Entre los proyectos priorizados, destaca la profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura, esencial para mejorar la movilidad y eficiencia de la principal plataforma portuaria del suroccidente colombiano. Este canal actualmente tiene una profundidad aproximada de 12,5 metros y se espera aumentar hasta los 16 metros. Para ello, las autoridades regionales señalan la necesidad de avanzar en estudios técnicos, cumplimiento de trámites ambientales, realización de consultas previas y definición tanto de los recursos necesarios como del esquema contractual bajo el cual se ejecutará el proyecto.

Otra obra relevante es la vía Mulaló-Loboguerrero, planeada para mejorar la conexión entre Cali y el puerto de Buenaventura. Según el documento citado por 90 Minutos, con esta carretera se reduciría la distancia recorrida en 42 kilómetros y se ahorraría cerca de una hora en el trayecto. Sin embargo, su desarrollo requiere que el Gobierno nacional y la empresa concesionaria lleguen a un acuerdo sobre el ajuste del valor contractual y así concretar el cierre financiero correspondiente. Marvin Mendoza, gerente de la Comisión General Regional de Competitividad, enfatizó que esta vía traería beneficios considerables tanto por el ahorro de tiempo como por el fortalecimiento del aeropuerto internacional, el principal nodo aeroportuario del suroccidente.

La agenda también resalta la finalización de la Nueva Malla Vial del Valle y las vías de acceso al puerto, junto con el avance en las obras del corredor Loboguerrero-Calima, donde la gestión de recursos pendientes y la culminación de unidades funcionales resultan prioritarios. En total, el portafolio regional incluye 158 proyectos para el periodo 2026-2030, abarcando áreas como infraestructura estratégica, seguridad y justicia, desarrollo territorial, talento humano, fortalecimiento productivo y reactivación económica. Yessica Leonor Mosquera, secretaria de Planeación y Desarrollo del Chocó, subrayó la necesidad de asegurar recursos mediante vigencias futuras para contar con financiación a largo plazo.

Si bien los cuatro departamentos impulsan esta propuesta de forma conjunta, el documento otorga mayor protagonismo a las obras vinculadas al Valle del Cauca, especialmente en el ámbito vial y portuario.

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¿Cuáles son los proyectos de infraestructura que priorizan los departamentos del Pacífico para el Plan Nacional de Desarrollo?

Entre los principales proyectos priorizados por Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó para el próximo Plan Nacional de Desarrollo se encuentra la profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura, la construcción de la vía Mulaló-Loboguerrero, el fortalecimiento de la infraestructura logística y el desarrollo de proyectos energéticos. Además, se plantean la finalización de la Nueva Malla Vial del Valle y la ejecución de obras en el corredor Loboguerrero-Calima. Estas iniciativas buscan mejorar la competitividad y conectividad regional.

¿Qué significa el proceso de vigencias futuras para financiar proyectos de infraestructura?

El concepto de vigencias futuras hace referencia a una herramienta legal y financiera utilizada en Colombia para comprometer recursos presupuestales de años posteriores al vigente. Esto permite financiar proyectos de infraestructura de gran envergadura a largo plazo, garantizando que las obras cuenten con el respaldo económico necesario para desarrollarse y culminarse aunque excedan el periodo fiscal actual.

El caso de la Institución Educativa Rodrigo Lloreda, ubicada en el barrio Mariano Ramos, es un ejemplo representativo de esta problemática. De acuerdo con la rectora Olga Ruiz, "tuvimos cinco salones afectados; el restaurante en esta sede y en una de las sedes de primaria está inhabilitado. Nos autorizaron tomar del presupuesto de la institución para arreglar las afectaciones pequeñas". Esta declaración evidencia que, aunque se les permitió gestionar soluciones para los daños menores, los problemas estructurales de mayor envergadura no han sido resueltos hasta la fecha, dejando a estudiantes y docentes en situación de incertidumbre sobre el futuro inmediato de su entorno educativo.

La situación no es diferente en la Institución Educativa José Holguín Garcés, ubicada en Terrón Colorado. Allí tampoco han podido retomar plenamente sus actividades y la infraestructura presenta grietas significativas, deterioro en vigas y columnas, y la inhabilitación de cinco salones en la sede central. Además, los estudiantes han visto suspendidas las clases de educación física y especialidades en el coliseo por motivos de seguridad. Según la rectora Adriana Ordóñez Mejía, "ni la secretaría ni la alcaldía nos han dado una respuesta clara; nos han visitado y evaluado, pero no dicen en qué momento se puede iniciar".

Las comunidades educativas de ambas instituciones continúan esperando que las autoridades competentes realicen evaluaciones técnicas, asignen recursos y definan un plan de intervención concreto. Su llamado apunta a obtener soluciones que garanticen espacios dignos y seguros para el desarrollo escolar, condiciones fundamentales para el derecho a la educación y el bienestar de los estudiantes, como reiteran en sus testimonios ante medios como 90 Minutos.

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¿Cuáles son los daños estructurales en los colegios de Cali tras el terremoto?

En ambas instituciones reportadas, Rodrigo Lloreda y José Holguín Garcés, los daños incluyen afectaciones en salones, restaurantes escolares, coliseos, vigas y columnas agrietadas o deterioradas. Estos problemas han obligado a inhabilitar espacios esenciales para las clases y actividades complementarias, según relataron sus rectoras y lo publicó 90 Minutos.

¿Por qué no han iniciado las reparaciones en los colegios afectados por el terremoto en Cali?

De acuerdo con las declaraciones de las rectoras citadas por 90 Minutos, las autoridades han visitado y evaluado las instalaciones, pero no han dado respuestas claras sobre el inicio de obras y persiste falta de información concreta sobre la fecha en la que se comenzarán las reparaciones mayores que permitan retomar la normalidad educativa.

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:23 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 45 kilómetros.

El evento fue localizado en las coordenadas 4,25° de latitud y -76,73° de longitud, con información recopilada por 51 estaciones de monitoreo.

De acuerdo con el reporte del SGC, el sismo tuvo carácter manual en su registro y presentó un RMS de 0,9 segundos y un gap de 71 grados.

Entre los municipios cercanos al epicentro se encuentran Calima, en el Valle del Cauca, ubicado a unos 45 kilómetros; Sipí, en Chocó, a aproximadamente 46 kilómetros; y Trujillo, también en el Valle del Cauca, a cerca de 46 kilómetros.

El evento fue reportado poco después del mediodía y tuvo una magnitud considerada baja, aunque los movimientos sísmicos pueden sentirse dependiendo de la distancia al epicentro, la profundidad y las condiciones del terreno. El SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el país.

Para afrontar esta contingencia, la Cancillería de Colombia recurrió a la figura legal de la urgencia manifiesta, contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993. Este mecanismo extraordinario permite a la entidad gestionar contratos de manera ágil para proteger intereses públicos en situaciones apremiantes; además, se encuentra bajo la supervisión fiscal posterior de la Contraloría General de la República. En este contexto, la Cancillería solicitó una cotización formal a Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., compañía que venía operando el servicio hasta el 31 de julio de 2026 y que dispone de la infraestructura, el personal entrenado y los proveedores necesarios dentro del país. La propuesta se presentó en conjunto con Thales DIS Colombia S.A., a través de la figura llamada Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, de acuerdo con el comunicado oficial.

La decisión institucional tiene tres fundamentos técnicos principales. El primero de ellos es el tiempo: el inventario actual de libretas de pasaporte solo será suficiente hasta noviembre de 2026, y si se selecciona a un operador nuevo, este requeriría varios meses para certificar plantas y registrar diseños. En contraste, la unión temporal mencionada podría reactivar el proceso en un plazo máximo de veinte días hábiles. El segundo motivo es la seguridad documental: con esta medida se evita introducir un diseño transitorio de pasaporte, lo cual podría complicar los controles migratorios en el ámbito internacional. Finalmente, la tercera razón es la estabilidad tarifaria para los ciudadanos, ya que la propuesta mantiene los precios actuales sin incrementos.

El régimen de urgencia manifiesta seguirá vigente hasta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca levante la medida cautelar o inicie formalmente el contrato del nuevo proceso de licitación, cuyo cronograma se encuentra establecido en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).

¿Por qué se declaró la urgencia manifiesta para la expedición de pasaportes en Colombia?

De acuerdo con la Cancillería de Colombia, la urgencia manifiesta se declaró para evitar la suspensión del servicio de expedición de pasaportes y visas, garantizar la continuidad operativa y proteger la seguridad documental, ante la suspensión provisional de los contratos del nuevo modelo ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

¿Cuáles son las implicaciones de mantener las tarifas de pasaportes sin cambios?

Mantener las tarifas de pasaportes sin modificaciones significa que los ciudadanos no verán incrementos en el costo de este documento, incluso durante la contingencia, lo cual garantiza estabilidad en el acceso y evita cargas adicionales para quienes necesiten tramitar o renovar su pasaporte en Colombia o en el exterior.

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La investigación indica que, en el primer semestre de 2018, Benjumea habría aceptado recibir hasta 500 millones de pesos colombianos (COP) con el fin de favorecer la adjudicación de un contrato de obra pública en el municipio de Galeras, Sucre. Esta gestión habría ocurrido durante la administración del entonces alcalde Remberto Javier Amell Hernández. Según el expediente, Benjumea habría utilizado su posición de congresista para ejercer influencias que, presuntamente de manera indebida, permitieran la obtención de recursos destinados a financiar la mencionada obra pública.

El material probatorio dentro del proceso apunta a que Benjumea no solo habría buscado cumplir su parte del acuerdo, sino que habría recibido una parte del dinero pactado como pago a cambio de direccionar el contrato. El Espectador señala que, en febrero de 2024, la misma Sala abrió formalmente la investigación contra Benjumea, quien fue representante por el Partido Liberal, por un aparente manejo irregular de los denominados “cupos indicativos”, que son recursos asignados para financiar obras en diversas regiones, en este caso, en Galeras.

Benjumea ejerció como representante a la Cámara entre los años 2014 y 2018; durante ese periodo, integró la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias. Cabe recordar que, tras su elección en 2014, se promovió la anulación de su elección alegando inhabilidad, ya que había celebrado un contrato entre la Gobernación, la Secretaría de Salud Departamental y el Hospital San Rafael de Leticia E.S.E. Sin embargo, el Consejo de Estado rechazó esa solicitud, permitiendo que Benjumea mantuviera su curul.

De acuerdo con El Espectador, el proceso avanza dentro del marco de la justicia ordinaria, bajo estricta revisión probatoria y de la legalidad de los procedimientos.

¿Por qué fue acusado formalmente Eduar Luis Benjumea Moreno y cuáles son los cargos?

Benjumea fue acusado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho propio, ya que, según la investigación citada por El Espectador, habría aceptado un pago para favorecer la adjudicación de un contrato de obra pública en Galeras, Sucre, utilizando su cargo de congresista.

¿Qué significa ‘cupos indicativos’ y por qué son relevantes en este caso?

Los ‘cupos indicativos’ hacen referencia a asignaciones presupuestales orientadas a la financiación de obras en distintas regiones del país. En este proceso, la gestión de dichos recursos en Galeras es uno de los puntos centrales de la acusación que la Corte Suprema abrió formalmente contra Benjumea en febrero de 2024, por supuestas irregularidades en su manejo.

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Según el documento citado, el proyecto contempla reducir el número de entidades del Ejecutivo, pasando de 209 a 105, a través de procesos de eliminación o fusión. Una de las fusiones planteadas sería la integración del Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia, dando origen a la nueva cartera de Educación, Ciencia y Conocimiento. Al mismo tiempo, se propone fusionar el Ministerio de Deporte con el de Cultura.

La iniciativa surge apenas horas después de que el gobierno radicara el proyecto de ley de ajuste fiscal que plantea recortar el tamaño del Estado en un 15 % y modificar algunas cargas impositivas. El artículo 7 de ese proyecto de ley, identificado como el 477 de 2026, prevé otorgar facultades extraordinarias al presidente de la República durante seis meses, con el objetivo de suprimir, fusionar o dividir ministerios y departamentos administrativos.

Actualmente, conforme al artículo 150 de la Constitución Política, estas atribuciones corresponden exclusivamente al Congreso de la República. Por esa razón, cualquier cambio de esta magnitud exigiría la radicación formal de un proyecto de ley que fuera discutido y aprobado por el legislativo. Sin embargo, el gobierno busca facultades que le permitan avanzar en estas modificaciones sin depender de los debates del Congreso.

En caso de aprobarse tales facultades, las decisiones deberían justificarse con estudios técnicos que demuestren motivos como eliminar la duplicidad de funciones, evitar conflictos de competencia, racionalizar la relación entre empleos misionales y de apoyo, y optimizar los niveles directivos respecto a empleos vacantes y temporales.

Hasta el momento no hay pronunciamientos oficiales de las asociaciones de los sectores de educación o ciencia sobre esta propuesta. No obstante, Fanor Mondragón, profesor emérito de la Universidad de Antioquia y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, expresó en El Espectador que, si llega a concretarse, significaría un retroceso hasta 1968, cuando la ciencia era apenas una oficina dentro del Ministerio de Educación. Mondragón argumentó que la tendencia internacional apunta a separar la gestión de la ciencia y la educación, siguiendo recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), e insistió en que fortalecer el Ministerio de Ciencia con más recursos sería la vía correcta.

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¿Qué implica la posible fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia en Colombia?

La integración de estas dos carteras, según lo discutido por el gobierno de Abelardo de la Espriella, buscaría racionalizar la estructura estatal, eliminar duplicidades y ajustar el tamaño del Ejecutivo. Sin embargo, voces expertas como la de Fanor Mondragón advierten que la fusión podría afectar negativamente el desarrollo científico al eliminar la autonomía y el enfoque diferenciado que requiere este sector, algo que ha sido promovido internacionalmente para impulsar la competitividad y el valor agregado nacional.

¿Por qué la OCDE recomienda separar la administración de la ciencia y la educación?

De acuerdo con lo señalado por Fanor Mondragón en El Espectador, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sugiere diferenciar la gestión de ambos sectores para aplicar criterios de evaluación distintos y responder adecuadamente a las particularidades de la investigación científica y la formación educativa. Esta separación, señala Mondragón, permite a los países avanzar con mayor competitividad y eficiencias en ambos campos.

La delegación de Reino Unido, encargada de sustentar la ponencia aprobada, destacó la importancia de mantener los avances del Acuerdo de Paz a diez años de su firma en La Habana. Expresaron que "proteger lo que se ha conseguido con el acuerdo y hacer frente a los problemas de seguridad no es incompatible", subrayando la relevancia de la desmovilización de más de 11.000 excombatientes, pero también reconociendo los desafíos aún existentes una década después de lo pactado. Con este nuevo mandato, la Misión de Verificación de la ONU, encabezada por Miroslav Jenca, enfocará su labor únicamente en la seguridad de la desmovilización y la reintegración, dejando de lado la supervisión de los avances en materia rural, un componente fundamental conocido como el punto 1 del acuerdo con las Farc.

Pese al consenso, se expresaron inquietudes desde diferentes delegaciones sobre la exclusión de la Reforma Rural Integral. China resaltó la importancia de consolidar la paz, sugiriendo que el gobierno debería trabajar con todos los sectores sociales para mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y reforzar la seguridad. Por su parte, otras delegaciones como Pakistán, Panamá y Letonia celebraron la extensión del mandato de la Misión, mientras que Rusia y Dinamarca lamentaron que se retirara el seguimiento a la reforma rural, advirtiendo que ese punto es esencial para las víctimas y excombatientes comprometidos con la vida civil. Rusia subrayó que "el cambio de gobierno y políticas estatales en Bogotá no debe impedir el compromiso con la aplicación del Acuerdo de Paz final", señalando la importancia de una aplicación integral del tratado.

El cambio de enfoque en la supervisión internacional ya había sido discutido en la Casa de Nariño y articulado con el ministro de Agricultura, según reveló El Espectador. Algunas fuentes señalaron que la retirada del mandato sobre la reforma rural podría debilitar la implementación del acuerdo; no obstante, otras voces aseguraron que ya existe un consenso para mantener la operatividad de la Misión con sus actuales competencias, reflejando la nueva línea del gobierno De la Espriella.

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¿Por qué la reforma rural quedó excluida del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia?

La reforma rural fue excluida del mandato de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia debido a una petición expresa del gobierno de Abelardo de la Espriella. El argumento principal presentado ante el Consejo de Seguridad fue que la Reforma Rural Integral excedía las capacidades de la Misión de Verificación y hacía parte de las políticas de Estado, por lo que debía ser manejada directamente por el gobierno y no por una misión internacional, de acuerdo con la información recabada por El Espectador.

¿Cuál es el nuevo alcance de la Misión de Verificación de la ONU tras la decisión del Consejo de Seguridad?

El nuevo alcance de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia se limitará a dos ámbitos del Acuerdo de Paz: la seguridad de la desmovilización de excombatientes y su reintegración en la vida civil. La supervisión de la implementación de la Reforma Rural Integral quedó fuera de sus funciones, tras la decisión unánime del Consejo de Seguridad, lo que implica una reducción en el seguimiento internacional sobre el avance de este eje fundamental del acuerdo, según reportó El Espectador.

(Ver también: Propietarios de apartamentos en Cali denuncian cobros de servicios públicos tras desalojo por terremoto)

La preocupación de la comunidad no se limita a los posibles daños estructurales. Los vecinos también han advertido sobre el desprendimiento de escombros, la inseguridad y los posibles saqueos, debido a que el inmueble permanece parcialmente ocupado y no cuenta con un aislamiento completo que impida el paso de peatones y vehículos por debajo de la edificación.

Ante este panorama, los residentes piden que las autoridades aceleren las medidas de seguridad y establezcan una fecha para intervenir el inmueble. Aunque existe autorización para su demolición, la falta de claridad sobre cuándo comenzarán los trabajos mantiene la incertidumbre en el barrio.

📌Un edificio de tres pisos en el barrio Bretaña afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto, presenta una inclinación visible y grietas que preocupan a los vecinos ante el riesgo de un posible colapso.

La comunidad denuncia que peatones y motociclistas siguen transitando cerca de la estructura y hace un llamado urgente a la Alcaldía de Cali y a los organismos de gestión del riesgo para que intervengan y eviten una tragedia.

🎥 Jorge Orozco / El País

#Noticias #Cali #Edificicaído #Bretaña #Terremoto

— El País Cali 📰 (@elpaiscali) October 9, 2026

¿Qué responde la Alcaldía de Cali por el edificio de Bretaña?

La Administración Distrital ha explicado que las edificaciones afectadas por el terremoto deben pasar por un proceso de evaluación técnica y administrativa antes de definir las intervenciones. En el caso de los inmuebles que representan un peligro para la comunidad, el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres participa en la revisión de los conceptos que respaldan las decisiones.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión del Riesgo, encabezada por Ricardo Peñuela, las demoliciones no se pueden ejecutar automáticamente después de identificar daños. Cada estructura necesita estudios especializados para determinar el nivel de afectación, establecer las condiciones de seguridad y definir el procedimiento correspondiente.

La Alcaldía también ha señalado que los propietarios y copropietarios tienen responsabilidades frente a los reforzamientos o demoliciones de sus inmuebles, aunque la Administración puede intervenir de manera subsidiaria cuando exista un riesgo para la vida y la seguridad colectiva.

En cuanto a las familias afectadas, el Distrito ha informado sobre la disponibilidad de subsidios de vivienda para quienes requieren alternativas habitacionales, mientras avanzan los procesos relacionados con las edificaciones perjudicadas por el sismo.

🚨 Residentes del barrio Betraña, en el centro de Cali, advierten sobre el riesgo que representaría una edificación de cuatro pisos afectada por el terremoto. Según denuncian, peatones y vehículos continúan transitando cerca de la estructura, incluida entre las 82 que, afirman, deben ser demolidas. También aseguran que aún no conocen la fecha de demolición ni han recibido ayudas para los afectados. 👇

Video: @juanfotosadn

#Cali #Betraña #RiesgoEstructural #Terremoto #DenunciaCiudadana

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 29, 2026

Habitantes siguen esperando una fecha para la demolición

Pese a los anuncios institucionales y al avance de los trámites, los residentes de Bretaña consideran que la situación necesita mayor agilidad. Su principal preocupación es que la estructura continúe deteriorándose y termine afectando a las personas que viven en sus alrededores.

Por eso, la comunidad insiste en que no basta con tener aprobada una intervención: también necesita conocer cuándo comenzarán los trabajos, qué medidas de protección se implementarán mientras tanto y cómo podrán acceder a las ayudas disponibles.

El temor aumenta ante la posibilidad de nuevos movimientos telúricos, pues el edificio ya presenta daños importantes desde el terremoto de agosto.

(Ver también: Alcaldía de Cali anuncia alivios económicos y simplificación de trámites para afectados por el terremoto reciente)

Mientras se concreta la intervención, los vecinos esperan que las autoridades refuercen el aislamiento del inmueble y garanticen condiciones de seguridad para quienes deben transitar por este punto de Cali.

La acusación de Petro fue expuesta como un señalamiento que, hasta el momento, no implica la existencia de responsabilidad judicial alguna. Sin embargo, la mención directa de nombres y cifras aportó nuevo combustible a la controversia y llamó la atención de la opinión pública, que exige explicaciones claras a los implicados. En su pronunciamiento, el exjefe de Estado también señaló la realización de supuestas prácticas de vigilancia política dentro del DAPRE. De acuerdo con su versión, Ríos Puerta habría liderado interrogatorios a funcionarias por sus inclinaciones políticas y, presuntamente, algunas mujeres habrían sido presionadas tras manifestar su afinidad con el Pacto Histórico, la coalición de izquierda liderada por Petro. Estas acciones, según el expresidente, se habrían realizado sin la presencia de un abogado, lo que abre interrogantes sobre el respeto a las garantías laborales y los derechos fundamentales.

Petro calificó estos hechos como posibles abusos de poder e instó a la Procuraduría —la entidad encargada de la vigilancia disciplinaria en Colombia— a intervenir. También cuestionó duramente el rol de los órganos de inteligencia al declarar que "el DNI no es una Gestapo", haciendo alusión al Departamento Nacional de Inteligencia y comparándolo en sentido figurado con la policía secreta de la Alemania nazi. Además, el exmandatario pidió a las mujeres del Pacto Histórico acudir a organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para buscar respaldo y hacer valer sus derechos.

De acuerdo con la información de El Nuevo Día, las afirmaciones de Petro generan más preguntas alrededor del manejo al interior del DAPRE y la presunta relación entre los aportes económicos mencionados y nombramientos dentro del gobierno de De la Espriella. Mientras tanto, la sociedad espera que las autoridades correspondientes investiguen estos hechos y aclaren lo ocurrido.

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¿Qué es el DAPRE y cuál es su función en el gobierno colombiano?

El Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) es el organismo responsable de brindar apoyo estratégico y administrativo al presidente de Colombia. Según las fuentes referenciadas en el artículo, en este se toman decisiones de alto impacto y se gestionan asuntos clave de la administración pública nacional.

¿Cuáles son las acusaciones de Gustavo Petro sobre las 48 mujeres vinculadas al DAPRE?

De acuerdo con Petro, algunas mujeres trabajadoras del DAPRE habrían sido interrogadas acerca de sus preferencias políticas y presionadas por su cercanía al Pacto Histórico, lo que él calificó como presuntos abusos de poder y pidió que fueran investigados por la Procuraduría y observados por entidades internacionales como la OIT y la CIDH.

Durante el periodo en cuestión, Zúñiga se desempeñaba como secretario de Educación del departamento y asumió como gobernador encargado entre el 25 de enero y el 1 de febrero de 2006. El 27 de enero, firmó 16 contratos relacionados principalmente con consultorías e interventorías sobre proyectos de infraestructura en distintas áreas de Arauca como Fortul, Saravena, Tame, Cravo Norte, Arauquita y la capital departamental. Según la Fiscalía, los documentos que debían soportar estos contratos se elaboraron después de la firma o nunca existieron de forma independiente, algo exigido por la Ley 80 de 1993, que regula la contratación pública. El ente investigador recalcó que, por la experiencia de Zúñiga –quien había ocupado interinamente el despacho del gobernador en múltiples ocasiones–, él debía conocer estas obligaciones legales. Además, precisó que ese mismo día Zúñiga firmó otros cuatro contratos que sí contaban con estudios previos individuales, lo que demostraría conocimiento del proceso.

No obstante, la Corte reconoció que, aunque se presentó una falla objetiva al no tener estudios previos autónomos para cada contrato, la conducta atribuida a Zúñiga carecía de dolo, es decir, no existía la intención de infringir la norma. Para sustentar esta conclusión, la Sala se basó en varias razones: la formación profesional de Zúñiga (licenciado en Química y docente, sin estudios jurídicos), una interpretación equivocada y extendida dentro de la Gobernación respecto a la legalidad de estos procesos, así como el respaldo de la Oficina Jurídica que revisó y aprobó los documentos antes de la firma. Incluso para los contratos cuyos estudios previos se hicieron después de la firma, se concluyó que Zúñiga creyó cumplir todos los requisitos exigidos.

Finalmente, el contexto de su breve encargo pesó en la valoración del caso. Zúñiga actuó bajo la convicción de estar obrando correctamente, apoyándose en los conceptos de los abogados de la Gobernación, y la Corte enfatizó que no puede atribuirse responsabilidad automática a un funcionario solo por ejercer el cargo o su nivel educativo.

¿Por qué la Corte Suprema absolvió al exgobernador encargado de Arauca José Rafael Zúñiga?

La Corte Suprema de Justicia absolvió a José Rafael Zúñiga porque determinó que, aunque firmó contratos sin estudios previos independientes como exige la ley, no actuó con dolo. Es decir, Zúñiga no tenía la intención de infringir la norma y creía que cumplía con los requisitos legales, según su formación, la interpretación que tenía la gobernación y el respaldo de la Oficina Jurídica.

¿Qué significa el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales?

El delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales implica que un funcionario público firma contratos estatales sin respetar las normas y procedimientos establecidos, como la elaboración de estudios previos. Para que exista responsabilidad penal, debe demostrarse que hubo intención consciente de violar la ley, no solo la existencia de errores administrativos.

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Una de las modificaciones más relevantes sería la reestructuración de los departamentos administrativos. Actualmente existen seis, pero el plan plantea reducirlos a solo dos. El primero, denominado Departamento Administrativo de Planeación, Inversión y Desarrollo Nacional, reemplazaría al actual Departamento Nacional de Planeación (DNP). El segundo, llamado Departamento Administrativo de Información, Estadística y Evidencia Pública, asumiría las responsabilidades del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Esta reorganización busca centralizar funciones clave, haciendo más eficientes los procesos de planeación y manejo de información en el país.

En cuanto a los ministerios, la reforma implica la integración de ciertas carteras. Por ejemplo, se unirían los ministerios de Deporte y Cultura en una sola institución, así como Educación y Ciencia, que funcionarían bajo un mismo ministerio. Además, el Gobierno plantea la creación de dos nuevas carteras: el Ministerio de la Presidencia, Democracia, Convivencia y Gobernanza, encargado de asumir las funciones del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y el Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión, Ciudadanos y Familia, que asumiría parte de las competencias que hoy tiene el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

A pesar de estos cambios, el Ejecutivo mantendría 18 ministerios, aunque con una distribución de funciones distinta a la actual. Según las cifras presentadas, la reorganización permitiría un ahorro estimado de 8,6 billones de pesos, debido principalmente a la reducción del número de entidades y la integración de funciones actualmente dispersas en distintas dependencias. Si la propuesta se implementa a cabalidad, la estructura del Ejecutivo pasaría de tener 209 entidades a solo 104.

No obstante, es importante resaltar que esta reforma todavía debe ser presentada y debatida en el Congreso de la República, por lo que las eliminaciones y fusiones mencionadas son una propuesta y no decisiones en firme.

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¿Cuáles son los principales cambios propuestos en la reforma administrativa del Gobierno?

La reforma administrativa presentada por el Gobierno nacional incluye la reducción de los departamentos administrativos de seis a dos, la fusión de varios ministerios como Deporte y Cultura, así como Ciencia y Educación, y la creación de dos nuevos ministerios que asumirían competencias del Dapre y el DPS, respectivamente. En total, la estructura del Ejecutivo se reduciría de 209 a 104 entidades, según lo divulgado oficialmente.

¿Qué ahorro espera obtener el Gobierno con la reorganización de entidades estatales?

El Gobierno estima un ahorro de 8,6 billones de pesos gracias a la eliminación, fusión e integración de distintas entidades y funciones dentro del sector público. Este ahorro resultaría de la disminución en el número de entidades y la optimización de los recursos administrativos, según las cifras presentadas en el proyecto de reforma.

Entre quienes deberán comparecer se encuentra el general (r) Mario Montoya Uribe, quien comandó la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia, liderando la Operación Orión. Según datos de la Corporación Jurídica Libertad citados en el informe, esta operación resultó en 576 detenciones arbitrarias, seis personas desaparecidas y 10 asesinadas que fueron catalogadas como supuestos terroristas. Esta imputación se enmarca en el subcaso Antioquia del caso 08 de la JEP, cuyo objetivo es investigar crímenes perpetrados por agentes estatales en concierto con grupos paramilitares, especialmente en la Comuna 13 y zonas circundantes de Medellín.

La JEP identificó la existencia de un "patrón macrocriminal" caracterizado por la omisión de normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que derivó en ataques a civiles bajo una política contrainsurgente. De acuerdo con el tribunal, la estigmatización de la población civil como supuestos colaboradores de grupos como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Capítulos Armados del Pueblo (CAP), llevó a la persecución, desapariciones forzadas, homicidios y desplazamiento de líderes sociales, mujeres y jóvenes.

Las alianzas documentadas incluyeron a la Cuarta Brigada, sus unidades tácticas y cuerpos policiales como la Región de Inteligencia Militar número 6, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL) y el Cuerpo Élite Antiterrorista (CEAT), trabajando de manera coordinada con estructuras paramilitares, especialmente el Bloque Cacique Nutibara. El objetivo, sostiene la JEP, era posibilitar el control y consolidación de estos grupos ilegales en la Comuna 13.

Entre los responsables por mando destacan, además de Montoya Uribe, otros oficiales en retiro como Jairo Bocanegra de la Torre, José Leonardo Gallego Castrillón y Álvaro Botero Mejía. Otros exmilitares y ex policías fueron señalados como coautores en la planeación, ejecución y encubrimiento de estos delitos. Por otro lado, la JEP también compulsó copias para investigar al exalcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, respecto a posibles responsabilidades en operaciones como Mariscal y Orión, así como en hechos relacionados con el manejo de los cuerpos de víctimas de desaparición forzada.

La Sala de Reconocimiento de Verdad reportó un total de 951 hechos criminales, con 891 víctimas, entre ellas 87 desaparecidas y 80 asesinadas. Las fosas de La Escombrera y la Arenera fueron identificadas como lugares de ocultamiento clandestino de cuerpos entre 2001 y 2003, mecanismo que la JEP consideró parte de la estrategia para sembrar terror y controlar la población de la Comuna 13.

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¿Qué responsabilidades se encontraron en la Operación Orión en Medellín?

De acuerdo con la JEP y fuentes como El Espectador, la Operación Orión en Medellín derivó en la imputación de responsabilidad a 12 exintegrantes de la fuerza pública, quienes, según la investigación, permitieron, toleraron o no impidieron graves crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad contra la población civil durante 2002, en concertación con estructuras paramilitares.

¿Qué significa desaparición forzada en el contexto del conflicto armado en Colombia?

En el contexto del conflicto armado en Colombia y de acuerdo con los hallazgos citados por la JEP, la desaparición forzada hace referencia al secuestro y ocultamiento del paradero de personas, generalmente perpetrado por agentes estatales o grupos armados, con el objetivo de infundir terror y eliminar cualquier rastro de las víctimas, como ocurrió en sitios como La Escombrera y la Arenera en la Comuna 13 de Medellín.

De acuerdo con el anuncio, quienes acceden al programa por transferencia condicionada del giro contarán con días adicionales para hacer el retiro de los fondos. La fecha límite para acercarse a los puntos de atención autorizados quedó establecida hasta el 3 de noviembre de 2026. Los ciudadanos deberán presentarse con su documento de identidad original en los operadores postales designados para la entrega del dinero, los cuales incluyen la red de SuperGiros, SuRed y los diferentes aliados que operan a lo largo del territorio nacional.

El programa Renta Joven concentra sus esfuerzos en beneficiar a dos segmentos fundamentales en el sistema educativo colombiano: los estudiantes matriculados en Instituciones de Educación Superior (IES) y los aprendices que cursan formación técnica o tecnológica en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). La entrega de estos recursos solo se realiza una vez que se verifica la información sobre matrícula y asistencia suministrada por cada institución, garantizando así la transparencia en la administración de los fondos.

Respecto a la estructura de incentivos, los montos varían de acuerdo con el desempeño académico y el cumplimiento de los requisitos. Para este ciclo, se asigna un incentivo base de 400.000 pesos colombianos a aquellos que satisfacen los requisitos generales del programa. Además, se reconoce con un monto adicional de 200.000 pesos a los estudiantes de Instituciones de Educación Superior que obtienen un promedio acumulado igual o superior a 4.0 en el periodo correspondiente. De esta forma, los jóvenes que sobresalen en lo académico pueden recibir hasta 600.000 pesos colombianos en la presente entrega.

Este proceso, según precisó el Departamento para la Prosperidad Social, es fundamental para que más jóvenes accedan en igualdad de condiciones a la educación y tengan mejores oportunidades para su desarrollo académico y profesional.

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¿Cuáles son los requisitos para reclamar el subsidio de Renta Joven en 2026?

Para reclamar el incentivo de Renta Joven en el ciclo 5 de 2026, es necesario que el participante haya cumplido con los compromisos educativos vinculados a su matrícula y asistencia en Instituciones de Educación Superior o en el Servicio Nacional de Aprendizaje. Además, debe acudir personalmente a los operadores postales autorizados con su documento de identidad original para recibir la transferencia antes del 3 de noviembre de 2026.

¿Cómo se determina el monto del subsidio Renta Joven entregado por el Departamento para la Prosperidad Social?

El monto del subsidio Renta Joven depende del desempeño académico y la situación particular de cada beneficiario. Todos quienes cumplan con los requisitos generales reciben 400.000 pesos colombianos; adicionalmente, los estudiantes universitarios que mantengan un promedio igual o superior a 4.0 reciben 200.000 pesos más, alcanzando hasta 600.000 pesos en total en este ciclo, como explicó el Departamento para la Prosperidad Social.

Un ejemplo reciente de este esfuerzo fue el traslado de un hígado desde Pasto, Nariño, que arribó al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón. En esta operación, el Grupo de Reacción Inmediata de Seguridad (GRIS) acompañó el recorrido hasta la Fundación Valle del Lili, donde el equipo médico especializado esperaba al órgano para realizar el trasplante. En procesos como estos, cada minuto es determinante: la rapidez y la seguridad en el trayecto pueden marcar el éxito o el fracaso del procedimiento y, en consecuencia, el futuro del paciente receptor.

La labor del GRIS y la coordinación entre distintas entidades han posicionado a Cali como un referente en acompañamiento y eficiencia dentro de la red de donación y trasplante de órganos. Luis Fernando Escobar, subsecretario de Servicios de Movilidad, afirmó que "cada corredor seguro que activamos representa esperanza. Detrás de cada traslado hay una familia que decidió donar vida y otra que espera con ilusión una segunda oportunidad". Este tipo de estrategias refuerzan el compromiso institucional con la vida y el fortalecimiento de los corredores humanitarios en la ciudad, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad Distrital.

Estos corredores no solamente aceleran el traslado: también ponen a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y centros médicos, así como la solidaridad de quienes integran la red de donantes. Su correcta activación y operación siguen siendo fundamentales para continuar salvando vidas y mejorar la atención a quienes esperan un trasplante. Por ello, la administración de Cali ha reiterado su intención de seguir apoyando y mejorando este tipo de iniciativas.

¿Cómo funciona el traslado de órganos a través de corredores seguros en Cali?

En Cali, el traslado de órganos mediante corredores seguros implica la coordinación entre las autoridades de movilidad, el personal de salud y la red de donación y trasplantes. El Grupo de Reacción Inmediata de Seguridad escolta el recorrido desde la llegada del órgano, como ocurrió con un hígado traído desde Pasto, hasta el centro médico receptor, agilizando el desplazamiento y asegurando que las condiciones sean las adecuadas para la preservación del órgano.

¿Qué es el Grupo de Reacción Inmediata de Seguridad (GRIS) y cuál es su papel en los traslados de órganos?

El Grupo de Reacción Inmediata de Seguridad, GRIS, es una entidad que colabora en los traslados de órganos en Cali. Su función principal es acompañar y agilizar el trayecto del órgano desde su punto de llegada, como el aeropuerto, hasta la institución médica. De esta forma, contribuye a que el proceso se realice con rapidez y seguridad, minimizando los riesgos asociados al traslado y maximizando las probabilidades de éxito en los trasplantes.

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La investigación oficial sobre el caso apunta como principal sospechoso al compañero sentimental de Rossy, quien fue capturado y está a disposición de las autoridades competentes. De acuerdo con lo publicado, este evento es investigado bajo la hipótesis de feminicidio, una figura jurídica que castiga con severidad el asesinato de una mujer a causa de su género. Las circunstancias exactas que rodearon este lamentable suceso continúan siendo materia de indagación, y los familiares esperan que se esclarezcan los hechos para que se haga justicia.

Durante este difícil momento, los hijos, nietos y demás familiares de Alba Rocío Pérez han pedido acompañamiento de amigos y vecinos de la ciudad para rendirle homenaje y despedirla. Según la información compartida, los actos de velación se realizan en la sala preferencial 01, ubicada en el cuarto piso de Los Olivos en Ibagué, desde el jueves 29 de octubre, a partir de las 5:30 de la tarde. Por su parte, la ceremonia religiosa se llevará a cabo el viernes 30 de octubre, a las 4:00 de la tarde, en la parroquia San Joaquín, situada en el barrio Jardín Atolsure. La salida del cortejo fúnebre desde Los Olivos está programada para las 3:20 de la tarde. Una vez concluida la ceremonia religiosa, los restos de Rossy serán sepultados en el Parque Memorial Los Olivos, donde tendrá lugar la inhumación.

La familia de Rossy insiste en la importancia del apoyo comunitario durante esta despedida, mientras lamentan el doloroso vacío que deja su ausencia. Toda la información anteriormente resumida fue publicada inicialmente por El Nuevo Día.

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¿Cuál es el proceso judicial en casos de feminicidio en Colombia?

En situaciones como la de Alba Rocío Pérez, las autoridades colombianas investigan la muerte bajo el delito de feminicidio, que corresponde al homicidio de una mujer por causa de su género. El proceso judicial consiste en la captura del principal sospechoso, la recolección de pruebas, entrevistas a testigos y la presentación de las evidencias ante un juez, quien determina si existe responsabilidad penal.

¿Qué significa feminicidio y cómo se diferencia de otros homicidios?

Feminicidio es un término jurídico empleado para referirse al asesinato de una mujer por motivos relacionados con su género, especialmente en contextos de violencia intrafamiliar o de pareja. Se diferencia de otros homicidios porque implica una intención discriminatoria y estructural contra la mujer, lo que agrava la pena en la legislación colombiana.

Durante la audiencia, realizada bajo la supervisión de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el fiscal relató detalles impactantes sobre los últimos minutos de vida de Donovan Balanta. Según la reconstrucción oficial, los hechos ocurrieron el 20 de septiembre, luego de que Balanta fuera capturado en el barrio Caracolí, ubicado en Ciudad Bolívar, y posteriormente trasladado a la estación de policía de Cazucá, en Soacha. Una vez allí, la víctima habría sido sometida a una nueva ronda de violencia física y descargas eléctricas, aun cuando yacía en el suelo, esposado, semidesnudo y completamente indefenso.

El ente acusador resalta la responsabilidad directa del patrullero Johathan Giraldo en la comisión de los actos de tortura, mientras que tanto Vargas como Tapiero son procesados por presuntamente haber omitido su intervención ante el uso del taser en contra de Donovan Balanta. Asimismo, el mayor Roque Correa, en su rol de comandante de la estación, enfrenta cargos por omisión. La Fiscalía enfatizó la gravedad de los hechos y la condición de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima en el momento de la agresión. Todas estas acciones y omisiones han sido presentadas por el ente judicial como agravantes dentro del proceso, el cual seguirá su curso en los próximos meses mientras los implicados permanecen privados de la libertad.

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¿Quiénes son los policías implicados en el caso Donovan Balanta?

Los cuatro policías involucrados en el proceso penal son el patrullero Johathan Giraldo, señalado como principal responsable y también imputado por falsedad ideológica en documento público; el mayor Roque Correa, comandante de la estación de policía Cazucá, investigado por omisión; y el patrullero Santiago Vargas junto al subintendente Henar Tapiero, ambos procesados por presuntamente no evitar el uso de descargas eléctricas contra la víctima, según información presentada por la Fiscalía.

¿Cómo ocurrieron los hechos en los que murió Donovan Balanta?

Según la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Donovan Balanta fue capturado en el barrio Caracolí y trasladado a la estación de policía de Cazucá. Allí, de acuerdo con el relato del fiscal, siendo esposado, semidesnudo e indefenso, sufrió golpizas y descargas eléctricas, lo que constituye los hechos de tortura y homicidio agravado por los cuales los policías enfrentan un proceso penal.

Las rutas afectadas por los cambios serán A02, E21, P21E, P24B, P27D, P52D, P62A y P62D. Metro Cali aconsejó a los usuarios organizar sus desplazamientos con tiempo y considerar trayectos adicionales para sus recorridos habituales. Los cierres viales comenzarán a las 11:45 p. m. del sábado 31 de octubre y se conservarán, según cada sector, hasta las 10:00 a. m. del domingo. De acuerdo con la entidad, la reapertura de las vías se ejecutará de manera gradual mientras avance la competencia y se retiren los elementos logísticos necesarios para el evento.

En palabras de Daniel Parra, director de Operaciones de Metro Cali, “les pedimos a las usuarias y los usuarios revisar con anticipación los cambios de sus rutas, especialmente si necesitan desplazarse por el centro, el norte o el sector de la Portada al Mar. Tendremos desvíos y retornos anticipados, y la ruta A06 estará suspendida al inicio del servicio. El restablecimiento de cada recorrido dependerá de la habilitación de las vías”.

Durante la suspensión de la ruta A06, los usuarios que se dirijan hacia Aguacatal podrán tomar la ruta A02 y, desde la primera parada sobre la avenida del Río, continuar su trayecto caminando. En dirección hacia San Bosco, se orienta a los usuarios a caminar hasta la parada de Farmatodo en la avenida del Río y abordar allí la A02, pues parte del recorrido debe completarse a pie debido a los cierres. Respecto a la ruta E21, que cubre la avenida 3 Norte, tendrá desvíos en ambos sentidos, dejando de atender temporalmente las estaciones Américas y Versalles en un sentido, y Petecuy, San Pedro y Torre de Cali en el otro.

Otras rutas como la P24B y la P27D también modificarán sus recorridos, haciendo retornos anticipados y desviaciones por corredores viales alternos. Las rutas P52D y P62D, por su parte, retornarán antes de lo habitual en el centro. Todos estos cambios no implican el cierre general de estaciones, sino la suspensión parcial de paradas y trayectos, que se irán restableciendo a medida que se reabran las vías involucradas. De acuerdo con las estimaciones de la organización, algunas intersecciones, como la de la avenida 2 Norte con calle 18 Norte, podrán habilitarse desde las 8:00 a. m., y en la Portada al Mar, hacia las 8:30 a. m.; no obstante, en el área del Centro Administrativo Municipal (CAM), las restricciones podrían permanecer hasta las 10:00 a. m.

La competencia partirá desde la Plazoleta Jairo Varela y, de acuerdo con Metro Cali, durante todo el desarrollo del evento se pide a la comunidad mantenerse informada para evitar contratiempos al usar el sistema MÍO.

¿Cuáles rutas del MÍO tendrán desvíos por el Giro de Rigo en Cali?

Según Metro Cali, las rutas que tendrán modificaciones temporales por el Giro de Rigo en Cali son la A02, E21, P21E, P24B, P27D, P52D, P62A y P62D. Estas rutas presentarán desvíos, retornos anticipados o suspensión de algunos paraderos hasta que se habiliten nuevamente los corredores afectados por la competencia, ajustando su operación de acuerdo con las etapas del evento y el restablecimiento progresivo del tránsito.

¿Cómo funcionará la suspensión de la ruta A06 del MÍO durante el Giro de Rigo?

La ruta A06 estará suspendida durante el desarrollo del Giro de Rigo y solo retomará su operación una vez se libere el sector de la Portada al Mar. Durante el tiempo de suspensión, Metro Cali recomienda a los usuarios tomar la ruta A02 y completar parte del recorrido caminando según las necesidades de desplazamiento, en rutas alternativas establecidas en el plan operativo para garantizar la movilidad en Aguacatal y San Bosco.

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Ante la difícil situación, la familia y allegados de Lissette decidieron organizar una jornada solidaria para recaudar recursos. El evento tendrá lugar el domingo 1 de noviembre y su objetivo principal será reunir el dinero suficiente para contribuir con los gastos del proceso de traslado de los restos de Lissette desde Polonia. Según la información, la iniciativa contempla la venta de lechona, plato tradicional de la región, a un precio de 15.000 pesos por ración, incluyendo servicio de domicilio gratuito. Esta acción busca movilizar el apoyo y la solidaridad de los habitantes de Ibagué y de quienes conocían a Lissette o desean acompañar a su familia en este momento difícil.

Para quienes deseen colaborar, los organizadores dispusieron el número telefónico 315 368 4181 para pedidos y donaciones. La esperanza de la familia es que la comunidad ibaguereña se una, ya que cada contribución representa un paso para lograr traer a Lissette de regreso y darle el último adiós en Ibagué. El dolor por la ausencia de Lissette se combina así con la gratitud ante las muestras de apoyo que han empezado a recibir. Sus seres queridos afirman que la jornada solidaria es una oportunidad para transformar la solidaridad de la ciudad en un alivio frente a la angustia y los desafíos que enfrentan actualmente.

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¿Cuáles son los detalles de la jornada solidaria para traer el cuerpo de Lissette Paola Restrepo a Colombia?

La jornada solidaria se llevará a cabo el domingo 1 de noviembre y tiene como fin recaudar fondos para la repatriación de Lissette Paola Restrepo desde Polonia. Se ofrecerá lechona a 15.000 pesos la porción, con servicio de domicilio gratuito, y los pedidos se pueden realizar llamando al 315 368 4181. Este evento busca el apoyo de la comunidad para ayudar a la familia a superar los costos asociados al traslado.

¿Cómo afecta la distancia y el costo del proceso de repatriación a las familias de fallecidos en el exterior?

Según los familiares de Lissette Paola Restrepo, la distancia entre Polonia y Colombia y los altos costos inherentes al traslado de un cuerpo desde el extranjero suponen una pesada carga emocional y financiera para quienes enfrentan esta situación. Además del dolor por la pérdida, las familias deben gestionar trámites complejos y buscar recursos, por lo que recurren a la solidaridad comunitaria para poder despedirse de sus seres queridos en casa.

El documento de 36 páginas resalta que de los seis departamentos administrativos vigentes en la estructura del gobierno, solo se mantendrían dos bajo una nueva denominación y con funciones fusionadas. Actualmente existen organismos como el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Sin embargo, la propuesta plantea conservar únicamente el Departamento de Planeación Nacional, Inversión y Desarrollo, absorbiendo las labores del DNP, y el Departamento Administrativo de Información, Estadística y Evidencia Pública, reemplazando al DANE.

En cuanto a los ministerios, el plan mantiene el número total de carteras en 18, pero establece fusiones clave. Por ejemplo, las carteras de Deporte y Cultura se unirían, así como las de Educación y Ciencias. Se destaca la creación de dos nuevos ministerios: el de Presidencia, Democracia, Convivencia y Gobernanza, que asumiría las funciones que actualmente cumple el DAPRE, y el Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión, Ciudadanos y Familia, resultante de la unión entre el DPS y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Esta reforma ha sido vinculada directamente con el artículo 7 de la ley de ajuste fiscal, el cual busca otorgar al presidente Abelardo de la Espriella facultades extraordinarias para "suprimir, fusionar y escindir ministerios y departamentos administrativos". Así, de recibir el aval legislativo, el presidente podría llevar a cabo una reingeniería profunda en la institucionalidad estatal, afectando ámbitos estratégicos como la planeación, la estadística oficial y las políticas de desarrollo social.

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¿Cuáles entidades estatales podrían desaparecer o fusionarse en la reforma del Estado?

El borrador de la reforma, citado por RCN, indica que de las 209 entidades estatales existentes, se eliminarían, fusionarían o reorganizarían 105, dejando únicamente 104. Entre los cambios más destacados están la fusión de los departamentos administrativos y varios ministerios, lo que afectaría organismos como el DAPRE, DANE, DNP, DPS y el ICBF, entre otros, buscando mayor eficiencia administrativa.

¿Qué funciones asumirían los nuevos ministerios creados en la propuesta de reforma estatal?

Según la información reportada por RCN, el Ministerio de Presidencia, Democracia, Convivencia y Gobernanza asumiría las tareas actuales del DAPRE, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión, Ciudadanos y Familia reuniría las competencias del DPS y el ICBF, enfocándose en desarrollo social e inclusión ciudadana. El objetivo sería optimizar recursos y funciones en estos sectores clave.

Este grupo no solo se encarga de sembrar flores nutricias y crear refugios para insectos y aves, sino que protagoniza talleres donde reflexionan sobre la importancia de la biodiversidad urbana. Adriana Yanneth Cifuentes Puerto, vocera del Jardín Botánico de Bogotá, destacó en sus palabras que durante estos encuentros se discute cómo la fragmentación de las coberturas vegetales impacta negativamente a la fauna. Según la especialista, los pequeños jardines y huertas del barrio pueden convertirse en auténticos refugios para la biodiversidad, funcionando como espacios vitales para la conservación en la ciudad.

Los miércoles se han convertido en el día en que estos ciudadanos plasman con pintura acrílica, usando la técnica del puntillismo, la fauna local en cuadros llenos de color y detalle. Esta técnica, que consiste en la aplicación de diminutos puntos de pintura, funciona aquí como una metáfora de la fuerza colectiva: cada punto representa un aporte individual, y juntos componen una imagen armónica de la naturaleza. Con este ejercicio artístico, los adultos mayores han afinado su capacidad para identificar especies como abejas nativas, mariposas, colibríes y escarabajos que aún persisten en el entorno urbano.

La huerta de Los Andes cumple un rol clave en la conexión ecológica del territorio, pues se enlaza directamente con la Reserva Distrital de Humedal El Salitre, uno de los principales espacios verdes del norte de Bogotá. De acuerdo con la información recabada, estos corredores ecológicos permiten a aves e insectos encontrar lugares de descanso y alimentación en su tránsito hacia zonas más amplias, apoyando así la dispersión de semillas y la polinización dentro de la ciudad.

Las sesiones de arte además fungen como un espacio para la memoria colectiva. Los adultos mayores evocan, a través de los colores y pinceladas, la antigua sabana bogotana, recordando paisajes de infancia donde el canto de los insectos era protagonista. Este intercambio intergeneracional transforma sus obras en herramientas educativas: los murales y carteles invitan a niños y jóvenes del barrio a cuidar las plantas y valorar a los insectos, consolidando una cultura de custodia ambiental con cada gesto y cada imagen.

¿Cómo contribuye el grupo Saberes a la protección de la biodiversidad en Bogotá?

El grupo Saberes impulsa la protección de la biodiversidad en Bogotá mediante la creación de huertas y jardines comunitarios, actividades de educación ambiental y el uso del arte como medio para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de los polinizadores y la fauna local. Su labor refuerza la conservación de espacios verdes urbanos, en colaboración con el Jardín Botánico de Bogotá.

¿En qué consiste la técnica del puntillismo utilizada por el grupo Saberes?

El puntillismo es una técnica artística que consiste en aplicar pequeños puntos de pintura acrílica sobre una superficie para crear imágenes detalladas. En este contexto, el grupo Saberes utiliza el puntillismo como una forma de representar la fauna local y resaltar la importancia del trabajo colectivo, donde cada punto simboliza el esfuerzo de una persona dentro de la comunidad.

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En este estremecedor episodio, el protagonista reconstruye los acontecimientos que marcaron su vida y relata cómo terminó involucrado en una acción criminal de semejante magnitud cuando todavía era un niño. Su testimonio permite conocer detalles de su proceso de reclutamiento, el entrenamiento que recibió y las circunstancias que lo llevaron a participar en el atentado.

Según su relato, su vinculación con las Farc, específicamente con el Frente 33, fue parte de un camino que comenzó con su incorporación a una estructura armada ilegal. Posteriormente, habría recibido entrenamiento en Timbío, Cauca, donde se preparó para desempeñar tareas relacionadas con la violencia y las acciones criminales.

La entrevista también revive los momentos de caos que rodearon la explosión del vehículo de Londoño. El atentado conmocionó al país y puso nuevamente sobre la mesa la discusión sobre el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales y su utilización en hechos violentos.

Sin embargo, la historia no terminó con aquel episodio. Durante la conversación, el entrevistado también habla de su posterior paso por el mundo del sicariato en Cali, una etapa que evidencia la continuidad de su relación con los entornos criminales y la violencia.

Uno de los aspectos más perturbadores de su testimonio es su postura frente a los hechos que marcaron su pasado. Lejos de expresar arrepentimiento por lo ocurrido, sus declaraciones revelan una perspectiva que invita a reflexionar sobre las consecuencias del reclutamiento infantil, la normalización de la violencia y las dificultades para romper los ciclos delictivos.

¿Qué lleva a un niño de 13 años a involucrarse en un atentado que sacudió a Colombia? ¿Cómo se construye una vida alrededor de la violencia y qué ocurre cuando quien participó en hechos criminales mira hacia atrás sin lamentar sus acciones?

Estas preguntas atraviesan esta entrevista exclusiva de Más Allá del Silencio, un espacio que busca escuchar historias complejas y acercarse a sus protagonistas sin perder de vista la gravedad de los hechos.

A través de este relato, el pódcast reconstruye una historia marcada por el reclutamiento, el crimen y las secuelas de una violencia que comenzó demasiado pronto.

Otro espacio relevante de discusión es el Café Filosófico con Humberto de la Calle, quien presenta su nuevo libro, “La democracia fatigada”. Según los detalles proporcionados, este espacio constituye una oportunidad para pensar el estado actual de la democracia, superando el mero análisis colombiano y adentrándose en fenómenos globales como la crisis de representación de partidos y las llamadas “guerras culturales”. El evento se centra en la incapacidad de los mecanismos democráticos tradicionales para canalizar los sueños de cambio social y en el desgaste progresivo de lo que se denomina “democracias liberales”.

La programación cultural también incluye presentaciones destacadas como la del Quinteto Astor Piazzolla, agrupación reconocida por su compromiso con el legado del compositor argentino, así como la original propuesta “Del lienzo al rostro”, que invita a experimentar con maquillaje inspirado en obras artísticas y se llevará a cabo en el Museo de Arte Miguel Urrutia. Por su parte, “Tardeando el centro” busca revitalizar espacios históricos de Bogotá a través de actividades escénicas, exposiciones y experiencias literarias y gastronómicas, enfatizando la apropiación cultural.

En el cine, se podrá ver una nueva versión de “Sensatez y sentimiento” y, en la alternativa del cine club, se suma la proyección de “The Rocky Horror Picture Show”, con actividad participativa para los asistentes. Finalmente, la agenda se completa con el espectáculo de danza mexicana “Colores de Casa” y una versión contemporánea de “Macbeth” dirigida por Katalina Moskowictz, que se caracteriza por un reparto íntegramente masculino en escena.

Las actividades reflejan la vitalidad de la oferta cultural en Bogotá, que apuesta por la inclusión, la reflexión y el diálogo entre diferentes lenguajes artísticos.

¿Cuánto cuesta la entrada a los principales eventos culturales en Bogotá este fin de semana?

De acuerdo con la programación proporcionada, los precios varían según el evento: la Feria del Millón tiene entradas entre 35.000 y 55.000 pesos, el Café Filosófico cuesta 55.000 pesos, la presentación del Quinteto Astor Piazzolla empieza en 80.000 pesos, y la entrada al cine para “Sensatez y sentimiento” inicia en 15.000 pesos. Algunos eventos, como “Colores de Casa” y “Del lienzo al rostro”, tienen entrada libre con inscripción previa.

¿En qué consiste la Feria del Millón y qué tipo de obras se pueden encontrar allí?

La Feria del Millón, cuya esencia permanece inalterada desde su creación, es una vitrina para artistas plásticos que buscan espacios para exhibir su trabajo. El público puede encontrar obras de arte a precios que van desde 800 mil hasta 2,7 millones de pesos. El nombre de la feria alude al precio máximo inicial de un millón de pesos por obra, pero actualmente los valores han subido de acuerdo con el aumento de los costos de producción, aunque siguen siendo accesibles en comparación con otros circuitos de arte.

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La declaración de Jiménez, que ya se encuentra en manos de las autoridades judiciales, detalla cómo operaba un esquema que involucraba a cerca de 48 mujeres en dinámicas de contratación estatal a cambio de favores sexuales. Sin embargo, el aspecto más alarmante expuesto en los “secretos” de la emisora radica en la misteriosa desaparición de una de las jóvenes que de manera habitual asistía a las fiestas organizadas en casas de seguridad ubicadas en sectores estratégicos de Bogotá como Teusaquillo y Corferias. Según la información ventilada, dicha participante dejó de ser vista en los círculos habituales, lo que desató una profunda preocupación sobre su integridad física y su paradero actual.

“Se ha ratificado todo lo dicho por Deicy Jiménez ante la Corte y la Fiscalía, pero lo grave es que ella justificó la ruptura de su silencio porque tenía miedo; pensó que sabía demasiado y que eso podría ser un riesgo para su vida… Además, nos preguntamos qué pasó con esa joven que siempre estaba en las fiestas y de la cual hoy nadie sabe su paradero”, señaló la periodista durante su intervención radial.

Este halo de zozobra llevó a que la testigo solicitara formalmente esquemas de protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP), los cuales ya le habrían sido otorgados ante el evidente nivel de amenaza. Paralelamente, la investigación contempla nuevas líneas sobre los métodos de contacto utilizados para captar a las víctimas, incluyendo conexiones a través de plataformas digitales de contenido exclusivo como OnlyFans, donde se habrían establecido vínculos con algunos de los actores políticos salpicados.

Mientras la Fiscalía General de la Nación avanza en la recolección de pruebas y se espera la comparecencia formal de más involucrados para esclarecer los nexos institucionales y los presuntos encubrimientos en ministerios y direcciones públicas, el caso deja al descubierto un entramado de poder, temor y silencios forzados que amenaza con sacudir aún más los cimientos de la política nacional. 

Durante el sábado y domingo se realiza el "Encuentro de Peinadoras y Peinadores Tejiendo Esperanza", en el Parque de Las Banderas, barrio San Fernando. Este espacio es una invitación a reflexionar y valorar las prácticas de trenzado, peinados y el cuidado del cabello afro. La programación destaca la importancia de reconocer el saber ancestral que se transmite a través del cabello, así como la significación cultural que tiene dentro de la identidad afrocolombiana.

La cocina tradicional del Pacífico también ocupa un lugar relevante, con dos paradas de la "Ruta de cocina tradicional del Pacífico". Una de ellas tiene lugar en el restaurante Herencia del Pacífico y cuenta con la participación de la cocinera tradicional Alba Lema, quien orienta conversatorios sobre técnicas como los ahumados, salados, salpresos y amasijos. El domingo, la jornada se traslada al restaurante Sabor Tapajeño, bajo la guía del cocinero tradicional Jaime Rebolledo, consolidando un espacio para dialogar sobre ingredientes, métodos y transmisiones de conocimientos culinarios propios de la región.

Este fin de semana, la protección de los oficios artesanales llega por medio de la Feria Amarilla, ubicada en Pulpo Ink Casa Taller, evento que se lleva a cabo tanto el domingo como el lunes. En paralelo, el domingo destaca la "Marimbiada extendida", un encuentro en el Bulevar del Río con la participación de diferentes instituciones universitarias que buscan salvaguardar el saber musical de la marimba de chonta. Finalmente, el "Festival Salsero del Oriente", desde la cancha del Coliseo María Isabel Urrutia, reivindica la música, el baile, y la fabricación artesanal de instrumentos, celebrando la riqueza de la cultura salsera caleña.

Estas actividades abiertas reflejan la voluntad de la ciudad por fortalecer y difundir su patrimonio cultural, invitando a caleños y visitantes a sumarse activamente al reconocimiento y valoración de saberes, tradiciones y prácticas que dan identidad y cohesión a la región.

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¿Cuáles son las actividades principales de la Semana del Patrimonio en Cali?

Las actividades principales incluyen el Encuentro de Peinadoras y Peinadores Tejiendo Esperanza, la Ruta de cocina tradicional del Pacífico, la Feria Amarilla dedicada a los oficios artesanales, la Marimbiada extendida que involucra a instituciones universitarias y el Festival Salsero del Oriente, todas enfocadas en la promoción y preservación de prácticas culturales caleñas y del Pacífico, según la información de Noticiero 90 Minutos.

¿Qué significa la expresión “salpresos y amasijos” en la cocina tradicional del Pacífico?

La expresión “salpresos y amasijos” se refiere a dos técnicas o tipos de preparación en la cocina tradicional del Pacífico colombiano. “Salpresos” alude a productos preservados con sal para su conservación, mientras que “amasijos” designa preparados a base de masa, como panes o tortas, elaborados a partir de harinas y característicos en la gastronomía de la región, tal como se expone en los conversatorios de la Ruta de cocina tradicional del Pacífico.

En respuesta a esta coyuntura y tras la realización de un Consejo de Seguridad el 28 de octubre, en el que participaron representantes de la Policía Nacional y el Ejército, la Administración Municipal de Ataco expidió el Decreto 180 del 29 de octubre de 2026. Este decreto establece una serie de medidas de seguridad y convivencia ciudadana, de carácter temporal, vigentes durante el puente festivo de Halloween. Las disposiciones buscan reducir los riesgos para la población ante la serie de hechos violentos recientes.

Entre las principales medidas decretadas se encuentra la restricción de circulación de motocicletas, motociclos, mototriciclos y cuatrimotos con acompañante o parrillero hombre mayor de 14 años. La restricción tendrá vigencia en todo el municipio desde las 12:00 de la medianoche del viernes 30 de octubre hasta las 6:00 de la mañana del lunes 2 de noviembre de 2026, de acuerdo con el decreto citado. Se establecen excepciones solamente para miembros de la Fuerza Pública, organismos de investigación, socorro, personal de salud y servidores públicos debidamente identificados que estén cumpliendo funciones oficiales, así como para traslados de urgencia médica.

El incumplimiento de la medida puede conllevar a la inmovilización del vehículo, según las normas vigentes de tránsito. Además, los establecimientos públicos donde se expendan o consuman bebidas alcohólicas, incluyendo amanecederos y negocios en la zona rural, solo podrán operar hasta la 1:00 de la madrugada durante las noches del 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. Pasada esa hora, deberán cesar actividades, cerrar y desalojar a los asistentes.

La Policía Nacional junto con la Comisaría de Familia y la Inspección de Policía realizará operativos de control para garantizar que se cumplan las medidas, prestando especial atención a la protección de niños, niñas y adolescentes. Las restricciones no serán permanentes, sino que corresponden a controles especiales para este fin de semana festivo, en un esfuerzo por restablecer la tranquilidad en el municipio.

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¿Cuáles son las nuevas restricciones para motocicletas en Ataco durante el puente festivo?

Las autoridades han dispuesto que durante el puente festivo de Halloween no se permitirá la circulación de motocicletas, motociclos, mototriciclos y cuatrimotos con acompañante o parrillero hombre mayor de 14 años en Ataco. La restricción aplica desde la medianoche del viernes 30 de octubre hasta las 6:00 de la mañana del lunes 2 de noviembre de 2026, tal como lo establece el Decreto 180. Solo están exentos integrantes de la Fuerza Pública, organismos de socorro y funcionarios en servicio, así como traslados de urgencia médica.

¿Qué horarios tendrán los establecimientos nocturnos en Ataco por las recientes medidas de seguridad?

Según el Decreto 180 del 29 de octubre de 2026 expedido en Ataco, los establecimientos donde se vendan o consuman bebidas alcohólicas, incluidos los “amanecederos” y locales en la zona rural, solo podrán funcionar hasta la 1:00 de la madrugada del día siguiente en las noches del 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. Después de ese horario, deberán cerrar, suspendiendo toda actividad comercial y desalojando a los clientes, en cumplimiento de las medidas transitorias para mejorar la seguridad en el municipio.

El Espectador reunió información de fuentes cercanas a la Cancillería, quienes recordaron que anteriormente se había planteado la posibilidad de trasladar la biblioteca a la nueva sede de la Academia Diplomática, inaugurada el 27 de julio. Sin embargo, aún no existe confirmación oficial sobre si los libros terminarán en ese lugar. En medio del secretismo sobre el destino del acervo, usuarios de redes sociales han especulado que el movimiento podría tener relación con convertir el espacio de la biblioteca en una capilla, función que ya tuvo ese recinto en el pasado y que fue discutida en la administración de la exministra Marta Lucía Ramírez. En ese momento, la solución había sido instalar anaqueles móviles para liberar la nave central, sin desmontar toda la colección.

Sin embargo, la mayor preocupación expresada por fuentes al interior de la Cancillería y por diversos actores en redes sociales radica en la conservación de la colección, que incluye cerca de 2.000 textos históricos y documentos como cartas de Simón Bolívar. De acuerdo con los testimonios recopilados, estos materiales habrían sido retirados sin aplicar el protocolo requerido para este tipo de patrimonio bibliográfico e histórico, lo cual deja dudas sobre su seguridad y las condiciones de conservación en la nueva ubicación. La ciudadanía y expertos han reclamado información transparente, detallada y verificable sobre el inventario, la custodia y el estado de cada ejemplar, como manifestó la excanciller Rosa Villavicencio al rechazar públicamente el traslado. El exembajador Jorge Rojas Rodríguez también cuestionó los procedimientos y motivos detrás de una decisión tan relevante para el patrimonio documental de la nación.

¿Por qué fue trasladada la Biblioteca Marco Fidel Suárez de la Cancillería colombiana?

Según fuentes citadas por El Tiempo y El Espectador, el traslado de la Biblioteca Marco Fidel Suárez respondió inicialmente a labores técnicas de catalogación y organización, aunque después se sumaron especulaciones sobre un posible cambio de uso del espacio, como la reinstalación de una capilla. La decisión partió de la secretaria general de Cancillería, Gina Paola González Grau, pero no existe confirmación oficial sobre el destino definitivo del acervo o el futuro del lugar que ocupaba la biblioteca.

¿Cuáles son las preocupaciones por el traslado de los libros históricos de la Cancillería?

Las principales preocupaciones giran en torno a la conservación y custodia de los volúmenes, muchos de los cuales tienen un alto valor patrimonial e histórico. Sectores de la ciudadanía y exfuncionarios han reclamado claridad sobre los protocolos usados en el transporte y sobre si la nueva sede cumple con las condiciones necesarias para su preservación. También se exige información pública y detallada sobre el inventario, el estado y la ubicación de cada ejemplar retirado de la biblioteca.

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Esta acción convierte a Cúcuta en la segunda ciudad bajo militarización en el actual Gobierno, después de Santa Marta. El primer precedente se registró cuando, de acuerdo con El Espectador, el 22 de septiembre, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) promovieron un paro armado en esa ciudad que se extendió por casi una semana.

La medida surge tras un deterioro reciente del orden público. El 26 de octubre, Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno, fue asesinado en un ataque sicarial en Cúcuta. Al día siguiente, un carro bomba explotó cerca del puente Francisco de Paula Santander, próximo a instalaciones de la DIAN —Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales—, provocando heridas a cuatro policías.

El 29 de octubre, el presidente De La Espriella, junto al ministro de Defensa y la cúpula militar, anunció nuevas acciones para enfrentar esta ola de violencia. Expresó que no permitirán que el narcoterrorismo siga amenazando a las familias de la región. Entre las estrategias está la militarización inmediata de Cúcuta, descrita como una medida temporal y justificada por la condición fronteriza de Norte de Santander. Desde el 3 de noviembre también se pondrán en marcha la campaña militar y policial Esparta y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR), con el objetivo de golpear las estructuras armadas y sus finanzas.

El general Erik Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, detalló que Ejército y Fuerza Aérea apoyarán las labores de Policía para fortalecer la seguridad y el control territorial en Cúcuta. Se realizaron requisas, controles vehiculares y verificación de antecedentes en establecimientos, así como inspecciones en busca de porte ilegal de armas. El comandante del Ejército, el general José Bertulfo Soto, indicó que hay presencia de vehículos blindados en sectores críticos, vigilancia especial y apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, además de la intensificación de la lucha contra la extorsión a través del Gaula, el grupo contra el secuestro y la extorsión.

El alcalde Jorge Enrique Acevedo apoyó las medidas y destacó que se recuperó el control de Colinas del Tunal, una de las zonas más complejas. Señaló que la ciudad nunca había recibido tal respaldo presidencial ante atentados previos y pidió cooperación internacional para evitar que la frontera con Venezuela siga siendo refugio de criminales. Además, informó que la militarización es temporal y se revisarán los resultados en 15 días, pues Cúcuta no puede permanecer intervenida indefinidamente.

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¿Por qué se militarizó Cúcuta y cuál es el objetivo de la medida?

Cúcuta fue militarizada como reacción a una serie de hechos violentos recientes, de acuerdo con El Espectador, incluyendo el asesinato de un exfuncionario y un atentado con carro bomba. El objetivo, según el presidente De La Espriella, es "recuperar el control" frente al avance de estructuras criminales, proteger a la ciudadanía y atacar las finanzas y operaciones de grupos armados que aprovechan la condición fronteriza y la falta de control estatal.

¿Por cuánto tiempo estará militarizada Cúcuta y cómo se evaluarán los resultados?

Según declaraciones del alcalde Jorge Enrique Acevedo citadas en El Espectador, la militarización de Cúcuta fue planteada como una medida temporal y medible. Se estima un lapso de 15 días para evaluar los efectos de la intervención y determinar si es posible retomar la normalidad, ya que la militarización permamente no es considerada viable para la ciudad.

El 28 de octubre se conoció el hallazgo de dos cuerpos en aguas del río Saldaña, en jurisdicción de Coyaima y Ortega, los cuales fueron identificados como Duber Guluma y Darwin Soto. Ese mismo día, la muerte de Robinson Merchán fue confirmada públicamente por su propio hermano a través de redes sociales. Estos hechos incrementaron la angustia de las familias, que esperaban alguna noticia sobre los otros dos desaparecidos.

Al día siguiente, el 29 de octubre, voluntarios de la Defensa Civil recibieron una alerta sobre la presencia de un cadáver en el río Saldaña, sector Playa Alta de Ataco. Allí fue encontrado el cuerpo de Anderson Gutiérrez, quien vestía una sudadera gris y una camiseta amarilla; además, tenía manos y pies atados con un cordón negro y una herida de arma de fuego en la cabeza. La recuperación del cuerpo exigió apoyo de la comunidad local debido a las dificultades propias del terreno y del caudal del río.

Ante estos hechos, Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, señaló públicamente al Frente Gerónimo Galeano, de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), exigiendo respuestas y responsabilizando directamente a este grupo armado por cualquier afectación a la vida o integridad tanto de los secuestrados en Ataco como del resto de ciudadanos del municipio.

La consternación en la región también se relaciona con un doble homicidio ocurrido previamente, en el que Laura Ximena Quintero Soto y Arquímedes Perdomo González fueron hallados sin vida cerca de un puente en el sector de Batatas, con un mensaje acusándolos de colaborar con la Segunda Marquetalia. Sin embargo, tal acusación no ha sido confirmada y personas cercanas aseguran que ambos se dedicaban a la minería artesanal. Las autoridades investigan estos homicidios y la serie de desapariciones, a la espera de avances y respuestas oficiales sobre todos estos hechos.

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¿Quién es responsable de las desapariciones y homicidios recientes en Ataco, Tolima?

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, responsabilizó directamente al Frente Gerónimo Galeano, de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por las desapariciones y asesinatos de los cinco hombres en Ataco. Sin embargo, las investigaciones oficiales continúan y todavía se esperan confirmaciones por parte de las autoridades sobre la autoría de estos hechos.

¿Qué relación tienen las desapariciones con los grupos armados ilegales en el Tolima?

Según lo informado, hay indicios y denuncias oficiales que apuntan a la presunta participación del Frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las FARC en las desapariciones y homicidios recientes en Ataco, Tolima. Aún así, las investigaciones están en curso y no se ha confirmado toda la información sobre el papel exacto de estos grupos armados ilegales en los hechos.

En este escenario, comienza a destacarse el nombre de Yorely Victoria Vásquez Bernal, una abogada originaria de Icononzo, quien está siendo considerada por las autoridades para asumir el cargo de alcaldesa encargada de Cunday. Su hoja de vida ya se encuentra en revisión para determinar si cumple las condiciones requeridas mientras continúa el proceso judicial contra Escobar López.

Según la información disponible, Vásquez Bernal es egresada de derecho de la Universidad Manuela Beltrán y obtuvo la especialización en derecho procesal penal en la Universidad Externado de Colombia en noviembre de 2025. Su experiencia en el sector público ha sido amplia, destacándose cargos en la Alcaldía de Icononzo como secretaria general, secretaria de Gobierno y jefa de Talento Humano. Además, ha sido alcaldesa encargada de Icononzo en dos ocasiones, mediante decretos expedidos en enero de 2022 y mayo de 2023, y ocupó la Dirección Local de Salud de manera temporal durante ese año.

Sumado a esto, Vásquez Bernal ha ejercido funciones de enlace para víctimas del conflicto armado y el proceso de paz entre 2020 y 2021, lo que le dio un perfil orientado a la atención de asuntos sensibles y de interés comunitario. Posteriormente, en Ibagué, trabajó como abogada contratista en la Personería Municipal, específicamente en la delegada para el Ministerio Público y los Derechos Humanos.

Durante 2024, se desempeñó como asesora jurídica en la Secretaría de Gobierno de Ibagué, y en 2025 prestó servicios en un proyecto enfocado en la protección al consumidor. También suma a su trayectoria la experiencia como abogada litigante y su paso por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL).

Por ahora, mientras la Fiscalía 34 Seccional Anticorrupción de Ibagué impulsó la medida contra Escobar López, la defensa interpuso un recurso de apelación. Cabe aclarar que la medida impuesta no implica condena, y el alcalde conserva la presunción de inocencia. El municipio espera la oficialización del nombramiento de un alcalde encargado, siendo Vásquez Bernal una de las principales candidatas.

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¿Quién es Yorely Victoria Vásquez Bernal, posible alcaldesa encargada de Cunday?

Yorely Victoria Vásquez Bernal es una abogada de Icononzo, especialista en derecho procesal penal de la Universidad Externado de Colombia. Su experiencia abarca cargos de secretaria general, secretaria de Gobierno y jefa de Talento Humano en Icononzo, así como dos períodos como alcaldesa encargada y roles relacionados con atención a víctimas y protección al consumidor.

¿Por qué William Escobar López está siendo investigado por corrupción al sufragante en Cunday?

William Escobar López, alcalde de Cunday, enfrenta una investigación por el presunto delito de corrupción al sufragante, según la Fiscalía 34 Seccional Anticorrupción de Ibagué. La medida de aseguramiento fue impuesta mientras avanza el proceso, aunque esta decisión no representa una condena y el funcionario mantiene la presunción de inocencia.

Si bien Bolívar ha rechazado categóricamente los señalamientos a través de sus redes sociales y ha recordado que fue él mismo quien en el pasado denunció públicamente la existencia de redes de proxenetismo en la política y catalogó al Congreso como un “prostíbulo” —declaraciones que en su momento desataron un fuerte debate nacional—, las nuevas pistas apuntan directamente a su círculo de confianza y a la disponibilidad de bienes inmuebles.

 

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Según detalló D’arcy Quinn, la exfuncionaria Angie Rodríguez entregará información clave ante la Fiscalía General de la Nación, señalando que un apartamento ubicado en el centro de Bogotá, perteneciente a Gustavo Bolívar, habría sido facilitado en repetidas ocasiones al entonces presidente Gustavo Petro para la realización de encuentros de carácter íntimo.

“El exsenador Gustavo Bolívar está muy molesto porque su nombre salió a la luz… Angie Rodríguez dirá ante la Fiscalía que hubo un apartamento de Gustavo Bolívar que le prestaba el presidente, como suele hacerlo, le presta su casa, lo recibe en su casa porque lo quiere mucho, uno de esos apartamentos en el centro de la ciudad era usado por el expresidente Gustavo Petro para esos encuentros”, reveló la periodista en Los Secretos de D’arcy Quinn.

La divulgación de estos detalles pone bajo la lupa a otros miembros prominentes del Pacto Histórico, pues de acuerdo con las pesquisas que alimentan el expediente judicial, varios copartidarios habrían tenido conocimiento de la dinámica de los denominados ‘sexocontratos’ y de la utilización de diferentes propiedades para encubrir las presuntas irregularidades que posteriormente fueron denunciadas en ministerios y direcciones estatales.

Mientras las citaciones formales avanzan en el búnker de la Fiscalía, se espera que en las próximas horas comparezcan diversas figuras clave de la administración saliente. Entre ellas figura Laura Sarabia, quien deberá rendir testimonio ante los investigadores judiciales, aunque desde su entorno se ha sostenido reiteradamente que desconocía por completo las actuaciones de dicha red. El testimonio de Angie Rodríguez, respaldado por las evidencias documentales y digitales que su defensa aportará al despacho del ente acusador, promete redefinir el rumbo de una investigación que continúa sacudiendo los cimientos políticos del país

La renuncia de Rojas ocurre en un contexto donde las leyes exigen a los servidores públicos apartarse de sus funciones si planean postularse para cargos de elección popular en próximas elecciones regionales. Según la información destacada, este paso permite que el general en retiro dedique todo su esfuerzo a la consolidación de una propuesta política con el objetivo de llegar a la Alcaldía de Ibagué en 2027.

En relación con sus planes políticos, se conoció que el nombre de Rojas estaría entre los que buscan recibir el respaldo del movimiento Defensores de la Patria, colectividad liderada por el presidente Abelardo de la Espriella. Aunque aún no se ha formalizado una candidatura y sigue sin confirmarse el apoyo definitivo de esta agrupación política, su nombre ya figura en la baraja de posibles aspirantes para las elecciones territoriales.

Durante su periodo como secretario de Gobierno, Rojas, quien acumula una experiencia de 36 años en el Ejército Nacional, donde llegó a desempeñar cargos relevantes como comandante de la Sexta Brigada, estuvo al frente de operativos estratégicos. Entre las acciones más relevantes de su gestión están la intervención en el sector conocido como el 'Bronx', adyacente a la Plaza de la 21, un operativo encuadrado dentro de los planes de recuperación del espacio público y fortalecimiento de la seguridad para los habitantes de la capital tolimense.

Con la salida de Rojas del gabinete municipal, el panorama político de Ibagué comienza a transformarse, sumando nuevos nombres con proyección en la carrera por la administración local. La expectativa se centra en cómo avanzarán los procesos internos de los partidos y movimientos, y si finalmente el exsecretario recibirá el aval definitivo para aspirar a la Alcaldía.

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¿Por qué renunció Jhon Jairo Rojas Gómez a la Secretaría de Gobierno de Ibagué?

Jhon Jairo Rojas Gómez dejó la Secretaría de Gobierno de Ibagué para cumplir con los requisitos legales que establecen que los funcionarios públicos deben dejar su cargo si desean participar en elecciones populares. Su renuncia le permite concentrarse en la construcción de una propuesta política y, eventualmente, convertirse en candidato a la Alcaldía de Ibagué en los comicios territoriales de 2027, de acuerdo con información oficial mencionada en el informe.

¿Cuál fue la gestión de Jhon Jairo Rojas Gómez como secretario de Gobierno de Ibagué?

Durante su periodo al frente de la Secretaría de Gobierno, Jhon Jairo Rojas Gómez lideró varias acciones orientadas a la seguridad ciudadana y la recuperación de espacios públicos, entre las que resaltan los operativos en el sector conocido como el 'Bronx', cerca de la Plaza de la 21. Estas intervenciones formaron parte de los esfuerzos por mejorar la convivencia y el bienestar de los habitantes de la capital tolimense, según datos oficiales proporcionados.

Una supuesta traición desde el interior de las disidencias de las Farc habría puesto en jaque parte de las finanzas de la organización armada liderada por alias ‘Iván Mordisco’.

El protagonista de esta historia es alias ‘Paciencia’, identificado también como Jhonatan, quien, según información de inteligencia militar, habría abandonado las filas de la estructura Carlos Patiño llevándose cerca de 10.000 millones de pesos.

(Vea también: Disidente de las Farc que negoció paz total con Petro fue extraditado a EE. UU. por De la Espriella)

La presunta fuga no solo representaría una pérdida económica para el grupo armado ilegal. También habría desatado una búsqueda para localizar al antiguo hombre de confianza y recuperar el dinero, en medio de denuncias sobre presiones y restricciones contra habitantes de zonas rurales del Cauca.

¿Quién es alias ‘Paciencia’ y por qué tenía tanto poder?

Alias ‘Paciencia‘ habría ingresado a la estructura Carlos Patiño en 2021, cuando comenzó su trayectoria dentro de la compañía Fray León, con presencia en zonas rurales del municipio de El Tambo, Cauca.

Con el paso del tiempo, habría ascendido dentro de la organización hasta convertirse en uno de sus principales mandos y en el responsable de manejar sus finanzas. Esa posición le habría permitido tener acceso a importantes recursos económicos destinados al funcionamiento de la estructura armada.

(Lea también: Revelan necropsia de Mateo Pérez, periodista asesinado por disidencias de Farc; crimen fue cruel)

Precisamente, la responsabilidad financiera que se le atribuye explicaría la magnitud de la crisis que habría provocado su desaparición. No se trataría únicamente de la salida de un integrante con experiencia, sino de la presunta pérdida de una suma millonaria bajo su control.

Para Cárdenas, el valor fundamental del proyecto radica en su capacidad de anticiparse a un escenario macroeconómico crítico heredado de administraciones anteriores, señalando sin ambigüedades que la propuesta gubernamental actúa como un mecanismo de contención indispensable:

“Desactiva una bomba que está a punto de estallar, es lo más importante. El Gobierno se demoró un poco, pero ya es bueno que se tiren al agua y que se haga un ajuste fiscal, sin ese ajuste la economía va camino a una crisis y hay que evitarla. Esto generará muchos anticuerpos, aspectos que tienen problemas, que a la gente no le gusta, que generan reacciones, pero el paquete es necesario sacarlo adelante para que Colombia no tenga que enfrentarse a una situación muy difícil en materia económica. Hay que ayudarle al Gobierno a sacar esa propuesta”, aseveró el exjefe de la cartera económica.

En el plano legislativo y estratégico, el exministro advirtió que el Ejecutivo debe actuar con celeridad extrema mediante la radicación de mensajes de urgencia que permitan tramitar la iniciativa de manera simultánea en las comisiones económicas de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Asimismo, anticipó que los sectores afines al petrismo asumirán una postura de oposición sistemática e instrumental, lo que obligará a la administración actual a tender puentes de concertación política para asegurar las mayorías necesarias:

“Tienen que correr, presentar mensaje de urgencia para que se presente en simultánea en Cámara y Senado. El petrismo va a actuar de manera oportunista, saldrán a criticar todo y hacer oposición. Esta es una ley hecha para corregir los problemas que ellos dejaron, de manejar esa herencia. Lo más importante es que acá ya comenzó el Gobierno, porque ya este Gobierno le toca tender puentes porque sino no tiene los votos en el Congreso”, aseguró.

Frente al componente de gasto público, Cárdenas consideró que las medidas de austeridad y el recorte en las plantas de personal por contratos de prestación de servicios (OPS) encontrarán un respaldo generalizado, exceptuando a aquellos sectores que se beneficiaron de la burocracia estatal en el periodo pasado. Incluso, sugirió que los ministerios cuentan con facultades suficientes para ejecutar revisiones contractuales anticipadas, respaldando la línea de acción de decisiones drásticas en la administración pública.

No obstante, reconoció que el verdadero foco de resistencia estará en los gravámenes impositivos y en la ampliación de la base gravable del impuesto de renta, un punto que calificó como políticamente espinoso y complejo de debatir en los estrados legislativos:

“El tema de los impuestos es lo complejo, pasar productos al 19 % porque cada uno será una discusión, todo eso va a ser una conversación difícil en el sector agropecuario. La más dura es sin duda el impuesto de renta, que lo pagamos a los que tenemos más de 9 millones y ahora buscan que lo paguen los que ganan más de 5 millones de pesos. Esa ésa famosa ampliación de la base del impuesto renta. Yo lo volvería más bandera que el propio a los productos de la canasta familiar”, concluyó Cárdenas.

Este cambio corresponde a una segunda fase del proceso de traslado de la operación farmacéutica. La primera comenzó el 1 de octubre, cuando Colsubsidio asumió la entrega de medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (no PBS) que estaban a cargo de Audifarma.

La nueva red de atención estará distribuida en diferentes zonas de Bogotá. En el norte habrá puntos en sectores como Suba, Usaquén y Chapinero; en el occidente, en Engativá, Kennedy, Puente Aranda, Teusaquillo y Fontibón. También se habilitarán sedes en el centro, en Los Mártires y Teusaquillo, y en el sur, en Kennedy, Tunjuelito y Antonio Nariño. Algunos establecimientos tendrán atención las 24 horas, como los puntos de Puente Aranda, Clínica Colombia y Clínica Roma.

Sanitas también precisó que los medicamentos no PBS que requieren prescripción especial mediante la plataforma MIPRES deberán reclamarse exclusivamente en cinco sedes: Unicentro de Occidente, Clínica Universitaria Colombia, Calle 26, Portal Norte y Clínica Roma. Por su parte, los medicamentos nutricionales APME continuarán siendo entregados por el operador MTD.

Para reducir las filas, los afiliados podrán agendar turnos virtuales a través de www\.medicamentoscolsubsidio.com.co. Inicialmente, esta opción estará disponible en nueve puntos de dispensación, entre ellos Clínica Roma, Portal Norte, Floresta, Mazurén y Quinta Paredes.

Al reclamar los medicamentos, los usuarios deberán presentar su documento de identidad original, la fórmula médica vigente y el número de autorización cuando sea necesario. También deberán pagar la cuota moderadora o el copago, si corresponde.

Las autorizaciones vigentes de Cruz Verde serán trasladadas automáticamente a Colsubsidio. El nuevo número llegará al celular o correo electrónico del afiliado.

Sanitas recomendó reclamar los medicamentos correspondientes a octubre antes de finalizar el mes en Cruz Verde y acudir a Colsubsidio en la fecha indicada en la fórmula médica para evitar aglomeraciones.

El descubrimiento se produjo en la mañana del jueves 29 de octubre, cuando la Defensa Civil, alertada a las 8:30 a. m. sobre la presencia de un cuerpo en el agua, llegó al lugar, aproximadamente a tres kilómetros del casco urbano. Socorristas y habitantes lograron rescatar el cadáver pese a las dificultades del terreno y el nivel de las aguas. Testigos identificaron el cuerpo como el de Anderson Gutiérrez, quien vestía sudadera gris y camiseta amarilla y presentaba las manos y los pies atados con un cordón negro, además de una herida de arma de fuego en la cabeza.

Este caso se suma a otros lamentables episodios en Ataco, donde ya son cuatro los hombres reportados como desaparecidos que han sido encontrados sin vida. La alerta sobre estas desapariciones se dio a conocer el domingo 25 de octubre, cuando familiares y habitantes divulgaron los nombres y fotografías de José Albeiro Quintero, Robinson Merchán, Anderson Gutiérrez, Darwin Soto y Duber Guluma Navarro. De acuerdo con información de las autoridades departamentales, se presume que todos fueron retenidos en zonas rurales por un grupo armado. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, responsabilizó públicamente al Frente Gerónimo Galeano, perteneciente a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y exigió acciones urgentes para la localización de los desaparecidos.

El miércoles 28 de octubre, la situación se agudizó con el hallazgo de dos cuerpos en el río Saldaña, entre Coyaima y Ortega, identificados luego como Duber Guluma Navarro y Darwin Soto, ambos también con heridas de arma de fuego en la cabeza. Días después, fue encontrada sin vida la víctima identificada como Robinson Merchán. Paralelamente, las desapariciones se conocieron poco después del asesinato de Laura Ximena Quintero Soto y Arquímedes Perdomo González, quienes según sus allegados se dedicaban a la minería artesanal; cerca de sus cuerpos se halló un mensaje que los vinculaba a la Segunda Marquetalia, afirmación que no ha sido confirmada por las autoridades. Actualmente, la Fiscalía avanza en las investigaciones y se mantiene la búsqueda de José Albeiro Quintero, la última persona que continúa desaparecida.

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¿Qué grupo armado estaría detrás de las desapariciones en Ataco según autoridades?

De acuerdo con declaraciones de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, el grupo señalado como responsable por la vida e integridad de los hombres desaparecidos es el Frente Gerónimo Galeano, perteneciente a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La funcionaria solicitó acciones urgentes para dar con el paradero de los ciudadanos y esclarecer los hechos.

¿Cuál es la relación entre los asesinatos recientes y la minería artesanal en Ataco?

Familiares y allegados de Laura Ximena Quintero Soto y Arquímedes Perdomo González, recientemente asesinados en Ataco, aseguraron que ambos se dedicaban a la minería artesanal. Junto a sus cuerpos, fue encontrado un mensaje que los señalaba de supuesta colaboración con la Segunda Marquetalia; sin embargo, esta vinculación no ha sido confirmada por las autoridades y se mantiene la investigación sobre las circunstancias de su muerte.

La Alcaldía de Cali reaccionó aclarando que, si bien las Trompetas de Niche están situadas en un espacio público, no son propiedad del distrito. Esto significa que existen restricciones para el uso comercial en dicho lugar, por lo que la administración procedió al retiro de los elementos publicitarios instalados. Jorge Moreno, quien ocupa el cargo de subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, explicó que la situación se originó debido al desconocimiento de las normas que regulan la utilización del espacio público, y no por una intención deliberada de causar daño al monumento.

Moreno expresó que la administración asumió buena fe por parte de la empresa involucrada, señalando que esta actuó sin la información suficiente sobre las restricciones existentes. De hecho, recalcó que la reacción ciudadana obedeció a la percepción de que las trompetas representan un bien relevante para los caleños. Además, 90 Minutos precisó que la obra pertenece al arquitecto Freddy Pantoja y que la Alcaldía no ha adquirido la propiedad del monumento. El proceso de concertación para su posible compra sigue pendiente debido a que los derechos de autor permanecen en manos privadas, lo que implica negociar con el propietario según sus aspiraciones económicas.

En cuanto al color, se confirmó que las Trompetas de Niche continuarán siendo rosadas hasta el final del evento organizado por un patrocinador durante el fin de semana. Posterior a esta actividad, el monumento recuperará su color original, lo cual representa un alivio parcial para quienes esperan ver la obra nuevamente en su forma habitual. Así, aunque la publicidad ha sido retirada, el cambio de color permanecerá de manera temporal.

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¿De quién son los derechos y la propiedad de las Trompetas de Niche en Cali?

De acuerdo con 90 Minutos, las Trompetas de Niche no pertenecen a la Alcaldía de Cali, pues son una obra del arquitecto Freddy Pantoja. Los derechos de autor están en manos de un particular, por lo que cualquier proceso de adquisición o uso oficial debe contemplar negociaciones con el propietario privado, y tener en cuenta sus pretensiones económicas.

¿Por qué las Trompetas de Niche están pintadas de color rosado?

Según información de 90 Minutos, el color rosado actual de las Trompetas de Niche responde al patrocinio de un evento especial programado para el fin de semana. Aunque la publicidad fue retirada tras la controversia, el monumento mantendrá ese color hasta el término de la actividad, tras lo cual retornará a su apariencia original.

De acuerdo con el informe del IDPYBA, durante la valoración física y sanitaria, el animal presentaba una condición corporal baja y una lesión significativa en una de sus patas traseras, la cual mostraba signos visibles de infección, inflamación y dolor. Los especialistas también identificaron la carencia de atención veterinaria y condiciones insuficientes en el entorno donde se encontraba, caracterizadas por dificultades en la alimentación, hidratación y alojamiento del equino. Esta situación evidenció que sus necesidades básicas no estaban siendo cubiertas adecuadamente.

Tras la inspección realizada por el equipo médico veterinario del IDPYBA y la confirmación de su estado crítico, se emitió un concepto desfavorable. Como resultado, la Policía Nacional realizó una aprehensión material preventiva del equino. Posteriormente, el IDPYBA asumió la custodia del animal, trasladándolo a un hogar temporal aliado de la Administración distrital. Allí recibirá atención veterinaria especializada y un proceso integral de cuidado y rehabilitación para restablecer su bienestar.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, junto al IDPYBA, reitera su compromiso de continuar interviniendo de manera decidida para proteger a los animales en Bogotá, con el propósito de garantizarles nuevas oportunidades y condiciones de vida dignas. La importancia de denunciar casos de maltrato animal es subrayada desde la entidad, invitando a la ciudadanía a usar canales como la Línea de Emergencias 123, el correo electrónico institucional y la plataforma ‘Bogotá Te Escucha’, donde es posible adjuntar fotos y videos como prueba.

Todos estos procesos y acciones demuestran cómo las autoridades de Bogotá articulan esfuerzos para enfrentar las situaciones de maltrato animal, ofreciendo a los animales rescatados una segunda oportunidad y atención conforme a sus derechos.

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¿Cómo denunciar casos de maltrato animal en Bogotá y qué opciones hay?

Para denunciar maltrato animal en Bogotá, usted puede comunicarse con la Línea de Emergencias 123, enviar un correo a proteccionanimal@animalesbog.gov.co, acudir a la sede presencial del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal o usar el sistema ‘Bogotá Te Escucha’, que permite el envío de fotos o videos como evidencia.

¿Qué es el IDPYBA y cuál es su función en la protección animal en Bogotá?

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) es la entidad encargada de promover y garantizar el bienestar de los animales en Bogotá. De acuerdo con el texto, su labor se centra en la valoración, rescate, custodia y rehabilitación de animales en situación de vulnerabilidad o maltrato, trabajando de forma articulada con la Policía Nacional y otras instituciones distritales.

De acuerdo con lo informado por la Gerencia de Acueducto de Emcali, el personal técnico ejecutará maniobras consistentes en la reposición de válvulas y la optimización de las redes de distribución de agua en distintos puntos de Cali. Estas operaciones hacen parte de los esfuerzos periódicos que la empresa realiza para asegurar la eficiencia y el adecuado funcionamiento de la infraestructura relacionada con el suministro de agua potable.

Entre los sectores afectados figura el barrio Alfonso Barberena. Específicamente, el corte se presentará en la calle 33 F, calle 33 H y calle 34, entre la carrera 24 B y la carrera 24 D; así como en la carrera 24 B hasta la carrera 24 D, entre la calle 33 E y la calle 34. Según el comunicado oficial, la suspensión del servicio tendrá lugar desde las 8:00 a.m. y se espera que se restablezca hacia las 9:00 p.m., es decir, un lapso aproximado de 13 horas.

Emcali recalcó la importancia de que la comunidad esté atenta a la suspensión, asegurando que durante el tiempo que dure la interrupción habrá disponibilidad de carrotanques en la zona afectada. Esta medida busca abastecer de agua a los residentes mientras concluyen los trabajos en la red, minimizando así las dificultades derivadas del corte.

Otros barrios que presentarán afectaciones similares incluyen San Judas, en la carrera 40 A # 18 - 40, y Santa Elena, en la carrera 32 A # 18 - 01. Estas zonas también deberán tomar precauciones, dado que formarán parte del grupo impactado por las labores de optimización de la red, de acuerdo con Emcali.

De este modo, la empresa recomienda a los habitantes realizar las previsiones necesarias para enfrentar el corte, garantizando el almacenamiento previo de agua y el uso racional de este recurso mientras duran los trabajos.

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¿Cuáles son los barrios de Cali que tendrán cortes de agua este viernes según Emcali?

Según la información suministrada por Emcali, los barrios afectados por los cortes de agua potable este viernes incluyen Alfonso Barberena, San Judas y Santa Elena. Las áreas específicas dentro de estos barrios han sido delimitadas para labores de reparación y optimización de la red de acueducto, por lo que los residentes deben estar preparados para la interrupción del servicio durante buena parte del día.

¿Por qué Emcali realiza cortes de agua para trabajos en la red de acueducto en Cali?

De acuerdo con lo comunicado por Emcali, los cortes de agua tienen como propósito permitir la reposición de válvulas y la optimización de las redes de distribución. Estas acciones buscan mejorar el funcionamiento del sistema, previniendo daños más graves y asegurando un suministro de agua potable eficiente y confiable para la población.

De acuerdo con la información oficial, entre los hechos más preocupantes se encontraron agresiones dirigidas hacia el personal de vigilancia y administrativo, la presencia no autorizada de menores de edad y personas externas, y la violación de las rejas en la portería de la calle 26. Además, la universidad reportó una elevada cantidad de personas concentradas en el Jardín de Freud y el edificio 205 de Sociología, donde eventos llevados a cabo no respetaron las condiciones de los permisos otorgados por la administración.

La gravedad de los riesgos obligó a las directivas a ordenar la evacuación inmediata del campus, mientras se toman medidas para evaluar su estado y determinar el momento adecuado para reanudar la presencialidad. La Vicerrectoría subrayó la importancia de estas medidas, especialmente tras un episodio ocurrido alrededor de las 4:42 p. m., cuando un grupo no identificado intimidó a la tripulación de una ambulancia de la División de Salud, impidiendo la atención a un paciente lesionado. Según la propia Vicerrectoría, esto transgredió no solo la integridad del personal sanitario, sino que también dificultó la atención oportuna al paciente, y hasta el momento, no se ha revelado más información sobre el estado de salud de la persona afectada.

Las autoridades de la universidad cuestionaron de forma particular las actividades no autorizadas desarrolladas bajo el nombre ‘Jueves de Freud’. La insistencia en utilizar “vías de hecho” para efectuar acciones no permitidas fue duramente rechazada. Los directivos reiteraron su oposición a comportamientos como saltar las rejas, entorpecer el cierre de puertas y obstaculizar el trabajo de servidores públicos, resaltando que estas prácticas suponen un peligro para la comunidad.

Durante este viernes, la Universidad Nacional inspeccionará las instalaciones para determinar las condiciones de seguridad y limpieza necesarias antes de retomar las actividades presenciales en el campus, por lo que se mantiene la incertidumbre sobre la fecha exacta de normalización. Las directivas informarán la decisión a toda la comunidad universitaria cuando existan garantías para volver a la presencialidad.

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¿Por qué suspendió actividades la Universidad Nacional de Colombia el viernes 30 de octubre?

La Universidad Nacional de Colombia suspendió las actividades presenciales el viernes 30 de octubre debido a graves incidentes de seguridad reportados el día anterior. De acuerdo con la información emitida por la Vicerrectoría de Sede, se registraron agresiones contra el personal, ingreso no autorizado de personas externas y menores de edad, así como transgresiones en la infraestructura del campus. Todo esto llevó a la evacuación y a la necesidad de revisar el estado de las instalaciones antes de permitir el regreso de la comunidad.

¿Qué es el ‘Jueves de Freud’ en la Universidad Nacional?

El ‘Jueves de Freud’ es una actividad no autorizada dentro del campus de la Universidad Nacional de Colombia, señalada por las directivas como problemática debido al incumplimiento de normas y permisos institucionales. De acuerdo con la Vicerrectoría, este evento suele congregar a un elevado número de personas y ha facilitado comportamientos que comprometen la seguridad y el desarrollo adecuado de la vida universitaria.

En declaraciones entregadas a Blu Radio, Uribe se refirió a la llamada telefónica que sostuvo con el primer mandatorio en medio de la controversia generada por medidas complementarias, como el gravamen a las compras electrónicas internacionales inferiores a 200 dólares a través de plataformas como Temu o Amazon. Según el exmandatario, la conversación giró en torno a la apertura del Ejecutivo para examinar alternativas y construir consensos legislativos:

“Sí, ayer me llamó, le contesté anoche después de que tuvimos el programa de los paquetes que entran al país, que son más de 100 millones sin pagar impuestos que son compras de Temu, por Amazon, etc., que se han constituido en un tema de debate. El presidente Abelardo de la Espriella me dijo estas palabras: ‘la situación del país es muy grave pero el Gobierno está abierto a escuchar opciones que ustedes propongan'”, aseguró Uribe.

Frente al contenido macroeconómico de la ley, que plantea una reducción del tamaño del Estado en un 15 %, recortes drásticos en contratos de prestación de servicios y gastos de nómina, así como modificaciones en el IVA —eliminando tarifas diferenciales a partir de 2028 y devolviendo recursos a millones de hogares vulnerables— y ajustes en las tablas de retención de renta para personas naturales y empresas (incluyendo el régimen preferencial Ruge para la inversión), el dirigente político subrayó que su colectividad actuará con rigor técnico y responsabilidad institucional.

Uribe enfatizó que la bancada económica del partido evaluará con prudencia el articulado sin dejarse llevar por impresiones apresuradas, priorizando los principios ideológicos de austeridad fiscal y estímulo al sector privado:

“Empezaría porque no se puede reaccionar al impulso de las primeras impresiones, nos toca mirar principios del partido. Ustedes saben que para nosotros lo fundamental es austeridad y tamaño del Estado. Estimular al sector privado para que crezca, crear una economía en expansión que de un recaudo al Estado y tenga un efecto financiero”, recalcó el exmandatario, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de default heredado y la urgencia de suprimir embajadas, entidades y gastos superfluos antes de castigar con mayores cargas tributarias la inversión corporativa y el empleo formal en el país.

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Este elemento deberá contener los datos que permitan identificar el vehículo y verificar sus características. La disposición aplica tanto para las unidades nuevas como para las que ya circulan en el territorio nacional. Con esta medida, las autoridades buscan facilitar los controles y comprobar que estos medios de transporte cumplan las especificaciones establecidas en la normativa.

La lámina deberá incluir datos importantes como el número de serie, año de fabricación, potencia, velocidad máxima, clase del vehículo, entre otras. Asimismo, tendrá que ajustarse a las especificaciones técnicas definidas por el Ministerio de Transporte, por lo que no bastará con instalar cualquier adhesivo.

¿Quién debe instalar la lámina de identificación?

En los vehículos nuevos, la responsabilidad de incorporar este elemento antes de su comercialización recaerá en los fabricantes, ensambladores, importadores y comercializadores.

Por su parte, los propietarios de bicicletas y patinetas eléctricas adquiridas antes del 1 de enero de 2027 deberán cumplir con este requisito antes de esa fecha.

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Para obtener los datos necesarios, los usuarios podrán consultar el manual del vehículo, la factura de compra o los documentos suministrados por el fabricante o el vendedor. Esta información permitirá completar la identificación conforme a las exigencias técnicas establecidas.

Esta situación generó preocupación en la comunidad, al ser una víctima joven y conocida en la zona. Tras el ataque, las autoridades locales iniciaron las acciones correspondientes para esclarecer el crimen. La investigación quedó bajo la responsabilidad de la Unidad Básica de Investigación Criminal, según lo reportado oficialmente. Este organismo, que hace parte de las estructuras de la Policía Nacional, se encarga de la recolección de pruebas, testimonios y análisis en campo para adelantar procesos investigativos relacionados con delitos complejos, como el homicidio.

Además, de acuerdo con la información obtenida, tanto unidades de la Policía Judicial como de Inteligencia están trabajando en la identificación de los responsables y en la búsqueda de posibles móviles detrás de este violento acto. Hasta el momento, no se han presentado resultados sobre capturas ni se han divulgado líneas oficiales respecto a los motivos que llevaron al asesinato de Bravo. La ausencia de información concreta en torno al caso mantiene en tensión a los habitantes de Carmen de Apicalá y a la familia de la víctima.

Para avanzar en la investigación, la Policía solicitó de manera pública el apoyo de los ciudadanos. Invitó a quienes posean datos relevantes que puedan facilitar la identificación de los responsables o aportar alguna pista sobre lo ocurrido a comunicarse a la línea 123. La colaboración de la ciudadanía es crucial en casos como este, dados los retos que implica acceder a información precisa en situaciones de violencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe del homicidio de Andrés Bravo en Carmen de Apicalá?

De acuerdo con la información recopilada, Andrés Bravo fue víctima de un ataque armado en el polideportivo del barrio Simón Bolívar, en Carmen de Apicalá. Tras recibir varios disparos, Bravo falleció en el lugar. Las autoridades han iniciado una investigación liderada por la Unidad Básica de Investigación Criminal, mientras unidad de Policía Judicial e Inteligencia buscan esclarecer los hechos e identificar a los responsables. Por el momento, no hay detalles sobre capturas o posibles hipótesis del caso.

¿Qué hace la Unidad Básica de Investigación Criminal en casos de homicidio?

La Unidad Básica de Investigación Criminal es la encargada de adelantar las diligencias necesarias para esclarecer delitos como el homicidio. Entre sus funciones están la recolección de pruebas, investigación en campo, entrevistas a testigos y análisis técnico de evidencias, siguiendo los protocolos legales para judicializar a posibles responsables en casos como el ocurrido en Carmen de Apicalá.

De acuerdo con la información del SGC, la ubicación específica del epicentro estuvo aproximadamente a 15 kilómetros de Roncesvalles, con coordenadas de latitud 3,88 y longitud -75,63. La magnitud y la baja profundidad derivaron en reportes de temblores sentidos no solo en Chaparral, sino también en municipios aledaños y regiones del Eje Cafetero. Este tipo de sismos superficiales puede generar sensaciones variables según la distancia al epicentro y las condiciones particulares del terreno.

Según los informes ciudadanos que recogió el SGC, el temblor se sintió con marcada intensidad en Chaparral, Roncesvalles y el Cañón de las Hermosas. Varias personas de esta última zona describieron el temblor como fuerte, evidenciando la percepción generalizada en puntos cercanos a donde tuvo origen el movimiento telúrico. En el Eje Cafetero, específicamente en Armenia y Calarcá, también se recibieron comentarios de quienes percibieron el movimiento, demostrando el alcance regional de este fenómeno natural.

En la ciudad de Ibagué y en alrededores de Chaparral, las experiencias respecto al temblor fueron diversas: mientras algunos habitantes mencionaron que la intensidad del evento fue significativa, otros señalaron que resultó leve y apenas perceptible. El SGC reiteró la importancia de que la ciudadanía reporte sus percepciones de los movimientos sísmicos a través de la plataforma oficial Sismo Sentido, pues estos datos permiten profundizar en el análisis de la experiencia comunitaria en diferentes lugares y mejorar la respuesta ante emergencias futuras.

De este modo, el sismo de 4,0 registrado en Tolima puso de manifiesto la sensibilidad de la región a los movimientos tectónicos superficiales y el papel fundamental que juega la comunidad en el reporte y seguimiento de estos fenómenos.

¿Por qué se sintió el temblor de Chaparral en municipios del Eje Cafetero?

El temblor de magnitud 4,0 registrado en Chaparral fue sentido en municipios del Eje Cafetero debido a que tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros. Según el Servicio Geológico Colombiano, este tipo de eventos puede ser percibido con mayor intensidad a distancias mayores desde el epicentro, dependiendo de las características del terreno y de la cercanía de los municipios afectados.

¿Qué significa profundidad superficial en un sismo según el Servicio Geológico Colombiano?

La profundidad superficial, según el Servicio Geológico Colombiano, corresponde a aquellos sismos cuyo hipocentro se encuentra a menos de 30 kilómetros bajo la superficie terrestre. Este aspecto hace que el movimiento telúrico se perciba con mayor claridad en zonas cercanas al epicentro, como sucedió en el reciente temblor de Chaparral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Una aguda controversia se desató en el centro de Bogotá luego de que personal de servicios generales de la Cancillería procediera a empacar y retirar en cajas las colecciones históricas que resguardaba la biblioteca Marco Fidel Suárez. El emblemático espacio, ubicado en el interior de una antigua capilla del Palacio de San Carlos que había sido adaptada para custodiar el acervo documental de las relaciones exteriores de Colombia, fue cerrado bajo la directriz del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella con el propósito explícito de recuperar el recinto para su función religiosa original: la celebración de misas.

La biblioteca, que dependía de la administración de la Academia Diplomática, llevaba cerrada de manera temporal cinco semanas debido a labores técnicas de catalogación. Sin embargo, fuentes internas de la entidad confirmaron que la secretaria general de la Cancillería, Gina Paola González Grau, ordenó el desalojo definitivo del inmueble y el traslado de más de 21.000 volúmenes catalogados. Cabe recordar que durante la administración de Iván Duque ya se había planteado un debate similar, optando en ese entonces por una solución arquitectónica de anaqueles móviles que permitiera la convivencia de la biblioteca y los eventos culturales con el uso ocasional del auditorio central, una alternativa que fue descartada por la actual administración.

El traslado de los fondos bibliográficos enfrenta serios inconvenientes logísticos y estructurales. Una de las opciones contempladas apuntaba a llevar el archivo a la edificación que actualmente ocupa la Academia Diplomática, la cual quedará desocupada próximamente. No obstante, informes de la ARL habrían advertido que dicho inmueble presenta problemas graves de humedad y deficiencias de iluminación que impiden su uso seguro como oficinas o aulas, condiciones totalmente desfavorables para la conservación de documentos patrimoniales. A esto se suma que la nueva sede de la Academia carece de espacio suficiente para albergar la masiva colección, pues sus instalaciones estarán destinadas exclusivamente a sus actividades académicas.

La falta de claridad sobre el destino final de los libros y la nutrida colección cartográfica generó profunda preocupación en los círculos académicos y diplomáticos del país. En redes sociales circularon registros fotográficos y audiovisuales que evidencian el traslado de los textos en cajas de cartón bajo la lluvia, expuestos a la intemperie y cargados en la bodega de un camión sin la aparente supervisión de protocolos técnicos de conservación archivística. Voces como la de la exembajadora Arlene Tickner cuestionaron fuertemente la maniobra en plataformas digitales, exigiendo respuestas sobre el cuidado del patrimonio documental de la nación.

La biblioteca Marco Fidel Suárez resguarda obras fundamentales de derecho, filosofía, historia universal y política internacional, además de tratados limítrofes, conferencias panamericanas y memorias diplomáticas que documentan la construcción del Estado colombiano. Más allá de su valor como repositorio, el espacio representaba un eje vital para la investigación académica, la consulta ciudadana y la realización de eventos culturales de la diplomacia nacional, cuyo futuro inmediato permanece ahora bajo la incertidumbre institucional.

El procedimiento se llevó a cabo en vía pública, durante una jornada de registro, control y verificación de antecedentes adelantada por uniformados de la Estación de Policía de Ubaque.

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Al consultar los datos del ciudadano en los sistemas institucionales, los policías encontraron que tenía una orden judicial vigente emitida por el Juzgado 35 Penal Municipal de Bogotá.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el detenido era requerido por el delito de acceso carnal en persona en incapacidad de resistir, por una investigación relacionada con hechos que habrían ocurrido en Bogotá durante 2021.

Las indagaciones preliminares señalan que el hombre presuntamente habría abusado sexualmente de la hija de un amigo cercano y, posteriormente, habría buscado ocultarse en diferentes sectores rurales y urbanos de la provincia de Oriente, en Cundinamarca, para evadir a las autoridades.

La Circular Azul de Interpol que registraba el ciudadano fue uno de los elementos que permitió establecer que tenía un requerimiento vigente.

Una vez se confirmó la orden judicial, los uniformados hicieron efectiva la captura y trasladaron al hombre para adelantar los procedimientos correspondientes. Posteriormente, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de continuar con el proceso de judicialización y presentarlo ante un juez para las audiencias correspondientes.

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El comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, coronel Luis Carlos Romero Galvis, se refirió al resultado del operativo y aseguró que la institución mantiene acciones para ubicar a personas requeridas por la justicia.

“La Policía Nacional no da tregua a los abusadores que se esconden en los municipios de Cundinamarca. Donde intenten esconderse, allí llegaremos con todas nuestras capacidades institucionales”, manifestó el oficial.

La Policía indicó que continuará fortaleciendo las labores de inteligencia, vigilancia y control en los municipios del departamento para localizar a personas que tengan requerimientos judiciales pendientes.

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La propuesta abre la posibilidad de que los hombres tengan más tiempo para acompañar los primeros meses de vida de sus hijos, compartir las responsabilidades de cuidado y apoyar a sus parejas. También pone sobre la mesa una discusión que va más allá de los días de descanso: cómo distribuir las tareas familiares sin que la maternidad se convierta en una desventaja para las mujeres en el mercado laboral.

El proyecto de ley 014 de 2026 Cámara, aprobado en primer debate por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, plantea aumentar gradualmente la licencia de paternidad de dos a 12 semanas durante cuatro años.

La iniciativa todavía debe continuar su trámite legislativo, por lo que la ampliación no constituye un derecho vigente ni significa que los padres ya puedan solicitar 12 semanas de licencia.

Así cambiaría la licencia de paternidad en Colombia

La iniciativa propone que el permiso remunerado para los padres aumente por etapas, en lugar de pasar inmediatamente de dos a 12 semanas. De acuerdo con la información publicada por la Cámara de Representantes el 9 de septiembre de 2026, el calendario planteado sería el siguiente:

• Cinco semanas: con la entrada en vigencia de la eventual ley.
• Ocho semanas: a partir del segundo año.
• Diez semanas: a partir del tercer año.
• Doce semanas: a partir del cuarto año.

El objetivo es que la ampliación sea progresiva y permita avanzar hacia una distribución más equilibrada de las responsabilidades familiares. La propuesta contempla tanto el nacimiento de hijos como los casos de adopción.

Para los trabajadores, el cambio representaría más tiempo disponible durante una etapa en la que las familias deben adaptarse a nuevas responsabilidades. También podría facilitar que los padres participen en tareas como el cuidado cotidiano del bebé, las consultas médicas y la organización del hogar.

No obstante, los efectos concretos dependerán del texto que finalmente apruebe el Congreso y de las condiciones que queden establecidas en la ley. Mientras el proyecto siga en trámite, se mantiene la licencia de paternidad prevista en la legislación vigente.

Madres colombianas se ausentan mucho más tiempo que los padres

La discusión sobre una eventual ampliación cobra relevancia al revisar los datos de un análisis de Deel, plataforma global de gestión de nómina y recursos humanos, que examinó información anonimizada de más de 7.000 empleados en 97 países entre 2021 y 2026.

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Según el estudio, las madres analizadas en Colombia tomaron una media de 90 días hábiles de licencia parental, frente a 11 días entre los padres. La diferencia equivale a más de ocho veces el tiempo de ausencia registrado para los hombres.

La distancia también se observa cuando se incorporan otros permisos laborales. El análisis encontró que el 50 % de las madres utilizó días de vacaciones o licencias médicas para prolongar su ausencia, frente al 27,8 % de los padres.

Es decir, las mujeres no solo registraron periodos más largos de licencia parental: también recurrieron con mayor frecuencia a otros mecanismos para permanecer más tiempo fuera del trabajo durante esta etapa.

Al sumar esas ausencias adicionales, la mediana del tiempo total fuera del trabajo entre las madres llegó a 92,5 días hábiles, mientras que entre los padres se mantuvo en 11 días.

Esta diferencia muestra que las responsabilidades de cuidado no se distribuyen de la misma manera entre hombres y mujeres. Sin embargo, las cifras corresponden a los trabajadores incluidos en la plataforma de Deel y no deben interpretarse como un promedio representativo de todos los padres y madres del país.

¿Qué pasa con el empleo de las madres después de la licencia?

El estudio también examinó qué ocurrió con la permanencia laboral de los trabajadores después de finalizar sus licencias. En Colombia, un mes después de terminar el permiso, el 9,1 % de las madres analizadas había dejado su empleo, frente al 6 % de los padres. A los tres meses, la proporción alcanzó el 15,6 % entre las mujeres y el 6,8 % entre los hombres.

La diferencia entre ambos grupos llegó así a 8,8 puntos porcentuales a los tres meses del regreso al trabajo. Según Deel, Colombia presentó la menor brecha entre los tres mercados latinoamericanos examinados para ese periodo, frente a diferencias de 10 puntos porcentuales en Brasil y 15,3 puntos en México.

Es importante hacer una precisión: el estudio no establece que las licencias sean la causa directa de la salida de los trabajadores de sus empleos. Aun así, los resultados aportan elementos para discutir cómo acompañan las empresas a sus trabajadores durante la llegada de un hijo y qué medidas podrían ayudar a facilitar su regreso al empleo.

Natalia Jiménez, directora de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica en Deel, señaló que la gestión de las licencias no termina con el periodo de ausencia, sino que también debe considerar la reincorporación y la permanencia laboral: “Desde Deel buscamos aportar información que permita comprender estas dinámicas”, afirmó Jiménez, quien agregó que los datos pueden ayudar a las empresas a revisar sus políticas de beneficios y las medidas de acompañamiento a sus equipos.

¿Por qué se busca ampliar el tiempo de cuidado de los padres?

La iniciativa legislativa pretende avanzar hacia una distribución más equilibrada de las responsabilidades familiares y reducir la discriminación laboral asociada a la maternidad.

De acuerdo con la Cámara de Representantes, uno de los datos que sustenta la discusión es la participación en actividades de cuidado no remunerado: el 89,8 % de las mujeres participa en estas labores, frente al 65,2 % de los hombres, según las cifras del DANE.

El cuidado no remunerado comprende actividades que se realizan sin recibir un pago, como atender a los hijos, apoyar a personas dependientes y asumir tareas domésticas. Cuando estas responsabilidades recaen principalmente sobre las mujeres, pueden reducir el tiempo disponible para trabajar, estudiar o avanzar profesionalmente.

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Ampliar la licencia de paternidad busca que los hombres tengan más oportunidades para asumir esas tareas desde el comienzo. La medida también plantea un reto para las empresas, que tendrían que organizar los reemplazos, los turnos y las cargas de trabajo de acuerdo con las condiciones que establezca la eventual ley.

La imagen de aquel día permanece vívida para Carlos Mario, quien aún hoy, al recordar esa época, guarda silencio y siente un dolor profundo. La frase que le pronunció su madre, herida en la Clínica Conquistadores, quedó grabada en su memoria: "Nos mataron al papá". La sentencia de muerte emanó directamente del cartel de Medellín, liderado entonces por Pablo Escobar Gaviria.

La historia detrás de este crimen tiene raíces complejas. Gustavo Zuluaga Serna fue el primer juez en emitir una orden de captura contra el capo del cartel de Medellín. Escobar, que para 1982 ya se hacía pasar por político e incluso ostentaba una curul como suplente en la Cámara de Representantes del Congreso de la República, mantenía una imagen pública aparentemente intachable ante la ausencia de antecedentes judiciales en ese momento. Sin embargo, las investigaciones no tardaron en aflorar verdades ocultas; en agosto de 1983, el periódico El Espectador publicó el facsímil de una noticia original de 1976 donde se exponía que Escobar había sido arrestado previamente por delitos relacionados con el narcotráfico. Ante esta publicación, Rodrigo Lara Bonilla, quien ejercía como ministro de Justicia en ese periodo, decidió reabrir el expediente e iniciar nuevas investigaciones sobre el homicidio de juristas y la participación de la mafia en dichos crímenes.

Estos hechos no solo reflejan el nivel de violencia e intimidación que alcanzó el cartel de Medellín bajo el mando de Escobar, sino también la impunidad que cobijó el asesinato de Gustavo Zuluaga Serna, un magistrado clave en la lucha contra el narcotráfico en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el asesinato de Gustavo Zuluaga Serna sigue en la impunidad después de cuarenta años?

El caso de Gustavo Zuluaga Serna permanece en impunidad, según lo relatado, porque nunca se esclareció judicialmente la responsabilidad de los autores o determinadores. Aunque se sabía que la orden provenía del cartel de Medellín y se identificó la participación de Pablo Escobar Gaviria, la justicia no logró procesar ni condenar a los responsables directos o intelectuales de este crimen.

¿Cuál fue el vínculo entre Pablo Escobar y la política en la época del asesinato de Gustavo Zuluaga Serna?

Pablo Escobar Gaviria cultivó una imagen de político intachable en la década de los ochenta, ocupando una curul como suplente en la Cámara de Representantes. A pesar de ello, información divulgada por El Espectador evidenció que Escobar ya tenía antecedentes por narcotráfico desde 1976, lo que impulsó a las autoridades, como el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, a investigar más a fondo su pasado y posibles crímenes asociados.

De acuerdo con los reportes preliminares entregados por las autoridades y los organismos de socorro que atendieron el llamado, el siniestro vial se habría desencadenado cuando un motociclista que presuntamente participaba en actividades de piques ilegales colisionó de manera violenta contra un bus de pasajeros que transitaba por la zona. El impacto inicial generó las condiciones para que el fuego se propagara de forma rápida, reduciendo a cenizas gran parte de la estructura del autobús.

A pesar de la gravedad del incidente y de la agresividad con la que las llamas consumieron el vehículo, las autoridades confirmaron que, por fortuna, no se reportaron personas heridas de gravedad. Este saldo favorable fue atribuido principalmente a la oportuna y rápida reacción del conductor del bus, quien advirtió el peligro inminente y coordinó las labores para que la totalidad de los ocupantes lograran evacuar el automotor a tiempo y ponerse a salvo al margen de la carretera antes de que el fuego se tornara incontrolable.

#CUNDINAMARCA. Sobre las 22:00h, de ayer 29OCT, se presentó siniestro vial en la vía Apulo – Anapoima en el sector conocido como Los Canastos. Según informan, una motocicleta choca fuertemente contra un bus intermunicipal el cual se incendio. Afortunadamente los pasajeros lograron descender rápidamente y no se reportaron víctimas fatales.

— Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 30, 2026

Minutos después de la alerta emitida por la comunidad, unidades del cuerpo de Bomberos de La Mesa hicieron presencia en el lugar de los acontecimientos para adelantar las maniobras de extinción del fuego y asegurar el perímetro vial, evitando una tragedia mayor. Entre tanto, las autoridades de tránsito y de policía judicial indicaron que los demás motociclistas que al parecer acompañaban al presunto responsable huyeron de la escena con rumbo desconocido tras el impacto. Las investigaciones avanzan con el fin de recopilar testimonios, verificar las cámaras de seguridad de la región y esclarecer con precisión las responsabilidades detrás de este nuevo episodio que vuelve a encender las alarmas sobre los peligros de los piques clandestinos en las carreteras del departamento.

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El boletín actualizado de la entidad indicó que el temblor ocurrió a las 2:27 a. m., hora local, y alcanzó una magnitud de 4.0. La profundidad fue inferior a los 30 kilómetros, característica que puede favorecer que las ondas sísmicas sean percibidas en poblaciones cercanas y otros lugares, dependiendo de las condiciones del terreno.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-30, 02:27 hora local Magnitud 4.0, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Chaparral – Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo https://t.co/8NFjJBG8nd

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 30, 2026

Sin embargo, en el reporte preliminar que publicó la entidad en X, se informó una intensidad superior. En ese primer reporte, varios ciudadanos reaccionaron y reportaron el movimiento sísmico en varios departamentos.

La percepción del sismo fue distinta entre los usuarios. Algunos describieron un movimiento prolongado, mientras que otros manifestaron preocupación por la actividad sísmica que han experimentado en la región durante las últimas semanas.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Preliminar, 2026-10-30, 02:28 hora local Magnitud 4.2. Profundidad superficial ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/SnYAnANeAk

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 30, 2026

¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 4.0?

Entre los lugares mencionados por los usuarios aparecen Ibagué, en Tolima; Yumbo, Cali y Sevilla, en el Valle del Cauca; y Armenia y Quimbaya, en Quindío. También hubo reportes de personas que aseguraron haber percibido el movimiento en el norte del Huila.

Los reportes ciudadanos también reflejaron que el movimiento fue percibido en distintos puntos. «Sí, me despertó. Se sintió por varios segundos en el norte de Cali», escribió una persona. Otro usuario aseguró que el temblor también se sintió en el norte del Huila.

Entre las reacciones hubo mensajes de preocupación por la experiencia. «Sí, lo sentí, otra vez mi cama temblando, vuelve el miedo», comentó una persona. Otros reportes mencionaron a Ibagué, Yumbo, Armenia, Sevilla y Quimbaya.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Las personas que sintieron el movimiento pueden ingresar a la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano y diligenciar el formulario correspondiente al evento. Allí pueden indicar su ubicación y describir cómo percibieron el temblor.

Esta información ayuda a la entidad a conocer la distribución geográfica de los reportes y evaluar los efectos del movimiento en diferentes zonas. Para consultar los boletines y actualizaciones sobre la actividad sísmica en el país, también se pueden revisar los canales oficiales del SGC.

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De acuerdo con Blu radio, Uno de los episodios más delicados estuvo relacionado con una misión médica. De acuerdo con la denuncia de la institución, sus integrantes fueron agredidos y varias personas impidieron que pudieran prestar atención a un paciente que requería asistencia.

La Universidad rechazó lo sucedido y advirtió sobre la gravedad de obstaculizar el trabajo de quienes tienen la responsabilidad de atender emergencias. En su pronunciamiento, calificó estos comportamientos como inaceptables y pidió un rechazo contundente por parte de la comunidad académica.

“Las situaciones registradas el día de hoy, en particular la agresión a la Misión Médica y a los trabajadores de la Universidad, demandan un contundente y categórico rechazo por parte de toda la comunidad universitaria”, expresó la institución.

Comunicado N° 36 de 2026 | Sobre la situación presentada en la Ciudad Universitaria la tarde del jueves 29 de octubre #BogotaUNAL https://t.co/mwLD7n9ay9

— Sede Bogotá – Universidad Nacional de Colombia (@BogotaUNAL) October 30, 2026

Universidad Nacional suspende clases

Según la emisora, la gravedad de lo ocurrido llevó a las autoridades universitarias a suspender este viernes 30 de octubre las actividades académicas y administrativas en la sede de Bogotá. Dicha decisión responde a la necesidad de revisar las condiciones de los espacios universitarios después de los desórdenes.

Entre los hechos que motivaron la decisión están las agresiones contra integrantes del equipo de vigilancia y funcionarios administrativos. La Universidad también reportó el ingreso no autorizado de menores de edad y personas externas a sus instalaciones, situaciones que encendieron las alertas sobre la seguridad dentro del campus.

Según explicó la institución, la jornada sin actividades permitirá verificar el estado de las instalaciones que resultaron afectadas y adelantar las revisiones correspondientes antes de retomar la normalidad académica y administrativa.

De esta manera, estudiantes, docentes y trabajadores no tendrán actividades presenciales en el campus durante la fecha anunciada, mientras la Universidad evalúa las consecuencias de los hechos registrados.

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La magnitud de la conflagración quedó registrada en videos que comenzaron a circular en redes sociales. En las grabaciones se observa cómo las llamas se elevan varios metros por encima de las estructuras, mientras el humo se extiende por el sector y provoca preocupación entre residentes, comerciantes y transeúntes.

La emergencia obligó a desplegar un amplio operativo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena. Según el reporte entregado por la institución y recogido por El Universal, cuatro máquinas y más de 15 unidades bomberiles llegaron al lugar para enfrentar el fuego y evitar que alcanzara otros negocios.

Entre los establecimientos comprometidos están una ferretería, un local dedicado a la comercialización de productos químicos y el almacén El Gigante del Hogar. La conflagración también habría alcanzado parte del tercer piso de una de las estructuras, de acuerdo con la información preliminar de los organismos de emergencia.

La atención de la emergencia estuvo bajo la coordinación de Ahizar Fuentes Lizcano, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, quien lideró el Puesto de Comando de Incidentes para organizar las operaciones en el sector.

Mientras los equipos trabajaban para controlar las llamas, las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse alejada del lugar y evitar circular por sus alrededores.

#ACTUALIDAD Cuatro máquinas de bomberos y más de 20 unidades luchan para sofocar un incendio en el barrio La Concepción de Cartagena, frente al centro comercial La Plazuela.

Las llamas comprometen varios locales de ropa, pintura y artículos para cocina.

https://t.co/qVSnCpbL62 https://t.co/A6jkN2f9Vk

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 30, 2026

¿Qué locales resultaron afectados por el incendio en La Plazuela?

El balance preliminar identificó tres negocios comprometidos por la conflagración. Uno de ellos es El Gigante del Hogar, establecimiento dedicado a la comercialización de productos para el hogar. También resultaron afectados una ferretería y un comercio de productos químicos.

La posible afectación de una parte del tercer piso de una de las edificaciones también quedó incluida en el reporte inicial. Sin embargo, las autoridades no habían entregado un inventario definitivo de los daños materiales ni precisado el estado de cada uno de los inmuebles.

Las características de los establecimientos comprometidos obligaron a concentrar los esfuerzos en contener el avance del fuego y evitar que se extendiera a otros negocios cercanos.

A esta hora cuatro máquinas del Cuerpo de Bomberos de Cartagena atienden un fuerte incendio que se registró en un local comercial, en inmediaciones del sector de la Bomba del Amparo, en el sur de la ciudad. Se desconocen las causas de la conflagración. #VocesySonidos https://t.co/j0VWo2q4Pp

— Blu Caribe (@BLUCaribe) October 30, 2026

¿Qué se sabe de las causas del incendio en Cartagena?

Hasta el momento, no se ha establecido qué originó la emergencia ni las circunstancias que provocaron que las llamas alcanzaran esa magnitud. Los primeros reportes se concentraron en la atención del incendio y en la identificación de los establecimientos afectados.

Tampoco se había confirmado un balance definitivo sobre personas lesionadas o posibles pérdidas materiales. El Cuerpo Oficial de Bomberos señaló que continuaría entregando información sobre la evolución de la emergencia y las condiciones de las estructuras comprometidas.

La ruta da inicio a las 5:00 p. m. frente a la Catedral Primada de Colombia, situada en la emblemática Plaza de Bolívar. A partir de allí, el grupo se adentra en una caminata por las calles empedradas y las casonas históricas de La Candelaria, un sector que representa el corazón del patrimonio arquitectónico de Bogotá. Los guías, durante el trayecto, ofrecen narraciones sobre figuras y eventos que han marcado la memoria colectiva de la ciudad. Entre las historias contadas están las de la Mula Herrada, el Fantasma de la Casaca Verde y la mujer emparedada, leyendas que forman parte de la tradición oral local y que, según información del IDT, evocan emociones como el amor, la tragedia, la injusticia y el miedo.

Más allá del atractivo sobrenatural, el recorrido constituye también una oportunidad para observar y comprender el valor patrimonial y arquitectónico de los distintos rincones del centro histórico. Según el IDT, la experiencia tiene una duración aproximada de dos horas y termina hacia las 7:00 p. m. en el conocido Callejón de las Brujas, cerca del tradicional Chorro de Quevedo, otro de los puntos emblemáticos del sector.

Para sumarse a esta caminata no es necesario pagar, pero sí debe realizarse una inscripción previa accediendo al formulario en línea que provee el Instituto Distrital de Turismo. Quienes agenden el recorrido deben presentarse unos minutos antes del inicio, preferiblemente con ropa abrigada y calzado cómodo, dado el clima y las características del área. Los recorridos están disponibles hasta el 15 de noviembre de 2026, excluyendo domingos y días festivos, de acuerdo con la información oficial compartida por el IDT.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las leyendas más populares del recorrido Fantasmas de La Candelaria en Bogotá?

Al participar en el recorrido Fantasmas de La Candelaria, usted escuchará historias como la de la Mula Herrada, el Fantasma de la Casaca Verde y la mujer emparedada. Estas leyendas forman parte de la tradición oral en Bogotá y durante la caminata se comparten para mantener viva la memoria y creencias populares del centro histórico de la ciudad, tal como lo indica el Instituto Distrital de Turismo.

¿Cómo inscribirse gratis al recorrido Fantasmas de La Candelaria del IDT en Bogotá?

Para inscribirse de forma gratuita a la ruta Fantasmas de La Candelaria, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) solicita llenar un formulario en línea con sus datos personales antes de la fecha elegida. Es importante presentarse puntual, llevar ropa adecuada para la noche bogotana y recordar que la experiencia se ofrece hasta el 15 de noviembre de 2026, exceptuando domingos y festivos.

El ambiente de la sesión se tensó cuando la llamada “bancada provida”, liderada por la representante Carol Borda, defendió el proyecto ante la comisión. En respuesta, la bancada de oposición optó por retirarse del recinto para impedir el quórum reglamentario y bloquear el avance de la propuesta. De acuerdo con El Espectador, Julio César Triana, representante de Cambio Radical, criticó la jugada al señalar que, con esa estrategia, se habían truncado además tres proyectos más de su autoría.

No solamente la iniciativa de la bancada “provida” fue archivada; otros cuatro proyectos de acto legislativo quedaron en la misma situación. Entre ellos, el acto legislativo 130 de 2026, que pretendía otorgar a Villa de Leyva el estatus de distrito especial con carácter turístico, histórico y cultural. El acto 191 de 2026 buscaba que los congresistas no fueran reemplazados si se presentaba una falta absoluta en los últimos 30 días de su período. El 370 de 2026 proponía poner límites a la doble nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de la República, mientras que el 287 de 2026 pretendía establecer una circunscripción especial en la Cámara para potenciar la participación política campesina.

Los dos últimos proyectos, orientados al régimen de doble nacionalidad para candidatos presidenciales y la representación campesina, provenían de congresistas del Pacto Histórico. Ambos, al igual que los otros, debían superar su primer debate en la comisión en una fecha límite precisa para poder avanzar en el trámite legislativo, algo que finalmente no sucedió tras la retirada de la oposición y la consecuente falta de quórum. Estas decisiones, informadas por El Espectador, dejan en evidencia la fragilidad del consenso político en torno a temas constitucionales y las tácticas parlamentarias utilizadas para frenar reformas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se archivaron cinco proyectos de reforma constitucional en la Comisión Primera de la Cámara?

Los proyectos fueron archivados debido a la falta de quórum en la sesión, pues la oposición decidió retirarse, impidiendo la discusión y posible votación de las propuestas. Esta estrategia también afectó iniciativas de distintos partidos, como se reportó en El Espectador.

¿Qué incluían los proyectos hundidos, especialmente sobre la protección de la vida y la doble nacionalidad?

Según informó El Espectador, uno de los proyectos pretendía modificar el artículo 11 de la Constitución para reforzar la protección de la vida desde la fecundación, limitando así el aborto. Otro proyecto buscaba establecer límites a la doble nacionalidad para quienes aspiran a la Presidencia, y había iniciativas dirigidas a fortalecer la representación campesina y a crear distritos especiales.

Aunque los preparativos se habían mantenido con cierta reserva, la expectativa de sus seguidores terminó con la aparición de los primeros registros de la ceremonia en redes sociales. Invitados y asistentes compartieron fotografías y videos que dejaron ver algunos momentos de la unión, así como los atuendos elegidos por los novios para la ocasión.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la llegada de la creadora de contenido al templo subterráneo. Luisa Fernanda W lució un vestido blanco de estilo elegante, acompañado de un velo largo que se extendía detrás de ella. La influenciadora ingresó acompañada de su madre, quien llevó un vestido gris con detalles brillantes.

 

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Por su parte, Pipe Bueno optó por un atuendo clásico para la ceremonia religiosa. El cantante de música popular apareció con un traje negro, camisa blanca y corbatín del mismo color, una elección sobria que contrastó con el vestido de novia de su ahora esposa.

Las imágenes también permitieron conocer parte de la ambientación del lugar, que recibió a familiares y amigos cercanos de la pareja. Entre los momentos registrados estuvo el recorrido de los novios hacia el altar, en medio de la iluminación característica de la Catedral de Sal, escenario que le dio un sello particular a la celebración.

Máximo y Domenic, los dos hijos de la pareja, también estuvieron presentes en este momento familiar. El matrimonio llegó después de varios días de celebraciones en los que los pequeños también fueron protagonistas, pues ambos festejaron sus cumpleaños durante la misma semana.

 

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Cómo fueron los días previos a la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

La ceremonia religiosa estuvo precedida por un encuentro familiar que se realizó la noche del miércoles 28 de octubre en el restaurante Rancho MX. Allí, los novios compartieron una cena con sus allegados y disfrutaron de una serenata de mariachis.

Pipe Bueno también tuvo un gesto especial con Luisa Fernanda W durante esa reunión, en la que le dedicó una canción y se refirió a ella como su señora. El encuentro fue uno de los momentos que anticiparon el enlace matrimonial, luego de que durante varios años la pareja compartiera detalles de su relación con sus seguidores.

La historia de amor de los dos comenzó públicamente en 2019. Cuatro años después, en octubre de 2023, el cantante le propuso matrimonio a la influenciadora durante un viaje a Dubái, una noticia que despertó gran expectativa entre sus seguidores.

Desde entonces, ambos habían hablado de sus planes de boda, aunque mantuvieron bajo reserva varios detalles de la celebración. Finalmente, eligieron Colombia como escenario para formalizar su unión y reunir a sus familiares y amigos.

Tras la ceremonia en Zipaquirá, estaba prevista una recepción para continuar con los festejos junto a los invitados, en las instalaciones de Rancho MX y Arena MX, en Cajicá.

(Vea también: Deicy Jiménez dará celular con el que expondría a Petro en lío de pedir favores por contratos)

Dicha aclaración del medio internacional se conoció después de que El Tiempo revelara que el certificado hacía parte de los soportes entregados por la joven para acceder a contratos en entidades públicas.

El documento, fechado el 15 de junio de 2021, incluye el logotipo y datos institucionales de la cadena, además de una firma atribuida a una responsable de Producción y Programación. Sin embargo, HispanTV aseguró que esa firma no es reconocida por la persona a quien se le atribuye y que tampoco existió autorización para utilizarla.

La controversia se suma a los cuestionamientos surgidos tras las declaraciones de Jiménez, de 27 años, sobre un supuesto intercambio de favores sexuales al entonces presidente Gustavo Petro a cambio de contratos estatales. La joven mencionó presuntas irregularidades en su vinculación con entidades públicas, entre ellas un contrato en la primera vicepresidencia del Senado, cuando esa dependencia estaba encabezada por María José Pizarro.

HispanTV también precisó que no tuvo una relación laboral ni contractual directa con Jiménez. Según el comunicado, ella habría prestado apoyos ocasionales a Juan Alberto Sánchez Marín, quien trabajaba como productor independiente en Colombia.

La cadena indicó que la expedición de certificados oficiales está reservada a sus autoridades competentes y debe cumplir procedimientos internos, con firmas y sellos autorizados. Por esa razón, rechazó que se utilizara su identidad institucional para respaldar un documento que, según su versión, no emitió ni avaló.

La decisión que tomó HispanTV tras la polémica

Uno de los anuncios más relevantes del pronunciamiento fue la terminación de la colaboración que mantenía con Juan Alberto Sánchez Marín. El canal explicó que tomó esa determinación después de que se conociera públicamente la controversia relacionada con el certificado.

Además, la cadena se desmarcó de las acusaciones formuladas contra Gustavo Petro y de cualquier procedimiento derivado de esas declaraciones. También advirtió que rechaza el uso no autorizado de su nombre, logotipo, documentos o firmas de sus responsables, y que se reserva el derecho de tomar medidas para proteger su identidad y reputación.

La versión del productor que entregó la certificación

Sánchez Marín había explicado a EL TIEMPO que conocía a Jiménez porque ambos son oriundos de Sevilla, Valle del Cauca. Según su relato, ella colaboró de manera ocasional e independiente en actividades de apoyo operativo y producción de campo entre agosto de 2018 y diciembre de 2020, cuando ya era mayor de edad.

Entre las labores que mencionó estaban la búsqueda de testimonios ciudadanos en la calle, apoyo logístico, atención a invitados y transporte para contenidos de programas como ‘¿Qué Opinas?’ y ‘Cámara al Hombro’.

El productor sostuvo que HispanTV no contrata directamente personal operativo local en Colombia y que su trabajo se desarrollaba como persona natural, bajo el nombre de realización DXmedio. También señaló que la colaboración de Jiménez terminó el 18 de diciembre de 2020.

De acuerdo con su explicación, en junio de 2021 expidió la certificación a petición de la joven y dejó en el documento sus datos de contacto en Colombia como productor responsable. Sánchez Marín aseguró que no tuvo conocimiento de los contratos estatales posteriores de Jiménez ni de las situaciones que ahora son objeto de discusión pública.

El contrato en el Senado y la respuesta de María José Pizarro

La certificación de HispanTV apareció entre los documentos que Jiménez aportó para respaldar su experiencia al tramitar contratos en el Ministerio del Interior y en el Senado. Uno de estos últimos correspondió a la primera vicepresidencia de esa corporación, durante el periodo en que María José Pizarro estaba al frente de esa dependencia.

Hasta ahora, Pizarro no ha aclarado públicamente si conocía a Jiménez. No obstante, rechazó los señalamientos que la relacionan con las acusaciones de la joven y defendió su trayectoria en favor de los derechos de las mujeres.

La exsenadora manifestó que nunca respaldaría una situación como la que se ha insinuado y advirtió que, si se hacen afirmaciones falsas o se vincula su nombre con actuaciones sin sustento, acudirá a la justicia.

De acuerdo con la información publicada, la iniciativa principal surge a partir del trabajo del senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez. La esencia del proyecto consiste en que la JEP no continúe más allá del año 2028. En caso de que, para entonces, existan expedientes que aún no se hayan resuelto, estos serían transferidos a la justicia ordinaria. Sin embargo, los expedientes en cuestión se juzgarían bajo las mismas condiciones jurídicas pactadas en el acuerdo de paz firmado con los exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (exFarc) en 2016.

El propósito de este proyecto es modificar el acto legislativo 01 de 2017, eje fundamental que estableció la base jurídica para la JEP como un tribunal con funciones transicionales. Según se lee en el texto de la propuesta: “El plazo para la conclusión de las funciones de la JEP será de un término improrrogable de 10 años, contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones de la JEP”. Es decir, el proyecto propone adicionar un inciso específico a la Constitución Política que impida una ampliación discrecional o automática de la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Con este nuevo límite temporal, los congresistas buscan cerrar el ciclo de excepcionalidad jurídica representado por la JEP y especificar procedimientos para la transferencia de procesos no concluidos a la justicia ordinaria, estableciendo reglas claras sobre su tratamiento posterior. Estas decisiones, según fuentes recogidas en el reportaje, pretenden tanto reforzar el control parlamentario sobre el desarrollo de la justicia transicional como responder a inquietudes sobre el carácter temporal de dicho tribunal.

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¿Qué busca el proyecto de ley para limitar la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz?

El principal objetivo del proyecto impulsado por el senador Enrique Gómez es establecer, mediante una reforma constitucional, que la JEP tenga una vigencia máxima e improrrogable de 10 años desde su funcionamiento pleno. Así, a partir del año 2028, los casos no finalizados serían enviados a la justicia ordinaria, aunque se mantendrían las condiciones jurídicas acordadas con los exFarc en 2016.

¿Qué implica transferir expedientes de la JEP a la justicia ordinaria?

Transferir expedientes de la JEP a la justicia ordinaria significa que aquellos casos no resueltos por la Jurisdicción Especial seguirían su curso en los tribunales regulares del país. Sin embargo, según la iniciativa, estos expedientes se continuarían evaluando bajo los mismos términos y normativas especiales definidas en el acuerdo de paz con los exFarc, asegurando así la continuidad de las condiciones pactadas.

Holguín enfatizó un giro institucional hacia la austeridad y la eficiencia. Destacó uno de los principales problemas detectados: el incremento considerable de la planta de personal. Según sus declaraciones, durante los últimos veinte años, el Ministerio de Cultura había tenido en promedio 315 empleados, pero bajo el gobierno de Gustavo Petro, mediante el decreto 1591 de 2024, se duplicó ese número con la creación de 323 cargos nuevos. De acuerdo con la ministra, este aumento representa un foco de burocracia innecesaria que desvía los recursos del enfoque misional del ministerio.

De igual forma, aseguró que al 7 de agosto de 2026 existía dentro de la entidad una "especie de nómina paralela", compuesta por 1.490 contratistas. Al respecto, Holguín manifestó el compromiso de la administración de Abelardo de la Espriella, denominada 'Patria Milagro', de reducir el tamaño del Estado para asegurar una inversión más estratégica y eficiente de los recursos públicos. En palabras de la ministra, el objetivo es que "el dinero de los colombianos se invierta en lo misional y no pagando corbatas".

Estas medidas responden a la línea trazada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien en semanas pasadas había anunciado acciones concretas orientadas a la austeridad. Entre ellas se destacan la priorización de reuniones virtuales y la prohibición de gastos dirigidos a la autopromoción de funcionarios en redes sociales y espacios políticos.

Además, la ministra detalló la finalización y liquidación por acuerdo mutuo de un contrato suscrito el 16 de julio, durante la gestión anterior, para la compra de cinco unidades móviles por un valor de 5.000 millones de pesos colombianos. Holguín explicó que el proceso presentó fallas en la planeación, adjudicación y ejecución, además de haberse adjudicado con un único proponente e ignorado una advertencia previa de la veeduría ciudadana nacional. Resaltó la importancia de elevar el caso ante la Procuraduría General de la Nación y solicitar acompañamiento preventivo, insistiendo en la responsabilidad de cuidar los fondos públicos.

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¿Por qué el Ministerio de Cultura decidió terminar anticipadamente el contrato de las unidades móviles?

El Ministerio de Cultura finalizó el contrato para la adquisición de cinco unidades móviles debido a falencias identificadas en la planeación, estructuración, adjudicación y desarrollo del mismo. De acuerdo con declaraciones de la ministra Paola Holguín, el contrato se adjudicó con un único proponente, sin considerar advertencias de la veeduría ciudadana, y se detectaron presuntos incumplimientos del contratista, lo que llevó a su terminación y la remisión del expediente a la Procuraduría General de la Nación.

¿Cuántos empleados y contratistas tenía el Ministerio de Cultura según lo anunciado?

Según indicó la ministra Paola Holguín, el Ministerio de Cultura había mantenido un promedio de 315 empleados durante los últimos veinte años. Sin embargo, durante el gobierno de Gustavo Petro, con el decreto 1591 de 2024, se agregaron 323 nuevos cargos, duplicando la planta. Adicionalmente, para la fecha mencionada, había una "nómina paralela" conformada por 1.490 contratistas, lo que la ministra relacionó con un gasto administrativo excesivo.

La captura de la jueza se produjo el miércoles 28 de octubre en Bogotá, como resultado de una investigación que la vinculó directamente con la sorpresiva puesta en libertad de Van der Voort. Según la Fiscalía, ella habría recibido 1.200 millones de pesos colombianos en efectivo, aunque solo 600 millones le habrían alcanzado a ser entregados, evidencia que fue sustentada ante el juez con una fotografía tomada por el mismo ciudadano neerlandés. El dinero habría sido canalizado a través de una abogada, quien habría servido como enlace entre el extranjero y la jueza. Junto a Martínez, también fueron detenidos un funcionario del Centro de Servicios Judiciales y la abogada mencionada, todos presuntamente implicados en los hechos investigados.

La instrucción del caso por parte de la Fiscalía aportó pruebas materiales, como imágenes que muestran fajos de billetes de 100.000 pesos colombianos con anotaciones que señalaban la cantidad destinada a cada supuesto participante. Además, en el celular del extraditable se encontraron audios y videos, así como chats con la abogada donde se evidencia la preparación del supuesto acuerdo. Según los investigadores, la abogada habría buscado que el proceso recayera en el despacho de Martínez para asegurar la libertad de su cliente.

No es la primera vez que la jueza enfrenta señalamientos. La Fiscalía recordó que en el pasado fue investigada por la liberación de Pedro Aguilar, líder camionero vinculado al llamado cartel de la chatarrización. Aguilar habría aprovechado ese mecanismo judicial para evadir una condena por apropiación de 600.000 millones de pesos relacionados con vehículos que nunca fueron chatarrizados. Martínez, en la audiencia, defendió su historial y sostuvo que dicho caso se resolvió a su favor, asegurando no haber cometido ninguna falta. Solicitó, además, que mientras avanza el proceso, se le permita permanecer privada de la libertad en su domicilio. Finalmente, la audiencia fue aplazada hasta el 5 de noviembre, fecha en la que se conocerá la decisión sobre su libertad.

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¿Por qué la jueza Miryam Alcira Martínez fue señalada por la Fiscalía?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Martínez habría aceptado un millonario soborno para favorecer la libertad de Jozef Marcus Hendricka Van der Voort, un ciudadano neerlandés pedido en extradición por tráfico de drogas. Las pruebas presentadas incluyen fotos, audios, videos y conversaciones que conectarían a la jueza con este acuerdo ilegal.

¿Qué es el cartel de la chatarrización y cómo se relaciona con el caso de Pedro Aguilar?

El cartel de la chatarrización hace referencia a un esquema de apropiación indebida de dinero público a través de la supuesta chatarrización de camiones que en realidad nunca fueron destruidos. Pedro Aguilar, líder de los camioneros, fue condenado por su participación en este entramado y estuvo vinculado con la liberación concedida por la jueza Martínez, hecho que también fue investigado por las autoridades.

El proyecto detalla que dichas facultades se extenderían a superintendencias, unidades administrativas especiales, agencias, instituciones públicas y todas las entidades del orden nacional. Entre las posibilidades que contempla el texto, está la facultad de cambiar la naturaleza jurídica de tales instituciones, modificar estructuras y reasignar funciones para reducir la duplicidad o el cruce de competencias. Esta propuesta representa un cambio significativo en la administración pública, pues agiliza la toma de decisiones al concentrar dicha capacidad en la figura presidencial.

El espíritu de la norma también contempla restricciones. Si bien el presidente podría crear nuevas entidades para reemplazar las que se eliminen o fusionen, esta acción solo sería procedente cuando "se requieran para desarrollar los objetivos que cumplían las entidades u organismos que se supriman" y, además, con un plazo máximo de seis meses para hacerlo. Los cambios implicarían modificaciones presupuestales, autorizando a la Presidencia para ajustar los recursos de funcionamiento e inversión necesarios para las nuevas entidades o las que resulten de escisiones y fusiones.

Sin embargo, existen límites estrictos respecto a los recursos humanos. Las entidades no podrán contratar a personas naturales mediante prestación de servicios para sustituir empleos suprimidos, ni podrán crear nuevos puestos con funciones equivalentes. También existe la prohibición de despedir a madres y padres cabeza de familia sin alternativa económica, personas con discapacidad y trabajadores próximos a pensionarse en los siguientes tres años.

La vigilancia de estas facultades quedaría en manos de una comisión conformada por altos funcionarios y representantes del Congreso. Entre sus integrantes se encuentran el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, el director del Departamento Nacional de Planeación, el director del Departamento Administrativo de la Función Pública (quien actuará como secretario técnico), además de dos senadores y dos representantes de la Cámara elegidos por las respectivas Mesas Directivas. El texto aclara que las facultades extraordinarias no podrán utilizarse para emitir códigos, leyes estatutarias u orgánicas, crear impuestos ni afectar la planta de personal de la Fuerza Pública, de acuerdo con lo establecido por El Espectador.

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¿Cuáles son las facultades extraordinarias que busca el presidente Abelardo de la Espriella en el proyecto de ley de ajuste fiscal?

El presidente Abelardo de la Espriella busca la posibilidad de suprimir, fusionar y crear ministerios y entidades estatales, incluyendo superintendencias, agencias y organismos públicos. Estas facultades le permitirían modificar denominación, objetivos y estructura de instituciones, asignar nuevas competencias y realizar ajustes presupuestales, siempre bajo ciertas limitaciones y condiciones de acuerdo con el documento citado por El Espectador.

¿Qué restricciones incluye el proyecto de ley para la reorganización de entidades estatales?

El proyecto prohíbe la contratación de personas naturales para reemplazar empleos suprimidos y la creación de nuevos cargos con funciones similares. Además, protege a madres y padres cabeza de familia sin alternativa económica, personas con discapacidad y quienes estén cerca de cumplir los requisitos para su pensión. También limita el uso de las facultades para emitir normas legales de rango superior o afectar la planta de personal de la Fuerza Pública.

La iniciativa buscaba modificar el artículo 11 de la Constitución Política, que actualmente establece que el derecho a la vida es inviolable y que en Colombia no existe la pena de muerte. La propuesta pretendía incorporar expresamente que la vida humana existe desde la fecundación y que debe recibir protección constitucional en todas las etapas de su desarrollo.

El texto también planteaba reconocer al ser humano en gestación como sujeto de especial protección constitucional. Sus promotores defendían la necesidad de establecer ese reconocimiento desde las primeras etapas de la vida, un asunto que durante años ha estado en el centro de las discusiones jurídicas y políticas del país. 

Sin embargo, la propuesta no incluía una prohibición expresa del aborto ni contemplaba cambios directos al Código Penal. Como explicó el representante David Cote, uno de sus impulsores, la intención era establecer un nuevo marco constitucional que posteriormente pudiera tener efectos en la interpretación de las leyes y las decisiones judiciales.

El principal obstáculo para la iniciativa fue la falta de quórum decisorio, pues para que una corporación legislativa pueda adoptar una decisión válida necesita contar con la presencia de la mayoría de sus integrantes, de acuerdo con las reglas del Congreso.

Con este resultado, el proyecto no continuará su trámite en las condiciones actuales. No obstante, la decisión no cierra la puerta a que otros congresistas presenten propuestas similares en el futuro.

La discusión sobre la protección de la vida desde la fecundación y sus posibles implicaciones para los derechos reproductivos seguirá siendo un asunto de debate en Colombia.

En una entrevista con Tercer Canal, conducida por la periodista Paola Herrera, la también militante del Pacto Histórico aseguró que las mujeres sí existen, pero sostuvo que fueron beneficiarias de un programa creado durante la administración de Petro.

“Fueron beneficiadas de un programa que se creó, pero no voy a decir más porque después dicen que, por ser uno, no creen. Espero que las pruebas salgan pronto y se dé a conocer quiénes son ellas y qué fue lo que hicieron”, manifestó Herrán.

Línea https://t.co/lpn8wqHjbY

— Rafael Noguera (@ranoguera) October 29, 2026

Durante la conversación, la periodista le preguntó cuál era el propósito de esa iniciativa. La exesposa del expresidente respondió que buscaba ofrecerles nuevas oportunidades y cambiar sus condiciones de vida.

“Para cambiar su estilo de vida, para tener oportunidades, opciones, algo totalmente distinto a lo que está tergiversando la derecha”, afirmó.

Herrán también señaló que estuvo cerca del programa y participó en su promoción, aunque evitó entregar más detalles. “Lo estuve promoviendo y me parece muy interesante, pero después hablaremos de eso”, dijo en Tercer Canal. Luego insistió en que prefería no profundizar por el momento.

¿Por qué Petro no se ha referido a la denuncia?

En la entrevista, Herrán también fue consultada sobre el silencio del expresidente frente a los señalamientos. Según explicó, cree que el tema está siendo revisado y manifestó que espera que la información se conozca públicamente.

Además, de acuerdo con lo publicado por Semana, la exesposa de Petro reiteró que espera que las mujeres beneficiarias del programa aparezcan y cuenten su versión de los hechos.

La denuncia del director del Dapre

La controversia comenzó después de que Carlos Andrés Ríos, actual director del Dapre, asegurara durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado que el Gobierno acudirá a la justicia por la presunta instrumentalización de 48 mujeres.

Ríos afirmó que algunas habrían sido vinculadas mediante órdenes o contratos de prestación de servicios (OPS) y señaló que, según su denuncia, esos vínculos se habrían utilizado para facilitar encuentros con Petro. Sin embargo, esas afirmaciones deberán ser respaldadas con pruebas.

La Fiscalía citará al funcionario para que amplíe su declaración y entregue los elementos que sustentarían sus señalamientos. Por ahora, las declaraciones de Herrán ofrecen una versión distinta sobre el propósito del programa, pero no aclaran quiénes son las mujeres ni cuáles fueron las condiciones de su participación.

Enmarcado en los procesos de armonización cultural y diálogo intercultural que impulsa el parque, este encuentro convoca a los habitantes y visitantes a participar de un Ritual de Luz. Esta ceremonia se realiza en homenaje a los mayores y ancestros, en consonancia con las tradiciones del primero de noviembre, conocido como el Día de los Muertos. La jornada estará guiada por el maestro Leovid Silva Ramírez, médico tradicional del pueblo Sikuani, quien compartirá los conocimientos de la medicina ancestral y la cosmovisión de su comunidad, según detalla la fuente oficial del evento.

La programación inicia a las 4:30 de la mañana con la armonización y preparación del altar, actividad que busca disponer el espacio sagrado y los elementos fundamentales del ritual. El comienzo de la jornada estará marcado por el canto ritual y el ofrecimiento de la medicina tradicional Sikuani, elementos fundamentales para abrir el espíritu de los asistentes a una experiencia de encuentro y aprendizaje.

A las 5:00 a. m. tendrá lugar el Círculo de la Palabra, diseñado como un momento de intercambio de historias del territorio, cantos sagrados y agradecimiento por la memoria de los antiguos habitantes de Usme. El propósito central es fortalecer el reconocimiento, la visibilización y la integración de los saberes de las comunidades indígenas que han habitado y cuidado este sector de la ciudad.

Asimismo, el evento refuerza los objetivos del parque de promover un diálogo intercultural y de fortalecer los lazos de identidad cultural en Bogotá. La invitación subraya el valor de la participación ciudadana en espacios patrimoniales y culturales, promoviendo la reconexión con las raíces ancestrales y la diversidad de las tradiciones locales.

La cita se cumplirá en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, ubicado en la calle 136B sur #3A-48 de Bogotá, como señala la información oficial disponible.

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¿Qué es el Ritual de Luz en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme?

El Ritual de Luz es una ceremonia organizada en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme como espacio de memoria, espiritualidad y homenaje a los ancestros. Guiada por el médico tradicional sikuani Leovid Silva Ramírez e inspirada en las tradiciones del Día de los Muertos, la jornada busca reconectar a la comunidad con sus raíces y saberes indígenas mediante cantos rituales, medicina tradicional y el Círculo de la Palabra.

¿Por qué el Día de los Muertos es importante para las comunidades indígenas en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial del evento, el Día de los Muertos es valorado como una oportunidad para honrar a mayores y ancestros, así como para fortalecer la memoria colectiva. La ceremonia permite integrar los saberes de las comunidades indígenas, quienes desempeñan un papel vital en el cuidado y la transmisión de las tradiciones en el territorio de Usme y en Bogotá.

La diligencia quedó programada para el martes 3 de noviembre, a las 2:30 de la tarde. La mujer deberá comparecer ante el ente investigador para ampliar la información que ha entregado sobre los hechos que salpican al anterior Gobierno.

El caso tomó fuerza después de que Jiménez denunciara que varias mujeres habrían recibido contratos estatales como supuesto pago por encuentros sexuales con el entonces presidente. Los señalamientos apuntan a presuntas irregularidades en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y otras entidades públicas.

La denuncia también abrió interrogantes sobre la posible participación de funcionarios y personas que habrían intervenido en las contrataciones. Las autoridades buscan esclarecer cómo se habrían establecido esos vínculos y quiénes estarían detrás de las supuestas actuaciones irregulares.

De acuerdo con lo conocido por el medio regional Teleantioquia, los jóvenes quedaron gravemente heridos y aunque habitantes intentaron auxiliarlos, ninguno sobrevivió. La primera información sobre lo ocurrido llegó a las autoridades hacia las 7:00 de la noche del martes, cuando el alcalde de Campamento, Cristian Andrés Agudelo Posada, se comunicó con la Policía para reportar el caso. Para ese momento, Emmanuel Torres Sánchez ya había sido llevado al hospital La Sagrada Familia del municipio. Sin embargo, ingresó sin vida.

La segunda víctima, Jhon Jairo Hernández Pareja, fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Yarumal. Allí falleció debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el ataque. Las condiciones de seguridad del sector dificultaron el desplazamiento inmediato de los investigadores hasta el lugar donde ocurrió el crimen. Posteriormente, unidades de investigación criminal de Yarumal conocieron el fallecimiento de los dos hombres y comenzaron las labores correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Emmanuel era hijo de un exalcalde de Campamento

Uno de los aspectos que ha generado mayor atención en el municipio es la identidad de Emmanuel Torres Sánchez. El joven era hijo de Juan Pablo Torres, quien fue alcalde de Campamento durante el periodo 2020-2023. Tras conocerse su muerte, la Alcaldía municipal publicó un mensaje en el que se refirió a su trayectoria y a las actividades por las que era reconocido entre los habitantes.

De acuerdo con el pronunciamiento, Emmanuel se destacaba por su participación en el deporte, su trabajo y las relaciones que había construido dentro de la comunidad. “Su partida, cuando aún tenía tantos caminos por recorrer y tantos sueños por cumplir, nos deja el dolor de una despedida inesperada. Desde la Alcaldía de Campamento, extendemos un abrazo solidario al exalcalde Juan Pablo Torres, a los docentes Sandra Sánchez y Mario Gil, a sus familiares, amigos y conocidos. Nos unimos a su dolor y acompañamos con profundo respeto este momento tan difícil, en el que las palabras parecen insuficientes para expresar la tristeza que nos embarga”, se lee en el comunicado.

La institución también expresó sus condolencias a los allegados de Jhon Jairo Hernández Pareja, la otra víctima del ataque. “Su ausencia deja un vacío en la vida de quienes compartieron con él momentos, experiencias y recuerdos que permanecerán en el corazón. Hoy, nos unimos al dolor de su familia, amigos y allegados, reconociendo que hay despedidas para las que las palabras nunca serán suficientes”.

Investigan si el atentado estaba dirigido contra uno de los jóvenes

Además de identificar a los responsables, uno de los principales objetivos de la investigación es establecer por qué los dos jóvenes fueron atacados. Entre las primeras versiones conocidas se encuentra la posibilidad de que el atentado estuviera presuntamente dirigido contra Hernández Pareja. Sobre él han circulado señalamientos que lo relacionarían presuntamente con las milicias urbanas del frente 36 de las disidencias de las Farc. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades y hace parte de las hipótesis que deben ser verificadas durante el proceso investigativo.

También se ha planteado la posible participación del Ejército de Liberación Nacional (Eln), grupo armado que tiene presencia en Campamento y otros municipios del Norte antioqueño. Las autoridades tendrán que determinar si existía algún antecedente entre las víctimas y los responsables, si alguno de los jóvenes había recibido amenazas o si el crimen estaría relacionado con las disputas entre organizaciones armadas que operan en la región.

Uscátegui, quien preside la Comisión Primera Constitucional Permanente, se pronunció sobre la controversia en sus redes sociales y cuestionó los reparos de Carrascal frente a la prenda. El representante sostuvo que no permitirá que la congresista le indique cómo debe vestirse para participar en las sesiones legislativas.

“No voy a permitir que la representante me diga cómo vestirme”, aseguró el congresista.

No voy a permitir que la representante @MafeCarrascal me diga cómo vestirme.

Faltaba más que quienes dicen defender las libertades individuales, ahora me exijan vestirme a su antojo. https://t.co/y3nFMIIYF8

— Jose Jaime Uscátegui (@jjUscategui) October 29, 2026

La discusión gira en torno a si el uso de ese símbolo resulta compatible con la conducción de los debates por parte de quien preside la comisión. Carrascal ha argumentado que el presidente de esa instancia debe mantener la neutralidad durante las sesiones y que la pañoleta podría contradecir ese principio.

¿Qué respondió la Secretaría General de la comisión?

En medio de la controversia, Uscátegui consultó a la secretaria general de la Comisión Primera si existía alguna disposición que prohibiera utilizar ese tipo de prendas en el Congreso.

La funcionaria respondió que no había una instrucción que impidiera vestir una insignia de esas características. Sin embargo, hizo una precisión sobre el papel de quien dirige las sesiones.

“Lo que no puede hacer usted, señor presidente, es hacer parte de la intervención o decisión, pero no hay ninguna instrucción al respecto”, señaló la secretaria, al explicar que no existía una disposición específica sobre la vestimenta o el uso de insignias al presidir la comisión.

La respuesta se convirtió en un elemento central del debate, pues abordó la existencia de restricciones expresas sobre la prenda, aunque no resolvió por sí sola todas las discusiones sobre neutralidad en el ejercicio de la presidencia.

La discusión sobre la neutralidad en el Congreso

Carrascal ha sustentado sus reparos en el artículo 101 de la Ley 5.ª de 1992, que establece reglas para la participación de los integrantes de las mesas directivas en los debates y señala restricciones cuando ejercen funciones de dirección.

La representante considera que Uscátegui no debería presidir la comisión mientras lleva la pañoleta, al interpretar que el símbolo expresa una postura que podría afectar la neutralidad exigida en la conducción de las sesiones.

Por su parte, la controversia planteada por Uscátegui se centra en que no existiría una prohibición expresa sobre el uso de esa prenda.

El nuevo choque evidencia las diferencias políticas e ideológicas entre ambos congresistas. La discusión, además de girar en torno a una pañoleta, pone sobre la mesa los límites entre la expresión personal de los legisladores y las condiciones de imparcialidad que deben observar quienes dirigen los debates parlamentarios.

Este debate estuvo marcado por el retiro del bloque del Pacto Histórico, principal fuerza de oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, que, a pesar de su decisión de abandonar la sesión, no alcanzó a revertir el quorum decisorio ni la aprobación del texto. En dicha sesión, también se aprobaron proposiciones impulsadas por la senadora uribista María Clara Posada.

Uno de los aspectos principales aprobados en la modificación del proyecto establece que las sentencias condenatorias contra comparecientes que no acepten responsabilidad ante la JEP serán revisadas de forma automática por la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, se estableció que las acciones de tutela contra las decisiones de la JEP serán estudiadas por la misma alta corte. Además, se eliminó una sala de cumplimiento que, según la senadora Posada, podría haberse extendido por 20 años más allá del periodo establecido para el tribunal, a lo que se refirió como un “mico” en el proceso legislativo.

La JEP advirtió, de acuerdo con El Espectador, que acortar su periodo podría poner en riesgo los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, ya que imponer un cierre definitivo sin certidumbre de la conclusión de los procesos vulnera las garantías judiciales. El tribunal también expresó que, tras el cierre, los expedientes pasarían a la justicia ordinaria, lo que, según la JEP, alteraría el diseño mismo de la justicia transicional y la garantía constitucional del juez natural.

Por su parte, el senador Gómez explicó que aunque los casos seguirían en la justicia ordinaria luego de la Clausura de la JEP, esto no debe implicar dificultades procesales adicionales para quienes sean trasladados a ese sistema judicial. El proceso de este proyecto de acto legislativo apenas comienza y debe todavía superar las etapas en plenaria del Senado, así como un total de ocho debates entre la Cámara y el Senado, cumpliendo con mayorías diversas en cada etapa.

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¿En qué consiste el proyecto sobre la JEP que se discute en el Senado?

El proyecto busca fijar 2028 como fecha límite para que la Jurisdicción Especial para la Paz, mecanismo de justicia transicional, finalice sus funciones, trasladando la revisión de sentencias y tutelas vinculadas a la Corte Suprema de Justicia. El debate tiene implicaciones en los derechos de las víctimas y la estructura judicial creada para los crímenes del conflicto armado, según advierte la propia JEP.

¿Cómo afectaría el cierre anticipado de la Jurisdicción Especial para la Paz a las víctimas del conflicto?

Según declaraciones recogidas por El Espectador, la JEP considera que el cierre anticipado podría limitar el acceso de las víctimas a mecanismos efectivos de verdad, justicia, reparación y no repetición, especialmente si los procesos quedan pendientes de resolución al momento del cierre y pasan a la justicia ordinaria, que no fue diseñada para casos de justicia transicional.

Con estas declaraciones, Matiz denunció los constantes desafíos de seguridad que padecen las comunidades campesinas del sur del Tolima, reiterando que la paz y la tranquilidad en el territorio no pueden estar determinadas por quienes imponen el temor. “Ningún grupo armado ilegal tiene derecho a decidir quién puede circular, quién puede producir o quién puede vivir tranquilo en una vereda del Tolima”, expresó Matiz, haciendo énfasis en la importancia de que la institucionalidad recupere el control de las zonas afectadas por el conflicto armado.

Durante su intervención, la gobernadora criticó la visión centralista de la paz, afirmando que los cambios reales deben sentirse en la cotidianidad de los habitantes rurales y que la paz no es un simple decreto firmado en Bogotá sino una realidad tangible para cada niño, familia y campesino. En sus palabras, “la paz se tiene que sentir en cada uno de los caminos, escuelas, territorios, en los hogares de nuestros campesinos”. Matiz insistió además en la necesidad de que la seguridad avance en paralelo con oportunidades sociales, para evitar la persistencia o el retorno de la violencia.

En el evento también se detallaron las inversiones por más de 500.000 millones de pesos destinadas a Chaparral, Rioblanco, Planadas y Ataco, cuatro municipios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). De acuerdo con la información presentada, estos recursos apoyan la construcción de vías terciarias con una inyección de 121.000 millones de pesos provenientes de OCAD Paz, y buscan convertir los conocidos Corredores Productivos Estratégicos en factores clave para la producción agrícola y la conectividad rural. En salud, la gobernadora informó sobre avances en la gestión de equipos y dotación para los hospitales María Inmaculada de Rioblanco y San Juan Bautista de Chaparral, financiados con recursos departamentales.

Matiz cerró la jornada enfatizando que el sur del Tolima no está condenado a repetir episodios de violencia y puede transformarse en un modelo de reconciliación y desarrollo, asegurando respaldo institucional a las comunidades.

¿Cómo impactan las inversiones en vías terciarias y salud en el sur del Tolima?

Las inversiones superan los 500.000 millones de pesos y están destinadas a mejorar la infraestructura vial y hospitalaria en los municipios de Chaparral, Rioblanco, Planadas y Ataco. De acuerdo con la información de la Gobernación del Tolima, estos recursos permiten dotar hospitales y mejorar vías terciarias, lo que facilita la producción agrícola, la movilidad y el acceso a servicios esenciales, factores que contribuyen directamente al desarrollo y bienestar de las comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado.

¿Qué son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y cómo benefician a los municipios?

De acuerdo con lo expuesto por la administración departamental, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son estrategias que priorizan municipios afectados por el conflicto armado, destinando recursos e inversiones enfocadas en mejorar infraestructura, oportunidades y calidad de vida. En el caso del sur del Tolima, esta priorización ha permitido recibir financiación significativa para proyectos en vías y salud, articulando acciones para la seguridad y la reconciliación.

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Así lo aseguró su abogado, Felipe Caballero, al salir de una audiencia ante la Sala de Instrucción del alto tribunal. Según el defensor, su representada quiere continuar colaborando con las autoridades y aportar elementos que permitan contrastar la información que ha entregado en el proceso.

(Le puede interesar: Defensa de Deicy Jiménez menciona nuevos nombres que saldrían a la luz en denuncia contra Petro)

Deicy Jiménez declara ante la Corte Suprema y ofrece entregar celular con pruebas de presuntos favores sexuales #HoyEnBlu #MeridianoBlu pic.twitter.com/bnA5xROxa2

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La entrega del dispositivo se haría bajo condiciones controladas, explicó Caballero, quien señaló que Jiménez también está preparada para responder nuevas preguntas. Por ahora, la posibilidad de una nueva diligencia dependerá de las decisiones que tome la Corte Suprema.

El caso ha provocado una controversia judicial que involucra a varias personas y que también abrió un frente relacionado con los documentos que Jiménez habría presentado para trabajar en el Congreso.

Abogado de Deicy Jiménez denunció presuntas presiones

Caballero cuestionó las actuaciones legales anunciadas contra su defendida y aseguró que, a su juicio, podrían formar parte de una estrategia para afectar su testimonio.

El abogado también señaló al periodista Daniel Coronell por presuntamente divulgar información personal y datos sobre la ubicación de familiares de Jiménez en Sevilla. Además, mencionó a Juan Guillermo Cuartas Herrera, a quien acusó de presentarse en lugares relacionados con la residencia de la familia.

El defensor considera que estas situaciones podrían buscar intimidar a su representada para que deje de declarar. Sin embargo, se trata de señalamientos formulados por Caballero que deberán ser contrastados y no constituyen, por sí solos, una prueba de que haya existido intimidación.

(Lea también: Fiscalía cita a varios exfuncionarios de Petro tras denuncias de Deicy Jiménez: este es el listado)

Anuncian denuncia por documentos presentados en el Congreso

Por su parte, Alejandro Carranza, abogado de Gustavo Petro y María José Pizarro, anunció una denuncia penal contra Jiménez por presuntas falsedades en documentos que habría presentado para trabajar en el Congreso.

Carranza afirmó que encontró elementos que, en su opinión, ameritan que la Fiscalía revise las constancias laborales y la información incluida en la hoja de vida de la testigo. Caballero cuestionó el momento en que se anunció esa actuación y sostuvo que su defendida debió conocer previamente los asuntos relacionados con la denuncia.

El abogado de Petro y Pizarro también anunció una denuncia contra el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por presuntas actuaciones contra trabajadoras de esa entidad. Según Carranza, estas incluirían preguntas sobre sus preferencias políticas y posibles advertencias relacionadas con sus familias. Tales acusaciones deberán ser verificadas por las autoridades.

La controversia suma así nuevos frentes judiciales. Mientras Jiménez manifiesta su intención de aportar más elementos a la Corte Suprema, la Fiscalía deberá evaluar las denuncias anunciadas y determinar si existen fundamentos para avanzar en las investigaciones.

Según explicó Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), las explosiones causadas por la pólvora afectan principalmente a perros, gatos, aves y animales de granja, que pueden salir huyendo desorientados y hasta perder la vida. El funcionario advirtió que los animales cuentan con sentidos notablemente más agudos que los humanos, lo que hace que cada estallido de pólvora sea vivido por ellos como una amenaza directa para su bienestar y tranquilidad.

Durante el periodo de campaña, el IDPYBA habilitará un formulario digital en sus canales oficiales, en el que cualquier persona podrá reportar, de manera anónima, situaciones de afectación a la fauna doméstica, de granja o sinantrópica—es decir, animales adaptados a vivir junto a los seres humanos, como palomas y abejas—relacionadas con el uso de pólvora en Bogotá. Esta herramienta permite visibilizar y atender los casos particulares que, muchas veces, quedan ocultos entre la euforia de las celebraciones.

“La pólvora explota mis sentidos” mantiene un tono emocional, educativo y empático. Propone transformar el significado de las festividades, invitando a ver más allá de la luz y el color de la pólvora para reconocer el impacto negativo que estos festejos provocan en los animales. El mensaje principal de la campaña es claro: celebrar de manera responsable implica también proteger a quienes no pueden expresar con palabras el temor y el dolor que sienten ante los estruendos. Bogotá, bajo el lema “Mi Ciudad Mi Casa, es animalista”, reafirma su compromiso con el respeto y el bienestar animal, recordando que pequeñas acciones pueden salvar vidas.

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¿Qué es la campaña “La pólvora explota mis sentidos” en Bogotá?

La campaña “La pólvora explota mis sentidos” es una estrategia de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) que busca sensibilizar a la comunidad sobre los efectos negativos de la pólvora en los animales durante fiestas como Halloween y fin de año, promoviendo la denuncia y el cuidado responsable.

¿Cómo se pueden denunciar afectaciones a los animales por el uso de pólvora en Bogotá?

Durante el tiempo de la campaña, la ciudadanía puede denunciar, de forma anónima, cualquier afectación a animales domésticos, de granja o sinantrópicos a través de un formulario en línea disponible en los canales digitales del IDPYBA, lo que facilita reportar y registrar situaciones que atenten contra el bienestar animal en la ciudad.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, la militarización será temporal y busca estabilizar el orden público en Cúcuta. Para cumplir este objetivo, el Ejército Nacional reforzará su presencia en toda la ciudad en estrecha coordinación con la Policía Nacional. Además, la Fiscalía participará en las tareas conjuntas para fortalecer el control territorial, proteger directamente a los ciudadanos y enfrentar la acción de las estructuras criminales que, de acuerdo con el presidente, han atentado contra la seguridad de los habitantes en este punto estratégico del país.

Abelardo de la Espriella recalcó que las medidas no solo se basarán en incrementar el número de uniformados en las calles, sino que están orientadas a recuperar el control institucional, garantizar la protección de los ciudadanos y devolver a las familias y comerciantes de la región la tranquilidad necesaria para que Cúcuta recupere su desarrollo. También insistió en que esta intervención responde a la condición fronteriza del departamento de Norte de Santander, que históricamente ha sido un factor determinante en la seguridad local.

Entre las acciones anunciadas, el mandatario hizo énfasis en la entrada en operación, a partir del martes 3 de noviembre, de la campaña militar y policial Esparta y del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR) en Cúcuta. Estas unidades conjuntas tendrán como misión intensificar operaciones contra el terrorismo, perseguir a los responsables de la violencia, golpear las finanzas de los grupos criminales y desarticular las organizaciones que afectan la tranquilidad en la ciudad.

Finalmente, de la Espriella informó que hará un seguimiento personal para que sus órdenes se cumplan de manera estricta y aseguró una coordinación total entre Ejército y Policía, remarcando que no permitirá que los criminales continúen amenazando la institucionalidad ni destruyendo la base social de la región, según la información reportada por El Espectador.

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¿Qué significa la militarización de una ciudad como Cúcuta?

La militarización de una ciudad implica el despliegue temporal de las fuerzas militares en espacios urbanos con el objetivo de reforzar la seguridad, restaurar el orden público y enfrentar situaciones que superan la capacidad de la policía civil. En el caso de Cúcuta, según la fuente citada, esta medida busca proteger a los ciudadanos, incrementar la presencia militar y policial y actuar contra estructuras criminales.

¿Cuáles son las principales acciones de seguridad anunciadas para Cúcuta?

De acuerdo con la información dada por El Espectador, las principales acciones incluyen la militarización inmediata, operaciones conjuntas entre Ejército, Policía y Fiscalía, la puesta en marcha de la campaña Esparta y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR), así como la intensificación de las operaciones para golpear las finanzas criminales y desarticular organizaciones responsables de la violencia.

De acuerdo con El Espectador, los ministros y directores tienen ahora la facultad de declarar y suplir vacancias que surjan en los sectores que lideran. Sin embargo, existe una restricción expresa para aquellos cargos considerados especialmente sensibles y que permanecen bajo control directo de la Presidencia. Entre estos aparecen el jefe de despacho presidencial, el secretario para la Transparencia, la secretaria para las Comunicaciones, el secretario jurídico, la comisionada de Paz, el jefe para la Protección Presidencial, el jefe de Casa Militar y los consejeros presidenciales dedicados a regiones o a Bogotá.

El decreto también establece una excepción para funcionarios consulares y diplomáticos, pues la Presidencia seguirá manejando los nombramientos más altos en este ámbito, aunque estos ya han suscitado debate debido a la influencia de designaciones políticas. El presidente De la Espriella ha dispuesto que se prioricen funcionarios de carrera para cargos diplomáticos, pero El Espectador resalta que las recientes designaciones en embajadas han favorecido especialmente a figuras asociadas a la política y al empresariado tradicional.

Dentro del servicio exterior, el canciller podrá ahora “designar, trasladar y reubicar” cargos de funcionarios diplomáticos de carrera, así como presentar credenciales de embajadores extranjeros. Este cambio supone una ruptura con ciertas tradiciones diplomáticas, ya que solía ser el jefe de Estado quien presentaba dichas credenciales. Además, el vicepresidente José Manuel Restrepo asume el papel de representante colombiano ante la Asamblea de Naciones Unidas.

En el ámbito jurídico, el secretario jurídico de la Presidencia tiene facultades para posesionar a magistrados de las altas cortes, así como a miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Mora, adquiere atribuciones para llamar al servicio o reincorporar oficiales de la Fuerza Pública y la Policía, además de realizar ascensos y separaciones definitivas. Todas estas medidas se enmarcan en una estrategia que busca descentralizar el manejo de funciones consideradas “burocráticas” por la Presidencia, buscando optimizar la gestión desde las regiones.

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¿Qué funciones delegó el presidente Abelardo de la Espriella a su gabinete directivo?

El presidente Abelardo de la Espriella delegó funciones como la declaración y provisión de vacancias, tanto temporales como permanentes, la presentación de credenciales y la asignación de representantes ante universidades y Corporaciones Autónomas Regionales. Además, transfirió atribuciones para llamar al servicio a miembros de la Fuerza Pública y la Policía, así como para designar cargos diplomáticos en el exterior, aunque reservó para su despacho las decisiones sobre los cargos más cercanos a la Presidencia, según información de El Espectador.

¿Cómo afectan estos cambios en la delegación de funciones al funcionamiento del Ejecutivo colombiano?

Estos cambios amplían las facultades de ministros y directores, permitiéndoles tomar decisiones clave en su sector sin intervención directa del presidente. Sin embargo, la oficina presidencial mantiene el control de los cargos considerados más sensibles, generando nuevos equilibrios dentro del Ejecutivo y transformando el manejo tradicional de la diplomacia y la administración pública, tal como documenta El Espectador.

El testimonio entregado por Wanda pone de manifiesto que la violencia no fue un hecho aislado. Según relató, el calvario inició tras poner fin a la relación el 6 de septiembre. Aseguró a La FM que presentó la denuncia penal ante la Fiscalía por acoso y amenazas, además de reportar hostigamientos reiterados, como la invasión de sus redes sociales, la persecución a su lugar de trabajo y la recepción de mensajes que ella consideraba intimidantes. Wanda destacó que existían antecedentes de violencia física y psicológica durante la relación. Afirma que contaba con una medida de protección, cuyo alcance y cumplimiento serán tema de investigación para esclarecer la actuación de las autoridades y el respaldo institucional frente a sus denuncias.

Durante el ataque, tanto Wanda como su amiga resultaron con graves heridas. El parte médico mencionó lesiones cortopunzantes en el cuello, brazo, mejilla y hombro para Wanda, además de golpes y contusiones. Su acompañante también fue lesionada, aunque logró huir y buscar ayuda. La rápida intervención de los ciudadanos impidió que la agresión continuara hasta que la Policía capturó al presunto agresor. Wanda pidió a la Fiscalía y a las instituciones encargadas de la protección de las mujeres víctimas de violencia que su caso avance y se tomen en consideración sus denuncias anteriores para evitar la impunidad.

Lamentablemente, la situación de Wanda contrasta con otros recientes casos de presunta violencia feminicida en el país. Según reporta La FM, Alba Rocío Pérez, de 53 años, perdió la vida en Ibagué en un hecho investigado bajo esa tipificación penal. Por otro lado, Yuly Yaneth Avilés Cornelia, de 37 años, fue encontrada muerta en Bogotá, mientras que Gerlein Giovanna Joya Ibáñez, de 22, falleció en Puerto Wilches, Santander, tras un ataque con arma de fuego. Los casos han despertado preocupación y exigen respuestas institucionales eficaces para prevenir la violencia y garantizar la protección de las mujeres en riesgo.

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¿Qué medidas de protección tenía Wanda Galindo Núñez antes del ataque?

Wanda Galindo Núñez afirmó que contaba con una medida de protección para evitar que su expareja se acercara a ella. Sin embargo, el alcance y cumplimiento de esa medida, así como la actuación de las autoridades ante sus denuncias previas de acoso y amenazas, son aspectos que deberán establecerse durante la investigación judicial del caso.

¿Cuáles son los recientes casos de presunto feminicidio que se han registrado en Colombia?

En el contexto de la violencia contra la mujer en Colombia, La FM reportó los casos recientes de Alba Rocío Pérez en Ibagué, Yuly Yaneth Avilés Cornelia, oriunda de Tolima y hallada muerta en Bogotá, y Gerlein Giovanna Joya Ibáñez, asesinada en Puerto Wilches, Santander. Estas tragedias, junto con la experiencia de Wanda Galindo Núñez, han propiciado llamados para la acción preventiva y una respuesta institucional eficaz frente a la violencia de género.

Según lo informado por la Fiscalía, el caso se centró en una supuesta falsificación de certificaciones y conceptos técnicos, presentados para persuadir al Concejo Municipal de aprobar la anexión de tres predios rurales al centro urbano. Dichos terrenos, localizados en la vereda La Fuente, estaban catalogados como zonas en riesgo de inundación, condición que impedía el cambio de uso del suelo. Además, el ente acusador señaló que la empresa de servicios públicos de Tocancipá, supuestamente, avaló la extensión de redes públicas en áreas protegidas hasta seis meses después de la aprobación del acuerdo municipal 020 de 2018, que ajustó el plan de ordenamiento territorial (POT) del municipio.

Sin embargo, tras cinco años de un extenso proceso judicial, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Zipaquirá determinó que las actuaciones de los procesados no contrariaron el marco legal. El fallo estableció que no se evidenció una decisión intencionalmente contraria a la ley por parte de los funcionarios, ni se encontró prueba de dolo. En cuanto al cargo de fraude procesal, la defensa liderada por Sebastián Briceño y Diego Lesmes destacó que tampoco se demostró la utilización de medios fraudulentos para inducir en error al Concejo Municipal.

Tras la publicación del fallo, Walfrando Adolfo Forero expresó su agradecimiento a la justicia y a quienes confiaron en su inocencia, señalando que siempre actuó con honestidad frente a la comunidad de Tocancipá. Además, Forero había sido previamente absuelto por el Consejo de Estado en un proceso disciplinario en diciembre de 2025, después de que el tribunal revocara una sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación, la cual lo había destituido e inhabilitado por 11 años. Según El Espectador, el proceso disciplinario también generó amplio debate en el municipio, demostrando la sensibilidad y relevancia de estos casos para la opinión pública local.

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¿Por qué fueron absueltos el alcalde de Tocancipá y sus exfuncionarios en el caso de fraude procesal?

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Zipaquirá absolvió a Walfrando Forero y sus exfuncionarios tras determinar, con base en el análisis de las pruebas, que no se utilizó un medio fraudulento idóneo para inducir en error al Concejo Municipal. Así mismo, las acciones observadas por el juzgado no constituyeron una infracción dolosa ni una decisión deliberadamente contraria a la ley, de acuerdo con lo expuesto en el fallo y lo informado por la defensa y la Fiscalía.

¿Qué es el delito de fraude procesal y cómo se evaluó en el caso del alcalde de Tocancipá?

El fraude procesal es un delito en el que se emplean medios fraudulentos para engañar a autoridades judiciales o administrativas y conseguir decisiones favorables mediante el error. En el caso del alcalde de Tocancipá, los jueces consideraron que no existió ningún acto idóneo que hubiera inducido en error al cabildo municipal, razón por la cual los procesados fueron absueltos de este cargo.

Las intervenciones planeadas no solo contemplan la construcción de nuevas aulas; también dan cabida a la creación de espacios culturales y el acondicionamiento de ambientes escolares funcionales y seguros para toda la comunidad educativa. Según la Alcaldía de Cali, estos esfuerzos hacen parte de una estrategia más amplia para fortalecer la educación pública en la ciudad, respondiendo así a las necesidades identificadas en cada uno de los sectores seleccionados. El enfoque principal es brindar infraestructura de calidad que estimule el aprendizaje y la participación, integrando en las renovaciones zonas adecuadas para actividades variadas que van más allá de lo académico.

No obstante, a pesar de haberse confirmado la intervención y el beneficio para miles de estudiantes, la información disponible hasta el momento no permite saber los montos específicos destinados a cada sede educativa ni el detalle del cronograma con las fechas de ejecución de las obras. Lo que sí se puede afirmar, con base en las declaraciones de la Administración Distrital recogidas por Noticiero 90 Minutos, es que la mejora de estos cuatro establecimientos constituye una de las acciones clave para consolidar espacios escolares de calidad en Cali. Las autoridades locales reafirman su compromiso con el acceso a una educación digna y de calidad, en lugares aptos para el desarrollo personal y académico de los estudiantes y docentes de la capital del Valle del Cauca.

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¿Qué sectores de Cali serán beneficiados con la renovación de sedes educativas en 2027?

Según información difundida por la Alcaldía de Cali y Noticiero 90 Minutos, los sectores beneficiados serán la zona de expansión, el barrio Obrero y el sector de La Campiña, donde se estima que 2.627 estudiantes recibirán mejoras directas en sus entornos de aprendizaje gracias a la renovación de cuatro sedes educativas.

¿En qué consiste la intervención en las sedes educativas de Cali para 2027?

La intervención incluye la construcción de nuevas aulas, creación de espacios culturales y el acondicionamiento de ambientes escolares para adaptar la infraestructura a las necesidades de estudiantes y docentes. El propósito es que los establecimientos oficiales cuenten con espacios que faciliten tanto el aprendizaje académico como las actividades culturales, de acuerdo con lo reportado por la Alcaldía de Cali y Noticiero 90 Minutos.

El proceso se remonta al 18 de julio de 2017, cuando Cadena visitó en la cárcel de Palmira a Vélez Ramírez, quien cumplía pena por vínculos con grupos paramilitares. En esa ocasión, según los fallos conocidos, Cadena le habría ofrecido COP 200 millones y asistencia jurídica a cambio de un testimonio falso en el proceso que adelantaba la Corte Suprema contra el expresidente Uribe. Para entregar parte del dinero, Cadena delegó al también abogado Juan José Salazar Cruz, quien efectivamente entregó COP 48 millones a Vélez por medio de terceros, tanto en efectivo como mediante giros bancarios. Estas conductas fueron documentadas y valoradas por el Tribunal en los fallos de primera y segunda instancia.

La declaración que buscaban los abogados consistía en que Vélez atribuyera al entonces senador Iván Cepeda la supuesta promesa de beneficios carcelarios a cambio de declarar en contra de Uribe, en el marco de la investigación por la presunta relación del expresidente con grupos paramilitares en Antioquia. De acuerdo con las sentencias, el 22 de febrero de 2018, Cadena también visitó al testigo clave Juan Guillermo Monsalve Pineda en la cárcel La Picota. Allí le ofreció ayuda jurídica y propuso que se acogiera a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con la condición de retractarse de sus declaraciones previas y declarar bajo los términos sugeridos por la defensa de Uribe.

Los escritos de retractación elaborados por Vélez y Monsalve fueron entregados por abogados y por Deyanira Gómez Sarmiento, esposa de Monsalve, al despacho del magistrado José Luis Barceló Camacho, lo que motivó nuevas diligencias de la Corte Suprema. El proceso judicial avanzó con la imputación de cargos a Cadena y Salazar por parte de la Fiscalía el 27 de julio de 2020, y se desarrolló el juicio oral en 45 sesiones. El primer fallo condenó a Cadena por el caso Monsalve, pero fue el Tribunal Superior de Bogotá el que, en segunda instancia, lo condenó también por el caso Vélez, imponiéndole una pena total de 104 meses de prisión y una multa de 333,2 salarios mínimos. Salazar, en cambio, fue condenado a 94 meses, aunque el proceso penal en su contra fue cerrado tras su fallecimiento en agosto de 2026, según información de la Registraduría y la Notaría Veintidós de Cali.

La Corte Suprema indicó que los recursos de la defensa no señalaron de manera precisa ninguna falla en las sentencias previas. Planteamientos como la supuesta falsedad inducida en la retractación de los testigos y la petición de excluir interceptaciones telefónicas fueron rechazados, ya que la Corte consideró válidas las pruebas y detalló que Cadena no actuaba en calidad de abogado defensor de Uribe en las conversaciones interceptadas. Así las cosas, la condena a Cadena por soborno y fraude procesal continúa vigente.

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¿Por qué la Corte Suprema mantuvo la condena contra Diego Cadena en el caso de soborno a testigos?

La Corte Suprema de Justicia mantuvo la condena contra Diego Cadena porque la demanda de casación presentada por su defensa no cumplió los requisitos formales exigidos por la ley. Además, la Corte evaluó que los argumentos ofrecidos no precisaban fallas en el razonamiento de las sentencias previas ni demostraban irregulares en la valoración de la evidencia.

¿Qué papel tuvieron las interceptaciones telefónicas en el proceso contra Diego Cadena?

Las interceptaciones telefónicas entre Diego Cadena y Álvaro Uribe fueron admitidas como prueba por el Tribunal Superior de Bogotá y ratificadas por la Corte Suprema. La defensa intentó excluirlas argumentando que estaban protegidas por la relación entre abogado y cliente, pero la Corte concluyó que Cadena no actuaba como defensor de Uribe en esas llamadas y consideró válidas las grabaciones para sustentar la condena.

La detención de López cobra aún más relevancia porque en agosto pasado se entregó Víctor Antonio Guerra de la Espriella, exdirigente político y ganadero de la región, igualmente investigado por el asesinato de Montero Carpio. Guerra de la Espriella fue enviado a prisión preventiva por disposición de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, bajo acusaciones de homicidio agravado, tentativa de secuestro simple y secuestro simple, todas relacionadas con el asesinato perpetrado el 10 de junio de 1997 en Sincelejo.

En el caso más reciente de López, resulta significativo que se encontraba en libertad condicional desde el 30 de diciembre del año pasado, fecha en la que la jueza sexta de ejecución de penas de Barranquilla, Carmen Luisa Terán Suárez, le otorgó dicho beneficio tras pasar 19 años en la cárcel, cumpliendo condena por homicidio agravado y concierto para delinquir. Importantes en el proceso fueron los testimonios de Nevis Consuelo Caballero, exparamilitar acogida en programas de protección en Estados Unidos, cuyas declaraciones ante la justicia sustentaron que alias “El Gatico” había pactado con paramilitares el asesinato del periodista Jorge Enrique Prins. Este homicidio fue ejecutado luego de que Prins denunciara presuntos actos de corrupción cometidos mientras López ejercía como alcalde de Magangué, Bolívar. En 2014, la justicia determinó a López como responsable directo de ordenar ese crimen, ocurrido el 19 de febrero de 2005.

La detención de López, no solo pone de nuevo en el foco los temas de justicia y derechos humanos en Colombia, sino que refleja la persistencia de las investigaciones sobre delitos que afectan los procesos democráticos y la seguridad de líderes y periodistas en el país.

Disclaimer: Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue capturado de nuevo Jorge Luis Alfonso López, conocido como alias "El Gatico"?

Según El Espectador, la nueva captura de Jorge Luis Alfonso López estaría relacionada con su supuesta participación en el homicidio de Guillermo Montero Carpio, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en 1997, caso que actualmente lleva una fiscal especializada bajo la Ley 600 de 2000. Esta investigación toma fuerza luego de que otro implicado, Víctor Antonio Guerra de la Espriella, fuera recluido en prisión preventiva en agosto pasado por su presunta responsabilidad en los mismos hechos.

¿Cuál es la relación de alias “El Gatico” con el asesinato del periodista Jorge Enrique Prins?

Alias "El Gatico" fue hallado culpable en 2014 de ordenar el asesinato del periodista Jorge Enrique Prins, crimen ocurrido el 19 de febrero de 2005. De acuerdo con las pruebas y testimonios recogidos por las autoridades, en especial de la exparamilitar Nevis Consuelo Caballero, López habría pactado con actores armados el homicidio como represalia a las investigaciones de Prins en torno a la supuesta corrupción en la administración de Magangué, Bolívar, cuando López ejercía como alcalde.

Con 25 semanas de gestación, la joven afronta su primer embarazo bajo un diagnóstico de gestación monocoriónica-triamniótica. Esto significa que las tres niñas se desarrollan compartiendo una sola placenta pero en bolsas amnióticas individuales, un fenómeno poco frecuente en la medicina. Según los controles médicos programados, el alumbramiento de las tres bebés está previsto para el mes de enero.

(Vea también: Fue al odontólogo para que le sacaran una cordal y terminó con una aguja en el corazón)

Para Anyelit, quien no tiene más hijos, la noticia inicial generó asombro al tratarse de su primera experiencia en la maternidad. La joven manifestó que tras el impacto del primer ultrasonido, asumió el proceso con expectativa y alegría junto a su familia en el sector de Las Gaviotas, donde ya avanzan los preparativos para la llegada de las tres integrantes del hogar.

Este hecho llamó la atención en la localidad, debido al antecedente reciente de la madre que dio a luz a cuatrillizos en Caucasia, un evento que movilizó la atención del personal de salud de la subregión y el país por la complejidad asistencial que implican los partos múltiples consecutivos en un mismo municipio.

Por lo pronto, Anyelit permanece bajo monitoreo permanente por parte del equipo ginecoobstétrico para controlar el desarrollo de las 25 semanas de gestación y coordinar la logística médica requerida para la atención del parto a principios de 2027.

De acuerdo con el anuncio presidencial, la militarización de Cúcuta es una medida temporal, implementada mientras las autoridades trabajan en estabilizar la seguridad en la capital nortesantandereana. El jefe de Estado fue enfático al enviar un mensaje de respaldo a la población local: "Cúcuta no está sola. A los nortesantandereanos les envío un mensaje claro y contundente. No vamos a permitir que el narcoterrorismo siga sembrando el miedo y amenazando las familias". Así, el presidente dejó claro que la acción del gobierno busca impedir el avance de los actores criminales y el deterioro de la calidad de vida en la zona.

El mandatario fue preciso en sus instrucciones a los comandantes de la Fuerza Pública, ordenando que utilicen todas las capacidades del Estado para recuperar el control territorial y perseguir a quienes están detrás de la escalada de violencia. La estrategia gubernamental incluye no solo la recuperación del orden sino también el avance en investigaciones para lograr identificar y judicializar a los responsables de los hechos violentos recientemente registrados.

Asimismo, el Gobierno informó que, como parte de su respuesta integral, el próximo 3 de noviembre empezará a operar una campaña militar y policial con capacidades especiales, dirigida a intensificar las acciones contra las organizaciones criminales. Esta campaña contempla una serie de operaciones focalizadas en perseguir a los responsables de la violencia, debilitar las finanzas ilegales y desmantelar las estructuras que amenazan la seguridad de la población.

La escalada de homicidios y ataques con explosivos en Cúcuta y Norte de Santander ha incrementado la preocupación social, y ahora, las autoridades enfrentan el reto de poner en marcha las medidas anunciadas para recuperar la tranquilidad en la zona.

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¿Por qué militarizaron Cúcuta y cuál es el objetivo de la medida?

La militarización de Cúcuta, de acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, responde al aumento de la violencia y los ataques derivados de la presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales en la zona. El objetivo de la medida es recuperar el control del orden público, combatir a los actores delincuenciales y brindar seguridad a la población.

¿En qué consiste la campaña militar y policial anunciada para Cúcuta?

La campaña militar y policial, que comenzará el 3 de noviembre, implica un fortalecimiento coordinado entre el Ejército Nacional y la Policía para intensificar operaciones contra organizaciones criminales. Busca identificar, perseguir a responsables de la violencia, afectar las finanzas irregulares de estos grupos y desarticular las estructuras criminales que amenazan a los habitantes de Cúcuta y Norte de Santander.

“Cúcuta no está sola”, aseguró el mandatario al anunciar las medidas de seguridad para la capital nortesantandereana. Según explicó, la intervención se mantendrá mientras se estabiliza la situación en la ciudad.

El jefe de Estado también anunció que desde el martes 3 de noviembre entrarán en operación la campaña militar y policial Esparta y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosul). Estas estrategias estarán enfocadas en perseguir a los responsables de los actos terroristas, afectar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales y desarticular las redes delictivas que operan en la región.

ATENCIÓN | El presidente Abelardo De La Espriella ordenó la militarización temporal de Cúcuta tras los ataques de los últimos días. El Ejército reforzará su presencia en la ciudad en coordinación con la Policía Nacional. “Cúcuta no está sola”, afirmó el mandatario.

Desde el martes 3 de noviembre entrarán en operación la campaña militar y policial Esparta y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosul), anunció el presidente De La Espriella.

El objetivo: perseguir a los responsables de la violencia y golpear las finanzas criminales.

— La FM (@lafm) October 29, 2026

La decisión no se limitará al aumento de uniformados en las calles. De acuerdo con De La Espriella, las autoridades deberán mantener las operaciones militares y policiales para combatir las estructuras que afectan la seguridad de los ciudadanos.

“No se trata solamente de aumentar el número de uniformados en las calles. Se trata de recuperar el control, garantizar la protección de los ciudadanos”, manifestó el presidente al explicar el alcance de la intervención.

El mandatario también señaló que las acciones buscan restablecer las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de las actividades comerciales y económicas de la región.

Con estas medidas, el Gobierno busca contener la violencia en Cúcuta mediante el despliegue de la fuerza pública y operaciones dirigidas contra las organizaciones criminales. La militarización fue anunciada como una intervención temporal, mientras avanzan las acciones para estabilizar el orden público.

La planificación política del Pacto Histórico se vislumbra exigente, ya que se acerca un congreso fundacional programado para el próximo año. Según lo explicado por voceros consultados, la coalición está compuesta por sectores variados, incluidos progresistas, comunistas, comunidades indígenas, sindicatos y organizaciones sociales, lo que complica la toma de decisiones, pero enriquece los debates internos. El proceso prevé varias fases: primero, la elección de delegados el 14 de febrero de 2027, quienes conformarán el comité directivo del Pacto. Aunque todavía se define el número exacto de Delegados, se manejan cifras entre 2.000 y 5.000 personas. Después, el 14 de marzo, se llevaría a cabo un congreso para reformar los estatutos y tratar asuntos fundamentales del partido, seguido de un ciclo de consultas internas. De acuerdo con El Espectador, este periodo será intenso, pues habrán tres procesos electorales casi consecutivos. Sin embargo, los líderes del Pacto Histórico afirman que la apuesta por una democracia radical es central en su visión.

En otro frente político, se analiza la relación entre el presidente Abelardo de la Espriella y la ciudad de Bogotá. Se ha señalado como una actitud antidemocrática el hecho de que el presidente no reconozca plenamente a la autoridad elegida en la alcaldía, especialmente tras la designación de una gerente para Bogotá. Según fuentes citadas, aunque se prometió compromiso con temas como educación, salud y movilidad, se suscitaron dudas tras la reasignación de 700.000 millones de pesos colombianos por parte del Ministerio de Hacienda. Estos fondos, que estaban destinados a proyectos como la Calle 13 y la segunda línea del metro, fueron objeto de confusión sobre su utilización y renegociación con la administración local, generando inquietudes acerca de la ejecución y destino de esos recursos antes de 2026.

¿Cuál es la nueva propuesta del Pacto Histórico para las elecciones regionales de 2027?

La propuesta central del Pacto Histórico para las elecciones regionales de 2027, según El Espectador, es avanzar hacia una nueva izquierda que enfrente temas como la seguridad, la educación y la economía, y que se ocupe, especialmente, de definir políticas claras para las pequeñas y medianas empresas dentro del territorio nacional.

¿Por qué es complejo el congreso fundacional del Pacto Histórico y qué significa la democracia radical?

La complejidad del congreso fundacional del Pacto Histórico radica en la diversidad interna de la coalición, compuesta por progresistas, comunistas, comunidades indígenas, sindicatos y organizaciones sociales, lo que hace que las decisiones sean arduas. El término "democracia radical" implica, en este contexto, la profundización y apertura de los procesos democráticos internos, dando cabida a amplias consultas y participación de las bases en las decisiones sustanciales.

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Las autoridades detallaron que alias “Masmela” habría conducido la motocicleta desde la cual dispararon contra el exuniformado, facilitando de esta manera la huida de los autores materiales del crimen. Además, con esta detención, los investigadores señalan que se avanzó en la desarticulación del grupo delincuencial común organizado conocido como ‘El Mexicano’ y en el esclarecimiento del caso, como lo destacó la Policía Nacional.

El ataque que terminó con la vida del subdirector ocurrió el 13 de enero en inmediaciones del cementerio Los Olivos en Neiva, Huila. Dos individuos que se desplazaban en moto dispararon contra un vehículo donde se encontraban varios funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Renato Solano Osorio resultó gravemente herido y falleció el 21 de enero a consecuencia de las heridas. En la misma acción, el hijo de once años del director del centro carcelario fue herido de gravedad en la cabeza y falleció posteriormente en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.

La investigación avanzó con la captura, el 20 de febrero en Neiva, del presunto asesino, quien también era buscado por otro homicidio registrado ese mismo día en el barrio Canaima. Las pruebas recolectadas le permitieron a la Policía establecer vínculos entre ambos hechos violentos y el atentado contra los funcionarios del Inpec. Ahora, tanto alias “Masmela” como el otro capturado enfrentarán cargos por homicidio agravado contra servidor público y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

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¿Quiénes están involucrados en el asesinato del subdirector de la cárcel de Neiva?

Según información de la Policía Nacional, alias “Masmela”, señalado de conducir la moto en el atentado, y un segundo capturado que habría disparado, están implicados en el asesinato del subdirector Renato Solano Osorio. Ambos pertenecerían al grupo delincuencial común organizado conocido como ‘El Mexicano’.

¿Por qué el crimen contra el subdirector de la cárcel de Neiva fue vinculado con otros hechos violentos?

De acuerdo con la información de la Policía, la investigación demostró que el presunto asesino era buscado por otro homicidio ocurrido el mismo día que el atentado a los funcionarios del Inpec. Las pruebas recolectadas señalaron conexiones entre ambos crímenes, lo que permitió avanzar en el esclarecimiento del caso.

De acuerdo con el dictamen de Medicina Legal, María falleció por estrangulamiento y sofocación. La fiscal encargada del caso detalló que también presentó múltiples lesiones traumáticas, lo que le causó intenso dolor y sufrimiento. Martínez, el agresor de 45 años, estaba en La Modelo desde 2018, cumpliendo una condena de 21 años y cuatro meses por intento de feminicidio contra la misma víctima, después de un ataque en 2015 en el que utilizó un arma blanca y le propinó más de 20 heridas en distintas partes del cuerpo. Según El Tiempo, tras ese ataque, María recibió una orden judicial de protección y fue trasladada a una casa refugio. Las secuelas físicas y psicológicas evidenciaron el ciclo de violencia que sufría.

El expediente judicial, citado en medios como El Tiempo, describe que, en los últimos dos años, Martínez ejerció conductas de control, vigilancia y hostigamiento constante hacia María, incluyendo demandas de videollamadas nocturnas y revisión de sus contactos. Además, la humillaba, la insultaba y la amenazaba.

La muerte de María dentro de la prisión llevó al Ministerio de Justicia a solicitar una revisión inmediata de las condiciones de seguridad para visitantes, exigiendo verificar si en el pabellón 13 existían dispositivos de emergencia, cómo se reaccionó ante la situación y qué funcionarios tenían la vigilancia. El Inpec, hasta el momento, no ha explicado el tiempo que la pareja permaneció sin supervisión ni el protocolo seguido tras el crimen.

Martínez aceptó cargos por feminicidio agravado y un juez le impuso nueva medida de aseguramiento carcelario. La Fiscalía informó que, entre enero y junio de 2026, se registraron 11 feminicidios en Bogotá y 809 valoraciones de Medicina Legal catalogadas como de riesgo extremo de feminicidio, lo que evidencia la gravedad del fenómeno. Las autoridades han publicado diversas líneas de ayuda para víctimas de violencias de género, como la Línea Púrpura Distrital, la Línea Nacional 155 y servicios presenciales como casas de justicia y de igualdad de oportunidades.

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¿Cómo ocurrió el feminicidio en la cárcel La Modelo de Bogotá?

Según la información recabada por El Tiempo y la Fiscalía, María Hernández Morales fue asesinada por su pareja, quien ya purgaba condena por tentativa de feminicidio contra ella, durante una visita conyugal en la cárcel La Modelo. El ataque se produjo en un pabellón regulado por Inpec y quedó al descubierto cuando el agresor avisó a los guardianes. El dictamen médico-legal indicó muerte por estrangulamiento, así como otras lesiones traumáticas.

¿Qué protocolos de seguridad existen para visitas conyugales en cárceles de Bogotá?

El artículo indica que, tras el crimen, el Ministerio de Justicia solicitó una revisión de los protocolos de seguridad para visitantes, incluyendo la existencia y funcionamiento de botones de pánico y la reacción del personal ante emergencias. Sin embargo, Inpec no ha detallado públicamente cómo se supervisan estas visitas ni el tiempo sin vigilancia, lo que pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles para prevenir hechos similares.

Intento de feminicidio en Valledupar pretendía eliminar a su pareja en el barrio Santa Rita de Valledupar. pic.twitter.com/rcSXw02PzB

— Enrique Camargo P. (@EnriqueCamargo2) October 28, 2026

Según su testimonio, la relación terminó el pasado 6 de septiembre, pero después de la ruptura comenzaron los episodios de acoso y amenazas. Wanda aseguró que había acudido a las autoridades para denunciar la situación y que el hombre habría ingresado sin autorización a sus redes sociales. También afirmó que recibía mensajes y detalles en su lugar de trabajo que, según ella, formaban parte del hostigamiento que sufría.

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“Yo había puesto una denuncia penal por acoso y amenaza. Él hackeó mis redes sociales y todo comienza a raíz de eso; me perseguía, me amedrentaba, me enviaba detalles a la oficina con escritos de amor”, contó la joven al medio radial. Además, insistió en que ya no mantenía una relación sentimental con el señalado agresor y pidió que se respetara esa condición al informar sobre el caso.

Wanda también afirmó que durante la relación habría sufrido violencia física y psicológica, hechos que, según explicó, había puesto en conocimiento de la Fiscalía. La joven aseguró que contaba con una medida de protección para evitar que su expareja se acercara a ella. Pese a esos antecedentes, relató que terminó en el suelo mientras varias personas intervenían para impedir que continuara la agresión. “Ese hombre quería matarme”, manifestó.

Las consecuencias del ataque no fueron únicamente emocionales. Wanda dijo que sufrió heridas cortopunzantes en varias partes del cuerpo, entre ellas el cuello, un brazo, la mejilla y un hombro. Su amiga también resultó lesionada durante los hechos. Ambas recibieron ayuda y fueron trasladadas a un centro clínico para recibir atención médica. “Estoy dañada psicológicamente, agredida físicamente, golpeada, moreteada; tuve lesiones cortopunzantes en mi cuerpo, en el cuello, brazo, mejilla, hombro y mi amiga también”, relató.

La intervención de ciudadanos que presenciaron lo ocurrido permitió detener al hombre mientras llegaban las autoridades. De acuerdo con la información entregada, la Policía llegó al lugar y capturó a Keiver Díaz Montes. Tras sobrevivir al ataque, Wanda pidió que la Fiscalía y las entidades encargadas de atender a las mujeres víctimas de violencia acompañen su caso y garanticen que los hechos sean investigados. “Esto no puede quedar así, no va a quedar así”, expresó.

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La joven también quiso que su historia sirviera para visibilizar lo que enfrentan otras mujeres que viven situaciones de acoso, amenazas y manipulación, especialmente cuando intentan terminar una relación. “Quiero contar mi historia no solo por mí, sino por todas las mujeres que están viviendo este tipo de situaciones de violencia, acoso, amenaza y manipulación en silencio”, afirmó. Su llamado, dijo, busca que ninguna mujer tenga que afrontar con miedo la decisión de alejarse de una pareja que le hace daño.

Uno de los aspectos más inquietantes de este caso radica en el mensaje de WhatsApp que la joven habría enviado antes del ataque: según datos difundidos, allí manifestó su temor ante la posibilidad de ser agredida y solicitó ayuda para evitar que su expareja sentimental le causara daño. La información indica que, horas antes de la agresión, Gerley Giovanna había terminado la relación y buscó refugio en la casa de su padre en el corregimiento de Puerto Claver. Este contexto refleja el nivel de vulnerabilidad y la urgencia de atender adecuadamente las señales de alerta emitidas por mujeres en situación de riesgo.

Inicialmente, algunas personas pensaron que la joven pudo haber sufrido un accidente. Sin embargo, los exámenes médicos confirmaron que presentaba múltiples impactos de bala en la cabeza, dato que llevó a las autoridades a enfocar las investigaciones como un posible caso de feminicidio. La Policía y la Alcaldía de Puerto Wilches emitieron un llamado a la ciudadanía e informaron sobre una recompensa para quienes aporten datos que faciliten la identificación y captura del presunto responsable.

La comunidad, junto con figuras como la concejal Erika Johana Passos, ha exigido celeridad y eficacia en las actuaciones judiciales, pidiendo que el caso no termine en la impunidad. Paralelamente se han realizado manifestaciones y actividades que buscan justicia y visibilizan la violencia de género en la región. Según reportes relacionados, situaciones similares se han presentado recientemente en el Tolima, donde la muerte de Alba Rocío Pérez en Ibagué y la de Yuly Yaneth Avilés Cornelia en Bogotá, ambas bajo investigación por presunta violencia de pareja, han acentuado la alarma social. Los relatos de familiares sobre antecedentes de maltrato y la búsqueda previa de refugio por parte de las víctimas muestran patrones que las autoridades deberán analizar para establecer responsabilidades y evitar que estos hechos se sigan repitiendo.

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¿Cuál fue el contexto del asesinato de Gerley Giovanna Joya en Puerto Wilches?

El asesinato de Gerley Giovanna Joya ocurrió cuando ella se dirigía a su trabajo en Puerto Wilches, tras haber terminado su relación sentimental y buscar refugio en la casa de su padre. Antes del crimen, expresó en un mensaje de WhatsApp su temor por amenazas de su expareja, contexto que actualmente es investigado por las autoridades, de acuerdo con la información proporcionada en el artículo.

¿Qué acciones han tomado las autoridades y la comunidad tras los feminicidios señalados?

Las autoridades, como la Policía y la Alcaldía de Puerto Wilches, han ofrecido recompensas e iniciado la búsqueda del presunto responsable, mientras figuras como la concejal Erika Johana Passos han pedido actuaciones judiciales rápidas. La comunidad ha realizado manifestaciones y actividades para exigir justicia y que los casos no queden en la impunidad, según señala la información publicada en el artículo.

En el documento de la petición, se encuentra una carta abierta dirigida al presidente Abelardo de la Espriella y a la ministra de Cultura, Paola Holguín, solicitando que revisen con detenimiento la selección del nuevo director del ICANH. Los firmantes argumentan que el nombramiento de un abogado que no está vinculado directamente con la antropología, la arqueología, la historia ni el estudio del patrimonio, contradice la tradición del instituto. Sostienen que, en Colombia, existe una comunidad científica amplia y calificada formada en diferentes universidades públicas y privadas de todo el país, con estudios de posgrado tanto en el país como en el extranjero. De acuerdo con el texto citado por El Espectador, esta comunidad estaría preparada y tiene la experiencia necesaria para liderar el ICANH, tal y como lo han hecho durante aproximadamente 85 años.

La carta expresa una “profunda preocupación y rechazo” a que Noguera asuma la dirección del instituto, recalcando que su perfil no cumpliría con los requisitos académicos que, según los firmantes, debería tener el director de una entidad científica y técnica como el ICANH. Desde su fundación en 1941, este instituto ha sido clave en la investigación etnológica (estudio comparativo de los pueblos y culturas), arqueológica y antropológica del país, además de participar en el diseño de políticas públicas para proteger el patrimonio cultural colombiano.

La trayectoria académica de Camilo Noguera Pardo, según El Espectador, incluye el título de abogado de la Universidad Sergio Arboleda (2010), una especialización y una maestría en docencia e investigación universitaria (2011 y 2012), y finalmente un doctorado en bioética obtenido en 2018. La hoja de vida de Noguera fue publicada en la página de aspirantes Presidencia el 26 de octubre, un paso indispensable previo a la designación oficial, que debe ser confirmada por la ministra de Cultura. Noguera reemplazaría a Alhena Caicedo, quien había ejercido ese cargo desde el 13 de septiembre de 2022.

¿Por qué genera rechazo el nombramiento de Camilo Noguera Pardo en el ICANH?

El nombramiento de Camilo Noguera Pardo genera rechazo, principalmente, porque su perfil profesional es percibido como ajeno a la antropología, la arqueología y el trabajo de gestión del patrimonio en Colombia. De acuerdo con la petición publicada y citada en El Espectador, los críticos consideran que el ICANH debería estar dirigido por alguien con formación y experiencia directamente relacionadas con las funciones científicas y técnicas del instituto.

¿Cuáles son los requisitos académicos para dirigir el Instituto Colombiano de Antropología e Historia?

Según las voces firmantes de la petición y reportadas por El Espectador, los requisitos académicos esperados para dirigir el ICANH incluyen formación en campos como la antropología, arqueología, historia o protección del patrimonio, así como experiencia relevante en estos sectores. Se destaca la importancia del liderazgo científico y técnico en esta entidad, que desde 1941 está dedicada a la investigación y defensa del patrimonio cultural del país.

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Uno de los focos más relevantes del operativo será la vigilancia de las caravanas de motos por la celebración de Halloween, programadas para el sábado, y la competencia ciclística denominada ‘Giro de Rigo’, que se desarrollará el domingo. Estos eventos, por su magnitud y características, pueden afectar la movilidad, razón por la cual se adoptarán medidas específicas durante su realización. Además, el despliegue de seguridad cubrirá el encuentro deportivo del América de Cali, que está agendado para el 29 de octubre, así como los conciertos de los reconocidos artistas Enrique Bunbury y Ricardo Montaner, y las actividades de cierre de la Feria del Libro ‘Cali Lee’.

Como parte integral de la estrategia, las autoridades organizarán puestos de control, realizarán patrullajes reforzados y mantendrán un monitoreo constante en distintos sectores de la ciudad. Será prioridad fortalecer la vigilancia en 15 parques que han sido seleccionados para llevar a cabo actividades de Halloween dedicadas a los niños, además de incrementar la presencia en los principales centros comerciales y puntos clave del recorrido del ‘Giro de Rigo’.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Javier Garcés, resaltó la importancia del esfuerzo conjunto entre las diferentes entidades para garantizar el desarrollo seguro de los eventos. Garcés invitó a la ciudadanía a sumarse a la celebración de manera responsable y puntualizó: “Este es un trabajo de todos. Vamos a acompañar una caravana de Halloween, que es la oficial. Invitamos a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad y a respetar las normas”.

Por su parte, el secretario de Movilidad Distrital, Sergio Moncayo, subrayó que los agentes estarán desplegados estratégicamente con el fin de mitigar cualquier posible afectación al tránsito derivada de las actividades masivas del fin de semana. Finalmente, la Administración Distrital recordó que cualquier situación que altere la seguridad puede ser reportada a la línea 123 de la Policía Nacional.

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¿Qué actividades cuentan con vigilancia reforzada durante el puente festivo en Cali?

Durante el puente festivo en Cali, según 90minutos.co, las caravanas de motos por Halloween, la competencia ciclística ‘Giro de Rigo’, el partido de América de Cali, los conciertos de Enrique Bunbury y Ricardo Montaner, y los eventos de la Feria del Libro ‘Cali Lee’ están bajo vigilancia reforzada. Además, 15 parques priorizados y principales centros comerciales tendrán controles especiales.

¿Cuáles son las recomendaciones de la Alcaldía de Cali para los asistentes a los eventos del puente festivo?

La Alcaldía de Cali, de acuerdo con declaraciones de Javier Garcés y Sergio Moncayo recogidas por 90minutos.co, recomienda a los ciudadanos asistir y celebrar con responsabilidad, respetar las normas y reportar cualquier situación que comprometa la tranquilidad a la línea 123 de la Policía Nacional.

Este nuevo cronograma coincide de manera especial con la cercanía de dos eventos de alto impacto sobre la cancha: el concierto Awooween, encabezado por Ryan Castro el 31 de octubre, y el partido entre Millonarios y América, programado para el 4 de noviembre. El montaje del espectáculo, que contempla una tarima de 360 grados, pone nuevamente a prueba la compatibilidad entre eventos musicales y la disponibilidad del estadio para el fútbol profesional, su uso principal.

El procedimiento administrativo aplicado por el IDRD no representa aún una sanción o multa para Sencia. Según comunicó la entidad, las medidas contractuales -como descuentos o la cláusula penal- solo pueden surgir luego de agotar etapas de defensa y descargos para todos los involucrados. La vinculación de Seguros del Estado junto a Berkley International Seguros Colombia era obligatoria, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 1474, lo que generó el aplazamiento defendido por los apoderados de Sencia y Berkley durante la audiencia.

El IDRD señaló que ambos aseguradores participan de modo independiente bajo la figura de coaseguro y que la decisión protege el derecho de defensa de las partes. Por otra parte, el Instituto implementó un control especial a los conciertos tras el incidente que llevó a cancelar el encuentro de Millonarios y Once Caldas, por el deterioro del césped posterior a los shows de BTS. Santa Fe decidió trasladar su partido, mientras Millonarios mantendrá su juego en El Campín, dejando un margen muy breve para la recuperación de la cancha.

Como parte de estrategias de mitigación, el IDRD y Sencia acordaron postergar o cambiar de sede varios eventos musicales originalmente previstos para noviembre; no obstante, la audiencia sancionatoria continuará su curso, pues, según el Instituto, esas medidas no modifican las exigencias contractuales. La Contraloría de Bogotá también investiga si la operación de la Asociación Público-Privada (APP) ha generado afectaciones económicas, abriendo un frente adicional que involucra auditorías y denuncias sobre pagos a la firma APP CDEC, aunque hasta el momento no existe pronunciamiento de fondo de los entes de control.

La sesión del 9 de noviembre será clave para determinar si habrá sanción para Sencia y cómo se podrá garantizar la recuperación del césped en un escenario que sigue alternando fútbol profesional y espectáculos musicales.

¿Por qué fue aplazada la audiencia contra Sencia por el deterioro de la gramilla de El Campín?

La audiencia se aplazó porque el IDRD decidió vincular formalmente a Seguros del Estado, una de las aseguradoras del contrato de concesión, antes de iniciar la etapa de descargos. De acuerdo con el IDRD, esto era necesario para garantizar el debido proceso y permitir que todas las partes responsables pudieran ejercer su defensa. La decisión surgió durante la audiencia, donde los apoderados de Sencia y de la aseguradora Berkley solicitaron suspender la diligencia para formalizar esta vinculación, asegurando el cumplimiento de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474.

¿Qué medidas se han tomado para proteger la gramilla de El Campín antes de los próximos eventos?

El IDRD implementó un seguimiento especial al concierto de Ryan Castro, incluyendo una interventoría encargada de verificar el estado de la cancha antes, durante y después del evento. Sencia debe presentar un plan detallado con horarios, sistemas de protección, especificaciones sobre cargas permitidas, mecanismos de recuperación del césped y medidas de contingencia. Además, la programación de otros conciertos fue reubicada o postergada, lo que busca dar más tiempo para la recuperación de la gramilla antes de los partidos de fútbol profesional.

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Esta imputación abarca delitos como homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, ejecuciones sin garantías judiciales, tortura y maltrato, atentados contra la dignidad personal, ataques dirigidos a la población civil y ataques a hospitales, escuelas e iglesias. También se les atribuyen destrucción de bienes, saqueo, uso de minas antipersonal, desaparición forzada y persecución. Según la magistrada Marcela Giraldo Muñoz, estos hechos dejaron “daños profundos e irreparables en la vida de las personas y las comunidades”, afectando generaciones enteras con secuelas físicas, emocionales y morales.

El proceso de la JEP analizó cerca de 600 expedientes de la justicia ordinaria, 54 informes entregados por víctimas y sociedad civil, así como versiones de 22 comparecientes de la antigua guerrilla, testimonios de 967 víctimas individuales y de cuatro sujetos colectivos. De acuerdo con la magistrada Giraldo Muñoz, las víctimas relataron con fortaleza el sufrimiento por la pérdida de seres queridos y la destrucción de su proyecto de vida. El estudio permitió identificar dos patrones: el control social y territorial, presente en el 78,4 % de los casos, y las hostilidades armadas contra la fuerza pública y adversarios, presentes en el 13,9 %.

Uno de los casos emblemáticos documentados es el asesinato de Ángela Yesenia Bríñez Ballesteros, personera de Roncesvalles (Tolima), quien fue víctima por denunciar violaciones de derechos humanos en su región. Además, en 2002, las Farc amenazaron a los alcaldes de 25 municipios del Tolima, obligando a 16 de ellos a trasladarse a la capital, Ibagué, mientras que los hostigamientos persistieron con el asesinato del candidato Mario de Jesús Cardona en 2003. La JEP recalca que, ante la persistencia del conflicto en Colombia, este fallo busca impedir la repetición de estos crímenes.

¿Qué consecuencias dejaron los crímenes imputados al Comando Conjunto Central de las Farc?

Según la magistrada Marcela Giraldo Muñoz y los informes analizados por la JEP, los crímenes dejaron daños irreparables, desde lesiones físicas permanentes hasta afectaciones emocionales y el desarraigo de las víctimas, con secuelas que aún persisten y que han traspasado varias generaciones.

¿Cómo investigó la JEP los delitos cometidos por el Comando Conjunto Central de las Farc?

La investigación de la JEP se basó en revisar cerca de 600 expedientes judiciales, analizar 54 informes de víctimas y organizaciones civiles, escuchar 22 versiones de exguerrilleros y recolectar testimonios de 967 víctimas individuales más cuatro sujetos colectivos reconocidos ante la justicia transicional.

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El cronograma electoral presenta etapas clave, cada una con fechas y requisitos precisos. El 31 de octubre de 2026 se abre el periodo de inscripción para que los ciudadanos puedan actualizar su puesto de votación en caso de haber cambiado de residencia. Este trámite es fundamental para quienes han mudado su domicilio, retornaron al país o son extranjeros con cédula de extranjería de residente (con al menos cinco años en Colombia). Además, abarca a quienes portan cédulas expedidas antes de 1988 que originalmente emitieron fuera del censo electoral. Desde ese mismo día, comienza también el registro de comités inscriptores de candidaturas, correspondientes a grupos significativos, movimientos sociales y promotores del voto en blanco, instancia que habilita la recolección de firmas de respaldo.

El calendario continúa el 30 de junio de 2027, fecha límite para registrar comités inscriptores y solicitar autorización para recoger firmas a través de la plataforma web de la Registraduría. Ese día se inicia el periodo formal de inscripción de candidatos y listas para las elecciones. El 31 de julio finaliza la inscripción oficial y la entrega de firmas de apoyo ciudadano. Posteriormente, el 31 de agosto culmina el plazo para que los ciudadanos inscriban su cédula y formen parte del censo electoral, que se consolidará definitivamente el 30 de septiembre con la actualización de los puestos de votación autorizados.

Una etapa crucial será el 16 de octubre de 2027, cuando se sortearán y publicarán los nombres de los jurados de votación. La Registraduría ha dispuesto que toda la ciudadanía pueda verificar su puesto de votación ingresando al sitio web oficial de la institución, lo cual facilita la consulta y garantiza transparencia en el proceso.

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¿Cuál es el calendario electoral de las elecciones territoriales de 2027 en Colombia?

El calendario electoral definido por la Registraduría Nacional del Estado Civil establece hitos específicos: inicio de inscripciones el 31 de octubre de 2026, cierre de registros de comités y candidatos entre junio y julio de 2027, conclusión de inscripciones ciudadanas en agosto, conformación definitiva del censo electoral en septiembre, publicación de jurados en octubre y elecciones el 31 de octubre de 2027.

¿Cómo se puede inscribir el puesto de votación o cambiarlo para las elecciones de 2027 en Colombia?

De acuerdo con la información ofrecida por la Registraduría Nacional, los ciudadanos pueden actualizar su puesto de votación a partir del 31 de octubre de 2026 en las sedes habilitadas, presentando los documentos requeridos según su situación. Aplica para quienes han cambiado de domicilio, retornados y extranjeros con cédula de residencia de al menos cinco años.

Jiménez comparece este jueves ante la Corte para ratificar las declaraciones que entregó previamente a Semana sobre la presunta entrega de contratos a mujeres a cambio de favores sexuales.

Según su abogado, también aportará información y evidencias sobre otros aforados que habrían tenido conocimiento de estas prácticas.

La defensa señaló que podrían aparecer nuevos testimonios de mujeres y que la cifra inicialmente mencionada de 42 posibles contratistas podría aumentar.

Además, Jiménez estaría dispuesta a colaborar con la Fiscalía General y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

La denunciante, quien trabajó durante algunos meses en la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora María José Pizarro, ha señalado presuntas irregularidades en contratos de entidades como el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Salud. También aseguró que Pizarro habría conocido parte de estas situaciones.

Las pruebas y los nombres mencionados serían entregados a las autoridades competentes. Jiménez cuenta actualmente con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección debido a las amenazas que, según su defensa, ha recibido.

El RegioTram del Norte está planeado para ser una alternativa masiva de transporte, con un trayecto de casi 49 kilómetros, 17 estaciones y una flota de 26 trenes eléctricos. Las proyecciones iniciales estiman que en su primera etapa podría movilizar alrededor de 180.000 pasajeros diarios, cifra que podría incrementarse hasta 280.000 conforme crezcan las necesidades. Este corredor también busca integrarse con el Metro de Bogotá, el sistema TransMilenio y el RegioTram de Occidente. La integración operativa depende, sin embargo, de avances técnicos y acuerdos aún por concretar.

La Gobernación de Cundinamarca, según información oficial, ya comprometió 3,2 billones de pesos para cofinanciar el desarrollo, mientras la EFR gestiona la estructuración y la preparación del proceso licitatorio. El gobernador Jorge Emilio Rey ha subrayado que es fundamental que el Plan Nacional de Desarrollo contemple una visión regional que incluya a Bogotá y los municipios aledaños, a fin de fortalecer infraestructura y competitividad.

Diferencias surgidas entre la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, específicamente sobre los diseños de estaciones, intervenciones en el espacio público y conectividad con infraestructuras existentes, fueron zanjadas tras varias mesas técnicas con el aval de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Banco Mundial. Se acordó que Bogotá decidirá sobre las estaciones en su jurisdicción y construirá pasos a desnivel e intersecciones en Lagos de Torca para optimizar la movilidad.

El proceso apunta a adjudicar el contrato de construcción en octubre de 2027, aunque no se han confirmado nuevas fechas desde Zipaquirá. Las estimaciones de la EFR prevén la creación de miles de empleos directos e indirectos, junto con una significativa reducción de emisiones contaminantes gracias a los trenes eléctricos. Resta por definir el aporte financiero definitivo del Gobierno Nacional y su inclusión formal en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, lo que marcaría un avance crítico para la concreción de este proyecto vital para la movilidad en Cundinamarca.

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¿Qué pasos debe cumplir el RegioTram del Norte para ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030?

Para que el RegioTram del Norte sea priorizado en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, se requiere la decisión del Gobierno Nacional de incorporar el proyecto entre sus principales apuestas de inversión. De acuerdo con la información citada por la Gobernación de Cundinamarca y el alcalde de Zipaquirá, es necesario garantizar los recursos financieros nacionales y concertar los acuerdos técnicos y administrativos que permitan avanzar en la licitación y posterior construcción de la obra.

¿Cómo beneficiaría el RegioTram del Norte la movilidad y el medio ambiente en Zipaquirá y la Sabana Centro?

Según la Empresa Férrea Regional, la operación del RegioTram del Norte permitiría movilizar hasta 280.000 pasajeros diarios y reduciría sensiblemente los tiempos de desplazamiento entre Bogotá y los municipios de la Sabana Centro. En términos ambientales, el uso de trenes eléctricos podría evitar la emisión de hasta 60.000 toneladas de dióxido de carbono por año, contribuyendo a una movilidad más limpia y eficiente en la región.

Dentro de las observaciones más relevantes, la Defensoría del Pueblo pidió que se revise la proporcionalidad de las sanciones contempladas en el proyecto de ley. Consideran fundamental que las penas estén alineadas con el tipo de delitos y la gravedad de los actos cometidos por los individuos o grupos que se acogerán al sometimiento. Más allá de la dimensión penal, la Defensoría subrayó la importancia de fortalecer las políticas de reparación para las víctimas del conflicto armado, elemento crucial para garantizar un proceso justo y equitativo. La entidad resaltó la necesidad de definir una fuente de financiación clara, así como de trazar un plan concreto que respalde las estrategias de reparación. En este contexto, sugirió específicamente poner en funcionamiento la comisión de financiación que debe encargarse de respaldar la compensación a las víctimas.

Otro aspecto señalado por Marín tiene que ver con la precisión sobre qué grupos armados o personas podrán acogerse al mecanismo de sometimiento. Planteó que establecer una definición clara y detallada resulta indispensable para limitar adecuadamente el alcance del proyecto de ley y evitar posibles interpretaciones ambiguas o desfases en su aplicación.

Por último, la Defensoría del Pueblo cuestionó una disposición de la iniciativa que restringe la investigación de terceros mencionados por quienes decidan someterse a la justicia. Desde su perspectiva, esta limitación reduce la facultad de la Fiscalía para investigar a partir de los testimonios obtenidos durante el proceso y dificulta la posibilidad de compulsar copias para ahondar en las indagaciones. Por ello, la entidad consideró que lo más pertinente sería suprimir esa prohibición para que las autoridades puedan seguir las pistas ofrecidas y avanzar en las investigaciones de manera más efectiva.

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¿Cuáles fueron las principales observaciones de la Defensoría del Pueblo al proyecto de Ley de Sometimiento?

La Defensoría del Pueblo se centró en recomendar la revisión de la proporcionalidad de las sanciones, el fortalecimiento de la reparación para las víctimas —con énfasis en contar con un plan concreto y recursos definidos—, y sugirió precisar la definición de los grupos que podrían someterse a la ley. Además, la entidad cuestionó la restricción a las investigaciones de terceros, pidiendo que se elimine para facultar a la Fiscalía en el desarrollo de sus procesos.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo considera necesario fortalecer la reparación a las víctimas en la Ley de Sometimiento?

De acuerdo con lo expresado por la Defensoría, fortalecer la reparación a las víctimas no solo responde a una exigencia de justicia, sino que también exige un financiamiento claro y medidas efectivas para garantizar la compensación y apoyo a quienes han sido afectados por el conflicto armado. Para esto, propone la creación y activación de una comisión de financiación específica.

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:45:57 a. m., hora local, y tuvo una profundidad de 43 kilómetros. El evento fue localizado en las coordenadas 4,45° de latitud y -76,70° de longitud, según los datos reportados por el SGC.

Entre los municipios más cercanos al lugar del sismo se encuentran Sipí, en Chocó, ubicado a 23 kilómetros; Trujillo, en el Valle del Cauca, a 50 kilómetros, y El Dovio, también en el Valle del Cauca, a 52 kilómetros.

Para determinar las características del movimiento fueron utilizadas señales de 40 estaciones de monitoreo. El evento aparece registrado con estatus manual y un RMS de 0,8 segundos, mientras que el valor del gap fue de 74 grados.

El sismo se presentó en una zona del occidente colombiano con actividad sísmica, aunque su magnitud fue moderada. Con la información disponible no se reportan daños ni afectaciones asociados al movimiento.

Las autoridades y organismos de monitoreo mantienen el seguimiento de la actividad sísmica en la región.

El caso de Anderson Gutiérrez se enmarca en una situación mucho más compleja: la reciente desaparición de cinco hombres en Ataco. Hasta el momento, tal como señala la información proporcionada, cuatro de estos hombres desaparecidos han sido encontrados sin vida, mientras continúa la búsqueda del quinto. La noticia ha generado conmoción entre los habitantes del municipio y ha mantenido en vilo a las familias, que siguen a la espera de respuestas y de la localización de la persona que aún no ha sido encontrada.

Según la información suministrada en el lugar, el hallazgo se realizó en las primeras horas del día, cuando tanto autoridades como familiares se acercaron a la zona tras recibir noticias sobre la aparición del cuerpo. Las circunstancias específicas en que fue hallado el cadáver, incluido el hecho de que tiene las manos amarradas, deberán ser esclarecidas en el curso de las investigaciones oficiales. Por ahora, las autoridades están al frente de los procedimientos legales y periciales necesarios para determinar lo sucedido y esclarecer los hechos detrás de las cinco desapariciones, como lo han confirmado fuentes que cubren la situación en Ataco.

Mientras la investigación está en marcha, la comunidad y los familiares de las víctimas siguen esperando respuestas que ayuden a entender cómo y por qué ocurrieron estas desapariciones y muertes. El ambiente en el sur del Tolima es de inquietud, pues además del dolor por las víctimas, subsisten dudas sobre la seguridad en la región y sobre la identidad de los responsables de lo ocurrido.

¿Cuántos hombres han sido encontrados sin vida en Ataco, Tolima, tras las recientes desapariciones?

De acuerdo con la información conocida y reportada, hasta ahora han sido encontrados sin vida cuatro de los cinco hombres desaparecidos recientemente en Ataco, en el sur del Tolima. Las autoridades y los familiares continúan la búsqueda del quinto desaparecido, mientras se adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

¿Qué detalles se conocen sobre el hallazgo de Anderson Gutiérrez en el río Saldaña?

La información proporcionada indica que el cuerpo de Anderson Gutiérrez fue localizado en las primeras horas de la mañana, con las manos amarradas y arrastrado por la corriente hasta una zona cercana a la orilla del río Saldaña. Las circunstancias sobre cómo ocurrieron estos hechos y quiénes serían los responsables aún están siendo investigadas por las autoridades.

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De acuerdo con información conocida por medios regionales, detectives de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), desplazados desde Bogotá, adelantaron el operativo en una clínica del norte de la capital del Atlántico. El caso es investigado por una fiscalía especializada en violaciones a los derechos humanos.

La investigación busca establecer la posible responsabilidad de Alfonso López en el asesinato de Guillermo Montero Carpio, ocurrido hace más de dos décadas. El proceso se adelanta bajo las disposiciones de la Ley 600 de 2000, correspondiente al antiguo sistema penal colombiano. Por ahora, la captura no constituye una declaración de culpabilidad por este nuevo caso.

¿Por qué había quedado en libertad?

La nueva detención se conoce meses después de que un juzgado de Barranquilla le concediera libertad condicional por otra condena. En diciembre de 2025, una jueza autorizó que continuara en libertad el cumplimiento de la pena impuesta por el homicidio del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, asesinado en febrero de 2005 en Magangué, Bolívar.

Por ese crimen, Alfonso López fue condenado por homicidio agravado y concierto para delinquir. La decisión de concederle libertad condicional fue objeto de una investigación disciplinaria contra la jueza Carmen Luisa Terán, quien tomó la determinación.

El nombre de ‘El Gatico’ también ha estado relacionado con otros episodios judiciales. En 2023, durante el Gobierno de Gustavo Petro, fue designado como facilitador de paz. En ese momento, un juez ordenó suspender temporalmente la ejecución de su pena para que pudiera cumplir esas funciones. Posteriormente, el Gobierno sostuvo que no había solicitado su liberación.

Un antecedente de violencia en Barranquilla

En mayo de 2024, Alfonso López fue blanco de un atentado en una clínica de Barranquilla. Hombres armados ingresaron al centro asistencial y dispararon contra su esquema de seguridad. En el ataque murieron dos personas, entre ellas su escolta y el exparamilitar Edelmiro Anaya, conocido como alias ‘El Chino Anaya’. <Cite refs={[“turn298105news14″,”turn298105search0”]}/>

La captura de este jueves abre una nueva etapa en el proceso relacionado con el homicidio de 1997. Las autoridades deberán avanzar en las diligencias judiciales para determinar los elementos que vinculan a Alfonso López con ese expediente y definir su situación jurídica.

Según la información divulgada por la periodista, el plan contemplaría varias líneas de acción, entre ellas reforzar la oposición en el Congreso, mantener el control político sobre el Gobierno y sus funcionarios, así como preparar las elecciones regionales. Estos comicios serían importantes para construir una base electoral que permita al movimiento competir en la siguiente contienda presidencial.

(Vea también: “Su era terminó”: Fuad Char rompió el silencio y pronóstico golpe al petrismo en 2027)

Dentro de ese panorama también aparecería Claudia López, quien buscaría regresar a la Alcaldía de Bogotá. La eventual aspiración de Petro en Barranquilla y la de López en la capital permitirían a ambos sectores concentrar sus esfuerzos en ciudades diferentes y evitar una disputa directa por el gobierno de Bogotá.

Sin embargo, el posible regreso de López a la política local también plantea interrogantes por el respaldo electoral que obtuvo en su aspiración presidencial más reciente. Ese antecedente sería uno de los factores que podrían influir en las decisiones sobre su futuro político, aunque por ahora no hay una candidatura confirmada en el escenario descrito.

En el caso de Petro, una eventual aspiración a la Alcaldía de Barranquilla también abriría preguntas sobre las condiciones legales para inscribir su nombre. Entre los aspectos por revisar estaría el requisito de residencia en la región Caribe, pues, según la información compartida, tendría que vivir allí al menos un año antes de presentar una candidatura. La aplicación de las normas dependería de los requisitos legales vigentes y de las circunstancias concretas de una posible inscripción.

De acuerdo con Metro Cali, la intervención representa una inversión de 136.021 millones de pesos, destinados tanto a la obra como a los ajustes requeridos. El proyecto tiene un plazo de ejecución de 23 meses, distribuidos en dos etapas: cinco meses para la preconstrucción y 18 meses para la construcción. La entidad encargada de adelantar los trabajos es la Unión Temporal Corredor Vial ASB T-3, ganadora del proceso de licitación, cuyo contrato fue adjudicado el 10 de septiembre de 2026.

La obra abarca la construcción de 3,1 kilómetros de carril exclusivo por cada sentido vial, a ambos lados de la avenida Simón Bolívar. Además, contempla la instalación de cinco estaciones de parada, cada una equipada con taquillas y módulos de abordaje, siguiendo el modelo de ‘parque estación’ que caracteriza los dos tramos anteriores. Tal como lo ha explicado Metro Cali, este enfoque busca consolidar un parque lineal de 17 kilómetros a lo largo de la Troncal Oriental, ampliando así el espacio público y facilitando el acceso peatonal.

Dentro de las labores contempladas, también se incluye la adecuación de la malla vial de la zona, con especial atención a los carriles mixtos de las calzadas principales. Además, el proyecto prevé la construcción de 450 metros de ciclorruta y la creación de cuatro nuevos pasos peatonales sobre la avenida Simón Bolívar, ubicados en los cruces con las carreras 70, 80, 83B y 94. El diseño contempla, asimismo, la ejecución de tres intersecciones vehiculares nuevas en las carreras 70, 80 y 94.

Un aspecto fundamental de este tramo es su articulación con los estudios de factibilidad del Tren de Cercanías del Valle. Metro Cali precisó que el diseño se ajustó a los requerimientos de estos estudios, de modo que tres estaciones habilitarán la conexión directa con el futuro sistema férreo, pensado para el centro del corredor vial. De esta manera, la Troncal Oriental del MIO no solo ampliará los servicios actuales, sino que prepara el terreno para futuros desarrollos de movilidad en la región.

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¿Qué beneficios aportará el tramo 3 de la Troncal Oriental del MIO en Cali?

El tramo 3 de la Troncal Oriental del MIO en Cali aportará beneficios como la ampliación del parque lineal, la optimización de la movilidad con carriles exclusivos, la integración de cinco estaciones modernas, y la mejora de la infraestructura peatonal y ciclorrutas, de acuerdo con Metro Cali. Así, se fortalece el transporte público y se generan espacios seguros para peatones y ciclistas.

¿Cómo se integra el tramo 3 del MIO con el futuro Tren de Cercanías del Valle?

De acuerdo con Metro Cali, el tramo 3 fue diseñado para tener compatibilidad con los estudios de factibilidad del Tren de Cercanías. Tres de las cinco estaciones previstas permitirán conexiones directas con el futuro sistema férreo, lo que facilitaría la integración de ambos modos de transporte en el corredor central de Cali.

Según el testimonio del voluntario citado, la presencia de allegados de desaparecidos evidencia la angustia y la expectativa de las familias que buscan algún tipo de información sobre sus seres queridos. Sin embargo, hasta el momento en que fue difundido el reporte, no se había logrado establecer la identidad del hombre recuperado en el afluente, ni confirmar si se trataba de alguno de los casos reportados de desaparición en la región. Este escenario mantiene viva la preocupación colectiva mientras la autoridad competente adelanta los trámites que le corresponden en este tipo de situaciones.

Uno de los elementos destacados en el hallazgo fue el brusco aumento del caudal del río Saldaña. De acuerdo con el relato del voluntario, fue este fenómeno natural el que resultó clave para que el cuerpo pudiera ser desplazado hacia la orilla, facilitando su recuperación por parte de quienes acudieron al lugar tras el aviso. El contexto revela que la zona se encuentra en alerta y que las condiciones climáticas influyen de manera directa en la aparición de este tipo de sucesos.

En el momento, las autoridades continúan trabajando en la identificación del fallecido y en el esclarecimiento de las circunstancias que rodean este dramático hecho. Por ahora, la comunidad y las familias afectadas permanecen a la espera de un pronunciamiento oficial que les permita resolver la incertidumbre y conocer la verdad detrás de este doloroso episodio.

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¿Qué información se conoce sobre el hombre hallado en el río Saldaña en Ataco, Tolima?

De acuerdo con la información conocida y citada por un voluntario de Ataco, el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en el río Saldaña luego de que la corriente lo desplazara hacia la orilla. En el lugar estuvo presente un integrante de la Policía y familiares de desaparecidos, quienes esperan la confirmación de la identidad, que aún no ha sido establecida por las autoridades, según los datos compartidos.

¿Por qué el aumento del caudal del río Saldaña fue clave en el hallazgo del cuerpo?

Según el reporte entregado por un voluntario en el sitio, el aumento del caudal del río facilitó que el cuerpo, que se encontraba en medio del afluente, fuera movilizado hasta una zona de la orilla, lo que permitió que fuera localizado. Este detalle subraya cómo las condiciones naturales pueden incidir directamente en la aparición de casos similares en la región.

La alcaldesa de Guacarí, Leonora Abadía, confirmó que las imágenes de las cámaras son una de las pistas que revisan los investigadores para reconstruir la ruta de escape. Según la información divulgada, el vehículo fue visto en el sector de Guabitas, aunque las autoridades todavía deben establecer con precisión hacia dónde se dirigió y dónde podría estar la joven, informó El Tiempo.

Esta zona es considerada un nodo vial estratégico porque ofrece rutas rápidas de escape hacia la vía Panamericana o puede llevar a los vehículos hacia las carreteras rurales o trochas que conducen a la cordillera central.

Uno de los aspectos que llama la atención de las autoridades es que, según lo informado por la administración municipal, la familia no había recibido amenazas previas ni exigencias económicas. Tampoco se había reportado una comunicación de los captores para pedir dinero a cambio de la liberación de Lizeth.

Por ahora, las circunstancias del secuestro no permiten confirmar quiénes estarían detrás del hecho ni cuál sería el móvil. Entre las líneas que se mencionan en la información conocida están la posible participación de estructuras armadas ilegales y la de redes delincuenciales. Sin embargo, ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada oficialmente.

Las autoridades también analizan antecedentes de otros secuestros registrados en el Valle del Cauca, incluidos casos en los que grupos de delincuencia común habrían actuado en coordinación con estructuras armadas. Esos episodios sirven como contexto para la investigación, pero no prueban que exista una conexión con el caso de Lizeth.

Recompensa y búsqueda

La Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita localizar a la joven, identificar el recorrido de la camioneta y avanzar en la captura de los responsables. La Policía, el Ejército y el Gaula adelantan operativos en Guacarí y municipios cercanos, con controles en corredores urbanos y vías rurales.

Mientras continúan las labores de búsqueda, familiares y habitantes de Guacarí y Buga han participado en velatones para pedir la liberación de Lizeth. El paradero de la joven sigue sin esclarecerse públicamente y las autoridades mantienen el llamado a entregar información que contribuya a encontrarla.

Hasta el momento, las autoridades no han reconocido a un responsable concreto por esta acción violenta. Sin embargo, la presencia en la zona de estructuras armadas pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (Eln) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), bajo el mando de alias 'Calarcá', mantiene en alerta a las autoridades. Estos grupos llevan meses aumentando sus hostilidades desde enero de 2025, concentrando sus disputas en el control territorial de rutas ligadas al narcotráfico y la minería ilegal, según lo reporta El Espectador.

El fenómeno del uso de drones en actividades ilegales y violentas no es exclusivo de esta región. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) revela una tendencia preocupante: entre el 2023 y el 1 de octubre de 2026, se han registrado en Colombia 716 ataques con drones, con un promedio de 8,2 incidentes por semana. Solo este año, la cifra alcanza los 318 ataques, teniendo a agosto como el mes más crítico con 56 casos reportados. El 71 % de estos hechos violentos se dan en Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander, y casi la totalidad de los ataques (95 %) son ejecutados por el Estado Mayor Central (Emc) y el Eln, de acuerdo con la FIP.

Estos grupos armados han diversificado sus fuentes de adquisición de drones, inicialmente por vías legales desde países como Estados Unidos, China y Rusia. La evolución del conflicto en Ucrania amplió la disponibilidad y acceso a estos equipos, incentivando compras a través de Venezuela y la fabricación propia, con costos considerablemente menores a los del mercado regular. Informes mencionan que los operadores reciben entrenamiento en Colombia e incluso en Venezuela y Ucrania, lo que evidencia una sofisticación creciente en el uso de esta tecnología armada. Los voceros de los grupos han admitido públicamente la eficiencia y bajo costo de fabricar estos dispositivos para sus acciones violentas.

El Eln ha incrementado notablemente sus ataques con drones: de 36 en 2025 pasaron a 132 en lo que va de 2026. Este fenómeno refuerza la preocupación por la vulnerabilidad de la población civil y la dificultad estatal para contener estas nuevas formas de violencia.

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¿Cuáles son los grupos armados responsables de la mayoría de ataques con drones en Colombia?

De acuerdo con datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el 95 % de los ataques con drones, entre 2023 y el 1 de octubre de 2026, se atribuyen al Estado Mayor Central (Emc) y al Ejército de Liberación Nacional (Eln). El Emc es responsable del 72 % de los incidentes y el Eln del 23 %, marcando así su papel dominante en la perpetración de estos actos violentos.

¿Cómo ha evolucionado el uso de drones por parte de los grupos armados en Colombia?

Según la FIP y lo informado por El Espectador, los grupos armados empezaron adquiriendo drones por canales legales en el extranjero y actualmente han diversificado sus compras, incluso a través de Venezuela. Además, han desarrollado capacidades para fabricar sus propios drones con costos bajos y han mejorado el entrenamiento de sus operadores, utilizando escuelas propias o enviando personas a países como Ucrania y Venezuela para perfeccionar el manejo de estos dispositivos.

Por la gravedad de los hechos, la Seccional Bogotá de la Fiscalía imputó a Barajas Rivera los delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías determinó su reclusión en un centro penitenciario, mientras avanza el proceso judicial.

La investigación ha contado con elementos clave, entre ellos el monitoreo de una cámara de seguridad, herramienta utilizada por familiares para advertir una situación irregular el 13 de marzo. Al acudir al sitio junto con la Policía Nacional, los familiares hallaron a ambos adultos mayores con múltiples heridas producidas por un objeto cortopunzante. Según las pruebas recolectadas y presentadas por la Fiscalía, Barajas Rivera habría sido la única persona que ingresó y salió de la vivienda en el lapso en que ocurrió el crimen.

Un aspecto relevante del caso es la prolongada relación del procesado con la familia. De acuerdo con la Fiscalía, Barajas Rivera sostuvo una relación de más de veinte años con una de las hijas de las víctimas y, a pesar del fin de esa relación, continuaba viviendo en la casa, motivado por el cariño de los padres hacia su hija y su nieto. Destaca además la vulnerable condición de salud de Alberto Anzola, quien requería diálisis y necesitaba ayuda para moverse, hecho que agrava la situación de indefensión en la que se encontraba al momento del ataque.

Tras su captura por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), familiares de las víctimas expresaron preocupación por su seguridad, pues el sospechoso conocía las residencias de otros miembros del núcleo familiar. Mientras continúa el proceso judicial en busca de esclarecer responsabilidades, la familia mantiene la expectativa frente al desarrollo del caso.

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¿Cuál fue el motivo que identificó la Fiscalía en el asesinato de la pareja en Suba?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el móvil principal del crimen se relaciona con un presunto acto de retaliación por parte de Freddy Alexander Barajas Rivera, exyerno de las víctimas, quien habría actuado movido por resentimiento ante el término de la relación con su excompañera sentimental y el inicio de una nueva vida sentimental por parte de ella, situación que, según la investigación oficial, derivó en el ataque violento contra los adultos mayores.

¿Qué significa feminicidio agravado y cómo se aplica en este caso?

El feminicidio agravado es una tipificación penal empleada cuando una mujer es asesinada por razones de género y se presentan circunstancias que incrementan la gravedad del delito, como la relación con el agresor o la indefensión de la víctima. En este caso, la Fiscalía imputó este delito a Barajas Rivera por el asesinato de Gloria Isabel Guerrero, argumentando que el ataque estuvo influenciado por resentimiento derivado de una relación afectiva anterior y que se ejerció extrema violencia contra ella.

El anuncio presidencial se hizo público durante la Rendición de Cuentas de los Acuerdos de Paz, evento que tuvo lugar en la localidad de Chaparral, también en Tolima. En dicho contexto, la gobernadora Matiz relató ante la audiencia que el presidente le aseguró la intervención inmediata, motivada por las alertas recientes que señalaban hechos violentos en Ataco. Según las palabras textuales de Matiz, “entrando a este recinto, me llamó el señor presidente de la República, directamente él, a decirme que ya estaba organizando absolutamente todo porque vamos a hacer una intervención total en el municipio de Ataco”.

De acuerdo con la información suministrada, la respuesta de la presidencia se dio en tiempo récord, apenas unas horas después de la petición formal de la gobernadora. Esto refleja la gravedad de los incidentes y la preocupación existente sobre el orden público en el sur del Tolima. Sin embargo, los detalles sobre la intervención aún no han sido divulgados: se desconoce el número de uniformados que participarán, la fecha exacta de inicio de los operativos o el tipo de medidas concretas que serán implementadas en Ataco.

Ante la falta de información específica, la expectativa en la comunidad ha ido en aumento. Hay una demanda clara para que los anuncios se materialicen en acciones contundentes, que permitan mejorar la seguridad y recuperar la convivencia ciudadana. Por ahora, tanto residentes como autoridades se mantienen atentos al desarrollo de los acontecimientos y a la implementación de la prometida intervención.

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¿Cuál fue el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre la intervención en Ataco Tolima?

El presidente Abelardo de la Espriella anunció a la gobernadora Adriana Matiz que el Gobierno estaba organizando todo lo necesario para realizar una intervención total en el municipio de Ataco, Tolima, a raíz de los recientes hechos violentos que han alterado el orden público en la zona.

¿Qué medidas se han anunciado para fortalecer la seguridad en Ataco Tolima?

Hasta el momento, no se han dado detalles concretos sobre las medidas específicas, el número de uniformados ni la fecha exacta en la que iniciará la intervención. La comunidad de Ataco permanece a la espera de que estos anuncios se traduzcan en acciones efectivas para restaurar la seguridad en el municipio.

Penagos hizo énfasis en la importancia del rigor al seleccionar candidatos y en la necesidad de combatir frontalmente la desinformación, pidiendo a las organizaciones políticas compartir información clara, precisa y oportuna durante todo el proceso. El calendario electoral establece varias fechas clave para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de las elecciones.

El 31 de octubre de 2026 inicia la inscripción de ciudadanos para actualizar el puesto de votación debido a cambio de residencia. Las oficinas de la Registraduría prestarán atención ese sábado de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y después continuarán recibiendo inscripciones de lunes a viernes en el mismo horario. Este trámite está dirigido a quienes hayan cambiado de residencia, hayan regresado permanentemente a Colombia, ciudadanos con cédula expedida antes de 1988 que no estén incluidos en el censo electoral, así como a extranjeros que lleven al menos cinco años residiendo en el país y tengan cédula de extranjería válida de residente. Para inscribirse, es necesario presentar la cédula amarilla con hologramas, la cédula digital (física o digital) o la cédula de extranjería, según corresponda.

El plazo para realizar este proceso vence el 31 de agosto de 2027, y el cambio de puesto se reflejará una vez se consolide el censo electoral definitivo, a partir del 30 de septiembre del mismo año. Los ciudadanos pueden consultar su actual puesto de votación en el sitio web de la Registraduría.

Esa misma fecha, el 31 de octubre de 2026, también marca el inicio del registro de comités inscriptores de candidaturas impulsadas por grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales, así como comités promotores del voto en blanco. Este registro podrá hacerse en la página web de la Registraduría y en diferentes sedes departamentales y locales hasta el 30 de junio de 2027. La entidad expedirá una resolución especial con los requisitos y el procedimiento, incluyendo el número mínimo de firmas requeridas.

Por su parte, la inscripción de candidatos y listas se realizará entre el 30 de junio y el 31 de julio de 2027, plazo también válido para entregar las firmas que respalden dichas candidaturas o las iniciativas de voto en blanco. Finalmente, el sorteo y la publicación de las listas de jurados de votación se llevará a cabo, como máximo, el 16 de octubre de 2027.

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¿Cuáles son las fechas claves para inscribirse y participar en las elecciones territoriales 2027?

El calendario electoral indica que la inscripción de ciudadanos y el inicio del registro de comités será desde el 31 de octubre de 2026. El registro de comités finaliza el 30 de junio de 2027, mientras que la inscripción de candidatos y entrega de firmas será del 30 de junio al 31 de julio de 2027. El plazo final para que los ciudadanos actualicen su puesto de votación vence el 31 de agosto de 2027.

¿Qué documentos requieren los ciudadanos y extranjeros para inscribirse en el censo electoral?

De acuerdo con la Registraduría, los ciudadanos deben presentar la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, ya sea física o en dispositivo móvil. Los extranjeros necesitan contar con una cédula de extranjería vigente con categoría de residente y cumplir al menos cinco años de residencia en el país para participar en el proceso.

Una de las inquietudes principales expuestas por Morris gira en torno a la exclusión de trabajadores históricos del sistema de medios públicos en el evento oficial de lanzamiento, una omisión que, según él, revela un desconocimiento del aporte colectivo al fortalecimiento de la televisión pública colombiana. Sus declaraciones profundizan el debate sobre el posicionamiento de los medios estatales en el contexto nacional y la manera como se gestiona la memoria institucional cuando se impulsan renovaciones o cambios de imagen.

Otro punto relevante abordado por Morris se refiere a las unidades móviles de producción televisiva. Según su testimonio, durante su administración estas unidades fueron recuperadas y se invirtió en la adquisición de equipos especializados, defendiendo así la gestión realizada y rechazando cualquier tipo de cuestionamiento sobre su funcionamiento actual. Además, señaló que durante años el sistema habría alquilado estos equipos por sumas que, en su cálculo, hubieran permitido adquirir varias unidades propias, alertando sobre el riesgo de un posible detrimento patrimonial si los recursos actuales no se utilizan óptimamente. Sin embargo, es importante precisar que estas apreciaciones son parte de su versión, lo que implica que no constituyen de manera automática una conclusión oficial de los organismos de control ni una verdad verificable hasta que no se contraste con los soportes técnicos y administrativos proporcionados por la actual administración de RTVC.

La polémica generada deja en el ambiente interrogantes sobre el estado actualizado de los equipos, los costos asociados a la producción de contenidos y la transparencia en la gestión pública de los recursos destinados a la televisión estatal, temas que corresponderán esclarecer en el curso de los debates y las auditorías pertinentes.

¿Cuál fue la principal crítica de Hollman Morris al relanzamiento de RTVC?

La principal crítica de Hollman Morris se refiere a que el discurso del relanzamiento de RTVC, bajo el nombre de ‘La Señal de la Patria’, descalificó el trabajo de administraciones anteriores y dejó por fuera a trabajadores de larga trayectoria, lo que, en su opinión, desconoce los avances institucionales y sociales construidos en la televisión pública.

¿Por qué hay controversia sobre las unidades móviles de producción de RTVC?

La controversia se centra en la gestión de las unidades móviles de producción, ya que Morris afirma que recuperó y adquirió nuevos equipos durante su administración, rechazando las críticas sobre su funcionamiento y alertando sobre un posible detrimento patrimonial si los recursos no se utilizan de forma eficiente. No obstante, estas afirmaciones corresponden a su perspectiva y requieren ser contrastadas con información técnica y administrativa de la actual administración.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El operativo incluyó la participación del Gaula Militar Tolima —grupo especializado en la lucha contra el secuestro y la extorsión—, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y Homeland Security Investigations (HSI), una agencia estadounidense responsable de investigar delitos relacionados con la seguridad nacional de ese país. Según lo informado, la operación se concretó con cinco allanamientos en Ibagué y dos en El Espinal, todo articulado bajo una investigación en curso que pretende determinar la magnitud de las eventuales actividades delictivas de la red.

Durante el desarrollo de estos procedimientos, los investigadores decomisaron varios dispositivos electrónicos, entre ellos 14 computadores portátiles, nueve teléfonos celulares, dos tabletas iPad, dos torres de computador, una tarjeta SIM y 12 cuadernos. Además, se encontraron elementos como dos sellos con la inscripción “Approved”, una bandera de Estados Unidos, una bata de juez y un escudo del Departamento de Seguridad Nacional de ese país. Todos estos objetos serán objeto de análisis para precisar su posible uso dentro de las actividades investigadas.

Según datos entregados tras el operativo, esta estructura habría ofrecido supuestos servicios esotéricos y gestión de trámites migratorios falsos, con la sospecha de haber afectado a ciudadanos residentes en Estados Unidos. Ahora, las autoridades avanzan en la investigación sobre lavado de activos, para identificar la posible ruta del dinero y a los responsables, si los hubiera. Vale aclarar que, aunque el material recolectado constituye una pista importante, por sí solo no implica responsabilidad penal inmediata. El caso seguirá en el ámbito judicial, cuyo reto será esclarecer los hechos y definir la existencia de delitos y la participación de personas específicas. Finalmente, el Gaula Militar recordó que la comunidad cuenta con la línea gratuita nacional 147 para denunciar extorsiones o secuestros.

¿Quiénes conformaban la estructura ‘Los Brujos’ en Tolima?

Hasta el momento, la información oficial difundida luego del operativo no ha especificado identidades ni el número exacto de integrantes de la estructura señalada como ‘Los Brujos’. El proceso judicial busca determinar quiénes serían los responsables y su grado de participación en las actividades investigadas.

¿Qué servicios ofrecían ‘Los Brujos’ y cómo afectaron a sus víctimas?

La información entregada por las autoridades indica que ‘Los Brujos’ ofrecían presuntos servicios esotéricos y trámites migratorios fraudulentos, lo que habría causado perjuicios especialmente a personas residentes en Estados Unidos. Sin embargo, las investigaciones apenas avanzan en determinar el alcance real de dichas afectaciones.

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En la trayectoria de Andrés Rocha Bermúdez, destacan reflexiones profundas sobre la educación superior, la investigación y el significado de las universidades públicas en el desarrollo nacional. Según el inventario académico de la Universidad del Tolima, entre sus obras más relevantes aparece el texto ‘Algunos puntos de reflexión sobre la universidad’, donde aborda temas como la misión de las instituciones universitarias, la importancia de la formación integral y la producción de conocimiento, así como la influencia directa de estos factores en el crecimiento social, cultural y económico.

Además, la Biblioteca Rafael Parga Cortés consigna otra publicación del académico titulada ‘Universidad, ciencia, tecnología y subdesarrollo’. En este documento, Rocha Bermúdez desarrolla un análisis sobre el rol de la ciencia y la tecnología dentro del contexto del desarrollo científico y tecnológico, focalizando su mirada en el papel de las universidades en estos procesos.

Durante su ejercicio como rector en 1990, Rocha Bermúdez lideró a la Universidad del Tolima en una época marcada por desafíos respecto a la consolidación académica y la definición de la función de la educación superior en el departamento. Según el mensaje institucional de la Universidad, su gestión forma parte fundamental de la memoria colectiva de quienes han aportado a la edificación de la universidad pública en la región.

La entidad académica también subrayó la disposición de Andrés Rocha Bermúdez al diálogo, su dedicación a la vida institucional y su legado en la formación de nuevas generaciones, señalando que su labor impulsó la visión de la educación superior como motor de crecimiento regional.

Con respecto al último adiós, la Universidad del Tolima informó que las exequias de Rocha Bermúdez se llevarán a cabo este jueves en Los Olivos. La institución ratificó su respeto por la memoria del exrector y el compromiso de honrar la huella imborrable que dejó en la historia universitaria.

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¿Qué aportes concretos hizo Andrés Rocha Bermúdez a la Universidad del Tolima?

Andrés Rocha Bermúdez dejó un legado enfocado en la promoción de la misión universitaria, el fortalecimiento de la formación académica y la consolidación del papel de la universidad en el desarrollo regional. Su gestión como rector y sus reflexiones sobre la educación superior se mantuvieron vinculadas al impulso de la investigación y la visión de la universidad pública como pilar fundamental del crecimiento social y económico, según información proporcionada por la Universidad del Tolima.

¿Cuál es el contenido de ‘Universidad, ciencia, tecnología y subdesarrollo’ de Andrés Rocha Bermúdez?

‘Universidad, ciencia, tecnología y subdesarrollo’ es un texto en el que Andrés Rocha Bermúdez examina la relación entre la investigación científica, el desarrollo científico-tecnológico y el rol de las universidades en estos procesos. Según el registro de la Biblioteca Rafael Parga Cortés, la obra aborda cómo el conocimiento académico puede incidir en el desarrollo de la sociedad y la relevancia de la educación superior en los avances científicos y tecnológicos.

Ospina explicó que la inconformidad se debía a que algunos conductores ofrecían servicios mediante plataformas como Uber y, además, abordaban a los viajeros en el túnel del aeropuerto para promocionar sus recorridos. “Estaban prestando servicio con Uber y otras plataformas, pero además se hacían en el túnel del aeropuerto Palo Negro a pregonar el servicio: ‘Taxi, taxi, taxi, taxi’ y era un servicio especial”, relató al medio.

(Vea también: Violento atraco: mujer fue arrastrada por ladrones en moto y todo quedó en video)

El líder gremial sostuvo que su presencia en el lugar también estuvo relacionada con una discusión entre taxistas por el orden de las filas. Según su relato, varios conductores le avisaron que algunos compañeros se habían adelantado y no habían respetado el turno para prestar el servicio. Ante esa situación, afirmó que decidió intervenir y pedirles a los uniformados que retiraran a quienes intentaban colarse.

Durante ese episodio, Ospina aseguró que se produjo un altercado con un grupo de personas que se movilizaban en camionetas blancas. “Estaba discutiendo con los taxistas y se me viene una turba de las camionetas blancas. Ese tipo donde hubiera estado armado, me mata”, afirmó. Según su versión, los agentes retiraron a uno de los involucrados, pero él continuó pendiente de la situación de sus compañeros.

El dirigente manifestó que, después de ese momento, se acercó nuevamente al grupo de taxistas y fue entonces cuando los policías llegaron para llevárselo. Ospina negó haber bloqueado la vía o haber recibido un requerimiento previo de las autoridades. “Yo estoy sin bloquear la vía, ningún policía me había requerido absolutamente nada, nadie me pidió los documentos, y se me vienen todos y me ingresan a la fuerza de manera desproporcionada y agresiva”, declaró a Semana.

Sobre las razones de la intervención policial, fuentes judiciales consultadas por la revista señalaron que Ospina no fue capturado, sino que fue trasladado para imponerle una medida correctiva relacionada con la afectación al orden público, en el marco de la Ley 1801 de 2016. El propio líder gremial confirmó que el procedimiento estuvo relacionado con esa sanción y aseguró que no permaneció mucho tiempo en las instalaciones policiales.

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“Ahí no duré más de una hora. Luego salí e hice el video en donde expliqué la situación”, contó Ospina sobre lo ocurrido después de la intervención. El caso quedó registrado en videos que circularon en redes sociales y generaron comentarios sobre la forma en que fue retirado del aeropuerto. Su versión se centra en la disputa por la prestación del servicio de transporte y en la discusión entre conductores, mientras que la actuación de las autoridades estuvo relacionada con la aplicación de una medida correctiva.

El primer incidente se produjo en las cercanías de un caserío rural. Testigos reportaron que una camioneta perdió el control, pero hasta ahora no se ha informado sobre las causas puntuales que condujeron al despiste del vehículo. Las autoridades tampoco han divulgado mayores datos respecto a heridos o si hubo daños materiales. Como informó El Nuevo Día, permanece la incertidumbre en torno a este accidente inicial, esperando que la investigación determine las razones del siniestro y sus posibles implicaciones para la comunidad local.

No obstante, el segundo hecho generó mayor conmoción, pues involucró directamente la pérdida de una vida. De acuerdo con los primeros reportes citados por El Nuevo Día, este accidente tuvo lugar en el caserío de Olaya Herrera e incluyó a un camión y una motocicleta. Aunque está confirmado que una persona falleció en el sitio del percance, la identidad de la víctima permanece en reserva, a la espera de que las autoridades oficiales suministren información fidedigna y aclaren las circunstancias exactas del choque. Por ahora, la información sigue siendo de carácter preliminar y se aguarda un pronunciamiento definitivo que permita esclarecer tanto los factores que desencadenaron el accidente como los responsables del mismo.

Esta serie de accidentes a lo largo de la misma mañana ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la seguridad vial en la zona rural del sur de Tolima. La incertidumbre por el desconocimiento de las causas y la ausencia de datos certeros sobre el desarrollo de los siniestros siembra preocupación entre los habitantes y pone a la espera a las familias afectadas. La zona está pendiente de los resultados de las investigaciones para poder comprender lo sucedido y, eventualmente, adoptar medidas correctivas. La labor de las autoridades será clave para informar a la ciudadanía y prevenir futuros incidentes en este corredor vial.

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¿Qué se sabe sobre los accidentes de tránsito ocurridos en Chaparral, Tolima?

Durante la mañana del 29 de octubre, se registraron dos accidentes de tránsito en la zona rural de Chaparral, Tolima, en la vía hacia Olaya Herrera. El primero involucró una camioneta que perdió el control y del cual aún no hay informaciones detalladas. El segundo, registrado en el caserío de Olaya Herrera, dejó una persona fallecida tras un choque entre un camión y una motocicleta, según los primeros reportes recogidos por El Nuevo Día.

¿Por qué no se ha revelado la identidad de la víctima del accidente en Olaya Herrera?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente la identidad de la persona fallecida en el accidente de Olaya Herrera. La información sigue siendo preliminar y se espera que los organismos competentes verifiquen y entreguen detalles oficiales para esclarecer tanto la identidad como las circunstancias que rodearon el hecho.

Según el fallo, que tiene 38 páginas, el Ministerio de Cultura no presentó una justificación clara para haber retirado las piezas. El juzgado dejó en evidencia que la decisión de sacar las obras limitó, de manera injustificada, el acceso de la ciudadanía a expresiones artísticas que abordan temáticas de interés público como el reconocimiento de la lucha de la población LGBTIQ+ y la memoria de las víctimas de la violencia política. Además, el juzgado resaltó la importancia de que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a una formación histórica plural, condición indispensable para una sociedad democrática y pluralista.

El fallo también establece que el proceso de restitución debe cumplir condiciones técnicas para la conservación adecuada de las obras. Tanto el Ministerio de las Culturas como el Museo Nacional están obligados a adelantar revisiones técnicas y curatoriales en línea con los parámetros institucionales vigentes. Dentro de estos criterios, el juzgado exigió la protección de la memoria histórica, el respeto al enfoque diferencial y de género, y la garantía de pluralismo, igualdad y la prohibición de cualquier forma de censura.

Este episodio judicial se da después de manifestaciones y protestas frente a la sede del Museo Nacional, en el centro de la capital. Cabe recordar que, el 19 de octubre, el mismo juzgado ya había dictado una medida cautelar para suspender de manera temporal el traslado de las obras. Con la nueva resolución, quedó establecido el mandato de regresar todas las piezas en el plazo estipulado. El fallo permite aún que las partes involucradas presenten un recurso de impugnación.

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¿Por qué fue tan relevante el fallo sobre las obras del Museo Nacional?

El fallo del Juzgado 24 de Familia de Bogotá fue relevante porque reconoció derechos fundamentales vinculados a la verdad, la memoria histórica y la libertad de expresión artística. De acuerdo con lo registrado en la decisión judicial, la falta de justificación clara del Ministerio de Cultura al retirar las piezas atentó contra el acceso público a obras que refieren problemáticas sociales e históricas, por lo que ordenar su restitución busca proteger la diversidad cultural y la pluralidad de voces.

¿Qué significa enfoque diferencial y por qué lo mencionó el juzgado en su fallo?

El enfoque diferencial consiste en reconocer y garantizar derechos específicos a grupos históricamente vulnerables o discriminados, como la población LGBTIQ+ o las víctimas de violencia. El juzgado incluyó este criterio en su fallo para asegurar que la restitución y exhibición de las obras respeten la pluralidad y diversidad de la sociedad, tal como lo destaca el texto judicial citado.

El asesinato que sacudió a la comunidad ibaguereña sucedió el 19 de septiembre de 2024, sobre las 4:30 p. m., en la zona de la calle 42 con carrera Quinta. De acuerdo con lo publicado, Sánchez Aguirre había recogido a su hijo en un instituto de idiomas y, tras efectuar una compra, ambos se dirigían hacia el vehículo cuando fueron sorprendidos por hombres que presuntamente intentaron despojarlo de una cadena de oro. Durante el asalto, Sánchez Aguirre recibió un disparo a plena luz del día y su hijo fue testigo directo del hecho. La herida resultó mortal y la violencia del ataque generó conmoción entre la familia del exmilitar y la sociedad local, dadas las circunstancias en que fue ejecutado el crimen.

Según las fuentes consultadas, la excarcelación de Castrillón se produjo por vencimiento de términos, una figura legal que hace referencia a los plazos definidos por la ley para llevar a cabo los procedimientos judiciales. La puesta en libertad, sin embargo, no cambia el estatus procesal de Castrillón, cuya responsabilidad o inocencia deberá ser dirimida en el proceso en curso. No se especificaron los motivos exactos de las demoras ni se indicó si estas corresponden a fallas de la fiscalía, la defensa o el propio aparato judicial. En contraste con la situación de Castrillón, la información suministrada reporta que Edwin Montealegre, otro de los implicados en el homicidio, ya cumple una condena de 18 años y ocho meses de prisión. La liberación de alias ‘Gumarrita’ reavivó las preocupaciones de allegados a la víctima respecto al funcionamiento de la justicia.

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¿Por qué alias ‘Gumarrita’ está libre si seguía vinculado al proceso?

Alias ‘Gumarrita’ fue liberado por vencimiento de términos, lo que ocurre cuando superan los plazos legales para adelantar etapas del juicio sin una resolución definitiva. Esta figura no significa que haya sido absuelto o declarado inocente, sino que el proceso continúa y su responsabilidad será definida más adelante, según lo resalta la información sobre el fallo del juzgado.

¿Cómo fue el homicidio del mayor Gustavo Sánchez en Ibagué?

El crimen tuvo lugar la tarde del 19 de septiembre de 2024, cuando el exmilitar, acompañado de su hijo, fue abordado por hombres que presuntamente intentaron robarle una cadena de oro. En el asalto, le dispararon y la gravedad de la herida le causó la muerte, generando consternación en la comunidad, según los reportes disponibles.

La más reciente intervención del exmandatario fue el miércoles 28 de octubre en el evento “Making Peace Last: Lessons from Colombia and Northern Ireland”, organizado por Chatham House. En ese espacio, Santos abordó la importancia de fortalecer los acuerdos de paz y cómo evitar la reaparición de la violencia, tomando como referencia tanto la experiencia de Colombia como la de Irlanda del Norte.

Durante su discurso, Santos recordó los desafíos a los que se enfrentó durante la implementación del acuerdo. Según señaló, el Acuerdo de Paz representa un capítulo fundamental en la historia reciente de Colombia y es clave para entender las dificultades actuales del país. En su opinión, es crucial que el gobierno actual, encabezado por Abelardo de la Espriella, comprenda que muchos de los problemas de Colombia pueden resolverse si se implementa debidamente lo pactado. Al respecto, dijo: “tenemos un gran desafío con el nuevo gobierno de Colombia, de tratar de convencerlos de algo que es muy real: la solución a muchos de los problemas que tiene hoy Colombia está en el Acuerdo de Paz y su implementación”.

Santos puntualizó que el proceso de paz “generó una división política que aún está presente hoy en el país”. Tras el plebiscito, los impulsores del 'No' hicieron 60 propuestas de ajuste al acuerdo, 58 de las cuales fueron aceptadas, pero según sus palabras, “siguieron yendo en contra del Acuerdo”. Para el expresidente, esta situación responde a factores políticos, afirmando que en muchos casos “la política se opone al propósito mayor de tener paz”. Señaló que todavía, diez años después, hay un esfuerzo constante por convencer a sectores que, según él, han sido influenciados para considerar el proceso de paz como un fracaso.

En el evento estuvieron también Sergio Jaramillo, ex alto comisionado para la Paz; Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); y varios expertos internacionales. Según El Espectador, las recientes decisiones del gobierno de la Espriella, como la reducción de recursos para la implementación de los acuerdos y la solicitud de cambios ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, motivan las alertas de Santos. El expresidente ha criticado la falta de voluntad para cumplir lo pactado y la polarización política que persiste frente al debate sobre el acuerdo.

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¿Qué consecuencias tiene la reducción de recursos para la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia?

De acuerdo con lo expuesto por Juan Manuel Santos, la reducción drástica de recursos asignados a las instituciones encargadas de implementar el Acuerdo de Paz afecta directamente la capacidad de cumplir con lo pactado y puede poner en riesgo los avances logrados en la construcción de paz. Esta situación es vista con preocupación, ya que dificulta la consolidación de procesos claves como la Reforma Rural Integral, mencionada en la información proporcionada por El Espectador.

¿Por qué persiste la polarización política frente al Acuerdo de Paz colombiano?

Según Santos, la polarización en torno al Acuerdo de Paz se debe a motivos políticos, factores que influyen incluso después de intentos de conciliación y ajustes propuestos por sectores opuestos al acuerdo. El expresidente sostiene que la división persiste porque algunos líderes priorizan intereses de poder sobre los objetivos de la paz, lo que mantiene viva la controversia pública en Colombia sobre la efectividad y futuro del Acuerdo de Paz.

En un avance decisivo para el proceso judicial que sacude las esferas del poder político, Deicy Jiménez acudió en las últimas horas a la sede de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para rendir su declaración formal dentro de la investigación preliminar que se adelanta contra el expresidente Gustavo Petro y la exsenadora María José Pizarro. El diligenciamiento se desarrolla en el despacho del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, encargado de recopilar el material probatorio en torno a las denuncias sobre la presunta red de ‘sexocontratos’ instalada en el Ejecutivo.

A su llegada a la alta corporación judicial, la defensa técnica de la compareciente enfatizó la condición de vulnerabilidad de su prohijada, sosteniendo que acude al proceso en calidad de víctima de las presiones y dinámicas de sometimiento ejercidas desde altos cargos de la administración saliente.

El penalista Felipe Caballero, representante legal de Jiménez, confirmó que la diligencia servirá para entregar los soportes documentales y digitales que respaldan los señalamientos de canje de vinculaciones laborales y contratos estatales a cambio de favores sexuales:

“Jiménez ratificará absolutamente todo lo que le dijo a los medios de comunicación y aportará todas las pruebas… Es una víctima en medio de este esquema que operó bajo directrices directas para direccionar contratos”, aseveró el jurista ante los medios de comunicación al momento de ingresar a la sede judicial.

El testimonio de Deicy Jiménez resulta clave dentro del expediente que evalúa la responsabilidad disciplinaria y penal de los fueros involucrados, luego de que salieran a la luz pública chats, audios y testimonios sobre la instrumentalización de mujeres al interior de entidades públicas a cambio de estabilidad laboral o esquemas de seguridad.

Tras la fijación de la fecha de testimonio, el magistrado Fonseca Alvarado procederá a evaluar la conducencia y pertinencia del acervo probatorio entregado por Caballero, definiendo si existen méritos suficientes para avanzar hacia una apertura formal de instrucción o la citación a versión libre de los exfuncionarios señalados dentro de esta trama de corrupción pública y abuso de poder.

Las declaraciones de Cancino fueron emitidas después de que Cepeda, durante un debate de control político, anunciara su intención de acusar formalmente al mandatario ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, citando el presunto delito de concierto para delinquir. El senador también comunicó que solicitará indagaciones sobre otras conductas, como interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.

En sus declaraciones, Cancino advirtió que los señalamientos efectuados podrían ser graves, pero expresó su preocupación por la aparente falta de pruebas que desvirtúen la presunción de inocencia de De la Espriella. Según informes de El Espectador, el ministro recalcó que no basta con exhibir documentos como organigramas antiguos, escrituras públicas y operaciones empresariales para fundamentar una condena, ya que estos no sustituyen las decisiones judiciales ni constituyen pruebas definitivas.

La postura del Gobierno también incluyó críticas hacia sectores políticos que, de acuerdo con Cancino, no han exigido aclaraciones por hechos similares de presunta corrupción y vínculos con el crimen durante gobiernos pasados. El funcionario reiteró que cualquier denuncia debe tramitarse respetando el debido proceso y el derecho de defensa, y aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a aportar todos los elementos requeridos para que se aclaren los hechos ante los entes judiciales.

Por su parte, Cepeda presentó como pruebas folios inmobiliarios, registros financieros y decisiones judiciales para argumentar la posible existencia de una red llamada “narcorrentismo”, en la que estarían involucrados capitales asociados con el narcotráfico y el paramilitarismo, así como funcionarios con nexos laborales pasados con empresas relacionadas tanto con De la Espriella como con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond.

El senador destacó el caso de la empresa Dominio De la Espriella, encargada del ron Defensor, señalando que, en los últimos años, parte de su capital proveía de familiares de Hugues Rodríguez Fuentes, alias “Barbie”. También asoció la compra de la finca Nueva Jerusalén y la relación con el empresario Daniel Peñarredonda, vinculado a un proceso en Estados Unidos por lavado de activos.

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¿Qué es el delito de concierto para delinquir por el que se investiga al presidente Abelardo de la Espriella?

El concierto para delinquir consiste en el acuerdo entre varias personas para cometer delitos de manera conjunta, lo que implica la formación de una estructura criminal. En el caso citado por el senador Iván Cepeda, la acusación radica en la supuesta existencia de redes que, según los documentos presentados durante el debate de control político, vincularían al presidente Abelardo de la Espriella con actividades ilícitas, especialmente aquellas relacionadas con el financiamiento derivado del narcotráfico y el paramilitarismo.

¿Cuál es la relación entre la empresa Dominio De la Espriella, el ron Defensor y los aportes vinculados al entorno de alias “Barbie”?

De acuerdo con los datos aportados por Iván Cepeda durante su intervención, la empresa Dominio De la Espriella, responsable de la comercialización del ron Defensor, recibió en 2022 y 2023 aportes de capital significativos provenientes del círculo familiar y societario de Hugues Rodríguez Fuentes, alias “Barbie”. Cepeda expuso que estos aportes habrían representado cerca del 40 % de la capitalización de la empresa en esos años, lo que, según su denuncia, revela posibles nexos financieros con actores investigados por actividades criminales.

De acuerdo con la información suministrada sobre el caso, el siniestro ocurrió el martes 27 de octubre, hacia la 1:30 de la tarde, cuando el joven y un grupo de amigos realizaban actividades recreativas en el mar. Su fallecimiento fue confirmado durante la madrugada del miércoles 28 de octubre.

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Hasta el momento, no se han establecido oficialmente las causas del accidente. Entretanto, las circunstancias en las que se produjo la colisión son materia de verificación.

Según el relato de sus familiares, el joven antioqueño llegó a Cartagena el lunes 26 de octubre en compañía de varios allegados, con la intención de pasar unos días de descanso en las playas de la ciudad.

Al día siguiente, el grupo se desplazó hacia la zona insular para disfrutar de actividades náuticas. Fue durante esa jornada cuando ocurrió el accidente que terminó con la vida de Álvarez Restrepo.

Las versiones preliminares de sus acompañantes apuntan a que se habría presentado una fuerte colisión entre dos o más motos acuáticas. El impacto dejó tres personas lesionadas, entre ellas el joven de 18 años.

Tras el choque, habitantes de la zona y lancheros habrían auxiliado a los afectados y colaborado en su traslado al puesto de salud de Barú.

Debido a la gravedad de sus lesiones, Álvarez Restrepo fue remitido a un centro asistencial de mayor complejidad en Cartagena. Sin embargo, pese a la atención médica recibida, falleció durante las primeras horas del miércoles.

Posteriormente, su cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, en el barrio Zaragocilla, según la información conocida sobre el caso. Las autoridades marítimas y los organismos competentes deberán esclarecer cómo se produjo la colisión y determinar si hubo incumplimientos de las normas de seguridad aplicables a las embarcaciones involucradas.

Accidente reabre el debate sobre el control de las motos acuáticas en Cartagena

La muerte del joven vuelve a poner en discusión las condiciones de seguridad con las que se desarrollan las actividades náuticas en destinos turísticos como Barú, Playa Blanca, Cholón y las islas del Rosario.

Aunque existen disposiciones para regular la navegación recreativa, las zonas autorizadas para estas actividades y las medidas de protección que deben cumplir los operadores, es necesario establecer cuáles reglas aplicaban específicamente al lugar del accidente y si fueron respetadas.

Entre los aspectos que las autoridades deberán verificar están los permisos de operación de las embarcaciones, las condiciones de seguridad, el uso de elementos de protección y las circunstancias en las que se produjo el choque.

También será importante determinar si las motos acuáticas involucradas operaban en un área habilitada para esa actividad y si contaban con la documentación correspondiente.

¿Qué se debe verificar sobre las normas de seguridad náutica?

La regulación de las actividades recreativas en el mar contempla medidas destinadas a reducir el riesgo de accidentes y proteger a los bañistas y demás usuarios de las zonas costeras. Sin embargo, las restricciones y distancias exigidas pueden variar según el área marítima y la normativa aplicable.

Por eso, además de establecer las causas del siniestro, la investigación deberá aclarar si las embarcaciones cumplían las condiciones exigidas para operar en ese sector de Barú.

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Por ahora, no hay información oficial suficiente para concluir que el accidente se produjo por una infracción específica o por fallas de vigilancia.

La muerte de Yeferson Álvarez Restrepo deja interrogantes sobre lo ocurrido durante aquella jornada de vacaciones y sobre las condiciones en las que se prestan los servicios de recreación náutica en Cartagena.

Entre los capturados se encuentran alias ‘Brayan’, señalado como cabecilla de una comisión armada, y alias ‘Sebastián’, también conocido como ‘Caquetá’, quien, según la información oficial, sería considerado como segundo al mando dentro de la estructura. Las detenciones se llevaron a cabo tras enfrentamientos que habrían comenzado en la tarde del miércoles y se extendieron durante la noche en el sector de Venus, corregimiento de La Marina, en la zona rural de Tuluá.

En el curso del procedimiento militar, las tropas incautaron siete fusiles, dos pistolas, municiones de diferentes calibres, equipos de comunicación y material de intendencia, según el reporte entregado tras la operación. Este resultado representa, según fuentes oficiales, un golpe a la estructura armada ilegal, al tiempo que se busca reducir la capacidad operativa de dicho grupo y reforzar el control en las áreas donde mantiene actividad.

Las autoridades han resaltado que las operaciones se mantienen en la zona rural de Tuluá, en respuesta a la continua presencia de grupos armados ilegales y los recientes enfrentamientos que han inquietado a los residentes locales. Los presuntos integrantes del Frente 57 deberán asumir los respectivos procesos judiciales para establecer su situación jurídica y las posibles responsabilidades ante la ley. Mientras tanto, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana continúan con las acciones para contrarrestar la presencia de estructuras armadas ilegales en el Valle del Cauca, una región marcada por disputas territoriales y ataques de grupos al margen de la ley.

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¿Cuáles son los detalles del operativo militar contra las disidencias en Tuluá?

De acuerdo con la información oficial entregada por las autoridades y citada por el presidente Abelardo De La Espriella, el operativo se desarrolló en la zona rural de Tuluá, sector de Venus, corregimiento de La Marina, tras enfrentamientos que iniciaron la tarde del miércoles y continuaron en la noche. Durante la acción participaron el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, logrando la captura de cinco presuntos integrantes del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’ e incautando armas, municiones y equipos de comunicación.

¿Qué consecuencias enfrentan los capturados tras la operación en Valle del Cauca?

Según el reporte oficial, los cinco capturados deberán someterse a los procedimientos judiciales correspondientes, en los que se determinará su situación jurídica y las posibles responsabilidades individuales por su supuesta pertenencia a las disidencias de las Farc. Mientras tanto, las autoridades intensifican las operaciones en la región para debilitar la estructura armada y fortalecer el control territorial.

En Mosquera, el barrio Villa Cetty fue el más golpeado por el desbordamiento, lo que perjudicó directamente a aproximadamente 12 familias. La Alcaldía, en coordinación con los equipos de emergencia, evacuó el agua estancada y permitió el regreso paulatino de la normalidad alrededor de las 7:38 p. m. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó el balance de pérdidas materiales ni se especificó la magnitud del daño en cada vivienda, de acuerdo con la información entregada por el gobierno local.

Soacha vivió una situación similar, pues la lluvia generó inundaciones en los sectores de Quintanares, San Mateo, Puertoalegre y Rincón del Lago. Además, la movilidad resultó afectada en áreas de alto tráfico, como la Autopista Sur cerca del SENA y en la glorieta de Gran Plaza. Las inspecciones continúan en estos puntos para determinar si se requiere apoyo adicional o respuestas distintas a las implementadas inicialmente, según reportó el mandatario departamental.

Por su parte, en Cucunubá, el desbordamiento de un canal en el sector de La Punta de la Peña movilizó a residentes, Bomberos Voluntarios de Ubaté, Policía de Cundinamarca y la Alcaldía. Actuando en conjunto, lograron instalar cerca de 480 lonas con recebo para frenar la emergencia y destaparon el cauce afectado. La inundación alcanzó una vía y pastizales, pero, de acuerdo con la gobernación, no se reportaron lesionados ni afectaciones a viviendas.

Estas emergencias recientes se suman a la del pasado 14 de octubre, cuando un hombre perdió la vida en Soacha, arrastrado por la corriente mientras conducía una motocicleta, y otras dos personas resultaron heridas. En esa ocasión, municipios como Funza, Cota y Lenguazaque también padecieron caídas de árboles, daños en viviendas e inundaciones.

La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo mantiene vigilancia constante y los consejos municipales continúan evaluando la situación. El gobernador advirtió sobre la persistencia de lluvias en las semanas siguientes, recomendando mantener desagües sin obstáculos y evitar zonas vulnerables al desbordamiento.

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¿Cuáles fueron las zonas más afectadas por las inundaciones recientes en Cundinamarca?

De acuerdo con el balance oficial, los municipios más afectados por las fuertes lluvias fueron Mosquera, Soacha y Cucunubá. En Mosquera, el sector Villa Cetty presentó daños en 12 familias. Soacha sufrió inundaciones en Quintanares, San Mateo, Puertoalegre y Rincón del Lago, además de problemas de movilidad en puntos clave como la Autopista Sur y la glorieta de Gran Plaza. En Cucunubá, la emergencia se registró por el desbordamiento de un canal en La Punta de la Peña, afectando vías y potreros.

¿Qué medidas de prevención recomendó la Gobernación de Cundinamarca frente a las lluvias?

El gobernador Jorge Emilio Rey recomendó a la ciudadanía mantener los desagües despejados, no acercarse a ríos ni quebradas durante los aguaceros y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades. Además, se mantiene el monitoreo en las zonas afectadas y una comunicación permanente con los consejos municipales de gestión del riesgo para reaccionar oportunamente ante nuevas emergencias.

Según el mandatario, las entidades serán medidas de forma objetiva: las que cumplan recibirán respaldo, mientras que las que incumplan o sean inviables podrían ser intervenidas, reorganizadas o sustituidas.

El Gobierno también plantea revisar técnicamente el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con información verificable sobre los costos reales de atención. De la Espriella aseguró que el objetivo es garantizar que los recursos lleguen oportunamente a EPS, hospitales, clínicas y proveedores.

Otro anuncio fue la creación de un tablero público para hacer seguimiento semanal al Plan de Choque en Salud y al represamiento de medicamentos y procedimientos. Según el Gobierno, más de un millón de usuarios tienen atenciones pendientes.

Por su parte, la ministra de Salud, Ana María Vesga, pidió a la Contraloría y la Procuraduría revisar asignaciones por $885.000 millones realizadas entre el 1 y el 6 de agosto.

Señaló inconsistencias en registros presupuestales y propuestas técnicas, además de obras sin estudios ni diseños. También informó que existen $4,8 billones comprometidos sin obligar y recordó que el Ministerio ya había reportado posibles irregularidades a la Fiscalía.

El factor en común entre estas historias es su trasfondo: ambas mujeres eran madres originarias del Tolima, y cada una ha dejado un doloroso vacío en sus familias. Avilés tenía tres hijos a su cargo y había buscado refugio junto a ellos tras el fin de una relación sentimental. La diferencia de apenas un día entre ambos fallecimientos ha puesto estos casos en la mirada pública del departamento, según lo ha resaltado El Nuevo Día.

En el caso de Alba Rocío Pérez, la tragedia se desató alrededor de las 4:50 de la tarde, cuando vecinos escucharon gritos de auxilio y alertaron a la Policía. Los uniformados ingresaron a la vivienda y hallaron a Pérez inconsciente, llevándola de inmediato a un centro médico, donde confirmaron su fallecimiento. La investigación se encuentra en curso bajo la hipótesis de feminicidio, respaldada por testimonios de vecinos y familiares que mencionaron posibles antecedentes de celos y actitudes agresivas por parte de su pareja.

Yuly Yaneth Avilés murió tras sufrir un ataque con arma blanca en el sector de Bosa Porvenir, Bogotá. Conforme a lo informado por sus familiares, la mujer, que recientemente se había separado de su pareja, recibió cuatro heridas. El presunto responsable seria su expareja, Edwin Murcia, quien habría escapado tras cometer el ataque. Los allegados de Avilés aseguran que la mujer habría enfrentado episodios previos de violencia sentimental.

Ambos casos, aunque sucedieron en contextos y ciudades distintas, tienen elementos similares: relatos sobre posibles antecedentes de violencia y la profunda marca que dejan en sus allegados, quienes ahora buscan respuestas y justicia. Las investigaciones judiciales seguirán su curso de manera independiente y serán las autoridades competentes las encargadas de esclarecer los hechos, determinar las circunstancias de cada muerte y definir responsabilidades.

¿Cuáles son los puntos en común entre los casos de Alba Rocío Pérez y Yuly Yaneth Avilés?

Ambos casos involucran a mujeres tolimenses, madres de familia, cuyas muertes acontecieron con solo un día de diferencia en diferentes ciudades. Según lo señalado por El Nuevo Día, en ambas historias existe el común denominador de presunta violencia de pareja y testimonios de allegados que hablan sobre antecedentes de celos y maltrato.

¿Por qué las autoridades investigan los casos como posibles feminicidios?

La hipótesis de feminicidio surge de los relatos recogidos por familiares y vecinos, quienes han señalado episodios de violencia sentimental y comportamientos agresivos de las exparejas de las víctimas. Las investigaciones buscan establecer si estas muertes están directamente relacionadas con violencia de género y serán las autoridades judiciales las que determinen las circunstancias exactas de los hechos.

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