De acuerdo con el comunicado oficial divulgado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede desde el Vaticano este mismo miércoles, el Santo Padre manifestó su cercanía espiritual y humanitaria con las personas que han sufrido las duras consecuencias del sismo. En particular, el comunicado detalló que el papa expresó su solidaridad con “las familias de los fallecidos, los heridos, los equipos de rescate y los operadores humanitarios”, reconociendo la valiosa labor que desempeña el personal de asistencia en los lugares golpeados por el desastre natural. Asimismo, la institución eclesiástica reiteró que el Santo Padre “ha reiterado su solidaridad con todos aquellos que sufren las duras consecuencias del reciente sismo que ha afectado a Colombia”.

La comunicación telefónica entre el mandatario colombiano y el máximo jerarca de la Iglesia católica se produjo de manera paralela a las labores continuas que despliegan las autoridades y los diversos organismos de socorro y emergencia. Dichas instituciones continúan en el terreno atendiendo las múltiples consecuencias del movimiento sísmico, al tiempo que evalúan de manera rigurosa la situación general en cada una de las zonas que resultaron afectadas por el fenómeno natural.

Más allá de manifestar sus condolencias y su apoyo a los damnificados, el papa León XIV y el presidente Abelardo De La Espriella aprovecharon el espacio para intercambiar comentarios sobre la situación general que atraviesa el país. Según lo informado por la Santa Sede, durante el diálogo “se abordó la situación del país y de las regiones afectadas por el terremoto”, lo que permitió que el pontífice obtuviera de primera mano un panorama amplio sobre el impacto del sismo y el estado de los territorios golpeados. De esta forma, la conversación no se limitó de manera exclusiva a la situación de las víctimas, sino que permitió al pontífice conocer de primera mano el panorama de Colombia y de los territorios golpeados por el fenómeno sísmico.

No obstante, la Oficina de Prensa de la Santa Sede precisó en su comunicado oficial que el documento emitido desde el Vaticano “no entregó detalles adicionales sobre la duración de la llamada ni sobre otros asuntos específicos que pudieron haber sido tratados durante la conversación” bilateral.

La trayectoria judicial de Jaramillo Lozano presenta al menos dos antecedentes de peso que ya habían encendido las alarmas sobre su accionar en la ciudad. Uno de los episodios más recientes ocurrió en 2023, cuando la Policía Metropolitana reportó la detención de un hombre acusado de tomar parte en el hurto al restaurante Doraditos y Sazón, ubicado en el centro de Ibagué. Según datos oficiales, ese día dos sujetos intimidaron a los clientes del local utilizando un arma blanca y un arma traumática tipo Mini Uzi, despojando a varias personas de sus pertenencias. La Policía logró capturar a uno de los sospechosos mientras intentaba huir, encontrándole parte de lo robado y las armas usadas, lo que sustentó el proceso judicial en su contra.

Otro hecho relevante de su prontuario ocurrió en 2022, cuando la Fiscalía General de la Nación impuso una medida de aseguramiento contra Jaramillo Lozano y Natalia Marcela Sánchez Reina. Ambos fueron imputados por tentativa de homicidio agravado y hurto calificado y agravado, luego de un presunto intento de robo en el que un taxista resultó gravemente herido en el barrio Galán. Fueron capturados en el barrio La Castellana, pero durante el proceso judicial, no aceptaron los cargos, lo que dejó pendiente la determinación de su responsabilidad penal. Ahora, tras el incidente en La Pola, Jaramillo Lozano vuelve a estar bajo la lupa judicial, ya que las autoridades deberán establecer si existen elementos suficientes para vincularlo formalmente con este nuevo hecho.

Un aspecto adicional conocido sobre su caso es que personas cercanas a Jaramillo Lozano, tanto familiares como amigos, habrían intentado apoyarlo para que se alejara del consumo de drogas y ambientes delictivos, aunque los resultados de estos esfuerzos parecen haber sido insuficientes durante los últimos años.

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¿Qué antecedentes judiciales tiene Camilo Andrés Jaramillo Lozano en Ibagué?

Jaramillo Lozano ha estado vinculado previamente con dos casos graves: el hurto al restaurante Doraditos y Sazón en 2023, donde usaron un arma blanca y una traumática para intimidar y robar a clientes, y el caso de tentativa de homicidio agravado y hurto calificado y agravado en 2022, que dejó a un taxista herido. Ambos procesos fueron reportados por la Policía Metropolitana de Ibagué y la Fiscalía General de la Nación.

¿Por qué seguía en libertad Camilo Andrés Jaramillo Lozano pese a sus antecedentes?

Pese a haber sido procesado por hechos graves y contar con antecedentes relacionados con hurtos y tentativa de homicidio, Jaramillo Lozano no aceptó los cargos en algunos procesos judiciales. Por este motivo, su responsabilidad debía ser determinada dentro de los procesos judiciales abiertos, lo que permitió que estuviera en las calles antes de verse involucrado en un nuevo episodio en La Pola.

Ante la inminencia del vencimiento de la batería, Andrea inició desde mayo los trámites necesarios para gestionar el cambio del marcapasos, esperanza que cada día se ve más lejana. Según relató, ha buscado la autorización del procedimiento ante la Empresa Promotora de Salud (EPS) Asmet Salud pero hasta el momento no ha recibido respuesta satisfactoria. Los obstáculos no han parado allí. La familia se ha enfrentado a persistentes dificultades, pues al acercarse a diferentes instituciones, el principal inconveniente ha sido la falta de acceso a la especialidad y la existencia de convenios vigentes que permitan realizar la intervención.

La progenitora ha recibido instrucciones para presentarse en centros médicos ubicados en Bogotá, Ibagué y Neiva. Sin embargo, en varias oportunidades le han notificado que la EPS Asmet Salud no tiene convenio con esas instituciones para cubrir la intervención requerida. Además de acudir a hospitales y entidades médicas, Andrea llevó el caso ante la Gobernación del Tolima e hizo gestiones ante otras autoridades de salud. Reporta que mantuvo contacto con el Ministerio de Salud, aunque tampoco ha logrado una solución con este organismo hasta la fecha.

La angustia crece a medida que el tiempo se agota. En palabras de Andrea: “Nos sentimos como en un círculo vicioso donde no encontramos respuesta ante la situación de mi mamá”. La familia recalca que, de acuerdo con las últimas indicaciones médicas, únicamente quedarían uno o dos meses de funcionamiento de la batería del marcapasos, por lo que piden celeridad en la atención. Alicia, preocupada, le manifestó esta semana a su hija: “Yo no me quiero morir, yo quiero ver crecer a mis nietos”. Por ello, hacen un llamado urgente tanto a autoridades municipales y departamentales como al Ministerio de Salud, con la esperanza de conseguir pronto una respuesta que permita realizar el cambio del dispositivo antes de que sea demasiado tarde.

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¿Cuál es el principal problema que enfrenta la familia de Alicia Rincón en la gestión de la salud?

El principal problema radica en la dificultad para encontrar una institución que, además de contar con la especialidad necesaria, tenga convenio con la EPS Asmet Salud para autorizar y realizar el cambio de marcapasos. Esta situación ha llevado a la familia a un prolongado proceso sin respuestas claras, a pesar de acudir a hospitales en diversas ciudades y gestionar el caso ante diferentes autoridades.

¿Por qué es urgente el cambio de marcapasos en el caso de Alicia Rincón?

La urgencia se debe a que la batería del marcapasos, según los especialistas consultados, tiene un funcionamiento garantizado solo por uno o dos meses más. Si no se cambia a tiempo, la salud y la vida de Alicia Rincón estarían en riesgo, razón por la cual su familia solicita una pronta intervención por parte de las autoridades de salud.

Según Capital Salud, y luego de una revisión interna, Córdoba ya contaba con la autorización para realizar el procedimiento de eutanasia desde hace cuatro años, por lo que no es necesario que inicie un nuevo trámite de solicitud. No obstante, la EPS indicó que acaba de restablecer el contacto directo con la paciente para conocer de cerca su situación actual y reiterar el acompañamiento en la decisión que tome, siempre respetando su libertad y autonomía. Además, la entidad aseguró que mantendrá la prestación de todos los servicios médicos requeridos por la paciente, en cumplimiento de las condiciones establecidas para estos casos.

La historia de vida de Consuelo es trágica y ejemplifica los desafíos que deben afrontar las víctimas de ataques con sustancias químicas. Los hechos se remontan al año 2000, cuando ella llegó a Bogotá desde Istmina, Chocó, con la intención de residir y trabajar en la capital. Según su testimonio, su entonces esposo no aceptó su decisión de quedarse en Bogotá, circunstancia en la que fue atacada con una sustancia química. Desde ese momento, su vida quedó marcada por las profundas secuelas físicas y emocionales derivadas del ataque.

Durante más de 26 años, Consuelo ha tenido que someterse a cerca de 87 cirugías, según contó en diferentes espacios. Sin embargo, esto no ha traído la recuperación de su calidad de vida. En la actualidad, enfrenta dificultades en las actividades más básicas: usa una máscara para protegerse el rostro, depende de tubos en la nariz para poder respirar y atraviesa serios problemas económicos, hasta el punto de depender de ayuda de terceros para cubrir sus necesidades más elementales. "Vivo de la caridad de la gente. Bogotá me lo conozco pidiendo limosna", expresó públicamente.

Hoy, además de las secuelas físicas y los retos económicos, Consuelo debe afrontar la decisión sobre la eutanasia, una alternativa que ha manifestado como una posible salida a años de sufrimiento.

¿Cuál es la situación actual de María Consuelo Córdoba frente a la eutanasia?

De acuerdo con Capital Salud, María Consuelo Córdoba cuenta desde hace cuatro años con autorización para acceder al procedimiento de eutanasia y no necesita reiniciar el proceso de aprobación. La entidad reiteró su compromiso de acompañar la decisión que ella tome, así como la prestación de los servicios médicos que requiera en las condiciones determinadas por la normativa vigente.

¿Cuáles han sido las principales secuelas físicas y económicas que ha enfrentado Consuelo Córdoba desde el ataque con ácido?

Córdoba ha sufrido profundas afectaciones físicas a raíz del ataque: ha tenido que someterse a cerca de 87 cirugías, utiliza una máscara facial para proteger su rostro y depende de tubos en la nariz para respirar. Además, su situación económica es crítica y ha manifestado que depende de la caridad para subsistir, evidenciando la magnitud de las dificultades que enfrenta en su vida cotidiana.

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Según el relato entregado por el campesino a ‘Alerta Paisa’, replicado por El Tiempo, el descubrimiento ocurrió al notar la presencia insistente de un gallinazo sobrevolando el sector montañoso. El hombre supuso inicialmente que alguna de sus bestias había perecido.

Diego explicó que en esa zona tiene dos animales y que, inicialmente, pensó que alguno había muerto: “Lo vi rondando [al gallinazo]. A mí lo que se me vino a la mente fue: ‘Se me mató la mula”.

El habitante caminó hacia la cima geográfica buscando esclarecer la situación observada en el firmamento. El movimiento constante de esas aves confirmó la presencia de un elemento extraño en la ladera profunda de la montaña.

“Me dirigí hacia el filo, hacia un punto que tenía más o menos visibilidad del lugar donde me encontraba. Desde ahí podía visualizar el punto y veía que los gallinazos volteaban, daban rondas”, aseguró al medio.

Al descender la pendiente, el campesino divisó tonalidades atípicas entre la vegetación. Distinguió manchas de varios colores pero sin lograr identificar de inmediato la figura humana completa desde su ubicación previa.

El testigo aseguró ver “un parche blanco allá, pero no se veía ningún cuerpo, no se veía nada. Solamente se alcanzaba a ver algo como café y algo como rojo”, describiendo la escena presenciada.

Luego de confirmar el lamentable suceso, el campesino informó con rapidez a los cuadrantes para coordinar la inspección técnica del cadáver de Michelle Dayana. Las autoridades acudieron al paraje rural para ejecutar las diligencias judiciales urgentes de levantamiento.

“Gracias a Dios, se rescató el cuerpo y se le va a dar cristiana sepultura. Yo hice lo correcto: avisar, porque, si no, ese cadáver habría quedado por allá impune. Es muy triste que eso pase”, finalizó su relato.

Por su parte, Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de Policía del departamento antioqueño aseguró que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para conocer lo que ocurrió con la menor tras salir de su vivienda el pasado 24 de agosto.

“Puntualmente contra alguien específico no hay investigaciones; obviamente, de acuerdo con lo que mencioné de la ubicación del cuerpo, es muy probable que la niña o el cuerpo no haya llegado por sus propios medios a ese punto donde fue encontrado. Porque son 3 km y en una zona que es bastante agreste, pues de una u otra manera la pudieron haber llevado o bien pudieron haber trasladado el cuerpo, determinar que se puede haber caído y todas esas cosas, pero esperamos realmente que Medicina Legal nos dé un aporte importante sobre lo que pasó con ella”, sentenció.

¿Qué hacer si encuentra un cadáver en Colombia?

Encontrar un cadáver en cualquier lugar de Colombia exige actuar con extrema cautela y seguir los protocolos judiciales vigentes. La ciudadanía debe evitar alterar el lugar del hallazgo para proteger las evidencias.

La primera medida consiste en comunicarse inmediatamente con la línea gratuita de emergencia 123. Este canal conecta de manera directa con los cuadrantes de la Policía Nacional de Colombia para reportar el suceso.

Asimismo, la persona debe retirarse a una distancia segura sin tocar el cuerpo ni modificar los objetos circundantes. Las autoridades recomiendan impedir el paso de personas curiosas al perímetro para conservar la escena intacta.

Posteriormente, los uniformados acuden al sitio indicado para verificar la situación y acordonar el área afectada. Los agentes notifican de inmediato a las unidades de investigación criminalística de la Fiscalía General de la Nación.

Los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación o de la SIJIN efectúan la inspección técnica del cadáver. Esos especialistas recopilan huellas, pruebas físicas y material probatorio indispensable para esclarecer las causas del fallecimiento.

Al aportar los datos correspondientes, los testigos deben brindar información precisa sobre la hora y ubicación exacta del hallazgo. Suministrar detalles observados previamente facilita sustancialmente las primeras indagaciones de los agentes investigadores.

En zonas rurales o de difícil acceso, resulta necesario avisar a la junta de acción comunal o a las autoridades locales. Esos líderes comunitarios coordinan con la fuerza pública el traslado de las comisiones judiciales.

El Estado colombiano garantiza la protección confidencial de los datos de quienes reportan estos lamentables casos. La notificación oportuna evita la impunidad delictiva y permite a Medicina Legal identificar formalmente a la persona fallecida.

El cumplimiento estricto de estas pautas ciudadanas asegura el desarrollo adecuado del proceso penal. Acompañar el actuar de las autoridades institucionales salva investigaciones y fortalece la administración de justicia en todo el país.

Los empresarios de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros respaldaron la intervención de las vías rurales y la ejecución de obras estratégicas anunciada por la Ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Sin embargo, advirtieron que la verdadera conexión del país exige reducir trámites, revisar la regulación, mejorar la seguridad y garantizar la continuidad del servicio de transporte intermunicipal en todo el país.

“Una vía mejorada no garantiza por sí sola la conexión de la comunidad. El transporte es el que conecta a la gente”, señalaron ASOTRANS, ADITT y el Consejo Superior del Transporte (CST).

Por eso, ante el llamado de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, a abrir un diálogo permanente con el sector, los transportadores ponen sobre la mesa una agenda que consideran urgente para que la nueva política de conectividad tenga resultados concretos.

La propuesta de los transportadores prioriza la eliminación de trámites que hoy dificultan la operación, revisar las nuevas normas que afectan al sector y establecer reglas claras e iguales para todos.

También plantea revisar los sistemas de control y reporte impuestos por la Supertransporte y que están generando nuevas obligaciones y costos para las empresas, especialmente para las de menor tamaño.

Para el gremio, reducir estas cargas es urgente para facilitar la operación, recuperar la dinámica del sector y acelerar la reactivación de las empresas afectadas por el terremoto.

A esto se suma la necesidad de fortalecer la seguridad en las carreteras, garantizar la continuidad del servicio cuando se presentan bloqueos o situaciones que afectan la movilidad.

Para los gremios, una política de conectividad regional debe asegurar no solo que exista una vía, sino que los buses puedan transitar sin dificultad y que los cientos de pasajeros puedan llegar a sus destinos.

Los transportadores también consideran que llegó el momento de modernizar las reglas del sector, con una reforma integral del Decreto 1079 de 2015, con una regulación acorde con la realidad actual del transporte intermunicipal y con menores cargas administrativas.

La petición ahora es convertir el diálogo en acciones concretas y resultados. “Conectar las regiones, no es solo mejorar las vías, es destrabar el transporte para que la gente pueda desplazarse, estudiar, trabajar, ir al médico o vender sus productos y regresar a sus destinos de manera segura”, aseguraron los empresarios.

¿De qué trata el Decreto 1079 de 2015?

El Decreto 1079 de 2015 constituye el reglamento único reglamentario del sector transporte en Colombia. Esta normativa nacional compila y reordena todas las disposiciones ejecutivas previas que rigen la movilidad del país.

El Ministerio de Transporte expidió esta norma amplia para unificar la regulación técnica vigente. El documento establece pautas claras sobre la prestación de servicios de movilidad terrestre, marítima, fluvial, férrea y aérea.

Asimismo, el decreto fija los requisitos institucionales exigidos a las empresas intermunicipales para obtener la habilitación operativa. La regulación busca garantizar condiciones de calidad, seguridad y eficiencia en el traslado de viajeros.

La norma abarca parámetros específicos sobre la homologación de vehículos, tarjetas de operación e inspecciones técnicas. Igualmente, determina las obligaciones operativas de los propietarios y conductores adscritos al transporte público masivo.

En cuanto a la infraestructura vial, esta disposición recopila las políticas públicas relativas al uso de las carreteras nacionales. Las autoridades fundamentan sus controles operativos e inspecciones en los principios contenidos en el texto normativo.

Por su parte, los empresarios del gremio señalan la urgencia de actualizar varios artículos de este compendio jurídico. Los transportadores consideran necesario adaptar el texto a las realidades económicas y tecnológicas actuales.

Proponer una modernización del Decreto 1079 de 2015 pretende reducir cargas administrativas innecesarias para las compañías. La reforma busca agilizar trámites burocráticos y mejorar la competitividad operacional en todas las regiones colombianas.

El Gobierno nacional mantiene este articulado como el instrumento principal para supervisar la movilidad en el territorio. Las autoridades aplican sus mandatos para sancionar irregularidades y organizar el tránsito de pasajeros y carga.

Consultar esta directiva normatividad resulta indispensable para los actores del sector del transporte público y privado. El cumplimiento de sus directrices asegura la legalidad de los servicios y protege los derechos de los usuarios.

La consolidación normativa facilita la aplicación uniforme de reglas de juego transparentes para todas las empresas de transporte. Mantener actualizados estos preceptos legales fortalece el desarrollo económico de la infraestructura nacional de movilidad.

Según información preliminar, Villegas Grimaldo sería miembro de la estructura criminal ‘Los Sosa’. Este grupo está bajo la mira de las autoridades por su presunta implicación en actividades delictivas, principalmente extorsión y tráfico de estupefacientes. No obstante, hasta el momento los detalles sobre la estructura interna y funcionamiento específico de este grupo se mantienen reservados en el marco de la investigación judicial.

La captura de ‘Galáctico’ se produjo tras un episodio de tensión vivido en el barrio Ospina Pérez, en Purificación. Antes de ser detenido en jurisdicción del municipio de Saldaña, el señalado habría intentado ocultarse en la vivienda de un familiar. La noticia de su presencia en la zona suscitó la llegada de varias personas al inmueble, motivadas por la indignación y la conmoción que ha causado el asesinato de los hermanos Gaitán Hernández en la comunidad. La rápida intervención de la Policía fue determinante para evitar que la situación se agravara y desencadenara nuevos actos violentos.

Por su parte, Juan Carlos Bessolo, alcalde de Purificación, confirmó que todas las capturas efectuadas hasta ahora han sido legalizadas ante las autoridades correspondientes. Los procesados fueron trasladados a la ciudad de Ibagué, donde continuarán afrontando la judicialización por su presunta participación en el doble homicidio, un caso que mantiene en alerta a la comunidad y que sigue en investigación para identificar a todos los responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Julián David Villegas Grimaldo, alias ‘Galáctico’, y por qué fue capturado?

Julián David Villegas Grimaldo, identificado como ‘Galáctico’, es un presunto integrante del grupo criminal ‘Los Sosa’, señalado de estar relacionado con el homicidio de los hermanos Diana Maritza y Esteban Gaitán Hernández ocurrido en Purificación, Tolima. Su captura, junto con la de otros tres sujetos, forma parte de la investigación que adelantan las autoridades para esclarecer los hechos y detener a todos los implicados en este caso.

¿Qué papel tendría la estructura criminal ‘Los Sosa’ en el caso de los hermanos Gaitán Hernández?

Según la información revelada, la estructura criminal ‘Los Sosa’ sería investigada por su posible participación en actividades delictivas como extorsión y tráfico de estupefacientes en la región. Integrantes de este grupo, incluyendo al ahora detenido ‘Galáctico’, estarían presuntamente relacionados con el homicidio de los hermanos Gaitán Hernández, lo que ha motivado las capturas y la judicialización de los sospechosos en Ibagué.

Ante la amenaza, empleados del negocio, con el apoyo de algunos ciudadanos presentes en la zona, decidieron intervenir directamente. Gracias a su rápida reacción, lograron impedir que los señalados huyeran y procedieron a retener a ambos jóvenes antes de la llegada de las autoridades. Según el relato de los testigos citado en la información disponible, mientras los presuntos implicados eran puestos a disposición de la Policía, varias personas se llevaron la motocicleta en la que estos se movilizaban y la transportaron hasta una esquina cercana, donde fue finalmente incendiada.

El ambiente durante el fallido robo estuvo marcado por la presencia de niños y adultos en el negocio. Uno de los empleados sufrió un golpe en la cabeza propinado con un casco, mientras que otra trabajadora recibió una lesión en una de sus manos. Estos hechos resaltan el riesgo al que estuvieron expuestos quienes estaban en el lugar, especialmente considerando la posibilidad de que los implicados estuvieran armados, como se mencionó en los reportes iniciales.

De acuerdo con la información preliminar divulgada sobre este caso, ambos jóvenes retenidos serían menores de edad, aunque este dato debe ser confirmado oficialmente. Las autoridades iniciaron el procedimiento correspondiente para esclarecer tanto la presunta utilización de un arma como el grado de implicación de cada joven en el intento de hurto. Los mismos trabajadores remarcaron que la presencia de clientes, incluidos niños, agravó la gravedad de la situación y pudieron haber ocurrido consecuencias de mayor impacto si la confrontación se hubiera escalado.

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¿Qué ocurrió con los jóvenes señalados de intentar robar una droguería en Ibagué?

De acuerdo con la información compartida, los dos jóvenes, quienes fueron señalados de intentar el robo y que aparentemente serían menores de edad, fueron retenidos por los trabajadores del local y por ciudadanos del sector. Posteriormente, la Policía intervino y se encargó del procedimiento legal correspondiente, aunque se debe confirmar oficialmente la edad y responsabilidad de cada uno en los hechos.

¿Por qué fue incendiada la motocicleta durante el intento de robo en Ibagué?

La motocicleta en la que se movilizaban los jóvenes fue desplazada por varias personas hasta una esquina cercana, tras la retención de los implicados. Luego, el vehículo fue incinerado. Este acto se produjo mientras la Policía asumía el control de la situación, y reflejó la tensión y el malestar de algunos ciudadanos frente al fallido intento de hurto en el sector.

Esta imputación corresponde al macrocaso 08 de la JEP, que indaga sobre delitos cometidos por agentes estatales en vínculo con fuerzas paramilitares y terceros civiles, en el marco del conflicto armado interno. La diligencia tuvo lugar en Barrancabermeja, bajo la dirección del magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, y Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento y relatora del subcaso del Magdalena Medio. La investigación documentó los hechos violentos entre 1998 y 2000, señalando la existencia de una “alianza criminal” de quienes buscaron eliminar al “enemigo común” en la ciudad y la región, según la jurisdicción transicional.

Además de González Sánchez, los imputados son nueve exmilitares y dos expolicías, quienes, junto al exjefe de seguridad de la petrolera estatal, supuestamente participaron en una serie de acciones contra líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos. Entre las víctimas identificadas se encuentran integrantes de la Unión Sindical Obrera (USO) y de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS). La JEP reconstruyó 14 masacres y estableció 473 víctimas individuales durante la investigación liderada por la magistrada Díaz Gómez, que se apoyó en testimonios, informes militares, documentos judiciales y declaraciones de las víctimas.

A los comparecientes se les atribuyen crímenes de guerra, como homicidio, y crímenes de lesa humanidad, tales como exterminio y desaparición forzada. Adicionalmente, tres de ellos deberán asumir responsabilidad por persecución como crimen de lesa humanidad, por hechos dirigidos puntualmente contra la USO y CREDHOS. En un elemento clave, la Sala de Reconocimiento invitó a Ecopetrol a sumarse a un diálogo sobre “construcción de verdad con enfoque restaurativo”. Aunque la JEP no tiene competencia para imputar responsabilidades directas a empresas, esta convocatoria busca abrir un espacio en el que la compañía pueda presentar su postura e iniciativas, mientras las víctimas plantean propuestas de reparación y trabajo conjunto, estableciendo el inicio de una ruta para la restauración colectiva.

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¿Por qué es importante la imputación de un civil por la JEP en el caso de Barrancabermeja?

La relevancia de esta imputación radica en que es la primera vez que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llama a responder a un civil, en este caso un exjefe de seguridad de Ecopetrol, por supuesta participación en crímenes de guerra y lesa humanidad en el Magdalena Medio. Esto marca un precedente importante en la investigación de los nexos entre agentes estatales, civiles y grupos paramilitares, según la información suministrada por la JEP.

¿Qué significa el enfoque restaurativo en el proceso de la JEP con Ecopetrol?

El enfoque restaurativo, de acuerdo con la decisión de la magistrada Catalina Díaz Gómez en la Sala de Reconocimiento de Verdad, implica establecer un diálogo en el que Ecopetrol pueda exponer su posición y las víctimas plantear propuestas de reparación y trabajo. Este proceso no es una diligencia judicial ni una aceptación de responsabilidad, sino una oportunidad para que se reconozcan los daños y se construyan caminos de reparación colectiva.

Un video replicado por medio de redes sociales por el usuario Sneyder TV en su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) expuso la inundación que afectó gravemente la comunicación para dos municipios del Meta.

De hecho, la publicación sirvió también como un llamado de atención para las autoridades del departamento, entre ellos, la gobernadora, a quien mencionan para atender este caso de emergencia.

“Hace rato se les advirtió que esto iba a pasar a la Gobernación de Meta y no hicieron nada para evitarlo. Rafaela Cortés, El Dorado y El Castillo ahora sí están incomunicados”, indicó.

De hecho, el mensaje también especificó qué fue lo que sucedió para que desembocara en una inundación que sirve como referencia sobre los estragos en la región oriental de Colombia.

“El río Ariari rompió la margen derecha abajo del puente y hay un tramo de más de 300 metros. Totalmente inundado”, concluyó, al compartir el impactante y desgarrador video.

Por ahora no se tiene un reporte oficial ni respuesta de la Gobernación del Meta acerca de este doloroso episodio de inundación en esa región.

El Dorado y El Castillo son dos municipios vecinos ubicados en la subregión del Arapey / Subregión del Ariari, en la parte centro-occidental del departamento del Meta, al pie de la Cordillera Oriental.

Quedan a unos 80 kilómetros al sur de Villavicencio, capital departamental, es decir, aproximadamente a 2 horas por vía terrestre. Ambos municipios son límitrofes entre sí, divididos principalmente por el cauce del río Ariari.

El Dorado limita al norte con Cubarral, al oriente con San Martín y al sur/occidente con El Castillo, que tiene cerca a los municipios de Lejanías, Granada y San Martín.

¿Cómo llegar a El Dorado y El Castillo en el Meta?

Viajar a los municipios de El Dorado y El Castillo en el departamento del Meta requiere tomar las vías del Piedemonte Llanero. Ambas poblaciones pertenecen a la próspera subregión del río Ariari.

Para iniciar el recorrido desde Bogotá, los viajeros deben desplazarse por la carretera al Llano hasta alcanzar la ciudad de Villavicencio. Este primer trayecto terrestre toma aproximadamente tres horas de viaje.

Desde la Terminal de Transportes de Villavicencio, las personas abordan autobuses o camionetas intermunicipales con dirección hacia el sur del departamento. Las empresas de transporte prestan servicios continuos durante todo el día.

El trazado vehicular pasa inicialmente por los municipios de Acacías y Guamal. Al avanzar por el corredor vial, los conductores continúan directo hacia la localidad de Cubarral para acercarse al destino.

Pocos kilómetros después de Cubarral, la vía principal ofrece el desvío directo que conduce a la cabecera urbana de El Dorado. Este tramo pavimentado toma alrededor de dos horas desde Villavicencio.

Para continuar el viaje hacia El Castillo, los conductores toman la conexión vial que cruza el río Ariari. Un trayecto corto de apenas veinte minutos une las dos zonas urbanas vecinas.

Asimismo, los viajeros pueden tomar rutas alternativas ingresando por el municipio de Granada. Desde ese importante centro comercial del Ariari salen vehículos intermunicipales que conectan directamente con El Castillo.

El transporte público regional ofrece frecuencias diarias constantes para movilizar pasajeros y carga. La red vial se encuentra mayoritariamente pavimentada, facilitando el tránsito de vehículos particulares y autobuses de servicio público.

Las autoridades viales recomiendan revisar previamente el estado de las carreteras durante la temporada invernal. Consultar los reportes de tránsito vigentes evita contratiempos inesperados en los pasos sobre los ríos de la región, ahora afectada por las lluvias.

A pesar de este recorte para la ARN, el documento presupuestal enviado al Congreso destina varias partidas a la implementación del acuerdo. Entre ellas se encuentra una asignación de COP 821.803 millones para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que representa un aumento del 10,4 % comparado con el presupuesto de la administración anterior. Así mismo, la Unidad de Restitución de Tierras verá incrementado su presupuesto en un 8,8 %, alcanzando COP 514.471 millones para 2027. No obstante, otras entidades sufren reducciones: la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas tendrá un recorte del 2,6 %, es decir, cerca de COP 5.000 millones menos.

Un punto relevante es la exclusión en el documento presupuestal de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, cuyo cierre había sido anticipado por De la Espriella antes de su posesión. El Gobierno afirma que los fondos destinados a la paz se están identificando de forma clara y transparente dentro del presupuesto nacional, con facilidades para su supervisión y rendición de cuentas. Además, recalca que el dinero para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (AFP) no solo está concentrado en entidades especializadas. Otras instituciones con participación en el proceso también recibirán recursos bajo este enfoque.

El plan del Gobierno De la Espriella contempla, en total, asignar COP 20,9 billones al cumplimiento del acuerdo de La Habana. Este monto será ejecutado por 48 entidades, de los cuales COP 7,54 billones serán recursos de inversión y COP 13,3 billones para gastos de funcionamiento, ajustados al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el Plan Marco de Implementación (PMI).

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¿Cómo afecta el recorte al presupuesto de la Agencia de Reincorporación y Normalización en el proceso de paz?

El recorte del 37 % al presupuesto de la Agencia de Reincorporación y Normalización, equivalente a COP 133.000 millones menos, genera inquietud sobre la continuidad y efectividad del proceso de reincorporación de excombatientes. Voceros como Laura Villa advierten que disminuir los recursos puede debilitar la implementación del Acuerdo de Paz y ponen en riesgo los programas que incentivan el tránsito de quienes dejan las armas a la vida civil.

¿Qué entidades reciben más presupuesto para la paz y cuáles sufren recortes en 2027?

De acuerdo con el documento presentado al Congreso, en 2027 la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá un aumento del 10,4 % con una asignación de COP 821.803 millones, y la Unidad de Restitución de Tierras recibirá un incremento del 8,8 %, alcanzando COP 514.471 millones. Por el contrario, la Agencia de Reincorporación y Normalización y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas presentan recortes del 37 % y 2,6 %, respectivamente, mientras la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz queda excluida del presupuesto.

De acuerdo con la información revelada por la Unidad Investigativa, el pasado 31 de agosto se radicó un documento oficial en la Presidencia de la República en el que la banda manifiesta de manera abierta su voluntad de acogerse a la justicia, contribuir con la verdad histórica, reparar a las víctimas y asumir un compromiso irrestricto de paz y reconciliación que conduzca al desmantelamiento total de la organización.

La comunicación formal no solo fue dirigida a la Casa de Nariño, sino que también fue enviada al ministro de Justicia, Iván Cancino; al senador Enrique Gómez Martínez; y a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. En el texto, los cabecillas de la estructura anuncian que le otorgaron poder legal a la abogada Angélica María Martínez Cujar para que actúe como única vocera, mediadora y gestora de todos los asuntos relacionados con el proceso de sometimiento ante las instancias competentes.

En un documento paralelo entregado a las autoridades, la organización profundizó en los compromisos de resocialización, reincorporación a la vida civil y el desmantelamiento de sus redes, detallando los ejes fundamentales sobre los cuales estructurarían su salida de la ilegalidad.

El llamado al diálogo de Palomino y Montenegro El escrito cuenta con las firmas de Digno Palomino y de Aldair Montenegro —quien en el pasado integró la banda criminal ‘Los Costeños’ y hoy funge como el segundo al mando dentro de ‘Los Pepes’—. En uno de los apartes centrales del mensaje, los cabecillas argumentan que la vía armada ha agotado su ciclo y apuestan por salidas concertadas:

“Soy una persona convencida de que a través del diálogo, la verdad y la reparación, podemos lograr una estabilidad y una seguridad para los territorios, hoy en día flagelados por el conflicto armado de diferentes grupos”, se lee en la misiva firmada por ambos mandos.

Como muestra de voluntad para pacificar la región, ‘Los Pepes’ manifestaron estar dispuestos a servir como articuladores y mediadores directos con otros grupos armados ilegales que operan en su misma zona de influencia, con el propósito de frenar hostilidades y avanzar hacia una desescalada de la violencia en el Atlántico. Con este movimiento, la pelota queda ahora en la cancha del Gobierno nacional y de los entes de control, que deberán evaluar los alcances jurídicos y políticos de esta inédita solicitud de sometimiento.

El padre relató que, durante aproximadamente nueve años, la familia buscó diferentes formas de ayudar a Julián David frente a sus problemas psiquiátricos. Narró que estuvo internado en centros de atención ubicados en lugares como Chinauta, Medellín e Ibagué. Sin embargo, una dificultad mayor surgió cuando su hijo alcanzó la mayoría de edad, pues a partir de ese momento, las posibilidades de intervenir en sus decisiones se volvieron cada vez más limitadas. Además, mencionó el peso de las amistades y las decisiones individuales de su hijo como factores que complicaron la situación familiar, al punto de cuestionar si hubo errores en el proceso de crianza, confesando sentirse “destruido y con el corazón roto”.

A pesar de las amenazas y hostilidades recibidas tras la captura, el hombre dejó claro que no busca venganza y que, si su hijo resulta responsable, deberá enfrentar las consecuencias legales. Su hijo contará con un abogado de oficio para su defensa. También, reconoció el dolor de las familias de Diana y Esteban y se unió a oraciones por las víctimas, recordando que siempre advirtió a su hijo sobre el destino de quienes descarrilan su vida. Mejores de 60 años y con limitaciones de salud, el padre afirmó que deja el caso en manos de la justicia y de Dios, anunciando que se aparta de las redes sociales para evitar enfrentamientos.

La investigación, según fuentes policiales citadas en el texto, ha tenido avances significativos: al momento, ya son cuatro las personas capturadas en relación con el crimen, mientras las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer la responsabilidad de cada detenido y definir si hay más involucrados. Para las familias, el dolor es compartido y el camino hacia la verdad apenas comienza.

¿Cómo está enfrentando la familia de alias ‘Galáctico’ el proceso tras su captura?

De acuerdo con el relato del padre, la familia atraviesa un profundo dolor y dificultad, marcado por años intentando ayudar a su hijo con problemas psiquiátricos, limitaciones para intervenir cuando alcanzó la mayoría de edad y el peso de amenazas tras hacerse público el caso. El padre asegura que acepta la voluntad de la justicia y que, de ser hallado culpable, no pretende visitar a su hijo en la cárcel.

¿Cuántas personas han sido capturadas por el asesinato en Purificación y qué sigue en la investigación?

Según la información proporcionada en el artículo, ya son cuatro las personas capturadas por el homicidio de los hermanos en Purificación. Las autoridades continúan recolectando pruebas para determinar la responsabilidad individual de los capturados y establecer si existen más personas involucradas en este crimen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La apertura formal de la investigación por el delito de acto sexual violento ocurrió el 10 de abril, luego de que la alta corte revisara la denuncia presentada por la mujer. En una sesión extraordinaria, la Sala de Instrucción determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso, aunque la decisión final sobre la libertad del senador se resolvió posteriormente, optando por no imponer medidas de aseguramiento. No obstante, Barrera continuará vinculado al caso, el cual está ahora bajo la dirección del magistrado Marco Antonio Rueda, designado como ponente.

Los hechos bajo investigación se remontan a 2016. Según lo relatado por la denunciante a la revista Cambio, ella acudió en aquel entonces al despacho del gobernador Barrera en busca de apoyo para un evento dirigido a juventudes cristianas. Durante ese encuentro, la mujer sostiene que se produjo la agresión sexual, asegurando que el funcionario la tomó de la mano con fuerza y la besó en contra de su voluntad, impidiéndole que pudiera gritar o resistirse plenamente. Tras este incidente, la víctima afirmó que el exgobernador le permitió finalmente exponer la razón de su visita, momento en el que le entregó la suma de 400.000 pesos en efectivo, tras explicarle que solicitaba algún apoyo para la iglesia a la que representaba.

La mujer decidió mantener su identidad reservada. Sin embargo, su testimonio fue publicado en la mencionada revista, donde relató los pormenores de lo ocurrido. Frente a estas acusaciones, el equipo del senador Barrera rechazó las afirmaciones y manifestó que, a su juicio, los señalamientos carecen de sustento y serían producto de una estrategia política para afectar la reputación del congresista y su partido, el Centro Democrático.

¿Por qué la Corte Suprema no dictó medida de aseguramiento al senador Alirio Barrera?

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó que, aunque el senador Alirio Barrera continuará siendo investigado por el presunto delito de acto sexual violento, no existen motivos suficientes para imponerle una medida de aseguramiento, es decir, privarlo de su libertad mientras avanza el proceso legal, según lo reportado en el texto.

¿Cuáles son los detalles del testimonio de la denunciante contra Alirio Barrera?

De acuerdo con el relato ofrecido por la víctima a la revista Cambio, la presunta agresión ocurrió en 2016, cuando la denunciante acudió al despacho de Barrera buscando apoyo para un evento religioso. Ella manifestó que el entonces gobernador la tomó de manera inesperada y la besó sin su consentimiento; después, procedió a escuchar su solicitud y finalmente le entregó 400.000 pesos tras exponer su petición.

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Este encuentro reunió a representantes de instituciones clave como la Policía, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Fiscalía, Medicina Legal, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y Migración Colombia. El objetivo central fue coordinar respuestas operativas en municipios especialmente golpeados por el terremoto y por distintos episodios de criminalidad, tales como Ansermanuevo, en el norte del departamento. En paralelo, sobre Calima-El Darién avanzan operaciones conjuntas de la Fuerza Pública para contrarrestar ataques de disidencias de las Farc, lo que evidencia la compleja situación de orden público que enfrenta la región.

Ante este panorama, la gobernación diseñó esquemas especiales de seguridad para Cali, en particular para el sector comercial de San Andresito del Sur, fuertemente impactado por los daños y la inseguridad tras el sismo. El plan departamental también contempla acciones de reconstrucción que abordan no solo lo material, sino la recuperación del tejido social y la economía local.

Para este fin, se establecieron las denominadas "caravanas de solidaridad", que serán acompañadas por la Fuerza Pública hacia municipios como Sevilla, Roldanillo y el Distrito de Buenaventura. En Buenaventura, la estrategia se enfoca en impulsar el turismo ecológico, especialmente durante la temporada de avistamiento de ballenas, considerado vital para la generación de empleo y nuevos ingresos. Además, se hizo un reconocimiento público a la labor de la Fuerza Pública, que ha sido fundamental no solo en rescates y emergencias, sino también en la restauración de la seguridad ciudadana.

El éxito de este proceso, según lo informado por fuentes oficiales citadas en el mismo medio, depende en gran medida de la cooperación continua entre todas las instituciones y el compromiso de la sociedad civil, empresarios y turistas, a quienes se invita a participar activamente en las caravanas. Solo trabajando conjuntamente será posible restaurar la vida económica y social del Valle del Cauca en este momento crucial de su historia reciente.

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¿Cuáles municipios del Valle del Cauca participan en el plan de reconstrucción tras el terremoto?

Municipios como Ansermanuevo, Sevilla, Roldanillo y el Distrito de Buenaventura figuran entre los principales beneficiados del plan departamental. Estos territorios, además de enfrentar las consecuencias del terremoto, cuentan con operativos específicos de seguridad y caravanas de solidaridad para estimular la economía y la protección social según reporta 90 Minutos.

¿Qué papel tiene la Fuerza Pública en la reconstrucción del Valle del Cauca después del sismo?

De acuerdo con los reportes oficiales, la Fuerza Pública—integrada por Policía, Ejército Nacional y Fuerza Aérea—es clave en la garantía de seguridad en zonas críticas y el acompañamiento de las caravanas solidarias. Además, su labor ha sido reconocida por las acciones de rescate y apoyo durante la emergencia, posicionándolos como actores fundamentales en los procesos de recuperación.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer los detalles del programa, en qué consiste el subsidio y cuáles son los pasos necesarios para postularse. Una de las particularidades de este apoyo es su carácter selectivo, ya que no está disponible para todas las viviendas ni hogares. Entre los requisitos se encuentran: que la persona que solicita el subsidio sea mayor de edad, jefe o jefa de hogar, y además propietaria o poseedora del inmueble postulado, lo que puede demostrarse a través de diversos documentos si no se cuenta con los títulos de propiedad tradicionales. La acreditación de posesión debe contemplar al menos tres años de antigüedad.

Otros criterios incluyen que ningún integrante del hogar sea dueño de otro inmueble distinto al que se postula en el país, que el avalúo catastral de la vivienda no supere los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), y que tanto la ubicación como el uso de la vivienda sean residenciales y en barrios legalizados. Además, solo pueden aplicar hogares con ingresos inferiores a 4 SMMLV que no hayan recibido ningún subsidio de vivienda en la última década ni tengan sanciones previas relacionadas con estas ayudas. Las intervenciones en áreas protegidas o de reserva ambiental están prohibidas, excepto si la autoridad ambiental competente hace una excepción específica.

Quienes deseen postularse deben presentar una carpeta con documentos organizados y legibles, entre los que destacan: recibo del impuesto predial, fotocopias de las cédulas de los miembros familiares, evidencias de propiedad o posesión, y, en casos aplicables, certificados de discapacidad o de población vulnerable, este último expedido por el Ministerio del Interior.

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¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio ‘Mejora tu Casa’ en Bogotá?

Entre los principales requisitos para participar en el programa ‘Mejora tu Casa’ se encuentra que la persona postulante sea jefe o jefa de hogar y propietaria o poseedora del inmueble, con documentos que puedan avalar la posesión por al menos tres años. Adicionalmente, el hogar no debe ser dueño de otra vivienda diferente a aquella por la que se postula, el avalúo catastral de la propiedad debe ser menor a 150 SMMLV, la vivienda ha de estar ubicada en un barrio legalizado y tener uso habitacional, y los ingresos familiares deben ser inferiores a 4 SMMLV. También es indispensable que los postulantes no hayan recibido subsidios de vivienda en los últimos 10 años ni tengan sanciones asociadas a subsidios previos.

¿Qué documentos se deben entregar para aplicar al subsidio ‘Mejora tu Casa’?

Para postularse al subsidio, es necesario presentar una carpeta con la siguiente documentación fundamental: la fotocopia del último recibo del impuesto predial, copias de las cédulas de todos los miembros del hogar, prueba de propiedad (o, en su defecto, de posesión acreditada por al menos tres años), y certificados médicos o de población vulnerable si aplica. La carpeta debe estar marcada claramente con el número de celular y correo electrónico del solicitante.

(Ver también: Mujer solicita eutanasia luego de ataque con ácido; vive dura situación desde hace 26 años)

El empresario colombiano manifestó su intención, en diálogo con Caracol Radio, de comprarle una vivienda a Córdoba y, además, hizo un llamado a la ciudadanía para que se sume con donaciones y contribuya a mejorar sus condiciones de vida.

El caso de María Consuelo Córdoba se remonta al año 2000, cuando fue atacada con ácido por su entonces esposo durante una discusión relacionada con su decisión de trabajar en Bogotá. Desde entonces, ha tenido que afrontar un largo proceso médico que incluye cerca de 87 cirugías y numerosas hospitalizaciones.

Durante estos 26 años, Córdoba ha contado públicamente las dificultades que ha tenido que enfrentar como consecuencia del ataque y ha insistido en la necesidad de recibir mejores condiciones para continuar con su vida.

¿Cómo va el caso de María Consuelo Córdoba?

De acuerdo con la información conocida sobre su caso, Córdoba cuenta desde hace cuatro años con autorización de su EPS para acceder a la eutanasia. La entidad de salud ha reconocido su derecho autónomo a tomar esta decisión.

La solicitud adquirió mayor relevancia luego de que Córdoba se reuniera con el papa Francisco en 2017. En aquel encuentro, la mujer había manifestado su intención de esperar y renunciar temporalmente a la eutanasia con la esperanza de recibir más ayuda para afrontar su situación.

Sin embargo, años después volvió a expresar públicamente su deseo de acceder al procedimiento.

En medio de esta situación apareció la propuesta de Arturo Calle. El empresario aseguró que está dispuesto a ayudarla con la compra de una casa y pidió que otras personas también se vinculen mediante donaciones.

La iniciativa busca ofrecerle a Córdoba una alternativa que le permita contar con mejores condiciones de vivienda y acompañamiento, mientras continúa el debate alrededor de su decisión sobre la eutanasia.

(Ver también: EPS le autorizó eutanasia a mujer que fue víctima de ataque con ácido: “Respetará decisión”)

El caso vuelve a poner en discusión las dificultades que enfrentan las víctimas de ataques con ácido en Colombia y los efectos que pueden permanecer durante décadas, así como el derecho de los pacientes a tomar decisiones autónomas sobre su salud y su vida.

Durante los últimos treinta días, el SGC ha publicado diariamente boletines en los que reporta de forma transparente y precisa los cambios en la actividad del volcán Puracé. Estos boletines constituyen la principal fuente de información para la ciudadanía y las autoridades, ya que contienen los datos más recientes sobre la evolución del fenómeno. La divulgación constante de estos reportes continuará de manera ininterrumpida mientras el volcán permanezca bajo la alerta naranja. Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, ha compartido detalles técnicos acerca del comportamiento y la evolución del volcán en este período, subrayando la importancia de no minimizar los riesgos.

Uno de los retos fundamentales para las comunidades de la zona es interpretar adecuadamente las variaciones en la actividad volcánica. Según los expertos del SGC, bajo la alerta naranja es habitual observar fluctuaciones temporales en la sismicidad, la desgasificación y otros parámetros. Si bien puede presentarse una disminución en estos indicadores durante ciertos días o semanas, esto no significa que el volcán haya vuelto a un estado de estabilidad. La alerta naranja implica que persiste una inestabilidad relevante, y en consecuencia pueden producirse cambios súbitos. Por este motivo, la autoridad geológica insiste en que la comunidad y los encargados del manejo del riesgo no deben relajarse frente a aparentes periodos de calma.

Las instituciones recomiendan consultar únicamente los canales y boletines oficiales del SGC, así como acatar rigurosamente las directrices de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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¿Qué significa el estado de alerta naranja en un volcán como Puracé?

El estado de alerta naranja, según el Servicio Geológico Colombiano, indica una inestabilidad significativa en el sistema volcánico, lo que implica un riesgo potencial de cambios abruptos en su actividad. Bajo este nivel, pueden darse fluctuaciones en la sismicidad o cualquier otro parámetro sin que necesariamente eso represente un regreso a la normalidad, por lo que se recomienda mantener una actitud de prevención constante.

¿Por qué es importante seguir solo la información oficial sobre la actividad del volcán Puracé?

Atender exclusivamente la información oficial, contenida en los boletines diarios del SGC, es fundamental porque ofrece datos precisos y verificados sobre el comportamiento del volcán Puracé. Esto permite a la comunidad y a las autoridades tomar decisiones informadas y evitar la difusión de rumores o desinformación que podría llevar a medidas inapropiadas de prevención.

En declaraciones entregadas a Mañanas Blu, el coronel Jimmy Velázquez, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, explicó que los investigadores trabajan junto con la Fiscalía para establecer con precisión el recorrido del vehículo y las circunstancias en las que fue utilizado. De acuerdo con el oficial, la ruta identificada comienza en inmediaciones de Villa del Rosario, continúa por la trocha Primera de Mayo y posteriormente sigue hacia Los Patios. El trayecto desde la zona fronteriza hasta el sitio del ataque puede tomar aproximadamente entre 15 y 20 minutos.

El desafío de los más de 400 pasos ilegales Uno de los elementos principales que dificultan el control institucional en la zona es la existencia de numerosos pasos ilegales entre Colombia y Venezuela. Velázquez indicó que en el tramo fronterizado comprendido entre Villa del Rosario y Puerto Santander operan más de 400 trochas.

Estos pasos pueden ser abiertos, cerrados o modificados, representando un desafío constante para las autoridades. Por esta razón, la Policía y la Fiscalía se encuentran verificando si alguno de estos puntos fue empleado para el ingreso clandestino del automotor involucrado en el atentado. Las pesquisas actuales también buscan identificar a las personas que participaron en el traslado y determinar cómo fue preparado el vehículo para la acción terrorista.

El accidente ocurrió el domingo 30 de agosto en el sector de Alto de Rosas, cuando una camioneta Mercedes-Benz terminó incrustada contra la parte trasera de un camión. Gabriela viajaba como pasajera y murió en el lugar debido a la gravedad del impacto.

El conductor, identificado por la familia como Andrés Cubillos, era amigo de Gabriela, pero no pertenecía al círculo familiar de la víctima. La decisión de dejarlo en libertad generó indignación entre los allegados de la joven.

Paula Peña, hermana de Gabriela, aseguró a Citytv que la familia considera que pudo existir una irregularidad en el procedimiento de las autoridades, particularmente porque, según su versión, al conductor no le practicaron una prueba de alcoholemia inmediatamente después del accidente.

“A mí no me cabe en la cabeza cómo, si hasta lo cogieron ahí en el momento, en el acto, no le hicieron la prueba de alcoholemia”, manifestó.

La familia asegura que Cubillos fue llevado posteriormente a un hospital, donde le practicaron una prueba que habría arrojado grado 1 de alcoholemia. Paula también contó que recibió testimonios de personas que estuvieron en el lugar y que describieron al conductor como aparentemente muy afectado por el alcohol.

Incluso mencionó un video que, según esos testimonios, mostraría al hombre con dificultades para mantenerse en pie.

Pero las dudas de la familia no se limitan al consumo de alcohol. Paula afirmó que conocieron una versión según la cual la Mercedes-Benz habría estado haciendo una carrera con otra camioneta, aparentemente una Audi, antes del accidente.

De acuerdo con ese relato, el exceso de velocidad habría hecho que Cubillos perdiera el control del vehículo y terminara chocando contra el camión.

Las imágenes del siniestro muestran la camioneta desplazándose a gran velocidad antes del impacto, aunque serán las autoridades las encargadas de establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

La familia también asegura que recibió información sobre lo que habría hecho Cubillos inmediatamente después del choque. Según Paula, el hombre habría salido del vehículo y arrojado al barranco varias latas de cerveza que estaban dentro de la camioneta.

“Lo primero que hizo fue bajarse de la camioneta, botar las latas de cerveza al barranco”, relató.

Además, la hermana de Gabriela afirmó que, según los testimonios que conocieron, el conductor no habría auxiliado a la joven después del accidente.

Todos estos elementos llevaron a la familia a cuestionar que Cubillos haya quedado en libertad. Los allegados de Gabriela piden que se revise la actuación de los policías de carretera y que se determine por qué la prueba de alcoholemia no fue practicada inmediatamente.

Por ahora, se trata de señalamientos y versiones entregadas por la familia que deberán ser verificadas dentro de la investigación. Las autoridades tendrán que establecer qué ocurrió antes del choque, cuál era el estado del conductor y si el procedimiento realizado después del accidente se ajustó a los protocolos correspondientes.

Ricardo Ayerbe, presidente de la ANI, fue el encargado de dar a conocer la noticia durante su intervención virtual en la Primera Cumbre Nacional Ferroviaria 2026, celebrada en Paipa, Boyacá. Según explicó el funcionario, esta conexión hace parte de cinco proyectos ferroviarios que permanecerán en estructuración, con el objetivo de ampliar y fortalecer el sistema férreo nacional. Entre las iniciativas que seguirán en desarrollo se destacan los corredores Férreo Central, Buenaventura-Palmira, Yumbo-Caimalito-La Felisa, Villavicencio-Puerto Gaitán y el de Atlántico-La Guajira, de acuerdo con Caracol Radio.

Actualmente, el proyecto para conectar Atlántico y La Guajira se encuentra en una etapa inicial. En julio, la ANI publicó los pliegos necesarios para contratar los estudios de prefactibilidad, un paso fundamental para determinar aspectos técnicos, financieros, jurídicos, sociales y ambientales que permitirán definir la viabilidad de la obra. El cronograma indica que en septiembre de 2026 será adjudicada la consultoría, con una inversión estimada de 11.485 millones de pesos, lo cual demuestra el compromiso del gobierno por priorizar el desarrollo ferroviario y su impacto regional.

Además, este corredor pretende transformar las condiciones de movilidad de carga y pasajeros, al igual que estimular nuevas oportunidades de desarrollo económico y social en el Caribe, especialmente en zonas tradicionalmente rezagadas en materia de conectividad. La continuidad del proyecto es reflejo de la apuesta del gobierno de seguir recuperando y expandiendo la infraestructura férrea del país, en línea con el fortalecimiento de corredores estratégicos en otras regiones.

De acuerdo con los anuncios oficiales, mientras se avanza en estructuración y estudios, el país sigue apostando al ferrocarril como una herramienta clave para el desarrollo económico, ambiental y social de zonas que históricamente han estado aisladas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el proyecto ferroviario de conexión entre La Guajira y el Atlántico?

El proyecto busca integrar a La Guajira con el sistema férreo del Atlántico, mediante un corredor ferroviario que mejore la movilidad de carga y pasajeros e impulse el desarrollo regional. De acuerdo con la ANI, la actual fase incluye estudios de prefactibilidad para determinar si la obra es viable en términos técnicos, financieros, sociales y ambientales.

¿Cuáles son los otros corredores ferroviarios estratégicos priorizados por la ANI?

Según lo informado por la Agencia Nacional de Infraestructura, junto con el corredor Atlántico-La Guajira, se mantienen en estructuración los siguientes proyectos: Férreo Central, Buenaventura-Palmira, Yumbo-Caimalito-La Felisa y Villavicencio-Puerto Gaitán. Todos estos buscan fortalecer la red ferroviaria nacional y mejorar la conectividad en diferentes regiones del país.

Como medida, los demandantes solicitaron que el ICBF anulara la directriz y se retractara, exigiendo también que sus contenidos reconocieran expresamente a las niñas como sujetos de derechos. Frente a estas acusaciones, el ICBF aclaró que no existe ninguna política institucional orientada a invisibilizar la figura de las niñas, y precisó que la comunicación señalada fue emitida por la Dirección Regional Huila, por lo que no constituye ni instrucción nacional ni política oficial impartida por la Dirección General del ICBF. Según la entidad, tanto niños, niñas como adolescentes están cobijados por la definición jurídica de “niñez”.

Al analizar el caso, el juez determinó que la tutela era improcedente por diversos motivos. Primero, los demandantes no demostraron estar legitimados para representar a la totalidad de niñas del país, evidenciando una representación abstracta e indeterminada; normalmente, para este tipo de acciones se requiere contar con la patria potestad, la representación legal o la custodia de los menores, condiciones no verificadas en este proceso. Segundo, el juez subrayó que no había evidencia suficiente de una política nacional del ICBF destinada a eliminar o excluir la palabra “niñas”, y que la directriz se limitó al ámbito regional de Huila. Como último punto, señaló que antes de acudir a la tutela, los accionantes pudieron haber presentado primero un derecho de petición para solicitar aclaraciones al ICBF. Así, el juez concluyó negando la tutela y las demás solicitudes, indicando que si la decisión no se impugna, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para una posible revisión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue declarada improcedente la tutela presentada contra el ICBF?

La tutela fue declarada improcedente principalmente por falta de legitimación de los demandantes para representar a las niñas del país, ya que no demostraron patria potestad ni representación legal. Además, el juez consideró que la directriz cuestionada no constituía una política nacional del ICBF y recomendó que antes de acudir a la tutela se hubiera presentado un derecho de petición para aclarar la comunicación en cuestión.

¿Qué implica el uso de los términos “niños y adolescentes” en las comunicaciones del ICBF?

El uso exclusivo de “niños y adolescentes” en materiales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), según la versión institucional, incluye jurídicamente tanto a niños como a niñas dentro del concepto de niñez. Sin embargo, los demandantes interpretaron este lenguaje como potencialmente discriminatorio por no mencionar de manera específica a las niñas, lo que llevó a la controversia judicial descrita en el caso.

Frente a la difusión mediática de su situación, la entidad prestadora de salud aclaró que el proceso de la paciente no se encuentra en una etapa de trámite o espera inicial. Mediante un comunicado, la EPS informó que la paciente cuenta con la luz verde institucional desde hace varios años.

“Se precisa que actualmente no se encuentra a la espera de una autorización para acceder al procedimiento (…) la decisión hace parte de su voluntad y del ejercicio de su derecho a morir dignamente”, indicó Capital Salud, recalcando además que mantendrán un acompañamiento humanitario continuo y garantizarán su atención médica integral sin importar la determinación final que tome de manera libre y autónoma.

El calvario de María Consuelo se remonta al año 2000, cuando decidió establecerse en Bogotá tras migrar desde el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó. Sin embargo, su expareja sentimental se opuso tajantemente a su decisión de quedarse en la capital y no regresar con él. En un acto de extrema violencia e intolerancia, el hombre la atacó arrojándole un líquido corrosivo que guardaba en una caneca.

“Cuando abrí la puerta me tiró el ácido (…) yo no sabía que era ácido porque lo tenía en una caneca de aguardiente (…) yo solo pensé que estaba tomando a esa hora de la noche y cuando salí me tiró ese líquido en la cara”, recordó la víctima con dolor. Desde entonces, el responsable huyó y el proceso judicial quedó en el limbo, mientras su vida se reducía a un doloroso tránsito por pasillos de hospitales.

Hoy en día, la cotidianidad de María Consuelo transcurre en las calles de Bogotá, donde busca ayuda económica mientras lleva puesta una máscara artesanal las 24 horas del día para proteger su rostro severamente cicatrizado de la luz solar, acompañada por tubos nasales que facilitan su respiración. “Lo que le pido al mundo entero es que ya son 26 años con el rostro así y la máscara, que me ayuden para que mi vida sea mejor”, clamó en su momento ante los medios. Con la ratificación de la EPS sobre su derecho a decidir, el caso pone nuevamente sobre la mesa la cruda realidad de las sobrevivientes de ataques químicos en el país

Particularmente en las veredas Santa Lucía y Primavera del municipio de San Luis, productores y habitantes han reportado que muchos animales se encuentran en riesgo por la falta de fuentes de alimentación. Aunque las llamas no alcanzaron directamente estos sectores, la grave ausencia de lluvias ha reducido drásticamente la disponibilidad de pastos, lo que deja a los animales sin recursos para alimentarse. De acuerdo con los campesinos de la zona, ya se han presentado casos de animales enfermos y otros han muerto como consecuencia de estas condiciones. Esta situación agrava la preocupación entre los pobladores, quienes consideran que las ayudas deben llegar lo antes posible para evitar mayores pérdidas.

El problema central está relacionado con la pérdida de cobertura vegetal, es decir, la desaparición de los pastos necesarios para sostener el hato ganadero. Los elementos fundamentales para ayudar en este contexto, mencionados por los propios campesinos, son el heno, pasto, melaza, sal mineralizada y concentrado especial para ganado. La carencia de estos recursos evidencia una de las caras menos mencionadas pero de gran impacto en la emergencia climática que enfrenta el departamento.

Mientras tanto, las autoridades concentran su atención principalmente en el control de los incendios forestales en varios municipios. Sin embargo, en otras zonas rurales, los efectos de la sequía golpean directamente la actividad ganadera, poniendo en riesgo los medios de vida de quienes dependen de esta actividad.

Ante el panorama, habitantes de Santa Lucía y Primavera han pedido solidaridad y una respuesta integral de emergencia. Solicitan que entidades públicas, organizaciones, productores y cualquier persona con posibilidad de colaborar, atiendan esta necesidad urgente en zonas donde la crisis todavía es poco visible. La esperanza de estas comunidades está en que la ayuda llegue a tiempo y a todos los afectados antes de que aumenten las pérdidas y el ganado continúe muriendo.

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¿Por qué la sequía en el Tolima afecta tanto al ganado y la producción rural?

La sequía en el Tolima ha ocasionado una grave disminución de los pastos, que son la principal fuente de alimento para el ganado. Esto impide que los animales puedan alimentarse de forma adecuada, provocando enfermedades e incluso muerte, según testimonios de los propios productores de las veredas Santa Lucía y Primavera, en San Luis. Sin la cobertura vegetal necesaria, el hato ganadero enfrenta una crisis, lo que repercute directamente en la producción rural y la economía local.

¿Qué ayudas están solicitando los campesinos afectados por la emergencia climática en el Tolima?

De acuerdo con los habitantes de las zonas rurales más perjudicadas, como Santa Lucía y Primavera, los principales apoyos que buscan son heno, pasto, melaza, sal mineralizada y concentrado especial para el ganado. Estas ayudas serían fundamentales para evitar la muerte de más animales y reducir el impacto económico de la emergencia climática en los productores ganaderos del Tolima.

El plan de los asaltantes parecía estar calculado al detalle. Uno de ellos ingresó armado, intimidando tanto a los trabajadores como a quienes se encontraban en el interior del establecimiento. Sin embargo, un transeúnte presenció la escena mientras pasaba por el lugar y decidió intervenir. Aplicando una llave, logró inmovilizar y derribar al asaltante principal, lo que permitió a los empleados y a otros testigos actuar rápidamente.

El segundo sospechoso intentó ayudar a su compañero, pero no logró su cometido. En ese preciso momento, dentro del local se desarrollaba una jornada de capacitación, lo que propició la presencia de varios empleados. Fueron ellos quienes lograron retener al segundo individuo tras un forcejeo que dejó como saldo a dos trabajadores lesionados. Según los datos recopilados, una cajera sufrió una contusión en una mano, mientras que un domiciliario fue golpeado en la cabeza con un casco durante el altercado. Ambos heridos fueron atendidos por las autoridades.

Tras la captura de los sospechosos, un grupo de vecinos tomó la justicia por su mano incendiando la motocicleta en la que los supuestos ladrones llegaron al sitio. Las llamas fueron controladas posteriormente por el Cuerpo Oficial de Bomberos. En cuanto a los detenidos, uno fue identificado como Camilo Andrés Jaramillo Lozano, quien, según la información disponible, recientemente habría recuperado la libertad tras permanecer en la Permanente Central. El otro implicado sería un menor de edad que conducía el vehículo. Ambos fueron trasladados a la URI (Unidad de Reacción Inmediata). Por último, el establecimiento anunció que presentará denuncia ante la Fiscalía y pondrá a disposición las grabaciones de las cámaras de seguridad, buscando así aportar evidencias claras para el esclarecimiento del caso.

¿Qué ocurrió durante el intento de robo en la farmacia de La Pola, en Ibagué?

Dos hombres armados intentaron asaltar una farmacia en el barrio La Pola, en Ibagué. Un transeúnte intervino al ver el robo, reduciendo a uno de los sospechosos, mientras empleados y testigos retuvieron al segundo. Durante el forcejeo, dos trabajadores resultaron heridos y la comunidad incendió la motocicleta de los presuntos delincuentes.

¿Quiénes fueron los responsables del asalto en la farmacia de Ibagué y qué medidas se tomaron?

Uno de los detenidos fue identificado como Camilo Andrés Jaramillo Lozano, quien había recuperado su libertad recientemente de la Permanente Central. El otro sospechoso, un menor de edad, conducía la motocicleta. Ambos fueron trasladados a la URI para continuar el proceso legal, mientras que la farmacia presentará la denuncia formal ante la Fiscalía.

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Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, confirmó que este grupo inicial será solo el comienzo. Según indicó el funcionario, se espera que el Gobierno Nacional envíe cerca de 250 efectivos en total, de los cuales 50 ya comenzaron sus labores desde el martes más reciente. El despliegue no es improvisado; los uniformados serán ubicados en puntos identificados previamente como críticos y en cápsulas de seguridad, unidades diseñadas para focalizar esfuerzos en las dinámicas delictivas propias de cada uno de los cuadrantes de la ciudad.

Este contingente adicional se suma a los 6.500 policías ya presentes en el Área Metropolitana de Barranquilla, con más de 3.500 dedicados exclusivamente al Distrito. Además, el patrullaje se realiza de la mano de las Fuerzas Militares, respondiendo al enfoque integral del plan que articula a las autoridades distritales, departamentales y nacionales. El objetivo es anticiparse a riesgos en zonas comerciales, áreas de vida nocturna y lugares de gran afluencia, reforzando la presencia durante fechas con alto movimiento, como las celebraciones de Amor y Amistad, Halloween, ceremonias de grado y especialmente los días clave del ciclo festivo de diciembre.

Dentro de las prioridades destacadas están la incautación de pólvora ilegal, la prevención de disparos al aire, el control de violencia interpersonal y la atención a casos de violencia de género. Para llevar a cabo estas acciones, se fortalecerá la labor conjunta entre la Policía, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación y las secretarías distritales. El balance de operaciones recientes muestra acciones concretas contra grupos armados como el Eln —Ejército de Liberación Nacional— y el Clan del Golfo, así como golpes contra la minería ilegal y laboratorios de drogas ilícitas. De acuerdo con el informe oficial, entre el 7 y el 30 de agosto hubo detenciones, incautaciones de combustibles y cierres de socavones clandestinos, además de la destrucción de laboratorios de droga, como parte de la ofensiva para restablecer la seguridad ciudadana.

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¿Cuántos policías han llegado a Barranquilla como parte del nuevo refuerzo de seguridad?

Según información confirmada por El Espectador y declaraciones de Yesid Turbay, hasta el momento han arribado 50 uniformados de distintas especialidades a Barranquilla, como el primer contingente de un total de 250 efectivos que se espera sean enviados por el Gobierno Nacional en el marco del Bloque de Seguridad.

¿Qué son las 'cápsulas de seguridad' implementadas en Barranquilla?

Las 'cápsulas de seguridad' son unidades creadas para ubicar de manera focalizada a los agentes en puntos críticos de la ciudad. Su función principal es atender de forma precisa las dinámicas delictivas características de cada cuadrante, permitiendo una respuesta más efectiva en materia de seguridad.

En un primer momento, la mujer manifestó que entendía el cansancio de la ciudadanía ante los constantes robos y que incluso había compartido opiniones a favor de las llamadas “paloterapias”. No obstante, su percepción cambió drásticamente al ver la situación vivida por su propio familiar. Al observar las imágenes, la indignación y el dolor se apoderaron de ella, al punto de expresar que “me hirvió la sangre”, en palabras recogidas en el mensaje.

De acuerdo con la explicación de la familiar, el joven lleva años batallando con problemas de adicción a las drogas. Ha estado en varios intentos de recuperación, impulsados principalmente por su madre, pero la situación no ha mejorado de forma sostenida. La mujer destacó que, en los momentos en los que el joven no estaba bajo los efectos de estupefacientes, era una persona tranquila, sana y con buen corazón. Sin embargo, reconoció que el “vicio” y las drogas lo han llevado a contextos extremos, como lo sucedido recientemente.

El relato enfatiza la necesidad de apoyo para el muchacho, y plantea una crítica a las reacciones violentas de la población frente a supuestos delitos. La mujer cuestionó que, más allá de las circunstancias que rodearon el incidente, su sobrino recibiera golpes y humillaciones públicas, lo que ha dejado una marca dolorosa en la familia. Ese sentimiento mezcla la rabia y la impotencia, reconociendo la dificultad de enfrentar una situación tan dura desde el entorno familiar, como insistió en su testimonio.

La historia muestra, finalmente, el choque entre el dolor de las víctimas de la delincuencia común y la angustia de quienes ven a un ser querido expuesto a la justicia por mano propia, abriendo un debate sobre el trato social hacia la adicción y la justicia en espacios públicos.

¿Por qué la familia del joven rechazó la agresión tras el robo en Ibagué?

La familia del joven rechazó la agresión porque, aunque inicialmente entendía el malestar ciudadano ante los robos, al ver el video sintió dolor e indignación por la violencia y humillación pública que sufrió su ser querido. Para la familiar, el joven enfrenta una larga lucha contra la drogadicción y necesita ayuda, no castigos físicos ni escarnio público, según expresó en su testimonio.

¿Qué significa el término "paloterapia" en el contexto de los robos?

La palabra “paloterapia” hace referencia a la práctica de golpear a presuntos ladrones como forma de represalia comunitaria ante los robos. Es una expresión coloquial utilizada por algunos ciudadanos para describir este tipo de castigo corporal, que busca generar miedo en quienes cometen delitos, pero implica graves cuestionamientos sobre justicia y derechos humanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La zona de amenaza alta, de acuerdo con el SGC, corresponde a las áreas más próximas al cráter, y abarca sectores de los municipios de Popayán y Puracé. En particular, en Puracé, se incluyen las veredas Campamento, Pululó, Alto Anamío, Chapio, Tabio, Hispala, Cristal, Chiligló, Patugó y Cobaló. También son zonas de riesgo las cuencas de los ríos Cocuy, San Francisco, Vinagre, Anambío y la quebrada Agua Blanca. Estas localidades serían las más afectadas en caso de una erupción, enfrentando caída de piroclastos, es decir, mezclas de ceniza y lapilli, que pueden superar los 10 centímetros de acumulación, junto con corrientes de densidad piroclástica, combinaciones de gases calientes, cenizas y rocas capaces de descender a gran velocidad, según expone el SGC.

Estas áreas también podrían registrar lodo, flujos de lava, expulsión de fragmentos a gran velocidad, así como sismos y ondas de choque, fenómenos que pueden presentarse de manera simultánea durante una erupción. En la zona de amenaza media, según el SGC, comunidades cercanas podrían experimentar caída de ceniza en acumulaciones más bajas (de 10 milímetros a 1 centímetro), impacto de proyectiles balísticos (fragmentos de roca de entre 6 y 20 centímetros), ondas de choque producidas por explosiones volcánicas y temblores. Entre las veredas situadas en esta zona se encuentran Hispala y Hato Viejo (Puracé), Alto Pesares (Popayán) y otras en el municipio de Timbío.

De acuerdo con el informe más reciente del SGC, hasta la fecha no se han registrado anomalías térmicas en el cráter, sin embargo, se mantienen las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y se ha detectado un incremento sostenido en la presencia de dióxido de carbono (CO2) en el suelo. Por estas razones, se mantiene la alerta naranja y se prevé que continúe en los próximos días.

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¿Cuáles son los peligros de la zona de amenaza alta del volcán Puracé según el SGC?

La zona de amenaza alta incluye áreas cercanas al cráter, en municipios como Popayán y Puracé. Según el Servicio Geológico Colombiano, los riesgos principales son la caída de abundantes piroclastos, corrientes de densidad piroclástica, flujos de lava y lodo, fragmentos expulsados a gran velocidad, sismos y ondas de choque, todos los cuales podrían afectar gravemente a las comunidades y cuencas aledañas en caso de una erupción.

¿Por qué se mantiene la alerta naranja en el volcán Puracé y qué significa?

El SGC mantiene la alerta naranja debido al incremento sostenido de la actividad, evidenciado en más de 110 emisiones de ceniza, liberación continua de dióxido de azufre (SO2) y concentración creciente de dióxido de carbono (CO2) en el suelo. Esta situación, aunque no presenta anomalías térmicas en el cráter, indica potencial riesgo de erupción, por lo que persiste la necesidad de vigilancia y medidas preventivas.

El accidente se presentó en el sector de Alto de Rosas, en Cundinamarca. Gabriela viajaba como pasajera en una camioneta Mercedes-Benz que terminó incrustada en la parte trasera de un camión. La fuerza del impacto provocó la muerte de la joven en el lugar.

Las imágenes que circulan del siniestro muestran que la camioneta se desplazaba a gran velocidad antes de terminar estrellada contra el vehículo de carga. Para la familia, ese elemento debe ser tenido en cuenta para establecer las circunstancias reales del accidente.

Paula Peña, hermana de Gabriela, habló con Citytv y manifestó su preocupación por la manera como se ha manejado el caso. Uno de los puntos que más cuestiona es que al conductor, identificado por la familia como Andrés Cubillos, no le habrían practicado inmediatamente una prueba de alcoholemia en el lugar del accidente.

“A mí no me cabe en la cabeza cómo, si hasta lo cogieron ahí en el momento, en el acto, no le hicieron la prueba de alcoholemia”, manifestó.

Según la familia, Cubillos fue trasladado posteriormente a un hospital, donde sí se le realizó una prueba que habría arrojado grado 1 de alcoholemia.

Paula aseguró además que algunas personas que estuvieron en el sitio les contaron que el estado de embriaguez del conductor habría sido evidente. Incluso mencionó la existencia de un video en el que, según esos testimonios, se observaría que el hombre tenía dificultades para mantenerse en pie.

La familia también conoció una versión según la cual la camioneta en la que viajaban Gabriela y Cubillos habría estado haciendo una carrera con otra camioneta, aparentemente una Audi. De acuerdo con ese relato, el exceso de velocidad habría provocado que el conductor perdiera el control y terminara chocando contra el camión.

“Como iba haciendo carreras y en el exceso de velocidad, pues ahí es cuando pierde el control y se choca contra el camión”, dijo Paula.

Otro aspecto que genera molestia entre los familiares es lo ocurrido después del accidente. Según la hermana de Gabriela, Cubillos habría salido de la camioneta y arrojado al barranco algunas latas de cerveza que estaban dentro del vehículo.

La familia también sostiene que el conductor no habría auxiliado a Gabriela después del choque.

A esto se suma que Cubillos quedó en libertad. Los familiares consideran necesario revisar el procedimiento realizado por los policías de carretera y determinar por qué no se hizo la prueba de alcoholemia inmediatamente.

Por ahora, las versiones entregadas por la familia hacen parte de los elementos que esperan sean esclarecidos por las autoridades. El objetivo, según Paula Peña, es determinar qué ocurrió realmente en los segundos previos al choque y establecer si hubo alguna irregularidad en el procedimiento posterior al accidente.

Una vez reunidos estos datos, el siguiente paso consiste en su procesamiento en centros internacionales, dotados de supercomputadoras de gran capacidad. Allí se emplean modelos numéricos de predicción, que son programas especializados capaces de traducir las leyes de la física y la termodinámica en simulaciones detalladas del comportamiento futuro de la atmósfera. Estos modelos operan dividiendo la atmósfera en una cuadrícula tridimensional, donde cada celda representa una pequeña porción del planeta. De esta manera, las computadoras calculan minuto a minuto los posibles cambios climáticos, combinando el análisis de la dinámica de las masas de aire, los patrones de humedad y las fluctuaciones de temperatura.

En el caso específico de Cali para hoy miércoles, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), fuente oficial en temas ambientales para la región, indicó que se espera un cielo parcialmente cubierto y predominio de tiempo seco durante el día. Sin embargo, recomendó estar atentos, pues durante la noche se prevén lluvias de intensidad ligera a moderada. Según la CVC, el flujo de humedad proveniente de la cuenca Amazónica y el oriente de Colombia continuará influyendo en el estado de la atmósfera, manteniendo un nivel moderado de potencial de lluvias tanto para este día como para el siguiente en la ciudad y la región andina.

¿Cómo se procesan los datos de los satélites para predecir el clima?

Los centros internacionales recopilan información satelital y la analizan con supercomputadoras mediante modelos numéricos de predicción. Estos modelos aplican leyes físicas y termodinámicas para simular el comportamiento futuro del clima, dividiendo la atmósfera en una rejilla tridimensional y calculando variaciones en tiempo real, según la CVC.

¿Qué factores influyen en las lluvias en Cali según el pronóstico de la CVC?

De acuerdo con la CVC, el flujo de humedad desde la cuenca Amazónica y el oriente del país modula las condiciones atmosféricas en Cali y la región andina, creando un ambiente propicio para lluvias de intensidad ligera a moderada durante la noche, pese al predominio de tiempo seco en el día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El elemento que motivó el fortalecimiento de la investigación es la coincidencia en el tipo de vehículo involucrado. Según las versiones recogidas por las autoridades, una motocicleta marca Yamaha XTZ 125 habría sido el objetivo tanto del intento de robo como del atraco que desencadenó la tragedia. Tras los hechos, la reacción de la comunidad resultó crucial: habitantes entregaron información relevante sobre los supuestos responsables, lo que permitió adelantar un operativo y capturar a los sospechosos.

Durante los procedimientos, la policía también recuperó la motocicleta presuntamente hurtada, pieza central para el esclarecimiento del caso y prueba clave que será analizada junto con el resto del material recopilado. La labor de investigación busca ahora determinar si existe una conexión entre este y el otro intento de hurto ocurrido el mismo día, o si se trata de acciones aisladas dentro del municipio.

Sobre el ataque, las primeras versiones indican que Diana Maritza Gaitán se movilizaba junto a Diego Quiñones después de celebrar su cumpleaños cuando ambos fueron interceptados por tres hombres armados, quienes intentaron despojarlos de la motocicleta. Al resistirse, los agresores usaron armas de fuego contra ellos, lo que alertó a Esteban Gaitán, hermano de Diana, quien salió de la vivienda para auxiliarles y también fue atacado. Los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital La Candelaria de Purificación; sin embargo, los hermanos Gaitán fallecieron antes de recibir atención médica. Mientras tanto, Diego Quiñones permanece bajo pronóstico reservado.

La Policía, como parte de su labor judicial, mantiene el control de la zona rural y profundiza en los antecedentes de los capturados, tratando de esclarecer si están implicados en otros robos de motocicletas cometidos en Purificación o en comunidades cercanas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hipótesis maneja la Policía sobre el asesinato de los hermanos Gaitán en Purificación?

La Policía del Tolima, bajo el mando del coronel Ferney Martín Romero, contempla como principal hipótesis que el asesinato de los hermanos Gaitán está vinculado a una estructura dedicada al hurto de motocicletas. Esto se fundamenta en la coincidencia de los hechos ocurridos el mismo día, donde la motocicleta robada era una Yamaha XTZ 125, modelo central tanto en el homicidio como en el otro intento de robo registrado ese 30 de agosto en la zona.

¿Cómo se llevó a cabo el operativo de captura tras el homicidio en Peñones Altos?

De acuerdo con las autoridades, tras el ataque, la comunidad local aportó información crucial sobre los presuntos responsables. Gracias a estos datos, la Policía realizó un operativo que resultó en la detención de dos hombres y una mujer. Además, lograron recuperar la motocicleta hurtada, que ahora integra el conjunto de evidencias clave en la investigación que busca esclarecer si los capturados están involucrados únicamente en este homicidio o si pertenecerían a una red más amplia de robos de motocicletas.

Entre las principales propuestas del partido opositor se cuenta el retorno de los saldos ahorrados a quienes no logren cumplir los requisitos para pensionarse, la reducción del umbral de cotización a un salario mínimo y la libertad para que los trabajadores puedan elegir entre los fondos privados y Colpensiones, entidad estatal encargada de administrar el régimen público de pensiones. Paloma Valencia, excandidata y exsenadora, explicó que el objetivo de su bancada es evitar que las futuras generaciones asuman deudas impagables y enfocar el apoyo del Estado hacia quienes más lo necesiten, incentivando el ahorro individual para la vejez.

El proyecto alternativo también busca revisar el modelo actual de administración de recursos por parte de Colpensiones. El senador Andrés Forero enfatizó que quieren modificar las reglas para proteger a quienes alcanzan la edad de retiro pero no reúnen las semanas de cotización exigidas para acceder a una pensión, y aseguró que su partido pretende evitar el monopolio de Colpensiones sobre los flujos de pensión, establecido tras la reforma del gobierno de Petro.

Además de la contrarreforma pensional, el Centro Democrático radicó una “ley anticapuchos”, en palabras del representante Jaime Arizabaleta, cuyo fin es dotar a las autoridades de facultades más estrictas para sancionar a quienes cometen actos vandálicos durante protestas usando capucha para ocultar su identidad. Según Arizabaleta, la intención es fortalecer el derecho a la protesta y diferenciar entre quienes ejercen este derecho y quienes delinquen.

Finalmente, la colectividad también propuso eliminar la reposición de votos en las consultas internas e interpartidistas, como lo informó el senador Hernán Cadavid. El propósito de esta medida es evitar que el dinero del Estado se utilice para financiar procesos electorales internos de los partidos, defendiendo que cada peso del presupuesto público debe destinarse con plena responsabilidad y en beneficio de los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué propone la contrarreforma pensional presentada por el Centro Democrático?

La contrarreforma pensional anunciada por el Centro Democrático incluye la devolución de ahorros a quienes no logren pensionarse, la reducción del umbral de cotización a un salario mínimo, y la posibilidad para los usuarios de escoger entre fondos privados y Colpensiones. Según El Espectador, se busca proteger a quienes llegan a la edad de retiro sin cumplir el tiempo exigido e incentivar el ahorro pensional individual.

¿En qué consiste el proyecto de “ley anticapuchos” radicado en el Congreso?

El proyecto de “ley anticapuchos” plantea medidas para sancionar a quienes participen en actos vandálicos durante protestas usando capucha para ocultar su identidad. De acuerdo con lo expuesto por el representante Jaime Arizabaleta en El Espectador, se busca dotar a las autoridades de herramientas para judicializar y agravar las penas a quienes cometen delitos bajo anonimato, sin afectar el derecho constitucional a la protesta.

Los hechos se registraron el pasado 21 de agosto de 2026, alrededor de las 8:20 de la noche. De acuerdo con el relato entregado por la afectada, la situación se desató cuando ingresó a la Torre 19 del conjunto privado Parque Ciudad Pomar ALISO para dirigirse a su hogar. Tras abordar la cabina y marcar el tercer piso, un hombre que había ingresado sigilosamente detrás de ella presionó el botón correspondiente al cuarto nivel, de acuerdo con el periódico.

La tensión escaló de manera abrupta en cuestión de segundos. Tal como quedó consignado en la denuncia radicada oficialmente el primero de septiembre, al llegar al tercer piso el sujeto aprovechó el momento para realizar un tocamiento no consentido en las partes íntimas de la joven, introduciendo su mano en dicha zona. Ante la cobarde agresión, la mujer reaccionó de inmediato reclamándole con vehemencia por su conducta y exigiéndole explicaciones; sin embargo, el agresor optó por guardar un silencio absoluto, limitándose a realizar un gesto de desagüe hasta que las puertas del ascensor se cerraron por completo, según el informe periodístico.

Tras el traumático episodio, la joven corrió hacia su apartamento para relatar lo sucedido a sus compañeros de vivienda. Minutos después, acudieron a la portería del conjunto para reportar el caso, donde recibieron como respuesta inicial que debían aguardar la disponibilidad del personal autorizado de la administración para poder acceder a los registros de las cámaras de seguridad, de acuerdo con el citado diario.

Al día siguiente, la denunciante insistió ante las oficinas de la administración para solicitar formalmente la revisión de las grabaciones. Días más tarde, las directivas confirmaron que poseían el material visual y programaron una sesión de visualización. En dicha revisión se estableció que el presunto agresor efectivamente reside en el conjunto y que había ingresado al edificio aproximadamente dos minutos después de que la denunciante lo hiciera. Pese a que la administración indicó que el caso sería evaluado en una reunión de la junta directiva programada para el 31 de agosto, la afectada aseguró que no recibió información clara sobre medidas correctivas internas o avances del procedimiento.

Ante la falta de respuestas institucionales a nivel privado, el caso escaló formalmente ante los estrados judiciales. El ente investigador asumió el expediente tipificando el hecho bajo el delito de acto sexual violento, contemplado en el artículo 206 del Código Penal, mientras las autoridades avanzan en las pesquisas para dar con la plena identificación y judicialización del agresor.

Tras cancelar su agenda habitual en Bogotá y cumplir previamente con la posesión de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), el mandatario se trasladó a la capital de Norte de Santander con la instrucción de desplegar una respuesta sin contemplaciones contra las estructuras criminales. No obstante, el desarrollo del consejo de seguridad se vio alterado de manera drástica debido a que el alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo Peñaloza, se encontraba ausente cumpliendo compromisos en Bogotá, mientras que el gobernador del departamento, William Villamizar, hizo su llegada tarde al recinto.

La evidente falta de coordinación e inasistencia de los líderes regionales desató la molestia desde el alto gobierno, propiciando que el presidente De La Espriella lanzara un mensaje fulminante y sin ambages contra cualquier atisbo de complicidad institucional con los violentos. A través de sus redes sociales y declaraciones desde el lugar de los hechos, el mandatario sentenció:

“Vamos a combatir y a liberar a cada departamento de la violencia. Se acabó la asociación criminal: no vamos a permitir que ningún mandatario se alinee con los bandidos, porque los vamos a hacer pagar con total decisión”.

#Política Durante el consejo de seguridad en Cúcuta, el presidente Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) advirtió que combatirá a los grupos armados, y aseguró que le llegó el fin a los nexos entre funcionarios locales y las organizaciones criminales: “No vamos a permitir… pic.twitter.com/xt1svD4cjG

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 1, 2026

El jefe de Estado recalcó que su administración prioriza la acción directa sobre la retórica burocrática: “Este es un gobierno de hechos y de resultados, no de discursos”, a la vez que reiteró la postura inquebrantable del Estado frente a la reciente escalada terrorista que sacudió la región nororiental.

“A raíz del atentado terrorista ocurrido en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, he convocado un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública, al que asistiré personalmente. No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza. Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”, puntualizó el mandatario.

Con este panorama, la visita presidencial deja en evidencia que el Ejecutivo no solo endurecerá la persecución militar contra el ELN y sus redes urbanas de apoyo, sino que mantendrá un escrutinio implacable sobre la gestión y el compromiso de los gobernantes locales frente a la seguridad ciudadana.

La iniciativa, denominada ‘(Re)conectarnos para aprender’, pretende establecer nuevas reglas para el uso de teléfonos celulares, tabletas, computadores y televisores en los niveles de educación inicial, básica y media.

(Lea también: Grados 10 y 11 podrían ser obligatorios en colegios: radican proyecto para cambiar educación)

El proyecto fue anunciado por la secretaria de Educación, Julia María Rubiano de la Cruz, y corresponde a la propuesta que, según había revelado El Tiempo, prepara la administración distrital para enfrentar el creciente uso de dispositivos entre niños, niñas y adolescentes.

Uno de los principales cambios planteados consiste en una restricción general para el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar.

La medida contempla las horas de clase, pero también los descansos y recreos. Además, estaría dirigida a los diferentes integrantes de la comunidad educativa, aunque se contempla una excepción para el uso institucional que hagan los docentes.

La propuesta parte de un diagnóstico realizado por la Secretaría de Educación entre 2025 y 2026, en el que participaron más de 14.000 integrantes de la comunidad educativa, entre estudiantes, familias y profesores.

Según los resultados citados por la entidad, los estudiantes de colegios bogotanos pueden pasar hasta nueve horas diarias frente al celular. Además, el 87 % manifestó tener un teléfono de uso personal y el 83 % reconoció utilizarlo habitualmente durante los descansos y la hora del almuerzo.

La situación también estaría llegando directamente a las aulas. El 82 % de los docentes consultados aseguró haber evidenciado que sus estudiantes utilizan el celular durante las clases para actividades como juegos, redes sociales y entretenimiento.

La propuesta no se limita a los teléfonos. La Secretaría plantea establecer tiempos máximos para el uso de otros dispositivos con pantalla, como computadores, tabletas y televisores. Los límites serían progresivos dependiendo de la edad de los estudiantes.

Así funcionaría la propuesta:

• Menores de 3 años y prejardín: no se permitiría el uso de pantallas. Los colegios oficiales deberán retirarlas progresivamente de las aulas para priorizar el juego, el movimiento y la exploración.
• Jardín, entre 3 y 4 años: máximo 30 minutos diarios, divididos en sesiones de hasta 10 minutos.
• Transición, entre 4 y 5 años: máximo 30 minutos al día, en sesiones de hasta 15 minutos.
• Primaria, de primero a quinto: máximo una hora diaria, acompañada de pausas activas y actividades presenciales.
• Sexto y séptimo: máximo dos horas diarias, orientadas principalmente a investigación, trabajo colaborativo y ciudadanía digital.
• Octavo a undécimo: no tendrían un límite de tiempo establecido y el uso quedaría sujeto a los objetivos pedagógicos del colegio y a la orientación de los docentes.

Las clases prácticas de Tecnología e Informática quedarían excluidas de los límites de tiempo.

¿Cuándo podrían utilizar el celular los estudiantes?

Aunque la propuesta plantea una restricción amplia, también contempla algunas excepciones.

El teléfono podría utilizarse cuando sea necesario como herramienta de inclusión o apoyo educativo, por ejemplo, para estudiantes que requieran ajustes razonables o mecanismos de comunicación asociados a una discapacidad.

También se permitiría por razones de salud, cuando exista la necesidad de realizar un monitoreo médico permanente y los padres o acudientes hayan informado previamente al colegio.

Una tercera excepción estaría relacionada con emergencias o situaciones excepcionales que puedan poner en riesgo la vida, la salud o la integridad física de algún integrante de la comunidad educativa.

El proyecto también diferencia entre utilizar el teléfono como elemento de entretenimiento y emplearlo con fines académicos.

A partir de octavo grado, los estudiantes podrían utilizar celulares dentro de actividades pedagógicas, siempre que exista una planificación previa, supervisión directa del docente y que el dispositivo esté relacionado con contenidos o plataformas académicas específicas. Esto no significaría que los alumnos tengan la obligación de llevar un teléfono al colegio.

En los grados inferiores, el uso estaría limitado a proyectos audiovisuales o iniciativas educativas y comunicativas previamente estructuradas.

¿Por qué Bogotá quiere limitar las pantallas?

La propuesta está relacionada con los resultados obtenidos por la Secretaría de Educación y con las conclusiones del Foro Educativo Distrital 2026, en el que participaron más de 83.000 personas a través de 397 espacios de discusión.

Según esos resultados, el 62,3 % de las comunidades participantes identificó dificultades importantes de atención, concentración, lectura y escritura asociadas con el uso de pantallas.

Además, el 45,3 % manifestó preocupación por situaciones relacionadas con ansiedad, desregulación emocional y alteraciones del sueño.

Otro dato que llamó la atención de la administración distrital es que el 73,6 % de los participantes pidió establecer reglas claras e inmediatas en los manuales de convivencia de las instituciones educativas.

En caso de que la resolución sea expedida en los términos planteados, los colegios tendrían seis meses desde su publicación para modificar sus Manuales de Convivencia o Pactos de Corresponsabilidad.

La propuesta establece que las consecuencias frente al incumplimiento de las reglas deberán tener un enfoque formativo, proporcional y restaurativo, además de respetar el debido proceso.

Es decir, la intención no sería establecer castigos automáticos, sino que las instituciones adopten medidas acordes con cada situación. La estrategia contempla además un componente dirigido a las familias.

La Secretaría de Educación invita a los padres y acudientes a regular voluntariamente el tiempo que los menores permanecen frente a pantallas en sus hogares, apoyándose en las recomendaciones que se entreguen a través de las Escuelas de Padres.

(Vea también: Jornada escolar en colegios públicos tendrían cambio por regla que pondría De la Espriella)

La administración distrital también plantea realizar una evaluación después de un año de implementación, con el propósito de determinar cuáles fueron los efectos pedagógicos y socioemocionales de las nuevas reglas.

Mientras tanto, la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría tendría a su cargo el seguimiento al cumplimiento de la resolución y podría iniciar las actuaciones administrativas correspondientes cuando exista un incumplimiento que no esté justificado.

Por ahora, se trata de un proyecto de resolución que está abierto a comentarios, por lo que el texto y sus disposiciones podrían sufrir modificaciones antes de convertirse en una norma definitiva.

Aunque ya se conoce el día en que los ciudadanos deberán dejar sus vehículos particulares y motocicletas en casa, todavía quedan pendientes distintos aspectos que definen cómo funcionará la jornada. Según la Secretaría de Movilidad, aún está en proceso la expedición del decreto que reglamentará oficialmente el desarrollo del Día sin carro y sin moto este año. Este documento será crucial, pues en él se especificarán puntos clave para la ciudadanía y los diferentes actores viales.

Entre los detalles que se definirán en el decreto se encuentran el horario exacto de la restricción vehicular, las excepciones para ciertos vehículos y las categorías que tendrán permiso de circulación, así como las diversas actividades programadas para fomentar la movilidad sostenible durante la jornada. De acuerdo con lo comunicado por la alcaldía, la comunidad deberá estar atenta, ya que la información detallada se dará a conocer tan pronto como el decreto esté listo.

Vale la pena resaltar que este 16 de septiembre corresponde, además, a la segunda y última edición del Día sin carro y sin moto que se desarrollará en el municipio durante 2026. De esta manera, el gobierno local continúa con la implementación de políticas diseñadas para promover una ciudad más amigable con el medioambiente y al mismo tiempo incentivar el uso de medios de transporte alternativos.

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¿Cuándo es el próximo Día sin carro y sin moto en Ibagué en 2026?

El próximo Día sin carro y sin moto en Ibagué está programado para el miércoles 16 de septiembre de 2026, conforme a lo establecido por el Acuerdo Municipal y tal como lo anunció el secretario de Movilidad, Camilo Martínez.

¿Qué excepciones habrá durante el Día sin carro y sin moto en Ibagué?

Las excepciones para la circulación de vehículos durante el Día sin carro y sin moto en Ibagué aún no han sido definidas. Se espera que el decreto que reglamentará la jornada precise las excepciones y vehículos autorizados para movilizarse, según informó la Secretaría de Movilidad.

En la información publicada por Emcali, se detalla que en el barrio El Porvenir, específicamente en la calle 34, entre la carrera 7 y la carrera 8, el servicio de agua será suspendido desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.; en este sector se espera un corte prolongado, lo que puede afectar la cotidianidad de los habitantes. Por otra parte, en los barrios San Cristóbal, Las Acacias, Aguablanca, El Recuerdo y El Prado, los residentes experimentarán baja presión en el suministro de agua, desde las 12:00 del mediodía hasta las 3:00 p.m., lo que también podría traducirse en limitaciones para las labores domésticas.

De igual forma, otros barrios reportados por Emcali y que presentan afectaciones directas en el suministro de acueducto son: La Independencia (calle 30 A # 41 B 06), Quintas de Don Simón (carrera 75 # 13 A 196), Champagnat (carrera 31 # 9 A 30), Pampalinda (carrera 63 # 5 - 11), Olímpico (calle 13 # 37 - 00), Pizamos I (carrera 29 con calle 121 B) y Villa del Parque (calle 61 A entre la carrera 1 A8 y la carrera 1 A9). En estas zonas, la interrupción corresponde tanto a cortes programados como a una baja considerable en la presión, dependiendo del avance de las labores técnicas.

Por otro lado, Emcali puntualiza que se están realizando trabajos especiales en la estación de bombeo Terrón III, donde se ejecuta el reemplazo, pruebas y puesta en marcha de un motor-bomba, una actividad clave para garantizar la continuidad del servicio una vez finalicen las reparaciones. Asimismo, en el sector Las Ceibas, en la carrera 8 con calle 62, se llevan a cabo trabajos continuos para reparar una tubería de gran diámetro, acción fundamental para restablecer la normalidad y minimizar riesgos de futuras averías.

Las recomendaciones finales de Emcali recalcan la importancia de tomar precauciones, especialmente almacenando agua con anticipación para cubrir necesidades básicas, mientras se desarrollan los trabajos y regresa el servicio habitual.

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¿Qué sectores de Cali tendrán cortes de agua y baja presión este miércoles según Emcali?

Según Emcali, los sectores afectados este miércoles incluyen El Porvenir, con corte total de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.; San Cristóbal, Las Acacias, Aguablanca, El Recuerdo y El Prado, con baja presión entre 12:00 m. y 3:00 p.m. Además, barrios como La Independencia, Quintas de Don Simón, Champagnat, Pampalinda, Olímpico, Pizamos I y Villa del Parque presentan afectaciones de diversa magnitud.

¿Cuáles son los trabajos específicos de acueducto que realiza Emcali y cómo afectan el servicio?

Emcali informó sobre trabajos especiales en la estación de bombeo Terrón III, donde se realiza el reemplazo y puesta en funcionamiento del motor-bomba, así como la reparación de una tubería de gran diámetro en el sector Las Ceibas. Estas acciones requieren suspender o restringir temporalmente el suministro para permitir una intervención segura y efectiva.

De acuerdo con los reportes oficiales, los cuatro capturados recibieron una condena de 68 meses de prisión junto con una multa correspondiente a 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El fallo judicial se sustentó en la responsabilidad de estas personas en los delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas. Estos resultados, informados por la Policía del Tolima y el Ejército Nacional, se dieron tras un proceso de investigación y seguimiento conjunto en la zona.

Durante el procedimiento fueron incautados diversos elementos considerados de alto valor estratégico para la estructura, entre ellos cinco fusiles calibre 5.56, varias pistolas, granadas, así como artefactos explosivos improvisados. Adicionalmente, se decomisaron 45 detonadores, un iniciador eléctrico, proveedores y 667 cartuchos de munición. Entre la evidencia también se hallaron vestimentas y distintivos utilizados para identificar a los miembros de la organización: camuflados, prendas tácticas, brazaletes, pañoletas y pancartas con referencias tanto al Frente Gerónimo Galeano como a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Según información recopilada por las autoridades, los detenidos habrían sido enviados a la zona de Santiago Pérez, en Ataco, especialmente en el sector de Puente Amarillo. Allí tenían la tarea de realizar seguimientos a alias ‘Richard’ y ejecutar homicidios contra integrantes de otra facción de las disidencias armadas, en el marco de las disputas entre estos grupos irregulares.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, destacó el éxito de la operación y valoró la coordinación entre la Policía y el Ejército para obtener este resultado. Matiz subrayó que estas acciones representan un avance en la protección y seguridad de los habitantes del Tolima, manteniendo el llamado a no bajar la guardia y fortalecer la lucha institucional contra las estructuras criminales. En sus palabras, "en el Tolima no vamos a retroceder. A los criminales los perseguimos hasta capturarlos”, añadió reafirmando: “Con seguridad todo, sin seguridad nada”.

¿Cuál fue el objetivo principal de la operación contra la estructura Gerónimo Galeano en Tolima?

El objetivo principal de la operación era capturar integrantes de la estructura Gerónimo Galeano, quienes adelantaban actividades criminales en el departamento. Además de desarticular parte de esta organización y decomisar un importante arsenal, las autoridades lograron rescatar a una menor de edad que permanecía en poder del grupo armado en el sector de Santiago Pérez, Ataco.

¿Qué delitos se comprobaron contra los cuatro capturados de la estructura Gerónimo Galeano?

Los cuatro detenidos fueron encontrados responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas, según lo establecieron las autoridades y el proceso judicial, lo que llevó a que recibieran penas de prisión y multas económicas como sanción por su actividad criminal en Tolima.

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La verdad salió a la luz solo después de muchos años de dolor e incertidumbre. De acuerdo con los hechos narrados, Javier Medrano fue víctima de una ejecución extrajudicial, crimen confirmado más de una década después, cuando en 2018 se dictó condena contra uno de los responsables del operativo. Fue entonces cuando Karen Romero decidió iniciar un proceso de demanda contra el Estado, buscando justicia y reparación por el asesinato de su esposo. Sin embargo, se enfrentó a una dura realidad: en Colombia, el derecho de las víctimas de la violencia estatal a exigir reparación tiene una fecha límite, lo que impide que muchas familias lleguen a obtener justicia, sobre todo en casos donde la verdad tarda años en descubrirse.

El caso de Javier Emiro Medrano no es solo una historia personal, sino también el reflejo de una problemática nacional. Los soldados involucrados en el operativo recibieron condecoraciones y viajes como recompensa por la “baja en combate”, un ejemplo crudo de cómo durante años se simuló la lucha contra la insurgencia para ocultar ejecuciones. Karen, quien en ese momento se convirtió en cabeza de hogar con un hijo menor de un año, representa a cientos de familias que se ven forzadas a buscar justicia frente a un sistema legal con plazos restrictivos. Ahora, la Corte Constitucional tiene la posibilidad de modificar esos términos y abrir la puerta a una justicia verdaderamente eficaz para las víctimas de la violencia estatal en el país.

¿Cuál es el plazo para que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales demanden al Estado en Colombia?

En Colombia, el derecho de las víctimas a exigir reparación por violencia del Estado tiene un plazo determinado para demandar. El caso de Karen Viviana Romero evidencia que, si ese tiempo se cumple antes de que se conozca la verdad, las familias quedan sin posibilidades de acceder a la justicia. Por eso, la Corte Constitucional estudia si debe ampliar el periodo permitido, a fin de evitar que más víctimas se queden sin respuesta.

¿Qué se entiende por ejecución extrajudicial en el contexto colombiano?

Una ejecución extrajudicial, en este contexto, es el asesinato de una persona por parte de la fuerza pública, simulando un enfrentamiento o combatiendo a un supuesto delincuente. Pero en realidad, la víctima no tenía relación con grupos armados. Es un delito grave, pues implica abuso de poder estatal y encubrimiento de la verdad ante la sociedad y los familiares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La piedra angular de esta imputación es un principio de oportunidad firmado por un oficial de la institución. Se trata del capitán Óscar Leandro Mojica, exjefe de Hurto a Residencias de la Sijín en la Metropolitana de Bogotá, quien decidió colaborar con la justicia tras estar en el ojo del huracán por su visita al apartamento de Sarabia el 29 de enero de 2023, fecha en la que se desató el escándalo por la pérdida de una maleta con dinero, de acuerdo con la citada revista.

De acuerdo con los documentos oficiales revelados por la Fiscalía, el testimonio del capitán Mojica en los futuros juicios orales dejará en evidencia que fue la propia Laura Camila Sarabia quien impartió la instrucción directa para instrumentalizar los bienes y protocolos de seguridad del Estado con fines personales.

El expediente detalla que en aquella tarde la entonces alta funcionaria sostuvo una llamada telefónica con el entonces jefe de su esquema de protección. “En llamada telefónica con el coronel, le dio la instrucción de realizar el cambio del esquema de seguridad y luego la realización del polígrafo a su empleada de servicio (…), para zanjar un presunto hurto de sus pertenencias, pero utilizando bienes del Estado dispuestos para otros fines”, puntualiza el documento del ente acusador, señalando directamente al coronel Carlos Feria, cabeza visible de la seguridad presidencial en ese momento y jefe de la teniente Sandy, según el informe periodístico.

Con este explosivo testimonio validado por un juez de control de garantías, la Fiscalía sepulta los años de estancamiento del proceso y abre la puerta a un juicio donde se examinará hasta dónde llegó el uso irregular del aparato estatal para someter a Marelbys Meza a la controvertida prueba de polígrafo en los sótanos adyacentes a la Casa de Nariño.

La iniciativa no pretende convertir en delito el simple hecho de cubrirse el rostro durante una manifestación. La propuesta busca que el ocultamiento de la identidad tenga consecuencias penales cuando sea utilizado para facilitar delitos en protestas, movilizaciones, reuniones o concentraciones públicas.

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Quienes empleen máscaras, pasamontañas, buzos amarrados u otros elementos para dificultar su identificación y, además, cometan actos vandálicos podrían recibir entre cuatro y ocho años de prisión. El proyecto también plantea multas que irían de 50 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

🔴 Una bancada multipartidista radicó el proyecto de acto legislativo “Ley Anticapuchos”, que busca crear un tipo penal para sancionar el ocultamiento de la identidad con el fin de cometer actos vandálicos durante las protestas.

“No estoy en contra de la protesta. Le doy… pic.twitter.com/JBaS2sAFsD

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 1, 2026

‘Ley Anticapuchos’: así funcionaría el proyecto que busca castigar delitos en protestas

Arizabaleta defendió la iniciativa bajo el argumento de que busca proteger el derecho constitucional a protestar y diferenciarlo de las conductas delictivas. El congresista sostuvo que la mayoría de manifestantes ejerce ese derecho sin ocultar su identidad ni participar en actos de vandalismo.

El proyecto también incluye circunstancias que podrían agravar las sanciones. Entre ellas aparecen artefactos artesanales, explosivos, sustancias corrosivas u otros elementos capaces de provocar daños graves. La propuesta contempla mayor severidad cuando resulten afectados colegios, hospitales, organismos de socorro, bienes de interés cultural o infraestructura de servicios públicos esenciales.

Ahora el proyecto deberá avanzar en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde tendrá su primer debate. Allí comenzará una discusión sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta, la identificación de quienes cometan delitos y las sanciones propuestas públicamente.

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Los menores se dirigían hacia el sector de Villa Rufina luego de terminar su jornada escolar cuando terminaron en el agua. Todos lograron ponerse a salvo y no se reportaron víctimas fatales, aunque sus cuadernos y útiles escolares quedaron afectados por el incidente.

El caso volvió a poner la atención sobre las dificultades que enfrentan las familias de esta comunidad para garantizar que los niños puedan llegar al colegio y regresar a sus hogares. De acuerdo con la información divulgada por Fecode, más de 35 estudiantes deben atravesar diariamente el río Atrato para asistir a clases.

La comunidad denuncia que actualmente no existe una ruta de transporte escolar oficial que permita cubrir de manera segura estos desplazamientos. Por esa razón, algunas familias deben recurrir a embarcaciones particulares o a la solidaridad de habitantes de la zona para movilizar a los menores.

Comunidad pide una solución para el transporte escolar

De acuerdo con Semana, Gloria Cardona, líder comunitaria de Villa Rufina, aseguró que la necesidad de contar con un medio de transporte adecuado no surgió a raíz de esta emergencia e hizo un llamado a Abelardo de la Espriella.

Según explicó, las familias llevan años solicitando una alternativa que permita a los estudiantes cruzar el Atrato sin exponerse a situaciones como la ocurrida recientemente.

“Esto no es una necesidad de hoy. Hace muchos años venimos luchando por un transporte digno para estos estudiantes”, afirmó Cardona.

La líder también señaló que los recorridos dependen en ocasiones de embarcaciones prestadas por habitantes de la zona. En el caso del incidente reciente, los estudiantes viajaban en la lancha de un pescador que les prestaba el servicio.

Cardona advirtió además que las condiciones del río pueden complicar estos desplazamientos, especialmente durante temporadas en las que aumentan los vientos. “Todos los años se hunden los botes. Cuando viene el verano, que la brisa está muy dura, nos traen los niños”, relató.

🚨Diez menores cayeron al río Atrato, luego de que se volcará la embarcación en la que intentaban regresar a sus casas en Riosucio, Chocó, cerca de la frontera con Antioquia. La comunidad pide con urgencia un transporte seguro para los niños. 👇 pic.twitter.com/UF616stujj

— Teleantioquia (@Teleantioquia) September 2, 2026

Alcaldía de Riosucio ya conocía la petición

La comunidad sostiene que la falta de transporte seguro no es un problema reciente y que las autoridades municipales ya habían recibido el reclamo de las familias.

Según información publicada por medios locales, el alcalde de Riosucio, Juan Moreno Mena, visitó Villa Rufina en septiembre de 2025 y asumió compromisos relacionados con las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, casi un año después, los menores continúan dependiendo de alternativas informales para cruzar el río.

Por ahora, las familias esperan que la Alcaldía de Riosucio, la Gobernación del Chocó y el Gobierno nacional encuentren una solución que permita establecer un transporte escolar seguro y permanente.

El llamado cobró mayor fuerza después del volcamiento de la embarcación. Aunque los diez estudiantes lograron salir con vida, la emergencia volvió a mostrar los riesgos que enfrentan los menores para asistir diariamente a sus clases.

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La respuesta de la entidad se conoce después de que el caso volviera a tomar relevancia pública por la petición de la mujer. María Consuelo sufrió la agresión en el año 2000 y desde entonces ha enfrentado un prolongado proceso de recuperación.

Durante estos años, su historia ha estado marcada por tratamientos médicos y procedimientos destinados a atender las secuelas que dejó el ataque por parte de su entonces pareja. La mujer había manifestado públicamente su decisión de solicitar la eutanasia y esperaba una respuesta de la entidad encargada de su atención en salud.

¿Qué respondió Capital Salud sobre la eutanasia de María Consuelo?

Según informó City TV, Capital Salud se pronunció sobre la petición y confirmó la autorización del procedimiento. La entidad aseguró que respetará la autonomía de la usuaria frente a la decisión que tome y que continuará pendiente de las atenciones médicas que requiera.

“Capital Salud respetará y acompañará la decisión que la usuaria, de manera libre y autónoma, determine tomar, y estará atenta, como siempre, a garantizar las atenciones y servicios de salud que requiera, de acuerdo con las indicaciones de sus profesionales tratantes”.

La EPS también señaló que mantendrá las atenciones que sean indicadas por los profesionales responsables de su caso.

Capital Salud dio a conocer las cirugías que le ha hecho a María Consuelo

Como parte de la información entregada sobre el caso, Capital Salud detalló el proceso de atención que María Consuelo ha recibido durante los años posteriores al ataque. La mujer ha pasado por cerca de 87 cirugías, además de otros procedimientos médicos relacionados con las secuelas de la agresión.

Estos tratamientos hacen parte del seguimiento que la EPS ha brindado a la mujer y permiten dimensionar la extensión del proceso médico que ha enfrentado desde el año 2000.

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La alerta está relacionada con una onda tropical que avanza hacia el territorio nacional luego de la evolución de la tormenta tropical Dolly. De acuerdo con el reporte, este sistema tendría una intensidad menor frente al anterior, aunque podría favorecer un aumento de las precipitaciones.

Henríquez explicó que el fenómeno podría incidir en las condiciones atmosféricas de Colombia y anticipó un escenario con mayor presencia de nubosidad, lluvias y algunas tormentas aisladas a medida que la onda avance sobre el territorio nacional.

“Ahí viene avanzando la nueva onda tropical que traerá nuevas lluvias a Colombia. Esta onda es menos intensa que la anterior”, señaló el meteorólogo en una publicación compartida en sus redes sociales.

El panorama, según la información divulgada, sería más moderado que el asociado con el sistema anterior. Por ahora, no se prevé que esta nueva onda tropical alcance una intensidad similar, aunque sí podría incrementar las precipitaciones en sectores del norte y centro de Colombia.

¿Cómo cambiará el tiempo con la nueva onda tropical?

El avance del sistema podría traducirse en un aumento de la nubosidad y de las lluvias, además de la posibilidad de que se presenten tormentas de manera aislada. La intensidad de estos efectos dependerá de la evolución de la onda mientras se desplaza sobre el país.

La situación ocurre en un momento en el que el comportamiento de las lluvias presenta diferencias importantes entre regiones. Mientras algunos sectores han vuelto a registrar precipitaciones, otros continúan enfrentando condiciones más secas.

Max Henríquez también habló del volcán Puracé

Además de referirse al comportamiento del clima, el meteorólogo llamó la atención sobre la actividad que mantiene el volcán Puracé, que permanece bajo vigilancia de las autoridades.

“No se descuiden con el Puracé. No hay que esperar una trágica erupción para adoptar medidas, como siempre ha sucedido en Colombia”, afirmó Henríquez.

El Servicio Geológico Colombiano explicó que el incremento de la actividad sísmica del volcán está asociado principalmente con procesos internos de fracturamiento de roca. La entidad aclaró que estos cambios no significan que exista una erupción en curso, pero mantiene el monitoreo permanente y recomienda a las comunidades estar atentas a la información oficial.

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El entrenador argentino dejó su cargo el martes primero de septiembre, cuando apenas faltaban unas horas para el clásico capitalino contra Independiente Santa Fe. La decisión sorprendió por el momento en que fue comunicada, pues Millonarios ocupaba la quinta posición de la Liga Colombiana con 11 puntos.

Bustos había dirigido al equipo durante 32 partidos, con un balance de 16 victorias, nueve empates y siete derrotas. Su ciclo incluyó la clasificación frente a Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana, aunque el equipo no logró avanzar en el torneo internacional.

La determinación de la directiva provocó cuestionamientos por el momento elegido para terminar el proceso. Según la información publicada por Bolavip, Gustavo Serpa comunicó la decisión al técnico después del entrenamiento del martes, a menos de 30 horas del encuentro frente a Santa Fe.

Iván Mejía arremetió contra los directivos de Millonarios

El periodista deportivo reaccionó a la salida del argentino con un mensaje en el que cuestionó directamente a Gustavo Serpa y Enrique Camacho. Mejía calificó de “inútiles” a los dirigentes y criticó las decisiones que, en su opinión, han marcado el rumbo reciente de la institución.

“Sale otro técnico, sale otro fracaso. Pero los inútiles Serpa y (Enrique) Camacho siguen ahí, vendiendo humo, creyendo ser conocedores. Contrataciones de bajísimo perfil y un abuso de una hinchada que los tiene identificados como fracasados y perdedores”, escribió el periodista.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre su salida de Millonarios?

Bustos aseguró que no presentó su renuncia y que fue la dirigencia de Millonarios la que tomó la decisión de terminar su proceso. El técnico argentino también reconoció que la determinación lo tomó por sorpresa, especialmente por el momento en que ocurrió.

 “No, no renuncié. La Junta nos comunicó que no seguíamos en el cargo, que no le gustaba la forma en que juega el equipo”, afirmó Bustos al referirse a lo ocurrido.

Además, el entrenador defendió el trabajo que venía haciendo con el equipo y sus resultados durante el corto periodo que estuvo al frente. Sus declaraciones contrastan con la decisión de la dirigencia, que optó por cerrar el proceso antes del clásico frente a Santa Fe.

🔵 “Me sorprendió muchísimo”: Fabián Bustos se refirió a su salida de Millonarios y aseguró que no esperaba la decisión de la directiva. El entrenador resaltó que el equipo había perdido solo un partido en el semestre y venía mostrando solidez defensiva. #ElTiempoLeExplica… pic.twitter.com/KeMNDFrH28

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 2, 2026

“Son decisiones que uno las respeta, pero no las comparte, porque cuando te va mal, cuando no sacas resultados, es normal que a lo mejor vos tengas que salir de tu cargo, no en este caso, que estamos entre los primeros, en cuarto lugar”, agregó.

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De acuerdo con El Tiempo, la decisión está relacionada con manifestaciones realizadas en 2017 en la Estación Chichimene, ubicada en zona rural de Acacías. Durante varios días, los bloqueos impidieron el ingreso de trabajadores, contratistas, equipos e insumos necesarios para el funcionamiento de la instalación.

El conflicto surgió por reclamos de habitantes del área de influencia relacionados con la asignación de cupos laborales. Sin embargo, la protesta terminó afectando la operación de la estación y provocó una disminución temporal en la producción de crudo.

La empresa reclamó una indemnización por las pérdidas económicas que, según sostuvo en el proceso, fueron ocasionadas por la interrupción de sus actividades. Aunque el Tribunal Administrativo del Meta había negado inicialmente las pretensiones, el Consejo de Estado revocó esa decisión y determinó que sí existió un perjuicio que debía ser reparado.

Consejo de Estado puso límites al derecho a la protesta

Según el rotativo, la corporación consideró que el derecho a la manifestación no ampara actuaciones que afecten de manera desproporcionada otros derechos o impidan el desarrollo de actividades productivas. En este caso, los bloqueos no solo expresaron una inconformidad, sino que restringieron el acceso a una instalación industrial y afectaron su funcionamiento.

El fallo también tuvo en cuenta que parte del crudo que dejó de producirse podía extraerse posteriormente. Sin embargo, para el Consejo de Estado esa posibilidad no eliminaba el perjuicio económico ocasionado por no haber producido y comercializado el petróleo en el momento previsto.

¿Cuánto deberán pagar por los bloqueos?

La sentencia no fijó de manera inmediata una cifra definitiva. El monto de la indemnización deberá establecerse en una etapa posterior del proceso, en la que se revisarán elementos como los barriles cuya producción fue diferida, los pozos afectados, los registros de producción y el precio del petróleo.

La responsabilidad económica recayó sobre la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal Área de Influencia Directa San Isidro de Chichimene y su entonces presidenta, Sandra Patricia Ruiz Riaño. Además, el fallo ordenó asumir las costas del proceso.

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El presidente Abelardo de la Espriella informó que el automotor había sido reportado como hurtado y que, durante la revisión adelantada por las autoridades, se detectó la presencia de explosivos. El sector fue asegurado y técnicos especializados de la Policía acudieron para neutralizar la amenaza.

De acuerdo con el mandatario, los ocupantes del vehículo se percataron de la presencia de los uniformados y escaparon del lugar en una motocicleta. Las autoridades mantienen la búsqueda de los responsables del hecho.

La información preliminar conocida por el Gobierno apunta al ELN como posible responsable del intento de atentado, aunque esta hipótesis deberá ser establecida por las autoridades que adelantan las investigaciones.

¿Dónde fue encontrado el carro bomba en Cúcuta?

El vehículo fue ubicado en Agua Clara, zona rural de Cúcuta, mientras tropas del Ejército adelantaban labores de patrullaje. La intervención permitió asegurar el área y coordinar el procedimiento con la Policía para neutralizar la amenaza.

“Esta noche, en Agua Clara, zona rural de Cúcuta, tropas de nuestro Ejército Nacional localizaron un vehículo hurtado que, tras ser verificado por un canino especializado, dio positivo para presencia de explosivos”, indicó el mandatario.

Los ocupantes del vehículo abandonaron el automotor al notar la presencia de los militares y huyeron en una motocicleta. Por ahora, las autoridades trabajan para establecer su identidad y determinar las circunstancias que rodearon el intento de atentado.

Atención:

¡Neutralizamos una posible acción terrorista del ELN en Cúcuta!

Esta noche, en Agua Clara, zona rural de Cúcuta, tropas de nuestro Ejército Nacional localizaron un vehículo hurtado que, tras ser verificado por un canino especializado, dio positivo para presencia de…

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 2, 2026

El hallazgo se produjo después de un consejo de seguridad convocado en Cúcuta para analizar la situación de orden público y definir medidas adicionales frente a posibles nuevos ataques.

El Gobierno informó que se mantendrán los operativos de la Fuerza Pública en la ciudad y otras zonas del territorio, mientras avanzan las investigaciones sobre los hechos recientes.

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La menor que estuvo una semana desaparecida y de la que aún se desconoce las causas de su muerte fue el motivo para que la Gobernación de Antioquia duplicara la recompensa que se había ofrecido en un inicio, cuando aún estaba siendo buscado por los organismos de socorro.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, estuvo con la familia de la menor de edad y desde el municipio de Buriticá anunció la nueva recompensa para esclarecer la muerte de Michelle Dayana.

“Diciéndole a toda la comunidad que hemos decidido doblar la recompensa hasta 100 millones de pesos para que esta situación no quede en la impunidad. Nosotros no podemos acostumbrarnos a las agresiones, a la muerte, al maltrato de nuestros niños, de nuestras niñas”, aseguró el mandatario.

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Mientras se busca establecer qué ocurrió con la pequeña de 6 años, en varios municipios de Antioquia se prendieron velas, como fue el caso de Envigado, en donde decenas de personas mostraron su solidaridad por esta trágica noticia.

Rendón habló con BLU Radio e indicó que ha decidido acompañar a la familia de Michelle Dayana y se refirió a esclarecer de manera rápida la extraña muerte de la menor de edad.

“Es prender una luz para que no se nos vuelva costumbre la agresión, la violencia contra nuestros niños, las niñas, para que también elevemos una oración que le dé su ciego, le permita tener tranquilidad y su ciego a esta familia en medio de este dolor tan grande, un dolor que los va a acompañar el resto de la vida, y también para que nos dé fuerzas a todos, a las autoridades, y podamos excrecer este hecho y no quede en la impunidad”, indicó el gobernador.

Se espera que el cuerpo de la pequeña sea entregado a sus seres queridos para que a Michelle Dayana se le dé un último adiós al lado de su familia.

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Castañeda recordó el caso en una entrevista con ‘Relatos al Límite’, de Blu Radio y aseguró que su esposo había sido un militar comprometido con su profesión y con sus soldados. Según su versión, durante años tuvo una hoja de vida destacada y aspiraba a ocupar cargos importantes dentro de la institución.

La situación, de acuerdo con su relato, comenzó a complicarse después de un traslado a una base cercana a Buga, mientras Moreno afrontaba problemas en la columna y debía realizar terapias por unas hernias discales.

Posteriormente, una valoración médica en Cali habría determinado que necesitaba continuar con terapias y que estaba apto para una cirugía. Castañeda sostiene que, pese a esa situación, un superior ordenó que su esposo permaneciera en una habitación del casino del batallón.

La esposa asegura que el capitán estuvo allí durante 21 días, sin posibilidad de recibir visitas ni salir del lugar.

“Pasaron 21 días, 21 días que nunca se me van a olvidar en mi vida”, recordó.

Según su testimonio, después de aproximadamente 16 días decidió presentar una acción judicial para reclamar por la situación y argumentó que la medida también afectaba a sus dos hijos menores de edad. Castañeda sostiene que posteriormente una autoridad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estableció que había existido una vulneración relacionada con los menores.

De una hoja de vida destacada a 13 anotaciones negativas

A la situación del aislamiento se sumaron, según Castañeda, los problemas que Moreno habría tenido con algunos superiores.

La esposa afirma que el capitán cuestionó decisiones relacionadas con actas, municiones y elementos destinados a los soldados. En esos meses, asegura, aparecieron 13 anotaciones negativas en su folio de vida, algo que le resultaba difícil de entender debido a los reconocimientos que había recibido durante sus años anteriores de servicio.

“Yo nunca entiendo cómo un militar que había tenido una hoja de vida intachable pudiera terminar con 13 anotaciones negativas en menos de seis meses”, manifestó.

De acuerdo con su versión, algunas de las anotaciones estaban relacionadas con supuestos desacatos o incumplimientos de órdenes. Sin embargo, Castañeda considera que varias situaciones podían estar relacionadas con las condiciones de comunicación existentes en la base.

La esposa también asegura que durante ese periodo comenzó a notar cambios en el comportamiento de Moreno. Según su relato, empezó a fumar pese a que no acostumbraba hacerlo, tenía dificultades para dormir y se despertaba asustado.

En uno de los episodios que más recuerda, el capitán le habría manifestado que temía por su vida.

Castañeda sostiene que Moreno sentía que estaba siendo perseguido o enfrentado con uno de sus superiores, aunque esas afirmaciones corresponden a la versión entregada por ella sobre lo que vivió su esposo durante aquellos meses.

Finalmente, el capitán consiguió un traslado a Florencia, Caquetá, donde trabajaría como ayudante de un coronel que, según su esposa, tenía una percepción positiva de su desempeño.

Las últimas palabras que Castañeda recuerda de esa etapa también quedaron grabadas en su memoria.

“Mi amor, me voy de este infierno, se acabó este infierno para nosotros”, habría dicho Moreno antes de emprender ese nuevo camino.

La pregunta de su esposa: ¿qué ocurrió durante esos 20 minutos?

El traslado, sin embargo, nunca llegó a convertirse en el nuevo comienzo que esperaba la familia.

El 26 de noviembre de 2021, el capitán habló por teléfono con su esposa. Según Castañeda, a las 5:30 de la mañana le pidió que no se demorara en preparar a su hijo menor para viajar. Más tarde, aproximadamente a las 8:30, le aseguró que un conductor estaba esperándola para llevarla al aeropuerto y que él iría a recibirla.

Pero unos 20 minutos después ocurrió algo que cambió completamente el rumbo de la historia.

Castañeda recibió una llamada en la que le preguntaron si había hablado recientemente con Moreno. Ella respondió que sí y explicó que acababa de verlo mediante una videollamada.

Poco después le informaron que el capitán había muerto.

“Yo no entendía en qué 20 minutos una persona piensa en quitarse la vida”, afirmó la mujer.

De acuerdo con el testimonio que recibió de personas que se encontraban en el batallón, Moreno habría ingresado a la oficina del mayor Polanco para sostener una reunión. Castañeda asegura que desconoce qué ocurrió durante ese encuentro.

Según lo que posteriormente le contaron, el capitán habría salido alterado de la oficina, atravesó la Plaza de Armas y dio la orden de formar a los soldados. Después se habría apartado algunos metros y se escuchó el disparo.

Para Castañeda, ese intervalo concentra una de las principales preguntas que todavía tiene sobre la muerte de su esposo.

“¿Qué pasó en esos 20 minutos?”, se pregunta.

La familia continúa intentando conocer detalles sobre lo ocurrido y, según Castañeda, ha presentado documentos, denuncias y diferentes acciones ante entidades relacionadas con el caso.

Uno de los aspectos que cuestiona es que, según su versión, no existiría una documentación suficientemente clara sobre los 21 días que Moreno habría permanecido en el casino del batallón.

La mujer también asegura haber recibido amenazas para que abandonara sus denuncias y afirma que actualmente enfrenta procesos judiciales derivados de sus declaraciones públicas sobre el caso.

La muerte del capitán Ronald Moreno fue presentada oficialmente como un suicidio. No obstante, para su esposa, las circunstancias que rodearon sus últimos meses y, especialmente, lo ocurrido antes de su fallecimiento continúan dejando preguntas.

Cinco años después, Castañeda asegura que su búsqueda no ha terminado y que pretende preservar la memoria de quien, según su relato, dedicó 14 años de su vida al Ejército y a sus soldados.

“Si me toca repetirla mil veces, lo voy a hacer, porque la justicia yo sé que va a llegar”, concluyó.

(Vea también: La niña Michelle Dayana ya había desaparecido varias veces antes de que la hallaran sin vida)

Michelle Dayana fue localizada en el sector de La Aguacatala, una zona rural y de difícil acceso, después de varios días de búsqueda. El lugar está aproximadamente a tres kilómetros de su vivienda, una distancia que adquiere especial importancia para los investigadores por las características del trayecto.

La principal hipótesis conocida hasta el momento apunta a que un tercero pudo haberla trasladado hasta ese sitio. Esta posibilidad fue mencionada por el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de la Policía de Antioquia, aunque aclaró que no existe por ahora una persona señalada específicamente por este hecho.

¿Por qué investigan si u

#Colombia | Recorrimos Cristo Rey, la vereda donde vivía la pequeña Michelle Dayana junto a su familia. Aunque sus allegados prefieren guardar silencio ante la prensa, la comunidad no oculta la indignación y la impotencia tras el hallazgo.

Entre los vecinos crecen los… pic.twitter.com/mQHCrvmFtI

— La FM (@lafm) September 1, 2026

n tercero trasladó a Michelle Dayana?

Uno de los elementos que sustenta esta hipótesis es la ubicación del sitio donde fue encontrada. La Aguacatala se encuentra a unos tres kilómetros de la vivienda de la menor y corresponde a una zona rural con condiciones de acceso complejas.

Las autoridades también tienen en cuenta la información entregada por la familia sobre los lugares que la niña acostumbraba frecuentar. Según sus allegados, Michelle Dayana solía desplazarse por sectores conocidos y cercanos a su entorno habitual, por lo que la distancia y las características del terreno son aspectos que deberán ser examinados dentro de la investigación.

Según recogió La Kalle, El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de la Policía de Antioquia, señaló que, por esas condiciones, cobra fuerza la posibilidad de que la niña o su cuerpo no haya llegado por sus propios medios hasta ese punto. Sin embargo, esta sigue siendo una hipótesis y no una conclusión definitiva de las autoridades.

#Colombia | Antioquia está conmovida por el hallazgo del cuerpo sin vida de Michelle Dayana, en el municipio de Buriticá. La menor había desaparecido de su casa desde el pasado 24 de agosto. ¿Qué se sabe? Le contamos.

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— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 1, 2026

¿Qué falta por establecer en el caso de Michelle Dayana?

La investigación deberá determinar qué ocurrió durante los días en que Michelle Dayana permaneció desaparecida y cómo terminó en La Aguacatala. Para ello serán determinantes los estudios que adelante Medicina Legal, además de los elementos recopilados por las autoridades durante la búsqueda y el procedimiento posterior al hallazgo.

El cuerpo fue trasladado a Medellín para los análisis científicos correspondientes, con los que se espera establecer las circunstancias de la muerte. Por ahora, las autoridades no han señalado públicamente a una persona como responsable del caso.

La hipótesis de un tercero deberá ser contrastada con las pruebas que surjan durante la investigación. Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para reconstruir lo ocurrido y establecer cómo Michelle Dayana terminó en una zona ubicada a varios kilómetros de su vivienda.

El catálogo incluye propiedades ubicadas en Bogotá, Bolívar, Boyacá, Magdalena, Antioquia y otros departamentos. La oferta es variada y contempla casas, locales comerciales, oficinas, garajes, depósitos, bodegas, apartamentos, lotes urbanos y rurales, por lo que existen alternativas para diferentes necesidades y presupuestos.

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Entre los bienes destacados aparecen un local y un depósito en el sector de Lago Gaitán, en Bogotá, además de una oficina de 191,55 metros cuadrados y dos garajes individuales en Puente Largo. También hay inmuebles de mayor extensión, como una finca de 10 hectáreas en San Estanislao de Kostka, Bolívar.

El catálogo incluye una casa en Puerto Boyacá, con 300 metros cuadrados de terreno y 540 metros cuadrados construidos, además de una vivienda en Puerto Colombia, Atlántico. En Santa Fe de Antioquia aparecen lotes de más de 3.000 metros cuadrados, mientras que en Cartagena se ofrece un casalote de 683 metros cuadrados.

Para quienes buscan opciones comerciales o logísticas hay una bodega en Barranquilla con 2.940,69 metros cuadrados de terreno y 3.219 metros cuadrados construidos. También aparece un apartamento de 87,8 metros cuadrados en Santa Marta.

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Así se puede ofertar por los inmuebles de Colpensiones

La venta se efectúa mediante la modalidad de precio base en reserva. Los interesados deben presentar una propuesta económica que posteriormente será evaluada por Colpensiones. La recepción de ofertas comienza el 1.° de septiembre a las 12:00 p. m. y termina el 2 de septiembre de 2026 a las 2:30 p. m.

Para participar hay que ingresar a El Martillo, consultar el evento del 2 de septiembre, revisar las características del inmueble y seleccionar la opción para ofertar. Después se debe contar con una cuenta en la plataforma y entregar un depósito de $5 millones por cada propiedad en la que se quiera participar.

Finalmente, después del cierre, la propuesta más alta será enviada a Colpensiones, que tendrá hasta tres días hábiles para responder. Si la oferta es aceptada, comenzarán los trámites correspondientes y el pago del saldo; si no es seleccionada, los $ 5 millones entregados como depósito serán devueltos.

Detrás de este proyecto está Diego Gómez, productor musical conocido como Cerrero, quien cuenta con una amplia trayectoria en el sello Llorona Records y en Discos Pacífico. Cerrero se ha unido a Juan Carlos ‘Cankita’ Mindinero y William Martínez, integrantes de la agrupación tumaqueña Bejuco, para fusionar su talento en la creación de un universo sonoro y visual. El evento combina la consola análoga, samplers y sintetizadores, elementos que junto a la marimba y los ritmos tradicionales del Pacífico, dan vida a nuevas maneras de conectarse con esta región, según la reseña divulgada por el Idartes.

La experiencia se desarrolla bajo el formato Fulldome, una tecnología que permite la proyección audiovisual en 360 grados sobre la cúpula del Planetario. Esto sumerge al público de manera envolvente en imágenes y sonidos, rodeándolo completamente, y permitiendo percibir la música y lo audiovisual como una sola vivencia. Este tipo de formato destaca la intención de la programación del Planetario de Bogotá por explorar los cruces entre arte, ciencia y tecnologías inmersivas, abriendo caminos novedosos para quienes buscan formas diferentes de vivir la música y la creación digital.

La ubicación del Planetario de Bogotá, en la calle 26B #5-93, en el centro de la ciudad, lo convierte en un punto de encuentro accesible para bogotanos y visitantes. La boletería para asistir al concierto está disponible en línea, y el evento promete, de acuerdo con su promoción, crear un “universo hipnótico” donde la música y lo visual transportan al espectador al corazón cultural del Pacífico colombiano sin salir de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde es el concierto inmersivo de Cerrero y La Marea en Bogotá?

El concierto se realizará en el Domo del Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93, en el centro de la ciudad. Este escenario está acondicionado para experiencias envolventes, permitiendo la proyección Fulldome y facilitando la fusión entre música, tecnología y arte.

¿Qué es el formato Fulldome utilizado en el Planetario de Bogotá?

Fulldome es una tecnología de proyección audiovisual que cubre todo el domo del recinto en 360 grados, envolviendo al espectador en imágenes y sonido simultáneamente. Esta técnica transforma cualquier función en una experiencia inmersiva, haciendo que el público se sienta literalmente dentro del espectáculo, como ocurre en algunos eventos del Planetario de Bogotá.

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Esa es la hipótesis que expuso la Fiscalía General de la Nación durante la judicialización de Julia del Carmen Pérez Pérez, de 62 años, y Jesús María Torreglosa Polo, de 65, investigados por la muerte de quien era su compañero de vivienda.

De acuerdo con el ente acusador, el crimen habría ocurrido el 26 de diciembre de 2022 en la vereda El Osito y detrás del ataque existía un supuesto interés por quedarse con la casa en la que convivían las tres personas.

Fiscalía dice que mujer habría fingido pelea para distraer a la víctima

La reconstrucción presentada por la Fiscalía señala que Pérez Pérez habría iniciado una discusión con el hombre como parte de una estrategia para mantener su atención mientras ocurría el ataque.

Según los elementos materiales probatorios recopilados por un fiscal de la Seccional Antioquia, la víctima habría concentrado su atención en el cruce de palabras que sostenía con su compañera sentimental.

En ese momento, de acuerdo con la hipótesis del organismo investigador, Jesús María Torreglosa se habría acercado por detrás con un arma cortopunzante.

La Fiscalía sostiene que el hombre le habría causado una herida en el cuello que terminó provocándole la muerte.

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La investigación busca establecer todas las circunstancias que rodearon el crimen y determinar el grado de participación que tuvieron los dos procesados en lo ocurrido dentro de la vivienda.

El caso llamó la atención por la relación de cercanía que existía entre las tres personas, pues compartían el mismo techo en la zona rural del municipio antioqueño.

La vivienda sería el supuesto motivo del crimen en Apartadó

Para los investigadores, el posible móvil del homicidio estaría relacionado con la intención de quedarse con el inmueble donde convivían la víctima y los dos adultos mayores.

Según la Fiscalía, Pérez Pérez y Torreglosa Polo habrían actuado creyendo que, con la muerte del hombre de 56 años, podrían quedarse con la vivienda.

Sin embargo, la investigación estableció que el inmueble no era propiedad de la víctima, un elemento que también hace parte de los hechos que analizan las autoridades.

La Fiscalía deberá sustentar durante el proceso judicial la hipótesis sobre el supuesto plan y el interés que, según su investigación, habría existido alrededor de la casa.

Por ahora, las afirmaciones sobre la manera en que ocurrió el crimen y su posible motivación corresponden a la investigación del ente acusador y deberán ser debatidas dentro del proceso.

Los dos adultos mayores no aceptaron los cargos

La Fiscalía imputó a Julia del Carmen Pérez Pérez y a Jesús María Torreglosa Polo el delito de homicidio agravado.

Durante la audiencia ante un juez de control de garantías, los dos procesados no aceptaron los cargos formulados por el organismo investigador.

El proceso judicial continuará mientras las autoridades presentan y analizan las pruebas relacionadas con la muerte ocurrida en la vereda El Osito de Apartadó.

Aunque el juez ordenó una medida de aseguramiento privativa de la libertad, los dos adultos mayores no fueron enviados a un establecimiento carcelario.

Por su edad, la medida deberá cumplirse en sus respectivos lugares de residencia mientras avanza el caso.

La decisión no representa una condena y los dos procesados mantienen su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una decisión definitiva de la justicia.

El expediente continuará ahora su curso para establecer qué ocurrió aquel 26 de diciembre de 2022 y si la hipótesis de la Fiscalía sobre una pelea fingida y un supuesto interés por quedarse con la vivienda puede ser demostrada ante las autoridades judiciales.

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La menor presenta una condición de salud compleja y, según relató su madre, tiene traqueostomía y gastrostomía y depende de un ventilador mecánico y de oxígeno para mantenerse con vida.

La mujer aseguró que durante meses había solicitado a Nueva EPS las autorizaciones necesarias para continuar con la atención de su hija y manifestó sentirse agotada por la situación.

“Carla no puede hablar para pedir ayuda, por eso hoy hablo yo por ella como mamá”, afirmó la madre en el video con el que pidió que su caso fuera atendido.

Tras conocer la denuncia, De La Espriella se pronunció públicamente y aseguró que había dado instrucciones para que la menor recibiera atención “con todas las garantías y sin más dilaciones”.

“Carla, escuché tu voz a través de tu valiente mamá”, manifestó el presidente, quien agregó que la salud y la vida de los niños deben estar por encima de los obstáculos del sistema de salud.

Nueva EPS respondió al llamado del presidente por la menor

Después del pronunciamiento de De La Espriella, Nueva EPS entregó información sobre el caso y aseguró que la niña ya venía recibiendo atención y seguimiento por parte de su equipo de salud.

La entidad explicó que, como parte del proceso de continuidad de la atención médica, Carla fue valorada previamente por un equipo especializado de Preventiva IPS, prestador que estará encargado de brindar la atención domiciliaria.

Según Nueva EPS, el equipo médico ya fue presentado ante la madre de la menor con el propósito de avanzar en el proceso de traslado y garantizar que Carla pueda continuar con los cuidados requeridos fuera del hospital.

La EPS agregó que este martes comenzó el proceso de acople del ventilador mecánico, un paso necesario para preparar las condiciones de atención en el domicilio. La salida del hospital, sin embargo, todavía no tiene una fecha definida.

“De acuerdo con la evolución y las condiciones clínicas de la menor, daremos el respectivo traslado a su domicilio”, señaló Nueva EPS.

De esta manera, la entidad sostiene que el proceso para llevar a Carla a su casa ya se encontraba en desarrollo y que el traslado dependerá de la evolución de su estado de salud.

Desde Nueva EPS, informamos que la menor Carla Helena Parejo ya venía recibiendo atención y seguimiento por parte de nuestro equipo de salud.

Como parte del proceso de continuidad en su atención, fue valorada previamente por el equipo médico especializado del prestador… https://t.co/Vv8MyF5zvd

— NUEVA EPS (@NuevaEPSCol) September 1, 2026

¿Por qué Carla lleva más de un año hospitalizada?

La situación médica de Carla no es reciente. La niña lleva aproximadamente un año y cuatro meses hospitalizada, de acuerdo con el relato de su familia.

Medios locales habían informado anteriormente sobre su caso y señalado que la menor presenta síndrome de Arnold Chiari, una malformación que puede afectar diferentes funciones neurológicas.

Su madre, Geno Paola, se trasladó desde Santa Marta hasta Medellín en busca de atención especializada para su hija y de los equipos necesarios para mantener sus cuidados.

La situación también ha tenido consecuencias económicas para la familia. La mujer relató que tuvo que dejar de trabajar para dedicarse de manera permanente al cuidado de Carla.

Ahora, después de que la madre hiciera público el caso y pidiera la intervención del Gobierno Nacional, Nueva EPS aseguró que avanza en el proceso para que la niña pueda recibir atención domiciliaria.

El traslado dependerá de la evolución clínica de Carla y de que estén dadas las condiciones necesarias para mantener en su vivienda el soporte médico que requiere.

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El epicentro fue ubicado en el municipio de Istmina, en Chocó, territorio que registra con frecuencia actividad sísmica debido a sus características geológicas. El reporte corresponde al boletín actualizado número 1 emitido por la entidad.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-01, 20:46 hora local Magnitud 3.3. Profundidad 43 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/yxXIyYdiXm

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 2, 2026

¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 3,3?

Aunque el epicentro del sismo estuvo ubicado en Istmina, Chocó, los reportes ciudadanos muestran que el movimiento también fue percibido en distintos puntos del Valle del Cauca.

El sismo también provocó reacciones de internautas que aseguraron haberlo percibido en diferentes municipios. Algunos usuarios señalaron que el movimiento fue breve, mientras otros pidieron mayor información sobre lo ocurrido

Entre los lugares desde donde se han recibido reportes aparecen Cali, La Unión, Trujillo, Mulaló y Yumbo. Una de las personas indicó que sintió el movimiento mientras se encontraba en un tercer piso, en La Unión, mientras que otros ciudadanos reportaron haberlo percibido en Trujillo y Mulaló.

“¿Qué está pasando? Necesitamos más información, más estudios”, comentó un usuario de X. Otro internauta, desde Cali, describió el movimiento como “un remesón muy corto”.

Estos reportes hacen parte de la información que puede recopilar el Servicio Geológico Colombiano mediante su plataforma Sismo Sentido, con la que busca conocer cómo fue percibido un evento sísmico en diferentes zonas.

¿Sintió el temblor en Chocó?

El Servicio Geológico Colombiano invitó a las personas que hayan percibido el movimiento a reportarlo mediante su plataforma Sismo Sentido. Estos registros permiten recopilar información sobre los lugares donde fue percibido el temblor y los efectos que pudo causar.

Los ciudadanos pueden indicar dónde se encontraban, qué tipo de movimiento percibieron y si hubo alguna afectación en objetos o construcciones. Esta información ayuda al SGC a evaluar la intensidad del sismo en diferentes zonas del país.

La entidad recuerda que la percepción de un sismo puede variar dependiendo de factores como la distancia al epicentro, la profundidad del evento y las características del terreno y de las edificaciones.

Durante su intervención, el mandatario fue enfático: “vamos a liberar a este departamento de la violencia por la razón o por la fuerza”. Además, hizo hincapié en que la impunidad y la presunta complicidad entre estructuras criminales y algunos dirigentes políticos llegó a su fin. “Cuando los bandidos están ganando es porque están asociados con el gobierno y aquí se acabó esa asociación criminal”, sostuvo. De la Espriella reiteró su decisión de enfrentar cualquier vínculo existente entre autoridades locales y bandas criminales, mientras recalcó que no permitirá que funcionarios públicos se alineen con organizaciones ilegales. “Los vamos a hacer pagar también”, puntualizó, asegurando que enfrentará estos desafíos “con total decisión y mano dura”.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, añadió que el Gobierno Nacional colabora estrechamente con la Fuerza Pública y las autoridades locales para devolver la tranquilidad a la ciudadanía en Cúcuta y sus alrededores. Según reportes policiales citados por El Espectador y declaraciones del general Ricardo Alarcón, comandante operativo de la Policía Nacional, el ataque contra la estación de Policía en Los Patios, ocurrido la noche del 31 de agosto, dejó un saldo preliminar de un civil muerto, nueve personas heridas y dos policías lesionados. Posteriormente, la cifra de policías heridos se incrementó a siete, de los cuales dos se encuentran en estado de gravedad.

En respuesta a estos hechos, el presidente anunció que regresará a la ciudad en dos semanas para verificar personalmente los avances en materia de seguridad. “Este no es un gobierno de discursos, es un gobierno de resultados”, enfatizó De la Espriella, subrayando su compromiso de supervisar de cerca las medidas adoptadas y mantener la presión institucional contra los responsables.

¿Cuál fue la reacción del gobierno de Abelardo de la Espriella tras el atentado en Los Patios?

Tras el atentado con carro bomba en Los Patios, el presidente Abelardo de la Espriella encabezó un consejo de seguridad extraordinario y anunció medidas para reforzar la seguridad en Norte de Santander. Declaró la intención firme de confrontar a los grupos criminales y advirtió que no permitirá ningún tipo de alianza ilícita entre funcionarios y bandas ilegales.

¿Qué consecuencias dejó el ataque con carro bomba en la estación de Policía de Los Patios?

De acuerdo con los reportes policiales referenciados por El Espectador, el atentado dejó como saldo un civil muerto, al menos nueve personas heridas y siete policías lesionados, de los cuales dos permanecen en estado de gravedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La relevancia de sus denuncias, tanto a nivel local como regional, los convirtió en figuras de referencia en la defensa de los derechos fundamentales. Una voz cercana a su labor, Eduin Mauricio Capaz, coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), describió a María Ovidia como una mujer de carácter fuerte, sensible frente a las víctimas y persistente al exigir responsabilidades al Estado. De acuerdo con Capaz, en varios momentos, las denuncias que impulsaba Palechor resultaron incómodas no solo para funcionarios estatales sino también para grupos armados al margen de la ley, presencia recurrente en la historia reciente del Cauca.

María Ovidia Palechor, quien pertenecía a la comunidad indígena yanakuna, inició su activismo en 2005, cuando se desempeñó como coordinadora del Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, así como del Programa Mujer en el Cric. En su trayectoria, además de ocupar diversos cargos en esta organización, fue reconocida en 2015 con el Premio Nacional a la defensa de los derechos humanos, distinción que destacó su incansable compromiso. Recientemente, Palechor acompañó a los habitantes de La Pedregosa, quienes fueron víctimas de la masacre de El Túnel, ocurrida el 25 de abril, reafirmando su papel como defensora activa hasta sus últimos días.

Las autoridades investigan actualmente el doble homicidio y, aunque aún no hay claridad sobre los responsables, el impacto social y la pérdida quedan marcados en el testimonio de quienes, como Eduin Mauricio Capaz, valoraron su lucha y entrega.

¿Quién era María Ovidia Palechor y por qué su liderazgo era relevante para las comunidades indígenas del Cauca?

María Ovidia Palechor fue una líder social perteneciente a la comunidad yanakuna, reconocida por su defensa de los derechos humanos desde 2005. Coordinó programas clave en el Consejo Regional Indígena del Cauca, ganó el Premio Nacional a la defensa de los derechos humanos en 2015 y se mantuvo activa hasta sus últimos días apoyando a víctimas de violencia, lo que la hizo una figura central para su entorno.

¿Cuál fue el impacto del asesinato de María Ovidia Palechor y James Flor en el movimiento social del Cauca?

El asesinato de María Ovidia Palechor y James Flor generó una fuerte conmoción entre organizaciones sociales e indígenas del Cauca. Su pérdida representa el silenciamiento de voces cruciales en la denuncia de injusticias, lo que incrementa el temor y la preocupación sobre la seguridad de quienes defienden los derechos humanos y la vida en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Vea también: Las EPS, al borde del abismo: sus deudas se disparan a $ 58 billones en Colombia) 

Según el organismo de control, las EPS intervenidas mantienen patrimonio negativo, elevados niveles de endeudamiento y pérdidas operacionales, factores que ponen en duda su recuperación financiera y representan un riesgo para la sostenibilidad del sistema de salud.

De acuerdo con el informe, ninguna de las EPS intervenidas analizadas logró recuperar su patrimonio durante 2025, por lo que todas permanecen en un nivel considerado crítico bajo la metodología Fénix, utilizada para evaluar su situación financiera.

¿Qué EPS aparecen con mayores problemas financieros?

El informe identifica un panorama complejo para varias de las EPS que actualmente permanecen bajo intervención.

Entre ellas aparecen Famisanar, Coosalud, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, Capresoca y SOS, entidades que continúan registrando patrimonio negativo y altos niveles de endeudamiento.

La Contraloría destacó que Savia Salud presenta uno de los mayores deterioros financieros. Su indicador de endeudamiento pasó de 9,23 en 2024 a 11,73 en 2025, lo que significa que sus pasivos superan más de once veces el valor de sus activos.

El informe también muestra un deterioro en indicadores de Famisanar, que pasó de un patrimonio de -2,57 a -3,24; Coosalud, cuyo margen operacional cayó de -0,21 a -0,40; y Capresoca, que profundizó su patrimonio negativo.

Aunque algunas entidades, como Asmet Salud, Emssanar y SOS, registraron leves mejoras en algunos indicadores, la Contraloría concluyó que esos avances no fueron suficientes para salir de la condición crítica.

“Ninguna de las EPS intervenidas ha logrado recuperar su patrimonio”, concluyó el organismo de control en su evaluación.

Pérdidas y deudas de las EPS siguen aumentando

La situación financiera también se refleja en las pérdidas operacionales registradas durante 2025.

De acuerdo con el informe, Coosalud cerró el año con pérdidas por 2,34 billones de pesos, mientras que Famisanar reportó pérdidas por 684.430 millones, Savia Salud por 390.716 millones y Emssanar por 388.209 millones.

Asmet Salud, SOS, Dusakawi, Capresoca y Cajacopi también registraron resultados operacionales negativos durante el año analizado.

La Contraloría encontró además que la deuda total reportada por las EPS pasó de 45,89 billones de pesos en 2024 a 58,06 billones de pesos en 2025, lo que representa un incremento cercano al 26,5 %.

De ese total, 47,9 billones de pesos corresponden a EPS intervenidas, que concentran más del 82 % de la deuda del sector.

El organismo también alertó por el crecimiento de la deuda con operadores farmacéuticos, que pasó de 2,85 billones a 3,80 billones de pesos, situación que podría afectar el suministro de medicamentos y tecnologías en salud.

Para la Contraloría, este deterioro incrementa los riesgos para la liquidez de hospitales, clínicas y demás prestadores de servicios de salud.

¿Qué pasó con Nueva EPS en el informe de la Contraloría?

Aunque Nueva EPS es la entidad con mayor número de afiliados del país, no hizo parte del análisis financiero presentado por la Contraloría.

El organismo explicó que no fue posible evaluar sus indicadores porque la entidad no contaba con estados financieros certificados y dictaminados al cierre de 2025, requisito indispensable para aplicar la metodología Fénix.

Por esa razón, la Contraloría aclaró que no pudo calcular para Nueva EPS indicadores relacionados con patrimonio, endeudamiento y desempeño operacional.

El informe también señala que únicamente Aliansalud, Anas Wayúu, EPM y Salud Mía cumplieron integralmente las condiciones financieras y de solvencia establecidas por la normativa vigente al cierre de 2025.

Como consecuencia, el organismo concluyó que el 98,76 % de los afiliados al sistema de salud permanecía vinculado a EPS que incumplían al menos uno de los requisitos financieros exigidos, un panorama que mantiene las alertas sobre la estabilidad del sistema y la atención de millones de usuarios.

La inquietud de estas colectivas nació tras conocer, a través de redes sociales y medios como EL PILÓN, la directriz emanada del ICBF sobre el uso de un lenguaje supuestamente incluyente, pero que para ellas invisibiliza las problemáticas particulares que enfrentan las niñas. Shairick Neira, vocera de ReEvolución Feminista, enfatizó que nombrar a las niñas va más allá de una discusión semántica. Según Neira, “hay violencias que solamente las atraviesan a ellas”, entre ellas la mutilación genital femenina, embarazos no deseados y matrimonios forzados. La vocera reiteró que proteger los derechos de la niñez implica visibilizar las experiencias de las niñas, quienes pueden estar expuestas a violencias de género específicas.

Ante los señalamientos, la directora nacional del ICBF, María Carolina Restrepo Cañavera, aseguró que el uso del término “niñez” no significa omitir ni desconocer a las niñas. Restrepo expuso que ni la Constitución Política, ni el Código de Infancia y Adolescencia, ni siquiera la Convención sobre los Derechos del Niño, exigen que el ICBF mencione obligatoriamente “niños, niñas y adolescentes” en todas sus comunicaciones oficiales. Para la funcionaria, la categoría “niñez” engloba a todos los menores de edad y no lleva implícita la exclusión de ningún grupo.

Sin embargo, voces críticas afirman que distinguir y nombrar a niñas, niños y adolescentes permite dimensionar problemas específicos y crear respuestas institucionales con enfoque diferencial. La escritora Cynthia Enloe, citada en el texto, advierte que no evidenciar las realidades de género en el lenguaje refuerza patrones machistas, como ocurre en el caso de los matrimonios infantiles, que en casi su totalidad afectan a las niñas a nivel mundial.

En el contexto colombiano, la Ley 2447 de 2025 denominada “Son niñas, no esposas” prohibió los matrimonios y uniones tempranas en los que participen personas menores de 18 años. Por eso, la protesta cobra relevancia: las colectivas urgen que, al avanzar en marcos normativos protectores, también el lenguaje institucional permita identificar y proteger a las niñas frente a estas violencias. El plantón busca así posicionar la voz de las niñas y recordar que una política pública integral inicia por nombrarlas y visibilizarlas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante mencionar explícitamente a las niñas en las comunicaciones del ICBF?

Mencionar de forma explícita a las niñas permite visibilizar las realidades y problemáticas únicas a las que se enfrentan, desde la mutilación genital hasta los embarazos y matrimonios forzados. Según la vocera de ReEvolución Feminista, omitirlas en el discurso institucional puede traducirse en falta de protección e invisibilidad de sus derechos, lo que, de acuerdo con las colectivas feministas, resta eficacia a las políticas públicas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

¿Qué implica el término “niñez” y por qué hay debate sobre su uso?

El ICBF sostiene que “niñez” es una categoría incluyente que agrupa a todos los niños y niñas menores de edad, sin discriminar entre géneros. Sin embargo, varias colectivas y expertos consideran que el uso de “niñez” de manera genérica puede invisibilizar las experiencias particulares de las niñas, cuyo reconocimiento resulta clave para prevenir y responder a violencias de género, como lo señala la escritura académica y activista Cynthia Enloe.

El secretario de Gobierno de Valledupar, Félix Valera, detalló que este proceso comenzó con un cierre completo del balneario, medida que prohíbe temporalmente el ingreso de visitantes y bañistas mientras se adelantan trabajos ambientales, recuperación del espacio público y mitigación de riesgos. Valera puntualizó que aunque el balance institucional refleja un avance importante, el mayor logro hasta el momento es la concertación con comerciantes y vendedores, quienes participaron activamente en el retiro voluntario de terrazas y estructuras no autorizadas que alteraban la zona cercana al río: “La mayoría de terrazas o superficies artificiales que ellos mismos habían creado… ellos mismos las han retirado voluntariamente”, explicó el funcionario.

La limpieza y restauración de la cobertura vegetal también ha sido relevante. De acuerdo con la Alcaldía, más de 15 árboles han sido erradicados y se han realizado 20 podas, enfocándose principalmente en vegetación seca o afectada que representaba un riesgo, como relató Valera: “Ciudad Verde… ha logrado erradicar aquellos árboles inertes que no solamente le daban una mala presentación al río, sino que colocaban en riesgo la vida de las personas”. Los árboles con enfermedades reciben tratamiento fitosanitario, es decir, técnicas que previenen y combaten plagas y enfermedades para mejorar la salud vegetal y la seguridad de quienes frecuentan el balneario.

Otro aspecto destacado ha sido el retiro total de carpas, polisombras y plásticos que ocupaban el espacio público y visual del balneario Hurtado. Según Valera, esto ha contribuido a que las familias empiecen a disfrutar nuevamente de espacios más limpios y organizados; sin embargo, la Alcaldía reconoce que persiste el reto de lograr un uso adecuado del espacio por parte de negocios que extienden mobiliario más allá de los límites permitidos.

En paralelo, la Secretaría de Desarrollo Económico y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) brindaron 10 horas de capacitación a comerciantes en higiene y control de calidad de alimentos. El objetivo, indicó Valera, es garantizar que el balneario siga siendo fuente de ingresos, pero cumpliendo estándares de seguridad, higiene y orden. Adicionalmente, la Secretaría de Salud acompaña estos esfuerzos para optimizar el procesamiento de alimentos en los restaurantes del sector.

Durante el cierre, la Policía Nacional y la Secretaría de Tránsito y Transporte ejecutan operativos para controlar el acceso y mejorar la señalización de parqueaderos, procurando la seguridad vial y peatonal en la zona. El Decreto 0675 de 2026 sostiene que corresponde a la administración mantener la señalización, coordinar la vigilancia y realizar inspección continua, así como fomentar campañas de educación ambiental para cuidar el río Guatapurí. Finalmente, como parte del plan de largo plazo, la Alcaldía planea conformar “guardianes del río” y buscar apoyo de universidades locales con programas de ingeniería ambiental, a fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de conservar este importante afluente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se mantiene cerrado el balneario Hurtado en Valledupar?

El balneario Hurtado permanece cerrado al público debido a una intervención integral liderada por la Alcaldía de Valledupar, que busca recuperar la ronda hídrica del río Guatapurí. Las medidas incluyen trabajos de limpieza, reordenamiento de espacio público, manejo de árboles y control de accesos para garantizar tanto la seguridad ambiental como la de los visitantes. El objetivo es culminar la restauración en condiciones óptimas antes de reabrir el acceso.

¿Qué incluye la capacitación de SENA a comerciantes del balneario Hurtado?

La capacitación impartida por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) a los comerciantes del balneario Hurtado abordó temas de higiene y control de calidad de alimentos. Durante 10 horas, los participantes recibieron formación en buenas prácticas de manipulación y procesamiento que les permitirá asegurar condiciones sanitarias adecuadas y responder a las normativas exigidas por la Secretaría de Salud para quienes ofrecen servicios gastronómicos en la zona intervenida.

(Vea también: Salió a flote quién está detrás del atentado con taxi bomba en Cúcuta y hay recompensa millonaria)

El mandatario lanzó una advertencia dirigida a los mandatarios regionales y locales que eventualmente tengan vínculos o cercanía con organizaciones criminales.

“Vamos a combatir y a liberar a cada departamento de la violencia. Se acabó la asociación criminal: no vamos a permitir que ningún mandatario se alinee con los bandidos, porque los vamos a hacer pagar con total decisión”, afirmó De la Espriella durante su intervención.

El presidente no señaló directamente al alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, ni al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, pero sus palabras se produjeron después de una jornada marcada por la molestia por la ausencia de autoridades locales en el consejo de seguridad.

Aquí nadie se arreda ni se acobarda.

Vamos a combatir y a liberar a cada departamento de la violencia.

Se acabó la asociación criminal: no vamos a permitir que ningún mandatario se alinee con los bandidos, porque los vamos a hacer pagar con total decisión.

Este es un… pic.twitter.com/rwnvosF0pO

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 1, 2026

De acuerdo con reportes conocidos durante la tarde, Acevedo no acudió personalmente al encuentro y envió un delegado, mientras que Villamizar tampoco estuvo inicialmente en la reunión. La situación desató cuestionamientos y fue interpretada como un desplante al jefe de Estado.

Presidente llegó a Cúcuta después del carro bomba en Los Patios

De la Espriella se desplazó hasta Norte de Santander después del atentado ocurrido en la noche del lunes 31 de agosto contra la estación de Policía de Los Patios.

El ataque fue perpetrado con un carro bomba y dejó un civil muerto y 11 personas afectadas, entre ellas dos uniformados, de acuerdo con los reportes publicados este martes. Las autoridades investigan la responsabilidad por el hecho y han señalado preliminarmente al Eln.

Antes de viajar a Cúcuta, el presidente había anunciado que encabezaría personalmente un consejo de seguridad con la cúpula de la Fuerza Pública.

“A raíz del atentado terrorista ocurrido en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, he convocado un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública, al que asistiré personalmente”, escribió el mandatario.

También aseguró que el Gobierno no dejaría sola a ninguna región del país y prometió una persecución contra los responsables del ataque.

“Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades”, manifestó.

Las mediciones sobre cultivos ilegales son supervisadas precisamente por la UNODC, que según reportes recientes citados por la administración anterior de Gustavo Petro, habría certificado progresos en materia de sustitución voluntaria en varias zonas del país. Bula, en sus declaraciones, subrayó la importancia de la cooperación internacional para enfrentar los desafíos que plantean las drogas y el crimen organizado transnacional. Además, mencionó la necesidad de robustecer el trabajo conjunto con Estados Unidos y otros actores internacionales que se encuentran implicados en la lucha contra las mafias.

Desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito destacaron la revisión de proyectos en sustitución de cultivos ilícitos, el fortalecimiento institucional y las medidas de seguridad aplicadas para transformar regiones afectadas por la criminalidad. Se resaltó también la consolidación de alianzas internacionales, las cuales resultan esenciales para impulsar respuestas integrales y sostenibles.

Entre los logros más llamativos de la gestión De la Espriella se presentaron datos del primer mes de mandato, periodo en el que se reportó la aprobación de más de 41 extradiciones, incluyendo la de jefes de narcoestructuras como Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’. Asimismo, en la discusión se abordó la derogatoria de la resolución 006 de 2015 que prohibía el uso de glifosato por aspersión aérea en cultivos, aunque se precisó que esta medida no significa la reanudación inmediata de estas operaciones.

Por último, se abordó la posible inclusión de Colombia en el denominado Escudo de las Américas, un bloque de seguridad impulsado por Estados Unidos. Todos estos temas, según la Cancillería, evidencian la apuesta estatal por cooperar internacionalmente y avanzar hacia territorios más seguros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales avances discutidos por Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito?

Entre los avances destacados en el encuentro, de acuerdo con la información oficial, se mencionó el progreso en la sustitución de cultivos ilícitos, la aprobación de más de 41 extradiciones lideradas por el gobierno de Abelardo de la Espriella y la revisión de proyectos centrados en la transformación de territorios con presencia de crimen organizado y cultivos ilegales.

¿Qué es la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas y cuál es su función en Colombia?

La Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC) es una agencia internacional encargada de supervisar temas como la lucha contra las drogas ilícitas, el crimen organizado y el fortalecimiento de la justicia. En Colombia, su papel incluye la medición de cultivos ilegales, apoyo en políticas de sustitución y colaboración para fortalecer esfuerzos de seguridad estatal.

(Vea también: Nuevo temblor sacudió Chocó este martes en la tarde: ¿dónde fue y de qué magnitud?

Las imágenes permiten observar cómo los alumnos intentan evacuar las instalaciones mientras diferentes elementos de la estructura comienzan a desprenderse y caer.

Algunos estudiantes corren para ponerse a salvo, mientras otros buscan ayudar a sus compañeros en medio del polvo, los escombros y la confusión.

Este es el video de ese momento, compartido por el medio Pereira en vivo:

#IMPACTANTE. Revelan videos de los momentos de terror que vivieron estudiantes del Col/Fabio Vásquez Botero en D/bradas (R/ralda) durante terremoto del 10AGO. Los alumnos quedaron atrapados en medio del pánico y mientra instalaciones se sacudían violentamente por el potente sismo pic.twitter.com/NhACNPROAl

— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 1, 2026

El relato del rector del colegio, Julio Andrés Hurtado, permite dimensionar el riesgo que enfrentaron las personas que estaban dentro de la institución. Según explicó, en ese momento había cerca de 600 personas entre estudiantes, docentes, directivos y trabajadores.

La jornada académica había comenzado desde las primeras horas de la mañana y los estudiantes ya se encontraban en sus salones cuando comenzó el fuerte movimiento telúrico.

Los profesores activaron los protocolos de evacuación que habían sido practicados previamente. Sin embargo, la emergencia evolucionó en cuestión de segundos.

Parte del cuarto piso se desplomó apenas comenzó el terremoto

Uno de los datos más impactantes entregados por el rector es el tiempo que transcurrió entre el comienzo del sismo y el deterioro de la estructura.

De acuerdo con Julio Andrés Hurtado, aproximadamente 15 o 20 segundos después de iniciado el movimiento comenzó el desplome de parte del cuarto piso del colegio.

El video permite observar la dimensión de lo ocurrido. Mientras los estudiantes avanzan por las rampas para salir de la institución, a su alrededor se desprenden paredes, ladrillos y otros elementos de la edificación.

La situación desató momentos de enorme tensión, pues la evacuación se produjo mientras diferentes partes de la estructura continuaban cayendo.

El terremoto también dejó una víctima mortal en esta institución educativa: un estudiante de grado 11 falleció durante la emergencia. Además, diferentes reportes señalan que hubo más de 30 personas heridas, entre ellas seis docentes.

El caso del Fabio Vásquez Botero se convirtió así en uno de los episodios más dramáticos registrados en establecimientos educativos afectados por el terremoto del 10 de agosto.

La experiencia recopilada por Alvarado Moreno abarca múltiples áreas, entre ellas el desarrollo rural, la evaluación socioambiental, el análisis geoespacial, la agricultura de precisión, la asistencia técnica y la gestión articulada entre diferentes instituciones, tanto del sector público como gremial, en diversas esferas de gobierno. La AUNAP destacó sus capacidades de liderazgo y visión estratégica, claves para potenciar la gestión institucional y avanzar en el diseño e implementación de políticas que beneficien directamente a quienes están vinculados con la pesca y la acuicultura en Colombia.

Su nombre no es ajeno a la región del Tolima, ya que desde las secretarías departamental y municipal contribuyó a la promoción de proyectos productivos y al fortalecimiento de los sectores agropecuarios locales. Ahora, la entidad reafirma su compromiso por consolidar estrategias que impulsen el desarrollo sostenible de la acuicultura y la pesca en el país, con la esperanza de que la experiencia de Alvarado Moreno se refleje en avances concretos para pescadores artesanales y productores acuícolas. Este sector, de notable presencia en municipios ribereños del Tolima, representa uno de los retos principales para el recién nombrado director, quien deberá transformar su experiencia previa en resultados tangibles y equitativos para la comunidad productiva.

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¿Quién es Juan Rodrigo Alvarado Moreno, el nuevo director de la AUNAP?

Juan Rodrigo Alvarado Moreno es ingeniero agrónomo con más de 18 años de experiencia en el sector agropecuario colombiano. Antes de ser designado como director general de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), ejerció la Secretaría de Desarrollo Agropecuario tanto en Tolima como en Ibagué, liderando iniciativas para fortalecer la producción y organización de cadenas productivas en la región. La AUNAP destaca su experiencia en formulación de políticas públicas y coordinación de equipos, elementos considerados cruciales para su nueva labor.

¿Cuáles serán los principales retos de la AUNAP con Juan Rodrigo Alvarado Moreno como director?

De acuerdo con la información oficial, uno de los principales desafíos para la gestión de Juan Rodrigo Alvarado Moreno en la AUNAP será convertir su conocimiento y experiencia en resultados que beneficien a productores acuícolas y pescadores artesanales, especialmente en zonas como los municipios ribereños del Tolima. Se espera que lidere el fortalecimiento institucional y la consolidación de estrategias enfocadas en el desarrollo sostenible de la pesca y acuicultura en Colombia.

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Entre los detalles conocidos sobre el caso hay uno que llamó especialmente la atención. Según contó el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, en diálogo con Noticias Caracol, la madre de la menor manifestó a los investigadores que no era la primera vez que Michelle se extraviaba.

La pequeña desapareció el pasado 24 de agosto y su cuerpo fue encontrado este lunes 31 de agosto, después de varios días de búsqueda en el municipio donde vivía junto con su madre y su padrastro.

Michelle Dayana ya se había extraviado anteriormente, según Policía

El coronel Luis Fernando Muñoz entregó a Noticias Caracol algunos de los primeros detalles que han recopilado las autoridades sobre la vida de la niña y las circunstancias de su desaparición.

Según explicó el comandante de la Policía de Antioquia al medio de comunicación, la madre de Michelle les indicó a los investigadores que la menor ya se había perdido en otras oportunidades.

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De acuerdo con el relato conocido por Noticias Caracol, la niña solía extraviarse durante las horas de la tarde y, en ocasiones anteriores, regresaba al día siguiente.

Este antecedente ahora hace parte de los elementos que las autoridades tienen en cuenta para reconstruir lo ocurrido durante la última desaparición de la menor.

El coronel Muñoz también señaló al informativo que Michelle tenía condiciones médicas particulares, entre ellas autismo y epilepsia. Estos aspectos están siendo evaluados dentro de las diferentes hipótesis que se analizan para establecer qué pudo haber pasado.

Sin embargo, las causas exactas de su muerte todavía no han sido determinadas oficialmente y será necesario esperar los resultados de los análisis técnicos y forenses.

Campesino encontró el cuerpo de la niña en zona rural

El hallazgo que confirmó el peor desenlace ocurrió durante la tarde del lunes 31 de agosto, aproximadamente entre las 3:30 y las 4:00 de la tarde. Un campesino que se encontraba trabajando en una finca de la zona notó la presencia de varios gallinazos, situación que despertó su atención.

Al acercarse al lugar, encontró un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición y dio aviso inmediato a los organismos de emergencia. Bomberos, Policía Nacional y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación llegaron posteriormente al sector para adelantar la inspección y recuperar el cadáver.

El cuerpo fue localizado a aproximadamente tres kilómetros del casco urbano de Buriticá, municipio desde donde se había perdido el rastro de Michelle Dayana el 24 de agosto.

El comandante Luis Fernando Muñoz explicó a Noticias Caracol que una de las pistas para la identificación inicial fue una prenda de vestir encontrada en el lugar.

De acuerdo con la información entregada al medio, se trataba de una blusa roja que coincidía con la ropa que la menor llevaba el día en que desapareció y con la descripción suministrada previamente por su familia.

Medicina Legal deberá establecer qué ocurrió con Michelle Dayana

El cuerpo de la niña fue trasladado a Medellín, donde el Instituto de Medicina Legal deberá practicar los análisis necesarios para establecer las causas y las circunstancias de su fallecimiento.

La búsqueda había comenzado desde el mismo momento en que se reportó la desaparición. Durante los primeros días participaron organismos de socorro y guías caninos especializados.

Al no obtener resultados, las labores cambiaron posteriormente de estrategia hasta que un campesino encontró el cuerpo. Ahora, el CTI y la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia tienen la tarea de reconstruir el recorrido de Michelle y determinar qué ocurrió desde el momento en que desapareció hasta su hallazgo.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó sus condolencias a la familia y pidió a las autoridades utilizar todos los recursos disponibles para esclarecer el caso y establecer si existieron responsables.

Mientras avanza esa investigación, la revelación hecha por la Policía a Noticias Caracol, sobre las ocasiones anteriores en las que Michelle se había extraviado, se suma a los elementos que deberán ser analizados para entender las circunstancias de esta tragedia que conmocionó a Buriticá y a todo Antioquia.

El último episodio que evidencia estas diferencias internas ocurrió después de una votación en la Comisión de Acusaciones, donde los cinco representantes del partido respaldaron la solicitud para que la Fiscalía General de la Nación reciba uno de los expedientes contra el expresidente Álvaro Uribe, relacionado con presuntos vínculos con el paramilitarismo. Según El Espectador, esta decisión generó polémica dentro del movimiento progresista, pues algunos la interpretaron como una traición a los principios fundacionales.

Las reacciones no se hicieron esperar. Figuras como Gabriel Becerra, Heraclito Landinez y María del Mar Pizarro fueron el centro de críticas, pero la voz más contundente fue la de la senadora Carolina Corcho. La exministra de Salud encabezó la lista para las elecciones internas del pasado 8 de marzo y calificó la votación como una “afrenta” a las víctimas del conflicto armado. Corcho argumentó en sus redes sociales que los hechos señalados ocurrieron antes del periodo presidencial de Uribe (1996-1998, cuando era gobernador de Antioquia) y, por lo tanto, debía ser la Fiscalía, y no la Comisión de Acusaciones, quien investigara el caso. Según su postura, apoyar lo contrario atentaba contra los valores éticos y la defensa de los derechos humanos de campesinos y víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Sin embargo, estas declaraciones provocaron la réplica del senador Iván Cepeda, quien pidió respeto a su trayectoria de 14 años impulsando investigaciones sobre Uribe, alertando a Corcho sobre los límites de la ambición política y pidiéndole no alinearse con ataques provenientes de la extrema derecha. Esta confrontación pública evidenció que las diferencias van más allá de un simple desacuerdo coyuntural y han quedado a la vista en otros escenarios, como la reciente elección de magistrados al Consejo Nacional Electoral. Allí tampoco se alcanzó consenso para el respaldo de los nombres propuestos, lo que revela que el Pacto Histórico lucha por encontrar unidad en un momento decisivo para su papel en la política colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la votación del Pacto Histórico sobre el caso Álvaro Uribe causó divisiones internas?

La votación en la Comisión de Acusaciones, donde miembros del Pacto Histórico apoyaron solicitar a la Fiscalía los expedientes contra Álvaro Uribe, fue considerada por algunos sectores como una concesión a la impunidad, suponiendo una traición a los valores del partido. Carolina Corcho y otros líderes argumentaron que eso vulneraba la defensa de las víctimas, mientras figuras como Iván Cepeda defendieron la necesidad de mantener el proceso bajo cauces legales. Estas posiciones hicieron que las diferencias éticas y estratégicas dentro de la bancada quedaran expuestas.

¿Qué papel juega la Comisión de Acusaciones en las investigaciones contra expresidentes en Colombia?

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es la instancia del Congreso que investiga los actos de los expresidentes durante su mandato. En el caso de Álvaro Uribe, la discusión giró en torno a hechos que ocurrieron antes de su presidencia, por lo que, según allegados como Carolina Corcho, la investigación debía corresponder a la Fiscalía General de la Nación. El debate sobre la competencia de estos órganos fue clave en el más reciente conflicto interno del Pacto Histórico.

La investigación incluye las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la presunta conformación del Bloque Metro en la hacienda Guacharacas.

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El pedido de aplazamiento ocurre en medio de una disputa sobre quién debe llevar el expediente. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes solicitó asumir el proceso, mientras que la Fiscalía sostiene que esa corporación no tiene competencia para continuar con las pesquisas.

La defensa de Uribe argumentó que dentro de la investigación aparece un presunto delito de concierto para delinquir agravado que habría continuado hasta 2003. Para los abogados, este elemento tendría importancia porque para ese momento Uribe ya ocupaba la Presidencia de Colombia.

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Sin embargo, la Fiscalía rechazó entregar el expediente a la Cámara. Gloria Marcela Abadía Cubillos, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema, sostuvo que los principales hechos investigados corresponden a 1996 y 1997, cuando Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

Por esa razón, la Fiscalía considera que la Comisión de Acusación no tendría competencia sobre el caso. La diferencia entre ambas instituciones llevó el expediente a la Corte Constitucional, que deberá determinar cuál de ellas puede continuar con la investigación.

El caso tendrá además un movimiento importante antes de esa fecha, teniendo en cuenta que Salvatore Mancuso fue citado por la Fiscalía para declarar el 2 de septiembre en Montería. El exjefe paramilitar deberá entregar información relacionada con las investigaciones por las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato de Jesús María Valle.

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El movimiento sísmico tuvo como epicentro el municipio de Sipí, en Chocó, y ocurrió al mediodía, según la información oficial publicada por la entidad.

El SGC indicó que el evento tuvo una profundidad de 37 kilómetros.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-01, 12:48 hora local Magnitud 3.7. Profundidad 37 km, Medio San Juan (Andagoya) – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/L4cPJlH6CF

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 1, 2026

¿Dónde fue el temblor de magnitud 3,7?

El epicentro del sismo estuvo localizado en Sipí, Chocó, municipio ubicado en el suroccidente de ese departamento.

El movimiento tuvo una profundidad de 37 kilómetros, por lo que el reporte oficial lo ubica como un evento de profundidad intermedia.

El SGC mantiene activo su sistema de monitoreo para registrar los movimientos sísmicos que se presentan en el territorio nacional y actualizar sus características a medida que obtiene nueva información.

¿A qué hora fue el temblor en Chocó?

El evento sísmico se registró exactamente a las 12:48 p. m., hora local de Colombia.

La entidad cuenta además con un sistema para que los ciudadanos indiquen si sintieron un movimiento sísmico y permitan recopilar información sobre la percepción del evento en diferentes zonas.

La decisión llega una semana después de que el presidente ordenara bombardear un campamento atribuido a alias ‘Calarcá’ en el Guaviare. La medida afecta al jefe disidente Alexander Díaz Mendoza y a integrantes de otras dos organizaciones armadas.

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La Fiscalía señala que las estructuras relacionadas con ‘Calarcá’ están vinculadas con atentados, homicidios, secuestros, extorsiones y desplazamientos, entre otros delitos investigados por las autoridades. El organismo también sostiene que estos grupos se fortalecieron durante la política de paz total del gobierno anterior.

El panorama cambió después del 28 de agosto cuando la administración de De La Espriella terminó la mesa de conversaciones con el Estado Mayor de Bloques y Frentes, estructura comandada por ‘Calarcá’. La Casa de Nariño emitió tres resoluciones para poner fin a las negociaciones.

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La decisión tuvo una consecuencia directa: la resolución firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo establece que, al perder los integrantes de estas estructuras su condición de representantes en la mesa. Así mismo, deben reactivarse las órdenes de captura que estaban suspendidas.

Además de los integrantes del grupo de ‘Calarcá’, la medida cobija a voceros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El anuncio se conoció mientras fiscales solicitaban ante un juzgado de Villavicencio una medida privativa de la libertad contra Díaz. La Fiscalía lo señala como responsable de una serie de ataques ocurridos desde 2024, periodo en el que las órdenes de captura permanecían suspendidas por la política de paz total.

Entre las figuras que vuelven a ser buscadas por las autoridades están Alexander Díaz Mendoza, conocido como Calarcá Córdoba; Giovanny Andrés Rojas, apodado Araña; y José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza. Estos personajes se destacan por haber sido designados oficialmente como voceros en procesos de diálogo, por lo cual contaban con un levantamiento temporal de sus órdenes de captura. Según explica El Espectador, la suspensión de la mesa de diálogo significó la revocatoria inmediata de ese beneficio y el restablecimiento de las medidas judiciales en su contra.

En total, la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra 46 personas relacionadas con tres principales organizaciones ilegales. De estas, 27 pertenecen al Estado Mayor de Bloques y Frente, 13 a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y seis a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn). Entre los nombres que menciona el documento oficial del ente investigador destacan también Carlos Eduardo García Téllez (Andrei), Sandra Milena Niño Guerrero, Fabio Giraldo Giraldo (Albeiro González) y Javier Alfonso Velosa García (Jhon Mechas o John Catatumbo), todos asociados al Estado Mayor de Bloques y Frente.

Por parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la lista incluye a José Vicente Lesmes (Walter Mendoza), Geovanny Andrés Rojas (Araña), y otros como Luis Andrés Figueroa Marín (Popeye) y Pablo Edis Ortiz Cortés (Bladimir). Respecto a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, las órdenes cobijan figuras como José Luis Pérez Villanueva (Cholo) y Loryin Emilio Pertuz Ballestas (Sebastián o York). El informe da cuenta de que, desde abril, la Fiscalía ya había advertido que volvería a activar estas medidas si persistían los incumplimientos en los compromisos adquiridos durante el periodo de diálogo. Eso llevó a solicitar al gobierno la revocatoria de la vocería para miembros de las organizaciones involucradas, lo que finalmente se concretó con la reactivación de las órdenes una vez cerradas las mesas de negociación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra los gestores de paz?

La decisión de la Fiscalía de reactivar las órdenes de captura contra los gestores de paz se debió a la suspensión de las mesas de diálogo entre el gobierno y los grupos armados Estado Mayor de Bloques y Frente, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Una vez el gobierno revocó la designación de voceros y levantó los beneficios judiciales, el ente investigador restituyó las órdenes de captura, en cumplimiento de sus funciones legales, según reportes de El Espectador.

¿Quiénes son los principales jefes de grupos armados afectados por las órdenes de captura?

Entre los principales jefes con órdenes de captura reactivadas están Alexander Díaz Mendoza (Calarcá Córdoba), Giovanny Andrés Rojas (Araña) y José Vicente Lesmes (Walter Mendoza), quienes fueron gestores de paz designados oficialmente. A estas figuras se suman Carlos Eduardo García Téllez (Andrei), Javier Alfonso Velosa García (Jhon Mechas) y José Luis Pérez Villanueva (Cholo), líderes de las estructuras Estado Mayor de Bloques y Frente, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, respectivamente.

Uno de los casos más alarmantes ocurre en el barrio Quintas de Don Simón, específicamente en la unidad residencial Parque de las Quintas. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos, las edificaciones de este complejo han sufrido afectaciones estructurales graves, obligando al desalojo preventivo de la totalidad de las 48 familias residentes. Entre las víctimas se encuentra la ciudadana María Fernanda, quien, tras el desplome de las paredes internas de su apartamento en el segundo piso, debió evacuar de inmediato junto con su familia. Esta difícil decisión se repite en todos los hogares del conjunto, cuyos habitantes han tenido que buscar refugio temporal mientras observan con angustia la situación de sus bienes y su futuro.

Hasta ahora, los copropietarios solo cuentan con un informe preliminar elaborado por la aseguradora del edificio; este documento indica que, por el momento, no existe un riesgo inmediato de colapso total. Sin embargo, los residentes consideran este análisis insuficiente y exigen una verificación exhaustiva, oficial y técnica que garantice condiciones de seguridad para retornar a sus viviendas. La incertidumbre se incrementa frente a la ausencia de visitas y censos técnicos por parte de la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Gestión del Riesgo en este sector.

A diferencia de otras zonas de Cali, en Parque de las Quintas no se ha realizado la evaluación de habitabilidad que utiliza la marcación oficial por colores (rojo para alto peligro, naranja para peligro intermedio y verde para seguridad estructural). Los habitantes entienden que las instituciones locales están colapsadas por la magnitud de la tragedia, pero insisten en la urgencia de una intervención prioritaria en su sector, y hacen un llamado directo a la administración municipal para que movilice equipos técnicos que brinden respuestas claras y soluciones efectivas.

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¿Qué daños causó el terremoto en la unidad residencial Parque de las Quintas en Cali?

De acuerdo con el reporte de Noticiero 90 Minutos, el terremoto ocurrido el 10 de agosto ocasionó daños severos en las estructuras del conjunto residencial Parque de las Quintas, especialmente en las paredes internas de los apartamentos. Estos daños llevaron a la evacuación preventiva de las 48 familias que habitaban el lugar debido al riesgo para la vida y el patrimonio de los residentes.

¿Por qué no se ha realizado el censo técnico en Parque de las Quintas después del terremoto?

Según el mismo reporte, las autoridades locales, incluida la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Gestión del Riesgo, han priorizado otras zonas con mayor visibilidad de daños, por lo que Parque de las Quintas no ha recibido aún la evaluación oficial ni la marcación técnica de habitabilidad, lo que incrementa la incertidumbre de las familias afectadas, quienes exigen una atención urgente.

La actividad sísmica también ha mostrado un notorio incremento. Santacoloma informó que, desde el 29 de agosto, se han detectado 550 eventos sísmicos y un "enjambre sísmico", entendido como la repetición constante de múltiples sismos en un área específica, en un corto periodo, y que puede extenderse por semanas o meses. El último boletín del SGC detalla que persiste el aumento en la sismicidad asociada al fracturamiento de roca, afectando tanto la cantidad de eventos como la energía liberada. De hecho, en una zona localizada entre 10 y 15 kilómetros al nororiente del cráter, y a profundidades entre 7 y 11 kilómetros, se han reportado alrededor de 80 de estos eventos sísmicos.

En cuanto a las emisiones superficiales, desde las 2 de la tarde del 30 de agosto hasta la fecha de la publicación del nuevo informe, se han producido ocho emisiones de ceniza con alturas que alcanzan los 240 metros sobre la cima. Sin embargo, el SGC señala que no se han detectado anomalías térmicas significativas en el fondo del cráter, pero sí persisten las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y se observa un aumento sostenido en la concentración de dióxido de carbono (CO2) en el suelo. Según el SGC, los valores actuales de estos registros instrumentales representan los niveles máximos alcanzados hasta el momento, superando por mucho las mediciones base, lo cual refleja una alteración importante en la dinámica volcánica.

Por estos motivos, la entidad mantiene la alerta naranja y advierte que es posible que existan variaciones en los indicadores de actividad sin que esto implique un retorno a condiciones estables. Finalmente, el SGC recomienda a las comunidades cercanas no acercarse a los cráteres ni nacederos de los ríos para evitar exponerse a fragmentos de roca, además de mantenerse informados a través de los canales oficiales.

¿Por qué continúa la alerta naranja en el volcán Puracé según el Servicio Geológico Colombiano?

La alerta naranja se mantiene porque, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el volcán Puracé presenta una actividad sísmica inusualmente alta y valores ascendentes en la concentración de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono. Esta situación implica un cambio relevante en la dinámica del volcán y supone un riesgo para las comunidades cercanas, por lo que la entidad recomienda precaución.

¿Qué es un enjambre sísmico y cómo afecta la vigilancia del volcán Puracé?

Un enjambre sísmico, según la explicación del SGC, es la repetición constante de eventos sísmicos en una zona determinada y en un periodo corto de tiempo, pudiendo prolongarse por semanas o meses. Este fenómeno complica la vigilancia porque puede indicar cambios importantes en el sistema volcánico, aumentando la necesidad de monitoreo permanente y de mantener las alertas para la población cercana.

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Sin embargo, la investigación arrojó que el verdadero blanco habría sido Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, un reconocido empresario del sector minero energético, con inversiones en gas, cobre y oro durante más de 12 años en Colombia. Oliver Peñaranda emitió un comunicado confirmando que desde 2018 lidera un proceso de formalización de mineros informales en el sur de Bolívar, a través de la empresa Grupo OPG. Este proyecto, que ha beneficiado a más de mil personas y docenas de empresas mineras legales, transformó un entorno de minería informal a uno "amigable con el medio ambiente y socialmente responsable", según su declaración. Pero el proceso también afectó los intereses de grupos criminales tradicionalmente vinculados a la minería ilegal, situación que según Oliver Peñaranda, desencadenó amenazas en su contra desde 2020, presuntamente por parte de grupos al margen de la ley y de las guerrillas FARC y ELN.

Los avances en la investigación incluyeron la captura de Leonel Enrique Llanos Paternina, alias Tony, acusado de coordinar la logística del doble homicidio y de realizar seguimientos, aunque no aceptó los cargos de homicidio agravado ni porte de armas. Información obtenida de la revisión a dispositivos electrónicos muestra que el grupo criminal, identificado como “Los Gladiadores” en chats de WhatsApp, estaba conformado por al menos seis personas, quienes compartían datos claves para identificar a la supuesta víctima. Las autoridades siguen identificando a los participantes, investigando cómo se produjo la confusión fatal y quién ordenó la ejecución del ataque.

En cuanto a Gustavo Aponte, era director de Arroz Sonora, empresa agroindustrial con presencia en Tolima y Casanare, y formaba parte del consejo directivo de la Fundación Gustavo Aponte Rojas, dedicada a programas sociales y educativos para comunidades vulnerables.

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¿Por qué los sicarios confundieron a Gustavo Aponte con el empresario minero Olimpo Antonio Oliver Peñaranda?

Según la información entregada por El Espectador y la Fiscalía, la confusión se dio por las similitudes físicas entre ambos empresarios. Aunque el objetivo era Oliver Peñaranda, los sicarios atacaron a Gustavo Aponte por error, después de haber realizado seguimientos y vigilancias detalladas, pero probablemente sin confirmar con certeza la identidad del blanco.

¿Qué es la formalización de mineros ilegales y por qué representa un riesgo para empresarios como Olimpo Oliver Peñaranda?

La formalización de mineros ilegales implica incluir a mineros informales o artesanales dentro del marco legal, entregándoles permisos y acompañamiento para que realicen actividades responsables con el medio ambiente y sujetas a controles estatales. En el caso reseñado por el comunicado de Oliver Peñaranda, el proceso ha afectado los intereses de grupos criminales beneficiados durante años por la minería ilegal, lo que ha provocado amenazas y atentados en su contra.

La iniciativa empresarial contempla dos líneas fundamentales: atender las necesidades más urgentes durante los primeros meses siguientes al terremoto e invertir sostenidamente durante los próximos cuatro años para facilitar la reconstrucción de la infraestructura y el bienestar de la población perjudicada. De acuerdo con 90 Minutos, el monto recaudado entre las empresas supera los $130.000 millones de pesos, cifra que evidencia el compromiso del sector privado regional.

Dentro del grupo de compañías que encabezan la lista de contribuyentes destacan Sidoc y Harinera del Valle, cada una con un aporte de $20.000 millones. Les siguen empresas como Fanalca, Celsia, Manuelita, Colombina, Carvajal y Organización De Lima, todas con $10.000 millones. También figuran Jaramillo Mora Constructora ($8.000 millones), Grupo Coomeva ($5.000 millones) y otras compañías de diversos sectores, incluyendo bancos, laboratorios y supermercados.

Además de la inversión financiera, la Donatón Petronio Solidario se sumó a las acciones de apoyo, enfocándose en las familias damnificadas y en los portadores de tradición y expositores del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, cuyo evento número 30 fue suspendido por la emergencia. Esta acción buscó proteger la cultura y el sustento de quienes resultaron doblemente afectados.

Por otro lado, instituciones como la Universidad Icesi, la Fundación Valle del Lili y el Hospital Padrino trabajaron en conjunto para habilitar un centro de acopio, el cual se encarga de recibir y canalizar ayudas hacia las comunidades golpeadas por el desastre. De esta manera, la respuesta conjunta del sector privado y académico no solo aportó recursos, sino que facilitó la logística para la entrega efectiva de las donaciones.

En conclusión, la articulación entre empresas y entidades académicas representa un esfuerzo extraordinario para enfrentar el impacto del terremoto, asegurando atención integral a quienes más lo necesitan y acompañando el entorno en su trabajo de reconstrucción.

¿Cuáles empresas del Valle del Cauca hicieron los aportes más grandes para la reconstrucción tras el terremoto?

De acuerdo con el reporte de 90 Minutos, Sidoc y Harinera del Valle lideraron la lista de aportantes con sumas de $20.000 millones cada una. Además, empresas como Fanalca, Celsia, Manuelita, Colombina, Carvajal y Organización De Lima entregaron $10.000 millones cada una, consolidándose como los mayores donantes para la atención y reconstrucción de las zonas afectadas.

¿Cómo se está organizando la entrega de ayudas a los damnificados del terremoto en el Valle del Cauca?

Según la información de 90 Minutos, la Universidad Icesi, la Fundación Valle del Lili y el Hospital Padrino lideran la estrategia de recepción y distribución de ayudas, gestionando un centro de acopio encargado de canalizar los recursos hacia las comunidades afectadas. Además, la Donatón Petronio Solidario contribuye con acciones destinadas directamente a las familias y portadores de tradición cultural afectados por la catástrofe.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Aunque la medida fue diseñada para aplicarse a nivel nacional, en el Tolima solo fueron incluidos inicialmente estos dos municipios. De acuerdo con la información proporcionada, los demás municipios gestionados por la empresa Celsia quedaron excluidos debido a las excepciones dirigidas a poblaciones afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto. Esta distinción muestra que las autoridades consideraron, además del escenario energético, el impacto de recientes desastres naturales al decidir en dónde implementar la estrategia.

Cada usuario que participe en el programa tendrá asignada una meta individual de consumo eléctrico, calculada a partir del promedio registrado durante los últimos 12 meses. Si el usuario mantiene su consumo entre el 90 % y el 110 % de dicha meta, seguirá pagando la tarifa habitual. Sin embargo, si se supera el 110 %, se aplicarán recargos solo por el exceso de kilovatios hora. Estos recargos varían según el estrato socioeconómico o la naturaleza del usuario: para los estratos 1, 2 y 3 será del 30 %, para los estratos 4, 5 y 6 alcanzará el 50 %, y para usuarios comerciales e industriales será del 70 %. Por su parte, quienes consuman menos del 90 % de su meta podrán recibir un saldo a favor, lo que incentiva el ahorro efectivo de energía. Lo recaudado por los recargos será redistribuido posteriormente entre quienes hayan hecho esfuerzos de ahorro.

Durante el primer ciclo de implementación, el enfoque será pedagógico, por lo que no se cobrarán recargos a quienes sobrepasen su meta. Aun así, los ahorradores podrán empezar a acumular beneficios desde ahora. Esta fase inicial durará seis meses y permitirá a los usuarios conocer su desempeño a través de la factura: allí podrán ver la meta, los ahorros y cualquier recargo correspondiente.

Existen diversas exclusiones para garantizar la continuidad de servicios esenciales. El programa no aplica a hospitales, clínicas, instituciones educativas, organismos del sector emergencia, seguridad y orden público, ni a centros penitenciarios. Además, los usuarios electrodependientes pueden solicitar su exclusión ante Celsia, presentando certificación de su condición. En el corto plazo, la medida se concentrará solo en Melgar y Carmen de Apicalá, y CREG podrá ajustar su alcance según lo considere necesario.

¿Cómo se determinan las metas de ahorro de energía en Melgar y Carmen de Apicalá?

Según la información publicada, cada usuario recibe una meta individual de consumo basada en el promedio de electricidad consumida durante los últimos 12 meses. Esta meta determinará si el usuario recibirá recargos, saldos a favor o mantendrá su tarifa normal según su comportamiento mensual de consumo.

¿Qué significa ser usuario electrodependiente dentro del programa de ahorro de energía?

Un usuario electrodependiente es aquel que depende de la energía eléctrica para su supervivencia o salud. En el marco de este programa, estos usuarios pueden excluírse presentando ante Celsia los documentos que acrediten su condición, asegurando así la continuidad del servicio sin afectar su bienestar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Lalo Gnecco destacó la relevancia del papel periodístico, indicando que "todos los vallenatos pudieron ver un titular donde el periódico EL PILÓN decía el pasado 16 de agosto que dónde estaba la placa del monumento ‘Revolución en Marcha’". Según relató, la pieza había sido víctima de vandalismo y estaba en riesgo de pérdida total. Sin embargo, la pronta intervención del cuidador de la plaza, Luis Acevedo, permitió que la placa original fuera resguardada tras detectarse su estado de deterioro y fragmentación avanzada.

El acto de recuperación culminó con el agradecimiento de Yanelis González, jefa de la Oficina de Cultura, quien recalcó la importancia de restituir la placa en su espacio legítimo y brindó tranquilidad al asegurar que ya está instalada donde pertenece. González también manifestó gratitud hacia la labor de Gnecco y su equipo, en una muestra de trabajo mancomunado en favor del patrimonio público.

Para preservar la memoria del programa de gobierno del expresidente Alfonso López Pumarejo—al que rinde homenaje el monumento—la placa fue reemplazada completamente usando mármol, material elegido por su resistencia y durabilidad. Gnecco detalló que la antigua placa, casi ilegible, fue sustituida por una nueva más grande y visible, lo que representa un motivo de orgullo para quienes participaron en la renovación. El valor patrimonial y cultural de la obra, instalada originalmente en 1994 gracias a Paulina Mejía de Castro y Lucas Segundo Gnecco Zuleta (entonces gobernador), fue destacado por el presidente del Concejo, subrayando la función del monumento como elemento de identidad de la ciudad.

Finalmente, la restauración de la placa abre el llamado a la ciudadanía local y a los visitantes a proteger los bienes públicos y a valorar la historia y el legado cultural de Valledupar. Como enfatizó Gnecco, el mensaje es claro: cuidar, respetar y disfrutar de los espacios que dan significado a la capital mundial del vallenato.

¿Cuál es el origen y significado del monumento ‘La Revolución en Marcha’ en Valledupar?

El monumento ‘La Revolución en Marcha’ fue instalado en 1994 gracias a la gestión de Paulina Mejía de Castro y Lucas Segundo Gnecco Zuleta, como gobernador. La obra rinde homenaje al programa de gobierno del expresidente Alfonso López Pumarejo y representa un símbolo de la identidad y el patrimonio cultural de Valledupar, situado en el centro histórico de la ciudad.

¿Por qué la placa del monumento fue reemplazada por una nueva de mármol en Valledupar?

La decisión de reconstruir la placa del monumento en mármol surgió tras su vandalización y evidente deterioro, según indicó el presidente del Concejo municipal, José Eduardo Gnecco Zuleta. El nuevo material asegura mayor durabilidad y legibilidad, contribuyendo a preservar la memoria histórica y valor patrimonial del sitio para propios y visitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Un intenso pulso político sacudió las instalaciones del Capitolio Nacional durante la jornada de votación para definir la presidencia de la Comisión Afrocolombiana. El representante Estefanel Gutiérrez, perteneciente a Cambio Radical, alcanzó la dignidad institucional con 29 votos.

La célula legislativa convocó formalmente a sus 49 integrantes desde la mañana de este martes, primero de septiembre, con el propósito de designar al líder de la mesa directiva para el primer año. La contienda enfrentó a Gutiérrez contra el representante Óscar Benavides.

Benavides, cercano al petrismo, representa a las negritudes en la corporación. El congresista causó controversia nacional por presuntamente solicitar dinero mediante particulares destinado a los damnificados del terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

La Corte Suprema de Justicia investiga actualmente a Benavides por estos polémicos cobros. Adicionalmente, la semana anterior la sesión programada para la elección debió aplazarse debido a maniobras políticas de los parlamentarios afines a las vertientes de izquierda.

En aquella oportunidad, los legisladores abandonaron masivamente el recinto para romper el cuórum obligatorio y frenar la inminente victoria de Gutiérrez. Sin embargo, el experimentado congresista de oposición aseguró los apoyos requeridos para consolidar su triunfo legislativo.

Gutiérrez logró el respaldo decidido del partido ASI, las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (Citrep), Salvación Nacional y Cambio Radical. Estas bancadas conforman sectores independientes y de oposición que superaron ampliamente la candidatura respaldada por el oficialismo.

Durante las intensas negociaciones, varios sectores plantearon la posibilidad de cederle la presidencia a Benavides para el segundo período constitucional. No obstante, múltiples congresistas rechazaron tajantemente esa alternativa debido al comportamiento confrontativo y los continuos escándalos del parlamentario.

Finalmente, la votación favoreció de forma contundente a Gutiérrez, dejando a Benavides sin posibilidad de presidir la comisión en ninguno de los dos períodos. Esta derrota motivó fuertes reclamos en tono airado por parte del representante vencido.

En medio del acalorado cruce de palabras, Benavides insistió enfáticamente en su condición de vocero principal de las comunidades negras. Ante esa provocación verbal, Gutiérrez reaccionó enérgicamente, lo encaró y le expresó enfáticamente: “Yo soy más negro que tú”.

Esa confrontación personal quedó registrada en una grabación audiovisual publicada posteriormente por el propio integrante del partido Cambio Radical. Pese al altercado, Gutiérrez llamó a la cordura e invitó a centrar los esfuerzos en las verdaderas necesidades étnicas.

Gutiérrez ratificó la urgencia de abandonar los debates ideológicos para concentrarse en las problemáticas urgentes que aquejan a las poblaciones negras. Además, solicitó enfocar el trabajo directamente en las regiones afrodescendientes más vulnerables, superando la gestión legislativa desde la capital.

¿Quién es Estefanel Gutiérrez?

Estefanel Gutiérrez Pérez es representante a la Cámara por el departamento del Atlántico, avalado por el partido Cambio Radical.

Nació y creció en La Manga, barrio del suroccidente de Barranquilla reconocido como uno de los territorios afro más representativos de la ciudad.

Antes de llegar al Congreso, ejerció como concejal de Barranquilla durante el periodo 2024-2025, tras iniciar su trayectoria como líder comunitario y activista social.

Se convirtió en el primer joven afro en llegar al Concejo de Barranquilla, un hito que lo proyectó como figura emergente en la política local.

Es abogado, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo por la Universidad de los Andes.

Además, obtuvo un LL.M. del American University Washington College of Law, en Estados Unidos, y formación en derechos humanos.

Fue becario del Departamento de Estado estadounidense y de Naciones Unidas, formación que complementó su carrera política construida desde el trabajo territorial.

Gutiérrez alcanzó la votación más alta en la historia del Atlántico en las últimas elecciones legislativas, con cerca de 100.000 votos.

Su campaña se basó en la consigna ‘Lo que pasa en Barranquilla, tiene que pasar en todo el Atlántico’, buscando extender oportunidades a todo el departamento.

Como concejal, participó en debates sobre el desmonte del Puente Pumarejo, la remodelación del aeropuerto Ernesto Cortissoz y las tarifas de energía.

Ya en el Congreso, radicó proyectos de ley como el primer sistema nacional de paz barrial, además de una iniciativa para remunerar labores de cuidado familiar.

También ha intervenido en debates sobre descentralización del poder político y representación de comunidades afrodescendientes dentro del Legislativo colombiano.

Gutiérrez se define como un defensor del derecho a soñar y como un vocero de las comunidades históricamente marginadas del país.

El elemento apareció en el despacho de Pedro Luis Bonilla, procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia. El funcionario encontró el proyectil al regresar a su oficina después del fin de semana y avisó a las directivas del organismo.

La Procuraduría informó el caso a la Policía, que envió personal especializado para realizar las primeras verificaciones. La Dijín abrió una investigación con el propósito de establecer qué ocurrió y determinar de dónde pudo provenir el disparo.

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La Policía analiza de dónde salió el proyectil

El hecho habría ocurrido entre el 29 y el 30 de agosto. Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido las circunstancias exactas.

Una de las primeras líneas de investigación apunta a que el proyectil pudo llegar hasta el edificio desde los cerros orientales. Esta hipótesis aún debe ser comprobada mediante las labores técnicas.

Los investigadores tampoco contemplan inicialmente el uso de un fusil o de un arma de largo alcance. Entre las posibilidades que analizan estála de una pistola y la nueva hipótesis es que el proyectil correspondería a una bala perdida.

La Policía deberá establecer la trayectoria, el tipo de arma utilizada y el punto desde el cual pudo salir el disparo. También busca determinar si el hecho tuvo como objetivo la sede de la Procuraduría o si se trató de una situación accidental.

El proyectil apareció en el despacho de un procurador delegado

El despacho donde apareció el elemento pertenece a Pedro Luis Bonilla, procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

El funcionario tiene una amplia trayectoria en la Procuraduría. Según información de Función Pública, trabaja en la entidad desde 1999 y es abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas y magíster en derecho penal, criminología y derechos humanos.

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Bonilla aseguró a las autoridades que antes del hallazgo no había recibido amenazas ni había sido víctima de intimidaciones.

Por ahora, la investigación busca establecer si existe alguna relación entre el proyectil y las funciones que desempeña el procurador. Las autoridades también deberán determinar si se trató de un disparo accidental o de un hecho dirigido contra la sede de la Procuraduría.

Hasta que avance la investigación, no existe una conclusión oficial sobre el origen del proyectil ni sobre las circunstancias en las que terminó dentro del despacho.

Según informaron los habitantes del área, la emergencia fue manejada en las primeras etapas gracias a su intervención directa. Muchos acudieron con baldes, mangueras y extintores, elementos con los que intentaron sofocar el incendio. De acuerdo con lo relatado por algunos testigos, justo cuando estos esfuerzos comenzaban, empezó a llover en el sector, lo que facilitó la tarea y ayudó a controlar rápidamente las llamas antes de que se propagaran a otras zonas habitadas.

La interpretación que circula entre los vecinos es que las causas del incendio podrían tener un origen intencional. Luisa Vizcaya, una residente del lugar, señaló que la aparición repentina de las llamas y la presencia de llantas amontonadas, acompañadas de botellas y otros objetos, motivaron la sospecha de que el fuego fue provocado. Vizcaya manifestó: “Nosotros creemos que fue provocado”, dejando claro que esta versión hasta ahora corresponde únicamente a la percepción de la comunidad y no cuenta con confirmación oficial de las autoridades.

A pesar de la gravedad del susto, la comunidad logró sofocar completamente el fuego, impidiendo daños en las viviendas colindantes. Luisa Vizcaya reveló también que no es la primera vez que este tipo de situación ocurre en la zona, aunque en ocasiones previas los intentos de incendio no alcanzaron la magnitud de lo vivido este martes. Los vecinos, por ahora, esperan el pronunciamiento de las autoridades para esclarecer el origen del fuego y determinar si efectivamente alguien actuó de manera deliberada al provocar la conflagración.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió durante el incendio en Jordán Novena Etapa, Ibagué?

El incendio se originó cerca de las 3:00 p.m. en la zona trasera del parque de los Tulipanes y causó alarma entre los habitantes de Jordán Novena Etapa, Ibagué, debido al peligro que representaba para las viviendas cercanas. Vecinos utilizaron baldes, mangueras y extintores para controlar las llamas, y gracias a la lluvia lograron extinguir el fuego antes de que se extendiera. No se reportaron daños en las casas aledañas.

¿Por qué la comunidad sospecha que el incendio fue provocado en Ibagué?

Algunos habitantes, como Luisa Vizcaya, señalaron la presencia de llantas agrupadas y botellas en el lugar, lo que les hizo pensar que el fuego podría haber sido causado de manera intencional. Sin embargo, hasta el momento esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades y permanece como una sospecha basada en observaciones de la comunidad.

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Petro compartió una fotografía junto a Correa y acompañó la imagen con un mensaje en el que explicó el propósito de la reunión y planteó la necesidad de avanzar en una agenda regional frente al narcotráfico.

La publicación del exjefe de Estado colombiano despertó interés por la presencia de Correa, quien durante años ha mantenido fuertes diferencias políticas con Álvaro Uribe, uno de los principales referentes de la derecha en Colombia.

 

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Petro explicó por qué se reunió con Rafael Correa

El expresidente colombiano señaló que la conversación con Correa tuvo como objetivo ampliar el espacio comunicacional del progresismo latinoamericano.

“Me reúno con Rafael Correa, expresidente del Ecuador, para ampliar el espacio comunicacional del progresismo latinoamericano”, escribió Petro en la publicación que acompañó la fotografía.

El exmandatario agregó que el encuentro también buscaba avanzar hacia una “verdadera alianza antinarcotráfico”, aunque planteó que esta debería estar sustentada en la justicia social de los pueblos y el fortalecimiento de la democracia.

De esta manera, Petro presentó la reunión como un encuentro con una agenda política regional, en el que también se abordó uno de los asuntos que ha ocupado buena parte de sus posiciones públicas durante los últimos años: la lucha contra el narcotráfico.

La fotografía mostró a Petro y Correa juntos en México, mientras que el mensaje dejó planteada la intención de fortalecer los vínculos entre sectores progresistas de América Latina.

Rafael Correa ha tenido fuertes diferencias con Álvaro Uribe

La presencia de Rafael Correa junto a Petro también tiene un componente político que puede resultar particularmente llamativo en Colombia.

El expresidente ecuatoriano ha mantenido durante años fuertes diferencias con Álvaro Uribe, expresidente colombiano y líder del sector político que lleva su nombre.

Las posiciones de ambos han estado enfrentadas en diferentes asuntos de la política regional, especialmente alrededor de la izquierda latinoamericana, la seguridad y las relaciones entre los países de la región.

Por eso, la fotografía de Petro junto a Correa puede ser interpretada dentro de ese histórico contraste entre sectores progresistas y los sectores de derecha que han tenido en Uribe uno de sus principales referentes.

El distanciamiento entre Rafael Correa y Álvaro Uribe se hizo especialmente fuerte en marzo de 2008, cuando el entonces gobierno colombiano ordenó el bombardeo de un campamento de las Farc ubicado en Angostura, territorio ecuatoriano, operación en la que murió Raúl Reyes.

Correa consideró que Colombia había violado la soberanía de Ecuador y rechazó la versión inicial de que se había tratado de una persecución en caliente; tres días después del ataque, Quito rompió relaciones diplomáticas con Bogotá. La incursión desencadenó una de las mayores crisis diplomáticas entre ambos países durante los gobiernos de Uribe y Correa.

El encuentro, además, evidencia que Petro continúa participando activamente en espacios políticos internacionales después de haber terminado su periodo como presidente de Colombia.

La sospecha sobre la infiltración ganó fuerza recientemente tras el pronunciamiento de la viuda de Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, y del abogado Víctor Mosquera. Ellos señalaron públicamente que existen indicios de que información reservada del esquema de protección llegó a manos de la estructura criminal conocida como “Plata o plomo”. La relación quedó en evidencia gracias a datos hallados en el celular de Élder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, considerado el cerebro logístico del crimen. Se identificó en el teléfono un contacto registrado bajo el nombre “escolta del senador”, lo que sugiere una posible conexión entre los encargados de la seguridad de Uribe Turbay y los perpetradores del atentado.

Sobre esta hipótesis pesa especialmente el testimonio de Eduardo Jesús Moreno Medina, alias “Churco”, un joven de nacionalidad venezolana que tenía 17 años cuando se produjo el ataque. Según El Colombiano, Moreno Medina se presentó voluntariamente ante las autoridades colombianas para ofrecer información sobre el caso. El testimonio fue recogido en una diligencia que tuvo lugar el 23 de julio de 2025 en el Comando de Policía Metropolitana de Bogotá, estableciendo así una línea de investigación por parte de la fiscalía que no se había explorado de manera suficiente hasta ahora.

La familia de Uribe Turbay, en voz de su viuda, insiste en la importancia de esclarecer todos los hechos y advierte que sería “vergonzoso” que este magnicidio quede impune, en palabras recogidas por El Espectador, reclamando así una respuesta contundente por parte del Estado frente a cualquier posible complicidad interna.

¿Por qué es relevante la declaración del menor en la investigación del asesinato de Miguel Uribe Turbay?

La declaración del menor de edad es relevante porque aporta información sobre la supuesta filtración de datos confidenciales al grupo criminal responsable del asesinato. Según El Colombiano, el testimonio de este joven apunta a que existió una posible complicidad interna, lo que puede cambiar el rumbo de la investigación y dar claridad a la manera en que la organización “Plata o plomo” obtuvo datos críticos del esquema de seguridad.

¿Cuál es la posible relación entre el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay y la organización “Plata o plomo”?

De acuerdo con lo expuesto por la viuda y el abogado de Uribe Turbay, la información clave encontrada en el celular de alias “Chipi” muestra un vínculo sospechoso entre el círculo de guardaespaldas del senador y la estructura criminal “Plata o plomo”. Este vínculo se evidencia en la presencia de números telefónicos de escoltas dentro del teléfono de los presuntos autores materiales, lo que refuerza la hipótesis de una infiltración deliberada en el esquema de seguridad del senador.

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Según información de la Fiscalía, Caro Vásquez habría utilizado su trabajo como mototaxista para acercarse a sus víctimas, quienes habitualmente esperaban transporte en las vías públicas de diferentes sectores de Córdoba. Una vez estaban a bordo, les informaba que debía recoger medicamentos o algún tipo de encomienda, hecho que utilizaba como excusa para desviar la ruta establecida. Las investigaciones señalan que posteriormente las llevaba hasta zonas apartadas y boscosas, sitios que le permitían actuar sin presencia de testigos. Entre los lugares identificados por las autoridades se encuentran las lagunas de oxidación cercanas al sector conocido como Rancho del INAT, el Humedal Berlín y los barrios El Poblado y El Dorado, ubicaciones en las cuales presuntamente se perpetraron los abusos.

El avance del caso se ha apoyado en la consolidación de pruebas sólidas, que incluyen muestras de ácido desoxirribonucleico (ADN), testimonios y entrevistas a las víctimas, evaluaciones médicas, así como videos y fotografías. Esta recopilación de indicios ha permitido a la Fiscalía relacionar los nueve casos y presentar cargos formales contra Kevin Andrés Caro Vásquez.

Al presunto abusador se le imputaron los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. Vale la pena mencionar que, pese a la contundencia de las pruebas recolectadas, Caro Vásquez no aceptó los cargos. Actualmente, se encuentra privado de la libertad cumpliendo una condena de 16 años por delitos sexuales previos, lo que agrava la gravedad de su situación judicial.

¿Cómo seleccionaba el presunto abusador sexual a sus víctimas en Córdoba?

De acuerdo con la Fiscalía, Kevin Andrés Caro Vásquez aprovechaba su trabajo como mototaxista para seleccionar a mujeres jóvenes que esperaban transporte en lugares públicos. Utilizaba excusas para desviar la ruta y, posteriormente, las llevaba hasta zonas apartadas donde presuntamente cometía los abusos sexuales.

¿Qué pruebas utilizó la Fiscalía para vincular los casos de abuso sexual en Córdoba?

La Fiscalía identificó a Caro Vásquez como presunto responsable mediante pruebas como muestras de ácido desoxirribonucleico (ADN), entrevistas, testimonios de las víctimas, informes médicos, videos y fotografías, construyendo así un caso sólido que permitió ligar los nueve episodios denunciados.

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El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Muñoz, reveló que el cuerpo fue encontrado en una zona montañosa, pedregosa y de difícil acceso, ubicada aproximadamente a tres kilómetros de la vivienda de la menor. Un campesino que transitaba por el sector observó varios gallinazos, descendió hasta el lugar y alertó a las autoridades quienes llegaron al sitio y evidenciaron que el cuerpo tenía una camiseta roja, como con la que desapareció la pequeña.

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Según el oficial, una de las hipótesis que ahora deberá establecer la investigación es que el cuerpo pudo haber sido trasladado hasta ese punto, teniendo en cuenta la distancia entre el lugar del hallazgo y la vivienda de Michelle y las condiciones agrestes del terreno.

El cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición, al punto de que presentaba afectaciones ocasionadas por los animales que se encontraban en el lugar. Por esta razón, la inspección técnica no permitió establecer inicialmente cómo murió la menor ni determinar si presentaba lesiones.

“Puntualmente, contra alguien específico, no hay investigaciones hasta ahora. Obviamente, de acuerdo a lo que yo mencioné frente a a este mapa manual que yo hice acá, es muy probable que la niña o el cuerpo no haya llegado por sus propios medios a ese punto donde fue encontrado, porque son 3 kilómetros, y en una zona que es bastante agreste, pues, una u otra manera, la pudieron haber llevado o pudieron haber traslado el cuerpo“, indicó.

Por su parte, Rubén Urrego comandante de bomberos de Buriticá, manifestó que fue una ardua búsqueda y que la comunidad no sale de la consternación tras el hallazgo.

“Fueron 10 drones, entre los de las empresas, la Alcaldía y particulares monitoreando el municipio. Entre instituciones municipales, cuerpo de Sabaneta con sus caninos, cuerpo de bomberos voluntarios de cañas gordas, y el cuerpo de bomberos del municipio política más la comunidad. Entre 300, 350 personas diarias en la búsqueda”, apuntó.

De momento, el cuerpo de la pequeña permanece en la sede de Medicina Legal, en Medellín, donde los peritos deberán establecer plenamente su identidad, el tiempo aproximado de fallecimiento y, principalmente, las causas de la muerte.

Por ahora, la Policía asegura que no hay un sospechoso específico dentro de la investigación. Las autoridades esperan los resultados de la autopsia para determinar qué ocurrió con Michelle y establecer si fue víctima de algún hecho criminal.

De acuerdo con los afectados, entregaron la información correcta durante las jornadas de caracterización que se organizaron después del sismo, pero al consultar los datos registrados, descubrieron que estos eran diferentes a los que habían proporcionado. La inquietud principal se centra en que estas inconsistencias puedan impedir el reconocimiento formal de su condición y, en consecuencia, el acceso a los recursos y apoyos prometidos por las autoridades locales.

Un claro ejemplo señalado es el de una familia que fue censada en dos fechas diferentes, el 14 y el 21 de agosto, y cuyos registros oficiales muestran un nombre y número de cédula erróneos. Según Henry Yela, uno de los vecinos afectados, existen casos en los que el censo reportó viviendas como habitables, mientras los propios residentes y las señales oficiales advertían que esas zonas no eran seguras para vivir.

Otras familias como la de Rodrigo Rivera relataron que la información fue ingresada de forma incorrecta: “Cuando metieron los datos al sistema, a unos les cambiaron el nombre, a otros les digitaron mal la cédula. Uno de los vecinos vive solo y los papás residen en España; metieron como cabeza de hogar a la persona que vive en España”, explicó Rivera. Los afectados temen que estas fallas les impidan incluso la inclusión en el RUFE (Registro Único de Familias Evacuadas), bloqueo que complicaría el acceso a subsidios y otras ayudas.

Muchos de los damnificados ya han tenido que evacuar sus viviendas y expresan su preocupación sobre el futuro inmediato, pues encontrar alojamiento alternativo resulta difícil debido a los altos costos y a que las ayudas estatales no se han hecho efectivas. Por ello, han pedido a la alcaldía de Cali revisar uno a uno los casos, corregir las inconsistencias y garantizar que ningún damnificado quede excluido injustamente del proceso de apoyo.

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¿Por qué los damnificados del terremoto en Cali reportan inconsistencias en los censos?

Los damnificados del terremoto en la unidad Reserva de Meléndez 1 han detectado inconsistencias, como nombres cambiados, números de cédula incorrectos y datos erróneos sobre la habitabilidad de sus viviendas. Según Noticiero 90 Minutos, esto habría ocurrido durante la recolección y el registro de la información posterior al sismo, lo que ahora dificulta su reconocimiento como beneficiarios de ayudas.

¿Qué es el RUFE y por qué es importante para los afectados por el terremoto en Cali?

El RUFE (Registro Único de Familias Evacuadas) es el registro oficial en el que las familias damnificadas deben figurar para acceder a ayudas y subsidios estatales. Las inconsistencias en los censos pueden bloquear la inclusión de los afectados en el RUFE, poniendo en riesgo la recepción de los apoyos necesarios tras el terremoto.

De acuerdo con lo mencionado en el artículo, el fondo ofrece créditos educativos condonables, es decir, que pueden ser eximidos del pago bajo determinadas condiciones, para cubrir estudios superiores en niveles técnico, tecnológico, universitario y de posgrado. Esta iniciativa no solo contempla carreras profesionales sino también especializaciones, maestrías, doctorados y posdoctorados. El monto financiado puede alcanzar hasta tres salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada semestre y permite que los recursos se destinen al pago directo de matrícula en las instituciones educativas, o bien al sostenimiento del beneficiario, haciendo el giro correspondiente a su cuenta bancaria.

Para acceder a estos créditos, se exige que los interesados sean ciudadanos colombianos y pertenecientes a las comunidades mencionadas, además de demostrar insuficiencia de recursos para financiar sus estudios. Otro requisito fundamental es que el programa académico elegido responda a necesidades concretas de formación de talento humano para la región de origen del estudiante, y que no se reciba apoyo económico para el mismo fin de otras entidades como el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) u organismos nacionales o extranjeros. Un punto relevante es que quienes ya hayan recibido apoyo de este fondo no podrán acceder de nuevo, salvo aquellos que hayan culminado estudios técnicos o tecnológicos y deseen avanzar hacia un nivel universitario.

La convocatoria se encuentra vigente hasta el 4 de septiembre, según información compartida por ICETEX en redes sociales, y el procedimiento para postularse está disponible mediante el enlace oficial dispuesto por la entidad.

¿Cuáles son los requisitos para postularse al Fondo Especial de Créditos Educativos de Comunidades Negras?

Los requisitos incluyen ser colombiano, pertenecer a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras, demostrar falta de recursos para financiar estudios superiores, estar admitido o cursando un programa en una institución reconocida ante el SNIES, no recibir otro apoyo para el mismo propósito, y en algunos casos, no haber sido beneficiario previamente, salvo transición de técnico o tecnológico a universitario.

¿Qué significa que el crédito educativo del FECECN sea condonable?

Un crédito condonable implica que, bajo condiciones previamente definidas por el fondo, el beneficiario puede ser eximido de pagar la deuda adquirida. Es decir, si el estudiante cumple con los requisitos establecidos por el programa, no tendrá que devolver el dinero recibido para el financiamiento de sus estudios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Durante la ceremonia de posesión, el presidente Abelardo De La Espriella dirigió unas palabras a los nuevos integrantes del CNE, insistiendo sobre la importancia de que asuman sus funciones con independencia y mantengan un estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes nacionales. Además, recalcó que los magistrados deben priorizar el interés general sobre cualquier interés personal o de partido, recordando la relevancia de su papel en el sistema democrático.

El presidente de la República, en su intervención, enfatizó que “el CNE tendrá una responsabilidad determinante en la protección de las reglas mediante las cuales los ciudadanos entregan, renuevan y retiran el poder político”, lo que destaca la trascendencia del trabajo de este organismo en los procesos electorales. Según lo previsto, la nueva Sala Plena tiene como tareas centrales asegurar el cumplimiento de las normas electorales, ejercer la inspección, vigilancia y control de la actividad política y contribuir al desarrollo de procesos electorales legítimos y transparentes.

La posesión de los nueve magistrados marca un giro significativo para el Consejo Nacional Electoral, pues inicia una etapa caracterizada por el desafío de fortalecer las garantías electorales y salvaguardar el correcto funcionamiento de las normas que sostienen la democracia en Colombia. Así, el CNE asume la labor de proporcionar confianza y transparencia a los ciudadanos en los procesos que definen el rumbo político del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral en Colombia?

Los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) son Nubia Stella Martínez, Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista, José Antonio Parra, Plinio Alarcón, Silvio Carrasquilla, Juan Carlos Wills, Juan Felipe Lemos y Gersel Pérez. Estos fueron elegidos por el Congreso de la República para asumir sus funciones durante los próximos cuatro años.

¿Cuál es la función principal del CNE en la democracia colombiana?

Según lo expresado durante la posesión de los nuevos magistrados, la función principal del Consejo Nacional Electoral consiste en garantizar el cumplimiento de las normas electorales, así como ejercer la inspección, vigilancia y control de la actividad política. El CNE tiene la responsabilidad de velar por la transparencia y legitimidad de los procesos electorales en Colombia.

Con esta decisión, la causa judicial contra el uniformado retoma su curso, luego de que un juzgado militar ordenara previamente archivar el caso.

La determinación surgió tras un recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría, entidad que puso en duda el archivo del proceso investigativo.

El ente de control identificó posibles fallas jurídicas dentro del fallo emitido en primera instancia por la justicia militar.

Con la reapertura, las autoridades deberán establecer si el subcomisario tuvo alguna responsabilidad en los hechos previos al ataque contra el senador.

La investigación penal del caso de Miguel Uribe Turbay apunta a esclarecer si Gómez Velasco incurrió en prevaricato por omisión, por presuntas fallas en la seguridad previa al magnicidio.

En la decisión inicial, un juzgado militar había dispuesto el cierre del caso, argumentando limitaciones operativas del esquema de protección del congresista.

Ese fallo también señaló que la agenda del evento público habría llegado con retraso al equipo responsable de la seguridad de Uribe Turbay.

Inconforme con ese desenlace, la Procuraduría radicó formalmente una apelación ante las instancias competentes de la jurisdicción militar y policial.

Luego de analizar el recurso, el Tribunal Superior Militar y Policial halló elementos pendientes por revisar y declaró nulo lo actuado hasta ese momento.

El tribunal sustentó su decisión en contradicciones jurídicas detectadas dentro del fallo original emitido por el juzgado militar, en medio de un hecho que conmovió a la sociedad colombiana.

Adicionalmente, la Procuraduría cuestionó que no se profundizara lo suficiente en las declaraciones y confesiones recopiladas durante la investigación del atentado.

Así fue el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Las investigaciones penales por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, cometido durante un acto político en Bogotá el 7 de junio de 2025, avanzan activamente en los tribunales. El ente acusador logra sentencias históricas contra diversos articuladores.

El juzgado penal del caso confirmó condenas rigurosas contra varios implicados por coordinar las acciones criminales previas y posteriores. Entre los sentenciados figura Harold Daniel Barragán Ovalle, señalado de instrumentalizar a un menor para el ataque.

Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación oficializó condenas en firme contra Jhorman David Mora Silva y Cristian Camilo González Ardila. Ambos admitieron su participación activa en las videollamadas y preparativos logísticos del atentado.

Las pesquisas judiciales revelan elementos clave sobre el reclutamiento de un adolescente para accionar el arma de fuego. El menor ejecutó la agresión recibiendo instrucciones operativas de los cabecillas mediante comunicaciones digitales en tiempo real.

En el frente judicial, las autoridades analizan exhaustivamente la hipótesis de una posible infiltración dentro del esquema defensivo del dirimente. Reportes técnicos ubican contactos telefónicos sospechosos entre escoltas y los ejecutores materiales de la red criminal.

Ante la gravedad de los hallazgos probatorios, la Unidad Nacional de Protección reestructuró totalmente las medidas de seguridad para la familia del dirigente fallecido. Las instituciones buscan blindar la integridad de los allegados y denunciantes.

Los fiscales especializados continúan recopilando material documental, peritajes a líneas móviles y testimonios confidenciales. La meta del organismo judicial radica en identificar a los autores intelectuales y financiadores del grave delito político.

La justicia colombiana impone penas superiores a los 20 años de prisión a los implicados que aceptaron cargos. El proceso penal sigue abierto en distintas fases procesales para esclarecer de forma definitiva el entramado delictivo.

La comunidad internacional y los sectores políticos nacionales siguen con especial atención el expediente judicial. Exigen respuestas contundentes para garantizar que la impunidad no prevalezca frente a las agresiones contra la democracia.

El tema llegó al Congreso por iniciativa del representante Oscar Benavides, del movimiento Libres, quien fue el primero en exigir explicaciones formales sobre el proceder de la Fuerza Pública. Benavides, respaldado por 19 firmas de congresistas de partidos como Pacto Histórico y Alianza Verde, presentó la segunda moción de censura en el gobierno actual, esta vez dirigida al ministro Mora. En palabras del propio representante, “el ministro tiene que responder al país por la muerte de estos tres niños”. Benavides también subrayó que uno de los menores era afrodescendiente, víctima de reclutamiento forzado por parte de actores armados ilegales, recalcando la urgencia de proteger a la infancia en Colombia.

En el documento radicado ante el Congreso, los firmantes cuestionan las declaraciones del ministro Mora, quien, según ellos, habría justificado las acciones militares bajo el argumento de que los menores eran combatientes. Como señala la propuesta: “la respuesta constitucional del Estado frente a estos menores no puede reducirse a identificarlos retrospectivamente como integrantes de una estructura armada”.

La senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, también fue enfática en exigir control político y claridad respecto a los procedimientos militares. Insistió en la importancia de explicar el cumplimiento de principios establecidos por el derecho internacional humanitario como distinción, precaución y proporcionalidad. Además, invitó a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos, a la discusión, destacando que el comité interdisciplinario para prevención de reclutamiento infantil no estaría activo al momento de los hechos.

Por parte del gobierno, el ministro Mora sostuvo que los menores fallecidos “eran combatientes” y que la operación cumplió con todos los estándares legales, según declaraciones hechas por el Ejecutivo y emisiones de Mindefensa en redes sociales. Sin embargo, la identificación forense certificada por medicina legal confirmó que entre las víctimas había adolescentes, lo que intensificó el debate sobre los límites y responsabilidades legales, éticas y políticas de las operaciones militares en zonas de conflicto.

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¿Por qué se cuestiona al ministro de Defensa Jorge Mora por los bombardeos en Guaviare?

El ministro Jorge Mora ha sido llamado a rendir cuentas debido a la muerte de al menos tres menores de edad durante un bombardeo militar en el municipio de El Retorno, departamento del Guaviare. Legisladores y sectores sociales exigen explicaciones sobre la protección de niños en zonas de conflicto y el cumplimiento de principios del derecho internacional humanitario. El argumento principal se centra en si las fuerzas armadas distinguieron adecuadamente entre combatientes y víctimas del reclutamiento forzado.

¿Qué implica el derecho internacional humanitario en operaciones militares contra estructuras armadas?

El derecho internacional humanitario exige cumplir principios de distinción, precaución y proporcionalidad en operaciones armadas. Estos principios obligan a diferenciar entre combatientes y civiles, tomar medidas para evitar daños colaterales, y asegurar que la respuesta militar sea adecuada al objetivo y la amenaza. En este contexto, el cumplimiento de estas medidas es parte central de la controversia política y judicial abierta tras los bombardeos en el Guaviare.

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La iniciativa fue anunciada por la empresa tecnológica Zoho, que ofrecerá hasta tres meses de acceso gratuito a las aplicaciones que ya utilizan algunos de sus clientes ubicados en las zonas impactadas por la emergencia.

Qué empresas podrán recibir la ayuda tras el terremoto

El programa está dirigido exclusivamente a pequeñas empresas que ya sean clientes de Zoho y desarrollen sus actividades en Chocó, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca o Caldas, departamentos que registraron afectaciones por el terremoto.

Además, deberán cumplir con estos requisitos:

• Tener al menos una suscripción activa a los servicios de Zoho.
• Contar con un máximo de 25 usuarios registrados.
• Demostrar que el terremoto afectó sus instalaciones, interrumpió sus operaciones o impactó su flujo de caja.

La compañía explicó que el periodo de apoyo podrá extenderse hasta por tres meses, dependiendo de la gravedad de cada caso evaluado.

Según Raju Vegesna, jefe evangelista de Zoho, la intención es reducir la presión financiera sobre los pequeños negocios mientras concentran sus esfuerzos en superar las consecuencias de la emergencia.

Cómo solicitar el beneficio para pequeñas empresas

Las empresas interesadas deberán enviar una solicitud al equipo de renovaciones de Zoho, explicando su situación y las afectaciones sufridas a causa del terremoto.

Cada caso será revisado de forma individual para determinar si cumple los criterios establecidos y definir el tiempo durante el cual recibirá el beneficio.

La empresa indicó que la evaluación tendrá en cuenta aspectos como la magnitud de los daños, las dificultades para continuar operando y el impacto económico causado por la emergencia.

Siguiendo las declaraciones del mandatario, durante un lapso de tres meses se suspenderá el cobro de cuotas, se congelarán los intereses corrientes y de mora, y no se ejecutarán acciones de cobro contra las familias afectadas. Este alivio representa un respiro para quienes, afectados por la emergencia, deben concentrarse en la reconstrucción de sus hogares y bienestar. “Mientras ustedes hagan un enorme esfuerzo por levantar nuevamente sus hogares, no tendrán la carga ni la preocupación de tener que pagar los créditos con el Icetex”, subrayó De la Espriella en su visita oficial a Pereira.

Junto a los alivios para deudores, el Gobierno dispuso un apoyo económico mensual destinado específicamente a las familias cuyas casas quedaron destruidas o inhabitables luego del sismo. Según lo anunciado, estas recibirán desde el 31 de agosto un auxilio de $1.050.000 durante tres meses, acumulando un total de $3.150.000, monto que, en el caso de propietarios, podría extenderse por tres meses adicionales. La atención de la salud también se encuentra entre las prioridades, debido a los daños en 34 centros asistenciales de Pereira. Sin embargo, se aseguró que la red hospitalaria mantiene su funcionamiento mientras se avanza en las reparaciones.

La respuesta institucional incluye también la operación de siete alojamientos temporales que atienden actualmente a 1.092 personas desplazadas por la tragedia. Allí se han desarrollado jornadas de vacunación y al menos 87 intervenciones especializadas para atender el impacto en la salud mental de la población. Estas acciones buscan garantizar tanto la recuperación física como emocional de quienes lo han perdido todo. Toda la información citada proviene de declaraciones oficiales del presidente Abelardo de la Espriella y reportes gubernamentales publicados en diferentes medios y canales institucionales.

¿Cuáles son los beneficios que ofrece el Icetex para estudiantes afectados por el terremoto?

Entre los beneficios destacados, se encuentran la suspensión del cobro de cuotas durante tres meses, el congelamiento de intereses y la detención de acciones de cobro. Estas medidas están dirigidas a estudiantes de las regiones afectadas que tengan créditos vigentes con el Icetex y buscan aliviar la carga financiera mientras se recuperan de la emergencia.

¿En qué consiste la ayuda económica mensual para familias que perdieron sus viviendas?

La ayuda consiste en un auxilio de $1.050.000 mensuales que los hogares damnificados recibirán durante tres meses, con la posibilidad de extensión para propietarios. El apoyo está dirigido a quienes perdieron sus viviendas o estas fueron declaradas inhabitables, y hace parte de las medidas adoptadas por el Gobierno durante la etapa de recuperación.

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Lemos contó que el día del terremoto, el 10 de agosto, se encontraba en Cali para presentar, como lo hacía desde hacía aproximadamente siete años, el Festival Petronio Álvarez. Sin embargo, la emergencia hizo que fuera activada para cubrir las noticias desde la capital del Valle del Cauca.

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La respuesta de Rossy Lemos a quienes preguntaban si todavía trabaja en RCN

Según explicó, todo cambió cuando comenzaron a llegar imágenes de Quibdó, entre ellas fotografías de su propia vivienda. “Y aunque mi cuerpo seguía en Cali, mi cabeza ya estaba acá. Intenté disimularlo, pero mi alma está con mis paisanos en el Chocó”, relató.

Poco después, decidió viajar a Quibdó. Inicialmente, su intención era informar sobre lo que estaba ocurriendo, pero la situación la llevó a involucrarse directamente con las necesidades de los damnificados.

“Vine a reportar lo que estaba pasando, pero empezaron a aparecer familias que necesitaban ayuda, personas queriendo donar sin saber cómo, empresas buscándome para llegar hasta los afectados. Y entendí que durante esos días necesitaba hacer algo más que contar la historia”, explicó la presentadora.

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Lemos aseguró que su identidad como chocoana terminó pesando mucho en su decisión. “Más que periodista, yo soy chocoana, y realmente ha sido complejo dividirme en las dos labores”, señaló al hablar de su trabajo periodístico y de las actividades sociales que comenzó a coordinar.

Precisamente, esa situación llevó a muchos de sus seguidores a preguntarle qué había ocurrido con su puesto en RCN. La respuesta de la presentadora fue contundente y también estuvo acompañada de varios detalles sobre el respaldo que recibió del canal.

“Ellos sí que entendieron la ‘fucking’ vibra porque no me obligaron a escoger entre mi trabajo y mi gente. Mi trabajo me ayudó a estar con mi gente”, afirmó Lemos.

La comunicadora explicó que RCN le permitió apartarse temporalmente de las emisiones para concentrarse en la atención de los damnificados. “Me dieron el espacio para alejarme por unos días de las emisiones y dedicarme a coordinar ayudas, recorrer barrios, visibilizar casos”, contó.

Pero el apoyo, según su relato, fue mucho más allá de permitirle modificar temporalmente sus labores. Lemos reveló que en Mañana Express crearon una sección llamada “Rosy Informa y Ayuda”, destinada a amplificar desde televisión los casos de personas que ella mostraba en sus redes sociales.

Además, aseguró que el canal tomó una decisión que la sorprendió especialmente: “Decidieron asumir la reconstrucción de mi casa en Quibdó”.

La presentadora también recordó que recibió apoyo cuando su padre enfermó y posteriormente ella misma tuvo problemas de salud. Incluso contó una anécdota que refleja hasta qué punto recibió acompañamiento durante su estadía en el Chocó: “Y como yo había llegado prácticamente con lo puesto, hasta me mandaron una maleta con ropa a Quibdó”.

Por eso, Lemos explicó que, aunque durante ese periodo dejó de aparecer regularmente en las emisiones, nunca sintió que hubiera dejado de trabajar. 

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La respuesta de Polo Polo no tardó en llegar. El político, que falló en su intento de volver al Congreso este 2026, le pidió a Cabal dejar atrás una discusión que comenzó hace aproximadamente un año y aprovechó su mensaje para defender su respaldo a Abelardo de la Espriella.

El intercambio volvió a poner en evidencia las diferencias entre dos figuras políticas que estuvieron cercanas en el pasado y que ahora protagonizan una nueva disputa pública.

María Fernanda Cabal llamó “malagradecido” a Miguel Polo Polo y él respondió

La discusión se originó luego de que el abogado Orlando Ladeutt compartiera unos mensajes publicados en septiembre de 2025 entre Miguel Polo Polo y Gisella Rueda, la reciente nombrada secretaria general del Ministerio de Cultura del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Ladeutt cuestionó especialmente la posición actual de Rueda dentro del Gobierno, teniendo en cuenta los fuertes calificativos que utilizó contra Polo Polo durante aquella discusión. En medio de esa publicación apareció María Fernanda Cabal, quien dejó un corto comentario dirigido al exrepresentante a la Cámara.

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“Muy malagradecido”, escribió la exsenadora, refiriéndose directamente a Polo Polo. El excongresista decidió responderle y le pidió no continuar con un tema que, según él, pertenece al pasado.

“Señora, avance, pase la página. No sea monotemática: ya pasó un año y sigue con el mismo tema”, le contestó Polo Polo.

Pero el mensaje del exrepresentante no terminó allí. También defendió su posición frente a Abelardo de la Espriella y aseguró que consideraba al actual presidente como la figura con mayores posibilidades para derrotar a la izquierda. Además, le sugirió a Cabal que cuidara su imagen.

Polo Polo lanzó pulla a Cabal por su aspiración presidencial

Miguel Polo Polo también aprovechó su respuesta para cuestionar a María Fernanda Cabal por su desempeño político durante la carrera presidencial.

El exrepresentante afirmó que Abelardo de la Espriella era “el único candidato capaz de derrotar a la izquierda” y lanzó una frase dirigida directamente contra la exsenadora: “Y a usted no le alcanzó ni para competir”

El excongresista cerró el mensaje recordando la relación que tuvo con Cabal y asegurando que sus recientes intervenciones podrían afectar la imagen de la exsenadora.

“Por el cariño que alguna vez le tuve, se lo digo: estas cosas la desdibujan”, agregó.

Señora, avance, pase la página. No sea monotemática: ya pasó un año y sigue con el mismo tema. Al final tuve razón: Abelardo era el único candidato capaz de derrotar a la izquierda, y a usted no le alcanzó ni para competir. Por el cariño que alguna vez le tuve, se lo digo: estas…

— POLO POLO (@MiguelPoloP) September 1, 2026

El cruce rápidamente llamó la atención porque ambos políticos han compartido sectores ideológicos similares y, durante varios años, tuvieron una relación política cercana.

La pelea entre Polo Polo y Gisella Rueda que revivió la discusión

En ese momento, Miguel Polo Polo publicó un mensaje en el que destacó el respaldo que, según él, había recibido de Abelardo de la Espriella para defender su curul en la Cámara de Representantes durante 2022 y 2026. El excongresista aseguró que De la Espriella había defendido su puesto “con uñas y dientes” frente a demandas y denuncias que atribuyó a sectores de izquierda.

Gisella Rueda respondió con dureza y aseguró que ella y el equipo de María Fernanda Cabal habían trabajado intensamente en Corferias para respaldar la llegada de Polo Polo a la Cámara.

La actual secretaria general del Ministerio de Cultura calificó entonces al excongresista de “desagradecido”, “oportunista” y “vendido”, en un intercambio que volvió a circular este primero de septiembre.

Orlando Ladeutt retomó esas publicaciones y cuestionó a Rueda por formar parte actualmente del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

A @MiguelPoloP lo llamaste “desagradecido”, “oportunista” y “vendido”, insinuando que Abelardo compraba apoyos. Hoy Abelardo es presidente y tú haces parte de su Gobierno. ¿Entonces? ¿También te compró a ti? Bienvenida al club de los “desagradecidos”. 😉 @gissellaruedaf pic.twitter.com/5jwIg1uJsl

— Orlando Ladeutt (@orlandoladeutt) September 1, 2026

Su mensaje fue el detonante para que María Fernanda Cabal volviera a pronunciarse sobre Polo Polo y para que el exrepresentante respondiera con una nueva pulla.

Así, una discusión que parecía archivada desde 2025 terminó convirtiéndose nuevamente en un agarrón público entre Polo Polo y Cabal, con viejas diferencias políticas que volvieron a salir a la luz en redes sociales.

En cuanto a la financiación de la paz, el presupuesto contiene aumentos y reducciones en diferentes entidades nacidas del Acuerdo de Paz con las FARC. Por ejemplo, según el documento presentado al Congreso, la Jurisdicción Especial para la Paz recibirá COP 821.803 millones, lo que representa un alza del 10,4 % frente al último presupuesto del gobierno de Gustavo Petro. Este incremento envía un mensaje sobre la importancia de esta entidad durante el mandato de De la Espriella, aunque genera inquietudes sobre el cumplimiento de lo pactado, tanto en excombatientes como en figuras como el Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, de acuerdo con El Espectador.

La Unidad de Restitución de Tierras también recibió un aumento del 8,8 %, alcanzando COP 514.471 millones. Sin embargo, la Agencia de Reincorporación y Normalización sufrió una reducción del 37 %, recibiendo COP 133.000 millones menos. De forma similar, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas tendrá un recorte del 2,6 %, equivalente a aproximadamente COP 5.000 millones. Además, la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, señalada para su cierre por De la Espriella antes de asumir el poder, ya no figura en el presupuesto.

El gobierno asegura que los recursos para la paz serán claramente identificados y transparentes en el Presupuesto General de la Nación, con un total de COP 20,9 billones para asegurar el cumplimiento del acuerdo de La Habana, ejecutados por 48 entidades. Según el documento citado por El Espectador, COP 7,54 billones serán de inversión y COP 13,3 billones de funcionamiento, ajustados al Plan Marco de Implementación (PMI) y al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

En materia de seguridad, De la Espriella tiene planeados más de diez bombardeos en los primeros cien días de su gobierno, de los cuales ya se han realizado tres. Medicina Legal reporta la muerte de 32 personas en estas operaciones, incluidos al menos cuatro menores de edad, lo que generó cuestionamientos y respuestas oficiales defendiendo la legalidad de los procedimientos. La Defensoría del Pueblo recordó la prohibición absoluta del reclutamiento de menores por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), enfatizando en que siguen siendo víctimas y que el Estado debe extremar precauciones para proteger sus vidas. El Espectador fue la fuente principal de la información incluida en este artículo.

¿Cuánto dinero destina el presupuesto de De la Espriella a la implementación de la paz?

De acuerdo con el documento entregado al Congreso y reseñado por El Espectador, el gobierno de Abelardo de la Espriella destina COP 20,9 billones para cumplir el acuerdo de La Habana durante 2027, los cuales serán ejecutados por 48 entidades públicas, incluyendo recursos para inversión y funcionamiento, con el propósito de garantizar transparencia y control.

¿Qué consecuencias ha traído la estrategia de seguridad del gobierno De la Espriella según las fuentes citadas?

La intensificación de los operativos militares —incluyendo bombardeos recientes— ha generado polémica, especialmente por la muerte de menores reportada por Medicina Legal. Según la Defensoría del Pueblo, aunque los grupos ilegales son responsables del reclutamiento, los menores continúan siendo víctimas y el Estado debe buscar alternativas para preservar sus vidas, manteniendo el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La cuenta institucional en X (antes conocido como Twitter) de la Policía Nacional compartió un video y el relato de cómo algunos oficiales se encontraron con un impactante caso.

“A las 4:15 de la madrugada, en Vegachí, Antioquia, nuestros uniformados de
Policía de Antioquia encontraron a una recién nacida que había sido abandonada al interior de una bolsa plástica”, relató.

Las imágenes ofrecieron un parte de tranquilidad al mostrar que la menor de edad estaba todavía viva a pesar de un hecho de claro maltrato infantil en el mencionado municipio antioqueño.

“Al ver esta situación tan desgarradora la tomaron en sus brazos, le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron de inmediato al hospital, donde recibió atención médica. Allí se activó la ruta de protección para garantizar sus derechos y su bienestar”, indicó.

La Policía Nacional explicó que la bebé recién nacida permanece bajo protección, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

“Hay momentos en los que un uniforme representa mucho más que un deber: representa la esperanza de que alguien estará ahí para proteger una vida”, sentenció la publicación.

En medio de escalofriantes hechos en Colombia, el hallazgo a tiempo de la bebé marca un respiro a pesar de que es un tema que queda en la mira por la crueldad sucedida.

El video de 55 segundos ofrece las conmovedoras escenas desde el rescate de la menor en una bolsa plástica hasta los cuidados que le ofrecieron para que no se convirtiera en una tragedia aún peor que la de su abandono.

Hay historias que duelen desde el primer momento.

A las 4:15 de la madrugada, en Vegachí, Antioquia, nuestros uniformados de @Policiantioquia encontraron a una recién nacida que había sido abandonada al interior de una bolsa plástica.

al ver esta situación tan desgarradora la… pic.twitter.com/4j6QUutXLl

— Policía de Colombia (@PoliciaColombia) September 1, 2026

¿Cómo reportar un maltrato infantil en Colombia?

Proteger la integridad de los menores de edad en Colombia exige una acción comunitaria inmediata y decidida ante cualquier sospecha de violencia. La legislación colombiana obliga a todos los ciudadanos a reportar hechos que vulneren derechos infantiles.

Para denunciar un caso, la ciudadanía debe comunicarse a la línea gratuita nacional ciento cuarenta y uno. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar opera este canal telefónico durante las veinticuatro horas para atender emergencias sobre vulneraciones.

Asimismo, las personas pueden acudir directamente a la Comisaría de Familia más cercana al lugar del suceso. Las autoridades locales emiten medidas administrativas de protección inmediatas para salvaguardar la vida y la salud del menor agredido.

Cuando la situación implique agresiones físicas graves o delitos sexuales, hay que dirigirse a la Fiscalía General de la Nación. Las unidades especializadas inician las investigaciones penales correspondientes para procesar judicialmente a los presuntos agresores de la infancia.

En situaciones de peligro inminente donde la vida del niño corra riesgo inmediato, procede llamar al número único ciento veintitrés. La Policía Nacional despliega cuadrantes en el sector para rescatar al menor y detener a los implicados.

Igualmente, las personas pueden presentar reportes presenciales ante las sedes de la Personería Municipal o de la Defensoría del Pueblo. Estas instituciones supervisan que los organismos estatales restituyan efectivamente los derechos fundamentales de los niños o adolescentes.

Al realizar el reporte correspondiente, conviene brindar la mayor cantidad posible de información detallada a las autoridades. Suministrar la dirección exacta, nombres, descripciones físicas y pruebas en video agiliza sustancialmente las intervenciones de rescate institucional.

El Estado garantiza la reserva confidencial de la identidad del denunciante para evitar represalias o contratiempos. La notificación oportuna frena los abusos, evita secuelas psicológicas permanentes y salva la vida de los niños en el territorio colombiano.

La gravedad de la situación se refleja en el hecho de que todos estos establecimientos mantienen su mercancía atrapada tras las rejas de seguridad, imposibilitando cualquier tipo de comercialización. Esto ha expuesto la fragilidad de la economía de la zona, pues la continuidad de 80 trabajadores y sus familias depende actualmente de una pronta solución, ya que la falta de ingresos los tiene sumidos en la desesperanza ante la imposibilidad de sostener su bienestar económico. La causa principal del cierre radica en los daños estructurales severos que presentan los dos pisos superiores del inmueble, con muros y soportes comprometidos y un riesgo latente de desprendimiento de escombros, según lo han informado los propios afectados.

Mayerly López y Rubiela Ruiz, comerciantes afectadas, relataron que su mayor prioridad es continuar distribuyendo sus productos, ya que de esto depende la subsistencia de sus microempresas y la estabilidad laboral de sus colaboradores. Destacan lo apremiante que resulta recibir una evaluación estructural completa y definitiva, pues sin la posibilidad de abrir los locales ni generar flujo de caja, la situación es insostenible. Hasta ahora, tras la respuesta inicial a la emergencia, no ha habido nuevas inspecciones ni apoyo continuo de entidades responsables, lo que profundiza la sensación de abandono entre quienes dependen de estos negocios.

Por su parte, la gerencia del edificio, que además alberga dos discotecas, aseguró a 90 Minutos que se encuentra a la espera de un equipo técnico especializado que determiné el nivel de daño y brinde un informe oficial. Este diagnóstico es indispensable para que la administración defina las acciones a seguir y comunique una hoja de ruta clara tanto para arrendatarios como para el resto de ocupantes del inmueble.

Las comerciantes, junto a los trabajadores afectados, insisten en la importancia de la pronta llegada de estos expertos y del acompañamiento de las autoridades de gestión del riesgo. Solo así, recalcan, podrá disminuirse el peligro para quienes allí laboran y tomar decisiones responsables que permitan reactivar la economía familiar y comunitaria de La Luna.

¿Por qué están cerrados los locales comerciales en el sector de La Luna?

Los locales comerciales del sector de La Luna permanecen cerrados debido a los graves daños estructurales en los pisos superiores del edificio donde operaban. Según indicaron comerciantes al noticiero 90 Minutos, hay un riesgo de caída de escombros que hace inviable ingresar o abrir los negocios, por lo que la mercancía continúa atrapada, forzando la suspensión de toda actividad y poniendo en riesgo los empleos asociados.

¿Qué acciones esperan los comerciantes de La Luna para poder reabrir sus negocios?

Los comerciantes afectados esperan con urgencia la llegada de un equipo técnico evaluador que realice un diagnóstico estructural sobre el inmueble. Solo con este informe oficial podrán definirse los pasos a seguir para mitigar riesgos y reactivar los locales, lo que permitiría salvaguardar los trabajos y garantizar la seguridad de los ocupantes, de acuerdo con lo informado por la gerencia y las voces de las arrendatarias citadas por 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Según informó el general Alarcón, el ataque fue presuntamente ejecutado por el Frente de Guerra Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar, estructura que hace parte del Eln. Inteligencia militar identifica como principales responsables a alias “David” y alias “Nay” o “Nike”, sujetos investigados por planear y ejecutar ataques contra la fuerza pública en el departamento. La Policía ofrece recompensa de hasta 800 millones de pesos colombianos (COP) por información que lleve a la captura de alias “David”, quien es señalado como jefe de la estructura urbana del Eln en Cúcuta y tendría cerca de cinco años delinquiendo en la ciudad, desde su llegada proveniente de la región de Catatumbo.

Alias “David”, señalado de manejar explosivos, es descrito como un hombre violento incluso dentro de su propio círculo, al que se le atribuyen delitos de terrorismo, extorsión, narcotráfico, homicidio y ordenar el asesinato de subordinados bajo sospecha de traición. Por su parte, alias “Nay” habría reclutado al grupo encargado de trasladar los explosivos utilizados en el ataque. También se le vincula a la planificación del atentado, la selección de objetivos y delitos como desplazamiento forzado y tráfico de armas, con un historial de al menos tres años en la estructura urbana del Eln en Cúcuta.

El general Alarcón explicó que los atacantes usaron un vehículo robado en junio de 2024, cuyo propietario fue asesinado un día después. El vehículo, adaptado como taxi, fue activado mediante un sistema de frecuencia radial y contenía alrededor de 80 kilogramos de amonal, un explosivo potente. La operación tomó entre 15 y 25 segundos desde la llegada del taxi hasta la detonación. Las autoridades, según El Espectador, trabajan en la recuperación de las instalaciones afectadas y esperan directrices del alcalde, el gobernador y el presidente, mientras adelantan investigaciones y refuerzan la seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son alias “David” y alias “Nay” o “Nike” en el caso del atentado en Los Patios con taxi bomba?

Alias “David” es señalado como el principal cabecilla urbano del Eln en Cúcuta, con cargos por terrorismo, extorsión, narcotráfico y homicidio, además de una trayectoria de violencia interna. Alias “Nay” o “Nike” habría ayudado a reclutar al grupo responsable de trasladar y activar los explosivos usados en el ataque, y se le vincula a delitos adicionales como tráfico de armas y desplazamiento forzado, según información de inteligencia citada por El Espectador.

¿Cómo fue ejecutado el atentado terrorista con taxi bomba en Los Patios, Norte de Santander?

De acuerdo con las declaraciones del general Ricardo Alarcón, el ataque se realizó utilizando un taxi que había sido robado en junio de 2024, cuyo propietario fue asesinado poco después. El vehículo fue equipado con 80 kilogramos de amonal y se activó mediante frecuencia radial, detonando aproximadamente entre 15 y 25 segundos después de ser dejado frente a la estación de Policía, dejando múltiples heridos y daños materiales.

La controversia tomó fuerza después de conocerse un video en el que Zuleta afirma que Gustavo Petro “sigue siendo el presidente de Colombia”. En la grabación, la congresista también dice: “No permito que le digan expresidente. ¿Por qué? Porque eso no es recoger el legado de Gustavo Petro. Tenemos que recogerlo y mantenerlo vivo”.

Zuleta también puso en duda los resultados electorales y habló de un supuesto robo de las elecciones, cuestionando el dictamen del Consejo Nacional Electoral y la validez de los escrutinios. Forero pidió establecer si esas afirmaciones podrían constituir una falta a los deberes de la senadora.

Vea también: Ficha muy cercana a Petro es la primera procesada por manejo de la paz total; salió a la luz expediente

La concejal calificó las declaraciones como “especialmente delicadas por provenir de una congresista y por referirse a la legitimidad del presidente de la República y del proceso electoral”. Además, Forero anunció: “Presenté ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de investigación en contra de la senadora Isabel Zuleta por desconocer públicamente la legitimidad del presidente Abelardo De La Espriella y hablar de un fraude electoral que nunca existió (sic)”.

Asimismo, las declaraciones provocaron respuestas políticas. La exsenadora Paloma Valencia le envió tres “recomendaciones” y sostuvo que “no hay ninguna evidencia de un fraude electoral”. También afirmó: “Los únicos votos de origen ilícito son los que presionaron los violentos con sus fusiles y que acompañaron a su candidato. Los que se inventaron tratar a los presidentes como expresidentes fueron ustedes (…)”. Valencia cerró con una petición: “Acostúmbrese a decirle expresidente a Petro”.

Sin embargo, el proceso de selección fue interrumpido tras varios cuestionamientos y advertencias formuladas por la Procuraduría. Según el organismo de control, existían posibles deficiencias en la planeación y en la documentación técnica que fundamentaba la contratación, lo cual encendió las alertas sobre la transparencia y legalidad del proceso. Entre los principales reparos se encontraba la falta de publicación en SECOP II (la Plataforma Electrónica para la Contratación Pública de Colombia) de documentos clave como los planos arquitectónicos, memorias de cálculo y estudios técnicos relacionados con las obras a realizar. Para la Procuraduría, estas omisiones podían vulnerar principios fundamentales como la igualdad, la transparencia, la selección objetiva, la adecuada planeación y la publicidad en los procesos de contratación pública.

El cinco de agosto, el procurador primero delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, solicitó formalmente la suspensión del proceso de selección hasta que se subsanaran las irregularidades señaladas. La petición fue reiterada el 26 de agosto y finalmente, dos días más tarde, la agente especial interventora del hospital, Nelly Belén Arsuza Mendoza, decidió dar por terminado el proceso de selección LP-003-2026, acogiéndose a las observaciones realizadas por la entidad de control. Este hecho ha generado atención mediática, principalmente por los vínculos familiares y políticos que rodean al hospital, así como por la magnitud de los recursos involucrados. No obstante, es importante señalar que, hasta el momento, la Procuraduría no ha señalado a Guillermo Alfonso Jaramillo como responsable de las presuntas deficiencias detectadas en la licitación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Procuraduría suspendió la licitación del hospital Alfonso Jaramillo Salazar?

La Procuraduría suspendió la licitación por detectar deficiencias en la planeación y en la documentación técnica, particularmente la falta de documentos importantes como planos y memorias de cálculo en la plataforma SECOP II. Según el organismo, estas omisiones podían afectar principios de transparencia y legalidad en la contratación pública.

¿Guillermo Alfonso Jaramillo tiene responsabilidad en la suspensión de la licitación?

Hasta ahora, la información proporcionada indica que la Procuraduría no ha señalado a Guillermo Alfonso Jaramillo como responsable de las presuntas deficiencias en la licitación. La decisión de frenar el proceso se basa en criterios técnicos y administrativos relacionados con la documentación e información faltante dentro del procedimiento.

La dependencia distrital recordó a los ciudadanos la relevancia de organizar sus desplazamientos diarios para evitar sanciones. El sistema de Pico y Placa opera según el último dígito de la placa de cada vehículo: los lunes tienen restricción los automotores cuya placa termina en 9 y 0; los martes, 1 y 2; los miércoles, 3 y 4; los jueves, 5 y 6; y los viernes, 7 y 8. Esta normativa aplica para todos los vehículos particulares, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales para cualquier ajuste que se anuncie.

A pesar del levantamiento de la medida excepcional, la Secretaría de Movilidad junto con la Alcaldía subrayaron la necesidad de actuar con máxima precaución. Los análisis realizados indican que en algunos puntos críticos persisten condiciones riesgosas. En especial, las intersecciones de la calle 9 con 44 y la calle 5 con 52 permanecen afectadas; allí tanto las vías como las edificaciones aledañas exhiben daños y mantienen un riesgo latente de colapso, motivo por el que las autoridades reiteran la importancia de no circular por estos lugares y respetar las señales de desvío.

Para garantizar la seguridad vial, continúan los monitoreos técnicos y se mantienen los desvíos locales en los alrededores de los puntos comprometidos, buscando evitar cualquier situación que agrave el estado del terreno o ponga vidas en peligro. La administración municipal insiste en que es indispensable que conductores particulares, motociclistas y transportadores públicos planeen con anticipación rutas alternas y sigan estrictamente las indicaciones oficiales durante esta fase de recuperación. Mantenerse informado a través de los medios institucionales resulta clave para navegar con seguridad el periodo de transición tras la emergencia en el tránsito caleño.

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¿Cómo funciona el Pico y Placa en Cali luego del levantamiento de la restricción especial?

Tras desactivar la zona de emergencia, el Pico y Placa en Cali regresa a su operatividad normal en toda la ciudad. Esto significa que se restablece la rotación tradicional según el último número de la placa de cada vehículo y dentro del horario de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. Es fundamental consultar regularmente los canales oficiales para estar al tanto de cualquier posible modificación.

¿Qué zonas de Cali siguen en alerta por riesgo vial después del levantamiento del Pico y Placa especial?

Según reportó la Secretaría de Movilidad, los cruces de la calle 9 con 44 y la calle 5 con 52 permanecen con restricciones debido al daño estructural en calzadas y edificaciones cercanas. Las autoridades recomiendan encarecidamente evitar estos puntos y acatar las señales de desvío mientras continúan las evaluaciones y obras de recuperación vial.

De acuerdo con el coronel Martín, la estrategia de seguridad aún se está definiendo, pero ya existe una estructura preliminar de las operaciones que se desarrollarán mientras perdure la permanencia de Matiz en Ataco. Esta zona del sur del Tolima ha sido epicentro de hechos violentos en el pasado reciente, incluyendo un ataque con explosivos lanzados desde drones. Estos actos preocupan tanto a las autoridades locales como a la comunidad, ya que evidencian la complejidad del panorama de orden público que se vive en la región.

Desde el punto de vista institucional, la decisión de la gobernadora adquiere aún más valor porque coincide con la emergencia generada en varias zonas del Tolima a raíz de los incendios forestales. El coronel Martín resaltó que Matiz ha liderado la respuesta ante esta crisis, lo que ha fortalecido la articulación entre autoridades departamentales y fuerzas del Estado en temas de gestión del riesgo, seguridad y atención de emergencias.

La gobernadora manifestó públicamente su voluntad de “gobernar desde Ataco”, lo cual significa que mantendrá una presencia constante en el territorio, acompañando a la comunidad e insistiendo ante el Gobierno nacional para que aumente el respaldo de la Fuerza Pública. Matiz pidió específicamente que se fortalezcan las acciones que buscan contener a los grupos armados que amenazan el sur del Tolima y que se garantice un mayor acompañamiento estatal en la protección de la población civil.

En este contexto, tanto las autoridades como los habitantes esperan que la estrategia planteada aporte soluciones efectivas y mejore la seguridad, en un escenario en el que el respaldo institucional es fundamental para enfrentar los desafíos de orden público y emergencia ambiental.

¿Por qué la gobernadora del Tolima trasladó su despacho a Ataco?

La gobernadora Adriana Magali Matiz decidió trasladar su despacho a Ataco como una estrategia para enfrentar directamente la crisis de seguridad que afecta al sur del Tolima. De acuerdo con comentarios del coronel Ferney Martín y los recientes hechos violentos, Matiz considera fundamental gobernar desde el territorio y fortalecer la presencia institucional ante los desafíos de orden público existentes en esa región.

¿Qué acciones de seguridad contempla la Policía del Tolima durante la permanencia de la gobernadora en Ataco?

El coronel Ferney Martín, comandante de la Policía del Tolima, señaló que aún se está definiendo la estrategia de seguridad, pero ya se inició la planeación de operativos especiales enfocados en reforzar la presencia de la Fuerza Pública. Estas acciones buscan contener hechos como ataques con explosivos desde drones y atender la emergencia de incendios forestales, todo dentro del marco de acompañamiento a la gestión de la gobernadora Matiz en el sur del departamento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La situación se tornó aún más compleja debido a que otro uniformado, identificado como Luis Ernesto Ramírez y oriundo de Sardinata, resultó gravemente herido en el mismo evento violento. Según la información conocida, la explosión le causó la pérdida de una de sus extremidades inferiores, hecho por el cual también permanece bajo estricta supervisión del personal de salud. Esta agresión ha tenido un fuerte impacto tanto dentro de la Fuerza Pública como entre los habitantes de Los Patios, quienes expresan su temor y desasosiego ante la reciente escalada de violencia en la región.

Las autoridades están llevando a cabo investigaciones para determinar quiénes serían los responsables de este atentado y cuáles podrían ser los motivos detrás de estos actos que han vuelto a poner en alerta al municipio y a la opinión pública de Norte de Santander. Esta acción violenta se enmarca en un contexto de creciente tensión y amenazas contra la Fuerza Pública en esta zona del país, donde este tipo de incidentes ha aumentado la inseguridad y la preocupación en la comunidad.

Este ataque no solo dejó a los dos uniformados lesionados, sino que también ocasionó afectaciones a otros policías y generó alarma entre la población civil. Según la información proporcionada, la incertidumbre sigue latente, mientras empresas de investigación avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer los detalles de lo sucedido.

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¿Qué se sabe sobre los responsables del atentado con explosivos en Los Patios?

Hasta el momento, las autoridades continúan investigando quiénes estarían detrás del ataque con explosivos en la Estación de Policía de Los Patios, Norte de Santander. Según la información conocida, no se han revelado detalles específicos sobre los autores o los motivos del atentado, pero las indagaciones siguen en curso para identificar a los responsables.

¿Cuál es la situación de los policías heridos tras la explosión en Norte de Santander?

Después del atentado del 31 de agosto, los policías Jhon Esteban Cárdenas y Luis Ernesto Ramírez permanecen bajo atención médica. Ramírez sufrió la pérdida de una de sus extremidades inferiores y ambos se encuentran hospitalizados, mientras sus familias y allegados esperan noticias sobre su evolución. El caso ha impactado profundamente a la comunidad y a la Fuerza Pública de la región.

Matta, en declaraciones ofrecidas a Entérate en Línea, sostuvo que gestionó un préstamo de 500 millones de pesos con apoyo de conocidos para respaldar el proyecto político de Aguirre mientras mantenían una relación sentimental. Según relató, esta obligación debía ser asumida y pagada por la excongresista, pero tras la separación empezaron los desacuerdos por dicho compromiso. El acordeonero señaló que intentó encontrar una salida al conflicto a través de mecanismos de conciliación y asegura contar con conversaciones y documentos que, a su parecer, prueban que Aguirre pagó algunas cuotas de intereses. Igualmente, Matta rechazó versiones que responsabilizaban una supuesta infidelidad como motivo del final de la relación, según comunicó el mismo medio del Magdalena.

La versión de la excongresista es completamente diferente. En diálogo con Entérate en Línea, Ingrid Aguirre reconoció que Matta contribuyó económicamente durante su relación, pero negó tajantemente la existencia de un préstamo, asegurando que fueron ayudas y gastos propios de una pareja con proyectos en común. Por esta razón, rechaza que el acordeonero presente esos aportes como una deuda formal de 500 millones de pesos.

No solo el tema económico se ha vuelto motivo de disputa. Matta recurrió a la justicia mediante una acción de tutela para buscar la protección de derechos fundamentales como la intimidad, la propia imagen, la honra, el buen nombre y la dignidad humana. Señaló su preocupación porque Aguirre habría tenido acceso a material privado, incluyendo fotografías, videos, conversaciones y la supuesta ‘clonación’ de su teléfono celular. Sin embargo, el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Santa Marta, en determinación del 31 de agosto de 2026, declaró improcedente la tutela, al no hallar pruebas técnicas ni riesgo inminente de divulgación. Tras la decisión, Aguirre publicó el fallo en redes sociales defendiendo su posición y afirmando que la justicia le dio la razón.

Este fallo judicial marca un primer desenlace en el enfrentamiento mediático y jurídico, aunque todavía queda pendiente la definición sobre el reclamo de los 500 millones de pesos y otras denuncias. Las autoridades competentes deberán resolverlo, según las pruebas y procedimientos de ley.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Javier Matta reclama 500 millones de pesos a Ingrid Aguirre tras su ruptura?

Javier Matta argumenta, de acuerdo con Entérate en Línea, que ese monto corresponde a un préstamo gestionado durante su relación para apoyar el proyecto político de Ingrid Aguirre. Según su versión, existía la obligación de asumir y pagar esa deuda, tema que fue fuente de conflicto tras la separación. Aguirre, sin embargo, niega que se trate de un préstamo, afirmando que fueron aportes propios de la convivencia en pareja.

¿Qué significa la decisión judicial sobre la tutela de Javier Matta contra Ingrid Aguirre?

La decisión del Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Santa Marta declaró improcedente la tutela interpuesta por Matta, al no encontrar pruebas técnicas sobre la supuesta tenencia de material íntimo por parte de Aguirre ni una amenaza real de divulgación. Esta determinación solo resuelve esa solicitud puntual de protección de derechos y no determina la validez de otros reclamos económicos o jurídicos entre las partes.

Durante seis días consecutivos, Mayerli Arrigui sumó sus fuerzas a las de los rescatistas y voluntarios, trabajando incansablemente al lado de quienes removían escombros y buscaban sobrevivientes. A mano limpia y empleando baldes, el grupo enfrentó el panorama de incertidumbre que imponían los restos del edificio. El esfuerzo conjunto rindió frutos valiosos: el rescate de cuatro personas con vida, entre ellas un niño de tres años. Según relata 90 Minutos, el espíritu de esperanza y resiliencia que se evidenció en esos rescates motivó a los presentes a no claudicar frente a la adversidad, inspirados también por el papel heroico de la madre del menor salvado.

El compromiso y la capacidad de Mayerli para organizar y liderar a los voluntarios en el área del desastre no surgieron de la casualidad, sino que fueron forjados en su propia historia de supervivencia. Tal como cuenta 90 Minutos, Arrigui vivió doce años en situación de calle, especialmente en el sector del Coliseo del Pueblo; en ese tiempo enfrentó el abandono, la adicción y la violencia. También inició estudios en auxiliar de enfermería, aunque no los finalizó debido a dificultades personales e incursión en el consumo de sustancias. Superadas esas adversidades, pudo dejar atrás las adicciones y canalizar su resiliencia, lo que ahora le permite liderar procesos solidarios cuando la comunidad más lo necesita.

Actualmente, Mayerli sostiene a sus dos hijos (un niño y una niña) vendiendo velas e inciensos en los buses del transporte masivo MIO, logrando ingresos diarios que dedica íntegramente a sus pequeños. Como describe 90 Minutos, una beca para estudiar cosmetología, impulsada por un benefactor al que define como su "ángel", se ha convertido en la esperanza de una vida estable y un horizonte seguro para ella y su familia. La experiencia de Mayerli evidencia que la capacidad de servicio y empatía no dependen de los recursos materiales, sino de una voluntad persistente. Además, revela cómo el respaldo solidario y los esfuerzos para la reinserción social pueden transformar vidas y fortalecer el tejido de la sociedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Mayerli Arrigui y cómo contribuyó en el rescate del edificio Cantabria?

Mayerli Arrigui es una voluntaria y líder comunitaria que destacó durante la emergencia provocada por el colapso del edificio Cantabria, en el sur de Cali. Su participación fue fundamental en la coordinación de voluntarios y en las tareas de rescate, donde ayudó a salvar la vida de cuatro personas, incluida la de un menor de tres años, según reporta 90 Minutos.

¿Cómo influyó el pasado de Mayerli Arrigui en su papel durante la emergencia en Cali?

De acuerdo con la información de 90 Minutos, el pasado de Mayerli Arrigui, marcado por doce años en situación de calle y experiencias de adicción y violencia, fortaleció su resiliencia y liderazgo. Esas vivencias la dotaron de un carácter capaz de afrontar situaciones extremas, lo que resultó esencial para organizar y guiar a los voluntarios durante las labores de búsqueda y rescate tras el colapso en Cantabria.

De acuerdo con la información incluida en el texto, la impugnación oficial de la Presidencia fue firmada por Carolina Jiménez, quien representa la defensa del presidente de la República. En el documento, se argumenta que Abelardo de la Espriella no fue responsable de decisiones como los cambios de agenda del evento ni de la ubicación de la imagen de la Virgen de Fátima, atribuyendo dichas decisiones directamente al Congreso de la República. Según la defensa, estas acciones organizativas estaban fuera de la competencia directa del mandatario.

Además, la Defensa de la Presidencia enfatizó que las oraciones e invocaciones religiosas que se llevaron a cabo durante la ceremonia no implicaron una adhesión formal del Estado a ninguna religión. El argumento central es que dichas expresiones fueron eventos aislados dentro de un acto protocolario, sin que eso implique que el Estado renuncie a su carácter laico o promueva oficialmente ninguna creencia.

En consecuencia, ahora será responsabilidad de un tribunal de segunda instancia examinar los fundamentos presentados por la Presidencia y determinar si el fallo que ordenaba las disculpas debe mantenerse o, por el contrario, ser revocado. Vale destacar que la sentencia judicial no solo exigió disculpas al presidente de la República, sino también al presidente del Congreso, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, por la aparición de elementos religiosos en la posesión presidencial.

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¿Por qué la Presidencia impugnó el fallo de tutela sobre elementos religiosos en la posesión?

La Presidencia impugnó el fallo porque sostiene que el presidente Abelardo de la Espriella no tuvo responsabilidad directa en la organización de la ceremonia ni en la presencia de elementos religiosos, como la imagen de la Virgen de Fátima, ya que esto correspondía al Congreso. Además, argumenta que las oraciones realizadas no constituyeron una adhesión oficial del Estado a una religión.

¿Qué implica que un tribunal de segunda instancia revise el caso de la tutela?

Que un tribunal de segunda instancia revise el caso significa que otro juez o sala evaluará los argumentos de la Presidencia y decidirá si se mantiene la decisión inicial de exigir disculpas por la presencia de expresiones religiosas en la posesión, o si la sentencia debe ser revocada. Este proceso busca mayor garantía de imparcialidad y profundidad jurídica sobre el tema.

Adicionalmente, se reportó la aprehensión de alias ‘May’, señalado como cabecilla de la estructura conocida como ‘Los Paisas’. Este individuo fue capturado fuera del país, específicamente en España, después de una investigación internacional apoyada por una Circular Azul de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). La operación se relaciona con un ataque sucedido el 31 de enero de 2024 en la Comuna 4 de Soacha. En este violento incidente, murieron dos personas y otras tres resultaron heridas por arma de fuego. Según las fuentes oficiales, ‘May’ enfrenta cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio y tenencia ilegal de armas de fuego. Una vez capturado, fue trasladado a Colombia para responder ante la justicia por sus presuntos crímenes.

Estas acciones forman parte de un trabajo coordinado entre la Policía, la Fiscalía, INTERPOL y autoridades locales, enfocado en desarticular las estructuras de mayor impacto en la región. El alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, resaltó la importancia de priorizar la lucha contra las organizaciones responsables de los delitos más graves que ponen en riesgo a la comunidad. Igualmente, destacó la incorporación de Soacha a la estrategia de Bloques de Seguridad Urbana, una iniciativa destinada a reforzar la cooperación institucional y hacer frente de manera más efectiva a las bandas criminales.

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¿Quiénes son 'Los Chamos de la R' y por qué fueron capturados en Soacha?

‘Los Chamos de la R’ es una organización delincuencial señalada por la Policía Metropolitana de Soacha de dedicarse a la extorsión y al hurto violento en varios municipios de Cundinamarca. Nueve de sus integrantes fueron capturados, acusados de participar en seis delitos, incluido el secuestro extorsivo del alcalde de Chimichagua, hecho ocurrido en noviembre de 2025.

¿Por qué fue capturado alias ‘May’, cabecilla de ‘Los Paisas’, y qué es una Circular Azul de INTERPOL?

Alias ‘May’, identificado como líder de la estructura criminal ‘Los Paisas’, fue capturado en España tras ser buscado por su presunta participación en un ataque armado en la Comuna 4 de Soacha, que dejó muertos y heridos. La búsqueda se realizó mediante una Circular Azul de INTERPOL, una notificación utilizada para localizar, identificar o recabar información sobre una persona de interés en una investigación internacional.

La jornada contará con la participación de tres agrupaciones reconocidas. Entre ellas, La Pambelé, una orquesta bogotana que ha tomado como eje el sonido de la salsa dura, con influencias notorias de las décadas de los sesenta y setenta, pero sin dejar de lado una mirada contemporánea en su propuesta artística. Según información de la programación, la agrupación ha venido ganando espacio en la escena internacional y este año tocó en Canadá junto a La 33, representando dos generaciones de la salsa capitalina.

Por su parte, Radio Bembé, otra invitada para este Tortazo, se presenta con un formato potente que rinde homenaje a la tradición salsera de vieja guardia y, al mismo tiempo, imprime un sello propio en escena. Esta agrupación aborda situaciones sociales y cotidianas con humor y crítica, y ha destacado por su participación en eventos como Salsa al Parque, además de figurar como ganadora de convocatorias distritales. La inclusión de esta agrupación refuerza la apuesta del evento por celebrar la riqueza y diversidad de la salsa hecha en Bogotá.

Mar Caribe, galardonada este año con la Beca LEP - Producción y Circulación - Red de Escenarios 2026, completa el cartel como una de las propuestas emergentes que proyectan la salsa local hacia el futuro. Su presencia en el ‘Tortazo Salsa’ es un testimonio claro de la vitalidad del género y del interés institucional en promover nuevas perspectivas artísticas dentro de la ciudad.

La experiencia será enriquecida por los selectores en vinilo Dirty Salsa, Rollergal y Gina Reyes, quienes aportarán una selección musical especialmente curada en formato físico, resaltando el coleccionismo y la escucha profunda de la cultura salsera. El evento abrirá puertas desde la 1:00 p.m., con ingreso libre para mayores de 14 años hasta completar aforo. Es importante tener en cuenta que no es un evento apto para mascotas.

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¿Qué agrupaciones se presentarán en el Tortazo Salsa de Bogotá en 2026?

El ‘Tortazo Salsa’ reunirá a tres destacadas agrupaciones bogotanas: La Pambelé, Radio Bembé y Mar Caribe, cada una con una propuesta interpretativa propia dentro del género y con trayectorias que van desde la renovación de la salsa dura hasta el rescate de la tradición de vieja guardia, apoyadas por participación y premios en circuitos musicales locales e internacionales.

¿El Tortazo Salsa es un evento gratuito y cuál es el límite de edad para asistir?

Según la información difundida por la Alcaldía, el ingreso al ‘Tortazo Salsa’ el 27 de septiembre de 2026 será sin costo. La entrada está permitida únicamente para mayores de 14 años y estará sujeta a completar el aforo disponible en el Teatro al aire libre La Media Torta.

El origen de este caso se remonta a los días 27 y 29 de enero de 2023, cuando se reportó el robo de una maleta que contenía más de 4.000 millones de pesos colombianos en la vivienda de Sarabia. Este episodio desencadenó una reacción acelerada por parte de las autoridades, en la cual Marelbys Meza fue obligada a someterse a una prueba de polígrafo con el objetivo de establecer su participación en el hurto. De acuerdo con la Fiscalía, Laura Sarabia, quien en ese momento ocupaba la jefatura de Gabinete de la Presidencia, habría dado la orden de aplicar esta prueba. La versión principal para sustentar esta hipótesis proviene del testimonio del capitán Óscar Leandro Mojica Cordón.

El caso incluye además la decisión de un juez de control de garantías, el 29 de julio, que aprobó el "principio de oportunidad" ofrecido al oficial de la Policía Nacional acusado de participar en las interceptaciones ilegales. Este principio, de acuerdo con la información de El Espectador, implica que la acción penal en su contra queda suspendida parcialmente por 12 meses a cambio de su cooperación como testigo en otros procesos vinculados a las interceptaciones contra Meza Buelvas.

Al avanzar la investigación, la Fiscalía documentó que el grupo de Hurtos a Residencias de la Sijin de Bogotá, comandado por el capitán Mojica, habría elaborado informes falsos y realizado entrevistas a fuentes no formales para tramitar, de manera irregular, las órdenes de interceptación. Estos documentos justificaron acciones que carecían de fundamento, como señalar a Meza de pertenecer a una supuesta organización criminal dedicada al robo de residencias en la capital.

También están implicados el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, quien enfrenta un proceso penal por presunto abuso de función pública y participación en la prueba de polígrafo, así como otros dos uniformados, el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero John Fredy Morales Cárdenas. Ambos fueron condenados a más de 10 años de prisión por el Juzgado 53 Penal de Bogotá, hallados culpables de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones.

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¿Por qué Laura Sarabia será imputada en el caso de interceptaciones a Marelbys Meza?

Laura Sarabia será imputada por los presuntos delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, según lo solicitado por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con la Fiscalía, existen indicios de que Sarabia, cuando ejercía como jefa de Gabinete de la Presidencia, habría ordenado obligar a Marelbys Meza a someterse a una prueba de polígrafo y colaborado en procedimientos irregulares durante la investigación del robo de una maleta en su vivienda, lo que resultó en interceptaciones ilegales.

¿Qué es el “principio de oportunidad” y cómo se aplica en el caso de las chuzadas a Marelbys Meza?

El “principio de oportunidad” es una figura jurídica que permite suspender la acción penal contra una persona bajo ciertas condiciones, como la colaboración con la justicia. En este caso, el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón recibió este beneficio por parte de un juez y, a cambio, accedió a colaborar como testigo en los procesos vinculados a las interceptaciones ilegales realizadas en contra de Marelbys Meza. Esta medida tiene duración parcial de 12 meses y no implica un cierre definitivo del caso en su contra.

Este evento es también parte de la programación del XXV Festival Internacional de la Imagen, el cual en 2026 celebra un cuarto de siglo como un referente en la exploración de las convergencias entre arte, diseño, ciencia, tecnología y procesos de investigación-creación. Según la información difundida por los organizadores, la edición de este año se desarrollará bajo la línea curatorial ‘SENSO/grafías’, la cual investiga las conexiones entre imagen, cuerpo y archivos vivos. Todo esto se presenta en el contexto de la inteligencia artificial, la proliferación de medios digitales y nuevas formas de entender las ecologías visuales contemporáneas.

El FEST.HEX, incluido en la agenda del festival, ofrece una programación que abarca artes inmersivas, performances audiovisuales, experiencias de realidad virtual, así como montajes de sonido, luz y proyecciones fulldome (proyección envolvente en domos), buscando proponer nuevas formas de experimentar y percibir el espacio artístico. Los horarios designados para que el público disfrute de esta muestra son: martes a viernes de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., y sábados, domingos y festivos, a partir de las 11:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Todas las actividades tendrán lugar en la sede principal de la Cinemateca de Bogotá, situada en la carrera tercera #19-10.

Este tipo de propuestas buscan que los ciudadanos, tanto residentes como visitantes, se acerquen a espacios donde la cultura contemporánea y la innovación artística son protagonistas, promoviendo la apropiación y el diálogo con los nuevos lenguajes audiovisuales y digitales.

¿Qué actividades ofrece la experiencia inmersiva ‘Latitudes y realidades alternas’ en la Cinemateca de Bogotá?

La experiencia inmersiva ‘Latitudes y realidades alternas’ presenta una variedad de actividades que incluyen artes inmersivas, performances audiovisuales, realidad virtual, instalaciones de sonido y luz, y proyecciones tipo fulldome. Estas buscan que los asistentes experimenten nuevas maneras de percibir el arte y el espacio mediante tecnología y creatividad, todo en el marco del XXV Festival Internacional de la Imagen.

¿Cuáles son los horarios de visita para el festival en la Cinemateca de Bogotá?

El evento puede ser visitado de martes a viernes entre las 2:00 p. m. y las 6:00 p. m., y los sábados, domingos y festivos de 11:00 a. m. a 6:00 p. m., en la sala E de la Cinemateca de Bogotá, ubicada en la carrera tercera #19-10. Estos horarios permiten que diferentes públicos puedan acercarse y disfrutar de la propuesta artística durante dos semanas de septiembre.

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De acuerdo con la información suministrada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, esta audiencia fue solicitada luego de que no prosperaran los intentos de negociación entre las defensas y la Fiscalía para buscar una salida anticipada, incluyendo preacuerdo y mecanismos de justicia restaurativa. Sarabia era considerada una de las mujeres más poderosas durante el inicio del gobierno de Gustavo Petro, de modo que el fallo de estos acercamientos ha dado relevancia al proceso penal en su contra.

El caso surgió tras la desaparición, entre el 27 y el 29 de enero de 2023, de una maleta con más de 4.000 millones de pesos al interior de la vivienda de Sarabia, cuando se desempeñaba como jefa de Gabinete de la Presidencia. En respuesta, Marelbys Meza fue llevada a un edificio cercano a la Casa de Nariño y sometida a una prueba de polígrafo, según la Fiscalía, sin una orden judicial que lo permitiera.

La principal evidencia en el proceso son las declaraciones del capitán Óscar Leandro Mojica Cordón. Según su testimonio, escuchó directamente la orden para aplicar el polígrafo durante una conversación entre Laura Sarabia y el coronel Carlos Feria, entonces jefe de la seguridad presidencial. El 29 de julio, a Mojica le fue concedido un principio de oportunidad que suspende parcialmente la acción penal en su contra por 12 meses, por el delito de violación ilícita de comunicaciones.

El expediente se extendió más allá del caso de la maleta e incluyó interceptaciones ilegales de comunicaciones de Meza y otra empleada, Fabiola Perea. El 28 de octubre de 2025, el capitán Carlos Andrés Correa fue condenado a una pena de 11 años y tres meses, y el patrullero John Fredy Morales, a 12 años y un mes. El coronel Feria enfrenta una acusación formal ya radicada. Ante este panorama judicial, Sarabia ha manifestado respeto al actuar de las autoridades y ha pedido que sus abogados se encarguen de explicar las decisiones legales correspondientes. Por su parte, Meza sigue reclamando una indemnización por los daños sufridos, alegando que fue retenida durante varias horas el día de los hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía acusa a Laura Sarabia por el caso del polígrafo y qué delitos se le imputan?

La Fiscalía acusa a Laura Sarabia por presuntos delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, relacionados con la prueba de polígrafo aplicada a Marelbys Meza tras la desaparición de una maleta con dinero en su casa mientras era jefa de Gabinete. La Fiscalía sostiene que la prueba se realizó sin una orden judicial, lo que constituye el núcleo de los cargos.

¿Qué significa el delito de constreñimiento ilegal agravado en el contexto del caso de Laura Sarabia?

El constreñimiento ilegal agravado implica ejercer presión o coacción sobre una persona, vulnerando sus derechos fundamentales, en este caso realizando la prueba de polígrafo sin el respaldo de una orden judicial. La Fiscalía interpreta que Meza fue forzada a someterse a esta prueba, lo que agrava la conducta por tratarse de un funcionario y de un contexto de poder.

La inteligencia militar atribuyó a dos integrantes del Eln la responsabilidad directa por el atentado terrorista ejecutado con un taxi bomba contra las instalaciones de la estación de Policía de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta.

Este violento hecho ocurrió la noche del lunes y dejó un trágico saldo de un ciudadano civil muerto y más de 10 personas heridas, entre las cuales figuran varios integrantes uniformados de la institución policial.

Las autoridades identificaron formalmente a los presuntos articuladores de esta acción criminal como alias ‘David’ y alias ‘Nay’ o ‘Nike’. Los investigadores señalan a ambos sujetos por planear y ejecutar sistemáticamente diversos ataques armados contra la Fuerza Pública en Norte de Santander.

Igualmente, estos dos sospechosos coordinaron el atentado perpetrado el pasado primero de agosto contra el comando de la Policía en Cúcuta, donde resultaron heridos 12 policías y tres civiles, además de causar la muerte de un canino de la institución.

Frente a esta grave situación de orden público, las autoridades mantienen vigente una recompensa de hasta 800 millones de pesos por información que permita ubicar a alias ‘David’. Para alias ‘Nay’ o ‘Nike’, la cifra ofrecida alcanza los 150 millones de pesos.

El más reciente atentado sucedió pasadas las 11 de la noche cuando detonaron un taxi cargado con explosivos exactamente frente a la sede policial. La violenta onda expansiva provocó un incendio estructural de gran magnitud en las instalaciones.

La deflagración causó además daños severos en múltiples viviendas, locales comerciales y vehículos estacionados en el sector. Asimismo, este trágico incidente interrumpió el servicio de energía eléctrica durante varios momentos de la noche en toda la zona afectada.

Esta grave emergencia ocurre apenas un mes después del trágico ataque contra la sede del Departamento de Policía de Norte de Santander, registrado en la madrugada del primero de agosto. Dicha explosión causó cuantiosos destrozos materiales en edificaciones y establecimientos comerciales cercanos.

¿Cómo denunciar en Colombia a sospechosos de atentados terroristas?

Denunciar oportunamente a sospechosos de planear o ejecutar actos terroristas en Colombia resulta vital para proteger a la comunidad y prevenir tragedias humanas. Las autoridades mantienen canales confidenciales permanentes para recibir información ciudadana.

Ante la presencia de personas sospechosas o vehículos abandonados, la ciudadanía debe comunicarse inmediatamente con la línea gratuita 123. Este canal nacional conecta de forma directa con la Policía Nacional de Colombia.

Asimismo, las Fuerzas Militares de Colombia disponen de la línea gratuita nacional ciento cuarenta y siete. A través de esta red, los ciudadanos contactan directamente a los Gaula para aportar datos urgentes sobre amenazas extremistas.

Las personas que prefieran presentar su reporte presencialmente pueden acudir a la sede más cercana de la Fiscalía General de la Nación. Las unidades de reacción inmediata reciben denuncias sobre actividades delictivas en todo el país.

El Ministerio de Defensa Nacional garantiza la reserva absoluta de la identidad de los informantes para proteger su seguridad. Adicionalmente, el Estado colombiano ofrece recompensas económicas para incentivar la colaboración ciudadana en investigaciones complejas.

Para denuncias digitales, la Policía Nacional de Colombia habilita su plataforma virtual institucional. Los usuarios reportan movimientos extraños o posibles ataques de forma rápida y segura desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Al momento de suministrar los datos a los investigadores, conviene precisar detalles relevantes. Suministrar ubicaciones exactas, descripciones físicas, placas de automóviles y horarios facilita la pronta intervención de las unidades de inteligencia militar.

La colaboración activa entre los ciudadanos y la Fuerza Pública neutraliza las intenciones violentas de las organizaciones armadas ilegales. Informar de manera rápida salva vidas humanas y preserva el orden público en todo el territorio colombiano.

El sangriento ataque terrorista dejó un saldo trágico de un civil muerto y once personas heridas, incluyendo a dos miembros de la Policía. Las autoridades analizan minuciosamente la capacidad operativa del Eln en la frontera.

Información conocida por el periódico El Tiempo reveló que el automóvil permaneció estacionado durante cinco días en el sector. Presuntamente, desconocidos acondicionaron el coche con explosivos en territorio venezolano antes de trasladarlo hacia Los Patios.

Una fuente especializada en operaciones contra el Eln explicó la existencia de un antecedente crítico para los investigadores. El ataque perpetrado el primero de agosto contra la sede del Departamento de Policía de Norte de Santander.

Ese hecho previo involucró un automóvil preparado en el país vecino e ingresado ilegalmente a Colombia. Respecto a este suceso anterior, la fuente precisó que “fue armado allá en Venezuela y lo metieron por unas trochas”.

Aclaró además que dicha circunstancia no implica directamente la participación de autoridades venezolanas. Sin embargo, enfatizó que la escasa cooperación binacional crea vacíos aprovechados por estructuras armadas ilegales que operan habitualmente a través de la frontera.

Frente a esta problemática, los analistas señalan la urgencia de reactivar el intercambio fluido de datos en zonas limítrofes. Esta medida resulta indispensable para rastrear con precisión el desplazamiento de vehículos, explosivos y personas entre naciones.

La posible responsabilidad atribuida al Eln adquiere relevancia debido a la estructura utilizada para ejecutar acciones violentas urbanas. Las sospechas recaen en alias el Rolo, señalado articulador perteneciente al Frente de Guerra Urbano del grupo armados.

Este sujeto recibe órdenes directas de Luz Amanda Pallares Pallares, alias ‘Silvana Guerrero’, identificada como cabecilla regional. Reportes de inteligencia indican que este individuo transitaba entre Norte de Santander y áreas venezolanas adyacentes a dicho departamento.

Las gestiones para dar con su paradero no permiten establecer su ubicación exacta actualmente. Asimismo, las autoridades intentan ratificar si el sospechoso permanece vinculado formalmente a las filas de la organización criminal en esa región.

Las complicaciones para ubicarlo obedecen al esquema operativo del Frente de Guerra Urbano. A diferencia de las facciones rurales tradicionales, sus integrantes actúan mediante redes clandestinas compartimentadas con información interna sumamente restringida entre sus distintos miembros.

La fuente técnica fundamentó este método operativo con la explicación sobre la manera para ejecutarlo.

“Una de las características fuertes es que es supremamente clandestino, tanto así que no se conocen entre ellos”, expuso sobre la complejidad para desarticular estas células extremistas.

El violento atentado reabre el debate sobre la efectividad preventiva de los organismos estatales. Expertos en seguridad instan a superar la realización rutinaria de consejos de seguridad y patrullajes posteriores a las tragedias para evitar ataques.

Sostienen que la administración del presidente Abelardo De La Espriella afronta el desafío crucial de reconstruir la inteligencia estratégica nacional. Esta reestructuración debe permitir la detección temprana de señales antes de que ocurran los atentados terroristas.

Los especialistas resumieron el reto principal del sistema defensivo: “La palabra es anticipar: una inteligencia que anticipe esas acciones, una inteligencia fortalecida nuevamente, pero sobre todo articulada”, demandando reformas profundas en las instituciones.

Finalmente, este ajuste implica redefinir el rumbo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Igualmente requiere coordinar eficazmente sus labores con las unidades de la Policía y las Fuerzas Militares para combatir la delincuencia transnacional fronteriza.

Uno de los pasajes más llamativos de la conversación gira en torno al exministro y exembajador Armando Benedetti, de quien Bolívar aseguró estar profundamente afectado por las consecuencias de haberse jugado a fondo por el proyecto del petrismo. Según relató el exfuncionario, su reciente comunicación con Benedetti dejó ver a un hombre roto por la presión judicial y financiera.

“Hablé con Benedetti hace poco. Lo vi muy destrozado, está como pagando las consecuencias de haberse metido en la orilla contraria. Siento que está muy afectado; le esperan años muy crueles porque sigue en la lista OFAC de Estados Unidos, con muchas cosas embargadas y procesos. Hoy debe estar arrepentido de haberse metido al petrismo. Aunque él ha sido leal con Gustavo Petro, yo he sido crítico de él; el precio que ha pagado es muy alto. Eso le jode la vida a cảquiera; está muy preocupado”, le confeso Bolívar a SEMANA.

El exdirector del DPS contrastó esta pesada carga con la figura del expresidente Gustavo Petro, señalando que mientras al exmandatario “no le importa eso porque no tiene ni un negocio ni un carro de perros calientes” y camina por la vida con una postura anticapitalista, para un perfil como el de Benedetti el impacto patrimonial y judicial es devastador.

Actualmente, alejado de los micrófonos y refugiado en el anonimato de su residencia en Barranquilla, Benedetti optó por el silencio como su mejor defensa, declarándose en reiteradas ocasiones como “un periódico del ayer”.

Una vez se protocolizó su nombramiento, el presidente De la Espriella dirigió un mensaje sugestivo al nuevo Consejo, e hizo referencia tanto a los desafíos actuales del órgano electoral como a los episodios recientes de la política nacional. Hizo énfasis en que los magistrados asumirán una institución que es esencial para la integridad de la democracia. “A partir de hoy tendrán bajo su cuidado buena parte de la confianza que los colombianos depositan en las reglas mediante las cuales entregan, renuevan y retiran el poder político”, enfatizó. Además, subrayó la importancia de que no queden dudas sobre la transparencia de los resultados electorales, al manifestar que sin respeto al voto la legitimidad del poder desaparece, y tampoco es viable una democracia si persisten sospechas tras cada elección.

El presidente también se refirió expresamente a las elecciones del pasado 21 de junio, recordando que, pese a las tentativas de corrupción y a presiones de diversos actores, la voluntad popular fue respetada y las urnas se llenaron con los votos de los ciudadanos. Al evento asistieron figuras destacadas del escenario político nacional, como el procurador Gregorio Eljach y los senadores Honorio Henríquez y Alfredo Deluque, además de Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador.

El renovado CNE iniciará de inmediato sus labores, teniendo como primer reto la discusión sobre su presidencia. Entre sus principales funciones están la revisión de listas, otorgamiento de avales de cara a las elecciones de 2027 y el estudio de nuevas solicitudes para la creación de partidos políticos. Esta responsabilidad adquiere relevancia ante casos como el partido Defensores de la Patria, liderado por el propio presidente, así como las iniciativas políticas de reconocidos exfuncionarios como Roy Barreras y Carlos Alonso Lucio, que esperan su reconocimiento oficial.

Además, el CNE debe definir la entrega de reposición de votos a los excandidatos presidenciales que participaron en la consulta interpartidista del 8 de marzo, proceso en el que solo Claudia López ha recibido autorización por ahora, quedando pendientes otras figuras políticas como Paloma Valencia.

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¿Quiénes integran el nuevo Consejo Nacional Electoral en Colombia?

El nuevo Consejo Nacional Electoral está compuesto por nueve magistrados que representan a varias colectividades políticas reconocidas. Ellos son Nubia Stella Martínez (Centro Democrático), Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón Buitrago (MIRA), Gersel Pérez Altamiranda (Cambio Radical), y Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico), quienes asumirán funciones durante los próximos cuatro años.

¿Cuáles son los temas clave que deberá tratar el CNE colombiano en este periodo?

Entre los asuntos más relevantes que deberá abordar el CNE se encuentran la revisión de la conformación de listas electorales, la entrega de avales para las elecciones de 2027, el estudio de solicitudes para crear nuevos partidos y la decisión sobre el reconocimiento de organizaciones políticas como Defensores de la Patria, La Fuerza y el Movimiento Bolivariano. También debe resolver la reposición de votos para excandidatos presidenciales que participaron en la consulta interpartidista.

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el hecho fue descubierto el lunes, cuando funcionarios llegaron a trabajar y encontraron el proyectil en la oficina de Bonilla. La bala habría impactado directamente en el escritorio del funcionario, mientras que las autoridades adelantan las respectivas verificaciones para establecer cómo llegó hasta ese lugar.

(Vea también: Detalles de la bala encontrada en piso de la Procuraduría: fue arriba de la oficina de Gregorio Eljach)

La situación generó preocupación dentro de la Procuraduría, especialmente porque se trata de un despacho ocupado por un funcionario que cumple funciones de alta sensibilidad dentro del Ministerio Público. Bonilla es uno de los cinco procuradores delegados para intervenir ante la Corte Suprema de Justicia y tiene entre sus responsabilidades el trabajo relacionado con los procesos de casación que se tramitan en la Sala Penal.

Pese a la gravedad del hallazgo, ninguna persona resultó herida. Según las fuentes consultadas por el medio, Bonilla y los integrantes de su equipo no se encontraban en la oficina cuando ocurrió el hecho. Una de las versiones conocidas hasta ahora apunta a que el impacto se habría producido durante el fin de semana, antes de que los funcionarios regresaran a sus puestos de trabajo.

La Sijín de la Policía Nacional y agentes de la Fiscalía General de la Nación acudieron al lugar para recoger el proyectil y examinar las condiciones de la oficina. Una fuente citada por el medio mencionado señaló que, de manera preliminar, la bala podría corresponder a un calibre 7,65, aunque las autoridades deberán realizar los análisis técnicos para determinar con precisión sus características y establecer su procedencia.

En este contexto, la mandataria anunció que los adultos mayores que no cuenten con una red de apoyo familiar podrán recibir asistencia permanente en los Centros Vida, espacios que el Gobierno Departamental ha dispuesto en Cali. Esta iniciativa busca garantizar acompañamiento a quienes más lo necesitan durante el proceso de recuperación de las zonas impactadas por el sismo. De acuerdo con Dilian Francisca Toro, la atención destinada a las personas de la tercera edad será considerada una prioridad esencial dentro de las acciones de reconstrucción en el Valle del Cauca. En palabras de la gobernadora, en casos como el de un adulto mayor residente en Chiminangos II, quien no tiene familia ni apoyo cercano, se gestionará su ingreso a un ancianato que pueda garantizar su bienestar y seguridad.

Los Centros Vida, según la información compartida por la mandataria, ofrecen servicios de atención integral en salud, apoyo nutricional, actividades recreativas y defensa de los derechos de las personas mayores. Además, la respuesta institucional no se limitará solamente a los adultos mayores. Karen Rada, secretaria de Desarrollo, Inclusión y Participación Social, explicó que en articulación con las Juntas de Acción Comunal, también se atenderán las necesidades de las personas con discapacidad que resultaron perjudicadas por el terremoto.

Estas acciones gubernamentales se suman a otras estrategias solicitadas por la comunidad, como la inspección y actualización del estado de las estructuras dañadas y el desarrollo de programas para reactivar la economía local. De esta forma, el Gobierno Departamental busca brindar acompañamiento efectivo a las familias y avanzar de manera integral en la recuperación del Valle del Cauca tras la emergencia.

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¿Cuáles son los servicios que ofrecen los Centros Vida en Cali para adultos mayores?

Los Centros Vida, según lo informado por la Gobernación del Valle del Cauca, proporcionan atención integral a los adultos mayores. Allí, los beneficiarios pueden acceder a servicios de salud, recibir apoyo nutricional, participar en actividades de recreación y obtener defensa de sus derechos, cubriendo así diversas necesidades de esta población tras la emergencia reciente.

¿Cómo está priorizando la Gobernación del Valle del Cauca la atención a los adultos mayores tras el terremoto?

La gobernadora Dilian Francisca Toro anunció que la atención a los adultos mayores será una de las prioridades en el proceso de reconstrucción posterior al terremoto. Se implementará apoyo especial para quienes no cuenten con familia ni red de apoyo, gestionando su ingreso a espacios adecuados como ancianatos y garantizando el acompañamiento a través de los Centros Vida, además de atender a otras poblaciones vulnerables como personas con discapacidad.

El primero sucedió en la zona fronteriza entre Panamá y Colombia a las 11:47 de la mañana, con una magnitud de 3.1 y una profundidad superficial, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Lo cierto es que el segundo informe de esta entidad desde su cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter) prendió las alarmas por el incremento del caso.

A pesar de que en primera instancia se indicó que la magnitud era de 4.1, luego el SGC señaló que un sismo de 3.9 con profundidad superficial tuvo como epicentro en Montecristo, Bolívar.

Los usuarios reaccionaron desde las redes sociales para indicar cómo sintieron el movimiento telúrico y, en uno de los casos, deja en evidencia que se mantiene la alerta en el país.

“En el municipio de El Bagre, Antioquia, fuerte”, afirmó una persona, mientras que otra dio un parte de tranquilidad en otra zona de ese departamento. “Sí, en Rionegro, Antioquia, muy, muy leve”.

El lunes en la noche también hubo reporte de temblor, en una situación que lleva a seguir con especial atención y darle seguimiento a los mecanismos de cuidado para evitar cualquier riesgo.

Las últimas semanas han estado marcadas por el apoyo a las personas de los departamentos más afectados por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto de 2024, con magnitud de 7.4.

Las regiones más afectadas fueron en Chocó, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Quindío, por lo que el Gobierno Nacional anunció respaldo con subsidios tanto de arrendamiento como de futura compra para quienes perdieron su vivienda.

Es pertinente recordar que se indicó que la primera fase terminaba en agosto para la atención primaria a la emergencia, mientras que ahora comienza la búsqueda para ofrecer esos impulsos.

Hay lugares muy afectados como Dosquebradas (Risaralda) que han emitido gritos de ayuda porque, al ser la segunda ciudad con más daños, se ha visto superado por la situación.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Colombia?

Saber reaccionar adecuadamente durante un sismo salva vidas y disminuye sustancialmente el riesgo de sufrir lesiones. Colombia es un país con una elevada actividad sísmica en múltiples regiones.

Ante los primeros movimientos del terreno, las personas deben mantener la calma para tomar decisiones acertadas. El pánico causa estampidas peligrosas en pasillos, escaleras y salidas de emergencia de los inmuebles.

Si la persona está dentro de un edificio, debe buscar refugio inmediato bajo una mesa o escritorio resistente. Cubrir la cabeza y el cuello con los brazos protege contra objetos caídos.

Hay que alejarse de ventanas, espejos, fachadas de vidrio y muebles pesados que puedan colapsar. Nunca deben utilizarse ascensores durante la emergencia sísmica por el alto peligro de atrapamiento.

Si el temblor ocurre mientras se transita por la calle, conviene alejarse de cables eléctricos, postes y fachadas viejas. Buscar un espacio abierto libre de estructuras salientes disminuye considerablemente la exposición a peligros.

Los conductores deben reducir la velocidad gradualmente y estacionar el vehículo en un lugar seguro. Evitar detenerse debajo de puentes peatonales, cables de alta tensión o pasos a desnivel garantiza seguridad.

Una vez finalizado el sacudimiento, es necesario evacuar el lugar utilizando exclusivamente las escaleras de emergencia. Antes de salir, cerrar las llaves de gas y cortar el fluido eléctrico previene incendios secundarios.

Llegar al punto de encuentro previamente establecido facilita la contabilización de familiares o compañeros de trabajo. Permanecer atentos a comunicados oficiales de las autoridades evita caer en desinformación o falsos rumores.

En caso de quedar atrapado entre escombros, conviene cubrirse la boca y golpear paredes o tuberías con objetos. Gritar debe dejarse como último recurso para evitar inhalar polvo nocivo y agotar energías.

Tener preparada una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos y botiquín fortalece la supervivencia colectiva. La prevención permanente constituye la herramienta más eficaz para afrontar los fenómenos naturales.

Según lo explicado por el alcalde Ernesto Orozco, la deuda total por concepto de impuestos en estado de mora asciende a más de 1,2 billones de pesos. El mandatario destacó la importancia de esta medida para los planes futuros del municipio: “Si alcanzamos a recoger, al menos, un 20 % de la cartera, no tendremos la necesidad de acudir a créditos institucionales para seguir fortaleciendo los diferentes programas sociales de nuestro gobierno”, afirmó Orozco. De esta manera, la iniciativa no solo incentiva el pago voluntario de deudas, sino que también es una estrategia para aumentar el recaudo y evitar el endeudamiento institucional.

La administración municipal ha enfatizado la necesidad de realizar los pagos únicamente por medio de los canales oficiales, como los bancos autorizados, la Casa del Contribuyente y el portal oficial del municipio a través del botón PSE (Pagos Seguros en Línea). Orozco advirtió que, en gestiones anteriores, algunos ciudadanos fueron víctimas de fraude tras recurrir a intermediarios no autorizados, por lo que la recomendación es no acudir a tramitadores y asegurar que los trámites se hagan de manera gratuita. Para facilitar el proceso, la Secretaría de Hacienda dispuso personal de orientación en los principales centros comerciales de la ciudad, como Guatapurí, Megamall, Unicentro y Mayales, guía que se brinda para acompañar y asesorar a los contribuyentes en la normalización de sus obligaciones.

¿Cómo acceder al descuento del 99 % en intereses para deudas tributarias en Valledupar?

El descuento del 99 % en intereses y sanciones está disponible para quienes paguen sus deudas tributarias en el municipio de Valledupar entre el 1 de septiembre y el 30 de diciembre del año vigente. Los contribuyentes deben acercarse a los bancos autorizados, la Casa del Contribuyente, realizar el proceso a través del botón PSE del portal oficial o consultar puntos de orientación ubicados en los principales centros comerciales.

¿Qué significa el término 'cartera moratoria' en impuestos municipales?

El término ‘cartera moratoria’ se refiere al monto total de deudas por impuestos municipales que se encuentran en estado de atraso en los pagos, es decir, aquellas obligaciones que los contribuyentes no han saldado en los plazos establecidos y que han acumulado intereses y sanciones por mora hasta la fecha indicada en la medida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Según el director del IDRD, Daniel García Cañón, la meta principal de la recuperación fue hacer del campo un espacio más accesible, seguro y óptimo para nuevos y experimentados practicantes del golf. Desde mayo, la Federación Colombiana de Golf asumió labores de alistamiento, mantenimiento y recuperación técnica, bajo un permiso temporal del IDRD, para rehabilitar completamente el escenario. El resultado es un campo público de nueve hoyos, par 36, que ahora puede ser usado sin necesidad de membresía, manteniendo así su enfoque inclusivo.

Los trabajos técnicos fueron minuciosos. Se priorizó la recuperación de los ‘greens’ (superficies de césped muy corto donde se encuentran los hoyos), con tratamientos que controlan la humedad y las enfermedades del pasto. Además, se intervino en ‘tees’ (áreas de salida), ‘fairways’ (franjas de césped que conectan los hoyos), búnkeres (obstáculos de arena), lagos y plataformas de práctica. El balance técnico presentado por la Federación Colombiana de Golf indica que los 36 búnkeres están listos, los ‘tees’ habilitados y los ‘fairways’ en condiciones óptimas; los ‘greens’ seguirán recibiendo mantenimiento para conservar calidad y jugabilidad.

Las mejoras superaron el terreno deportivo. También se renovaron baños, cocina, restaurante, salón principal, barra, lockers y bicicletero, junto con trabajos en pintura, iluminación, puertas y senderos peatonales accesibles. Zonas administrativas, atención al público, parqueadero y la malla perimetral también fueron intervenidas. En cuanto a sostenibilidad, se optimizó la red hidráulica y de drenaje, y se restauró el suministro de agua después de pruebas hidrosanitarias.

Para acceder al campo, la ciudadanía debe consultar canales oficiales de la Federación para conocer horarios, tarifas y condiciones. Las nuevas tarifas, según Fabio Villamizar Zurek, presidente de la Federación Colombiana de Golf, apuntan a la sostenibilidad del escenario sin dejar de lado la inclusión de nuevos públicos. El IDRD continuará con seguimiento técnico, administrativo y operativo para preservar las condiciones logradas y mantener el campo como un bien público.

¿Cómo consultar horarios y tarifas para el campo de golf La Florida en Bogotá?

Usted puede encontrar información actualizada sobre horarios de servicio, tarifas, proceso de reservas y condiciones de ingreso al campo de golf La Florida en los canales oficiales de la Federación Colombiana de Golf, tal como indicaron las autoridades responsables del escenario en los reportes recientes.

¿Qué significa ‘green’, ‘tee’ y ‘fairway’ en la práctica del golf?

En el contexto del golf, ‘green’ se refiere a la zona de césped corto donde está el hoyo, ‘tee’ es el área desde donde se inicia cada hoyo, y ‘fairway’ es la franja de césped que conecta el inicio con el green. Estos términos técnicos describen partes clave del campo y fueron esenciales en las labores de rehabilitación de La Florida, como detalla la Federación Colombiana de Golf.

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En el mismo sentido, la secretaria de Asojuntas –organización que reúne asociaciones comunales– reclamó la ausencia tanto de la gobernadora del Tolima como del alcalde de Armero Guayabal, quienes, según sus palabras, no acudieron al llamado pese a que se esperaba su participación. La funcionaria relató que la reunión careció de un verdadero plan de contingencia y, como único resultado, las comunidades recibieron contactos telefónicos de organismos de socorro, como los bomberos. "Se nos está quemando toda una vereda", enfatizó, resaltando la urgencia de la situación.

La crítica al tipo de ayudas entregadas también fue reiterada por García, quien manifestó que los equipos suministrados –seis cascos y tres bombas de espalda manuales– eran claramente insuficientes ante la magnitud de los incendios. Añadió que los mismos habitantes han tenido que aportar más recursos, superando incluso lo provisto por la Gobernación y la Presidencia.

El reclamo central de las comunidades gira en torno a la necesidad de contar con acompañamiento constante, capacitaciones reales y una respuesta mucho más robusta y efectiva por parte del gobierno local y departamental. La indignación aumentó ante la intervención de un minero que sugirió aprovechar las áreas afectadas para promover actividades de minería, lo que fue catalogado como una falta de sensibilidad frente a la tragedia.

García concluyó su postura llamando directamente a la gobernadora y al alcalde a adoptar acciones concretas, dejando de lado las promesas y priorizando respuestas eficaces para los afectados y para la protección ambiental. Mientras tanto, las comunidades permanecen a la espera de que la institucionalidad fortalezca su capacidad de respuesta y provea soluciones reales ante la crisis desatada por los incendios forestales, según lo registrado en las declaraciones citadas.

¿Cuál ha sido la principal crítica de la comunidad de Armero Guayabal frente a las ayudas entregadas por la Gobernación?

La comunidad de Armero Guayabal ha manifestado su inconformidad principalmente por la poca efectividad y cantidad de las ayudas entregadas por la Gobernación. Según líderes y habitantes, lo suministrado como apoyo –tal como números telefónicos de socorro y algunos equipos básicos– resulta insuficiente para la emergencia que enfrentan. Además, reclaman la falta de presencia y seguimiento institucional durante la atención a los incendios.

¿Por qué la ausencia de la gobernadora y el alcalde ha causado descontento en la población afectada por incendios?

La ausencia tanto de la gobernadora como del alcalde en la reunión convocada para abordar la situación de los incendios incrementó la molestia de la población, ya que esperaban la presencia directa de las máximas autoridades locales para liderar soluciones concretas. Su inasistencia fue interpretada como falta de compromiso, intensificando la sensación de abandono entre las comunidades afectadas, de acuerdo con las declaraciones citadas.

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