En la categoría de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el premio fue adjudicado al equipo liderado por Jaime Eduardo Castellanos Parra, director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, acompañado por un grupo de investigadores destacados. El núcleo de su trabajo consistió en comprender la transmisión de enfermedades asociadas a mosquitos y otros insectos, resaltando que abordarlas no requiere solo analizar al vector (organismo capaz de transmitir enfermedades), sino también los factores ambientales, sociales y biológicos que inciden en su propagación. Según la Fundación Alejandro Ángel Escobar, su investigación integró conocimientos de diversas disciplinas y escalas, desde procesos celulares hasta dinámicas sociales en territorios afectados, involucrando tanto a la academia como a entidades sanitarias y comunidades expuestas.

Este grupo consolidó una plataforma de investigación sobre afecciones virales como el dengue, fiebre amarilla y chikunguña, permitiendo mejor diagnóstico y vigilancia molecular. Así, contribuyeron a protocolos nacionales de salud, capacitación profesional y fortalecimiento de las capacidades regionales para enfrentar estos retos de salud pública.

En la categoría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Fundación reconoció la declaración de la Cordillera Submarina Beata como área marina protegida, un lugar singular del Caribe colombiano con 450 kilómetros de largo y gran diversidad geológica y biológica. El proceso requirió una expedición científica de dos meses y la recolección de datos inéditos, lo que fundamentó su protección bajo directrices oficiales.

Por último, el premio en Ciencias Sociales y Humanas fue otorgado al historiador Santiago Muñoz Arbeláez, cuyo libro ‘The New Kingdom of Granada: The Making and Unmaking of Spain’s Atlantic Empire’, analizó la compleja formación del Nuevo Reino de Granada, relevando no solo la influencia española sino la participación y resistencia de los pueblos indígenas, como los Pijaos y los Muiscas, en la construcción y transformación histórica del territorio.

¿Qué impacto tiene el trabajo de la Universidad del Bosque en el control de enfermedades transmitidas por insectos en Colombia?

El trabajo de la Universidad del Bosque, de acuerdo con la Fundación Alejandro Ángel Escobar, ha permitido comprender integralmente cómo interactúan factores ambientales, sociales y biológicos en la transmisión de enfermedades como el dengue, chikunguña y fiebre amarilla. Además, fortaleció protocolos nacionales de vigilancia y diagnóstico, logrando que comunidades y entidades de salud estén mejor preparadas para identificar y controlar estas enfermedades, adaptando estrategias a las necesidades específicas de cada territorio.

¿Por qué fue declarada área protegida la Cordillera Submarina Beata en el Caribe colombiano?

Según la Fundación Alejandro Ángel Escobar, el reconocimiento se dio gracias a la investigación que demostró la importancia ecosistémica y vulnerabilidad de la Cordillera Submarina Beata, una extensa formación geológica con una rica diversidad de organismos y hábitats. La declaración como área protegida busca resguardar estos ecosistemas únicos y las condiciones ecológicas que los sustentan.

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Un trágico suceso enluta a una familia y a toda una comunidad escolar, luego de la muerte de una niña que cayó desde el corredor de un edificio residencial. De acuerdo con la información recolectada, la menor se encontraba acompañada de su madre, quien se preparaba para llevarla al jardín infantil. Según los primeros reportes, al descender la madre en el ascensor del conjunto, la niña permaneció en el corredor. A su regreso, la madre encontró que la menor había caído desde ese punto hasta el primer piso, lo que desencadenó una emergencia inmediata en el lugar de los hechos.

De acuerdo con los organismos de emergencia, la respuesta fue rápida, pero, lamentablemente, cuando llegaron al sitio ya no hallaron signos vitales en la niña. Posteriormente, unidades de la Seccional de Investigación Judicial e Interpol (SIJIN) llevaron a cabo los actos urgentes y se hicieron responsables del levantamiento del cuerpo, procedimiento que da inicio formal al proceso judicial para esclarecer los hechos.

Las autoridades que investigan el caso revisan las cámaras de seguridad del conjunto residencial, con el objetivo de precisar en detalle qué ocurrió en los minutos previos a la caída. Este análisis busca establecer si existió alguna circunstancia adicional o si la tragedia obedece a un lamentable accidente. Hasta el momento, las circunstancias exactas en torno a la caída permanecen bajo investigación y no se han confirmado hipótesis adicionales.

La muerte de la menor causó conmoción en el entorno escolar. El Gimnasio Happy Kids, institución donde la pequeña estudiaba, expresó profundamente sus condolencias a la familia y resaltó la alegría, así como la dulzura que caracterizaban a la niña. La comunidad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), a la que también estaba vinculada la familia, manifestó su solidaridad, acompañando a los allegados en este difícil momento.

Mientras avanzan las pesquisas, las autoridades reiteran su compromiso en esclarecer los hechos y brindar respuestas a los familiares y a la comunidad dolida por esta tragedia.

¿Qué investigan las autoridades en el caso de la niña que cayó desde el corredor?

Las autoridades concentran sus investigaciones en establecer con exactitud qué ocurrió antes de la caída de la menor, apoyándose en la revisión de cámaras de seguridad del lugar. El objetivo es esclarecer si existieron factores externos, negligencia o circunstancias accidentales que expliquen lo sucedido.

¿Qué significa SIJIN y cuál fue su papel tras el accidente en el conjunto residencial?

SIJIN es la Seccional de Investigación Judicial e Interpol, la cual es responsable de llevar a cabo procedimientos judiciales iniciales, entre estos el levantamiento del cuerpo y la recopilación de pruebas en la escena, tareas esenciales para iniciar el proceso investigativo sobre este lamentable suceso.

El balance entregado por la mandataria departamental resalta la intervención en tres unidades de producción minera. Como resultado, las autoridades destruyeron tres excavadoras, cuatro motores industriales Cummins, cuatro clasificadoras y una planta eléctrica. Durante los operativos, también se realizó la incautación de un camión y material de guerra, demostrando la magnitud de las estructuras que operaban en la zona. Este despliegue representó un golpe económico notable para los responsables, pues la maquinaria destruida equivale a una pérdida superior a 1.800 millones de pesos. Además, la capacidad de producción de oro de las minas intervenidas se calculó en aproximadamente 9.000 gramos mensuales, una cifra significativa que evidencia el impacto de la extracción ilegal sobre los recursos naturales de la región.

La gobernadora Matiz, al compartir los resultados de la operación, enfatizó la importancia de frenar las estructuras criminales que buscan financiar economías ilícitas mediante el aprovechamiento ilícito de recursos del departamento. De acuerdo con sus declaraciones, estas acciones forman parte de una estrategia integral que pretende identificar y neutralizar los puntos críticos de extracción ilegal de oro en el sur del Tolima. La mandataria también aseguró que los operativos continuarán, reforzando la defensa de los territorios afectados y priorizando la protección de los recursos naturales para evitar que el delito siga siendo una fuente de riqueza para organizaciones criminales.

¿Cuál fue el impacto económico de la operación contra la minería ilegal en el sur del Tolima?

El impacto económico de la operación se refleja en la destrucción de maquinaria valorada en más de 1.800 millones de pesos y la interrupción de la producción mensual estimada en 9.000 gramos de oro. Estas pérdidas afectan directamente a las estructuras dedicadas a la minería ilegal, debilitando su capacidad operativa y sus fuentes ilegales de financiación.

¿Qué entidades participaron en los operativos contra la minería ilegal en Chaparral y Coyaima?

En los operativos participaron el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros. Esta colaboración permitió una acción conjunta y coordinada para intervenir tres unidades de producción minera y decomisar diversos equipos y materiales utilizados para la explotación ilegal de oro en los municipios de Chaparral y Coyaima.

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‘Epa Colombia’ dijo que estaría cerca de la casa por cárcel

La empresaria, que fue trasladada a una cárcel de Ibagué, aseguró durante su intervención, citada por El Tiempo, que tiene una condena de 63 meses y que, según lo que le habría manifestado la jueza tercera de ejecución de penas de Bogotá, estaría próxima a acceder a la prisión domiciliaria.

(Vea también: Transmilenio hizo particular propuesta a ‘Epa Colombia’ para pagar deuda y tiene que ver con su contenido)

“No cuento con ningún proceso ni nada de eso, llevo una condena de 63 meses, pero llevo casi 26 con descuento, no voy para la condicional, pero voy para la domiciliaria”, afirmó Barrera Rojas durante la audiencia.

‘Epa Colombia’ también aseguró que ha mantenido una conducta adecuada durante su reclusión y que cuenta con una buena calificación en su cartilla biográfica.

Es importante precisar que sus declaraciones sobre una eventual prisión domiciliaria no significan que el beneficio haya sido concedido en esa audiencia. La decisión sobre la ejecución de la pena corresponde al juzgado competente.

‘Epa Colombia’ hizo acuerdo con Transmilenio tras ir a la cárcel

Durante la reciente audiencia también se conocieron detalles del acuerdo de reparación entre la empresaria y Transmilenio. La propuesta contempla un componente económico y otro pedagógico. Entre las medidas se encuentra la realización de 55 videos destinados a promover el uso adecuado del sistema de transporte, de acuerdo con lo expuesto durante la diligencia.

@pulzocolombia Epa Colombia llegó a un acuerdo con TransMilenio por los daños ocasionados en la estación Molinos durante los hechos de noviembre de 2019. La reparación, estimada en $467 millones, contempla un pago de $100 millones y 55 videos pedagógicos para compensar cerca de $300 millones restantes. El detalle es que, por su condena, actualmente no puede ejercer como influencer o youtuber, por lo que los videos no podrían publicarse mientras se mantengan esas condiciones. Además, Epa Colombia anunció que solicitará prisión domiciliaria tras haber cumplido cerca de 26 meses de condena. #epacolombia #transmilenio #condena ♬ ■ News News-Drone-IT-AI(963995) – ImoKenpi-Dou

Entre los temas que ‘Epa Colombia’ mencionó para estos contenidos están mensajes para evitar que los usuarios se evadan del pago, utilizar correctamente Transmilenio y explicar cómo descargar la aplicación para recargar la tarjeta.

De acuerdo con declaraciones del alcalde Alejandro Eder, la intervención no se limita únicamente a los temas de seguridad. La estrategia contempla una recuperación integral del sector, con acciones que van desde la recuperación de infraestructura, el mejoramiento del alumbrado público, la ejecución de proyectos de renovación urbana y la atención a temas sociales. Dentro del Plan Cristo Rey, la Alcaldía ha trabajado en jornadas de atención dirigidas a habitantes de calle y vecinos del centro de Cali, logrando impactar ya a más de 300 personas en condición de calle y desarrollando líneas de acción orientadas a niños, niñas y adolescentes residentes de la zona. La coordinación entre autoridades de seguridad y diferentes dependencias del Distrito es esencial en este proceso, garantizando una presencia estatal constante, según lo enfatizó Eder.

En su intervención, el alcalde indicó que las obras y acciones continuarán durante todo el mes, con la expectativa de lograr una transformación integral del núcleo urbano antes del 31 de octubre. Las labores de demolición van acompañadas de proyectos de renovación urbana, que buscan no solo optimizar la infraestructura sino también renovar dinámicas de vivienda, promover actividades comerciales y fomentar nuevas oportunidades económicas. Según precisó la Alcaldía, en aquellos sectores que no cuenten inicialmente con proyectos de renovación, cada caso será evaluado de manera individual y en conjunto con los propietarios. Además, si se identifican inmuebles vinculados a actividades delictivas, se adelantarán las acciones judiciales correspondientes, incluyendo la posible extinción de dominio.

La Administración subraya que este proceso de transformación también abarca la recuperación de la malla vial y el desarrollo de intervenciones físicas continuas, para consolidar condiciones urbanas que beneficien a los habitantes y visitantes del centro de Cali.

¿Cuál es el objetivo de las demoliciones en el centro de Cali y la Operación Iron?

El principal objetivo de las demoliciones en el centro de Cali, enmarcadas en la Operación Iron, es recuperar espacios afectados por la criminalidad y desastres naturales, fortalecer la presencia institucional y permitir la transformación urbanística y social de esta zona, según destacó la Alcaldía Distrital.

¿Qué es el Plan Cristo Rey y cómo atiende a las comunidades afectadas en Cali?

El Plan Cristo Rey es una estrategia implementada por la Alcaldía de Cali que incluye atención social para los habitantes de calle y la población vulnerable del sector intervenido, priorizando jornadas de apoyo y acciones específicas para niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con lo informado por la administración municipal.

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El órgano también aclaró que las decisiones judiciales dentro del tribunal son producto de un proceso colectivo de deliberación jurídica, llevado a cabo entre todos los miembros de la corporación, por lo que situaciones personales de alguno de sus integrantes no afectan la validez de sus fallos ni comprometen la institucionalidad de la Corte.

Los detalles de los mensajes entre Vladimir Fernández y Olmedo López fueron revelados por la revista ‘Cambio’ el 28 de septiembre. Según esa publicación, las conversaciones habrían comenzado en febrero de 2023, cuando Fernández, en calidad de secretario jurídico de la presidencia, habría impulsado la designación de López en la Superintendencia de Economía Solidaria, aunque finalmente ese nombramiento fue revocado. Posteriormente, López fue designado director de la Ungrd en marzo de 2023.

Uno de los intercambios de mensajes citados ocurrió el 20 de diciembre de 2023, fecha en la que la Contraloría confirmó una suspensión provisional de López como director de la Ungrd debido a presuntas negligencias y la falta de entrega de información sobre intervenciones en municipios de Putumayo y Atlántico. Según ‘Cambio’, ese día se habría concretado una reunión entre López y Fernández, presuntamente en el despacho de este último.

También se mencionan otros mensajes, incluido uno del 28 de diciembre donde Fernández insiste en reunirse, y otro del 9 de enero de 2024 en el que se habría coordinado un encuentro entre Fernández, López e Irma Solangel Torres Vega, conjuez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y exsocia de Fernández, realizado en su apartamento. Los chats, según la publicación, continuaron hasta febrero de 2024, cuando estalló el escándalo en la Ungrd.

A pesar de la información conocida, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, manifestó a El Espectador que los chats no bastan para iniciar acciones judiciales formales contra Fernández, pues no existen indicios claros de delito.

¿Qué ha dicho la Corte Constitucional sobre los señalamientos contra el magistrado Vladimir Fernández?

La Corte Constitucional resaltó que tanto el magistrado Fernández como los demás togados están amparados por la presunción de inocencia y colaborarán con cualquier investigación legal que sea necesaria. Además, aclaró que los posibles actos personales no comprometen el proceso colegiado de sus decisiones judiciales, reafirmando la independencia y rigor del alto tribunal.

¿Por qué la Fiscalía considera que los chats entre Vladimir Fernández y Olmedo López no constituyen delito?

La fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón explicó a El Espectador que, tras revisar los chats, no se hallaron pruebas suficientes para compulsar copias contra el magistrado Fernández, ya que no existen indicios claros de delito en dichas conversaciones, según el análisis realizado por la fiscal encargada del caso.

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La Universidad de los Andes se destaca como la mejor ubicada de Colombia, ocupando el octavo lugar, con una puntuación total de 90,1 sobre 100. Esta universidad privada, ubicada en Bogotá, se destacó especialmente en la reputación académica, donde alcanzó el puntaje perfecto (100), así como en la reputación entre empleadores (100), la cantidad de publicaciones científicas por facultad (99,5) y su red de investigación internacional (96,5). Sin embargo, los aspectos en los que la universidad tuvo menores calificaciones fueron la proporción de estudiantes por docentes (35,2) y la planta de personal con título de doctorado (62,7).

Le sigue la Universidad Nacional, la institución pública más grande del país y situada en el puesto 12 del ranking latinoamericano, con una puntuación de 86,6. Sus mejores resultados se dieron en reputación académica (99,9), reputación entre empleadores (100), personal docente con doctorado (84,9) y red internacional de investigación (98,7). No obstante, los retos de la universidad se reflejan en la baja proporción de docentes frente a la cantidad de estudiantes (14,9) y en la citación a sus investigaciones publicadas (30).

En el puesto 16 a nivel latinoamericano se ubicó la Universidad Javeriana, privada, con sedes en Bogotá y Cali. Alcanzó un puntaje de 82, sobresaliendo en la reputación entre empleadores (99,5), reputación académica (98,8) y red de investigación internacional (92,1). Por el contrario, registra resultados bajos en publicaciones científicas por facultad (37,6) y en la cantidad de personal con título de doctorado (40,3).

Cierra el grupo de las veinte mejores, la Universidad de Antioquia, pública, en el puesto 20. Destaca por la producción científica (84,2), reputación académica (91,3), cantidad de docentes con doctorado (71,8) y red de investigación internacional (96,9), pero tiene bajos índices en relación estudiantes-docentes (11,8), citación de investigaciones (57) y reputación entre empleadores (78,5).

En total, Colombia cuenta con 12 universidades entre las 100 primeras. El país tiene tanto universidades públicas como privadas destacadas en la región, lo que muestra una oferta diversa y competitiva dentro de Latinoamérica.

¿Cuáles son las mejores universidades de Colombia según el QS Latin America & Caribbean Rankings?

De acuerdo con este ranking, las mejores universidades colombianas son la Universidad de los Andes en el puesto 8, seguida de la Universidad Nacional de Colombia en el 12, la Universidad Javeriana en el 16 y la Universidad de Antioquia en el 20 a nivel regional. Estas instituciones destacan tanto por su reputación académica e investigativa como por la valoración de los empleadores.

¿Qué criterios evalúa el QS Latin America & Caribbean Rankings para calificar a las universidades?

El QS Latin America & The Caribbean Rankings examina factores como la reputación académica, reputación entre empleadores, red internacional de investigación, cantidad de publicaciones científicas por facultad, proporción de estudiantes frente a la planta docente y cantidad de personal con título de doctorado. Estos indicadores permiten medir la calidad y el impacto de cada universidad en el ámbito latinoamericano.

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Comparto mi comunicación a la Junta de Dirección General de la ANDI, afiliados, funcionarios y colaboradores de esta gran entidad, y opinión pública en general pic.twitter.com/Bz1uTEJpzg

— Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) October 1, 2026

En el documento, Mac Master aseguró que su retiro no fue una decisión sencilla, pues inicialmente estaba previsto que la Andi trabajara junto al Gobierno para enfrentar los problemas del país y promover iniciativas relacionadas con el desarrollo económico. Según explicó, el gremio tenía la intención de participar activamente en la búsqueda de soluciones y mantener abiertos los espacios de diálogo con las instituciones.

Sin embargo, afirmó que durante las últimas semanas surgieron “circunstancias inesperadas y preocupantes” que hicieron más complejo el panorama para la Asociación. De acuerdo con el dirigente, las presiones que se presentaron terminaron afectando la capacidad de la Andi para actuar con libertad y cumplir sus funciones con autonomía.

(Vea también: ¿3 empresas motivaron su salida? Los detalles de la renuncia de Bruce Mac Master a la Andi)

Mac Master sostuvo que tanto él como la Junta de Dirección General y la Mesa Directiva intentaron encontrar una salida a la situación. En su carta señaló que se hicieron esfuerzos para mantener los canales de interlocución y que varias personas también participaron en la búsqueda de acuerdos y espacios de diálogo. Pese a esos intentos, aseguró que no fue posible alcanzar una solución.

Una de las principales razones que expuso para dejar el cargo fue su preocupación por las consecuencias que el conflicto pudiera tener sobre los afiliados y los trabajadores de la Andi. “No puedo permitir que circunstancias externas a la Asociación terminen afectando a sus afiliados, sus libertades o su normal desempeño”, escribió el empresario, quien consideró que su salida podría contribuir a proteger a la institución y permitirle continuar con su misión.

En otro apartado, Mac Master vinculó su decisión con la importancia que, según él, tienen la independencia institucional, las libertades y el diálogo dentro de una democracia. También señaló que la Andi debe mantener una actividad gremial “íntegra, independiente, desprovista de agendas paralelas” y acorde con las responsabilidades que la sociedad le ha otorgado.

Finalmente, el ahora expresidente de la Andi agradeció a los empresarios, integrantes de las juntas directivas y trabajadores que lo acompañaron durante su gestión. Aseguró que se retira con “la convicción del deber cumplido” y destacó que la Asociación es más grande que cualquiera de las personas que han estado al frente de ella. También manifestó que continuará trabajando por Colombia, sus instituciones, las libertades y la democracia desde una nueva etapa.

Durante la riña, las autoridades establecieron que el presunto agresor utilizó un arma cortopunzante para atacar a Cristian Fernández, causándole una grave herida en el brazo izquierdo. Aunque Fernández fue trasladado de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica, no logró sobrevivir a la lesión que le fue ocasionada.

El presunto responsable del ataque, conforme a la información que entregó la Policía, abandonó el bar luego de agredir a Fernández. Inmediatamente, se iniciaron labores investigativas con el fin de identificar y localizar al agresor, aunque hasta el momento no se ha reportado su captura.

El suceso tuvo lugar en una zona conocida por la presencia de varios establecimientos nocturnos. Según las autoridades, minutos antes de los hechos, ya se habían ejecutado controles en el sector, incluyendo la solicitud de documentos de identidad, la consulta de antecedentes y la realización de requisas a personas y establecimientos. Estos procedimientos previos ahora hacen parte de las diligencias para esclarecer los detalles del homicidio y aportar elementos a la investigación en curso.

Por otra parte, la Policía también señaló que Cristian Fernández contaba con tres anotaciones como indiciado: dos de ellas por lesiones personales y una más por lesiones culposas. Cabe mencionar que estas anotaciones corresponden a investigaciones en curso y no a sentencias condenatorias, por lo que no implican una culpabilidad comprobada en los hechos anteriores.

Las autoridades continúan desarrollando la investigación para esclarecer totalmente lo sucedido y determinar la responsabilidad del agresor en este homicidio.

¿Qué ocurrió en el caso de Cristian Fernández en Ibagué?

Cristian Fernández falleció en la madrugada del 1 de octubre en el barrio San Pedro Alejandrino de Ibagué, tras una pelea originada en un bar cuando fue agredido por otro hombre con un arma cortopunzante. Las autoridades investigan la identidad y paradero del responsable, así como los pormenores de lo sucedido, de acuerdo con la información suministrada por la Policía.

¿Qué significa 'lesiones culposas' en los registros judiciales?

El término 'lesiones culposas' hace referencia a daños físicos causados a otra persona sin intención o dolo, es decir, de manera accidental o por negligencia. En el caso de Cristian Fernández, la Policía indicó que tenía una anotación de este tipo, la cual corresponde a una investigación, no a una sentencia condenatoria.

Un verdadero terremoto político y económico sacudió este jueves primero de octubre al sector productivo del país. Bruce Mac Master oficializó su renuncia irrevocable a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) tras permanecer más de 13 años al frente del gremio, poniendo fin a una tensa y desgaste confrontación directa con el Gobierno de Abelardo De La Espriella, cuyas fricciones y cuestionamientos habían puesto en entredicho la estabilidad institucional de la entidad.

La salida de Mac Master no ocurre en el vacío. Durante las últimas semanas, el pulso escaló a niveles críticos con el anuncio del retiro de tres gigantescas compañías de la colectividad —Incauca, Providencia y Sucroal—, sumado a la decisión de Coca-Cola Femsa de apartarse de la Cámara de la Industria de Bebidas y evaluar su salida definitiva de la Andi. Todo esto en un escenario donde el Ejecutivo de De La Espriella había girado una orden estricta a su gabinete para vetar cualquier tipo de reunión o interlocución con el histórico dirigente gremial.

Aunque en un principio el líder empresarial intentó capear el temporal defendiendo la autonomía institucional y asegurando que la Andi trascendía a su propia figura, la presión acumulada terminó por quebrar la resistencia. Mediante una extensa y sentida carta dirigida a la Junta de Dirección General, Mac Master reconoció que su ciclo había llegado a su fin: “He llegado a la conclusión de que me corresponde poner fin a mi ciclo al frente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, y he puesto esta decisión en conocimiento de la Junta de Dirección General. No ha sido una decisión sencilla”, expresó.

El dirigente lamentó profundamente que los múltiples esfuerzos de la Mesa Directiva y del propio gremio por tender puentes con la administración nacional resultaran infructuosos. “La Junta de Dirección General, su Mesa Directiva y yo mismo hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para propiciar una solución […] a pesar de lo anterior, todos esos intentos resultaron infructuosos. Lo lamento profundamente, porque siempre he creído en la inteligencia colectiva y en la necesidad de que el Gobierno, el sector productivo y las instituciones puedan trabajar juntos”, puntualizó, manifestando su deseo de que su partida abra la puerta a la reconciliación y a la estabilidad del sector productivo.

Tras conocerse la noticia, las reacciones desde el Ejecutivo no se hicieron esperar. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, calificó la dimisión como una determinación estrictamente interna y de carácter autónomo de la agremiación, restándole dramatismo al asunto y subrayando la importancia de mantener flujos de comunicación fluidos entre el empresariado y el Estado.

Con la era Mac Master oficialmente clausurada, se abre un nuevo e incierto capítulo en las relaciones corporativas del país. La elección del sucesor marcará el pulso de cómo navegará el sector privado frente a la agenda económica impulsada por la administración de De la Espriella, donde fichas clave como el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el vicepresidente José Manuel Restrepo buscarán reconfigurar los puentes de confianza con los grandes gremios nacionales.

De acuerdo con el relato del propietario del establecimiento, la situación se salió de control cuando varias personas ingresaron simultáneamente durante la persecución. No solo causaron daños visibles en el local, sino que, en medio del caos, el comerciante notó una pérdida considerable de dinero. Según su denuncia, alrededor de $800.000 desaparecieron de la caja registradora mientras las personas buscaban al presunto ladrón dentro del sitio.

El comerciante insistió en que no tenía ninguna relación con el supuesto robo del celular. Sin embargo, terminó siendo uno de los principales afectados, no solo por los destrozos sufridos por su negocio, sino también porque la pérdida del dinero representa un golpe significativo a su economía. Además, de acuerdo con la información disponible, el hombre acusado del hurto fue golpeado durante la persecución, lo que añade otro componente de gravedad al episodio, pues esto implica que el clima de tensión se mantuvo incluso después de que el sospechoso entrara al local.

Este hecho evidencia cómo un incidente de inseguridad en la calle puede derivar rápidamente en consecuencias imprevistas para personas ajenas al delito inicial. El testimonio del dueño del establecimiento comercial, quien relató el daño tanto material como económico sufrido, resalta el impacto que pueden tener estos episodios en la vida diaria de los comerciantes. En este caso, el desenlace fue especialmente perjudicial para un tercero que nada tenía que ver con el robo, pero que enfrentó el desorden y las pérdidas en primera línea.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió exactamente en el barrio Jordán de Ibagué según el testimonio del comerciante?

Según la versión del dueño del local, un hombre acusado de robar un celular fue perseguido hasta su establecimiento. Durante la persecución, varias personas entraron en el negocio causando daños y, en medio de ese caos, desaparecieron cerca de $800.000 de la caja registradora, aun cuando él no tenía relación con el robo original.

¿Por qué el hecho terminó perjudicando al comerciante que no estaba involucrado en el presunto hurto?

El comerciante se vio perjudicado porque, aunque no tenía ningún nexo con el robo del celular, su local fue invadido y dañado durante la persecución. Además, aprovechando el desorden, alguien sustrajo una suma importante de dinero de su caja, lo que representa una pérdida económica significativa para él.

Jorge Enrique Pulido, quien trabajó principalmente en la cadena radial Todelar, fue baleado el 29 de octubre de 1989 por dos sicarios mientras transitaba por el centro de Bogotá, debido a sus denuncias públicas contra los carteles del narcotráfico, en particular a través de su programa Canal Abierto. Luego de permanecer hospitalizado durante diez días en la Clínica San Pedro Claver, falleció el 9 de noviembre de ese año, en medio de una de las épocas más violentas de la guerra contra las drogas en Colombia.

Tras el asesinato de Jorge Enrique Pulido y el exilio de su esposa e hijo, la familia presentó desde 2018 demandas y solicitudes de protección de derechos ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Sin embargo, instancias judiciales anteriores argumentaron que el asesinato no hacía parte del conflicto armado interno, considerando que la acción fue una “retaliación personal” y no hubo prueba de conexidad con el conflicto, según recogió el Consejo de Estado. Con ello, también se negó que el exilio estuviera directamente provocado por amenazas de actores armados, sino resultado de una decisión preventiva de la familia por inseguridad.

El Consejo de Estado, al revocar esa decisión, hizo énfasis en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, subrayando que no es necesario demostrar una relación directa y concreta entre el crimen y una confrontación militar para considerar a una persona víctima del conflicto. El tribunal resaltó similitudes con otros casos, donde los atentados del cartel de Medellín participaron en una campaña terrorista dirigida a doblegar al Estado y a la sociedad civil, lo que permite interpretar bajo un criterio amplio los hechos victimizantes dentro del contexto del conflicto armado.

Esta determinación ordena que en máximo 20 días se emita una nueva decisión sobre el reconocimiento de las víctimas, garantizando los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de la familia.

¿Por qué el Consejo de Estado reconoce el crimen de Jorge Enrique Pulido como parte del conflicto armado interno?

El Consejo de Estado argumentó que el asesinato de Jorge Enrique Pulido forma parte del conflicto armado interno porque fue perpetrado por el cartel de Medellín como parte de una estrategia de terror dirigida a autoridades, periodistas y la sociedad civil con el objetivo de amedrentar y doblegar al Estado. Según la jurisprudencia citada, no es obligatorio probar una relación directa entre el hecho victimizante y un enfrentamiento militar; basta mostrar una conexidad cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado, lo cual, en el caso de Pulido Sierra, se cumple por la naturaleza y motivación terrorista del crimen.

¿Qué papel juega la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la protección de las víctimas del conflicto armado?

La jurisprudencia de la Corte Constitucional establece que las autoridades deben interpretar de manera amplia el vínculo entre hechos victimizantes y el conflicto armado, evitando enfoques restrictivos. El Consejo de Estado citó esta posición para proteger el derecho de las víctimas, señalando que es suficiente demostrar la incidencia de los hechos dentro del contexto general del conflicto, y que negar el reconocimiento por falta de una relación directa vulnera los derechos fundamentales, como ocurrió en este caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La falta de atención por parte de los hogares y las restricciones económicas pueden llevar a padres y cuidadores a pasar por alto comportamientos que, lejos de tratarse de “ayudas”, en realidad constituyen una trampa impuesta por quienes explotan a menores. El texto insiste en que bajo ninguna circunstancia debe aceptarse que un bien material o apoyo financiero justifique arriesgar la integridad o la dignidad de niños y adolescentes. Una vez se produce un intercambio de favores o compañía de un menor por cualquier tipo de dádiva, se configura un delito cuya responsabilidad recae exclusivamente sobre el adulto victimario, descontando completamente la culpabilidad de la víctima.

El IDIPRON señala que su trabajo diario implica intervenir bajo principios pedagógicos de alegría, afecto y libertad, acompañando a adolescentes a deconstruir mentiras y construir nuevos proyectos de vida lejos de la explotación. Sin embargo, recalca que la protección integral no puede depender únicamente del Estado. Se requiere de compromiso comunitario, como pactos familiares para navegar en internet de forma segura y la capacidad de padres y madres para escuchar y proteger sin juzgar, además de romper el silencio social en torno a estos casos.

Identificar señales de alerta no es sinónimo de desconfianza hacia los hijos, sino una forma de protegerlos. Si un adulto ajeno busca confidencias, condiciona regalos a cambio de favores o ofrece propuestas poco realistas sobre viajes o trabajo, se deben tomar medidas y denunciar. Canales como la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Línea 122 de la Fiscalía General de la Nación o la Línea 123 de la Policía Nacional están disponibles para estos casos.

Como concluye IDIPRON, Bogotá no debe sacrificar los sueños ni la dignidad de su juventud. El mayor regalo que se les puede ofrecer a niños, niñas y adolescentes es garantizarles entornos seguros, libres de cualquier forma de explotación.

¿Cuáles son las señales de alerta para identificar la explotación de menores?

De acuerdo con IDIPRON, las señales de alerta pueden incluir adultos desconocidos interesados en guardar secretos con menores, condicionamiento de regalos costosos o propuestas poco creíbles sobre oportunidades de modelaje o viajes. Identificar estos comportamientos es esencial para la protección y debe motivar la denuncia inmediata a las autoridades competentes.

¿Qué significa el término ‘sugar daddy’ en el contexto de la explotación de menores?

El término ‘sugar daddy’ hace referencia a un adulto que ofrece obsequios, dinero o bienes materiales a adolescentes a cambio de compañía, favores o incluso intimidad, disfrazando la explotación bajo apariencias de afecto o ayuda. Esta práctica, advertida por IDIPRON, constituye un delito y vulnera los derechos de los menores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El ente judicial aplicó medidas cautelares sobre el patrimonio de Olmedo López, Sneyder Pinilla, junto a los excongresistas Iván Name y Andrés Calle, reveló el diario El Tiempo.

Juan Felipe Cárdenas, director de Extinción de Dominio de la Fiscalía, anunció oficialmente el procedimiento patrimonial en medio del desarrollo de la causa penal.

Las autoridades buscan extinguir el dominio sobre activos obtenidos presuntamente con dineros desviados del organismo estatal.

Esta intervención simultánea fortalece la estrategia jurídica contra la impunidad en contrataciones públicas dentro del territorio colombiano.

El escándalo de la UNGRD es uno de los mayores casos de corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro.

Involucra a Olmedo López, exdirector de la entidad, y a Sneyder Pinilla, su exsubdirector de Manejo de Desastres.

Ambos fueron señalados por direccionar contratos irregulares para la compra de carrotanques destinados a La Guajira.

Según la Fiscalía, esos contratos tuvieron sobrecostos superiores a 16.000 millones de pesos del presupuesto nacional.

El esquema también incluyó contratos de camiones bomberos, adjudicados sin cumplir requisitos técnicos ni legales establecidos.

Las investigaciones judiciales lideradas por los entes de control descubrieron una compleja red criminal articulada desde la cúpula directiva de la entidad estatal.

El entonces director de la entidad, Olmedo López, y su subdirector de manejo de desastres, Sneyder Pinilla, lideraron el desvío sistemático de recursos públicos destinados a emergencias.

Olmedo López habría recibido una coima de 724 millones de pesos por direccionar esos contratos específicos.

Sneyder Pinilla, por su parte, habría recibido cerca de 300 millones de pesos dentro del mismo esquema.

El caso escaló cuando Pinilla confesó haber entregado dinero a congresistas para favorecer reformas del Gobierno.

Según su testimonio, entregó 3.000 millones de pesos a Iván Name, entonces presidente del Senado.

También habría entregado 1.000 millones de pesos a Andrés Calle, entonces presidente de la Cámara de Representantes.

Ambos exparlamentarios fueron señalados de recibir ese dinero a cambio de facilitar el trámite legislativo de reformas sociales.

El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura de Iván Name, valorando las declaraciones de Pinilla como prueba.

Un juzgado de garantías ordenó, desde el 31 de agosto de 2024, reclusión militar para López y Pinilla.

La Procuraduría confirmó después la destitución e inhabilidad por 18 años contra Olmedo López.

Sneyder Pinilla recibió una inhabilidad aún mayor, de 20 años, por los mismos hechos de corrupción.

Ante la contundencia de las pruebas, la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría iniciaron severos procesos penales, disciplinarios y fiscales contra los involucrados.

La Fiscalía acusó formalmente a López, Pinilla y otros tres implicados por las irregularidades contractuales detectadas.

Entre los señalados figura también Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, actualmente prófugo de la justicia.

Según la Fiscalía, González habría coordinado el pago de sobornos a los congresistas Name y Calle.

La Corte Suprema de Justicia negó recientemente la libertad solicitada por Iván Name y Andrés Calle.

Pinilla continúa colaborando como testigo ante la Fiscalía y la Corte Suprema en procesos derivados del caso.

De ahí, la Fiscalía ocupó 25 bienes vinculados a seis implicados en el escándalo.

Esas propiedades están avaluadas preliminarmente en cerca de 20.000 millones de pesos colombianos.

Los bienes pertenecerían a López, Pinilla, Name, Calle y al contratista Luis Eduardo López Rosero.

Juan Felipe Cárdenas, director de Extinción de Dominio de la Fiscalía, confirmó oficialmente esta nueva medida patrimonial.

El caso continúa abierto, con procesos penales, disciplinarios y de extinción de dominio avanzando simultáneamente en Colombia en medio de un escándalo que sigue la opinión pública.

El director del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas, informó que el 30 de septiembre de 2026 se registró un caso en particular: una pareja, proveniente de Miami y en tránsito hacia Cali, abandonó dos perros en el aeropuerto de Bogotá. De acuerdo con Hernández, los viajeros fueron detenidos en el control del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) al no contar con toda la documentación exigida y, ante la imposibilidad de continuar su trayecto con los animales, optaron por dejarlos en la capital colombiana para proseguir su viaje. Este acto ha llevado al IDPYBA a iniciar las acciones pertinentes para que los responsables respondan legalmente y, según declaraciones del director, se solicitó a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia evaluar la revocatoria de la visa a las personas que vulneren los derechos de sus mascotas.

Estos casos no son aislados. Tanto la Alcaldía Mayor de Bogotá como el IDPYBA han atendido múltiples situaciones similares, no solo en los alrededores, sino también dentro del Aeropuerto Internacional El Dorado. Frente a esto, las autoridades recuerdan que para vuelos nacionales es obligatorio portar el carné de vacunación vigente y coordinar con la aerolínea si el animal viajará en cabina o bodega. No se exige el certificado sanitario del ICA para rutas dentro de Colombia. En vuelos internacionales, sí es necesario además del carné, presentar un certificado de salud expedido por un veterinario y realizar una inspección en la sede del ICA del aeropuerto. También debe consultarse a la embajada o consulado del país de destino sobre requisitos específicos.

Para reportar o denunciar situaciones de maltrato animal, existen diferentes canales habilitados: la Línea de Emergencias 123, el correo institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co, atención presencial en la sede del IDPYBA y la plataforma “Bogotá Te Escucha”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para viajar con mascotas en el Aeropuerto Internacional El Dorado?

Para vuelos nacionales con perros y gatos es indispensable presentar el carné de vacunación vigente, firmado por un veterinario, y coordinar con la aerolínea la modalidad de viaje. Para vuelos internacionales, también se requiere certificado de salud, inspección física y documental del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y consultar normas específicas del país de destino.

¿Qué acciones toma el IDPYBA frente al abandono de animales en aeropuertos?

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) inicia procesos para que los responsables respondan legalmente en casos de abandono de mascotas. Incluso solicita a las entidades diplomáticas evaluar sanciones adicionales, como la revocatoria de visas, para quienes vulneran los derechos de sus animales.

La actividad central del campamento se realiza en el domo del Planetario de Bogotá, donde los asistentes se sumergirán en un mundo de constelaciones y relatos mitológicos, tal como lo explica Idartes en su convocatoria. Se busca que los participantes se inspiren con las historias ancestrales que culturas de todo el mundo han proyectado en el cielo, creando así un puente especial entre el pasado y el presente. Este espacio permite que las familias experimenten la astronomía de manera lúdica, avivando la curiosidad de los más pequeños e incentivando el aprendizaje colectivo.

Para garantizar la comodidad de todos, Idartes recomienda llevar sleeping bag, almohada, cobija, esterilla o cualquier elemento que haga más agradable la estadía en el suelo del domo. Los horarios de realización son variados: hay funciones el 3 y 9 de octubre a las 6 p. m.; el 4 de octubre, a las 10 a. m., 1 p. m., y 3 p. m.; el 10 de octubre a la 1 p. m., 3 p. m. y 5 p. m.; y finalmente, el 11 y 12 de octubre, a las 10 a. m., 1 p. m. y 3 p. m. La edad sugerida para participar es para mayores de 4 años, de acuerdo con los detalles informados por Idartes.

La entrada debe adquirirse mediante boletería, que puede comprarse en línea o en la taquilla del Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B No. 5-93. Además, se ofrece un descuento del 25 % y 50 % para niños, estudiantes, adultos mayores o personas en condición de discapacidad, válido únicamente en taquilla presencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en el campamento astronómico ‘Historias bajo las estrellas’ en el Planetario de Bogotá?

Para participar, según Idartes, es necesario adquirir una entrada a través de boletería —en línea o directamente en la taquilla del Planetario de Bogotá— para cualquiera de las fechas disponibles entre el 3 y el 12 de octubre de 2026. Se recomienda llevar elementos de descanso personal como sleeping bag, cobija o almohada para mayor comodidad. El evento está recomendado para mayores de 4 años y las familias pueden aprovechar descuentos en taquilla si cumplen con los requisitos especificados.

¿Qué actividades incluye el campamento ‘Historias bajo las estrellas’ y qué deben llevar los asistentes?

De acuerdo con la información del Planetario de Bogotá, el campamento contará con actividades centradas en la exploración de constelaciones y relatos mitológicos bajo el domo. Se invita a los asistentes a disfrutar de historias que unen el pasado y el presente mediante la astronomía. Se solicita a cada participante llevar elementos que permitan recostarse cómodamente en el suelo del domo, como sleeping bag, esterilla, cobija y almohada, para mejorar la experiencia durante la actividad.

El hallazgo tuvo lugar en un punto estratégico de la ciudad, específicamente frente a la manzana 26 de la segunda etapa de la Ciudadela Simón Bolívar, a tan solo unos metros de un CAI (Centro de Atención Inmediata) de la Policía. Por esta razón, la situación no pasó inadvertida y requirió una respuesta inmediata por parte de los equipos de seguridad y prevención de la ciudad.

Desde el primer momento, la presencia del televisor abandonado generó incertidumbre entre los habitantes del sector. Las autoridades decidieron acordonar el área y cerrar ambos sentidos de la vía como medida preventiva. Las personas que se encontraban en la zona fueron alejadas mientras se adelantaba la inspección para evitar cualquier posible riesgo.

La primera revisión fue realizada por un canino antiexplosivos, que es un perro adiestrado especialmente para detectar sustancias explosivas. Según lo reportado, el animal habría dado una señal de alerta durante su revisión, lo que motivó a los expertos a mantener la zona aislada por precaución y a proceder con una inspección más detallada. Un equipo especializado en explosivos llegó posteriormente para determinar si el objeto representaba algún tipo de amenaza o riesgo para la comunidad.

Mientras el procedimiento de inspección continuaba, la presencia del objeto abandonado mantuvo preocupados a los residentes del sector. En este punto, las autoridades no han confirmado aún si se trata o no de un artefacto explosivo; sin embargo, la expectativa y el temor persistieron mientras se avanzaba en esclarecer qué contiene el objeto y las razones por las cuales fue dejado en ese lugar.

Este hecho ha puesto de manifiesto la sensibilidad de la comunidad y el importante papel de los protocolos de seguridad en casos similares, mientras se espera que las autoridades entreguen información definitiva sobre el caso.

¿Por qué causó alarma un televisor abandonado en la Ciudadela Simón Bolívar de Ibagué?

El televisor abandonado generó alarma porque, durante la revisión inicial con un canino antiexplosivos, este dio una señal que motivó a las autoridades a tratar el objeto como si fuera potencialmente peligroso. Por ese motivo se acordonó la zona y se evacuó a las personas, mientras expertos en explosivos determinan si existe algún riesgo real.

¿Cómo actúan las autoridades ante un posible peligro de explosivos en lugares públicos?

Cuando se identifica un objeto sospechoso en un lugar público, las autoridades usan medidas de prevención como acordonar el área, evacuar a las personas cercanas y realizar inspecciones con equipos especializados y caninos antiexplosivos, como ocurrió en este caso. Solo después de una verificación cuidadosa se descarta o confirma la presencia de explosivos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

De acuerdo con la información oficial de Cortolima, una de las hipótesis que se están analizando plantea que el incendio podría haber comenzado por una quema agrícola en una finca de la vereda El Piñal, en el municipio de Dolores. Este procedimiento aparentemente se salió de control, expandiéndose hacia la zona de la reserva ambiental, considerada de gran valor ecológico. No obstante, esta versión aún está en proceso de verificación, pues las autoridades continúan recabando elementos que permitan confirmar o descartar esta causa.

La emergencia tiene una característica inusual: se trata de un incendio subterráneo. En este tipo de evento, el fuego consume lentamente materia orgánica situada bajo la superficie del suelo, como raíces, humus (material resultante de la descomposición de restos vegetales) y madera enterrada. Esta situación complica las labores de los cuerpos de emergencia, ya que las llamas frecuentemente no son visibles en la superficie, lo cual dificulta la identificación y extinción total de los focos activos.

Según el reporte más reciente de Cortolima, se han ubicado 11 puntos activos de combustión, de los cuales cuatro se encuentran dentro del Parque Natural Regional. Las áreas afectadas suman cerca de 14 hectáreas entre los municipios de Dolores y Villarrica, alertando sobre el impacto ambiental en este ecosistema.

La respuesta a la emergencia incluye el trabajo conjunto de las comunidades locales, Bomberos de Villarrica, Pereira y Melgar, así como voluntarios de la Defensa Civil de Dolores. Entre las acciones implementadas se encuentra la construcción de líneas de defensa y el aislamiento de los puntos críticos. Cortolima recomendó usar agua captada de la quebrada Los Gallos, llevándola a un reservorio para posteriormente inundar de manera controlada las zonas afectadas, buscando enfriar el material que sigue en combustión bajo tierra.

La investigación en curso determinará el origen exacto del incendio y posibles responsables. En caso de encontrar pruebas, las autoridades ambientales procederán con las acciones legales correspondientes y trasladarán el caso a instancias competentes. Mientras tanto, los esfuerzos de control y mitigación persisten para evitar mayores daños en el Bosque de Galilea.

¿Cuál es el impacto ambiental del incendio subterráneo en el Bosque de Galilea?

El incendio afecta a aproximadamente 14 hectáreas, dañando áreas críticas dentro del Parque Natural Regional. Esta situación pone en riesgo el ecosistema porque el fuego subterráneo consume materia orgánica esencial para la salud del bosque, como raíces y humus, lo que puede dificultar la recuperación de la vegetación.

¿Cómo se están controlando los focos de incendio en el Bosque de Galilea?

La operación reúne a Bomberos de Villarrica, Pereira y Melgar, junto a la Defensa Civil y comunidades locales. Entre las acciones clave destaca el uso de agua de la quebrada Los Gallos, que se lleva a reservorios para inundar gradualmente los puntos afectados, enfriando así el material subterráneo que sigue ardiendo.

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Uno de los elementos que más intriga ha causado en los familiares es la aparición de mensajes que, supuestamente, habrían sido escritos por Sharik. Sin embargo, Eva Mercedes sostiene con firmeza que su hija no fue la autora de esos textos: “Yo estoy segura que mi hija no es la que está escribiendo eso”, expresó a El Nuevo Día. A pesar de algunos reportes de personas que dicen haberla visto en las últimas semanas, ninguna de esas versiones fue confirmada, y las autoridades siguen sin una pista clara sobre el destino de la adolescente.

En este tiempo, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía y el Gaula (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal) han estado involucrados en el proceso de búsqueda. Se han revisado cámaras de seguridad y se han extendido verificaciones incluso a municipios como Neiva y Huila, siempre de acuerdo con la información de la madre. Además, la Alerta Rosa, que difunde casos de desaparición de menores a nivel nacional, permanece activa en este caso.

El sufrimiento de Eva Mercedes ha sido agravado por llamadas extorsivas que aseguran tener a su hija. Estas situaciones la obligaron a dejar de divulgar su número telefónico, para evitar que personas inescrupulosas quisieran lucrarse de su angustia. Por este motivo, pide que cualquier dato relevante se entregue directamente a las autoridades competentes.

A la par de la incertidumbre, la madre perdió su empleo, ya que tuvo que ausentarse de Garzón, Huila, para permanecer en Ibagué. Se ha sostenido con la ayuda de familiares, en medio de una difícil situación económica. Eva Mercedes continúa suplicando apoyo del Gobierno Nacional y haciendo un llamado a la solidaridad para encontrar a su hija, remarcando que antes de esta desaparición, Sharik nunca acostumbró a salir sin permiso ni a ausentarse por tanto tiempo.

¿Cómo han avanzado las labores de búsqueda de Sharik Sofía Rivera en Ibagué y otros municipios?

Las autoridades como la Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía y el Gaula han revisado cámaras y extendido la búsqueda a Neiva y Huila. Aunque la Alerta Rosa sigue vigente, no se han confirmado pistas ni avistamientos. Eva Mercedes aún espera respuestas concretas.

¿Qué es la Alerta Rosa y cómo funciona en casos de desaparición de menores?

La Alerta Rosa es un mecanismo nacional para difundir casos de desaparición de menores, con el objetivo de alertar a la población y agilizar la ubicación a través de reportes y coordinación entre autoridades. En la desaparición de Sharik, este sistema ha ayudado a mantener la visibilidad del caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los testimonios de los comerciantes, que han experimentado estos hechos de manera directa, apuntan a que la mujer aprovecharía instantes de descuido dentro de los locales para tomar productos y pertenencias que estén al alcance. Estas denuncias han sido acompañadas por mensajes de alarma dirigidos a las autoridades, en los que los afectados piden esclarecer lo ocurrido y buscan respaldo institucional para detener estas conductas que impactan negativamente la economía y la tranquilidad de la comunidad.

La petición de los comerciantes va más allá de la simple visibilización del problema: solicitan que se adelante una investigación a fondo que permita determinar si efectivamente la persona señalada tiene responsabilidad en los hechos denunciados. Adicionalmente, invitan a cualquier persona que considere haber sido víctima de estos presuntos hurtos a interponer la denuncia correspondiente. Este paso se considera fundamental para que las autoridades dispongan de todos los elementos de prueba y puedan avanzar en sus investigaciones, tal como lo han manifestado los denunciantes.

En medio de este contexto de alerta, los comerciantes hicieron un llamado a los propietarios y trabajadores de los establecimientos para que extremen las medidas de seguridad. Recomiendan prestar mayor atención durante los momentos en los que hay más clientes en el local y vigilar constantemente las pertenencias personales y artículos de venta. Estas recomendaciones buscan tanto prevenir futuros incidentes como facilitar la identificación de situaciones inusuales.

Pese al impacto causado por los videos y los testimonios, actualmente los señalamientos forman parte de denuncias públicas, sin que esto implique una decisión judicial. No existe todavía una determinación legal sobre la responsabilidad de la mujer mencionada. Las autoridades deberán, en adelante, verificar los hechos denunciados, respetar el debido proceso y garantizar la presunción de inocencia mientras se realizan las actuaciones necesarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas de seguridad recomiendan los comerciantes de Planadas para prevenir hurtos en los negocios?

De acuerdo con los testimonios recogidos, los comerciantes sugieren mantenerse especialmente atentos durante los periodos de alta afluencia de clientes, reforzar las medidas de seguridad y vigilar constantemente productos y pertenencias dentro de los establecimientos. Estas acciones buscan prevenir nuevos hurtos y permitir detectar cualquier irregularidad en los locales.

¿Ya existe una decisión judicial sobre la presunta responsable de los hurtos en Planadas, Tolima?

Hasta el momento, según lo informado por la comunidad y los comerciantes, las denuncias corresponden a señalamientos públicos y no a una determinación judicial. Se espera que, tras la recolección de denuncias formales y pruebas, las autoridades verifiquen los hechos y garanticen el debido proceso y la presunción de inocencia de la persona señalada.

Este logro le abrió las puertas para iniciar su carrera universitaria en la Universidad Autónoma de Occidente, ubicada en Cali. Gracias a su excelente desempeño, recibió la Beca Premio a la Excelencia Académica, lo que le permitirá estudiar Ingeniería de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, un área académica que, según ha declarado, despierta su máximo interés personal y profesional. La joven ve en esta oportunidad una manera de adquirir las herramientas necesarias para proyectarse en el mundo de los datos y las nuevas tecnologías, mientras fortalece también su pasión por el baloncesto, deporte en el que espera seguir desarrollándose durante su paso por la universidad.

El reconocimiento otorgado a Laura ha traspasado el ámbito educativo, siendo exaltada por la administración municipal de Guacarí y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Según palabras de Toro, este tipo de resultados ilustran el talento y el potencial de los jóvenes vallecaucanos, así como la importancia de seguir trabajando por el acceso a una educación de calidad en la región. En un comunicado, la Universidad Autónoma de Occidente también resaltó su orgullo por integrar a Laura a su comunidad académica, reafirmando su compromiso con los estudiantes de alto desempeño y la formación respaldada por la Acreditación en Alta Calidad.

Es relevante mencionar que, aunque Laura obtuvo el mejor puntaje en el Valle del Cauca, a nivel nacional se ubicó justo después del mayor registro, alcanzado por un estudiante de Cúcuta con un puntaje perfecto de 500 sobre 500 en las mismas Pruebas Saber 11°, realizadas el 26 de julio de 2026 para Calendario A.

Ahora, Laura Pizarro se alista para iniciar su formación profesional inmersa en el campo de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, representando a Guacarí y al Valle del Cauca en un contexto de oportunidades académicas y tecnológicas prometedoras.

¿Cómo fue el desempeño de Laura Pizarro en las Pruebas Saber 11° y qué oportunidades le brindó su puntaje?

Laura Pizarro obtuvo 437 puntos sobre 500 en las Pruebas Saber 11°, el resultado más alto en el Valle del Cauca y uno de los mejores a nivel nacional. Este logro aseguró su ingreso a la Universidad Autónoma de Occidente con la Beca Premio a la Excelencia Académica para estudiar Ingeniería de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, permitiéndole formarse en un área de avanzada tecnología y gran proyección laboral.

¿Qué son las Pruebas Saber 11° del Icfes y por qué son importantes en Colombia?

Las Pruebas Saber 11°, aplicadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), son evaluaciones estandarizadas que miden los conocimientos y competencias de los estudiantes que finalizan la educación secundaria en Colombia. Su importancia radica en que los resultados influyen en el acceso a la educación superior y en la distribución de becas y reconocimientos académicos, como el obtenido por Laura Pizarro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Cuando se emite una alerta amarilla, suelen observarse manifestaciones físicas evidentes, de acuerdo con el SGC. Entre los fenómenos más habituales se encuentran el aumento de la actividad sísmica dentro del volcán, originada por la fractura de rocas o el desplazamiento de fluidos en el interior de la montaña. Además, pueden presentarse emisiones esporádicas de gases, vapores o cenizas, así como ligeras deformaciones estructurales en la superficie volcánica. Estas características sirven como señales de que el sistema volcánico está en actividad, pero aún no ha alcanzado niveles críticos que ameriten una alerta superior.

Para la comunidad y los organismos encargados de la atención de emergencias, la alerta amarilla no implica evacuaciones inmediatas ni debe interpretarse como motivo de alarma para la población. Por el contrario, corresponde a una fase de “preparación y prevención”, según lo señala el SGC. Durante este periodo, los gobiernos locales, las alcaldías y las oficinas de gestión del riesgo tienen la responsabilidad de actualizar planes de contingencia y socializar los mapas de amenaza entre los habitantes de las zonas cercanas a los volcanes. De manera preventiva, suelen imponerse restricciones de acceso a los cráteres y áreas turísticas vulnerables, para minimizar riesgos si la actividad evoluciona.

Mientras tanto, los técnicos del SGC intensifican la vigilancia con sensores especializados, monitoreando las 24 horas la evolución del volcán para determinar si la inestabilidad disminuye o si, por el contrario, se incrementa y puede aumentar el nivel de alerta a naranja. Este proceso es fundamental para fomentar la “cultura del riesgo” entre la ciudadanía, de manera que todos estén informados y preparados para actuar ordenadamente frente a cualquier variación. En síntesis, la alerta amarilla funciona como un llamado de atención a la comunidad, recordando la naturaleza activa de los volcanes colombianos y la importancia de la preparación.

¿Qué significa la alerta amarilla en los volcanes de Colombia según el Servicio Geológico Colombiano?

La alerta amarilla, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, señala que el volcán está activo y presenta cambios en su comportamiento, aunque la probabilidad de una erupción grande a corto plazo es baja. Este nivel de alerta lleva a la adopción de medidas de prevención, sin necesidad de evacuar zonas cercanas.

¿Cuáles son los principales fenómenos que ocurren durante la alerta amarilla en un volcán?

Durante una alerta amarilla, los expertos del SGC reportan aumento de la actividad sísmica interna, emisiones esporádicas de gases, vapores y cenizas, así como leves deformaciones del volcán. Todas estas señales indican un cambio en la dinámica volcánica y justifican la intensificación del monitoreo y la preparación preventiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Amón: la operación que golpeó las estructuras de alias ‘Calarcá’

Uno de los golpes más importantes ocurrió el 27 de agosto de 2026, durante la Operación Amón, desarrollada en zona rural de El Retorno, Guaviare.

De acuerdo con la Presidencia, la acción estuvo dirigida contra campamentos de estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de ‘Calarcá’, y dejó un balance preliminar de siete integrantes muertos, además de la incautación de once fusiles y cinco ametralladoras.

El documento de trabajo señala además que las operaciones se extienden por departamentos como Guaviare, Meta, Antioquia y Norte de Santander. En este escenario, la caída de hombres cercanos a Calarcá representa un objetivo estratégico para las autoridades.

(Vea también: “Revisando lo que sirve y lo que no”: canciller Bula confirma cambios profundos al acuerdo con las Farc)

Las amenazas de las disidencias llegaron hasta tres alcaldes

La presión también se ha trasladado a Antioquia. En septiembre, el gobernador Andrés Julián Rendón denunció que las disidencias vinculadas a Calarcá señalaron como “objetivo militar” a los alcaldes de Santa Rosa de Osos, Carolina del Príncipe y Gómez Plata. Las autoridades departamentales atribuyeron la amenaza a una estructura del frente 36.

La ofensiva contra ‘Calarcá’ podría desatar una nueva guerra por el territorio

El panorama plantea un escenario complejo para la seguridad regional. El documento advierte que una eventual afectación a la estructura de mando de ‘Calarcá’ podría debilitar temporalmente a la organización, pero también generar respuestas violentas o disputas territoriales. Entre los factores de tensión aparecen la presencia de otros grupos armados, las economías ilegales y la disputa por corredores estratégicos.

Mientras continúan las operaciones, la pregunta central es hasta dónde llegará la ofensiva estatal y cuál será la respuesta de las estructuras que permanecen bajo el mando de ‘Calarcá’. Por ahora, el jefe disidente continúa siendo uno de los principales objetivos de la Fuerza Pública.

Las restricciones de tránsito han sido implementadas paulatinamente, iniciando con la calle 57A y extendiéndose a otras vías clave como la carrera 28, la calle 53B bis y la diagonal 61C. A partir de las 10:00 p. m. del primero de octubre el esquema de cierres se intensificará, cerrando totalmente o permitiendo solo el paso controlado en diferentes sectores aledaños a El Campín. El cierre más riguroso comenzará a las 9:00 a. m. del viernes 2 de octubre y se mantendrá hasta la mañana del domingo. Durante este periodo, se aplicarán restricciones adicionales que afectarán tanto a residentes como a visitantes, aunque se garantizará el acceso a los domicilios del perímetro.

Se ha definido una zona amarilla provisional para taxis y vehículos especiales en la diagonal 61B, entre la calle 57 y la transversal 25, habilitada para la evacuación de los asistentes hasta las 3:00 a. m. Posteriormente, no habrá posibilidad de recoger pasajeros frente al estadio, puesto que la avenida NQS estará cerrada para este propósito, según precisó la Secretaría Distrital de Movilidad.

La dimensión de estos conciertos es significativa: el World Tour ARIRANG de BTS tendrá boletería agotada, superando los 53.000 asistentes por fecha. Datos del Instituto Distrital de Turismo subrayan que el 18,4 % de las entradas fueron compradas por extranjeros —principalmente de Ecuador, México y Venezuela— y que las reservas aéreas hacia Bogotá han experimentado un aumento sin precedentes en las fechas cercanas al evento.

Los efectos económicos proyectados por el Observatorio de Turismo de Bogotá son contundentes: los asistentes a los conciertos gastarán más de $99.000 millones durante su estadía, principalmente en consumo de alimentos y bebidas, alojamiento, transporte interno y compras. Esta cifra no corresponde únicamente a entradas, sino al movimiento total generado en la ciudad por quienes participan en el evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué rutas y desvíos estarán habilitados durante los conciertos de BTS en Bogotá?

Durante los conciertos, habrá caminos específicos para quienes transiten en los alrededores de El Campín, como el uso de la calle 63 y la avenida NQS para circulación de norte a sur, y la transversal 25 y diagonal 53C para acceder a la calle 53. Las autoridades recomiendan acatar las indicaciones de agentes de tránsito y programar los recorridos de antemano para evitar retrasos.

¿Cuál será el impacto económico de los conciertos de BTS en Bogotá?

Los conciertos de BTS en Bogotá, según proyecciones del Observatorio de Turismo, dejarán un impacto superior a $99.000 millones, repartidos en rubros como gastronomía, alojamiento, transporte y compras de recuerdos. Este nivel de gasto destaca la magnitud del evento y su relevancia para diversos sectores económicos de la capital.

De acuerdo con el directivo, la cartera de FOMAG asciende a unos $20.000 millones, mientras que las obligaciones relacionadas con Nueva EPS rondan los $10.000 millones.

El problema también estaría relacionado con dificultades para actualizar los contratos y con las glosas, que corresponden a valores objetados o no reconocidos inicialmente en las facturas.

En el caso de FOMAG, el hospital lleva más de dos años trabajando bajo una carta de intención y acumula cerca de cuatro meses sin recibir pagos. Con Nueva EPS, el contrato vigente tiene más de 15 años y el hospital busca actualizarlo desde hace dos años.

Pérez explicó que la falta de recursos afecta el pago de proveedores, médicos, enfermeros e insumos. Además, las tutelas pueden obligar al hospital a prestar servicios pese a la falta de claridad sobre los pagos.

Aunque se anunció la suspensión, las citas previamente programadas serían atendidas y las urgencias continuarían funcionando.

El hospital también mantiene abierta la posibilidad de continuar con la atención si se solucionan las obligaciones financieras y contractuales.

(Le interesa: Gobierno propone nuevos lineamientos para la intervención policial en protestas en Bogotá y divide opiniones en el Concejo)

El país todavía recuerda que Petro capitalizó políticamente el descontento social del estallido de 2021, y en varios momentos incluso impulsó esas protestas en las que se hicieron tristemente célebres las ‘primeras líneas’, grupos de encapuchados responsables de hechos de violencia, vandalismo y delincuencia organizados. De hecho, según registros de la Fiscalía, las investigaciones e imputaciones a miembros de esos grupos incluyen cargos como concierto para delinquir (por asociarse para cometer delitos de manera organizada).

También, cargos por violencia contra servidor público (por agresiones físicas y ataques a integrantes de la fuerza pública), daño en bien ajeno y vandalismo (por la destrucción de infraestructura pública, estaciones de transporte masivo y bienes privados), tortura y secuestro/retención ilegal (Sergio Andrés Pastor González, alias ‘19’, exlíder de la ‘primera línea’ autodenominada ‘Resistencia Portal Américas’ en Bogotá, recibió condena ratificada por tribunales superiores), y terrorismo y ataques a instituciones (señalamientos por coordinar acciones destinadas a sembrar caos y bloquear vías o ciudades).

Gustavo Petro vuelve a convocar a las calles

Los integrantes y defensores de estos movimientos aseguran que se organizaron como un mecanismo de autodefensa ciudadana para repeler los abusos y la represión policial durante las manifestaciones, negando que se trate de organizaciones criminales centralizadas. En cambio, otros sectores políticos y judiciales los señalan de ser estructuras criminales o urbanas con un plan deliberado para vandalizar ciudades, deslegitimar a la autoridad y afectar el orden público.

Como sea, Petro terminaría reconociendo que el movimiento de la ‘primera línea’ visibilizó a juventudes que impulsaron su llegada a la presidencia en 2022. Desde su discurso de posesión, se refirió a los integrantes de la ‘primera línea’ detenidos durante las movilizaciones como “presos políticos”, intentó sin éxito liberar a decenas de detenidos nombrándolos gestores de paz, lo que generó fuertes críticas de sectores que señalaron un riesgo de impunidad frente a delitos graves. Alias ‘19’ lo cuestionó públicamente por considerar que Petro, después de llegar al poder, no cumplió las promesas hechas a los miembros de la ‘primera línea’.

Hace quince días, en la réplica que la Constitución le garantiza a la oposición, el expresidente Petro respondió al discurso del presidente De la Espriella y volvió por sus fueros: llamó a sindicatos, campesinos e indígenas para salir a las calles porque, según él, las conquistas sociales, como la reforma laboral y la agraria, pueden ser derogadas sin resistencia ciudadana. Insistió en que la oposición debe ejercerse “en la calle, con resistencia pacífica pero contundente”. Así, dejó clara la línea de acción en la que busca activar a sus bases y mantener viva la agenda progresista después de la derrota en las elecciones presidenciales.

Sin embargo, el hecho de que el expresidente hable de “resistencia pacífica, pero contundente” no garantiza que, como ha ocurrido en otros momentos, y como sucedió particularmente con el surgimiento de las ‘primeras líneas’, la protesta no se salga de madre. El borrador de decreto que publicó el Gobierno de De la Espriella para comentarios de la ciudadanía hasta este domingo 4 de octubre no es una respuesta al llamado de Petro. Coincide en el tiempo. Su propósito es dar una base legal desde muy temprano en este Gobierno para garantizar que las protestas que se avecinan en los próximos cuatro años sean efectivamente pacíficas.

El diálogo sigue siendo la prioridad

“El proyecto es respetuoso de la protesta social y ha cumplido con todo el proceso de consulta que exige la norma. Este decreto busca equilibrar los derechos de quien protesta con los de quien no participa”, subrayó en X el ministro del Interior, Rodrigo Lara. “Ni un derecho menos para quien marcha. Ni un espacio más para quien destruye. El trancón no es violencia. La incomodidad no es violencia. Agredir, portar armas, retener personas o impedir una ambulancia, sí. El diálogo no se cierra: sigue con quien marcha y, a la vez, se actúa contra quien agrede”.

Esto quiere decir que el diálogo sigue siendo la prioridad para las autoridades en el abordaje de una protesta que se torne violenta. El diálogo directo es el primer nivel de actuación, a los que le siguen la mediación, la disuasión, y el restablecimiento del orden mediante la intervención de Undmo u otra unidad policial disponible. Además, el borrador de decreto estableces que la Policía podría actuar sin esperar a que termine el diálogo frente a actos violentos.

Esto es especialmente importante porque se advierte que, si desde el comienzo hay armas de fuego o cortopunzantes, explosivos, artefactos incendiarios, retención de personas, agresiones o destrucción de infraestructura, la intervención contra quienes ejecuten esas conductas puede hacerse al mismo tiempo que continúa el diálogo con quienes protestan pacíficamente.

Para la oposición, sin embargo, el borrador de decreto es “preocupante” porque podría propiciar violaciones a los derechos humanos durante las protestas, y buscaría perseguir y criminalizar esas protestas. Temen quienes así piensan que la calificación de “acto violento” durante una protesta quede en el campo de la subjetividad de las autoridades, y que los uniformados decidan actuar sin darle prioridad al diálogo.

Pero el borrador de decreto es claro al establecer como regla que solo se pasa al siguiente nivel si el anterior resulta ineficaz. En determinados casos de violencia o cuando se configure una causal de agotamiento del diálogo, se puede prescindir de los tres primeros niveles.

Y entre las causales para dar como agotado el diálogo están impedir el paso de ambulancias o misión médica; afectar servicios hospitalarios; generar desabastecimiento verificado de alimentos, agua, combustible o medicamentos; portar o utilizar armas, explosivos o artefactos incendiarios; destruir infraestructura; retener personas; o agredir a servidores públicos, policías, misión médica o periodistas.

El Planetario ofrecerá una programación diversa que conecta la astronomía con la ciencia, la tecnología, la literatura y la creatividad. Incluye talleres prácticos, charlas interactivas, obras de títeres, cine documental, ciencia ciudadana y propuestas para explorar conceptos como la Luna, Marte, los satélites, telescopios, vida fuera de la Tierra y el futuro de la exploración espacial. Destaca la obra de títeres “A la Luna, a las dos y a las tres”, que da protagonismo a la Luna y visibiliza los aportes de las mujeres en la astronomía. Por otro lado, talleres como “Principios de cohetería” y “SpaceTech – División de Cohetería” permiten a los participantes entender de manera experimental la aerodinámica y propulsión de cohetes.

El evento incluye también actividades familiares como la construcción de relojes de sol, el diseño de sistemas planetarios y la creación de una nave espacial colombiana. Charlas como “Please, look up! Historias de asteroides cercanos a la Tierra” acercan a los asistentes a las misiones OSIRIS-REx y DART, y plantean posibilidades de vinculación en proyectos de ciencia ciudadana. Además, se ofrecerá la proyección gratuita del documental ‘Apollo 11’, seguida de un conversatorio sobre el impacto de este hito en la historia espacial, con la participación de representantes del Planetario y la Embajada de los Estados Unidos.

Para quienes se acercan a temas más técnicos, destacan los talleres y charlas ofrecidos por el grupo SpaceTech de la Universidad de los Andes, como “Cómo diseñar una misión satelital” o la introducción a la astrofotografía. La agenda contempla además espacios de reflexión sobre la paradoja de Fermi, el funcionamiento de los telescopios y la problemática de la basura espacial. Todas las actividades priorizan el aprendizaje participativo y el acceso a los públicos a través de formatos presenciales, gran parte de ellos sin costo pero con control de aforo, según precisa el Planetario de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades destacadas de la Semana Mundial del Espacio en el Planetario de Bogotá?

Entre lo más relevante se encuentran la obra de títeres “A la Luna, a las dos y a las tres”, talleres sobre principios de cohetería, la proyección comentada del documental ‘Apollo 11’, charlas sobre asteroides y ciencia ciudadana, actividades creadas por SpaceTech de la Universidad de los Andes y espacios familiares para construir modelos astronómicos. Varias de estas actividades son gratuitas y requieren inscripción o control de aforo.

¿Qué significa el término 'ciencia ciudadana' en el contexto de la Semana del Espacio?

La ciencia ciudadana se refiere a la participación de personas no expertas (estudiantes, docentes, aficionados) en proyectos de investigación científica mediante la recolección y análisis de datos, como sucede en actividades relacionadas con los asteroides. Durante la Semana del Espacio, los asistentes podrán conocer cómo contribuir a estas iniciativas globales de forma colaborativa.

El debate volvió a la agenda pública luego de que el representante José Jaime Uscátegui solicitara al presidente Abelardo de la Espriella autorizar el despliegue de fuerzas militares en los sectores mencionados, petición que se suma a la convocatoria de un cabildo abierto liderado por el concejal Julián Uscátegui y respaldado por más de 37.000 firmas certificadas por la Registraduría Nacional. Sin embargo, ni el Gobierno Nacional ni el alcalde Carlos Fernando Galán han anunciado por el momento la aplicación formal de asistencia militar para la ciudad.

Sobre este punto, el Distrito detalla que el Ejército ya participa activamente en la seguridad de Bogotá, cubriendo la jurisdicción con más de 10.000 soldados involucrados en patrullajes mixtos, controles territoriales y acciones focalizadas en delitos como homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes. A modo de ejemplo, durante septiembre se realizaron operativos conjuntos en localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y otras, apoyados por policías, miembros del Ejército y la Fiscalía. La administración local sostiene que el verdadero reto es superar el déficit de policías, pues el número de uniformados por cada 100.000 habitantes sigue siendo insuficiente para cubrir las demandas de vigilancia e investigación que requiere Bogotá.

La legislación colombiana, específicamente el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, define la asistencia militar como un recurso excepcional que debe ordenarse solo en casos de grave amenaza a la seguridad y el orden público. Aunque la ciudad experimenta graves problemas de seguridad, la decisión de militarizar permanece bajo el análisis de las autoridades y, por ahora, Bogotá privilegia la coordinación entre instituciones ya establecida.

¿Cuál es la diferencia entre militarización y asistencia militar en Bogotá?

La militarización implica la presencia permanente y mayoritaria del Ejército en funciones de seguridad interna, mientras que la asistencia militar, de acuerdo con la Ley 1801 de 2016, es un apoyo temporal y excepcional al trabajo de la Policía, ordenado solo en situaciones de grave alteración del orden público. En Bogotá, las acciones actuales corresponden a la segunda figura: operativos de apoyo coordinados, no un despliegue militar total.

¿Qué localidades y delitos motivan la petición de militarización en Bogotá?

La solicitud se centra en Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, localidades que, según reportes incluidos en la petición, presentan altos índices de homicidios asociados con problemáticas como microtráfico, extorsión y otras economías ilegales. Estos factores y hechos relevantes, como el asesinato de un funcionario de la Sijín y atentados recientes, han impulsado el debate sobre seguridad y presencia militar en estos sectores.

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La altercado, según lo relatado por testigos y recogido en el informe, inició como un simple intercambio de palabras pero rápidamente escaló hasta convertirse en una pelea física. Durante la confrontación, uno de los hombres sacó un machete y agredió al otro por la espalda, causándole una herida grave en la zona de la nuca. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Federico Lleras Acosta, principal centro asistencial de la ciudad. Sin embargo, ya no presentaba signos vitales al llegar.

En cuanto al presunto agresor, la información recabada indica que huyó del sitio inmediatamente después del ataque, incluso dejando sin cancelar la cuenta correspondiente al licor y los cigarrillos que se habían consumido en el establecimiento. Hasta el momento, su paradero es desconocido.

Un elemento relevante para la investigación es que, minutos antes del violento incidente, la Policía había efectuado operativos de control en varios establecimientos nocturnos de la zona. Según el reporte, los uniformados solicitaron documentos, revisaron antecedentes y realizaron requisas, procedimientos que podrían facilitar la identificación del responsable de la agresión, al haberse recabado información sobre los asistentes durante los controles realizados en el interior de esos lugares.

De acuerdo con los datos procesados por los grupos de investigación, este incidente deja una vez más en evidencia los riesgos asociados al consumo excesivo de licor y la escalada de conflictos en espacios de convivencia social.

¿Qué pasó exactamente en el bar de Ibagué donde ocurrió la riña con machete?

De acuerdo con la información del caso, la víctima y otro hombre estaban consumiendo licor cuando surgió un desacuerdo por un cigarrillo. La discusión derivó en violencia física y, finalmente, en un ataque con machete que resultó en la muerte de la víctima, quien murió antes de recibir atención médica.

¿Cómo avanzan las investigaciones para identificar al agresor del ataque con machete en Ibagué?

La Policía ya había realizado controles previos al enfrentamiento, lo que permitió recopilar información y antecedentes de los presentes en los establecimientos de la zona. Gracias a estos procedimientos, las autoridades cuentan con insumos clave para establecer la identidad del presunto responsable, quien huyó tras el incidente.

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De acuerdo con la información entregada por la periodista de Noticias Caracol Stephanie Valencia, un primer reporte indicó que la oficial se habría quitado la vida. Sin embargo, esta hipótesis está siendo investigada y las autoridades buscan establecer las causas reales de su fallecimiento.

(Lea también: Identifican al fan que murió al atragantarse con un chorizo en concierto de Jhonny Rivera y Nelson Velásquez)

En las investigaciones participan el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, la Inspección de la Armada Nacional, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo. Las entidades adelantan las respectivas actuaciones para esclarecer lo ocurrido en las instalaciones de la base naval. La Armada Nacional lamentó el fallecimiento de la oficial mediante un comunicado y expresó su pesar por la pérdida. En el mensaje, la institución manifestó el “profundo vacío que deja en el corazón de quienes tuvieron el honor de conocerla y de servir a Colombia junto a ella”.

#Colombia | Hay luto en la Armada Nacional por el fallecimiento de una teniente de navío en la base de Bahía Málaga, en el Valle del Cauca. Esto es lo que se sabe del caso.

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— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 30, 2026

¿Quién era la teniente Daniela García Ospino?

Daniela Nayarit García Ospino tenía 31 años y hacía parte de la Armada Nacional. Durante su trayectoria en la institución se desempeñó como comandante del buque Ciénaga de Mallorquín. Actualmente, según la información entregada en el reporte, García Ospino se desempeñaba como comandante del buque ARC Palas.

La oficial fue encontrada en su vivienda, ubicada dentro de la base naval de Bahía Málaga, situación que llevó a la intervención de las autoridades encargadas de establecer las circunstancias de su fallecimiento..

El CTI de la Fiscalía, la Inspección de la Armada Nacional, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo participan en las actuaciones que buscan determinar qué ocurrió y establecer las causas reales de la muerte de la oficial. La Armada Nacional expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y personas cercanas a la teniente Daniela Nayarit García Ospino, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos registrados en la base naval de Bahía Málaga, en el Valle del Cauca.

“Su partida deja un vacío profundo en el corazón de quienes tuvieron el honor de conocerla, compartir con ella y acompañarla en el servicio a Colombia. Su legado de entrega, compromiso y amor por la patria permanecerá vivo en nuestra memoria y será recordado con profundo respeto y gratitud”, afirmó la entidad.

La Armada Nacional lamenta profundamente el fallecimiento de la Teniente de Navío Daniela Nayarith García Ospino (Q.E.P.D.).

Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos,… pic.twitter.com/owBwYpk7di

— Armada de Colombia (@ArmadaColombia) September 30, 2026

Según información otorgada por la CVC, la entidad organizó una jornada en la que se llevó a cabo el abastecimiento de agua en el humedal, con el fin de favorecer y mantener las condiciones óptimas para la flora y la fauna local. Durante esta intervención se utilizaron dos carrotanques, cada uno con una capacidad de 22 metros cúbicos, lo que permitió adicionar un total de 44 metros cúbicos de agua al ecosistema. Esta decisión fue motivada por la drástica reducción del nivel de agua, consecuencia directa del clima seco que afecta la zona.

Orlando Barreto, ingeniero de la Dirección de Gestión de la CVC, explicó que el objetivo fundamental de esta acción es "alimentar con agua el humedal para favorecer la supervivencia de la fauna acuática y del entorno ambiental". Barreto también manifestó que la intención es que el humedal pueda retomar su nivel natural y lograr sostener tanto la flora como la fauna que habita en sus alrededores. La intervención se refuerza con la llegada de algunas lluvias durante la semana, que han contribuido a la mejora del nivel del humedal, pero la medida busca garantizar que la situación no se agrave y que las especies encuentren condiciones propicias para sobrevivir.

La CVC recalcó que, con el abastecimiento de agua, también se espera elevar el oxígeno en el ecosistema, un aspecto vital para contrarrestar los efectos de la temporada seca y proteger la vida de los animales acuáticos. En suma, la entidad insistió en la importancia de mantener y mejorar progresivamente las condiciones del humedal para asegurar la supervivencia y el equilibrio ecológico en este espacio natural urbano.

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¿Por qué fue necesario el suministro de agua en el humedal del sur de Cali?

El suministro de agua fue necesario debido al descenso significativo del nivel del humedal, causado por una intensa temporada seca. Según la CVC, esta medida buscaba evitar que la disminución del agua afectara negativamente a la fauna y la flora que dependen del ecosistema.

¿Qué impacto tiene el abastecimiento de agua en las condiciones del ecosistema?

El abastecimiento de agua contribuye a la recuperación progresiva del nivel natural del humedal y a elevar los niveles de oxígeno, factores esenciales para la supervivencia de la fauna acuática y para mantener el equilibrio ecológico en este entorno del sur de Cali.

El primer caso sucedió el lunes 28 de septiembre, en el sector Jardín Santander, cerca del Hato de la Virgen. La víctima fue Wendy Dayana Torres, una mujer de 29 años y madre de dos hijos. De acuerdo con El Nuevo Día, Wendy fue abordada por un hombre que le disparó a quemarropa a la altura del corazón, provocándole la muerte en el lugar de los hechos, antes de recibir asistencia médica. La policía confirmó que Wendy Dayana tenía cuatro anotaciones judiciales previas por homicidio, amenazas con arma de fuego, fuga de presos y hurto. Entre estos antecedentes figura una captura hace seis años por un ataque con arma blanca en La Estación, donde fue detenida junto con un hombre conocido como ‘Zaga’. En esa ocasión, ambos quedaron privados de la libertad por un proceso de homicidio en grado de tentativa. Posteriormente, existió un episodio de fuga de presos registrado cuando Wendy logró escapar del CAI Ancón y tomar un taxi.

El miércoles 30 de septiembre se reportó el segundo homicidio, también en la comuna Ocho pero esta vez en el barrio Protecho Topacio. La víctima, Oscar Julián Molina, de 27 años, fue asesinada con arma de fuego mientras estaba en la zona. Según la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía, quienes están a cargo del caso, Molina tenía tres anotaciones judiciales en calidad de indiciado: abandono, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hurto agravado.

Hasta el momento, no existe información oficial que vincule estos dos crímenes, aunque presentan ciertos puntos en común: ocurrieron cerca en tiempo y espacio, las víctimas tenían edades similares, ambos ataques fueron con arma de fuego y los dos jóvenes contaban con prontuarios criminales, aunque por delitos distintos. Estas coincidencias, destaca El Nuevo Día, podrían analizarse dentro de los procesos investigativos para determinar si existe algún vínculo o si se trata de hechos aislados contemporáneos. La policía no ha confirmado que exista una relación o si obedecen a posibles dinámicas de ajustes de cuentas en esa parte de Ibagué.

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¿Cuál es el perfil de las víctimas de los recientes homicidios en Ibagué?

Tanto Wendy Dayana Torres como Oscar Julián Molina eran jóvenes con antecedentes judiciales previos, relacionados con delitos como homicidio, amenazas, fuga de presos, hurto y tráfico de estupefacientes, de acuerdo con información publicada por El Nuevo Día. Sus historias reflejan trayectorias conflictivas que ahora forman parte clave en la investigación policial de los casos.

¿Están relacionados los dos homicidios ocurridos en la comuna Ocho de Ibagué?

Aunque las similitudes entre los hechos —como la cercanía geográfica, el uso de armas de fuego y las edades de las víctimas— podrían sugerir posibles vínculos, la Policía no ha confirmado ninguna relación entre ellos. Las autoridades investigan cada caso por separado y todavía no existe información oficial que indique que los homicidios estén conectados o formen parte de algún ajuste de cuentas.

Según la información oficial recogida por Noticiero 90 Minutos, la aplicación de la rotación de vehículos con restricción mantiene el esquema que se asignó desde mediados del año. Así, este jueves 1 de octubre, los automóviles cuyas placas terminen en 5 y 6 no podrán circular durante el horario estipulado, el cual se extiende desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. El incumplimiento de esta disposición puede acarrear multas, como lo han señalado reiteradamente las autoridades locales.

En un anuncio realizado por el canal oficial de la Secretaría de Movilidad de Cali en la red social X, se recordó que la restricción hace parte de la rotación implementada para el segundo semestre del año. Cabe señalar que la primera semana de julio comprendió una etapa pedagógica, orientada a informar sobre la nueva disposición. Posteriormente, desde el 6 de julio, comenzaron a imponerse comparendos a quienes no respetaran la norma.

Además, la administración dispondrá nuevamente de la tasa de congestión, un mecanismo alternativo para los conductores particulares. Esta tasa permite circular en jornada de pico y placa, siempre y cuando se realice el pago correspondiente. Los usuarios pueden optar por cancelar mensualmente, con un valor de $462.747, o de manera semestral, por $2.313.735. Es obligatorio hacer la transacción antes del penúltimo día hábil del mes anterior a la aplicación. La alcaldía destina estos recursos a mejorar el servicio del Sistema de Transporte Masivo de Cali (MÍO), promover el uso de la bicicleta, optimizar la infraestructura vial y avanzar hacia la mitigación del impacto ambiental causado por los vehículos automotores.

De acuerdo con todas estas disposiciones, será fundamental para los conductores informarse oportunamente respecto a los detalles y fechas, así como considerar alternativas como la tasa de congestión si necesitan movilizarse durante los horarios restringidos.

¿Qué carros tienen restricción de pico y placa en Cali este jueves 1 de octubre?

Los vehículos que no pueden circular este jueves 1 de octubre en Cali son aquellos cuyas placas finalicen en 5 y 6. Esta medida, según la Secretaría de Movilidad, aplica desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., en el marco de la rotación establecida por la alcaldía desde mediados de año. El objetivo es controlar el flujo vehicular y reducir la contaminación ambiental.

¿Cómo funciona la tasa de congestión durante el pico y placa en Cali?

La tasa de congestión es una alternativa que la alcaldía de Cali ofrece a los propietarios de vehículos particulares. Quienes la paguen tienen la posibilidad de circular durante el horario de pico y placa. El pago puede hacerse mensual, por $462.747, o semestral, por $2.313.735, siempre antes del penúltimo día hábil del mes previo. El dinero recaudado se invierte en la mejora del MÍO, la promoción de la bicicleta y la infraestructura vial, así como en acciones para mitigar el impacto ambiental.

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Según la información suministrada por Emcali, la Gerencia de Acueducto tiene programada la reposición de válvulas y la mejora de las redes en zonas puntuales de Cali. Estas intervenciones hacen parte de las maniobras necesarias para mantener y modernizar el sistema de distribución de agua potable, lo que implica la suspensión del servicio en los lugares donde se desarrollen los trabajos.

La empresa especificó que, entre los sectores involucrados, se encuentran los barrios Brisas de Los Álamos y Floralia, en la calle 70 hasta la calle 73 norte, desde la avenida 2 BN hasta la avenida 3 norte; y desde la calle 70 hasta la calle 72 C, entre la carrera 3 DN hasta la carrera 4 norte. Para estos sectores, la suspensión está programada entre las 8:00 a. m. y las 10:00 p. m. Además, Emcali informó que se dispondrá de un carrotanque para abastecer de agua a los habitantes durante la interrupción, de acuerdo con el comunicado oficial.

Otros barrios que se verán afectados por la falta de agua durante la jornada son Los Andes, San Judas, Prados del Norte, Benjamín Herrera, Aranjuez, Santa Teresita, Antonio Nariño, El Bosque, Mojica, San Carlos, El Porvenir, Aguacatal y Tequendama. Para cada uno de estos, Emcali especificó las direcciones exactas en las que se realizarán las maniobras y donde el servicio será interrumpido temporalmente.

La medida responde a la necesidad de garantizar un servicio de calidad y evitar daños mayores en la red de acueducto. Emcali recalcó su compromiso con el bienestar de las comunidades afectadas y señaló que estos trabajos son indispensables para la continuidad y mejoramiento del servicio a futuro.

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¿Qué barrios de Cali se quedarán sin agua este jueves por trabajos de Emcali?

De acuerdo con la información oficial de Emcali, los barrios que tendrán cortes temporales de agua este jueves incluyen Brisas de Los Álamos, Floralia, Los Andes, San Judas, Prados del Norte, Benjamín Herrera, Aranjuez, Santa Teresita, Antonio Nariño, El Bosque, Mojica, San Carlos, El Porvenir, Aguacatal y Tequendama. Cada uno de estos sectores tendrá interrupciones durante la jornada, entre las 8:00 a. m. y las 10:00 p. m.

¿Qué hace un carrotanque de abastecimiento durante los cortes de agua en Cali?

El carrotanque de abastecimiento es un vehículo especializado que transporta grandes volúmenes de agua potable para suplir las necesidades básicas de las comunidades afectadas durante una suspensión en el servicio regular. De acuerdo con Emcali, durante los trabajos de mantenimiento, se ubicará un carrotanque en la zona para garantizar que los habitantes puedan acceder al agua mientras se realizan las reparaciones necesarias en la red de acueducto.

Durante su intervención ante los gremios productivos, Restrepo no se guardó nada y arremetió frontalmente contra las directrices económicas implementadas durante el periodo presidencial anterior. Con un tono firme, el alto funcionario tildó de “estúpida” e ideológica la teoría del decrecimiento promovida por Petro, asegurando que bajo el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se priorizará el sentido común y la racionalidad financiera por encima de dogmas insostenibles. “La teoría estúpida o ideológica del decrecimiento no funciona en el Gobierno de Abelardo De La Espriella. Nos comprometemos con la lógica del sentido común, la lógica de la racionalidad”, sentenció el vicepresidente ante un auditorio que aplaudió la postura oficial.

Lejos de quedarse callado, el exjefe de Estado respondió de inmediato a través de su cuenta de X. Petro defendió su tesis argumentando que la teoría del decrecimiento no está diseñada para naciones empobrecidas, sino para economías desarrolladas enfocadas en frenar el consumo suntuario y la dependencia de hidrocarburos. Según el líder opositor, de no disminuir los consumos contaminantes a nivel global, lo que realmente se extingue es la vida humana.

No obstante, la réplica del vicepresidente no tardó en llegar y vino cargada de munición pesada. Restrepo replicó que la supuesta estupidez radicó en pretender aplicar dicha teoría en un país en desarrollo como Colombia, acusando a la pasada administración de haber hundido indicadores clave a través de decisiones irracionales, un gasto público desmedido y el desplome de la inversión privada a su punto más bajo en más de cinco décadas. Adicionalmente, el funcionario cuestionó la veracidad de las cifras de empleo del pasado gobierno, tildándolas de simple burocracia estatal e informalidad precaria. “Fíjese que la estupidez en su gobierno llevó a proponerlo aún para Colombia. Pero no le tenga miedo a crecer, el mundo entiende perfectamente que el crecimiento debe y puede ser sostenible”, agregó.

Este choque dialéctico ocurre en medio de un escenario fiscal sumamente complejo para el actual Ejecutivo. Recientemente, el presidente Abelardo De La Espriella ha calificado las finanzas públicas heredadas como las más críticas de la historia nacional, anunciando acercamientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para sortear la crisis. Mientras el debate sobre el modelo de desarrollo continúa encendiendo las redes sociales y los escenarios políticos, el actual gobierno insiste en blindar su gestión apostándole al crecimiento, la inversión y la eficiencia estatal frente a lo que califica como los graves errores heredados del pasado.

Datos proporcionados por Noticias Caracol, con reportería propia y verificados por Ángela Urrea Parra, detallan que en la región Caribe, departamentos como Bolívar, Atlántico, Magdalena, Córdoba, Sucre, Cesar y La Guajira tendrán lluvias frecuentes, sobre todo en las tardes y las noches. Además, se mantiene una alerta naranja por oleaje y viento en el mar Caribe, situación que podría obstaculizar las actividades marítimas. Aunque se prevén periodos secos en algunos espacios, el oriente de la región podría vivir temperaturas y sensaciones térmicas elevadas, especialmente durante las tardes.

En la región Andina, donde se ubica gran parte de la población de Colombia, persistirá una marcada nubosidad con lluvias de diferentes intensidades, destacándose eventos fuertes en departamentos como Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Norte de Santander y el Eje Cafetero. Las autoridades intensifican la vigilancia en zonas montañosas ante el riesgo de deslizamientos y movimientos de masa, pues Antioquia, Santander, Chocó y Nariño registran gran cantidad de municipios con algún nivel de alerta.

Bogotá, por su parte, seguirá experimentando días nublados y lluvias leves a lo largo de la semana, en especial en sectores como Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. Las temperaturas máximas se mantendrán cercanas a los 19 grados Celsius con mañanas frescas y cubiertas por la nubosidad.

La región Pacífica será una de las más lluviosas, con condiciones propicias para intensos aguaceros y tormentas eléctricas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la Amazonía, aunque se reportan intervalos secos, habrá lluvias persistentes en áreas como Caquetá y Putumayo y algunas precipitaciones en Guaviare, Guainía, Amazonas y Vaupés. El Ideam mantiene alertas por pleamares en la franja costera del Pacífico hasta el 3 de octubre, afectando la actividad de las poblaciones costeras.

La preocupación de las autoridades crece debido al elevado número de alertas hidrológicas y meteorológicas: decenas de cuencas permanecen en vigilancia por crecientes e inundaciones, así como 371 municipios bajo alerta por deslizamientos, y más de cien localidades vigiladas por riesgo de incendios forestales, reflejando la complejidad de los fenómenos climáticos actuales en el país. Las recomendaciones son claras: mantenerse informado a través de los boletines oficiales y extremar cuidados para evitar accidentes o emergencias.

¿Qué departamentos de Colombia están en alerta por lluvias y riesgos de deslizamientos según el Ideam?

De acuerdo con el informe del Ideam citado por Noticias Caracol, departamentos como Antioquia, Santander, Chocó y Nariño se destacan entre los más afectados por las alertas de deslizamientos y lluvias, así como cientos de municipios en otras regiones con diferentes niveles de alerta activa, lo que obliga a la atención y preparación ante situaciones de emergencia derivadas del clima.

¿Por qué se mantienen las alertas hidrológicas y qué recomendaciones han hecho las autoridades?

Las alertas hidrológicas persisten por la alta posibilidad de crecientes súbitas e inundaciones en varias cuencas y subzonas hidrográficas de Colombia. Las autoridades aconsejan no cruzar afluentes cuando los caudales aumenten, seguir los comunicados oficiales y reportar cualquier situación de emergencia, para reducir el riesgo ante estas condiciones climáticas extremas.

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De acuerdo con los reportes oficiales, la megacárcel Renacer tiene un avance de obra cercano al 86 %. Imágenes recientes revelan la magnitud de la construcción, que abarca 22 hectáreas y cuenta con módulos de reclusión, áreas administrativas y espacios diseñados para operaciones penitenciarias de alta seguridad. La infraestructura fue adaptada durante su desarrollo, pasando de una capacidad inicial prevista para 3.500 privados de la libertad a 1.974 cupos, con cerca de 2.000 internos proyectados para la fase inicial de funcionamiento. Estos cambios respondieron a ajustes técnicos que las entidades participantes consideraron esenciales para su adecuada operación.

En declaraciones a Noticias Caracol, la gobernadora de Magdalena, María Margarita Guerra, abordó los desafíos enfrentados. El proyecto permaneció paralizado durante cuatro años debido a la falta de recursos asignados por el Gobierno Nacional, y solo recientemente retomó su avance. Este retraso generó un considerable aumento de los costos, que en un inicio se estimaban en 183.000 millones de pesos; actualmente la cifra se acerca al doble, a raíz del deterioro producido por la exposición y la necesidad de nuevas intervenciones técnicas.

La cárcel, diseñada para albergar internos de alta peligrosidad, contará con sistemas de control perimetral, vigilancia especializada y estrictas medidas para evitar fugas o incidentes. La mandataria departamental aclaró que, por directriz presidencial, los condenados del Magdalena no cumplirán sus penas en esta sede, que estará reservada para traslados de alta seguridad provenientes de otras regiones. A su vez, las autoridades departamentales avanzan en estudios para garantizar la conectividad y accesibilidad vial del complejo, indispensable para el buen funcionamiento del penal y el ingreso seguro de personal y suministros.

Finalmente, la gobernadora enfatizó la importancia de mayor articulación entre la fuerza pública y el Gobierno Nacional para resguardar la infraestructura, que durante años exigió vigilancia militar pese a estar todavía inconclusa. Insistió en que la gran magnitud del complejo lo define como una verdadera megacárcel, pensada para casi 2.000 internos, y cuya apertura está prevista para iniciar de forma gradual a partir de diciembre.

¿Cuál es la ubicación exacta y por qué fue elegida para la megacárcel Renacer?

La megacárcel Renacer está ubicada en una zona rural del municipio de Sabanas de San Ángel, en el centro del Magdalena, a kilómetros del casco urbano y conectada a la Ruta del Sol por una vía que enlaza con estación Villa. Esta ubicación fue seleccionada en gobiernos anteriores para garantizar el aislamiento de la población carcelaria y civil, con base en criterios de seguridad, disponibilidad de terrenos y control de accesos definidos por la normativa penitenciaria colombiana.

¿Qué ajustes se realizaron en la capacidad y costos de la megacárcel Renacer durante su construcción?

Según la información reportada por Noticias Caracol y declaraciones de la gobernadora del Magdalena, la capacidad del penal fue modificada de 3.500 a 1.974 cupos, principalmente por ajustes técnicos y necesidades operativas detectadas en las fases de ejecución. A la par, los costos iniciales de 183.000 millones de pesos casi se duplicaron debido al prolongado cese de obras, requerimientos de nuevas adecuaciones y daños por exposición a la intemperie mientras estuvo paralizado el proyecto.

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La noticia trascendió públicamente luego de que se difundiera una emotiva imagen institucional y familiar en la que se observa al presidente disfrutando de un almuerzo especial al lado de sus seres queridos. En la fotografía, que rápidamente se viralizó en las distintas plataformas digitales, se aprecia a don Abelardo con una actitud vital, sonriente, luciendo una cómoda prenda casual y portando con orgullo los mensajes de apoyo que recibió durante los momentos críticos previos a su ingreso al quirófano. A su lado, el mandatario y su madre posan con expresiones de evidente alivio, reflejando el fin de un periodo de profunda incertidumbre clínica.

#Atención | “Gracias de corazón a todos los que han estado pendientes de su salud”: Esta es la imagen de la visita del presidente Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) a su padre, quien se recupera satisfactoriamente tras ser sometido a una cirugía a corazón abierto en la… pic.twitter.com/U3rqrchgqA

— Red+ Noticias (@RedMasNoticias) September 30, 2026

Desde el primer instante en que se conoció la necesidad de realizar este procedimiento cardiovascular de alta complejidad, la respuesta de la ciudadanía y de los seguidores del Gobierno se tradujo en una masiva cadena de oraciones y mensajes de solidaridad. Ante esta avalancha de afecto, el propio entorno presidencial enfatizó el profundo agradecimiento hacia la comunidad a través de un comunicado que conmovió a la opinión pública. “Gracias de corazón a todos los que han estado pendientes de su salud, por cada mensaje de cariño y, sobre todo, por sus oraciones. Las hemos recibido con enorme gratitud”, destacaron en la misiva que acompañó la postal del reencuentro.

Los galenos de la prestigiosa clínica bogotana señalaron que el éxito de la intervención radica tanto en la oportuna atención médica como en el estricto cumplimiento de los protocolos posoperatorios a los que ha debido someterse el paciente. Aunque una intervención de esta magnitud exige un riguroso monitoreo y un proceso de rehabilitación lento pero seguro, la fortaleza física y anímica de don Abelardo ha permitido que los plazos de recuperación superen las expectativas iniciales de los especialistas.

Las imágenes reveladas recientemente permiten observar los avances en la infraestructura, ubicada en una zona rural de Sabanas de San Ángel, un municipio al centro del Magdalena. El complejo se sitúa a varios kilómetros del casco urbano, con acceso habilitado desde la Ruta del Sol mediante la vía que lleva a la estación Villa. La elección del enclave respondió a criterios de seguridad, facilidad de control de accesos y la necesidad de contar con un terreno lo suficientemente amplio para el desarrollo de las áreas operativas indispensables.

Atendiendo la relevancia estratégica del nuevo centro penitenciario, autoridades departamentales están desarrollando estudios para mejorar la conectividad vial. Estas adecuaciones buscan garantizar el acceso fluido del personal administrativo y de custodia, así como el ingreso constante de proveedores y vehículos de servicios que serán requeridos una vez la cárcel esté en funcionamiento.

Durante la construcción del proyecto se realizaron ajustes significativos. El diseño inicial preveía una capacidad de alojamiento para cerca de 3.500 personas privadas de la libertad, pero tras múltiples modificaciones técnicas el cupo total se redujo a 1.974 internos. Las entidades responsables comunicaron que, en su fase inicial, la cárcel estará en condiciones de recibir cerca de 2.000 reclusos. Estas modificaciones respondieron a necesidades operativas detectadas a lo largo de la ejecución.

La infraestructura de Renacer ocupa un terreno de 22 hectáreas con varios módulos de reclusión, zonas administrativas y áreas de servicios, además de robustos sistemas de seguridad, cerramientos y puntos de vigilancia. El diseño incorpora niveles diferenciados de seguridad entre el perímetro externo y los módulos donde permanecerán los internos. Actualmente, se llevan a cabo adecuaciones finales, trabajos de instalación y la terminación de áreas específicas, mientras se reporta un avance del 86 % en la obra.

Recientemente, directivos de USPEC, INPEC y el Ministerio de Justicia efectuaron visitas técnicas y mesas de trabajo para coordinar las últimas fases de la construcción, definir procedimientos y verificar los requisitos previstos antes del inicio de operaciones. El inicio de actividades en el complejo dependerá de la culminación de estos trabajos, así como de las respectivas verificaciones técnicas que exige el sistema penitenciario nacional.

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¿Cuál es la capacidad final de la cárcel Renacer en Magdalena?

La capacidad final de la cárcel Renacer fue ajustada durante la ejecución del proyecto y pasó de una cifra inicial de cerca de 3.500 personas privadas de la libertad a un total de 1.974 cupos, según la información oficial difundida por Noticias Caracol. Las autoridades mencionan que en la fase inicial de operación el centro penitenciario podrá albergar aproximadamente 2.000 internos, como resultado de los ajustes técnicos realizados durante la construcción.

¿Quién supervisa la construcción de la cárcel Renacer y en qué estado de avance se encuentra?

La supervisión de la cárcel Renacer está bajo responsabilidad de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Según los reportes oficiales, el avance de la obra es del 86 %, mientras continúan las tareas de adecuación y terminación previa a su entrada en funcionamiento.

De acuerdo con la información oficial del Distrito, el nuevo estadio tendrá cerca de 70 metros de altura e incorporará una cubierta retráctil que servirá para proteger la cancha y dar cabida a distintos tipos de eventos. Además, el diseño proyecta una capacidad que superará los 60.000 espectadores, un avance significativo frente a la estructura actual. Entre las novedades técnicas destacan la gradería sur retráctil y automática, cuyo mecanismo permitirá adaptar el espacio según la naturaleza de cada evento. Asimismo, la construcción incluirá cinco canchas de fútbol alternas, pensadas para preservar la calidad de la grama y apoyar el mantenimiento general del escenario.

El estadio también dará un salto en tecnología y seguridad. De acuerdo con Noticias Caracol, está previsto instalar más de 800 cámaras de seguridad —un aumento considerable respecto a las 300 actuales— incluyendo sistemas con Inteligencia Artificial. La conectividad será otro eje: el nuevo edificio estará apto para hasta 90.000 dispositivos conectados y el número de puntos de acceso superará los 1.500, una mejora notoria para quienes asistan a partidos y conciertos. El sistema de ingreso contará con 200 torniquetes con reconocimiento facial y la infraestructura incluirá más de 900 unidades sanitarias, pasando de las 274 actuales, además de suites y camerinos ampliados.

El diseño adoptará una configuración isóptica, técnica que garantiza que todos los puestos tengan visual clara al terreno de juego; en términos técnicos, la línea de visión subirá de los 52 milímetros actuales a 90 milímetros. La nueva altura y el diseño de la cubierta, según el Distrito, ayudarán a reducir hasta en un 30 % la propagación del ruido. También destacan una pantalla LED de 400 metros cuadrados y un avanzado sistema de grúas para lograr que los montajes de eventos se hagan en solo dos días, frente a los siete días que se requieren hoy.

Durante el tiempo de obra, el estadio actual seguirá en funcionamiento hasta que la nueva infraestructura esté lista. El concesionario aclaró que los costos adicionales serán asumidos por sus accionistas, sin modificar los pagos al Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo estará listo el nuevo estadio El Campín de Bogotá?

Según la información suministrada por el Distrito y Sencia, la entrega del nuevo estadio El Campín de Bogotá está prevista para diciembre de 2028. Esta nueva fecha corresponde a una extensión de doce meses respecto al cronograma inicial, y se debe a las ampliaciones de capacidad y ajustes técnicos implementados durante la planificación.

¿Cuáles son las principales innovaciones tecnológicas y de infraestructura del nuevo estadio El Campín?

Entre las novedades más destacadas del nuevo estadio se incluyen una cubierta y gradería sur retráctiles, más de 800 cámaras con Inteligencia Artificial, 200 torniquetes con reconocimiento facial, una capacidad de conexión para 90.000 dispositivos y una pantalla LED exterior de 400 metros cuadrados. Además, se implementará una configuración isóptica para mejorar la visibilidad en todas las localidades y un sistema de grúas que reducirá los tiempos de montaje de eventos.

Durante el debate de control político, el ministro de Justicia, Iván Cancino, acompañado por la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, planteó los desafíos que enfrenta la erradicación manual en Putumayo, dado el alto riesgo de minas antipersonales que ponen en peligro tanto a campesinos como a miembros de la Fuerza Pública. De acuerdo con Carrasquilla, Putumayo lidera a nivel nacional en hectáreas sembradas de hoja de coca, con una cifra estimada en 40.000 hectáreas. La funcionaria precisó que el plan piloto únicamente prevé la fumigación de 1.000 hectáreas.

El ministro Cancino subrayó que el programa no pretende experimentar con la salud humana. Explicó que el objetivo es analizar el efecto del glufosinato de amonio sobre los cultivos de coca, cumpliendo las normas constitucionales y procurando el menor impacto en las comunidades. Afirmó: “Este programa no está diseñado para ver qué le pasa al ser humano cuando le hagan una aspersión; se trata de cuidarlo, de que no esté presente, de alejarlo y ver qué le causa a la mata”.

El gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina, manifestó su preocupación frente a la iniciativa, indicando que el anuncio gubernamental ha suscitado “zozobra y temor” en la población debido a experiencias previas, cuando muchas personas sufrieron afectaciones de salud, incluidas mujeres embarazadas, y hubo daño a la fauna, flora y fuentes hídricas. No obstante, confirmó la disposición del gobierno departamental de unirse a acciones legales contra los ingresos ilegales de grupos armados.

Molina recordó que en los últimos 20 años los cultivos ilícitos presentaron una reducción entre 2009 y 2011, pero luego crecieron hasta alcanzar 53.000 hectáreas; actualmente calcula en 40.500 las hectáreas de hoja de coca. Además, alertó sobre problemas crecientes de deforestación —10.000 hectáreas anuales—, consumo de sustancias psicoactivas entre jóvenes y la dependencia económica de 22.000 familias dedicadas a la coca.

Por otra parte, el ministro de Justicia aclaró que el plan de aspersión aérea no es la única medida en evaluación. Mencionó la posibilidad de alternativas como la aspersión manual, el uso de drones y políticas interministeriales de sustitución de cultivos, enfocándose en minimizar daños a la población y el medioambiente.

Finalmente, Cancino informó sobre el cierre definitivo de una zona de ubicación temporal para excombatientes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en Putumayo, disponiendo de una comisión humanitaria para su traslado y subrayando la política gubernamental de no negociar con estos grupos, instando a acogerse a la ley ordinaria.

¿Qué efectos tiene el glufosinato de amonio en los cultivos de coca y la población?

Según lo expuesto por el ministro de Justicia, Iván Cancino, el plan piloto busca determinar el efecto del glufosinato de amonio en los cultivos de hoja de coca, enfatizando que no está diseñado para experimentar sobre la salud humana. El objetivo del Gobierno es revisar la eficacia del compuesto químico directamente sobre las plantas, procurando evitar cualquier afectación en la población local y minimizando el impacto ambiental.

¿Cuál es la situación actual de los cultivos ilícitos y la problemática social en Putumayo?

De acuerdo con las cifras y el análisis del gobernador John Gabriel Molina, Putumayo cuenta hoy con aproximadamente 40.500 hectáreas de hoja de coca, tras haber alcanzado un pico de 53.000. Adicionalmente, el departamento enfrenta deforestación anual de 10.000 hectáreas, problemas de consumo de sustancias psicoactivas entre niños y jóvenes, y la dependencia económica de cerca de 22.000 familias vinculadas al cultivo de hoja de coca.

El Fondo Mixto Sierra Nevada aparece como eje de la operación. Patricia Cerchiaro Carranza, identificada como socia fundadora del fondo, figura entre los señalados dentro del caso. La investigación sostiene que este fondo habría servido como conducto para adjudicar contratos y viabilizar proyectos de índole pública financiados con dinero de las regalías, abarcando sectores esenciales como infraestructura, educación, agua potable, saneamiento básico, vivienda, salud, energía, deporte y gestión del riesgo. Empresas, consorcios y uniones temporales habrían tomado el control de buena parte de la contratación, usando al fondo como intermediario.

Las conversaciones interceptadas por las autoridades evidenciaron no solo la organización y alcance de la red, sino también la manera en que sus miembros se referían a sí mismos. En uno de los audios, mencionan con desparpajo a Esteban José Cleves Daza utilizando el apodo “Nule chiquito”, asociándolo así con el clan Nule, conocido previamente en el país por sonados casos de corrupción. Esteban José es hermano de Andrés Felipe Cleves Daza, actualmente prófugo de la justicia.

La investigación no solo gira en torno a empresarios y contratistas; involucra también a servidores públicos de diferentes niveles. Entre ellos se encuentra el actual alcalde de María La Baja, Bolívar, Ramiro González Mancilla, quien, según fuentes del proceso, estaría dispuesto a colaborar con la Fiscalía. Asimismo, Martín Zuleta, exalcalde de La Paz, Cesar, fue judicializado en el marco del operativo.

Finalmente, el caso alcanza a siete gobernadores, sobre quienes se compulsaron copias para determinar si su participación fue directa o indirecta en los hechos investigados. Toda la documentación encontrada contribuye a reconstruir cómo habría operado la estructura criminal, que aparentemente no mantenía un perfil bajo, sino que buscaba figurar entre quienes ostentan poder y dinero en regiones como Valledupar.

¿Cómo operaba la red de corrupción de los Nuevos Nule en Colombia?

De acuerdo con la información de Noticias Caracol y la Fiscalía General de la Nación, la red titulada los Nuevos Nule utilizaba el Fondo Mixto Sierra Nevada para adjudicar contratos financiados con regalías, en proyectos de 19 departamentos. Interceptaciones y documentos permitieron identificar el esquema en el que empresas y funcionarios públicos se confabularon para controlar y desviar recursos.

¿Qué papel cumplía el Fondo Mixto Sierra Nevada dentro de la red de corrupción?

El Fondo Mixto Sierra Nevada, según los hallazgos del CTI y la Fiscalía, actuaba como vehículo o intermediario en la ejecución de contratos y proyectos sufragados con regalías. Dentro de la presunta red, su función era servir como plataforma para direccionar los recursos hacia empresas y particulares que, al final, controlaban la contratación pública en diferentes sectores clave.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El evento sísmico ocurrió a las 3:55 a. m., hora local, y tuvo una profundidad de 50 kilómetros, de acuerdo con la información entregada por la entidad. El SGC ubicó a Ginebra, Valle del Cauca, como municipio de referencia para este movimiento telúrico.

Por el momento, no se reportan daños materiales ni afectaciones luego del movimiento telúrico que provocó algunas reacciones de internautas que comentaron la publicación del SGC.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-01, 03:55 hora local Magnitud 3.2. Profundidad 50 km, Ginebra – Valle del Cauca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/PS48hxskJ2

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 1, 2026

¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 3,2 en Ginebra (Valle)?

El movimiento sísmico fue percibido por habitantes de Cali, especialmente en sectores del norte y el oeste de la ciudad. En redes sociales, algunas personas contaron cómo sintieron el temblor durante la madrugada.

“En el oeste de Cali lo sentimos… suave, pero me despertó”, comentó una persona. Otra señaló: “Ya hacía rato no sentíamos… hasta ahora nuevamente”.

También hubo comentarios sobre la ubicación de la ciudad frente a este tipo de eventos. “Oiga, Cali está bastante mal ubicada”, escribió un usuario.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Las personas que perciban un movimiento sísmico pueden ingresar a la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y diligenciar el formulario disponible para contar cómo sintieron el evento.

El reporte permite indicar aspectos como la intensidad con la que se percibió el movimiento, el lugar desde donde se hizo el registro y otros detalles que ayudan al SGC a recopilar información sobre la percepción del sismo en diferentes zonas del país.

(Vea también: Destapan identidad del hombre que estaría detrás del crimen de Jhon ‘Calzones’; estaría preso)

Mucho antes de llegar a la Alcaldía, Torres había construido una imagen particular entre los habitantes de Yopal. Su trayectoria comenzó en el comercio y luego se extendió hacia proyectos inmobiliarios, mientras su nombre adquiría mayor relevancia en la vida pública del departamento.

De acuerdo con El Tiempo, el apodo que lo acompañó durante años surgió de su primer emprendimiento: la venta de ropa interior femenina. Posteriormente, abrió los almacenes ‘Caricias Íntimas’, con los que consolidó sus primeras actividades comerciales.

El propio Torres contó en distintas ocasiones que comenzó con recursos obtenidos de trabajos relacionados con redes eléctricas y construcción. Luego viajó a Medellín para abastecerse de mercancía y regresó a Yopal con la intención de ampliar aquella actividad comercial.

Con el paso de los años, su actividad económica se diversificó y su nombre quedó ligado a propiedades, venta de terrenos y proyectos de vivienda. Ese crecimiento también despertó cuestionamientos de las autoridades sobre determinados bienes y movimientos de dinero, asuntos que luego llegaron a los tribunales.

Polémico proyecto de vivienda que desarrolló Jhon ‘Calzones’

El proyecto que terminó marcando buena parte de la historia empresarial y judicial de Jhon Jairo Torres fue la Ciudadela La Bendición, en Yopal. Allí comenzó a comercializar lotes dirigidos principalmente a familias desplazadas y personas con dificultades para acceder a una vivienda.

Según el reporte de Noticias Caracol, cada terreno se ofrecía por unos 30 millones de pesos, con una modalidad de pago de aproximadamente 300.000 pesos mensuales. La propuesta resultaba atractiva para compradores que buscaban acceder a un lote con cuotas que pudieran asumir durante varios años.

El problema estaba en la situación jurídica de las tierras. Torres loteó y comercializó los predios sin contar con los permisos urbanísticos requeridos, por lo que la iniciativa terminó convertida en un proceso judicial por urbanización ilegal.

La Bendición llegó a convertirse en el asentamiento informal más grande de la Orinoquía, con más de 4.000 familias viviendo en el lugar. Su crecimiento también dejó dificultades para garantizar la cobertura de servicios públicos, un problema que permaneció ligado al desarrollo del sector.

El proyecto no solo fue determinante para el crecimiento económico y político de Torres. También estuvo relacionado con episodios de violencia porque el propio ‘Jhon Calzones’ contó años atrás que había sufrido dos atentados antes de 2014, según una entrevista recuperada por el mencionado noticiero.

 Jhon ‘Calzones’ ganó la Alcaldía de Yopal mientras estaba preso

La popularidad alcanzada con sus actividades comerciales terminó llevándolo a la política. Torres se presentó como candidato a la Alcaldía de Yopal en 2015, pero su campaña estuvo marcada por el proceso judicial relacionado con La Bendición.

En octubre de ese año fue capturado por el proceso de urbanización ilegal. Aun así, su nombre permaneció en el tarjetón y consiguió ganar las elecciones. Así llegó a dirigir ese municipio para el periodo 2016-2019, en una elección que se convirtió en uno de los episodios más particulares de su trayectoria.

Su administración, sin embargo, estuvo atravesada por problemas judiciales y suspensiones. En 2017 terminó separado definitivamente del cargo por un fallo de la Procuraduría y por lo que después se convocaron elecciones atípicas para completar el periodo de gobierno.

Los millonarios bienes que quedaron bajo investigación

El crecimiento patrimonial de Torres también quedó bajo la lupa de la Fiscalía. En 2016, la Unidad de Extinción de Dominio ocupó bienes vinculados al entonces alcalde y su entorno familiar, con un avalúo que rondaba los 200.000 millones de pesos.

Entre los activos mencionados por la Fiscalía aparecían inmuebles, vehículos, sociedades y establecimientos comerciales, además de propiedades relacionadas con La Bendición. La entidad investigaba si parte de esos recursos podía tener un origen ilícito.

Ese expediente derivó en investigaciones por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Torres negó esas acusaciones y sostuvo que su patrimonio provenía de sus actividades comerciales. En los años siguientes continuó enfrentando actuaciones judiciales relacionadas con esos hechos.

La situación jurídica tuvo varios capítulos: además de la condena por urbanización ilegal, estuvo privado de la libertad en distintos momentos mientras avanzaban los procesos por los otros delitos investigados.

(Vea también:  Revelan identidades de los tres asesinados en masacre en Barranquilla; dos son menores de edad)

El hecho ocurrió hacia las 6:43 p. m. en el barrio El Carmen, cerca de la plaza de mercado del municipio. Según el reporte de las autoridades, varias personas se encontraban dentro de un establecimiento comercial cuando se presentó el ataque.

Las tres víctimas murieron en el lugar. La Policía confirmó que, además del uniformado, los otros dos fallecidos eran hombres civiles. El establecimiento donde ocurrió el hecho fue identificado como Nebraska.

Luego de conocer lo sucedido, la Policía desplegó unidades en el sector para avanzar en la investigación. Las labores cuentan con la participación de unidades de investigación criminal e inteligencia y se desarrollan en coordinación con la Fiscalía.

Vea el video de la masacre en Sevilla, Valle, en el link. El contenido no se publica directamente en esta nota debido a la sensibilidad de las imágenes.

¿Cómo avanzan investigaciones por masacre en Sevilla Valle?

Las autoridades adelantan la recolección de elementos y testimonios para establecer las circunstancias de la masacre e identificar a los responsables. Por ahora, las víctimas civiles no han sido identificadas públicamente.

El caso se registra en medio de los refuerzos de seguridad anunciados meses atrás para Sevilla. En julio, las autoridades habían informado sobre la llegada de más uniformados y el despliegue de patrullajes del Ejército en corredores de acceso y otros puntos estratégicos del municipio.

De acuerdo con la Fiscalía General, el principal propósito de esta nueva unidad es “identificar, desarticular y desmantelar grupos de crimen organizado que operan más allá de las fronteras”, para lo cual se busca fortalecer las investigaciones conjuntas entre Colombia y Estados Unidos, así como facilitar el intercambio de información relevante de manera más ágil y efectiva. Esta estrategia responde a la necesidad de enfrentar estructuras criminales con presencia transnacional y refuerza la cooperación judicial entre los dos países.

La Fiscalía especificó en el comunicado que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) será el encargado de elegir a los integrantes de la TCIU, seleccionando personal proveniente de unidades especializadas y bajo criterios estrictos tanto a nivel profesional como psicológico, físico y ético. Además, quienes sean seleccionados cumplirán un periodo mínimo de tres años en esta misión, lo cual busca garantizar la continuidad y la experiencia dentro de la Unidad.

La operación diaria de la Unidad estará a cargo de un funcionario experimentado de la Fiscalía, quien asumirá el rol de coordinador y será responsable por todas las actividades del grupo. Por su parte, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) se comprometió a “facilitar capacitación y asistencia técnica, y realizar aportes de recursos y equipos conforme a la disponibilidad de fondos”, indica el anuncio oficial, lo que permitirá fortalecer las capacidades logísticas y humanas de la nueva Unidad.

Este acuerdo fue suscrito entre el fiscal general encargado de Colombia, Gilberto Javier Guerrero Díaz, y Luis A. Rico, agregado para la región andina y jefe para las Américas de HSI. El convenio tendrá una vigencia inicial de cinco años, con posibilidad de renovación, lo que deja abierta la opción de que este esfuerzo conjunto se extienda en el tiempo, dependiendo de los resultados y necesidades futuras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Unidad de Investigación Criminal Transnacional (TCIU) de Colombia?

La Unidad de Investigación Criminal Transnacional (TCIU) de Colombia es una instancia creada con el objetivo de identificar, desarticular y desmantelar organizaciones de crimen organizado que actúan más allá de las fronteras colombianas. De acuerdo con la Fiscalía General, su creación es resultado de un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y estará conformada por investigadores del CTI seleccionados bajo estrictos estándares, con el apoyo operativo y logístico de la HSI.

¿Cuánto tiempo estará en funcionamiento la TCIU y quiénes la supervisan?

Según el memorando firmado por la Fiscalía General de la Nación y la HSI de Estados Unidos, la Unidad de Investigación Criminal Transnacional funcionará inicialmente por un periodo de cinco años, renovables según lo estipulado en el acuerdo. Será supervisada por un funcionario experimentado de la Fiscalía, quien responderá por las operaciones diarias, mientras que HSI brindará soporte a través de capacitación, asistencia técnica y recursos.

Los seis sobrevivientes consiguieron salir del socavón y alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido. A partir de ese momento, la Alcaldía de Timbiquí y los organismos de socorro concentraron sus esfuerzos en recuperar los cuerpos atrapados, con maquinaria pesada para remover tierra y lodo.

De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como Dayron Yesid García y su hermano Estiven García; Ever Valencia, reconocido minero y líder social, y Jhon Jairo Valencia. Todos eran oriundos.

#Cauca | Población de la costa pacífica caucana reportó la muerte de tres mineros tras el derrumbe de una mina de oro en el sector de Pisares, sobre el río Saija, en jurisdicción del municipio de Timbiquí, Cauca. Los cuerpos fueron recuperados por habitantes de la zona después de… pic.twitter.com/N1yjtLXNuv

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 1, 2026

Uno de los puntos que vuelve a causar preocupación es que el sitio donde trabajaban los mineros no contaba con título legal para la explotación de oro. La situación recuerda advertencias de la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos de la minería.

Al respecto, la entidad emitió una advertencia: “Se evidenció la destrucción que sufren los ríos Ovejas, Teta y Quinamayó, cuyo cauce ha sido desviado y sus aguas profundamente contaminadas por la remoción de tierras, la formación de montañas con material estéril y el vertimiento de sustancias químicas para el proceso de separación y recolección del oro”.

Además, la Defensoría había advertido que era “inminente” el riesgo para los barequeros, entre ellos mujeres cabeza de familia y menores de edad, ante posibles derrumbes.

Las alertas sobre la minería en Timbiquí vienen de años atrás. En 2010 se había advertido sobre la presencia de mineros foráneos y los cambios en el territorio. Ahora, cuatro familias enfrentan la pérdida de sus seres queridos.

Este entramado jurídico divide al sistema transicional en dos rutas principales. La primera consiste en la vía sancionatoria, dirigida a los máximos responsables de delitos graves y que culmina en sentencias. A la fecha, existen cuatro sentencias dictadas por dos secciones diferentes de la JEP contra 21 individuos: 19 comparecientes (siete antiguos miembros de las Farc-EP y 12 integrantes de la fuerza pública, que aceptaron su responsabilidad), y dos militares juzgados a través de un proceso adversarial.

La segunda ruta es la no sancionatoria, gestionada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, destinada a quienes no son considerados determinantes en los hechos, lo que corresponde a casi el 96 % de los cerca de 9.000 comparecientes ante la JEP. De acuerdo con la información, esta sala ha definido la situación jurídica definitiva de 1.070 personas a través de 45 decisiones renunciando a la persecución penal y otros mecanismos, siendo la gran mayoría de estos soldados y mandos medios del Ejército Nacional, los cuales han encontrado oportunidades para contribuir con verdad y avanzar en procesos de resocialización.

Pese a las diferencias nominales entre sentencias y resoluciones, ambas culminan resolviendo la situación jurídica de fondo de los comparecientes, con calificación de hechos propia e imposición de regímenes de condicionalidad. Según la Sección de Apelación de la JEP, estas resoluciones funcionan como verdaderas sentencias, con consecuencias como el tránsito a cosa juzgada, eliminación de antecedentes penales y extinción de sanciones administrativas o fiscales relacionadas. Aunque la ley y el Acuerdo de Paz hicieron la distinción, en la práctica esto significa que la JEP ha dictado 49 sentencias, cubriendo alrededor de 1.100 personas. El principal trabajo ha recaído en la Sala de Definición, la cual ha depurado miles de casos y continúa promoviendo la reconciliación pese a los debates sobre sus denominaciones y procedimientos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas sentencias y resoluciones ha emitido la JEP hasta ahora?

De acuerdo con la información presentada, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dictado oficialmente cuatro sentencias sancionatorias contra 21 individuos; sin embargo, contando las resoluciones de renuncia a la persecución penal que cumplen funciones equivalentes, la cifra se eleva a un total de 49 sentencias y unas 1.100 personas juzgadas mediante ambos mecanismos.

¿Cuál es la diferencia entre sentencias y resoluciones en la JEP?

La principal diferencia radica en el destinatario y el nombre formal: las sentencias sancionan a los máximos responsables y son emitidas por el Tribunal para la Paz, mientras que las resoluciones las dicta la Sala de Justicia para quienes no fueron determinantes en los delitos. Sin embargo, ambas resuelven la situación jurídica de los comparecientes, tienen efectos jurídicos similares y están revestidas de la misma fuerza legal según la interpretación de la Sección de Apelación de la JEP.

(Vea también: Senador Kevin Gómez pide suspender trámites mineros en Tolima y denuncia posible vínculo con incendios forestales)

Según informó Caracol Radio, los trabajadores se encontraban en labores de minería artesanal cuando se produjo un desprendimiento de tierra que los dejó atrapados. La comunidad del sector emprendió la búsqueda y, después de varias horas, logró recuperar los cuerpos de las víctimas.

Habitantes de la zona explicaron que los mineros trabajaban bajo la modalidad de elevador. Arvey Núñez, residente del territorio, relató que el terreno estaba blando y que una cantidad de lodo y tierra terminó cayendo sobre quienes se encontraban en el lugar.

#Cauca | Población de la costa pacífica caucana reportó la muerte de tres mineros tras el derrumbe de una mina de oro en el sector de Pisares, sobre el río Saija, en jurisdicción del municipio de Timbiquí, Cauca. Los cuerpos fueron recuperados por habitantes de la zona después de… pic.twitter.com/N1yjtLXNuv

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Hipótesis sobre derrumbe en mina de oro en Timbiquí (Cauca)

Una de las hipótesis preliminares sobre el derrumbe apunta a las condiciones del terreno, que podrían haberse visto afectadas por las lluvias registradas durante los últimos días. Esta explicación todavía debe ser establecida por las autoridades.

Los cuerpos serán trasladados a Medicina Legal para los procedimientos de inspección e identificación. Al cierre del reporte de Caracol Radio, no se conocía un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre las circunstancias de la emergencia.

La tragedia ocurrió en una zona de difícil acceso del Pacífico caucano, donde la minería artesanal hace parte de las actividades desarrolladas por las comunidades. La recuperación de los fallecidos fue adelantada por habitantes del sector ante las dificultades para llegar hasta el sitio de la emergencia.

El acuerdo incluye que la creadora de contenido pague una suma adicional de 100 millones de pesos colombianos a TransMilenio, además del dinero abonado previamente. También contempla la producción de 55 videos enfocados en TransMilenio y la cultura ciudadana. El representante de víctimas de TransMilenio aclaró en la audiencia que se transformó el componente económico restante, de 300 millones de pesos, en la creación de estos videos. Dicho contenido, explicó, tiene valor económico medible, pues normalmente la entidad contrata este tipo de campañas para sus comunicaciones institucionales.

La jueza precisó que aunque es difícil calcular el valor monetario exacto de los videos, su impacto como medida de reparación en la ciudadanía es relevante. Resaltó que estas actividades audiovisuales pueden monetizarse y, por ende, fueron admitidas como parte de la reparación, siguiendo la explicación del apoderado de TransMilenio, quien señaló la práctica habitual de contratar influencers para campañas oficiales.

Durante la diligencia, Epa Colombia dejó claro que no podrá usar sus redes sociales ni ejercer su rol como influencer mientras cumpla su condena. Solamente después de este periodo podrá producir los 55 videos estipulados en el acuerdo, en cumplimiento de la sanción.

El proceso judicial ha tenido varios episodios. Luego del incidente en 2019, el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá la condenó a tres años y medio de prisión, con libertad condicional por ausencia de antecedentes, aunque la Fiscalía apeló. En 2021, el Tribunal Superior de Bogotá aumentó la pena a cinco años y tres meses, y la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo, concluyendo que los hechos buscaban “convencer a un conglomerado para la comisión de delitos”, y no solo una expresión o estrategia para ganar seguidores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los delitos por los que fue condenada Epa Colombia en el caso TransMilenio?

Epa Colombia fue condenada por los delitos de daño en bien ajeno y perturbación al sistema colectivo de transporte público, luego de publicar un video vandalizando una estación de TransMilenio durante manifestaciones.

¿En qué consiste la reparación acordada entre Epa Colombia y TransMilenio?

La reparación establecida incluye el pago de 100 millones de pesos adicionales y la creación de 55 videos relacionados con TransMilenio y la cultura ciudadana. Estos videos, según el acuerdo, sustituyen la obligación de un pago económico adicional, ya que tienen un valor monetario comprobable por su uso en campañas institucionales.

El documento, compuesto por 24 artículos, representa un ajuste al Decreto 003 de 2021, el cual regula el proceder estatal frente a manifestaciones ciudadanas. De acuerdo con El Espectador, la propuesta contempla varios puntos clave: en primer lugar, plantea la presencia constante de la Policía en las movilizaciones, como mecanismo de acompañamiento y supervisión. Además, prevé la posibilidad de individualizar a quienes sean sospechosos de protagonizar actos violentos o portar armas y explosivos, so pena de reforzar la seguridad y minimizar la alteración del orden público.

El proyecto también innova al establecer el uso de fuerza disuasoria por parte de la autoridad, sin que dependa de la existencia de un diálogo abierto entre manifestantes y Gobierno. Se resalta igualmente la obligación de que, después de cada movilización, se presenten balances oficiales públicos, promoviendo transparencia en la gestión de estas situaciones.

Aunque la Casa de Nariño –sede del Gobierno– ha reiterado su respaldo a las manifestaciones pacíficas, rechaza la violencia y los bloqueos, defendiendo el derecho a protestar siempre que se respeten los lineamientos del orden público. Por otro lado, la oposición percibe en las calles un nuevo espacio para afianzar sus propuestas y medir fuerzas con el Gobierno. Así, el nuevo borrador de decreto no solo busca regular las protestas, sino también reflejar la tensión de las posturas políticas contemporáneas en el país. Toda esta información ha sido confirmada por El Espectador, que accedió en primicia al contenido de la iniciativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios propone el nuevo borrador de decreto sobre protestas en Colombia?

El borrador propone cambios como la presencia constante de la Policía en las movilizaciones, la facultad para individualizar y controlar a personas sospechosas de violencia o porte ilegal de armas, el uso de fuerza disuasoria sin depender de negociaciones y la publicación de informes oficiales después de cada protesta. Todo esto está orientado a ajustar el Decreto 003 de 2021, según El Espectador.

¿Qué significa fuerza disuasoria y cómo se aplicaría en las protestas?

La fuerza disuasoria se refiere a la intervención de la autoridad para evitar que una situación escale en violencia o alteración del orden público. En el contexto del decreto revelado por El Espectador, se contempla que la Policía pueda emplear esta facultad incluso si no hay diálogos activos con los manifestantes, siempre que existan indicios de riesgos para la seguridad.

La reacción policial fue inmediata. Las autoridades acordonaron la zona, iniciaron las labores investigativas y pusieron en marcha los protocolos para determinar las causas de este homicidio, así como dar con el paradero de los responsables. Según reportes publicados poco después del crimen, surgió en redes sociales una grabación que habría sido filmada por los propios atacantes. En dicha publicación se atribuye el hecho a una organización llamada Los Satanás y se menciona que el homicidio estaría relacionado con una supuesta deuda por extorsiones que el gremio transportador no habría pagado. Además, en el audio se oyen referencias a "Pedrito" y "Moisés", lo que podría ser información relevante dentro de la investigación.

Las autoridades están centrando sus esfuerzos en analizar el contenido del video para verificar su autenticidad y rastrear el origen, con el fin de probar una posible relación entre la estructura criminal mencionada y exigencias económicas ilegales a conductores. Personal especializado de la Sijín (Seccional de Investigación Criminal) y de la Sipol (Seccional de Inteligencia Policial) ha emprendido la recolección de datos en el lugar, especialmente evaluando las cámaras de seguridad instaladas en Ciudad Verde. Estas grabaciones se consideran fundamentales para reconstruir tanto la llegada como la fuga de los atacantes, e incluso podrían revelar la implicación de otras personas en el crimen.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, ha ordenado agilizar la búsqueda de los responsables y solicitó la instalación de una mesa de seguridad con el gremio transportador, mediante la articulación de las secretarías de Gobierno y Movilidad. “No descansaremos hasta que los responsables sean identificados y puestos a disposición de la justicia”, manifestó, solidarizándose con la familia de la víctima. La Policía ha hecho un llamado a la ciudadanía para que quienes tengan información relevante se comuniquen a la línea de emergencias 123.

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¿Por qué fue asesinado el taxista venezolano en Soacha según la Policía y los primeros reportes?

De acuerdo con la información de la Policía citada en el reporte, el homicidio se produjo cuando dos hombres interceptaron al conductor y le dispararon. Además, circuló en redes un video en el que los supuestos atacantes, atribuidos a la banda Los Satanás, señalan que el crimen se relacionaría con una presunta extorsión no pagada por el gremio transportador. Sin embargo, estos detalles aún están bajo verificación e investigación.

¿Qué acciones adelantan las autoridades en Soacha tras el asesinato del taxista?

Según las declaraciones oficiales y las fuentes recogidas, la Policía ha desplegado investigaciones en el lugar, revisando imágenes de cámaras de seguridad y solicitando colaboración ciudadana para identificar a los responsables. Asimismo, el alcalde de Soacha ha convocado una mesa con el gremio transportador para establecer medidas preventivas y reforzar la seguridad en la zona.

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El momento quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales. En las imágenes se observa a Estrada acercándose al representante a la Cámara por Bogotá, del Centro Democrático, mientras le reclama y lo toma de la chaqueta. Después, Briceño se retira del lugar.

Nunca voy a caer en las provocaciones.

Entiendo que muchos, dentro y fuera del recinto, buscan obtener réditos provocándome. Sin embargo, muchos colombianos votaron por mí para representarlos y trabajar.

Pueden seguir mencionándome todos los días, inventando y atacándome, pero…

— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 1, 2026

Tras el episodio, Briceño habló con la revista Semana y explicó qué había ocurrido antes del cruce. Según su versión, la discusión se presentó durante la votación de unos impedimentos relacionados con un proyecto de ley que plantea eliminar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa).

El congresista aseguró al medio que integrantes del Pacto Histórico decidieron retirarse del recinto en medio de la votación. Sin embargo, sostuvo que Estrada y el representante Alfredo Mondragón permanecieron en el lugar, aunque, según afirmó, no participaron en la votación.

A partir de esa situación, Briceño dijo que pidió al presidente y al secretario de la Cámara una certificación pública para establecer si ambos congresistas habían votado. El representante argumentó que su solicitud estaba relacionada con las disposiciones de la Ley 5 de 1992, que establece el reglamento del Congreso.

“Estalló, pues, la ira en la representante”, afirmó Briceño en conversación con Semana, al referirse al momento en que Estrada se acercó a reclamarle. El congresista sostuvo que durante el intercambio recibió varios agravios y que respondió que su solicitud de certificación era legítima.

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El episodio ocurrió mientras avanzaba la discusión de una iniciativa relacionada con las áreas destinadas a proteger terrenos considerados importantes para la producción de alimentos. El proyecto también ha sido objeto de posiciones diferentes entre sectores políticos.

De acuerdo con la revista, el cruce entre Estrada y Briceño quedó registrado en video y las imágenes rápidamente circularon en redes sociales, donde se concentraron las reacciones al comportamiento de ambos congresistas.

Hasta el momento, la versión sobre qué provocó la discusión corresponde a lo explicado por Briceño al medio de comunicación. Las imágenes permiten observar el momento en que Estrada toma de la chaqueta al representante, pero el video difundido no establece por sí solo todo lo ocurrido antes del enfrentamiento.

El desarrollo de ERON Renacer ha sido accidentado desde su concepción. Nació en 2019, cuando Iván Duque Márquez era presidente, y en noviembre de ese año la Uspec abrió la licitación con el objetivo de contrarrestar el hacinamiento penitenciario en la región Caribe. Inicialmente, El Espectador reportó que la construcción aspiraba a abrir 1.500 cupos con tres pabellones para hombres y uno para mujeres, estimando su finalización en 32 meses y un costo de COP 186.000 millones. Sin embargo, retrasos tecnológicos, operativos y logísticos desaceleraron el proceso. En febrero de 2022, el avance era de apenas el 34 %, aunque ya se habían comprometido más de COP 291.000 millones, lo que evidenció tanto demoras como incrementos financieros.

Los factores que incidieron en estos retrasos abarcan desde trámites ambientales hasta la pandemia de covid 19, que detuvo obras por las restricciones impuestas. Además, José Esteban Muñoz Rodríguez, representante legal de Consorcio Fundación 2020 —la firma encargada—, explicó a El Tiempo que la obtención de permisos y la consulta con comunidades indígenas tomaron tiempo considerable, y con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, los recursos disponibles para las obras penitenciarias se vieron restringidos. Un nuevo golpe fue la suspensión temporal decidida por la Uspec en 2023, tras ataques del Clan del Golfo al personal, lo que dejó el proyecto congelado durante 14 meses.

Gracias al reciente impulso del gobierno de De la Espriella, la obra retomó su marcha, con la expectativa de inauguración en 2027. María Margarita Guerra, gobernadora del Magdalena, celebró el compromiso y el respaldo financiero definitivo, destacando la larga espera de la comunidad. Así, el megacentro penitenciario ERON Renacer se perfila como una de las infraestructuras clave para enfrentar el déficit carcelario en el Caribe colombiano.

¿Cuál es el estado actual de la megacárcel ERON Renacer en Magdalena?

El centro penitenciario ERON Renacer avanza con un 88 % de obra en Sabanas de San Ángel, Magdalena, según datos recientes aportados por la Uspec. La infraestructura, con 60.000 metros cuadrados y una inversión superior a COP 291.000 millones, tiene prevista su entrega para 2027, tras varios años de retrasos originados principalmente por problemas logísticos, falta de desembolsos y problemas de seguridad.

¿Por qué hubo retrasos y aumento de costos en la construcción del centro penitenciario ERON Renacer?

De acuerdo con declaraciones recogidas por El Tiempo y la Uspec, los retrasos y el incremento en los costos de la megacárcel se deben a complicaciones para obtener permisos ambientales, requerimientos de consulta previa con comunidades indígenas, la pandemia de covid 19, reducción de recursos durante el cambio de gobierno y ataques del Clan del Golfo. Todas estas circunstancias llevaron a suspensiones y a tres adiciones contractuales, lo que disparó el costo final del proyecto.

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De acuerdo con lo expuesto durante el debate, esta determinación gubernamental surge en un contexto de múltiples presiones y obstáculos institucionales. El ministro Cancino precisó que, aunque un juzgado de Puerto Asís, Putumayo, suspendió el plan piloto mediante una medida preventiva tomada el pasado 11 de septiembre, la decisión de avanzar con la aspersión se mantiene firme, aunque aún no se han definido los municipios ni las fechas para su eventual aplicación. Según los argumentos oficiales, toda acción relacionada con las fumigaciones se realizará exclusivamente respetando las condiciones establecidas por las leyes y las órdenes judiciales vigentes.

En medio de la controversia, la defensa de la estrategia se centró en el cumplimiento riguroso de la normatividad vigente y la protección de los derechos de las comunidades. El jefe de la cartera de Justicia, Iván Cancino, explicó que la erradicación de cultivos ilícitos será abordada a partir de una combinación de distintas metodologías y no únicamente mediante la aspersión aérea. Cancino insistió en que el verdadero objetivo del Gobierno es ejercer presión sobre los grupos armados ilegales que se apoyan en el campesinado para el cultivo de sustancias prohibidas.

El ministro enfatizó durante su participación que la administración encabezada actualmente por Abelardo de la Espriella solo procederá si se cumplen todos los requisitos legales y judiciales, buscando un enfoque que no ocasione daños colaterales entre la población ni en el entorno ambiental. En palabras del propio Cancino, “vamos a dar una lucha frontal contra los grupos armados al margen de la ley que se aprovechan del campesino para el cultivo de sustancias ilícitas”, además de advertir que la persistencia de estos cultivos está directamente relacionada con problemáticas graves como los homicidios y el confinamiento.

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¿Qué condiciones legales y judiciales limitan la aspersión aérea con glufosinato en Colombia?

Según lo expuesto en el debate de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el Gobierno solo podrá proceder con la aspersión aérea de cultivos ilícitos si cumple estrictamente las leyes y las órdenes judiciales actualmente vigentes. Un ejemplo citado es la medida preventiva del juzgado de Puerto Asís (Putumayo) que suspendió el plan piloto, lo que indica que cualquier implementación está sujeta a decisiones de los jueces y a la normatividad nacional.

¿Cuál es el objetivo principal del Gobierno con la fumigación aérea de cultivos de coca?

De acuerdo con el ministro de Justicia, Iván Cancino, el Gobierno busca principalmente combatir a los grupos armados ilegales que explotan a los campesinos para cultivar sustancias ilícitas. La estrategia plantea combinar diversas formas de erradicación para enfrentar el problema, procurando evitar impactos negativos en las comunidades y el medio ambiente.

(Vea también: Reportan novedad con el enjambre sísmico en Chaparral; hay alivio con la cantidad de temblores)

El movimiento telúrico ocurrió a las 6:43 p. m. y tuvo una profundidad de 40 kilómetros.

El epicentro fue localizado en el municipio de Istmina, Chocó, según la información entregada por la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en el país.

Por tratarse de un movimiento de magnitud moderada y con una profundidad de 40 kilómetros, el reporte del SGC permite establecer las características del evento, aunque la percepción puede variar dependiendo de la distancia al epicentro y de las condiciones de cada lugar.

El Servicio Geológico Colombiano invitó a las personas que hayan sentido el movimiento a reportarlo a través de su plataforma de ‘Sismos Sentidos’, herramienta que permite recopilar información sobre la percepción de los temblores en diferentes zonas.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-30, 18:43 hora local Magnitud 3.8. Profundidad 40 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/YHIvvcj1bj

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 30, 2026

Personas reportaron haber sentido temblor en Cali, Pereira y otras ciudades

Después del reporte del SGC, varios usuarios manifestaron en redes sociales que percibieron el movimiento telúrico desde diferentes lugares del país.

Entre los reportes aparecen personas ubicadas en Cali, quienes describieron el sismo como un movimiento suave. Una usuaria incluso señaló que inicialmente pensó que el mareo que sentía podía deberse a otra causa, pero luego relacionó la sensación con la hora del temblor.

En cali suave, me sentí mareada

— Alix Yackelin Cadena (@AlixYackelin) September 30, 2026

Sé sintió quinto piso sur de Cali! Suave la verdad

— APD (@apd0312) October 1, 2026

Otro usuario indicó que lo percibió desde un quinto piso en el sur de Cali y calificó la intensidad como suave.

También hubo reportes desde Alcalá, Valle del Cauca, donde una persona aseguró haber sentido el movimiento.

Desde Armenia también apareció un reporte ciudadano que describió el movimiento de manera similar.

Armenia suave

— caro Salazar (@Carosalazar323) September 30, 2026

Muy suave en Armenia pero duró varios segundos

— David (@daes07) September 30, 2026

En Pereira, otro usuario manifestó haber sentido una sensación que inicialmente confundió con mareo y posteriormente relacionó con el sismo registrado por el Servicio Geológico.

Lo sentí en Pereira, pensé que estaba mareada, pero coincide la hora.

— Ximena (@Ximexiao) September 30, 2026

Estos testimonios corresponden a reportes realizados por usuarios en redes sociales y no sustituyen la información técnica del Servicio Geológico Colombiano.

El alcalde Eder argumentó su impedimento de manera explícita, al declarar que actualmente permanece "el aparente conflicto de interés/ dado a que mis parientes hasta el 4° grado de consanguinidad podrían tener inversiones en los sectores de construcción/ ingeniería civil/ cementos/ industria básica del hierro y del a cero/ como también/ en el sector inmobiliario/ de finca raíz y hotelero/ y en actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados." Es decir, de acuerdo con las propias palabras del alcalde, sus vínculos familiares en algunos sectores económicos relevantes para el desarrollo urbano y la planeación territorial de Cali pondrían en duda la imparcialidad de sus decisiones o actuaciones en este campo, conforme a las obligaciones del cargo que él ocupa.

En este sentido, el nombramiento de Gómez no es inédito, sino que se da en el marco de una serie de reemplazos recientes en el manejo de los asuntos del POT en la capital vallecaucana. Previamente, Stephanie Gómez había asumido esta responsabilidad el 3 de septiembre, y antes que ella fue Jaime Luis Berdugo, exviceministro del Interior durante el gobierno de Gustavo Petro, quien desempeñó el cargo desde abril de 2025, hasta su retiro. Este contexto muestra un proceso de búsqueda continua de personas idóneas y sin impedimentos para liderar decisiones clave relacionadas con el desarrollo urbanístico y territorial de Cali.

La situación sigue siendo de actualidad y se están esperando nuevos desarrollos sobre las decisiones que tomará el nuevo alcalde ad hoc en relación con los temas críticos del POT.

¿Por qué fue designado Nicolás Gómez como alcalde ad hoc de Cali para el Plan de Ordenamiento Territorial?

Nicolás Gómez fue nombrado como alcalde ad hoc de Cali por el presidente Abelardo de la Espriella, tras el impedimento presentado por el alcalde Alejandro Eder, quien argumentó posibles conflictos de interés por los vínculos familiares en sectores como la construcción, la ingeniería civil y el sector inmobiliario. Esta medida busca asegurar la transparencia y evitar decisiones que puedan ser influenciadas por intereses privados.

¿Qué implica ser alcalde ad hoc en los temas del Plan de Ordenamiento Territorial?

El alcalde ad hoc asume temporalmente la responsabilidad de liderar y tomar decisiones sobre el Plan de Ordenamiento Territorial cuando el titular no puede participar por impedimentos legales o éticos. Su función es garantizar la continuidad y la legalidad de los procesos relacionados con el desarrollo urbanístico de la ciudad.

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Las autoridades, de acuerdo con lo reportado, iniciaron sus labores recopilando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la persona fallecida, ni se cuenta con información concreta sobre el o los posibles responsables del homicidio. Ante la gravedad de lo ocurrido, este evento se mantiene bajo investigación, mientras tanto, los vecinos y habitantes del sector esperan una pronta respuesta de las fuerzas de seguridad para aclarar lo sucedido.

El sector Protecho Topacio, en la capital tolimense, se mantiene en alerta tras este trágico suceso, que suma preocupación frente a la seguridad en zonas residenciales de la ciudad. Las autoridades han hecho presencia activa para recabar la mayor cantidad de información posible y así establecer no solo la secuencia de los hechos, sino también las posibles motivaciones, en caso de que así lo determinen los avances de la investigación. Aunque no hay mayores detalles hasta el momento, el despliegue policial busca generar un ambiente de tranquilidad entre los habitantes mientras avanzan los procesos de esclarecimiento.

La información sobre este suceso sigue en desarrollo, a la espera de que las autoridades entreguen mayores detalles sobre la víctima y posibles pistas de quienes estarían detrás de este ataque armado.

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¿Qué información se conoce sobre el asesinato en Protecho Topacio, Ibagué?

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, un hombre fue asesinado con arma de fuego en la noche del 30 de septiembre, mientras se desplazaba en una motocicleta con placas TIR-74H en el barrio Protecho Topacio, comuna ocho de Ibagué. Actualmente no se conocen los detalles sobre la identidad de la víctima ni datos sobre los presuntos responsables del crimen.

¿Cuál es el estado de la investigación del homicidio en el barrio Protecho Topacio?

El caso continúa bajo investigación, con un despliegue policial activo en la zona para recolectar testimonios y pruebas que permitan esclarecer las circunstancias del asesinato. Las autoridades no han revelado nuevos datos y el proceso sigue en curso sin detalles públicos sobre sospechosos o posibles móviles.

(Vea también: “Nosotros ponemos las bolsas”: el mensaje con el que piden a De la Espriella meter mano en Bogotá)

La decisión fue anunciada este miércoles 30 de septiembre por el mandatario, quien aseguró que el condenado había incumplido de manera reiterada las normas del régimen carcelario.

“En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve, que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario. Por eso he ordenado su traslado a la cárcel de Cómbita”, escribió De la Espriella en X.

El Gobierno confirmó que la orden contempla el traslado inmediato del interno a ese centro penitenciario de máxima seguridad.

El presidente agregó que no permitirá que las cárceles sean utilizadas como lugares desde los cuales personas privadas de la libertad puedan continuar coordinando actividades criminales.

“No voy a permitir que las cárceles de Colombia se conviertan en centros de operaciones criminales desde donde los criminales siguen haciendo de las suyas”, afirmó.

Este es el mensaje:

En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve, que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario. Por eso he ordenado su traslado a la cárcel de Cómbita.

No voy a permitir que las cárceles de Colombia se… pic.twitter.com/Jv3eqI7lUb

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 30, 2026

¿Por qué Monsalve es una figura clave del caso Uribe?

Juan Guillermo Monsalve permanece privado de la libertad desde 2008 y es uno de los principales testigos del proceso relacionado con el expresidente Álvaro Uribe.

Monsalve fue condenado por delitos relacionados con secuestro extorsivo y su pertenencia al grupo delincuencial ‘Los Rastrojos’. Su nombre adquirió especial relevancia por las declaraciones que entregó dentro del proceso judicial contra Uribe y por su relación con la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia del expresidente.

Precisamente por su papel como testigo, cualquier decisión relacionada con sus condiciones de reclusión ha tenido especial atención pública.

De acuerdo con información oficial del Gobierno, Monsalve cumple una condena de 44 años de prisión.

La orden anunciada por De la Espriella modifica el lugar en el que Monsalve cumple su condena, pues hasta ahora permanecía recluido en La Picota.

Monsalve estaba en una clínica cuando se conoció la orden

El anuncio del traslado se produjo en medio de una situación médica que involucraba al condenado.

Caracol Radio informó que Monsalve había sido llevado desde La Picota a una clínica de Bogotá después de presentar una aparente afectación cardiovascular. El traslado médico se hizo por disposición del médico de turno y el interno permanecía bajo valoración.

Su abogado también se refirió públicamente a la situación y señaló que el estado de Monsalve era delicado.

A pesar de esa situación, la orden de traslado hacia Cómbita fue anunciada por el Gobierno y posteriormente reportada como vigente.

Por ahora, el Ejecutivo sostiene que la medida responde al cumplimiento del régimen penitenciario y a su decisión de eliminar los privilegios dentro de las cárceles.

“¡Quien esté preso cumplirá su condena, sin privilegios y sin la posibilidad de seguir delinquiendo!”, concluyó De la Espriella en su publicación.

De acuerdo con la Policia, el ladrón desbloqueó el teléfono y, al revisar la galería, encontró videos en los que aparecía la propietaria junto a la menor. Ante lo que observó, decidió publicar el contenido en internet para denunciar lo descubierto.

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A partir de esa publicación, las autoridades tuvieron acceso al material y comenzaron a buscar a la dueña del equipo. Fiscalía adelantó diligencias para identificar a las personas de las grabaciones y establecer dónde podían ser ubicadas.

La investigación llevó a los funcionarios hasta una vivienda del barrio Eduardo Santos, en Cali. Allí encontraron a la mujer señalada y procedieron con su captura, mientras continuaban las pesquisas para establecer los hechos.

#CALI: Le robaron el celular y el ladrón la terminó denunciando ante la Policía por explotar sexualmente a su propia hija de 9 años

Robo de celular permitió descubrir un presunto caso de abuso sexual contra niña de 9 años en Cali. El ladrón encontró videos en el teléfono y… pic.twitter.com/k33MRyWHKU

— Esto es Cali Ve (@estoescali_) September 30, 2026

Dos hijos mayores de la mujer reconocieron a la niña de las grabaciones como su hermana menor. Además, manifestaron ante las autoridades que, presuntamente, habrían sufrido episodios de maltrato por parte de su madre.

Posteriormente, la Fiscalía presentó ante un juez los elementos de la investigación. En la audiencia, la mujer quedó vinculada a un proceso por acceso carnal violento contra una menor de 14 años, relacionado con el material hallado.

La investigación busca establecer si las grabaciones fueron compartidas con otras personas o tuvieron uso económico. Ese aspecto permanece bajo revisión mientras avanza el caso.

El hallazgo surgió por accidente después del robo del equipo. Por ahora, la mujer permanece vinculada al proceso y las autoridades continúan diligencias para esclarecer lo ocurrido.

En esta sesión, se concretó que el lanzamiento oficial de la iniciativa será en noviembre, acompañado de un evento internacional que abordará temas cruciales como los enfoques de política pública frente a los retos de la inteligencia artificial y la crisis climática. Según lo discutido, la plataforma espera próximamente unir a diferentes sectores del partido Alianza Verde, el Partido Liberal y la agrupación En Marcha, además de sumar figuras políticas relevantes como Ariel Ávila, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el exministro Antonio Sanguino.

La noticia del primer encuentro fue difundida por el exministro Juan Fernando Cristo a través de sus redes sociales, donde recalcó la participación de diversos sectores: "Hoy arrancamos los encuentros para lo que será una plataforma socialdemócrata en Colombia. Liberales, verdes, progresistas, exministros, intelectuales, columnistas y académicos nos encontramos para proyectar una plataforma que contribuya a transformar el país".

Los lineamientos de esta propuesta se encuentran en el documento Una propuesta de centro–izquierda para Colombia, elaborado por los economistas Daniel Castellanos y Mauricio Cabrera. De acuerdo con lo consignado, esta versión preliminar de 126 páginas define la socialdemocracia como el equilibrio entre libertad e igualdad, así como entre los instrumentos de Estado, mercado y comunidad. Plantea la idea de un “centro no tibio” y sugiere un cambio social “ordenado, de evolución, no de revolución”, que incorpore de la izquierda la equidad y democracia incluyente, y de la derecha la seguridad y la capacidad de generación de riqueza.

El texto de referencia incluye una parte teórica fundamentada en los ejemplos de países nórdicos y experiencias de posguerra, e identifica cinco problemáticas centrales para Colombia: individualismo, violencia, pobreza y desigualdad, debilidad estatal con fenómenos como la corrupción, y deterioro ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo será el lanzamiento oficial del tanque de pensamiento socialdemócrata en Colombia?

De acuerdo con los organizadores y asistentes al encuentro en Bogotá, el lanzamiento oficial de este tanque de pensamiento socialdemócrata está previsto para noviembre, acompañado de un evento de carácter internacional en el que se tratarán políticas públicas sobre inteligencia artificial y crisis climática.

¿Qué principios define el documento ‘Una propuesta de centro–izquierda para Colombia’?

El documento citado, realizado por los economistas Daniel Castellanos y Mauricio Cabrera, define la socialdemocracia como un equilibrio entre libertad e igualdad, y entre la coordinación del Estado, el mercado y la comunidad. También plantea un cambio ordenado, inspirado por valores de equidad y democracia incluyente, además de incorporar la seguridad y la generación de riqueza, identificando problemas como individualismo, violencia y deterioro ambiental.

Luego del ataque, los responsables huyeron a alta velocidad en la motocicleta, desapareciendo en un rumbo desconocido. Vecinos del sector, al percatarse del hecho, intentaron socorrer a De Aguas Alfaro. Sin embargo, la gravedad de las heridas, ocasionadas por los impactos directos en la cabeza, causaron que el hombre muriera casi de inmediato en el lugar, según relataron testigos. Ante el trágico suceso, arribaron al sitio agentes de la Policía Metropolitana de Valledupar, encargados de asegurar la escena y facilitar el trabajo de los peritos judiciales.

El equipo forense realizó la inspección técnica del cadáver e inició el levantamiento de evidencias, con el objetivo de encontrar pistas que permitan identificar y capturar a los autores del homicidio. De manera paralela, las autoridades judiciales procedieron a revisar el historial personal y jurídico del fallecido. Según los registros del Sistema Oral Penal Acusatorio (SPOA), De Aguas Alfaro contaba con varias anotaciones judiciales. Entre ellas, se destacaban procesos relacionados con hurto, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego. Además, registraba tres anotaciones previas por el delito de violencia intrafamiliar. Esta información obtenida de los sistemas oficiales fue clave para contextualizar el caso y establecer líneas de investigación sobre posibles móviles y responsables del crimen.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué antecedentes tenía Brayan De Jesús De Aguas Alfaro según el SPOA?

Según la información verificada en el Sistema Oral Penal Acusatorio (SPOA), a Brayan De Jesús De Aguas Alfaro le figuraban antecedentes por delitos como hurto, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego y, además, tenía tres anotaciones relacionadas con violencia intrafamiliar.

¿Cómo ocurrió el asesinato en el barrio 25 de Diciembre de Valledupar?

El hecho se presentó cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron a la víctima en plena vía pública; el parrillero disparó varias veces, impactando a De Aguas Alfaro en la cabeza y después huyeron del lugar. La víctima falleció casi instantáneamente debido a la gravedad de las heridas.

Uno de los anuncios más relevantes fue la designación de PowerChina, una firma de origen asiático, como responsable de la obra. Según explicaron en la rueda de prensa, PowerChina tendrá a cargo la edificación de un estadio con una capacidad aumentada a 60.000 espectadores, cifra que supera la proyección inicial de 50.000. Este aumento requirió que el proyecto se sometiera a una reevaluación integral, abarcando tanto los aspectos de diseño como los estudios logísticos necesarios para un desarrollo de tal magnitud. Además de la ampliación de aforo, destacan innovaciones como una tribuna retráctil, ideada para facilitar el montaje y desmontaje de conciertos, y la implementación de sistemas de seguridad basados en inteligencia artificial.

A pesar de estos avances y de las aclaraciones que se han ofrecido públicamente, persisten reservas entre algunos concejales, quienes continúan expresando dudas acerca de los reajustes financieros y de diseño. Uno de los puntos que habían generado mayor confusión era el estado de la licencia de construcción y los estudios de tránsito. Sobre esto, Hoyos, directivo de Sencia, expuso que la licencia de construcción fue aprobada el 19 de junio de 2026, mientras que el estudio de tránsito obtuvo el aval por parte de la Secretaría de Movilidad el 15 de septiembre. De acuerdo con la Alcaldía y Sencia, la necesidad de aumentar el aforo obligó a que se ajustaran todos los detalles del proyecto y se revisaran cuidadosamente los estudios de movilidad, garantizando así que cada etapa cumpliera con los requerimientos técnicos y normativos de la ciudad.

En resumen, aunque el camino hacia la renovación de El Campín ha implicado retrasos y modificaciones significativas, la Alcaldía y Sencia aseguran que los cambios realizados fortalecerán el proyecto, previendo un estadio más grande, moderno y multifuncional para la ciudad.

¿Cuál es la nueva fecha de entrega del estadio El Campín de Bogotá tras los cambios en el proyecto?

Según lo anunciado en la rueda de prensa de la Alcaldía y Sencia, la entrega del nuevo estadio El Campín está proyectada para finales de 2028. Esta fecha fue establecida después de redefinir el proyecto y responder a los nuevos requerimientos de diseño y aforo.

¿Qué innovaciones incluye el nuevo estadio El Campín y quién es responsable de su construcción?

El nuevo estadio contará con una capacidad para 60.000 personas, una tribuna retráctil diseñada para facilitar eventos musicales, y sistemas de seguridad que utilizan inteligencia artificial. PowerChina, firma de origen asiático, fue designada como la encargada de desarrollar toda la obra.

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El reporte individual de Natalia deja en evidencia un dominio excepcional en casi todas las áreas evaluadas. La estudiante logró la calificación máxima de 100 puntos en Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales e Inglés. El único componente donde no obtuvo el puntaje perfecto fue Sociales y Ciudadanas, en el que alcanzó una destacada puntuación de 81. Este rendimiento resume el esfuerzo desarrollado a lo largo de sus años de formación en la institución.

Para Gonzalo Quiroz, los resultados de Natalia no sorprenden a la comunidad educativa del Loperena. Según sus palabras, la joven, quien ingresó al colegio en sexto grado, demostró siempre ser “una alumna inquieta y brillante”, característica evidenciada por su presencia constante entre los mejores estudiantes del plantel y por ocupar el primer puesto durante el último grado. El rector resaltó también el entorno familiar de la estudiante y la disciplina con la que enfrentó su preparación para estas pruebas, dedicando tiempo en casa a repasar preguntas tipo Icfes y a fortalecer sus conocimientos, motivada por su intención de estudiar Medicina.

El colegio dio a conocer la lista de sus diez puntajes más altos en Saber 11, donde Natalia lidera con claridad. La medición incluye estudiantes como Loren Vanesa Manosalva Ricardo (441), Orlando David Rondón Sarmiento (422), Valery Milena Gutiérrez Tapias (416), Isey Carolina Amaya Calderón (414), Duván Andrés Montero Arrieta (413) y otros cuatro que alcanzaron 410 puntos, lo que confirma la excelencia académica colectiva.

Consultado sobre los factores detrás de estos resultados, el rector Quiroz descartó que exista una metodología exclusiva para algunos estudiantes, enfatizando que la preparación es igual para todo el alumnado. Subrayó que la clave está en el talento individual y la disciplina, sumada a la exigencia de los docentes y directivos. Además, destacó el compromiso de los padres de familia, cuya asistencia a entregas de boletines supera el 99 %, así como la respuesta positiva a iniciativas como el plan lector o el fortalecimiento del inglés. Por último, la institución mantiene restringido el uso de celulares, medida que, según Quiroz, ha mejorado la convivencia y las relaciones entre los estudiantes, reforzando el compromiso por formar jóvenes bien preparados, sin distinción de su entorno económico.

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¿Cómo logró Natalia Bayona obtener el puntaje más alto en pruebas Saber 11 en el Cesar?

De acuerdo con el rector del Colegio Nacional Loperena, Gonzalo Quiroz, Natalia Bayona alcanzó el puntaje más alto gracias a una combinación de disciplina, constancia y respaldo familiar. Desde sexto grado se destacó por su dedicación académica y, específicamente, por preparar preguntas tipo Icfes en casa. Además, la estudiante contó con un entorno escolar exigente y el acompañamiento de sus padres, aspectos que potenciaron su buen rendimiento.

¿De qué manera las normas del Colegio Loperena influyen en el desempeño académico de sus estudiantes?

Según Quiroz, el enfoque del Colegio Nacional Loperena es de exigencia e igualdad en la preparación académica para todos los estudiantes. La institución restringe el uso de celulares durante la jornada escolar y fomenta la participación activa de los padres en el proceso educativo, factores que favorecen la concentración y el compromiso del alumnado, permitiendo que jóvenes de familias con limitaciones económicas accedan a formación de calidad.

De acuerdo con la administración de Bogotá, el renovado estadio El Campín destacará por su infraestructura moderna y sus sistemas tecnológicos avanzados. Por ejemplo, se instalará un sistema de bioseguridad pionero, equipado con más de 800 cámaras con inteligencia artificial para reconocer personas en tiempo real, reforzando así la seguridad en el recinto. Además, el audio será otro aspecto diferencial, pasando de un estándar Conmebol a estándar FIFA tipo A, con 185 parlantes que permitirán sectorizar y dirigir el sonido para brindar una experiencia envolvente y efectiva en seguridad.

En cuanto a la estructura, la altura del estadio aumentará de 27 a 70 metros y contará con una cubierta y techo retráctiles, diseñados para reducir en un 30 % la propagación del ruido hacia las zonas cercanas. Esto responde a la necesidad de mitigar el impacto ambiental sobre las comunidades vecinas.

La iluminación será potenciada con 585 luminarias de alto desempeño, pensadas tanto para eventos deportivos como para conciertos y transmisiones que exigen calidad visual de primer nivel. Otros avances incluyen 1.500 puntos de acceso para conectividad, 114 picoceldas que mejoran la red celular, más de 200 torniquetes con reconocimiento facial y más de 400 arcos detectores de metales para la seguridad de los asistentes.

El nuevo Campín tendrá también un centro de monitoreo equipado con más de 6.000 sensores conectados para gestionar operaciones y sistemas críticos en tiempo real. Todo esto apunta a una estrategia integral de seguridad, permitiendo reacciones en la cancha en 10 segundos y hasta 90 segundos en áreas exteriores, según fuentes oficiales de la alcaldía.

El recinto contará con el estándar FIFA tipo A, incluyendo sistemas de prevención de incendios, evacuación inteligente y monitoreo centralizado. Además, el proyecto busca la certificación LEED, gracias a la implementación de energía solar, recolección de aguas lluvias y gestión de residuos sólidos.

El alcalde Galán resaltó que la ampliación de la capacidad del estadio a más de 60.000 espectadores no representará un costo adicional para la ciudad y permitirá que Bogotá albergue eventos deportivos y de entretenimiento de primer nivel, consolidando su posición como un referente en Latinoamérica.

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¿Cuáles son las innovaciones tecnológicas del nuevo estadio El Campín en Bogotá?

Las innovaciones tecnológicas del nuevo estadio El Campín incluyen un sistema de bioseguridad con más de 800 cámaras con inteligencia artificial, audio inteligente con 185 parlantes de estándar FIFA tipo A, iluminación avanzada con 585 luminarias, 1.500 puntos de acceso de conectividad, 114 picoceldas para mejorar la red celular, torniquetes y detectores de metales con reconocimiento facial, y un centro de monitoreo con más de 6.000 sensores, según información de la alcaldía y el IDRD.

¿Qué significa la certificación LEED en el contexto del nuevo estadio El Campín?

La certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) se refiere a un sistema de reconocimiento internacional que mide la eficiencia energética y el respeto por el medioambiente en edificaciones. En el contexto del nuevo estadio El Campín, implica que el recinto utilizará energía solar, sistemas de recolección de aguas lluvias y gestión responsable de residuos sólidos, buscando sostenibilidad ambiental, según lo presentado por las autoridades de Bogotá.

La Fiscalía informó que, junto a estas detenciones, el 3 de agosto se confirmó la captura de otras cinco personas, ampliando así la dimensión de la investigación. Un día después, el mismo ente investigador compulsó copias a siete gobernadores y exgobernadores que, según sus pesquisas, estarían relacionados con los hechos de corrupción. De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, el modus operandi habría consistido en la utilización del fondo mixto ‘Sierra Nevada’ como entidad centralizadora para la ejecución de cerca de 480 proyectos relacionados con infraestructura, educación, agua y saneamiento básico, deporte, recreación, ambiente, gestión del riesgo, salud, energía eléctrica y mejoramiento de vivienda rural, entre otros sectores.

El entramado corrupto habría funcionado mediante la instauración de un manual de contratación propio, que permitía adjudicar contratos y subcontratos a terceros, e incluso a miembros de la misma organización, facilitando así el control sobre los recursos públicos asignados. De acuerdo con la Fiscalía, los procesos contractuales presuntamente irregulares se habrían soportado en la presentación de documentos, actas y registros falsos, con el objetivo de engañar a las autoridades y eludir los controles legales sobre la contratación pública.

Mientras las investigaciones continúan en los estrados judiciales, se espera determinar la responsabilidad de los procesados y esclarecer hasta dónde llegó el impacto de este esquema en los recursos del SGR, vitales para el desarrollo de múltiples regiones de Colombia.

¿Cómo funcionaba el esquema de corrupción en el Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’?

Según la Fiscalía General de la Nación, el esquema permitía adjudicar contratos de manera irregular a terceros y miembros de la misma organización mediante un manual de contratación propio. Además, utilizaban documentación falsa para inducir a error a las autoridades, facilitando el desfalco de recursos públicos del Sistema General de Regalías.

¿A cuántos departamentos afectó el desfalco del Sistema General de Regalías?

De acuerdo con la información de la Fiscalía, el presunto desfalco mediante el Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’ impactó a 19 departamentos del país, lo que representa una afectación significativa a los recursos destinados a proyectos de desarrollo en distintas regiones.

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Uno de los temas centrales de la carta es el discurso presidencial relacionado con la denominada “guerra cultural” que promueve el restablecimiento del orden moral, la autoridad estatal y la defensa de la familia tradicional. A juicio de los firmantes, esta apuesta resulta incompatible con los principios de la Constitución, especialmente ante iniciativas que apuntan a combatir lo que el presidente denomina “ideología de género”, y el uso reiterado de consignas religiosas como “Viva Cristo Rey” en intervenciones oficiales. Para los miembros del centro político, este tono entra en conflicto con el carácter laico y pluralista que debe tener el Estado colombiano.

La forma de comunicar y difundir los mensajes oficiales es otro aspecto controvertido. Conforme a la declaración y citando la Directiva Presidencial No. 01, expedida el 3 de septiembre de 2026, la centralización de la estrategia de comunicación en la figura presidencial despierta dudas por el impacto que puede tener sobre la transparencia y el flujo de información pública. Este cuestionamiento se acentúa tras la destitución del director del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), entidad valorada por su autonomía técnica y la transparencia en la divulgación de datos. Tal decisión, subraya el documento, puede debilitar la credibilidad institucional y abrir la puerta a interpretaciones de injerencia política.

Por último, si bien se valora el esfuerzo de despolitizar y reducir la influencia sobre los medios estatales, persiste la preocupación acerca de la ausencia de ruedas de prensa plurales y el cierre de espacios de opinión política. Además, los firmantes advierten que existen señales de una posible interferencia del Ejecutivo en el funcionamiento de gremios y sindicatos, lo cual pondría en riesgo la libertad de estas organizaciones para salvaguardar sus intereses.

¿Cuáles son los argumentos del centro político contra la política de “guerra cultural” de la administración de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con la carta mencionada por El Espectador, los representantes del centro político consideran que la promoción de la “guerra cultural” implica posturas que contradicen la Constitución, como la imposición de valores religiosos y el combate a la llamada “ideología de género”. Su preocupación se centra en la falta de respeto a la pluralidad y laicidad del Estado.

¿Por qué la destitución del director del DANE preocupa a los firmantes de la declaración?

Los firmantes señalan que el DANE es una entidad reconocida por su autonomía y la divulgación abierta de información técnica. Sostienen que la salida del director, tras la centralización de la comunicación oficial, puede afectar la confianza pública y sugerir una posible interferencia política en la presentación de datos estadísticos.

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Según el diagnóstico del informe, adelantado por la OCDE, la falta de profesores es un problema que afecta, con diferentes niveles de gravedad, a la mayoría de los sistemas educativos de los países evaluados. En el caso colombiano, el documento revela cifras que muestran tanto fortalezas como debilidades: el 54 % de los docentes considera que su trabajo es reconocido; sin embargo, persistente precariedad en las condiciones laborales se evidencia en el hecho de que el 21 % de los maestros cuenta con contratos de duración igual o inferior a un año escolar.

Durante la exposición del informe, Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, subrayó la creciente dificultad para contratar y mantener a profesionales cualificados en la docencia, así como para ubicarlos en las zonas con mayor necesidad. Ante este panorama, Cormann plantea que la mejor estrategia radica en la anticipación de las necesidades del sector, el fortalecimiento de mecanismos para retener a los docentes en ejercicio y la promoción de condiciones atractivas para incorporar nuevos maestros, garantizando que no se sacrifiquen los estándares de calidad en el proceso.

El problema de la escasez docente, además, no es nuevo ni exclusivo de un país. Así lo señaló la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su primer Informe Mundial sobre los Docentes, presentado en abril de 2025, donde calculó que para alcanzar las metas educativas globales será indispensable sumar 44 millones de profesores en el mundo.

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¿Cuáles son las principales causas de la escasez de docentes según la OCDE?

De acuerdo con el informe de la OCDE, los factores clave que explican la escasez de docentes son las dificultades para contratar y retener profesionales cualificados, la falta de condiciones laborales estables —como lo muestra el dato de contratos de corta duración en Colombia— y la necesidad de ubicarlos en áreas donde más se requieren. Todo esto pone en riesgo la calidad educativa y la capacidad de los sistemas para responder a demandas futuras.

¿Qué significa la sigla OCDE y cuál es su papel en el sector educativo?

La sigla OCDE hace referencia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entidad internacional que agrupa a países comprometidos con la democracia y la economía de mercado. En el ámbito educativo, la OCDE realiza análisis comparativos, publica estudios como el informe 'Education at a Glance' y busca orientar políticas públicas para mejorar la calidad y la equidad en la educación de sus miembros.

La subestación de Agustín Codazzi dispone de dos transformadores de 25 megavoltamperios (MVA) cada uno, pero tras el incendio, solo uno permanece en operación. Según explicó Otero Ruiz, apenas se conoció la emergencia se activó el plan de contingencia, el cual contempla el traslado de dos equipos de respaldo: un transformador que será alquilado a Afinia y que llegará desde Zambrano, y una unidad móvil propiedad de Energua, actualmente ubicada en Bosconia. Estos equipos buscan reforzar la capacidad de la subestación y acelerar el restablecimiento del servicio eléctrico.

Mientras tanto, Otero Ruiz advirtió que la subestación con solo un transformador no puede cubrir la demanda total de energía en los sectores afectados. Por ello, se prevén racionamientos, especialmente en las horas pico, y solicitó comprensión y paciencia por parte de la comunidad hasta que se normalice la situación. La atención de la emergencia también cuenta con el apoyo de los bomberos y equipos técnicos, quienes trabajan para restablecer la infraestructura.

La previsión inicial es que el servicio se podría normalizar en la tarde o noche del jueves, siempre y cuando no surjan imprevistos durante el proceso de traslado e instalación de los equipos de respaldo. Otero Ruiz recalcó que este plazo dependerá de la operación y puesta en marcha de los nuevos transformadores.

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¿Cuándo se normalizará el servicio de energía en Agustín Codazzi y municipios afectados?

La proyección dada por Omar Otero Ruiz, gerente general de Energua, indica que el servicio de energía podría normalizarse en la tarde o noche del jueves, siempre y cuando el traslado e instalación de los equipos de respaldo se desarrolle según lo esperado.

¿Qué es un transformador de 25 MVA y por qué es clave para el suministro de energía?

Un transformador de 25 megavoltamperios (MVA) es un equipo esencial en las subestaciones eléctricas, ya que permite aumentar o disminuir la tensión de la energía para su distribución adecuada, siendo fundamental para que grandes áreas urbanas y rurales reciban el servicio eléctrico de manera confiable y segura.

Londoño de la Espriella, conocido como sacerdote y abogado, ocupó brevemente el puesto de representante del presidente en los CSU de la Universidad Nacional, Universidad Pedagógica, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y Universidad del Atlántico. Este nombramiento generó amplias reacciones, sobre todo porque se sugirió que él era primo del presidente Abelardo de la Espriella, hecho que fue desmentido por la Casa de Nariño. Adicionalmente, la decisión fue objeto de demandas lideradas por Isabel Vera, representante a la Cámara por el Valle del Cauca del Pacto Histórico, quien argumentó la existencia de varias causales para impugnar la designación de Londoño en los consejos universitarios.

La representante Vera anunció a finales de agosto que demandó el nombramiento y el 30 de septiembre informó públicamente sobre el retiro de Londoño de la Espriella de todas sus posiciones por parte del propio Gobierno nacional. Esta sustitución fue formalizada en el Decreto 1371 del 9 de septiembre, el cual dejó constancia no solo de la terminación de la designación sino también del nombramiento de un nuevo representante: Camilo Andrés Noguera Abello, abogado y director del partido político Defensores de la Patria, fundado por el presidente de la Espriella.

A pesar de la decisión gubernamental, tanto el Ministerio de Educación como la Presidencia de la República optaron por no hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, continúan activos dos procesos de nulidad electoral contra la inicial designación de Londoño de la Espriella en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Las demandantes critican la presunta insuficiencia de requisitos y la supuesta inhabilidad basada en el artículo 126 de la Constitución Política, que impide a los servidores públicos nombrar empleados con quienes mantengan ciertos vínculos familiares o personales.

¿Por qué fue retirado Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella de los consejos universitarios?

El padre Londoño de la Espriella fue retirado de los consejos universitarios tras una polémica que incluyó demandas sobre su nombramiento y cuestionamientos por posibles inhabilidades, además de dudas en torno a su relación familiar con el presidente Abelardo de la Espriella. La decisión fue tomada oficialmente por el Ministerio de Educación y quedó consignada en el Decreto 1371 del 9 de septiembre, revocando su designación inicial.

¿Qué dice el artículo 126 de la Constitución sobre nombramientos de familiares en cargos públicos?

El artículo 126 de la Constitución Política establece que los servidores públicos no pueden nombrar como empleados a personas con las que tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, ni a quienes estén unidos por matrimonio o unión permanente, buscando evitar conflictos de interés y casos de nepotismo en la administración pública.

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Activos por Colombia se desempeña como operador comercial y plataforma digital encargada de las subastas electrónicas de la SAE. La preocupación expresada por Bravo Vélez se centró en la información recibida por la entidad, la cual advertía sobre maniobras orientadas a intervenir los sistemas informáticos. Según la presidenta, esto podría haber derivado en la eliminación de cuentas, registros económicos y demás archivos institucionales que deberían ponerse a disposición de las nuevas autoridades designadas.

En la ejecución del procedimiento participaron activamente la Fiscalía Novena Especializada de la Estructura de Apoyo, unidades especializadas en la lucha contra la corrupción y delitos cibernéticos, y la Procuraduría General de la Nación. La SAE puntualizó que el allanamiento y registro fue avalado por un juez de control de garantías, lo que respalda la legalidad de la actuación judicial.

La institución precisó que los equipos tecnológicos retenidos durante el operativo serán objeto de análisis forenses especializados. El objetivo de estas pruebas es recopilar evidencia digital que permita esclarecer el posible borrado o manipulación de datos, y así establecer responsabilidades penales. Esta medida responde al interés de proteger el patrimonio público y garantizar la transparencia, como lo indicó la SAE en un comunicado oficial.

Bravo Vélez aseguró que solo los resultados técnicos de los análisis forenses y las investigaciones realizadas por la Fiscalía permitirán identificar si realmente hubo alteración o eliminación de archivos, correos electrónicos, cuentas o cualquier otra información relevante de la SAE. La posición de la actual administración es prestar toda la colaboración necesaria a la Fiscalía, la Procuraduría y demás organismos de control, reafirmando su disposición a no interferir en los procesos investigativos.

¿Por qué la Fiscalía y la SAE investigan posible manipulación de información en Activos por Colombia?

La investigación surgió debido a una denuncia presentada por la presidenta de la SAE, quien alertó sobre posibles actos de corrupción y la manipulación de sistemas informáticos para eliminar u ocultar información institucional durante la transición a una nueva administración del Gobierno Nacional. Según la SAE, se trata de archivos y registros clave que podrían comprometer la transparencia y la gestión pública.

¿Qué implica el análisis forense de los equipos incautados en la sede de Activos por Colombia?

El análisis forense consiste en la revisión técnica y detallada de los equipos tecnológicos decomisados para identificar evidencia sobre la posible manipulación, eliminación o alteración de datos e información digital. Este proceso, según la SAE y la Fiscalía, será fundamental para establecer si existieron conductas delictivas y quiénes serían los responsables de estos hechos.

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(Vea también: ¿Cuánto han pagado las aseguradoras por el terremoto de agosto pasado en Colombia?)

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el número de eventos diarios ha venido cayendo. El cambio es especialmente evidente al comparar el momento de mayor actividad con los registros más recientes.

El 22 de septiembre se contabilizaron 212 movimientos telúricos en un solo día, mientras que en las últimas 24 horas se registraron menos de 30.

Desde el 20 de septiembre, cuando comenzó el enjambre, se han presentado más de 1.100 sismos en la zona.

El Servicio Geológico explicó que desde el 25 de septiembre se observa una disminución progresiva en la frecuencia diaria de los eventos localizados.

Los movimientos registrados durante este periodo han tenido magnitudes entre 2,0 y 4,5, mientras que 24 de ellos han superado una magnitud de 4,0.

La reducción en la cantidad de sismos constituye un cambio en el comportamiento observado durante los primeros días del enjambre, aunque las autoridades mantienen el monitoreo de la zona.

Experto explica por qué están disminuyendo los movimientos

Jhonatan Ortiz, geólogo y profesor de la Universidad del Tolima, explicó a Caracol Radio que la disminución progresiva puede corresponder al comportamiento esperado de un enjambre sísmico.

El experto diferenció este fenómeno de lo que se conoce como un nido sísmico. Mientras un nido puede presentar actividad de manera permanente, un enjambre corresponde a una secuencia temporal de movimientos telúricos.

“Un enjambre sísmico como el de Chaparral es una liberación de energía temporal. Eso es lo que estamos viendo”, explicó Ortiz, citado por la frecuencia.

De acuerdo con el especialista, el comportamiento observado permite prever que la frecuencia de los sismos continúe disminuyendo de manera gradual. Esto no significa, sin embargo, que pueda establecerse que la actividad sísmica terminó o que no volverán a producirse movimientos de mayor magnitud.

¿Significa que ya pasó lo peor en Chaparral?

Ortiz consideró que la etapa más complicada del enjambre podría haber quedado atrás, aunque hizo énfasis en la necesidad de mantener las medidas de prevención.

“Estamos viendo que lo más complicado ya pasó”, afirmó el geólogo citado por la frecuencia, antes de advertir que en cualquier momento puede presentarse un sismo de mayor magnitud, tanto en Chaparral como en otras zonas de Colombia.

Por eso, la disminución de la frecuencia no debe interpretarse como el fin definitivo de la actividad sísmica ni como una garantía de que no ocurrirán nuevos movimientos.

El Servicio Geológico Colombiano también recomendó mantenerse atentos a la información oficial y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

El acuerdo se conoce mientras la influencer y empresaria permanece privada de la libertad y su caso continúa llamando la atención por las distintas decisiones judiciales y administrativas que han surgido desde aquellos hechos.

La reparación económica está relacionada con los daños ocasionados al sistema de transporte público durante la jornada de vandalización de 2019. En ese momento, Barrera fue registrada mientras golpeaba y afectaba estaciones de Transmilenio, hechos que posteriormente hicieron parte del proceso judicial en su contra.

Con este nuevo acuerdo, la cifra de 467 millones de pesos se convierte en uno de los elementos centrales de la reparación que deberá asumir Barrera frente al Distrito. El monto corresponde a los daños que fueron asociados al caso por el cual fue condenada.

El acuerdo también aparece en medio de las recientes conversaciones alrededor de la forma como ‘Epa Colombia’ puede responder por las consecuencias económicas derivadas de su actuación. Transmilenio había planteado previamente alternativas relacionadas con el trabajo de la creadora de contenido y campañas de cultura ciudadana.

Ahora, el foco está puesto en el acuerdo económico alcanzado entre Barrera y el Distrito. La suma pactada busca responder por el componente de reparación relacionado con los daños al sistema de transporte.

El caso de ‘Epa Colombia’ se remonta a octubre de 2019, cuando publicó videos en los que aparecía vandalizando infraestructura de Transmilenio durante las protestas que se desarrollaron en Bogotá. Las imágenes tuvieron amplia difusión y posteriormente fueron incorporadas al proceso judicial.

La condena derivada de esos hechos llevó a que Barrera terminara privada de la libertad. Desde entonces, su situación jurídica ha estado acompañada de diferentes decisiones y solicitudes relacionadas con la reparación de los daños.

Durante la etapa inicial de las indagaciones, surgió una versión importante relacionada con los presuntos agresores del conductor. Según el material recogido tras el homicidio, los responsables del ataque habrían manifestado pertenecer al grupo delincuencial conocido como ‘Los Satanás’. Pese a que esa fue la afirmación de los señalados, dicha información todavía está bajo verificación, y la autoridad competente dejó claro que el solo hecho de mencionar el nombre de esta estructura no permite concluir que los implicados hagan parte de la misma organización criminal.

La Policía sigue avanzando en sus labores investigativas para esclarecer los hechos. El proceso contempla el análisis de diferentes pistas y testimonios con el fin de precisar quiénes participaron directamente en el asesinato y qué situaciones se presentaron antes, durante y después del ataque contra el taxista. Aunque la hipótesis de la extorsión cobra fuerza entre las autoridades, no se descartan otros móviles hasta no contar con pruebas contundentes que permitan establecer la verdad sobre este lamentable caso.

Mientras los investigadores recopilan más elementos y trabajan para dar con el paradero de los responsables, la comunidad de Ciudad Verde y los transportadores de Soacha permanecen atentos al avance de este caso, que refleja la preocupación latente por la seguridad en la zona.

¿Quiénes serían los responsables del asesinato del taxista en Soacha?

De acuerdo con las versiones recogidas tras el homicidio, los presuntos responsables afirmaron ser miembros del grupo delincuencial ‘Los Satanás’. Sin embargo, las autoridades aclararon que esa declaración, por sí sola, no permite asegurar que hagan parte de esta estructura, pues la información aún está en proceso de verificación.

¿Por qué se relaciona el crimen con presunta extorsión en Ciudad Verde?

Según las primeras líneas de investigación anunciadas por la Policía, el asesinato del taxista en Ciudad Verde podría estar vinculado a exigencias extorsivas. Aun así, tanto la causa específica como el desarrollo exacto de los hechos siguen siendo materia de análisis para determinar el móvil real del delito.

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El presidente sostuvo que Vagin será expulsado del país mediante una medida administrativa, luego de que el Gobierno concluyera que la presencia de este ciudadano ruso constituye una amenaza para la seguridad nacional. En palabras de De La Espriella: “La soberanía de Colombia se respeta. Nuestra patria no puede ser escenario de injerencias extranjeras ni de actividades que amenacen su seguridad”. Así, la aplicación de la expulsión busca prevenir riesgos asociados a las acciones que la inteligencia oficial le atribuye al extranjero dentro del territorio colombiano.

La situación legal de Sergei Vagin, sin embargo, no solamente obedece a las acusaciones recogidas en los informes de inteligencia. Actualmente también enfrenta un proceso judicial diferente, en el que se le investiga por delitos como concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a sistemas informáticos. Estos hechos estarían relacionados, de acuerdo con el mandatario, con una presunta defraudación a plataformas de apuestas, mediante la cual habrían sido movilizados aproximadamente 1.600 millones de pesos.

Es importante precisar que los señalamientos sobre espionaje, financiación de hechos violentos durante el paro de 2021 y los supuestos lazos con el ELN pertenecen exclusivamente a los reportes de inteligencia citados por el Ejecutivo, y son independientes del proceso penal que enfrenta Sergei Vagin por los delitos informáticos y financieros. Mientras avanza la medida administrativa para su expulsión, el proceso ante la justicia en relación con la presunta defraudación continúa su curso.

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¿Por qué Sergei Vagin fue detenido y cuáles son las acusaciones en su contra?

De acuerdo con lo informado por el presidente Abelardo De La Espriella, Sergei Vagin fue capturado tras una investigación conjunta de la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), como resultado de informes que lo vinculan a presunto espionaje, contactos con el ELN y financiamiento de actos vandálicos durante el paro de 2021. Además, enfrenta un proceso judicial diferente por concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a sistemas informáticos, tras una supuesta defraudación de 1.600 millones de pesos a plataformas de apuestas.

¿Qué implica la expulsión administrativa de Sergei Vagin de Colombia?

La expulsión administrativa, según lo anunciado por el presidente, se aplicará porque la permanencia de Sergei Vagin es considerada una amenaza para la seguridad nacional. Esto significa que, más allá de los procesos judiciales en curso, el Gobierno puede ordenar la salida obligatoria de un extranjero ante la sospecha fundamentada de actividades contrarias al interés del Estado, siguiendo el marco legal colombiano.

El caso actualmente está en estudio en la Comisión de Ordenamiento Territorial, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, donde la responsabilidad recae en miembros del partido Centro Democrático: el senador Carlos Meisel y el representante Daruin Castellanos. Según lo estipulado, una vez que el expediente ingresó al Congreso, hay un año para que se tome una decisión definitiva; de lo contrario, el concepto técnico que emitió el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) se volvería vinculante. Este documento técnico recomienda que 1.036 de las 1.402 hectáreas en cuestión sean reconocidas como parte de Barranquilla a efectos tributarios.

El proceso legislativo apenas comienza y, de acuerdo con El Espectador, el primer paso será la realización de audiencias públicas, las cuales serán espacios clave para la participación ciudadana y de expertos. La primera de estas audiencias ha sido programada en Barranquilla por el Senado para el 23 de octubre. La Cámara organiza sus propias mesas técnicas y audiencias, procurando exponer todos los puntos de vista antes de emitir un concepto. Este ejercicio de inclusión busca asegurar que tanto autoridades como habitantes de ambas urbes sean escuchados, al igual que técnicos como topógrafos especialistas en el tema.

En las hectáreas en litigio se encuentran el corredor universitario, que agrupa universidades y colegios de prestigio, así como centros comerciales y hospitales, cuyo futuro tributario quedará definido por este proceso. Otros sectores de alta plusvalía, como Villa Campestre y Ciudad Mallorquín, suman miles de habitantes y valores inmobiliarios elevados, evidenciando el alto impacto social y económico de la decisión final.

¿Por qué es clave la participación del Congreso en el litigio entre Barranquilla y Puerto Colombia?

La intervención del Congreso de la República es esencial porque tiene la potestad legal para dirimir el pleito territorial; de no pronunciarse, el concepto técnico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) sería definitivo, transfiriendo una porción significativa de hectáreas y recursos a Barranquilla.

¿Qué sectores y actividades se verían afectados por la disputa de hectáreas entre Barranquilla y Puerto Colombia?

En juego están el corredor universitario con instituciones de educación superior y colegios, numerosos centros comerciales, hospitales y áreas residenciales de alto valor como Villa Campestre y Ciudad Mallorquín, impactando en los tributos y el desarrollo social de la región.

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Este proceso no será automático ni uniforme. Las 14 direcciones regionales de la CAR deberán analizar de manera individual cada expediente de concesión, realizar visitas técnicas en los puntos señalados como críticos y verificar la cantidad de agua realmente disponible. El objetivo es determinar qué actividades generan más presión sobre las bocatomas, es decir, las captaciones comunitarias del recurso hídrico. Para asegurar rigor y transparencia, los equipos técnicos de la entidad están encargados de medir los caudales mediante aforos y documentar cada situación antes de tomar una determinación.

Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR, enfatizó que las medidas se fundamentarán en criterios técnicos y científicos, con el fin de evitar que el estrés hídrico afecte la disponibilidad de agua potable para la población. Sin embargo, la entidad no detalló cuál ha sido la disminución en los caudales, ni precisó los nombres de los 35 municipios involucrados o cuántas concesiones podrían verse impactadas.

Además, la CAR exhortó de manera explícita a los sectores industrial, comercial y agrícola a abstenerse de solicitar nuevas concesiones para captar agua superficial en las zonas más críticas, pues —según los balances hidrológicos actuales— dichas solicitudes no contarían con viabilidad técnica. Se trata de una recomendación focalizada, no de una prohibición general, y busca evitar mayor presión sobre las fuentes de abastecimiento comunitario.

Con el fin de reducir el impacto en los sectores productivos, la autoridad ambiental comunicó la instalación de mesas técnicas para analizar alternativas como el uso regulado de aguas subterráneas y la implementación de sistemas de almacenamiento y recolección de aguas lluvias. Estas opciones deberán seguir procedimientos de control, apoyar la sostenibilidad del ecosistema y no comprometer el suministro futuro.

¿Por qué la CAR prioriza el consumo humano en las concesiones de agua?

La CAR prioriza el consumo humano de acuerdo con las disposiciones del Código Nacional de Recursos Naturales y el Decreto 1076 de 2015, que establecen que la protección del abastecimiento de agua potable es un derecho fundamental y debe estar por encima de otros usos, especialmente durante periodos de escasez.

¿Qué medidas toma la CAR para garantizar el abastecimiento de agua durante El Niño?

Entre las medidas adoptadas por la CAR se encuentran la revisión individual de concesiones, la posible reducción de caudales autorizados para uso productivo, la suspensión temporal de autorizaciones y la recomendación de abstenerse de solicitar nuevas concesiones en zonas críticas. Además, se evalúan alternativas como aprovechar aguas subterráneas y recuperar agua de lluvia para apoyar a los sectores afectados.

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(Vea también: “Me enteré por medios”: Martha Peralta reaccionó a revocación de su visa de EE. UU. y dijo qué hará)

De acuerdo con los documentos publicados en Función Pública, citados por El Tiempo, el patrimonio bruto de la congresista pasó de 491 millones de pesos en 2021 a 1.382 millones de pesos en 2024. Es decir, en ese periodo casi se triplicó.

El comportamiento del patrimonio líquido fue diferente. En 2021, Peralta reportó 367,8 millones de pesos, cifra que cayó a 305,5 millones de pesos en 2022. Para 2023 llegó a 601,5 millones de pesos y en 2024 bajó nuevamente hasta 471,9 millones de pesos.

La diferencia entre patrimonio bruto y patrimonio líquido está relacionada con las obligaciones que aparecen registradas en sus declaraciones. Y precisamente las deudas tuvieron un crecimiento considerable durante esos años.

En 2021, la senadora reportó obligaciones por 123,4 millones de pesos. Un año después, la cifra llegó a 368,2 millones de pesos; en 2023 alcanzó 493,7 millones de pesos y para 2024 llegó a 910 millones de pesos.

Así, entre 2021 y 2024, las deudas reportadas aumentaron más de siete veces.

Los siete inmuebles que aparecen en su declaración de 2024

La declaración correspondiente al año gravable 2024, publicada en diciembre de 2025, muestra varios cambios frente a los bienes reportados en años anteriores. En ese documento aparecen siete inmuebles.

Tres están ubicados en Bogotá: dos propiedades valoradas en 379 millones de pesos y 435 millones de pesos, además de un parqueadero de 23 millones de pesos .

En Puerto Colombia, Atlántico, aparecen otros dos bienes: un inmueble de 223 millones de pesos y un parqueadero de 7,6 millones de pesos. Los otros dos están registrados en Riohacha, La Guajira: una finca valorada en 215 millones de pesos y otro inmueble de 69 millones de pesos.

A esos bienes se suman un vehículo de 45 millones de pesos, cuentas bancarias por 193 millones de pesos y un CDT de 58,6 millones de pesos.

En cuanto a las obligaciones, el documento citado por el diario relaciona diez deudas que suman 998 millones de pesos. Entre ellas aparece una denominada “seguro estudiantil”, por 347 millones de pesos, mientras que tres créditos relacionados con vivienda suman 621 millones de pesos.

También figura una donación de 20 millones de pesos a la Junta de Acción Comunal de Monguí, corregimiento de Riohacha.

Registros oficiales muestran diferencias frente a lo declarado

Al comparar la declaración de 2024 con la información disponible en la Superintendencia de Notariado y Registro aparecen algunas diferencias.

Con el documento de identidad de Martha Peralta figuran seis bienes: tres en Bogotá, dos en Puerto Colombia y uno en Riohacha.

La diferencia está en Riohacha, donde la congresista declaró dos inmuebles, mientras que en el registro consultado aparece uno, ubicado en el corregimiento de Monguí.

También hay una particularidad con un inmueble valorado en 223 millones de pesos. En una declaración correspondiente a 2023 fue ubicado en Barranquilla, aunque en el registro aparece en Puerto Colombia. La explicación está relacionada con que Barranquilla es la oficina que lleva las matrículas de ese predio.

Otro dato que aparece en la información oficial es que cuatro de los bienes figuran también a nombre de su esposo, Manuel Julián Molina Pérez. Se trata de un apartamento y un parqueadero en el edificio Altamar Caribe, en Puerto Colombia; un inmueble en Bogotá y el predio ubicado en Monguí.

Las declaraciones de conflicto de interés de Peralta identifican a Molina Pérez como su cónyuge y señalan que sus intereses no son susceptibles de generarle un conflicto de interés.

Los documentos también muestran algunas variaciones en la información reportada a lo largo de los años. Para 2023, por ejemplo, aparecen dos declaraciones publicadas el mismo día: una coincide con la declaración de renta y otra repite las cifras correspondientes a 2022. Posteriormente, esta última fue modificada para indicar que correspondía al año gravable 2022.

En un comunicado publicado este 30 de septiembre, la firma fundada por el presidente Abelardo De La Espriella explicó que la controversia comenzó porque la Dian sostuvo una interpretación diferente sobre el tratamiento tributario que debía aplicarse a esos servicios.

Según la firma de abogados, ante esa diferencia acudió a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para defender su posición por las vías previstas en la ley. El proceso terminó, por ahora, con una decisión desfavorable para sus intereses.

 

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De la Espriella Lawyers informó que la sentencia de segunda instancia le fue notificada el 29 de septiembre de 2026 y que en ella fueron negadas las pretensiones de la demanda.

Frente a esa decisión, la firma aseguró que respeta la independencia de la Justicia y que acata la sentencia. También señaló que continuará actuando dentro del marco jurídico y mediante los mecanismos que establezca la legislación colombiana.

Uno de los principales puntos del comunicado, firmado por el director general de la asociación, Carlos Sánchez Cortés, está relacionado con la forma en que, según la firma, debe interpretarse la controversia. De la Espriella Lawyers sostuvo que actuó de manera transparente y de buena fe, de acuerdo con la interpretación jurídica que consideraba aplicable en ese momento.

La firma fundada por De La Espriella enfatizó que la existencia de una diferencia de criterio frente a la Dian y una sentencia desfavorable no convierten por sí mismas la actuación en fraudulenta o dolosa.

El pronunciamiento también rechazó que el proceso tributario sea utilizado para cuestionar a la firma o vincularlo con discusiones políticas. En ese sentido, la firma de abogados sostuvo que el caso no debe convertirse en una plataforma de “ataque, señalamiento o confrontación” contra su trayectoria empresarial.

Además, De la Espriella Lawyers afirmó que el presidente Abelardo De La Espriella es ajeno al proceso tributario. La firma pidió que la controversia no sea utilizada para afectar al mandatario y sostuvo que se trata de un asunto independiente de cualquier debate político.

Finalmente, la firma recordó que lleva más de 25 años de actividad y reiteró que respetará las decisiones de las autoridades competentes y cumplirá con aquello que corresponda de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano.

De acuerdo con la información expuesta en la audiencia, la propuesta fue avalada por el Comité de Conciliación de TransMilenio y consiste en la elaboración de 55 videos enfocados en fomentar la cultura ciudadana y el respeto por las normas dentro del sistema de transporte. Estos contenidos serían difundidos por la empresaria a través de sus canales digitales, aprovechando la alta visibilidad de sus redes sociales. El eje de esta alternativa es incentivar conductas que favorezcan la convivencia entre los usuarios, en un intento por reparar no solo el daño material sino también el impacto social generado.

La reparación económica estipulada por el acuerdo incluye un pago inicial de 10 millones de pesos. El monto restante, cercano a los 300 millones de pesos, se cubriría a través de la producción y entrega de los videos, cuyo cumplimiento será susceptible de medición y verificación por parte de la entidad. Esta estrategia introduce un componente novedoso en las fórmulas de cumplimiento, buscando integrar responsabilidad económica con acciones simbólicas y pedagógicas, como lo explicó el apoderado de la empresa durante la diligencia.

La condena impuesta a Barrera Rojas por la Corte Suprema de Justicia incluye cinco años y dos meses de prisión, por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas. El acuerdo de reparación presentado no modifica automáticamente su situación carcelaria, ya que su aprobación forma parte de la reparación civil, no de la pena privativa de libertad. De hecho, en enero de 2026, un juez de ejecución de penas negó una solicitud de reducción y extinción de la condena, por lo que Epa Colombia continúa recluida en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, adonde fue trasladada en agosto de ese mismo año.

¿Qué implica realmente el acuerdo de reparación entre Epa Colombia y TransMilenio?

El acuerdo de reparación aprobado supone una combinación de pago económico y realización de contenidos para promover la cultura ciudadana. Aunque implica una fórmula innovadora de resarcimiento, no representa una reducción automática de la condena privativa de libertad ni una liberación inmediata de Epa Colombia, pues se trata de una medida dentro de la reparación civil por los daños causados a TransMilenio.

¿Por qué Epa Colombia fue condenada y qué significa instigación a delinquir con fines terroristas?

La empresaria fue sentenciada por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas. El último delito se refiere a motivar o incitar a otras personas a cometer actos ilegales, en este caso vinculados a fines considerados terroristas, durante las protestas de 2019 que afectaron gravemente la operación y seguridad del sistema TransMilenio.

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Según se conoció, los presuntos delincuentes entraron a la tienda y, utilizando armas de fuego, intimidaron de manera directa a los clientes y empleados, obligándolos a permanecer en el suelo. Mientras las víctimas seguían las órdenes de los agresores, los asaltantes revisaron las instalaciones, apoderándose de dinero en efectivo y otras pertenencias personales de quienes estaban en el establecimiento. Tras completar el robo, los responsables huyeron del sitio a bordo de motocicletas, lo que dificultó su pronta identificación y captura.

Este tipo de hechos ha incrementado la inquietud entre los habitantes de las veredas de Flandes, especialmente por el modus operandi de los ladrones, quienes recurren al uso de armas de fuego para someter a la población civil. De acuerdo con el mismo medio, la comunidad expresó su preocupación no solo por este robo, sino también por la percepción de inseguridad que perdura en la zona rural.

Ante lo sucedido, algunos residentes plantearon la posibilidad de solicitar el cambio del comandante de la estación de Policía de Flandes, argumentando que las acciones emprendidas hasta el momento no han resultado efectivas para contrarrestar los hechos delictivos y restablecer la tranquilidad en el sector. La sensación de indefensión entre los pobladores crece cada vez que un episodio de este tipo ocurre sin que se presenten capturas ni el esclarecimiento oportuno de los casos.

Actualmente, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Policía Nacional están a cargo de la indagación, tratando de recolectar pruebas e información que permitan identificar a los involucrados y la ruta utilizada para huir. La participación de estas entidades demuestra el interés de las autoridades por esclarecer lo sucedido y brindar respuestas concretas a la comunidad afectada.

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¿Qué medidas está tomando la Policía Nacional frente al hurto en Flandes?

Las autoridades, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Policía Nacional, adelantan investigaciones para identificar a los responsables del hurto en la vereda Camalá. Estas acciones incluyen la recolección de pruebas y seguimiento de la ruta de escape, buscando esclarecer los hechos y responder a la creciente preocupación de la comunidad frente a la inseguridad.

¿Por qué la comunidad de Flandes propone el cambio de comandante de la estación de Policía?

Tras el reciente asalto, algunos habitantes de Flandes consideran que las acciones realizadas por el actual comandante de la estación de Policía no han sido eficaces en la lucha contra la delincuencia en la zona. Por esta razón, proponen considerar el reemplazo del comandante, en busca de estrategias que permitan mejorar la seguridad y recuperar la confianza en la fuerza pública local.

La transición hacia esta actualización tecnológica responde a la necesidad de hacer el proceso de reservas mucho más ágil, estable y sencillo para quienes frecuentan la Arena Polivalente. Esta área es reconocida porque allí se encuentran canchas de básquetbol y vóleibol, deportes que suelen atraer tanto a grupos de aficionados como a deportistas formales. De acuerdo con el comunicado oficial, el enlace que se usaba previamente para gestionar solicitudes ya no estará disponible, por lo que es fundamental que los interesados adopten la nueva dirección para realizar sus trámites de manera adecuada y sin contratiempos.

La recomendación explícita del CEFE Chapinero es que todas las personas tengan a mano la nueva dirección web y la compartan con sus conocidos que también disfruten de practicar deportes en ese espacio. Así, se garantiza que tanto usuarios habituales como nuevos visitantes puedan asegurarse un cupo para utilizar las instalaciones sin enfrentar barreras tecnológicas.

Además, es importante señalar que aunque la plataforma ha cambiado, el horario en el que se habilitan las reservas permanece igual. Cada lunes a las 10:00 a. m., se abre la posibilidad de separar horas para las diferentes actividades, manteniendo así la regularidad que muchos usuarios ya conocen. El CEFE Chapinero también continúa promoviendo otras iniciativas culturales y deportivas, como obras de teatro musical, ciclos artísticos y programas de formación, consolidándose como un espacio dinámico y diverso para toda la comunidad.

Este cambio busca facilitar el acceso al deporte y la recreación, simplificando los procesos y mejorando la experiencia de quienes hacen parte de la vida activa del CEFE Chapinero.

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¿Cómo puedo reservar la Arena Polivalente del CEFE Chapinero con el nuevo sistema?

Las personas interesadas en utilizar la Arena Polivalente del CEFE Chapinero deben hacerlo ahora a través de una nueva plataforma digital, según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Para reservar, es necesario ingresar a la dirección web proporcionada por la entidad y realizar el proceso allí, pues el anterior enlace ya no está disponible.

¿Qué actividades se pueden reservar en la Arena Polivalente del CEFE Chapinero?

En la Arena Polivalente, ubicada en el tercer piso del CEFE Chapinero, se pueden reservar espacios para la práctica de básquetbol y vóleibol. Estas actividades continúan disponibles para el público, con horarios de reserva que se abren todos los lunes a las 10:00 a. m., de acuerdo con lo anunciado oficialmente.

La decisión afecta la Resolución 218 del 17 de junio de 2024, expedida por el Ministerio de las Culturas, con la que se reconoció el sombrero del excomandante del M-19 como patrimonio cultural y se ordenó su inscripción en el Registro Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación.

El proceso llegó al Consejo de Estado luego de una demanda que cuestionó la facultad del Ministerio para expedir esa resolución. Los demandantes también señalaron que el acto administrativo se habría apoyado en una norma que no estaba vigente y que no habría cumplido con determinados requisitos de publicación.

Uno de los puntos centrales que encontró la corporación está relacionado con la diferencia jurídica entre reconocer y declarar un bien como patrimonio cultural. El Consejo de Estado recordó que la legislación establece que el Ministerio puede declarar bienes de interés cultural del ámbito nacional, pero mediante el procedimiento correspondiente.

Ese procedimiento incluye un concepto favorable previo del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. En el caso del sombrero de Pizarro, el Ministerio utilizó la figura del reconocimiento y posteriormente ordenó que el objeto quedara sometido a las medidas de protección previstas para bienes de interés cultural.

El Consejo de Estado cuestionó que esa determinación se hubiera tomado sin consultar previamente al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y sin establecer si correspondía adoptar un Plan Especial de Manejo y Protección. La corporación señaló: “Dicha habilitación no se deriva de los fundamentos normativos invocados en el acto”.

Otro aspecto analizado fue la inscripción del sombrero en el Registro Nacional de Patrimonio Cultural. Para el Consejo de Estado, ese trámite está relacionado legalmente con la declaratoria de un bien de interés cultural y no con el mecanismo utilizado por el Ministerio.

Finalmente, la suspensión es una medida cautelar y no una decisión definitiva sobre la legalidad de la Resolución 218. El propio Consejo de Estado explica que sus decisiones cautelares pueden operar mientras se resuelve de fondo el acto demandado.

(Le puede interesar: Reacción del abogado de Monsalve, testigo del caso Uribe, por orden de traslado de De la Espriella)

Entre los elementos que tenía Monsalve estaban una nevera, un horno microondas y una licuadora, objetos que habían sido autorizados por la Corte Suprema de Justicia dentro de las condiciones especiales de su reclusión. Sin embargo, los registros también encontraron una lavadora, un módem wifi, un segundo refrigerador, una estufa a gas, cargadores para celulares, un televisor y una ‘air fryer’.

El informe señala que esos elementos excedían lo permitido y hace un recuento de diferentes situaciones ocurridas durante los últimos cuatro años. Según la revista, Monsalve también habría ingresado y ocultado licor, dinero en efectivo y elementos de comunicación, además de organizar celebraciones o reuniones que no estaban autorizadas.

La situación llegó a tal punto que, de acuerdo con el documento citado por el medio de comunicación, el interno se habría opuesto a algunos registros adelantados por funcionarios del Inpec. Una de las situaciones mencionadas ocurrió durante una requisa en 2025, cuando habría impedido los controles de los guardianes.

(Lea también: Juan Guillermo Monsalve, testigo en el caso Uribe, trasladado a clínica de Bogotá por posible afección cardiovascular)

Semana también reveló anteriormente imágenes de los espacios que ocupaba Monsalve, en las que aparecían licores, equipos de comunicación y electrodomésticos. Esos registros habían sido puestos en conocimiento de la Corte Suprema, junto con las actas elaboradas por el Inpec sobre las presuntas infracciones.

El informe más reciente describe estas conductas como una “conducta desviada” y advierte sobre una supuesta tendencia al consumo de licor y a evadir los controles penitenciarios. El documento también plantea establecer cómo ingresaron los objetos prohibidos y si en ello participaron terceras personas o funcionarios del penal.

La condición especial de Monsalve se originó en una orden de la Corte Suprema del 2 de abril de 2018, que buscaba proteger su vida por su condición de testigo. Sin embargo, el Inpec sostuvo que las condiciones de seguridad que justificaban esa reclusión especial habían perdido sustento debido a las reiteradas infracciones y pidió en varias ocasiones modificar o suspender ese tratamiento.

El caso terminó con la orden de traslado de Monsalve a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, anunciada este miércoles por el presidente Abelardo De La Espriella. El mandatario justificó la decisión por los presuntos incumplimientos del régimen carcelario.

Monsalve cumple una condena de varias décadas de prisión y lleva cerca de 18 años privado de la libertad. Su permanencia durante más de ocho años bajo un régimen especial había estado relacionada con las medidas adoptadas para protegerlo por su papel como testigo en procesos judiciales.

Según el testimonio de L.G., la relación marital de su madre con J.A.C. —identificado solo por sus iniciales— estuvo marcada por el control, el aislamiento y la presión. La pareja compartía cerca de 23 años de convivencia, tiempo durante el cual la mujer se habría distanciado de sus seres queridos por las presiones ejercidas por su esposo. De acuerdo con la denuncia, la mujer enfrentó restricciones hasta para salir de la casa o comunicarse con familiares. El relato indica que, hace aproximadamente un año, la hija intentó llevarse a su madre a Medellín para apartarla de esa situación, pero ella regresó a Ibagué tras recibir presiones de miembros de su comunidad religiosa. “Ella volvió porque la gente de la iglesia le decía que tenía que volver con él, que era su esposo”, contó L.G.

La situación, lejos de mejorar, continuó deteriorándose y, según la hija, en los últimos meses volvió a registrarse un episodio violento. Esto llevó a que una familiar del presunto agresor ayudara a sacar a la mujer de la casa, acción que incluso terminó en una agresión hacia ella. Tras este hecho, la mujer se mantuvo alejada de su esposo, aunque la familia denuncia que él siguió intentando localizarla.

Uno de los hechos más graves reseñados en la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación ocurrió el 5 de agosto de 2026, en una finca de la vereda Catay. Según el documento, J.A.C. habría agredido físicamente a la mujer, arrojándola al suelo, sujetándola por el cuello y empujándola contra una pared, lo cual le provocó un golpe en la cabeza. El texto resalta que la mujer, con antecedentes médicos delicados como el uso de marcapasos y la evaluación por una posible embolia pulmonar, enfrentó dificultades para acceder a atención médica tras el episodio.

Además, la denuncia incluye acusaciones por maltrato psicológico, insultos, humillaciones, vigilancia y control permanente. Incluso existe otro proceso en el que J.A.C. fue denunciado por presunto acceso carnal violento contra una menor de edad de la familia, caso por el que estuvo privado de la libertad aproximadamente un año, pero recuperó la libertad por vencimiento de términos. La familia ha expresado su preocupación frente a la lentitud en los avances de este proceso penal, y L.G. interpuso otra denuncia por presunto acoso sexual en su contra.

La percepción de peligro llevó a la Comisaría Segunda de Familia de Ibagué a imponer una medida de protección el 2 de septiembre, que restringe a J.A.C. de cualquier tipo de contacto o acercamiento. Esta medida fue comunicada a la Policía Metropolitana de Ibagué. Sin embargo, la familia insiste en que las acciones de protección deben ir acompañadas de respuestas efectivas y decisiones judiciales prontas.

Por ahora, la mujer continúa bajo atención médica, mientras sus familiares esperan que se defina la responsabilidad sobre los hechos y se fortalezca la protección para evitar nuevos episodios de violencia.

¿Cuáles son las medidas de protección emitidas por la Comisaría de Familia de Ibagué en casos de violencia intrafamiliar?

La Comisaría Segunda de Familia de Ibagué emitió una medida de protección que obliga al presunto agresor a abstenerse de ejercer violencia física, psicológica, verbal, sexual o económica y prohíbe cualquier tipo de acercamiento, persecución, vigilancia, acoso o ingreso a los lugares donde se encuentre la víctima. Además, la medida fue informada a la Policía Metropolitana para su vigilancia y apoyo en la protección de la afectada, tal como consta en la denuncia.

¿Qué significa 'vencimiento de términos' en el proceso penal denunciado por la familia?

‘Vencimiento de términos’ se refiere a una situación durante un proceso penal en la que, si las autoridades no adelantan la investigación o juicio dentro del tiempo establecido por la ley, el procesado puede recuperar la libertad de manera provisional. De acuerdo con el relato de la familia, J.A.C. recuperó su libertad por este motivo, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La convocatoria también incluye más de 12 restaurantes de diversos sectores, los puntos comerciales San Andresito de la 38 y Cuatro Vientos, y las plazas tradicionales de Paloquemao y Corabastos. Esta amplia participación permite que el evento llegue a diferentes localidades y contextos sociales, abriendo espacios no solo para la degustación, sino para el fortalecimiento del comercio local.

En palabras de Catalina Arciniegas, directora del Instituto para la Economía Social (IPES), “En 2026 todo sube, menos la fritanga. Por eso mantenemos el precio de $25.000 por una porción de 750 gramos: queremos que las familias bogotanas y quienes visitan la ciudad puedan seguir disfrutando este plato emblemático de nuestra gastronomía. El Fritanga Fest es sabor, tradición y una oportunidad para apoyar a nuestros comerciantes, cocineros y plazas de mercado. Sin duda, es un festival que nos permite la reactivación económica de Bogotá de la que todos podemos hacer parte".

De acuerdo con la información del Instituto para la Economía Social, el evento cuenta con el apoyo del Instituto Distrital de Turismo (IDT), la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). Tras haberse institucionalizado por el Concejo de Bogotá, el festival arriba a su séptima edición buscando fortalecer la economía de las plazas de mercado y restaurantes y posicionar la fritanga dentro del panorama gastronómico de la ciudad.

Como novedad, en esta versión también se llevará a cabo un concurso dirigido a los amantes de la fritanga, quienes podrán ganar bonos de mercado para usar en las Plazas Distritales. Así, el Fritanga Fest no solo celebra la identidad culinaria bogotana, sino que actúa como motor de inclusión y dinamismo económico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué incluye la porción de fritanga del Fritanga Fest 2026 en Bogotá?

La información proporcionada señala que la porción cuesta $25.000 y tiene un peso de 750 gramos, aunque no se detalla el contenido exacto de la fritanga ofrecida en el evento. Tradicionalmente, la fritanga es un plato compuesto por diferentes carnes fritas y acompañamientos, siendo un referente de la gastronomía popular en Bogotá.

¿Cuáles son las Plazas Distritales de Mercado participantes en el Fritanga Fest Bogotá 2026?

De acuerdo con el portal institucional, las Plazas Distritales de Mercado que serán escenario del Fritanga Fest en 2026 incluyen 12 de Octubre, 20 de Julio, 7 de Agosto, Fontibón, Kennedy, La Concordia, La Perseverancia, Las Cruces, Las Ferias, Quirigua, Restrepo, Samper Mendoza y Trinidad Galán. Estas sedes integran a los comerciantes y fortalecen el sentido de comunidad y tradición gastronómica de la capital.

De acuerdo con el relato del analista, los residentes del sector se enteraron del arribo del exmandatario cuando el trasteo ya estaba en marcha y sin previo aviso. “Fueron metiendo cositas, cajitas y vainas a la casa, cuando se dieron cuenta ya era un hecho”, señaló Zuleta al describir la forma sigilosa en la que se ejecutó la instalación en una zona donde los inmuebles alcanzan avalúos de entre 2.600 y 6.000 millones de pesos, con cánones de arrendamiento habituales que oscilan entre los 12 y 15 millones de pesos.

El meollo del asunto, que ya genera suspicacias jurídicas y financieras, radica en la figura contractual bajo la cual el exjefe de Estado ocupará el lujoso predio. Según la información expuesta en el espacio radial, tras indagar sobre el acuerdo inmobiliario, se conoció que la propietaria del inmueble es Diana Marcela Morales, quien se desempeñó como exministra de Comercio durante la administración de Petro.

Sin embargo, lo que ha llamado poderosamente la atención de los veedores y de los propios vecinos es que la dueña ha catalogado la transacción no como un contrato de arrendamiento tradicional, sino como un “préstamo a título de hospedaje” en el cual el exmandatario solo estará residiendo de manera temporal. Esta explicación abrió un abanico de dudas financieras: por un lado, se cuestiona cómo se maneja una propiedad que cuenta con una hipoteca activa ante el BBVA y cuyas obligaciones de deuda deben responderse; por el otro, surgen cuestionamientos sobre si la exfuncionaria cuenta con la trazabilidad y los respaldos documentales necesarios para justificar el origen de los recursos ante una eventual fiscalización.

Más allá de los pormenores contractuales, el malestar en Bosques de Lencenillo tiene un componente directo de convivencia y seguridad. Los vecinos han manifestado su profunda preocupación al recordar que el propio Petro ha advertido en múltiples oportunidades sobre supuestos planes para atentar contra su vida. Ante este panorama de riesgo latente, las familias residentes en el conjunto temen por la tranquilidad de sus hijos y el impacto que los robustos esquemas de seguridad y los dispositivos de vigilancia especial puedan generar en la dinámica cotidiana del vecindario, sumando un nuevo capítulo de polémica a la agitada agenda política nacional.

De acuerdo con el relato del analista, los residentes del sector se enteraron del arribo del exmandatario cuando el trasteo ya estaba en marcha y sin previo aviso. “Fueron metiendo cositas, cajitas y vainas a la casa, cuando se dieron cuenta ya era un hecho”, señaló Zuleta al describir la forma sigilosa en la que se ejecutó la instalación en una zona donde los inmuebles alcanzan avalúos de entre 2.600 y 6.000 millones de pesos, con cánones de arrendamiento habituales que oscilan entre los 12 y 15 millones de pesos.

El meollo del asunto, que ya genera suspicacias jurídicas y financieras, radica en la figura contractual bajo la cual el exjefe de Estado ocupará el lujoso predio. Según la información expuesta en el espacio radial, tras indagar sobre el acuerdo inmobiliario, se conoció que la propietaria del inmueble es Diana Marcela Morales, quien se desempeñó como exministra de Comercio durante la administración de Petro.

Sin embargo, lo que ha llamado poderosamente la atención de los veedores y de los propios vecinos es que la dueña ha catalogado la transacción no como un contrato de arrendamiento tradicional, sino como un “préstamo a título de hospedaje” en el cual el exmandatario solo estará residiendo de manera temporal. Esta explicación abrió un abanico de dudas financieras: por un lado, se cuestiona cómo se maneja una propiedad que cuenta con una hipoteca activa ante el BBVA y cuyas obligaciones de deuda deben responderse; por el otro, surgen cuestionamientos sobre si la exfuncionaria cuenta con la trazabilidad y los respaldos documentales necesarios para justificar el origen de los recursos ante una eventual fiscalización.

Más allá de los pormenores contractuales, el malestar en Bosques de Lencenillo tiene un componente directo de convivencia y seguridad. Los vecinos han manifestado su profunda preocupación al recordar que el propio Petro ha advertido en múltiples oportunidades sobre supuestos planes para atentar contra su vida. Ante este panorama de riesgo latente, las familias residentes en el conjunto temen por la tranquilidad de sus hijos y el impacto que los robustos esquemas de seguridad y los dispositivos de vigilancia especial puedan generar en la dinámica cotidiana del vecindario, sumando un nuevo capítulo de polémica a la agitada agenda política nacional.

De acuerdo con lo explicado por Transmilenio durante la diligencia, la idea surgió después de analizar el componente económico relacionado con el caso. La entidad señaló que el comité de conciliación y la administración distrital revisaron la posibilidad de que parte de ese valor se traduzca en contenidos que puedan ser utilizados en campañas de cultura ciudadana.

Transmilenio propone que ‘Epa Colombia’ haga videos pedagógicos para saldar deuda 

La propuesta busca que ‘Epa Colombia’ aporte contenidos enfocados en promover mejores comportamientos dentro del sistema de transporte público. Según la explicación entregada durante la audiencia, se trataría de una alternativa que permitiría aprovechar su capacidad de comunicación en redes sociales para abordar situaciones relacionadas con convivencia y prevención de actuaciones delictivas.

TransMilenio propone que Epa Colombia haga 55 videos para promover la cultura ciudadana en el sistema masivo de transporte. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/IyfAGLWRGg

— Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2026

Transmilenio también explicó que el valor de esos contenidos fue calculado tomando como referencia el precio que tenía el trabajo publicitario de Barrera antes de su privación de la libertad. La entidad sostuvo que esa metodología permitió establecer un valor económico verificable para los servicios que serían prestados.

El planteamiento incluye además un componente económico directo de 100 millones de pesos, mientras que otra parte del valor sería cubierta mediante los contenidos acordados. Desde Transmilenio señalaron que el objetivo es que el patrimonio público quede respaldado y que cada componente del acuerdo pueda ser cuantificado y comprobado.

Durante la audiencia, la entidad también recordó que Transmilenio suele contratar a creadores de contenido e influencers para desarrollar campañas dirigidas a los usuarios. En ese sentido, explicó que la propuesta relacionada con ‘Epa Colombia’ seguiría una lógica similar, aunque bajo las condiciones particulares del acuerdo que está siendo analizado.

La propuesta aparece mientras ‘Epa Colombia’ continúa recluida en Picaleña y después de que se conocieran nuevas imágenes de la empresaria. El planteamiento de Transmilenio deberá avanzar dentro de los trámites correspondientes antes de que pueda establecerse cómo se concretaría.

Con la información que circuló en plataformas digitales, la Fiscalía General de la Nación inició indagaciones que permitieron identificar no solo a la mujer que aparecía en las grabaciones, sino también la ubicación exacta donde residía. Así, los investigadores se desplazaron hasta la vivienda señalada y procedieron con la captura de la mujer, quien ahora afronta cargos por delitos sexuales cometidos presuntamente contra su hija de nueve años. Según lo establecido durante las diligencias judiciales, dos hijos mayores de la detenida reconocieron a la menor víctima en los videos y ofrecieron declaraciones sobre supuestos episodios previos de maltrato al interior del núcleo familiar.

En el desarrollo de la audiencia, la fiscal del caso detalló los elementos probatorios recopilados y anunció la formulación de cargos por acceso carnal violento a menor de 14 años. Paralelamente, la Fiscalía mantiene una línea de investigación activa para esclarecer si el material hallado en el celular pudo haber sido distribuido o comercializado. De acuerdo con la mayor Silvia Rodríguez, jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cali, la menor fue rescatada y ahora permanece bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El proceso penal podría extenderse, dependiendo del resultado de las diligencias en curso, ya que en Colombia los delitos relacionados con la explotación sexual de menores contemplan penas que pueden oscilar entre 10 y 25 años de prisión, según las disposiciones del Código Penal y la gravedad de la conducta comprobada en cada caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las penas para los delitos de explotación sexual infantil en Colombia?

En Colombia, la legislación establece diferentes penas según la gravedad del delito relacionado con explotación sexual de menores. El proxenetismo con menores de 18 años y la demanda de explotación sexual pueden producir condenas de 14 a 25 años de prisión. En el caso de pornografía infantil, las penas pueden ir de 10 a 20 años, mientras que el uso de medios de comunicación para promover actividades sexuales con menores implica penas de entre 10 y 14 años, según se estableció en el Código Penal citado en la información reportada.

¿Qué significa "acceso carnal violento" en el contexto legal colombiano?

"Acceso carnal violento" hace referencia, en el contexto legal colombiano, al acto de tener relaciones sexuales con una persona menor de 14 años utilizando fuerza, intimidación o cualquier medio que atente contra la libertad o integridad de la víctima. Según lo mencionado por la Fiscalía en este caso, este delito implica una afectación grave de los derechos y es considerado una conducta especialmente reprochable por la ley.

Un caso que, sin decirlo específicamente, salió a flote fue el de Juan Daniel Oviedo, excandidato a la vicepresidencia de Colombia que lanzó un sorpresivo aviso sobre su nueva etapa luego de las elecciones pasadas.

“Querida red, oficialmente estoy ‘open to work’ (listo pa’ camellar). Muy agradecido con mi equipo y con todos los que confiaron en nosotros”, escribió desde su cuenta personal de LinkedIn.

El también precandidato presidencial no solo dejó en duda su eventual participación en una próxima lucha por la Alcaldía de Bogotá, sino que se sinceró acerca de su situación económica.

“Siempre será para mi un orgullo intentar poner mi conocimiento al servicio del país. Seguiré escuchando, estudiando y preparándome para encontrar nuevas formas de aportar. Y, de paso, camellando duro para pagar las cuotas de los créditos que me dejó la campaña”, afirmó.

Oviedo fue uno de los que sonó entre posibles candidatos para la Alcaldía de Bogotá en 2027 pero, luego de exponer las deudas que debe cancelar, explicó las capacidades que tiene para desempeñarse en un eventual empleo en Colombia.

“¿En qué puedo aportar ahora? Quiero poner mi conocimiento y experiencia al servicio de más personas y organizaciones, compartiendo mis reflexiones como conferencista en los temas que más experiencia tengo: la actualidad y el futuro de Colombia; el uso de los datos para tomar mejores decisiones; el futuro del sector minero-energético en la región; mi historia de vida y lo que he aprendido en el camino”, indicó.

Oviedo tuvo 616.902 sufragios en su pasada candidatura por la Alcaldía de Bogotá, un 21,22 % del total de electores en esa jornada. Si bien eso le sirvió para ubicarse en el Concejo de Bogotá por la figura del Estatuto de Oposición, por ahora toma un aire de la política con este aviso.

“Si está organizando una conferencia, un evento o un espacio en el que alguno de estos temas pueda aportar valor, escríbame un DM”, sentenció en su sorpresivo mensaje del miércoles 30 de septiembre.

Cabe remarcar que el exdirector del Dane no descartó su futuro en la participación electoral, pero sí es claro que expuso su necesidad para resolver los temas económicos luego de la pasada campaña presidencial.

Por ahora, lo contundente, es que este recordado precandidato empezó la búsqueda para desempeñarse en un nuevo empleo en Colombia, con un capítulo distinto en su vida.

¿Quién es Juan Daniel Oviedo?

Juan Daniel Oviedo Arango es un reconocido economista, docente universitario y político colombiano nacidó en la ciudad de Bogotá.

El profesional realizó sus estudios de pregrado en la Universidad del Rosario y completó doctorado en Economía en la Universidad de Toulouse.

Consolidó una destacada trayectoria académica ejerciendo cargos docentes y de dirección investigativa en importantes instituciones universitarias dentro del territorio nacional.

Su reconocimiento público nacional aumentó significativamente durante su gestión como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística entre 2018 y 2022.

Durante ese período lideró la realización del Censo Nacional de Población, caracterizándose por una rigurosa comunicación técnica orientada a la ciudadanía.

Posteriormente, ingresó a la arena política electoral mediante la recolección de firmas para aspirar a la Alcaldía Mayor de Bogotá en 2023.

En dicho certamen democrático alcanzó la segunda votación más alta, obteniendo derecho a ocupar una curul en el Concejo de Bogotá.

Desde el cabildo distrital ejerció labores de control político enfocado en temas de finanzas públicas, movilidad y desarrollo social para la capital.

Su perfil técnico y su liderazgo independiente lo posicionan como uno de los analistas más influyentes en los debates económicos del país.

Durante la audiencia, la empresaria se vio atenta a la intervención de las partes. Cabe mencionar que desde hace meses su imagen era reservada y se conocía de su estado de salud y el avance de su proceso a través de su representante legal. Es por esto que la reaparición de Barrera causó sorpresa. 

La aparición de ‘Epa Colombia’ ocurre mientras avanza el proceso relacionado con la forma en que podría cumplirse parte de la obligación económica derivada del caso. En ese contexto, Transmilenio planteó una alternativa que involucra directamente a la creadora de contenido y su trabajo en redes sociales.

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, reapareció este miércoles tras ser trasladada a la cárcel de máxima seguridad de Picaleña, en Ibagué. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/8yVDHg7Ed8

— Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2026

La propuesta contempla que ‘Epa Colombia’ haga alrededor de 55 videos relacionados con cultura ciudadana en el sistema de transporte público de Bogotá. La idea fue expuesta durante la audiencia y busca transformar parte del componente económico en una serie de contenidos que puedan tener utilidad para el sistema.

Desde Transmilenio explicaron que la propuesta fue revisada por el comité de conciliación y por la administración distrital. Según lo expuesto en la audiencia, se tomó como referencia el valor que tenía un video de la influencer antes de que fuera privada de la libertad para establecer una equivalencia económica.

La entidad explicó que el acuerdo también contempla un componente económico de 100 millones de pesos, mientras que el monto restante, cercano a los 300 millones de pesos, se traduciría en los contenidos audiovisuales. De esta manera, Transmilenio sostiene que el valor de los videos puede ser cuantificado y comprobado.

La propuesta también apunta a que los contenidos tengan un mensaje relacionado con la prevención de actuaciones delictivas y el comportamiento de los usuarios dentro del sistema. La entidad señaló que normalmente contrata influencers para campañas de cultura ciudadana, por lo que, en este caso, se plantea monetizar el trabajo de Epa Colombia bajo ese mismo concepto.

Por el momento, la administración departamental revisa los procedimientos jurídicos aplicables en caso de que sea necesario hacer un relevo en la Alcaldía de Ataco. Un aspecto clave a resolver es el partido que avaló originalmente a Muñoz Briñez, dado que esa colectividad ya no existe. "Estamos revisando jurídicamente ese tema", aseguró Matiz, mostrando cautela sobre los mecanismos que podrían entrar en juego si el relevo se vuelve indispensable.

Tampoco se ha establecido si un miembro del gabinete de la Gobernación podría asumir la Alcaldía o si se optaría por otra figura, ya que la decisión final depende del desenlace de la audiencia judicial. El escenario, entonces, sigue en completo suspenso hasta conocer el resultado que defina el juez sobre el caso del actual mandatario municipal.

La captura de Héctor Fabio Muñoz Briñez, junto con el exalcalde Miller Aldana Castro y una contratista, se realizó en el marco de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con información del ente acusador, los tres están señalados de posibles actos irregulares en la celebración de contratos financiados mediante recursos de regalías. Específicamente, la investigación se centra en un contrato de obra y dos contratos de interventoría que tenían como propósito la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales del municipio de Ataco.

Por ahora, el destino de la Alcaldía está en manos de la justicia y de las decisiones administrativas que procedan tras conocerse la situación definitiva del alcalde capturado.

¿Por qué fue capturado el alcalde de Ataco Héctor Fabio Muñoz Briñez?

El alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz Briñez, fue capturado en medio de una investigación de la Fiscalía General de la Nación. Según esa entidad, presuntamente participó en irregularidades relacionadas con contratos para la construcción de baterías sanitarias en zonas rurales, utilizando recursos de regalías. Junto a él también fueron detenidos el exalcalde Miller Aldana Castro y una contratista vinculada al proceso.

¿Qué pasará con la Alcaldía de Ataco tras la captura del alcalde?

Según confirmó la gobernadora Adriana Magali Matiz, aún no se ha tomado una decisión sobre quién asumirá temporalmente la Alcaldía de Ataco. La administración revisa mecanismos jurídicos y evalúa alternativas, pero esperará primero a que se defina la situación legal de Muñoz Briñez en la audiencia correspondiente, antes de nombrar un encargado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve, que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario. Por eso he ordenado su traslado a la cárcel de Cómbita. No voy a permitir que las cárceles de Colombia se conviertan en centros de operaciones criminales desde donde los criminales siguen haciendo de las suyas. ¡Quien esté preso cumplirá su condena, sin privilegios y sin la posibilidad de seguir delinquiendo!”, escribió el jefe de Estado al publicar un video en el que se ve cómo se dio el proceso de traslado.

(Lea también: En juicio a Uribe, investigadora mostró videos de las visitas que hizo Diego Cadena a Monsalve)

¿Qué declaró Monsalve contra Uribe?

Aunque el exparamilitar negó haber conocido al expresidente como lo hizo con su hermano, Santiago Uribe, mencionó que lo vio dos veces en una campaña. Sin embargo, afirmó que el exmandatario llegó para lo de la Cooperativa León XIII a San José de Luz en dos ocasiones. “Estábamos porque él iba a estar ahí”, detalló.

No obstante, habló de la reunión que sostuvo con Diego Cadena, para ese entonces abogado de Álvaro Uribe y que la grabó con un reloj que le dio su entonces pareja Deyanira Gómez porque “era la palabra de un abogado de esos contra la de uno”.

Cadena, según Juan Guillermo Monsalve, le pidió que “la retractación, el escrito o que le firmara algo. Al final decía ‘redactemos el documento’ y me decía que la mía era la más importante porque tenía dos o tres afuera en el carro”.

Sin embargo, según el exparamilitar, “no era mi interés retractarme. “Si yo hubiera querido retractarme, hace tiempo me hubiera retractado con Juan Villegas, lo hubiera llamado”, agregó.

(Lea también: Juan Guillermo Monsalve, testigo en el caso Uribe, trasladado a clínica de Bogotá por posible afección cardiovascular)

Al ser preguntado por la fiscal sobre lo que le pedían retractarse dijo: “De lo que había hablado en la entrevista con Iván Cepeda”, quien se ha declarado víctima en el caso. El trasladado ha declarado que el exmandatario estuvo involucrado en la creación de un grupo paramilitar en una zona rural del centro del país.

Pese a los testimonios, grabaciones y pruebas, el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, declaró inocente a Uribe por soborno en la actuación penal en el episodio de Juan Guillermo Monsalve, por el cual lo habían condenado en primera instancia a 12 años de cárcel domiciliaria.

¿Qué dijo el abogado de Monsalve sobre el traslado de prisión?

Según el jurista Miguel Ángel del Río: “La Corte Suprema de Justicia prohibió de manera tácita el traslado de Juan Guillermo Monsalve a cualquier centro carcelario diferente de la Picota”, citando un extracto del fallo: “No se autoriza al Inpec el traslado solicitado del interno Juan Guillermo Monsalve y en cambio se reiteran las medidas especiales de seguridad, siendo de carga del establecimiento carcelario mantenerlas y extremarlas, para garantizar una efectiva e idónea seguridad y protección del interno Monsalve Pineda”.

(Vea también: ¿Quiéren desbancar a Álvaro Uribe? Así sería el plan de congresistas cercanos a De la Espriella)

El mandatario señaló que el procedimiento se produjo después de una investigación que, de acuerdo con su versión, fue articulada entre la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).

“En menos de 24 horas, una investigación articulada con la Policía Nacional y la Dipol permitió capturar al ciudadano ruso Sergei Vagin”, aseguró De la Espriella en una publicación en sus redes sociales.

El presidente agregó que Vagin fue relacionado en informes de inteligencia con presuntas actividades de espionaje, financiación de actos vandálicos durante el paro nacional de 2021 y contactos con el Eln.

En menos de 24 horas, una investigación articulada con la Policía Nacional y la DIPOL permitió capturar al ciudadano ruso Sergei Vagin. Se le aplicará la medida administrativa de expulsión del país por atentar contra la seguridad nacional.

Vagin fue relacionado en informes de… pic.twitter.com/U9k0RXbYMz

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 30, 2026

El proceso judicial que enfrenta Sergei Vagin

De acuerdo con la información entregada por De la Espriella, el ciudadano ruso también enfrenta un proceso por los delitos de concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a sistemas informáticos.

El caso está relacionado con un supuesto fraude a plataformas de apuestas que, según el presidente, habría movilizado alrededor de 1.600 millones de pesos.

El anuncio del presidente vuelve a poner el nombre de Vagin en el centro de la discusión pública, particularmente por las acusaciones que lo vinculan con asuntos de seguridad nacional.

“La soberanía de Colombia se respeta”: mensaje de De la Espriella

El presidente utilizó el anuncio para enviar un mensaje político sobre la presencia de ciudadanos extranjeros que, según su Gobierno, puedan representar una amenaza para la seguridad nacional.

“¡La soberanía de Colombia se respeta!”, escribió De la Espriella.

El mandatario sostuvo además que Colombia no puede convertirse en escenario de “injerencias extranjeras” ni de actividades que representen riesgos para la seguridad del país.

La expulsión anunciada para Vagin se enmarca, según la explicación del presidente, en las medidas administrativas que puede adoptar el Estado frente a ciudadanos extranjeros considerados una amenaza.

(Le puede interesar: “El parche está caliente”: nuevo video de Jhon ‘Calzones’ escondido fuera de Yopal y dijo qué hacía)

Jhon Jairo se encontraba en su finca en la ciudad de Yopal cuando fue interceptado por dos sicarios y recibió 4 impactos de bala por arma de fuego.  Posteriormente, las autoridades intervinieron en el lugar y capturaron a un menor de 17 años.  Desde la captura han avanzado en las investigaciones.

“Desde ahí hemos venido profundizando sobre la investigación. Tenemos el móvil del arma y la motocicleta donde se transportaban los delincuentes. Estamos trabajando junto Fuerza Área, Ejército y policía junto ayuda de drones para encontrar al otro delincuente porque es en zona boscosa donde se encuentra”.

¿Quién ordenó el atentado?

El secretario confirmó que las personas que cometieron el delito no son de la región y que esperan tener buenas noticias la próxima semana.

“Quienes cometieron el delito no son de la región. Tenemos un porcentaje muy alto de la investigación y la próxima semana tendremos noticias favorables. Vamos en búsqueda de los autores intelectuales para así establecer de dónde vino la orden para asesinar al exalcalde”. 

(Lea también: “Dejemos esos señores quietos”: revelan video de Jhon ‘Calzones’ diciendo quién lo iba a matar)

Hipótesis del atentado

Ramos comentó que se han generado varias hipótesis al respecto, pero que no se pueden confirmar. Además, en medio de esta tragedia hay un parte de tranquilidad porque la investigación está avanzada. Durante la entrevista, el secretario recordó que Jhon Jairo fue una persona conocida a nivel nacional porque era polémico en sus declaraciones y tuvo problemas judiciales. Además, reitero que tienen pruebas para determinar si tenían problemas personales.

 “Tenemos muchas pruebas, las cuales ya se han generado por parte de la Fiscalía y Policía para así determinar si tenía problemas personales. Para saber si tenía amenazas, ya hemos hablamos con la Unidad Nacional de Protección para que nos entreguen un informe de si había recibido amenazas”.

Durante su visita, De la Espriella no solo atenderá reuniones con autoridades departamentales y locales, sino que también tiene programado un recorrido por el Conservatorio del Tolima. Allí se prevé la participación activa de artistas locales, sumando un componente cultural al evento. De acuerdo con lo expresado por Adriana Magali Matiz, uno de los temas esenciales que está sobre la mesa es la iniciativa para que el conservatorio evolucione hacia lo que se denomina la Universidad de la Música, un proyecto que la administración departamental busca incluir dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo.

Este tipo de encuentros entre el presidente electo y las autoridades territoriales no es algo nuevo en la agenda de De la Espriella. En julio, él ya había estado en Ibagué adelantando reuniones con la Gobernación, la Alcaldía y varios alcaldes del Tolima para hacer seguimiento a proyectos relacionados con infraestructura, conectividad vial, seguridad y el fortalecimiento de sectores productivos. Según información suministrada en el anuncio, la visita de octubre permitirá dar continuidad a estos diálogos y avanzar en la integración regional de las propuestas que formarán parte del Plan Nacional de Desarrollo, priorizando la coordinación institucional y la articulación de proyectos locales.

En definitiva, la presencia del presidente electo en Ibagué refuerza su estrategia de acercamiento con las regiones y de construcción participativa de las políticas públicas. Además, la inclusión de temas culturales como la transformación del Conservatorio del Tolima muestra una visión más amplia del desarrollo, en la que convergen distintas dimensiones sociales y económicas del territorio.

¿Por qué es importante la visita de Abelardo de la Espriella a Ibagué para el Plan Nacional de Desarrollo?

La visita del presidente electo Abelardo de la Espriella a Ibagué es significativa porque permite la articulación y priorización de proyectos regionales dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo. El encuentro también facilita la presentación de nuevas iniciativas, como la conversión del Conservatorio del Tolima en la Universidad de la Música, y favorece la integración de diversas voces territoriales en la agenda nacional, según lo anunciado por la gobernadora Adriana Magali Matiz.

¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo y cómo podría impactar a Tolima?

El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta que define las principales inversiones y lineamientos del gobierno para los próximos años. Su impacto en Tolima dependerá de los proyectos y propuestas que logren ser incluidos, tales como los relacionados con infraestructura, seguridad y cultura, que fueron mencionados en la agenda y reuniones previas sostenidas por Abelardo de la Espriella en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Actualmente, entidades estatales como la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para las Víctimas y los programas de protección estipulados en el Decreto 660 de 2018, junto con las gobernaciones y alcaldías, disponen únicamente de información fragmentada sobre las guardias. Esta se recopila de manera puntual y caso por caso para atender solicitudes y situaciones específicas, lo que dificulta un abordaje integral y articulado de sus dinámicas y necesidades.

De acuerdo con el borrador del decreto, el sistema sería estrictamente informativo y estaría bajo la responsabilidad de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM) del Ministerio del Interior. No se trataría de un registro constitutivo ni declarativo, lo que implica que el simple reporte en la base de datos no equivale a un proceso formal de reconocimiento, autorización o certificación de la guardia. Así, la función de este sistema será "exclusivamente informativa" y no modificará la jurisdicción especial indígena ni las competencias propias de sus autoridades, según se precisa en el documento citado por El Espectador.

Solamente la autoridad indígena correspondiente —cabildo, consejo indígena, autoridad tradicional u otra instancia de gobierno inscrita ante la DAIRM— podrá reportar la existencia de la guardia. El reporte debe contener información detallada como la manifestación de reconocimiento avalada por actas, el pueblo indígena al que pertenece, la comunidad donde actúa, la denominación propia, autoridad orientadora, ámbito territorial, número aproximado de integrantes, fecha de reconocimiento y datos de un enlace designado.

Una vez entregados estos datos, la DAIRM cuenta con quince días hábiles para su incorporación y expedición de una constancia sobre la información registrada. Sin embargo, ningún ente podrá exigir dicha constancia o el reporte al sistema como requisito para el reconocimiento, protección o fortalecimiento de una guardia indígena. Además, el sistema no almacenará listados nominales de sus integrantes, garantizando la privacidad de quienes hacen parte de estas instancias comunitarias.

¿Qué función cumplirá el sistema de información sobre Guardias Indígenas propuesto por el Ministerio del Interior?

El sistema propuesto tendrá un carácter exclusivamente informativo y no otorgará reconocimiento legal, facultades ni atribuciones a las guardias indígenas. Así lo establece el borrador, al precisar que su objetivo es centralizar y transparentar la información sobre estas instancias sin modificar la jurisdicción indígena ni interferir en la autonomía de sus autoridades.

¿Quiénes pueden reportar información al sistema de Guardias Indígenas según el nuevo proyecto?

Solamente las autoridades indígenas propias —como cabildos, consejos indígenas, autoridades tradicionales o similares instancias de gobierno— que estén debidamente inscritas ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM) podrán hacer el reporte oficial al sistema, asegurando así que la información provenga de fuentes legítimas dentro de la estructura indígena.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

De acuerdo con la programación difundida por Energua, la intervención recaerá especialmente sobre el circuito Guatapurí 3. Este circuito tendrá distintos horarios programados de suspensión de la energía durante la jornada, afectando a varios barrios de la ciudad. La primera desconexión se realizará desde las 7:00 hasta las 7:30 de la mañana, y afectará a quienes residen en los barrios Ciudad Jardín, Los Ángeles, Serranía y Edgardo Pupo. Más adelante, entre las 7:00 de la mañana y las 3:35 de la tarde, la suspensión del servicio se extenderá a otros sectores como Los Músicos, La Esperanza, Villa Mónica, Los Cortijos, Ichagua, El Amparo, Iracal, las cuatro etapas de Garupal, Las Flores y las urbanizaciones Azúcar Buena y Santa Rosa.

El cronograma también incluye trabajos en zonas como La Popa, Eneal, Primero de Enero, Brisas de La Popa, 5 de Enero, 20 de Julio y el Coliseo Cubierto, donde la energía se suspenderá igualmente desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:35 de la tarde. Posteriormente, en horas de la tarde, entre las 3:05 y las 3:35, barrios como Ciudad Jardín, Los Ángeles, Serranía y Edgardo Pupo experimentarán de nuevo una interrupción del servicio.

Energua recomendó a los usuarios de los sectores afectados tomar precauciones y prever soluciones alternativas durante estos lapsos de suspensión. Las labores de mantenimiento, que hacen parte de una jornada programada entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre en diferentes municipios, contemplan, según la empresa, trabajos en redes, cambio y adecuación de postes y estructuras, reemplazo de elementos dañados, poda técnica, organización de cargas eléctricas y revisión de puntos con sobrecalentamiento.

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¿En qué barrios de Valledupar habrá cortes de energía por trabajos de Energua?

De acuerdo con la información divulgada por Energua, los barrios afectados por los cortes de energía este jueves 1 de octubre serán Ciudad Jardín, Los Ángeles, Serranía, Edgardo Pupo, Los Músicos, La Esperanza, Villa Mónica, Los Cortijos, Ichagua, El Amparo, Iracal, Garupal etapas I a IV, Las Flores, Azúcar Buena, Santa Rosa, La Popa, Eneal, Primero de Enero, Brisas de La Popa, 5 de Enero, 20 de Julio y el Coliseo Cubierto.

¿Por qué realiza Energua el mantenimiento preventivo en Valledupar?

Según Energua, el mantenimiento preventivo en Valledupar tiene como objetivo fortalecer la red eléctrica y mejorar la infraestructura, mediante actividades como revisión de redes, cambio de postes y estructuras, reemplazo de elementos deteriorados, poda técnica, organización de cargas eléctricas y corrección de puntos de sobrecalentamiento.

La puesta en marcha del Plan Urano se ordenó en el Consejo de Seguridad realizado el 28 de agosto en Valledupar. Este plan priorizó la protección de la infraestructura petrolera y el combate frontal al hurto de hidrocarburos. Los reportes oficiales y la información recogida muestran que, tras la activación de la estrategia, el volumen de combustible robado disminuyó notablemente. El Gobierno indicó que, al comparar los últimos diez días de agosto con los primeros diez de septiembre, la extracción ilegal cayó un 24,94 %, lo que representa 652.554 galones menos sustraídos.

La evaluación de los datos extendida hasta el 24 de septiembre evidencia que hubo 79.382 barriles robados frente a los 141.366 de igual lapso en agosto, una reducción del 43,85 %. Previo a Urano, el hurto iba en aumento; agosto terminó con 184.630 barriles sustraídos, el mayor registro mensual del año hasta ese momento. Entre enero y agosto, el total robado era 144 % más que en el mismo periodo de 2025.

El registro en Ayacucho corresponde solo al producto incautado y recibido en esa estación, sin especificar dónde se recuperó cada barril ni cuántos provienen directamente de los operativos de Urano. Este fenómeno tiene varias etapas: el apoderamiento (lo sustraído ilegalmente), la incautación (lo que recupera la Fuerza Pública) y la recepción en Ayacucho (el destino de lo decomisado). Por ejemplo, la Policía reportó para el 21 de septiembre 121 vehículos y 13.775 galones de hidrocarburos bajo custodia, sin discriminar a cuál operativo corresponden.

Desde su inicio, Urano ha priorizado la protección de los corredores estratégicos del sur del Cesar. Acciones recientes incluyen el refuerzo en Tamalameque y Ocaña, capturas por delitos asociados al hurto de hidrocarburos y la identificación de posibles vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Además, la peligrosidad de la operación queda evidenciada por el ataque a trabajadores de Cenit en diciembre de 2024 en La Gloria, con saldo mortal.

El balance inicial sugiere que Urano ha conseguido reducir el hurto y aumentar la incautación de combustible, aunque solo el cierre de septiembre permitirá determinar si esta tendencia se mantiene tras meses de incremento sostenido en el delito.

¿Cuántos barriles de hidrocarburo incautado llegaron a la Estación Ayacucho tras la puesta en marcha del Plan Urano?

Según los reportes conocidos por EL PILÓN, entre el 1 y el 24 de septiembre de 2026 la Estación Ayacucho recibió 4.179 barriles de producto refinado incautado, cifra que supera de manera significativa los 2.024 barriles recepcionados durante todo agosto. Este incremento se dio durante las primeras semanas después del inicio del Plan Urano.

¿Cómo afectó el Plan Urano al hurto de hidrocarburos en el poliducto Pozos Colorados-Galán?

De acuerdo con los datos oficiales, la implementación del Plan Urano coincidió con una reducción notoria del hurto de hidrocarburos. Entre el 1 y el 24 de septiembre de 2026 se sustrajeron 43,85 % menos barriles comparados con el mismo período de agosto, lo que sugiere un impacto positivo de la estrategia de seguridad enfocada en proteger la infraestructura petrolera.

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El caso gira en torno a la adjudicación de un contrato de obra y dos contratos de interventoría, que según la investigación de la Fiscalía habrían sido direccionados de manera irregular por los funcionarios y la contratista involucrados. El objetivo principal de estos contratos era la construcción de un total de 1.170 baterías sanitarias en áreas rurales del municipio de Ataco, con una millonaria inversión de 21.550 millones de pesos desembolsada directamente del Sistema General de Regalías. No obstante, según los fiscales encargados del caso, la obra permanece inconclusa pese a la significativa asignación de recursos públicos, lo cual ha incrementado la preocupación sobre el destino final del dinero y la transparencia de los procesos contractuales.

En cuanto al contexto regional, Ataco es uno de los municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), una iniciativa orientada a municipios especialmente afectados por el conflicto armado en el sur del Tolima. Gracias a esta condición, el municipio pudo acceder a recursos adicionales a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz (OCAD Paz), lo que permitió la suscripción de los contratos actualmente bajo cuestionamiento entre junio y agosto de 2022.

La Fiscalía detalló que en el proceso investigativo se han recolectado pruebas materiales que podrían demostrar la participación de los funcionarios, exfuncionarios y contratistas en maniobras irregulares con recursos destinados a cubrir necesidades prioritarias de las comunidades rurales. Por este motivo, los capturados serán llevados ante un juez de control de garantías, instancia en la que la Fiscalía les imputará, de acuerdo con la posible responsabilidad de cada uno, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público agravada y peculado por apropiación agravado.

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¿Por qué fueron capturados el alcalde y el exalcalde de Ataco, según la Fiscalía?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el alcalde Héctor Fabio Muñoz Briñez, el exalcalde Miller Aldana Castro y una contratista habrían direccionado irregularmente un contrato de obra y dos contratos de interventoría financiados con recursos del Sistema General de Regalías, lo que generó su captura por presuntas irregularidades y posible detrimento patrimonial.

¿Qué es el Sistema General de Regalías y cómo financió los proyectos de Ataco?

El Sistema General de Regalías es una fuente de financiación pública en Colombia que administra recursos derivados principalmente de la explotación de recursos naturales, y en el caso de Ataco, permitió invertir 21.550 millones de pesos en la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales, aunque el proyecto permanece inconcluso, según la Fiscalía.

Actualmente, Emcali cuenta con nueve cuadrillas distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad, dedicadas principalmente a responder y solucionar las necesidades de alumbrado público que surgen mientras se adelantan los operativos de demolición y reconstrucción. Esta labor, según palabras de Jorck’s Cortés, ingeniero coordinador del Escuadrón de Reconstrucción, consiste fundamentalmente en iluminar cada punto donde se realizan las demoliciones, evitando así posibles focos de inseguridad y creando condiciones favorables para los trabajos técnicos y el bienestar de los habitantes.

El proceso también contempla la implementación de luminarias adicionales temporales, diseñadas para mejorar la iluminación general luego del sismo, que en algunos sectores obligó a interrumpir el suministro de energía. Así, no solo se facilita el trabajo diario de las cuadrillas de demolición, sino que se refuerza la seguridad de quienes residen y transitan por las zonas intervenidas. Al mismo tiempo, Emcali avanza en la reparación y renovación de infraestructura eléctrica afectada por el desastre.

Uno de los puntos de intervención prioritaria es el barrio Guadalupe, donde tres cuadrillas trabajan de forma simultánea. Allí, tras analizar la situación, se identificaron y atendieron tres sectores específicos que requerían iluminación extra, además de ejecutar el reemplazo de cableado dañado por el temblor, con el fin de restablecer el servicio eléctrico en toda la zona. Según Cortés, estas medidas buscan llevar energía directamente a los lugares donde se adelantan los trabajos mayores sin dejar de lado la seguridad operativa y comunitaria.

El resto de las cuadrillas opera en regiones como Molino Rojo y otros sectores de Cali, en coordinación con el Puesto de Mando Unificado (PMU), organismo que define las prioridades y estrategias según la evolución de la emergencia. Todas estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto articulado por la Alcaldía de Cali, que apunta a una recuperación segura, ordenada y eficiente de las zonas afectadas tras el sismo.

¿Cómo está apoyando Emcali las labores de demolición tras el terremoto?

Emcali participa activamente con nueve cuadrillas de su escuadrón especial de energía, brindando iluminación temporal y reparando infraestructuras eléctricas. Su trabajo garantiza que las zonas de demolición cuenten con condiciones óptimas de seguridad y no se suspende el suministro de servicios públicos en áreas cercanas, de acuerdo con el medio 90 Minutos.

¿Qué tipo de trabajos realiza Emcali en el barrio Guadalupe tras el sismo?

En el barrio Guadalupe, Emcali ha desplegado tres cuadrillas, identificando tres puntos críticos donde han instalado luminarias temporales y reemplazado el cableado eléctrico afectado. Estas intervenciones permiten restablecer la energía y facilitar las labores de demolición de manera más segura y eficiente, según información entregada por el ingeniero Jorck’s Cortés.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El mecanismo de vigencias futuras permite que las entidades territoriales celebren contratos cuya ejecución traspasa el límite del ejercicio fiscal vigente. Así, según lo descrito en la solicitud, la administración del Cesar espera resguardar la operatividad de sus dependencias y la realización de proyectos sociales y asistenciales, evitando interrupciones al inicio del nuevo año presupuestal.

Dentro del paquete, uno de los ejes principales está constituido por servicios de soporte logístico e institucional para la administración central, los cuales representan cerca de 7.000 millones de pesos de los compromisos previstos. Entre estos servicios, el esquema de vigilancia y seguridad privada para las sedes gubernamentales tiene un peso significativo, pues requiere una adición contractual superior a 3.300 millones de pesos, cubriendo el período de transición entre el fin del año actual y el inicio del siguiente.

Adicionalmente, el presupuesto contempla una partida cercana a 4.800 millones de pesos para la prestación de servicios generales, como aseo, jardinería y mantenimiento de sedes oficiales en todo el Cesar. A estos rubros se suman recursos para actividades de divulgación institucional, que buscan facilitar la relación entre el gobierno y la ciudadanía durante el próximo periodo fiscal, así como evitar vacíos en la atención al ciudadano provocados por la falta de contratos.

El proyecto también incluye componentes de impacto social y sanitario. Destaca un programa productivo de maíz forrajero, orientado a familias y pequeños productores víctimas de conflicto armado en las zonas rurales de San Diego, con una inversión superior a 2.800 millones de pesos. Por otro lado, se destinan más de 2.000 millones de pesos al Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), que tiene como propósito ejecutar acciones preventivas y de promoción en salud comunitaria en diferentes municipios del departamento.

De acuerdo con la información suministrada, la solicitud de vigencias futuras de la Gobernación del Cesar ya cuenta con la aprobación del Consejo Departamental de Política Fiscal (CODFISCESAR) y con la certificación de la Secretaría de Hacienda que respalda su coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Actualmente, la propuesta sigue en discusión en la Asamblea, donde la administración departamental debe entregar precisiones documentales antes de su aprobación y sanción final.

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¿Qué son las vigencias futuras y cómo se utilizan en la administración pública?

Las vigencias futuras son una herramienta legal y financiera que permite a las entidades públicas comprometer recursos presupuestales más allá del año fiscal corriente. Según lo expuesto, este mecanismo se utiliza para contratar bienes y servicios cuyo desarrollo excede el período actual, asegurando la continuidad de proyectos y la operatividad institucional más allá del cierre presupuestal anual.

¿Cuáles son los principales proyectos financiados por la Gobernación del Cesar con vigencias futuras?

La Gobernación del Cesar prioriza, entre otros, el soporte logístico institucional y los servicios generales, con énfasis en vigilancia, aseo y jardinería de sedes oficiales. Además, se destacan el proyecto productivo de maíz forrajero para víctimas del conflicto en San Diego y la financiación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, orientado a la prevención y promoción de la salud en diferentes municipios.

En ese instante, el padre de la víctima, al percatarse de la situación, intervino para prestar ayuda a su hijo. Sin embargo, el intento de auxilio terminó de forma trágica. Según información oficial de la Fiscalía General de la Nación, Rubio Barrios arremetió también contra su suegro, empleando un arma cortopunzante y un objeto contundente durante el ataque. Las lesiones sufridas por la víctima fueron de tal gravedad que le causaron la muerte en el mismo lugar de los hechos.

Durante la investigación realizada por una fiscal de la Seccional Tolima, se recopilaron pruebas suficientes para establecer la responsabilidad de Rubio Barrios en lo que fue tipificado como homicidio agravado. De acuerdo con el material recopilado y presentado ante la autoridad judicial, no solo se demostró el uso de armas en el ataque, sino también la intención dolosa que antecedió el fatal desenlace.

La reacción de las autoridades fue inmediata. Rubio Barrios fue capturada en flagrancia por la Policía Nacional tras los hechos y trasladada de inmediato a un centro de reclusión, donde permanece privada de la libertad a la espera de cumplir la condena impuesta. Este caso evidencia la gravedad de los hechos que pueden generarse en el contexto de la violencia intrafamiliar y la rápida respuesta de los organismos de justicia en procesos de flagrancia.

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¿Por qué Marisela Rubio Barrios recibió una condena de 16 años y 8 meses de prisión por el asesinato de su suegro?

La condena de Marisela Rubio Barrios se fundamenta en las pruebas recabadas por la Fiscalía General de la Nación, que demostraron su responsabilidad en el delito de homicidio agravado. Durante una discusión, la acusada atacó a su pareja y a su suegro, provocando la muerte de este último con arma cortopunzante y objeto contundente, lo que llevó al juez a dictar la sentencia mencionada.

¿Qué significa homicidio agravado y cómo se aplicó en el caso de Guamo, Tolima?

Homicidio agravado es un término legal que refiere a un asesinato cometido bajo circunstancias que incrementan su gravedad, como el uso de armas, premeditación o actitudes especialmente violentas. En el caso de Guamo, Tolima, la conducta de Marisela Rubio Barrios, el uso de objetos peligrosos y la brutalidad del hecho hicieron que se configurara este tipo penal y que la condena fuera considerablemente elevada.

La información conocida hasta el momento indica que una de las hipótesis que manejan las autoridades, aún sin confirmación oficial, estaría relacionada con la extorsión. Concretamente, se habla de que Henry Cuervo habría sido víctima de represalias al negarse a pagar una ‘vacuna’, término usado popularmente en Colombia para referirse a los pagos extorsivos exigidos por parte de grupos armados ilegales o bandas criminales a los habitantes o comerciantes de la zona. Aunque las autoridades aún no han emitido un comunicado oficial que confirme esta versión, es la principal línea de investigación que circula en medios locales.

Este asesinato ocurre en un momento delicado para Rovira y otros sectores del Tolima, donde recientemente han circulado videos atribuidos a presuntos integrantes de grupos armados ilegales. En estas grabaciones, según El Nuevo Día, se lanzaron amenazas explícitas e intimidaciones directas contra los habitantes de la zona, situación que elevó los temores entre la población rural y urbana. Para muchos en el municipio, la muerte de Henry Cuervo representa la materialización de aquellos anuncios violentos difundidos días atrás. Sin embargo, hasta el cierre de la información, no se habían entregado datos oficiales sobre la autoría del crimen ni sobre la veracidad de los vínculos con organizaciones criminales.

Las autoridades locales continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer los motivos del asesinato mientras la comunidad espera detalles oficiales. El caso pone en evidencia una vez más la vulnerabilidad que enfrentan campesinos y pobladores de zonas rurales en departamentos como Tolima, donde la inseguridad y la presión de grupos armados sigue siendo una amenaza latente.

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¿Por qué asesinaron a Henry Cuervo en Rovira, Tolima?

De acuerdo con información preliminar difundida por El Nuevo Día, una de las principales hipótesis sobre la muerte de Henry Cuervo apunta a una posible represalia por negarse a pagar una ‘vacuna’, nombre utilizado para el cobro de extorsiones. No obstante, al momento de la publicación todavía no existía confirmación oficial de las autoridades respecto a esta versión.

¿Qué significa el término ‘vacuna’ en el contexto del conflicto colombiano?

En Colombia, ‘vacuna’ se refiere coloquialmente al cobro extorsivo impuesto, generalmente de manera violenta, por parte de grupos armados ilegales o bandas criminales a habitantes, comerciantes o ganaderos de ciertas regiones. Negarse a pagar puede traer consecuencias graves, como amenazas o incluso asesinatos, como se sospecha en el caso de Henry Cuervo.

La decisión surge después del estudio de una demanda en la que se argumenta que el acto administrativo que reconocía el sombrero fue emitido sin competencia. Los demandantes aseguran que el entonces ministro de las Culturas no contaba con la potestad legal para otorgar tal reconocimiento como patrimonio, ya que la Resolución correspondiente se basó en una Ley que ya no está vigente y habría desconocido las normas aplicables. De acuerdo con lo señalado en el fallo del Consejo de Estado, ninguna de las disposiciones mencionadas facultaban al ministro para emitir este tipo de acto administrativo bajo el procedimiento seguido.

El Consejo de Estado aclaró que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes sí puede declarar bienes de interés cultural —definidos como aquellos de especial valor artístico, histórico o antropológico—, pero debe hacerlo cumpliendo el proceso establecido por la Ley General de Cultura, lo cual exige un concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural previo a cualquier decisión. En el caso del sombrero de Carlos Pizarro, dicha consulta no se realizó, como señaló la Corporación en su resolución.

Además, el tribunal puntualizó que tampoco se evaluó la necesidad de un Plan Especial de Manejo y Protección, requisito habitual cuando se trata de bienes declarados de interés cultural. Por estas razones, el Consejo de Estado estimó de manera preliminar que los demandantes tenían fundamento para afirmar que el ministro no tenía facultad para reconocer dicho bien como patrimonio cultural de la Nación. La decisión, sin embargo, es temporal y se mantiene a la espera de una sentencia definitiva.

El contexto inmediato se remonta al reconocimiento del sombrero el 18 de junio de 2024. Tras la polémica, el Ministerio precisó que el acto en cuestión no constituyó una declaratoria de bien de interés cultural, sino un reconocimiento simbólico del valor histórico y de memoria asociado al objeto. Esto marca la diferencia entre las figuras legales involucradas, y subraya la importancia de comprender la naturaleza y consecuencias de cada acto administrativo, tal como destacó el ministerio en sus comunicados posteriores.

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¿Por qué el Consejo de Estado suspendió el reconocimiento del sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural?

El Consejo de Estado suspendió el reconocimiento porque consideró que el acto administrativo realizado por el Ministerio de las Culturas carecía de competencia legal y no siguió el procedimiento que exige la Ley General de Cultura, incluida la consulta previa al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Además, se argumentó que la resolución se basó en una normativa que ya no estaba vigente y omitió revisar requisitos como el Plan Especial de Manejo y Protección.

¿Cuál es la diferencia entre declarar y reconocer un bien como patrimonio cultural de la Nación?

Declarar un bien como patrimonio cultural implica seguir un procedimiento legal preciso, que incluye evaluación y concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, generando derechos y obligaciones formales para su protección. Por su parte, el reconocimiento simbólico resalta el valor histórico o de memoria, pero sin la protección jurídica y restricciones que otorga la declaratoria oficial de bien de interés cultural, según lo aclaró el Ministerio de las Culturas en este caso.

El congreso Smart City se llevará a cabo durante dos días y contará con la participación de 60 oradores nacionales y 15 internacionales. De acuerdo con la información suministrada en el artículo original, estos expertos abordarán temas relacionados con la sostenibilidad, el medio ambiente y la tecnología, especialmente aquellos que definirán el futuro de las denominadas "ciudades inteligentes". Este espacio ha sido concebido como un punto de encuentro e intercambio entre empresas, dirigentes, emprendedores e instituciones sociales, permitiendo la construcción y el aprendizaje colectivo para enfrentar los desafíos de urbanismo y desarrollo.

En cuanto a la movilidad, se han habilitado dos rutas principales del MIO para facilitar el acceso al evento. Una de las rutas parte desde la plazoleta Jairo Varela, en el norte de Cali, con salidas programadas a las 8:00 a.m., 10:00 a.m. y 1:00 p.m. El regreso desde el centro de eventos hacia este sector estará disponible a las 12:00 p.m., 3:00 p.m. y 6:00 p.m. La segunda ruta inicia frente al centro comercial Jardín Plaza, ubicado al sur de la ciudad, con horarios de salida a las 8:00 a.m. y 1:00 p.m., y retornos a las 12:00 p.m. y 6:00 p.m. Ambas rutas son directas y tienen cupos limitados a aquellos que cuenten con su respectiva acreditación.

El evento está dirigido a gobiernos, empresas, instituciones académicas, organizaciones, emprendedores y profesionales con intereses en áreas como movilidad, seguridad, innovación, tecnología, infraestructura y desarrollo urbano sostenible. El proceso de inscripción para quienes deseen asistir consiste en acceder a la página oficial del evento y completar la información solicitada.

De acuerdo con el cubrimiento publicado por Noticiero 90 Minutos, estas medidas buscan asegurar que la movilidad de los invitados transcurra de forma eficiente y cómoda, adaptándose a los requerimientos de un congreso internacional de alto nivel en la ciudad.

¿Cómo funcionan las rutas gratuitas del MIO para el Smart City en Cali?

Las rutas gratuitas del MIO ofrecen transporte directo desde puntos estratégicos del norte y sur de Cali hacia el centro de eventos Valle del Pacífico. Los asistentes inscritos deben presentar un código QR para acceder a los buses, que cuentan con horarios establecidos y cupo limitado, asegurando movilidad ágil y segura durante el evento, según información de Noticiero 90 Minutos.

¿Quiénes pueden inscribirse y asistir a la cumbre Smart City en Cali?

La inscripción está abierta a representantes de gobiernos, empresas, entidades académicas, organizaciones sociales, emprendedores y profesionales con interés en tecnología, movilidad, infraestructura y sostenibilidad. El registro debe realizarse a través de la página oficial del evento y es requisito presentar la acreditación digital para acceder a las rutas y las conferencias.

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La Universidad Nacional subraya que el sistema de admisión sigue un estricto criterio de mérito y transparencia: los cupos disponibles se asignan conforme a los puntajes más altos, en orden descendente y hasta completar la disponibilidad. Como referencia aportada en el comunicado institucional, puntajes como 680, 650 y 620 corresponden a aspirantes admitidos, mientras que quienes obtuvieron 602 entran dentro de la categoría de no admitidos. Esta información resulta esencial para entender los umbrales de ingreso y orientar a los estudiantes en los próximos pasos del proceso.

El procedimiento de consulta es sencillo y requiere de atención al detalle por parte de los postulantes. Los pasos descritos por la universidad incluyen el ingreso al portal de admisiones, selección de la modalidad de pregrado, autenticación con documento de identidad, clave de acceso y código captcha, y finalmente la visualización del resultado junto al listado de programas académicos disponibles para registro. Para quienes no logren la admisión en esta fase inicial, la institución ha previsto una segunda ventana de inscripción, programada del 15 al 19 de octubre de 2026, dirigida a los programas curriculares que aún cuenten con cupos vacantes. El mecanismo será el mismo que el usado en la primera fase.

La universidad recuerda la importancia de verificar oportunamente las credenciales de acceso, preparar la documentación y realizar la inscripción dentro de los plazos señalados, evitando así congestiones digitales o inconvenientes por demoras en el registro. Este proceso muestra el rigor y la organización de la educación pública superior colombiana, así como la elevada demanda por un cupo en la Universidad Nacional.

¿Cómo consultar el resultado de las pruebas de admisión en la Universidad Nacional de Colombia?

Para revisar los resultados, el aspirante debe ingresar al portal oficial de admisiones de la Universidad Nacional, seleccionar la opción de pregrado y hacer clic en "consultar resultados". Luego, se solicita el número de documento de identidad, la clave de acceso individual y el código captcha, lo que permite acceder a la información sobre el puntaje y las opciones de programas disponibles.

¿Qué pasos seguir si no fue admitido en la primera fase de la Universidad Nacional?

La universidad ofrece una segunda oportunidad del 15 al 19 de octubre de 2026 para inscribirse en programas curriculares que conserven cupos disponibles. El postulante debe seguir el mismo proceso de consulta y registro, manteniendo la verificación de credenciales y la inscripción oportuna para no perder la nueva oportunidad.

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Después de superar los 50 días de este doloroso episodio, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, remarcó la urgencia de atender la nueva y compleja fase de reconstrucción, advirtiendo que la atención inicial de la tragedia ha comenzado a disminuir.

“La efervescencia ya pasó”, afirmó el mandatario al resumir los retos actuales para avanzar desde los auxilios inmediatos hacia la reconstrucción física del territorio. “La emergencia ya pasó, pero la reconstrucción apenas comienza”, señaló.

Durante su participación en el Foro Líderes de la Sostenibilidad de El Tiempo y Portafolio, Patiño solicitó al sector empresarial mantener su respaldo con las comunidades afectadas.

El gobernante recordó que en las primeras horas la prioridad absoluta fue rescatar personas, salvar vidas, atender heridos y distribuir auxilios esenciales en las zonas impactadas.

En ese despliegue inicial colaboraron activamente la Gobernación, ProRisaralda, la Alcaldía de Pereira, organismos de socorro, Fuerza Pública, instituciones públicas, empresas, organizaciones y voluntarios.

El mandatario enfatizó que las instituciones deben actuar con coordinación, capacidad de respuesta y liderazgo claro para evitar desorganización e incertidumbre entre la población vulnerable.

Sin embargo, el panorama actual exige compromisos sostenidos para devolver la estabilidad económica y social a los municipios golpeados por el fenómeno natural.

“Hoy es donde necesitamos la verdadera ayuda”, fue el mensaje de Patiño al señalar que la baja en la atención pública no elimina los daños existentes.

Esta etapa de reconstrucción demanda articulación efectiva, decisiones de largo plazo e inversiones continuas entre el sector privado, las comunidades y el Estado colombiano.

Hay casos que dejan en evidencia la vulnerabilidad en la región, como la estafa que sufrió el alcalde de Dosquebradas, al enviar dinero para un supuesto envío de ayudas y perder ese presupuesto. Esa es apenas una muestra del camino que viene luego de las afectaciones en Risaralda.

Cifras de afectaciones en Risaralda por terremoto del 10 de agosto

El balance departamental en Risaralda luego el terremoto registrado el pasado 10 de agosto revela graves afectaciones humanas, físicas y productivas en los catorce municipios.

Las cifras oficiales confirman 111 personas fallecidas, 588 ciudadanos heridos, 77 desaparecidos y 274 personas rescatadas activamente de los escombros por los organismos de socorro.

Las evaluaciones territoriales contabilizan 73.087 familias afectadas, con 5.535 viviendas destruidas en su totalidad y 63.609 hogares que presentan severas averías en su estructura física.

Restaurar la totalidad de las viviendas habitacionales averiadas en Risaralda requerirá una inversión pública calculada en aproximadamente dos billones de pesos por parte de las autoridades competentes.

La infraestructura del sector salud reporta 44 centros asistenciales e instalaciones hospitalarias golpeadas por la intensidad del movimiento telúrico en la geografía departamental.

En materia educativa, 291 sedes escolares registraron daños considerables sobre un universo total de 510 planteles urbanos y rurales en todo el territorio de Risaralda.

Sin embargo, los equipos de evaluación técnica otorgaron concepto favorable de habitabilidad a 113 sedes, permitiendo el retorno paulatino de los estudiantes a las aulas.

La red vial y de transporte también sufrió un impacto directo, registrando 157 carreteras o puentes afectados, 37 acueductos comunitarios estropeados y afectaciones en un aeropuerto.

Los bienes institucionales de la administración sufrieron un deterioro severo, alcanzando afectaciones materiales en 11 de los 12 edificios pertenecientes a la Gobernación departamental.

Las pérdidas en la infraestructura pública gubernamental se estiman en 335.000 millones de pesos, superando ampliamente la cobertura de los seguros vigentes contratados por el Estado.

El sector agropecuario reporta revisiones en 469 veredas de un total de 687 asentamientos rurales donde habitan 19.134 familias dedicadas al cultivo del café.

Pese a las secuelas del sismo, las fincas cafetaleras sostienen la producción regional, aportando en promedio 22,5 sacos de 60 kilos por hectárea cada año.

De acuerdo con los senadores, el proyecto se sustenta sobre cinco ejes que no habrían recibido la atención necesaria en los últimos años: ajuste en el flujo de recursos, protección del talento humano en salud, intervención administrativa, vigilancia financiera y atención en los territorios. Según precisó Claudia Margarita Zuleta, el propósito central es "avanzar hacia un sistema más transparente, eficiente y capaz de responder a las necesidades de los usuarios". La propuesta incluye eliminar la responsabilidad de la administración de recursos de una única persona para instaurar un mecanismo interoperable a través de los sistemas tecnológicos del Ministerio de Salud.

El cuidado hacia el talento humano, especialmente médicos y enfermeras, cobra especial relevancia en la iniciativa, pues el retraso y la falta de pagos han sido motivo de múltiples denuncias. Además, la crisis institucional se evidencia en la intervención forzosa que condujo a la liquidación de más de 90 Empresas Promotoras de Salud (EPS), cifra entregada por el gobierno de Gustavo Petro y que agudizó el problema durante los últimos cuatros años. Destacan, en este punto, la situación de la Nueva EPS, entidad que concentra más del 25 % de afiliados, además de Sanitas y Compensar, instituciones sobre las cuales hay también alertas.

Rafael Nieto Loaiza subrayó la importancia de reforzar mecanismos de supervisión por parte de la Superintendencia de Salud, enfocados en el rastreo estricto de los recursos. El senador fue enfático al señalar: "queremos que los colombianos tengan un sistema de salud que corresponda a los problemas y sus necesidades". Si bien la propuesta no transforma de fondo el sistema como se debatió en el periodo anterior, se presenta como un camino para mitigar la crisis. Cabe recordar, según los propios congresistas, que el partido ya había sugerido un aporte de hasta 13 billones de pesos al sector, propuesta descartada en el presupuesto de 2027 por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el gobierno de Abelardo de la Espriella autorizó un traslado de recursos desde el Ministerio de Hacienda, encabezado por Miguel Gómez.

¿Qué plantea la propuesta del Centro Democrático para mejorar el sistema de salud en Colombia?

La propuesta del Centro Democrático, de acuerdo con lo presentado, se fundamenta en cinco ejes: ajuste en el flujo de recursos, protección del personal de salud, intervención administrativa, vigilancia financiera y fortalecimiento de la atención en los territorios. El proyecto sugiere, entre otros puntos, implementar mecanismos tecnológicos en el Ministerio de Salud para el manejo de recursos y mejorar la supervisión y pago al talento humano.

¿Cuáles son las principales EPS afectadas por la crisis del sistema de salud en Colombia?

Según la información proporcionada por los senadores y la administración anterior, más de 90 EPS han sido liquidadas. Entre las más afectadas se encuentra la Nueva EPS, que agrupa más del 25 % de los afiliados al sistema, además de otras reconocidas como Sanitas y Compensar, que también están bajo observación por la crisis y los recientes procesos de intervención forzosa.

El documento, elaborado por el Ministerio del Interior, mantiene la presunción de que las protestas son pacíficas y el principio de no estigmatización de los manifestantes.

Sin embargo, plantea que la fuerza podría utilizarse incluso durante los diálogos cuando se presenten situaciones como porte o uso de armas, retención de personas, daños a infraestructura o ataques contra terceros, incluidos policías, funcionarios, periodistas y personal médico.

El proyecto también establece una mayor presencia policial durante las manifestaciones.

Los uniformados deberán acompañar las movilizaciones a una distancia mínima de cuatro metros, con el objetivo de proteger a manifestantes y personas ajenas a la protesta.

La propuesta busca equilibrar el derecho a la protesta con otros derechos como la vida, salud, movilidad, trabajo, educación y prestación de servicios públicos esenciales.

Además, las mesas de conversación incorporarían a gremios económicos y representantes de las Juntas de Acción Comunal para evaluar los efectos de las movilizaciones sobre actividades comerciales y comunidades.

El Gobierno Nacional también ha planteado medidas relacionadas con el ingreso a universidades para identificar a posibles promotores de violencia.

La esperanzadora historia de Lucas dio un paso fundamental luego de la exitosa intervención médica. Pese a que continúa hospitalizado debido a la complejidad del procedimiento quirúrgico, el menor avanza en su recuperación en una clínica de Bucaramanga con la esperanza de regresar pronto a su casa en Cúcuta. En entrevista con Noticias Caracol, Lucas y su madre, Andrea García, compartieron los detalles de este momento.

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Al ser consultado sobre cómo se siente luego de superar esta compleja intervención cardíaca, el pequeño Lucas respondió con sencillez y alegría sobre su estado de ánimo: “pues bien, contento”. Su madre ratificó la notable evolución que ha mostrado el niño de siete años, y destacó el apoyo de la ciudadanía y la fe durante todo este proceso. “La recuperación ha sido milagrosa, yo digo gracias a Dios y a las oraciones de las personas que han permitido pues que Lucas se haya podido recuperar de una manera admirable”, comentó Andrea.

Pese a los cuidados que requiere su estado, la vitalidad de Lucas se evidencia en las rutinas de movilidad que realiza en el centro médico. Su mamá contó que el niño debe salir a caminar alrededor del estar de enfermería, trayecto que se ha convertido en un momento especial. Durante estas caminatas, el niño recibe los saludos de médicos, enfermeras, familiares e incluso de la parte administrativa. Su mamá relató que su hijo camina por los pasillos como si estuviera “más bien desfilando”, mientras todos a su paso lo saludan diciéndole “Hola, Lucas, ¿cómo está?”.

Respecto a su alimentación, Andrea comentó que el niño todavía se encuentra “muy flojito” para comer, pero ya expresó sus deseos de probar “huevitos tibios o huevitos duros”. Durante todo el proceso de salud, el pequeño ha estado acompañado por un muñequito que le regalaron, el cual se convirtió en su objeto especial de protección durante su hospitalización.

Aunque el cuerpo médico aún no les ha dado un día exacto para el alta, la familia mantiene viva la ilusión de volver pronto a Cúcuta. Antes de partir, Lucas desea recorrer Bucaramanga, conocida como la ciudad de los parques, para conocer sus casas y “todos los hoteles”. De igual forma, anhela reencontrarse en su ciudad natal con sus “hermanos, a mis tíos, a mis abuelos y a mis primos”, además de cumplir su gran deseo de volver a jugar al fútbol como los futbolistas de la selección Colombia.

Lucas quisiera conocer personalmente al presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Al preguntarle qué le diría al mandatario nacional al tenerlo de frente, Lucas respondió de forma breve y sincera: “Gracias”.

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La de Lucas es una de las muchas urgencias del sistema de salud colombiano pero la intervención del mandatario, que incluso habló por teléfono con el niño, la convirtió en una prioridad. De la Espriella, que asumió la Presidencia el 7 de agosto con la promesa de llevar a cabo un plan de choque para atender la crisis del sistema sanitario, aseguró que apenas escuchó el mensaje de Lucas, dio “la instrucción inmediata de actuar, sin dilaciones”.

La clínica donde permanece Lucas es un centro especialista en cardiopatías complejas, un lugar donde varios niños enfrentan situaciones delicadas, especialmente en el séptimo piso, donde esperan también un corazón. Ante este panorama, Andrea García envió un conmovedor mensaje a otros padres: “Yo la verdad les quisiera decir a sus papitos que no pierdan la esperanza, que siempre estén confiando en Dios porque Dios a uno no lo defrauda”.

De acuerdo con la información registrada, el gobierno comunicó de manera informal que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz solicitó la Resolución 215 de 2026, la cual establece el cronograma y los procedimientos para cerrar la ZUT. Según el comunicado de la Defensoría, esta resolución no solo dispone el cierre sino que también define las acciones institucionales para guiar a las personas que habitan en ese espacio, quienes, por su condición de excombatientes, se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La Defensoría del Pueblo ha manifestado su preocupación principalmente por lo dispuesto en el artículo 2 de dicha resolución. Ese artículo indica que todas las personas que no tengan órdenes de captura activas deberán salir de la zona desde las 00:00 del 1 de octubre de 2026 hasta las 00:00 del día siguiente. La entidad alerta que esta medida afecta directamente a quienes gozan de protección judicial provisional, ya que pondría en riesgo su seguridad y derechos fundamentales.

Además, la Defensoría denuncia que no ha sido notificada formalmente para participar en las misiones y comisiones humanitarias previstas en la resolución, lo que podría dejar desprotegidos a los excombatientes en un contexto crítico. La solicitud formal demanda al juzgado actuar de manera inmediata antes de la fecha estipulada para el desalojo, pues si no se toman medidas urgentes podría verse comprometida la eficacia de las herramientas de protección legal ya concedidas.

Así, la Defensoría del Pueblo busca que se amplíen y refuercen las medidas cautelares para resguardar la integridad y los derechos de quienes residen en la ZUT de Putumayo en el marco de lo ordenado por el gobierno nacional.

¿Qué implica el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo?

El cierre de la ZUT en Putumayo implica que los excombatientes que permanecen allí deberán salir en el plazo fijado por la Resolución 215 de 2026, lo cual podría ocasionar riesgos para su seguridad, según lo advierte la Defensoría del Pueblo. Además, la falta de participación de la entidad en los procesos de traslado y apoyo institucional podría dejar a estas personas en condición de desprotección.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo pidió intervenir ante el cierre de la ZUT?

La Defensoría del Pueblo solicitó la ampliación de la medida cautelar porque considera que el proceso de cierre puede violentar derechos fundamentales de los excombatientes, especialmente aquellos amparados por medidas judiciales, y porque no ha sido incluida en los mecanismos humanitarios previstos para su salida, como lo indica el comunicado dirigido al Juzgado Segundo del Circuito de Puerto Asís.

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La medida responde a la nueva directriz gubernamental de no continuar con diálogos ni negociaciones con grupos considerados narcoterroristas, política que pone fin a la mayoría de procesos y mesas heredados de la administración anterior. Así, el gobierno busca cerrar capítulos previos y reconfigurar el manejo institucional de la paz en el país, concentrando sus esfuerzos en estrategias distintas a la negociación directa.

De acuerdo con la resolución citada, se ordena la creación de una comisión humanitaria para coordinar la salida digna, segura y respetuosa de los derechos de más de 60 excombatientes pertenecientes a la disidencia Comandos de la Frontera, quienes todavía formaban parte del proceso que inició el expresidente Gustavo Petro. La comisión tiene como objetivo brindar acompañamiento y facilitar el traslado físico de los individuos, involucrando a entidades públicas y organismos humanitarios, los cuales participarán de acuerdo a sus competencias pero sin recibir instrucciones o interferencias en sus funciones, como señala la resolución.

La finalización de la ZUT representa el cumplimiento de un anuncio previo del gobierno, que ya había fijado para el 30 de septiembre la fecha límite para la permanencia de aproximadamente 100 personas desmovilizadas en ese territorio como resultado del proceso de paz anterior. Ahora, quienes deseen continuar su proceso de reincorporación podrán solicitarlo ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, tras su salida de la zona, siempre informando a las autoridades y la Consejería de Paz. Como aclara el texto oficial, el cierre de esta zona no supondrá la apertura de nuevas investigaciones penales para estos exintegrantes.

¿Por qué el gobierno de Abelardo de la Espriella decidió cerrar la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo?

La decisión de cerrar la ZUT en el Valle del Guamuez responde al cambio de política gubernamental que rechaza diálogos y negociaciones con grupos narcoterroristas, priorizando otras estrategias de justicia y paz. El gobierno busca marcar distancia con procesos y mesas heredados de administraciones anteriores, apostando por un enfoque distinto al de la negociación directa con actores armados.

¿Qué funciones tendrá la comisión humanitaria encargada del cierre de la Zona de Ubicación Temporal?

La comisión humanitaria creada mediante la resolución 215 tendrá la misión de acompañar y facilitar el proceso de salida de los excombatientes de la ZUT, garantizando condiciones de dignidad, seguridad y respeto por sus derechos. Además, coordinará la participación de entidades públicas y organismos humanitarios, sin intervenir en sus funciones, durante el traslado y reintegración de estas personas.

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Al notar la rápida llegada de una patrulla de la Policía, ambos hombres desatendieron la señal de alto de los uniformados y optaron por escapar a toda velocidad en una motocicleta. Esta decisión desencadenó una persecución a través de varios puntos de la ciudad. De acuerdo con lo que se conoció, mientras eran perseguidos, uno de los sospechosos disparó un arma de fuego en dirección a los policías, generando así un intercambio de balas. El forcejeo armado continuó hasta llegar a la Urbanización Álamos 3, donde finalmente se produjo el desenlace del caso.

Durante la huida y en medio de la tensión, Edilson Arias Navarro, uno de los involucrados, fue alcanzado por un disparo en la espalda y cayó de la motocicleta junto con Kevin Javier Galvis Rojas, de 28 años, quien perdió el control del vehículo. Policías que llegaron rápidamente al lugar brindaron los primeros auxilios a Arias Navarro y lo trasladaron inicialmente al HEAD sede San Martín. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, fue remitido a la Clínica Santa Isabel, donde se confirmó su fallecimiento poco después, según el parte médico reportado.

Por su parte, en medio del revuelo de la comunidad que presenció el operativo, Galvis Rojas, conductor del vehículo, fue capturado por los agentes de la Policía después de recibir una ‘paloterapia’ —término que en este contexto hace referencia a golpes propinados por personas presentes en el lugar—. Más tarde fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que llevará adelante las investigaciones para establecer su responsabilidad en los delitos de hurto y porte ilegal de armas.

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¿Qué es una ‘paloterapia’ y por qué se menciona en este caso en Valledupar?

La ‘paloterapia’ se refiere, de forma coloquial, a la golpiza o castigo físico que miembros de la comunidad aplican a una persona acusada de cometer un delito, antes de ser entregada a las autoridades. En este caso, Kevin Javier Galvis Rojas fue golpeado por las personas presentes tras ser reducido, antes de su captura oficial por parte de la Policía.

¿Qué sucedió después de la persecución y tiroteo en la supertienda D1 de Valledupar?

Después de la persecución y el posterior intercambio de disparos, Edilson Arias Navarro, uno de los presuntos delincuentes, falleció a causa de un impacto de bala, mientras que el conductor, Kevin Javier Galvis Rojas, fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que determinará los cargos en su contra por hurto y porte ilegal de armas.

La sustentación técnica y jurídica de esta prórroga estuvo a cargo tanto del Departamento Administrativo de Planeación como del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública. Ana Catalina Castro Lozano, directora de esta última dependencia, explicó que presentaron ante el Tribunal que el terremoto constituyó un "hecho extraordinario, imprevisible y sobreviniente" que afecta la ejecución de la orden judicial, argumento que la Sala aceptó manteniendo la nulidad decretada previamente, sin poner en duda la cosa juzgada.

Según la comunicación oficial de la Alcaldía, la Administración ha asegurado que el nuevo POT será el producto de un proceso participativo e incluyente donde se sumarán los análisis técnicos extraídos de la emergencia sísmica. Desde septiembre, se llevaron a cabo encuentros con expertos a nivel nacional, regional y local para examinar el comportamiento de suelos y la vulnerabilidad de las edificaciones existentes, lo que permitirá definir criterios de construcción más seguros para la ciudad.

El proyecto de actualización del POT fue presentado el 3 de agosto ante el Consejo Municipal de Planeación. Sin embargo, el sismo forzó a la Administración distrital a dirigir todos sus esfuerzos a la emergencia, afectando el cronograma inicialmente previsto para la participación ciudadana, que ahora se priorizará en esta etapa de ajustes.

La expectativa, comunicada por la propia Alcaldía y compartida por Daniella Plaza, presidenta del Concejo de Cali 2026, es que estos seis meses adicionales permitan construir conjuntamente con la ciudadanía y el Concejo un documento fortalecido que prevenga riesgos sísmicos y responda a las nuevas necesidades de la ciudad.

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¿Por qué se amplió el plazo para actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial de Cali?

La ampliación del plazo hasta julio de 2027 fue avalada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para permitir que la Administración de Cali integre en la actualización del POT la información y las lecciones aprendidas tras el terremoto del 10 de agosto, evento que evidenció nuevas condiciones de riesgo en el territorio.

¿Qué cambios traerá el nuevo POT de Cali tras el terremoto de agosto?

Según la Administración Distrital, el nuevo POT buscará incorporar criterios técnicos y medidas que mitiguen la vulnerabilidad ante futuros eventos sísmicos, además de fortalecer la participación ciudadana y responder a las necesidades actuales de crecimiento y seguridad en la ciudad, basándose en los análisis realizados después del movimiento telúrico.