La sanción inicial surgió a raíz de hechos ocurridos el 15 de septiembre de 2023, mientras Hurtado todavía ejercía como alcalde de Ibagué. Durante ese periodo, la ciudad se encontraba inmersa en el proceso electoral para la elección del nuevo alcalde. Según la Procuraduría, el expediente disciplinario se originó tras un encuentro que mantuvo Hurtado con representantes de comunidades cristianas. Estos hechos adquirieron relevancia porque la Procuraduría consideró que dicho espacio favorecía la campaña de Johana Aranda. Cabe mencionar que Aranda fue la candidata que, posteriormente, resultó electa y que actualmente ocupa el cargo de alcaldesa de Ibagué.

La unidad de control disciplinario en primera instancia concluyó que Hurtado habría cometido una grave falta al incurrir en lo que calificó como "participación indebida en política". Este término hace referencia a la intervención o apoyo directo por parte de servidores públicos en actividades proselitistas, conducta prohibida por la normativa colombiana. La sanción fue catalogada como una falta gravísima cometida de manera dolosa, es decir, con intención. Con base en esta conclusión, el 21 de enero de 2026 se le impuso la destitución y la inhabilidad por 12 años para desempeñar funciones públicas.

Sin embargo, Hurtado apeló esta decisión y la Procuraduría, en segunda instancia, falló a su favor revocando la sanción y retirando todas las consecuencias disciplinarias previamente impuestas. Así, el exalcalde queda nuevamente habilitado para aspirar a cargos de elección popular, incluyendo la posible candidatura a la Gobernación del Tolima, proyecto político que había anunciado incluso tras la sanción de primera instancia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Procuraduría revocó la destitución de Andrés Hurtado?

La Procuraduría General de la Nación decidió revocar la destitución y la inhabilidad de 12 años a Andrés Hurtado tras la apelación presentada por la defensa. En la segunda instancia, la entidad determinó dejar sin efecto el fallo del 21 de enero de 2026, considerando que no se cumplían los criterios para mantener la sanción disciplinaria, aunque el texto no detalla los argumentos exactos de la revocatoria.

¿Qué es la participación indebida en política según la normativa colombiana?

La participación indebida en política, según la legislación colombiana, implica que los servidores públicos intervengan o influyan en procesos electorales favoreciendo a determinados candidatos o campañas, lo cual está expresamente prohibido. Este tipo de conducta fue la base del proceso disciplinario que enfrentó Andrés Hurtado, aunque posteriormente la Procuraduría consideró insubsistentes las razones para sancionarlo.

(Vea también: Gobierno presenta nueva ley de sometimiento para grupos armados y reforma estatuto antiterrorista en Colombia)

En entrevista con Semana, Cancino señaló que la propuesta busca establecer una ruta judicial para quienes abandonen las actividades ilegales, pero sin abrir espacios de negociación política con las organizaciones. Según explicó, los interlocutores de los grupos serán abogados que no pertenezcan a esas estructuras y el contacto con el Gobierno estará a cargo de una persona designada por el presidente.

El ministro sostuvo que el proyecto se diferencia de mecanismos utilizados durante gobiernos anteriores porque no contempla el reconocimiento de un estatus político para los grupos que se sometan. Tampoco plantea suspender órdenes de captura ni condicionar procesos de extradición como consecuencia del sometimiento.

¿Qué beneficios contempla la propuesta de ley de sometimineto?

Uno de los aspectos centrales está relacionado con las eventuales rebajas de pena. Cancino explicó que los integrantes que tengan funciones de liderazgo dentro de una organización podrían acceder a una reducción de hasta el 30 %, mientras que otros miembros tendrían la posibilidad de aspirar a una rebaja de hasta el 50 %, bajo las condiciones previstas en el proyecto.

Sin embargo, el ministro planteó que el acceso a esos beneficios estaría condicionado al cumplimiento de compromisos adicionales. Entre ellos mencionó la entrega de información, la reparación a las víctimas, la revelación de rutas de desapariciones y la entrega de recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

La propuesta también modificaría las condiciones para acceder a la libertad condicional. De acuerdo con Cancino, quienes se acojan al mecanismo tendrían que cumplir cuatro quintas partes de la condena, frente a las tres quintas partes contempladas actualmente en la justicia ordinaria para ese beneficio, además de cumplir los demás requisitos legales.

Entrega de bienes y reparación a las víctimas

Otro de los puntos planteados por el ministro está relacionado con el patrimonio de las organizaciones criminales. Cancino aseguró que quienes ingresen al mecanismo deberán entregar los bienes obtenidos de manera ilícita y aportar información sobre las economías ilegales de las estructuras.

Según explicó, esos recursos tendrían como uno de sus destinos la reparación de las víctimas. Además, si posteriormente se descubre que una persona ocultó bienes, podría quedar por fuera del mecanismo de sometimiento y continuar su proceso bajo la justicia ordinaria.

La iniciativa también otorga un papel relevante a las víctimas. De acuerdo con la explicación del ministro, su posición sería tenida en cuenta para decisiones relacionadas con determinados beneficios, aunque las objeciones tendrían que estar sustentadas en aspectos relacionados con la verdad, la reparación o el cumplimiento de las obligaciones establecidas.

No habrá cárceles especiales ni una jurisdicción nueva en ley de sometimiento

Cancino explicó que las personas sometidas permanecerían en cárceles ordinarias, aunque el proyecto contempla la posibilidad de establecer patios destinados a quienes ingresen al mecanismo. También habló de cárceles productivas, con actividades de trabajo y formación orientadas a facilitar la reincorporación después del cumplimiento de la pena.

En materia judicial, el proyecto no contempla crear una jurisdicción especial. La ruta estaría a cargo de fiscales y jueces de la justicia ordinaria, aunque el Ministerio de Justicia plantea la posibilidad de que la Fiscalía disponga una unidad especializada para atender estos procesos.

¿Qué ocurriría con quienes tienen orden de captura o extradición?

El proyecto también establece diferencias frente a quienes ya están bajo control de las autoridades. Cancino explicó que una persona capturada no podría acogerse al mecanismo y que las órdenes de captura continuarían vigentes durante el proceso de sometimiento.

La misma regla aplicaría para las solicitudes de extradición. Según el ministro, acogerse al proyecto no suspendería una extradición pendiente. En esos casos, la persona podría someterse a la justicia colombiana, cumplir posteriormente con el trámite de extradición y, al regresar al país, continuar con los beneficios que correspondan dentro del marco legal.

El proyecto todavía debe superar su trámite legislativo en el Congreso de la República, por lo que las condiciones anunciadas por el ministro podrían ser objeto de discusión y modificaciones durante el proceso. El Gobierno busca que la iniciativa establezca una política de sometimiento de largo plazo para las organizaciones criminales, mientras mantiene las operaciones de la Fuerza Pública contra quienes no se acojan al mecanismo.

(Vea también: Agmeth Escaf hizo revelación sobre su pareja, ahora que se habla de la separación de Verónica Alcocer y Petro)

Según el documento conocido por Semana, los mensajes fueron intercambiados a través de la aplicación LINE entre octubre de 2022 y agosto de 2026. En ellos, Ferrer expuso ante Petro sus preocupaciones por presuntas irregularidades relacionadas con reuniones, gestiones y contratos en las que, según sus señalamientos, aparecían los nombres de Mario Fernández Alcocer y Agmeth Escaf.

Uno de los primeros episodios citados en el informe ocurrió el 31 de mayo de 2023. Ferrer habría advertido al entonces presidente sobre una posible publicación periodística relacionada con presuntos hechos de corrupción que involucraban a Fernández y Escaf.

“Gustavo, ¿cómo estás? Siento comentarte esto en este momento, pero me dicen de muy buena fuente que medios están armando periodísticamente toda una trama de corrupción y de puesta de cargos por parte de los primos de Verónica y Agmeth”, se lee en el chat, según recogió el citado medio.

En los mensajes, la exconsejera también expresó su inconformidad por la relación que mantenía con el círculo cercano de Verónica Alcocer. Según su relato, la entonces primera dama estaba molesta porque Ferrer no permitía que Fernández Alcocer y Escaf intervinieran en asuntos de la Consejería para la Reconciliación.

Las advertencias que Ferrer hizo a Petro sobre Mario Fernández Alcocer

Las conversaciones muestran que Ferrer le contó al entonces mandatario que había recibido presiones para participar en determinadas reuniones y asuntos relacionados con contratos. En uno de los intercambios mencionó a Mario Fernández Alcocer y aseguró que este buscaba involucrarla en encuentros relacionados con negocios.

Entre los ejemplos mencionados en los chats aparece una compañía de gas de Barranquilla. Ferrer le manifestó a Petro que había mantenido cautela frente a ese tipo de situaciones y que no quería verse involucrada en asuntos que pudieran comprometerla.

Los mensajes también registran una respuesta de Petro frente a los señalamientos. Según el informe citado por la revista, el entonces presidente le respondió a Ferrer: “Con cuidado. Creo que es gente corrupta”. La conversación continuó con nuevas afirmaciones de la exconsejera sobre Fernández.

Es importante precisar que estas conversaciones contienen acusaciones y apreciaciones atribuidas a Ferrer, y su aparición en el informe pericial no constituye por sí misma una sentencia o una comprobación judicial de los hechos señalados.

El quiebre entre Eva Ferrer y Verónica Alcocer

Los chats también permiten conocer parte del deterioro de la relación entre Ferrer y Verónica Alcocer, quienes anteriormente habían mantenido una relación cercana. La exconsejera le contó a Petro sus diferencias con la entonces primera dama y sostuvo que su posición frente a determinadas personas de su entorno había provocado tensiones.

En uno de los mensajes, Ferrer manifestó que Alcocer estaba molesta porque ella no daba espacio a Fernández Alcocer y Escaf. También aseguró que había recibido obstáculos y cuestionamientos mientras desempeñaba sus funciones en la Presidencia.

La conversación entre Ferrer y Petro se suma a otros testimonios y documentos que han sido divulgados durante las últimas semanas sobre el círculo cercano de la entonces primera dama. En agosto, Ferrer ya había hablado públicamente sobre lo que denominó los “tres tenores”, en referencia a Mario Fernández Alcocer, Agmeth Escaf y el empresario Manel Grau.

En esas declaraciones, Ferrer sostuvo que algunas personas de ese entorno le pedían recibir personas y hacer determinadas gestiones. Sin embargo, ante preguntas sobre casos concretos de corrupción, afirmó que no tenía conocimiento directo de hechos específicos y que sus referencias correspondían al entorno que había conocido durante su paso por el Gobierno.

Los nuevos documentos conocidos ahora muestran que varias de las preocupaciones que Ferrer había expresado públicamente también fueron comunicadas directamente a Petro durante su relación laboral y personal con el entonces presidente. El alcance de esas acusaciones y las eventuales responsabilidades de las personas mencionadas deberán establecerse mediante las investigaciones y actuaciones de las autoridades competentes.

(Vea también: “Tiene fecha de expiración”: De la Espriella lanzó nueva advertencia a jefe de ‘Bendito menor’)

La noticia se conoció durante la visita del mandatario a Cartagena, donde participó en un consejo de seguridad departamental y sostuvo encuentros con autoridades locales y regionales. Allí confirmó que la entidad dejará su actual sede en la capital del país para instalar su sede principal en la capital de Bolívar.

“La Dimar se viene por orden presidencial para Cartagena. Aquí va a estar”, afirmó De la Espriella durante su intervención. El mandatario cuestionó que la sede de una entidad encargada de asuntos marítimos esté ubicada en Bogotá y planteó el traslado como parte de una decisión de descentralización del Estado.

La DIMAR es la autoridad encargada de ejercer funciones relacionadas con la seguridad de la navegación, la protección del medio marino y diferentes actividades marítimas y portuarias en Colombia. Su sede central aparece actualmente registrada en Bogotá, en el sector del CAN, según la información institucional disponible.

Cartagena ya había sido propuesta como sede de la Dimar

El anuncio presidencial se produjo después de una propuesta presentada en julio por organizaciones empresariales y marítimas de Bolívar para que Cartagena se convirtiera en la sede principal de la entidad.

El Consejo Gremial de Bolívar, la Cámara de Comercio de Cartagena y los Defensores del Mar plantearon entonces que la ciudad cuenta con infraestructura portuaria, industria naval, capacidades logísticas y centros especializados relacionados con la actividad marítima. La propuesta fue presentada al entonces presidente electo y a su equipo de Gobierno.

Entre las instalaciones de la Dimar que ya funcionan en Cartagena se encuentran el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, el Servicio de Señalización Marítima del Caribe y la Capitanía de Puerto de Cartagena. Los promotores de la iniciativa también destacaron el papel de la ciudad en el comercio exterior, el turismo náutico y las operaciones portuarias.

¿Qué implica el traslado de la Dimar?

Por ahora, el anuncio corresponde a la decisión comunicada públicamente por el presidente. La página institucional de la entidad todavía identifica a Bogotá como la dirección de su sede central, por lo que el cambio físico y administrativo de la entidad no aparece como ejecutado en esa información oficial.

El traslado anunciado también se suma a otros compromisos planteados por el Gobierno para Cartagena y Bolívar durante la visita presidencial. Entre ellos aparecen recursos para proyectos de infraestructura y acciones relacionadas con seguridad en el departamento.

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La Ley 54 de 1990 establece las reglas aplicables a la unión marital de hecho y determina qué bienes hacen parte del patrimonio común cuando se cumplen las condiciones previstas por la legislación.

Uno de los puntos centrales está en los bienes que cada compañero ya tenía antes de comenzar la convivencia. La norma señala que estos no forman parte de la sociedad patrimonial, por lo que conservan su carácter de bienes propios.

Lo mismo ocurre con los bienes que una persona recibe durante la unión por herencia, donación o legado. Estos tampoco ingresan al haber de la sociedad patrimonial, según el artículo 3 de la Ley 54.

¿Qué pasa con las ganancias de bienes en unión marital de hecho?

Que el bien principal quede por fuera de la sociedad patrimonial no significa que todo lo relacionado con él tenga el mismo tratamiento.

La ley establece que sí pueden formar parte de la sociedad los réditos, rentas, frutos o el mayor valor que produzcan esos bienes durante la unión marital de hecho. Es decir, existe una diferencia entre conservar el bien como propio y las ganancias o valorizaciones que pueda producir mientras la pareja permanece unida.

Por ejemplo, una propiedad que uno de los compañeros adquirió antes de comenzar la convivencia no entra, por ese solo hecho, al patrimonio común. Sin embargo, los rendimientos que produzca durante la unión pueden tener un tratamiento diferente dentro de la sociedad patrimonial.

Cuáles bienes sí hacen parte de la sociedad patrimonial

La legislación establece que el patrimonio o capital obtenido como resultado del trabajo, la ayuda y el socorro mutuos pertenece por partes iguales a los compañeros permanentes.

Por eso, los bienes adquiridos durante la unión como resultado de ese esfuerzo común pueden integrar la sociedad patrimonial y, al momento de su liquidación, ser objeto de la correspondiente distribución.

La Corte Constitucional también ha explicado que la sociedad patrimonial se relaciona con el capital común construido por los compañeros durante la unión y que los bienes adquiridos antes de comenzar la convivencia no hacen parte de ella.

Las capitulaciones también pueden excluir bienes

Existe además la posibilidad de que una pareja establezca previamente qué bienes quiere mantener fuera de la sociedad patrimonial mediante capitulaciones. El Ministerio de Justicia explica que este mecanismo permite acordar los bienes que no serán compartidos y formalizar ese acuerdo mediante escritura pública.

Para este procedimiento, la entidad recomienda elaborar un inventario detallado de los bienes que se pretende excluir y establecer sus características y valores antes de acudir a la notaría.

En consecuencia, la unión marital de hecho no implica que todos los bienes de los compañeros pasen a ser comunes. La fecha en que se adquirieron, la forma en que llegaron al patrimonio y los frutos o rendimientos obtenidos durante la convivencia son elementos que pueden determinar su tratamiento dentro de la sociedad patrimonial.

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El evento sísmico ocurrió a las 12:01 a. m., hora local, y alcanzó una magnitud de 4.0, con una profundidad de 45 kilómetros. El organismo reportó el municipio de Istmina como referencia del movimiento.

El SGC mantiene seguimiento sobre la actividad sísmica que se ha presentado en esta zona del país durante los últimos días. En un análisis reciente, la entidad explicó que los sectores de Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan concentran una actividad más superficial, con eventos ubicados aproximadamente entre 30 y 60 kilómetros de profundidad.

El organismo también ha señalado que este comportamiento presenta características compatibles con un enjambre sísmico, término utilizado para describir una sucesión de movimientos en la que no necesariamente existe un único sismo principal y cuya frecuencia puede variar con el tiempo.

Para este nuevo evento, el SGC invitó a las personas que hayan percibido el movimiento a reportarlo mediante Sismo Sentido, plataforma que recopila los testimonios de la ciudadanía y permite conocer en qué lugares fue percibido el temblor.

La información sobre magnitud, profundidad y ubicación corresponde al boletín actualizado publicado por el organismo. Estos parámetros pueden ser ajustados cuando las estaciones de la Red Sismológica Nacional permiten contar con un procesamiento más detallado.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-19, 00:01 hora local Magnitud 4.0. Profundidad 45 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/LZeWtTLsi2

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 19, 2026

(Vea también: Alerta roja de Ideam por subida de temperaturas en Colombia apuntó a zonas con mayor riesgo)

De acuerdo con el Comunicado Especial No. 104, emitido este viernes 18 de septiembre, las lluvias podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y tendrán mayor presencia durante las tardes y noches. El Ideam indicó que el sábado 19 será la jornada con mayor actividad de precipitaciones. Al mismo tiempo, se mantendrán condiciones secas en el centro y sur de la región Andina, el sur de la Orinoquia y buena parte de la Amazonia. En sectores del Caribe, Pacífico, Orinoquia, Amazonia y los valles interandinos se prevén temperaturas máximas elevadas.

Pronóstico del tiempo para Colombia este viernes 18 de septiembre

Para este viernes, el Ideam pronosticó lluvias entre moderadas y fuertes en diferentes sectores del Caribe, la región Andina, el Pacífico y la Orinoquia, además de algunas zonas de la Amazonia. Las precipitaciones, que en algunos casos podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas, se esperan en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.

En la región Andina, el pronóstico incluye lluvias en Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas y Risaralda. También se prevén precipitaciones en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la Orinoquia y la Amazonia, el Ideam contempla lluvias en Casanare, Vichada, Meta, Guainía, Guaviare y Vaupés. En Tolima, el sur de Huila, el occidente de Arauca, Putumayo y Amazonas se esperan lluvias dispersas. En el resto del territorio nacional predominaría el tiempo seco, con cielo entre despejado y parcialmente nublado.

Así será el tiempo en Colombia el sábado 19 de septiembre

Durante buena parte del sábado se espera predominio de tiempo seco en el país. Sin embargo, al finalizar la tarde y durante la noche aumentaría la presencia de lluvias en distintas regiones. El Ideam prevé precipitaciones de variada intensidad en sectores del Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquia y Amazonia. Algunas podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas.

Entre los departamentos y zonas señaladas en el pronóstico están La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Urabá, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Caldas, Risaralda y Quindío. También se esperan lluvias en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como en sectores de Arauca, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

Para Cundinamarca, Tolima, Huila, Casanare, Meta, Caquetá y Putumayo, el Ideam pronosticó lluvias ligeras. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias en distintos momentos del día, principalmente hacia el sur y occidente de la isla.

Pronóstico del Ideam para el domingo 20 de septiembre

El Ideam prevé condiciones secas durante buena parte del día en sectores de la Orinoquia y Amazonia, además del centro y sur de la región Andina y el oriente de la región Caribe. Las lluvias de variada intensidad aparecerían principalmente después del mediodía y durante la noche en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.

El pronóstico también incluye precipitaciones en Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Caldas, Risaralda y Quindío, así como en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la Orinoquia, el Ideam contempla lluvias en el occidente de Arauca. Para Cundinamarca, Tolima, Huila, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas se esperan lloviznas en algunos sectores. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las condiciones del cielo estarán entre parcial y mayormente nubladas, con posibilidad de lluvias durante diferentes momentos de la jornada.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

De acuerdo con los relatos obtenidos en el lugar de los hechos, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta donde se encontraba Jimmy González. Los sujetos no llamaron la atención de inmediato, pues habrían solicitado el favor de sacar una fotocopia a González antes de proceder con el crimen. Fue en ese contexto cuando uno de los atacantes desenfundó un arma de fuego y disparó contra la víctima mientras esta permanecía dentro del establecimiento. Tras perpetrar el atentado, los hombres se dieron a la fuga en la motocicleta, dejando confusión y temor entre quienes presenciaron lo ocurrido.

Existen diferencias en las versiones preliminares sobre el número de disparos: algunos aseguran que recibió dos impactos en la cabeza, mientras que otros mencionan al menos tres tiros. Familiares y vecinos del barrio actuaron inmediatamente y auxiliaron a González, trasladándolo de urgencia a la Unidad de Salud de Ibagué, conocida como UCI del Sur o Hospital del Sur. Sin embargo, al llegar al centro asistencial, se confirmó su deceso. Posteriormente, el cuerpo fue llevado a la morgue para los procedimientos forenses correspondientes.

Tras el crimen, unidades de la Policía Metropolitana de Ibagué y personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía hicieron presencia en la escena. Se encargaron de acordonar la zona y recolectar pruebas que permitan esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. En las primeras investigaciones también surgió información sobre posibles amenazas previas contra Jimmy González y un antecedente violento en el sector: quince días antes, un barbero fue atacado en esa misma esquina, quedando herido tras recibir un disparo en el pómulo izquierdo.

Las autoridades continúan recopilando información y avanzan en las indagaciones para esclarecer el móvil del homicidio, detectar si existe relación entre los recientes hechos violentos en esa zona de Ibagué, y dar con los responsables.

¿Qué se sabe sobre las amenazas previas a Jimmy González antes del sicariato en Ibagué?

Según las primeras averiguaciones citadas en el caso, surgieron versiones sobre posibles amenazas previas contra Jimmy González, aunque no se específica la naturaleza o el origen de estas intimidaciones. Esta información es relevante para la investigación, pues podría ayudar a establecer el móvil del asesinato y si tuvo relación directa con incidentes anteriores en el mismo sector.

¿Cómo ocurrió el ataque sicarial en el barrio Galán de Ibagué?

De acuerdo con versiones entregadas por testigos y la información recopilada por las autoridades, dos hombres en motocicleta llegaron al sector, solicitaron a Jimmy González sacar una fotocopia y, aprovechando ese momento de distracción, uno de ellos disparó contra la víctima. Tras los disparos, ambos atacantes huyeron rápidamente del lugar en la motocicleta, dejando pistas que son analizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Metropolitana de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

De acuerdo con el diario, los mensajes fueron intercambiados entre Rusmeiri González, hermana de Ana Lucía y pareja de Shenner José Rojas Lárez, y una familiar del hombre, identificada como Nebraska. Las conversaciones fueron recopiladas entre julio y el 12 de septiembre, dos días antes de la muerte de la menor.

Vea también: Desgarrador relato de fiscal en el caso de Ana Lucía: reveló cómo fue el crimen

Según El Tiempo, en uno de los mensajes, enviado el 27 de julio, Rusmeiri le preguntó a Nebraska: “Pero lo vas a denunciar. Yo estaba pensando en irme mañana, pero no puedo ir a la casa. Yo no quisiera que el bebé creciera sin su papá. Tengo miedo, y si mi tío se da cuenta, me van a regañar”.

En esa misma conversación Rusmeiri agregó: “Me van a tratar de lo peor porque ante las personas yo decía que él era un gran hombre (…) Tenía que contarle a alguien que me sentía asficsiada (sic.) y aunque él menosprecie a mi familia, aunque los vea insignificantes, él sabe cómo son los Wayúu cuando se meten con uno de ellos, y más si son niños”.

De acuerdo con El Tiempo, otra familiar de Rojas le respondió: “Primero es hablar con tu hermanita e intentar que ella hable. Si no habla, darle un lápiz y una hoja que diga qué le hace él, para saber con exactitud qué le hace”.

Rusmeiri contestó: “No quiero hacerle recordar esas cosas, yo lo intenté pero no pude más porque se puso a llorar. Por eso también quería llevarla a que le revisen, pero sé que llamarían a la Policía enseguida”. Luego añadió: “Yo siento más bien que la rabia de él es porque yo no le hago caso como tal y cuando ve a la niña trata de desquitarse con ella, pero delante de mí no se lo permito”.

Según El Tiempo, los chats serán entregados a la Fiscalía para verificar su autenticidad y establecer si aportan elementos a la investigación. El medio omitió otros fragmentos por respeto a la dignidad de la menor. Rojas permanece detenido y fue imputado por feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. El dictamen de Medicina Legal está pendiente para establecer si Ana Lucía sufrió abuso sexual.

(Vea también: Vecinos de lujoso conjunto en Bogotá rechazan posible llegada de Petro y piden revisar su caso)

Esta vez, uno de los residentes habló sobre la controversia en entrevista con el programa ‘Dos Puntos’, de Caracol Radio, y explicó por qué considera que la posible mudanza del expresidente debería abrir una discusión más allá de los aspectos relacionados con el eventual contrato de arrendamiento.

El hombre pidió mantener su identidad en reserva y aclaró desde el comienzo que sus declaraciones corresponden exclusivamente a su posición personal y que no representan a la administración de Sierras del Moral ni a todos los habitantes del conjunto.

Según explicó, algunos residentes conocieron la versión de que una persona estaría adelantando gestiones para arrendar un apartamento en el lugar y que Petro sería quien eventualmente ocuparía el inmueble.

A partir de esa información surgieron inquietudes relacionadas con la operación inmobiliaria, pero también con el impacto que podría tener la llegada del exmandatario en la convivencia del conjunto.

El residente sostuvo que Petro tiene derecho a escoger dónde vivir y reconoció que los propietarios de los apartamentos no pueden ser impedidos de adelantar transacciones inmobiliarias simplemente porque otros habitantes no estén de acuerdo con el posible arrendatario.

Sin embargo, fue más allá y cuestionó al expresidente por el lugar en el que eventualmente establecería su residencia.

“¿Por qué no se va a vivir en esos lugares donde la gente lo aprecia?”

La frase más llamativa de la entrevista llegó cuando el residente relacionó la eventual mudanza de Petro con el discurso político que, según su interpretación, el exmandatario ha defendido durante años.

“¿Por qué no se va a vivir en esos lugares donde la gente lo aprecia y lo quiere?”, preguntó durante la conversación.

Luego añadió una frase que terminó marcando su cuestionamiento: “Debería uno ser coherente con su ‘speech’”.

El residente argumentó que Petro ha construido buena parte de su discurso alrededor de las diferencias sociales y económicas del país, y consideró contradictorio que eventualmente termine buscando una vivienda en un sector de Bogotá asociado con personas de altos ingresos.

El entrevistado también cuestionó que el expresidente, a su juicio, haya defendido durante años posiciones relacionadas con las diferencias de clase mientras eventualmente buscaría vivir en un conjunto residencial de estrato alto.

Petro respondió que tiene derecho a vivir donde quiera

Después de que se conociera la carta firmada por algunos residentes de Sierras del Moral, Petro reaccionó en redes sociales y defendió su derecho a elegir dónde establecer su residencia.

“Resulta que el expresidente de Colombia tiene derecho a vivir, es su derecho fundamental y nada le impide vivir en dónde él quiera”, escribió.

La respuesta plantea una posición diferente frente al cuestionamiento de los residentes: mientras algunos habitantes han manifestado reparos sobre la eventual llegada, Petro sostiene que puede vivir en el lugar que elija.

La carta de los vecinos, además, no representa necesariamente a todos los habitantes del conjunto. Los residentes que promovieron el pronunciamiento señalaron que se trataba de una posición personal y que no hablaban en nombre de la administración ni de toda la comunidad.

Tampoco existe, hasta ahora, confirmación pública de que Petro haya firmado un contrato para vivir en Sierras del Moral.

El residente entrevistado por Caracol Radio explicó que precisamente por esa razón algunos habitantes están solicitando que se revisen las condiciones jurídicas de la eventual operación.

En la entrevista también aseguró que, según la información que manejan algunos residentes, habría varias empresas y terceros involucrados en la negociación y que el supuesto contrato podría contemplar dos años de arrendamiento pagados por anticipado.

El hombre calculó que, si el canon supera los 10 millones de pesos mensuales, la operación podría superar los 200 millones de pesos durante ese periodo. Sin embargo, reconoció que no conoce el origen de esos recursos y que tampoco tiene documentación que permita confirmar públicamente los detalles de la negociación.

Vecinos también temen protestas y cambios en la seguridad

El debate sobre la eventual llegada de Petro tampoco se limita a la vivienda o al dinero.

Durante la entrevista, el residente señaló que algunos habitantes están preocupados por las posibles consecuencias que tendría la presencia de una figura política con alta exposición pública en una comunidad residencial.

Para explicar esa preocupación, recordó lo ocurrido durante el estallido social, cuando, según su relato, los habitantes del sector tuvieron dificultades para entrar y salir del conjunto debido a las manifestaciones y al dispositivo de seguridad instalado alrededor de la vivienda del entonces presidente Iván Duque.

El residente aseguró que esa experiencia fue “incómoda” y “angustiante”, y planteó que algunos habitantes temen que una situación similar pueda presentarse si Petro llega finalmente al conjunto.

También mencionó que en redes sociales ya han aparecido llamados a  adelantar protestas en el lugar.

No obstante, el entrevistado insistió en que los residentes no pretenden impedir una operación comercial sobre un inmueble y que su intención, según explicó, es que se revisen las condiciones jurídicas y las posibles consecuencias para la comunidad.

Por ahora, la eventual llegada de Petro a Sierras del Moral continúa sin confirmación pública de un contrato de arrendamiento.

Mientras se conoce si finalmente ocupará el apartamento, la controversia sigue creciendo alrededor de dos posiciones: la defensa del expresidente de su derecho a vivir donde quiera y el cuestionamiento de algunos residentes, entre ellos el hombre entrevistado por Caracol Radio, que considera que esa decisión debería guardar coherencia con el discurso que Petro ha defendido públicamente.

Tras recibir varios impactos de bala, el comerciante quedó gravemente herido dentro de su propio establecimiento. Vecinos y testigos alertaron a los servicios de emergencia y el hombre fue trasladado de inmediato a la UHI del Sur, es decir, la Unidad de Salud del Sur, donde los médicos intentaron estabilizarlo. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, se confirmó su deceso pocos minutos después de su ingreso.

La noticia sacudió a los residentes del sector, quienes vieron cómo la Policía acordonaba el área para adelantar las labores de inspección judicial. Las autoridades confirmaron que actualmente se adelantan investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el motivo detrás del asesinato. Por el momento, la Policía no ha comunicado avances sobre posibles capturas o hipótesis claras sobre los móviles del homicidio.

En medio del estupor por el reciente crimen, resurgió un antecedente que marcó la vida de la víctima y que ahora las autoridades consideran clave en la investigación. Según habitantes del barrio Galán, hace alrededor de seis años, el comerciante había sufrido un intento de atraco en el mismo establecimiento. En esa ocasión, según la información disponible, el hombre repelió el ataque utilizando un arma de fuego, hecho que terminó con la muerte de uno de los presuntos asaltantes. Este episodio, que en su momento fue recordado por la comunidad, vuelve a cobrar relevancia frente al reciente asesinato, pues las autoridades trabajan para establecer si existe alguna conexión entre ambos sucesos o si se trata de un acto de violencia aislado.

El homicidio ha causado preocupación entre los habitantes del barrio Galán y del sur de Ibagué, quienes piden esclarecimiento pronto del caso y mayor presencia policial en la zona, mientras continúa la labor investigativa a cargo de las autoridades competentes.

¿Qué antecedentes tenía el comerciante asesinado en Ibagué?

Según los testimonios recogidos por vecinos y la información disponible, el comerciante había sido víctima hace aproximadamente seis años de un intento de robo en su propio local. En esa ocasión, la víctima habría hecho uso de un arma de fuego para repeler la agresión, causando la muerte de uno de los supuestos asaltantes. Este antecedente podría estar relacionado con el homicidio más reciente, por lo que las autoridades analizan ambas situaciones en el desarrollo de la investigación.

¿Qué acciones adelantaron las autoridades tras el homicidio en el barrio Galán?

Después de reportado el ataque, la Policía llegó al lugar, acordonó la escena y comenzó las diligencias de inspección judicial. Las autoridades investigan los hechos y avanzan en la identificación y ubicación de los responsables del homicidio, aunque hasta ahora los móviles del crimen no han sido establecidos oficialmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ante esta situación, el juzgado decidió iniciar el trámite incidental de desacato y señaló al alcalde Orozco Durán como el responsable directo del posible incumplimiento en el proceso identificado con el radicado 20001-33-33-001-2026-00099-00. La decisión establece un plazo inaplazable de tres días para que el mandatario ejerza su derecho de defensa y, especialmente, demuestre que ha cumplido cabalmente la sentencia de acción de cumplimiento proferida el 19 de mayo de 2026. El despacho fue claro al indicar: “córresele traslado al doctor Ernesto Miguel Orozco Durán para que en el término improrrogable de tres (3) días ejerza su derecho de defensa, pero de manera especial y preferente cumpla en su integridad el fallo de Acción de Cumplimiento”.

El contexto detrás de este proceso involucra, según lo señalado, reclamaciones de inspectores de Policía de Valledupar relacionadas con la aplicación de la Ley 2492 de 2025 y la adecuación de sus condiciones laborales. Este personal ha manifestado que el Municipio no ha ajustado los estándares de empleo de acuerdo con lo exigido por la nueva legislación, pese a contar algunos de ellos con estudios profesionales y de posgrado. Indican, además, carencias en oficinas, medios de transporte y garantías mínimas para atender a la comunidad de los corregimientos, lo que ha motivado la acción judicial.

Como parte de las actuaciones, el despacho le solicitó al alcalde presentar la resolución correspondiente a la planta de personal de la Alcaldía, especificando los grados y documentos que sustenten su elección y posesión. El juzgado también ordenó informar a la Procuraduría General de la Nación, entidad encargada de ejercer control disciplinario, para que proceda conforme a sus competencias.

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¿Por qué abrieron incidente de desacato contra el alcalde Ernesto Orozco Durán en Valledupar?

De acuerdo con el Juzgado Primero Administrativo de Valledupar, se abrió un incidente de desacato contra el alcalde Ernesto Orozco Durán porque la administración municipal no entregó una respuesta satisfactoria ni evidencia suficiente sobre el cumplimiento total de una orden judicial relacionada con la acción de cumplimiento presentada respecto a los derechos laborales de inspectores de Policía, en el marco de la Ley 2492 de 2025.

¿Qué reclaman los inspectores de Policía de Valledupar sobre sus condiciones laborales?

Los inspectores de Policía de Valledupar afirman que el Municipio no ha ajustado sus condiciones laborales conforme a lo dispuesto en la Ley 2492 de 2025, a pesar de tener formación profesional y estudios de posgrado. Solicitan además oficinas apropiadas, transporte y garantías adecuadas para atender a la población de los corregimientos.

Sanjuán enfatizó que los cesarenses no pueden continuar siendo rehenes de una crisis financiera que se ha venido agravando por años, afectando directamente el acceso a la salud. Aclaró que la Gobernación ha advertido repetidamente al Gobierno Nacional sobre las deudas acumuladas por las EPS hacia las instituciones locales, promoviendo encuentros y negociaciones que, hasta la fecha, no se han traducido en una solución de fondo. La mandataria anunció que persistirá en el diálogo ante el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, insistiendo en la necesidad de recursos, cumplimiento de acuerdos y atención continua para los ciudadanos afectados.

La secretaria de Salud del Cesar, Gina Sánchez, informó que, tras la decisión de Clínica Médicos, se exigió a las EPS definir y comunicar cuanto antes redes alternas de atención, especialmente en ciudades como Valledupar y Aguachica. Sánchez especificó que, hasta el momento, no había denuncias formales de negación de servicios; sin embargo, explicó que los pacientes actualmente hospitalizados están en proceso de remisión a otras instituciones. La preocupación, recalcó, se extiende también a quienes requieran servicios urgentes o nuevos procedimientos, instando a las EPS a orientar claramente a los usuarios.

Por su parte, Carlos Arce, presidente del Grupo Clínica Médicos, explicó que la crisis va más allá de una sola institución y responde a problemas estructurales de glosas (objeciones a la facturación), demoras en autorizaciones y auditorías sin conciliación. Detalló que EPS como Famisanar presentan hasta un 30% de facturación objetada por glosas, mientras Dusakawi y Asmet Salud exceden el 40%. Arce insistió en que el problema central no es solo la falta de pagos, sino la imposibilidad práctica de atender sin autorizaciones claras, señalando que cerca de 70 pacientes están pendientes de remisión y que sería inaceptable forzarlos a ser trasladados a otras ciudades como Barranquilla o Santa Marta.

La Gobernación del Cesar pidió instalar una mesa exclusiva para definir salidas urgentes, con participación de altos mandos de las EPS y organismos de control, con el objetivo de establecer compromisos verificables respecto a la deuda y asegurar la continuidad del servicio en el departamento.

¿Por qué se suspendieron los servicios para afiliados de Coosalud, Asmet Salud, Famisanar y Dusakawi en el Cesar?

La suspensión se debe a problemas financieros y contractuales entre las EPS y el Grupo Clínica Médicos, así como a deudas acumuladas, presiones por glosas y demoras en autorizaciones para la prestación de servicios y suministros médicos, como explicaron la gobernadora Elvia Milena Sanjuán, la secretaria de Salud Gina Sánchez y el presidente del grupo, Carlos Arce.

¿Qué son las glosas y cómo afectan a clínicas y hospitales en el sistema de salud?

Las glosas son objeciones realizadas por las EPS a la facturación presentada por clínicas y hospitales, que pueden deberse a supuestos errores administrativos o discrepancias en la prestación del servicio. Este mecanismo impide el pago oportuno de los servicios ya prestados, afecta la liquidez de las instituciones y dificulta la sostenibilidad operativa de las mismas.

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El secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, Humberto Leal, explicó que la alerta naranja tiene como propósito preparar a los organismos de socorro y a las empresas prestadoras de servicios para responder de manera ágil ante emergencias por desabastecimiento o incendios. Esta medida busca agilizar la asistencia en zonas vulnerables y reforzar los protocolos de atención, aunque de acuerdo con las autoridades, no resuelve la raíz del problema.

Los efectos de la sequía ya son evidentes, en especial en áreas rurales como Carmen de Bulira, donde el servicio de agua colapsó totalmente. Allí, tanto los habitantes como los usuarios de dos acueductos afectados han tenido que recurrir al agua suministrada por los carrotanques del Cuerpo Oficial de Bomberos, según detalló Leal.

Una de las situaciones más preocupantes involucra al sistema Acuagaviota, ubicado en la comuna 6. Este acueducto cuenta con cerca de 8.700 matrículas y abastece a unos 13.000 residentes de La Gaviota. Además, utiliza una fuente hídrica compartida por otros sectores como El Mirador, Coparaíso y Villacandia, lo que amplía la población potencialmente afectada a unas 20.000 personas.

Álvaro Montoya, presidente de Acuagaviota, solicitó una reunión urgente con la Administración Municipal para priorizar los acueductos más críticos y encontrar soluciones prácticas a la emergencia. Montoya advirtió que la declaración de alerta, por sí sola, no resuelve el desabastecimiento, lo que pone en evidencia la magnitud del problema.

Paralelamente, la crisis del agua se suma al creciente número de incendios: en lo corrido de 2026, los organismos de socorro atendieron más de 400 emergencias entre incendios forestales, estructurales y quemas descontroladas. Las autoridades locales recomiendan a la ciudadanía reducir el consumo de agua, evitar llenar piscinas, abstenerse de regar jardines y no encender fogatas, así como reportar cualquier columna de humo a la línea 123 o al Cuerpo Oficial de Bomberos.

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¿Por qué se declaró alerta naranja en Ibagué por el desabastecimiento de agua?

La alerta naranja fue declarada por la Administración Municipal de Ibagué debido a la significativa reducción de los caudales en las principales fuentes hídricas durante la temporada seca de 2026, lo que puso en riesgo a cerca del 75 % de los acueductos y amenazó con agravar el desabastecimiento de agua en la ciudad y su zona rural.

¿Qué medidas se están tomando para enfrentar la crisis de agua en Ibagué?

Entre las medidas implementadas se encuentra el suministro de agua mediante carrotanques en los sectores más afectados, alistamiento de organismos de socorro y recomendaciones a la ciudadanía sobre el uso responsable del agua, como evitar el llenado de piscinas, riego y fogatas, además de reportar emergencias a las líneas oficiales.

Uno de los puntos centrales de esta batería de medidas se concreta en el decreto 1420 de 2026, que declara la urgencia manifiesta para la contratación directa. Según este decreto, citado por El Espectador, debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, las entidades estatales podrán contratar de manera directa la compra de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras necesarias para enfrentar y superar tanto el sismo como sus réplicas. Todo esto se hará bajo un proceso excepcional, respaldado legalmente por la Ley 80 de 1993, lo que busca eliminar trabas burocráticas y acelerar la atención a las comunidades damnificadas.

De acuerdo con el mismo decreto, las entidades estatales pueden adicionar contratos relacionados con la emergencia sin estar sujetos a los límites normales, siempre y cuando exista una justificación técnica, jurídica y financiera. Además, si se requiere adquirir bienes esenciales, las entidades podrán hacerlo mediante el instrumento de agregación de demanda en grandes superficies, ajustándose al monto máximo permitido para compras menores, como también precisa el texto normativo.

Otra medida relevante es la adición presupuestal de COP 624.000 millones para la emergencia, oficializada en uno de los decretos firmados por el presidente de la Espriella. Así mismo, el decreto 1413 de 2026 establece incentivos temporales para atraer inversiones privadas que ayuden en la reconstrucción y reactivación económica de las regiones más golpeadas. Dichos incentivos varían según el tipo de proyecto y oscilan entre 950.000 Unidades de Valor Tributario (UVT, una referencia fiscal nacional) para turismo, hasta 2,3 millones de UVT para industrias manufactureras y servicios. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo será el encargado de calificar y vigilar estos proyectos, de acuerdo a criterios establecidos en la normativa.

¿Qué facultades extraordinarias tenía el presidente De la Espriella para enfrentar la emergencia?

Durante el periodo posterior al terremoto, el presidente De la Espriella contaba con autorización legal transitoria del Congreso para expedir decretos con fuerza de ley. Estas facultades permitieron adoptar medidas excepcionales, como la contratación directa y la creación de incentivos económicos, enfocadas exclusivamente en atender la crisis derivada del sismo, según documentos citados por El Espectador.

¿Cuáles son los principales incentivos para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto de 2026?

De acuerdo con el decreto 1413 de 2026, los incentivos temporales buscan atraer inversiones privadas en sectores clave como turismo, agroindustria, construcción, manufacturas y servicios. Los montos de inversión requeridos oscilan entre 950.000 y 2,3 millones de UVT, y los proyectos deberán ser evaluados y aprobados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, conforme a los requisitos técnicos y económicos establecidos.

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Entre los sectores más afectados se encuentra la vereda San Miguel, perteneciente al corregimiento de Amoyá. En este punto, el fuego inició la tarde del día anterior y, según lo expresado por el alcalde González, ha sido imposible controlarlo completamente, lo que refleja la gravedad del fenómeno y las dificultades que enfrentan los equipos de respuesta.

El mandatario, visiblemente preocupado, ha declarado en repetidas ocasiones que la situación es "muy difícil" para Chaparral y que se requiere un apoyo inmediato y real. El llamado incluye la solicitud de ayuda directa de las autoridades encargadas de la Gestión del Riesgo tanto a nivel nacional como departamental, así como a todos los organismos de socorro disponibles. La urgencia se debe a que las condiciones meteorológicas, como las altas temperaturas y los fuertes vientos, están contribuyendo a la propagación de los incendios y a la aparición de nuevos focos, lo que dificulta aún más el control completo de la emergencia.

De acuerdo con las declaraciones de Helver González, la magnitud de la afectación sobre el ecosistema local es evidente y se suma a la preocupación de las comunidades, quienes han solicitado no solo ayuda institucional sino también la dotación inmediata de tres motobombas para apoyar las tareas de extinción de las llamas. "Necesitamos urgente, urgente la ayuda de todos ustedes", enfatizó el mandatario municipal, reflejando el sentimiento de desespero y la gravedad de la situación que vive Chaparral en estos momentos.

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¿Qué dificultades enfrenta Chaparral en el control de los incendios forestales?

Chaparral se enfrenta a varios obstáculos significativos para controlar los incendios forestales, entre ellos las altas temperaturas, los fuertes vientos y la existencia de múltiples focos activos. Estas condiciones han hecho que las labores de bomberos y Defensa Civil resulten insuficientes, evidenciando la necesidad de contar con más recursos materiales y apoyo inmediato de las autoridades de Gestión del Riesgo.

¿Qué apoyo ha solicitado la comunidad de Chaparral ante los incendios forestales?

La comunidad y las autoridades de Chaparral han solicitado ayuda urgente de los organismos de socorro y entidades encargadas de la Gestión del Riesgo. En particular, han pedido la entrega de tres motobombas que son esenciales para fortalecer las tareas de extinción de las llamas y proteger tanto el ecosistema como la seguridad local.

Los llamados a rendir declaración son: Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro y Julián Gallo Cubillos. Todos ellos, indica el reporte, ocuparon roles de dirección y vigilancia dentro de la antigua organización y ya han tenido que responder ante la JEP por otros delitos. No es la primera vez que estos exjefes deben dar explicaciones sobre el actuar de la guerrilla; en septiembre del año anterior se les condenó por su responsabilidad en una política sistemática de secuestros, así como por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, de acuerdo con lo reportado por esta jurisdicción.

La citación actual de la JEP se enmarca en el subcaso 3 del macrocaso 11, centrado específicamente en las violencias sexuales y reproductivas, temas especialmente complejos e históricamente silenciados, como refiere el informe. Ahora, los exjefes guerrilleros tendrán que precisar qué sabían sobre estos hechos, qué decisiones tomaron y en qué medida intervinieron en la regulación de la vida privada y sexual de adultos dentro de las filas, así como responder a las inquietudes tanto de las víctimas presentes como de los magistrados encargados del caso. El sentido de estas diligencias radica en determinar si hay lugar a formular imputaciones por estos crímenes, sumando así un componente esencial al reconocimiento público y judicial de las violencias cometidas durante el conflicto armado colombiano.

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¿Por qué la JEP cita a líderes de las Farc para declarar sobre violencia sexual?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llama a los exjefes de las Farc a declarar porque busca esclarecer directamente su responsabilidad y conocimiento sobre las violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio en las filas guerrilleras, específicamente en el marco del subcaso 3 del macrocaso 11. Esta decisión es esencial para determinar la verdad, responder a las víctimas y avanzar hacia eventuales imputaciones por estos crímenes, de acuerdo con la información oficial difundida.

¿Qué significa una justicia transicional como la JEP en el contexto del conflicto armado?

Justicia transicional es un modelo de justicia especial que se aplica en contextos de transición de un conflicto armado o dictadura hacia la paz y normalización. La JEP, como sistema de justicia transicional colombiano, tiene la tarea de investigar, juzgar y sancionar crímenes graves ocurridos durante el conflicto armado, permitiendo la participación de las víctimas y garantizando el derecho a la verdad, la reparación y la no repetición, según lo explica el propio proceso judicial en este caso.

Esta decisión implica la puesta en marcha efectiva de las sanciones propias impuestas al antiguo secretariado, relacionadas con la toma de rehenes y las graves privaciones de la libertad derivadas del conflicto armado, conforme detalla la JEP. Los controles establecidos incluyen la obligación de residir en una vivienda fija y cumplir horarios estrictos para desarrollar trabajos restaurativos. Además, los sancionados deben solicitar autorización previa para ciertos movimientos y tendrán prohibido salir de Colombia, al tiempo que serán monitoreados a través de dispositivos electrónicos durante toda la ejecución de la medida.

El listado de sancionados, además de Timochenko, incluye a Pablo Catatumbo, quien deberá cumplir el mismo periodo de ocho años; Jaime Alberto Parra, con una sanción de siete años, diez meses y dos días; Milton de Jesús Toncel, con siete años, ocho meses y 25 días; Pastor Alape, seis años, once meses y 22 días; Julián Gallo, seis años; y Rodrigo Granda, cinco años. La JEP recordó que estas sanciones no equivalen a penas de prisión ordinaria, sino que comprenden restricciones de derechos y libertades, unidas a la realización de trabajos, obras y actividades de contenido restaurador y reparador, bajo el modelo de la justicia transicional. La vigilancia del cumplimiento recae sobre el Tribunal para la Paz.

Entre las 79 acciones reparadoras programadas, una de las primeras actividades se desarrollará del 21 al 30 de septiembre en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila. Allí, cinco de los sancionados participarán en labores orientadas a la búsqueda de personas desaparecidas, tareas dirigidas técnicamente por la Unidad de Búsqueda. Según la JEP, estas actividades forman parte de las sanciones propias y no constituyen una nueva sentencia. El Tribunal para la Paz supervisará que Timochenko y los demás implicados cumplan estrictamente tanto las restricciones como las actividades restaurativas ordenadas.

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¿Qué restricciones debe cumplir Timochenko según la JEP en su sanción?

Timochenko debe residir en una vivienda fija, cumplir horarios definidos para trabajos restaurativos, solicitar permisos para determinados desplazamientos, usar un dispositivo de seguimiento electrónico y abstenerse de salir de Colombia. Todas estas restricciones, de acuerdo con la JEP, están enmarcadas en el modelo de justicia transicional y serán vigiladas por el Tribunal para la Paz.

¿En qué consisten las actividades restaurativas ordenadas para los exintegrantes del secretariado de las Farc?

Las actividades restaurativas exigidas por la JEP abarcan 79 acciones en distintos territorios del país, incluyendo labores para la búsqueda de personas desaparecidas. Un ejemplo puntual es la participación de cinco exjefes de las Farc en el cementerio de Pitalito, Huila, durante septiembre, bajo supervisión de la Unidad de Búsqueda. Estas actividades buscan reparar a las víctimas y no constituyen una nueva condena.

La situación de Hincapié se presenta en un contexto de creciente vulnerabilidad para los periodistas en Antioquia durante el 2026. La Flip documentó en su informe que hasta la fecha se han contabilizado 47 agresiones contra periodistas en este departamento. Entre estas, resaltan 14 que corresponden a amenazas, lo que, según el organismo, confirma el peligro que enfrentan los comunicadores en esa zona del país. Los hechos actuales se suman a una línea de violencia hacia la prensa, intensificada desde mayo, cuando el periodista Mateo Pérez desapareció y posteriormente fue asesinado en el municipio de Briceño. A raíz de estos sucesos, la Flip identificó a Antioquia como el segundo departamento más riesgoso para ejercer el periodismo en Colombia.

La Flip recalcó que sigue documentando rigurosamente el caso de Hincapié y mantiene el seguimiento de los acontecimientos en Anorí. En su comunicado, la fundación pidió una respuesta decidida de las autoridades para esclarecer los hechos y proteger a los comunicadores de la región. Este caso refuerza la preocupación por el deterioro de la situación de seguridad y la garantía de derechos para quienes informan y defienden los derechos humanos en Antioquia.

Para más detalles sobre temas judiciales, de seguridad y derechos humanos en Colombia, El Espectador invita a consultar su sección judicial, fuente de la información y de seguimiento constante de estos hechos.

¿Qué acciones está tomando la Flip frente a la desaparición de Julián Hincapié?

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) está documentando el caso y hace un seguimiento constante a lo sucedido en Anorí. Además, instó públicamente a las autoridades para mantener la búsqueda efectiva de Hincapié y continuar con las labores necesarias hasta esclarecer su desaparición.

¿Por qué Antioquia es considerada una de las regiones más peligrosas para los periodistas en Colombia?

Según la Flip, Antioquia se identifica como la segunda región más peligrosa para el periodismo debido a los numerosos casos de agresiones registrados contra periodistas en 2026, incluyendo amenazas y el asesinato del periodista Mateo Pérez, lo que evidencia un riesgo sostenido para quienes ejercen esta labor en el departamento.

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(Vea también: Receta tradicional con maíz peto gana el Posta Challenge 2026 en Cartagena y destaca la gastronomía local)

La Alcaldía de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) presentaron la programación, que incluye preludios, desfiles, actividades culturales, eventos relacionados con el Reinado Popular y una nómina de artistas nacionales e internacionales.

Entre los nombres más destacados aparecen Juan Luis Guerra, Nicky Jam, Ryan Castro, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Beéle y Jessi Uribe, quienes estarán en los conciertos programados para el 13 y 14 de noviembre.

Juan Luis Guerra, Nicky Jam y Ryan Castro estarán en Cartagena

Uno de los principales atractivos de las Fiestas de Independencia será la programación musical de los días 13 y 14 de noviembre.

El viernes 13 de noviembre, el artista central será Juan Luis Guerra. El dominicano compartirá escenario con Dj Dever, Criss y Ronny, Héctor Nazza, Zaider, Rafa Pérez, Grupo Niche y Beéle.

La programación continuará el sábado 14 de noviembre con una amplia nómina de artistas. Ese día están anunciados Jader Tremendo, GiBlack, Mr Black, Koffe el Kafetero, Luister la Voz, Hamilton, Jessi Uribe, Elder Dayán, Ryan Castro, Nicky Jam y Silvestre Dangond.

Ese mismo sábado también está programado Salsa a la Plaza, en la Plaza de la Aduana.

La programación musical convierte ese fin de semana en uno de los puntos centrales de las celebraciones, aunque las Fiestas de Independencia tendrán actividades durante varias semanas.

La Alcaldía indicó que la agenda busca combinar los grandes eventos con actividades tradicionales y comunitarias en las diferentes localidades de Cartagena, además de la zona corregimental e insular.

¿Cuándo son las Fiestas de Independencia de Cartagena 2026?

Las actividades comenzarán desde octubre con los preludios locales y otros eventos previos a la celebración central de noviembre.

La programación inicia el viernes 2 de octubre, con el Preludio de la Localidad 1, en Canapote, que contará con Son Cartagena, Mr. Black, Karen Lizarazo y David Pabón.

El 9 de octubre será el turno de la Localidad 2, en El Pozón, con Soneros de Gámero, Nelson Velásquez, Farid Ortiz y Criss y Ronny.

El 16 de octubre, la programación llegará a Blas de Lezo con el Preludio de la Localidad 3, que tendrá a Son Caribe, GiBlack, Rafa Pérez, Charlie Cardona y Jader Tremendo.

Entre los eventos tradicionales también aparecen la Noche de Candela y Jolgorio de Tambores, el 23 de octubre; la Noche de Tradición Festiva y Traje Artesanal, el 30 de octubre; y Ángeles Somos, el 1 de noviembre.

El calendario continuará con actividades culturales, desfiles y eventos relacionados con el Reinado Popular de la Independencia.

Gran Desfile de Independencia será el 12 de noviembre

Uno de los eventos centrales será el Gran Desfile de Independencia, programado para el jueves 12 de noviembre, entre las 10:00 a. m. y las 12:00 p. m., por la Avenida Santander.

Según la Alcaldía, el desfile reunirá alrededor de 10.000 artistas en escena, entre agrupaciones locales, comparsas y actores festivos.

La programación contempla 45 grupos de danza, 40 comparsas y 48 actores festivos vinculados mediante la convocatoria de estímulos ‘La Fiesta que Nos Une’. A ellos se sumarían cerca de 40 comparsas invitadas y acreditadas a través de ‘Únete a la Fiesta 2026’.

El calendario oficial también incluye el Desfile de la Diversidad, el Desfile en Honor a los Héroes y diferentes actividades vinculadas con los reinados.

El 11 de noviembre, fecha central de la celebración de la Independencia de Cartagena, están programadas la sesión solemne del Concejo Distrital, la ofrenda floral en el Camellón de los Mártires y la Plaza de la Trinidad y la elección y coronación del Reinado Juvenil Insular.

Después de los conciertos del 13 y 14 de noviembre, las celebraciones continuarán el domingo 15 de noviembre con el Cabildo de Getsemaní y la velada de elección y coronación del Reinado Popular, que tendrá como artistas a Luismy Yanes y Bazurto All Star.

Finalmente, el lunes 16 de noviembre se realizará la elección y coronación del Reinado Intercorregimental.

La programación presentada por la Alcaldía contempla así más de un mes de actividades, desde los primeros preludios de octubre hasta el cierre de las celebraciones a mediados de noviembre.

Según Rodríguez, estos fondos se han recaudado a través de la exhaustiva revisión de contratos y convenios tanto en el Ministerio de la Igualdad como en el Fondo de Cierre de brechas. Esta revisión, de acuerdo con sus declaraciones citadas por El Espectador, no se limita a los recursos financieros, sino que también abarca la recolección y verificación de insumos mobiliarios utilizados por la cartera en su funcionamiento. Lo anterior hace parte de una estrategia integral de fiscalización y saneamiento de los recursos públicos asignados al ministerio.

Estos 80.000 millones recuperados tendrían un destino inmediato en la atención a las víctimas del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. De acuerdo con John Milton Rodríguez, se contemplaría el apoyo dirigido por medio de subsidios a cerca de 24.000 familias damnificadas por la emergencia. El funcionario enfatizó que todo el proceso se está efectuando bajo principios de disciplina y austeridad, mostrando así un compromiso claro con la eficiencia del gasto público en esta fase de liquidación institucional.

En paralelo, la resolución LIQ-00090 emitida el 28 de agosto de 2026 dispuso la supresión de cargos estratégicos en el ministerio, como los viceministerios de la Juventud, la Mujer, Pueblos Étnicos y Campesinos, entre otros. Estas decisiones responden a los recortes de personal y a la suspensión de nuevos contratos y presupuestos, medidas que buscan asegurar la transparencia y la correcta finalización de la gestión anterior. Todo esto ocurre después de que la Corte Constitucional declarara inexequible la creación del ministerio, tras hallar irregularidades en su trámite legislativo y ordenar la anulación de su gestión ante el Congreso de la República.

Por instrucción del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, la liquidación ha acelerado y los recursos del ministerio serán redistribuidos a otras áreas de mayor prioridad. Así, cerca de dos billones de pesos asignados originalmente a esta cartera serán dirigidos hacia otras entidades estatales, en consonancia con las órdenes presidenciales.

¿Cómo avanza la liquidación del Ministerio de la Igualdad y hacia dónde se dirigirán sus recursos?

El proceso de liquidación avanza con la recuperación de 80.000 millones de pesos en tres semanas, gracias a la revisión de contratos y bienes de la entidad, según John Milton Rodríguez. Estos recursos, junto con el presupuesto total del ministerio, serán redirigidos a áreas prioritarias como la atención a víctimas de desastres y otros sectores definidos por el gobierno actual.

¿Por qué se ordenó la supresión del Ministerio de la Igualdad y qué significa su liquidación?

La supresión responde a la declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional, debido a irregularidades en su aprobación legislativa. La liquidación implica desmantelar la estructura, congelar contratos, recuperar bienes y reasignar los recursos a otras entidades estatales, cerrando con ello la operación de la cartera.

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Después de la agresión el funcionario fue llevado al Hospital Universitario de Santander (HUS), donde permanece bajo atención médica. Hasta el momento, no se han conocido públicamente detalles oficiales sobre la gravedad de las heridas ni sobre su evolución.

Vea también: Se conocieron videos de señalado asesino de guarda de Transmilenio: así lo capturaron

El hecho quedó bajo investigación de las autoridades y en el lugar se activó un operativo para recopilar información y establecer cómo ocurrió el ataque, además de identificar a quienes estarían detrás de la agresión.

#ATENCIÓN | Se registra intento de sicariato contra un guarda del Inpec en el barrio Alfonso López de Bucaramanga.https://t.co/qRQodC6mox pic.twitter.com/tRevPPet7j

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 18, 2026

Aunque algunos reportes preliminares han descrito el caso como un posible intento de sicariato, hipótesis todavía debe ser verificada por los investigadores. Tampoco se ha establecido el móvil del ataque ni se ha confirmado quiénes serían los responsables.

Las autoridades también deberán determinar si la agresión tiene alguna relación con las labores que desempeña el funcionario dentro del Inpec. Por ahora la información disponible no permite establecer un vínculo entre sus funciones y el ataque.

El caso ocurrió el mismo día en que hubo otro episodio de seguridad relacionado con el sistema penitenciario en Santander. Durante este viernes fue activado un dispositivo alrededor de la cárcel de Palogordo, en Girón, después de que fuera encontrado un cilindro abandonado cerca de la vía de acceso al establecimiento.

Sin embargo, la revisión del elemento descartó la presencia de explosivos y que las autoridades no han relacionado oficialmente ese episodio con el ataque contra el guardia. Por ello, cualquier conexión entre ambos hechos todavía sería prematura.

La preocupación entre los residentes de la vereda El Palo no se limita a la salud de la persona herida. Según información compartida por la misma comunidad, el incendio ha tenido consecuencias que afectan tanto a la naturaleza como a la vida cotidiana de quienes habitan el sector. Se reportan daños en cafetales, humedales, árboles y otros espacios considerados de importancia biológica. Estos ecosistemas no solo son clave para el desarrollo agrícola y la biodiversidad local, sino además representan el sustento para numerosas familias que dependen de los cultivos y la integridad del entorno.

El impacto ambiental se suma al temor por la seguridad de viviendas y animales que permanecen en el interior del área afectada. Frente al avance de las llamas, algunos residentes han visto la necesidad de evacuar para proteger su vida y la de sus seres queridos. Mientras tanto, la intranquilidad crece por la posible pérdida de bienes y animales domésticos, así como por el daño irreparable a cultivos y ecosistemas locales.

En medio de esta situación, los habitantes de Rovira han lanzado un llamado urgente a las autoridades para que intervengan y aporten soluciones efectivas frente al incendio que los afecta. El reclamo colectivo, difundido en publicaciones e intervenciones locales, subraya la falta de respuesta oportuna: “cuánto tiempo más hay que esperar”. La comunidad insiste en que se requiere presencia urgente de organismos de emergencia, ya que la emergencia ambiental y social continúa deteriorándose con el paso de las horas.

¿Qué daños ha ocasionado el incendio en la vereda El Palo de Rovira?

El incendio en la vereda El Palo ha causado daños graves en cafetales, humedales, árboles y otras zonas biológicamente importantes, de acuerdo con información de los habitantes. Además, representa un riesgo para las viviendas y animales en el sector, lo que ha obligado a algunas familias a evacuar para salvaguardar su integridad.

¿Por qué la comunidad de Rovira solicita intervención urgente de las autoridades frente a los incendios?

La comunidad exige intervención urgente de las autoridades porque el avance del fuego amenaza cultivos, viviendas, animales y ecosistemas. El reclamo se centra en la falta de apoyo suficiente para controlar la emergencia y en la preocupación por las pérdidas ya sufridas y el posible empeoramiento de la situación si no se actúa a tiempo.

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El propio mandatario resaltó que la reconstrucción de una ciudad no solo implica levantar infraestructura, sino también atender las heridas emocionales de los habitantes. Eder afirmó que el compromiso de la Administración Distrital es integral, haciendo énfasis en que acompañar y buscar la recuperación emocional de los pequeños es indispensable para devolverles la tranquilidad y la alegría. En palabras del alcalde: "Porque reconstruir también significa acompañar a los menores en su recuperación emocional, brindarles espacios de tranquilidad y devolverles, poco a poco, la alegría".

La experiencia en el Zoológico, de acuerdo con Eder, tuvo el objetivo de obsequiarles a los menores y sus familias un día diferente, en el que los juegos, las sonrisas, el contacto con los animales y diversas actividades recreativas fueron protagonistas. Estas acciones, compartidas desde las redes sociales oficiales del alcalde, se enmarcan en los esfuerzos permanentes de la Alcaldía para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto, priorizando especialmente a las poblaciones más vulnerables como lo son los niños.

La jornada recreativa forma parte de una serie de iniciativas de acompañamiento psicosocial que la Administración local ha impulsado en las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico. En ese contexto, la atención emocional dirigida tanto a infantes como a adultos representa un componente esencial de la estrategia de recuperación, que busca superar la emergencia no solo desde el punto de vista material, sino también humano y social.

De acuerdo con lo divulgado por la Alcaldía y reportado por medios regionales como Noticiero 90 Minutos, acciones como esta muestran el énfasis actual de la gestión pública en el cuidado y apoyo psicosocial a quienes han atravesado situaciones difíciles, sumándose también a otras actividades culturales y recreativas impulsadas en la ciudad.

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¿Por qué la Alcaldía de Cali llevó a los niños de Altos de Santa Elena al Zoológico?

La Alcaldía de Cali organizó esta jornada especial en el Zoológico para ofrecer a los niños afectados por el sismo del 10 de agosto un espacio de recreación y recuperación emocional. Según el alcalde Alejandro Eder, el objetivo principal fue brindar tranquilidad y devolver la alegría a los menores, reafirmando el compromiso municipal con el bienestar integral de la niñez en zonas vulnerables.

¿Qué es el acompañamiento psicosocial y cómo beneficia a las comunidades afectadas?

El acompañamiento psicosocial consiste en ofrecer apoyo emocional y social a personas o comunidades que atraviesan situaciones difíciles, como desastres naturales. De acuerdo con la información presentada, la Alcaldía de Cali prioriza estas acciones para ayudar tanto a niños como a adultos, reconociendo la importancia de atender no solo los daños materiales, sino también la salud emocional durante la recuperación.

Las decisiones impactan directamente a Rodrigo Londoño Echeverri, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. De acuerdo con la JEP, estos excomandantes de las Farc fueron hallados responsables de distintas conductas graves dentro del conflicto armado como privaciones masivas de la libertad, homicidios, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y desplazamiento obligado de comunidades. Por cada tipo de responsabilidad y participación, el tribunal estableció sanciones diferenciadas: Rodrigo Londoño y Pablo Catatumbo deberán cumplir ocho años; Jaime Alberto Parra, siete años, diez meses y dos días; Milton de Jesús Toncel, siete años, ocho meses y 25 días; Pastor Alape, seis años, 11 meses y 22 días; Julián Gallo, seis años; y Rodrigo Granda, cinco años.

Dentro de las responsabilidades, se incluyó para varios sancionados la participación en labores humanitarias como la intervención en el cementerio San Antonio de Padua en Pitalito, Huila, entre el 21 y el 30 de septiembre, junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. A cada compareciente se le asignó también una residencia específica dentro de un municipio o área urbana, con la obligación de notificar cualquier intento de cambio a la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SeRVR).

El documento divulgado señala que los exintegrantes del secretariado deberán cumplir jornadas completas dedicadas a Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (Toar), de lunes a viernes, entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde. Sus movimientos estarán circunscritos al departamento asignado, con excepción del tránsito al interior del espacio detallado fuera del horario laboral. Además, la prohibición de salir de Colombia solo cederá ante autorizaciones especiales de la SeRVR y la vigilancia electrónica será obligatoria y constante. El adecuado uso de los dispositivos es requisito indispensable, bajo la advertencia de reportar cualquier anomalía técnica de manera inmediata.

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¿Cuáles son las sanciones impuestas por la JEP a los excomandantes de las Farc?

Las sanciones incluyen la prohibición de salida del país, restricción de movimientos fuera del departamento sede, asignación de residencia fija, obligación de portar dispositivos electrónicos de vigilancia, cumplimiento de jornadas laborales restaurativas de lunes a viernes y participación en labores humanitarias específicas, además de sanciones diferenciadas por tiempo según la responsabilidad individual de cada excomandante.

¿Qué significan las siglas JEP y Toar en el contexto del proceso de paz?

JEP corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal que investiga y sanciona crímenes graves del conflicto armado en Colombia. Toar hace referencia a los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador, que son actividades orientadas a la restauración y reparación de las víctimas, como parte de la sanción alternativa para quienes reconocen su responsabilidad ante la justicia transicional.

Es importante destacar que la restricción no aplica para motocicletas, permitiendo así su circulación libre durante todo el día. Entre los vehículos exentos también se encuentran los híbridos y eléctricos (para los cuales se exige estar registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, con la característica de eléctricos o combinados), los de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas, los vehículos de emergencia pertenecientes a organismos de seguridad del Estado, el transporte público colectivo y aquellos autorizados para transportar personas con movilidad reducida o discapacidad permanente, según información oficial de la Alcaldía de Santiago de Cali.

En cuanto a las sanciones, la autoridad municipal recalca que incumplir la medida acarrea una multa establecida en el inciso C del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito Terrestre. El valor equivale al pago de 15 días de salario mínimo vigente, una suma que puede representar un impacto considerable para los infractores.

Adicionalmente, la Secretaría mantiene habilitada la posibilidad de acceder a la Tasa por Congestión, una alternativa pensada para propietarios de vehículos particulares que, por necesidad, deban circular en días de restricción. Esta tasa puede pagarse de forma semestral ($2'920.000), mensual ($486.000) o diaria ($122.000). Es fundamental realizar el pago antes de las 5:00 p. m. del día hábil anterior, opción que únicamente aplica a los días de Pico y Placa.

En definitiva, la regulación del tránsito mediante el Pico y Placa en Cali exige mantenerse informado sobre las restricciones y sus alternativas, para evitar multas o contratiempos en su movilidad diaria.

¿Cuáles son las multas por incumplir el Pico y Placa en Cali?

La sanción económica por violar el Pico y Placa en Cali corresponde a lo estipulado en el artículo 131, inciso C, del Código Nacional de Tránsito Terrestre. Esta multa equivale al valor de 15 días de salario mínimo vigente, según la Alcaldía de Santiago de Cali, y debe ser pagada por el propietario del vehículo infractor.

¿Qué es la Tasa por Congestión y cómo se paga en Cali?

La Tasa por Congestión es una alternativa para que los propietarios de vehículos puedan circular durante el Pico y Placa previo pago. La tarifa para 2026 es de $122.000 por día, $486.000 por mes o $2'920.000 por semestre. El pago se debe realizar en la web oficial de la Secretaría de Movilidad antes de las 5:00 p. m. del día hábil anterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Vea también: Otro fuerte temblor se registró en Chocó, que se volvió a sacudir este viernes)

El evento tuvo una magnitud de 4,0, ocurrió a las 2:19 p. m. y tuvo una profundidad de 34 kilómetros, con referencia en Istmina, Chocó, de acuerdo con el boletín actualizado de la entidad.

La actividad sísmica registrada durante los últimos días en esa zona ha hecho que los nuevos movimientos despiertan especial atención entre los ciudadanos, varios de los cuales dejaron sus testimonios sobre el sismo de este viernes.

“En Cali se sintió”: ciudadanos reportaron el temblor

Entre las reacciones publicadas después del reporte del SGC aparecen testimonios desde diferentes ciudades.

Una persona aseguró haber sentido el movimiento en Cali, específicamente desde un quinto piso en el barrio Meléndez.

En Cali se sintió. 5to piso Barrio Meléndez, muy leve. Se vio temblar el TV.

— Jagutico (@jagutico) September 18, 2026

También hubo un reporte desde Pereira, en el sector Hacienda Cuba, donde otra persona afirmó haber sentido el sismo.

Sentido en Pereira, sector Hacienda Cuba

— Laviejitakpoper (@GiLanoviade) September 18, 2026

En Buenaventura, igualmente, una ciudadana comentó: “Lo sentí”.

Lo sentí, en Buenaventura

— Karol Angulo (@soykarolangulo) September 18, 2026

Estos testimonios muestran que el movimiento fue percibido en lugares diferentes al epicentro reportado por el SGC, aunque la intensidad de la sensación varió dependiendo de la ubicación y de las condiciones de cada inmueble.

El SGC dispone de la plataforma Sismo Sentido, en la que las personas pueden reportar si percibieron un evento sísmico y aportar información sobre sus efectos.

“Esto está muy raro”: preocupación por los temblores

La repetición de movimientos sísmicos en los últimos días también provocó comentarios de preocupación entre algunos ciudadanos.

Esto está muy raro alguna rezonancia magnética le están haciendo a este departamento

— JOHN.EDWIN.A🇨🇴🇨🇦 🇪🇨 🇩🇴 🗺 (@calarcho1925) September 18, 2026

Otro usuario aseguró que desde el lunes ha observado una mayor frecuencia de movimientos durante determinadas franjas horarias.

Desde el lunes entre las 3 y 5 pm se intensifican los sismos por encima de 4 y unonq otro en la madrugada
Una semana completa con esta situación

— Ramon Valdez (@RamonValde_z) September 18, 2026

El video muestra al equino enganchado al vehículo mientras carga a un grupo considerable de jóvenes. Algunos de ellos iban sentados y otros de pie, lo que generó que en redes sociales se calificara la escena como una “barbería móvil”. Esta particular forma de emprendimiento fue cuestionada por Morales, quien argumentó que el animal estaba siendo sometido a trabajo excesivo al transportar tanto la carreta como a varias personas. Morales recordó asimismo que en Tuluá existen regulaciones sobre el uso de carretillas y propuestas que buscan reemplazar los vehículos de tracción animal, y pidió que las normas vigentes se apliquen hasta que ese proceso culmine.

El contexto nacional señala que Colombia atraviesa un periodo de transición en lo que respecta a la tracción animal. Según lo dispuesto por la Ley 2138 de 2021, existe un marco jurídico que establece directrices para la sustitución progresiva de vehículos de tracción animal y contempla opciones de sustento alternativo para quienes históricamente han trabajado en esta actividad. De acuerdo con el reporte, Tuluá continuó con ese proceso durante 2026; sin embargo, hasta el momento no se ha notificado públicamente si el caballo en cuestión fue retirado de circulación, sometido a valoración veterinaria, ni si los involucrados recibieron algún tipo de sanción oficial.

No es posible, a partir de las imágenes, establecer con precisión el estado de salud del animal ni las condiciones exactas bajo las cuales ocurrió el episodio. Por ello, cualquier eventual investigación o intervención institucional deberá esclarecer si se incumplió alguna normativa y cuáles fueron las circunstancias concretas del hecho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dice la Ley 2138 de 2021 sobre la tracción animal en Colombia?

La Ley 2138 de 2021 establece lineamientos para la sustitución de vehículos de tracción animal en Colombia. Su propósito es brindar alternativas económicas a quienes dependen de ellos, mientras regula el reemplazo progresivo de dicha práctica. En municipios como Tuluá, la ley sirve de marco para implementar procesos que garanticen tanto el bienestar animal como la protección del sustento de las personas involucradas.

¿Cuál es la situación actual del uso de carretillas de tracción animal en Tuluá?

Durante 2026, Tuluá continuó con el proceso de reemplazo de los vehículos de tracción animal conforme a la normativa vigente. Sin embargo, según lo indicado en las fuentes, no se ha informado públicamente sobre decisiones específicas en el caso reciente del caballo utilizado en la “barbería móvil”, ni sobre eventuales sanciones administrativas o valoraciones veterinarias.

En el sector de Simón Bolívar se registraron 39 °C de temperatura del aire, mientras que la combinación con la humedad relativa elevó la sensación térmica hasta los 55 °C. Este indicador permite estimar cómo percibe el cuerpo humano el calor bajo determinadas condiciones atmosféricas.

Vea también: IDEAM alerta sobre incremento de lluvias en septiembre y recomienda precaución en occidente y noroccidente del país

La elevada humedad tiene un papel importante en este tipo de mediciones, pues la interacción entre la temperatura y la humedad puede hacer que el organismo perciba condiciones mucho más calurosas que las que marca el termómetro.

El reporte del Ideam ubicó en Alerta Roja a Atlántico, La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba y la región Insular. La medida busca mantener activos los protocolos de las autoridades ante posibles afectaciones asociadas al calor extremo.

Vea también: Ideam lanzó alerta por lo que viene para varias regiones de Colombia: hay dos riesgos

Finalmente, la Alerta Roja advierte sobre posibles efectos físicos como fatiga, agotamiento y golpe de calor. En otras zonas del país, entre ellas Caldas, Tolima, Cundinamarca y Chocó, se mantiene el nivel de Alerta Naranja por las condiciones de sensación térmica.

Esta apuesta por la presencia territorial nació de la intención de fortalecer la respuesta del Ejecutivo frente a los problemas de seguridad que afectan a distintas zonas del país. En este contexto, el gobierno de De la Espriella trabaja en la elaboración de un proyecto de ley de sometimiento dirigido a grupos armados ilegales. Por eso, cada visita regional inicia con consejos de seguridad, en los que se evalúan con detalle las estrategias operativas de la Fuerza Pública, el control del territorio y las acciones concretas orientadas a garantizar la tranquilidad en los departamentos más afectados por organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.

En la reunión de Cartagena participaron gobernadores y alcaldes de la región, además de ministros clave como Jorge Mora (Defensa), Rodrigo Lara (Interior), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda) e Indalecio Dangond (Agricultura). Se resaltó en este espacio la necesidad de avanzar en la lucha contra la impunidad y se planteó la aprobación en el Congreso de un estatuto antiterrorista, que permitiría identificar con precisión las zonas en las que las organizaciones criminales mantienen influencia, de acuerdo con los reportes del gobierno presentados por El Espectador.

Posteriormente, el presidente lideró un segundo encuentro en Cartagena para consolidar los llamados empalmes regionales junto al gobernador Yamil Arana y los alcaldes de Bolívar. En este encuentro se socializaron los proyectos prioritarios, especialmente los que se encuentran en fase avanzada para ser ejecutados en el corto plazo. En al menos nueve departamentos se recopilaron iniciativas listas para sacar adelante, las cuales serán evaluadas por Valerie Lafaurie, gerente de las regiones, y Nicolás Gómez, jefe de Despacho.

Tras su primer mes de mandato, De la Espriella anunció la destinación de 500.000 millones de pesos colombianos (COP) para impulsar diferentes proyectos regionales, y enfatizó que Bolívar será uno de los primeros departamentos en recibir una evaluación detallada de sus propuestas. Todo esto con la idea de consolidar resultados bajo su administración.

¿Cuáles son las principales estrategias de seguridad que impulsa el gobierno de Abelardo de la Espriella en la región Caribe?

De acuerdo con El Espectador, la prioridad está en los consejos de seguridad y en el fortalecimiento de la Fuerza Pública para enfrentar grupos ilegales como el ELN y el Clan del Golfo. Además, el gobierno trabaja en un proyecto de ley de sometimiento para esas organizaciones y busca la aprobación de un estatuto antiterrorista, con el fin de identificar las zonas más vulnerables y avanzar en acciones concretas contra la impunidad.

¿En qué consiste la estrategia de empalmes regionales propuesta por el presidente De la Espriella?

Según lo informado, la estrategia de empalmes regionales busca articular proyectos prioritarios entre el gobierno nacional, departamentos y municipios para impulsar su desarrollo bajo esta administración. En ese marco se recopilan y evalúan iniciativas que ya están listas para ejecutarse; los funcionarios asignados valoran su viabilidad antes de destinar recursos, como los 500.000 millones de pesos anunciados recientemente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Vea también: De la Espriella celebró absolución de Plazas Vega en EE. UU.: “Se hizo justicia con un héroe”)

A través de una publicación en redes sociales, el mandatario compartió fotografías del procedimiento y aseguró que entre los detenidos se encuentra alias ‘Miguel’, señalado como cabecilla de escuadra de esa organización.

Según la información entregada por De la Espriella, el señalado integrante de las ACSN estaría relacionado con la coordinación de extorsiones, amenazas y labores de inteligencia contra miembros de la fuerza pública.

El presidente también informó sobre la incautación de un fusil, tres pistolas, una escopeta, explosivos y abundante munición.

Acá la publicación de De la Espriella con la foto del operativo:

¡Golpe contundente al grupo narcoterrorista Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada!

En La Esperanza, Norte de Santander, el Ejército y la Policía capturaron a cinco de sus integrantes, entre ellos alias “Miguel”, cabecilla de escuadra dedicado a coordinar extorsiones,… pic.twitter.com/4bq58UFfDa

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 18, 2026

De la Espriella mostró las capturas y lanzó advertencia

Al presentar el resultado de la operación, De la Espriella calificó el procedimiento como un “golpe contundente” contra las ACSN y aseguró que las autoridades continuarán adelantando operaciones contra la estructura.

“Los vamos a acabar”, escribió el presidente al finalizar su publicación.

La expresión hace parte del mensaje con el que el mandatario acompañó la fotografía del operativo y su balance sobre las capturas.

¿Qué tiene que ver ‘Bendito Menor’ con las ACSN?

El nombre de ‘Bendito Menor’ está relacionado con las ACSN porque Naín Andrés Pérez Toncel fue uno de los principales cabecillas de esa organización criminal.

Pérez Toncel murió el 4 de septiembre de 2026, durante un operativo de la Fuerza Pública en Riohacha, La Guajira. Para entonces, las autoridades lo señalaban como uno de los principales responsables de la estructura criminal.

La apertura del evento giró en torno a un conmovedor tributo dirigido a quienes sufrieron la pérdida de seres queridos tras el sismo. De acuerdo con la información proporcionada por Noticiero 90 Minutos, entre los homenajeados están los periodistas José Fernando Patiño, quien perdió a su padre; Jorge Isaac Tobón, quien lamentó la muerte de su esposa, Ana Ludivia Bernal Arciniegas; y Carlos Andrés Aponte, que debió despedir a sus padres, Carlos Arturo Aponte y Stella, así como a su sobrina, Ileana Giraldo Aponte. Igualmente, se reconoció la difícil situación de Adriana Muñoz y Valentina Gallego, reporteras de Caracol Noticias, cuyas viviendas resultaron inhabitables, evidenciando el impacto personal y profesional que ha dejado la tragedia en el gremio periodístico.

Dentro del marco de la feria, la pasarela de inauguración, bajo el eslogan "Donde cada paso cuenta una historia", buscó hacer visible la resistencia y unión de la comunidad caleña. Según declaraciones del diseñador caleño Jhofer de Jara, quien asumió la producción, participaron marcas representativas del Valle del Cauca, presentando colecciones para mujeres y hombres, además de accesorios con inspiración étnica. La exhibición destacó el mensaje de solidaridad y esperanza, demostrando que la moda puede ser vehículo de apoyo social en momentos de adversidad.

La realización de CalzaGosto fue posible gracias a la articulación entre la Corporación del Desarrollo Productivo (CDP), la Asociación de Industriales Vallecaucanos del Calzado, Cuero, sus Manufacturas e Insumos (UNIVAC), la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle. Los organizadores recalcaron, según Noticiero 90 Minutos, que el propósito es contribuir a la recuperación económica local, en especial para empresas y comercios golpeados por la reducción en las ventas tras el sismo que afectó regiones como Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

La feria traslada su tradicional escenario en respuesta a la emergencia, pero no interrumpe su misión: promover el emprendimiento vallecaucano y enviar un mensaje de resiliencia colectiva. La edición actual, más allá de lo comercial, fortalece la memoria y la unión, recordando a todos que Cali sigue adelante ante la adversidad.

¿Qué actividades ofrece la Feria Social CalzaGosto en homenaje a las víctimas del terremoto?

La Feria Social CalzaGosto dedica su edición 2026 a las víctimas y damnificados del sismo, abriendo con un tributo a varias personas afectadas. Además de la pasarela de moda con marcas vallecaucanas, la feria impulsa actividades orientadas a la recuperación económica y la solidaridad, según confirmaron los organizadores en Noticiero 90 Minutos.

¿Quiénes organizaron la Feria Social CalzaGosto y cuál es su propósito principal en 2026?

La organización de la Feria CalzaGosto está a cargo de la Corporación del Desarrollo Productivo (CDP), la Asociación de Industriales Vallecaucanos del Calzado, Cuero, sus Manufacturas e Insumos (UNIVAC), junto a la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle. El objetivo clave en 2026, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos, es dinamizar la economía regional tras el impacto del terremoto, apoyando especialmente a los comerciantes y empresarios afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

De acuerdo con los reportes, el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, organismo encargado de coordinar la atención ante emergencias en la ciudad, activó todos sus protocolos para enfrentar esta contingencia. En paralelo, el Cuerpo de Bomberos de Cali ejecuta labores directas de control del incendio, desplegando una considerable cantidad de recursos humanos y logísticos en la zona afectada.

Para intentar contener las llamas, la respuesta incluye el uso de cuatro máquinas, un carrotanque, una ambulancia, una cuadrilla forestal especializada, un vehículo de logística y cerca de 80 unidades bomberiles, quienes siguen en campo desarrollando las intervenciones pertinentes. Gracias a esta movilización estratégica, se busca reducir el impacto del incendio y resguardar tanto la biodiversidad que caracteriza este sector de Cali como la integridad de las comunidades cercanas a Las Minas y Altos de Normandía.

Las autoridades ejecutan además labores de evaluación para determinar el alcance de la emergencia y calcular la extensión de terreno afectado por las llamas. Hasta el momento, no se ha comunicado información precisa sobre daños materiales o personas lesionadas, ya que la situación se encuentra aún en desarrollo y requiere atención permanente por parte de los equipos de respuesta.

Este nuevo incidente renueva las preocupaciones locales sobre el riesgo de incendios forestales en zonas residenciales y ecosistemas vulnerables al oeste de la ciudad, donde previamente se han registrado episodios similares que demandan continuos esfuerzos de prevención y reacción por parte de instituciones de emergencia y comunidad en general. La información oficial invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales de comunicación y a colaborar con las recomendaciones de los organismos de gestión de riesgo, mientras las labores de control y monitoreo avanzan bajo la coordinación de las autoridades competentes.

¿Cuáles son las acciones que adelantan los bomberos para controlar el incendio forestal en Altos de Normandía?

Según la información reportada, el Cuerpo de Bomberos de Cali atiende el incendio con la movilización de cuatro máquinas, un carrotanque, una ambulancia, una cuadrilla forestal especializada y un vehículo de logística, además de cerca de 80 unidades en campo. Todas estas acciones están dirigidas a rodear la zona afectada, cortar la propagación del fuego y prestar atención oportuna a cualquier emergencia que se derive del incidente.

¿Qué es el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y cuál es su papel en esta emergencia en Cali?

El Sistema Distrital de Gestión del Riesgo es la entidad encargada de coordinar y articular la respuesta a situaciones de emergencia en la ciudad de Cali, como incendios forestales, inundaciones u otros hechos que pongan en riesgo a la población y los ecosistemas. En el caso del incendio en Altos de Normandía, este sistema se activó para dirigir las operaciones y facilitar la colaboración entre diferentes organismos de emergencia y asistencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

De acuerdo con la información reportada, la hipótesis con más peso es que el homicidio estaría relacionado con extorsiones que han azotado con fuerza a la población local. La incautación de munición, una granada de fragmentación y material de intimidación en manos de Armando Rafael Rebolledo Góngora, Darío José Altamar Ramírez y Jhonier André Rivera Pertuz —detenidos en flagrancia— refuerza los indicios sobre la existencia de una estructura criminal articulada, con la extorsión como método principal para someter y lucrarse a costa de los habitantes de la zona.

Aunque la motivación del crimen aún debía ser verificada técnicamente por las autoridades al momento de la información revelada, la evidencia recogida ha llevado a la colectividad a aceptar con resignación esta posible explicación. En Bosconia, el miedo se ha instalado a raíz del auge de extorsiones, amenazas y visitas intimidatorias de grupos armados ilegales. Una muestra de esta zozobra es la iniciativa que impulsó la Unión Nacional de Comerciantes (sigla UNDECO) de cerrar masivamente los negocios bajo el lema: “O cerramos de manera voluntaria en rechazo a la extorsión, o nos cierran a la fuerza los delincuentes”.

La atmósfera en el municipio es tensa, signada por el temor a las ‘vacunas’ (como se conoce en Colombia el cobro ilegal a comerciantes), la intimidación directa a tenderos y el miedo a abrir los establecimientos. Frente a la violencia, la comunidad ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía del Departamento Cesar acciones rápidas para esclarecer si el asesinato de Muñoz Vizcaíno obedece a su negativa de pagar una extorsión y, con ello, devolver la tranquilidad que el pueblo reclama.

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¿Por qué el homicidio de Gabriel Antonio Muñoz Vizcaíno afectó la seguridad en Bosconia?

El asesinato de Muñoz Vizcaíno impactó de manera significativa la percepción de seguridad en Bosconia porque profundizó el miedo existente por la ola de extorsiones y amenazas que enfrentan los comerciantes y habitantes del municipio, según la información recopilada y las reacciones de la comunidad y las autoridades en el informe.

¿Qué significa la sigla ACSN en el contexto del crimen de Bosconia?

La sigla ACSN corresponde a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, un grupo armado ilegal mencionado en los panfletos incautados tras el asesinato de Muñoz Vizcaíno, lo que fortalece la hipótesis de que estructuras criminales ligadas a esta organización estarían operando en la zona y usando la extorsión como modalidad delictiva.

De acuerdo con Emcali, estas conexiones irregulares perjudican directamente al sistema de acueducto, ocasionando dificultades en la presión y la continuidad del servicio. Carlos Sarasti, subgerente comercial de acueducto y alcantarillado de Emcali, señaló que el impacto es notorio: “Desafortunadamente, todas estas conexiones lo que hacen es que tengamos uno de los tanques de distribución, que es el tanque MM2, que no permite que se llene para poder empezar a distribuir a todos los que son usuarios que tienen su recibo con nosotros”. Esta explicación pone en contexto cómo los usuarios que cumplen con la legalidad ven comprometida la calidad del servicio a causa de las instalaciones ilícitas.

Durante las inspecciones recientes, Emcali y las autoridades locales han encontrado tubos, mangueras y otras conexiones clandestinas que conducían el agua hacia predios no autorizados, incluidas viviendas y comercios. El objetivo de los operativos es claro: lograr que el agua llegue de manera adecuada y justa a quienes cuentan con el servicio formalmente contratado. Las acciones no solo se limitan a la Comuna 18, pues en septiembre de 2025, Emcali reportó el hallazgo y retiro de ocho conexiones ilegales en el sector de Los Chorros, donde el agua extraída abastecía lavaderos de motos, supermercados y otros establecimientos comerciales.

El fenómeno de las conexiones ilegales, lejos de ser un hecho aislado, representa un reto constante para la operadora del acueducto. Por ello, Emcali confirmó que los operativos se mantendrán en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de proteger la calidad y continuidad del servicio para toda la comunidad usuaria registrada, especialmente en épocas de sequía.

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¿Cómo afectan las conexiones ilegales de agua el servicio en Cali?

Las conexiones ilegales, según Emcali, alteran el sistema de acueducto, disminuyen la presión y dificultan la provisión continua de agua a los usuarios formales. El tanque MM2, uno de los principales de la ciudad, no puede llenarse adecuadamente por dichas extracciones, lo que reduce la capacidad de distribución para quienes tienen contrato vigente.

¿Qué estrategias utiliza Emcali para combatir las conexiones clandestinas de agua?

Emcali desarrolla operativos de inspección en zonas vulnerables, retira conexiones irregulares y busca garantizar distribución equitativa del recurso. Las acciones abarcan desde ciertas comunas hasta sectores comerciales, con la meta de detectar a quienes utilizan el servicio sin autorización y proteger la red pública de abastecimiento.

La labor del equipo médico veterinario del IDPYBA fue fundamental durante el operativo, ya que las autoridades requirieron su presencia para asegurar que los animales afectados recibieran protección y atención especializada. Los perros y gatos fueron trasladados a un refugio seguro, donde permanecerán bajo custodia mientras avance el proceso judicial que determinará su futuro.

El Instituto aclaró de manera enfática que no está contemplado recurrir al sacrificio ni a la eutanasia de los animales rescatados. Por el contrario, actualmente son evaluados por médicos veterinarios especializados para garantizar el cuidado durante su estadía. Esta postura está alineada con la orientación de la administración distrital, que seguirá las indicaciones dispuestas por la Inspección de Policía, ya sea para devolver los animales a su anterior responsable o para definir su custodia permanente, siempre con el objetivo de resguardar los derechos y la dignidad de los seres sintientes involucrados.

El secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, a través de una publicación en la red social X, comunicó los detalles del procedimiento, explicando que la intervención correspondió a una orden policial que se había intentado ejecutar en dos oportunidades previas. En la diligencia, se habilitaron vehículos y hogares de paso para albergar temporalmente a los animales.

Según el compromiso asumido por el querellante del proceso, durante los próximos meses se hará responsable de la alimentación, salud y bienestar de los animales afectados. Por su parte, a la persona desalojada, propietaria de la fundación objeto del operativo, se le notificará el sitio en el que los animales se encuentran, y cualquier solicitud posterior se gestionará conforme a las órdenes establecidas por la Inspección de Policía.

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¿Qué sucedió con los animales recuperados en el operativo de Fontibón?

Los más de 50 perros y gatos implicados en el operativo de Fontibón fueron entregados al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y trasladados a un refugio seguro. Allí, equipos veterinarios especializados evalúan su estado de salud, descartando cualquier medida de sacrificio o eutanasia, a la espera de la decisión judicial que determinará su destino.

¿Quién garantiza la protección y bienestar de los animales tras los operativos judiciales en Bogotá?

La protección y bienestar de los animales involucrados en operativos judiciales en Bogotá es responsabilidad del IDPYBA, en coordinación con la administración distrital y bajo la supervisión de la Inspección de Policía. Además, el querellante del proceso debe encargarse del bienestar, alimentación y salud de los animales durante el tiempo necesario, conforme a lo ordenado por las autoridades.

De acuerdo con declaraciones de la gobernadora Dilian Francisca Toro, el acuerdo logrado con Felipe Negret, gerente liquidador de La 14, y Propacífico permitió que estos negocios dispongan de instalaciones en La 14 de Pasoancho, con la meta de que regresen a su sede original tan pronto sea posible. Toro explicó que "estamos trabajando para que se reactiven económicamente mucho más y por eso estamos trabajando en este proyecto".

Este respaldo institucional fue reconocido por los propios comerciantes, quienes resaltaron la importancia de contar nuevamente con un lugar digno para trabajar. Viviana Cadavid, emprendedora, subrayó que la gobernadora cumplió la promesa de brindarles un espacio adecuado, expresando su satisfacción por la nueva ubicación, mientras Eduard Gómez agradeció la oportunidad de trabajar en mejores condiciones, invitando a la ciudadanía a respaldar sus negocios en este periodo de transición.

El apoyo no se limita únicamente a la reubicación física. Toro precisó que desde la Gobernación se están gestionando créditos sin intereses, en articulación con el Gobierno Nacional, para impulsar la reactivación de los negocios. Por su parte, el alcalde Alejandro Eder señaló que la Alcaldía ya destinó 9.000 millones de pesos como fondo de capital semilla, a los cuales se sumarán 5.000 millones para un fondo de garantías que facilite el acceso a préstamos a pequeños y medianos empresarios.

Adicionalmente, las autoridades invitaron a la ciudadanía a sumarse a las actividades de reactivación programadas en La 14 de Pasoancho durante el fin de semana del Día del Amor y la Amistad, para apoyar a los emprendedores locales a través de jornadas deportivas y culturales. Más allá de Cali, la gobernadora anunció caravanas solidarias para estimular la economía y el turismo en distintos municipios del Valle del Cauca, comenzando en Sevilla y continuando en Buenaventura.

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¿Cómo ha apoyado la Gobernación del Valle a los comerciantes de San Andresito del Sur tras el terremoto?

De acuerdo con las declaraciones oficiales, la Gobernación del Valle del Cauca facilitó la reubicación de 155 comerciantes en La 14 de Pasoancho y está gestionando líneas de crédito sin intereses junto al Gobierno Nacional. Así busca promover la recuperación económica mientras se adelantan las obras en San Andresito del Sur.

¿Qué tipo de actividades de reactivación se están realizando para los comerciantes afectados en Cali?

Según información de la Alcaldía de Cali, se han programado actividades deportivas y culturales en La 14 de Pasoancho durante el Día del Amor y la Amistad como parte de las acciones para estimular las ventas y la solidaridad ciudadana con los emprendedores desplazados por la emergencia.

(Ver también: Qué pasará con Benedetti, Carrillo, Bolívar y más fichas de Petro; hay varios en el limbo)

La información fue revelada por La FM, en el segmento ‘El Dato con Santiago Ángel’, espacio de análisis político de la emisora. De acuerdo con el reporte, Benedetti estaría contemplando con mayor interés la posibilidad de llegar al Palacio Liévano y convertirse en candidato para disputar la Alcaldía de Bogotá.

El eventual cambio llama la atención porque, hasta hace pocas semanas, el propio Benedetti había dejado abierta públicamente la posibilidad de competir por Barranquilla.

El 31 de julio, durante una visita a la capital del Atlántico, el ministro fue consultado sobre una eventual candidatura a la Alcaldía de Barranquilla y respondió: “La alcaldía de Barranquilla, esa sí me gusta”.

Sin embargo, entendiendo el poder de la familia Char en esa ciudad, ahora el escenario sería diferente.

Según la información divulgada por Santiago Ángel, Benedetti estaría inclinándose por Bogotá, una decisión que modificaría el tablero de posibles aspirantes del sector político que representa. De hecho, eso estaría potenciado por su presencia hace unos años en el Concejo de Bogotá. 

El reporte no significa, por ahora, que exista una candidatura oficial ni que Benedetti haya anunciado públicamente su decisión definitiva, recordando además que lo que planea este partido es hacer una consulta en marzo con el resto de candidatos, que serían varios exministros del gobierno pasado e incluso el mismo expresidente Petro.

Así, mientras empiezan a tomar forma las posibles candidaturas para las elecciones territoriales de 2027, el nombre de Benedetti vuelve a causar movimiento, esta vez con Bogotá como el posible nuevo destino político.

(Ver también: “Esa sí me gusta”: Benedetti no se sonrojó con idea de ser candidato a la Alcaldía de Barranquilla)

Por ahora, la clave estará en saber si el ministro confirma públicamente este cambio de rumbo y si finalmente su nombre aparece como una de las cartas que el Pacto Histórico contempla para disputar la Alcaldía de Bogotá.

La campaña, bajo el lema ‘Con amor y amistad reconstruimos a Cali’, articula esfuerzos de la alcaldía, la Policía Nacional y la Secretaría de Movilidad para fortalecer el mensaje de conducta responsable. Según afirmó Natalia Zuluaga, subsecretaria de Seguridad Distrital, “para reconstruir a Cali no solo necesitamos en estos momentos ladrillos nuevos; también requerimos de un buen comportamiento de los ciudadanos para sanar heridas y evitar riñas. La celebración de ‘Amor y amistad’ es una oportunidad para encontrarnos, compartir y disfrutar; no para terminar en una pelea”. Con esta frase, la funcionaria invita a la ciudadanía a aprovechar la festividad para reafirmar valores de convivencia y unión.

Durante el fin de semana, la alcaldía desplegará 1700 uniformados en distintos puntos estratégicos, de acuerdo con la información oficial. Se priorizarán zonas como discotecas, bulevares y sectores turísticos o gastronómicos, mientras campañas pedagógicas y actividades lúdicas en centros comerciales buscan reforzar la idea de resolución pacífica de conflictos. Las autoridades insisten en el compromiso conjunto de prevenir hechos de violencia asociados a las celebraciones, especialmente peleas provocadas por intolerancia en espacios donde el consumo de licor es habitual.

La Secretaría de Movilidad, por su parte, tendrá puestos de control extendidos en varios lugares de Cali. La principal recomendación es respetar las normas de tránsito y, en caso de consumir alcohol, utilizar opciones alternativas de transporte. Sergio Moncayo, secretario de Movilidad Distrital, comentó: “queremos que este fin de semana sea para celebrar y regresar a casa. La velocidad y el alcohol al volante pueden convertir un momento de alegría en una tragedia. La invitación es a respetar las normas y conducir con responsabilidad. Si va a tomar, entregue las llaves”. De esta forma, las autoridades buscan garantizar la seguridad vial y evitar accidentes que puedan empañar la festividad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas de seguridad toma Cali en el Día de Amor y Amistad?

De acuerdo con la alcaldía de Cali, para el Día de Amor y Amistad se desplegarán 1700 uniformados en zonas concurridas como discotecas y sectores turísticos, además de campañas pedagógicas y puestos de control de tránsito por toda la ciudad. Todo esto busca prevenir hechos de violencia y accidentes viales.

¿Por qué la alcaldía promueve campañas pedagógicas en Amor y Amistad?

La alcaldía de Cali impulsa campañas pedagógicas durante Amor y Amistad con el objetivo de enseñar a los ciudadanos a convivir desde el respeto y a resolver conflictos de manera pacífica, evitando riñas y reforzando el sentido de comunidad en una fecha tradicionalmente asociada a festejos y encuentros sociales.

Durante la actual administración se intentó primero que el Hotel Ambalá pasara a ser operado mediante un contrato de arrendamiento a largo plazo. En ese sentido, hubo acercamientos con la sociedad Tequendama para evaluar un posible acuerdo, además de dos convocatorias públicas dirigidas a encontrar interesados en gestionar el hotel. A pesar de recibir algunas propuestas, los potenciales operadores no reunieron las condiciones exigidas y acabaron desistiendo del proceso.

Otra alternativa analizada, siempre de acuerdo con la información de El Nuevo Día, fue la posibilidad de que el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) utilizara las instalaciones. Sin embargo, tras una evaluación detallada del edificio, tampoco se concretó ningún proyecto en ese sentido.

Los esfuerzos por evitar la venta directa del inmueble han chocado con las limitaciones presupuestales del departamento. La Gobernación no cuenta con la disponibilidad de recursos necesarios para afrontar una intervención de la magnitud que requiere la recuperación y adecuación del hotel. Esto impide que, por sí sola, pueda devolverle al edificio su funcionalidad y valor patrimonial.

De este modo, se plantea ahora la venta como la alternativa más viable para el futuro del Hotel Ambalá. El siguiente paso corresponde a la Asamblea del Tolima, que deberá analizar en sesiones extraordinarias la propuesta enviada por la Gobernación, abrir el debate necesario y decidir si da luz verde o no a la venta del inmueble.

La intención de la administración departamental es que, en caso de obtener la autorización, el hotel se ofrezca siguiendo los procedimientos establecidos por la ley, dentro de los cuales estaría la posibilidad de una subasta pública. Así, el destino de este tradicional espacio de Ibagué dependerá, en buena medida, de la decisión que tomen los diputados del departamento durante el próximo periodo extraordinario.

¿Por qué no se concretó el arrendamiento del Hotel Ambalá en Ibagué?

El contrato de arrendamiento del Hotel Ambalá no se concretó porque, aunque se recibieron propuestas de varios interesados y se realizaron acercamientos con la sociedad Tequendama, los posibles operadores no lograron cumplir con las condiciones necesarias requeridas para firmar un acuerdo, por lo que terminaron retirándose, según información de El Nuevo Día.

¿Qué pasos siguen para la venta del Hotel Ambalá en Tolima?

El siguiente paso consiste en que la Asamblea Departamental analice el proyecto presentado por la Gobernación para autorizar la venta del inmueble. Si la Asamblea da su aprobación, la venta se realizaría conforme a los mecanismos legales, incluyendo la opción de una subasta pública para adjudicar el Hotel Ambalá.

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Las autoridades han fortalecido sus estrategias para anticipar alteraciones del orden público y disminuir episodios de intolerancia que suelen incrementarse durante los días festivos. Para ello, están en marcha acciones como el ‘Plan Rumba Segura’, el ‘Plan Desenguayabe’ y el ‘Plan Gourmet’. Estas iniciativas buscan brindar garantías de seguridad tanto en el disfrute nocturno como en las actividades recreativas y gastronómicas de la agenda vallenata.

El coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, señaló en entrevista con El Pilón que la prioridad institucional es proporcionar acompañamiento cercano y permanente a los habitantes durante estas fechas que incentivan la reunión social. Según manifestó el oficial, la fuerza pública cuenta con capacidad operativa para reaccionar de manera inmediata ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo la tranquilidad de los ciudadanos. Adicionalmente, hizo un llamado a la comunidad para vivir esta celebración de manera responsable y pacífica, insistiendo en la importancia de la tolerancia, el respeto a las normas de convivencia y el autocontrol en el consumo de alcohol.

Paralelamente a las actividades propias de la festividad, la Policía ofrecerá cobertura de seguridad en eventos deportivos relevantes, como la Cuarta Copa de Patinaje Andrea Cañón—que congrega a deportistas de diferentes regiones—y el partido de fútbol entre Alianza Valledupar e Independiente Santa Fe, donde habrá controles reforzados en el entorno de los escenarios deportivos.

En cuanto a movilidad, la Seccional de Tránsito y Transporte intensificará los controles en los principales corredores viales, instando a los conductores a respetar la señalización, utilizar casco y cinturón de seguridad, y evitar la conducción bajo los efectos del alcohol para proteger la integridad de todos los ciudadanos. De esta manera, la Policía Metropolitana garantiza la continuidad de las acciones preventivas y de control, en coordinación con autoridades locales y otros organismos de socorro, durante todo el fin de semana festivo.

¿Qué medidas de seguridad implementó la Policía Metropolitana de Valledupar para el fin de semana de Amor y Amistad?

La institución activó operativos en puntos críticos de la ciudad, incluidas zonas comerciales y de esparcimiento, e implementó los planes ‘Rumba Segura’, ‘Desenguayabe’ y ‘Gourmet’ para prevenir desórdenes. Además, fortaleció la vigilancia en eventos deportivos y aumentó los controles viales para evitar incidentes durante las celebraciones.

¿Por qué es importante el autocontrol en el consumo de alcohol según la Policía durante celebraciones como Amor y Amistad?

La Policía Metropolitana resaltó que el autocontrol es fundamental para evitar situaciones de intolerancia y violencia, contribuyendo así a una convivencia pacífica y a la reducción de accidentes viales. Promovió el consumo moderado y la responsabilidad como pilares para garantizar la seguridad colectiva durante el festejo.

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En el transcurso de la charla, Matiz reiteró su vínculo con el expresidente y su influencia política en la zona. “Presidente, tú sabes cómo te queremos en el Tolima, 100% uribista por siempre”, expresó la funcionaria. De acuerdo con la transmisión, la dirigente manifestó abiertamente el respaldo que tiene Uribe en Tolima, así como el arraigo que conserva en la ciudadanía del departamento.

La gobernadora se refirió de forma directa a las dificultades que atraviesa la región por causa de los incendios forestales, enfatizando que, a pesar de la complejidad de la situación, esto no frenará el desarrollo ni la tenacidad de los tolimenses. “Estamos atravesando por un momento difícil, por un momento duro, pero los incendios no van a hacer del Tolima una tierra atrasada. Los incendios van a hacer del Tolima una tierra más valiente y más firme que nunca”, remarcó Matiz. En esa línea, la gobernadora subrayó la actitud resiliente y el compromiso de sacar adelante el departamento, aun en escenarios adversos.

Matiz aprovechó la entrevista para agradecer a Uribe por “visibilizar esta tragedia”, haciendo alusión al papel que desempeñan los líderes nacionales al poner en la agenda del país la emergencia sufrida por el Tolima. “Mil gracias por visibilizar esta tragedia, presidente. Gracias. Usted sabe que aquí somos mano firme y corazón grande”, indicó la gobernadora, reiterando los valores que proclama su administración en estos momentos de crisis.

Durante el diálogo, Uribe también compartió reflexiones sobre el rol de la experiencia política. Manifestó la importancia de que quienes han transitado por cargos públicos puedan ser aliados de las nuevas generaciones, más que rivales. “Los cuchos no competimos con los jóvenes, les ayudamos”, apuntó. El expresidente puso como ejemplo la labor de los alcaldes de San Luis y Coello, ambos dirigentes jóvenes que, según sus palabras, han optado por asumir desafíos complejos resultado de la emergencia actual.

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¿Cómo ha impactado la emergencia por incendios forestales en el Tolima, según declaraciones de la gobernadora?

De acuerdo con la gobernadora Adriana Magali Matiz, la emergencia generada por los incendios forestales representa un momento difícil para el Tolima, pero no es vista como un obstáculo definitivo. Matiz manifestó que la situación actual pone a prueba la fortaleza y determinación de los habitantes, reiterando que la región continuará su avance y que esta experiencia solo hará a Tolima “más valiente y más firme”.

¿Qué papel tienen los líderes con experiencia en la gestión de emergencias, según palabras de Álvaro Uribe?

Álvaro Uribe enfatizó en la entrevista que los dirigentes con mayor experiencia deben ser un apoyo para los jóvenes mandatarios en lugar de competir con ellos directamente. Afirmó que la función de los “cuchos” es colaborar y acompañar, resaltando la labor de alcaldes jóvenes en municipios como San Luis y Coello, quienes han asumido la responsabilidad de liderar en medio de la crisis provocada por los incendios forestales.

El registro del sismo estuvo a cargo de la Red Sismológica Nacional de Colombia, sistema encargado de monitorear de forma constante la actividad sísmica en el país. Esta vigilancia permanente resulta fundamental para alertar a las autoridades y a la ciudadanía sobre cualquier evento significativo que pueda registrarse. En este contexto, el SGC reiteró la invitación para que cualquier persona que haya sentido el movimiento sísmico lo reporte a través de su plataforma Sismos Sentidos. Esta herramienta digital permite que los ciudadanos indiquen en qué zonas fue percibido el temblor y describan posibles efectos, contribuyendo así a la recolección de información de manera colaborativa.

Hasta el momento de la publicación del boletín consultado, todavía no se conocían declaraciones oficiales de las autoridades a nivel local o nacional sobre el sismo ni reportes confirmados de daños materiales o afectaciones personales. Por tal motivo, cualquier actualización sobre el impacto del evento deberá obtenerse de fuentes oficiales y será responsabilidad de las entidades competentes pronunciarse al respecto.

Este reciente temblor forma parte del monitoreo sostenido que el Servicio Geológico Colombiano realiza en todo el territorio nacional. El organismo ha registrado en fechas recientes otros movimientos sísmicos con epicentro en Istmina, lo que refleja la actividad constante en esta zona del departamento del Chocó. La situación pone de manifiesto la importancia de estar atentos a las recomendaciones de las autoridades y hacer uso de las herramientas disponibles para reportar información útil sobre estos fenómenos.

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¿Dónde fue el epicentro del sismo en Colombia reportado el 18 de septiembre de 2026?

El boletín del Servicio Geológico Colombiano señaló que el epicentro del sismo de magnitud 4,4, registrado el viernes 18 de septiembre de 2026, se ubicó en Istmina, municipio del departamento de Chocó.

¿Cómo puede reportar la ciudadanía si sintió el temblor en Istmina, Chocó?

El SGC invita a los ciudadanos que percibieron el temblor a informar su experiencia a través de la plataforma Sismos Sentidos, herramienta que recopila datos sobre la percepción y posibles efectos de los movimientos sísmicos.

(Vea también: Temblor se sintió en varias partes de Colombia en la mañana de este viernes; ¿dónde fue el epicentro?)

De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el sismo ocurrió a la 1:41 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 46 kilómetros.

El movimiento se produjo después de una jornada con varios eventos sísmicos registrados en el occidente del país, especialmente en el departamento del Chocó.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-18, 13:41 hora local Magnitud 4.4. Profundidad 46 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/eVPMEAKN9d

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 18, 2026

Sismo de 4,4 tuvo epicentro en Istmina, Chocó

El reporte del SGC señala que el evento sísmico tuvo como referencia a Istmina, municipio ubicado en el departamento del Chocó.

El SGC mantiene habilitada su plataforma Sismo Sentido, mediante la cual las personas pueden informar si percibieron el movimiento y en qué lugar lo sintieron.

Estos reportes ciudadanos permiten a la entidad recopilar información sobre la percepción de los sismos en diferentes zonas del país y complementar los datos obtenidos mediante sus sistemas de monitoreo.

Hasta el momento del reporte, el SGC no había señalado afectaciones asociadas con este nuevo movimiento.

Chocó ya había registrado varios temblores este viernes

El sismo de las 1:41 p. m. se suma a una jornada de actividad sísmica en el occidente de Colombia.

Durante la madrugada, el SGC reportó un movimiento de magnitud 4,6 a la 1:17 a. m., también con referencia en Istmina. Ese evento tuvo una profundidad de 42 kilómetros y fue marcado como sentido en diferentes poblaciones de Chocó y Valle del Cauca.

Posteriormente, a las 3:45 a. m., se registró otro sismo de magnitud 4,4, pero esta vez con referencia en el océano Pacífico y profundidad superficial.

Además de esos movimientos, durante la madrugada y la mañana se presentaron otros eventos de menor magnitud en municipios de Chocó y zonas cercanas, de acuerdo con los registros del SGC.

Por eso, el nuevo temblor de la tarde representa otro evento dentro de la actividad sísmica registrada durante esta jornada.

Durante la conversación, el mandatario le pidió al empresario su apoyo en tres frentes clave: la construcción de un Estado más pequeño, eficiente y moderno; la transformación de la educación para preparar a los jóvenes para los nuevos retos globales; y el uso de la tecnología para focalizar de manera precisa las políticas sociales, posibilitando que los beneficios lleguen directamente a quienes los necesitan. Estos puntos reflejan una preocupación de fondo por la productividad, la reducción de la burocracia y la optimización de los recursos públicos.

De la Espriella puntualizó que la meta es ambiciosa: “Convertir a Colombia en el primer país de América Latina nativo en inteligencia artificial”, lo cual implica reinventar la administración pública colocando “al ciudadano en el centro” y disminuyendo los costos operativos estatales. Para concretar este propósito se prevé presentar un proyecto que traslade estas ideas iniciales a una política de Estado, estableciendo herramientas concretas que garanticen su permanencia más allá de un solo mandato presidencial.

El presidente insistió en que la inteligencia artificial no debe ser vista únicamente como un instrumento administrativo, sino como una verdadera palanca de transformación para el país. Asimismo, recalcó que los grandes logros alcanzados por Vélez constituyen un ejemplo para millones de jóvenes colombianos que pueden aspirar a oportunidades similares. “Colombia no puede llegar tarde al futuro. Vamos a construirlo”, concluyó De la Espriella.

El rediseño del Estado también involucra a figuras clave dentro del gabinete. José Manuel Restrepo, vicepresidente, lidera la tarea de hacer “ágil y eficiente” el aparato estatal y tiene funciones excepcionales para buscar la reducción del gasto en funcionamiento. Por otro lado, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, tiene el encargo de reducir y fusionar ministerios como parte de ese esfuerzo estructural. Toda la información citada proviene de reportes de El Espectador.

¿Cuál será el papel de David Vélez, fundador de Nubank, en la revolución de la inteligencia artificial en Colombia?

De acuerdo con lo informado por El Espectador, David Vélez asumirá el rol de asesor principal ad honorem en el proceso de modernización del Estado colombiano guiado por la inteligencia artificial. Vélez será clave en la asesoría para consolidar una política nacional que promueva mayor eficiencia estatal, transforme la educación y focalice políticas sociales mediante el uso estratégico de tecnología.

¿Qué acciones planea el gobierno de Abelardo de la Espriella para reducir la burocracia y modernizar el Estado colombiano?

Según declaraciones del presidente De la Espriella y reportes de El Espectador, las acciones incluyen transformar el funcionamiento estatal para hacer un gobierno más eficiente y reducir la burocracia. Entre los planes están la reducción del gasto de funcionamiento, fusión de ministerios y la implementación de inteligencia artificial como herramienta central para aumentar la productividad y poner al ciudadano en el centro de las decisiones.

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La versión de la familia indica que un hombre identificado en la zona con el alias de ‘Bonnie’ habría estado presente durante el altercado. En medio de la tensión, esta persona presuntamente extrajo una escopeta y disparó directamente en el rostro de José Omar Villarraga, provocándole la muerte de manera inmediata. Tras cometer el ataque, el señalado como responsable habría escapado del lugar, según los testimonios recolectados.

De acuerdo con lo narrado por los allegados de la víctima, esta no sería la primera vez que el hombre alias ‘Bonnie’ se ve involucrado en hechos violentos en la región. La familia recordó que lo asocian con un homicidio ocurrido anteriormente y señalaron que el individuo habría recuperado su libertad tras argumentar padecimientos de salud mental, aunque esta información fue suministrada únicamente por la familia y no se indica respaldo de las autoridades en el artículo.

Tras el crimen, los familiares de José Omar Villarraga hicieron un llamado urgente a la Policía y a la Fiscalía para que aceleren los procesos de identificación, localización y captura del presunto responsable del homicidio. Además, insistieron en la necesidad de que cualquier persona que cuente con información relevante sobre los hechos o sobre el paradero del sospechoso se acerque a las autoridades y colabore con el esclarecimiento de lo ocurrido.

La comunidad espera que las instituciones respondan con prontitud y eficacia ante este grave suceso, ya que la familia de la víctima y habitantes del corregimiento buscan justicia y seguridad en la zona.

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¿Qué se sabe sobre el presunto responsable del crimen en Anaime, Cajamarca?

La información aportada por la familia de José Omar Villarraga señala que el presunto agresor sería un hombre identificado bajo el alias de ‘Bonnie’, conocido en la zona y vinculado anteriormente a otro caso de homicidio. Según ellos, habría recuperado la libertad después de alegar problemas de salud mental, aunque esta versión no cuenta con confirmación por parte de las autoridades en el texto proporcionado.

¿Cómo reaccionaron los familiares de la víctima tras el asesinato en Anaime?

Los allegados de José Omar Villarraga solicitaron a la Policía y la Fiscalía que trabajen prontamente en la identificación y captura del responsable, e hicieron un llamado a la comunidad para que suministre información relevante que ayude a las autoridades a esclarecer el caso y lograr justicia para la víctima.

El estudio revela que, aunque el indicador de cobertura nacional del PAE creció de 76 % en 2022 a 81,8 % en 2025, dicho avance se explica por la disminución de 431.684 estudiantes en la matrícula utilizada como base de cálculo. Según el LEE, el porcentaje tiende a dar señales opuestas a la realidad: al reducirse el total de matriculados, el porcentaje de cobertura puede aumentar incluso si se atiende a menos estudiantes, generando una percepción equivocada de mejora.

Otro aspecto relevante identificado por el laboratorio corresponde a la diferencia metodológica entre la UApA y el LEE en el cálculo del indicador. Mientras la UApA toma como referencia una matrícula "saneada" (que excluye estudiantes “retirados”), el LEE utiliza las cifras completas del Ministerio de Educación proporcionadas por el SIMAT. Si bien entre 2019 y 2024 la diferencia en los cálculos se mantuvo relativamente estable —entre 141.000 y 294.000 estudiantes, con apenas uno o dos puntos porcentuales de diferencia—, en 2025 la brecha creció sustancialmente, alcanzando 396.420 estudiantes, y se tradujo en casi seis puntos porcentuales de variación en la cobertura registrada.

La continuidad y regularidad de la operación del PAE también enfrentan desafíos. El informe resalta que el número de Entidades Territoriales Certificadas (ETC) con alertas por interrupción del servicio creció de 17 en 2022 a 25 en 2025, y que en departamentos como Córdoba, Cesar, Magdalena, Cauca, Antioquia y Buenaventura estos incidentes son recurrentes, lo que podría evidenciar obstáculos estructurales en la gestión del programa. Ello se ilustra con casos como el de Chocó, donde, pese a una cobertura reportada como la más alta, se suspendió el servicio en la mayoría de municipios; o los episodios de suspensión en Cesar y Cauca, que dejaron sin atención a decenas de miles de estudiantes por lapsos importantes del calendario escolar.

No obstante, el informe subraya una reducción en las alertas sobre el inicio tardío del PAE. En enero de 2025, el número de ETC en alerta disminuyó a 13 frente a las 36 registradas en enero de 2023. Sin embargo, para marzo de 2024, aún hay zonas como Girardot, Sincelejo, Córdoba y Popayán con cerca de 278.000 estudiantes que no habían accedido al complemento alimentario debido a retrasos adjudicando los contratos, lo que privó a este grupo de alumnos del beneficio durante un periodo considerable del año escolar.

¿Por qué disminuyó el número de beneficiarios del PAE en 2025 pese al aumento de la cobertura?

La reducción de beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2025, aunque el porcentaje de cobertura aumentó, se debe principalmente a una caída en el número de estudiantes matriculados. Dicha disminución en la base de cálculo hace que, proporcionalmente, el indicador porcentual crezca incluso si menos estudiantes reciben el servicio, como se evidencia en el informe del LEE de la Pontificia Universidad Javeriana.

¿Qué problemas afectan la continuidad del Programa de Alimentación Escolar en Colombia?

De acuerdo con el informe del LEE, problemas de gestión territorial y demoras en la adjudicación de contratos afectan la continuidad del PAE. El crecimiento en las alertas de suspensión del servicio y la recurrencia de incidentes en ciertos departamentos reflejan dificultades estructurales para garantizar la presencia y permanencia del programa en todo el calendario escolar.

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La energía eléctrica fue uno de los servicios que se restableció con mayor rapidez, pero no completamente. Según el balance, más de 1,5 millones de usuarios sufrieron interrupciones inmediatamente después del movimiento telúrico; para el 13 de agosto, alrededor de 1,45 millones ya tenían el servicio nuevamente, aunque persisten unos 75.661 usuarios sin electricidad, especialmente en Chocó, Risaralda, Valle del Cauca y Quindío. En Chocó, de 111.000 usuarios afectados inicialmente, cerca de 11.000 permanecían sin energía días después. Esta deficiencia trasciende la simple falta de luz: afecta la operación de los sistemas de agua, la atención hospitalaria, las telecomunicaciones y la funcionalidad del comercio.

La falta de agua potable es uno de los factores más críticos tras un desastre. Las autoridades evidenciaron daños en plantas de tratamiento, bocatomas, redes y tanques, lo que dejó a 111 sistemas de acueducto perjudicados. Naciones Unidas estimó que 2,47 millones de personas requerían asistencia en agua, saneamiento e higiene, cifra especialmente grave en regiones como Chocó. Un mes después, solo 52.000 personas habían accedido a algún tipo de ayuda, datos que remarcan la vulnerabilidad previa a la catástrofe y la urgencia de plantear soluciones estructurales.

Igualmente, la gestión del alcantarillado y recolección de basuras se vuelve prioritaria tras desastres de esta magnitud, ya que contribuye a evitar crisis sanitarias y ambientales. El aumento de residuos provenientes de viviendas destruidas y comercios inactivos multiplica los retos de las autoridades.

La reconstrucción de las zonas afectadas abre el debate sobre la necesidad de ir más allá de restablecer lo perdido. “La reconstrucción no puede limitarse a recuperar aquello que se perdió. Si una comunidad tenía dificultades para acceder al agua, al saneamiento o a la energía antes de una tragedia, reconstruir exactamente bajo las mismas condiciones significa mantener la vulnerabilidad que el desastre acaba de demostrar”, afirmó Andrea Pérez Cadavid, gerente del Relleno Sanitario Doña Juana. La verdadera resiliencia depende de restaurar los servicios esenciales de forma más segura y sostenible, para que la vida pueda retornar con dignidad y estabilidad a las comunidades.

¿Cuántos servicios públicos se vieron afectados tras el terremoto en Colombia según los reportes?

De acuerdo con los reportes oficiales tras el terremoto en Colombia, más de 111 acueductos resultaron afectados, junto con 351 centros de salud, 3.579 establecimientos educativos, 435 vías, 69 puentes y cinco aeropuertos, lo que evidencia la magnitud del impacto en la infraestructura pública fundamental del país.

¿Por qué el servicio de agua potable es crítico tras una emergencia como un terremoto?

El agua potable es vital después de un desastre porque es indispensable para prevenir brotes de enfermedades, mantener el saneamiento básico y asegurar la salud pública. Según Naciones Unidas, más de 2,47 millones de personas necesitaron ayuda en agua y saneamiento tras el terremoto, situación que se agravó porque muchas infraestructuras ya eran deficientes antes del evento.

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De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, los municipios más cercanos al epicentro son Sipí, también en Chocó, situado a 26 kilómetros de distancia; Trujillo, en el departamento del Valle del Cauca, que se halla a 51 kilómetros; y El Dovio, igualmente en Valle del Cauca, a 55 kilómetros del punto central del evento sísmico. La información oficial destaca que, por el momento, no se han reportado personas heridas ni daños materiales atribuidos a este sismo. El llamado a la ciudadanía, como en eventos similares, es que quienes hayan percibido el temblor lo reporten a través de los canales establecidos por el SGC para robustecer el registro y monitoreo sísmico nacional.

Este suceso fue comunicado en redes sociales institucionales, reforzando el interés por recopilar testimonios de quienes sintieron el temblor y ofrecer información oportuna. Por ahora, las autoridades y organismos de gestión del riesgo se mantienen atentos a novedades que puedan surgir, mientras la noticia sigue en desarrollo y se esperan nuevos reportes o detalles sobre posibles réplicas o afectaciones en la región cercana al epicentro.

Finalmente, circunstancias como este movimiento sísmico ponen de relieve la importancia de la información proporcionada por el SGC al actualizar boletines y fomentar la participación ciudadana, lo que contribuye a comprender mejor la actividad sísmica en zonas como Chocó y sus alrededores.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de magnitud 4,4 en Chocó según el Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano informó que el epicentro del temblor de magnitud 4,4 ocurrió en el municipio de Istmina, Chocó. Este punto específico fue ubicado en las coordenadas 4,43 grados de latitud y -76,72 grados de longitud, permitiendo determinar la localización precisa del origen del sismo.

¿Qué es la profundidad de un sismo y por qué es importante en los reportes del Servicio Geológico Colombiano?

La profundidad de un sismo, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano, se refiere a la distancia vertical entre la superficie terrestre y el punto donde ocurre el rompimiento de rocas que produce el temblor. En este caso, el sismo tuvo una profundidad de 46 kilómetros, un dato vital porque afecta la percepción del movimiento en la superficie y la extensión de posibles daños.

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El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, utilizó su cuenta en la red social X para informar que los responsables del ataque —el agresor y su pareja sentimental— fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Por otro lado, la empresa Top Guard LTDA, encargada de la seguridad en la estación, emitió un comunicado lamentando profundamente el suceso y comprometiéndose a respaldar a la familia de Cristian Garzón "con todos los recursos y esfuerzos a nuestro alcance".

Este no es un hecho aislado; se inscribe en una preocupante tendencia de violencia contra el personal de seguridad en el sistema de transporte masivo, como lo demuestra el Observatorio de Seguridad de la Universidad Central. De acuerdo con sus cifras, cada 12 horas alguna persona vinculada al sistema es agredida físicamente o verbalmente. Además, Transmilenio ha reportado que, hasta la fecha de 2026, se han producido cerca de 160 agresiones contra vigilantes.

La raíz del problema, según el profesor Germán Prieto, experto en transporte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es estructural: la evasión del pasaje se ha visto facilitada por sanciones poco efectivas, bajas o simbólicas, y casi imposibles de cobrar. Esto ha promovido una percepción generalizada de impunidad entre los usuarios. Así, el rol del personal de vigilancia se ha debilitado, enfrentándose a un ambiente hostil donde su autoridad es desafiada y, como en este lamentable caso, ponen su vida en riesgo por intentar ejercer su labor.

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¿Por qué ocurren tantas agresiones contra guardas de seguridad en Transmilenio?

Las agresiones contra guardas de seguridad en Transmilenio suceden, en parte, porque las sanciones para quienes evaden el pago del pasaje son bajas, difíciles de cobrar y, con frecuencia, solo simbólicas. Así lo señala Germán Prieto, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien afirma que esta laxitud ha generado una percepción de que las infracciones no tienen consecuencias, facilitando escenarios de confrontación entre usuarios y el personal operativo.

¿Qué acciones se están tomando ante la violencia en las estaciones de Transmilenio?

Frente al asesinato de Cristian Garzón, tanto la Empresa de Transmilenio como la compañía Top Guard LTDA han manifestado su rechazo y compromiso de apoyo a la familia de la víctima. Además, el alcalde de Soacha reportó que los responsables fueron capturados y serán procesados por las autoridades competentes, lo que indica que el caso está siendo judicializado. A nivel general, el reporte y seguimiento de agresiones evidencian una creciente preocupación frente a la violencia en el sistema.

De acuerdo con el último balance del Ministerio de las Culturas, en el primer mes después del terremoto se identificaron daños en 378 Bienes de Interés Cultural a nivel nacional. También se registraron 49 bienes inmuebles y 11 colecciones de bienes muebles con daños, además de 12 centros históricos y 12 de las 13 manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial en departamentos como Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca y Cauca. Este reporte actualizado incrementó notoriamente la cifra presentada pocos días después del sismo, cuando solo se hablaba de 40 bienes de interés afectados y 84 elementos patrimoniales sin declaratoria nacional, lo que generó inquietudes y solicitudes de diversos sectores para ampliar el diagnóstico, incluidos promotores culturales como Claudia Morales, directora de la Feria del Libro de Pereira.

Un capítulo especial merece el Paisaje Cultural Cafetero, incluido por la UNESCO en la lista de Patrimonio Mundial, que sufrió daños en 41 centros urbanos y rurales. El Ministerio de las Culturas resaltó afectaciones en viviendas tradicionales de bahareque y guadua, infraestructura vial y equipamientos. Municipios como El Cairo, El Águila y Caicedonia (Valle del Cauca), Montenegro y Quimbaya (Quindío), y Anserma (Caldas), estuvieron entre los perjudicados. Además, las comunidades dedicadas al viche, bebida tradicional del Pacífico, enfrentaron un duro golpe: la destrucción de unidades productivas y alambiques generó pérdidas económicas para más de 1.300 portadores de esa tradición, de acuerdo con el Ministerio.

Ante estos retos, Colombia y UNESCO consideran la activación de cuatro tipos de cooperación internacional. Entre ellos se encuentra el Fondo de Emergencia para el Patrimonio (HEF), que prevé recursos para análisis técnico y materiales urgentes, y la Asistencia Internacional de Emergencia del Patrimonio Mundial, enfocada en adquirir cubiertas temporales para viviendas tradicionales. El plan contempla también el Fondo de Asistencia del Patrimonio Inmaterial, para salvaguardar manifestaciones culturales, y asistencia técnica para museos y el propio Paisaje Cultural Cafetero.

Todo esto ocurre mientras la cartera enfrenta fuertes críticas, especialmente tras suspender por primera vez en 27 años los Premios y Reconocimientos del Portafolio Nacional de Estímulos. Según el Ministerio, mediante la Resolución 1887, más de 1.300 propuestas quedaron sin evaluar debido a restricciones presupuestales que, justificó la entidad, se agravaron por la emergencia ocasionada por el terremoto y la necesidad de priorizar recursos para la atención de la calamidad pública.

¿Cuáles son los principales patrimonios culturales afectados por el terremoto del 10 de agosto?

De acuerdo con el Ministerio de las Culturas, los patrimonios afectados incluyen 378 Bienes de Interés Cultural, 49 bienes inmuebles, 11 colecciones de bienes muebles, 12 centros históricos y 12 manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial en Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca y Cauca. Destaca el daño al Paisaje Cultural Cafetero y la tradición del viche.

¿Qué tipo de ayudas internacionales se están gestionando para la recuperación del patrimonio cultural tras el terremoto?

El Ministerio y la UNESCO evalúan activar el Fondo de Emergencia para el Patrimonio (HEF), la Asistencia Internacional de Emergencia del Patrimonio Mundial, el Fondo de Asistencia del Patrimonio Inmaterial y asistencia técnica para museos, además de apoyo específico para restaurar el Paisaje Cultural Cafetero en el corto y mediano plazo.

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El proceso para conseguir nuevas instalaciones que resguarden las 13 colecciones científicas que custodia el instituto inició hace más de una década. Los primeros resultados de esta gestión ya se evidencian cerca de la entrada de la calle 53 de la Universidad Nacional, en Bogotá, donde se levantan dos de los cuatro edificios que integran el proyecto total. Las obras comenzaron en enero y han contado con una inversión inicial de 58.000 millones COP, fondos que llegaron del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, entregados por el anterior Ministerio de Ambiente. Así lo confirmó Gonzalo Andrade, director del ICN, quien también explicó la dificultad para acceder a estos recursos, un proceso que requirió de múltiples gestiones y un respaldo institucional notable.

El contexto que explica la urgencia de este proyecto está relacionado con las condiciones lamentables del edificio actual del ICN. Según el recuento de El Espectador en 2023, el edificio lleva más de 10 años con graves problemas estructurales. Fue construido incluso antes de la existencia de una ley que exigiera sismorresistencia en Colombia, lo que ha derivado en grietas y filtraciones de agua constantes, especialmente en temporada de lluvias. Aunque se contempló reforzar la estructura, las particularidades arquitectónicas y los daños identificados hicieron inviable esta alternativa.

Ante este panorama, la incertidumbre sobre la financiación y la terminación de los edificios restantes mantiene en vilo el futuro del patrimonio científico de la Universidad Nacional. El reto ahora es conseguir los fondos faltantes y garantizar la protección y el acceso seguro a sus colecciones, fundamentales para la investigación y el conocimiento del país.

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¿Por qué el ICN de la Universidad Nacional necesita nuevos edificios para sus colecciones científicas?

El Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional necesita nuevos edificios debido a las graves deficiencias estructurales de su sede actual. El edificio, construido antes de que existiera una ley de sismorresistencia en Colombia, presenta grietas y filtraciones de agua que ponen en riesgo las 13 colecciones científicas que ha custodiado durante 90 años, de acuerdo con El Espectador y declaraciones de su director, Gonzalo Andrade.

¿Qué consecuencias tiene la incertidumbre presupuestal para el futuro del ICN y sus colecciones?

La incertidumbre presupuestal afecta directamente la finalización de los nuevos edificios donde deben resguardarse las colecciones científicas. Si la financiación prometida no se asegura, existe el riesgo de que estas colecciones, fundamentales para la investigación y el conocimiento en Colombia, permanezcan en condiciones inapropiadas y vulnerables, obstaculizando además el avance científico de la Universidad Nacional.

La información oficial señala que desde enero de 2026, La Mafia hizo presencia en Mercaderes, aprovechando el cobro de extorsiones, la minería ilegal y la prestación de servicios de vigilancia armada para enclaves dedicados a esa actividad. En ese periodo inicial, ambas agrupaciones convivieron sin choques abiertos, hasta que en julio surgió una seria confrontación por el control territorial y las rentas ilícitas. Esta situación se agravó por la ubicación estratégica de Mercaderes, situado en corredores clave que unen diferentes regiones del Cauca y Nariño, facilitando el tránsito de personas armadas, armamento y recursos de dichos grupos irregulares.

Uno de los eventos más críticos ocurrió el 15 de julio en la vereda Canta Llano, donde, según la Defensoría, miembros del Eln atacaron con explosivos transportados mediante drones una vivienda donde presuntamente había integrantes de La Mafia, lo que provocó un intercambio de disparos que dañó viviendas y afectó bienes civiles. En esos episodios, la entidad confirmó que varias personas perdieron la vida; sin embargo, no se lograron identificar porque los cuerpos fueron retirados por las propias estructuras armadas. Además, un civil resultó lesionado tras quedar en medio del fuego cruzado.

Los choques se extendieron a áreas densamente habitadas y a rutas frecuentadas por la comunidad. La circulación de panfletos intimidatorios y señalamientos públicos de supuesta colaboración con La Mafia ha generado temor por posibles homicidios selectivos, desplazamientos y abandono de propiedades. Entre el 1 y el 24 de julio, la Defensoría recopiló más de 14 testimonios vinculados a actos violentos, amenazas y abandono de viviendas; incluso dos firmantes del Acuerdo de Paz debieron abandonar la región tras incursiones del Eln en Arboleda.

De acuerdo con la alerta, poblaciones afrodescendientes, campesinos, mujeres, niños, líderes sociales y funcionarios públicos se consideran especialmente vulnerables. Además, se advierte riesgo de confinamiento, reclutamiento forzado de menores, violencia de género, deserción escolar y restricciones al ingreso humanitario. La Defensoría alertó sobre una posible agravación si La Mafia alcanzara alianzas con disidencias de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) o facciones afines, aunque este punto se presenta solo como hipótesis. Finalmente, la entidad emitió 13 recomendaciones dirigidas a autoridades nacionales y locales, insistiendo en respuestas integrales que antepongan la protección de la vida y los derechos fundamentales frente a la crisis en Mercaderes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación actual de seguridad en Mercaderes, Cauca, según la Defensoría del Pueblo?

La Defensoría del Pueblo reportó una crisis creciente en la seguridad de Mercaderes debido a enfrentamientos entre el Eln y La Mafia, con uso de drones para ataques, desplazamientos forzados y amenazas sistemáticas. La entidad alertó sobre riesgos particulares para más de 12.000 residentes, incluyendo episodios de violencia en zonas urbanas y rurales, además del peligro de confinamiento, reclutamiento de menores y restricción de servicios básicos.

¿Qué significa extorsión y cuáles son sus efectos en la comunidad de Mercaderes?

La extorsión, según lo documentado en la alerta, consiste en exigir dinero o beneficios a los habitantes bajo amenaza de violencia. Esta práctica, conocida localmente como cobro de “vacunas”, ha impactado negativamente en la comunidad de Mercaderes, generando temor, afectando actividades económicas y contribuyendo al desplazamiento y al abandono de bienes por parte de las familias amenazadas.

En respuesta a esta situación, el senador presentó ante la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes una propuesta para trasladar 100 mil millones de pesos asignados a la JEP al Consejo Superior de la Judicatura, órgano encargado de la administración de la rama judicial. La iniciativa recibió rápidamente el respaldo del presidente Abelardo de la Espriella, quien, mediante un mensaje en X, apoyó la propuesta de Gómez de redistribuir estos recursos.

Además, Gómez anunció la preparación de un proyecto de acto legislativo que limitaría la prórroga de la JEP a solo cinco años, transfiriendo luego los casos no concluidos a la jurisdicción de Justicia y Paz, instancia creada para procesar crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano. Gómez cuestionó la eficacia del tribunal y advirtió sobre posibles ampliaciones injustificadas de su mandato.

Estas discusiones coinciden con comparecencias actuales ante la JEP de exjefes guerrilleros como Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”; Sandra Ramírez; Jaime Alberto Parra, alias “El Médico”; Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”; Pablo Catatumbo; Pastor Alape, y Julián Gallo, alias “Carlos Antonio Lozada”. Los comparecientes deben responder por presuntos abusos sexuales contra menores reclutados por las FARC entre 1990 y 2015, así como por otros graves delitos, algunos de los cuales ya han sido objeto de decisión judicial, como en el caso de los secuestros por los que exFARC fueron condenados en 2025.

Estas tensiones revelan la persistencia del debate público sobre el alcance, los logros y las limitaciones de la JEP, mientras voces de alto perfil como la del expresidente Álvaro Uribe Vélez señalan críticas sobre su impacto y funcionamiento.

¿Por qué hay debate sobre el presupuesto de la JEP en Colombia?

El debate surge porque, de acuerdo con declaraciones recogidas por Blu Radio, figuras como el senador Enrique Gómez consideran excesivo el presupuesto de la JEP debido a su baja productividad y a la gran cantidad de funcionarios y contratistas vinculados. Sostienen que, pese a los recursos recibidos, los resultados generados hasta el momento han sido limitados, lo que ha impulsado iniciativas para reducir su financiación y redirigir los fondos a otras entidades judiciales.

¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz y qué función cumple?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un tribunal creado en el marco de los acuerdos de paz con las FARC para investigar, juzgar y sancionar crímenes relacionados con el conflicto armado interno en Colombia. Su propósito es garantizar justicia transicional y contribuir a la reparación de las víctimas, evaluando casos como los abusos sexuales contra menores y secuestros cometidos por exintegrantes de la guerrilla.

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Carlos Edward Osorio, representante del Centro Democrático, fue enfático en señalar que, de acuerdo con sus análisis previos, el departamento de Tolima sería el más afectado, después de San Andrés. Osorio incluso sostuvo que la reducción sería superior al porcentaje oficial, estimándola en más del 25 %. El congresista relacionó su preocupación con las dificultades actuales del departamento: mencionó los retos derivados de los incendios forestales y los problemas de seguridad y minería ilegal. Osorio recalcó la importancia de no “castigar” al Tolima en medio de circunstancias críticas y advertió que la bancada local dejaría constancia de su alerta en las comisiones económicas.

Por su parte, Marco Emilio Hincapié, representante del Pacto Histórico, también cuestionó la disminución presupuestal. El congresista subrayó el impacto en sectores neurálgicos: el sector agropecuario tendría una reducción de $40.466 millones, es decir, un recorte del 50,22 %; en educación pública descendería en $39.997 millones; minas y energía vería restados $141.341 millones. Hincapié agregó que no aparecen recursos asignados para necesidades prioritarias como agua potable, saneamiento básico, vías terciarias y recuperación de zonas afectadas por emergencias climáticas. Calificó el recorte como un “abandono institucional”.

A pesar de sus distintas filiaciones políticas, ambos representantes coincidieron en la petición de revisar el reparto de los recursos y mostrar su inconformidad con las partidas planteadas para el Tolima. El Gobierno Nacional, de acuerdo con la información debatida en el Congreso, ha planteado el presupuesto del próximo año dentro de un plan de austeridad y ajustes, aunque dichas cifras están sujetas a cambios durante el trámite legislativo. Por ahora, el futuro presupuestal del Tolima sigue en discusión y su desenlace dependerá del avance en el Congreso y las eventuales modificaciones al proyecto.

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¿Por qué el presupuesto para el Tolima disminuiría en 2027 según congresistas?

De acuerdo con los cálculos presentados por los congresistas Carlos Edward Osorio y Marco Emilio Hincapié, la propuesta del Gobierno Nacional contempla una reducción del 17,42 % en los recursos para el Tolima, lo que equivaldría a $300.561 millones menos comparado con 2026. La razón detallada para esta disminución se encuentra en el ajuste y las medidas de austeridad incluidas en el presupuesto de 2027, como fue presentado ante el Congreso y según lo publicado en el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda.

¿Cuáles serían los sectores más afectados por el recorte presupuestal en el Tolima?

Los sectores con mayor impacto negativo, según el análisis de Marco Emilio Hincapié, serían el agropecuario, que tendría un recorte del 50,22 %, educación pública y minas y energía. Además, la propuesta no contemplaría recursos específicos para necesidades como agua potable, saneamiento básico, vías terciarias e inversiones para zonas afectadas por emergencias climáticas.

A través de su cuenta de X, Petro se refirió directamente al tema y defendió su derecho a escoger el lugar en el que quiere vivir. “Resulta que el expresidente de Colombia tiene derecho a vivir, es su derecho fundamental y nada le impide vivir en dónde él quiera”, escribió el exmandatario en respuesta a la información sobre la comunicación de los vecinos.

Resulta que el expresidente de Colombia tiene derecho a vivir, es su derecho fundamental y nada le impide vivir en dónde el quiera https://t.co/10fawFhjVf

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 18, 2026

(Vea también: Petro, Sarabia y Flórez: los duros traspiés que marcan una semana negra para el petrismo)

La carta, fechada el 18 de septiembre, fue suscrita por un grupo de habitantes de Sierras del Moral. En el documento, los firmantes dejaron claro que no cuentan con documentos que permitan confirmar que Petro ya tenga un contrato de arrendamiento o que exista una negociación cerrada para ocupar una vivienda en el conjunto.

Uno de los principales argumentos expuestos por los residentes está relacionado con la inclusión del nombre de Petro en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC. Por esa razón, solicitaron que cualquier eventual negocio inmobiliario sea revisado previamente por especialistas para establecer cuáles serían las restricciones y sus posibles efectos para las partes y la copropiedad.

Sin embargo, los propios firmantes hicieron una precisión sobre el alcance de su comunicado. Señalaron que aparecer en la lista OFAC no equivale a una condena penal ni significa, por sí solo, una prohibición general para arrendar una vivienda en Colombia. También indicaron que no están atribuyendo delitos o irregularidades al expresidente ni a las personas que eventualmente intervengan en una negociación.

(Lea también: Contratación directa en el Dapre creció durante el gobierno de Gustavo Petro y concentró el 84 % de los contratos)

La comunicación también pidió a la administración del conjunto evaluar, dentro de sus competencias, asuntos relacionados con seguridad, convivencia y utilización de las zonas comunes si finalmente se concreta la llegada del exmandatario. No obstante, los residentes aclararon que el documento representa únicamente a quienes lo firmaron y que no constituye una posición oficial de la administración, de los consejos ni de todos los habitantes de Sierras del Moral.

En la ciudad de Ibagué, Disfarma dispondrá un nuevo punto de entrega de medicamentos en el Paseo Comercial Arkacentro, ubicado en la carrera Quinta #64A-15. En este lugar, los usuarios podrán reclamar tanto los medicamentos del PBS, que contempla aquellos que están cubiertos por la seguridad social en salud, como los medicamentos No PBS, que corresponden a tratamientos no incluidos en el plan obligatorio. El horario informado para el servicio será de lunes a viernes entre las 7:30 de la mañana y las 5:00 de la tarde, y los sábados desde las 8:00 de la mañana hasta el mediodía. Esta modificación en el operador también impactará a los residentes de Ataco, Chaparral, Espinal, Honda, Melgar, Natagaima y Ortega, quienes deberán trasladarse a los puntos asignados por Disfarma.

El anuncio del cambio no tomó por sorpresa a los usuarios, pues según se indicó, Cruz Verde informó desde abril acerca de su retiro del convenio, permitiendo tanto a la EPS como a los pacientes organizar la transición y buscar nuevos proveedores que continuaran con la dispensación de los medicamentos. Sin embargo, el paso a Disfarma genera preguntas entre los afiliados, especialmente en aquellos con planes distintos al PBS, como los planes complementarios, Premium o de medicina prepagada, quienes aún no conocen si mantendrán las mismas condiciones y canales para acceder a sus medicamentos.

Por ahora, Sanitas EPS aclara que la transición se hará efectiva desde el 1 de octubre, fecha en la que Disfarma asumirá la responsabilidad. Hasta el 30 de septiembre, Cruz Verde seguirá ofreciendo el servicio según los términos actuales.

¿Dónde podrán los usuarios de Sanitas EPS reclamar medicamentos en Tolima a partir de octubre de 2026?

Desde el 1 de octubre de 2026, los usuarios de Sanitas EPS en Tolima deberán acudir a los puntos de Disfarma, entre ellos el ubicado en el Paseo Comercial Arkacentro de Ibagué. Este cambio también aplica para municipios como Ataco, Chaparral, Espinal, Honda, Melgar, Natagaima y Ortega.

¿Qué significa PBS en el contexto de la entrega de medicamentos de Sanitas EPS?

PBS corresponde al Plan de Beneficios en Salud, que engloba los medicamentos y servicios cubiertos por el sistema de salud. Sanitas EPS entrega tanto medicamentos incluidos en este plan como aquellos clasificados como No PBS, dependiendo de la condición médica del usuario.

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Parte fundamental en el desarrollo del caso fue el análisis de registros obtenidos por cámaras de seguridad en la zona. Estos videos permitieron reconstruir los actos cometidos y la forma en la que los implicados habrían interceptado algunas de sus víctimas, sumando detalles clave al material probatorio. Además, la recolección de testimonios y otros elementos fue esencial para fortalecer el proceso judicial en curso.

Según el reporte oficial, entre los capturados se encuentra alias ‘Luis Imol’, quien había sido incluido en el cartel de los más buscados de la Policía de Cartagena, situación por la que se ofrecía una recompensa de hasta $10 millones por cualquier información que permitiera su ubicación. En la investigación se contempla la posibilidad de que este grupo esté vinculado con otros hechos similares registrados en Barú durante 2025, lo que aumenta la preocupación de las autoridades y motivó un esfuerzo ampliado en la recopilación de pruebas y testimonios.

El alcance de la estructura criminal también tocó a mujeres, quienes estarían entre las víctimas de los incidentes investigados. En algunos casos, las autoridades determinaron que se habría ejercido violencia sexual, incluidos actos y accesos carnales violentos, presuntamente bajo amenazas. Frente a estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó a los capturados por delitos como hurto agravado, secuestro, violencia sexual y porte ilegal de armas. El proceso legal sigue su curso mientras se analiza si existen más personas afectadas o vínculos con otros delitos.

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¿Qué delitos se imputan a los capturados en Barú, Cartagena?

Según las autoridades, los cuatro detenidos en Barú son señalados de hurto agravado, secuestro, violencia sexual y porte ilegal de armas. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso en contra de los implicados, quienes están siendo investigados también por su posible relación con otros hechos violentos ocurridos en la zona durante 2025.

¿Cómo ayudaron las cámaras de seguridad en la captura de los sospechosos en Barú?

De acuerdo con los investigadores, la revisión de los registros de cámaras de seguridad en sectores cercanos a La Ladrillera resultó crucial. Estas imágenes permitieron reconstruir los movimientos de los sospechosos e identificar la forma en que abordaban a las víctimas, lo que fortaleció el material probatorio y contribuyó a la captura de los presuntos integrantes de la estructura criminal.

El mandatario calificó la decisión como un acto de justicia y expresó su respaldo al exmilitar con el mensaje: “Se hizo justicia con un héroe de la Patria”. La publicación fue acompañada por la frase “¡Que viva Cristo Rey!”.

Plazas Vega, quien fue señalado por la muerte de Urán, aseguró tras conocer el fallo que el jurado deliberó durante tres horas y decidió de manera unánime declararlo inocente de los siete cargos que enfrentaba.

En entrevista con Caracol Radio, el coronel retirado sostuvo que la actuación del Ejército durante la retoma permitió liberar a 263 personas que permanecían dentro del Palacio de Justicia.

También cuestionó las acusaciones en su contra por la muerte de Urán y afirmó que en Colombia existe una sentencia que atribuyó ese asesinato al M-19.

Plazas Vega insistió en que el fallo estadounidense debe contribuir a aclarar la controversia sobre la actuación militar durante la retoma y rechazó los señalamientos que, según él, han responsabilizado al Ejército y particularmente a su persona por estos hechos.

En el Auditorio León de Greiff, de la Universidad Nacional de Colombia, la Orquesta Filarmónica de Bogotá presenta conciertos gratuitos el 18 y 19 de septiembre. Bajo la batuta de Óscar Vargas, la agrupación interpretará piezas reconocidas como las suites de ‘Carmen’, de Georges Bizet, el “Capricho italiano” de Piotr Ilich Chaikovski y el “Intermezzo” del tercer acto de la ópera ‘Manon Lescaut’ de Giacomo Puccini. Este repertorio promete una experiencia musical memorable para quienes buscan celebrar Amor y Amistad de una manera especial.

En el ámbito cinematográfico, la Metropolitan Opera de Nueva York festeja dos décadas de su transmisión en cines, con una temporada especial que incluye transmisiones en directo y diferido desde la Gran Manzana, disponible en varias salas de Cine Colombia desde el 19 de septiembre y con entradas desde COP 105.000. El mismo día, en la Galería Elvira Moreno, Miguel Cárdenas inaugura su muestra ‘Estrella Fugaz’, una instalación inmersiva que combina muralismo y arte contemporáneo para explorar temas como el deseo y la memoria.

El 10 de septiembre, la Librería Lerner de la 93 será escenario de la charla titulada “La IA aniquilará a la humanidad”. Este espacio permitirá reflexionar sobre las narrativas y percepciones en torno a la inteligencia artificial (IA), invitando a que los asistentes propongan y compartan sus ideas sobre el futuro marcado por estos nuevos desarrollos tecnológicos.

La cartelera cinematográfica incluye el estreno de la película “Tres hermanas” desde el 17 de septiembre, un filme colombiano que aborda con franqueza y humor las distintas maneras de enfrentar la vejez, el olvido y la pérdida a través del reencuentro de tres mujeres. Por otro lado, el 19 de septiembre se podrá participar en recorridos patrimoniales por el barrio Eduardo Santos, con inscripción previa, y también en una jornada de celebración del equinoccio y memoria ancestral en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme.

El Vibra Fest, los días 19 y 20 de septiembre en la Universidad de Compensar, reunirá expertos en salud mental, nutrición y bienestar. Mientras tanto, la exposición de Luz Lizarazo “Abraza mis bestias que voy de paso” y la obra “Sinécdoque” en La Maldita Vanidad, se suman a la oferta artística y teatral, proporcionando diversas alternativas para quienes desean profundizar en emociones y debates actuales.

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¿Cuándo y dónde se presentan los principales eventos culturales en Bogotá en septiembre de 2023?

Durante septiembre, la agenda cultural de Bogotá incluye conciertos en el Auditorio León de Greiff, funciones de ópera en salas de Cine Colombia, exposiciones artísticas en la Galería Elvira Moreno y la calle 70A #7-41, así como actividades teatrales y recorridos patrimoniales en distintos puntos de la ciudad. Cada evento tiene detalles específicos de fecha, lugar y modalidad de ingreso, de acuerdo con El Espectador.

¿Qué ofrece el Vibra Fest sobre bienestar y desarrollo personal en Bogotá?

El Vibra Fest, que se llevará a cabo en la Universidad de Compensar los días 19 y 20 de septiembre, propone una serie de conferencias y talleres presenciales y en línea dirigidos por especialistas en áreas como salud mental, relaciones, nutrición, sexualidad, educación financiera y desarrollo personal, proporcionando herramientas prácticas para transformar la vida de sus asistentes.

De acuerdo con los datos oficiales, Iván Cepeda se impuso en el departamento con 198.557 votos, el 60,45 % del total, mientras De La Espriella logró 126.501 votos, correspondientes al 38,51 %. La participación electoral fue del 46,86 %, con 332.166 votantes de un potencial de 708.846. En los principales municipios, la ventaja de Cepeda fue evidente: en Riohacha obtuvo el 53,58 %, en Maicao el 51,40 % y en Uribia el 56,36 %. Además, en Albania y Barrancas, el candidato del Pacto Histórico obtuvo el 71,20 % y 66,64 % respectivamente. La tendencia a favor de Cepeda se extendió por casi todos los municipios, consolidándose en la segunda vuelta electoral, especialmente en Manaure, donde su apoyo creció respecto a la primera ronda.

El retorno de De La Espriella a San Juan del Cesar no solo fue una visita protocolaria, sino también una oportunidad para consolidar el vínculo con la población que respaldó su proyecto político y hoy lo reconoce como mandatario. Durante su estadía, el presidente participó en varias actividades relacionadas con los intereses y necesidades de la región guajira y, en medio de la agenda oficial, tuvo un espacio para conectarse con la tradición cultural local.

Uno de los instantes más recordados de la jornada se vivió cuando De La Espriella, junto al compositor Roberto Calderón, interpretó la canción ‘Luna sanjuanera’, considerada un himno del folclor vallenato y del pueblo. La interpretación, acompañada por instrumentos tradicionales como el acordeón, la caja y la guacharaca, fue recibida con aplausos y permitió a De La Espriella acercarse a la comunidad fuera del protocolo oficial, mostrando un lado más humano y cercano a las raíces del municipio que le dio la victoria electoral.

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¿Por qué San Juan del Cesar fue el único municipio de La Guajira donde ganó Abelardo De La Espriella?

San Juan del Cesar destacó en las elecciones presidenciales como el único municipio de La Guajira donde Abelardo De La Espriella obtuvo más votos que Iván Cepeda en la segunda vuelta, con 12.729 sufragios frente a los 9.228 de su adversario. Esta excepción se dio en el contexto de una tendencia general favorable al Pacto Histórico en el resto del departamento, según los datos oficiales reportados en el texto.

¿Cuál es el significado de la canción ‘Luna sanjuanera’ interpretada durante la visita presidencial?

‘Luna sanjuanera’ es una obra emblemática del folclor vallenato y constituye un himno para el pueblo de San Juan del Cesar. La canción, compuesta por Roberto Calderón, fue interpretada por Abelardo De La Espriella durante su visita, mostrando una conexión con la cultura local e involucrando activamente a la comunidad en un evento cargado de simbolismo y tradición.

Ambos hombres, uno de ellos identificado como Darío José Altamar Ramírez, fueron interceptados mientras viajaban en un bus de servicio público en dirección a la ciudad de Santa Marta. Durante el registro realizado por la Policía, se incautaron elementos que apuntan a su posible vinculación con grupos armados, como una granada de fragmentación y 11 panfletos relacionados con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Además, llevaban un teléfono celular y prendas de vestir. El análisis de videos de cámaras de seguridad, que circulan en redes sociales, permitió a las autoridades determinar que algunas de estas prendas coinciden con las que llevaba el conductor que transportó a la mujer sicaria durante el crimen.

En un operativo complementario, sobre la vía a Barranquilla, los uniformados capturaron a un tercer presunto implicado, Jhonier André Rivera Pertuz, de 21 años. El hombre se movilizaba en una motocicleta donde la Policía encontró munición calibre 9 mm oculta. El comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel Raúl Pérez Aramendiz, informó que la motocicleta incautada coincide en sus características físicas con la que fue utilizada en el homicidio, por lo que se convierte en una prueba clave para la investigación.

Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde inicialmente enfrentarán cargos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones y explosivos. Entre tanto, los elementos incautados, incluidos las prendas de vestir, municiones y el vehículo, están siendo sometidos a rigurosos peritajes técnicos e investigativos para esclarecer el grado de participación de cada uno en el crimen de Gabriel Antonio Muñoz.

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¿Quiénes están implicados en el asesinato de Gabriel Antonio Muñoz en Bosconia?

De acuerdo con información publicada por EL PILÓN, las autoridades han señalado como presuntos implicados a Armando Rafael Rebolledo Góngora, supuesto conductor de la motocicleta, Darío José Altamar Ramírez, quien lo acompañaba al momento de la captura, y Jhonier André Rivera Pertuz, capturado en otro operativo vinculado con la investigación.

¿Qué son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y cuál es su relación con el caso?

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) son mencionadas en el artículo debido a los panfletos incautados durante el operativo. Aunque las autoridades investigan la relación de los detenidos con este grupo armado, hasta el momento los panfletos hallados constituyen un indicio de posible vinculación, pero la investigación sigue en curso para esclarecer su participación en el homicidio.

Según el propio Gutiérrez, esta petición se remitió directamente al presidente Abelardo de la Espriella, al ministro de Defensa y a los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Militares. Una parte central de sus argumentos gira en torno al insuficiente número de uniformados disponibles para cubrir las demandas del municipio. Actualmente, El Espinal cuenta con nueve zonas de atención en el área urbana y tres adicionales en el corregimiento de Chicoral. En cada zona urbana trabajan dos policías por turno, sumando alrededor de 18 uniformados que deben atender las cuatro comunas, más de 80 barrios y las necesidades del sector rural. "Para mí, como alcalde, es una cifra que realmente es insuficiente", resaltó Gutiérrez, quien propuso aumentar tanto las zonas de atención como el número de policías presentes, especialmente en barrios, veredas y Chicoral.

El alcalde también hizo énfasis en la importancia de que el Ejército fortalezca su presencia mediante patrullajes motorizados, lo cual considera determinante para el control y la prevención en sectores tanto urbanos como rurales. Además, Gutiérrez trajo a colación el caso del patrullero Jason Joseph Ahumada García, cuyo asesinato sigue en investigación. El mandatario reiteró que la impunidad no puede prevalecer y solicitó expresamente que este crimen sea esclarecido.

De igual manera, Gutiérrez propuso instalar una mesa de seguridad de alto nivel en El Espinal, con la participación de autoridades nacionales, regionales y locales. Su objetivo: acordar un plan con responsables, fechas e indicadores claros para el seguimiento de las acciones. Además del refuerzo de personal, el alcalde anunció esfuerzos para gestionar la adquisición de cuatro motocicletas adicionales para la Policía, buscando así ampliar la cobertura y mejorar la capacidad de respuesta en los diferentes sectores del municipio.

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¿Por qué el alcalde de El Espinal pidió apoyo al Gobierno Nacional tras el triple homicidio?

Wilson Gutiérrez Montaña, alcalde de El Espinal, solicitó la intervención del Gobierno Nacional debido al triple homicidio ocurrido en el barrio Balcanes y a la insuficiencia del número actual de policías y militares en el municipio. Según el alcalde, el refuerzo es necesario para garantizar el control territorial y recuperar la tranquilidad de los habitantes.

¿Cuántos policías hay actualmente en El Espinal y qué medidas adicionales propuso el alcalde?

De acuerdo con el alcalde, El Espinal cuenta con aproximadamente 18 policías por turno para cubrir nueve zonas urbanas y tres en Chicoral, lo que considera insuficiente para atender cuatro comunas, más de 80 barrios y la zona rural. Entre las medidas adicionales propuestas están el aumento de zonas de atención, la llegada de más policías y militares, patrullajes motorizados y la adquisición de motocicletas para la Policía local.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la garantía de que los recursos necesarios estarán disponibles para atender la grave situación de las torres afectadas. El mandatario, de acuerdo con sus declaraciones expuestas durante el encuentro, aseguró que la reconstrucción o el reforzamiento de las edificaciones se realizará conforme a las conclusiones de los estudios técnicos y las recomendaciones de expertos. Inclusive, Eder afirmó: "Si toca demoler algún edificio de Chiminangos, lo vamos a reconstruir con recursos de la Alcaldía. Y si el Gobierno Nacional nos puede ayudar, lo haremos con ellos. Inclusive, la Gobernación del Valle también está lista para aportar recursos, si es necesario".

La administración municipal hizo énfasis en que Chiminangos es prioridad y anunció la creación de un frente de seguridad, que busca proteger los bienes de las familias perjudicadas y fortalecer las condiciones de seguridad en toda la zona. Paralelamente, equipos de ingenieros realizan las evaluaciones técnicas necesarias con el apoyo de Emcali, empresa de servicios públicos de Cali, para definir las intervenciones requeridas en las estructuras comprometidas por el sismo.

En palabras de los líderes comunitarios, el acompañamiento brindado por los equipos de atención psicosocial ha sido relevante, ya que muchas familias han manifestado requerimientos emocionales y ayuda para sobrellevar las afectaciones. Víctor Barrera, secretario de Paz y Cultura Ciudadana, subrayó que este diálogo permitió coordinar acciones conjuntas que buscan la recuperación de Cali y la protección integral de los damnificados.

Como parte del proceso de acompañamiento estatal, el fin de semana del 19 y 20 de septiembre se llevará a cabo una jornada para la actualización y corrección del Registro Único de Damnificados por Emergencias (RUFE). Las familias interesadas deberán acercarse a las juntas de acción comunal, donde la atención se prestará de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., facilitando así el acceso a recursos y apoyos sobre la base de un registro actualizado y confiable.

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¿Cuándo se realizará la jornada de actualización del Registro Único de Damnificados por Emergencias (RUFE) en Chiminangos?

La jornada de actualización y corrección del Registro Único de Damnificados por Emergencias (RUFE) está programada para el sábado 19 y domingo 20 de septiembre. Las familias afectadas deben acudir a las juntas de acción comunal del sector entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., según la información disponible.

¿Qué tipo de acompañamiento psicosocial están recibiendo las familias damnificadas de Chiminangos tras el terremoto?

De acuerdo con líderes comunitarios, las familias afectadas en Chiminangos cuentan con el apoyo de equipos especializados en atención psicosocial. Este acompañamiento está orientado a responder a las necesidades emocionales y psicológicas de los damnificados, buscando aliviar el impacto del terremoto y facilitar su proceso de recuperación.

El senador Gómez Martínez, miembro del partido Salvación Nacional, sostuvo en la Comisión Primera del Senado que la JEP ha representado hasta el momento un gasto de cuatro billones de pesos con resultados “desastrosos” y la calificó como una “jurisdicción de la impunidad”. A su postura se sumó el apoyo del presidente Abelardo de la Espriella, quien en su cuenta de X solicitó que se publique y cumpla la propuesta. Esta discusión se da en un contexto de cambio de liderazgo en la JEP y ausencia de interlocución con el nuevo Gobierno, ampliando la inestabilidad institucional de la jurisdicción.

Ramelli resaltó que aprobar el traslado de recursos equivaldría a comprometer el 62 % del presupuesto de la JEP para la compra de bienes y servicios esenciales, golpeando de lleno la autonomía presupuestal y administrativa garantizada constitucionalmente. El magistrado indicó que el déficit acumulado de la JEP ya roza los COP 84.663 millones y advirtió sobre la inminencia de paralizar la entidad, lo que afectaría la protección de víctimas, testigos y funcionarios, administrada a través de convenios con la Unidad Nacional de Protección. Además, señaló la imposibilidad de cubrir arriendos, servicios públicos y mantener las sedes de Bogotá, incluyendo la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). También se verían comprometidas la seguridad informática y la reserva de información judicial, ya que el recorte incluye reducir recursos para el Datacenter en un 40 %.

Como medida, el magistrado Ramelli informó que la JEP alertará a organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Advirtió sobre el impacto negativo en derechos fundamentales de las víctimas, la independencia judicial y la estabilidad jurídica del tribunal. Finalmente, cuestionó otra reforma en curso en el Senado, que pretende revisar automáticamente las decisiones de la JEP contra miembros de la fuerza pública a través de la Justicia Penal Militar, considerando que estas iniciativas conforman ataques graves a la independencia de la justicia transicional y a los derechos de reparación de las víctimas.

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¿Qué significa la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por qué es importante su presupuesto?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un tribunal creado en el marco del Acuerdo Final de Paz, encargado de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado en Colombia. Su presupuesto resulta fundamental para garantizar autonomía operativa, cumplir compromisos internacionales y proteger a víctimas, testigos y operadores judiciales.

¿Qué consecuencias podría tener el recorte presupuestal de la JEP en el sistema judicial colombiano?

De acuerdo con el magistrado Ramelli, el recorte presupuestal pondría en riesgo la protección de miles de víctimas y testigos, podría paralizar el funcionamiento de la JEP y comprometería la seguridad de la información, evidenciando afectaciones severas en el acceso a la verdad, reparación y la justicia para quienes han sufrido el impacto del conflicto armado interno.

La magnitud del recorte deja en el aire el futuro de numerosas iniciativas y proyectos que dependen de la financiación estatal. El impacto no solo se sentiría en eventos y programaciones culturales, sino también en la preservación de expresiones artísticas, el sostenimiento de colectivos y la promoción del patrimonio local. De acuerdo con lo que se conoce, este ajuste hace parte de una política más amplia del Gobierno Nacional que busca incorporar medidas de austeridad en el presupuesto de 2027, aplicando recortes en distintos sectores tanto de funcionamiento como de inversión. Así lo señalaron desde el Ejecutivo al presentar el proyecto de presupuesto.

El recorte no solo afecta al sector cultural: también hay una disminución general en los recursos asignados al Tolima. El presupuesto presentado contempla 300.561 millones de pesos menos para este departamento con respecto a 2026. En términos relativos, la caída es del 17,42 % en el total de dinero destinado al Tolima. Ante la magnitud de la reducción, se abre una discusión acerca de la capacidad de respuesta de las autoridades y actores culturales para sostener durante 2027 las actividades, festivales y programas cuya viabilidad depende del apoyo económico oficial.

No obstante, es importante precisar que las cifras corresponden aún al proyecto de presupuesto, el cual está en trámite. Esto implica que las partidas asignadas pueden modificarse durante el proceso de discusión y aprobación en el Congreso, lo que deja abierta la posibilidad de ajustes antes de que se defina el documento final. Hasta ese momento, los sectores interesados mantienen expectativas frente a posibles cambios en los montos.

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¿Por qué se reducirían los recursos para cultura en Tolima en 2027?

La reducción en los recursos para el sector cultural en Tolima para 2027 obedece a medidas de austeridad proyectadas por el Gobierno Nacional. Según la información oficial, el nuevo presupuesto busca ajustar varios rubros de funcionamiento e inversión, lo que ha llevado a recortes no solo en cultura, sino también en el total de fondos asignados al departamento. El propósito declarado es racionalizar el gasto público de cara al próximo año fiscal.

¿El recorte al presupuesto de cultura en Tolima es definitivo?

Todavía no es definitivo el recorte al presupuesto de cultura en Tolima para 2027. Las cifras pertenecen al proyecto de presupuesto nacional que aún se encuentra en trámite de discusión y aprobación. Esto significa que las partidas podrían modificarse durante el proceso legislativo y, por tanto, los recursos finales asignados al sector cultural podrían cambiar antes de la aprobación definitiva.

La demolición del edificio Guadalupe no es un hecho aislado. Según información oficial entregada por Alejandro Eder, alcalde de Cali, las autoridades han identificado ya 17 edificios que necesitan ser demolidos por las condiciones en que quedaron después del movimiento telúrico. "Ya demolimos el primero en Cuarto de Legua, no muy lejos de aquí. Hoy iniciamos la demolición de este edificio Guadalupe y el Motel Molino Rojo", puntualizó el mandatario. La demolición del Motel Molino Rojo, otra estructura que resultó afectada por el terremoto, también está prevista para este jueves, demostrando el carácter sistemático y prioritario de las acciones de respuesta municipal.

Eder recalcó que el proceso se efectuará con dignidad y respeto para los involucrados, entendiendo la carga emocional y las implicaciones que tiene para la comunidad la desaparición de estos espacios. "Esto va a ser un momento muy duro, emocionalmente. El sismo pasó hace ya un mes y aquí seguimos atendiendo los daños", manifestó el alcalde, reflejando así la compleja situación que se vive en el interior del municipio frente a las consecuencias persistentes del desastre natural.

Las autoridades han reiterado el compromiso de continuar interviniendo en las áreas y edificaciones comprometidas por el sismo, priorizando la seguridad de quienes residen y transitan por la zona. Así, la demolición del edificio Guadalupe se perfila como un paso fundamental dentro de la estrategia de recuperación urbana y prevención de riesgos en la capital del Valle del Cauca.

¿Por qué es necesario demoler el edificio Guadalupe tras el terremoto en Cali?

La demolición del edificio Guadalupe es una medida adoptada para eliminar riesgos asociados a las condiciones estructurales comprometidas tras el sismo del 10 de agosto en Cali. De acuerdo con el alcalde de la ciudad, los daños ponen en peligro la integridad de las personas, por lo cual la intervención busca evitar accidentes y proteger a la comunidad.

¿Cuántos edificios han sido identificados para demolición después del terremoto en Cali?

Según Alejandro Eder, alcalde de Cali, las autoridades han identificado 17 edificios que requieren demolición, entre los cuales el edificio Guadalupe y el Motel Molino Rojo encabezan la lista de estructuras afectadas que se están interviniendo prioritariamente por los altos riesgos estructurales que presentan.

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En la carta, los firmantes pidieron que cualquier eventual acuerdo sea sometido primero a una revisión jurídica minuciosa. Señalaron expresamente: “Manifestamos nuestro desacuerdo con que una eventual operación se concrete sin una evaluación jurídica previa y documentada de las restricciones aplicables y de sus posibles efectos para las partes y la copropiedad”. Este mensaje deja claro que buscan proteger la seguridad y los intereses de los propietarios, expresando que toda decisión debe estar soportada legalmente frente a las normas y posibles impactos que pueda tener dentro de la copropiedad.

No obstante, la comunicación también aclara que la postura reflejada no corresponde a la administración del conjunto, ni compromete a los consejos internos ni al total de habitantes; es una expresión de un grupo de residentes preocupados por la incertidumbre y el efecto mediático que ha generado la información. Se enfatiza, además, que por ahora no existe un hecho confirmado sobre la llegada de Petro como nuevo arrendatario o propietario.

El tema de las sanciones internacionales también fue abordado por los vecinos, quienes reconocieron que aparecer en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos “no equivale a una condena penal ni establece por sí sola una prohibición general de arrendar vivienda en Colombia”. Asimismo, el Tesoro de Estados Unidos ha explicado que estar en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) implica restricciones según la normativa de sanciones y que ciertas transacciones pueden implicar riesgos o sanciones.

Frente a la controversia, Gustavo Petro negó que esté buscando comprar una nueva vivienda y aseguró que la información corresponde a “una soberana calumnia”. Sostuvo que ya posee vivienda y que, de desearlo, podría venderla para obtener otra, desmintiendo así las versiones sobre sus supuestas dificultades inmobiliarias tras la separación de Verónica Alcocer. De acuerdo con sus palabras, relacionar una operación inmobiliaria local con consecuencias derivadas de su inclusión en la lista estadounidense carece de fundamento.

¿Por qué los residentes de Sierras del Moral se oponen a la llegada de Gustavo Petro?

Los residentes argumentan que no desean que se concrete una eventual operación de arrendamiento sin una evaluación jurídica previa, considerando posibles efectos en la copropiedad. Aclaran que su posición es una manifestación de prevención jurídica y administrativa, no de rechazo personal hacia Petro, y que no hay confirmación de que exista un contrato o intención concreta.

¿Qué implica estar en la lista OFAC para una persona en Colombia?

Ser incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos implica restricciones bajo la normativa de sanciones estadounidenses, pero no constituye en sí mismo una condena penal ni prohibición general para arrendar vivienda en Colombia, según reconocieron los propios residentes en su comunicación.

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La profesional era buscada desde el domingo 13 de septiembre, cuando salió de su vivienda ubicada en el norte de la capital caucana y sus familiares perdieron contacto con ella.

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Durante aproximadamente seis días, organismos de seguridad y emergencia adelantaron diferentes operativos para establecer su paradero, hasta que finalmente fue localizada sin vida.

Tras conocerse la desaparición, familiares y personas cercanas entregaron información a las autoridades para intentar reconstruir los últimos movimientos de Patiño Sandoval. Según información publicada por El País, en las labores participaron funcionarios del CTI de la Fiscalía, unidades del Gaula Militar, integrantes de la Sijín de la Policía y el grupo K9 del Cuerpo de Bomberos.

Los equipos realizaron recorridos y labores de rastreo en diferentes puntos del departamento del Cauca, tomando como referencia los datos suministrados por los familiares y allegados de la odontóloga. Finalmente, las autoridades lograron ubicarla en inmediaciones de la Hidroeléctrica La Florida II.

Una vez localizado el cuerpo, personal especializado realizó la inspección del lugar y el respectivo levantamiento. Además, los investigadores comenzaron a recopilar elementos que permitan establecer qué ocurrió.

Uno de los elementos que ahora hace parte de la investigación es una camioneta que había sido reportada como hurtada y que fue localizada en la vereda La Playa, zona rural de Popayán.

El vehículo pudo ser ubicado mediante su señal de GPS. Según la información reportada por El País, el rastreo condujo a los uniformados hasta el sector del estadero La Torre.

En ese punto, un hombre de 37 años, oriundo de Ipiales, Nariño, habría intentado escapar hacia una zona boscosa. Sin embargo, fue interceptado por integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (Goes).

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de receptación, de acuerdo con la información entregada por la Policía y citada por el medio mencionado.

“El vehículo habría sido ubicado gracias a la señal de geolocalización”, informó la Policía, según El País.

El automotor permanece bajo custodia de las autoridades mientras avanzan las diligencias correspondientes.

Uno de los interrogantes que deberán resolver los investigadores es qué relación tendría la camioneta con la desaparición y posterior muerte de la odontóloga.

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Según la información conocida durante el seguimiento del caso, se trataría del vehículo que utilizó Cristina María Patiño cuando desapareció. Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente si existe una relación directa entre el hombre capturado por receptación, el vehículo y la muerte de la profesional.

La investigación deberá determinar también cuáles fueron los últimos movimientos de Patiño Sandoval y cómo terminó en inmediaciones de la hidroeléctrica.

Según información reportada desde la zona, efectivos del Batallón Caldas, adscritos a la Quinta Brigada del Ejército, arribaron prontamente al lugar y procedieron a acordonar el sector. En consecuencia, tanto el tránsito vehicular como peatonal permanece restringido en ese punto, mientras avanzan las indagaciones. La medida busca garantizar la integridad de todas las personas mientras los técnicos antiexplosivos desarrollan su labor y descartan la existencia de amenazas adicionales.

El objeto fue hallado acompañado de una cartulina con un mensaje específico, aparentemente dirigido hacia funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Aunque gran parte del texto permanecía cubierta, la información recuperada señala una mención directa a los funcionarios de esta entidad en Girón y cierra con la expresión: “Atentamente La Estructura...”. Este detalle elevó la preocupación entre las autoridades penitenciarias y de orden público, pese a que hasta el momento no se haya podido establecer la relación del mensaje con grupos organizados.

Hasta ahora, no hubo confirmación oficial de que el cilindro contenga material explosivo; el contenido real del objeto sigue bajo análisis de los técnicos antiexplosivos. Este incidente ocurre en un contexto de especial atención sobre la cárcel de Palogordo, tras la reciente orden de trasladar a Digno Palomino, quien es señalado como jefe de la estructura criminal ‘Los Pepes’, desde la penitenciaría La Picota, en Bogotá, hasta este centro de máxima seguridad. Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente si existen conexiones entre ambos hechos.

Palogordo también alberga a otros reclusos clasificados como de alta peligrosidad, por ejemplo alias ‘Negro Óber’, trasladado en agosto desde la cárcel de Itagüí. Por ahora, el acceso al penal sigue cerrado hasta que finalice la inspección. El procedimiento se mantiene bajo estrictos controles para descartar cualquier amenaza dentro y fuera de las instalaciones.

¿Por qué fue necesario un operativo en la cárcel de Palogordo en Santander?

El operativo fue necesario debido al hallazgo de un cilindro abandonado en la vía de acceso a la cárcel de Palogordo, lo que generó preocupación por la posible presencia de explosivos. Las autoridades acordonaron el sector y restringieron el paso para permitir que los técnicos especializados verificaran si el objeto representaba un riesgo.

¿Cuál es el contexto de seguridad en la cárcel de Palogordo tras el traslado de Digno Palomino?

El contexto de seguridad en Palogordo es especialmente sensible tras la orden de trasladar a Digno Palomino, señalado jefe de ‘Los Pepes’, desde la cárcel La Picota de Bogotá hacia este penal. La presencia de internos de alta peligrosidad, como alias ‘Negro Óber’, refuerza la alerta sobre la seguridad interna y externa del establecimiento, aunque no se ha confirmado una conexión directa entre estos hechos y el reciente hallazgo.

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Según un informe preliminar divulgado por las autoridades, la conflagración dejó a su paso un saldo preocupante: cerca de 100 hectáreas de terreno resultaron afectadas, así como cinco viviendas que sufrieron distintos niveles de daño. Además, dos motocicletas fueron alcanzadas por las llamas. En cuanto a las consecuencias para las personas, se reportaron dos bomberos con esguinces derivados de su labor de atención, mientras que una adulta mayor sufrió afectaciones por inhalación de humo.

El noticiero 90 Minutos recorrió la zona afectada y recogió testimonios de habitantes que vivieron el peligro de cerca. Uno de los relatos destacados corresponde a un residente que perdió parte de sus bienes materiales debido al incendio. A pesar de la situación, tanto él como su mascota lograron ponerse a salvo sin lesiones graves, lo que representa un alivio en medio de las pérdidas.

Por ahora, las autoridades locales mantienen una vigilancia estricta en el área afectada. La preocupación se centra en que las condiciones climáticas, en particular la presencia de vientos, puedan propiciar una nueva emergencia. Los organismos de socorro recomiendan no bajar la guardia hasta que todos los puntos de calor estén completamente sofocados, buscando evitar una posible reactivación de las llamas, como ya ha ocurrido en ocasiones similares.

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¿Cuántas hectáreas y viviendas se vieron afectadas por el incendio forestal en Altos de Menga?

De acuerdo con el informe preliminar citado por 90 Minutos, el incendio forestal en Altos de Menga impactó aproximadamente 100 hectáreas de terreno y ocasionó daños en cinco viviendas. Estos datos muestran la magnitud del evento y la importancia del trabajo de los bomberos de Cali para evitar pérdidas aún mayores.

¿Qué riesgos persisten en la zona tras el incendio en Altos de Menga, según las autoridades?

Las autoridades destacaron que, aunque el incendio fue controlado, persisten riesgos debido a varios puntos calientes en el interior del área afectada y a las condiciones de viento que pueden reavivar las llamas. Por ello, los bomberos y organismos de emergencia continúan haciendo presencia en el sitio para mitigar cualquier reactivación y proteger tanto a los residentes como a sus bienes materiales.

Andrea enfatiza que uno de los principales retos ha sido acceder al seguimiento en neuropediatría, algo que, según cuenta, ha solicitado sin éxito durante los últimos cuatro años a la Nueva EPS, la entidad de salud en la que su hija está afiliada. “Hace cuatro años la Nueva EPS no me quiere brindar una cita con neuropediatría. Ella convulsiona cada rato”, expresó. Además de las dificultades para conseguir citas especializadas, relata complicaciones con el acceso a medicamentos anticonvulsivos desde hace dos años, terapias de fonoaudiología y terapia física, los cuales, sostiene, no son suficientes ni constantes.

La situación económica también ha supuesto un obstáculo. Andrea menciona que, ante la negativa de la EPS para proveer los pañales que su hija necesita de manera permanente, se ha visto en la necesidad de instalar una venta de obleas, helados y bolis en su casa para obtener los recursos y cubrir ese gasto. En 2023, Samantha tuvo que someterse a una exodoncia dental por descalcificación, lo que impulsó a Andrea a solicitar una valoración nutricional que, según explica, no ha logrado obtener.

La familia se trasladó de Bogotá a Ibagué en mayo de 2026 y, desde entonces, Andrea afirma que el proceso de solicitud de servicios médicos comenzó prácticamente de cero, debido a que muchas de las órdenes médicas expedidas en Bogotá ya no tendrían validez en Tolima. La madre asegura que ha presentado tutelas y derechos de petición, pero que esas acciones se ven nuevamente obstaculizadas por la burocracia y cambios de jurisdicción.

Andrea manifiesta especial preocupación por las convulsiones que sufre Samantha y la falta de valoración neurológica oportuna. También ha gestionado, sin resultado, el ingreso de su hija a algún espacio educativo tanto en Bogotá como en Ibagué. La Secretaría de Salud Municipal de Ibagué, consultada por El Nuevo Día, indicó que el caso quedó en revisión y que todas las respuestas pertinentes se entregan directamente a los familiares o pacientes. Andrea espera que el caso de su hija sea escuchado por las autoridades y obtenga una solución definitiva.

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¿Cómo accede una familia a citas médicas de neuropediatría en la Nueva EPS?

De acuerdo con el relato de Andrea Estévez dado a El Nuevo Día, aunque la solicitud de citas en neuropediatría para su hija ha sido constante durante cuatro años, la respuesta de la Nueva EPS ha sido negativa o postergada. Esto sugiere que el procedimiento puede verse obstaculizado por falta de agenda, vencimiento de órdenes médicas o trámites administrativos derivados del cambio de ciudad.

¿Qué implica el diagnóstico de hipotonía muscular ocular y cómo afecta la vida diaria?

La hipotonía muscular ocular, mencionada por Andrea Estévez, implica una disminución del tono muscular en los músculos de los ojos. Esta condición puede afectar el movimiento ocular y, en combinación con otros diagnósticos, impacta la capacidad de la niña para movilizarse, coordinar movimientos y realizar actividades cotidianas, lo que convierte en indispensable la atención médica y terapéutica constante.

La salida del país fue formalizada a través de una comunicación diplomática emitida por el Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional. El documento, fechado en Bogotá, anunció de manera sencilla pero contundente que “ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy”. De acuerdo con la naturaleza de esta instancia, la participación de Colombia implicaba un rol activo en la definición de políticas y defensa de los derechos LGBTIQ+ en el escenario internacional, así como una copresidencia compartida junto a España, lo que le otorgaba una posición de liderazgo regional y global.

No obstante, la Cancillería no especificó las razones que motivaron esta determinación ni los posibles cambios en la política exterior que se derivarán a raíz de este retiro. Tampoco se hizo mención sobre cómo se abordarán, desde ahora, los temas de derechos humanos que se discutían en este espacio. Pese a la decisión, el Gobierno dejó expresa su gratitud hacia el trabajo conjunto realizado junto a Madrid, valorando el acompañamiento de representantes de la sociedad civil de ambos países durante su copresidencia.

El anuncio ha suscitado preocupaciones en voces clave del sector, como la de Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo y copresidente civil del mecanismo, quien calificó el retiro como una medida desafortunada y de impacto negativo para la imagen internacional de Colombia. Para Castañeda, la decisión afecta el liderazgo en derechos humanos que había asumido el país tras hacerse cargo de la presidencia de la coalición en una reunión celebrada en Berlín en 2024. Además, subrayó la relevancia del momento, debido a que la rotación de la presidencia estaba contemplada hasta febrero, sugiriendo que podría haberse esperado al final del periodo.

La organización Caribe Afirmativo llamó a la vigilancia de la comunidad internacional y reiteró que los derechos LGBTIQ+ no deben ser negociados, insistiendo en que la igualdad dentro de la democracia colombiana no puede retroceder ni perderse de manera silenciosa.

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¿Por qué Colombia decidió retirarse de la Coalición por la Igualdad de Derechos?

En la comunicación oficial emitida por la Cancillería, Colombia no expuso las razones detrás del retiro ni detalló los cambios que se aplicarán a la política exterior en materia de derechos LGBTIQ+. El documento simplemente informó la decisión, sin ampliar sobre los motivos que llevaron al país a dejar este espacio internacional.

¿Qué impacto tiene el retiro de Colombia de la Equal Rights Coalition en los derechos LGBTIQ+?

Según Caribe Afirmativo, el retiro de Colombia de este organismo significa perder un escenario de liderazgo y debilita la interlocución internacional del país en derechos humanos. La organización advierte que la decisión afecta negativamente el avance y la protección de los derechos LGBTIQ+, además de dar señales preocupantes sobre la dirección de la política de igualdad.

La comunicación fue revelada por la periodista Darcy Quinn y plantea preocupaciones relacionadas con las restricciones que podrían derivarse de la inclusión de Petro en la lista OFAC de Estados Unidos.

En la carta, los residentes aclaran que reconocen que estar incluido en esa lista no constituye una condena penal ni implica automáticamente una prohibición para arrendar una vivienda en Colombia.

También señalan que no están atribuyendo delitos o irregularidades al exmandatario ni a quienes pudieran participar en la operación.

Sin embargo, los vecinos solicitan que cualquier eventual contrato de arrendamiento sea sometido previamente a una evaluación jurídica, documentada y detallada sobre las restricciones aplicables y sus posibles consecuencias para las partes involucradas y la copropiedad.

El tema surgió mientras Petro busca un lugar para vivir tras su separación de Verónica Alcocer.

El expresidente ha asegurado que no pretende comprar una nueva vivienda y que puede vender la que ya tiene. También ha sostenido que las sanciones de Estados Unidos no le impiden arrendar una vivienda en Colombia, siempre que el propietario no sea una persona estadounidense.

De acuerdo con el relato de los familiares, Keyber ingresó a la clínica caminando, pero pronto comenzaron las complicaciones. Primero, el menor tuvo que ser ingresado a cuidados intensivos; después, sufrió un paro cardiorrespiratorio, seguido de una crisis vasooclusiva, un episodio frecuente en personas con anemia falciforme que consiste en la obstrucción de los vasos sanguíneos, dificultando la llegada de oxígeno a los tejidos.

Los familiares aseguraron al medio que la atención especializada que requiere Keyber supera la capacidad actual del centro asistencial en el que permanece, especialmente en lo que respecta a cuidados intensivos pediátricos y manejo hematológico, es decir, tratamiento de enfermedades de la sangre. Por ello, han solicitado de manera insistente el traslado del niño a una institución de cuarto nivel, que cuente con servicios avanzados en estas áreas.

La angustia llegó al punto de que la madre, tías y primas de Keyber decidieron acudir personalmente a buscar al presidente Abelardo De La Espriella, quien estaba en Riohacha de visita oficial el jueves 17 de septiembre. Las mujeres se instalaron en las afueras del Centro Cultural Anas Mai para exponerle el caso y pedir su intervención directa para acelerar la remisión del menor.

De acuerdo con lo informado por EL PILÓN, De La Espriella escuchó atentamente a la familia y se comprometió a tramitar las gestiones necesarias para trasladar a Keyber David lo antes posible a un hospital de cuarto nivel. Incluso, en presencia de una funcionaria, el presidente instruyó priorizar la movilización del niño de inmediato o a más tardar al día siguiente, afirmando: "La prioridad es mover a Keyber hoy y mañana temprano lo que haya que hacer". Ahora, la familia espera que este compromiso se cumpla y el niño reciba la atención que necesita cuanto antes.

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¿Qué es la anemia falciforme y cómo afecta a los niños como Keyber David?

La anemia falciforme es una enfermedad hereditaria de la sangre que provoca que los glóbulos rojos tengan una forma anormal, lo que dificulta el paso del oxígeno por los vasos sanguíneos. En casos como el de Keyber David, pueden presentarse crisis vasooclusivas y complicaciones graves, por lo que es fundamental contar con atención especializada.

¿Por qué es tan importante el traslado de pacientes con enfermedades complejas a hospitales de cuarto nivel?

El traslado a hospitales de cuarto nivel es esencial para pacientes que necesitan atención médica avanzada y equipos especializados que no están disponibles en centros de menor complejidad. En el caso de Keyber, esta remisión aseguraría la posibilidad de acceder a tratamientos específicos y personal capacitado para manejar sus complicaciones.

La familia de Arfred Alexander, profundamente consternada por la trágica noticia, ha anunciado que las exequias se celebrarán el viernes 18 de septiembre a las 4:00 p. m. en la Parroquia Señor de los Milagros. Tras la ceremonia religiosa, allegados y amigos acompañarán el traslado hacia el Cementerio Nuestra Señora del Carmen Central, donde tendrá lugar la inhumación, en un acto acompañado por el dolor y la esperanza de preservar la memoria del joven espinaluno. Mientras tanto, el cuerpo permanece en velación en las Salas de Velación San Pedro, un espacio donde familiares y amigos se dan cita para rendir el último homenaje.

La identificación precisa de las víctimas permitió a los investigadores establecer una distinción relevante: solo Arfred Alexander era natural de El Espinal. Esta diferencia ha cobrado un significado especial dentro de las primeras líneas de investigación, pues los investigadores intentan reconstruir no solo los últimos días de las víctimas, sino también los vínculos y circunstancias que los unieron en la vivienda donde ocurrieron los hechos.

Por su parte, los padres de Arfred, Jhon Alexander Rentería y Sandra Milena Bermúdez, su hermano Sandor Andrés Rentería Bermúdez y demás familiares han invitado públicamente a amigos y conocidos a que los acompañen en la ceremonia de despedida. En medio del dolor, la familia ha hecho énfasis en que el recuerdo de Arfred permanecerá siempre vivo entre quienes lo rodeaban, resaltando el impacto de su partida en la comunidad local.

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¿Quiénes eran los hombres asesinados en El Espinal y de dónde procedían?

Las víctimas del homicidio ocurrido en el barrio Balcanes de El Espinal fueron identificadas como Arfred Alexander Rentería Bermúdez, de 21 años, residente y oriundo de El Espinal, Elkin, de 35 años, y Alejandro Castro González, de 25, quienes provenían de Villavicencio, Meta. Según datos de El Nuevo Día, estos últimos solo llevaban unos meses en el municipio antes del crimen.

¿Por qué es relevante que Arfred Alexander Rentería Bermúdez fuera el único espinaluno entre las víctimas?

La condición de Arfred Alexander Rentería Bermúdez como único natural de El Espinal entre las víctimas ha adquirido importancia en la investigación, ya que permite a las autoridades explorar los vínculos locales y reconstruir mejor las relaciones y circunstancias previas al asesinato, información clave para entender el contexto del crimen.

La recolección de información climática es posible gracias a una vasta red de instrumentos y dispositivos dispersos en diversos entornos. Las estaciones meteorológicas en tierra, las boyas instaladas en los océanos, los vuelos de aviones comerciales y los globos sonda que alcanzan la estratosfera, son fundamentales para captar las variaciones del clima. Por su parte, los satélites meteorológicos aportan observaciones permanentes de las formaciones nubosas en la atmósfera, mientras que los radares localizados en tierra siguen con precisión la evolución de las precipitaciones.

Una vez que estos millones de datos han sido recogidos, son transmitidos a centros internacionales donde supercomputadoras de enorme capacidad intervienen en la siguiente fase. Según la información detallada en el informe, estas máquinas procesan la información utilizando modelos numéricos de predicción, que no son otra cosa que programas informáticos guiados por los principios fundamentales de la física y la termodinámica. Así, al representar la atmósfera como una rejilla tridimensional, dichos modelos calculan los posibles cambios meteorológicos de manera constante, minuto a minuto.

En cuanto al pronóstico específico para Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) ha indicado que, para el día jueves, se esperan cielos parcialmente nublados y una atmósfera estable durante el día. Sin embargo, existe probabilidad de lluvias ligeras a moderadas hacia la noche, fenómeno que puede afectar de manera sectorizada. La CVC ha explicado además que estos comportamientos vienen condicionados por una vaguada en el Pacífico y el paso de una onda tropical sobre el occidente colombiano, factores que intensifican la posibilidad de precipitaciones tanto hoy como mañana en la región.

¿Cómo funcionan los modelos numéricos de predicción del clima y qué papel juegan en los pronósticos para Cali?

Los modelos numéricos de predicción del clima son programas informáticos que simulan la atmósfera dividiéndola en una rejilla tridimensional. Aplican leyes de la física y la termodinámica para calcular los cambios en variables como la temperatura y el viento. Son fundamentales para anticipar fenómenos climáticos y emitir pronósticos específicos como los que realiza la CVC en Cali.

¿Qué es una 'vaguada' y cómo afecta al pronóstico de lluvias en Cali?

El término 'vaguada' se refiere a una zona alargada de baja presión atmosférica que favorece la formación de nubosidad y lluvias. Según la CVC, la presencia de una vaguada en el Pacífico contribuye a aumentar el potencial de precipitaciones en Cali y su región durante los días citados en el pronóstico.

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El proceso judicial comenzó luego de que, en 2022, las hijas de Carlos Horacio Urán interpusieran una demanda ante la Corte del Distrito Sur de la Florida. La demanda acusaba a Plazas Vega de tener un papel central en los acontecimientos que, según ellas, condujeron a la tortura y ejecución extrajudicial de su padre durante la operación militar contra la ocupación guerrillera del M-19 en el Palacio de Justicia. El caso fue debatido frente a un jurado federal en Miami el 8 de septiembre de 2026.

El veredicto, anunciado el 17 de septiembre, determinó que Plazas Vega no era responsable de los delitos en cuestión y, por consiguiente, no debía pagar indemnización a la familia de la víctima. Los demandantes argumentaban que, en su calidad de comandante de la Escuela de Caballería en ese momento, Plazas Vega habría tenido injerencia directa en la desaparición forzada de Urán.

Documentos presentados ante la corte por la familia de Urán sostenían que el general, junto con otros miembros del Ejército, habría participado en un plan para torturar y ejecutar extrajudicialmente a civiles que salieron con vida del Palacio de Justicia bajo custodia militar. Durante años, autoridades colombianas aseguraron que Urán había fallecido por una bala perdida, pero investigaciones posteriores, como las de la Comisión de la Verdad y Forensic Architecture, determinaron que salió vivo y fue posteriormente asesinado.

La asesoría jurídica de las hijas de Urán estuvo a cargo del Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, organización que ha liderado otros casos internacionales. En su defensa, Plazas Vega solicitó la desestimación de la demanda en 2022, argumentando que no se habían agotado los recursos judiciales en Colombia, pero dicho argumento fue desestimado por el tribunal en marzo de 2023, permitiendo que el caso continuara hasta esta sentencia.

Las hijas del magistrado Carlos Urán presentaron la demanda en Estados Unidos porque buscaban que la justicia estadounidense investigara y sancionara los actos de tortura y ejecución extrajudicial presuntamente cometidos contra su padre durante la toma del Palacio de Justicia, alegando el rol central de Plazas Vega en los hechos y considerando que ya habían agotado recursos en el sistema judicial colombiano.

Las pruebas aportadas por la familia del magistrado Urán incluyeron investigaciones de la Comisión de la Verdad y Forensic Architecture, que refirieron que Urán salió vivo del Palacio bajo custodia militar y posteriormente apareció muerto con una herida de bala en la cabeza, descartando la versión oficial sobre una muerte accidental durante el enfrentamiento armado.

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No obstante, en el transcurso de la diligencia judicial, la Fiscalía modificó la calificación del primer delito bajo un enfoque de género, optando por imputar a Rojas el cargo de feminicidio agravado. Así quedó en evidencia la gravedad de los hechos y la consideración de género en la investigación del caso, aspecto destacado por la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA).

El caso se esclareció gracias al material probatorio presentado por la Fiscalía, entre el que sobresale el testimonio de la hermana de la víctima, quien la vio por última vez. Según la reconstrucción de la ruta, Rojas trasladó a la niña a un inmueble de la localidad de Fontibón y, al día siguiente, la llevó hasta el barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar. Esta nueva información resultó clave, pues existía un vacío en el recorrido registrado por cámaras de seguridad sobre cómo Ana Lucía fue llevada más de 18 kilómetros desde Fontibón hasta Ciudad Bolívar. El dictamen de Medicina Legal, citado en la audiencia, determinó que la causa de muerte fue asfixia.

En cuanto a las motivaciones, la Fiscalía planteó la hipótesis de violencia vicaria, definida por El Espectador como una de las formas más extremas de violencia de género luego del feminicidio. Consiste en infligir daño a una mujer a través de sufrimientos provocados hacia sus hijos, familiares o mascotas. En este contexto, el acto habría sido una retaliación contra la hermana de la niña, quien decidió terminar la relación sentimental con el presunto agresor.

Rojas, venezolano de 29 años, negó los hechos en la audiencia y fue cobijado con medida de aseguramiento preventiva intramural mientras avanza el proceso penal. Rusmeiri González, hermana de la menor, pidió recordar a Ana Lucía como una niña risueña y amorosa, evocando con nostalgia los instantes compartidos, como relató a El Espectador.

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¿Cuál es el proceso judicial que enfrenta Shenner José Rojas Lárez por el feminicidio de Ana Lucía González Mendoza?

Rojas fue presentado ante un juez en audiencia de legalización de captura. La Fiscalía cambió el delito inicialmente imputado por homicidio agravado y decidió acusarlo de feminicidio agravado, además de delitos sexuales. Actualmente, el sospechoso fue enviado a prisión preventiva mientras se adelanta el proceso penal en su contra, tal como registró El Espectador.

¿Qué significa violencia vicaria y cómo fue interpretada por la Fiscalía en este caso?

La violencia vicaria, de acuerdo con la información presentada por la Fiscalía y citada por El Espectador, corresponde a una forma de violencia de género en la que se daña a una mujer ocasionando dolor intencionalmente a sus hijos, familiares o incluso mascotas. En el caso de Ana Lucía, la Fiscalía argumentó que fue utilizada como parte de una retaliación, lo que constituye violencia vicaria, tras la ruptura sentimental entre el presunto responsable y la hermana de la víctima.

De acuerdo con el comunicado, las labores de mantenimiento requieren suspender de manera temporal el suministro de agua potable en las zonas intervenidas. La planificación de estos trabajos busca mejorar la calidad y continuidad del servicio, aunque también implica que varios barrios no contarán con agua durante algunas horas de la jornada. La empresa identificó de forma clara los sectores y direcciones exactas donde se efectuará la suspensión del servicio.

Entre los barrios afectados se encuentran Alfonso López, con cortes en las direcciones Calle 81 # 7 L Bis - 26 y Calle 70 # 7 - 03; Cristóbal Colón, en Calle 14 # 37 A 55 y Carrera 30 # 14 C 55; y La Flora, donde las intervenciones se desarrollarán en avenida 6 Norte # 45 N 20, avenida 4 Norte # 38 N 00 y Calle 61 AN # 3 N 80. Otros sectores como San Luis, San Vicente, Alto Nápoles, Atanasio Grardot, Olímpico, Tequendama, La Selva, Las Delicias, Comuneros, Nueva Floresta, Pacará, Santa Mónica Residencial y Siloé - La Nave, también están contemplados entre los puntos señalados por Emcali.

La empresa reiteró que la finalidad de estas maniobras es garantizar, a mediano y largo plazo, servicios de mejor calidad para todos los usuarios del sistema de acueducto. Mientras tanto, recomendó a los residentes de los sectores afectados tomar las precauciones necesarias y almacenar agua para suplir las necesidades básicas durante el tiempo que dure la suspensión.

¿Qué barrios de Cali estarán sin agua por las obras de Emcali este viernes?

De acuerdo con la información proporcionada por Emcali, los barrios que tendrán suspensión temporal del servicio de agua este viernes son Alfonso López, Cristóbal Colón, La Flora, San Luis, San Vicente, Alto Nápoles, Atanasio Grardot, Olímpico, Tequendama, La Selva, Las Delicias, Comuneros, Nueva Floresta, Pacará, Santa Mónica Residencial y Siloé - La Nave, en direcciones puntuales indicadas por la empresa en su anuncio.

¿Por qué Emcali interrumpe el servicio de agua en determinados sectores de Cali?

La Gerencia de Acueducto de Emcali dio a conocer que las interrupciones se deben a maniobras de reparación, reposición de válvulas y optimización de redes, que son necesarias para garantizar la calidad y continuidad del servicio a futuro. Las suspensiones temporales responden a la necesidad de ejecutar estos trabajos de mantenimiento en puntos específicos de la ciudad.

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El reporte policial especifica que, al momento de ser abordada por los uniformados, la mujer no solo fue hallada con el material inflamable, sino que además habría atacado físicamente a uno de los agentes de la Policía Tolima. Esta agresión culminó con una lesión visible en el rostro del uniformado, un hecho que agrava la situación judicial de la detenida. La captura y todo el procedimiento fueron desarrollados conforme a los protocolos establecidos, según indicó la Policía departamental. Posteriormente, la implicada fue trasladada inmediatamente y puesta a disposición de la Fiscalía de Chaparral.

En esta instancia judicial, la mujer quedó vinculada a una investigación por dos delitos graves: incendio, por la presunta participación en la génesis del fuego en una zona boscosa, y agresión a servidor público, debido al ataque físico al policía que resultó herido en el procedimiento. Las autoridades continúan avanzando en las averiguaciones para establecer los móviles exactos del acto y evaluar posibles consecuencias legales adicionales. El caso ha despertado preocupación en la comunidad local, debido al riesgo ambiental que pueden representar este tipo de hechos, sumado a la violencia dirigida contra funcionarios encargados de la protección y el orden público.

¿Por qué fue capturada la mujer en el barrio Castañal de Chaparral?

La mujer de 25 años fue capturada tras ser encontrada cerca de una zona boscosa donde, presuntamente, había iniciado un incendio. Adicionalmente, al momento del procedimiento, los uniformados de la Policía Tolima hallaron en su poder una botella plástica con un líquido que sería gasolina, lo que la vincula directamente con el delito de incendio.

¿Cuáles son los cargos que enfrenta la mujer capturada en Chaparral?

De acuerdo con el reporte de la Policía Tolima y la posterior intervención de la Fiscalía de Chaparral, la mujer enfrenta cargos por los delitos de incendio y agresión a servidor público, luego de que agrediera físicamente a un uniformado y presuntamente iniciara un incendio en el sector Puente Tierra, barrio Castañal.

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La medida busca asegurar el suministro, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaporte y las etiquetas de visa, mientras se estructura una solución permanente mediante una licitación pública.

El Tribunal había ordenado implementar mecanismos que garantizaran la prestación ininterrumpida del servicio y cuestionó aspectos relacionados con los soportes fiscales para comprometer vigencias futuras, la planeación, los cronogramas y el estado de la operación.

Ante esta situación, la Cancillería podrá realizar contrataciones directas bajo la figura prevista en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.

Sin embargo, aclaró que estos contratos serán estrictamente transitorios y estarán limitados a lo necesario para evitar interrupciones.

Mientras avanza el proceso, la entidad aseguró que el servicio continúa con normalidad en oficinas y consulados. Las citas ya programadas siguen vigentes y los ciudadanos no deben realizar trámites adicionales.

Además, los contratos derivados de la urgencia manifiesta serán enviados a la Contraloría para el respectivo control fiscal.

Según la consultora Sectorial, mientras el gasto total de la Nación crecería 16,1 %, los recursos destinados a salud aumentarían apenas 1,8 %.

La firma estima que el sistema requerirá $121,6 billones en 2027, un 16,9 % más que los $104 billones previstos para 2026.

De ese monto, $102,1 billones corresponderían al Plan de Beneficios en Salud financiado mediante la UPC y $1,9 billones a Presupuestos Máximos.

Entre las principales presiones está la inflación del sector salud, que llegó a 8,3 % en agosto, por encima del 6,24 % nacional.

Este factor representaría necesidades adicionales por $9,3 billones. A esto se sumaría un desequilibrio de $8,32 billones entre los ingresos y gastos de las EPS.

El Ministerio de Salud también ha advertido un faltante cercano a $13 billones para 2027, principalmente para atención e inversión.

Además, al cierre del primer semestre de 2026, la siniestralidad del sistema llegó al 108 %, es decir, por cada $100 recibidos se gastaron $108. Sectorial calcula que el déficit acumulado podría superar los $40 billones al finalizar este año.

La lista de comparecientes la encabezan Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, seguido por Jaime Alberto Parra, alias “El Médico”; Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”; Pablo Catatumbo; Pastor Alape; y Julián Gallo, conocido por el alias “Carlos Antonio Lozada”. Este grupo enfrenta investigaciones por parte de la justicia transicional no solo en este proceso, sino también en otros expedientes relacionados, incluyendo condenas previas. Por ejemplo, en 2025 ya fueron condenados en el marco del caso 01, que se centró en los secuestros realizados por las antiguas Farc, lo que evidencia la continuidad de los mecanismos de juzgamiento a los máximos responsables de la organización.

Del mismo modo, la Sala de Reconocimiento de Verdad citó también a la exsenadora Sandra Ramírez Lobo, quien fue pareja de Pedro Antonio Marín Marín, conocido como “Manuel Marulanda Vélez” o “Tirofijo”, el principal líder y fundador de las Farc. Ramírez deberá rendir versión en el marco del caso 07, que investiga la participación y el reclutamiento de menores de edad en el conflicto armado. La JEP busca esclarecer si Ramírez tuvo algún tipo de responsabilidad o facilitó posibles casos de abuso sexual en contra de menores que fueron reclutados por esta organización armada.

Ambas investigaciones hacen parte de los casos priorizados por la JEP en su misión de esclarecer hechos violentos y alcanzar verdad, justicia y reparación para las víctimas, enfocándose especialmente en los crímenes de mayor gravedad y vulnerabilidad, como la violencia sexual o el reclutamiento de menores.

¿Por qué la JEP investiga a integrantes del secretariado de las Farc por crímenes sexuales?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) centra sus investigaciones en los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado colombiano. El caso 11 busca esclarecer hechos de violencia sexual, reproductiva y de género al interior de la antigua guerrilla, especialmente aquellos que fueron motivados por prejuicio hacia la orientación sexual de las víctimas, de acuerdo con información de El Espectador.

¿Qué implica el caso 07 de la JEP sobre el reclutamiento de menores en las Farc?

El caso 07, según lo informado, tiene como objetivo establecer responsabilidades por el reclutamiento, utilización y posible abuso sexual de niñas y niños en el conflicto armado colombiano. En este contexto, la JEP investiga tanto a los altos mandos como a personas cercanas al liderazgo de las Farc para determinar su responsabilidad frente a estos delitos, lo que incluye la citación a exsenadores como Sandra Ramírez.

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De acuerdo con lo informado por el Ministerio, la medida responde a una resolución del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que suspendió el convenio en medio de una acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal. Esta acción estaba dirigida contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia. Aunque la Cancillería, junto con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, solicitó al tribunal una aclaración sobre la decisión, el alto tribunal, en un auto fechado el 16 de septiembre de 2026 y revelado por El Espectador, negó cualquier aclaración adicional. Esto confirmó la suspensión temporal y abrió paso a la declaratoria de urgencia manifiesta.

La Cancillería aseguró, a través de un comunicado, que la expedición de pasaportes sigue funcionando normalmente, incluyendo la atención en oficinas y consulados, así como las citas ya programadas. No es necesario que los ciudadanos emprendan trámites adicionales. De acuerdo con lo señalado por la misma entidad, la urgencia manifiesta se adopta conforme al artículo 42 de la Ley 80 de 1993. Este mecanismo legal permite tomar medidas contractuales de manera excepcional, solo cuando la prestación de un servicio exige respuesta inmediata. Cualquier contrato celebrado bajo este escenario será transitorio y limitado a lo esencial para que el servicio de pasaportes y visas no se detenga, explicó la Cancillería.

Según el mismo comunicado, ya se está estructurando el proceso de licitación pública para ofrecer una solución permanente. Todo lo actuado, incluidos los contratos celebrados en el marco de la urgencia manifiesta, será remitido a la Contraloría General de la República para control fiscal. Por ahora, persiste la expectativa sobre si Thomas Greg & Sons, anterior proveedor principal, podrá retomar su papel, mientras se espera un pronunciamiento definitivo del tribunal sobre cómo el gobierno anterior excluyó a esa empresa de futuras contrataciones.

¿Por qué fue suspendido el convenio de producción de pasaportes en Colombia?

El convenio fue suspendido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como medida cautelar ante una acción popular interpuesta contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia. Esta decisión buscaba evitar posibles irregularidades en la contratación y producción de los pasaportes, de acuerdo con lo informado por El Espectador y los comunicados oficiales de la Cancillería.

¿Qué implica la declaratoria de urgencia manifiesta en el proceso de expedición de pasaportes?

La urgencia manifiesta, según el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, permite que la Cancillería realice contrataciones transitorias y limitadas a lo indispensable, con el fin de mantener la continuidad del servicio de expedición de pasaportes y visas mientras se resuelve la situación contractual suspendida por el tribunal.

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En el sector afectado permanecen agentes de tránsito, encargados de ejecutar el cierre y brindar acompañamiento tanto a los conductores como a los peatones que circulan cerca del lugar. Además, estos funcionarios están realizando labores de regulación de la movilidad, orientando a los viajeros para que utilicen rutas alternas y reduzcan así el congestionamiento vial que podría generarse en las vías aledañas.

Según recomienda Gestión del Riesgo, es importante que los conductores eviten transitar por esta zona mientras persista la restricción, dado que el paso permanece completamente prohibido. El objetivo de esta medida es evitar cualquier tipo de accidente o incidente que pueda provocar daños a las personas o a los vehículos y, al mismo tiempo, facilitar las labores técnicas requeridas para evaluar y mitigar el riesgo en la estructura del edificio Arábico.

El despliegue de las autoridades en el sector es constante, y la instrucción principal es priorizar la seguridad de los ciudadanos. En ese sentido, se espera que la ciudadanía acate las indicaciones y haga uso de vías alternas para sus desplazamientos. La información sobre el tiempo estimado del cierre o sobre posibles acciones futuras dependerá de la evolución del riesgo y de las instrucciones de las entidades responsables.

Este tipo de cierres, aunque afectan la rutina diaria y la movilidad urbana, buscan evitar emergencias mayores, tal como han reportado otros casos recientes en la ciudad. En el contexto de estas medidas, la colaboración de los habitantes y de quienes transitan por la zona es clave para garantizar una respuesta efectiva a las situaciones de riesgo estructural.

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¿Por qué se mantiene el cierre vial en la Calle 5 con Carrera 66 en Cali?

El cierre vial total en la Calle 5 con Carrera 66 en Cali se mantiene por instrucción de Gestión del Riesgo, debido al riesgo inminente de colapso del edificio Arábico. Las autoridades advierten que las condiciones estructurales del inmueble representan un peligro para la movilidad y la seguridad en la zona, por lo que el paso continua prohibido hasta nueva orden.

¿Qué es Gestión del Riesgo y qué funciones cumple en emergencias viales?

Gestión del Riesgo es la dependencia encargada de evaluar y responder ante situaciones que presenten peligro para la comunidad, como en este caso el riesgo de colapso estructural. Su función es coordinar acciones preventivas, ordenar cierres o restricciones y orientar a las autoridades para proteger a las personas ante posibles emergencias en espacios públicos.

Según la investigación, la vivienda llevaba aproximadamente cuatro meses arrendada y fue entregada por el propietario a un tercero identificado como Jorge. Este hombre aparece ahora en el centro de las pesquisas, ya que se busca establecer quiénes tenían acceso a la casa y cómo se relacionaban con las víctimas. Llama la atención que, apenas un día antes del asesinato, Jorge comunicó al dueño del inmueble que saldría de viaje hacia los Llanos Orientales, y que durante su ausencia algunos familiares permanecerían en la vivienda.

El registro de la casa aportó elementos inquietantes para los investigadores. En uno de los espacios fue hallado un altar, aparentemente relacionado con prácticas de santería o esotéricas, así como sustancias estupefacientes, información reportada por el alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez. Estos hallazgos, sumados al hecho de que uno de los fallecidos tendría antecedentes judiciales, abren nuevas líneas de indagación sobre las actividades y motivaciones de quienes frecuentaban ese inmueble.

Las autoridades intentan esclarecer por qué los tres hombres estaban reunidos en ese lugar, cuánto tiempo permanecieron, quiénes más tuvieron contacto con ellos y qué ocurrió en las horas previas a los homicidios. La procedencia de dos de las víctimas y su reciente llegada al municipio dificultan el rastreo de contactos y actividades. Mientras continúan las pesquisas para identificar a los responsables y precisar la cronología de los hechos, se anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien suministre información sobre el caso, según se informó en El Nuevo Día.

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¿Qué se sabe hasta ahora sobre las víctimas del triple homicidio en El Espinal?

De acuerdo con la información dada a conocer por El Nuevo Día, las víctimas respondían a los nombres de Elkin, Alejandro Castro González y Arfred Rentería. Dos de ellas llegaron a El Espinal procedentes de Villavicencio, Meta, entre tres y cuatro meses antes del crimen, mientras que la otra era oriunda del municipio. Uno de los fallecidos presentaba antecedentes judiciales, aunque no se especificaron los delitos relacionados.

¿Por qué la vivienda del barrio Balcanes es clave en la investigación del caso?

La vivienda se considera fundamental en la indagación porque era el lugar donde las víctimas fueron encontradas sin vida. Investigadores establecen conexiones entre la actividad reciente del inmueble, que fue arrendado por Jorge y en el interior del cual se hallaron un altar esotérico y drogas ilícitas, y los hechos del triple homicidio. Por ello, la vivienda se perfila como un escenario central para esclarecer lo ocurrido la noche del crimen.

De acuerdo con El Espectador, la definición de las candidaturas ocurrió el pasado 15 de septiembre, en una reunión a la que asistieron los 38 magistrados de la JEP. Este cuerpo está compuesto por 18 integrantes de las Salas de Justicia y 20 del Tribunal para la Paz, ambos creados en el marco del Acuerdo de 2016. La persona elegida no solo dirigirá las labores jurídicas, sino también coordinará y representará a la JEP durante los siguientes dos años. Este relevo coincide con el cercano inicio del mandato presidencial de Abelardo de la Espriella y con la crucial discusión presupuestal para el año 2027, contexto que agrega presión sobre la selección y gestión del nuevo presidente.

En su historia, la JEP ha tenido cuatro presidentes: Patricia Linares Prieto, Eduardo Cifuentes Muñoz, Roberto Carlos Vidal Vidal López y el actual, Alejandro Ramelli Arteaga. Los retos que enfrenta el próximo presidente no son menores. Según el análisis de expertos citados por El Espectador, la principal responsabilidad será impulsar la expedición de nuevas sentencias, así como asegurar el cumplimiento de las ya existentes, sin dejarse afectar por factores políticos o económicos externos. Además, el cambio se da en una etapa de cierre de la fase investigativa en los 11 macrocasos que adelantan las Salas de Justicia, lo que resalta la importancia de garantizar la continuidad y la efectividad del trabajo judicial dentro de la justicia transicional.

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¿Quiénes son los candidatos para la presidencia de la JEP en 2024?

Los tres aspirantes a la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en noviembre de 2024 son Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, Camilo Andrés Suárez Aldana y Danilo Alfonso Rojas Betancourth. Según El Espectador, sus candidaturas se formalizaron tras una reunión de las 38 magistradas y magistrados que integran las Salas de Justicia y el Tribunal para la Paz, todos cuerpos creados con el Acuerdo de 2016.

¿Cuáles son los retos que enfrentará el nuevo presidente de la JEP?

De acuerdo con el análisis citado por El Espectador, el principal reto para el próximo presidente de la JEP será la emisión de sentencias y el monitoreo estricto de su cumplimiento, en un contexto marcado por dificultades políticas y económicas. A esto se suma la necesidad de continuar con el cierre exitoso de la etapa de investigaciones sobre los 11 macrocasos en los que trabaja la JEP desde el inicio de su funcionamiento en marzo de 2018.

El comandante de los Bomberos Voluntarios de Cali, CT. Francisco Javier Díaz González, informó que continúan trabajando en la zona para atender los puntos calientes que persisten en el área afectada. El objetivo de estas labores es impedir que el fuego vuelva a extenderse debido a los fuertes vientos, factor determinante en este tipo de emergencias y que suele dificultar las tareas de control y liquidación de incendios forestales. Díaz González señaló también que la evaluación de daños continuará, aunque destacó que afortunadamente se evitó la expansión del incendio hacia otras viviendas de sectores colindantes, como La Buitrera y La Betulia.

El reporte preliminar, divulgado por el cuerpo de bomberos y citado por diferentes medios, indica que las llamas arrasaron aproximadamente 100 hectáreas de terreno. Además, se registraron daños materiales en cinco viviendas y en dos motocicletas. El balance de personas afectadas muestra dos bomberos que sufrieron esguinces durante las labores de control y una adulta mayor que resultó afectada por la inhalación de humo. Aunque se trata de una situación crítica, la rápida intervención de los equipos de emergencia ayudó a evitar consecuencias mayores, tanto en daños materiales como en la integridad de los habitantes del sector.

En palabras del comandante Díaz González: "A pesar de que, hasta el momento, tuvimos cinco viviendas afectadas, se realizará una evaluación final. Se logró evitar que el incendio se propagara a todas las viviendas que colindan con el sector de Altos de Menga, La Buitrera y La Betulia". Esta frase evidencia no solo la magnitud de la emergencia, sino la importancia de las acciones rápidas y coordinadas para proteger a la población y sus bienes.

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¿Cuántas hectáreas y viviendas resultaron afectadas por el incendio en Altos de Menga, Cali?

Según el reporte preliminar proporcionado por el comandante de Bomberos Voluntarios de Cali, durante el incendio ocurrido en Altos de Menga fueron afectadas cerca de 100 hectáreas y al menos cinco viviendas, además de dos motocicletas destruidas y varias personas afectadas, incluidos bomberos y una adulta mayor.

¿Cuáles fueron las causas que dificultaron el control del incendio en Altos de Menga?

De acuerdo con los Bomberos Voluntarios de Cali y su comandante CT. Francisco Javier Díaz González, los fuertes vientos registrados en la zona fueron la principal dificultad para controlar el incendio, ya que podían reavivar los puntos calientes y extender el fuego a sectores aledaños, razón por la cual las labores de seguimiento y control continuaron después de declararse extinguido el incendio principal.

El evento sísmico de mayor intensidad se registró a la 1:17 a. m. y alcanzó una magnitud de 4,6. El SGC indicó que este temblor tuvo una profundidad de 42 kilómetros y el epicentro estuvo localizado en Istmina, un municipio del departamento de Chocó. Este sismo fue el más grande entre los movimientos reportados en la jornada.

Minutos antes de ese temblor, específicamente a las 12:46 a. m., el Servicio Geológico Colombiano ya había informado de otro movimiento telúrico, esta vez cerca de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca. La magnitud de este primer sismo fue de 3,3, con una profundidad de 44 kilómetros según los datos recabados por las autoridades geológicas.

La actividad sísmica no se detuvo con estos dos eventos. Horas más tarde, el SGC reportó un nuevo sismo a las 3:45 a. m., cuya magnitud llegó a 4,4. Este último movimiento se localizó en el océano Pacífico y se caracterizó por tener una profundidad superficial, lo que implica que el foco sísmico se ubicó cerca de la superficie terrestre. Los reportes no especificaron afectaciones graves en la población o infraestructura, pero sí dieron cuenta del notable registro de movimientos en esa franja horaria.

De acuerdo con lo informado por el Servicio Geológico Colombiano, estos temblores forman parte de una secuencia sísmica que se ha presentado desde la noche del jueves 17 de septiembre y se extendió hasta las primeras horas del viernes 18. Las zonas más afectadas por la reciente actividad incluyen áreas cercanas al Chocó, Valle del Cauca y la región del océano Pacífico colombiano. Las autoridades continúan monitoreando la situación y recomiendan a la población seguir las indicaciones oficiales para estar preparados ante posibles réplicas.

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¿Dónde se localizaron los recientes sismos reportados por el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con los datos del Servicio Geológico Colombiano, los principales movimientos sísmicos se localizaron en Istmina, Chocó; inmediaciones de Buenaventura, Valle del Cauca; y en el océano Pacífico. La magnitud de estos sismos varió entre 3,3 y 4,6, y se registraron principalmente en la madrugada del viernes 18 de septiembre.

¿Qué significa 'profundidad superficial' en un sismo según el Servicio Geológico Colombiano?

El término 'profundidad superficial', empleado por el Servicio Geológico Colombiano, se refiere a que el foco del sismo—el punto dentro de la tierra donde se origina el movimiento—se encuentra cerca de la superficie terrestre. Esto puede hacer que los efectos del sismo sean más perceptibles en la zona cercana al epicentro, aunque depende también de otros factores como la magnitud del evento.

El movimiento telúrico ocurrió a las 6:29 a. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros. El epicentro fue localizado en coordenadas 4,85° de latitud y -74,57° de longitud.

De acuerdo con el reporte oficial, el municipio más cercano al evento fue Vianí, ubicado a unos 3 kilómetros del punto donde se originó el sismo. También se encontraban cerca Bituima, a 4 kilómetros, y San Juan de Rioseco, a aproximadamente 5 kilómetros.

El evento fue identificado y procesado de manera manual por el SGC, con información recopilada a través de 32 estaciones de monitoreo sísmico.

El reporte registra un RMS de 0,7 segundos y un gap de 40 grados, datos utilizados por la entidad para establecer las características y ubicación del movimiento.

Por su baja magnitud, el sismo fue de intensidad moderada en términos de energía liberada. El reporte del SGC se limita a registrar las características técnicas del evento y su localización en Cundinamarca.

Juan Pablo había encontrado en este trabajo una oportunidad para conseguir ingresos y sacar adelante a su familia. Especialmente, quería construir un mejor futuro para su hija de siete años.

(Lea también: Desgarrador relato de fiscal en el caso de Ana Lucía: reveló cómo fue el crimen)

Aquel día salió de su casa como tantas otras veces: con la intención de trabajar y regresar unas horas después. Sin embargo, nunca volvió.

Pero aquella jornada terminó de una manera que nadie imaginaba. Juan Pablo recibió un servicio y se puso en marcha. Como cualquier conductor, tomó el vehículo y fue en busca de quien aparecía como un pasajero. Lo que parecía un recorrido más terminó llevándolo a una situación que, según la investigación, habría sido planeada para robarle el vehículo.

En algún momento del recorrido todo cambió. Los sospechosos tomaron el vehículo y en medio de la huida dejaron a Juan Pablo tendido en el suelo perdiendo su vida.

Cámaras de seguridad: momento en que roban a Juan Pablo.

Se convirtió en una persecución. Las autoridades comenzaron a seguir el vehículo y, en medio de la huida, el automóvil terminó volcado. El operativo permitió la captura de dos de los presuntos involucrados, mientras un tercero logró escapar y continúa siendo buscado por las autoridades.

La noticia de su muerte golpeó a quienes lo conocían, pero especialmente a su familia, que tuvo que enfrentar de manera repentina una pregunta imposible de responder: ¿Cómo explicarle a una niña que su papá salió a trabajar y nunca regresará?

Mientras avanza la investigación, también permanece la incertidumbre por el tercer implicado. Dos personas fueron capturadas y llevadas ante la justicia. Durante la audiencia en la que les fueron comunicados los cargos, ambos decidieron no aceptarlos. El proceso judicial continuará y serán las autoridades las encargadas de establecer las responsabilidades correspondientes.

Pero la historia de Juan Pablo no debería quedar reducida a una audiencia, una captura o un expediente.

Era un padre joven. Un hombre que acababa de comenzar un trabajo. Alguien que salió de casa buscando ganarse la vida y que terminó siendo víctima de una violencia que le arrebató mucho más que su vida: le arrebató a una niña la posibilidad de seguir creciendo junto a su papá.

(Vea también: Futbolista colombiano cumple condena en La Modelo: le dieron $ 10 millones por transportar droga)

Hoy, mientras su familia intenta aprender a vivir con su ausencia, queda también una preocupación para quienes se ganan la vida detrás de un volante: cada servicio puede parecer uno más, pero detrás de una solicitud hay una persona desconocida y, en algunos casos, un riesgo que el conductor no alcanza a imaginar.

La historia de Juan Pablo Vargas es la historia de un padre que quería trabajar, de una familia que esperaba verlo regresar y de una niña que tendrá que crecer con un vacío que nadie podrá ocupar. Aquella noche, Juan Pablo salió a trabajar pero nunca volvió a casa.

Juan Pablo había encontrado en este trabajo una oportunidad para conseguir ingresos y sacar adelante a su familia. Especialmente, quería construir un mejor futuro para su hija de siete años.

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Aquel día salió de su casa como tantas otras veces: con la intención de trabajar y regresar unas horas después. Sin embargo, nunca volvió.

Pero aquella jornada terminó de una manera que nadie imaginaba. Juan Pablo recibió un servicio y se puso en marcha. Como cualquier conductor, tomó el vehículo y fue en busca de quien aparecía como un pasajero. Lo que parecía un recorrido más terminó llevándolo a una situación que, según la investigación, habría sido planeada para robarle el vehículo.

En algún momento del recorrido todo cambió. Los sospechosos tomaron el vehículo y en medio de la huida dejaron a Juan Pablo tendido en el suelo perdiendo su vida.

Cámaras de seguridad: momento en que roban a Juan Pablo.

Se convirtió en una persecución. Las autoridades comenzaron a seguir el vehículo y, en medio de la huida, el automóvil terminó volcado. El operativo permitió la captura de dos de los presuntos involucrados, mientras un tercero logró escapar y continúa siendo buscado por las autoridades.

La noticia de su muerte golpeó a quienes lo conocían, pero especialmente a su familia, que tuvo que enfrentar de manera repentina una pregunta imposible de responder: ¿Cómo explicarle a una niña que su papá salió a trabajar y nunca regresará?

Mientras avanza la investigación, también permanece la incertidumbre por el tercer implicado. Dos personas fueron capturadas y llevadas ante la justicia. Durante la audiencia en la que les fueron comunicados los cargos, ambos decidieron no aceptarlos. El proceso judicial continuará y serán las autoridades las encargadas de establecer las responsabilidades correspondientes.

Pero la historia de Juan Pablo no debería quedar reducida a una audiencia, una captura o un expediente.

Era un padre joven. Un hombre que acababa de comenzar un trabajo. Alguien que salió de casa buscando ganarse la vida y que terminó siendo víctima de una violencia que le arrebató mucho más que su vida: le arrebató a una niña la posibilidad de seguir creciendo junto a su papá.

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La historia de Juan Pablo Vargas es la historia de un padre que quería trabajar, de una familia que esperaba verlo regresar y de una niña que tendrá que crecer con un vacío que nadie podrá ocupar. Aquella noche, Juan Pablo salió a trabajar pero nunca volvió a casa.

Las declaraciones de José Manuel Restrepo se dieron durante el Latam Fintech Market, en Barranquilla, evento en el que está Pulzo y donde el vicepresidente presentó los detalles de la Misión Crecer y las medidas que plantea el Gobierno para destrabar la inversión en Colombia.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es atender los problemas asociados con las licencias ambientales y las consultas previas con las comunidades.

Según Restrepo, estos procesos son necesarios para proteger los derechos de las comunidades y el medioambiente, pero requieren ajustes que permitan reducir las demoras y, al mismo tiempo, facilitar la ejecución de proyectos productivos.

La Misión Crecer busca que los trámites y mecanismos de participación puedan desarrollarse de manera más eficiente, sin eliminar las garantías existentes.

La apuesta es encontrar un equilibrio entre la protección ambiental, el respeto por las comunidades y la generación de nuevas oportunidades de inversión y empleo.

Además de estos dos grandes cuellos de botella, la estrategia contempla otras dos líneas de trabajo. La primera está relacionada con la creación de incentivos para estimular nuevamente el flujo de capital hacia sectores considerados estratégicos para la economía.

La segunda corresponde al denominado desbloqueo financiero, con el que el Gobierno pretende facilitar el acceso a créditos y otras fuentes de financiación para empresas y proyectos que actualmente encuentran dificultades para conseguir recursos.

La iniciativa reúne a carteras económicas y productivas, pero también incluye al Ministerio del Interior y al Ministerio de Ambiente, debido al papel que tienen en asuntos como las consultas a comunidades y los permisos ambientales.

De esta manera, el Gobierno busca coordinar a los ministerios alrededor de una misma estrategia para destrabar proyectos que permanecen detenidos por razones regulatorias, ambientales, comunitarias o financieras y generar condiciones que permitan reactivar la inversión en Colombia.

El proceso inició con la postulación de candidaturas, seguido por la presentación de los perfiles de quienes aspiraban a representar a sus pares. Posteriormente, se realizó la votación los días tres y cuatro de septiembre de 2026, en la que participaron los atletas del Distrito Capital. Según el reporte del IDRD, en el sector olímpico, Andrea González obtuvo 65 votos y Carlos Ramírez 46, consolidando así su liderazgo. Por el sector paralímpico, Ángel Sierra recibió 34 votos y, tras la renuncia de Diego Dueñas, Juana Salas asumió la suplencia con 4 votos.

Al concluir el proceso, tanto las autoridades del IDRD como los nuevos representantes destacaron el valor de este espacio democrático. Daniel García, director del IDRD, resaltó el logro de una gobernanza respaldada por el voto legítimo, subrayando la importancia de que estos escenarios se lleven a cabo de manera transparente y responsable para fortalecer la participación ciudadana en el ámbito deportivo.

Andrea González, luchadora reconocida y ahora titular de la representación olímpica, expresó durante el evento de posesión su compromiso de ser un puente efectivo entre sus colegas y el Instituto: "Quiero asegurarles que voy a estar pendiente para llevar sus inquietudes y preocupaciones al Instituto, poder trabajar de la mano de ustedes y que puedan ser escuchados". Ángel Sierra, paranadador y nuevo líder de los deportistas paralímpicos, coincidió en el compromiso de escuchar y representar a todos sus compañeros y destacó la importancia de conocer primero las necesidades reales de los atletas.

Con la posesión de esta Comisión, se inaugura un periodo de diálogo e incidencia en la toma de decisiones dentro del sector deportivo de la capital, fortaleciendo así los procesos de representación y la participación activa de los y las atletas bogotanas.

¿Quiénes integran la Comisión de Representantes de los Atletas de Bogotá 2026-2028?

De acuerdo con el IDRD, la Comisión de Representantes de los Atletas de Bogotá para el periodo 2026-2028 está compuesta por cuatro miembros: Andrea Yurani González (titular olímpico), Carlos Alberto Ramírez (suplente olímpico), Ángel Felipe Sierra (titular paralímpico) y Juana Gisell Salas (suplente paralímpica), todos elegidos por votación democrática entre los deportistas del Distrito Capital.

¿Cómo fue el proceso de elección de la Comisión de Atletas del Distrito Capital?

Según el informe del IDRD, la elección de la Comisión incluyó postulación de candidaturas, presentación de perfiles y votación realizada el tres y cuatro de septiembre de 2026. La votación fue abierta a la comunidad deportiva del Distrito Capital, garantizando un proceso democrático y transparente para escoger a los representantes del sector olímpico y paralímpico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Vea también: Volvió a temblar en Colombia hacia la medianoche de este jueves: “El televisor se movió”)

El movimiento tuvo profundidad superficial y corresponde al sexto evento sísmico registrado por el organismo desde la noche del jueves en esta zona del país.

El temblor ocurrió luego de una serie de movimientos de menor magnitud registrados entre la noche del 17 de septiembre y las primeras horas del viernes. La actividad incluyó eventos con epicentro en el océano Pacífico y otros con referencia en municipios del Chocó y Valle del Cauca.

El SGC invitó a las personas que percibieron este último movimiento a reportarlo mediante la plataforma Sismo Sentido, herramienta que permite recopilar información sobre la percepción de los sismos en diferentes lugares.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-18, 03:45 hora local Magnitud 4.4. Profundidad superficial, Océano Pacífico ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/uEhxi5ZA4o

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 18, 2026

Los otros cinco temblores registrados durante la noche

Antes del movimiento de magnitud 4,4, el SGC reportó otros cinco eventos sísmicos. El más reciente y fuerte de ellos ocurrió a la 1:17 a. m., con una magnitud de 4,6, una profundidad de 42 kilómetros y referencia en Istmina, Chocó.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-18, 01:17 hora local Magnitud 4.6, profundidad 42 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/DRvYNk0jkm

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 18, 2026

El cuarto sismo de la secuencia ocurrió a las 12:46 a. m., con magnitud 3,3 y profundidad de 44 kilómetros. El evento tuvo como referencia Buenaventura, Valle del Cauca.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-18, 00:46 hora local Magnitud 3.3. Profundidad 44 km, Buenaventura – Valle del Cauca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/91YJe6YyK6

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 18, 2026

A las 11:11 p. m. del jueves 17 de septiembre se registró otro movimiento, de magnitud 2,7 y profundidad superficial, ubicado en el océano Pacífico. Un poco antes, a las 10:55 p. m., el SGC había reportado un sismo de magnitud 3,2, también de profundidad superficial, con referencia en el océano Pacífico, a 40 kilómetros de Bahía Solano.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-17, 23:11 hora local Magnitud 2.7. Profundidad superficial, Océano Pacífico ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/0RQak0Tosi

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La secuencia comenzó a las 9:44 p. m., con un movimiento de magnitud 3,3 y una profundidad de 37 kilómetros, cuyo epicentro fue ubicado en inmediaciones de Istmina, Chocó.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-17, 21:44 hora local Magnitud 3.3. Profundidad 37 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/LjKRzjNM20

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Con el último reporte, fueron seis los eventos registrados por el SGC entre las 9:44 p. m. del jueves y las 3:45 a. m. del viernes. Los de mayor magnitud fueron el de 4,6 en Istmina y el más reciente, de 4,4 en el océano Pacífico.

(Vea también: Jefe de ‘Bendito menor’ envió mensaje a De la Espriella; dio entrevista desde escondite)

El mandatario se refirió a la situación de seguridad de la región y aseguró que continuará visitando el departamento para verificar los avances de las obras y las acciones de las autoridades frente a las estructuras criminales.

“Vamos a retornar a la seguridad por la razón o por la fuerza. Bandido que no se someta, será dado de baja como en derecho corresponde”, manifestó De La Espriella durante su intervención.

El pronunciamiento se produjo pocos días después de que el Gobierno se refiriera a la intención expresada por alias Pinocho de someterse a la justicia. El Ministerio de Justicia señaló que cualquier proceso debe adelantarse mediante los canales institucionales y bajo las condiciones establecidas por las autoridades.

“Aprovecho para mandarles esta razón al jefe del Clan del Golfo en la región, Rufino José Morales, alias Mario; al bandido alias Pinocho, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, y al bandido alias Gonzalo, de la Segunda Marquetalia: tienen fecha de expiración”, afirmó el presidente, agregó el mandatario.

Desde La Guajira, el presidente Abelardo De La Espriella insistió en que el bandido que no se someta será dado de baja y envió un mensaje al cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, alias Pinocho: “Se metieron con el corazón del Tigre”.… pic.twitter.com/wkNYJwtQVQ

— Revista Semana (@RevistaSemana) September 17, 2026

La primera advertencia de De La Espriella a alias ‘Pinocho’

La nueva declaración tiene como antecedente un mensaje publicado por el presidente el pasado 12 de septiembre. En esa ocasión, De La Espriella pidió a los ministros de Defensa y Justicia coordinar, en el plazo de una semana, las acciones relacionadas con el eventual sometimiento de Castillo Carrillo.

En esa publicación, el mandatario sostuvo que no habría negociaciones ni dilaciones y señaló que, si alias Pinocho no se entregaba y continuaba enfrentando al Estado y delinquiendo, las autoridades aplicarían la fuerza en los términos establecidos por la ley.

El mensaje ocurrió luego de que alias Pinocho manifestara, durante una entrevista para Semana, su disposición a someterse a la justicia, aunque planteó que ese proceso debía contar con determinadas garantías. El Ministerio de Defensa respondió que trabajaría para propiciar el sometimiento dentro del marco legal.

Por su parte, el Ministerio de Justicia señaló que no habría atajos ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley, y que cualquier actuación debía contemplar los derechos de las víctimas y contribuir a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

(Vea también: “Ojo a las crecientes”: Max Henríquez alertó por lo que pasaría en varios departamentos)

En uno de sus trinos, publicado a partir del reporte del Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA, Enríquez señaló que el fenómeno entró en una fase intensa al alcanzar las anomalías de temperatura superiores a los 2 °C.

“El modelo oficial de pronóstico del CPC de la NOAA indica que este Niño alcanzará anomalías entre 2.5 y 3.0ºC (lo cual de hecho sería el más intenso de todos), mientras que los modelos dinámicos lo llevan hasta casi 3.5ºC, un mega Niño. De todas maneras, las consecuencias son graves”, escribió Henríquez.

En sus publicaciones, también compartió una representación de la evolución del fenómeno desde la fase fría asociada con La Niña hasta las actuales condiciones cálidas de El Niño. El gráfico muestra cómo el calentamiento se ha extendido por el Pacífico ecuatorial, aunque también identifica sectores donde persisten temperaturas más frías

El experto llamó la atención sobre una zona de agua fría que aparece en el occidente de la cuenca en el registro correspondiente a septiembre. A partir de esa evolución, planteó que las condiciones podrían cambiar posteriormente y resumió su interpretación con una advertencia: después del periodo cálido podría presentarse una fase fría.

La “película” del Niño muestra la evolución de la fase fría (Niña) a la cálida del Niño actual (color rojo). El gráfico de la derecha muestra (sept de 2026), que apareció una bolsa de agua fría en el occidente de la cuenca. Para tener en cuenta. Despues del calor vendrá el frío pic.twitter.com/6KMDxBFrzn

— Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 18, 2026

¿Qué proyecta NOAA para el fenómeno de El Niño?

El reporte oficial del CPC de la NOAA mantiene una alerta por El Niño y señala una probabilidad superior al 90 % de que el fenómeno continúe durante el otoño y el invierno de 2026-2027.

La proyección de la entidad contempla un evento particularmente fuerte. Para octubre-diciembre, NOAA estima una probabilidad del 75 % de que el RONI alcance al menos +2,5 °C, un nivel que entraría dentro de los episodios más intensos registrados desde 1950.

Enríquez fue más allá en su interpretación de los modelos y señaló que algunos modelos dinámicos llevan las anomalías hasta cerca de +3,5 °C, escenario que calificó como un “mega Niño”. Esa cifra corresponde a una proyección de modelos y no a una medición actual ni a una predicción definitiva de NOAA.

El análisis del meteorólogo también plantea que un fenómeno de esta magnitud podría tener consecuencias importantes. No obstante, la intensidad de los impactos depende de la evolución del evento y de las condiciones particulares de cada región, por lo que no es posible anticipar desde ahora un efecto específico sobre Colombia únicamente a partir de la temperatura del Pacífico.

En el reporte del 14 de sept de 2026 el Centro de Predicción Climática de la NOAA (Administración de la Atmósfera y el Oceano de EEUU) anunció el inicio de la fase intensa del Niño, al alcanzar las anomalías los +2ºC, tal como estaba anunciadopic.twitter.com/i96jLMvoxK pic.twitter.com/WYCwqDwsUQ

— Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 18, 2026

El Pacífico mantiene señales de un fuerte calentamiento

Los datos de NOAA muestran que el calentamiento no se distribuye de manera uniforme en todo el Pacífico ecuatorial. En agosto, el índice Niño-3 alcanzó +2,5 °C, mientras Niño-1+2 llegó a +3,4 °C y Niño-4 se ubicó en +0,1 °C.

La diferencia entre estas regiones permite entender por qué el seguimiento del fenómeno no depende de una sola medición. Los especialistas también observan la temperatura subsuperficial del océano y la respuesta de la atmósfera para determinar si El Niño mantiene su evolución.

Por ahora, los datos oficiales y las proyecciones apuntan a un episodio de gran intensidad, mientras que el análisis de Max Enríquez plantea escenarios todavía más extremos a partir de algunos modelos. La evolución de las próximas semanas será clave para establecer hasta dónde llegará el calentamiento y cuáles serán sus efectos.

NOAA tiene previsto actualizar su diagnóstico sobre el fenómeno durante octubre, cuando contará con nuevos datos para revisar si las condiciones observadas mantienen la trayectoria prevista.

(Vea también: Dan a conocer zonas de Colombia con mayor riesgo de terremoto; SGC habló de varios departamentos)

De acuerdo con el boletín actualizado número 1, el sismo ocurrió a las 12:46 a. m., hora local, y tuvo una magnitud de 3,3, con una profundidad de 44 kilómetros.

El movimiento fue percibido en diferentes puntos del Valle del Cauca, según los primeros reportes ciudadanos. Entre los lugares mencionados aparecen Yumbo, Dapa, La Cumbre y otros sectores del departamento.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-18, 00:46 hora local Magnitud 3.3. Profundidad 44 km, Buenaventura – Valle del Cauca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/91YJe6YyK6

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Minutos después el SGC reportó otro movimiento más fuerte de magnitud 4.5, según informe preliminar se presentó a la 01:17 de esta madrugada y cientos de ciudadanos lo reportaron en por lo menos tres departamentos.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Preliminar, 2026-09-18, 01:17 hora local Magnitud 4.5. Profundidad superficial ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/3NQXLvlPC7

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¿Dónde se sintió el temblor en Buenaventura, Valle del Cauca?

Las primeras reacciones llegaron principalmente desde Yumbo, donde varios ciudadanos describieron el movimiento como fuerte.

“Se sintió fuerte en Yumbo, Valle”, comentó una persona después del sismo. Otro usuario aseguró que lo percibió desde Dapa, Yumbo, mientras que una reacción más señaló: “En Yumbo sacudió maluco”.

También hubo un reporte desde La Cumbre, Valle del Cauca, donde un ciudadano aseguró haber sentido el movimiento. Uno de los testimonios llamó la atención porque ubicó la percepción del sismo en Medellín. “Lo acabo de sentir en Medellín, ya no me aguanto un temblor más”, escribió un usuario tras registrarse el evento.

Estos comentarios corresponden a reportes ciudadanos y no constituyen por sí mismos una medición oficial de la intensidad. El SGC utiliza la información recibida mediante su plataforma Sismo Sentido para conocer los efectos percibidos en diferentes municipios.

SGC explica cómo se mide la intensidad

La magnitud y la intensidad de un sismo son conceptos diferentes. Un mismo evento tiene una magnitud determinada, pero puede presentar distintas intensidades dependiendo del lugar y de los efectos observados.

Según el SGC, los ciudadanos pueden indicar mediante Sismo Sentido dónde percibieron el movimiento y qué ocurrió a su alrededor, como vibración de puertas y ventanas, desplazamiento de objetos o posibles daños. Con esos datos, la entidad estima la intensidad en diferentes lugares.

Por ahora, el dato instrumental conocido para el evento de la madrugada establece una magnitud de 3,3, profundidad de 44 kilómetros y ubicación en Buenaventura, Valle del Cauca.

Las personas que hayan sentido el movimiento pueden reportarlo en la plataforma Sismo Sentido del SGC para contribuir con la información sobre cómo fue percibido el temblor en distintos puntos del país.

(Vea también: Dan a conocer zonas de Colombia con mayor riesgo de terremoto; SGC habló de varios departamentos)

El movimiento ocurrió a la 1:17 a. m., hora local, y tuvo como referencia Istmina, Chocó. El organismo estableció una profundidad de 42 kilómetros para el evento.

La sacudida se presentó durante la madrugada y fue percibida en diferentes zonas del país, especialmente en municipios del Valle del Cauca y el Eje Cafetero, según los reportes ciudadanos recibidos por el SGC.

A través de la plataforma Sismo Sentido, habitantes de distintas regiones contaron cómo percibieron el movimiento. Algunos usuarios señalaron que la sacudida fue fuerte, mientras otros destacaron que tuvo una duración corta.

El SGC mantiene habilitado el sistema para que las personas que sintieron el temblor puedan reportar su experiencia y aportar información sobre la percepción del movimiento en los diferentes lugares.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-18, 01:17 hora local Magnitud 4.6, profundidad 42 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/DRvYNk0jkm

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La entidad, en el informa preliminar había establecido una magnitud de 4,5 y señalado una profundidad superficial para el evento. Posteriormente, en el Boletín Actualizado 1, el organismo ajustó los parámetros a magnitud 4,6 y una profundidad de 42 kilómetros.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Preliminar, 2026-09-18, 01:17 hora local Magnitud 4.5. Profundidad superficial ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/3NQXLvlPC7

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Estos nuevos magistrados asumen una doble responsabilidad. No solo tendrán a su cargo los procesos penales de mayor relevancia en el ámbito nacional, sino que además deben enfrentar la tarea de transformar la dinámica interna que dejaron sus predecesores. La anterior generación estuvo compuesta por la magistrada Cristina Lombana y los magistrados César Reyes, Héctor Alarcón, Marco Antonio Rueda y Francisco Farfán. Este grupo, que comenzó sus funciones en 2018, formó parte de la primera generación de magistrados de Instrucción en la Corte Suprema de Justicia, una instancia nacida luego de una serie de escándalos de corrupción política en el país.

El origen de la Sala Especial de Instrucción se remonta directamente a uno de los casos más emblemáticos de los últimos gobiernos: el proceso contra el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. El caso, conocido como Agro Ingreso Seguro (AIS), fue juzgado por la Sala Penal de la Corte Suprema, que en 2014 condenó al exfuncionario a más de 17 años de cárcel. En ese momento existía un vacío legal, pues los funcionarios llamados aforados —aquellos con fuero especial que solo pueden ser juzgados por el máximo tribunal— no tenían garantizado el derecho a una segunda instancia. La creación de la Sala Especial de Instrucción, junto a otra sala, fue parte de una respuesta institucional ante este tipo de irregularidades, buscando garantizar procesos más justos y transparentes.

La labor de los nuevos magistrados abarca tanto el juzgamiento de figuras de alto perfil como la transformación de las dinámicas y reglas internas que predominaron en los últimos ocho años. De acuerdo con la información del artículo, se espera que logren mantener la independencia judicial y fortalezcan la confianza en el sistema, evitando repetir errores del pasado y afrontando los desafíos que surgen en estos escenarios de poder y justicia.

¿Quiénes son los nuevos magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema?

La Sala Plena eligió como nuevos magistrados a Andrea Nataly Bermúdez Sánchez, Patricia del Socorro Hernández Zambrano, Javier Fernando Fonseca Alvarado, Susana Quiroz Hernández y Adriana Cecilia Alarcón Gallego. Ellos asumen a partir del 8 de octubre y se encargarán de los casos judiciales de mayor importancia en el país.

¿Qué cambios se esperan en la Sala Especial de Instrucción con la llegada de los nuevos magistrados?

De ellos se espera no solo la investigación y desarrollo de procesos judiciales contra los más poderosos, sino también un cambio en la dinámica interna de la sala, buscando mejorar los procedimientos y fortalecer la independencia, en contraste con la gestión de los últimos ocho años, según el contexto presentado por la Corte Suprema de Justicia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El movimiento ocurrió a las 10:55 p. m., hora local, y tuvo una magnitud de 3,2. El organismo reportó además una profundidad superficial para este evento.

El SGC ubicó el sismo en el océano Pacífico, aunque el reporte inicial no señala un municipio colombiano como epicentro debido a que el evento ocurrió en zona marítima.

Este movimiento se suma a los diferentes eventos sísmicos registrados durante la jornada en Colombia y sus alrededores. Durante este jueves, el SGC también informó de sismos en sectores como Istmina y Sipí, en Chocó, además de otros movimientos en el océano Pacífico.

Usuarios que percibieron el movimiento compartieron sus reacciones en redes sociales. Uno de ellos contó que se encontraba en su vivienda cuando notó el movimiento de algunos objetos. “Estaba en la sala y el televisor se movió”, relató un ciudadano al referirse al momento en que sintió el sismo.

Otro usuario confirmó que el movimiento también fue perceptible en la capital del Valle del Cauca: “En Cali, lo sentí”.

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¿Dónde se puede reportar si sintió el sismo?

El Servicio Geológico Colombiano dispone de la plataforma Sismo Sentido para que las personas informen si percibieron un movimiento telúrico.

Los reportes ciudadanos permiten conocer cómo fue percibido el sismo en diferentes lugares y aportan información para establecer su intensidad. Esta medida es diferente de la magnitud, que corresponde al tamaño del evento sísmico.

(Vea también: Sismo de magnitud 4,6 sacudió Sipí, Chocó: se sintió en Cali, Yumbo, Pereira, Armenia y Manizales)

El evento sísmico ocurrió a las 9:44 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 37 kilómetros. El epicentro fue ubicado en Istmina,Chocó, de acuerdo con la información entregada por el organismo.

Aunque se trató de un movimiento de magnitud moderada, usuarios de redes sociales reportaron haberlo percibido con fuerza en diferentes sectores del Valle del Cauca, principalmente en Cali.

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Así reportaron el temblor en Cali y Tuluá

Las primeras reacciones apuntaron a que el movimiento fue percibido en distintos puntos de Cali. Algunos usuarios describieron el sismo como fuerte y de corta duración.

“Se sintió durísimo en Cali”, escribió una persona al comentar el reporte del SGC. Otro usuario señaló que lo sintió en Tuluá, mientras que alguien más describió el movimiento como “un remesón fuerte y muy corto” en el sur de Cali.

Entre los comentarios también apareció una referencia al fuerte sismo del pasado 10 de agosto. “Se sintió durísimo ese temblor en Cali, el más fuerte desde el 10 de agosto”, manifestó otro usuario.

“Nos volvimos Chile”, escribió otra persona en medio de las reacciones que dejó el movimiento telúrico.

Estos testimonios corresponden a reportes ciudadanos sobre la percepción del sismo y no sustituyen la medición oficial de intensidad del SGC. La entidad dispone de la plataforma Sismo Sentido, donde las personas pueden informar cómo percibieron un evento y en qué lugar se encontraban.

(Vea también: Presidente De la Espriella lidera consejo de seguridad en La Guajira y anuncia nuevas medidas para la región Caribe)

El primer mandatario de los colombianos presidirá un consejo de seguridad en La Heroica y además se reunirá con los alcaldes del departamento de Bolívar y el gobernador Yamil Arana como parte de su agenda ‘El milagro de las regiones’.

Los dos eventos tendrán lugar en la Base Naval, en el barrio Bocagrande, y el Palacio de La Proclamación, en el centro histórico.

Entre las medidas, que fueron decretadas previo a la visita presidencial, se encuentran la prohibición del sobrevuelo de drones desde las 6:00 de la mañana, y la Ley Seca a un (01) kilómetro a la redonda de la Base Naval y el Palacio de la Proclamación. La ley seca también regirá desde las 6:00 de la mañana y finalizará al término del evento, que se estima al mediodía.

Además, en la capital de Bolívar se restringió la movilidad en varias calles del centro histórico para garantizar el desplazamiento de la caravana presidencial. De acuerdo al decreto, se restringirá la circulación vehicular entre las 06:00 y las 12:00 horas en los siguientes tramos viales:

* Carrera 02, entre Calle 36 y Calle 33.

* Calle Baloco.

* Calle de La Inquisición.

* Calle de los Santos de Piedra.

* Calle Nuestra Señora del Landrinal.

* Calle Vélez Daníes.

* Calle Nuestra Señora del Río.

* Calle Cochera del Gobernador.

* Calle del Arzobispado.

* Calle de Santa Teresa.

* Calle Román.

En Cartagena también fue declarada la alerta Amarilla en la red hospitalaria del Distrito.

(Vea también: Destapan hipótesis sobre crimen de niña encontrada en alcantarilla; hay foto del capturado)

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció inicialmente que la menor murió por asfixia y clasificó el caso como una muerte violenta de tipo homicidio. El dictamen fue entregado a la Fiscalía y hace parte de los elementos que ahora son analizados dentro de la investigación.

El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, explicó a Noticias Caracol que el cuerpo de la niña fue sometido al correspondiente abordaje forense. Aunque ya existe una conclusión preliminar sobre la causa de muerte, todavía quedan estudios pendientes para establecer con mayor precisión qué ocurrió.

Entre los hallazgos conocidos hasta ahora aparecen moretones en el cuerpo de la menor, mientras los especialistas continúan con estudios histopatológicos. Además, por petición de la Fiscalía, se adelantan análisis para determinar si Ana Lucía sufrió algún tipo de agresión sexual antes de morir.

#Bogotá | Las autoridades hicieron efectiva la captura de José Rojas Larez, un ciudadano venezolano señalado como el presunto responsable del asesinato de la niña Ana Lucía González Mendoza, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una alcantarilla en el sur de la ciudad.

Siga la señal… pic.twitter.com/Tr71b51ZJG

— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 17, 2026

¿Quién era Ana Lucía González?

Ana Lucía González era de nacionalidad venezolana y se encontraba en Colombia durante sus vacaciones escolares. La menor había viajado para visitar a su hermana mayor y cursaba cuarto de primaria.

La desaparición fue reportada el lunes 14 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca, luego de una situación ocurrida en la vivienda donde se encontraba la niña. Las autoridades activaron el mecanismo de búsqueda urgente y comenzaron a revisar cámaras de seguridad para establecer sus últimos movimientos.

Un día después, el cuerpo de una menor fue encontrado dentro de una alcantarilla ubicada en el barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La Policía, el CTI de la Fiscalía y Bomberos acudieron al sitio para recuperar el cuerpo y trasladarlo a Medicina Legal.

Identidad del presunto responsable del crimen de Ana Lucía González

La investigación llevó a las autoridades hasta José Rojas Lárez, ciudadano venezolano de 29 años y pareja de la hermana de Ana Lucía. El hombre fue capturado por el CTI en Bogotá y quedó a disposición de la Fiscalía.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, las autoridades reconstruyeron parte del recorrido mediante cámaras de seguridad. Las imágenes habrían permitido establecer que la menor salió de Mosquera en una motocicleta junto al hombre que ahora es señalado como presunto responsable.

La Fiscalía prepara las audiencias de legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento. El detenido podría enfrentar cargos relacionados con la muerte de la niña y con delitos sexuales, aunque será la investigación y el proceso judicial los que determinen su responsabilidad.

Mientras avanzan esas diligencias, Medicina Legal mantiene los análisis sobre el cuerpo de Ana Lucía. Los resultados pendientes serán relevantes para establecer si existieron otras agresiones y precisar las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

De acuerdo con lo manifestado por el presidente en ese encuentro, la revisión no implica la eliminación de la consulta previa, sino la adopción de mecanismos para que las comunidades indígenas participen activamente desde las primeras etapas de proyectos estratégicos en regiones como la Amazonía, el Pacífico, La Guajira, la Orinoquía y las zonas fronterizas. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha expedido una reglamentación general que concrete de forma definitiva los cambios anunciados. Como reportó Asuntos Legales, el Gobierno aún evalúa las modificaciones, pero ninguna ha sido implementada oficialmente.

La consulta previa, según el Ministerio del Interior, constituye un derecho fundamental para que los grupos étnicos sean escuchados respecto a proyectos o medidas que puedan afectarlos directamente, garantizando así la protección de su integridad cultural, social, económica y territorial. Su base legal principal es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incorporado al ordenamiento jurídico colombiano por la Ley 21 de 1991. Este convenio establece la obligación de consultar a los pueblos interesados sobre cualquier medida susceptible de afectarlos directamente, aplicando principios de buena fe, razonabilidad y proporcionalidad, como ha precisado la Corte Constitucional.

La existencia de una comunidad no es, por sí sola, motivo suficiente para iniciar la consulta previa. Se requiere determinar la existencia de una afectación directa, entendida como el impacto, positivo o negativo, sobre las condiciones fundamentales de las comunidades. Además, el derecho a la consulta previa no implica la posibilidad de veto general sobre proyectos del Estado: si no hay acuerdo tras el proceso, la autoridad puede decidir, siempre que respete estándares y salvaguardas constitucionales.

En las últimas semanas, el Ejecutivo también propuso que los procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental avancen de manera paralela, con el fin de evitar trabas administrativas. Adicionalmente, surgió una propuesta para permitir el avance de obras públicas esenciales en municipios afectados por el reciente terremoto, incluso sin consulta previa, en casos excepcionales y bajo control de criterios de emergencia. Ambas propuestas se encuentran en etapa de análisis y no constituyen reglas definitivas de aplicación general.

Otro punto anunciado por De La Espriella es el fortalecimiento del control sobre el dinero destinado a los pueblos indígenas, señalando que en muchas ocasiones esos recursos no alcanzan a las comunidades. Sin embargo, no se presentaron cifras ni datos oficiales que detallen la magnitud o frecuencia de ese problema, de acuerdo con la información divulgada tras el encuentro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la consulta previa y por qué es un derecho fundamental para los pueblos indígenas en Colombia?

La consulta previa es un mecanismo de participación que exige consultar a los grupos étnicos sobre decisiones estatales o proyectos que puedan afectarlos directamente, con fundamento en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley 21 de 1991. Busca proteger la integridad cultural, social, económica y territorial de los pueblos indígenas y evitar que otras instancias vulneren sus derechos sin su consentimiento informado.

¿Qué implicaciones tiene la revisión de la consulta previa anunciada por el presidente De La Espriella?

La revisión anunciada por el presidente Abelardo De La Espriella implica la evaluación de los procedimientos actuales para evitar abusos y asegurar que la consulta previa no sea utilizada como negocio por terceros. Por ahora, no existe una reglamentación definitiva que modifique el proceso; cualquier cambio dependerá de las futuras medidas y de si estas afectan derechos fundamentales establecidos en el marco legal y constitucional colombiano.

La responsabilidad de liderar esta disminución del aparato estatal recayó directamente en el vicepresidente José Manuel Restrepo. Restrepo, quien recibió nuevas funciones por el decreto 1373 de 2026, tiene como meta convertir a Colombia en un país “más eficiente, ágil y productivo”. Esta visión fue reafirmada durante una reunión el miércoles en Barranquilla, donde Restrepo informó al presidente sobre el avance en los objetivos trazados, evidenciando la importancia estratégica de este seguimiento permanente.

Por otra parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, desempeña un papel esencial en este proceso al ser el encargado de cuantificar el desarrollo y los resultados de esta transformación. Su gestión permitirá medir, con cifras concretas, el impacto y la viabilidad de la reducción estatal y la simplificación de procesos.

Previo al encuentro en la capital del Atlántico, hubo una jornada preparatoria significativa. Apenas un día antes, el vicepresidente Restrepo y representantes de 10 ministerios se reunieron para estructurar lo que denominaron la “misión crecer”. Esta iniciativa tiene como uno de sus principales ejes la simplificación de normas y trámites, una consecuencia directa de las directrices del presidente De la Espriella.

En este contexto de reformas, la colaboración interinstitucional y el liderazgo de figuras como Restrepo y Gómez se consideran piezas clave para materializar una transformación que, si bien toma tiempo, tiene como norte claro el bienestar ciudadano y la eficiencia estatal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la “misión crecer” en el plan de reducción estatal de Colombia?

La “misión crecer” es una iniciativa elaborada por el vicepresidente José Manuel Restrepo en conjunto con 10 ministerios, cuyo objetivo principal es la simplificación de normas y trámites administrativos. Su importancia radica en que establece un eje operacional para lograr que el Estado colombiano sea más eficiente y menos burocrático, siguiendo la dirección establecida por el presidente Abelardo de la Espriella.

¿Quiénes son los responsables clave del plan de simplificación del Estado en Colombia?

Según la información entregada, el vicepresidente José Manuel Restrepo encabeza la reducción del tamaño estatal, apoyado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien se encarga de valorar cuantitativamente el proceso. Ambos, respaldados por el presidente De la Espriella, conforman el núcleo de funcionarios responsables de impulsar y desarrollar estas reformas administrativas.

La propuesta nació en el Congreso, presentada por el senador Enrique Gómez, miembro del partido Salvación Nacional. Gómez sostuvo, en declaraciones citadas el 17 de septiembre, que su partido radicó “dos proposiciones determinantes al Presupuesto 2027”. Explicó que de ser aprobadas, el financiamiento se desviaría del “funcionamiento del esperpento de la JEP” al Consejo Superior de la Judicatura, recalcando que esta redistribución no tendría “costo adicional para el país” y sí representaría un impacto significativo para la ciudadanía. Gómez justificó el recorte indicando que la JEP ha costado “cuatro billones” y sus resultados son “desastrosos, lamentables”, llegando a calificarla como “la jurisdicción de la impunidad”. Agregó que la justicia ordinaria arrastra un “rezago” y está desbordada, por lo que considera necesario fortalecerla con estos recursos.

El apoyo presidencial quedó consignado en un mensaje en la red social X (antes Twitter), donde el presidente de la Espriella compartió la frase: “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”, en respuesta directa a la propuesta de Gómez.

Este debate en torno a la asignación presupuestal ocurre en un contexto cada vez más tenso para la justicia colombiana. Tanto la JEP como otras instituciones, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, han advertido que el presupuesto proyectado para el año siguiente es insuficiente. Por ejemplo, el magistrado Alejandro Ramelli presentó al Congreso un informe en el que señala que la JEP requeriría más de 84 mil millones de pesos adicionales para cubrir sus funciones en 2027. Ramelli argumentó que las tareas de la JEP incluyen, además de emitir fallos, otras seis funciones relevantes como la representación de víctimas, asesorías jurídicas, atención psicosocial y la asignación de esquemas de protección, lo que justifica su necesidad de más recursos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué proponen recortar el presupuesto de la JEP y trasladarlo a la justicia ordinaria?

La propuesta busca quitarle 100 mil millones de pesos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y entregarlos al Consejo Superior de la Judicatura, es decir, a la justicia ordinaria. El senador Enrique Gómez argumenta que la JEP ha recibido mucho financiamiento, pero sus resultados han sido “desastrosos”, y considera que fortalecer la justicia ordinaria es una “necesidad sentida” ante su rezago y la sobrecarga de casos.

¿Cuáles son las funciones adicionales de la Jurisdicción Especial para la Paz?

Según el magistrado Alejandro Ramelli, la JEP no solo emite fallos judiciales sino que también cumple otras seis funciones, como la representación de víctimas, brindar asesoría jurídica, ofrecer atención psicosocial y asignar esquemas de protección. Estas tareas son parte del trabajo fundamental que justifican su petición de contar con un presupuesto mayor.

Estos alegatos representan la última oportunidad para exponer razones jurídicas antes de la decisión final del caso. En su escrito, Padilla expone dudas en torno al cumplimiento de los requisitos exigidos al candidato, en particular cuestiona la experiencia académica en educación superior, una presunta inhabilidad para ejercer el cargo y el procedimiento mediante el cual se realizó la votación.

La presentación de esta documentación sucede luego de que la Sección Quinta, bajo la dirección de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, optara por resolver el caso mediante sentencia anticipada, una figura que agiliza el proceso ya que omite las audiencias inicial y de juzgamiento. Según el reporte de EL PILÓN del 8 de septiembre, las partes tuvieron 10 días para entregar por escrito sus argumentos finales, y tras este plazo, el Consejo de Estado deberá decidir si se mantiene la elección o si prosperan las demandas presentadas.

Uno de los puntos centrales del reclamo se refiere a la experiencia docente requerida. Padilla considera que Echavarría no contaba con los cinco años de experiencia académica en educación superior exigidos por el cargo, ya que la experiencia en la Corporación Técnica UPARSISTEM no podía considerarse válida al tratarse de una institución de educación para el trabajo y desarrollo humano. Este planteamiento ya había sido analizado de forma preliminar cuando la Sección Quinta suspendió provisionalmente el Acuerdo 011, certificando que la UPC solo avaló 4 años, 10 meses y 26 días para este requisito.

Padilla también señala una presunta inhabilidad derivada de la participación previa de Echavarría como representante de los docentes ante el Consejo Superior Universitario, función que cumplió hasta diciembre de 2025, antes de su elección en marzo de 2026; a esto suma críticas sobre la participación de Marlon José Bastidas Barranco en la sesión de elección, considerado como posible irregularidad. A pesar de estos señalamientos, la suspensión provisional del nombramiento permanece mientras se emite el fallo definitivo, que será el que defina si Guillermo Andrés Echavarría Gil permanece o no en la rectoría de la UPC.

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¿Cuáles son los principales argumentos jurídicos que cuestionan la elección del rector de la UPC?

De acuerdo con los documentos presentados, los principales argumentos jurídicos involucran el presunto incumplimiento del requisito de experiencia docente en educación superior, un posible caso de inhabilidad por desempeño previo de funciones directivas en el Consejo Superior Universitario y cuestionamientos sobre la validez del voto de un representante docente en la elección. Todas estas razones fueron incluidas en los alegatos entregados ante la Sección Quinta del Consejo de Estado.

¿Qué institución es la encargada de decidir la legalidad de la designación del rector en la UPC?

La Sección Quinta del Consejo de Estado es la institución responsable de tomar la decisión definitiva sobre la legalidad de la designación de Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar, según lo indicado por EL PILÓN. Este organismo evaluará tanto las denuncias presentadas como los descargos para emitir el fallo correspondiente.

El Gobierno anunció más de $62.000 millones para mejorar el acceso al agua potable, el alcantarillado y la vivienda, de acuerdo con lo detallado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Dentro de este paquete, se destacan $7.500 millones destinados al acceso inmediato de agua potable: $4.000 millones para abastecimiento esencial, $2.000 millones para Uribia y la Alta Guajira, $500 millones para estudios en Maicao y $1.000 millones enfocados en saneamiento básico. Para Riohacha, se asignaron $22.000 millones al proyecto de drenaje pluvial, que requiere a su vez una contrapartida distrital de $7.500 millones.

En materia de vivienda, el boletín de MinVivienda señala intervenciones en Uribia, Riohacha y San Juan del Cesar, pero no desglosa los valores exactos de cada acción. En contraste, para Fonseca, el ministerio confirmó la asignación de $22.000 millones para terminar la Ciudadela de Paz Bertulfo Álvarez, obra que comprende 200 viviendas para firmantes de paz, de las cuales 20 ya están concluidas. Además, se contempla la entrega de 200 viviendas en Uribia, afectadas por la ola invernal de 2010-2011, y la ejecución de 1.000 mejoramientos de vivienda en Riohacha y San Juan del Cesar, según MinVivienda.

Otra inversión importante corresponde a $65.000 millones destinados a la primera fase de la vía Caracolí. Esta obra pretende mejorar la conexión del sur del departamento y facilitar el transporte de la producción agrícola. Sin embargo, quedan por precisar el tramo exacto, la fuente de financiamiento, la forma de ejecución y los plazos previstos.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció también un paquete de $10.498 millones para fortalecer servicios de salud en Riohacha, Dibulla y Manaure, así como la reactivación para el Hospital de Alta Complejidad, planeado con 100 camas. Además, propuso un mecanismo financiero para agilizar la operación del antiguo Proyecto Multipropósito Río Ranchería y la represa El Cercado, buscando irrigar más de 17.000 hectáreas y apoyar a 4.000 pequeños ganaderos.

En seguridad, tras el Consejo de Seguridad, se ordenó reforzar la Fuerza Pública y aumentar el control fronterizo, además de advertir a cabecillas como alias 'Mario' y 'Pinocho', sin especificar la cantidad de nuevos efectivos. Adicionalmente, la Presidencia solicitó revisión a la gestión del rector de la Universidad de La Guajira por presuntas irregularidades, trasladando la información a la Fiscalía General de la Nación, pero sin confirmar procesos judiciales.

La ejecución de estos anuncios dependerá de su traducción en actos administrativos, apropiaciones presupuestales y ejecución de obras, lo que permitirá medir el verdadero impacto de ‘El Milagro de las Regiones’ en La Guajira.

¿Cuáles son los proyectos priorizados por el Gobierno en La Guajira con la estrategia ‘El Milagro de las Regiones’?

El Gobierno enfocó la inversión en proyectos de agua potable, alcantarillado, vivienda, infraestructura vial y salud. Entre los más destacados figuran el acceso inmediato al agua en comunidades vulnerables, la finalización de viviendas en zonas como Fonseca y Uribia, el avance de mejoramientos de vivienda en Riohacha y San Juan del Cesar, y obras viales como la vía Caracolí. Además, se incluyen recursos para fortalecer servicios hospitalarios y la búsqueda de soluciones para irrigación agrícola a través del Proyecto Multipropósito Río Ranchería y la represa El Cercado.

¿Qué implica la instrucción de revisar la gestión del rector de la Universidad de La Guajira?

La instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, según los reportes, solicita al Ministerio de Educación examinar las actuaciones del rector Carlos Arturo Robles Julio, tras recibir denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas. La información fue remitida a la Fiscalía General de la Nación pero hasta el momento no se ha demostrado responsabilidad ni existe una apertura de proceso penal, enfocándose la instrucción en iniciar una revisión e investigación institucional.

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La conflagración inició en horas recientes y, tras cerca de cuatro horas de labores ininterrumpidas, los bomberos aún luchan por controlar completamente el fuego. Las condiciones meteorológicas, especialmente los fuertes vientos en la zona, han complicado significativamente el desarrollo de las labores de control. Estos vientos favorecen que el fuego avance con rapidez y dificultan el trabajo de las cuadrillas, que se ven obligadas a distribuirse y reorganizar sus esfuerzos de manera constante para evitar que el incendio se extienda por más áreas de Altos de Menga, según lo confirmado en los reportes oficiales.

El despliegue de la respuesta ha sido considerable. Según la información suministrada, alrededor de 140 unidades de emergencia permanecen activas en distintos frentes de trabajo para enfrentar la emergencia. En uno de los lugares donde se intenta controlar el avance de las llamas, más de 40 bomberos concentran sus esfuerzos, evidenciando la magnitud del operativo. Las labores se enfocan en la contención y en evitar que el fuego cruce hacia nuevas zonas, priorizando la protección de viviendas y de la infraestructura cercana.

Las autoridades, hasta el momento, no han dado por superado el evento. El incendio sigue bajo atención estricta de los organismos de socorro y de los equipos de emergencia, que han manifestado su compromiso de permanecer en la zona hasta controlar por completo la conflagración. Así, en medio de condiciones adversas, la prioridad de las entidades continúa siendo la seguridad de la comunidad de Altos de Menga y la mitigación de daños que pueda provocar el fuego.

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¿Cómo afecta el viento al control de incendios en Cali?

El viento es un factor crítico en el manejo de incendios, como se ha evidenciado en el caso de Altos de Menga, Cali. Su presencia puede hacer que las llamas se propaguen con mayor velocidad y en direcciones impredecibles, dificultando que los bomberos establezcan líneas efectivas de contención y obligando a adaptar constantemente las estrategias de respuesta.

¿Cuántos bomberos han participado en el operativo por el incendio en Altos de Menga?

De acuerdo con los reportes del Cuerpo de Bomberos de Cali, cerca de 140 unidades de emergencia han sido desplegadas para atender el incendio en Altos de Menga. En uno de los frentes más críticos, más de 40 bomberos trabajan directa y coordinadamente para controlar la conflagración.

Vecinos del sector, alarmados por la ráfaga de disparos, alertaron a las autoridades. Ante esta situación, miembros de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente al sitio, procediendo a acordonar el área con el fin de preservar cualquier evidencia que pueda servir en la investigación del caso. La labor policial fue complementada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, institución que asumió los procedimientos urgentes y realizó la inspección técnica del cadáver antes de remitirlo a las instalaciones de Medicina Legal para los análisis respectivos.

Las labores que adelanta el equipo de investigación incluyen la recolección de testimonios de quienes pudieran haber presenciado el crimen, así como la verificación de la existencia de cámaras de videovigilancia en el perímetro del barrio Nuevo Horizonte. De igual forma, las autoridades trabajan en reconstruir la ruta de escape que habrían seguido los perpetradores luego de cometer el atentado, con el objetivo de identificar y dar captura a los responsables.

Hasta este momento, ni la Policía ni la Fiscalía han revelado información sobre los posibles móviles que habrían originado este acto violento, que ha conmocionado a la comunidad del sur del Cesar. El proceso de investigación sigue abierto y el esclarecimiento del crimen depende del análisis de los elementos materiales encontrados y del avance en la recopilación de pruebas testimoniales y tecnológicas.

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¿Qué se sabe sobre los móviles del asesinato de Yesid Fierro en Aguachica?

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer ninguna hipótesis sobre los posibles móviles que habrían motivado el asesinato de Yesid Fierro. Tanto la Policía Nacional como la Fiscalía General de la Nación han señalado que la investigación se encuentra en curso y que no existe información oficial sobre las razones detrás de este hecho violento.

¿Cómo avanza la investigación del homicidio en el barrio Nuevo Horizonte, Aguachica?

La investigación está en proceso y contempla la recolección de testigos, el análisis de grabaciones de cámaras de videovigilancia y la reconstrucción de la ruta de escape de los asesinos. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional lideran estos procedimientos con el propósito de identificar y capturar a los responsables de lo ocurrido en el sur del Cesar.

De acuerdo con Henríquez, el objetivo central de esta medida es entregar mejores capacidades financieras a las Fuerzas Militares. Esta petición responde, principalmente, al recrudecimiento reciente de la violencia en varias regiones del país, donde diferentes grupos criminales han intensificado sus acciones, en un contexto que el presidente Abelardo de la Espriella ha puesto como prioridad nacional. El senador señaló que, si bien los sectores de Salud y Energía requieren una atención urgente por sus condiciones deficitarias, la seguridad no debe quedarse por fuera de las asignaciones presupuestales, ya que sostiene que “la seguridad es un valor fundante y sin seguridad es difícil conseguir otros valores y reformas estructurales”.

El Centro Democrático, con respaldo de toda su bancada, ya avanzó en la construcción de la nueva propuesta, con la expectativa de radicarla cuando el Congreso entre en la fase de ajustes presupuestales en sesiones posteriores. Henríquez enfatizó el sentido de responsabilidad de la iniciativa, asegurando que, aunque espera que el Gobierno la acoja y ejecute, de no ser así, al menos quedará la constancia de haber defendido la seguridad de los colombianos.

Esta propuesta del Centro Democrático no es aislada. La colectividad ya había solicitado una inyección adicional de COP 13 billones para el sistema de Salud, concretamente para mejorar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y ha buscado alternativas presupuestales que mitiguen los riesgos de un apagón en la Costa Caribe. Estas iniciativas cuentan con el apoyo de otros partidos como Cambio Radical y el Partido Conservador.

Los encuentros de la bancada uribista con varios ministros del gobierno de Abelardo de la Espriella han sido clave para el desarrollo y socialización de estas propuestas. Tras una reunión con la ministra Ana María Vesga, se conoció la petición para el sector Salud, y en defensa, se espera gestionar una cita similar con el ministro Jorge Mora para oficializar la solicitud y sumar el respaldo de otras colectividades.

¿Por qué el Centro Democrático propone aumentar el presupuesto de seguridad en Colombia?

La bancada del Centro Democrático argumenta que el aumento de COP 15 billones al presupuesto de seguridad busca fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares ante el avance de grupos criminales en distintas regiones. Según el senador Henríquez, garantizar la seguridad es esencial para avanzar en otros temas prioritarios y lograr reformas estructurales, visto que actualmente todos los sectores enfrentan déficits fiscales.

¿Cuáles son las otras propuestas presupuestales del Centro Democrático en el Congreso?

Además de la petición para aumentar los recursos de seguridad, el Centro Democrático promueve una inyección de COP 13 billones al sistema de Salud, destinada a la Unidad de Pago por Capitación (UPC). También ha presentado iniciativas para solucionar los posibles riesgos de apagón en la Costa Caribe, en alianza con partidos como Cambio Radical y el Partido Conservador.

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La historia comenzó hace dos años, cuando Rusmeiri González llegó a Colombia desde el estado de Zulia, en Venezuela. Esta decisión marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas, llena de desafíos y esperanzas. En medio de los cambios y la distancia, ‘Chana’ aprovechó sus vacaciones escolares –cursaba cuarto de primaria– para pedirle a su hermana que la llevara consigo a Bogotá. Con el deseo de conocer la capital, Ana viajó junto a Rusmeiri y el hijo de esta, un niño de apenas 2 años. Juntos se instalaron en un inquilinato de seis pisos, ubicado en el barrio Porvenir del Río, municipio de Mosquera, Cundinamarca.

Durante los tres meses que convivieron, la dinámica estuvo marcada por rutinas sencillas y llenas de afecto: Rusmeiri, con solo 24 años, cuidaba de los niños todo el día. Las jornadas empezaban con un desayuno preparado por ella, seguido de momentos de juego o de ver el programa favorito de Ana, ‘Las Chicas del Pop’. Estos recuerdos hoy se vuelven imborrables y cobran un valor aún más profundo tras la pérdida inesperada de la niña.

La investigación sobre la desaparición y el asesinato de Ana Lucía apunta a que los hechos ocurrieron de manera rápida, pero que, según Rusmeiri, tal vez pudieron evitarse. Las circunstancias en las que sucedió todo aún están bajo escrutinio de las autoridades. Mientras tanto, la familia afronta el doloroso proceso de hablar en pasado de un ser querido y exige justicia por Ana Lucía, quien trajo alegría durante su corta vida y cuyo caso deja a la comunidad estremecida.

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¿Cuál fue la causa de la muerte de Ana Lucía González Mendoza según Medicina Legal?

De acuerdo con el reporte preliminar de Medicina Legal, la causa de la muerte de Ana Lucía González Mendoza fue asfixia. Adicionalmente, las autoridades investigan si la menor fue víctima de abuso sexual, lo que está siendo evaluado como parte del proceso forense y judicial.

¿Qué detalles se conocen sobre la vida de Ana Lucía y su familia antes del trágico suceso?

Previo a la tragedia, Ana Lucía González Mendoza vivía con su hermana Rusmeiri y el hijo pequeño de esta en un inquilinato del barrio Porvenir del Río, en Mosquera, Cundinamarca. La niña estaba de vacaciones escolares, cursaba cuarto de primaria y disfrutaba actividades sencillas junto a su familia, como juegos y ver su programa favorito.

La propuesta está orientada a financiar la creación de más jueces y despachos judiciales, en respuesta a la elevada carga de procesos que enfrenta actualmente la justicia ordinaria. El Congreso deberá discutir si estos recursos serán destinados al Consejo Superior de la Judicatura, órgano encargado de administrar la Rama Judicial, con el fin de fortalecer la planta judicial mediante la creación de nuevos despachos y la formalización de encargos para responder a las necesidades del sistema.

Uno de los ejes de la argumentación, de acuerdo con los textos presentados, radica en cuestionar el costo total de la JEP. Los autores de la iniciativa calculan que esta jurisdicción ha costado cerca de $4 billones de pesos. Además, describen sus indicadores de gestión como “desastrosos” y se refieren a su funcionamiento como una “jurisdicción de impunidad”. Bajo ese panorama, consideran poco eficiente seguir financiando la JEP en los niveles actuales.

Por otra parte, la propuesta contrasta la situación de la justicia ordinaria, resaltando que actualmente enfrenta una carga aproximada de 2,2 millones de procesos. De acuerdo con lo expuesto, un refuerzo presupuestal ayudaría a ampliar la capacidad de la Rama Judicial y mejorar la atención en medio de la crisis del sistema de salud. Asimismo, el senador cuestiona la gestión del presidente Gustavo Petro en el manejo de estos temas.

Sin embargo, para que este traslado de $100.000 millones se concrete, la iniciativa requiere antes el aval del Ministerio de Hacienda y la posterior aprobación del pleno del Congreso de la República. Por ahora, se trata de una propuesta en trámite y no constituye un recorte aprobado al presupuesto de la JEP.

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¿En qué consiste la propuesta de trasladar presupuesto de la JEP a la Rama Judicial?

La propuesta impulsada por Enrique Gómez Martínez plantea reasignar $100.000 millones del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz al Consejo Superior de la Judicatura, para así financiar la creación de nuevos despachos y jueces en la justicia ordinaria. Se argumenta que esta medida fortalecería la capacidad de respuesta judicial frente a la alta carga de procesos que hoy enfrenta el sistema.

¿La propuesta de reducir recursos de la JEP ya fue aprobada en el Congreso?

No, hasta el momento la iniciativa solamente ha sido presentada y requiere el aval del Ministerio de Hacienda y la posterior discusión y votación en el pleno del Congreso de la República. No existe recorte aprobado al presupuesto de la JEP; se trata de un trámite en curso que debe superar varias etapas antes de convertirse en realidad.

La salida quedó formalizada mediante una comunicación diplomática del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional. En el documento, la Cancillería señaló que el Gobierno “ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy”. La Equal Rights Coalition se define oficialmente como un organismo intergubernamental dedicado a la protección de los derechos de las personas Lgbti y cuenta con 43 Estados miembros.

El cambio no es solamente una salida de membresía. Colombia también abandona la posición de liderazgo que ejercía dentro de este escenario junto con España. El país había asumido la copresidencia y, por esa razón, la Cancillería pidió que la decisión fuera informada a los Estados miembros, la Secretaría de la Coalición y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al mecanismo.

¿Qué hacía Colombia allí? La Coalición funciona como un espacio de coordinación entre gobiernos y organizaciones civiles para abordar asuntos relacionados con legislación, políticas públicas, diplomacia internacional, protección humanitaria y otros temas vinculados con la igualdad. La propia organización señala que sus grupos temáticos permiten el diálogo entre Estados, organizaciones internacionales y sociedad civil.

La Cancillería no explicó en la comunicación las razones que llevaron al Gobierno nacional a tomar la decisión ni detalló qué cambios habrá en la política exterior colombiana frente a los asuntos que se discutían dentro de la Coalición. El Ministerio sí expresó un reconocimiento al Gobierno de España y a las organizaciones de la sociedad civil de ambos países por el trabajo desarrollado durante la copresidencia compartida.

Esta situación se enmarca dentro de la constante actividad sísmica de Colombia, donde, según explicaciones previas del exdirector del SGC, Julio Fierro, resulta esencial construir una memoria colectiva y fomentar una cultura sobre lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa. Fierro subraya que no es posible anticipar la ocurrencia exacta de un sismo; por tanto, el aprendizaje, la preparación y la memoria sobre este tipo de eventos se convierten en herramientas fundamentales para la población.

El SGC atribuye la recurrencia de temblores en Colombia a su configuración geológica y tectónica. El país está ubicado en una zona de contacto de varias placas: la de Nazca, Sudamérica y Caribe. La mayor parte de la actividad sísmica se registra en la zona del Pacífico como resultado de la subducción —proceso en el que una placa tectónica se mueve debajo de otra— de la placa de Nazca bajo la Sudamericana, lo que también origina la fosa submarina del Pacífico y la cadena volcánica de los Andes. Otras zonas activas incluyen el área donde la placa Caribe se subduce bajo la Sudamericana y el “Nido Sísmico de Bucaramanga”, situado cerca de Los Santos, donde se produce el 60 % de los sismos nacionales.

En promedio, señala el SGC, el territorio colombiano experimenta cerca de 2.500 sismos mensuales. En los últimos 30 años, la Red Sismológica Nacional ha registrado aproximadamente 300.000 eventos sísmicos, reflejo de la alta actividad constante que caracteriza a Colombia.

¿Por qué ocurren tantos sismos en Colombia?

Colombia registra una alta actividad sísmica debido a su ubicación geológica. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, diferentes placas tectónicas interactúan en el territorio: Nazca, Sudamérica y Caribe, generando movimientos subterráneos frecuentes. Regiones como el Pacífico, el “Nido Sísmico de Bucaramanga” y zonas de subducción presentan mayor concentración de sismos.

¿Qué es la subducción y por qué es relevante para los sismos?

La subducción es un proceso geológico en el que una placa tectónica se desliza debajo de otra. Según datos del SGC, este fenómeno ocurre en la costa Pacífica, donde la placa de Nazca se introduce bajo la Sudamericana, provocando actividad sísmica y la formación de volcanes y fosas submarinas. Esta dinámica es clave para entender por qué tiembla tanto en Colombia.

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De acuerdo con Romero, la respuesta institucional se centra en coordinar esfuerzos con las empresas prestadoras de servicio público para revisar y ajustar los planes de contingencia. La funcionaria subrayó la importancia de abordar la emergencia de una manera organizada, mediante actividades conjuntas que permitan minimizar las consecuencias para las comunidades afectadas. En ese sentido, anunció que parte de la estrategia ante la actual coyuntura consiste en suministrar agua potable mediante carrotanques, garantizando que los habitantes de los municipios más perjudicados puedan acceder de forma temporal a este recurso fundamental.

En paralelo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indicó que durante el 17 de septiembre predominarían condiciones secas en el centro del Cesar. Sin embargo, el pronóstico mantenía la posibilidad de lluvias ligeras y esporádicas en el norte y sur del departamento en las horas siguientes. De acuerdo con este reporte oficial, Valledupar registró la temperatura máxima más alta de las últimas 24 horas, alcanzando los 39,2 grados Celsius, lo que da una idea de la intensidad del calor en la región.

Por otra parte, el Ideam continúa monitoreando los niveles bajos del río Magdalena, especialmente en los tramos comprendidos entre Gamarra–La Gloria y La Gloria–El Banco. Según la entidad, esta reducción en la cantidad de agua disponible limita la posibilidad de captar el recurso para los sistemas de acueducto, agravando el panorama de escasez y obligando a implementar medidas de adaptación y emergencia en los municipios afectados.

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¿Cuáles municipios del Cesar sufren desabastecimiento de agua por el fenómeno de El Niño?

De acuerdo con información de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, los municipios afectados por el desabastecimiento de agua en Cesar son Río de Oro, San Alberto, Aguachica, La Gloria, Astrea, Bosconia, El Copey y La Paz, además de áreas rurales de Agustín Codazzi y El Paso, principalmente debido a la temporada seca y las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño.

¿Cómo se está atendiendo la emergencia por falta de agua potable en el Cesar según las autoridades?

Según Petra Romero Navarro, las autoridades están trabajando de manera coordinada con las oficinas prestadoras del servicio público revisando los planes de contingencia y abasteciendo con carrotanques a los municipios más afectados, mientras se monitorean las condiciones climáticas y el estado de los recursos hídricos que reporta el Ideam.

Las reacciones de los ciudadanos no se hicieron esperar. A través de redes sociales circularon numerosos videos en los que se observa la respuesta inmediata de varias personas que salieron a la calle o evacuaron edificaciones al sentir el temblor. Por ejemplo, una grabación realizada desde la terraza de una vivienda en el barrio San Fernando, en Cali, muestra a residentes abandonando sus espacios tras el movimiento. De acuerdo con el registro publicado por Carmen A Sarmiento en la red social X —antes llamada Twitter—, algunos habitantes decidieron evacuar mientras otros permanecieron atentos a lo que ocurría.

El periodista deportivo Leonel Cerrudo, quien reside en la capital vallecaucana y habitualmente cubre al América de Cali, compartió otro video en el que se evidencia cómo varias personas, afectadas también por las altas temperaturas del día, abandonaron viviendas y establecimientos por precaución. Cerrudo expresó su preocupación señalando que "ya uno no puede dormir ni relajarse por miedo", describiendo el fuerte impacto emocional que el temblor dejó en su entorno inmediato, según se observa en la publicación de X.

No solo los peatones y residentes manifestaron su alarma; el Diario Occidente también reportó imágenes captadas desde vehículos, donde se aprecia la reacción de la ciudadanía en distintos puntos de la ciudad tras el evento sísmico. Según este medio, las evacuaciones y la alerta se vivieron en diferentes sectores de Cali luego de la sacudida registrada a media tarde.

Este temblor se presentó después de otros movimientos sísmicos que se reportaron durante la jornada. De acuerdo con la información disponible, el día comenzó con un primer temblor en Istmina, Chocó, lo que indica un aumento en la actividad sísmica en esta región del país, según los reportes oficiales del Servicio Geológico Colombiano.

¿Dónde fue el epicentro del temblor en Colombia el jueves 17 de septiembre de 2026?

El Servicio Geológico Colombiano reportó que el epicentro del sismo se localizó en Sipí, Chocó, a una profundidad de 37 kilómetros. Este punto fue el origen del movimiento que se sintió especialmente en regiones como Cali, Yumbo, Pereira, Armenia y Manizales.

¿Qué magnitud tuvo el temblor en Colombia reportado por el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con la información oficial del Servicio Geológico Colombiano, el temblor ocurrido la tarde del jueves 17 de septiembre de 2026 tuvo una magnitud de 4,6, considerándose de intensidad instrumental leve pese a la alarma que generó entre la ciudadanía de varios departamentos.

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El impacto directo recae sobre las sedes de Clínica Médicos, Clínica Valledupar, Clínica Alta Complejidad de Aguachica y Clínica Alta Complejidad San Juan Bautista. Dichas instituciones ya habían advertido sobre la inminente imposibilidad de mantener sus operaciones sin pagos oportunos, actualizaciones contractuales y autorizaciones ágiles para la atención a los pacientes. En el comunicado oficial, el grupo atribuyó la decisión a varias causas: la ausencia de contratos vigentes, la falta de autorizaciones para los servicios requeridos, la no conciliación de cartera y la demora en los pagos comprometidos, que, en palabras del grupo, no se sujetan a los procesos mensuales de radicación estipulados por el Gobierno Nacional.

La situación es particularmente grave en el caso de Coosalud, donde, de acuerdo con la notificación al agente interventor Edgar Felipe Molina Correa, existe una cartera de $16.410 millones, con el 70 % de esos recursos glosados (es decir, objetados o no reconocidos), principalmente por problemas con tarifas y falta de actualización en los sistemas de la EPS. El grupo expresa que, a pesar de los intentos de concertación y acuerdos sobre tarifas, la formalización de contratos sigue pendiente, generando más objeciones, falta de autorizaciones y retrasos en los pagos. Además, la deuda incluye servicios tanto anteriores como posteriores al proceso de intervención de la EPS.

La crisis institucional ha provocado movimientos como el cese de consultas externas por parte de Empresas Sociales del Estado (ESE), con el fin de destacar la insuficiencia de recursos y el riesgo de que los usuarios pierdan el acceso a consultas, procedimientos, cirugías y medicamentos. Mientras tanto, la Secretaría de Salud del Cesar insiste en convocar una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y los agentes de las EPS para definir acuerdos de pago y garantizar la sostenibilidad de la red prestadora.

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¿Por qué suspendió servicios el Grupo Clínica Médicos a afiliados de Famisanar, Coosalud, Asmet Salud y Dusakawi?

El Grupo Clínica Médicos suspendió la atención a los afiliados de estas EPS en el Cesar por la falta de contratos vigentes, retrasos en los pagos, falta de autorización oportuna de los servicios y la imposibilidad de conciliar las deudas acumuladas, lo que ha afectado su sostenibilidad operativa y financiera, según su comunicado.

¿Qué significa cartera glosada en el contexto de las deudas de las EPS con clínicas e IPS?

El término ‘cartera glosada’ hace referencia a los montos de deuda que han sido objetados o no reconocidos por las EPS; esto ocurre, generalmente, por diferencias en tarifas, problemas contractuales o falta de información. En el caso de Coosalud, el 70 % de la deuda con el Grupo Clínica Médicos corresponde a esta categoría, lo que complica aún más el pago y la conciliación de obligaciones.