Ahora, el gobierno de Abelardo de la Espriella dice llegar con una apuesta distinta: un gabinete ministerial completamente paritario, integrado por nueve hombres y nueve mujeres. Sin embargo, más allá del equilibrio numérico, el verdadero reto será demostrar que esas designaciones pueden traducirse en resultados en áreas especialmente sensibles para el país.

Entre las mujeres con mayor experiencia aparece Viviane Morales, quien asumirá el Ministerio de Educación. La exfiscal general y exembajadora tendrá una de las tareas más complejas del nuevo gobierno: enfrentar la discusión sobre la financiación de la educación superior, impulsar una reforma al sistema universitario y definir el futuro del Icetex, uno de los temas que más divide a estudiantes y al sector educativo.

En Transporte estará Elsa Noguera, quizá la funcionaria con mayor recorrido administrativo del grupo. Exalcaldesa de Barranquilla, exgobernadora del Atlántico y exministra de Vivienda, tendrá bajo su responsabilidad la ejecución de buena parte de las obras de infraestructura que De la Espriella prometió durante la campaña.

Otra de las carteras estratégicas será Minas y Energía, que quedará en manos de María Nohemí Arboleda Arango. La ingeniera eléctrica dirigió durante años XM, operador del sistema eléctrico nacional, y llega con el desafío de garantizar la estabilidad energética del país en medio de las advertencias sobre un posible desabastecimiento.

Uno de los nombramientos que más debate generó fue el de Ana María Vesga Gaviria en Salud. La exdirectora ejecutiva de Acemi, gremio que reúne a las EPS, tendrá que liderar la recuperación de un sistema que enfrenta una profunda crisis financiera y de atención a los pacientes, además de responder a las críticas por su cercanía con el sector asegurador.

El Ministerio de Trabajo estará dirigido por Natalia López Fuentes, abogada con experiencia en la Defensoría del Pueblo y en el propio Ministerio de Trabajo. Su reto será impulsar políticas de empleo y formalización laboral en un momento de desaceleración económica.

En el Ministerio TIC estará Alexandra Falla Zerrate, reconocida por su trabajo al frente de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Aunque su trayectoria ha estado ligada al sector cultural, ahora deberá liderar asuntos como conectividad, transformación digital y modernización tecnológica del Estado.

La cartera de Culturas quedó para Paola Holguín Moreno, exsenadora y una de las figuras políticas que rompió con el Centro Democrático para respaldar a De la Espriella. Su principal desafío será convertir un ministerio altamente politizado en un espacio de fortalecimiento cultural con alcance nacional.

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En Deporte estará Juliana Gutiérrez, administradora de empresas y hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Más allá del peso político de su apellido, tendrá la responsabilidad de fortalecer el alto rendimiento, apoyar el deporte regional y ampliar el acceso de los jóvenes a programas deportivos.

Finalmente, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación será liderado por Claudia Benavides Salazar, ingeniera industrial seleccionada mediante el Banco de Talentos impulsado por el presidente electo. Sin antecedentes políticos, representa la apuesta más técnica del gabinete y tendrá el reto de fortalecer la investigación, la innovación y la articulación entre universidades, empresas y Estado.

El contraste con el gobierno saliente es inevitable. Mientras los últimos cuatro años estuvieron marcados por constantes controversias alrededor de varias de sus principales figuras femeninas, las nueve ministras de De la Espriella llegan con un desafío diferente: que sus nombres terminen asociados a la gestión y los resultados, más que a los escándalos políticos.

Tatiana Céspedes es la cónyuge de José Manuel Restrepo. La abogada nació en Popayán, Cauca, y se formó en la Pontificia Universidad Javeriana, donde se especializó en Derecho Comercial, de acuerdo con Infobae.

Su perfil profesional como abogada y empresaria tiene una trayectoria construida lejos de los reflectores, según remarca Publimetro. Su carrera se ha centrado en el ejercicio del derecho y en proyectos empresariales, siempre priorizando el equilibrio familiar.

Contrajo matrimonio con José Manuel Restrepo en 2001, luego un noviazgo de cuatro años. La pareja tiene tres hijos: Julián, Alejandro y María, quienes ocupan un lugar central en su vida familiar, según sus propias declaraciones.

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Su papel como esposa del vicepresidente lo define como un rol de acompañamiento, con enfoque en la familia y en causas sociales. Ella ha dicho que su prioridad es apoyar a su esposo y a sus hijos, sin buscar protagonismo político propio.

En redes sociales, Tatiana Céspedes ha compartido mensajes sobre fe, valores familiares y educación. Su imagen pública se ha consolidado durante la campaña vicepresidencial, donde ha participado en actos, entrevistas y contenidos digitales.

Su origen caucano ha marcado el compromiso con la región. Se resalta que su presencia en la esfera pública busca poner los ojos del gobierno en territorios como el Pacífico y el sur del país.

Su relación con José Manuel Restrepo se describe como una alianza de 25 años, basada en respeto y confianza. La decisión de aceptar la candidatura vicepresidencial fue discutida en familia, con un enfoque de servicio a Colombia.

Uno de los episodios más dolorosos para la familia de Céspedes fue el asesinato de su sobrina Ana María Serrano en México, caso que sin duda la marcó.

En el Gobierno, su papel como esposa del vicepresidente no tiene funciones oficiales, pero su influencia se proyecta en lo social y lo simbólico. Su figura representa un perfil de primera dama moderna, con carrera propia y vida familiar activa.

¿Qué funciones tiene el vicepresidente?

El vicepresidente de Colombia ejerce funciones definidas por la Constitución Política de 1991 y por decretos del Presidente. Su rol principal consiste en reemplazar al Presidente en faltas temporales o absolutas, según el artículo 202 de la Carta.

La Constitución también permite que el Presidente le confíe misiones o encargos especiales. Además, puede designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva, excepto como ministro delegatario, según el mismo artículo 202.

El Decreto 2719 de 2000 y el Decreto 1874 de 2022 detallan funciones adicionales. Entre ellas, asesorar al Presidente en políticas de derechos humanos y lucha contra la corrupción, y colaborar en gestiones ante organismos nacionales e internacionales.

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El vicepresidente también representa a Colombia en foros y conferencias internacionales, por instrucciones del Presidente. Esa representación se realiza con todas las preeminencias que corresponden al jefe de Estado, según la normativa vigente.

En el Consejo de Ministros, el vicepresidente participa con voz y voto. Además, preside ese Consejo en ausencia del Presidente y coordina la labor de los ministros, según el artículo 191 de la Constitución.

La Vicepresidencia también coordina mecanismos de concertación entre entidades públicas en temas de derechos humanos y corrupción. Esa función busca armonizar acciones entre niveles nacional, departamental y municipal, según el Decreto 2719.

En la práctica, el alcance de las funciones depende de la relación entre el Presidente y el vicepresidente. Así, el vicepresidente lo reemplaza, recibe misiones especiales, representa al país en el exterior y participa en el Consejo de Ministros. Su papel se adapta a las necesidades del Gobierno y a las directrices del Presidente.

La cónyuge del presidente de la República ejerce un rol protocolario, representativo y de liderazgo social tradicionalmente articulado con la Casa de Nariño.

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Al carecer de investidura de servidora pública, la esposa del primer mandatario no percibe salario, remuneración ni prestaciones derivadas del presupuesto general.

Sin embargo, el Estado colombiano faculta su intervención en iniciativas asistenciales como embajadora de causas comunitarias, de niñez y de desarrollo social.

Ana María Pineda, esposa del abogado Abelardo de la Espriella, asume este papel no vinculante orientando esfuerzos en programas de interés público.

La Corte Constitucional fijó límites claros prohibiendo que la cónyuge presidencial ordene gastos públicos, celebre contratos estatales o desempeñe funciones administrativas.

La jurisprudencia colombiana establece que las actuaciones protocolarias de la Primera Dama deben guardar armonía con los principios de equidad institucional.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República presta apoyo logístico para las actividades asistenciales organizadas por la esposa presidencial.

Históricamente, la ocupante de esta dignidad lidera de forma honoraria programas orientados a la primera infancia, la nutrición y la inclusión educativa.

Las leyes vigentes permiten que la Primera Dama represente al país en misiones internacionales de carácter diplomático, cultural o estrictamente humanitario.

Dichas representaciones en el exterior requieren una designación oficial mediante decreto firmado por el presidente de la República según la normativa.

La esposa del mandatario suele presidir de manera protocolaria organismos de bienestar familiar para promover proyectos destinados a poblaciones vulnerables.

El ejercicio de estas labores sociales busca impactar en la formulación de políticas públicas sin invadir atribuciones de los ministerios ejecutivos.

La presencia de la Primera Dama fortalece las relaciones entre las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil nacional.

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A través de campañas pedagógicas y benéficas, la consorte del jefe de Estado impulsa causas orientadas a la erradicación de la pobreza.

El seguimiento continuo de los órganos de control garantiza que los recursos públicos logísticos utilizados se ajusten rigurosamente a la ley.

La sociedad colombiana reconoce la influencia social del rol, valorando la visibilidad que aporta a proyectos comunitarios de gran envergadura.

Ana María Pineda proyecta su gestión hacia la consolidación de alianzas estratégicas que fortalezcan el tejido social y la asistencia familiar.

Su intervención se enfoca en canalizar apoyos internacionales y privados para atender emergencias sanitarias o desastres naturales en las regiones.

El marco normativo colombiano asegura que esta figura honoraria mantenga un equilibrio entre el compromiso social y la austeridad administrativa.

El desarrollo histórico de este papel demuestra su evolución hacia un liderazgo activo, promotor de equidad y referente de solidaridad.

La efectividad de su gestión depende directamente de la colaboración armónica con las entidades encargadas de la política social pública.

Así, la posición de Primera Dama permanece como un símbolo de compromiso ciudadano orientado a servir a las comunidades necesitadas.

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¿Cuál es la profesión de la esposa de Abelardo de la Espriella?

Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, es administradora de empresas y empresaria. Nació en Montería en 1988 y ha liderado proyectos en los sectores jurídico, gastronómico, cultural y de entretenimiento.

Es una figura central en la campaña presidencial de su esposo. Además de su rol político, ha consolidado un perfil empresarial que combina gestión de negocios y proyectos sociales.

Su formación como administradora de empresas le ha permitido gestionar iniciativas privadas y apoyar la estructura operativa de la campaña. Ella ha destacado su trabajo en proyectos empresariales y su rol como madre de cuatro hijos.

Abelardo de la Espriella está casado con Ana Lucía Pineda desde 2006.

Yagüé arribó al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón acompañado por una de sus hijas y, en diálogo con Blu Radio, expresó la emoción que siente por haber sido convocado a un momento que considera histórico. Además, agradeció las múltiples muestras de apoyo que, según dijo, ha recibido de personas de distintas regiones del país.

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“Me siento feliz, orgulloso de sentir el apoyo de toda mi gente, tanto del Caquetá como de Colombia. En este momento estoy dichoso de haber llegado a Cali para estar mañana en el evento del señor presidente”, manifestó el vendedor de panela durante la entrevista con la emisora.

Uno de los temas que más curiosidad ha generado es la posibilidad de que sea él quien le coloque la banda presidencial a Abelardo de la Espriella. Sin embargo, Yagüé aseguró que todavía no ha recibido ninguna instrucción sobre esa posibilidad y que desconoce cuál será su participación específica durante la ceremonia.

¿Vendedor de panela le pondrá banda presidencial a Abelardo de la Espriella?

El comerciante explicó que, hasta ahora, no ha sostenido una conversación con el mandatario electo sobre ese aspecto del protocolo y que cualquier decisión dependerá exclusivamente de lo que él determine antes del acto de posesión.

“Esperamos la orden de él, lo que sea la orden de él, eso se hace”, respondió Yagüé al ser consultado sobre si tendrá el honor de imponer la banda presidencial, dejando abierta la posibilidad de participar en uno de los momentos más simbólicos de la jornada.

Mientras tanto, la expectativa continúa creciendo alrededor de la ceremonia presidencial, ya que la eventual participación del vendedor de panela sería uno de los gestos más llamativos del inicio del nuevo Gobierno. Por ahora, su presencia en Cali está confirmada, pero el rol que desempeñará solo se conocerá cuando inicie el acto oficial.

De acuerdo con el texto, el análisis de cada sector permite comprender la magnitud de los retos que recibirá Abelardo de la Espriella. En materia de salud, la gestión saliente deja temas pendientes que requieren estrategias urgentes para garantizar la cobertura, la eficiencia y el acceso a servicios de calidad. Esto cobra especial importancia en un país donde las desigualdades sociales han influido de manera significativa en el bienestar de la población. Paralelamente, el ámbito económico se presenta como uno de los desafíos más exigentes. Según los análisis recopilados, el nuevo presidente tendrá que enfrentar la presión de mantener la estabilidad macroeconómica, fomentar la generación de empleo y promover el crecimiento en sectores productivos estratégicos.

En materia de seguridad y justicia, las decisiones que adopte el gobierno de De la Espriella podrían ser determinantes para la percepción de orden y legitimidad institucional en la ciudadanía. La presencia de diversos actores armados y los rezagos en la aplicación de justicia han sido temas recurrentes en los reportes especializados aportados en la recopilación. Además, la infraestructura aparece como otro eje fundamental: su desarrollo impacta directamente en la conectividad, el comercio y la equidad regional. Por último, las relaciones internacionales demandan un enfoque estratégico para posicionar a Colombia en la agenda global y fortalecer alianzas clave, elementos que también se encuentran destacados en el análisis sectorial.

Este escenario inicial es el punto de partida para que el gobierno de Abelardo de la Espriella tome decisiones que definirán el rumbo del país en los próximos cuatro años. Las dificultades heredadas y la capacidad para afrontarlas marcarán, según los documentos analizados en esta recopilación, el éxito o el fracaso de la gestión presidencial.

¿Cuáles son los principales retos que enfrentará Abelardo de la Espriella en los primeros meses de su gobierno?

De acuerdo con los análisis incluidos en el texto, los principales retos del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella abarcan la atención a la salud, el impulso a la economía, el fortalecimiento de la seguridad, las mejoras en justicia, el desarrollo de infraestructura y la consolidación de relaciones internacionales, todos ellos considerados determinantes para el futuro de Colombia.

¿Cómo podría la situación en salud y economía influir en la gestión de la nueva administración?

Según el panorama presentado, la situación en salud y economía tendrá un papel crucial en la gobernabilidad y la estabilidad social del país, pues ambos sectores determinan el bienestar de la población y el desarrollo nacional. La resolución de los problemas heredados será fundamental para que el gobierno logre la confianza y el respaldo ciudadano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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En varias de sus intervenciones, De la Espriella también ha exigido la entrega inmediata de jefes del Eln como alias ‘Saul’ o ‘Manuel’ (en los Llanos Orientales), alias ‘Malverde’ o ‘Jesús’ (del frente ‘José David Suárez’), y en Santander, alias ‘Volkswagen’ y alias ‘Zorrillo’. Del ‘Clan del Golfo’, amenazó a alias ‘Mauricio’ o ‘Chepe’, alias ‘Ronald Ratón’. Y del Eln a alias ‘Alfred’, entre muchos otros. A todos les dijo: “Los voy a cazar como alimañas”.

Fueron tan firmes sus palabras y tal la convicción con que las pronunció que el país tuvo la sensación de que lo único que estaba haciendo falta es que asumiera el poder. En algunas ocasiones, incluso, dejó en el aire la idea de que tendría ya un plan en marcha para neutralizar a los señalados. Para la comunicación política estuvo muy bien. Pero ahora, como presidente de la República en ejercicio, está en el terreno de las acciones.

El reloj empezó a correr para que De la Espriella aterrice su idea de seguridad en esa Patria Milagro que ofreció, y que parte del argumento central de que el crimen es hoy el principal enemigo de la libertad, la paz verdadera y la estabilidad del país. También arranca desde otra premisa: la de que “con los criminales no habrá negociación”.

Si no consigue en su primer mes de gobierno la entrega, la captura o el abatimiento de uno o algunos de los delincuentes que amenazó, provocará una enorme presión en su contra porque sus promesas son recientes y se trata de ofertas para aliviar una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, la de la seguridad.

Esta tarea que él mismo se impuso puede estar, en términos de popularidad, al nivel de otras de carácter estratégico como destruir las 330.000 hectáreas de coca que hay en Colombia, valiéndose de todas las herramientas que permite la ley y la tecnología con fumigación aérea, erradicación manual, persecución a los capitales de los narcotraficantes, la extinción de dominio exprés, la sustitución de cultivos y la extradición.

El cumplimiento de la promesa de De la Espriella contra los cabecillas de la delincuencia será también la puerta de entrada (la carta de presentación, si se quiere) o la base de otras propuestas de seguridad como recuperar el control territorial, reafirmar el monopolio estatal de las armas, desmontar milicias y poderes coercitivos paralelos, destruir economías ilegales, recuperar el sistema carcelario, y fortalecer la inteligencia, la justicia y la judicialización.

Los golpes puntuales contra los delincuentes señalados serán asimismo un termómetro para medir otras iniciativas como la creación de un bloque de búsqueda contra la extorsión (seguridad en el barrio), la activación de la denominada Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas, y la reconstrucción de las Fuerzas Armadas, cuyas acciones contarán con todo el respaldo del mandatario.

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Las serias advertencias que el candidato y después presiente electo les hizo a jefes de la delincuencia deben ahora ser materializadas por el presidente en funciones. Hizo una apuesta muy alta desde bien temprano en múltiples escenarios, y ahora debe honrar su palabra.

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La exdelegada del mandatario en la Universidad Popular del Cesar sabe que tiene las horas contadas para seguir disfrutando de las mieles del Estado, por lo que ya busca una jugada (que parece desesperada) para mantener sus beneficios.

En la grabación, que sería un mensaje de Guerrero a través de WhatsApp, ella dice que le pidieron cambiar su estatus a activista de derechos humanos o militante de un partido político. La del escándalo del título falso aseguró que Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), le mandó una misiva a Petro para que la casi viceministra cambie su condición para sostener sus escoltas.

Ante eso, a Guerrero se le escucha pedirle a una persona que le mantenga su esquema de seguridad, argumentando que enviará un documento que la certifique como integrante del Polo Democrático.

“Me van a mandar el certificado de militancia del Polo Democrático. Yo le pregunté a Augusto [Rodríguez] y me dijo que enviara eso a la persona que me estaba haciendo el estudio de seguridad, o sea, tú”, manifiesta Guerrero en el audio, probablemente dirigido a un funcionario de la UNP.

🔴🇨🇴ATENCIÓN. Se filtra audio de Juliana Guerrero donde solicita a la UNP reforzar su esquema de protección por orden de @petrogustavo sin estudios de seguridad.

🚨Un evidente TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Pide maquillar informe que la coloque como activista y miembro del Polo pic.twitter.com/DnVCv1AK8h

— By Viral 24 (@ByViral24) August 6, 2026

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La exdelegada del Gobierno agregó que así es como podría justificar su esquema e inclusive “reforzarlo”. De corroborarse lo que se le escucha, Guerrero podría enfrentar un tercer lío con la justicia por tráfico de influencias.

A esto se suma las investigaciones en su contra por el título profesional que falsificó y la presunta red que orquestó con su hermana para otorgar contratos con el Estado a cambio de millonarios pagos.

(Vea también: ¿Qué ocurre con el volcán Puracé? Experto explica las razones de la alerta naranja)

De acuerdo con el más reciente boletín del SGC, el volcán sigue registrando sismicidad de largo periodo (LP) y señales de tremor continuo, fenómenos asociados principalmente al movimiento de fluidos dentro de los conductos internos del volcán, a profundidades menores a un kilómetro bajo el cráter.

Uno de los principales factores que mantiene la alerta naranja es el comportamiento de los gases. El flujo de dióxido de azufre (SO₂) alcanzó una medición de 2.100 toneladas por día, una cifra que permanece por encima del promedio histórico conocido para este volcán. Además, continúa el aumento en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo.

🌋 Desde el SGC seguimos de cerca la actividad del volcán Puracé–cadena volcánica Los Coconucos, que permanece en estado de alerta Naranja 🔶. En el boletín extraordinario de hoy, 6 de agosto de 2026, encontrarás la información más reciente: https://t.co/vXXLgiGlbb

Recomendamos… pic.twitter.com/RtNJBo9Rw3

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 6, 2026

Habitantes reportaron fuerte sonido tras emisión de ceniza

El SGC informó que el 5 de agosto a las 2:40 p. m. se presentó una emisión de ceniza, aunque no pudo ser confirmada visualmente por las cámaras de monitoreo debido a las condiciones climáticas que impedían una adecuada visibilidad.

Sin embargo, habitantes de la vereda Cristales, en el municipio de Coconuco, reportaron fuertes sonidos asociados al evento, mientras los equipos técnicos mantienen el seguimiento permanente de la actividad volcánica.

Aunque no se han detectado anomalías térmicas en el fondo del cráter mediante la plataforma satelital MIROVA, el comportamiento registrado durante los últimos días sigue representando niveles superiores a las líneas base establecidas para el volcán.

SGC advierte que una disminución temporal no significa estabilidad

El Servicio Geológico Colombiano explicó que durante una alerta naranja pueden presentarse momentos en los que la actividad disminuya, pero esto no significa que el volcán haya regresado a condiciones normales.

Para cambiar nuevamente a alerta amarilla, los expertos deberán analizar durante un periodo prudente todos los parámetros monitoreados y confirmar una tendencia estable.

Mientras tanto, la recomendación para la comunidad es evitar acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido al riesgo de emisiones repentinas de ceniza o gases que podrían afectar la vida de las personas.

El SGC pidió seguir únicamente la información publicada por sus canales oficiales y atender las instrucciones de las autoridades locales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En materia de seguridad, de acuerdo con el mismo medio, el despliegue es inédito: más de 11.000 uniformados han sido distribuidos por la ciudad para evitar incidentes y garantizar que la jornada transcurra en completa calma. Las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 500 millones de pesos a quienes aporten información preventiva sobre potenciales amenazas, especialmente ante alertas por posibles ataques terroristas. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde Alejandro Eder, han liderado los consejos de seguridad, estableciendo puestos de mando y controles en accesos estratégicos y ríos aledaños. El Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado físicamente desde la víspera del evento, funciona de manera articulada para Cali y todo el Valle del Cauca hasta el final de la visita presidencial.

El Arena USC, sede del acto protocolario, está preparado para recibir a más de 2.600 invitados, con zonas pensadas para albergar más de 700 vehículos y aterrizajes de helicópteros. Asistirán 21 delegaciones diplomáticas, 10 jefes de Estado, ocho cancilleres y dos vicepresidentes, incluyendo invitados destacados como el rey Felipe VI de España, Javier Milei, presidente de Argentina, y Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

En el aspecto económico, según Cotelco Valle, la ciudad recibirá una derrama cercana a los 9.000 millones de pesos y la ocupación hotelera alcanza el 100%. Se esperan más de 5.000 visitantes, de los cuales el 85 % prolongará su estadía hasta el fin de semana, generando alrededor de 5.000 empleos temporales indirectos. Autoridades y líderes locales destacan la oportunidad de mostrar a Cali como sede de eventos de escala nacional e internacional y resaltan el inicio inminente del festival Petronio Álvarez, uno de los más importantes del Pacífico latinoamericano.

“Quiero hacer un llamado a los caleños a que nos sintamos orgullosos de este momento”, expresó el alcalde Alejandro Eder, quien enfatizó en la importancia de las medidas tomadas tanto en seguridad como en la activación de la ciudad, permitiendo así el desarrollo de un acto sin precedentes en la historia nacional.

¿Cuáles son las medidas de seguridad implementadas en Cali para la posesión presidencial?

Según 90 Minutos y declaraciones oficiales, el operativo de seguridad incluye la presencia de más de 11.000 uniformados, recompensas por información preventiva y el establecimiento de puestos de mando y controles en puntos estratégicos. Las autoridades han coordinado áreas de vigilancia tanto en accesos terrestres como en el río Cauca para prevenir actos vandálicos o ataques, contando con la articulación del Puesto de Mando Unificado durante toda la jornada.

¿Qué impacto económico y turístico tendrá la posesión presidencial en Cali?

De acuerdo con Cotelco Valle y la secretaría de turismo de Cali, se prevé una derrama económica de cerca de 9.000 millones de pesos y la generación de más de 5.000 empleos temporales. La ocupación hotelera está al máximo y la ciudad espera más de 5.000 visitantes, lo que representa un impulso clave para los sectores de comercio, hotelería, gastronomía, transporte y turismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La preocupación no fue exclusiva del DNP. La Procuraduría General de la Nación también manifestó inquietudes, solicitando la revisión detallada o incluso el aplazamiento de las decisiones sobre proyectos cuyo valor conjunto supera los 700.000 millones de pesos colombianos. Ante las advertencias, la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya Requene, junto a la presidencia del OCAD de ciencia, respondió mediante un comunicado público: “Ningún proyecto que carezca de suficiencia técnica y financiera será viabilizado”, aseguró, subrayando el compromiso con el rigor en el proceso de evaluación. Este mensaje fue difundido a través de la cuenta oficial de la ministra en X (antes Twitter).

Según Olaya, los 49 proyectos sometidos a discusión ya habrían superado las etapas esenciales de formulación, radicación y evaluación técnica. La ministra recalcó que incluirlos en la agenda del OCAD no significa que su aprobación sea un hecho inmediato, sino que se activa una revisión minuciosa por parte de todos los integrantes del órgano. Los cuestionamientos surgieron en el contexto de las convocatorias 44, 45 y 50, que representan cerca de 735.000 millones de pesos destinados desde regalías. El vértice universitario del OCAD enfatizó, en un boletín, la necesidad de continuar las mesas técnicas para seguir resolviendo observaciones y asegurar el cumplimiento de criterios de calidad y normativa del Sistema General de Regalías.

No obstante, el DNP señaló en documento oficial que no participó en las valoraciones técnicas anteriores y reiteró que nunca tuvo acceso a la documentación de los proyectos en cuestión. Las universidades, por su parte, desestimaron rotundamente cualquier insinuación sobre una supuesta aprobación exprés o falta de rigor, defendiendo la naturaleza pública y deliberativa del proceso y su papel como garantes científicos.

¿Por qué el DNP expresó reservas jurídicas y administrativas sobre los proyectos del OCAD?

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) alertó sobre incoherencias e irregularidades encontradas en algunos de los proyectos que estaban bajo evaluación, indicando que su aprobación podría conllevar riesgos legales y consecuencias disciplinarias, tal como lo consignó El Espectador. El DNP señaló que no participó en la revisión ni tuvo acceso a la documentación técnica y financiera, lo que motivó sus reservas.

¿Qué significa ‘viabilizar’ técnicamente un proyecto de ciencia y tecnología?

Según lo expresado en el comunicado citado por El Espectador, ‘viabilizar’ implica comprobar que un proyecto cumple con requisitos técnicos y financieros antes de ser aprobado. La ministra de Ciencias subrayó que ningún proyecto será avalado sin la debida evaluación de estos aspectos, asegurando así el uso adecuado de los recursos de regalías.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El caso se originó tras la acción de tutela de la ciudadana contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia. Ella relató que los torniquetes instalados en los buses dificultaban, e incluso impedían, su ingreso; además, los conductores no le permitieron abordar por la puerta trasera, lo que le cerraba por completo el acceso al servicio público fundamental. Frente a esto, las empresas operadoras justificaron su proceder afirmando que se ciñen a las condiciones técnicas y contractuales definidas por las autoridades locales, y reconocieron que no cuentan con protocolos o ajustes razonables para atender a personas con sobrepeso.

Al estudiar el caso, la Corte Constitucional estableció que al peso corporal se han asociado estereotipos negativos sobre lo “saludable”, “bello” o “moral”, lo que origina discriminación estructural. El tribunal diferenció la discriminación por peso de la que sufren personas con discapacidad, destacando que ambas categorías deben tratarse de manera independiente para erradicar efectivamente sus formas de exclusión. La Corte recalcó que el acceso efectivo al servicio de transporte es parte esencial del derecho a la libre locomoción y constituye, a su vez, una condición necesaria para el ejercicio de otros derechos fundamentales.

En su sentencia, la Sala indicó que el sistema de transporte público debe desarrollar accesibilidad bajo el principio de diseño universal e incorporar ajustes razonables inmediatos para quienes enfrentan barreras físicas, especialmente en contextos donde predomina un “cuerpo estándar” como parámetro de diseño. Reconoció, además, la existencia de una “discriminación por omisión y falta de ajustes” agravada por la exposición pública y la situación de indefensión de quienes viven estas dificultades. Por ello, la Corte ordenó a las empresas de transporte en Armenia que permitan el ingreso por la puerta trasera cuando sea necesario, sin exigir certificaciones ni trámites adicionales, y extendió estas garantías a todas las personas con corporalidades diversas en razón del peso.

Finalmente, la Corte exigió a la Secretaría de Tránsito, al Ministerio de Transporte y a AMABLE EICE revisar y ajustar las políticas públicas para avanzar hacia un diseño verdaderamente universal en la infraestructura y los protocolos, incluyendo a quienes históricamente han sido excluidos por cuestiones de peso corporal.

¿Qué implica la decisión de la Corte Constitucional sobre la discriminación por peso en el transporte público?

La decisión de la Corte Constitucional, descrita por El Espectador, significa que por primera vez se reconoce la discriminación por diversidad corporal en razón del peso como una categoría especial de protección. Esto obliga a las empresas de transporte y autoridades a garantizar ajustes razonables y acceso digno a quienes tienen sobrepeso, modificando estructuras y protocolos para incluir a todas las corporalidades.

¿Cuál es la diferencia entre discriminación por peso y por discapacidad según la Corte Constitucional?

La Corte Constitucional dejó claro que la discriminación por peso es distinta de la que sufren las personas con discapacidad. Ambas situaciones requieren enfoques independientes en las políticas y el diseño de servicios, con el fin de visibilizar y combatir eficazmente los distintos tipos de exclusión que enfrentan estos grupos en la sociedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

A lo largo de dos siglos, el cargo presidencial ha sido ocupado por militares, abogados, economistas, ingenieros y otros líderes provenientes de distintos sectores sociales y políticos. Algunos presidentes dejaron su huella en períodos muy cortos, mientras que otros marcaron hitos históricos duraderos. Rafael Núñez, por ejemplo, fue presidente en cuatro oportunidades, impulsando la Constitución de 1886, mientras que Tomás Cipriano de Mosquera, Manuel Murillo Toro, Alfonso López Pumarejo, Alberto Lleras Camargo y Álvaro Uribe Vélez también repitieron en el poder.

Entre los acontecimientos determinantes de la presidencia colombiana figura el liderazgo de Simón Bolívar en la consolidación de la independencia y la labor institucional de Francisco de Paula Santander. Gustavo Rojas Pinilla sobresale como el único militar que accedió a la presidencia mediante un golpe de Estado en el siglo XX, seguido por la administración temporal de la única Junta Militar de Gobierno entre 1957 y 1958. En etapas recientes han destacaron figuras como Alberto Lleras Camargo, primer mandatario del Frente Nacional, Juan Manuel Santos —premio Nobel de Paz en 2016 por el acuerdo con las antiguas FARC— y Gustavo Petro, quien se convirtió en 2022 en el primer presidente de izquierda del país.

La presidencia ha experimentado transformaciones significativas en cuanto a la duración de los periodos, el tipo de elección y las competencias del jefe de Estado. La historia de Colombia, de acuerdo con la información de la Presidencia, queda así ilustrada por la sucesión de estos líderes que, con sus aciertos y controversias, han definido los mayores hitos del devenir nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos presidentes ha tenido Colombia desde su independencia?

Desde 1819, Colombia ha tenido decenas de presidentes, entre ellos figuras militares, civiles y una única Junta Militar de Gobierno. La lista completa, de acuerdo con la Presidencia de Colombia, muestra la diversidad de perfiles y contextos históricos en los que han ejercido el poder.

¿Cuáles han sido los cambios más importantes en la presidencia de Colombia a lo largo de la historia?

Entre los principales cambios que ha tenido la presidencia de Colombia figuran la duración de los mandatos, el modelo de elección del presidente y las facultades constitucionales del cargo. Estos aspectos han variado desde la independencia, siendo ajustados en las múltiples reformas y constituciones que han enmarcado la historia del país.

Dentro de las nuevas disposiciones, el Gobierno estipula que los usuarios de vehículos eléctricos de movilidad personal, como patinetas y bicicletas eléctricas, deben acatar un límite máximo de velocidad de 25 kilómetros por hora en ciclorrutas, ciclobandas y demás corredores autorizados. Además, el uso del casco es obligatorio en todo el recorrido, buscando así reforzar la prevención de accidentes y la protección individual en caso de caídas o colisiones. Esta medida tiene como propósito principal la reducción del riesgo de siniestros viales.

La reglamentación también hace énfasis en que estos vehículos deben mantener su circulación únicamente por las zonas habilitadas para tal fin. Los usuarios no tienen permitido desplazarse por andenes o áreas diseñadas exclusivamente para el tránsito peatonal. Por otro lado, aquellas patinetas, bicicletas o motos eléctricas que estén diseñadas para un solo ocupante no pueden transportar acompañantes, norma que busca evitar accidentes por exceso de peso o inestabilidad del vehículo.

Otras obligaciones incluidas en la lista son el respeto a las señales y normas de tránsito vigentes y el mantenimiento adecuado de los vehículos para garantizar condiciones seguras de funcionamiento. Las autoridades de tránsito advierten, según 90minutos.co, que el incumplimiento de cualquiera de estas reglas puede generar sanciones, de acuerdo con lo previsto en la misma reglamentación. Con este paquete de medidas, el Gobierno espera lograr una convivencia más armónica entre peatones, ciclistas y demás actores de la vía pública, consolidando una movilidad urbana más segura y ordenada.

¿Cuáles son las principales obligaciones para quienes usan patinetas y bicicletas eléctricas?

Las obligaciones más relevantes incluyen el uso permanente de casco, no sobrepasar los 25 kilómetros por hora, circular solo por los espacios autorizados, respetar las normas de tránsito y no llevar acompañantes en vehículos diseñados para un solo ocupante. Además, es fundamental mantener el vehículo en condiciones seguras para su funcionamiento.

¿Qué es el SIMIT y cómo consultar multas de tránsito allí?

El Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) es una plataforma digital gratuita donde los ciudadanos pueden consultar el estado de sus comparendos y sanciones de tránsito desde cualquier dispositivo con acceso a internet, facilitando el cumplimiento y la verificación de sus obligaciones viales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Esta recuperación fue liderada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con una inversión de 21.200 millones de pesos colombianos destinada a la infraestructura, y 3.647 millones más para la dotación técnica, que aún no se encuentra finalizada. El ministerio señaló que la infraestructura equipada se entregará oficialmente a la ciudadanía en el tercer trimestre de 2026. La ministra Yannai Kadamani recalcó que Chocó debía tener una infraestructura “igual de intensa” que el territorio, no solo como obra física, sino como espacio para la creación, el encuentro y la reivindicación de las prácticas artísticas y culturales emergentes.

Asimismo, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), la ministra subrayó un componente simbólico clave: la reapertura del teatro responde a un compromiso asumido con la Mesa de Cultura del Paro Cívico del Chocó en 2017. Kadamani expresó que “a veces gobernar consiste, sencillamente, en no olvidar las promesas”. El Paro Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó convirtió la recuperación de este teatro en una de sus principales demandas y, de acuerdo con la cartera de las Culturas, ese anhelo fue respaldado por la ciudadanía, gestores culturales y organizaciones sociales.

El renovado teatro ocupa 3.356 metros cuadrados, distribuidos en siete niveles. Cuenta con escenario, cuatro camerinos, platea, palcos, foso de orquesta y sistemas de trampas escénicas diseñados para facilitar presentaciones teatrales, musicales y de danza de gran complejidad. Su rescate se suma a otros proyectos culturales del Ministerio en Chocó, como los centros de Nóvita, Juradó y Litoral de San Juan. Con esta reapertura, Quibdó recupera un espacio vital que, más allá de su función arquitectónica, permite impulsar manifestaciones culturales propias, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y la identidad regional.

¿Cuál fue la importancia del Paro Cívico del Chocó para la reapertura del Teatro César Conto Ferrer?

El Paro Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó tuvo un papel fundamental al convertir la recuperación del Teatro César Conto Ferrer en una de sus principales demandas en 2017. Según el Ministerio de las Culturas, la presión de la ciudadanía, gestores culturales y organizaciones sociales permitió que el rescate de este espacio cultural se mantuviera como prioridad, hasta hacerlo realidad en 2026.

¿Qué características técnicas tiene hoy el Teatro César Conto Ferrer de Quibdó?

El renovado teatro cuenta con 3.356 metros cuadrados distribuidos en siete pisos, escenario equipado, platea, palcos, cuatro camerinos, un foso de orquesta y sistemas de trampas escénicas. Estas características permiten albergar presentaciones teatrales, musicales y de danza de alta complejidad, posicionando al teatro como un escenario multipropósito clave para la región del Pacífico colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La medida que tiene mayor alcance es la ley seca, que prohibirá la venta y el consumo de bebidas embriagantes en todo el municipio de Ibagué el viernes 7 de agosto, desde las 10:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. De acuerdo con el decreto, dicha restricción aplicará tanto a establecimientos abiertos al público como en el espacio público, y busca prevenir alteraciones del orden o situaciones que afecten la convivencia durante las actividades oficiales programadas para esa fecha.

El decreto también establece, para reforzar la seguridad, un conjunto de restricciones de movilidad y uso de drones en el centro de la ciudad. Entre las 10:00 de la noche del jueves 6 de agosto y las 10:00 de la noche del sábado 8 de agosto estarán prohibidos el sobrevuelo de drones, la circulación de motocicletas con acompañante (parrillero), el estacionamiento de vehículos y el transporte de escombros, trasteos, cilindros de gas domiciliario y sustancias inflamables en el perímetro que va desde las calles 6 hasta la 15 y entre las carreras 1 y 5.

Sin embargo, estas restricciones no afectarán a los vehículos y drones que pertenezcan a las Fuerzas Militares, Policía Nacional, organismos de seguridad, los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ni a los organismos de socorro como Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, ambulancias y empresas de servicios públicos, siempre que estén atendiendo emergencias o deban garantizar la prestación continua del servicio.

De acuerdo con la Alcaldía de Ibagué, incumplir cualquiera de estas restricciones constituye una infracción a las órdenes de policía y dará lugar a las sanciones estipuladas en la Ley 1801 de 2016, que corresponde al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Por ello, las autoridades invitan a la ciudadanía a estar atenta a estos lineamientos y a organizar sus actividades, para evitar inconvenientes durante el período de restricciones.

¿Cuáles son las principales restricciones del decreto de seguridad en Ibagué?

El Decreto 1000-0460 establece la prohibición del consumo y venta de licor (ley seca), la restricción del uso de motocicletas con parrillero, el sobrevuelo de drones, el estacionamiento de vehículos y el transporte de ciertos materiales peligrosos en el centro de Ibagué, con horarios y zonas específicas claramente delimitadas.

¿Qué sanciones pueden recibir quienes incumplan las restricciones del decreto en Ibagué?

Las personas que no acaten las disposiciones del decreto estarán sujetas a las sanciones descritas en la Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, según informó la Alcaldía de Ibagué. Estas medidas buscan garantizar el orden y la seguridad durante la vigencia de las restricciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

De acuerdo con la información oficial, el evento estará compuesto por ocho momentos clave que aseguran la legitimidad y solemnidad del acto. Antes de cualquier juramento, la sesión arranca con la verificación del quórum, es decir, la constatación de que existe la cantidad mínima de miembros del Congreso requerida para que la sesión sea válida. Posteriormente, se realiza la presentación del informe de las comisiones protocolarias; este reporte confirma que se han cumplido todas las formalidades previas y establece el punto de partida para los actos posteriores.

El instante más relevante llegará cuando Abelardo De La Espriella preste el juramento constitucional ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez. Este acto es fundamental porque representa el compromiso público del nuevo mandatario con la Constitución y las leyes colombianas. Acto seguido, Henríquez impondrá la banda presidencial a De La Espriella; esta insignia materializa simbólicamente la transferencia del poder y se convierte en un distintivo que marca el inicio oficial de su gestión como jefe de Estado.

Una vez investido como presidente, De La Espriella procederá a tomar el juramento al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. Este paso es esencial para conformar la nueva fórmula presidencial que dirigirá los destinos del país durante los próximos cuatro años, consolidando formalmente la dupla ejecutiva ante la nación y el Congreso.

En la agenda de la posesión están contempladas dos intervenciones institucionales: la primera, a cargo del presidente del Congreso y la segunda, el discurso inaugural del nuevo presidente. En esta intervención, de acuerdo con el protocolo, se espera que De La Espriella exponga las principales líneas de su administración y envíe un mensaje a la ciudadanía. Finalmente, la ceremonia culminará con la lectura y aprobación del acta, que constituye el documento oficial en el que se deja constancia de todo lo sucedido durante la sesión, concluyendo así el protocolo de posesión.

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¿Cuáles son los pasos del protocolo de posesión de presidente en Colombia?

El protocolo de posesión presidencial en Colombia incluye: verificación del quórum, presentación del informe de las comisiones protocolarias, juramento del presidente electo ante el presidente del Congreso, imposición de la banda presidencial, posesión del vicepresidente electo, discursos institucionales y aprobación del acta final de la sesión, de acuerdo con la información reportada por el Congreso.

¿Qué simboliza la banda presidencial durante el cambio de gobierno en Colombia?

La banda presidencial representa la transferencia formal del poder al nuevo jefe de Estado. Su imposición marca oficialmente el inicio del mandato presidencial, simbolizando el compromiso con la Constitución y la legitimidad de la nueva gestión, según el protocolo establecido por el Congreso Pleno.

La autoridad distrital ha explicado que durante este periodo se prohíbe el transporte y la disposición de escombros, materiales de construcción, cilindros de gas, mercancías peligrosas, combustibles y actividades de mudanza. El objetivo principal de esta medida es disminuir los riesgos inherentes a grandes eventos públicos y garantizar el adecuado desarrollo de la jornada en torno a la posesión presidencial. Así lo enfatizó María Fernanda Ortiz, secretaria Distrital de Movilidad, al declarar: "Para proteger la seguridad, la convivencia y la movilidad de toda la ciudadanía en Bogotá, desde el distrito tomaremos medidas preventivas durante este fin de semana, cuando será la posesión presidencial".

De acuerdo con la información divulgada por la administración distrital y la Secretaría Distrital de Movilidad, estas prevenciones buscan salvaguardar tanto a los habitantes como a quienes asistan o transiten por la ciudad en los días previos y posteriores al evento. La aplicación será general en todos los corredores viales principales de Bogotá y contempla una estricta vigilancia para su cumplimiento.

No obstante, se han contemplado excepciones importantes. Estas incluyen vehículos de emergencia, como ambulancias y carros de bomberos; vehículos de servicios públicos domiciliaros; vehículos involucrados en obras públicas que cuenten con Planes de Manejo de Tránsito (PMT) autorizados y vigentes; así como aquellos necesarios para el suministro de alimentación a personas privadas de la libertad. Este conjunto de excepciones obedece a necesidades esenciales para el funcionamiento básico de la ciudad y la protección de derechos fundamentales.

En suma, Bogotá se prepara para un evento de trascendencia nacional reforzando sus mecanismos de control y prevención en materia de movilidad y seguridad, con un despliegue institucional coordinado y comunicando oportunamente a la ciudadanía sobre sus alcances, restricciones y periodos de vigencia.

¿Cuáles son las restricciones de movilidad en Bogotá durante la posesión presidencial 2026?

Durante la posesión presidencial en Bogotá, se prohíbe el transporte y manejo de escombros, materiales de construcción, cilindros de gas, mudanzas, mercancías peligrosas y combustibles entre el 6 y el 8 de agosto de 2026. Esta decisión, comunicada por la Secretaría Distrital de Movilidad, aplicará en todos los principales corredores viales de la ciudad para garantizar la seguridad y orden público en el desarrollo del evento.

¿Qué vehículos están exceptuados de las restricciones impuestas en Bogotá por la posesión presidencial?

Las restricciones de movilidad dispuestas por la Administración distrital tienen excepciones para ciertos tipos de vehículos. Entre ellos están los de emergencia, aquellos que prestan servicios públicos domiciliarios, vehículos de obras públicas con Planes de Manejo de Tránsito aprobados y los que transportan alimentación para personas privadas de la libertad. La Secretaría Distrital de Movilidad determinó estas excepciones considerando la importancia de asegurar funciones vitales en la ciudad.

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La solicitud tiene fundamentos claros en la preocupación de que los contratos identificados van más allá de las facultades legales asignadas para la liquidación, como se establece en los artículos 4 y 34 del citado decreto. El comunicado enfatiza que “cualquier omisión de debida diligencia o giro de recursos comprometerá la responsabilidad fiscal, disciplinaria, penal y civil de los administradores y fiduciarios involucrados”. Así mismo, se señala que las exigencias planteadas son “concretas y no admiten dilación”, lo que implica la suspensión absoluta de nuevas contrataciones de personal a través de empresas temporales o bolsas de empleo.

Uno de los focos principales de la advertencia es la congelación de 9.082 millones de pesos en conceptos de nómina, anticipos y desembolsos relacionados con el contrato EGA-033ICD-008-2026, el cual fue suscrito con la empresa LABORANDO S.A.S para la misión de 1.270 personas, por un monto total de 30.275 millones de pesos. Además, se solicitó la entrega completa del inventario contable y contractual para propósitos de auditoría, y la notificación también fue enviada con copia al presidente saliente Gustavo Petro, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, Fiduprevisora y Fiducoldex.

Según un informe de auditoría fiscal de la Contraloría sobre la vigencia de 2025, el Ministerio de la Igualdad, que está siendo liquidado, evidenció baja ejecución presupuestal, afectando el acceso de poblaciones históricamente excluidas a los derechos que la institución buscaba proteger. Además, se han reportado denuncias sobre duplicidad de funciones entre entidades como la Casa de Nariño y el Departamento de Prosperidad Social, ausencia de avances en proyectos clave y falta de respuesta sobre el funcionamiento de Fonigualdad, entidad que operaba bajo una dirección separada del Ministerio de la Igualdad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implicaciones tiene la suspensión de contratos en Fonigualdad para el nuevo gobierno?

La suspensión inmediata de los contratos y de nuevas vinculaciones en Fonigualdad, ordenada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, busca asegurar transparencia en el uso de los recursos públicos durante el empalme. Según el comunicado, evitar posibles irregularidades permitirá que el nuevo gobierno asuma el control de la entidad sin que existan compromisos previos que puedan afectar su gestión, especialmente ante la vigilancia de organismos como la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.

¿Por qué se encuentra Fonigualdad en proceso de liquidación según el decreto 626 de 2026?

Fonigualdad se encuentra en proceso de liquidación debido a decisiones del gobierno saliente que fueron oficializadas mediante el decreto 626 de 2026. De acuerdo con informes y auditorías citados en el artículo, la entidad enfrentó una baja ejecución en la administración de recursos y denuncias sobre duplicidad de funciones y falta de avances en proyectos, lo que condujo a este proceso de cierre bajo supervisión legal y fiscal estricta.

Los mineros artesanales y los equipos de emergencia trabajan en la atención de las personas afectadas.

(Le puede interesar: Tragedia en Marmato, Caldas: derrumbe en mina de oro dejó dos muertos)

Hasta el momento, una docena de heridos han sido trasladados al hospital local, centro asistencial que reporta alta ocupación y se declaró colapsado por la llegada de pacientes.

Alcalde de Marmato reporta que el balance preliminar de la emergencia por explosión en molino de mina San Pedro es de 16 personas heridas.

Se conoció que 15 de ellas están estables y una tuvo que ser remitida en muy delicado estado de salud a Manizales. #VocesySonidos pic.twitter.com/wsKJ6ioDma

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 6, 2026

Las autoridades realizan labores de verificación en el lugar, luego de conocerse reportes sobre personas que podrían permanecer bajo los escombros.

Organismos de socorro de municipios cercanos se desplazan hacia Marmato para reforzar la atención de esta emergencia.

El análisis del organismo de control abarcó diferentes frentes de inclusión social y permitió identificar ajustes que entidades como el ICBF y el Ministerio de Salud incorporaron en sus procedimientos para mejorar la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, también quedaron sobre la mesa dificultades en departamentos como La Guajira, Chocó y Vichada.

Vea también: “No existen los recursos”: Restrepo, durísimo con Petro por alarmantes hallazgos de Contraloría

Reclutamiento de menores y problemas de desnutrición

Uno de los puntos que causa preocupación es el incremento del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes mediante redes sociales.

La Contraloría también revisó el cumplimiento de compromisos territoriales relacionados con la protección de esta población y encontró que el 56, 25 % de los territorios tiene alto compromiso presupuestal con la niñez. Mientras que el 18,75 % reporta un bajo compromiso en la asignación de esos recursos, en los departamentos de Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare Vaupés y Vichada.

En el caso de la desnutrición aguda, el organismo encontró debilidades en la eficacia, eficiencia y economía de los programas dirigidos a menores de 5 años en Chocó, Vichada y La Guajira.

La revisión también tuvo en cuenta la Sentencia T-302, que exige fortalecer la respuesta institucional frente a las condiciones que afectan especialmente a la población infantil de La Guajira.

Prosperidad Social, con hallazgo de $ 97.700 millones

Entre los resultados más grandes aparece Prosperidad Social. La Contraloría identificó un hallazgo fiscal por $ 97.704.981.000, relacionado con beneficiarios de Colombia Mayor y Compensación del IVA que presentaban registros irregulares en la base de datos del ADRES.

El SENA también quedó en el listado de entidades con hallazgos millonarios. Uno de ellos asciende a $ 18.436.738.743 y está relacionado con una obra inconclusa: la construcción del Centro Latinoamericano de Especies Menores (CLEM).

A este se suma otro hallazgo fiscal contra el SENA por $ 78.083.551.515, derivado de una contratación bajo la figura de urgencia manifiesta para servicios de tecnologías de la información.

Víctimas, otra entidad bajo la lupa

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas también aparece entre los resultados de la revisión. En este caso, la Contraloría reportó un hallazgo fiscal de $ 33.009.669.360 por la falta de soportes y la imposibilidad de ubicar físicamente mercancías donadas por la DIAN.

Otro de los casos destacados corresponde a un contrato para construir un puente en Riohacha. El organismo identificó un presunto daño al patrimonio público por $8.500 millones, situación que llevó a iniciar un proceso de responsabilidad fiscal y a declarar el caso como de impacto nacional.

Más de 300 actuaciones y 899 hallazgos fiscales

En total, la Contraloría reportó 312 actuaciones fiscales, entre ellas 121 auditorías financieras, 181 auditorías de cumplimiento, una auditoría de desempeño, seis actuaciones especiales de fiscalización y tres seguimientos permanentes.

El resultado más contundente está en los 899 hallazgos fiscales, cuya cuantía conjunta alcanza los $ 442.916.706.755.

Además, el balance registra 4.249 incidencias administrativas, 3.100 disciplinarias y 85 penales, junto con 245 correspondientes a otras categorías.

La revisión también dejó 227 beneficios de auditoría por $ 14.777.896.131, mientras que se contabilizaron 365 indagaciones preliminares y 135 procesos administrativos sancionatorios.

En conjunto, las cifras muestran el alcance de las actuaciones de control sobre recursos públicos y dejan varios procesos en manos de las autoridades competentes para determinar las eventuales responsabilidades derivadas de los hallazgos.

Se trata del Decreto 1012 de 2026, firmado el 5 de agosto, que suspende durante 15 días calendario los efectos de varias disposiciones relacionadas con los nombramientos de funcionarios de libre nombramiento y remoción en la Rama Ejecutiva del orden nacional.

Vea también: Quiere hundir a Petro: Leyva sacó su última carta para que EE. UU. tome acción

#Política | El Gobierno Petro expidió un decreto para que, por un término de 15 días, se suspendan las pruebas meritocráticas y la publicación de hojas de vida en el @DapreCol para cargos de libre nombramiento y remoción: esto aplicaría para ministros, viceministros, embajadores,… pic.twitter.com/RzqtIknWmK

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 6, 2026

La medida deja en pausa durante ese periodo la obligación de que los candidatos presenten una evaluación de competencias antes de ser designados. También suspende temporalmente el requisito de publicar durante tres días la hoja de vida de los aspirantes en las páginas web correspondientes.

El decreto también toca una disposición del Decreto 1083 de 2015 que establece cuáles son los cargos de la Rama Ejecutiva cuya nominación está directamente en manos del presidente de la República. 

La decisión llega justo cuando De la Espriella comienza a asumir el poder y debe completar la nómina de funcionarios que lo acompañarán durante su administración. La suspensión de estos requisitos le permitiría avanzar con mayor rapidez en los nombramientos durante las primeras semanas de Gobierno. 

De acuerdo con este reporte oficial, Karina Espejo viajaba como acompañante en la motocicleta IDF-25I, la cual era conducida por un adolescente de 16 años. Se estableció que este joven no tenía licencia de conducción, lo que representa una violación a la normatividad vigente. Por esta infracción, las autoridades procedieron a imponer el comparendo respectivo y confiscar el vehículo implicado. La investigación sobre el accidente se encuentra en curso para esclarecer todos los detalles y las causas específicas de la colisión.

Sin embargo, la principal hipótesis de los agentes de tránsito sugiere que el hecho se habría producido por no conservar la distancia de seguridad adecuada entre los vehículos involucrados. Este dato subraya la importancia de respetar las reglas esenciales de movilidad, especialmente en zonas concurridas o de alto flujo vehicular como la vía a Picaleña.

Camilo Martínez, secretario de Movilidad, expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la joven víctima, recalcando: “Este hecho nos recuerda la importancia de respetar las normas de tránsito y, especialmente, de no permitir que menores de edad conduzcan vehículos sin cumplir los requisitos legales”. Además, Martínez aseguró que la Secretaría de Movilidad reforzará las acciones de control y educación dirigidas a proteger la vida de todos los actores viales.

La Administración Municipal, por su parte, hizo un llamado enfático a la ciudadanía para adoptar un comportamiento responsable en las vías. Insistió en la necesidad de acatar las normas de tránsito como medida fundamental para prevenir siniestros y salvar vidas. Frente a versiones que indicaban una posible persecución de las autoridades al momento del accidente, Martínez fue claro al afirmar que los agentes de Movilidad solo llegaron para atender la emergencia y no participaban en ninguna persecución previa.

¿Cuál fue la causa principal del accidente de tránsito en la vía hacia Picaleña?

Según la hipótesis inicial dada por las autoridades de tránsito, la causa principal del siniestro habría sido el no mantener la distancia de seguridad entre los vehículos, lo que propició la colisión de las dos motocicletas en la glorieta del aeropuerto.

¿Por qué es ilegal que un menor conduzca una motocicleta y qué sanciones se aplicaron en este caso?

La ley prohíbe que menores de edad conduzcan vehículos motorizados sin cumplir los requisitos legales, incluido el porte de licencia de conducción. En este caso, al adolescente de 16 años que conducía la motocicleta IDF-25I se le impuso un comparendo y el vehículo fue inmovilizado, conforme al procedimiento habitual según informaron las autoridades de tránsito.

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De acuerdo con la información publicada por El Diario, la detonación sucedió en horas del mediodía cerca de una bocamina, dentro del área dedicada a la extracción de oro. Según los primeros reportes, un molino utilizado en el procesamiento del material explotó violentamente, generando heridas a trabajadores que se encontraban en las proximidades. Tanto el personal de gestión del riesgo como los equipos de rescate y salud participaron en la evacuación de los heridos y en la inspección del lugar para descartar más riesgos.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales. Sin embargo, el número de afectados y la gravedad de las lesiones pueden variar a medida que avancen las valoraciones médicas y se consolide el balance oficial. El accidente llevó al límite la capacidad operativa del Hospital San Antonio de Marmato, institución de primer nivel que atiende a cerca de 10.000 habitantes y que, en emergencias como esta, debe coordinar remisiones hacia centros hospitalarios de mayor complejidad en otros municipios de Caldas.

La información preliminar indica que la explosión ocurrió fuera del socavón, en un molino, lo que dirige la investigación hacia posibles fallas mecánicas, los materiales almacenados y el cumplimiento de los protocolos de seguridad minera. Además, según Noticias Caracol y la Agencia Nacional de Minería, la explotación involucrada no contaría con un título minero formal, situación que hace parte de los retos históricos del municipio. Marmato posee más de 500 unidades artesanales y miles de trabajadores dedicados a la minería tradicional, de los cuales muchos operan sin registro formal en el Registro Minero Nacional. Por esa razón, las autoridades adelantan planes especiales de formalización y control en la zona.

La Unidad de Gestión del Riesgo, bomberos y personal especializado continuaban en la zona verificando daños, identificando lesionados y asegurando que no hubiera víctimas pendientes de rescate. Marmato, con un historial de accidentes asociados a explosiones, derrumbes e inhalación de gases, mantiene una vigilancia permanente ante este tipo de emergencias; el último evento de esta magnitud sucedió en mayo de 2026 en la mina Pesebrera. Las autoridades deberán emitir un informe definitivo sobre las causas del suceso, el estado de los heridos y las condiciones legales de la mina. Por ahora, la prioridad está puesta en la atención médica y el control del riesgo, para evitar desenlaces trágicos.

¿Cómo ocurrió la explosión en la mina de Marmato, Caldas?

Según el reporte de El Diario, la explosión se produjo cerca del acceso a la mina, específicamente en un molino utilizado para procesar material extraído. Las investigaciones buscan esclarecer si hubo una falla mecánica, qué tipo de materiales estaban presentes y si las condiciones de seguridad eran adecuadas.

¿Cuál es la situación legal de la mina involucrada en el accidente?

De acuerdo con información citada por Noticias Caracol y la Agencia Nacional de Minería, la mina implicada en la emergencia no tendría un título minero formal registrado, lo que añade complejidad al caso y pone en evidencia la realidad de informalidad que caracteriza a parte de la actividad minera en Marmato.

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En este caso apunta a Verónica Alcocer, exesposa del presidente Gustavo Petro, que recibió un duro golpe a poco del final del gobierno en relación con sus garantías de seguridad personal, según reveló Semana.

En el Ministerio de Defensa estaba listo un decreto que modificaba el Decreto 1069 de 2018, a través del cual se reglamenta la protección y seguridad para expresidentes y exvicepresidentes de Colombia.

En el artículo 3 de dicha normativa, se otorga esquema de protección vitalicio a expresidentes y exvicepresidentes, incluyendo a sus cónyuges, incluso si son sobrevivientes.

La disposición legal vigente establece textualmente las condiciones de resguardo para los exmandatarios y sus familias mediante un parámetro normativo puntual.

“Para garantizar la integridad personal de los expresidentes y exvicepresidentes de la República de Colombia y su cónyuge supérstite, ellos contarán con un esquema de protección de carácter vitalicio, conformado por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, el cual se determinará de acuerdo a los resultados del estudio de nivel de riesgo que elabore la Policía Nacional”, indica.

Lo cierto es que desde la Oficina Jurídica del Ministerio de Defensa tenían listo un decreto con el que ampliaban esto a quienes, en su momento, fueron pareja de un presidente en ejercicio, como el caso de Verónica Alcocer, que salió recientemente de Colombia.

La modificación propuesta buscaba extender los beneficios permanentes a las exparejas presidenciales.

“Para garantizar la integridad personal de los expresidentes y exvicepresidentes de la República de Colombia y sus cónyuges, incluidos quienes hayan ostentado dicha calidad mientras los primeros cumplieron su periodo constitucional y los supérstites, ellos contarán con un esquema de protección de carácter vitalicio”, dice el nuevo texto.

El borrador llegó al despacho de Angélica Verbel, ministra encargada de Defensa, un día después de asumir el cargo en la entidad estatal en el remate de la actual administración.

De acuerdo con la información de semana, se conoció que el documento se envió con aprobación del jefe jurídico de la cartera, proveniente directamente desde el Ministerio del Interior para su aval.

El mencionado medio indicó que fuentes oficiales aseguran que, al ser requerida su firma, Verbel se negó de forma categórica, rompiendo en dos el borrador en físico presentado.

El trámite requería la firma de Armando Benedetti, ministro del Interior; Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda, y de Verbel, como ministra de Defensa encargada.

Fue de esta manera como la funcionaria, que era viceministra de Estrategia y Planeación, frenó el esquema vitalicio para la ex primera dama en este momento.

Alcocer se encuentra fuera del país en medio del escándalo por los explosivos audios de Eva Ferrer revelados, donde la catalana dice que el círculo cercano de la expareja de Gustavo Petro es una “banda de criminales”.

Audios sobre Verónica Alcocér con señalamientos de Eva Ferrer

La filtración de audios de la exconsejera presidencial Eva Ferrer desató un grave escándalo político sobre presuntas irregularidades en el entorno cercano de Verónica Alcocer.

En los audios difundidos sobre Alcocér y por los que la Fiscalía abrió investigación, la exfuncionaria califica al círculo de la ex primera dama con duras expresiones al afirmar rotundamente: “Una mafia. Son criminales. Una banda de criminales”.

Las grabaciones exponen supuestos manejos irregulares de dinero en efectivo en entidades públicas, afirmando abiertamente: “Es que no hay dinero que pague aguantar a Verónica”.

Asimismo, la exasesora denuncia la presunta utilización de personas cercanas para ocultar bienes patrimoniales, sosteniendo enfáticamente: “Verónica tiene de testaferros a varios primos”.

La exconsejera detalla la entrada de considerables sumas de recursos monetarios en espacios privados: “Dinero en cajas y bolsas, de ella y Carolina Plata”.

Ferrer asevera que cobraban tarifas ilegales por tramitar citas en la agenda oficial: “A mí me dijeron que cobraban 50.000 euros” por cada reunión realizada.

Igualmente, la exasesora Eva Ferrer señala el extravío de importantes presupuestos estatales asignados: “Sabemos que de la Consejería han desaparecido $1.000 millones. En cash ¿Quién los tiene?”.

Sobre la financiación de estrategias digitales, la exfuncionaria señala a Manel Grau: “Ha pagado las bodegas. […] a lo mejor ha pagado 700.000 euros en bodegas”.

Ante las delicadas revelaciones, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación penal para verificar la autenticidad de los audios y delimitar responsabilidades.

Por su parte, Verónica Alcocer negó tajantemente las acusaciones y manifestó su absoluta disposición para colaborar con la justicia en el esclarecimiento de estos hechos.

De acuerdo con las declaraciones de Briceño, el contrato entre RTVC y el Estado se terminó de forma anticipada, pues el Gobierno entrante decidió cambiar el esquema establecido por la administración saliente. Esta modificación implicó la no utilización del sistema público de medios para la cobertura de la ceremonia, evento que usualmente es transmitido a través de plataformas oficiales financiadas con recursos públicos. Briceño aseguró que su cancelación “permitió evitar el desembolso de recursos públicos”, ya que el contrato “fue terminado de manera anticipada y sin ejecución”, en palabras textuales del representante.

Hasta ahora, no se han emitido comunicados oficiales por parte de RTVC ni del Gobierno saliente sobre las declaraciones de Briceño respecto a la finalización del contrato y el uso de los recursos estatales asignados al evento. El foco de la información radica en el ahorro significativo de dinero público tras la medida adoptada por el equipo de Abelardo de la Espriella, aunque se desconoce si habrá una cobertura alternativa o si el acto será transmitido por otros medios. La falta de comunicados oficiales deja abierta la expectativa sobre los pasos a seguir y las razones detalladas detrás de la decisión, así como la postura formal de RTVC frente a la terminación anticipada del convenio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consistió el contrato de transmisión de la posesión presidencial con RTVC?

El contrato mencionado por Daniel Briceño era un acuerdo suscrito durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro para que RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia) se encargara de la transmisión oficial de la ceremonia de posesión presidencial. Sin embargo, tras la decisión del Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella de no hacer uso de ese esquema, el contrato fue cancelado anticipadamente y no llegó a ejecutarse.

¿Por qué se evitó un gasto público de $2.450 millones en la transmisión de la posesión presidencial?

Según el representante a la Cámara Daniel Briceño, se evitó el desembolso de $2.450 millones porque el contrato firmado con RTVC fue terminado antes de ejecutarse. La decisión del equipo del nuevo presidente electo de no emplear el sistema público de medios, cambió el proceso tradicional y permitió que estos recursos estatales no se gastaran en la transmisión del evento.

En su declaración, González rechazó categóricamente cualquier vínculo personal con el sector minero de la región. "No me he reunido ni he recibido recursos de ningún minero", indicó, remarcando que sus gestiones han sido independientes y transparentes. No obstante, reconoció que no podía avalar el comportamiento de todos los integrantes de la fuerza pública y mencionó puntualmente a los oficiales Álvarez, Castañeda y Vaquero, aunque no profundizó en detalles sobre sus posibles implicaciones.

De acuerdo con lo señalado por el alcalde, los focos de explotación ilegal se concentran en zonas específicas como Lemayá, Amoyá y Potrerito. En estos territorios, González asegura que individuos con capacidad económica estarían extrayendo minerales sin el permiso correspondiente y canalizando los ingresos hacia campañas electorales. "Hay personas que quieren llegar a cargos de elección popular financiando sus campañas con recursos provenientes de la minería ilegal", puntualizó.

La situación, según relató, ha desencadenado una campaña sistemática de desprestigio en contra de la administración local cada vez que se presentan avances importantes para el municipio. González sostuvo que los ataques en redes sociales, los cuales describió como "publicidad negra y cortinas de humo", tienen la intención de empañar la labor institucional y desviar la atención sobre estos hechos irregulares.

Finalmente, el alcalde recordó los acontecimientos ocurridos recientemente en Santiago Pérez, recalcando los riesgos que enfrentan tanto funcionarios municipales como miembros de la fuerza pública. Insistió en que las amenazas personales que ha recibido podrían intensificarse tras dar a conocer estas investigaciones, e instó a la ciudadanía a informarse con responsabilidad para mitigar los efectos de la desinformación.

¿Qué denuncias hizo el alcalde de Chaparral sobre minería ilegal y financiación política?

El alcalde de Chaparral denunció que personas con gran poder económico, incluidos exalcaldes y aspirantes políticos, estarían involucradas en minería ilegal con la finalidad de recaudar fondos para financiar campañas electorales. Según Elver González, esta práctica se lleva a cabo especialmente en Lemayá, Amoyá y Potrerito, y se han reportado amenazas contra él luego de hacer estas denuncias públicas.

¿Por qué el alcalde advierte sobre el uso de redes sociales en Chaparral?

Elver González sostuvo que existe una campaña de desprestigio contra su gestión, en la que se utilizan redes sociales para difundir ataques y desinformación justo cuando se destacan avances municipales. Por ello, el alcalde pidió responsabilidad a la ciudadanía a la hora de compartir información digital y evitar que las redes se conviertan en un instrumento para manipular la opinión pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El decreto, firmado el 5 de agosto, establece una suspensión durante 15 días calendario sobre la obligación de publicar hojas de vida y evaluar competencias de candidatos a cargos de libre nombramiento y remoción en la Rama Ejecutiva del orden nacional. Específicamente, se suspenden los efectos de los artículos 2.2.13.2.2 y 2.2.13.2.3, que exigen una evaluación de competencias y la publicación de la hoja de vida en la web oficial durante al menos tres días antes de la posesión y nombramiento. También se deja sin efecto temporalmente el parágrafo del artículo 2.2.5.1.3 del Decreto 1083 de 2015, que regula los puestos que deben ser designados directamente por el Presidente de la República.

La medida, de carácter excepcional, fue tomada bajo el argumento de que es esencial garantizar la continuidad en la administración pública y permitir que el nuevo mandatario cuente con su equipo desde el primer día de gestión. Así, tan pronto como De la Espriella tome juramento, podrá firmar los decretos de nombramiento y posesionar a sus ministros y otros altos funcionarios, sin tener que esperar los plazos ordinarios previstos en la ley para publicación y evaluación.

La excepción aplica exclusivamente a funcionarios que deben ser nombrados directamente por el Presidente y a quienes pertenecen al Departamento Administrativo de la Presidencia. Entre las carteras clave que contarán con nuevos jefes se encuentran Interior, Hacienda, Defensa, Justicia, Comercio, Educación, Transporte, Ambiente, Deporte, Vivienda, Exteriores, Agricultura, Minas, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Cultura, Trabajo, Salud y Ciencias, con nombres destacados como Rodrigo Lara, Miguel Gómez y Viviane Morales, según detalla El Espectador.

¿Qué cambios permite el decreto 1012 de 2026 en los nombramientos del gabinete presidencial?

El decreto 1012 de 2026 permite que, por un periodo de 15 días, no se exijan la publicación de hojas de vida ni la evaluación de competencias para aspirantes a empleos de libre nombramiento y remoción que dependen directamente del presidente. Esto agiliza el proceso y permite la posesión inmediata del gabinete del presidente Abelardo de la Espriella al inicio de su mandato.

¿A quiénes aplica la suspensión de requisitos del decreto 1012 durante el cambio de gobierno?

La suspensión aplica únicamente a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva nacional cuya nominación es responsabilidad directa del Presidente de la República, así como a quienes forman parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Otros cargos no están cobijados por esta excepción temporal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Es de recordar que el penal queda en la zona rural de la población santandereana y la vía de acceso es destapada, por lo que son cerca de 40 a 45 minutos los que deben recorrer a diario los dragoneantes para llegar a su lugar de trabajo.

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El atentado ocurrió sobre las 6:20 de la mañana, cuando Efraín Quesada se desplazaba en motocicleta a recibir turno hacia el penal. Otra moto, en la que se desplazaban dos hombres, lo alcanzaron y dispararon contra su humanidad. El guardia del Inpec recibió tres disparos, uno de ellos, el más grave, en el tórax. La misma comunidad lo trasladó de urgencia hacia la Clínica Foscal, en el municipio de Floridablanca, donde luego de ser sometido a una intervención quirúrgica falleció.

Sus compañeros están consternados, ya que durante 2025 y 2026 han denunciado las múltiples amenazas de las que vienen siendo víctimas por parte de reclusos de máxima peligrosidad que están en la cárcel de Palogordo. incluso han sido objeto de amenazas en varios panfletos que han circulado durante los últimos meses. Oscar Robayo, quien representa a los miembros del sindicato del Inpec, aseguró a través de sus redes sociales que “las alertas existían, pero la respuesta de las autoridades fue insuficiente. ¿Cuántos funcionarios más deben ser atacados para que las autoridades actúen?”.

Una de las hipótesis que toma fuerza por parte de las autoridades para esclarecer el crimen es que detrás de este estaría la banda Los Costeños, pues algunos de sus integrantes están recluidos en el patio 10 del penal de máxima seguridad.

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Las autoridades realizan este jueves un consejo de seguridad para determinar qué medidas se van a adoptar para proteger a los guardias, que aseguran sentirse solos y aún más, después de lo que le pasó a su compañero Efraín Quesada.

Pese a las dificultades, el esfuerzo por aumentar la disponibilidad de colegios y ampliar la cobertura aparece como el logro más evidente. Una muestra clara es el incremento en la tasa de tránsito inmediato a la educación superior, que pasó del 43,06% al 47,91% entre 2023 y 2025, permitiendo que alrededor de 32 mil jóvenes adicionales ingresaran a la universidad de inmediato tras egresar del colegio, según datos del mismo PND. Este avance fue respaldado por estrategias como el Programa de Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral (PTAFI) y el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), que buscaron reforzar el aprendizaje y la permanencia en los últimos grados escolares.

Sin embargo, aunque la deserción escolar cayó al 3,4% en 2025 y la oferta pública en prejardín y jardín aumentó un 26% entre 2022 y 2025, la matrícula del sector no oficial cayó drásticamente y el descenso en transición, el único grado obligatorio en la educación inicial, resultó tan marcado que opacó el crecimiento de los otros niveles: se registró una caída del 18,2% en este grado, lo que influyó negativamente en la cobertura total de preescolar, que quedó en 38,8% para 2024, uno de los peores niveles recientes.

El propósito de cerrar brechas, tanto en calidad como en acceso, se ve reflejado en los resultados de las pruebas Saber 11, que mejoraron en promedio, pero al tiempo aumentaron las diferencias entre zonas rurales y urbanas (de 18,5 a 26,7 puntos desde 2014 hasta 2025), y entre colegios públicos y privados. Además, el avance en la alfabetización apenas alcanzó un 7,27% de la meta planteada, haciendo evidente que el crecimiento en infraestructura no se traduce necesariamente en una educación de mayor calidad.

En educación superior, aunque se avanzó en casi el total de los cupos prometidos, solo un 40% corresponden al aumento neto de matrículas efectivas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias atribuidas a la política gubernamental. El resto se explica por entidades con recursos aparte, como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), lo cual matiza los logros en esta área.

En conclusión, el informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana advierte que Colombia ha avanzado en construir y dotar espacios educativos, pero persiste el reto de transformar esa infraestructura en aprendizajes de calidad y en resultados tangibles que cierren las brechas sociales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación en Colombia según el balance del PND?

De acuerdo con el balance del Plan Nacional de Desarrollo (PND), los desafíos más notables son cerrar las brechas de calidad entre lo rural y lo urbano, reducir la diferencia entre la educación pública y privada, y materializar avances reales en alfabetización y permanencia de los estudiantes. La cobertura ha mejorado en algunos niveles, pero los resultados en aprendizaje y calidad siguen mostrando grandes desigualdades y metas lejanas.

¿Qué significa el aumento de la tasa de tránsito inmediato a la educación superior en Colombia?

El crecimiento de la tasa de tránsito inmediato a la educación superior, que pasó del 43,06% en 2023 al 47,91% en 2025, indica que más bachilleres logran matricularse en programas técnicos, tecnológicos o universitarios inmediatamente después de graduarse. Sin embargo, este logro debe analizarse junto con la calidad y sostenibilidad de la matrícula, ya que parte de ese aumento proviene de modalidades virtuales o instituciones independientes del sector educativo tradicional.

José Manuel Restrepo será el vicepresidente y principal colaborador del mandatario. El gabinete ministerial estará formado por figuras como Rodrigo Lara en Interior, Miguel Gómez en Hacienda, el general retirado Jorge Mora en Defensa, Iván Cancino en Justicia, Mauricio Gómez en Comercio, Viviane Morales en Educación, Elsa Noguera en Transporte, Fabio Arjona en Ambiente, Juliana Gutiérrez en Deporte, Jaime Andrés Beltrán en Vivienda, Omar Bula en Exteriores, Indalecio Dangond en Agricultura, María Arboleda en Minas, Alexandra Falla en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Paola Holguín en Cultura, Natalia López en Trabajo, Ana María Vesga en Salud y Claudia Benavides en Ciencias. Esta lista da cuenta de un gabinete heterogéneo y experimentado, que acompañará a De la Espriella en los retos de gobierno.

La definición de los viceministros también es relevante para la articulación de las políticas públicas. Armando Cuello Navarro estará en el viceministerio de Energía, Luis Madriñán asumirá el viceministerio de Minas, Claudia Carrasquilla Minami será viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad, mientras que Sandra Carvajal hará lo propio en el viceministerio de Comercio.

El equipo presidencial incluye a Carlos Ríos en la secretaría general; a Valeria Lafaurie como consejera para las regiones; a Nicolás Gómez a la cabeza del despacho presidencial y a María Fernanda Sandoval como directora de comunicaciones. Además, se suman funcionarios como Sandra Bessudo, quien dirigirá Parques Nacionales; Ricardo Ayerbe estará a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y Marco Acosta liderará el Fondo Nacional del Ahorro. Lina Garrido fue designada para dirigir tanto el Instituto Colombiano Agropecuario como el Impuesto de Industria y Comercio; Sandra Suárez Pérez estará en Prosperidad Social; David Santiago Tamayo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo; Didier Blanco encabezará la Unidad Nacional para la Protección y María Carolina Restrepo liderará el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Toda la información procede de reportes de El Espectador.

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¿Quiénes son los nuevos ministros del gabinete de Abelardo de la Espriella?

El gabinete de Abelardo de la Espriella está conformado por 18 titulares en igual número de ministerios, entre los que se destacan Rodrigo Lara en Interior, Miguel Gómez en Hacienda y Viviane Morales en Educación. La información, reportada por El Espectador, confirma que cada ministerio estará dirigido por figuras con experiencia en sus respectivos campos.

¿Cómo queda estructurado el círculo presidencial y los altos cargos del gobierno entrante?

Además del gabinete ministerial, el círculo presidencial incluye a José Manuel Restrepo como vicepresidente y colaboradores como Carlos Ríos, secretario general, Valeria Lafaurie, consejera para las regiones, y Nicolás Gómez, jefe de despacho. También resaltan las designaciones en direcciones clave como Parques Nacionales, Infraestructura y varias agencias e institutos, de acuerdo con El Espectador.

De acuerdo con la Universidad, un total de 1.716 jóvenes que desean iniciar sus estudios actualmente necesita apoyo para pagar el valor de su matrícula. Para garantizar el ingreso de todos estos estudiantes, es necesario reunir COP 3.004 millones. Sin embargo, hasta el momento, el único aporte confirmado corresponde a COP 396,7 millones provenientes de la Gobernación de Cundinamarca, cifra que representa apenas el 13 % de lo requerido.

La crisis financiera no fue inesperada. El pasado 27 de julio, la Universidad había alertado al presidente Gustavo Petro mediante una misiva, advirtiendo sobre posibles dificultades presupuestales que amenazaban el acceso de cientos de jóvenes, en particular de familias vulnerables. No obstante, ante la falta de una respuesta favorable, el Consejo Superior decidió incorporar recursos propios como medida extraordinaria. La Universidad, sin embargo, no especificó el monto total de esos fondos ni indicó cuántas personas serán finalmente beneficiadas.

La vicerrectora Académica defendió la decisión afirmando que era necesario garantizar que los estudiantes no vieran truncado su inicio en la educación superior por la falta de un respaldo presupuestal. También explicó que esta solución temporal permite el arranque del semestre mientras siguen las gestiones ante el Gobierno Nacional. Recalcó que esta estrategia no es sostenible y no podrá repetirse en futuros periodos con fondos institucionales propios.

La inquietud de la Universidad de Cundinamarca se extiende más allá del segundo semestre de 2026. En efecto, la institución solicitó oficialmente al Gobierno una suma de COP 45.492 millones para 2027, indispensables para asegurar que la gratuidad deje de depender de decisiones de emergencia y pueda sostener el ingreso y permanencia de la matrícula estudiantil. La directiva universitaria insistió en que cubrir matrículas con recursos propios no constituye una vía permanente y pidió al Gobierno Nacional establecer una financiación estable y sólida para mantener la política de gratuidad en los próximos años.

¿Cuántos estudiantes serán beneficiados con la matrícula gratuita en la Universidad de Cundinamarca?

Hasta el momento, la Universidad de Cundinamarca no ha precisado cuántos de los 1.716 estudiantes nuevos podrán acceder al apoyo de matrícula gratuita, ya que la cuantía exacta de los recursos institucionales asignados no se hizo pública. Esto implica que el beneficio podría ser parcial o limitarse según la disponibilidad de fondos.

¿Por qué la Universidad de Cundinamarca debe financiar matrículas con recursos propios?

La Universidad tomó esta decisión ya que el Gobierno Nacional no respondió oportunamente a la solicitud para financiar la gratuidad de matrícula, y los aportes recibidos de la Gobernación apenas cubren una fracción menor de lo necesario. Esto obligó a una solución transitoria con fondos institucionales, aunque la rectoría aclaró que este mecanismo no es sostenible y exige una fuente de financiación oficial y permanente para garantizar la continuidad de la política pública.

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Como senador, Petro protagonizó algunos de los debates más duros contra sectores políticos señalados por sus vínculos con grupos ilegales y por el manejo de recursos públicos. Su mensaje era que Colombia no solo tenía funcionarios corruptos, sino un sistema diseñado para favorecer a unos pocos. Esa idea fue una de las bases con las que llegó a la Presidencia en 2022.

Durante la campaña presidencial prometió una ruptura con ese pasado. “Voy a derrocar el régimen de la corrupción”, repetía en plazas públicas y debates. Aseguraba que su Gobierno tendría “cero tolerancia” frente a ese fenómeno y que nadie estaría por encima de la ley, incluso si se trataba de personas cercanas a él.

El mensaje volvió a aparecer el día de su posesión. Frente al país, Petro pronunció una de sus frases más recordadas: “Ni familia, ni amigos, ni compañeros ni colaboradores estarán por encima de la ley“. También prometió recuperar los recursos públicos perdidos y convertir la transparencia en una prioridad de su administración.

Pero el Gobierno que llegó con esa promesa terminó marcado por una serie de escándalos que pusieron bajo la lupa precisamente a personas de su entorno político, familiar y administrativo. Aunque muchas investigaciones siguen abiertas y no todos los casos han terminado en decisiones judiciales definitivas, el impacto político fue evidente: la principal bandera con la que Petro construyó su carrera terminó enfrentando su mayor prueba desde el poder.

El caso que más golpeó al Gobierno fue el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Lo que comenzó con la compra de 40 carrotanques para llevar agua a comunidades de La Guajira terminó convertido en una investigación por presuntos sobrecostos, pagos irregulares y una posible red de corrupción que habría utilizado recursos públicos para obtener apoyos políticos en el Congreso.

El escándalo involucró a funcionarios de alto nivel como Olmedo López, exdirector de la entidad; Sneyder Pinilla, exsubdirector; Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones; y Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y del DNI. También alcanzó a los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle. Para un Gobierno que había prometido acabar con las viejas prácticas políticas, que uno de sus principales escándalos involucrara la relación entre contratos públicos y favores políticos representó un duro golpe.

La crisis llegó incluso a la familia presidencial con el caso de Nicolás Petro. La investigación comenzó tras las denuncias de Day Vásquez, quien aseguró que Nicolás habría recibido dinero de empresarios y personas cuestionadas durante la campaña presidencial de 2022. Dentro del expediente aparecieron cifras cercanas a los 1.000 millones de pesos y nombres como Alfonso “El Turco” Hilsaca y Samuel Santander Lopesierra, conocido como “El Hombre Marlboro”.

El episodio obligó a Petro a pronunciarse sobre su propio hijo. En medio de la controversia, el presidente lanzó una de las frases más recordadas de su mandato: “yo no lo crié”, una declaración que generó críticas porque algunos sectores interpretaron que buscaba marcar distancia frente a las actuaciones de Nicolás Petro.

Los cuestionamientos también alcanzaron a funcionarios que fueron considerados parte del círculo más cercano del presidente. Laura Sarabia protagonizó uno de los primeros grandes escándalos del Gobierno después de que se conociera que su exempleada Marelbys Meza fue sometida a una prueba de polígrafo tras la pérdida de dinero en su residencia y posteriormente se revelaran interceptaciones ilegales.

Aunque Petro inicialmente defendió a Sarabia, ella salió temporalmente del Gobierno y luego regresó a ocupar cargos de máxima confianza, incluso la Cancillería.

Meses después, unos audios de Armando Benedetti con Sarabia abrieron otro frente de crisis. En las grabaciones, Benedetti aseguró que había conseguido 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial y lanzó advertencias sobre información que decía conocer sobre el manejo de esos recursos. Sus palabras generaron dudas sobre la financiación electoral, aunque posteriormente negó que sus declaraciones implicaran la existencia de dineros ilegales.

La campaña presidencial también quedó bajo escrutinio por el papel de Ricardo Roa, quien fue su gerente y posteriormente llegó a la presidencia de Ecopetrol. El Consejo Nacional Electoral abrió una investigación por posibles irregularidades en la financiación electoral y durante su gestión en la empresa estatal surgieron otros cuestionamientos. A pesar de las investigaciones y señalamientos, Petro defendió su permanencia en el cargo hasta los últimos meses de Gobierno.

Otro episodio que puso en discusión la financiación política fue el caso de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, señalado por las autoridades como un presunto articulador de redes de contrabando. La controversia surgió por la denuncia de que habría intentado entregar 500 millones de pesos a la campaña Petro Presidente a través del empresario catalán Xavier Vendrell.

Petro aseguró que ordenó devolver ese dinero cuando conoció su origen y sostuvo que Marín nunca logró infiltrar su campaña. Sin embargo, el caso abrió una disputa interna entre Augusto Rodríguez, uno de sus hombres más cercanos, y Armando Benedetti, además de nuevas preguntas sobre quiénes tuvieron acceso al proyecto político antes de llegar al poder.

El entorno personal del presidente también quedó bajo cuestionamientos. Verónica Alcocer fue objeto de críticas por su influencia política pese a no tener un cargo oficial y por denuncias relacionadas con personas cercanas a ella. Su hijo adoptivo Nicolás Alcocer fue mencionado en una denuncia por presuntas irregularidades en la hidroeléctrica Urrá, junto con Ricardo Roa, aunque ambos negaron las acusaciones y no existe una decisión judicial que determine responsabilidades.

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También surgieron cuestionamientos sobre Vanessa Cortés Carmona, la mujer que fue vista junto a Petro durante un viaje a Panamá y cuyo crecimiento patrimonial fue objeto de investigaciones periodísticas. El caso generó preguntas sobre la cercanía de personas sin cargos oficiales con el presidente, aunque no existe una decisión judicial que establezca enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias.

En la recta final del Gobierno, la crisis llegó desde dentro de la propia administración. Angie Rodríguez, una funcionaria cercana al presidente, denunció presuntas irregularidades y cuestionó decisiones relacionadas con recursos públicos, convirtiéndose en una de las voces más críticas del cierre del mandato. Casi al mismo tiempo, nombres como los de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz salían a la luz. Ellas, según fuentes del Gobierno, fueron acusadas de ejercer mucho poder al interior de diferentes entidades bajo la avenencia del presidente, quien, decían las mismas fuentes, les dio autoridad para nombrar personas en cargos públicos. Unos chats filtrados de Guerrero son la prueba más fuerte que hay contra ellos.

Al final, los casos no tuvieron todos el mismo desenlace: algunos llevaron a capturas, condenas o confesiones; otros permanecen en investigación. Pero políticamente dejaron una marca difícil de borrar.

Gustavo Petro llegó a la Presidencia después de construir durante décadas un discurso contra la corrupción y prometiendo que su Gobierno sería diferente a los anteriores. Sin embargo, terminó enfrentando una cadena de escándalos que involucraron a funcionarios, aliados, familiares y personas cercanas a su proyecto político.

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La promesa de acabar con “el régimen de la corrupción” terminó siendo una de las mayores contradicciones de su Gobierno: una bandera que lo llevó al poder, pero que durante su mandato quedó cuestionada por los mismos hechos que durante años denunció desde la oposición.

La revelación de los conductores asignados ha puesto fin a los rumores que circulaban en medios de comunicación y redes sociales sobre la posible presencia de reconocidos periodistas de televisión. En diferentes espacios periodísticos se mencionaron nombres como José Manuel Acevedo, Mónica Jaramillo, Felipe Arias y Vicky Dávila, quienes cuentan con amplia experiencia como presentadores, pero finalmente no formarían parte del evento. De acuerdo con lo dicho por Sánchez Cristo en su programa, “los presentadores oficiales serán los dos voceros del presidente de la República, Carolina Gómez y Miller Soto”.

Esta decisión representa un giro frente a las expectativas iniciales, ya que aunque Estudios RCN será el encargado de la producción técnica y de la transmisión oficial de la ceremonia, la conducción quedará en manos del equipo de comunicaciones del nuevo Gobierno y no en periodistas externos. Esto enfatiza la intención de mantener el control del discurso y la representación institucional en un evento tan relevante como la posesión presidencial.

Carolina Gómez llega a este rol con experiencia en medios de comunicación y en la presentación de programas informativos. Por su parte, Miller Soto ha desarrollado su carrera principalmente en el campo jurídico y de las comunicaciones institucionales, lo cual añade una perspectiva complementaria para un evento de esta naturaleza.

La designación de estos voceros como presentadores oficiales parece reafirmar la confianza del equipo del presidente electo en figuras ya vinculadas a la administración entrante, unas personas que conocen de cerca su agenda y prioridades comunicacionales. Esta medida, anunciada a través de una fuente reconocida como Caracol Radio, busca claridad y transparencia frente a la opinión pública, dejando de lado las versiones anteriores que alimentaron la incertidumbre en torno a quién tendría la responsabilidad de conducir el acto solemne.

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¿Quiénes son Carolina Gómez y Miller Soto, los voceros que presentarán la ceremonia presidencial?

Carolina Gómez cuenta con experiencia previa en medios de comunicación y la presentación de programas informativos, mientras que Miller Soto ha trabajado principalmente en el sector jurídico y en comunicaciones institucionales. Ambos fueron seleccionados como los voceros oficiales del presidente electo y asumieron la responsabilidad de conducir la ceremonia presidencial, tal como fue confirmado por fuentes como Caracol Radio.

¿Por qué no fueron elegidos periodistas de RCN para presentar la posesión presidencial?

A pesar de que Estudios RCN estará a cargo de la producción técnica y de la señal oficial del evento, el equipo del presidente electo optó por mantener la conducción en manos de sus propios voceros, Carolina Gómez y Miller Soto. De acuerdo con la información entregada por Caracol Radio, esto descarta las versiones que señalaban a reconocidos periodistas de RCN, mostrando así la intención de priorizar la representación institucional del nuevo Gobierno durante la ceremonia.

La Fiscalía ha señalado que la supuesta solvencia financiera de Elephant Import & Export tenía como fundamento un préstamo de 64.000 millones de pesos colombianos, otorgado por otra sociedad que, a su vez, tampoco presentaba la capacidad económica necesaria para sustentar una operación de semejante magnitud. Dentro del mismo entramado, también se identificó que Fast Moda S.A.S., sociedad por la que operan Lili Pink y Joy, consignaba una deuda de 126.000 millones de pesos a favor de Elephant, lo que, según la investigación, haría parte del esquema implementado por la estructura investigada.

Durante las diligencias llevadas a cabo por el ente investigador, se hallaron 12 contenedores con mercancía procedente de China, ingresada al país desde Panamá. Además, se pudo corroborar que otros 31 contenedores ya habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). La investigación reveló, asimismo, que parte de esos productos llegaban con etiquetas listas para el mercado colombiano, aunque su origen era chino.

De acuerdo con la Fiscalía, todas estas acciones buscan impedir que la sociedad involucrada siga siendo parte de supuestas maniobras de contrabando y lavado de activos. El 27 de abril, se realizaron las primeras operaciones de extinción de dominio sobre más de 400 tiendas donde se comercializa Lili Pink. Igualmente, se anunciaron capturas, entre ellas la del abogado Walter Martínez Martínez, procesado por delitos como lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando, cargos que no fue aceptados por el capturado. Según el órgano de control, la estructura investigada estaría vinculada a operaciones de lavado superiores a 730.000 millones de pesos, posibles enriquecimientos ilícitos por encima de 430.000 millones y casos de contrabando superiores a 75.000 millones de pesos.

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¿Cómo avanza la investigación por lavado de activos y contrabando en el caso Lili Pink?

La investigación ha avanzado con la ampliación de indagaciones y la aplicación de medidas cautelares a Elephant Import & Export S.A.S., presunta firma de fachada. Se han rastreado préstamos y deudas millonarias entre diversas sociedades, se han decomisado contenedores con mercancía y se han tomado acciones judiciales como la extinción de dominio y detenciones, según informó la Fiscalía.

¿Cuál es el papel de Elephant Import & Export S.A.S. en el esquema de presunto lavado de activos?

De acuerdo con la Fiscalía, Elephant Import & Export S.A.S. habría sido utilizada para simular importaciones y suministros de mercancía a Lili Pink y Joy, pese a no tener capacidad financiera real, y recibió un préstamo de una sociedad igualmente sin sustento económico. Esta operación, junto con altas deudas, sería parte central del esquema investigado.

La iniciativa establece nuevas obligaciones para administradores, consejos de administración, copropietarios y residentes, con el fin de definir reglas claras sobre la presencia de mascotas y la atención de animales sin propietario identificado que permanezcan dentro de las zonas comunes de edificios y conjuntos residenciales.

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El articulado dispone que las acciones voluntarias de los residentes para alimentar, refugiar o proteger animales sin cuidador identificado deberán ser permitidas por los órganos de administración, siempre que no exista un concepto sanitario emitido por la autoridad competente que desaconseje esta práctica.

Asimismo, el proyecto prohíbe expulsar a estos animales de las copropiedades o destruir los espacios acondicionados para su protección, excepto cuando representen un riesgo para las personas, otros animales o los bienes comunes. En estos casos, el consejo de administración deberá solicitar la intervención de la alcaldía o de la entidad competente para que se encargue de su atención, protección y traslado.

La propuesta también señala que cualquier persona que decida asumir el cuidado de un animal sin propietario identificado deberá garantizar su alimentación, esterilización, vacunación, desparasitación y el cumplimiento de las normas sobre tenencia responsable de animales de compañía.

Registro obligatorio de animales y nuevas responsabilidades

Uno de los principales cambios planteados en el proyecto corresponde a la creación de un registro obligatorio de animales de compañía en todas las propiedades horizontales de uso residencial.

Los administradores deberán recopilar información relacionada con la identificación del tenedor, la especie, el nombre, la edad, el estado de esterilización y el esquema de vacunación de cada animal. Estos datos deberán ser reportados mensualmente a las alcaldías municipales y distritales.

De acuerdo con la iniciativa, esta base de datos permitirá fortalecer los programas públicos de esterilización, vacunación, educación sobre tenencia responsable y protección animal, además de facilitar la identificación de posibles casos de abandono o maltrato.

El incumplimiento de esta obligación podrá generar las sanciones contempladas en los reglamentos internos de cada propiedad horizontal.

El proyecto también establece un tratamiento especial para los perros de manejo especial que no cuenten con un cuidador identificado y para las colonias de gatos que permanezcan dentro de las copropiedades. En estas situaciones, las administraciones deberán coordinar acciones con las autoridades locales y organizaciones dedicadas a la protección animal para adelantar procesos de atención veterinaria, esterilización, adopción, reubicación o traslado a refugios, según corresponda.

Se prohíben barreras que puedan causar daño a los animales

La iniciativa también introduce disposiciones relacionadas con la instalación de elementos destinados a proteger a los animales de compañía.

En ese sentido, las administraciones no podrán impedir la instalación de mallas, redes de seguridad u otros mecanismos de protección, siempre que sean removibles, de color claro, no afecten la estructura del inmueble y se ubiquen en bienes privados o en zonas comunes de uso exclusivo.

De igual manera, el proyecto prohíbe instalar barreras físicas que puedan ocasionar lesiones, sufrimiento o la muerte de animales. Antes de implementar cualquier elemento destinado a impedir el ingreso o permanencia de determinadas especies, especialmente aves, la administración deberá solicitar un concepto técnico a la autoridad competente en materia de protección y bienestar animal.

Cuando una barrera represente un riesgo para la integridad de los animales, la autoridad de policía podrá ordenar su retiro inmediato, sin perjuicio de las sanciones policivas o penales que puedan imponerse por la comisión de conductas constitutivas de maltrato animal.

Nuevos mecanismos para resolver conflictos

El proyecto de ley también contempla la creación de un Comité de Mediación Comunitaria para la Protección Animal en cada edificio o conjunto residencial. Este organismo estará integrado, como mínimo, por un representante de los copropietarios y un integrante del consejo de administración.

Su función será atender y mediar en los conflictos relacionados con la presencia, permanencia o tenencia de animales dentro de la propiedad horizontal, con el propósito de promover soluciones concertadas entre las partes y evitar la escalada de disputas entre residentes.

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Adicionalmente, la iniciativa obliga tanto a administradores como a residentes a informar a las autoridades sobre cualquier caso de presunto maltrato animal del que tengan conocimiento. También deberán facilitar el acceso a grabaciones de cámaras de seguridad y demás medios probatorios que permitan identificar a los presuntos responsables.

Finalmente, el texto establece que el Ministerio de Salud y Protección Social deberá expedir, en un plazo máximo de un año contado desde la entrada en vigencia de la ley, un protocolo para regular el uso seguro de plaguicidas en las propiedades horizontales. El objetivo será evitar la utilización de sustancias que puedan generar afectaciones a la salud o causar sufrimiento a los animales, reforzando así las medidas de protección y bienestar contempladas en la propuesta legislativa.

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La discusión no gira alrededor de la obra en sí, sino del hecho de que el reconocimiento fue entregado a un funcionario que actualmente ocupa uno de los cargos más visibles del sistema público de medios.

¿Qué se sabe del retrato?

En plena transmisión, el retrato de Hollman Morris apareció y sorprendió a la audiencia.

La entrega del cuadro fue difundida en redes sociales, donde usuarios expresaron opiniones divididas. Mientras algunos lo interpretaron como un reconocimiento, otros cuestionaron que este tipo de homenajes se hacen a funcionarios que aún están en ejercicio.

Siguen los retratos ahora tenemos el de Holman Morris. Pronto puede estar listo el de Juliana Guerrero. pic.twitter.com/udatWRd5WY

— Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) August 6, 2026

¿Por qué ha provocado discusión?

El episodio abrió nuevamente el debate sobre los reconocimientos públicos a servidores que todavía ocupan sus cargos.

En Colombia es común que las entidades conserven registros fotográficos o galerías de antiguos directivos una vez concluyen sus periodos. Por eso, la entrega de un retrato a un gerente en funciones generó comentarios y críticas en redes sociales.

Un tema que vuelve a la conversación pública

El nuevo retrato de Hollman Morris se convirtió rápidamente en tema de debate, alimentando la discusión sobre los límites entre los homenajes personales y la imagen institucional de quienes ejercen funciones públicas, sumado a las controversias que Morris ha tenido recientemente. 

Más allá del contenido artístico de la obra, la conversación se ha concentrado en el momento en el que fue entregada y en el simbolismo que representa tratándose del actual gerente de RTVC.

En sus declaraciones, De La Espriella enfatizó que se trata de un hecho histórico, pues "por primera vez en nuestra historia republicana, un presidente de la República tomará posesión de su cargo fuera de Bogotá". Desde su perspectiva, más que un simple cambio de escenario, la decisión tiene como principal objetivo abrir el camino hacia un gobierno en el que todas las regiones tengan protagonismo efectivo en la vida nacional.

Las expectativas económicas generadas por este acto son significativas. De acuerdo con estimaciones presentadas por el mandatario electo, cerca de 6.000 visitantes nacionales e internacionales —incluyendo jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, empresarios, invitados especiales y medios de comunicación— arribarán a la ciudad para la posesión. El 85 % de los asistentes, según cálculos oficiales, se hospedará en Cali, impulsando la actividad de sectores como el hotelero, gastronómico, turístico y comercial.

El impacto económico estimado por el presidente electo asciende a 10.000 millones de pesos. De La Espriella ha sostenido públicamente que este monto refleja el alcance positivo de descentralizar eventos oficiales de tal magnitud. En palabras suyas: "Esto demuestra que descentralizar no solo es trasladar un evento oficial. Es llevar desarrollo, generar empleo, impulsar el turismo, fortalecer la economía local y crear oportunidades para quienes durante años vieron cómo los grandes acontecimientos del Estado se concentraban en una sola ciudad", citó en su comunicación.

De La Espriella insiste, además, en el significado político del acto: su posesión representa, según afirma, la primera prueba concreta de un nuevo modelo de administración y compromiso con las regiones. "La Patria Milagro se construye desde las regiones, porque cuando las regiones prosperan, prospera Colombia", enfatizó el mandatario electo en un mensaje divulgado en su cuenta de X.

¿Por qué Abelardo De La Espriella decidió hacer su posesión presidencial en Cali?

De acuerdo con los mensajes oficiales difundidos en sus redes sociales, Abelardo De La Espriella eligió Cali para la ceremonia de posesión para dar inicio a una política de descentralización, buscando llevar al Estado a las regiones y romper con la costumbre de realizar eventos nacionales solo en Bogotá.

¿Cuál será el impacto económico de la posesión presidencial en Cali en 2024?

El presidente electo calcula que la llegada de 6.000 asistentes, en su mayoría hospedados en Cali, generará un movimiento estimado de 10.000 millones de pesos, lo que dará un impulso significativo a sectores como el hotelero, gastronómico, turístico y comercial en el Valle del Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El mensaje de Márquez fue compartido durante la jornada en que se hizo público el retrato oficial que la integrará a la galería reservada para los exvicepresidentes de la República. Así, la imagen de Márquez será parte del registro histórico y simbólico de quienes han ocupado este cargo.

La vicepresidenta saliente recordó el valor de su llegada a una posición de poder, enfatizando que representa un hito en la historia de Colombia por ser la primera mujer afrodescendiente en asumir la Vicepresidencia. En su comunicado, Márquez manifestó: "Hace décadas era imposible que una mujer afrodescendiente como yo llegara a la Vicepresidencia de la República de Colombia. Hoy quiero agradecer al pueblo colombiano por permitirme gobernar este país durante estos cuatro años, mandato que asumí con el corazón bien puesto", de acuerdo con su publicación.

Márquez subrayó como uno de sus logros más relevantes la creación de espacios de representación para sectores tradicionalmente excluidos. En sus palabras, señaló que su paso por el Gobierno debe servir como inspiración para que niñas, jóvenes, líderes sociales y mujeres de distintos lugares se animen a participar en la administración pública. Destacó: "Abrimos las puertas para que no se cierren jamás, para que las niñas, niños, la juventud, las y los líderes sociales y las mujeres en toda su diversidad sueñen y se atrevan a ocupar el Estado en favor de la vida, la paz, la justicia social y la dignidad", según su despedida oficial.

Finalmente, Márquez expresó su deseo de que la huella de su gestión sea recordada, indicando que "en el pasillo de las y los vicepresidentes de la República reposa el retrato de Francia Elena Márquez Mina. Seguiremos luchando hasta que la dignidad se haga costumbre". Todas estas declaraciones corresponden a lo expuesto por Márquez en su mensaje de despedida.

¿Cuál fue el mensaje de Francia Márquez al despedirse de la Vicepresidencia de Colombia?

Francia Márquez, en su despedida, agradeció a los colombianos por la oportunidad de servir como vicepresidenta y resaltó la importancia simbólica de su presencia en el cargo. Señaló que su gestión abrió caminos a grupos históricamente marginados, invitando a mujeres y a la juventud a soñar y ocupar espacios públicos.

¿Por qué la llegada de Francia Márquez a la Vicepresidencia de Colombia se considera histórica?

La llegada de Francia Márquez a la Vicepresidencia es considerada histórica porque se trata de la primera vez que una mujer afrodescendiente ocupa ese cargo en Colombia, y su presencia ha sido interpretada como un avance en la representación de sectores tradicionalmente excluidos en el Gobierno nacional.

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Según la información recogida, la causa principal de la suspensión del acto tiene origen en la falta de comunicación entre Gustavo Petro, presidente saliente, y su sucesor. La ruptura del proceso de empalme y los constantes cuestionamientos de Petro acerca de la legitimidad de la elección presidencial habrían hecho inviable la realización de este acto constitucional. Ya en el pasado, la tradición siguió su curso aun cuando los presidentes salientes y entrantes tenían marcadas diferencias políticas. Tal fue el caso de la condecoración de Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos y luego este a Iván Duque. La última vez que se llevó a cabo esta entrega fue el 5 de agosto de 2022, cuando Iván Duque Márquez impuso la Orden de Boyacá a Gustavo Petro.

El carácter obligatorio de este acto está estipulado en el numeral 8 del artículo 13 del Decreto 770 de 1982, el cual determina que el presidente de la República, antes de dejar su cargo, debe condecorar al presidente electo con la Orden de Boyacá en el grado de Gran Collar. Sin embargo, la ausencia de la ceremonia no afecta legalmente la asunción de Abelardo de la Espriella como Gran Maestre de las órdenes nacionales, función que adquiere desde el momento en que presta juramento ante el Congreso de la República.

De confirmarse la falta de esta ceremonia, sería una de las pocas ocasiones en la historia reciente en que este protocolo no se realiza antes del traspaso oficial del poder, subrayando la discontinuidad política y protocolaria que marca la transición actual en Colombia.

¿Por qué la imposición de la Orden de Boyacá no se realizará en la posesión de Abelardo de la Espriella?

La imposición de la Orden de Boyacá quedó prácticamente descartada debido a la falta de comunicación entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. Según lo expresado en la información disponible, la ruptura del proceso de empalme y los cuestionamientos de Petro sobre la legitimidad de la elección presidencial hicieron imposible la realización de este acto tradicional.

¿La ausencia de la imposición de la Orden de Boyacá afecta la posesión presidencial?

No. Aunque el acto de condecoración tiene un peso simbólico y está consagrado en la normativa, su ausencia no impide que Abelardo de la Espriella asuma sus funciones presenciales. De acuerdo con el Decreto 770 de 1982, el presidente electo adquiere la condición de Gran Maestre de las órdenes nacionales con la toma de posesión ante el Congreso de la República, incluso si no ha recibido la insignia previamente.

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El representante a la Cámara Daniel Briceño sorprendió desde su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter) al exponer el contrato que había previsto el mandatario Gustavo Petro para que el Sistema de Medios Públicos llevara a cabo esa labor.

“La decisión del equipo del presidente Abelardo De La Espriella de no transmitir la posesión presidencial a través de RTVC le ahorró a los colombianos los $ 2’450.000.000 que Petro le había dado a Hollman Morris para esa transmisión”, contó el congresista.

Lo cierto es que en esa misma publicación aclaró que el acuerdo fue terminado de forma anticipada y sin ejecución debido a que el presidente electo decidió tomar un camino diferente en este caso.

Cabe recordar que De la Espriella determinó el productor de la transmisión para la posesión sea RCN, que para el caso ofrecerá una señal institucional de libre acceso, que podrá ser utilizada sin costo por los medios de comunicación.

Briceño incluso replicó el documento en el que es posible observar los detalles antes mencionados sobre la cantidad de dinero y demás, para confirmar la información que reveló sobre el contrato.

El tema no pasa desapercibido un día antes de que se lleve a cabo la ceremonia de investidura en Cali, en medio de la controversia por el supuesto fraude electoral en el que ha insistido Petro.

En esa misma línea, parece importante recordar que el congresista Iván Cepeda, perdedor en las pasadas elecciones presidenciales como candidato del Pacto Histórico, ha hecho un llamado a la “desobediencia civil”.

Incluso, hay manifestaciones previstas en Bogotá en el marco de la posesión, tema que está en la mira de las autoridades locales para evitar cualquier clase de disturbio o desorden público.

¿Cómo es el itinerario de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella?

La programación de la posesión presidencial inicia el viernes 7 de agosto a las 12:30 p. m. mediante la instalación oficial del Congreso Pleno en la Arena USC.

A las 2:10 p. m. se produce la llegada oficial del presidente electo Abelardo de la Espriella en compañía de su esposa Ana Lucía Pineda y sus hijos.

Los asistentes y comitivas oficiales reciben formalmente a la familia presidencial en las instalaciones del recinto mediante un significativo acto protocolario con Calle de Honor.

Entre las 3:00 p. m. y las 5:00 p. m. se desarrolla formalmente la solemne ceremonia de posesión, constituyendo el segmento central de la jornada gubernamental del país.

Durante este bloque principal se realiza el juramento del mandatario y la posesión oficial del vicepresidente Restrepo ante los miembros del Congreso reunidos para la ocasión.

La imposición de la Banda Presidencial al jefe de Estado la efectúan el Presidente del Congreso y don Luis Felipe Yagüé, denominado ‘el señor de panela’.

Posteriormente, el nuevo Presidente pronuncia su discurso a la nación y presencia los honores militares rendidos por las distintas fuerzas armadas en este acto institucional.

El programa protocolario continúa de forma inmediata con la toma de posesión formal del gabinete presidencial, oficializando a los nuevos colaboradores del equipo ejecutivo nacional.

Los ministros confirmados son Rodrigo Lara en Interior, Omar Bula en Cancillería, Miguel Gómez en Hacienda, Iván Cancino en Justicia y Jorge Eduardo Mora en Defensa.

La nueva administración mantiene pendientes por confirmar los nombramientos ministeriales en las carteras de Salud y Ciencia, las cuales se integrarán formalmente al equipo ejecutivo posteriormente.

Esta histórica jornada institucional reúne a importantes personalidades nacionales, miembros del Congreso, altas autoridades y distinguidos invitados especiales representantes de diversas naciones del mundo.

El cronograma general de actividades concluye el día sábado 8 de agosto mediante la salida organizada de las delegaciones internacionales que asistieron a este relevante acto.

De esta forma se completa el proceso de transición democrática en Colombia, dando inicio formal al nuevo periodo de gobierno constitucional en todo el territorio nacional.

El despliegue logístico y de seguridad garantiza el orden público durante todas las fases contempladas en el cronograma.

Los fallecidos fueron identificados como Andrés Felipe González Rodríguez y Karen Vanessa Saldarriaga García, quienes perdieron la vida días atrás en un ataque armado ocurrido en un establecimiento comercial del sector del antiguo ancianato. Familiares, amigos y allegados se reunieron para darles el último adiós, pero la jornada se vio empañada por altercados entre algunos de los asistentes.

(Vea también: Mujer fue asesinada a tiros cuando, al parecer, iba caminando a su lugar de trabajo en Soacha)

Ante la creciente tensión, más de 20 uniformados llegaron al cementerio para contener la situación y evitar que los enfrentamientos escalaran. De acuerdo con las autoridades, el procedimiento permitió restablecer el orden sin que se presentaran capturas ni personas con heridas de gravedad.

¡INDIGNACIÓN EN FUSAGASUGÁ! El último adiós a Karen Saldarriaga y Andrés González se vio empañado por una fuerte riña y tensión entre los asistentes y las autoridades. 😠 La Policía tuvo que intervenir para controlar la situación. 🕊️ pic.twitter.com/oljCfppiSA

— Canal 6 (@Canal6Col) August 6, 2026

Hasta el momento, la Policía y la Alcaldía de Fusagasugá no han entregado un balance oficial detallado sobre lo ocurrido durante el operativo. Sin embargo, las autoridades indicaron que continúan recopilando información sobre los hechos registrados en medio del sepelio.

El ambiente de inconformidad y dolor entre los asistentes estuvo marcado por el reciente crimen que acabó con la vida de la pareja. Precisamente, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer el ataque sicarial que ocurrió en la noche del sábado 1 de agosto y determinar quiénes fueron los responsables.

Según la información conocida, el homicidio ocurrió hacia las 8:54 p. m., cuando un hombre con casco de motocicleta y una chaqueta negra ingresó a un bar donde se encontraban las víctimas. Sin retirarse el casco, caminó hasta el fondo del establecimiento y abrió fuego en repetidas ocasiones contra Andrés Felipe González Rodríguez y Karen Vanessa Saldarriaga García, quienes murieron como consecuencia del ataque.

‘Potestad’ se posiciona como un referente fundamental del denominado teatro político en América Latina. La obra invita a una reflexión profunda sobre temas universales como la memoria histórica, la identidad personal y colectiva, el ejercicio del poder y la construcción de la verdad, todo ello a partir de uno de los capítulos más críticos en la historia reciente de Argentina: la última dictadura militar. Según los organizadores, la trama comienza con el relato íntimo de un hombre que rememora la vida junto a su hija; sin embargo, ese ámbito familiar pronto cede espacio a una realidad perturbadora, marcada por el fenómeno del robo sistemático de niñas y niños durante el régimen militar, episodio que sigue interpelando a la sociedad argentina y latinoamericana.

Eduardo Pavlovsky, sin acudir al discurso panfletario, desarrolla un monólogo donde el personaje principal confronta al público con los mecanismos del terror institucional, la obediencia ciega y la negación, elementos centrales en dictaduras. Esta capacidad de incomodar y provocar reflexión mantiene la vigencia del texto años después de su estreno.

La versión que llegará a Bogotá será interpretada por el actor Hugo Kogan, cuya actuación transita entre la ternura, la violencia y la vulnerabilidad propia del ser humano. La dirección conjunta entre Hugo Kogan y Roque Basualdo busca potenciar la carga emocional del texto y convertir cada función en una experiencia teatral conmovedora. Las funciones están programadas para el 6 y 7 de agosto a las 7:00 p. m. en la sede Palermo del Teatro Ditirambo, dirección Calle 45A # 14-37, con boletería paga. Cabe aclarar que el evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se presentará la obra ‘Potestad’ en Bogotá?

La obra ‘Potestad’ se presentará los días 6 y 7 de agosto de 2026 a las 7:00 p. m. en la sede Palermo de Ditirambo Teatro, que se encuentra ubicada en la Calle 45A # 14-37 en Bogotá. El evento cuenta con entrada paga y no forma parte de la Agenda Distrital, de acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

¿Por qué es importante la obra ‘Potestad’ de Eduardo Pavlovsky en el teatro latinoamericano?

‘Potestad’ es considerada un hito en el teatro político latinoamericano, pues aborda temas como la memoria, el poder y la verdad a partir del drama del robo de niñas y niños durante la última dictadura militar argentina. La obra, escrita por Eduardo Pavlovsky, no solo expone mecanismos de violencia y negación, sino que invita al espectador a reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva frente a episodios históricos difíciles.

Según la información oficial, la comunidad dispone de un mecanismo específico para reportar estos hechos: el envío de fotografías, videos o cualquier otra evidencia al canal de WhatsApp 320 240 0704. Este número ha sido habilitado exclusivamente para recibir reportes relacionados con personas que estén originando incendios o realizando quemas prohibidas. El objetivo de este canal de denuncia es que el material aportado sirva de base para individualizar a los presuntos responsables, facilitando así las diligencias que correspondan a las instituciones encargadas.

La campaña también enfatiza las consecuencias legales de causar incendios de manera deliberada. Bajo el llamado "¡El fuego no es un juego!", las autoridades recuerdan la gravedad de estas acciones, e insisten en evitar toda clase de quema, principalmente durante la temporada seca, que se caracteriza por temperaturas más altas y baja frecuencia de lluvias. Este contexto eleva considerablemente el riesgo de que las llamas se propaguen de manera incontrolada, ampliando los daños a los ecosistemas y bienes públicos o privados.

La iniciativa, según la Alcaldía, busca consolidar la participación de la ciudadanía en la protección de los bosques, fuentes de agua y áreas rurales del municipio, lugares que han sufrido un aumento notable en las emergencias por incendios en las últimas semanas. La colaboración de la comunidad se presenta como elemento esencial para enfrentar una situación que amenaza tanto el entorno natural como la seguridad de Ibagué.

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¿Cómo denunciar incendios provocados en Ibagué?

Para denunciar casos de incendios provocados o quemas prohibidas en Ibagué, los ciudadanos pueden enviar fotos, videos o cualquier evidencia al número de WhatsApp 320 240 0704, canal habilitado por la Alcaldía de Ibagué para recibir reportes y facilitar la individualización de los presuntos responsables.

¿Cuáles son las consecuencias legales de provocar incendios en Ibagué?

Según la campaña de la Alcaldía de Ibagué, causar incendios intencionalmente es una conducta ilegal que puede acarrear sanciones. El llamado de las autoridades es a evitar cualquier tipo de quema, resaltando que estas acciones, especialmente durante la temporada seca, tienen implicaciones legales y pueden derivar en procesos sancionatorios para los responsables.

Mientras tanto, en Cali, la ciudad elegida para la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella, también está programada una reunión significativa. Esta será liderada por Aida Quilcué, excandidata vicepresidencial, en el monumento de Puerto Resistencia, acompañada por un grupo de congresistas afines. Las declaraciones recogidas por El Espectador muestran el ambiente de tensión y alerta de sectores afines al Pacto Histórico ante la nueva administración. El senador Wilson Arias sostuvo que la convocatoria apunta a defender “la democracia, la soberanía y las instituciones que se estarían viendo lesionadas con la llegada de Abelardo de la Espriella”, subrayando el carácter pacífico y civilista de estas concentraciones.

En Bogotá, la relevancia política se traslada a la Plaza Núñez, ubicada en el Congreso de la República. Iván Cepeda fue enfático en aclarar que no se planifican marchas ni movilizaciones tradicionales en esa oportunidad: “No van a ser movilizaciones y subrayo, serán de carácter pacífico. Nosotros hemos dicho que serán acciones de desobediencia civil, de expresión de nuestra oposición, pero por encima de todo tienen ese carácter de ser acciones no violentas”.

Cabe resaltar que uno de los puntos centrales de la oposición se relaciona con la nacionalidad de Abelardo de la Espriella, quien además de tener ciudadanía colombiana, posee ciudadanía estadounidense. Según lo expresado por Iván Cepeda, dicha condición representa un impedimento constitucional solo subsanable con la renuncia a esa ciudadanía extranjera para ser reconocido como jefe de Estado legítimo, ya que dicho cargo exige lealtad exclusiva e inequívoca con la nación colombiana y su soberanía.

¿Por qué la oposición rechaza la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente?

De acuerdo con El Espectador, la principal razón expuesta por la oposición es que Abelardo de la Espriella posee ciudadanía estadounidense, lo cual consideran un impedimento constitucional para ejercer la jefatura del Estado en Colombia. Iván Cepeda y otros líderes opositores insisten en que el presidente debe demostrar lealtad exclusiva con el país, y solo la renuncia a la nacionalidad extranjera permitiría una posesión legítima.

¿Cómo se llevarán a cabo las manifestaciones opositoras durante la posesión de de la Espriella?

Las acciones convocadas por la oposición el día de la posesión de Abelardo de la Espriella serán concentraciones pacíficas y expresiones de desobediencia civil, según lo explicó Iván Cepeda a El Espectador. No habrá marchas tradicionales ni movilizaciones masivas; los eventos serán actos simbólicos de carácter no violento y tendrán lugar en ciudades como Barranquilla, Cali y Bogotá.

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Durante la entrevista, Corcho confirmó que, aunque legalmente reconoce a De la Espriella como el nuevo jefe de Estado, la bancada mantiene profundos reparos políticos y jurídicos, señalando la existencia de denuncias por presunto fraude electoral y un litigio estratégico ante el Consejo de Estado. Asimismo, defendió la movilización como un acto legítimo frente a los anuncios del nuevo gobierno, criticando decisiones como la reanudación de relaciones con Israel y la supresión de embajadas o entidades estatales.

La congresista detalló que el Pacto Histórico organizó una agenda de actos en varias ciudades y justificó la elección del Capitolio como un derecho democrático legítimo. “Sería un exabrupto que no se nos permita participar de los escenarios de la democracia, siendo nosotros representativos de una parte del pueblo colombiano”, argumentó Corcho.

El punto más álgido del debate se produjo cuando el periodista Ricardo Ospina puso sobre la mesa un documento oficial de la Policía Nacional que advierte sobre riesgos de disturbios y problemas de seguridad en el centro de Bogotá durante las protestas. Ante el cuestionamiento, Corcho replicó con dureza exigiendo explicaciones sobre la capacidad operativa de la fuerza pública: “¿Pero cómo así no está garantizada la seguridad para Bogotá? Debemos entonces hacer un llamado al alcalde Galán, eso es muy grave entonces… La Policía no tiene la facultad para decretar un estado de sitio”, sentenció.

La discusión se calentó aún más cuando Ospina le ripostó que en ningún momento había calificado los eventos como atentados, sino que se limitaba a leer textualmente las recomendaciones preventivas de las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana. Ante la insistencia de la exministra desestimando los reportes policiales, el periodista le cortó el paso con firmeza: “Usted no me está escuchando, yo no hablé jamás de atentados, yo me ciño al documento de la Policía, que es la que recomienda y la que maneja la seguridad”, zanjó el comunicador, evidenciando el choque de narrativas que marcará el pulso político del país.

La ausencia programada del Pacto Histórico, junto a representantes afrodescendientes e indígenas firmantes, fue informada mediante una carta enviada a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. En el documento, los congresistas argumentaron que su decisión se fundamenta en razones constitucionales, legales y políticas. Presentaron su ausencia como un acto de oposición democrática y desobediencia civil pacífica, subrayando su desacuerdo con el Gobierno entrante y su método para asumir el poder. Así, la bancada busca dejar clara su postura frente a lo que consideran situaciones que ameritan un pronunciamiento firme desde la oposición institucional.

De acuerdo con la información publicada, la relevancia de esta determinación aumenta al considerar el contexto de la ceremonia: la elección de Cali como sede del evento representa un hecho inédito y ha movilizado significativos operativos de seguridad y logística para la atención de delegaciones tanto nacionales como internacionales.

Previo a la posesión, el Pacto Histórico convocó a una rueda de prensa en la que se refirieron, entre otros puntos, a las disposiciones tomadas por la Alcaldía de Cali. El representante a la Cámara Alfredo Mondragón, citando directamente sus palabras, señaló: “el alcalde Alejandro Eder ha decidido no solamente militarizar la ciudad, sino que casi esconder al pueblo porque parece que le incomoda al señor Abelardo y nosotros como Pacto Histórico estamos ratificando que nuestra oposición no solo será en el Congreso de la República sino en las calles”.

Por su parte, la representante Ana Erazo aseguró que el Pacto Histórico promoverá una concentración pacífica y cultural en Puerto Rellena, que según sus declaraciones ha sido programada desde hace dos semanas. Esta movilización se plantea como una alternativa desde la sociedad civil para manifestar posiciones políticas en el contexto de la transición presidencial.

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¿Por qué el Pacto Histórico decidió no asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella?

La bancada del Pacto Histórico, junto con representantes afrodescendientes e indígenas firmantes, decidió ausentarse de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella por fundamentos constitucionales, legales y políticos según comunicaron en una carta dirigida a las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes. Su ausencia representa un acto de oposición democrática y desobediencia civil pacífica frente al Gobierno entrante.

¿Qué es la desobediencia civil pacífica en el contexto político colombiano?

La desobediencia civil pacífica, mencionada por el Pacto Histórico como motivo de su ausencia en la posesión, se refiere en este contexto a acciones públicas, no violentas y organizadas por ciudadanos o grupos políticos para expresar desacuerdo con medidas gubernamentales o decisiones oficiales, sin recurrir a la violencia, buscando incidir en el debate democrático y hacer visible su oposición.

La Fiscalía General adelantó 12 diligencias y se encontraron 12 contenedores con mercancía china que habría sido ingresada a Colombia de manera irregular a través de Panamá. La Dian, cabe señalar, ya había aprehendido otros 31 contenedores con mercancía. Esos productos ya tenían una marquilla que supuestamente acreditaba su comercialización en el país, pero que, según halló la investigación, es fraudulenta.

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Por este caso, a la fecha, han sido vinculadas 10 personas, una de ellas privada de la libertad y las otras nueve en proceso de judicialización a la espera de que un juez decida si las envía a la cárcel de manera preventiva para enfrentar este proceso penal.

A mediados de julio ocho de los implicados se declararon inocentes. Los llamados a responder son los empresarios Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias. Las pruebas que la Fiscalía tiene contra la empresa Lili Pink revelan que la red de contrabando estaba compuesta presuntamente por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. Entre los elementos que traían están prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos.

“Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”, explicó el ente investigador.

La Fiscalía General ha documentado el lavado de activos en cuantía de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones de pesos.

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Ya fue enviado a la cárcel Walter Francisco Martínez Martínez porque habría participado en la constitución, administración y representación legal de, al menos, siete empresas de papel importadoras, utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros.

La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, enfatizó la importancia del trabajo que han ejecutado estos grupos en terreno, bajo condiciones adversas impuestas por la temporada seca y las altas temperaturas que predominan en la región. Lozano expresó: "Aquí un reconocimiento total a estos héroes sin capa que tenemos: nuestros bomberos, PONALSAR, el BIADE 80, pero también a todos los organismos de socorro que han estado atentos, poniéndole el pecho a todas estas situaciones que se nos han venido presentando en el departamento".

El merecido homenaje toma especial relevancia considerando que el Tolima permanece en alto nivel de alerta por el riesgo de incendios forestales. De acuerdo con la misma fuente, desde inicios de mayo se han presentado 271 incendios, lo que ha resultado en la afectación de 1.555 hectáreas en distintas zonas del departamento. Pese a que las autoridades han logrado controlar varios eventos, aún persisten incendios activos —particularmente en municipios como San Luis, Casabianca y Coyaima— donde los organismos de emergencia continúan trabajando en la vigilancia y eliminación completa de los llamados puntos calientes.

Es importante resaltar que esta labor no solo corresponde a los cuerpos de bomberos. En la gestión de la emergencia han participado integrantes de la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Fuerza Pública, las administraciones municipales, diversos miembros de las comunidades y la Guardia Indígena. La presencia de estas entidades en el terreno ha sido fundamental para contener el avance del fuego y proteger los sectores más vulnerables del Tolima.

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¿Cuántos incendios forestales han afectado al Tolima y cuál ha sido el impacto?

Según datos proporcionados por la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, desde el inicio de mayo se han registrado 271 incendios forestales. Estas emergencias han afectado un total de 1.555 hectáreas en distintas regiones del departamento, lo que evidencia la magnitud del daño ambiental y el arduo trabajo de los organismos de socorro.

¿Quiénes participan en las labores de control de incendios en Tolima?

Además de los cuerpos de bomberos, en la respuesta a los incendios han participado organizaciones como la Defensa Civil, la Cruz Roja, PONALSAR, el BIADE 80, la Fuerza Pública, administraciones municipales, comunidades locales y la Guardia Indígena. Su intervención conjunta ha sido clave para atender emergencias y evitar la propagación de los incendios.

El espacio confirmó el fin de su ciclo a través de mensajes publicados en sus redes sociales y un especial en vivo, en el que agradeció a los televidentes por haber acompañado el proyecto durante estos años. Su salida coincide con el cierre del Gobierno Petro y la llegada de una nueva administración estatal que también traerá cambios en el Sistema de Medios Públicos.

Desde su creación, El Calentao Informativo buscó presentarse como un formato que mezclaba noticias, análisis y opinión sobre la actualidad nacional. Sin embargo, durante el cuatrienio de Gustavo Petro fue objeto de constantes críticas por parte de sectores políticos, periodistas y organizaciones, que consideraban que el programa mostraba casi exclusivamente los logros del Gobierno y evitaba cuestionar sus decisiones.

Una de las mayores polémicas ocurrió cuando el programa emitió un especial dedicado a Manuel Marulanda Vélez, ‘Tirofijo’, fundador de las Farc. La emisión generó un fuerte rechazo porque numerosos críticos consideraron que un medio público no debía rendir homenaje a una figura vinculada con décadas de violencia en Colombia.

Durante los últimos dos años, el programa estuvo dirigido por William Parra, quien fue designado como director de Noticias del Sistema de Medios Públicos RTVC.

Precisamente, la gestión de RTVC durante el Gobierno Petro estuvo rodeada de controversias, especialmente desde la llegada de Hollman Morris a la gerencia del sistema.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) aseguró haber documentado, desde abril de 2024, más de treinta testimonios de trabajadores que denunciaron presuntas presiones editoriales y episodios de censura dentro de la entidad.

Según la organización, varios periodistas manifestaron haber recibido instrucciones para modificar o eliminar contenidos relacionados con la oposición o con voces críticas al Gobierno. La Flip afirmó que estas prácticas habrían convertido a RTVC en una plataforma al servicio del Ejecutivo y afectado el pluralismo informativo que debe garantizar un medio público.

Entre las denuncias también se mencionó el supuesto veto a figuras como Juanita Goebertus, Jennifer Pedraza, Carolina Sanín y Katherine Miranda, así como la presunta censura de un reportaje que, según la organización, fue retirado horas antes de publicarse.

La Flip también sostuvo que Hollman Morris habría expresado su inconformidad ante directivos de otros medios por publicaciones relacionadas con RTVC. Morris ha rechazado esas acusaciones y ha sostenido que hacen parte de una campaña para desacreditar su gestión, mientras que Gustavo Petro respaldó públicamente su administración y llegó a calificar a RTVC como el “faro de la verdad”.

Con el final de El Calentao Informativo, concluye uno de los programas más emblemáticos y controvertidos de la televisión pública durante el Gobierno Petro, justo cuando Colombia se prepara para el cambio de gobierno con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia.

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El evento, realizado en Bogotá, reunió a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, junto con los directivos de las principales entidades del sector, quienes presentaron los resultados alcanzados durante el cuatrienio. La iniciativa buscó destacar el impacto de las obras más allá de las cifras, resaltando las historias y beneficios que han llegado a las comunidades gracias a los proyectos ejecutados.

Durante la apertura, el sector recordó algunos de los principales avances alcanzados en estos últimos cuatro años, entre ellos:

• La construcción y mejoramiento de carreteras.
• La recuperación del sistema ferroviario.
• La modernización de aeropuertos.
• El fortalecimiento de puertos.
• El impulso a la navegabilidad de los ríos, con el objetivo de conectar regiones históricamente apartadas y facilitar el acceso a nuevas oportunidades.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrega simbólica de reconocimientos a proyectos destacados liderados por las entidades adscritas al sector.

Instituto Nacional de Vías (Invías)

Resaltó iniciativas relacionadas con conectividad rural, infraestructura fluvial, recuperación vial y mecanismos innovadores de financiación. Entre las obras destacadas estuvieron el puente Mendihuaca, el puente La Uribe, el puente Necoclí, el Kilómetro 18 de la vía al Llano, la Variante de Ciénaga y el Túnel Daza.

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

Reconoció proyectos ferroviarios como La Dorada-Chiriguaná, Bogotá-Belencito y Sogamoso-Paipa, así como el inicio de obras estratégicas como ALO Sur, Accesos Norte y el corredor Estanquillo-Popayán. También sobresalieron iniciativas aeroportuarias y portuarias que fortalecen la conectividad del país.

Aeronáutica Civil

Presentó avances en modernización tecnológica, mejoramiento de pistas, nuevas rutas aéreas y renovación de infraestructura aeroportuaria. Entre los proyectos más destacados se encuentra el fortalecimiento de la Red Nacional de Vigilancia Aérea, una iniciativa que contempla la modernización de radares en ocho puntos estratégicos del país: Carepa, Tubará, Cerro Maco, La Viga, Cali, Picacho, Mitú y Leticia. Estas inversiones contribuyen a mejorar la seguridad operacional y la cobertura de vigilancia aérea en regiones clave como el Caribe, la Amazonía y el oriente colombiano.

Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT)

Destacó tres estudios estratégicos que buscan sentar las bases de la infraestructura del futuro en Colombia. La entidad resaltó la prefactibilidad para la optimización de la conexión Bogotá-Soacha, la conexión férrea Andes-Orinoquía entre Villavicencio y Puerto Gaitán y el Corredor Interoceánico, iniciativas que apuntan a mejorar la movilidad, fortalecer la integración logística entre regiones y potenciar la competitividad del país mediante proyectos de largo plazo que podrían transformar la conectividad nacional en los próximos años

Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

Puso en primer plano iniciativas orientadas a proteger la vida de los actores viales y fortalecer la cultura de la prevención en las carreteras del país. Fue reconocida la campaña ‘Rutas vivas y acciones pedagógicas’, una estrategia enfocada en promover comportamientos seguros y fortalecer la infraestructura vial desde una perspectiva educativa. Asimismo, la entidad resaltó programas como ‘Educación vial para la vida’, ‘Bicidestrezas’ y ‘Condudestrezas’ por su contribución a la formación de ciudadanos más conscientes y responsables en las vías.

 

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Superintendencia de Transporte

Destacó acciones orientadas al fortalecimiento del sistema portuario y a la protección de los usuarios de los diferentes modos de transporte. Durante la gala, la entidad entregó reconocimientos en las categorías ‘Fortalecimiento portuario’ y ‘Cultura del buen servicio’, iniciativas que buscan resaltar las buenas prácticas del sector y promover estándares más altos de calidad en la atención a los ciudadanos.

La ministra María Fernanda Rojas también entregó reconocimientos especiales a proyectos relacionados con la protección de la fauna, el impacto social de la infraestructura y las transformaciones regulatorias que beneficiaron a los transportadores.

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La ministra Rojas aseguró que el principal legado del sector no se mide únicamente por los kilómetros construidos o las obras entregadas, sino por las oportunidades que estas generan para las comunidades y las regiones del país. Con este balance, el Gobierno presentó los resultados de cuatro años de gestión en materia de transporte e infraestructura, destacando el papel de las obras como herramientas para fortalecer la conectividad, el desarrollo y la integración territorial de Colombia.

La emergencia fue reportada mediante una llamada de auxilio realizada por uno de los ocupantes, quien informó en la línea 123 que la lancha no podía continuar el recorrido y que, además, desconocían su ubicación exacta dentro del embalse, lo que obligó a las autoridades a activar un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Según informó la Gobernación de Antioquia, tras recibir la alerta se coordinó la atención de la emergencia con la Policía Nacional, que desplegó un operativo de búsqueda en diferentes sectores de este afluente, altamente turístico y donde de manera infortunada varias personas han perdido la vida por su profundidad y temperatura.

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“Se hace la destinación del caso a la Policía Nacional desde Marinilla hasta la estación Guatapé, con la capacidad fluvial que tiene la Policía Nacional, lo cual fue atendido oportunamente para salvaguardar la vida de estas personas y llevarlas a feliz término al municipio de Guatapé”, dijo Tomás Sierra Sierra, coordinador del Nodo Departamental de Seguridad.

De acuerdo con las autoridades, gracias a la rápida reacción, la embarcación fue localizada y los cinco turistas fueron rescatados y trasladados a un lugar seguro, sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones a su estado de salud.

Desde el 15 de septiembre de 2025, fecha en la que entró en funcionamiento en los 125 municipios del departamento, la Línea 123 Antioquia ha recibido 59.917 llamadas procedentes, las cuales fueron atendidas por las autoridades.

De acuerdo con declaraciones recogidas en 90 Minutos, el reconocimiento obtenido por la UAO responde a un esfuerzo integral que involucra investigación, innovación y formación integral de sus estudiantes. El vicerrector académico, Germán Gallego, señaló que uno de los principales atributos es el aprendizaje enfocado en la realidad de la región, permitiendo que las competencias y valores adquiridos por los estudiantes se apliquen a las necesidades locales. Asimismo, destacó la flexibilidad institucional, pues la universidad desarrolla una educación multimodal con modalidades presencial, virtual e híbrida. Todo esto responde a la variedad de necesidades de sus estudiantes.

Desde la perspectiva de la planeación y efectividad institucional, Ana Isabel Vargas resaltó que la obtención de la acreditación representa un reconocimiento muy importante al trabajo mancomunado de todas las personas que integran la comunidad universitaria. Según sus palabras, este avance no solo fortalece el proyecto educativo, sino que también refleja la madurez institucional que la universidad ha alcanzado en distintos frentes. Remarcó el papel estratégico de estudiantes, egresados, profesores, colaboradores y grupos de interés, quienes durante los últimos dos años han sido pilar fundamental para la obtención de este reconocimiento.

Al renovar la acreditación de alta calidad, la UAO reafirma su compromiso con el crecimiento regional, la sostenibilidad y la formación de profesionales preparados para transformar el país desde el conocimiento, tal como lo documenta 90 Minutos. Con esta distinción no solo se reconoce el trabajo realizado, sino la visión institucional de contribuir de manera significativa al desarrollo nacional y local.

Imagen tomada por Otto Valencia | Universidad Autónoma de Occidente.

¿Qué significa la acreditación institucional en alta calidad para la UAO?

La acreditación institucional en alta calidad significa que la UAO ha sido evaluada y reconocida oficialmente por cumplir de manera óptima con estándares académicos, formativos y de gestión. Esto abarca tanto la excelencia en la enseñanza como en procesos administrativos, investigación e innovación, y refleja un entorno educativo confiable para sus estudiantes y la región.

¿Cuáles son los principales atributos que destaca la UAO tras recibir su acreditación por ocho años?

De acuerdo con las declaraciones del vicerrector académico, los principales atributos son el enfoque en el aprendizaje aplicado a las necesidades de la región y la flexibilidad educativa. Esto implica una formación vinculada a contextos reales, así como una estructura multimodal que ofrece modalidades presencial, virtual e híbrida, adaptándose a las diversas necesidades de los estudiantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La petición no es una orden judicial ni implica una restricción migratoria inmediata. Según lo reseñado, el Congreso —y más específicamente el Senado— no ha tomado aún ninguna decisión al respecto y tampoco se ha emitido resolución por parte de otra autoridad que impida que Petro abandone el país tras dejar la Casa de Nariño. La solicitud fue dada a conocer en la cuenta oficial de X (antes Twitter) del exmandatario, en un ambiente político ya caldeado por los debates finales del mandato actual.

El fundamento de Pastrana es el artículo 196, que distingue entre las obligaciones del presidente en ejercicio y del expresidente. Así, el artículo señala que mientras el presidente está en funciones, solo debe informar con antelación al Senado sobre cualquier viaje internacional, sin requerir su autorización. La Corte Constitucional ha precisado que esta notificación no es una petición de permiso, así que el Senado no puede impedir ese viaje si se cumplió el aviso.

Sin embargo, la regla cambia una vez el presidente deja el poder: desde ese momento y durante el año siguiente, el exmandatario debe pedir permiso al Senado para salir del país. Es decir, si Petro desea trasladarse al extranjero antes del 7 de agosto de 2027, necesitará del aval explícito de la corporación legislativa.

No obstante, esa exigencia constitucional no es, por sí sola, un castigo ni una prohibición definitiva. El Senado estudiará cada caso según la petición que reciba. Hasta ahora, las polémicas mencionadas por Pastrana no han sido resueltas en los estrados judiciales y, por lo tanto, la prohibición de viaje no se ha materializado.

La confrontación pública entre Pastrana y Petro tiene antecedentes: ambos han protagonizado cruces de señalamientos que han llegado incluso a disputas legales. En este contexto, el llamado al Senado también se entiende como un nuevo episodio de una larga disputa política. Petro, a su vez, ha dejado entrever su interés en viajar a Estados Unidos, aunque cualquier desplazamiento depende del trámite institucional y la autorización previa del Congreso.

Por ahora, el papel del Senado será definitivo, pues debe decidir sobre la viabilidad de cada solicitud de Petro una vez este formalice el requerimiento. Todo ello anticipa que las decisiones alrededor de los desplazamientos del exmandatario seguirán siendo centro de debate y parte del ambiente político postpresidencial.

¿Qué dice el artículo 196 de la Constitución Política sobre la salida del país de un expresidente?

El artículo 196 de la Constitución Política establece que, tras dejar la Presidencia, el exmandatario no puede salir del país durante el año siguiente sin el permiso previo del Senado. Durante el ejercicio del cargo, solo debe notificar previamente sus viajes internacionales, pero no requiere autorización.

¿El Senado puede negar a Gustavo Petro el permiso para salir de Colombia después de dejar la Presidencia?

Sí, según lo señalado en la información, el Senado tiene la facultad de conceder o rechazar el permiso solicitado por el expresidente para salir del país durante el año posterior al término del mandato. Esta decisión debe tomarse caso por caso y no representa una sanción automática contra Petro.

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El procedimiento, según datos de la Gobernación del Tolima, representó un golpe económico relevante: el valor de la maquinaria incautada y desmantelada supera los 1.200 millones de pesos. La operación también tuvo impacto directo en los ingresos ilegales, pues las autoridades estiman que esta minería ilegal producía aproximadamente 4.000 gramos de oro mensuales. El valor de esa cantidad, según las cifras manejadas en el informe oficial, sobrepasaría los 174.000 millones de pesos, recursos que, conforme a los reportes, estaban destinados a fortalecer las finanzas del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) FARC Bloque Occidental, conocido como estructura "Ismael Ruiz".

En respuesta a estos hechos, la gobernadora Matiz envió un mensaje categórico a los grupos ilegales implicados en este negocio ilícito. Subrayó que las autoridades continuarán enfrentando a estas estructuras con decisión y sin descanso. "Los vamos a enfrentar de frente, sin descanso. En el Tolima no van a ganar terreno; aquí la autoridad se respeta y los delincuentes serán perseguidos hasta desmantelar sus estructuras", enfatizó Matiz. Asimismo, la mandataria departamental reiteró el compromiso de mantener el trabajo articulado con la Fuerza Pública, asegurando que las tareas seguirán orientadas a reforzar el control territorial y la protección de los recursos naturales de la región.

La gobernadora concluyó con la promesa de no retroceder en estas acciones, afirmando que continuarán las operaciones necesarias junto a las autoridades para defender el territorio y sus recursos.

¿Qué efectos tiene la minería ilegal en la economía y el territorio del Tolima?

De acuerdo con la Gobernación del Tolima, la minería ilegal causa graves perjuicios económicos y ambientales en la región. Los recursos obtenidos de esta actividad ilícita fortalecen las finanzas de grupos armados como el GAO-r FARC Bloque Occidental, estructura "Ismael Ruiz", mientras afecta negativamente al control territorial y la protección de los recursos naturales.

¿Cómo actuaron las autoridades para combatir la minería ilegal en Chaparral, Tolima?

Según la información oficial suministrada por la gobernadora Adriana Magali Matiz, las autoridades intervinieron dos unidades de producción minera, incautaron maquinaria pesada como retroexcavadoras y plantas eléctricas, y decomisaron insumos como ACPM y líquido hidráulico, todo ello con el fin de frenar la actividad ilegal y proteger los recursos naturales del departamento.

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A través de su cuenta oficial en X, Cabal no tardó en responder al balance que hizo la exfuncionaria sobre su paso por la administración central, resumiendo su postura con una frase lapidaria que revivió una de las consignas más sonadas de la campaña presidencial: “Francia, usted no gobernó pero sí vivió sabroso”, escribió la congresista, desatando todo tipo de reacciones entre simpatizantes y detractores del Gobierno saliente.

Este choque verbal pone sobre la mesa el agitado balance que deja el paso de Márquez por la alta consejería del Estado. Desde su llegada en agosto de 2022, la lideresa social rompió esquemas históricos al convertirse en la primera mujer afrodescendiente en ocupar la Vicepresidencia, anclando su discurso en la reivindicación de las comunidades históricamente excluidas, las mujeres, los pueblos indígenas y las regiones más apartadas y golpeadas por la violencia en el territorio colombiano.

Sin embargo, su gestión no estuvo exenta de profundas controversias políticas e institucionales. Su máxima apuesta estructural fue la creación y liderazgo del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, una cartera concebida para cerrar brechas sociales, pero que desde su nacimiento enfrentó fuertes tropiezos jurídicos —incluyendo demandas ante la Corte Constitucional por vicios de trámite—, cuestionamientos por baja ejecución presupuestal y duras críticas de la oposición debido al crecimiento de la planta burocrática y los costos de funcionamiento.

Francia, usted no gobernó pero sí vivió sabroso. pic.twitter.com/URRwoDNUFr

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 6, 2026

A lo largo del cuatrienio, sectores opositores liderados por figuras como la propia Cabal cuestionaron de manera permanente los desplazamientos en aeronaves oficiales de la funcionaria y los resultados concretos de su cartera, utilizando constantemente la célebre frase de campaña de Márquez como munición política para señalar lo que calificaban como una desconexión entre el discurso de austeridad y la realidad administrativa.

Asimismo, analistas políticos han recordado que la relación al interior de la cúpula gubernamental tuvo matices complejos. Aunque la fórmula presidencial mantuvo una fachada de disciplina institucional, la vicepresidenta operó con un margen de relativa autonomía enfocado en su agenda de derechos humanos y justicia racial, lo que en varios momentos evidenció diferencias de prioridades y de comunicación frente a las iniciativas macroeconómicas y legislativas impulsadas directamente desde el despacho del jefe de Estado.

De esta manera, el adiós de Francia Márquez al Gobierno cierra un capítulo histórico pero profundamente polarizado, donde mientras los sectores oficialistas defienden el valor simbólico y la apertura de espacios institucionales para las minorías, la oposición insiste en cobrar cuentas sobre la eficacia de su gestión, dejando caliente el terreno político de cara al nuevo panorama que ahora asume el país.

Entre los aspirantes, Carlos Mario Zuluaga, actual vicecontralor general, destaca por haber asumido la cabeza de la entidad tras la salida de Rodríguez y obtener el puntaje más alto en el examen de conocimientos, condición que lo posiciona como uno de los favoritos, según El Espectador. Otro contendiente relevante es Andrés Castro, personero de Bogotá, apoyado por el contralor saliente, mientras que Jorge Eliécer Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado, ha buscado posicionarse de manera estratégica, como cuando distribuyó la Ley Quinta, marco normativo del Congreso, entre los senadores en una reciente sesión.

La lista la completan figuras como Luis Enrique Abadía, contralor encargado y previamente delegado para la gestión pública, y Ana Elena Monsalvo, excontralora delegada para economía, quien tuvo presencia también en el equipo de empalme del Ministerio de Hacienda de De la Espriella. Sin embargo, el ambiente político es incierto y varios parlamentarios han manifestado a El Espectador que nada está decidido hasta que el nuevo presidente tome partido.

Pese a la pausa legislativa por los preparativos de la toma de posesión, los diez candidatos han estado presentes en los pasillos del Capitolio buscando respaldo ante las bancadas, según reporta El Espectador. La administración entrante, a través del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, reiteró estar al margen de la elección para preservar su autonomía, aunque señaló que buscan un consenso sin alianzas con el Pacto Histórico y en defensa de los intereses nacionales.

No obstante, las declaraciones de Lara Restrepo el 6 de agosto plantearon suspicacias sobre la neutralidad del proceso, al señalar que "el gobierno Petro necesita un contralor de bolsillo para tapar su inmisericorde corrupción", según citó El Espectador. Así, la decisión final que tomará el Congreso este 12 de agosto podría redefinir el equilibrio de poderes en el control fiscal colombiano.

¿Quiénes son los candidatos para la elección de Contralor general de la Nación en Colombia?

De acuerdo con la información de El Espectador, entre los diez candidatos que buscan dirigir la Contraloría General están Luis Enrique Abadía García, Andrés Castro Franco, Jorge Eliécer Laverde Vargas, Ana Elena Monsalvo Herrera, Carlos Mario Zuluaga Pardo, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Diana Carolina Torres García, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora y Rosalba Jazmín Cabrales Romero. Cada uno fue evaluado mediante pruebas y revisión de hojas de vida, y presentan distintos grados de respaldo político.

¿Por qué la elección del Contralor general es clave para el Congreso y el gobierno de Abelardo De la Espriella?

La elección del Contralor general reviste especial importancia porque este funcionario lidera el órgano de control fiscal y su designación marca el inicio de la agenda política bajo el nuevo presidente, en este caso Abelardo De la Espriella. Además, la postura de autonomía y las condiciones exigidas por la administración entrante podrían definir el tipo de relación que tendrá el gobierno con el Congreso y las fuerzas políticas, según información suministrada por El Espectador.

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En ese mismo contexto, se resalta la preparación avanzada en la universidad Santiago de Cali, donde se ultiman detalles para recibir a los invitados especiales que asistirán al acto de posesión del nuevo presidente. Según Noticiero 90 Minutos, se están acondicionando áreas específicas, dotándolas de sistemas de aire y carpas con el fin de proteger a aquellos asistentes que, por restricciones de espacio, no podrán permanecer en el interior del recinto principal. Estas medidas buscan garantizar el confort y la seguridad de los invitados, evidenciando la importancia que tiene la logística y la organización en eventos de esta magnitud para la ciudad y el país.

Por otra parte, la Asociación Gastronómica de Colombia ha manifestado su inconformidad ante la adopción del Día sin carro y moto en Cali como medida durante la fecha de la posesión presidencial. Los representantes del gremio aseguran que la restricción afecta al sector de restaurantes, que esperaba hasta 6 mil clientes durante esa jornada. De acuerdo con su pronunciamiento, esta decisión conlleva no solo la pérdida de potenciales visitantes, sino también la afectación de recursos ya invertidos en preparación y logística, lo cual puede generar impactos negativos a corto plazo para los empresarios del sector gastronómico en la ciudad.

Finalmente, fuera del contexto urbano, la región del Tolima enfrenta una emergencia ambiental debido a un fuerte incendio en San Luis. Según la información reportada, un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha ejecutado labores de control y sofocación del fuego utilizando el sistema Bambi Bucket, que permite cargar y descargar agua de manera eficiente. Más de 900 galones han sido lanzados para combatir las llamas, en un operativo que ilustra la relevancia del apoyo aéreo en la gestión de emergencias ambientales de gran escala.

¿Por qué la Asociación Gastronómica de Colombia rechaza el Día sin carro y moto en Cali?

La Asociación Gastronómica de Colombia rechaza la medida adoptada de Día sin carro y moto en Cali porque, según sus voceros, esto impedirá el flujo de hasta 6.000 potenciales clientes a los restaurantes locales. Aseguran que la decisión, tomada por la posesión presidencial, implica la pérdida de dinero ya invertido en logística y recursos para la atención de comensales.

¿Cómo se están preparando los espacios para los invitados a la posesión presidencial en Cali?

En la universidad Santiago de Cali se adelantan adecuaciones para recibir a los invitados especiales de la posesión. Entre las acciones resalta la instalación de sistemas de aire y carpas en áreas externas al recinto principal, con el objetivo de mitigar los efectos del clima y ofrecer condiciones adecuadas de comodidad y protección a quienes no podrán instalarse dentro del auditorio central.

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El caso de Alvarado es ilustrativo: originalmente llamado Caldas, fue rebautizado en honor al conquistador Pedro de Alvarado, quien acompañó la expedición de Sebastián de Belalcázar por la región. Por su parte, Anzoátegui, antes denominado Villa de la Palma, adoptó el apellido del general venezolano José Antonio Anzoátegui, figura relevante en la independencia liderada por Simón Bolívar. Ataco, inicialmente conocido como Ataico, recuerda a los caciques indígenas Ata e Ico y, con el tiempo, reflejó el nombre del pueblo indígena atacaima.

Otros municipios, como Cajamarca, pasaron de ser San Miguel de Perdomo a una palabra de origen quechua que significa "pueblo frío". Casabianca, antiguamente Santo Domingo, cambió de nombre en 1896 por Ordenanza 26, para rendir tributo al general Manuel Casabianca. En Dolores, el nombre original, San Antonio Abad del Páramo de los Dolores, fue acortado simplemente a Dolores, siguiendo la tendencia de eliminar denominaciones coloniales largas y religiosas.

Casos similares se observan en El Espinal, Fresno y Prado, donde la omisión de referencias religiosas dio paso a variantes más breves o asociadas con características naturales, como en Fresno, cuyo nombre proviene de la abundancia de estos árboles. Lérida toma inspiración de la ciudad española, mientras Melgar fue así denominada por María de Melgar, dueña de una hacienda local. La influencia de próceres, como Custodio García Rovira en Rovira y Marco Fidel Suárez en Suárez, muestra cómo la memoria histórica nacional se refleja en la nomenclatura municipal.

Algunos nombres, como Ibagué y Purificación, ilustran la transición de títulos fundacionales extensos y religiosos a formas más simples, que hoy conforman el acervo cultural del Tolima. Estas transformaciones, impulsadas por contextos sociales, políticos y administrativos, muestran cómo los nombres de los municipios constituyen testimonios vivos de la herencia e identidad tolimense.

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¿Por qué muchos municipios del Tolima cambiaron sus nombres originales por otros más cortos o diferentes?

La evolución en los nombres de los municipios del Tolima suele estar relacionada con cambios históricos y sociales: muchos territorios quisieron rendir homenaje a héroes de la independencia, expresidentes o personajes locales, mientras otros prefirieron abandonar los nombres largos y religiosos de la época colonial para adoptar denominaciones más simples, breves o vinculadas a la cultura y geografía regional.

¿Qué criterios motivaron los cambios de nombre en los municipios del Tolima?

Según la Gobernación del Tolima y los registros históricos, las razones principales detrás de estos cambios incluyen homenajes a figuras importantes de la historia colombiana, decisiones administrativas oficiales y la tendencia a simplificar o adaptar nombres coloniales extensos para ajustarse a la identidad moderna de cada municipio.

Una vez sofocado el fuego, los socorristas ingresaron a la vivienda con el objetivo de verificar la ausencia de nuevos focos de incendio. Fue entonces cuando realizaron un hallazgo estremecedor: en el interior del inmueble encontraron el cuerpo sin vida de una persona, completamente calcinado. Ante este descubrimiento, las autoridades acordonaron la zona de inmediato y dieron aviso a las entidades competentes, entre ellas la Sijín (Seccional de Investigación Judicial) y el CTI de la Fiscalía (Cuerpo Técnico de Investigación), quienes llegaron junto a personal de criminalística para realizar la inspección técnica del sitio y el levantamiento del cadáver.

La identidad exacta de la víctima aún no ha sido confirmada, aunque de manera preliminar se piensa que se trataría de un joven que habitaba en la misma residencia, según las primeras indagaciones en el lugar.

El caso tomó un giro particular cuando vecinos del sector relataron haber escuchado varias detonaciones y un estruendo fuerte momentos antes de iniciarse el incendio. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han podido establecer si estos hechos guardan conexión directa con el incendio o con el fallecimiento de la persona hallada. Por ello, todas las hipótesis continúan abiertas y la investigación sigue en curso.

Según las autoridades judiciales, se están recopilando pruebas materiales y testimonios de testigos para lograr esclarecer tanto el origen del incendio como las circunstancias exactas en las que perdió la vida la persona encontrada en el interior de la vivienda. Solo los resultados de esta investigación permitirán determinar si la víctima falleció a causa de la conflagración u ocurrió por alguna otra causa.

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¿Qué investigan las autoridades sobre el incendio en Guamo, Tolima?

Las autoridades están recolectando pruebas y testimonios para establecer el origen del incendio ocurrido en Guamo y precisar si la muerte de la persona hallada en la vivienda fue consecuencia directa de la conflagración o si existieron otros factores. Tanto los reportes de detonaciones previas como las evidencias recolectadas serán clave para esclarecer lo sucedido.

¿Cuál es la relación entre las detonaciones y la muerte en el incendio de Guamo?

Hasta el momento las autoridades no han confirmado si las detonaciones reportadas por los vecinos durante la madrugada guardan relación con el incendio o con la muerte de la persona encontrada calcinada. Todas las hipótesis permanecen en análisis durante la investigación y se considerarán los testimonios como parte fundamental de la pesquisa.

El mensaje fue publicado en su cuenta de X este jueves 6 de agosto, en vísperas de la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente. Allí, Alcocer explicó que conserva su tiquete de regreso y enfatizó que tanto su familia como su proyecto de vida permanecen en Colombia, descartando así las versiones que apuntaban a una eventual solicitud de asilo.

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Por compromisos personales agendados previamente, salí del país con mi tiquete de regreso. Toda mi vida y mi familia está en Colombia, en unos días volveré. Desde el inicio, nos pusimos a disposición de la justicia con transparencia de cara a esclarecer la verdad y así seguiremos

— Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) August 6, 2026

La exprimera dama también aprovechó el pronunciamiento para reiterar que seguirá colaborando con las autoridades frente a las investigaciones que han surgido por denuncias relacionadas con el anterior Gobierno. En ese sentido, afirmó que continuará compareciendo ante la justicia con el propósito de esclarecer los hechos que son materia de indagación.

El nombre de Alcocer volvió a ocupar la agenda pública después de la difusión de unos audios revelados por Semana, en los que Eva Ferrer, quien fue una de sus personas más cercanas, hizo referencia a presuntas irregularidades que involucrarían a la entonces primera dama. Alcocer ha rechazado esas versiones y sostiene que carecen de respaldo.

Como parte de su defensa, envió una comunicación a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la que negó haber participado en conductas irregulares y manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades. En el documento insistió en que las acusaciones divulgadas públicamente no corresponden a la realidad.

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Paralelamente, sus abogados solicitaron a la Fiscalía informar si existe una investigación formal derivada de las revelaciones hechas por Eva Ferrer. La petición se produjo luego de que varios medios reportaran que el ente acusador habría iniciado actuaciones para verificar el contenido de los audios conocidos recientemente.

Hemos enviado derecho de petición a la @FiscaliaCol para solicitar información con el legítimo interés de restablecer prontamente mi buen nombre y el de mi familia. pic.twitter.com/P4maNBtBu5

— Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) August 5, 2026

La operación se llevó a cabo este martes sobre la vía Panamericana, en el kilómetro 87, sector de la vereda San Rafael, en jurisdicción de Santander de Quilichao, Cauca, donde las autoridades interceptaron un autobús acondicionado con 420 kilogramos de nitrato de amonio distribuidos en siete cilindros, además de estructuras que, al parecer, servirían como plataformas de lanzamiento.

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De acuerdo con la información preliminar, el vehículo había sido acondicionado para ser utilizado como un bus bomba y, según la investigación, su objetivo era atacar instalaciones militares y policiales en Cali durante los eventos relacionados con la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella.

Las autoridades atribuyen la planeación del atentado al Frente ‘Jaime Martínez’, una estructura del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’ y señalan como responsable de la preparación del vehículo a alias ‘Max Max’, identificado como el principal explosivista de esa organización.

Inteligencia militar también sostiene que la acción habría sido ordenada por el propio alias ‘Iván Mordisco’, con el propósito de generar un hecho de alto impacto durante la jornada de posesión.

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Tras la interceptación, equipos antiexplosivos trasladaron los siete artefactos explosivos improvisados a una zona segura en zona rural de Santander de Quilichao, donde fueron destruidos mediante detonaciones controladas para eliminar cualquier riesgo para la población.

Además del material explosivo, las autoridades incautaron el autobús utilizado para transportar la carga y siete rampas de lanzamiento que hacían parte del acondicionamiento del vehículo.

Jaramillo aseguró haber sido el único funcionario del gabinete que fue llevado prácticamente a un juicio ante la Corte. “Es el único ministro a que lo llevaron casi a juicio. Me hicieron un juicio en la corte para defenderme y tener que explicar claramente todos, cada una de las cosas”, afirmó el saliente funcionario, que describió el proceso como un señalamiento directo a su gestión.

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El ministro explicó que una de las decisiones que desató el escrutinio judicial fue el aumento del 4,5 % en la transferencia de recursos a las EPS, lo que representó 4,5 billones de pesos destinados al pago de los equipos básicos de salud. Sin embargo, la Corte frenó esa medida.

“¿Sabe qué hizo la Corte? Dijo no, usted no puede pedir los años que paguen. Me tocó conseguir con el presidente más recursos para poder pagar los equipos básicos adicionales de la salud”, afirmó.

A pesar de la presión jurídica acumulada, Jaramillo expresó cierto alivio al señalar que, al no ser ya ministro, considera menos probable una detención inmediata. “Creo que aquí a juego ya no me van a arrestar ni multar porque ya no soy ministro”, indicó, aunque dejó abierta la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en los días que restan antes del cambio de administración.

El funcionario también lanzó una advertencia velada hacia quienes asuman cargos en el próximo gobierno, sugiriendo que serán tratados de manera distinta por los organismos de control. “Ahora vamos a ver cómo tratan a los que van a llegar. Seguramente muy diferente”, sentenció.

¿Por qué la Corte intervino en las decisiones del ministro de Salud Jaramillo?

La Corte cuestionó la facultad del ministro para exigir a las EPS el pago de vigencias anteriores con los recursos adicionales girados. Esa restricción obligó a Jaramillo a buscar partidas presupuestales complementarias junto con el presidente Petro para cubrir los equipos básicos de atención en salud.

¿Qué podría ocurrir con los exministros del gobierno Petro tras el 7 de agosto?

Con el fin del mandato, los exfuncionarios pierden el fuero que acompaña al cargo, lo que modifica las instancias competentes para investigarlos o juzgarlos. Organizaciones de seguimiento al poder público han señalado que ese tránsito suele reactivar o acelerar procesos que estaban represados durante la administración.

El pronunciamiento surgió tras conocerse que el Tribunal Superior de Barranquilla revocó la sentencia de primera instancia y decretó la nulidad del preacuerdo por el delito de lesiones personales. Según la entidad judicial, la conducta atribuida a Luisra Solano presentaría indicios claros de que su intención era acabar con la vida de Juan Sebastián Daza. De acuerdo con el análisis de los Elementos Materiales Probatorios (EMP) realizado por el Tribunal, el caso debe continuar bajo el cargo de tentativa de homicidio agravado.

En consecuencia, los representantes de la víctima comunicaron que continuarán impulsando el proceso judicial hasta lograr una sentencia condenatoria acorde con la gravedad del caso. Además, recalcaron que trabajarán para alcanzar una reparación integral en beneficio de Daza, quien todavía enfrenta secuelas tras el ataque ocurrido el 28 de agosto de 2023 en Barranquilla. En ese momento, Daza se desempeñaba como mánager de Solano y resultó gravemente herido. Inicialmente, el proceso judicial avanzó sobre la base de un preacuerdo por lesiones personales; sin embargo, esa decisión fue anulada al considerarse incongruente con el material probatorio disponible.

La defensa de Daza, en la voz de Pipe Caballero, sostuvo que la anulación del preacuerdo representa un avance importante en la defensa de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal. Caballero reafirmó el compromiso de buscar una sanción que refleje la verdadera dimensión de los hechos y, al mismo tiempo, sirva como precedente dentro de casos similares.

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¿Por qué fue anulado el preacuerdo entre Luisra Solano y la Fiscalía en el caso de Juan Sebastián Daza?

La anulación del preacuerdo se produjo porque el Tribunal Superior de Barranquilla, luego de analizar los Elementos Materiales Probatorios (EMP), determinó que existían indicios suficientes para considerar que la conducta del cantante Luisra Solano iba más allá del delito de lesiones personales y evidenciaba una presunta intención de matar a Juan Sebastián Daza. Por tal motivo, se ordenó que el proceso continúe bajo el cargo de tentativa de homicidio agravado.

¿Cuál es la posición de la defensa de Juan Sebastián Daza frente a futuras negociaciones con la Fiscalía?

La defensa de Juan Sebastián Daza, encabezada por el abogado Pipe Caballero, manifestó con claridad que no apoyarán ninguna negociación futura entre el procesado y la Fiscalía. Su objetivo principal será lograr una condena que implique prisión para Solano y una reparación integral para la víctima, rechazando cualquier acuerdo que no se ajuste a la gravedad de los hechos demostrados en el proceso.

La Procuraduría, a través de la Delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR, hizo énfasis en que cualquier decisión sobre tres convocatorias específicas (44, 45 y 50), las cuales suman cerca de 900.000 millones de pesos colombianos, requiere un análisis a fondo sobre la conveniencia, viabilidad, alcance e impacto de los proyectos postulados. Solicitaron que la sesión, la número 74, fuera de carácter deliberativo e informativo y que los puntos para decisión se aplazaran, argumentando la necesidad de transparencia y de conocer a fondo cada propuesta antes de tomar determinaciones con amplia repercusión social, técnica y financiera.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) también advirtió sobre riesgos jurídicos que podrían surgir si se avalan proyectos con inconsistencias, como lo expresó Juan Camilo Mergesh, subdirector de Ciencia, Tecnología e Innovación del DNP, en un documento conocido por El Espectador. El DNP señaló que su participación ha sido limitada en el proceso de revisión de documentos técnicos y presupuestales, y que no contar con esta información impide evaluar si los proyectos cumplen con los criterios de viabilidad que exige la normativa.

En detalle, la convocatoria 44 focaliza recursos en la formación de talento de alto nivel mediante créditos educativos condonables otorgados a través de alianzas entre instituciones universitarias. La convocatoria 45 busca fortalecer y crear nuevas capacidades en centros de investigación tecnológicos, financiando cuatro proyectos de nivel nacional y priorizando la atención a demandas territoriales. Por último, la convocatoria 50 está orientada al fomento de la investigación básica en ciencias y humanidades, destinando su presupuesto a la generación y apropiación de conocimiento, así como la divulgación científica.

¿Por qué la Procuraduría pidió aplazar la sesión del OCAD CTel sobre regalías?

La Procuraduría solicitó el aplazamiento para tener tiempo suficiente y analizar de manera adecuada la pertinencia, el impacto y la viabilidad de los proyectos científicos que optan por recursos del Sistema General de Regalías. Insistió en la importancia de la transparencia y la información completa antes de tomar decisiones, considerando los riesgos jurídicos y administrativos señalados por el Departamento Nacional de Planeación.

¿Cuáles son los objetivos de las convocatorias 44, 45 y 50 del SGR en ciencia y tecnología?

Las convocatorias 44, 45 y 50 buscan fortalecer la investigación y formación científica en Colombia. La 44 financia formación avanzada mediante créditos condonables para estudios en universidades; la 45 está enfocada en mejorar e impulsar nuevos centros de investigación y desarrollo; y la 50 apoya proyectos de investigación básica, divulgación y colaboración académica interdisciplinaria.

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Para el analista, resulta fundamental separar las narrativas políticas de las realidades objetivas que dictan el día a día en las regiones más golpeadas por la violencia. En primer lugar, Forero cuestionó sin ambages la concepción estratégica de la denominada política de paz del gobierno saliente, señalando que los supuestos teóricos bajo los cuales se diseñó no respondieron a la dinámica real de la criminalidad actual en el territorio nacional. “La paz total fue un gran fracaso porque estaba concebido en términos de un conflicto armado que ya no existe en Colombia”, sentenció enfáticamente el experto ante los micrófonos de la emisora, poniendo en tela de juicio la eficacia de los diálogos y acuerdos parciales sostenidos con distintas estructuras armadas ilegales que operan al margen de la ley, de acuerdo con el informe periodístico.

Sin embargo, el análisis presentado por el panelista fue mucho más allá de una simple crítica coyuntural al cuatrienio que finaliza, al incorporar un componente histórico que apunta directamente a las responsabilidades acumuladas desde administraciones anteriores. Forero advirtió con vehemencia que la crisis de orden público no es un fenómeno exclusivo de los últimos cuatro años, sino que responde a un debilitamiento progresivo y acelerado que ha venido gestándose de manera constante desde el año 2018, de acuerdo con el recuento político del programa.

Al respecto, el analista fustigó la forma en que se manejaron las directrices de defensa y negociación en el mandato del expresidente Iván Duque, calificando aquellas decisiones bajo términos severos sobre la falta de una estrategia sólida de contención y control estatal. “En el gobierno anterior no hubo una política de negociación, hubo una política de ajúa, ahí empezó ese deterioro, el estado lleva dos gobiernos debilitando muchísimo el equilibrio de fuerzas con los grupos armados”, puntualizó el experto, enfatizando que tanto la administración saliente como la precedente permitieron que las organizaciones criminales ganaran terreno y capacidad de intimidación frente a las instituciones democráticas, según consignó el medio de comunicación.

Frente a este complejo panorama heredado, Forero hizo un llamado a la mesura y al realismo político, advirtiendo a la ciudadanía que las problemáticas estructurales de violencia no se resolverán de manera mágica ni automática tras el cambio de mando presidencial. La ilusión de que una simple transición de gobierno baste para restablecer el orden público es una falacia peligrosa, por lo que el verdadero peso de la prueba recaerá sobre las decisiones ejecutivas que se adopten desde el primer día de gobierno, de acuerdo con el análisis radial.

De esta manera, la gran incógnita que deberá despejar el nuevo equipo gubernamental gira en torno a la arquitectura operativa y estratégica que se implementará de manera urgente para recuperar el monopolio de la fuerza, garantizar la protección de las comunidades vulnerables y restablecer el balance de poder frente a los grupos armados ilegales en las regiones más críticas del territorio nacional, concluyó el analista en el espacio de debate.

El organismo concluyó que estas entidades presentan graves barreras para el acceso a la atención médica y un deterioro financiero que compromete su sostenibilidad.

Entre las principales irregularidades identificadas se encuentran el incremento de peticiones, quejas y reclamos, demoras en la asignación de citas con especialistas, dificultades para autorizar procedimientos y tecnologías en salud, así como retrasos en la entrega de medicamentos, factores que han disparado las acciones de tutela interpuestas por los usuarios.

El caso más preocupante es el de Nueva EPS, que registra pasivos superiores a $22 billones y pérdidas acumuladas por más de $11 billones.

Además, sus estados financieros no cuentan con un dictamen favorable de la revisoría fiscal y ha tenido cinco interventores en apenas dos años. Solo en el primer trimestre de 2026 acumuló 40.668 tutelas.

La Procuraduría también advirtió posibles omisiones del Ministerio de Salud y de la Superintendencia Nacional de Salud por presuntas fallas en la administración, vigilancia y control del sistema.

El pasado 28 de julio, más de 70 participantes asistieron al auditorio de la Alcaldía Local de Usme para comenzar un proceso de formación especialmente enfocado en el desarrollo y acompañamiento para pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con la información presentada en la página oficial de la Alcaldía Local de Usme, el objetivo principal es promover la consolidación y competitividad de las unidades de negocio que operan en esta zona del sur de Bogotá.

Durante las tres semanas que dura la Ruta de Formación, los participantes recibirán asesorías personalizadas que les permitirán identificar las principales necesidades y desafíos que enfrentan en sus emprendimientos. Según la estrategia, los asistentes contarán con capacitación en áreas fundamentales para cualquier negocio emergente, como la construcción de modelos de negocio, la retención y fidelización de clientes, gestión de finanzas, ventas y el aprovechamiento de herramientas de marketing digital. Todas estas temáticas pretenden fomentar el desarrollo sostenible de los emprendimientos y dotar a los emprendedores de recursos prácticos para mejorar su competitividad en el mercado local.

La iniciativa se enmarca en el interés de la Alcaldía Local de Usme de impulsar el emprendimiento y fortalecer las oportunidades económicas en la localidad. Esta apuesta institucional pretende responder a las necesidades de la comunidad usmeña, generando un impacto positivo en el desarrollo económico y contribuyendo al bienestar social de sus habitantes. De acuerdo con lo presentado en la información oficial, la creación de estrategias como la Ruta de Formación evidencia el compromiso de las autoridades locales por acompañar y fortalecer el ecosistema empresarial, facilitando espacios de aprendizaje y acceso a conocimientos clave para el crecimiento de los negocios.

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¿En qué consiste la Ruta de Formación para Emprendedores de Usme?

La Ruta de Formación para Emprendedores de Usme es una estrategia desarrollada por la Alcaldía Local de Usme, en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, que brinda asesorías personalizadas y capacitaciones sobre modelos de negocio, fidelización de clientes, finanzas y marketing digital. Está dirigida a emprendedores locales que buscan fortalecer sus unidades de negocio y acceder a oportunidades de desarrollo económico.

¿Qué beneficios recibe un emprendedor que participa en esta Ruta de Formación?

Quienes participan en la Ruta de Formación reciben asesoramiento adaptado a sus necesidades, acceso a capacitaciones prácticas en temas empresariales clave y acompañamiento para potenciar la competitividad de sus negocios. Además, se fomenta la creación de redes y el fortalecimiento del tejido empresarial en la localidad de Usme.

De manera unánime, diferentes sectores consultados reconocen la experiencia y capacidad de quienes conforman el nuevo gabinete presidencial. Sin embargo, tanto actores políticos como líderes empresariales han expresado preocupación ante la ausencia de risaraldenses en cargos ministeriales, señalando que esto podría dificultar la interlocución directa con el Ejecutivo y limitar el impulso de proyectos específicos para el departamento.

En palabras del representante a la Cámara Durguez Espinoza, a pesar de que Risaralda cuenta con profesionales de alto nivel y una sólida tradición en el servicio público, ningún ciudadano de la región fue incluido en el gabinete. Espinoza atribuyó esta falta de representación a la gestión de quienes lideraron la campaña presidencial en Risaralda, sugiriendo que no hubo suficiente negociación para asegurar un espacio para el departamento. El funcionario resaltó que contar con un ministro local es clave porque facilita la comunicación con el Ejecutivo y puede contribuir a priorizar iniciativas claves para el territorio.

Por su parte, Fernando Arias Cardona, también representante a la Cámara por Risaralda, interpretó la situación como una evidencia de olvido institucional hacia el departamento. No obstante, insistió en que lo fundamental será el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el nuevo Gobierno, independientemente del origen regional de los ministros. Arias Cardona anunció que vigilará el avance de proyectos estratégicos, tales como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para Pereira y Dosquebradas, las obras viales en la región del Samán, el Hospital de Alta Complejidad y el Centro de Innovación y Biotecnología Industrial (CIBI), buscando que obtengan financiación en el Plan Nacional de Desarrollo.

El sector empresarial, representado por el Director Ejecutivo de Fenalco Risaralda, Sebastián Restrepo, también lamentó la ausencia de liderazgo regional en el gabinete, recalcando que tener representantes en altos cargos nacionales fortalece la voz de los territorios. Pese a ello, consideró que aún existen cargos directivos pendientes de nombramiento donde podrían llegar profesionales del departamento.

Alexander Ríos Arboleda, columnista del Diario del Otún, aportó una perspectiva más estructural, recordando que existen 32 departamentos en el país y solo 19 ministerios, por lo que la ausencia de un risaraldense no necesariamente condena a la región a la falta de inversiones. Señaló como fundamental la presentación de proyectos sólidos y maduros, así como la coordinación entre gobernantes y representantes para lograr priorización presupuestal.

Así, mientras persiste la preocupación sobre una oportunidad perdida para ejercer mayor influencia desde la cúpula ministerial, los diferentes actores coinciden en que el reto central está en mantener el respaldo del Gobierno Nacional para las prioridades de Risaralda durante el próximo cuatrienio.

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¿Por qué Risaralda no tiene representación en el gabinete ministerial del nuevo Gobierno Nacional?

Según declaraciones recogidas por Diario del Otún, la ausencia de figuras de Risaralda en el gabinete del presidente electo Abelardo De la Espriella se atribuye a la falta de gestión política durante la campaña y a la dificultad de asegurar espacios, pese a la existencia de candidatos calificados en el departamento. Los representantes señalan que este aspecto refleja desafíos en la negociación regional y la dificultad de influir en la conformación de equipos de Gobierno a nivel nacional.

¿Qué impacto puede tener para Risaralda la falta de ministros en el Gobierno Nacional?

De acuerdo con los líderes políticos y empresariales citados, no contar con un ministro de origen risaraldense podría dificultar la defensa de los proyectos territoriales y la interlocución directa con el Ejecutivo. Sin embargo, existe consenso en que lo importante será lograr que los compromisos con el departamento se cumplan, mediante la presentación de proyectos estratégicos bien estructurados y la acción coordinada de los actores regionales.

De acuerdo con la información presentada por la mandataria, Ibagué fue incluida entre las nueve ciudades seleccionadas para integrar el Bloque de Seguridad Urbana, una iniciativa que pretende una acción articulada entre el Gobierno nacional y las autoridades municipales para combatir la inseguridad. La alcaldesa destacó que la incorporación a este bloque implica una mayor coordinación con la administración nacional y la posibilidad de enfrentar de manera más efectiva distintas modalidades delictivas que se han incrementado en los últimos tiempos.

En palabras textuales de Aranda: “Hoy somos parte del Bloque de Seguridad Urbana, una estrategia que reúne a varias ciudades del país para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana”. Esta nueva dinámica contempla no solo el aumento del pie de fuerza con la llegada de 150 uniformados, sino también una colaboración permanente con las demás ciudades incluidas en la estrategia, lo que permitirá enfrentar con mayor contundencia a las estructuras delincuenciales que operan a nivel nacional.

La mandataria también subrayó que la seguridad es tarea de todos: no solo de las instituciones del Estado sino también de la ciudadanía. En ese sentido, resaltó la importancia de la participación activa de la comunidad como complemento fundamental en la lucha contra la criminalidad. Ibagué se suma así a un grupo selecto de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta y Soacha, territorios priorizados por el nuevo Gobierno en el esfuerzo por consolidar la seguridad urbana.

Según la administración municipal, esta priorización permitirá acceder a mejores recursos, acompañamiento institucional y mecanismos articulados de trabajo que buscarán mejorar la tranquilidad de los ciudadanos en el corto plazo.

¿Qué es el Bloque de Seguridad Urbana y cómo funcionará en Ibagué?

El Bloque de Seguridad Urbana es una estrategia nacional anunciada en la Cumbre Nacional de Seguridad. Según la alcaldesa Johana Aranda, busca fortalecer la seguridad mediante el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, autoridades municipales y la Fuerza Pública, apoyando la vigilancia y la reacción ante delitos en ciudades priorizadas, como Ibagué.

¿Cuántos policías llegarán a Ibagué y cuál será su función?

De acuerdo con la información entregada por la alcaldesa Johana Aranda, Ibagué contará con el respaldo de 150 nuevos integrantes de la Policía Nacional, quienes estarán encargados de labores de prevención, control y reacción frente a la criminalidad en la ciudad.

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Según datos presentados, el 88 % de los ataques con drones han sido atribuidos a organizaciones criminales comandadas por el alias ‘Mordisco’, mientras que el 12 % corresponde a hechos asociados con integrantes del cartel del narcotráfico del Eln. Las regiones más afectadas se concentran en el Cauca, seguido por Valle del Cauca, Chocó, Nariño y, en menor medida, Norte de Santander. El ministro Sánchez expuso que el principal reto es encontrar un equilibrio entre la búsqueda de seguridad y el uso civil legítimo de los drones para fines comerciales y de desarrollo.

El texto del proyecto de ley prevé una acción coordinada con el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil para establecer un régimen integral que abarque todo el ciclo de vida de los drones: importación, fabricación, comercialización, adquisición, registro, uso, porte, transporte, vigilancia y control. La intención es reforzar la vigilancia estatal sobre estas tecnologías, garantizando que su utilización se mantenga en un marco seguro, responsable y legal. Además, la propuesta busca regular los usos civiles, otorgando mayor claridad y certeza jurídica a individuos, empresas y sectores productivos que emplean estos dispositivos de forma lícita.

El proyecto también determina un marco de control específico para el empleo de sistemas antidrones, restringiendo su utilización únicamente a actividades de vigilancia y seguridad privada, bajo condiciones estrictas y reguladas por la ley. La norma propuesta, puntualizó el ministro, incorpora nuevos comportamientos sancionados por contrariar la convivencia y subraya la relevancia de los drones como herramientas de innovación, siempre y cuando no sean empleadas para actos criminales. Sánchez concluyó que el propósito central es fortalecer la seguridad nacional, proteger a ciudadanos y agentes del Estado y limitar a los grupos ilegales el uso de estas tecnologías.

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¿Cómo afecta el uso de drones comerciales a la seguridad en Colombia?

El uso de drones comerciales ha hecho más compleja la situación de seguridad en Colombia, ya que estos dispositivos han sido empleados para perpetrar ataques contra uniformados y civiles. Según datos del Ministerio de Defensa, en los últimos dos años se registraron 320 víctimas por ataques con estos aparatos, siendo el Cauca el departamento más impactado. Las acciones criminales son atribuidas principalmente a grupos armados ilegales como los comandados por alias ‘Mordisco’ y integrantes del Eln.

¿Qué propone el proyecto de ley del Ministerio de Defensa para regular drones en Colombia?

El proyecto de ley presentado por el ministro Pedro Sánchez propone coordinar al Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil para establecer un régimen integral que supervise todas las etapas relacionadas con drones: desde la importación hasta el control de uso. La normativa busca asegurar que los drones se empleen de manera segura y legal, además de garantizar un uso civil legítimo y restringir el acceso y operación de sistemas antidrones a actividades de vigilancia y seguridad privada bajo condiciones estrictamente reguladas.

En la misiva, Leyva recuerda que, tras abandonar el Gobierno, decidió denunciar públicamente a Petro mediante varias cartas en las que cuestionó su comportamiento personal y su forma de ejercer el poder. Además, afirma que posteriormente llevó esas acusaciones ante las autoridades de Estados Unidos. “En razón de conductas penales propias de un delictual comportamiento suyo acudí a la justicia de Estados Unidos de América“, escribió el excanciller.

Según Leyva, presentó dos denuncias en territorio estadounidense y, posteriormente, cuando hubo cambios en el Departamento de Justicia, remitió nuevamente los expedientes al fiscal general encargado, Todd Blanch.

“Dos denuncias fueron interpuestas en su país por quién hoy les escribe. Tras la salida del cargo de la entonces Fiscal General (…) al hoy encargado Fiscal General Señor Todd Blanch le fue enviada copia de los expedientes con iguales pretensiones y alcances”, afirmó.

Uno de los puntos centrales de la carta es la situación política que vive Colombia tras las elecciones presidenciales. Leyva recordó que semanas atrás había advertido públicamente que Petro podría desconocer una eventual victoria de Abelardo de la Espriella y aseguró que, a su juicio, ese escenario ya se estaría materializando.

“Hoy desconoce su legitimidad tras haber sido favorecido por las mayorías después de franca y limpia lid atenida a normas jurídicas vigiladas por las autoridades competentes en compañía de numerosos observadores electorales internacionales”, señaló.

El exfuncionario también hizo referencia a las recientes publicaciones del presidente Petro sobre las elecciones. En su carta sostiene que el mandatario “insistió en el triunfo del otrora competidor derrotado señor Iván Cepeda Castro” y asegura que esa postura tendría como propósito “minar la democracia”.

(Vea también: “Va a estar bien cansón”: advierten lo que le viene a Colombia con Petro como expresidente)

En otro de los apartes más fuertes del documento, Leyva afirma que las actuaciones del presidente representarían una invitación a desconocer el orden institucional. “Todo con una intención dolosa: minar la democracia. Trátase de una clara invitación a la franca rebeldía contra el orden establecido”, escribió.

Además, agregó que, en su criterio, esa conducta buscaría “disfrazar la inmunda corrupción suya, la de su gobierno y sus cercanos círculos“.

La carta concluye con un mensaje dirigido directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, en el que hace referencia a la posesión presidencial prevista para el 7 de agosto. “Mañana será usted testigo y/o la delegación americana presente, de un nuevo amanecer. Esto debe defenderse“, expresó.

Finalmente, Leyva reiteró que está dispuesto a colaborar con las autoridades judiciales de Estados Unidos en cualquier actuación relacionada con sus denuncias contra Gustavo Petro. “Les manifiesto que me pongo a las órdenes del USA Fiscal encargado señor Todd Blanch para lo que haya menester”, concluye la carta.

Hasta el momento, ni el presidente Gustavo Petro ni la Casa de Nariño se han pronunciado sobre esta nueva comunicación del excanciller, quien en los últimos meses ha mantenido una fuerte confrontación pública con el mandatario mediante cartas y declaraciones en las que ha cuestionado su comportamiento y diversas decisiones de su gobierno.

La solicitud de Severini para ser aceptado ante la JEP había sido radicada inicialmente en octubre de 2018; en ese momento fue rechazada porque el tribunal consideró que estaba fuera de su competencia. Sin embargo, después de un recurso de reposición, la Sala de Reconocimiento lo admitió, señalándolo como tercero civil y no como paramilitar. Severini fue capturado en septiembre de 2025 tras años de estar prófugo, para cumplir una condena de 33 años por el asesinato de la lideresa sindical Ledys Marina Pertuz en 2002.

Durante sus declaraciones ante la JEP en diciembre de 2025 y marzo de 2026, Severini reconoció su participación en al menos 299 homicidios y explicó la relación entre las AUC y sectores económicos, políticos y ganaderos de la región Caribe. A través de sus testimonios, también se conocieron detalles sobre alianzas entre autodefensas, empresarios y políticos como Jorge Gnecco y Salvatore Mancuso, así como sobre el respaldo a José Félix Lafaurie para la presidencia de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).

El auto de la JEP documenta crímenes atribuidos al Bloque Norte y a Severini, como la masacre de Salaminita en 1999 y la incursión en Nueva Venecia en 2000, hechos que dejaron decenas de muertos, desaparecidos y desplazados. Entre sus conductas, la Sala resaltó la entrega de listados de presuntos colaboradores de la guerrilla para asesinarlos y el beneficio personal obtenido por Severini mediante protección de los paramilitares y adquisición irregular de tierras. Las versiones de otros exparamilitares, como Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40’), confirmaron su papel como intermediario político y económico.

Finalmente, la JEP determinó que Severini no fue comandante armado, pero sí pieza fundamental en la consolidación de las AUC en Magdalena, valiéndose de su posición de ganadero influyente. Por ello, ordenó su vinculación al subcaso Gran Magdalena, el cual investiga crímenes de la fuerza pública y civiles aliados con paramilitares, y le exigió rendir versión voluntaria, manteniéndolo bajo reclusión en la cárcel de Cómbita.

¿Por qué la JEP admitió a Saúl Severini Caballero como tercero civil y no como paramilitar?

La Sala de Reconocimiento de Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó a Saúl Severini en el sistema de justicia transicional no en calidad de exparamilitar, sino como tercero civil. Esta decisión se fundamentó en el análisis de su papel como financiador, intermediario político y económico, y facilitador de la incursión paramilitar en Magdalena, pero sin un rol de comandancia armada formal dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esto lo ubica bajo una figura jurídica distinta y amplía el enfoque de la investigación para abordar la responsabilidad de civiles influyentes en la expansión del paramilitarismo.

¿Qué actos y crímenes se le atribuyen a Saúl Severini según la JEP?

La JEP documentó que Severini facilitó la entrada de las AUC a Pivijay, Magdalena, participó directa o indirectamente en homicidios, desplazamientos, desapariciones forzadas y masacres, como las de Salaminita y Nueva Venecia. Asimismo, utilizó su posición de poder para señalar falsamente a presuntos colaboradores de la guerrilla, quienes luego fueron asesinados, y se benefició del accionar armado con protección y adquisición ilícita de tierras.

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A través de un fuerte pronunciamiento, Dávila no ocultó su alivio ante la salida del jefe de Estado del poder: “¿Están felices porque se va Petro de la presidencia, solo en horas? Parece mentira. Bendito Dios. Bendito sea mi Dios, después de 4 años de tortura y una inmensa corrupción, se va Petro de la presidencia con todos sus secuaces”, señaló la comunicadora.

Estas palabras reflejan el punto más álgido de la tensa relación que la periodista y el mandatario mantuvieron durante todo el cuatrienio. Los choques frontales, los debates en redes sociales y los pulsos políticos constantes marcaron un pulso constante entre el Gobierno y los medios, alimentado además por las aspiraciones políticas de Dávila de cara al futuro de la nación.

En su declaración, la periodista también puso sobre la mesa las recientes advertencias hechas por el líder de la izquierda sobre convocar a la ciudadanía en defensa de su gestión: “Petro cree que está por encima de la ley. Pide que si lo llegan a ‘tocar’, convoquen una huelga general indefinida”, cuestionó tajantemente.

¿Están felices porque se va Petro de la presidencia, solo en horas? Parece mentira. Bendito Dios.

Déjame aquí tu mensaje que quisieras mandarle a Petro, antes de que se vaya. pic.twitter.com/FLhDise6g8

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 6, 2026

Finalmente, el pronunciamiento de Dávila puso el foco sobre los múltiples escándalos de corrupción que sacudieron al Ejecutivo —desde cuestionadas contrataciones en entidades clave hasta millonarios desvíos e irregularidades destapadas en distintas carteras ministeriales—, exigiendo que los entes de control actúen con rigor: “Millones de colombianos esperamos que a Petro y a sus secuaces no los cubra la impunidad. Un Gobierno tan podrido tiene que pagar ante la justicia”, puntualizó.

Indica el pronóstico que tanto las presiones derivadas del ciclo agrícola como la inclusión de los efectos climáticos de altas temperaturas en el escenario central de pronóstico llevarían a que la inflación de alimentos crezca “hasta el final de 2026 a una tasa mayor que la contemplada en el Informe anterior”.

(Lea también: El clima que conocimos se fue y ya no volverá; climatólogo explicó por qué)

Agrega el mismo informe que a las altas probabilidades que manifiestan las agencias especializadas sobre la ocurrencia de un fenómeno de El Niño en Colombia, se incorpora su incidencia sobre los precios en un escenario conservador basado en episodios de intensidad fuerte registrados en el pasado.

“Este evento climático alcanzaría su mayor afectación sobre los precios hacia el segundo trimestre de 2027. Sin embargo, se espera que los demás factores alcistas ya mencionados cedan paulatinamente desde finales de 2026 y, junto con la mayor presión desinflacionaria de la tasa de cambio, lleven la variación anual de alimentos a descender a partir de inicios de 2027”, se lee en el informe.

Riesgos más fuertes del Fenómeno de El Niño en Colombia

Al comparar con el Informe anterior, la senda esperada se revisó al alza debido a las mayores presiones ya mencionadas y a la incorporación del fenómeno de El Niño, lo que en conjunto afectaría al ciclo agrícola.

“Con todo lo anterior, para finales de 2026 y de 2027 la variación anual del IPC de los alimentos sería del 9,0 % (antes 7,1 %) y del 3,8 % (antes 3,0 %), respectivamente”, dice el informe.

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Finalmente, la senda de pronóstico de los alimentos tiene asociada una alta “incertidumbre relacionada con el comportamiento de su producción y distribución, la tasa de cambio, el precio de los fertilizantes, los precios internacionales de los alimentos y los choques climáticos”. Se destaca la incertidumbre en torno a la duración e intensidad del fenómeno de El Niño en Colombia y el traspaso de sus efectos a los precios.

Las declaraciones de Penagos se producen en respuesta directa a los persistentes cuestionamientos del presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en que hubo fraude en la segunda vuelta, señalando la presunta alteración digital de miles de formularios electorales tras la transmisión de la información a la Registraduría. Petro también argumentó que la ausencia de ciertos metadatos en las actas levantaba sospechas y puso en duda públicamente el triunfo del presidente electo.

Frente a esa controversia, el registrador sostuvo que los patrones, algoritmos o códigos informáticos señalados no afectan la manera en la que Colombia cuenta y certifica los votos. Para reforzar su defensa a la institucionalidad, Penagos señaló que comportamientos matemáticos similares ya se observaron en procesos anteriores, incluidos los comicios que llevaron a Gustavo Petro a la Presidencia.

Además, Penagos explicó que el sistema electoral colombiano garantiza un conteo público de sufragios, responsabilidad de los jurados de votación y sujeto a la revisión de organizaciones políticas, autoridades y testigos electorales acreditados. Recordó que más de 260.000 testigos siguieron el proceso, lo que, en palabras del registrador, refuerza el control y vigilancia sobre el escrutinio final.

El registrador invitó a empresas especializadas en análisis de datos para que realicen una auditoría estadística independiente sobre los resultados electorales, reiterando la apertura de la Registraduría para que se apalanque cualquier investigación basada en pruebas concretas. Penagos advirtió, sin embargo, sobre los peligros de divulgar denuncias sin evidencia, pues ya han derivado en amenazas contra funcionarios y riesgos a la infraestructura.

La defensa institucional de Penagos fue respaldada por una auditoría externa realizada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Este análisis revisó aspectos como el material electoral, el preconteo, la biometría y los formularios, y concluyó que no se detectaron alteraciones o manipulaciones de datos ni hechos que comprometieran la integridad del proceso.

Pese a la certificación de la victoria de Abelardo de la Espriella por un margen cercano a los 250.000 votos, la controversia política persiste, especialmente por la postura de Petro, quien dejó abierta la discusión sobre la legitimidad del nuevo Gobierno. Penagos remarcó que cualquier sospecha debe soportarse con pruebas verificables y no solo con interpretaciones estadísticas o tecnológicas sin base técnica.

¿Qué evidencias presentó el registrador Hernán Penagos para defender la transparencia electoral?

De acuerdo con las declaraciones de Penagos, la defensa de la transparencia en las elecciones se basa en el conteo público de votos efectuado por jurados, la presencia de más de 260.000 testigos electorales, la posibilidad de revisión por parte de distintos actores y los hallazgos de una auditoría internacional independiente, que no halló pruebas de manipulación ni alteración del proceso.

¿Por qué Gustavo Petro cuestiona los resultados de las elecciones presidenciales?

El presidente saliente Gustavo Petro ha afirmado que hubo presunta manipulación digital de formularios electorales y ausencia de metadatos en las actas, lo que, según él, puso en entredicho la legitimidad del triunfo de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, ninguna auditoría o informe técnico presentado hasta ahora ha respaldado estas acusaciones.

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Según lo expuesto durante la audiencia, Osorio Uribe fue declarado penalmente responsable luego de aceptar los cargos presentados en su contra, basándose en el preacuerdo alcanzado con las autoridades. Aunque el tipo penal por el que fue procesado contempla originalmente una sanción de aproximadamente 400 meses de prisión, el acuerdo permitió una reducción del 50 %. Esta rebaja se explica porque, en la negociación, su responsabilidad pasó de ser 'autor' a considerársele solo 'cómplice', pero dicha modificación solo tiene efectos sobre la cantidad de la pena, sin otorgarle privilegios como detención domiciliaria u otros beneficios judiciales.

La opinión y voluntad de la familia de la víctima jugaron un papel fundamental en el desarrollo del acuerdo. El abogado Alberto Barrios, representante de las víctimas, indicó que la madre y la esposa de Carlos Eduardo Perdomo dieron su aprobación al preacuerdo. Esto con el objetivo de asegurar una sentencia efectiva y evitar la prolongación del proceso, lo cual podría haber dado pie al vencimiento de términos y entorpecido la posibilidad de obtener justicia, de acuerdo con las declaraciones reunidas en la audiencia.

El crimen, perpetrado el 14 de marzo de 2026 en la plaza de mercado de la calle 21, en el barrio La Estación de Ibagué, conmocionó a la ciudad. Los hechos, según la investigación detallada por la Fiscalía, se originaron en una discusión por un préstamo que derivó en la agresión mortal de Osorio Uribe, quien trabajaba como carnicero en el lugar. Tras ser herido, Perdomo fue llevado al Hospital Federico Lleras Acosta y sometido a cirugía, pero falleció pocas horas después debido a la gravedad de las lesiones.

La repercusión del caso se vio acentuada debido a la visibilidad pública de la víctima, reconocida como deportista de ultimate frisbee, y a las controversias por las decisiones judiciales iniciales. En primera instancia, Osorio Uribe había recibido detención domiciliaria, decisión que la familia y allegados de la víctima rechazaron de manera vehemente, protagonizando protestas para exigir su traslado a un establecimiento penal. Finalmente, un juez de segunda instancia revocó este beneficio y ordenó su reclusión carcelaria. Por tanto, la sentencia impuesta sella una etapa crucial y establece la obligación de Osorio Uribe de cumplir la condena de 16 años y ocho meses, después de que admitiera su responsabilidad en los hechos.

¿Por qué se rebajó la pena a Paulo Andrés Osorio Uribe en el caso del homicidio de Carlos Eduardo Perdomo Barrios?

La rebaja de la pena de Osorio Uribe se debió a un preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa, donde se aceptó que su participación en el homicidio pasara de autor a cómplice solo para efectos de la dosificación de la sanción. Esto resultó en una reducción del 50 % de la condena originalmente contemplada para el delito de homicidio agravado, según lo señalado durante la audiencia.

¿Qué consecuencias tuvo la decisión judicial inicial de conceder detención domiciliaria en el caso de Carlos Eduardo Perdomo?

La decisión inicial de conceder detención domiciliaria causó una fuerte controversia entre los familiares y allegados de la víctima, quienes organizaron manifestaciones públicas exigiendo el traslado de Osorio Uribe a un centro penitenciario. Finalmente, un juez de segunda instancia revocó este beneficio y ordenó su reclusión en una cárcel, dando respuesta a la presión ciudadana y al clamor de la familia.

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La víctima, conocida en redes sociales como “Danna Ruiz”, fue localizada varios días después de que sus allegados emprendieran una intensa búsqueda a través de publicaciones en plataformas digitales. El caso es investigado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

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De acuerdo con un reporte de la Policía de Antioquia, conocido por El tiempo, el hallazgo ocurrió en la vereda Alto del Indio, sector El Filo, una zona ubicada a aproximadamente 30 minutos del casco urbano de Andes.

El informe señala que el cuerpo fue recuperado con apoyo del Cuerpo de Bomberos y trasladado hasta la morgue municipal, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales para los procedimientos correspondientes.

Según el mismo documento, el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y presentaba signos de decapitación. La inspección técnica fue realizada por funcionarios del CTI de Andes, que asumieron la investigación para establecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

Antes de confirmarse su muerte, Angie Paola Jiménez había sido reportada como desaparecida por sus familiares, quienes difundieron su fotografía y datos personales en redes sociales con la esperanza de obtener información sobre su paradero.

De acuerdo con las publicaciones realizadas por sus allegados, la mujer salió de su vivienda en el municipio de Andes hacia la 1:00 de la tarde del 30 de julio y, desde ese momento, no volvieron a tener comunicación con ella. Sus familiares también informaron que su teléfono celular permanecía apagado, situación que incrementó la preocupación y motivó la difusión de mensajes de búsqueda en distintos municipios del departamento.

En redes sociales, Angie Paola era conocida como “Danna Ruiz”, nombre con el que mantenía actividad en Facebook. Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo, una de sus familiares, identificada como Leidy Yuliana Carmona, quien durante los días de búsqueda compartió información para ayudar a localizarla, publicó un mensaje lamentando lo ocurrido.

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“Dolor profundo, prima. Que Dios ayude a dar con los responsables y se haga justicia”, escribió en su cuenta de Facebook.

Desde que se conoció la noticia, familiares, amigos y conocidos han expresado mensajes de despedida y han pedido que el caso no quede en la impunidad. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas capturadas ni han revelado una hipótesis oficial sobre los móviles del crimen.

La investigación permanece en manos del CTI de la Fiscalía, que adelanta la recolección de elementos materiales probatorios, entrevistas y demás diligencias judiciales para esclarecer lo ocurrido y establecer quiénes serían los responsables de la muerte de Angie Paola Jiménez Ruiz.

De acuerdo con la información suministrada, los barrios que no contarán con el servicio de agua durante la jornada del jueves 6 de agosto son los siguientes: Granada Avenida (en la 9A Bis Norte # 15B 17), Benjamín Herrera (Calle 30 # 11G 59), Belén (Calle 1D Oeste # 38D 48), Bretaña (Carrera 23A # 9E 16), Berlín (Calle 31B # 4N 38), El Poblado II (Carrera 28 Bis # 72Z 01 y Carrera 28D2 # 72Y 52), Jorge Eliécer Gaitán (Carrera 1J # 71-22), La Esperanza (Calle 26B con carrera 27) y Arroyohondo, ubicado en el municipio vecino de Yumbo (Carrera 27B # 13-432). Cada uno de estos sectores presenta dirección específica, lo que permite a los habitantes identificar y prepararse ante la suspensión, según el comunicado de Emcali.

El anuncio subraya la importancia de estas labores de reparación, ya que el sistema de acueducto de Cali sostiene la vida diaria de miles de ciudadanos. Interrupciones como esta, planificadas y comunicadas con antelación, posibilitan que los usuarios organicen sus actividades y eviten dificultades mayores. Emcali recomienda revisar los horarios y hacer uso eficiente del recurso antes y durante el corte.

La información fue publicada por el Noticiero 90 Minutos, medio local que señala la importancia de mantenerse atentos a nuevas actualizaciones sobre la prestación de servicios públicos, especialmente durante procesos de mantenimiento, que pueden extenderse según la complejidad de los trabajos. Se recuerda a la ciudadanía la necesidad de consultar fuentes oficiales para contar con los detalles más recientes y saber cuándo será restablecido el servicio de agua potable.

¿Cuáles son los barrios de Cali que no tendrán agua el 6 de agosto de 2026 según Emcali?

De acuerdo con el comunicado de Emcali, los barrios que enfrentarán suspensión del servicio de agua el jueves 6 de agosto de 2026 son Granada Avenida, Benjamín Herrera, Belén, Bretaña, Berlín, El Poblado II, Jorge Eliécer Gaitán, La Esperanza y Arroyohondo en el municipio de Yumbo. En el anuncio se especifican las direcciones donde tendrán lugar las interrupciones.

¿Por qué Emcali realiza cortes de agua en diferentes sectores de Cali?

La empresa Emcali informó que las suspensiones del servicio de agua se deben a trabajos de reparación en el sistema de acueducto. Estas intervenciones buscan mejorar la infraestructura, asegurar el suministro y evitar fallas imprevistas, permitiendo que los habitantes de la ciudad cuenten con un servicio de agua potable eficiente y seguro en el futuro.

De acuerdo con la información suministrada por la afectada, el joven la habría atacado empleando un tenedor metálico y además le propinó varios golpes durante la discusión, hecho que agrava la situación en el contexto de lo que ya es considerado por la ley un delito de violencia intrafamiliar. Al momento de la intervención policial, la madre no dudó en señalar a su hijo como el responsable de la agresión, permitiendo así la identificación inmediata del presunto agresor.

El joven, al percatarse de la presencia de los uniformados, optó por huir del lugar de los hechos, desencadenándose una persecución por varias cuadras del barrio. Según la información recogida en el lugar, durante su intento de escape, el señalado buscó subirse a un vehículo recolector de basura que se movilizaba por el sector; sin embargo, perdió el equilibrio y cayó sobre la parte frontal del automotor. Este incidente permitió que las autoridades lograran interceptarlo y proceder de inmediato con su captura, controlando la situación y previniendo un posible agravamiento de los hechos.

Tras la detención, el joven fue trasladado para que iniciara el proceso de judicialización por el delito de violencia intrafamiliar. Ahora, quedó a disposición de la Fiscalía, entidad que será la encargada de definir su situación jurídica ante los hechos denunciados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa del ataque con tenedor en Ibagué?

La información disponible no detalla la razón específica que llevó al joven de 23 años a agredir a su madre con un tenedor metálico. Según el testimonio de la víctima y los reportes policiales citados en el lugar de los hechos, los hechos ocurrieron durante una discusión, pero no se indica el origen exacto del conflicto que desencadenó la violencia intrafamiliar.

¿Qué consecuencias legales enfrenta quien es acusado de violencia intrafamiliar?

Según el proceso seguido por las autoridades de Ibagué y la dirección de la Fiscalía, la persona señalada de violencia intrafamiliar es puesta a disposición de esa entidad para que esta determine su situación jurídica. El delito de violencia intrafamiliar puede acarrear graves consecuencias legales, incluida la privación de la libertad, dependiendo de la gravedad de la agresión y las pruebas recabadas durante el proceso de judicialización.

El dossier informativo incluye, en primer lugar, una misiva remitida al líder del Ejecutivo en la cual los expertos legales detallan que la Comisión de Control de los Ficheros evaluó una petición formal orientada a rastrear cualquier antecedente en los registros globales del organismo policial, según el informe periodístico.

Como segundo elemento, se adjunta la contestación oficial emitida por la mencionada comisión el pasado 3 de agosto, donde se especifica que tras una consulta directa con la oficina central en Estados Unidos, se avaló la inexistencia de datos, alertas o notificaciones asociadas al presidente colombiano en su plataforma mundial, de acuerdo con el periódico.

Dentro de las gestiones del equipo legal también se peticionó una salvaguarda especial para recibir aviso previo en caso de que Washington pretendiera incorporar información en lo sucesivo, otorgando espacio a la contradicción; sin embargo, los papeles divulgados no evidencian que dicha condición haya recibido luz verde por parte del ente de control, de acuerdo con el citado medio.

Asimismo, la propia comisión enfatizó que sus atribuciones se circunscriben estrictamente a los archivos propios de la entidad, careciendo de competencia para emitir conceptos sobre pesquisas internas del gobierno estadounidense, medidas adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) o los castigos económicos dictados contra el gobernante y sus parientes, de acuerdo con el medio de comunicación.

De igual forma, los textos aclaran que el trámite no derivó de una indagación promovida por la OFAC ante la policía global —como se había insinuado inicialmente desde las cuentas oficiales del presidente—, sino de una iniciativa privada gestionada por la firma asesora con el propósito de lograr la exclusión de los sancionados en las listas financieras del Departamento del Tesoro, de acuerdo con el citado portal.

Pese a que el reporte policial despeja el panorama sobre órdenes de captura o alertas rojas, esto no anula el impacto de las penalizaciones monetarias impuestas desde Norteamérica. Estar incluido en el listado de la OFAC implica trabas operativas con entidades financieras atadas a las regulaciones de ese país, lo cual puede traducirse en inconvenientes al momento de efectuar transacciones bancarias o tramitar tiquetes aéreos mediante corporaciones que acatan dichas normativas, de acuerdo con el informe periodístico.

(Le interesa: Gustavo Petro se desprende de culpas, pero deja al descubierto que no controla ni resuelve)

El informe, basado en datos oficiales del Ministerio de Defensa, revela que, hasta julio de 2026, los grupos armados ilegales en Colombia tenían 28.802 integrantes, frente a los 15.120 con que contaban en diciembre de 2022. Con otras palabras, durante el Gobierno de Petro, esas organizaciones criminales tuvieron un crecimiento del 90 %. El mandatario ha reconocido el naufragio de su iniciativa, pero se ha dado mañas para eludir su responsabilidad en el desastre diciendo cosas como que no es un fiasco “personal”, sino “nacional”.

“Los costos superaron las ganancias”

Pero lo “nacional” en este asunto tan delicado tiene que ver especialmente con la manera como los grupos armados ilegales consiguieron expandirse sobre más territorios, alcanzado eso: una cobertura casi nacional. Puntualmente, según los investigadores de la FIP Gerson Arias, Javier Flórez y Paula Tobón, que elaboraron el informe, el ‘Clan del Golfo’ (que fue el que más creció) pasó de 4.061 hombres en armas en diciembre de 2022 a 10.268 en julio de 2026, lo que representa un crecimiento del 152%.

Las disidencias de las Farc Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias ‘Iván Mordisco’, y el denominado Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), bajo las órdenes de alias ‘Calarcá’, que en 2022 sumaban, cuando aún eran una sola disidencia, 3.576 unidades, pasaron a tener, después de separadas, 4.480 y 3.001 unidades, respectivamente, en julio de 2026. Eso significa un crecimiento en conjunto del 109 %.

Algo similar, aunque en menor proporción, ocurrió con las disidencias de las Farc Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), cuyo cabecilla es alias ‘Wálter Mendoza’, y la Segunda Marquetalia, con alias ‘Iván Márquez’ como jefe. Ambas organizaciones, cuando eran una sola fuerza en 2022, sumaban 1.415 unidades, pero en julio pasado, ya separadas, llegaban a 2.359 la primera y a 584 la segunda. Su incremento en estos cuatro años fue de 108 %. El Eln, por su parte, pasó de 5.851 hombres en armas en 2022 a 7.123 en julio pasado, para un incremento del 22 %.

“Tras cuatro años del inicio de la Paz Total, su balance resultó negativo para el país: los costos superaron las ganancias”, concluye el análisis de la FIP. “El fracaso no se explica únicamente por los tiempos políticos, el interés criminal de los grupos o por estrategias de seguridad fallidas, sino por un diseño institucional y jurídico deficiente que, desde el inicio, destinó a cada una de las mesas de negociación a atravesar crisis recurrentes y a situar al gobierno en el lado débil de la negociación”.

Con todo, en su discurso del pasado 20 de julio, y en subsiguientes comentarios sobre el tema, el presidente Petro ha seguido desconociendo tozudamente la realidad. Defendió su política de “paz total” y advirtió que desmontarla sería un retroceso en la reducción de la violencia. No vio (o no quiso ver) a lo largo de su mandato el incremento de los grupos armados, con el retorno de bombazos, secuestros y homicidios, incluso del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, un magnicidio ordenado por una de esas disidencias de las Farc.

Dos botones de muestra más: en 2025, la extorsión llegó a 13.417 casos, después de que 2024 alcanzara una cifra récord de 13.802. Ese mismo año fue el más crítico de la última década en cuanto al secuestro, pues hubo 701 casos.

Oídos sordos del Gobierno a información de inteligencia

El feérico país que quiso mostrar el presiente Petro sufre serios golpes de realidad con informes como el de la FIP, que sostiene que “todos los grupos armados son más poderosos de lo que eran antes de las negociaciones. El poder de estos grupos no solo se cuenta en el territorio que controlan y la cantidad de personas que hacen parte de ellos, sino en su capacidad para obtener rentas y someter a la población civil. También han ganado un protagonismo político, social y simbólico mayor en territorios donde han operado por años”.

Una de las conclusiones más lapidarias a las que llega el análisis de la FIP indica que “mientras que los grupos se hacían más fuertes y continuaban atacando a la población civil, las mesas [de diálogo], y en especial las delegaciones de gobierno, tomaron posturas pasivas al respecto”. Esto, siempre siguiendo a la FIP, inclinó indirectamente “la balanza de poder hacia unos grupos que percibían al gobierno indiferente a la violencia o incapaz de reprimirlos”.

“Varias estructuras usaron a su favor la necesidad del gobierno de mantener las mesas. […]. La debilidad del Estado en la negociación hizo parte de los cálculos estratégicos de los grupos para aumentar las disputas y seguir expandiéndose”, continúa el informe, que también señala el efecto contrario y grave que tuvieron el diseño y los resultados de la “paz total”: “El desgaste y la progresiva deslegitimación de las salidas negociadas como mejor opción para solucionar el problema de la violencia y los conflictos armados”.

De hecho, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, prometió un cambio radical terminando todos los diálogos que estén abiertos, acabando las consejerías de Paz y Reconciliación y creando una Consejería para la Seguridad. También dijo que revisará el Acuerdo de Paz con las Farc firmado en el gobierno de Juan Manuel Santos, y mostró su desacuerdo con la JEP.

De entre trece desaciertos centrales que encontró la FIP en la política de “paz total” se pueden destacar la visión y secuencia de la negociación desorientadas, pues la mayoría de las mesas no definió un horizonte claro sobre desarme y desmovilización. Sin objetivos, agendas y pasos claros, las mesas funcionaron al vaivén de los grupos armados. También, los oídos sordos del Gobierno a la información de inteligencia y judicial disponible, aceptando la “autocaracterización” de los grupos y reconociendo a varios de ellos estatus político sin sopesar las consecuencias.

Otros errores fueron no fijar líneas rojas frente a la expansión, el reclutamiento de menores y las presiones contra la población civil; no alcanzar un marco jurídico, y sin una ley de sometimiento ni disposiciones constitucionales y legales quedaron sin garantías jurídicas claras quienes se acogieran a los procesos. Eran acuerdos de papel. Todo terminó erosionando la confianza de la opinión pública en la salida negociada, sobre todo porque, por otro lado, el país veía cómo se descuadernaba el orden público.

Todo el paisaje del conflicto en la Colombia que entrega el presidente Petro este 7 de agosto queda dibujado en el informe de la FIP. Vendrán más, pero difícilmente encontrarán algo diferente en esta materia.

De acuerdo con los testimonios de exguerrilleros muy cercanos a alias Calarcá, incorporados al expediente tras sus declaraciones ante investigadores del CTI, el supuesto oficial pertenecía a un batallón del Tolima y mantenía contacto directo con alias Cancharino, uno de los hombres de confianza del grupo armado. «Había un coronel del Ejército Nacional del Batallón Ruc que se hacía llamar Gómez, donde él nos filtraba la información de todos los movimientos operacionales hacia el Frente Joaquín González. La comunicación la manejaba directamente Alexis Guerra o Cancharino. Dicho coronel le informaba a Cancharino cuándo iba a ser operativo, cuándo se iban a mover, el movimiento de las motorizadas Meteoro», señalaron los declarantes, según la información revelada por el noticiero.

Las presuntas filtraciones no se limitaban a operaciones militares. De acuerdo con los testimonios, el supuesto coronel también alertaba cuando una víctima denunciaba extorsión. «Quienes denunciaban cuando se hacían las exigencias económicas o extorsiones, como pasó en un caso relevante, fue una comerciante de Chaparral, donde el coronel le envió el informe a Cancharino que la comerciante lo había denunciado y le envió vía WhatsApp los pantallazos de una videollamada», consigna el documento citado por Noticias RCN.

#ExclusivoRCN | Un coronel del Ejército habría recibido $60 millones mensuales a cambio de entregar información de inteligencia altamente sensible a las disidencias de alias Calarcá. Los interrogatorios hacen parte de un expediente que avanza en la Fiscalía ⬇️ pic.twitter.com/wJDqHAszaL

— Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 6, 2026

La inteligencia de comunicaciones del Estado también habría sido blanco de esas filtraciones. Según los declarantes, el supuesto oficial indicaba qué dispositivos debían cambiarse para evadir el rastreo: «El coronel le decía a alias Cancharino qué dispositivo debía cambiar, refiriéndose a los teléfonos móviles. La antena la hizo cambiar en 3 ocasiones porque el avión plataforma ya la tenía identificada».

Tras la muerte de alias Cancharino, alias Calarcá habría ordenado mantener el vínculo con el supuesto coronel. «Teníamos que tener la nómina de 60 millones de pesos mensual para dicho coronel, donde el responsable de esa nómina y el que se quedó con el contacto fue alias Efraín», revelaron los exguerrilleros en sus declaraciones.

El propio expediente deja una pregunta sin resolver: los investigadores reconocen que la verdadera identidad del supuesto coronel Gómez aún no ha sido establecida. Solo se le conoce por ese alias.

¿Qué información estratégica habría filtrado el coronel Gómez a las disidencias de Calarcá?

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente de la Fiscalía, las filtraciones habrían incluido datos sobre teléfonos interceptados, ubicación de tropas en el área y advertencias sobre qué equipos de comunicación estaban siendo rastreados por inteligencia. El alcance de la información comprometida sugiere un acceso privilegiado a operaciones de inteligencia técnica del Ejército Nacional.

¿Qué pasó con alias ‘Cancharino’ y cuál fue el papel del supuesto coronel tras su muerte?

Según los declarantes, alias Cancharino era el enlace directo con el supuesto coronel Gómez, y tras su fallecimiento, alias Calarcá ordenó que alias Efraín asumiera ese contacto y garantizara el pago mensual. Los testimonios agregan que el propio supuesto oficial, al enterarse de la muerte, habría advertido que tenía información para «hacerle daño» a quien lo comprometió, aunque los declarantes señalaron que tiempo después ese individuo habría desaparecido.

(Vea también: Sin Marco Rubio ni Bernie Moreno: revelan funcionarios de EE.UU. que irán a posesión de Abelardo de la Espriella)

En el documento resaltaron que “la convocatoria del cuerpo diplomático a la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, que se realizará el próximo 7 de agosto en Santiago de Cali, se ha adelantado con base en la información oficial suministrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y bajo criterios uniformes de acreditación y protocolo”. Además, reiteraron que “el criterio inicial contempló la participación de los embajadores debidamente acreditados ante el Estado colombiano”.

Sin embargo, aseguraron que durante el proceso de empalme “se identificó que 29 embajadores concurrentes aún no habían presentado sus cartas credenciales debido a una acumulación inusual de trámites pendientes por parte de la administración saliente. Este criterio garantiza un tratamiento uniforme entre todas las misiones diplomáticas y evita excepciones que puedan interpretarse como preferencias o tratamientos diferenciados”.

Luego de recibir esta información consolidada, el pasado 4 de agosto, la Dirección General del Protocolo del gobierno electo remitió las notas verbales de invitación dirigidas a Armenia, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia, Ucrania, Georgia, Serbia, San Marino, Malta y Chipre, y solicitó a la Dirección de Europa gestionar su envío.

La oficina de Abelardo de la Espriella reiterpi que “la convocatoria no responde a preferencias políticas, afinidades ideológicas ni decisiones selectivas. El Gobierno Nacional electo ha aplicado criterios institucionales para garantizar un tratamiento respetuoso y equitativo a las misiones extranjeras, de acuerdo con las normas y prácticas que rigen las relaciones diplomáticas”.

#POLÍTICA El Gobierno electo de Abelardo De La Espriella explicó la exclusión de 11 países europeos de la posesión presidencial. Según el comunicado, con base en información suministrada por la Cancillería, se encontró que había 29 embajadores que aún no habían presentado sus… pic.twitter.com/iGA8NXLZZs

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 6, 2026

¿Cómo se prepara la posesión de Abelardo de la Espriella?

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, mantuvo el pasado lunes una reunión en Barranquilla con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, con el fin de revisar los preparativos y compromisos para la ciudad. Durante el encuentro, se discutió el impacto económico del evento para la región. Tras la reunión, el alcalde Eder declaró: “Ya tenemos casi ocupación plena de los hoteles varios ya están al 100% yo espero por lo menos 40 o 50.000 millones de pesos, pero además vienen los medios del mundo a Cali. Vuelve a estar en ojos del mundo por una razón positiva que podamos trabajar por la seguridad por el transporte público por la Universidad de Oriente que tanto tenemos eso va”.

En materia de logística y seguridad, la cúpula militar y la Policía Nacional se encuentran en la ciudad para supervisar los dispositivos dispuestos para el 7 de agosto. Se han instalado puestos de control en las vías de acceso a la capital, específicamente en la vía al mar y en la carretera que conecta con el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira. Para el desplazamiento de las comitivas, se dispondrá de 800 agentes de tránsito encargados de acompañar las caravanas presidenciales.

(Vea también: Sale a la luz error en caso de María Camila Potosí; mujer dice que su vida está en riesgo)

La mujer, conocida en redes sociales como Danna Ruiz, había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde el 30 de julio, cuando salió de su vivienda hacia la 1:00 de la tarde y perdió todo contacto con sus seres queridos. Ante la falta de información sobre su paradero, sus allegados difundieron mensajes en redes sociales para pedir ayuda en la búsqueda.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y amigos han expresado mensajes de despedida en redes sociales y pidieron a las autoridades que el crimen sea esclarecido lo antes posible.

“Dolor profundo, prima, que Dios ayude a dar con los responsables y se haga justicia”, indicó en redes sociales Leidy Yuliana Carmona, familiar de la víctima, según recogió El Tiempo.

Lo que más causa indignación en el caso fue que el cuerpo de la víctima fue hallado decapitado, con varias heridas con arma blanca y en avanzado estado de descomposición, según recogió Infobae.

¿Dónde encontraron el cuerpo de Angie Paola Jiménez Ruiz?

De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, el cuerpo fue localizado en la vereda Alto del Indio, sector El Filo, una zona rural ubicada a unos 30 minutos del casco urbano de Andes. Posteriormente, fue trasladado a la morgue municipal para las diligencias judiciales correspondientes.

La inspección técnica fue realizada por funcionarios del CTI, que ahora recopilan elementos materiales probatorios para establecer qué ocurrió y quiénes serían los responsables del homicidio. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas ni han dado a conocer una hipótesis oficial del caso.

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De acuerdo con la entidad, el sismo ocurrió a la 1:53 a. m. y alcanzó una magnitud de 3,8. El epicentro fue ubicado en el municipio de Caimito (Sucre), mientras que la profundidad fue calculada en 53 kilómetros.

Hasta el momento, los organismos de gestión del riesgo no han reportado personas lesionadas ni daños materiales relacionados con el movimiento. Como es habitual, el SGC invitó a la ciudadanía a informar si percibió el temblor para complementar el análisis del evento.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-06, 01:53 hora local Magnitud 3.8, Profundidad 53 km, Caimito – Sucre, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/1dli2ynmAw

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 6, 2026

Dabeiba y Los Santos también registraron actividad sísmica en las últimas horas

Horas antes del movimiento telúrico con epicentro en Sucre, el SGC reportó otro sismo de magnitud 3,6 en Los Santos (Santander), una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-05, 20:30 hora local Magnitud 3.6, Profundidad 156 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/1NOtxunJov

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 6, 2026

Minutos después, otro evento de magnitud 3,7 se presentó en Dabeiba (Antioquia), con una profundidad superficial. Ambos hacen parte de la actividad sísmica monitoreada de forma permanente por la entidad.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-05, 20:47 hora local Magnitud 3.7, Profundidad superficial, Dabeiba – Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/XGQMFyYDdp

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 6, 2026

(Vea también: Destapan cómo fue el macabro plan contra María Camila Potosí y este habría sido rol de capturados)

La colombiana, quien aseguró que vive en Canadá desde hace varios años, publicó un video en TikTok para pedir que cesen los ataques. En su mensaje explicó que no tiene ninguna relación con el crimen ocurrido en Cali y lamentó que la homonimia haya afectado su tranquilidad y la de su familia.

 “Ya me siento sin ánimo y sin fuerzas de ver tantas amenazas y mensajes feos que me mandan, déjenme tranquila, yo tengo mis hijos. Ya no aguanto ni un mensaje más de amenaza, por favor”, expresó entre lágrimas.

También indicó que llevaba varios años fuera de Colombia y que las personas responsables del caso ya fueron capturadas por las autoridades, por lo que pidió dejar de señalarla injustamente.

“Les pido, por favor, que ya paren todo esto, que me dejen tranquila. Yo viví siete años en Ecuador, tengo otros siete años que no he ido a Colombia“, indicó la mujer.

El caso surgió luego de la captura de Yulieth Cecilia Angulo Escobar, señalada por la Fiscalía como una de las presuntas responsables del asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años que estaba embarazada de ocho meses. Según la investigación, el crimen habría sido planeado para apropiarse de la bebé que la víctima esperaba.

@yulieth05_0 #justicia #canada_life🇨🇦 #colombia🇨🇴 #viraltiktok #triste ♬ sonido original – Yulieth angulo

¿Cuánto habría ofrecido sospechosa en caso de María Camila Potosí a sus cómplices?

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación reveló que Angulo Escobar habría ofrecido 4 millones de pesos para ejecutar el plan y quedarse con la bebé que esperaba la joven. Según el ente acusador, el dinero sería entregado a Kevin Alexis López Orozco, quien presuntamente coordinó la logística del crimen y contactó a los demás implicados.

De acuerdo con la investigación, el pago finalmente no se habría concretado, ya que la principal sospechosa, al parecer, no contaba con el dinero prometido. Aun así, la Fiscalía sostiene que cada uno de los capturados desempeñó un rol dentro del plan criminal, por lo que los cinco fueron enviados a prisión mientras avanza el proceso judicial.

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Según informó Blu Radio, el ente acusador expuso que Yulieth Cecilia Angulo Escobar habría pactado el pago de cuatro millones de pesos con los otros cuatro procesados que, de acuerdo con la hipótesis de la investigación, participaron en el secuestro y posterior asesinato de la joven de 21 años, quien tenía ocho meses de embarazo.

La emisora indicó que esa suma, según la reconstrucción presentada por la Fiscalía durante las diligencias judiciales, correspondería a la compensación por intervenir en el plan que terminó con la muerte de María Camila Potosí y la extracción de la bebé que esperaba.

De acuerdo con lo conocido por el medio de comunicación, la Fiscalía sostiene que Yulieth Angulo habría sido la principal articuladora de los hechos. La investigación apunta a que durante varios meses fingió estar embarazada para ganarse la confianza de la víctima y, además, sostener la versión ante su pareja sentimental de que esperaba una hija.

(Lea también: “De un solo golpe no se muere”: revelan tétricos chats de los presuntos asesinos de María Camila Potosí)

La radio explicó que el 16 de julio la mujer habría convencido a María Camila de acompañarla con el argumento de visitar una pañalera ubicada en el sector de Alto de Polvorines, en Cali. Sin embargo, el recorrido terminó en una vivienda que, según el ente investigador, había sido escogida con anticipación para ejecutar el crimen.

En ese inmueble, de acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía y citada por Blu Radio, Nixon Steven Mondragón Cuero habría atacado a la joven con un arma cortopunzante en repetidas ocasiones. Posteriormente, las autoridades sostienen que allí mismo fue extraída la bebé que María Camila llevaba en su vientre.

Las investigaciones también detallan el presunto papel de los demás capturados. Kevin Alexis López Orozco, según la teoría del caso, habría coordinado aspectos logísticos y servido como enlace para concretar el pago acordado. Entre tanto, Juan José Narváez Rodríguez es señalado de conducir el vehículo en el que fue transportado el cuerpo de la víctima hasta una zona rural del corregimiento de La Buitrera, donde finalmente fue abandonado.

Por otra parte, el ente acusador considera que Edwin García Zuluaga habría permanecido en los alrededores del lugar con el propósito de advertir sobre una eventual presencia de las autoridades mientras los hechos ocurrían. Esa distribución de funciones hace parte de la hipótesis que la Fiscalía busca sustentar durante el proceso judicial.

Uno de los aspectos que más llamó la atención en las audiencias fue precisamente el monto que, presuntamente, motivó la participación de los demás implicados. Según conoció Blu Radio, la Fiscalía aseguró que los cuatro millones de pesos eran la contraprestación por colaborar en la ejecución del plan criminal.

Esa línea de investigación también respalda la versión según la cual el supuesto embarazo fingido por Yulieth Angulo buscaba hacer creer a su pareja que la bebé era su hija, circunstancia que, para los investigadores, habría sido determinante dentro del móvil del caso.

Mientras avanza el proceso judicial, también apareció un nuevo video de Yulieth Angulo tras su captura. Las imágenes, divulgadas por distintos medios y mencionadas por Blu Radio, muestran a la mujer ingresando a la estación de Policía Fray Damián, en Cali, donde permanece bajo custodia. En el registro audiovisual se observa que viste una chaqueta blanca, pantalón negro y tapabocas, mientras otras mujeres privadas de la libertad le gritan desde las celdas.

Las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento continúan su curso. Paralelamente, la Fiscalía sigue recopilando pruebas, entre ellas grabaciones de cámaras de seguridad, análisis forenses, interceptaciones y elementos obtenidos durante los allanamientos adelantados en Cali y otros municipios del Valle del Cauca, con el objetivo de esclarecer por completo este caso que ha causado profunda conmoción en el país.

El DNP advierte sobre riesgos jurídicos y posibles consecuencias administrativas en los proyectos que participaron en las convocatorias 44, 45 y 50, financiadas con regalías de la explotación de hidrocarburos y minería. Estos proyectos deben superar una última revisión por parte del Órgano Colegiado de Administración y Decisión en Ciencia, Tecnología e Innovación (OCAD), integrado por representantes del Gobierno Nacional, las gobernaciones e instituciones universitarias. El Ministerio de Ciencias, aunque no vota, juega un papel clave como Secretaría Técnica: organiza convocatorias, evalúa proyectos y presenta las propuestas elegibles ante el OCAD para la aprobación final.

El documento del DNP indica que ha solicitado reiteradamente acceso a la documentación técnica y presupuestal de los proyectos sin obtener respuesta, lo que le ha impedido realizar una revisión exhaustiva. La citación para la reunión fue considerada apresurada, con solo cinco días hábiles de antelación para analizar 49 proyectos, lo cual, según el DNP y representantes de organizaciones como Avanciencias y ASCUN, afecta la calidad del proceso y la viabilidad de los proyectos.

La revisión de algunos proyectos evidenció información incompleta y vacíos técnicos. Por ejemplo, uno liderado por la Corporación Universidad de la Costa presentaba inconsistencias en la tipología, madurez tecnológica y elaboración del problema, además de sobrecostos notables en talento humano y adquisición de equipos, según el memorando revisado por El Espectador. El DNP propone que, en caso de no existir evaluaciones consolidadas, los proyectos se retiren del orden del día y se dé tiempo razonable para subsanar observaciones.

Las convocatorias en cuestión forman parte del plan bienal de regalías 2025-2026, con un presupuesto superior a COP 2 billones. La convocatoria 44 financia la formación de talento humano de alto nivel; la 45 busca fortalecer y crear centros de investigación; y la 50 promueve la investigación básica en ciencias naturales, sociales y humanidades. Hasta el momento, el Ministerio de Ciencias no ha publicado el orden del día ni el monto asignado individualmente, lo que incrementa la incertidumbre. El documento completo del DNP está disponible para consulta pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el DNP advierte riesgos en la aprobación de proyectos de regalías en ciencia?

El Departamento Nacional de Planeación señala posibles riesgos jurídicos y administrativos porque la documentación de varios proyectos no ha sido completamente revisada ni está disponible para análisis, lo que podría llevar a la aprobación de propuestas con inconsistencias técnicas, sobrecostos y falta de respaldo institucional. Según El Espectador, esto preocupa especialmente por la premura en la convocatoria y la imposibilidad de cumplir con los requisitos de la Ley 2056 de 2020 que ordena una revisión exhaustiva antes de tomar decisiones.

¿Cuáles son las principales críticas al proceso de evaluación de los proyectos sometidos al OCAD?

La principal molestia radica en el corto tiempo otorgado para revisar un gran número de proyectos y la falta de acceso a la documentación necesaria para evaluarlos adecuadamente. Actores como la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia y la Asociación Colombiana de Universidades reclaman mayor transparencia y rigurosidad, pues el proceso actual dificulta valorar la viabilidad técnica y presupuestal, aumentando la incertidumbre sobre el adecuado uso de los recursos de regalías en ciencia.

(Vea también: Abogado de Petro admitió en la Corte que el presidente sabía que Arizabaleta buscaba suspenderlo)

Según el medio caleño, las denuncias corresponden a al menos cuatro personas que aseguran haber sido afectadas por Hernández en distintos momentos, incluso durante el tiempo en que se desempeñó como cónsul de Colombia en México.

Entre los casos mencionados aparecen una exfuncionaria del consulado, una cocinera, una comerciante y una mujer pensionada, quienes afirman que el funcionario les adeuda diferentes sumas de dinero.

De acuerdo con la publicación, una de las denunciantes sostiene que prestó su tarjeta de crédito y dinero en efectivo a Hernández, quien habría acumulado una deuda cercana a los 42 millones de pesos.

El reportaje señala que el funcionario firmó un pagaré, pero, según la versión de la afectada, el compromiso no fue cumplido. Otra mujer asegura que perdió 20 millones de pesos de sus ahorros, mientras que otras dos personas denuncian deudas por alimentos y compras que, presuntamente, nunca fueron pagadas.

Frente a las nuevas revelaciones, El País aseguró que buscó la versión de Andrés Hernández. Según el medio, el funcionario no respondió directamente a las preguntas y remitió las consultas a su abogado, quien tampoco entregó declaraciones sobre las denuncias expuestas en la investigación.

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Durante la audiencia de confirmación, el aspirante al cargo aseguró que De La Espriella le manifestó un compromiso absoluto de retirar a Colombia del memorando de entendimiento que vincula al país con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el proyecto de cooperación internacional promovido por China.

“Me ha alentado mucho que el presidente electo y su compromiso de retirarse de la MOU y pienso que obviamente todas las naciones tiene que tomar la decisión sobre si quieren hacer negocios con Estados Unidos o China”, dijo Nate Morris.

Según explicó, recibió con satisfacción esa posición y señaló que los países de América Latina deberán definir su alineación estratégica entre Washington y Pekín, en medio de la creciente competencia geopolítica entre ambas potencias.

El memorando fue suscrito durante el gobierno del presidente Gustavo Petro con el propósito de fortalecer la cooperación entre Colombia y China en áreas como infraestructura, comercio, inversión y desarrollo tecnológico. De concretarse el anuncio, el nuevo Gobierno marcaría un cambio en la política exterior del país frente a esa iniciativa.

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El mandatario departamental no entregó detalles acerca de los motivos para las demoras en la entrega del predio, cuyo plan estaba previsto para este viernes. Sin embargo, sí especificó que se están haciendo esfuerzos para que De La Espriella no tenga que trasladarse a otras regiones.

“Mañana viajo hacia Cali para la ceremonia, pero estoy pendiente de lo que estamos haciendo acá en la Segunda Brigada del Ejército. Queremos que el presidente tenga allí un espacio, una oficina para él y para sus ministros, para que pueda ejercer sus labores de gobierno desde acá. Si tenemos una estructura bien ordenada, concebida con todas las facilidades, ojalá que él la use el mayor tiempo posible. Llevamos tres semanas de trabajo y nos faltaría como una semana más”, declaró a Blu Radio.

Verano también recalcó que es uno de los invitados a la posesión presidencial, por lo que viajará este jueves a Cali.

Por otro lado, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, sostuvo este miércoles en Barranquilla una reunión clave en su firma de abogados en el barrio Alto Prado, con su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en los que se habló del paquete de decretos que presentará el nuevo Gobierno una vez sean posesionados en el poder, con respecto a temas de salud, seguridad y gasto público.

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Se revisó nuevamente el plan de 100 días para recuperar el sistema de salud en Colombia, se detalló el plan de seguridad de zonas rojas para el país —ya que Restrepo no estuvo en la Cumbre de Seguridad Urbana— y se examinó la posibilidad de seguir eliminando cargos nacionales como plan de austeridad.

Tiempo después, al sitio arribó el senador Enrique Gómez, presidente de la Comisión primera del Senado de la República. Cabe la casualidad que, en el aeropuerto de Barranquilla, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo intercambió palabras con el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana.

En ese corto espacio, se habló de “la importancia de seguir fortaleciendo la cooperación y el trabajo conjunto” entre ambos países.

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La entrega se llevó a cabo en la Institución Educativa Distrital (IED) Evelyn Abuchaibe de Daes, ubicada en el corregimiento La Playa, donde los alumnos pasaron de tener un uniforme a contar con tres, luego de una jornada organizada con apoyo de la Fundación Tecnoglass.

800 estudiantes de colegio público en Barranquilla recibieron dos uniformes adicionales

La iniciativa benefició a todos los estudiantes matriculados en la institución, quienes recibieron dos uniformes adicionales para complementar el que ya utilizaban.

De acuerdo con la información entregada durante el evento, la dotación fue posible gracias a la Fundación Tecnoglass, que acompañó la actividad en el plantel educativo.

La jornada también contó con la presencia de Evelyn Abuchaibe, fundadora de la institución, quien participó en la entrega de las prendas a los alumnos.

¿Por qué entregar más uniformes a estudiantes de colegios públicos?

Además de representar un apoyo económico para las familias, disponer de más de un uniforme facilita la asistencia diaria a clases, especialmente en hogares donde el lavado y el desgaste de las prendas pueden convertirse en una dificultad.

Con esta entrega, los 800 estudiantes de la IED Evelyn Abuchaibe de Daes podrán alternar el uso de sus uniformes durante la semana, reduciendo la necesidad de reemplazarlos con frecuencia.

Fundación Tecnoglass participó en la jornada de entrega

La Fundación Tecnoglass respaldó la dotación entregada a los estudiantes como parte de una iniciativa enfocada en apoyar a la comunidad educativa.

Durante el evento se destacó que este tipo de acciones busca fortalecer las condiciones de permanencia escolar y brindar herramientas que contribuyan al bienestar de los alumnos, quienes ahora dispondrán de tres uniformes para asistir a sus actividades académicas.

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Según el reporte oficial, el sismo ocurrió a una profundidad de 156 kilómetros, una característica que suele hacer que este tipo de movimientos sean percibidos en diferentes municipios e incluso en departamentos cercanos, aunque generalmente disminuye la posibilidad de afectaciones importantes en la superficie.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni daños materiales relacionados con este evento sísmico. Como ocurre con este tipo de reportes, la información podrá actualizarse si los organismos de gestión del riesgo reciben novedades desde las zonas donde pudo sentirse el temblor.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Las personas que perciban un temblor en Colombia pueden informar su experiencia a través del formulario Sintió este sismo del (SGC). Para hacerlo, solo deben ingresar al portal oficial de la entidad, seleccionar el evento sísmico correspondiente y responder preguntas sobre el lugar donde se encontraban, la intensidad con la que sintieron el movimiento y los posibles efectos observados.

De acuerdo con el SGC, estos reportes ciudadanos son fundamentales para complementar la información técnica obtenida por la red de monitoreo sísmico. Los datos permiten elaborar mapas de intensidad, conocer en qué zonas fue percibido el sismo y mejorar el análisis de cada evento, por lo que la entidad invita a la comunidad a participar cada vez que sienta un movimiento telúrico.

Penagos llamó a la responsabilidad en el manejo de la información electoral. Advirtió sobre los riesgos de manipular datos y de difundir discursos de odio, insistiendo en la importancia de evitar ataques contra los servidores estatales. Esta declaración se produjo después del último discurso de Petro, en el que el mandatario repitió sus afirmaciones, ninguna de ellas acompañada por pruebas verificables, sobre un presunto fraude electoral. A pesar de esas versiones, las misiones extranjeras de verificación y entidades de control internas ya han desmentido estas denuncias.

Durante su pronunciamiento, Penagos explicó que alegatos basados en teorías matemáticas o análisis de secuencias de mesas de votación no reconocen la estructura real del censo electoral colombiano. A modo de respaldo, Penagos recordó que los resultados de anteriores jornadas también han sido verificados, como las votaciones presidenciales de 2018 y 2022; en ninguno de esos casos, incluyendo cuando Petro fue el ganador, se han reportado alteraciones sustanciales o incongruencias en los resultados.

La invitación del Registrador se extendió a empresas independientes de verificación de datos, para que puedan revisar, sin restricciones, los resultados de la jornada electoral. Además, enfatizó que más de 260.000 testigos ciudadanos estuvieron presentes en todas las mesas de votación el 21 de junio. Finalmente, calificó como un desconocimiento grave de la democracia y del Estado de derecho colombiano el pretender demostrar fraude mediante la utilización de algoritmos o términos técnicos como “código hash”.

El punto de vista de Penagos coincidió con el informe final presentado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), donde se aseguró que no existe evidencia de manipulación ni de alteración sistemática de datos electorales. En conclusión, tanto las garantías del sistema colombiano como los organismos internacionales confirmaron la integridad del último proceso electoral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo el Registrador Nacional Hernán Penagos sobre el presunto fraude electoral?

Penagos rechazó las denuncias de fraude planteadas por el presidente Petro y aseguró que no existen pruebas técnicas que sustenten dichas afirmaciones. Según declaró, los mecanismos de garantía electoral en Colombia cuentan con verificación técnica, jurídica y ciudadana, y no ha habido signos de manipulación o alteración de los resultados, como también lo avaló la auditoría internacional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).

¿Qué significa “código hash” y por qué fue mencionado en el contexto electoral?

La expresión “código hash” hace referencia a una función matemática que transforma datos en cadenas de caracteres únicas. En el contexto de la declaración de Penagos, se usó el término para señalar que alegar fraude usando este tipo de conceptos demuestra desconocimiento sobre cómo se cuentan y verifican los votos en Colombia, ya que el proceso está sustentado por mecanismos que garantizan la transparencia y la validación presencial.

Camargo Garzón integra la comitiva de altos representantes del sector justicia que han sido invitados. Junto a ella estarán presentes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, y la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera. El desplazamiento de estos funcionarios hasta Cali responde a la decisión, adoptada por el presidente electo y su equipo de protocolo, de llevar a cabo por primera vez (desde la promulgación de la Constitución Política de 1991) una posesión presidencial fuera de Bogotá. Esta elección representa un hito relevante en la historia política reciente del país y destaca la búsqueda de descentralización simbólica en el acto.

Mientras la lista de invitados se consolida, también se han conocido nombres de personas que no han sido convocadas a la ceremonia, lo cual ha generado diversas reacciones públicas. De acuerdo con El Espectador y la revista Semana, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli Arteaga, encabeza el listado de excluidos. Además, sobresalen los expresidentes Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, quienes por diferentes motivos tampoco recibieron invitación. En el caso de Santos, la decisión estaría relacionada con el desacuerdo del presidente electo respecto al Acuerdo de Paz con las Farc. Sobre Samper, Semana indicó que su ausencia se debería a los cuestionamientos por el supuesto ingreso de recursos del narcotráfico a su campaña presidencial en 1994. El propio Samper se pronunció restando importancia a la decisión, afirmando: “Me ahorré el vestido, el pasaje y el hotel”.

Entre las personalidades que sí asistirán figuran el rey Felipe de España, así como presidentes latinoamericanos: Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), José Antonio Kast (Chile) y Santiago Peña (Paraguay). Una delegación oficial de los Estados Unidos también confirmó su presencia, con Todd Blanche, fiscal general adjunto, y Hugo Guevara, encargado de Negocios de la embajada de ese país en Bogotá.

Luz Adriana Camargo Garzón, por su parte, culmina una semana de trabajo en Brasil antes de viajar primero a Bogotá y luego trasladarse el mismo 7 de agosto a Cali para el evento, en el que también estarán presentes integrantes del nuevo gabinete presidencial. Entre ellos se destaca Iván Cancino, ministro designado de Justicia, con quien la fiscal ha mantenido recientemente algunas reuniones.

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¿Por qué la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realizará en Cali y no en Bogotá?

La decisión de realizar la posesión presidencial en Cali, y no en Bogotá como tradicionalmente ocurre desde la Constitución de 1991, fue tomada por el presidente electo Abelardo de la Espriella y su equipo de protocolo. Esto marca un precedente histórico y refleja la intención simbólica de descentralizar uno de los actos más importantes de la política nacional, al elegir por primera vez una ciudad diferente como escenario de la transmisión del mando presidencial, de acuerdo con la información de El Espectador.

¿Quiénes son los principales ausentes en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella?

Entre los principales ausentes en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella sobresalen Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y los expresidentes Ernesto Samper y Juan Manuel Santos. La exclusión de Santos estaría relacionada con diferencias sobre el Acuerdo de Paz con las Farc, mientras que la ausencia de Samper responde a cuestionamientos por un presunto ingreso de dineros ilícitos en su campaña de 1994, según El Espectador y la revista Semana.

La mujer, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, aseguró que fue acosada por Vargas durante su paso por Caracol Televisión y que por esa razón acudió a los canales internos de la empresa. “Trabajando en Caracol Televisión fui acosada por Jorge Alfredo Vargas. Por eso presenté la queja ante la oficina correspondiente en el canal”, señaló en el documento.

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Según explicó, el caso terminó en manos de la justicia después de que el Ministerio de Trabajo tuviera acceso a documentos relacionados con aquella queja. La periodista aclaró que ni ella ni las otras mujeres que inicialmente estuvieron vinculadas al caso presentaron directamente una denuncia penal.

El Veinte publica comunicado a la opinión pública de la periodista que representamos por el caso de acoso sexual contra Jorge Alfredo Vargas. pic.twitter.com/l3xy3F7kOm

— El Veinte (@ElVeinteOrg) August 5, 2026

Sin embargo, la mujer manifestó que sí quiere continuar con el proceso y que no se ha retractado de sus señalamientos. “No me retractó de nada de lo que acusé ante el canal y lo ratificaré ante la justicia de ser necesario, como es mi deber legal”, afirmó.

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Su pronunciamiento también estuvo marcado por una fuerte crítica a la decisión judicial de revelar su nombre durante la audiencia de imputación de Vargas. La mujer explicó que había solicitado que su identidad permaneciera anonimizada, debido a las consecuencias que, según dijo, han tenido los hechos en su vida y su salud mental.

“A pesar de todos los costos que las agresiones de Vargas y todo lo que ha ocurrido después han tenido sobre mi vida y mi salud mental, fui convocada a la audiencia de ayer sin mi consentimiento”, manifestó.

Según su relato, la decisión de revelar su identidad llevó a su abogada, Ana Bejarano Ricaurte, a retirarse de la actuación. La periodista sostuvo que la medida no significa que quiera apartarse de la búsqueda de justicia, sino que busca protegerse de una nueva exposición pública.

“La administración de justicia nos revictimiza, pero eso no quiere decir que no quiero que se haga justicia”, afirmó. Y añadió que su negativa a revelar su nombre es una forma de protegerse “de las consecuencias de ser revictimizada, como ya está ocurriendo, en el debate público”.

 

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La mujer también pidió responsabilidad en la manera como se habla públicamente del caso. “Ojalá las voces públicas actúen con responsabilidad al tratar estos temas y entiendan que tras cada noticia sobre estos asuntos existe una víctima que se siente sola y atacada, además de dañada”, expresó.

Su comunicado terminó con una frase sobre lo que, según ella, ocurrió durante su relación laboral con Vargas: “No busqué ni provoqué el acoso de Vargas”.

El pronunciamiento ocurre después de que tres de las cuatro mujeres relacionadas inicialmente con la investigación decidieran no intervenir activamente en el proceso penal. La cuarta, en cambio, mantiene su participación y es representada por Bejarano Ricaurte.

Vargas fue imputado por el delito de acoso sexual y se declaró inocente. El periodista aseguró que ejercerá su derecho a la defensa y pidió que se respete la presunción de inocencia, pues la imputación no equivale a una condena.

La relevancia del compromiso ciudadano también fue resaltada por el comandante Petit, quien indicó que, además de la rutina de atención a emergencias, debe incrementarse la inversión en equipos, mantenimiento, capacitación y personal capacitado para enfrentar siniestros en extensas áreas, como en la zona de El Tarullal. Según explicó, la ciudadanía, especialmente los dueños de grandes lotes, tiene la responsabilidad de mantener sus terrenos libres de residuos vegetales que fácilmente pueden convertirse en combustible durante la temporada seca. El humo generado por estos incendios tiene un impacto significativo en personas con afecciones respiratorias y en quienes residen cerca de los focos de incendio, señaló Petit. Así, hizo un llamado a mantener los lotes limpios para evitar que los periodos sin lluvias faciliten la propagación de las llamas.

Entretanto, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios ha abierto una convocatoria para capacitar a voluntarios interesados en sumarse a la institución, no con la intención inmediata de contratar nuevo personal, sino para formar a quienes tengan vocación de servicio y puedan eventualmente integrarse como bomberos voluntarios para atender las emergencias de la ciudad. La institución, que cuenta con dos bases operativas, aún enfrenta limitaciones presupuestales y logísticas. Por ello, insisten en que las advertencias sobre El Niño deben estar acompañadas de decisiones y recursos que eviten que Valledupar quede “preocupada y sin dotación”, como concluyó Petit.

¿Qué medidas piden los bomberos de Valledupar frente al Fenómeno de El Niño 2026-2027?

Según Alexei Petit, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, es fundamental que el gobierno y las entidades responsables respalden a los socorristas con mayor dotación, inversión en equipos, mantenimiento y formación de personal capacitado. Solo así será posible enfrentar de forma efectiva los incendios y riesgos asociados con las condiciones secas y el aumento de las temperaturas durante la temporada de El Niño 2026-2027.

¿Por qué es importante que los ciudadanos mantengan limpios los lotes en Valledupar durante El Niño?

Mantener los lotes limpios resulta esencial ya que la vegetación seca y los residuos acumulados pueden convertirse fácilmente en material inflamable ante las altas temperaturas y vientos fuertes. Esta práctica disminuye el riesgo de incendios, protege la salud de los vecinos, especialmente aquellos con problemas respiratorios, y contribuye a una respuesta más eficaz ante emergencias en la temporada de El Niño.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

De acuerdo con el documento citado por El Espectador, las mujeres afirmaron que fueron incluidas en el proceso penal en contra de su voluntad, aclarando que desde el inicio optaron por no iniciar ninguna denuncia penal. “No se puede renunciar a un caso en el que no hemos pedido estar”, manifestaron. Además, sostuvieron que su intención siempre fue dejar el asunto en el ámbito interno del canal, asegurando que, tras las denuncias presentadas en Caracol Televisión S.A., sintieron que recibieron verdad, justicia, seguridad y garantías de no repetición.

A pesar de esto, aseguran que funcionarios de la Fiscalía han intentado reiteradamente contactarlas a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp, buscando involucrarlas formalmente en el proceso a pesar de su negativa. Explicaron que, aunque la ley exige investigar de oficio delitos como acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo, han dejado constancia de que no desean ser reconocidas como víctimas. Subrayaron que esta insistencia las ha llevado a una exposición pública que consideran revictimizante, y que su decisión de permanecer al margen responde al deseo de proteger su intimidad, salud mental y proyecto de vida, así como evitar estigmatización.

El comunicado también incluyó críticas al manejo de la situación por parte del Ministerio del Trabajo durante inspecciones a Caracol Televisión. Las mujeres reprocharon que la cartera exigiera la entrega de sus denuncias internas, a pesar de que debían permanecer reservadas, y evidenciaron que la Fiscalía terminó accediendo a dicha información mediante una orden judicial. Citaron la Ley 906 de 2004, que garantiza que las víctimas reciban trato humano y digno, y manifestaron que la autonomía y libertad en la decisión de no ser parte activa del proceso penal debe respetarse.

Por otro lado, el abogado penalista Fabio Humar señaló en Caracol Radio que tanto la Fiscalía como el Ministerio del Trabajo gestionaron mal la situación al citar a personas que no presentaron denuncia, y remarcó la importancia de que el proceso aclare la verdad de los hechos. Finalmente, las denunciantes insistieron en que su prioridad actual es su bienestar personal y superación de los hechos, además de pedir expresamente no ser obligadas a constituirse como víctimas procesales.

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¿Por qué las denunciantes de Jorge Alfredo Vargas rechazan ser incluidas como víctimas procesales?

Las denunciantes rechazan ser vinculadas como víctimas procesales porque, según su pronunciamiento, nunca pidieron iniciar una denuncia penal y desean proteger su intimidad, salud mental y proyecto de vida. Consideran que su inclusión en el proceso penal las expone a revictimización y acoso mediático, y sostienen que, tras las decisiones internas en Caracol Televisión, consideran saldada su búsqueda de verdad y justicia sin acudir al ámbito penal.

¿Qué significa el acoso judicial y mediático en casos de denuncias públicas?

La expresión "acoso judicial y mediático" es utilizada por las denunciantes para referirse a los esfuerzos persistentes de las autoridades judiciales y la atención constante de los medios de comunicación que, en su opinión, las exponen innecesariamente y afectan su bienestar. En este contexto, implica sentir presión tanto por parte del sistema judicial como de la opinión pública, lo que puede llevar a una revictimización de quienes inicialmente solo buscaban respuestas dentro del entorno laboral.

Durante una sesión extraordinaria convocada de urgencia, las autoridades municipales determinaron incrementar recursos con el fin de reforzar las labores de extinción del incendio. Se ordenó aumentar el banco de maquinaria, medida dirigida a optimizar la contención de las llamas, y se envió un equipo de la Secretaría Local de Salud para prestar apoyo a las familias vecinas. La intervención sanitaria se enfoca particularmente en identificar y tratar posibles afectaciones respiratorias provocadas por el humo acumulado. Adicionalmente, con el objetivo de frenar el agravamiento de la crisis, se prohibió la entrada de motocarros al lugar, buscando evitar la continuidad en la disposición de podas y escombros. El Tarullal se ha convertido con el tiempo en un punto crítico de acumulación de residuos, lo cual potencia los riesgos de emergencias similares.

El Comité Municipal de Gestión del Riesgo reiteró que distintos organismos mantendrán el trabajo coordinado hasta lograr el control pleno de la emergencia. En la zona permanecen lotes repletos de material vegetal seco, lo que dificulta la tarea de contención y favorece la persistencia de focos de incendio. El comité ha enfatizado, asimismo, la necesidad de fortalecer las estrategias para el manejo adecuado de podas, escombros y lotes enmontados, con la intención de mitigar la posibilidad de nuevos incidentes.

En la sesión de articulación interinstitucional participaron la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Policía Metropolitana de Valledupar, Defensa Civil, Cruz Roja, Aseo del Norte, Emdupar, además de las secretarías de Obras Públicas, Salud y Seguridad y Convivencia. Juntos, han definido el refuerzo de las acciones para ofrecer mayor seguridad en el manejo de residuos y garantizar la protección de la comunidad más cercana.

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¿Cuáles son las causas del incendio en El Tarullal de Valledupar?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado con certeza la causa específica del incendio en el centro de acopio de podas y escombros de El Tarullal. Sin embargo, se investiga la posibilidad de que haya sido provocado y se enfatiza la acumulación de residuos, especialmente material vegetal seco, como un factor que aumenta el riesgo de estos incidentes, según lo informado por las autoridades municipales.

¿Por qué la acumulación de podas y escombros representa un riesgo para las comunidades en Valledupar?

La acumulación de podas y escombros representa un riesgo porque estos materiales, en especial el material vegetal seco, son altamente inflamables y pueden originar incendios difíciles de controlar. Esta situación se agrava cuando existe una gestión inadecuada de los residuos, como ocurre en El Tarullal, y expone a las comunidades cercanas a la inhalación de humo y posibles emergencias de salud, de acuerdo con lo explicado por la Secretaría Local de Salud y el Comité Municipal de Gestión del Riesgo.

En respuesta a un derecho de petición ante la posible pérdida de recursos públicos por la inactividad del vehículo, la Gobernación recordó que, mediante el Contrato de Comodato Precario No. 2022-01-0001, firmado el 12 de enero de 2022, se entregó el bien por cinco años (prorrogables) al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar. El contrato estipula que los bomberos, como comodatarios, asumen no solo el uso y cuidado del carro escalera, sino también el pago íntegro de mantenimiento, seguros y su operación, además de reportar periódicamente el estado del bien. Por su parte, el Departamento del Cesar debe entregar el equipo inventariado, supervisar el contrato y liquidarlo, manteniendo las responsabilidades propias del comodante.

El documento contractual incluye mecanismos para garantizar el cumplimiento, como una garantía que cubre el 10 % del valor del carro escalera y que debe presentarse en menos de 20 días después de firmado el acuerdo. De no hacerse, el contratante puede dar por terminado el comodato de forma inmediata. Están previstas también multas y penalidades ante posibles incumplimientos. Hasta ahora, no hay claridad pública sobre si estos mecanismos se han aplicado por la prolongada inoperancia del vehículo.

Mientras tanto, la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres asegura que ha promovido reuniones con los actores involucrados para encontrar soluciones, aunque aún no hay resultados claros ni fecha de reactivación del servicio. Desde hace más de un año, la falta de recursos especializados por parte de los bomberos voluntarios ha mantenido el carro escalera sin operar, pese a la creciente necesidad de respuesta ante emergencias urbanas tipo incendio o rescate en altura.

La situación expone tensiones entre potestades disciplinarias (a cargo de la Procuraduría), términos contractuales que sobrecargan a los bomberos y la incertidumbre sobre la efectiva protección de un bien público esencial que, hasta hoy, permanece improductivo por ausencia de recursos y acuerdos efectivos.

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¿Por qué la Procuraduría investiga el caso del carro escalera en Valledupar?

La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar adelanta una investigación disciplinaria para determinar si hubo omisiones o incumplimientos de servidores públicos responsables de garantizar la operatividad del costoso carro escalera de los Bomberos Voluntarios de Valledupar, cuya inactividad genera inquietudes sobre posible detrimento del patrimonio público.

¿Cuáles son las obligaciones del Cuerpo de Bomberos según el contrato de comodato?

De acuerdo con el Contrato de Comodato Precario No. 2022-01-0001, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios debe asumir el uso, administración, operación, mantenimiento, conservación, seguro obligatorio y reporte semestral sobre el estado del carro escalera, mientras la Gobernación solo supervisa y liquida el contrato. Esta distribución de obligaciones deja a los bomberos la carga total de los costos y el manejo operativo.

Respecto a las posibles divisiones internas y el surgimiento de rumores sobre rupturas dentro del partido, la líder niega de forma categórica cualquier fractura. Destaca que su vínculo de veinte años con el expresidente Uribe obedece a convicciones firmes y una doctrina política que, en su visión, ha contribuido positivamente no solo al país sino al panorama internacional. Aunque reconoce que en la política hay quienes pueden dejarse llevar por corrientes pasajeras, subraya que el Centro Democrático permanece fiel a sus valores fundamentales, algo que, asegura, lo diferencia incluso frente a otros movimientos que hoy se autodenominan “de derecha”.

Sobre el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, la postura del partido es clara: lo relevante es la claridad doctrinaria y la defensa de principios como la no impunidad, entendida no como persecución política, sino como un rechazo frontal a la impunidad de los grupos armados y el respaldo a integrantes y dirigentes que, según relata, han vivido persecución judicial. Critica algunas propuestas del nuevo gobierno, como el traslado de la Cancillería para crear un nuevo palacio presidencial en San Carlos, calificándolas como contrarias al principio de austeridad que el país necesita en su coyuntura fiscal actual.

De cara a las próximas elecciones regionales, el Centro Democrático proyecta mantenerse como la fuerza política opositora más importante, con una bancada relevante en el Congreso y un enfoque en liderazgos que reflejen su doctrina. La líder reitera su aspiración de convertirse en la primera mujer presidente de Colombia, aunque por ahora su preocupación principal está en fortalecer el partido y servir a sus conciudadanos. Finalmente, confirma que no ha existido diálogo oficial con el nuevo gobierno; su único contacto con el presidente de la Espriella ha sido un mensaje de felicitación, sin mayor acercamiento posterior.

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¿Por qué el Centro Democrático rechaza la etiqueta de partido de derecha?

El partido rechaza ser catalogado como de derecha porque considera que estas etiquetas resultan vagas e insuficientes. Su vocera explica, citando al tratadista Norberto Bobbio, que las diferencias entre derecha e izquierda no definen la esencia de su proyecto político, ya que su verdadera identidad es el uribismo, un modelo centrado en seguridad, crecimiento económico, políticas sociales profundas y austeridad estatal. Por eso, prefiere identificarlo como un movimiento con doctrina clara, no limitado por clasificaciones tradicionales.

¿Cómo planea el Centro Democrático enfrentar la competencia política del nuevo partido de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con los voceros del partido, el Centro Democrático se enfocará en su vocación de poder, crecimiento y consolidación como fuerza opositora. Aseguran que cuentan con la segunda bancada más grande del Congreso y que presentarán a la ciudadanía liderazgos alineados con sus pilares de seguridad, desarrollo económico y política social, buscando evidenciar resultados concretos frente a las nuevas opciones, especialmente las impulsadas por el actual gobierno.

(Vea también: Revelan retrato que tendrá Francia Márquez en la vicepresidencia: es muy chiquito frente al de Petro)

Durante el programa, el periodista Juan Fraile repasó varios apartes de la intervención del jefe de Estado y destacó algunas de las frases que más controversia despertaron. Entre ellas estuvo la referencia de Petro a un eventual corto mandato del presidente electo, al asegurar: “Ya por ahí hablan en las oficinas de Marco Rubio de Abelardo, el breve”.

Petro volvió a mencionar las Guardias Libertadoras

En el análisis radial recordaron que el mandatario sostuvo que la presión social podría afectar la estabilidad del próximo gobierno. Además, volvió a insistir en la creación de las denominadas “Guardias Libertadoras”, una propuesta que ya había mencionado en otras oportunidades.

Según el presidente, esos grupos tendrían como propósito cuidar a la población y no serían comparables con estructuras paramilitares. En el mismo discurso también afirmó que, eventualmente, las armas podrían estar “al servicio y bajo las órdenes éticas de la ciudadanía territorial”, una declaración que desató múltiples interpretaciones.

Sobre ese punto, ‘La Luciérnaga’ recordó la respuesta del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien reiteró que, de acuerdo con la Constitución, las armas son de uso exclusivo del Estado.

Panelista de ‘La Luciérnaga’ hizo advertencia sobre Petro como expresidente

Luego de revisar las principales frases del discurso, los panelistas comentaron lo que, a su juicio, podría representar Gustavo Petro una vez concluya su mandato presidencial.

Fue entonces cuando los panelistas lanzaron una frase que llamó la atención por su tono irónico.

“Ahora no sabe uno dónde es mejor el presidente, si afuera dando discursos o quedándose en el Palacio… No sabemos dónde está mejor. Pues es que yo no sé por qué de expresidente va a estar bien cansón, más cansón que el fiestero ese que no se quiere ir”.

La conversación tuvo lugar a las 4:38 de la tarde de este miércoles:

(Vea también: Guía de emergencia por el volcán Puracé: las recomendaciones de la UNGRD tras la alerta naranja)

El más reciente boletín indica que el volcán, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos, mantiene cambios importantes en su comportamiento, por lo que continúa en alerta naranja, un nivel que implica una vigilancia permanente ante la posibilidad de nuevas variaciones.

¿Qué está ocurriendo en el volcán Puracé?

El SGC informó que durante las últimas 24 horas persistieron los sismos de largo periodo y las señales de tremor volcánico, fenómenos asociados al movimiento de fluidos en el interior del volcán.

Aunque la sismicidad relacionada con fracturas de roca permaneció baja, los científicos continúan observando un comportamiento anormal en otros indicadores.

🌋 Les compartimos el más reciente boletín extraordinario sobre la actividad del volcán Puracé – cadena volcánica Los Coconucos, que desde el 1 de agosto de 2026 se encuentra en estado de alerta Naranja 🔶: https://t.co/5IROJ0oxXl pic.twitter.com/MKuSQNKAYK

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 5, 2026

Entre ellos sobresalen:

• El flujo de dióxido de azufre (SO₂) sigue por encima del promedio histórico del volcán.
• Continúa el aumento en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo.
• La emisión de dióxido de azufre alcanzó las 1.010 toneladas por día, con dispersión hacia el noroccidente.

¿Dónde cayó ceniza?

Durante el monitoreo se registraron dos emisiones de ceniza que superaron los 700 metros de altura.

Las condiciones meteorológicas impidieron establecer con precisión la dirección de dispersión de la nube volcánica, pero habitantes reportaron caída de ceniza en varias zonas.

Las veredas donde se informaron estos reportes fueron:

• Cobaló.
• San José.
• Las Estrella.
• Agua Amarilla.

Además, pobladores de la vereda Cristales aseguraron haber escuchado fuertes sonidos relacionados con una emisión ocurrida hacia las 10:00 de la noche.

¿Por qué el volcán no baja de alerta?

El Servicio Geológico Colombiano explicó que, aunque algunos indicadores hayan disminuido, los parámetros que registra el volcán continúan siendo los más altos observados durante este episodio de actividad.

Por esa razón, una reducción temporal en los sismos o en las emisiones de ceniza no significa que el volcán haya recuperado una condición estable.

La entidad indicó que para regresar a alerta amarilla será necesario mantener durante un periodo prudencial una tendencia sostenida de estabilidad en todos los parámetros monitoreados.

¿Qué recomendaciones hicieron las autoridades?

El SGC reiteró que la comunidad no debe acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ya que pueden presentarse emisiones repentinas de ceniza y gases que representan un riesgo para la vida.

Asimismo, pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de los boletines oficiales del Servicio Geológico Colombiano y seguir las instrucciones emitidas por las autoridades locales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

A dos días de que termine el Gobierno Petro, la vicepresidenta presentó la pintura que hará parte de la galería de la Casa Vicepresidencial. La obra fue elaborada por el artista Jaime Rojas y busca representar el momento histórico de Márquez como la primera mujer afrodescendiente en llegar a la vicepresidencia de Colombia.

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El cuadro llega después de que el propio Petro mostrara públicamente el retrato que quedará en la galería de presidentes de la Casa de Nariño. A diferencia del de Márquez, la pintura del mandatario lo muestra de cuerpo entero y ocupa un formato mucho más grande.

#Política | A dos días de terminar la actual administración, la vicepresidenta Francia Márquez (@FranciaMarquez) presentó el retrato oficial suyo que quedará en la galería de la Casa Vicepresidencial.

Se trata de una obra del artista Jaime Rojas, que representará el momento… pic.twitter.com/WE2pKoKNvH

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 5, 2026

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Por su parte, Petro escribió al presentar su retrato que este permanecerá en el corredor de los presidentes “hasta que alguien lo quite”. La obra quedará en la Casa de Nariño una vez concluya su mandato.

En el caso de Márquez, su retrato quedará en la Casa Vicepresidencial como parte de la galería destinada a quienes han ocupado ese cargo. De acuerdo con el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), la pintura de la vicepresidenta tuvo un costo de 45,5 millones de pesos. 

Esta iniciativa beneficia directamente a más de 2.450 estudiantes de grados noveno, décimo y undécimo de siete instituciones educativas oficiales de la ciudad: Prudencia Daza, San Joaquín, Francisco Molina Sánchez, Leonidas Acuña, Manuel Germán Cuello Gutiérrez, Nuestra Señora de Fátima y Alfonso Araujo Cotes. El proyecto se fundamenta en jornadas pedagógicas dirigidas a sensibilizar sobre normas de tránsito, autocuidado, convivencia ciudadana y prevención de siniestros viales. De acuerdo con información de la Administración Municipal, las actividades comprenden talleres, dinámicas y ejercicios prácticos, diseñados para que los jóvenes comprendan la importancia de cada decisión en la vía y cómo estas inciden directamente en la salvaguardia de vidas.

La elección de los grados noveno, décimo y undécimo como público objetivo responde a una apuesta preventiva, pues estos jóvenes se perfilan como futuros conductores y usuarios regulares de las vías de Valledupar. Se busca, entonces, que asuman el rol de multiplicadores de buenas prácticas, llevándolas a sus hogares y entornos comunitarios. El liderazgo del alcalde Ernesto Orozco Durán se refleja en su visión de que fortalecer la educación ciudadana es garantizar un futuro más seguro para Valledupar, mientras que la secretaria Marianela Guillén prioriza el componente pedagógico para afianzar la cultura de seguridad vial y el respeto a la vida.

Con este tipo de acciones, la Administración Municipal refuerza su compromiso con una movilidad segura y sostenible, demostrando que la educación es una herramienta efectiva para reducir la siniestralidad vial y promover una ciudad más consciente y responsable.

¿Cómo funciona el programa de educación vial para estudiantes en Valledupar?

El programa ‘Conduciendo hacia un Futuro Seguro’, liderado por la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, involucra talleres, dinámicas y ejercicios prácticos en siete instituciones educativas oficiales, orientados a estudiantes de los últimos grados. Su objetivo es fortalecer el conocimiento sobre normas de tránsito, fomentar el autocuidado y promover la prevención de siniestros viales desde las aulas.

¿Por qué es importante la participación de estudiantes de grados superiores en la seguridad vial de Valledupar?

La participación de estudiantes de noveno, décimo y undécimo es clave porque en poco tiempo serán conductores y usuarios constantes de las vías. Formarlos en responsabilidad y prevención contribuye a que asuman su papel como multiplicadores de buenas prácticas, impactando positivamente en sus familias y la comunidad.

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Esta cita sanitaria tiene como objetivo la prevención de enfermedades consideradas de alto impacto para la salud pública, tales como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B. Asimismo, la jornada incluye la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida especialmente a niñas y niños entre los 9 y 17 años, lo que responde a la estrategia de inmunización integral promovida por el Distrito.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, los puntos de vacunación estarán en funcionamiento desde las 8:00 a. m. y se distribuirán en múltiples espacios de la ciudad, ubicados en lugares de alta afluencia como centros comerciales, plazas, parques y colegios. Además, Bogotá dispone actualmente de más de 200 puntos fijos de vacunación, situados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), ajustados para garantizar una atención oportuna y permanente a la ciudadanía.

La información sobre la ubicación y horarios de los puntos se actualiza diariamente a través de canales oficiales, permitiendo que los ciudadanos consulten el listado actualizado en el enlace dispuesto por la SDS. Para quienes requieran vacunación específica contra la fiebre amarilla, en especial gestantes y personas mayores de 60 años, la entidad especifica que el proceso se lleva a cabo de manera exclusiva en puntos de atención autorizados, que cuentan con valoración médica y acompañamiento profesional para asegurar la adecuada aplicación.

La Secretaría Distrital de Salud también proporciona mecanismos digitales para encontrar el punto de vacunación más próximo. A través de la herramienta ‘Mapas Bogotá’, los usuarios pueden buscar, identificar y seleccionar fácilmente la ubicación más conveniente, siguiendo sencillos pasos detallados por la entidad, y así asistir portando su documento de identidad.

La invitación de la SDS busca facilitar el acceso de los bogotanos a los servicios de inmunización e insiste en consultar únicamente los canales oficiales para evitar información desactualizada o errónea.

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¿Cuáles son los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el 6 de agosto de 2026?

Según la Secretaría Distrital de Salud, Bogotá contará con múltiples puntos de vacunación el jueves 6 de agosto de 2026, ubicados en centros comerciales, parques, plazas, colegios, centros de salud e IPS. Los ciudadanos pueden consultar la ubicación exacta de estos lugares en el enlace proporcionado por la entidad y a través de sus redes sociales oficiales, lo que les permite identificar el punto más cercano y confirmar horarios.

¿Qué vacunas se aplicarán durante la jornada distrital y para qué grupos están dirigidas?

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría Distrital de Salud, la jornada de vacunación está enfocada en prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y contempla la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), esta última dirigida a niñas y niños de 9 a 17 años. Además, la vacunación contra la fiebre amarilla está disponible para gestantes y mayores de 60 años en puntos autorizados con valoración médica.

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Movilidad de Cali, el jueves 6 de agosto de 2026, estarán restringidos los automóviles cuyas placas finalicen en los números 5 y 6. La restricción se extiende durante una franja horaria continua que inicia a las 6:00 a.m. y concluye a las 7:00 p.m. Esta amplitud busca abarcar las horas de mayor congestión y asegurar una disminución significativa en la circulación de vehículos, impactando de manera positiva la movilidad de la ciudad en las mañanas, al mediodía y en la tarde.

El cumplimiento de las normas durante estas jornadas es obligatorio y de no respetarse, los conductores se arriesgan a recibir una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y la inmovilización inmediata del automóvil por parte de los agentes de tránsito, de acuerdo con la misma fuente. La medida pretende reforzar la disciplina vial y desincentivar el uso del vehículo particular en los días asignados, facilitando con ello la reducción de emisiones contaminantes y el orden en el flujo vehicular.

No obstante, existen algunas excepciones. Los vehículos híbridos, eléctricos y aquellos destinados a la atención de emergencias y seguridad están exentos de esta restricción. Igualmente, quienes requieran circular en días restringidos pueden acceder al pago de la llamada Tasa por Congestión, que habilita el uso del vehículo particular sin ser sancionado.

La Secretaría de Movilidad recalca la importancia de informarse permanentemente sobre los días y dígitos restringidos, así como conocer las excepciones y mecanismos legales existentes para evitar sanciones. Toda esta información puede ser consultada en los canales oficiales y medios de comunicación reconocidos, como Noticiero 90 Minutos.

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¿Cuál es el horario del pico y placa en Cali para el jueves 6 de agosto de 2026?

El jueves 6 de agosto de 2026, la restricción aplica desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., abarcando de manera continua las horas de mayor flujo vehicular en la ciudad. Durante ese día, solamente los vehículos particulares cuyas placas terminan en 5 y 6 tendrán prohibido circular por las vías de Cali, según la Secretaría de Movilidad municipal.

¿Qué sanciones existen por incumplir la restricción de pico y placa en Cali?

Según la información entregada por la Secretaría de Movilidad, los conductores que sean sorprendidos circulando en horarios restringidos deberán afrontar una sanción económica equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), sumado a la inmovilización del vehículo. La medida busca reforzar el cumplimiento de la normativa y contribuir a la reducción de la congestión y la contaminación.

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Según su testimonio, el secuestro ocurrió cuando salía de un restaurante ubicado entre Popayán y El Tambo. Mesa aseguró que varios hombres armados bloquearon el paso de su vehículo y lo obligaron a descender: “Nos atravesaron una camioneta blanca. Se bajaron como cinco tipos encapuchados, vestidos todos de negro, y nos colocaron un fusil de frente”, relató.

Así fue el secuestro

El músico contó que en el momento del ataque iba acompañado por su esposa y sus dos hijos. De acuerdo con su relato, todos fueron sometidos y retenidos con los ojos vendados durante varios días en una finca de la región.

“Duramos vendados aproximadamente unos, unos tres días. Nos tuvieron por allá en una finca”, dijo Mesa al narrar el cautiverio. También afirmó que, en medio del desplazamiento forzado, escucharon disparos y pensaron que la situación podía empeorar: “El Ejército, nos salió el Ejército”, recordó.

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El momento de la liberación

Mesa agregó que, tras la intervención de tropas en la zona, los captores les retiraron las capuchas y se identificaron como integrantes de las Farc. “Estén tranquilos, nosotros somos de las Farc y muchachos, nada les va a pasar con nosotros”, fue la frase que, según su versión, les dijeron antes de dejarlos seguir.

 

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El músico explicó que los trasladaron hasta Brisas, en el municipio de Patía, cerca de las 3:00 a. m., y que más tarde pudo comunicarse con su familia. En su relato, señaló que luego llamó a su hermano, quien se desplazó hasta el punto donde finalmente se reencontraron.

El secuestro en Cauca

Las primeras versiones del caso indicaron que el hecho ocurrió en la vereda La Chorrera, sobre la vía que conecta Popayán con El Tambo, donde los responsables también habrían hurtado tres vehículos. Desde que se conoció la denuncia, el Gaula de la Policía y otras unidades de seguridad desplegaron operativos para dar con el paradero del artista.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente quiénes fueron los autores del secuestro ni cuál fue el móvil del hecho. La liberación del músico generó alivio en el entorno artístico y entre sus seguidores, que siguieron de cerca el caso durante los últimos días.

Cauca, zona de alto riesgo

El episodio vuelve a poner en evidencia la compleja situación de seguridad en el Cauca, donde persisten secuestros, retenes ilegales e intimidaciones en corredores viales estratégicos. La vía entre Popayán y El Tambo ha sido señalada en varias oportunidades como un tramo de especial riesgo para la población civil.

Los Bacanes del Sur, agrupación reconocida por su mezcla de música popular y norteña mexicana, mantiene presencia nacional y amplia audiencia en redes sociales, lo que hizo que el caso tuviera un fuerte impacto público. Ahora, la atención se concentra en esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades detrás del secuestro.

La entidad reporta que la actividad volcánica observada está relacionada principalmente con dinámicas de fluidos en el interior del volcán, específicamente a profundidades menores a un kilómetro bajo el cráter. Pese a esta actividad, la sismicidad asociada al fracturamiento de roca ha permanecido en niveles bajos, tanto en cantidad como en magnitud. Estos movimientos sísmicos se han localizado entre uno y tres kilómetros bajo el cráter, lo que indica que algunos procesos internos continúan, aunque no se han intensificado significativamente.

Normalmente, las emisiones de ceniza van acompañadas de reportes sobre la dirección en la que esta se dispersa. En días recientes, la ceniza había viajado hacia el occidente o el noroccidente. No obstante, en esta última emisión, las condiciones meteorológicas dificultaron la recopilación de esa información crucial. A pesar de esto, habitantes de la vereda Cristales, en el municipio de Puracé, alertaron sobre fuertes sonidos que coincidieron con la emisión de ceniza a las 10 p. m. Asimismo, pobladores de veredas como Cobaló, San José, La Estrella y Agua Amarilla confirmaron la caída de ceniza en sus áreas, evidenciando el impacto directo de la actividad volcánica en la región.

El SGC advierte que una baja temporal en algunos indicadores, como la sismicidad, no significa un retorno inmediato a la calma ni justifica el cambio de alerta naranja a amarilla. El volcán todavía presenta valores de actividad superiores a lo habitual, por lo que permanece la recomendación de mantenerse informados a través de fuentes oficiales como el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. De acuerdo con la entidad, solo una evolución sostenida hacia parámetros estables permitiría bajar el nivel de alerta, proceso que exige tiempo y una evaluación minuciosa de las tendencias observadas.

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¿Por qué el volcán Puracé permanece en alerta naranja según el Servicio Geológico Colombiano?

El volcán Puracé sigue en alerta naranja porque, aunque algunos valores de actividad, como la sismicidad, han disminuido temporalmente, el registro general sigue superando el comportamiento normal. El Servicio Geológico Colombiano monitorea constantemente los indicadores y advierte que el retorno a la alerta amarilla solo ocurrirá tras un periodo prudencial en el que todos los parámetros estén estables y no se presenten eventos significativos nuevos.

¿Cuáles comunidades han sido afectadas por la caída de ceniza del volcán Puracé?

De acuerdo con el informe del Servicio Geológico Colombiano, habitantes de la vereda Cristales, en el municipio de Puracé, reportaron fuertes sonidos y caída de ceniza. Además, veredas como Cobaló, San José, La Estrella y Agua Amarilla también confirmaron la dispersión de ceniza en sus áreas, lo que evidencia el alcance del fenómeno en distintas zonas de influencia del volcán.

El propósito de esta iniciativa es que tanto residentes como visitantes se acerquen a disfrutar del patrimonio público y de la diversidad cultural de la capital vallecaucana. Las actividades están pensadas para los diferentes grupos de edad, con una agenda que abarca desde presentaciones artísticas y mercados campesinos hasta la iluminación especial de 17 monumentos y espacios representativos con los colores de la bandera colombiana.

La Plaza de Cayzedo asumirá un rol protagónico bajo la estrategia ‘Cali Somos Todos’, desarrollando un mercado campesino en el que participarán 30 productores rurales y activando una feria comercial y empresarial con 70 emprendimientos y empresarios locales entre 8:00 a.m. y 10:00 p.m. Dentro de la programación se incluyen clases de aerorumba —que es una modalidad de ejercicio grupal con ritmos latinos—, body balance, pilates mat y combat, sumados a muestras culturales encabezadas por agrupaciones como el Grupo del Pacífico – Chirimía IUICP, artistas de salsa y bolero, y un cierre musical con Las Guaracheras, La Suprema Corte y el DJ Holmes. La alcaldía también anunció una experiencia inmersiva y una exposición fotográfica ambiental como parte de la oferta.

El Bulevar de Oriente será el escenario de presentaciones artísticas entre las 4:00 p.m. y las 10:00 p.m., mientras que el Parque del Perro recibirá a cerca de 80 comerciantes para una nueva versión de la iniciativa ‘Borondeando’. El Parque El Peñón albergará la participación de 50 comerciantes, emprendimientos, restaurantes y bares en una jornada que irá de 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

Según información oficial, el Bulevar del Río contará con una sesión especial de aerorumba a las 6:00 p.m., y el Teatro Municipal Enrique Buenaventura abrirá la cátedra abierta “Descubriendo la Ópera: una puerta a Pagliacci” desde las 5:00 p.m. Uno de los eventos destacados será el show de mapping —proyección de imágenes y luces sobre edificios— en el edificio Coltabaco entre 6:30 p.m. y 10:30 p.m. La jornada culminará con la iluminación de lugares como Cristo Rey, las Tres Cruces y los Gatos de Tejada.

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¿Cuáles son las principales actividades gratuitas en Cali este 6 de agosto?

Las actividades principales incluyen conciertos en vivo, presentaciones culturales, clases deportivas como aerorumba, mercados campesinos y espacios de emprendimiento en la Plaza de Cayzedo; además, habrá programación artística en el Bulevar de Oriente y muestras gastronómicas y comerciales en el Parque del Perro y el Parque El Peñón. También se destacan el show de mapping en el edificio Coltabaco y la iluminación de monumentos con los colores de la bandera de Colombia.

¿Qué es el mapping y cómo hará parte de la celebración en Cali?

El mapping es una técnica que consiste en proyectar imágenes y juegos de luces sobre superficies, como edificios, para crear efectos visuales y transformar espacios. Durante la celebración, se realizará un show de mapping sobre el edificio Coltabaco entre las 6:30 p.m. y las 10:30 p.m., convirtiéndose en uno de los grandes atractivos de la jornada cultural y artística de acuerdo con la Alcaldía de Cali.

No obstante, el panorama integral destaca desafíos relevantes. El informe alerta sobre la situación de seguridad: en 2025, Cali registró una tasa de homicidios por encima del promedio nacional, contabilizando 1.058 casos, una cifra que evidencia el impacto de la violencia regional. El documento indica que 64 de los 84 municipios del Valle del Cauca y del Cauca cuentan con presencia de grupos armados organizados, cuyos delitos inciden directamente en la seguridad de la ciudad. Además, datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la policía revelan que el 37% de los actos terroristas del país durante ese año ocurrieron en Valle del Cauca o en Cauca.

Otro punto crítico señalado en el informe es el sistema de salud. Aunque la cobertura supera la cantidad de habitantes, persisten las quejas de la ciudadanía por demoras en citas, tratamientos y entrega de medicamentos. En 2025, el país superó por primera vez los dos millones de reclamos y, según Cali Cómo Vamos, Valle del Cauca fue uno de los departamentos con mayor tasa de reclamos por habitante, con Cali como epicentro.

El informe también plantea la necesidad de ampliar la cobertura educativa, fortalecer el sistema de movilidad y lograr la cofinanciación nacional del tren de cercanías, un proyecto considerado clave para mejorar la competitividad y el empleo, así como disminuir el impacto ambiental en la región. Según análisis de la Comisión de Competitividad citados, Cali y el Valle del Cauca aportan el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional pero apenas reciben el 3% de la inversión en infraestructura, mostrando una marcada brecha en desarrollo regional.

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¿Cuáles son los principales retos de Cali en seguridad y por qué afectan a la ciudad?

Según el informe de Cali Cómo Vamos, la seguridad es uno de los mayores desafíos, ya que Cali tuvo una tasa de homicidios superior al promedio nacional en 2025, con 1.058 casos. El impacto principal proviene de la presencia de grupos armados organizados en municipios cercanos, lo cual incide directamente en la violencia y dinamiza actos delictivos en la ciudad. Además, el Valle del Cauca y el Cauca fueron los departamentos con mayor concentración de actos terroristas ese año, evidenciando la complejidad del contexto regional.

¿Por qué es importante el proyecto del tren de cercanías para Cali y la región?

El tren de cercanías es destacado como fundamental por Cali Cómo Vamos porque se espera que mejore significativamente la movilidad entre Jamundí y Cali, reduzca tiempos de desplazamiento, aumente la competitividad regional y disminuya el impacto ambiental. Además, el proyecto impulsaría el empleo y demanda una mayor inversión nacional para cerrar la brecha entre el aporte de la región al Producto Interno Bruto (PIB) y la inversión en infraestructura recibida.

Félix Ulloa fue recibido personalmente por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Las autoridades locales destacaron la importancia de la visita de oficiales de alto rango y representantes extranjeros, lo cual refuerza la relevancia internacional de la ocasión y resalta a Cali como anfitriona. Según el propio alcalde Eder, citado por Noticiero 90 Minutos a través de sus canales oficiales, el arribo de estas delegaciones de alto nivel da inicio a una serie de actos y eventos formales en el contexto de la transmisión del poder presidencial. Por lo tanto, se prevé la participación de miles de visitantes nacionales e internacionales, incluyendo congresistas, gobernadores, alcaldes e invitados especiales.

Este flujo de personas tendrá un impacto directo en la economía local, especialmente en sectores como la hotelería, gastronomía, turismo y comercio. Las autoridades proyectan que la ciudad registrará un movimiento económico superior a 6 mil millones de pesos gracias a la alta afluencia de visitantes. En paralelo, Cali implementará estrictas medidas para el adecuado desarrollo de la jornada, entre ellas restricciones de movilidad, ley seca y un amplio despliegue de seguridad, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y el orden durante todas las actividades relacionadas con la visita de las delegaciones extranjeras.

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, por tanto, no solo representa un hecho político de gran trascendencia, sino que también implica retos logísticos y de seguridad para Cali, configurándose como un momento histórico para la ciudad y el país.

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¿Qué impacto económico tendrá la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali?

De acuerdo con lo informado por Noticiero 90 Minutos, la llegada de delegaciones internacionales, funcionarios nacionales e invitados especiales generará un impacto económico importante en Cali, estimado en más de 6 mil millones de pesos. Este beneficio económico principalmente favorecerá sectores como hotelería, gastronomía, turismo y comercio local durante los días previos y posteriores al evento.

¿Cuáles serán las medidas de seguridad y movilidad durante la posesión presidencial en Cali?

Según las autoridades citadas por Noticiero 90 Minutos, para garantizar el correcto desarrollo de la posesión presidencial se implementarán restricciones de movilidad, ley seca y un dispositivo de seguridad reforzado. Estas acciones buscan propiciar tranquilidad y orden tanto para los asistentes al evento como para el resto de la ciudadanía durante la visita de las delegaciones extranjeras en Cali.

Durante la ceremonia de posesión, el alcalde Orozco reiteró que tanto la educación como la atención a las poblaciones más vulnerables continuarán siendo ejes centrales de su mandato. Destacó que la vinculación de estas funcionarias responde a la necesidad de sumar líderes con experiencia y compromiso, capaces de ayudar a cumplir las metas propuestas para Valledupar. "Estamos dándoles la bienvenida a estas grandes mujeres, quienes ingresan para sumarse a este equipo para seguir arreglando esto. Sabemos de las capacidades de trabajo y confiamos en que continuarán el dinamismo para que Valledupar continúe creciendo", afirmó Orozco, según la comunicación oficial difundida por la administración municipal.

Samantha Zuleta Fernández llega a la Secretaría de Educación con un historial ligado a la administración pública, la transformación digital y el fortalecimiento institucional. Entre las entidades en las que ha trabajado se destacan el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Defensoría del Pueblo, la Universidad de Cartagena y la Gobernación del Cesar, además de empresas como Aguas del Cesar y Emdupar. Su paso por estos organismos la ha llevado a participar en proyectos enfocados en consolidar la gestión de programas públicos. La Administración Municipal ha señalado que bajo su liderazgo se espera impulsar la calidad educativa, incentivar la permanencia de los estudiantes, promover la innovación y afianzar el trabajo conjunto con instituciones, docentes, alumnos y padres de familia.

En su nuevo cargo, Mónica Benjumea Daza, quien es administradora financiera y de sistemas y especialista en Gerencia de Hacienda Pública, tendrá el reto de coordinar la atención de adultos mayores, la infancia y otros grupos vulnerables, así como acciones en los comedores comunitarios. Cuenta con más de 20 años de experiencia en entidades como la Contraloría General de la República, la Gobernación del Cesar y la DIAN, además de haber dirigido dependencias en instituciones como IDECESAR, Emdupar y la Contraloría Departamental del Cesar. Trabajará en articulación con la gestora social Milena Serrano Loaiza y con diversas oficinas de la Alcaldía, buscando que las iniciativas sociales alcancen un mayor impacto en la comunidad de Valledupar.

¿Quiénes son Samantha Zuleta Fernández y Mónica Benjumea Daza en la Alcaldía de Valledupar?

Samantha Zuleta Fernández fue designada como secretaria de Educación y cuenta con una trayectoria en transformación digital y administración pública en entidades como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Gobernación del Cesar. Mónica Benjumea Daza es la nueva jefe de la Oficina de Gestión Social y tiene más de dos décadas de experiencia en dirección y gestión en entidades como la Contraloría General de la República y la DIAN.

¿Cuáles serán las funciones principales de Samantha Zuleta y Mónica Benjumea en la administración de Valledupar?

Zuleta Fernández liderará iniciativas para fortalecer la educación, asegurar la permanencia de estudiantes y fomentar la innovación educativa en colaboración con la comunidad educativa. Benjumea Daza se encargará de coordinar programas sociales dirigidos a personas vulnerables y de gestionar acciones en comedores comunitarios junto a otras dependencias de la alcaldía.

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Cuatro años después, una de las iniciativas más representativas de esa apuesta, el corredor férreo Buenaventura-Palmira, terminó envuelta en un conflicto jurídico entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el consorcio que ganó la licitación para realizar sus estudios de factibilidad.

La recuperación del corredor del Pacífico fue presentada como una de las piezas clave de la política ferroviaria del Gobierno. El proyecto contempla cerca de 120 kilómetros de infraestructura entre Buenaventura y Palmira, un trayecto considerado estratégico para conectar el principal puerto del Pacífico con el interior del país y fortalecer la competitividad del comercio exterior.

Durante el Gobierno Petro, el corredor fue incorporado dentro del plan nacional de reactivación ferroviaria y, posteriormente, incluido en el portafolio de proyectos del Ministerio de Transporte, que anunció inversiones por 321,3 billones de pesos para obras de infraestructura.

De ese total, 38,6 billones cuentan con documento CONPES, lo que significa que tienen prioridad para avanzar hacia etapas de estructuración y financiación.

Sin embargo, antes de pensar en la construcción del tren, el primer paso consistía en contratar los estudios técnicos de factibilidad que definirían la viabilidad del proyecto. Para ello, la ANI abrió el 2 de octubre de 2025 el Concurso de Méritos VJ-VE-CM-008-2025, cuyo objeto era contratar la estructuración técnica integral del corredor férreo Buenaventura-Palmira.

El proceso avanzó durante más de dos meses con la publicación de pliegos, observaciones de los interesados, modificaciones al cronograma mediante varias adendas, la corrección de un vicio procedimental y la evaluación de las propuestas presentadas. En total participaron 13 oferentes, de los cuales siete cumplieron todos los requisitos técnicos, financieros y jurídicos para llegar a la etapa final de evaluación.

El 17 de diciembre de 2025 el comité evaluador publicó el informe definitivo y, un día después, durante la audiencia de adjudicación, la ANI declaró ganador al Consorcio Férreo del Pacífico UGPRO, integrado por Consultores de Ingeniería UG21 y Prointec, empresa propiedad de Indra Group. La propuesta obtuvo 94,38 puntos sobre 100 y fue adjudicada mediante la Resolución 20257030232723 por un valor de 53.266 millones de pesos y un plazo de ejecución de 18 meses.

Con la adjudicación parecía destrabarse uno de los proyectos ferroviarios más importantes del Gobierno. El cronograma oficial establecía que el contrato debía firmarse el 23 de diciembre de 2025, apenas cinco días después de la adjudicación. Sin embargo, esa fecha llegó y pasó sin que la ANI suscribiera el contrato ni publicara explicación alguna sobre las razones del retraso.

A partir de ese momento comenzó el conflicto. Según la demanda presentada por el consorcio, el 30 de diciembre de 2025 solicitó formalmente a la ANI cumplir el cronograma y proceder con la firma del contrato. Días después, el 5 de enero de 2026, reiteró la petición, pero nuevamente asegura que no obtuvo respuesta de la entidad.

Ante la falta de avances, el consorcio acudió el 15 de enero de 2026 a una acción de cumplimiento para obligar a la ANI a firmar el contrato. No obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la solicitud el 18 de febrero, al considerar que existían otros mecanismos judiciales para resolver la controversia.

Mientras tanto, la situación permanecía congelada. El 4 de marzo de 2026 la ANI negó una solicitud de revocatoria directa presentada por otro de los participantes del proceso, con lo que el acto administrativo de adjudicación continuó vigente. Es decir, la resolución que declaró ganador al Consorcio Férreo del Pacífico UGPRO nunca fue anulada ni revocada.

Pese a ello, el contrato seguía sin firmarse. Esa contradicción constituye precisamente el eje de la demanda de reparación directa presentada posteriormente contra la ANI. El consorcio sostiene que la entidad incurrió en una omisión administrativa al abstenerse de suscribir un contrato ya adjudicado, pese a que la decisión estaba en firme y, según argumenta, la legislación colombiana establece que el acto de adjudicación obliga tanto a la entidad pública como al adjudicatario.

La demanda solicita que se declare la responsabilidad de la ANI por esa presunta omisión y reclama una indemnización estimada en 16.802 millones de pesos por concepto de daño emergente y lucro cesante derivados de la imposibilidad de ejecutar el contrato.

En abril de 2026, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó a Pulzo que los estudios de factibilidad de la Conexión Férrea Bogotá Región–Corredor Férreo Central y del Corredor Férreo del Pacífico (Buenaventura–Palmira) habían sido efectivamente adjudicados el 18 de diciembre de 2025.

Sin embargo, precisó que ambos proyectos seguían caminos distintos: mientras el contrato del corredor Bogotá–Corredor Férreo Central ya había sido firmado, estaba en ejecución desde el 6 de marzo de 2026 y avanzaba conforme al cronograma en la etapa de debida diligencia, el proyecto Buenaventura–Palmira permanecía sin iniciar.

La ANI explicó que la suscripción y ejecución del contrato fueron suspendidas mientras se resolvían distintas actuaciones jurídicas promovidas dentro del proceso, entre ellas una solicitud de revocatoria directa, una acción de tutela y una acción de cumplimiento. Sin embargo, dichas actuaciones ya fueron resueltas, la solicitud de revocatoria fue negada y el acto de adjudicación continúa vigente. Pese a ello, el contrato sigue sin suscribirse y la entidad no ha precisado cuál es hoy el fundamento jurídico concreto que impide avanzar con su firma. Mientras tanto, el proyecto no registra avance físico y la interventoría permanece condicionada a una decisión administrativa de la propia Agencia.

Así, uno de los proyectos emblemáticos con los que Gustavo Petro buscó impulsar el regreso del tren en Colombia terminó, al menos en su fase inicial, atrapado en un litigio judicial.

Mientras el Gobierno saliente sigue presentando el corredor Buenaventura-Palmira como parte de la futura transformación del sistema de transporte nacional, la estructuración técnica del proyecto permanece sin iniciar debido a un contrato adjudicado que nunca llegó a firmarse y cuya ejecución ahora dependerá, en buena parte, de lo que resuelva la justicia administrativa.

Así lo informó por medio de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), sobre un tema que involucra al Gobierno presidido por Gustavo Petro, su exesposo.

El requerimiento legal surge luego de conocerse audios filtrados de Eva Ferrer, exconsejera presidencial, en los cuales califica al entorno de la expareja de Gustavo Petro como “banda de criminales”.

A través de su apoderado jurídico, Ricardo Gaviria Ramírez, la excónyuge del mandatario preguntó si el ente acusador adelanta un proceso formal, iniciado este miércoles, 5 de agosto.

El escrito examina las revelaciones periodísticas que exponen una ostentosa ‘danza de los millones’ dentro de la Casa de Nariño, abarcando aportes electorales, partidas extraviadas y fondos en efectivo.

Frente a las grabaciones expuestas por Eva Ferrer, la defensa técnica de Verónica Alcocer precisó la postura oficial de la primera dama en la declaración enviada al organismo acusador.

“En tales audios, sin mayores precisiones de tiempo, modo y lugar, se menciona el nombre de mi poderdante, Verónica Alcocer García, en relación con una serie de hechos que, en abstracto, podrían revestir las características objetivas de conductas punibles”, señaló.

De igual forma, el apoderado judicial añadió en el escrito formal una observación concerniente a probables actuaciones promovidas en el escenario parlamentario.

“De igual forma, ha trascendido públicamente que algunos congresistas tendrían la intención de promover una denuncia penal relacionada con dichos acontecimientos”, remarcó.

Con el propósito de “establecer prontamente su buen nombre y el de su familia”, Alcocer solicitó conocer el número de noticia criminal para estructurar oportunamente su defensa.

Adicionalmente, el escrito radicado deja formalmente abierta la puerta para emprender acciones legales contra la exfuncionaria con el fin de desmentir los señalamientos sobre presuntas irregularidades.

Este es el trino:

Hemos enviado derecho de petición a la @FiscaliaCol para solicitar información con el legítimo interés de restablecer prontamente mi buen nombre y el de mi familia. pic.twitter.com/P4maNBtBu5

— Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) August 5, 2026

Por otra parte, la exasesora catalana dio a conocer a través de su abogada que citó formalmente a una audiencia de conciliación a la primera dama.

La diligencia busca conciliar con Verónica Alcocer y Manel Grau, empresario catalán cercano, cobrando 48.000 euros, unos 180 millones de pesos colombianos, más 52 millones pendientes desde campaña.

¿Quién es Ricardo Gaviria Ramírez?

Ricardo Gaviria Ramírez es un abogado penalista colombiano, egresado de la Universidad de Caldas, con más de 20 años de experiencia en derecho penal. Su perfil aparece en su propia firma, Derecho Penal & Empresa, y en publicaciones del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

Es socio fundador y director general de la firma Gaviria Ramírez Derecho Penal y Empresa, con sede en Bogotá. Desde allí, representa a empresas y personas naturales en procesos penales de alta complejidad y alto impacto público, según describe su sitio web profesional.

Ha actuado como defensor en casos emblemáticos, entre ellos el de los 13 estudiantes de la Universidad Nacional, el caso Las Marionetas, el caso FONADE y el de Centros Poblados. También ha defendido a magistrados y directivos en investigaciones de relevancia nacional.

En su perfil profesional se destaca que asesora a entidades financieras y compañías de sectores como alimentos, bebidas, tecnología y deporte profesional. Entre sus clientes aparecen Bancolombia, Bavaria, Postobón, Siemens Healthcare, Renault Sofasa, Fecoljuegos, Colbet, W Play y Atlético Nacional.

Además, ejerce como profesor de posgrado en Derecho Penal Internacional y es vicepresidente del capítulo Caldas del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. En ese rol publica artículos sobre temas de justicia penal y derechos de las víctimas.

En 2024, lo señalaron como el nuevo abogado defensor de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en procesos penales en su contra.

En la actualidad, figura como director de la Comisión de Apoyo Investigativo de la Defensa del Presidente de la República, según su propia firma.

La ausencia de la JEP en esta cita protocolaria se da en un contexto de tensión. Tras la victoria electoral de Abelardo de la Espriella en junio pasado, el magistrado Ramelli manifestó en diversas ocasiones su interés en entablar un diálogo directo sobre el futuro de la JEP. No obstante, según declaró a El País, “hemos venido haciendo la invitación a conversar directamente; incluso enviamos una carta formal. Hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta”. Esta falta de comunicación resalta el distanciamiento del presidente electo frente a la justicia transicional instaurada como parte de los compromisos de paz del Estado.

Durante la campaña electoral, Abelardo de la Espriella manifestó de manera explícita su intención de “desmontar” la JEP. En una entrevista con Caracol Radio, afirmó que la jurisdicción “no ha producido absolutamente nada, porque no ha habido ni justicia, ni verdad, ni reparación”. Sin embargo, expertos han advertido que eliminar la JEP requeriría reformar la Constitución Política, pues la entidad está incorporada en la carta magna, y el cumplimiento del acuerdo de paz es una obligación estatal, independiente de la ideología del jefe de Estado.

La exclusión de la JEP no es un caso aislado. También se quedaron sin invitación los expresidentes Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, así como Paloma Valencia, quien tras su derrota en la primera vuelta presidencial expresó rápidamente su apoyo a De la Espriella. El motivo de la no invitación a Samper estaría relacionado con cuestionamientos al financiamiento de su campaña de 1994, mientras que la exclusión de Santos tendría vínculos con su papel en la firma del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc, que dio origen a la JEP.

Un dato relevante es que los antecesores de Ramelli, Patricia Linares y Eduardo Cifuentes, sí asistieron a anteriores posesiones presidenciales, lo que evidencia una ruptura con la tradición reciente. Por el contrario, De la Espriella sí se ha reunido informalmente con líderes de las altas cortes, pero la JEP sigue al margen de estos acercamientos institucionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no fue invitada a la posesión de Abelardo de la Espriella?

La razón principal es la postura crítica que ha expresado el presidente electo, Abelardo de la Espriella, hacia la JEP. Durante su campaña, manifestó su deseo de desmontar esta jurisdicción y cuestionó su eficacia, argumentando que, en su criterio, no ha ofrecido justicia, verdad ni reparación. Esto, sumado a la falta de respuesta formal a las invitaciones del magistrado Alejandro Ramelli para dialogar, resultó en la exclusión institucional de la ceremonia en Cali.

¿Qué retos enfrenta la JEP tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente?

Uno de los principales retos para la JEP es el distanciamiento político y comunicativo con el nuevo presidente, quien ha manifestado intenciones de eliminarla pese a que cambiar su estatus requeriría una reforma constitucional. Además, la exclusión de espacios de diálogo y de actos protocolarios refleja un ambiente menos favorable para la cooperación institucional, lo que podría afectar la definición de presupuestos y agendas de trabajo en los próximos meses.

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La iniciativa la radicará en el Capitolio el senador Germán Rodríguez, veterano de la Armada Nacional de Colombia, quien espera llevar a discusión su proyecto la semana del 10 de agosto.

“Para que puedan votar como lo hacen la gran mayoría de países en el mundo. Nosotros no somos ciudadanos de segunda; ya estamos en diálogo con los demás congresistas para que este acto legislativo sea ley de la República”, aseguró el senador de Salvación Nacional, afín con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

#POLÍTICA | El senador Germán Rodríguez (@GermnAndrs92683) anunció que radicará un acto legislativo para permitir que militares en servicio activo y miembros de la Policía Nacional puedan ejercer el derecho al voto.

La iniciativa será presentada la próxima semana y el… pic.twitter.com/ahXJ2cIT7a

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 5, 2026

El congresista busca hacer alianzas con las coaliciones que se han declarado de gobierno entre 2026 y 2030 con el fin de ganar apoyo y que su proyecto avance en los debates de las comisiones en Senado y Cámara.

La piedra angular de este proyecto es que los miembros de la fuerza pública no pueden votar por un artículo explícito en la Constitución Política, por lo que se tendría que hacer una ley que exceptúe esta situación para las elecciones. De prosperar en el Congreso, la iniciativa de Rodríguez pasaría a sanción presidencial, pero podría ser anulada en la Corte Constitucional.

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¿Por qué los policías, militares y más no pueden votar en las elecciones de Colombia?

Los miembros de la fuerza pública en Colombia, como militares y policías en servicio activo, no pueden votar en elecciones debido a una prohibición establecida directamente en la Constitución Política. El objetivo de esta restricción es garantizar que las instituciones encargadas de la defensa y la seguridad del Estado actúen con absoluta neutralidad frente a los partidos, candidatos y movimientos políticos.

La principal norma es el artículo 219 de la Constitución Política de 1991, que señala:

“Los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.

Esta disposición busca evitar que las decisiones de la fuerza pública puedan verse influenciadas por intereses electorales o partidistas y preservar su carácter no deliberante.

La prohibición también tiene respaldo en el artículo 127 de la Constitución, que limita la participación en actividades políticas de determinados servidores públicos, y en el artículo 48 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, el cual establece que los integrantes de la fuerza pública en servicio activo quedan excluidos del censo electoral mientras permanezcan en esa condición.

Esto significa que la restricción aplica para los integrantes del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional mientras estén vinculados de manera activa a la institución. Durante los procesos electorales, su función es brindar seguridad a los puestos de votación, custodiar el material electoral y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer el voto con tranquilidad, sin participar en campañas, reuniones o debates políticos.

No obstante, la prohibición no es permanente. Los miembros de la fuerza pública pueden volver a votar una vez pasan a retiro o dejan el servicio activo. Cuando ello ocurre y su situación administrativa es reportada ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, recuperan plenamente el derecho al sufragio y pueden inscribirse o permanecer en el censo electoral como cualquier otro ciudadano colombiano.

En los últimos años se han radicado proyectos de acto legislativo en el Congreso con el propósito de modificar el artículo 219 de la Constitución y permitir que los militares y policías en servicio activo voten. Sin embargo, hasta la fecha esa prohibición continúa vigente, por lo que únicamente quienes se encuentren retirados de la fuerza pública pueden participar en las elecciones como electores.