Este proceso no será automático ni uniforme. Las 14 direcciones regionales de la CAR deberán analizar de manera individual cada expediente de concesión, realizar visitas técnicas en los puntos señalados como críticos y verificar la cantidad de agua realmente disponible. El objetivo es determinar qué actividades generan más presión sobre las bocatomas, es decir, las captaciones comunitarias del recurso hídrico. Para asegurar rigor y transparencia, los equipos técnicos de la entidad están encargados de medir los caudales mediante aforos y documentar cada situación antes de tomar una determinación.

Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR, enfatizó que las medidas se fundamentarán en criterios técnicos y científicos, con el fin de evitar que el estrés hídrico afecte la disponibilidad de agua potable para la población. Sin embargo, la entidad no detalló cuál ha sido la disminución en los caudales, ni precisó los nombres de los 35 municipios involucrados o cuántas concesiones podrían verse impactadas.

Además, la CAR exhortó de manera explícita a los sectores industrial, comercial y agrícola a abstenerse de solicitar nuevas concesiones para captar agua superficial en las zonas más críticas, pues —según los balances hidrológicos actuales— dichas solicitudes no contarían con viabilidad técnica. Se trata de una recomendación focalizada, no de una prohibición general, y busca evitar mayor presión sobre las fuentes de abastecimiento comunitario.

Con el fin de reducir el impacto en los sectores productivos, la autoridad ambiental comunicó la instalación de mesas técnicas para analizar alternativas como el uso regulado de aguas subterráneas y la implementación de sistemas de almacenamiento y recolección de aguas lluvias. Estas opciones deberán seguir procedimientos de control, apoyar la sostenibilidad del ecosistema y no comprometer el suministro futuro.

¿Por qué la CAR prioriza el consumo humano en las concesiones de agua?

La CAR prioriza el consumo humano de acuerdo con las disposiciones del Código Nacional de Recursos Naturales y el Decreto 1076 de 2015, que establecen que la protección del abastecimiento de agua potable es un derecho fundamental y debe estar por encima de otros usos, especialmente durante periodos de escasez.

¿Qué medidas toma la CAR para garantizar el abastecimiento de agua durante El Niño?

Entre las medidas adoptadas por la CAR se encuentran la revisión individual de concesiones, la posible reducción de caudales autorizados para uso productivo, la suspensión temporal de autorizaciones y la recomendación de abstenerse de solicitar nuevas concesiones en zonas críticas. Además, se evalúan alternativas como aprovechar aguas subterráneas y recuperar agua de lluvia para apoyar a los sectores afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Vea también: “Me enteré por medios”: Martha Peralta reaccionó a revocación de su visa de EE. UU. y dijo qué hará)

De acuerdo con los documentos publicados en Función Pública, citados por El Tiempo, el patrimonio bruto de la congresista pasó de 491 millones de pesos en 2021 a 1.382 millones de pesos en 2024. Es decir, en ese periodo casi se triplicó.

El comportamiento del patrimonio líquido fue diferente. En 2021, Peralta reportó 367,8 millones de pesos, cifra que cayó a 305,5 millones de pesos en 2022. Para 2023 llegó a 601,5 millones de pesos y en 2024 bajó nuevamente hasta 471,9 millones de pesos.

La diferencia entre patrimonio bruto y patrimonio líquido está relacionada con las obligaciones que aparecen registradas en sus declaraciones. Y precisamente las deudas tuvieron un crecimiento considerable durante esos años.

En 2021, la senadora reportó obligaciones por 123,4 millones de pesos. Un año después, la cifra llegó a 368,2 millones de pesos; en 2023 alcanzó 493,7 millones de pesos y para 2024 llegó a 910 millones de pesos.

Así, entre 2021 y 2024, las deudas reportadas aumentaron más de siete veces.

Los siete inmuebles que aparecen en su declaración de 2024

La declaración correspondiente al año gravable 2024, publicada en diciembre de 2025, muestra varios cambios frente a los bienes reportados en años anteriores. En ese documento aparecen siete inmuebles.

Tres están ubicados en Bogotá: dos propiedades valoradas en 379 millones de pesos y 435 millones de pesos, además de un parqueadero de 23 millones de pesos .

En Puerto Colombia, Atlántico, aparecen otros dos bienes: un inmueble de 223 millones de pesos y un parqueadero de 7,6 millones de pesos. Los otros dos están registrados en Riohacha, La Guajira: una finca valorada en 215 millones de pesos y otro inmueble de 69 millones de pesos.

A esos bienes se suman un vehículo de 45 millones de pesos, cuentas bancarias por 193 millones de pesos y un CDT de 58,6 millones de pesos.

En cuanto a las obligaciones, el documento citado por el diario relaciona diez deudas que suman 998 millones de pesos. Entre ellas aparece una denominada “seguro estudiantil”, por 347 millones de pesos, mientras que tres créditos relacionados con vivienda suman 621 millones de pesos.

También figura una donación de 20 millones de pesos a la Junta de Acción Comunal de Monguí, corregimiento de Riohacha.

Registros oficiales muestran diferencias frente a lo declarado

Al comparar la declaración de 2024 con la información disponible en la Superintendencia de Notariado y Registro aparecen algunas diferencias.

Con el documento de identidad de Martha Peralta figuran seis bienes: tres en Bogotá, dos en Puerto Colombia y uno en Riohacha.

La diferencia está en Riohacha, donde la congresista declaró dos inmuebles, mientras que en el registro consultado aparece uno, ubicado en el corregimiento de Monguí.

También hay una particularidad con un inmueble valorado en 223 millones de pesos. En una declaración correspondiente a 2023 fue ubicado en Barranquilla, aunque en el registro aparece en Puerto Colombia. La explicación está relacionada con que Barranquilla es la oficina que lleva las matrículas de ese predio.

Otro dato que aparece en la información oficial es que cuatro de los bienes figuran también a nombre de su esposo, Manuel Julián Molina Pérez. Se trata de un apartamento y un parqueadero en el edificio Altamar Caribe, en Puerto Colombia; un inmueble en Bogotá y el predio ubicado en Monguí.

Las declaraciones de conflicto de interés de Peralta identifican a Molina Pérez como su cónyuge y señalan que sus intereses no son susceptibles de generarle un conflicto de interés.

Los documentos también muestran algunas variaciones en la información reportada a lo largo de los años. Para 2023, por ejemplo, aparecen dos declaraciones publicadas el mismo día: una coincide con la declaración de renta y otra repite las cifras correspondientes a 2022. Posteriormente, esta última fue modificada para indicar que correspondía al año gravable 2022.

En un comunicado publicado este 30 de septiembre, la firma fundada por el presidente Abelardo De La Espriella explicó que la controversia comenzó porque la Dian sostuvo una interpretación diferente sobre el tratamiento tributario que debía aplicarse a esos servicios.

Según la firma de abogados, ante esa diferencia acudió a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para defender su posición por las vías previstas en la ley. El proceso terminó, por ahora, con una decisión desfavorable para sus intereses.

 

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De la Espriella Lawyers informó que la sentencia de segunda instancia le fue notificada el 29 de septiembre de 2026 y que en ella fueron negadas las pretensiones de la demanda.

Frente a esa decisión, la firma aseguró que respeta la independencia de la Justicia y que acata la sentencia. También señaló que continuará actuando dentro del marco jurídico y mediante los mecanismos que establezca la legislación colombiana.

Uno de los principales puntos del comunicado, firmado por el director general de la asociación, Carlos Sánchez Cortés, está relacionado con la forma en que, según la firma, debe interpretarse la controversia. De la Espriella Lawyers sostuvo que actuó de manera transparente y de buena fe, de acuerdo con la interpretación jurídica que consideraba aplicable en ese momento.

La firma fundada por De La Espriella enfatizó que la existencia de una diferencia de criterio frente a la Dian y una sentencia desfavorable no convierten por sí mismas la actuación en fraudulenta o dolosa.

El pronunciamiento también rechazó que el proceso tributario sea utilizado para cuestionar a la firma o vincularlo con discusiones políticas. En ese sentido, la firma de abogados sostuvo que el caso no debe convertirse en una plataforma de “ataque, señalamiento o confrontación” contra su trayectoria empresarial.

Además, De la Espriella Lawyers afirmó que el presidente Abelardo De La Espriella es ajeno al proceso tributario. La firma pidió que la controversia no sea utilizada para afectar al mandatario y sostuvo que se trata de un asunto independiente de cualquier debate político.

Finalmente, la firma recordó que lleva más de 25 años de actividad y reiteró que respetará las decisiones de las autoridades competentes y cumplirá con aquello que corresponda de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano.

De acuerdo con la información expuesta en la audiencia, la propuesta fue avalada por el Comité de Conciliación de TransMilenio y consiste en la elaboración de 55 videos enfocados en fomentar la cultura ciudadana y el respeto por las normas dentro del sistema de transporte. Estos contenidos serían difundidos por la empresaria a través de sus canales digitales, aprovechando la alta visibilidad de sus redes sociales. El eje de esta alternativa es incentivar conductas que favorezcan la convivencia entre los usuarios, en un intento por reparar no solo el daño material sino también el impacto social generado.

La reparación económica estipulada por el acuerdo incluye un pago inicial de 10 millones de pesos. El monto restante, cercano a los 300 millones de pesos, se cubriría a través de la producción y entrega de los videos, cuyo cumplimiento será susceptible de medición y verificación por parte de la entidad. Esta estrategia introduce un componente novedoso en las fórmulas de cumplimiento, buscando integrar responsabilidad económica con acciones simbólicas y pedagógicas, como lo explicó el apoderado de la empresa durante la diligencia.

La condena impuesta a Barrera Rojas por la Corte Suprema de Justicia incluye cinco años y dos meses de prisión, por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas. El acuerdo de reparación presentado no modifica automáticamente su situación carcelaria, ya que su aprobación forma parte de la reparación civil, no de la pena privativa de libertad. De hecho, en enero de 2026, un juez de ejecución de penas negó una solicitud de reducción y extinción de la condena, por lo que Epa Colombia continúa recluida en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, adonde fue trasladada en agosto de ese mismo año.

¿Qué implica realmente el acuerdo de reparación entre Epa Colombia y TransMilenio?

El acuerdo de reparación aprobado supone una combinación de pago económico y realización de contenidos para promover la cultura ciudadana. Aunque implica una fórmula innovadora de resarcimiento, no representa una reducción automática de la condena privativa de libertad ni una liberación inmediata de Epa Colombia, pues se trata de una medida dentro de la reparación civil por los daños causados a TransMilenio.

¿Por qué Epa Colombia fue condenada y qué significa instigación a delinquir con fines terroristas?

La empresaria fue sentenciada por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas. El último delito se refiere a motivar o incitar a otras personas a cometer actos ilegales, en este caso vinculados a fines considerados terroristas, durante las protestas de 2019 que afectaron gravemente la operación y seguridad del sistema TransMilenio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Según se conoció, los presuntos delincuentes entraron a la tienda y, utilizando armas de fuego, intimidaron de manera directa a los clientes y empleados, obligándolos a permanecer en el suelo. Mientras las víctimas seguían las órdenes de los agresores, los asaltantes revisaron las instalaciones, apoderándose de dinero en efectivo y otras pertenencias personales de quienes estaban en el establecimiento. Tras completar el robo, los responsables huyeron del sitio a bordo de motocicletas, lo que dificultó su pronta identificación y captura.

Este tipo de hechos ha incrementado la inquietud entre los habitantes de las veredas de Flandes, especialmente por el modus operandi de los ladrones, quienes recurren al uso de armas de fuego para someter a la población civil. De acuerdo con el mismo medio, la comunidad expresó su preocupación no solo por este robo, sino también por la percepción de inseguridad que perdura en la zona rural.

Ante lo sucedido, algunos residentes plantearon la posibilidad de solicitar el cambio del comandante de la estación de Policía de Flandes, argumentando que las acciones emprendidas hasta el momento no han resultado efectivas para contrarrestar los hechos delictivos y restablecer la tranquilidad en el sector. La sensación de indefensión entre los pobladores crece cada vez que un episodio de este tipo ocurre sin que se presenten capturas ni el esclarecimiento oportuno de los casos.

Actualmente, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Policía Nacional están a cargo de la indagación, tratando de recolectar pruebas e información que permitan identificar a los involucrados y la ruta utilizada para huir. La participación de estas entidades demuestra el interés de las autoridades por esclarecer lo sucedido y brindar respuestas concretas a la comunidad afectada.

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¿Qué medidas está tomando la Policía Nacional frente al hurto en Flandes?

Las autoridades, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Policía Nacional, adelantan investigaciones para identificar a los responsables del hurto en la vereda Camalá. Estas acciones incluyen la recolección de pruebas y seguimiento de la ruta de escape, buscando esclarecer los hechos y responder a la creciente preocupación de la comunidad frente a la inseguridad.

¿Por qué la comunidad de Flandes propone el cambio de comandante de la estación de Policía?

Tras el reciente asalto, algunos habitantes de Flandes consideran que las acciones realizadas por el actual comandante de la estación de Policía no han sido eficaces en la lucha contra la delincuencia en la zona. Por esta razón, proponen considerar el reemplazo del comandante, en busca de estrategias que permitan mejorar la seguridad y recuperar la confianza en la fuerza pública local.

La transición hacia esta actualización tecnológica responde a la necesidad de hacer el proceso de reservas mucho más ágil, estable y sencillo para quienes frecuentan la Arena Polivalente. Esta área es reconocida porque allí se encuentran canchas de básquetbol y vóleibol, deportes que suelen atraer tanto a grupos de aficionados como a deportistas formales. De acuerdo con el comunicado oficial, el enlace que se usaba previamente para gestionar solicitudes ya no estará disponible, por lo que es fundamental que los interesados adopten la nueva dirección para realizar sus trámites de manera adecuada y sin contratiempos.

La recomendación explícita del CEFE Chapinero es que todas las personas tengan a mano la nueva dirección web y la compartan con sus conocidos que también disfruten de practicar deportes en ese espacio. Así, se garantiza que tanto usuarios habituales como nuevos visitantes puedan asegurarse un cupo para utilizar las instalaciones sin enfrentar barreras tecnológicas.

Además, es importante señalar que aunque la plataforma ha cambiado, el horario en el que se habilitan las reservas permanece igual. Cada lunes a las 10:00 a. m., se abre la posibilidad de separar horas para las diferentes actividades, manteniendo así la regularidad que muchos usuarios ya conocen. El CEFE Chapinero también continúa promoviendo otras iniciativas culturales y deportivas, como obras de teatro musical, ciclos artísticos y programas de formación, consolidándose como un espacio dinámico y diverso para toda la comunidad.

Este cambio busca facilitar el acceso al deporte y la recreación, simplificando los procesos y mejorando la experiencia de quienes hacen parte de la vida activa del CEFE Chapinero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puedo reservar la Arena Polivalente del CEFE Chapinero con el nuevo sistema?

Las personas interesadas en utilizar la Arena Polivalente del CEFE Chapinero deben hacerlo ahora a través de una nueva plataforma digital, según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Para reservar, es necesario ingresar a la dirección web proporcionada por la entidad y realizar el proceso allí, pues el anterior enlace ya no está disponible.

¿Qué actividades se pueden reservar en la Arena Polivalente del CEFE Chapinero?

En la Arena Polivalente, ubicada en el tercer piso del CEFE Chapinero, se pueden reservar espacios para la práctica de básquetbol y vóleibol. Estas actividades continúan disponibles para el público, con horarios de reserva que se abren todos los lunes a las 10:00 a. m., de acuerdo con lo anunciado oficialmente.

La decisión afecta la Resolución 218 del 17 de junio de 2024, expedida por el Ministerio de las Culturas, con la que se reconoció el sombrero del excomandante del M-19 como patrimonio cultural y se ordenó su inscripción en el Registro Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación.

El proceso llegó al Consejo de Estado luego de una demanda que cuestionó la facultad del Ministerio para expedir esa resolución. Los demandantes también señalaron que el acto administrativo se habría apoyado en una norma que no estaba vigente y que no habría cumplido con determinados requisitos de publicación.

Uno de los puntos centrales que encontró la corporación está relacionado con la diferencia jurídica entre reconocer y declarar un bien como patrimonio cultural. El Consejo de Estado recordó que la legislación establece que el Ministerio puede declarar bienes de interés cultural del ámbito nacional, pero mediante el procedimiento correspondiente.

Ese procedimiento incluye un concepto favorable previo del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. En el caso del sombrero de Pizarro, el Ministerio utilizó la figura del reconocimiento y posteriormente ordenó que el objeto quedara sometido a las medidas de protección previstas para bienes de interés cultural.

El Consejo de Estado cuestionó que esa determinación se hubiera tomado sin consultar previamente al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y sin establecer si correspondía adoptar un Plan Especial de Manejo y Protección. La corporación señaló: “Dicha habilitación no se deriva de los fundamentos normativos invocados en el acto”.

Otro aspecto analizado fue la inscripción del sombrero en el Registro Nacional de Patrimonio Cultural. Para el Consejo de Estado, ese trámite está relacionado legalmente con la declaratoria de un bien de interés cultural y no con el mecanismo utilizado por el Ministerio.

Finalmente, la suspensión es una medida cautelar y no una decisión definitiva sobre la legalidad de la Resolución 218. El propio Consejo de Estado explica que sus decisiones cautelares pueden operar mientras se resuelve de fondo el acto demandado.

(Le puede interesar: Reacción del abogado de Monsalve, testigo del caso Uribe, por orden de traslado de De la Espriella)

Entre los elementos que tenía Monsalve estaban una nevera, un horno microondas y una licuadora, objetos que habían sido autorizados por la Corte Suprema de Justicia dentro de las condiciones especiales de su reclusión. Sin embargo, los registros también encontraron una lavadora, un módem wifi, un segundo refrigerador, una estufa a gas, cargadores para celulares, un televisor y una ‘air fryer’.

El informe señala que esos elementos excedían lo permitido y hace un recuento de diferentes situaciones ocurridas durante los últimos cuatro años. Según la revista, Monsalve también habría ingresado y ocultado licor, dinero en efectivo y elementos de comunicación, además de organizar celebraciones o reuniones que no estaban autorizadas.

La situación llegó a tal punto que, de acuerdo con el documento citado por el medio de comunicación, el interno se habría opuesto a algunos registros adelantados por funcionarios del Inpec. Una de las situaciones mencionadas ocurrió durante una requisa en 2025, cuando habría impedido los controles de los guardianes.

(Lea también: Juan Guillermo Monsalve, testigo en el caso Uribe, trasladado a clínica de Bogotá por posible afección cardiovascular)

Semana también reveló anteriormente imágenes de los espacios que ocupaba Monsalve, en las que aparecían licores, equipos de comunicación y electrodomésticos. Esos registros habían sido puestos en conocimiento de la Corte Suprema, junto con las actas elaboradas por el Inpec sobre las presuntas infracciones.

El informe más reciente describe estas conductas como una “conducta desviada” y advierte sobre una supuesta tendencia al consumo de licor y a evadir los controles penitenciarios. El documento también plantea establecer cómo ingresaron los objetos prohibidos y si en ello participaron terceras personas o funcionarios del penal.

La condición especial de Monsalve se originó en una orden de la Corte Suprema del 2 de abril de 2018, que buscaba proteger su vida por su condición de testigo. Sin embargo, el Inpec sostuvo que las condiciones de seguridad que justificaban esa reclusión especial habían perdido sustento debido a las reiteradas infracciones y pidió en varias ocasiones modificar o suspender ese tratamiento.

El caso terminó con la orden de traslado de Monsalve a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, anunciada este miércoles por el presidente Abelardo De La Espriella. El mandatario justificó la decisión por los presuntos incumplimientos del régimen carcelario.

Monsalve cumple una condena de varias décadas de prisión y lleva cerca de 18 años privado de la libertad. Su permanencia durante más de ocho años bajo un régimen especial había estado relacionada con las medidas adoptadas para protegerlo por su papel como testigo en procesos judiciales.

Según el testimonio de L.G., la relación marital de su madre con J.A.C. —identificado solo por sus iniciales— estuvo marcada por el control, el aislamiento y la presión. La pareja compartía cerca de 23 años de convivencia, tiempo durante el cual la mujer se habría distanciado de sus seres queridos por las presiones ejercidas por su esposo. De acuerdo con la denuncia, la mujer enfrentó restricciones hasta para salir de la casa o comunicarse con familiares. El relato indica que, hace aproximadamente un año, la hija intentó llevarse a su madre a Medellín para apartarla de esa situación, pero ella regresó a Ibagué tras recibir presiones de miembros de su comunidad religiosa. “Ella volvió porque la gente de la iglesia le decía que tenía que volver con él, que era su esposo”, contó L.G.

La situación, lejos de mejorar, continuó deteriorándose y, según la hija, en los últimos meses volvió a registrarse un episodio violento. Esto llevó a que una familiar del presunto agresor ayudara a sacar a la mujer de la casa, acción que incluso terminó en una agresión hacia ella. Tras este hecho, la mujer se mantuvo alejada de su esposo, aunque la familia denuncia que él siguió intentando localizarla.

Uno de los hechos más graves reseñados en la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación ocurrió el 5 de agosto de 2026, en una finca de la vereda Catay. Según el documento, J.A.C. habría agredido físicamente a la mujer, arrojándola al suelo, sujetándola por el cuello y empujándola contra una pared, lo cual le provocó un golpe en la cabeza. El texto resalta que la mujer, con antecedentes médicos delicados como el uso de marcapasos y la evaluación por una posible embolia pulmonar, enfrentó dificultades para acceder a atención médica tras el episodio.

Además, la denuncia incluye acusaciones por maltrato psicológico, insultos, humillaciones, vigilancia y control permanente. Incluso existe otro proceso en el que J.A.C. fue denunciado por presunto acceso carnal violento contra una menor de edad de la familia, caso por el que estuvo privado de la libertad aproximadamente un año, pero recuperó la libertad por vencimiento de términos. La familia ha expresado su preocupación frente a la lentitud en los avances de este proceso penal, y L.G. interpuso otra denuncia por presunto acoso sexual en su contra.

La percepción de peligro llevó a la Comisaría Segunda de Familia de Ibagué a imponer una medida de protección el 2 de septiembre, que restringe a J.A.C. de cualquier tipo de contacto o acercamiento. Esta medida fue comunicada a la Policía Metropolitana de Ibagué. Sin embargo, la familia insiste en que las acciones de protección deben ir acompañadas de respuestas efectivas y decisiones judiciales prontas.

Por ahora, la mujer continúa bajo atención médica, mientras sus familiares esperan que se defina la responsabilidad sobre los hechos y se fortalezca la protección para evitar nuevos episodios de violencia.

¿Cuáles son las medidas de protección emitidas por la Comisaría de Familia de Ibagué en casos de violencia intrafamiliar?

La Comisaría Segunda de Familia de Ibagué emitió una medida de protección que obliga al presunto agresor a abstenerse de ejercer violencia física, psicológica, verbal, sexual o económica y prohíbe cualquier tipo de acercamiento, persecución, vigilancia, acoso o ingreso a los lugares donde se encuentre la víctima. Además, la medida fue informada a la Policía Metropolitana para su vigilancia y apoyo en la protección de la afectada, tal como consta en la denuncia.

¿Qué significa 'vencimiento de términos' en el proceso penal denunciado por la familia?

‘Vencimiento de términos’ se refiere a una situación durante un proceso penal en la que, si las autoridades no adelantan la investigación o juicio dentro del tiempo establecido por la ley, el procesado puede recuperar la libertad de manera provisional. De acuerdo con el relato de la familia, J.A.C. recuperó su libertad por este motivo, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La convocatoria también incluye más de 12 restaurantes de diversos sectores, los puntos comerciales San Andresito de la 38 y Cuatro Vientos, y las plazas tradicionales de Paloquemao y Corabastos. Esta amplia participación permite que el evento llegue a diferentes localidades y contextos sociales, abriendo espacios no solo para la degustación, sino para el fortalecimiento del comercio local.

En palabras de Catalina Arciniegas, directora del Instituto para la Economía Social (IPES), “En 2026 todo sube, menos la fritanga. Por eso mantenemos el precio de $25.000 por una porción de 750 gramos: queremos que las familias bogotanas y quienes visitan la ciudad puedan seguir disfrutando este plato emblemático de nuestra gastronomía. El Fritanga Fest es sabor, tradición y una oportunidad para apoyar a nuestros comerciantes, cocineros y plazas de mercado. Sin duda, es un festival que nos permite la reactivación económica de Bogotá de la que todos podemos hacer parte".

De acuerdo con la información del Instituto para la Economía Social, el evento cuenta con el apoyo del Instituto Distrital de Turismo (IDT), la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). Tras haberse institucionalizado por el Concejo de Bogotá, el festival arriba a su séptima edición buscando fortalecer la economía de las plazas de mercado y restaurantes y posicionar la fritanga dentro del panorama gastronómico de la ciudad.

Como novedad, en esta versión también se llevará a cabo un concurso dirigido a los amantes de la fritanga, quienes podrán ganar bonos de mercado para usar en las Plazas Distritales. Así, el Fritanga Fest no solo celebra la identidad culinaria bogotana, sino que actúa como motor de inclusión y dinamismo económico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué incluye la porción de fritanga del Fritanga Fest 2026 en Bogotá?

La información proporcionada señala que la porción cuesta $25.000 y tiene un peso de 750 gramos, aunque no se detalla el contenido exacto de la fritanga ofrecida en el evento. Tradicionalmente, la fritanga es un plato compuesto por diferentes carnes fritas y acompañamientos, siendo un referente de la gastronomía popular en Bogotá.

¿Cuáles son las Plazas Distritales de Mercado participantes en el Fritanga Fest Bogotá 2026?

De acuerdo con el portal institucional, las Plazas Distritales de Mercado que serán escenario del Fritanga Fest en 2026 incluyen 12 de Octubre, 20 de Julio, 7 de Agosto, Fontibón, Kennedy, La Concordia, La Perseverancia, Las Cruces, Las Ferias, Quirigua, Restrepo, Samper Mendoza y Trinidad Galán. Estas sedes integran a los comerciantes y fortalecen el sentido de comunidad y tradición gastronómica de la capital.

De acuerdo con el relato del analista, los residentes del sector se enteraron del arribo del exmandatario cuando el trasteo ya estaba en marcha y sin previo aviso. “Fueron metiendo cositas, cajitas y vainas a la casa, cuando se dieron cuenta ya era un hecho”, señaló Zuleta al describir la forma sigilosa en la que se ejecutó la instalación en una zona donde los inmuebles alcanzan avalúos de entre 2.600 y 6.000 millones de pesos, con cánones de arrendamiento habituales que oscilan entre los 12 y 15 millones de pesos.

El meollo del asunto, que ya genera suspicacias jurídicas y financieras, radica en la figura contractual bajo la cual el exjefe de Estado ocupará el lujoso predio. Según la información expuesta en el espacio radial, tras indagar sobre el acuerdo inmobiliario, se conoció que la propietaria del inmueble es Diana Marcela Morales, quien se desempeñó como exministra de Comercio durante la administración de Petro.

Sin embargo, lo que ha llamado poderosamente la atención de los veedores y de los propios vecinos es que la dueña ha catalogado la transacción no como un contrato de arrendamiento tradicional, sino como un “préstamo a título de hospedaje” en el cual el exmandatario solo estará residiendo de manera temporal. Esta explicación abrió un abanico de dudas financieras: por un lado, se cuestiona cómo se maneja una propiedad que cuenta con una hipoteca activa ante el BBVA y cuyas obligaciones de deuda deben responderse; por el otro, surgen cuestionamientos sobre si la exfuncionaria cuenta con la trazabilidad y los respaldos documentales necesarios para justificar el origen de los recursos ante una eventual fiscalización.

Más allá de los pormenores contractuales, el malestar en Bosques de Lencenillo tiene un componente directo de convivencia y seguridad. Los vecinos han manifestado su profunda preocupación al recordar que el propio Petro ha advertido en múltiples oportunidades sobre supuestos planes para atentar contra su vida. Ante este panorama de riesgo latente, las familias residentes en el conjunto temen por la tranquilidad de sus hijos y el impacto que los robustos esquemas de seguridad y los dispositivos de vigilancia especial puedan generar en la dinámica cotidiana del vecindario, sumando un nuevo capítulo de polémica a la agitada agenda política nacional.

De acuerdo con el relato del analista, los residentes del sector se enteraron del arribo del exmandatario cuando el trasteo ya estaba en marcha y sin previo aviso. “Fueron metiendo cositas, cajitas y vainas a la casa, cuando se dieron cuenta ya era un hecho”, señaló Zuleta al describir la forma sigilosa en la que se ejecutó la instalación en una zona donde los inmuebles alcanzan avalúos de entre 2.600 y 6.000 millones de pesos, con cánones de arrendamiento habituales que oscilan entre los 12 y 15 millones de pesos.

El meollo del asunto, que ya genera suspicacias jurídicas y financieras, radica en la figura contractual bajo la cual el exjefe de Estado ocupará el lujoso predio. Según la información expuesta en el espacio radial, tras indagar sobre el acuerdo inmobiliario, se conoció que la propietaria del inmueble es Diana Marcela Morales, quien se desempeñó como exministra de Comercio durante la administración de Petro.

Sin embargo, lo que ha llamado poderosamente la atención de los veedores y de los propios vecinos es que la dueña ha catalogado la transacción no como un contrato de arrendamiento tradicional, sino como un “préstamo a título de hospedaje” en el cual el exmandatario solo estará residiendo de manera temporal. Esta explicación abrió un abanico de dudas financieras: por un lado, se cuestiona cómo se maneja una propiedad que cuenta con una hipoteca activa ante el BBVA y cuyas obligaciones de deuda deben responderse; por el otro, surgen cuestionamientos sobre si la exfuncionaria cuenta con la trazabilidad y los respaldos documentales necesarios para justificar el origen de los recursos ante una eventual fiscalización.

Más allá de los pormenores contractuales, el malestar en Bosques de Lencenillo tiene un componente directo de convivencia y seguridad. Los vecinos han manifestado su profunda preocupación al recordar que el propio Petro ha advertido en múltiples oportunidades sobre supuestos planes para atentar contra su vida. Ante este panorama de riesgo latente, las familias residentes en el conjunto temen por la tranquilidad de sus hijos y el impacto que los robustos esquemas de seguridad y los dispositivos de vigilancia especial puedan generar en la dinámica cotidiana del vecindario, sumando un nuevo capítulo de polémica a la agitada agenda política nacional.

De acuerdo con lo explicado por Transmilenio durante la diligencia, la idea surgió después de analizar el componente económico relacionado con el caso. La entidad señaló que el comité de conciliación y la administración distrital revisaron la posibilidad de que parte de ese valor se traduzca en contenidos que puedan ser utilizados en campañas de cultura ciudadana.

Transmilenio propone que ‘Epa Colombia’ haga videos pedagógicos para saldar deuda 

La propuesta busca que ‘Epa Colombia’ aporte contenidos enfocados en promover mejores comportamientos dentro del sistema de transporte público. Según la explicación entregada durante la audiencia, se trataría de una alternativa que permitiría aprovechar su capacidad de comunicación en redes sociales para abordar situaciones relacionadas con convivencia y prevención de actuaciones delictivas.

TransMilenio propone que Epa Colombia haga 55 videos para promover la cultura ciudadana en el sistema masivo de transporte. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/IyfAGLWRGg

— Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2026

Transmilenio también explicó que el valor de esos contenidos fue calculado tomando como referencia el precio que tenía el trabajo publicitario de Barrera antes de su privación de la libertad. La entidad sostuvo que esa metodología permitió establecer un valor económico verificable para los servicios que serían prestados.

El planteamiento incluye además un componente económico directo de 100 millones de pesos, mientras que otra parte del valor sería cubierta mediante los contenidos acordados. Desde Transmilenio señalaron que el objetivo es que el patrimonio público quede respaldado y que cada componente del acuerdo pueda ser cuantificado y comprobado.

Durante la audiencia, la entidad también recordó que Transmilenio suele contratar a creadores de contenido e influencers para desarrollar campañas dirigidas a los usuarios. En ese sentido, explicó que la propuesta relacionada con ‘Epa Colombia’ seguiría una lógica similar, aunque bajo las condiciones particulares del acuerdo que está siendo analizado.

La propuesta aparece mientras ‘Epa Colombia’ continúa recluida en Picaleña y después de que se conocieran nuevas imágenes de la empresaria. El planteamiento de Transmilenio deberá avanzar dentro de los trámites correspondientes antes de que pueda establecerse cómo se concretaría.

Con la información que circuló en plataformas digitales, la Fiscalía General de la Nación inició indagaciones que permitieron identificar no solo a la mujer que aparecía en las grabaciones, sino también la ubicación exacta donde residía. Así, los investigadores se desplazaron hasta la vivienda señalada y procedieron con la captura de la mujer, quien ahora afronta cargos por delitos sexuales cometidos presuntamente contra su hija de nueve años. Según lo establecido durante las diligencias judiciales, dos hijos mayores de la detenida reconocieron a la menor víctima en los videos y ofrecieron declaraciones sobre supuestos episodios previos de maltrato al interior del núcleo familiar.

En el desarrollo de la audiencia, la fiscal del caso detalló los elementos probatorios recopilados y anunció la formulación de cargos por acceso carnal violento a menor de 14 años. Paralelamente, la Fiscalía mantiene una línea de investigación activa para esclarecer si el material hallado en el celular pudo haber sido distribuido o comercializado. De acuerdo con la mayor Silvia Rodríguez, jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cali, la menor fue rescatada y ahora permanece bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El proceso penal podría extenderse, dependiendo del resultado de las diligencias en curso, ya que en Colombia los delitos relacionados con la explotación sexual de menores contemplan penas que pueden oscilar entre 10 y 25 años de prisión, según las disposiciones del Código Penal y la gravedad de la conducta comprobada en cada caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las penas para los delitos de explotación sexual infantil en Colombia?

En Colombia, la legislación establece diferentes penas según la gravedad del delito relacionado con explotación sexual de menores. El proxenetismo con menores de 18 años y la demanda de explotación sexual pueden producir condenas de 14 a 25 años de prisión. En el caso de pornografía infantil, las penas pueden ir de 10 a 20 años, mientras que el uso de medios de comunicación para promover actividades sexuales con menores implica penas de entre 10 y 14 años, según se estableció en el Código Penal citado en la información reportada.

¿Qué significa "acceso carnal violento" en el contexto legal colombiano?

"Acceso carnal violento" hace referencia, en el contexto legal colombiano, al acto de tener relaciones sexuales con una persona menor de 14 años utilizando fuerza, intimidación o cualquier medio que atente contra la libertad o integridad de la víctima. Según lo mencionado por la Fiscalía en este caso, este delito implica una afectación grave de los derechos y es considerado una conducta especialmente reprochable por la ley.

Un caso que, sin decirlo específicamente, salió a flote fue el de Juan Daniel Oviedo, excandidato a la vicepresidencia de Colombia que lanzó un sorpresivo aviso sobre su nueva etapa luego de las elecciones pasadas.

“Querida red, oficialmente estoy ‘open to work’ (listo pa’ camellar). Muy agradecido con mi equipo y con todos los que confiaron en nosotros”, escribió desde su cuenta personal de LinkedIn.

El también precandidato presidencial no solo dejó en duda su eventual participación en una próxima lucha por la Alcaldía de Bogotá, sino que se sinceró acerca de su situación económica.

“Siempre será para mi un orgullo intentar poner mi conocimiento al servicio del país. Seguiré escuchando, estudiando y preparándome para encontrar nuevas formas de aportar. Y, de paso, camellando duro para pagar las cuotas de los créditos que me dejó la campaña”, afirmó.

Oviedo fue uno de los que sonó entre posibles candidatos para la Alcaldía de Bogotá en 2027 pero, luego de exponer las deudas que debe cancelar, explicó las capacidades que tiene para desempeñarse en un eventual empleo en Colombia.

“¿En qué puedo aportar ahora? Quiero poner mi conocimiento y experiencia al servicio de más personas y organizaciones, compartiendo mis reflexiones como conferencista en los temas que más experiencia tengo: la actualidad y el futuro de Colombia; el uso de los datos para tomar mejores decisiones; el futuro del sector minero-energético en la región; mi historia de vida y lo que he aprendido en el camino”, indicó.

Oviedo tuvo 616.902 sufragios en su pasada candidatura por la Alcaldía de Bogotá, un 21,22 % del total de electores en esa jornada. Si bien eso le sirvió para ubicarse en el Concejo de Bogotá por la figura del Estatuto de Oposición, por ahora toma un aire de la política con este aviso.

“Si está organizando una conferencia, un evento o un espacio en el que alguno de estos temas pueda aportar valor, escríbame un DM”, sentenció en su sorpresivo mensaje del miércoles 30 de septiembre.

Cabe remarcar que el exdirector del Dane no descartó su futuro en la participación electoral, pero sí es claro que expuso su necesidad para resolver los temas económicos luego de la pasada campaña presidencial.

Por ahora, lo contundente, es que este recordado precandidato empezó la búsqueda para desempeñarse en un nuevo empleo en Colombia, con un capítulo distinto en su vida.

¿Quién es Juan Daniel Oviedo?

Juan Daniel Oviedo Arango es un reconocido economista, docente universitario y político colombiano nacidó en la ciudad de Bogotá.

El profesional realizó sus estudios de pregrado en la Universidad del Rosario y completó doctorado en Economía en la Universidad de Toulouse.

Consolidó una destacada trayectoria académica ejerciendo cargos docentes y de dirección investigativa en importantes instituciones universitarias dentro del territorio nacional.

Su reconocimiento público nacional aumentó significativamente durante su gestión como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística entre 2018 y 2022.

Durante ese período lideró la realización del Censo Nacional de Población, caracterizándose por una rigurosa comunicación técnica orientada a la ciudadanía.

Posteriormente, ingresó a la arena política electoral mediante la recolección de firmas para aspirar a la Alcaldía Mayor de Bogotá en 2023.

En dicho certamen democrático alcanzó la segunda votación más alta, obteniendo derecho a ocupar una curul en el Concejo de Bogotá.

Desde el cabildo distrital ejerció labores de control político enfocado en temas de finanzas públicas, movilidad y desarrollo social para la capital.

Su perfil técnico y su liderazgo independiente lo posicionan como uno de los analistas más influyentes en los debates económicos del país.

Durante la audiencia, la empresaria se vio atenta a la intervención de las partes. Cabe mencionar que desde hace meses su imagen era reservada y se conocía de su estado de salud y el avance de su proceso a través de su representante legal. Es por esto que la reaparición de Barrera causó sorpresa. 

La aparición de ‘Epa Colombia’ ocurre mientras avanza el proceso relacionado con la forma en que podría cumplirse parte de la obligación económica derivada del caso. En ese contexto, Transmilenio planteó una alternativa que involucra directamente a la creadora de contenido y su trabajo en redes sociales.

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, reapareció este miércoles tras ser trasladada a la cárcel de máxima seguridad de Picaleña, en Ibagué. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/8yVDHg7Ed8

— Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2026

La propuesta contempla que ‘Epa Colombia’ haga alrededor de 55 videos relacionados con cultura ciudadana en el sistema de transporte público de Bogotá. La idea fue expuesta durante la audiencia y busca transformar parte del componente económico en una serie de contenidos que puedan tener utilidad para el sistema.

Desde Transmilenio explicaron que la propuesta fue revisada por el comité de conciliación y por la administración distrital. Según lo expuesto en la audiencia, se tomó como referencia el valor que tenía un video de la influencer antes de que fuera privada de la libertad para establecer una equivalencia económica.

La entidad explicó que el acuerdo también contempla un componente económico de 100 millones de pesos, mientras que el monto restante, cercano a los 300 millones de pesos, se traduciría en los contenidos audiovisuales. De esta manera, Transmilenio sostiene que el valor de los videos puede ser cuantificado y comprobado.

La propuesta también apunta a que los contenidos tengan un mensaje relacionado con la prevención de actuaciones delictivas y el comportamiento de los usuarios dentro del sistema. La entidad señaló que normalmente contrata influencers para campañas de cultura ciudadana, por lo que, en este caso, se plantea monetizar el trabajo de Epa Colombia bajo ese mismo concepto.

Por el momento, la administración departamental revisa los procedimientos jurídicos aplicables en caso de que sea necesario hacer un relevo en la Alcaldía de Ataco. Un aspecto clave a resolver es el partido que avaló originalmente a Muñoz Briñez, dado que esa colectividad ya no existe. "Estamos revisando jurídicamente ese tema", aseguró Matiz, mostrando cautela sobre los mecanismos que podrían entrar en juego si el relevo se vuelve indispensable.

Tampoco se ha establecido si un miembro del gabinete de la Gobernación podría asumir la Alcaldía o si se optaría por otra figura, ya que la decisión final depende del desenlace de la audiencia judicial. El escenario, entonces, sigue en completo suspenso hasta conocer el resultado que defina el juez sobre el caso del actual mandatario municipal.

La captura de Héctor Fabio Muñoz Briñez, junto con el exalcalde Miller Aldana Castro y una contratista, se realizó en el marco de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con información del ente acusador, los tres están señalados de posibles actos irregulares en la celebración de contratos financiados mediante recursos de regalías. Específicamente, la investigación se centra en un contrato de obra y dos contratos de interventoría que tenían como propósito la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales del municipio de Ataco.

Por ahora, el destino de la Alcaldía está en manos de la justicia y de las decisiones administrativas que procedan tras conocerse la situación definitiva del alcalde capturado.

¿Por qué fue capturado el alcalde de Ataco Héctor Fabio Muñoz Briñez?

El alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz Briñez, fue capturado en medio de una investigación de la Fiscalía General de la Nación. Según esa entidad, presuntamente participó en irregularidades relacionadas con contratos para la construcción de baterías sanitarias en zonas rurales, utilizando recursos de regalías. Junto a él también fueron detenidos el exalcalde Miller Aldana Castro y una contratista vinculada al proceso.

¿Qué pasará con la Alcaldía de Ataco tras la captura del alcalde?

Según confirmó la gobernadora Adriana Magali Matiz, aún no se ha tomado una decisión sobre quién asumirá temporalmente la Alcaldía de Ataco. La administración revisa mecanismos jurídicos y evalúa alternativas, pero esperará primero a que se defina la situación legal de Muñoz Briñez en la audiencia correspondiente, antes de nombrar un encargado.

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“En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve, que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario. Por eso he ordenado su traslado a la cárcel de Cómbita. No voy a permitir que las cárceles de Colombia se conviertan en centros de operaciones criminales desde donde los criminales siguen haciendo de las suyas. ¡Quien esté preso cumplirá su condena, sin privilegios y sin la posibilidad de seguir delinquiendo!”, escribió el jefe de Estado al publicar un video en el que se ve cómo se dio el proceso de traslado.

(Lea también: En juicio a Uribe, investigadora mostró videos de las visitas que hizo Diego Cadena a Monsalve)

¿Qué declaró Monsalve contra Uribe?

Aunque el exparamilitar negó haber conocido al expresidente como lo hizo con su hermano, Santiago Uribe, mencionó que lo vio dos veces en una campaña. Sin embargo, afirmó que el exmandatario llegó para lo de la Cooperativa León XIII a San José de Luz en dos ocasiones. “Estábamos porque él iba a estar ahí”, detalló.

No obstante, habló de la reunión que sostuvo con Diego Cadena, para ese entonces abogado de Álvaro Uribe y que la grabó con un reloj que le dio su entonces pareja Deyanira Gómez porque “era la palabra de un abogado de esos contra la de uno”.

Cadena, según Juan Guillermo Monsalve, le pidió que “la retractación, el escrito o que le firmara algo. Al final decía ‘redactemos el documento’ y me decía que la mía era la más importante porque tenía dos o tres afuera en el carro”.

Sin embargo, según el exparamilitar, “no era mi interés retractarme. “Si yo hubiera querido retractarme, hace tiempo me hubiera retractado con Juan Villegas, lo hubiera llamado”, agregó.

(Lea también: Juan Guillermo Monsalve, testigo en el caso Uribe, trasladado a clínica de Bogotá por posible afección cardiovascular)

Al ser preguntado por la fiscal sobre lo que le pedían retractarse dijo: “De lo que había hablado en la entrevista con Iván Cepeda”, quien se ha declarado víctima en el caso. El trasladado ha declarado que el exmandatario estuvo involucrado en la creación de un grupo paramilitar en una zona rural del centro del país.

Pese a los testimonios, grabaciones y pruebas, el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, declaró inocente a Uribe por soborno en la actuación penal en el episodio de Juan Guillermo Monsalve, por el cual lo habían condenado en primera instancia a 12 años de cárcel domiciliaria.

¿Qué dijo el abogado de Monsalve sobre el traslado de prisión?

Según el jurista Miguel Ángel del Río: “La Corte Suprema de Justicia prohibió de manera tácita el traslado de Juan Guillermo Monsalve a cualquier centro carcelario diferente de la Picota”, citando un extracto del fallo: “No se autoriza al Inpec el traslado solicitado del interno Juan Guillermo Monsalve y en cambio se reiteran las medidas especiales de seguridad, siendo de carga del establecimiento carcelario mantenerlas y extremarlas, para garantizar una efectiva e idónea seguridad y protección del interno Monsalve Pineda”.

(Vea también: ¿Quiéren desbancar a Álvaro Uribe? Así sería el plan de congresistas cercanos a De la Espriella)

El mandatario señaló que el procedimiento se produjo después de una investigación que, de acuerdo con su versión, fue articulada entre la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).

“En menos de 24 horas, una investigación articulada con la Policía Nacional y la Dipol permitió capturar al ciudadano ruso Sergei Vagin”, aseguró De la Espriella en una publicación en sus redes sociales.

El presidente agregó que Vagin fue relacionado en informes de inteligencia con presuntas actividades de espionaje, financiación de actos vandálicos durante el paro nacional de 2021 y contactos con el Eln.

En menos de 24 horas, una investigación articulada con la Policía Nacional y la DIPOL permitió capturar al ciudadano ruso Sergei Vagin. Se le aplicará la medida administrativa de expulsión del país por atentar contra la seguridad nacional.

Vagin fue relacionado en informes de… pic.twitter.com/U9k0RXbYMz

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 30, 2026

El proceso judicial que enfrenta Sergei Vagin

De acuerdo con la información entregada por De la Espriella, el ciudadano ruso también enfrenta un proceso por los delitos de concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a sistemas informáticos.

El caso está relacionado con un supuesto fraude a plataformas de apuestas que, según el presidente, habría movilizado alrededor de 1.600 millones de pesos.

El anuncio del presidente vuelve a poner el nombre de Vagin en el centro de la discusión pública, particularmente por las acusaciones que lo vinculan con asuntos de seguridad nacional.

“La soberanía de Colombia se respeta”: mensaje de De la Espriella

El presidente utilizó el anuncio para enviar un mensaje político sobre la presencia de ciudadanos extranjeros que, según su Gobierno, puedan representar una amenaza para la seguridad nacional.

“¡La soberanía de Colombia se respeta!”, escribió De la Espriella.

El mandatario sostuvo además que Colombia no puede convertirse en escenario de “injerencias extranjeras” ni de actividades que representen riesgos para la seguridad del país.

La expulsión anunciada para Vagin se enmarca, según la explicación del presidente, en las medidas administrativas que puede adoptar el Estado frente a ciudadanos extranjeros considerados una amenaza.

(Le puede interesar: “El parche está caliente”: nuevo video de Jhon ‘Calzones’ escondido fuera de Yopal y dijo qué hacía)

Jhon Jairo se encontraba en su finca en la ciudad de Yopal cuando fue interceptado por dos sicarios y recibió 4 impactos de bala por arma de fuego.  Posteriormente, las autoridades intervinieron en el lugar y capturaron a un menor de 17 años.  Desde la captura han avanzado en las investigaciones.

“Desde ahí hemos venido profundizando sobre la investigación. Tenemos el móvil del arma y la motocicleta donde se transportaban los delincuentes. Estamos trabajando junto Fuerza Área, Ejército y policía junto ayuda de drones para encontrar al otro delincuente porque es en zona boscosa donde se encuentra”.

¿Quién ordenó el atentado?

El secretario confirmó que las personas que cometieron el delito no son de la región y que esperan tener buenas noticias la próxima semana.

“Quienes cometieron el delito no son de la región. Tenemos un porcentaje muy alto de la investigación y la próxima semana tendremos noticias favorables. Vamos en búsqueda de los autores intelectuales para así establecer de dónde vino la orden para asesinar al exalcalde”. 

(Lea también: “Dejemos esos señores quietos”: revelan video de Jhon ‘Calzones’ diciendo quién lo iba a matar)

Hipótesis del atentado

Ramos comentó que se han generado varias hipótesis al respecto, pero que no se pueden confirmar. Además, en medio de esta tragedia hay un parte de tranquilidad porque la investigación está avanzada. Durante la entrevista, el secretario recordó que Jhon Jairo fue una persona conocida a nivel nacional porque era polémico en sus declaraciones y tuvo problemas judiciales. Además, reitero que tienen pruebas para determinar si tenían problemas personales.

 “Tenemos muchas pruebas, las cuales ya se han generado por parte de la Fiscalía y Policía para así determinar si tenía problemas personales. Para saber si tenía amenazas, ya hemos hablamos con la Unidad Nacional de Protección para que nos entreguen un informe de si había recibido amenazas”.

Durante su visita, De la Espriella no solo atenderá reuniones con autoridades departamentales y locales, sino que también tiene programado un recorrido por el Conservatorio del Tolima. Allí se prevé la participación activa de artistas locales, sumando un componente cultural al evento. De acuerdo con lo expresado por Adriana Magali Matiz, uno de los temas esenciales que está sobre la mesa es la iniciativa para que el conservatorio evolucione hacia lo que se denomina la Universidad de la Música, un proyecto que la administración departamental busca incluir dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo.

Este tipo de encuentros entre el presidente electo y las autoridades territoriales no es algo nuevo en la agenda de De la Espriella. En julio, él ya había estado en Ibagué adelantando reuniones con la Gobernación, la Alcaldía y varios alcaldes del Tolima para hacer seguimiento a proyectos relacionados con infraestructura, conectividad vial, seguridad y el fortalecimiento de sectores productivos. Según información suministrada en el anuncio, la visita de octubre permitirá dar continuidad a estos diálogos y avanzar en la integración regional de las propuestas que formarán parte del Plan Nacional de Desarrollo, priorizando la coordinación institucional y la articulación de proyectos locales.

En definitiva, la presencia del presidente electo en Ibagué refuerza su estrategia de acercamiento con las regiones y de construcción participativa de las políticas públicas. Además, la inclusión de temas culturales como la transformación del Conservatorio del Tolima muestra una visión más amplia del desarrollo, en la que convergen distintas dimensiones sociales y económicas del territorio.

¿Por qué es importante la visita de Abelardo de la Espriella a Ibagué para el Plan Nacional de Desarrollo?

La visita del presidente electo Abelardo de la Espriella a Ibagué es significativa porque permite la articulación y priorización de proyectos regionales dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo. El encuentro también facilita la presentación de nuevas iniciativas, como la conversión del Conservatorio del Tolima en la Universidad de la Música, y favorece la integración de diversas voces territoriales en la agenda nacional, según lo anunciado por la gobernadora Adriana Magali Matiz.

¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo y cómo podría impactar a Tolima?

El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta que define las principales inversiones y lineamientos del gobierno para los próximos años. Su impacto en Tolima dependerá de los proyectos y propuestas que logren ser incluidos, tales como los relacionados con infraestructura, seguridad y cultura, que fueron mencionados en la agenda y reuniones previas sostenidas por Abelardo de la Espriella en la región.

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Actualmente, entidades estatales como la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para las Víctimas y los programas de protección estipulados en el Decreto 660 de 2018, junto con las gobernaciones y alcaldías, disponen únicamente de información fragmentada sobre las guardias. Esta se recopila de manera puntual y caso por caso para atender solicitudes y situaciones específicas, lo que dificulta un abordaje integral y articulado de sus dinámicas y necesidades.

De acuerdo con el borrador del decreto, el sistema sería estrictamente informativo y estaría bajo la responsabilidad de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM) del Ministerio del Interior. No se trataría de un registro constitutivo ni declarativo, lo que implica que el simple reporte en la base de datos no equivale a un proceso formal de reconocimiento, autorización o certificación de la guardia. Así, la función de este sistema será "exclusivamente informativa" y no modificará la jurisdicción especial indígena ni las competencias propias de sus autoridades, según se precisa en el documento citado por El Espectador.

Solamente la autoridad indígena correspondiente —cabildo, consejo indígena, autoridad tradicional u otra instancia de gobierno inscrita ante la DAIRM— podrá reportar la existencia de la guardia. El reporte debe contener información detallada como la manifestación de reconocimiento avalada por actas, el pueblo indígena al que pertenece, la comunidad donde actúa, la denominación propia, autoridad orientadora, ámbito territorial, número aproximado de integrantes, fecha de reconocimiento y datos de un enlace designado.

Una vez entregados estos datos, la DAIRM cuenta con quince días hábiles para su incorporación y expedición de una constancia sobre la información registrada. Sin embargo, ningún ente podrá exigir dicha constancia o el reporte al sistema como requisito para el reconocimiento, protección o fortalecimiento de una guardia indígena. Además, el sistema no almacenará listados nominales de sus integrantes, garantizando la privacidad de quienes hacen parte de estas instancias comunitarias.

¿Qué función cumplirá el sistema de información sobre Guardias Indígenas propuesto por el Ministerio del Interior?

El sistema propuesto tendrá un carácter exclusivamente informativo y no otorgará reconocimiento legal, facultades ni atribuciones a las guardias indígenas. Así lo establece el borrador, al precisar que su objetivo es centralizar y transparentar la información sobre estas instancias sin modificar la jurisdicción indígena ni interferir en la autonomía de sus autoridades.

¿Quiénes pueden reportar información al sistema de Guardias Indígenas según el nuevo proyecto?

Solamente las autoridades indígenas propias —como cabildos, consejos indígenas, autoridades tradicionales o similares instancias de gobierno— que estén debidamente inscritas ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM) podrán hacer el reporte oficial al sistema, asegurando así que la información provenga de fuentes legítimas dentro de la estructura indígena.

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De acuerdo con la programación difundida por Energua, la intervención recaerá especialmente sobre el circuito Guatapurí 3. Este circuito tendrá distintos horarios programados de suspensión de la energía durante la jornada, afectando a varios barrios de la ciudad. La primera desconexión se realizará desde las 7:00 hasta las 7:30 de la mañana, y afectará a quienes residen en los barrios Ciudad Jardín, Los Ángeles, Serranía y Edgardo Pupo. Más adelante, entre las 7:00 de la mañana y las 3:35 de la tarde, la suspensión del servicio se extenderá a otros sectores como Los Músicos, La Esperanza, Villa Mónica, Los Cortijos, Ichagua, El Amparo, Iracal, las cuatro etapas de Garupal, Las Flores y las urbanizaciones Azúcar Buena y Santa Rosa.

El cronograma también incluye trabajos en zonas como La Popa, Eneal, Primero de Enero, Brisas de La Popa, 5 de Enero, 20 de Julio y el Coliseo Cubierto, donde la energía se suspenderá igualmente desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:35 de la tarde. Posteriormente, en horas de la tarde, entre las 3:05 y las 3:35, barrios como Ciudad Jardín, Los Ángeles, Serranía y Edgardo Pupo experimentarán de nuevo una interrupción del servicio.

Energua recomendó a los usuarios de los sectores afectados tomar precauciones y prever soluciones alternativas durante estos lapsos de suspensión. Las labores de mantenimiento, que hacen parte de una jornada programada entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre en diferentes municipios, contemplan, según la empresa, trabajos en redes, cambio y adecuación de postes y estructuras, reemplazo de elementos dañados, poda técnica, organización de cargas eléctricas y revisión de puntos con sobrecalentamiento.

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¿En qué barrios de Valledupar habrá cortes de energía por trabajos de Energua?

De acuerdo con la información divulgada por Energua, los barrios afectados por los cortes de energía este jueves 1 de octubre serán Ciudad Jardín, Los Ángeles, Serranía, Edgardo Pupo, Los Músicos, La Esperanza, Villa Mónica, Los Cortijos, Ichagua, El Amparo, Iracal, Garupal etapas I a IV, Las Flores, Azúcar Buena, Santa Rosa, La Popa, Eneal, Primero de Enero, Brisas de La Popa, 5 de Enero, 20 de Julio y el Coliseo Cubierto.

¿Por qué realiza Energua el mantenimiento preventivo en Valledupar?

Según Energua, el mantenimiento preventivo en Valledupar tiene como objetivo fortalecer la red eléctrica y mejorar la infraestructura, mediante actividades como revisión de redes, cambio de postes y estructuras, reemplazo de elementos deteriorados, poda técnica, organización de cargas eléctricas y corrección de puntos de sobrecalentamiento.

La puesta en marcha del Plan Urano se ordenó en el Consejo de Seguridad realizado el 28 de agosto en Valledupar. Este plan priorizó la protección de la infraestructura petrolera y el combate frontal al hurto de hidrocarburos. Los reportes oficiales y la información recogida muestran que, tras la activación de la estrategia, el volumen de combustible robado disminuyó notablemente. El Gobierno indicó que, al comparar los últimos diez días de agosto con los primeros diez de septiembre, la extracción ilegal cayó un 24,94 %, lo que representa 652.554 galones menos sustraídos.

La evaluación de los datos extendida hasta el 24 de septiembre evidencia que hubo 79.382 barriles robados frente a los 141.366 de igual lapso en agosto, una reducción del 43,85 %. Previo a Urano, el hurto iba en aumento; agosto terminó con 184.630 barriles sustraídos, el mayor registro mensual del año hasta ese momento. Entre enero y agosto, el total robado era 144 % más que en el mismo periodo de 2025.

El registro en Ayacucho corresponde solo al producto incautado y recibido en esa estación, sin especificar dónde se recuperó cada barril ni cuántos provienen directamente de los operativos de Urano. Este fenómeno tiene varias etapas: el apoderamiento (lo sustraído ilegalmente), la incautación (lo que recupera la Fuerza Pública) y la recepción en Ayacucho (el destino de lo decomisado). Por ejemplo, la Policía reportó para el 21 de septiembre 121 vehículos y 13.775 galones de hidrocarburos bajo custodia, sin discriminar a cuál operativo corresponden.

Desde su inicio, Urano ha priorizado la protección de los corredores estratégicos del sur del Cesar. Acciones recientes incluyen el refuerzo en Tamalameque y Ocaña, capturas por delitos asociados al hurto de hidrocarburos y la identificación de posibles vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Además, la peligrosidad de la operación queda evidenciada por el ataque a trabajadores de Cenit en diciembre de 2024 en La Gloria, con saldo mortal.

El balance inicial sugiere que Urano ha conseguido reducir el hurto y aumentar la incautación de combustible, aunque solo el cierre de septiembre permitirá determinar si esta tendencia se mantiene tras meses de incremento sostenido en el delito.

¿Cuántos barriles de hidrocarburo incautado llegaron a la Estación Ayacucho tras la puesta en marcha del Plan Urano?

Según los reportes conocidos por EL PILÓN, entre el 1 y el 24 de septiembre de 2026 la Estación Ayacucho recibió 4.179 barriles de producto refinado incautado, cifra que supera de manera significativa los 2.024 barriles recepcionados durante todo agosto. Este incremento se dio durante las primeras semanas después del inicio del Plan Urano.

¿Cómo afectó el Plan Urano al hurto de hidrocarburos en el poliducto Pozos Colorados-Galán?

De acuerdo con los datos oficiales, la implementación del Plan Urano coincidió con una reducción notoria del hurto de hidrocarburos. Entre el 1 y el 24 de septiembre de 2026 se sustrajeron 43,85 % menos barriles comparados con el mismo período de agosto, lo que sugiere un impacto positivo de la estrategia de seguridad enfocada en proteger la infraestructura petrolera.

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El caso gira en torno a la adjudicación de un contrato de obra y dos contratos de interventoría, que según la investigación de la Fiscalía habrían sido direccionados de manera irregular por los funcionarios y la contratista involucrados. El objetivo principal de estos contratos era la construcción de un total de 1.170 baterías sanitarias en áreas rurales del municipio de Ataco, con una millonaria inversión de 21.550 millones de pesos desembolsada directamente del Sistema General de Regalías. No obstante, según los fiscales encargados del caso, la obra permanece inconclusa pese a la significativa asignación de recursos públicos, lo cual ha incrementado la preocupación sobre el destino final del dinero y la transparencia de los procesos contractuales.

En cuanto al contexto regional, Ataco es uno de los municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), una iniciativa orientada a municipios especialmente afectados por el conflicto armado en el sur del Tolima. Gracias a esta condición, el municipio pudo acceder a recursos adicionales a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz (OCAD Paz), lo que permitió la suscripción de los contratos actualmente bajo cuestionamiento entre junio y agosto de 2022.

La Fiscalía detalló que en el proceso investigativo se han recolectado pruebas materiales que podrían demostrar la participación de los funcionarios, exfuncionarios y contratistas en maniobras irregulares con recursos destinados a cubrir necesidades prioritarias de las comunidades rurales. Por este motivo, los capturados serán llevados ante un juez de control de garantías, instancia en la que la Fiscalía les imputará, de acuerdo con la posible responsabilidad de cada uno, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público agravada y peculado por apropiación agravado.

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¿Por qué fueron capturados el alcalde y el exalcalde de Ataco, según la Fiscalía?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el alcalde Héctor Fabio Muñoz Briñez, el exalcalde Miller Aldana Castro y una contratista habrían direccionado irregularmente un contrato de obra y dos contratos de interventoría financiados con recursos del Sistema General de Regalías, lo que generó su captura por presuntas irregularidades y posible detrimento patrimonial.

¿Qué es el Sistema General de Regalías y cómo financió los proyectos de Ataco?

El Sistema General de Regalías es una fuente de financiación pública en Colombia que administra recursos derivados principalmente de la explotación de recursos naturales, y en el caso de Ataco, permitió invertir 21.550 millones de pesos en la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales, aunque el proyecto permanece inconcluso, según la Fiscalía.

Actualmente, Emcali cuenta con nueve cuadrillas distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad, dedicadas principalmente a responder y solucionar las necesidades de alumbrado público que surgen mientras se adelantan los operativos de demolición y reconstrucción. Esta labor, según palabras de Jorck’s Cortés, ingeniero coordinador del Escuadrón de Reconstrucción, consiste fundamentalmente en iluminar cada punto donde se realizan las demoliciones, evitando así posibles focos de inseguridad y creando condiciones favorables para los trabajos técnicos y el bienestar de los habitantes.

El proceso también contempla la implementación de luminarias adicionales temporales, diseñadas para mejorar la iluminación general luego del sismo, que en algunos sectores obligó a interrumpir el suministro de energía. Así, no solo se facilita el trabajo diario de las cuadrillas de demolición, sino que se refuerza la seguridad de quienes residen y transitan por las zonas intervenidas. Al mismo tiempo, Emcali avanza en la reparación y renovación de infraestructura eléctrica afectada por el desastre.

Uno de los puntos de intervención prioritaria es el barrio Guadalupe, donde tres cuadrillas trabajan de forma simultánea. Allí, tras analizar la situación, se identificaron y atendieron tres sectores específicos que requerían iluminación extra, además de ejecutar el reemplazo de cableado dañado por el temblor, con el fin de restablecer el servicio eléctrico en toda la zona. Según Cortés, estas medidas buscan llevar energía directamente a los lugares donde se adelantan los trabajos mayores sin dejar de lado la seguridad operativa y comunitaria.

El resto de las cuadrillas opera en regiones como Molino Rojo y otros sectores de Cali, en coordinación con el Puesto de Mando Unificado (PMU), organismo que define las prioridades y estrategias según la evolución de la emergencia. Todas estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto articulado por la Alcaldía de Cali, que apunta a una recuperación segura, ordenada y eficiente de las zonas afectadas tras el sismo.

¿Cómo está apoyando Emcali las labores de demolición tras el terremoto?

Emcali participa activamente con nueve cuadrillas de su escuadrón especial de energía, brindando iluminación temporal y reparando infraestructuras eléctricas. Su trabajo garantiza que las zonas de demolición cuenten con condiciones óptimas de seguridad y no se suspende el suministro de servicios públicos en áreas cercanas, de acuerdo con el medio 90 Minutos.

¿Qué tipo de trabajos realiza Emcali en el barrio Guadalupe tras el sismo?

En el barrio Guadalupe, Emcali ha desplegado tres cuadrillas, identificando tres puntos críticos donde han instalado luminarias temporales y reemplazado el cableado eléctrico afectado. Estas intervenciones permiten restablecer la energía y facilitar las labores de demolición de manera más segura y eficiente, según información entregada por el ingeniero Jorck’s Cortés.

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El mecanismo de vigencias futuras permite que las entidades territoriales celebren contratos cuya ejecución traspasa el límite del ejercicio fiscal vigente. Así, según lo descrito en la solicitud, la administración del Cesar espera resguardar la operatividad de sus dependencias y la realización de proyectos sociales y asistenciales, evitando interrupciones al inicio del nuevo año presupuestal.

Dentro del paquete, uno de los ejes principales está constituido por servicios de soporte logístico e institucional para la administración central, los cuales representan cerca de 7.000 millones de pesos de los compromisos previstos. Entre estos servicios, el esquema de vigilancia y seguridad privada para las sedes gubernamentales tiene un peso significativo, pues requiere una adición contractual superior a 3.300 millones de pesos, cubriendo el período de transición entre el fin del año actual y el inicio del siguiente.

Adicionalmente, el presupuesto contempla una partida cercana a 4.800 millones de pesos para la prestación de servicios generales, como aseo, jardinería y mantenimiento de sedes oficiales en todo el Cesar. A estos rubros se suman recursos para actividades de divulgación institucional, que buscan facilitar la relación entre el gobierno y la ciudadanía durante el próximo periodo fiscal, así como evitar vacíos en la atención al ciudadano provocados por la falta de contratos.

El proyecto también incluye componentes de impacto social y sanitario. Destaca un programa productivo de maíz forrajero, orientado a familias y pequeños productores víctimas de conflicto armado en las zonas rurales de San Diego, con una inversión superior a 2.800 millones de pesos. Por otro lado, se destinan más de 2.000 millones de pesos al Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), que tiene como propósito ejecutar acciones preventivas y de promoción en salud comunitaria en diferentes municipios del departamento.

De acuerdo con la información suministrada, la solicitud de vigencias futuras de la Gobernación del Cesar ya cuenta con la aprobación del Consejo Departamental de Política Fiscal (CODFISCESAR) y con la certificación de la Secretaría de Hacienda que respalda su coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Actualmente, la propuesta sigue en discusión en la Asamblea, donde la administración departamental debe entregar precisiones documentales antes de su aprobación y sanción final.

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¿Qué son las vigencias futuras y cómo se utilizan en la administración pública?

Las vigencias futuras son una herramienta legal y financiera que permite a las entidades públicas comprometer recursos presupuestales más allá del año fiscal corriente. Según lo expuesto, este mecanismo se utiliza para contratar bienes y servicios cuyo desarrollo excede el período actual, asegurando la continuidad de proyectos y la operatividad institucional más allá del cierre presupuestal anual.

¿Cuáles son los principales proyectos financiados por la Gobernación del Cesar con vigencias futuras?

La Gobernación del Cesar prioriza, entre otros, el soporte logístico institucional y los servicios generales, con énfasis en vigilancia, aseo y jardinería de sedes oficiales. Además, se destacan el proyecto productivo de maíz forrajero para víctimas del conflicto en San Diego y la financiación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, orientado a la prevención y promoción de la salud en diferentes municipios.

En ese instante, el padre de la víctima, al percatarse de la situación, intervino para prestar ayuda a su hijo. Sin embargo, el intento de auxilio terminó de forma trágica. Según información oficial de la Fiscalía General de la Nación, Rubio Barrios arremetió también contra su suegro, empleando un arma cortopunzante y un objeto contundente durante el ataque. Las lesiones sufridas por la víctima fueron de tal gravedad que le causaron la muerte en el mismo lugar de los hechos.

Durante la investigación realizada por una fiscal de la Seccional Tolima, se recopilaron pruebas suficientes para establecer la responsabilidad de Rubio Barrios en lo que fue tipificado como homicidio agravado. De acuerdo con el material recopilado y presentado ante la autoridad judicial, no solo se demostró el uso de armas en el ataque, sino también la intención dolosa que antecedió el fatal desenlace.

La reacción de las autoridades fue inmediata. Rubio Barrios fue capturada en flagrancia por la Policía Nacional tras los hechos y trasladada de inmediato a un centro de reclusión, donde permanece privada de la libertad a la espera de cumplir la condena impuesta. Este caso evidencia la gravedad de los hechos que pueden generarse en el contexto de la violencia intrafamiliar y la rápida respuesta de los organismos de justicia en procesos de flagrancia.

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¿Por qué Marisela Rubio Barrios recibió una condena de 16 años y 8 meses de prisión por el asesinato de su suegro?

La condena de Marisela Rubio Barrios se fundamenta en las pruebas recabadas por la Fiscalía General de la Nación, que demostraron su responsabilidad en el delito de homicidio agravado. Durante una discusión, la acusada atacó a su pareja y a su suegro, provocando la muerte de este último con arma cortopunzante y objeto contundente, lo que llevó al juez a dictar la sentencia mencionada.

¿Qué significa homicidio agravado y cómo se aplicó en el caso de Guamo, Tolima?

Homicidio agravado es un término legal que refiere a un asesinato cometido bajo circunstancias que incrementan su gravedad, como el uso de armas, premeditación o actitudes especialmente violentas. En el caso de Guamo, Tolima, la conducta de Marisela Rubio Barrios, el uso de objetos peligrosos y la brutalidad del hecho hicieron que se configurara este tipo penal y que la condena fuera considerablemente elevada.

La información conocida hasta el momento indica que una de las hipótesis que manejan las autoridades, aún sin confirmación oficial, estaría relacionada con la extorsión. Concretamente, se habla de que Henry Cuervo habría sido víctima de represalias al negarse a pagar una ‘vacuna’, término usado popularmente en Colombia para referirse a los pagos extorsivos exigidos por parte de grupos armados ilegales o bandas criminales a los habitantes o comerciantes de la zona. Aunque las autoridades aún no han emitido un comunicado oficial que confirme esta versión, es la principal línea de investigación que circula en medios locales.

Este asesinato ocurre en un momento delicado para Rovira y otros sectores del Tolima, donde recientemente han circulado videos atribuidos a presuntos integrantes de grupos armados ilegales. En estas grabaciones, según El Nuevo Día, se lanzaron amenazas explícitas e intimidaciones directas contra los habitantes de la zona, situación que elevó los temores entre la población rural y urbana. Para muchos en el municipio, la muerte de Henry Cuervo representa la materialización de aquellos anuncios violentos difundidos días atrás. Sin embargo, hasta el cierre de la información, no se habían entregado datos oficiales sobre la autoría del crimen ni sobre la veracidad de los vínculos con organizaciones criminales.

Las autoridades locales continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer los motivos del asesinato mientras la comunidad espera detalles oficiales. El caso pone en evidencia una vez más la vulnerabilidad que enfrentan campesinos y pobladores de zonas rurales en departamentos como Tolima, donde la inseguridad y la presión de grupos armados sigue siendo una amenaza latente.

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¿Por qué asesinaron a Henry Cuervo en Rovira, Tolima?

De acuerdo con información preliminar difundida por El Nuevo Día, una de las principales hipótesis sobre la muerte de Henry Cuervo apunta a una posible represalia por negarse a pagar una ‘vacuna’, nombre utilizado para el cobro de extorsiones. No obstante, al momento de la publicación todavía no existía confirmación oficial de las autoridades respecto a esta versión.

¿Qué significa el término ‘vacuna’ en el contexto del conflicto colombiano?

En Colombia, ‘vacuna’ se refiere coloquialmente al cobro extorsivo impuesto, generalmente de manera violenta, por parte de grupos armados ilegales o bandas criminales a habitantes, comerciantes o ganaderos de ciertas regiones. Negarse a pagar puede traer consecuencias graves, como amenazas o incluso asesinatos, como se sospecha en el caso de Henry Cuervo.

La decisión surge después del estudio de una demanda en la que se argumenta que el acto administrativo que reconocía el sombrero fue emitido sin competencia. Los demandantes aseguran que el entonces ministro de las Culturas no contaba con la potestad legal para otorgar tal reconocimiento como patrimonio, ya que la Resolución correspondiente se basó en una Ley que ya no está vigente y habría desconocido las normas aplicables. De acuerdo con lo señalado en el fallo del Consejo de Estado, ninguna de las disposiciones mencionadas facultaban al ministro para emitir este tipo de acto administrativo bajo el procedimiento seguido.

El Consejo de Estado aclaró que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes sí puede declarar bienes de interés cultural —definidos como aquellos de especial valor artístico, histórico o antropológico—, pero debe hacerlo cumpliendo el proceso establecido por la Ley General de Cultura, lo cual exige un concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural previo a cualquier decisión. En el caso del sombrero de Carlos Pizarro, dicha consulta no se realizó, como señaló la Corporación en su resolución.

Además, el tribunal puntualizó que tampoco se evaluó la necesidad de un Plan Especial de Manejo y Protección, requisito habitual cuando se trata de bienes declarados de interés cultural. Por estas razones, el Consejo de Estado estimó de manera preliminar que los demandantes tenían fundamento para afirmar que el ministro no tenía facultad para reconocer dicho bien como patrimonio cultural de la Nación. La decisión, sin embargo, es temporal y se mantiene a la espera de una sentencia definitiva.

El contexto inmediato se remonta al reconocimiento del sombrero el 18 de junio de 2024. Tras la polémica, el Ministerio precisó que el acto en cuestión no constituyó una declaratoria de bien de interés cultural, sino un reconocimiento simbólico del valor histórico y de memoria asociado al objeto. Esto marca la diferencia entre las figuras legales involucradas, y subraya la importancia de comprender la naturaleza y consecuencias de cada acto administrativo, tal como destacó el ministerio en sus comunicados posteriores.

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¿Por qué el Consejo de Estado suspendió el reconocimiento del sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural?

El Consejo de Estado suspendió el reconocimiento porque consideró que el acto administrativo realizado por el Ministerio de las Culturas carecía de competencia legal y no siguió el procedimiento que exige la Ley General de Cultura, incluida la consulta previa al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Además, se argumentó que la resolución se basó en una normativa que ya no estaba vigente y omitió revisar requisitos como el Plan Especial de Manejo y Protección.

¿Cuál es la diferencia entre declarar y reconocer un bien como patrimonio cultural de la Nación?

Declarar un bien como patrimonio cultural implica seguir un procedimiento legal preciso, que incluye evaluación y concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, generando derechos y obligaciones formales para su protección. Por su parte, el reconocimiento simbólico resalta el valor histórico o de memoria, pero sin la protección jurídica y restricciones que otorga la declaratoria oficial de bien de interés cultural, según lo aclaró el Ministerio de las Culturas en este caso.

El congreso Smart City se llevará a cabo durante dos días y contará con la participación de 60 oradores nacionales y 15 internacionales. De acuerdo con la información suministrada en el artículo original, estos expertos abordarán temas relacionados con la sostenibilidad, el medio ambiente y la tecnología, especialmente aquellos que definirán el futuro de las denominadas "ciudades inteligentes". Este espacio ha sido concebido como un punto de encuentro e intercambio entre empresas, dirigentes, emprendedores e instituciones sociales, permitiendo la construcción y el aprendizaje colectivo para enfrentar los desafíos de urbanismo y desarrollo.

En cuanto a la movilidad, se han habilitado dos rutas principales del MIO para facilitar el acceso al evento. Una de las rutas parte desde la plazoleta Jairo Varela, en el norte de Cali, con salidas programadas a las 8:00 a.m., 10:00 a.m. y 1:00 p.m. El regreso desde el centro de eventos hacia este sector estará disponible a las 12:00 p.m., 3:00 p.m. y 6:00 p.m. La segunda ruta inicia frente al centro comercial Jardín Plaza, ubicado al sur de la ciudad, con horarios de salida a las 8:00 a.m. y 1:00 p.m., y retornos a las 12:00 p.m. y 6:00 p.m. Ambas rutas son directas y tienen cupos limitados a aquellos que cuenten con su respectiva acreditación.

El evento está dirigido a gobiernos, empresas, instituciones académicas, organizaciones, emprendedores y profesionales con intereses en áreas como movilidad, seguridad, innovación, tecnología, infraestructura y desarrollo urbano sostenible. El proceso de inscripción para quienes deseen asistir consiste en acceder a la página oficial del evento y completar la información solicitada.

De acuerdo con el cubrimiento publicado por Noticiero 90 Minutos, estas medidas buscan asegurar que la movilidad de los invitados transcurra de forma eficiente y cómoda, adaptándose a los requerimientos de un congreso internacional de alto nivel en la ciudad.

¿Cómo funcionan las rutas gratuitas del MIO para el Smart City en Cali?

Las rutas gratuitas del MIO ofrecen transporte directo desde puntos estratégicos del norte y sur de Cali hacia el centro de eventos Valle del Pacífico. Los asistentes inscritos deben presentar un código QR para acceder a los buses, que cuentan con horarios establecidos y cupo limitado, asegurando movilidad ágil y segura durante el evento, según información de Noticiero 90 Minutos.

¿Quiénes pueden inscribirse y asistir a la cumbre Smart City en Cali?

La inscripción está abierta a representantes de gobiernos, empresas, entidades académicas, organizaciones sociales, emprendedores y profesionales con interés en tecnología, movilidad, infraestructura y sostenibilidad. El registro debe realizarse a través de la página oficial del evento y es requisito presentar la acreditación digital para acceder a las rutas y las conferencias.

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La Universidad Nacional subraya que el sistema de admisión sigue un estricto criterio de mérito y transparencia: los cupos disponibles se asignan conforme a los puntajes más altos, en orden descendente y hasta completar la disponibilidad. Como referencia aportada en el comunicado institucional, puntajes como 680, 650 y 620 corresponden a aspirantes admitidos, mientras que quienes obtuvieron 602 entran dentro de la categoría de no admitidos. Esta información resulta esencial para entender los umbrales de ingreso y orientar a los estudiantes en los próximos pasos del proceso.

El procedimiento de consulta es sencillo y requiere de atención al detalle por parte de los postulantes. Los pasos descritos por la universidad incluyen el ingreso al portal de admisiones, selección de la modalidad de pregrado, autenticación con documento de identidad, clave de acceso y código captcha, y finalmente la visualización del resultado junto al listado de programas académicos disponibles para registro. Para quienes no logren la admisión en esta fase inicial, la institución ha previsto una segunda ventana de inscripción, programada del 15 al 19 de octubre de 2026, dirigida a los programas curriculares que aún cuenten con cupos vacantes. El mecanismo será el mismo que el usado en la primera fase.

La universidad recuerda la importancia de verificar oportunamente las credenciales de acceso, preparar la documentación y realizar la inscripción dentro de los plazos señalados, evitando así congestiones digitales o inconvenientes por demoras en el registro. Este proceso muestra el rigor y la organización de la educación pública superior colombiana, así como la elevada demanda por un cupo en la Universidad Nacional.

¿Cómo consultar el resultado de las pruebas de admisión en la Universidad Nacional de Colombia?

Para revisar los resultados, el aspirante debe ingresar al portal oficial de admisiones de la Universidad Nacional, seleccionar la opción de pregrado y hacer clic en "consultar resultados". Luego, se solicita el número de documento de identidad, la clave de acceso individual y el código captcha, lo que permite acceder a la información sobre el puntaje y las opciones de programas disponibles.

¿Qué pasos seguir si no fue admitido en la primera fase de la Universidad Nacional?

La universidad ofrece una segunda oportunidad del 15 al 19 de octubre de 2026 para inscribirse en programas curriculares que conserven cupos disponibles. El postulante debe seguir el mismo proceso de consulta y registro, manteniendo la verificación de credenciales y la inscripción oportuna para no perder la nueva oportunidad.

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Después de superar los 50 días de este doloroso episodio, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, remarcó la urgencia de atender la nueva y compleja fase de reconstrucción, advirtiendo que la atención inicial de la tragedia ha comenzado a disminuir.

“La efervescencia ya pasó”, afirmó el mandatario al resumir los retos actuales para avanzar desde los auxilios inmediatos hacia la reconstrucción física del territorio. “La emergencia ya pasó, pero la reconstrucción apenas comienza”, señaló.

Durante su participación en el Foro Líderes de la Sostenibilidad de El Tiempo y Portafolio, Patiño solicitó al sector empresarial mantener su respaldo con las comunidades afectadas.

El gobernante recordó que en las primeras horas la prioridad absoluta fue rescatar personas, salvar vidas, atender heridos y distribuir auxilios esenciales en las zonas impactadas.

En ese despliegue inicial colaboraron activamente la Gobernación, ProRisaralda, la Alcaldía de Pereira, organismos de socorro, Fuerza Pública, instituciones públicas, empresas, organizaciones y voluntarios.

El mandatario enfatizó que las instituciones deben actuar con coordinación, capacidad de respuesta y liderazgo claro para evitar desorganización e incertidumbre entre la población vulnerable.

Sin embargo, el panorama actual exige compromisos sostenidos para devolver la estabilidad económica y social a los municipios golpeados por el fenómeno natural.

“Hoy es donde necesitamos la verdadera ayuda”, fue el mensaje de Patiño al señalar que la baja en la atención pública no elimina los daños existentes.

Esta etapa de reconstrucción demanda articulación efectiva, decisiones de largo plazo e inversiones continuas entre el sector privado, las comunidades y el Estado colombiano.

Hay casos que dejan en evidencia la vulnerabilidad en la región, como la estafa que sufrió el alcalde de Dosquebradas, al enviar dinero para un supuesto envío de ayudas y perder ese presupuesto. Esa es apenas una muestra del camino que viene luego de las afectaciones en Risaralda.

Cifras de afectaciones en Risaralda por terremoto del 10 de agosto

El balance departamental en Risaralda luego el terremoto registrado el pasado 10 de agosto revela graves afectaciones humanas, físicas y productivas en los catorce municipios.

Las cifras oficiales confirman 111 personas fallecidas, 588 ciudadanos heridos, 77 desaparecidos y 274 personas rescatadas activamente de los escombros por los organismos de socorro.

Las evaluaciones territoriales contabilizan 73.087 familias afectadas, con 5.535 viviendas destruidas en su totalidad y 63.609 hogares que presentan severas averías en su estructura física.

Restaurar la totalidad de las viviendas habitacionales averiadas en Risaralda requerirá una inversión pública calculada en aproximadamente dos billones de pesos por parte de las autoridades competentes.

La infraestructura del sector salud reporta 44 centros asistenciales e instalaciones hospitalarias golpeadas por la intensidad del movimiento telúrico en la geografía departamental.

En materia educativa, 291 sedes escolares registraron daños considerables sobre un universo total de 510 planteles urbanos y rurales en todo el territorio de Risaralda.

Sin embargo, los equipos de evaluación técnica otorgaron concepto favorable de habitabilidad a 113 sedes, permitiendo el retorno paulatino de los estudiantes a las aulas.

La red vial y de transporte también sufrió un impacto directo, registrando 157 carreteras o puentes afectados, 37 acueductos comunitarios estropeados y afectaciones en un aeropuerto.

Los bienes institucionales de la administración sufrieron un deterioro severo, alcanzando afectaciones materiales en 11 de los 12 edificios pertenecientes a la Gobernación departamental.

Las pérdidas en la infraestructura pública gubernamental se estiman en 335.000 millones de pesos, superando ampliamente la cobertura de los seguros vigentes contratados por el Estado.

El sector agropecuario reporta revisiones en 469 veredas de un total de 687 asentamientos rurales donde habitan 19.134 familias dedicadas al cultivo del café.

Pese a las secuelas del sismo, las fincas cafetaleras sostienen la producción regional, aportando en promedio 22,5 sacos de 60 kilos por hectárea cada año.

De acuerdo con los senadores, el proyecto se sustenta sobre cinco ejes que no habrían recibido la atención necesaria en los últimos años: ajuste en el flujo de recursos, protección del talento humano en salud, intervención administrativa, vigilancia financiera y atención en los territorios. Según precisó Claudia Margarita Zuleta, el propósito central es "avanzar hacia un sistema más transparente, eficiente y capaz de responder a las necesidades de los usuarios". La propuesta incluye eliminar la responsabilidad de la administración de recursos de una única persona para instaurar un mecanismo interoperable a través de los sistemas tecnológicos del Ministerio de Salud.

El cuidado hacia el talento humano, especialmente médicos y enfermeras, cobra especial relevancia en la iniciativa, pues el retraso y la falta de pagos han sido motivo de múltiples denuncias. Además, la crisis institucional se evidencia en la intervención forzosa que condujo a la liquidación de más de 90 Empresas Promotoras de Salud (EPS), cifra entregada por el gobierno de Gustavo Petro y que agudizó el problema durante los últimos cuatros años. Destacan, en este punto, la situación de la Nueva EPS, entidad que concentra más del 25 % de afiliados, además de Sanitas y Compensar, instituciones sobre las cuales hay también alertas.

Rafael Nieto Loaiza subrayó la importancia de reforzar mecanismos de supervisión por parte de la Superintendencia de Salud, enfocados en el rastreo estricto de los recursos. El senador fue enfático al señalar: "queremos que los colombianos tengan un sistema de salud que corresponda a los problemas y sus necesidades". Si bien la propuesta no transforma de fondo el sistema como se debatió en el periodo anterior, se presenta como un camino para mitigar la crisis. Cabe recordar, según los propios congresistas, que el partido ya había sugerido un aporte de hasta 13 billones de pesos al sector, propuesta descartada en el presupuesto de 2027 por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el gobierno de Abelardo de la Espriella autorizó un traslado de recursos desde el Ministerio de Hacienda, encabezado por Miguel Gómez.

¿Qué plantea la propuesta del Centro Democrático para mejorar el sistema de salud en Colombia?

La propuesta del Centro Democrático, de acuerdo con lo presentado, se fundamenta en cinco ejes: ajuste en el flujo de recursos, protección del personal de salud, intervención administrativa, vigilancia financiera y fortalecimiento de la atención en los territorios. El proyecto sugiere, entre otros puntos, implementar mecanismos tecnológicos en el Ministerio de Salud para el manejo de recursos y mejorar la supervisión y pago al talento humano.

¿Cuáles son las principales EPS afectadas por la crisis del sistema de salud en Colombia?

Según la información proporcionada por los senadores y la administración anterior, más de 90 EPS han sido liquidadas. Entre las más afectadas se encuentra la Nueva EPS, que agrupa más del 25 % de los afiliados al sistema, además de otras reconocidas como Sanitas y Compensar, que también están bajo observación por la crisis y los recientes procesos de intervención forzosa.

El documento, elaborado por el Ministerio del Interior, mantiene la presunción de que las protestas son pacíficas y el principio de no estigmatización de los manifestantes.

Sin embargo, plantea que la fuerza podría utilizarse incluso durante los diálogos cuando se presenten situaciones como porte o uso de armas, retención de personas, daños a infraestructura o ataques contra terceros, incluidos policías, funcionarios, periodistas y personal médico.

El proyecto también establece una mayor presencia policial durante las manifestaciones.

Los uniformados deberán acompañar las movilizaciones a una distancia mínima de cuatro metros, con el objetivo de proteger a manifestantes y personas ajenas a la protesta.

La propuesta busca equilibrar el derecho a la protesta con otros derechos como la vida, salud, movilidad, trabajo, educación y prestación de servicios públicos esenciales.

Además, las mesas de conversación incorporarían a gremios económicos y representantes de las Juntas de Acción Comunal para evaluar los efectos de las movilizaciones sobre actividades comerciales y comunidades.

El Gobierno Nacional también ha planteado medidas relacionadas con el ingreso a universidades para identificar a posibles promotores de violencia.

La esperanzadora historia de Lucas dio un paso fundamental luego de la exitosa intervención médica. Pese a que continúa hospitalizado debido a la complejidad del procedimiento quirúrgico, el menor avanza en su recuperación en una clínica de Bucaramanga con la esperanza de regresar pronto a su casa en Cúcuta. En entrevista con Noticias Caracol, Lucas y su madre, Andrea García, compartieron los detalles de este momento.

(Vea también: Lucas Murillo volvió a aparecer después de cirugía de corazón y tiene una meta)

Al ser consultado sobre cómo se siente luego de superar esta compleja intervención cardíaca, el pequeño Lucas respondió con sencillez y alegría sobre su estado de ánimo: “pues bien, contento”. Su madre ratificó la notable evolución que ha mostrado el niño de siete años, y destacó el apoyo de la ciudadanía y la fe durante todo este proceso. “La recuperación ha sido milagrosa, yo digo gracias a Dios y a las oraciones de las personas que han permitido pues que Lucas se haya podido recuperar de una manera admirable”, comentó Andrea.

Pese a los cuidados que requiere su estado, la vitalidad de Lucas se evidencia en las rutinas de movilidad que realiza en el centro médico. Su mamá contó que el niño debe salir a caminar alrededor del estar de enfermería, trayecto que se ha convertido en un momento especial. Durante estas caminatas, el niño recibe los saludos de médicos, enfermeras, familiares e incluso de la parte administrativa. Su mamá relató que su hijo camina por los pasillos como si estuviera “más bien desfilando”, mientras todos a su paso lo saludan diciéndole “Hola, Lucas, ¿cómo está?”.

Respecto a su alimentación, Andrea comentó que el niño todavía se encuentra “muy flojito” para comer, pero ya expresó sus deseos de probar “huevitos tibios o huevitos duros”. Durante todo el proceso de salud, el pequeño ha estado acompañado por un muñequito que le regalaron, el cual se convirtió en su objeto especial de protección durante su hospitalización.

Aunque el cuerpo médico aún no les ha dado un día exacto para el alta, la familia mantiene viva la ilusión de volver pronto a Cúcuta. Antes de partir, Lucas desea recorrer Bucaramanga, conocida como la ciudad de los parques, para conocer sus casas y “todos los hoteles”. De igual forma, anhela reencontrarse en su ciudad natal con sus “hermanos, a mis tíos, a mis abuelos y a mis primos”, además de cumplir su gran deseo de volver a jugar al fútbol como los futbolistas de la selección Colombia.

Lucas quisiera conocer personalmente al presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Al preguntarle qué le diría al mandatario nacional al tenerlo de frente, Lucas respondió de forma breve y sincera: “Gracias”.

(Lea también: Lucas Murillo salió de cirugía de corazón abierto y tendrá horas cruciales para recuperación: esto se sabe)

La de Lucas es una de las muchas urgencias del sistema de salud colombiano pero la intervención del mandatario, que incluso habló por teléfono con el niño, la convirtió en una prioridad. De la Espriella, que asumió la Presidencia el 7 de agosto con la promesa de llevar a cabo un plan de choque para atender la crisis del sistema sanitario, aseguró que apenas escuchó el mensaje de Lucas, dio “la instrucción inmediata de actuar, sin dilaciones”.

La clínica donde permanece Lucas es un centro especialista en cardiopatías complejas, un lugar donde varios niños enfrentan situaciones delicadas, especialmente en el séptimo piso, donde esperan también un corazón. Ante este panorama, Andrea García envió un conmovedor mensaje a otros padres: “Yo la verdad les quisiera decir a sus papitos que no pierdan la esperanza, que siempre estén confiando en Dios porque Dios a uno no lo defrauda”.

De acuerdo con la información registrada, el gobierno comunicó de manera informal que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz solicitó la Resolución 215 de 2026, la cual establece el cronograma y los procedimientos para cerrar la ZUT. Según el comunicado de la Defensoría, esta resolución no solo dispone el cierre sino que también define las acciones institucionales para guiar a las personas que habitan en ese espacio, quienes, por su condición de excombatientes, se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La Defensoría del Pueblo ha manifestado su preocupación principalmente por lo dispuesto en el artículo 2 de dicha resolución. Ese artículo indica que todas las personas que no tengan órdenes de captura activas deberán salir de la zona desde las 00:00 del 1 de octubre de 2026 hasta las 00:00 del día siguiente. La entidad alerta que esta medida afecta directamente a quienes gozan de protección judicial provisional, ya que pondría en riesgo su seguridad y derechos fundamentales.

Además, la Defensoría denuncia que no ha sido notificada formalmente para participar en las misiones y comisiones humanitarias previstas en la resolución, lo que podría dejar desprotegidos a los excombatientes en un contexto crítico. La solicitud formal demanda al juzgado actuar de manera inmediata antes de la fecha estipulada para el desalojo, pues si no se toman medidas urgentes podría verse comprometida la eficacia de las herramientas de protección legal ya concedidas.

Así, la Defensoría del Pueblo busca que se amplíen y refuercen las medidas cautelares para resguardar la integridad y los derechos de quienes residen en la ZUT de Putumayo en el marco de lo ordenado por el gobierno nacional.

¿Qué implica el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo?

El cierre de la ZUT en Putumayo implica que los excombatientes que permanecen allí deberán salir en el plazo fijado por la Resolución 215 de 2026, lo cual podría ocasionar riesgos para su seguridad, según lo advierte la Defensoría del Pueblo. Además, la falta de participación de la entidad en los procesos de traslado y apoyo institucional podría dejar a estas personas en condición de desprotección.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo pidió intervenir ante el cierre de la ZUT?

La Defensoría del Pueblo solicitó la ampliación de la medida cautelar porque considera que el proceso de cierre puede violentar derechos fundamentales de los excombatientes, especialmente aquellos amparados por medidas judiciales, y porque no ha sido incluida en los mecanismos humanitarios previstos para su salida, como lo indica el comunicado dirigido al Juzgado Segundo del Circuito de Puerto Asís.

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La medida responde a la nueva directriz gubernamental de no continuar con diálogos ni negociaciones con grupos considerados narcoterroristas, política que pone fin a la mayoría de procesos y mesas heredados de la administración anterior. Así, el gobierno busca cerrar capítulos previos y reconfigurar el manejo institucional de la paz en el país, concentrando sus esfuerzos en estrategias distintas a la negociación directa.

De acuerdo con la resolución citada, se ordena la creación de una comisión humanitaria para coordinar la salida digna, segura y respetuosa de los derechos de más de 60 excombatientes pertenecientes a la disidencia Comandos de la Frontera, quienes todavía formaban parte del proceso que inició el expresidente Gustavo Petro. La comisión tiene como objetivo brindar acompañamiento y facilitar el traslado físico de los individuos, involucrando a entidades públicas y organismos humanitarios, los cuales participarán de acuerdo a sus competencias pero sin recibir instrucciones o interferencias en sus funciones, como señala la resolución.

La finalización de la ZUT representa el cumplimiento de un anuncio previo del gobierno, que ya había fijado para el 30 de septiembre la fecha límite para la permanencia de aproximadamente 100 personas desmovilizadas en ese territorio como resultado del proceso de paz anterior. Ahora, quienes deseen continuar su proceso de reincorporación podrán solicitarlo ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, tras su salida de la zona, siempre informando a las autoridades y la Consejería de Paz. Como aclara el texto oficial, el cierre de esta zona no supondrá la apertura de nuevas investigaciones penales para estos exintegrantes.

¿Por qué el gobierno de Abelardo de la Espriella decidió cerrar la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo?

La decisión de cerrar la ZUT en el Valle del Guamuez responde al cambio de política gubernamental que rechaza diálogos y negociaciones con grupos narcoterroristas, priorizando otras estrategias de justicia y paz. El gobierno busca marcar distancia con procesos y mesas heredados de administraciones anteriores, apostando por un enfoque distinto al de la negociación directa con actores armados.

¿Qué funciones tendrá la comisión humanitaria encargada del cierre de la Zona de Ubicación Temporal?

La comisión humanitaria creada mediante la resolución 215 tendrá la misión de acompañar y facilitar el proceso de salida de los excombatientes de la ZUT, garantizando condiciones de dignidad, seguridad y respeto por sus derechos. Además, coordinará la participación de entidades públicas y organismos humanitarios, sin intervenir en sus funciones, durante el traslado y reintegración de estas personas.

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Al notar la rápida llegada de una patrulla de la Policía, ambos hombres desatendieron la señal de alto de los uniformados y optaron por escapar a toda velocidad en una motocicleta. Esta decisión desencadenó una persecución a través de varios puntos de la ciudad. De acuerdo con lo que se conoció, mientras eran perseguidos, uno de los sospechosos disparó un arma de fuego en dirección a los policías, generando así un intercambio de balas. El forcejeo armado continuó hasta llegar a la Urbanización Álamos 3, donde finalmente se produjo el desenlace del caso.

Durante la huida y en medio de la tensión, Edilson Arias Navarro, uno de los involucrados, fue alcanzado por un disparo en la espalda y cayó de la motocicleta junto con Kevin Javier Galvis Rojas, de 28 años, quien perdió el control del vehículo. Policías que llegaron rápidamente al lugar brindaron los primeros auxilios a Arias Navarro y lo trasladaron inicialmente al HEAD sede San Martín. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, fue remitido a la Clínica Santa Isabel, donde se confirmó su fallecimiento poco después, según el parte médico reportado.

Por su parte, en medio del revuelo de la comunidad que presenció el operativo, Galvis Rojas, conductor del vehículo, fue capturado por los agentes de la Policía después de recibir una ‘paloterapia’ —término que en este contexto hace referencia a golpes propinados por personas presentes en el lugar—. Más tarde fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que llevará adelante las investigaciones para establecer su responsabilidad en los delitos de hurto y porte ilegal de armas.

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¿Qué es una ‘paloterapia’ y por qué se menciona en este caso en Valledupar?

La ‘paloterapia’ se refiere, de forma coloquial, a la golpiza o castigo físico que miembros de la comunidad aplican a una persona acusada de cometer un delito, antes de ser entregada a las autoridades. En este caso, Kevin Javier Galvis Rojas fue golpeado por las personas presentes tras ser reducido, antes de su captura oficial por parte de la Policía.

¿Qué sucedió después de la persecución y tiroteo en la supertienda D1 de Valledupar?

Después de la persecución y el posterior intercambio de disparos, Edilson Arias Navarro, uno de los presuntos delincuentes, falleció a causa de un impacto de bala, mientras que el conductor, Kevin Javier Galvis Rojas, fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que determinará los cargos en su contra por hurto y porte ilegal de armas.

La sustentación técnica y jurídica de esta prórroga estuvo a cargo tanto del Departamento Administrativo de Planeación como del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública. Ana Catalina Castro Lozano, directora de esta última dependencia, explicó que presentaron ante el Tribunal que el terremoto constituyó un "hecho extraordinario, imprevisible y sobreviniente" que afecta la ejecución de la orden judicial, argumento que la Sala aceptó manteniendo la nulidad decretada previamente, sin poner en duda la cosa juzgada.

Según la comunicación oficial de la Alcaldía, la Administración ha asegurado que el nuevo POT será el producto de un proceso participativo e incluyente donde se sumarán los análisis técnicos extraídos de la emergencia sísmica. Desde septiembre, se llevaron a cabo encuentros con expertos a nivel nacional, regional y local para examinar el comportamiento de suelos y la vulnerabilidad de las edificaciones existentes, lo que permitirá definir criterios de construcción más seguros para la ciudad.

El proyecto de actualización del POT fue presentado el 3 de agosto ante el Consejo Municipal de Planeación. Sin embargo, el sismo forzó a la Administración distrital a dirigir todos sus esfuerzos a la emergencia, afectando el cronograma inicialmente previsto para la participación ciudadana, que ahora se priorizará en esta etapa de ajustes.

La expectativa, comunicada por la propia Alcaldía y compartida por Daniella Plaza, presidenta del Concejo de Cali 2026, es que estos seis meses adicionales permitan construir conjuntamente con la ciudadanía y el Concejo un documento fortalecido que prevenga riesgos sísmicos y responda a las nuevas necesidades de la ciudad.

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¿Por qué se amplió el plazo para actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial de Cali?

La ampliación del plazo hasta julio de 2027 fue avalada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para permitir que la Administración de Cali integre en la actualización del POT la información y las lecciones aprendidas tras el terremoto del 10 de agosto, evento que evidenció nuevas condiciones de riesgo en el territorio.

¿Qué cambios traerá el nuevo POT de Cali tras el terremoto de agosto?

Según la Administración Distrital, el nuevo POT buscará incorporar criterios técnicos y medidas que mitiguen la vulnerabilidad ante futuros eventos sísmicos, además de fortalecer la participación ciudadana y responder a las necesidades actuales de crecimiento y seguridad en la ciudad, basándose en los análisis realizados después del movimiento telúrico.

El beneficio principal para los seleccionados consiste en recibir activos productivos en especie, tales como equipos, materiales o dotaciones especializadas, por un valor de hasta $15.000.000. Además, el programa garantiza un acompañamiento técnico, incluyendo la formulación de diagnósticos precisos sobre las necesidades del proyecto y la oportunidad de integrarse a una red nacional de líderes juveniles, lo que amplía las posibilidades de colaboración y visibilidad a nivel nacional.

Para participar en la convocatoria, los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos esenciales. En primer lugar, tener entre 18 y 28 años de edad (es decir, haber nacido a partir del 1 de enero de 1998), residir en Colombia, y ejecutar su proyecto en cualquiera de los departamentos del país. Se exige que la iniciativa postulada ya esté en funcionamiento, ya que no se considerarán ideas o proyectos que apenas se encuentren en etapa inicial. Además, las iniciativas deben estar orientadas a las líneas de acción de cultura (como música, artes, audiovisual o patrimonio), deporte (por ejemplo, escuelas de formación o actividades físicas) o educación (tutorías o pedagogías comunitarias).

La postulación es completamente gratuita y debe hacerse exclusivamente a través de la plataforma oficial del programa, sin intermediarios. Dentro del proceso, los jóvenes tienen que diligenciar un formulario digital y suministrar documentos clave: copia de la cédula de ciudadanía o extranjería por ambas caras, un archivo en PDF donde se exponga el impacto y plan de inversión del proyecto, y certificados individuales de antecedentes de entidades oficiales como la Policía Nacional y la Contraloría. También se exigen mínimo tres fotografías que evidencien el desarrollo efectivo de la iniciativa y los formatos firmados que autorizan el uso de datos e imagen. Si el proyecto tiene relación con menores, cuenta con registro ante Cámara de Comercio, RUT (Registro Único Tributario) o se ajusta a criterios diferenciales (como discapacidad, etnicidad o condición de víctima), deben adjuntarse certificados adicionales. Toda la gestión de inscripciones y carga de archivos se realiza en el portal oficial del programa.

¿Cómo pueden los jóvenes postularse al programa Del Territorio al Futuro?

Los jóvenes interesados en postularse al programa Del Territorio al Futuro deben cumplir con los requisitos de edad, residencia, y contar con una propuesta en marcha en cultura, deporte o educación. El proceso de inscripción se hace únicamente a través de la plataforma oficial del programa, donde es necesario diligenciar un formulario digital y adjuntar toda la documentación requerida, como la cédula, certificaciones de antecedentes y evidencias del proyecto. No hay intermediarios ni costos asociados a la postulación.

¿Qué tipo de proyectos apoya el programa Del Territorio al Futuro y cuáles son los requisitos?

El programa Del Territorio al Futuro respalda iniciativas de jóvenes de 18 a 28 años que estén en funcionamiento en cualquiera de los 32 departamentos de Colombia. Los proyectos deben estar enfocados en cultura, deporte o educación, y es obligatorio presentar documentación que acredite su funcionamiento, así como detallar el impacto y la inversión prevista. Solo las propuestas consolidadas pueden postularse, ya que no se aceptan ideas o planes en fase inicial.

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Este hecho se conoció justo cuando se anunciaba una nueva decisión sobre el lugar de reclusión de Monsalve. Abelardo De La Espriella comunicó que ordenó el traslado del testigo desde la cárcel La Picota, en Bogotá, hacia el penal de Cómbita en Boyacá. Según De La Espriella, la medida obedece a presuntos incumplimientos del régimen carcelario por parte de Monsalve. Sin embargo, en este momento el traslado pendiente se ha visto interrumpido por la emergencia médica presentada en las últimas horas.

La figura de Monsalve se ha hecho central porque su testimonio se vincula directamente con la finca Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, donde su padre se desempeñó como mayordomo. Este contexto le otorgó al testigo una perspectiva particular dentro del caso por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en los que se vio involucrado el expresidente Álvaro Uribe. El proceso judicial, de acuerdo con lo reportado, puso especial énfasis en las declaraciones realizadas por Monsalve.

En una decisión de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Álvaro Uribe al concluir que no existían pruebas suficientes para establecer que el expresidente hubiera dado una orden a su abogado para convencer a Monsalve de cambiar su versión de los hechos. Es así como la credibilidad y el papel del testigo han permanecido en el centro del debate público y legal.

Ahora, mientras se define su situación médica y penitenciaria, Monsalve sigue siendo un personaje relevante dentro del proceso. Se encuentra privado de la libertad desde 2008, cumpliendo una condena de 44 años de prisión por secuestro extorsivo, lo cual añade complejidad a su situación actual y sitúa su testimonio en medio de tensiones judiciales y carcelarias.

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¿Por qué Juan Guillermo Monsalve es un testigo tan importante en el caso de Álvaro Uribe?

Monsalve ha sido considerado un testigo clave porque su testimonio se relaciona con la finca Guacharacas y la familia de Álvaro Uribe. Su declaración fue central en el proceso por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal contra el expresidente, lo que lo ha mantenido en el centro de la atención judicial.

¿Cuál es la condena que cumple Juan Guillermo Monsalve y por qué está privado de la libertad?

Juan Guillermo Monsalve está privado de la libertad desde 2008 y cumple una condena de 44 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo. Esta condena es independiente de su participación como testigo en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe.

La iniciativa mantiene el diálogo como la primera etapa para toda la manifestación, exigiendo la presencia de gestores y la apertura de canales de comunicación durante la jornada. Sin embargo, permite que los operativos contra individuos violentos avancen al mismo tiempo, siempre que haya motivos objetivos y verificables que justifiquen la omisión de los primeros pasos. Estos hechos deberán quedar registrados en el acta del Puesto de Mando Unificado (PMU), garantizando transparencia en la toma de decisiones.

La reforma propuesta define cinco niveles de acción: gestión preventiva, diálogo directo, mediación institucional, disuasión y restablecimiento del orden, este último a cargo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) o la fuerza policial disponible. El empleo de los pasos de disuasión y restablecimiento del orden necesita, en principio, una orden oficial registrada en el PMU. No obstante, se realiza una excepción cuando exista peligro inminente para la vida o riesgo de delitos, permitiendo al comandante actuar de forma inmediata, pero siempre informando después.

El proyecto también aclara que el bloqueo de una vía, por sí solo, no vuelve violenta una manifestación. La disolución de protestas con bloqueos solo podrá hacerse en situaciones de perturbación seria e inminente y si no existen alternativas menos gravosas. Para tomar la decisión, el PMU deberá evaluar factores como la existencia de rutas alternas, el tiempo del bloqueo, el impacto en servicios de emergencia, el desabastecimiento, los ingresos de quienes dependen de la vía y la importancia de la carretera.

Otra novedad es la ampliación de obligaciones para las autoridades. Se exige la conformación de equipos de diálogo social en municipios y departamentos, mantener vías libres para ambulancias y población vulnerable, y publicar un balance detallado luego de jornadas que impliquen daños. Los principios fundamentales se mantienen: las manifestaciones se presumen pacíficas, está prohibido el uso de armas de fuego en las intervenciones y las Fuerzas Militares no participarán. Igualmente, se diferencia entre manifestantes pacíficos y quienes actúan con violencia.

Según la memoria justificativa del Ministerio del Interior, organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo expresaron dudas sobre la suficiencia del diagnóstico y la conservación de derechos fundamentales. No obstante, el Gobierno reitera que la propuesta no limita el derecho esencial de reunión ni el principio del uso excepcional de la fuerza. El texto seguirá en consulta pública hasta el 4 de octubre de 2026 y, por el momento, continúa en vigor el Decreto 003 de 2021.

¿Cómo cambiarían las reglas para la Policía en manifestaciones en Colombia con este proyecto de decreto?

De acuerdo con el proyecto publicado, la Policía podría intervenir de manera individual contra personas que ejerzan violencia durante las manifestaciones sin completar antes las fases de diálogo y mediación, siempre y cuando existan causas objetivas verificadas y documentadas en el PMU. No obstante, para el resto de la protesta, se mantiene el protocolo escalonado y el respeto por los canales de comunicación y el carácter pacífico de las manifestaciones.

¿Qué define el Decreto 003 de 2021 sobre el uso de la fuerza en protestas sociales?

El Decreto 003 de 2021 establece como indispensable el agotamiento de las fases de diálogo, interlocución y mediación antes de permitir actuaciones policiales de mayor contundencia en protestas. Solo en caso de que estas etapas no resuelvan una situación violenta, se permite avanzar a medidas de disuasión y restablecimiento del orden por parte de las autoridades.

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El duelo fue determinado para extenderse desde el martes 29 de septiembre hasta el jueves 1 de octubre. Durante este periodo, el municipio adoptará distintas medidas con el propósito de rendir homenaje a la vida y obra del destacado músico, nacido en esta tierra. Entre las principales disposiciones, se encuentra la izada de la bandera municipal a media asta en todas las sedes y edificios públicos de El Paso durante las tres jornadas de duelo, según lo estipulado por el decreto oficial.

Asimismo, y en señal de respeto por la partida del artista, la Alcaldía suspendió todas las actividades festivas y eventos oficiales inicialmente programados entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre. Esta decisión busca propiciar un ambiente de recogimiento y reflexión en la población, así como enaltecer el legado de Náfer Durán, considerado uno de los grandes referentes de la cultura vallenata.

El mismo decreto convoca a los medios de comunicación locales a sumarse activamente al homenaje. El alcalde solicitó de manera especial que las emisoras dediquen su programación a difundir las composiciones y la memoria musical de Náfer Santiago Durán Díaz. En palabras textuales del documento: "Hacer un llamado respetuoso a los medios de comunicación locales para que se unan a este homenaje, dedicando su programación a la difusión de las canciones y legado de Náfer Santiago Durán Díaz".

El sector educativo y la ciudadanía en general también fueron invitados a vincularse a los actos conmemorativos, particularmente en lo relacionado con la promoción de la vida y obra del juglar. Dentro del repertorio que se recomienda divulgar destacan canciones emblemáticas como ‘Sin ti’ y ‘El estanquillo’, piezas que forman parte fundamental del patrimonio musical del municipio.

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¿Por qué la alcaldía de El Paso decretó duelo oficial por Náfer Santiago Durán Díaz?

De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía de El Paso, la declaratoria de duelo oficial se debió al fallecimiento de Náfer Santiago Durán Díaz, destacado juglar y Rey Vallenato de 1976, a quien se le reconoce como un importante exponente de la música local y figura oriunda del municipio. La medida busca rendir homenaje y preservar el legado cultural del artista.

¿Qué medidas estableció el Decreto 068 de 2026 en homenaje a Náfer Durán?

El Decreto 068 de 2026, expedido por el alcalde Jesús Alberto Ortiz Cervantes, estableció varias disposiciones: la izada de la bandera del municipio a media asta en edificios públicos durante tres días, la suspensión de todos los eventos oficiales y fiestas programadas en el periodo de duelo, y un llamado a medios de comunicación, sector educativo y ciudadanía para fomentar actividades que promuevan la vida y obra de Náfer Santiago Durán Díaz.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) denunció la comercialización ilegal y fraudulenta de la preparación denominada crema Amu.

La entidad sanitaria advirtió a la comunidad que dicho ungüento promueve falsamente propiedades terapéuticas para eliminar lunares, verrugas, mezquinos y papilomas en relieve.

Mediante la revisión de sus bases de datos institucionales, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos confirmó la ausencia total de autorización comercial para este preparado.

El análisis al empaque reveló que la fórmula omite la lista de componentes activos, incluyendo únicamente instrucciones de aplicación sin respaldo técnico ni comprobación científica.

Debido a estas irregularidades, el Invima clasificó el ungüento como producto fraudulento según los parámetros fijados en el artículo 2 del Decreto 677 de 1995.

La agencia gubernamental enfatizó que la distribución sin supervisión representa un peligro directo para los consumidores a corto, mediano y largo plazo.

El organismo regulador reiteró que esta mercancía carece de evaluaciones sobre seguridad, calidad, trazabilidad y autenticidad, engañando al público con falsas expectativas curativas.

Para prevenir complicaciones médicas, la autoridad aconseja evitar estrictamente la automedicación, priorizando diagnósticos profesionales individualizados según la condición particular de cada paciente.

Invima recordó la importancia de verificar siempre el número de registro sanitario antes de adquirir o consumir cualquier sustancia medicamentosa.

El público puede confirmar la autenticidad de los registros ingresando al enlace oficial del Invima y seleccionando el grupo correspondiente mediante el nombre comercial.

Ante esta situación alarmante, la entidad emitió una serie de instrucciones preventivas dirigidas a la ciudadanía, comercios, prestadores de salud e inspectores territoriales.

Se ordena a la comunidad abstenerse de comprar o aplicar la crema Amu, advirtiendo los riesgos asociados al consumo de mercancías sin amparo sanitario.

Asimismo, las autoridades sugieren no adquirir tratamientos fitoterapéuticos o suplementos promovidos de forma irregular en páginas web, redes sociales o plataformas de mensajería.

En caso de estar utilizando la pomada, la recomendación oficial exige suspender su uso de inmediato para prevenir reacciones adversas sobre los tejidos cutáneos.

Si la persona experimenta manifestaciones desfavorables, debe notificar el caso inmediatamente a través de la plataforma Vigiflow o enviando un correo a invimafv@invima.gov.co.

Igualmente, el Invima solicita reportar de manera oportuna los establecimientos o canales virtuales donde se comercialice o distribuya este cosmético no autorizado.

Por su parte, las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales deben ejecutar labores intensivas de inspección, vigilancia y control en sus jurisdicciones.

Los inspectores locales tienen la instrucción de decomisar los empaques hallados, gestionar su posterior destrucción e informar las novedades detectadas directamente al instituto.

Paralelamente, las autoridades territoriales deben difundir esta alerta preventiva entre las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

Las clínicas, hospitales y profesionales de la medicina que atiendan pacientes usuarios del producto deben advertirles sobre los riesgos latentes para su salud física.

Los médicos deben notificar al Invima los datos de suministro otorgados por los afectados, incluyendo direcciones físicas y tiendas virtuales de procedencia.

Los comerciantes, titulares y distribuidores deben abstenerse de vender la crema Amu, evitando sanciones administrativas, clausuras o la aplicación de medidas sanitarias de seguridad.

Por último, la Red Nacional de Farmacovigilancia deberá estructurar búsquedas activas para identificar reacciones adversas vinculadas al preparado irregular y remitir los reportes correspondientes.

El Invima mantiene habilitados sus canales institucionales para atender peticiones, quejas, reclamos, consultas de registros sanitarios y notificaciones sobre eventos adversos en línea.

La ciudadanía puede ponerse en contacto directo con la entidad mediante el correo invimafv@invima.gov.co para resolver inquietudes o aportar información sobre irregularidades sanitarias.

Durante los últimos dos años la entrega de este medicamento por parte de las Eps ha sido muy difícil para las familias que tienen hijos con estas condiciones. En los últimos meses se conoció que la farmacéutica que elaboraba este, se lo vendió a otra; por lo que la distribución de este se ha dificultado aún más. Los  padres de familias y organizaciones solicitan la intervención urgente para no quedar más tiempo sin medicamento.

Carolina Cuervo es madre de Daniel, su hijo tiene epilepsia refractarea y discapacidad cognitiva. La madre cabeza de familia habló en Sin Carreta y recordó la importancia de este medicamentos para sus hijos.

(Vea también: De la Espriella destapa plan para la salud; beneficiaría a más de un millón de pacientes)

Urbadan es un medicamento vital. Si mi hijo no lo toma se pude morir. Los padres con hijos con condiciones graves y complicadas llevamos dos años en este flagelo y no tenemos respuesta. Vivimos del día a día, nunca se hacen planes de contingencia. A nosotros nadie nos dice que pasa con los medicamentos pese a las acciones de tutela.

No es la primera vez que no reciben el medicamento

Durante la entrevista Carolina relató que hace dos años vivieron una situación parecida. Ante la situación hicieron un paro frente al ministerio de salud, en ese entonces al menos dos niños fallecieron porque no recibieron el medicamento a tiempo. Además, se cuestionó si es necesario que más niños mueran para que se tomen acciones.

Urbadan es vital para atender las convulsiones

Carolina explicó por qué el Urbadan es importante para pacientes con enfermedades huérfanas y epilepsia. Aseguró que no es un medicamento que se pueda cambiar por otro.

Urbadan tiene una complejidad. Como es un medicamento de control tiene 15 días de vigencia la formula. Por lo que las Eps, el gobierno y agentes que tienen que ver en el sistema nos están fallando. Además, irresponsablemente pretenden que tomen otro medicamento. Es muy grave que los pacientes no se lo tomen.No tenemos respuesta, no nos están dando, no hacen planes de contigencia, no queremos más muertes. Estamos asustados.

Es un medicamento que no se puede suspender porque pueden ocasionar convulsiones seguidas. De poder comprarlo, se puede hacer, pero el problema es que este en el mercado porque tampoco se encuentra y si se encuentra en el mercado es muy costoso. Cuesta  alrededor de $300.000. Mi hijo se toma 3 es decir aproximadamente costaría  un millón de pesos que yo tendría que sacar de mi bolsillo mensualmente. Lo hemos hecho, pero estamos en un punto que no encontramos para pagarlo y no sabemos qué hacer.

Familia alertó la gravedad de cambiar el medicamento

Sin Carreta conoció la historia de Gloria Roa, una mamá cuidadora en Tunja con dos hijos con enfermedades huérfanas. Gloria comentó que sus hijos estaban formulados con Clobazam, medicamento  que  usaban durante  años. Sin embargo, su hija tuvo un cambio brusco de medicamento y es la hora que no ha podido estabilizarla. Manifestó que la Eps le ha tomado del pelo. Además, su hijo también convulsiona y pese a que no son fuertes la única forma para estabilizarlo es  por medio de Urbadan , por lo que  la importancia de estos medicamentos ese esencial para ellos.

Familias exigen respuestas o se irán a paro

Para finalizar, Carolina manifestó que tomarán todas las instancias legales para ser escuchados

No es un capricho, el medicamento es el  que nos esta funcionando. Vamos a volver a hacer un paro frente al ministerio. O nos escuchan por la vía de derecho o nos escuchan por las vías de hecho, pero no queremos más muertes. Estamos asustados y vamos a acudir a todas las instancias legales y vamos a hacer que nuestras voces sean escuchadas.

En ese sentido, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá ofrece a la ciudadanía la Línea 106, un recurso de orientación y acompañamiento para quienes buscan un espacio donde expresar sus sentimientos y encontrar alternativas de atención adaptadas a su situación. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la Línea 106 está disponible de manera gratuita las 24 horas del día y los siete días de la semana, ofreciendo escucha, contención y guía profesional en temas de salud mental. Esto es especialmente relevante en épocas donde la ansiedad, el miedo o la preocupación pueden sentirse más intensos debido a múltiples factores del día a día.

Para quienes deseen comunicarse con la Línea 106, existen varias opciones: llamar al número 106 desde cualquier teléfono, escribir al correo electrónico linea106@saludcapital.gov.co o buscar el servicio en Facebook como @linea106. La Secretaría Distrital de Salud recalca que los servicios de atención están disponibles en todo momento y que no hay límites para acudir cuando se necesita acompañamiento emocional, ya sea para uno mismo o para ayudar a un ser querido.

El mensaje que reitera la Secretaría Distrital de Salud, tanto en su comunicación oficial como en publicaciones en la red social X, es claro: cada emoción tiene valor y compartir lo que ocurre en el interior puede marcar una diferencia significativa. Ya sea conversando con un amigo, un familiar o recurriendo a la orientación profesional de la Línea 106, buscar apoyo es un acto de fortaleza y cuidado propio. En situaciones de urgencia o crisis en salud mental, la recomendación es comunicarse con la Línea de Emergencias 123 para recibir atención inmediata.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la Línea 106 para salud mental en Bogotá?

La Línea 106 es un servicio gratuito que opera ininterrumpidamente para escuchar, orientar y acompañar a la ciudadanía en temas de salud mental. Permite a quienes atraviesan situaciones difíciles expresar sus emociones, recibir asesoría profesional y conocer alternativas de atención según sus necesidades. El contacto se puede hacer por teléfono, correo electrónico o redes sociales.

¿Qué recomendaciones da la Secretaría Distrital de Salud para afrontar situaciones emocionales difíciles?

La Secretaría recomienda reconocer y expresar las emociones, hablar con personas de confianza o buscar ayuda profesional. Asegura que lo que cada persona siente es importante, y que pedir apoyo fortalece el bienestar emocional, sin que signifique estar solo. Ante una urgencia, aconseja llamar a la Línea de Emergencias 123 para acceso inmediato a atención especializada.

La situación salió a la luz cuando Gómez participaba en una actividad en un centro comercial y le informaron que tenía un ahorro de 50.000 pesos en Cúcuta. La noticia le despertó dudas y decidió investigar qué estaba ocurriendo. Según contó a El Tiempo, le recomendaron solicitar un trámite de plena identidad para establecer cuál de los registros correspondía realmente a sus datos.

El hombre aseguró que presentó un derecho de petición, cambió su documento en Piedecuesta, acudió a la Personería y puso una denuncia ante la Fiscalía. En ese momento, pensó que el problema había quedado encaminado, pero años después volvió a encontrarse con irregularidades en sus documentos.

(Vea también: Registraduría Nacional refuerza controles contra suplantación de identidad y fraude documental en Colombia)

El nuevo episodio ocurrió en 2024, cuando adelantaba el trámite para obtener su pasaporte. En Cúcuta le practicaron nuevamente una prueba de plena identidad y encontraron que otra persona aparecía registrada con sus datos en el barrio Panorama de Neiva, Huila. A partir de esa verificación, según su relato, se modificaron características físicas asociadas a su identificación, como estatura, peso, color de piel y dirección de residencia.

Gómez contó que posteriormente recibió su pasaporte, pero descubrió otra irregularidad cuando revisó la información de la cédula que estaría en poder de la otra persona. Según explicó, allí aparecían su huella dactilar y la fotografía del otro hombre. En junio volvió a Cúcuta para una nueva prueba de plena identidad y, asegura, le confirmaron que él era el titular original, aunque posteriormente le negaron la expedición de la cédula digital.

Desde entonces, el afectado asegura que solicitó la rectificación de su documento, pero no ha recibido una solución definitiva. También manifestó que las autoridades le han recomendado tener precaución por la situación y teme viajar fuera de Colombia, pues le preocupa que las inconsistencias en sus documentos puedan ocasionarle problemas en otro país, incluso una eventual detención o deportación.

El mayor temor de Gómez está relacionado con las consecuencias que podría tener la identidad que, según denuncia, fue utilizada por otra persona. Asegura que ese hombre estaría registrado en un sector de Neiva que considera peligroso y teme terminar relacionado con delitos que no ha cometido. “Por favor, bórrenlo, el real soy yo, Rubén Gómez”, expresó al referirse al trámite que inició hace años para corregir su identificación.

De acuerdo con Manuel Eduardo Ceballos, presidente de la Urbanización Valle de Lili, es común que los incidentes se presenten especialmente en horas de la mañana, cuando el flujo vehicular aumenta. Esta problemática ha conducido a que líderes comunitarios, como Ivani Popó, presidenta de la Junta de Acción Comunal Polígono Lili, insistan en que la principal dificultad para cruzar el sector es consecuencia del exceso de velocidad de varios conductores y la dificultad de tránsito en los periodos de mayor circulación. Además, han manifestado su preocupación por los accidentes que han involucrado incluso a peatones y motociclistas en sectores cercanos al barrio, ratificando que el problema es continuo y afecta varias vidas.

En respuesta, la Secretaría de Movilidad de Cali, bajo la dirección de Sergio Moncayo, inició una intervención en el sector para aumentar la seguridad. Como relató el propio funcionario, la entidad está desarrollando un planeamiento de tráfico específico para la zona crítica, con el objetivo de identificar y reducir los riesgos existentes. Entre las soluciones implementadas destaca la instalación de señalización vial tanto vertical como horizontal, buscando con esto hacer más visible la regulación del tránsito y, al mismo tiempo, facilitar la movilidad de todos los actores viales del sector.

Las principales medidas solicitadas por la ciudadanía comprenden la instalación de reductores de velocidad, señalización más clara y mayor presencia de agentes de tránsito. La perspectiva de los habitantes es que, en un sector con rápido crecimiento urbanístico como Valle de Lili, estas acciones son necesarias para controlar la velocidad y propiciar un entorno seguro tanto para quienes viven como para quienes transitan a diario por el sector. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, este tipo de intervenciones se extienden a otros puntos de la ciudad, en una estrategia que busca fortalecer las condiciones de seguridad en las vías caleñas.

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¿Cuáles son los principales problemas de movilidad en Valle del Lili según los residentes?

De acuerdo con los testimonios de líderes comunitarios recogidos por 90 Minutos, la principal preocupación en Valle del Lili es la falta de señalización específica y visible en la carrera 99 con calle 50, sumada al exceso de velocidad de varios vehículos. Estas condiciones han generado repetidos accidentes, especialmente en horas pico, exponiendo tanto a peatones como a motociclistas a un riesgo constante.

¿Qué acciones implementó la Secretaría de Movilidad en Valle de Lili tras las denuncias de la comunidad?

Según lo informado por la Secretaría de Movilidad y reportado por 90 Minutos, la entidad realizó un planeamiento de tráfico e instaló señalización vial vertical y horizontal en la zona. Estas acciones buscan mejorar la visibilidad y regular el tránsito en uno de los sectores con mayor crecimiento urbanístico, con la meta de fortalecer la seguridad vial para habitantes y transeúntes.

La integración de perfiles del Tolima no termina allí. Juan Felipe Moreno Baquero es otro nombre que aparece vinculado con cargos de relevancia nacional. De acuerdo con la publicación de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Moreno Baquero figura como aspirante al cargo de asesor de la Dirección General. Sin embargo, la entidad aclara que estas publicaciones hacen parte de procesos previos y aún no corresponden a nombramientos oficiales, lo que deja abierta la expectativa sobre futuras confirmaciones.

En la misma línea, Ember Andrés Farah Cortés ha sido postulado —también por la UNP— como aspirante a ocupar un cargo de director administrativo y/o financiero o técnico u operativo, específicamente para funciones en la Dirección Logística y Financiera. La información revela que ambos registros se hicieron públicos el 4 de septiembre de 2026, lo que demuestra el interés continuo en integrar a profesionales del Tolima en cargos de dirección en entidades nacionales.

Por otro lado, el sector de acuicultura y pesca también refleja la presencia tolimense. Antonella Gómez Quijano, hija del exsenador Luis Humberto Gómez Gallo, ha llegado a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP). La entidad, según la información presentada, actualmente está dirigida por Juan Rodrigo Alvarado Moreno, también originario del Tolima. Estos movimientos recientes se suman a la participación que ya venían protagonizando diversos profesionales de la región durante la transición del Gobierno, con particular incidencia en las mesas nacionales de empalme realizadas en julio pasado.

En síntesis, la administración de De La Espriella evidencia una apuesta por incorporar líderes y profesionales con raíces en el Tolima, quienes asumen posiciones clave tanto en el plano diplomático como en la dirección de entidades nacionales.

¿Quiénes son los tolimenses nombrados en cargos del Gobierno de Abelardo De La Espriella?

Los tolimenses que han tomado relevancia en el nuevo Gobierno incluyen a Iván Rodrigo Alvarado Gaitán, designado como embajador en Bolivia, Juan Felipe Moreno Baquero y Ember Andrés Farah Cortés, cuyas postulaciones para cargos en la Unidad Nacional de Protección (UNP) fueron publicadas en septiembre de 2026, así como Antonella Gómez Quijano, quien llegó a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), entidad dirigida por el también tolimense Juan Rodrigo Alvarado Moreno.

¿Cuál es el proceso de vinculación para cargos en la Unidad Nacional de Protección (UNP)?

El proceso de vinculación en la Unidad Nacional de Protección (UNP), según lo informado, inicia con la publicación de los nombres de los aspirantes a los cargos. Estas publicaciones hacen parte de los pasos previos al nombramiento oficial, lo que significa que quienes aparecen en los listados aún no han sido oficialmente designados, sino que están en etapas de evaluación y trámite dentro de la entidad.

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De acuerdo con los primeros reportes institucionales y los videos que rápidamente comenzaron a circular a través de redes sociales, la zozobra se apoderó de la comunidad tras las continuas detonaciones de artefactos explosivos que, según la información preliminar, habrían sido arrojados desde drones por integrantes del Eln.

El coronel Edwin Uriel Cárdenas León, comandante de la Decimoquinta Brigada del Ejército Nacional, confirmó a EL TIEMPO la magnitud del atentado, precisando que fueron exactamente seis las granadas lanzadas contra el recinto policial.

Afortunadamente, la tragedia pudo ser contenida gracias a la presencia táctica en el sector: una tropa del Batallón Julio Londoño del Ejército Nacional se encontraba patrullando la zona al momento de la incursión. Los uniformados respondieron de inmediato con sus armas de dotación para proteger el perímetro y ahuyentar a los atacantes.

Hasta el momento, los balances oficiales confirman que no se registran víctimas mortales ni personas heridas tras el hostigamiento. No obstante, las autoridades encendieron las alarmas en la región, pues este episodio se convierte en el segundo hostigamiento directo contra la Fuerza Pública en el departamento del Chocó en menos de 24 horas, evidenciando el recrudecimiento de la violencia y el uso de nuevas tecnologías por parte de los grupos armados ilegales.

Según el congresista, estas zonas concentran una parte importante de los homicidios de la capital y requieren acciones focalizadas contra las estructuras criminales.

La propuesta contempla operativos en corredores y puntos críticos definidos mediante inteligencia, controles de armas y explosivos, acciones contra organizaciones delictivas y economías ilícitas, además de medidas de protección para comerciantes afectados por extorsiones.

Uscátegui también planteó reforzar las labores de inteligencia e investigación criminal y pidió que las Fuerzas Militares acompañen a la Policía en las zonas consideradas de mayor riesgo.

El representante aseguró que durante 2024 Ciudad Bolívar registró 236 homicidios, Kennedy 174 y Bosa 118, para un total de 528 casos.

También citó registros de abril de 2026, según los cuales hubo 57 asesinatos en Ciudad Bolívar, 39 en Kennedy y 26 en Bosa. A partir de estas cifras, sostuvo que las tres localidades concentran prácticamente la mitad de los homicidios de Bogotá.

En contraste, desde la administración del alcalde Carlos Fernando Galán aseguran que el número de homicidios en Bogotá viene bajando y, a la fecha, en septiembre hay 80 registrados. Sin embargo, aún no está el cierre de este mes que termina hoy.

Uscátegui, por su parte, relacionó su solicitud con varios hechos recientes de violencia. Entre ellos mencionó el asesinato del intendente de la Sijín Edilberto Pinilla Cárdenas, ocurrido el 27 de agosto en Ciudad Bolívar, y la explosión registrada el 25 de agosto en el barrio El Amparo, en Kennedy.

Asimismo hizo referencia a la desaparición de la niña Ana Lucía González y a su visita al lugar donde fue encontrada.

El congresista comparó su propuesta con la asistencia militar aplicada en Santa Marta tras ataques atribuidos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La iniciativa, sin embargo, generó preocupación en la exsenadora María José Pizarro, quien cuestionó públicamente la propuesta y preguntó cuál sería la posición del alcalde Carlos Fernando Galán.

El incidente tuvo lugar mientras se desarrollaba una importante celebración religiosa. Según información citada en el artículo, varios feligreses estaban presentes en una misa oficiada por el obispo de la Diócesis de Istmina-Tadó, en el marco del cierre de las festividades patronales en Nóvita. Fue en este contexto que testigos reportaron el inicio de la emergencia, destacando el pánico entre los asistentes y la abrupta interrupción del evento religioso. La coincidencia del ataque con un momento de congregación masiva agrava la preocupación de los habitantes, quienes se han mostrado alarmados por la vulnerabilidad de la población civil durante actividades comunitarias.

Versiones recogidas en la zona han señalado una posible ofensiva realizada mediante el uso de drones, aunque las autoridades aún deben confirmar la naturaleza precisa del ataque. Asimismo, en informaciones preliminares atribuidas a la comunidad, se ha mencionado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como presunto responsable, pero esta vinculación continúa bajo verificación. Hasta el momento, no se han publicado reportes oficiales que detallen víctimas, personas heridas, daños materiales ni otras afectaciones directas a la población civil o a la infraestructura local.

La incertidumbre sigue envolviendo a Nóvita, mientras las fuerzas públicas y organismos de seguridad trabajan en la recopilación de información y en la confirmación de los hechos. Se espera que conforme avancen las investigaciones, las autoridades entreguen datos más precisos sobre lo sucedido, el origen de la ofensiva y sus consecuencias. La expectativa de los habitantes es alta, y se mantiene la atención sobre posibles actualizaciones y el desarrollo de nuevas acciones de seguridad en el municipio.

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¿Qué se sabe hasta el momento sobre el ataque con drones en Nóvita, Chocó?

Según testimonios recogidos por medios locales y fuentes en la zona, el ataque incluyó detonaciones y ráfagas de fusil, aparentemente perpetradas con drones. Sin embargo, las autoridades continúan en proceso de verificación y no se ha confirmado oficialmente la modalidad ni los actores responsables. Tampoco se ha reportado el número de heridos ni de afectados, y la situación sigue bajo investigación.

¿Quiénes serían los responsables del incidente armado en Nóvita?

De acuerdo con las versiones preliminares conocidas en el municipio, la ofensiva habría sido atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque esta información está pendiente de confirmación oficial. Las autoridades todavía no han identificado de manera concluyente a los responsables del ataque.

Tras el reporte del hurto, las autoridades del municipio desplegaron de inmediato un plan de búsqueda específico cuya finalidad era ubicar e interceptar a los posibles responsables y recuperar el automotor. El operativo se concentró especialmente en sectores reconocidos de Maicao, como La Pista y Limoncito, puntos que fueron identificados como posibles trayectos utilizados por quienes perpetraron el robo.

Horas después del hecho, la camioneta fue encontrada abandonada y recuperada por las autoridades. Hasta el momento de reportarse el caso, y según detalla Diario del Norte, no se han realizado capturas relacionadas ni se han revelado más detalles sobre el modo exacto en que el vehículo fue ubicado. Sin embargo, las autoridades mantienen abierta la investigación correspondiente con el fin de identificar y capturar a los responsables del ilícito. Entre las diligencias que están en curso, se destaca la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad localizadas en la ruta que habría seguido la camioneta tras el robo, así como la toma de testimonios a vecinos y personas presentes en el sector.

Este caso evidencia la rápida acción de la fuerza pública y el despliegue de esfuerzos coordinados para proteger bienes oficiales. Pese a la recuperación del vehículo, el hecho pone en relieve los desafíos de seguridad que aún enfrenta Maicao y el interés institucional por esclarecer por completo la situación, garantizando que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia.

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¿Cómo lograron las autoridades recuperar la camioneta oficial robada en Maicao?

Las autoridades recuperaron la camioneta oficial gracias a un dispositivo de búsqueda desplegado inmediatamente después del reporte del robo. Según Diario del Norte, la acción policial incluyó un rastreo coordinado por sectores estratégicos como La Pista y Limoncito; posteriormente, el vehículo fue hallado abandonado. Aunque aún no hay capturas ni detalles precisos sobre el proceso, se resalta la importancia de la reacción rápida y la investigación activa en el caso.

¿Qué acciones están tomando las autoridades tras el robo de la camioneta de la Alcaldía de Maicao?

Después del robo, las autoridades han iniciado una investigación que contempla la recopilación de información en el lugar de los hechos y la revisión de cámaras de seguridad. Estos procedimientos buscan identificar a los responsables y reconstruir la ruta que siguió la camioneta tras ser sustraída, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del caso y presentar resultados ante la comunidad.

El incidente ocurrió cuando los uniformados acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre una posible agresión física en el sector. Al llegar, los agentes conversaron con la madre de la niña, quien relató que Martínez había llegado a la vivienda con la intención de atacarla. En medio del altercado, el hombre lanzó una piedra que, de acuerdo con las autoridades, alcanzó a la menor y le ocasionó una herida en el rostro. El coronel Gómez declaró: "Esta persona había llegado a esta vivienda a intentar agredir a la madre de la menor, por lo cual él lanza esta piedra, lamentablemente impactando con la misma a la niña de 6 años".

Luego del ataque, la Policía desplegó rápidamente un operativo de búsqueda en los alrededores del inmueble y consiguió capturar a Martínez en flagrancia, es decir, en el momento mismo del delito, a pocos metros de la vivienda donde ocurrieron los hechos. La situación generó alarma entre los vecinos del sector, quienes atestiguaron lo sucedido y alertaron a las autoridades.

Por su parte, la niña fue trasladada de inmediato a un centro asistencial donde recibió atención médica especializada. Las autoridades informaron que, aunque la herida fue en el rostro, su estado es estable. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que ahora asume el proceso, mientras que Martínez deberá responder judicialmente por el delito de lesiones personales.

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¿Qué pasó exactamente en la invasión Tierra Prometida de Valledupar?

En la invasión Tierra Prometida, una discusión familiar derivó en una agresión física cuando, según la Policía Metropolitana de Valledupar, Ángel David Martínez llegó a la vivienda de su expareja y, en medio del altercado, lanzó una piedra que hirió en el rostro a una niña de seis años.

¿Cuál es el estado de salud de la niña herida en Valledupar y qué acciones tomaron las autoridades?

Según información oficial, la niña fue llevada a un centro asistencial para ser atendida por la lesión en el rostro y actualmente se encuentra estable. Tras los hechos, la Policía capturó a Martínez en flagrancia y lo puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales.

Si bien el documento ratifica de entrada que se mantiene la presunción de que las manifestaciones son pacíficas y blinda el principio de no estigmatización para quienes salen a las calles, la normativa deja abierta una puerta clave: el uso legítimo de la fuerza podrá emplearse incluso en medio de los procesos de diálogo y concertación con los actores involucrados.

El borrador enumera con extrema precisión los escenarios que obligan a una intervención directa de las autoridades. La Fuerza Pública podrá actuar de inmediato si desde el inicio de la concentración se detectan situaciones como el porte o empleo de armas, la retención de personas (privándoles de la libertad), graves daños a la infraestructura y ataques directos contra terceros ajenos a la protesta, categoría en la que se blindará expresamente a servidores públicos, policías, personal médico y periodistas.

Entre las novedades operativas destaca la instrucción de mantener una presencia disuasiva pero cercana por parte de las autoridades. El texto establece que los miembros de la Policía Nacional deberán realizar un dispositivo de acompañamiento a una distancia mínima de cuatro metros, con el propósito de blindar tanto el ejercicio pacífico de los manifestantes como la integridad de transeúntes y ciudadanos ajenos a la movilización.

Asimismo, la normativa busca equilibrar la balanza constitucional, señalando que ningún derecho puede ejercerse por encima de los demás. En este sentido, se prioriza la ponderación de la protesta frente a bienes jurídicos fundamentales como la vida, la salud, la movilidad, el trabajo, la educación y la correcta prestación de servicios públicos esenciales.

Como parte de la estrategia para mitigar los impactos colaterales de las marchas, el articulado dispone que las mesas de conversación e interlocución institucional incorporen de manera formal a gremios económicos y delegados de las Juntas de Acción Comunal (JAC). Su objetivo principal será auditar y revisar en tiempo real las afectaciones directas sobre las actividades productivas y la tranquilidad de las comunidades residenciales.

Este paquete normativo aterriza en un terreno ya de por sí caldeado. Hace dos semanas, durante una alocución televisada, el presidente De La Espriella advirtió que preparaba un andamiaje legal para ingresar a los campus universitarios con el fin de identificar a los promotores de violencia. Aunque el Ejecutivo ha insistido en que estas medidas no vulneran la autonomía universitaria, el anuncio desató una ola de reacciones en diversos sectores políticos y académicos, desde donde se le ha exigido al Gobierno priorizar el entendimiento y el diálogo por encima de la intervención de la fuerza.

Una vez conocido el hurto, las autoridades emprendieron la búsqueda inmediata de la camioneta, desplegando un dispositivo que se extendió hacia zonas como La Pista y Limoncito. Estos sectores fueron identificados como parte del trayecto que habrían seguido los presuntos responsables del robo, información que sirvió como base para la coordinación de la reacción de las fuerzas de seguridad en el municipio.

Horas después del incidente, y tras intensificar los patrullajes y puntos de control, la camioneta fue hallada abandonada. Las autoridades procedieron a recuperarla, sin que hasta el momento se hayan reportado capturas relacionadas con el caso. Diario del Norte resaltó que la información sobre cómo exactamente se localizó el vehículo no ha sido detallada por los organismos de investigación, lo que indica que, por ahora, se mantienen en reserva ciertos datos del procedimiento utilizado para la recuperación de este bien público.

Actualmente, las diligencias continúan enfocadas en esclarecer la identidad de los responsables y la secuencia exacta de los hechos. Entre las acciones tomadas se encuentra la recolección de información entre los habitantes y comerciantes del sector, así como la revisión minuciosa de las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas cerca del taller y en las vías que forman parte de la ruta de escape. Estas imágenes podrían resultar clave para establecer el recorrido de la camioneta después del hurto y, eventualmente, identificar a los sujetos involucrados. La administración municipal permanece a la espera de nuevos hallazgos por parte de las autoridades.

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¿Cómo se llevó a cabo la recuperación de la camioneta robada en Maicao?

La recuperación de la camioneta oficial de la Alcaldía de Maicao se logró gracias a un operativo policial que incluyó el despliegue de dispositivos de búsqueda en zonas estratégicas, como La Pista y Limoncito. Aunque las autoridades encontraron el vehículo abandonado y lo recuperaron horas después del robo, hasta el momento no se han revelado detalles sobre el método exacto utilizado para localizar el automotor, ni se han reportado capturas relacionadas con el hecho.

¿Qué investigaciones adelantan las autoridades tras el robo del vehículo oficial en Maicao?

Las autoridades están enfocadas en recopilar información en el sector donde ocurrió el hurto y en revisar las grabaciones de cámaras de seguridad que puedan ofrecer imágenes clave del robo o del recorrido posterior de la camioneta. Estas actuaciones buscan identificar a los responsables y reconstruir la secuencia de los hechos, aunque hasta ahora no se han ofrecido mayores detalles sobre avances significativos en la investigación.

La joven se encontraba en Cartagena realizando su internado médico en el Hospital Naval de Bocagrande y estaba próxima a culminar esta etapa de su formación para regresar a Bogotá.

(Lea también: Tatiana Hernández cumple años y sus papás pidieron sentido regalo: “Ya es suficiente”)

La última vez que fue vista ocurrió en la zona de los espolones de la avenida Santander, cerca del Centro Histórico de Cartagena.

Madre de Tatiana pide ayuda para avanzar en el caso

En medio de la búsqueda, Lucy Díaz solicitó públicamente acompañamiento a Abelardo De La Espriella para intentar encontrar nuevas alternativas que permitan esclarecer qué ocurrió con la joven.

La petición fue realizada durante una entrevista con el senador Germán Rodríguez, publicada en su cuenta de TikTok.

“Queremos que Abelardo de la Espriella nos abra la puerta y nos colabore”, manifestó la madre, quien aseguró que, desde su perspectiva, las autoridades no le han brindado el apoyo suficiente para establecer dónde está su hija.

Díaz también afirmó que conserva la esperanza de que Tatiana continúe con vida.

“Sabemos que está con vida, pero no sabemos en dónde está”, expresó.

Estas afirmaciones corresponden a la percepción de la familia y no constituyen una conclusión oficial sobre el paradero de la joven.

Hace año y medio desapareció Tatiana en Cartagena y su familia sigue sin saber dónde está.

Hay testimonios, llamadas y mensajes que, según su familia, podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido, pero aseguran que no han recibido el apoyo necesario de las autoridades.

Hoy hago un llamado a las autoridades para que este caso vuelva a ser prioridad. Hay que encontrar a Tatiana.

— Germán Rodríguez (@GermanRSenador) September 29, 2026

¿Qué se sabe de la última vez que vieron a Tatiana?

Tatiana Hernández estaba realizando sus prácticas profesionales en el Hospital Naval de Cartagena cuando desapareció. De acuerdo con la información conocida públicamente, la estudiante estuvo en los alrededores de los espolones de la avenida Santander durante varias horas el día de su desaparición.

Una de las hipótesis que surgió durante la investigación fue que la joven pudo haber caído al mar. En esa zona se adelantaron labores de búsqueda con participación de organismos como la Armada Nacional, pero no se encontraron rastros de Tatiana.

Su madre, sin embargo, considera que también deberían fortalecerse otras líneas que contemplen la posibilidad de que la estudiante haya abandonado el sector por tierra.

“Siempre le he dicho a la Fiscalía que a Tatiana me la engañaron”, aseguró Díaz en declaraciones entregadas a Noticias Caracol.

La hipótesis planteada por la familia no ha sido establecida como un hecho por las autoridades.

Llamadas anónimas y personas que habrían pedido dinero

Durante el tiempo que ha transcurrido desde la desaparición, los familiares aseguran haber recibido llamadas y mensajes de personas que afirmaban tener información sobre Tatiana. Según Lucy Díaz, algunas de esas pistas no habrían sido suficientemente esclarecidas.

“Hemos tenido mucha información de llamadas anónimas o mensajes anónimos, pero que las autoridades hayan cuestionado o averiguado qué sucedió con esas llamadas no tenemos resultados”, afirmó.

La madre también relató que algunas personas habrían intentado aprovecharse de la situación para pedir dinero a cambio de información sobre la joven.

“También nos han pedido dinero y hemos otorgado de nuestros recursos para personas que posteriormente detectamos que son gente que está en la cárcel”, contó.

Uno de los elementos que Lucy Díaz considera especialmente importante es un supuesto video que, según su versión, habría sido obtenido por un establecimiento privado cercano al lugar donde Tatiana fue vista por última vez.

La madre aseguró que un fiscal que inicialmente estaba al frente de la investigación en Cartagena le habló de esta grabación. De acuerdo con su relato, el material mostraría a una persona que correspondería a Tatiana llegando a los espolones y permaneciendo allí entre aproximadamente las 4:00 de la tarde y las 7:00 de la noche.

“El fiscal tenía un video clave que le había suministrado un establecimiento privado donde le hacen seguimiento”, sostuvo Díaz.

La mujer afirma que posteriormente, cuando el proceso pasó a Bogotá, la familia preguntó por esta evidencia y no la encontró dentro del expediente que pudo consultar.

Díaz también cuestionó que durante parte de la investigación se insistiera en la posibilidad de que Tatiana hubiera muerto ahogada.

“Casi que una vez por semana nos hizo mucho énfasis que nuestra hija se ahogó y que ese video era crucial… y nunca nos lo mostró”, relató.

La existencia, contenido y valor probatorio de ese supuesto video deberán ser determinados por las autoridades competentes.

Dos testimonios mencionan a un hombre que habría estado con Tatiana

Entre las pistas que la familia considera relevantes están los testimonios de dos personas que, según Lucy Díaz, habrían visto a Tatiana acompañada por un hombre en la zona de los espolones.

La madre explicó que ambos relatos tendrían algunas coincidencias respecto a las características del supuesto acompañante. Según la información entregada por la familia, se trataría de un hombre de entre 60 y 65 años, alto, de cabello canoso y con apariencia extranjera.

Uno de los testimonios habría señalado que esta persona conversó con Tatiana y que posteriormente la joven se retiró del lugar acompañada por él. Sin embargo, la familia también reconoce que existen contradicciones entre las versiones. Uno de los testigos habría cambiado posteriormente su relato y manifestado que la información inicialmente entregada era falsa.

Para Lucy Díaz, esto no resuelve las dudas sobre lo ocurrido.

“Alguien le puso una cita en ese lugar o alguien informó que Tatiana se fue hacia allá”, manifestó.

La madre incluso considera que la desaparición pudo haber sido planeada, aunque esta apreciación tampoco ha sido confirmada por las autoridades.

La familia mantiene activa la búsqueda

La investigación continúa en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras diferentes entidades han participado en las labores de búsqueda y verificación de información.

(Vea también: Nuevo problema para la familia de Tatiana Hernández: viven nueva pesadilla en desaparición)

La familia también promueve la página buscamosatatiana.com, creada para recibir de manera anónima posibles datos que permitan establecer el paradero de la estudiante. Para Lucy Díaz, el paso del tiempo no ha disminuido la necesidad de encontrar respuestas.

“Su mamá sigue luchando. No voy a desfallecer, no voy a parar hasta encontrar un resultado”, afirmó.

Mientras tanto, los familiares de Tatiana Hernández continúan esperando información que permita reconstruir sus últimos movimientos y establecer qué ocurrió después de que fue vista por última vez en los espolones de Cartagena.

El movimiento telúrico ocurrió a las 8:16:58 a. m., hora local, y tuvo una profundidad de 38 kilómetros. La ubicación del evento fue determinada en las coordenadas 4,49° de latitud y -76,67° de longitud.

Según el reporte del SGC, el temblor fue identificado mediante 31 estaciones de monitoreo y su estatus de localización fue clasificado como manual. El registro presentó un RMS de 0,8 segundos y un gap de 71 grados.

Entre los municipios más cercanos al punto donde se originó el sismo se encuentra Sipí, en Chocó, ubicado a unos 18 kilómetros. También aparecen El Dovio, en el Valle del Cauca, a 48 kilómetros, y Trujillo, en el mismo departamento, a aproximadamente 50 kilómetros.

Por su magnitud de 2,8, se trata de un evento sísmico de baja intensidad. El reporte disponible no incluye información sobre personas afectadas, daños materiales o alteraciones en infraestructura como consecuencia del movimiento.

El SGC continúa siendo la entidad encargada de monitorear y reportar los eventos sísmicos registrados en Colombia.

Uno de los partidos más activos en este proceso ha sido el Partido Liberal, que ha liderado al menos tres encuentros recientes. En ellos participaron figuras relevantes del gabinete, como Rodrigo Lara, ministro del Interior; Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda; y Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda. La atención se centra en la presentación de una agenda ministerial que deberá ser discutida próximamente en el Legislativo. Sin embargo, los proyectos aún no han sido radicados, ya que actualmente se encuentran bajo revisión de la Oficina Jurídica de la Presidencia, encabezada por Andrés Barreto. Pese a ello, ya existe una base de iniciativas preparadas, especialmente en el Ministerio del Interior, como fue reseñado por El Espectador.

Además, bancadas como Centro Democrático, La U y el partido Conservador también forman parte de estas discusiones. Estos partidos conocen las principales iniciativas que el Ejecutivo planea impulsar, como la ley de sometimiento que se elabora desde el Ministerio de Justicia, dirigido por Iván Cancino, en concordancia con la Casa de Nariño. Otra propuesta respaldada es el estatuto antiterrorista, presentado por Rodrigo Lara. También se destaca el seguimiento a temas energéticos y ambientales, donde los ministerios de Minas y Energía, liderado por Noemí Arboleda, y Ambiente, a cargo de Indalecio Dangond, han encontrado apoyos dentro del oficialismo, especialmente en lo relacionado con la reducción de tarifas de energía para la Costa Caribe y la prevención de apagones energéticos.

Un hecho adicional relevante es la reunión sostenida entre el presidente de la Espriella y los congresistas Enrique Gómez y Sara Castellanos, líderes de comisiones clave en el Senado. En ese espacio político se abordaron temas como la ley de sometimiento, el presupuesto de 2027 y la intención de que Barranquilla se convierta en capital alterna del país.

¿Cuáles son las principales iniciativas que promueve el gobierno de Abelardo de la Espriella en el Congreso?

El gobierno de Abelardo de la Espriella promueve iniciativas como la ley de sometimiento, elaborada por el Ministerio de Justicia en conjunto con la Casa de Nariño, y el estatuto antiterrorista propuesto por el ministro del Interior, Rodrigo Lara. También se impulsa la reducción de tarifas energéticas para la Costa Caribe y la prevención de apagones eléctricos, además de la propuesta para que Barranquilla sea capital alterna de Colombia, todas con respaldo de bancadas aliadas.

¿Qué papel juega la Oficina Jurídica de la Presidencia en los proyectos que llegan al Congreso?

La Oficina Jurídica de la Presidencia, liderada por Andrés Barreto, tiene el papel de revisar detalladamente los textos de los proyectos propuestos por los ministros antes de que lleguen al Congreso. Este proceso asegura que las iniciativas cuenten con el soporte legal adecuado antes de ser presentadas para el debate legislativo, garantizando así solidez jurídica y política en la agenda gubernamental.

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Juan Guillermo Monsalve es considerado uno de los testigos clave en el caso judicial seguido en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Monsalve fue sentenciado a 40 años de prisión y, hasta el anuncio, estaba recluido en una de las instituciones penitenciarias más reconocidas del país. Sin embargo, el presidente consideró pertinente su traslado debido a lo que calificó como una violación sistemática del régimen carcelario por parte del interno. "En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve", afirmó el mandatario, justificando la decisión con base en los antecedentes de comportamiento de Monsalve en la cárcel.

En declaraciones adicionales, de la Espriella precisó su intención de evitar que las cárceles colombianas se transformen en centros de operaciones del crimen. Con esa premisa, el presidente enfatizó que los reclusos deben cumplir su condena sin acceso a beneficios o privilegios que les permitan continuar con actividades ilícitas desde el interior de las instalaciones penitenciarias. La nueva política anunciada busca blindar el sistema carcelario colombiano contra eventuales actos de corrupción o actos delictivos que, según el mandatario, podrían originarse desde las celdas.

La noticia ha levantado expectativas sobre los cambios que podrán advertirse en la gestión penitenciaria y en el tratamiento de casos que involucran a figuras de relevante interés judicial. Para información adicional sobre temas de justicia, seguridad y derechos humanos, el diario El Espectador dispone de una sección especializada con seguimiento a estos asuntos.

¿Por qué fue trasladado Juan Guillermo Monsalve a la cárcel de Cómbita?

De acuerdo con lo expuesto por el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X, Juan Guillermo Monsalve fue trasladado porque, según el mandatario, había violado sistemáticamente el régimen carcelario, y su perfil como testigo clave y condenado a 40 años lo hacía un caso relevante para fortalecer la disciplina penitenciaria y evitar privilegios en el sistema.

¿Qué implicaciones tiene el traslado de Juan Guillermo Monsalve en el sistema penitenciario de Colombia?

El traslado se enmarca en una política del gobierno orientada a impedir que las cárceles funcionen como centros de operaciones criminales y a reforzar el mensaje de que ningún recluso tendrá trato preferencial, lo que podría influir en futuras decisiones sobre otros internos de alto perfil judicial y reforzar los controles en los centros penitenciarios.

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En el video, Torres aseguró que “el parche está un poquito caliente en Yopal” y explicó que había decidido trasladarse a una de las fincas que tenía junto con varias personas de su entorno. Desde ese lugar, contó que estaban preparando una chorizada. El exalcalde también hizo referencia a una actividad comercial relacionada con los chorizos que estaba preparando. “Estamos haciendo los chorizos solo de cerdo, para que me compren chorizos en estos días”, dijo en la grabación.

Alias Calzones sabía q lo iban a quiñar. pic.twitter.com/RQd3W1xr4d

— 🇷🅾️🇲‌🅰️🇳‌ 🅾️🇸‌🇰‌🇾‌ (@Romanosky_PH) September 30, 2026

Sin embargo, más allá de la actividad que mostraba en el video, Jhon ‘Calzones’ dejó claro que estaba evitando permanecer en la ciudad por temor a su seguridad. “No puedo dar papaya allá en la ciudad porque el parche está caliente”, afirmó.

(Vea también: “Dejemos esos señores quietos”: revelan video de Jhon ‘Calzones’ diciendo quién lo iba a matar)

En otro momento de la grabación, Torres decidió no revelar la ubicación exacta en la que se encontraba. Según explicó, estaba en una de sus fincas, pero prefería mantener el lugar en reserva debido a la situación que enfrentaba. “No puedo decir en cuál, toca tener cuidado”, manifestó.

El video adquiere especial relevancia tras el asesinato de Jhon ‘Calzones’, pues en la propia grabación el exalcalde hablaba de personas que, según sus palabras, lo estaban persiguiendo y de la necesidad de tomar precauciones. “Hay mucho bandido persiguiéndonos”, señaló en ese registro.

El exalcalde de Yopal fue asesinado el pasado 29 de septiembre por dos sujetos que llegaron en moto hasta la finca donde él estaba. Uno de los responsables fue un menor de edad, que resultó capturado después del crimen.

La animadversión entre ambos sectores no emergió de la noche a la mañana. El primer chisporroteo ocurrió en enero, cuando Salvación Nacional decidió marginarse de la Gran Consulta por Colombia, desatando críticas del uribismo a las que Gómez replicó con dureza. El pulso se intensificó en febrero con la sorpresiva renuncia de José Félix Lafaurie al Centro Democrático —quien cuestionó la existencia de “castas” en el partido— para sumarse posteriormente a Salvación Nacional y coavalar la aspiración presidencial de Abelardo De La Espriella.

Sin embargo, el punto de quiebre definitivo estalló a comienzos de septiembre, cuando Enrique Gómez sacudió el tablero al afirmar en una entrevista con la periodista Eva Rey que el expresidente Álvaro Uribe podía ser considerado un “socialdemócrata”, criticando lo que denominó un “crecimiento desaforado del Estado” durante sus administraciones. La confrontación verbal escaló hasta las descalificaciones en redes sociales, donde el partido tildó al dirigente de “bravo en redes, pero una oveja en el Congreso”.

La escalada de tensiones y el posterior portazo del uribismo generaron inmediatas reacciones y análisis en los medios de comunicación. En los micrófonos de Blu Radio, varios analistas diseccionaron las fichas de este ajedrez político y las tensiones ocultas detrás de las alianzas.

Para Felipe Zuleta, el trasfondo de las fricciones también respondía a pulsos de poder y exigencias previas: “Si de acá a enero no había burocracia se iba a romper la coalición”, advirtió el analista sobre la fragilidad de los acuerdos en juego.

Por su parte, Luis Ernesto Gómez profundizó en la estrategia electoral del bloque afín a Abelardo De La Espriella y su relación con el partido de Uribe, señalando que los ataques respondían a un cálculo de supervivencia y disputa territorial: “Llamar la participación de un partido de gobierno burocracia como si eso fuera ilegal o indebido es realmente no saber cómo funcionan las democracias. No conozco un solo miembro del Centro Democrático que sea de gobierno. Es muy fácil hacer un análisis de lo que está pasando entre el uribismo y el abelardismo. Si algo ha hecho el senador Enrique Gómez es entender a Abelardo de la Espriella es que todos sus aliados le han dado al expresidente Uribe, era a Paloma Valencia a la que tenían que derrotar y es a los del Centro Democrático a los que tienen que derrotar en las elecciones regionales. Así ganaron la presidencia”, puntualizó.

En la misma línea, Sofía Araújo analizó las tensiones en torno a la autonomía en los nombramientos y el desgaste de las ofensivas públicas: “El presidente De la Espriella llega a discreción a nombrar quien quiera, pero él no tiene ninguna obligación de darles puesto al Centro Democrático. Ellos son partido de gobierno porque son afines al Gobierno. Yo espero que esas ofensivas solo hacen daño”, aseveró en la mesa de trabajo de la emisora.

La tensión acumulada desembocó en el comunicado oficial del lunes, donde el partido de Uribe sentenció que se cansó de las “constantes descalificaciones” y de la actitud displicente de Gómez, cerrando de manera tajante la puerta a cualquier coalición con sectores que buscan polarizar. Voces del partido, como el senador Óscar Villamizar, arreciaron contra el dirigente comparando sus constantes giros políticos con los de figuras como Roy Barreras.

Mientras Salvación Nacional explora caminos propios de cara a los comicios territoriales de 2027, el divorcio político deja abierta una profunda incógnita sobre cómo se reconfigurará el mapa de la derecha en las regiones y si esta fractura facilitará el terreno para la oposición en los territorios.

(Lea también: Indignación: abuela de 94 años fue abusada en hogar geriátrico por practicantes y todo quedó en video)

Según la Policía, el ladrón logró acceder al contenido almacenado en el teléfono y encontró varios videos que lo dejaron impactado. En las grabaciones aparecían la mujer y la menor de edad en situaciones que evidenciaban presuntos abusos. A partir de ese momento, el hombre decidió dar a conocer el material y la información terminó llegando a manos de las autoridades. Con las evidencias obtenidas, los investigadores iniciaron una rápida verificación para establecer quién era la mujer que aparecía en las grabaciones y confirmar la identidad de la niña. El caso comenzó a tomar fuerza conforme avanzaban las indagaciones y las pruebas apuntaban a una grave vulneración de los derechos de la menor.

De acuerdo con la información oficial, el responsable del robo revisó la galería del teléfono y encontró imágenes y videos de contenido sexual en los que aparecía una niña de apenas nueve años. El hallazgo cambió por completo el rumbo de la historia, pues permitió descubrir hechos que hasta ese momento permanecían ocultos. Las autoridades conocieron el material y comenzaron a seguir la pista de la mujer. Tras varias labores de investigación, lograron ubicarla en una vivienda de Cali, donde fue capturada en medio de un operativo adelantado junto con organismos judiciales.

#CALI: Le robaron el celular y el ladrón la terminó denunciando ante la Policía por explotar sexualmente a su propia hija de 9 años

Robo de celular permitió descubrir un presunto caso de abuso sexual contra niña de 9 años en Cali. El ladrón encontró videos en el teléfono y denunció el hecho ante autoridades que, posteriormente, ubicaron y capturaron a la propietaria del equipo, quien era madre de la víctima

— Esto es Cali Ve (@estoescali_) September 30, 2026

La Policía informó que el procedimiento permitió rescatar a la menor, quien fue retirada del entorno en el que presuntamente estaba siendo víctima de abusos. La niña quedó bajo la protección de las entidades encargadas de garantizar su bienestar mientras continúan las investigaciones.

A medida que avanzó el caso, los investigadores recopilaron más pruebas sobre lo ocurrido. Según las autoridades, el material hallado en el celular permitía evidenciar conductas que podrían constituir delitos relacionados con abuso e instrumentalización de menores para la producción de contenido inapropiado.

(Vea también: “Me salvaron la vida”: mujer relata cómo escapó de casarse con un abusador en serie)

Las pesquisas también llevaron a revisar si estas situaciones se habrían presentado durante un periodo prolongado. Por esa razón, la investigación no se limita únicamente a los videos encontrados en el teléfono, sino que busca establecer si existieron otros episodios similares y el tiempo durante el cual habrían ocurrido. Durante las diligencias, algunos familiares entregaron información que ahora forma parte del expediente judicial. Todos esos elementos son analizados por los investigadores con el fin de reconstruir lo sucedido y determinar con precisión las responsabilidades.

Una vez reunidos los elementos de prueba, la mujer fue presentada ante la justicia para responder por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de menores de edad. Las autoridades consideran que el material encontrado fue clave para avanzar en el caso y obtener los resultados que permitieron su captura. La menor, por su parte, permanece bajo atención especializada. Las entidades encargadas trabajan en su recuperación y acompañamiento psicológico, mientras se adelantan las actuaciones judiciales correspondientes.

Según los reportes compartidos, el siniestro ocurrió sobre las 8:20 de la mañana y tuvo como protagonistas a una buseta de servicio público de la empresa Expreso Ibagué, identificada con el número interno 0503, y una motocicleta Pulsar. Producto de este choque, el conductor de la motocicleta resultó lesionado. El impacto fue de tal magnitud que fue necesaria la presencia inmediata de personal de salud, quienes lo valoraron inicialmente en el sitio antes de trasladarlo a un centro asistencial de la ciudad de Ibagué, donde continuó con la atención médica requerida.

El accidente obligó al cierre total de la vía que conduce hacia el Cañón del Combeima, una decisión que se tomó con el fin de garantizar tanto la atención de la emergencia como la seguridad de quienes circulan por la zona. Como consecuencia, se presentaron congestiones vehiculares y complicaciones en el tránsito, motivo por el cual las autoridades recomendaron a los conductores que transitan por ese corredor vial tener paciencia, considerar la reprogramación de sus desplazamientos y optar por rutas alternas mientras se adelantan las investigaciones y se normaliza la situación.

Por ahora, la responsabilidad de esclarecer las circunstancias específicas en las que ocurrió el accidente recae sobre las autoridades de tránsito de Ibagué. Estas entidades serán las encargadas de analizar el hecho, realizar el croquis correspondiente y determinar las posibles causas y responsables del choque entre el vehículo de transporte público y la motocicleta. Hasta que culminen las actuaciones oficiales y se levante el cierre de la vía, la movilidad hacia el acceso al Cañón del Combeima permanece totalmente restringida.

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¿Cómo está afectada la movilidad en la vía al Cañón del Combeima tras el accidente?

La movilidad en la vía de acceso al Cañón del Combeima permanece completamente cerrada, de acuerdo con los reportes difundidos. Esta medida se tomó debido a la gravedad del accidente y la atención de la emergencia, lo que genera congestión y traumatismos en el tránsito. Las autoridades recomiendan a los conductores buscar rutas alternas y mantener la paciencia hasta que se normalicen las condiciones en la carretera.

¿Qué procedimiento siguen las autoridades de tránsito de Ibagué después de un accidente?

Luego de un accidente como el ocurrido en la vía al Cañón del Combeima, las autoridades de tránsito de Ibagué se encargan de establecer el croquis del siniestro, analizar las circunstancias en las que ocurrió y determinar responsabilidades. Este protocolo incluye la recopilación de información y pruebas, así como la verificación de los hechos para esclarecer lo sucedido y tomar decisiones sobre la reapertura de la vía.

El punto afectado está ubicado frente a viviendas y establecimientos comerciales. Según lo expresado por José Arboleda, habitante del sector, “llevamos un mes informando directamente a Emcali, pero hasta el momento no han hecho ninguna presencia, no dicen nada”. Este testimonio, recogido en el portal Noticiero 90 Minutos, refleja la sensación de abandono de la que hablan vecinos y comerciantes, pues además de la pérdida material del agua, la presión en algunas viviendas ha sufrido disminuciones y la convivencia en el entorno se ha visto afectada.

La fuga también ha provocado preocupaciones adicionales en materia de seguridad y salubridad. La calle se ha transformado en un punto de encuentro para habitantes en condición de calle, quienes aprovechan la corriente para abastecerse de agua y lavar su ropa, generando cierta acumulación de personas a cualquier hora, lo que inquieta tanto a residentes como a propietarios de negocios en el sector. “Se está presentando que los habitantes de calle están llegando en el día y en la noche a recoger agua y a lavar ropa. Se está acumulando gente acá en la cuadra”, explicó nuevamente Arboleda, subrayando el clima de incomodidad y la necesidad urgente de intervención por parte de las autoridades y Emcali.

El llamado colectivo de los vecinos se ha hecho todavía más enfático teniendo en cuenta las alertas emitidas por los posibles efectos del fenómeno de El Niño, condición climática que podría traer disminución de lluvias y escasez de agua en la ciudad. Entre sus peticiones, la comunidad no solo solicita la reparación de la tubería, sino también una acción que permita que el entorno recupere condiciones óptimas de seguridad y salubridad, para así mitigar la preocupación existente y evitar que el desperdicio se prolongue en un contexto de riesgo hídrico.

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¿Por qué la fuga de agua en el barrio Granada de Cali aún no ha sido reparada?

Según los testimonios registrados por Noticiero 90 Minutos, los habitantes han reportado de manera reiterada la situación a Emcali, pero hasta el momento no se han realizado trabajos de reparación ni se ha dado una respuesta oficial por parte de la entidad. El motivo exacto de la falta de intervención no ha sido comunicado por Emcali en la información disponible.

¿Qué consecuencias trae la fuga de agua en el barrio Granada para la comunidad?

La principal consecuencia es el constante desperdicio de agua potable, lo que resulta especialmente grave ante la posibilidad de escasez debido al fenómeno de El Niño. Además, la fuga ha causado baja presión del servicio en algunas viviendas y ha convertido la zona en un punto de permanencia de habitantes en condición de calle, lo que genera problemas de seguridad, convivencia y salubridad, de acuerdo con los reportes de los vecinos.

La salida de Palma se produce poco más de un año después de dejar la gerencia del IBAL, puesto que ejerció durante más de tres años. Desde entonces, continuó vinculada a la administración municipal, participando en proyectos estratégicos. Su nombre, en los últimos meses, ha circulado en distintas conversaciones públicas relacionadas con el posible panorama político de Ibagué para las elecciones de 2027. Aunque todavía no hay ninguna confirmación oficial sobre una aspiración electoral, diversas voces han mencionado la posibilidad de que Erika Melissa Palma aspire a la Alcaldía en ese ciclo electoral.

Frente a estos rumores, en junio de este año, cuando un medio le preguntó si tenía planes de presentarse como candidata, la ingeniera respondió: “Sueños y proyectos tenemos todos”. No obstante, en ese momento subrayó que su prioridad seguía siendo cumplir con sus responsabilidades laborales dentro de la administración municipal. Ahora, con su renuncia, el escenario cambia y su futuro adquiere nueva relevancia en el contexto local, justo cuando comienzan a perfilarse los nombres que podrían participar en la contienda por la Alcaldía de Ibagué en 2027. Por el momento, la atención se centra en cuál será su próximo paso, marcando así el cierre de una etapa en el IBAL y el inicio de una fase de especulación sobre su actividad futura.

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¿Por qué renunció Erika Melissa Palma al IBAL después de tantos años?

De acuerdo con la información revelada por la propia Erika Melissa Palma en sus redes sociales, su decisión de renunciar al Instituto de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ibagué (IBAL) fue personal. Manifestó que lo hacía con pesar, pero también con gratitud por haber cumplido con todas sus responsabilidades. No se mencionaron motivos detallados en el mensaje ni en la información disponible, por lo cual el trasfondo concreto de la renuncia queda reservado a su intimidad profesional.

¿Erika Melissa Palma será candidata a la Alcaldía de Ibagué en 2027?

Hasta la fecha, no existe una confirmación oficial acerca de una posible candidatura de Erika Melissa Palma a la Alcaldía de Ibagué para las elecciones de 2027. Si bien su nombre ha sido mencionado en conversaciones recientes sobre el panorama político local, la propia ingeniera ha señalado que, por ahora, no ha tomado una decisión al respecto y que se concentraba en sus funciones públicas antes de la renuncia.

Uno de los pilares de la propuesta es la individualización de manifestantes que incurran en actos violentos o vandálicos. Según el texto, mientras se privilegia el diálogo y la mediación como primera respuesta, se aclara que esto sólo aplica a la protesta en su conjunto y no condiciona intervenciones contra individuos específicos que ejecuten actos de violencia. Así, la fuerza podrá ser empleada simultáneamente con el diálogo, retomando el canal de comunicación cuando cesen las acciones violentas, en aras de salvaguardar los derechos tanto de manifestantes pacíficos como de ciudadanos ajenos a la protesta, de acuerdo con lo señalado en el documento obtenido por El Espectador.

El acompañamiento de la Policía Nacional es otro de los puntos claves: el dispositivo policial estará situado a mínimo cuatro metros de los manifestantes, con el objetivo de asegurar el ejercicio pacífico del derecho a la protesta y proteger a participantes y terceros. Si en la manifestación se detecta porte o uso de armas o hay agresiones, la Policía estará facultada para intervenir conforme a sus funciones legales, siempre bajo el cumplimiento de los principios que rigen el uso de la fuerza.

De acuerdo con datos citados por el Ministerio del Interior, desde la expedición del decreto 003 de 2021 —que estableció lineamientos para la Fuerza Pública—, los eventos de protesta y conflicto manifiesto han aumentado: 1.427 casos en 2022, 2.046 en 2023, 3.832 en 2024 y 4.039 en 2025, según el Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo. El bloqueo de vías continúa siendo el método más frecuentemente usado (41% de los eventos), y las protestas por temas de salud se incrementaron en un 121% en el último año registrado. No obstante, el gobierno señala vacíos en los anteriores decretos, que no aclararon la continuidad de servicios básicos durante bloqueos ni especificaron autoridades responsables.

Ante este panorama, el presidente De la Espriella ha recalcado que la autonomía universitaria y el derecho a la protesta serán respetados, pero advirtió que se procederá contra quienes promuevan la violencia en estos espacios, afirmando que la Policía actuará con prontitud ante lo que califica como “terrorismo urbano”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cambios que propone el gobierno para regular la protesta en Colombia?

El proyecto del gobierno propone identificar y actuar contra manifestantes violentos, permitir el empleo de la fuerza incluso manteniendo el diálogo, establecer la presencia constante de la Policía Nacional a cuatro metros de las manifestaciones y permitir intervenciones inmediatas si se detecta violencia o armas. Además, busca aclarar la responsabilidad sobre la continuidad de servicios esenciales durante bloqueos, según la información publicada por El Espectador.

¿Qué establece el proyecto sobre el uso de la fuerza durante las protestas?

De acuerdo con el documento, el uso de la fuerza podrá aplicarse cuando se identifiquen actos de violencia como uso de armas, retención de personas o agresiones graves. La obligación de diálogo y mediación con manifestaciones pacíficas se mantiene, pero la intervención policial puede darse en paralelo para cesar conductas violentas, cumpliendo los principios que rigen el uso de la fuerza según las leyes colombianas.

Durante un tiempo, su familia creía que él trabajaba en los Llanos Orientales, pues así se los comunicó el propio Mauricio, advirtiendo que estaría incomunicado por problemas de señal. Sin embargo, la verdad salió a la luz apenas la semana pasada, cuando un amigo cercano les informó sobre una conversación sostenida el 16 de marzo. En ese diálogo, Mauricio confesó estar en Rusia y confirmó que había sido reclutado para el ejército ruso, pidiéndole al amigo que, si pasaban seis meses sin noticias, avisara a su novia y a su familia.

En esa misma conversación, Mauricio compartió fotografías usando uniforme militar, aunque la familia no conserva dichas imágenes porque fueron enviadas mediante la función de única visualización. Su hermana comentó que Mauricio le narró, además, las dificultades del entrenamiento y lo duro de la experiencia. La última comunicación directa ocurrió el 2 de abril; en esa ocasión, habló con su madre y su novia, informando que ya le habían pagado, aunque no podía enviar el dinero debido a problemas de conectividad. Desde ese día, la comunicación desapareció y las noticias se han limitado solo a mensajes de texto, sin llamadas ni videollamadas.

La búsqueda de Mauricio llevó a la familia a poner el caso en conocimiento de la Fiscalía en Ibagué. La madre de Mauricio, residenciada en Santa Marta, acudió a Medicina Legal para entregar una muestra de sangre, que sería enviada a la Cruz Roja Internacional. A través de canales diplomáticos, también consultaron la Cancillería de Emiratos Árabes Unidos, aunque les confirmaron que él no había ingresado a ese país. Ante la falta de respuestas, la familia optó por buscar a Mauricio por redes sociales y aclaró que su intención no es señalar responsables sin pruebas, sino esclarecer su paradero y las circunstancias de su viaje a Rusia. El caso ha encendido la alarma sobre otros colombianos que estarían siendo contactados con propósitos similares, según la información compartida por la familia.

Si alguien tiene información sobre el paradero de Mauricio Hernández Salgado, la familia solicita comunicarse al 310 881 1755.

¿Qué se sabe del viaje de Mauricio Hernández Salgado a Rusia y su contacto con Jaguar Consultoría?

De acuerdo con el testimonio de su familia, Mauricio habría viajado a Rusia a raíz de una oferta laboral recibida de la empresa Jaguar Consultoría, que supuestamente lo contactó para incorporarse al ejército ruso. El viaje incluyó escalas por varios países antes de llegar a Moscú y, tras su llegada, Mauricio relató a un amigo su proceso de incorporación y la dureza del entrenamiento, pero su comunicación se perdió a partir del 2 de abril. La empresa mencionada, Jaguar Consultoría, dejó de operar, dificultando la obtención de más información directa.

¿Cuáles han sido las acciones de la familia de Mauricio para buscarlo tras su desaparición?

La familia de Mauricio Hernández Salgado ha acudido a diversas entidades y canales en su búsqueda: pusieron en conocimiento de la Fiscalía en Ibagué el caso, su madre entregó una muestra de sangre en Medicina Legal para la Cruz Roja Internacional y consultaron a la Cancillería de Emiratos Árabes Unidos. Paralelamente, buscaron información en redes sociales y aclararon que su objetivo principal es conocer la verdad sobre el destino de Mauricio y las circunstancias de su posible reclutamiento.

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El proceso ha estado marcado por la atención mediática y judicial, especialmente después de que Wadith Manzur fuera trasladado desde la Escuela de Carabineros de la Policía hasta La Picota, conforme a las órdenes recientes de las autoridades. La Corte Suprema, en ponencia presentada por la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa, concluyó que no existían irregularidades en la imposición de la detención ni violaciones a las garantías procesales de Manzur. Por ello, la decisión judicial mantuvo la medida de aseguramiento y negó la libertad, argumentando que resulta necesario que el excongresista permanezca privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La determinación de la Corte, según El Espectador, también tuvo en cuenta factores como la protección de la integridad de las pruebas y la posible influencia sobre testigos, especialmente en relación con María Alejandra Benavides, pieza clave dentro del expediente. El fallo señala que existen fundamentos serios para considerar que la libertad de Manzur podría afectar el desarrollo del proceso, particularmente en cuanto a la preservación de documentos, grabaciones y testimonios de relevancia en el entramado de corrupción de la Ungrd.

La acusación se apoya en evidencias presentadas por la Sala de Instrucción, en cabeza del magistrado Misael Rodríguez. Según los documentos referenciados por la Corte, se considera que al menos seis políticos, entre ellos Manzur, habrían participado en un esquema donde se otorgaba el aval a créditos de la Nación a cambio de cupos indicativos, agravando así la percepción pública sobre la magnitud del caso. Tras su captura el 12 de marzo, Manzur expresó, a través de la red social X, su respeto por las decisiones judiciales y voluntad de atender los requerimientos del tribunal, una postura que contrasta con la contundencia de las decisiones adoptadas por la Corte en este proceso.

¿Por qué la Corte Suprema negó la libertad de Wadith Manzur en su proceso por corrupción en la Ungrd?

La Corte Suprema de Justicia negó la libertad de Wadith Manzur al considerar que la medida de aseguramiento impuesta fue legal y que no existieron violaciones procesales en su detención. El tribunal valoró especialmente la necesidad de proteger las pruebas del caso y evitar la posible manipulación de testigos, lo que justificó mantener la prisión preventiva mientras avanza el proceso sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres.

¿Qué significa la medida de aseguramiento impuesta a Wadith Manzur y qué implica para su proceso?

La medida de aseguramiento consiste en la detención preventiva del excongresista mientras se desarrolla la investigación judicial. Esta medida implica que Manzur permanecerá privado de la libertad para garantizar que no obstaculice la indagación ni tenga contacto indebido con testigos, pruebas o víctimas, según lo determinó la Corte Suprema de Justicia en el contexto del caso Ungrd.

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Durante el registro realizado por las autoridades, el hombre fue encontrado con 12 tarjetas bancarias pertenecientes a diferentes entidades financieras. Al ser consultado por el origen de las tarjetas, el sujeto no habría presentado una explicación válida que justificara la tenencia de estos documentos, por lo que los policías verificaron que ninguno de los plásticos estaba vinculado con la identidad del hombre capturado. Según la declaración citada en el informe, “el detenido es reincidente y registra antecedentes por este mismo delito”.

Ante estos resultados, la Policía Nacional trasladó al individuo ante la autoridad competente, junto con las tarjetas incautadas, para avanzar con el proceso de judicialización por los delitos de hurto por medios informáticos y delitos semejantes. El hurto por medios informáticos es una conducta ilegal en la que se utilizan tecnologías o el acceso a información electrónica para apropiarse indebidamente de bienes ajenos, como sucede con el cambiazo de tarjetas, donde los delincuentes sustituyen la tarjeta bancaria de la víctima para realizar retiros o compras fraudulentas.

Este caso forma parte de un contexto más amplio de seguridad en el sector, pues, de acuerdo con los datos presentados por las autoridades y difundidos por El Espectador, en la localidad de Kennedy se ha evidenciado una reducción del 18 % en las denuncias de hurto a personas, así como un incremento del 10 % en las capturas en flagrancia por diferentes delitos. Estas cifras reflejan que la articulación entre la ciudadanía y la Policía Nacional sigue siendo crucial para el control de delitos en la capital colombiana.

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¿Qué es el 'cambiazo de tarjetas' y cómo actúan los delincuentes en esta modalidad?

El cambiazo de tarjetas es una modalidad delictiva en la que los delincuentes sustituyen la tarjeta bancaria de la víctima por otra similar, la cual puede estar desactivada o pertenecer a otra persona. Esto suele darse en cajeros automáticos o establecimientos comerciales, y busca apropiarse de fondos ajenos mediante el uso indebido de las tarjetas y claves de los usuarios.

¿Qué resultados de seguridad se han registrado recientemente en Kennedy, según la Policía Nacional?

Según datos divulgados por El Espectador y la Policía Nacional, en la localidad de Kennedy se reportó una disminución del 18 % en las denuncias de hurto a personas, además de un aumento del 10 % en las capturas en flagrancia por diferentes delitos, lo que sugiere una respuesta efectiva de las autoridades frente a la criminalidad.

#Bogotá | Fuerte choque en el Congreso luego de que un grupo de congresistas que lideraba un plantón feminista se enfrentara a la representante Carol Borda, de Salvación Nacional, quien llegó al evento a rechazar el derecho al aborto. Las legisladoras del progresismo calificaron… pic.twitter.com/4QnG7NIZTp

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 29, 2026

La situación cambió con la llegada de la representante Carol Borda, de Salvación Nacional, quien se ubicó frente a las participantes y manifestó públicamente su posición contraria al aborto. En el lugar también estaban las congresistas María Fernanda Carrascal, Catherine Juvinao, Jennifer Pedraza, Laura Beltrán y Aida Quilcué, entre otras.

La presencia de Borda provocó reclamos de algunas de las asistentes, quienes cuestionaron su participación en el plantón. De acuerdo con reportes sobre lo ocurrido, la congresista sostuvo que tenía derecho a expresar su postura y permaneció en el lugar, mientras se presentaban intercambios verbales con algunas de las legisladoras que encabezaban la jornada.

Una de las reacciones fue la de Catherine Juvinao, quien cuestionó la actuación de Borda y señaló: “Hago activismo y política desde 2010. Nunca había visto algo tan bajo y vulgar como lo que hizo hoy la rep. Borda”. La congresista también sostuvo que, a su juicio, hubo una obstrucción al espacio en el que sus colegas defendían sus posiciones.

Hago activismo y política desde 2010. Nunca había visto algo tan bajo y vulgar como lo que hizo hoy la rep. Borda.

El desespero por los likes la condujo a lo impensable: obstruir de forma violenta el derecho de sus colegas a defender causas pacíficamente.

Qué nivel tan bajo al… pic.twitter.com/hvCjG9m8aP

— Cathy Juvinao🌻💚 (@CathyJuvinao) September 30, 2026

Por su parte, Borda defendió su presencia en el plantón y publicó un mensaje en el que afirmó: “Hoy, desde esta curul, les digo algo con claridad: ustedes no pueden hablar en nombre de todas las mujeres”. La representante también sostuvo que su postura es la defensa de la vida en gestación y que continuará expresando su oposición al aborto.

Ayer, colectivos y organizaciones feministas salieron a marchar exigiendo el aborto.

Hoy, desde esta curul, les digo algo con claridad: ustedes no pueden hablar en nombre de todas las mujeres y acá les cuento por qué. pic.twitter.com/MH97Hj3kUV

— Carol Borda (@CarolBordaA) September 30, 2026

De acuerdo con el fallo del despacho judicial, la acción tuvo su origen en una solicitud interpuesta por Jairo Rodríguez Arenas. Tras analizar los argumentos y evidencias del caso, el juzgado determinó que Martínez Romero no cumplió con lo ordenado por la sentencia de tutela anterior. Como consecuencia, se estableció que el secretario de Movilidad deberá afrontar tres días de arresto, medida que tendrá que ser cumplida en su domicilio oficial una vez se concluyan todos los procedimientos legales todavía en curso.

Además de la privación de la libertad por tres días, el juez Sebastián Zuluaga López—quien estuvo a cargo de la decisión—también dispuso una multa económica. Esta sanción corresponde a un valor de 356,13 Unidades de Valor Básico (UVB), suma que debe ser consignada en la cuenta oficial de multas y rendimientos de la Rama Judicial tras la firmeza definitiva del fallo. El destino de este dinero será el Consejo Superior de la Judicatura, la más alta autoridad administrativa de la justicia en Colombia. Es relevante señalar que, pese a la imposición de la sanción, el secretario de Movilidad sigue estando obligado a cumplir lo determinado por la tutela inicial, ya que la providencia judicial lo especifica expresamente.

Sin embargo, la decisión aún no es definitiva. Según lo estipulado, la sanción está sujeta a consulta ante los Juzgados Civiles del Circuito de Ibagué. Esta etapa deberá completarse antes de que las medidas decretadas puedan ser efectivamente ejecutadas. Por el momento, el proceso sigue bajo la lupa pública y concentra la atención sobre el cargo de Martínez Romero en la Alcaldía de Ibagué, evidenciando la importancia de respetar los fallos judiciales y el alcance de las acciones de tutela en el país.

¿Por qué fue sancionado el secretario de Movilidad de Ibagué Camilo Andrés Martínez Romero?

El secretario de Movilidad de Ibagué, Camilo Andrés Martínez Romero, fue sancionado porque el juzgado determinó que incumplió una sentencia de tutela emitida el 12 de agosto de 2026. La providencia indicó que no cumplió las obligaciones señaladas por el juez en esa tutela, motivo por el cual se impuso una sanción de tres días de arresto y una multa, tal como se describe en la decisión judicial.

¿Qué significa la sigla UVB utilizada en la sanción económica impuesta al secretario de Movilidad de Ibagué?

UVB corresponde a Unidades de Valor Básico, un estándar utilizado en el sistema judicial colombiano para calcular multas y sanciones económicas. En este caso, la multa de 356,13 UVB fue destinada al Consejo Superior de la Judicatura y debe pagarse una vez la sentencia quede en firme, según se detalla en el fallo judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En videos que se han hecho virales a través de redes sociales se logra ver cómo el vehículo está totalmente volcado, dejando afectado a un taxi que pasaba por el lugar y que terminó siendo golpeado por el camión cisterna.

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Producto de este accidente de tránsito dos personas resultaron lesionadas, quienes viajaban en el taxi, mientras que el conductor del camión resultó ileso, según los reportes entregados por las autoridades locales.

Por ahora, en el municipio de Bello se encuentran haciendo las labores correspondientes para poder determinar cuál es el estado del camión que, según versiones oficiales, estaría cargado con 11.000 galones de gasolina, por lo que representa un peligro para la comunidad.

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Se espera que hasta el punto del siniestro llegue el Cuerpo de Bomberos de Bello y otros organismos de socorro para hacer las labores correspondientes y así poder descartar alguna situación que se pueda generar con el hidrocarburo en el Norte del Valle de Aburrá.

Una de las recomendaciones que se dan a esta hora es para los civiles, para que no se acerquen al punto del accidente del tránsito hasta que no se haga una inspección exhaustiva del camión cisterna cargado con el líquido inflamable.

Las imágenes fueron registradas por la psicóloga Katerine Trujillo Herrera, quien realizaba sus prácticas de maestría en el establecimiento, dirigido a niños, niñas y adolescentes con necesidades de intervención psicosocial.

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De acuerdo con el testimonio entregado por la profesional a El Tiempo, el menor le manifestó que había sido sometido a ese castigo porque había roto un plato y derramado comida.

Según Trujillo Herrera, lo ocurrido no habría sido un hecho aislado. La profesional relató que acudió en dos oportunidades al lugar y encontró al mismo menor sometido a una práctica similar.

“En las dos oportunidades que fui, presencié la misma situación”, aseguró la psicóloga.

Explicó que regresó al establecimiento precisamente para establecer si se trataba de un comportamiento ocasional o de una práctica utilizada de manera habitual.

La psicóloga Katerine Trujillo grabó un video donde realiza a la práctica para su maestría, en el que se ve a un menor atado en una silla. https://t.co/BcsjAAOAXJ

— Antonio Minotta (@AntonioMinotta) September 30, 2026

Según su relato, durante la segunda visita volvió a encontrar al niño en la misma silla, a una hora similar y bajo las mismas condiciones. Además, aseguró que observó otro caso en el que un menor era sometido a lo que el personal denominaba una estrategia de regulación mediante agua.

La psicóloga señaló que el niño terminó con la ropa completamente mojada y permaneció sentado en esas condiciones. Trujillo aclaró que existen estrategias de regulación emocional que pueden involucrar agua, pero sostuvo que, en este caso, la forma en que se habría aplicado no correspondía con una intervención adecuada.

La denunciante también afirmó que la situación era conocida por otras personas que se encontraban en el establecimiento. Según su relato, cuando preguntó a una de las trabajadoras por qué el menor estaba amarrado, recibió una respuesta que, a su juicio, evidenciaba que este tipo de medidas se habían normalizado.

La mujer le habría dicho que el niño no permanecía muchas horas sentado allí y que el propósito era que “aprendiera a valorar la comida”. Trujillo Herrera manifestó que, al observar nuevamente la situación y ante lo que consideró una respuesta institucional insuficiente, decidió registrar las imágenes y presentar una denuncia pública.

La psicóloga indicó que, al momento de realizar la grabación, había por lo menos otras dos personas del personal en el lugar.

Después de presentar la denuncia y de que el caso comenzara a difundirse, la propietaria del establecimiento se habría comunicado con la profesional. Según Trujillo, inicialmente la mujer manifestó desconocer lo ocurrido y aseguró que tomaría medidas contra las personas involucradas.

Sin embargo, la psicóloga afirmó que el discurso cambió cuando regresó al establecimiento acompañada por integrantes de la Policía de Infancia y Adolescencia.

“Cambiaron por completo el discurso”, relató la profesional.

De acuerdo con su versión, desde el centro habrían señalado que los padres de los menores conocían y aprobaban este tipo de comportamientos. Además, Trujillo aseguró que intentaron cuestionarla por haber expuesto el caso a través de redes sociales.

La psicóloga también afirmó que se comunicó con el padre del niño para ponerse a disposición frente a la situación. Según su relato, recibió como respuesta una advertencia relacionada con posibles acciones legales por la difusión del caso.

Estas afirmaciones corresponden al testimonio de la denunciante y deberán ser contrastadas por las autoridades que adelantan las investigaciones.

ICBF inició verificaciones sobre el caso

Luego de la denuncia, la dirección regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el Valle del Cauca inició procesos de verificación e investigación administrativa.

El objetivo será establecer si existió una vulneración de los derechos de los menores atendidos en el establecimiento y determinar las medidas o sanciones que correspondan, de acuerdo con los resultados de las investigaciones.

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Por ahora, el caso continúa bajo revisión de las autoridades competentes, por lo que las responsabilidades individuales y las circunstancias exactas de lo ocurrido deberán establecerse dentro de los respectivos procesos.

Universidad suspendió temporalmente las prácticas de la psicóloga

El caso también tuvo consecuencias en el proceso académico de Katerine Trujillo Herrera. La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), institución en la que la profesional cursa una Maestría en Terapias de Tercera Generación, decidió suspender temporalmente sus prácticas profesionales.

La medida se mantendría mientras avanzan las verificaciones de las autoridades y se adelanta el proceso para reubicar a la estudiante en otro centro de atención.

La psicóloga, por su parte, sostiene que decidió hacer públicos los registros al considerar que las situaciones observadas podían representar una vulneración de los derechos de los menores.

El curso está diseñado especialmente para un público juvenil y adulto que busque comprender los conceptos clave de la ecología. Durante las sesiones, las y los asistentes conocerán cómo los organismos de diferentes especies se relacionan entre sí y con su entorno, además de explorar el papel de las distintas especies en los servicios ecosistémicos —beneficios que los humanos obtienen de la naturaleza, como la purificación del aire, el agua y la polinización—. El contenido incluirá también la diversidad y distribución de las formas de vida en función de los ecosistemas presentes, todo ello basado en el uso de bases de datos, software y material pedagógico especializado, aportando así un componente práctico y experimental fundamental.

La estructura del curso abarca ocho sesiones temáticas. Desde una introducción a la megadiversidad del planeta, pasando por la explicación de adaptaciones e historias únicas en diferentes especies, hasta la ubicación de dichas especies y cómo sus interacciones pueden ser beneficiosas o desfavorables. Igualmente, se analizarán las amenazas latentes a la biodiversidad y los vínculos entre ciencia y ciencia ficción. Cada una de estas sesiones busca revelar las complejas y asombrosas interacciones bióticas que sustentan la vida, el equilibrio de los ecosistemas y la evolución. El evento tendrá lugar en el Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B No. 5 - 93.

De acuerdo con el direccionamiento de Idartes, esta iniciativa pretende fortalecer tanto el conocimiento personal como la sensibilización sobre la importancia de conservar la biodiversidad y comprender a fondo cómo las relaciones entre organismos inciden directamente en nuestro entorno y calidad de vida, movilizando el interés hacia la ciencia y el cuidado ambiental.

¿En qué consiste el 'Curso Interacciones vivas' del Planetario de Bogotá?

El 'Curso Interacciones vivas' es una propuesta dirigida por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y el Planetario de Bogotá para personas mayores de 14 años. Ofrece ocho sesiones que abordan temas como ecología, adaptación de especies, servicios ecosistémicos y amenazas a la biodiversidad, empleando métodos prácticos y experimentales.

¿Qué son los servicios ecosistémicos y por qué son importantes en el curso?

Los servicios ecosistémicos son los beneficios fundamentales que las personas obtienen de la naturaleza, tales como la regulación del clima, la purificación del agua y la polinización. En el curso, estos servicios se estudian para comprender cómo las interacciones y la diversidad de especies sostienen el bienestar humano.

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El funcionario ofreció detalles sobre el alcance de sus funciones, explicando que como personero delegado tiene entre sus tareas vigilar los procedimientos que adelantan los servidores públicos del municipio. En este sentido, afirmó que su presencia durante los operativos obedece a la facultad de verificar actuaciones de funcionarios cuando percibe que hay situaciones que ameritan revisión adicional, siempre dentro de sus atribuciones legales.

Otro aspecto que abordó Robayo fue su posición frente a las excepciones establecidas en la norma de pico y placa. Defendió que, por su calidad de servidor público, puede movilizarse bajo circunstancias determinadas que la ley permite. Sin embargo, señaló que para establecer si realmente estaba cobijado por esa excepción en el momento específico, sería necesario analizar las condiciones puntuales y la normativa aplicable, sin dar mayor detalle sobre el contexto exacto de ese día.

En cuanto a la reciente publicación de los videos, el personero sostuvo que esto coincidió con la realización de actuaciones disciplinarias que él impulsaba en contra de otros servidores públicos. Robayo habló de una presunta persecución en su contra, refiriéndose también a investigaciones y denuncias que, en su perspectiva, buscarían afectar su trabajo. No obstante, aclaró que esta es su versión y no existe una determinación oficial que confirme la existencia de tal persecución.

Robayo recalcó que ha recibido amenazas y ataques de tipo personal, por lo cual ha solicitado y obtenido medidas de protección. También frente a denuncias sobre presunto acoso laboral, explicó que algunos casos fueron remitidos al Comité de Convivencia de la Alcaldía de Ibagué, al tiempo que defendió la legitimidad de las actuaciones disciplinarias emprendidas desde la Personería. Finalmente, sostuvo que seguirá adelante con las tareas de vigilancia e invitó a los ciudadanos a reportar irregularidades en procedimientos de tránsito, reiterando su compromiso con el cargo.

¿Jair Robayo fue sometido a prueba de alcoholemia o le inmovilizaron el vehículo en Ibagué?

Según el testimonio de Jair Robayo recogido por El Nuevo Día, el funcionario negó que durante los procedimientos con agentes de tránsito en Ibagué se le haya practicado una prueba de alcoholemia o que su automóvil hubiera sido inmovilizado. Afirmó que se identificó ante las autoridades y luego se retiró del lugar, aclarando que lo ocurrido se limita a lo evidenciado en los videos publicados.

¿Por qué Jair Robayo considera que hay una persecución en su contra?

Jair Robayo sostiene que la difusión reciente de los videos coincide con investigaciones y actuaciones disciplinarias lideradas por él contra otros servidores públicos. Según su declaración, esto ha dado pie a lo que considera una persecución dirigida a afectar su labor en la Personería. Sin embargo, aclara que esta percepción personal no implica una determinación oficial sobre el tema.

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La incertidumbre se incrementó cuando, en redes sociales, comenzaron a circular mensajes que sugerían que la reciente actividad sísmica podría estar conectada con movimientos o riesgos asociados al Volcán Cerro Machín. Ante este escenario, el secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, Humberto Leal, salió al paso de los rumores y ofreció declaraciones oficiales. “El enjambre de sismos en Chaparral – Tolima no tiene nada que ver con la actividad del Volcán Machín”, afirmó de manera tajante el funcionario, desestimando cualquier vínculo directo entre ambos eventos sísmicos.

El Servicio Geológico Colombiano, conocido por sus siglas como SGC, detalló que la secuencia de sismos en Chaparral inició el 20 de septiembre de 2026. Según un reciente boletín del SGC, los movimientos telúricos se han concentrado principalmente en el municipio de Chaparral, registrando profundidades inferiores a 30 kilómetros. Este informe reporta un total de 979 sismos con magnitudes iguales o superiores a 2,0 en la escala de magnitud local (ML), y de esos, 22 temblores alcanzaron magnitudes iguales o superiores a 4,0 ML.

Frente a la avalancha de información no verificada en redes sociales, Humberto Leal insistió en que la comunidad debe acudir siempre a reportes oficiales y consultar únicamente las fuentes autorizadas antes de difundir mensajes que puedan provocar alarma. “Lo que hacemos es alertar situaciones que no tienen ningún sustento”, subrayó el secretario durante su intervención.

Respecto al estado del Volcán Cerro Machín, Leal recordó que el volcán está bajo vigilancia continua y mantiene el nivel de alerta amarilla, de acuerdo con los boletines oficiales del SGC publicados durante septiembre de 2026. Finalmente, el secretario reafirmó la importancia de no mezclar información carente de fundamento. “No podemos engañar a la gente con cosas que no tienen nada que ver una con la otra”, concluyó Leal, reiterando el llamado a la prudencia y a informarse por canales oficiales.

¿A qué se debe el enjambre sísmico en Chaparral, Tolima?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el enjambre sísmico reportado en Chaparral comenzó el 20 de septiembre de 2026 y se ha concentrado en ese municipio con profundidades inferiores a 30 kilómetros, según los boletines oficiales. Las autoridades insistieron en que estos movimientos no están relacionados con el volcán Cerro Machín y recomendaron atender solo la información oficial.

¿Cuál es la situación actual del volcán Cerro Machín y qué significa la alerta amarilla?

Según los reportes del Servicio Geológico Colombiano y las declaraciones de Humberto Leal, el volcán Cerro Machín permanece bajo monitoreo constante y continúa en alerta amarilla durante septiembre de 2026. La alerta amarilla indica vigilancia y precaución ante una actividad anómala, pero no implica inminencia de erupción, por lo que las autoridades piden mantener la calma y seguir reportes oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En medio del dolor por su partida, un archivo en video grabado antes de su muerte ha cobrado enorme relevancia pública y probatoria. En la grabación, Torres reflexiona abiertamente sobre los riesgos contra su vida y señala de forma directa que, si algo llegara a sucederle, los responsables tendrían nombres y apellidos específicos. En el material difundido, el exalcalde expresa de manera tajante: “Y si yo muero, lo digo públicamente, y ya eso queda en todas las redes y en todo. Si yo muero, ¿a mí quién me mató? Pues Marco Tulio, o Negro Pérez, o Mariño, o Celemin”. El exmandatario cierra su intervención con un llamado directo a la mesura: “La invitación al departamento de Casanare: no más guerra. Dejemos, señores, quietos”. Este testimonio audiovisual es analizado minuciosamente por los peritos para evaluar si respondía a amenazas reales previas.

“Jhon Calzones ” sabía quién lo quería asesinar… pic.twitter.com/AQfClFggaY

— Gener Usuga (@gener_usuga) September 30, 2026

Los nombres que frecuentemente señala en sus declaraciones, enfrentamientos o denuncias públicas corresponden a los siguientes actores políticos de la región:

• Marco Tulio: hace referencia a Marco Tulio Ruíz, exgobernador de Casanare y figura influyente en la política departamental.
• Celemín: se refiere a Willman Enrique Celemín (Wilman Celemín), quien también se desempeñó como alcalde de Yopal.
• Negro Pérez: corresponde a José Rodolfo ‘El Negro’ Pérez, excongresista y un conocido líder político regional vinculado históricamente a la dinámica de poder en Casanare.
• Mariño: alude a Nelson Mariño (Nelson Ricardo Mariño Velandia), exgobernador de Casanare y exalcalde.

Los primeros hallazgos de la investigación apuntan a que los movimientos del exmandatario habrían sido vigilados durante al menos ocho días previos al atentado. La alta exposición de Torres en redes sociales —donde solía realizar transmisiones en vivo desde su predio La Selvita para promocionar productos cárnicos, gestionar ofertas laborales y exponer su rutina diaria— habría facilitado el trabajo de los sicarios para estudiar sus horarios y determinar el momento exacto para actuar.

La mañana del trágico suceso, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el predio. Uno de ellos simuló estar interesado en comprar carne antes de desenfundar un revólver y propinarle tres impactos de bala en el tórax, el abdomen y el brazo izquierdo. Aunque fue remitido de urgencia a un centro asistencial, falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

La rápida reacción de la fuerza pública permitió la aprehensión de uno de los presuntos partícipes: un adolescente de 17 años oriundo de Armenia, Quindío. Las indagaciones buscan establecer si el menor fue trasladado específicamente desde el Eje Cafetero y si mantiene vínculos con la estructura criminal ‘la Cordillera’.

Asimismo, el segundo implicado estaría vinculado al homicidio del propietario de la motocicleta utilizada en el ataque, Bernabé Jiménez, asesinado el 28 de septiembre en Paz de Ariporo en un aparente hurto de vehículo. Paralelamente, los investigadores manejan como hipótesis principal que la orden letal habría sido emitida desde la cárcel de Cómbita (Boyacá), por lo que un teléfono celular incautado será sometido a extracción forense. Las autoridades también revisan sus recientes actividades políticas en comisiones electorales y sus antiguos negocios de tierras, cerrando el cerco sobre los determinadores de este crimen que enluta a la región.

De acuerdo con la información oficial de Emcali, la suspensión temporal del servicio de agua potable será significativa, ya que se extenderá desde las 10:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en el barrio San Carlos. Las zonas del corte comprenden desde la carrera 32 B hasta la carrera 33 A, entre la calle 31 hasta la calle 32, así como la calle 31 A, entre la carrera 33 y la 33 A, y la calle 32 desde la carrera 32 B hasta la 33 A, en la comuna 11. Además, otros sectores de Cali también experimentarán cortes programados de agua por las intervenciones técnicas en desarrollo a lo largo de la jornada.

Entre los barrios que sufrirán interrupciones del servicio se encuentran Caldas, Bolivariano, Los Andes, Alfonso López, Puerto Nuevo, Tres de Julio, El Lido, El Bosque, Cañaveralejo, Aguacatal y Tequendama. Las direcciones específicas de cada uno de estos sectores también fueron detalladas por la empresa, indicando una planificación precisa de los lugares intervenidos. Todos estos trabajos hacen parte de una estrategia orientada a prevenir fallas mayores y mantener la operatividad del sistema de acueducto, según lo expresó Emcali en su comunicación oficial.

Se recomienda a los habitantes de los barrios afectados tomar las precauciones necesarias, como abastecerse de agua con anticipación y evitar el desperdicio durante el periodo de suspensión. Los horarios y listado de las zonas intervenidas pueden consultarse a través de los canales oficiales de la empresa para mayor precisión. Emcali continuará informando sobre avances y nuevas fechas de intervención conforme avance su plan de mejoras y mantenimiento del servicio de acueducto en Cali.

¿Qué barrios de Cali estarán sin agua este miércoles por trabajos de Emcali?

Emcali anunció que los barrios que presentarán suspensión del servicio de agua este miércoles incluyen San Carlos, Caldas, Bolivariano, Los Andes, Alfonso López, Puerto Nuevo, Tres de Julio, El Lido, El Bosque, Cañaveralejo, Aguacatal y Tequendama. Las interrupciones están programadas para facilitar labores de mantenimiento y optimización en las redes del acueducto.

¿Por qué Emcali realiza cortes de agua en Cali y cuánto tiempo durarán?

De acuerdo con la información entregada por Emcali, las suspensiones buscan reponer válvulas y mejorar la infraestructura del acueducto. Los cortes tendrán una duración aproximada de 12 horas, iniciando a las 10:00 a.m. y finalizando a las 10:00 p.m. en las zonas previamente informadas, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del servicio de agua potable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Lea también: Mujer está en coma luego de ser arrollada por un bus cuando iba a trabajar en Bogotá)

Las autoridades confirmaron que la cifra de fallecidos se elevó a dos personas. La primera víctima fue identificada como Juan Sebastián Chaparro, un motociclista que circulaba por esa zona, en el sector de Puerta Grande, cuando ocurrió el accidente y quien perdió la vida en el lugar de los hechos. Según se conoció, Juan Sebastián era oriundo del Valle del Cauca y residía en Girón.

La segunda víctima mortal es una mujer que se encontraba en su casa junto a su hijo cuando el vehículo de encomiendas impactó contra la estructura. Se trata de Elsa Prada, de 72 años, quien, según se conoció, tenía un marcapasos. La mujer fue trasladada a un centro médico, donde posteriormente murió por la gravedad de las lesiones.

Además, el siniestro dejó otras ocho personas heridas, quienes fueron trasladadas a centros médicos y clínicas del área metropolitana de Bucaramanga. Según el parte oficial, las personas lesionadas no presentan heridas de gravedad y su estado de salud permanece estable.

(Vea  también: Terrible accidente en vía Ibagué-Honda: una tractomula y dos camiones chocaron de frente)

Debido a los trabajos de los organismos de socorro y a las maniobras para remover y voltear los vehículos siniestrados, el tramo vial entre Lebrija y Girón permaneció cerrado por más de tres horas antes de ser reabierto al tránsito. Las autoridades locales adelantan la investigación correspondiente para esclarecer con precisión las causas de este accidente.

El incidente tuvo lugar hacia las 7:00 de la noche, momento en el que los uniformados se desplazaron hasta la avenida La Paz, guiados por el reporte de la comunidad local. Según el informe oficial, al llegar al lugar, la Policía encontró al hombre justo cuando supuestamente estaba iniciando focos de incendio, lo que facilitó su captura inmediata en flagrancia. El señalado fue puesto a disposición de la Fiscalía 54 Seccional de Melgar bajo cargos del delito de incendio, y posteriormente presentado ante un juez, quien será el encargado de determinar su situación jurídica en el marco del proceso judicial que enfrenta.

La Policía Nacional resaltó que la oportuna alerta de la ciudadanía fue determinante para evitar que la quema provocara una emergencia de mayores proporciones. Esta actuación conjunta entre comunidad y autoridades permitió controlar una situación que, de extenderse, podría haber afectado considerablemente el entorno natural y la seguridad de los habitantes del sector.

Dadas las preocupaciones recurrentes por los riesgos que representan los incendios en zonas boscosas para los recursos naturales y el equilibrio ambiental, las autoridades reiteraron la importancia de que la población denuncie cualquier comportamiento sospechoso que pueda derivar en una emergencia. Para tal fin, la Policía recomendó utilizar la línea de emergencia 123, herramienta fundamental que asegura una intervención rápida para controlar incidentes como el ocurrido en Melgar.

Este caso ejemplifica cómo la corresponsabilidad entre ciudadanos y fuerzas públicas resulta clave para la protección de los bosques y los recursos naturales, especialmente en contextos donde una acción inmediata evita consecuencias potencialmente irreversibles.

¿Por qué es importante reportar incendios en zonas boscosas de Melgar?

Reportar incendios de manera oportuna en áreas boscosas de Melgar es fundamental porque permite que las autoridades actúen rápidamente y así se prevenga que las llamas se propaguen y causen daños mayores a los recursos naturales, al ambiente y a la seguridad de la comunidad, tal como lo señalaron la Policía y la Fiscalía en el caso reciente.

¿Cómo se debe alertar a las autoridades de un posible incendio en Melgar?

Según la Policía, la comunidad debe comunicarse a la línea de emergencia 123 para informar sobre cualquier señal de incendio o comportamiento sospechoso que implique riesgo de fuego en Melgar. Así se garantiza que las autoridades tengan la información necesaria para acudir de inmediato y contener cualquier posible emergencia ambiental.

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Todo comenzó cuando miembros de la comunidad alertaron a las autoridades sobre el robo. La información entregada indicaba que los responsables, movilizándose en una motocicleta, abordaron a la víctima y la despojaron de la joya antes de huir. La Policía respondió de inmediato activando el Plan Candado, un operativo que busca bloquear posibles rutas de escape y permite la rápida localización de los sospechosos. Según las fuentes policiales, esto permitió a una patrulla interceptar a los presuntos asaltantes a pocas cuadras del atraco.

Al verse acorralados, y siempre según la versión oficial, el individuo que iba como pasajero en la motocicleta habría desenfundado un arma de fuego y disparado contra los uniformados en un intento desesperado por evitar su captura. Este accionar desembocó en un intercambio de disparos en plena vía, situación que derivó en la caída del parrillero de la motocicleta y la posterior detención del conductor, quien tiene 28 años de edad.

El hombre herido fue identificado como Edilson Arias; recibió un disparo en la región dorsolumbar y fue trasladado a la Clínica Santa Isabel, donde pese a los esfuerzos médicos falleció a causa de la gravedad de la lesión. Investigadores de la Policía Judicial Sijín (Seccional de Investigación Criminal) se encargaron de recolectar pruebas en el sitio, entre ellas un revólver calibre .38 y cuatro vainillas percutidas, elementos que, conforme a lo informado, se habrían utilizado en el cruce de disparos con los agentes.

Finalmente, tanto el conductor capturado como la motocicleta empleada en el hecho quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá las actuaciones judiciales correspondientes.

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¿Cómo respondió la Policía Metropolitana de Valledupar al atraco en Álamos 3?

La Policía Metropolitana de Valledupar actuó rápidamente tras el llamado de la comunidad sobre el hurto de una pulsera de oro, implementando el Plan Candado para bloquear rutas de escape. Esto permitió que una patrulla interceptara a los responsables a pocas cuadras del lugar y enfrentara a uno de ellos, quien disparó contra los uniformados antes de caer herido y ser trasladado a un centro médico.

¿Qué pruebas recolectó la Sijín en el lugar de la persecución y el enfrentamiento armado?

De acuerdo con información de la Policía, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) encontró un revólver calibre .38 y cuatro vainillas percutidas en el sitio de los hechos, elementos clave que servirán como material probatorio en el proceso judicial que quedará en manos de la Fiscalía General de la Nación.

El crimen ocurrió el 5 de agosto de 2023 en Cali, en la residencia que compartían Tristán y Ricci después de siete años juntos y a pocos meses de su boda planeada. En el lugar, las autoridades incautaron cinco armas a nombre de Ricci, quien ahora permanece detenido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta Seguridad La Picaleña, en Ibagué. La reducción de la sentencia ha causado molestia en la familia Tristán, que manifestó públicamente su desacuerdo. Para ellos, cada audiencia revive el dolor y reabre heridas, como relató Valeria Tristán, hija de Luz Mery, en entrevista con Noticias Caracol.

Durante el proceso judicial, se presentaron pruebas de un maltrato sistemático hacia Luz Mery Tristán, actos que la familia desconocía. El magistrado Orlando de Jesús Pérez indicó que la deportista fue víctima de violencia física y psicológica permanente, incluyendo control sobre su rutina, prohibiciones, aislamiento social y amenazas con armas. Muchas de estas pruebas salieron a la luz solo después del crimen, lo que generó conmoción en los hijos de la víctima, quienes supieron tarde de la gravedad de la situación.

Las autoridades descartaron la versión de Ricci sobre un supuesto suicidio, confirmando —de acuerdo con la investigación— que Luz Mery Tristán murió por un disparo intencional. A pesar del castigo impuesto, la familia considera que nunca recibieron un pedido de perdón genuino por parte del agresor. Valeria enfatizó la importancia de que el caso trascienda el ámbito personal y se convierta en un llamado nacional por justicia para todas las mujeres víctimas de feminicidio, considerando el impacto social del caso gracias a la figura pública que fue Luz Mery Tristán.

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¿Por qué se redujo la condena a Gustavo Andrés Ricci en el caso de Luz Mery Tristán?

La reducción de la condena de Gustavo Andrés Ricci se debió a la decisión de segunda instancia del Tribunal Superior de Cali, que revocó el delito de porte ilegal de armas de fuego y corrigió una equivocación del juez de primera instancia. Así, la pena pasó de 45 años y 9 meses a 42 años y 8 meses de prisión, concentrándose exclusivamente en el feminicidio agravado, según lo informó Noticias Caracol.

¿Qué pruebas evidenciaron el maltrato sistemático hacia Luz Mery Tristán?

Durante la investigación, el tribunal encontró pruebas contundentes sobre el sometimiento de Luz Mery Tristán a violencia física y psíquica por parte de Gustavo Andrés Ricci. Entre las evidencias se mencionan el control obsesivo sobre sus actividades, prohibiciones sociales, aislamiento, amenazas con armas y la revisión constante de su teléfono y comunicaciones, lo que permitió establecer que el crimen fue el desenlace de un patrón de maltrato sistemático, según el magistrado Orlando de Jesús Pérez.

El ataque se registró a plena luz del día, en la Transversal 21 con Diagonal 18. Según el relato, Aarón fue interceptado por sujetos armados que, sin mediar palabra, dispararon contra él y luego se dieron a la fuga, dejando a la víctima sin vida en el lugar. Frente a lo ocurrido, acudieron rápidamente agentes de la Sijín de la Policía Nacional (Seccional de Investigación Criminal) y peritos del CTI de la Fiscalía (Cuerpo Técnico de Investigación), quienes realizaron la inspección técnica al cadáver y reunieron pruebas físicas esenciales para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Después de desarrollar los actos urgentes, las autoridades comunicaron que Aarón tenía antecedentes judiciales por tres delitos: hurto calificado, tráfico de migrantes y favorecimiento de contrabando de hidrocarburos. Estos registros penales añaden complejidad al caso y abren varias líneas de investigación, ya que las autoridades buscan determinar si estas actividades previas o su trabajo actual de “pagadiario” guardan relación con el homicidio.

Actualmente, la investigación está en marcha. Los equipos judiciales intentan identificar a los responsables del ataque, así como precisar las circunstancias que rodearon el crimen y los posibles móviles detrás del asesinato de Aarón. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y continúan recopilando testimonios y pruebas que permitan esclarecer el caso y brindar respuestas a la comunidad de Valledupar, que se vio sacudida por este hecho violento.

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¿Quién era Eoneider Camilo Aarón Fragozo y a qué se dedicaba?

Eoneider Camilo Aarón Fragozo era un hombre de 30 años que había trabajado como conductor de transporte interdepartamental. En el momento de su muerte, según información de EL PILÓN, se dedicaba a la cobranza bajo la modalidad de “pagadiario”, una actividad en la que se cobran cuotas diarias a quienes han solicitado préstamos.

¿Qué significa tener antecedentes judiciales por hurto calificado, tráfico de migrantes y favorecimiento de contrabando de hidrocarburos?

Tener antecedentes judiciales por estos delitos indica que la persona ha tenido procesos previos ante la justicia por delitos como robo agravado (“hurto calificado”), participación en el movimiento ilegal de personas a través de fronteras (“tráfico de migrantes”) y apoyo a la entrada o salida ilegal de combustibles (“favorecimiento de contrabando de hidrocarburos”). Estas acusaciones pueden influir en la dirección de la investigación, pues podrían estar relacionadas con el motivo del crimen.

El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), órgano adscrito a la Secretaría, aplicó la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (EMEG) para identificar el alcance de dichos estereotipos en la ciudad. Dentro de las ideas detectadas ocupa especial relevancia el sexismo benevolente, concepto que describe actitudes aparentemente amables pero que, en el fondo, suponen que las mujeres requieren asistencia simplemente por su género. Frases como “déjame, yo lo hago por ti”, cuando surgen de la idea de una incapacidad femenina, constituyen ejemplos claros de este fenómeno. La diferencia crucial radica en actuar por ayuda genuina o por imposición justificada en supuestos de vulnerabilidad femenina.

La nueva medición del OMEG revela que el 84 % de las mujeres y 89 % de los hombres están de acuerdo con al menos una afirmación vinculada al sexismo benevolente, como la noción de que mujeres y hombres tendrían roles distintos pero complementarios, o que los hombres son dominantes mientras ellas son más conciliadoras. De acuerdo con lo publicado por la Secretaría Distrital de la Mujer, tales nociones siguen muy extendidas entre la ciudadanía.

De otro lado, el sexismo hostil aparece como una expresión mucho más directa y negativa de discriminación de género. El informe revela que un 58 % de mujeres y un 69 % de hombres están de acuerdo con al menos una creencia abiertamente hostil, tales como afirmar que una esposa debe obedecer al esposo o que las mujeres tienen responsabilidad por permanecer en relaciones violentas. Estas ideas refuerzan los mecanismos de control sobre las mujeres y relativizan la gravedad de las violencias que enfrentan.

Ambas formas de sexismo, según muestra la encuesta, perpetúan la desigualdad y restringen la capacidad de decisión y acción de las mujeres. Por ello, la Secretaría Distrital de la Mujer impulsa estrategias como Transformaciones Culturales para cuestionar y transformar los estereotipos que impactan en la vida diaria de las mujeres bogotanas.

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¿Qué es el sexismo benevolente y cómo se reconoce en actitudes cotidianas?

El sexismo benevolente es una forma de discriminación de género que consiste en actitudes y comportamientos aparentemente amables hacia las mujeres, pero que están fundamentados en la idea de que ellas son más frágiles o menos capaces que los hombres. Se reconoce en expresiones como ofrecer ayuda sin consultarlas o asumir que no pueden realizar ciertas tareas solo por su género, según la información de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (EMEG) de la Secretaría Distrital de la Mujer.

¿Cuál es la diferencia entre sexismo benevolente y sexismo hostil según la encuesta EMEG?

La encuesta EMEG del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género diferencia ambos términos: el sexismo benevolente se expresa en ideas aparentemente protectoras que restringen la autonomía femenina, mientras que el sexismo hostil se manifiesta en creencias y actitudes abiertamente negativas o de control sobre las mujeres, como exigir obediencia o culpabilizarlas por situaciones de violencia.

El partido liderado por figuras como Honorio Enríquez, presidente del Senado, argumentó que su colectividad “se cansó de las constantes descalificaciones y la actitud displicente” provenientes de Salvación Nacional. Enríquez fue enfático al señalar que el Centro Democrático busca construir colectivamente soluciones e insinuó que el interés de otros sectores políticos responde a razones más personales que colectivas. No obstante, reconoció relaciones cordiales con otras figuras políticas, como Abelardo de la Espriella, diferenciando así la postura frente a Gómez de la que sostienen con otros dirigentes.

Entre tanto, Daniel Briceño, representante a la Cámara por el CD y cercano al gobierno de De la Espriella, enfatizó que las alianzas políticas trascienden la figura única de un líder. Según Briceño, “uno no se une a Enrique Gómez; uno se une entre personas y entre ciudadanos porque los partidos van más allá de sus líderes. Yo creo que Salvación Nacional va mucho más allá de lo que piensa Enrique Gómez”.

La propuesta de fusión, dada a conocer en la revista Semana por el mismo Gómez, incluía a Defensores de la Patria, lo que fue rechazado tajantemente por el Centro Democrático, que ratificó ser “firme en sus convicciones y principios” y descartó acuerdos con quienes consideran divisivos.

Sin embargo, desde Salvación Nacional surgieron voces conciliadoras. El senador Germán Rodríguez pidió moderar el tono y enfatizó la hermandad entre partidos: “Todos creemos en la ‘patria milagro’. No es momento de agarrarnos entre nosotros. Hay que calmar las aguas”. A pesar de ello, Enrique Gómez decidió no responder más a la controversia y guardar silencio, al menos por ahora, sobre la relación entre los partidos.

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¿Por qué el Centro Democrático rechazó una fusión con Salvación Nacional para las elecciones de 2027?

El Centro Democrático rechazó la propuesta de fusión con Salvación Nacional porque considera que existen visiones sectarias en ese partido que dividen a los colombianos entre “buenos y malos”. De acuerdo con sus directivas, el CD busca construir acuerdos colectivos sin recurrir a retóricas divisivas. También señalaron estar cansados de descalificaciones y actitudes que consideran poco respetuosas por parte de sectores liderados por Enrique Gómez.

¿Qué significa que un partido sea ‘sectario’ en el contexto político colombiano?

En el contexto del conflicto entre el Centro Democrático y Salvación Nacional, señalar a un partido como ‘sectario’ implica que, según el CD, ese grupo adopta posiciones excluyentes y busca separar a la ciudadanía entre diferentes bandos irreconciliables. Esto sugiere actitudes poco abiertas al diálogo o al consenso, y fue uno de los motivos expuestos por el CD para rechazar posibles coaliciones.

De acuerdo con información compartida por Noticias Caracol, una vez en territorio ecuatoriano, Peñarrieta y Macías enfrentarán cargos por delitos ligados al lavado de activos, relacionados con su presunto papel en la estructura financiera de Los Choneros. Autoridades de Ecuador confirmaron que, tras su llegada, ambas serán conducidas a una prisión de máxima seguridad en Guayaquil.

El reporte entregado por el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, revela que las mujeres permanecieron en Colombia bajo la protección de agrupaciones armadas ilegales, específicamente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, organizaciones criminales que operan en las regiones de Magdalena y La Guajira. Aunque Reimberg señaló que no tenía evidencia de una relación directa entre Fito y estos grupos, sí aseguró que estas redes estaban comprometidas en la seguridad de su familia durante su tiempo en Colombia.

El ministro también indicó que ambas mujeres, así como Ronald Javier Macías Villamar, hermano de Fito capturado en junio y luego expulsado del país, habrían obtenido documentos con identidades falsas para facilitar su permanencia clandestina en suelo colombiano. Sobre la operación que permitió las capturas, Reimberg la destacó como un ejemplo de la nueva cooperación entre los gobiernos de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Abelardo de la Espriella, funcionario colombiano, destinada a dificultar que criminales encuentren refugio a través de las fronteras.

¿Por qué fueron expulsadas de Colombia la esposa y la hija de alias Fito?

La expulsión respondió a que ambas contaban con notificación roja de Interpol y eran requeridas por la justicia ecuatoriana por los delitos de lavado de activos y delincuencia organizada, vinculados directamente a su papel clave en la estructura financiera de Los Choneros, según reconocieron autoridades citadas por Noticias Caracol.

¿Qué grupos protegían a la familia de alias Fito en Colombia?

De acuerdo con el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, la esposa y la hija de alias Fito estuvieron bajo protección de grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, quienes les habrían brindado seguridad mientras permanecían escondidas en Colombia.

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(Vea también: “¿Por qué hasta ahora?”: cuestionan a la fiscal Camargo por negligencia contra grupos criminales)

De acuerdo con Caracol Radio, Daniel Páez Mancera acudió ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para solicitar que se investigue una presunta omisión en el manejo de chats que estarían relacionados con el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández. La denuncia fue radicada el 29 de septiembre de 2026.

Según el documento presentado por Páez, las conversaciones ya estaban en poder de la Fiscalía dentro de las investigaciones por el escándalo de la UNGRD. El cuestionamiento principal apunta a que el ente investigador tomó la decisión de no compulsar copias a la autoridad competente pese a que el material involucraba a un funcionario con fuero especial.

Los chats mencionados fueron extraídos de los teléfonos de Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes estuvieron al frente de la entidad. Entre las conversaciones citadas aparecen intercambios con Fernández ocurridos el 9 de enero de 2024, incluidos mensajes relacionados con la dirección de un apartamento y una posterior referencia a una entrega de dinero. Estos elementos también fueron publicados por la revista Cambio.

La denuncia sostiene que, por la condición de magistrado de Fernández, cualquier información que pudiera sugerir su eventual participación en una conducta investigada debía ser remitida a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Páez pide establecer qué conocía la Fiscalía, qué actuaciones adelantó y quién tomó las decisiones sobre el manejo de ese material.

¿Por qué delitos denunciaron a Luz Adriana Camargo?

Páez Mancera solicita que se abra una investigación preliminar para determinar las circunstancias en las que la Fiscalía recibió y manejó las conversaciones. El documento plantea posibles conductas como prevaricato por omisión, abuso de autoridad por omisión de denuncia y favorecimiento, aunque se trata de la calificación jurídica propuesta por el denunciante y no de delitos establecidos judicialmente contra Camargo.

Entre las pruebas solicitadas aparece el expediente completo de las investigaciones relacionadas con la UNGRD, con el propósito de establecer qué información estaba disponible para la Fiscalía y qué decisiones fueron adoptadas frente a los chats que involucraban a Fernández.

El caso ocurre días después de que la actuación de Camargo frente a este material también fuera cuestionada mediante una recusación presentada ante la Corte Suprema de Justicia por los representantes Daniel Briceño y David Cote. Esa solicitud busca establecer qué sabía la Fiscalía sobre las conversaciones y qué ocurrió con la información relacionada con el magistrado.

(Vea también: Alina Lozano fue agredida físicamente por una vendedora de arepas: “Me lanzó un objeto”)

Acompañada por Rosa, quien trabaja con ella, Lozano reaccionó al comentario y defendió a Velásquez frente a los cuestionamientos sobre su vida privada. Su respuesta fue directa: “Respete, que ya quisiera usted ser tan hombre lo ha sido Jim Velásquez”, expresó la actriz.

La intervención de Lozano no terminó allí. Durante el video, la conversación continuó alrededor de los mensajes que recibe sobre su expareja y de las afirmaciones que algunos internautas hacen sobre él. La actriz decidió responder desde su propia experiencia y cuestionar que otras personas pretendan definir públicamente un aspecto de la vida privada de Velásquez.

Rosa también reaccionó al comentario sobre Jim Velásquez

Rosa, quien ha aparecido en diferentes contenidos junto a Lozano, también intervino durante la conversación. Su respuesta tuvo un tono más humorístico y estuvo relacionada con la relación que mantuvieron la actriz y Velásquez.

La mujer hizo referencia a que fue testigo de la cercanía que existía entre ambos cuando eran pareja. Según recogieron otros medios sobre el video, Rosa respondió cuestionando que se pusiera en duda la orientación de Jim después de haber presenciado la relación que mantenía con Lozano.

 

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El episodio volvió a poner en conversación la relación que tuvieron Lozano y Velásquez, quienes estuvieron casados y posteriormente confirmaron su separación. Ambos compartieron durante años buena parte de su vida en redes sociales, situación que convirtió su relación en un tema frecuente entre sus seguidores.

Por ahora, los comentarios de internautas sobre la orientación de Velásquez corresponden a especulaciones de terceros. La reacción de Lozano, en cambio, se produjo como respuesta a esos mensajes y estuvo enfocada en defender a su expareja y pedir respeto frente a los comentarios sobre su vida personal.

(Vea también: Luto entre los seguidores de Diomedes Díaz: murió uno de sus acordeoneros más recordados)

Patiño Ruiz falleció el 28 de septiembre de 2026, a los 70 años. Las primeras informaciones conocidas sobre su muerte señalan que habría sufrido un infarto. Su partida fue recibida con mensajes de solidaridad de colegas, dirigentes y personas que durante años siguieron su trabajo periodístico.

Durante más de tres décadas, el comunicador desarrolló su carrera en medios regionales y en sus últimos años estuvo al frente de Noticias NVC, desde donde continuó informando sobre los acontecimientos de Cartago y municipios del norte del Valle. Su trabajo mantuvo un fuerte vínculo con las comunidades y con la actualidad local.

Una parte importante de su trayectoria estuvo relacionada con el periodismo deportivo, especialmente con el ciclismo. Su voz acompañó durante años las carreras de la región y el desempeño de pedalistas locales y regionales, hasta convertirse en uno de los referentes de este tipo de transmisiones en el norte del Valle.

William Patiño Ruiz, una vida ligada al periodismo regional

La carrera de Patiño no se limitó a las transmisiones deportivas. A lo largo de su trayectoria cubrió temas políticos, sociales y de interés general, mientras mantenía una presencia constante en la vida pública de Cartago.

Su vínculo con el municipio también pasó por la política local: fue concejal de Cartago y participó en escenarios de representación pública. Años atrás, además, recibió un reconocimiento del Concejo Municipal junto con otros comunicadores por su trayectoria en el periodismo de la ciudad.

Hasta sus últimos días permaneció vinculado al oficio. Reportes recientes señalan que había estado cubriendo una actividad periodística en La Unión, Valle del Cauca, como parte del trabajo de Noticias NVC poco antes de su fallecimiento.

La noticia provocó mensajes de despedida entre periodistas y representantes de distintos sectores del Valle del Cauca. La gobernadora del departamento también expresó sus condolencias y destacó la trayectoria del comunicador.

Con su muerte, el norte del Valle pierde a un periodista cuya carrera estuvo estrechamente ligada a la información regional y, especialmente, a las carreteras donde durante años acompañó las competencias ciclísticas y contó las historias de sus protagonistas.

(Vea también: Nuevo temblor en Colombia sacudió la medianoche del lunes y no fue en Chaparral)

A la 1:13 a. m., hora local, ocurrió el movimiento, que tuvo una profundidad de 102 kilómetros, de acuerdo con el boletín actualizado y emitido por la entidad en sus redes sociales y página web.

Quinchía, Risaralda, figura como referencia del evento sísmico registrado durante las primeras horas de este miércoles. El reporte oficial identifica además la profundidad y magnitud del movimiento.

Con este boletín, el SGC informó las características técnicas del sismo registrado en el municipio risaraldense: magnitud 3,1 y profundidad de 102 kilómetros.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-30, 01:13 hora local Magnitud 3.1, profundidad 102 km, Quinchía – Risaralda, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/q6V9mfyNbm

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 30, 2026

¿Qué hacer después de sentir un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano dispone de plataformas para consultar los reportes de actividad sísmica y conocer las características de los eventos registrados en el país. También cuenta con el sistema Sismo Sentido, mediante el cual los ciudadanos pueden reportar si percibieron un movimiento.

Ante un temblor, las autoridades recomiendan conservar la calma, verificar las condiciones del lugar donde se encuentra y mantenerse atento a la información oficial en caso de que se presenten réplicas u otras situaciones asociadas al evento.

(Vea también: A Jhon ‘Calzones’ le habrían descargado el arma: revelan las heridas que sufrió en ataque)

Según información conocida por la Unidad Investigativa de El Tiempo, los investigadores intentan reconstruir los movimientos del exalcalde durante los días previos al crimen y determinar si quienes prepararon el atentado encontraron en sus publicaciones información suficiente para conocer sus rutinas.

Una de las primeras pistas apunta a que el posible seguimiento habría comenzado unos ocho días antes del asesinato. Durante ese periodo, Torres continuó mostrando en redes parte de las actividades que desarrollaba en La Selvita, predio donde también funcionaba parte de su negocio de venta de carne.

Las transmisiones y publicaciones permitían observar distintos momentos de su cotidianidad. Allí promocionaba productos, difundía ofertas laborales y mostraba actividades relacionadas con el funcionamiento de la finca y sus negocios. Ese material es revisado ahora para establecer si pudo revelar patrones sobre sus horarios o los momentos en que permanecía en el lugar.

La hipótesis que manejan los investigadores es que esa exposición pública pudo facilitar la ubicación de Torres y aportar información para escoger el momento del ataque. Sin embargo, todavía buscan establecer si los responsables efectivamente utilizaron sus redes sociales para preparar el crimen.

#ATENCIÓN| Este es el momento en que dos personas, una de ellas menor de edad, llegan en moto hasta la finca de Jhon Jairo Torres, ‘Jhon Calzones’, y disparan contra el exalcalde de Yopal. Torres murió horas después, tras ser trasladado a un hospital. Vía @josedavid88_ pic.twitter.com/MoADfzUtup

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 29, 2026

Así fue el asesinato de Jhon ‘Calzones’ en su finca en Casanare

El ataque ocurrió durante la mañana del martes 29 de septiembre en la finca La Selvita, zona rural de Yopal. De acuerdo con la reconstrucción difundida por medios que conocieron detalles de la investigación, dos hombres llegaron hasta el predio en una motocicleta y uno de ellos descendió para acercarse a Jhon Jairo Torres Torres.

El sujeto habría utilizado como pretexto la compra de carne para aproximarse al exalcalde. Una vez estuvo cerca de Torres, sacó un arma de fuego y comenzó a disparar. Las cámaras de seguridad de la finca registraron parte de la secuencia y en las imágenes se observan los momentos del ataque.

Los disparos dejaron gravemente herido a Torres, quien fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de Yopal. La información conocida por medios como EL TIEMPO estableció impactos en el tórax, el abdomen y el brazo izquierdo. Horas después, el exalcalde murió en el Hospital Regional de la Orinoquía.

🔴 Se conoce un nuevo video en el que se observa el momento en que le disparan a ‘Jhon Calzones’ en un atentado ocurrido en Casanare.

Video: Cortesía. pic.twitter.com/NFtsmiiC7Y

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 30, 2026

Luego del ataque, los dos hombres intentaron escapar en la motocicleta. Sin embargo, el vehículo habría presentado una falla mecánica durante la huida, situación que permitió que trabajadores de la finca intervinieran y que uno de los presuntos participantes fuera aprehendido. Se trata de un adolescente de 17 años.

Además del video, las autoridades cuentan con otros elementos recogidos durante los procedimientos posteriores al ataque. La motocicleta y un teléfono celular quedaron bajo custodia para avanzar en la investigación, mientras continúa la búsqueda y la identificación del otro presunto participante.

(Vea también: A Jhon ‘Calzones’ le habrían descargado el arma: revelan las heridas que sufrió en ataque)

Según informó la Unidad Investigativa de El Tiempo, el dispositivo será sometido a una extracción forense para recuperar información que permita seguir posibles comunicaciones relacionadas con el crimen. Entre los datos que serán revisados están las llamadas, mensajes, contactos y ubicaciones registradas en el equipo.

La información recuperada podría ayudar a determinar si hubo comunicación entre quienes participaron en el ataque y una persona que eventualmente hubiera impartido la orden.

De acuerdo con el rotativo, una de las hipótesis que aparece en la investigación apunta a la posibilidad de que la orden para asesinar al exalcalde hubiera salido de la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

Los investigadores buscan establecer si existe algún vínculo del grupo delincuencial  ‘la Cordillera’ y los responsables materiales del ataque ocurrido en la finca La Selvita, en zona rural de Yopal, según el citado medio.

La eventual participación de una persona privada de la libertad todavía no está confirmada. Precisamente, el análisis del celular busca aportar elementos que permitan determinar con quiénes se comunicaron los involucrados y qué ocurrió en los días previos al homicidio.

El adolescente de 17 años que llegó desde Armenia y aparece en la investigación

Entre las personas vinculadas inicialmente al ataque está un adolescente de 17 años, oriundo de Armenia, Quindío, quien fue aprehendido después de los hechos. El segundo hombre que habría participado en el crimen logró escapar y es buscado por las autoridades.

Ahora las pesquisas intentan establecer por qué el menor se encontraba en Casanare y cómo habría llegado hasta Yopal. También se revisan sus contactos y antecedentes para determinar si tenía alguna relación previa con personas vinculadas con actividades criminales.

Una de las líneas bajo análisis contempla una posible conexión con ‘la Cordillera’, estructura criminal con presencia en el Eje Cafetero. Sin embargo, esa relación todavía no ha sido confirmada por las autoridades y permanece como una hipótesis dentro de la investigación.

El caso busca determinar, además, qué papel habría cumplido cada uno de los involucrados en el ataque y si existió una coordinación previa. Para ello, los investigadores cruzan los elementos encontrados después del crimen con la información que pueda surgir del teléfono celular.

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De acuerdo con las imágenes publicadas por El Tiempo, el apodado Jhon ‘Calzones’, por su pasado en el negocio de ventas de ropa interior femenina, se encontraba atendiendo un puesto en su propiedad, en la zona rural de La Guafilla de la capital de Casanare.

El exmandatario de Yopal estaba con algunos colaboradores, cuando el sicario se acercó al lugar porque supuestamente iba a comprar carne. En ese momento, accionó su arma contra su objetivo, quien siguió de pie durante varios minutos.

🔴 Se conoce un nuevo video en el que se observa el momento en que le disparan a ‘Jhon Calzones’ en un atentado ocurrido en Casanare.

Video: Cortesía. pic.twitter.com/NFtsmiiC7Y

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 30, 2026

Los testigos se vieron corriendo para protegerse, mientras otros intentaron perseguir a los sicarios, que huyeron en moto. Otro video evidenció el momento en que huyeron. Según las autoridades, el vehículo de los criminales tuvo una falla mecánica y capturaron a uno de estos, que es un menor de 17 años.

Jhon ‘Calzones’ recibió tres impactos de bala en el tórax, el abdomen y el brazo izquierdo. Fue trasladado a un hospital en Yopal, pero falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de las heridas.

La investigación señala que los recursos comprometidos provienen del Sistema General de Regalías (SGR), y habrían sido asignados a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz (OCAD Paz) luego de que Ataco fuera incluido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Según comunicó la Fiscalía, la inclusión en el PDET se dio "debido a las afectaciones que dejó el conflicto armado en el sur del Tolima". Esto habilitó a la administración municipal para gestionar los recursos y celebrar varios contratos entre los meses de junio y agosto de 2022.

El proyecto en cuestión contemplaba la construcción de 1.170 baterías sanitarias en áreas rurales, una infraestructura esencial para mejorar la calidad de vida de los residentes y responder a una de las principales carencias del territorio. Sin embargo, el organismo investigador aseguró que, pese a la asignación e inversión del presupuesto, la obra permanece inconclusa hasta la fecha y existen indicios de direccionamiento irregular tanto del contrato de obra como de otros dos contratos de interventoría asociados.

Las capturas se efectuaron en operativos realizados por la Dijín de la Policía Nacional en Ataco y en Florencia, Caquetá. Posteriormente, la Fiscalía anunció que pondrá a disposición de un juez de control de garantías a los tres implicados, con la intención de imputarles los delitos de "interés indebido en la celebración de contratos", "falsedad ideológica en documento público agravada" y "peculado por apropiación agravado". Todo el proceso judicial será acompañado por las autoridades competentes, como reseñó El Espectador y la misma Fiscalía General de la Nación.

¿Por qué fueron capturados el alcalde de Ataco y el exalcalde?

La Fiscalía General de la Nación informó que el alcalde Héctor Fabio Muñoz, el exalcalde Miller Aldana y un contratista fueron capturados debido a su presunta participación en el desvío de fondos del Sistema General de Regalías. Se les señala por supuestamente direccionar contratos para una obra inconclusa de baterías sanitarias y apropiarse ilegalmente de recursos destinados al bienestar de la comunidad.

¿Qué significa el delito de peculado por apropiación agravado?

El peculado por apropiación agravado se refiere a cuando un servidor público se apropia, para beneficio propio o de terceros, de recursos o bienes que le fueron confiados en razón de su cargo, y lo hace bajo circunstancias que agravan la conducta. En este caso, se investiga si los capturados aprovecharon su posición para desviar fondos públicos destinados a mejorar las condiciones de Ataco.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Vea también: [Video] Dura pelea de Enrique Gómez con Alejandra Omaña: hablaron de “orgías de Petro” en pleno Congreso)

Según Rodríguez, durante una anterior moción de censura, Omaña le pidió que estudiara y aseguró que él era “el senador más inculto del Congreso”.

El congresista decidió responderle y centró su intervención en la formación académica de la senadora:

“Lo curioso es que quien manda a estudiar debería empezar por terminar su propia carrera profesional. Antes de cuestionar los títulos de los demás, convendría revisar los propios”, afirmó Rodríguez.

Pero el senador también aseguró que no necesita cuestionar los estudios de otras personas para defender sus posiciones.

“Yo no necesito atacar la formación de nadie para defender mis argumentos. Pero si van a decirme que estudie, por lo menos que el consejo venga acompañado del ejemplo”, manifestó.

El senador enumeró sus estudios y experiencia

Rodríguez respondió además a la afirmación de Omaña de que nunca habría tomado un libro y aseguró que cuenta con tres carreras profesionales y tres especializaciones.

También relató que estuvo cerca de terminar una cuarta carrera antes de irse al área de combate y que, después de regresar, no pudo culminarla.

A esto sumó una maestría en Creación Literaria que, según explicó, ya terminó y cuyo título espera recibir en diciembre. “Hay una palabra que se llama especialización. Yo tengo tres especializaciones, senadora. Creo que usted no tiene ninguna. Estuve a punto de terminar mi cuarta carrera cuando me fui al área de combate”, sostuvo.

“Lo curioso es que quien manda a estudiar debería empezar por terminar su propia carrera profesional”, agregó

Rodríguez utilizó esos datos para defenderse de los cuestionamientos sobre su preparación y para insistir en que no considera necesario atacar la formación de otros congresistas para defender sus argumentos.

Hace unos días la senadora Alejandra Omaña me mandó a estudiar y aseguró que yo era el senador más inculto del Congreso.

Lo curioso es que quien manda a estudiar debería empezar por terminar su propia carrera profesional. Antes de cuestionar los títulos de los demás, convendría… pic.twitter.com/maZz2tBF0U

— Germán Rodríguez (@GermanRSenador) September 29, 2026

Rodríguez también la invitó a leer su novela

El enfrentamiento no terminó con las referencias a sus estudios.

El senador aprovechó su respuesta para mencionar su faceta como escritor y aseguró que acaba de terminar una maestría en Creación Literaria. También invitó a Omaña a leer su novela ‘Los hijos del infierno’, cuya publicación, según dijo, está prevista para el próximo año durante la Feria del Libro.

#Política | Rifirrafe en el Congreso entre senadora del Pacto Histórico Alejandra Omaña y el senador Germán Rodríguez.

Omaña tildó a Rodríguez de “inculto” y lo señaló de “nunca haberse leído un libro” y éste le respondió: “yo por lo menos terminé la universidad y a ella la… pic.twitter.com/9rqa44Ckx4

— La FM (@lafm) September 29, 2026

(Vea también: ¿Por qué no se ha acabado el 4×1.000 en Colombia? Esto es lo que pasa con el doloroso impuesto)

La iniciativa fue explicada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien señaló que el Ejecutivo trabaja en un plan para disminuir progresivamente el impuesto a los movimientos financieros. Por ahora, no existe una nueva tarifa aprobada ni una norma que ordene su eliminación.

Mientras el proyecto no sea aprobado y entre en vigencia, el 4×1.000 continuará aplicándose bajo las reglas actuales. El gravamen corresponde al impuesto sobre determinadas transacciones financieras y mantiene una tarifa de cuatro por cada mil pesos.

@noticiasrcnEn Entrevista con #NoticiasRCN, #LaFm y #LaRepública, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró que Colombia tiene 19 impuestos nacionales, pero cuatro concentran cerca del 95 % del recaudo del Estado: renta, IVA, impuestos de comercio exterior y el 4×1.000. Sobre este último, el Gobierno analiza una reducción gradual, aunque no dentro de la Ley de Presupuesto. Acerca del IVA, dijo que debe mantenerse como una de las principales fuentes de recaudo del país.♬ sonido original – NoticiasRCN

¿Cuál será el primer paso para reducir el 4×1.000?

El primer paso será la presentación del proyecto de la Ley de Rescate ante el Congreso, prevista para octubre. Allí el Gobierno deberá plasmar su propuesta y explicar cómo pretende modificar progresivamente el gravamen.

La presentación del proyecto no significa que el impuesto vaya a desaparecer de inmediato. La iniciativa tendrá que surtir el trámite correspondiente en el Congreso antes de que cualquier cambio pueda convertirse en una nueva regla tributaria.

Por esa razón, todavía no está definido oficialmente cuánto bajaría la tarifa ni cuál sería el cronograma para una eventual eliminación. Esos elementos dependerán del contenido del proyecto y de lo que finalmente sea aprobado durante el trámite legislativo.

¿El 4×1.000 se eliminará desde 2027?

Por ahora, no existe una fecha oficial para la desaparición completa del 4×1.000. El Gobierno ha planteado un desmonte progresivo, pero todavía no se conoce un cronograma definitivo que establezca cuándo llegaría a cero.

La razón expuesta por el Ejecutivo para plantear una reducción gradual es el peso que este impuesto tiene dentro del recaudo nacional. Por ello, la propuesta estaría acompañada de otras medidas relacionadas con la estructura tributaria, la austeridad y el control del gasto público.

Mientras el Congreso no apruebe una modificación y esta entre en vigencia, las entidades financieras continuarán aplicando el gravamen bajo las condiciones actuales.

Poveda aseguró que ha continuado con sus actividades pese a la controversia y destacó las muestras de respaldo que, según dijo, ha recibido durante sus apariciones públicas. El periodista señaló que en Medellín ha encontrado personas que se acercan para saludarlo y tomarse fotografías con él.

“Yo creo que todo se refleja, por ejemplo, en lo que hemos vivido aquí en Medellín. Una gran cantidad de personas tomándose fotos, saludándome”, afirmó Poveda. El comunicador agregó que diariamente recibe cientos de solicitudes para fotografías y reiteró su interés por continuar contando historias.

 

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En otro momento de la conversación, Poveda recordó el mensaje que recibió antes de que se conocieran públicamente los señalamientos. Explicó que en ese momento se encontraba en Cali trabajando en una historia periodística.

El comunicador también se refirió a la manera en que decidió afrontar la situación. Sostuvo que desde el comienzo tuvo claro que respondería por las vías correspondientes y pronunció una frase con la que resumió su postura: “El que nada debe, nada teme”.

Finalmente, Poveda confirmó que el caso se encuentra actualmente en manos de la Fiscalía. Por esa razón, explicó que prefiere no entregar detalles adicionales sobre el proceso. “Está en la Fiscalía, por eso es muy poco lo que tengo que hablar sobre eso”, señaló el comunicador. 

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En un comunicado, la entidad lamentó el fatal desenlace de la situación producto de una infección respiratoria severa y entregó algunos detalles sobre las labores que adelantó en la ciudad de Bogotá en los últimos días para lograr la esperada remisión.

“Los traslados gestionados para el paciente no pudieron realizarse como consecuencia de la condición clínica y la evolución médica; no obstante, la EPS había adelantado previamente las gestiones necesarias para garantizar una alternativa de atención de mayor complejidad”, puntualizó Coosalud, desde donde informaron también de una búsqueda activa de cupo en aproximadamente nueve instituciones de salud del país.

La lentitud en el proceso motivó las críticas también del gobernador Andrés Julián Rendón, quien responsabilizó directamente a la EPS de lo ocurrido, tras haber denunciado directamente la situación en sus redes sociales desde el pasado 20 de septiembre.

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“Toda la responsabilidad le cabe a la EPS. Fue absolutamente negligente. Nosotros hicimos todo lo que pudimos, conseguimos, no solo donde pudiese ser atendido, con los especialistas, con los equipamientos del caso”, afirmó el mandatario departamental.

Al final de su pronunciamiento, Coosalud agradeció el esfuerzo y la dedicación de los equipos médicos que estuvieron al frente del caso y detallaron que continuarán brindando acompañamiento a la familia del menor de edad tras lo ocurrido.

Entre tanto, el presidente también sostuvo una reunión clave con el canciller Omar Bula, en compañía de Andrés Barreto, secretario jurídico de la Presidencia. De acuerdo con declaraciones oficiales, el foco de este diálogo estuvo en la política exterior, buscando recobrar “el liderazgo y la respetabilidad de Colombia ante el mundo”, según explicó la propia Casa de Nariño. En este escenario de reorganización institucional, se publicó la hoja de vida de Adela María Maestre Cuello, quien será la nueva viceministra de Exteriores bajo la dirección de Bula. Maestre Cuello ya había sido embajadora en Paraguay y cónsul general en Santiago de Chile, mientras María Ángela Holguín era ministra de Relaciones Exteriores, lo que evidencia su experiencia diplomática. Su llegada se confirma tras la salida de Adriana Mendoza de ese cargo.

Las extradiciones continúan marcando la agenda presidencial. El mandatario informó que, en los 53 días de gobierno, se han oficializado 105 extradiciones. Una de las más recientes corresponde a alias "Araña", cabecilla de Comandos de la Frontera y considerado gestor de paz durante la administración del expresidente Gustavo Petro. En palabras de Espriella, “el número seguirá creciendo porque en la ‘Era del Tigre’ no hay contemplación para quienes han ‘herido’ y atacado a nuestros hermanos”; añadió que el gobierno está expulsando a delincuentes peligrosos mediante mecanismos de cooperación internacional, de acuerdo con información publicada en sus redes sociales.

Finalmente, Alejandro Eder, alcalde de Cali, también llegó al Palacio presidencial. Relató que dialogó con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el director del Dapre, Carlos Ríos, para tratar sobre las acciones tras el sismo del 10 de agosto. Eder calificó como “éxito rotundo” la ‘operación Iron’ y destacó la destinación de 300.000 millones de pesos colombianos para la demolición de edificios afectados y ayudas económicas, gracias a los decretos de emergencia que fueron expedidos.

¿Cuántas extradiciones ha oficializado Abelardo de la Espriella en sus primeros meses como presidente?

De acuerdo con datos entregados por el propio presidente y recopilados por El Espectador, Abelardo de la Espriella ha oficializado 105 extradiciones durante los primeros 53 días de su mandato, reflejando una política activa frente al crimen y la cooperación internacional.

¿Quién es Adela María Maestre Cuello, la nueva viceministra en el Ministerio de Relaciones Exteriores?

Adela María Maestre Cuello, cuya hoja de vida fue publicada recientemente, será la nueva viceministra de Exteriores y segunda al mando de Omar Bula en la cancillería. Según El Espectador, tiene experiencia como embajadora en Paraguay y cónsul general en Santiago de Chile durante la administración de María Ángela Holguín como ministra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El sismo ocurrió a las 8:38 p. m., hora local, y alcanzó una magnitud de 3,8. La Red Sismológica Nacional de Colombia ubicó su profundidad en 40 kilómetros.

El reporte corresponde al Boletín Actualizado 1, por lo que los datos entregados en esta publicación corresponden a la información revisada por el SGC para este evento.

El movimiento se registra en una zona que mantiene actividad sísmica desde el sismo de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto en San José del Palmar. El SGC ha identificado en el área de Istmina, Medio San Juan, Sipí y el Litoral del San Juan un enjambre sísmico, caracterizado por la ocurrencia de múltiples eventos sin un único sismo principal claramente dominante.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-29, 20:38 hora local Magnitud 3.8. Profundidad 40 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/Sno0eWWje1

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 30, 2026

Actividad sísmica en la zona de Istmina

El SGC explicó en un reporte reciente que el enjambre sísmico localizado en esta zona presenta eventos con profundidades principalmente entre 30 y 70 kilómetros. Hasta el 25 de septiembre, la entidad contabilizaba más de 1.500 eventos asociados a este grupo, 29 de ellos con magnitudes iguales o superiores a 4,0.

La entidad mantiene el monitoreo de la actividad mediante la Red Sismológica Nacional de Colombia y publica actualizaciones cuando se presentan cambios relevantes en la información de los eventos.

Dónde se sintió temblor de magnitud 3.8 en Istmina (Chocó)

En la publicación del SGC) en X, ciudadanos reportaron haber percibido el movimiento en distintos puntos del país, principalmente en Quindío y Valle del Cauca.

El movimiento fue percibido de manera leve en Armenia, Quindío, así como en Cali, Valle del Cauca, incluso en un cuarto piso. También se registró percepción en Palmira, Valle del Cauca.

Durante la ejecución de las 32 megatomas, las autoridades han realizado diversas capturas, algunas mediante órdenes judiciales. Sin embargo, la Gobernación no especificó el número total de personas detenidas, ni detalló los delitos por los cuales eran buscadas. En materia de recuperación de bienes, se destaca la recuperación de 25 vehículos y siete bicicletas, elementos que habían sido reportados como perdidos o robados. Además, los operativos permitieron el decomiso de 170 armas blancas, las cuales pasaron a disposición de las entidades competentes para adelantar los procedimientos legales pertinentes.

Otro aspecto relevante fue la incautación de 4.700 botellas de licor que no cumplían con la normatividad vigente. Esta mercancía podía representar, además de una irregularidad comercial, un serio riesgo para la salud pública, dado que no se conocieron detalles sobre su fabricación ni su distribución. No obstante, la Gobernación no especificó el tipo de licor ni los establecimientos en los que se efectuaron las incautaciones, y tampoco informó si se abrieron procesos formales contra los responsables.

Las intervenciones se concentraron especialmente en nueve municipios: Pacho, Madrid, Mosquera, Ubaté, Cota, Chía, Fusagasugá, Facatativá y Silvania. En estos territorios, la estrategia incluyó controles, verificaciones de antecedentes y chequeos tanto en establecimientos comerciales como en vehículos. Según declaraciones de Rey, las megatomas buscan responder de acuerdo con las necesidades particulares de seguridad de cada municipio y fortalecer la coordinación entre autoridades locales y departamentales.

A nivel formativo, se destaca la incorporación de capacitaciones sobre los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). Estos instrumentos orientan la acción institucional y la inversión en seguridad. A la fecha, más de 1.000 funcionarios han sido capacitados en alrededor de 40 municipios, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta municipal y fortalecer la articulación con las autoridades nacionales.

Los operativos de megatomas reúnen el esfuerzo conjunto de organismos como la Policía de Cundinamarca, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las alcaldías y secretarías departamentales, particularmente las de Gobierno y Movilidad, también participan según sus competencias. Hasta el momento, no se ha especificado cuántos vehículos o bicicletas recuperados han sido devueltos a sus dueños ni qué tanto avance tienen los procesos judiciales derivados de las intervenciones.

¿Cuáles han sido los resultados concretos de las megatomas de seguridad en Cundinamarca?

Según la Gobernación de Cundinamarca, las 32 megatomas han permitido la captura de personas mediante órdenes judiciales, la recuperación de 25 vehículos y siete bicicletas, el decomiso de 170 armas blancas y la incautación de 4.700 botellas de licor que no cumplían la normatividad. Sin embargo, no se definió cuántos bienes ya fueron restituidos a sus propietarios ni el número total de capturas realizadas.

¿Qué son los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) y para qué sirven?

Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, conocidos como PISCC, son instrumentos establecidos para definir prioridades, inversiones y acciones específicas en materia de seguridad y orden público en cada territorio. Buscan orientar la labor de las alcaldías y mejorar la coordinación interinstitucional para prevenir y enfrentar el delito de manera más efectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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Hay que recordar que el caso había causado preocupación entre sus familiares y autoridades de Antioquia debido a las dificultades para concretar la remisión, misma que se encontraba en trámite desde el pasado 8 de septiembre.

Según se ha podido conocer, inicialmente el menor de edad presentó síntomas similares a una gripa, pero su condición empeoró rápidamente y por ello tras algunos estudios, médicos determinaron que padecía una infección respiratoria severa.

En medio del desespero, la familia de Juan José aseguró que, incluso, recibió información sobre la aceptación del bebé en una institución médica y que solo restaba coordinar el traslado aéreo, sin embargo, esto nunca se concretó.

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La situación también fue denunciada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien el pasado 20 de septiembre señaló presuntas demoras en el proceso de traslado. El mandatario afirmó que se había conseguido la aceptación del menor en una institución de Bogotá, por lo que se había solicitado a Coosalud garantizar el traslado.

Por su parte, la EPS señaló que estaba buscando una institución con capacidad para realizar terapia ECMO y explicó que, debido al estado crítico del paciente, cualquier traslado representaba un procedimiento de alto riesgo.

Finalmente, Juan José murió en Montería sin que la remisión se concretara, por lo que expertos vuelven a criticar las dificultades que enfrentan pacientes para acceder oportunamente a servicios especializados.

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Según información conocida durante la investigación, Torres recibió tres impactos de bala durante el ataque. Los proyectiles lo alcanzaron en el tórax, el abdomen y el brazo izquierdo, de acuerdo con datos citados por El Tiempo.

Después del ataque, el exmandatario fue trasladado a un centro asistencial de Yopal, donde recibió atención médica debido a la gravedad de las lesiones. Horas después, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, confirmó su fallecimiento.

Uno de los elementos que ahora revisan los investigadores es un video de las cámaras de seguridad de la finca. En la grabación se habrían registrado seis detonaciones, aunque ese número no corresponde necesariamente con la cantidad de impactos que recibió Torres. La información conocida hasta ahora establece en tres las heridas de bala.

Cámaras de seguridad captaron el atentado contra el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que sujetos armados, señalados como sicarios, atentaron contra el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido como “Jhon Calzones”. pic.twitter.com/kcMTPqVpb4

— Boyacá Noticias (@boyaca_noticias) September 29, 2026

Así avanzan las investigaciones por asesinato de  Jhon ‘Calzones’

Las autoridades buscan establecer quiénes participaron en el ataque y cuál fue el papel de cada uno. Según la información preliminar, dos hombres habrían llegado hasta la finca en una motocicleta.

Uno de ellos habría descendido del vehículo con el argumento de que iba a comprar carne y posteriormente habría atacado a Torres. Un adolescente de 17 años fue aprehendido después de los hechos y permanece vinculado a la investigación, mientras las autoridades intentan determinar quién efectuó los disparos y qué responsabilidad tuvo cada implicado.

La motocicleta y otros elementos encontrados después del ataque también hacen parte de las pesquisas. Las autoridades continúan reconstruyendo la secuencia para establecer las circunstancias del crimen y el móvil del ataque.

La diligencia comenzó a las 2:25 de la tarde y retomó el debate suspendido el lunes. La defensa de Quintero cuestionó el manejo de la información de la Fiscalía y pidió excluir pruebas. Este martes, el abogado de Ortega solicitó que no se impusiera una medida.

Después intervinieron la Fiscalía, el apoderado de víctimas y el Ministerio Público frente a la solicitud de exclusión. Las tres partes pidieron negar esa petición. Tras escuchar los argumentos, el juez decidió suspender la audiencia para estudiar los elementos entregados.

La audiencia se reanudará el viernes 2 de octubre a las 2:00 de la tarde. Ese día, el juez deberá pronunciarse sobre la medida de aseguramiento y resolver la solicitud de Quintero para excluir pruebas.

La Fiscalía pidió detención en establecimiento carcelario para Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. El apoderado de víctimas, que representa al Área Metropolitana, solicitó esa medida para Quintero y Ortega. La Fiscalía no pidió medida contra este último.

Quintero fue imputado por peculado por apropiación como determinador e interés indebido en contratos por hechos de 2020 y 2021 entre el Área Metropolitana y Bomberos de Itagüí. Los contratos superan los 17.600 millones de pesos y la Fiscalía le atribuye 1.654 millones. Cabe mencionar que a Ortega Urán se le atribuye un beneficio de 133,3 millones y que ambos enfrentan señalamientos por interés indebido en contratos y peculado por apropiación agravada.

De acuerdo con los datos recopilados, el ataque en el que murió Idel José Torres Herrera involucró el uso de drones equipados con explosivos y armas de fuego, una práctica que ha dificultado las acciones de control y patrullaje en áreas rurales de conflicto. Tras permanecer temporalmente en la zona donde se produjo el enfrentamiento, el cuerpo de Torres Herrera fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización humanitaria reconocida por su participación en misiones de intermediación y asistencia en zonas de conflicto. El CICR se encargó de colaborar en el proceso de traslado de los restos mortales hacia el departamento del Cesar, asegurando así un retorno digno a su lugar de origen.

La llegada del féretro, cubierto por la bandera de Colombia, fue recibida con profunda emoción en su pueblo natal. Familiares, amigos y miembros activos del Ejército Nacional participaron en un solemne acto de recibimiento, en el que destacaron una calle de honor y el tradicional toque de silencio militar, símbolos de respeto y reconocimiento al servicio prestado por Torres Herrera. Las oraciones y muestras de solidaridad acompañaron el homenaje, reflejando la importancia del joven uniformado para su comunidad.

Las honras fúnebres y exequias militares están programadas para desarrollarse en el corregimiento de Valencia de Jesús, evento en el que autoridades locales, seres queridos y habitantes de la región se darán cita para despedir al soldado caído. El acto se convierte en una manifestación colectiva de duelo y memoria, en medio de una compleja situación que afrontan las fuerzas armadas en distintas zonas del país.

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¿Quién era Idel José Torres Herrera, el soldado fallecido en Cauca durante un ataque armado?

Idel José Torres Herrera era un soldado profesional, oriundo del corregimiento de Valencia de Jesús en el departamento del Cesar. Formaba parte de las tropas del Ejército Nacional que llevaban a cabo operaciones de seguridad contra las disidencias conocidas como 'Carlos Patiño' de las FARC en la zona rural de El Tambo, Cauca. Perdió la vida durante un ataque en el que los agresores emplearon drones con explosivos y armas de fuego, según la información recogida.

¿Cómo fue el traslado y recibimiento de los restos de Idel José Torres Herrera en Valledupar?

El cuerpo del soldado Idel José Torres Herrera fue entregado inicialmente al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización que facilitó el proceso de retorno hacia el Cesar. A su llegada a su tierra natal, fue recibido por familiares, amigos y compañeros del Ejército Nacional, quienes participaron en una calle de honor y realizaron actos de homenaje con oraciones y el toque de silencio militar, antes de las exequias programadas en Valencia de Jesús.

La principal inquietud entre quienes conocieron el caso se centra en la falta de auxilio brindado al animal tras el atropellamiento. De acuerdo con lo informado, el perrito no fue trasladado a una clínica veterinaria, y esa omisión habría permitido que las lesiones terminaran siendo fatales. Este punto, señalado insistentemente en la denuncia, es justamente uno de los aspectos que más indignación despertaron, pues los denunciantes aseguran que la vida de ‘Muñeco’ pudo haberse salvado si hubiese recibido atención oportuna.

Adicionalmente, la denuncia sostiene que al día siguiente del accidente, en vez de proporcionársele medicamentos o atención especializada, enviaron menudencias y patas de gallina con la intención de preparar un caldo para el animal, una solución que es vista como insuficiente frente a la gravedad de sus heridas. Finalmente, ‘Muñeco’ murió como consecuencia directa del atropellamiento y la falta de atención. También se señala que la conductora, a quien se le atribuye ser fiscal—aunque esta información no está confirmada oficialmente—no habría regresado para preguntar por el estado del animal ni para ofrecer algún tipo de apoyo posterior.

Las circunstancias que rodearon la muerte de ‘Muñeco’ han generado profundas reflexiones sobre la responsabilidad que tienen los ciudadanos al enfrentar situaciones que involucran la vida de los animales de compañía.

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¿Por qué la muerte de ‘Muñeco’ en Ibagué provocó tanta indignación?

La muerte de ‘Muñeco’ generó indignación principalmente porque, según la denuncia citada, la conductora involucrada no prestó ningún tipo de auxilio tras el atropellamiento y el animal no recibió atención veterinaria. Además, la reacción de enviar menudencias y patas de gallina en vez de medicamentos agravó el sentimiento de impotencia y malestar comunitario ante la falta de compasión y responsabilidad.

¿Qué debió hacer la persona luego de atropellar al perro ‘Muñeco’?

De acuerdo con la denuncia enlazada al caso de ‘Muñeco’, la persona que causó el accidente debió llevar al animal inmediatamente a una clínica veterinaria para recibir atención especializada, lo que pudo haber aumentado las posibilidades de supervivencia. Omitir esta acción fue uno de los aspectos más criticados y que motivaron la reacción de la comunidad.

De acuerdo con el informe del LEE, existe una diferencia metodológica relevante al momento de considerar la cobertura. Si bien el Ministerio tomó datos de 2026 contrastados con los de 2022 para señalar un ascenso de casi 7 puntos porcentuales, el laboratorio recalculó los indicadores utilizando las proyecciones de población más actualizadas y encontró que la cobertura, aunque creció, lo hizo en 4,97 puntos (del 51,58% en 2022 al 56,55% en 2025), menos de lo anunciado. Para los investigadores de la Javeriana, esto confirma la importancia de examinar de manera rigurosa las variables empleadas para medir la evolución del acceso a la universidad, citando directamente a la nota de prensa publicada por el laboratorio.

El mismo estudio advierte que el crecimiento observado no fue homogéneo. La expansión de la matrícula se debió sobre todo al sector oficial y a entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Por el contrario, el sector privado registró un estancamiento en pregrado, mientras en posgrado fue donde más creció, ampliando así la brecha entre tipos de instituciones. Adicionalmente, el número de docentes no creció al ritmo de la matrícula: el aumento en la planta fue de 11,9% frente a un 20% de incremento en estudiantes, con mejor desempeño en el sector público (19,7%) frente al privado (4,4%), una situación que evidencia las desigualdades estructurales en el sistema.

Otra tendencia relevante señalada por el LEE es el auge de la enseñanza virtual y a distancia, que pasó de 274.215 matriculados en 2021 a 399.648 en 2025, mientras que los modelos presencial e híbrido crecieron menos. Pese al aumento en matrícula en instituciones acreditadas, la participación en programas acreditados cayó levemente, lo que cuestiona la relación directa entre mayor ingreso y aseguramiento de la calidad educativa.

En el análisis regional, Bogotá mostró un crecimiento muy superior al promedio nacional en niveles técnico profesional y tecnológico, mientras departamentos como Antioquia y Valle del Cauca tuvieron caídas. Así, el LEE concluye que el avance en coberturas no se ha traducido necesariamente en mejor calidad ni en equidad, pues las brechas persisten en distintos niveles institucionales y territoriales. Gloria Bernal, directora del LEE, recordó que el reto sigue siendo garantizar formación pertinente y calidad en todas las regiones.

¿Cómo fue el crecimiento de la matrícula en educación superior en Colombia según el informe del LEE Javeriana?

El crecimiento de la matrícula en educación superior en Colombia, según el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE), sí fue significativo, pero fue desigual y menos acelerado de lo que sugieren las cifras oficiales. Aunque el Ministerio de Educación reportó un crecimiento próximo a 7 puntos porcentuales en cobertura, el LEE estima que el aumento real fue de menos de 5 puntos porcentuales utilizando proyecciones de población actualizadas. Además, el incremento estuvo concentrado en el sector oficial y ciertas instituciones, mientras que el sector privado y algunas regiones experimentaron estancamiento o incluso disminuciones.

¿Qué significa que un programa de educación esté “acreditado” en Colombia y cómo afectó esto las cifras?

Un programa “acreditado” en educación superior en Colombia es aquel que ha sido reconocido oficialmente por cumplir con criterios de calidad académica definidos por el Estado. Según el informe del LEE, aunque aumentó la matrícula en instituciones acreditadas, esto no se tradujo en más estudiantes en programas acreditados, sino que, en proporción, hubo un descenso leve en la participación de estos programas. Esto cuestiona la relación entre el crecimiento de la matrícula general y la mejora en los estándares de calidad.

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El mandatario retomó una sección que presenta como una de las más importantes de su gestión: la firma de las resoluciones relacionadas con extradiciones.

“Hoy va a firmar 10 extradiciones”, le dijo en el video el funcionario que lo acompañaba. Después, el presidente afirmó que, con esas nuevas decisiones, el número total llegaba a 105.

El mandatario sostuvo que continuará utilizando los mecanismos de cooperación internacional para tramitar estos procesos.

Acá, las declaraciones del mandatario:

¡105 extradiciones en 53 días!

Y el número seguirá creciendo porque en la Era del Tigre no hay contemplación para quienes han “herido” y atacado a nuestros hermanos.

Estamos sacando de nuestro país a delincuentes de alta peligrosidad, con en uso de los mecanismos de… pic.twitter.com/YB3Muwq6R1

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 30, 2026

El Gobierno viene aumentando la cifra de extradiciones desde agosto

La cifra divulgada este martes representa un nuevo aumento frente a los números que el propio presidente había comunicado en semanas anteriores.

En agosto, De la Espriella aseguró que había firmado más de 30 extradiciones durante sus primeros 16 días de gobierno.

Posteriormente, sus comunicaciones públicas fueron elevando el número reportado. En una publicación reciente, por ejemplo, habló de 70 extradiciones firmadas en 32 días de mandato.

En otro mensaje posterior aseguró que el total había llegado a 85 extradiciones en un mes y diez días de gobierno. Ahora, según el anuncio realizado este martes, la cifra llegó a 105 en 53 días.

El Gobierno ha convertido estas decisiones en uno de los principales mensajes de su política de seguridad y de su estrategia frente al crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos por los que ciudadanos colombianos son requeridos en el exterior.

¿Qué dijo De la Espriella sobre las nuevas extradiciones?

En el video, el presidente explicó que las personas incluidas en estos procesos son, según su descripción, “delincuentes de alta peligrosidad” o personas que han cometido delitos en otros países.

De la Espriella señaló que las decisiones se toman mediante los mecanismos de cooperación internacional y afirmó que su administración seguirá utilizando estos procedimientos.

“Vamos por más”, escribió además en la publicación con la que acompañó el video.

La extinción de dominio es una acción legal mediante la cual el Estado recupera bienes que, según investigaciones, podrían haber sido adquiridos con recursos relacionados directa o indirectamente con actividades ilegales. En este caso, los inmuebles confiscados a Charlie Zaa tienen un valor que supera los COP 23.775 millones, una cifra significativa considerando la procedencia y la magnitud de los bienes sujetos a la decisión judicial.

La lista de propiedades incluye dos locales ubicados en el Centro Comercial Oasis, en Girardot, Cundinamarca. Uno de estos locales, avaluado en COP 15.840 millones, es el de mayor valor dentro del grupo de bienes afectados. También forman parte de la medida dos lotes urbanos situados en los municipios tolimenses de Guamo y Lérida; la Hacienda Guamal, ubicada en San Luis, Tolima; así como un lote de terreno con mejoras localizadas también en la ciudad de Girardot.

De acuerdo con la información proporcionada por la Sala de Justicia y Paz, esta sentencia, además de afectar a los exintegrantes del Bloque Tolima, representa una señal para quienes puedan haber obtenido bienes provenientes de relaciones o vínculos con actividades criminales, pues son susceptibles de ser recuperados por el Estado.

Como parte de la cobertura judicial, El Espectador recomendó a quienes deseen profundizar en temas de justicia, seguridad y derechos humanos visitar su sección especializada para obtener información permanente y actualizada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ordenaron la extinción de dominio sobre los bienes de Charlie Zaa?

La orden de extinción de dominio sobre los seis bienes del cantante Charlie Zaa fue emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá como parte de una sentencia contra exparamilitares del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según el fallo, estos inmuebles, valorados en más de COP 23.775 millones, están presuntamente relacionados con actividades ilegales, lo que permitió al Estado recuperar dichas propiedades.

¿Cuáles son los bienes afectados por la decisión del Tribunal Superior de Bogotá?

De acuerdo con la información divulgada por la Sala de Justicia y Paz, los bienes a los que se les aplicó la extinción de dominio incluyen dos locales comerciales del Centro Comercial Oasis en Girardot, dos lotes urbanos en Guamo y Lérida (Tolima), la Hacienda Guamal en San Luis (Tolima) y un lote de terreno con mejoras, también en Girardot. El local de mayor valor está avaluado en COP 15.840 millones.

El propio De la Espriella enfatizó que, junto a Lombana, se organizará un bloque de búsqueda enfocado en combatir la corrupción utilizando todas las herramientas institucionales posibles. El mandatario afirmó: "Con la magistrada Lombana vamos a estructurar y articular un bloque de búsqueda contra la corrupción, con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos". Este mensaje fue reforzado con la declaración de que "en este Gobierno, la corrupción no tendrá escondite, privilegios ni impunidad", lo que apunta a una política robusta de persecución y sanción frente a delitos contra los recursos del Estado.

Lombana dejará la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, instancia donde investigó penalmente a miembros del Congreso. Cabe resaltar que, en su salida, enfrenta una investigación en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y fue la encargada del expediente contra la senadora Martha Peralta por hechos relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Este anuncio se conoce en un momento en que el gobierno pasa por varios reajustes internos y poco después de que De la Espriella propusiera a la justicia evaluar posibles negociaciones con procesados en el caso Ungrd, decisión que, según el presidente, solo beneficiará a quienes "colaboren con la justicia". A estos investigados o condenados, el jefe de Estado les recomendó que, si se arrepienten, entregan a sus cómplices y contribuyen a esclarecer los hechos, podrán acceder a castigos atenuados, subrayando la importancia del acto de contrición y la reparación al país.

En este contexto, el presidente mencionó específicamente el caso de Iván Name, expresidente del Congreso, sobre quien el Consejo de Estado decretó la "muerte política" por su vínculo con el mismo escándalo. El tribunal señaló que la pérdida de investidura responde al incumplimiento de las obligaciones éticas, jurídicas y políticas que afectan el pacto representativo de la democracia, mientras que el exsenador anunció su intención de apelar la decisión.

¿Quién es la magistrada Cristina Lombana y cuál será su nuevo cargo en el gobierno?

Cristina Lombana es magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y, una vez finalice su periodo el 8 de octubre, asumirá como secretaria de Transparencia en el gobierno de Abelardo de la Espriella, según lo anunciado oficialmente en la cuenta de X del presidente.

¿En qué consiste el bloque de búsqueda contra la corrupción que anunció De la Espriella?

El bloque de búsqueda contra la corrupción es una estrategia institucional anunciada por el presidente De la Espriella para perseguir y sancionar a quienes hayan saqueado o pretendan saquear recursos públicos, articulando las capacidades del Estado bajo el liderazgo de la futura secretaria de Transparencia, Cristina Lombana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

He designado a la magistrada Cristina Lombana como nueva Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. Asumirá sus funciones una vez concluya, el próximo 8 de octubre, su periodo en la Corte Suprema de Justicia.

Con la magistrada Lombana vamos a estructurar y…

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 29, 2026

El anuncio del presidente

A través de su cuenta personal en la red social X, el jefe de Estado informó la decisión y adelantó la primera tarea que tendrá la nueva funcionaria.

He designado a la magistrada Cristina Lombana como nueva Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. Asumirá sus funciones una vez concluya, el próximo 8 de octubre, su periodo en la Corte Suprema de Justicia.

De la Espriella agregó que con Lombana se estructurará y articulará “un bloque de búsqueda contra la corrupción, con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos”. El presidente fue enfático al señalar que en su Gobierno:

La corrupción no tendrá escondite, privilegios ni impunidad.

Vamos por todos los que se hayan atrevido a tocar la plata del pueblo colombiano. Los recursos públicos son sagrados y se respetan.

¿Quién es Cristina Lombana?

Cristina Lombana es magistrada de la Corte Suprema de Justicia, donde ha integrado la Sala de Casación Penal. Durante su trayectoria en el alto tribunal, ha participado en decisiones de alto impacto relacionadas con procesos contra políticos, funcionarios públicos y miembros de grupos armados ilegales.

La magistrada ha sido reconocida por su postura firme frente a casos de corrupción. Recientemente, se generó una polémica con Lombana que llevó a que otros magistrados le trasladaran a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara una solicitud del abogado de la senadora Martha Peralta, quien pedía indagar las actuaciones de la magistrada cuando Peralta fue conducida y detenida temporalmente para asistir a su indagatoria.

Otra polémica se dio tras el allanamiento ordenado por la magistrada a la casa en Barranquilla del exministro del Interior Armando Benedetti. En ese momento, el entonces funcionario denunció presuntas irregularidades y excesos durante el proceso.

El contexto de la designación

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia es la entidad encargada de liderar la política anticorrupción del Gobierno Nacional. Desde esta dependencia se coordinan acciones para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción en todas las ramas del poder público.

El anuncio se produce en medio de las investigaciones por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que ha dejado al descubierto una red de corrupción con presuntos sobornos a congresistas y desvíos de recursos por miles de millones de pesos. El presidente De la Espriella ha solicitado a la justicia evaluar la posibilidad de ofrecer beneficios a los investigados que colaboren con las autoridades.

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La primera orden

El presidente le dio a Lombana su primera instrucción como futura secretaria de Transparencia: articular un “bloque de búsqueda contra la corrupción” que integre la capacidad investigativa de todas las entidades del Estado. Según el mandatario, este bloque tendrá como objetivo perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos.

De la Espriella ha reiterado en varias ocasiones que uno de los ejes centrales de su gobierno es la lucha contra la corrupción. En sus alocuciones presidenciales, el jefe de Estado ha señalado que el país no puede seguir permitiendo que los recursos de los colombianos sean desviados por redes de corrupción.

El periodo de transición

Cristina Lombana asumirá formalmente sus funciones el 8 de octubre, fecha en la que finaliza su periodo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, la Secretaría de Transparencia continuará operando bajo la dirección del actual titular de la dependencia.

La designación de una magistrada de la Corte Suprema para liderar la Secretaría de Transparencia ha sido interpretada como una señal del compromiso del Gobierno con la lucha anticorrupción. Analistas políticos señalan que la trayectoria de Lombana en el alto tribunal le dará autoridad moral y técnica para enfrentar los casos más complejos.

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Con la designación de Cristina Lombana, el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca fortalecer su estrategia contra la corrupción. La nueva secretaria tendrá la tarea de coordinar las acciones de todas las entidades del Estado para investigar y sancionar los actos de corrupción que se hayan cometido en los últimos años.

El presidente ha anunciado que en las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre el “bloque de búsqueda contra la corrupción” y las primeras acciones que tomará la Secretaría de Transparencia bajo el liderazgo de Lombana.

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De acuerdo con el reporte preliminar, el siniestro dejó al menos una persona fallecida y 10 heridas. Los organismos de emergencia llegaron al lugar para atender a los afectados y realizar su traslado a diferentes centros médicos.

Según la información entregada durante la emisión de Noticias Caracol, el accidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde. La tractomula, que se movilizaba desde el aeropuerto y transportaba una carga de huevos, habría presentado una falla en los frenos mientras bajaba hacia Girón.

Lo que se sabe es que el vehículo de carga terminó colisionando inicialmente contra un camión de envíos que se encontraba en la vía. Posteriormente, habría impactado contra una vivienda y varios motociclistas que se desplazaban en ese momento entre Lebrija y Girón.

De acuerdo con la información recopilada, la Fiscalía intervino inicialmente un centro comercial, un hotel y dos discotecas. Para asegurar los bienes, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llevaron a cabo procedimientos de ocupación y registro, en el contexto de un proceso que mantiene estos activos vinculados a la extinción de dominio mientras avanzan las investigaciones judiciales.

La base de esta acción legal está en determinar si estos bienes fueron conseguidos con dineros relacionados con el extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según la hipótesis que maneja la Fiscalía, Diego José Martínez Goyeneche, conocido como alias ‘Daniel’ y quien fuera uno de los líderes de esa agrupación, habría recurrido al uso de terceros para la circulación y la inversión de recursos en propiedades, buscando de esta manera ocultar su procedencia.

Para esclarecer este entramado, los investigadores efectuaron inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, testimonios y peritajes contables. Todas estas herramientas, apuntan a reconstruir el trayecto que siguieron los recursos y la legitimidad en la adquisición de los activos, de acuerdo con lo declarado por las autoridades involucradas en el caso.

Con la decisión reciente, los inmuebles sujetos a la extinción de dominio pasan ahora a control del Estado, que podrá disponer de ellos en beneficio de los mecanismos de reparación para las víctimas del conflicto armado. Por su parte, Charlie Zaa ha rechazado las acusaciones y sostiene que su patrimonio ha sido producto de más de treinta años de trayectoria musical, así como de los ingresos obtenidos por regalías y presentaciones. El proceso sigue abierto y serán los jueces quienes, en adelante, determinen la situación legal definitiva de los bienes y las posibles responsabilidades.

¿Por qué la Fiscalía vinculó los bienes de Charlie Zaa con las Autodefensas Unidas de Colombia?

La Fiscalía vinculó los bienes de Charlie Zaa tras investigaciones que sugieren que pudieron ser adquiridos con recursos provenientes del antiguo Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La hipótesis señala que alias ‘Daniel’, exjefe de esa estructura, usó a terceros para canalizar dineros y comprar propiedades ocultando su verdadero origen.

¿Qué significa el proceso de extinción de dominio y qué ocurre con los bienes afectados?

El proceso de extinción de dominio se refiere a una acción judicial por la que se retira la titularidad de bienes obtenidos ilícitamente, pasando a ser administrados por el Estado. Tras la extinción, estos activos suelen destinarse a reparar a víctimas del conflicto armado y apoyar programas de interés público, según las normativas vigentes.

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Torres fue elegido alcalde de Yopal en 2015, pero su gestión estuvo marcada por graves controversias. En 2017, fue destituido tras ser condenado por urbanización ilegal, un delito que estaba relacionado con sus actividades previas en el sector de la construcción. Antes de ingresar a la política, “Jhon Calzones” se había dado a conocer en la comunidad por su actividad como comerciante de ropa interior femenina, de donde deriva su apodo, con el que era ampliamente identificado en la zona.

La investigación judicial que derivó en su salida del cargo se originó a raíz de un proyecto de vivienda iniciado en 2004. En ese entonces, Torres aún no había iniciado su carrera política, pero ya lideraba la construcción y venta de lotes a través de su empresa, llamada ‘Ciudadela Bendición’. De acuerdo con la Fiscalía General, los terrenos donde se levantó este desarrollo inmobiliario habían sido previamente ocupados por la entidad con fines de extinción de dominio, una figura legal que permite al Estado confiscar bienes utilizados en actividades ilícitas.

Autoridades señalaron que los dueños originales de estos terrenos eran considerados testaferros del narcotraficante Germán Gonzalo Sánchez, alias “Coletas”. La Fiscalía también precisó que Jhon Jairo Torres habría vendido cerca de 10.000 lotes de 90 metros cuadrados cada uno, aparentemente con el fin de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito, proceso conocido como lavado de dinero.

La investigación en contra de Torres se reforzó gracias a la denuncia presentada por Giomar Patricia Riveros Gaitán, quien había trabajado con él y aportó información crucial a las autoridades. El caso de “Jhon Calzones” ejemplifica la compleja relación entre política, vivienda informal y justicia en distintas regiones del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de “Jhon Calzones” en Yopal?

El asesinato de Jhon Jairo Torres ocurrió cuando dos hombres, a bordo de una motocicleta, abrieron fuego en su contra. El gobernador César Ortiz Zorro confirmó el crimen y señaló la captura de uno de los presuntos autores, según información proporcionada por la Policía Nacional. Hasta el momento, los detalles del móvil exacto permanecen en investigación.

¿Por qué fue condenado y destituido el exalcalde Jhon Jairo Torres?

Torres, conocido como “Jhon Calzones”, fue condenado por el delito de urbanización ilegal. Esto se relaciona con el proyecto de vivienda que inició en 2004, antes de su paso por la alcaldía, al vender lotes en terrenos vinculados a actividades ilícitas, según lo expuesto por la Fiscalía General. Su destitución se dio tras comprobar que cometió dicha ilegalidad durante su actividad empresarial previa a ser elegido alcalde de Yopal.

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El valor de estos bienes asciende los 20.000 millones de pesos y la determinación está relacionada con una investigación que bus establecer si estas propiedades fueron adquiridas con recursos provenientes del extinto bloque del Tolima de las Autodefensas.

Este expediente se originó en medio de versiones entregadas por integrantes de la estructura paramilitar. El artista, por su parte, ha negado los señalamientos y ha defendido que su patrimonio es producto de más de 30 años de trabajo en el gremio de la música.

Además, ha sostenido que parte los recursos para adquirir sus propiedades han salido de las regalías generadas por su música.

Según explicó el secretario de Gobierno, Félix Valera Ibáñez, en entrevista con EL PILÓN, durante la limpieza realizada a mediados de año se retiraron 800 toneladas de material de la acequia. Este resultado se obtuvo gracias a operativos de gestión en los que participaron diferentes entidades municipales. Ya en la nueva intervención posterior a las lluvias recientes, Valera señaló que han extraído más de 200 toneladas, lo que manifiesta una constante reincidencia en el problema: “Lo que siente uno [es] que está en un círculo vicioso: recogiendo y ensuciando todo. Y cuando está sucio, llaman al municipio porque el municipio no hace nada para evitar la inundación”, aseguró el funcionario.

El reto, de acuerdo con Valera, no solo es de limpieza, sino de corresponsabilidad. Pese a las actividades pedagógicas implementadas con Gestión del Riesgo, Espacio Público y la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), los residuos regresan a la acequia. Adicionalmente, la presencia de numerosos negocios de venta de comida en los alrededores dificulta el control sobre la disposición adecuada de los desechos sólidos.

Todo esto ocurre en el marco de un ambicioso proyecto financiado por el Sistema General de Regalías, con un presupuesto de $3.089.831.690,09, bajo la ejecución de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Área Metropolitana de Valledupar (E.I.C.E. A.M.V.). El contrato contempla intervenciones en varios sectores prioritarios del municipio, no únicamente en Las Mercedes, e incluye labores manuales y mecánicas de limpieza, recolección y disposición de residuos, además de actividades de educación ambiental y participación ciudadana. A pesar de la magnitud de la inversión, aún no existe una cifra concreta del costo por cada intervención en Las Mercedes, y el secretario advirtió que la nueva limpieza sería menos profunda por la necesidad de maquinaria en otros puntos prioritarios.

Aunque Corpocesar menciona el desarrollo de jornadas de promoción y socialización, intervenciones artísticas y la vinculación de vigías ambientales, los informes carecen de detalles específicos sobre la frecuencia y seguimiento en Las Mercedes. Por ello, aún quedan interrogantes respecto a la eficacia de las acciones pedagógicas y el compromiso comunitario para evitar futuras obstrucciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto cuesta limpiar la Acequia Las Mercedes tras cada aguacero?

De acuerdo con la información disponible, no existe una cifra consolidada sobre el costo específico de cada limpieza en la Acequia Las Mercedes. El presupuesto total del proyecto, financiado completamente con recursos del Sistema General de Regalías, es de $3.089.831.690,09 y abarca varios sectores. Si bien el contrato detalla la inversión en maquinaria, personal y disposición autorizada de residuos, el secretario de Gobierno señaló que la Alcaldía aún no tiene desglosado el costo puntual de cada operación.

¿Qué actividades pedagógicas realiza Corpocesar para evitar que se vuelva a llenar de basura la Acequia Las Mercedes?

Corpocesar incluyó en el proyecto jornadas de promoción y socialización, estrategias participativas de protección hídrica, intervenciones artísticas ambientales y la vinculación de vigías ambientales. Sin embargo, aunque la entidad plantea medir el impacto por actividades realizadas y personas involucradas, no se han presentado cifras claras respecto a la cantidad de acciones, asistentes o vigías dedicados específicamente a la Acequia Las Mercedes.

De acuerdo con la versión de Carol Borda, su intervención respondía a la necesidad de manifestar que “no pueden hablar por todas las mujeres”, señalando que existe una desprotección hacia la vida que está por nacer y hacia la maternidad en Colombia. La congresista aseguró que “estar en este espacio es también una reivindicación por la vida”. Frente a los señalamientos, las representantes que organizaron el plantón reiteraron que su intención era visibilizar los derechos de las mujeres y rechazaron la actitud de Borda, recalcando que en ningún momento la representante de Salvación Nacional fue objeto de agresiones físicas ni verbales, ni por parte de las congresistas ni por quienes las acompañaban.

Borda hace parte de la llamada bancada provida, que en el actual periodo legislativo presentó un proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 11 de la Constitución Política. La propuesta plantea que el derecho a la vida “se protege desde la fecundación”, respaldada por firmas de Salvación Nacional, el Partido Conservador y el Centro Democrático. La iniciativa surge como respuesta directa a criterios recientes de la Corte Constitucional sobre el aborto. Según El Espectador, la Corte ha sostenido desde 2006, por medio de la sentencia C-355, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) bajo tres causales específicas: riesgo para la vida o salud de la persona gestante, inviabilidad fetal y embarazo producto de violación o incesto. La decisión más actual, en 2022, amplió este derecho al despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación, conforme a la sentencia C-055, sin requerir causales específicas. Sin embargo, proyectos legislativos previos buscando restringir estos derechos no han prosperado.

¿Qué ocurrió en la Plaza Núñez durante el plantón por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal?

Durante una manifestación conmemorativa en la Plaza Núñez por el acceso al aborto legal, se presentó un conflicto luego de la llegada de Carol Borda, representante que defiende la postura provida. Su intervención fue interpretada como una provocación por las organizadoras del evento, lo que generó un fuerte cruce de opiniones, aunque las congresistas recalcaron que en ningún momento hubo agresiones físicas.

¿Qué cambios propone el proyecto de acto legislativo presentado por la bancada provida sobre el aborto en Colombia?

El proyecto de acto legislativo impulsado por la bancada provida busca modificar el artículo 11 de la Constitución para proteger el derecho a la vida desde la fecundación. Esto significaría un cambio respecto a la actual jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha reconocido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en ciertas condiciones y, más recientemente, hasta la semana 24 sin restricciones de causales.

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