La magnitud del accidente motivó el despliegue de varias ambulancias, que se dirigieron al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia médica al conductor de la motocicleta. Hasta el momento, la información preliminar manejada por medios locales señala que no existe confirmación sobre la afectación a otras personas más allá del motociclista involucrado; tampoco se ha suministrado un reporte oficial sobre el estado de salud del conductor, cuestión que mantiene a las autoridades y a los familiares a la espera de detalles más precisos.

El motivo exacto que desencadenó el choque entre la motocicleta y la buseta, así como las circunstancias previas a la colisión, siguen siendo materia de verificación por parte de los entes encargados. El siniestro, además de causar traumatismo en la movilidad de la zona, evidencia la preocupación latente sobre la seguridad vial en Ibagué. La falta de un comunicado oficial hasta ahora subraya la incertidumbre frente a la evolución del caso y la suerte del conductor involucrado.

El accidente refuerza la necesidad de prestar atención continua al tema de los siniestros viales en la capital tolimense. Se espera que en los próximos días las autoridades ofrezcan una versión más concreta sobre las causas del accidente y el estado del motociclista, aportando claridad sobre cómo ocurrió el incidente y si existieron otros afectados. Por el momento, la prioridad permanece en el seguimiento al estado de salud del motociclista accidentado y las investigaciones para esclarecer los hechos.

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¿Cuál es el estado de salud del motociclista involucrado en el accidente de Ibagué?

De acuerdo con la información proporcionada por los primeros reportes, aún no se ha entregado un parte oficial sobre el estado de salud del conductor de la motocicleta. Las autoridades no han emitido detalles adicionales que permitan conocer con certeza la condición actual de la persona involucrada en el siniestro vial.

¿Qué provocó el accidente entre la motocicleta y la buseta en el sur de Ibagué?

Hasta el momento, las circunstancias exactas que llevaron al choque entre la motocicleta y la buseta están bajo investigación. No se ha confirmado el motivo que originó el incidente, ya que las autoridades continúan verificando los hechos para establecer cómo terminó el motociclista debajo del vehículo de transporte público.

La implementación del Pico y Placa en Cali incluye una etapa pedagógica y una de control. Según publicaciones recientes de la Secretaría de Movilidad en redes sociales, desde el 1 de julio se realizará la etapa pedagógica para socializar la rotación y las nuevas normas, en tanto que los comparendos y sanciones económicas empezarán a aplicarse desde el 6 de julio. Se recalca la importancia de consultar diariamente la rotación antes de salir de casa, ya que el desconocimiento de la medida no exime de responsabilidad y las multas establecidas por infracción a la norma ascienden a 15 días de salario mínimo diario legal vigente (SMDLV). Además, el vehículo podría ser inmovilizado.

Existen grupos excepcionados de la medida, según la normatividad vigente divulgada por la Secretaría de Movilidad: motocicletas, vehículos de emergencia, oficiales, diplomáticos y consulares, así como aquellos destinados a personas con discapacidad, vehículos híbridos y eléctricos, entre otras categorías especiales que define el reglamento local. No obstante, para quienes requieran transitar durante los horarios de restricción, la Secretaría tramita alternativas como la llamada tasa por congestión, permitiendo así mayor flexibilidad bajo determinadas condiciones.

Con la continuidad de esta regulación, la Alcaldía de Cali reitera el llamado a la responsabilidad ciudadana y al cumplimiento de las disposiciones, recomendando informarse oportunamente sobre las excepciones y horarios específicos, lo cual puede consultarse en los canales oficiales de la dependencia.

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¿Cuáles son las excepciones del Pico y Placa en Cali?

La normativa de Cali contempla excepciones al Pico y Placa para ciertos vehículos, entre ellos motocicletas, autos oficiales, de emergencia, diplomáticos, consulares, vehículos a servicio de personas con discapacidad, además de híbridos y eléctricos, según información suministrada por la Secretaría de Movilidad.

¿De cuánto es la multa por infringir el Pico y Placa en Cali?

La Secretaría de Movilidad de Cali indica que quienes sean sorprendidos infringiendo el Pico y Placa deberán pagar una multa equivalente a 15 días de salario mínimo diario legal vigente (SMDLV), y además podrían enfrentar la inmovilización de su vehículo.

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Según información oficial, la emergencia se registró en un inmueble que operaba como una fábrica artesanal de pólvora en la vereda Salinas, donde como consecuencia de la detonación fallecieron dos personas.

Tras la inspección del lugar por parte de organismos de rescate y la Policía, las autoridades confirmaron el deceso de dos hombres con quemaduras en diferentes partes del cuerpo: John Freddy Muñoz Guerra, de 47 años de edad; e Iván Darío Bedoya Tamayo, de 60 años. Este último reconocido ampliamente por la comunidad como presidente de Obras Públicas y miembro de la Junta de Acción Comunal.

#Atención I Las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos personas tras la explosión de una polvorearia en la vereda Salinas del municipio de Caldas, Antioquia. Se investiga la situación sobre qué ocasionó la emergencia. pic.twitter.com/jESiVC7doo

— Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) November 10, 2026

Alejandra Castaño, secretaria de Infraestructura de esta localidad del sur del Valle de Aburrá, se refirió a las acciones desplegadas para atender la situación que no dejó otras personas heridas.

“Se atiende la situación, encontramos dos personas fallecidas. Se convoca al grupo de gestión del riesgo, Alcaldía Municipal, Bomberos, Policía y Tránsito. Se deja la situación en competencia de la Policía Nacional”, indicó la funcionaria.

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Ahora, serán las autoridades judiciales las que determinen las causas que derivaron en la explosión y las condiciones en las que allí se almacenaba este material explosivo.

Ya a finales de 2024 en esta misma vereda se había registrado una situación similar con una polvorería que dejó dos personas lesionadas y al menos ocho viviendas con afectaciones.

A través de su cuenta de X, el mandatario destacó la llegada de Murgas a la dirección del gremio y le deseó éxitos en la responsabilidad que asumirá. La dirigente se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo desde la fundación de la Andi, en 1944.

“Felicitaciones a Luz Stella Murgas, presidenta de la Andi. Le deseo muchos éxitos en esta importante responsabilidad. Colombia necesita un sector empresarial fuerte, que impulse la inversión, genere empleo y contribuya al crecimiento económico de nuestra Nación”, escribió De la Espriella.

Felicitaciones a @luzstellamurgas, presidenta de la ANDI.

Le deseo muchos éxitos en esta importante responsabilidad. Colombia necesita un sector empresarial fuerte, que impulse la inversión, genere empleo y contribuya al crecimiento económico de nuestra Nación.

Confío en que, trabajando juntos, el sector público y el privado podremos construir un país de mayores oportunidades y prosperidad para todos los colombianos.

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 10, 2026

En su pronunciamiento, el jefe de Estado también hizo énfasis en la necesidad de que el sector público y el privado trabajen de manera coordinada para impulsar el desarrollo económico del país.

“Confío en que, trabajando juntos, el sector público y el privado podremos construir un país de mayores oportunidades y prosperidad para todos los colombianos. ¡Firme por la Patria!”, agregó.

La nueva presidenta llega al cargo después de dirigir la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), organización que lideraba desde 2021. Es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario de esa misma institución.

Su elección se produjo luego de la salida de Bruce Mac Master, quien estuvo cerca de 13 años al frente de la Andi. Murgas fue seleccionada por la Junta de Dirección General del gremio, después de un proceso de evaluación de candidatos.

Entre los principales desafíos de su gestión estarán representar al empresariado colombiano, impulsar la inversión y la competitividad, promover el empleo formal y fortalecer los canales de diálogo con el Gobierno.

El mensaje de De la Espriella se suma a las primeras reacciones institucionales frente a este nombramiento, que marca un cambio histórico en uno de los gremios empresariales más importantes del país.

Las posiciones de Hincapié no solo se enfocaron en la oposición política local; también extendió sus críticas al Gobierno nacional y departamental. El representante cuestionó al presidente Abelardo De la Espriella y al ministro de Defensa, señalando que, luego del ataque ocurrido en Planadas, ninguno de los dos ha visitado el sur del departamento tras más de diez días de los hechos violentos. Además, puso bajo la lupa un supuesto recorte superior a 321.000 millones de pesos en el presupuesto departamental proyectado para 2027, apuntando a una deficiente atención a las emergencias provenientes de incendios forestales y la inseguridad.

Por otro lado, Adriana Matiz, gobernadora del Tolima, también se vio mencionada en el debate. Hincapié objetó el anuncio de 20 proyectos priorizados para ejecución en 2026, asegurando que, al indagar sobre los detalles, la Gobernación no tenía claridad en torno a su contenido y el Departamento Nacional de Planeación tampoco contaba con información sobre la procedencia de esas iniciativas. Este reclamo refleja un ambiente político tenso y el traslado del conflicto sobre la minería ilegal y la inseguridad hacia un enfrentamiento abierto entre sectores políticos. El contexto se amplió aún más durante la sesión, donde se discutió la difícil situación de los departamentos de Tolima, Antioquia y Santander, poniendo especial atención a la minería ilegal, sus consecuencias ambientales y la pérdida de control territorial en el sur tolimense. La convocatoria fue realizada por Miguel Ángel Barreto y cinco congresistas más, e incluyó a autoridades nacionales, organismos ambientales y entidades de seguridad, según lo documentado en la sesión.

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¿Cuál es el impacto de la minería ilegal en el sur del Tolima según el debate del Senado?

Durante el debate, se destacó que la minería ilegal ha generado una crisis de seguridad, un deterioro significativo de las condiciones sociales y la pérdida de control territorial en el sur del Tolima, según los señalamientos expuestos por Marco Hincapié y otros congresistas. Estas consecuencias han sido motivo de enfrentamiento político y preocupación por parte de diversas autoridades convocadas a la sesión.

¿Por qué hay enfrentamientos políticos en Tolima relacionados con la inseguridad y la asignación presupuestal?

El debate mostró que los enfrentamientos políticos en el Tolima derivan de las acusaciones de responsabilidad frente al avance de la inseguridad, la minería ilegal y los recortes presupuestales, con sectores como el barretismo y la actual administración departamental señalados por la oposición debido a la supuesta falta de gestión, claridad en proyectos y respuesta a las emergencias, evidenciando divisiones profundas entre los actores políticos de la región.

Ante esta situación, el Ministerio de Educación entregó un balance sobre la recuperación en estos primeros tres meses, indicando la destinación de COP 337 mil millones para priorizar la reconstrucción de 225 sedes educativas y 11 instituciones de educación superior. De acuerdo con el ministerio, estos recursos representan el primer avance en la recuperación de la infraestructura escolar. En consonancia, señalaron que ya se han intervenido cinco sedes en el departamento de Caldas y que han recibido apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el cual redireccionó USD 48 millones para priorizar la reconstrucción, especialmente en las zonas de Chocó y Risaralda.

El ministerio también informó sobre la implementación de asistencias técnicas en los territorios, basadas en el mecanismo de Obras por Impuestos para la Reconstrucción. Esta estrategia busca integrar al sector privado y sumar recursos y capacidades destinados a reconstruir la infraestructura dañada. En cuanto a las universidades públicas afectadas, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) recibió una habilitación temporal para intervenir en estas instituciones, mientras que se examinaron acciones para responder a los daños específicos en la Universidad Nacional de Colombia, en sus sedes de Manizales y Palmira.

No obstante, la Defensoría del Pueblo advirtió que persisten dificultades importantes para atender y recuperar a las comunidades afectadas, sobre todo por las barreras en el acceso al registro de damnificados. La entidad enfatizó que la falta de una ruta clara para nuevos registros o la corrección de inconsistencias puede dejar a familias sin acceso a ayudas. El subsidio de arrendamiento, fijado en COP 1.050.000 mensuales durante tres meses para los afectados, resulta insuficiente, dada la extensión de los plazos de reconstrucción y la escasez de vivienda adecuada, situación que ha forzado a algunas familias a retornar a zonas inseguras.

En el área educativa, la Defensoría denunció que no todos los estudiantes han podido regresar a clases presenciales ni cuentan con instalaciones seguras. Además, existen retrasos en la asignación de recursos y problemas en la implementación del Programa de Alimentación Escolar, siendo frecuentes los alimentos en mal estado y las entregas incompletas. Finalmente, resaltó la brecha financiera: de los COP 58,29 billones que se requieren para la recuperación, solamente COP 8,21 billones están asegurados, quedando una diferencia de COP 50,08 billones por financiar.

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¿Qué acciones ha tomado el gobierno para recuperar la educación tras el terremoto en Colombia?

El gobierno, mediante el Ministerio de Educación y con apoyo de entidades internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), ha priorizado la destinación de recursos para intervenir sedes educativas y universidades afectadas, ejecutando inversiones y articulando estrategias como Obras por Impuestos. Se han intervenido varias sedes y se avanzan gestiones para asegurar espacios seguros y restablecer el servicio educativo.

¿Cuál es la brecha financiera en la reconstrucción tras el terremoto según la Defensoría del Pueblo?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto requiere COP 58,29 billones, pero solo se han identificado COP 8,21 billones en recursos. Esto deja una brecha de COP 50,08 billones aún por financiar, lo que dificulta avanzar en la recuperación integral de infraestructura y atención a las comunidades.

En el primero de los casos, la víctima es Gellis Julieth Rambao Martínez, quien resultó gravemente herida a bala, mientras cumplía su turno en un supermercado del barrio Rebolo.

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La mujer estaba atendiendo en la caja, cuando un hombre ingresó al lugar con un arma oculta, caminó entre los estantes fingiendo ser un cliente y, después de ocho minutos dando vueltas, fue directo hacia la víctima y le disparó ahí mismo frente a los demás compradores y trabajadores.

El atacante alcanzó a huir en una moto, en la que lo esperaba un cómplice; sin embargo, las cámaras de seguridad del supermercado lo grabaron dentro del lugar y, gracias a estas imágenes, su rostro está siendo difundido por las autoridades para que la comunidad se una a su búsqueda y poder llevarlo ante la justicia.

El hombre es delgado, cabello negro, tez trigueña y, al momento del ataque, vestía un buzo azul claro, un jean oscuro y tenis negros. Llama la atención que, pese al grave hecho que cometió, nunca cubrió su rostro ni se preocupó por evadir las cámaras.

De acuerdo con lo reportado, la acción de Matador no solo se limitó a esa escena puntual capturada durante la operación militar. El caricaturista realizó una recopilación de otras ocasiones en las que, según él, el presidente De La Espriella ha hecho uso de vestimenta y elementos característicos de instituciones de seguridad del Estado y de las Fuerzas Militares. En su publicación, Matador resaltó con sarcasmo cómo la imagen del mandatario parece una “puesta en escena” que se repite con frecuencia, trayendo a colación ejemplos como el disfraz de escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), celador de conjunto, miembro del comando Jungla, agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y hasta piloto de la Fuerza Aérea. Para Matador, la más reciente prenda, la boina, le habría conferido un cierto aire al icónico personaje cinematográfico Rambo.

No obstante, la crítica del caricaturista fue más allá al finalizar su mensaje con una frase contundente que elevó el tono del debate: “En el fondo, lo que quiere es disfrazarse de hombre”. Esta declaración, citada en el reporte, se convirtió en el punto más álgido del comentario y en el aspecto que más eco provocó entre los usuarios de la red. Según se ha documentado, no es la primera vez que Matador y De La Espriella cruzan señalamientos en público; distintos episodios recientes muestran que sus enfrentamientos y la imagen pública del mandatario son objeto de análisis y controversia en las redes sociales, donde la opinión política y la sátira se entremezclan de forma constante.

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¿Por qué Matador criticó a Abelardo De La Espriella por su vestimenta?

Matador cuestionó a Abelardo De La Espriella porque, según el caricaturista, el mandatario utiliza de manera repetida prendas y elementos asociados a organismos de seguridad, lo que en su opinión es parte de una “puesta en escena”. A través de una frase sarcástica, Matador sugirió que detrás de esta actitud estaría un intento de proyectar cierta imagen personal, lo que generó debate en redes sociales.

¿Qué significa ESMAD y por qué se menciona en la crítica?

ESMAD es la sigla del Escuadrón Móvil Antidisturbios, una fuerza perteneciente a la Policía Nacional destinada a controlar el orden público durante protestas y disturbios. Matador mencionó al ESMAD como ejemplo de los diferentes personajes de seguridad en los que, según él, De La Espriella se ha "disfrazado", para enfatizar la reiteración de estas apariciones en su imagen pública.

Tercer Canal destacó que esta amenaza no debe ser vista como un hecho aislado. El medio subrayó que el episodio ocurre en un contexto donde otros medios de comunicación en Colombia han sido blanco de amenazas y alertas similares. En su pronunciamiento, Tercer Canal reafirmó públicamente su decisión de continuar con su labor informativa, pese a los intentos de intimidación. La denuncia se produce después de que Caracol Televisión experimentara la evacuación preventiva de sus instalaciones en Bogotá, tras recibir una alerta de posible amenaza, y Caracol Radio y RCN también se vieran envueltos en advertencias de la misma índole.

De acuerdo con información de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía fue alertado sobre un posible plan del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dirigido contra las sedes tanto de Caracol como de RCN. No obstante, la FLIP aclaró que, hasta el momento, no se ha encontrado ninguna relación directa entre esos planes y la llamada intimidatoria recibida por Tercer Canal.

Estos hechos han provocado reacciones de rechazo por parte de varias instituciones y organizaciones. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han expresado su preocupación y solicitaron que se adelanten las acciones de investigación necesarias. Así mismo, la FLIP pidió aplicar medidas de protección para los periodistas y trabajadores afectados mientras avanza el esclarecimiento de los hechos. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las intimidaciones y solicitó garantías para que el periodismo se ejerza de manera libre y segura. También la Embajada de Estados Unidos en Colombia manifestó respaldo y solidaridad con los medios implicados y sus equipos de trabajo. En medio de esta coyuntura, Tercer Canal agradeció el respaldo de la audiencia y recalcó su compromiso de seguir informando.

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¿Qué respondió la Fiscalía a la denuncia del Tercer Canal por amenazas?

Tercer Canal informó que, tras recibir la llamada intimidatoria, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, en la información divulgada no se detalla ninguna respuesta específica de la Fiscalía sobre el avance de las investigaciones o medidas adoptadas. El medio solo señaló que ha solicitado que las autoridades agilicen las indagaciones para identificar a los responsables.

¿Qué significa FLIP y cuál es su papel frente a las amenazas a medios en Colombia?

FLIP corresponde a la Fundación para la Libertad de Prensa. Su papel, como se menciona en el texto, es monitorear y divulgar alertas sobre amenazas a la prensa en Colombia, además de solicitar medidas de protección para los periodistas y trabajadores de medios afectados mientras se esclarecen estos hechos.

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A través de su cuenta de X, el funcionario destacó que Murgas se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de uno de los principales gremios empresariales del país. También aprovechó el mensaje para plantear algunas de las prioridades que, desde su cartera, esperan impulsar con el acompañamiento de las compañías.

“¡Felicitaciones a Luz Stella Murgas por su designación como nueva presidenta de la Andi! Su llegada marca un hito histórico al convertirse en la primera mujer en liderar este importante gremio empresarial”, escribió Gómez Amín.

En el mismo pronunciamiento, el ministro manifestó la disposición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para trabajar articuladamente con los empresarios en asuntos como la inversión, la competitividad, el empleo y el crecimiento económico.

“Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reiteramos nuestra disposición de trabajar articuladamente con el sector empresarial para impulsar la inversión, la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento de Colombia”, agregó.

El funcionario cerró su publicación con una frase relacionada con el lema del Gobierno: “¡La Patria Milagro se construye entre todos!”.

¡Felicitaciones a @luzstellamurgas por su designación como nueva presidenta de la @ANDI_Colombia!

Su llegada marca un hito histórico al convertirse en la primera mujer en liderar este importante gremio empresarial.

Desde el @MincomercioCo reiteramos nuestra disposición de trabajar articuladamente con el sector empresarial para impulsar la inversión, la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento de Colombia.

¡La Patria Milagro se construye entre todos!

— Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) November 10, 2026

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Luz Stella Murgas tendrá varios retos al frente de la Andi

La nueva presidenta fue elegida por la Junta de Dirección General de la Andi, luego de que la comisión encargada del proceso de selección presentara su informe sobre los candidatos. Con su llegada, sucederá a Bruce Mac Master, quien estuvo al frente de la organización durante cerca de 13 años.

Murgas se desempeñaba como presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), cargo que ocupaba desde 2021. Es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario de esa institución. Además, cuenta con experiencia en el sector minero-energético, donde trabajó en empresas como Ecopetrol y en la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Entre los desafíos que asumirá está fortalecer la competitividad y la productividad del país, promover la inversión y contribuir a la creación de empleo formal. También tendrá la responsabilidad de representar los intereses del empresariado y defender principios como la libertad de empresa, la institucionalidad y el desarrollo sostenible.

Otro de los puntos centrales de su gestión será mantener los canales de diálogo entre el sector público y el privado, en un escenario en el que la relación entre el Gobierno y los empresarios será clave para discutir las condiciones económicas y las oportunidades de crecimiento en Colombia.

El foro fue escenario de un análisis profundo sobre el comportamiento de la infraestructura caleña frente a la emergencia, la confusión que enfrentan los ciudadanos acerca de la habitabilidad de los edificios y la urgencia de establecer rutas claras de ingeniería que protejan vidas ante futuros sismos. Uno de los hallazgos más inquietantes surgió durante la presentación de Sergio Castañeda, investigador en riesgo sísmico, quien reveló que la red de acelerógrafos de Cali, esencial para medir la sacudida del terreno y orientar planes de prevención, llevaba tres años sin operar cuando ocurrió el sismo. De acuerdo con lo expuesto, esta red se instaló en 2003 tras el estudio de microzonificación sísmica de 2002 junto a Ingeominas, y aunque registró eventos como el sismo de Pizarro en 2004, la falta de controles y el descuido institucional provocaron que Cali no contara con datos científicos clave en la reciente emergencia.

Los acelerógrafos, tal como explicó Castañeda, no solo miden la aceleración del terreno, sino que permiten identificar las zonas de mayor riesgo. Pese a que la inactividad de la red no se debió a falta de recursos, la crítica fue directa a la administración municipal y se propuso no solo reactivar los equipos, sino aumentar su número.

En relación con la evaluación post-terremoto, Albert Ortiz, director de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Universidad del Valle, precisó que la asignación de stickers rojos en los inmuebles no significa una demolición inmediata, sino una alerta sobre posibles peligros, principalmente por elementos sueltos; los colapsos se concentraron en edificaciones antiguas con sistemas flexibles y construcción entre 1970 y 2000. Ortiz recalcó que la demolición debe ser el último recurso, optando primero por inspecciones y estudios rigurosos.

El experto internacional Méndez Galindo advirtió sobre la vulnerabilidad de edificios de varias décadas y enfatizó la importancia de evitar la inacción administrativa. Subrayó la necesidad de rehabilitar los inmuebles antiguos y robustecer sus estructuras, recordando experiencias como la de Turquía en 2023. Finalmente, el proceso de recuperación depende ahora de la acción conjunta de autoridades, copropiedades y propietarios, quienes deberán seguir rutas técnicas estrictas para preservar tanto la seguridad como el patrimonio caleño.

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¿Cuál es la importancia de los acelerógrafos para la prevención de desastres en Cali?

Los acelerógrafos son vitales para medir la aceleración real del terreno durante un sismo. Proporcionan información esencial para ingenieros y autoridades, permitiendo identificar las zonas de mayor sacudida y priorizar los estudios de vulnerabilidad y reforzamiento estructural de edificaciones. Así, su correcta operación facilita respuestas fundamentadas ante emergencias y mejora la prevención de desastres.

¿Qué significa recibir un sticker rojo en una edificación tras un terremoto?

La asignación de un sticker rojo en un inmueble indica riesgo para la integridad física de los ocupantes, pero no implica necesariamente un colapso inminente ni una orden de demolición inmediata. Muchas veces estas alertas se deben a la presencia de elementos no estructurales sueltos, por lo que requieren inspecciones detalladas y estudios de vulnerabilidad antes de considerar intervenciones drásticas.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP vinculó a nueve exintegrantes de la Armada Nacional y a dos exintegrantes de la Policía Nacional a un patrón de violencia en Montes de María y el Canal del Dique, en la región Caribe, donde 32 masacres tuvieron lugar entre 1999 y 2001. Según la investigación liderada por la magistrada María del Pilar Valencia García, a los comparecientes se les atribuye responsabilidad en 284 asesinatos y 107 casos de violencias basadas en género, violencia sexual y agresiones contra mujeres, niñas y población campesina, estigmatizada como colaboradora de las antiguas Farc.

La JEP determinó que las masacres no fueron hechos aislados. Por el contrario, hicieron parte de un entramado criminal donde existieron acuerdos, coordinación y colaboración entre paramilitares y ciertos miembros de la fuerza pública, quienes facilitaron desplazamientos, compartieron información y omitieron actuar frente a los crímenes. Incluso, los campesinos y sus formas de organización comunitaria fueron tomados como criterios para seleccionar víctimas, lo que llevó al vaciamiento territorial y al desplazamiento masivo de la población.

Se comprobó, además, que las violencias sexuales y de género no fueron conductas marginales, sino herramientas de castigo, humillación y control social, afectando de manera particular a mujeres, niñas y la comunidad LGBTIQ+. La responsabilidad individual también salpica a Gregorio García Raigosa, Jorge Tadeo Castañeda Garzón y Jaime Alberto Navarro Ferrero por hechos relacionados a las masacres de Capaca, El Salado y Macayepo.

La JEP ordenó la instalación de dos mesas técnicas: una para revisar la reparación a víctimas de violencia sexual y otra para la búsqueda e identificación digna de personas desaparecidas en el conflicto. Además, se activaron rutas de protección y reconocimiento para las mujeres buscadoras, quienes han sufrido amenazas y revictimizaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué responsabilidades les imputa la JEP a los exintegrantes de la fuerza pública por las masacres en Montes de María?

La Jurisdicción Especial para la Paz señaló a nueve exintegrantes de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional como máximos responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, específicamente por su rol en 32 masacres entre 1999 y 2001. De acuerdo con la investigación citada por la JEP, se les atribuye responsabilidad en 284 asesinatos y 107 casos de violencia sexual y de género, dentro de un entramado de colaboración con estructuras paramilitares.

¿En qué consistieron las violencias basadas en género documentadas por la JEP en el conflicto armado en Montes de María?

Según la JEP, las violencias basadas en género y reproductivas no fueron hechos menores ni accidentales; formaron parte de una estrategia sistemática para castigar y disciplinar a las comunidades. Las agresiones sexuales y otros actos de violencia sirvieron para transmitir terror, humillar y controlar socialmente a las víctimas, especialmente mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTIQ+.

De acuerdo con Tercer Canal, la intimidación directa ocurrió el 9 de noviembre, a través de una llamada telefónica en la que se advirtió explícitamente: "Les toca callarse a los del Tercer Canal, o nos los vamos a llevar a todos?". Esta declaración resalta el nivel de riesgo que enfrentan quienes trabajan en medios independientes y la persistencia de amenazas en el entorno mediático del país. Al referirse a la denuncia presentada ante la Fiscalía, Tercer Canal manifestó la urgencia de que se tomen medidas adecuadas para identificar a los responsables y proteger tanto la libertad de prensa como la integridad de los comunicadores.

El contexto de la amenaza coincide con una serie de incidentes similares que han afectado a otros medios de comunicación en los últimos días. Tercer Canal aseguró que el caso se suma a “actos intimidatorios contra diversos medios” y recordó la vulnerabilidad que afrontan los periodistas en Colombia. En fechas cercanas al incidente contra Tercer Canal, Caracol Radio reportó haber recibido alertas de las autoridades por la posibilidad de un atentado contra Caracol Televisión, la empresa radial y otros medios. Esto llevó a que la emisora implementara medidas de prevención en coordinación con organismos de seguridad responsables, atendiendo las recomendaciones oficiales para reducir el riesgo.

Según lo publicado, el incremento de amenazas a reporteros y empresas informativas evidencia una situación preocupante que requiere atención de parte de la institucionalidad y de los órganos de justicia. La cobertura y seguimiento de estos casos se pueden consultar en la sección Judicial del diario El Espectador, que profundiza sobre justicia, seguridad y derechos humanos en el país.

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¿Por qué el equipo de periodistas de Tercer Canal fue amenazado, según la denuncia pública?

Según la denuncia divulgada por Tercer Canal, la amenaza se materializó mediante una llamada donde se exigió que el medio "callara", lo que el portal considera parte de actos intimidatorios generalizados que enfrentan periodistas colombianos. Esta situación demuestra el alto nivel de riesgo al que están expuestos los equipos periodísticos por su labor informativa, de acuerdo con el comunicado oficial.

¿Qué medidas han tomado los medios de comunicación tras las amenazas recibidas?

De acuerdo con la información compartida, los medios afectados, como Tercer Canal y Caracol Televisión, han presentado denuncias ante la Fiscalía y han implementado medidas preventivas en coordinación con autoridades encargadas de la seguridad. Adicionalmente, han fortalecido su cooperación con instituciones para proteger a su personal y garantizar la continuidad de su labor periodística bajo circunstancias de riesgo.

El edificio Marisol fue uno de los más afectados por el sismo, causando una crisis que impactó no solo a sus habitantes sino a toda la comunidad circundante. Para sobrellevar la pérdida colectiva y evitar que el duelo se viva de forma solitaria, surgió este espacio de memoria que busca integrar a todos los perjudicados por el desastre, no solo del edificio Marisol sino de otros sectores de la ciudad. Durante el homenaje, el testimonio de Patricia Valencia, una damnificada, evidenció la intensidad del desastre. "Yo solamente me prendí y le pedí a Dios que parara... confiando en que los otros temblores anteriormente pasaban muy rápido... cuando salí, alrededor del barrio, todo destrozado, me dio mucha tristeza, en shock", relata, mostrando el impacto emocional que aún persiste.

Mientras los habitantes afectados esperan respuestas y soluciones definitivas, distintas fundaciones y organizaciones humanitarias han mantenido su apoyo. Según la directora de alianzas de la organización Techo Colombia, Alexandra García, ya han entregado cincuenta viviendas en zonas de alta vulnerabilidad. La fundación, que en principio brindó ayudas comunitarias, actualmente avanza con la reconstrucción de viviendas como parte de una segunda fase de intervención. García enfatiza que la fundación se dirige allí donde las comunidades tienen más dificultades para recuperarse por sí solas.

Así, tres meses después del sismo, la memoria de las víctimas y la solidaridad de la comunidad se mantienen vivas. Los retos persisten, pero la reconstrucción y el apoyo colectivo avanzan, alimentados por la dignidad y la resiliencia de quienes no se rinden frente a la tragedia.

¿Cómo avanza la reconstrucción después del terremoto en Cali?

Después del terremoto del 10 de agosto, de acuerdo con la información reportada por Noticiero 90 Minutos, la reconstrucción se ha enfocado en atender a los sectores más vulnerables de la ciudad. Fundaciones como Techo Colombia han entregado cincuenta viviendas y continúan con labores de reconstrucción, priorizando lugares donde las comunidades no pueden recuperarse de manera autónoma. Además, las ayudas humanitarias no han cesado y hay acciones en marcha para apoyar a los damnificados.

¿Qué tipo de apoyo han recibido los damnificados del edificio Marisol tras el sismo?

Según Noticiero 90 Minutos, los damnificados del edificio Marisol han contado con apoyo emocional y humanitario por parte de la comunidad, rescatistas, voluntarios y organizaciones como la clínica CME, que ofreció atención médica especializada. Además, fundaciones como Techo Colombia han entregado ayudas comunitarias y están enfocadas actualmente en la reconstrucción de viviendas, aportando soluciones concretas a quienes resultaron más afectados.

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La independencia de Cartagena no fue un acto aislado ni limitado a las decisiones de dirigentes. De acuerdo con 90 Minutos, destaca la intervención decidida de los habitantes del barrio Getsemaní. Estos ciudadanos, con la convicción de obtener la separación definitiva de la Corona española, protagonizaron una movilización que no solo exigía, sino que presionaba activamente por el cambio. Dentro de este grupo resalta el liderazgo de Pedro Romero, quien, al frente de los llamados Lanceros de Getsemaní, reunió a artesanos, milicias pardas y personas de diversos orígenes populares para marcar la diferencia en un momento crítico.

El 11 de noviembre de 1811, según la misma fuente, los habitantes de Getsemaní marcharon armados hacia el lugar en donde sesionaba la Junta de Gobierno. Esta acción contundente generó la presión decisiva para que los miembros de la Junta firmaran el Acta de Independencia, logrando así la declaración que convertiría a Cartagena en un Estado libre, soberano e independiente. La participación de estos sectores populares se vuelve, así, un referente crucial dentro de este proceso: los hechos muestran que la independencia no se comprende sin el impulso y la presencia activa de quienes no pertenecían a las élites tradicionales.

El recuerdo de aquel acontecimiento sigue vivo. Conforme a lo señalado por 90 Minutos, la conmemoración de la independencia en noviembre trasciende una simple fecha del calendario. Representa el reconocimiento colectivo a todos los que lucharon por la libertad de la ciudad. Fiestas, música, desfiles y expresiones culturales renuevan cada año el lazo de Cartagena con su propia historia de resistencia y orgullo. Así, la independencia no solo celebra una nueva identidad política, sino que también honra la memoria de los sectores populares que hicieron posible esta transformación fundamental.

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¿Por qué la independencia de Cartagena se celebra específicamente el 11 de noviembre?

La celebración ocurre cada año el 11 de noviembre porque en esa fecha, en 1811, Cartagena declaró su independencia absoluta de la Corona española. Según 90 Minutos, este día simboliza el momento en que la Junta de Gobierno, presionada por la movilización de los habitantes de Getsemaní, firmó el Acta de Independencia, estableciendo la ciudad como un Estado libre y soberano.

¿Quiénes fueron los Lanceros de Getsemaní y qué papel tuvieron en la independencia de Cartagena?

Los Lanceros de Getsemaní formaron un grupo integrado por habitantes del barrio Getsemaní, artesanos y milicias pardas, liderados por Pedro Romero. De acuerdo con la información de 90 Minutos, estas personas participaron activamente el 11 de noviembre de 1811, marchando armados y presionando a la Junta de Gobierno para lograr la firma del Acta de Independencia. Su papel fue fundamental para consolidar la separación definitiva de Cartagena respecto de España.

La joven actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Asotrauma de Ibagué, conectada a equipos de soporte vital. Según los reportes, Eliana perdió uno de sus riñones y sufrió lesiones de consideración en la zona abdominal. El personal médico mantiene una estricta vigilancia sobre su evolución y ha considerado la posibilidad de someterla a otra intervención quirúrgica en los próximos días. Esta operación, que podría realizarse entre martes y miércoles, tiene como objetivo mejorar sus condiciones de salud, aunque implica ciertos riesgos debido a la fragilidad en la que se encuentra la joven. Tal como relatan personas cercanas a la familia, para llevar a cabo el procedimiento sería necesario retirar temporalmente el soporte vital, una circunstancia que aumenta la preocupación entre sus allegados.

Entretanto, el apoyo de la comunidad ha sido fundamental para la familia Tocora Grisales. Amigos, conocidos y seres queridos han organizado una velatón este martes a las 6:30 de la tarde frente a la Clínica Asotrauma de Ibagué. El objetivo es acompañar simbólicamente a Eliana en este difícil momento y brindar solidaridad a sus familiares, quienes no se apartan de su lado mientras esperan nuevas noticias sobre su recuperación. Toda la información ha sido recopilada de acuerdo con los datos disponibles sobre el caso del accidente y la situación de salud de la joven.

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¿Cuál es el estado de salud de Eliana Tocora Grisales tras el accidente en Ibagué?

Eliana Tocora Grisales se encuentra en estado crítico, conectada a equipos de soporte vital en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Asotrauma. Tras perder uno de sus riñones y sufrir graves lesiones abdominales, su salud es seguida de cerca por el cuerpo médico, que contempla una intervención quirúrgica para intentar mejorar su situación.

¿Por qué la próxima cirugía de Eliana Tocora Grisales genera preocupación en su familia?

La cirugía propuesta para Eliana genera preocupación entre sus allegados debido a que, por su grave estado, podría implicar el retiro temporal del soporte vital al que está conectada. Esto representa un riesgo considerable y, ante la incertidumbre sobre su respuesta, la familia permanece a la espera de la decisión médica y de su evolución.

La dimensión del impacto se refleja en los datos del Registro Único de Damnificados, citados por la Defensoría y referenciados con corte al 3 de noviembre, que contabilizan a 363.791 familias afectadas y 776.119 viviendas declaradas inhabitables. Asimismo, datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al 27 de octubre, indican que el sismo dejó un balance de 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas.

Uno de los principales problemas identificados por la Defensoría radica en el acceso al registro de damnificados. Según la entidad, no existe actualmente una ruta definida para nuevos registros, para corregir inconsistencias o para reportar daños que hayan surgido posteriormente. Esto implica que muchas familias podrían quedar excluidas de recibir ayuda, ya que la inscripción en dicho registro es obligatoria para acceder a los apoyos.

En cuanto a las ayudas, la Defensoría reclama que el subsidio de arrendamiento otorgado, correspondiente a 1.050.000 pesos colombianos mensuales por tres meses, resulta insuficiente, pues el proceso de reconstrucción puede extenderse entre 12 y 18 meses. Además, la escasez de viviendas disponibles ha obligado a algunas familias a regresar a lugares inseguros y en malas condiciones.

El sistema de salud también enfrenta serias dificultades. La Defensoría reportó reducciones en la capacidad de atención, demoras en las consultas especializadas, entrega tardía de medicamentos y retrasos en autorizaciones. Por ejemplo, el hospital La Misericordia de Calarcá, en Quindío, continúa funcionando pese a tener daños estructurales y operar con la mitad de su capacidad. En Risaralda, se presentaron retrasos y suspensiones de servicios, afectando especialmente a los afiliados de la Nueva Empresa Promotora de Salud (EPS).

El sector educativo atraviesa un panorama igual de crítico. Muchos estudiantes no han podido regresar a clases presenciales, y quienes asisten lo hacen en instalaciones consideradas inseguras. La Defensoría advierte además sobre problemas en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, donde han detectado alimentos en mal estado, entregas incompletas y demoras.

En lo relacionado con la financiación de la recuperación, la Defensoría observó una brecha de 50,08 billones de pesos, pues de los 58,29 billones necesarios, solo se han identificado 8,21 billones en recursos iniciales. La única fuente confirmada con cronograma corresponde a una adición al presupuesto nacional a través de un crédito con el Banco Mundial. Sobre el Fondo Milagro, diseñado para centralizar recursos de asistencia y reconstrucción, existen dificultades de coordinación con otras entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

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¿Cuáles son los principales retos en la recuperación tras el terremoto según la Defensoría?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los mayores retos incluyen la falta de una ruta clara para el registro de damnificados, la insuficiencia de subsidios, pocas viviendas disponibles, demoras en la atención en salud, dificultades en el acceso educativo y una brecha significativa de financiación para enfrentar la crisis.

¿Qué funciones cumple el Fondo Milagro y por qué enfrenta dificultades en su operación?

El Fondo Milagro fue creado para concentrar y administrar recursos dirigidos a la asistencia humanitaria, la reconstrucción y la reactivación económica de las zonas afectadas. Sin embargo, enfrenta problemas de articulación con el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y otras instancias, lo que dificulta la ejecución y el flujo de recursos.

De acuerdo con el reporte de la entidad, el epicentro se ubicó en inmediaciones de Charalá, a 7 kilómetros de distancia.

También se identificaron otros municipios cercanos, como Encino, ubicado a 10 kilómetros, y Ocamonte, a 13 kilómetros del punto donde se originó el evento.

El organismo registró el fenómeno mediante seis estaciones de monitoreo y clasificó el reporte con estatus automático.

Entre los datos técnicos del movimiento se encuentran una latitud de 6,22 grados y una longitud de -73,14 grados.

Por su magnitud de 2,4 y su profundidad de 135 kilómetros, se trató de un evento sísmico de baja intensidad.

El SGC incluyó las coordenadas y el mapa de localización para identificar con mayor precisión el punto del territorio santandereano donde ocurrió el movimiento. La información corresponde al registro inicial publicado por la entidad.

La intervención de Aranda se dio a conocer el martes 10 de noviembre durante el balance del Bloque Operativo de Seguridad Urbana (BOSUR), estrategia que articuló el esfuerzo de más de 500 uniformados. Esta operación permitió realizar 30 diligencias de allanamiento y registro en diferentes puntos de la capital del Tolima, según el reporte oficial.

El llamado de la mandataria fue uno de los momentos más destacados de la jornada, donde no solo se reiteró la postura institucional frente al crimen, sino que también se divulgaron cifras clave sobre los resultados. De acuerdo con la información entregada, los operativos dejaron 89 personas capturadas: 51 en flagrancia, es decir, sorprendidas en el momento del delito, y 38 mediante orden judicial. Entre los capturados figuran 25 presuntamente vinculados con homicidios, 23 relacionados con tráfico de estupefacientes y 17 con casos de hurto. Además, hubo capturas por otros delitos como lesiones personales, porte ilegal de armas, feminicidio, concierto para delinquir y extorsión.

En cuanto a los decomisos, la Administración Municipal reportó la incautación de 18.441 dosis de marihuana, 3.700 de cocaína, 4.720 de bazuco y 65 de tusi. Al balance también se sumaron tres armas de fuego, cuatro pistolas traumáticas, 12 cartuchos, la incautación de un vehículo, una motocicleta y 36 celulares, así como el decomiso de 14 millones de pesos en efectivo. Se reportó, además, la recuperación de seis motocicletas que habían sido hurtadas.

De acuerdo con Aranda, estos resultados reflejan un trabajo conjunto de la Alcaldía, la Fiscalía, la Policía, las Fuerzas Militares, Migración Colombia y el Ministerio Público. El objetivo, explicó la Administración, es desmantelar estructuras criminales, combatir el tráfico de drogas y disminuir la violencia en la ciudad, en una clara apuesta por la seguridad ciudadana.

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¿Cuántas personas fueron capturadas y por qué delitos en Ibagué?

En el balance presentado por la Administración Municipal de Ibagué se informó que 89 personas fueron capturadas durante los operativos de seguridad; 51 en flagrancia y 38 a través de órdenes judiciales. Entre los delitos más recurrentes están homicidio, tráfico de estupefacientes y hurto, además de casos por lesiones personales, porte ilegal de armas, feminicidio, concierto para delinquir y extorsión.

¿Qué es el Bloque Operativo de Seguridad Urbana (BOSUR) y cuál fue su resultado?

El Bloque Operativo de Seguridad Urbana (BOSUR) es una estrategia coordinada que involucra a más de 500 uniformados, orientada a combatir el crimen en Ibagué. Según el balance divulgado, permitió la ejecución de 30 allanamientos, la captura de 89 personas, la incautación de grandes cantidades de drogas, armas, vehículos y dinero en efectivo, así como la recuperación de motocicletas robadas.

El foro, titulado "A diez años del Acuerdo de Paz: balance, implementación y perspectivas", contó además con la presencia de figuras destacadas como el general retirado Óscar Naranjo y la defensora del Pueblo, Iris Marín. Durante el encuentro, Marín enfatizó lo señalado por Santos, y advirtió que "la guerra es un daño en el sistema" y que no se debe celebrar el número de bajas presentadas en combate, haciendo un llamado a replantear la manera en la que se conciben los logros en materia de seguridad nacional. De acuerdo con lo expuesto en el evento, la celebración de las muertes en combate plantea un serio debate ético y político, especialmente a la luz de la historia reciente y las heridas provocadas durante el conflicto armado.

Pastor Alape, integrante del proceso de paz y panelista invitado, no asistió al foro porque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no autorizó su participación. Sin embargo, envió un mensaje en el que defendió el trabajo de la justicia transicional y afirmó que “el mío es un testimonio de que la justicia funciona”. Esta reflexión sirvió para destacar la relevancia de la justicia especial creada tras la firma del acuerdo como un mecanismo legítimo para enfrentar los crímenes cometidos durante décadas de violencia.

Santos recordó que, desde su llegada a la dirección de las Fuerzas Militares en 2010, buscó cambiar la concepción del éxito militar. Según explicó, se trataba de pasar de medir los triunfos por la cantidad de bajas, como ocurrió durante el fenómeno de los llamados falsos positivos, a valorar más las desmovilizaciones y capturas. Esta transformación institucional fue presentada como uno de los principales retos y logros en la ruta hacia la paz.

Pese a las críticas y cuestionamientos, el gobierno De la Espriella ha mantenido una posición distante frente a los resultados del Acuerdo de Paz que Santos firmó en representación del Estado colombiano. Sectores críticos consideran que los temas en discusión, como las operaciones militares y la justicia, siguen vigentes y plantean desafíos de cara al futuro del país.

¿Por qué Juan Manuel Santos critica la estrategia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella?

Según lo expuesto por Santos durante el evento de la Universidad del Rosario, su crítica se fundamenta en la preocupación por un modelo de seguridad que prioriza los resultados militares en términos de bajas enemigas, repitiendo prácticas del pasado que relacionan el éxito con el número de cadáveres, en vez de centrar los esfuerzos en procesos de paz, desmovilización y la protección de la vida.

¿Qué papel cumple la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el proceso colombiano?

La Jurisdicción Especial para la Paz, mencionada por Pastor Alape, es un mecanismo de justicia transicional surgido tras el Acuerdo de Paz firmado por Santos. Su función es investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, buscando así verdad, reparación y justicia para las víctimas.

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Elizabeth Blandón Bermúdez es economista, egresada de la Universidad de Medellín, y su nombramiento como directora general del Icfes fue oficializado mediante el Decreto 1284 del 2 de agosto de 2023. Posteriormente, se posesionó en el cargo ante el presidente Gustavo Petro, también en agosto de ese año. Según lo consignado en el portal de la entidad, Blandón llegó con el objetivo de "posicionar a la institución como líder en la evaluación de la educación en América Latina y de fortalecer su proceso de transformación digital", lo que incluía la consolidación de pruebas de Estado en modalidad electrónica y la cooperación con actores del sector educativo.

Tras la salida de Blandón, el gobierno de Abelardo de la Espriella designó como directora encargada a Maribel Cristina Castro, quien se desempeñaba como directora técnica en el interior de la entidad. Es importante señalar que Blandón era una de las últimas funcionarias de alto rango nombradas en la administración de Gustavo Petro. Incluso, la entidad destacó en sus redes sociales que una de sus más recientes intervenciones públicas ocurrió a principios de noviembre, cuando participó, como directora del ICFES, en un evento realizado en Bogotá enfocado en la búsqueda de soluciones innovadoras para transformar el Estado.

Por ahora, el futuro de la dirección general del ICFES permanece pendiente y no se ha oficializado quién asumirá de manera definitiva. La noticia se encuentra en desarrollo, según indicó El Espectador.

¿Quién es Elizabeth Blandón Bermúdez y cuál era su objetivo como directora del Icfes?

Elizabeth Blandón Bermúdez es economista de la Universidad de Medellín y fue nombrada directora general del Icfes en agosto de 2023. Según la página oficial de la entidad, su objetivo principal era fortalecer la transformación digital del instituto, consolidar la aplicación de pruebas de Estado en modalidad electrónica y posicionar al Icfes como referente latinoamericano en la evaluación educativa.

¿Qué implica una declaración de insubsistencia en la función pública de Colombia?

La declaración de insubsistencia es una figura administrativa en la función pública colombiana que permite remover a un funcionario de su cargo sin que necesariamente existan causas disciplinarias. En el caso de Elizabeth Blandón Bermúdez, esta declaratoria significó su cese inmediato de la dirección del Icfes, de acuerdo con información de El Espectador.

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Petro manifestó su inconformidad con el funcionamiento actual de X, propiedad del empresario Elon Musk. Según detalló el propio exmandatario, considera que los algoritmos de la plataforma favorecen el contenido de la extrema derecha y dificultan la difusión de posturas políticas distintas a esta tendencia. De manera textual expresó: "Dadas las restricciones que pone X a la irradiación del pensamiento progresista, y su afinidad a la extrema derecha con algoritmos que expanden el odio a la razón y la democracia, he decidido dejar de utilizar X como cuenta principal en las redes y pasará a ser cuenta complementaria".

Pese a ello, Petro aclaró que no cerrará su perfil en X, sino que dejará de priorizarlo mientras traslada su comunicación hacia su canal de WhatsApp. El dirigente busca que este canal sea ahora su principal espacio para enviar mensajes y tener contacto con sus seguidores, impulsando a su comunidad a migrar junto con él. Este paso implica, sin embargo, una reducción significativa en la audiencia a la que puede llegar directamente: mientras en X cuenta con aproximadamente 9,1 millones de seguidores, en WhatsApp la cifra ronda los 600.000 usuarios, según el propio Petro en la misma publicación.

Aun así, el exmandatario considera que, pese a llegar a una audiencia menor, puede tener un aporte más efectivo al debate democrático desde su nuevo canal principal. Así lo explicó en su mensaje: "Empiezo a hacer crecer mi canal por WhatsApp que pasará a ser mi cuenta principal y personal. De 9,1 millones paso a 600.000, pero creo que, aunque disminuya mi audiencia, ayudo más a la democracia desde redes".

Esta decisión ocurre mientras Petro se encuentra en el centro de diferentes controversias, aunque el foco de su anuncio y los motivos expuestos por él se centran exclusivamente en su desacuerdo con las dinámicas internas de X, según manifestó en sus propias palabras.

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¿Por qué Gustavo Petro deja de usar X como canal principal y elige WhatsApp?

Gustavo Petro explicó que considera que los algoritmos de X, propiedad de Elon Musk, restringen la difusión de pensamientos progresistas y favorecen contenido de extrema derecha, lo que, en su opinión, obstaculiza el debate democrático. Por ello, decidió dejar de priorizar X como canal de comunicación y optó por fortalecer su canal de WhatsApp, aunque implica llegar a una comunidad considerablemente menor.

¿Cuántos seguidores tiene Gustavo Petro en WhatsApp y X?

Según el propio Gustavo Petro, mientras en X cuenta con aproximadamente 9,1 millones de seguidores, su canal de WhatsApp tiene alrededor de 600.000 usuarios. Aunque la diferencia es amplia, Petro considera que desde WhatsApp puede contribuir de manera más directa al debate y la comunicación con sus seguidores.

De acuerdo con las explicaciones publicadas por Casa Macondo, la orden de inspección judicial tiene como objetivo revisar documentos y comunicaciones que respaldan alguna de las investigaciones periodísticas del medio, aunque todavía no han sido informados con claridad sobre cuál publicación en específico se relaciona con la diligencia. El procedimiento fue autorizado el 28 de agosto por Laura Milena Fuentes Cerquera, funcionaria de la Fiscalía, quien firmó la orden de Policía Judicial para dar inicio a la revisión.

El medio precisó que la investigación que originó dicha medida está relacionada con presuntas calumnias en contra del abogado Francisco Bernate. Sin embargo, Casa Macondo afirmó que este abogado nunca ha sido mencionado en sus informes. Además, la Fiscalía indicó que el objetivo de la visita es verificar la veracidad de cierta información, así como recoger correos electrónicos, documentos de respaldo y otras comunicaciones.

Casa Macondo advirtió que, aunque la orden expresa que no se exigirá revelar la identidad de las fuentes protegidas, sí busca acceder a materiales esenciales del trabajo periodístico. El medio sostiene que incluso sin exigir nombres, los documentos y comunicaciones solicitados podrían permitir, indirectamente, identificar a quienes han brindado información. Por tal motivo, Casa Macondo solicitó a la Fiscalía explicar cómo esta actuación concilia con la protección constitucional de la reserva periodística en Colombia.

Otro aspecto relevante es que la diligencia contradice una directiva interna de la Fiscalía misma, que señala la importancia de proteger el secreto profesional de los periodistas. En concreto, la Directiva 003 de 2023 instruye a los funcionarios del ente investigador a no ordenar inspecciones ni otras actividades que pongan en riesgo el secreto periodístico.

Ante este panorama, la Flip pidió oficialmente la revisión de la orden judicial. En su pronunciamiento, destacó la gravedad de que la Fiscalía acceda a información que podría estar protegida y exhortó a que los requerimientos susceptibles de violar la reserva profesional se suspendan de inmediato.

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¿Por qué la Flip considera preocupante la orden de inspección judicial a Casa Macondo?

La Flip advirtió que el alcance de esta orden judicial resulta especialmente grave porque permite a la Fiscalía revisar materiales usados en el ejercicio periodístico, poniendo en riesgo la reserva profesional y la confidencialidad de las fuentes. Según la Flip, aunque no se pida revelar nombres, la revisión de correos y documentos puede permitir identificar indirectamente el origen de la información, vulnerando derechos protegidos por la constitución.

¿Qué establece la Directiva 003 de 2023 de la Fiscalía sobre el secreto periodístico?

De acuerdo con Casa Macondo, la Directiva 003 de 2023 de la Fiscalía dispone que los funcionarios deben abstenerse de ordenar diligencias como allanamientos e inspecciones a medios de comunicación si estas ponen en peligro el secreto profesional de los periodistas. Esta norma busca salvaguardar la confidencialidad y el ejercicio libre de la prensa.

La disputa legal involucra dos graves acusaciones que sacudieron al entorno presidencial: que Sarabia habría facilitado y organizado encuentros sexuales del mandatario y que habría chantajeado al entonces presidente Gustavo Petro.

Frente a la orden que impone modificar sus testimonios públicos, Rodríguez ratificó que posee elementos probatorios contundentes para sustentar cada palabra y confirmó que interpondrá una impugnación contra la sentencia emitida. Así lo indicó Darcy Quinn en La FM.

La determinación adoptada prolonga el choque mediático e institucional entre dos figuras que ejercieron despachos de alto rango y notable cercanía durante el mandato del entonces presidente Gustavo Petro en el país.

El escenario evidencia las persistentes divisiones que sacuden al círculo del anterior gobierno, alimentando un debate sobre el alcance ético y penal de las revelaciones formuladas por antiguos colaboradores de confianza.

En contraste, Sarabia rechazó categóricamente cualquier vínculo con los episodios relatados, sosteniendo un desconocimiento absoluto de las conductas irregulares atribuidas en los señalamientos promovidos por la exfuncionaria en diversos medios informativos.

Los especialistas advierten que este conflicto acarreará derivaciones jurídicas adicionales, condicionadas a los recursos interpuestos y a las medidas coercitivas que adopten los magistrados para forzar el cumplimiento del fallo judicial.

Rodríguez aseveró públicamente que Sarabia presuntamente facilitaba y coordinaba encuentros íntimos para el mandatario Gustavo Petro durante los periodos de mayor actividad institucional en el palacio gubernamental.

Asimismo, la excolaboradora afirmó que la alta funcionaria ejercía presiones indebidas y presuntos chantajes directos contra el propio jefe de Estado para consolidar su permanencia institucional.

Estas incriminaciones generaron un terremoto mediático inmediato, llevando a que los apoderados legales de Sarabia interpusieran acciones de tutela exigiendo la inmediata rectificación de tales señalamientos públicos.

Los tribunales distritales acogieron parcialmente las pretensiones de la defensa, ordenando a Rodríguez retractarse formalmente de sus imputaciones por carecer de soporte probatorio sumario en el expediente.

¿Qué pasa si alguien no se retracta ante orden de un juez en Colombia?

Desobedecer la orden de rectificación emitida por un juez de la República en Colombia desencadena severas consecuencias legales que abarcan desde sanciones económicas hasta la privación efectiva de la libertad.

Cuando una persona rehúsa corregir afirmaciones lesivas tuteladas por la justicia, la parte afectada activa de inmediato un incidente de desacato ante el mismo despacho que emitió el fallo.

El Decreto 2591 de 1991 establece en su artículo 52 que el desacato a una providencia judicial castiga la renuencia con arresto de hasta seis meses y multas de veinte salarios mínimos.

El trámite incidental exige evaluar la intencionalidad de la omisión. Si el juzgado comprueba negligencia injustificada, impone la privación de la libertad en estación policial y la sanción dineraria respectiva.

Dicha determinación sancionatoria no admite recurso de apelación ordinario, aunque el superior jerárquico revisa obligatoriamente la legalidad de la medida a través del grado jurisdiccional de consulta en tres días.

Paralelamente, la persistencia en la negativa habilita la apertura de un proceso penal ante la Fiscalía General de la Nación bajo el delito de fraude a resolución judicial.

El Código Penal colombiano castiga este comportamiento delictivo con penas de prisión que oscilan entre uno y cuatro años, aumentando si el autor ejerce funciones públicas en el Estado.

Asimismo, la desatención del mandato judicial faculta a la víctima para promover demandas de responsabilidad civil extracontractual, reclamando indemnizaciones económicas tasadas por los perjuicios morales y materiales causados.

El infractor debe tener presente que pagar la multa o cumplir el arresto correccional no extingue la obligación primordial de rectificar la información inexacta divulgada previamente.

La orden de protección constitucional permanece vigente hasta que la persona enmiende sus declaraciones con el mismo despliegue e impacto público que tuvieron los señalamientos originales lesivos.

De este modo, el sistema legal colombiano protege la honra y el buen nombre ciudadano frente a quienes desacatan determinaciones judiciales vinculantes y definitivas.

Mary Luz Herrán expresó que, al reflexionar sobre los acontecimientos, llegó a la conclusión de que quizá se equivocó al mantener distancia con su exesposo tras su llegada al poder. Indicó que, cuando retomaron el contacto, sus conversaciones se limitaron a temas políticos y admitió: “Quizá debí escucharlo más”. La exesposa del expresidente señaló la importancia de acompañar a una persona no solo mediante la defensa pública, sino también a través de la escucha y la presencia, y reconoció sentir cierta responsabilidad por no haber mantenido ese acercamiento, aunque en su momento esto no lo consideró necesario.

Durante el periodo en que Gustavo Petro estuvo en el Gobierno, Herrán aseguró que evitó buscar reuniones directas con él o solicitar beneficios personales. Enfatizó que no recibió contratos y que la comunicación sobre asuntos familiares se realizó mediante su hijo, Andrés Gustavo. Además, destacó su labor en diversas regiones del país, escuchando a comunidades y acompañando asociaciones que buscaban acercarse a funcionarios estatales.

No obstante, Herrán confesó un aspecto doloroso de su relación: no recibir el apoyo de Petro cuando lo necesitó en su carrera política como mujer. Señaló que, durante ese tiempo, el expresidente estuvo rodeado por diversas mujeres a quienes calificó como “aduladoras, falsas e hipócritas”, atribuyéndoles cierta responsabilidad en decisiones políticas equivocadas. A pesar de sus críticas, manifestó que apoyó a Petro y desea que sea una figura familiar presente.

Respecto a la situación política actual del exmandatario, Herrán advirtió que Petro enfrenta cuestionamientos incluso dentro del Pacto Histórico, mencionando que “incluso algunos sectores… no quieren verlo cerca”. Aunque defendió el derecho a criticar errores y contradicciones, pidió no ignorar la trayectoria del expresidente. También mostró esperanza de que las denuncias se aclaren y se conozca la verdad sobre los hechos controvertidos. Por último, criticó duramente a personas cercanas a Petro, a quienes describió como “vampiros” motivados por intereses personales y económicos.

Las declaraciones de Mary Luz Herrán surgen en un contexto de intensos debates públicos por las acusaciones presentadas por Deicy Jiménez, quien señaló a Petro por una posible relación y un presunto intercambio de favores sexuales por contratos estatales, según la información del artículo.

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¿Qué dijo Mary Luz Herrán sobre su relación con Gustavo Petro y el apoyo durante su carrera política?

Mary Luz Herrán aseguró que, durante el Gobierno de Petro, no buscó reuniones para beneficio propio ni recibió contratos, y la comunicación familiar se hizo a través de su hijo. Sin embargo, confesó que le dolió no recibir respaldo del exmandatario cuando lo necesitó en su vida política como mujer, y criticó el entorno político que rodeó a Petro durante ese periodo.

¿Cuál es la posición de Mary Luz Herrán frente a las acusaciones contra Gustavo Petro relacionadas con Deicy Jiménez?

Herrán manifestó que, aunque reconoce que Petro puede ser criticado por sus errores y contradicciones, considera importante no desconocer su trayectoria. Expresó su deseo de que se esclarezcan las denuncias que han generado controversia en la opinión pública, y pidió que se conozca la verdad sobre estos hechos.

Según información confirmada por El Espectador, el Partido Liberal será la fuerza política con mayor asignación para este periodo, con una suma de 5.306 millones de pesos colombianos (COP). El partido de oposición Pacto Histórico ocupa el segundo lugar, con una asignación de 5.038 millones de pesos. El Partido Conservador recibirá 4.538 millones y el Centro Democrático 4.414 millones, siendo estos los partidos que más recursos recibirán, solo superados por el Partido Liberal y el Pacto Histórico, ambos por encima de los 5.000 millones de pesos.

La Resolución 4353 de 2026 también introdujo advertencias para algunas colectividades que mantienen su personería jurídica en estado ‘condicionado’, como el Partido Ecologista Colombiano, el Partido Oxígeno, el Partido La Fuerza y Esperanza Democrática. El CNE notificó que estos partidos solo podrán acceder a los recursos de funcionamiento hasta el momento en que se resuelva de manera definitiva su situación jurídica y quede en firme la decisión correspondiente.

Adicionalmente, el documento establece que de la asignación de cada partido se deben descontar los montos correspondientes a sanciones impuestas previamente, además de un descuento obligatorio del 1 % que se destina a la contratación del Sistema de Auditoría Externa, un mecanismo para vigilar la utilización de los recursos.

Para recibir estos fondos, los partidos deben presentar ante el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales los libros donde detallan ingresos y gastos anuales, junto con sus declaraciones de patrimonio, ingresos y egresos, todo a través del Portal Cuentas Claras. Los pagos se realizan en dos tramos: el primero, del 50 %, tras la ejecución administrativa y entrega de documentos; el resto únicamente después de la revisión y certificación de la información suministrada.

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¿Qué es la Resolución 4353 de 2026 del Consejo Nacional Electoral y qué determina?

La Resolución 4353 de 2026, expedida por el Consejo Nacional Electoral, es el acto administrativo que define cómo serán distribuidos los recursos públicos entre los partidos políticos colombianos con personería jurídica para su funcionamiento, teniendo en cuenta resultados electorales y representación de mujeres y jóvenes en las corporaciones públicas.

¿Qué partidos políticos reciben más recursos públicos según el CNE en 2026?

De acuerdo con información presentada por El Espectador, el Partido Liberal es la colectividad que más recursos recibirá, superando los 5.306 millones de pesos, seguido del Pacto Histórico, que recibirá 5.038 millones de pesos, mientras que el Partido Conservador y el Centro Democrático ocupan los siguientes lugares en la lista.

Blandón Ramírez había sido nombrada en la dirección técnica y ejecutiva del Icfes en agosto del año 2023 durante la administración del expresidente Gustavo Petro, acumulando una trayectoria superior a los 25 años dentro del servicio público. Antes de asumir la conducción del organismo evaluador, la profesional desempeñó responsabilidades de alta gerencia administrativa, entre las que destacan sus pasos como viceministra encargada de Economía Digital y directora de Gobierno Digital en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, además de encabezar la Dirección de Planeación del SENA y la Dirección de Innovación y Desarrollo en la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con el periódico.

A pesar de la trascendencia del cargo para el calendario académico y la logística de las pruebas estatales en el territorio nacional, el instituto se encuentra temporalmente sin dirección asignada. Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha hecho pública la hoja de vida de quien asumirá la titularidad del despacho, mientras se completan los trámites de empalme y la designación oficial de su reemplazo en los próximos días, según el rotativo.

Valencia expresó su inquietud ante la posibilidad de que organismos estatales, como la DNI, hayan sido empleados para incidir en procesos políticos y electorales. En palabras suyas, “espantoso saber que el Gobierno tenía la Dirección de Inteligencia incidiendo sobre las elecciones”, reflejando así la gravedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer lo sucedido. Además, la dirigente anticipó que solicitará la inclusión del partido Centro Democrático como parte interesada en las investigaciones, bajo el argumento de que también podría haber sido eventualmente afectado por estas irregularidades.

Las pesquisas actuales están centradas, entre otros puntos, en la captura de Carlos Andrés Oyola Tovar, quien según las autoridades habría estado vinculado laboralmente con la DNI. Oyola fue aprehendido en Neiva y enfrenta investigaciones por presuntos delitos como concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, falsedad material en documento público y fraude procesal. Un aspecto clave que se investiga es la creación supuestamente ilegal de una copia espejo del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia (SICC), lo cual compromete la seguridad informativa de la entidad.

De acuerdo con lo informado, las autoridades deberán determinar si hubo acciones ilícitas dentro de la DNI, identificar a los posibles responsables y confirmar si la información recogida tuvo algún impacto en el marco electoral, particularmente con miras a las elecciones presidenciales de 2026. El proceso continúa abierto y mantiene en alerta tanto a figuras políticas como a instituciones encargadas de la transparencia democrática. Por ahora, Paloma Valencia busca ser tenida en cuenta oficialmente en la indagación para acceder a la información relevante y velar por la claridad de los hechos.

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¿Por qué Paloma Valencia pidió ser reconocida como víctima en el caso de la Dirección Nacional de Inteligencia?

Paloma Valencia solicitó ante la justicia su reconocimiento como víctima en el caso que investiga presuntas actividades de espionaje y manipulación de información electoral por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según lo revelado por Noticias Caracol, ella considera que las actuaciones señaladas pudieron haber afectado tanto su campaña como el partido Centro Democrático, por lo que busca participar formalmente en las averiguaciones y conocer el alcance de lo ocurrido.

¿Qué es el Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia (SICC) y por qué es relevante en esta investigación?

El Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia, conocido como SICC, es una plataforma que se utiliza para el almacenamiento y manejo de datos sensibles relacionados con funciones de inteligencia y contrainteligencia. La supuesta creación de una copia espejo de este sistema, según la investigación, es un hecho relevante porque compromete la integridad y el buen uso de la información estatal, aspecto que está ahora bajo indagación judicial.

Elizabeth Blandón Bermúdez, economista egresada de la Universidad de Medellín, fue designada en este cargo durante el gobierno de Gustavo Petro. Su nombramiento quedó definido mediante el decreto 1284 del 2 de agosto de 2023, y asumió funciones ese mismo mes luego de oficializar su posesión frente al entonces presidente, según la información publicada. Durante su corto periodo al frente del Icfes, Blandón encabezó esta entidad clave que se encarga de evaluar la calidad de la educación en Colombia, aunque los detalles de su gestión no fueron especificados en el reporte.

La salida de la funcionaria se dio a conocer el martes 10 de noviembre, pero aún no se han publicado las razones exactas que llevaron al gobierno de De La Espriella a cesar el nombramiento de Blandón. Hasta el momento, la Presidencia no ha revelado la hoja de vida de quien pueda sucederla en el cargo, ni ha informado sobre la persona que estará encargada de la dirección mientras se define el futuro del Icfes.

Este movimiento se suma a otras modificaciones que el Gobierno nacional ha ido implementando en diversas entidades desde que Abelardo De La Espriella llegó a la presidencia. El número de cambios en cargos directivos refleja una tendencia constante de transformaciones en la administración pública, cuya motivación específica en el caso de Blandón permanece sin dilucidar según la información disponible.

El proceso de relevo dentro del Icfes continúa y se espera que en los próximos días la opinión pública conozca nuevos detalles acerca de la persona encargada y del futuro nombramiento en la dirección de la entidad.

¿Por qué fue declarada insubsistente Elizabeth Blandón como directora del Icfes?

La información divulgada señala que Elizabeth Blandón Bermúdez fue declarada insubsistente por decisión del presidente Abelardo De La Espriella, pero no se han dado a conocer las razones específicas de su salida. Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha emitido un comunicado público que explique los motivos exactos detrás de la declaratoria de insubsistencia de la directora del Icfes.

¿Quién asumirá la dirección del Icfes tras la salida de Elizabeth Blandón?

Por ahora, aún no hay una persona designada oficialmente para reemplazar a Elizabeth Blandón en la dirección del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. La Presidencia no ha publicado hojas de vida ni información sobre posibles encargados, por lo que se espera que en los próximos días se confirme quién dirigirá la entidad de manera provisional o definitiva.

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El crimen ocurrió hacia las 6:00 de la tarde en la carrera 6B con calle 33B. Según la información preliminar recopilada por las autoridades, la mujer se encontraba en ese sector cuando fue abordada por el hombre, quien presuntamente sacó un arma y le disparó en varias oportunidades. Dos de los impactos la alcanzaron en la cabeza y murió en el lugar.

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Después del ataque, el señalado agresor se habría provocado una lesión a sí mismo. Sin embargo, los uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla que llegaron tras el llamado de la comunidad lograron capturarlo y trasladarlo a un centro asistencial.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver que habría sido utilizado en el homicidio. Torrenegra Moreno fue llevado al Paso Simón Bolívar, donde permanece bajo atención médica. De acuerdo con el reporte policial, su estado de salud es estable.

Las primeras indagaciones indican que Shirley Patricia Payares y el presunto responsable mantuvieron una relación sentimental durante aproximadamente seis años. Además, el hombre registra una anotación judicial relacionada con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

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Por ahora, las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido y establecer si existían antecedentes de violencia o denuncias entre la víctima y el capturado. También deberán determinar las circunstancias que rodearon el ataque, mientras el caso es investigado bajo la hipótesis de un posible feminicidio.

De acuerdo con los datos entregados por sus familiares, la menor salió de la institución educativa, ubicada en el barrio del mismo nombre, aproximadamente a la 1:00 p. m. Desde entonces, no ha llegado a su vivienda ni se ha podido establecer dónde se encuentra.

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Uno de los elementos que intenta esclarecer la familia es un posible servicio de transporte solicitado mediante la aplicación InDrive. Según la información conocida por sus allegados, la adolescente habría pedido un vehículo a través de la plataforma alrededor de la 1:30 p. m. para trasladarse hasta su casa. Sin embargo, se desconoce si llegó a abordar el automóvil y qué ocurrió durante el recorrido.

La preocupación aumentó cuando sus familiares intentaron comunicarse con ella y encontraron que su celular estaba apagado. También señalaron que los contactos del dispositivo presuntamente habrían sido eliminados, un hecho que todavía debe ser verificado.

Ante la falta de noticias, sus allegados comenzaron a compartir fotografías y mensajes en redes sociales para conseguir información que permita localizarla. Quienes tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse al 300 663 1561, número suministrado por la familia, o reportar cualquier información a la línea de emergencias 123.

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Sonia Sanjuan y Kelly Acosta también siguen desaparecidas

El caso de Isabela se conoce mientras continúa la búsqueda de Sonia Margarita Sanjuan Peñaranda, de 41 años, y Kelly Johana Acosta Restrepo, de 43, quienes desaparecieron el viernes 6 de noviembre en el norte de Barranquilla.

Las dos mujeres fueron vistas por última vez ese día, hacia las 8:54 de la mañana, en un establecimiento comercial ubicado en la carrera 53 con calle 86, según los registros de cámaras de seguridad.

De acuerdo con la información suministrada, Kelly trabaja en el Congreso de la República, mientras que Sonia se desempeña como administradora de una tienda Miniso. Sus familiares han pedido colaboración para establecer qué ocurrió después de que ambas fueran vistas juntas. Entre las preguntas que buscan resolver también está el paradero del vehículo en el que se movilizaban.

Uno de los momentos más destacados del encuentro fue la conversación directa con Barba Chivo, también conocido como ‘Costeño’ y señalado como hombre de confianza de alias Andrey Avendaño. Según indicó De La Espriella, Barba Chivo era cabecilla de una de las comisiones de la estructura 33, fracción alineada con el mando de alias Calarcá. El presidente le recordó públicamente los señalamientos que pesan en su contra, enfatizando el uso de drones con los que, según las autoridades, se realizaron ataques contra miembros de la Fuerza Pública y civiles: "Este bandido operaba drones, con esos drones asesinaron soldados, policías, gente indefensa", expresó De La Espriella, citado en el video según la información compartida.

Durante el encuentro, el jefe de Estado le preguntó al detenido sobre sus sensaciones al estar privado de la libertad, en alusión a las víctimas de secuestros y violencia por parte de la organización: "¿Cómo se siente estar de ese lado en donde ustedes han tenido los secuestrados? ¿Dónde le han hecho tanto daño a la gente?", dijo. El gesto de Barba Chivo, cabizbajo y sin responder, fue interpretado por De La Espriella como miedo y terror. "Terror, pánico, el mismo que siente la gente cuando ustedes sacan los drones, cuando vuelan pueblos, cuando secuestran personas, cuando extorsionan" manifestó, insistiendo en que los acusados deben responder ante la justicia.

La operación NOAH dejó un saldo de seis capturados y cuatro muertos, de acuerdo con la información oficial. Alias Barba Chivo fue uno de los sobrevivientes del bombardeo y quedó bajo la custodia de las autoridades. De La Espriella advirtió que las acciones contra dicha organización continuarán y que la Fuerza Pública mantiene la presión sobre sus integrantes. El video de la confrontación fue difundido por el propio presidente en su cuenta de X, junto a un mensaje reafirmando el éxito de la ofensiva y la captura de uno de los cabecillas.

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¿Quién es alias Barba Chivo y cuál ha sido su papel en la estructura 33?

Alias Barba Chivo, también llamado ‘Costeño’, es señalado como uno de los hombres de confianza de alias Andrey Avendaño y cabecilla de una comisión de la estructura 33, una fracción que actúa bajo la facción de alias Calarcá dentro de las disidencias de las Farc. Según las autoridades, Barba Chivo habría operado drones en ataques dirigidos contra la Fuerza Pública y civiles, lo que lo convierte en uno de los principales objetivos de la operación NOAH.

¿Qué resultados dejó la operación NOAH contra disidencias de las Farc en Tibú?

De acuerdo con el balance oficial divulgado tras la ofensiva militar en zona rural de Tibú, la operación NOAH resultó en la captura de seis personas, entre ellas alias Barba Chivo, y la muerte de cuatro presuntos integrantes de la estructura 33. El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que estas acciones se mantendrán para seguir enfrentando a esa organización armada ilegal.

Si bien es inevitable que esto suceda en medio de la realidad, resulta pertinente poner la lupa en algunas situaciones que parecen insólitas y sobre las que a la vez resulta práctico poner en el radar.

Quien escribe, como afectado de primera mano, replica esta información como parte de un servicio en el que más de una persona puede estar perdida, pero también a la espera de saber qué viene en este panorama de incertidumbre.

Uno de los temas más delicados gira alrededor de los servicios públicos, ya que a pesar de los anuncios que se hicieron durante los primeros días es determinante tomar acciones para evitarse dolores de cabeza.

Cabe recordar que una de las medidas fue ofrecer un alivio como parte de la emergencia del terremoto, tema en el que el presidente Abelardo de la Espriella fue enfático como apoyo para los estratos 1, 2 y 3.

Lo cierto es que Pulzo consultó en el caso de los prestadores de Dosquebradas y se encontró con una solicitud especial de parte de las diferentes empresas para los usuarios, caso que seguramente se replica en el resto de ciudades y municipios afectados.

La recomendación es clave ya que desafortunadamente se registró la facturación en los diferentes casos y, aunque está congelado, es necesario llevar a cabo la aclaración en cada caso.

El llamado de las compañías es para que los usuarios se presenten para llevar a cabo la suspensión o la cancelación de contrato, en los casos en los que la vivienda esté inhabilitada.

Otro punto a tener en cuenta es que la suspensión solo aplica a un tiempo determinado, por lo que si pasa un año se puede renovar el cobro en cuestión. Eso es clave para decidir qué se quiere hacer.

De hecho, hay una confusión que se ha difundido entre los funcionarios y los usuarios sobre el supuesto cobro del cargo fijo, que para el caso no aplica debido a la legislación colombiana.

Es importante tener en cuenta el artículo 3 de la Ley 1506 de 2012, donde se dispone que los suscriptores o usuarios cuyos inmuebles se encuentren, como consecuencia del desastre, en condiciones que imposibiliten la prestación del servicio, no serán objeto de facturación o cobro por ningún concepto hasta que se restablezcan las condiciones necesarias para su prestación segura.

La norma indica que esta medida responde a la imposibilidad material de prestar el servicio y es independiente del subsidio excepcional y de la condición de usuario perteneciente a un estrato subsidiable de conformidad con la Ley 1506 de 2012.

En medio de las respuestas poco claras de las autoridades ante el terremoto, Pulzo confirmó con las tres empresas prestadoras de servicios públicos (energía, agua y gas) que esta legislación aplica.

Por esa razón, las compañías insisten en que los usuarios se acerquen para llevar a cabo los derechos de petición para hacer las correcciones de los respectivos casos, ya que por sí mismos no se hacen debido a la automatización de los sistemas.

Uno de los temas que parece incómodo y para algunos inverosímil es el de las realidades en cada una de las copropiedades que resultaron completamente afectadas por el movimiento sísmico.

Por esa razón, es importante aclarar que los propietarios de apartamentos destruidos deben pagar la administración así el bien haya quedado demolido, ya que la legislación colombiana lo indica de esta manera.

Cabe remarcar que a pesar de que algunos tienen pólizas de seguro que cubren cierto tiempo de ese pago, esto no aplica hasta que no se ejecute la afectación correspondiente de ese servicio.

Además, por más indignante que parezca, ese cobro es permanente porque las personas son parte de esa copropiedad, lo que también les da derechos y deberes sobre las zonas comunes.

Asimismo, a la espera de saber cómo funciona el Fondo Milagro, una de las grandes dudas pendientes gira alrededor del pago del impuesto predial de los próximos años para las viviendas que quedaron inhabitables y hasta demolidas.

Pulzo consultó por medio de un derecho de petición al tema, pero todavía no hay respuesta sobre si se debe llevar a cabo, si el cobro es por el mismo precio que tenía antes del terremoto o si existe alguna clase de nueva decisión.

Lo llamativo es que el silencio sobre un tema que parecería más que evidente se suma entre los enredos insólitos que vive más de uno de los miles de damnificados que no solo quedó en medio de los escombros sino con un montón de dudas aún sin resolver.

Las autoridades han manifestado que continúan buscando soluciones efectivas para controlar la emergencia y establecer criterios claros sobre cuáles espacios requieren intervención y, sobre todo, cómo deben realizarse las reparaciones de manera apropiada para garantizar la seguridad de quienes viven en el sector. En este sentido, actualmente se desarrolla una fase de revisión exhaustiva de las estructuras en las etapas 1 y 2 de Chiminangos. Según información de la Secretaría de Gestión del Riesgo y la organización Propacífico, esta etapa de evaluación es crucial para determinar qué adecuaciones se deben hacer afin de asegurar que las construcciones cumplan con las normas vigentes y puedan ser entregadas en el tiempo estimado.

El proceso de evaluación y reparación toma tiempo. Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, indicó que "los estudios se pueden demorar de 1 a 3 meses, dependiendo de cuál es la profundidad o qué es lo que se requiere, de acuerdo al estudio ya entregado por Prosa por Propacífico, y los arreglos podrán tomar otros 2 o 3 meses". Este cronograma, de acuerdo con lo citado por 90 Minutos, refleja la complejidad del daño y la necesidad de revisar minuciosamente la estabilidad de las edificaciones afectadas. Las imágenes divulgadas por el medio dan cuenta de escaleras colapsadas y muros deteriorados, lo que obliga a un trabajo cuidadoso y coordinado para definir los nuevos diseños estructurales.

De manera paralela, la Secretaría de Gestión del Riesgo coordina acciones con empresas de servicios públicos, enfocadas en restablecer el suministro de gas en el menor tiempo posible. La entidad subraya la importancia de este servicio y la disposición de contar con criterios técnicos sólidos, que serán discutidos en una mesa técnica para tomar decisiones que no impacten de manera negativa a la comunidad. Por ahora, la situación sigue siendo monitoreada de cerca, mientras ingenieros y autoridades buscan la mejor alternativa para la recuperación de Chiminangos.

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¿Qué avances se han logrado en la reparación de las edificaciones de Chiminangos tras el sismo?

Según la información suministrada por la Secretaría de Gestión del Riesgo y Propacífico, actualmente se desarrolla una fase de revisión detallada de las edificaciones en Chiminangos. Los estudios para determinar el daño estructural pueden durar de 1 a 3 meses y, una vez definidos los requisitos técnicos, los trabajos de arreglo podrían tomar hasta otros 2 o 3 meses adicionales. El proceso avanza, pero persisten riesgos hasta que concluyan estas intervenciones.

¿Por qué fue necesario suspender el servicio de gas en Chiminangos y cuándo se restablecerá?

La suspensión del gas en Chiminangos se debió a los graves daños estructurales registrados tras el sismo, que pusieron en riesgo la seguridad de los habitantes. Las autoridades, en coordinación con las empresas de servicios públicos, trabajan para evaluar cuándo y cómo restablecer el suministro, priorizando la integridad de la comunidad. Se espera que el servicio retorne una vez finalicen las reparaciones estructurales y se verifique la seguridad de las instalaciones.

La operación, bautizada como "Noah", dejó como resultado la muerte de cuatro presuntos disidentes y la captura de seis personas. En el balance, que fue divulgado en las redes sociales del presidente, se reiteró la importancia de destacar a este capturado por su impacto dentro de las disidencias. Alias "Barba Chivo", también conocido como "Costeño", fue señalado por el mandatario como jefe de comisión y persona de confianza de Andrey Avendaño, pieza clave en la estructura del frente 33 de las disidencias de las Farc. De acuerdo con De la Espriella, "Barba Chivo" ha participado en actividades ilícitas durante aproximadamente 11 años, liderando enfrentamientos en el municipio de Tibú y convirtiéndose en el primer cabecilla de narcoterrorismo que logra sobrevivir a una de estas ofensivas aéreas, aunque finalmente no pudo evadir a la fuerza pública.

Según declaraciones del Ejecutivo, se le atribuyen numerosos crímenes, entre ellos homicidio de líderes sociales, uso de drones con explosivos, actividades de extorsión, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado. En el operativo fueron confiscados siete fusiles y 15 granadas diseñadas para drones, además de afectar la infraestructura del grupo armado al destruir tres campamentos con capacidad para albergar cerca de 35 integrantes de las disidencias de alias “Calarcá”. El presidente remarcó que seguirá manteniendo la presión militar contra estos grupos hasta recuperar el control territorial.

Desde el inicio del actual gobierno, que comenzó el 7 de agosto, se estableció una ofensiva clara: ejecutar entre 12 y 15 bombardeos contra grupos armados en los primeros 100 días de mandato. Hasta la fecha, se registran siete operaciones de este tipo, de acuerdo con información revelada por El Espectador y el propio presidente en sus canales oficiales.

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¿Quién es alias "Barba Chivo" y qué papel tenía dentro de las disidencias?

Alias "Barba Chivo", conocido también como "Costeño", es señalado como jefe de comisión y hombre de confianza de Andrey Avendaño, importante líder del frente 33 de las disidencias de las Farc. De acuerdo con declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, este individuo lideró confrontaciones armadas en Tibú durante cerca de 11 años y se le atribuyen delitos como asesinatos de líderes sociales, ataques con drones explosivos, extorsión, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado, según la información proporcionada por el Ejecutivo.

¿Cuáles fueron los resultados y objetivos de la operación "Noah" contra el frente 33?

La operación "Noah", informada oficialmente por el presidente, consistió en un bombardeo y acción militar que dejó como saldo cuatro presuntos disidentes muertos y seis capturados, incluyendo a alias "Barba Chivo". Además, permitió el decomiso de siete fusiles, 15 granadas para drones y la destrucción de tres campamentos con capacidad para 35 miembros de las disidencias. El objetivo, según el mandatario, es debilitar a los grupos armados y recuperar el control de las regiones afectadas por estas organizaciones criminales.

La familia Santo Domingo, a través de la Fundación Santo Domingo, Valorem y sus empresas vinculadas, presentó una donación dirigida a la atención de damnificados y a la reconstrucción. Su aporte responde a una trayectoria filantrópica que se originó en 1960, con la fundación establecida en Barranquilla bajo el apellido familiar. Desde entonces, han impulsado proyectos de vivienda, educación y desarrollo social, beneficiando a múltiples comunidades. La ayuda en esta ocasión reafirma que el compromiso de la familia va mucho más allá de las emergencias coyunturales.

Del mismo modo, Luis Carlos Sarmiento Angulo y Fanny Gutiérrez de Sarmiento ofrecieron apoyo para atender la emergencia y promover la reconstrucción. Entre sus logros se destaca el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer, una iniciativa que fortalece la atención médica y la investigación en el país. Según el artículo, este proyecto familiar ha tenido un impacto relevante en la salud nacional.

La Organización Corona, con raíces en la familia Echavarría Olózaga, anunció aportes económicos, materiales de construcción y programas sociales enfocados en recuperar hogares y fortalecer comunidades. Su herramienta institucional principal es la Fundación Corona, establecida en 1963 y reconocida por fortalecer la movilidad social y la creación de oportunidades, de acuerdo con lo expuesto en el texto.

La filantropía en Colombia también tiene otros protagonistas, como la Fundación Carvajal, en el Valle del Cauca, con experiencia desde 1961; la Fundación Fraternidad Medellín, que nació en Antioquia en 1957 impulsada por Santiago Mejía Olarte y que hoy lidera, junto a la familia Mejía Correa, la reconstrucción de infraestructuras educativas; y la Fundación Luker en Caldas, aliada de la familia Restrepo, responsable de dotar al hospital universitario de la región con cubículos neonatales y de apoyar la educación y la alimentación local.

Estas iniciativas demuestran que las raíces de la filantropía en Colombia se sostienen sobre trayectorias familiares, convicciones profundas y organizaciones que han logrado adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. Según el artículo, la riqueza de Colombia también se expresa en esta tradición de generosidad, visible en cada escuela reabierta, en los hospitales fortalecidos y en cada oportunidad renovada para quienes lo han perdido todo.

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¿Qué impacto ha tenido la filantropía familiar en la reconstrucción tras el terremoto en Colombia?

De acuerdo con la información ofrecida, la filantropía familiar ha tenido un papel crucial en la reconstrucción después del terremoto, con acciones concretas y ayudas que van desde la donación de recursos para infraestructura hasta programas de acompañamiento social. Este compromiso, gestado durante décadas en instituciones como Fundación Santo Domingo, Fundación Corona y Fundación Carvajal, demostró su vigencia con respuestas inmediatas y de largo plazo.

¿Cuáles son las principales fundaciones mencionadas y cuál ha sido su trayectoria en Colombia?

Según el artículo, las principales fundaciones mencionadas son la Fundación Santo Domingo, Fundación Corona, Fundación Carvajal, Fundación Fraternidad Medellín y Fundación Luker. Cada una ha desarrollado una labor constante en vivienda, educación, salud y desarrollo social. La mayoría de ellas nacieron entre 1957 y 1963, producto de la visión filantrópica de familias empresariales, y han permanecido renovando su compromiso con el país.

En respuesta a la llamada, cuatro integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Rafael acudieron a la zona del balneario provistos de equipos de buceo, chalecos salvavidas y otras herramientas de protección. De acuerdo con el reporte citado, las labores de búsqueda se vieron complicadas por la profundidad y la amplitud del afluente, lo que exigió a los rescatistas realizar hasta tres inmersiones en aguas del río antes de lograr ubicar el cuerpo sin vida del adolescente. La complejidad de las maniobras evidencia el nivel de riesgo al que estos equipos se enfrentan en situaciones de rescate similares.

Una vez hallado el cuerpo, los bomberos coordinaron con la Policía Nacional las acciones necesarias para extraer al joven del agua y trasladarlo a la morgue municipal. Las autoridades locales han empezado el proceso de investigación para esclarecer en qué circunstancias precisas ocurrió la emergencia. Según los reportes iniciales, el caso se trataría de una muerte por inmersión, aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles adicionales acerca de lo sucedido y la identidad completa del menor no ha sido confirmada oficialmente.

El balneario El Castillito, en el Oriente antioqueño, es conocido como uno de los lugares visitados por residentes y turistas que llegan al municipio de San Rafael. La tragedia, que hoy es materia de investigación, ha puesto nuevamente en el centro de la atención pública la seguridad en escenarios naturales.

¿Qué ocurrió con el adolescente en el balneario El Castillito, San Rafael?

De acuerdo con los organismos de socorro y la Policía Nacional, el adolescente desapareció luego de ingresar al río y no ser visto durante aproximadamente 40 minutos. El cuerpo fue hallado tras tres inmersiones de los bomberos voluntarios, en una operación dificultada por las condiciones del afluente. Las autoridades investigan las circunstancias de la muerte, presumiblemente por inmersión.

¿Por qué fue difícil rescatar al adolescente en el río de San Rafael, Antioquia?

La búsqueda se complicó por la profundidad y amplitud del río en el balneario El Castillito, lo que obligó a los bomberos a realizar hasta tres inmersiones para localizar el cuerpo. Estas condiciones naturales dificultan las maniobras de los equipos de rescate y aumentan el riesgo de este tipo de operaciones.

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La medida responde al crecimiento sostenido de las acciones de tutela en el sistema de salud, en medio de las dificultades para suministrar medicamentos e insumos y las afectaciones al flujo de recursos del sector.

Entre las principales acciones se encuentra el fortalecimiento de la gestión de notificaciones judiciales, la agilización de los servicios reclamados por los usuarios y una mayor capacidad de respuesta ante los despachos judiciales.

Además, se implementará una ruta especial para garantizar la prestación efectiva de los servicios ordenados por los jueces.

Este mecanismo contará con recursos destinados tanto a la atención de los pacientes como al pago de la red prestadora de servicios de salud.

La entidad también vinculará nuevas capacidades y servicios especializados para apoyar la defensa judicial y mejorar la identificación y autorización de las atenciones requeridas.

Nueva EPS aseguró que el objetivo es optimizar sus procesos internos, cumplir los términos establecidos por la justicia y lograr que las órdenes de tutela se traduzcan en servicios efectivos para sus afiliados.

La entidad reiteró que continuará destinando recursos y fortaleciendo su gestión para garantizar el derecho fundamental a la salud.

Uno de los aspectos más destacados de esta recuperación es el retorno de varias especies de fauna, con especial énfasis en las aves. Estas han vuelto a utilizar los territorios en torno al río como zonas de alimentación, refugio y anidación, hecho que, según la CAR, evidencia una reconexión progresiva de la biodiversidad local. Proteger la vida silvestre y restaurar los ecosistemas naturales figura entre los objetivos centrales de este tipo de proyectos.

Un hito técnico relevante es la implementación de un biofiltro en el área multifuncional Canoas–Indumil, diseñado para tratar aguas con alta carga orgánica. La CAR ha reportado logros tempranos en la mejora de la calidad del agua, reflejados en la disminución de compuestos como nitrógeno y fósforo. Estos avances resaltan el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) para complementar la infraestructura convencional de saneamiento, aunando esfuerzos de ingeniería con elementos ecológicos.

Las áreas multifuncionales—concebidas para cumplir distintas funciones—fomentan la conectividad ecológica entre el río, los humedales y los bosques de ribera. Según Manuel González Malagón, subdirector general de Administración del FIAB e Infraestructura Ambiental en la CAR, este modelo innovador combina infraestructura verde como humedales restaurados, vegetación nativa y biofiltros, con obras hidráulicas tradicionales. El propósito es lograr un equilibrio entre la protección frente a inundaciones y la recuperación ambiental del territorio, reafirmando así el carácter sostenible de la estrategia.

De acuerdo con las expectativas de la CAR, para el cierre del año las áreas multifuncionales deberían alcanzar un alto grado de estabilización ecológica. Esto se traduciría en una vegetación más consolidada, hábitats fortalecidos y mayor diversidad biológica, así como en el mejor desempeño del biofiltro en Canoas–Indumil. González Malagón subraya que este es un modelo pionero en el país, respaldado técnica y financieramente por el Banco Mundial, y adaptado a partir de experiencias exitosas en ríos europeos, especialmente en Francia, donde la recuperación de meandros ha sido clave en la mejora ambiental de las cuencas.

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¿Cuáles son los avances en la recuperación ecológica del río Bogotá según la CAR?

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) destaca el retorno de especies de fauna, principalmente aves, como uno de los avances significativos en la recuperación ecológica del río Bogotá. Además, la mejora de la calidad del agua gracias a la instalación de un biofiltro en Canoas–Indumil refleja el éxito de las soluciones basadas en la naturaleza implementadas en el megaproyecto.

¿Qué funciones cumplen las áreas multifuncionales en el proyecto del río Bogotá?

Las áreas multifuncionales están diseñadas para fortalecer la conectividad ecológica entre el río, humedales y bosques de ribera. Según la CAR, también ayudan a mejorar la calidad del agua, mitigar riesgos de inundación y aumentar la biodiversidad mediante la integración de infraestructura verde y soluciones ambientales innovadoras.

"Nocturnos. Archivo de la noche" reúne más de 230 piezas que incluyen fotografías, manuscritos, películas, periódicos, grabados, mapas y libros pertenecientes a las colecciones de la Biblioteca Nacional. Según el texto curatorial elaborado por Ximena Gama, la muestra no considera al archivo como un grupo estático de documentos, sino como un espacio dinámico en el que las imágenes adquieren nuevos significados con cada encuentro y reflexión de los visitantes.

Una de las secciones que, de acuerdo con El Espectador, podría resultar incómoda para la dirección se titula "La horrible noche". En ese segmento se destacan documentos y obras que abordan episodios controvertidos de la historia política y social colombiana, incluyendo el Acuerdo de Paz de 2016. Esta sensibilidad por ciertos contenidos ya había sido relevante en el Museo Nacional, donde se ordenó el retiro de piezas relacionadas con el proceso de paz. En el mismo apartado se encuentran referencias al himno nacional, el libro 'La casa grande' de Álvaro Cepeda Samudio —sobre la masacre de las bananeras—, y trabajos sobre el Palacio de Justicia y Armero. Estas piezas reconstruyen la historia colombiana desde la literatura, el periodismo y la fotografía.

Otra sala explora aspectos festivos y de celebración nocturna, además de reunir memorias de la población LGBTIQ+, zona considerada sensible por la dirección, aunque, como se aclara en la exposición, existe un aviso que advierte a los visitantes sobre estos contenidos y señala la necesidad de acompañamiento adulto cuando asistan niños.

El planteamiento de "Nocturnos" propone la noche no solo como un tema, sino como una perspectiva para leer el archivo, a partir de la inestabilidad de las certezas y nuevas asociaciones entre los materiales. La exposición involucra obras de artistas invitados y piezas prestadas por el Museo Nacional, y busca abrir el archivo a nuevas lecturas y fricciones, sin aspirar a un relato único o lineal.

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¿Por qué fue solicitado el desmontaje anticipado de la exposición ‘Nocturnos. Archivo de la noche’ en la Biblioteca Nacional?

De acuerdo con El Espectador, la decisión de solicitar el retiro anticipado de la exposición habría surgido por la incomodidad de la dirección frente a algunos apartados considerados sensibles, como los que abordan el conflicto político y social, el Acuerdo de Paz y la memoria de la población LGBTIQ+. A pesar de los avisos sobre los contenidos sensibles, la solicitud formal fue elevada al Ministerio de Cultura por Julia Cristina Daza Noguera.

¿Qué temas y piezas destacadas aborda la exposición ‘Nocturnos. Archivo de la noche’?

La exposición reúne más de 230 piezas de las colecciones de la Biblioteca Nacional, integrando documentos, fotografías, libros y obras sobre episodios claves de la historia de Colombia como la masacre de las bananeras, el Palacio de Justicia y el Acuerdo de Paz, así como memorias de la población LGBTIQ+. El planteamiento curatorial destaca la noche como una forma de leer y cuestionar el archivo más allá de clasificaciones tradicionales.

Sin embargo, recientemente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aclaró el alcance de las restricciones relativas a esta obra. En un auto fechado el 30 de octubre de 2026 y notificado el 9 de noviembre, el Tribunal resolvió solicitudes de aclaración y determinó que no existen órdenes de suspensión ni modificación del trazado vigente. Así, tanto la Gobernación de Cundinamarca como la Alcaldía de Chía respaldaron el fallo, celebrando la posibilidad de que el concesionario retome los trabajos, lo que podría ocurrir a partir del martes 10 de noviembre, de acuerdo con el gobernador Jorge Emilio Rey.

Según la Alcaldía de Chía, las obras cuentan con presunción de legalidad y pueden ejecutarse, ya que la sentencia inicial no reconoce de manera definitiva el cuerpo de agua en San Jacinto como un humedal y tampoco exige modificar licencias ambientales ni el trazado actual. Pese a este avance, el Tribunal otorgó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) seis meses para profundizar los estudios sobre dicho cuerpo de agua, utilizando como insumo investigaciones realizadas por el Instituto Humboldt. Esto significa que, si bien la obra continúa, la discusión ambiental persiste.

El origen de la controversia se remonta a la licencia ambiental otorgada en 2018 y a la medida cautelar de suspensión de obras decretada en marzo de 2021, motivada por advertencias de comunidades y ambientalistas sobre el posible impacto en un humedal no declarado. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) había modificado la licencia para ajustar el trazado, pero los cambios no fueron suficientes hasta el reciente fallo judicial.

Finalmente, las autoridades departamentales deberán gestionar los permisos para los intercambiadores viales que articularán la Troncal con importantes vías departamentales. Así, mientras la vía recobra impulso, el debate ambiental sobre el cuerpo de agua de San Jacinto aún requiere una definición técnica clara.

¿Por qué la Troncal de los Andes estuvo frenada tanto tiempo?

La Troncal de los Andes permaneció detenida debido a una medida cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esta acción judicial respondía a preocupaciones ambientales sobre el posible impacto de la obra en un cuerpo de agua ubicado en el predio San Jacinto, señalado por comunidades y organizaciones ambientales como un posible humedal no declarado. Solo recientemente, tras varias aclaraciones judiciales y ajustes en la licencia ambiental, se despejó el camino para retomar la construcción.

¿Qué es un humedal y por qué es importante en la construcción vial?

Un humedal es un ecosistema donde el suelo permanece saturado de agua durante parte del año, lo que genera condiciones particulares que permiten el desarrollo de flora y fauna específicas. Estos ecosistemas son claves para la regulación hídrica y la conservación ambiental. En el contexto de la Troncal de los Andes, la posible presencia de un humedal en el predio San Jacinto fue motivo de debate, pues cualquier intervención sobre este tipo de ecosistema implica posibles afectaciones ambientales que deben ser cuidadosamente evaluadas antes de avanzar con proyectos de infraestructura.

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Las declaraciones de Valencia cobraron mayor relevancia luego de las revelaciones dado a conocer por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Este medio reportó sobre un informe reservado de 26 páginas, elaborado por funcionarios de la propia DNI de la administración anterior, en el que se contemplan acciones controvertidas: desde la instalación de micrófonos y sistemas de posicionamiento global (GPS) en vehículos de expresidentes, hasta la operación de una casa clandestina de inteligencia ubicada en cercanías de la Embajada de Estados Unidos. El informe también revela sospechas de espionaje con tecnología de origen ruso y la existencia de un hacker cuya presunta tarea era alterar resultados de las elecciones presidenciales recientes.

En este contexto de inquietud institucional, se produjo la captura de Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas y exempleado de la DNI durante el gobierno Petro. Según la investigación periodística de Noticias Caracol, Oyola habría encabezado una red dedicada a ejecutar ataques informáticos contra la Registraduría Nacional, con el objetivo de modificar los resultados de las votaciones del 21 de junio.

Las denuncias impulsaron reacciones desde distintos frentes. El vicepresidente José Manuel Restrepo exhortó a los organismos de control a iniciar una “investigación de fondo y actuaciones contra los responsables directos e indirectos”, advirtiendo que lo ocurrido podría considerarse un “ataque a la democracia”. Por su parte, la Contraloría General de la República, bajo la dirección de Jorge Laverde, dispuso una revisión prioritaria de cinco contratos firmados por la DNI en la administración anterior, motivada por presuntas fallas técnicas, posibles incumplimientos y sobrecostos en la adquisición de tecnología y equipos.

Pese al revuelo político, la voz de la oposición también se oyó. El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, argumentó que intentos por poner en duda la transparencia del proceso electoral surgen “en la medida en que aumenta la ilegitimidad del gobierno actual y de De la Espriella”. Cepeda resaltó que organismos electorales, entre ellos la Registraduría, han descartado escenarios de intrusión informática o hackeo en los resultados de las elecciones presidenciales.

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¿En qué consisten las acusaciones de infiltración en la campaña presidencial de Paloma Valencia?

Las acusaciones hechas por Paloma Valencia señalan la presunta infiltración de su campaña presidencial por parte del gobierno Petro, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). De acuerdo con la excandidata, estos hechos involucrarían la utilización de mecanismos de vigilancia y seguimiento ilegítimo, aunque no se detallan las técnicas específicas ni los resultados concretos de la supuesta infiltración según lo reportado por Noticias Caracol y otros actores políticos mencionados.

¿Qué es la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y cuál fue su papel en las recientes controversias?

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) es el organismo estatal encargado de labores de inteligencia y contrainteligencia en Colombia. Según las revelaciones investigadas por Noticias Caracol, varios funcionarios de la anterior administración habrían incurrido en acciones irregulares como la instalación de dispositivos de micrófono y GPS en vehículos de expresidentes, espionaje con tecnología foránea y la supuesta manipulación informática de resultados electorales, hechos que ahora son objeto de revisión por organismos de control y judiciales.

La gravedad de las heridas obligó a un traslado inmediato al Hospital Federico Lleras Acosta en Ibagué, donde la joven fue intervenida quirúrgicamente e ingresó a cuidados intensivos. De acuerdo con los testimonios recogidos, la adolescente permanece intubada y bajo vigilancia médica especializada mientras se le practican procedimientos adicionales para drenar líquidos acumulados como consecuencia de las lesiones.

Diversas versiones apuntan a que la relación entre la víctima y el presunto agresor ya presentaba antecedentes de conflictos. Según declaraciones de la madre, la adolescente habría sido víctima de episodios anteriores de violencia física y verbal dentro de la misma relación. Sin embargo, estas informaciones sobre posibles enfrentamientos previos aún no han sido confirmadas por las autoridades y se encuentran bajo proceso de verificación. La madre ha manifestado su preocupación por falta de avances en la investigación y señaló que tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía, no ha recibido información sobre el paradero del joven implicado ni sobre el desarrollo del proceso.

Además de enfrentar la angustiante situación médica, la familia ha tenido que hacer frente a dificultades económicas y de logística. La madre relató que, junto a su hijo de 18 años, se turnan para acompañar a la paciente, lo que implica gastos de transporte, permanencia y la necesidad de insumos básicos como pañales desechables y artículos de aseo para la hospitalización. La mujer, quien cría sola a sus hijos tras superar un episodio de cáncer, reiteró la urgencia de apoyo por parte de la comunidad y las instituciones, insistiendo en el esclarecimiento del ataque y la protección de su hija.

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¿Cuáles son los antecedentes de violencia en la relación de la adolescente atacada en Tolima?

La madre de la víctima indicó que su hija había enfrentado episodios tanto de violencia física como verbal con el joven señalado como agresor, lo que sugiere que existían conflictos previos dentro de la relación. No obstante, estas versiones no han sido confirmadas por las autoridades y forman parte de las hipótesis actualmente bajo investigación.

¿Qué apoyo necesita la familia de la adolescente agredida en Ibagué?

La familia enfrenta dificultades económicas y logísticas desde el ingreso hospitalario de la menor. La madre expresó la necesidad de ayuda con pañales desechables, artículos de aseo y gastos relacionados con el transporte y la permanencia en la ciudad, mientras acompaña a su hija durante la recuperación.

La reciente operación, denominada “Noah”, tuvo como objetivo el frente 33 de las disidencias de las Farc, localizadas principalmente en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, bajo el mando de alias “Calarcá”, según la información proporcionada. El saldo de la ofensiva fue de cuatro presuntos disidentes muertos y seis personas capturadas. Entre los aprehendidos se encuentra alias “Barba Chivo”, señalado como uno de los hombres de confianza de alias “Andrey Avendaño”, quien sería uno de los jefes principales de esa organización armada.

Tras el operativo militar, el presidente enfrentó públicamente a alias “Barba Chivo”, asegurando con firmeza que lo enviará a la cárcel “para que se pudra” y que “pague por el daño que ha hecho”. Este tipo de intervenciones directas y expuestas ante medios se ha vuelto una constante durante los bombardeos ordenados en lo que va del gobierno. De la Espriella ha intervenido personalmente en cada uno de los siete operativos realizados hasta la fecha, utilizando frecuentemente la radio para dar instrucciones al Ministerio de Defensa y dejando mensajes escritos en las bombas empleados en los ataques. Así, su administración ha construido una narrativa de confrontación militar y “mano dura” frente a las estructuras criminales.

El pasado 7 de agosto, el presidente anunció que para los primeros 100 días de gestión, que concluirán el próximo 14 de noviembre, estaba previsto efectuar entre 12 y una cantidad aún no detallada de operativos de esta naturaleza. Esta estrategia y puesta en escena ha sido central en la identidad de su gobierno y en el mensaje dirigido tanto a las organizaciones armadas ilegales como a la opinión pública.

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¿Quién es Abelardo de la Espriella y cuál ha sido su enfoque de seguridad durante su gobierno?

Abelardo de la Espriella, en su rol presidencial, se ha destacado por un enfoque de mano dura contra los grupos armados ilegales, según la información citada. Ha liderado intervenciones directas en operaciones militares, firmando bombas y enfrentando públicamente a los capturados, buscando así construir una imagen de combate decidido y activo contra disidencias como las del frente 33 de las Farc en el Catatumbo.

¿A qué se refiere el término “mano dura” en el contexto del gobierno de Abelardo de la Espriella?

La expresión “mano dura” en el contexto del actual gobierno se refiere a una política de confrontación militar constante y decidida contra organizaciones armadas. Según lo mencionado, esto se evidencia en las órdenes directas de bombardeos, mensajes simbólicos y la promesa presidencial de responder con operativos contundentes por cada atentado que ocurra en el país.

El primero de los casos ocurrió en una de las sedes de un supermercado, en el barrio Rebolo, suroriente de Barranquilla. Allí una mujer llamada Gellis Julieth Rambao Martínez estaba haciendo sus funciones de cajera, cuando se le acercó un desconocido fingiendo ser un cliente y le disparó.

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El sicario huyó de inmediato en una motocicleta AX4 de color negro, en la que era esperado por su cómplice. Por su parte, Rambao Martínez fue llevada con urgencia hacia un centro asistencial en el barrio Simón Bolívar, donde según se reporta su estado de salud es estable.

Pasados solo 40 minutos, en otro punto de Barranquilla, en el barrio El Limón, una mujer identificada como Shirley Patricia Payares Díaz, de 43 años, fue asesinada a manos de su pareja sentimental. El presunto responsable llamado Édgar José Torrenegra Moreno, de 49 años, la abordó en plena calle y le propinó varios disparos. Luego, de acuerdo a los reportes, intentó dispararse con su arma, pero terminó siendo capturado por la Policía.

Shirley Patricia falleció de inmediato en el lugar de los hechos por la gravedad de dos disparos que recibió en su cabeza. Su expareja, está fuera de peligro.

Los hechos despertaron la preocupación del Movimiento Amplio Social de Mujeres, desde donde se está solicitando al Gobierno Nacional activar de manera urgente las medidas de emergencia por violencia de género en el Atlántico, ante el número de homicidios registrados este año.

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Dice Ruth Pareja, integrante del movimiento, que ya son 65 las mujeres asesinadas y pidió al gobernador del Atlántico convocar esta misma semana un consejo de seguridad con enfoque de género, en el que participen las autoridades y las organizaciones sociales.

“El gobernador, como primera autoridad del departamento, le corresponde también una activación territorial de emergencia y es convocar de manera urgente en esta misma semana el Consejo de Seguridad con enfoque de género indudablemente con las organizaciones sociales que son los que vamos a monitorear qué está pasando con estos asesinatos de mujeres”, indicó Ruth Pareja.

Édgar José tenía en su poder un revólver de fabricación industrial que fue incautado por las autoridades.

El cuerpo de Bernate fue encontrado específicamente en la zona de La Chamba, una región ubicada dentro de la jurisdicción de El Guamo. De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver fue divisado entre una acumulación de troncos y ramas sobre el afluente, situación que llevó a que los organismos de emergencia y las autoridades se desplazaran rápidamente hasta el lugar para atender el caso y recuperar el cuerpo.

Rafael Bernate era conocido en El Guamo principalmente por su oficio de vendedor de carne en la plaza de mercado del municipio. Su desaparición comenzó a ser notoria cuando, el sábado 7 de noviembre, dejó su casa al mediodía para hacer unas compras y no regresó, hecho que alertó a sus seres queridos tras perder todo contacto con él desde ese momento.

Tan pronto se supo de su desaparición, los familiares, allegados y los organismos de socorro iniciaron la búsqueda, que se prolongó por varios días hasta el hallazgo definitivo del cuerpo. Entre las entidades que participaron en los operativos estuvieron el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional y personal de criminalística, quienes llevaron a cabo las labores de recuperación del cuerpo y las inspecciones técnicas requeridas por el protocolo.

Por ahora, de acuerdo con los informes de los organismos oficiales, no se conocen las circunstancias exactas en las que Rafael Bernate terminó en el río ni las causas precisas de su muerte. Las autoridades señalaron que estos aspectos solo podrán esclarecerse una vez concluyan los procedimientos forenses y las investigaciones respectivas.

La trágica noticia ha suscitado conmoción y tristeza entre los habitantes de El Guamo, donde ‘Mojico’ era un personaje ampliamente identificado por su trabajo y su presencia frecuente en la plaza de mercado local.

¿Cómo fue la desaparición y posterior hallazgo de Rafael Bernate en El Guamo?

Según los informes obtenidos por las autoridades y el registro de lo sucedido, Rafael Bernate desapareció después de salir de su vivienda al mediodía del 7 de noviembre para efectuar unas compras. Tras varios días de intensa búsqueda por parte de sus allegados y los organismos de socorro, su cuerpo fue encontrado sin vida el 10 de noviembre, en el sector de La Chamba, atrapado entre troncos y ramas en el río Magdalena.

¿Qué entidades participaron en la búsqueda y recuperación de Rafael Bernate?

En la búsqueda y recuperación del cuerpo de Rafael Bernate estuvieron presentes entidades como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional y equipos de criminalística, que se encargaron tanto del operativo de búsqueda como del procedimiento técnico y forense posterior al hallazgo.

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Uno de los mecanismos clave para la organización de los apoyos es el Registro Único de Damnificados (RUD), donde están priorizadas cerca de 21.000 familias. Desde el 3 de noviembre, estos hogares comenzaron a recibir los pagos pendientes gestionados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la administración local, para estos auxilios se asignaron $36.700 millones, distribuidos entre dos cortes de beneficiarios: 10.000 hogares recibieron el segundo pago de $1.050.000, mientras que unos 11.000 hogares recibieron $2.100.000, correspondientes a dos meses de apoyo económico. El alcalde anunció que el tercer pago, a cargo del Gobierno Nacional, llegaría en los siguientes días.

En cuanto a la vivienda, unas 700 familias que perdieron totalmente sus hogares, ya sea por colapsos o demolición de edificaciones, son la mayor prioridad, de acuerdo con las autoridades. Hasta la fecha, se han entregado 15 viviendas nuevas y 150 bonos del Fondo Milagro por $157 millones de pesos cada uno para la compra de vivienda. Adicionalmente, a través del Fondo Cali Somos Todos, se otorgaron 200 bonos de $50 millones cada uno y recursos para reparar viviendas. Paralelamente, se están diseñando proyectos habitacionales para quienes no pueden retornar a sus hogares originales.

La atención humanitaria también incluyó la entrega de 677,99 toneladas de ayudas, entre mercados, kits de higiene, elementos de cocina y artículos de descanso, distribuidos tanto en áreas urbanas como rurales. Para reforzar la seguridad alimentaria, la Alcaldía, en alianza con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), dispuso un programa de tarjetas de asistencia, financiado con un millón de dólares aportado por cada entidad, que beneficiará a 20.750 familias, permitiéndoles adquirir alimentos en comercios autorizados. Además, la Federación Colombiana de Fútbol destinará recursos recaudados durante un encuentro deportivo para fortalecer ese respaldo.

En el frente de la infraestructura, la Alcaldía y el sector privado avanzan en la recuperación de sedes educativas, habiéndose intervenido 90 de las 338 escuelas afectadas, y priorizando casos como el de la IE Nuevo Latir. Todo esto ocurre mientras continúan evaluando y demoliendo edificaciones en condiciones críticas, con 85 inmuebles autorizados para demolición y otros miles caracterizados técnicamente mediante el protocolo ATC-20.

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¿Qué es el Registro Único de Damnificados (RUD) y cómo acceden las familias en Cali?

El Registro Único de Damnificados (RUD) es el mecanismo oficial a través del cual las familias afectadas por el terremoto pueden ser priorizadas para recibir ayudas económicas y habitacionales. Según la información de la Alcaldía de Cali, cerca de 21.000 hogares están inscritos en este registro, lo que facilita la entrega de los diferentes apoyos gestionados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

¿Cómo funcionan las tarjetas de asistencia del Programa Mundial de Alimentos en Cali?

Las tarjetas de asistencia del Programa Mundial de Alimentos (PMA) son una estrategia implementada por la Alcaldía de Cali y el PMA para permitir que más de 20.000 familias damnificadas adquieran alimentos en establecimientos comerciales. Cada entidad aportó un millón de dólares para financiar este programa, facilitando así el cubrimiento de las necesidades alimentarias básicas de los hogares afectados por el terremoto.

El Ministerio de Ciencia no nació al azar. Surgió tras décadas de esfuerzos conjuntos de universidades, investigadores, academias y diversos gobiernos, que culminaron con la Ley 1951 de 2019, la cual le dio vida. Posteriormente, con la Ley 2162 de 2021, el Congreso fortaleció la estructura y funciones del ministerio, ajustándose a una decisión de la Corte Constitucional. No obstante, desde su creación, el ministerio enfrentó una paradoja: se elevó su rango institucional sin otorgarle recursos adicionales sobre el antiguo Colciencias para su personal y funcionamiento, como detalla ACCEFYN. Desde entonces, ha debido trabajar en medio de restricciones de presupuesto e incertidumbre sobre la continuidad de sus programas, lo cual dificulta separar dificultades inherentes a la gestión de los problemas de insuficiencia financiera o de coordinación institucional.

La diferencia entre ciencia y educación, aunque complementarias, es clara: la educación forma ciudadanos y difunde conocimientos ya existentes, mientras que la investigación científica se dedica a crear nuevos saberes y tecnologías, transformando procesos que afectan sectores tan diversos como la salud, energía, biodiversidad o gestión de riesgos. Su integración o reorganización, por tanto, requiere analizar cómo se mantendrá la rectoría y cohesión de la política científica nacional para articular sectores con necesidades distintas.

La academia no desconoce la importancia de mejorar la eficiencia estatal y reconoce que el Ministerio de Ciencia requiere ajustes administrativos y una mejor articulación con la innovación regional. Sin embargo, cualquier fusión debe compararse con alternativas como simplificar procedimientos o eliminar duplicidades, sopesando los posibles ahorros frente a los costos de transición. ACCEFYN propone establecer una Mesa Técnica Académica de Respuesta Inmediata, con expertos de distintas especialidades, para elaborar informes técnicos y jurídicos sobre la reorganización y alternativas de eficiencia, y así informar mejor el trámite legislativo. La continuidad y solidez de la ciencia requieren evaluaciones profundas, pues modificar estructuras puede acarrear consecuencias duraderas sobre las capacidades nacionales.

¿Qué implicaciones tendría fusionar el Ministerio de Ciencia con el Ministerio de Educación?

De acuerdo con ACCEFYN, una eventual fusión puede afectar la rectoría y la capacidad de articular la política científica con distintos sectores. Si bien la educación y la ciencia están relacionadas, tienen responsabilidades distintas: la educación difunde conocimiento y la ciencia lo genera. Por eso, cualquier reorganización debe examinar cómo mantener la transversalidad de la ciencia y su capacidad de responder a retos de múltiples sectores.

¿Cuáles son los principales retos presupuestales del Ministerio de Ciencia en Colombia?

Según la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el Ministerio de Ciencia, desde su inicio, no recibió partidas adicionales para gastos administrativos o de personal en comparación con el antiguo Colciencias. Esto ha condicionado su desempeño, pues ha debido operar con recursos limitados y enfrentar incertidumbres para la continuidad de programas y proyectos, lo que pone en evidencia la necesidad de distinguir entre problemas de gestión, falta de fondos y desafíos institucionales.

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Según la información disponible, el accidente involucró un tractocamión tipo niñera, un microbús de servicio público y una motocicleta. Estos datos fueron confirmados a medida que las autoridades avanzaban en la investigación para esclarecer las causas del siniestro, cuyas circunstancias exactas aún no han sido determinadas. De las seis personas que murieron, la identidad de dos sigue pendiente, y los principales reportes indican que una de las víctimas fue una mujer que falleció después de haber sido trasladada a un centro asistencial en el municipio de Dagua, aunque su nombre aún no ha sido revelado.

El impacto del choque dejó también un saldo de siete personas heridas, quienes fueron evacuadas a centros médicos para atender sus lesiones. Entre los lesionados figura José Manuel López, motociclista implicado en el accidente. Las otras personas heridas permanecen en proceso de recuperación. En contraste, el conductor del tractocamión, Wilmer Eduardo Rodríguez Rodríguez, salió ileso del accidente. Este detalle, sumado al carácter múltiple del choque, deja entrever la complejidad de los hechos que desembocaron en una tragedia de grandes proporciones.

Mientras las familias de las víctimas enfrentan el dolor de la pérdida y las autoridades continúan el proceso de identificación de los fallecidos, sigue la tarea de esclarecer cómo se produjo este aparatoso siniestro, el cual mantiene en alerta tanto a los habitantes de la zona como a los viajeros que transitan por este importante corredor vial.

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¿Cuáles fueron las causas del accidente de tránsito en la vía Buenaventura-Buga?

Hasta el momento, la información oficial indica que las circunstancias exactas del accidente permanecen en investigación. El choque, que involucró un tractocamión tipo niñera, un microbús y una motocicleta, aún no tiene causas plenamente esclarecidas según los reportes de las autoridades.

¿Quiénes han sido identificados entre las víctimas del accidente en el túnel 6 de El Naranjo?

De acuerdo con los reportes citados, ya fueron identificados Luis Felipe Domínguez (conductor del microbús), Jaime Rodallega Mosquera (pasajero), Isabela Vallecilla Cuero (bebé de 20 meses) y su madre Yelani Cuero. Las demás víctimas mortales aún no han sido plenamente identificadas por las autoridades.

Este tema llevó nuevamente al debate público las condiciones del sistema energético de Colombia. El país no enfrenta, por ahora, riesgo de un corte generalizado de la magnitud señalada en las redes. Sin embargo, enfrenta desafíos para asegurar el abastecimiento de energía en el periodo 2026-2027, los cuales son motivo de seguimiento por parte de las autoridades y expertos del sector. A estos desafíos se suman factores como una eventual disminución de lluvias, el aumento de consumo y los posibles obstáculos en la generación eléctrica. Así lo señala la información disponible, que invita a mirar con atención los próximos meses, aunque descarta un apagón inmediato y de duración prolongada.

De acuerdo con declaraciones de Juan Carlos Morales, gerente general de XM, empresa responsable de operar el sistema eléctrico, Colombia enfrentó una situación crítica los días 28 y 29 de septiembre. Durante esas fechas, la capacidad eléctrica disponible estuvo cerca de no cubrir la demanda nacional, especialmente cerca de las 7:00 de la noche, cuando baja la generación solar y aumenta el consumo. Morales explicó que, para prevenir una emergencia, es vital contar con reservas suficientes en los embalses y garantizar la operatividad de las plantas generadoras, ya que se prevé un fenómeno de El Niño fuerte durante el periodo de diciembre a marzo, que podría reducir la disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica.

En medio de las versiones que circulan, se mencionan cinco ciudades colombianas que podrían ser vulnerables ante una eventual crisis eléctrica: Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Medellín y Quibdó. Estas ciudades presentan retos particulares por su alta demanda energética, concentración de actividades industriales y comerciales o condiciones geográficas. Sin embargo, de acuerdo con la información consultada, XM no ha emitido una alerta oficial señalando de forma expresa que estas ciudades estén próximas a sufrir un apagón generalizado.

Para mitigar riesgos en caso de una emergencia, se recomienda que la ciudadanía esté preparada con elementos básicos para las primeras 72 horas y procure reducir el consumo eléctrico, especialmente en las horas pico. En todo caso, no existe en este momento evidencia ni orden oficial de racionamiento o apagón nacional. La vigilancia sobre el sistema eléctrico se mantiene, atenta a los factores climáticos y técnicos que inciden en el suministro.

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¿Es real el apagón mundial de 72 horas en Colombia?

No hay información oficial ni reportes de autoridades energéticas que respalden el rumor sobre un apagón mundial de 72 horas en Colombia. Según XM y fuentes citadas en el texto, no existe una alerta o una fecha establecida para un corte eléctrico de ese tipo; el único seguimiento oficial se da sobre el comportamiento de la demanda y la capacidad del sistema eléctrico nacional.

¿Cuáles son las recomendaciones ante una emergencia energética en Colombia?

Se sugiere estar preparados con suministros esenciales para al menos 72 horas: linterna, baterías, batería portátil, agua potable, alimentos no perecederos y medicamentos habituales. También es recomendable usar responsablemente la energía y evitar el consumo en las horas de mayor demanda, entre las 6:00 de la tarde y 9:00 de la noche, según las orientaciones mencionadas en el texto.

(Le interesa: ¿Qué clase de objetivo es un peaje dentro del cual y en torno al cual solo hay civiles?)

Si bien el Ejército de Colombia anunció hace un año que pondría en funcionamiento su primer Batallón de Aeronaves No Tripuladas (BANOT), para atacar y defenderse de los grupos armados ilegales que utilizan esta tecnología, los registros parecieran mostrar una ventaja para los ilegales: desde el primer ataque de este tipo, que se registró en julio de 2023 en Puerto Guzmán (Putumayo), la Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha reportado un incremento en ese tipo de acciones: 119 ataques en el año 2024, un registro que subió a 277 en el l2025, y a 351 hasta el 2 de noviembre de 2026.

Previsible cambio radical en correlación de fuerzas

Frente a esos reportes, las naves del Ejército, basadas en Tolemaida, dotadas de tecnología como inteligencia artificial y capaces de atacar desde el aire a organizaciones dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal, no parecen mostrar resultados que permitan inclinar la balanza a favor del Estado. Las fuerzas oficiales también utilizan sistemas portátiles de guerra electrónica e inhibidores (como el fusil antidrones SkyWiper y pistolas electromagnéticas). Pero las acciones aéreas más determinantes contra los grupos ilegales siguen a cargo de los aviones que bombardean áreas campamentarias, como los Super Tucano y los Kfir.

En ese contexto, el país sigue esperando la entrada en acción de los tres drones MQ-9A Reaper prestados por Estados Unidos. Aunque esas aeronaves son empleadas en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) contra organizaciones armadas ilegales y redes de narcotráfico, también se les conoce en algunos contextos como ‘ángeles de la muerte’ por el tipo de armas que portan. Cuando ese poderoso conjunto de capacidades quede dispuesto en los cielos colombianos, quizá la historia de la lucha contra la delincuencia organizada comience ahora sí a cambiar.

Las tres aeronaves llegaron desarmadas al fuerte de Tolemaida, en donde están siendo ensambladas y sometidas a procedimientos de verificación técnica, instalación y preparación para el servicio e incorporación progresiva a las operaciones, asegura el portal especializado Defensa.com. “El proceso inicial será determinante. Antes de declarar plenamente operativos los Reaper, Colombia deberá asegurar personal especializado, mantenimiento, enlaces de comunicaciones, procedimientos de mando y control, y una doctrina clara para convertir los datos recogidos en decisiones efectivas”, añade. Por eso, la cooperación con Estados Unidos facilitará esa transición.

Los reportes indican que, en una primera etapa, las aeronaves podrían ser controladas desde territorio estadounidense, mientras las tripulaciones colombianas reciben instrucción y el país desarrolla su capacidad operativa. Ya en el curso de las operaciones, los MQ-9A Reaper podrán participar en misiones prolongadas de vigilancia, empleando sus sensores electroópticos e infrarrojos, radares y sistemas de comunicaciones que permiten detectar, seguir y caracterizar objetivos desde gran altitud.

Defensa.com considera que, para Colombia, esa capacidad puede transformar la forma en que se enfrentan el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas y la presencia de grupos armados organizados. En otras palabras, es previsible un cambio radical en la correlación de fuerzas. “En lugar de depender exclusivamente de patrullas terrestres, aeronaves tripuladas o informaciones fragmentadas, las Fuerzas Militares podrán contar con una imagen más continua y precisa de los corredores y zonas de interés”, asegura.

No se trata únicamente de transferir equipo

“El valor principal estará en la anticipación”, sostiene, y explica que un sistema MQ-9A puede observar movimientos de embarcaciones, vehículos, pistas clandestinas, campamentos o rutas logísticas durante largos períodos. Esa información permite orientar mejor las operaciones, reducir riesgos para las tropas y aumentar la probabilidad de intervenir en el momento adecuado. Y remarca que, aunque el MQ-9A es conocido internacionalmente por su capacidad de llevar armamento, la información disponible sobre la entrega a Colombia indica que las aeronaves serán destinadas a labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

Según ese medio, la utilidad inmediata para Colombia de los MQ-9A no radica en una capacidad ofensiva, sino en la posibilidad de construir una mejor comprensión del entorno operacional: quién se mueve, por dónde, cuándo y con qué apoyo logístico. “En un país con geografía compleja, selvas extensas, fronteras porosas y actores ilegales que aprovechan la cobertura territorial, la vigilancia persistente es una ventaja sustancial”, sostiene.

“El Reaper podrá apoyar la identificación de corredores de narcotráfico, el seguimiento de estructuras criminales y la detección temprana de actividades ilegales. También podrá contribuir a proteger comunidades, infraestructura crítica y fuerzas públicas al anticipar amenazas antes de que se materialicen”.

Advierte, eso sí, que no se trata únicamente de transferir equipo: implica compartir estándares operativos, entrenamiento, mantenimiento y procedimientos de inteligencia. Eso hace ver todavía un poco lejos la entrada en acción de esos portentos tecnológicos.

“El Reaper será tan valioso como la estructura que lo respalde. Colombia deberá integrar la información generada por los drones con sus unidades terrestres, navales, policiales y de inteligencia”, insiste Defebnsa.com. “La clave no será solamente ver más, sino decidir mejor y actuar con mayor precisión. Eso exige analistas capacitados, enlaces seguros, protocolos de empleo de la fuerza y mecanismos para proteger la información sensible. También requiere mantener la aeronavegabilidad, disponibilidad y sostenibilidad del sistema a lo largo del tiempo, especialmente si Colombia decidiera incorporarlos definitivamente”.

Después del choque, las heridas que recibió la joven, sobre todo en una de sus piernas, fueron de tal gravedad que requirieron atención médica inmediata. Inicialmente, los equipos de emergencia la trasladaron al hospital Santa Lucía, en Cajamarca, pero dada la delicadeza de su condición, fue remitida de urgencia al hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué. Allí, profesionales en salud la sometieron a distintos procedimientos médicos en un esfuerzo por estabilizarla y salvarle la vida, pero lamentablemente Wendy no resistió la gravedad de las lesiones.

Durante las horas posteriores al accidente, sus familiares y allegados mantuvieron la esperanza de una recuperación. Sin embargo, el martes se confirmó su deceso, lo que generó profundo dolor entre quienes la conocían. El desenlace de este caso volvió a poner de manifiesto los riesgos que enfrentan los motociclistas, especialmente en situaciones donde se ven involucrados varios tipos de vehículos de gran tamaño.

Respecto a cómo ocurrieron los hechos, una de las primeras versiones sostiene que el bus de servicio público habría hecho una maniobra en reversa sin advertir la presencia de la motocicleta. No obstante, hasta el momento esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente. Por ello, autoridades de tránsito están a cargo de esclarecer las circunstancias precisas del choque y establecer la posible responsabilidad de los conductores involucrados.

Los habitantes de Cajamarca y familiares de Wendy lamentan profundamente este trágico suceso, mientras se mantienen atentos a los resultados de la investigación oficial sobre el accidente que cobró la vida de la joven motociclista.

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¿Cuáles fueron las causas del accidente de Wendy Saavedra en Cajamarca?

Hasta el momento, una de las primeras hipótesis sobre el accidente indica que el bus de servicio público podría haber realizado una maniobra en reversa sin advertir la presencia de la motocicleta donde se movilizaba Wendy Saavedra. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada y las investigaciones continúan bajo la responsabilidad de las autoridades de tránsito, quienes serán las encargadas de determinar lo sucedido y las posibles responsabilidades.

¿Qué lesiones sufrió Wendy Saavedra tras el accidente de tránsito?

De acuerdo con la información reportada, Wendy Saavedra sufrió heridas graves, principalmente en una de sus piernas, lo que obligó a su traslado urgente desde el hospital Santa Lucía en Cajamarca hasta el hospital Federico Lleras Acosta en Ibagué. A pesar de los esfuerzos médicos, las consecuencias de las lesiones condujeron a su lamentable fallecimiento al día siguiente del accidente.

(Vea también: Colapsó edificio en Pereira, afectado por terremoto; aclaran que no hubo personas atrapadas)

De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno Nacional, la reconstrucción de viviendas podría costar entre 19 y 23 billones de pesos. Además, más de 201.000 viviendas resultaron averiadas y 36.000 fueron destruidas. Estas cifras reflejan la magnitud del desafío que enfrenta el país para atender a las familias afectadas.

Detrás de esos números hay personas que deben recuperar mucho más que una estructura física: sus espacios cotidianos, sus pertenencias y la tranquilidad de contar con un lugar propio. Para algunas, esto significa reparar los daños de sus casas; para otras, encontrar una nueva vivienda y recuperar parte del patrimonio que construyeron durante años.

En ese contexto, contar con alternativas para financiar las reparaciones, adquirir otro inmueble o atender las afectaciones mediante los seguros puede contribuir a que los hogares avancen en su proceso de recuperación.

Alternativas de financiación y atención para recuperar los hogares afectados

Con el propósito de acompañar a las personas afectadas, hay casos como el de Davivienda, que dispuso alternativas de financiación para quienes necesitan reparar su vivienda o adquirir otra.

Para la compra de vivienda nueva o usada, la entidad ofrece opciones de crédito hipotecario o leasing habitacional. Estas incluyen inmuebles VIP, VIS y superiores a VIS, con tasas preferenciales desde el 8 % E. A. o UVR + 2, y montos de hasta 500 millones de pesos. Estas medidas están dirigidas a las personas afectadas en los municipios contemplados en el programa.

Por otra parte, quienes necesitan reparar sus viviendas también pueden acceder a una línea especial de financiación de Davivienda, con una tasa desde el 8 % E. A. y un plazo de hasta 15 años. Este crédito no cobra avalúo ni estudio de títulos.

Para quienes buscan adquirir otra vivienda, también está disponible la posibilidad de consultar en Ciencuadras.com inmuebles de constructores aliados en las zonas afectadas.

La recuperación de un hogar también puede depender de la cobertura de un seguro. Por eso, Seguros Bolívar habilitó un proceso de reclamación 100 % digital para los clientes de Davivienda afectados por la emergencia que cuentan con una póliza de hogar de la compañía.

Esta herramienta ofrece atención prioritaria e incorpora inteligencia artificial para hacer una clasificación inicial de los daños y agilizar su evaluación. Los casos considerados severos, como las pérdidas totales, reciben atención preferencial.

Hay que anotar que a la fecha, se han desembolsado e indemnizado 67.500 de pesos millones a personas afectadas por la emergencia. Estos recursos buscan atender de manera rápida a los clientes que sufrieron daños en sus viviendas y, especialmente, a quienes enfrentaron afectaciones totales que requieren una solución habitacional.

Reconstruir a Colombia, una manera de recuperar proyectos de vida

La recuperación después de una emergencia de esta magnitud no ocurre de un día para otro. Reparar una vivienda, encontrar otro lugar para vivir y reorganizar la economía familiar son procesos que toman tiempo y requieren respuestas distintas según la situación de cada hogar.

Por eso, reconstruir significa también recuperar las condiciones para retomar la vida cotidiana y avanzar hacia una nueva estabilidad. Las cifras permiten dimensionar los daños que dejó la emergencia, mientras que las alternativas de financiación y los procesos de atención de seguros representan herramientas para que algunas familias puedan avanzar en ese camino.

Detrás de cada vivienda afectada hay una historia y un proyecto de vida que sus habitantes buscan recuperar. Acompañar ese proceso implica reconocer que las necesidades son diferentes y que volver a tener un hogar también es un paso fundamental para reconstruir el futuro.

Entre los hallazgos más graves contenidos en el expediente se destaca la presunta orden de asignar vehículos de seguridad a expresidentes y exvicepresidentes —una labor que ordinariamente compete a la Unidad Nacional de Protección (UNP)— para instalarles micrófonos y dispositivos de rastreo GPS desde la agencia de inteligencia. Asimismo, el informe documentó la operación de una casa clandestina utilizada como sede operativa sin registro oficial, la remoción injustificada de funcionarios de carrera y, de manera central, la contratación de un ingeniero de sistemas para coordinar una red destinada a alterar el software y los resultados de la Registraduría Nacional de la Segunda Vuelta presidencial del pasado 21 de junio.

Ante la magnitud de las revelaciones que apuntaban a inclinar la balanza en favor de la candidatura de Iván Cepeda, el congresista Daniel Briceño arremetió contra el dirigente político a través de un pronunciamiento público. “Iván Cepeda es tan malo que ni con todo el poder del Estado, contratistas, recursos públicos, el voto fusil, con toda la política tradicional, los Torres y con un hacker desde el DNI listo para manipular el software de la Registraduría pudo ganar”, sentenció el cabildante. Las nuevas evidencias ya se encuentran bajo la lupa de las autoridades competentes para determinar las responsabilidades penales y disciplinarias del caso.

La propuesta busca modificar una determinación adoptada por la corporación el pasado 12 de agosto, la cual fue aprobada con una holgada mayoría de 73 votos a favor y 11 en contra. Dicha autorización facultó a Petro a realizar desplazamientos internacionales durante el año posterior al término de su mandato, con la única exigencia formal de notificar con antelación al Senado las fechas y destinos de sus itinerarios. No obstante, el senador promovente sostuvo que las circunstancias institucionales cambiaron significativamente tras la acumulación de 335 denuncias penales y disciplinarias relacionadas con presuntas irregularidades en el anterior Gobierno, manifestando su temor a una eventual evasión de la justicia comparable con otros casos de connotación nacional.

Desde el ámbito jurídico, la controversia pone a prueba el alcance del artículo 196 de la Constitución Política de Colombia, norma que exige el aval previo del Senado para que un jefe de Estado saliente abandone el país durante el año siguiente a la finalización de sus funciones. A pesar de fijar la restricción, el texto constitucional no contempla de manera implícita ni regula un procedimiento específico para revocar una autorización general que ya fue ratificada por el pleno legislativo, lo que genera incertidumbre sobre el sustento procesal que requeriría la plenaria para anular su propia decisión.

Mientras la Secretaría General del Senado compila los antecedentes de la votación y los reportes de desplazamiento entregados por el exjefe de Estado, las bancadas mantienen opiniones divididas. Sectores como el representado por el senador liberal Héctor Olimpo Espinosa han advertido que retirar el permiso basándose únicamente en denuncias preliminares sentaría un precedente riesgoso para futuros exmandatarios, por lo que la iniciativa de Rodríguez dependerá de los apoyos políticos que logre consolidar durante el debate.

El desarrollo de los acontecimientos fue informado por la congresista del Pacto Histórico, quien precisó que el Juzgado 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá amparó su derecho fundamental de petición, exigiendo al Comando General de las Fuerzas Militares, a través del DCCAE, una respuesta clara y de fondo sobre la situación jurídica del arma en cuestión. Según Carrascal, el objetivo de la petición es saber si el arma porta un registro válido, si cuenta con permiso vigente y si pertenece al mandatario o si, por el contrario, es un bien del Estado.

En un video difundido en sus redes sociales, Mafe Carrascal explicó que la ausencia de respuesta por parte de la autoridad llevó a que recurriera nuevamente a la justicia, en el marco de sus funciones de control político. De acuerdo con sus declaraciones, las preguntas centrales buscaban dilucidar si el presidente de la Espriella está cumpliendo la normativa legal al portar dicha arma.

El fallo judicial establece que el DCCAE dispone de 48 horas para entregar una respuesta concreta y respaldada a los interrogantes planteados por la congresista. Carrascal, además, advirtió públicamente que espera el cumplimiento estricto de ese término, y manifestó que, de no recibir la información solicitada, acudirá a otros mecanismos judiciales para exigir la entrega obligatoria de estos datos.

Este caso pone en evidencia la importancia de la transparencia y la rapidez en la respuesta estatal a solicitudes de interés público, especialmente cuando involucran figuras presidenciales y temas de seguridad nacional, como el porte y la tenencia de armas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué órgano debe responder sobre la legalidad del arma que porta Abelardo de la Espriella?

La entidad responsable de otorgar respuesta sobre la situación legal del arma que porta Abelardo de la Espriella es el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE), el cual depende del Comando General de las Fuerzas Militares. Así lo ordenó el Juzgado 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, al fallar una tutela a favor de la representante Mafe Carrascal.

¿Cuánto tiempo tiene el DCCAE para responder a la petición sobre el arma del presidente?

Según el fallo judicial conocido y mencionado por la representante Mafe Carrascal, el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos tiene un plazo de 48 horas para responder de fondo a los interrogantes planteados sobre la situación jurídica, el permiso y la titularidad del arma que porta Abelardo de la Espriella.

La persona investigada es Adriyojana Lugo Camacho, quien ocupó ese cargo y fue vinculada a hechos relacionados con el contrato 649 de 2019. Este contrato contemplaba la edificación de 1.170 unidades sanitarias distribuidas en 47 veredas del municipio, con una inversión superior a 21.550 millones de pesos provenientes de regalías. Sin embargo, según la investigación, las obras quedaron inconclusas y se detectó un posible detrimento patrimonial que supera los 499 millones de pesos. Estos fondos, de acuerdo con la Fiscalía, habrían sido desembolsados sin la debida justificación.

El ente acusador señaló que Lugo Camacho habría elaborado los estudios previos de dos contratos de interventoría estableciendo cláusulas que limitarían la participación a un solo proponente. Participó también como miembro del comité evaluador que recomendó adjudicar esos contratos, sumando en total más de 1.061 millones de pesos. Además, la investigación indica que, en su rol como supervisora, permitió la continuidad de las obras sin el acompañamiento técnico requerido por la interventoría.

Otro asunto bajo examen es su posible vinculación con el acta de suspensión contractual firmada en agosto de 2024. Según la Fiscalía, este documento lleva la firma del representante de la interventoría, aunque existirían dudas sobre su presencia en la reunión que dio origen al acta; la situación abre cuestionamientos sobre la autenticidad y transparencia del proceso.

Lugo Camacho se presentó voluntariamente ante la SIJIN de la Policía Nacional en Neiva, Huila, para atender la orden judicial en su contra. Posteriormente, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. Aunque ella no aceptó los cargos, un juez ordenó medida de aseguramiento domiciliario en su residencia en Neiva. La Fiscalía impugnó esta decisión, mientras sigue en curso la investigación sobre la posible participación de otros funcionarios, un exalcalde y contratistas.

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¿Cuáles son los delitos que enfrenta la exsecretaria de Planeación e Infraestructura de Ataco?

La Fiscalía imputó a Adriyojana Lugo Camacho los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público, todos relacionados con la adjudicación y supervisión de un proyecto de construcción de unidades sanitarias financiado con regalías.

¿Qué implica la medida de aseguramiento domiciliario y por qué fue impuesta en este caso?

La medida de aseguramiento domiciliario restringe la libertad de la exfuncionaria, obligándola a permanecer en su residencia mientras avanza el proceso. Esta determinación fue tomada debido a la gravedad de los hechos investigados y la posible afectación de recursos públicos, aunque la Fiscalía apeló la decisión solicitando medidas más severas.

De acuerdo con los organizadores, la atención se brindará en un consultorio a cielo abierto, montado sobre la vía pública frente a la clínica, donde participarán más de 50 profesionales de la salud. Los servicios disponibles incluyen medicina general, medicina familiar, cirugías, atención odontológica a través de unidades móviles, ecografías y tratamiento de algología, que corresponde a la especialidad médica dedicada al manejo del dolor, tanto agudo como crónico. Además, se habilitará un punto especial para la atención veterinaria de animales de compañía que también resultaron afectados por el sismo.

Dentro de la programación se contempla la actividad de memoria ‘Siembra de Vida’, en homenaje a las víctimas y damnificados del terremoto. Asimismo, especialistas en salud mental ofrecerán conferencias abiertas dirigidas a fortalecer la resiliencia comunitaria y facilitar herramientas para la gestión del duelo y el manejo de crisis emocionales. Durante la jornada, también se reconocerá la labor de rescatistas, brigadistas y equipos de apoyo que participaron durante las labores de búsqueda, rescate y atención de los heridos tras la emergencia.

Esta campaña surge como una respuesta a la complicada situación dejada por el evento sísmico, el cual provocó el colapso de varias edificaciones, entre ellas el edificio Mirasol, donde cinco personas perdieron la vida bajo los escombros. Desde entonces, se han identificado necesidades puntuales de atención para personas con traumatismos, dolores persistentes, episodios de ansiedad, pánico y casos de tratamientos médicos interrumpidos a raíz del desastre.

La organización de la jornada está liderada por Wilian Angulo, vocalista de Herencia de Timbiquí; Lorena Vargas, propietaria de la IPS CIME; y Marisol Valderrama y Javier Ramírez, propietarios del restaurante La Bohéme. De acuerdo con los testimonios recogidos en la emergencia, estos líderes se conocieron durante las labores de búsqueda en el edificio Mirasol y a partir de su experiencia colectiva decidieron coordinar la consecución de insumos, equipos médicos y profesionales voluntarios para llevar a cabo esta iniciativa solidaria.

Con esta jornada, los organizadores esperan aportar a la descongestión del sistema de salud local, facilitar el acceso a la atención especializada y garantizar apoyo emocional efectivo a quienes más lo necesitan tras el terremoto.

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¿Qué servicios ofrece la jornada médica y psicológica gratuita en Cali para afectados por el terremoto?

La jornada ofrece medicina general, medicina familiar, cirugías, odontología con unidades móviles, ecografías, atención de algología enfocada en el manejo del dolor, y servicios veterinarios para animales de compañía. Además, contará con apoyo psicológico y conferencias sobre resiliencia y gestión emocional.

¿Quiénes lideran y cómo se coordinó la campaña solidaria para los damnificados del terremoto en Cali?

La campaña es liderada por Wilian Angulo, Lorena Vargas, Marisol Valderrama y Javier Ramírez. Su experiencia conjunta durante las labores de rescate tras el sismo fue clave para unir esfuerzos, reunir recursos, convocar profesionales voluntarios y coordinar la logística de esta atención masiva.

Según los datos proporcionados por Emcali, una de las labores principales de este martes será el cierre por optimización de redes de distribución de agua potable en el sector conocido como Plan Parcial - El Capricho, específicamente en la carrera 122 con calle 48, zona de expansión al sur de la ciudad. Los trabajos implicarán la suspensión del servicio de agua potable en esa zona, medida que se mantendrá desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche del mismo día, afectando así a los residentes durante unas 12 horas.

Emcali también indicó que aparte de El Capricho, otros sectores que se verán impactados por cortes temporales del servicio son: El Troncal (carrera 8 A #34 - 25), Cañaveralejo - Seguros Patria (carrera 62 A con calle 7), Chiminangos I (carrera 1 B Bis #63 - 40), Olímpico (carrera 34 entre calle 12 y calle 12A), El Cedro (calle 6 A #26 - 68), Arboledas (carrera 2 B #7 Oeste 10) y Terrón Colorado (avenida 5 Oeste #30 - 61). Estos barrios y sectores tendrán que adaptarse a la falta de agua durante el lapso indicado, mientras se desarrollan los procedimientos de mejora en la infraestructura hídrica.

De acuerdo con la entidad, estas maniobras resultan necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la red de acueducto y prevenir interrupciones mayores a futuro. Los residentes y usuarios de los servicios de Emcali en las zonas mencionadas están llamados a tomar precauciones, almacenando agua con anticipación y limitando actividades que dependan del suministro continuo durante el periodo señalado.

La información ha sido confirmada y difundida por Emcali, que recomienda a la comunidad mantenerse atenta a los comunicados oficiales para eventuales actualizaciones o cambios en los horarios y zonas afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Cali tendrán cortes de agua este martes según Emcali?

De acuerdo con la información difundida por Emcali, los barrios que tendrán suspensión temporal del suministro de agua este martes incluyen Plan Parcial - El Capricho, El Troncal, Cañaveralejo - Seguros Patria, Chiminangos I, Olímpico, El Cedro, Arboledas y Terrón Colorado. Los residentes deben estar atentos a los horarios establecidos y almacenar el recurso suficiente para afrontar la jornada de mantenimiento.

¿Por qué Emcali realiza trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto?

Según Emcali, los trabajos de reparación y mantenimiento se deben a la necesidad de reponer válvulas y optimizar las redes de distribución de agua potable, prácticas que contribuyen a mejorar la calidad y continuidad del servicio. Estas labores preventivas buscan anticiparse a posibles fallas significativas y asegurar el buen estado de la infraestructura de acueducto en los diferentes sectores de Cali.

El proceso judicial tiene origen en declaraciones de Rodríguez durante entrevistas otorgadas a medios de comunicación, incluyendo un diálogo con el periodista Daniel Samper Ospina. En esos espacios, Rodríguez señaló a Sarabia de supuestamente facilitar encuentros sexuales para Gustavo Petro, presidente de Colombia, y de poseer material audiovisual de índole privada que, según Rodríguez, habría usado para presionar y conservar su lugar dentro del Gobierno. De acuerdo con los datos expuestos en el fallo, tales afirmaciones se presentaron como hechos concretos, aunque no había pruebas que las sustentaran, situación que llevó al juzgado a proteger los derechos de Sarabia.

El fallo del Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá amparó los derechos de Sarabia, exigiendo a Rodríguez la firma de un texto de rectificación y la lectura íntegra del mismo en video. El plazo dado es de 48 horas desde la notificación, permitiendo a Rodríguez realizar el video sin mostrar el rostro y con apoyo técnico. El objeto de la rectificación son las declaraciones sobre la presunta organización de encuentros sexuales para el presidente Petro y el supuesto uso de información privada con fines de chantaje o manipulación de cargos en el Gobierno, siempre según la información dada por el juzgado.

Tras el fallo, Sarabia manifestó su confianza en su equipo jurídico y reiteró en sus redes que no permitirá la difusión de acusaciones sin fundamento. Su abogada, Lina Sandoval Echavarría, enfatizó que el juez concedió la tutela porque Rodríguez presentó como ciertos hechos para los que no existen pruebas. Cabe destacar que la decisión judicial puede ser apelada, lo que abre la posibilidad de un nuevo desarrollo en el caso. En tanto, Rodríguez debe acatar la orden en los términos definidos por el juzgado, manteniendo vigente el debate sobre las tensiones entre la libertad de expresión y el respeto al buen nombre en el ámbito público colombiano.

¿Por qué el juzgado ordenó la rectificación de Angie Rodríguez a favor de Laura Sarabia?

El juzgado ordenó la rectificación porque consideró que Angie Rodríguez presentó a los medios afirmaciones graves sobre Laura Sarabia como hechos ciertos, pero sin contar con pruebas que las respaldaran. Estas acusaciones, referidas a posibles encuentros sexuales y al supuesto uso de información personal para presionar dentro del Gobierno, vulneraban los derechos fundamentales de Sarabia, en especial su honra y buen nombre, según la decisión detallada en el fallo.

¿Qué implica una acción de tutela en Colombia y cómo protege derechos como la honra y el buen nombre?

Una acción de tutela en Colombia es un mecanismo judicial de protección inmediata que permite a cualquier persona solicitar ante un juez la protección de derechos fundamentales que considere amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de particulares. En este caso, el juzgado determinó que las declaraciones de Angie Rodríguez atentaron contra la honra y el buen nombre de Laura Sarabia, y por esa razón ordenó una rectificación pública, garantizando así la restauración de dichos derechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Nuevos elementos probatorios salieron a la luz en el marco de las investigaciones contra el expresidente Gustavo Petro por el escándalo conocido como los ‘Sexocontratos‘, luego de que se revelara material audiovisual que comprueba el uso de perfiles falsos en redes sociales para mantener comunicación con Deicy Jiménez, la funcionaria que denunció presuntos hechos de corrupción y manipulación institucional.

De acuerdo con la información divulgada por la periodista Darcy Quinn, un nuevo video muestra al exmandatario en una videollamada y chateando con Jiménez a través de una cuenta de Facebook registrada bajo el nombre falso de Andrés Maldonado Beltrán. En el material audiovisual, el exjefe de Estado emite comentarios de tinte sexual, realiza cumplidos e incluso le solicita a la mujer ponerse de pie mientras conversaban sobre la posibilidad de concretar un encuentro personal, quedando en evidencia la identidad falsa al finalizar la transmisión.

Este expediente ya se encuentra formalmente en poder de la Corte Suprema de Justicia, corporación que lidera las indagaciones en contra del exmandatario tras escuchar la versión de la denunciante. Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes adelantan indagaciones disciplinarias y penales para esclarecer si se incurrió en delitos asociados al uso del poder estatal y la asignación irregular de contratos. Como parte del proceso, la defensa entregó el dispositivo móvil de Jiménez a los investigadores para realizar extracciones forenses y garantizar la trazabilidad de la evidencia digital.

 

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El uso de cuentas ficticias se suma a una lista de perfiles que, según las pesquisas, el exmandatario habría empleado durante años para interactuar con la denunciante, entre los cuales figuran nombres como Michel Focault, Mihail Bukharin, Penser Lesujet y Altheaïs Monteluz. Ante los cuestionamientos emitidos por sectores afines al petrismo, la abogada defensora Dina Luz Malo ratificó la autenticidad de los hallazgos, señalando que las diligencias se adelantan con el respaldo de peritos informáticos para salvaguardar la rigurosidad de las pruebas aportadas ante las altas instancias judiciales.

El programa ofrece un esquema de financiación basado en créditos educativos condonables hasta en un 100 %, siempre que los seleccionados cumplan las condiciones establecidas en el reglamento. Según datos de Atenea, el apoyo económico abarca la totalidad del valor de la matrícula de los estudios doctorales, recursos de $27 millones por semestre para sostenimiento, hasta $45 millones para el desarrollo de los proyectos investigativos y más de $7,6 millones destinados a movilidad internacional. Un aspecto relevante de este modelo de financiación es la tasa de interés del 0 % sobre el capital desembolsado, hecho que favorece el acceso y permanencia de los beneficiarios en los programas de doctorado.

La convocatoria contempla 81 créditos educativos condonables, distribuidos entre 27 programas doctorales que se imparten en siete universidades: Universidad Nacional de Colombia, Universidad de La Sabana, Universidad El Bosque, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Cada universidad participa con programas específicos alineados con áreas consideradas estratégicas para el desarrollo de Bogotá-Región, lo que refuerza el impacto social y académico de la iniciativa.

El proceso de inscripción se realiza únicamente a través de los canales oficiales de Atenea. Los aspirantes deben, en primer lugar, elegir una de las universidades y un programa doctorado entre los priorizados, gestionar su admisión y preparar una propuesta de investigación acorde con los lineamientos de la convocatoria. También deberán reunir documentos como una carta de motivación y los soportes requeridos, diligenciar el formulario de postulación, enviarlo antes de la fecha de cierre y finalmente consultar los resultados a través de los canales oficiales. Una vez seleccionados, deberán completar el proceso de legalización del crédito con Colfuturo para iniciar sus estudios en el primer semestre de 2027.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Proyecto Roberto Zarama y sus becas para doctorado?

Para acceder al Proyecto Roberto Zarama, los profesionales deben haber sido admitidos en uno de los programas doctorales priorizados por alguna de las universidades participantes, presentar una propuesta investigativa acorde con las demandas territoriales, reunir toda la documentación exigida y completar la postulación dentro del plazo indicado. Solo así podrán optar por uno de los 81 créditos educativos condonables, cuya financiación cubre matrícula, sostenimiento, investigación y movilidad internacional, según los detalles provistos por Atenea.

¿Qué significa que los créditos educativos del Proyecto Roberto Zarama sean “condonables hasta en un 100 %”?

Que los créditos educativos sean "condonables hasta en un 100 %" implica que los beneficiarios pueden ver eximida la obligación de devolver la totalidad del dinero prestado, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el programa. Esto convierte la ayuda económica en una beca total, si el estudiante demuestra el cumplimiento de las condiciones fijadas por la convocatoria, de acuerdo con la información publicada por la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea).

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Entre los capturados sobresalen tres personas identificadas con los alias de Eddy, Franyer y Franklin. Según el reporte emitido, alias ‘Eddy’ sería el presunto segundo cabecilla de escuadra dentro de la organización. Por otro lado, ‘Franyer’ es presentado como un presunto sicario, mientras que ‘Franklin’ estaría involucrado en la operación de drones y otras actividades delictivas para la estructura armada. No se entregaron mayores datos sobre la identidad ni el papel del cuarto capturado, ya que la información pública hasta el momento no lo permite.

Durante el procedimiento se incautaron elementos clave para el funcionamiento de este grupo armado. Entre el material decomisado se cuentan armas, municiones, 938 metros de cordón detonante y cinco kilogramos de pentolita, un explosivo que suele emplearse en la fabricación de artefactos caseros y minas antipersonales, lo que evidencia la capacidad operativa con la que contaba la Estructura 33 en la región.

El presidente de la Espriella también aprovechó para informar sobre dos operaciones adicionales adelantadas en otras zonas del país. En Uribia, La Guajira, las tropas de la Fuerza Pública enfrentaron al Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, decomisando cuatro armas largas, cuatro proveedores y 103 cartuchos. Por su parte, en Suárez, Cauca, una operación conjunta del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana permitió la recuperación humanitaria de un menor que habría sido reclutado ilegalmente por la estructura Jaime Martínez, así como la evacuación de tres familiares que se encontraban bajo amenaza.

Al sintetizar los resultados de estas acciones, el mandatario destacó la labor de la Fuerza Pública y enfatizó que estas operaciones buscan debilitar a los grupos armados ilegales y proteger a los ciudadanos. Finalmente, envió un mensaje contundente: “A las organizaciones narcoterroristas les advierto: ¡Tienen los días contados!... Los vamos a perseguir, a desmantelar sus estructuras y a llevarlos ante la justicia”.

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¿Quiénes son los capturados en Tibú Norte de Santander y cuáles eran sus roles dentro de la Estructura 33?

De acuerdo con el reporte citado por el presidente Abelardo de la Espriella y divulgado por Noticias Caracol, entre los capturados se encuentran tres identificados como alias ‘Eddy’, quien sería el segundo cabecilla de escuadra; alias ‘Franyer’, presunto sicario del grupo; y alias ‘Franklin’, responsable de operar drones y otras acciones criminales. No se ofrecieron detalles sobre la identidad del cuarto capturado ni se especificó su función dentro de la organización.

¿Qué elementos fueron incautados durante las operaciones contra las disidencias de las Farc y otros grupos armados?

Durante el operativo realizado en Tibú, las autoridades decomisaron armas, municiones, 938 metros de cordón detonante y cinco kilogramos de pentolita, material explosivo utilizado en la fabricación de artefactos. Adicionalmente, en operaciones en Uribia y Suárez, se incautaron armas largas, proveedores y cartuchos, así como se logró la recuperación y evacuación de menores y familiares en situación de riesgo.

En el reporte divulgado, se identificó entre los capturados a tres personas con los alias de Eddy, Franyer y Franklin. Las autoridades asignan diferentes roles a cada uno: Eddy habría actuado como segundo cabecilla de escuadra; Franyer, como presunto sicario, y Franklin, señalado por presuntamente manejar drones y participar en otras acciones criminales. Sobre la cuarta persona capturada, no se revelaron detalles adicionales sobre su identidad o su papel específico dentro de la organización armada, lo que deja aún interrogantes en la información entregada.

Durante el procedimiento las autoridades incautaron armas, municiones, 938 metros de cordón detonante y cinco kilogramos de pentolita. Este último es un compuesto químico frecuentemente utilizado en la fabricación de artefactos explosivos. Tales incautaciones, según el reporte de la Fuerza Pública, están vinculadas a las operaciones y capacidades logísticas de la estructura intervenida.

De acuerdo con la publicación del presidente, se presentaron también otras dos operaciones relevantes en el país. En Uribia, La Guajira, las tropas se enfrentaron al Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y lograron incautar cuatro armas largas, cuatro proveedores y 103 cartuchos. En el municipio de Suárez, Cauca, una operación humanitaria conjunta entre el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana permitió la recuperación de un menor de edad presuntamente reclutado por la estructura Jaime Martínez, así como la evacuación de tres familiares que, según las autoridades, se encontraban amenazados.

El presidente De la Espriella concluyó resaltando la labor de la Fuerza Pública, afirmando que estas intervenciones buscan afectar la operatividad de los grupos armados y garantizar la protección de la ciudadanía. En su mensaje, lanzó una advertencia directa a las organizaciones ilegales, asegurando que serán perseguidas y que sus estructuras serán desmanteladas.

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¿Por qué fueron capturados los presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en Tibú?

Fueron capturados debido a su presunta pertenencia a la Estructura 33 de las disidencias de las Farc y por estar involucrados en diferentes roles dentro del grupo, como cabecilla, sicario y operador de drones, además de estar asociados con actividades criminales, posesión de explosivos y armas, de acuerdo con la información entregada por el presidente Abelardo de la Espriella y divulgada por Noticias Caracol.

¿Qué significa pentolita y para qué se utiliza en conflictos armados?

Pentolita es un compuesto explosivo que, según el reporte del operativo en Tibú, fue incautado junto con otros materiales bélicos. Su uso principal en conflictos armados es la fabricación de artefactos explosivos, lo que permite a los grupos armados aumentar su capacidad de ataque y sabotaje, según la información publicada en el reporte oficial de las autoridades.

Dentro del plan impulsado por el Ministerio se encuentra la exigencia de que los inspectores realicen una declaración de conflictos de interés antes de adelantar cualquier inspección. Este mecanismo permitirá detectar y actuar frente a situaciones que puedan afectar la objetividad del funcionario durante su labor en empresas o frente a personas vigiladas. Así mismo, se fortalecerá el seguimiento a los expedientes mediante herramientas de trazabilidad, lo que permitirá controlar las actuaciones administrativas y supervisar el desarrollo de los procesos para minimizar irregularidades.

Para garantizar que quienes deseen denunciar posibles faltas encuentren protección, el Ministerio plantea mecanismos para amparar la identidad de los denunciantes, beneficiando tanto a trabajadores como a empleadores. Así, se espera facilitar la comunicación de casos en los que se presenten solicitudes indebidas de dinero, beneficios o cualquier comportamiento que ponga en duda la legalidad de una inspección.

Adicionalmente, según las disposiciones de la cartera, se prohíbe que los sujetos vigilados financien los gastos de movilidad, alojamiento o permanencia de los inspectores, buscando evitar cualquier relación que comprometa la independencia de los funcionarios. Otra medida relevante es la suscripción de un Acuerdo de Imparcialidad e Independencia Técnica entre sindicatos y empleadores, donde se formalizan compromisos para que las inspecciones respondan solo a criterios legales y técnicos, alejadas de interferencias externas.

En el evento de la Subcomisión de Análisis y Seguimiento de Decretos y Leyes, el Ministerio formalizó la firma de este acuerdo y presentó también una carta de derechos y deberes dirigida a quienes reciben inspecciones, estableciendo las reglas y condiciones de estos procedimientos. Un punto insistente de la cartera es que todas las actuaciones de inspección laboral son gratuitas, y cualquier solicitud irregular de pagos o beneficios debe ser denunciada. Con esto, las instituciones buscan consolidar la confianza pública en el sistema de inspección, asegurando total transparencia y legitimidad en la protección de los derechos laborales en el país.

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¿Cuáles son las medidas del Ministerio del Trabajo para prevenir la corrupción en las inspecciones laborales?

El Ministerio del Trabajo propuso estrategias como la declaración de conflictos de interés, la protección de denunciantes, el control sobre los gastos de los inspectores y el fortalecimiento del seguimiento a expedientes, todo con el propósito de asegurar la independencia, la transparencia y el cumplimiento de la ley en las inspecciones laborales.

¿Qué implica la trazabilidad en los procesos de inspección laboral?

La trazabilidad consiste en contar con herramientas que permiten monitorear el desarrollo y seguimiento de los expedientes relacionados con las inspecciones laborales, para garantizar que no existan actos irregulares y que las actuaciones administrativas se realicen dentro del marco legal y bajo supervisión adecuada.

(Vea también: De la Espriella firmó bomba que lanzaron a disidencias de ‘Calarcá’ y mensaje que puso llamó atención)

La intervención, denominada Operación NOAH, se desarrolló en zona rural de Tibú, en la región del Catatumbo. El operativo estuvo dirigido contra integrantes de la estructura 33, perteneciente a la facción de alias ‘Calarcá’, y contó con la participación del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.

A través de su cuenta de X, De la Espriella aseguró que la acción militar dejó seis personas capturadas y cuatro integrantes de ese grupo muertos durante las operaciones. También informó sobre la incautación de armamento y explosivos destinados, según su reporte, a ataques con drones.

Uno de los aspectos que destacó el mandatario fue la captura de un hombre que, de acuerdo con las autoridades, ocupaba un lugar de confianza dentro de esa estructura. Se trata de alias ‘Barba Chivo’, también conocido como ‘Costeño’, a quien presentó en el video difundido desde Cúcuta.

El presidente sostuvo que este hombre había sobrevivido a un bombardeo de las Fuerzas Militares, pero fue detenido posteriormente. Además, anunció que mantendrá la ofensiva contra las estructuras vinculadas a alias ‘Calarcá’ en el Catatumbo.

¿Quién es alias ‘Barba Chivo’, capturado en la Operación NOAH?

Según el mensaje de De la Espriella, alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’ sería uno de los hombres de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’ y estaría al frente de una comisión de la estructura 33.

El mandatario afirmó que el detenido llevaba 11 años en actividades criminales y lo señaló de participar en asesinatos de líderes sociales, ataques con drones explosivos contra integrantes de la Fuerza Pública, extorsiones, reclutamiento de menores y desplazamientos forzados de comunidades.

Estos señalamientos fueron expuestos por el jefe de Estado al anunciar la captura. El hombre quedó en poder de las autoridades, que deberán avanzar en los procedimientos judiciales correspondientes.

¿Qué resultados dejó la operación contra las disidencias de Calarcá?

En el balance divulgado por el presidente se reportaron seis capturados y cuatro personas muertas durante el desarrollo de las operaciones militares. De esta manera, el Gobierno presentó el resultado como diez integrantes de la estructura fuera de combate.

Además, De la Espriella informó que las tropas incautaron siete fusiles y 15 granadas para drones. También aseguró que fueron afectadas tres áreas campamentarias que tendrían capacidad para albergar aproximadamente a 35 integrantes de esa organización armada.

(Vea también: Revelan las primeras identidades de fallecidos en el accidente de la vía Cali-Buenaventura)

Dicho vehículo de transporte intermunicipal pertenecía a la empresa Expreso Palmira y cubría la ruta entre Buenaventura y Cali. La fuerza del impacto dejó la buseta prácticamente destruida y obligó a los organismos de socorro a intervenir para auxiliar a los ocupantes que quedaron atrapados.

Según el reporte de las autoridades de tránsito citado por Noticias Caracol, tres personas murieron en el lugar y una cuarta falleció posteriormente en un centro asistencial de Dagua. Entre las víctimas se encuentran Luis Felipe Domínguez, conductor del microbús; el pasajero Jaime Rodallega Mosquera y una bebé de 20 meses. La identidad de la cuarta persona fallecida no había sido establecida en los primeros reportes.

Los siete heridos fueron trasladados a centros médicos de Dagua y Buenaventura. Entre ellos se encontraba el conductor de la motocicleta involucrada en el siniestro, según la información publicada por La Kalle.

Mientras avanzaban las labores de atención y el levantamiento de información en el lugar, las autoridades comenzaron a reconstruir las circunstancias en las que se produjo el choque. En ese proceso se conoció una primera hipótesis sobre la posible maniobra que habría desencadenado la tragedia.

Atención, grave accidente en vía Buga Buenaventura… Bus se estrella contra camión tipo niñera… De momento reportan 6 personas fallecidas…

https://t.co/Yak2qhiqAj https://t.co/Kb6mY2LQUR

— FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA (@PachoRodriG) November 9, 2026

¿Qué hipótesis hay sobre el accidente en vía Buga-Buenaventura?

Según informó El Tiempo, la principal hipótesis apunta a que el conductor del tractocamión tipo niñera habría intentado adelantar a otro vehículo dentro del túnel y, durante esa maniobra, invadió el carril contrario por el que circulaba el microbús de Expreso Palmira.

Esta posible invasión de carril habría provocado el choque con el vehículo de servicio público y la motocicleta que también transitaba por ese tramo de la carretera. La hipótesis coincide con la información preliminar conocida por otros medios, entre ellos Semana, que también reportó que las investigaciones apuntan a una posible imprudencia vial.

Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido de manera definitiva cómo ocurrió la colisión. El teniente coronel Justo Alejandro Rivero Cubides, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca, señaló, en declaraciones recogidas por Noticias Caracol, que la hipótesis inicial continúa bajo investigación y que los uniformados adelantan las actuaciones para esclarecer las circunstancias exactas.

¿Qué pasó con la movilidad en la vía Buga-Buenaventura?

El accidente obligó a cerrar el corredor vial mientras los organismos de emergencia atendían a los afectados y las autoridades adelantaban las labores correspondientes dentro del túnel. La situación afectó la conexión entre Buga, Cali y el puerto de Buenaventura.

Según los reportes sobre la emergencia, posteriormente se habilitó el paso de vehículos de manera controlada, mientras se retiraban los automotores involucrados y se adelantaban las labores para recuperar la circulación.

(Vea también: “Me gusta”: Petro respondió a video en el que le manda besos a Deicy Jiménez)

Además, cuestionó las condiciones que, a su juicio, impone la plataforma para la difusión de ideas progresistas. También señaló que considera que X tiene afinidad con sectores de extrema derecha y que sus algoritmos favorecen la circulación de mensajes de odio por encima de la razón y la democracia.

A partir de esos reparos, Petro aseguró que dejará de utilizar esa red social como su cuenta principal. Sin embargo, aclaró que no abandonará por completo su perfil, sino que pasará a manejarlo como un espacio complementario dentro de su estrategia de comunicación.

Dadas las restricciones que pone X a la irradiación del pensamiento progresista, y su afinidad a la extrema derecha con algoritmos que expanden el odio q la razón y la democracia, he decididó dejar de utilizar X como cuenta principal en las redes y pasara a ser cuenta comlementaria

Empiezo a hacer crecer mi canal por Whassap que pasará a ser mi cuenta principal y personal.

De 9,1 millones paso a 600.000 pero creo que ayudo más a la ⁿdemocracia desde redes.
https://t.co/ffKxxa4zeh

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 10, 2026

¿Qué red social usará Gustavo Petro como principal?

En su lugar, anunció que comenzará a impulsar su canal de WhatsApp, que se convertirá en su principal medio de comunicación personal. Con este movimiento, busca trasladar parte de la audiencia que ha construido durante años en X hacia una plataforma en la que espera mantener el contacto directo con sus seguidores.

El cambio también implica una diferencia importante en el tamaño de la comunidad que lo acompañará en ese canal. Petro reconoció que pasará de una audiencia de 9,1 millones de seguidores en X a cerca de 600.000 en WhatsApp, aunque sostuvo que considera que desde allí puede contribuir más a la democracia.

“Empiezo a hacer crecer mi canal por WhatsApp, que pasará a ser mi cuenta principal y personal. De 9,1 millones paso a 600.000, pero creo que ayudo más a la ⁿdemocracia desde redes”, indicó el mandatario.

La decisión no supone el cierre de su cuenta en esa red social. Petro indicó que seguirá utilizándola, pero con un papel secundario frente al canal de WhatsApp, que desde ahora tendrá prioridad en su comunicación personal.

Con este anuncio, el exmandatario plantea una reorganización de su presencia digital y acepta reducir el número de seguidores a los que llega directamente, al menos en términos de la comunidad que ha reunido en X.

El pronunciamiento se conoció mediante la Sentencia T-348 de 2026, en la que la corporación estudió una tutela presentada por una gestora social del municipio de Arauca contra un creador de contenido que publicó mensajes sobre ella en Facebook. El caso fue analizado por la Sala Cuarta de Revisión, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González.

La accionante, Stephany Dayana Ortiz Tafur, cuestionó varias publicaciones realizadas por Cristian Camilo Paredes Forero, en las que se hacían referencias a su cuerpo, apariencia física, posibles procedimientos estéticos y vida privada. También se difundían comentarios sobre el papel que, según el autor de los mensajes, debía desempeñar como mujer.

La mujer consideró que estas expresiones afectaban sus derechos fundamentales, pues trasladaban las discusiones sobre su actividad pública hacia aspectos de su vida personal y su apariencia. Por ello, acudió a la acción de tutela para solicitar protección frente a los contenidos que consideraba ofensivos y discriminatorios.

Al revisar el expediente, la Corte encontró que no todas las publicaciones podían recibir el mismo tratamiento constitucional. Por un lado, reconoció que las opiniones y cuestionamientos relacionados con la gestión de la administración municipal estaban protegidos por la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a ejercer control sobre los asuntos públicos. Sin embargo, concluyó que los mensajes dirigidos a presuntamente sexualizar, cosificar y desacreditar a la mujer por razones asociadas a su género superaban los límites de esas garantías.

¿Por qué la Corte Constitucional consideró que hubo violencia de género digital?

Uno de los aspectos centrales de la sentencia fue establecer la diferencia entre las críticas relacionadas con el desempeño público de una persona y los ataques que utilizan estereotipos de género para afectar su imagen y participación en la sociedad.

“Debido a su visibilidad pública como gestora social, las críticas sobre asuntos de interés general estaban amparadas por la libertad de expresión y la participación política. Sin embargo, la Sala concluyó que otras publicaciones constituyeron violencia de género digital porque sexualizaban, cosificaban, instrumentalizaban, minimizaban, desacreditaban o descalificaban a la accionante con fundamento en estereotipos de género”, explicó la Corte.

En el caso estudiado, la Corte encontró que algunas publicaciones se concentraban en la apariencia física de la gestora social, en supuestas cirugías estéticas y en comentarios de naturaleza sexual. También identificó expresiones relacionadas con el papel que debería cumplir una mujer en la sociedad, vinculándolo con actividades domésticas y labores de cuidado. “Se determinó que estos contenidos desplazaron el debate sobre la labor de la mujer y convirtieron su cuerpo y sus características personales en objeto de ataques”, agregó la sentencia. La sentencia también señaló que la violencia de género puede presentarse mediante publicaciones que, examinadas de manera individual, no necesariamente contienen expresiones explícitas de agresión. Por esta razón, los jueces deben revisar el contexto, la reiteración de los mensajes y los estereotipos que pueden estar detrás de ellos.

Los ataques digitales pueden limitar la participación de las mujeres en espacios públicos

Otro de los puntos abordados en la Sentencia T-348 de 2026 fue el efecto que puede tener la violencia digital sobre las mujeres que participan en escenarios políticos, sociales o profesionales. La Sala determinó que “la aludida conducta adquiere una dimensión adicional cuando pretende afectar a una mujer que ejerce su libertad de expresión, participa en asuntos de interés público o desarrolla una actividad profesional visible, pues en tales casos el ataque puede tener como efecto no solo menoscabar sus derechos individuales, sino también limitar su presencia, reconocimiento y capacidad de intervención y representatividad. Además, configura expresiones que generan escenarios de participación pública inseguros para las mujeres”.

Después de revisar las pruebas y establecer que se habían presentado actos de violencia de género digital, la Corte decidió revocar la sentencia de segunda instancia, que había negado la tutela, y conceder la protección solicitada por Stephany Dayana Ortiz Tafur, “a una vida libre de violencias, a la igualdad y no discriminación, a la imagen, a la integridad, a la dignidad humana y a la intimidad personal y familiar”.

Como parte de las medidas, el ente ordenó a Cristian Camilo Paredes Forero retirar de sus cuentas de Facebook las publicaciones identificadas en el expediente como actos de violencia de género digital. La instrucción también incluye la eliminación de otros contenidos que tengan características similares y en los que se haga referencia a la accionante de manera sexualizada, estereotipada o degradante.

Adicionalmente, el creador de contenido deberá abstenerse de realizar nuevas publicaciones que la instrumentalicen, sexualicen, desacrediten o degraden mediante estereotipos de género. La Corte también dispuso que el accionado publique disculpas dirigidas a la gestora social en sus dos cuentas de Facebook, medida que deberá cumplirse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia.

Por último, otra de las obligaciones consiste en que participe y complete una capacitación sobre igualdad de género y violencia contra las mujeres en espacios digitales. A esto se suma la obligación de que publique y difunda dicha sentencia en sus cuentas de Facebook.

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Sandoval explicó que el juez consideró que Rodríguez presentó esas acusaciones como hechos ciertos sin contar con elementos que les dieran respaldo. “Angie Rodríguez sobrepasó el límite de las opiniones políticas al hacer acusaciones muy graves sin ningún sustento, y el juzgado respalda nuestra postura”, afirmó la abogada.

La representante jurídica de Sarabia precisó que las dos afirmaciones objeto de la decisión judicial están relacionadas, por una parte, con la supuesta organización de encuentros sexuales para el presidente y, por otra, con la presunta tenencia de videos íntimos o información privada de Petro que habría utilizado para chantajearlo y mantenerse u obtener cargos públicos

¿Qué deberá hacer Angie Rodríguez para rectificarse?

De acuerdo con Sandoval, el fallo de tutela establece los términos concretos en los que Angie Rodríguez deberá retractarse públicamente. La decisión incluye dos párrafos redactados por el juzgado, en los que se precisa el contenido de la rectificación que deberá realizar.

(Lea también: Llaman a declarar a Sarabia y Angie Rodríguez por supuestos contratos a cambio de favores de Petro)

La abogada indicó que Rodríguez tendrá que publicar la retractación en sus redes sociales, habilitar un enlace para descargar el documento y firmar una carta en la que reconozca que no le constan los hechos ni cuenta con fundamento suficiente para haber realizado esas afirmaciones.

Además, explicó que el juzgado solicitó de oficio a los medios de comunicación que difundieron los señalamientos que publiquen el video de rectificación una vez esté disponible. Esta medida busca que la retractación tenga un alcance similar al de las acusaciones que dieron origen a la acción judicial.

Denuncia contra Angie Rodríguez y posibles consecuencias por desacato

Durante la entrevista, Sandoval confirmó que Laura Sarabia ya presentó una denuncia ante la Fiscalía por estos mismos hechos. Según explicó, la decisión de tutela representa un respaldo a la posición que sostendrán ante las autoridades penales, aunque aseguró que están dispuestos a controvertir cualquier elemento probatorio que pueda aparecer.

“Lo cierto es que esas afirmaciones las hizo sin ningún sustento. Incluso, en la respuesta que le dio al juzgado, dice que escuchó esos hechos de terceros, pero el juzgado es muy preciso en advertir que eso es incorrecto”, señaló la abogada.

Sobre los pasos que siguen en el proceso, Sandoval explicó que Angie Rodríguez tendría un plazo de tres días para impugnar la decisión. Si no presenta ese recurso o si un juez de segunda instancia confirma el fallo, deberá cumplir con la rectificación en los términos establecidos.

La jurista también advirtió que un eventual incumplimiento podría dar lugar a un incidente de desacato. “Puede existir una orden de arresto, pero eso ya lo veremos más adelante”, manifestó, al explicar las posibles consecuencias de no acatar la orden judicial.

Laura Sarabia prepara pruebas para entregar a la Fiscalía

Otro de los puntos abordados por la abogada tiene que ver con las pruebas que prepara la defensa para controvertir los señalamientos sobre el supuesto acceso de Laura Sarabia a información privada del presidente Gustavo Petro.

Sandoval aseguró que ya comenzaron a recopilar evidencias digitales que próximamente serán entregadas a la Fiscalía. Según indicó, ese material demostraría que la exfuncionaria nunca tuvo acceso a computadores, correos electrónicos, celulares ni otros dispositivos del entonces mandatario.

“Laura nunca tuvo acceso a videos, fotos ni información privada del presidente Gustavo Petro”, sostuvo la apoderada, quien manifestó que tiene tranquilidad frente a la defensa jurídica de su representada y confía en que los elementos recopilados respaldarán su versión.

Asimismo, se refirió a los cuestionamientos relacionados con las hojas de vida y aseguró que Sarabia no tuvo conocimiento de esos documentos. Según explicó, para el momento de los hechos a los que se hace referencia, su representada ya no estaba en el Dapre ni en la jefatura, por lo que no hacía parte del círculo central del Gobierno.

Abogada defiende el buen nombre y la honra de Laura Sarabia

Sandoval también insistió en que la acción de tutela busca proteger los derechos fundamentales de Laura Sarabia, especialmente su buen nombre y su honra. Reconoció que su representada ha sido objeto de cuestionamientos públicos por su paso por el Gobierno, pero advirtió que eso no significa que haya perdido sus garantías constitucionales.

“Un funcionario público, así haya sido funcionario público y así haya sido cuestionado, no quiere decir que no tenga derecho al buen nombre, a la presunción de inocencia ni a la honra”, expresó.

Finalmente, la abogada defendió que la discusión pública y las opiniones políticas tienen un lugar legítimo en los medios de comunicación, pero señaló que deben existir límites cuando se presentan acusaciones graves sin respaldo.

Frente a los demás señalamientos que han circulado sobre la exfuncionaria, Sandoval aseguró que no existe siquiera un indicio que permita vincularla con esos hechos y retó a quienes tengan pruebas a presentarlas ante la Fiscalía. “Si tienen alguna prueba o algún indicio de que ella participó o supo de alguna de estas cosas, que lo presenten ante la Fiscalía. Nosotros allá nos defendemos también con todo el gusto”, concluyó.

(Vea también: Caracol Televisión se pronunció por amenazas contra sus instalaciones y envió mensaje a otros medios)

Dicha representación diplomática rechazó las intimidaciones y manifestó su respaldo a los periodistas y trabajadores afectados, en medio de las alertas que involucraron a Caracol Televisión, Caracol Radio y RCN.

A través de un mensaje público, la sede diplomática expresó su rechazo categórico a cualquier amenaza de violencia contra empresas periodísticas y reiteró que la libertad de prensa y de expresión son principios fundamentales para el funcionamiento de una democracia.

“Estados Unidos reafirma su apoyo a la libertad de prensa y a la libertad de expresión —un pilar democrático fundamental que une a nuestras naciones”, señaló la Embajada, que también expresó su solidaridad con quienes resultaron afectados por las intimidaciones.

El pronunciamiento se conoció después de que varias empresas de comunicación recibieran advertencias sobre posibles ataques contra sus instalaciones en Bogotá. La situación llevó a activar protocolos de seguridad y a evacuar preventivamente la sede de Caracol Televisión y las instalaciones de Caracol Radio.

La Embajada de EE. UU. rechaza categóricamente las amenazas de violencia contra medios de comunicación ocurridas el pasado fin de semana, y expresa su solidaridad con los periodistas y trabajadores de los medios afectados.
 
Estados Unidos reafirma su apoyo a la libertad de prensa y a la libertad de expresión —un pilar democrático fundamental que une a nuestras naciones.
 
Los ciudadanos de nuestro hemisferio merecen vivir sin miedo. Las organizaciones terroristas solo traen violencia, extorsión y destrucción.

— US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) November 10, 2026

¿Qué pasó con las amenazas contra Caracol Televisión, Caracol Radio y RCN?

Las alertas se conocieron durante la noche del sábado 7 de noviembre, cuando Caracol Televisión recibió información de las autoridades sobre un posible atentado contra sus instalaciones. Ante el riesgo advertido, se recomendó evacuar el edificio ubicado en el barrio La Floresta, en Bogotá, mientras se adelantaban las verificaciones de seguridad.

Horas después, Caracol Radio informó que también había recibido una advertencia sobre posibles ataques contra su sede y otros medios de comunicación. RCN igualmente apareció mencionado entre los posibles objetivos de las amenazas.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades y las alertas de inteligencia mencionadas posteriormente por el presidente Abelardo de la Espriella, el posible plan estaría relacionado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El mandatario ordenó reforzar la protección de Caracol Televisión, RCN y la revista Semana, así como la seguridad de sus periodistas, trabajadores y familias.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, tras las revisiones realizadas en las instalaciones de Caracol Televisión, no encontró explosivos en el lugar. Sin embargo, las advertencias motivaron que se mantuvieran las medidas preventivas mientras avanzaban las actuaciones correspondientes.

Estados Unidos rechazó la violencia contra los medios de comunicación

En su mensaje, la Embajada también hizo referencia al impacto que tienen las organizaciones terroristas en la seguridad de los ciudadanos y en la estabilidad de los países.

“Los ciudadanos de nuestro hemisferio merecen vivir sin miedo. Las organizaciones terroristas solo traen violencia, extorsión y destrucción”, manifestó la representación diplomática.

Con este pronunciamiento, Estados Unidos se sumó a las voces nacionales e internacionales que han rechazado las intimidaciones contra los medios colombianos y han pedido garantías para que periodistas y demás trabajadores puedan ejercer sus labores sin amenazas.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia también expresaron su preocupación por lo ocurrido y solicitaron que se investigue el origen de las advertencias y se garantice la protección de las personas involucradas.

En ese crucial momento, varios vehículos que circulaban por la transitada avenida habrían detenido su marcha para darle paso al adulto mayor. Sin embargo, y según lo que se ha divulgado, el conductor de una moto Suzuki —un joven de alrededor de 28 años— no habría hecho lo propio. Fue así como el motociclista, al no frenar, terminó arrollando a Camilo López Barón, causándole lesiones de gravedad.

La situación se tornó crítica tras el impacto. El adulto mayor fue auxiliado rápidamente y llevado inicialmente a la USI (Unidad de Salud Integral) de El Jordán. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser remitido a la clínica Asotrauma, donde luchó por su vida durante varias horas. Finalmente, según lo reportado, falleció hacia las 11:00 de la noche.

La motocicleta involucrada en los hechos fue identificada con las placas JPR 95G. Tras el accidente, la familia de Camilo López Barón buscó establecer comunicación con el motociclista para adelantar los trámites y procedimientos asociados al caso. Según su testimonio, recibieron un número telefónico, pero no obtuvieron respuesta hasta el momento.

La comunidad del barrio Jordán siente profundamente la partida de Camilo López Barón, un sastre cuya labor y amabilidad dejaron huella entre sus vecinos. Su muerte resalta lo vulnerable que puede ser una salida cotidiana cuando no se observa el debido cuidado en las vías, y expone la importancia de la prudencia tanto para peatones como para conductores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el accidente en el que murió el sastre Camilo López Barón en Ibagué?

El accidente se produjo cuando Camilo López Barón intentaba cruzar la avenida Guabinal tras comprar pan. Aunque algunos conductores detuvieron sus vehículos para cederle el paso, el motociclista de una Suzuki continuó su recorrido y lo atropelló. Posteriormente, López Barón fue trasladado a centros médicos, pero falleció a causa de la gravedad de sus heridas.

¿Cuál era la labor de Camilo López Barón y por qué era reconocido en Ibagué?

Camilo López Barón era un sastre reconocido y muy apreciado en el barrio Jordán, donde tenía su propio negocio. Su trabajo y cortesía lo hicieron una figura querida en la comunidad, lo que hace que su pérdida sea aún más sentida por sus vecinos y clientes.

La revisión fue liderada por el magistrado Héctor Carvajal, con el apoyo de sus colegas Jorge Enrique Ibáñez y Miguel Polo, y se centró específicamente en la sentencia SU-020 de 2022. Con esa sentencia, la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional respecto a las garantías de seguridad para quienes firmaron el Acuerdo Final de Paz y se encuentran en proceso de reincorporación. Tras una evaluación exhaustiva, los magistrados concluyeron que, a pesar de las reiteradas advertencias y órdenes impartidas previamente al Ejecutivo, sigue existiendo, en sus palabras, una “violación masiva y sistemática” de los derechos fundamentales de esta población.

El alto tribunal señaló que las medidas tomadas por el Estado resultan esencialmente formales, careciendo de la eficacia necesaria para garantizar el funcionamiento adecuado de las instancias e instituciones encargadas de velar por el cumplimiento del Acuerdo de Paz y la protección de los excombatientes. Por tal motivo, la Corte recordó explícitamente al presidente De la Espriella que los compromisos en materia de paz deben observarse en su totalidad, sin que la ideología política del gobernante pueda ser una excusa para limitar su alcance o incidencia. Además, dictó órdenes concretas orientadas a asegurar el funcionamiento continuo y efectivo de las entidades responsables de proteger a la población en proceso de reincorporación.

En este sentido, la postura de la Corte Constitucional refuerza la exigencia de que los deberes estatales se cumplan de manera real y no solo formal, y exige acciones eficaces para garantizar la seguridad y los derechos de quienes apostaron por la paz y dejaron las armas.

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¿Qué dijo la Corte Constitucional sobre el incumplimiento de los acuerdos de paz con excombatientes?

La Corte Constitucional afirmó que el incumplimiento de las obligaciones de protección y garantías para los excombatientes de las extintas Farc es sistemático y persiste desde hace años. Además, resaltó que, bajo el actual gobierno de Abelardo de la Espriella, la problemática ha aumentado por decisiones oficiales que han limitado los avances en el cumplimiento de los acuerdos, manteniéndose una “violación masiva y sistemática” de derechos.

¿Qué es un Estado de Cosas Inconstitucional y por qué la Corte lo declaró en este caso?

Un Estado de Cosas Inconstitucional es una figura jurídica que declara la existencia de una vulneración sistemática y masiva de derechos fundamentales que el Estado no ha solucionado a pesar de diagnósticos y órdenes previas. En este caso, la Corte Constitucional lo declaró respecto al componente de garantías de seguridad de los excombatientes en proceso de reincorporación, debido a que las acciones estatales han sido insuficientes para proteger sus derechos.

En su exposición, Gaona sostuvo que el Gobierno nacional y una gran parte de la ciudadanía no son contrarios a la paz, pero sí se oponen a la impunidad. Añadió también que existen "falsas narrativas" sobre los supuestos beneficios del acuerdo, argumentando que no representa un modelo aplicable ni siquiera para Colombia, dadas las cifras de violencia y victimización posteriores a la firma. La sesión coincidió con la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU, dirigida por Miroslav Jenca, y con una modificación solicitada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que dejó fuera las funciones de verificación de la Reforma Rural Integral.

Los académicos señalan omisiones en la evaluación de Gaona respecto a excombatientes y reincidencias, así como en la comparación con acuerdos anteriores, como el realizado con el M-19 en 1990. Además, enfatizan que una valoración justa debe considerar tanto limitaciones como logros. Subrayan la responsabilidad del Estado en la reparación a las víctimas, más allá de la proveniencia de los victimarios, y advierten sobre la complejidad y lentitud de los procesos de reparación y administración de bienes incautados a las Farc.

En cuanto a los datos de violencia presentados por el embajador, los firmantes solicitan claridad, señalando que no todas las masacres, asesinatos y secuestros posteriores al acuerdo pueden vincularse al conflicto armado. Uno de los temas centrales es la Justicia Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de justicia restaurativa innovador dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuya función va más allá de resultados “punitivos” y ha logrado avances significativos en reconocimiento de responsabilidades y búsqueda de personas desaparecidas.

Finalmente, los investigadores sostienen que varias deficiencias señaladas por Gaona reflejan dificultades previas y problemas en la implementación del acuerdo, documentados tanto por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz como por la Procuraduría. Invitan a sostener un debate público fundamentado en evidencia y reconocimiento equilibrado de logros y limitaciones, sin renunciar a la crítica, pero evitando representaciones parciales del proceso de paz colombiano.

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¿Qué logros y limitaciones ha tenido la JEP desde la firma del Acuerdo de Paz?

De acuerdo con los académicos, la Justicia Especial para la Paz (JEP) ha permitido avances importantes como el reconocimiento de responsabilidad de integrantes de la Fuerza Pública en casos de ejecuciones extrajudiciales y la resolución de miles de expedientes archivados o sin resolver en la justicia ordinaria. A pesar de estos logros, los investigadores reconocen que el modelo tiene imperfecciones, dada la magnitud de las victimizaciones, y requiere evaluación crítica constante.

¿Cuál es el papel del Estado en la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia?

Según la carta citada por El Espectador, la reparación a las víctimas es una obligación del Estado, independientemente de quién haya perpetrado los crímenes. Los investigadores señalan que la reparación integral implica procesos largos y complejos, especialmente en la administración de bienes relacionados con el conflicto, y que esta deuda histórica ha sido reconocida por la Corte Constitucional en sentencias recientes.

La respuesta de Petro incluyó un cuestionamiento sobre la antigüedad del video. El presidente hizo énfasis en la falta de audio en los materiales divulgados y llamó la atención para que se esclarezca la fecha exacta en la que estos fueron grabados, sugiriendo que ese dato podría modificar la percepción pública sobre el caso. En sus palabras: "Algún verdadero periodista debería preguntar, de acuerdo a lo que observa: y ¿esos vídeos sin voz de qué año son?". Asimismo, afirmó que conocer ese detalle podría desmoronar "toda una narrativa mentirosa de la prensa que ya lleva dos semanas, y hasta todo un proceso judicial". Finalmente, cerró planteando interrogantes sobre su límite de tolerancia ante la situación: "¿Hasta cuándo aguantaré?".

Todo esto salió a la luz después de que la periodista Darcy Quinn presentara la grabación en la que, según se observa, Petro y Deicy Jiménez entablan una videollamada. En el material, se escuchan frases como "Estás linda" y "Párate". Al terminar la comunicación, se lee el mensaje: "Chévere. Me hacía falta verte". Este contenido no llegó aislado: se suma a otras conversaciones y acusaciones que Jiménez ha hecho públicas sobre el aparente uso de diferentes perfiles para establecer contacto con ella. Las denuncias incluyen alegatos sobre posibles negociaciones o favores sexuales a cambio de contratos estatales, asuntos que siguen bajo la lupa de las autoridades competentes.

En todo momento, la postura de Petro ha consistido en restar validez a las afirmaciones sin pruebas concretas sobre el contexto y la fecha de los vídeos, poniendo en duda la narrativa que ha circulado en los medios durante las últimas semanas.

¿De qué trata el video filtrado de Gustavo Petro y quién es Deicy Jiménez?

El video filtrado, presentado por la periodista Darcy Quinn, muestra a Gustavo Petro en una presunta videollamada con Deicy Jiménez. Durante la conversación, se observan gestos de afecto y frases dirigidas a la mujer. Jiménez ha denunciado que hubo contacto mediante diferentes perfiles y ha señalado supuestos favores sexuales a cambio de contratos estatales, hechos que están siendo revisados por las autoridades.

¿Por qué Gustavo Petro cuestiona la fecha y el contexto de los videos sin audio?

Gustavo Petro ha puesto en duda la veracidad e interpretación de los videos al destacar que no tienen audio y no se conoce la fecha exacta en la que fueron grabados. De acuerdo con su declaración, conocer cuándo se realizaron estos videos podría cambiar completamente la narrativa mediática y judicial que se ha desarrollado alrededor de las acusaciones, insistiendo en la importancia del contexto y la temporalidad para entender el caso.

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El padre de Nicolás reconstruyó minuciosamente los movimientos del carro, que había sido adquirido para que padre e hijo pudieran contribuir a los gastos familiares. Los registros muestran que el automóvil se desplazó por varias zonas de Bosa y Soacha, deteniéndose varias horas en el sector de San Mateo. Con esta información, Álvaro visitó establecimientos, buscó videos de seguridad y pidió testimonio a residentes, en una investigación sin descanso en busca de cualquier pista sobre el paradero de su hijo.

El recorrido del vehículo los llevó a diferentes barrios, como Bosa San José, Potreritos y Catalina. En este último, una mujer aseguró reconocer a un joven similar a Nicolás, aunque esa versión no ha sido confirmada ni integrada oficialmente a la investigación. Álvaro también solicitó la revisión de cámaras de videovigilancia, pero denuncia falta de acceso a la información oficial y transparencia en el análisis del material recolectado por las autoridades.

Pese a los esfuerzos, la búsqueda solo logró recuperar el automóvil, que fue hallado en Bosa San José cuando era manejado por un hombre y acompañado por una mujer, quienes hoy enfrentan procesos judiciales, de acuerdo con El Espectador. No obstante, hasta ahora, ninguno de estos procedimientos ha dado luz sobre el destino de Nicolás. El padre, inmerso en la búsqueda y afectado en lo económico y lo emocional, cuestiona la falta de acompañamiento institucional y denuncia haber sido víctima de falsas pistas y estafas ante la desesperación.

A casi un año de la desaparición, la justicia mantiene abiertos dos procesos con cuatro personas investigadas, pero la familia reclama la falta de resultados y claridad sobre los hechos. En palabras de Álvaro, el desgaste ha sido tal que su vida y la de su esposa cambiaron para siempre, pero la esperanza de encontrar a Nicolás continúa inalterable.

¿Cuál es el estado actual de la investigación sobre la desaparición de Nicolás Bernate?

Según El Espectador, actualmente existen dos procesos judiciales en curso por la desaparición de Nicolás Bernate, con cuatro personas investigadas. Dos de ellas están en juicio, proceso actualmente suspendido porque uno de los acusados se quedó sin defensor. El segundo proceso involucra a otras dos personas, pero no se han divulgado más detalles. Hasta el momento, ninguna de las indagaciones ha permitido establecer qué ocurrió con Nicolás ni su paradero.

¿Qué significa la diabetes tipo 2 y cómo afecta la búsqueda de familiares desaparecidos?

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que afecta la capacidad del cuerpo para regular el azúcar en sangre. En el caso de Álvaro Bernate, padre de Nicolás, el impacto emocional y el desgaste físico causado por la búsqueda constante han dificultado el manejo de su condición, aumentando los riesgos para su salud y generando aún más dificultades en medio de la incertidumbre.

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Por el momento, no se conocen detalles sobre el modo en que se desarrollaron los hechos ni tampoco se ha establecido cuál podría haber sido el motivo del ataque que terminó con la vida de la víctima. La información oficial indica que las investigaciones continúan y las autoridades buscan respuestas que permitan entender el contexto de esta muerte violenta en San Antonio. No se ha presentado información adicional sobre posibles antecedentes, móvil o identidad de la persona capturada, tampoco sobre la relación con la víctima o sobre si existieron amenazas previas.

La Alcaldía de San Antonio reaccionó ante el fallecimiento de Reinoso Olaya emitiendo un comunicado público en el que expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos del fallecido. En su mensaje, la administración municipal manifestó: “En estos momentos de tristeza, expresamos nuestro abrazo solidario y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, deseándoles fortaleza y serenidad para afrontar esta irreparable pérdida”. Este gesto busca ofrecer apoyo a los allegados y reconocer la gravedad de la situación que enluta al municipio.

Mientras la comunidad espera resultados de la investigación, prevalece la incertidumbre sobre las causas del hecho y se mantiene la expectativa frente a las acciones judiciales que determinarán la responsabilidad de la persona capturada. La muerte de Reinoso Olaya evidencia preocupación social y la necesidad de avanzar en el esclarecimiento del caso.

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¿Qué se sabe hasta ahora sobre la muerte de Alex Mauricio Reinoso Olaya en San Antonio?

Hasta el momento, se ha confirmado que Alex Mauricio Reinoso Olaya falleció en un acto violento y que las autoridades capturaron a una persona presuntamente implicada, quien permanece en la estación de Policía local mientras avanzan las pesquisas judiciales. No se conocen los detalles ni los motivos del incidente, por lo que la investigación continúa según reportó la Alcaldía de San Antonio.

¿Cuál es la reacción de la Alcaldía de San Antonio ante el presunto homicidio?

Luego de conocerse la muerte de Reinoso Olaya, la Alcaldía de San Antonio emitió un mensaje oficial manifestando su solidaridad y enviando condolencias a la familia, amigos y allegados de la víctima, resaltando el acompañamiento y fortaleza necesarios para afrontar esta pérdida, de acuerdo con lo expresado públicamente.

El caso, que se remonta a noviembre de 2024, es caracterizado por una compleja trama, donde la víctima habría sido objeto de represalias tras una supuesta conducta sexual en redes sociales con la hija de Katherine Sotelo Torres, quien fue la que realizó las acusaciones en un principio. En el desarrollo judicial, la Fiscalía detalló que la víctima fue sometida a castigos físicos y psicológicos. De acuerdo con la investigación citada por El Espectador, Juan Felipe Rincón sufrió lesiones contundentes y quemaduras en cabeza, espalda y extremidades, así como hemorragia subaracnoidea, una forma de sangrado en la parte exterior del cerebro, y numerosos hematomas. A pesar de la gravedad del ataque, todavía no se ha identificado a la persona que efectuó el disparo que acabó con la vida del joven.

Al inicio de la investigación, la atención se centró en Camilo Sotelo, señalado inicialmente como el presunto autor del homicidio; sin embargo, el proceso no logró demostrar que él hubiera disparado el arma, pues se estableció que la pistola que tenía era 'hechiza', es decir, artesanal, y se desarmó en medio de los hechos violentos. Paralelo a este proceso, la Fiscalía siguió otra línea de investigación en la que sostiene que la víctima fue contactada a través de perfiles falsos en redes sociales y llevada bajo engaños al lugar de los hechos usando a una adolescente, bajo el supuesto de robarle el celular. Fue allí donde habría sido interceptado y agredido por varias personas.

Por su parte, la defensa ha argumentado que las imputaciones son desproporcionadas, en especial la de tortura y uso de menores, señalando que, según las pruebas, la adolescente habría participado de manera voluntaria y que las conductas atribuidas a sus defendidos no necesariamente encajan en los tipos penales imputados. En los próximos días, la Fiscalía y la defensa presentarán sus pruebas y será el juez quien determine cuáles serán admitidas en la audiencia preparatoria.

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¿Cuáles son los delitos imputados en el caso Juan Felipe Rincón?

De acuerdo con la información de El Espectador, la Fiscalía imputó a los procesados cargos por tortura, uso de menores para la comisión de delitos, alteración y ocultamiento de elementos probatorios y soborno a testigos dentro de la actuación penal. Estos delitos involucran desde conductas de violencia física y psicológica, hasta posibles intentos de manipular la investigación y el uso de menores en la ejecución de los hechos.

¿Qué significa hemorragia subaracnoidea en contextos judiciales?

La hemorragia subaracnoidea se refiere a un sangrado que ocurre en el espacio entre el cerebro y el tejido que lo recubre, llamado espacio subaracnoideo. En contextos judiciales como el caso de Juan Felipe Rincón, esta lesión es relevante porque evidencia un nivel severo de violencia durante la agresión, lo que puede influir en la calificación jurídica de los hechos y en las responsabilidades penales.

Benavides enfatizó el compromiso de la entidad con el manejo transparente de los recursos públicos. En un video divulgado por los canales oficiales del ministerio, subrayó la importancia de que los fondos destinados a la ciencia y la tecnología beneficien a la comunidad científica y a los jóvenes, además de contribuir con soluciones a los problemas del país. "Cada peso merece cuidado… No vamos a permitir que se engañe al país para acceder a esos contratos. Y cuando encontremos irregularidades vamos a actuar y a denunciarlas", manifestó la ministra.

Esta denuncia puntual sobre la falsificación de documentos no está aislada. Se suma a una serie de irregularidades señaladas recientemente por la actual ministra. A principios de mes, Benavides reveló otros hechos relacionados con el funcionamiento interno de la entidad durante el gobierno anterior, como la existencia de 32.300 almuerzos proporcionados sin ningún registro de sus destinatarios y precios notoriamente elevados que carecían de justificación. De acuerdo con lo declarado por la funcionaria, estos y otros hallazgos corresponden al período comprendido entre noviembre de 2024 y julio de 2026 y comprometen recursos que superan los COP 9.800 millones.

El Ministerio detalló que, en el marco de estas anomalías, se identificaron inconsistencias en los soportes presentados para justificar la ejecución de actividades y servicios, así como pagos de eventos supuestamente organizados para miles de personas, sin evidencia tangible de que realmente se hubieran realizado o que existiera la infraestructura adecuada para ello. Todos estos informes fueron remitidos ya a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía para que revisen la existencia de posibles responsables en el manejo de los recursos observados.

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¿Qué consecuencias puede tener la falsificación de títulos académicos en entidades públicas?

La falsificación de títulos académicos podría derivar en consecuencias penales y administrativas para quienes presentan documentación fraudulenta al momento de ser contratados, así como comprometer la transparencia y la confianza en la gestión de la entidad, según lo señalado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

¿Cómo están actuando las autoridades frente a irregularidades en el Ministerio de Ciencia?

Según lo informado por la ministra Claudia Benavides Salazar, los hallazgos de presuntas irregularidades ya se pusieron en conocimiento de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, entidades encargadas de determinar la existencia de responsabilidades y, en su caso, sancionar a los implicados conforme a la ley.

Según lo documentado por la JEP, los crímenes de lesa humanidad y de guerra incluyen violaciones, esclavitud sexual, persecución, asesinatos y tortura —tipificados como crímenes que no pueden recibir amnistía judicial por su gravedad—. El organismo identificó a los imputados como responsables de estructuras como el Bloque Sur, Bloque Oriental, Bloque Noroccidental, Comando Conjunto Central y Comando Conjunto de Occidente. Entre ellos figuran alias “Fabián Ramírez” y “Martín Corena”, así como “Albeiro Córdoba”, “Alberto Pitufo”, “Arquímedes”, “Isaías Trujillo”, “Anderson” o “Carranza”, “Marlon”, “Donald”, “Javier Guzmán” o “Chugo” y “Ricardo el Pija”.

La decisión se apoya en testimonios de 743 víctimas, 80 informes de organizaciones civiles y versiones de 54 comparecientes. Según cifras de la JEP, 573 de las víctimas son mujeres, incluidas 18 mujeres trans, y 81 son hombres, seis de ellos hombres trans. Además, 272 personas eran menores de edad al momento de los hechos.

El trabajo de la Sala permitió establecer que estos delitos no fueron aislados, sino que respondieron a patrones sistemáticos, entre los que destaca la violencia sexual cometida contra niñas, adolescentes, mujeres y personas con orientaciones o identidades de género diversas. En un caso documentado, un joven gay de 18 años relató ante la JEP haber sido agredido sexualmente en dos ocasiones bajo el pretexto de “enseñarle a ser hombre”.

Pese a que las Farc establecieron normas internas contra estas agresiones, la JEP señaló que tales disposiciones resultaron ineficaces frente a los casos ocurridos. La entidad subrayó también que la mayoría de los victimarios materiales de estos delitos murieron en el conflicto, pero los superiores conservan responsabilidad por acción u omisión.

En el ámbito judicial, la JEP advirtió que el 91 % de los 2.222 procesos ordinarios nacionales por violencia sexual y de género atribuidos a las Farc no llegaron a juicio, y el 78 % no superó las etapas preliminares. Ninguno de los imputados había estado en prisión por estos hechos. Ahora, los excomandantes tienen 20 días hábiles para reconocer o rechazar los cargos; si admiten responsabilidad y aportan a la verdad, podrían recibir sanciones restaurativas —como restricciones de libertad, pero no prisión—, de lo contrario enfrentarán un juicio ordinario con posibles penas de hasta 20 años.

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¿Cuáles son los crímenes de lesa humanidad y de guerra que la JEP imputa a excomandantes de las Farc?

La JEP les atribuye a los excomandantes de las Farc crímenes de guerra como violaciones, violencia sexual, esclavitud sexual, homicidio, tortura, tratos crueles y desplazamiento de civiles, así como crímenes de lesa humanidad incluyendo persecución, asesinato, tortura y deportación forzada, de acuerdo con lo documentado por el tribunal en el Subcaso 01 del Caso 11.

¿Por qué estos crímenes no pueden ser perdonados judicialmente según la JEP?

La JEP indicó que los crímenes imputados —como violación, violencia sexual, esclavitud sexual, persecución y asesinato— tienen tal gravedad y naturaleza que, según normas nacionales e internacionales, no pueden recibir amnistía ni perdón judicial, por lo que los responsables deben ser investigados, juzgados y sancionados.

“Me gusta. Ahora los besos se criminalizan, pero son fundamentales, nunca hay que dejar de darlos”, escribió Petro en respuesta al corte del video. El jefe de Estado agregó que los besos deben darse a quien los merezca y los acepte, o incluso a todo el mundo en general. Cerró esa parte de su mensaje con una expresión: “Besos a la humanidad y a la vida”.

Sin embargo, la reacción del mandatario no se limitó a la escena del beso. Petro también puso en duda la antigüedad de las imágenes y cuestionó que los fragmentos difundidos no tengan sonido. En ese sentido, pidió que algún periodista investigue de qué año son las grabaciones.

“¿Y esos videos sin voz de qué año son?”, preguntó el presidente, quien sostuvo que conocer la fecha podría cambiar la interpretación que se ha hecho del material audiovisual.

El nuevo material fue divulgado por la periodista Darcy Quinn, quien aseguró que la grabación está en poder de la Fiscalía y que mostraría que Petro se comunicaba con Jiménez utilizando el nombre de Andrés Maldonado Beltrán. En el video se observa una conversación de tono personal entre ambos, en la que también hay intercambios durante una videollamada. 

Me gusta.

Ahora los besos se criminalizan pero son fundamentales, nunca hay dejar de darlos, siempre que se den a quien se lo merece y que los acepte, o se den a todo el mundo en general. besos a la humanidad y a la Vida.

Algún verdadero periodista debería preguntar, de acuerdo a lo que observa: y ¿esos vídeos sin voz de que año son?

Creo que solo la fecha desplomaria toda una narrativa mentirosa de la prensa que ya lleva dos semanas, y hasta todo un proceso judicial.

¿Hasta cuándo aguantaré?

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 10, 2026

Petro insistió en que la fecha de las imágenes sería determinante para entender el contexto de lo ocurrido. “Creo que solo la fecha desplomaría toda una narrativa mentirosa de la prensa que ya lleva dos semanas, y hasta todo un proceso judicial”, manifestó.

Finalmente, el mandatario cuestionó la presión que, según él, ha enfrentado por este escándalo y cerró su publicación con una pregunta: “¿Hasta cuándo aguantaré?”.

La divulgación del video se suma a la controversia por las denuncias de Deicy Jiménez y a las investigaciones que adelanta la Fiscalía para esclarecer los hechos relacionados con las comunicaciones y los presuntos perfiles falsos. 

De acuerdo con la información conocida, Jiménez argumentó que no podrá acudir a la citación prevista para este martes. Por esa razón, el organismo judicial reprogramó la diligencia para el próximo viernes 13 de noviembre, cuando se espera que pueda entregar su declaración ante las autoridades.

#JUSTICIA | Deicy Jiménez solicitó cambiar la fecha de su declaración ante la @FiscaliaCol, tras argumentar que no podrá asistir a la citación prevista para este martes 10 de noviembre. Por esta razón, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia reprogramó la diligencia para el próximo viernes 13 de noviembre.

Vía: @JennyAngaritaG

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 9, 2026

El cambio de fecha se conoce en medio de las actuaciones judiciales relacionadas con las denuncias que involucran a Jiménez y al presidente Gustavo Petro. Su testimonio es uno de los asuntos que han concentrado la atención pública por las investigaciones y controversias que rodean este caso.

Por ahora, la nueva fecha establecida por la Fiscalía es el viernes 13 de noviembre. La diligencia permitirá avanzar en la recepción de la declaración de Jiménez, mientras las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, recopilados en el lugar de los hechos, el taxi habría efectuado un giro prohibido, acción que habría desencadenado el accidente. La gravedad de la colisión no solo generó daños visibles en ambos vehículos, sino que también puso en evidencia la vulnerabilidad de quienes transitan en motocicleta. Tras el choque, personal de emergencias atendió al motociclista lesionado y brindó la atención inicial correspondiente, mientras los agentes de tránsito adelantaban las primeras verificaciones sobre lo ocurrido.

Las investigaciones actualmente buscan esclarecer el desarrollo exacto de los hechos, especialmente para determinar si la maniobra efectuada por el conductor del taxi incidió de forma directa en el accidente. Las autoridades en el lugar, según lo conocido en el reporte, han señalado que la reconstrucción de la escena será fundamental para esclarecer responsabilidades y entender las circunstancias previas al choque.

Este siniestro evidencia una vez más los riesgos latentes en las vías urbanas, donde el incumplimiento de las normas de tránsito puede desencadenar situaciones lamentables. A pesar de que la lesión del motociclista ha sido descrita como grave —con la posibilidad de una fractura en la rodilla—, las fuentes consultadas no han confirmado oficialmente el diagnóstico exacto, subrayando la necesidad de esperar los informes médicos definitivos.

El proceso de investigación continúa y las autoridades analizan todos los elementos disponibles para esclarecer los hechos y definir las responsabilidades de los involucrados.

¿Cuál fue la causa del accidente de tránsito entre el taxi y la motocicleta en Ibagué?

Según la información recopilada en el lugar de los hechos y de acuerdo con los reportes de tránsito, el accidente se habría producido porque el taxi de placas WOZ-267 realizó un giro prohibido, lo que desencadenó la colisión con la motocicleta Honda. Sin embargo, la investigación oficial aún debe establecer con certeza cómo se originó el choque y confirmar la responsabilidad de cada conductor.

¿Qué lesiones sufrió el motociclista tras el accidente en la avenida Mirolindo?

Las fuentes consultadas señalaron que el motociclista resultó con una lesión de gravedad en una de sus rodillas y fue atendido tras el accidente. Aunque se habla de una posible fractura de rodilla, los reportes oficiales aclaran que este diagnóstico aún no ha sido confirmado y se esperan los resultados médicos para precisar la magnitud de la lesión.

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El fallo le da 48 horas a Rodríguez, desde que recibe la notificación, para firmar la retractación y grabar un video en el que lea el texto establecido por el juzgado. Puede hacerlo sin mostrar el rostro y con ayuda técnica. La controversia surgió luego de que Rodríguez hiciera las declaraciones en una entrevista con el periodista Daniel Samper Ospina, en la que incluso mencionó supuestas pruebas, como fotos y videos. Sarabia respondió cuestionando el silencio anterior de Rodríguez sobre los hechos. La defensa de la excanciller recalcó en El Espectador que el fallo reafirma el respeto obligatorio al buen nombre y la honra: las acusaciones públicas, subrayó, deben tener sustento probatorio. La abogada aclaró que la orden judicial no limita el derecho a la crítica ciudadana, pero sí distingue entre cuestionar la gestión de un funcionario y atribuirle hechos graves sin evidencia.

Los señalamientos de Rodríguez se unen a los de Deicy Jiménez, excontratista del gobierno Petro, quien en entrevista con Semana habló de una presunta red de entre 30 y 40 mujeres contratadas por el Estado para encuentros sexuales y afirmó que Petro, cuando era senador, le pidió comprar droga. Jiménez publicó, días después, un video como supuesta prueba y responsabilizó públicamente a Petro si algo le sucedía a ella o su familia.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó una inspección judicial para revisar los contratos de Jiménez en el Congreso, mientras que la Fiscalía abrió una investigación el 23 de octubre sobre presuntas irregularidades en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y otras entidades. El caso involucra lo divulgado por Angie Rodríguez y lo afirmado por Jiménez. Paralelamente, la Procuraduría inició una indagación por posible acoso y violencia de género en relación con contratos estatales. Tanto Rodríguez como Sarabia serán citadas a declarar por la Fiscalía.

Sobre el video de Jiménez, el abogado de Petro, Alejandro Carranza, afirmó que no es una prueba hasta que se establezca su autenticidad, integridad y contexto por vía pericial. La defensa del expresidente indicó que Petro responderá ante la justicia y reiteró que jamás condicionó contratos públicos a favores sexuales.

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¿Por qué Angie Rodríguez debe retractarse por las afirmaciones contra Laura Sarabia?

Angie Rodríguez está obligada a retractarse porque, según el juzgado, sus declaraciones contra Laura Sarabia carecen de pruebas suficientes y afectan los derechos fundamentales de la exfuncionaria al buen nombre y la honra. La acción de tutela presentada por la abogada Lina Sandoval Echavarría consiguió que el juez reconociera la importancia de rectificar acusaciones públicas graves cuando no están debidamente sustentadas.

¿Qué avances existen en la investigación sobre supuestos contratos irregulares relacionados con el caso Petro?

La investigación ha avanzado con la apertura de una noticia criminal por parte de la Fiscalía, que indaga presuntas irregularidades en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y otras entidades, incluyendo la revisión de contratos y declaraciones de involucrados como Deicy Jiménez y Angie Rodríguez. Además, la Corte Suprema y la Procuraduría han iniciado acciones relacionadas con contratos estatales y posibles delitos de acoso y violencia de género, aunque no se ha confirmado la autenticidad de las pruebas presentadas.

El panorama interno del Pacto Histórico apunta a fomentar alianzas únicamente con actores políticos que compartan sus lineamientos programáticos y que estén dispuestos a respaldar su rol de oposición frente al actual Ejecutivo. No obstante, en un evento celebrado en Antioquia, Petro ofreció una alianza estratégica a nivel local, "municipio por municipio", a cambio de que el oficialismo no aprobara ciertos puntos clave de la ley de ajuste fiscal presentada por la administración de De la Espriella. Esta estrategia formaba parte de un bloque de oposición al actual Gobierno, pero fue rechazada tajantemente por las principales cabezas del Centro Democrático, incluido su presidente Gabriel Vallejo y el congresista Daniel Briceño, según reportes de El Espectador.

Al interior del Congreso, se ha observado que tanto la oposición (petrismo) como el oficialismo (uribismo) en ocasiones han coincidido en apoyar candidatos para cargos clave, como la presidencia del Senado. Ejemplo de esto fue el respaldo conjunto a la candidatura de Honorio Henríquez, superando al aspirante del Gobierno. Sin embargo, tales coincidencias han provocado llamados de atención internos, especialmente cuando sectores del Pacto Histórico facilitaron el quórum necesario para tramitar la ley de sometimiento, una iniciativa presentada por el Centro Democrático.

Frente a la próxima contienda electoral regional, el oficialismo ahora incluye dos nuevos partidos de derecha: el Partido Demócrata Colombiano, anteriormente Liga de gobernantes anticorrupción, y Defensores de la Patria, plataforma fundada por el presidente De la Espriella tras su triunfo electoral. Según declaraciones del mandatario, su partido enfrentará directamente a las fuerzas opositoras en las urnas, consolidando así una línea oficialista reacia a cualquier tipo de coalición con sectores del Pacto Histórico o afines a Petro.

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¿Por qué el Partido Conservador y el Centro Democrático rechazan alianzas con el Pacto Histórico para las elecciones de 2027?

Ambos partidos han dejado claro, según documentación de El Espectador, que sus criterios para establecer alianzas excluyen a cualquier fuerza política que no haya apoyado la gestión y candidatura del presidente Abelardo de la Espriella. Como líderes del oficialismo, consideran inadecuado asociarse con bloques opositores, como el Pacto Histórico, para las próximas elecciones regionales en un contexto de fuertes diferencias programáticas y estratégicas.

¿Cuál es la estrategia del Pacto Histórico frente a la negativa de alianzas de los partidos oficialistas?

El Pacto Histórico, liderado por Gustavo Petro, busca concentrarse en alianzas locales solo con movimientos que compartan sus posiciones programáticas y su oposición al actual Gobierno, apostando a una construcción política que privilegie la coherencia ideológica sobre alianzas meramente electorales, según reporta El Espectador.

En Ibagué, capital del Tolima, así como en otros municipios cercanos, residentes manifestaron haber sentido el movimiento telúrico durante la tarde del lunes. Reportes ciudadanos señalaron que la percepción del sismo se extendió a diferentes poblaciones del sur del departamento, aunque no se reportaron mayores incidentes ni afectaciones graves derivadas de este fenómeno natural.

La información oficial proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano fue clave para determinar la localización precisa del epicentro y aclarar detalles técnicos sobre la magnitud y la profundidad del evento. La clasificación de 'profundidad superficial' implica que el sismo ocurrió poco profundo bajo la corteza terrestre, lo que suele traducirse en una mayor percepción del mismo por parte de la población cercana al epicentro.

Estos episodios sísmicos son monitoreados de forma permanente por el SGC, que se encarga de informar oportunamente a las autoridades y a la ciudadanía sobre los eventos detectados en territorio nacional. En este caso, la pronta publicación del boletín y la confirmación de la magnitud y ubicación del temblor permitieron brindar tranquilidad a los habitantes de la región afectados por la inquietud suscitada ante el movimiento telúrico.

De acuerdo con la información recopilada, no se tienen registros de daños materiales significativos o afectaciones a la infraestructura en Chaparral, Ibagué ni en las poblaciones cercanas.

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¿Qué significa que un sismo tenga profundidad superficial, según el Servicio Geológico Colombiano?

La profundidad superficial, de acuerdo con lo señalado por el Servicio Geológico Colombiano, indica que el sismo ocurrió a menos de 30 kilómetros bajo la superficie terrestre. Esto implica que los temblores en esta categoría suelen sentirse con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro, debido a la proximidad del punto de origen del movimiento respecto de la superficie.

¿En qué municipios de Tolima se sintió el sismo de magnitud 3.3 reportado por el Servicio Geológico Colombiano?

El sismo de magnitud 3.3 percibido este 9 de noviembre fue sentido especialmente en Ibagué, la capital tolimense, y en otras poblaciones del sur del departamento de Tolima, como fue reportado por diversos habitantes y confirmado por las autoridades mediante el boletín del Servicio Geológico Colombiano.

El material expone cómo se destacaba una comunicación simultánea: videollamada y chat, siendo el detalle que la cuenta usada en la plataforma no lleva el nombre de Petro, sino el de otra persona, hecho que ha sido resaltado por los testimonios de la propia Jiménez. Según la mujer, no era la primera vez que el exmandatario utilizaba identidades alternas para continuar el contacto. En otras capturas de chat que ella hizo públicas, figuran nombres como Michel Foucault, Mihail Bukharin, Altheais Monteluz y Penser Lesujet. De acuerdo con la versión de Jiménez, Petro utilizaba perfiles con estos y otros nombres para comunicarse, en medio de una relación cuya dimensión privada se entrelazó, según ha denunciado, con gestiones relacionadas con contratos en entidades del Estado.

El nombre Michel Foucault especialmente ha llamado la atención, ya que corresponde al de un reconocido filósofo francés. No obstante, con la reciente grabación dada a conocer por Darcy Quinn, un nuevo perfil —Andrés Maldonado Beltrán— se suma al listado de identidades que, según la denunciante, habría usado Petro para este tipo de contacto.

Estas revelaciones se insertan en el contexto de las denuncias que ha hecho Jiménez sobre la presunta existencia de intercambio de favores sexuales por vínculos o contratos estatales. La mujer ha afirmado que, durante los años en que Petro ocupó cargos públicos, existieron relaciones contractuales con dependencias del Gobierno y el Congreso, ligadas, según su versión, a ese vínculo personal.

No obstante, la sola existencia de las grabaciones y chats no es suficiente prueba para confirmar la totalidad de las denuncias. Como han señalado los reportes, la atribución de las cuentas y la autenticidad del material divulgados están bajo la revisión de las autoridades competentes, quienes deben verificar su veracidad como parte del proceso de investigación. Por lo pronto, el nuevo video deja en evidencia el uso de una cuenta de nombre distinto al de Petro para mantener una comunicación cercana con Jiménez.

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¿Qué nombres de Facebook utilizaba Gustavo Petro para comunicarse con Deicy Jiménez?

De acuerdo con las revelaciones expuestas por Deicy Jiménez y citadas en la grabación divulgada por Darcy Quinn, Gustavo Petro utilizaba varias identidades en Facebook para mantener comunicación con ella. Entre los nombres que aparecen en las conversaciones se encuentran Michel Foucault, Mihail Bukharin, Altheais Monteluz, Penser Lesujet y Andrés Maldonado Beltrán. Jiménez aseguró que estas cuentas se empleaban para sostener tanto diálogo personal como supuestas gestiones contractuales con el Estado.

¿Qué implica la denuncia de Deicy Jiménez sobre contratos en el Estado y favores sexuales?

Las denuncias de Deicy Jiménez implican presuntos intercambios de favores sexuales a cambio de vinculaciones o contratos en entidades estatales. Según su versión, estas situaciones sucedieron durante los años en que Gustavo Petro ocupó cargos públicos y estarían relacionadas con dependencias del Gobierno y el Congreso. Sin embargo, la autenticidad de las pruebas y las imputaciones están bajo investigación de las autoridades y las grabaciones divulgadas no prueban por sí mismas los hechos denunciados.

Elena Calle García, directora de Seguridad de Ibagué, afirmó que se han intensificado los controles para atender la preocupación de la comunidad. Calle García recalcó que los negocios pueden ofrecer opciones de entretenimiento siempre y cuando sus actividades no perturben el bienestar de quienes habitan en las proximidades. En palabras de la funcionaria: "Queremos que los ibaguereños puedan disfrutar de estos espacios, pero sin afectar el descanso de quienes viven alrededor. La diversión de unos no puede convertirse en la molestia de otros".

De acuerdo con la misma fuente, estas intervenciones no se limitan a una sola área de la ciudad, sino que continuarán en varias zonas para garantizar que los comercios cumplan con las disposiciones acerca del ruido. Con la campaña 'Bajémosle tres rayitas al volumen, a la intolerancia y al desorden', las autoridades buscan hacer un llamado tanto a comerciantes como a ciudadanos sobre la importancia de la convivencia. Calle García sentenció que permanecerán en las calles y realizarán los controles necesarios para impedir que el ruido excesivo altere la tranquilidad familiar.

La Administración municipal también instó a quienes regentan estos negocios a revisar cuidadosamente el volumen de sus equipos de sonido y a tomar medidas preventivas para reducir las molestias que puedan causarse a los vecinos. La iniciativa representa un esfuerzo para que tanto la actividad comercial como los momentos de descanso puedan coexistir en armonía, propiciando una mejor convivencia en los barrios de Ibagué.

¿Por qué las autoridades de Ibagué realizan operativos de control al ruido en bares y tiendas?

Las autoridades llevan a cabo estos operativos con el fin de asegurar que los bares, tiendas y establecimientos respeten las normas sobre emisión de ruido, evitando así que las actividades comerciales perjudiquen el descanso de los vecinos. Esta labor incluye visitas de inspección y campañas de sensibilización, con el objetivo de proteger la calidad de vida y la tranquilidad de los residentes, de acuerdo con información de la Administración municipal.

¿Qué significa la campaña 'Bajémosle tres rayitas al volumen, a la intolerancia y al desorden' en Ibagué?

La campaña 'Bajémosle tres rayitas al volumen, a la intolerancia y al desorden' es un mensaje utilizado por las autoridades para generar conciencia entre comerciantes y ciudadanos sobre la necesidad de reducir el ruido, promover la tolerancia y evitar el desorden, favoreciendo así la convivencia en los barrios. La intención principal es equilibrar el derecho al entretenimiento con el derecho al descanso de los habitantes.

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Según la información citada, el senador Rodríguez manifestó que, el martes 10 de noviembre, presentará ante la plenaria del Senado la solicitud formal de revocatoria, argumentando que "día a día salen nuevas pruebas de corrupción y contratos que lo señalan directamente; varias ya en manos de la justicia". En palabras del senador, si se le sigue permitiendo a Petro salir del país siendo investigado, no se estaría actuando con prudencia desde el Congreso, sino con complicidad frente a las investigaciones en curso.

Dentro de las acciones anunciadas, Germán Rodríguez solicitó también que le sea entregada la minuta detallada de los desplazamientos del expresidente en los últimos meses. Específicamente, pidió información sobre las "fechas de radicación, destinos y periodos informados" de los viajes realizados. Adicionalmente, solicitó que se le notifique si existen otras solicitudes presentadas de revisión, modificación o revocatoria sobre la autorización inicialmente otorgada por el Congreso.

El permiso para que Petro Urrego saliera del país fue aprobado el 12 de agosto en la plenaria del Senado, con un respaldo amplio de 73 votos a favor y 11 en contra. Según la carta enviada por el exmandatario el 10 de agosto al Capitolio, la solicitud respondía a compromisos tanto políticos como académicos y la autorización tendría vigencia de un año. Sin embargo, la cámara alta condicionó la salida a la entrega de información detallada sobre los viajes: debía definir fechas y destinos en cada ocasión en la que saliera del país.

Este proceso, de acuerdo con El Espectador, se suma al tenso ambiente político que ha caracterizado las discusiones en el Congreso y pone en el debate nacional la vigilancia a los permisos concedidos a exfuncionarios y su relación con actuales investigaciones judiciales.

¿Por qué el Senado aprobaría o revocaría permisos de salida del país a expresidentes en Colombia?

El Senado tiene la potestad de otorgar o revocar permisos de salida del país a exmandatarios como Gustavo Petro Urrego porque estos deben responder ante la justicia cuando hay polémicas o investigaciones en curso. Según El Espectador, el permiso fue aprobado bajo condiciones estrictas, pero ante nuevos señalamientos, el Senado puede considerar necesario limitar la movilidad internacional para asegurar la presencia de estos funcionarios ante las autoridades nacionales.

¿Qué implica la revocatoria del permiso para Gustavo Petro Urrego?

Si se revoca el permiso, Gustavo Petro Urrego estaría obligado a permanecer en Colombia de forma permanente durante el periodo que se establezca y no podría cumplir compromisos en el exterior. Como señala El Espectador, esto aseguraría que el exmandatario esté disponible para responder a cualquier requerimiento de las autoridades relacionado con las investigaciones en curso o polémicas recientes.

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En el proceso de valoración que realizó el equipo del IDPYBA, se encontraron numerosas deficiencias en el entorno y cuidado del canino. El informe técnico concluyó que el perro sufría graves problemas de higiene y que su pelaje estaba severamente enredado, lo cual representa una condición inadecuada que puede acarrear complicaciones médicas. Además, se detectó la ausencia de registros o evidencia que probaran que había recibido atención veterinaria adecuada, elemento fundamental para la protección animal.

Tras el concepto técnico desfavorable emitido por el equipo especializado del instituto, la persona responsable del perro optó por entregar de forma voluntaria el animal a las autoridades de protección. Según el reporte oficial, el documento de valoración será enviado a las autoridades competentes para adelantar el proceso que corresponda en este tipo de casos, asegurando así transparencia y un seguimiento institucional. Este procedimiento subraya la importancia del cumplimiento de las normas sobre bienestar animal en Bogotá.

Actualmente, el perro se encuentra bajo la guarda y atención del IDPYBA, recibiendo el cuidado veterinario necesario para su recuperación. La entidad hizo hincapié en que en Bogotá todos los animales merecen atención, respeto y una vida digna, recordando a la ciudadanía la posibilidad de denunciar posibles casos de abuso. Para ello, están disponibles canales directos como la línea de emergencias 123, el correo institucional del instituto, atención presencial en el edificio Residencias Tequendama y el sistema virtual “Bogotá Te Escucha”, donde se pueden adjuntar pruebas visuales como fotos o videos.

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¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal en Bogotá?

La denuncia de maltrato animal en Bogotá puede hacerse a través de la línea de emergencias 123, el correo proteccionanimal@animalesbog.gov.co, la atención presencial en la sede del IDPYBA o el sistema “Bogotá Te Escucha”, donde la ciudadanía puede adjuntar pruebas. Todas estas opciones están destinadas a facilitar reportes y así proteger a los animales afectados.

¿Qué hace el IDPYBA cuando recibe un reporte de maltrato animal?

Cuando el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) recibe un reporte, realiza una inspección para valorar el estado del animal. Si identifica condiciones inadecuadas, realiza un informe técnico, y puede proceder a retirar el animal mediante entrega voluntaria o por órdenes de autoridad, para llevarlo a un entorno seguro y bajo atención veterinaria.

Atención …este es el video en poder de la @FiscaliaCol que prueba que @petrogustavo usaba perfiles falsos para comunicarse con Deicy Jiménez y otras ..en este caso usaba el nombre de Andrés Maldonado Beltrán …aquí el video completo 👇🏻👇🏻👇🏻 @lafm https://t.co/YkJCSAIIOd

— Darcy Quinn (@darcyquinnr) November 9, 2026

La conversación habría incluido mensajes de tono personal y sugerente. En uno de los intercambios, el hombre que se identificaba como Andrés Maldonado Beltrán le escribió a Deicy Jiménez: “Estás linda”. Después, le pidió: “Párate”, y continuó con una frase que llamó la atención dentro de la conversación: “Te voy a poner a hacer las cosas que haces”.

La joven se negó a la petición y respondió: “No lo voy a hacer. Me da pena”. Sin embargo, el interlocutor insistió con otra pregunta: “¿Por qué a otros sí y a mí no?”. Más adelante, tras una videollamada, Petro le manifestó: “Bueno, mejor personalmente. Te veo rozagante. Linda”.

Vea también: Deicy Jiménez aclaró si existe relación de trans que dice ser “víctima” de Petro: “Conoce mi historia”

Después de despedirse y colgar la llamada, el expresidente le escribió: “Chévere. Me hacía falta verte”, a lo que Jiménez contestó: “Ahh qué lindo”.

La importancia de esta conversación está en que se suma a los elementos que buscan establecer cómo se comunicaba Petro con la joven y qué identidades habría utilizado para hacerlo. Según los pantallazos conocidos por Semana, el expresidente habría empleado otros nombres en Facebook, entre ellos Altheais Monteluz, Mihail Bukharin, Michel Foucault y Penser Lesujet.

El material también se conoce en medio de las denuncias de Jiménez sobre un supuesto intercambio de favores sexuales por contratos en entidades estatales. La mujer ha señalado que esos acuerdos estarían relacionados con el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia.

Otro de los elementos que ha puesto bajo la lupa a Petro es una conversación con Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, en la que, según la información divulgada, el entonces presidente habría solicitado “mantener” a Jiménez en el Ministerio del Interior en diciembre de 2025.

Las afirmaciones del actual ministro tomaron mayor relevancia luego del ataque con drones y tatucos explosivos perpetrado contra el cantón militar de Santa Rosa, ubicado en el sur de Bolívar, el 7 de noviembre. Las autoridades atribuyeron este hecho al Ejército de Liberación Nacional (Eln), el cual ocasionó la muerte de tres soldados y heridas a 47 militares, según reportó El Espectador.

Tras esta agresión, el Ministerio de Defensa reveló que la exviceministra para la Estrategia y Planeación, Angélica Verbel, junto con el exministro Pedro Sánchez, realizaron varios viajes oficiales a países como India, República Checa, Turquía, Qatar, Londres, Washington y Nueva York. El objetivo declarado era buscar tecnología que permitiera hacer frente a la amenaza de los drones. No obstante, el ministro Mora manifestó que estos desplazamientos no aportaron ninguna solución efectiva, ya que la negociación propuesta incluso contemplaba empresas extranjeras que no cumplían los requisitos técnicos necesarios según los estándares del propio comité estructurador.

El jefe de la cartera de Defensa enfatizó la falta de respaldo presupuestal real en el proyecto. Afirmó que, aunque se anunció una asignación inicial de COP 800.000 millones para la primera etapa, no se aseguró ningún recurso para su ejecución en 2026. Mora calificó este actuar como negligente y responsable de la pérdida de vidas en el terreno.

Finalmente, Mora aseguró que el gobierno de Abelardo de la Espriella no frenó ni canceló contratos ya que, en la práctica, no existía ningún proyecto operativo en ejecución. La nueva administración recibió lo que él describió como un “cascarón vacío”, por lo que debieron intervenir con un plan de choque financiado de manera transparente y comenzar a proveer a las tropas de herramientas reales. Además, están estructurando un CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) para lograr financiamiento continuo y promoviendo una ley para regular la importación y uso de drones en el país.

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¿Qué es el proyecto Escudo Nacional Antidrones y por qué ha sido criticado?

El proyecto Escudo Nacional Antidrones es una iniciativa anunciada en el gobierno anterior con el objetivo de contar con un sistema integral capaces de detectar y neutralizar amenazas provenientes del uso indebido de drones. La crítica principal, según el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora, radica en que dicho proyecto fue presentado sin estructura técnica, sin financiamiento asegurado y sin viabilidad, además de que las gestiones diplomáticas y oficiales no arrojaron soluciones reales a la amenaza creciente que representan los drones en escenarios de conflicto.

¿Cómo afectó la falta de estructura del proyecto antidrones a la seguridad militar en Colombia?

De acuerdo con el actual Ministerio de Defensa, la carencia de un proyecto bien delineado y financiado dejó a las tropas desprotegidas ante ataques como el registrado en Santa Rosa, Bolívar, que terminó con tres soldados muertos y decenas de heridos. La falta de anticipación y de herramientas tecnológicas idóneas fue señalada como un factor que contribuyó directamente a la vulnerabilidad de las fuerzas militares frente a las nuevas modalidades de ataque empleadas por grupos armados ilegales.

Consultado, durante un diálogo concedido a la revista Semana, sobre las apariciones del gobernante interpelando a sospechosos capturados en redadas policiales, el líder natural del Centro Democrático optó por la cautela, priorizando el análisis estratégico sobre los operativos oficiales.

“Yo soy prudente y en eso solo me refiero a un tema: la determinación que ha tenido el presidente de recuperar la seguridad y Dios quiera que tenga éxito”, contestó de manera tajante.

El exmandatario alertó acerca del recrudecimiento del conflicto interno, rememorando el reciente hostigamiento con drones ejecutado en el departamento de Bolívar, hecho criminal donde perdieron la vida tres uniformados militares en actos de servicio.

En su balance, Uribe pidió valorar que la administración de De La Espriella apenas acumula un trimestre en la Casa de Nariño, heredando un panorama de violencia sumamente complejo derivado del mandato anterior.

“Esperemos que con la voluntad de él, con su determinación, con el apoyo de Estados Unidos y de Israel, se pueda mejorar”, manifestó acerca del nuevo rumbo.

El dirigente de la colectividad opositora desestimó categóricamente los reclamos de sectores contradictores, desvirtuando que los acuerdos militares bilaterales con potencias extranjeras configuren una vulneración a la autonomía e independencia del territorio colombiano.

Para Uribe, las estructuras terroristas arrebataron progresivamente el dominio institucional en apartadas zonas rurales de la geografía patria, justificando plenamente el concurso y asesoramiento de naciones aliadas frente a las amenazas armadas persistentes.

“Que nos ayude EE. UU. o Israel no es perder la soberanía”, señaló acerca del manejo en las relaciones internacionales.

El antiguo jefe de Estado remarcó que las alianzas estratégicas internacionales buscan devolver la tranquilidad a los ciudadanos mediante la aplicación de medidas contundentes orientadas a restablecer la presencia integral de la Fuerza Pública.

“Lo que se está haciendo es que, a través de la seguridad, nos ayuden a recuperar la soberanía para el Estado colombiano, para nuestra democracia”, remarcó.

La declaración ratifica la convergencia programática entre Uribe y el actual Gobierno Nacional frente a la lucha frontal contra las organizaciones criminales en Colombia.

¿A qué delincuentes ha encarado Abelardo de la Espriella?

El mandatario Abelardo De La Espriella convirtió la expresión “Bienvenido a la Patria Milagro” en su sello discursivo al confrontar personalmente a señalados delincuentes capturados por la Fuerza Pública.

Durante la denominada Operación Blindaje 360 desarrollada en Barranquilla, el jefe de Estado encaró a Edgardo David Viloria Barrios, conocido en las investigaciones policiales con el alias de ‘Ñoño’.

El gobernante recriminó al detenido por acumular 13 años de trayectoria criminal dedicada al robo, el secuestro y la extorsión de comerciantes, notificándole su aprehensión con la controvertida frase.

En esa misma jornada operativa, el presidente confirmó la recaptura de Julio Rivera González, alias ‘Julito’, sindicado de liderar cerca de veinte actos violentos y perpetrar un atroz feminicidio.

De La Espriella reiteró la consigna institucional frente a Rivera González, enfatizando que el Gobierno perseguirá sin descanso a los cabecillas armados que siembran terror en los barrios populares colombianos.

La controversial frase también resonó en el centro de Cali durante la Operación Iron, desplegada en horas de la madrugada para recuperar inmuebles tomados por bandas del narcotráfico urbano.

Allí, el presidente sorprendió a un presunto dinamizador delictivo dentro de su propia residencia, advirtiéndole que el Estado retomará el control territorial para beneficio de los trabajadores y comerciantes caleños.

Asimismo, el mandatario empleó la fórmula retórica al confirmar la judicialización de un joven capturado por amenazar de muerte a la primera dama Ana Lucía Pineda mediante redes sociales anónimas.

Estas intervenciones mediáticas provocan intensos debates ciudadanos sobre la sobreexposición de los operativos militares, frente a quienes defienden la necesidad de ejercer autoridad directa sobre la criminalidad organizada.

La frase continúa consolidándose como el principal símbolo comunicativo del actual Ejecutivo en su estrategia para proyectar firmeza institucional y recuperar la seguridad en las calles del país.

Este martes, la restricción aplica para los vehículos particulares cuyas placas finalizan en los números 1 y 2. Quienes posean automóviles con estos dígitos deberán estar atentos, ya que solo podrán movilizarse como excepción en determinados casos, o deberán buscar alternativas de transporte para evitar sanciones. La medida de pico y placa rige desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. de forma continua, es decir, no hay una pausa durante el día. Por ello, los conductores que se vean afectados deben programar sus viajes fuera de este horario o considerar otras opciones de movilidad.

Según la Secretaría de Movilidad de Cali, existen algunas excepciones en la norma. Motocicletas, vehículos de emergencia, carros oficiales, diplomáticos, consulares, automóviles destinados al transporte de personas con discapacidad, así como híbridos y eléctricos, no están sujetos a esta restricción. Otras categorías podrían ser contempladas por la reglamentación vigente, dependiendo de las disposiciones específicas.

Además, la entidad ofrece diversas alternativas para los conductores que necesiten movilizarse durante el horario de pico y placa. Una de estas es la tasa por congestión, siempre que corresponda de acuerdo con los lineamientos establecidos. Para consultar en detalle las posibles excepciones o alternativas, se recomienda acudir a los canales oficiales dispuestos por la Secretaría de Movilidad.

En otro comunicado publicado en la cuenta oficial de la Secretaría de Movilidad de Cali en la red social X (antes Twitter), se recuerda que a partir del 1 de julio inicia la nueva rotación del pico y placa para el segundo semestre de 2026. Los primeros días serán de pedagogía, y desde el 6 de julio comenzarán los comparendos para quienes incumplan la norma.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las placas que tienen pico y placa en Cali este martes?

Según la información de la Secretaría de Movilidad de Cali, la restricción corresponde a los carros particulares cuyas placas finalizan en 1 y 2. Estos vehículos no pueden circular en la ciudad entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m., salvo que se encuentren dentro de las excepciones definidas por las autoridades.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en Cali?

Tienen excepción del pico y placa en Cali las motocicletas, vehículos de emergencia, autos oficiales, diplomáticos y consulares, automotores para personas con discapacidad, así como los carros híbridos y eléctricos. Otras categorías de excepción pueden estar definidas en la normativa local vigente.

El procedimiento más relevante tuvo lugar en el corregimiento de Payandé, jurisdicción de San Luis. En este punto, los funcionarios del GOAT decomisaron un total de 1.010 cajetillas de cigarrillos que no cumplían con los requisitos legales para ser comercializados en el país. La operación representa un importante golpe a la venta ilegal de este tipo de productos, que según las autoridades, afecta tanto las finanzas del departamento como la salud de los consumidores.

A estos resultados se sumó otra importante incautación en el municipio de Anzoátegui, donde los controles realizados permitieron identificar y sacar del mercado 10 botellas de licor que portaban estampillas falsas, lo que evidencia la presencia de productos adulterados o de contrabando en circulación. Según el GOAT, los operativos se intensificarán en todo el Tolima, especialmente durante la temporada decembrina, cuando suelen aumentar las compras y las celebraciones, haciéndose más atractivo el mercado de productos ilegales para los grupos dedicados al contrabando.

La comercialización de cigarrillos y licores de contrabando no solo constituye evasión de los impuestos departamentales, sino que también supone un riesgo considerable para la salud de los ciudadanos. Los productos de dudosa procedencia y fabricación representan un peligro, ya que no cuentan con los controles de calidad exigidos por la ley.

Por ello, el GOAT hizo un llamado a la ciudadanía para que revise cuidadosamente las estampillas de los licores que adquiere y prefiera siempre negocios autorizados. Además, se anunció que las autoridades intensificarán la vigilancia en establecimientos comerciales y otros puntos de venta, con el objetivo de proteger tanto los recursos públicos como el bienestar de los habitantes de la región.

No se puede olvidar que los impuestos recaudados por la venta legal de cigarrillos y licores son destinados a sectores fundamentales como salud, educación y deporte. De acuerdo con el GOAT, la venta ilegal de estos productos afecta directamente la financiación de dichos servicios, generando un impacto negativo en la comunidad tolimense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es peligrosa la venta de cigarrillos y licores de contrabando en Tolima?

La venta de estos productos representa no solo una evasión tributaria que perjudica recursos clave para sectores como salud, educación y deporte, sino que también pone en riesgo la vida de los consumidores, ya que suelen ser artículos de origen desconocido, sin controles sanitarios y con posibles alteraciones que pueden afectar gravemente la salud.

¿Cómo identifican las autoridades las botellas de licor con estampillas falsas?

Durante los controles, las autoridades inspeccionan las estampillas presentes en las botellas de licor para detectar irregularidades. Estas pueden incluir falsificaciones, alteraciones o la ausencia de las marcas oficiales que avalan la comercialización del producto, permitiendo así su incautación y evitando que lleguen al consumidor final.

(Ver también: [Video] Mujer habría confundido los pedales y terminó estrellada contra la fachada de un D1)

El siniestro ocurrió a la altura del túnel 6, conocido como El Naranjo, en el kilómetro 55 de la carretera. Allí colisionaron un bus intermunicipal de la empresa Expreso Palmira y un camión tipo niñera, utilizado para transportar vehículos.

La magnitud del impacto quedó registrada en imágenes que circulan desde el lugar de la emergencia. En ellas se observa el bus con buena parte de su estructura destruida, mientras los organismos de socorro y las autoridades adelantan las labores de atención y rescate.

#HCHInternacionales | Un grave accidente en la vía a Buenaventura se registró en el túnel 6, sector El Naranjo. Una buseta de la empresa Expreso Palmira, una moto y una tractomula tipo niñera están involucradas en el hecho ocurrido en el tramo Loboguerrero-Buenaventura.
Las autoridades informaron preliminarmente que entre cuatro y seis personas habrían muerto en este siniestro ocurrido este 9 de noviembre.
FP

— HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) November 9, 2026

🚨 FATAL ACCIDENTE EN LA VÍA BUGA–BUENAVENTURA

Un grave accidente de tránsito se registró en el túnel 6, sector El Naranjo (PR 55), sobre la vía que comunica a Buga con Buenaventura, donde una buseta y un camión colisionaron violentamente. https://t.co/F1mI1wnBC1

— ALEJO El Verseador 🇨🇴 (@El_verseador) November 9, 2026

¿Cuántas personas murieron en el accidente de la vía Cali-Buenaventura?

Las primeras informaciones sobre la tragedia han presentado cifras diferentes respecto al número de víctimas. Caracol Radio reportó inicialmente tres personas fallecidas y cuatro heridas, mientras otros reportes posteriores hablaron de un balance mayor. Por eso, se espera que las autoridades entreguen un consolidado oficial que permita establecer cuántas personas perdieron la vida y cuántas resultaron lesionadas.

También se conoció que el bus había salido de la Terminal de Transportes de Buenaventura con seis pasajeros registrados. Sin embargo, existe la posibilidad de que durante el recorrido se hayan subido más personas, por lo que todavía se busca establecer cuántos ocupantes viajaban en el vehículo al momento de la colisión.

(Ver también: Al menos 15 heridos dejó aparatoso accidente con volcamiento de bus en Medellín)

Por ahora, la vía permanece cerrada completamente mientras avanzan los procedimientos de atención, rescate e investigación para determinar las causas del accidente. Las autoridades también trabajan en la identificación de las demás personas que pudieron resultar afectadas por esta tragedia.

La ley de ajuste fiscal, principal apuesta del Ejecutivo, se caracteriza por un sustancial componente tributario. Su propuesta consiste en modificar o suprimir beneficios fiscales, lo que implicaría un aumento significativo del IVA del 5 % al 19 % en diversos productos de la canasta básica. Esto incluye alimentos como granos, café, frutas, verduras y también gasolina, servicios digitales, suscripciones y la medicina prepagada. Esta idea ha encontrado gran resistencia entre los congresistas, según lo detallado en fuentes como El Espectador, lo que ha llevado al Centro Democrático a plantear una ley alternativa discutida en una reciente reunión con el Gobierno y las Comisiones Económicas en Barranquilla. La alternativa de ese partido busca reducir el número de ministerios de 18 a seis, reestructurar o eliminar 48 entidades estatales y no gravar temas como internet, café, planes de medicina prepagada, maquinaria agrícola ni fertilizantes.

En paralelo, sobresale la “ley antimermelada”, radicada por el exministro Rodrigo Lara, que plantea nuevas reglas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este proyecto apunta a regular el cabildeo en el Congreso y estipula que los congresistas declaren sus potenciales conflictos de interés. Además, busca modificar varios artículos de la Constitución para que los congresistas tengan un régimen de declaración pública sobre sus intereses y se establezca un registro formal de los proyectos de inversión que impulsan en beneficio de sus regiones; ni los legisladores ni sus financiadores podrán obtener beneficios directos de estas iniciativas, quienes, según el articulado, deberán abstenerse de intervenir en los contratos derivados.

La agenda legislativa también contempla la ley antitrámites, avalada en primer debate. Esta busca simplificar los procedimientos para ciudadanos y empresas al relacionarse con el Estado, facilitando trámites como abrir una empresa o pedir permisos urbanísticos. Finalmente, se espera la presentación del estatuto antiterrorista, que definiría los parámetros para combatir estructuras criminales y permite que grupos armados ilegales sean catalogados como terroristas. Esto facultaría al Ejecutivo para intensificar acciones armadas contra estas organizaciones bajo la justificación legal de su nueva categorización, abriendo la puerta incluso a bombardeos como parte del combate frontal contra la criminalidad.

¿En qué consiste la ley de ajuste fiscal propuesta por el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

La ley de ajuste fiscal, según la información expuesta por El Espectador, plantea modificar y eliminar beneficios tributarios, incrementando el IVA del 5 % al 19 % sobre productos de consumo básico, servicios digitales, suscripciones y medicina prepagada. El objetivo principal es fortalecer la recaudación estatal, pero la propuesta ha enfrentado resistencia tanto por su impacto en la economía familiar como por la oposición política que plantea alternativas menos gravosas.

¿Qué busca la ley antimermelada y cómo regularía el cabildeo en el Congreso?

La ley antimermelada, impulsada por Rodrigo Lara, propone establecer nuevos controles para las relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo, regulando la actividad de cabildeo y exigiendo a los congresistas la declaración pública de sus intereses y posibles conflictos. Plantea un registro de las iniciativas de inversión y busca garantizar que ni los parlamentarios ni sus financiadores se beneficien de las partidas gestionadas, promoviendo mayor transparencia y responsabilidad en el manejo del presupuesto nacional.

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(Le puede interesar: Presidente de Colombia ordena refuerzo militar tras ataque con explosivos a peaje de Villa Rica en la vía Panamericana, Cauca)

En las imágenes, compartidas a través de las redes sociales del mandatario, se observa cómo varios uniformados le ofrecen la posibilidad de dejar su firma en uno de los artefactos que sería utilizado en una operación militar. “El honor de firmar esta bomba, la cual será utilizada en la siguiente operación que tengamos de orden público”, le expresaron.

De la Espriella reaccionó con entusiasmo ante la propuesta y respondió: “¡Qué maravilla!”. Uno de los integrantes de la fuerza pública añadió que el mensaje sería entregado con “460 kilogramos de democracia”.

El jefe de Estado también escribió una frase sobre el artefacto: “Bienvenidos a la patria, milagro, terroristas”. La inscripción acompañó la preparación de la bomba que posteriormente fue empleada en el operativo contra integrantes del frente 33 de las disidencias, pertenecientes a la facción de alias ‘Calarcá’.

¡AUTORICÉ UN BOMBARDEO CONTRA LOS NARCOTERRORISTAS DE LA ESTRUCTURA 33 DE LA FACCIÓN DE CALARCÁ! ¡EN COLOMBIA LA AUTORIDAD SE RESPETA!

En una contundente operación militar que autoricé en zona rural de Tibú, Norte de Santander, nuestro Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana golpearon a esta estructura criminal que pretende sembrar el terror y controlar a sangre y fuego el Catatumbo.

¡EL RESULTADO ES CONTUNDENTE: 6 CAPTURADOS Y 4 MUERTOS EN DESARROLLO DE OPERACIONES MILITARES!

Entre los capturados está alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, máximo cabecilla de la estructura 33. Este criminal llevaba cerca de 11 años delinquiendo y liderando confrontaciones armadas en Tibú.

¡ES EL PRIMER CABECILLA NARCOTERRORISTA QUE SOBREVIVE A UNO DE LOS BOMBARDEOS QUE HE AUTORIZADO, PERO NO LOGRÓ ESCAPAR DE NUESTRA FUERZA PÚBLICA!

En la operación NOAH también incautamos 7 fusiles y 15 granadas para drones, y afectamos tres áreas campamentarias con capacidad para albergar aproximadamente 35 integrantes de esta organización criminal.

¡A CALARCÁ Y A SUS ESTRUCTURAS CRIMINALES LES ADVIERTO: NO VAMOS A PERMITIR QUE SIGAN CONVIRTIENDO EL CATATUMBO EN SU REFUGIO DEL TERROR!

He dado la orden de mantener la ofensiva militar, golpear sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y recuperar el control de cada territorio que pretenden someter.

¡CADA DÍA ESTAMOS MÁS CERCA DE TODOS AQUELLOS QUE ATENTAN CONTRA LA VIDA Y LA TRANQUILIDAD DE LOS COLOMBIANOS Y DE QUIENES ATACAN A NUESTRA FUERZA PÚBLICA! LOS VAMOS A PERSEGUIR HASTA LLEVARLOS ANTE LA JUSTICIA.

¡SE LES ACABÓ LA GUACHAFITA! ¡NO HABRÁ TREGUA CONTRA EL NARCOTERRORISMO!

¡Bienvenidos a la Patria Milagro!

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 9, 2026

(Lea también: De la Espriella ordenó reforzar seguridad de Caracol, RCN y Semana por amenazas del Eln: “Libertad de prensa es sagrada”)

¿Qué resultados dejó el bombardeo contra disidencias de Calarcá?

De acuerdo con el balance entregado por el mandatario, la operación militar, denominada Noah, dejó cuatro integrantes de esa estructura muertos y seis capturados. Entre estos últimos estaría alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, señalado cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, máximo jefe del frente 33.

Según De la Espriella, el hombre llevaba cerca de 11 años vinculado a actividades criminales y encabezaba confrontaciones armadas en Tibú.

El presidente también informó sobre la incautación de siete fusiles y 15 granadas para drones. Además, aseguró que durante la intervención fueron afectadas tres zonas de campamento que tendrían capacidad para albergar aproximadamente a 35 integrantes de esa organización.

“¡Es el primer cabecilla narcoterrorista que sobrevive a uno de los bombardeos que he autorizado, pero no logró escapar de nuestra fuerza pública!”, afirmó el mandatario al referirse a la captura de alias ‘Barba Chivo’.

Finalmente, De la Espriella ordenó mantener la ofensiva militar contra las estructuras de Calarcá y advirtió que las operaciones continuarán en el Catatumbo para recuperar el control territorial.

La decisión judicial se refiere a declaraciones relacionadas con supuestos encuentros de contenido sexual para el presidente Gustavo Petro y el presunto uso de información íntima para presionarlo, chantajearlo y obtener o conservar cargos. El despacho encontró que las afirmaciones propias de Rodríguez sobre esos asuntos afectaron los derechos de Sarabia.

Pero la orden no se queda en reconocer la vulneración de esos derechos. El juez también estableció un plazo para que Rodríguez cumpla con la retractación.

De acuerdo con el segundo punto del fallo, la exdirectora del Dapre deberá, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, firmar el texto de retractación que aparece en la providencia y leerlo íntegramente, con su propia voz, en una grabación de video. El documento precisa que podrá hacerlo sin mostrar su rostro y con asistencia técnica.

Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre. Hoy la justicia me dio la razón y ordenó la retractación.

Gracias, infinitas gracias a @SandovalLina.

— Laura Sarabia (@laurisarabia) November 9, 2026

Tras conocerse la decisión, la abogada de Sarabia publicó un mensaje en el que destacó el alcance del fallo y cuestionó las acusaciones sin fundamento: “No todo vale en el debate público. Acusar sin fundamento tiene consecuencias y nadie está por encima de la ley”.

La propia Laura Sarabia también reaccionó. “Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre. Hoy la justicia me dio la razón y ordenó la retractación. Gracias, infinitas gracias a Lina Sandoval”, escribió.

El periodista Jacobo Solano aseguró que el exmandatario “estaría pensando en iniciar un tratamiento para salir de la droga y el alcohol”, información que publicó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

“La situación que afronta el presidente Gustavo Petro es muy complicada en varios frentes, pero lo que más preocupa es su vida personal, que está quedando expuesta y en la que, al parecer, ha llegado la hora de tomar decisiones según me informa una fuente de alto crédito. El tema pasa más allá de lo político: sus vicios cada día lo tienen más acorralado y dependiente de otras personas. Si bien es un asunto que hace parte de su vida privada, es ahora cuando debe afrontar esta crisis y tomar el toro por los cuernos”, indicó.

El comunicador aseveró que sus hijas Antonella y Sofía habrían incidido para esa determinación, a su vez de que presentó cuáles eran los lugares planteados para el presunto tratamiento.

“Exploraron varias opciones como México y España, pero todo indica que será en Cuba, donde existen altos estándares para estos procesos, y sus hijas serían parte fundamental en esta recuperación. Petro sabe que tocó fondo y que es desde ahí desde donde tiene que levantarse para recuperar su vida, a sus hijas y no terminar de dilapidar el capital político que aún le queda. Sobre Cuba había dudas por la crisis que vive el país y por una posible intervención de EE. UU., pero todo se habría despejado tras los giros en la política estadounidense que le puso freno a Trump en muchos aspectos, entre ellos una posible invasión a Cuba”, señaló.

Lo cierto es que Petro, que recibió el rechazo de Álvaro Uribe a una posible alianza, respondió de manera tajante a la publicación de Solano desde su cuenta personal en la mencionada red social.

“Le sugeriría a este periodista deje de hablar ‘macumba’. Ni por la cabeza necesito ningún tratamiento de este tipo”, aseguró en la primera parte de su mensaje.

Al tiempo que replicó la información del comunicador, apuntó al presidente Abelardo de la Espriella y a Angie Rodríguez en su respuesta para descartar cualquier clase de complicación adictiva.

“Lo que estamos viendo es hasta sonde es la gravedad de la situación sicótica de Angie [Rodríguez] y si su enfermedad podría tener efectos degenerativos y hasta donde la prensa y Abelardo [de la Espriella] han sido capaces de utilizar en su ataque personas completamente en vulnerabilidad psíquica hacia mí. Le exijo se retractación oficial por este medio y en el mismo espacio”, sentenció.

Cabe remarcar que no es la primera vez que Jacobo Solano se refiere el círculo petrista, aunque para esta ocasión se encontró con la respuesta por parte del líder del Pacto Histórico.

El detalle no es menor si se tiene en cuenta que hasta el momento Petro no había hecho ninguna clase de referencia al asunto, a pesar de que en las últimas semanas se le ha puesto en tela de juicio.

Una de las personas que mencionó el supuesto consumo de estupefacientes por parte del exmandatario fue Deicy Rodríguez, mujer que sorprendió con diferentes señalamientos sobre contratos durante su gobierno.

De hecho, ese es uno de los puntos que en la actualidad es parte de la investigación por parte de las autoridades, entre ellas, Corte Suprema de Justicia.

Ahora, el presunto consumo de drogas de Petro tiene un nuevo capítulo con la respuesta del propio expresidente de Colombia para referirse directamente al caso.

Según las primeras versiones recogidas por las autoridades, la confrontación puede haberse originado en diferencias previas entre Ángela Camila y una adolescente de 16 años, quienes presuntamente habían discutido semanas antes del incidente fatal. Sin embargo, este antecedente aún debe ser verificado por los investigadores, quienes buscan precisar si estas diferencias están realmente relacionadas con el asesinato.

La Policía Metropolitana comunicó que el procedimiento policial permitió la captura de dos personas señaladas como presuntas responsables del crimen: un hombre de 21 años y una adolescente de 16, quienes son hermanos. El adulto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que la menor quedó bajo la responsabilidad del sistema de justicia penal para adolescentes. Las diligencias actuales buscan aclarar la participación de cada uno durante la pelea y establecer cómo ocurrieron exactamente los hechos, labor que recae sobre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Durante el ataque también resultó herida Natalia Vidal Chico, de 24 años, amiga de la víctima, quien, de acuerdo con lo relatado por las autoridades, habría intentado defender a Ángela Camila. Natalia fue llevada a la Unidad de Salud Integral (USI) del barrio Ricaurte, donde se le practicaron varias suturas, y luego fue dada de alta. Su testimonio es clave para reconstruir el inicio y desarrollo de la riña, ya que presenció el hecho directamente.

El asesinato de Ángela Camila Fernández Romero ha causado conmoción no solo por la brutalidad del crimen, sino por las circunstancias personales de la víctima, quien era madre de una niña pequeña. Sus familiares y allegados exigen justicia y piden que se aclare lo sucedido. Por ahora, la investigación continúa para establecer si los conflictos previos influyeron en la fatal confrontación y cuál fue la responsabilidad individual de los hermanos señalados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre los capturados por el crimen de Ángela Camila Fernández en Ibagué?

Hasta el momento, las autoridades de Ibagué han confirmado la captura de dos hermanos, un hombre de 21 años y una adolescente de 16, por su presunta implicación en el homicidio de Ángela Camila Fernández Romero. Mientras el primero fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la menor quedó bajo custodia del sistema de justicia penal para adolescentes. Se investiga cuál fue el papel de cada uno durante el ataque.

¿Por qué se originó la riña que terminó en el homicidio de Ángela Camila en Ibagué?

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana, una posible causa del conflicto sería una diferencia previa entre la víctima y la adolescente de 16 años, quienes habrían discutido semanas antes. Sin embargo, este antecedente debe ser confirmado por los investigadores, que buscan establecer si esta situación fue determinante para la riña y el fatal desenlace.

El contexto de fondo refiere a las demandas de la Comisión de Acusación, que había solicitado la remisión del expediente para investigar a Uribe Vélez, alegando su fuero constitucional por haber sido presidente de la República entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010. De acuerdo con la misiva enviada por el congresista Carlos Alberto Cuenca Chaux, presidente de la Comisión, la hipótesis de investigación estaría relacionada con el delito de concierto para delinquir y su presunta relación con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, posteriormente conocido como Bloque Metro. Se argumentaba que, como los hechos materia de indagación se habrían extendido hasta 2003, correspondería a la Comisión de Acusación asumir el caso.

No obstante, la Fiscalía respondió que los hechos por los cuales se investiga a Uribe Vélez tuvieron lugar antes de sus funciones como presidente, específicamente durante su periodo como gobernador de Antioquia. Por tanto, y conforme a la Ley 600 de 2000, el órgano investigador enfatizó su competencia para mantener las pesquisas. La Fiscalía también precisó que las conductas indagadas están relacionadas con la presunta conformación de grupos paramilitares en San Roque y las masacres de El Aro y La Granja, además del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Todos estos acontecimientos habrían ocurrido antes de que Uribe llegara a la presidencia, lo que refuerza la posición de la Fiscalía.

La reacción de la Corte Constitucional, inhibiéndose respecto al conflicto de competencias, deja en firme que la Fiscalía continuará a cargo de la instrucción y del desarrollo posterior de la investigación contra Uribe Vélez, como indica la ponencia de Meneses. Según El Espectador, este caso sigue siendo uno de los más relevantes en la historia reciente de la justicia colombiana por el impacto de los hechos investigados y la trascendencia de las figuras implicadas.

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¿Por qué la Corte Constitucional decidió inhibirse en el conflicto por la investigación contra Álvaro Uribe?

La Corte Constitucional se inhibió de resolver el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, argumentando problemas de configuración de los requisitos normativos y objetivos. Esta inhibición implica que no hubo un pronunciamiento de fondo, lo cual mantiene la investigación en manos de la Fiscalía, como lo venía solicitando ese ente según los informes citados por El Espectador.

¿Qué significa el fuero constitucional en investigaciones a expresidentes en Colombia?

El fuero constitucional es una garantía legal que determina qué autoridad debe investigar y juzgar a altos funcionarios, como presidentes, durante y después de su mandato. En el caso de Álvaro Uribe Vélez, la Comisión de Acusación planteaba que poseía ese fuero por hechos cometidos durante su presidencia, pero finalmente la Fiscalía argumentó que la investigación se refiere a hechos de su periodo como gobernador, donde dicho fuero no aplica de la misma manera.

(Le puede interesar: “Eso nunca ha existido”: Álvaro Uribe frenó en seco propuesta de Petro de posible alianza)

La conversación salió a relucir cuando Uribe se refirió a sus propias ideas políticas y económicas. Según relató, en aquel encuentro el padre de De la Espriella le manifestó que no se sentía representado por las divisiones partidistas tradicionales, sino por una visión liberal clásica, con un componente humanista.

“Yo me encontré una vez con el papá del doctor Abelardo, que es mi amigo personal, es un hombre inteligente y culto. Y me dijo: ‘Nosotros somos ajenos al concepto derecha-izquierda. Nosotros tenemos un sentido liberal clásico‘”, recordó el exmandatario, en declaraciones recogidas por Semana este lunes 9 de noviembre.

Uribe explicó que esa postura coincide con algunos de los principios que ha defendido durante su trayectoria política, entre ellos la seguridad, la inversión privada, un Estado pequeño y la relación entre el crecimiento empresarial y la política social.

(Lea también: Petro le tiró guiño a Uribe: le propuso alianza en Antioquia contra impuestos de De la Espriella)

¿Qué piensa Álvaro Uribe sobre el liberalismo clásico?

En la entrevista, el expresidente también expuso su concepto de “economía fraterna”, una idea con la que busca diferenciarse tanto de lo que calificó como una izquierda del odio como de una derecha de la exclusión.

Para ilustrar su planteamiento, sostuvo que prefiere que los recursos se inviertan en las empresas y se destinen al pago de salarios antes que terminen en impuestos. A su juicio, el bienestar de empresarios y trabajadores debe entenderse como una relación complementaria y no como intereses enfrentados.

“Yo creo en la economía fraterna. No lo entiende la izquierda del odio y no lo entiende la derecha de la exclusión”, afirmó Uribe durante el espacio periodístico.

El exmandatario también explicó que, mientras el liberalismo clásico plantea una tensión entre el individuo y el Estado, el socialismo clásico le da mayor protagonismo al aparato estatal. Sin embargo, consideró que actualmente el debate debería centrarse en la relación entre empresarios y trabajadores frente al Estado.

Al final, Uribe insistió en que comparte esa visión con el padre de Abelardo de la Espriella y pidió que lo ubiquen en esa misma corriente ideológica: “Ubíqueme con el papá de Abelardo”, concluyó.

El ‘Trabajo Comunitario’ comprende más de 800 actividades desplegadas en diferentes barrios y sectores de Cali, incluyendo puntos como Ciudad Paraíso, El Calvario, el oriente y la reconocida avenida Sexta. El impacto de estas acciones no se limita únicamente a la mejora estética, sino que ha influido también en la conducta ciudadana frente a las normas establecidas por el Código de Policía. De acuerdo con declaraciones de Luis Eduardo Varela Gutiérrez, subsecretario de Acceso a Servicios de Justicia, “hemos tenido una serie de actividades que nos han permitido llegar a los barrios con el equipo de trabajo comunitario, pero sobre todo permitir que estas personas que han participado en el programa en un 90% no han vuelto a reincidir en medidas correctivas del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

La Secretaría de Deporte y Recreación se ha sumado a esta iniciativa, facilitando procesos de recuperación de espacios deportivos y recreativos, así como la promoción de su uso adecuado por parte de la ciudadanía. Según el observatorio de seguridad citado por 90 Minutos, después de la aplicación del programa, se ha logrado que el 96% de los infractores no reincidan en comportamientos contrarios a la convivencia.

Esta estrategia arrancó en noviembre del 2024, convirtiendo tareas que tradicionalmente se percibían como sanción en oportunidades de aportar de manera positiva al entorno y a la comunidad. Así, las infracciones y actitudes contrarias a la convivencia se transforman en acciones valiosas para la ciudad y sus habitantes.

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¿En qué consiste el programa ‘Trabajo Comunitario’ que se aplica en Cali?

El programa ‘Trabajo Comunitario’ es una estrategia que convierte las sanciones por infracciones al Código de Policía en actividades de recuperación y embellecimiento del espacio público. Las personas que incurrieron en comportamientos contrarios a la convivencia deben cumplir jornadas en beneficio de la ciudad, como limpieza y mantenimiento de parques y calles, en lugar de asistir a cursos pedagógicos tradicionales.

¿Cuál ha sido el impacto del trabajo comunitario en la reincidencia de infractores en Cali?

De acuerdo con datos publicados por 90 Minutos y citando el observatorio de seguridad y autoridades como Luis Eduardo Varela Gutiérrez, el programa ha tenido un impacto significativo, ya que el 96% de quienes participaron no han reincidido en infracciones al Código de Policía, contribuyendo así a la mejora de la convivencia ciudadana.

A raíz de la gravedad de las lesiones, la menor fue remitida de inmediato a Ibagué, donde permanece intubada y bajo cuidados especializados. El personal médico ha debido practicarle una cirugía urgente, y según su madre, continúa sometida a procedimientos para drenar líquidos acumulados en su cuerpo. La gravedad de su estado mantiene a la familia en una constante situación de angustia, pues la recuperación de la joven es incierta y depende del avance de los tratamientos que recibe en el centro hospitalario.

Frente a los hechos, la madre de la adolescente interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía el sábado siguiente al ataque. Sin embargo, según declaró, hasta el momento no ha sido informada sobre el desarrollo de la investigación ni el paradero del presunto responsable. La situación de incertidumbre la llevó a hacer un llamado público para que cualquier persona que tenga información sobre el paradero del señalado agresor la entregue a las autoridades, con el fin de que se pueda esclarecer lo ocurrido y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

La difícil situación se agrava debido a las condiciones personales de la familia. La madre, quien se encuentra a cargo de sus hijos tras haber enfrentado una enfermedad como el cáncer, señala que los gastos asociados al transporte, pañales desechables y artículos de higiene indispensables para la hospitalización de su hija representan una carga económica que supera sus posibilidades. Por esto, solicita apoyo tanto de las autoridades como de la comunidad para poder acompañar a su hija en este proceso y garantizar que reciba la atención y la justicia que requiere.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado actual de la adolescente atacada en Anzoátegui y qué dice la familia?

Según la información suministrada por la madre a medios de comunicación, la joven permanece en estado grave, intubada y recibiendo atención médica especializada en el hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, después de haber sido sometida a una cirugía tras recibir múltiples heridas con arma blanca. La familia atraviesa una situación económica y emocional difícil mientras acompaña a la adolescente en su recuperación.

¿Cómo avanza la investigación sobre el ataque a la menor en Anzoátegui?

De acuerdo con el testimonio de la madre, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía el sábado posterior al ataque, pero hasta el momento no han recibido información sobre avances en la investigación ni sobre el paradero del presunto responsable. La familia pide a las autoridades diligencia en el esclarecimiento de los hechos y hace un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier dato relevante.

En su intervención, Petro no solo habló de unidad, sino también de coordinar a ambos partidos en el Congreso frente a las políticas económicas y laborales que impulsa la actual administración. Entre esos temas, puso sobre la mesa los eventuales impuestos a productos de la canasta familiar, mencionando la importancia de que sectores tradicionalmente opuestos unieran fuerzas cuando los intereses nacionales lo requirieran. El trasfondo de la propuesta era reunir a opositores al Gobierno, incluso a quienes antes mantenían posturas ideológicas diferentes, en agendas puntuales.

Sin embargo, la reacción del líder del uribismo fue tajante. Álvaro Uribe, en declaraciones concedidas a Caracol Radio, descartó de plano que el Centro Democrático contemple siquiera la posibilidad de explorar una alianza política o electoral con el Pacto Histórico. Uribe aclaró que dicho acuerdo “nunca ha existido” y que el tema no hace parte de la agenda de su partido. Enfatizó que actualmente el Centro Democrático es partido de Gobierno, recordando el respaldo brindado a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial.

Uribe también aprovechó para marcar distancia frente a las iniciativas económicas del Pacto Histórico, argumentando que su colectividad promueve el fortalecimiento del sector privado y la reducción de impuestos, en contraste con la visión de mayor intervención estatal defendida por el movimiento de Petro. Aunque el expresidente dejó una puerta abierta a la concertación en puntos específicos, la posibilidad de una alianza política ha sido, por el momento, descartada.

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¿Por qué Gustavo Petro propuso una alianza política con Álvaro Uribe?

Según las declaraciones hechas por Gustavo Petro en el Primer Gran Encuentro Somos Resistencia, la propuesta de alianza tenía como principal fin construir un frente político capaz de defender la Constitución y oponerse a las medidas e iniciativas del Gobierno actual. Petro subrayó que, en temas de interés nacional como reformas económicas y nuevos impuestos, era posible que partidos con visiones diferentes encontraran puntos de coincidencia y pudieran trabajar juntos, al menos en aspectos puntuales.

¿Cuáles fueron los argumentos de Álvaro Uribe para rechazar el acuerdo con el Pacto Histórico?

De acuerdo con lo expuesto por Álvaro Uribe en entrevistas para medios como Caracol Radio, el principal argumento para rechazar la oferta de alianza política fue que su partido actualmente forma parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella y que apoyar al actual presidente ha sido una postura clara desde la segunda vuelta electoral. Uribe enfatizó, además, las profundas diferencias entre la visión económica del Centro Democrático y la del Pacto Histórico, aunque no cerró la puerta a discutir acuerdos en temas concretos dentro del Congreso.

Este bombardeo se produce cuando se acerca el cumplimiento de los primeros 100 días del gobierno de De la Espriella, periodo en el cual el presidente había anunciado la realización de entre 12 y 15 bombardeos contra organizaciones armadas. Sin embargo, según el conteo de El Espectador, solo se han registrado siete operaciones de este tipo desde el 7 de agosto, fecha en la que comenzó su mandato.

El primer bombardeo tuvo lugar el 11 de agosto y estuvo dirigido a estructuras del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en áreas rurales de Tibú y San Calixto, también en Norte de Santander. Según los datos iniciales, dos miembros del Eln fallecieron en ese operativo, pero el Instituto Nacional de Medicina Legal después confirmó que uno de los muertos era un menor de 16 años. Esta situación se repetiría en operaciones posteriores, generando controversias sobre la presencia de menores en campamentos de grupos armados.

El segundo ataque, realizado el 27 de agosto bajo el nombre de Operación Amón, se concentró en campamentos del Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc. En esa ocasión el gobierno reportó diez disidentes muertos, aunque Medicina Legal aseguró que también había menores entre los fallecidos.

El tercer bombardeo se conoció como Operación Azarías y se llevó a cabo el 30 de agosto, esta vez contra las disidencias bajo el control de alias “Iván Mordisco”. Las autoridades confirmaron que la acción resultó en la muerte de 20 personas, cinco capturados y la recuperación de dos menores de edad. Entre los muertos se encontraba alias “Tigre” o “Pintado”, quien era el principal comandante de la estructura Carolina Ramírez.

A la fecha, las operaciones siguientes han alternado objetivos: el cuarto bombardeo fue el 10 de octubre, nuevamente dirigido al frente 33, con saldo de cuatro muertos, incluyendo otra menor de 16 años. El 22 de octubre, el objetivo fue el Eln, registrando nueve muertos. El sexto bombardeo, el 28 de octubre, tuvo como blanco una estructura del Clan del Golfo en Chocó, con un resultado preliminar de seis muertos y un capturado, aunque el resto de los fallecidos no fue localizado según el reporte oficial.

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¿Cuáles han sido las consecuencias de los bombardeos ordenados por Abelardo de la Espriella?

Los bombardeos han dejado como consecuencia la muerte de varios integrantes de grupos armados ilegales, según cifras reportadas por el Gobierno y confirmadas en algunos casos por Medicina Legal. Sin embargo, en varias operaciones se ha constatado la presencia de menores de edad entre los fallecidos, lo que ha generado debates públicos sobre la protección de derechos de niños y adolescentes involucrados en ese tipo de estructuras armadas.

¿Por qué los bombardeos en el gobierno de Abelardo de la Espriella han generado controversia?

La principal polémica ha surgido debido a la confirmación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal de la presencia de menores de edad entre las víctimas de los bombardeos. Este hecho ha suscitado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la necesidad de adoptar protocolos más estrictos que garanticen la protección de niños, niñas y adolescentes en este tipo de operaciones militares.

Los hechos se registraron durante la mañana de este lunes 9 de noviembre, horas antes de la llegada del mandatario a la capital de Boyacá. En videos difundidos en redes sociales se observa la presencia de uniformados y los enfrentamientos con algunos manifestantes. La situación fue reportada por usuarios de X. 

Uno de ellos fue Jorge Suárez, quien aseguró que estudiantes de la UPTC comenzaron los disturbios cerca del acceso a Los Rosales y relacionó la protesta con la visita presidencial. Sin embargo, esa descripción corresponde a su publicación y no a una conclusión oficial sobre los motivos o la actuación de los manifestantes.

#ATENCIÓN 🚨 Momentos de tensión y alteración del orden público se registran a las afueras del Centro de Convenciones de Tunja, luego de enfrentamientos entre integrantes del ESMAD y estudiantes de la UPTC que manifestaban su rechazo ante la presencia de Abelardo De La Espriella. https://t.co/FEfh8oiEhP

— Colombia Oscura – Horus (@horusperegrinus) November 9, 2026

Por su parte, Mauricio Vanegas señaló en la misma red social que el Esmad intervino la manifestación de estudiantes que expresaban su rechazo a la presencia de De la Espriella en Tunja. Otra cuenta reportó momentos de tensión y alteraciones del orden público en las afueras del Centro de Convenciones.

La protesta se desarrolló en el lugar donde el presidente tenía previsto cumplir parte de su agenda en Boyacá. La intervención policial quedó registrada en varios videos que comenzaron a circular durante la jornada.

Hasta el momento la Policía de Tunja no ha entregado un balance oficial sobre lo ocurrido. Tampoco se conocían cifras confirmadas de personas lesionadas, capturadas o daños materiales relacionados con los disturbios.

De acuerdo con la información suministrada, uno de los avances más notables se presenta en el puente sobre el río Pance, correspondiente al primer frente de obra, que ya llega a un 84 % de ejecución y ha finalizado la etapa de cimentación profunda, lo que constituye un hito fundamental para la estructura. Por otra parte, los trabajos en la segunda calzada en el sector de Cali, correspondientes al segundo frente, reportan un progreso del 87 %.

El tercer frente de trabajo se concentra en la construcción del puente sobre el río Jamundí, cuya ejecución se sitúa en un 86 %. En el mismo municipio de Jamundí, la segunda calzada ya tiene un 75 % de avance, mostrando uniformidad en el desarrollo de las obras civiles. Un elemento adicional a destacar es la labor de instalación y traslado de redes secas y de iluminación, que alcanza un 23 %, aspecto que es esencial para el funcionamiento integral de la nueva vía.

Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle, señaló que en el sector del puente Pance se han izado dos de las cinco vigas necesarias y se ha logrado habilitar cerca de tres kilómetros en el Frente 4, que conecta Alfaguara con Cali. Esto permitirá iniciar los trabajos hidráulicos en la calzada antigua y, a la vez, avanzar significativamente hacia la culminación de la doble calzada.

La intervención sobre la avenida Cañasgordas busca impactar de forma positiva la movilidad y la conectividad vial en el sur del Valle del Cauca. El ritmo de avance y la articulación entre los diferentes actores involucrados han sido elementos clave para superar las expectativas fijadas en el cronograma oficial, según los reportes oficiales de la Gobernación del Valle.

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¿Cuál es el avance más destacado en las obras de la segunda calzada de la avenida Cañasgordas?

De acuerdo con la Gobernación del Valle, el avance más destacado se observa en el puente sobre el río Pance, que alcanza un 84 % de ejecución. Esta estructura ya completó la etapa de cimentación profunda, lo cual es fundamental para el progreso global del proyecto vial.

¿Qué impacto tendrá la doble calzada de la avenida Cañasgordas en la movilidad del sur del Valle del Cauca?

Según los reportes oficiales, la construcción de la doble calzada busca mejorar la movilidad y la conexión vial en el sur del departamento, beneficiando tanto a conductores como a las comunidades del área de influencia, gracias a la optimización de los procesos y la coordinación entre los distintos actores responsables del proyecto.

El saldo preliminar de la tragedia indica que seis personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas, aunque las cifras finales aún no han sido confirmadas por las autoridades competentes. Entre los fallecidos se encuentran adultos y una menor de edad. Además, se reporta el deceso del conductor de la buseta que, según los primeros reportes de la Terminal de Transportes de Buenaventura, había salido con seis pasajeros. Sin embargo, se advierte la posibilidad de que el vehículo hubiese recogido más usuarios durante su trayecto, incrementando la dificultad para establecer con precisión el número de personas afectadas hasta que finalicen las labores de verificación e identificación.

Este accidente originó la interrupción total del flujo vehicular en la carretera Buga-Buenaventura. De acuerdo con la información recogida, unidades de la Policía de Tránsito, ambulancias y personal de atención de emergencias trabajaron intensamente en las tareas de rescate y evacuación de los heridos, así como en el retiro de los vehículos implicados. Las investigaciones sobre las causas que derivaron en este choque múltiple siguen en curso, mientras las autoridades redoblan esfuerzos por esclarecer los hechos. Entre tanto, la situación deja en luto a varias familias y paraliza temporalmente una arteria vital para el transporte tanto de pasajeros como de mercancías entre el occidente colombiano y el puerto de Buenaventura.

El saldo definitivo de heridos y la identificación de todas las víctimas permanecen pendientes de confirmación, mientras la región afronta el impacto emocional y logístico que representa esta tragedia.

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¿Qué vehículos estuvieron involucrados en el accidente del túnel Los Naranjos?

En el accidente ocurrido al interior del túnel Los Naranjos estuvieron involucrados una buseta de transporte intermunicipal de Expreso Palmira, un vehículo de carga tipo niñera y dos motocicletas, según la información proporcionada por la concesión vial y relatada por los organismos de emergencia que atendieron la emergencia.

¿Cómo afectó el accidente la movilidad en la vía Cali-Buenaventura?

El accidente obligó al cierre total de la carretera en el tramo Buga-Buenaventura durante varias horas, pues se requería el trabajo de la Policía de Tránsito y los organismos de atención para rescatar heridos, evacuar personas y retirar los vehículos involucrados, lo que paralizó uno de los corredores estratégicos del país para el transporte de pasajeros y mercancías.

A través de su cuenta de X, el mandatario planteó un acuerdo para defender la Constitución y enfrentar lo que calificó como el “narcofascismo” que gobierna a Colombia.

La propuesta recibió una respuesta pública del jefe del Centro Democrático, quien se pronunció durante varias entrevistas en la mañana del 9 de noviembre.

Uribe manifestó su preocupación por el futuro de las instituciones y aseguró que Colombia debe evitar los extremos políticos.

Recordó que durante el Gobierno de Petro sostuvo cuatro reuniones con el presidente, en las que expuso las posiciones de su partido, pero insistió en que nunca buscaron puestos ni acuerdos burocráticos.

El expresidente Uribe también dejó claras las diferencias ideológicas entre ambos sectores políticos.

Señaló que mientras el petrismo defiende un mayor protagonismo del Estado y más impuestos, el Centro Democrático apuesta por fortalecer la empresa privada, reducir la carga tributaria y ampliar la participación del sector privado en la economía.

Finalmente, Uribe destacó la importancia de las elecciones de 2027 y aseguró que le preocupa que la campaña termine convertida en una confrontación contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el Congreso.

Esto ha desatado reacciones inmediatas en diversos sectores políticos. El vicepresidente José Manuel Restrepo solicitó a las instituciones de control que realicen “una investigación de fondo y actuaciones contra los responsables directos e indirectos”. Restrepo subraya que este tipo de denuncias provoca “muchas dudas y preocupaciones de fondo sobre lo que quisieron lograr”, elevando el tono al caracterizarlas como un “ataque a la democracia”.

Al mismo tiempo, desde la oposición representada por el Pacto Histórico, el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda considera que estas informaciones buscan “descalificar el resultado electoral afirmando, sin sustento probatorio, que un funcionario de la DNI habría participado en un supuesto plan de manipulación electoral”. Cepeda insiste en que autoridades electorales, como la Registraduría, han rechazado la posibilidad de una intrusión informática o intento de hackeo en los resultados de las elecciones, reafirmando la legitimidad del proceso electoral. El congresista vincula la divulgación de este informe con campañas que procuran cuestionar la legalidad de la votación que permitió el triunfo electoral del Pacto Histórico y su propia candidatura.

Las reacciones cruzadas desde el gobierno actual de Abelardo de la Espriella y desde la oposición reflejan la tensión política y la relevancia de los organismos de control en esclarecer la veracidad de las acusaciones, siempre bajo el escrutinio de fuentes periodísticas reconocidas como Noticias Caracol.

¿Cuáles son las acusaciones contra la Dirección Nacional de Inteligencia según Noticias Caracol?

Noticias Caracol difundió un informe en el que se acusa a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de ordenar el uso de micrófonos y GPS en vehículos de expresidentes, instalar una casa clandestina de inteligencia cerca de la Embajada de Estados Unidos, emplear tecnología de origen ruso para espionaje e incluso, de encargar a un hacker la alteración de resultados electorales. Todas estas acusaciones se basan en un documento reservado de 26 páginas de la misma DNI.

¿Qué significa una “investigación de fondo” en casos de inteligencia estatal?

Una “investigación de fondo” implica analizar en detalle las acciones y decisiones tomadas dentro de la entidad señalada, en este caso la DNI. El objetivo es identificar responsables directos e indirectos y determinar si lo denunciado constituye violaciones a la ley o a la democracia, según el llamado del vicepresidente José Manuel Restrepo.

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Las investigaciones, lideradas por el órgano acusador, revelan que los hechos estarían relacionados con un ambicioso proyecto financiado a partir de recursos provenientes de regalías, aquellos fondos aportados para el desarrollo regional por la explotación de recursos naturales. El propósito central de este proyecto era la construcción de 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas del municipio de Ataco, lo que representaba un esfuerzo sustancial para mejorar la calidad de vida de la población rural de la zona.

Según informó la Fiscalía, en la posible red de corrupción no solo estaría implicada la exfuncionaria imputada, sino que también se investiga la participación de otros actores, entre ellos, funcionarios vigentes de la Alcaldía de Ataco, un exalcalde y diversos contratistas. De acuerdo con los detalles entregados por la institución, las maniobras habrían consistido en direccionar los procesos contractuales a favor de personas o empresas previamente determinadas, lo que comprometería la transparencia y legalidad de la gestión pública local.

El caso aún se encuentra en etapa de desarrollo y las autoridades continúan profundizando en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se han dado a conocer condenas, pero la imputación de cargos a la exsecretaria Lugo Camacho representa un avance relevante en el proceso judicial y un mensaje sobre el control de la corrupción en los recursos públicos. Toda la información aquí presentada se basa íntegramente en los datos oficiales revelados por la Fiscalía General de la Nación y la sección Judicial de El Espectador.

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¿De qué manera se habrían direccionado los contratos de obra y supervisión en Ataco, Tolima?

Según la Fiscalía General de la Nación, existió una posible red de corrupción en la que los procesos de adjudicación de dos contratos de obra y dos de interventoría, financiados con recursos de regalías, habrían sido manipulados para favorecer a ciertas personas o empresas en el municipio de Ataco, Tolima. Este patrón, de acuerdo con los investigadores, ponía en riesgo la transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados a obras de infraestructura.

¿Qué significa interventoría en el contexto de los contratos públicos en Colombia?

Interventoría es la función de supervisión y control sobre la ejecución de una obra, contrato o proyecto público, con el fin de verificar el cumplimiento de los términos acordados y garantizar que los recursos se utilicen de manera adecuada. En este caso, los contratos de interventoría tenían el propósito de vigilar la construcción de las 1.170 unidades sanitarias financiadas con regalías en Ataco.

La avanzada fue ejecutada por tropas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) junto con la Fuerza Aérea Colombiana. Mientras tanto, otras unidades militares avanzaban por tierra para verificar si había más personas fallecidas en el área tras el ataque. De acuerdo con el reporte entregado por el presidente, uno de los capturados sería alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, quien ha sido identificado como cabecilla de comisión y una de las personas de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’. La operación estuvo enfocada en un campamento perteneciente al Frente 33 de las disidencias, una estructura armada asociada con la facción de alias Calarcá y que, según el reporte, viene luchando por el control territorial en esta subregión.

Además de las detenciones y personas fallecidas, las autoridades incautaron siete fusiles y 15 granadas que estaban destinadas para uso en drones. Así mismo, se reportó la afectación de tres áreas campamentarias, cada una con capacidad aproximada para albergar a 35 integrantes de la organización, lo que pone en evidencia la magnitud de la estructura armada en la zona. Este bombardeo representa el séptimo ordenado por De la Espriella desde su llegada a la Presidencia y es la tercera vez que Norte de Santander es blanco de estas acciones militares, como lo señala La FM.

El presidente reiteró su decisión de mantener la ofensiva militar contra las estructuras ilegales e hizo una advertencia directa a la organización de alias Calarcá, manifestando que no permitirá que el Catatumbo se siga usando como refugio. Con este ataque, la estrategia de seguridad del Gobierno queda nuevamente en el centro del debate, ya que la administración insiste en intensificar los bombardeos con el objetivo de debilitar a las disidencias. La verdadera magnitud de este golpe militar será determinante para conocer el impacto real de la ofensiva en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado del país.

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¿Quién era alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’ capturado en el bombardeo en Catatumbo?

Alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’ es señalado como cabecilla de comisión de la estructura 33 de las disidencias de las Farc y persona de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, según la información entregada por el presidente Abelardo de la Espriella. Su captura, durante la ofensiva militar, fue reportada entre los resultados principales, y muestra la relevancia estratégica del operativo dirigido contra la facción de alias Calarcá.

¿Qué impacto tuvo el bombardeo en la estructura 33 de las disidencias de las Farc?

De acuerdo con los reportes conocidos por La FM y la información oficial, el bombardeo dejó un saldo de cuatro integrantes muertos, seis capturados, la incautación de armamento y granadas para drones, y la afectación de tres áreas campamentarias con capacidad para unos 35 integrantes cada una. Estos resultados evidencian la magnitud del golpe propinado a la estructura armada en la región del Catatumbo.

El movimiento telúrico ocurrió a las 8:57 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 142 kilómetros.

De acuerdo con la información oficial, el evento fue localizado en las coordenadas 6,82° de latitud y -72,95° de longitud.

Entre los municipios más cercanos al epicentro se encuentran Cepitá, ubicado a 8 kilómetros; San Andrés, a 11 kilómetros, y Guaca, a una distancia de 12 kilómetros.

El reporte del SGC indica que el movimiento fue detectado por nueve estaciones de monitoreo y aparece clasificado con estatus automático. Además, registró un RMS de 1,2 segundos y un gap de 137 grados, parámetros técnicos utilizados para establecer la localización del evento.

Por su magnitud de 2,7 y su profundidad de 142 kilómetros, se trató de un sismo de baja magnitud.

La información disponible corresponde al registro técnico del Servicio Geológico Colombiano y no incluye datos sobre afectaciones materiales o personas lesionadas.

La publicación, expuesta al público el pasado viernes bajo el título ‘Las mujeres de Petro’, destapó llamativos relatos testimoniales sobre presuntos comportamientos del hoy líder de la oposición antes de encabezar compromisos gubernamentales oficiales.

“Muchas de las mujeres coinciden en el uso de sustancias alucinógenas o psicotrópicas por parte del expresidente de la República. […] Angie Rodríguez sostiene que Petro usaba tusi; hay otras que dicen que él usaba otras sustancias”, aseveró.

El analista profundizó en torno a curiosas rutinas descritas por sus consultadas, señalando supuestos adhesivos oculares que el dirigente portaba con anterioridad a sus encuentros del gabinete ministerial.

“Dicen ellas que antes del expresidente entrar a algunos de los consejos de ministros, se ponía parches en los ojos”, contó.

De acuerdo con el relato del comunicador en Blu Radio, esas pausas privadas demandaban un lapso considerable de preparación que llamaba la atención de colaboradores inmediatos durante las jornadas de gobierno.

“Dicen que se demoraba en el baño entre 45 y 50 minutos antes de entrar al consejo de ministros, porque se ponía unos parchecitos en los ojos. Estos parchecitos, según he podido yo investigar, serían de LDS, aunque no sé exactamente si lo son”, relató.

El integrante radial subrayó que la concordancia de múltiples relatos recopilados fortalece la hipótesis planteada sobre el presunto consumo de estupefacientes por parte del exjefe de Estado.

Sumado a ello, Zuleta reveló que los testigos señalan presuntos registros audiovisuales capturados mediante el teléfono móvil personal del exmandatario durante reuniones sociales privadas.

“Él no siempre intervenía activamente en estas escenas, sino que las grababa y las tenía en su celular. Entonces eso es lo que relatan estas mujeres”, añadió.

El polémico libro reabre de este modo el debate político sobre la vida íntima de las figuras públicas en Colombia.

¿De qué trata  ‘Las mujeres de Petro’?

El libro ‘Las mujeres de Petro’, escrito por el periodista Felipe Zuleta Lleras y publicado por Editorial Planeta, aborda la vida íntima y el círculo femenino cercano a Gustavo Petro.

La obra reconstruye testimonios directos de exparejas, colaboradoras de gobierno, amigas y figuras políticas que influyeron decisivamente en el entorno del exmandatario a lo largo de su carrera pública.

El texto examina desde la figura de su madre hasta sus matrimonios con Mary Luz Herrán y Verónica Alcocer, excluyendo expresamente a sus hijas por respeto a su privacidad.

Asimismo, la investigación relata las dinámicas de poder que rodearon a funcionarias de alta confianza institucional durante su periodo presidencial, destacando figuras como Laura Sarabia y Angie Rodríguez.

El autor recopila señalamientos sobre reuniones sociales privadas, el presunto consumo de sustancias psicoactivas y supuestas prácticas de espionaje telefónico que habrían incidido en la toma de decisiones estatales.

Zuleta aclara que el propósito del libro no radica en un análisis de gestión ideológica, sino en dimensionar cómo los vínculos afectivos y personales impactaron el ejercicio del poder.

Las declaraciones recopiladas en la crónica editorial describen un clima de desconfianza, tensiones laborales agudas y temores constantes entre varias de las mujeres que integraron el esquema presidencial.

El relato periodístico aporta elementos testimoniales sobre episodios reservados de la Casa de Nariño, contrastando versiones de exfuncionarias con testimonios de escoltas e integrantes de seguridad del Estado.

La publicación causó un fuerte impacto político y mediático nacional, reabriendo debates sobre la frontera ética entre la vida privada de los gobernantes y el interés general de la ciudadanía.

La obra plantea un retrato humano sobre las complejidades personales del líder político colombiano, dejando bajo escrutinio público los testimonios que configuraron su círculo de mayor confianza personal.

El ambiente comenzó a tensionarse cuando los manifestantes, identificados como estudiantes de la UPTC, buscaron ingresar a las instalaciones donde se desarrollaba el acto presidencial. Este intento derivó en choques directos con la fuerza pública, generando momentos de enfrentamiento que fueron documentados y difundidos a través de videos en redes sociales. En las imágenes, era evidente el despliegue de uniformados intentando dispersar a quienes protestaban y contener la situación mediante el uso de agentes químicos.

El impacto de estos hechos no solo alteró el curso de la protesta, sino que además afectó la agenda institucional trazada para esa fecha. Varios alcaldes de municipios boyacenses, invitados a la reunión con el presidente De La Espriella, optaron por mantenerse fuera de las instalaciones hasta que se restablecieron las condiciones mínimas de seguridad, lo que modificó el normal desarrollo del evento.

Distintos usuarios de redes sociales expresaron sus opiniones respecto a los disturbios. Uno de ellos, identificado como Mauricio Vanegas, señaló que la intervención de las fuerzas policiales estuvo a cargo de una unidad conocida como ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). A su vez, Jorge Suárez, otro usuario, atribuyó la protesta a estudiantes de orientación política de izquierda dentro de la UPTC, aunque dicha calificación es exclusiva de su publicación y no corresponde a un informe oficial. Mientras tanto, la expectativa está puesta en el pronunciamiento de las autoridades respecto a posibles personas lesionadas, detenidas o daños materiales, tema sobre el que aún no hay un balance oficial publicado.

La visita presidencial a Tunja terminó marcada por un episodio de confrontación en el espacio público, abriendo interrogantes sobre las causas que motivaron la manifestación y las decisiones tomadas tanto por los manifestantes como por la fuerza pública, según la información contenida en los reportes y testimonios digitales revisados.

¿Por qué protestaron los estudiantes de la UPTC durante la visita del presidente De La Espriella en Tunja?

De acuerdo con la información citada, los estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) protestaron en las inmediaciones del Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja durante la visita del presidente Abelardo De La Espriella. La manifestación, que culminó en disturbios y uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía, estuvo directamente relacionada con la presencia del mandatario en la ciudad, aunque las razones específicas de la protesta no se detallan en el reporte.

¿Cuál fue la reacción de las autoridades frente a los disturbios en la visita presidencial a Tunja?

Según los datos aportados, la reacción de las autoridades fue intervenir con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y controlar los desórdenes ocurridos en las inmediaciones del evento presidencial. Esta respuesta, ejecutada por la Policía Nacional y mencionada por usuarios en redes sociales como la intervención del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), buscaba restablecer el orden, aunque todavía se aguarda un balance oficial sobre personas heridas, detenciones o daños materiales ocasionados.