Este cierre hará parte de una nueva fase en los trabajos de mejoramiento vial que ya se venían desarrollando en la avenida Ambalá. La decisión de cerrar completamente estas vías responde a la necesidad de garantizar la seguridad, tanto para los trabajadores de la obra como para quienes normalmente transitan por estos corredores. Según información oficial, el bloqueo estará acompañado por la debida señalización, con el propósito de orientar a los conductores y prevenir confusiones o congestiones adicionales, sobre todo en las horas de más alto flujo vehicular.

Ante la restricción, se ha establecido una ruta alterna para quienes se vean afectados por el cierre. Los conductores podrán desviarse por la calle 115 y posteriormente por la calle 125, dependiendo de las condiciones de movilidad y la situación específica del sector en ese momento. Las autoridades recomiendan planear los desplazamientos con antelación, tomando en consideración el tiempo extra que seguramente demandará la nueva ruta, sobre todo durante las horas pico o de mayor tránsito en la ciudad.

Vale la pena señalar que el cierre de este tramo comenzará a regir desde el lunes 31 de agosto. Con la medida, se busca avanzar en el proceso de pavimentación y mejorar considerablemente la infraestructura vial de El Salado. Por ahora, la recomendación principal es estar atentos a la señalización instalada y mantenerse informados acerca del desarrollo de las obras, para así evitar retrasos y contratiempos en sus recorridos habituales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas alternas debido al cierre en El Salado por obras en la avenida Ambalá?

La ruta alterna sugerida para los conductores ante el cierre total de las calles 115 y 119 consiste en transitar primero por la calle 115 y luego utilizar la calle 125, según las condiciones de movilidad del sector. Esta medida busca facilitar la circulación y evitar congestiones mientras se desarrollan las obras de pavimentación.

¿Desde cuándo rige el nuevo cierre vial en El Salado por trabajos de pavimentación?

El nuevo cierre vial en El Salado comienza a regir desde el lunes 31 de agosto, y permanecerá vigente mientras continúan las labores de mejoramiento de la infraestructura vial sobre la avenida Ambalá, especialmente en las calles 115 y 119.

El programa, informado por El Espectador, incluyó la entrega de materiales e insumos para modificar los sistemas productivos de las fincas. Entre las acciones principales se encuentran la renovación de praderas, el uso de bioinsumos (como abonos naturales), la construcción de corrales, la instalación de bebederos y la delimitación de áreas mediante cercas protectoras. Asimismo, se promovió el desarrollo de sistemas agroforestales, los cuales combinan cultivos y árboles para recuperar zonas degradadas y disminuir el impacto ambiental. Este conjunto de medidas busca no solo adaptarse a la presencia del oso, sino generar herramientas que mejoren la sostenibilidad productiva y la armonía entre seres humanos y fauna silvestre.

Nidia Clemencia Riaño Rincón, subdirectora de Cultura y Gobernanza Ambiental de la CAR, subrayó que el éxito en la conservación del oso andino depende del compromiso activo de quienes habitan el territorio. Desde su perspectiva, estos acuerdos impulsan la participación y conscientización ambiental, facilitando a las familias rurales prácticas sostenibles que ayudan a reducir los desencuentros con la fauna.

La estrategia también cuenta con un componente educativo. El Espectador documentó la realización de talleres para más de 104 habitantes, incluidos niños, jóvenes, docentes y demás miembros de la comunidad. Ellos aprendieron sobre biodiversidad, ecología y formas de prevenir conflictos con los animales silvestres. De acuerdo con la información, el convenio firmado en noviembre de 2024 contempla una inversión total de 460 millones de pesos, de los cuales alrededor de 110 millones se asignaron a cada JAC. Al menos 29 fincas han sido beneficiadas directamente por esta intervención.

Con este proceso inclusivo, las autoridades buscan transformar la conservación del oso andino en un esfuerzo colectivo, integrando a las comunidades campesinas como actores principales de un modelo de convivencia responsable y ecológicamente equilibrada.

¿Qué acciones hacen parte de los acuerdos de conservación entre agricultores y la CAR en Cundinamarca?

Las acciones principales incluidas en los acuerdos son la renovación de praderas, preparación y uso de bioinsumos, instalación de bebederos y corrales, entrega de material vegetal, instalación de cercas protectoras, desarrollo de sistemas agroforestales y restauración de zonas degradadas. Todas estas medidas buscan prevenir conflictos con el oso andino y apoyar la sostenibilidad en las fincas, según la información publicada por El Espectador.

¿Qué significa que una especie sea considerada ‘clave’ para los ecosistemas?

Cuando una especie es considerada ‘clave’ para los ecosistemas, como el oso andino en este caso, significa que su presencia y actividades influyen de manera significativa en el equilibrio y funcionamiento de ese entorno natural. La desaparición o disminución de estas especies puede provocar alteraciones profundas en la biodiversidad y los procesos ecológicos, afectando a muchas otras especies y al ecosistema en general.

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Según la información oficial proporcionada por las autoridades, el esquema especial de Pico y Placa dentro de la zona afectada dejará de operar desde mañana. Como consecuencia, la ciudad retoma el sistema unificado, aplicable a toda el área urbana. El horario para la restricción vehicular se mantiene entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m., de lunes a viernes. El calendario de rotación por dígitos de la placa se desarrolla así: lunes corresponde a los vehículos con placas terminadas en 9 y 0; martes, 1 y 2; miércoles, 3 y 4; jueves, 5 y 6; viernes, 7 y 8. De esta forma, Cali busca volver a la cotidianidad vial, bajo la coordinación de la Secretaría de Movilidad.

Sin embargo, la administración municipal advierte que la plena normalidad aún no es posible en algunos sectores, ya que persisten riesgos estructurales en puntos críticos. Los reportes oficiales hacen un llamado especial para evitar el tránsito por las intersecciones de la calle 9 con 44 y la calle 5 con 52, donde la emergencia no ha sido solucionada completamente y el riesgo de colapso se mantiene presente. Se insiste en la utilización de rutas alternas seguras mientras continúan las obras de reparación.

La transición exige disciplina en la aplicación de las restricciones y responsabilidad por parte de la ciudadanía. Solo con el cumplimiento estricto del calendario de Pico y Placa y el respeto a los perímetros de seguridad se podrá garantizar una consolidación efectiva de las obras y una movilidad segura. Además, se recomienda consultar de manera recurrente los comunicados de la Secretaría de Movilidad para planificar desplazamientos y priorizar la prevención en la vía pública.

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¿Cómo queda el horario y rotación del Pico y Placa en Cali tras el fin de la contingencia?

Con la conclusión de la medida especial, la Secretaría de Movilidad de Cali restableció el horario tradicional del Pico y Placa: de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes. El sistema de rotación establece qué vehículos no podrán circular en días específicos según los últimos dígitos de su placa, retornando así al esquema habitual previo a la emergencia vial.

¿Qué zonas de Cali siguen presentando riesgos para la movilidad pese al levantamiento del Pico y Placa especial?

A pesar de la reactivación paulatina del tránsito, las autoridades advierten que las intersecciones de la calle 9 con 44 y la calle 5 con 52 continúan en estado crítico por el riesgo estructural no resuelto. Se recomienda a los conductores evitar estas áreas y emplear rutas alternas para mantener la seguridad.

Este modelo de vocerías, instrumentado según la información oficial, es coordinado desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), apoyado por la secretaria de las Comunicaciones, María Fernanda Sandoval. El propósito es que los voceros y los jefes de prensa de los distintos ministerios y entidades nacionales trabajen conjuntamente para canalizar y transmitir de manera clara la gestión y los mensajes oficiales de cada dependencia del Ejecutivo.

De acuerdo con las voces provenientes de la Presidencia de la República, las intervenciones de los voceros están pensadas para responder a temas coyunturales y se realizarán a través de declaraciones o ruedas de prensa, que podrían llevarse a cabo hasta tres veces al día. Esta estrategia de comunicación toma como referencia el modelo utilizado por el gobierno estadounidense, en el que, bajo la administración de Donald Trump, la vocera Karoline Leavitt organizaba conferencias de prensa diarias para mantener informados a los medios sobre la agenda presidencial y recopilar información relevante de los entes estatales para comunicar las posturas oficiales.

No obstante, en el caso colombiano, todavía quedan por definirse varios aspectos necesarios para implementar de manera efectiva este modelo. Según funcionarios cercanos al presidente, los ajustes pendientes son indispensables para que el despliegue de las vocerías funcione plenamente como herramienta de comunicación gubernamental. Así, el gobierno de Abelardo de la Espriella continúa en la búsqueda de una vocería sólida que permita informar de manera transparente y eficaz al país sobre el trabajo de cada rama ejecutiva.

¿Por qué Carolina Gómez rechazó ser vocera del gobierno de Abelardo de la Espriella?

Carolina Gómez decidió declinar la propuesta de ser vocera del gobierno, ya que considera más interesante otro rol ofrecido por el presidente Abelardo de la Espriella. Gómez prefirió no revelar detalles específicos sobre la nueva propuesta y expresó su deseo de evitar nuevas especulaciones respecto al tema.

¿Cómo funcionarán las vocerías del gobierno según el modelo anunciado?

Según la Presidencia de la República, las vocerías estarán coordinadas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la secretaria de las Comunicaciones, María Fernanda Sandoval. Este esquema busca que los voceros y jefes de prensa informen periódicamente sobre asuntos clave, a través de declaraciones y ruedas de prensa, hasta tres veces al día, similar al modelo aplicado en el gobierno estadounidense.

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​Este debate se vuelve especialmente crítico tras el reciente terremoto que sacudió varias regiones y la implacable ola de incendios que, de acuerdo con la información, ha devastado miles de hectáreas en departamentos como Tolima y Cundinamarca, en parte por el fenómeno climático de El Niño y también atribuido, al parecer, a acciones criminales. Esta coyuntura ha puesto en evidencia una alarmante escasez de equipos especializados, herramientas actualizadas y personal suficiente dentro de los cuerpos de bomberos del país. La razón principal es la falta de entrega oportuna de recursos del Presupuesto General de la Nación para el Fondo Nacional de Bomberos, tal como lo exige el artículo 34 de la Ley 1575.

​A esto se suma la presión del cambio climático, que ha incrementado la frecuencia y severidad de las emergencias, sacando a relucir debilidades históricas en la dotación de los cuerpos de bomberos. Retrasar el flujo de fondos públicos no solo infringe el principio de concurrencia y subsidiariedad establecido en la Ley 1523 de 2012 sobre gestión del riesgo de desastres, sino que deja expuestas a las poblaciones más vulnerables.

​Frente a ello, la exigencia a las autoridades del Gobierno Nacional debe ir acompañada de una administración técnica y transparente. La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC) tiene el reto de distribuir estos recursos conforme a las necesidades operativas, priorizar el fortalecimiento en las zonas de mayor precariedad y asegurar rendición de cuentas, sujetos al control fiscal de la Contraloría General de la República y a la vigilancia ciudadana, según lo estipula la normativa vigente.

​En definitiva, garantizar el derecho fundamental a la vida y proteger el patrimonio natural solo es posible con la financiación adecuada del sistema nacional de bomberos y el uso responsable y claro de los recursos públicos, aspectos que constituyen una responsabilidad inaplazable del Estado colombiano.

¿Cuáles son las leyes que regulan la gestión del riesgo y el servicio de bomberos en Colombia?

Las leyes principales que rigen la gestión del riesgo y el servicio de bomberos en Colombia, según el texto, son la Constitución Política —en especial su artículo 2—, la Ley 1575 de 2012 (Ley General de Bomberos), que define el servicio como un derecho esencial, y la Ley 1523 de 2012, que establece el marco legal para la gestión del riesgo de desastres en el país.

¿Por qué es fundamental la asignación oportuna de recursos al Fondo Nacional de Bomberos?

La entrega oportuna de fondos al Fondo Nacional de Bomberos resulta vital porque permite que los cuerpos de emergencia cuenten con equipos adecuados, herramientas modernas y personal suficiente para afrontar desastres, evitando así exponer a las comunidades vulnerables y cumpliendo el mandato constitucional y legal de protección a la vida y los bienes.

Tras conocer su situación, el mandatario aseguró que, por orden suya, el caso comenzó a recibir atención y posteriormente decidió comunicarse directamente con el menor mediante una llamada telefónica.

Pude hablar directamente con el pequeño Lucas en una llamada que me conmovió profundamente.

El clamor de nuestros niños jamás será ignorado por este Gobierno. Desde que conocí su caso, di la orden inmediata de actuar con toda la determinación para proteger su vida y garantizarle… pic.twitter.com/xjceDjSgUO

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 31, 2026

Durante la conversación, De la Espriella le expresó a Lucas que no estaba solo y que el Gobierno lo ayudaría con lo necesario para recuperar su salud. El presidente también manifestó su intención de visitarlo próximamente en Cúcuta, donde reside el niño, y le envió un mensaje de ánimo y afecto.

El mandatario también se refirió al caso de Liam Santiago, otro menor de Cúcuta que enfrenta una enfermedad. Según explicó, su familia ya entregó las historias clínicas y los documentos médicos después de que el niño recibiera diagnóstico y atención en España.

Ahora se gestiona una nueva valoración médica en Colombia para confirmar el diagnóstico y definir el tratamiento. La Nueva EPS deberá garantizar la continuidad de su atención.

De la Espriella aseguró que los niños serán una prioridad durante su Gobierno y afirmó que ninguno será abandonado.

De acuerdo con lo que Mauricio Pereira, secretario de Movilidad de Buga, le dijo a Noticias Caracol, tras el choque el sujeto se fue del sitio. Testigos “manifestaron que se fue por sus propios medios, que se fue caminando” y hasta el momento no ha podido ser localizado. Agregó que el domingo “hicimos una visita a los centros de atención médica tratando de identificarlo, de buscar si había sufrido alguna lesión, pero tampoco se ha presentado a ningún centro de atención médica para para ser valorado”.

(Vea también: Choque entre ruta escolar y ruta de perros: revelan estado de las personas lesionadas y de los animales)

Motociclista sobrevivió milagrosamente a violento choque contra un bus en Buga.

Impresionantes imágenes captadas por una cámara de seguridad registraron el fuerte accidente de tránsito ocurrido en Buga, Valle del Cauca.

VIDEOS 🔞 https://t.co/olx6BWB4Cs pic.twitter.com/QtNRUFro3l

— chisme Fresco Medellín (@ChismeMedellin) August 31, 2026

Añadió que “en la tarde se volvió a pasar revista y no ha llegado ninguna persona con las características de la persona que aparece en el video para hacer una verificación, no hemos podido ubicarlo, lo estamos buscando con la ayuda de los diferentes centros médicos, pero no hemos recibido ningún reporte sobre el estado de salud de la persona”.

La hipótesis del accidente del motociclista

Uno de los videos revelados muestra a un motociclista que se detiene en un cruce donde hay un semáforo que estaría en rojo. El conductor ve sorprendido cómo a su lado pasa otro motero, sin casco, se pasa la señal de tránsito y termina cayendo dentro de un bus que iba por la vía y, por fortuna, con la puerta abierta.

El secretario Pereira explicó que el siniestro ocurrió “hacia el mediodía en un sector céntrico de la ciudad, donde al parecer el conductor de la motocicleta omite la orden de pare del semáforo en rojo y termina colisionando con el bus de servicio público”. Sin embargo, aún no se ha podido establecer si el hombre conducía con exceso de velocidad.

Tras el violento choque, los agentes de Policía en Buga “hicieron presencia en el sector para conocer del siniestro, encuentran una motocicleta abandonada en vía pública, se entrevistan con el conductor del vehículo de transporte público, quien manifiesta que no sufrió daños el vehículo, y que el conductor de la motocicleta que impactó se había retirado del lugar por sus propios medios; es decir, que se levantó después del golpe y se retiró dejando abandonada la motocicleta”, explicó el funcionario vallecaucano.

Fue enfático en decir que “no se tuvo contacto directo de los agentes con el conductor de la motocicleta, cuando ellos hicieron presencia en el sector ya no se encontraba, y al indagar pues nadie tuvo la oportunidad de conversar con él de manera concreta, sino que simplemente se levantó una vez sufrió el impacto y se retiró del sitio”, por lo que la motocicleta involucrada en el accidente “en este momento se encuentra en los patios municipales, fue inmovilizada en calidad de abandono y esa información es de carácter reservado”, al referirse a quién pertenecería dicho vehículo.

(Lea también: Bus de Coomotor se volcó y hay personas muertas: imagen de cómo quedó es impresionante)

Sobre el estado de salud del motociclista, el secretario de Movilidad de Buga dijo que “lo que hemos podido observar en varios ángulos, porque tenemos la imagen desde el interior del vehículo y algunas imágenes de las cámaras de seguridad del sector, efectivamente, es bastante fuerte, una persona que no utiliza el casco de seguridad, el elemento de protección tipo casco, que no respeta la señal de pare del semáforo que está ubicado en esa intersección y que colisiona directamente con el vehículo de servicio público”. Reiteró que “la persona inmediatamente se retira del lugar por sus propios medios y no se ha presentado en ningún en ningún centro médico para ser atendido”.

Pereira señaló que “tenemos un gran volumen de circulación de motocicletas que superan las 90.000 unidades en el municipio” de Buga, por lo que “se presentan con alguna frecuencia los siniestros viales, pero hacemos el trabajo cotidiano con el cuerpo de agentes, con el cuerpo de seguridad vial para tratar de mitigar estas situaciones”.

El procedimiento hacía parte de una jornada más amplia de inspección que tuvo como objetivo principal revisar que los parqueaderos públicos en la ciudad cumplieran con toda la documentación solicitada por las autoridades y siguieran las disposiciones legales vigentes. En el caso específico del establecimiento intervenido en la Comuna 9, los responsables constataron que no todos los requisitos establecidos estaban en regla; por lo tanto, el recinto quedó inhabilitado para seguir prestando sus servicios hasta que se solucionen las irregularidades encontradas.

No solo en la Comuna 9 se llevaron a cabo estas verificaciones. Las autoridades informaron que durante la misma jornada también intervinieron otro parqueadero, esta vez en la Comuna 11 de Ibagué. Allí, se emitió una orden de Policía en relación con las condiciones de funcionamiento del lugar, evidenciando que los operativos de control no se limitaron a un solo sector, sino que alcanzaron otros puntos de la ciudad con el mismo propósito: garantizar que los parqueaderos operen en el marco de la ley.

Las autoridades adelantaron que estos controles continuarán realizándose en distintos sectores de Ibagué. Por esta razón, instaron a los propietarios de parqueaderos y establecimientos similares a mantener toda la documentación obligatoria y cumplir con la normativa pertinente. De este modo, se busca evitar nuevos cierres y promover un servicio ordenado que brinde garantías tanto a los usuarios como a la comunidad.

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¿Por qué fue cerrado el parqueadero público en la Comuna 9 de Ibagué?

El parqueadero público de la Comuna 9 fue cerrado temporalmente porque, según una verificación de la Policía, no cumplía completamente los requisitos legales y la documentación necesaria que exige la normativa local para operar. La suspensión se mantendrá hasta que se subsanen las irregularidades detectadas durante el operativo.

¿Qué recomendaciones hicieron las autoridades sobre los parqueaderos en Ibagué?

Las autoridades recomendaron a los propietarios de parqueaderos en Ibagué mantener en regla toda la documentación requerida y asegurarse de cumplir con las disposiciones legales que regulan esta actividad. Hicieron énfasis en que los controles continuarán en diferentes sectores y así se evitarán nuevos cierres o sanciones.

El impacto fue de tal magnitud que el motociclista perdió la vida en el lugar de los hechos. Las autoridades hicieron el levantamiento del cuerpo y, siguiendo los procedimientos habituales, lo trasladaron a las instalaciones de Medicina Legal en Ibagué. Allí se adelantan los procesos correspondientes para determinar a detalle las circunstancias de lo sucedido y para poder entregar los restos a sus familiares una vez culminen las diligencias legales.

Vargas Gutiérrez tenía residencia en Ibagué y era especialmente conocido en Guamo debido a su extensa trayectoria laboral en la Institución Educativa Técnica Industrial Simón Bolívar, donde trabajó durante cerca de dos décadas. Esta información permite dimensionar el impacto de la noticia entre quienes compartieron con él jornadas de trabajo, especialmente en el ámbito educativo de la región.

Ante la tragedia, se hizo un llamado urgente para que las personas que lo conocieron, en especial quienes coincidieron con él durante su paso por la Institución Educativa Técnica Industrial Simón Bolívar, informen a sus familiares sobre los hechos, de modo que puedan adelantar los trámites y acompañar en la despedida a quien fue parte significativa de la comunidad.

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¿Por qué ocurrió el accidente en la vía Guamo-Espinal y cuáles son las causas en investigación?

De acuerdo con la información disponible, las razones exactas del choque entre la motocicleta Libero y el camión en la vía Guamo-Espinal aún no han sido esclarecidas y están siendo investigadas por las autoridades. No se han revelado detalles sobre las hipótesis iniciales.

¿Cómo se realiza el proceso en Medicina Legal tras un accidente fatal de tránsito en Tolima?

Según lo descrito en el caso, luego de un accidente con consecuencias fatales, el cuerpo es trasladado a Medicina Legal en Ibagué. Allí se efectúan los procedimientos necesarios para establecer las circunstancias del caso y preparar la entrega del cuerpo a sus familiares una vez se concluyan las diligencias requeridas por la ley.

Según información publicada por El Espectador, la JEP ha tramitado los casos de más de 300.000 víctimas individuales y colectivas, contribuyendo a la justicia, verdad y reparación, así como garantizando que los hechos no se repitan. Hasta la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha expedido 27 autos de imputación, señalando a 355 máximos responsables: 166 exintegrantes de las Farc, 243 miembros de la fuerza pública, y 11 terceros y agentes del Estado. Este ritmo de avance supera los de otros tribunales de justicia transicional en el mundo en lapsos comparables.

Por otra parte, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha concedido 781 renuncias a la persecución penal, de las cuales 732 han sido para miembros de la fuerza pública y 49 para exintegrantes de las Farc, siempre que hayan aportado verdad plena y no sean considerados máximos responsables. Esto desmiente la percepción de que la JEP solo investiga a los estamentos militares o guerrilleros; su alcance es general.

Además, la jurisdicción ha confirmado dos sentencias restaurativas y, a través de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, ha emitido dos sentencias condenatorias y avanza en otros cuatro procesos. Importante es su papel en la búsqueda y entrega de cuerpos de víctimas de desaparición forzada; sus salas han permitido identificar y entregar 214 cuerpos a sus familiares, tras décadas de incertidumbre, emitiendo más de 40 medidas cautelares para continuar esta labor.

Contrario a la idea de impunidad, la JEP ha enfrentado la alta ineficacia de la justicia ordinaria, donde según la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Transparencia, la impunidad supera el 90 %. La JEP ha documentado casos que no prosperaron más allá de la fase preliminar, llegando el nivel de impunidad al 97 % en los territorios afectados por el conflicto, antes de que la jurisdicción asumiera las investigaciones.

En suma, la JEP no es simplemente un sistema de beneficios; es una vía integral para obtener verdad, justicia y reparación, que contribuye a la paz y a la reconstrucción del tejido social en Colombia.

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¿Cómo funciona la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) funciona como un tribunal transicional creado tras el acuerdo de paz con las Farc, con el fin de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos en el conflicto armado. Está compuesta por diferentes salas y secciones encargadas de emitir decisiones, reconocer verdad, otorgar renuncias a la persecución penal cuando procede y garantizar derechos a víctimas y procesados.

¿Cuáles son los principales resultados entregados por la JEP hasta la fecha?

Hasta el momento, la JEP ha expedido 27 autos de imputación, identificando a 355 máximos responsables de graves crímenes, otorgó 781 renuncias a la persecución penal bajo requisitos estrictos, confirmó sentencias restaurativas y condenatorias, y devolvió los cuerpos de 214 víctimas de desaparición forzada a sus familias, según cifras publicadas en El Espectador.

Zuluaga Guerra es geólogo, egresado de la Universidad Industrial de Santander (UIS), y cuenta con una maestría en Ingeniería de Petróleo de la Universidad de Salford, en Inglaterra. En el transcurso de su carrera profesional, ha desempeñado funciones vinculadas a las geociencias, recursos minerales e hidrocarburos, así como en la investigación aplicada y el análisis territorial, lo que lo posiciona con una experiencia amplia y diversa en el sector energético y científico de Colombia. De acuerdo con lo reportado, entre sus cargos figuran el de docente universitario, investigador, profesional de transición energética en el Ministerio de Minas y Energía, así como técnico en Corpocesar. Actualmente, se desempeñaba como director del Observatorio de Transición Energética del Caribe en la Universidad de Area Andina.

El propio Zuluaga Guerra ha manifestado su postura respecto al debate nacional sobre el fracking, una técnica utilizada para la extracción de hidrocarburos. En una columna publicada recientemente en el diario El Heraldo, expresó que esta práctica es viable incluso en regiones con alta biodiversidad si se fortalece la capacidad técnica y regulatoria de las instituciones. El directivo indicó: “Lo que debemos trabajar es para que Colombia robustezca la capacidad técnica de las instituciones y regulatoria para hacerlo de manera responsable y controlada”, subrayando que la discusión debe centrarse en argumentos técnicos más que en posturas de orden político o ideológico.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad responsable del monitoreo sísmico y volcánico en Colombia, la elaboración de cartografía geológica y la generación de información geocientífica esencial para la planificación del territorio nacional. La llegada de Zuluaga Guerra podría marcar una nueva etapa en el fortalecimiento institucional y en la toma de decisiones técnicas que afecten al sector y al país en general.

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¿Quién es Amat David Zuluaga Guerra, nuevo director del Servicio Geológico Colombiano?

Amat David Zuluaga Guerra es un geólogo formado en la Universidad Industrial de Santander, con estudios de posgrado en Ingeniería de Petróleo en la Universidad de Salford, Inglaterra. Ha trabajado en diferentes áreas de las geociencias, liderando investigaciones y ocupando cargos técnicos, académicos y administrativos en instituciones públicas y privadas, destacándose como director del Observatorio de Transición Energética del Caribe antes de asumir la dirección general del SGC.

¿Cuál es la función del Servicio Geológico Colombiano (SGC)?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) tiene como principales funciones el monitoreo de la actividad sísmica y volcánica, la elaboración de mapas geológicos y la provisión de información científica sobre el subsuelo y los recursos naturales. Esta entidad cumple un papel esencial en la prevención de desastres naturales y en la planificación territorial del país.

El rol del ingeniero dentro de Ecopetrol, que ocupó entre 1987 y 2013 como líder de Perforación, fue determinante en este entramado. En dicho cargo, Pachón Agudelo tenía bajo su responsabilidad la administración de contratos y la certificación de la experiencia de las empresas proponentes que aspiraban a trabajar con Ecopetrol. Las investigaciones revelaron que, el 14 de octubre de 2009, el exfuncionario expidió una certificación en favor de Petrotiger, avalando tres contratos previos que beneficiaban a la empresa interesada en acceder a un nuevo proyecto de la estatal.

No obstante, el comité evaluador determinó el 25 de noviembre de ese mismo año que la compañía no cumplía los requisitos económicos mínimos para ser contratada. Sin embargo, un mes después, Pachón Agudelo emitió dos certificaciones adicionales, modificando fechas, valores y detalles de los contratos originales. Estos documentos, falsificados y entregados el 21 de diciembre, fueron decisivos para que el comité aprobara a Petrotiger y le adjudicara el contrato 089 de 2010, por una suma superior a los 112.000 millones de pesos.

La Fiscalía aportó pruebas según las cuales el ingeniero recibió en total 12.000 dólares, depositados en una cuenta personal en Nueva York, como retribución por favorecer a la empresa estadounidense. Por estos hechos, Pachón Agudelo fue hallado culpable de cohecho propio (aceptar soborno en calidad de funcionario) y falsedad ideológica en documento público. Además de la pena de prisión, la sentencia incluye una multa de 74 salarios mínimos legales mensuales y su inhabilidad para ejercer cargos públicos por 90 meses. Actualmente, Pachón Agudelo cumple esta y otra condena relacionada con corrupción en la cárcel La Picota de Bogotá.

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¿Por qué fue condenado el exingeniero de Ecopetrol Luis Edison Pachón Agudelo?

El exfuncionario fue condenado por haber alterado documentos oficiales y aceptar sobornos de 12.000 dólares por parte de Petrotiger, empresa que buscaba obtener contratos millonarios con Ecopetrol. La justicia encontró que Pachón Agudelo emitió certificaciones alteradas para que la compañía cumpliera con los requisitos de adjudicación, lo que permitió la entrega irregular de contratos por más de 112.000 millones de pesos colombianos.

¿Qué significa cohecho propio y falsedad ideológica en documento público en el caso Petrotiger?

Cohecho propio es el delito que comete un funcionario público al aceptar o recibir dinero o beneficios a cambio de actuar en favor de intereses privados. Falsedad ideológica en documento público consiste en alterar u otorgar declaraciones falsas en un documento oficial, en este caso, certificaciones emitidas por un funcionario público, que avalan situaciones que no corresponden con la realidad.

El documento judicial detalla que el aumento de la población en las invasiones conocidas como Guasimales, Altos de Pimienta, Bello Horizonte II y Brisas de la Popa no obliga a las autoridades a rehacer el censo ni justifica la suspensión indefinida del operativo. De acuerdo con la jueza, permitir esto llevaría a un ciclo interminable que impediría ejecutar la orden inicial de la Corte Constitucional. Así, tras la eliminación de la restricción, el proceso legal queda restablecido para que la Alcaldía y la Policía lleven a cabo la intervención, aunque la jueza enfatizó que la ejecución material depende directamente de las autoridades municipales y policiales.

En contraste con el avance judicial, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, aseguró en rueda de prensa que respeta, pero no comparte la decisión judicial que le impuso tres días de arresto por no desalojar el predio. Según declaraciones recogidas por El Pilón, Orozco explicó que el problema lleva cerca de 15 años, comenzó con 800 personas y actualmente hay más de 30.000 habitando el predio. El mandatario destacó las dificultades de cumplir con la exigencia de desalojo, advirtiendo que “eso se va a convertir en una guerra”, pues el operativo requeriría el traslado de unas 2.000 personas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), camiones y maquinaria pesada. A pesar de estos retos, la Alcaldía ha declarado la utilidad pública del predio y, junto con Fonvisocial, avanza en los avalúos para buscar recursos y negociar con los propietarios. Orozco enfatizó que, si se concreta la compra, aplicarán filtros estrictos para determinar quiénes podrán quedarse, asegurando que no les temblará la mano con esa decisión.

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¿Por qué el Juzgado Tercero de Familia de Valledupar levantó la suspensión del desalojo de La Sabana 1?

De acuerdo con el fallo de la jueza Ana Milena Saavedra Martínez, la suspensión fue levantada porque la acción de tutela interpuesta por los ocupantes no era el mecanismo legal adecuado para frenar el operativo. Además, el juzgado consideró que la orden de la Corte Constitucional debía cumplirse y que el aumento reciente de la población en el predio no obligaba a repetir el censo realizado en 2012. Así, se restableció el escenario legal para que las autoridades locales ejecuten la intervención.

¿Qué argumentos expuso el alcalde de Valledupar para oponerse al desalojo de más de 30.000 personas en La Sabana 1?

El alcalde Ernesto Orozco expuso que el desalojo representa un desafío enorme dada la cantidad de personas involucradas, que han pasado de 800 a más de 30.000 a lo largo de 15 años. Señaló que un operativo de esa magnitud requeriría un amplio despliegue policial y logístico, lo que, a su juicio, podría desencadenar un conflicto grave en Valledupar. Por ello, la administración local dio pasos hacia la declaratoria de utilidad pública del predio y busca negociar su compra, asegurando la aplicación de filtros estrictos para definir quiénes pueden beneficiarse.

La reconocida periodista y presentadora Carolina Gómez finalmente no asumirá el rol de vocera oficial del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, según confirmaron fuentes de alta instancia. La decisión de apartarla del cargo fue reevaluada y tomada durante el fin de semana por el equipo de asesores del jefe de Estado, tras sopesar el impacto político de recientes episodios digitales, según informó Semana. 

Aunque el nombre de Gómez sonaba con fuerza para ocupar la portavocía oficial desde el pasado 7 de agosto, fecha en la que se llevó a cabo la posesión del actual mandatario, su nombramiento en propiedad nunca llegó a oficializarse. Pese a ello, las publicaciones realizadas por la comunicadora en sus perfiles de redes sociales comenzaron a generar fricciones y dolores de cabeza dentro de los círculos cercanos a la Casa de Nariño, de acuerdo con la revista. 

De acuerdo con la información obtenida, el detonante que inclinó la balanza en contra de su designación estuvo relacionado con la forma en que Gómez reaccionó públicamente a la designación de Carolina Soto —esposa del exministro Alejandro Gaviria— como nueva presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Aunque el trasfondo de la crítica fue analizado, en los pasillos del palacio presidencial causó profunda molestia la manera y el tono empleados para transmitir un mensaje que terminó avivando una tensión innecesaria con los principales gremios económicos del país, según el citado medio.

Para el equipo asesor del mandatario, una vocería oficial requiere un manejo estrictamente diplomático y de puentes institucionales que evite choques prematuros con sectores clave de la producción nacional, razón por la cual se optó por dar marcha atrás a su vinculación formal en el alto gobierno.

Ante este movimiento en el organigrama de comunicaciones, el Ejecutivo ya tiene listo a su reemplazo oficial. El abogado Miller Soto Solano asumirá la responsabilidad de comunicar las decisiones de la administración y de fortalecer los canales de interlocución con los medios de comunicación masivos y la ciudadanía en general. Su nombramiento quedó oficialmente establecido este 1 de septiembre.

Soto Solano cuenta con una sólida formación académica y una amplia trayectoria en el sector público. Es abogado de profesión, docente universitario y ostenta un doctorado en Derecho y Economía de la Empresa obtenido en la Universidad de Verona, Italia. Además, su experiencia política e institucional incluye haber desempeñado el cargo de concejal de Barranquilla durante tres periodos consecutivos, así como haber prestado asesorías estratégicas en entidades de relevancia nacional como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Barranquilla.

Con este cambio estratégico en el equipo de comunicaciones, el gobierno de Abelardo De La Espriella busca blindar su relación con los gremios empresariales y enfocar su narrativa institucional en la ejecución de su agenda política, dejando atrás los roces digitales que marcaron el pulso político de las últimas semanas.

Con el paso del tiempo, esta exclamación pasó de expresar la realeza de Jesucristo a convertirse también en un lema utilizado por movimientos católicos y sectores políticos tradicionalistas, especialmente en México y España.

Por eso, entender qué significa exige separar su origen religioso de los usos políticos e históricos que adquirió posteriormente.

¿La frase aparece en la Biblia?

No. La expresión exacta “¡Viva Cristo Rey!” no aparece literalmente en la Biblia.

Lo que sí aparece de manera reiterada es la idea de Jesucristo como rey. En el Evangelio de Juan, cuando Poncio Pilato le pregunta si es rey, Jesús responde: “Tú dices que soy rey” y explica que ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. En Lucas 1:32-33, el ángel anuncia que Jesús recibirá el trono de David y que su reino no tendrá fin. Y en Apocalipsis 19:16 aparece uno de los títulos más explícitos: “Rey de reyes y Señor de señores”.

El propio papa Pío XI, cuando instituyó la fiesta de Cristo Rey, recopiló varios de estos pasajes para explicar la doctrina católica sobre la realeza de Jesús.

Hay, por tanto, una diferencia importante: la Biblia habla de Cristo como Rey; la frase “¡Viva Cristo Rey!” es una aclamación creada posteriormente para expresar esa creencia.

Tampoco es una frase creada por un papa

La expresión tampoco nació como una fórmula pronunciada por un pontífice.

En 1925, el papa Pío XI sí tuvo un papel fundamental en la expansión de la devoción a Cristo Rey. Mediante la encíclica Quas Primas, publicada el 11 de diciembre de ese año, instituyó la fiesta litúrgica de Cristo Rey para toda la Iglesia.

Pero el texto papal no establece “¡Viva Cristo Rey!” como una consigna. Pío XI habla de la “realeza de Cristo”, de su “reino” y de Jesucristo como Rey y Señor. Incluso recuerda que la Iglesia ya utilizaba esos títulos en su liturgia.

Es decir, la Iglesia católica sí tiene una tradición teológica y litúrgica sobre Cristo Rey, pero la exclamación concreta “¡Viva Cristo Rey!” pertenece al lenguaje devocional y posteriormente político de los católicos, no a una fórmula papal oficial.

Y hay un dato histórico que demuestra que la frase circulaba antes de 1925.

En España, el periódico tradicionalista El Siglo Futuro publicó en 1888 una proclama que terminaba con “¡Viva Cristo Rey!” y hablaba de Cristo como “Rey de almas y pueblos”. Décadas después, en 1923, el mismo periódico publicaba anuncios de placas con la inscripción “¡Viva Cristo Rey! No es decente quien blasfema”.

Eso significa que la frase ya tenía circulación entre sectores católicos españoles antes de que Pío XI instituyera la fiesta.

México convirtió la frase en un grito histórico

Uno de los momentos fundamentales de la historia de “¡Viva Cristo Rey!” ocurrió en México.

El 6 de enero de 1914, durante una ceremonia de consagración de México al Sagrado Corazón de Jesús, se colocaron simbólicamente una corona y un cetro a los pies de la imagen de Cristo (algo similar hizo el presidente Abelardo de la Espriella en un evento religioso el pasado viernes). De acuerdo con investigaciones históricas sobre el acto, en aquella jornada se escuchó públicamente el grito “¡Viva Cristo Rey!”. Días después, miles de católicos participaron en una manifestación en Ciudad de México en la que la expresión volvió a ser coreada.

 

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La frase adquiriría todavía más fuerza durante la Guerra Cristera (1926-1929), conflicto provocado por la confrontación entre sectores católicos y el Gobierno mexicano de Plutarco Elías Calles, en medio de políticas que restringían fuertemente la actividad religiosa.

Los llamados cristeros utilizaron “¡Viva Cristo Rey!” como una expresión de fidelidad religiosa y resistencia frente al poder estatal. La frase quedó especialmente vinculada a los relatos sobre los católicos ejecutados durante la persecución religiosa.

Entre los nombres más conocidos están el sacerdote Miguel Pro y José Sánchez del Río, un joven que murió fusilado durante el conflicto y cuya figura posteriormente fue incorporada al santoral católico.

Así, una frase que expresaba originalmente la creencia en la soberanía espiritual de Jesucristo terminó asociándose también con la defensa pública de la fe frente a un Estado considerado hostil.

España le dio otra dimensión política

La historia de la expresión también llegó a España, donde terminó adquiriendo una fuerte carga política.

Antes de la Guerra Civil, “¡Viva Cristo Rey!” ya estaba vinculada con el tradicionalismo y el carlismo, movimientos que defendían una concepción profundamente católica de la sociedad y de la política. Investigaciones históricas sobre las derechas antirrepublicanas españolas registran el lema como una de las consignas asociadas al carlismo durante la Segunda República.

Durante la Guerra Civil española, entre 1936 y 1939, la frase fue utilizada especialmente por los requetés y sectores del bando sublevado. En ese contexto quedó vinculada al lenguaje de la llamada “Cruzada” y a la defensa de la religión frente al comunismo, el anarquismo y otras corrientes consideradas enemigas del catolicismo.

Por eso, en España la frase terminó acumulando una doble dimensión: religiosa y política.

Para un católico, podía significar simplemente reconocer a Jesús como Rey. Para un tradicionalista, podía expresar además una determinada concepción del orden político y social.

Ese doble significado explica buena parte de su fuerza histórica.

¿Qué quiere decir entonces “Viva Cristo Rey”?

La palabra “viva” funciona como una aclamación. Vitorear significa precisamente decir “¡viva!” o expresar públicamente entusiasmo y reconocimiento.

Desde la perspectiva religiosa, decir “¡Viva Cristo Rey!” equivale a proclamar que Jesucristo es Rey y que su autoridad está por encima de las autoridades humanas.

La teología católica distingue, sin embargo, esa realeza de la idea de un monarca político convencional. En Quas Primas, Pío XI insiste en que el reino de Cristo es principalmente espiritual y recuerda las palabras de Jesús ante Pilato: “Mi Reino no es de este mundo”.

La tradición católica interpreta, por tanto, que Cristo reina sobre las personas, sus conciencias y sus vidas, y no simplemente como si fuera un gobernante terrenal.

Pero la historia demuestra que esa idea religiosa podía adquirir una lectura política cuando era utilizada en contextos de conflicto.

Una frase con cinco siglos de tradición y más de un siglo de política

“¡Viva Cristo Rey!” no nació con la Guerra Cristera, aunque México fue fundamental para convertirla en uno de los gritos católicos más reconocibles del siglo XX. Tampoco nació con Pío XI, pues existen registros de su utilización en España desde finales del siglo XIX.

Lo que hizo la encíclica Quas Primas fue darle un marco oficial a la fiesta litúrgica de Cristo Rey y reforzar una doctrina que la Iglesia ya encontraba ampliamente sustentada en las Escrituras y en su tradición.

Después, movimientos políticos y religiosos tomaron esa idea y la transformaron en consigna.

Por eso, cuando alguien pronuncia hoy “¡Viva Cristo Rey!”, el significado depende mucho del contexto. Puede ser una expresión de devoción católica, una referencia a los mártires cristeros mexicanos, una evocación del tradicionalismo español o una consigna con una lectura política determinada.

La frase, en sí misma, no pertenece literalmente a la Biblia ni es una cita papal. Es una adaptación histórica de una creencia profundamente arraigada en el cristianismo: la idea de que Jesucristo es Rey. Y precisamente por esa combinación entre religión, historia y política es que tres palabras aparentemente sencillas —“¡Viva Cristo Rey!”— terminaron convirtiéndose en una de las consignas religiosas más cargadas de significado del mundo hispano.

La situación se remonta al 21 de agosto, cuando la Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud de formulación de imputación en contra de Mejía. Los delitos por los que se le investiga son prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. El ente investigador sostiene que Mejía habría ordenado de manera indebida la liberación de un capturado y, además, el retorno de estupefacientes incautados durante el operativo que tuvo lugar en El Plateado, jurisdicción del municipio de Argelia, en el departamento de Cauca.

La Fiscalía señala que los hechos por los que se le acusa ocurrieron el 31 de enero de 2024. En ese momento, Mejía se desempeñaba como comandante del Comando Específico Especial Conjunto de Cauca. De acuerdo con la información oficial citada, habría habido alteraciones en los informes presentados a los altos mandos y en los procedimientos administrativos y disciplinarios, lo que facilitó que el presunto narcotraficante recuperara su libertad.

Finalmente, la institución militar enfatizó que la permanencia de Mejía en la institución en un cargo administrativo responde al respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia, principios que deben regir en toda actuación judicial. De igual manera, recordaron que solo las autoridades judiciales están facultadas para determinar las responsabilidades individuales con base en las pruebas y conforme a la ley vigente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue removido de su cargo el general Federico Mejía en las Fuerzas Militares?

El general Federico Mejía fue retirado de su cargo de comando debido a una investigación por presuntas irregularidades en una operación militar en Catatumbo, en la que fue capturado y luego liberado un supuesto narcotraficante. La decisión busca permitir que las indagaciones avancen sin comprometer el manejo institucional, aunque Mejía permanecerá en un puesto administrativo mientras se resuelve su situación judicial.

¿Qué delitos le imputa la Fiscalía al general Federico Mejía y cuál es el contexto de la investigación?

A Mejía se le imputan los delitos de prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, por supuestamente haber ordenado irregularmente la liberación de un capturado y el retorno de estupefacientes decomisados. Los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2024, durante su gestión como comandante en el Cauca, y ahora la investigación sigue su curso bajo los principios de debido proceso y presunción de inocencia.

‘RenovaModa’ ha logrado desde su inicio en abril de 2025 hasta mayo de 2026 la recolección de cerca de 108 toneladas de textiles gracias a la activa participación de la ciudadanía, consolidando la economía circular en el Distrito. Este éxito responde a una estructura organizada para dar un mejor destino a la ropa en desuso. El proceso, detallado por la Secretaría Distrital de Ambiente, inicia con la fase de recolección mediante contenedores especiales o recolección directa. Luego, en la fase de clasificación se separan las prendas dependiendo del estado de la tela, lo que permite definir su destino posterior.

Las prendas clasificadas en buen estado avanzan a la etapa de reúso, donde pueden ser vendidas en tiendas de segunda mano, ser reparadas por el proyecto Manos Reparadoras o bien donadas a fundaciones aliadas. Aquellas piezas que no pueden ser reutilizadas pasan por la fase de reciclaje, donde sus fibras textiles se transforman en nuevas prendas. Por último, los residuos no reciclables se someten a valorización energética, una técnica que implica el coprocesamiento seguro de los desechos.

El trasfondo ambiental de esta iniciativa es clave: conforme a información de la SDA, la industria textil es responsable del 10 % de las emisiones globales de carbono y del 20 % de las aguas residuales del planeta. Al terminar en la basura, estos residuos contaminan suelos y fuentes hídricas con colorantes y microplásticos, profundizando la crisis climática. Por eso, los programas de Moda Circular liderados por la Administración distrital y la labor de Manos Reparadoras buscan promover un consumo más responsable, priorizando la reparación sobre el descarte y fortaleciendo la sostenibilidad local.

¿Cuáles son los beneficios de la economía circular en el manejo de textiles en Bogotá?

La economía circular aplicada al sector textil en Bogotá permite prolongar la vida útil de la ropa, reducir la cantidad de residuos enviados a los rellenos sanitarios y minimizar la contaminación ambiental. De acuerdo con la Alcaldía y la Secretaría Distrital de Ambiente, el modelo impulsa el reúso, el reciclaje, la reparación y la transformación de prendas, generando impactos positivos tanto ecológicos como sociales.

¿Qué significa la valorización energética de residuos textiles?

La valorización energética es el proceso mediante el cual los residuos textiles que no pueden ser reutilizados o reciclados se transforman, en condiciones controladas, en energía aprovechable. Este coprocesamiento seguro evita que los materiales terminen en vertederos y contribuye a disminuir el impacto ambiental, según explica la Secretaría Distrital de Ambiente.

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Sin embargo, las pesquisas adelantadas por la Unidad Investigativa de El Tiempo permitieron establecer un eslabón clave: el automóvil en el que fue abandonado Molano está directamente vinculado con el homicidio del empresario arrocero Gustavo Aponte, ejecutado el 11 de febrero. Lo más escalofriante de la investigación es que Aponte no era el objetivo del plan criminal, sino que fue asesinado por una dolorosa equivocación. El blanco real de los sicarios era un reputado empresario del oro que frecuentaba el mismo gimnasio en el norte de Bogotá.

Cuando los autores intelectuales del magnicidio descubrieron que habían aniquilado al hombre equivocado, desataron una retaliación interna para borrar cualquier rastro y ordenaron la ejecución de los miembros de la banda conocida como ‘los gladiadores’, a quienes ya les habrían entregado un anticipo económico. Andrés Molano Rincón fue el primero en pagar con su vida. No obstante, los determinadores del crimen cometieron un grave descuido: Molano tenía en su poder el teléfono celular de otro de los sicarios, dispositivo que contenía información comprometedora, chats y datos de otros implicados, y que terminó finalmente en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Gracias a la extracción de datos de ese aparato móvil, se descubrió que la organización criminal llevaba meses realizando sofisticadas labores de inteligencia contra el verdadero blanco. La Fiscalía investiga un predio ubicado en la calle 100 de Bogotá donde la red se reunía para coordinar los detalles del atentado. Los informes forenses y los mensajes de texto revelan que los criminales se turnaban para vigilar al empresario del oro, e incluso lo siguieron durante un viaje a Medellín. El grupo planificó el ataque en un chat de WhatsApp, donde quedó constancia de al menos dos intentos fallidos previos para ultimarlo, perpetrados el 4 y el 9 de febrero.

En una de las conversaciones interceptadas, fechada el 4 de febrero, se evidencia el nivel de seguimiento cuando la banda lo rastreó hasta un restaurante en el municipio de Tenjo. En los mensajes, un sujeto apodado el ‘Abuelo’ daba instrucciones precisas sobre la vestimenta del objetivo, mientras el sicario conocido como ‘Moncayo’ reportaba la presencia de escoltas en el lugar y las dificultades tácticas para ejecutar la acción armada.

El rastro de la banda ha llevado a los investigadores hasta la costa caribeña. Ha llamado poderosamente la atención que varios integrantes de la red criminal son oriundos de Barranquilla. De hecho, Leonel Enrique Llanos Paternina, capturado en Villavicencio por movilizar en moto al sicario que actuó en el sector de La Cabrera, es nativo de la capital del Atlántico. Asimismo, la investigación apunta a que alias ‘JJ’, señalado como el cabecilla de la estructura y con antecedentes por hurto y porte ilegal de armas, también procede de esa misma ciudad, lo que concentra los esfuerzos en ubicar a los autores intelectuales en la región Caribe.

Respecto a la estructura salarial interna de las UTL, existen dos segmentos: asistentes y asesores. Los asistentes se organizan por niveles, del I al V, con salarios que oscilan entre tres y siete salarios mínimos mensuales; mientras que los asesores, categorizados del I al VIII, reciben entre ocho y 15 salarios mínimos. Por ejemplo, el rango salarial de un asistente, con base en el salario mínimo proyectado para 2026, va desde cerca de COP 5,2 millones hasta COP 12,2 millones al mes, mientras que los asesores pueden recibir entre COP 14 millones y COP 26,2 millones, siendo ese el máximo para quienes se ubican en el nivel VIII. Estas sumas no incluyen los descuentos de ley establecidos.

En el actual contexto de crisis fiscal y discusiones en torno al presupuesto nacional, que asciende a COP 636 billones, las UTL han estado bajo la lupa. El costo de estas unidades representa un peso relevante en el funcionamiento del Congreso, especialmente tras el reciente aumento del salario mínimo en un 23 %. Algunos sectores han promovido la profesionalización de estas dependencias para hacerlas más eficientes y reducir la burocracia, pero la falta de consenso político ha sido un obstáculo. Además, como evidenció El Espectador, estas unidades no solo cumplen una función técnica sino que también están impregnadas de dinámicas políticas y familiares, con la presencia de allegados a figuras de poder y hasta al expresidente Gustavo Petro. Estas revelaciones intensifican el debate sobre su verdadera función y la transparencia en la asignación de cargos dentro de las UTL.

¿Cuál es el salario de los asesores y asistentes en las UTL del Congreso?

Los salarios de los integrantes de las UTL varían según el cargo y nivel. Los asistentes reciben entre tres y siete salarios mínimos mensuales, lo que equivale a aproximadamente COP 5,2 millones y COP 12,2 millones al mes, respectivamente. Los asesores, según su nivel, perciben entre ocho y 15 salarios mínimos, es decir, desde COP 14 millones hasta COP 26,2 millones mensuales. Estas cifras no contemplan los descuentos de ley aplicables.

¿Cómo se financian las UTL y cuál es su impacto en el presupuesto del Congreso?

Cada congresista dispone de hasta 50 salarios mínimos mensuales para contratar a su UTL, lo que suma alrededor de COP 87 millones al mes por legislador. En total, el país destina más de COP 295.000 millones al año a estas unidades, lo que representa una carga significativa dentro del presupuesto general, especialmente en medio de crisis fiscal y aumentos salariales como el reciente incremento del salario mínimo del 23 %.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El intercambio, que en principio fue verbal, se tornó más tenso cuando uno de los agentes de tránsito invitó al concejal a mantener la calma y el respeto durante el procedimiento. Fue en ese momento que, según las versiones, se presentó una presunta agresión física del concejal hacia el funcionario. Ante la situación, los uniformados que acompañaban el operativo intervinieron de inmediato y trasladaron a Ceballos hasta la estación de Policía de Mariquita, donde permaneció detenido durante varias horas mientras se adelantaban las diligencias correspondientes y la denuncia por la presunta agresión.

Durante su permanencia en la estación surgieron comentarios sobre la posible influencia del político en la institución policial. Según manifestó el propio concejal, él aseguraba tener la capacidad para gestionar el traslado de algunos uniformados, lo que agregó más tensión a la situación. Finalmente, cerca de las 11:15 de la noche de ese mismo 30 de agosto, la fiscal encargada del caso revisó el expediente y determinó que los elementos presentados no eran suficientes para prolongar la detención, por lo que ordenó su liberación. Así, Ceballos recuperó la libertad tras casi 24 horas bajo custodia.

A raíz del altercado, salieron a la luz antecedentes que vinculan a Ceballos con un procedimiento anterior de alcoholemia, en el cual habría sido sancionado con un comparendo por grado tres de alcoholemia, que implica una de las faltas más graves en este tipo de controles. Esta sanción llevó consigo una multa económica cercana a los 32 millones de pesos, lo que añade un precedente relevante en la historia reciente del concejal.

¿Por qué fue detenido el concejal Diego Ceballos en San Sebastián de Mariquita?

Ceballos fue detenido luego de que durante un control de alcoholemia se presentara una presunta agresión física por parte del concejal hacia un agente de tránsito. El incidente ocurrió tras un intercambio de reclamos por parte de Ceballos sobre la pertinencia del operativo de tránsito, según lo detallado por las autoridades y el propio procedimiento policial divulgado en la zona.

¿Qué es el grado tres de alcoholemia y cuál fue la sanción para el concejal Diego Ceballos?

El grado tres de alcoholemia corresponde a una de las infracciones más serias dentro de los controles de alcohol, implicando un alto nivel de alcohol en sangre al momento de conducir. En el caso de Ceballos, ello derivó previamente en una sanción que incluyó una multa cercana a los 32 millones de pesos, de acuerdo con la información que surgió después del operativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Lavaux, originaria de Toulouse, Francia, es politóloga y doctora en Ciencia Política e Innovación Educativa. Durante más de dos décadas, ha ejercido como profesora de carrera en la Universidad del Rosario, desempeñando funciones de liderazgo académico tales como directora de investigación, decana de la Escuela de Ciencias Humanas y vicerrectora académica. Sumado a su experiencia en la Universidad del Rosario, también ha tenido roles relevantes en otras instituciones: fue Vicerrectora General Académica y de Asuntos Estudiantiles en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, conocida por sus siglas UNIMINUTO. Además, participa en organismos internacionales como la Junta Directiva de la Alianza Francesa de Bogotá y el Instituto de la Francofonía para la Gobernanza Universitaria de la Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF).

La propuesta central de Lavaux, de acuerdo con la Universidad del Rosario, se enfoca en "utilizar la innovación y la tecnología para ampliar, y no para reemplazar, el sentido humano de la educación". Esta visión fue destacada durante la presentación de su plan de trabajo ante el Colegio Elector, reflejando su postura sobre el futuro de la educación superior y el papel de la tecnología en la formación estudiantil.

En su primer discurso como rectora electa, Lavaux subrayó la responsabilidad que asume, declarando: "Asumo esta confianza como lo que es: un mandato de servicio. Desde hoy me pongo entera al servicio de esta casa, y no sola. Con esta elección ganaron dos. Habrá un equipo grande y mucho mejor que la misma rectora, pero desde ahora les digo que somos rectora y síndico al mando de esta institución".

La contienda por la rectoría incluyó a Miguel Diago como finalista, quien es administrador de empresas y cuenta con especialización en Finanzas de la Universidad EAFIT, así como un MBA del Instituto Tecnológico de Monterrey. Lavaux extendió su agradecimiento a Diago por el proceso vivido.

¿Quién es Stéphanie Lavaux, la nueva rectora de la Universidad del Rosario?

Stéphanie Lavaux es una politóloga y doctora en Ciencia Política e Innovación Educativa, nacida en Toulouse, Francia. Ha trabajado durante más de 20 años en la Universidad del Rosario en diversos cargos académicos y administrativos. También se ha desempeñado en otros espacios como UNIMINUTO y organismos internacionales vinculados a la educación universitaria.

¿Cuál es la visión de Stéphanie Lavaux para la Universidad del Rosario en el periodo 2026-2030?

La propuesta de Lavaux, según informó la Universidad del Rosario, se enfoca en utilizar la innovación y la tecnología como herramientas para ampliar el sentido humano de la educación, sin sustituirlo. Esto implica buscar maneras en que los avances tecnológicos complementen y fortalezcan la formación integral de los estudiantes.

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Javier Garcés, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, precisó que la vigilancia en estos puntos críticos es permanente y articulada, con el objetivo de evitar robos en viviendas que han sido evacuadas. La urgencia de la medida responde no solo a la magnitud de los daños, sino también a la necesidad de proteger a las familias que han visto comprometidos sus hogares y pertenencias tras la emergencia sísmica.

De acuerdo con las autoridades, la Policía Metropolitana desplegó cerca de 1.200 uniformados dedicados exclusivamente a atender situaciones derivadas de la emergencia. Esta estrategia tiene dos componentes principales. El primero consiste en la instalación de puestos fijos de control en áreas donde hubo colapso de edificios y se llevan a cabo tareas de remoción de escombros. El segundo elemento son los patrullajes móviles, con equipos motorizados que recorren constantemente las zonas vulnerables, reforzando su presencia sobre todo durante la madrugada, momento en que los riesgos de hurto pueden incrementarse.

A este despliegue oficial se sumó el respaldo del sector de la seguridad privada. Varias empresas han dispuesto guardas motorizados para efectuar rondas nocturnas, incluso en edificaciones que no tienen contratos activos con estas compañías, mostrando una actitud solidaria frente a la emergencia. La vigilancia combinada entre la Policía y la seguridad privada busca garantizar la custodia de bienes y personas con el mayor rigor posible.

El secretario Garcés también hizo un llamado enfático a la población para que no ingrese a estructuras que presenten riesgo de ruina ni contrate servicios informales para rescatar objetos personales. Insistió en que cualquier recuperación de pertenencias debe coordinarse directamente con la fuerza pública o las administraciones de los edificios, reforzando, en la medida que las condiciones lo permitan, los accesos expuestos en las plantas bajas de las construcciones dañadas.

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¿Cómo funciona el plan de seguridad implementado en Cali tras el sismo?

El plan de seguridad implementado por la Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana consiste en la asignación de puntos fijos de control en los sitios de mayores daños, junto con patrullajes motorizados constantes en las zonas vulnerables, especialmente en la madrugada. Además, cuenta con el apoyo del personal de seguridad privada en recorridos nocturnos, lo que busca prevenir hurtos y proteger tanto la integridad como los bienes de los afectados.

¿Qué recomendaciones entregaron las autoridades a los damnificados por el terremoto en Cali?

Las autoridades recomendaron a los damnificados evitar a toda costa ingresar a edificaciones con riesgo de colapso y no recurrir a servicios informales para recuperar sus pertenencias. Señalaron que cualquier extracción de objetos debe hacerse en coordinación con la fuerza pública o los administradores de los edificios, y, si es posible, reforzar o cerrar los accesos expuestos en los primeros pisos de las construcciones afectadas.

Las resoluciones argumentan que estas organizaciones criminales incumplieron de manera sistemática los acuerdos pactados, demostrando una absoluta falta de voluntad de paz o de reincorporación a la vida civil. Con esta medida, los negociadores que habían sido acreditados durante el mandato de Gustavo Petro pierden sus funciones y beneficios legales, reactivándose de forma inmediata las órdenes de captura en su contra para ser procesados como delincuentes comunes. Asimismo, el Ejecutivo ratificó que la única salida contemplada bajo esta nueva administración es el sometimiento estricto a la justicia ordinaria colombiana, sin concesiones extraordinarias más allá del marco legal.

Esta ofensiva contra los remanentes de negociación estuvo precedida por la reactivación de las extradiciones de cabecillas como ‘Araña’, ‘Mocho Olmedo’ y ‘Muñeca’, cuyos trámites habían quedado congelados bajo la premisa de gestos de buena voluntad que nunca cristalizaron en el desarme efectivo de las estructuras. El Ejecutivo respaldó su determinación en contundentes cifras del informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) titulado ‘El costo de negociar mal’, publicado en agosto de 2026. El estudio revela que, entre diciembre de 2022 y julio de 2026, el número de integrantes de los grupos armados organizados aumentó un alarmante 90 por ciento, pasando de 15.120 a 28.802 miembros, con incrementos drásticos liderados por el Clan del Golfo (152 %) y las disidencias de las FARC.

A este panorama de incumplimientos institucionales se suma el escándalo por el paradero desconocido de varios exguerrilleros y criminales que fueron excarcelados y designados como “gestores de paz” por la administración pasada. Entre los casos más sonados figura el de Édgar Humberto Restrepo Benjumea, alias ‘Mono Clinton’, condenado a 40 años por secuestro, quien abandonó su sitio de residencia en Medellín y cuyo rastro se perdió hace dos meses. Similar situación atraviesan Violeta Arango Ramírez, alias ‘Violeta’, procesada por el atentado al Centro Comercial Andino, y Jairo Arrigui Guenis, alias ‘Antonio’, del Frente de Guerra Oriental, de quienes las autoridades tampoco tienen ubicación confirmada tras recibir beneficios de libertad.

Como consecuencia directa de este cambio radical en la directriz del Estado, la Oficina del Comisionado de Paz dejará de existir, marcando el cierre definitivo de un modelo de gestión que, según el actual Gobierno, solo sirvió para expandir el control territorial de las organizaciones criminales en las regiones.

Durante la jornada, las personas interesadas podrán participar en diferentes sesiones de treinta minutos que se realizarán de manera consecutiva. De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, en dichos espacios se explicarán los requisitos específicos del programa, los documentos exigidos y las condiciones que debe cumplir la vivienda para acceder al subsidio. Vanessa Velasco Bernal, secretaria de la SDHT, enfatizó la importancia de que los hogares lleguen informados y con los documentos listos antes de la apertura oficial de la convocatoria, prevista para el 7 de septiembre de 2026. Según Velasco, se trata de una oportunidad para resolver dudas y prepararse adecuadamente con el acompañamiento institucional.

Es fundamental recalcar que esta jornada del 4 de septiembre es únicamente informativa. No implica la apertura inmediata de la convocatoria ni garantiza la asignación del subsidio. El propósito es reducir el riesgo de errores en la postulación, como el suministro de documentos incompletos o inconsistentes. Además, una vez abierta la convocatoria, los hogares contarán con el respaldo de la SDHT durante el proceso de inscripción y carga de documentos.

El programa 'Arrendamiento Temporal Solidario' consiste en un subsidio distrital, otorgado por una única vez, para cubrir parcial o totalmente el canon mensual de arrendamiento en una vivienda independiente, durante un máximo de seis meses. El apoyo puede alcanzar hasta 0.62 salarios mínimos legales mensuales vigentes por mes (equivalente a $1.085.561), y está dirigido a hogares que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, con el objetivo de ofrecerles una alternativa habitacional temporal mientras estabilizan su situación socioeconómica.

El proceso de postulación exige que la cabeza del hogar sea mayor de edad, que los ingresos familiares no superen un salario mínimo legal mensual vigente y que ninguno de los integrantes posea vivienda propia ni haya sido beneficiario efectivo de un subsidio de vivienda, según lo dispuesto en el Decreto Distrital 653 de 2025 y la Resolución 224 de 2025. Además, los hogares deben pertenecer a grupos poblacionales priorizados, como víctimas de violencia intrafamiliar, víctimas del conflicto armado, personas adultas mayores, grupos étnicos, entre otros. La vivienda postulada debe ser una unidad independiente, ubicada en un sector legalizado y contar con condiciones mínimas de habitabilidad, además de ser verificada por la SDHT.

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¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio de Arrendamiento Temporal Solidario en Bogotá?

Para postularse al programa 'Arrendamiento Temporal Solidario' de la Secretaría Distrital del Hábitat es indispensable que la cabeza del hogar sea mayor de edad, la familia reporte ingresos de hasta un salario mínimo legal mensual vigente y ninguno de sus integrantes posea vivienda propia ni haya recibido un subsidio habitacional previamente. También se requiere pertenecer a ciertos grupos poblacionales definidos por la normativa, como víctimas de violencia, conflicto armado o adultos mayores. Adicionalmente, la vivienda debe ser independiente, estar en un sector legalizado y cumplir con condiciones mínimas de habitabilidad.

¿Qué es el subsidio de Arrendamiento Temporal Solidario y cuánto tiempo cubre el apoyo?

El subsidio de Arrendamiento Temporal Solidario es una ayuda económica distrital entregada por una sola vez, que permite cubrir, de manera parcial o total, el valor del canon de arrendamiento mensual de una vivienda independiente por un periodo de hasta seis meses. El monto máximo de apoyo puede alcanzar 0.62 salarios mínimos legales mensuales vigentes por mes, lo que equivale a $1.085.561, y su objetivo principal es brindar a hogares vulnerables una solución de vivienda temporal mientras gestionan una alternativa definitiva.

Este pronunciamiento se conoció horas después de que el Gobierno confirmara la muerte de tres menores de edad en otro resultado operacional presentado la semana pasada en esa misma región del país. Sin embargo, información revelada indica que ambos balances corresponden en realidad a un mismo despliegue aéreo realizado contra las facciones de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, las cuales mantenían una confrontación armada en la zona.

En su declaración, el jefe de Estado precisó que la operación militar estuvo dirigida de manera específica contra el frente Carolina Ramírez, una facción que opera bajo las órdenes de alias El Tigre o ‘Pintado’, un cabecilla por el cual las autoridades indagan si pereció en medio del bombardeo. Este individuo es señalado de coordinar acciones armadas en los departamentos de Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, además de ordenar atentados contra la Fuerza Pública y promover el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, por lo que cuenta con una circular de Interpol.

“Los combates continúan y las tropas mantienen la presión. Estamos verificando si alias ‘El Tigre’ se encuentra entre los muertos en desarrollo de la operación y lo confirmaremos cuando tengamos plena identidad”, afirmó De La Espriella, quien además advirtió a las estructuras armadas que la ofensiva gubernamental no se detendrá.

Detrás de este reporte se encuentra una compleja operación ejecutada el pasado jueves, cuando aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana —integrada por cinco aviones Kfir y seis Súper Tucano— atacaron posiciones estratégicas de los grupos disidentes que se enfrentaban entre sí. Posteriormente, las unidades terrestres avanzaron sobre el área de operaciones para asegurar el terreno y recuperar los cuerpos, los cuales fueron trasladados para que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses adelante las labores técnicas de identificación.

Este nuevo episodio vuelve a colocar en el centro del debate nacional la discusión sobre el reclutamiento ilegal de menores por parte de los grupos armados al margen de la ley y los protocolos de planeación aplicados por las Fuerzas Militares en operaciones aéreas sobre campamentos ilegales.

La advertencia está relacionada con la línea Chokocafe_byPaolaGarcia, cuyos productos son promocionados principalmente mediante redes sociales y diferentes canales digitales.

(Lea también: Invima alerta sobre circulación de Bonfiest Plus falsificado en Colombia: cómo identificar el medicamento adulterado)

De acuerdo con la información suministrada por la autoridad sanitaria, estos artículos no cuentan con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) exigida para la comercialización de productos cosméticos en el país.

Por esta razón, el Invima los clasificó como cosméticos fraudulentos, al considerar que no cumplen con los requisitos sanitarios necesarios para ser comercializados legalmente en Colombia.

¿Por qué el Invima emitió la alerta?

La Notificación Sanitaria Obligatoria es un requisito que deben cumplir los productos cosméticos antes de ser comercializados en Colombia. Su ausencia impide a las autoridades contar con información suficiente para realizar una adecuada vigilancia sobre el producto.

Según explicó el Invima, al no contar con esta notificación no es posible garantizar ni verificar adecuadamente aspectos relacionados con su calidad y seguridad.

Entre la información que puede resultar difícil de comprobar están la composición del producto, las condiciones en las que fue fabricado, su procedencia, almacenamiento y trazabilidad.

Esto adquiere especial importancia cuando se trata de productos que tienen contacto directo con el cuerpo, como aquellos destinados al cuidado del cabello y el cuero cabelludo.

Otro de los elementos que llamó la atención de la autoridad sanitaria fue la existencia de reportes de efectos adversos relacionados con el uso de estos productos.

El Invima señaló que la información recibida hizo parte de los elementos considerados dentro de las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas sobre este tipo de artículos.

No obstante, la alerta sanitaria no significa que cada persona que haya utilizado los productos necesariamente vaya a presentar una reacción. La advertencia está relacionada con la falta de los requisitos sanitarios exigidos y con los reportes recibidos por la entidad.

La línea señalada por el Invima habría sido promocionada a través de diferentes cuentas y perfiles en redes sociales, una modalidad que en los últimos años ha facilitado la venta directa de productos cosméticos a los consumidores.

La comercialización mediante plataformas digitales puede dificultar el control de las autoridades, especialmente cuando los productos son ofrecidos directamente por particulares o vendedores que no proporcionan información suficiente sobre su origen y condiciones sanitarias.

Por ello, antes de adquirir productos cosméticos por internet, es recomendable verificar que cuenten con los requisitos sanitarios correspondientes y que la información del fabricante o responsable pueda ser identificada.

¿Qué deben hacer quienes tengan estos productos?

Ante la alerta, el Invima hizo un llamado a los consumidores para suspender inmediatamente el uso de los productos de la línea señalada. La entidad también pidió informar a las autoridades sanitarias si se detectan establecimientos, personas o canales digitales que continúen comercializando estos artículos.

(Vea también: ¿Qué es la enfermedad de injerto contra huésped? Paciente en Bogotá vive drama por el medicamento)

En caso de que una persona ya haya utilizado alguno de los productos y posteriormente haya presentado alguna reacción o efecto inesperado, puede realizar el reporte correspondiente ante las autoridades sanitarias.

Estos reportes son importantes para fortalecer las labores de vigilancia y permitir que las autoridades identifiquen posibles riesgos relacionados con productos cosméticos que circulan en el mercado.

“Diciéndole expresidente a Gustavo Petro, no lo admito”, expresó tajantemente la senadora ante los asistentes. Durante su intervención, Zuleta insistió en que el exmandatario continúa ostentando el máximo cargo de la nación y argumentó que es deber de los simpatizantes mantener vivo su legado político: “Petro sigue siendo el presidente de Colombia. No permito que le digan expresidente. ¿Por qué? Porque eso no es recoger el legado de Gustavo Petro. Tenemos que recogerlo y mantenerlo vivo”.

Pese a que en los comicios recientes se ratificó la transparencia del proceso electoral que dio como ganador a Abelardo De La Espriella, la militante del Pacto Histórico volvió a agitar la tesis de un supuesto fraude en las urnas. “¿Si el otro se robó las elecciones, ¿quién sigue siendo el presidente? Gustavo Petro”, manifestó ante la ciudadanía presente en el encuentro rural.

Uno de los pasajes que mayor impacto generó en la opinión pública fue cuando la congresista planteó la existencia de una dualidad en el poder ejecutivo del país. “Aquí empieza el debate: la clase popular tiene un presidente (Petro). Que los ricos se queden con su presidente (Abelardo), que nosotros tenemos el nuestro”, aseveró la senadora, reavivando las tensiones políticas en torno a la legitimidad institucional y la división social.

La senadora Isabel Cristina Zuleta desató polémica tras regañar a unas personas por llamar expresidente a Gustavo Petro: “No lo admito, no lo permito porque eso no es recoger su legado”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/peIao4CnZE

— Revista Semana (@RevistaSemana) August 31, 2026

Además de sus polémicas declaraciones sobre la jefatura del Estado, Zuleta aprovechó el espacio para abordar temas relacionados con la reforma agraria. En su discurso, aplaudió las acciones adelantadas por las personas del sector rural que han procedido a ocupar tierras y sembrarlas, señalando que estas iniciativas locales deben ser respaldadas. Asimismo, indicó que el siguiente objetivo estratégico en su agenda legislativa y social será la defensa estricta del agua en el territorio caribeño.

“Por supuesto que cuenten conmigo. Llegué al Magdalena precisamente para articular una agenda por el agua en el Caribe colombiano. Logré la aprobación del primer debate de control político sobre el fenómeno de El Niño“, agregó la congresista antes de dar por concluida su intervención en el recinto.

Hasta el momento, la senadora Isabel Zuleta no ha emitido declaraciones públicas adicionales para matizar o ampliar los señalamientos expuestos en el video, los cuales continúan generando un intenso debate en el escenario político nacional, dividiendo opiniones entre sectores oficialistas y de oposición sobre el respeto a las instituciones y los resultados democráticos del país.

(Vea también: Gustavo Petro le dio puestazo a Gabriela Muñoz y hasta los petristas están indignados)

El pronunciamiento de Bolívar surgió en medio de una extensa reflexión sobre las críticas que han recibido Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, así como las disputas que atraviesa el sector político que durante años ha respaldado al actual expresidente.

Bolívar sostuvo que el Pacto Histórico está siendo “dinamitado desde dos frentes”: la oposición y sectores de la propia militancia que, según él, están cayendo en esa conversación. También cuestionó que ya existan aspiraciones presidenciales cuando todavía no se han resuelto los problemas internos del movimiento.

En ese contexto, se refirió directamente a Muñoz, a quien dijo no conocer personalmente.

“A Gabriela nunca la he visto y no me parece una delincuente más si una provocadora que nos divide”, escribió Bolívar, quien además insistió en que el progresismo debe mantener el respeto hacia Petro y otros dirigentes que, según su interpretación, permitieron que ese sector político llegara a tener un peso importante en Colombia.

SOBRE LOS ATAQUES A PETRO Y A CEPEDA.
Reconociendo que hay errores y que siempre los habrá, el Pacto Histórico está siendo dinamitado desde dos frentes: la ultraderecha que agiganta cada error y lo vuelve tendencia con sus multitudes algorítmicas, y la militancia que cae en la…

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 30, 2026

La respuesta de Muñoz llegó poco después.

“Gustavo, no te conozco personalmente, pero te pido respeto al referirte a mí. Llamarme ‘provocadora de división’ es una afirmación injusta e irresponsable. ¿Provocadora de qué?”, cuestionó.

La joven defendió su participación política y aseguró que apenas está comenzando su camino. “Soy una joven de 19 años, segura de sus capacidades, que apenas comienza su vida y ha decidido trabajar por el país, defender sus convicciones y participar en política”, afirmó.

Muñoz también rechazó que se le atribuyan las divisiones que existen dentro del progresismo. Según dijo, su aparición simplemente habría hecho visibles “las rivalidades, deslealtades y disputas internas” que llevan años dentro del movimiento.

La controversia se suma al protagonismo que Muñoz ha adquirido en redes sociales desde que su nombre comenzó a aparecer públicamente a raíz de señalamientos hechos por Angie Rodríguez. Rodríguez ha cuestionado presuntos beneficios que Muñoz habría recibido durante el Gobierno Petro, aunque estos señalamientos deben entenderse como denuncias y no como hechos judicialmente establecidos.

Desde entonces, Muñoz ha aumentado su actividad en redes sociales, especialmente en X, donde publica mensajes y videos para responder a las críticas que recibe, defender su trayectoria y cuestionar lo que considera ataques relacionados con su condición de mujer joven.

Además, cuestionó que dirigentes con décadas de experiencia política responsabilicen a una joven por conflictos internos que, según ella, fueron generados por personas adultas.

Gustavo, no te conozco personalmente, pero te pido respeto al referirte a mí. Llamarme “provocadora de división” es una afirmación injusta e irresponsable. ¿Provocadora de qué?

Soy una joven de 19 años, segura de sus capacidades, que apenas comienza su vida y ha decidido… https://t.co/cpObtxy7Ea

— Gabriela Muñoz Olaya (@gabymunozz_) August 31, 2026

El cruce deja así una nueva muestra de las tensiones que atraviesa el progresismo, esta vez con una joven que en pocos meses pasó de ser prácticamente desconocida para buena parte de la opinión pública a convertirse en una de las figuras más comentadas en las redes de ese sector político.

Los restos humanos fueron trasladados inicialmente al municipio de San José del Guaviare y posteriormente remitidos a la sede principal de Medicina Legal en Villavicencio, Meta. En este lugar se adelantaron las necropsias y los rigurosos procedimientos técnico-científicos necesarios para esclarecer plenamente la identidad de los fallecidos.

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En entrevista con los medios de comunicación, el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, explicó los pormenores del proceso forense. “Pudimos identificar 9 personas y una no se pudo porque el cuerpo está incompleto y no hemos podido determinar la identificación. Lo que podemos manifestar son dos personas de 15 y otro de 16, dos mujeres y un hombre, esos son los menores”, detalló el funcionario, añadiendo que los equipos institucionales han intentado establecer contacto con las respectivas familias para proceder con la entrega de los cuerpos. Asimismo, precisó que los dictámenes de necropsia sobre las causas y maneras de muerte ya fueron remitidos a las autoridades competentes, específicamente a la justicia penal militar.

Más allá del caso particular en Guaviare, el director de la entidad aprovechó la intervención para revelar cifras históricas comparativas sobre la trágica presencia de menores de edad en medio de operaciones militares bajo diferentes administraciones presidenciales, un foco que evidencia un incremento preocupante al comparar los periodos gubernamentales recientes.

De acuerdo con los datos entregados por Cortés, durante el mandato del expresidente Iván Duque se registró la muerte de 367 personas en el marco de operaciones militares, de las cuales 42 correspondían a menores de edad. Sin embargo, la cifra experimenta un repunte considerable al analizar el actual mandato. Con corte al 31 de mayo del presente año, en el gobierno de Gustavo Petro se reportan 458 personas fallecidas en circunstancias similares, de las cuales 62 eran menores de edad, superando de esta forma el registro consolidado del periodo anterior. Adicionalmente, el informe aportó un dato sobre el gobierno de De la Espriella, donde se contabilizan 4 menores de edad fallecidas bajo el mismo contexto operativo.

El organismo de control encontró que solo cuatro de las 28 EPS que operan actualmente cumplen con todos los requisitos financieros establecidos por la ley. De las 26 entidades que entregaron información para el análisis, 17 registraron pérdidas durante 2025.

Uno de los principales factores detrás del deterioro es que los costos de atención de los afiliados superaron los recursos recibidos mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

En promedio, las EPS destinaron a la atención de sus usuarios recursos equivalentes a 110 % de los ingresos disponibles para cubrir estos servicios, lo que evidencia una presión creciente sobre sus finanzas.

La situación es todavía más compleja entre las EPS intervenidas por el Estado. Durante el primer trimestre de 2026, estas entidades gastaron $117,8 por cada $100 que recibieron, mientras que las no intervenidas gastaron $100,8 por cada $100. La Contraloría advirtió que ninguna de las EPS intervenidas ha conseguido recuperar su patrimonio ni acercarse a los niveles financieros mínimos exigidos.

Nueva EPS aparece como uno de los casos más críticos. La entidad, intervenida desde abril de 2024 y con cerca de 11,6 millones de afiliados, aumentó su deuda con la red de servicios de $22 billones a casi $26 billones en un año.

Además, registra $17 billones en anticipos que todavía no han sido justificados contablemente. Sus estados financieros no están aprobados desde diciembre de 2023 y tampoco ha cerrado los correspondientes a 2024 y 2025.

El informe se conoció dentro del balance de vigilancia fiscal de la Contraloría durante los últimos cuatro años. En ese periodo, el organismo reportó la recuperación de $22,7 billones y 6.261 hallazgos fiscales por $28,2 billones. Además, abrió 5.315 procesos de responsabilidad fiscal por $21,72 billones y emitió 1.090 fallos con responsabilidad fiscal por $3,37 billones.

La Secretaría Distrital de Salud informó este domingo 30 de agosto que la paciente murió en su vivienda, ubicada en la localidad de Antonio Nariño. De acuerdo con la entidad, la mujer había acudido días antes a un establecimiento estético del sector para realizarse una bichectomía.

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La emergencia fue reportada al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) a las 5:21 de la mañana. Mientras se desplazaba el personal asistencial hasta el domicilio, se iniciaron maniobras de reanimación básica mediante videollamada.

A las 5:48 a. m., la tripulación médica llegó a la vivienda y confirmó el fallecimiento de la paciente. Posteriormente, se activó una unidad de apoyo psicológico para acompañar a sus familiares.

Aunque las autoridades investigan las circunstancias del caso, hasta el momento no se ha establecido públicamente que la bichectomía haya sido la causa directa de la muerte. Los procedimientos correspondientes deberán determinar qué ocurrió y cuáles fueron las causas del fallecimiento.

¿Qué es una bichectomía?

La bichectomía es una cirugía estética que consiste en retirar parte de las bolsas de Bichat, depósitos de tejido graso que se encuentran en una zona profunda de las mejillas.

El objetivo del procedimiento es reducir el volumen de esta zona del rostro y conseguir una apariencia más definida o estilizada. A diferencia de algunos tratamientos estéticos que no requieren cirugía, la bichectomía implica realizar una incisión en el interior de la boca para acceder al tejido graso y extraer una cantidad determinada.

Precisamente por tratarse de una intervención quirúrgica, requiere condiciones adecuadas para su realización, valoración previa del paciente y personal con la formación y las credenciales correspondientes.

¿Por qué se realiza?

La principal razón para realizarse una bichectomía es estética. Algunas personas buscan conseguir una apariencia facial más delgada o resaltar determinadas estructuras del rostro.

Sin embargo, no todas las personas son necesariamente candidatas para este procedimiento. La anatomía facial, la cantidad de tejido graso y las características particulares de cada paciente deben ser evaluadas antes de tomar una decisión.

Además, una extracción excesiva del tejido puede modificar considerablemente el aspecto del rostro y sus resultados son permanentes, por lo que la valoración previa resulta fundamental.

Aunque suele ser presentada como un procedimiento relativamente sencillo, la bichectomía continúa siendo una intervención quirúrgica y, como tal, puede presentar complicaciones.

Entre los riesgos que pueden existir están sangrado, infección, inflamación, lesiones de estructuras anatómicas cercanas y alteraciones en la simetría del rostro. También pueden presentarse complicaciones relacionadas con la anestesia o con las condiciones particulares del paciente.

Por eso, antes de someterse a una intervención de este tipo, es importante contar con una valoración médica y conocer tanto los posibles riesgos como las condiciones en las que será realizado el procedimiento.

En el caso de la mujer fallecida en Bogotá, uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades tiene que ver con la habilitación del establecimiento donde se habría realizado la intervención.

Según las indagaciones preliminares de la Secretaría Distrital de Salud, el lugar no contaría con autorización para realizar cirugías plásticas.

La entidad indicó que el establecimiento figura en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) desde el 22 de marzo de 2024 bajo la modalidad de “Objeto social diferente a la prestación de servicios de salud”.

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría, el establecimiento estaba habilitado para prestar servicios de consulta externa de medicina general, dermatología y psicología, pero no para realizar cirugías plásticas.

El lugar había recibido un concepto favorable después de una visita de inspección y vigilancia realizada el 9 de junio de 2026. Además, había sido objeto de un operativo de la Alcaldía Local el pasado 22 de mayo.

Tras conocerse el fallecimiento, funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud realizaron visitas a tres sedes relacionadas con el centro estético, pero las encontraron cerradas.

Ahora las autoridades avanzan en la verificación de las credenciales del personal médico que estaría relacionado con el establecimiento y en la recopilación de información para determinar las circunstancias en las que se realizó la intervención.

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La investigación deberá establecer quién realizó la bichectomía, qué tipo de procedimiento se practicó, cuáles fueron las condiciones médicas, qué medicamentos o anestésicos pudieron utilizarse y si el establecimiento tenía las autorizaciones necesarias.

¿Qué revisar antes de hacerse una bichectomía?

El caso también generó un llamado de las autoridades a las personas que estén considerando realizarse procedimientos estéticos.

Antes de someterse a una cirugía, es importante verificar que el establecimiento esté habilitado para realizar específicamente ese tipo de procedimiento y comprobar las credenciales del profesional encargado.

La Secretaría Distrital de Salud recomendó a los ciudadanos consultar sus canales oficiales antes de tomar una decisión y verificar que tanto la institución como el personal cuenten con las habilitaciones exigidas por la ley.

En el caso de la mujer fallecida, mientras avanza la investigación, las autoridades deberán establecer qué ocurrió durante y después de la bichectomía y determinar si existió alguna irregularidad relacionada con el procedimiento o con las condiciones en las que fue realizado.

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El pronunciamiento dio estricto cumplimiento a la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá. Dicha decisión judicial resolvió en primera instancia una acción de tutela promovida contra el mandatario debido a los marcados componentes espirituales incorporados en el protocolo de posesión celebrado el pasado 7 de agosto. En la resolución, el despacho fijó la realización obligatoria de una alocución institucional por radio y televisión para el martes 30 de septiembre de 2026, con el propósito explícito de presentar disculpas al país por afectar la laicidad que rige a las instituciones públicas colombianas.

Al finalizar su alocución, el presidente Abelardo De La Espriella se refirió al fallo de tutela del 26 de agosto sobre la invocación religiosa durante su ceremonia de posesión. Explicó que este punto hacía parte del orden del día aprobado por el Congreso y aseguró que, aunque es… pic.twitter.com/Hqvvw3ELSF

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 31, 2026

Durante su intervención televisada, el presidente expresó: “Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado, ofrezco excusas por ello”. Sin embargo, el cierre de la transmisión con la invocación religiosa reavivó de manera inmediata el intenso cuestionamiento sobre los límites difusos entre las convicciones individuales de un gobernante y el mandato constitucional de estricta laicidad que exige la más alta investidura de la nación.

El fallo judicial no se limitó a exigir una simple retractación pública. La providencia también conminó expresamente al jefe de Estado a abstenerse de incurrir en conductas futuras que denoten favoritismo o preferencia institucional hacia la Iglesia Católica o cualquier otra cofradía de fe, argumentando que la imparcialidad es un pilar fundamental para garantizar los derechos de toda la ciudadanía sin distinciones.

En su defensa institucional, el mandatario sostuvo previamente que el diseño del orden del día para el traspaso de mando estuvo a cargo del Congreso de la República, estamento que contempló un espacio formal denominado “invocación”. Asimismo, reafirmó su respeto por el ordenamiento jurídico superior: “Aunque me identifico como creyente, soy católico, respeto la separación entre la Iglesia y el Estado y garantizaré en el marco de mis funciones las libertades y los derechos de todos los colombianos”, manifestó en el mensaje institucional. Pese a estas declaraciones, diversos sectores de la opinión pública criticaron la abierta contradicción de utilizar una proclama confesional justo al finalizar una intervención ordenada para enmendar una falta contra la neutralidad del Estado.

Cabe recordar que el origen de esta acción legal se remonta a la ceremonia solemne realizada en la Arena USC de Cali. En aquella jornada, pese a que Colombia está constituida constitucionalmente como un Estado laico, la transmisión oficial de mando incorporó múltiples manifestaciones espirituales y religiosas. Dicho segmento contó con la participación del rabino David Michaan —quien citó fragmentos bíblicos y cerró con la frase “Viva Colombia y viva Israel”—, así como con las intervenciones del pastor Eduardo Cañas Estrada y monseñor Francisco Múnera, quienes hicieron llamados por la seguridad y la unidad nacional. Además, la escenografía oficial incluyó una efigie de la Virgen María ante delegados internacionales y parlamentarios, consolidando el escenario que hoy mantiene encendida la discusión jurídica y política en el país.

Según denunció su madre Magalis Porto en diálogo con Blu Radio, tras sufrir maltrato físico, la menor de edad quedó bajó protección de la entidad que presuntamente dos días después del fuerte sismo reportó no tener conocimiento de su paradero.

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Lo que vino después fue una búsqueda de entidad en entidad, pues incluso, cuenta la progenitora, le indicaron que la pequeña Sharlottes estaba en la institución Santa Clara del municipio de San Pedro de los Milagros, pero al llegar al sitio no la encontró.

“Me notifican los del Gaula que hicieron un operativo y rescataron a muchos niños que, por lo tanto, voy verificar a bienestar familiar, a ver si ellos tenían de pronto a la niña. Bienestar familiar me pasa por escrito que ellos tienen a la niña. Voy al lugar donde me dicen que está, y allá me dicen del instituto que la niña no se encuentra. Vuelvo a la comisaría y le pregunto al comisario, y me dice que ellos no tienen respuesta de la niña y que ellos no la tienen a cargo”, detalló la madre.

La realidad fue todavía peor de lo que imaginaba: la menor de edad estaría en las calles de la capital antioqueña, en condición de indigencia y presuntamente bajo efectos de alucinógenos, algo que sería nuevo en su historial. Luego de pedir ayuda en la Personería, Fiscalía, Defensoría, Icbf y la Comisaría de Familia de la Comuna 9 de la ciudad, Porto pidió a las autoridades que actúen con urgencia para rescatar a la menor de esta situación.

“Yo, como su mamá, estuve averiguando dónde se encontraba por cosas del destino. Me doy cuenta que la tienen en el Bronx, del centro de Medellín, donde está raptada por una trata que me la tienen en la prostitución y la drogadicción. Yo la iba a a rescatar, pero en el momento de los hechos, los indigentes no me permiten llevarme a mi niña”, indicó.

De momento, la madre tuvo acceso a fotografías de su hija en las calles de esa zona roja de la ciudad, conocida por ser expendio de drogas, con lo que espera que las autoridades puedan dar con su paradero prontamente.

Blu Radio conoció que la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía activó la ruta de búsqueda de la menor de edad, mientras que en la Fiscalía fue recepcionada la denuncia de la madre.

Este caso se suma a la desaparición de Michell Dayana Henao Chavarría, una niña de 6 años de edad, con autismo y epilepsia, de la cual se perdió su rastro el 24 de agosto en Buriticá, Antioquia.

Según el organismo de control, las obligaciones financieras acumuladas de las EPS con la red de salud y farmacéuticas alcanzaron la astronómica cifra de $ 58 billones, registrando un crecimiento del 26,5 % (más de $12 billones) en un solo año.

El informe detalla que los números rojos se explican principalmente porque el costo de atender a los afiliados superó ampliamente los ingresos percibidos a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). La situación se tensó aún más debido a la negativa del Gobierno —en cabeza del entonces Ministerio de Salud de Guillermo Alfonso Jaramillo— de ajustar la UPC en los niveles ordenados por la Corte Constitucional, omisión que llevó al alto tribunal a abrir un incidente de desacato en diciembre de 2025, de acuerdo con el informe periodístico.

El panorama normativo y financiero es desolador: de 26 EPS que entregaron información, 17 terminaron el año con pérdidas, gastando en promedio el 110 % de los recursos recibidos. Además, solo cuatro entidades cumplieron con todos los requisitos financieros estipulados por la ley (Aliansalud, Anas Wayúu, EPM y Salud Mía), las cuales agrupan a menos del 2 % de los afiliados de todo el país, según el citado diario.

Uno de los hallazgos más preocupantes de la Contraloría apunta al grupo de EPS que el Ejecutivo asumió bajo intervención administrativa (como Nueva EPS, Sanitas y Coosalud). Contrario a lo esperado, las medidas no se tradujeron en una recuperación patrimonial.

Durante el primer trimestre de 2026, las EPS intervenidas gastaron en promedio 117,8 pesos por cada 100 pesos recibidos, empeorando el registro frente a las entidades no intervenidas, que gastaron 100,8 pesos. El informe sentencia que ninguna de las aseguradoras bajo vigilancia especial ha logrado recuperar su patrimonio ni acercarse a los mínimos de solvencia.

En el centro de la tormenta se encuentra la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con 11,6 millones de afiliados (uno de cada cinco colombianos). Intervenida desde abril de 2024, la entidad lleva sin certificar estados financieros desde diciembre de 2023. Su deuda pasó de $22 billones a casi $26 billones en un año, a lo que se suman $17 billones en anticipos que aún no han podido justificarse contablemente.

Esta aseguradora lideró también las inconformidades de los ciudadanos con 518.211 PQRS en 2025, reflejando casos críticos como el de menores con patologías complejas que han exigido atención prioritaria tras denuncias públicas.

Por su parte, los proveedores de medicamentos tampoco escapan a la crisis: las deudas con farmacéuticas escalaron un 33 %, pasando de $2,85 billones a $3,8 billones, lo que amenaza con interrumpir la cadena de suministro de tratamientos esenciales y multiplicar las barreras de acceso para los pacientes en todo el territorio nacional.

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La información fue confirmada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que recibió los cuerpos relacionados con la operación militar denominada Operación Amón. Según la entidad, nueve de las 10 personas fallecidas ya fueron identificadas.

De acuerdo con el reporte forense, entre los cuerpos identificados hay cuatro mujeres y cinco hombres. Tres de las víctimas eran menores de edad. La identidad y las circunstancias relacionadas con el décimo cuerpo todavía son materia de análisis.

El cadáver que permanece sin identificar podría corresponder a Juan Antonio Agudelo Salazar, conocido con el alias de ‘Urías Perdomo’, quien sería uno de los integrantes de la estructura armada contra la que estaba dirigida la operación. Sin embargo, esta información aún debe ser confirmada por las autoridades mediante los procedimientos de identificación correspondientes.

Qué se sabe de la operación en Guaviare

La operación militar se desarrolló en una zona rural de El Retorno, Guaviare, contra integrantes de una estructura de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Calarcá’.

Según los reportes conocidos sobre el operativo, las Fuerzas Militares adelantaron un bombardeo y posteriormente ingresaron a la zona para asegurar el área. Las autoridades reportaron inicialmente la muerte de 10 personas señaladas de pertenecer a la estructura armada.

La confirmación de que tres de las víctimas eran menores de edad incorpora un nuevo elemento a la investigación de los hechos, especialmente por el contexto de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en distintas regiones del país.

La situación del reclutamiento de menores continúa siendo uno de los problemas asociados al conflicto armado colombiano. En diferentes zonas afectadas por la presencia de organizaciones armadas, las autoridades y organismos de derechos humanos han advertido sobre la vinculación de menores a estas estructuras.

La Operación Amón ocurrió pocas semanas después de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República, el 7 de agosto de 2026, y hace parte de las primeras acciones militares de su administración contra estructuras armadas ilegales.

(Ver también: Golpe a la Segunda Marquetalia: capturan a 11 personas, incluidos dos cabecillas, en Meta)

Por ahora, Medicina Legal continúa con los procedimientos forenses correspondientes para establecer plenamente la identidad de la décima persona fallecida y completar la información sobre las víctimas de la operación.

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En su pronunciamiento, el mandatario explicó que la inclusión de dicho elemento no fue una decisión suya, sino de las mesas directivas del Congreso de la República, corporación ante la cual se llevó a cabo la transmisión de mando.

Según sus palabras, ese acto correspondió a un punto del orden del día de la sesión conjunta aprobado previamente por el Legislativo, bajo la denominación de “invocación”.

“La elaboración del orden del día corresponde a una de las facultades de las mesas directivas de esa honorable corporación e incluyó un punto denominado invocación”, afirmó De la Espriella al dar cumplimiento a la decisión judicial.

Presiente Abelardo De la Espriella anuncia detalles del Bloque de Búsqueda Anticorrupción que ha ordenado crear.

El jefe de Estado reconoció que aún persiste la presencia de personas corruptas “enquistadas en el Estado” y que personalmente las perseguirá.

También reiteró que… pic.twitter.com/siaZrwdzDd

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 31, 2026

El presidente aclaró su posición personal frente a la religión y subrayó el respeto que le merece la separación entre la Iglesia y el Estado.

“Aunque me identifico como creyente, soy católico, respeto la separación entre la Iglesia y el Estado y garantizaré en el marco de mis funciones las libertades y los derechos de todos los colombianos sin ningún distingo, incluida la libertad de profesar cualquier religión o de no profesar ninguna”, señaló.

Al mismo tiempo, defendió su derecho constitucional a expresar su fe. Indicó que, así como la Carta Magna protege la libertad de conciencia de todos los ciudadanos, también ampara su derecho a profesar su religión de manera pública y privada.

Finalmente, el jefe de Estado extendió sus disculpas a quienes pudieron sentirse afectados. “Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado ofrezco excusas por ello”, concluyó De la Espriella.

¿Qué ordenó el fallo de tutela del Juzgado Quinto Laboral sobre la posesión de De la Espriella?

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá profirió el 26 de agosto de 2026 un fallo de tutela que obligó al presidente De la Espriella a pronunciarse públicamente sobre el acto religioso incluido en su ceremonia de transmisión de mando. La decisión judicial reconoció que dicho episodio pudo vulnerar derechos fundamentales relacionados con la libertad de conciencia y la laicidad del Estado colombiano.

(Ver también: De la Espriella anunció para quiénes van nuevos alivios automáticos en Colombia, luego del terremoto)

¿Qué dice la Constitución colombiana sobre la libertad religiosa y la separación entre Iglesia y Estado?

La Constitución Política de Colombia consagra tanto la laicidad del Estado como la libertad de cada ciudadano para profesar la religión de su elección o para no adherirse a ninguna. Al mismo tiempo, protege el derecho de los individuos, incluidos los funcionarios públicos, a expresar sus creencias de forma pública y privada, siempre que ello no vulnere los derechos de terceros.

(Ver también: Pacto Histórico lanzó escuela de política; Iván Cepeda estrena puesto como profesor)

La elección del Consejo Nacional Electoral (CNE), el llamado ‘gabinete por la vida’ y una polémica votación en la Comisión de Acusación son algunos de los hechos que tienen enfrentada a la oposición.

La semana comenzó con el revés en el CNE. Los partidos cercanos al nuevo Gobierno consiguieron siete de las nueve magistraturas, mientras que el Pacto Histórico se quedó con dos y perdió la posibilidad de obtener una tercera silla.

El resultado causó molestia, pero también hubo tensión por la escogencia de los candidatos. Aunque Alirio Uribe tenía respaldo de buena parte de la bancada, Gustavo Petro habría vetado su nombre. La discusión se extendió durante horas y, según personas presentes, hubo fuertes enfrentamientos. Finalmente, Ana Jimena Bautista, cercana a Iván Cepeda y Felipe Harman, fue escogida.

A esto se sumó la creación del denominado ‘Gabinete por la vida’, integrado, entre otros, por los exministros Guillermo Alfonso Jaramillo, Germán Ávila y Felipe Harman. La decisión recibió críticas de sectores que consideran que el Pacto necesita nuevos liderazgos y no figuras asociadas al gobierno saliente.

“La forma como se compone no da un mensaje de esperanza, sino de volver al pasado”, señaló un líder de la colectividad.

El malestar aumentó después de que cinco congresistas del Pacto respaldaran en la Comisión de Acusación una decisión relacionada con el expediente contra Álvaro Uribe por los casos de El Aro, La Granja y Jesús María Valle. Aunque el traslado del proceso finalmente fue negado, sectores de la militancia cuestionaron la posición de sus propios representantes.

Gustavo Bolívar pide unidad en el Pacto Histórico

En medio de las diferencias, Gustavo Bolívar defendió a Petro e Iván Cepeda y pidió evitar que las disputas internas terminen dividiendo al movimiento.

Bolívar reconoció que existen errores, pero aseguró que el Pacto está siendo “dinamitado” desde afuera y desde dentro. También cuestionó que algunos sectores estén impulsando candidaturas presidenciales con tanta anticipación, cuando, según él, primero deben “arreglar la casa” y concentrarse en las elecciones de 2027.

SOBRE LOS ATAQUES A PETRO Y A CEPEDA.
Reconociendo que hay errores y que siempre los habrá, el Pacto Histórico está siendo dinamitado desde dos frentes: la ultraderecha que agiganta cada error y lo vuelve tendencia con sus multitudes algorítmicas, y la militancia que cae en la…

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 30, 2026

El dirigente pidió respeto por Petro y Cepeda y llamó a convocar un Congreso del Pacto Histórico para definir nuevas reglas internas.

Para el analista Gabriel Cifuentes, el progresismo está en una etapa de reorganización marcada por la falta de nuevos liderazgos y el regreso de figuras del gobierno anterior.

(Ver también: Pacto Histórico demandará al CNE por personería jurídica de Defensores por la Patria)

El reto para el Pacto será resolver esas fracturas y definir quiénes conducirán la oposición antes de las elecciones regionales de 2027.

La iniciativa parte de una crítica al modelo actual, en el que los conductores pagan el seguro obligatorio sin que necesariamente se tenga en cuenta si han tenido accidentes o si cumplen las normas de tránsito. La propuesta busca crear incentivos para quienes tengan un comportamiento responsable en las vías.

Vea también: Este es el pago que deberían hacer los conductores por servicio que no cubre el SOAT

Vargas plantea que los propietarios que no tengan accidentes y cumplan las normas contempladas en el Código Nacional de Tránsito puedan acceder a una reducción en el valor del Soat cuando llegue el momento de renovarlo.

En contraste, quienes acumulen accidentes o incurran en conductas sancionadas por las normas de tránsito tendrían que asumir un costo mayor por la póliza. La idea, según el congresista, es que el sistema premie a los conductores “más juiciosos” y tenga en cuenta su comportamiento en las calles.

“Hay conductores responsables que pagan el mismo seguro que otros que han sido imprudentes. La meta es aliviar esa carga y establecer un sistema más justo”, afirmó Vargas. 

Cabe mencionar que el Soat es obligatorio para los vehículos que circulan por Colombia. Por eso, cualquier modificación en sus condiciones tendría impacto sobre millones de propietarios, quienes deben mantener vigente la póliza para transitar legalmente por las carreteras del país.

El congresista también ha cuestionado otras medidas del sector transporte y ha anunciado seguimiento a los costos, la cobertura y la aplicación de las nuevas reglas que afecten a los conductores. La propuesta sobre el Soat todavía debe avanzar en el Congreso antes de convertirse en una modificación aplicable a los propietarios de vehículos.

(Vea también: Sismo en Los Santos, Santander: Servicio Geológico descarta vínculos con el reciente terremoto en Chocó)

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica que, en Colombia, se utilizan diferentes escalas para determinar la magnitud de un sismo, dependiendo de las características del evento.

Por eso, al informar sobre un movimiento telúrico, una forma más precisa es hablar simplemente de su magnitud y atribuir el dato al SGC. Por ejemplo: “El sismo tuvo una magnitud de 6,5, según el Servicio Geológico Colombiano”.

¿Qué escalas utiliza el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con la explicación del SGC, la institución puede utilizar diferentes escalas de magnitud.

Entre ellas están:

• Magnitud momento (Mw).
• Magnitud local (ML).

La elección depende de las características del evento sísmico registrado. Esto significa que no todos los terremotos deben describirse necesariamente como si hubieran sido medidos en la denominada escala de Richter.

¿Escala de Richter? ¿Magnitud? ¿Intensidad? ¿Profundidad? 🧐Sí, sabemos que son términos que pueden generar confusión, pero a la hora de informar sobre sismos, usar las palabras correctas importa. Aquí te explicamos cómo utilizarlos correctamente para evitar errores. pic.twitter.com/u38J9JDBhD

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 16, 2026

¿Por qué es mejor hablar de magnitud?

La magnitud es el dato que permite expresar el tamaño de un sismo de acuerdo con la escala utilizada para calcularlo.

Por eso, en una información periodística resulta más preciso indicar el número reportado por la autoridad sismológica y especificar quién entregó el dato.

Así, en lugar de afirmar:

“El terremoto fue de 6,5 en la escala de Richter”.

Se puede escribir:

“El terremoto tuvo una magnitud de 6,5, según el Servicio Geológico Colombiano”.

La diferencia puede parecer pequeña, pero evita atribuir automáticamente todos los eventos a una escala específica cuando el SGC puede emplear magnitud momento (Mw), magnitud local (ML) u otras metodologías, de acuerdo con las características del sismo.

Por eso, cuando se reporte un temblor en Colombia, lo recomendable es consultar el boletín del Servicio Geológico Colombiano y utilizar exactamente la magnitud y la escala consignadas en el reporte oficial.

Uno de los casos es el de Édgar Humberto Restrepo Benjumea, alias ‘Mono Clinton’, quien fue dejado en libertad el 20 de junio de 2025 para ejercer como gestor de paz de los Comuneros. Según Espinosa, tenía una condena de 40 años por secuestro y otros delitos. El periodista señaló que hace aproximadamente dos meses el hombre manifestó que viajaría a Medellín para visitar a su familia. Desde entonces, aseguró, nadie lo ha vuelto a ver.

Otro caso es el de Violeta Arango Ramírez, alias ‘Violeta’, señalada por la Fiscalía de una presunta participación en el atentado del Centro Comercial Andino, ocurrido en 2017 y que dejó tres mujeres muertas y al menos 10 personas heridas. La mujer fue acusada por delitos como terrorismo, homicidio y rebelión. Arango fue nombrada gestora de paz del Eln en 2022, durante los primeros meses del Gobierno Petro. De acuerdo con Espinosa, su proceso judicial continúa y su paradero tampoco está claro.

El tercer nombre mencionado es Jairo Arrigui Guenis, alias ‘Antonio’, integrante del Frente de Guerra Oriental del Eln. Fue capturado en 2017 y condenado por homicidio. En 2022 también obtuvo la libertad y fue designado gestor de paz. “¿Dónde está ‘Antonio’?”, preguntó Espinosa en su columna.

El periodista aclaró que estos serían solo tres casos dentro de una lista más amplia de personas beneficiadas por las gestiones de paz impulsadas durante el Gobierno anterior. La situación vuelve a poner en discusión qué controles existían sobre quienes recibieron este tipo de beneficios y cuál fue el seguimiento posterior a su salida de prisión.

El argumento de De la Espriella para acabar con la Paz Total

El Gobierno de Abelardo de la Espriella tomó la decisión de poner fin a los procesos de paz iniciados durante la administración Petro y uno de sus principales argumentos está relacionado precisamente con los resultados de la estrategia de seguridad.

De acuerdo con cifras citadas por Espinosa a partir del informe de la Fundación Ideas para la Paz, El costo de negociar mal, publicado en agosto de 2026, entre diciembre de 2022 y julio de 2026 el número de integrantes de grupos armados organizados aumentó cerca de 90 %, al pasar de 15.120 a 28.802.

El mayor crecimiento habría correspondido al Clan del Golfo, con 152 %, seguido por las disidencias de las Farc. En el caso del Eln, el incremento habría sido del 22 %.

Para el actual Gobierno, estas cifras son una muestra de que la Paz Total no consiguió reducir la capacidad de las organizaciones armadas y, por el contrario, coincidió con un periodo de expansión de varios grupos.

Espinosa también aseguró que algunos gestores de paz acreditados por el Gobierno Petro terminaron desapareciendo del limitado seguimiento que realizaba la Oficina del Comisionado de Paz, entidad que dejará de existir durante la administración de De la Espriella.

De acuerdo con documentos e informes periciales conocidos por El Colombiano, ‘Churco’ es oriundo de Falcón, Venezuela, y el pasado 12 de mayo cumplió la mayoría de edad.

Su testimonio comenzó el 23 de julio de 2025 en el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. La diligencia tuvo que ser suspendida unas horas después porque el joven habría entregado información que podía comprometerlo penalmente. Por esa razón, las autoridades garantizaron sus derechos y le asignaron un defensor.

La entrevista continuó el 24 de julio. Ese mismo día quedó registrada formalmente su entrega voluntaria. Sin embargo, ‘Churco’ permaneció bajo custodia solamente hasta el 25 de julio, cuando logró escapar de los funcionarios que lo vigilaban en una estación de Policía de Bogotá.

Antes de su fuga, el joven entregó información que ahora hace parte de una de las líneas más sensibles de la investigación.

Según su declaración, Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, condenado a 26 años y 3 meses de prisión por su participación en el magnicidio, habría contado con información proveniente de personas cercanas al senador.

‘Churco’ aseguró que la organización conocía detalles como la residencia de Miguel Uribe, el vehículo Toyota TXL blanco y gris en el que se movilizaba y algunas de las rutas que utilizaba.

Pero uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue la supuesta existencia de escoltas que estarían “de parte” de la organización criminal.

El joven aseguró que uno de esos contactos aparecía registrado en el teléfono de ‘Chipi’ como “Escolta del senador” o “Escolta senador”. Según su relato, a finales de mayo de 2025 se encontraba junto al cabecilla en un taller de motocicletas en Engativá cuando presenció una llamada de WhatsApp a ese número.

La conversación habría durado menos de tres segundos. Una voz masculina respondió: “hay manifestaciones” y posteriormente terminó la comunicación.

Para los investigadores, ahora resulta fundamental establecer quién estaba detrás de ese número y si la información entregada podía proceder de alguien con acceso directo a la agenda o al esquema de seguridad del senador.

El expediente también contiene otros elementos relacionados con el seguimiento que habría realizado la organización. En el teléfono entregado por ‘Churco’ fue encontrada una fotografía de Miguel Uribe tomada durante un evento público. El archivo aparece fechado el 29 de mayo de 2025, pocos días antes del atentado.

Además, los investigadores reconstruyeron movimientos de teléfonos asociados con integrantes de la estructura. Uno de ellos, atribuido a Simeón Pérez Marroquín, alias ‘La Firma’ o ‘El Viejo’, registró actividad en el sector de Bosa el 30 de marzo de 2025, cuando Miguel Uribe participaba en una actividad política.

(Vea también: Definidos los años que estará internado el menor que le disparó a Miguel Uribe; no es lo que se creía)

La declaración de ‘Churco’ también permitió conocer que la organización habría contemplado diferentes escenarios para atacar al senador. Incluso habría considerado utilizar un corredor cercano a su vivienda por donde debía caminar después de algunas actividades.

Uno de los planes se intentó ejecutar el 3 de junio de 2025, cuatro días antes del atentado. Según el expediente, la estructura habría intentado atacar la camioneta del senador con un artefacto explosivo, pero el plan fue abortado.

Después, el grupo cambió de estrategia y recurrió a un sicario de 15 años, identificado con las iniciales JCSR y el alias de ‘Tianz’, a quien le habrían ofrecido 20 millones de pesos para cometer el asesinato.

Tras declarar ante las autoridades, ‘Churco’ habría quedado convertido en un potencial testigo incómodo para la organización. El expediente señala que algunos integrantes incluso habrían planeado trasladarlo a Caquetá para asesinarlo, una práctica que dentro de la estructura denominaban “sacar la basura”.

La investigación deberá determinar qué información conocía realmente el joven, qué papel tuvo dentro de la organización y, especialmente, si sus declaraciones sobre una posible infiltración del esquema de seguridad pueden ser corroboradas con otras pruebas.

Por ahora, su testimonio constituye una de las piezas que los investigadores buscan contrastar con registros telefónicos, fotografías, movimientos de antenas y demás elementos obtenidos durante la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Los delitos a los que apuntaría el ente acusador son abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal, de acuerdo con la versión de revista Cambio acerca de este paso.

Cabe recordar que la defensa de la exfuncionaria buscaba que el caso no llegara a juicio por medio de mecanismo de la justicia restaurativa, pero que finalmente no habría prosperado como se pretendía.

Ante eso, la propia Sarabia salió a responder a través de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) sobre esta situación, en la que no hizo mayor énfasis ni referencia en principio.

“Este tema siempre lo han manejado mis abogados y son ellos quienes pueden referirse a las decisiones jurídicas”, aseguró en la primera parte de su publicación este domingo 30 de agosto de 2026.

Lo cierto es que dejó clara su postura frente a la posible determinación de la Fiscalía en su contra, en un controversial caso que está en la mira de la opinión pública.

“Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones. Mi deseo sigue siendo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar. Yo también quiero hacerlo”, finalizó.

Así es el caso de Laura Sarabia por polígrafo a Marelbys Meza

El polémico caso que involucra a Laura Sarabia comenzó luego del hurto de una maleta con dinero en su residencia de Bogotá. Ante la sospecha del robo, la exfuncionaria y su esquema de seguridad sometieron a Marelbys Meza a una prueba de polígrafo.

La controversia escaló cuando la afectada denunció públicamente que la trasladaron de forma irregular a los sótanos del edificio oficial para el examen psicológico. El uso inadecuado del detector de mentiras y las interceptaciones ilegales activaron una investigación penal formal.

En el plano judicial, los fiscales asignados determinaron la comisión de irregularidades graves al utilizar los protocolos de protección presidencial para un asunto personal. Las pesquisas del ente acusador vincularon a varios oficiales pertenecientes a la Jefatura de Protección Presidencial.

Asimismo, la investigación penal estableció que se impartieron instrucciones directas para concretar el examen. Uniformados implicados colaboraron activamente con la justicia para esclarecer si la orden original de realizar el procedimiento provino de la alta ejecutiva tras denunciar la pérdida.

Por su parte, la defensa técnica de la funcionaria argumenta que el procedimiento obedeció estrictamente a protocolos institucionales de seguridad nacional por integrar el equipo cercano al mandatario. Sin embargo, los investigadores sostienen que el examen practicado a Meza violó derechos fundamentales.

El desarrollo de la causa judicial provocó múltiples imputaciones contra los policías que participaron en la retención y en las intervenciones telefónicas privadas de la víctima. Las autoridades continúan recopilando material probatorio para definir las responsabilidades individuales de los involucrados.

La complejidad del expediente impactó fuertemente el panorama político nacional debido a las posibles conductas punibles derivadas del uso indebido de recursos del Estado. El proceso busca determinar la legalidad de los métodos aplicados en las áreas gubernamentales de seguridad.

Recientemente, las indagaciones fiscales tomaron un giro determinante al alistar una imputación de cargos formal contra la exfuncionaria por abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal. Los analistas advierten que estos delitos podrían derivar en sanciones penales severas.

Las autoridades competentes avanzan en las distintas etapas procesales evaluando pruebas documentales y testimoniales para esclarecer definitivamente las responsabilidades penales e institucionales del caso. La opinión pública mantiene su atención sobre las decisiones definitivas que adopte la justicia colombiana.

Los hechos aparecen consignados en una misión de trabajo reservada del Ejército, identificada como la n.º 02/2025, en la que fueron recopilados testimonios sobre fiestas, consumo de licor, relaciones entre superiores y subalternas y presuntos casos de acoso dentro y fuera del cantón militar.

Una de las declaraciones se refiere específicamente a un capitán que tenía responsabilidades de mando dentro del batallón.

“El mencionado oficial mantenía relaciones sexuales con las soldados 12, 18 y suboficiales, aprovechándose de su posición de comandante”, señala el documento.

Según el testimonio, el uniformado habría utilizado su posición para obtener beneficios relacionados con permisos y salidas de las instalaciones.

“Aprovechándose de que era el comandante, les cobraba permiso o en ocasiones las sacaba sin boleta de salida en donde hay fotos con soldados en moteles”, relató una suboficial.

El supuesto romance terminó afectando también la vida personal del oficial. De acuerdo con el informe, la relación habría provocado constantes conflictos con su esposa, algunos de ellos dentro de las instalaciones militares.

“La situación originó discusiones y riñas públicas en las instalaciones del cantón Tenerife, las cuales comprometían los objetivos básicos de la actividad y la disciplina militar”, advierte la investigación.

Uno de los testimonios describe un episodio particularmente grave. Una uniformada contó que varios militares fueron llamados debido a una pelea entre el capitán y su esposa.

“Nos mandaron a llamar porque estaban peleando (el capitán y la esposa). Después ellos salieron de la habitación y mi capitán la tenía con morados en los brazos y un morado muy visible en la cara”, declaró.

El informe relacionó este episodio con una presunta situación de violencia intrafamiliar y señaló que el comportamiento del oficial terminó trascendiendo el ámbito privado para convertirse en un problema dentro del cantón.

El caso hacía parte de un panorama más amplio de denuncias. Otras mujeres uniformadas también señalaron a oficiales por presuntos comportamientos de acoso sexual, mientras distintos testimonios describieron fiestas y relaciones entre superiores y subordinadas.

La gravedad de las denuncias llevó al Ejército a realizar una revisión de la situación disciplinaria de la unidad. La institución determinó que se habían presentado comportamientos que comprometían la disciplina, la moral y los principios militares.

SEMANA consultó al Ejército por estos hechos. La institución informó que se adoptaron las actuaciones administrativas correspondientes, entre ellas retiros de personal y acciones disciplinarias, y precisó que actualmente se adelanta una investigación disciplinaria por estos acontecimientos.

Los testimonios hacen parte de una investigación que deberá establecer qué ocurrió realmente, cuáles fueron las responsabilidades individuales y si hubo abuso de autoridad o incumplimiento de las normas militares.

Los hechos fueron documentados en la misión de trabajo reservada n.º 02/2025, un informe de 16 páginas elaborado después de que varias mujeres uniformadas entregaran testimonios sobre lo que, según ellas, estaba ocurriendo en el batallón.

Una de las declaraciones describe un ambiente de fiestas frecuentes entre oficiales, suboficiales y soldados. “El coronel mantenía tomando con los cuadros y soldados del batallón en la casa de él o en lugares públicos, en oficinas y eventos”, relató una cabo tercero.

La situación habría llegado a tal punto que el Ejército terminó restringiendo la venta de bebidas alcohólicas dentro de la instalación. El documento señala que el comandante de ese momento había “encauzado la disciplina prohibiendo la venta de licor en el minimarket”.

Pero los testimonios fueron más allá. Una de las uniformadas aseguró que algunas soldados mantenían relaciones con superiores y que incluso eran sacadas de sus alojamientos para encontrarse con ellos.

“A la soldado la sacaban del alojamiento para que se viera con los cuadros y, los fines de semana, salía de permiso, sin boleta, por el hecho de estar con los cuadros”, señaló.

Según la misma declaración, algunas de ellas habrían salido con oficiales a discotecas y hoteles. Otro testimonio habló de un supuesto “catálogo de soldados” utilizado para facilitar encuentros.

“Los cuadros mantenían saliendo con las mujeres soldados y terminaban en fiestas en lugares privados, todos con todos. Antes la soldado manejaba un catálogo de soldado, en donde la soldado era la que manejaba la plata; hoy ese catálogo ya no existe”, se lee en el informe.

El documento también recoge denuncias sobre presunto acoso sexual por parte de oficiales. Una uniformada manifestó que habría recibido comentarios inapropiados, insinuaciones y amenazas, y aseguró que otras compañeras no denunciaban por temor a consecuencias en sus carreras.

Todo esto ocurría mientras el Batallón Tenerife tenía responsabilidades de seguridad en una región afectada por el crecimiento de grupos armados. La unidad pertenece a la Quinta División del Ejército, cuya jurisdicción incluye Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Risaralda y Caldas.

En 2024, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para Neiva y otros municipios del Huila por la presencia de disidencias de las Farc y estructuras de delincuencia común. Para 2025, además, se reportaron restricciones a la movilidad y afectaciones a comunidades en municipios como La Plata.

El Ejército aseguró a SEMANA que, tras conocer los hechos, adoptó actuaciones administrativas, incluidos retiros de personal y acciones disciplinarias, respetando el debido proceso. La institución también confirmó que actualmente existe una investigación disciplinaria relacionada con estos acontecimientos.

El caso deja bajo investigación no solo las conductas individuales denunciadas, sino también las condiciones de disciplina y control que permitieron que estos hechos fueran reportados dentro de una unidad militar con responsabilidades estratégicas de seguridad en el sur del país.

Por otra parte, se reportó afectación en la movilidad por manifestantes en la carrera 10, sentido Norte – Sur.

Las autoridades y organismos de tránsito se encuentran realizando el seguimiento de la situación, mientras se adelantan las acciones correspondientes para atender el vehículo y restablecer la movilidad. Se recomienda a los conductores transitar con precaución para evitar mayores demoras en este corredor vial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los hechos se presentaron en inmediaciones de una institución universitaria ubicada en el barrio Bosque Calderón Tejada. Mientras la patrulla de vigilancia realizaba labores de prevención y control, fue alertada por la central de radio sobre el hurto de un vehículo mediante la modalidad de atraco. Estas personas al parecer habrían abordado a la víctima haciendo uso de un arma de fuego y escapado en este automóvil.

De manera inmediata, la Policía Nacional desplegó un plan candado por toda la jurisdicción y, gracias al GPS de este vehículo, se logró ubicarlo en la localidad de Santa Fe.

Al momento de interceptar este automóvil, varias personas descendieron y emprendieron la huida; en la oportuna reacción, los uniformados lograron detenerlas. Asimismo, al efectuar el registro del automotor, se halló en su interior un arma traumática y otra cortopunzante. Por lo cual fueron aprehendidos y, junto con el vehículo recuperado y los elementos incautados, puestos a disposición de la autoridad administrativa correspondiente.

El caso es investigado por las autoridades, mientras sus familiares cuestionan las condiciones en las que el joven estaba realizando una labor de limpieza y aseguran que no recibieron información oportuna sobre lo ocurrido.

De acuerdo con Yulieth López, hermana de Jhon Jader, el joven llevaba aproximadamente dos meses y medio trabajando en la compañía y habría sido asignado, por segunda vez, a realizar labores de limpieza en una máquina que no hacía parte de sus funciones habituales.

“Él estaba en esa zona que no le correspondía, que no era el área en la que él trabajaba. La máquina estaba en el momento que él la estaba limpiando, no entendemos cómo cayó a ella”, relató la mujer.

@yulliethlopez Pido que me ayuden, mi hermano murió en pollo coa en una de sus máquinas #justicia #federicogutierrez #avicola #ministeriodetrabajo #viral?video ♬ sonido original – Yullieth Lopez

Según su versión, Jhon Jader incluso habría tenido que preguntarle a una compañera cómo funcionaba el equipo. La familiar considera que esto debe ser tenido en cuenta dentro de la investigación para establecer si recibió la capacitación necesaria para desarrollar esa labor.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El reporte preliminar de las autoridades señala que el joven se encontraba trabajando en la zona de escaldado de patas cuando, al parecer, resbaló y cayó al interior de una máquina escaldadora de patas de pollo.

El documento indica que sufrió graves lesiones y quedó atascado en el equipo. Su muerte ocurrió en el lugar.

Aunque inicialmente algunos relatos hicieron referencia a una máquina trituradora, el reporte conocido sobre el caso identifica específicamente el equipo como una máquina escaldadora de patas de pollo. La investigación deberá establecer las circunstancias exactas del accidente.

Uno de los reclamos de la familia tiene que ver con la comunicación posterior a la tragedia. Yulieth aseguró que sus allegados no fueron contactados oportunamente por la compañía.

“Nos enteramos fue porque un familiar que trabaja allá nos llamó y nos contó. Si no es así, esta es la hora que no sabríamos nada de mi hermano”, afirmó.

Empresa respondió por la muerte

La compañía Cárnicos y Alimentos S.A.S., propietaria de la línea Pollos Coa, aseguró que el caso ya se encuentra bajo investigación y que activó los protocolos correspondientes después del accidente.

La empresa señaló que notificó a las autoridades competentes y a su Administradora de Riesgos Laborales, ARL SURA, y manifestó su disposición para colaborar con la investigación técnica.

“Nos encontramos colaborando de manera transparente con los expertos y las entidades encargadas de adelantar la investigación técnica que permita esclarecer las circunstancias que rodearon este doloroso evento”, indicó la compañía.

También aseguró que la seguridad, protección y bienestar de sus trabajadores son una prioridad.

Mientras avanzan las indagaciones, la familia de Jhon Jader pide que se determine si hubo fallas en los protocolos de seguridad, capacitación o condiciones laborales que pudieron contribuir al accidente.

“Era un niño de tan solo 20 años, deja una familia que lo amaba. Hoy es mi hermano, mañana puede ser alguien más”, manifestó Yulieth, quien pidió el acompañamiento del Ministerio del Trabajo y de las autoridades de Medellín.

Sin embargo, a pesar de la respuesta de la empresa ante la situación, la joven asegura que no ha tenido comunicación con la empresa. Por tal razón, ella lideró un plantón el pasado sábado. Este sirvió porque desde la compañía le aseguraron que este lunes se podría reunir con el gerente para responder sus preguntas.

@yulliethlopez #viraltiktok #pollocoa🐔 #avicola #justiciaparatodas ♬ sonido original – Yullieth Lopez

Uno de estos sismos, con epicentro en Totoró, Cauca, provocó que varias personas salieran de sus casas en la noche del sábado. En redes sociales han circulado videos de evacuaciones en conjuntos residenciales y también los cambios en la actividad volcánica, algunos muy sorprendentes.

Estas son algunas de las imágenes que han difundido en redes sociales:

🚨 Sismo de magnitud 4,3 sacudió Popayán 🌋
Un fuerte movimiento telúrico se registró anoche en el área de influencia del volcán Puracé. El epicentro estuvo cerca de Totoró, a 12 km de profundidad, y el temblor fue sentido con fuerza en Popayán. Algunos edificios fueron evacuados… pic.twitter.com/d0RYpuNyCa

— 𝕲𝖚𝖘. 『X』 (@CapGusXMan) August 30, 2026

#NACIÓN El @sgcol reportó 58 sismos por fracturamiento de roca en el área de influencia del volcán Puracé. Uno alcanzó magnitud 4,1 y fue sentido en Puracé, Totoró y Popayán. La alerta se mantiene en nivel Naranja, según explicó Cristian Santacoloma, del Observatorio de Popayán. pic.twitter.com/Uh8eRvy5rJ

— RUTA 50 Movilidad y Seguridad (@RUTA50MOVILIDAD) August 30, 2026

De acuerdo con el comunicado oficial de la entidad, los eventos sísmicos se localizaron a 11 kilómetros en dirección nororiente del cráter del volcán, a una profundidad de 9 kilómetros. La secuencia, que superó el medio centenar de movimientos en un corto período, corresponde al fracturamiento de roca dentro del área de influencia volcánica.

El Servicio Geológico Colombiano explicó que “este tipo de actividad se puede presentar dentro de la zona de influencia volcánica, especialmente en la cual se encuentran estructuras de falla, las cuales pueden interactuar con el sistema volcánico”. La aclaración busca contextualizar los sismos sin desestimar la atención que requiere el fenómeno.

Pese a la intensidad de los movimientos registrados, la entidad precisó que los demás parámetros de monitoreo volcánico no presentaron variaciones significativas. “Los demás parámetros de monitoreo volcánico permanecen dentro de los niveles que han sido reportados en los últimos días y no se han registrado cambios algunos después del registro de estos eventos“, señaló la institución en su informe.

Ante este panorama, el volcán Puracé y la cadena volcánica de los Coconucos permanecen en estado de alerta naranja, el mismo nivel que se ha mantenido en los últimos días. Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para que se abstenga de acceder a la parte alta del volcán Puracé, Curiquinga y Pío Collo.

Estas son las declaraciones completas de Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán:

Ante el incremento de la actividad sísmica registrado esta tarde en el volcán Puracé, Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, explica la situación y entrega más detalles sobre el boletín extraordinario emitido por el @sgcol.

🔶… https://t.co/25521WEsVk pic.twitter.com/tOpdrZTMTI

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 30, 2026

¿Qué es la alerta naranja en un volcán y qué significa para los habitantes cercanos?

La alerta naranja es el segundo nivel más alto dentro del sistema de clasificación volcánica colombiano e indica cambios en el comportamiento del sistema que podrían anticipar una erupción. Para las comunidades cercanas, implica seguir las instrucciones de las autoridades, estar pendientes de los canales oficiales y evitar zonas de exclusión definidas por el Servicio Geológico Colombiano.

¿Por qué los sismos volcánicos pueden estar relacionados con fallas geológicas?

En zonas de actividad volcánica, las estructuras de falla presentes en el subsuelo pueden interactuar con el sistema magmático e hidrotermal del volcán, lo que produce sismos por fracturamiento de roca. Este tipo de eventos no necesariamente anticipa una erupción, pero sí exige monitoreo constante porque la actividad de las fallas puede modificar las condiciones internas del volcán.

Laura Sarabia tendría imputación de cargos por parte de la Fiscalía en el controversial caso del polígrafo con quien la niñera Marelbys Meza, según la revista Cambio.

La publicación indicó que fuentes judiciales le revelaron que el ente investigador habría desistido de la exploración que hizo la defensa de la exembajadora como mecanismo de la justicia restaurativa y con la intención de no llegar a juicio para alcanzar un cierre del caso.

Así, los cargos que alistaría la Fiscalía en contra de Sarabia son por los delitos de abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal, según la versión periodística.

“La decisión cambia por completo el panorama judicial de Sarabia: de terminar en una condena, dos de esos delitos podrían impedirle acceder a beneficios como la prisión domiciliaria. Es decir, podría terminar en la cárcel”, señaló Cambio en la explosiva revelación.

El giro después de varios meses de llevar a cabo el proceso plantea un escenario delicada para la exfuncionaria, que ha estado bajo el ojo del huracán desde las declaraciones de Meza sobre el caso.

El polémico caso que involucra a Laura Sarabia inició tras la pérdida de una maleta con dinero en su residencia de Bogotá. Ante la sospecha de hurto, la exfuncionaria y su esquema de seguridad sometieron a Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera de la familia, a una prueba de polígrafo en las instalaciones de la Casa de Nariño.

La controversia escaló cuando la afectada denunció públicamente que fue trasladada de forma irregular a los sótanos del edificio oficial para someterse al procedimiento bajo presión psicológica. La presunta utilización inadecuada del aparato detector de mentiras y la posterior interceptación ilegal de las líneas telefónicas de Meza activaron de inmediato una indagación penal formal.

En el plano judicial, los agentes encargados determinaron la comisión de irregularidades graves al emplear los protocolos de protección presidencial para atender un asunto estrictamente particular.

Las pesquisas del ente acusador vincularon a varios oficiales pertenecientes a la Jefatura de Protección Presidencial por abuso de autoridad e interceptaciones no autorizadas.

Asimismo, las investigaciones arrojaron la hipótesis de que se impartieron instrucciones directas para concretar la prueba del examen. Distintos uniformados implicados colaboraron activamente con la justicia para esclarecer si la indicación original de realizar el procedimiento provino de la propia exfuncionaria tras reportar el robo.

Por su parte, la defensa técnica de la alta ejecutiva argumenta que el procedimiento obedeció estrictamente a protocolos institucionales de seguridad nacional al integrar el equipo cercano al primer mandatario. Sin embargo, el ente de control sostiene que la evaluación poligráfica practicada a particulares violó derechos fundamentales e incurrió en abusos de poder.

El desarrollo del proceso judicial ha generado múltiples imputaciones contra los policías que participaron directamente en la retención y en las intervenciones de las comunicaciones privadas de la víctima. La investigación penal continúa su curso en las instancias correspondientes para definir las responsabilidades individuales de los exfuncionarios involucrados.

La complejidad del expediente impactó fuertemente el panorama político nacional debido a las posibles conductas punibles derivadas del uso indebido de bienes e infraestructuras del Estado. El juzgamiento busca determinar la legalidad de los métodos aplicados en las áreas gubernamentales de seguridad estratégica.

Las autoridades competentes avanzan en las distintas etapas procesales evaluando pruebas documentales y testimoniales para esclarecer de manera definitiva las responsabilidades penales e institucionales correspondientes al incidente del polígrafo.

Por ahora, queda esperar si esta información con el mencionado cambio se hace oficial, en un tema de interés general.

Luego de finalizar una sesión de Consejo de Ministros superior a siete horas en Barranquilla, el mandatario Abelardo de la Espriella ordenó auditar globalmente los contratos y la arquitectura del sector público.

El propósito principal busca detectar acaparamiento de convenios, sobrecostos, intermediaciones innecesarias y conductas comerciales que limiten la libre competencia en los procesos estatales.

Para lograrlo, el gobernante impartió órdenes directas a ministros, directores de departamentos y jefes institucionales para verificar, “ministerio por ministerio, entidad por entidad y empresa por empresa”, la distribución del presupuesto público.

Una de las iniciativas centrales contempla elaborar un mapa de concentración contractual. El instrumento precisará quiénes contratan repetidamente, las sumas otorgadas, las formas de selección aplicadas y los resultados obtenidos.

El jefe de Estado focalizó su vigilancia en los servicios profesionales, asesores jurídicos, auditorías, interventorías, consultorías, supervisores y convenios para eventos, producción y logística, conocidos como BTL.

“Hay que romper la rosca”, aseveró el gobernante al rechazar beneficios exclusivos. Enfatizó que cada adjudicación debe fundamentarse en necesidad real, aptitud, tarifas justas, rendimiento e impecable apego legal.

Paralelamente, propuso convocar concursos públicos y transparentes para elegir abogados externos, liquidadores y consultores siempre que la norma lo permita. La intención persigue impedir monopolios prolongados en bufetes específicos.

El plan de supervisión alcanzará igualmente las alianzas con universidades públicas, acuerdos interadministrativos y fideicomisos que gestionan dineros fiscales. En tales esquemas examinarán minuciosamente las comisiones, gastos, criterios de asignación y efectividad.

De la Espriella recalcó que erradicará la figura de “contratistas eternos” y desestimó prorrogar convenios argumentando simplemente que “siempre se ha hecho así”.

Adicionalmente, el Ejecutivo analizará el esquema de las dependencias gubernamentales para corregir la burocracia, choque de competencias, programas duplicados e instituciones con tareas idénticas.

“No necesitamos un Estado más grande, necesitamos un Estado que funcione mejor”, manifestó categóricamente el mandatario durante la jornada de trabajo desarrollada en la capital del Atlántico.

El plan definitivo proyecta identificar qué dependencias deben eliminarse o unificarse obligatoriamente. La meta busca aligerar trámites ciudadanos, estructurar ventanillas únicas de atención y recortar drásticamente los gastos operativos centrales.

¿Cómo funciona la contratación de trabajadores en Estado de Colombia?

La vinculación mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios en las entidades públicas colombianas exige el cumplimiento estricto de parámetros legales vigentes. Esta figura jurídica atiende exclusivamente necesidades temporales.

Las instituciones estatales deben acudir a este mecanismo cuando la planta de personal permanente resulta insuficiente para ejecutar labores altamente especializadas. La contratación exige una justificación técnica y presupuestal previa.

Un elemento determinante en esta modalidad contractual radica en la total autonomía técnica y administrativa del contratista. El vinculante no puede ejercer subordinación continuada ni imponer horarios rígidos de trabajo.

Si la entidad gubernamental exige el cumplimiento de jornadas fijas e imparte órdenes directas constantes, configura jurídicamente una relación laboral encubierta. Las leyes vigentes prohíben expresamente incurrir en dicha práctica.

Asimismo, la persona vinculada debe acreditar la idoneidad profesional y experiencia requerida para desarrollar las obligaciones pactadas. El contratista asume de forma independiente el pago periódico de su seguridad social.

Los pagos de salud, pensión y riesgos laborales deben calcularse sobre el cuarenta por ciento del valor mensual del contrato. La entidad exige verificar estos aportes antes de autorizar las desembolsos.

Los contratos de prestación de servicios carecen de prestaciones sociales tradicionales como prima de servicios, cesantías y vacaciones pagadas. La duración contractual debe coincidir estrictamente con el tiempo estipulado para la labor.

La normativa colombiana busca evitar la proliferación de contratistas informales en los ministerios y dependencias. Las autoridades promueven la formalización progresiva del empleo público mediante concursos de méritos transparentes.

El uso adecuado de esta modalidad optimiza los recursos públicos y garantiza una gestión transparente. La supervisión constante de las obligaciones previene irregularidades en el desarrollo de los proyectos estatales.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó a través de su cuenta institucional de X (antes conocida como Twitter) acerca de un sismo en Istmina, Chocó, región que semanas atrás fue epicentro del terremoto de 7.4 de magnitud.

El movimiento telúrico de este domingo 30 de agosto de 2026 se presentó a las 5:48 de la mañana con magnitud de 3.4 y una profundidad de 41 kilómetros, lo que provocó reacciones de los usuarios.

“Duró como 2 segundos, pero sí se sintió”, afirmó una persona al responder a la publicación por parte de la entidad que se encarga de los reportes de estos eventos telúricos en el país.

De esta manera, las alarmas no paran ya que en la mañana del sábado hubo otro temblor en Colombia, por lo que la atención sigue vigente entre los habitantes del territorio nacional.

Las autoridades siguen protocolos de seguimiento al tema en departamentos como Chocó, donde se ha registrado la mayoría de eventos telúricos recientemente, y Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Caldas, también afectados por el impacto del pasado 10 de agosto de 2026.

Para este caso, las dos capitales más cercanas al movimiento telúrico del domingo son Quibdó y Cali, con la particularidad de que en este último se han sentido estos eventos.

La situación lleva al llamado para que los ciudadanos se mantengan alerta frente a cualquier incidencia, con las recomendaciones sobre cómo actuar correctamente para evitar mayores percances.

Las afectaciones en las edificaciones en ciudades como Pereira, Manizales y Dosquebradas (Risaralda) han obligado a medidas de seguridad como el desalojamiento en miles de viviendas.

Ahora, el reto para el Gobierno Nacional es responder para que los damnificados tengan un respaldo, pero además de evitar nuevas tragedias debido a estos temblores que puedan provocar accidentes si no se controlan correctamente en las regiones antes mencionadas.

¿Qué hacer ante un temblor en Colombia?

Mantener la serenidad constituye la regla principal ante la ocurrencia de un temblor en Colombia. La reacción oportuna en los primeros segundos del movimiento telúrico reduce significativamente los riesgos de sufrir lesiones severas.

Si el fenómeno sorprende dentro de un inmueble, resulta vital alejarse inmediatamente de ventanas, espejos y objetos pesados susceptible a caer. Conviene agacharse, cubrirse la cabeza con los brazos y sujetarse firmemente de un mueble resistente.

Jamás deben utilizarse los ascensores durante la emergencia ni salir corriendo hacia las escaleras en plena sacudida. Si el espacio no ofrece refugio seguro, hay que ubicarse junto a una columna o muro portante.

En caso de encontrarse en la calle, es indispensable desplazarse hacia zonas descubiertas lejos de cables eléctricos, fachadas y postes de alumbrado. Los conductores deben detener el vehículo en un sitio despejado sin obstaculizar las vías.

Una vez finalizado el temblor principal, procede la evacuación ordenada de los inmuebles utilizando únicamente las salidas de emergencia. Resulta obligatorio cerrar las llaves de paso de gas, agua y cortar el suministro eléctrico inmediatamente.

Las personas deben dirigirse hacia los puntos de encuentro previamente asignados en el plan de gestión de riesgos. Antes de reingresar a las edificaciones, hay que verificar estructuralmente que no existan grietas peligrosas o daños graves.

La comunicación telefónica debe reservarse de forma exclusiva para situaciones de extrema emergencia médica. Es preferible emplear mensajes de texto cortos para avisar el estado de salud a los familiares cercanos.

Mantener a la mano una mochila con linterna, botiquín de primeros auxilios, silbato y agua fortalece la prevención constante. La preparación familiar continua permite actuar con eficacia frente a réplicas telúricas posteriores.

(Ver también: “Se me revolvió el estómago”: susto por fuerte sismo que sacudió a Colombia este jueves)

De acuerdo con el reporte actualizado del SGC, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de apenas 12 kilómetros, por lo que fue considerado superficial. El epicentro se localizó aproximadamente a 14 kilómetros de Totoró, en un área de influencia del volcán Puracé, situación que llamó especialmente la atención entre los habitantes de la región.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-29, 23:37 hora local Magnitud 4.3. Profundidad superficial, Totoró – Cauca, Colombia – Área de Influencia … ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/nHUIuK253Z

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 30, 2026

El temblor fue percibido con fuerza en diferentes sectores y también hubo reportes de personas que lo sintieron en zonas cercanas a Popayán y Cali. En redes sociales, varios ciudadanos manifestaron su preocupación por la intensidad del movimiento y por la actividad sísmica que se ha registrado en los alrededores del volcán.

La ubicación del sismo adquiere especial relevancia debido a que el SGC mantiene al Puracé en alerta naranja, correspondiente a un volcán que presenta cambios importantes en los parámetros que son monitoreados.

¿Por qué está temblando tanto en Colombia?

El movimiento registrado en la noche del sábado ocurre en medio de un periodo de actividad sísmica importante en el área de influencia del Puracé. Según el último reporte del SGC sobre la cadena volcánica Los Coconucos, desde las 4:20 p. m. del 29 de agosto se presentó un incremento en la actividad sísmica asociada al fracturamiento de roca, conocida como sismicidad volcano-tectónica (VT).

Hasta el momento de ese boletín se habían contabilizado 58 eventos de este tipo, localizados principalmente a unos 11 kilómetros al nororiente del volcán y a una profundidad aproximada de 9 kilómetros.

Uno de los movimientos más destacados ocurrió a las 6:18 p. m., con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 9.4 kilómetros, en el sector del valle de San Rafael, a 11.1 kilómetros al nororiente del Puracé. También se registraron eventos de magnitudes 3.9, 3.1 y 2.8, algunos de ellos sentidos en Puracé, Totoró y Popayán.

La actividad sísmica no significa necesariamente que vaya a ocurrir una erupción. De hecho, el SGC señaló que no se han detectado cambios en los demás parámetros de monitoreo volcánico y mantiene el seguimiento permanente.

Colombia es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación geológica y a la interacción de varias placas tectónicas. Por eso, los temblores pueden presentarse con frecuencia en distintas regiones. En el caso particular del Puracé, además, los científicos vigilan de cerca la actividad volcánica y los movimientos asociados al fracturamiento de las rocas.

El SGC recomendó a la población mantenerse atenta a sus boletines oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

(Ver también: Cómo están Cali, Pereira, Chocó y más luego del temblor de este miércoles en Colombia)

El estado de alerta del volcán Puracé continúa en naranja, por lo que cualquier cambio relevante en los parámetros monitoreados será informado por las autoridades.

(Ver también: Accidente múltiple en el norte de Bogotá: alerta por choque entre automóvil, bus escolar y camión)

Tal como han reportado las autoridades, un bus Bolivariano, que salió pocos minutos antes del terminal de Medellín, se chocó de frente contra un camión, lo cual le causó muchos daños al intermunicipal, ocasionando el fallecimiento de tres personas y dejando a 15 heridos, varios de gravedad.

Estas son las imágenes de la situación:

A un carril las autoridades empezaron a habilitar el tránsito luego del accidente ocurrido en las últimas horas cerca al peaje de Supía, en la vía que comunica a Medellín con Manizales. Largos trancones por la emergencia se han reportado sobre el corredor. pic.twitter.com/2HCIPa54go

— Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 30, 2026

🔴Grave accidente en la vía Medellín-Manizales deja 3 muertos y 15 heridos

👉🏾Un grave accidente de tránsito entre un bus de pasajeros y un tractocamión se registró este sábado en la vía La Pintada-Manizales, en Antioquia.

📹: Tomados de redes sociales

Le dejamos más detalles… pic.twitter.com/3b0YTH8MeA

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 29, 2026

Se registró un grave accidente de tránsito que dejó tres personas fallecidas y 15 más lesionadas, luego de la colisión de un tractocamión con un bus de Expreso Bolivariano en la vía Manizales-Medellín. pic.twitter.com/UOwe7RplVo

— Mauricio Vanegas (@Marovaan) August 29, 2026

Accidente entre bus y tractocamión deja 3 fallecidos y cerca de 15 lesionados en la vía La Pintada–Manizales.

VIDEOS 🔞 https://t.co/olx6BWB4Cs pic.twitter.com/rGZGN70xsC

— chisme Fresco Medellín (@ChismeMedellin) August 29, 2026

Según reveló el diario El Tiempo, uno de los fallecidos fue el conductor del bus, identificado como Cristian Camilo Palacios. Por su parte, las otras dos víctimas fueron una pareja de esposos identificados como Jorge Eliécer Soto y Nubia Alba Deavila, quienes viajaban rumbo a Buga para visitar al Señor de los Milagros.

Desde entonces, las autoridades hacen presencia en la zona y desde hace unos minutos se reabrió un carril para el paso intermitente de los vehículos.

(Ver también: Ciclista murió atropellado por bus del SITP en Chapinero (Bogotá); testigos quedaron impactados)

En cuanto a la causa del accidente, todo se mantiene en materia de investigación para determinar si hubo invasión de carril, falla mecánica, desconcentración o algo más.

(Ver también: Graves acusaciones de David Murcia Guzmán a Abelardo de la Espriella: “Si me pasa algo, él es culpable”)

De acuerdo con el reporte del medio mencionado, Murcia Guzmán llegó al establecimiento carcelario en la tarde de este sábado y en ese momento se encontraba en el área de recepción. Allí, una junta conformada por médicos, responsables de tratamiento psicológico y otros profesionales especializados determinaría el lugar exacto donde quedará ubicado dentro del centro de reclusión.

Según el noticiero, lo más probable es que al procesado se le asigne un espacio en los pabellones 7 u 8 de Palogordo. Esas dos alas del complejo carcelario son las destinadas a reclusos que requieren condiciones especiales de seguridad y seguimiento institucional.

Murcia Guzmán es recordado por ser la figura central del caso DMG, uno de los mayores escándalos financieros en la historia reciente de Colombia, que involucró un esquema de captación masiva de dinero que afectó a miles de colombianos en distintas regiones del país.

¿Qué es la cárcel de Palogordo y por qué es de máxima seguridad?

La cárcel de Palogordo, situada en Girón, Santander, es uno de los establecimientos penitenciarios de mayor nivel de seguridad en Colombia. Alberga reclusos de alto perfil y cuenta con protocolos estrictos de vigilancia, control y atención profesional para quienes ingresan al sistema.

(Ver también: David Murcia Guzmán denunció a Abelardo de la Espriella: aseguró que le robó $ 5.000 millones)

¿Qué fue el escándalo de DMG por el que es conocido David Murcia Guzmán?

DMG fue una empresa colombiana que operó bajo un esquema piramidal de captación ilegal de dinero, prometiendo altos rendimientos a sus inversores. El caso estalló alrededor de 2008, dejando a miles de afectados en el país y derivando en procesos penales contra Murcia Guzmán tanto en Colombia como en Estados Unidos.

(Ver también: Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral se quedan sin esquema de seguridad de la UNP)

La cifra equivale a unos 480 millones de pesos al año, si el gasto se mantuviera durante 12 meses. La Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió retirar las medidas después de revisar nuevamente las condiciones de riesgo de los tres y concluir que no existían elementos suficientes para mantener los dispositivos.

La decisión puso nuevamente bajo la lupa la forma en que se asignan los esquemas de protección y, especialmente, los criterios utilizados para determinar quién necesita escoltas y vehículos oficiales.

¿Por qué tenían seguridad de la UNP?

El caso de Gabriela Muñoz había causado cuestionamientos desde que se conoció que recibió protección poco antes de finalizar el gobierno Petro. La joven fue señalada de tener presunta influencia en decisiones y nombramientos relacionados con la Aerocivil, mientras que ella sostuvo que el esquema obedecía a amenazas que había denunciado.

En cuanto a Juliana Guerrero, la joven ha estado en medio de investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con documentos académicos y por señalamientos sobre una posible participación en gestiones para contratos estatales. Guerrero ha negado las acusaciones.

El tercer caso es el de Beto Coral, activista y creador de contenido, quien recibió medidas de protección poco después de ser deportado desde Estados Unidos. El procedimiento despertó cuestionamientos porque, según la revisión posterior, el esquema habría sido asignado antes de completar las evaluaciones técnicas de riesgo establecidas por la UNP.

Qué va a pasar con la UNP

Con las nuevas evaluaciones, la entidad concluyó que ninguno de los tres cumplía actualmente con las condiciones necesarias para conservar la protección.

Así, además de retirar los esquemas, la decisión abre una discusión sobre cuánto dinero público se destina a este tipo de medidas y si los criterios utilizados para otorgarlas fueron aplicados correctamente.

(Ver también: Juliana Guerrero aclara qué pasó con sus escoltas y contradice versión sobre retiro del esquema)

El dato de los 40 millones de pesos mensuales permite dimensionar el impacto: mantener durante un año los tres dispositivos habría representado aproximadamente 480 millones de pesos para el Estado.

(Vea también: “Es más poderosa que yo”: la inesperada confesión que Benedetti habría hecho sobre Juliana Guerrero)

Bolívar aseguró que recientemente conversó con Benedetti y describió de esta manera su situación:

“Hablé con Benedetti hace poco. Lo vi muy destrozado, está como pagando las consecuencias de haberse metido en la orilla contraria. Siento que está muy afectado, le esperan años muy crueles porque sigue en la Lista Ofac, con muchas cosas embargadas y procesos. Hoy debe estar arrepentido de haberse metido al petrismo. Aunque él ha sido leal con Petro, yo he sido crítico de él; el precio que ha pagado es muy alto. Eso le jode la vida a cualquiera; está muy preocupado”.

La declaración cobra relevancia por la particular relación que Benedetti mantuvo con Petro durante los últimos años. Aunque el político había construido su carrera durante décadas en sectores tradicionales de la política colombiana, terminó convertido en uno de los hombres cercanos al proyecto petrista y ocupó cargos diplomáticos y de Gobierno.

Uno de los episodios más polémicos ocurrió en 2023, cuando se conocieron los explosivos audios que Benedetti le envió a Laura Sarabia. En esas grabaciones hizo afirmaciones sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro y aseguró, entre otras cosas, que había organizado votos en la Costa y conseguido importantes recursos para la campaña.

El escándalo puso contra las cuerdas al Gobierno y generó una crisis alrededor de Sarabia y Benedetti. Petro, sin embargo, salió públicamente a defender la contabilidad de su campaña y negó que se hubieran recibido dineros de personas relacionadas con el narcotráfico.

Pero la historia no terminó allí. En 2025, Petro volvió a darle espacio dentro de su círculo más cercano al nombrarlo jefe de despacho presidencial. La decisión provocó una fuerte crisis interna, especialmente porque la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dijo que no podía sentarse en el gabinete con Benedetti y puso su cargo a disposición del presidente.

Incluso la vicepresidenta Francia Márquez manifestó su desacuerdo con llevar al Gobierno a personas que, según ella, tenían responsabilidad en los problemas que enfrentaba la administración.

Petro, pese a las críticas, defendió la designación de Benedetti. El mandatario respondió a los cuestionamientos durante aquel Consejo de Ministros y sostuvo una postura favorable a su permanencia.

Después, Benedetti llegó incluso al Ministerio del Interior, desde donde tuvo un papel central en la relación del Gobierno con el Congreso y en la defensa de las iniciativas de Petro. Es decir, pese a las controversias que lo habían acompañado, el expresidente siguió confiando en él.

Ahora Bolívar sostiene que esa cercanía tuvo un costo enorme para Benedetti. Cuando Semana le preguntó por qué Petro parece manejar de otra manera su situación frente a las sanciones internacionales, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social respondió:

“Tal vez porque a Petro no le importa eso. No tiene ni un negocio. Ni un carro de perros calientes. Él va por la vida anticapitalista y no le importa, pero a un hombre como Armando Benedetti sí le tiene que importar. Es distinta la situación”.

(Vea también: Armando Benedetti rompió el silencio en plena transición de Gobierno: “Soy un cadáver político”)

La última aparición pública de Benedetti fue en el cierre del Gobierno Petro. En ese momento dijo que su intención era radicarse en Barranquilla e incluso pujar por la alcaldía de esa ciudad, una decisión que lo haría enfrentarse o volverse a acercar al grupo político Char, que durante los últimos años ha sido el que lograr ganar las elecciones con miembros de su familia o personas que tienen su respaldo completo.

De hecho, parece haber un pacto de silencio entre Benedetti y el presidente Abelardo de la Espriella. Ellos, que en el pasado fueron fotografiados juntos innumerables veces, nunca tuvieron una confrontación en campaña y a pesar de que el senador fue uno de los hombres más polémicos del gobierno Petro, nunca ha existido una palabra en su contra por parte del presidente.

Dichas conversaciones se desarrollaban con grupos armados organizados ilegales que continuaron delinquiendo en medio de los constantes esfuerzos del Ejecutivo anterior para encontrar una salida dialogada sin el uso directo de la fuerza.

En este sentido, las tres resoluciones firmadas por el Gobierno de Abelardo De La Espriella desmontan los espacios existentes con disidencias del Estado Mayor, Autodefensas Conquistadoras de Colombia y Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Específicamente, la resolución 343 firmada el pasado 28 de agosto le puso fin a la mesa que el gobierno del expresidente Gustavo Petro designó para el grupo armado organizado ilegal Estado Mayor Central.

Esta organización criminal actúa bajo el mando directo de Iván Mordisco, según detallan las autoridades competentes. La medida gubernamental abarca a facciones que se rearmaron tras el acuerdo firmado previamente.

El documento sobre la ‘paz total’ especifica que la negociación concluida estaba fijada con los bloques del Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Briceño y Frente Raúl Reyes, surgidos tras el rearme de varios exguerrilleros de las Farc.

En la norma administrativa, el Gobierno ordenó: “Terminar la Mesa de Diálogos de Paz entre los representantes autorizados del Gobierno nacional y los miembros representantes del grupo armado organizado al margen de la ley”.

El texto oficial añade textualmente respecto al autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes EMBF – FARC EP: “por ausencia de voluntad de paz”.

La postura estatal argumenta que en la mesa ocurrieron múltiples acontecimientos que permitieron al Gobierno de De la Espriella concluir que existió un reiterado incumplimiento a lo pactado en las jornadas.

Las autoridades determinaron que el proceso se debilitó progresivamente, impidiendo evidenciar una voluntad real de paz y una posterior reinserción efectiva a la vida civil por parte de los combatientes.

Asimismo, la resolución 349 de este año le puso fin al Espacio de Conversación Sociojurídico que venía adelantando el entonces presidente Petro con la estructura de alto impacto autodenominada Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella le pone fin a varias mesas de diálogos de la llamada ‘paz total’, justamente, por “ausencia de voluntad de paz” de dichas organizaciones criminales pic.twitter.com/NSRsNo9n24

— Yesid Lancheros (@YesidLancheros) August 29, 2026

Ese documento oficial contiene idéntica justificación que la medida previa, señalando que la iniciativa ha dejado: “Diversos acontecimientos que han debilitado las conversaciones y no ha sido posible evidenciar la voluntad real de paz”.

El argumento concluye indicando la falta evidente de voluntad para efectuar una auténtica propuesta de: “sometimiento a la justicia” por parte de los integrantes de la mencionada estructura armada.

Finalmente, el Gobierno De La Espriella expidió la resolución 346 para terminar la mesa de diálogos de paz con la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, facción nacida tras la división de la Segunda Marquetalia.

Esta agrupación disidente de las Farc surgió formalmente en noviembre de 2024 tras separarse de los Comandos de la Frontera y de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, según reportan registros de inteligencia.

Para el Gobierno actual, este espacio también presentó graves hechos que debilitaron la negociación, impidiendo confirmar el compromiso genuino de los criminales para desmovilizarse e integrarse a la sociedad civil colombiana.