La Fiscalía comunicó el 19 de octubre la detención de un mayor, un subintendente y dos patrulleros vinculados al caso. Estos policías serán presentados ante un juez y se les imputarán los delitos de homicidio agravado y tortura, aunque sigue vigente una quinta orden de captura pendiente de ejecución, según datos del ente acusador. Inicialmente, la Policía Metropolitana de Soacha informó que cinco agentes habían sido capturados, pero la Fiscalía precisó posteriormente que solo se habían materializado cuatro detenciones hasta ese momento.

Donovan Balanta, de 34 años, trabajaba en una empresa farmacéutica, estudiaba criminalística y era padre de dos hijos. La noche del 20 de septiembre, al regresar a su casa, se cruzó con un procedimiento de la Policía que, según la institución, se trataba de la atención a una riña. Hay versiones encontradas sobre ese encuentro: la Policía afirma que Balanta lanzó un objeto y que usaron un dispositivo de inmovilización eléctrica antes de trasladarlo a la estación de Cazucá. La familia sostiene que Donovan fue reducido y golpeado, incluso estando esposado, además de haber sido víctima de expresiones racistas.

El dictamen de Medicina Legal que aclare la causa exacta de muerte aún no ha sido divulgado. Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió especificar si existieron actos de discriminación o perfilamiento racial en el procedimiento. Naciones Unidas recordó la obligación estatal de proteger la vida de las personas bajo custodia. Asimismo, el caso reactivó el debate público en Colombia sobre el uso de la fuerza policial, en línea con otros antecedentes recientes. Los procesos judiciales y las investigaciones internas siguen su curso, y será en esa instancia donde se determine la responsabilidad de los implicados.

¿Qué se sabe sobre el procedimiento policial en el caso Donovan Balanta?

De acuerdo con la información entregada por la Policía y la Fiscalía, el procedimiento ocurrió tras una supuesta riña en la que Balanta habría intervenido lanzando un objeto. Se utilizó un dispositivo de inmovilización eléctrica y luego fue trasladado a la estación de policía, donde se registró una afectación de salud que desencadenó su muerte. La familia, sin embargo, sostiene que Balanta no participó en la riña y denunció golpes, descargas eléctricas y actos discriminatorios mientras estaba esposado. Las investigaciones judiciales buscan esclarecer el alcance de la actuación policial.

¿Cuál es el papel de la ONU y la Defensoría en la investigación del caso Donovan Balanta?

Ambas instituciones, según El Espectador, han expresado preocupación por la muerte de Balanta bajo custodia policial. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha solicitado una investigación exhaustiva en la justicia ordinaria y recordó al Estado su deber de proteger la vida e integridad de las personas detenidas. La Defensoría del Pueblo, por su parte, acompaña a la familia y ha pedido esclarecer si existió discriminación o perfilamiento racial, señalando la importancia de garantizar procesos judiciales transparentes y responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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Se gradúo de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Comunicación Corporativa de la Universidad Politécnico Grancolombiano y egresada de la Especialización en Innovación y Desarrollo de Negocios de la Universidad Externado. Ruiz Durán llega al cargo con experiencia en dirección de equipos, gestión de reputación y relacionamiento con medios de comunicación.

Antes de asumir esta responsabilidad en el Sena, Ruiz Durán se desempeñó como jefa de Comunicaciones de la Federación Nacional de Departamentos, entidad en la que fortaleció su experiencia en el ámbito público. Asimismo, hizo parte de SECNewgate, firma internacional de comunicación estratégica, donde trabajó con compañías como The Walt Disney Company, anteriormente FOX Network Group Colombia, y Colgate-Palmolive.

Su paso por estas organizaciones le permitió desarrollar conocimientos en comunicación corporativa, relaciones públicas, creación de contenidos y posicionamiento de marca. Esta experiencia constituye parte de su perfil para asumir la dirección de las comunicaciones de una entidad con presencia nacional y una amplia comunidad de aprendices, instructores, funcionarios y egresados.

Uno de los principales desafíos de su llegada será fortalecer la manera en que el Sena  comunica su oferta educativa y el impacto de sus programas de formación. La institución tiene el reto de acercar sus oportunidades de capacitación a más colombianos y dar mayor visibilidad a las experiencias de quienes encuentran en sus programas herramientas para desarrollar sus capacidades y ampliar sus perspectivas laborales.

Según la información compartida por la entidad pública, la nueva jefa de Comunicaciones también tendrá el desafío de reconocer y proyectar los logros de los aprendices, instructores, egresados, funcionarios y demás integrantes de la comunidad Sena. Para ello, la estrategia contempla la articulación de diferentes formatos y canales, entre ellos productos digitales, audiovisuales, radiales e impresos, además de actividades de comunicación de gran alcance.

Este trabajo será clave para conectar los mensajes institucionales con públicos diversos y destacar el papel de la entidad en la formación para el trabajo en Colombia. La coordinación de los distintos canales de comunicación también permitirá visibilizar las historias de sus protagonistas y acercar la institución a ciudadanos interesados en sus programas y oportunidades.

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Su llegada al Sena abre una nueva etapa en su carrera, en la que pondrá su experiencia al servicio de la comunicación de una entidad con presencia en distintas regiones del país.

El estudio, realizado por integrantes del Colectivo de Investigación Multidisciplinar sobre Innovación en Niñez y Transformación Social (CIMIENTOS), partió de una pregunta clave: ¿cómo están creciendo hoy los niños y niñas que hacen parte de esta política? Para responder, entre febrero y julio de 2026, los investigadores entrevistaron a personas vinculadas directamente a ‘De Cero a Siempre’, incluyendo funcionarios de varios ministerios, miembros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), académicos, representantes de organismos multilaterales y de organizaciones sociales. Además, examinaron bases de datos y literatura científica relevante para el tema, según la información recogida.

Uno de los análisis destacados fue liderado por el equipo en el que participó Juan Camilo Cristancho, de la Universidad EAFIT. Este equipo se dedicó a observar lo que sucede en los hogares comunitarios del ICBF, especialmente en las ciudades de Bogotá y Cartagena. Se enfocaron en cómo interactuaban las maestras con los niños y niñas, así como en el tipo de apoyo que recibían cuando enfrentaban dificultades. Esta observación directa buscó identificar las dinámicas cotidianas y la forma en que la política se traduce en acciones concretas dentro de estos espacios, de acuerdo con los hallazgos obtenidos por el grupo de investigadores.

El análisis integral permitió no solo recoger testimonios y experiencias de quienes aplican la política, sino también revisar evidencia científica para aproximarse de manera precisa al impacto de ‘De Cero a Siempre’ en la vida de los menores. No obstante, los detalles sobre los resultados encontrados y las conclusiones a las que arribaron los investigadores no fueron mencionados en la información consultada, por lo que su mención queda fuera de este resumen.

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¿Qué es la política ‘De Cero a Siempre’ en Colombia?

‘De Cero a Siempre’ es una política pública destinada a la primera infancia en Colombia, cuyo propósito es garantizar los derechos y asegurar la atención integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los seis años de edad. Se promulgó hace diez años como una ley, marcando el inicio de un enfoque estatal sobre el desarrollo temprano y su protección, según los datos proporcionados.

¿Cómo investigó el Colectivo CIMIENTOS el impacto de ‘De Cero a Siempre’?

El Colectivo de Investigación Multidisciplinar sobre Innovación en Niñez y Transformación Social (CIMIENTOS) llevó a cabo entrevistas a 24 personas cercanas a la política, incluyendo funcionarios públicos y representantes de organizaciones relacionadas. Además, revisaron bases de datos y literatura científica para analizar en profundidad cómo se desarrolla actualmente la infancia en Colombia en el marco de esta política.

La investigación tuvo origen en un incidente entre vecinos en el barrio Altos de Cazucá. Los uniformados intervinieron ante el altercado, en medio del cual, presuntamente, Donovan Balanta, de 34 años, habría lanzado un objeto contundente contra los policías. El reporte presentado por la fiscal Jaramillo detalla que la respuesta de los uniformados incluyó esposar al joven, golpearlo repetidamente en la cabeza y el abdomen, y aplicarle múltiples descargas eléctricas utilizando un dispositivo taser. Los informes aseguran que la agresión no se limitó a la vía pública, sino que continuó tras el traslado de la víctima a la estación de Policía de Cazucá.

La Fiscalía sostiene que en la estación policial Balanta continuó siendo agredido con electrochoques, a pesar de suplicar por ayuda y manifestar que no podía respirar. La intervención de otra persona detenida, quien también pidió socorro, no alteró el curso de los hechos. De acuerdo con el ente investigador, ni los protocolos de auxilio fueron activados ni se brindó atención médica oportuna. La autoridad al mando en la estación, responsable de supervisar a los uniformados, tampoco activó las medidas necesarias para frenar la situación ni socorriste al afectado. Después de perder el conocimiento, la víctima fue trasladada a un hospital veinte minutos más tarde, donde se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Donovan Balanta murió como consecuencia de una arritmia cardiaca originada por las descargas eléctricas a las que fue sometido. Además, su cuerpo presentaba múltiples quemaduras y lesiones, agravadas, según la Fiscalía, por la tardía asistencia. Las capturas se realizaron en Soacha y Barbosa, Santander. Mientras tres de los implicados ya están en el búnker de la Fiscalía, el cuarto está en proceso de traslado a Bogotá para las diligencias judiciales. Por último, la Fiscalía investiga si el crimen podría estar relacionado con un caso de racismo.

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¿Cuáles son los delitos imputados a los policías involucrados en el caso de Donovan Balanta Paz?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, a los cuatro policías capturados se les imputarán los delitos de homicidio agravado y tortura, tras la muerte de Donovan Balanta Paz ocurrida en Soacha el 20 de septiembre. Además, la entidad adelanta investigaciones sobre una posible motivación de racismo en los hechos.

¿Cómo contribuyeron las pruebas del Instituto Nacional de Medicina Legal en la investigación del homicidio en Soacha?

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que Donovan Balanta falleció a causa de una arritmia cardíaca provocada por descargas eléctricas aplicadas por los uniformados. También certificó que la víctima presentaba quemaduras, golpes y lesiones, agravadas por recibir atención médica tardía, lo que fue fundamental para sustentar la acusación de la Fiscalía.

El Juzgado 24 admitió una tutela en contra del retiro de piezas artísticas del Museo Nacional, según informó Blu Radio, aunque el punto clave se mueve alrededor de la medida provisional que desemboca en un cambio.

Lo primero es que el Ministerio de Cultura debe proteger las piezas retiradas, lo que implica que estas no podrán ser destruidas, alteradas ni sacadas del mencionado Museo Nacional en Bogotá.

De igual manera, se ordenó frenar el retiro de más piezas por su contenido sin que se justifique con una determinación formal, de acuerdo con las indicaciones luego de admitir la acción legal.

Cabe recordar que actualmente hay protestas convocadas por sectores que rechazan la decisión de remover 30 piezas relacionadas con la población LGBTIQ+, luchas feministas, el Acuerdo de Paz de 2016 y otros hitos de la memoria política colombiana.

A pesar de los cuestionamientos por el retiro de piezas entre las que se incluyen incluso algunas con el recuerdo de Carlos Pizarro y la Unión Patriótica, el Gobierno De la Espriella se mantuvo en su postura.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, se plantó de manera oficial después de las manifestaciones que se han presentado en Bogotá debido a la determinación que  ha desatado un encendido debate nacional.

“Preservar la memoria del país, sus tragedias y sus logros, exige esfuerzos de la sociedad y las autoridades públicas, y obliga a actuar con firmeza frente a actos que deshonoran la memoria de los afectados, para evitar que se inviertan los valores sociales y las responsabilidades históricas”, aseguró.

Holguín afirmó en su respuesta que la intención es que los museos públicos divulguen y protejan expresiones que “represente a toda la nación y no sólo a un sector”, por lo que se pretende reorientar relatos históricos a lo que considera como una visión institucional más neutral.

¿Cuáles fueron las piezas retiradas del Museo Nacional?

Entre las obras retiradas en el Museo Nacional destacan afiches, fotografías y objetos simbólicos vinculados con las luchas de la población LGBTIQ+, movimientos feministas y el Acuerdo de Paz.

En la sala Memoria y Nación se desmontaron la mayoría de los retratos pertenecientes al denominado muro de la diversidad, dejando espacios vacíos y marcas visibles.

De igual manera, fue retirada una bandera del orgullo gay donada por la activista Elizabeth Castillo, junto a un ejemplar histórico de la revista La Ventana Gay.

El acervo desmontado incluye además un objeto representativo perteneciente a Bernardo Jaramillo Ossa, dirigente político víctima del exterminio contra la Unión Patriótica.

Asimismo, las autoridades desinstalaron el cartel publicitario y las representaciones visuales que hacían alusión directa a Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del M-19.

La intervención afectó tres salas principales del recinto cultural de la capital, generando la inmediata protesta de diversos colectivos sociales, artistas y sectores académicos.

Los manifestantes reaccionaron instalando reproducciones de los elementos desmontados en el espacio exterior de la institución en señal de rechazo.

Por su parte, un tribunal judicial admitió un recurso de tutela ordenando la protección de los elementos retirados para evitar su alteración o traslado fuera del inmueble.

El Ministerio argumenta que la revisión museográfica busca evitar apología al terrorismo y doctrinas políticas dentro de los recintos de administración estatal.

No obstante, expertos curatoriales advierten que la medida vulnera la autonomía institucional y afecta la representación de la diversidad histórica en el acervo público.

El caso mantiene abierto un intenso debate de alcance nacional sobre la preservación de la memoria histórica y la libertad de exhibición artística.

La investigación, mencionada por este diario, sostiene que la presunta responsable habría actuado a través de un tercero. El día previo al envenenamiento, un domiciliario, supuestamente contratado por Guzmán, entregó en la vivienda de la familia De Bedout una caja de frambuesas, que eran presentadas como un obsequio. Sin embargo, las frambuesas, estaban contaminadas con talio, un metal peligroso que, incluso en pequeñas cantidades, puede resultar letal al ser ingerido.

Como resultado de la ingestión, las víctimas comenzaron a presentar síntomas severos de intoxicación y fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Dos niñas, de 13 y 14 años, fallecieron a causa de la intoxicación. La Fiscalía concluyó que la causa de la muerte fue una intoxicación aguda por talio, aclarando que el incidente tuvo lugar en el contexto de una reunión de adolescentes y que el talio fue agregado intencionalmente a los alimentos. Así lo señaló el ente: “la manera de muerte corresponde a un homicidio, toda vez que es muy infrecuente la intoxicación por este tipo de elementos y particularmente el talio es altamente tóxico, poco volátil, incoloro e inodoro, por lo que se infiere que fue agregado intencionalmente a los alimentos”.

Tras los hechos, Guzmán se desplazó por varios países, incluyendo Argentina, Brasil y el Reino Unido. Luego de ocho meses de seguimiento, la autoridad judicial la identificó como sospechosa principal el 5 de diciembre de 2025. Finalmente, el 17 de diciembre de 2025, fue localizada y detenida en el río Támesis con apoyo de una circular roja de Interpol. La investigación continúa y el proceso penal se mantiene en curso, con implicaciones relevantes en el ámbito legal y social.

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¿Cuál fue el caso de envenenamiento con talio en Bogotá y quién es Zulma Guzmán?

El caso involucra a Zulma Guzmán, identificada por la Fiscalía General de la Nación como presunta autora del envenenamiento de tres menores y un adulto tras enviar frambuesas contaminadas con talio a la familia De Bedout en Bogotá. El hecho sucedió el 4 de abril de 2025 y resultó en la muerte de dos niñas. Guzmán fue detenida posteriormente en el Reino Unido.

¿Qué es el talio y por qué es tan peligroso en casos de envenenamiento?

El talio es un metal altamente tóxico, poco volátil, incoloro e inodoro, lo que dificulta su detección. Según la Fiscalía General de la Nación, incluso en dosis pequeñas puede ser letal al ser ingerido, y su uso en alimentos constituye un mecanismo de envenenamiento intencional con consecuencias graves y letales.

Las actividades comenzarán a partir de las 7:00 de la mañana. Están destinadas a perros y gatos que cumplan con los requisitos de salud establecidos para el procedimiento. Uno de los puntos clave para la participación es llevar la documentación y los elementos solicitados antes y después de la cirugía. Se exige la fotocopia de la cédula del responsable, quien debe ser mayor de edad y firmar la autorización correspondiente. Además, la mascota debe estar en buen estado de salud y haberse realizado un examen prequirúrgico.

La programación de la jornada, según 90 Minutos, cubre diferentes zonas de Cali: el martes 20 será en Villacarmelo, sector Crucero San José; el miércoles 21 en la comuna 20, Polideportivo La Estrella; el jueves 22 en el parque La Horqueta, Silo; y el viernes 23 en Pízamos 1, comuna 21, calle 122D #28F6. La atención se dirige a perros y gatos de 5 meses a 6 años de edad; animales enfermos, con plagas externas, sobrepeso o delgadez extrema no serán admitidos. Las hembras en celo, preñadas o recién paridas tampoco se esterilizan.

Hay indicaciones específicas para el ayuno: gatos deben tener entre 8 y 10 horas sin alimento ni agua y perros entre 8 y 12 horas. El transporte adecuado también es fundamental. Los gatos deben llegar en guacal, funda de almohada o costal apropiado, pero no en cajas ni tarros. No se atenderán gatos persas ni de raza braquicéfala. Para perros, el peso requerido es entre 2 y 25 kilogramos, deben ir con collar y correa, y si son de manejo especial, con bozal. Perros de razas como bulldog, pinscher o bulldog francés, considerados braquicéfalos, no serán atendidos.

Después de la cirugía, el responsable debe tener cobija o toalla para recostar al animal y se recomienda llevar bolsas, papel higiénico y paños húmedos. Al terminar, recibirá la fórmula médica y recomendaciones de los cuidados postoperatorios. Para el seguimiento, si hay alguna complicación, debe acudir al Centro de Bienestar Animal (CBA), y no a otro centro veterinario, para garantizar la continuidad del proceso.

Las jornadas buscan facilitar que más familias accedan a la esterilización gratuita de animales de compañía en Cali. Recuerde cumplir con los requerimientos, asistir temprano y llevar los elementos solicitados, ya que los cupos son limitados y se asignan en orden de llegada. Toda la información citada proviene de 90 Minutos.

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¿Cuáles son los requisitos para la esterilización gratuita de mascotas en Cali?

Para acceder a la esterilización gratuita, su mascota debe ser un perro o un gato de entre 5 meses y 6 años de edad, estar en buen estado de salud, acudir en ayuno (8 a 12 horas para perros, 8 a 10 horas para gatos) y cumplir con el transporte adecuado según sea el caso: guacal o funda para gatos y collar, correa y, si se requiere, bozal para perros. Además, el responsable debe ser mayor de edad, llevar fotocopia de la cédula y firmar autorización. No se atienden animales enfermos, en celo, preñadas, recién paridas, ni razas braquicéfalas.

¿Dónde y cuándo serán las jornadas de esterilización gratuita para mascotas en Cali?

Según lo informado por 90 Minutos, las jornadas se llevarán a cabo entre el martes 20 y el viernes 23 de octubre en diferentes sectores: Villacarmelo el martes, Polideportivo La Estrella el miércoles, parque La Horqueta en Silo el jueves y salón múltiple Pízamos 1 el viernes. El servicio inicia a las 7:00 de la mañana y los cupos se asignan por orden de llegada.

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Según la información proporcionada por su entorno, uno de los aspectos más cuestionados del proceso sería la presunta ausencia de evidencias materiales determinantes, como resultados concluyentes de Medicina Legal, grabaciones de cámaras de seguridad o rastros forenses que permitieran vincularlo directamente con los hechos.

Estas afirmaciones requieren contrastarse con el expediente judicial para establecer qué pruebas fueron presentadas y cuál fue su peso en la decisión final.

Uno de los puntos que más inquietud genera es el supuesto reconocimiento del acusado por parte de la víctima, quien, según la versión difundida sobre el caso, habría señalado como característica distintiva las cejas pobladas del agresor. De confirmarse esta circunstancia, sería importante conocer cómo se llevó a cabo la identificación y qué otros elementos respaldaron la acusación.

Señalamiento de la víctima que indica que su abusador tendría las cejas pobladas. 

Sin embargo, la ausencia de pruebas físicas no significa automáticamente que un delito no haya ocurrido. En los procesos penales, los testimonios también pueden tener valor probatorio, siempre que sean examinados junto con las demás evidencias y bajo las garantías establecidas por la ley.

Detrás de esta historia está también la familia de Almeciga, que, según su relato, enfrenta el dolor de la separación y la incertidumbre sobre lo ocurrido durante el proceso judicial.

Sus cuestionamientos apuntan, además, a posibles fallas en la defensa, una situación que hace necesario revisar las actuaciones de los abogados y las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.

En Colombia, toda persona tiene derecho al debido proceso, a una defensa efectiva y a que su responsabilidad penal se determine mediante una decisión judicial fundamentada.

Cuando surgen dudas sobre una condena, la revisión de la sentencia y del expediente constituye una vía esencial para establecer si existieron irregularidades y si hay mecanismos legales disponibles para controvertirla.

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El caso de Ehiver Almeciga plantea interrogantes que merecen respuestas claras, sustentadas en documentos y actuaciones judiciales verificables. Más allá de las versiones enfrentadas, esclarecer los hechos exige transparencia, rigor y respeto por los derechos tanto de la víctima como del condenado.

La justicia debe actuar con firmeza frente a los delitos, pero también con responsabilidad al evaluar las pruebas. Solo así es posible proteger a las víctimas,en las instituciones colombianas.

Su hija recuerda a una mujer querida por sus vecinos, espontánea y solidaria. Hoy, además de enfrentar el duelo, reclama que el proceso judicial por el crimen avance y llegue a una decisión.

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Según el testimonio entregado por su hija, Katherine Rivera, Magnolia mantenía desde hacía unos cuatro meses una relación sentimental con un taxista. La mujer asegura que durante ese tiempo observó comportamientos posesivos y controladores por parte de él, quien según su relato solía aparecer en los lugares que su madre frecuentaba y le exigía que informara dónde estaba y con quién compartía.

Magnolia junto a su presunto feminicida

La hija contó que, durante una jornada en la que Magnolia se encontraba entregando pedidos de un emprendimiento familiar de arepas caseras, el novio llegó con un ramo de flores y permaneció junto a ella.

Más tarde, la hija acompañó a su madre hasta el apartamento y luego salió a cumplir con otras entregas. De acuerdo con su versión, al día siguiente intentó comunicarse repetidamente con Magnolia, sin obtener respuesta.

La preocupación aumentó cuando una llamada fue contestada por el enamorado, quien le dijo que su madre seguía dormida. La hija decidió ir hasta el apartamento, ubicado en el barrio San Isidro.

Al llegar, encontró cerrados los accesos a la habitación y, al no recibir respuesta, buscó entrar por el balcón. Allí, según narró, encontró una escena que describió como aterradora: había sangre en la habitación, el novio estaba tendido junto a la cama y Magnolia yacía en el suelo.

La hija pidió ayuda a los vecinos. La Policía y los bomberos llegaron al lugar; según el relato, el hombre estaba inconsciente y fue trasladado para recibir atención médica después de autolesionarse.  La entrevistada afirmó que la muerte de su madre fue un feminicidio agravado y que sufrió 31 lesiones, distribuidas en distintas partes del cuerpo.

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Desde entonces, la familia ha seguido el proceso judicial. La hija asegura que, pese a las solicitudes para agilizar las audiencias, transcurrieron 158 días sin que se realizaran a tiempo y el procesado quedó en libertad por vencimiento de términos. Esta situación, dice, le genera temor por su seguridad y aumenta su sensación de desamparo. La libertad por vencimiento de términos no equivale por sí misma a una absolución.

Su petición está dirigida a las autoridades judiciales y a los organismos de control: que el caso avance y se determine la responsabilidad penal conforme a la ley. Magnolia tuvo tres hijas, pero su entrevistada afirma que hoy es la única que sigue luchando por el caso. La recuerda como “un sol de mujer” y asegura que toda una comunidad lamenta su pérdida. Su llamado es que la búsqueda de justicia no se detenga.

La entidad investigadora formalizará la imputación judicial ante los estrados, aguardando que la procesada comparezca vía virtual desde Reino Unido.

Deicy Jaramillo, fiscal delegada para la Seguridad Territorial, confirmó este nuevo paso y la radicación de la solicitud por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, agravados por la sevicia.

“Solicitamos al juez que nos la fijara (la audiencia) con tiempo para poder coordinar con tiempo con la oficina de asuntos internacionales que la diligencia será virtual para que la señora Guzmán se pueda conectar desde el Reino Unido”, indicó la funcionaria, replicada por El Tiempo.

De igual manera, explicó que se mantiene la labor para el trámite de extradición de Guzmán desde Reino Unido, donde fue detenida hace varios meses.

El caso ocurrió en Bogotá tras la ingesta fortuita de frambuesas contaminadas con talio, una sustancia altamente tóxica que produjo el deceso de las jóvenes.

La secuencia de los hechos trágicos comenzó el 3 de abril de 2025 en un apartamento ubicado al norte de Bogotá.

Ese día ingresó un paquete a domicilio que contenía frambuesas cubiertas con chocolate, enviadas como obsequio para la familia.

Inés de Bedout y Emilia Forero consumieron las frutas sin conocer que estaban impregnadas con el potente veneno metálico.

Pocas horas después, las jóvenes manifestaron síntomas graves de intoxicación, obligando a su traslado urgente a un centro médico.

La primera víctima, Inés de Bedout, de 14 años, falleció el 6 de abril de 2025 debido al colapso multiorgánico provocado.

Tres días más tarde, el 9 de abril de 2025, se confirmó el deceso de la segunda menor, Emilia Forero.

Las pruebas del Instituto Nacional de Medicina Legal detectaron la presencia de talio, elemento químico cuya venta pública está prohibida.

Se confirmó que la causa exacta de los fallecimientos correspondió a una falla multiorgánica provocada por intoxicación aguda.

El talio es un metal pesado cuyo uso industrial está severamente restringido en Colombia por su elevada peligrosidad y letalidad en seres humanos.

La Fiscalía identificó a Zulma Guzmán Castro como la principal sospechosa de planear la entrega del alimento contaminado.

Los análisis telefónicos y de cámaras de seguridad permitieron reconstruir los movimientos de la acusada antes del envío mortal.

Guzmán salió de territorio colombiano meses después de los hechos, registrándose su ingreso a Reino Unido el 11 de noviembre de 2025.

Por esta razón, la justicia colombiana emitió una notificación roja de Interpol con el propósito de lograr su ubicación y posterior captura internacional.

El 16 de diciembre de 2025, las autoridades británicas la rescataron tras caer al río Támesis en la ciudad de Londres.

La mujer fue localizada y capturada en Reino Unido por las autoridades policiales británicas, atendiendo el requerimiento judicial cursado desde la capital colombiana.

Actualmente, las instituciones judiciales de ambos países adelantan las gestiones diplomáticas para concretar la extradición o la comparecencia virtual de la imputada.

El Gobierno de Colombia formalizó la solicitud de extradición el 20 de diciembre de 2025 para juzgarla en Bogotá.

Los familiares de las víctimas exigen máxima celeridad procesal para que el juzgado correspondiente emita un fallo condenatorio ejemplar contra la responsable.

Por su parte, la defensa técnica de la imputada insiste en la presunción de inocencia mientras se desahogan las pruebas en la etapa de juicio.

Las autoridades buscan esclarecer las causas detrás de la dolorosa situación que conmocionó a la opinión pública, avanzando en las etapas correspondientes del proceso penal para determinar responsabilidades individuales definitivas.

Este es un nuevo capítulo en un caso que está najo lupa en Colombia.

Alcocer fue categórica al rechazar las acusaciones de su exasesora Eva Ferrer, quien la señaló de realizar viajes a Venezuela trasladando 2,5 millones de dólares en efectivo y sustancias ilícitas en aviones oficiales. Según explicó a Noticias RCN, consideró estas afirmaciones una completa falsedad. Señaló que sus traslados al país vecino estuvieron siempre soportados por registros en las bitácoras de vuelo y que únicamente realizó dos visitas de ida y vuelta, llevando solamente su equipaje de mano. Explicó que incluso se emplearon peritajes forenses para respaldar su versión ante la opinión pública.

Acerca de las versiones que la vinculan con la intervención en nombramientos estatales o en decisiones que habrían favorecido a amigos como los españoles Xavier Vendrell y Manel Grau, Alcocer expresó: “No meto las manos al fuego por nadie”. Insistió en que su entorno actuó por amistad o solidaridad, pero recalcó que cada quien debe responder ante la justicia si utilizó de forma indebida su nombre o cometió irregularidades.

También desmintió cualquier gestión destinada a recaudar fondos para la campaña política de su primo Mario Fernández Alcocer al Congreso. Afirmó que nunca ha impulsado causas políticas ajenas y que su labor social partió de un deseo legítimo de servir, distante de cualquier aspiración de poder.

Un punto relevante de su declaración fue la inclusión de su nombre en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Alcocer aseguró que la presencia en ese listado se explica únicamente por su vínculo como esposa de Gustavo Petro, y que sus abogados ya solicitaron la revisión del caso. Destacó además que la información dada a figuras como el secretario de Estado Marco Rubio fue distorsionada.

En lo referente a sus visitas a centros penitenciarios como La Picota, Alcocer negó haber pactado favores políticos o tuvieras reuniones privadas con criminales. Subrayó que su acción era espiritual y social, y que las visitas fueron públicas y cumplieron con la legalidad y requisitos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Durante la entrevista, Alcocer aclaró que no se identifica con la izquierda ni la derecha política, sino simplemente como Verónica Alcocer. Manifestó que la “construcción de mentiras” ha dañado su imagen personal. Finalmente, confirmó que su matrimonio con Gustavo Petro finalizó tras casi 25 años, recalcando que mantienen una relación madura, sin resentimientos y basada en el respeto. Sobre su futuro, dejó claro que no planea salir del país y se mostró dispuesta a responder ante cualquier autoridad que le requiera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo Verónica Alcocer sobre los supuestos traslados ilícitos a Venezuela?

En entrevista con Noticias RCN, Verónica Alcocer negó rotundamente las acusaciones de haber trasladado dinero y sustancias ilícitas a Venezuela. Explicó que sus viajes a ese país se documentaron en las bitácoras oficiales, que solo llevó su equipaje de mano y que las afirmaciones de su exasesora Eva Ferrer son completamente falsas, respaldando su defensa en peritajes forenses.

¿Por qué está el nombre de Verónica Alcocer en la lista de la OFAC de Estados Unidos?

Alcocer indicó durante la entrevista que la inclusión de su nombre en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se debe exclusivamente a su vínculo matrimonial con Gustavo Petro. Aclaró que sus abogados han pedido una revisión formal de su caso para esclarecer la situación ante las autoridades estadounidenses.

Las disposiciones están contempladas en la Circular 06, según explicó Miller Soto, vocero del mandatario.

Entre las principales directrices se encuentra la priorización de las reuniones virtuales para reducir los costos asociados con desplazamientos y encuentros presenciales.

Además, los funcionarios deberán justificar los viajes oficiales y optar por los tiquetes aéreos más económicos disponibles, como parte de las restricciones establecidas para el uso de los recursos públicos. “0 pesos públicos”, señaló el Gobierno Nacional mediante su vocero.

La circular también contempla controles adicionales para los desplazamientos internacionales de los funcionarios del Estado.

Estos viajes deberán contar con autorización previa de la Presidencia, lo que busca centralizar la aprobación de este tipo de gastos y someterlos a una revisión antes de su realización.

Las medidas hacen parte de una política de austeridad que busca limitar los gastos administrativos de las entidades públicas y establecer mayores controles sobre los recursos destinados a viajes y actividades oficiales.

Aunque las disposiciones ya fueron anunciadas, la información divulgada no especifica el ahorro esperado ni detalla posibles sanciones por incumplimiento.

Tampoco precisa si habrá restricciones adicionales en otros rubros del presupuesto estatal para 2027.

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:22:18 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad superficial, inferior a los 70 kilómetros. Debido a estas características, el temblor se originó a una distancia relativamente corta de la superficie terrestre.

De acuerdo con la información entregada por el SGC, el evento sísmico fue localizado mediante nueve estaciones de monitoreo y su registro aparece con estatus automático, lo que indica que los datos fueron procesados inicialmente por los sistemas de detección de la entidad.

Entre los municipios más cercanos al lugar del movimiento se encuentran Roncesvalles, ubicado a 14 kilómetros; San Antonio, a 21 kilómetros, y Chaparral, a 29 kilómetros.

El informe también incluye las coordenadas geográficas del evento: latitud de 3,90 grados y longitud de -75,67 grados.

Hasta el momento, los datos suministrados corresponden al registro técnico del sismo y no incluyen información sobre posibles afectaciones a viviendas, daños materiales o personas lesionadas.

La magnitud de 2,2 corresponde a un movimiento de baja intensidad, aunque la percepción del temblor puede variar según la distancia al epicentro, la profundidad y las condiciones del terreno.

El SGC es la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en Colombia y publicar los reportes correspondientes.

La presencia de los manifestantes obligó a los organizadores a modificar el recorrido de la competencia. Durante el bloqueo ocurrieron enfrentamientos entre corredores y protestantes, dejando como saldo dos personas heridas, según datos de Caracol Radio. Al lugar acudió María Angélica González Russi, alcaldesa local de Teusaquillo, quien abrió una mesa de diálogo con la comunidad para escuchar sus inconformidades y buscar soluciones conjuntas.

La Secretaría Distrital de Movilidad había autorizado la Allianz 15K para ese mismo 18 de octubre, estableciendo un recorrido que atravesaba vías estratégicas y determinando cierres temporales en la avenida calle 53, la carrera 58, la calle 44 y la carrera 60 entre las 7:45 y las 11:45 de la mañana. El Distrito señaló, además, que los cierres se operan una intersección antes del trazado principal y se reabren gradual y progresivamente, en función del avance de los atletas. Sin embargo, los residentes afirman que estas medidas dificultan el ingreso y salida de sus barrios, afectando su vida diaria.

La protesta puso de nuevo sobre la mesa el debate sobre la concentración de carreras en Teusaquillo. Según se expuso en el Concejo de Bogotá, 18 de las 24 competencias aprobadas en 2024 pasaron por esta localidad, lo que equivale al 75 % del total. Para 2025, la cifra fue del 66,7 %. De acuerdo con el informe presentado, la ubicación del parque Simón Bolívar y la conexión con importantes arterias viales explican parte de esta recurrencia. Habitantes y concejales han planteado la necesidad de distribuir los eventos y definir recorridos que permitan minimizar el impacto en las comunidades.

Actualmente, se discute en el Concejo el Proyecto de Acuerdo 813 de 2026, que busca establecer recorridos permanentes y repartir las competencias en otras zonas de la ciudad. Mientras tanto, la mesa de diálogo instalada el pasado 18 de octubre funcionará como espacio para revisar alternativas que den respuesta a las demandas de los vecinos, aunque ningún cambio ha sido confirmado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué protestan los residentes de Teusaquillo por las carreras atléticas en Bogotá?

Los residentes protestan porque los constantes cierres viales por carreras, conciertos y otros eventos masivos en la zona dificultan su movilidad, restringen el acceso y salida a sus hogares y afectan sus actividades cotidianas. Según Caracol Radio, los habitantes de La Esmeralda, Pablo VI y El Quirinal consideran insuficientes las medidas actuales y reclaman que se distribuyan mejor los eventos.

¿Qué propone el Proyecto de Acuerdo 813 de 2026 sobre las carreras masivas en Bogotá?

El Proyecto de Acuerdo 813 de 2026, que cursa en el Concejo de Bogotá, busca definir recorridos permanentes para carreras atléticas en diferentes localidades, con el fin de mitigar los impactos en barrios afectados como Teusaquillo. Incluye la creación de una competencia llamada “Bogotá corre por la paz” y plantea repartir los eventos masivos en varias zonas para reducir la concentración.

La jornada reunirá a figuras reconocidas del gremio periodístico y del campo de la comunicación, con el objetivo de hacer un alto institucional y reflexionar sobre las dinámicas de cambio, así como los retos actuales de la comunicación social y el periodismo. La decana Catalina Jiménez destacó que, desde su creación, el programa se ha consolidado como "un programa referente en el suroccidente del país y en todo el país", subrayando su impacto tanto a nivel regional como nacional, de acuerdo con lo reportado por 90minutos.co.

A lo largo de estas cuatro décadas, la propuesta formativa de Comunicación Social y Periodismo de la UAO ha dejado una huella significativa en el desarrollo de los medios de comunicación y el debate público en Colombia. Según la información de 90minutos.co, el compromiso con la ética, el rigor informativo y la responsabilidad social han sido fundamentales en la formación de varias generaciones de profesionales, quienes han contribuido al fortalecimiento del sector.

El evento será mucho más que un reconocimiento a la historia recorrida. La agenda está diseñada como un espacio estratégico para pensar la evolución de la comunicación frente a los desafíos que plantean las exigencias globales y el acelerado entorno digital. Destacan la participación de expertos y líderes en la industria, incluidos representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y periodistas de medios regionales.

Se resalta la intervención especial de Mauricio Cabrera, experto en comunicación digital y nuevas audiencias. Cabrera expondrá su análisis sobre nuevas métricas de consumo, la sostenibilidad de los medios y los retos narrativos ante la juventud, temas que cobran principal importancia hoy en día.

La conmemoración tendrá lugar el lunes 26 de octubre, desde las 8:00 a. m., en el Auditorio Yquinde de la UAO. Así, la universidad refrenda su compromiso con la formación periodística de calidad, enfocada al servicio del interés público y a afrontar los desafíos que trae el contexto digital contemporáneo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde será la celebración de los 40 años del programa de Comunicación Social y Periodismo de la UAO?

La conmemoración de las cuatro décadas del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente se llevará a cabo el lunes 26 de octubre, a partir de las 8:00 a. m., en el Auditorio Yquinde de la misma universidad, según la información suministrada por 90minutos.co.

¿Qué retos del periodismo mencionará Mauricio Cabrera en el evento por los 40 años de la UAO?

De acuerdo con lo informado, Mauricio Cabrera, especialista en comunicación digital, analizará los desafíos sobre nuevas métricas de consumo, la sostenibilidad de los medios y los retos narrativos que supone conectar con las audiencias jóvenes, reflexionando sobre cómo estos elementos afectan el presente y el futuro del periodismo contemporáneo.

La condena contra Tarquino Gallego fue consecuencia de varias reuniones mantenidas, entre septiembre y octubre de 2014, en el norte de Bogotá con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus. En esos encuentros, discutieron sobre las investigaciones relativas a supuestas irregularidades en la contratación pública del departamento y la posible involucración de Lyons en el denominado cartel de la hemofilia. Las pesquisas apuntaron a que el exmagistrado, quien presidió la Corte Suprema de Justicia en 2011, solicitó dinero a Lyons en al menos dos ocasiones para facilitar acercamientos con personas que disponían de información clave sobre las indagaciones abiertas o que podían influir en el rumbo de las mismas.

El expediente judicial, de acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, sostiene que Tarquino Gallego exigió al exgobernador la suma de 20.000 millones de pesos para "ayudarle" con los procesos en su contra. Incluso, durante las conversaciones, el exmagistrado alegó conocer al fiscal encargado de la investigación y mencionó su capacidad de influir para beneficiar a Lyons, quien en ese lapso era investigado por el desfalco de hasta 87.000 millones de pesos en Córdoba, entre 2011 y 2015.

El 4 de abril de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia emitida en primera instancia y, con esta última decisión de la Corte Suprema, se cerraron las oportunidades de defensa para Tarquino Gallego, ordenando su captura y fijando una inhabilidad de cinco años para ejercer funciones públicas. El caso se destapó tras la captura del entonces fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien fue grabado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) con la colaboración de Alejandro Lyons, revelando conversaciones clave sobre la exigencia de dinero por parte de Tarquino Gallego.

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¿Por qué fue condenado el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego por el cartel de la toga?

Camilo Humberto Tarquino Gallego fue condenado por el delito de concusión debido a que, según las pruebas presentadas, exigió dinero al exgobernador Alejandro Lyons Muskus a cambio de influir en investigaciones que se adelantaban en la Corte Suprema de Justicia. Las autoridades determinaron que Tarquino Gallego aprovechó su posición para solicitar una suma millonaria con el fin de facilitar acercamientos y posiblemente intervenir en beneficio del entonces gobernador.

¿Cómo funcionaba el llamado cartel de la toga en Colombia?

El cartel de la toga consistía en una red de corrupción dentro de la Corte Suprema de Justicia donde algunos funcionarios judiciales manipulaban procesos a cambio de dinero u otros beneficios. De acuerdo con las investigaciones citadas por El Espectador, exmagistrados y otros funcionarios se reunían con altos cargos políticos e influenciaban las decisiones judiciales, lo que resultó en la apertura de numerosas investigaciones y condenas contra los implicados.

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Están fabricados con microfibra y cuentan con una palma diseñada para favorecer el agarre, acolchado para reducir las molestias por fricción y materiales transpirables. Además, tienen un sistema de ajuste con velcro y están pensados para actividades como el levantamiento de pesas, las rutinas de gimnasio y el ciclismo.

La propuesta puede interesar a quienes quieren complementar su equipo de entrenamiento con un accesorio ligero y fácil de poner y quitar.

¿Qué ofrecen estos guantes de entrenamiento?

Uno de sus principales atributos es el diseño de la palma, desarrollado, según el fabricante, para favorecer el agarre y reducir las molestias que puede producir el contacto repetido con barras y otros equipos.

La estructura también incorpora materiales ligeros y elásticos para facilitar el movimiento de las manos. El objetivo es combinar un ajuste ceñido con comodidad durante los ejercicios.

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Entre sus características se encuentran:

• Material de microfibra: constituye el material principal indicado en la ficha del producto.
• Palma acolchada: está diseñada para ayudar a reducir la fricción y las molestias al sujetar equipos.
• Tejido transpirable: busca favorecer la ventilación durante las rutinas.
• Cierre de velcro: permite ajustar los guantes y facilita retirarlos después de entrenar.
• Panel para el sudor: incorpora una zona de tela tipo toalla en el dorso para secar la humedad.
• Uso versátil: están diseñados para pesas, dominadas, gimnasio, ejercicio general y ciclismo.

Aunque el acolchado puede ayudar a disminuir la fricción, los resultados dependen del ajuste, la actividad y la forma de utilizar el equipo. Estos guantes tampoco sustituyen una técnica correcta al levantar pesas.

¿Cómo elegir la talla adecuada?

El ajuste es importante para que los guantes no queden demasiado sueltos ni ejerzan una presión incómoda. Según la información suministrada, el modelo está disponible en cinco tallas, definidas por la medida de la mano en pulgadas.

• XS: de 6,3 a 6,9 pulgadas, aproximadamente 16 a 17,5 centímetros.
• S: de 6,9 a 7,5 pulgadas, aproximadamente 17,5 a 19,1 centímetros.
• M: de 7,5 a 8,1 pulgadas, aproximadamente 19,1 a 20,6 centímetros.
• L: de 8,1 a 8,9 pulgadas, aproximadamente 20,6 a 22,6 centímetros.
• XL: de 8,9 a 9,6 pulgadas, aproximadamente 22,6 a 24,4 centímetros.

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Antes de elegir una talla, conviene consultar la tabla oficial del vendedor y confirmar cómo debe medirse la mano. Si la medida queda justo en el límite entre dos tallas, es recomendable revisar las indicaciones de ajuste del fabricante.

¿Qué dicen quienes los han comprado?

Las reseñas disponibles destacan la comodidad, el acolchado y la sensación de agarre durante el ejercicio.

Un comprador comenta que los guantes son ligeros y transpirables, y que el acolchado le resulta útil al levantar pesas. También destaca que se ajustan sin apretar demasiado.

Otra persona cuenta que comenzó a hacer dominadas y que las molestias en las manos le dificultaban completar las repeticiones. Después de comprar estos guantes, afirma que notó una diferencia en su experiencia de entrenamiento.

Una tercera opinión valora el ajuste ceñido y la protección frente a las rozaduras durante los ejercicios.

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Estas experiencias corresponden a compradores individuales y no garantizan que los guantes eliminen el dolor o prevengan todas las callosidades. La comodidad también depende de la talla, el tipo de ejercicio y la intensidad del entrenamiento.

¿A quién le servirían estos guantes?

Los guantes para gimnasio y levantamiento de pesas pueden interesar a quienes realizan ejercicios con barras y mancuernas, practican dominadas o buscan reducir la fricción en las manos durante sus rutinas.

También pueden ser una alternativa para quienes montan bicicleta y prefieren utilizar guantes con un ajuste ceñido y una palma acolchada. Antes de comprarlos para ciclismo, conviene comprobar que el diseño y el acolchado se adapten al tipo de manubrio y a las necesidades de la actividad.

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Por 37.648 pesos, con un descuento anunciado del 41 %, ofrecen microfibra, acolchado en la palma, ventilación y ajuste mediante velcro. Para decidir si vale la pena comprarlos, lo más importante es revisar la talla y considerar qué tipo de entrenamiento realiza habitualmente.

(Lea también: Limitar el uso del efectivo en Colombia: proponen a De la Espriella que tampoco se acepte para pagar peajes, taxis y estos servicios)

Se trata del Decreto 1048 del 5 de agosto de 2026, expedido por el Ministerio de Transporte, que modifica disposiciones sobre el servicio público de transporte terrestre automotor especial, incluida la modalidad escolar. Entre sus medidas aparecen requisitos para los conductores, condiciones para el acompañamiento de los estudiantes y pautas para organizar las zonas de recogida y entrega de los menores.

Para las familias, uno de los puntos más importantes es que el decreto establece que los conductores de transporte escolar deben contar con certificación de competencias laborales. También contempla condiciones para el adulto acompañante y medidas para que el ascenso y descenso de los estudiantes se realice de forma segura.

Lupoani Sánchez Celemín, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Transporte Terrestre Automotor Especial (Acoltés), explicó a Valora Analitik que la seguridad de los niños es uno de los principales objetivos de los cambios. Sin embargo, advirtió que algunas disposiciones todavía requieren reglamentación o ajustes operativos para aplicarse plenamente.

¿Qué cambia para los conductores y acompañantes de las rutas escolares?

Uno de los cambios relevantes del Decreto 1048 de 2026 está relacionado con la preparación de quienes tienen a cargo el transporte de estudiantes. La norma establece que los conductores de transporte escolar deben contar con la licencia de conducción correspondiente y estar certificados en competencias laborales para desarrollar esta actividad.

El decreto también dispone que deben recibir capacitación periódica por parte de las empresas de transporte especial, en aspectos como seguridad vial, primeros auxilios, manejo defensivo, prevención de riesgos y cultura de servicio.

En la práctica, esto busca que la labor del conductor no se limite a manejar el vehículo. Su preparación debe responder también a las necesidades particulares de trasladar niños y adolescentes, una actividad que exige medidas específicas de prevención y atención ante posibles emergencias.

El presidente ejecutivo de Acoltés explicó que la certificación puede tramitarse a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) o de entidades acreditadas para realizar ese proceso: “Por primera vez se trae una obligatoriedad de que tanto la persona adulta que es la monitora que llamamos y el conductor, especialmente al conductor, deben estar certificados en competencias laborales para poder prestar el servicio a los escolares”, señaló Sánchez Celemín durante la entrevista.

La norma también contempla la presencia de un adulto acompañante en el servicio escolar, con experiencia o formación relacionada y conocimientos sobre seguridad del vehículo, tránsito, primeros auxilios, manejo del comportamiento infantil y adolescente, y protocolos de emergencia y evacuación. El decreto establece una excepción para los servicios de educación superior.

Para los padres de familia, estas disposiciones implican que la preparación del conductor y del acompañante debe formar parte de las condiciones que se revisan al contratar el transporte escolar.

Otro aspecto central está relacionado con los lugares donde los vehículos recogen y entregan a los estudiantes. El Decreto 1048 establece que, cuando sea posible, la recogida y entrega debe realizarse dentro de las instalaciones del establecimiento educativo. Si esto no es posible, deben establecerse zonas de acceso y salida seguras, con señalización y las condiciones correspondientes para proteger a los menores.

La norma también prevé que los recorridos y las paradas del servicio escolar estén establecidos previamente en el contrato de prestación del servicio. Esto busca que las condiciones del traslado sean conocidas y que la operación tenga puntos definidos para recoger y entregar a los estudiantes.

Sánchez Celemín explicó que los colegios pueden acudir a las autoridades municipales y de tránsito para gestionar la demarcación de áreas especiales cuando los vehículos deban recoger o dejar a los niños en las vías cercanas a las instituciones.

“Es simplemente que el rector del establecimiento educativo o la asociación de padres de familia, o la misma empresa con que contrata el transporte, puedan hablar con las autoridades de tránsito, las autoridades municipales, para que demarquen un área especial”, indicó el dirigente gremial.

El propósito es que los vehículos tengan espacios adecuados para realizar las maniobras y que los demás actores viales identifiquen que se trata de una zona donde hay estudiantes que requieren protección.

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Además, el decreto establece pautas para el ascenso y descenso de los menores, así como para la entrega de los estudiantes al adulto responsable. Estas condiciones buscan reducir riesgos durante uno de los momentos más delicados del recorrido, cuando los niños entran o salen del vehículo.

Para los padres, conviene confirmar con el colegio y con la empresa cuál es el punto de recogida y entrega, quién recibe al estudiante y qué procedimiento se sigue cuando hay cambios en la rutina habitual.

¿Quién debe verificar que se cumplan las nuevas exigencias de las rutas escolares?

La aplicación de estas disposiciones involucra a varios actores. Las empresas de transporte deben garantizar que sus conductores y vehículos cumplan los requisitos correspondientes, mientras que los colegios y las familias pueden verificar las condiciones pactadas para prestar el servicio.

En el caso de las rutas contratadas por alcaldías y gobernaciones, el decreto también incorpora disposiciones relacionadas con la contratación del transporte escolar. Según Sánchez Celemín, esto busca fortalecer las condiciones bajo las cuales las entidades territoriales seleccionan a las empresas que trasladan a los estudiantes con recursos públicos.

El dirigente gremial sostuvo que las autoridades que contratan el servicio deben exigir las condiciones previstas en la norma, incluida la certificación de competencias laborales de los conductores.

“Hay una norma que dice que los conductores ya están certificados, entonces ¿quién tiene que exigir? Pues el padre de familia, la asociación de padres de familia o el colegio tienen que conocer las normas”, afirmó.

Por eso, los padres pueden preguntar a la institución educativa qué empresa presta el servicio, cuáles son los requisitos exigidos al conductor y al acompañante, y qué mecanismos existen para reportar incumplimientos o situaciones que comprometan la seguridad de los estudiantes.

¿Las nuevas reglas podrían aumentar el precio de las rutas escolares?

Una de las inquietudes de las familias es si las exigencias de formación y certificación terminarán reflejándose en el valor mensual que pagan por el transporte escolar. Sánchez Celemín considera que el impacto económico debería ser limitado, aunque reconoció que los procesos de certificación pueden implicar costos para las empresas cuando no se realizan de manera gratuita a través del SENA: “Yo no creo que haya un impacto de la estructura de costos más allá del 1 %, por mucho 2 % sobre la estructura de costos”, señaló el presidente ejecutivo de Acoltés.

El gremio sostiene que varias disposiciones del decreto también buscan reducir trámites y facilitar la operación del transporte especial. Sánchez Celemín aseguró que la reforma puede beneficiar a empresas y propietarios al simplificar procedimientos administrativos, aunque señaló que algunos artículos requieren desarrollos operativos para que sus efectos se materialicen.

¿Todas las disposiciones ya se están aplicando?

El Decreto 1048 fue expedido el 5 de agosto de 2026 y, de acuerdo con el dirigente de Acoltés, comenzó a regir el 6 de agosto. No obstante, el gremio advierte que no todas las medidas pueden ejecutarse de inmediato.

Sánchez Celemín afirmó que alrededor de 20 de los artículos modificados pueden aplicarse directamente, mientras que otros requieren reglamentación o herramientas operativas para su implementación.

Entre los asuntos pendientes mencionó ajustes relacionados con procedimientos administrativos y el funcionamiento de plataformas que deben facilitar la aplicación de las disposiciones sobre capacidad transportadora.

¿Qué otras reglas cambian para las empresas de transporte especial?

El Decreto 1048 no se limita a los vehículos y las rutas escolares. También introduce modificaciones en los contratos entre empresas, la habilitación de nuevos operadores y la utilización de flotas para responder a la demanda.

Uno de los cambios permite que las empresas de transporte especial habilitadas apoyen a las compañías de transporte de pasajeros por carretera durante periodos de alta demanda, mediante contratos y bajo las condiciones previstas en la norma. La empresa de transporte por carretera conserva la responsabilidad por el servicio que presta y debe cumplir los requisitos operativos correspondientes.

El decreto también flexibiliza los convenios para utilizar vehículos de otras empresas. La compañía que entrega vehículos en convenio puede ofrecer hasta el 40 % de su parque automotor vinculado con tarjeta de operación vigente, mientras que la empresa que recibe la flota podrá utilizar los vehículos necesarios para cubrir sus contratos, dentro de las condiciones establecidas.

Según Sánchez Celemín, estos cambios buscan reducir obstáculos administrativos y facilitar que las empresas atiendan los servicios contratados sin tener que adelantar trámites adicionales en cada situación.

El dirigente gremial explicó que antes existían restricciones para utilizar vehículos de otras empresas, lo que podía obligar a solicitar aumentos de capacidad transportadora o a buscar otro operador para cumplir un contrato. Con las nuevas reglas, el sector espera facilitar la cooperación entre compañías.

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La norma también actualiza los requisitos para habilitar empresas de transporte especial, incluidos documentos, condiciones financieras y obligaciones relacionadas con la operación. Estas exigencias buscan que las compañías acrediten capacidad administrativa, técnica y financiera para prestar el servicio.

Para los empresarios interesados en conocer más a fondo estos cambios y sus implicaciones para el sector, la invitación es a participar los días 21, 22 y 23 de octubre en el Club Naval de Oficiales de la Armada Nacional, en Cartagena, durante el 25.º Encuentro Nacional del Transporte Especial y Turístico de Acoltés, un espacio para analizar los retos, las novedades normativas y las oportunidades de esta modalidad de transporte en Colombia. Lea el decreto completo haciendo clic en este enlace.

Su reconocimiento de responsabilidad se produjo ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. En esa instancia, admitió haber cometido crímenes graves como homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. Según la información proporcionada por la Fiscalía, este procedimiento judicial se realizó bajo la Ley 600 de 2000, que corresponde al anterior sistema penal, y forma parte de la estrategia institucional del organismo para dar cierre a casos pendientes relacionados con delitos de lesa humanidad.

El expediente contra Tovar Pupo detalla cinco homicidios colectivos que sacudieron al departamento. Uno de los hechos de mayor impacto fue la incursión armada en Lamas Verdes, jurisdicción de Curumaní, ocurrida del 4 al 7 de diciembre de 2005, donde 20 personas fueron asesinadas. Además, reconoció la responsabilidad en los ataques armados del 13 de enero de 2001 en los barrios Bello Horizonte y Divino Niño de Valledupar, que resultaron en la muerte de 9 personas; la masacre del 30 de mayo de 2001 en el sector Los Tupes de San Diego, con 6 víctimas; y el crimen colectivo del 11 de diciembre de 1999 en el corregimiento La Mesa, también en Valledupar, entre otros sucesos.

La investigación de la Fiscalía tuvo un enfoque diferencial, lo que permitió constatar el profundo daño causado a los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta. Según el ente investigador, alias Jorge 40 admitió su responsabilidad en el asesinato de 20 miembros de las comunidades indígenas Kankuama y Arhuaca, incluidas autoridades tradicionales, líderes sociales y menores de edad.

El cuerpo investigativo estableció que estas acciones criminales obedecieron a un esquema sistemático de amenazas, desplazamiento, torturas y homicidios contra quienes se opusieron a la imposición paramilitar. Estas prácticas desataron profundos daños en los territorios afectados y alteraron significativamente los modos de vida, así como las expresiones culturales y espirituales de varias comunidades indígenas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué delitos admitió Jorge 40 ante la Fiscalía en el Cesar?

Alias Jorge 40 reconoció, en presencia de la Fiscalía General de la Nación, su responsabilidad en delitos como homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado, así como su participación en homicidios colectivos que afectaron gravemente a comunidades indígenas y a la población civil en Valledupar y otros municipios.

¿Cuál fue el impacto del paramilitarismo en las comunidades indígenas del Cesar?

La investigación realizada evidenció un daño grave y sistemático contra las comunidades indígenas, especialmente los pueblos Kankuama y Arhuaco. Estas comunidades sufrieron asesinatos, amenazas, desplazamientos y la alteración forzada de sus prácticas culturales y espirituales, como resultado directo de la violencia paramilitar documentada en el expediente.

En ciudades como Cali, por ejemplo, el simulacro resulta esencial debido a los riesgos particulares asociados con la zona, como los deslizamientos en sectores de ladera y las crecientes del río Cauca. La jornada permite poner a prueba los planes de contingencia comunitarios y empresariales bajo estas condiciones, verificando que las estrategias adoptadas sean pertinentes para la realidad de cada territorio, tal como subraya el artículo de 90minutos.co.

El ejercicio, liderado localmente por las autoridades de gestión del riesgo, va más allá de medir la rapidez de evacuación. Su objetivo central es comprobar la coordinación institucional, priorizar el uso de recursos disponibles y evaluar la respuesta, tanto de hogares como de empresas, ante situaciones complejas y de múltiples amenazas. La convocatoria es amplia: incluye hogares, empresas privadas, entidades públicas, colegios, universidades y organizaciones comunitarias, quienes deben adaptar las acciones según las condiciones de cada espacio. Por ejemplo, una institución educativa del oriente de Cali enfrentará desafíos y rutas diferentes que una compañía ubicada en Yumbo o una familia residente en las comunas 1, 18 o 20.

Participar activamente es fundamental, ya que da la oportunidad de revisar, actualizar y mejorar los planes de emergencia antes de que ocurra una catástrofe real. Según la información, se recomienda verificar la accesibilidad de rutas de evacuación, la preparación de los brigadistas y la seguridad de los puntos de encuentro. En el ámbito familiar, el simulacro es la ocasión para asignar responsabilidades, revisar el kit de emergencia y definir medios de comunicación alternativos ante posibles fallas de telefonía. En definitiva, la prevención y la organización colectiva son herramientas clave para proteger la vida.

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¿Por qué es importante que la comunidad participe en el simulacro nacional de emergencias 2026?

La participación comunitaria permite identificar debilidades en los planes de emergencia y concientiza a la población sobre las acciones que se deben tomar en caso de desastre. Este proceso ayuda a verificar rutas de evacuación, asignar correctamente roles y fortalecer la coordinación entre instituciones y ciudadanía, aumentando las probabilidades de salvar vidas.

¿Qué amenazas específicas se evalúan en el simulacro nacional de emergencias en ciudades como Cali?

Según 90minutos.co, en Cali el simulacro está enfocado en riesgos como deslizamientos en zonas de ladera, inundaciones asociadas al río Cauca, además de otras amenazas como vendavales e incendios forestales. Cada entorno requiere adaptar los planes de contingencia a sus propias condiciones geográficas y sociales.

La ex primera dama conversó desde su sitio de residencia en el territorio nacional con el periodista José Manuel Acevedo, por lo que cada situación quedó bajo lupa y una de ellas tiene que ver con la decoración del lugar.

En ese sentido, los planos de cámara durante esa conversación permitieron observar que Petro no está en ninguna de las fotografías del espacio elegido por Alcocer para el encuentro en cuestión.

Las imágenes que hacen parte de la ambientación del lugar son parte del recuerdo de la exesposa del presidente de Colombia junto a sus dos hijas, Antonella y Sofía.

Alcocer afirmó que se separó de Petro el 10 de agosto de 2026, determinación que para el caso habría expresado al evitar recuerdos gráficos de quien fuera su pareja sentimental. Esta es una captura de pantalla que refleja el tema.

Si bien la presentación del sitio parecería algo aleatorio, la reaparición de Alcocer en público a través de Noticias RCN se convirtió en un escenario de alta exposición ante los medios de comunicación y, en general, ante la sociedad nacional.

Cabe remarcar que la mamá de las dos hijas menores del líder del Pacto Histórico ha estado lejos de los focos de Colombia desde hace varios meses, incluso antes del final del mandato presidencial. Eso sí, sus respuestas sobre él fueron positivas en la entrevista.

“Un buen padre, un buen ser humano. Tengo muy buena relación con él, la vamos a tener todo el tiempo porque tenemos hijos en común, que es lo más grande y maravilloso que nos ha quedado”, aseguró.

Eso sí, como otro dato llamativo, la fecha que Alcocer dio de su separación con Petro tendría una contradicción frente a otros episodios como las menciones que él hizo sobre la ruptura matrimonial.

Así, este nuevo capítulo quedó como parte de una entrevista de más de media hora con RCN que ofreció la alternativa de ver detalles que se suman al caso.

¿Cuánto duró el matrimonio de Gustavo Petro y Verónica Alcocer?

El vinculo matrimonial entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer tuvo una duración oficial de 26 años.

La historia de la pareja comenzó en el año 2000, periodo en el que contrajeron nupcias formalmente e iniciaron la construcción de su hogar familiar.

A lo largo de este periodo, la unión acompañó la trayectoria del líder político en sus distintas etapas legislativas, gubernamentales y campañas presidenciales.

Sin embargo, tras años de especulaciones sobre su convivencia diaria, ambos confirmaron públicamente el cierre definitivo de su relación como pareja sentimental.

La formalización legal de la separación civil concluyó formalmente hacia mediados del año 2026 mediante la firma de los documentos de divorcio correspondiente.

Recientemente, la propia Verónica Alcocer detalló que la disolución de su unión matrimonial se concretó de manera definitiva el 10 de agosto de 2026.

La ex primera dama explicó que durante años procuró mantener la unidad del hogar, respetando el bienestar de los hijos en común de la familia.

Pese al cese de la vida en pareja, ambos sostienen un trato cordial centrado en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida hacia su descendencia.

El fin de esta relación marca el cierre de una de las uniones más visibles de la política pública colombiana durante el último cuarto de siglo.

Durante los 26 años de matrimonio, la pareja superó múltiples desafíos personales y públicos en el marco del intenso panorama institucional del país suramericano.

El proceso de separación se manejó bajo esquemas institucionales y legales de mutuo acuerdo, garantizando la privacidad de los asuntos estrictamente personales.

Ambas figuras continúan sus trayectorias individuales manteniendo una comunicación fluida enfocada prioritariamente en la estabilidad de su entorno familiar y social cercano.

Esta etapa concluye de forma pacífica, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la vida personal de los dos reconocidos personajes públicos colombianos.

#OjoColombia

Ante el riesgo de apagón, solicito a alcaldes y empresas de energía evaluar técnicamente los alumbrados navideños. A los hogares: si encienden luces, que sean LED, por pocas horas y fuera de la hora pico (6–9 p.m.).

Ahorrar energía y agua hoy evita un apagón… pic.twitter.com/gh1VS6qf38

— Juan Espinal (@Juan_EspinalR) October 18, 2026

El congresista, presidente de la Comisión Quinta del Senado, planteó que las autoridades locales analicen si resulta conveniente mantener los alumbrados durante diciembre. Su petición no establece una prohibición, sino que busca que las administraciones y las empresas del sector revisen las condiciones del sistema eléctrico antes de tomar una decisión sobre las instalaciones navideñas.

“Esta es una decisión compleja, pero es una decisión que requiere sensatez”, afirmó Espinal al referirse a la posibilidad de prescindir de las luces este año. El senador advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, enfrenta el país por el aumento de la demanda de electricidad y la presión que las condiciones climáticas podrían ejercer sobre la generación de energía.

Entre sus argumentos, el congresista señaló que el fenómeno de El Niño podría afectar la disponibilidad de agua en los embalses que abastecen a las centrales hidroeléctricas. También aseguró que el consumo de electricidad está creciendo por encima de lo esperado y manifestó preocupación por la posibilidad de dificultades en el suministro durante los próximos meses. Estas afirmaciones hacen parte de las razones expuestas por el senador para pedir medidas preventivas.

“Hago un llamado a todos los colombianos para que eviten instalar alumbrados de navidad en sus casas, en sus edificios, en sus apartamentos. Tenemos que ser responsables. Necesitamos ahorrar energía y agua. Esta es una decisión compleja, pero es una decisión que requiere sensatez”, aseguró.

El llamado también se dirigió a los hogares que acostumbran decorar sus viviendas con luces navideñas. Para quienes decidan mantener esta tradición, Espinal recomendó utilizar bombillos LED, limitar las horas de funcionamiento y evitar encender las decoraciones entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, franja que identificó como de mayor demanda eléctrica.

En el centro de esta dinámica se encuentra el autodenominado triunvirato ministerial conformado por los jefes de las carteras del Interior, Rodrigo Lara; de Defensa, Jorge Mora, y de Justicia, Iván Cancino. Este equipo, caracterizado por jornadas de trabajo presencial todos los sábados, logró estructurar el nuevo estatuto antiterrorista —el cual recibió el respaldo del Consejo de Política Criminal para su radicación inminente en el Congreso— y adelantó el trámite de la ley de sometimiento, proyectada para culminar su aprobación en las comisiones primeras durante el mes de noviembre, según informó El Tiempo.

Paralelamente, la estrategia anticorrupción del Ejecutivo ha empezado a surtir efectos operativos en coordinación con los órganos de control. Fuentes enteradas señalaron que el presidente De La Espriella y el ministro Iván Cancino sostuvieron encuentros con la fiscal general, Adriana Camargo, para afianzar la implementación de agentes encubiertos dentro de entidades estatales. Si bien la atribución formal de esta figura recae en el ente acusador, reportes preliminares indicarían que la medida ya ha permitido corregir millonarias licitaciones y estimular la aparición de denunciantes voluntarios dispuestos a colaborar con la justicia.

En el frente judicial, el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) registró un movimiento trascendental en tiempo récord. La magistrada Paula Andrea Ramírez, quien asumió recientemente su cargo en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, proyectó un robusto documento de 667 páginas para resolver múltiples recursos interpuestos por las defensas de los políticos procesados. Entre las determinaciones adoptadas figura la citación a declarar en calidad de testigos a varios exparlamentarios, un listado en el que se encuentra el actual ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, cuya vinculación formal al debate procesal reavivará las discusiones en los estrados.

A este panorama se suman los reacomodos de los partidos tradicionales de cara a las próximas elecciones regionales. El Partido Conservador fijó su hoja de ruta y anunció que, a partir del próximo 29 de octubre en la región Caribe, iniciará un recorrido territorial para perfilar candidaturas bajo estrictas directrices: se priorizarán los aspirantes propios y se cerrarán de manera tajante las puertas a coaliciones con sectores de oposición o con simpatizantes que hayan respaldado la candidatura de Iván Cepeda. De manera simultánea, las altas instancias del Estado blindaron la institucionalidad tras disipar los rumores sobre un supuesto distanciamiento entre el procurador Gregorio Eljach y el registrador Hernán Penagos, quienes reafirmaron su compromiso de garantizar la armonía democrática de cara a los comicios locales de 2027.

Finalmente, el ecosistema tecnológico e institucional colombiano recibió un espaldarazo internacional tras el reconocimiento otorgado a la plataforma Comitium, un software desarrollado por LinkTIC que se alzó con el Premio Ingenio 2026 de Fedesoft en la categoría de Gobierno. La herramienta, empleada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para gestionar más de 1,6 millones de acreditaciones de testigos y observadores durante el ciclo electoral de 2026, consolida al país como un referente en la digitalización y transparencia de procesos democráticos en América Latina, cerrando un ciclo de profundas transformaciones en las altas cortes y en los organismos de control del Estado.

Dentro de los crímenes reconocidos se destacan cinco homicidios colectivos. El primero sucedió en el corregimiento de La Meza, Valledupar, el 11 de diciembre de 1999, donde cinco personas perdieron la vida. Posteriormente, el 30 de mayo de 2001, en el sector Los Tupes, San Diego, seis personas fueron asesinadas. Asimismo, los ataques del 13 de enero de 2001 en los barrios Bello Horizonte y Divino Niño, en Valledupar, causaron la muerte de nueve personas. El registro también incluye las incursiones armadas entre el 4 y el 7 de diciembre de 2005 en Lamas Verdes, Curumaní, con 20 víctimas mortales, además de 20 indígenas Kankuamo y Arhuaco asesinados, incluidos líderes y menores de edad.

De acuerdo con la Fiscalía, estos crímenes afectaron profundamente a las comunidades indígenas en sus prácticas culturales, espirituales, formas de vida y territorios. El órgano investigador enfatizó que las conductas atribuidas a “Jorge 40” formaron parte de un plan sistemático de amenazas, desplazamientos, torturas y homicidios contra opositores a la presencia paramilitar en esas regiones. Se documentó, además, que la destrucción de viviendas y bienes contribuyó a agravar las afectaciones para la población, debilitando la organización comunitaria y los medios de subsistencia, lo que puso en riesgo su permanencia en las zonas afectadas. La aceptación de cargos fue remitida a un juzgado especializado para determinar la pena respectiva.

Tovar Pupo inició sus vínculos con el paramilitarismo en 1996. En 1997, luego de reunirse con otros jefes paramilitares, adoptó el alias de “Jorge 40” y consolidó alianzas para expandir la violencia en contexto de lucha contra grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las Farc. Según testimonios presentados en distintos procesos judiciales, se le considera responsable de masacres como la de El Salado. Por otra parte, el pasado 12 de abril, la Corte Suprema de Justicia modificó su condena por la masacre de Media Luna, reduciéndola de 60 a 35 años de prisión tras la prescripción de uno de los delitos imputados. Toda la información presentada se deriva de la Fiscalía General de la Nación y reportes de El Espectador.

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¿Cuáles son los crímenes que reconoció “Jorge 40” ante la Fiscalía?

“Jorge 40” aceptó responsabilidad por delitos que incluyen homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. Según la Fiscalía General de la Nación, estos actos delictivos dejaron 145 víctimas en Valledupar y otros municipios entre 1999 y 2005, e incluyen cinco homicidios colectivos, asesinatos de líderes indígenas y menores, así como la destrucción de bienes y desplazamiento en comunidades indígenas.

¿Qué significa ‘homicidio en persona protegida’ en el contexto colombiano?

El término ‘homicidio en persona protegida’ hace referencia al asesinato de una persona que, por condiciones particulares, tiene una protección especial bajo el derecho internacional humanitario, como civiles, miembros de comunidades étnicas o personas fuera del conflicto armado. En los hechos admitidos por “Jorge 40”, varias víctimas correspondían a estas condiciones, especialmente integrantes de comunidades indígenas.

La directriz expuesta por el Gobierno dispone que se tracen líneas de base rectas entre los puntos extremos de todos los territorios insulares que conforman el archipiélago, aplicando la doctrina de archipiélago de Estado, reconocida en la Ley 10 de 1978. Esta delimitación será reflejada de manera oficial siguiendo las normas internacionales pertinentes. De acuerdo con Rodrigo Lara, ministro del Interior, esta decisión responde a un error cometido cuando Colombia presentó, en procesos anteriores ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, propuestas basadas en el meridiano 82 como frontera, un argumento que, según sus palabras, resultó "flojo". El fallo emitido por La Haya en 2012, resultado de esa postura, ordenó que Colombia entregara a Nicaragua cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, pero no la soberanía sobre las islas mayores ni los cayos.

Lara considera que lo dispuesto ahora corrige ese error y cita precedentes internacionales como el caso de Francia con las islas Kerguelen y Dinamarca con las islas Feroe, donde el trazado de líneas de base es aceptado globalmente. Además, se prevé instalar una mesa de diálogo con Nicaragua, bajo el supuesto de que el fallo de La Haya no se puede aplicar en su totalidad. La decisión sigue las tesis del jurista Enrique Gaviria Liévano, quien, según declaraciones recopiladas por El Espectador, sostiene que trazar las líneas de base protegería íntegramente el territorio y clarificaría la defensa ante disputas futuras.

Desde el Ministerio de Defensa se enfatizó la importancia geopolítica, ambiental y económica del archipiélago, calificándolo como una frontera innegociable y un motor nacional. La política integral de defensa implica una mayor presencia estatal y militar; además, De la Espriella aspira a convertir la zona en un "hub" marítimo y logístico, reforzando el control y la actividad económica bajo la premisa de ejercer soberanía a través de instituciones y vigilancia permanentes.

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¿Qué significa trazar líneas de base en el archipiélago de San Andrés y Providencia?

El trazado de líneas de base consiste en delimitar, mediante líneas rectas, los puntos extremos de los territorios insulares del archipiélago, definiendo así el perímetro exacto del territorio bajo soberanía colombiana, acorde a la Ley 10 de 1978 y los lineamientos internacionales en la materia. Este método se utiliza para consolidar la figura de archipiélago de Estado y es fundamental para la defensa legal y diplomática de Colombia frente a disputas con otros países.

¿Cómo impacta el fallo de La Haya en los límites marítimos de Colombia y Nicaragua?

El fallo de la Corte Internacional de Justicia en 2012 determinó que Colombia debía entregar cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar a Nicaragua, pero confirmó la soberanía colombiana sobre las principales islas y cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, el Gobierno colombiano considera que parte de ese fallo no puede aplicarse estrictamente y busca nuevas vías para defender su integridad territorial.

Las palabras de Mancuso surgieron como respuesta a las declaraciones que dio Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien indicó ante medios de comunicación que existieron presiones para que los excomandantes de las autodefensas involucraran a figuras de la oposición política. Mancuso fue enfático al asegurar: "Delegados del gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, De la Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó". Recordó también que, de los dos encuentros realizados en Valledupar, el primero fue privado y el segundo, al que asistieron medios de comunicación, fue en presencia de la propia Angie Rodríguez y del asesor Víctor de Currea-Lugo.

De acuerdo con Mancuso, tanto él como otros excomandantes rechazaron la solicitud y aclara que tampoco existe evidencia en video de ese intento, insistiendo en que "no hubo entrevista" y que, tras esa negativa, "la Mesa de Ralito no volvió a convocarse nunca". Mancuso lamentó que la oportunidad para que el Estado colombiano cerrara un proceso de paz se hubiera perdido. Sostiene que, después de la entrega de armas y confesión ante jueces, todavía existe una deuda con los excombatientes, afirmando que la ley Justicia y Paz podría tardar cerca de 60 años en concluir, de acuerdo con los ritmos actuales.

Por su parte, el periodista Melquisedec Torres sostiene que la supuesta estrategia oficial consistía en ofrecer beneficios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y libertad a exparamilitares como Saúl Severini, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, también conocido como ‘Martín Llanos’, a cambio de testimonios en contra de figuras opositoras. La intención original era transmitir las declaraciones en directo por RTVC, pero la estrategia fracasó debido a la resistencia liderada por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’.

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¿Qué se sabe sobre la solicitud a exparamilitares para acusar a líderes de la oposición?

Con base en lo expuesto por Salvatore Mancuso y Angie Rodríguez, la solicitud provino de delegados del Gobierno nacional durante reuniones en Valledupar. A los excomandantes de las autodefensas se les pidió acusar a figuras como Uribe, Vargas Lleras y De la Espriella, con la supuesta intención de influir en una elección, pero dicha petición fue rechazada y no existen pruebas en video que respalden esas acusaciones.

¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y qué papel tendría en este caso?

Según el periodista Melquisedec Torres, la JEP es un tribunal creado para juzgar crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano y, en este contexto, ciertos beneficios y posibles libertades serían ofrecidas a exparamilitares si colaboraban como testigos en contra de líderes opositores. No obstante, la estrategia no tuvo éxito por la oposición de otros exjefes paramilitares.

El tenso intercambio se produjo tras un saludo protocolario a los integrantes de la Armada Nacional en una instalación militar de la isla. En videos difundidos masivamente en redes sociales, el jefe de Estado cuestionó de manera directa a las dos dirigentes locales por su postura frente a la medida adoptada en el centro asistencial, el cual afronta graves dificultades financieras, desabastecimiento de insumos y retrasos prolongados en los pagos al personal médico. Durante el cruce, ante la intervención de la gobernadora sobre el apoyo solicitado al Ministerio de Salud, el mandatario la interrumpió tajantemente y aseguró: “Ayer me dijeron que estaban tranquilas con la intervención del hospital y se fueron allá a atravesarse”.

Asimismo, el presidente advirtió que la administración central supervisará minuciosamente cada recurso enviado al departamento, afirmando: “Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar”, al tiempo que anticipó rigurosas inspecciones de la fuerza pública y de los organismos de control sobre las finanzas departamentales y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina).

La polémica escaló aún más cuando el presidente vinculó sus advertencias a Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante Jay-Pang Díaz y propietario de la firma de agregados y concreto Josef’s Concrete, según informó Infobae. Sin presentar pruebas formales durante el careo público, el mandatario lanzó la acusación de que “toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la Gobernación”, poniendo el foco nacional sobre los vínculos entre la actividad empresarial privada del cónyuge y el entorno político de la curul liberal.

Por su parte, la representante Elizabeth Jay-Pang rechazó categóricamente los señalamientos presidenciales y defendió la legalidad de los negocios familiares. En declaraciones entregadas a Blu Radio, la congresista calificó las afirmaciones como producto de una supuesta desinformación y motivaciones políticas, señalando: “No es cierto, no es cierto. Yo creo que el presidente está mal informado sobre eso”. Explicó que su esposo administra una ferretería tradicional de la isla que atiende a todo tipo de público —tanto privado como público— y enfatizó: “Nosotros no tenemos ni un contrato con la gobernación”.

Agregó además que cuenta con la conciencia tranquila frente a las alertas enviadas a la Contraloría y la Procuraduría por parte de la Secretaría de Transparencia, concluyendo: “Me alegra que el presidente ahora esté hablando de corrupción, porque la única persona que se atrevía a hablar de corrupción en el departamento era yo”.

Mientras el Gobierno nacional ratifica que llevará la intervención en el sector salud hasta sus últimas consecuencias y vigilará la contratación local, la controversia política en el archipiélago promete nuevos capítulos en los estrados judiciales y en el escenario legislativo nacional.

Según contó Natalia a El Tiempo, María Alejandra viajó a la capital del Valle del Cauca para desempeñarse como modelo de protocolo en eventos de mercadeo. La joven le avisó el jueves 8 de octubre, cerca de las 11:00 de la mañana, que había llegado a la ciudad y le envió una fotografía de un letrero que indicaba su ingreso a Cali.

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En ese momento, la joven le explicó a su hermana que se movilizaba en un taxi y que debía esperar hasta las 3:00 de la tarde para ingresar al hotel donde se hospedaría. Sin embargo, Natalia aseguró que desconoce el nombre del establecimiento y que María Alejandra no le había entregado información detallada sobre las personas o empresas con las que iba a trabajar.

La familia tampoco sabía con anticipación que la joven viajaría a Cali. De acuerdo con el relato de su hermana, se enteró del desplazamiento cuando recibió la fotografía de su llegada. “Ella siempre ha sido una persona muy reservada”, comentó Natalia al medio, al explicar que su familiar vivía en Bogotá con su madre, mientras ella residía en otra vivienda.

El último contacto ocurrió el domingo 11 de octubre, aproximadamente a las 6:00 de la tarde, cuando María Alejandra le escribió a su hermana por WhatsApp. Natalia respondió el mensaje, pero no volvió a recibir contestación. Para el lunes siguiente, según su relato, los mensajes enviados al celular de la joven dejaron de llegar, lo que aumentó la preocupación de sus familiares.

Desde entonces, su madre, su hermana y otros seres queridos intentan reconstruir sus últimos movimientos y establecer quiénes podrían tener información sobre su paradero. “No hemos vuelto a tener mensajes de ella”, dijo Natalia a El Tiempo, al expresar su temor ante la falta de noticias. La familia también desconoce si María Alejandra continúa en Colombia.

Para ayudar a identificarla, sus familiares compartieron sus características físicas. María Alejandra mide aproximadamente 1,70 metros, tiene piel trigueña, contextura promedio, ojos negros y cabello negro, liso y largo hasta la cintura. Además, tiene un tatuaje de un lobo en el omoplato derecho, en la espalda, y perforaciones en ambas orejas.

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Las personas que la hayan visto o tengan información que permita establecer dónde está pueden comunicarse con su familia a través de la línea telefónica 312 390 5927. Mientras esperan noticias, sus seres queridos buscan reconstruir el recorrido que hizo desde su llegada a Cali y conocer el nombre del hotel y los contactos laborales que tuvo durante su estadía.

De acuerdo con la Gobernación, el convenio asigna recursos por $22.900 millones destinados exclusivamente para la entrega de estos apoyos. Los beneficiarios de esta ayuda económica serán las personas inscritas en el Registro Único de Damnificados (RUD). Este registro contiene la información de quienes reportaron afectación estructural en sus viviendas, clasificadas como destruidas o imposibles de habitar después del sismo ocurrido en el departamento.

El valor de la ayuda económica dependerá de la categoría del municipio en el que reside cada afectado. Según la información entregada, los montos individuales anunciados oscilan entre $787.000 y $1.050.000 por beneficiario. Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle, señaló que mientras en Roldanillo y Buenaventura se trata de la segunda jornada de entrega, para los otros municipios será la primera vez que los afectados acceden a este beneficio.

La dinámica de distribución será a través de la red SuperGIROS, por lo cual las personas inscritas en el RUD deberán estar pendientes de los canales oficiales de información para conocer los lugares y fechas específicas en que podrán reclamar su apoyo. Aunque la Gobernación anunció que la entrega comenzará “en los próximos días”, hasta el momento no se ha divulgado la fecha exacta de inicio para la dispersión de los recursos.

El terremoto dejó una huella profunda en la vida y patrimonio de miles de familias en el Valle del Cauca. Las autoridades buscan, con esta iniciativa, responder a una de las necesidades más urgentes: ofrecer un respaldo a quienes perdieron su vivienda, facilitando recursos para atender necesidades básicas, según los lineamientos oficiales.

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¿Quiénes pueden acceder a las ayudas económicas para damnificados del terremoto en el Valle del Cauca?

Solamente las personas que están inscritas en el Registro Único de Damnificados (RUD) y que tienen registrada su vivienda como destruida o inhabitable tras el terremoto podrán acceder a esta ronda de ayudas. La inscripción en el RUD es requisito indispensable para el respaldo anunciado, de acuerdo con la Gobernación del Valle.

¿Cuándo y cómo se realizará la entrega de las ayudas económicas para los afectados por el terremoto?

La fecha exacta para el inicio de la entrega de las ayudas aún no ha sido comunicada por la Gobernación del Valle, aunque se ha informado que será “en los próximos días”. Los beneficiarios deberán reclamar el apoyo económico a través de SuperGIROS y deben seguir atentamente los canales oficiales para conocer la programación definitiva.

La recolección de estos datos se lleva a cabo mediante una infraestructura moderna y coordinada. Estaciones meteorológicas instaladas en tierra, boyas ubicadas en los océanos, aviones comerciales y globos sonda que ascienden a la estratosfera contribuyen en la captura de información precisa sobre el entorno. Complementariamente, los satélites meteorológicos orbitan alrededor de la Tierra y ofrecen imágenes continuas y en tiempo real de la formación y movimiento de sistemas nubosos. Por su parte, el uso de radares en superficie permite seguir de cerca la evolución de las lluvias.

Una vez que toda esta información ha sido acopiada, es enviada a centros internacionales equipados con supercomputadoras de última tecnología. Allí, según detalla 90minutos.co, la información es procesada por modelos numéricos de predicción, programas informáticos que integran leyes fundamentales de la física y la termodinámica. Estos modelos dividen la atmósfera en una malla tridimensional, lo que permite calcular con alta precisión cómo se desplazarán y cómo interactuarán las masas de aire en el futuro inmediato, simulando los posibles escenarios minuto a minuto.

Ya enfocados en la situación de Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) emitió un reporte específico para este lunes, anticipando períodos de lloviznas y lluvias ligeras, intercalados con momentos secos durante la mañana y primeras horas de la tarde. Para el final de la tarde y en la noche, la CVC prevé una notable activación convectiva, fenómeno que incrementa la probabilidad de lluvias de intensidad entre ligera y moderada, especialmente en diversos sectores urbanos y periurbanos de la ciudad. Asimismo, la autoridad ambiental señaló que la inestabilidad responde al transporte de humedad desde el Pacífico y la divergencia en los niveles altos de la atmósfera, lo que mantiene un potencial significativo de lluvias durante el día.

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¿Cómo se recopilan y procesan los datos para un pronóstico del clima?

La recolección de datos para realizar un pronóstico del clima se realiza mediante una red internacional de estaciones meteorológicas, boyas marítimas, globos sonda, aviones y satélites que captan variables como temperatura, presión, humedad y viento. Estos datos se envían a centros equipados con supercomputadoras que procesan la información mediante modelos numéricos basados en leyes físicas y termodinámicas para simular la evolución de la atmósfera.

¿Cuál es el pronóstico del clima para Cali según la CVC hoy lunes?

Según la CVC, para este lunes se esperan lluvias ligeras y lloviznas en Cali, alternadas con periodos secos en la mañana y temprano en la tarde; hacia la tarde y la noche, se prevé un aumento de la actividad convectiva, lo que podría generar precipitaciones de leves a moderadas en diferentes sectores urbanos y periurbanos de la ciudad, motivadas por el transporte de humedad desde el Pacífico y condiciones atmosféricas inestables.

La información disponible indica que alias ‘Compita’ cuenta con cerca de cinco años dentro de las filas del ELN, según labores de inteligencia. Entre 2022 y 2024, habría hecho parte de la Red de Apoyo al Terrorismo (RAT), y posteriormente, de 2025 a 2026, habría asumido un papel clave como operador de los drones artillados que incrementaron el temor en comunidades del sur del Cesar. Las autoridades lo señalan como el principal responsable del armado y pilotaje de aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos y armas de fuego, tecnología civil que fue adaptada para fines bélicos.

Las acciones atribuibles a alias ‘Compita’ están relacionadas con una ola de incursiones armadas registradas contra infraestructuras policiales en Pailitas, Pelaya y Curumaní, municipios que han experimentado hostigamientos a través de ataques aéreos con drones durante el año. Las autoridades informaron que estos hechos dejaron daños estructurales considerables en estaciones de policía, además de ocasionar heridos y víctimas mortales, lo que aumentó la sensación de inseguridad entre los habitantes de la zona.

Uno de los episodios más graves se presentó a finales de agosto, cuando el Batallón Energético N.° 3 fue blanco de un ataque aéreo en el sector de Las Cabañas, en Pelaya, durante el cual fueron lanzados cerca de 40 explosivos mediante drones y resultaron heridos tres militares. Pocos días después, la subestación policial de El Burro, en Pailitas, sufrió daños significativos por un artefacto arrojado desde el aire, en una estructura ya evacuada por hostigamientos anteriores.

Ante estos hechos, el Gobierno nacional y la Gobernación del Cesar organizaron consejos extraordinarios de seguridad y anunciaron la aplicación del Plan Urano, así como la inversión de recursos a través del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset) para dotar a la Fuerza Pública de inhibidores de señal y tecnología antidrones. Tras su captura, alias ‘Compita’ y los otros dos capturados fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación, enfrentando cargos por delitos asociados a armas, explosivos y narcotráfico, según reportó la Quinta Brigada del Ejército.

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¿Quién es alias ‘Compita’ y por qué es considerado clave en los ataques con drones del ELN en Cesar?

Alias ‘Compita’ es señalado por autoridades militares y policiales como uno de los principales operadores del ELN en el sur del Cesar. Con una trayectoria de alrededor de cinco años en esa guerrilla, se le atribuye la coordinación y pilotaje de drones armados usados en ataques recientes contra la Fuerza Pública y estaciones policiales en municipios como Pailitas, Pelaya y Curumaní.

¿Cómo han impactado los ataques con drones en la seguridad del sur del Cesar según las autoridades?

De acuerdo con reportes oficiales, los ataques aéreos con drones han incrementado el sentimiento de inseguridad y zozobra entre los pobladores, han causado considerables daños estructurales en estaciones policiales y han dejado varios uniformados heridos y fallecidos. Esto ha motivado medidas gubernamentales extraordinarias y la adopción de tecnología antidrones por parte de la Fuerza Pública.

Los hechos sucedieron específicamente en el sector conocido como La Rochela, cerca de la vereda El Viso, lugar que hace parte de la jurisdicción del municipio de Ataco. Este episodio causó alarma entre las autoridades y habitantes de la zona, debido a la gravedad de las heridas presentadas por quienes estuvieron implicados en el siniestro.

Según los primeros reportes, uno de los pacientes ingresó al hospital en delicado estado, requiriendo atención inmediata bajo lo que se denomina "código azul", término médico que indica la necesidad de una respuesta de emergencia ante una situación de peligro vital. Sin embargo, pese a la circulación de información extraoficial sobre el posible fallecimiento de una de las víctimas, ni las autoridades de tránsito ni los organismos de salud han confirmado oficialmente el deceso hasta el momento.

En cuanto a las causas del accidente, la información obtenida por El Nuevo Día señala que aún no se han establecido de manera oficial las circunstancias que llevaron a la colisión entre la motocicleta y la camioneta. Las autoridades se encuentran a la espera de los resultados de las investigaciones y de un pronunciamiento formal, tanto de los organismos de control como del centro asistencial, que permita conocer el avance en la recuperación de los pacientes y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

El accidente ha puesto de nuevo sobre la mesa la preocupación por la seguridad vial en este corredor del sur del Tolima, donde la falta de información clara sobre las causas del incidente subraya la importancia de esperar confirmaciones oficiales antes de difundir versiones no verificadas.

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¿Qué significa el código azul en casos de emergencias médicas?

El término "código azul" hace referencia a una alerta que indica una situación de emergencia médica crítica, en la que se requiere atención inmediata para salvar la vida de un paciente. En el contexto de este accidente, significa que uno de los heridos llegó al hospital en estado muy grave y se activó un protocolo especial para responder rápidamente a su condición.

¿Cuál es el estado de los heridos en el accidente de Ataco y se ha confirmado alguna muerte?

De acuerdo con la información recogida por El Nuevo Día, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Nuestra Señora de Lourdes de Ataco. Aunque hay versiones extraoficiales sobre el posible fallecimiento de uno de los involucrados, hasta el momento las autoridades y el centro asistencial no han confirmado ninguna muerte relacionada con este accidente.

La intervención de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) incluyó el uso de tanquetas y dispositivos aturdidores. Según Holguín, la Policía Nacional cumplió con su deber de garantizar que la protesta se desarrollara de forma pacífica y se protegieran tanto los ciudadanos como el patrimonio. Además, la ministra señaló que el Gobierno se compromete a que el Museo Nacional conserve, proteja y divulgue toda la cultura, representando a toda la ciudadanía, no solo a ciertos sectores. Por ese motivo, informó que se revisarán la museografía, museología y curaduría del Museo Nacional y los otros museos administrados por el Gobierno.

Sobre los derechos de las víctimas, Holguín sostuvo que su administración está comprometida con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y advirtió que no permitirá actos que representen apología al delito. Por otro lado, la senadora Jennifer Pedraza indicó a El Espectador que las exposiciones del Museo Nacional son producto de equipos multidisciplinarios de aproximadamente 100 profesionales que evalúan las obras, y alertó sobre lo que considera un intento de censura por parte del Gobierno al evitar la representación de distintas versiones de la historia nacional.

La ministra Holguín también ha sido centro de otra controversia, ya que una investigación de CasaMacondo reveló que ella no completó los requisitos para obtener la maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto. Según el brigadier general Jaime Andrés Valencia Monsegny, Holguín aprobó 30 de los 40 créditos académicos, pero no presentó el trabajo de grado ni el requisito de segundo idioma. Aunque figuraba como egresada de esa maestría en su perfil de LinkedIn y en documentos oficiales, en su hoja de vida oficial no está incluido.

Este caso se añade al debate suscitado cuando la Universidad Pontificia Bolivariana aclaró que Holguín aprobó las materias y el trabajo de grado en la maestría en Estudios Políticos, pero no obtuvo título. La ministra reiteró públicamente que en cada espacio se ha presentado como egresada, no graduada.

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¿Por qué protestaron frente al Museo Nacional por el retiro de piezas de memoria histórica?

Las protestas frente al Museo Nacional surgieron tras la remoción de 30 piezas que representaban a la población LGBTIQ+, los movimientos feministas y diversos hechos de la memoria política nacional, incluido el Acuerdo de Paz de 2016. La medida fue interpretada por algunos sectores como un intento de censura y exclusión de narrativas históricas, lo que motivó la manifestación, de acuerdo con la información publicada por El Espectador.

¿Cuáles son las polémicas sobre los títulos universitarios de Paola Holguín?

Paola Holguín enfrenta señalamientos porque, según CasaMacondo y El Espectador, no completó los requisitos para graduarse de la maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, aunque figura como egresada en varias plataformas. Además, una aclaración de la Universidad Pontificia Bolivariana indicó que aunque aprobó materias y trabajo de grado de una maestría en Estudios Políticos, no recibió el título. La ministra argumenta que siempre se presentó como egresada y no como graduada.

Las víctimas de este suceso fueron identificadas como José Javier Trujillo Bonilla, de Milán, Caquetá; Carlos Albeiro Lagos Plazas, proveniente de Gámeza, Boyacá; y José Javier Trujillo Culma, originario de Florencia, Caquetá, relacionado con la vereda Palmichal. El reconocimiento de la procedencia de cada víctima aporta elementos clave a los investigadores, aunque hasta el momento no se ha revelado información adicional que vincule a los hombres entre sí o que aclare si existía alguna relación previa entre ellos y la zona donde fueron hallados.

Según las fuentes oficiales citadas en el informe, aún no han sido establecidos los motivos detrás del ataque ni se ha hecho pública la identidad de quienes cometieron el crimen. Las autoridades mantienen abierta la investigación y concentran sus esfuerzos en determinar el contexto y la mecánica de los hechos, imprescindible para avanzar en esclarecer el caso.

El clima de incertidumbre en la zona crece, dado que este tipo de sucesos altera la tranquilidad de los habitantes de Chaparral y sus alrededores. Los equipos judiciales tienen la tarea de recolectar pruebas y testimonios en el sector de Amoyá, buscando indicios que permitan reconstruir el momento exacto y las circunstancias que rodearon la muerte de los tres hombres.

La comunidad, entre tanto, aguarda respuestas sobre lo ocurrido, mientras las autoridades insisten en el llamado a suministrar cualquier información relevante que facilite la identificación de los responsables y motive avances en la investigación.

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¿Qué hipótesis manejan las autoridades sobre el triple homicidio en Chaparral Tolima?

Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible, las autoridades no han divulgado hipótesis claras sobre los posibles motivos detrás del triple homicidio registrado en el corregimiento de Amoyá, en Chaparral, Tolima. Las investigaciones se centran en establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y en identificar a los posibles responsables, pero aún no hay datos públicos que orienten sobre las causas.

¿Quiénes fueron las víctimas del triple homicidio en Chaparral y de dónde eran?

De acuerdo con los datos disponibles, las víctimas del triple homicidio en Chaparral fueron identificadas como José Javier Trujillo Bonilla, oriundo de Milán, Caquetá; Carlos Albeiro Lagos Plazas, de Gámeza, Boyacá; y José Javier Trujillo Culma, procedente de Florencia, Caquetá, quien estaba vinculado con la vereda Palmichal.

De acuerdo con la Procuraduría, existe preocupación por presuntas deficiencias en la gestión y autorización de viajes internacionales para el personal responsable de supervisar las pruebas técnicas de los equipos en la planta del fabricante. Estas pruebas, que debían realizarse antes de que los equipos fueran enviados e instalados en Colombia, eran un requisito clave para validar la calidad de los dispositivos y para garantizar la adecuada capacitación de quienes operarían el sistema, según lo estipulado en el contrato del proyecto.

La falta de autorización de estos desplazamientos habría impedido que el personal encargado cumpliera con ese proceso, lo cual podría haber comprometido tanto el control de calidad de los equipos como la formación técnica del personal de la Aerocivil. El valor del contrato, suscrito por la Aeronáutica Civil, supera los 3.600 millones de pesos colombianos, lo que subraya la magnitud y la relevancia de la contratación.

Vale la pena recordar que no se trata de la primera acción de la Procuraduría frente a la Aerocivil; el 31 de julio, la entidad de control anunció una indagación previa contra la institución por otras presuntas irregularidades contractuales. En esa oportunidad, la atención se centró en la posible contratación irregular de Gabriela Muñoz, una exauxiliar de 20 años y estudiante de Derecho, así como de varios familiares suyos. La Procuraduría también indaga si Muñoz, durante su paso por la entidad, asumió decisiones fuera de sus funciones.

Este nuevo procedimiento disciplinario se suma, entonces, a la serie de cuestionamientos que en los últimos meses rodean la gestión administrativa de la Aerocivil en materia de contratación pública y cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los contratos.

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¿Qué irregularidades investiga la Procuraduría en el contrato de la Aerocivil para el sistema de comunicación?

La Procuraduría investiga principalmente la gestión y autorización de los viajes internacionales de los supervisores encargados de verificar pruebas técnicas en la fábrica de los equipos adquiridos por la Aerocivil. Según el ente de control, la supuesta omisión de estas pruebas técnicas podría haber afectado la calidad del sistema instalado y la capacitación adecuada del personal, lo que constituiría una infracción a las obligaciones contractuales establecidas.

¿Por qué se abrió indagación previa a la Aerocivil por presuntas irregularidades en contratación?

El órgano de control abrió una indagación previa a raíz de posibles anomalías en la contratación de Gabriela Muñoz, exauxiliar y estudiante de Derecho, y de varios de sus familiares dentro de la Aerocivil. La investigación busca establecer si hubo irregularidades en la manera como se vinculó a estas personas y si Muñoz tomó decisiones más allá de las funciones asignadas a su cargo en la entidad.

Gustavo Petro “gobernó” a Colombia como su finca de ocio y fechorías. La inundó de sediciosos y delincuentes con Patente de corso, metió bandidos y ladrones en su gabinete, con dineros públicos abusó de beneficios, exprimió las arcas del estado y lo dejó quebrado. Pero además, no…

— Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) October 18, 2026

“Gustavo Petro ‘gobernó’ a Colombia como su finca de ocio y fechorías”, escribió Londoño, quien también cuestionó la presencia de personas que calificó de delincuentes en el entorno del jefe de Estado. Sus comentarios estuvieron acompañados de señalamientos sobre la conformación del gabinete presidencial y el manejo de los recursos públicos.

(Vea también: “Iba a ungir a los presos”: Alcocer salió con insólita justificación sobre sus visitas a las cárceles)

El periodista también acusó al Gobierno de permitir que personas vinculadas a actividades ilegales se beneficiaran de su cercanía con el poder. En el mismo mensaje, sostuvo que la administración de Petro habría utilizado de manera indebida recursos estatales y cuestionó el estado de las finanzas públicas al cierre de su gestión.

Otro de los puntos de su crítica fue el supuesto incumplimiento de las promesas dirigidas a los sectores de la población que el presidente aseguró defender. Londoño afirmó, además, que familiares y amigos del mandatario habrían tenido influencia en asuntos relacionados con el dinero de los colombianos, aunque en el mensaje compartido no presentó detalles ni pruebas específicas para sustentar esos señalamientos.

El periodista cerró su pronunciamiento con una descalificación hacia quienes, según él, hicieron parte de ese entorno: “Ladrones, vagos e incompetentes”. Las declaraciones constituyen una crítica de Londoño a Petro y a su administración; los señalamientos sobre delitos y uso irregular de recursos deben entenderse como acusaciones del autor del mensaje y no como hechos comprobados a partir de la información suministrada.

Según la información expuesta en la investigación periodística y respaldada por el testimonio de Mancuso, los hechos se remontarían a encuentros sostenidos en octubre de 2025 en la capital del Cesar. En dichas reuniones, delegados oficiales habrían solicitado a los exjefes paramilitares que accedieran a formular acusaciones directas contra el expresidente Álvaro Uribe, el hoy mandatario y entonces figura pública Abelardo De La Espriella, y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. El objetivo primordial de dicha maniobra habría sido desacreditar a estas personalidades en medio de la contienda electoral y debilitar los contrapesos institucionales para ganar las elecciones. 

Al referirse a la propuesta ilegal planteada por los emisarios gubernamentales, Mancuso fue enfático en señalar que la respuesta colectiva de los exmandos paramilitares fue de rechazo categórico. En su declaración audiovisual, el exjefe de las AUC aseveró textualmente: “Delegados del gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: Uribe, Abelardo De La Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”. Asimismo, el exparamilitar indicó que el encuentro frustrado había sido abordado previamente con el propio presidente Gustavo Petro un año antes en Montería, bajo la premisa institucional de buscar un cierre definitivo al proceso de desmovilización de Justicia y Paz.

Muy atentos. El exjefe paramilitar @MancusoSalvat reconfirma todo lo que revelé en mi columna al país, el gobierno Petro y su Pacto de Valledupar para destruir a la oposición. https://t.co/rMJWMl1RjX

— Melquisedec Torres (@Melquisedec70) October 19, 2026

La negativa de los exparamilitares a secundar la presunta estrategia oficial generó profundas fisuras y tensiones dentro de las mesas de diálogo impulsadas por el Ejecutivo. Según los reportes periodísticos, los emisarios gubernamentales habrían insistido en condicionar beneficios jurídicos o cupos de libertad transicional a cambio de declaraciones incriminatorias, lo que desató un fuerte malestar entre los exjefes de las autodefensas presentes en el recinto. Ante la gravedad de los señalamientos, diversos sectores políticos, encabezados por el Centro Democrático, exigieron formalmente a la Fiscalía General de la Nación que abra una indagación exhaustiva para establecer si existió un uso indebido de las instituciones del Estado y de la justicia transicional con fines de persecución política.

Mientras los estrados judiciales evalúan la apertura de investigaciones preliminares para determinar responsabilidades penales y disciplinarias, el escándalo del ‘Pacto de Valledupar’ continúa sacudiendo los cimientos de la política nacional.

Ante este panorama, la comunicación con la ciudadanía se ha reforzado a través de la divulgación de líneas de atención para reportar cualquier eventualidad o solicitar auxilio. Las principales rutas de contacto recomendadas incluyen los números de emergencia de entidades como bomberos (119), defensa civil (144), cruz roja (132), policía nacional (112) y la línea única de emergencias (123). Dichos canales permanecen habilitados para responder a incidentes relacionados con la fuerte temporada de lluvias y eventuales situaciones de riesgo para la comunidad.

En respuesta a las condiciones climáticas adversas, las autoridades han enfatizado la importancia de reportar de manera oportuna cualquier novedad o manifestación de peligro. Esta estrategia de prevención busca no solo salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos, sino también permitir una rápida reacción por parte de los equipos de emergencia y minimizar el impacto que los fenómenos naturales puedan tener en Cali.

El monitoreo constante y la actitud proactiva se han convertido en componentes esenciales de la gestión pública local frente a los desafíos climáticos. Así, el continuo llamado a la colaboración ciudadana y la disponibilidad de servicios de emergencia evidencian un enfoque coordinado para enfrentar las lluvias, el encharcamiento y los inconvenientes en la movilidad reportados en diversas zonas de la ciudad este lunes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las líneas de emergencia para reportar incidentes por lluvias en Cali?

Para reportar cualquier situación de riesgo causada por las lluvias en Cali, las autoridades recomiendan comunicarse con las siguientes líneas de emergencia: bomberos (119), defensa civil (144), cruz roja (132), policía nacional (112) y la línea única de emergencias (123). Estos canales están activos para recibir reportes y atender incidentes derivados de las condiciones climáticas adversas, según informó Noticiero 90 Minutos.

¿Qué efectos han causado las fuertes lluvias en Cali este lunes 19 de octubre?

De acuerdo con los reportes oficiales, las lluvias intensas de este lunes han ocasionado encharcamientos en algunas vías de Cali, lo que ha llevado a la presencia de congestión vehicular y a la necesidad de monitoreo constante en sectores afectados. Las autoridades mantienen vigilancia y recomiendan a la ciudadanía reportar cualquier situación que implique riesgos para garantizar una rápida respuesta ante posibles emergencias.

La muerte de Niversy ocurrió tras una fuerte discusión en la casa donde vivía con su pareja, Ismael Alberto Manjares Acevedo, quien es señalado como presunto responsable del ataque. Testimonios de allegados revelan que la joven había alertado a su familia sobre amenazas que habrían provenido de Ismael. Según relató una tía, Niversy mencionó reiteradamente frases intimidantes de su compañero, como “la mato a usted, mato a los niños y me mato yo”. Este relato ilustra el ambiente de constante miedo que se vivía en el hogar.

De acuerdo con el testimonio de su tía, ella decidió intervenir al escuchar la discusión. Logró rescatar a los tres niños a pesar de que Ismael supuestamente le apuntó con un arma de fuego. Minutos después, se escucharon disparos y, posteriormente, el hombre habría intentado buscar a los niños donde se habían refugiado, sin conseguirlo. Los hechos culminaron con la muerte de ambos adultos: primero Niversy y, más tarde, Ismael, quien falleció en un centro asistencial tras sufrir una herida en el rostro.

La familia compartió detalles sobre la vida de la pareja: Niversy e Ismael se conocieron en Santa Marta cuando tenían 18 y 23 años, respectivamente. Formaron una familia y se trasladaron a Tolima, donde Niversy se dedicaba al hogar y trabajaba ocasionalmente como manicurista; Ismael, en labores agrícolas. Según los familiares, la relación fue deteriorándose por celos, supuestas infidelidades y discusiones constantes. Incluso, se indicó que Niversy había manifestado deseos de terminar la relación.

El impacto emocional del hecho se reflejó en las palabras de uno de los niños, quien contó a su tía: “Tía, ¿cómo no voy a estar triste si mi papá mató a mi mamá?”. Los menores, de ocho, cuatro años y 18 meses, quedaron bajo la custodia de la familia materna. De acuerdo con información preliminar de la Policía, Ismael tenía antecedentes judiciales por presunto porte ilegal de armas, dato que será clave en la investigación sobre lo sucedido.

Las autoridades deben reconstruir minuciosamente los hechos y verificar los antecedentes de violencia y amenazas relatados por la familia. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrieron los hechos del presunto feminicidio de Niversy en Tolima?

Según testimonios recogidos por la familia y reportes de la Policía, el caso se habría desencadenado tras una fuerte discusión entre Niversy e Ismael, en la que hubo disparos y amenazas previas. Los detalles precisos aún están bajo investigación oficial, pero se sabe que hubo intervención de familiares para proteger a los menores y que ambos adultos fallecieron tras el ataque.

¿Qué antecedentes tenía Ismael Alberto Manjares Acevedo antes de la tragedia?

De acuerdo con información preliminar proporcionada por la Policía, Ismael tenía anotaciones judiciales por presunto porte ilegal de armas. Esta información forma parte de los elementos que analizan las autoridades para esclarecer el contexto y las circunstancias en que ocurrió el presunto feminicidio.

Dentro de la agenda presidencial destaca la realización de un Consejo de Seguridad en la Décima Octava Brigada del Ejército. A este encuentro se sumarán ministros, el alcalde de Arauca Juan Quenza, el gobernador Renson Martínez y altos mandos militares. La convocatoria pone en evidencia la preocupación estatal frente a la presencia de grupos armados ilegales y la necesidad de reforzar estrategias conjuntas entre el gobierno nacional y los líderes locales, en uno de los departamentos más golpeados por la violencia.

Posteriormente, según los datos aportados, se llevará a cabo el evento “Milagro de las Regiones – Gobierno en Territorio”. Allí, el Ejecutivo tiene previsto exponer sus planes y propuestas específicas para esta zona de la Orinoquía, una región estratégica tanto por su ubicación como por los desafíos en materia de tierra, desarrollo y seguridad ciudadana. En este acto se anticipa la socialización de algunas líneas del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, integrando a los jefes territoriales y sectores sociales en la discusión.

La llegada de Abelardo de la Espriella a Arauca representa además su primera visita como jefe de Estado a suelo araucano tras haber ganado en ese departamento con una diferencia considerable en la segunda vuelta presidencial. En su equipo de gobierno, la exrepresentante Lina María Garrido, natural de Arauca y directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), funge como una de las piezas políticas clave, consolidando la presencia de liderazgos regionales en puestos de toma de decisión.

La gira presidencial se produce después de recientes señalamientos del propio mandatario hacia la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz, a quienes acusó de supuestos malos manejos administrativos. Ellas rechazaron cualquier irregularidad. Estos pronunciamientos se sumaron al desarrollo de consejos de seguridad en el archipiélago, donde igualmente se discutieron los lineamientos iniciales del plan gubernamental para las regiones. Finalmente, Arauca se suma a otras recientes paradas del mandatario en la Orinoquía, como Yopal, Casanare y Puerto Carreño, Vichada, en actividades de articulación regional.

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¿Por qué la visita del presidente Abelardo de la Espriella a Arauca es relevante para la seguridad regional?

La presencia del presidente Abelardo de la Espriella en Arauca se considera significativa debido a que la región enfrenta altos índices de violencia y la fuerte incursión del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según El Espectador, el Consejo de Seguridad programado busca reforzar el trabajo conjunto de autoridades nacionales y locales para hacer frente a estos desafíos, poniendo el foco en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

¿Qué busca el evento ’Milagro de las Regiones – Gobierno en Territorio’ en Arauca?

El evento “Milagro de las Regiones – Gobierno en Territorio” tiene como objetivo principal exponer los planes y propuestas del Ejecutivo para Arauca y la Orinoquía. De acuerdo con la información del artículo, este encuentro permitirá al gobierno nacional socializar sus estrategias para el desarrollo y la seguridad, alineando así las prioridades territoriales con las políticas nacionales a través de la participación directa de autoridades y ciudadanía local.

Sin embargo, dichos trabajos de reposición y optimización tendrán como consecuencia la suspensión temporal del suministro, afectando principalmente al barrio Alfonso Barberena. Según la empresa, la interrupción del servicio impactará desde la calle 33 C hasta la calle 33 E, entre la carrera 24 B y la carrera 27. Específicamente, el corte de agua está programado para comenzar a las 8:00 a.m. y finalizar a las 9:00 p.m., lo que implica casi trece horas de suspensión continua.

Ante las afectaciones esperadas, Emcali recalcó que dispondrá de un carrotanque para suministrar agua en la zona impactada. Esta medida busca mitigar las molestias de los habitantes y garantizar que puedan acceder a agua potable durante las horas en que la red estará fuera de servicio.

Además de Alfonso Barberena, otros barrios que afrontarán cortes en el suministro este lunes son El Troncal y San Antonio, según reportó Noticiero 90 Minutos. En El Troncal, la interrupción afectará la calle 33 A # 8 A 86. En San Antonio, el corte tendrá lugar en la carrera 4 # 1 - 75.

Estas jornadas de mantenimiento y mejora hacen parte del compromiso de Emcali por modernizar y mantener en óptimas condiciones la infraestructura de acueducto de Cali, aunque esto supone inconvenientes momentáneos para los residentes de las zonas involucradas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Cali estarán sin agua por trabajos de Emcali este lunes?

De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, los barrios afectados por los trabajos de reparación y optimización de Emcali serán Alfonso Barberena, El Troncal y San Antonio. Las zonas específicas dentro de estos barrios han sido detalladas por la empresa, incluyendo calles y carreras, y la suspensión del servicio está programada entre las 8:00 a.m. y las 9:00 p.m. en Alfonso Barberena.

¿Qué es un carrotanque y cómo ayuda durante cortes de agua en Cali?

Un carrotanque es un vehículo especializado en el transporte de grandes volúmenes de agua potable. En el contexto de los cortes previstos por Emcali, este recurso se utilizará para proveer agua a los habitantes de las zonas afectadas, garantizando que cuenten con suministro mientras duran las labores técnicas en las redes de acueducto.

El Gobierno nacional buscará un “diálogo de buena fe con Nicaragua” sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 19 de noviembre de 2012, que confirmó la soberanía colombiana sobre siete formaciones insulares del archipiélago de San Andrés y fijó una nueva delimitación marítima entre ambos países.

La postura institucional surgió como respuesta inmediata a las declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella, quien confirmó que promulgará un decreto ejecutivo el próximo 30 de noviembre.

Mediante esta norma oficial, el Ejecutivo proyecta definir las líneas de base territoriales e inscribir sus puntos geográficos exactos en la cartografía marítima nacional de forma definitiva.

Conforme al criterio del jefe de Estado, la iniciativa administrativa tiene como propósito cumplir las obligaciones legales fijadas en la Ley 10 de 1978 sobre demarcación costera.

“El territorio arrecifal es parte integral del territorio colombiano y desde ese decreto que firmaremos en noviembre lo será con coordenadas, como manda la ley que vamos a hacer cumplir”, afirmó el presidente De La Espriella durante su alocución presidencial de este domingo.

Las líneas de base constituyen las cotas cartográficas fundamentales a partir de las cuales cada Estado delimita la proyección jurídica de su dominio marítimo costero.

Al respecto, el ministro Lara aseveró que la fijación de estas referencias protegerá la condición insular unificada del territorio nacional, criticando a su vez las actuaciones procesales desarrolladas previamente en La Haya.

El objetivo central de la administración busca catalogar las zonas acuáticas comprendidas entre los cayos del territorio insular bajo la figura jurídica de aguas interiores colombianas.

No obstante, la sentencia dictada en 2012 adjudicó una porción de dichos sectores marinos a la zona económica exclusiva nicaragüense, otorgando derechos sobre la explotación de recursos.

Dentro de dicho marco, el fallo mantuvo la potestad absoluta de Colombia sobre cada una de las formaciones emergidas reconocidas con sus respectivos mares territoriales.

La publicación del articulado está programada para el 30 de noviembre, coincidiendo de forma estratégica con la conmemoración especial de la fiesta patronal de San Andrés.

En ese sentido, De La Espriella ratificó la medición topográfica e inclusión cartográfica de los arrecifes, mientras Lara enfatizó la importancia de iniciar aproximaciones diplomáticas de concertación bilateral.

Este paso administrativo reabre un capítulo trascendental en la gestión de las fronteras marinas, priorizando la preservación del ecosistema archipelágico y la defensa del patrimonio nacional.

¿Qué dice el fallo de La Haya sobre límites de Colombia y Nicaragua?

La Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya emitió dos sentencias trascendentales para dirimir la disputa territorial y marítima entre Colombia y Nicaragua.

En el histórico fallo del 19 de noviembre de 2012, el tribunal confirmó de manera unánime la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Asimismo, la alta corte reconoció la potestad de Colombia sobre las siete formaciones insulares de Alburquerque, Bajo Nuevo, Cayos Este-Sureste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla.

Sin embargo, la sentencia modificó la frontera marítima del Caribe al otorgarle a Nicaragua una amplia zona económica exclusiva en áreas que antes administraba el gobierno colombiano.

El fallo trazó una nueva línea de delimitación continental, reconociendo el mar territorial de 12 millas alrededor de los cayos colombianos pero rodeándolos de aguas bajo jurisdicción nicaragüense.

Posteriormente, el 13 de julio de 2023, la Corte dictó un fallo definitivo que desestimó las pretensiones de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de 200 millas.

La magistratura internacional concluyó que un país no puede extender su plataforma continental si esta se superpone con las 200 millas marinas correspondientes a la zona exclusiva de otro Estado.

Con esta última decisión judicial, los jueces rechazaron fijar límites marinos adicionales, protegiendo los derechos marítimos del territorio insular colombiano en el mar Caribe.

Las determinaciones del tribunal internacional concluyeron el largo diferendo jurídico planteado ante la sede judicial internacional, dejando en firme las soberanías y competencias marítimas actuales.

El Estado colombiano sostiene la defensa integral de su territorio insular, aplicando mecanismos diplomáticos y normativos para consolidar su presencia en las zonas marítimas caribeñas.

Buitrago, de 35 años, sufrió lesiones de gravedad en varias partes de su cuerpo, incluyendo el hombro y antebrazo izquierdo, así como en la mejilla derecha y el labio superior. A pesar de que fue trasladado con urgencia a la Unidad de Salud de Ibagué (USI), sede Ricaurte, falleció producto de la gravedad de las heridas. De acuerdo con versiones extraoficiales que recogió la Policía, la situación habría comenzado con una discusión entre Luis Antonio y dos hombres, quienes serían conocidos con los alias de ‘Vaca’ y ‘Perra’. Sin embargo, las autoridades aclararon que aún se deben establecer las circunstancias exactas de la participación de cada uno en el hecho.

La Policía actuó rápidamente y capturó en flagrancia a un hombre de 36 años en el lugar de los hechos, identificándolo como el presunto responsable del ataque. Este individuo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por su presunta vinculación con el homicidio. La Seccional de Investigación Criminal, SIJIN, asumió las tareas de esclarecimiento del caso, centrándose en recopilar pruebas y testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido.

En cuanto al capturado, la Policía Metropolitana de Ibagué señaló que presenta tres anotaciones judiciales previas como indiciado por el delito de lesiones personales, correspondientes a los años 2009, 2023 y 2026. Mientras las investigaciones continúan, las autoridades trabajan para esclarecer completamente los hechos y determinar el motivo concreto que originó la agresión fatal contra Luis Antonio Buitrago.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre la discusión previa al homicidio de Luis Antonio Buitrago en Ibagué?

Según información recogida por la Policía Metropolitana de Ibagué, antes del ataque con machete habría ocurrido una discusión entre Luis Antonio Buitrago y dos hombres identificados con los alias de ‘Vaca’ y ‘Perra’. Aunque se manejan versiones extraoficiales sobre el altercado, la participación específica de cada persona aún está bajo investigación y las autoridades continúan recopilando elementos probatorios para esclarecer los hechos.

¿Cuál es el historial judicial del hombre capturado por el homicidio en el Multifamiliares del Tejar de Ibagué?

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Ibagué, el hombre capturado en flagrancia por el presunto homicidio de Luis Antonio Buitrago cuenta con tres anotaciones judiciales anteriores como indiciado en casos de lesiones personales, correspondientes a los años 2009, 2023 y 2026. La información fue confirmada por las autoridades en el contexto de la investigación del trágico suceso en el sur de Ibagué.

Para despejar las dudas sobre la operatividad del dispositivo en la cotidianidad del Gobierno, la primera dama, Ana Lucía Pineda, ofreció detalles inéditos en una entrevista concedida a la revista Semana. Pineda explicó que el aparato no es un accesorio decorativo, sino el principal enlace de comunicación que el mandatario utiliza sin descanso, incluso en sus espacios de descanso o durante las madrugadas. La esposa del mandatario describió la dinámica diaria señalando textualmente: “Cuando se le ocurre algo, se levanta y enseguida llama y da las indicaciones por el radio”.

Asimismo, la primera dama enfatizó que la presencia permanente del dispositivo responde a la necesidad del jefe de Estado de mantener una coordinación directa e inmediata con la cúpula militar y de policía en el marco de su política de seguridad. Pineda reafirmó la postura oficial asegurando: “Él está ahí conectado con el país y con lo que está sucediendo”. De igual manera, defendió que la inmediatez en el flujo de información le permite a De La Espriella intervenir sin intermediarios ante eventualidades críticas en las regiones más golpeadas por la violencia.

Frente a los cuestionamientos y burlas que sectores de la oposición y usuarios en redes sociales han lanzado contra la imagen del mandatario sosteniendo el instrumento, Pineda fue tajante al desestimar tales señalamientos. La primera dama atribuyó las controversias a un sesgo político de sus detractores, concluyendo categóricamente: “Los opositores buscan cualquier cosa para criticar. Siempre las críticas vienen de la izquierda, de los que no están de acuerdo con lo que él hace. Pero él está en el radio conectado con la fuerza pública, con lo que está sucediendo y velando por la seguridad de todos los colombianos”. De esta forma, el Gobierno reafirma su narrativa de mando directo y presencia constante en el terreno de la seguridad nacional.

Los ajustes impactan tanto las conexiones entre barrios como los trayectos dentro del centro de Ibagué y los puntos de llegada del transporte público colectivo. Entre los sectores que ahora tendrán nuevas conexiones se encuentran Arboleda del Campestre, La Samaria y el parque recreacional Caiké. Además, barrios como Santa Cruz, Topacio y Carmen de Bulira verán alterados sus recorridos habituales de buseta. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, las rutas que tendrán modificaciones son la 1, 2, 7, 8, 9, 15, 19, 21, 28, 29, 37, 40, 48 y 50.

Entre los cambios relevantes, se destaca que la ruta 1 añadirá conexiones con Arboleda del Campestre y La Samaria, extendiendo su paso por avenidas y sectores como El Vergel, Entre Ríos, Los Arrayanes, la carrera Quinta y la vía al Aeropuerto. El recorrido ingresará específicamente por la glorieta El Rodeo y pasará por puntos como la Clínica Virrey Solís y Makro. Por su parte, la ruta 9 llegará hasta Santa Cruz, ampliando su cobertura más allá de Santa Bárbara, mientras que la ruta 15 dejará de ir hasta Santa Cruz y modificará su trayectoria desde el Panóptico.

Otras rutas también tendrán cambios particulares. Por ejemplo, la ruta 8 alterará su salida por Topacio, y la ruta 2 ingresará a la novena etapa del Jordán antes de avanzar hacia Multicentro. En cuanto al centro de Ibagué, la ruta 7 dejará de compartir identificación con la ruta 4 y tendrá ajustes en los sectores de las carreras Primera y Segunda. La ruta 37 modificará su avenida de regreso y la 28 llegará directamente a Caiké. En el caso de la ruta 29, su nueva terminal será Carmen de Bulira.

Rutas adicionales como la 19, 48 y 50 también verán ajustes: la ruta 19 facilitará la conexión directa entre Arboleda del Campestre y la avenida Pedro Tafur, mientras que la 48 tomará un nuevo trayecto por la avenida Guabinal en vez de cruzar el puente vehicular del Éxito. La ruta 50 mantendrá su recorrido de subida, pero cambiará el de regreso a través de La Tobogán y la calle 42, enlazando con la avenida Guabinal.

La Secretaría de Movilidad recomienda a los pasajeros consultar las nuevas rutas publicadas en los canales oficiales para planificar sus viajes y evitar inconvenientes. Estos cambios empezarán a aplicarse desde el lunes 19 de octubre, por lo tanto, quienes utilicen las 14 rutas intervenidas deben revisar con atención los nuevos trayectos antes de desplazarse.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas de buseta de Ibagué que tendrán cambios a partir del 19 de octubre?

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Movilidad, las rutas que verán modificados sus recorridos son la 1, 2, 7, 8, 9, 15, 19, 21, 28, 29, 37, 40, 48 y 50. Estas adaptaciones obedecen a solicitudes de la comunidad y a la necesidad de mejorar la movilidad y conectividad entre diferentes zonas de la ciudad.

¿Qué cambios específicos tendrán las rutas de busetas en el centro de Ibagué?

Las rutas afectadas por cambios en el centro incluyen la 7, que ahora operará únicamente bajo ese número y ajustará su recorrido en las carreras Primera y Segunda, y la 37, que alterará sus trayectos entre las calles 15 y 16. Además, rutas como la 28 y la 29 modificarán sus puntos de llegada, lo que incide directamente en la conectividad central de la ciudad.

Tras prestar los primeros auxilios, los policías trasladaron de inmediato a la víctima a la Clínica Tolima, pero desgraciadamente el personal médico solo pudo confirmar que el hombre no presentaba signos vitales al ingresar. Este lamentable hecho generó una rápida reacción de las autoridades en la zona y dio inicio a una investigación para esclarecer lo sucedido.

Según la información difundida por la Policía, después del ataque, una ciudadana señaló directamente a una mujer como la presunta agresora. Guiados por estos datos, los uniformados emprendieron la búsqueda de la sospechosa y lograron dar con su paradero en el tercer piso de un hotel del mismo sector céntrico de la ciudad. La mujer señalada fue identificada como Yurisned Oyola, de 39 años, originaria del municipio de Rovira, Tolima. Durante el procedimiento de registro, los agentes encontraron que Oyola portaba una navaja con empuñadura negra, guardada en la pretina del pantalón, elemento que fue incautado por las autoridades.

La Policía Metropolitana de Ibagué informó que la aprehensión de la mujer se dio en flagrancia por el presunto delito de homicidio, motivo por el cual la implicada quedó a disposición de la autoridad competente para la continuación del proceso judicial correspondiente.

Sobre los hechos previos al ataque, las autoridades manejan como principal hipótesis que entre la víctima y la sospechosa existía una relación sentimental previa y que, probablemente, el enfrentamiento surgió a raíz de la presunta presencia de una nueva pareja sentimental. De igual manera, la Policía señaló que, al parecer, tanto Feged como Oyola estaban bajo los efectos del alcohol cuando ocurrió el incidente. No obstante, el desarrollo puntual de los hechos y los verdaderos motivos del homicidio aún son materia de investigación, así como la responsabilidad penal final de la mujer, que será determinada por la justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué capturaron a Yurisned Oyola por el homicidio en Ibagué?

Yurisned Oyola fue capturada por las autoridades en el centro de Ibagué luego de ser señalada como presunta responsable de una agresión con arma blanca que resultó en la muerte de Eber Feged Martínez. La captura se produjo en flagrancia y la mujer fue encontrada en posesión de una navaja. La acusación por homicidio y su destino judicial serán definidos en las siguientes etapas del proceso, según los datos de la Policía Metropolitana de Ibagué.

¿Qué se sabe sobre la relación entre la víctima y la presunta agresora en Ibagué?

Según la Policía Metropolitana de Ibagué, existe la hipótesis de que Eber Feged Martínez y Yurisned Oyola mantenían una relación sentimental. Uno de los posibles motivos de la discusión que desencadenó el ataque estaría relacionado con la presencia de una nueva pareja. Sin embargo, las circunstancias exactas siguen siendo materia de investigación.

El ente fiscal ha logrado hasta la fecha la detención formal de dos personas implicadas en el hecho contra el exalcalde de Yopal, registrándose además en el expediente videollamadas desde recintos carcelarios y múltiples alias.

La investigación penal cobró impulso decisivo luego de conocerse la declaración libre presentada ante la Fiscalía General de la Nación por el menor de 17 años que disparó contra el exmandatario el pasado 29 de septiembre. Así la replicó El Tiempo.

En la fecha señalada, Torres compartía amistosamente con varios allegados dentro del predio rural La Selvita, espacio donde preparaban chorizos al momento de la sorpresiva incursión armada.

La versión del joven sicario, que aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, da cuenta de la ruta que él siguió para cometer el crimen.

El sicario inició su desplazamiento geográfico saliendo desde la región del Eje Cafetero con rumbo hacia los Llanos Orientales, haciendo escalas intermedias estratégicas en la capital Bogotá y posteriormente en Tunja.

El dossier judicial documenta comunicaciones telefónicas originadas desde centros penitenciarios, así como la conformación de una red orientada al tráfico de estupefacientes por parte del menor y su cómplice.

En esta estructura participaba activamente Eduard Daniel Martínez Pinzón, alias ‘Llanero’, identificado como el segundo sospechoso capturado por este homicidio que conmocionó profundamente a los habitantes de Yopal.

Entre las revelaciones de lo dicho por el menor está que la “vuelta” para matar a John ‘Calzones’ se pactó en 30 millones de pesos: 10 millones los iba a recibir él, otros 10 iban para alias Llanero y el resto se lo quedaría un hombre preso en la cárcel de Duitama, quien también orquestó el asesinato.

Pese al trato económico concertado, a las billeteras digitales del menor y de su acompañante solo les depositaron la suma de 400.000 pesos en la plataforma Nequi para costear traslados en Casanare.

El autor material relató a las autoridades que permanecía en el municipio de Riosucio, Caldas, cuando un pariente privado de la libertad en el centro carcelario de Cómbita le ordenó viajar a Tunja a montar un expendio de drogas.

Con el dinero enviado para los pasajes, arribó primero a Bogotá, donde un sujeto apodado ‘Sicario’ le transmitió las coordenadas necesarias para coordinar sus desplazamientos dentro del perímetro urbano capitalino.

El procesado pernoctó en la localidad de Suba Rincón antes de trasladarse hacia Tunja para instalarse temporalmente en el barrio Cojines del Zaque.

En el transcurso de las actuaciones hizo aparición el alias ‘Mara’, sujeto que contactó el 15 de septiembre a ‘Llanero’ con el propósito de enviar a la dupla hacia Villanueva para recolectar armamento.

‘Mara’ les hizo una videollamada para decirles que había una “vuelta” para “cascar” a un “man” en Yopal, por la que estaban pagando 30 millones.

Para cometer el atentado, los delincuentes consiguieron un vehículo en Paz de Ariporo, lugar donde ‘Llanero’ habría ultimado al campesino Bernabé Jiménez el 28 de septiembre para despojarlo de su motocicleta.

La noche previa al ataque, los agresores pernoctaron en Morichal, sitio donde una mujer apodada ‘La Hembra’ les ratificó las indicaciones de ubicación para consumar la agresión al día siguiente.

Al llegar en la mañana al predio La Selvita, el menor conversó inicialmente con la víctima sobre vehículos, recibiendo como respuesta de Torres la sugerencia de consultar las redes sociales.

Ante la presencia de numerosos testigos, ‘Llanero’ insistió en ejecutar la acción planificada, aproximándose al exalcalde para entablar diálogo mientras el menor disparaba su arma de fuego contra la humanidad del líder.

Durante la huida posterior, la motocicleta volcó en la carretera, obligando a los atacantes a correr en rumbos opuestos, escenario donde las autoridades lograron interceptar y capturar al menor infractor.

La fiscal seccional Erika Alejandra Figueroa encabeza las diligencias del caso, sumando a las pruebas técnicas las declaraciones presenciales brindadas por un hombre y una mujer que presenciaron los hechos.

Posteriormente, efectivos policiales arrestaron a ‘Llanero’ en el barrio Los Lanceros de Tunja durante un operativo donde incautaron sustancias alucinógenas y detuvieron a una mujer en condición de flagrancia.

La fiscal Figueroa imputó formalmente al detenido por homicidio agravado, cargo que no fue aceptado, disponiéndose su reclusión preventiva en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en los juzgados.

El homicidio ocurrió el viernes 16 de octubre y motivó el rechazo de la Administración municipal, que anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables. La Policía Metropolitana de Soacha desplegó equipos de investigación e inteligencia para esclarecer el caso.

(Lea también: Asesinan a hombre en plena vía pública en Bogotá: sicarios en moto lo atacaron)

Además de su labor como expresidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Villa Sandra, Ramírez Molina defendía un terreno ubicado en el sector de Villa Sofía, que, según la información suministrada, pretendía convertir en un parque ecológico y una reserva forestal.

De acuerdo con denuncias de la comunidad, la lideresa habría recibido amenazas para que abandonara el predio. Los vecinos también señalaron que el lugar sufrió un incendio días antes del homicidio, el cual presuntamente habría sido provocado.

Caracol Radio reportó que, según testimonios de la comunidad, la mujer habría sido objeto de amenazas e intimidaciones y que días antes del crimen se habría presentado un incendio en un predio de su propiedad. Sin embargo, las circunstancias de estos hechos y su posible relación con el asesinato deben ser establecidas por las autoridades.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que el homicidio esté relacionado con su defensa del terreno o con su actividad como lideresa social. Esa es una de las líneas que deberán esclarecer las investigaciones.

 

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Tras conocerse el asesinato, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, rechazó el crimen y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que contribuya a identificar y capturar a los responsables.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Soacha dispuso un equipo investigativo para recopilar información y establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Las autoridades buscan determinar quiénes participaron en el homicidio y cuáles fueron los motivos. Por ahora, no se han divulgado resultados concluyentes sobre el móvil del crimen.

Durante años, Lucero Ramírez trabajó por el bienestar de los habitantes de Villa Sandra y otros sectores de Altos de Cazucá. Entre sus gestiones estaban la búsqueda de mejores condiciones de vivienda, el acceso a servicios públicos, el mejoramiento de las vías y el acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad.

Su labor también incluyó iniciativas de educación ambiental y apoyo a personas que necesitaban ayuda para conseguir alimentos o medicamentos, según información publicada por El Espectador a partir de datos entregados por la Alcaldía de Soacha.

(Lea también: Asesinaron a niño de 13 años en presunto intento de hurto y ofrecen millonaria recompensa por los responsables)

Ahora, tras su muerte, habitantes del sector piden justicia y que se proteja el terreno que ella defendía, con la esperanza de que pueda convertirse en el parque ecológico que proyectaba y que el espacio sea recordado como parte de su legado.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad espera que se esclarezcan las circunstancias del homicidio y se determine si existió alguna relación entre las amenazas denunciadas y el ataque que acabó con la vida de la lideresa.

Los presidentes del Senado, Honorio Henríquez, representante del partido Centro Democrático, y de la Cámara, Nicolás Barguil, del Partido Conservador, han dejado claro que intentarán acelerar la discusión y aprobación del presupuesto en las plenarias de cada corporación. El texto ya superó el filtro de las comisiones correspondientes, por lo que solo resta la votación definitiva en los próximos dos días. De no lograrse un acuerdo antes de finalizar el 20 de octubre, la responsabilidad de expedir el presupuesto recaerá directamente en la Casa de Nariño, sede del ejecutivo nacional, según lo estipulan los procedimientos legislativos.

Fuentes del Ejecutivo han señalado que la posibilidad de que el presupuesto sea aprobado por decreto no incomoda totalmente en Palacio. Esta vía permitiría al gobierno asignar partidas presupuestales bajo su propio enfoque y evitar así las modificaciones surgidas del debate parlamentario, que muchas veces conduce a ajustes y concesiones. Sin embargo, existe incertidumbre en algunos despachos oficiales respecto a qué versión del presupuesto tendría mayor respaldo jurídico en tal escenario. Esta inquietud revela tensiones sobre la legitimidad y las implicaciones legales del proceso.

No es la única decisión clave que se tomará en estos días: el Ejecutivo también debe definir las iniciativas oficiales que aún no han sido presentadas para discusión en el Capitolio. La gestión de la agenda legislativa y la proyección de los recursos del Estado se entrelazan en un momento de máxima relevancia política. Todas estas discusiones se dan en medio de estrategias específicas del presidente De la Espriella, quien recientemente ha evidenciado diferencias internas en sindicatos, según información adicional proporcionada por este medio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se sabrá si el Presupuesto General 2027 se aprueba por el Congreso o por decreto?

La decisión sobre si el Presupuesto General de 2027 será aprobado en el Congreso o expedido por decreto se tomará al finalizar el 20 de octubre. Esto depende de si los debates finales prosperan en las plenarias del Senado y la Cámara en el plazo mencionado, de acuerdo con las fuentes oficiales consultadas.

¿Qué significa "expedir el presupuesto por decreto" en Colombia?

Expedir el presupuesto por decreto implica que la Casa de Nariño, es decir, el Ejecutivo, asume la facultad de aprobar el Presupuesto General directamente, sin necesidad de la aprobación del Congreso. Esto ocurre si el trámite legislativo no culmina a tiempo y permite que el Gobierno defina las partidas presupuestales conforme a su propia visión.

La reaparición mediática de la exmandataria, materializada a través de una extensa entrevista concedida a Noticias RCN, no se habría producido desde el exterior ni desde una locación clandestina, sino desde la comodidad de su domicilio habitual. Concretamente, las indagaciones adelantadas permitieron establecer que la conversación periodística se llevó a cabo en la mañana del pasado sábado 17 de octubre en su casa ubicada en el sector de Santa Ana, en el municipio de Chía, Cundinamarca, a escasos minutos del norte de Bogotá.

Este enclave residencial en la sabana bogotana se mantendría como el punto central desde el cual Alcocer y su equipo jurídico estructurarían la estrategia de defensa frente a los frentes procesales abiertos por presunto interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y los cuestionados manejos burocráticos que salpican al entorno del anterior Ejecutivo. La elección de esta locación para romper el silencio mediático buscaría despejar las especulaciones sobre un exilio anticipado o una huida precipitada ante el escrutinio de los órganos de control.

¿A qué iba a las cárceles? ¿Por qué Eva Ferrer la traicionó? ¿Qué piensa hoy de Petro? ¿Por qué la obsesión de darle ciudadanía exprés a los catalanes? ¿En qué va su caso con la lista OFAC?

Desde su casa en Santa Ana de Chía, Verónica Alcocer responde. Hoy 7pm en @NoticiasRCN https://t.co/hrspkLuWnt

— José Manuel Acevedo (@JoseMAcevedo) October 18, 2026

Analistas del acontecer político advierten que la permanencia de la exprimera dama en su residencia de Chía no la eximiría del riguroso escrutinio probatorio que adelantan los investigadores nacionales e internacionales, quienes continúan analizando los flujos financieros y las redes de influencia destapadas en los últimos meses. Si bien la defensa jurídica ha insistido en que cada uno de su movimientos se ajustaría a la legalidad, el ente acusador mantendría abiertos los frentes de indagación para determinar si existieron responsabilidades individuales en las irregularidades denunciadas.

Mientras se agendan las próximas diligencias virtuales ante los estrados judiciales y se evalúan las repercusiones de los testimonios clave que comprometen a excolaboradores del gobierno saliente, la exprimera dama permanecería atenta a los requerimientos formales desde su propiedad sabanera. Por su parte, la ciudadanía y los veedores económicos se mantendrán a la expectativa de si las autoridades competentes adoptarán medidas adicionales o si el proceso continuará su curso con Alcocer respondiendo desde el territorio nacional, cerrando por el momento la puerta a las teorías sobre una salida internacional.

Entre los datos más impactantes ventilados por Tarazona se encuentra una nueva línea que vincularía a un descendiente del exjefe guerrillero con la coordinación material de los hechos. Al respecto, la entrevistada indicó: “Resulta que en Vaupés o en Guainía, no estoy segura, pero en uno de estos dos lugares, hay una mina ilegal que está a cargo de un personaje que se llama Enrique Marulanda. Enrique Marulanda es el hijo de crianza de Sandra Ramírez, la excongresista, y es hijo biológico de alias Tirofijo. Él es el encargado de custodiar y gerenciar esa mina ilegal. Que le pertenece a ‘John 40’, que hace parte de la ‘Segunda Marquetalia’”. Según su testimonio, la información recibida sugeriría que dicho personaje habría participado en la orden operativa del atentado.

Ante la pregunta de si la nueva evidencia modificaría las hipótesis sobre los autores intelectuales, Tarazona enfatizó que la estructura de la ‘Segunda Marquetalia’ habría actuado como el vehículo ejecutor, destacando además la presunta injerencia de dineros ilícitos provenientes de fuentes externas. Sobre este punto, la entrevistada señaló: “La Fiscalía recibió a finales de la semana pasada esta información, me la enviaron, la leí y, evidentemente, cuando a mí me dicen que la orden salió del Congreso y me están diciendo que el hijo de ‘Tirofijo’ es hijo de crianza de Sandra Ramírez, quien hizo parte del Congreso como senadora, pues me parece que este rompecabezas empieza a tomar una forma distinta”.

Asimismo, la pareja del fallecido dirigente político apuntó contra el contexto político y electoral que antecedió al crimen, sugiriendo que la eliminación de Uribe Turbay habría obedecido a intereses de sectores que buscaban apartarlo de la contienda democrática. Pese a la complejidad del entramado y a los cruces de señalamientos con distintos actores institucionales, la defensa y el círculo cercano de la familia reiteraron su confianza en que la colaboración internacional y las indagaciones técnicas en curso terminen por desmontar la impunidad en torno al caso.

De acuerdo con Ferrer, el poder de la exprimera dama durante la administración de Gustavo Petro se reflejaba en su capacidad para supuestamente direccionar nombramientos y contratos, además de mencionar múltiples viajes oficiales entre Colombia y Venezuela, presuntamente con fines ilícitos. En uno de esos trayectos, la exfuncionaria afirmó que Alcocer habría traído al país una considerable suma de dinero, aunque nunca precisó la fecha exacta. Sí existe registro, según Semana, de un viaje de Alcocer a Caracas en enero de 2023, relacionado oficialmente con un proyecto sobre el sistema orquestal venezolano.

Alcocer respondió que los encuentros con Ferrer se limitaban al ámbito laboral y que nunca mantuvieron una relación cercana. Rechazó los señalamientos sobre la supuesta manipulación de contratos y cargos, asegurando disponer de pruebas que desmienten dichas acusaciones. Sobre los viajes, afirmó que los dos trayectos que hizo a Venezuela estuvieron documentados públicamente y negó haber transportado maletas con dinero o drogas. También señaló que cada ingreso al avión oficial estaba sometido a estrictos protocolos de seguridad, lo cual descarta las versiones de Ferrer.

Por la gravedad de las acusaciones, la Procuraduría General de la Nación citó a Ferrer a declarar sobre los presuntos actos de corrupción mencionados en sus declaraciones, convocatoria a la que también fueron llamados otros exfuncionarios y personas cercanas al entorno de la familia Petro Alcocer. Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones y ha citado a Ferrer en varias ocasiones para que aporte pruebas sobre lo expresado. No obstante, la exconsejera no se ha presentado, argumentando preocupaciones relacionadas con su seguridad.

Finalmente, Alcocer subrayó el impacto personal de los señalamientos, destacando las afectaciones no solo a su imagen sino a la de toda su familia. Insistió en su inocencia y lamentó el alcance de las acusaciones en su entorno privado y público.

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¿Qué pruebas existen sobre las acusaciones contra Verónica Alcocer y qué ha dicho la Fiscalía?

De acuerdo con la información publicada por Semana y El Espectador, hasta el momento Eva Ferrer no ha presentado pruebas que respalden sus señalamientos contra Verónica Alcocer. La Fiscalía General de la Nación ha citado a Ferrer en repetidas ocasiones para que declare y aporte evidencia, pero ella no se ha presentado alegando motivos de seguridad. La investigación sigue abierta y están pendientes nuevas comparecencias bajo juramento de personas mencionadas en los testimonios, incluyendo exfuncionarios y allegados a la familia Petro Alcocer.

¿Cuál fue el propósito oficial del viaje de Verónica Alcocer a Venezuela?

Según explicó Verónica Alcocer en entrevistas recogidas por RCN y Semana, el viaje oficial que realizó a Venezuela tuvo como objetivo conocer de primera mano el sistema orquestal del país vecino, con miras a desarrollar en Colombia un proyecto similar de orquestas. Alcocer indicó que su agenda estuvo plenamente documentada y fue pública desde el inicio, en compañía de funcionarios del gobierno colombiano.

En esa misma intervención, De la Espriella comunicó que el gobierno tiene previsto para el 30 de noviembre la expedición de un decreto que establecerá las líneas de base del archipiélago, decisión que será registrada en las cartas náuticas oficiales de Colombia. Según lo expresado, esta medida constituye un "acto de soberanía" con el que se establecerán, con la precisión que exige el derecho internacional, los territorios que le pertenecen al Estado colombiano. El mandatario subrayó que Colombia ejercerá plenamente su derecho a navegar y sobrevolar el área, conforme a lo que estipula el derecho del mar, y que, aunque se buscarán acuerdos bilaterales con Estados vecinos, no cederá territorio ni abandonará a los pescadores locales. Resaltó también el respaldo de la Armada Nacional para la defensa de la soberanía en caso de violaciones a la ley en el mar por parte de otros actores.

La posición del presidente está respaldada por el fallo más reciente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, emitido el 13 de julio de 2023. En esa sentencia, el tribunal favoreció a Colombia en la demanda interpuesta por Nicaragua, determinando que "no puede extenderse la plataforma continental que se sobreponga sobre otro Estado". Managua pretendía aumentar su plataforma continental más allá de los límites definidos por tratados internacionales, objetivo que la CIJ no avaló, ratificando así la soberanía colombiana, según la información de El Espectador.

Como parte de esta política de defensa integral del territorio, De la Espriella anunció el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública en el área y la transformación de San Andrés en un ‘hub’ marítimo y logístico. El mandatario explicó que para ejercer plenamente la soberanía es necesario contar con instituciones presentes y una marina fortalecida. Dentro de las acciones administrativas programadas, destaca la reglamentación del Registro Único Colombiano de Naves y Artefactos Navales, así como un procedimiento especial para embarcaciones de recreo con San Andrés como puerto de registro. El objetivo, manifestó, es atraer mayor actividad naviera a la región, mejorar la conectividad e incentivar empleo e inversión local, al tiempo que se fortalece la bandera colombiana en el Caribe.

Durante su reciente visita a las islas, De la Espriella también se refirió a la lucha contra la corrupción, haciendo advertencias puntuales a figuras políticas locales que rechazaron las imputaciones de irregularidad en la contratación pública, tal como reseña El Espectador.

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¿Qué significa el decreto de líneas de base en San Andrés y por qué es relevante para Colombia?

El decreto de líneas de base anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella tiene como finalidad definir y publicar, en cartas náuticas oficiales, los límites precisos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esto constituye un acto de soberanía, ya que establece el perímetro sobre el cual Colombia ejerce derechos marítimos y refuerza su posición frente a disputas internacionales como la sostenida con Nicaragua, de acuerdo con lo informado por El Espectador.

¿Cuál fue el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la disputa marítima entre Colombia y Nicaragua?

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, falló el 13 de julio de 2023 a favor de Colombia frente a la demanda de Nicaragua sobre la extensión de su plataforma continental. El tribunal determinó que Nicaragua no podía sobreponer su plataforma sobre la de Colombia, ratificando así la soberanía colombiana sobre el espacio marítimo que rodea San Andrés y Providencia, según reportó El Espectador.

Las jornadas de protesta comenzaron de manera pacífica, con la participación de individuos de diversas edades, quienes expresaron preocupación por lo que consideran un acto de censura y desconocimiento de procesos sociales y de memoria histórica. No obstante, la situación se tornó tensa hacia la tarde. Según El Espectador, la intervención de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi, anteriormente conocida como Undmo) fue notoria alrededor de las 6:33 p. m., cuando una tanqueta utilizó chorros de agua para dispersar a los manifestantes. En medio de ese operativo, algunos asistentes respondieron lanzando piedras, mientras los uniformados emplearon aturdidoras para restaurar el orden. Media hora después, las autoridades lograron restablecer la calma, aunque la presencia policial continuó en las inmediaciones.

La tensión se reactivó el domingo cerca de las 3:30 p. m., nuevamente con el uso de tanquetas y enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, según dieron cuenta videos de testigos. Este panorama derivó en un pronunciamiento del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien aseguró en su cuenta en X que la intervención fue coordinada con la Alcaldía de Bogotá y estaba orientada a salvaguardar la protesta pacífica y también los derechos de las personas no involucradas. Lara precisó que, tras el cierre de la ciclovía, la carrera Séptima resultó completamente bloqueada, por lo que la Policía dialogó y pidió liberar la vía para restablecer la movilidad.

A pesar de lo anterior, Iris Marín, defensora del Pueblo, cuestionó el proceder de la fuerza pública. De acuerdo con su declaración, la protesta mantuvo en gran medida su carácter pacífico y recordó el criterio de la Corte Constitucional, según el cual la ocupación del espacio público puede formar parte legítima de la protesta, sin que esto implique perder su carácter pacífico. Marín manifestó inquietud por la utilización de Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), incluido el uso de tanquetas, calificando la respuesta como desproporcionada. Por su parte, la ONG Temblores denunció irregularidades en capturas y traslados de manifestantes, señalando acoso y falta de distancia por parte de las autoridades. La Secretaría de Gobierno anunció que para la semana del 19 al 24 de octubre se programaron ocho manifestaciones, dos de ellas en el propio Museo Nacional.

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¿Por qué se retiraron las obras del Museo Nacional relacionadas con movimientos sociales?

Las 30 piezas fueron retiradas por orden del presidente Abelardo de la Espriella, quien las calificó como una "oda al terrorismo", instruyendo a la ministra de Cultura, Paola Holguín, a quitar dichas obras. Estas piezas hacían parte de la reivindicación del movimiento feminista, la comunidad LGBTIQ+ y campañas políticas de figuras como Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, y ahora permanecen en las reservas del museo, según información de El Espectador.

¿Qué críticas surgieron por la intervención policial en las protestas del Museo Nacional?

La Defensoría del Pueblo y la ONG Temblores manifestaron preocupación por lo que consideraron un uso desproporcionado de la fuerza pública, específicamente el despliegue de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Señalaron que la protesta se mantuvo mayoritariamente pacífica y que la ocupación de espacios públicos es, según la Corte Constitucional, parte legítima del derecho a la protesta.

(Vea también: Verónica Alcocer revela fecha exacta de cuándo se acabó el matrimonio con Petro; sorprendió en RCN)

Durante su alocución, el mandatario anunció que el próximo 30 de noviembre de 2026, fecha en la que se celebra el cumpleaños de San Andrés, su Gobierno firmará y expedirá un decreto sobre las líneas de base del archipiélago, que también será publicado en las cartas náuticas oficiales de Colombia.

La intervención incluyó otros anuncios relacionados con el registro de embarcaciones, el fortalecimiento de la bandera colombiana, la protección de los pescadores y los arrecifes, y la cooperación contra el crimen en el mar.

Decreto para San Andrés y anuncio sobre soberanía marítima

Uno de los anuncios centrales fue la expedición del decreto de líneas de base del archipiélago. De acuerdo con el presidente, la medida permitirá establecer mediante coordenadas los referentes geográficos que se utilizarán para medir los espacios marítimos correspondientes a Colombia.

“Vamos a medir, cartografiar y publicar lo que es nuestro”, afirmó De la Espriella al explicar la decisión. También señaló que el territorio arrecifal hace parte integral del territorio colombiano y que el decreto será publicado en las cartas náuticas oficiales.

El mandatario sostuvo que la soberanía colombiana sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y las demás islas del archipiélago está respaldada, según su interpretación, por el artículo 101 de la Constitución Política y el tratado de 1928, además de referirse a la Corte Internacional de Justicia.

“Colombia ejerce soberanía plena”, manifestó, al insistir en que su Gobierno defenderá los derechos del país en los espacios marítimos que le corresponden.

El alcance jurídico y geográfico concreto del decreto dependerá de su texto definitivo, las coordenadas que establezca y las normas aplicables. El anuncio, por sí solo, no permite concluir que se modifiquen automáticamente las delimitaciones marítimas reconocidas o que queden resueltas eventuales controversias internacionales.

De la Espriella quiere convertir a San Andrés en un centro marítimo

El segundo frente anunciado por el presidente apunta a la economía del archipiélago. De la Espriella aseguró que su Gobierno buscará convertir a San Andrés en un hub marítimo y logístico del Caribe insular, con el propósito de atraer actividad naviera, mejorar la conexión regional y generar inversión y empleo.

Como parte de esa estrategia, anunció medidas para incentivar que más embarcaciones que actualmente operan con registros extranjeros adopten la bandera colombiana.

El mandatario indicó que impartió instrucciones para acelerar la reglamentación del Registro Único Colombiano de Naves y Artefactos Navales y crear un procedimiento especial para embarcaciones de recreo que tengan a San Andrés como puerto de registro, siempre que cumplan los requisitos legales.

Según lo expuesto en la alocución, el trámite será electrónico y podrá iniciarse desde cualquier capitanía de puerto del país. La propuesta busca reducir la burocracia, facilitar el registro y mantener controles sobre las embarcaciones.

De la Espriella sostuvo que una mayor cantidad de naves registradas en San Andrés podría impulsar servicios de mantenimiento, contratación de tripulaciones, actividad portuaria y turismo náutico, con efectos sobre el empleo local.

Advertencia a quienes afecten a los pescadores

En su intervención, el presidente también se refirió a la seguridad en el mar y a la protección de los pescadores colombianos. Aseguró que la Armada Nacional estará disponible para actuar dentro del marco de la Constitución y la ley.

“Colombia no cede una milla náutica, no cede un arrecife y no abandona a sus pescadores”, expresó el mandatario, quien advirtió que su Gobierno no permitirá actividades ilegales en los espacios marítimos correspondientes al país.

De la Espriella mencionó específicamente la piratería, a la que calificó como un problema que afecta a los pescadores, y sostuvo que quienes infrinjan la ley encontrarán la respuesta de las autoridades navales.

También anunció que el Gobierno trabajará en la implementación de mecanismos de búsqueda y salvamento, la protección de los arrecifes y una cooperación articulada contra el crimen.

Con estos anuncios, el Ejecutivo plantea una estrategia que combina la definición de referentes geográficos marítimos, el fortalecimiento de los registros navales, el impulso a la economía de San Andrés y el control de las actividades en el mar. Varias de las medidas, sin embargo, dependerán de la expedición de normas, su reglamentación y su posterior implementación.

La situación de Orrego coincide con su salida de Caracol Televisión en marzo de 2026, en medio de investigaciones internas por conductas similares. Su abogada, Julieth Natali Fiallo Gualdrón, ha señalado la importancia de esclarecer públicamente las circunstancias que motivaron estos señalamientos. Las denuncias se difundieron ampliamente bajo los movimientos en redes sociales #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, espacios donde se ha visibilizado la problemática del acoso en medios de comunicación.

En otra diligencia clave, la Fiscalía presentará una nueva imputación a José Roberto Prieto Uribe, exgerente de campaña presidencial de Juan Manuel Santos, por hechos relacionados con el escándalo Odebrecht. Según El Espectador, se le investiga por el presunto delito de lavado de activos derivado de la construcción de un puente en Plato, Magdalena, y vinculado a contratos del proyecto Ruta del Sol 3. La audiencia está citada para el martes a las 9:00 a.m., y responde a hallazgos del Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía.

El viernes 23 de octubre a las 8:00 a.m., Daniel Garcés Carabalí, quien fuera embajador en Ghana, enfrentará una audiencia de acusación por presunta violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de un hijo menor. El Espectador reporta que las conductas investigadas habrían afectado a su exesposa, Beatriz Niño Endara, durante una década, incluyendo violencia física, psicológica, económica y sexual.

En materia de justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) culminará el proceso contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, acusado de ejecutorias extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, en Antioquia entre 2004 y 2005. De acuerdo con la información reseñada, es el primer exmilitar en Antioquia en enfrentar juicio ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP por estos delitos. Finalmente, la Sala Plena de la JEP elegirá el 20 de octubre al sucesor de Alejandro Ramelli en la presidencia, para el periodo 2026-2028, en medio de debates sobre el presupuesto y las reformas a esta jurisdicción.

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¿Cuáles son los cargos imputados a Ricardo Orrego y qué significa el delito de acto sexual violento?

Ricardo Orrego enfrenta cargos por acoso sexual y acto sexual violento, debido a denuncias de cinco periodistas sobre hechos sucedidos mientras trabajaba en Caracol Televisión. El delito de acto sexual violento se refiere a la realización de actividades sexuales contra la voluntad de la víctima, usando fuerza o intimidación.

¿Cuál es la relevancia de la elección del nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

La elección del nuevo presidente de la JEP es clave porque definirá el liderazgo y la orientación de la justicia transicional durante los próximos dos años, en un momento en que enfrenta discusiones sobre presupuesto y cambios en sus funciones, decisiones que pueden influir en procesos cruciales para la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

La funcionaria precisó que el llamado involucra a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, quienes deberían ejercer herramientas legales como el "poder preferente" y el "control excepcional", mecanismos previstos para situaciones en las que el control local resulta insuficiente. Lombana insistió en la necesidad de conformar un grupo especial de investigación que actúe fuera de la isla, recopile los diferentes hechos denunciados y les dé la celeridad que la comunidad y el país demandan. De acuerdo con sus declaraciones, existe un entramado donde la corrupción financia campañas electorales a cambio de favores en contratación pública, con el objetivo de apoderarse de las gobernaciones y alcaldías, desplazando el interés ciudadano por intereses particulares de grupos políticos y contratistas. Esta situación, en palabras de Lombana, concluye con la captura de los organismos de control, lo que impide el avance de las denuncias y cierra el ciclo de impunidad.

El anuncio de la Secretaría de Transparencia coincidió con la visita del presidente De la Espriella al archipiélago y su llamado de atención a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y a la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz (Partido Liberal) por supuestos manejos irregulares en contratación pública. El mandatario fue enfático en advertir que no permitirá actos irregulares y que actuará con firmeza. Tanto Ordóñez como Jay-Pang rechazaron cualquier nexo con hechos de corrupción y negaron movilizar a sus seguidores en contra de la intervención de la Superintendencia de Salud en el hospital departamental. Especialmente Jay-Pang solicitó al presidente que adelante cualquier investigación que considere necesaria y sostuvo que no existe evidencia que la relacione con las acusaciones.

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¿Por qué el gobierno solicitó la intervención de los órganos de control en San Andrés?

De acuerdo con lo explicado por la secretaria de Transparencia, Cristina Lombana, la solicitud al gobierno busca proteger las investigaciones sobre corrupción de presiones e influencias locales que, según se indica, han limitado el avance real de los procesos y han afectado la eficacia del control interno. El objetivo es centralizar las pesquisas en Bogotá para garantizar imparcialidad y reunir todos los hechos dispersos en un solo grupo especial.

¿Cómo funciona el ‘modus operandi’ de la corrupción en la contratación pública según el gobierno?

Según Lombana, el ‘modus operandi’ en San Andrés inicia con la financiación de campañas políticas a través de recursos obtenidos por actores corruptos, quienes luego aseguran contratos públicos como recompensa. Así, las gobernaciones y alcaldías terminan bajo control de estos grupos, quienes incluso logran injerencia en los órganos de control, frenando denuncias e investigaciones.

(Vea también: Presidente De la Espriella anuncia día clave para San Andrés y su futuro: “Será el 30 de noviembre”)

“Mira, nuestro matrimonio se acaba el 10 de agosto de 2026”, afirmó Alcocer durante la conversación, en la que también habló de los años que dedicó a intentar mantener su relación y de la cordialidad que, según ella, existe actualmente entre ambos.

La declaración llamó la atención por la precisión con la que señaló el día, el mes y el año. La entrevistada explicó que luchó durante casi 25 años por conservar su matrimonio, mantener unida a su familia y sacar adelante a sus hijos.

“Luché por mantener una familia, la unidad, los hijos, como muchas mujeres lo hacemos. Pero finalmente terminó el matrimonio el 10 de agosto de 2026”, expresó.

Aunque reconoció que la relación sentimental llegó a su fin, Alcocer insistió en que conserva un vínculo cordial con Petro.

Qué dijo Verónica Alcocer sobre Gustavo Petro

Durante la entrevista con RCN, Alcocer también respondió cómo ve actualmente al presidente, con quien compartió cerca de 25 años de vida en pareja.

Su respuesta estuvo lejos de una crítica o un señalamiento. Por el contrario, destacó cualidades personales del mandatario y el vínculo que los une como padres.

“Un buen padre, un buen ser humano. Tengo muy buena relación con él, la vamos a tener todo el tiempo porque tenemos hijos en común, que es lo más grande y maravilloso que nos ha quedado”, afirmó.

En la misma respuesta, agregó que lo admira y lo valora, y reiteró que ambos mantienen una buena relación.

Las palabras de Alcocer muestran que, al menos en su versión pública, el final del matrimonio no implica una ruptura absoluta del vínculo personal con Petro.

Verónica Alcocer descartó tener resentimiento contra Petro

Otro de los momentos destacados de la conversación se produjo cuando le preguntaron a Alcocer si sentía dolor o resentimiento por el final de la relación.

Su respuesta fue enfática: “Absolutamente no. Absolutamente no”.

La entrevistada reflexionó sobre la manera en que las parejas pueden afrontar una separación después de compartir buena parte de sus vidas. Según explicó, el fin de una relación sentimental no significa que las personas deban convertirse en enemigas.

“Las relaciones personales llegan a un fin, pero las relaciones humanas siguen”, sostuvo.

Alcocer también recordó las dificultades económicas que atravesaron durante su vida en pareja y aseguró que lograron salir adelante juntos en diferentes momentos.

A partir de esa experiencia, defendió la importancia de conservar el respeto y evitar que una separación se convierta en una disputa marcada por el odio.

“Debemos ser ejemplo de amor, de unidad y no de división y de odio”, manifestó durante la entrevista.

La fecha que coincide con la salida de Petro de la Presidencia

El 10 de agosto de 2026 es el día que Alcocer identificó como el final de su matrimonio con Petro. La fecha coincide con el cambio de Gobierno mencionado en el contexto de esta historia, lo que añade un elemento de interés a su declaración.

Sin embargo, es importante distinguir entre la fecha que ella señaló como el fin de su matrimonio y la fecha de cualquier trámite o formalización legal. La declaración entregada en la entrevista no permite establecer, por sí sola, cuándo se completaron esos procedimientos.

Las dudas sobre la relación entre ambos venían de años atrás. Durante 2023 y 2024, sus apariciones conjuntas disminuyeron y Alcocer redujo su presencia en la agenda pública de Bogotá, mientras pasaba más tiempo en el exterior y en la región Caribe. Esa situación alimentó especulaciones sobre su vida privada.

En octubre de 2025, Petro confirmó públicamente que su relación sentimental con Alcocer había terminado hacía años y afirmó que se encontraba sentimentalmente separado. Posteriormente, se hizo pública la formalización legal de su divorcio tras cerca de 26 años de matrimonio, de acuerdo con el contexto suministrado.

Uno de los hechos más recientes ocurrió el 5 de octubre, cuando tropas del Ejército Nacional encontraron y destruyeron dos artefactos explosivos instalados en la escuela de la vereda La Palma, en Cajibío, Cauca. Según el Ejército, estos explosivos habrían sido colocados por integrantes de la estructura Jaime Martínez, asociada a las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Los artefactos fueron detectados por un padre de familia, quien alertó de inmediato a las autoridades. Este hecho representaba una amenaza directa para los aproximadamente 25 estudiantes que asisten diariamente a la institución, así como para los docentes y el personal educativo.

Otra situación que evidencia la vulnerabilidad de la educación en zonas afectadas por el conflicto armado tuvo lugar el 23 de septiembre en El Tambo, Cauca. En esta ocasión, enfrentamientos entre el Ejército y disidencias de las Farc obligaron a estudiantes y familias a resguardarse por horas dentro de las instalaciones escolares, según confirmó Luis Fernando Vergara, personero municipal. Las autoridades se vieron obligadas a organizar un consejo extraordinario de seguridad para atender la emergencia y buscar soluciones frente a este tipo de riesgos en la zona rural.

A estos casos se suma el episodio registrado en mayo en el Valle del Cauca, donde más de 3.400 estudiantes de Timba, Robles, Potrerito, San Antonio, Villa Colombia y La Liberia, en Jamundí, tuvieron que suspender clases tras el aumento de ataques con drones cargados de explosivos dirigidos a la fuerza pública. Luz Lozano, rectora de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, manifestó la preocupación de la comunidad, señalando que los ataques no se limitan a instalaciones policiales sino que afectan iglesias, centros de salud, escuelas y parques.

Entre julio de 2023 y julio de este año, se verificaron 70 ataques que incluyeron daños en escuelas, amenazas y ataques directos a docentes, especialmente en los departamentos de Cauca, Arauca y Norte de Santander, según Unicef. Además, hubo 92 reportes de uso militar de escuelas, donde estos espacios fueron empleados como bases de operaciones, depósitos de armas y puntos de reclutamiento, afectando gravemente a la población estudiantil.

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¿Cuáles son las consecuencias para los niños por el uso militar de escuelas en Colombia, según Unicef?

De acuerdo con Unicef, el uso militar de escuelas y los ataques a estos espacios en Colombia han afectado a cerca de 21.700 menores durante los últimos tres años. Entre las consecuencias se encuentran la interrupción de actividades educativas, la exposición al peligro físico, el impacto emocional de vivir en zonas de conflicto y la pérdida de espacios seguros para el desarrollo y bienestar de los estudiantes.

¿En qué regiones de Colombia se han concentrado los ataques y el uso militar de escuelas, según los reportes?

Según los reportes verificados por Unicef, los casos de ataques y uso militar de escuelas se han presentado principalmente en departamentos como Cauca, Arauca, Norte de Santander, Chocó y Antioquia. Estas regiones han experimentado mayores niveles de violencia y presencia de grupos armados ilegales, lo que ha incrementado la vulnerabilidad de las instituciones educativas y de los estudiantes.

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El mandatario aseguró que el decreto se publicará en las cartas náuticas oficiales de Colombia y que incluirá coordenadas para representar los límites correspondientes. Con este anuncio, el Gobierno busca formalizar su posición sobre los espacios marítimos del archipiélago y reafirmar la soberanía colombiana sobre las áreas que considera parte de su territorio.

“El 30 de noviembre he dispuesto, ese día, que es el cumpleaños de San Andrés, este Gobierno que presido firmará y expedirá el decreto de líneas de base del archipiélago y lo publicará en las cartas náuticas oficiales de Colombia”, afirmó el jefe de Estado.

La fecha anunciada será clave para conocer el alcance del decreto, las coordenadas que contendrá y la manera en que el Gobierno pretende incorporar esa delimitación a la cartografía náutica oficial.

¿Qué anunció De la Espriella sobre San Andrés?

Durante su intervención, el presidente señaló que el territorio arrecifal del archipiélago forma parte integral del territorio colombiano y explicó que la medida estará acompañada de información cartográfica.

“Se trata de un acto de soberanía, porque vamos a medir, cartografiar y publicar lo que es nuestro”, manifestó.

Las líneas de base son referencias geográficas utilizadas para medir la extensión de los espacios marítimos de un Estado. A partir de ellas se determinan zonas marítimas conforme a las reglas aplicables del derecho internacional del mar.

Por eso, el anuncio no se limita a la publicación de un mapa: el contenido del decreto y las coordenadas que incluya serán elementos centrales para entender su alcance jurídico y geográfico.

No obstante, la expedición de un decreto nacional no significa, por sí sola, que queden resueltas eventuales controversias de delimitación marítima con otros Estados. Para establecer sus efectos concretos será necesario conocer el texto definitivo y examinar su contenido frente al marco jurídico aplicable.

De la Espriella habló de pesca, exploración e investigación marítima

En la misma alocución, el presidente se refirió a las actividades que se desarrollan en los espacios marítimos que Colombia considera bajo su soberanía.

“Colombia ejerce soberanía plena. […] En los espacios marítimos que corresponden a Colombia, nadie pesca, nadie explora y nadie investiga sin el permiso de la República”, afirmó.

La declaración plantea la posición del Gobierno frente al control de actividades económicas y científicas en esas zonas. Sin embargo, las facultades concretas de Colombia dependen del espacio marítimo del que se trate y de las normas nacionales e internacionales aplicables.

El decreto anunciado para el 30 de noviembre permitirá conocer con mayor precisión cómo se traducirá la decisión presidencial en las cartas náuticas oficiales y qué coordenadas utilizará el Ejecutivo para establecer las líneas de base del archipiélago.

Por ahora, el anuncio fija una fecha y describe el propósito general de la medida, pero no incluye el texto del decreto ni sus coordenadas. Esos elementos serán necesarios para evaluar su alcance.

Al abordar los cuestionamientos sobre su patrimonio y los supuestos despilfarros que le endilga Eva Ferrer, Alcocer aseveró textualmente: “Quiero ser reiterativa, pero cada una de esas preguntas son pertinentes, por supuesto, pero conllevan al cúmulo de cuestionamientos mentirosos que lo que han hecho es ponerme entredicho, que aparezca como corrupta, ladrona, no es cierto, claro que no es cierto”. Asimismo, la exmandataria defendió la legalidad de sus ingresos pasados y presentes, señalando: “De lo que han vivido siempre las familias presidenciales y adicional a eso mi esposo en ese momento, Gustavo Petro, me pasaba una mesada para mis gastos personales y con eso vivía. Ahora vivo del acuerdo de divorcio al que llegamos por mutuo acuerdo y en buenos términos”.

No obstante, el punto más álgido de su alocución recayó en la cronología exacta de su ruptura matrimonial, un aspecto clave para dilucidar responsabilidades patrimoniales y fiscales. Alcocer afirmó categóricamente ante las cámaras: “Nuestro matrimonio se acaba el 10 de agosto de 2026. Más de 20 años luché por mi relación, mi familia, la unidad, los hijos, pero finalmente terminó el matrimonio y te vuelvo a rectificar: tenemos una buena y cordial relación. Es un buen padre, buen ser humano, tenemos buena relación con él, lo admiro, lo valoro y eso es todo lo que tengo que decir”.

El problema técnico y argumentativo de esta declaración radicaría en que la separación de la pareja no constituía un secreto de Estado reciente, sino un hecho confirmado con antelación por el propio Gustavo Petro. El 25 de octubre de 2025, en medio de la controversia producida por su inclusión en la llamada lista Clinton, el entonces jefe de Estado sorprendió a la opinión pública al manifestar de manera tajante: “Verónica Alcocer está separada de mí hace años, la perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral”.

La brecha temporal entre ambas versiones gubernamentales —mientras Petro aseguró en 2025 que estaban separados “hace años”, Alcocer fijó el fin del matrimonio en agosto de 2026— alteraría la consistencia del relato defensivo de la exmandataria ante el ente acusador. Analistas y veedores jurídicos advierten que la imprecisión en las fechas no sería un detalle menor, pues la delimitación exacta de los patrimonios y la convivencia conyugal resulta indispensable para los investigadores que rastrean posibles enriquecimientos injustificados o contratos cruzados.

No obstante, según fuentes de la organización política de izquierda consultadas por ese medio, Petro descartó, durante una reunión con parte del comité directivo, volver a presentarse como candidato a la alcaldía capitalina. En el encuentro, llevado a cabo en Bogotá, el exmandatario comunicó que su enfoque estará en la reorganización interna del movimiento antes que en regresar a ese puesto, decisión que fue bien recibida entre quienes buscan participar en las elecciones regionales. Varios nombres aparecen ahora en la lista de precandidatos a la Alcaldía de Bogotá, entre ellos la exsenadora María José Pizarro, la exministra Susana Muhammad, el exconcejal Carlos Carillo, el excongresista Gustavo Bolívar y el exdirector de RTVC Hollman Morris. También se ha mencionado a la exalcaldesa Claudia López, quien recientemente superó diferencias con Petro.

En medio de este panorama, se suman los debates al interior del Pacto Histórico sobre la manera en que seleccionarán sus cartas para las elecciones. Las fuentes explicaron a El Espectador que el mecanismo sugerido es la realización de consultas para definir las candidaturas en las principales ciudades. Una arista adicional es la convocatoria a un congreso propio del Pacto Histórico, cuya autorización fue solicitada al Consejo Nacional Electoral (CNE). Esa instancia funcionaría como una plataforma para discutir y afinar la estrategia de la izquierda de cara a 2027.

De igual modo, se discute el sistema más adecuado para definir la representatividad de los delegados al mencionado congreso. Algunas voces proponen que esta sea proporcional a los votos obtenidos por el Pacto en la última elección presidencial, mientras otras plantean la elaboración de listas que reflejen el respaldo recibido por cada sector. En paralelo, la movilización ciudadana y la consulta a las bases se consolidan como elementos clave en la hoja de ruta política de la izquierda, tal como subrayaron los senadores Alberto Benavides y Gabriel Becerra en declaraciones recogidas por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los principales precandidatos del Pacto Histórico para la Alcaldía de Bogotá?

De acuerdo con la información de El Espectador, los perfiles destacados que se perfilan como precandidatos dentro del Pacto Histórico para la Alcaldía de Bogotá incluyen a la exsenadora María José Pizarro, la exministra Susana Muhammad, el exconcejal Carlos Carillo, el excongresista Gustavo Bolívar y el exdirector de RTVC Hollman Morris, así como la exalcaldesa Claudia López.

¿Cómo se organizarán las consultas internas del Pacto Histórico para definir candidaturas en 2027?

Según El Espectador, el Pacto Histórico diseñará un mecanismo de consultas para que los aspirantes a cargos en las próximas elecciones sean escogidos de manera participativa. Además, se debate cómo seleccionar a los delegados para el próximo congreso del movimiento, barajando opciones como representatividad según votos regionales obtenidos en la pasada elección presidencial o mediante listas respaldadas por la militancia.

Las condiciones meteorológicas adversas, caracterizadas principalmente por la mezcla de precipitaciones y vientos de alta velocidad, habrían sido las responsables de desestabilizar el árbol que terminó desplomándose y bloqueando parcialmente la carretera. Todos estos detalles fueron confirmados por las autoridades y por testigos del suceso, quienes participaron en la atención inicial del accidente.

A pesar del dramatismo de la situación, sobre todo por el tamaño del árbol y el impacto directo contra la carrocería del vehículo, los ocupantes consiguieron salir por sus propios medios. La información suministrada indica que resultaron ilesos, demostrando suerte y serenidad en medio de la emergencia. La rápida reacción de los presentes y la integridad de los ocupantes permitieron que el evento no concluyera en tragedia, hecho que fue destacado tanto por los testigos como por las fuentes oficiales.

Frente a la magnitud del incidente, conductores frecuentes de la vía y habitantes del sector aprovecharon para reiterar su llamado a los organismos de socorro y a la administración municipal. El objetivo principal de esta solicitud es que se prioricen labores de mantenimiento preventivo y poda de árboles en las zonas viales del municipio. Para los residentes de Agustín Codazzi, este tipo de situaciones ponen de manifiesto la importancia de estar preparados, especialmente en épocas de lluvia persistente y vientos intensos, condiciones habituales en la temporada invernal.

El hecho evidencia una problemática recurrente de infraestructura verde y seguridad vial en varias localidades del departamento del Cesar, donde la falta de intervención oportuna puede desencadenar emergencias de características similares. El evento subraya, además, la relevancia de articular respuestas entre las comunidades, las autoridades y los equipos de rescate, de acuerdo con lo expresado por los afectados y testigos directos.

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¿Qué ocurrió en Agustín Codazzi con el árbol que cayó sobre un vehículo?

En Agustín Codazzi, un árbol de gran tamaño se desplomó sobre un vehículo que transitaba por una de las vías del municipio. El hecho sucedió el domingo 18 de octubre, durante una fuerte tormenta acompañada de vientos, y aunque el accidente fue aparatoso, todos los ocupantes salieron ilesos, de acuerdo con lo reportado por las autoridades y los testigos.

¿Por qué es importante la poda de árboles en época de lluvias en Cesar?

La poda de árboles es fundamental durante la temporada de lluvias en el departamento de Cesar, según lo señalado por habitantes y conductores, porque ayuda a prevenir accidentes como el ocurrido en Agustín Codazzi. La falta de mantenimiento incrementa el riesgo de que árboles debilitados por el agua y el viento caigan sobre vías y vehículos, con posibles consecuencias graves para la seguridad de la comunidad.

Asimismo, la exesposa del expresidente Gustavo Petro reconoció el alcance del respaldo logístico que le brindó a la extranjera al admitir: “La relación de Eva y mía era profesional, esa relación arranca con la idea de que ella participara en la construcción de un empoderamiento de la mujer en la sociedad y gracias a ese diálogo es que ella resulta en Colombia y yo la hospedo varios meses en mi casa”. No obstante, analistas y organismos de control examinarían si dicha cercanía profesional habría trascendido hacia esferas de injerencia burocrática y contractual en entidades estratégicas del Estado.

De igual manera, la exprimera dama se refirió a los cuestionados ingresos a recintos penitenciarios del país, señalamientos que han levantado suspicacias en sectores políticos y veedurías ciudadanas. Al respecto, Alcocer aseveró que su presencia en dichos establecimientos obedeció a una labor estrictamente mística y asistencial: “Yo me dediqué a muchísimas obras que quizá nunca gente vio, que era acompañar a gente en hospitales. A las cárceles iba porque me encantaba escuchar, dar una mano, porque iba a ungir a los presos, el don de la unción existe”. Frente a las especulaciones sobre supuestas reuniones clandestinas con perfiles de alta peligrosidad, la exmandataria enfatizó que cada desplazamiento se habría ajustado a la normativa penitenciaria: “Nunca jamás, siempre fue documentado bajo la legalidad con todos los requisitos que pedía el Inpec, la gran mayoría fue con mujeres, allí iba yo”.

A pesar de la defensa pública basada en el asistencialismo espiritual y la cooperación social, sectores jurídicos advierten que las declaraciones textuales de la exprimera dama contrastarían con los indicios documentales que recopilaría el ente acusador en torno a redes transnacionales de influencia. Mientras los estrados judiciales resuelven la controversia procesal y se evalúan las repercusiones de los testimonios clave, la confrontación entre los descargos institucionales de la defensa y los hallazgos de la fiscalía continuará marcando la agenda política nacional.

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“Yo nunca jamás he autorizado ni a Manel, ni a personas cercanas, ni a personas conocidas, ni desconocidas a hablar de mí”, afirmó al ser consultada sobre el tema.

Alcocer insistió en que cada persona debe asumir las consecuencias de sus actuaciones y se desmarcó de cualquier gestión que terceros hubieran realizado por cuenta propia.

“Mira, cada uno tiene que asumir las consecuencias de sus actuaciones. Yo no meto las manos al fuego por nadie, estoy metiendo las manos por mí”, señaló durante la conversación.

Alcocer niega haber pedido contratos o cargos

En la entrevista, la exprimera dama rechazó que hubiera autorizado a otras personas a solicitar beneficios o intervenir ante entidades estatales en su nombre.

Según explicó, nunca dio permiso para que alguien pidiera contratos, puestos u otras ventajas alegando representarla. Sus declaraciones se producen en medio de cuestionamientos sobre presuntas gestiones de personas cercanas a ella y el uso de su nombre en asuntos relacionados con el Estado.

La exprimera dama también cuestionó la imagen que, según ella, se ha construido sobre su influencia durante el mandato de Petro.

“Se ha construido el relato de que yo soy la poderosa y casi que no había presidente”, expresó, antes de negar que tuviera las atribuciones que le han sido señaladas.

¿Quién tomaba las decisiones en el Gobierno Petro, según Alcocer?

Alcocer afirmó que las decisiones relacionadas con la contratación, la desvinculación de funcionarios y los cambios administrativos correspondían al entonces presidente Gustavo Petro.

“Quien toma decisiones y quien tomó decisiones de contratar, de desvincular, de cambiar era el señor presidente de la República, como compete. Yo no tenía esa competencia, nunca fue cierto”, sostuvo.

Con esa respuesta, la exprimera dama buscó marcar una diferencia entre su papel y las responsabilidades formales de quienes ocupaban cargos con capacidad de decisión dentro del Gobierno.

Sus declaraciones constituyen su versión frente a los señalamientos. La afirmación de que no autorizó gestiones en su nombre no establece, por sí sola, qué actuaciones pudieron haber realizado terceros ni si estas fueron objeto de verificación por parte de las autoridades.

“Cada uno tiene que asumir las consecuencias de sus actuaciones”

La referencia a Manel Grau fue uno de los puntos de la conversación, en la que Alcocer reiteró que no respondería por las actuaciones de otras personas.

“Yo no meto las manos al fuego por nadie, estoy metiendo las manos por mí”, insistió.

La exprimera dama mantuvo así su negativa a haber autorizado a terceros a actuar en su nombre y defendió que las decisiones administrativas del Gobierno no estaban dentro de sus competencias.

“Porque no me parecía relevante entrar en temas de tú me dices y tú me atacas y yo te ataco, esa es una dinámica que se ha construido con la cual no estoy de acuerdo. Me parecía que a través de los abogados, haciendo comunicados, podía tener unas claridades sobre mí. Hoy es diferente porque esto escaló y me parece importante que yo salga a aclarar”, manifestó la exprimera dama durante su intervención en el medio nacional.

Al abordar específicamente su cercanía con Ferrer, Alcocer matizó el nivel de confianza que existía entre ambas, precisando que, aunque compartían círculos y afinidades, la extranjera nunca formó parte de su círculo íntimo más reservado. “Eva Ferrer no era una persona de confianza mía, era una persona cercana y me generaba algo de tranquilidad porque teníamos amigos en común”, señaló Alcocer, explicando los antecedentes de un vínculo que rápidamente pasó del plano social al cooperativo.

Según relató la exprimera dama, la relación profesional y de trabajo conjunto arrancó con el propósito específico de impulsar iniciativas enfocadas en el empoderamiento de la mujer en la sociedad colombiana. “La relación de Eva y mía era profesional, esa relación arranca con la idea de que ella participara en la construcción de un empoderamiento de la mujer en la sociedad y gracias a ese diálogo es que ella resulta en Colombia y yo la hospedo varios meses en mi casa”, confesó Alcocer, confirmando el alto grado de hospitalidad y respaldo logístico que le brindó a la ciudadana española en su llegada al país.

Las declaraciones de Alcocer se producen mientras los organismos de control avanzan en la recopilación de pruebas, testimonios y auditorías sobre presuntas redes de influencia y contratación irregular en entidades estatales. Mientras la defensa de la exprimera dama insiste en su disposición de colaborar con la justicia para desvirtuar los graves señalamientos lanzados por Ferrer, la española dice que tiene las pruebas suficientes para enlodar a Alcocer en sus señalamientos. 

Este encuentro se desarrolló utilizando el formato conocido como side by side, modalidad en la que artistas profesionales y estudiantes interpretan juntos, compartiendo conocimientos sobre repertorio, ensamble, técnica y criterios de interpretación musical. Para los participantes, cuyas edades oscilan entre los 13 y los 17 años, la experiencia representó la posibilidad de enriquecer sus competencias musicales y, al mismo tiempo, dialogar con perspectivas y enfoques globales en el arte orquestal.

La visita de la Filarmónica de Berlín a Colombia, en el marco de su gira por Nueva York y Suramérica, tuvo especial relevancia, ya que esta agrupación llegó luego de 25 años sin recorrer la región, según resaltó la Filarmónica de Bogotá. Más allá del concierto, el evento permitió poner en evidencia la misión pedagógica y social que sostiene el sistema de orquestas de la ciudad.

En ese sentido, la Orquesta Filarmónica Prejuvenil forma parte de la estructura de la Filarmónica de Bogotá, cuyos procesos incluyen diversos niveles y grupos de formación musical. Este sistema genera espacios para que niños, niñas y jóvenes afiancen sus destrezas y puedan acceder a experiencias de intercambio artístico como la mencionada jornada. Dicho propósito se refuerza con el Programa de Formación Musical de la Filarmónica de Bogotá que, desde 2013, ha conseguido beneficiar a 289.583 personas de las diferentes localidades, ampliando la cobertura y el acceso a la educación musical.

Un ejemplo de este impacto lo protagoniza Camila Guerrero Acosta, de 16 años, seleccionada para participar en una producción audiovisual de EuroArts Music International GmbH, empresa encargada de documentar la gira latinoamericana de la Filarmónica de Berlín. Su historia, reseñada por la misma Filarmónica, es testimonio del alcance internacional que pueden lograr las iniciativas formativas impulsadas en Bogotá.

Con actividades como esta, la Filarmónica de Bogotá consolida su papel no solo como orquesta sino como un sistema artístico y pedagógico que promueve el desarrollo y la visibilidad del talento joven a través de vivencias directas con referentes musicales mundiales.

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¿Qué es el formato side by side en la educación musical?

El formato side by side es una metodología de aprendizaje en la que músicos jóvenes o en formación tocan junto a profesionales experimentados, permitiendo la trasmisión directa de conocimientos técnicos, criterios interpretativos y habilidades de ensamble orquestal. De acuerdo con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, esta experiencia es clave para fortalecer el crecimiento musical y ampliar los horizontes artísticos de los estudiantes.

¿Cómo apoya la Filarmónica de Bogotá la formación musical de jóvenes?

Según cifras publicadas por la Filarmónica de Bogotá, su sistema de agrupaciones y el Programa de Formación Musical han beneficiado desde 2013 a 289.583 niñas, niños y jóvenes en Bogotá. A través de diferentes grupos y actividades, la institución fomenta el acceso a la educación musical, ofrece oportunidades para la práctica orquestal y ayuda al desarrollo de nuevo talento en la ciudad.

(Vea también: “Tiene a mi familia fracturada”: suegra de Benedetti hace dura revelación sobre el exministro de Petro)

“Es una total mentira. Yo jamás en mi vida, jamás en mi vida he tenido nada que ver con drogas, ni con tráfico, ni con ninguna otra cosa”, afirmó Alcocer al referirse a las acusaciones que hizo pública Eva Ferrer, quien durante años fue su amiga cercana y asesora.

La controversia surgió después de que Ferrer señalara a Alcocer de presuntamente haber utilizado aeronaves oficiales para transportar estupefacientes a Venezuela y regresar a Colombia con dinero en efectivo. Entre sus afirmaciones, mencionó un supuesto traslado de 2,5 millones de dólares, que, según su versión, habrían sido destinados a financiar una campaña política.

Alcocer negó esas acusaciones y aseguró que se han difundido versiones falsas sobre sus desplazamientos. Durante la entrevista, también mostró un documento con el que busca respaldar su explicación.

¿Para qué viajó Verónica Alcocer a Venezuela?

Al explicar el motivo de su visita, la exprimera dama sostuvo que su interés era conocer el sistema orquestal venezolano, reconocido internacionalmente por su trabajo musical con niños y jóvenes.

“El propósito de ese viaje era cumplir una agenda en Venezuela para conocer de primera mano el sistema orquestal de Venezuela, que es tan famoso a nivel mundial para niños y jóvenes”, explicó en Noticias RCN.

Según Alcocer, el interés también estaba relacionado con una iniciativa que Gustavo Petro había contemplado durante su etapa como alcalde de Bogotá y que buscaba retomar posteriormente.

“Es un sistema público que Gustavo Petro en algún momento desde la alcaldía quiso implementar y quería volver a retomar el caso para ver si se podía volver a implementar aquí”, añadió.

De esta manera, Alcocer presentó una explicación centrada en una agenda cultural y en la posibilidad de conocer un modelo público de formación musical que pudiera servir como referencia para Colombia.

¿Qué dijo sobre las acusaciones de Eva Ferrer?

Los señalamientos contra Alcocer fueron formulados por Eva Ferrer, quien hizo parte de su círculo cercano durante años y también ocupó un cargo como consejera presidencial durante el Gobierno de Gustavo Petro.

En declaraciones públicas, Ferrer aseguró que en viajes a Venezuela se habrían transportado drogas y dinero en aeronaves oficiales. También mencionó presuntas irregularidades relacionadas con recursos y personas del entorno de la exprimera dama.

Esas afirmaciones constituyen señalamientos que deben ser esclarecidos por las autoridades y no equivalen, por sí mismos, a una responsabilidad penal demostrada.

Alcocer rechazó las versiones y cuestionó las razones por las que, según ella, se han difundido relatos que considera mentirosos.

“Han hecho cualquier cantidad de relatos mentirosos, no sé con qué intención”, afirmó durante la entrevista.

La situación ha elevado la presión sobre las comunidades del corregimiento Huisitó en El Tambo (Cauca). Allí, habitantes denunciaron ante El Espectador que grupos armados han ingresado a sus viviendas, agrediendo a personas y acusándolas de ocultar información sobre el paradero de alias “Paciencia”. La comunidad, en medio del temor, pidió intervención urgente de las autoridades. Además, la organización ha comenzado operativos casa por casa, buscando no solo a alias “Paciencia” y su pareja, sino también una posible parte del dinero sustraído que podría estar escondido en ese territorio.

De acuerdo con testimonios recogidos por el diario, los miembros de la estructura, a falta de respuestas, instalaron retenes y están revisando celulares, en busca de cualquier indicio que ayude a dar con quienes huyeron y con los recursos perdidos. Estas acciones, sumadas a la denuncia sobre la instalación de un cilindro bomba en la entrada del municipio, han intensificado el confinamiento y la zozobra entre los habitantes, pues tanto civiles como miembros de la Fuerza Pública se ven obligados a evitar estos desplazamientos por seguridad.

En el trasfondo de este episodio está la trayectoria de alias “Paciencia”, quien, de acuerdo con El Espectador, ingresó a la estructura en 2021 y ascendió rápidamente, primero como miembro raso y luego como responsable financiero y segundo jefe. Se le atribuye participación en ataques contra el Ejército Nacional y en atentados en la vía Panamericana. La información cita su vinculación en acciones de alto impacto durante 2025 y 2026, incluyendo el secuestro del soldado Víctor Hugo Yepes García y la muerte del soldado Idel José Torres Herrera. Además, tras la salida de líderes como alias “Kevin” y alias “Jovany”, la organización ha experimentado desarticulación y pérdida de cohesión, lo que ha permitido a otras estructuras como la Jaime Martínez ganar protagonismo.

Todo este escenario evidencia no solo la fractura interna, sino también el impacto del desfalco económico en la capacidad operativa y de control territorial de la estructura Carlos Patiño, con consecuencias directas sobre la seguridad y vida cotidiana de las comunidades de Cauca.

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¿Quién era alias “Paciencia” en la estructura Carlos Patiño?

Alias “Paciencia” inició su recorrido en la estructura Carlos Patiño en 2021 como integrante de la compañía Fray León, en zona rural de El Tambo. Tiempo después, asumió el manejo de los recursos financieros y avanzó hasta llegar a ser el segundo jefe. Participó en ataques contra fuerzas militares y tenía bajo su responsabilidad millonarios fondos de la organización, según reseñó El Espectador.

¿Qué consecuencias tiene la fuga de alias “Paciencia” y el robo de COP 10.000 millones en Cauca?

De acuerdo con El Espectador, la desaparición de alias “Paciencia” y la presunta pérdida de 10.000 millones de pesos colombianos representa un duro golpe financiero para la estructura Carlos Patiño. Estos fondos estaban destinados a pagar a los integrantes y a financiar operaciones criminales, lo que puede aumentar las tensiones internas y afectar la seguridad en la región de Cauca.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos habrían ocurrido durante los últimos dos meses, en un punto estratégico: el paradero de una ruta utilizada por múltiples barrios de Soacha. Las víctimas, que diariamente dependían de su actividad para subsistir, eran interceptadas por personas que primero les solicitaban los números telefónicos de otros conductores. Más adelante, estos transportadores recibían llamadas en las que supuestos integrantes de un grupo delincuencial les exigían sumas de dinero semanales, que oscilaban entre 22.000 y 50.000 pesos colombianos por vehículo. El mensaje era claro: quien no pagara, no podría continuar con su labor.

La intervención de la Policía Nacional resultó decisiva, logrando la captura de la mujer y la aprehensión de los dos menores justo en el momento en que, según el reporte oficial, recibían un monto total de 300.000 pesos. Uno de los adolescentes, conforme a la investigación adelantada, tenía el papel de vigilar los movimientos de los conductores y asegurarse de que los pagos exigidos fueran entregados puntualmente.

Los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación permitieron a un fiscal de la Seccional Cundinamarca imputarles el delito de extorsión agravada. Sin embargo, ninguno de los procesados aceptó los cargos presentados. Mientras Yisseth Daniela De Diego Zarate quedó bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario, los dos menores permanecerán en internamiento preventivo mientras avanza el proceso judicial.

Este caso pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el sector del transporte público frente a prácticas ilícitas y deja en evidencia la intervención de menores en acciones delictivas cuya repercusión afecta directamente la seguridad y el derecho al trabajo de la comunidad.

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¿Cómo funcionaba la red de extorsión a conductores en Soacha, Cundinamarca?

La red señalada operaba desde el paradero de una ruta de transporte público, donde los presuntos extorsionistas abordaban a los conductores para obtener información de otros colegas. Posteriormente, contactaban a las víctimas por teléfono haciéndose pasar por miembros de un grupo criminal, exigiendo pagos semanales a cambio de permitirles trabajar. Los cobros variaban entre 22.000 y 50.000 pesos, y se ejercía presión constante para garantizar la recolección del dinero.

¿Qué significa extorsión agravada y cómo se aplicó en este caso en Soacha?

Extorsión agravada es un delito que se configura cuando se emplean medios o circunstancias que incrementan la gravedad de la amenaza, como el uso de menores o la pertenencia a categorías protegidas. En Soacha, la imputación se realizó bajo esta figura porque los hechos incluyeron la participación de adolescentes y la afectación a un grupo amplio de víctimas vulnerables, según informó la Fiscalía General de la Nación.

La movilización reunió a unas 300 personas de diversas edades y colectivos. Las pancartas compartían mensajes claros y contundentes como “Entre menos historia, menos memoria”, “La historia de Colombia es Queer” y “Con censura no hay cultura”. Miembros de la comunidad LGBTIQ+, organizaciones feministas y políticos de la oposición, como la congresista María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico, estuvieron presentes. Carrascal anunció minutos antes de la intervención policial que presentará una demanda contra el decreto que modifica los protocolos de la Fuerza Pública en las protestas sociales.

El Espectador acompañó el primer día de la manifestación, en la que participaron cerca de 500 personas. Según testigos, hacia las 6:33 p. m. una tanqueta comenzó a actuar para dispersar la multitud y, en los siguientes 30 minutos, la situación se tensó aún más con la llegada de más agentes y el uso de aturdidoras. El orden público volvió cerca de las 7:30 p. m., aunque la presencia policial se mantuvo en el lugar.

Las 30 obras desmontadas corresponden a las salas “Hacer sociedad”, “Memoria y Nación” y “Fuerza, fe y sustancia” del Museo Nacional. Entre las piezas retiradas se encuentran un brazalete de cuero de la Alianza Democrática M-19, un impreso de 1986 de la Unión Patriótica a favor de Jaime Pardo Leal, afiches de las candidaturas de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, y “Minería” de Antonio Caro. Elementos simbólicos como el “Balígrafo”, pluma hecha con un casquillo de bala usada para firmar el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, y el tarjetón de la séptima papeleta que promovió la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, también fueron retirados. Entre las piezas referentes a la diversidad sexual figuran una fotografía de Germán Humberto Rincón Perfetti de la marcha LGBT de 2004, así como la cartilla “Cuerpos en prisión, mentes en acción”. Del feminismo se desmontaron, entre otras, un afiche de la Casa de la Mujer para la Jornada Internacional de No Violencia contra la Mujer, de 1989, y un manifiesto de 1978 del Encuentro Nacional de Mujeres en Cali. El Espectador confirmó, al visitar el lugar, que efectivamente las piezas habían sido retiradas y conversó con asistentes sobre el impacto de la decisión.

El retiro fue ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella a través de la ministra de Cultura, Paola Holguín, quien defendió la decisión bajo el argumento de ser una “oda al terrorismo”. Esta medida originó la citación de control político en el Congreso a la ministra, quien, según la senadora Jennifer Pedraza, debe responder por situaciones como presunta censura, inconsistencias en su hoja de vida y nombramientos cuestionados en su cartera.

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¿Por qué retiraron las obras LGBTIQ+, feministas y políticas del Museo Nacional?

Según El Espectador, la decisión de retirar las 30 piezas se tomó por orden del presidente Abelardo de la Espriella y ejecutada por la ministra de Cultura, Paola Holguín. La medida obedeció al criterio presidencial de que las obras representaban una “oda al terrorismo”. Esto provocó el rechazo de diversos colectivos y la oposición política, que consideran que la remoción de estas piezas limita la memoria y diversidad cultural del país.

¿Cuáles obras y objetos históricos fueron retirados del Museo Nacional durante la protesta?

De acuerdo con los reportes confirmados por El Espectador, entre las piezas retiras se encuentran el “Balígrafo”, instrumento usado para firmar el Acuerdo de Paz con las FARC, el tarjetón de la séptima papeleta que promovió la Asamblea Constituyente de 1991, afiches de campañas de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, elementos relacionados con el movimiento LGBTIQ+ y documentos del feminismo, como la cartilla “Cuerpos en prisión, mentes en acción” y el manifiesto de 1978 del Encuentro Nacional de Mujeres en Cali.

El detonante de la polémica ha sido la remoción de piezas relacionadas con la comunidad LGBTIQ+, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016, temas sensibles en la historia reciente del país. La preocupación, amplificada por sectores políticos y culturales, se ha centrado en el posible intento de reescribir o eliminar aspectos fundamentales de la memoria colectiva. Ni la ministra ni el presidente se han referido expresamente al tema, aunque el mandatario, al término de una visita a la cartera de Cultura, indicó que instruyó para que "toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos", lo cual, según De la Espriella, constituye "apología al terrorismo". Estas afirmaciones evidencian la división existente alrededor de lo que ciertos sectores consideran una "lucha abierta y total contra el 'wokismo'", entendiendo este término como la imposición de luchas sociales y de diversidad en ámbitos educativos y culturales.

Otro aspecto discutido en el Congreso es la hoja de vida de Holguín, ya que, según la senadora, la ministra no posee el título de magíster en Estudios Políticos que figuraba como parte de su perfil. Un documento de la Universidad Pontificia Bolivariana y la propia Holguín confirmaron que, aunque cursó la maestría y aprobó las materias y el trabajo de grado, no se graduó oficialmente. Así lo informó Holguín ante los cuestionamientos públicos.

El expresidente Juan Manuel Santos también reaccionó, afirmando que "la historia y la memoria de un país no se borran", sino que deben protegerse para favorecer la unidad. Mientras tanto, voces del sector cultural abogan por mantener la independencia de los museos, instando al Ejecutivo a no interferir en su actuar. Esta controversia continúa generando debate sobre la protección de la memoria, el acceso a la cultura y la transparencia en el sector público.

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¿Por qué fue citada la ministra de Cultura, Paola Holguín, al Congreso?

La ministra Paola Holguín será citada a un debate de control político en el Congreso a raíz de varias polémicas, entre ellas el retiro de obras relacionadas con la comunidad LGBTIQ+, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016 en el Museo Nacional. Además, la senadora Jennifer Pedraza cuestionó la veracidad de los datos en la hoja de vida de la ministra, los nombramientos en su cartera y las convocatorias suspendidas, asuntos que requieren aclaración ante el país, según informó El Espectador.

¿Qué significa el término 'wokismo' en el contexto del debate político y cultural?

En este contexto, 'wokismo' se refiere a una corriente que, según críticas citadas en el debate, prioriza la lucha contra las desigualdades sociales, la inclusión en el lenguaje y la memoria histórica de grupos diversos. El término ha sido usado por opositores para señalar lo que consideran imposiciones ideológicas en educación y cultura, y ha sido mencionado por el actual Gobierno como algo que se combate abiertamente según declaraciones recogidas por El Espectador.

Según EL PILÓN, los hechos transcurrieron rápidamente cuando los jóvenes cesarenses, al parecer, se opusieron al robo. Esta reacción provocó que los delincuentes accionaran sus armas de fuego, causándoles heridas de gravedad a ambos. Minutos después del asalto, Roberto, uno de los hermanos, falleció en el lugar de los hechos debido a la complejidad de las lesiones. Por su parte, Elvis resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un centro médico en Albania, donde permanece bajo observación y en estado delicado.

EL PILÓN también informó que Roberto, la víctima fatal, había prestado el servicio militar antes de radicarse en La Guajira para trabajar junto a su hermano. Estos datos refuerzan la versión de que ambos tenían un propósito laboral al momento de los hechos, lo que añade aún más dramatismo a las circunstancias del ataque.

Tras conocer lo ocurrido, personal de criminalística llegó al lugar para realizar la inspección técnica del cadáver y recolectar los elementos materiales de prueba. Las autoridades correspondientes asumieron la investigación con el objetivo de esclarecer los detalles de este acto violento y avanzar en la identificación y captura de los responsables. Este crimen conmocionó a los habitantes de la región, quienes esperan justicia y respuestas prontas frente a este lamentable caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre los responsables del ataque a los hermanos Daza Mendoza en La Guajira?

Hasta el momento, de acuerdo con la información suministrada por el reporte policial y la reseña de EL PILÓN, las autoridades están adelantando las investigaciones para lograr la identificación y captura de los sujetos responsables del ataque. No se han revelado más detalles sobre la identidad de los agresores.

¿Por qué los hermanos Daza Mendoza estaban en la zona rural de Albania, La Guajira?

Según EL PILÓN, Roberto y Elvis Daza Mendoza, oriundos de Aguas Blancas, Valledupar, se encontraban en la zona rural de Albania, La Guajira, debido a su trabajo en una empresa de la región. Ambos hermanos habían decidido laborar juntos luego de que Roberto finalizara su servicio militar.

El motivo principal de esta protesta es la orden expedida por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, para retirar alrededor de 30 piezas y obras de la exhibición permanente del Museo Nacional de Colombia. A esto se suma la reiterada presencia de discursos religiosos en escenarios públicos oficiales. En palabras del colectivo, estas decisiones representan un retroceso respecto a los avances históricos en materia de derechos fundamentales, afectando de manera particular a las mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y población LGBTIQ+. El documento presentado evidencia que altos funcionarios estatales han intentado instaurar sus convicciones religiosas como lineamiento político, utilizando canales institucionales para emitir mensajes de carácter confesional y de adoctrinamiento político, en detrimento de la pluralidad y la neutralidad exigibles al Estado.

El manifiesto recuerda, además, los daños históricos derivados de la confusión entre Estado y religión, citando episodios como las guerras civiles del siglo XIX y la violencia partidista del siglo XX en Colombia. En el marco educativo, los firmantes critican que el Ministerio de Educación dedique esfuerzos a “problemas imaginarios” en lugar de enfrentar retos como la desigualdad y el uso responsable de las redes sociales y la inteligencia artificial en menores. Para el sector cultural y de las artes, el mensaje es claro: "¡La cultura no se recorta, se apoya!". El texto apoya sus argumentos con versos de Octavio Paz y las ideas de la filósofa Adela Cortina, que advierten sobre el peligro de eliminar la diversidad y el debate democrático.

Las exigencias planteadas al Gobierno son concretas: garantizar el carácter laico de la educación pública, respetar la pluralidad de ideas dentro del espacio estatal, proteger la libertad religiosa sin imposiciones dogmáticas y suspender el uso de recursos públicos para ofrecer clases de “moral” institucional, tareas que, según el manifiesto, no corresponden a entidades como el Instituto Caro y Cuervo. Además, el grupo se compromete a ejercer una vigilancia activa contra la censura de autores, libros, ideologías y corrientes filosóficas o políticas.

El listado de firmantes incluye a destacados periodistas, académicos, artistas y exfuncionarios, quienes con su respaldo confieren legitimidad a la petición. El detonante de la controversia fue la remoción de unas 30 piezas de las salas permanentes ‘Hacer sociedad’, ‘Fuerza, fe y sustancia’ y ‘Memoria y nación’ del Museo Nacional, bajo el argumento de evitar hacer apología al terrorismo. Entre las obras desmontadas estaban grabados, material audiovisual, afiches de la Constituyente de 1991, así como testimonios de luchas feministas y LGBTIQ+, lo que llevó a masivas protestas ciudadanas y un llamado a no censurar la memoria ni la historia cultural, de acuerdo con reportes de El Espectador y otras fuentes citadas en el manifiesto.

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¿Por qué la comunidad cultural rechaza el retiro de obras del Museo Nacional de Colombia?

La comunidad cultural rechaza el retiro de obras del Museo Nacional debido a que considera que esta acción representa una censura a la diversidad de visiones y memorias colectivas del país. Además, perciben la medida como una intervención que rompe procesos de investigación curatorial e impide el debate y la pluralidad fundamentales en una nación democrática, según se expresa en el manifiesto citado por El Espectador.

¿Cuáles son las principales demandas de los firmantes del manifiesto por la diversidad cultural en Colombia?

Los firmantes del manifiesto exigen al Gobierno cuatro acciones principales: garantizar el carácter laico de la educación pública, respetar la pluralidad de ideas e imponer neutralidad institucional, proteger el ejercicio libre de cultos evitando dogmas estatales y detener el uso de fondos públicos para impartir lecciones de moral. Estas demandas buscan preservar la neutralidad del Estado y defender la libertad de pensamiento, según el texto del manifiesto.

La tormenta política estalló a raíz de la intervención forzosa por un año ordenada el pasado 16 de octubre por la Superintendencia Nacional de Salud, medida adoptada debido al reiterado incumplimiento de planes de mejoramiento desde 2022, el cierre de 13 de los 59 servicios habilitados y la precaria planta de personal que contaba con un solo cirujano general. Aunque la gobernadora Ordóñez y la congresista Jay-Pang le habían manifestado al Ejecutivo estar conformes con la medida, el primer mandatario descubrió maniobras subterráneas para obstaculizar el proceso. “Ayer me dijeron que estaban tranquilas con la intervención del hospital y se fueron allá a atravesarse”, sentenció De La Espriella durante su visita oficial.

Las advertencias del mandatario escalaron rápidamente hacia el terreno contractual y ambiental. Dirigiéndose con severidad a las lideresas insulares, el presidente reveló que su administración tiene mapeadas todas las irregularidades que operan en la isla. “Estoy enterado de los negocios de su marido. Estoy enterado de Coralina. Estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir”, advirtió, señalando directamente que el esposo de la representante Elizabeth Jay-Pang estaría detrás de los hilos de la contratación de la Gobernación departamental. Las alarmas también se encendieron sobre la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina), autoridad ambiental señalada de desviar su misión técnica hacia intereses burocráticos y clientelistas, según informó La FM. 

Ante este panorama de presunto desangre fiscal, el Ejecutivo lanzó una advertencia categórica sobre el manejo de los presupuestos venideros. El jefe de Estado aseguró que los dineros enviados desde el nivel central tendrán un blindaje absoluto y una fiscalización implacable para evitar que caigan en manos de redes de corrupción. “Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar. Pero no crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otro gobierno… A este archipiélago no se lo van a volver a robar en mi administración”, recalcó enfáticamente.

Paralelamente a las indagaciones fiscales y penales anunciadas en el archipiélago, el paquete de medidas gubernamentales incluyó un plan de choque en salud para atender a más de 4.900 pacientes represados, inversiones de 15.082 millones de pesos en vivienda raizal para Providencia, 20.341 millones para agua potable y 10.000 millones destinados al proyecto turístico “Isla Milagro” a través de Fontur y aliados estratégicos. Mientras los organismos de control alistan auditorías exprés para examinar la contratación local y el manejo de Coralina, ni la gobernadora Girley Ordóñez —quien asumió el mandato en julio de 2026 tras las elecciones atípicas— ni la veterana congresista liberal Elizabeth Jay-Pang han emitido respuestas oficiales, refugiándose en un profundo hermetismo frente al terremoto político que sacude las islas.

La imputación no solo incluye a cuadros guerrilleros de base, sino también a tres miembros que formaron parte del último secretariado de las Farc, lo que implica responsabilidades en la cadena de mando de la antigua organización armada. El magistrado Juan José Cantillo Pushaina, encargado de la ponencia, detalló en entrevista con El Espectador que la guerra en estas regiones, además de causar un alto número de víctimas mortales, tuvo un impacto profundo en la sostenibilidad y la autonomía de los pueblos indígenas. Cantillo enfatizó que se abrió una herida “en el territorio y en la naturaleza” cuyos efectos se mantendrán vigentes mientras no se logre una justicia efectiva.

La decisión es inédita en la justicia colombiana por varias razones. Según la información proporcionada, la JEP reconoció la amplia gama de crímenes cometidos: persecución sistemática, exterminio, ataques a bienes civiles, graves daños al medio ambiente y ataques contra lugares de especial protección. Estos hechos muestran cómo las comunidades indígenas no se vieron únicamente afectadas en su integridad física, sino también en su sostenibilidad cultural, ambiental y territorial, elementos fundamentales para su supervivencia como pueblos diferenciados. Las consecuencias, señala el magistrado, trascienden lo humano y se reflejan en un daño perdurable al entorno natural y la autonomía de estos grupos.

Al imputar formalmente estos hechos, la JEP marca un precedente relevante en el tratamiento de los crímenes contra comunidades históricamente marginadas y en la búsqueda de un reconocimiento pleno de sus derechos dentro de los procesos de justicia transicional en Colombia.

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¿Qué crímenes reconoce la JEP en contra de los pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía?

La JEP reconoce en su imputación crímenes como persecución, exterminio, ataques a bienes civiles, daños graves al medio ambiente y ataques contra lugares de especial protección, todos ellos cometidos durante el conflicto armado contra los pueblos indígenas Korebajü, Siona, Nükak, Hitnü y Jiw, de acuerdo con El Espectador.

¿Por qué esta decisión de la JEP es considerada inédita para la justicia colombiana?

La decisión es inédita porque, según El Espectador, representa el reconocimiento judicial de una multiplicidad de delitos contra comunidades indígenas específicas, destacando el impacto más allá de lo físico y afectando profundamente la autonomía, sostenibilidad y el entorno natural de estos pueblos, algo que la justicia colombiana no había abordado con tal profundidad antes.

Pese a que Gustavo Petro no tomó la palabra desde la tarima durante las movilizaciones, otras figuras destacadas de la izquierda que actualmente ocupan curules en el Congreso sí aprovecharon la ocasión para expresar sus puntos de vista. Estos discursos se enmarcaron en el contexto del próximo congreso del Pacto Histórico, evento para el que ya se están debatiendo temas internos de alta relevancia. Uno de los focos de discusión gira en torno a la manera como se deberían escoger los delegados que representarán a las distintas tendencias dentro de la colectividad. Esto implica un debate abierto sobre la representatividad y la inclusión de voces nuevas que aspiran a obtener candidaturas de cara a los próximos comicios territoriales.

La discusión sobre tendencias y liderazgos no solo define el futuro organizativo del Pacto Histórico, sino que también refleja la intención de la colectividad de fortalecer su posición en el escenario político de cara a las elecciones regionales de 2027. En ese sentido, el pronunciamiento de De la Espriella al insistir en el respeto a la protesta pacífica, pero llamando la atención sobre las minorías que buscan interrumpir la vida cotidiana, marca una postura oficial frente a la movilización social y sus límites.

Todo este panorama fue objeto de análisis en el programa La Mesa Redonda de El Espectador, donde se profundizó en el significado político de las marchas, las respuestas del Gobierno y las disputas internas que se viven actualmente en el seno del Pacto Histórico.

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¿Por qué Gustavo Petro fue designado líder provisional del Pacto Histórico?

La designación provisional de Gustavo Petro como líder del Pacto Histórico surgió a partir de una decisión unánime dentro de la colectividad política, en un contexto de reorganización interna y previo a la celebración de su primer congreso. La intención es que Petro, como figura emblemática, guíe la dirección del movimiento mientras se define la estructura formal y representativa para los siguientes años.

¿Qué debates afectan la elección de delegados dentro del Pacto Histórico?

Uno de los principales debates gira en torno a la representatividad de los futuros delegados en el congreso del Pacto Histórico. Las distintas tendencias y corrientes buscan definir cómo estarán representadas en dicho encuentro y también quiénes podrán postularse como candidatos para las elecciones territoriales, lo que ya genera discusión interna y muestra distintas posiciones entre sus miembros.

En las imágenes se puede ver claramente la preocupación de los habitantes y testigos. Una persona señala la morada, identificándola como la vivienda de don Abel, y destaca las graves afectaciones que dejó el choque del camión. “Vean cómo le quedó la casa al señor”, menciona quien graba, expresión que muestra la sorpresa y el desasosiego entre los presentes ante el inesperado suceso. Además, el testigo menciona que estaba lloviendo en ese instante, aunque no existe una confirmación oficial sobre si esta condición fue determinante en el accidente registrado en esta importante vía del departamento de Tolima.

El camión involucrado en el accidente porta las placas UQA 241, que están registradas en Mosquera. Así lo revela la información proporcionada junto con el material audiovisual divulgado por testigos. Hasta el momento, no hay detalles precisos sobre cómo perdió el control el conductor o cuál fue la causa exacta que llevó al vehículo a terminar contra la vivienda. De acuerdo con el mismo video, la voz que narra los hechos indica que, aparentemente, no se presentaron personas lesionadas a raíz del choque. Sin embargo, se enfatiza que estas declaraciones provienen de testimonios y no forman parte de un informe oficial, por lo que el balance concreto de afectados requiere la confirmación de las autoridades competentes. Así, el accidente, que tuvo lugar en un corredor vial relevante de Tolima, deja interrogantes sobre la seguridad en el sector y el estado final de quienes presenciaron este incidente.

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¿Cuál fue la causa del accidente del camión en la vía a Cajamarca?

Hasta el momento no se conoce la causa confirmada del accidente, según los registros en video mencionados. Aunque un testigo señaló que llovía en el momento del choque, no hay información oficial que indique si las condiciones climáticas influyeron en el hecho. Los detalles sobre cómo el camión terminó contra la vivienda y si hubo otras variables relacionadas no han sido aclarados por las autoridades.

¿Hubo personas lesionadas en el accidente del camión contra la casa en Curalito?

De acuerdo con testimonios recogidos en el mismo video del accidente, no se reportaron personas lesionadas. No obstante, hasta la fecha, no existe un informe oficial que confirme esta versión o dé un balance definitivo sobre posibles afectados a raíz del siniestro. Se espera el pronunciamiento de las autoridades para esclarecer este aspecto.

De acuerdo con la información proporcionada, a pesar de lo aparatoso del incidente, no se registraron fallecidos. Las autoridades siguen presentes en el lugar del siniestro, coordinando las labores de atención y seguridad necesarias para salvaguardar la integridad de los transeúntes y conductores que circulan habitualmente por esta importante vía. El reporte señala que la movilidad se vio alterada, pues fue necesario restringir el tránsito a un solo carril. Esta medida preventiva se mantendrá hasta que llegue una grúa encargada de retirar el automóvil accidentado, con el fin de evitar mayores complicaciones en la circulación.

Las labores de las autoridades no solo se limitan al manejo del flujo vehicular. Los agentes de tránsito, según lo destacado en el informe, se encuentran evaluando las condiciones del conductor involucrado en el accidente. En este sentido, se busca establecer si existió algún factor como el consumo de alcohol que pudiera haber influido en el siniestro; sin embargo, hasta ahora, este aspecto sigue sin confirmación oficial.

Ante la situación, las autoridades han hecho un llamado a los conductores que circulan entre Ibagué y el Cañón del Combeima para que sigan estrictamente las recomendaciones de seguridad. Se ha enfatizado en la importancia de reducir la velocidad, mantener una distancia adecuada entre vehículos y evitar acciones riesgosas al volante. Se espera que, una vez culminen las maniobras de retiro del automotor, el tránsito en la zona vuelva a la normalidad y se reduzca el riesgo de nuevos incidentes.

Este accidente evidencia la necesidad de tener cautela en las carreteras y resalta el papel fundamental de los organismos encargados del tránsito para prevenir y atender emergencias, garantizando la seguridad de quienes hacen uso de los corredores viales de la región.

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¿Cómo está la movilidad en la vía al Cañón del Combeima tras el accidente?

Según lo reportado por El Nuevo Día, actualmente la movilidad en la vía al Cañón del Combeima se encuentra restringida a un solo carril, lo que ha generado demoras y exige a los conductores transitar con precaución. Las autoridades esperan restablecer la circulación normal tan pronto como se logre el retiro del vehículo volcado.

¿Por qué se verifican las condiciones del conductor después de un accidente de tránsito?

Como explica El Nuevo Día, la verificación de las condiciones del conductor tras un accidente es un proceso estándar realizado por las autoridades para establecer posibles causas del siniestro, como la presencia de alcohol o factores que puedan comprometer la seguridad en la vía. Este procedimiento ayuda a esclarecer responsabilidades y prevenir situaciones similares en el futuro.

Una vez que los secuestradores lograron retener a la persona, se pusieron en contacto con la familia mediante mensajes de WhatsApp. En esas comunicaciones, emplearon métodos de intimidación para exigir el pago de una considerable suma de dinero que, de acuerdo con sus amenazas, garantizaría la seguridad y liberación del ciudadano. La presión sobre la familia creció rápidamente, acentuando el sentimiento de angustia mientras aguardaban alguna respuesta sobre el bienestar de su ser querido.

Pese a la presión ejercida sobre los familiares, la extorsión económica no logró concretarse. Cuando la situación salió a la luz, tropas del Gaula Militar de la Décima Brigada Blindada desplegaron una operación en la zona señalada. Estas acciones incluyeron el acordonamiento del área alrededor del cementerio, lo que generó una presión significativa sobre los captores. Según El Pilón, los criminales, al verse acorralados por el despliegue de las autoridades, decidieron desistir de sus intenciones y abandonaron a la víctima en el sector, lo que permitió a los uniformados ubicarla y ponerla a salvo.

Después de la liberación, el ciudadano fue acompañado de inmediato por efectivos militares hasta su residencia. El reencuentro con sus allegados estuvo lleno de emoción y alivio tras vivir varias horas de incertidumbre. Mientras tanto, las autoridades anunciaron el inicio de investigaciones orientadas a identificar, localizar y capturar a los responsables del secuestro, así como a determinar la relación directa de estos individuos con la organización criminal referida.

La institución militar recalcó la importancia de que la comunidad denuncie cualquier llamada sospechosa o exigencia económica a través de la línea gratuita 147, buscando evitar que más ciudadanos sean víctimas de la modalidad conocida como el ‘falso servicio’.

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¿Qué se sabe de la relación entre los secuestradores y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)?

Las autoridades se encuentran adelantando investigaciones para esclarecer la verdadera vinculación de los secuestradores con la estructura criminal conocida como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Hasta el momento, solo se sabe que los responsables se identificaron como supuestos miembros de dicha organización, pero no se ha confirmado con certeza su pertenencia a ese grupo.

¿Cómo funciona la modalidad de secuestro conocida como ‘falso servicio’ en Valledupar?

La modalidad de ‘falso servicio’ consiste en contactar a una posible víctima a través de una llamada telefónica con el pretexto de ofrecerle un trabajo o solicitar sus servicios. Al acudir al lugar indicado, la persona es interceptada y privada de la libertad, mientras los delincuentes exigen dinero a cambio de su liberación, una modalidad que se ha venido evidenciando en la región según información citada por El Pilón.

Según datos proporcionados en el informe, hasta el momento en que se publicó la información el paso vehicular por el puente seguía restringido. Los habitantes de la zona se han visto obligados a improvisar soluciones temporales, como el uso de una placa metálica, que únicamente permite el paso de motocicletas, evidenciando la afectación significativa para el transporte y la economía local.

En este contexto, pocas horas antes del atentado, tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional reportaron la recuperación de un vehículo cisterna que, al parecer, había sido hurtado por integrantes de este mismo grupo armado. El vehículo transportaba más de 11.000 galones de combustible, que de acuerdo con la institución militar, podrían estar vinculados al sostenimiento de economías ilegales, especialmente las relacionadas con los cultivos de coca. Soldados del Grupo de Caballería Liviano 8, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ejecutaron operaciones de verificación en el sector con el objetivo de descartar nuevas amenazas contra la población y la infraestructura.

En respuesta a estos hechos, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, expresó su rechazo categórico al ataque, calificándolo como “un acto cobarde e indignante que busca aterrorizar a las comunidades”, y añadió que “es inaceptable el desprecio de estos criminales por la población civil”. La cartera de Defensa aseguró que desplegarán todas las capacidades institucionales para prevenir hechos similares, restaurar la movilidad y garantizar la protección de los habitantes de Cauca. Asimismo, se comprometieron a buscar a los responsables del atentado hasta que respondan ante la justicia.

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¿Quién es alias ‘Iván Mordisco’ y cuál es su papel en las disidencias de las Farc?

Alias ‘Iván Mordisco’ es mencionado como el cabecilla de la estructura Jaime Martínez, una facción de las disidencias de las Farc que, según información oficial, estaría detrás del reciente atentado en el puente La Teta. Su papel es clave en la dirección de acciones armadas que afectan a la población civil en el norte del Cauca.

¿Cómo afecta la restricción del puente La Teta a las comunidades en Santander de Quilichao?

La restricción del paso sobre el puente La Teta obliga a los habitantes a usar soluciones improvisadas para la movilidad, como una placa metálica que solo permite el tránsito de motocicletas, lo que limita el transporte de personas y bienes, genera dificultades económicas y altera la vida diaria de más de 200 familias en la región.

Girley Ordóñez Bowie asumió las riendas del departamento con tan solo 35 años de edad tras imponerse en las elecciones atípicas de julio de 2026 con el 64,04 por ciento de los votos (10.874 sufragios), avalada por una coalición del Partido Liberal y el Pacto Histórico tras la salida de Nicolás Gallardo. Nacida en la comunidad raizal, es profesional en Negocios Internacionales y posee una maestría en Gobierno y Gestión Pública. Su experiencia laboral incluye pasos técnicos por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina) y labores como instructora de emprendimiento rural. Sin embargo, su rostro se hizo familiar para los isleños desde la pantalla del canal regional Teleislas, donde laboró como presentadora comunitaria, plataforma que le abrió el camino hacia la Asamblea Departamental y, finalmente, al Palacio de los Corales.

Por su parte, la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz cuenta con una dilatada y consolidada carrera institucional en las islas. Nacida el 4 de agosto de 1960, esta comunicadora social y periodista es egresada de la Universidad Autónoma del Caribe y ostenta un robusto perfil académico que incluye especializaciones en Gestión Pública (ESAP), Administración Financiera (EAN) y Gestión Ambiental, además de una maestría en Medioambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia (sede Caribe).

La hoja de vida de Jay-Pang abarca cargos clave como jefa de prensa de la Gobernación, secretaria de Turismo en 1995, directora de la Red de Solidaridad Social y directora ejecutiva de Fenalco en el archipiélago. Asimismo, lideró la dirección regional del SENA en San Andrés durante 14 años consecutivos (2000-2014). Militante activa del Partido Liberal, la congresista encadena actualmente su tercer periodo sucesivo en la Cámara de Representantes (2018-2022 y 2026-2030), ratificándose como una de las maquinarias electorales más estables de la región insular.

Ambas dirigentes enfrentan ahora el escrutinio de los organismos de control tras los señalamientos del Ejecutivo sobre la gestión de recursos públicos y ambientales. No obstante, sus perfiles sintetizan el liderazgo femenino del archipiélago, combinando la renovación generacional de Ordóñez en la administración departamental con la vasta experiencia legislativa y gremial de Jay-Pang.

La información preliminar no establece aún las razones del enfrentamiento que terminó con este homicidio. Algunas versiones hablan de cerca de diez heridas en el cuerpo de la víctima, aunque ese dato no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades. Lo que sí informaron de manera formal fue la captura, en situación de flagrancia, de un hombre de 36 años, señalado como presunto autor del ataque.

El reporte policial compartido especifica que la persona capturada cuenta con tres anotaciones judiciales previas como indiciado por lesiones personales. Es importante precisar que tener anotaciones judiciales significa estar vinculado a investigaciones, pero no equivale a condenas ni a responsabilidades judiciales de carácter definitivo dentro de este proceso. En este punto, la investigación sigue abierta y pendiente de resultados que permitan esclarecer las circunstancias y motivaciones del crimen.

Asimismo, se conoció de manera extraoficial sobre los alias de ‘Vaca’ y ‘Perra’, presuntamente relacionados con el conflicto que terminó en tragedia; sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de su participación. Las autoridades deberán determinar cuál fue el origen exacto de la confrontación, quiénes intervinieron realmente y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

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¿Quién fue Luis Antonio Buitrago Nieto y en qué circunstancias perdió la vida?

Luis Antonio Buitrago Nieto era un hombre de 35 años que falleció tras ser atacado con arma cortopunzante en el parqueadero de Multifamiliares El Tejar, en el sur de Ibagué. El hecho ocurrió en horas de la madrugada y, pese a los esfuerzos médicos tras su traslado a la Unidad de Salud de Ibagué, sede Ricaurte, las graves lesiones le causaron la muerte. Las causas del enfrentamiento que llevó a este homicidio todavía no han sido esclarecidas oficialmente.

¿Qué significa tener anotaciones judiciales como indiciado y esto implica que una persona es culpable?

Tener anotaciones judiciales como indiciado significa que una persona ha estado vinculada a investigaciones previas por hechos posiblemente delictivos, en este caso, lesiones personales. Sin embargo, estas anotaciones no representan una condena judicial ni establecen culpabilidad; simplemente indican que la persona ha sido objeto de procesos investigativos, y se requiere que la justicia determine su responsabilidad o inocencia.

De acuerdo con el testimonio registrado, el mandatario afirmó ante las funcionarias: "Quiero que sepan que estoy enterado de todo lo que está pasando en la isla y no lo voy a seguir tolerando". Insistió en que conocía detalles sobre presuntas actividades del esposo de Jay-Pang y asuntos relacionados con Coralina, una entidad local. También sostuvo que la destinación de recursos por parte del gobierno estaría protegida para evitar cualquier mal uso. Comunicó que su administración no permitirá prácticas que, según él, han sido habituales con otros gobiernos.

Según el relato, de la Espriella acusó a Ordóñez y Jay-Pang de haber incitado manifestaciones contra la intervención del Hospital Departamental de San Andrés, disposición tomada por la Superintendencia de Salud. En respuesta, las señaladas rechazaron cualquier acusación sobre manejo irregular de recursos o sobre el supuesto envío de personas para protestar. En el caso de Jay-Pang, ella solicitó que se investigaran los señalamientos y expresó confianza en no ser hallada responsable de las acusaciones planteadas.

El presidente ha sostenido una postura de crítica frente a otros mandatarios regionales. En ocasiones anteriores, de acuerdo con El Espectador, llamó la atención al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, advirtiendo que ningún gobernador o alcalde puede adelantar negociaciones, acuerdos o contactos no autorizados con grupos armados. Asimismo, hizo señalamientos similares contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, quien enfrenta investigaciones en la Corte Suprema de Justicia por posibles vínculos con grupos paramilitares. Ambos funcionarios negaron rotundamente las acusaciones, incluso Acuña argumentó que el presidente intentaba perfilarlo negativamente.

Actualmente, de la Espriella continúa sus recorridos en varias regiones de Colombia, dentro del proceso impulsado para estructurar el Plan Nacional de Desarrollo.

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¿Qué dijo el presidente Abelardo de la Espriella sobre la gobernadora de San Andrés y la representante Jay-Pang?

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó públicamente que tenía conocimiento de supuestas actividades irregulares en la isla de San Andrés, señalando específicamente a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y a la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz. Según relató El Espectador, las acusó de estar implicadas en manejos indebidos de recursos, de tener nexos a través del esposo de Jay-Pang en la contratación de la Gobernación y de incitar protestas contra la intervención estatal en el hospital local. Ambas funcionarias negaron todas las acusaciones y solicitaron que se realizaran las investigaciones correspondientes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades locales ante los señalamientos del presidente?

Tanto la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie como la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz rechazaron los señalamientos hechos por Abelardo de la Espriella. En el diálogo, defendieron su gestión y negaron cualquier tipo de relación con irregularidades en el manejo de recursos o con la supuesta organización de protestas en contra de la Superintendencia de Salud. Jay-Pang, de hecho, pidió que se adelantaran investigaciones para esclarecer los hechos y sostuvo que no encontrarían pruebas en su contra.

Según lo informado, la intervención presidencial estuvo marcada por una serie de reclamos hacia las funcionarias por el manejo que han dado a la crisis hospitalaria. El hospital atraviesa serias dificultades financieras, reporta escasez de insumos y observa demoras en los pagos al personal médico, lo que ha motivado protestas ciudadanas. De acuerdo con lo documentado, las funcionarias explicaron que solicitaron acompañamiento del Ministerio de Salud para afrontar la situación. Sin embargo, el presidente mantuvo una postura crítica frente a la administración local e hizo énfasis en la necesidad de un control riguroso sobre el destino de los fondos asignados a la región.

En un momento que elevó el tono de la reunión, De La Espriella señaló expresamente a Elizabeth Jay-Pang Díaz por supuestos negocios irregulares de su esposo y mencionó sus conocimientos sobre Coralina. De manera clara, el mandatario declaró: "Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir". Es importante subrayar, como lo indica la información reportada, que estos señalamientos fueron realizados por el presidente y, según lo documentado, no constituyen una prueba de responsabilidad penal o administrativa.

El presidente aseguró además que los recursos públicos que llegan al archipiélago estarán sometidos a estricta vigilancia institucional y que no permitirá que se presenten irregularidades. De acuerdo con sus palabras, "no confundan la cortesía institucional con la complicidad, porque no es mi caso". Finalmente, anunció su intención de revisar a fondo las finanzas departamentales para esclarecer el uso y destino de los fondos estatales asignados a San Andrés. Tanto la gobernadora como la representante reiteraron su interés en buscar acompañamiento institucional y defendieron la intervención estatal del centro asistencial.

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¿Qué problemas enfrenta el hospital departamental de San Andrés?

El hospital departamental de San Andrés enfrenta dificultades financieras, escasez de insumos y retrasos en los pagos al personal médico. Estas problemáticas han motivado protestas ciudadanas, según lo resaltado en el encuentro entre el presidente Abelardo De La Espriella y las autoridades del archipiélago.

¿Qué es Coralina y por qué fue mencionada en el enfrentamiento?

Coralina es la entidad regional encargada de los temas ambientales en San Andrés. Fue mencionada durante el cruce de palabras porque el presidente De La Espriella afirmó tener conocimiento sobre situaciones irregulares relacionadas con esta entidad, aunque las declaraciones constituyen solo señalamientos y no pruebas, de acuerdo con la información disponible.

“Voy a presentar a la Fiscalía todo lo que requiera, incluyendo la evidencia pertinente”, advirtió Reyes a su salida de las instalaciones judiciales, encendiendo nuevamente el ventilador sobre supuestas prácticas de clientelismo e injerencia burocrática. La ampliación de esta declaración cayó en el entorno político, desatando una inmediata y airada reacción por parte de Adelina Covo a través de sus canales digitales.

La dirigente política arremetió con dureza contra el exfuncionario, a quien descalificó públicamente y tildó de “paracaidista” sin méritos que ha ocupado altas dignidades del Estado. “No sé qué busca el tal señor Taxman conmigo (nombre robado a George Harrison). Por lo pronto le respondo que no tengo nada que ver con el tal Benedetti, que, por cierto, tiene a mi familia completamente fracturada”, escribió Covo en su cuenta oficial de X, reconociendo un distanciamiento profundo con el exembajador a raíz de su relación con su hija, Adelina Covo Guerrero.

El núcleo de la controversia se remonta a los señalamientos formulados por Reyes, quien reveló que en el pasado recibió a Covo en su despacho acompañada por Nicolás Petro, hijo del expresidente Gustavo Petro. Según el testimonio del exdirector de la Dian, en dicho encuentro le fue entregado un sobre de manila con hojas de vida destinadas a cooptar las gerencias aduaneras en la costa Caribe. “La señora Adelina Covo estaba en sus cinco sentidos cuando con Nicolás Petro me pidió las aduanas de Barranquilla y Cartagena para los recomendados de Armando Benedetti”, aseveró Reyes en su momento, destacando que sus directrices chocaban frontalmente con estas pretensiones.

Por su parte, Covo ha negado categóricamente haber intercedido por puestos públicos y devolvió los ataques calificando a Reyes de “payaso” por la gestión desempeñada en el gabinete. Mientras la Fiscalía avanza en la recolección de entrevistas y documentos para determinar si existió tráfico de influencias, el choque político entre el exjefe tributario y la influyente familia cartagenera promete nuevos capítulos en los estrados judiciales.

El trágico accidente involucró a una motocicleta conducida por Tapia y otro vehículo, contra el cual se produjo una colisión violenta. El impacto fue tan severo que los dos ocupantes de la moto quedaron tendidos sobre la vía. Testigos que transitaban por la zona acudieron rápidamente para prestar auxilio y solicitaron una ambulancia, lo que permitió trasladar a ambos heridos con vida a un centro asistencial. Lamentablemente, el estado de Tapia era crítico y, a pesar de los esfuerzos médicos, no pudo sobrevivir.

El otro motociclista implicado en el hecho fue identificado como Fabián Rivera. Según la información proporcionada, Rivera permanece bajo estricta observación médica en Valledupar luego de haber sido sometido a una cirugía por las graves fracturas que sufrió en distintas partes de su cuerpo. El pronóstico para Rivera sigue siendo reservado debido a la magnitud de sus lesiones.

La muerte de Tapia ha generado profundo dolor entre los habitantes del sector rural, pues tanto él como Rivera eran conocidos por su trabajo en predios agrícolas y por ser padres de familia. Los hijos de ambos asisten a la Escuela Rural Mixta de Los Corazones, donde la noticia ha causado gran pesar. EL PILÓN destacó que Rigoberto Tapia deja tres hijos inconsolables tras su fallecimiento.

Mientras tanto, las autoridades de tránsito del municipio continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer la dinámica del accidente y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados. Estos procedimientos buscan brindar claridad y justicia a las familias afectadas por este lamentable hecho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué detalles se conocen sobre el accidente fatal en la vía Río Seco–Valledupar?

El accidente se presentó la mañana del jueves en la entrada del corregimiento de Los Corazones. La motocicleta donde se movilizaba Rigoberto Tapia colisionó con otro vehículo, dejando a los dos ocupantes de la moto gravemente heridos. Ambos fueron trasladados de urgencia, pero Tapia falleció horas después. La otra víctima, Fabián Rivera, sigue hospitalizada y bajo observación médica, de acuerdo con información de EL PILÓN.

¿Qué investigaciones adelantan las autoridades de tránsito tras el accidente en Valledupar?

Las autoridades de tránsito del municipio se encuentran recopilando información y reconstruyendo el accidente para establecer exactamente cómo sucedieron los hechos. Su trabajo incluye determinar el grado de responsabilidad de cada conductor implicado en el siniestro, según informó EL PILÓN.

Las sesiones de este taller, que se llevarán a cabo el martes 20, el jueves 22 y el sábado 24 de octubre de 2026, están diseñadas para que los asistentes profundicen en la escucha y percepción corporal. De acuerdo con los organizadores, el propósito es explorar lo que ocurre en el cuerpo durante el descanso y cómo esos estados pueden derivar en formas originales de expresión. La propuesta metodológica se configura desde un enfoque fenomenológico y somático, lo que implica abordar el cuerpo y sus sensaciones sin buscar necesariamente una interpretación de los sueños, sino más bien, identificar las huellas que los mismos dejan en la corporalidad y en la manera de moverse.

Las actividades estarán lideradas por Julián Marroquín, reconocido bailarín de danza contemporánea y maestro en educación somática. Su experiencia integra la práctica dancística, la pedagogía corporal y el estudio de los vínculos entre cuerpo, memoria y sensibilidad. Bajo su guía, los talleres proponen una apertura a la sensibilidad, permitiendo que los participantes conecten con sus propios procesos internos y descubran movimientos inspirados en la pausa y el sueño.

Las tres jornadas están programadas en la Casona de la Danza de Bogotá, ubicada en la carrera Primera #17-01. Los horarios son martes 20 y jueves 22 de octubre a las 4:00 p. m., y sábado 24 de octubre a las 2:00 p. m. Como requisito principal, se solicita a cada participante llevar una almohada o cojín cilíndrico —o en su defecto, uno mediano o pequeño— para acompañar los ejercicios de exploración corporal.

La propuesta es ideal para quienes se interesan en la danza contemporánea, la conexión entre cuerpo y creatividad, y las posibilidades de expresión que se abren incluso en los momentos de descanso. Así, el taller se presenta como una oportunidad para escuchar el cuerpo y descubrir nuevas visiones de movimiento, todo bajo el acompañamiento de expertos en el área.

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¿Qué es la exploración somática y cómo se aplica en la danza contemporánea?

La exploración somática es un enfoque que promueve la conciencia corporal a través de la percepción interna de movimientos y sensaciones, sin centrarse en la apariencia externa. En la danza contemporánea, se utiliza para conectar al bailarín con sus propias experiencias y memoria corporal, permitiendo que el movimiento surja desde el sentir interno más que desde patrones preestablecidos. Según lo compartido en el comunicado de Idartes y la Casona de la Danza de Bogotá, este taller usa ese método para que los participantes exploren la relación entre descanso, sueño y creatividad a través del cuerpo.

¿Cómo puede el descanso convertirse en una experiencia creativa según la propuesta de Idartes?

De acuerdo con la información expuesta por Idartes y la Casona de la Danza de Bogotá, el descanso es visto como una fuente de creatividad y sensibilidad. Lejos de su tradicional interpretación como simple pausa, el taller plantea que tanto el sueño como el reposo pueden dejar huellas en el cuerpo, generando movimientos y posibilidades expresivas únicas. Así, el descanso se resignifica como una experiencia activa, capaz de inspirar y transformar la manera en la que nos comunicamos corporalmente.

De acuerdo con las autoridades, el caso generó preocupación en la comunidad, ya que el hecho se produjo en pleno centro de la capital tolimense, una zona acostumbrada a recibir considerable afluencia de personas a distintas horas del día y la noche. Las primeras reacciones se centraron en esclarecer los hechos previos al ataque y entender el contexto en el que ocurrió esta agresión, mientras crecía la expectativa por identificar a los responsables.

En el avance de las investigaciones, la policía informó la captura de Yurisned Oyola, de 39 años, oriunda del municipio de Rovira, Tolima, señalada como presunta autora del ataque. Según las versiones oficiales, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades para enfrentar el proceso judicial respectivo y responder por su posible participación en los hechos que rodearon la muerte de Ever Feged Martínez. Sin embargo, no se han publicado detalles concretos sobre las causas que originaron la agresión, ni el vínculo, si alguno, entre la capturada y la víctima.

Por ahora, la incertidumbre sobre el motivo detrás de este violento homicidio persiste. Las autoridades continúan con las pesquisas para desentrañar lo ocurrido y determinar las responsabilidades, al tiempo que familiares y ciudadanos aguardan por respuestas claras de las instancias judiciales encargadas del caso.

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¿Qué se sabe de la mujer capturada tras el homicidio en Ibagué?

La persona capturada por el homicidio es Yurisned Oyola, una mujer de 39 años, nacida en el municipio de Rovira, Tolima. De acuerdo con la información proporcionada, ella deberá comparecer ante las autoridades mientras avanza el proceso judicial para esclarecer su presunta responsabilidad en el caso. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre su relación con la víctima ni los motivos que mediaron la agresión.

¿Dónde y cómo ocurrió el asesinato de Ever Feged Martínez en Ibagué?

El asesinato de Ever Feged Martínez tuvo lugar en las inmediaciones de la carrera Primera con calle 15, en el centro de Ibagué. Según los datos oficiales, Martínez fue herido con un arma cortopunzante y la lesión afectó el corazón, lo que requirió su traslado inmediato al hospital Federico Lleras Acosta en el barrio La Francia. Pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de la herida.

El encuentro ocurrió en la sede de la Base Naval de San Andrés, después del saludo protocolario del presidente a integrantes de la Armada Nacional. Allí, De La Espriella cuestionó a las funcionarias por las protestas y bloqueos relacionados con la intervención del hospital, entidad que atraviesa una crisis por falta de recursos, insumos y retrasos en los pagos al personal médico.

Tenso momento entre Abelardo De La Espriella, la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez, y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz: “Estoy enterado de los negocios de su marido y no lo voy a permitir”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/H8pi1wdX7t

— Revista Semana (@RevistaSemana) October 18, 2026

En medio del reclamo, el presidente hizo señalamientos sobre presuntas irregularidades en la contratación y mencionó directamente al esposo de la representante. “Ayer me dijeron que estaban tranquilas con la intervención del hospital y se fueron allá a atravesarse. (…) Quiero que sepan que estoy enterado de lo que está pasando en la isla y no lo voy a seguir tolerando. Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir”, afirmó.

Las declaraciones provocaron un intercambio en el que la gobernadora y la representante intentaron explicar su posición frente a la intervención del centro asistencial. Ambas señalaron que habían solicitado acompañamiento del Ministerio de Salud para atender la crisis, pero el presidente mantuvo su postura y aseguró que los recursos enviados al archipiélago tendrán vigilancia institucional.

“Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar. Pero no crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otros gobiernos, doctora. No, no, no. Tengo toda la información y tengo todo claro. No confundan la cortesía institucional con la complicidad, porque no es mi caso”, sentenció De La Espriella. 

El cruce también estuvo marcado por la defensa que hizo De La Espriella de la intervención del hospital. El mandatario sostuvo que la medida busca enfrentar problemas que, según sus declaraciones, se habrían extendido durante varios años en la administración de la entidad. 

“Este Gobierno no tolera la corrupción, venga de donde venga. Y la voy a combatir con todas las armas de la democracia. Yo no soy un presidente como los demás. Yo enfrento la corrupción, que es un cáncer de Colombia. (…) Mandamos a intervenir el hospital porque llevan años robándose el hospital y ustedes mandaron a su gente a atravesarse. Les voy a pedir que no se atraviesen a eso porque yo lo voy a hacer, quieran ustedes o no”, advirtió. 

Finalmente, el presidente anunció que las autoridades revisarán las finanzas del departamento y sostuvo que su administración buscará determinar qué ha ocurrido con los recursos destinados al archipiélago.

De acuerdo con el relato, al encuentro asistieron delegados del Gobierno, incluidos el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez. Torres sostiene que estas figuras oficiales habrían presionado a los desmovilizados Saúl Severini, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, conocido como ‘Martín Llanos’, para que declararan en contra de tres figuras: el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el entonces presidente Abelardo de la Espriella y el fallecido Germán Vargas Lleras. La propuesta consistía en ofrecer beneficios judiciales en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la promesa de libertad a cambio de estos testimonios, los cuales incluso iban a ser transmitidos en vivo por RTVC, el canal público.

No obstante, la denuncia describe que este intento no prosperó debido a la resistencia de un bloque mayoritario de exparamilitares encabezado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y Fredy Rendón, llamado ‘El Alemán’, quienes se negaron a respaldar la estrategia política. El fracaso del plan contrasta con la versión oficial que el Gobierno presentó al finalizar la cumbre. De acuerdo con un reporte de EL PILÓN, durante la clausura el ambiente estuvo marcado por riguroso hermetismo, hasta que el 24 de octubre Benedetti y Rodríguez afirmaron públicamente que el único objetivo de la mesa técnica era “terminar el ciclo del acuerdo de Ralito”, así como avanzar en los procesos de verdad, reparación y búsqueda de personas desaparecidas.

Las cámaras documentaron además el momento en el que los gestores de paz firmaron compromisos oficiales y ‘Jorge 40’ pidió perdón a las víctimas, un acto que, según la reciente denuncia, se dio después de que él rechazara participar en el plan electoral. Tras la frustración de los supuestos señalamientos políticos, la mesa de diálogo con los exparamilitares no volvió a ser convocada por el gobierno, marcando un abrupto cierre a las conversaciones.

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¿Qué sucedió realmente en la cumbre de exparamilitares en Valledupar según las denuncias de Melquisedec Torres?

La denuncia presentada por Melquisedec Torres sostiene que la cumbre fue el escenario de un intento de manipulación política por parte de altos funcionarios del gobierno, quienes habrían buscado presionar a exparamilitares para que declararan en contra de líderes opositores, a cambio de beneficios judiciales. Sin embargo, la estrategia habría fracasado debido a la negativa de figuras clave como ‘Jorge 40’ y ‘El Alemán’, pese a que públicamente el gobierno afirmó que el encuentro tenía fines exclusivamente relacionados con la paz y la búsqueda de la verdad.

¿Qué beneficios se ofrecieron a los exparamilitares en la cumbre de Valledupar?

De acuerdo con la investigación citada, los beneficios ofrecidos a algunos exparamilitares incluían ventajas en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la posibilidad de recobrar la libertad, siempre que accedieran a declarar en contra de figuras políticas de la oposición. Este punto fue negado oficialmente por el gobierno, que aseguró que los acuerdos buscaban únicamente avanzar en temas de justicia, reparación y verdad para las víctimas del conflicto.

De acuerdo con la resolución publicada, se establece una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en la vía regulada. Esta restricción busca evitar incidentes y minimizar el impacto ambiental que podría producir la circulación acelerada, por lo que los conductores deberán tomar medidas adicionales de precaución en sus desplazamientos. Además, se prohíbe el paso de vehículos con capacidad superior a 3,4 toneladas, así como de aquellos que transporten a más de 19 pasajeros. Esta decisión responde directamente a la necesidad de reducir los riesgos viales y de proteger la fragilidad del ecosistema circundante, especialmente en una zona reconocida por su importancia ambiental.

La razón principal de esta unificación radica en el cumplimiento de los mandatos judiciales establecidos en la Sentencia STL10716-2020, vinculados a la protección del Parque Nacional Natural Los Nevados. Con la nueva resolución, la regulación de movilidad se articula en los dos departamentos, extendiéndose formalmente al tramo correspondiente a Caldas, además del sector que tradicionalmente cubría el Tolima. Esto permite que las disposiciones tengan un alcance integral y no fragmentado entre ambas jurisdicciones.

El secretario de Tránsito y Transporte del Tolima, Mario Alberto Tovar Lucuara, resaltó que el cambio clave está en la inclusión formal del tramo de Caldas dentro de la normativa. Las autoridades, citadas por la Gobernación del Tolima, piden a residentes y turistas acatar las nuevas reglas, participar activamente en la conservación ambiental y velar por la seguridad vial al circular en la zona. Asimismo, recomiendan consultar los canales oficiales de tránsito para verificar la rotación de placas vigente, las fechas concretas y las condiciones precisas para usar el corredor.

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¿Cuáles son las restricciones actuales para vehículos en la vía Murillo-Manizales?

Las restricciones actuales incluyen la rotación de placas, una velocidad máxima permitida de 30 kilómetros por hora, la prohibición de circulación para vehículos que superen las 3,4 toneladas de peso y la restricción para aquellos que transporten más de 19 pasajeros, según información de la Gobernación del Tolima y la Resolución 20263040042595.

¿Por qué se implementó un pico y placa ambiental en el Parque Nacional Natural Los Nevados?

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la implementación del pico y placa ambiental responde a mandatos judiciales para proteger el ecosistema frágil del Parque Nacional Natural Los Nevados, siguiendo los lineamientos de la Sentencia STL10716-2020 y coordinando las restricciones en ambos departamentos involucrados.

Este espacio académico y de creación se concibe como una oportunidad para quienes desean ahondar en las técnicas del ballet y convertirlas en herramientas para narrar historias o transmitir emociones. Además, se abre la posibilidad de que los asistentes participen en ejercicios de creación colectiva, enfocándose no solo en el desarrollo técnico sino también en el valor expresivo del cuerpo y la interacción entre los participantes.

La dirección del taller estará a cargo de Nathaly Montaño, reconocida como maestra en Danza y Dirección Coreográfica y egresada con distinción meritoria de la Corporación Universitaria CENDA. Con una trayectoria profesional de más de diez años que abarca labores como bailarina, coreógrafa, docente universitaria e investigadora en el campo del movimiento, Montaño introduce un enfoque integral en el proceso de formación.

La estructura del taller comprende tres fases principales: la primera dedicada al fortalecimiento de la técnica de ballet; la segunda, orientada a explorar referentes clásicos del repertorio; y finalmente, un ejercicio creativo en el que cada participante podrá aportar ideas para construir conjuntamente una propuesta artística original. En palabras de los organizadores, el énfasis se sitúa en el uso de la pantomima, la calidad del movimiento y el reconocimiento mutuo, entendiendo el ballet como un lenguaje de conexión entre quienes comparten el escenario.

De esta forma, ‘Creando mundos desde el Ballet’ ofrece a los artistas la posibilidad de profundizar en esta disciplina, compartir su experiencia y abrirse a nuevas posibilidades en compañía de otros. Es una invitación a quienes tengan experiencia a sumarse y descubrir cómo la técnica y la imaginación pueden unirse en creaciones colectivas y originales. Este evento cuenta con el respaldo de Idartes y la Casona de la Danza de Bogotá, tal como lo destacan las fuentes principales.

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¿Cuándo y dónde es el taller ‘Creando mundos desde el Ballet’ en Bogotá?

El taller ‘Creando mundos desde el Ballet’ se desarrollará el martes 20, miércoles 21 y sábado 24 de octubre de 2026 en la sede de la Casona de la Danza de Bogotá, ubicada en la carrera Primera #17-01, según información de Idartes y la programación oficial del evento.

¿Qué significa pantomima en el ballet y cómo se emplea en este taller?

La pantomima en el ballet es una técnica que utiliza gestos codificados y expresivos para narrar historias o transmitir emociones sin necesidad de palabras. En este taller, la pantomima se empleará como parte fundamental del proceso creativo, permitiendo a los participantes explorar nuevas formas de expresión y profundizar en la comunicación escénica colectiva.

En su relato, Sarmiento explicó que conoció al hombre hace un par de meses y destacó su amabilidad, su carisma y su fe. Sin embargo, aseguró que la situación de calle y los problemas de salud que presenta han complicado sus condiciones de vida. Por eso, pidió que la historia llegue a personas que puedan ayudarlo a encontrar un techo y recibir la atención que necesita.

El testimonio de don Gilbert también permitió conocer las circunstancias que lo llevaron a dormir a la intemperie. El adulto mayor, quien se identificó como Iser Mantilla y aseguró haber nacido el 5 de abril de 1943, contó que no consigue empleo y que sus ingresos son insuficientes para pagar un arriendo.

 

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Según relató, recibe una ayuda económica de 150.000 pesos destinada a adultos mayores y depende, además, de la colaboración de otras personas y de trabajos ocasionales para conseguir el sustento diario. Entre esas actividades, mencionó la recolección y venta de chatarra.

Don Gilbert explicó que anteriormente pagaba por un pequeño espacio donde guardaba sus pertenencias y su ropa, pero tuvo que entregarlo porque ya no podía sostener ese gasto. Desde entonces, pasa las noches en diferentes lugares de la ciudad, buscando refugio de las condiciones climáticas.

En uno de los episodios que recordó, contó que estaba acostado bajo el alero de un establecimiento cuando comenzó a llover durante la madrugada. La situación lo obligó a recoger sus cosas y salir a buscar otro sitio para resguardarse.

Pese a las dificultades, sus palabras estuvieron marcadas por un mensaje dirigido a sus seres queridos. El hombre expresó que sigue amando a sus hijos, hermanos y nietas, y que desea que todos estén bien, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde su último contacto.

“Yo los sigo amando siempre”, manifestó al hablar de sus hijos. También les envió bendiciones a sus nietas y a sus hermanos, a quienes recordó con cariño.

La petición de Sarmiento busca que la historia llegue a los familiares de don Gilbert o a personas que conozcan alternativas para brindarle apoyo. Su objetivo es que el adulto mayor pueda acceder a un lugar donde descansar con tranquilidad y afrontar esta etapa de su vida en condiciones más dignas.

Quienes conozcan a don Gilbert o puedan aportar información para ubicar a sus familiares pueden prestar atención al llamado difundido por Sarmiento y ayudar a que llegue a las personas indicadas.

Todo inició el 28 de diciembre de 2005, cuando la Gobernación de Arauca firmó un contrato por COP 740 millones con el Fondo Mixto de Cultura de Arauca, destinado a instaurar una cátedra regional en las instituciones educativas del departamento. Más adelante, el gobernador Acosta Bernal firmó otro contrato con Onésimo Javier Díaz Macualo por COP 59.232.000 para ejercer la interventoría del proyecto, es decir, la vigilancia sobre la ejecución del acuerdo. Sin embargo, según el contrato inicial, esa función le correspondía al secretario de Educación o su delegado. La controversia giró en torno a la ausencia de un estudio previo que justificara la contratación de un externo para esta tarea, una omisión descubierta por un informe del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en junio de 2007 y posteriormente confirmada en una inspección a los archivos de la Gobernación.

Durante el proceso judicial, la defensa argumentó que la justificación estaba documentada dentro del programa educativo, pero la Corte Suprema enfatizó que cada contrato requería su propia motivación específica. Incluso la presentación tardía de una supuesta fotografía del estudio justificativo no logró convencer al alto tribunal por dudas sobre su autenticidad. En consecuencia, la Sala Especial de Primera Instancia había condenado a Acosta Bernal a más de seis años de cárcel y a 83 meses de inhabilitación para cargos públicos. No obstante, en la revisión en segunda instancia, la Corte consideró que si bien hubo negligencia al no hacer una verificación exhaustiva de los documentos, esto no constituía suficiente prueba para demostrar que el exgobernador conocía la irregularidad y, aun así, decidió proceder. La sentencia dejó claro que omitir la revisión no equivale necesariamente a actuar con dolo, es decir, con la intención de infringir la ley.

El alto tribunal advirtió que, aunque el contrato siguió siendo irregular, no se probó que Acosta Bernal actuó con el conocimiento y voluntad requeridos para atribuirle responsabilidad penal. Así, ordenó su libertad en este proceso y la cancelación de registros en su contra, reiterando que los funcionarios deben ejercer control y vigilancia rigurosos, pero solo pueden ser condenados por dolo probado.

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¿Por qué la Corte Suprema absolvió al exgobernador de Arauca en el caso de la interventoría del proyecto educativo?

La Corte Suprema absolvió a Julio Enrique Acosta Bernal porque, según los magistrados, no había pruebas suficientes de que el exgobernador conociera la irregularidad específica en la contratación de la interventoría. Aunque el contrato carecía de la justificación formal requerida, la Corte consideró que una verificación insuficiente podría deberse a negligencia o desatención, pero no necesariamente a una intención de infringir la ley. Por eso, no se pudo probar su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable.

¿Qué implica el fallo de la Corte Suprema sobre los requisitos para condenar a un funcionario por contratos irregulares?

El fallo de la Corte Suprema implica que, para condenar penalmente a un funcionario por celebrar contratos sin cumplimiento de requisitos legales, la Fiscalía debe demostrar que el funcionario conocía la irregularidad y decidió continuar con el proceso a pesar de ello. Es decir, se requiere la comprobación de dolo, no solo la existencia de errores, omisiones o una revisión superficial de documentos. Esta distinción define hasta dónde llega la responsabilidad penal de los gobernantes que firman contratos revisados previamente por sus asesores y funcionarios.

De acuerdo con el reporte, se cuestiona la transparencia en la adjudicación del contrato, en parte debido a que algunos oferentes alegan falta de garantías en la competencia. Según afirman estos actores, ciertos requisitos habrían favorecido de manera indirecta a una firma en específico, lo que pone en tela de juicio la equidad del proceso. Además, El Espectador resalta que algunos análisis internos apuntan a que la compañía adjudicataria contaba con información privilegiada, lo que pudo otorgarle una ventaja significativa frente a otros competidores.

Por su parte, representantes oficiales mencionados por El Espectador aseguran que el proceso se llevó a cabo conforme a los lineamientos legales correspondientes. En defensa del contrato, enfatizan que se trata de una obra prioritaria para mejorar la movilidad de la región y que los recursos asignados serán monitoreados para evitar irregularidades. No obstante, grupos de veeduría civil y algunos concejales insisten en la necesidad de una auditoría externa, considerando la trascendencia de los recursos públicos involucrados y la posibilidad de establecer responsabilidades en caso de detectarse anomalías.

La controversia no solo ha puesto bajo la lupa a la empresa constructora, sino también a las entidades estatales encargadas de la reglamentación y control del proceso. De acuerdo con lo señalado en el artículo, la comunidad pide mayor acceso a la información y claridad sobre los criterios utilizados durante la evaluación de las propuestas. Mientras tanto, el desarrollo de la obra continúa en medio del debate público y la exigencia de mayor transparencia.

Este episodio evidencia la importancia de la vigilancia ciudadana en la contratación de obras públicas y la relevancia de procedimientos que garanticen condiciones equitativas y claras para todos los aspirantes. El caso sigue abierto, y tanto la empresa contratista como las autoridades competentes deberán responder ante los cuestionamientos planteados, en aras de restaurar la confianza en las instituciones responsables de la infraestructura nacional.

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¿Por qué se cuestiona la transparencia en la adjudicación de contratos de infraestructura vial?

El cuestionamiento surge a partir de denuncias sobre posibles irregularidades en la competencia y sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos, que según algunos actores habrían favorecido a una empresa específica. De acuerdo con El Espectador, se argumenta que existieron condiciones ventajosas y posibles accesos a información prioritaria que afectaron la igualdad de oportunidades durante el proceso.

¿Qué significa auditoría externa en la supervisión de contratos públicos?

Una auditoría externa consiste en una revisión e investigación independiente realizada por un tercero ajeno a la entidad contratante. Como menciona El Espectador, grupos de veeduría civil y algunos concejales solicitan este tipo de control para asegurar que los recursos públicos se gestionen correctamente y descartar irregularidades en la contratación.

Frente a la gravedad de los hechos, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se trasladó hasta la provincia de García Rovira para liderar un consejo extraordinario de seguridad en compañía de la alta cúpula de la Policía y del Ejército Nacional. Durante la reunión técnica, el mandatario departamental confirmó que las autoridades ya avanzan en la identificación de los responsables de la incursión armada y anunció la entrega de una millonaria bolsa de recompensas para dar con su paradero. “Sabemos quiénes son los bandidos. Tenemos una información preliminar de dónde viven, de qué hacen, de cómo se relacionan y vamos a ofrecer una recompensa importante para que la comunidad nos dé información para capturarlos”, sentenció Díaz.

Por su parte, directivos de la Cooperativa de Transportadores Simón Bolívar Limitada (Concorde) denunciaron que la compañía viene siendo blanco de un acoso sistemático por parte de la guerrilla del ELN mediante exigencias de dinero para permitir la libre circulación por este corredor vial nacional. Ricardo Andrés Rodríguez Novoa, representante de la empresa afectada, reveló que en lo corrido del año la compañía ha sufrido la incineración de cuatro autobuses y un ataque a bala contra otro automotor al que no alcanzaron a prenderle fuego. Sumado a esto, las directivas confirmaron el rapto reciente de uno de sus colaboradores, quien permaneció retenido bajo amenazas de muerte durante el fin de semana previo.

El vehículo atacado cubría la ruta comercial entre Bogotá y Cúcuta cuando fue bloqueado en la calzada por los delincuentes, quienes rompieron a la fuerza los cristales para propagar las llamas con mayor rapidez. Ante esta crítica coyuntura de orden público, la gerencia de la transportadora elevó un angustioso llamado al presidente Abelardo De La Espriella para que ordene el despliegue militar permanente en la Troncal del Norte, con el fin de proteger las vidas de las tripulaciones y evitar el colapso operativo del transporte de pasajeros en el oriente colombiano.

Al llegar al sitio, los bomberos encontraron que la menor tenía sus extremidades inferiores atrapadas entre la estructura del automóvil. El equipo de socorristas rápidamente intervino con técnicas especializadas de extracción vehicular, procedimientos que permitieron liberar a la niña sin comprometer su integridad física. Posteriormente, una vez culminadas las maniobras de rescate, la menor fue puesta bajo la atención de las unidades médicas presentes en la emergencia, quienes se encargaron de continuar con el manejo inicial de las lesiones.

Además de la menor, otra persona resultó lesionada como consecuencia del siniestro. Ambas víctimas fueron trasladadas en ambulancia a un centro asistencial en Girardot para recibir atención médica especializada. Según la información brindada por los Bomberos Voluntarios de Melgar, hasta el momento del cierre del informe, no había confirmación oficial sobre el estado de salud de los afectados ni sobre las causas precisas que dieron origen al accidente. Algunas de las dudas permanecen abiertas, ya que las circunstancias que llevaron a la colisión no habían sido establecidas en ese momento de acuerdo con las autoridades presentes en el sitio.

Los organismos de atención de emergencias aprovecharon el incidente para hacer un llamado a la comunidad sobre la importancia de mantener conductas responsables al conducir, recordando la necesidad de respetar las señales de tránsito, moderar la velocidad y permanecer atentos a las condiciones del corredor vial. Tales recomendaciones se reiteran especialmente tras hechos como este, donde la lives de los ocupantes de un vehículo pueden verse en riesgo de manera inesperada. La información presentada proviene del reporte oficial de los Bomberos Voluntarios de Melgar, según los detalles documentados hasta el cierre de la emergencia.

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¿Cómo fue atendido el accidente en la variante Bogotá-Melgar según los Bomberos Voluntarios de Melgar?

De acuerdo con el reporte oficial de los Bomberos Voluntarios de Melgar, el accidente fue atendido a las 7:31 a. m. luego de recibir la alerta y desplazar cuatro unidades al sector Melgar-Boquerón. Allí, realizaron maniobras técnicas de extracción vehicular para liberar a una menor que quedó atrapada dentro del automóvil, antes de trasladarla, junto a otra persona herida, a un centro asistencial en Girardot.

¿Cuál fue el estado de las personas lesionadas en el accidente en Melgar?

Según la información entregada por los Bomberos Voluntarios de Melgar, hasta el cierre de la emergencia no había confirmación oficial sobre el estado de salud de las personas lesionadas, incluyendo a la menor y a la otra persona trasladada al centro asistencial de Girardot. Las autoridades no han informado las causas exactas del accidente hasta el momento.

Según información de Emdupar, desde las 3:30 a.m. el personal técnico inició labores para estabilizar el sistema, enfrentando las consecuencias directas de las lluvias. La suspensión general impactó a todos los usuarios del acueducto, quienes debieron adaptar su rutina a la falta del servicio mientras avanzaban los trabajos de recuperación.

Emdupar comunicó que la normalización en la distribución de agua se está llevando a cabo paulatinamente en los diferentes barrios de Valledupar. La entidad proyectó, con base en su diagnóstico, que entre las 10:00 a.m. y las 12:00 del mediodía se alcanzaría una reactivación superior al 80 % de la cobertura en toda la ciudad. Este proceso de restablecimiento responde a los esfuerzos por controlar la alta concentración de sedimentos y a la necesidad de salvaguardar la integridad de la red, así como la calidad del líquido distribuido a la población.

La situación reportada este domingo no es aislada. Emdupar reconoció que los cortes de agua asociados a las lluvias han sido un fenómeno repetitivo en Valledupar, principalmente cuando se presentan precipitaciones persistentes en la cuenca alta. En estos casos, la recomendación técnica consiste en suspender temporalmente la captación para evitar daños mayores en la infraestructura y garantizar que el proceso de potabilización no se vea comprometido.

Finalmente, la empresa atribuyó la intensidad y frecuencia de estas lluvias al fenómeno climático conocido como ‘El Niño’. A través de su comunicado, Emdupar subrayó que siguen adoptando medidas y ajustes operativos en la planta de tratamiento con el fin de estabilizar el servicio y minimizar las afectaciones ocasionadas por esta temporada climática.

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¿Por qué el acueducto de Valledupar suspende el suministro de agua durante las lluvias?

La suspensión del servicio de acueducto en Valledupar ocurre durante fuertes lluvias porque el aumento de sedimentos en el agua obliga a Emdupar a detener la captación para evitar daños en la red y proteger el proceso de potabilización, de acuerdo con el comunicado oficial de la entidad.

¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño al servicio de agua en Valledupar?

Según Emdupar, el fenómeno de El Niño está relacionado con la intensidad y frecuencia de las lluvias que provocan el aumento de turbiedad y los cortes de agua, lo que obliga a implementar ajustes operativos en la planta de tratamiento para estabilizar la prestación del servicio.

Los datos del Sistema de Información Nacional de Educación Básica (Sineb), divulgados por el Ministerio de Educación, indican que 271.492 estudiantes dejaron de asistir a las instituciones educativas durante el último año. Esta cantidad equivale al 3,2 por ciento de la matrícula reportada para ese periodo.

El panorama afecta principalmente a los establecimientos oficiales. Según detalló El Tiempo, 236.146 estudiantes desertaron de colegios públicos, donde la tasa llegó al 3,39 por ciento. En las instituciones privadas, el registro fue de 35.346 menores, con una tasa del 2,33 por ciento.

Aunque la cifra nacional representa el nivel más bajo de los últimos cinco años, el acumulado sigue siendo preocupante, pues 1.616.303 menores abandonaron sus estudios durante ese periodo, después de que 2022 y 2023 registraran algunos de los índices más altos de deserción de las últimas dos décadas.

Las diferencias regionales también llaman la atención. Guainía encabeza la lista de departamentos con mayor deserción, con una tasa del 6,95 por ciento. Le siguen Caquetá, Putumayo, Arauca y Amazonas. En contraste, San Andrés, Atlántico, Chocó, Nariño y Bogotá presentan porcentajes inferiores.

El problema también se refleja en el paso de los estudiantes hacia los últimos grados escolares. La cohorte que cursaba sexto en 2020 estaba integrada por 919.176 alumnos, pero en 2025 ese mismo grupo registró 521.301 estudiantes en grado once. La diferencia fue de 397.875 alumnos, equivalente al 43,3 por ciento de la matrícula inicial.

A esto se suma la cobertura limitada en educación media. El indicador cerró en 49,95 por ciento en 2025, por debajo del 50,85 por ciento registrado en 2023. Esto significa que aproximadamente la mitad de los jóvenes de 15 y 16 años está escolarizada en ese nivel.

Entre las causas de abandono, los expertos consultados por El Tiempo mencionaron las dificultades económicas, el embarazo adolescente y los entornos vulnerables. Sin embargo, también destacaron los problemas de aprendizaje como un factor clave.

Todo inició con el desbordamiento de una alcantarilla, previamente denunciada por habitantes del sector. Esta presentó un rebosamiento completo durante el aguacero, lo que fue registrado en video. Una vez pasado el periodo de lluvias, la problemática se agravó cuando otros dos puntos cercanos también comenzaron a expulsar aguas residuales, lo que hizo que las tres alcantarillas simularan el funcionamiento de fuentes, pero con líquidos potencialmente contaminados, justo en plena vía pública.

De acuerdo con El Pilón, la acumulación de agua y la expulsión de residuos por las alcantarillas terminaron afectando la movilidad en este concurrido tramo de Valledupar, una zona por donde diariamente se movilizan motociclistas, conductores y peatones. La escena evidenciada en el video provocó inquietud, no solo por los problemas de tránsito, sino también por el riesgo sanitario que representa la exposición a aguas residuales, especialmente en circunstancias de lluvias intensas que ya han generado conflictos similares en distintos sectores de la ciudad.

Las quejas recogidas en el reporte señalan que no se trata de una situación aislada, sino de un problema recurrente: las lluvias han dejado al descubierto fallas en el sistema de alcantarillado y en el drenaje de aguas lluvias. Esto obliga a las comunidades afectadas y a los actores viales a transitar en condiciones que pueden considerarse peligrosas, tal como quedó registrado en la grabación compartida por El Pilón en sus canales digitales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se rebosaron varias alcantarillas en Valledupar durante las lluvias?

Según lo informado por El Pilón, el rebosamiento de varias alcantarillas en la avenida Simón Bolívar se produjo tras un fuerte aguacero. Inicialmente, una sola estructura fue la afectada, pero con el paso de las precipitaciones el desbordamiento alcanzó otros dos puntos cercanos, sumándose así al problema original. Aunque el reporte no especifica las razones técnicas, sí indica que este tipo de hechos suele relacionarse con la acumulación de agua y posibles fallas en el sistema de alcantarillado durante eventos climáticos intensos.

¿Qué riesgos genera el rebosamiento de alcantarillas para peatones y conductores?

De acuerdo con el reporte de El Pilón, el rebosamiento de aguas residuales en vías concurridas, como la avenida Simón Bolívar en Valledupar, afecta directamente la movilidad de peatones y conductores, incrementando el peligro de accidentes y exponiendo a la población a posibles riesgos sanitarios, debido al contacto con aguas contaminadas. Además, este tipo de incidentes puede dificultar la circulación normal y aumentar la preocupación en sectores que ya reportan problemas similares.

El desglose de los compromisos financieros muestra que 818,81 billones de pesos corresponden a deuda interna, lo que representa el 76,6 por ciento del total, mientras que 249,52 billones de pesos equivalen a la deuda externa, que abarca el 23,4 por ciento restante. Dentro de la deuda interna, el rubro predominante está conformado por TES clase B de largo plazo, los cuales suman 748,01 billones de pesos y abarcan el 91,4 por ciento de las obligaciones internas. Por su parte, la aparente disminución de la deuda externa frente al cierre de 2025 obedeció exclusivamente a la caída en la cotización del dólar, un factor que reduce el valor nominal en pesos de los compromisos internacionales mas no el monto real adeudado.

Esta pesada carga fiscal se traduce de inmediato en un encarecimiento de la vida cotidiana para los ciudadanos. Al gastar más de lo que recauda, el Estado se ve obligado a competir por liquidez en el mercado, elevando las tasas de interés, encareciendo los créditos de vivienda y consumo, presionando la inflación al alza y frenando la contratación formal de trabajadores. Según las proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), el déficit fiscal podría trepar hasta el 9,4 por ciento en 2027, al tiempo que el cupo de endeudamiento anual fue dejado por el gobierno saliente saturado hasta el 97 por ciento cuando restaba la mitad del año.

Ante este panorama crítico, la Contraloría emitió múltiples alertas y abrió una observación con presunta incidencia disciplinaria en contra del exministro de Hacienda Germán Ávila por el manejo acelerado del endeudamiento. Las advertencias señalan que de cada 100 pesos de gasto público, 23 se destinaban al pago exclusivo de obligaciones. Para superar la crisis, analistas como el profesor David Pérez-Reyna apuntan a que el saneamiento financiero exigirá una estrategia combinada de recortes drásticos del gasto público y reformas tributarias estructurales, tales como reducir el impuesto de renta a las empresas y ampliar la base del IVA compensada mediante transferencias directas a los hogares más vulnerables.

La causa avanzó tras la denuncia de la víctima y la posterior intervención de la Comisaría de Familia, la Estación de Policía de Cajamarca y la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), todas ellas en coordinación directa con la Fiscalía General de la Nación. Estas entidades fueron determinantes en la obtención de la orden de captura para Misael Paredes Báez y en la presentación consistente del caso ante el sistema judicial. La condena se dictó por el Juez Promiscuo Municipal de Cajamarca, quien dispuso el cumplimiento de la pena en el establecimiento carcelario que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

De acuerdo con el registro oficial de las autoridades municipales, este caso representa la cuarta condena por violencia intrafamiliar emitida en Cajamarca durante 2026. Esta cifra refleja una problemática latente y preocupante dentro de la comunidad, reiterando la importancia de que los hechos de agresión contra mujeres u otros integrantes del hogar se denuncien de manera oportuna, para activar la respuesta institucional y la protección de las víctimas. Los informes de las autoridades y las decisiones judiciales evidencian el compromiso de la justicia local para sancionar y prevenir la repetición de este tipo de delitos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las autoridades que participaron en la captura por violencia intrafamiliar en Cajamarca?

En la investigación y captura de Misael Paredes Báez intervinieron la Comisaría de Familia, la Estación de Policía de Cajamarca, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Fiscalía General de la Nación. Estas entidades trabajaron de manera coordinada para esclarecer los hechos y gestionar la orden de captura correspondiente.

¿Cuántas personas han sido condenadas por violencia intrafamiliar en Cajamarca durante 2026?

Según el balance presentado por las autoridades locales, con esta sentencia ya son cuatro las personas condenadas por violencia intrafamiliar en Cajamarca durante 2026, un dato que pone en evidencia la persistencia del problema y la respuesta penal frente a conductas cometidas en el entorno familiar.

El episodio comenzó el 11 de octubre de 2026, cuando González cuestionó el destino de las ayudas destinadas a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias ciudades del país el 10 de agosto. En esa publicación, el caricaturista escribió: “Bueno ratita… ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica (sic)”.

El mensaje desató críticas por la manera en que se refirió a la esposa del presidente Abelardo de la Espriella. Sin embargo, el caricaturista no se ha retractado y volvió a abordar la controversia mediante una referencia cinematográfica.

¿Valió la pena este trino? https://t.co/vu4aewnTS3

— matador 🇪🇭 (@Matador000) October 18, 2026

En su más reciente publicación, citó un diálogo de la película Golpe bajo: el juego final, protagonizada por Adam Sandler. “¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo (sic)”, fue el fragmento que compartió. Luego, planteó directamente la pregunta: “¿Valió la pena este trino? (sic)”.

La publicación dividió las opiniones de los usuarios: algunos respaldaron sus cuestionamientos sobre las ayudas, mientras otros reprocharon sus expresiones contra Pineda, según el diario.

Rechazo y proceso judicial contra ‘Matador’

El Gobierno nacional calificó el comentario de misógino y denigrante, y solicitó a la Fiscalía examinar si podría constituir un delito. La investigación preliminar busca establecer si hubo injuria agravada.

Además, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, describió a ‘Matador’ como la “caricatura del hombre machista”, mientras el vicepresidente José Manuel Restrepo calificó sus declaraciones de “asco” y “desafortunadas”, según el medio.

Finalmente, el caricaturista defendió sus expresiones en declaraciones públicas y sostuvo que buscaba llamar la atención sobre el sufrimiento de las familias damnificadas y la falta de soluciones para quienes perdieron sus hogares.

La cartera laboral, dirigida por Natalia López, argumentó que las modificaciones no buscan suprimir derechos consolidados de los trabajadores, puesto que estos encuentran su blindaje en la Constitución, el marco legal y la reciente reforma laboral de 2025 (Ley 2466). Según la postura oficial, el propósito fundamental consiste en sanear la reglamentación para ajustarla estricta y únicamente a las competencias constitucionales del Gobierno, evitando la imposición de obligaciones o sanciones carentes de respaldo legal. “Ordenar la regulación laboral no es retroceder, es darles a los derechos de los trabajadores una base que nadie pueda tumbar”, expresó la entidad a través de un comunicado oficial.

Entre los cambios más destacados figura el Decreto 581 de junio de 2026 sobre tercerización ilegal, el cual será derogado bajo el argumento de haber fijado multas extralegales y duplicado disposiciones previamente anuladas por el Consejo de Estado. No obstante, el Ministerio aclaró que la prohibición de la tercerización fraudulenta sigue plenamente vigente por mandato de la legislación laboral. De igual forma, se proyecta tumbar el Decreto 992 sobre pactos colectivos para retornar al procedimiento contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo, manteniendo la restricción de celebrar dichos acuerdos cuando un sindicato agrupe a más de la tercera parte de la planta de personal.

En el flanco de la economía digital, el Decreto 991 sobre repartidores de plataformas sufrirá modificaciones para fijar las cotizaciones a seguridad social sobre el 40 por ciento de los ingresos reales del trabajador, en estricto cumplimiento de la ley, disipando la exigencia de usar el salario mínimo como base fija cuando dicho porcentaje resulte inferior. Adicionalmente, el borrador estipula que tales obligaciones operarán solo doce meses después de que el Ministerio de Salud certifique la viabilidad de los ajustes tecnológicos requeridos, una respuesta parcial a las demandas de gremios como Alianza In, que agrupa a plataformas como Rappi y DiDi.

La medida ha desatado una intensa fricción institucional con las centrales obreras. Previamente, el Comando Nacional Unitario exigió frenar la modificación de estas normativas concertadas, advirtiendo un presunto retroceso en la protección social. Con un historial de mesas técnicas desarrolladas en octubre dentro de la Comisión Permanente de Concertación, el pulso regulatorio se trasladará ahora al análisis definitivo de los comentarios que se reciban en las próximas semanas para definir el texto definitivo de las disposiciones. 

Sin embargo, la aparente certeza sobre este nombramiento dio paso a una confusión administrativa. Los periodistas de El Espectador encontraron al consultar bases de datos oficiales que Zuluaga figura inscrito como aspirante al puesto de ministro de Relaciones Exteriores, cargo que en la actualidad ocupa Ómar Bula. Ante el desconcierto, el medio consultó a instancias gubernamentales competentes, las cuales reconocieron que la información errada se debió a un fallo en el proceso de radicación de documentos. A pesar de la explicación, hasta la tarde del viernes señalado, no se había realizado ninguna corrección o ajuste en los listados oficiales, lo que deja abierto el interrogante sobre la transparencia y exactitud de los procesos en el servicio diplomático nacional.

Paralelamente, el panorama político interno sigue bajo la influencia de Gustavo Petro, exmandatario nacional, quien fortalece su posición como principal referente de la izquierda. Petro fue ratificado una vez más como líder indiscutible del Pacto Histórico, principal fuerza progresista del país que agrupa a 69 congresistas. Según El Espectador, el dirigente ha instado nuevamente a sus seguidores a impulsar la agenda constituyente, una narrativa que marcó sus cuatro años de gobierno pero que jamás logró concretarse en la reforma a la Constitución por esa vía. El intento, retomado ahora en medio de la campaña regional, apunta a potenciar, entre otras cosas, el poder del movimiento en las instituciones democráticas.

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¿Qué ocurrió con el nombramiento diplomático de Juan Guillermo Zuluaga?

De acuerdo con El Espectador, el nombramiento de Juan Guillermo Zuluaga como embajador de Colombia en Brasil se vio envuelto en una confusión, ya que aparecía en las bases oficiales como aspirante al puesto de ministro de Relaciones Exteriores. Según las fuentes consultadas por el diario, esto se debió a un error en la radicación de documentos, sin que hasta la tarde del viernes se hubiera hecho la corrección pertinente.

¿Cuál es la agenda política que impulsa Gustavo Petro desde el Pacto Histórico?

Según la información de El Espectador, Gustavo Petro ha sido ratificado como el principal dirigente del Pacto Histórico y ha reactivado la narrativa constituyente buscando fortalecer su liderazgo e incidir, a través de una asamblea constituyente, en el rumbo político del país, incluso luego de no concretar ese objetivo durante su mandato presidencial.

La motocicleta involucrada no generó, según los datos disponibles, lesiones en el conductor, de acuerdo con el mismo reporte preliminar. Este tipo de incidentes viales, usuales en cruces concurridos como el de Miramar, encendió las alertas de la comunidad sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y mantener la precaución, tanto para peatones como para conductores en sectores de alto flujo vehicular.

Tras el accidente, las autoridades se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia, quedando en manos de la Policía y los agentes de tránsito la responsabilidad de adelantar las indagaciones y definir las circunstancias exactas en las que se produjo el atropello. Por el momento, no se cuenta con datos confirmados sobre la identidad del hombre lesionado ni sobre los motivos precisos que desencadenaron el choque, lo que subraya la importancia de la labor de las autoridades para esclarecer los hechos y evitar nuevas situaciones similares en la zona.

Se espera que en las próximas horas la información recopilada permita esclarecer cómo se produjo el siniestro y precisar detalles sobre las condiciones del cruce, el flujo vehicular y el posible descuido de las normas que pudieron haber influido en el accidente. Mientras tanto, se recomienda a quienes transiten por el sector del barrio Miramar en Ibagué tomar precauciones adicionales, atendiendo las recomendaciones de las autoridades.

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¿Cuál es el estado de salud del hombre atropellado en el barrio Miramar de Ibagué?

Según los reportes preliminares mencionados en El Nuevo Día, la víctima fue trasladada en ambulancia a un centro médico, donde está siendo valorada por múltiples laceraciones, una posible fractura en la pierna derecha y lesiones en el tobillo. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado un diagnóstico definitivo sobre la gravedad de sus heridas.

¿Qué acciones tomarán las autoridades tras el accidente vial en el barrio Miramar?

De acuerdo con la información recogida en el reporte, la Policía y los agentes de tránsito acudirán al sitio para recopilar datos que permitan esclarecer las causas del accidente. Su trabajo será fundamental para determinar cómo ocurrió el atropello y establecer las responsabilidades correspondientes en este siniestro.

La manifestación fue motivada por el retiro de obras que abordaban temáticas como los derechos de la comunidad LGBTIQ+, luchas feministas y campañas políticas relevantes para Colombia, incluyendo las figuras de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro. Más de 500 personas, según El Espectador, acudieron a expresar su inconformidad ante lo que consideran una medida motivada por razones ideológicas y una amenaza a la diversidad cultural.

El pronunciamiento de los museos de arte moderno de Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Medellín alertó sobre el riesgo de decidir desde el Gobierno qué historias mostrar según afinidades políticas, insistiendo en la importancia de que los museos lideren el encuentro y el diálogo a través de las diferencias. Para estas instituciones, el silencio impuesto sobre determinadas obras podría considerarse una forma de violencia contra el pluralismo y la memoria.

Las piezas retiradas integraban salas clave como “Hacer sociedad”, “Fuerza, fe y sustancia” y “Memoria y nación”, en las que se exploraban acontecimientos determinantes como la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Para los críticos, la decisión afecta la posibilidad de acceder a relatos fundamentales de la historia colombiana reciente. Opiniones recogidas por El Espectador incluyen el testimonio de un profesor universitario arrepentido de su apoyo electoral inicial a De la Espriella, así como el de Dayana Fuentes, ciudadana preocupada tanto por la memoria colectiva como por el uso de recursos públicos en las exposiciones.

El despliegue del Esmad vino precedido de una transición institucional, pues si bien durante los últimos años las protestas eran controladas por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), la reciente creación de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) reincorporó al Esmad, tras un decreto firmado por la Policía Nacional.

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¿Por qué se retiraron las obras del Museo Nacional y qué impacto tiene en la memoria histórica?

El retiro de alrededor de 30 piezas del Museo Nacional, ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella, hizo referencia a temáticas de la población LGBTIQ+, luchas feministas y episodios políticos claves como la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Según el pronunciamiento de museos consultados por El Espectador, esta medida puede afectar la pluralidad narrativa, restringiendo el acceso a diferentes relatos y poniendo en riesgo la labor de los museos como espacios para la construcción de memoria colectiva y reflexión crítica sobre la historia nacional.

¿Qué es el Esmad y por qué intervino en las protestas frente al Museo Nacional?

El Esmad, Escuadrón Móvil Antidisturbios, es una unidad de la Policía Nacional de Colombia especializada en el control de disturbios y multitudes. De acuerdo con El Espectador, la intervención frente al Museo Nacional se debió al escalamiento de la protesta originada por el retiro de obras, que incluyó bloqueos viales y lanzamiento de objetos. El Esmad aplicó medidas como el uso de tanquetas de agua y aturdidores para recuperar el orden público tras la escalada del plantón.

De acuerdo con la información recibida por la Defensoría, encabezada por Iris Marín, la protesta se había desarrollado en un ambiente de tranquilidad y sin alteraciones, lo que enmarcaba el ejercicio de los asistentes dentro del derecho legítimo a expresar desacuerdo con las medidas tomadas por el Gobierno respecto a las obras removidas. Sin embargo, en horas de la tarde, específicamente a las 6:33 p. m., quienes se encontraban en el plantón informaron que un vehículo tipo tanqueta comenzó a emplear chorros de agua con la intención de disolver a los manifestantes que bloqueaban la carrera Séptima.

Ante este escenario, la Defensoría expresó que la presencia del Esmad y el uso de dispositivos antidisturbios como el lanzaguas resultaban desproporcionados si se consideraba el carácter pacífico de la protesta. Además, la entidad advirtió que la simple cercanía de estos dispositivos puede incrementar la tensión y potencialmente escalar la conflictividad, por lo que subrayó la necesidad de prevenir tales situaciones.

Aunque el Decreto 1525 de 2026, suscrito por Abelardo de la Espriella, sí permite la proximidad de la Fuerza Pública en estos contextos, la Defensoría insistió en que su aplicación debe evaluarse caso por caso. Dicho decreto, firmado el 13 de octubre, establece nuevos marcos en los que la Policía puede actuar durante manifestaciones. Ese mismo día, la Policía Nacional formalizó el reemplazo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) por la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), reincorporando así las funciones del Esmad. Cabe recordar que la Undmo había sido creada por una orden de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de proteger la protesta pacífica y los derechos de la ciudadanía respecto al uso de la fuerza.

La Defensoría evocó la doctrina de la Corte Constitucional, resaltando que acciones como la ocupación del espacio público y el bloqueo de vías son formas legítimas del derecho a la protesta y que, por sí solas, no justifican la intervención de la Fuerza Pública. Por ello, exhortó a las autoridades a salvaguardar el ejercicio pacífico de la protesta y buscar alternativas para gestionar la movilidad sin caer en confrontaciones.

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¿Por qué intervino el Esmad en la protesta frente al Museo Nacional el 17 de octubre?

La intervención del Esmad en la protesta frente al Museo Nacional obedeció a la presencia de personas bloqueando la carrera Séptima, lo que llevó al uso de una tanqueta para dispersarlos. Pese a que la manifestación era de carácter pacífico, la intervención se fundamentó en las disposiciones del Decreto 1525 de 2026, que permite la cercanía de la Fuerza Pública en manifestaciones, aunque la Defensoría del Pueblo cuestionó la proporcionalidad de la medida, de acuerdo con información citada por El Espectador.

¿Qué argumentos dio la Defensoría del Pueblo sobre el derecho a la protesta pacífica?

Ante las recientes actuaciones del Esmad, la Defensoría del Pueblo argumentó que tanto la ocupación del espacio público como la obstrucción de vías pueden considerarse parte del ejercicio legítimo de la protesta. Según la Corte Constitucional, estas acciones no eliminan el carácter pacífico de una manifestación ni son razón suficiente para una intervención policial. La recomendación de la Defensoría es manejar la movilidad con alternativas y evitar confrontaciones innecesarias.

La declaración de los museos de arte moderno de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Roldanillo y Tolima —dirigida públicamente a la ministra de Cultura— sostiene que el retiro de las obras responde a criterios ideológicos y vulnera la misión educativa de los museos. Enfatizan que, aunque las exposiciones pueden revisarse, estos procesos deben hacerse mediante argumentos curatoriales, investigación y participación de las comunidades representadas. Los museos advierten que la imposición de discursos únicos o el silenciamiento de comunidades constituye una forma de violencia simbólica. En vez de eso, aseguran que los museos deben ser espacios plurales que permitan el entendimiento y la convivencia de distintas memorias, contribuyendo de forma activa a la construcción de paz.

Por su parte, ICOM Colombia, representante nacional del Consejo Internacional de Museos, manifestó en un comunicado fechado el 17 de octubre de 2026 su inquietud sobre el retiro de los objetos, hecho que tuvo lugar el 15 de octubre. Aunque reconoce que el Museo Nacional siguió los protocolos y cuidados estipulados en la gestión museal y el Código de Ética del organismo, considera que la decisión ministerial constituye un antecedente negativo, comprometiendo la integridad y autonomía de los museos. ICOM Colombia advierte que entre las piezas retiradas había materiales vinculados a movimientos feministas y LGBTIQ+, lo que, desde su perspectiva, vulnera principios de participación inclusiva y no discriminación establecidos en su Código de Ética.

De manera paralela, la Red Latinoamericana de Historia Pública, por medio de su manifiesto “La memoria no se desmonta, la historia no se censura”, denunció posibles instrucciones políticas tras el retiro y exigió a las autoridades explicaciones públicas sobre los procedimientos aplicados y el destino de los objetos. Académicos y expertos subrayan que el Museo Nacional es una institución de servicio público y no un instrumento de los gobiernos de turno. Finalmente, diversos sectores han convocado a clases a la calle, que buscan abrir diálogos públicos frente al mismo museo, en defensa de la memoria y la pluralidad de relatos.

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¿Por qué los museos y expertos rechazan el retiro de piezas del Museo Nacional de Colombia?

Los museos y expertos rechazan el retiro de piezas del Museo Nacional porque consideran que atenta contra la pluralidad de narrativas históricas, impone visiones únicas e ignora los procedimientos profesionales y curatoriales. Según El Espectador y las declaraciones de ICOM Colombia, las piezas retiradas representan luchas sociales, derechos humanos y hechos históricos relevantes. Para investigadores, instituciones y organismos internacionales, esta decisión compromete la autonomía institucional y puede interpretarse como una forma de censura y violencia simbólica.

¿Qué implica el Código de Ética del Consejo Internacional de Museos (ICOM) frente a la autonomía museal?

El Código de Ética del Consejo Internacional de Museos (ICOM) establece que los museos deben mantener su integridad y autonomía frente a presiones externas, especialmente de origen político. ICOM Colombia destacó que la remoción de piezas relacionadas con movimientos feministas y LGBTIQ+ contraviene los principios sobre inclusión, no discriminación y función educativa. El organismo recalca que las decisiones sobre colecciones y exposiciones deben basarse en argumentos curatoriales y en la participación de las comunidades representadas, no en afinidades políticas.

(Vea también: Esmad intervino frente al Museo Nacional durante protesta por obras retiradas; usaron cañones de agua)

La protesta se hizo para expresar inconformidad con la decisión del Gobierno nacional de retirar alrededor de 30 obras del museo, relacionadas con los derechos de la población LGBTIQ+, las luchas feministas, campañas políticas y el Acuerdo de Paz de 2016.

A través de su cuenta de X, Marín cuestionó la necesidad y proporcionalidad del operativo policial ante las características de la manifestación. Advirtió que la cercanía de estos dispositivos puede generar tensiones y provocar una escalada de la confrontación.

“La proximidad de estos dispositivos puede generar tensiones y provocar una escalada de la conflictividad que debe prevenirse”, señaló la Defensora.

Su pronunciamiento puso el foco en la actuación de la Fuerza Pública durante las protestas y en la necesidad de garantizar el derecho a la manifestación pacífica, incluso cuando se presentan afectaciones a la movilidad.

Hoy, desde el mediodía, cerca de 500 personas se manifestaron frente al Museo Nacional, en Bogotá. Han ejercido legítimamente su derecho a expresar su inconformidad con las decisiones del Gobierno nacional sobre las obras removidas del Museo.

A esta hora el reporte indica que la manifestación ha transcurrido de manera pacífica.

A propósito de las discusiones sostenidas en las instancias de coordinación con la Policía Nacional, tanto hoy como el miércoles pasado, no sobra recordar que la Corte Constitucional ha reconocido que la ocupación del espacio público y la obstrucción de vías pueden hacer parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta, cuyo carácter pacífico no se pierde por las afectaciones a la movilidad.

Estas afectaciones, por sí solas, no justifican la intervención de la Fuerza Pública ni la disolución de una manifestación.

Expresamos nuestra preocupación por el excesivo despliegue de Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), incluido un vehículo lanza agua, cuya presencia consideramos innecesaria y desproporcionada frente al carácter pacífico de la manifestación. La proximidad de estos dispositivos puede generar tensiones y provocar una escalada de la conflictividad que debe prevenirse.

Si bien el Decreto 1525 de 2026 permite dicha proximidad, esta debe evaluarse en función de la necesidad y el contexto.

Hacemos un llamado a las autoridades a respetar plenamente el derecho a la protesta pacífica, a no abordarlo como un riesgo de orden público, a adoptar alternativas para gestionar la movilidad —como de hecho se ha hecho hoy en Bogotá— y a evitar actuaciones policivas que puedan provocar confrontaciones.

@Bogota
@policia
@mindefensa
@MinInterior

— Iris Marín Ortiz (@MarnIris) October 17, 2026

Qué dijo la Defensora sobre la presencia del ESMAD

Iris Marín sostuvo que el carácter pacífico de una manifestación no desaparece automáticamente porque los participantes ocupen el espacio público o generen obstrucciones en las vías.

Para respaldar su posición, hizo referencia a decisiones de la Corte Constitucional sobre el derecho a la protesta y afirmó que las afectaciones a la movilidad, por sí solas, no justifican la intervención de la Fuerza Pública ni la disolución de una concentración.

La funcionaria también cuestionó el despliegue de los escuadrones antidisturbios y del vehículo lanza agua. Aunque reconoció que el Decreto 1525 de 2026 permite la proximidad de estos dispositivos, indicó que su utilización debe evaluarse de acuerdo con las circunstancias y las necesidades de cada situación.

En ese sentido, pidió a las autoridades evitar actuaciones policiales que puedan aumentar la tensión y derivar en enfrentamientos.

La protesta por las obras retiradas del Museo Nacional

La movilización en Bogotá se originó en el desacuerdo con el retiro de alrededor de 30 obras vinculadas con distintas causas sociales y políticas. Entre los temas mencionados están los derechos LGBTIQ+, las luchas feministas, las campañas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, y el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

La controversia se enmarca en las discusiones sobre la decisión del Gobierno nacional de retirar estas piezas de la exposición del Museo Nacional.

Según el balance divulgado por Marín, la jornada había transcurrido de forma pacífica al momento de su publicación. La Defensora también indicó que, durante las conversaciones de coordinación con la Policía Nacional, realizadas ese día y el miércoles anterior, se había discutido la actuación de las autoridades frente a la movilización.

El llamado de Iris Marín a las autoridades

La Defensora pidió que las manifestaciones no sean tratadas automáticamente como una amenaza al orden público y que se prioricen alternativas para gestionar las dificultades de movilidad.

Su llamado se concentró en tres puntos:

• Respetar el derecho a la protesta pacífica, incluso cuando se produzcan afectaciones a la circulación.
• Evaluar la necesidad del despliegue policial, de acuerdo con las condiciones concretas de cada manifestación.
• Evitar actuaciones que puedan provocar confrontaciones y aumentar la conflictividad.

Marín señaló que en Bogotá se habían implementado alternativas para gestionar la movilidad durante la jornada y pidió mantener ese tipo de medidas en lugar de recurrir a acciones que puedan intensificar las tensiones.

Raquel Garavito Chapal, presidenta ejecutiva de la Federación Colombiana de Empresas de Seguridad (FedeSeguridad), declaró a El Espectador que el gremio respalda las recientes decisiones del Gobierno Nacional. El sector agrupa compañías que generan cerca de 400.000 empleos según cifras oficiales, y representa aproximadamente el 1,3 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual equivale a 21 billones de pesos colombianos. FedeSeguridad, con una trayectoria de 14 años, reúne tanto a empresas nacionales como multinacionales dedicadas a la vigilancia privada, el transporte de valores, monitoreo y servicios de escolta.

Garavito Chapal identifica una preocupación fundamental: la existencia de empresas que actúan ilegalmente bajo la fachada de compañías de vigilancia. Estas entidades carecen del registro necesario, ignoran los procedimientos exigidos para el manejo de armas o emplean personal sin las debidas acreditaciones, lo que afecta a las organizaciones formales. En 2025, las autoridades detectaron una red de compañías que, presuntamente, facilitaba armas y documentación a grupos armados ilegales, una situación que motivó a FedeSeguridad a insistir en la importancia de robustecer la acción estatal.

La líder gremial subrayó la urgencia de fortalecer la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Esta entidad, según FedeSeguridad, prioriza actualmente la tramitación de licencias sobre la supervisión y el control efectivo del sector. Además, se resaltó la necesidad de agilizar trámites y mejorar los procesos de control previo, pues el 60 % de las empresas cerradas por ilegalidad en el gobierno anterior habían obtenido licencias durante la misma administración.

Respecto a las más de 62.000 armas vinculadas a empresas de vigilancia inactivas, Garavito explicó que en Colombia las armas son de propiedad estatal y deben permanecer bajo custodia si el permiso no está vigente, siguiendo normas claras. Por otro lado, la falta de recursos y la planta congelada desde 2007 dificultan la modernización de la Superintendencia, la cual aún depende de procesos manuales y presenta trámites duplicados.

FedeSeguridad propone mejorar la interoperabilidad con la fuerza pública. Si bien dejan claro que no buscan suplantar el rol de instituciones como la Policía o el Ejército, sugieren que el sector privado apoye tareas específicas, dado el déficit actual de personal en estas entidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales problemas de supervisión en las empresas de vigilancia privada en Colombia?

De acuerdo con las declaraciones de FedeSeguridad citadas por El Espectador, los principales inconvenientes radican en la existencia de empresas ilegales que operan sin cumplir los requisitos de registro, control de armas y capacitación del personal. Además, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada afronta dificultades por trámites excesivos y una planta laboral congelada desde hace años, lo que limita el control efectivo sobre las compañías.

¿Qué papel propone FedeSeguridad para la seguridad privada frente a la fuerza pública?

Según Raquel Garavito Chapal, FedeSeguridad no pretende reemplazar a la fuerza pública sino respaldarla en funciones específicas. La idea es que la seguridad privada pueda colaborar en tareas puntuales, especialmente ante el déficit de personal en entidades estatales, manteniendo siempre la responsabilidad principal de la seguridad urbana en manos de la Policía y el Ejército.

En respuesta a estos acontecimientos, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el ambiente de temor que afecta a las comunidades locales. La entidad recalcó que, en la última semana, los habitantes han sufrido afectaciones directas en viviendas y entornos cercanos, y que los ataques han resultado en tres miembros heridos de la Fuerza Pública. Además, la Defensoría denunció que estos hechos ponen en alto riesgo la vida y seguridad de la población civil, generando daños materiales y forzando la reubicación de una institución educativa para salvaguardar a los estudiantes ante el peligro inminente.

Los días recientes se han caracterizado por medidas de emergencia, como el toque de queda impuesto por la Alcaldía de Teruel la noche del 16 de octubre. Esta medida, que restringió la movilidad desde las 7:30 p. m. hasta las 9:00 a. m. del día siguiente, respondió a la amenaza que significó la presencia de un artefacto explosivo en el parque principal Simón Bolívar. Solo tras la intervención de técnicos especializados, se pudo controlar la situación. Esa misma noche, la estación de Policía de Íquira también fue hostigada por hombres armados, elevando aún más los niveles de tensión en la población.

El uso de drones con explosivos no es un evento aislado. Por ejemplo, el 15 de octubre, la estación de Policía de Palermo fue impactada por este tipo de ataque, el cual dejó dos uniformados heridos y daños en la estructura del lugar. Previamente, la estación de Aipe, el 5 de octubre, también resultó afectada por un artefacto lanzado desde un dron, aunque allí solo se reportaron daños materiales, según confirmación del alcalde Luis Ángel Ramírez Vargas.

La Defensoría del Pueblo ya había emitido la Alerta Temprana número 16 de 2026, advirtiendo sobre el grave riesgo de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), derivadas de la expansión de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (Emc), lideradas por alias “Iván Mordisco”. Esta alerta aplica especialmente para los municipios más directamente afectados por la ola de violencia. La entidad pidió a los grupos armados abstenerse de involucrar a la población civil y exigió a las autoridades, junto con las personerías municipales, activar rutas de protección y atención, así como tomar medidas urgentes de prevención en defensa de la ciudadanía.

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¿Por qué aumentaron los ataques con drones en Huila y cuáles son sus consecuencias?

De acuerdo con la información de El Espectador, el incremento de ataques con drones en Huila ha tenido fuertes repercusiones en la seguridad de la región y ha impactado directamente tanto en la Fuerza Pública como en la población civil. Las consecuencias han incluido daños materiales en instalaciones policiales, heridos entre los uniformados y la reubicación de instituciones educativas, además de un clima generalizado de temor y la adopción de medidas extraordinarias como toques de queda.

¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y por qué se menciona en este contexto?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados protegiendo a las personas que no participan directamente en las hostilidades y restringiendo los medios y métodos de guerra. En este caso, la Defensoría del Pueblo mencionó el DIH porque la expansión y las acciones armadas de las disidencias podrían implicar graves infracciones a estos principios, ya que los ataques ponen en peligro a civiles y a bienes protegidos como escuelas.

Al frente de la Dirección de Asuntos Religiosos se encuentra Isaura Yaneth Parejo Buelvas, abogada especializada en derecho administrativo y gerencia estratégica de negocios. De acuerdo con información oficial sobre su experiencia laboral, Parejo ha ejercido como representante legal de la Fundación Valorart desde 2008 y ha sido coordinadora de procesos en la Diócesis de Santa Marta desde ese año hasta la actualidad. En su rol público, ha sostenido encuentros con líderes religiosos y representantes internacionales para fortalecer el trabajo de la dependencia.

Un ejemplo de estas gestiones fue su presencia en la Cumbre Nacional Uniendo Propósitos, organizada por la Confederación Evangélica de Colombia (Cedecol), la cual representa cerca de 9.000 iglesias y organizaciones cristianas evangélicas. Además, Parejo concretó reuniones con la funcionaria Marguerite Benson, de la Embajada de los Estados Unidos, para tratar temas relacionados con los derechos de las comunidades de fe y avanzar en posibles colaboraciones. Según reportes del Ministerio del Interior, también tuvo un encuentro con la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter), entidad financiera, enfocado en el seguimiento a 59 iniciativas que benefician a 32.944 personas, con el fin de fortalecer el aporte social de las organizaciones religiosas en sus comunidades.

La Dirección de Asuntos Religiosos es un actor clave en la representación de las comunidades de fe, al ser la dependencia encargada de otorgar personerías jurídicas y coordinar el diálogo entre sectores religiosos, sociales y estatales. El marco legal de sus funciones se encuentra estipulado en el decreto ley 2893 de 2011, que establece la importancia de promover el diálogo interreligioso y político tanto a nivel nacional como internacional. Según lo presentado por el ministro Lara ante el Congreso, el presupuesto de inversión previsto para el 2026 es de 1.500 millones de pesos colombianos (COP), pero la proyección para 2027 sería de solo 512 millones de COP, aunque los gastos de funcionamiento se mantendrán en 1.884 millones de COP.

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¿Cuál es la función principal de la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior?

De acuerdo con la información expuesta, la principal función de la Dirección de Asuntos Religiosos es coordinar, junto con otras instancias competentes, acciones para promover el diálogo interreligioso y político, además de tramitar las personerías jurídicas que permiten a las comunidades de fe operar formalmente en el país, según lo establece el decreto ley 2893 de 2011.

¿Cómo afecta la reducción presupuestal a las comunidades religiosas registradas en el Ministerio del Interior?

Según los datos suministrados por el ministro Rodrigo Lara, la reducción casi a la mitad del presupuesto de inversión para 2027 podría limitar las capacidades de la Dirección de Asuntos Religiosos para acompañar, coordinar y fortalecer el trabajo social de las más de 12.400 comunidades religiosas registradas en Colombia.

El crimen de Lucero ha provocado profundo dolor e indignación entre los habitantes del sector y las autoridades locales, quienes han exigido que el caso no quede impune. Según Julián Sánchez Perico, alcalde de Soacha, Lucero sobresalía por su carácter valiente y su constante disposición para gestionar acciones y proyectos a favor de las familias más necesitadas. Sánchez Perico resaltó particularmente el compromiso de la líder con la lucha por la vivienda digna: gestionaba materiales de construcción, promovía la legalización de predios y velaba por el mejoramiento del entorno barrial a través de reclamos ante entidades municipales y departamentales.

La labor comunitaria de Lucero trascendía lo físico; acompañaba a personas con problemas de salud y brindaba apoyo social con alimentos y medicamentos a quienes enfrentaban situaciones económicas críticas. En sectores como Altos de la Florida y Altos de Cazucá, impulsó procesos de educación ambiental, respaldó a madres cabeza de hogar y se implicó de manera directa en la resolución de problemáticas cotidianas.

Pese a su edad, Lucero mantuvo un activismo en favor del barrio Villa Sandra, orientándose en los últimos tiempos a gestionar la mejora de servicios públicos y la construcción de una placa huella —una estructura que facilita el tránsito peatonal— en la vía de acceso al colegio Nueva América, una demanda barrial que consideraba prioritaria. De acuerdo con la Alcaldía de Soacha, esta clase de iniciativas construyeron una huella indeleble en la comunidad, que hoy lamenta su asesinato y teme por la continuidad de los procesos sociales que lideraba.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Soacha, Lucero Ramírez fue asesinada mediante un ataque con arma de fuego en su barrio. Como respuesta, la Alcaldía ofreció hasta 50 millones de pesos como recompensa por información que permita capturar a los responsables. Por ahora, las autoridades no han esclarecido los móviles del ataque ni han reportado capturas, mientras la comunidad de Altos de Cazucá pidió justicia y protección para quienes promueven procesos sociales en el territorio. La información ha sido confirmada por El Espectador y las declaraciones oficiales del alcalde Julián Sánchez Perico y el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Jorge Alberto Delgado Montoya.

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¿Quién era Lucero Ramírez Molina y cuál fue su impacto en Soacha?

Lucero Ramírez Molina fue una líder social emblemática en Soacha, Cundinamarca, reconocida por su labor comunitaria en Villa Sandra y otros sectores vulnerables como Altos de la Florida y Altos de Cazucá. Su trabajo se centró en gestionar oportunidades de vivienda, mejoramiento de vías y acceso a servicios públicos, así como en el acompañamiento social a familias con necesidades urgentes, según destacó el alcalde Julián Sánchez Perico en El Espectador.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la investigación del asesinato de Lucero Ramírez?

Según la Policía Metropolitana de Soacha, la líder social fue asesinada con arma de fuego en Villa Sandra. Las autoridades municipales han ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información del caso. Aunque despliegan equipos de investigación, hasta el momento no hay detalles sobre los motivos ni capturas relacionadas, tal como reportó El Espectador.

La acción, resultado de un trabajo coordinado entre las Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía, fue liderada por el Batallón de Acción Directa y Reconocimiento 11, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido 11, y contó con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana. De acuerdo con datos recogidos por El Espectador, las labores de inteligencia permitieron no solo la ubicación y captura de “Junior Rojas”, sino que habrían evidenciado también tensiones internas y pérdida de cohesión en la organización, la cual hace parte del Bloque Jorge Suárez Briceño.

Sobre la trayectoria criminal de alias “Junior Rojas”, las autoridades indican que tendría un historial de cerca de seis años en estructuras armadas. Habría ingresado al grupo Jhon Linares en el año 2020, dentro del área financiera, y en 2026 habría asumido funciones de mayor responsabilidad dentro de la estructura Marco Aurelio Buendía. Los informes oficiales lo vinculan presuntamente con el cobro de extorsiones, la adquisición de armamento ilegal, presiones a la población civil y posibles actividades de reclutamiento y traslado de menores de edad a otras áreas dominadas por el grupo. Además, señalan su posible participación en el atentado con explosivos perpetrado en septiembre en Puerto Chorizo, Vistahermosa, que resultó en dos soldados heridos.

Durante el operativo, una mujer falleció en el enfrentamiento armado. De acuerdo con información preliminar citada por El Espectador, se trataría de la compañera sentimental de “Junior Rojas”, también presunta integrante de la estructura criminal. Además, se incautaron dos fusiles, dos pistolas, tres granadas, varios proveedores, más de 270 cartuchos de diferentes calibres, equipos de comunicaciones y panfletos supuestamente destinados a actividades de extorsión.

La operación representa un golpe a la estructura Marco Aurelio Buendía y revela, según los mismos reportes, un escenario de debilidad interna dentro de las disidencias que podría impactar su funcionamiento en la región.

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¿Quiénes conforman la estructura Marco Aurelio Buendía en las disidencias de las Farc?

La estructura Marco Aurelio Buendía es una facción dentro de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias “Calarcá”, que estaría dedicada a acciones criminales como extorsión, compra de armas ilegales y presunto reclutamiento de menores, según información de El Espectador citada en la investigación de las autoridades. Alias “Junior Rojas” era el segundo jefe de finanzas, encargado de coordinar recursos y apoyar las operaciones del grupo.

¿Qué significa el término “disidencias de las Farc”?

El término “disidencias de las Farc” hace referencia a grupos armados que se apartaron del proceso de desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), continuando con actividades ilegales y estructuras armadas, como se observa en las operaciones realizadas en Meta reportadas por El Espectador.

Adicionalmente, Matador volvió a poner en tela de juicio el manejo de los dineros recolectados para los afectados por el terremoto al escribir: “¿Y la plata de los damnificados qué?”, acompañando su duda con un comentario irónico sobre el destino de esos recursos. Estas críticas no han sido aisladas; desde el inicio de la polémica, Matador ha manifestado preocupaciones sobre la trasparencia en el uso de las donaciones, lo que ha desencadenado una respuesta de diferentes personalidades y entidades. Resulta relevante destacar que la firma De La Espriella Lawyers anunció la toma de acciones legales contra el caricaturista, mientras tanto, distintos sectores han manifestado su rechazo a sus comentarios.

Por su parte, Ana Lucía Pineda defendió, en conversación con Vicky Dávila según lo informado por Revista Semana, las gestiones de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas. Resaltó que los fondos permanecen en la organización y que, por determinación de la junta directiva, no se destinaron para las ayudas humanitarias iniciales. El enfoque, aclaró, es emplearlos en una segunda etapa dirigida a la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo. Además, informó que realizaron una auditoría con apoyo de la firma PricewaterhouseCoopers, con el objetivo de asegurar la claridad en el trámite de los proyectos y la rendición de cuentas al público.

La primera dama reiteró el llamado a erradicar el uso de discursos ofensivos, en especial contra mujeres, y subrayó su compromiso de continuar trabajando en las labores de rehabilitación. A pesar de las reiteradas acusaciones de Matador, hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes sobre el manejo indebido de los recursos; cualquier señalamiento debe ser siempre soportado en los documentos y registros oficiales.

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¿Cuál fue la respuesta de la primera dama sobre el manejo de las donaciones para damnificados?

Durante la entrevista con Vicky Dávila, Ana Lucía Pineda afirmó que los recursos para los damnificados siguen en la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, según lo informado por Revista Semana. Detalló que no se emplearon para las ayudas iniciales por decisión de la junta directiva, sino que serán destinados a la fase de reconstrucción. También mencionó la contratación de la firma PricewaterhouseCoopers para la auditoría de los proyectos.

¿Por qué Matador critica la entrevista de Vicky Dávila a la primera dama?

Matador expresó en su cuenta de X que, a su juicio, la periodista Vicky Dávila habría cambiado de postura frente al presidente Abelardo De La Espriella. Además, mostró desacuerdo con las preguntas y el enfoque de la entrevista, empleando términos descalificadores dirigidos a la primera dama y reiterando dudas sobre el uso de los fondos donados.

Durante una inspección realizada por cabildantes de diferentes bancadas, entre ellos Juan David Quintero del Nuevo Liberalismo, se constató que la gramilla no había sido entregada en óptimas condiciones pese al cronograma de trabajos acordado anteriormente. Según lo revelado por Quintero, el grupo musical BTS habría realizado un pago adicional de US$900.000 —equivalente a casi COP 2.800 millones— específicamente por el mantenimiento de la grama, aparte del contrato de arrendamiento habitual. Sin embargo, el concejal cuestionó que estos recursos no se reflejaron en la calidad final del campo de juego y señaló que uno de los contratistas de Sencia solo pagó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) COP 488 millones en especie por el uso del Parque La Florida.

La situación fue expuesta ante Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, empresa operadora del escenario, quien confirmó que el alquiler del estadio para el evento mencionado involucró pagos superiores a los US$900.000. No obstante, Hoyos no presentó un desglose detallado de estos valores y argumentó que todas las actividades realizadas en el estadio incluyen costos destinados al mantenimiento del terreno y la infraestructura. Más tarde, por medio de la red social X, Sencia reiteró que los ingresos de este tipo de eventos, incluido el contrato con el organizador Páramo, tienen como finalidad salvaguardar el estado del estadio y asegurar su operatividad.

Ante la falta de información concreta, el concejal Quintero solicitó a Sencia la entrega del contrato correspondiente para esclarecer el flujo de los recursos y confirmar si efectivamente hubo un pago adicional por el estado de la grama. Entre tanto, la Contraloría distrital inició una indagación preliminar sobre las obligaciones contractuales de mantenimiento y la Personería, por su parte, tomó acciones preventivas para esclarecer posibles responsabilidades disciplinarias. Por el momento, solo el concierto de Fonseca, previsto para el 24 de octubre, fue reubicado en otro escenario tras los inconvenientes. Sencia, por su parte, aseguró que la cancha estaría lista y en buen estado para el partido entre Millonarios y Jaguares.

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¿Cuánto pagó BTS por el uso y mantenimiento de la grama en El Campín?

Según denuncias del concejal Juan David Quintero, BTS pagó un monto adicional de US$900.000 (alrededor de COP 2.800 millones) específicamente destinado al mantenimiento de la grama del estadio El Campín, monto que se suma al contrato de arrendamiento estándar. Sin embargo, la empresa Sencia afirmó que los pagos realizados fueron incluso superiores, aunque no presentó un desglose preciso de los valores, y señaló que estos recursos tienen como propósito asegurar el buen estado de la infraestructura del estadio.

¿Qué acciones están tomando las autoridades frente a los pagos y el estado de la gramilla de El Campín?

La Contraloría de Bogotá inició una indagación preliminar sobre las obligaciones contractuales de mantenimiento de la gramilla y la disponibilidad del estadio. Por su parte, la Personería lanzó acciones preventivas para determinar posibles responsabilidades disciplinarias. Además, el Concejo de Bogotá, a través de debates de control político, ejerce vigilancia sobre el cumplimiento de los contratos y el manejo de los recursos invertidos en la recuperación de la cancha después del evento de BTS.

La expectativa por este articulado aumentó cuando, de forma paralela, la llamada ley de acogimiento sí llegó a las manos de los congresistas, acompañada por los ministros Rodrigo Lara (relaciones del Interior) e Iván Cancino (cartera de Justicia). Ambos funcionarios detallaron que esta iniciativa tiene como meta principal ofrecer un marco legal que permita no solo el desmantelamiento y desarme de grupos armados, sino también su acogida en procesos jurídicos, en los que las víctimas ocupan el primer plano. Lo han manifestado claramente: no se trata de negociaciones políticas, sino de procedimientos legales estrictos, en los que los diálogos se darán exclusivamente a través de representantes jurídicos y no de interlocutores políticos.

Según reportó Caracol Radio, el texto del estatuto abarca 116 páginas y, tras el filtro del Consejo de Política Criminal, volverá a ser examinado por la Casa de Nariño antes de recibir la firma definitiva del presidente De la Espriella y su secretario jurídico, Andrés Barreto. Varias voces en el Congreso, como la de Honorio Henríquez, presidente legislativo del Centro Democrático, han expresado respaldo total a la iniciativa, que es vista como "urgente e inaplazable" para afrontar el crimen organizado y fortalecer las herramientas estatales. Más de 180 congresistas conforman la coalición mayoritaria, lo que augura réditos en la aprobación de los cuatro debates reglamentarios.

Pese a este respaldo, la propuesta enfrenta resistencia. Referentes del Pacto Histórico han cuestionado que el presidente reciba facultades extraordinarias, especialmente para implementar el cargo de Alto Comisionado contra el Terrorismo, que sumaría una nueva figura al esquema gubernamental. Otro de los puntos álgidos es el que faculta al mandatario para diseñar la "acción de aprehensión preventiva abreviada", innovación orientada a transferir rápidamente bienes de organizaciones terroristas al Estado, y también regular el control de criptoactivos.

Sin embargo, donde se encendieron más alarmas fue en el apartado sobre acuerdos con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos. El borrador contempla retirar personerías jurídicas a organizaciones vinculadas a personas incluidas en la "lista Clinton", donde figura Gustavo Petro, exmandatario y actual líder del sector afectado, lo que suma un ingrediente adicional de controversia.

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¿Cuáles son los puntos clave y controvertidos del estatuto antiterrorista propuesto por el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El estatuto antiterrorista plantea, entre otros aspectos, procesos rápidos de transferencia de bienes ligados a grupos terroristas al Estado, el respaldo legal para el desmantelamiento y acogida de estructuras delincuenciales y la creación de la figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo. Sin embargo, suscita controversia la entrega de facultades extraordinarias al presidente y la relación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, así como la posibilidad de cancelar personerías jurídicas a organizaciones vinculadas a personas listadas por esa entidad.

¿Qué es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y cuál es su papel en el estatuto antiterrorista?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de aplicar sanciones económicas y comerciales. En el contexto del estatuto, el gobierno contempla la cooperación e intercambio de información con esta entidad, abriendo la puerta a sanciones contra organizaciones con relaciones con personas en la "lista Clinton", lo que podría llevar a la cancelación de personerías jurídicas en Colombia para quienes resulten involucrados.

Las declaraciones de Sarabia llegan en un contexto de tensión generado por denuncias sobre presuntas irregularidades y manejos internos en el Gobierno. Durante la conversación, la exfuncionaria fue indagada respecto a su vínculo con Verónica Alcocer, sobre rumores de ingresos de bolsas con dinero en efectivo a la residencia presidencial y ante las graves acusaciones impulsadas por Angie Rodríguez, también exdirectora del DAPRE.

Sobre su relación con Verónica Alcocer, Sarabia clarificó que el contacto se gestó durante la campaña presidencial de 2022, describiendo una relación cordial pero distante, basada principalmente en asuntos familiares y no en colaboraciones de gobierno. De igual manera, negó que su reincorporación al Ejecutivo hubiera sido gestionada por la entonces primera dama; según contó, la decisión fue producto de una conversación directa con el presidente Gustavo Petro.

Acerca de los señalamientos hechos por Eva Ferrer, examiga de Alcocer, sobre supuestas bolsas con grandes sumas de dinero ingresando a la Casa de Nariño, Sarabia fue tajante al rechazar haber visto o sabido de ese tipo de situaciones. Indicó que sus funciones le exigían atención al despacho presidencial, pero que no tenía injerencia ni conocimiento sobre los Objetos que ingresaban en la residencia privada del mandatario. También sostuvo que corresponde a quienes hacen las afirmaciones, como Ferrer, respaldarlas ante las autoridades competentes.

Por otra parte, al enfrentar las declaraciones de Angie Rodríguez sobre una presunta red de prostitución en Palacio, Sarabia afirmó no haber sido testigo de ninguna estructura así ni tener pruebas que respalden esa versión. Recordó además haber coincidido en persona con Rodríguez solo en tres ocasiones durante los cuatro años del Gobierno anterior, e hizo un llamado para que se identifiquen a las mujeres mencionadas y se verifique la veracidad de las acusaciones.

Sarabia también aclaró su papel frente a las ausencias públicas de Gustavo Petro, explicando que la responsabilidad de atender a los asistentes y cumplir la agenda institucional recaía en ella cuando el presidente debía ausentarse. Aseguró que la agenda presidencial siempre estuvo disponible para la consulta pública.

Las intervenciones de Sarabia evidencian la compleja dinámica interna vivida durante la anterior administración. Mientras siguen las versiones contrapuestas y nuevas acusaciones, la exfuncionaria insiste en la necesidad de aportar pruebas y que sea la justicia quien determine eventuales responsabilidades. Datos y declaraciones recogidos en la entrevista con La FM y reportados en medios nacionales refuerzan el llamado a la verificación y esclarecimiento de los señalamientos todavía en espera de certezas oficiales.

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¿Cuáles fueron las principales aclaraciones de Laura Sarabia sobre las acusaciones en su contra?

Laura Sarabia negó de forma categórica haber visto el ingreso de bolsas con dinero a la Casa de Nariño y descartó haber sido testigo de una presunta red de prostitución en el Palacio. También aclaró que su relación con Verónica Alcocer fue cordial y esporádica, y que su regreso al Gobierno solo fue gestionado con Gustavo Petro. Sostuvo que quienes hacen los señalamientos deben presentar pruebas ante las autoridades.

¿Qué funciones tenía Laura Sarabia como directora del DAPRE y cómo respondió sobre la agenda presidencial?

Como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Laura Sarabia se encargaba del despacho presidencial y de coordinar la agenda institucional. En la entrevista, explicó que, ante las ausencias públicas de Gustavo Petro, le correspondía atender los eventos y que la programación del mandatario era consultable de manera pública. Reafirmó que esas eran responsabilidades inherentes a su cargo.