la tarifa del transporte público, con el objetivo de ofrecer mayor sostenibilidad económica al sector.

Adicionalmente, plantean la realización de estudios para implementar alternativas de movilidad y seguridad como el pico y placa para motocicletas o la restricción del parrillero (acompañante), señalando la relación directa que estas medidas tendrían sobre la seguridad vial y el funcionamiento eficiente del transporte.

Por último, los propietarios advirtieron que, si no reciben una respuesta satisfactoria frente a las cinco solicitudes planteadas, podrían suspender la prestación del servicio en Ibagué. La decisión estará sujeta a la atención que otorgue la Administración municipal a sus requerimientos y a la viabilidad de los mecanismos propuestos.

¿Qué impacta al transporte público colectivo en Ibagué según los propietarios de busetas?

De acuerdo con la carta enviada a la Alcaldía, los factores más críticos que afectan al sector incluyen el aumento en los precios de los combustibles, los altos costos de operación y la proliferación del transporte informal. Esta última situación habría disminuido hasta en un 40 % la demanda por el servicio formal, lo que agrava la crisis financiera que viven las siete empresas actualmente en funcionamiento.

¿Cuáles son las principales solicitudes de los transportadores de Ibagué a la Alcaldía?

Las cinco principales medidas solicitadas por los propietarios de busetas son: el establecimiento de un subsidio económico transitorio de salvamento, la creación de un plan integral contra el transporte ilegal, la formulación de un fondo de chatarrización y compensación, la propuesta de un fondo de estabilización de tarifa ante el Concejo municipal, y la consideración de políticas alternativas como el pico y placa para motos y la restricción del parrillero.

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Wilson Ferney Cárdenas antes de ser condenado en la cárcel Picaleña de Ibagué

Cárdenas reconoce que hizo parte de estructuras criminales y que cometió delitos. No intenta presentar su pasado como una historia ajena. Sin embargo, existe un episodio específico por el que mantiene una posición radicalmente distinta: el doble homicidio ocurrido en la comuna 13 de Medellín por el que fue condenado y que, según afirma, nunca cometió.

Desde prisión, Cárdenas sostiene que fue víctima de un falso positivo judicial. Con esta expresión se refiere a lo que considera una construcción equivocada del caso que terminó vinculándolo con los dos asesinatos. Su versión es contundente: admite otros capítulos de su pasado criminal, pero niega rotundamente haber participado en ese doble homicidio.

El punto de discordia exige determinar cómo ocurrieron los hechos y qué pruebas evaluaron los jueces para imponer una pena tan severa. Este caso reabre el debate sobre los riesgos de las condenas erróneas en Colombia. Asimismo, demuestra la importancia de revisar minuciosamente las pruebas en procesos contra integrantes de organizaciones criminales.

El caso también muestra una faceta compleja de quienes han pertenecido a organizaciones armadas o delincuenciales: reconocer determinados delitos no significa necesariamente aceptar todos los crímenes que aparecen asociados a su nombre. En el caso de Cárdenas, esa distinción es fundamental para entender su actual posición.

(Vea también: Extraña muerte en La Picota: temido criminal fue hallado sin vida en su celda y hay dos hipótesis)

Desde la cárcel, el condenado intenta separar aquello que admite haber hecho de aquello que asegura no haber cometido. Su denuncia no elimina la sentencia ni modifica por sí sola la decisión judicial, pero plantea una pregunta que solo puede resolverse mediante la revisión rigurosa del expediente: ¿fue Cárdenas responsable de ese doble homicidio o terminó condenado por un crimen que, como sostiene, nunca cometió?

Mientras cumple su pena, ‘Careloco’ mantiene esa versión y reclama que su caso sea examinado desde las pruebas y no únicamente desde su pasado criminal.

(Le interesa: De la Espriella, decidido a reconstruir también una institución que no tumbó el terremoto)

Lo anunció de manera formal diciendo en el Palacio de San Carlos que “la llamada paz total fracasó estruendosamente en su propósito fundamental, porque abrió espacios y concedió beneficios a integrantes de estructuras criminales sin que en casos como los que hoy nos ocupan se acreditaran aportes verificables y resultados concretos para la consecución de la paz”. Por eso, el mandatario informó que su Gobierno “empieza a desmontar ese modelo de falsa paz y a reemplazarlo por una política de seguridad, legalidad y autoridad del Estado. Los procesos de diálogo no pueden convertirse en refugios frente a la justicia”.

Golpe directo a las figuras de gestores de paz

“Colombia necesita una paz verdadera, sustentada en hechos, justicia y resultados, no una política que termine convirtiendo el diálogo en un mecanismo de impunidad”, agregó el jefe de Estado. Pero mientras eso ocurría en la sede del Gobierno Nacional, una serie de hechos hablaban por sí mismos de la manera como se comenzaba a enterrar la “paz total” de Petro. Para De la Espriella, la palabra paz no “puede utilizarse como salvoconducto para mantener privilegios mientras persisten graves requerimientos judiciales”, y actuó en consecuencia.

Este mismo miércoles firmó la extradición de Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, negociador de los Comandos de Frontera con el anterior gobierno. Ese grupo tiene más de 1.000 hombres en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas, al sur del país. En su momento, fue una de las caras visibles de las negociaciones que se adelantaron en medio de la “paz total”. Fue capturado en 2025 en el Hotel Marriot por tener circular roja de Interpol. El ex alto comisionado de paz Otty Patiño intentó no que fuera detenido.

Pero alias ‘Araña’ no fue el único que entró en lista de extradición. También está Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, jefe del Frente 33 de las disidencias de las Farc a quien en mayo de 2025 la Corte Suprema de Justicia también le había avalado su extradición a Estados Unidos. Pero en julio del año pasado Petro frenó ese procedimiento argumentando que ese delincuente haría aportes a su “paz total”.

Además, Gabriel Yepes Mejía, alias ‘H. H.’, jefe de las disidencias de los Comuneros del Sur, cuya extradición también había sido frenada por Petro en mayo de 2025; y Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, máximo cabecilla de la banda criminal ‘Los Pachenca’, señalado de cometer homicidios, desplazamientos forzados, tráfico de armas, cobro de extorsiones y promoción de microtráfico de estupefacientes en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Bolívar, pese a lo cual fue beneficiado por la “paz total”.

Contra privilegios y la comisión de delitos en cárceles

De manera concomitante, el nuevo Gobierno acababa de hacer el anuncio de implementar la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (Remas), que no es otra cosa que usar busques de la Armada Nacional para que funcionen como cárceles. Allí serán llevados presos de todo el país que siguen delinquiendo desde las prisiones donde están recluidos. El objetivo es aislar de toda comunicación y contacto a quienes están detrás de grandes redes de extorsión, pero también a los jefes de grupos criminales que siguen al frente de cadenas de narcotráfico y minería ilegal.

Para eso, las naves estarían fondeadas en zonas alejadas de las comunicaciones terrestres, que podrían ser en inmediaciones de Cartagena y Buenaventura. “Los vamos a trasladar a un lugar donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz para que no sigan cometiendo fechorías”, había dicho De la Espriella de manera gráfica, para explicar que busca imposibilitar a toda costa que los delincuentes tengan comunicación con el exterior.

Prácticamente de manera simultánea, el Gobierno ordenó el traslado, a establecimientos penitenciarios de Bogotá, de 20 personas privadas de la libertad que permanecían recluidas en Barranquilla, como parte de las medidas adoptadas para impedir que desde los centros de reclusión se continúen coordinando actividades criminales.

“Por orden mía directamente, el Inpec está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles”, anunció De la Espriella. “La orden es clara: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen. Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes”.

Acciones militares de EE. UU. cerca de Colombia

Mientras todo eso ocurría, llegaba al país el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, para reunirse con la nueva cúpula militar y discutir los esfuerzos conjuntos que apunten a combatir el narcoterrorismo y fortalecer la alianza de seguridad entre los dos países. La visita del alto oficial ocurre poco después de que Colombia ingresara formalmente a la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C), una iniciativa conocida también como Escudo de las Américas.

Este mismo miércoles, y durante la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula militar, en la Escuela Militar de Cadetes, el presidente ratificó que “la seguridad volverá a todo el territorio nacional […]. En el régimen anterior, mis compatriotas sintieron en carne propia el retroceso del Estado mientras organizaciones terroristas avanzaron desvergonzadamente gracias a la complicidad de ese régimen”, dijo de la Espriella. “Esta será la Patria Milagro de la seguridad y el orden. Colombia volverá a tener un Estado presente. La farsa de la paz total terminó para siempre”.

También se supo en las últimas horas que Ecuador anunció que adelantará operaciones antidrogas conjuntas con Colombia y Estados Unidos en la frontera que comparte con Colombia, donde delinquen varios grupos armados. Ese nuevo dinamismo en la región contrasta con la percepción que tenía el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa del expresidente Petro, a quien señalaba de no combatir efectivamente el crimen organizado en la zona limítrofe.

El ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, anunció en declaraciones a la emisora local Radio Sucesos que los gobiernos de Noboa y de De la Espriella desplegarán unidades militares en la frontera para ejecutar “operaciones de vigilancia” y también actuarán “en conjunto […] contra los grupos armados irregulares que operan en ese sector. Estados Unidos también viene a formar parte de las estrategias que vamos a hacer, de operaciones en la zona fronteriza con Colombia”.

“Teníamos una pasividad del lado del gobierno colombiano. Ahora es la oportunidad dorada, en la que tenemos dos gobiernos (de De la Espriella y de Noboa) decididos a enfrentar a estos grupos [ilegales] y tenemos el apoyo de Estados Unidos”, remarcó Loffredo. Sus declaraciones y las decisiones de De la Espriella tienen como marco el anuncio del Comando Sur de que está “cambiando las reglas del juego”, y que “ya sea por aire, tierra o mar, las fuerzas estadounidenses llevan la lucha al enemigo”. De la “paz total” de Petro ya no queda nada.

El proceso de predicción inicia con una recolección exhaustiva de datos atmosféricos. Cada día, millones de mediciones de temperatura, presión, niveles de humedad y velocidad del viento se obtienen simultáneamente alrededor del mundo. Esta información proviene de una red coordinada que incluye estaciones meteorológicas terrestres, boyas situadas en los océanos, aeronaves comerciales y globos sonda que llegan incluso hasta la estratosfera. Complementando estos datos, los satélites meteorológicos orbitan la Tierra y proporcionan imágenes continuas sobre la conformación y el movimiento de los sistemas nubosos, mientras que radares instalados en la superficie terrestre permiten monitorear con precisión la evolución de las precipitaciones.

Todos estos datos recolectados son enviados a centros meteorológicos internacionales dotados con supercomputadoras de última generación. Estas máquinas procesan la información utilizando modelos numéricos de predicción, herramientas fundamentales basadas en ecuaciones de la física y la termodinámica. Tales modelos simulan el comportamiento futuro de la atmósfera al dividirla en una especie de “rejilla” tridimensional, permitiendo calcular cómo cambiará cada segmento minuto a minuto y aportar pronósticos localizados y cada vez más exactos.

En cuanto al pronóstico específico para este jueves en Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informó que se espera un día con cielos parcialmente cubiertos y predominio de condiciones secas durante las horas diurnas. Para la noche, se prevé el desarrollo de lluvias aisladas, que podrían ser de intensidad ligera a moderada. Asimismo, la entidad comunicó que un sistema de baja presión ubicado sobre el océano Pacífico influirá en las condiciones atmosféricas de la región andina, por lo que existe potencial de lluvias tanto hoy como mañana.

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¿Cómo se procesan los datos del clima para hacer un pronóstico preciso?

Los datos recopilados de múltiples fuentes se envían a centros internacionales, donde supercomputadoras aplican modelos numéricos basados en leyes de la física y la termodinámica. Estos sistemas dividen la atmósfera en una “rejilla” tridimensional para simular cambios climáticos minuto a minuto, garantizando así pronósticos cada vez más exactos.

¿Qué significa tener un sistema de baja presión en el Océano Pacífico?

Un sistema de baja presión corresponde a una zona donde el aire es menos denso que el entorno, lo que suele favorecer la formación de nubes y lluvias. De acuerdo con la CVC, la presencia de este sistema sobre el océano Pacífico condiciona las probabilidades de precipitaciones para la región de Cali.

En primer lugar, un asunto de alto interés político nacional es la propuesta de reforma constitucional presentada en el Congreso. Germán Rodríguez, senador del partido Salvación Nacional, radicó un proyecto que busca permitir el derecho al voto para militares y policías que se encuentran en servicio activo. Este proyecto plantea que estos uniformados puedan participar en elecciones para presidente de la república y Senado, lo cual podría modificar la actual restricción que impide el sufragio a quienes integran la fuerza pública en ejercicio de sus funciones.

En el contexto internacional, la administración del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal de las entrevistas para la solicitud de visas en embajadas y consulados estadounidenses de todo el mundo. Esta decisión afecta directamente a los procesos consulares y la atención a nuevas solicitudes, interrumpiendo por tiempo limitado los casos de ciudadanos que desean ingresar a territorio estadounidense.

En el frente judicial, el presidente De la Espriella firmó la extradición de cinco integrantes de grupos ilegales. Estas personas estuvieron relacionadas con los diálogos de paz impulsados por el gobierno de Gustavo Petro. Según informó el mandatario, las órdenes de extradición llevaban suspendidas desde el año anterior, pero con esta decisión se reactivan los procesos de entrega a autoridades extranjeras.

En respuesta a la emergencia causada por el terremoto en Cali, las familias oficialmente censadas como damnificadas por la Alcaldía tendrán acceso gratuito a documentos esenciales como registros civiles, copias de cédula y tarjetas de identidad. Esta medida busca aliviar la carga de quienes lo perdieron todo o parte de su documentación en medio de la tragedia.

Por otra parte, las autoridades han alertado sobre el incremento en el nivel del mar en el Pacífico colombiano, previsto entre el 27 de agosto y el 4 de septiembre de 2026. Este fenómeno está relacionado con la fase de luna llena y se denomina "marea de sizigia" o "puja", caracterizada por un notable ascenso y descenso de las aguas marinas, lo cual podría tener impactos en las comunidades costeras.

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¿En qué consiste la propuesta de voto para militares y policías en Colombia?

El proyecto de reforma constitucional presentado por el senador Germán Rodríguez busca que los militares y policías activos tengan la posibilidad de votar en las elecciones para presidente y Senado, rompiendo con la prohibición vigente que impide su participación electoral mientras están en servicio.

¿Qué es la marea de sizigia y cómo afecta al Pacífico colombiano?

La marea de sizigia, también conocida como "puja", es un fenómeno que ocurre durante la luna llena, produciendo un incremento significativo en el nivel del mar. Para el Pacífico colombiano, esto implica variaciones pronunciadas en el ascenso y descenso de las aguas, con posibles efectos en las poblaciones costeras durante los días señalados.

El departamento de Tolima es el más afectado, concentrando 11 incendios activos. Tras él, se ubican Nariño con cinco incendios, Cundinamarca y Valle del Cauca con dos cada uno, y Huila con uno solo. En Tolima, las emergencias se centran en municipios como Suárez, San Luis, Armero, Coello, Guamo, Ambalema, Ataco, Lérida, Rovira, Purificación y Carmen de Apicalá. Según la UNGRD, en estas zonas trabajan de forma coordinada organismos de socorro y autoridades para evitar que los incendios sigan extendiéndose.

La afectación en Tolima es significativa, pues más de 27.000 hectáreas han resultado dañadas, impactando especialmente cultivos, zonas boscosas y la actividad ganadera. Los incendios tienen consecuencias ambientales y económicas importantes para las comunidades locales, que ven comprometidos sus medios de vida.

Frente a esta coyuntura, los organismos de emergencia mantienen activos cuerpos de bomberos, Defensa Civil, Ejército y equipos especializados. Se ha requerido apoyo adicional para las zonas de difícil acceso. En algunos casos, se han desarrollado operaciones aéreas con helicópteros equipados con sistemas de descarga de agua. Con estos esfuerzos, se logró controlar los incendios de Policarpa, Nariño, y Venadillo, Tolima.

Las condiciones climáticas actuales —especialmente las altas temperaturas y la sequedad del ambiente— dificultan el trabajo de las autoridades y facilitan la propagación del fuego. Por eso, la UNGRD mantiene el estado de alerta en municipios como Falan, Santa Isabel, Valle de San Juan y Purificación, todos ellos en Tolima. Además, existen denuncias por presuntas acciones intencionales tras algunos focos, aunque las investigaciones están en curso para esclarecer los hechos.

Las autoridades reiteran a la ciudadanía la importancia de evitar quemas, reportar de inmediato cualquier señal de incendio y seguir las recomendaciones oficiales por el bienestar colectivo. El monitoreo de la emergencia seguirá estrictamente, con la posibilidad de ampliar el despliegue de recursos si la situación así lo requiere.

¿Cuáles son los departamentos más afectados por los incendios forestales en Colombia?

Según la UNGRD, Tolima se encuentra a la cabeza con el mayor número de incendios activos, totalizando 11 emergencias. Esta región es seguida por Nariño, con cinco incendios, y luego Cundinamarca y Valle del Cauca, con dos cada uno. Huila completa la lista con un incendio activo. Esta información permite visualizar dónde es más crítica la atención de recursos y la respuesta estatal.

¿Por qué el clima actual favorece la propagación de los incendios forestales?

Las condiciones meteorológicas juegan un papel crucial en la expansión de los incendios. La ausencia de lluvias, junto con las altas temperaturas y la baja humedad, crea un ambiente propicio para que el fuego se extienda rápidamente, según lo advierte la UNGRD. Estas variables naturales dificultan las labores de contención y representan un desafío adicional para los equipos de emergencia.

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La gobernadora del Chocó tiene 36 años, pero su vida ha estado marcada por varios hechos que hoy la hacen ser una de las mujeres que se lleva los reflectores ante la tragedia.

Ella fue elegida en el cargo como representante del Partido Liberal.

De qué familia política es la gobernadora del Chocó

Nacida en Quibdó en 1990, Córdoba creció en una familia vinculada a la política. Su padre, Darío Córdoba Rincón, fue representante a la Cámara y murió en 2003, cuando ella tenía 13 años, en un accidente aéreo ocurrido mientras hacía campaña en el departamento.

Su madre, Elizabeth Curi, fue cinco veces diputada de la Asamblea Departamental del Chocó y posteriormente acompañó buena parte de la carrera política de su hija.

Por su familia también está vinculada con Diego Luis Córdoba, uno de los dirigentes liberales más importantes del Chocó durante el siglo XX y fundador del llamado ‘cordobismo’, corriente que tuvo una fuerte influencia en la política regional. Su padre, además, era primo de la fallecida senadora Piedad Córdoba.

Ese origen le permitió contar con un importante capital político, aunque durante su carrera ha intentado construir un perfil propio.

Qué estudió la gobernadora del Chocó

Antes de llegar a la Gobernación, Córdoba desarrolló buena parte de su trayectoria en ámbitos profesionales y académicos. Estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia y se especializó en Derecho del Medio Ambiente.

También cursó una maestría en Planificación Territorial y Gestión Ambiental en la Universidad de Barcelona y adelantó estudios doctorales en Política y Gobierno en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina.

Su experiencia incluye labores como docente e investigadora, especialmente relacionadas con derechos de comunidades étnicas y modelos de desarrollo con enfoque diferencial. También trabajó en cooperación internacional y en entidades como los ministerios de Ambiente y Cultura y la Unidad para las Víctimas.

De candidata a gobernadora

Su primer intento electoral fue en 2018, cuando aspiró a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Aunque no obtuvo una curul, consiguió una votación destacada dentro de su lista.

Posteriormente se vinculó a la administración departamental. Fue gerente de la campaña de Ariel Palacios Calderón a la Gobernación y, tras su elección, ocupó las secretarías del Interior y de Gobierno.

En esos cargos enfrentó problemas como la violencia de grupos armados, emergencias naturales, situaciones de orden público y la pandemia.

En 2023 llegó su salto definitivo: fue escogida como candidata liberal a la Gobernación y terminó imponiéndose en las urnas.

Su triunfo en las elecciones regionales de octubre de 2023 fue contundente: obtuvo más de 100.000 votos y derrotó a Patrocinio Sánchez Montes de Oca, uno de los políticos con mayor trayectoria en el departamento. Córdoba llegó con el aval del Partido Liberal, colectividad ligada a su familia desde hace varias generaciones.

Los retos de su administración

Córdoba asumió con la promesa de impulsar una transformación del departamento, especialmente en infraestructura, conectividad y desarrollo económico.

Entre sus propuestas estuvo el denominado ‘Plan Chocó 2050’, una iniciativa para proyectar el desarrollo de las diferentes subregiones y mejorar la conexión del departamento con otras zonas del país.

Pero la seguridad también ha sido uno de sus grandes desafíos. En enero de 2025, la caravana en la que viajaba fue atacada con disparos cerca de La Troje, en Quibdó. Córdoba y su madre salieron ilesas.

Su elección, además, fue demandada por una supuesta doble militancia. Sin embargo, en octubre de 2024 el Consejo de Estado negó las pretensiones y dejó en firme su elección, al considerar que las pruebas no demostraban la conducta denunciada.

Fuera de la política, Córdoba mantiene un perfil reservado. Aunque han surgido preguntas sobre su vida sentimental, no existe una fuente pública y confiable que permita confirmar quién es actualmente su pareja

En detalle, el fallo de primera instancia dictaminó que Abelardo Gabriel De la Espriella Otero, actual presidente de la República, debe realizar una alocución por radio y televisión el martes 30 de septiembre de 2026, a las 7:00 de la noche. En esa transmisión, deberá "ofrecer disculpas al pueblo colombiano por haber vulnerado la neutralidad religiosa del Estado en el acto oficial de su posesión como presidente". Además, se le ordenó manifestar públicamente que evitará incurrir en comportamientos que evidencien inclinación hacia la Iglesia católica o hacia cualquier otro credo determinado. El juzgado fue enfático en que el jefe de Estado también debe, en el mes de septiembre, emitir una Directiva Presidencial dirigida a todos los servidores públicos del país, exigiéndoles respetar y hacer valer el principio de neutralidad religiosa en todas las actuaciones oficiales.

Por otra parte, la sentencia igualmente involucra al presidente del Congreso, el senador Honorio Miguel Henríquez Pinedo. El juez ordenó que, en la sesión plenaria prevista para la última semana de septiembre de 2026, Henríquez Pinedo ofrezca disculpas ante la nación por vulnerar la neutralidad religiosa en el acto oficial de posesión del presidente. Además, debe advertir que no participará en conductas que puedan asociar los actos del Congreso con una inclinación hacia la Iglesia católica o cualquier otro credo. Esta determinación se pronunció luego de analizar una acción de tutela presentada por Omar Franco Alberto Becerra, quien argumentó que la posesión presidencial no respetó el principio constitucional de neutralidad religiosa.

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¿Por qué el juez consideró que se vulneró la neutralidad religiosa del Estado en la posesión presidencial?

El juez determinó que la neutralidad religiosa del Estado se vio afectada debido a la inclusión de un espacio llamado "invocación y alabanza" y la presencia de representantes de tres sectores religiosos durante la ceremonia de posesión del presidente Abelardo De la Espriella. Según el fallo, aunque los funcionarios conservan su libertad religiosa, en calidad de autoridades tienen el deber de evitar asociar actos oficiales con algún credo, para preservar la separación entre Estado y religión.

¿Qué implica la orden de emitir una Directiva Presidencial sobre neutralidad religiosa?

La decisión judicial exige que el presidente Abelardo De la Espriella expida una Directiva Presidencial que ordene a todos los servidores públicos respetar y asegurar la neutralidad religiosa en todas sus actuaciones. Esta medida busca garantizar que, en el ejercicio de funciones oficiales, no se favorezca a ningún credo específico, como corresponde al principio constitucional que rige la relación entre Estado y religiones en Colombia.

El proceso de recuperación de Pereira incluye varias acciones, y el cierre de la avenida del Ferrocarril es una de las más relevantes, pues impacta tanto la seguridad como la movilidad urbana. Mauricio Vega López, director del Instituto de Movilidad de Pereira, explicó que avanzar en la recuperación de la movilidad es fundamental, pero sin poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Por esa razón, las autoridades han recomendado que quienes transitan entre Pereira y Dosquebradas planifiquen sus desplazamientos con suficiente antelación y que utilicen las rutas alternas sugeridas.

Entre las opciones recomendadas están la carrera séptima hasta la calle 13, especialmente ideal para quienes se dirigen hacia Cerritos o buscan conectar con la vía a Armenia. También se propone emplear la carrera once, que permite posteriormente tomar la carrera cuarta o la avenida del Río, dependiendo del destino final de cada conductor. Esta reorganización temporal se produce mientras el sistema Megabús avanza en su reactivación progresiva: tras la emergencia del terremoto, ya se realizaron pruebas operativas con rutas ajustadas a las nuevas condiciones viales y estructurales.

La ciudad, por su parte, ha emprendido la recuperación de otros corredores viales importantes. Las carreras cuarta, quinta, décima y duodécima, así como la avenida 30 de Agosto, ya se encuentran habilitadas, aunque existen sectores, en especial aquellos próximos a la plaza de Bolívar, que mantienen restricciones por la presencia de estructuras inestables que aún deben ser demolidas. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que es esencial respetar la señalización, hacer uso de las rutas alternas y mantener la paciencia durante este periodo de intervenciones. El objetivo final es recuperar la movilidad y apoyar la reanudación de la actividad comercial en Pereira.

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¿Cuáles son las rutas alternas por el cierre de la avenida del Ferrocarril en Pereira?

De acuerdo con las autoridades de movilidad de Pereira, los conductores que normalmente transitan por la avenida del Ferrocarril en sentido Dosquebradas–Pereira pueden tomar como alternativas la carrera séptima hasta la calle 13, ideal para quienes van hacia Cerritos o desean conectar con la vía a Armenia. Otra alternativa es la carrera once, desde donde luego se puede escoger entre la carrera cuarta y la avenida del Río, seleccionando el trayecto más acorde con el destino previsto.

¿Por qué fue necesario cerrar la avenida del Ferrocarril entre Dosquebradas y Pereira?

Según explicó El Diario y confirmó el Instituto de Movilidad de Pereira, el cierre de la avenida del Ferrocarril se debe a las labores de demolición de estructuras afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Esta acción busca eliminar riesgos tanto para conductores como peatones, y es un paso fundamental para poder reactivar de manera segura el sistema de transporte Megabús y normalizar la movilidad en la zona afectada.

La llegada del coronel Ferney Martín Romero implica asumir responsabilidades clave en materia de seguridad, prevención y la promoción de la convivencia ciudadana en los municipios del departamento del Tolima. Según informó la Policía Nacional, los nuevos mandos departamentales tienen el deber de reforzar la lucha contra diversas formas delictivas presentes en la región y consolidar una relación estrecha con las autoridades locales, para responder de manera más eficaz a las demandas de la ciudadanía.

El Tolima atraviesa actualmente una situación compleja en términos de seguridad, debido, en parte, a la presencia de fenómenos delictivos como la minería ilegal y varias estructuras que alteran la tranquilidad de distintas comunidades de la zona. En este escenario, una de las mayores tareas para el coronel Romero será mantener y mejorar los resultados de las operaciones policiales, además de fortalecer las iniciativas preventivas frente a la criminalidad en el departamento.

La Policía Nacional manifestó que el nuevo esquema organizacional está diseñado para consolidar un servicio "más profesional, cercano, transparente y efectivo", siempre teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los ciudadanos. En este marco, se enfatiza la importancia de la prevención, la lucha contra organizaciones criminales y el trabajo conjunto con otras entidades gubernamentales y locales.

Por el momento, la institución no ha revelado las razones específicas detrás de la salida del coronel John Ánderson Vargas ni ha presentado un balance detallado de su gestión al frente de la Policía del Tolima. La información oficial solo confirma que Ferney Martín Romero asume este nuevo desafío dentro de la reestructuración nacional.

¿Quién es el nuevo comandante de la Policía en Tolima, Ferney Martín Romero?

Ferney Martín Romero fue designado por la Policía Nacional como el nuevo comandante del Departamento de Policía Tolima, en sustitución de John Ánderson Vargas. Este nombramiento hace parte de una reestructuración institucional anunciada bajo el liderazgo del mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, quien dirige actualmente la Policía Nacional.

¿Cuáles son los desafíos de seguridad que enfrentará la Policía en Tolima?

El principal reto para la nueva comandancia de la Policía en Tolima es fortalecer la prevención, combatir diversas manifestaciones delictivas como la minería ilegal y mejorar la coordinación con autoridades locales. El objetivo es mantener la seguridad y tranquilidad en los municipios del departamento, según lo planteado en la reciente reorganización institucional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Según el reporte oficial conocido, 22.189 personas han sido registradas como damnificadas en el Registro Único de Damnificados (RUD). Además, se han identificado los daños en 31.999 familias gracias al Registro Único de Familias Evaluadas (RUFE), permitiendo focalizar la ayuda y priorizar acciones de respuesta. En cuanto a la infraestructura, el Distrito informó que se realizaron visitas técnicas especializadas a 1.198 edificaciones, que permitieron diagnosticar las condiciones específicas tras el movimiento telúrico. De estas, 24 construcciones presentan colapso total y 365 han sufrido colapso parcial, según la información suministrada por el Distrito. El nuevo conteo solo toma en cuenta evaluaciones especializadas, motivo por el cual el número de edificaciones visitadas pasó de 1.412 a 1.198 tras aplicar la metodología actualizada.

En el análisis de habitabilidad, 312 edificaciones han sido catalogadas como habitables, 543 como no habitables —es decir, no se puede residir allí— y 315 presentan uso restringido, de acuerdo con las autoridades locales. En cuanto a las personas desaparecidas, el reporte indica que aún se busca a 22 individuos, proceso liderado por la Cruz Roja Colombiana, que valida la información junto a entidades como Medicina Legal y las familias afectadas. Este número podría modificarse en la medida en que avanza la verificación de los casos.

Sobre las víctimas mortales, Medicina Legal comunicó la entrega oficial de los cuerpos de las 154 personas fallecidas a sus familias, cerrando ese proceso doloroso. En lo referente a los heridos, 149 personas permanecen en atención o seguimiento dentro de la red de salud, mientras que 1.354 ya recibieron el alta médica, tras una validación que partió de un estimado inicial de 1.657 heridos. En materia de ayuda humanitaria, se han distribuido 447,5 toneladas de asistencia y gestionado alojamiento temporal para 437 personas. Asimismo, 1.100 miembros del personal de atención y rescate permanecen activos en las acciones que buscan la recuperación total de la ciudad.

El balance de animales de compañía también fue incluido: 36 fallecieron, 410 fueron reportados como desaparecidos, 227 rescatados y 110 entregados en adopción, sumando otra dimensión de esta emergencia que ha afectado a las familias caleñas.

¿Cuántas familias han sido identificadas con daños tras el sismo en Cali?

De acuerdo con el informe oficial de la Alcaldía de Cali, a través del Registro Único de Familias Evaluadas (RUFE) se identificaron daños en 31.999 familias, permitiendo así priorizar la atención y ayuda a quienes sufrieron mayores afectaciones luego del movimiento telúrico del 10 de agosto.

¿Qué significa uso restringido en edificaciones evaluadas por daños del sismo?

La denominación 'uso restringido' hace referencia a edificaciones que, tras la evaluación técnica especializada, pueden ser utilizadas solo bajo ciertas condiciones y no permiten una ocupación plena o segura. Esto implica restricciones específicas para proteger la integridad de los ocupantes mientras se determina una solución definitiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Durante el operativo se destruyeron o incineraron dos retroexcavadoras de la marca Komatsu, dos motores Cummins, una clasificadora metálica y 300 galones de ACPM (Aceite Combustible para Motores), insumos esenciales en las actividades mineras ilícitas. De acuerdo con el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada, el golpe propinado a la economía de las disidencias tuvo impacto inmediato: "Con esta operación se propinó un contundente golpe a las finanzas criminales del Bloque Central Comandante Isaías Pardo, Comisión Gerónimo Galeano, con una afectación directa de 1.200 millones en maquinaria", expresó el oficial. Además, la intervención evitó la extracción estimada de 6.000 gramos de oro, valorados en más de $2.513 millones, recursos que, según el Ejército, habrían servido para fortalecer el accionar armado en Tolima.

La operación dejó en evidencia daños ambientales significativos en las veredas San Diego y Aguayo, donde se calcula una profunda degradación de la capa vegetal, remociones extensivas del subsuelo y contaminación de fuentes hídricas. Estos impactos han sido parte de la preocupación de las autoridades, que en reiteradas ocasiones han advertido sobre los costos ambientales de la minería ilegal.

El coronel Arnold Pérez reiteró que la Sexta Brigada mantendrá las operaciones de estabilidad en el sur del Tolima, dirigidas tanto a combatir los factores de inestabilidad como a proteger los recursos naturales de la región. La comisión Gerónimo Galeano ha sido identificada por las autoridades como responsable de recientes ataques contra la fuerza pública en el sur del departamento, incidentes que han dejado muertos y heridos, además de vehículos de transporte afectados.

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¿Qué impacto tiene la minería ilegal de oro en Tolima para las autoridades?

La minería ilegal en Tolima representa un reto constante para las autoridades, no solo por su vinculación directa con el financiamiento de grupos armados como la comisión Gerónimo Galeano de las disidencias de las FARC, sino también por el daño económico y ambiental que implica. De acuerdo con el Ejército Nacional, las operaciones contra estos complejos ilegales buscan frenar tanto el fortalecimiento de estructuras armadas como el deterioro del entorno natural.

¿Cuáles son las consecuencias ambientales de la minería ilegal en el sur del Tolima?

Según información de la Sexta Brigada del Ejército, la minería ilegal en las veredas San Diego y Aguayo ha causado graves daños ambientales: degradación irreversibles en la capa vegetal, remoción agresiva del subsuelo y contaminación de fuentes hídricas, lo que afecta directamente la biodiversidad y los recursos naturales del sur del Tolima.

La permanencia de System Cars a lo largo de casi tres décadas implica también atravesar importantes retos. Uno de los más recientes tiene que ver con la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, una obra que ha afectado especialmente la movilidad y los accesos vehiculares, condiciones clave para un negocio enfocado en atender automóviles y conductores en la ciudad. Como lo expone Henry Pérez Martín, este proceso de transformación representa un reto para los comerciantes del sector, pero es consciente de la importancia de adaptarse para seguir adelante.

En palabras de Henry Pérez Martín: “Sabemos que el Metro es un proyecto muy importante para Bogotá y que, a futuro, va a traer una mejor calidad de vida para muchas personas. Como comerciantes entendemos que una obra de esta magnitud genera transformaciones y retos mientras se construye. Para nosotros ha sido importante seguir adelante y adaptarnos a estos cambios, pero también esperamos que nuestros clientes puedan continuar teniendo acceso a nuestros negocios, porque ellos son fundamentales para que podamos seguir creciendo y prestando nuestros servicios”. Así lo reseña la fuente oficial consultada.

El testimonio de Henry condensa la perspectiva de quienes, a pesar de ver alteradas sus rutinas comerciales, eligen continuar apostando por su entorno y enfrentan los desafíos de una ciudad que evoluciona con grandes proyectos de infraestructura. Para System Cars, la clave ha sido mantener el contacto con los clientes y buscar formas de adaptarse a los cambios de su entorno inmediato.

Tras 27 años, System Cars no solo resiste, sino que sigue haciendo parte activa del tejido comercial de Santa Isabel, demostrando que la resiliencia y la adaptación son factores fundamentales para la longevidad de los negocios locales en medio de grandes transformaciones urbanas, según lo reportado por Bogotá Mi Ciudad Mi Casa.

¿Cómo afecta la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá a los negocios de Santa Isabel?

De acuerdo con el testimonio de Henry Pérez Martín y la reseña de Bogotá Mi Ciudad Mi Casa, la edificación de la Línea 1 del Metro de Bogotá genera transformaciones directas en la movilidad y en los accesos vehiculares, lo que representa un reto para los establecimientos comerciales de Santa Isabel, quienes dependen de la facilidad para recibir clientes y sostener sus operaciones durante el tiempo que duren las obras.

¿Por qué la resiliencia es clave para los negocios en zonas de transformación urbana?

Como lo evidencia la experiencia de System Cars, la resiliencia –entendida como la capacidad de adaptarse y persistir ante cambios adversos– resulta vital para los comercios ubicados en zonas impactadas por grandes proyectos urbanos. Mantenerse cerca de los clientes y ajustar sus operaciones permite a estos negocios seguir siendo relevantes y sostenibles durante largas etapas de transformación.

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El listado preliminar de quienes estrenarán este riguroso confinamiento en altamar lo encabezan figuras de alta peligrosidad como Digno Palomino, señalado como máximo líder y fundador de la estructura criminal ‘Los Pepes’ en Barranquilla; el temido extorsionista alias ‘El Negro Ober’, cabecilla de ‘Los Rastrojos’ en la costa Caribe; y el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, quien ya cuenta con antecedentes de reclusión temporal en un buque militar antes de su extradición a Estados Unidos en el año 2007.

La decisión gubernamental responde al propósito de cortar de tajo la criminalidad operada desde las cárceles tradicionales. Al respecto, el presidente Abelardo De La Espriella advirtió durante un acto oficial con la nueva cúpula militar: “A los bandidos como alias ‘Miquito’, ‘Caballo’, ‘El Primo’, ‘Hormiga’, ‘Huequito, el ‘Negro Ober’, ‘Pequeño’, se les acabó la fiesta. Van para cárceles de verdad, alejados de la sociedad”.

Las condiciones para quienes ocupen las denominadas “cárceles flotantes” serán de máxima severidad. Los reclusos seleccionados permanecerán confinados en camarotes adaptados como celdas, bajo la premisa de estar esposados de manera permanente, con acceso únicamente a 16 elementos básicos de aseo personal y limitados a un permiso de tan solo 20 minutos de sol al día. Para garantizar la custodia de estos perfiles de alto riesgo, la Armada Nacional dispuso de cuatro embarcaciones de guerra medianas: el ARC Almirante Padilla, el ARC Caldas, el ARC Antioquia y el ARC Independiente.

Paralelamente a la implementación de este esquema marítimo, el Ejecutivo ordenó redoblar los controles en los centros penitenciarios terrestres a cargo del Inpec. La administración ratificó además que mantiene su postura de no entablar diálogos con organizaciones criminales, respaldando la medida con la firma de treinta órdenes de extradición hacia el exterior durante los primeros 17 días de mandato.

Ese trágico día, ambos avanzaban en motocicleta cuando un becerro apareció súbitamente sobre la carretera. El impacto fue inminente y justamente Mendoza Rivas llevó la peor parte. Según la información, tras el accidente fue trasladado en primera instancia al hospital San José de Ortega; no obstante, debido a la gravedad de sus heridas, tuvo que ser remitido a la clínica Asotrauma de Ibagué, donde permaneció hospitalizado varios días bajo el cuidado de médicos especializados. Durante ese tiempo, sus familiares y allegados mantuvieron la esperanza de que, pese a la severidad de las lesiones, Faber Leonardo pudiera recuperarse. Lamentablemente, la magnitud del accidente provocó que no resistiera y su fallecimiento se confirmó en la noche anterior a la publicación de los hechos.

En contraste, su hermano Cristian Mendoza Rivas, quien lo acompañaba la noche del suceso, no presentó lesiones de gravedad y pudo superar el incidente físicamente ileso. La noticia ha conmocionado a la comunidad de Ortega y sus zonas rurales, pues Mendoza Rivas era una figura reconocida y querida. Amigos y vecinos lo recuerdan por su oficio como domador y por su cercanía con quienes compartían su día a día, subrayando los valores de trabajo y honestidad que caracterizaban su vida.

Este no es un hecho aislado en el corredor vial entre Guamo y Ortega. Según consta en la información recopilada, recientemente dos estudiantes del municipio de Ortega también sufrieron un accidente en circunstancias similares al chocar con una vaca cuando se dirigían a presentar las pruebas Icfes. Ambos resultaron lesionados, lo que evidencia la frecuencia de la presencia de animales en la vía y la peligrosidad que representa para quienes transitan por el sector.

¿Por qué los accidentes con animales en la vía son frecuentes en la ruta Guamo-Ortega?

Los accidentes con animales en la vía Guamo-Ortega han sido recurrentes, como se evidencia en el caso de Faber Leonardo Mendoza Rivas y el reciente incidente con dos estudiantes. La presencia de animales sueltos en el corredor vial constituye un riesgo permanente para motociclistas y conductores, siendo uno de los principales factores que desencadenan este tipo de situaciones en la región.

¿Quién era Faber Leonardo Mendoza Rivas y cómo lo recuerdan en Ortega?

Faber Leonardo Mendoza Rivas era residente de la vereda Palermo en Ortega y trabajaba como domador de caballos. Reconocido por su labor, solidaridad y cercanía con la comunidad, fue recordado por familiares y amigos como un hombre trabajador y entregado a su oficio, cuya ausencia ha dejado una huella significativa en el municipio.

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El uniformado fue identificado como Edilberto Pinilla Cárdenas, de 39 años, quien llevaba nueve años vinculado a la institución y era padre de familia.

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Los hechos se desencadenaron después de que las autoridades iniciaran la búsqueda de los posibles responsables de un triple homicidio ocurrido horas antes en el sector de La Carbonera.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los asesinatos estarían relacionados con disputas por el tráfico de estupefacientes. A raíz de estas hipótesis, integrantes de la Sijín comenzaron labores de búsqueda, seguimiento y verificación para localizar a los sospechosos.

Sin embargo, cuando los uniformados adelantaban el procedimiento en el barrio Divino Niño, fueron atacados con armas de fuego. La agresión desencadenó un intercambio de disparos en el que Pinilla Cárdenas recibió un impacto de bala.

El intendente fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario de Bogotá, pero pese a la atención médica recibida, murió debido a la gravedad de las heridas.

“Hubo intercambio de disparos y lamentablemente uno de nuestros policías es impactado y posteriormente muere en el hospital”, confirmó el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El oficial también expresó su solidaridad con los familiares del uniformado fallecido. “La Policía Nacional se solidariza con la familia del señor intendente Pinilla Cárdenas”, manifestó.

Tras el enfrentamiento, las autoridades desplegaron un operativo de reacción en diferentes puntos del sur de Bogotá. Como resultado de estas acciones, tres personas fueron capturadas y se produjo la incautación de tres armas de fuego que, según las autoridades, estarían relacionadas con el ataque contra los policías.

Además, se activó un plan candado para impedir la fuga de otros posibles involucrados. Mientras se desarrollaban las capturas, funcionarios del CTI de la Fiscalía y miembros de la Policía permanecieron en la zona adelantando la recolección de elementos materiales probatorios.

Las autoridades también revisan las cámaras de seguridad instaladas en el sector con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y establecer si hubo más personas involucradas.

La muerte del intendente Pinilla Cárdenas no frenará, según la Policía, las investigaciones relacionadas con los tres asesinatos ocurridos previamente en La Carbonera.

Los uniformados continúan buscando a los demás sospechosos que estarían relacionados con el triple homicidio y con el ataque contra los integrantes de la institución.

“Todas nuestras capacidades institucionales están volcadas en continuar con la captura de los otros delincuentes”, aseguró el brigadier general Cristancho.

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El comandante también afirmó que la institución mantendrá los operativos contra las estructuras delincuenciales que operan en la zona.

“No vamos a parar todas las actividades policiales, no vamos a dejarnos meter miedo y vamos a enfrentar a estos delincuentes de forma contundente”, sostuvo.

La investigación ahora busca determinar quiénes participaron en el triple homicidio, establecer las circunstancias exactas del ataque contra los policías y determinar si las tres personas capturadas tendrían relación directa con ambos hechos.

Hasta hace pocos días, Delgado se desempeñaba como secretario privado del general William Rincón, entonces director de la Policía, y había acompañado al mandatario durante sus desplazamientos a zonas afectadas por el terremoto.

Según fuentes consultadas por El Tiempo, Delgado fue llamado por Talento Humano de la Policía debido a restricciones que tenía para portar armas y ejercer cargos operativos.

El oficial aparece mencionado en una investigación por presunto tráfico de influencias, relacionada con otro proceso por tráfico de municiones, armas y explosivos, en el que varios policías han sido capturados, añadió ese diario.

El expediente señala que Delgado habría realizado una llamada para interceder por uniformados involucrados en un caso ocurrido en Guasca, Cundinamarca, resalta ese periódico.

También se investiga un episodio relacionado con el uso irregular de munición oficial en polígonos donde participaban particulares, apuntó ese medio.

La situación genera cuestionamientos sobre por qué el coronel fue asignado a funciones cercanas al presidente De la Espriella pese a las restricciones existentes y a las investigaciones en curso.

Durante su paso por el Gobierno, sin embargo, se destacó su desempeño durante la campaña presidencial y su trayectoria dentro de la Policía. El Tiempo informó que intentó obtener su versión, pero no recibió respuesta alguna.

Esas son algunas de las preguntas que planteó Daniel Muñoz durante una entrevista en La Red Viral con el periodista Florencio Sánchez, quien reveló la existencia de dos exámenes realizados a Graham en 2021 con resultados contradictorios.

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El caso adquiere un giro todavía más inquietante por las personas que aparecen alrededor de esta historia. Alicia era esposa del reconocido economista Juan de Bedout, quien sostuvo una relación extramatrimonial con Zulma Guzmán, señalada dentro de la investigación por el caso de las frambuesas contaminadas con talio que provocaron la muerte de dos jóvenes en Bogotá en abril de 2025.

La coincidencia que ahora genera nuevas preguntas es estremecedora: Alicia Graham también habría tenido talio en su organismo años antes de aquella tragedia.

El viaje a Italia:

Uno de los momentos que más interrogantes generó durante la conversación fue cuando Muñoz puso sobre la mesa el viaje que Graham realizó a Italia junto con su esposo.

Según la familia Graham, Alicia había padecido cáncer y posteriormente viajó a Europa. Tras ese viaje, regresó a Colombia en un estado de salud tan delicado que tuvo que ser internada en la Fundación Santa Fe.

La pregunta de Daniel es inevitable: si posteriormente apareció talio en su organismo, ¿Quién se lo habría suministrado mientras estaba en Italia? Sánchez dejó claro que esa respuesta todavía no existe y que corresponde a la Fiscalía establecer qué ocurrió.

El periodista recordó además que Graham ya habría presentado anteriormente una intoxicación, lo que aumenta los interrogantes sobre quién podía tener acceso a ella y cómo habría sido suministrada la sustancia.

Florencio reveló dos exámenes que llegaron a sus manos y asegura que durante la hospitalización se practicaron esas dos pruebas para detectar talio. La primera resultó negativa y sí quedó incorporada a la historia clínica.

Pero una médica habría insistido ante los síntomas de la paciente y ordenó un segundo análisis. La muestra fue tomada el 3 de agosto de 2021, cuatro días después.

Según el documento revelado por Sánchez, el segundo examen fue positivo para talio y registró una concentración de 672,9168. De acuerdo con los especialistas consultados por el periodista, se trataría de una exposición elevada.

Sin embargo, ese resultado no apareció en la historia clínica de Alicia Graham.

Aquí surge una de las preguntas centrales planteadas por Daniel Muñoz: ¿Quién no quería que ese examen llegara a la clínica? ¿Fue simplemente una falla en el manejo de la información o alguien lo ocultó?

No existe, hasta ahora, una respuesta que permita asegurar que alguien lo escondió deliberadamente. La Fiscalía deberá determinar qué ocurrió.

La importancia del documento es enorme. Sánchez explicó que, de haberse conocido el resultado positivo, los médicos habrían podido activar una alerta ante una posible muerte violenta o no natural.

Alicia murió el 17 de agosto de 2021, después de permanecer 18 días hospitalizada. Su fallecimiento al parecer, fue asociado entonces con la enfermedad que había padecido, es decir, cáncer.

Después ocurrió otro hecho que ahora cobra especial importancia: su cuerpo fue cremado.

“¿Quién ordena cremar el cuerpo?”, preguntó Muñoz. Florencio respondió que él no tiene el dato exacto. Por lo que Daniel concluyó que hoy no existe un cuerpo que pueda ser sometido a nuevos análisis forenses.

Durante la entrevista, en La Red Viral, se recordó que Guzmán fue amante de Juan de Bedout. Sánchez explicó que ella misma le reconoció aquella relación en una entrevista previa y relató que la atracción entre ambos comenzó durante un evento en Cartagena años atrás.

Y ahí aparece la coincidencia que vuelve el caso todavía más desconcertante: años después, el talio aparece relacionado con distintas tragedias dentro del mismo entorno familiar.

La señora Graham murió en 2021. En abril de 2025, su hija murió intoxicada con talio tras consumir frambuesas contaminadas. Otra joven también falleció y otro hijo de Juan de Bedout resultó intoxicado, aunque sobrevivió.

Sánchez insistió en que no está probado que Guzmán haya participado en la muerte de Alicia Graham y que cualquier responsabilidad deberá ser establecida por las autoridades.

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Sin embargo, durante la entrevista también se mencionó el hallazgo de dos frascos con talio, guantes y un disfraz en el casillero 314 del Club El Nogal, que, según Sánchez, estaba relacionado con Guzmán.

Zulma permanece detenida en el Reino Unido mientras avanza el proceso para determinar su eventual extradición a Colombia.

Preguntas que, por ahora, siguen sin una respuesta judicial definitiva y que ponen nuevamente bajo la lupa una muerte ocurrida en 2021 que inicialmente no despertó las sospechas que genera hoy.

Concretamente, la Gerencia de Acueducto de Emcali adelantará maniobras orientadas a la reposición de válvulas y la optimización de redes en zonas determinadas de la capital del Valle. En la zona de Aguacatal, comuna 1, y en tramos específicos comprendidos entre la avenida 4 Oeste y la avenida 15 Oeste (incluyendo las calles 6 Oeste a 11 Oeste, y desde la avenida 11 hasta la avenida 12 Oeste con calle 11 Oeste), la suspensión del servicio de agua potable se prolongará por espacio de 12 horas, desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., de acuerdo con Emcali.

En paralelo, se efectuarán labores de optimización de redes en otros sectores de Cali, específicamente en Kachipay y Ciudad Vivero —en la zona de expansión sur, comprendida entre la calle 53 y la calle 61, y desde la carrera 102 hasta la 109— así como en sectores de la carrera 109 a la 118A, de la calle 60 a la 61, y en el barrio Santa Isabel, comuna 19, sobre la calle 4B entre carreras 36 y 37. En estas áreas, el corte de agua está programado de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. Emcali sugiere abastecerse previamente para no perjudicar actividades básicas en los hogares afectados, como la alimentación y el aseo.

Además de los barrios mencionados, otros sectores también se verán afectados: Aranjuez (calle 19 con Transversal 19), Laureano Gómez (calle 53 # 33-88), Panamericano (calle 13 # 46-04), Colseguros (carrera 29 A1 # 10 A 143) y La Flora (carrera 38 norte con avenida 6). Por otra parte, se adelantarán trabajos especiales de acueducto en Juanchito, Siloé sector La Playita, Ciudad Capri (zona golpeada por un reciente movimiento telúrico), Las Ceibas, Los Libertadores, Nueva Floresta y Santa Mónica Residencial, donde cuadrillas trabajan en la reparación de daños o tuberías de gran diámetro.

Emcali enfatiza la importancia de la comprensión y colaboración de la ciudadanía frente a estos trabajos, necesarios para mejorar los servicios y garantizar la seguridad de las infraestructuras.

¿Qué barrios de Cali tendrán suspensión del servicio de agua este jueves?

Los barrios que experimentarán cortes de agua el jueves incluyen Aguacatal, Kachipay, Ciudad Vivero, Santa Isabel, Aranjuez, Laureano Gómez, Panamericano, Colseguros y La Flora. Adicionalmente, se realizarán trabajos especiales en lugares como Juanchito, Siloé sector La Playita, Ciudad Capri, Las Ceibas, Los Libertadores, Nueva Floresta y Santa Mónica Residencial, según detalles entregados por Emcali en comunicación recogida por Noticiero 90 Minutos.

¿Cuánto durarán los cortes de agua en los diferentes sectores de Cali?

Las suspensiones del servicio de agua tendrán una duración de 12 horas en la mayoría de los sectores, por ejemplo, en Aguacatal será desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., mientras en Kachipay, Ciudad Vivero y Santa Isabel se extenderán de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. Estas medidas buscan facilitar los trabajos de reposición de válvulas y optimización de redes, de acuerdo con la información oficial de Emcali.

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De acuerdo con la información oficial reportada por la Estación de Policía de Dolores, los agentes acudieron al llamado acompañados por miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Al llegar al lugar señalado, encontraron a los dos hombres en pleno desarrollo de las actividades denunciadas, lo que permitió su captura en flagrancia —es decir, en el momento mismo del acto criminal— por el delito de incendio. La motosierra hallada fue decomisada como parte de la evidencia del caso.

Luego de las diligencias iniciales, tanto los detenidos como el instrumento incautado quedaron bajo custodia de la Fiscalía 47 Local de Dolores. Se adelantó su presentación ante un juez mediante audiencia virtual, escenario judicial donde se determinará en las próximas horas la situación jurídica de los implicados, conforme a los procedimientos legales vigentes.

Ante estos hechos, las autoridades han reiterado el llamado de prevención frente a prácticas como las quemas e incendios controlados, especialmente en temporadas críticas para los recursos naturales. El coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, enfatizó: “Hacemos un llamado a la comunidad a abstenerse de realizar quemas o incendios controlados, teniendo en cuenta el riesgo que estas prácticas representan para la vida, la fauna, la flora y los recursos naturales”. Además, instó a la ciudadanía a reportar cualquier situación que pueda afectar el medio ambiente a través de la línea 123 o ante la patrulla de Policía más cercana. El oficial aseguró que se garantiza absoluta reserva a quienes informen sobre hechos que amenacen los ecosistemas.

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¿Por qué la quema controlada representa un riesgo para la flora y la fauna de Tolima?

Las fuentes oficiales citadas advierten que realizar quemas, incluso supuestamente controladas, implica graves amenazas para la vida, la fauna y la flora, ya que pueden salirse de control y desencadenar incendios forestales perjudiciales para los ecosistemas locales, afectando el equilibrio natural y poniendo en peligro diversas especies.

¿Qué procedimiento sigue la Fiscalía tras una captura por incendio en zona rural?

Luego de la captura en flagrancia y la incautación de elementos como la motosierra, las autoridades remiten a los capturados ante la Fiscalía, que coordina la presentación ante un juez por medio de audiencia virtual, donde se determinará su situación jurídica, conforme a lo indicado por la Fiscalía 47 Local de Dolores.

Según la investigación, el asesinato habría sido planeado por el medio hermano de Liz Marian y su madre, quienes presuntamente buscaban quedarse con un millonario patrimonio. La hipótesis de las autoridades sostiene que el crimen no fue producto del azar, sino que habría existido una planificación para eliminar a la víctima y posteriormente acceder al control de sus bienes.

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La escena del crimen y los elementos recopilados durante la investigación permitieron a las autoridades avanzar hacia los familiares de la psicóloga como presuntos responsables intelectuales. Así, lo que inicialmente parecía un homicidio cometido por un desconocido terminó convertido en una investigación que puso el foco dentro del propio núcleo familiar.

El caso también abrió una pregunta que sigue generando indignación: ¿Cómo es posible que, pese a las pruebas recopiladas durante el proceso, los señalados continúen en libertad?

Los acusados quedaron en libertad por vencimiento de términos, una figura jurídica que opera cuando transcurren los plazos establecidos para mantener a una persona privada de la libertad mientras avanza el proceso judicial, sin que esto signifique que hayan sido declarados inocentes.

La situación resulta aún más polémica para la familia de Liz Marian porque, de acuerdo con la información del caso, los señalados continúan administrando los bienes relacionados con el patrimonio que habría motivado el crimen. Es decir, mientras la justicia intenta establecer responsabilidades definitivas por el asesinato, quienes aparecen vinculados a la investigación mantienen el control de los bienes.

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A siete años del homicidio, el caso de Liz Marian Rengifo sigue marcado por interrogantes sobre quién ordenó su muerte, cuál fue el verdadero móvil y qué ocurrió con su patrimonio después de su asesinato.

La historia expone una de las caras más oscuras de los conflictos familiares: cuando el dinero y la ambición pueden terminar convirtiendo a los seres más cercanos en los principales sospechosos de una tragedia. Para sus allegados, la lucha ahora no solo es por esclarecer el crimen, sino también por recuperar la justicia y determinar qué sucedió realmente con los bienes de la psicóloga asesinada.

De acuerdo con información de El Espectador, durante el acto, el presidente De la Espriella enfatizó la orientación que tendrán las fuerzas bajo su gobierno. Manifestó que el propósito central es alcanzar la paz, pero no a través de negociaciones con organizaciones delincuenciales, sino mediante el uso de la fuerza legítima del Estado y el cumplimiento estricto de las leyes. En palabras del mandatario, se trata de “la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República”, marcando así una postura clara frente a procesos de diálogo y negociación con grupos armados ilegales.

El mandatario además lanzó una advertencia directa: ningún oficial tiene autorización para establecer contactos con grupos terroristas y quien incurra en esa falta será llevado ante los tribunales. Lo anterior se suma al compromiso de fortalecer la extradición de criminales, procedimiento que, según lo expuesto por De la Espriella, ha sido aplicado en por lo menos 30 casos durante los primeros 17 días de su administración; la extradición, explicó, solo se efectúa cuando se agotan los trámites y plazos legales correspondientes.

La nueva estructura de mando incluye al general (r) Jorge Eduardo Mora López como ministro de Defensa, el mayor general Erick Rodríguez Aparicio como comandante general de las Fuerzas Militares y el general Carlos Carrasquilla como jefe de Estado Mayor Conjunto. También asumieron el general José Bertulfo Soto en el mando del Ejército Nacional, el almirante Javier Alfonso Pinilla en la jefatura de la Armada Nacional, el general Juan Jaime Martínez Sosa en la Fuerza Aeroespacial y el general Jesús Alejandro Barrera Peña en la dirección de la Policía Nacional. El relevo se produjo ante la presencia de la cúpula saliente y bajo la expectativa de un enfoque de mano dura frente a los grupos armados ilegales, además del desafío de continuar con el ritmo de extradiciones y definir la política respecto a los diálogos de paz, actualmente suspendidos.

¿Qué cambios trae la nueva cúpula militar y policial que posesionó Abelardo de la Espriella?

La renovación de la cúpula dirigida por Abelardo de la Espriella representa un giro hacia una política de seguridad más estricta, centrada en el uso de la fuerza y la ley frente a los grupos armados ilegales. Los nuevos altos mandos, designados para liderar el Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, asumen la responsabilidad con el mandato claro de evitar negociaciones con organizaciones criminales y sostener un ritmo elevado de extradiciones, tal como lo expresó el presidente durante la ceremonia.

¿Por qué el presidente De la Espriella prohíbe a los oficiales comunicarse con grupos terroristas?

La directriz de prohibir todo contacto entre oficiales y grupos terroristas busca evitar filtraciones, pactos extralegales o cualquier intento de negociación por fuera de las instituciones del Estado. De la Espriella advirtió que cualquier funcionario que infrinja esta orden enfrentará procesos judiciales, enmarcando así su estrategia de seguridad en el endurecimiento de controles y la legalidad como vía exclusiva para abordar el conflicto con actores armados.

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El operativo permitió además la captura de dos personas, señaladas como presuntas responsables del delito de secuestro simple.

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De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría llegado a Neiva para participar en una supuesta negociación relacionada con la compra y venta de ganado. El encuentro inicialmente se habría realizado en un centro comercial de la ciudad, pero posteriormente la víctima habría sido retenida y amenazada.

El caso llegó a conocimiento de las autoridades a través del Centro Automático de Despacho, 123, desde donde se alertó a las patrullas de vigilancia sobre un vehículo gris que se movilizaba por el sector de la avenida Max Duque y en cuyo interior, presuntamente, era trasladada una persona contra su voluntad.

El Plan Candado permitió interceptar el vehículo

Con las características suministradas, las unidades policiales iniciaron la búsqueda del automotor y activaron un Plan Candado en el sur de la ciudad. Minutos después, el vehículo que coincidía con la descripción fue ubicado e interceptado en la vía hacia el corregimiento de El Caguán.

Durante la verificación, uno de los ocupantes manifestó a los uniformados que se encontraba retenido contra su voluntad y señaló a dos de las personas que viajaban con él como los presuntos responsables. Ante esta situación, los policías procedieron a capturar a los dos ciudadanos.

La Policía informó que el procedimiento se desarrolló en el marco del Plan Cazador y que los detenidos deberán responder, inicialmente, por el presunto delito de secuestro simple, contemplado en el artículo 168 del Código Penal Colombiano.

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Dos capturados quedaron a disposición de la justicia

Tras la captura, los dos señalados fueron informados de sus derechos y puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de definir su situación jurídica.

Las investigaciones deberán establecer ahora las circunstancias en las que se produjo el encuentro entre el ganadero y los hoy capturados, así como determinar si la supuesta negociación de ganado habría sido utilizada como un engaño para retener a la víctima.

El rápido operativo permitió frustrar el presunto secuestro y rescatar al ganadero antes de que fuera trasladado fuera del área urbana de Neiva.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información para esclarecer completamente los hechos y determinar si otras personas habrían participado en el caso.

La gravedad del desastre crece ante la sospecha de que estos incendios fueron provocados de manera intencional, lo que activa mecanismos judiciales estrictos. El artículo 350 del Código Penal colombiano estipula que quien cause incendios enfrentará penas entre 16 y 144 meses de cárcel, además de multas equivalentes a unos 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la destrucción incluye daño severo a ecosistemas o fauna, el delito se tipifica como ecocidio, ampliando el castigo hasta 15 años de prisión y sanciones económicas que pueden alcanzar varios miles de millones de pesos. Además, la ley obliga a los responsables a participar en programas de restauración ambiental, enfocados en acciones como reforestación, recuperando la justicia restaurativa como herramienta contra el daño ecológico.

Los responsables todavía no han sido identificados, pero las autoridades sostienen hipótesis sobre la coordinación de estas acciones delictivas. El alcalde de Coello, Santiago Herrera, denunció ante Blu Radio un patrón de sabotaje, con focos de incendio reactivados repetidamente y ataques sincronizados que incluso han puesto en peligro infraestructuras clave, como gasoductos. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, sugirió posibles vínculos con disidencias de las FARC, mientras sobrevuelos muestran la aparición de humo en zonas sin calor previo, lo cual sugiere métodos deliberados como la combustión fósil.

La respuesta estatal ha sido contundente. La gobernadora Adriana Magali Matiz interpuso denuncia penal ante la Fiscalía General, respaldada con pruebas técnicas. Paralelamente, el presidente Abelardo De la Espriella ordenó reforzar la Fuerza Pública y solicitó cooperación internacional, advirtiendo mano dura contra los autores intelectuales y materiales de estos hechos, con el objetivo de asegurar que los crímenes ambientales no queden sin castigo.

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¿Cuáles son las consecuencias penales por provocar incendios forestales en Colombia?

En Colombia, la persona que provoque un incendio puede enfrentar sanciones penales relevantes, que incluyen desde 16 hasta 144 meses de prisión y una multa aproximada equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si el daño es mayor y afecta ecosistemas o fauna, el hecho se tipifica como ecocidio, con castigos de hasta 15 años y multas de varios miles de millones de pesos, según el artículo 350 del Código Penal, de acuerdo con Noticias Caracol.

¿Por qué las autoridades sospechan que los incendios en Tolima son provocados?

Las autoridades consideran que los incendios en Tolima fueron provocados por la aparición de focos de fuego en zonas frías y apartadas sin evidencia de calor previo, reactivación deliberada de conflagraciones y patrones de sabotaje que obstaculizan el trabajo de los cuerpos de socorro. De acuerdo con el alcalde de Coello y el ministro del Interior, estos hechos podrían responder a estrategias coordinadas para desestabilizar la institucionalidad, incluso sugiriendo participación de disidencias armadas.

El evento se desarrolló en un ambiente inicialmente pacífico. El alcalde, quien desde temprano compartió un almuerzo y participó activamente en la jornada, relató que la situación cambió al final de la inauguración. "Cuando ya estábamos finalizando el evento, pues yo estaba ya culminando mi intervención, cuando llegaron en motos", narró. Los hombres armados identificaron a los escoltas, los obligaron a tirarse al suelo y les quitaron las armas. Sin embargo, según aclaró Hueje Rivera, no le apuntaron a él directamente, sino que le solicitaron acercarse para entregarle un mensaje.

La estructura ilegal responsable se identificó como Gerónimo Galeano y afirmó que su presencia se debía a supuestas citaciones previas, que el alcalde asegura desconocer. Además, mencionaron nombres de algunos presuntos comandantes, información nuevamente ajena para el mandatario. Cabe resaltar que en el pasado, Hueje Rivera había recibido amenazas, pero atribuidas a otra facción de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), específicamente el frente Ismael Ruiz, tanto en 2024 como el año anterior. Frente a este nuevo grupo, sin embargo, no tenía registros ni de amenazas ni de citaciones.

El alcalde destacó la complejidad geográfica y estratégica del municipio: Planadas limita con los departamentos de Huila, Cauca y Valle del Cauca, una condición que, sumada a su geografía montañosa, facilita el movimiento de grupos armados rurales. Tras el acuerdo de paz, la zona experimentó una tranquilidad relativa, pero hechos recientes, como la quema de un bus y la retención de un campero de Cointrasur, reflejan el deterioro de la seguridad.

Finalmente, Hueje Rivera hizo un llamado para alertar sobre la situación en el sur del Tolima, enfatizando la importancia de dar visibilidad a estos episodios que comprometen la estabilidad regional.

¿Qué grupo armado ilegal intimidó al alcalde de Planadas?

Según la información aportada por Juan Camilo Hueje Rivera en Noticias Caracol, la intimidación fue perpetrada por una estructura ilegal que se identificó como Gerónimo Galeano. El grupo aseguró al alcalde que había sido citado previamente, a pesar de que él negó conocer de esas supuestas convocatorias.

¿Cómo afectan los grupos armados ilegales la seguridad en el sur del Tolima?

De acuerdo con el testimonio del mandatario y el contexto entregado a Noticias Caracol, la presencia de grupos armados ilegales en el sur del Tolima dificulta mantener el orden público, especialmente por la ubicación estratégica y geografía del municipio de Planadas, que facilita el tránsito de estructuras armadas por zonas rurales.

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La reactivación de las clases presenciales depende, principalmente, de la seguridad estructural de los planteles, tras evaluaciones exhaustivas de la infraestructura. En las sedes que han sido declaradas seguras, el inicio presencial es paulatino. Así, cada territorio ha aplicado soluciones distintas para garantizar el derecho a la educación.

En Cali, una de las zonas más golpeadas por el temblor, el 97 % de las sedes educativas ya están habilitadas total o parcialmente y, desde el 24 de agosto, todos los colegios de la ciudad ofrecen al menos algún tipo de servicio, bajo modelos de alternancia, virtualidad o asistencia total. Mientras tanto, en el departamento del Valle del Cauca, el Ministerio reporta que 102 sedes reabrieron el 24 de agosto, permitiendo que el 70 % de la matrícula urbana retome la presencialidad, con el resto recibiendo acompañamiento virtual mientras continúan las evaluaciones.

En Armenia, el retorno abarca el 95 % de la prestación educativa de manera presencial desde el 25 de agosto, aunque en las sedes más afectadas se sostienen opciones alternativas hasta que culminen las reparaciones y verificaciones. Cartago también reanudó actividades presenciales el mismo día para las instituciones aptas y mantuvo estrategias como la escuela en casa en las sedes en revisión.

Por su parte, en el departamento del Chocó, el 80 % de la educación ya es presencial; la meta inmediata es llegar a un 95 %, mediante el reforzamiento de guías, jornadas dobles y restauración de conectividad. Quibdó destaca con 25 colegios reabiertos para unos 8.000 estudiantes. En Quindío, el 62 % de la infraestructura aún presenta afectaciones, motivo por el que la presencialidad avanza de manera progresiva y con acompañamiento socioemocional a los estudiantes. Finalmente, en Caldas y Risaralda, la presencialidad aumenta gradualmente con medidas de flexibilización curricular y métodos híbridos, mientras en Antioquia y Cundinamarca se mantiene activo el servicio educativo, combinando presencialidad y esquemas semiescolarizados en sedes afectadas.

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¿Cómo afecta el sismo de agosto el regreso a clases presenciales en Colombia?

El sismo del 10 de agosto causó que cerca de 988.180 estudiantes de 387 municipios vieran interrumpidas sus clases presenciales. Debido a los daños en 1.462 instituciones educativas y en 3.872 sedes, el retorno a las aulas ha sido progresivo y se ajusta a la seguridad de la infraestructura en cada localidad, según informó el Ministerio de Educación Nacional.

¿Qué estrategias se han implementado para garantizar la continuidad educativa tras el sismo?

Para continuar con la prestación del servicio educativo, el Ministerio de Educación Nacional y las secretarías locales han creado soluciones como jornadas virtuales, guías pedagógicas, alternancia, escuela en casa y reubicaciones temporales. Estas medidas se mantendrán en las sedes que requieren intervención o mientras se completan las evaluaciones de seguridad.

Durante años, el instrumento más utilizado por los venezolanos para regularizarse fue el Permiso de Protección Temporal (PPT). Sin embargo, la expedición general para adultos se detuvo durante el gobierno de Gustavo Petro, permitiéndose únicamente en casos muy puntuales. De acuerdo con las nuevas directrices de Migración Colombia, este permiso solo está disponible para menores escolarizados y sus tutores, lo que ha dejado a miles de personas sin opciones viables para regularizarse.

Entre los caminos legales que quedan en pie figura la Visa de Visitante (Visa V), que ofrece un periodo de regularización de dos años. Para esta alternativa se exige haber ingresado al país antes de diciembre de 2024, poseer un pasaporte y presentar evidencia documental de la residencia antes de esa fecha. Otra opción es la solicitud de refugio, pensada para quienes han huido de la crisis, aunque Noticias Caracol señala que este trámite puede tardar hasta dos años en resolverse. Además, existen las visas ordinarias: la visa de trabajo (requiere una oferta laboral y pasaporte vigente), la visa de estudiante (necesita matrícula en una universidad reconocida) y la visa de nómada digital.

El reportaje advierte, no obstante, que alrededor de 500.000 venezolanos quedaron fuera del Estatuto Temporal de Protección, frente a obstáculos frecuentemente insalvables: la ausencia de pasaporte —requisito indispensable para cualquier visado— y la falta de recursos económicos para costear los trámites. En departamentos como Antioquia, si bien existen 290.000 venezolanos regularizados, todavía 33.000 esperan la entrega física de sus documentos y 66.000 no han iniciado ningún proceso de legalización. Esta situación revela la presión y los retos administrativos que enfrenta Colombia en el manejo de la migración venezolana, según la reportería de Noticias Caracol.

¿Qué pasos debe seguir un venezolano para regularizar su situación migratoria en Colombia?

Actualmente, los migrantes venezolanos deben revisar si califican para alguno de los canales vigentes de regularización definidos por Migración Colombia: solicitar el Permiso de Protección Temporal (PPT) si son menores escolarizados o sus tutores, tramitar la Visa de Visitante (Visa V) si cumplen con los requisitos migratorios y de residencia, optar por una visa de trabajo, estudio o nómada digital, o iniciar una solicitud de refugio. Es fundamental contar con pasaporte y recursos económicos para acceder a la mayoría de estas opciones.

¿Por qué la falta de pasaporte se ha convertido en una barrera para la regularización de los venezolanos en Colombia?

La ausencia de pasaporte es uno de los principales bloqueos para cientos de miles de venezolanos, porque dicho documento es un requisito obligatorio para solicitar cualquier tipo de visa o permiso, según lo estipulado por las directrices de Migración Colombia. Sin este documento, la posibilidad de acceder a un estatus migratorio regular se vuelve casi imposible, como explica el reportaje de Noticias Caracol.

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Según la investigación revelada por la Fiscalía, los tres militares estuvieron adscritos al Batallón Rifles de Caucasia (Antioquia) y al Batallón de Infantería de Selva número 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’, ubicado en el sur de Bolívar. La entidad sostiene que, entre enero de 2022 y febrero de 2025, los uniformados hicieron parte de una red dedicada a obtener y filtrar información estratégica sobre operaciones militares orientadas a contrarrestar las acciones del Clan del Golfo. En este esquema criminal tuvo un papel clave Teresa Jaramillo Giraldo, alias ‘La Tía’, quien ya recibió condena por estos hechos en instancias judiciales previas.

Las pruebas recolectadas por la Fiscalía detallan episodios concretos de colaboración ilícita: el 2 de enero de 2022, cuando aún tenía el rango de subteniente, Bravo Olaya supuestamente recibió un millón de pesos por medio de un militar retirado, con el propósito de dar alerta sobre los desplazamientos de las tropas que comandaba, en zona rural de Ayapel, Córdoba. Por parte de Sicacha López, la acusación se fundamenta en que habría aceptado pagos para compartir información sobre operaciones militares en las que participaba. En el caso de Henao Luna, el señalamiento es por presuntamente entregar datos privilegiados sobre movimientos de su escuadra, luego de recibir una llamada de un suboficial retirado el 14 de abril de 2022.

Los procesados fueron capturados en operativos simultáneos realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional, en Cali (Valle del Cauca), en el corregimiento de Buenavista (Distracción, La Guajira) y en Yopal (Casanare). Un fiscal delegado les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. De los tres, Sicacha López aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en su residencia, mientras que Bravo Olaya y Henao Luna afrontarán detención en un centro carcelario con medida de aseguramiento intramural.

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¿Qué delitos les fueron imputados a los militares procesados por la Fiscalía en el caso Clan del Golfo?

La Fiscalía imputó a los militares los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. Estas acusaciones responden a la presunta entrega de información militar estratégica a una red criminal a cambio de dinero, de acuerdo con el ente acusador.

¿Cómo funcionaba la red de filtración de información militar en Antioquia según la Fiscalía?

Según la Fiscalía General de la Nación, la red estaba integrada por militares activos y personas externas, y operaba obteniendo información reservada sobre operaciones del Ejército Nacional, que luego era suministrada al Clan del Golfo a cambio de pagos. La intermediación de alias ‘La Tía’ resultó fundamental dentro de este esquema, el cual estuvo activo entre enero de 2022 y febrero de 2025.

(Vea también: nombramiento de esposa de Alejandro Gaviria se cayó a última hora en gremio clave; hubo queja)

La salida de la funcionaria se conoció después de que asumiera  su cargo, por lo que su permanencia en el puesto fue de apenas unos días. Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha entregado públicamente una explicación sobre los motivos de su decisión.

Escobar es química farmacéutica y magíster en Políticas Públicas. Antes de llegar al Gobierno nacional, se desempeñó como subsecretaria de Protección Social de la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia.

Su renuncia ocurre en un momento en el que la dependencia que iba a dirigir tiene responsabilidades relacionadas con la política farmacéutica, la regulación de medicamentos y tecnologías en salud, así como el seguimiento al abastecimiento y otros asuntos del mercado farmacéutico.

Aunque desde la cartera no se han explicado oficialmente las razones de la salida, fuentes citadas por Caracol Radio señalaron que la decisión estaría relacionada con diferencias frente a sectores del Gobierno. Esta versión, sin embargo, no ha sido confirmada públicamente por el Ministerio de Salud.

#ENDESARROLLO | Fuentes cercanas a Caracol Radio confirman la salida de Hanna Dimelsa Escobar de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud, tras presentar su renuncia a pocos días de haber asumido el cargo.@alissontorresh1…

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 27, 2026

¿Cuánto tiempo estuvo Hanna Escobar en la Dirección de Medicamentos?

Hanna Escobar fue designada el 24 de agosto de 2026 para liderar la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud y su renuncia se conoció pocos días después, convirtiéndose en una de las salidas más rápidas de una funcionaria recién nombrada en el Gobierno de Abelardo De la Espriella.

La dirección tiene entre sus funciones la formulación y aplicación de políticas relacionadas con medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías en salud. También participa en asuntos relacionados con los servicios farmacéuticos, el seguimiento al mercado, el abastecimiento, los precios y la trazabilidad de estos productos.

La salida de Escobar deja ahora vacante una dependencia clave del Ministerio de Salud, mientras el Gobierno deberá definir quién asumirá la dirección y si entregará una explicación oficial sobre las razones de la renuncia.

Según la versión preliminar documentada por las autoridades y publicada por El Diario, el motociclista habría realizado una arriesgada maniobra de adelantamiento en zigzag, invadiendo el carril por donde se movilizaba Ocampo Cruz. Como resultado de esta maniobra, Ocampo fue arrollado y posteriormente cayó a una cuneta, donde lamentablemente falleció en el lugar de los hechos. El motociclista también resultó lesionado en dicho siniestro, presentando laceraciones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue remitido a la Clínica Pinares Médica en Pereira para su atención médica.

Paramédicos de una ambulancia privada arribaron a la escena para socorrer a los involucrados. No obstante, tras verificar los signos vitales de Gabriel Ocampo, confirmaron su fallecimiento. Ocampo era oriundo de Filadelfia, Caldas, y fue recordado como una persona activa hasta el momento del incidente.

Por su parte, agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Departamento de Risaralda se hicieron presentes en el lugar, procedieron a acordonar la escena y a elaborar el croquis correspondiente del accidente. Igualmente, el equipo de criminalística realizó la inspección técnica tanto del área como del cuerpo, el cual fue remitido posteriormente a Medicina Legal para la realización de la necropsia.

Finalmente, las autoridades de tránsito continúan con las investigaciones para esclarecer con exactitud las circunstancias del accidente y determinar si existió imprudencia vial por parte del motociclista, aspecto clave para establecer las responsabilidades en este siniestro que enluta a una familia caldense.

¿Cómo ocurrieron los hechos del accidente en la variante Condina según las autoridades?

De acuerdo con lo reportado por El Diario, la versión preliminar de las autoridades indica que el accidente ocurrió cuando el motociclista realizó una maniobra en zigzag e invadió el carril contrario, arrollando a Gabriel Ocampo Cruz. El hecho tuvo lugar cerca de las 7:00 p. m. en el kilómetro 11, y está bajo investigación para determinar si existió imprudencia vial.

¿Qué procedimientos se siguieron tras el accidente en la variante Condina?

Según lo informado, tras el accidente acudieron paramédicos para socorrer a los involucrados y la Policía de Tránsito y Transporte del Departamento de Risaralda acordonó el lugar. Criminalística llevó a cabo la inspección técnica, y el cuerpo de Gabriel Ocampo fue trasladado a Medicina Legal. Las autoridades siguen investigando para esclarecer los hechos.

Méndez Fajury subraya la importancia de comprender la estructura profunda de la tierra y cómo la interacción de las cordilleras afecta la percepción y efectos de los sismos en zonas como Pereira y sus alrededores. En diálogo con El Diario, aclara errores frecuentes en el lenguaje cotidiano sobre los temblores. Por ejemplo, “hablar de grados en la escala de Richter” es incorrecto, porque esa escala, que además tenía límites para valores superiores y fue superada en precisión por la actual escala de magnitud de Momentum, solo era válida entre uno y ocho. Actualmente, la magnitud de Momentum —calculada con fórmulas matemáticas— permite medir cualquier sismo, aunque la naturaleza sigue mostrando eventos impredecibles.

El terreno de Pereira guarda memorias colectivas sobre la influencia de la quebrada Egoyá en los daños de los sismos. Según Méndez Fajury, aunque el Servicio Geológico Colombiano documentó una mayor afectación física en edificaciones cercanas a Egoyá tras el sismo de 1995, “afirmar que la quebrada es factor principal en la propagación de temblores carece de sustento científico”; influyen las condiciones del suelo, pero no actúa como propagadora de ondas sísmicas.

Al comparar el reciente sismo de agosto con el devastador de Armenia, 1999, el experto explica que aquel fue de origen superficial y este reciente, de origen similar al terremoto de 1979. La compleja geología entre la cordillera Occidental, Central y el valle intercordillerano —con rocas de diversas edades y características— define la manera en que la onda sísmica se refleja y transmite a distintas velocidades y trayectorias, lo que explica la variabilidad de daños en cada evento.

Sobre las especulaciones en redes respecto al temido ‘Big One’ de la falla de San Andrés, Méndez Fajury es enfático: la amenaza a Estados Unidos es real, pero “no representa peligro directo a Colombia, más allá de alcance sutil”. Igualmente, rechaza la idea de que terremotos colombianos o venezolanos puedan “despertar” esa falla, pues existen muchas placas tectónicas intermedias entre dichas regiones.

Finalmente, recuerda que el primer código sismorresistente en Colombia se elaboró tras el sismo de 1979 y la tragedia de Popayán en 1983, actualizándose posteriormente en 1998 y 2010. Sin embargo, muchas edificaciones antiguas todavía no cumplen con estas normas, quedando la aplicación rigurosa en manos de la ética de los constructores.

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¿Por qué Pereira es especialmente vulnerable a los sismos?

Pereira y sus alrededores se ubican en una zona con compleja interacción geológica donde distintas cordilleras y cuerpos de roca, formados durante millones de años, influyen en la propagación y el efecto de las ondas sísmicas. Según Ricardo Arturo Méndez Fajury, esta diversidad subterránea provoca que los temblores se perciban y afecten de maneras muy diferentes entre sectores cercanos, lo que hace prioritaria una cultura de prevención basada en el conocimiento científico local.

¿Qué es la escala magnitud de Momentum y por qué reemplazó a la de Richter?

La escala de magnitud de Momentum mide la energía liberada por un terremoto a través de fórmulas matemáticas precisas, sin límites superiores, permitiendo estimar la magnitud de cualquier sismo. Este sistema reemplazó a la antigua escala de Richter, que era limitada en rango y usaba grados, término inapropiado para magnitudes sísmicas. Según Méndez Fajury, la escala actual es la referencia científica aceptada globalmente.

Los hechos fatales ocurrieron alrededor de las 6 de la mañana, el 26 de agosto, justo en el tramo del puente Curtiembres, mientras Yuly Paola se desplazaba en una motocicleta AKT gris de placa NRM-29F, en la vía que conecta Parque Industrial con Cerritos. De acuerdo con la primera versión entregada por las autoridades de tránsito, la víctima iba adelantando por la berma —una franja lateral de la vía destinada, generalmente, a emergencias— y, al ingresar de nuevo al carril principal justo al inicio del puente, pasó cerca una tractomula. Fue entonces cuando, aparentemente, perdió el control del vehículo, cayó al pavimento y fue arrollada por el pesado automotor, evento que le ocasionó la muerte de manera instantánea.

Organismos de socorro llegaron prontamente al lugar, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Tanto la Policía como los agentes de tránsito procedieron a asegurar el sitio del accidente, gestionaron la movilidad y adelantaron las primeras diligencias para esclarecer lo sucedido. Los funcionarios de criminalística del Instituto de Movilidad de Pereira realizaron la inspección técnica del accidente, y el cuerpo de Yuly Paola fue trasladado a Medicina Legal para los respectivos procedimientos.

Hasta el momento, las autoridades continúan la investigación para establecer con mayor detalle las circunstancias que desencadenaron el siniestro. Mientras tanto, la familia de Yuly Paola y quienes la conocieron enfrentan el dolor de una pérdida inesperada, recordando su vida como ejemplo de alegría, compromiso y dedicación.

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¿Cómo ocurrió el accidente en el que falleció Yuly Paola Martínez Mendoza?

De acuerdo con el reporte inicial de las autoridades citado por El Diario, el accidente se presentó cuando Yuly Paola Martínez Mendoza circulaba en motocicleta por la berma, intentó reincorporarse al carril principal al llegar al puente Curtiembres y perdió el control. En ese instante fue arrollada por una tractomula que transitaba por la vía, provocando su muerte instantánea.

¿Qué es la berma y cuál fue su papel en este accidente de tránsito?

La berma es una franja lateral en las vías habilitada principalmente para emergencias y no para circulación regular de vehículos. Según la investigación preliminar de las autoridades, Yuly Paola iba adelantando por la berma cuando ocurrió el accidente, lo que resultó determinante en la secuencia de hechos que llevaron al fatal desenlace.

Los habitantes afectados solicitaron una ampliación adicional del plazo para el censo, aunque esta decisión solo puede ser tomada por el Gobierno Nacional, no por las administraciones locales. Sin embargo, el municipio de La Virginia sí logró extender el período de inscripción hasta el miércoles 2 de septiembre, según confirmó el alcalde Juan Carlos Botero a través de los canales oficiales de la alcaldía. El objetivo de este nuevo plazo es dar más oportunidad a las familias damnificadas para inscribirse, atendiendo a las jornadas en la Alcaldía Municipal de La Virginia en horarios definidos.

Durante la jornada final del censo en Pereira y Dosquebradas, se evidenciaron largas filas y creciente preocupación entre la población. De acuerdo con reportes de El Diario del Otún, quienes se acercaron al Centro Administrativo Municipal (CAM) de Dosquebradas y Ciudad Victoria expresaban angustia por el tiempo de espera y el temor de quedar por fuera del registro. En algunos puntos, como en Ciudad Victoria, se instauraron filas preferenciales para adultos mayores, mujeres en embarazo y personas con discapacidad. Cristian Toro, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de la Alcaldía de Pereira, afirmó que más de 300 personas, entre funcionarios y voluntarios, colaboraron en el proceso y se habilitaron distintos lugares para atender la demanda.

Otra inquietud frecuente era la duda sobre si el registro virtual a través de la página web de SOS Pereira era suficiente o si era necesaria la inscripción presencial. El secretario Toro aclaró que quienes ya habían completado el censo virtual no debían volver a hacer la fila, excepto aquellos que no aparecieran reportados aún en la base de datos, para lo cual recomendó paciencia. El despliegue de atención no solo se centró en áreas urbanas, sino también en veredas, casetas y comunas, con presencia continua durante dos semanas para registrar a quienes no pudieron ser localizados en sus barrios. Aunque en Pereira y Dosquebradas no se amplió el plazo más allá del 26 de agosto, en La Virginia se mantendrá la inscripción abierta hasta el 2 de septiembre, tal y como lo dieron a conocer fuentes oficiales.

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¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse en el censo de damnificados en Pereira, Dosquebradas y La Virginia?

En Pereira y Dosquebradas, el plazo para registrarse en el censo de damnificados por el terremoto culminó el miércoles 26 de agosto, tras haberse extendido desde el 24 de agosto. En cambio, en el municipio de La Virginia, la inscripción se amplió hasta el miércoles 2 de septiembre, de acuerdo con el anuncio realizado por el alcalde Juan Carlos Botero.

¿Es suficiente hacer el censo virtual en SOS Pereira o es necesario hacerlo de forma presencial?

Según lo explicado por Cristian Toro, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Pereira, quienes hayan completado el censo virtual en la plataforma SOS Pereira no necesitan realizar la inscripción presencial, a menos que su registro aún no aparezca reportado en la base de datos, en cuyo caso deben esperar la actualización de información o acudir presencialmente si la situación lo requiere.

El doble homicidio ocurrió cerca de la entrada a la vereda Guayabito, en una zona donde la presencia de transeúntes suele ser escasa, lo que habría facilitado la acción de los atacantes. Según la fuente mencionada, los responsables del crimen también se movilizaban en motocicleta. Tras dar alcance a las víctimas, abrieron fuego y se dieron a la fuga inmediatamente después del ataque.

El impacto de los disparos fue inmediato y letal para el parrillero, quien falleció en el lugar y quedó tendido sobre el asfalto. Por su parte, el conductor, aunque recibió heridas de bala, tuvo fuerzas para avanzar algunos metros antes de perder el control de la moto y chocar contra un árbol. Allí, a unos 20 metros del cuerpo de su compañero, también perdió la vida. La escena evidenció la violencia con la que se perpetró este doble homicidio y el estado de indefensión de las víctimas en una vía rural de Cartago.

Hasta el momento, las autoridades adelantan las investigaciones respectivas para esclarecer tanto la identidad de los agresores como el móvil de este ataque, que suma un nuevo capítulo sangriento a la difícil situación de seguridad en la región.

Un dato relevante proporcionado por El Diario expone la gravedad de la problemática: en lo que va del año ya se han registrado 63 homicidios en Cartago, cifra que da cuenta del panorama crítico de violencia que viven sus habitantes y la urgente necesidad de acciones efectivas por parte de las autoridades encargadas.

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¿Cuántos homicidios han ocurrido en Cartago en lo que va del año?

Según los datos recogidos por El Diario en su informe, en Cartago se han presentado 63 homicidios en lo corrido del año, reflejando una alarmante situación de violencia que afecta a ese municipio y encendiendo las alertas de la ciudadanía y las autoridades.

¿Dónde ocurrió el doble homicidio en Cartago y cuál fue la dinámica de los hechos?

El doble homicidio reportado por El Diario ocurrió en la vía que comunica el CAI de Santana con Ansermanuevo, exactamente cerca de la entrada a la vereda Guayabito, zona rural de Cartago. Las víctimas iban en motocicleta cuando fueron alcanzados por agresores que se desplazaban en otra moto, quienes les dispararon y se dieron a la fuga, dejando una escena marcada por la violencia y la impunidad.

El disparo que causó su fallecimiento se habría producido con el arma de dotación, es decir, el fusil reglamentario que tenía asignado para cumplir su turno. Aunque los paramédicos del batallón acudieron con rapidez tras el incidente, ya no fue posible brindarle asistencia médica. Las autoridades militares adoptaron medidas inmediatas, acordonando la zona para preservar la escena y facilitar las diligencias de esclarecimiento de los hechos.

Las investigaciones fueron asumidas por funcionarios de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes realizaron la inspección técnica tanto del lugar del suceso como del cuerpo de la víctima. Posteriormente, el cadáver fue trasladado a Medicina Legal para practicar la necropsia, procedimiento forense que busca determinar las causas del deceso y aportar elementos que permitan entender lo ocurrido.

La muerte de Jhon Kevin conmocionó no solo a sus compañeros y superiores dentro del batallón, sino también a la comunidad de Belalcázar, Caldas, su municipio de nacimiento. Morales residía en la vereda La Viga de Guacas, en Santa Rosa de Cabal, y había ingresado al servicio militar el primero de febrero de este año, cumpliendo apenas siete meses en filas. Ahora, la tragedia deja enlutados a sus familiares y a quienes lo conocían, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias que rodearon este lamentable suceso.

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¿Qué pasó con el soldado que murió en el Batallón Biter 8 de Santa Rosa de Cabal?

De acuerdo con la información de El Diario, Jhon Kevin Morales García, de 20 años, falleció mientras cumplía su turno de centinela en la garita 6 del Batallón Biter 8, en Santa Rosa de Cabal. Sus compañeros escucharon un disparo y, al acercarse, lo encontraron sin vida. El disparo se produjo, presuntamente, con el arma de dotación asignada para su vigilancia.

¿Qué investigaciones adelanta la Fiscalía por la muerte del soldado en Santa Rosa de Cabal?

Funcionarios de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del lugar y del cuerpo del soldado. Además, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para la necropsia y, con ello, las autoridades buscan esclarecer tanto la causa de la muerte como las circunstancias en que ocurrió este trágico episodio.

De acuerdo con información suministrada por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), los números reflejan la magnitud del reto: 188.381 familias damnificadas, 33.299 viviendas destruidas, 186.233 con daños, 655 edificios colapsados y más de 4.400 vías y centros educativos y de salud afectados.

Emulando la experiencia del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (Forec), establecido tras el sismo de 1999, el Fondo Milagro tendrá una junta directiva conformada exclusivamente por empresarios reconocidos. Este diseño busca impedir la influencia política y la corrupción, aspecto en el cual hizo especial énfasis Ramírez González. Según él, la transparencia será la prioridad: "Vamos a tener los políticos a kilómetros de esas decisiones", afirmó categóricamente, insistiendo en que ni licitaciones ni adjudicaciones estarán al alcance de intereses políticos.

La estructura estará dirigida por personalidades como Jaime Gilinski y Arturo Calle, replicando el modelo que evitó escándalos en el Forec bajo la dirección de Luis Carlos Villegas, entonces presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). Ramírez González subrayó que el propio presidente Abelardo De la Espriella lidera este esfuerzo, añadiendo credibilidad y un compromiso explícito contra la corrupción.

Sobre el alcance financiero, aunque aún no hay una cifra definitiva, se proyecta que la reconstrucción demandará inversiones superiores a $30 billones de pesos, de los cuales al menos $10 billones serán cubiertos por aseguradoras. El fondeo vendrá del presupuesto nacional, empréstitos, ayudas internacionales y aportes de fundaciones, ONG y empresas privadas. El proceso de caracterización de los damnificados está en curso, y se espera que la operación del fondo inicie muy pronto.

Finalmente, Ramírez González aseguró que, gracias a la rigurosidad del equipo y la experiencia obtenida en el pasado, la reconstrucción avanzará de manera efectiva, “blindando” el fondo de cualquier oportunidad para el desvío de recursos públicos.

¿Cómo se evitará la corrupción en el Fondo Milagro para la reconstrucción tras el terremoto?

Según lo expresado por Álvaro Ramírez González en Diario del Otún, la estrategia para evitar la corrupción es garantizar que la junta directiva del Fondo Milagro esté compuesta únicamente por empresarios de prestigio y experiencia, como ya sucedió exitosamente en 1999 con el Forec. La exclusión tajante de cualquier intervención política en licitaciones y decisiones busca asegurar que los recursos lleguen de manera eficiente y transparente a los damnificados.

¿De dónde provendrán los recursos para financiar el Fondo Milagro y qué entidades participarán?

De acuerdo con la información reportada, los recursos que nutrirán el Fondo Milagro provendrán de varias fuentes: presupuesto nacional, empréstitos, ayudas internacionales, aportes de fundaciones y ONG como Pro Antioquia y Fundación Santo Domingo. Además, compañías aseguradoras se encargarán de una parte significativa del costo total de la reconstrucción.

Las primeras indagaciones de la policía revelan la brutalidad y frialdad del ataque. Al llegar al lugar, los uniformados hallaron a Anyili con varias heridas provocadas por arma de fuego. Funcionarios de criminalística de la Sijín —Seccional de Investigación Judicial y Criminal de la Policía Nacional— realizaron la inspección técnica del cadáver y posteriormente trasladaron su cuerpo a Medicina Legal de Cartago, donde se llevarían a cabo los procedimientos forenses necesarios. Hasta el momento, las autoridades continúan en la búsqueda de los responsables y no se ha confirmado la identidad de los atacantes.

El contexto de este crimen es aún más preocupante por los antecedentes inmediatos. Solo 22 días antes, Duván Andrés Puerta, pareja sentimental de Anyili y también de 21 años, había sido asesinado igualmente a tiros en la vereda La Hondura. Según lo relatado, ambos habían recibido advertencias para que abandonaran la zona, lo que muestra la presión y amenaza constante bajo la que vivían. El día en que mataron a Duván, Anyili logró escapar y, en un intento por resguardarse, se trasladó a El Billar. Sin embargo, el cambio de residencia no fue suficiente para proteger su vida.

Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre si ambos asesinatos están vinculados y quiénes son los responsables directos de la muerte de Anyili Tatiana Rivera Ramírez. Por el momento, los móviles y autores materiales de estos crímenes siguen sin aclararse.

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¿Quién era Anyili Tatiana Rivera Ramírez y por qué su caso ha sido noticia?

Anyili Tatiana Rivera Ramírez era una joven de 21 años oriunda del corregimiento El Billar, en la zona rural de Ansermanuevo, que recientemente había llegado a esa localidad buscando refugio. Su caso ha sido noticia porque fue víctima de un homicidio a tiros dentro de su propio domicilio, solo 22 días después del asesinato de su pareja, Duván Andrés Puerta, en hechos similares.

¿Qué es la Sijín y cuál fue su función en este caso?

La Sijín, es la Seccional de Investigación Judicial y Criminal de la Policía Nacional. En este caso, los funcionarios de criminalística de la Sijín realizaron la inspección técnica del cuerpo de Anyili Tatiana Rivera Ramírez y coordinaron el traslado del cadáver a Medicina Legal de Cartago para los procedimientos legales correspondientes.

Un aspecto clave ha sido la elaboración de un censo exhaustivo, implementado a través de la plataforma sospereira.com, en donde propietarios y residentes reportan el estado de sus inmuebles. Posteriormente, expertos de Diger e Infraestructura realizan visitas técnicas para evaluar los daños. Esta caracterización física y social implica, además, atención prioritaria a familias vulnerables y comerciantes en diferentes puntos de la ciudad. El objetivo de estas acciones es clasificar las edificaciones: algunas podrán ser ocupadas tras pequeñas reparaciones, otras requerirán intervención de ingeniería o, en el peor de los casos, demoliciones inmediatas por representar un peligro inminente.

Antes de autorizar cualquier demolición, el Cuerpo Oficial de Bomberos, bajo la dirección de Alejandro Arango Macías, aplica rigurosos protocolos. Las inspecciones incorporan tecnología, equipos caninos y rescatistas expertos, garantizando que las edificaciones estén totalmente desocupadas, tanto de personas como de animales de compañía, antes de proceder según lo estipulado por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

Entre las infraestructuras de mayor complejidad figuran la iglesia Claret y la iglesia La Valvanera, ambas afectadas severamente. El Comité de Demoliciones estudia la viabilidad de intervenciones mecánicas precisas o incluso implosiones controladas. En el caso de La Valvanera, también se evalúa la posibilidad de un rescate arquitectónico, según las condiciones de conservación de sus elementos principales.

La movilidad se ha visto comprometida. El Instituto de Movilidad y la Secretaría de Infraestructura, en respuesta, ejecutan planes de apertura gradual en corredores como la avenida 30 de Agosto y varias carreras principales, mientras que otras vías alrededor de la Plaza de Bolívar permanecen cerradas como medida de precaución. Para facilitar la continuidad de obras, se dispuso el cierre temporal de la avenida del Ferrocarril, afectando la conexión entre Pereira y Dosquebradas, especialmente para el transporte masivo Megabús.

El proceso cuenta también con el respaldo de ingenieros estructurales de otras ciudades. Se busca determinar cuándo las grietas pueden ser reparadas y en qué casos el daño afecta elementos fundamentales como vigas y columnas, lo que obliga al desalojo inmediato y a la programación de su demolición. Hasta la fecha, las cifras oficiales presentan 12 demoliciones concluidas y la remoción de más de 48.000 toneladas de escombros hacia la escombrera Guadalcanal, evidenciando el avance de este complejo proceso de restauración urbana.

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¿Cómo se define si una edificación en Pereira debe ser demolida tras el sismo?

La decisión de demoler una edificación depende del censo realizado por expertos de Diger e Infraestructura, quienes evalúan el nivel de daño, especialmente en elementos estructurales clave como columnas y vigas. Si la inspección técnica concluye que la estructura presenta un riesgo inminente de colapso, se dictamina el desalojo y se programa la demolición bajo estrictos protocolos del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, garantizando antes que la edificación esté completamente desocupada.

¿Qué medidas de movilidad se han implementado en Pereira durante las demoliciones y remociones?

Para prevenir accidentes y asegurar el flujo vehicular en Pereira, el Instituto de Movilidad y la Secretaría de Infraestructura han ejecutado planes de apertura progresiva. Corredores principales como la avenida 30 de Agosto y varias carreras importantes están habilitados, mientras que otras zonas, especialmente cerca de Plaza de Bolívar y la avenida del Ferrocarril, mantienen restricciones temporales. Las autoridades recomiendan transitar por vías alternas y respetar la señalización preventiva, en especial durante el cierre temporal que afecta la ruta del transporte masivo Megabús.

En el centro de la disputa se ubicó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien debutó en el Capitolio con una misión clara: asegurar una mayoría para la plancha oficialista y posicionar estratégicamente a sus candidatos. El objetivo consistía, especialmente, en evitar que José Antonio Parra, candidato de Salvación Nacional, terminara relegado a la séptima posición, lo que hubiera representado una desventaja significativa ante la oposición. Paralelamente, la oposición, encabezada por el Pacto Histórico, aspiraba a obtener tres espacios en el CNE, complicando aún más el panorama y poniendo a prueba la cohesión interna de cada banco parlamentario.

La negociación, que se extendió por más de tres horas en las oficinas de la presidencia del Senado, resumió la labor de construcción de acuerdos entre una variedad de partidos y movimientos con intereses diversos. Rodrigo Lara buscó consensos con actores clave como Cambio Radical, La U, Mira, los liberales, y contó con la presencia determinante de líderes de otras colectividades, incluida la del conservador Efraín Cepeda y Gabriel Vallejo del Centro Democrático. Este escenario reflejó no solo la disputa entre el oficialismo y la oposición, sino también las tensiones existentes entre diferentes aliados, como las diferencias surgidas entre la oposición del Pacto Histórico y el sector verde liderado por el gobernador Carlos Amaya.

Este episodio evidencia cómo la elección del CNE no es solo una cuestión de nombres, sino una batalla que pone en juego poder, representatividad y las reglas del juego democrático. Cada movimiento dentro del Capitolio tiene un impacto sobre el equilibrio de fuerzas y la manera en la que estas interactúan, anticipando nuevos capítulos de confrontación en el Legislativo.

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¿Cómo influyó el Gobierno en la elección del Consejo Nacional Electoral?

El Gobierno, de acuerdo con los hechos relatados, jugó un papel protagónico en la elección al impulsar la candidatura de Salvación Nacional y buscar asegurar mayoría oficialista. La gestión estratégica del ministro del Interior, Rodrigo Lara, fue central para negociar apoyos con diferentes partidos y asegurar que sus candidatos tuvieran posiciones favorables en el CNE.

¿Qué es el Consejo Nacional Electoral (CNE) y qué papel juega en el país?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el órgano encargado de la organización, vigilancia y control de los procesos electorales en el país. Su composición y la manera en que se eligen sus magistrados inciden directamente sobre la transparencia y legitimidad de las elecciones, convirtiendo su elección en un episodio políticamente relevante para el Congreso y el país.

Dentro de la hoja de ruta de la nueva administración de la Policía, la institución anunció la formación de bloques que estarán integrados por la Fuerza Pública y otras entidades administrativas, con el fin de reforzar la seguridad en las grandes ciudades y enfrentar de manera más efectiva el accionar de grupos armados y manifestaciones de criminalidad que afectan a los ciudadanos. El propósito central es fortalecer la confianza entre la Policía y la ciudadanía, mediante la articulación interinstitucional y la obtención de resultados concretos contra el delito.

En el mismo evento, se hizo pública la lista de generales y coroneles que encabezarán las principales jefaturas y direcciones nacionales, entre ellos el brigadier general Herbert Luguiy Benavidez Valderrama en la jefatura nacional de administración de recursos, el brigadier general William Castaño Ramos en la dirección de antinarcóticos, y la brigadier general Yurian Jeannette Romero Murte al frente de la Inspección General. Además, otras áreas prioritarias como desarrollo humano, bienestar social y educación policial quedaron en manos de oficiales de amplia trayectoria, según la información de El Espectador.

La reestructuración alcanzó también las regiones y metropolitanas, donde brigadieres generales y coroneles quedaron a cargo de territorios estratégicos como Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Cartagena y departamentos como Antioquia, Santander o Valle del Cauca. En su primer discurso como director general, Barrera Peña recalcó que su compromiso es “con todos los colombianos” y que uno de sus objetivos será “incentivar el amor por la Policía Nacional” bajo el lema “Dios y Patria”. De acuerdo con sus palabras, la prioridad será trabajar con todas las capacidades institucionales para fortalecer la confianza ciudadana.

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¿Quién es Jesús Alejandro Barrera Peña, el nuevo director de la Policía Nacional?

Jesús Alejandro Barrera Peña es un oficial de la Policía Nacional con una experiencia de 35 años de servicio. Según El Espectador, gran parte de su carrera la ha desarrollado en labores de inteligencia e investigación criminal. Su reciente nombramiento como director se dio en el contexto de una nueva cúpula militar y policial instaurada por el presidente Abelardo de la Espriella.

¿Cuáles son los objetivos de la nueva administración de la Policía Nacional en Colombia?

De acuerdo con lo anunciado durante el evento de posesión, la nueva administración de la Policía Nacional busca fortalecer la seguridad en las principales ciudades del país a través de bloques integrados entre la Fuerza Pública y otras entidades administrativas. El foco está en enfrentar los grupos armados y las diferentes formas de criminalidad, con la intención de robustecer la confianza entre la institución y la ciudadanía y propiciar resultados positivos en materia de seguridad.

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El caso ocurrió el 21 de marzo de 2026 en el apartamento donde vivía la pareja junto con sus dos hijos. En un comienzo, la investigación contemplaba la hipótesis de un posible suicidio, pero los análisis forenses y otros elementos recopilados por las autoridades llevaron a los investigadores a considerar un posible homicidio.

Durante la audiencia, el fiscal explicó que las cámaras de seguridad del conjunto residencial permitieron reconstruir los movimientos de las personas que estaban en el inmueble y de los investigadores que llegaron posteriormente.

¿Qué encontró la Fiscalía en la investigación?

Según la Fiscalía, en el apartamento solo se encontraban la víctima, Hernández Rojas y los dos hijos de la pareja, y las grabaciones no respaldarían la presencia de un quinto individuo, una posibilidad que había sido considerada inicialmente. Asimismo, se encontraron evidencias que descartaron un supuesto suicidio, según recogió Semana.

La investigación también encontró inconsistencias entre la versión entregada inicialmente y los elementos obtenidos durante el proceso judicial. Una de las pruebas analizadas fue la necropsia practicada al cuerpo de Avendaño Carrillo por Medicina Legal. El examen estableció que presentaba lesiones producidas por proyectiles en diferentes partes del cuerpo.

“Se evidenciaron multiplicidad de heridas con variabilidad en la distancia de disparo. La lesión que presenta en el antebrazo izquierdo, tercio distal, puede ser de carácter defensivo”, indicó la fiscal del caso.

La Fiscalía señaló que una de las lesiones, ubicada en el antebrazo izquierdo, podía corresponder a una reacción defensiva. Además, el análisis de otra de las heridas llevó a los médicos forenses a considerar que las características encontradas no correspondían al patrón típico de un suicidio.

La prueba que vincula a la funcionaria del CTI por muerte de su esposo

Entre los elementos presentados durante la audiencia aparece un análisis de residuos de disparo practicado a Hernández Rojas. La Fiscalía también informó que el arma encontrada en el lugar fue sometida a análisis y que el estudio determinó que era apta para producir disparos.

De acuerdo con la Fiscalía, en las muestras tomadas de sus manos y prendas fueron encontradas partículas metálicas asociadas con residuos de disparo. Para el ente investigador, este resultado, junto con las demás evidencias recopiladas, permite sustentar su presunta participación en los hechos.

¿Qué sigue en el proceso contra Chirley Hernández?

Durante la diligencia de este miércoles, el juez declaró legal la captura de Hernández Rojas. Posteriormente, comenzó la audiencia de imputación de cargos, pero esta fue suspendida y quedó programada para continuar durante la mañana del jueves 27 de agosto.

La Fiscalía solicitó además que se imponga una medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial, al considerar que existen elementos suficientes para sustentar la vinculación de la funcionaria con la investigación.

Hernández Rojas, por ahora, mantiene la condición de presunta responsable dentro del proceso y será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad penal.

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El movimiento tuvo una magnitud de 3,6 y ocurrió a una profundidad de 40 kilómetros, según la información reportada por la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en Colombia.

¿A qué hora y dónde fue el temblor en la noche de este miércoles?

El SGC indicó que el evento sísmico ocurrió a las 9:01 p. m., hora local, de este miércoles 26 de agosto.

El epicentro se ubicó en Istmina, mientras que la profundidad registrada fue de 40 kilómetros. La información corresponde al Boletín Actualizado 1 divulgado por el Servicio Geológico Colombiano.

Por sus características, el movimiento hace parte de la actividad sísmica que se registra de manera frecuente en esta zona del país, por lo que el reporte oficial permite conocer las condiciones específicas del evento.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-26, 21:01 hora local Magnitud 3.6. Profundidad 40 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/HTiCxjYblR

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 27, 2026

¿Sintió el sismo en Chocó o en otra zona?

El Servicio Geológico Colombiano invita a las personas que hayan percibido el movimiento a reportarlo mediante la plataforma Sismo Sentido.

Para informar si sintió este sismo, los ciudadanos pueden ingresar a la plataforma Sismo Sentido del SGC y completar el reporte correspondiente.

¿Dónde reportar si sintió el temblor?

El reporte puede hacerse directamente en Sismo Sentido, plataforma habilitada por el Servicio Geológico Colombiano para recopilar información de las personas que perciben movimientos telúricos.

El SGC también mantiene disponible su plataforma de monitoreo de sismos, donde se pueden consultar los eventos registrados en el territorio nacional. Estos reportes ciudadanos ayudan a los especialistas a conocer en qué lugares fue percibido el temblor y cómo fue experimentado por la población.

El jefe de Estado cuestionó la política de “paz total” impulsada en la administración anterior de Gustavo Petro, argumentando que, lejos de lograr el desarme y la reintegración de miembros de grupos criminales, estas iniciativas habrían dado cobijo a estructuras ilegales sin exigirles aportes tangibles a la paz. La extradición de los mencionados criminales, tres de los cuales ya están bajo custodia oficial, fue presentada como una muestra de voluntad estatal para confrontar sin rodeos a las estructuras ilegales y enviar un mensaje claro de que “quien quiera transitar hacia la legalidad deberá demostrarlo con hechos concretos”, en palabras del presidente.

El gobierno de De la Espriella ha mostrado una fuerte disposición a cooperar con las autoridades estadounidenses, confirmando la aceptación de operaciones conjuntas y estrategias como el “Escudo de las Américas”, promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque la implementación de estas todavía deberá ser avalada por el Congreso colombiano. Esto marca un contraste evidente con la administración previa, que decidió frenar la extradición de alias ‘Araña’ a pesar de existir una solicitud formal avalada por la Corte Suprema de Justicia, decisión que fue blanco de críticas, de acuerdo con El Espectador.

En el marco de su gestión, De la Espriella también firmó la extradición reciente de otros individuos requeridos por Perú, República Dominicana y Panamá para responder por delitos como tráfico agravado de drogas, lavado de activos y violación sexual, demostrando una política de “seguridad, legalidad y autoridad del Estado”. Entre las disposiciones recientes en cárceles del país se destaca el traslado de jefes de la “Oficina de Envigado” a otros penales, medida que acompaña la nueva agenda del gobierno para romper lazos entre criminalidad y política. El presidente advirtió con firmeza que “no habrá escondite, privilegio, mesa de diálogo ni artificio jurídico que los coloque por encima de la ley”.

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¿Cuáles son los criminales extraditados por Abelardo de la Espriella y de qué se les acusa?

Entre las extradiciones recientes firmadas por el presidente Abelardo de la Espriella destacan Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, cabecilla de Comandos de la Frontera, requerido por narcotráfico por Estados Unidos. Junto a él, Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’; Carmen Evelio Castillo, alias ‘Muñeca’; Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’; y Fredy Castillo, alias ‘Pinocho’ están acusados por la justicia estadounidense de delitos relacionados con el narcotráfico y delincuencia organizada. Además, otros extraditables enfrentarán la justicia de Perú, República Dominicana y Panamá por delitos como tráfico de drogas, lavado de activos, violación sexual y homicidio agravado en grado de tentativa.

¿En qué consiste la estrategia “Escudo de las Américas” mencionada por De la Espriella?

De acuerdo con lo comunicado por el presidente De la Espriella en su declaración, la estrategia “Escudo de las Américas” es una iniciativa respaldada por el mandatario estadounidense Donald Trump, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra el narcotráfico en la región. Esta estrategia implica la cooperación internacional para operaciones conjuntas entre países, en coordinación con Estados Unidos, aunque su puesta en marcha requiere la aprobación del Congreso colombiano. El concepto pretende un frente común contra las organizaciones criminales transnacionales dedicadas principalmente al tráfico de drogas.

De La Espriella cuestionó la política de paz total del Gobierno anterior y afirmó que esta abrió espacios y concedió beneficios a integrantes de estructuras criminales sin que existieran, en los casos mencionados, aportes verificables para alcanzar la paz.

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El jefe de Estado también dejó claro que las conversaciones con organizaciones criminales no podrán convertirse en mecanismos para evitar procesos judiciales. “Los procesos de diálogo no pueden convertirse en refugios frente a la justicia ni la palabra paz puede utilizarse como salvoconducto para mantener privilegios mientras persisten graves requerimientos judiciales”, enfatizó.

“Los espacios de diálogo y de paz no son refugios judiciales”, afirmó De La Espriella, quien agregó que la paz no será en su Gobierno “para delinquir”.

Sin embargo, el mandatario aseguró que quienes demuestren una voluntad auténtica de abandonar la violencia tendrán una alternativa dentro del marco legal. “Quien demuestre una voluntad auténtica de abandonar la violencia y contribuir a la paz verdadera, encontrará un Estado dispuesto a actuar dentro de la Constitución y la ley”, manifestó. 

Para quienes continúen en actividades como narcotráfico, terrorismo o crimen organizado, el mensaje fue distinto. “No habrá escondite, privilegio, mesa de diálogo ni artificio jurídico que los coloque por encima de la ley y que les permita evadir la acción decidida de la justicia (…) habrá mano de hierro contra los criminales”, declaró De La Espriella.

En cuanto a las extradiciones, el mandatario ordenó avanzar con la entrega a Estados Unidos de Willington Henao, alias Mocho Olmedo; Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca; Geovany Andrés Rojas, alias Araña; Gabriel Yepes Mejía, alias HH, y Fredy Castillo, alias Pinocho. 

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Este hecho generó inmediatas reacciones políticas. El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, fue uno de los primeros en expresar su desacuerdo y cuestionó las presuntas “presiones” ejercidas desde el Ejecutivo. Según Vallejo, un gremio pierde autonomía e independencia cuando cede a las influencias del gobierno, dejando de priorizar los intereses de sus afiliados y convirtiéndose en un brazo del poder. De manera similar, Andrés Forero, senador de esa colectividad, lamentó el “desnombramiento” de Soto y enfatizó que la independencia gremial es un valor que el país debe salvaguardar.

Aunque hubo voces menos críticas, como la del representante Daniel Briceño, quien elogió la trayectoria de Carolina Soto, la situación dejó aún más marcada la fractura entre el gobierno y su principal bancada oficialista. Las diferencias tienen antecedentes en la campaña presidencial, cuando las disputas por la Presidencia del Senado y las tensiones en las elecciones internas de la Congreso ya mostraban un ambiente fragmentado. El Centro Democrático, segundo partido con mayor representación, propuso a Honorio Henríquez, pero la intervención del presidente De la Espriella y alianzas circunstanciales desencadenaron un pulso político en el Legislativo.

Estos desacuerdos trascendieron otras instancias, como la elección del contralor y la distribución de cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE), según la reconstrucción de los hechos realizada por El Espectador. En medio de disputas, incluso el expresidente Álvaro Uribe interpretó algunas decisiones del Ejecutivo como una “amenaza” hacia su partido. Finalmente, bajo presión y en medio de la controversia, Carolina Soto declinó la aspiración. En su comunicado, recalcó la necesidad de independencia del sector privado y el respeto del gobierno por las decisiones gremiales. La CCI, considerada por el presidente De la Espriella como central para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, deberá ahora buscar un nuevo liderazgo.

¿Por qué se generó la controversia alrededor del nombramiento de Carolina Soto en la CCI?

La polémica surgió por supuestas presiones del gobierno para influir en la elección de la presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, según líderes del Centro Democrático citados por El Espectador. Esto llevó al retiro de Carolina Soto del cargo, desatando un debate sobre la autonomía de los gremios frente al poder Ejecutivo.

¿Cuál es el papel de la Cámara Colombiana de la Infraestructura tras el terremoto del 10 de agosto?

De acuerdo con declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella recogidas por El Espectador, la Cámara Colombiana de la Infraestructura es considerada clave para la reconstrucción en las zonas afectadas por el reciente sismo, por lo que su liderazgo es un asunto de especial relevancia política y económica.

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De acuerdo con el medio citado, la directiva fue firmada por el coronel Rolando Ramírez, quien para ese momento estaba al frente de Custodia y Vigilancia y había sido encargado como director general del Inpec. El documento apareció pocas semanas después del escándalo por una parranda vallenata, licor y otros elementos dentro de la prisión.

El texto señalaba que los privados de la libertad vinculados al proceso estaban relacionados con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá. La medida buscaba, oficialmente, fortalecer el seguimiento y control de las actividades relacionadas con el proceso de paz urbana.

La primera condición contemplaba una sala exclusiva para los encuentros entre los voceros, delegados del Gobierno y representantes del proceso. El espacio correspondía al aula virtual o sala de paz ubicada en el bloque de alta seguridad.

Además, según Noticias RCN, las reuniones podían extenderse hasta las 10 de la noche, dependiendo de las necesidades del proceso de conversación sociojurídica. La directiva también contempló una jornada especial de visitas familiares los miércoles, con ingreso de hasta tres adultos por cada interno desde las 8 de la mañana.

Otro de los puntos que llamó la atención fue la posibilidad de que los familiares ingresaran comida preparada para los voceros. El documento justificó la medida al señalar: “Se establece que en esta visita diferencial se permitirá el ingreso de comida preparada para los PPL voceros, lo anterior teniendo en cuenta la poca capacidad del establecimiento para suplir las necesidades de alimentación de este personal”.

La alimentación también tenía condiciones particulares. Los voceros podían optar por no recibir los alimentos suministrados por el Inpec y acceder a productos crudos. Asimismo, la directiva estableció controles específicos sobre los elementos autorizados dentro de los pabellones.

Finalmente, los televisores permitidos para estos internos debían permanecer exclusivamente en las celdas asignadas a los voceros y no podían ser utilizados por los demás presos. La revelación ocurre después del escándalo de abril de 2026 y de los operativos anunciados por el Gobierno para reforzar los controles en la cárcel.

Dentro del grupo de detenidos destaca Rafael Salgado Merchán, alias “Águila”, señalado por las autoridades como uno de los cabecillas y hombre de confianza de José Manuel Sierra, alias “Zarco Aldinever”, líder de la estructura en Meta. Junto a él, también fueron identificados y procesados Juan Pablo Solano Estupiñán, Mallerly Velásquez Cárdenas, Iván Darío Moreno Domínguez, Luis Miguel Solano Lombana, José Delfín Villalobos Jiménez, Omar Santiago Rodríguez Velásquez, Breyner Alexander Rodríguez Velásquez, Cristian Camilo Cortés Cardona, Wilton Acosta Grosso y Diego Andrés Hernández Wallis.

La Fiscalía informó que durante los operativos realizados en fincas de la región —entre ellas Villa La Paz y Casa Roja— se encontraron armas, municiones, chalecos tácticos y equipos de radiocomunicación utilizados por la red criminal para sus actividades ilícitas. La imputación de cargos incluyó delitos como concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado. Todos los implicados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y no aceptaron los cargos.

Esta facción de la Segunda Marquetalia, como se le conoce a una de las disidencias de las Farc, figura además como presunta responsable del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ocurrido en junio de 2025. La fiscal general Luz Adriana Camargo expuso detalles de la investigación y anunció órdenes de captura contra altos mandos del grupo, entre ellos alias “Iván Márquez”, “John 40” y “Zarco Aldinever”. Según la fiscal, Kendric Téllez Álvarez habría sido el enlace directo para ejecutar el crimen, bajo instrucción de “Zarco Aldinever”.

La muerte de José Manuel Sierra, ‘Zarco Aldinever’, ha estado rodeada de versiones contradictorias. Mientras la Segunda Marquetalia envió un comunicado confirmando el fallecimiento, el entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, enfatizó que no existía certeza sobre el hecho y solicitó colaboración para esclarecer esa información.

¿Por qué la Segunda Marquetalia es señalada como autora del asesinato de Miguel Uribe Turbay?

La Fiscalía General de la Nación ha vinculado a la Segunda Marquetalia con el asesinato de Miguel Uribe Turbay debido a investigaciones de inteligencia e información obtenida tras la captura de varios implicados. La fiscal general Luz Adriana Camargo explicó que miembros de esta disidencia habrían coordinado y ordenado el ataque, y que algunas capturas ya generaron condenas tras aceptación de cargos por parte de los ejecutantes materiales, fortaleciendo así la hipótesis sobre la autoría intelectual de este grupo armado ilegal.

¿Qué significa concierto para delinquir agravado y por qué se usa en estos casos?

Concierto para delinquir agravado es un término jurídico empleado para describir la unión de varias personas con el objetivo de cometer delitos, en este contexto con fines de extorsión y otros crímenes graves. Es “agravado” porque implica propósitos adicionales o un mayor grado de organización. Se usa en casos donde existen estructuras criminales, como la investigada en Puerto Gaitán, ya que demuestra una colaboración sistemática para cometer actos ilícitos.

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Han circulado numerosos videos que evidencian la grave magnitud de los daños ocasionados por los incendios. Por ejemplo, en municipios como Ortega se ha visto que las llamas se han expandido a niveles preocupantes a tal punto de estar muy cerca de viviendas, lo que ha alarmado a los habitantes del poblado, quienes con sus propios medios tratan de extinguir el fuego.

Inclusive, varias casas rurales han quedado gravemente afectadas por el aumento de las llamaradas que siguen en el departamento.

Aunque en varios puntos se han apagado las llamas, lo que la emergencia dejó ha sido devastador. Las imágenes muestran kilómetros entre los cerros tolimenses completamente en cenizas negras donde antes abundaba el verde. Inclusive, algunas reservas naturales han resultado gravemente afectadas.

Mientras las autoridades y la comunidad local sigue con sus labores para evitar una tragedia mayor, se sigue buscando qué originó la emergencia, más allá de la ola de calor que se vive en Tolima. Muchos no descartan que manos criminales hayan ocasionado los incendios por tener malas intenciones.

“Solo por negligencia de personas irresponsables que hacen quemas o sueltan voladores sin pensar el daño que causan”, dicen algunos habitantes departamentales.

Pese a la gravedad de la emergencia, las personas se han mostrado resilientes y optimistas para salir adelante y ayudar a quienes han sido gravemente afectados. Varias imágenes evidencian las donaciones y apoyos a animales de la zona para contribuir, aunque sea con un detalle sencillo, para salir adelante.

El cambio central gira en torno a los denominados “colegios en administración” o “colegios en concesión”. Morales explicó, mediante un video, que la reforma introduce precisiones jurídicas para que entidades territoriales, respaldadas por organizaciones privadas con experiencia pedagógica y administrativa, gestionen establecimientos educativos oficiales. Aclaró que en este esquema los colegios seguirían siendo públicos y la responsabilidad, dirección y control del servicio educativo quedaría en manos estatales, aunque se delegaría parte de la administración a un tercero privado.

Esta propuesta ha sido severamente cuestionada. Ricardo Moreno Patiño, exviceministro de Educación Superior, manifestó en sus redes que la medida permitiría que particulares organicen y administren colegios públicos, algo que, según su visión, podría significar una privatización disfrazada. Daniel Rojas, exministro de Educación, argumentó en video que el proyecto viola la Ley 715 de 2001 —que regula los recursos educativos— porque solo prevé contratación con privados por insuficiencia en la red pública, mientras la nueva figura permitiría estos acuerdos sin que exista dicha necesidad.

Un punto polémico es la duración de los contratos: la propuesta establece un plazo máximo de doce años, lo cual, para críticos como Rojas, implicaría que un estudiante podría cursar todo su ciclo sin tener contacto con un colegio enteramente estatal. Además, el borrador abre la puerta a que iglesias o confesiones religiosas gestionen estrategias pedagógicas. Natalia Moreno, congresista del Pacto Histórico, se opone a que en un Estado laico existan contratos para que actores religiosos manejen instituciones públicas. Morales, en contraste, sostiene que el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 ya permite ese tipo de colaboración.

Finalmente, se debate la disposición que establece vínculos laborales privados para el personal docente y administrativo contratado por el gestor, lo que, según críticos, podría precarizar condiciones frente al personal oficial. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y diversos actores han pedido retirar el proyecto y solicitaron una reunión con la ministra, que aún no ha ocurrido.

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¿Cuáles son los cambios al Decreto 1075 de 2015 propuestos por el Ministerio de Educación?

El proyecto busca clarificar el modelo de colegios en administración permitiendo que organizaciones privadas, incluidas confesiones religiosas, gestionen establecimientos educativos públicos a través de contratos de hasta doce años. Aunque la propiedad y control estatal se mantendrían, la administración y contratación del personal serían privadas, y se permitiría la colaboración sin que medie insuficiencia en la red pública, lo que ha generado controversias sobre privatización y derechos laborales.

¿Por qué el proyecto de decreto del Ministerio de Educación ha causado polémica?

El proyecto ha generado discusión porque amplía la participación privada y religiosa en la gestión de colegios públicos, reduce el tiempo para la consulta ciudadana y habilita contratos laborales sujetos al derecho privado, aspectos que críticos consideran pueden significar una privatización “encubierta” y un retroceso en derechos laborales y en la laicidad del Estado.

El proyecto, conocido como ley ‘Laura’, plantea prohibir en menores el uso de bloqueadores de la pubertad, tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos de afirmación de género. La propuesta contempla además un régimen sancionatorio para médicos y hospitales que incumplan la eventual prohibición.

Forero señaló que la discusión busca centrarse en el ámbito de la salud y no en las posiciones políticas frente a la llamada “ideología de género”. El congresista también reconoció que existen lineamientos de la Corte Constitucional que deben ser tenidos en cuenta durante el trámite.

“Lo que estamos buscando es que prime un criterio de prudencia médica donde se reconozca que hay limitaciones de información científica de que hay efectos irreversibles en las personas que son sometidas a este tipo de tratamientos y que un niño debe tener una protección especial”, dijo Forero.

Hoy radicamos el proyecto de ley “Laura”, que busca prohibir las terapias de cambio de sexo en menores de edad.

Ante el riesgo de efectos irreversibles y la falta de evidencia debe aplicarse el principio de precaución y prudencia médica.

Lo que pasó con Laura no debe repetirse. pic.twitter.com/V4LXoUzfOW

— Andrés Forero CD (@AForeroM) August 26, 2026

La iniciativa toma como referencia el caso de Laura, una joven que a los 15 años recibió tratamiento hormonal en una clínica del Valle del Cauca y posteriormente cambió de opinión. Su familia presentó una demanda al considerar que pudo existir un error en el procedimiento y las recomendaciones médicas. 

Finalmente, el proyecto propone considerar como falta grave contra la ética médica las conductas de quienes presten, ordenen, practiquen o ejecuten los procedimientos prohibidos. La sanción se tramitaría bajo la Ley 23 de 1981 y, en caso de reincidencia, podría contemplar la suspensión del ejercicio médico hasta por cinco años.

Durante esa jornada inicial, la comunidad logró reunir más de 15 toneladas de productos, entre los que se cuentan alimentos no perecederos, agua potable, elementos de aseo y comida para mascotas. Sin embargo, tal como lo informó la Pastoral Social de Valledupar, la colecta no se detuvo en esa fecha: siguen llegando contribuciones desde distintos sectores, incluyendo colegios, empresas privadas, instituciones y ciudadanos, quienes han mostrado una respuesta constante frente a la emergencia.

Para aquellas personas e instituciones que desean seguir colaborando, las parroquias de la Diócesis de Valledupar permanecen habilitadas como puntos de acopio. Allí, la Pastoral Social continúa recibiendo principalmente alimentos no perecederos y agua potable, aunque cualquier elemento útil para las familias damnificadas es bien recibido. De este modo, la red parroquial sigue jugando un papel central como canal para la solidaridad ciudadana.

Por otro lado, el apoyo no se limita únicamente a donaciones materiales. El domingo 23 de agosto, las parroquias de la Diócesis organizaron una colecta extraordinaria de dinero, fortaleciendo así la atención a quienes todavía necesitan apoyo tras la crisis. Estas acciones han estado acompañadas de un proceso logístico importante para asegurar que las ayudas lleguen a su destino. Según la información más reciente de la Pastoral Social, ya se han enviado 62 toneladas de ayuda humanitaria hacia comunidades afectadas, especialmente en el departamento del Chocó y el municipio de Dosquebradas, Risaralda, ambos incluidos dentro del alcance de la campaña.

Mientras tanto, la invitación sigue abierta: quienes deseen aportar pueden llevar sus ayudas en especie a las parroquias de la Diócesis, donde la Pastoral Social continúa organizando y clasificando cada contribución. Para más detalles o para resolver inquietudes, está habilitada la línea de WhatsApp 322 730 7199 de la Pastoral Social de Valledupar.

¿Dónde puedo donar alimentos y ayudas para las familias afectadas por los terremotos en Colombia?

Si usted desea seguir contribuyendo, puede llevar sus donaciones en especie directamente a las parroquias de la Diócesis de Valledupar, que están habilitadas como puntos de acopio, según información de la Pastoral Social y el Banco de Alimentos. Allí se reciben principalmente alimentos no perecederos, agua potable y elementos de higiene para las familias que todavía requieren apoyo tras la emergencia.

¿Cuáles comunidades han recibido las ayudas recolectadas por la Pastoral Social de Valledupar?

De acuerdo con el balance de la Pastoral Social, hasta la fecha ya se han trasladado 62 toneladas de ayudas humanitarias a comunidades afectadas, con especial atención a zonas del departamento de Chocó y el municipio de Dosquebradas, en Risaralda, quienes forman parte de las regiones priorizadas en la campaña de solidaridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La nueva integración surge tras la votación realizada en el Congreso de la República, en la que participaron tres planchas postuladas y se aplicó el sistema de cifra repartidora. Los elegidos fueron Nubia Stella Martínez (Centro Democrático), Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón Buitrago (MIRA), Juan Felipe Lemos (Partido de la U), Gersel Pérez Altamiranda (Cambio Radical), Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico), de acuerdo con los reportes oficiales citados por El Espectador y respaldados en redes sociales institucionales.

Este cambio de composición tiene consecuencias concretas: el Partido Liberal y la Alianza Verde perdieron sillas, mientras que partidos minoritarios como MIRA y Salvación Nacional lograron obtener representación directa, a pesar de contar con menos de 10 congresistas cada uno. Esto fue posible por alianzas estratégicas, como la del MIRA con Centro Democrático, y por las negociaciones del ministro del Interior, Rodrigo Lara. Cambio Radical, tras una jugada similar, recuperó asiento en el CNE, mientras que el Pacto Histórico deberá continuar jugando un papel de minoría, con apenas dos representantes.

Ahora, el CNE deberá afrontar tareas cruciales: revisar cuentas de campaña de candidatos presidenciales, entre ellas la del propio presidente De la Espriella, una cuestión sensible tras lo ocurrido en el periodo anterior con las decisiones en torno a la campaña de Gustavo Petro y los límites de financiación. Además, los magistrados tendrán que analizar solicitudes sobre personerías jurídicas, divisiones internas en partidos y nuevas formaciones, como el Movimiento Bolivariano de Carlos Alonso Lucio y la escisión de la Alianza Verde. La posesión de los elegidos será el 1 de septiembre y su primer acto oficial será la elección de presidente y vicepresidente del organismo.

Entre los perfiles destacados están Nubia Stella Martínez, fundadora del Centro Democrático y exdirectora del partido, Juan Felipe Lemos (Partido de la U), y Cielo Rusinque (Pacto Histórico), exfuncionaria en varios cargos del gobierno Petro. De esta forma, la nueva sala plena del CNE representa la recomposición del poder político en el ámbito electoral para el periodo 2026-2030.

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¿Quiénes son los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral de Colombia?

Los nuevos magistrados del CNE son Nubia Stella Martínez (Centro Democrático), Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), Juan Felipe Lemos (Partido de la U), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón Buitrago (MIRA), Gersel Pérez Altamiranda (Cambio Radical), Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico), según datos recogidos por El Espectador. Cada magistrado llega respaldado por alianzas estratégicas que reflejan la recomposición de fuerzas políticas en Colombia.

¿Qué cambios representa la nueva composición del CNE para las elecciones regionales?

La nueva conformación del CNE concentra siete de los nueve asientos en partidos aliados al gobierno, desplazando a sectores como el Partido Liberal y Alianza Verde. Esto puede traducirse en un mayor control del oficialismo sobre decisiones clave en temas de control de cuentas de campañas y personerías jurídicas, asuntos fundamentales de cara a las próximas elecciones regionales de acuerdo con el contexto divulgado por El Espectador.

De acuerdo con la Pastoral Social, la ola de donaciones no se detuvo tras esa fecha. Las contribuciones, que llegan desde colegios, empresas privadas, instituciones y ciudadanos particulares, continúan arribando al Banco de Alimentos de Valledupar. Estas donaciones consisten principalmente en productos de larga duración, agua potable y artículos indispensables para cubrir las necesidades más urgentes de los damnificados.

Para quienes buscan unirse a esta causa, las parroquias de la Diócesis de Valledupar siguen funcionando como puntos autorizados para la recepción de donaciones en especie. Además, el compromiso de la comunidad se ha reflejado también en aportes económicos: el 23 de agosto, durante una colecta realizada en las parroquias locales, se recaudaron fondos adicionales para continuar con la atención y asistencia a las comunidades más impactadas.

Las acciones de recolección cuentan también con una compleja logística orientada al envío de la ayuda a las regiones más necesitadas. Según el informe más reciente de la Pastoral Social, se han despachado 62 toneladas de ayudas humanitarias, dirigidas a comunidades impactadas en el departamento del Chocó y en el municipio de Dosquebradas, Risaralda. Estos territorios están dentro de la cobertura de la campaña, que mantiene su propósito de no dejar a ninguna familia sin ayuda en medio de la adversidad.

La invitación de la Pastoral Social de Valledupar es a no frenar el apoyo: las parroquias seguirán abiertas como puntos de acopio y la organización mantiene su labor de recepción y distribución de la ayuda. Quienes requieran orientación adicional pueden comunicarse mediante la línea de WhatsApp 322 730 7199.

¿Cómo puede usted donar a las familias afectadas por los terremotos en Valledupar?

Usted puede llevar donaciones en especie, como alimentos no perecederos, agua y elementos de aseo, a cualquiera de las parroquias de la Diócesis de Valledupar, que están disponibles como puntos de acopio. También es posible hacer aportes económicos, como sucedió en la colecta extraordinaria del 23 de agosto. Para más detalles, puede comunicarse con la Pastoral Social de Valledupar a través de WhatsApp.

¿Qué tipo de ayuda se ha enviado desde Valledupar a las zonas afectadas por los terremotos?

Según el balance de la Pastoral Social, desde Valledupar se han enviado 62 toneladas de ayudas humanitarias, incluyendo alimentos no perecederos, agua potable y productos de aseo personal, destinados principalmente a los afectados en el departamento del Chocó y en el municipio de Dosquebradas, Risaralda.

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(Vea también: “Se volteó”: gran aliado de Petro ahora es acusado de favorecer al gobierno De la Espriella)

El mandatario hizo el anuncio desde el Palacio de San Carlos, en el centro de Bogotá, donde confirmó que tres de los señalados ya se encuentran bajo custodia de las autoridades y serán enviados a territorio estadounidense.

Entre los nombres mencionados por el jefe de Estado está Giovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, cabecilla de los Comandos de Frontera y quien había estado en el centro de una controversia por su participación en procesos de diálogo durante el anterior Gobierno.

La decisión sobre alias ‘Araña’ cobra especial relevancia porque Estados Unidos lo requiere por delitos relacionados con el narcotráfico. Su solicitud de extradición había sido tramitada anteriormente, pero el proceso tuvo cambios durante el gobierno de Gustavo Petro.

Este es el anuncio del presidente:

Estos son los cinco cabecillas que serán extraditados

De acuerdo con el anuncio del presidente, los primeros tres cabecillas que serán extraditados son:

• Willington Henao Gutiérrez, alias el ‘Mocho Olmedo’.
• Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’.
• Giovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’.

Los tres permanecen bajo custodia de las autoridades, por lo que el Gobierno puede avanzar con los procedimientos correspondientes para su traslado a Estados Unidos.

A esta lista se suman Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’, y Fredy Castillo, alias ‘Pinocho’. Sin embargo, en estos dos casos existe una diferencia fundamental: todavía no han sido capturados.

Por esa razón, de la Espriella aseguró que ambos serán extraditados tan pronto sean capturados.

El anuncio supone así una advertencia directa para los integrantes de estructuras criminales que son requeridos por la justicia estadounidense y que permanecen prófugos.

De la Espriella ratificó el fin de la política de “paz total”

El anuncio también tiene una lectura política, pues el Gobierno de De la Espriella busca marcar distancia frente a la política de paz total implementada durante el mandato anterior.

Alias ‘Araña’ es precisamente uno de los casos que mejor representa ese cambio de orientación. El cabecilla fue capturado en febrero de 2025 mientras hacía parte de una delegación de las disidencias que participaba en conversaciones de paz con el Gobierno de Gustavo Petro. En ese momento, Estados Unidos ya lo requería en extradición.

Con el anuncio de las cinco extradiciones, el presidente De La Espriella deja así una señal clara sobre el rumbo que pretende darle a la lucha contra las estructuras criminales: quienes sean requeridos por la justicia estadounidense y estén bajo custodia podrán ser enviados a ese país, mientras que los que permanezcan prófugos serán buscados para cumplir el mismo procedimiento una vez sean capturados.

Este jueves 27 de agosto, el hotel Sicarare servirá como escenario para la socialización de las propuestas de adición y prórroga del contrato que rige la obra. La invitación cursó a representantes de los entes de control, los contratistas involucrados y los miembros de la veeduría, quienes han insistido en la importancia de articular esfuerzos en torno a la garantía de una conexión completa del tramo vial en cuestión.

Durante procesos de socialización anteriores, los residentes de San Fernando manifestaron inquietudes, especialmente por el posible incremento en el tránsito de vehículos de carga pesada en su zona, así como los detalles sobre la ruta de empalme hacia la glorieta del Terminal de Transporte. A esto se suma la necesidad de definir obras complementarias de alto impacto, como el puente proyectado sobre el río Cesar y el tramo urbano que dará acceso a la ciudad de Valledupar, dos componentes que siguen sin definiciones concretas.

Uno de los temas centrales del debate ha sido el diseño del separador central planeado, de dos metros de ancho entre las calzadas. La veeduría ciudadana argumenta que ese diseño podría representar un riesgo para los conductores, por lo que ha solicitado su ampliación. Frente a estas preocupaciones, la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) ha respondido que los diseños actuales cumplen con la normativa vigente a nivel nacional y que cualquier modificación al respecto deberá estar respaldada por estudios técnicos y jurídicos realizados en conjunto con Invías.

La reunión prevista busca, precisamente, aclarar el alcance de la adición y la prórroga requeridas, abordar el tema de los recursos y los tiempos de ejecución pendientes, y dar respuesta a las inquietudes presentadas por las comunidades y los organismos de control.

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¿Qué obras complementarias necesita la segunda calzada Valledupar–La Paz para su conexión total?

De acuerdo con la información socializada por los organizadores y la veeduría ciudadana, aún están pendientes definiciones sobre obras complementarias como el puente sobre el río Cesar y el tramo de acceso urbano a Valledupar. Estas infraestructuras son claves para asegurar la conexión integral del proyecto y la fluidez del tránsito en el sector.

¿Por qué la veeduría ciudadana cuestiona el ancho del separador central en la segunda calzada Valledupar–La Paz?

Según lo expresado por la veeduría ciudadana, el separador central de dos metros podría representar riesgos para los conductores y se ha solicitado su ampliación en aras de la seguridad vial. Findeter sostiene que el diseño actual cumple la normativa nacional, pero enfatizó en la necesidad de estudios técnicos y jurídicos para considerar modificaciones, en coordinación con Invías.

El origen de este caso se remonta a la controversia generada por la modificación contractual que permitió sumar estudios y diseños para el tramo Ocaña–Aguaclara–Gamarra–Puerto Capulco. Según la Procuraduría, estos trabajos no estaban vinculados de forma directa con el objeto principal del proyecto inicial, por lo que consideró que su integración debía darse a través de un nuevo proceso de selección y no mediante una simple modificación contractual. En septiembre de 2022, Mendoza Rozo fue declarado responsable por la Procuraduría, que confirmó la sanción en segunda instancia en agosto de 2024.

No obstante, el Tribunal no abordó la legalidad o ilegalidad de las mencionadas modificaciones ni la posible responsabilidad de Mendoza Rozo en los hechos asociados al caso Odebrecht. La decisión se sustentó en un aspecto procedimental: la Procuraduría excedió el plazo legal de cinco años, contado desde la apertura de la investigación disciplinaria, para notificar la decisión sancionatoria. Según el tribunal, dicho plazo precluyó el 25 de agosto de 2022, mientras que la notificación por parte de la Procuraduría ocurrió el 27 de septiembre de ese año, cuando ya no era posible legalmente imponer la sanción.

Otro punto relevante del fallo es que el tribunal rechazó el argumento de la Procuraduría, que afirmaba que los términos de prescripción se habían suspendido durante la emergencia de covid-19, lo cual extendería el tiempo para emitir la decisión. El Tribunal citó una sentencia del Consejo de Estado de junio de 2025, según la cual esa suspensión no aplica para ampliar plazos sancionatorios, pues la prescripción disciplinaria es una garantía fundamental del debido proceso. Así, la sanción quedó sin piso jurídico, sin que se resolviera el fondo sobre la actuación de Mendoza Rozo.

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¿Por qué fue revocada la sanción contra Camilo Mendoza Rozo en el caso de la Ruta del Sol?

La sanción contra Camilo Mendoza Rozo fue revocada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca debido a que la Procuraduría superó el plazo legal de cinco años para notificar la decisión disciplinaria, lo que significa que se produjo la prescripción y, por tanto, ya no podía imponerse la sanción. El tribunal enfatizó que la suspensión de términos durante la pandemia no era aplicable para ampliar este plazo.

¿Qué significa prescripción disciplinaria y cómo influyó en este caso?

La prescripción disciplinaria es el límite de tiempo durante el cual una autoridad puede sancionar a alguien por posibles faltas. Una vez vencido ese plazo, la acción ya no puede ejecutarse legalmente. En este caso, el Tribunal determinó que el plazo máximo era de cinco años y ya había pasado cuando la Procuraduría sancionó a Mendoza Rozo, invalidando la sanción conforme a lo estipulado por el Consejo de Estado.

Barrera explicó que se conformarán bloques integrados con las Fuerzas Militares, con los que se buscará sumar capacidades operativas, de inteligencia e investigación criminal. “Estamos uniendo esfuerzos en capacidad operativa, investigación criminal e inteligencia”, aseguró el director de la Policía, según citó Caracol Radio. 

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Entre los movimientos confirmados está la continuidad del general Giovanni Cristancho al frente de la Policía Metropolitana de Bogotá. Para Cali llegará el general Néstor Pineda, mientras que en Barranquilla estará la general Sandra Rodríguez, de acuerdo con el anuncio inicial entregado por Barrera.

En Medellín asumirá Richard Fajardo, quien ya había ocupado el cargo de subcomandante en esa ciudad y actualmente adelanta el curso para general. De acuerdo con Barrera, su ascenso estaría previsto para diciembre.

También hubo ratificaciones en áreas clave

Los cambios no solo estarán en las ciudades. El general William Castaño continuará como director de Antinarcóticos, mientras que el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria seguirá al frente de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín.

La Dirección de Inteligencia, por ahora, queda pendiente de una definición. Barrera indicó que todavía se espera conocer quién ocupará ese cargo.

Bogotá tendrá el foco en hurto, lesiones y homicidio

Sobre la capital, donde continuará Cristancho, Barrera aseguró que la prioridad será fortalecer la seguridad ciudadana.

El director de la Policía puso especial atención en delitos como el hurto, las lesiones personales y el homicidio, fenómenos que estarán entre los principales objetivos de la nueva estrategia.

Subdirección de la Policía tendrá base en Barranquilla

Otro de los anuncios que llamó la atención fue el traslado de la base de la Subdirección de la Policía a Barranquilla, una decisión que, según Barrera, comienza a aplicarse desde este miércoles.

El mayor general Norberto Mujica Jaime asumirá como director de la Subdirección. “La orden del señor presidente es que la subdirección de la Policía tenga base en Barranquilla”, explicó Barrera.

Con estos movimientos, la Policía busca reorganizar sus principales estructuras de mando y reforzar la respuesta frente a los delitos que más afectan a las ciudades, al tiempo que avanza en una mayor coordinación con las Fuerzas Militares.

La denuncia, presentada formalmente ante la Sala de Instrucción el 14 de agosto, señala al congresista, representante por la Circunscripción Especial de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, por presuntos delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública. Según el expediente, estas irregularidades habrían sucedido en el marco de una campaña de recaudación que Benavides promovió en sus redes sociales, llamando a donar a través de unas cuentas que —según él— pertenecían a una fundación. Sin embargo, de acuerdo con el texto de la denuncia, estas cuentas de Nequi y Bancolombia estarían registradas en nombre de José Francisco Ibalde Ibarra, líder político del Chocó considerado cercano al congresista. La causa quedó a cargo del magistrado Francisco Farfán.

En su defensa, Benavides aseguró que Ibalde Ibarra es el representante legal de la fundación correspondiente y que él autorizó el uso de esas cuentas para recibir aportes, negando que se usarán cuentas bancarias personales propias. Por otra parte, la denuncia presentada por el ciudadano Daniel David Martínez, de 21 páginas, sostiene que el dinero, cuya suma superó los 300 millones de pesos colombianos según indicó el mismo congresista, fue consignado primero en cuentas de una persona natural y no en un canal institucional o directamente vinculado con la fundación —lo que plantea dudas sobre el real destino de los recursos—. Además, se solicita a la Corte que remita copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para investigar también a Laura Camila Vargas, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista Benavides.

Ante los señalamientos, Benavides declaró en Caracol Radio: “Yo soy el representante de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera (…) es de conocimiento público que yo soy un líder social, no soy un criminal ni un ladrón, para que los medios de comunicación se dediquen a destilar veneno en contra de una persona que lo que quiere es ayudar a su población”.

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¿Cuáles son las acusaciones contra Óscar Benavides por la campaña de donaciones en el Chocó?

Óscar Benavides es acusado de posibles delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública, a raíz de una campaña de donaciones supuestamente destinada a los afectados del terremoto en el Chocó. La denuncia advierte que los fondos recaudados, más de 300 millones de pesos, no llegaron a una fundación sino que se consignaron en cuentas personales de un allegado del congresista, lo que genera dudas sobre el manejo de los recursos donados.

¿A quién pertenecían las cuentas usadas para recaudar las donaciones y por qué es relevante?

Según la denuncia revisada por la Corte Suprema de Justicia, las cuentas de Nequi y Bancolombia utilizadas en la campaña estaban a nombre de José Francisco Ibalde Ibarra, líder político del Chocó considerado cercano a Benavides. Esta situación es relevante porque, aunque se anunció que las donaciones eran para una fundación, la consignación en cuentas personales podría implicar una irregularidad en el manejo y destino de los fondos recolectados.

La organización recomienda a conductores y pasajeros de transporte público anticipar sus desplazamientos y considerar que los tiempos de viaje serán más largos debido a los cierres previstos. El personal de tránsito estará en las vías para orientar a los usuarios y garantizar la seguridad, por lo que se insiste en seguir sus indicaciones y consultar el estado de movilidad antes de salir.

En el norte, la Ciclovía Nocturna abarcará tramos de siete corredores principales, entre ellos la avenida Boyacá, la avenida Córdoba (más conocida como carrera 55), carrera 15, carrera Novena, calle 116, calle 147 y avenida calle 170. Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá no especificó los límites precisos de cada cierre ni los desvíos disponibles, por lo que no se puede concluir que la totalidad de estas vías permanecerá cerrada durante el evento. Las restricciones se aplicarán únicamente en los tramos incluidos en la ruta.

En el centro y centro-occidente, cinco vías principales se verán afectadas: calle 72, carrera Séptima, avenida calle 26 (también llamada avenida El Dorado), carrera 60 y avenida Boyacá. De acuerdo con la información oficial, la carrera Séptima será el eje de un recorrido cultural que irá desde la Plaza de Bolívar hasta la calle 60, con estaciones en lugares emblemáticos como el Parque Santander, la plazoleta del Bulevar de San Diego y el Parque de los Hippies. Allí se realizarán actividades culturales, artísticas y creativas.

Al sur de la ciudad, las restricciones se concentran en corredores como la carrera 50, carrera Séptima, calle 17 Sur y de nuevo, la avenida Boyacá, que será una de las vías con mayor impacto por los cierres en las tres zonas de la capital.

La edición, titulada “Paseo bajo las Estrellas”, hace parte del Festival de Verano de 2026 y aunque la fecha original era el 13 de agosto, se reprogramó para este 27. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) recomendó verificar el estado de las bicicletas, utilizar casco, luces y prendas reflectivas, y seguir las instrucciones de los Guardianes de la Ciclovía. Un Puesto de Mando Unificado operará desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo para coordinar la seguridad y la atención de emergencias.

¿Qué vías estarán cerradas por la Ciclovía Nocturna en Bogotá este 27 de agosto?

Las vías afectadas por los cierres serán tramos de la avenida Boyacá, avenida Córdoba, carrera 15, carrera Novena, calle 116, calle 147 y avenida calle 170 en el norte; así como calle 72, carrera Séptima, avenida calle 26, carrera 60 y nuevamente Boyacá en el centro. En el sur, los corredores son carrera 50, carrera Séptima, calle 17 Sur y la avenida Boyacá. No toda la extensión de estas vías estará cerrada, solo los tramos incluidos en la ruta oficial, según lo informó la Alcaldía de Bogotá.

¿Cómo participar en la Ciclovía Nocturna “Paseo bajo las Estrellas” en Bogotá?

Para participar, solo es necesario acudir con bicicleta, patines o dispuesto a correr o caminar por los corredores habilitados. La actividad es gratuita y contará con estaciones recreativas y culturales. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte sugiere llevar casco, luces y ropa reflectiva, y atender las recomendaciones de seguridad durante todo el recorrido.

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Los recorridos operan entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, abarcando barrios y sectores como Camilo Torres, Pablo Sexto, Bombay, La Mariana, Los Pinos, Bosques de la Acuarela, San Diego, Boquerón, Primavera Azul, Playa Rica, Pueblo Sol y Molivento. Esta cobertura ha resultado esencial para quienes dependen del transporte público en Dosquebradas, especialmente en una etapa de transición caracterizada por el esfuerzo de retornar a la normalidad luego de la emergencia.

Actualmente, la operación de las rutas alimentadoras se sostiene de manera temporal mientras el municipio continúa evaluando las condiciones de seguridad necesarias para el retorno de los buses articulados a la avenida Simón Bolívar. De acuerdo con Yeison Palacio, secretario de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas, el municipio está preparado para habilitar nuevamente la circulación de los articulados, pero la decisión debe priorizar la seguridad de los usuarios y de los conductores. Palacio enfatizó que es fundamental permitir la movilidad segura para quienes utilizan el transporte público, afirmando: “Hoy tenemos nuevamente activadas nuestras rutas alimentadoras. Son 18 vehículos que están prestando el servicio, permitiendo que nuestros usuarios puedan movilizarse y conectarse con el sistema. Dosquebradas está lista para recibir los articulados nuevamente”.

Por el momento, los usuarios pueden acceder al sistema desde el intercambiador de Dosquebradas y conectarse con el servicio especial que lleva hacia la avenida 30 de Agosto. En el caso de destinos hacia Cuba y otros puntos urbanos, las conexiones parten desde la calle 21, de acuerdo con el destino elegido por los pasajeros.

El regreso de los articulados aún depende de las evaluaciones técnicas en curso sobre determinados tramos de la avenida Simón Bolívar, donde las condiciones estructurales de algunas edificaciones continúan siendo objeto de inspección debido a los daños del terremoto. Dada la dimensión y el peso de estos buses, resulta esencial confirmar que su retorno no represente ningún riesgo adicional para la movilidad y la seguridad de la población.

Las rutas alimentadoras de Megabús retomaron operaciones en Dosquebradas el 15 de agosto como respuesta al proceso de recuperación del municipio tras el sismo del 10 de agosto, evidenciando un avance significativo en la reactivación del transporte público.

¿Cuándo regresarán los buses articulados de Megabús a Dosquebradas?

De acuerdo con declaraciones de Yeison Palacio, secretario de Tránsito y Movilidad municipal, el regreso de los buses articulados de Megabús aún está en evaluación. El retorno depende de los resultados de las inspecciones de seguridad en la avenida Simón Bolívar, zonas que resultaron afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Por ahora, no hay una fecha definida y la prioridad es garantizar que sean seguras tanto para vehículos como para pasajeros.

¿Qué son las rutas alimentadoras de Megabús y qué sectores cubren en Dosquebradas?

Las rutas alimentadoras de Megabús corresponden a trayectos de buses que transportan pasajeros desde diferentes barrios hacia los puntos de conexión del sistema principal de transporte masivo en Dosquebradas. Actualmente, estas rutas operan en horarios de 5:00 a.m. a 8:00 p.m., beneficiando principalmente a las comunas 5, 6 y 7, con cobertura en sectores como Pablo Sexto, Camilo Torres, Bombay, La Mariana, Playa Rica, San Diego y otros barrios estratégicos para la movilidad municipal.

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(Vea también: Fedegán alerta por aumento de importaciones de leche desde Estados Unidos, Chile y Bolivia y pide acciones al Gobierno)

De acuerdo con el balance presentado por el gremio, entre el primero de junio y el primero de agosto de 2026 la sequía dejó pérdidas cercanas a 47.000 millones de pesos, además de 9.865 bovinos muertos, 333.228 animales desplazados y alrededor de 2,2 millones de hectáreas afectadas.

La petición fue enviada al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, mediante una carta firmada por el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, en la que el gremio expone la necesidad de adoptar medidas inmediatas para mitigar los efectos del fenómeno climático.

Según Fedegán, la región Caribe concentra la mayor parte de la emergencia. Los departamentos de Cesar, La Guajira, Sucre, Atlántico y Magdalena reúnen la mayoría de animales muertos y de hectáreas impactadas por la falta de lluvias.

El gremio también advirtió que las cifras continúan siendo preliminares, debido a que existe subregistro entre pequeños productores y porque el fenómeno climático todavía no termina.

Más de 470.000 animales han muerto por fenómenos climáticos desde 2009, según Fedegán

Uno de los principales llamados de atención hechos por la organización es el impacto acumulado que han tenido los fenómenos climáticos sobre la ganadería colombiana durante los últimos años.

Según las cifras presentadas por Fedegán, entre 2009 y 2026 los episodios de El Niño, La Niña y otros eventos extremos han dejado 472.032 bovinos muertos, más de 7,5 millones de animales desplazados y, en promedio, cerca de 2 millones de hectáreas afectadas en cada emergencia.

El gremio recordó que uno de los episodios más graves fue el fenómeno de El Niño 2009-2010, cuando murieron más de 73.900 bovinos y las pérdidas económicas alcanzaron cerca de $1,96 billones de la época.

Asimismo, destacó que La Niña 2010-2011 dejó la mayor mortalidad registrada en la serie histórica, con 160.965 bovinos muertos.

Para Fedegán, estos antecedentes demuestran que las sequías e inundaciones dejaron de ser hechos aislados y se convirtieron en un riesgo permanente para la producción ganadera del país.

#Atención #ÚltimaHora #SOSGanadero

COMUNICADO DE PRENSA

FEDEGÁN le pide al gobierno un plan de choque por fenómenos climáticos: desde 2009 han muerto más de 470.000 animales

– De acuerdo con las cifras reveladas por la Federación Colombiana de Ganaderos, en los fenómenos de… pic.twitter.com/2VMRCA2tJ6

— José Félix Lafaurie (@jflafaurie) August 26, 2026

Las propuestas de Fedegán para enfrentar la emergencia climática

En la comunicación enviada al Ministerio de Agricultura, la Junta Directiva de Fedegán propuso una serie de acciones para atender la emergencia y reducir el impacto sobre los productores.

Entre las medidas planteadas están la reactivación de una red temporal de bodegas ganaderas para distribuir suplementos alimenticios a precios de contingencia y el apoyo al transporte de alimentos e insumos hacia las regiones más afectadas.

El gremio también pidió acelerar el acceso a créditos con condiciones preferenciales para construir pozos, reservorios, sistemas de riego y otras obras de abastecimiento de agua.

Otra de las propuestas consiste en fortalecer la prevención de incendios forestales mediante el aumento de bomberos rurales, el uso de drones para vigilancia y mayores restricciones a las quemas durante las temporadas secas.

A mediano y largo plazo, Fedegán planteó crear un programa nacional de reservas estratégicas de alimento bovino, fortalecer los sistemas silvopastoriles, impulsar proyectos de almacenamiento de agua y consolidar un tablero nacional de riesgo que permita anticipar los efectos de futuras sequías.

José Félix Lafaurie aseguró que estas iniciativas también deberían complementarse con un fortalecimiento del seguro agropecuario y el desarrollo de mecanismos que permitan responder con mayor rapidez a las pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos extremos.

De acuerdo con los reportes del SGC, tras el terremoto del 10 de agosto, Istmina ha sido epicentro de varios movimientos telúricos. Sin embargo, no es el único municipio del sur del Chocó donde se han sentido sismos recientemente. Lugares vecinos como Sipí, Medio San Juan y Nóvita también aparecen entre los puntos afectados. Según los informes citados, algunos sismos han sido perceptibles para la población, causando alerta, mientras que otros, de menor magnitud, han pasado desapercibidos.

La situación genera preocupación entre los habitantes, en parte porque Istmina ya resultó afectada por el terremoto inicial. Luego de este evento, se reportaron daños en diferentes estructuras y las autoridades locales adelantaron labores de evaluación para establecer el estado de los inmuebles impactados. Por este motivo, los temblores posteriores han incrementado el temor entre quienes todavía enfrentan consecuencias del primer sismo. Las autoridades han enfatizado la necesidad de evitar ingresar a edificios dañados y prestar atención a las señales de alarma, priorizando la seguridad de los residentes.

Hasta ahora, la Gobernación del Chocó mantiene el monitoreo sobre la emergencia, pero según los reportes revisados, no ha emitido pronunciamientos específicos que atribuyan las nuevas réplicas a una causa definida, ni ha declarado una alerta particular para Istmina. Todo el seguimiento técnico y la interpretación de los eventos sigue bajo la responsabilidad del SGC, entidad encargada de registrar y analizar la ocurrencia de sismos en el territorio nacional.

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¿Por qué Istmina, Chocó, ha aparecido en reportes recientes de sismos?

De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano, Istmina figura como epicentro de varios movimientos telúricos posteriores al terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026. La localización del municipio en el sur del Chocó, junto a otros como Sipí y Nóvita, lo sitúa en una zona donde se han registrado frecuentes eventos sísmicos en semanas recientes.

¿Cuáles son las recomendaciones para la población tras la actividad sísmica en Istmina?

Las autoridades locales han llamado a los habitantes a prestar atención especialmente a las construcciones ya afectadas por el terremoto. Se recomienda evitar el ingreso a edificaciones dañadas y estar atentos a posibles nuevas réplicas, mientras avanzan las evaluaciones para determinar el estado de los inmuebles y la seguridad general.

La magnitud de su influencia quedó de manifiesto durante las exequias, que iniciaron el martes en la tarde con una multitudinaria velación y una misa en cámara ardiente, celebrada en el auditorio Consuelo Araujo Noguera de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez. El recinto rápidamente se vio superado por la afluencia de familiares, amigos y destacados nombres del folclor vallenato, todos conmovidos por la pérdida de un hombre apreciado tanto en lo profesional como en lo humano.

Antes de la misa, la institucionalidad local ofreció sentidos reconocimientos a la memoria de Torres Molina. De acuerdo con la información recogida, la Asamblea Departamental del Cesar le entregó una nota de estilo a sus allegados, resaltando su indiscutible aporte al desarrollo de la región y de la industria publicitaria. Por su parte, la Alcaldía de Valledupar otorgó un reconocimiento especial, destacando la huella imborrable que dejó por su dinamismo y compromiso.

Durante la ceremonia religiosa, presidida por el sacerdote Enrique Iceda, la comunidad encontró en la fe un refugio ante el dolor. El clérigo subrayó la laboriosidad, alegría y entrega con la que ‘El Rector’ se entregó a la ciudad, y los asistentes no pudieron ocultar la tristeza y los sollozos por su repentina partida.

El adiós más emotivo llegó a través de Silvestre Dangond, artista vallenato y amigo cercano de Fabio, quien, visiblemente afectado, recordó el apodo cariñoso que le asignó y evocó su legado en la publicidad y la cultura local: "Fabio Torres ‘El Rector’, como te bauticé. No habrá valla que no me recuerde a ti, ni logo de Zona Creativa que no reconozca", destacó el cantante.

Uno de los momentos más conmovedores se produjo cuando Dangond consoló a María Fátima, hija del empresario, ratificándole el cariño y admiración que su padre sembró en vida. El gremio vallenato, representado por artistas como Yader Romero, La Banda del 5, Farid Leonardo y Orlando Liñán, también rindió tributo acompañando el cortejo fúnebre.

La última despedida incluyó un recorrido por las calles de Valledupar, deteniéndose frente a Zona Creativa, símbolo de los sueños de Fabio. El sepulcro fue acompañado por canciones rancheras, flores y un prolongado aplauso, muestra del reconocimiento de quienes compartieron su paso por la vida. Su legado en la publicidad y el folclor de la ciudad permanece inalterable en la memoria colectiva.

¿Cuál fue la reacción de la comunidad vallenata ante la muerte de Fabio Andrés Torres Molina?

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Fabio Andrés Torres Molina, la comunidad vallenata y el sector cultural mostraron una reacción de profundo duelo y solidaridad con la familia. El homenaje fue multitudinario, tanto en las exequias como en el cortejo y el sepelio, evidenciando el respeto y cariño que cosechó durante su trayectoria profesional y personal.

¿Qué importancia tuvo Fabio Andrés Torres Molina en la industria publicitaria y cultural de Valledupar?

Según los reconocimientos otorgados por la Asamblea Departamental del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, Fabio Andrés Torres Molina dejó una huella significativa en el desarrollo regional y la industria publicitaria, así como en el fortalecimiento del folclor vallenato. Su liderazgo en Zona Creativa y su cercanía con figuras artísticas consolidaron su legado en la historia local.

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En pleno sismo, la proposición recibió 24 votos por el sí y 30 por el no. Sin embargo, algunos congresistas optaron por salir por prevención pese a que la proposición no había sido aprobada. La situación quedó registrada en videos y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, causando sorpresa por la decisión tomada en medio de una emergencia.

#Política | Insólito: en medio del sismo que se presentó este miércoles en el país, el Senado votó una proposición para poder evacuar el recinto. La propuesta fue negada, con 24 votos por el Sí y 30 por el No, por lo que no se realizó la evacuación.

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— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 26, 2026

El sismo ocurrió a las 11:45 de la mañana y tuvo una magnitud de 5,1, de acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El epicentro estuvo ubicado en Los Santos, Santander, y el movimiento tuvo una profundidad de 149 kilómetros. 

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El SGC también informó que recibió más de 2.000 reportes de personas que sintieron el movimiento. El temblor fue percibido en diferentes zonas del país, entre ellas Bogotá, donde se registraron evacuaciones preventivas en distintos sectores. 

En la capital, ciudadanos salieron de diferentes edificaciones mientras pasaba la emergencia. Chapinero, la Plaza de Bolívar y sectores cercanos a Corferias estuvieron entre los puntos donde se registraron evacuaciones.

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El congresista deberá rendir versión libre, diligencia en la que podrá explicar su actuación, responder a los señalamientos y aportar la información que considere necesaria para su defensa.

Delitos bajo investigación

La indagación se adelanta por los presuntos delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública.

El primer delito está relacionado con la posible recepción reiterada de recursos del público sin cumplir los requisitos legales. En cuanto a la presunta usurpación de función pública, la Corte deberá establecer si el congresista habría asumido o ejercido atribuciones que no le correspondían al momento de gestionar los recursos.

Denuncia por recolección de aportes

La denuncia menciona supuestas irregularidades en la recolección de dinero de los ciudadanos para apoyar a las personas afectadas por el terremoto.

Uno de los aspectos que deberá ser revisado por la Sala es si los aportes fueron solicitados o recibidos mediante cuentas personales y cuál fue el destino final de los recursos. También se tendrá que determinar si existieron autorizaciones, soportes contables y mecanismos de control sobre las donaciones.

Investigación en etapa inicial

La apertura de una indagación previa no significa que el congresista haya sido declarado responsable de los delitos señalados. En esta fase, la Corte deberá recopilar documentos, escuchar las explicaciones de Benavides y verificar las circunstancias en las que fueron solicitados y administrados los recursos.

Con base en ese análisis, la Sala determinará si existen elementos suficientes para avanzar a una investigación formal o si, por el contrario, el caso debe ser archivado.

La diligencia de versión libre será uno de los primeros pasos para esclarecer el origen de la denuncia y establecer si la actuación del representante se ajustó a la ley.

No obstante, desde el pasado 21 de agosto y hasta el próximo 5 de septiembre, opera una regulación más estricta en la denominada Zona de Emergencia, delimitada entre las carreras 36 y 66, y entre las calles 5 y 10. De acuerdo con la información reportada, en esta área, la restricción de circulación se amplía a las placas terminadas en 5, 6, 9 y 0, es decir, abarca cuatro dígitos diarios. La decisión de intensificar el control responde a la necesidad de facilitar las adecuaciones físicas y logísticas que se adelantan para normalizar la movilidad, especialmente tras la emergencia ocasionada por el reciente terremoto.

Dentro de este perímetro de la Zona de Emergencia, sectores como el centro comercial Palmetto Plaza, la Universidad Santiago de Cali y la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, se encuentran bajo vigilancia especial con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa. Los ciudadanos que no respeten las restricciones pueden ser sancionados con multas de tránsito, lo que resalta la importancia del acatamiento para proteger tanto la economía de los conductores como el correcto desarrollo de las intervenciones viales, necesarias para el restablecimiento total del flujo vehicular en la capital vallecaucana.

Es importante mencionar que la restricción no afecta a motocicletas, ambulancias, vehículos de emergencias, la Policía, el Ejército, ni a vehículos oficiales, híbridos, eléctricos o aquellos conducidos por personas con discapacidad o movilidad reducida. Además, quienes hayan pagado la tasa por congestión o tengan autorización para participar en la respuesta a la emergencia vial pueden transitar sin restricciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las placas restringidas por pico y placa este jueves en Cali?

Para este jueves 27 de agosto, la restricción habitual de pico y placa en Cali afecta a los vehículos particulares cuyas placas terminan en 5 y 6. En la Zona de Emergencia, ubicada entre las carreras 36 y 66 y las calles 5 y 10, la limitación incluye además los dígitos 9 y 0, sumando así cuatro dígitos con prohibición de circular durante la jornada.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en la zona de emergencia de Cali?

Según la normativa vigente, están exentos de la restricción de pico y placa en la zona de emergencia las motocicletas, ambulancias, vehículos de emergencias, la Policía, el Ejército, vehículos oficiales, híbridos, eléctricos y los adaptados para personas con discapacidad o movilidad reducida. Igualmente, pueden circular sin restricción quienes paguen la tasa por congestión o tengan permisos especiales para labores relacionadas con la emergencia vial.