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La sesión de la Cámara fue citada nuevamente para las 12:10 a. m. de este martes 20 de octubre, luego de una jornada extensa en la que los congresistas debatieron el articulado y las proposiciones presentadas.

Al reanudarse la plenaria, la corporación optó por acoger el texto que había aprobado previamente el Senado en una votación que cerró hacia las 3: 45 a. m, según puntualizó Caracol Radio.

Con la decisión de las dos plenarias, el proyecto supera sus votaciones en el Congreso. Sin embargo, todavía queda pendiente el proceso de conciliación entre Senado y Cámara, que debe revisar las versiones aprobadas y establecer el texto definitivo de la iniciativa antes de que concluya el trámite legislativo.

¿En qué se distribuirá el presupuesto de 2027?

Los $634,9 billones aprobados corresponden a los recursos previstos para financiar el funcionamiento del Estado, atender el servicio de la deuda pública y respaldar la inversión durante la vigencia fiscal de 2027.

La distribución contempla cerca de $393,25 billones para funcionamiento, $147,07 billones para el pago de la deuda y $94,63 billones para inversión. Esta última partida financiará programas y proyectos estatales, mientras que los recursos de funcionamiento cubrirán las obligaciones de las entidades públicas.

Uno de los cambios que marcó la discusión fue el recorte de $170.000 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aprobado durante el trámite presupuestal. De esa suma, $30.000 millones corresponden a funcionamiento y $140.000 millones a inversión. Los recursos liberados se redistribuirían, principalmente, entre la justicia ordinaria y otros sectores, incluido el deporte.

El monto y la distribución de los recursos estuvieron en el centro de la discusión legislativa, en medio de las presiones sobre las finanzas públicas y las decisiones que deberá tomar el Gobierno para atender sus compromisos el próximo año.

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La noche del lunes 19 de octubre terminó en tragedia en una carretera del Valle del Cauca. Un accidente que involucró a tres vehículos dejó tres personas muertas y una más gravemente herida en el corredor vial que conecta a Palmaseca con El Cerrito, a la altura de Palmira.

El siniestro ocurrió en el tramo que comunica al corregimiento de Palmaseca con el distrito de Rozo. Según los primeros reportes conocidos por Semana, en el choque estuvieron involucrados un automóvil particular y dos motocicletas. La fuerza del impacto provocó que tres personas perdieran la vida en el lugar.

La emergencia movilizó a unidades de los Bomberos Voluntarios y a agentes de tránsito de Palmira, quienes llegaron para atender a los afectados y asegurar el área. La persona que sobrevivió al choque sufrió heridas de gravedad y fue trasladada a una clínica de Cali para recibir atención médica.

Accidente en la vía Palmaseca.~ Rozo en Palmira

Tres personas fallecidas una más herida llevada a Cali

Involucradas dos motos y un vehículo. https://t.co/1Hz8JE5t9i

— Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) October 20, 2026

Autoridades investigan las causas del accidente en Palmira

Tras la atención inicial, personal judicial y de criminalística adelantó la inspección del lugar y las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos. Al momento del reporte, las identidades de las tres víctimas aún estaban pendientes de confirmación oficial.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Palmira inició las verificaciones para establecer cómo ocurrió la colisión y cuáles fueron los factores que incidieron en el accidente. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del choque y las posibles responsabilidades.

El caso se presentó en una vía que conecta varios sectores del centro del Valle del Cauca y que registra tránsito intermunicipal. Por ahora, la información divulgada sobre el siniestro no establece una causa definitiva ni permite atribuir responsabilidad a alguno de los conductores.

El señalamiento se centra en el posible papel de Marulanda dentro de una estructura relacionada con la Segunda Marquetalia, disidencia de las antiguas Farc. Tarazona sostuvo que el hombre estaría encargado de administrar y custodiar una mina ilegal que pertenecería a Géner García Molina, conocido como alias ‘John 40’, uno de los cabecillas de esa organización.

La viuda de Uribe precisó que la mina estaría ubicada en Vaupés o Guainía, aunque reconoció que no tenía certeza sobre cuál de los dos departamentos. Según su versión, la información recibida abrió una nueva posibilidad para esclarecer cómo se habría coordinado la ejecución del atentado contra su esposo, ocurrido en Bogotá en junio de 2025.

¿Quién es el hijo de ‘Tirofijo’ mencionado en la investigación?

El nombre de Alberto Cruz Lobo, alias ‘Enrique Marulanda’, volvió a aparecer en el debate público por los señalamientos de Tarazona, en una entrevista para el periódico El Tiempo.

Según ella, Marulanda habría intervenido en la coordinación de la orden material del crimen y tendría relación con una mina ilegal atribuida a alias ‘John 40’, integrante de la Segunda Marquetalia. La información hace parte de lo que Tarazona aseguró haber entregado a la Fiscalía y está pendiente de verificación judicial.

Alberto Cruz Lobo el hijito de Griselda Lobo, tiene el siguiente prontuario el angelito:
-Concierto para delinquir agravado
-Rebelión
-Narcotráfico
-Extorsiones
-Reclutamiento forzado de menores
-Homicidios selectivos

Su madrecita debe estar muy orgullosa 🤢🤮 https://t.co/PQYI1Ru5mI

— 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) December 11, 2025

Para entender quién es el hombre mencionado por Tarazona, hay que remontarse a su vínculo familiar con Manuel Marulanda Vélez, conocido como ‘Tirofijo’, fundador y máximo jefe histórico de las Farc.

Su historia también está ligada a Sandra Ramírez, quien fue compañera sentimental de ‘Tirofijo’ durante más de tres décadas y posteriormente llegó al Senado por el partido Comunes.

La relación con Ramírez comenzó cuando él era niño. En abril de 1989, Alberto, de nueve años, llegó con sus hermanos Mario y Pablo a Casa Verde, en Meta, donde permanecía su padre.

Los menores habían sido trasladados después de que su madre advirtiera que estaban siendo vigilados. Ramírez se hizo cargo de su crianza y la de sus hermanos; durante ese periodo les enseñó a leer y escribir y les dio su apellido. Así, Alberto pasó a ser conocido también como Alberto Cruz Lobo.

Su vida estuvo marcada por la presencia de las Farc. Ya en la edad adulta, se incorporó a la organización y estuvo vinculado al Bloque Oriental, que tuvo como comandante a Jorge Briceño Suárez, alias ‘Mono Jojoy’.

Años después participó en el proceso de paz entre la guerrilla y el Gobierno de Juan Manuel Santos. Tras la firma del acuerdo de 2016, se instaló en Mesetas, Meta, donde hizo parte de los espacios creados por antiguos combatientes para organizar su reincorporación a la vida civil.

La aparición pública de su alias volvió a llamar la atención en julio de 2022, cuando fue mencionado en un comunicado de la Segunda Marquetalia, disidencia integrada por Iván Márquez y otros antiguos mandos que abandonaron el acuerdo de paz. Esa referencia permitió relacionar nuevamente su nombre con una estructura armada surgida después de la desmovilización de las Farc.

¿Qué dijo María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe?

En la entrevista con El Tiempo, Tarazona afirmó que Marulanda habría impartido y coordinado la orden material para ejecutar el asesinato. La viuda hizo una distinción entre esa presunta función y la autoría intelectual, cuya determinación corresponde a la investigación judicial.

Según su relato, la Segunda Marquetalia habría intervenido en la preparación y ejecución del atentado, con participación de otros integrantes de esa organización. También mencionó a alias ‘Zarco Aldinever’ e Iván Márquez dentro de la cadena que, según la información que dijo conocer, habría conectado a los responsables con quienes ejecutaron el crimen.

Tarazona agregó que parte de los recursos utilizados habría salido de Venezuela y que la estructura criminal habría contratado a los encargados de ejecutar el ataque.

En su versión, alias ‘el Viejo’, señalado como coordinador de la red en Bogotá, habría declarado que recibió el encargo y el dinero de integrantes de esa organización. Esas afirmaciones deben ser contrastadas dentro del proceso judicial.

¿Qué falta por esclarecer en el caso de Miguel Uribe Turbay?

La información sobre Enrique Marulanda abre interrogantes sobre la posible cadena de coordinación del asesinato de Miguel Uribe Turbay, pero los señalamientos divulgados no equivalen a una decisión judicial sobre su responsabilidad. La Fiscalía deberá verificar los datos aportados, establecer si existen elementos materiales que los respalden y determinar el papel que habría tenido cada persona mencionada.

El caso sigue bajo investigación para establecer quiénes planearon el atentado, cómo se financiaron sus responsables y qué vínculos existieron entre quienes presuntamente impartieron las órdenes y quienes participaron en la ejecución. La versión entregada por Tarazona representa una nueva línea de indagación, no una conclusión definitiva sobre los autores intelectuales del crimen.

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La entidad entregó detalles preliminares sobre las condiciones en las que operaba la mina y advirtió que, según la información recopilada hasta el momento, el sitio no cumplía con los requisitos exigidos para desarrollar actividades extractivas.

“Se presenta una emergencia en una mina en el municipio de Gámeza, Boyacá, que deja a un trabajador minero fallecido. A esta hora funcionarios de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Nobsa adelantan labores en el lugar para recuperar el cuerpo del trabajador”, escribió la entidad en su cuenta de X.

Según el reporte de la Agencia Nacional de Minería, la explotación donde ocurrió el hecho funcionaba de manera ilegal y no contaba con las condiciones necesarias para operar. La entidad no entregó, en su comunicación inicial, detalles sobre las circunstancias específicas que llevaron a la muerte del trabajador.

La emergencia vuelve a poner la atención sobre los riesgos asociados con las explotaciones que operan por fuera de los requisitos legales y de seguridad. En estos casos, la ausencia de condiciones adecuadas puede exponer a los trabajadores a peligros durante sus labores.

🚨 ATENCIÓN, EMERGENCIA MINERA EN GÁMEZA, BOYACÁ

A esta hora se atiende una emergencia minera en el municipio de Gámeza, Boyacá, que deja lamentablemente a un trabajador minero fallecido.

Funcionarios de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Nobsa adelantan labores en el lugar para recuperar el cuerpo del trabajador.

De acuerdo con la información preliminar, la mina no cumplía con las condiciones requeridas para operar y desarrollaba actividades de manera ilegal.

Reiteramos el llamado a no ingresar ni realizar actividades en explotaciones mineras ilegales o que no cuenten con las condiciones de seguridad necesarias.

— Agencia Nacional de Minería (@ANMColombia) October 20, 2026

Agencia Nacional de Minería hizo llamado tras la muerte del trabajador

Tras reportar el fallecimiento, la ANM pidió a la ciudadanía no ingresar ni desarrollar actividades en minas ilegales o que no cuenten con las medidas de seguridad necesarias.

La entidad reiteró que las explotaciones deben cumplir las condiciones exigidas para operar, con el fin de reducir los riesgos para quienes trabajan en ellas. Por ahora, el reporte sobre lo ocurrido en Gámeza corresponde a información preliminar y no se han divulgado más detalles sobre las causas de la emergencia.

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Beltrán tiene 65 años y cerca de tres décadas de trayectoria en el ena. Actualmente, se desempeña como coordinador académico del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información, en Bogotá. Su presencia en la capital nariñense obedecía a una agenda de capacitación organizada por la Escuela Nacional de Instructores.

Según la información divulgada por la entidad, el profesor fue visto por última vez el domingo 18 de octubre, aproximadamente a las 6:47 p. m., en la carrera 30 n.º 20-45, sobre la avenida Los Estudiantes, en el norte de Pasto. Desde entonces, se solicita colaboración para dar con su paradero.

#ACTUALIDAD El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) hace un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para unir esfuerzos en la búsqueda del funcionario Gustavo Beltrán Macías, de quien se desconoce el paradero desde el domingo 18 de octubre, cuando fue visto por última vez a las 6:47 p. m. en la carrera 30 # 20-45, avenida Los Estudiantes, en Pasto, Nariño.

https://t.co/v2vIVVHFXe

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2026

¿Cómo identificar al docente del Sena desaparecido en Pasto?

La institución compartió detalles de su apariencia y de la ropa que llevaba cuando fue visto por última vez. Ese día vestía pantalón azul, camisa oscura y zapatos negros. También portaba una cadena de oro en el cuello.

Otro rasgo que puede ayudar a reconocerlo es una particularidad al caminar, relacionada con una condición en la cadera, según la información divulgada por el Sena.

La entidad pidió fortalecer las acciones de búsqueda y solicitó a los medios de comunicación y a la ciudadanía compartir los datos para ampliar su difusión.

¿Dónde entregar información sobre Gustavo Beltrán Macías?

Quienes tengan información que pueda ayudar a localizar al docente pueden comunicarse con el Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas del CTI de la Fiscalía en Nariño, a través del número 314 213 0062.

Hasta la publicación del reporte, no se habían divulgado hipótesis oficiales sobre lo ocurrido. Semana indicó que una de las posibilidades planteadas es que el caso esté relacionado con el posible hurto de la cadena que llevaba el profesor; sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.

(Vea también: Gobierno presenta ante el Congreso nuevo presupuesto general por 634,9 billones para 2026 y genera debate político en Colombia)

De los recursos previstos para el próximo año, $393,25 billones se destinarían al funcionamiento del Estado, $147,07 billones al pago de la deuda pública y $94,63 billones a inversión. La distribución de estas partidas fue uno de los asuntos centrales de la discusión legislativa.

Antes de la votación definitiva, congresistas de oposición expresaron reparos frente a la iniciativa e impulsaron una propuesta para archivarla. Sin embargo, esa solicitud no prosperó y el Senado continuó con el estudio hasta aprobar el proyecto.

El trámite también estuvo acompañado de cuestionamientos de sectores de la oposición, que pidieron archivar la iniciativa. Sin embargo, la plenaria del Senado rechazó esa propuesta y aprobó el informe de ponencia, con lo que el proyecto continuó hacia la votación de sus artículos.

#ATENCIÓN | Tras casi 12 horas de debate, la plenaria del Senado aprobó el Presupuesto General de la Nación 2027. Con cerca de 60 votos en promedio y la ausencia de la oposición en la recta final, el oficialismo aprobó el texto que promovía el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Vía: @davidortegaso
https://t.co/woHMRjVE2M

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2026

¿Qué falta para aprobar el presupuesto de 2027?

El Senado aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027, por un monto cercano a $634,9 billones, con lo que el proyecto del Gobierno de Abelardo de la Espriella superó una de las etapas decisivas de su trámite legislativo.

Sin embargo, la iniciativa todavía necesita el visto bueno de la Cámara de Representantes para completar su paso por el Congreso. La corporación debe estudiar y votar el proyecto dentro del plazo legal establecido para el 20 de octubre.

El presupuesto contempla recursos para el funcionamiento de las entidades estatales, el pago de la deuda pública y la inversión. La propuesta distribuye $393,25 billones para funcionamiento, $147,07 billones para el servicio de la deuda y $94,63 billones para inversión.

Si Senado y Cámara aprueban versiones diferentes, será necesario conciliar los textos para establecer una versión definitiva. El desenlace de ese trámite determinará cómo quedarán distribuidos los recursos públicos para 2027.

¿Por qué hay diferencias por el presupuesto de 2027?

Las críticas se concentran, entre otros asuntos, en la distribución de los recursos, las necesidades de financiación de algunos sectores y las proyecciones fiscales del Gobierno. La oposición cuestionó el monto destinado a los subsidios de energía y gas y planteó dudas sobre los cálculos relacionados con el servicio de la deuda.

Durante la discusión, la senadora Carolina Corcho defendió la propuesta de archivar el proyecto y sostuvo que los recursos previstos para determinados subsidios eran insuficientes frente a las necesidades del sector. También cuestionó los cambios en las cifras de la deuda incluidos en la iniciativa.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, defendió el proyecto al señalar que el país enfrenta restricciones fiscales que limitan la capacidad de atender todas las solicitudes de gasto. En su intervención, se refirió al tamaño del Estado, a la administración de los recursos y a las dificultades para recaudar impuestos.

Las diferencias también se relacionan con la inversión pública, que representa el rubro más pequeño de los tres grandes componentes del presupuesto. Algunos congresistas defendieron los ajustes que reducen recursos destinados al servicio de la deuda para trasladarlos a inversión, aunque persisten reparos sobre el alcance de esos cambios.

¿Qué pasa si el presupuesto no se aprueba antes del plazo legal?

El Congreso debe completar el trámite del proyecto a más tardar el 20 de octubre de 2026. Si las plenarias aprueban textos diferentes, será necesario conciliarlos para que ambas corporaciones adopten una versión definitiva dentro del plazo establecido.

Si el Legislativo no le da su aprobación dentro del término legal, el Gobierno deberá expedir el Presupuesto por decreto, con el mismo texto que presentó inicialmente ante el Congreso, según explicó El Espectador.

Por eso, las votaciones de las plenarias son determinantes para definir cómo se distribuirán los recursos públicos durante 2027. Además de la aprobación general, el resultado del debate establecerá cuáles de las modificaciones propuestas por los congresistas quedan incorporadas en el texto definitivo.

La discusión llega en un momento clave para las finanzas públicas, pues de ese presupuesto dependerá la asignación de recursos para el funcionamiento de las entidades estatales, el cumplimiento de las obligaciones financieras y los proyectos de inversión previstos para el próximo año.

A través de un pronunciamiento oficial, la institución indicó que “gracias a la rápida y efectiva reacción de nuestras unidades policiales, se logró la captura del sujeto señalado como responsable de los hechos ocurridos en las últimas horas en el municipio de Chiquinquirá”, señaló la Policía. La entidad también manifestó sus condolencias a la familia de la persona fallecida y aseguró que continuará trabajando para esclarecer completamente lo sucedido.

Un muerto y dos heridos dejó la agresión

El caso se registró durante la madrugada de este lunes 19 de octubre. De acuerdo con un comunicado emitido por la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, hacia las 5:12 de la mañana ingresaron al servicio de urgencias tres personas con lesiones ocasionadas por arma cortopunzante. Según el reporte médico, una de las víctimas fue un paciente de 70 años que llegó en condición crítica, con heridas en la región precordial y en paro cardiorrespiratorio. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal de salud, el hombre no respondió a los procedimientos y lamentablemente falleció.

La segunda víctima corresponde a una mujer de 52 años que presentó heridas en la región torácica y compromiso pulmonar. Debido a la gravedad de las lesiones, fue sometida a una cirugía de urgencia y posteriormente trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece bajo observación médica. Entretanto, un hombre de 27 años ingresó con heridas en las extremidades inferiores, abdomen y espalda. El hospital informó que recibió atención inmediata y sutura de las lesiones, y que su condición es estable. La gerencia del centro asistencial destacó la actuación del equipo médico y reiteró su compromiso con la atención oportuna y humanizada de los pacientes que llegan a la institución.

Avanza la investigación para esclarecer los hechos

Mientras se conocían los primeros reportes sobre el estado de salud de los afectados, las autoridades avanzaron en las labores de búsqueda del presunto responsable del ataque. Horas después, la Policía confirmó su captura, una noticia que fue recibida con atención por la comunidad chiquinquireña debido al impacto que provocó este caso. La investigación ahora busca determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió la agresión, así como establecer qué motivó el ataque que terminó cobrándole la vida a una persona y dejando otras dos lesionadas.

De acuerdo con la información divulgada por medios regionales, entre ellos Caracol Radio, el hecho generó conmoción en el municipio por la gravedad de las heridas sufridas por las víctimas y por tratarse de un episodio de violencia ocurrido en plena zona urbana. Por ahora, las autoridades mantienen reserva sobre varios aspectos del proceso mientras continúan las diligencias judiciales y la recopilación de elementos probatorios.

Entretanto, la comunidad permanece atenta al estado de salud de las dos personas que sobrevivieron al ataque y al desarrollo del proceso judicial. La Policía Nacional reiteró que seguirá acompañando las investigaciones para garantizar que este caso sea esclarecido y que, de comprobarse responsabilidades, los hechos no queden en la impunidad.

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De acuerdo con la información preliminar, el helicóptero UH-60 había despegado de la base militar de Popayán para abastecer a las tropas desplegadas en una instalación cercana a ese municipio, relevar uniformados y recoger al personal que debía regresar a la capital caucana.

El siniestro ocurrió minutos después de que la aeronave emprendiera el trayecto de regreso, en el sector del páramo de Las Delicias, cerca de la laguna de La Herradura. La primera línea de investigación apunta a que el aparato habría perdido sustentación, una situación que habría obligado al piloto, un teniente coronel, a ejecutar un aterrizaje forzoso para intentar controlar la emergencia.

Sin embargo, todavía es necesario establecer qué provocó la pérdida de estabilidad y si estuvo relacionada con una falla mecánica. Las inspecciones en el lugar y la recopilación de información serán fundamentales para esclarecer las causas del accidente.

Cuatro soldados tendrían heridas de mayor gravedad

Aunque las 19 personas que viajaban en el helicóptero sobrevivieron, varios militares sufrieron lesiones. Entre los afectados, cuatro soldados profesionales presentan heridas de mayor gravedad, incluidas fracturas múltiples que podrían requerir intervenciones quirúrgicas.

Los uniformados están siendo trasladados a centros médicos de Popayán y Cali para recibir atención especializada. Otros soldados sufrieron contusiones, mientras que algunos salieron ilesos del accidente.

Para apoyar la atención de los heridos, la Fuerza Aérea Colombiana desplegó un avión que facilita las labores de traslado y asistencia médica.

Investigan las causas del accidente en Cauca

Un equipo de inspección llegó al lugar del siniestro para iniciar las verificaciones correspondientes y recopilar información sobre lo ocurrido. En estas labores también participan comunidades indígenas de la zona, que brindan apoyo debido a las condiciones geográficas del sector.

Por ahora, la posible falla mecánica se mantiene como la primera hipótesis conocida, pero las autoridades deberán completar las investigaciones antes de determinar qué causó el accidente del helicóptero militar.

(Vea también: Presidente ordena traslado de jefes del Eln y disidencias de las Farc desde cárcel de Arauca a prisiones de máxima seguridad)

El pronunciamiento se produjo después de dos reuniones que se extendieron por más de cinco horas: un consejo de seguridad para evaluar la situación de orden público y un encuentro del programa Milagro en las Regiones, iniciativa de su Gobierno.

Al finalizar las reuniones, De la Espriella se dirigió a los mandatarios locales y aseguró que no permitirá que quienes tienen responsabilidades públicas respalden a organizaciones criminales.

“He sido muy claro con el señor gobernador y los señores alcaldes. Uno no puede hablar de seguridad mientras haya políticos, empresas y grupos de poder que protejan, financien o faciliten las actividades del narcoterrorismo. Se acabó”, afirmó el presidente.

La advertencia de De la Espriella a los mandatarios de Arauca

Durante su intervención, el jefe de Estado endureció el mensaje y aseguró que su Gobierno utilizará herramientas nacionales e internacionales para perseguir a quienes, según sus palabras, terminen aliados con organizaciones narcoterroristas.

“Quien apoye a los narcoterroristas es igual de criminal que ellos y está igual de sucio con la sangre de los colombianos. Así que no lo vamos a permitir y vamos a utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales para perseguir a aquellos que terminen aliados con el narcoterrorismo”, manifestó.

Acá ese momento (desde el minuto 4:04):

La advertencia estuvo dirigida al gobernador Renson Jesús Martínez y a los alcaldes de los municipios de Arauca, en un contexto marcado por los desafíos de seguridad que enfrenta ese departamento.

Sin embargo, en el pronunciamiento citado, el presidente no presentó pruebas concretas contra alguno de esos mandatarios. Sus declaraciones constituyen una advertencia general frente a posibles vínculos entre actores políticos y grupos armados ilegales.

De la Espriella también lanzó mensaje contra el Eln y las Farc

El presidente amplió su pronunciamiento a través de sus redes sociales, donde explicó que el consejo de seguridad tenía como propósito evaluar la situación de orden público y fortalecer la ofensiva contra las organizaciones criminales.

“A mí Dios no me puso aquí para quedarme callado ni para mirar hacia otro lado. No soy político ni vengo de la política; por eso, no tengo la obligación de quedar bien con nadie distinto a la ley, la Constitución y los colombianos de bien”, escribió.

En otra parte de su mensaje, hizo referencia explícita al Ejército de Liberación Nacional (Eln) y a las disidencias de las Farc, al rechazar cualquier posible entendimiento entre esas organizaciones y dirigentes políticos.

“¡Que lo escuchen fuerte y claro! No voy a aceptar, ¡jamás!, alianzas entre políticos y los terroristas del Eln y las Farc. Quienes tienen las manos manchadas de sangre no pueden decidir el destino de nuestra patria”, señaló.

El mandatario cerró su mensaje con la promesa de utilizar las herramientas a su alcance para recuperar la seguridad en los territorios afectados por la violencia.

“Desde Arauca lo reitero: haré todo lo que me corresponda, cueste lo que cueste, para defender a los colombianos, recuperar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los territorios que durante años han sufrido el terror de los violentos”, puntualizó.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que Balanta murió por “una arritmia cardíaca provocada por descargas eléctricas” el pasado 20 de septiembre de 2026. El hombre había sido detenido en el sur de Bogotá y posteriormente trasladado a la estación de Policía de Cazucá, en Soacha, donde permaneció bajo custodia.

El dictamen forense también encontró otras señales de violencia en el cuerpo de la víctima. La necropsia documentó quemaduras y diferentes lesiones, elementos que ahora hacen parte de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación.

El caso comenzó en el barrio Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde los policías acudieron para atender una discusión entre vecinos que terminó en enfrentamientos entre civiles y uniformados. Durante el procedimiento, Balanta habría lanzado un objeto contundente contra un grupo de policías.

Según la reconstrucción presentada por El Tiempo, un subintendente y tres patrulleros procedieron a esposarlo y, posteriormente, “le propinaron golpes con puños y patadas en la cabeza y el abdomen, además de someterlo a múltiples descargas con el dispositivo táser”. Las agresiones y el uso del dispositivo eléctrico, de acuerdo con la investigación, continuaron después de que Balanta ingresó a la estación de Cazucá.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la investigación fue lo ocurrido durante el tiempo que el hombre permaneció bajo custodia. Balanta presentó señales que advertían sobre un deterioro en su estado de salud y pidió ayuda médica en varias oportunidades.

“Balanta Paz pidió reiteradamente atención médica porque tenía dificultades para respirar (…) Otra persona detenida solicitó que lo socorrieran. Pese a estas señales de alarma, no recibió apoyo oportunamente”, señaló la Fiscalía.

La investigación también apunta al comandante de la estación, quien presuntamente habría omitido la activación de los protocolos de atención médica y no habría intervenido para detener los tratos crueles ni el uso del dispositivo eléctrico.

Según la Fiscalía, aproximadamente 20 minutos después de que se evidenciara un deterioro físico y la pérdida de conocimiento de Balanta, el hombre fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, los médicos confirmaron su muerte durante la noche del 20 de septiembre.

El resultado de Medicina Legal se conoció este lunes 19 de octubre, mientras avanzaban las actuaciones contra cuatro uniformados. El CTI y la Sijín capturaron a los policías en Soacha y Barbosa, Santander, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y tortura agravados.

Los cuatro capturados deberán comparecer ante un juez de control de garantías. Según El Tiempo, durante las audiencias la Fiscalía presentará la imputación de cargos correspondiente para establecer la situación jurídica de cada uno de los implicados mientras continúa la investigación por la muerte de Donovan Balanta.

(Vea también: Revelan las regiones de Colombia donde un terremoto tendría menor impacto; solo hay dos)

El evento sísmico ocurrió a las 9:11 p. m., hora local, con una profundidad de 63 kilómetros. El municipio de El Litoral del San Juan, en el sector de Docordó, fue señalado como referencia geográfica del movimiento.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-19, 21:11 hora local Magnitud 3.0. Profundidad 63 km, El Litoral del San Juán (Docordó) – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/tCDWhnw6Pc

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 20, 2026

¿Cómo reportar y para qué un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) dispone de la plataforma Sismo Sentido para que las personas informen si percibieron un movimiento telúrico en el lugar donde se encontraban. Este mecanismo permite recopilar información de quienes sintieron el temblor, incluso cuando no se registran reportes desde otros sectores.

Para diligenciar el formulario, se debe ingresar al portal oficial Sismo Sentido del SGC. Allí, los usuarios pueden responder preguntas sobre su experiencia durante el evento sísmico y aportar datos relacionados con el sitio donde se encontraban cuando ocurrió.

¿Para qué sirve reportar un sismo? Los datos recopilados ayudan a los especialistas a establecer en qué zonas se percibió el movimiento y con qué intensidad fue sentido por la población. Esta información complementa los registros instrumentales de las estaciones sismológicas y permite conocer mejor los efectos del evento en diferentes lugares.

Los reportes ciudadanos también ayudan a identificar diferencias en la percepción del mismo temblor entre municipios y regiones. La experiencia puede variar según factores como la distancia al lugar de origen, la profundidad del sismo y las características del suelo y de las edificaciones.

Por eso, si una persona siente un movimiento telúrico, puede ingresar al portal y completar el cuestionario con información sobre lo que experimentó. Estos datos contribuyen al análisis de la actividad sísmica en Colombia y al conocimiento de cómo se perciben los temblores en el territorio nacional.

(Vea también: Reapareció Cepeda en marchas y defendió lo que, según él, fue el gobierno “pacífico” de Petro)

El momento más tenso llegó cuando Hernández se dirigió directamente a Cepeda y le lanzó una frase que llamó la atención durante su intervención: “Iván Cepeda, míreme si no le da miedo”. Al final de su discurso, también lo llamó “asqueroso heredero”.

-Ivan Cépeda míreme si no le da miedo:

“Bienvenido a la Patria Milagro, asqueroso heredero” 🤭

Grande @JotaPeHernandez

CC: @IvanCepedaCast https://t.co/FHl12cvNtd

— •Elizabeth Cardona• (@EliCrH) October 19, 2026

El enfrentamiento se produjo después de que se publicaran nuevas revelaciones sobre las reuniones en Valledupar en octubre de 2025 con antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según los testimonios divulgados por ese medio, funcionarios del entonces Gobierno de Gustavo Petro habrían buscado que los excomandantes señalaran a De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.

Jota Pe Hernández le lanzó fuerte frase a Iván Cepeda en el Congreso

Durante su intervención, Hernández cuestionó a Cepeda por referirse a una supuesta amistad entre De La Espriella y Mancuso, y lo acusó de no responder a los señalamientos relacionados con las reuniones de Valledupar.

“A Iván Cepeda, al que claramente yo aquí he enfrentado y le he mostrado su asqueroso pasado, así como el de sus señores padres, le voy a responder sin ningún tipo de miedo, porque usted es un personaje bastante siniestro que cree que todos le tenemos miedo, pero no, señor”, expresó el senador.

Luego, Hernández hizo referencia al proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe y cuestionó lo que consideró un cambio de posiciones frente a las acusaciones relacionadas con antiguos jefes paramilitares.

“Usted cabalgó sobre un proceso, el de Uribe, por una supuesta compra de testigos. Y vea cómo se voltea la torta, que ahora es Mancuso, el amigo de Petro. No venga aquí, señor heredero, a decirnos a nosotros que es el amigo de Abelardo De La Espriella, cuando era con Petro que se regalaban sombreros. ¿O ya se le olvidó?”, manifestó.

El audio de Salvatore Mancuso que reprodujo Jota Pe Hernández

En medio de sus cuestionamientos a Cepeda, Hernández reprodujo un audio de Mancuso en el que el exjefe paramilitar se refirió a las reuniones de Valledupar y a las supuestas solicitudes que habrían recibido los antiguos comandantes de las AUC.

“Esto fue lo que pasó en Valledupar en octubre de 2025. Delegados del gobierno Petro les pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, a De La Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”, se escucha decir a Mancuso en el fragmento divulgado por el senador.

La declaración coincide con la versión que el exjefe paramilitar difundió públicamente sobre el encuentro. La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, también ha señalado que desde el Gobierno de entonces se habría impulsado una estrategia para vincular a esas figuras políticas con organizaciones paramilitares.

Después de reproducir el audio, Hernández volvió a dirigirse a Cepeda y aseguró que las revelaciones de Rodríguez y Mancuso estaban poniendo en cuestión al Gobierno que el senador había respaldado.

“Señor Cepeda, se está volteando la torta y puedo ver en su cara el miedo que lo aborda, porque Angie Rodríguez y el mismo Mancuso están mostrando cómo operaba la porquería de gobierno que usted siempre defendió”, afirmó.

Finalmente, repitió el reclamo que marcó su intervención: “Iván Cepeda, míreme si no le da miedo. Iván Cepeda, míreme si no le da miedo. Bienvenido a la Patria Milagro, asqueroso heredero”.

De acuerdo con la información dada a conocer por el jefe de Estado, esta decisión responde a los recientes hechos que alteraron la seguridad de la zona, donde se reportó, por ejemplo, que el Eln atravesó una tractomula en el sector de Flor Amarillo, obstaculizando el paso en la vía entre Tame y Arauca. A raíz de estos sucesos, el presidente aseguró que desarrollará una ofensiva fuerte contra el Eln y las disidencias de las Farc. En sus palabras, "Ninguno de estos bandidos de las Farc o del Eln que delinquen aquí se va a quedar en Arauca, y tampoco los extorsionistas, porque siguen delinquiendo desde las cárceles. He ordenado trasladarlos en el término de la distancia (de inmediato) a todos", enfatizando así su postura frente a la criminalidad y la reincidencia de delitos desde los centros carcelarios.

Como parte integral de la estrategia, durante el consejo de seguridad, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el aumento del pie de fuerza policial y militar en la zona y el fortalecimiento del control fronterizo, enfocándose en combatir delitos como el narcotráfico, la extorsión y el contrabando. Este tipo de medidas se han implementado previamente, pues el pasado 25 de septiembre, el mandatario ordenó el traslado de internos vinculados con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) que estaban recluidos en Santa Marta, capital del Magdalena, asegurando que quienes lleguen a ser capturados por su pertenencia a ese grupo serán igualmente enviados a cárceles alejadas de la región.

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¿Por qué el presidente decidió trasladar a jefes del Eln y de las Farc desde Arauca?

El presidente Abelardo de la Espriella tomó la decisión de trasladar a estos internos ante la persistencia de delitos cometidos desde la cárcel en Arauca y debido a recientes hechos de alteración del orden público. Según sus declaraciones, estos jefes criminales y extorsionistas continuaban delinquiendo desde el interior del centro penitenciario y, por ello, ordenó su traslado inmediato a cárceles de máxima seguridad en otras regiones.

¿Qué acciones adicionales anunció el presidente para mejorar la seguridad en Arauca?

Además del traslado de los reclusos, el presidente manifestó en el consejo de seguridad un aumento del pie de fuerza y el refuerzo de los controles fronterizos en Arauca. Estas medidas buscan combatir delitos como el narcotráfico, la extorsión y el contrabando, con el objetivo de devolver la estabilidad y fortalecer el orden público en la región.

Media Luna es destacada como una de las zonas más hermosas y productivas del Cesar, con una población aproximada de 7.000 habitantes. Estas personas ahora contarán con acceso directo a servicios básicos gracias a la nueva infraestructura, que aspira a transformar su calidad de vida de manera significativa. La importancia de esta obra radica no solo en su magnitud, sino también en la prolongada espera que implicó para la comunidad, que había visto desfilar a diferentes mandatarios sin lograr la concreción del proyecto.

El mandatario manifestó que, al asumir su administración, recibió el proyecto ya estructurado y se encargó de gestionar su viabilidad ante el Gobierno nacional. Finalmente, la optimización del sistema de acueducto se materializó gracias a una financiación cercana a los $25.208 millones, recursos provenientes del Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz (OCAD Paz), el cual es un mecanismo nacional para asignar recursos destinados a zonas que requieren intervenciones de construcción de paz.

De acuerdo con Rocha, la inversión responde a una estrategia dirigida a cerrar brechas sociales en un territorio calificado como prioritario, en un contexto de avances para la construcción de paz. La relevancia de la obra no se limita al acceso a agua potable, sino que se extiende al mejoramiento de la salud pública y la dignidad de los habitantes de Media Luna, quienes se beneficiarían de una prestación adecuada de servicios públicos.

Ese mismo día se marcó otro hito para la comunidad al dar inicio a la construcción del sistema de alcantarillado en el corregimiento. El mandatario local expresó: "La revolución de las obras sigue dejando huellas con la puesta del primer tubo de alcantarillado, un paso importante para el desarrollo y el bienestar de nuestra gente". Así, el municipio de San Diego avanza en la mejora de condiciones básicas para los habitantes de uno de sus corregimientos más emblemáticos.

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¿Cuántos habitantes se beneficiarán con el nuevo acueducto en Media Luna, Cesar?

Según la información proporcionada por el alcalde Unaldo Rocha, el acueducto permitirá que alrededor de 7.000 habitantes de Media Luna tengan acceso directo a agua potable y mejores condiciones de saneamiento básico, lo que representa un avance significativo para este corregimiento reconocido por su productividad y belleza.

¿Qué es el OCAD Paz y cómo financió el acueducto de Media Luna?

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz (OCAD Paz) es un mecanismo nacional responsable de asignar recursos a proyectos en territorios priorizados por su contexto de construcción de paz. Según explicó Unaldo Rocha, el acueducto de Media Luna obtuvo una financiación de $25.208 millones a través de este organismo, lo que permitió su ejecución y puesta en marcha.

Según información del ente acusador, el entonces presentador deportivo supuestamente utilizó su experiencia y posición de poder en la compañía para acercarse a las víctimas. A ellas, en varias oportunidades, se les habría contactado físicamente sin su consentimiento y recibido mensajes de tono lujurioso a través de redes sociales. El proceso judicial se lleva a cabo en el marco de la labor de un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para la Investigación y Judicialización de Violencias Basadas en Género en Entornos de Medios de Comunicación. Este grupo fue creado con la finalidad de unir capacidades investigativas y ofrecer una respuesta especializada, con enfoque de género, a denuncias de acoso sexual y otras formas de violencia contra mujeres comunicadoras.

En marzo de 2026, Orrego y el presentador Jorge Alfredo Vargas abandonaron Caracol Televisión en medio de una investigación interna del canal por denuncias de presuntos acosos sexuales. En ese contexto, periodistas colombianas usaron las etiquetas #MeTooColombia y #YoTeCreoColega para visibilizar casos similares en redes sociales. Tras los primeros señalamientos, Caracol Televisión activó protocolos internos y anunció la salida de ambos periodistas. La empresa aclaró que esas decisiones no representaban pronunciamiento alguno sobre la veracidad de los hechos ni de responsabilidades individuales. El presidente del canal, Gonzalo Córdoba Mallarino, informó después sobre el inicio de una investigación independiente, que sería adelantada por una comisión externa encabezada por Catalina Botero Marino, garantizando audiencias respetuosas, confidenciales y sin revictimización.

Posteriormente, Orrego reapareció en un video tras siete meses de ausencia pública. Alegó haber optado por el silencio con prudencia y respeto hacia el proceso judicial, y manifestó que la investigación supuso el cierre de un ciclo profesional y un reto para su reputación. El periodista aseguró que su defensa se restringirá a los escenarios judiciales y que continuará colaborando plenamente con las autoridades.

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¿Por qué la Fiscalía le imputó cargos a Ricardo Orrego por violencia de género?

La Fiscalía General de la Nación atribuyó a Ricardo Orrego presuntas conductas de acto sexual violento y acoso sexual, debido a acusaciones provenientes de cinco mujeres vinculadas laboralmente con él en Caracol Televisión. Según el ente investigador, estas acciones habrían incluido contacto físico no consentido y el envío de mensajes de índole sexual, aprovechando su posición de poder.

¿Qué significa un enfoque de género en la investigación judicial?

Un enfoque de género implica que las investigaciones, como la liderada por el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, consideran las circunstancias específicas que enfrentan las mujeres y buscan garantizar respuestas especializadas, protección y justicia ante casos de violencia, acoso sexual y discriminación en el entorno laboral y de medios de comunicación.

(Vea también: Cineastas retratan los efectos de los incendios en Villa de Leyva con el corto “La jaula del tiempo” durante el Festival Villa del Cine)

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, habitantes de la vereda El Espinal, en jurisdicción de Sáchica, reportaron la presencia de las llamas en la parte alta de Boquerón, donde las condiciones del terreno representan un desafío para las labores de control.

Por ahora, no se ha establecido la extensión del área afectada ni las causas que originaron el fuego. La emergencia se presenta menos de un mes después de otro incendio de grandes proporciones que afectó los cerros de Villa de Leyva.

Se volvió a prender Iguaque. Se volvió no, lo volvieron a prender. Hoy hacía las 5 de la tarde, manos criminales prendieron fuego en las montañas Villa de Leyva, en la zona del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. Los bomberos y la comunidad están trabajando en la zona. Pero el acceso es muy complicado y peligroso, por lo empinado y por la hora. Está vez queremos pedirle a gobernación @CarlosAmayaR y a las autoridades que estén listos para una posible expansión del fuego y evitar que se repita la historia de septiembre. Mejor dicho que hagan presencia cuánto antes. Pero de otro lado es urgente poner a andar un operativo y una investigación completa que nos entregue reportes y ojalá capturas relacionadas con este nuevo incendio y con el anterior.

— Javier de la Cuadra (@JavierDlacuadra) October 20, 2026

Incendio forestal en Villa de Leyva: así avanzan las labores de los bomberos

El Cuerpo de Bomberos de Villa de Leyva ya se encuentra en el lugar para atender la emergencia. A estas labores se sumaron cerca de 10 integrantes del grupo especializado forestal y una unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos de Tunja, según la información suministrada sobre el operativo.

La difícil topografía del sector de Boquerón complica el acceso a la zona afectada y las tareas para contener las llamas. Por esa razón, las autoridades departamentales anunciaron el apoyo de un helicóptero especializado para reforzar la atención de la emergencia.

Mientras avanzan las labores de los organismos de socorro, las autoridades trabajan para contener el fuego y establecer qué provocó el nuevo incendio forestal.

Carlos Amaya anunció apoyo aéreo para controlar el incendio

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se pronunció sobre la emergencia a través de su cuenta de X. Según explicó, recibió el reporte del alcalde encargado de Villa de Leyva, Nicolás Méndez Figueroa, y dispuso el desplazamiento del director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo hacia el lugar.

Amaya también anunció que un helicóptero especializado, con personal que recibió entrenamiento en Chile, llegará al municipio el martes 20 de octubre a primera hora para apoyar las labores de control.

“Por la difícil topografía donde se inició el incendio, di instrucciones para el uso de un helicóptero especializado, con personal que tuvo entrenamiento en Chile, que hará presencia en el municipio mañana a primera hora”, señaló el mandatario.

Además, el gobernador indicó que solicitó el apoyo del alcalde de Tunja y de su Cuerpo de Bomberos para fortalecer el operativo.

“Vamos a trabajar sin descanso para contener el incendio y proteger nuestra naturaleza”, afirmó.

Hace unos minutos fui informado por el alcalde (e) de Villa de Leyva, Nicolás Méndez Figueroa, sobre un incendio forestal que se activó hace cerca de media hora.

De inmediato, el director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo se dirige a la zona.

Por la difícil topografía donde se inició el incendio, di instrucciones para el uso de un helicóptero especializado, con personal que tuvo entrenamiento en Chile, que hará presencia en el municipio mañana a primera hora.

Los Bomberos de Villa de Leyva ya están en el lugar, pero hemos solicitado el apoyo del alcalde de Tunja y de su Cuerpo de Bomberos para fortalecer las labores de control.

Les pedimos a las autoridades competentes celeridad en las investigaciones para esclarecer las causas de esta emergencia.

Vamos a trabajar sin descanso para contener el incendio y proteger nuestra naturaleza.

— Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) October 19, 2026

De acuerdo con los resultados presentados, el sistema de clasificación de Col-Sapiens utiliza diez categorías, desde D1, la más alta, hasta D10, la cual se refiere al grupo de menor desempeño académico dentro del listado. Es importante aclarar que esta metodología no asigna puestos individuales; es decir, los colegios que aparecen en la misma categoría D simplemente comparten un nivel de rendimiento, sin que uno sea considerado superior al otro dentro de ese grupo.

En el caso de Valledupar, el Colegio de la Sagrada Familia ocupa la categoría D3, siendo el mejor ubicado del municipio en el listado consultado. Además, esta institución ostenta una calificación AA en el aspecto de certificaciones o acreditaciones, otra escala que evalúa la calidad pero sobre parámetros distintos al desempeño académico. En la categoría D5 figuran cinco instituciones: Colegio Bilingüe de Valledupar (AAA+ en certificaciones), Colegio Santa Fe (AA), Colegio San Fernando (A), Colegio Windsor (A) y Colegio Nacional Loperena, para el que no se evidencia calificación en certificaciones en la plataforma.

El Gimnasio del Norte y el Colegio Colombo Inglés hacen parte de la categoría D6 —con AAA y AA, respectivamente, en certificaciones— mientras que el Colegio Internacional la Sierra está en D7 y cuenta con AAA en certificaciones. En D8 aparecen el Colegio Parroquial el Carmelo y el Gimnasio del Saber, ambos calificados con A, y el Colegio Fisher School, que no presenta información sobre certificaciones. Finalmente, el Colegio Comfacesar Rodolfo Campo Soto se ubica en D9, también con A en certificaciones.

Es fundamental comprender que las categorías D1 a D10 se relacionan directamente con resultados académicos, mientras que las letras A, AA, AAA y demás variantes corresponden al reconocimiento de certificaciones o acreditaciones de calidad. Como aclara la plataforma, una puntuación elevada en certificaciones (como AAA+) no implica necesariamente que el colegio pertenezca a la mejor categoría académica. Ambas escalas miden aspectos diferentes y deben interpretarse por separado.

Según información de Sapiens Research, Col-Sapiens 2026-2027 evaluó más de 14.700 colegios en Colombia y clasificó a 892. El ingreso al ranking exigió tener categoría A+ en la plataforma Prisma del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) y un índice general mínimo de 0,80 en los años evaluados: 2024 y 2025. El principal objetivo fue identificar tanto la estabilidad del rendimiento académico como el cumplimiento de certificaciones reconocidas, siguiendo criterios estrictos de investigación.

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¿Cuáles son los mejores colegios de Valledupar según Col-Sapiens 2026-2027?

El Colegio de la Sagrada Familia se destaca en el ranking como el mejor ubicado de Valledupar, al figurar en la categoría D3. Además, el Colegio Bilingüe de Valledupar resalta en certificaciones, alcanzando una calificación AAA+. Otras instituciones como el Gimnasio del Norte y el Colegio Internacional la Sierra también presentan altos niveles en certificaciones, pero la clasificación académica principal la lidera la Sagrada Familia.

¿En qué consiste la clasificación D1 a D10 del ranking Col-Sapiens?

El ranking Col-Sapiens clasifica a los colegios en diez categorías, desde D1 (más alta) hasta D10 (más baja), según su desempeño académico. Esta escala permite agrupar instituciones con resultados similares, sin asignarles posiciones estrictas dentro del grupo. La interpretación correcta de estas categorías es clave para entender el nivel académico de cada colegio en comparación con otros.

Durante su intervención, el mandatario reafirmó su decisión de enfrentar eventuales "alianzas" entre el poder regional, empresarial y sectores que terminan aliados con grupos calificados como terroristas. Esta línea de acción, que ya había sido mencionada por De la Espriella en una visita previa a Cúcuta, fue reiterada el 19 de octubre, enfatizando que no aceptará interferencias de "manos sucias de sangre" en los destinos de la población. Según El Espectador, aunque no mencionó nombres específicos, el jefe de Estado fue contundente al expresar que no se puede hablar de seguridad mientras haya "políticos, empresas y grupos de poder que protejan, financien o faciliten las actividades del narcoterrorismo".

Este tipo de enfrentamientos no es nuevo; ya antes De la Espriella había confrontado a otros mandatarios regionales. Así ocurrió en Sincelejo con el alcalde Yahir Acuña y en San Andrés, donde la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz, ambas Liberales, fueron advertidas de que el gobierno conoce lo que ocurre en la isla. Igualmente, tras un atentado en Los Patios, Cúcuta, el presidente reafirmó que no permitirá que ningún mandatario se alinee con organizaciones ilegales.

En lo referente a los logros en materia de seguridad en Arauca, De la Espriella destacó una reducción del 56 % en los homicidios y del 71 % en los ataques contra la Fuerza Pública en el periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 15 de octubre de 2026, según datos reportados por El Espectador. Este esfuerzo está respaldado por el fortalecimiento de la Fuerza Pública en inteligencia, operaciones y control terrestre y fluvial, orientado a intensificar la ofensiva contra Eln y las disidencias de las Farc.

Además, el mandatario exigió al Eln la liberación inmediata de cinco secuestrados, incluidos dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), dejando claro que su gobierno no negociará con el terrorismo y solicitando al Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) que intensifique los operativos de rescate. Finalmente, anunció el traslado de cabecillas y objetivos de alto valor detenidos en Arauca, disposición similar a la que ordenó días antes en San Andrés.

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¿Cuáles fueron los principales logros de la estrategia de seguridad en Arauca bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con información de El Espectador, la administración de Abelardo de la Espriella resaltó como principales logros la reducción del 56 % en el número de homicidios y una disminución del 71 % en los ataques dirigidos contra la Fuerza Pública, en el periodo reportado entre el 7 de agosto y el 15 de octubre de 2026, mostrando un impacto relevante de las acciones implementadas por la Fuerza Pública en la zona.

¿Qué significa la sigla Gaula y cuál es su función en el contexto del conflicto en Arauca?

La sigla Gaula corresponde a Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal. Estos grupos tienen la función específica de operar para la liberación de personas secuestradas y la lucha contra la extorsión y el secuestro, como lo destacó el mandatario Abelardo de la Espriella al pedirles intensificar los operativos de rescate en Arauca frente a los secuestros atribuidos al Eln.

Pese a la severidad de la condena, tanto la Fiscalía como los defensores de los acusados y los abogados de la familia de la víctima manifestaron desacuerdo con la decisión, salvo la Procuraduría. Por este motivo, anunciaron que apelarán el fallo. Las partes interesadas expondrán sus argumentos en una audiencia virtual convocada por el juez, con el fin de que el Tribunal Superior de Bogotá analice nuevamente el caso y valore la decisión adoptada en primera instancia.

La reconstrucción de los hechos revela que la confrontación ocurrió luego de que Jaime Esteban y su amigo Juan David Cárdenas Ortiz salieran del establecimiento Bifor Pub en la madrugada, buscando transporte hacia sus hogares. Durante este trayecto, Juan Carlos Suárez Ortiz inició una agresión física contra la víctima. La violencia continuó incluso cuando Jaime Esteban intentó alejarse. Ricardo Rafael González Castro se sumó posteriormente al ataque, incrementando la gravedad de la situación. El juez determinó que ambos continuaron golpeando a la víctima incluso cuando yacía en el suelo y no podía defenderse.

Un punto relevante durante el juicio fue el origen de la agresión. Según explicó una testigo, Valentina Paricet Peña Castañeda, una mujer vestida de negro señaló a Jaime Esteban como supuesto acosador, lo que desencadenó los sucesos. Sin embargo, el despacho advirtió que el proceso no buscaba determinar si existió acoso, sino si el señalamiento de terceros fue asumido como justificación suficiente para ejercer violencia, lo cual quedó probado a juicio del juez. Además, se recogió la manifestación de Suárez Ortiz de que continuarían el ataque si alguien los animaba, lo que evidenció una dinámica colectiva e irresponsable de los acusados.

Entre los factores agravantes considerados estuvieron la hora del ataque —la madrugada—, la superioridad numérica, el estado de vulnerabilidad de la víctima y el hecho de que la agresión continuó cuando Jaime Esteban había perdido toda capacidad de defensa. El juez subrayó que la responsabilidad no radica solo en los golpes individuales, sino en haber participado de manera conjunta en una conducta que resultó fatal. El tribunal determinó, además, las circunstancias de mayor punibilidad previstas en el artículo 58 del Código Penal por haber actuado bajo motivo abyecto y aprovechando la condición de indefensión de la víctima, según la sentencia reseñada por El Espectador.

Con este fallo, el caso avanza a segunda instancia, mientras permanece vigente el debate sobre la pertinencia de la pena y las circunstancias que rodearon los hechos.

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¿Por qué el juez dictó la condena de 37 años y seis meses de prisión por homicidio agravado?

El juez consideró probado que Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro atacaron a Jaime Esteban Moreno Jaramillo cuando este se encontraba en estado de indefensión. La sucesión de golpes, la imposibilidad de la víctima para defenderse y la continuidad de la violencia después de que cayera al suelo fueron claves para aplicar el agravante previsto en el numeral séptimo del artículo 104 del Código Penal, que contempla una pena mayor cuando se comete homicidio aprovechando la indefensión de la víctima.

¿Qué es un motivo abyecto en el proceso penal y cómo se aplicó en este caso?

El motivo abyecto, según el artículo 58 del Código Penal, implica actuar movido por razones despreciables o indignas socialmente. En este caso, el juez consideró que los agresores justificaron el ataque por señalamientos de terceros, actuando con saña e incitados por el entorno, sin que existiera peligro real o recurrencia a las autoridades, lo que constituyó una motivación abyecta y agravó la condena.

El Tribunal Superior de Sincelejo sentenció en septiembre a Martínez Santamaría a 27 años de prisión, considerándolo determinador en los homicidios de los hermanos Humberto Escobar Mercado, Preliciano Mercado García y Eusebio Osorio Mercado. La abogada Hoyos representa a las víctimas de este caso, mientras que el Movice Sucre ha respaldado a la familia en su búsqueda de justicia, según información del Cajar. Inicialmente, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos había absuelto a los procesados, pero tras la apelación de la Fiscalía y de Hoyos, el Tribunal cambió la decisión, condenando también a Neiser Manuel Contreras Montiel, Ever Manuel Álvarez Madrid y Roger Alfredo Contreras Macea como autores materiales, según la información divulgada por el Cajar.

La masacre ocurrió el 25 de enero de 2018 en el corregimiento La Guaripa, en Sucre, mientras los tres hermanos realizaban labores en el predio El Trébol. El colectivo de abogados informó que el crimen fue precedido por una prolongada disputa por la tierra, con antecedentes de amenazas y agresiones a la familia, denuncias que no evitaron el asesinato. Un mes después de la condena, las amenazas a Hoyos y Barrios mencionan expresamente a personas y las vinculan con el proceso judicial, lo que evidencia un seguimiento directo, advirtió el Cajar en un comunicado emitido el 19 de octubre.

El Cajar solicitó a la Presidencia, al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Sucre y a las autoridades locales que se activen rutas de prevención y se convoquen con urgencia instancias territoriales de garantías. Además, pidieron a la Fiscalía investigar de manera diligente la autoría de las amenazas y exigieron que el Gobierno reconozca públicamente la labor de los defensores de derechos humanos, evite su estigmatización y comunique sobre los hechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana.

La organización también instó a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a entidades internacionales a acompañar a las víctimas y vigilar la respuesta estatal. Finalmente, el Cajar reafirmó su compromiso: “Seguiremos acompañando a la familia de los hermanos Escobar Mercado hasta que la justicia sea plena”.

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¿Por qué amenazaron a Yessika Hoyos y otros miembros de Movice Sucre?

Según información publicada por el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), las amenazas enviadas a Yessika Hoyos Morales y otros integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), capítulo Sucre, están relacionadas con la reciente condena a William Martínez Santamaría por su participación en la masacre de los hermanos Escobar Mercado. Las amenazas buscan intimidar a quienes han representado y acompañado a las víctimas en este proceso judicial.

¿Cuál fue el contexto de la masacre de los hermanos Escobar Mercado en Sucre?

De acuerdo con los datos del Cajar, la masacre de los hermanos Humberto Escobar Mercado, Preliciano Mercado García y Eusebio Osorio Mercado ocurrió el 25 de enero de 2018 en el corregimiento La Guaripa, en Sucre, en medio de una disputa por la tierra en el predio El Trébol. La familia había sido objeto de amenazas, agresiones y desalojos previamente, pese a las denuncias ante las autoridades, pero estos hechos no fueron prevenidos.

La decisión judicial se conoció este lunes 19 de octubre, casi un año después de la muerte del joven de 20 años. El Juzgado 8011 Penal del Circuito de Bogotá encontró responsables a Suárez Ortiz y González Castro en calidad de coautores del homicidio agravado.

El fallo representa el desenlace de un proceso que comenzó después de la agresión ocurrida en la madrugada del 31 de octubre de 2025. Jaime Esteban Moreno había salido del establecimiento Before Club, donde asistía a una fiesta, y se encontraba buscando transporte junto con un amigo cuando fue atacado.

La reconstrucción de los hechos expuesta durante el proceso indica que el estudiante fue golpeado inicialmente por la espalda y cayó al suelo. Mientras se encontraba indefenso, los agresores continuaron la golpiza con golpes y patadas dirigidos principalmente hacia la cabeza y el tórax.

El acompañante de Moreno intentó intervenir para auxiliarlo, pero también fue agredido. Cuando llegaron los policías tras recibir una alerta de la comunidad, encontraron al estudiante con graves traumatismos y sangrado. Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial, donde ingresó sin signos vitales, indicó el medio.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó diferentes elementos para sustentar la responsabilidad de los acusados. Entre las pruebas estuvieron videos de cámaras de seguridad públicas y privadas, testimonios de personas que presenciaron los hechos y dictámenes de Medicina Legal. 

Uno de los puntos centrales del proceso fue establecer la naturaleza del ataque. Al respecto, el juez descartó la tesis de la defensa que buscaba que el caso fuera considerado como un homicidio preterintencional y determinó que existió responsabilidad a título de dolo, con circunstancias de agravación relacionadas con la indefensión de la víctima.

La familia había solicitado una pena superior a los 45 años de prisión y pidió que los condenados no recibieran beneficios. El abogado también señaló que continúa la búsqueda de Paola Fernández, quien es señalada dentro del proceso como presunta instigadora de la agresión. 

El ejercicio comenzará a las 10:00 a. m., y ofrecerá a las entidades inscritas la posibilidad de poner a prueba sus planes de gestión del riesgo y de emergencia. Cada organización podrá diseñar escenarios acordes con su actividad y necesidades particulares, permitiendo un enfoque adaptado a la realidad de quienes forman parte de la comunidad organizada. Así, diferentes sectores tendrán la oportunidad de medir su preparación, identificar fortalezas y reconocer áreas susceptibles de mejora en sus protocolos de reacción.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Alcaldía, el sector educativo lidera la participación con 24 inscritos, seguido de propiedad horizontal (22), comercio (17), administración pública (14), construcción (12), y los sectores de salud y transporte, con 11 participantes cada uno. Este reparto evidencia que la movilidad y el bienestar, tanto en ámbitos residenciales como institucionales, son considerados prioritarios para la gestión del riesgo en Valledupar.

Durante la tarde, el enfoque de la simulación cambiará: se realizará un ejercicio de escritorio basado en el escenario de un vendaval que deriva en la caída de varios árboles. Para este propósito, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, junto a sus entidades operativas, revisarán la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias y los mecanismos de coordinación entre las diferentes áreas involucradas. Según la programación nacional, este segundo momento estará centrado en la evaluación institucional, especialmente en la coordinación para la toma de decisiones y en el despliegue de las capacidades territoriales.

El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias no solo pretende movilizar a los distintos actores, sino también verificar que los planes y mecanismos previstos en caso de emergencia sean realmente efectivos. La jornada permitirá identificar los aspectos que funcionan y aquellos que requieren ajustes, para fortalecer la respuesta y resiliencia ante futuros eventos.

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¿Cuáles son los sectores que participan en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en Valledupar?

En el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en Valledupar participan sectores como educación, propiedad horizontal, comercio, administración pública, construcción, salud y transporte, según cifras reportadas por la Alcaldía. La diversidad en la inscripción refleja el interés por fortalecer la gestión del riesgo desde múltiples frentes y entornos.

¿Cuál es el propósito de la simulación de escritorio sobre un vendaval en Valledupar?

La simulación de escritorio sobre un vendaval en Valledupar busca evaluar la capacidad de respuesta institucional ante un evento que implique la caída de árboles y posibles afectaciones asociadas. El ejercicio está enfocado en revisar la coordinación, la estrategia municipal de emergencias y la eficacia en la toma de decisiones durante una emergencia de este tipo.

La universidad enfatizó la función de los museos como lugares donde se debe reconocer la diversidad de relatos históricos, especialmente aquellos que han estado marginados de las narrativas oficiales, aspecto determinante para la pluralidad cultural. Además, recordó que según el proyecto de ley 630 de 2025, artículo 65, los museos son instituciones permanentes, democráticas y vinculadas a sus territorios, cuyo servicio debe estar orientado a la sociedad sin fines de lucro.

Otra voz que se sumó fue la de la Universidad de Los Andes, por medio de su Facultad de Artes y Humanidades (Arthum), que señaló que la remoción de estas piezas afecta la representación pública de momentos cruciales recientes, como las víctimas de la Unión Patriótica y la séptima papeleta. Arthum cuestionó la posibilidad de imponer una visión única de la nación y destacó que no hay antecedentes de una acción de esa magnitud bajo gobiernos anteriores. También aseguró que la exposición del Museo Nacional es el resultado de años de investigación y trabajo curatorial en conjunto con las comunidades, que ahora ven vulneradas sus historias y memorias.

Por su parte, la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana advirtió que dicha censura puede afectar la credibilidad de la institución, además de suponer una violencia simbólica contra la sociedad. Enfatizaron que el respeto por las instituciones se debilita y puso en duda el compromiso del gobierno con la diversidad. Similarmente, la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario destacó que la exhibición de piezas debe fomentar el análisis crítico y el diálogo informado, por lo que exige transparencia en las decisiones y resguardo de los principios de pluralismo y libertad académica.

Las obras retiradas formaban parte de salas emblemáticas como "Hacer sociedad", "Memoria y Nación" y "Fuerza, fe y sustancia". La orden, dada por el presidente, fue ejecutada por la ministra de Cultura, Paola Holguín, con el argumento de combatir lo que llamó una "oda al terrorismo". Tras la polémica, el Juzgado 24 de familia de Bogotá prohibió la destrucción, alteración o salida de las piezas tras una tutela interpuesta por los colectivos León Zuleta y Revolución en Rosa.

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¿Por qué las universidades rechazan el retiro de piezas del Museo Nacional de Colombia?

Las universidades, como la Universidad Nacional, la Universidad de Los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario, consideran que eliminar testimonios y relatos por motivaciones políticas amenaza la diversidad y el pluralismo en la construcción de la memoria colectiva. Además, argumentan que los museos deben ser espacios de inclusión y debate crítico, no de imposición de una única narrativa histórica.

¿Qué implica el concepto de “violencia simbólica” en el contexto del Museo Nacional?

El término “violencia simbólica” se refiere a acciones que, sin recurrir a la fuerza física, afectan la dignidad o reconocimiento de grupos sociales. En este caso, la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana lo utiliza para señalar que la censura y retiro de piezas representan una negación de historias y memorias fundamentales para la identidad nacional, lo que debilita el respeto institucional y el sentido democrático.

Este decreto también determina mecanismos para identificar de manera individual a quienes usen explosivos o causen daños en la infraestructura pública. Además, establece que no se necesita agotar primero el diálogo para intervenir cuando surjan episodios de violencia durante las protestas. Bogotá se convirtió en el principal escenario donde se puso a prueba esta nueva relación entre el Ejecutivo y la movilización ciudadana, especialmente durante las tres jornadas en que se aplicó el decreto, dejando un balance que se catalogó como contradictorio.

Al finalizar la jornada, el presidente Abelardo de la Espriella hizo énfasis en que, de acuerdo con el balance general, la jornada resultó mayormente positiva. Según sus declaraciones, cerca de 62.000 personas participaron ese día en diferentes ciudades del país y, de acuerdo con su apreciación, “fueron pacíficas en un 98%”. Sin embargo, el mandatario también detalló que se registraron intervenciones de la Fuerza Pública en seis oportunidades: dos en Bogotá, dos en Ibagué, una en Popayán y otra en Medellín, todas motivadas por lo que denominó “pequeñas revueltas”.

De esta manera, el nuevo decreto evidencia el interés del Gobierno en establecer reglas claras para la actuación estatal durante las movilizaciones sociales, pero la aplicación práctica dejó varias impresiones encontradas sobre la efectividad de las intervenciones y la protección del derecho a la protesta, especialmente en la capital del país. Toda la información aquí referida fue tomada de datos y declaraciones recogidos en medios nacionales.

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¿Qué cambios introduce el Decreto 1525 para la protesta social en Colombia?

El Decreto 1525 modifica el protocolo de la Fuerza Pública y de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) durante las protestas, obligando a que mantengan una distancia mínima de cuatro metros respecto a los manifestantes, permitan el acompañamiento permanente, individualicen a quienes generen violencia y eliminen la obligatoriedad del diálogo previo antes de intervenir en situaciones violentas.

¿Cuál fue el balance de las protestas tras la aplicación del Decreto 1525 en Bogotá?

De acuerdo con las cifras y declaraciones oficiales, el balance en Bogotá fue mayormente positivo, con un 98% de manifestaciones pacíficas y solo dos intervenciones de la Fuerza Pública por disturbios menores, en el contexto de una convocatoria que reunió a miles de personas en todo el país.

De acuerdo con el funcionario, 13 de los cuerpos se encuentran en la cabecera municipal de Santa Bárbara de Iscuandé, mientras que otra de las víctimas está en el municipio de Guapi, en el departamento del Cauca. Además, siete personas resultaron heridas y reciben atención médica. González explicó que cuatro de los lesionados presentan heridas de gravedad, por lo que la Gobernación de Nariño adelanta gestiones con la Tercera División del Ejército para facilitar su traslado aéreo hasta Tumaco, donde puedan recibir la atención que requieren.

“Hasta el momento hay 14 personas fallecidas, 13 cuerpos que ya están en la cabecera municipal del casco urbano de Santa Bárbara de Iscuandé y otra persona que está en el municipio de Guapi. Adicional a eso, hay siete personas heridas”, señaló el secretario. El funcionario también precisó que, según el balance disponible, las labores de búsqueda habían concluido sin que se reportaran más personas desaparecidas. Sin embargo, las autoridades continuaban concentradas en la asistencia de los heridos y sus familias.

¿Cómo ocurrió el derrumbe en la mina de Nariño?

Según la información entregada por el secretario de Paz y Derechos Humanos, la emergencia se originó por el colapso de un sector de minería a cielo abierto ubicado en las riberas del río Iscuandé, en el territorio del consejo comunitario Cuenca del Río Iscuandé. El desprendimiento de tierra sepultó a varias personas que se encontraban desarrollando actividades mineras en el lugar. La magnitud del derrumbe provocó la muerte de 14 personas y dejó a otras siete heridas. Las primeras informaciones sobre el accidente daban cuenta de nueve fallecidos. No obstante, el balance aumentó durante el desarrollo de la emergencia.

Más allá de la atención inmediata de la emergencia, el secretario advirtió sobre las condiciones en las que se desarrolla parte de la actividad minera en el Pacífico colombiano. Según explicó, la falta de una regulación adecuada “es un fenómeno de orden nacional que está dejando muertos como lo estamos evidenciando y está dejando muertos como lo estamos evidenciando y que necesita regularse en departamentos donde sale el oro”.

González sostuvo que una parte importante de la minería que se desarrolla en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño enfrenta problemas de regularización por parte del Gobierno. Frente a las familias de las víctimas del derrumbe en Santa Bárbara de Iscuandé, el funcionario expresó su solidaridad y aseguró que las instituciones mantienen la atención de la emergencia.

El balance más reciente entregado por la Gobernación de Nariño es de 14 personas fallecidas y siete heridas, cuatro de ellas en estado de gravedad. Hasta el momento de la entrevista, no se reportaban personas desaparecidas y las autoridades concentraban sus esfuerzos en la atención médica de los lesionados y el acompañamiento a sus familiares. “Nuestro mensaje es de solidaridad en estos momentos difíciles”, indicó.

La manifestación de los trabajadores hizo parte de una convocatoria nacional promovida por SINDISALUD-ASMET. Según la trabajadora Keyla Cujia, estos empleados llevan cerca de un año enfrentando problemas salariales y dificultades operativas, lo que ha derivado en protestas recurrentes para exigir el pago de sus salarios. Cujia relató que la situación crítica inició en octubre del año anterior y que, desde entonces, los pagos han sido irregulares y solo se han consignado parcialmente tras las jornadas de protesta. Las movilizaciones más recientes ocurrieron en marzo y en los días 8, 9 y 10 de abril, cuando denunciaron hasta tres meses de salario atrasado. Actualmente, según los trabajadores, aún se les adeudan las prestaciones correspondientes a julio y agosto.

Los empleados han manifestado su interés en que Asmet Salud supere la crisis, pero expresan frustración por los cambios de interventores y la falta de soluciones definitivas. La atención a los usuarios tampoco se detuvo por completo; según Cujia, durante el plantón se prestó asesoría y se habilitaron opciones para continuar los tratamientos, gracias a la presencia de personal del área de accesibilidad entre las 7:00 a. m. y el mediodía.

La manifestación estuvo acompañada por una carta pública de SINDISALUD-ASMET, que solicita respuestas urgentes sobre la crisis financiera, la operación y los embargos que enfrenta la EPS. Advierten que la problemática ha trascendido lo económico y ya pone en riesgo la continuidad de la atención médica, la estabilidad laboral y el derecho a la salud de los afiliados. Además, instan a revisar jurídicamente los embargos sin desconocer los derechos de los acreedores.

Otro punto central de la reclamación es la falta de rendición de cuentas de la intervención forzosa administrativa, que suma cerca de tres años bajo la vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud. Los trabajadores piden un balance verificable, la creación de una mesa interinstitucional y un plan operativo que garantice tanto los derechos laborales como la atención de los pacientes, señalando que la vocación de servicio del personal no debe convertirse en la solución indefinida frente a problemas estructurales de la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación laboral actual de los empleados de Asmet Salud en Valledupar?

La situación laboral de los empleados de Asmet Salud en Valledupar, según lo informado por El Pilón, se caracteriza por la inestabilidad en el pago de salarios, con periodos críticos de varios meses sin recibir sus ingresos y pagos fraccionados que solo se han efectuado tras jornadas de protesta. Además, enfrentan incertidumbre debido a cambios de interventores y carecen de garantías laborales suficientes para cumplir sus funciones en condiciones dignas.

¿Cómo afecta la crisis de Asmet Salud a los afiliados que requieren atención médica?

De acuerdo con la información publicada por El Pilón, la crisis financiera y operativa de Asmet Salud impacta directamente a los afiliados, quienes experimentan demoras y dificultades para acceder a citas, autorizaciones y continuidad en los tratamientos. Aunque durante las protestas los trabajadores mantienen algunos servicios de orientación y asesoría, la inestabilidad administrativa y los retrasos salariales generan incertidumbre en la garantía del derecho a la salud de los usuarios.

(Le puede interesar: Susto en famoso centro comercial de Colombia: se incendió local y tuvieron que evacuar)

Según el testimonio de González, el conflicto estaría relacionado con un malentendido ocurrido meses atrás, cuando, presuntamente, le atribuyeron comentarios ofensivos contra la madre de su pareja. La denunciante afirmó que no sería la primera vez que enfrenta situaciones de maltrato por parte de su familia política.

“Me rompieron hasta la camisa. Yo jamás pensé que una persona (…) me fuera a golpear de esa manera”, manifestó en la grabación. También sostuvo que Gutiérrez habría alardeado de tener poder y contactos por su presunto vínculo laboral con entidades públicas.

La mujer, quien tiene un bebé de cinco meses, recordó que durante su embarazo también habría sufrido una agresión en medio de un conflicto familiar. Tras el episodio en el centro comercial, aseguró que acudió a la Policía y recibió atención médica. Además, pidió revisar las cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido.

 

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Gobernación del Valle pidió atender a la denunciante

La gobernadora Dilian Francisca Toro rechazó los hechos denunciados y solicitó a la Secretaría de Equidad de Género activar la ruta de atención para que González reciba acompañamiento integral. También pidió verificar si alguno de los señalados tiene vínculos con la Administración Departamental.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Cali aclaró que Gutiérrez no es funcionario ni contratista directo de la entidad. Álvaro Díaz Zúñiga, abogado de la dependencia, explicó que el hombre es representante de una unión temporal externa encargada del mantenimiento de vehículos de la Secretaría. La entidad manifestó su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres y anunció que acompañará a la denunciante para que acuda formalmente a la Fiscalía.

¡En el Valle del Cauca tenemos CERO TOLERANCIA con la violencia contra las mujeres!

Rechazo contundentemente las agresiones denunciadas por Ana Catalina González y le expreso toda mi solidaridad. No podemos normalizar ni permitir ningún tipo de violencia contra las mujeres.

He… pic.twitter.com/bYCplohLvd

— Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) October 19, 2026

Otra mujer entregó una versión diferente

El caso también tuvo una versión contrapuesta. Otra mujer que aseguró haber presenciado el altercado afirmó en redes sociales que González habría llegado a la mesa para reclamar de manera agresiva y que el grupo intentó retirarse para evitar una confrontación.

Según ese testimonio, el hombre señalado habría intentado separar a los involucrados y ella misma habría jalado la blusa de González mientras trataba de apartarla. La mujer también pidió que se revisen las grabaciones de seguridad.

Las versiones difieren sobre cómo comenzó el enfrentamiento y qué ocurrió durante la confrontación. Por eso, las grabaciones y demás elementos de prueba serán importantes para que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen las posibles responsabilidades.

(Vea también: Imputaron cargos a Ricardo Orrego por acoso; el periodista no aceptó acusaciones)

A través de un video, el comunicador explicó por qué había decidido mantenerse al margen de las declaraciones públicas durante ese periodo y se refirió a las consecuencias personales y laborales que, según dijo, ha tenido esta situación.

“Esta pausa no fue fortuita, fue una decisión consciente para actuar con la máxima prudencia y con absoluto respeto frente al proceso judicial que sigue su curso”, manifestó.

La Fiscalía investiga presuntos hechos ocurridos entre 2012 y 2024 en un contexto laboral y ha señalado la existencia de cinco presuntas víctimas. La imputación constituye una etapa del proceso penal y no equivale a una condena.

#Judicial | Ricardo Orrego rompe su silencio y habla tras la imputación de cargos de la Fiscalía. “A mi esposa y a mis hijos quiero expresarles mi gratitud infinita por mantenerse a mi lado, unidos frente a la incertidumbre. A ellos les pido perdón por el dolor que esta situación les ha causado”, dijo.

— Minuto60 (@minuto60com) October 19, 2026

Ricardo Orrego habló del impacto que tuvo el caso en su familia y su trabajo

En su pronunciamiento, Orrego aseguró que el proceso ha cambiado distintos aspectos de su vida, desde la tranquilidad de su hogar hasta su trayectoria profesional.

“No puedo negar que el impacto en nuestras vidas ha sido muy fuerte. Esta situación ha alterado la tranquilidad de mi hogar, ha significado el final de un ciclo en mi trabajo y ha puesto a prueba mi reputación profesional“, expresó.

El periodista también dedicó parte de su mensaje a su esposa y a sus hijos, a quienes agradeció por acompañarlo durante los meses de incertidumbre.

“A mi esposa y a mis hijos quiero expresarles mi gratitud infinita por mantenerse a mi lado, unidos frente a la incertidumbre. A ellos les pido perdón por el dolor que esta situación les ha causado”, dijo.

Orrego señaló que su familia ha sido su principal prioridad durante este periodo y aseguró que el apoyo de sus seres queridos le ha permitido afrontar las dificultades.

“Son la razón principal por la que hoy estoy aquí dando la cara con la frente en alto”, añadió en el video.

Decisión de Ricardo Orrego frente al proceso judicial

Otro de los puntos centrales de su declaración fue su decisión de no utilizar los medios de comunicación ni sus redes sociales para discutir públicamente los hechos que se investigan.

El periodista aseguró que su defensa se desarrollará ante las autoridades judiciales y que continuará atendiendo los requerimientos que le hagan dentro del proceso.

“Quiero ser muy claro en algo: no utilizaré mis redes sociales ni los medios de comunicación para debatir versiones, controvertir declaraciones o referirme a personas específicas. Mi defensa se llevará a cabo estrictamente donde corresponde, en los estrados judiciales”, afirmó.

También reconoció la sensibilidad de los hechos investigados y sostuvo que espera que sean evaluados con responsabilidad, objetividad y respeto por la ley.

“Las conductas que se investigan involucran asuntos sumamente delicados que nuestra sociedad, con toda razón, exige que se tomen con la mayor seriedad”, manifestó.

En ese sentido, pidió que el proceso avance con apego a las garantías judiciales y expresó su confianza en la justicia y en el equipo que asumió su defensa. Finalmente, agradeció a las personas que lo han acompañado durante los últimos meses y aseguró que afronta esta etapa apoyado en su familia y en sus creencias religiosas.

“Afronto el futuro de la mano de Dios, sostenido por el amor incondicional de mi familia, con plena confianza en la labor de la justicia y en mi equipo de la defensa“, concluyó.

La apertura de la investigación disciplinaria fue impulsada por una queja presentada por la periodista Sofía Casas. Según su denuncia, "la menor apareció en una tarima, micrófono en mano, gritando arengas políticas y expresiones vulgares". Casas solicitó que se investigue la posible intervención de Carrascal en estos hechos y si le indicó a la menor qué decir, argumentando que las leyes, como el artículo 44 de la Constitución y la Ley 1098 de 2006, garantizan la protección integral de los niños y niñas frente a situaciones de instrumentalización política.

En paralelo, el concejal Santiago Perdomo Montoya también formalizó una queja ante la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Procuraduría. Perdomo señaló la presencia de Carrascal en la tarima, junto a una niña de aproximadamente siete años, y denunció que la menor habría sido inducida a lanzar insultos contra el presidente Abelardo de la Espriella. Para el concejal, la difusión pública de las imágenes en redes sociales podría comprometer tanto los derechos como la identidad de la menor.

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría asumió el caso para determinar si Carrascal incurrió en una falta disciplinaria por posible utilización o inducción de una menor con fines políticos. Como parte del proceso, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales debe recolectar videos y obtener información que permita identificar a la menor y sus tutores, así como establecer las circunstancias en que se produjo su exposición mediática. Por otro lado, se solicitó al ICBF informar si existe alguna actuación en curso relacionada.

Ante la controversia, María Fernanda Carrascal negó haber incitado a la niña a pronunciar expresiones ofensivas. Declaró que solo le preguntó si estaba lista y que la participación fue autorizada por los padres, quienes no conocían previamente a la representante. Carrascal también sostuvo que los videos difundidos están editados y enfatizó que la frase que le dirigió a la niña fue "Palestina libre", porque portaba una bandera palestina. Según una entrevista al padre de la menor compartida por la congresista, la intervención fue espontánea y nadie sabía qué diría la niña.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Procuraduría investiga a María Fernanda Carrascal por el caso de la menor en las marchas?

La Procuraduría General de la Nación decidió investigar a María Fernanda Carrascal luego de varias denuncias que la relacionan con la posible utilización de una menor de edad para emitir arengas políticas y expresiones ofensivas durante una movilización pública. Las autoridades buscan establecer si existió una falta disciplinaria por inducir o instrumentalizar a la menor, ya que esto podría vulnerar la protección especial que las normas colombianas otorgan a los derechos de los niños y niñas.

¿Qué establece la Ley 1098 de 2006 sobre la protección de los menores en actos públicos?

La Ley 1098 de 2006, conocida como Código de Infancia y Adolescencia, establece garantías y medidas de protección integral para todos los niños y niñas en Colombia. Entre otros aspectos, prohíbe la exposición y utilización de menores en circunstancias que puedan afectar su dignidad, integridad o derechos, incluidas situaciones donde puedan ser instrumentalizados con fines políticos o mediáticos. Las autoridades deben salvaguardar en todo momento el bienestar y la identidad de los menores involucrados en este tipo de hechos.

(Le puede interesar: La reacción de Ricardo Orrego a imputación de la Fiscalía, a través de su abogada)

Según la información divulgada por el ente investigador, el caso involucra a cinco mujeres que habrían tenido algún vínculo laboral con Orrego: tres periodistas, una practicante y una estudiante universitaria.

La Fiscalía señaló que, presuntamente, el entonces presentador deportivo se habría valido de su experiencia y posición de poder en el entorno laboral para acercarse a las mujeres. De acuerdo con la investigación, habría tenido contacto físico sin consentimiento y enviado mensajes de contenido sugestivo por redes sociales.

Los hechos son materia de investigación y las conductas atribuidas al periodista no constituyen una responsabilidad penal demostrada. La imputación comunica formalmente los delitos que la Fiscalía le atribuye, pero no equivale a una condena.

(Le puede interesar: De la Espriella Lawyers responde a supuesta “alianza” con caso Ricardo Orrego: “Exigimos verdad”)

¿Qué sigue en el proceso contra Ricardo Orrego?

La investigación está en manos de un Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, creado para investigar y judicializar casos de violencia basada en género en entornos de medios de comunicación.

Con la imputación, el proceso judicial avanza hacia las siguientes etapas, en las que se determinará si existen elementos suficientes para continuar con una acusación formal. Orrego conserva su derecho a la defensa y la presunción de inocencia mientras las autoridades esclarecen los hechos.

El caso hace parte de las investigaciones por presuntas conductas de violencia basada en género en espacios laborales del sector periodístico. La Fiscalía deberá sustentar los señalamientos y establecer las circunstancias de cada uno de los hechos que atribuye al comunicador.

Por ahora, el periodista no aceptó los cargos que le fueron imputados. La responsabilidad penal solo podrá determinarse dentro del proceso judicial correspondiente.

(Vea también: Abren investigación a María F. Carrascal por episodio con una menor en tarima en marchas)

La polémica surgió cuando Carrascal le reclamó a uno de los uniformados por acercar su macana a su cuerpo. En medio de la discusión, la representante mencionó su condición de congresista, una frase que varios usuarios relacionaron con la expresión “usted no sabe quién soy yo”.

El episodio ocurrió durante las protestas por el retiro de al menos 30 piezas de la exposición del Museo Nacional, una decisión que generó cuestionamientos por su relación con asuntos como la lucha feminista, la población LGBTI+ y el conflicto armado colombiano.

“Usted no sabe quien soy yo” https://t.co/SgaQwrDItd

— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 18, 2026

Qué dijo María Fernanda Carrascal durante el cruce con agentes de la UNDMO

En la grabación que circuló en redes sociales, Carrascal le pidió a uno de los uniformados que tuviera cuidado con el manejo de su elemento de dotación.

“Agente, cuidado, cuidado. Oiga, oiga, no me pase ese bolillo que yo soy representante a la Cámara. Cuidado que yo sé cómo mueven esos bolillos. Yo sé cómo mueven esos bolillos y cómo están intimidando a la gente. No se le ocurra volver a hacer lo que acaba de hacer, agente. No se le ocurra”, expresó la congresista.

Las palabras de la representante provocaron reacciones encontradas. Algunos usuarios cuestionaron que mencionara su investidura durante el intercambio con la autoridad, mientras otros respaldaron su presencia en las manifestaciones y su intervención frente a lo que consideraron una posible actuación desproporcionada de la fuerza pública.

El representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, fue uno de los políticos que reaccionó a la grabación. “Usted no sabe quién soy yo”, escribió en redes sociales, al asociar el episodio con esa expresión.

También hubo críticas del concejal de Bogotá Andrés Barrios Bernal, quien cuestionó que Carrascal recurriera a su condición de congresista durante el procedimiento. “La curul no es un escudo ni un pase VIP. El policía estaba haciendo su trabajo. No sea oportunista: el respeto a la autoridad también aplica para los congresistas”, escribió.

Mafe Carrascal respondió a las críticas por el video

Ante la controversia, la representante del Pacto Histórico defendió su actuación y negó que hubiera recurrido a su cargo para obtener privilegios. Según explicó, identificarse como congresista tenía como propósito proteger a los manifestantes y advertir sobre posibles abusos de la fuerza pública.

“’Usted no sabe quién soy yo’ es usado para proteger intereses y privilegios particulares. En estas circunstancias no opera, identificarse en una situación como esta para proteger la vida de manifestantes pacíficos es un imperativo“, escribió Carrascal al responder a Briceño.

La congresista también señaló que una agresión física contra un servidor público puede tener consecuencias penales y sostuvo que mostrar su credencial fue una manera de intervenir ante lo que consideró una situación de riesgo para quienes participaban en la protesta.

De igual forma, ratificó que seguirá acompañando las movilizaciones ciudadanas y utilizando su condición de representante para exigir explicaciones frente a denuncias sobre posibles excesos de las autoridades.

“Sí, claro que voy a mostrar mi credencial y a estar en las calles defendiendo los derechos del pueblo. Para eso me eligieron: para representarlo, no para quedarme encerrada en una oficina”, afirmó.

Sí, claro que voy a mostrar mi credencial y a estar en las calles defendiendo los derechos del pueblo. Para eso me eligieron: para representarlo, no para quedarme encerrada en una oficina.

Sí, siempre voy a privilegiar el diálogo. Lo he hecho y lo seguiré haciendo. Pero dialogar no significa guardar silencio frente a los abusos ni renunciar a mi deber de exigir explicaciones cuando hay denuncias de actuaciones desproporcionadas de la Fuerza Pública contra quienes se manifiestan.

Que lo sepan: soy Mafe Carrascal y aquí estoy y aquí seguiré, defendiendo el derecho de las juventudes a expresarse, a protestar y a exigir un país distinto. No voy a abandonar a quienes ejercen sus derechos en las calles. Mi compromiso es con la gente y con la defensa de sus libertades.

Cumplir con el deber no significa levantar las armas contra el pueblo. Significa proteger sus derechos y garantizar que la autoridad actúe dentro de los límites de la Constitución y la ley.

¿Les incomoda que levante la voz? La voy a seguir levantando, con más fuerza y con argumentos.

En los últimos días hemos visto intentos de presentar las movilizaciones como si todas hubieran sido violentas. No podemos generalizar ni estigmatizar a quienes protestan pacíficamente. Ningún decreto está por encima de la Constitución ni puede convertirse en una autorización para desconocer los derechos de la ciudadanía. Las actuaciones de las autoridades deben respetar la ley, y cualquier posible abuso debe investigarse. La protesta social no es un delito y defender ese derecho también es parte de mi responsabilidad como representante a la Cámara.

— Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) October 19, 2026

El balance revelado también señala que la nueva administración del Minigualdad eliminó 471 cargos de los 744 existentes en la entidad. El liquidador explicó que esta decisión fue el resultado de un "esfuerzo técnico y coordinado" que perseguía eliminar cargos innecesarios, resolver pasivos laborales y asegurar la transferencia efectiva de los programas sociales gestionados por este ministerio. El objetivo principal era evitar que la burocracia y las cargas administrativas afectaran negativamente la estabilidad financiera del Estado.

La liquidación de este ministerio responde a una orden de la Corte Constitucional, que concluyó que hubo irregularidades en el procedimiento de formación del Minigualdad durante su paso por el Congreso de la República. Esta medida se enmarca en la continuidad de un proceso iniciado bajo la administración de Gustavo Petro, que fue fuertemente criticado por la nueva administración debido a la falta de fondos destinados a los programas sociales del ministerio.

Rodríguez puntualizó que los ejes rectores en la liquidación han sido los estados financieros y acreedores, la reducción de cargos, el rescate y reintegración de programas sociales, y la intervención de patrimonios autónomos y fondos. Según el liquidador, se logró saldar pagos pendientes de nómina y seguridad social, situaciones que se encontraban “en total abandono”. Además, se cerró la recepción de reclamaciones de acreedores, y se procederá con la calificación y posterior negociación de las obligaciones contraídas. La supresión de cargos, según el reporte oficial, logró un ahorro anual aproximado de COP 70.000 millones, garantizando, afirma Rodríguez, los derechos laborales de los trabajadores. A pesar de esto, persiste incertidumbre entre los contratistas que venían de la administración anterior, quienes han enfrentado presiones para entregar anticipadamente sus contratos.

La administración actual ha hecho énfasis en la importancia de mantener los programas sociales, trasladándolos a otras entidades del Estado para su continuidad, subrayando así la relevancia de asegurar la protección social a los grupos beneficiarios de estos proyectos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto de la liquidación del Ministerio de la Igualdad en los programas sociales?

Con la liquidación del Ministerio de la Igualdad, la administración de John Milton Rodríguez y Abelardo de la Espriella ha priorizado el traslado efectivo de los programas sociales a otros ministerios y departamentos administrativos. La intención es garantizar que estas iniciativas sigan operando, a pesar de la supresión de la entidad original, y que sigan beneficiando a sus poblaciones destinatarias, como informó Rodríguez.

¿Por qué la Corte Constitucional ordenó la liquidación del Ministerio de la Igualdad?

La Corte Constitucional determinó que hubo vicios de trámite en la creación del Ministerio de la Igualdad durante su paso por el Congreso de la República bajo el gobierno de Gustavo Petro. Esta irregularidad procesal fue la razón legal para que la Corte emitiera la orden de liquidación, siguiendo los procedimientos y requerimientos constitucionales en Colombia.

El Bulevar del Río y el Paseo Bolívar se consolidan como los puntos principales donde estarán ubicados varios de los escenarios habituales del festival. En estos espacios estarán distribuidos los pabellones y auditorios que acogerán actividades literarias, talleres y exposiciones, siempre guiados por la organización, que ha dispuesto además un mapa oficial para quienes deseen ubicarse mejor dentro del evento.

Dentro de las novedades destaca la participación de República Dominicana como país invitado de honor. De acuerdo con 90minutos.co, el país caribeño presenta una agenda cultural propia, que abarca literatura, teatro, cine y música, y que tiene como fin acercar al público caleño a tradiciones y expresiones artísticas dominicanas, como la obra de teatro ‘Otelo... Sniff’ del Teatro Guloya y la película de animación ‘Olivia y las Nubes’, dirigida por Tomás Pichardo Espaillat.

Los primeros días de CaliLee 2026 ofrecen una agenda que incluye desde espacios educativos y talleres, hasta presentaciones de libros como ‘Ecos de un linaje’ de Paola Aranda y actividades centradas en el público infantil, como ‘Pintemos la muñeca sin rostro dominicana’. La literatura colombiana también encuentra su lugar con presentaciones como ‘Alas de Colores. Aves y polinizadores de Colombia’, de Israel Sánchez Rojas.

El festival contempla, asimismo, propuestas de teatro, recitales musicales como ‘Cantos del Agua para la Vida’ y recorridos de avistamiento de aves, evidenciando su vocación por unir distintas artes con la literatura. Charlas como la dedicada a la meditación en tiempos de crisis o al patrimonio cultural inmaterial dominicano, junto a actividades de ilustración y talleres de serigrafía, completan la oferta.

CaliLee invita a recorrer la ciudad a través de los libros, extendiendo durante varios días un puente cultural entre Colombia y República Dominicana. Para conocer con precisión los horarios y escenarios de cada actividad, los interesados pueden consultar la agenda oficial publicada por el festival.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se lleva a cabo el Festival CaliLee 2026 y cómo encontrar la programación?

El Festival CaliLee 2026 tiene lugar principalmente en el sector del Bulevar del Río y el Paseo Bolívar en Cali. Para facilitar la visita y la participación en las diferentes actividades, la organización ofrece un mapa oficial en el que los asistentes pueden ubicar los pabellones, auditorios, entradas y otros puntos de interés. Además, la programación completa, con horarios y detalles de cada evento, está disponible para consulta antes de planear la visita al festival.

¿Qué actividades destacan en los primeros días del Festival CaliLee 2026?

Durante los primeros tres días de CaliLee 2026, la agenda incluye talleres educativos, presentaciones de libros, actividades infantiles como narración de cuentos y títeres, funciones de cine, conciertos y espacios para el diálogo sobre el patrimonio cultural de República Dominicana, país invitado de honor. La programación está orientada tanto al público adulto como infantil, resaltando actividades literarias, teatrales, musicales y de arte gráfico.

El cambio más visible fue el relevo en la presidencia de la CUT, que pasó de Fabio Arias a Nelson Alarcón, marcando una renovación interna que ya muestra fracturas públicas. Como señala El Espectador, solo 11 de los 21 integrantes del comité directivo respaldaron la nueva dirección, mientras la minoría, encabezada por Arias, denunció tendencias “abelardistas, anti Pacto Histórico y antipetristas” dentro de la plana directiva. Arias advirtió que la actual configuración “no representa la posición oficial que democráticamente definió la CUT”, mientras que Alarcón aseguró que continuará afianzando la oposición al gobierno de la Espriella y sus políticas, a las que calificó de “fascistas” y contrarias a los intereses ciudadanos y de la clase trabajadora.

Estas tensiones se evidenciaron recientemente en las protestas realizadas en la capital. Pese al llamado sindical a participar, la asistencia fue inferior a la observada en manifestaciones durante el gobierno de Gustavo Petro. Este factor no pasó inadvertido para miembros del partido Pacto Histórico, quienes señalaron que las marchas parecen reflejar más una protesta ciudadana espontánea que el tradicional respaldo sindical coordinado.

El trasfondo de estas diferencias está marcado por la búsqueda del gobierno de la Espriella por influir en los sindicatos, tradicionalmente asociados a la izquierda política y ahora divididos ante una coyuntura clave como el debate del aumento del salario mínimo. La propuesta inicial de Fabio Arias de un aumento del 38,5 % fue rechazada por sectores alineados con el gobierno, reafirmando la complejidad del escenario para los próximos meses.

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¿Cómo afecta la división interna de la CUT a las protestas sindicales en Colombia?

La división interna de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha debilitado la convocatoria y la participación en las recientes protestas, haciendo menos visibles las demandas tradicionales de los sindicatos y mostrando una fractura entre la posición oficial y las bases sindicales, de acuerdo con información de El Espectador.

¿Qué significa el término ‘abelardistas’ en el contexto sindical colombiano?

Dentro del debate sobre la dirección sindical, el término ‘abelardistas’ ha sido utilizado por un sector de la CUT para referirse a quienes simpatizan o han mostrado posturas alineadas con el gobierno de Abelardo de la Espriella, percibidas como distanciadas del progresismo y la izquierda histórica en el movimiento sindical.

La emergencia ha forzado a cientos de personas a buscar refugio en campamentos improvisados. Según la información citada por 90 Minutos, existen 137 campamentos donde se alojan unas 300 personas; aunque algunos han recibido ayudas, muchas familias permanecen a la espera de soluciones claras y definitivas. Las demandas de la comunidad se dirigen principalmente hacia la garantía de vivienda digna y la atención inmediata para quienes, hasta el momento, no han sido beneficiarios de apoyo suficiente.

El impacto del terremoto trasciende la problemática habitacional. Los afectados también enfrentan dificultades de movilidad, lo que complica sus desplazamientos diarios a lugares de trabajo, instituciones educativas y centros de salud, una situación especialmente compleja para adultos mayores. A esto se suma la preocupación por la seguridad, dada la inestabilidad de las torres afectadas y la presencia de ocupaciones irregulares, lo que motiva a los residentes a solicitar un acompañamiento constante por parte de las autoridades.

La crisis también ha perturbado el acceso a la educación. Algunas familias señalan dificultades para mantener la escolaridad de niños y jóvenes, principalmente por la falta de conectividad a internet y limitaciones para continuar las clases de manera remota. Por ello, se solicita que las entidades responsables propongan alternativas para asegurar la continuidad académica de los menores afectados.

En este contexto, la comunidad de Altos de Santa Elena demanda información precisa respecto a ayudas económicas, procedimientos de reubicación y el futuro de las torres comprometidas. Hasta ahora, los habitantes insisten en la urgencia de recibir respuestas y soluciones concretas de las entidades responsables, pues desconocen cuándo podrán retomar una vida normal y segura.

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¿Cuántas familias y torres están afectadas en Altos de Santa Elena tras el terremoto?

De acuerdo con el informe de 90 Minutos, en Altos de Santa Elena se reportan alrededor de 1.500 familias afectadas. Además, 23 torres han sido catalogadas con clasificación roja debido al alto riesgo estructural, mientras que en total el conjunto residencial cuenta con 106 torres edificadas.

¿Qué problemas enfrentan los damnificados de Altos de Santa Elena en materia de vivienda y educación?

Las familias damnificadas no solo han tenido que abandonar sus viviendas y trasladarse a campamentos improvisados, sino que también enfrentan graves obstáculos para acceder a la educación y la movilidad. Según la información de 90 Minutos, muchas familias presentan dificultades para que los niños y jóvenes continúen sus estudios de manera remota por falta de conectividad, situación que agrava la vulnerabilidad social de la comunidad.

La solicitud del ministro se fundamenta en recientes declaraciones y publicaciones que han vuelto pública la polémica. Entre ellas figuran las confesiones de Angie Rodríguez, quien fuera directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE); una columna de Melquisedec Torres en El Colombiano; y los señalamientos ofrecidos por Juan Carlos Villamizar, abogado y asesor de Salvatore Mancuso, a Caracol Radio. Según Cancino, el objetivo es indagar si existió alguna operación para involucrar de manera falsa a personas en delitos, o si estos señalamientos forman parte de una estrategia para manipular la acción de la justicia con fines políticos.

El expediente que acompaña la petición indica que las presuntas citas tuvieron lugar en Valledupar a finales de 2025 y habrían convocado a nombres reconocidos de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como Saúl Alfonso Severini Caballero, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, alias «Martín Llanos». Aunque inicialmente se planteó reabrir el proceso de Ralito, diferentes testimonios sugieren que el fin verdadero habría sido sacar declaraciones incriminatorias contra figuras como Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y el fallecido Germán Vargas Lleras, ofreciendo a los exjefes beneficios como acceso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), libertad anticipada y mejores condiciones carcelarias para familiares, según la información reseñada por Caracol Radio y El Colombiano. Sin embargo, los propios excomandantes habrían rechazado la propuesta, asegurando que "nunca hubo ningún pacto", como señaló Villamizar.

Ante las inconsistencias en las fechas mencionadas por los distintos involucrados y la gravedad de estas acusaciones, el Ministerio de Justicia pidió investigar a fondo quiénes financiaron, convocaron y organizaron estos encuentros. Para ello, requirió que la Fiscalía evalúe testimonios, registros y posibles pruebas de delitos como falsa denuncia, falso testimonio, soborno o fraude procesal, y determine si el caso ya está bajo el escrutinio de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

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¿Qué se sabe hasta el momento sobre el «Pacto de Valledupar» y sus protagonistas?

Hasta ahora, las investigaciones y testimonios se centran en reuniones secretas entre funcionarios del Gobierno nacional y exjefes paramilitares en Valledupar, presuntamente programadas a finales de 2025. Los nombres que más se repiten en las versiones divulgadas pertenecen a Angie Rodríguez, Saúl Alfonso Severini Caballero, Darío Laíno Scopetta, Héctor Germán Buitrago (‘Martín Llanos’), y asesorías como la de Juan Carlos Villamizar y Víctor de Currea Lugo. No hay evidencia concluyente de un pacto, y los contactos suscitan dudas sobre intentos de involucrar en delitos a figuras políticas y jurídicas de alto perfil, según Caracol Radio y El Colombiano.

¿Cuáles son los delitos que se investigan en torno al «Pacto de Valledupar»?

El Ministerio de Justicia solicita que la Fiscalía considere posibles delitos como falsa denuncia contra persona determinada, falso testimonio, soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. La petición también incluye determinar si la trama corresponde a los delitos investigados por la Dirección Especializada contra la Corrupción, para establecer si se trató de un intento de manipular la justicia con fines políticos, según el oficio oficial citado en el texto.

Sin embargo, la decisión del togado cambió las reglas del juego y ahora se tendrán que conocer los detalles de la audiencia una vez finalice. El reconocido periodista deportivo está en medio de la imputación de cargos por los delitos de acoso y acto sexual violento.

#Judicial | Por decisión de un juez de control de garantías, la audiencia de imputación de cargos contra el periodista Ricardo Orrego, por los delitos de acoso sexual y acto sexual violento, será reservada.

Vía: @JennyAngaritaG

https://t.co/QVaHJnrSa3

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 19, 2026

El caso contra Ricardo Orrego se dio a conocer en el ojo público en marzo del presente 2026, cuando en su lugar de trabajo dieron a conocer que había investigaciones por casos de acoso. Finalmente, al periodista le terminaron su contrato junto con Jorge Alfredo Vargas.

Ambos siguen rindiendo cuentas con la justicia por las acusaciones de haber, presuntamente, acosado a compañeras en su lugar de trabajo.

A través de una publicación en su cuenta de X, Benedetti cuestionó las declaraciones del mandatario y recordó que corresponde a la administración de justicia establecer responsabilidades penales. “El presidente de todos los colombianos, a pesar de ser penalista, desconoce que solo la administración de justicia puede juzgarnos”, escribió.

El exfuncionario aseguró que seguirá confiando en la justicia y anunció que tomará medidas legales frente a lo que considera señalamientos graves en su contra. “Este es un perfilamiento de graves dimensiones y desde hoy lo hago responsable de cualquier cosa que me suceda a mí o a mi familia”, puntualizó.

Estas no pueden ser las palabras de un presidente de la República hacia NINGÚN ciudadano. El presidente de TODOS los colombianos, a pesar de ser penalista, desconoce que solo la administración de justicia puede juzgarnos. Como siempre, confiando en la justicia, interpondré acciones legales en defensa de mi buen nombre.

Este es un perfilamiento de graves dimensiones y desde hoy lo hago responsable de cualquier cosa que me suceda a mí o a mi familia.

Presidente, si estoy callado es porque estoy descansando pero si me quiere oír, hablo.

— Armando Benedetti (@AABenedetti) October 19, 2026

Benedetti cerró su pronunciamiento con un mensaje directo al presidente, en el que explicó por qué había permanecido en silencio y dejó abierta la posibilidad de responder públicamente a sus cuestionamientos. “Presidente, si estoy callado es porque estoy descansando, pero si me quiere oír, hablo”, expresó.

La reacción del exfuncionario se produjo después de que De la Espriella publicara un mensaje en el que arremetió contra él por las denuncias relacionadas con supuestas presiones a exparamilitares. “Esto es lo menos grave de todas las ilegalidades que ha cometido Benedetti. Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria”, escribió el mandatario.

En el mismo pronunciamiento, De la Espriella añadió: “En la Patria Milagro, la justicia le dará a Benedetti lo que se merece. ¡Bienvenido a la Patria Milagro!”. 

El origen de la controversia está en las afirmaciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien, según información conocida por el periodista Melquisedec Torres aseguró que delegados del gobierno de Gustavo Petro habrían buscado a antiguos comandantes de las Autodefensas para que hablaran contra varias figuras políticas durante la campaña electoral, supuestamente para favorecer la candidatura de Iván Cepeda.

“Delegados del gobierno de Gustavo Petro nos pidieron a los excomandantes de las Autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: Álvaro Uribe, Abelardo De la Espriella y Germán Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”, afirmó Mancuso.

El excomandante también sostuvo: “Nos pidieron otra cosa: hablar públicamente contra esas tres personas. La respuesta fue una sola, nadie aceptó. Hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el encuentro”.

En una entrevista realizada el 14 de octubre por Noticias Caracol, María Claudia Tarazona aseguró que el dinero usado para financiar el crimen provino de Venezuela. Sumado a esto, declaró que la orden para cometer el asesinato “salió del Congreso”, información que habría recibido en 2025 respecto a amenazas contra los precandidatos presidenciales del partido Centro Democrático, colectividad a la que Uribe Turbay pertenecía y de la que era aspirante presidencial. El ataque en el que perdió la vida ocurrió en junio de 2025 y, desde entonces, la Fiscalía ha mostrado avances en el proceso, según admite el propio Ministerio.

No obstante, la cartera de Justicia considera que el esclarecimiento total del caso necesita avanzar más allá de la identificación de los perpetradores directos. Según la petición del ministro Cancino, es fundamental determinar la cadena completa de mando, así como las rutas de financiación, las órdenes emitidas y los posibles apoyos que pudieron intervenir en este crimen de alto impacto. El Ministerio insiste, además, en la necesidad de indagar sobre presuntos vínculos con alias “John 40”, la organización insurgente conocida como Segunda Marquetalia, actividades de minería ilegal y la procedencia de los fondos que permitieron llevar a cabo el atentado. La meta es que las autoridades judiciales puedan establecer no solo quiénes ejecutaron el crimen, sino también quiénes lo planearon y financiaron, esclareciendo la verdad total detrás de los hechos.

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¿Qué papel juegan las declaraciones de la viuda de Miguel Uribe Turbay en la investigación de la Fiscalía?

Las declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, han adquirido gran relevancia en la investigación, pues sus afirmaciones apuntan a que el dinero para financiar el crimen provino de Venezuela y que la orden habría salido desde el Congreso. Según lo informado por Noticias Caracol, esta información fue ya entregada a la Fiscalía y, por solicitud del Ministerio de Justicia, debe ser valorada nuevamente para profundizar en el esclarecimiento del caso.

¿Por qué el Ministerio de Justicia insiste en investigar a la Segunda Marquetalia y alias “John 40” en el caso de Miguel Uribe Turbay?

El Ministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía esclarecer posibles vínculos entre el asesinato del senador y figuras como alias “John 40”, así como la organización llamada Segunda Marquetalia y actividades de minería ilegal. Esto responde a la importancia de identificar la cadena entera que posibilitó el crimen, buscando esclarecer no solo la autoría material, sino a los determinadores e intelectuales que pudieron estar detrás de los recursos y la planeación del atentado.

El documento emitido por la Procuraduría especifica que el objetivo de la investigación es “determinar si el requisito de la experiencia relacionada que exigen los manuales de funciones para acceder al cargo de director general de la Agencia fue cumplido y se demostró mediante documentos que reflejan la realidad fáctica de la experiencia que se dijo acreditar”. Así, la entidad ordenó adelantar la práctica de pruebas y solicitar directamente a la ANT que, en un plazo de cinco días, envíe el certificado laboral de Lina María Garrido, donde se consignen la fecha de designación y posesión, el salario proyectado para 2026, y las funciones exactas que ha desempeñado.

La duda central radica en que, según el documento de la Procuraduría, los certificados entregados por Garrido Marín para asumir la dirección de la ANT no son fieles a la realidad. Se mencionan específicamente certificados emitidos por la Asociación de Ganaderos de la Sabana, y por el abogado José Manuel Garcés Castañeda. Según el Ministerio Público, “el cargo de Dirección Estratégica, la gestión institucional y desarrollo agrario de la Asociación de Ganaderos de la Sabana no existe en esa organización”, lo que pondría en tela de juicio la veracidad de la experiencia consignada por Garrido. De hecho, la Procuraduría advierte que las certificaciones utilizadas por la funcionaria habrían sido copiadas de los manuales de funciones de la ANT únicamente para intentar hacerlas compatibles, sin que ella realmente haya desempeñado esas actividades.

Ante estas situaciones, la Procuraduría también dispuso la realización de una inspección disciplinaria en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos de la Sabana, buscando esclarecer la veracidad de la información aportada por Garrido. Paralelamente, de acuerdo con El Espectador, el Consejo de Estado admitió para estudio una demanda interpuesta por la congresista Daniela Beltrán, que busca derogar el decreto con el que Lina Garrido fue designada directora de la ANT el 10 de agosto de 2026.

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¿Por qué investiga la Procuraduría a la directora de la Agencia Nacional de Tierras?

La Procuraduría adelanta una investigación disciplinaria contra Lina Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras, por supuestas irregularidades en los documentos presentados para certificar su experiencia laboral requerida para ocupar ese cargo, poniendo en duda si cumplía los requisitos establecidos por los manuales de funciones.

¿Qué irregularidades encontró la Procuraduría en los certificados de experiencia de Lina Garrido?

De acuerdo con el documento oficial, los certificados presentados por Lina Garrido, especialmente los expedidos por la Asociación de Ganaderos de la Sabana y el abogado José Manuel Garcés Castañeda, no reflejan la realidad. Se afirma que los cargos y funciones allí consignados no existen en esa asociación y que, presuntamente, el contenido fue copiado de los manuales de funciones de la ANT.

Alias ‘Compita’ es un hombre de 38 años, cuya vinculación con el ELN, según la información proporcionada por las autoridades, suma aproximadamente cinco años. Los datos oficiales, citados por las fuentes militares y policiales, indican que el individuo integró entre 2022 y 2024 la llamada Red de Apoyo al Terrorismo (RAT), una estructura asociada al grupo armado que, de acuerdo con los reportes, cumple funciones logísticas y de respaldo dentro de la organización insurgente.

A partir de 2025 y durante lo que va de 2026, la inteligencia sugiere que alias ‘Compita’ habría asumido, aparentemente, el rol de operador de drones. Las autoridades lo relacionan con el manejo de estos dispositivos, cuyo uso ha generado preocupación y temor entre los habitantes del Cesar, debido a las acciones violentas que se atribuyen a dicha tecnología en la zona. Aunque las autoridades no precisaron el alcance de los ataques ni brindaron detalles adicionales sobre la afectación a la comunidad, subrayaron que la captura de estos presuntos integrantes representa un avance en las labores de control y seguridad en el territorio.

La operación conjunta evidenció la coordinación entre las fuerzas del Estado para contrarrestar la actividad del ELN en el departamento. Las autoridades esperan que tras esta captura se reduzcan las acciones delictivas vinculadas con el uso de drones y se refuerce la percepción de seguridad entre los habitantes del sur de Cesar. La captura de alias ‘Compita’ pone de manifiesto la importancia de la inteligencia militar y policial en el seguimiento y neutralización de integrantes de grupos armados ilegales, así como el desafío permanente que representa la presencia del ELN en distintas regiones del país.

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¿Quién es alias ‘Compita’ y cuál es su presunta responsabilidad dentro del ELN?

Alias ‘Compita’ es un hombre de 38 años, señalado por inteligencia militar y policial como integrante del ELN desde hace cerca de cinco años. Entre 2022 y 2024 habría hecho parte de la Red de Apoyo al Terrorismo (RAT) y, desde 2025, habría actuado como operador de drones, siendo presuntamente responsable de los recientes ataques con este tipo de tecnología en el sur del Cesar.

¿Qué es la Red de Apoyo al Terrorismo (RAT) en el contexto del ELN?

La Red de Apoyo al Terrorismo, conocida como RAT, es una estructura mencionada en los informes oficiales sobre el ELN, dedicada a brindar apoyo logístico y operativo dentro del grupo armado. En este caso, alias ‘Compita’ habría integrado la RAT entre 2022 y 2024, antes de asumir el presunto rol de operador de drones.

Esta figura jurídica tiene su origen en la llamada Doctrina Gaviria, propuesta inicialmente por Enrique Gaviria Lieva y apoyada por el presidente López. Fue así como el Congreso expidió la norma citada, aunque, de acuerdo con las fuentes consultadas por ‘El Espectador’, nunca se materializó en la práctica. El reconocimiento del archipiélago como Estado, en términos jurídicos, habría significado que dicho conjunto insular adquiriera características equiparables a las de un territorio continental. Esto, a su vez, habría fortalecido la defensa de la soberanía colombiana en los litigios internacionales, como el que sostuvo con Nicaragua. Conforme se explica en el texto, la herramienta hubiera podido ser útil en los debates ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde finalmente Colombia perdió porciones de mar territorial, aunque nunca la soberanía sobre el archipiélago.

En el presente, el gobierno pretende cumplir con este mandato de hace décadas y planea publicar un decreto específico el 30 de noviembre, coincidiendo con el aniversario del archipiélago. La ejecución de este acto estará a cargo de la Armada Nacional, que cuenta con la tecnología y los medios necesarios para trazar las líneas de base recta de acuerdo con lo dispuesto en la legislación. Vale destacar que, después de la denuncia del Pacto de Bogotá en 2013, la Corte Internacional de Justicia perdió competencia en los conflictos limítrofes entre Colombia y Nicaragua relacionados con el tratado Esguerras-Arcenas. El decreto, según ‘El Espectador’, no implicará diálogos con Nicaragua, sino que representa un acto unilateral de soberanía al declarar el archipiélago como Estado colombiano, ratificando lo que se reconoció tras el fallo de La Haya.

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¿Por qué es importante la declaración del archipiélago de San Andrés como Estado para Colombia?

La declaración del archipiélago de San Andrés como Estado se considera relevante porque permite equiparar jurídicamente su estatus al de un territorio continental. Esto fortalece la defensa de la soberanía colombiana, especialmente en escenarios de disputa internacional, pues respalda la posición del país acerca de la integridad de sus territorios insulares, según información de ‘El Espectador’.

¿Qué significa trazar líneas de base recta sobre el archipiélago de San Andrés?

Trazar líneas de base recta implica unir, sobre la cartografía marítima, los puntos exteriores de todas las formaciones insulares del archipiélago. Esta acción delimita el territorio marítimo nacional, reconociendo cualquier elemento emergido como parte de Colombia y otorgándole respaldo legal a la jurisdicción del país sobre la zona.

La tarde del 20 de noviembre de 2023 fue escenario del atentado. Rivera López fue interceptado en las afueras de la vivienda 246 de la manzana L, donde recibió un disparo en el costado izquierdo del tórax. Según la investigación, la rápida reacción de sus familiares al trasladarlo a un centro asistencial de la ciudad fue lo que permitió salvarle la vida. Fue Luis Alfonso Rivera Montaño, padre de la víctima, quien presentó la denuncia ante las autoridades, dando así inicio a las pesquisas lideradas por la Policía Judicial.

La detención de Pabón Guerrero se produjo el 23 de julio de este año. Posteriormente, compareció ante el Juzgado Catorce Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar, instancia en la que la Fiscalía le imputó los cargos de tentativa de homicidio agravado y, de manera simultánea, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego. De acuerdo con el expediente, el procesado no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.

El avance más reciente en la causa penal se concreta con la radicación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía en un Juzgado Penal del Circuito de Valledupar. Este acto define el marco jurídico en el que se llevará a cabo el juicio. La audiencia preparatoria está programada para el 12 de noviembre a las 9 a. m., oportunidad en la que las partes presentarán las pruebas que se debatirán en juicio oral. Mientras tanto, Pabón Guerrero afronta el proceso bajo la presunción de inocencia, como lo establece la ley.

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¿Cuál es la hipótesis de la Fiscalía sobre el caso Javier Alfonso Pabón Guerrero?

Según la Fiscalía Novena Seccional de Vida, la principal hipótesis en torno al caso de Javier Alfonso Pabón Guerrero es que el ataque contra José Gregorio Rivera López fue un ajuste de cuentas motivado por una rencilla del pasado. La investigación indica que esta retaliación surgió tras la muerte de un allegado de Pabón Guerrero, quien habría emitido amenazas contra quienes consideraba responsables.

¿Cuándo será la audiencia preparatoria del caso Javier Alfonso Pabón Guerrero en Valledupar?

La audiencia preparatoria en el proceso judicial contra Javier Alfonso Pabón Guerrero fue fijada para el 12 de noviembre a las 9 a. m. En esa sesión, tanto la Fiscalía como la defensa presentarán sus pruebas y solicitudes para el juicio oral, según la información suministrada por la Fiscalía y registrada en el expediente del caso.

Según el comunicado de la Fiscalía, ya han sido identificadas dos víctimas, ambos contratistas de la Gobernación, a quienes supuestamente se les exigió un total de 3.000 millones de pesos colombianos (COP). Incluso, uno de estos casos habría incluido la retención de un familiar para presionar el cumplimiento de las exigencias económicas. Por tales hechos, Hawkins Sjorgreen será llevado ante un juez de control de garantías, quien deberá legalizar su captura antes de la imputación de los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo.

Además de este proceso, Hawkins Sjorgreen enfrenta otra investigación significativa en el caso conocido como Aremca. Según la Fiscalía, la investigación se relaciona con el mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay, proyecto valorado en 11.125 millones de pesos colombianos. El exgobernador es señalado por irregularidades como la delegación de la firma de un contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), entidad que no tenía la experiencia técnica requerida. El contrato fue suscrito el 19 de octubre de 2022 y la ejecución de la obra y la interventoría quedaron en manos de subcontratistas a pesar de los requisitos legales no cumplidos.

Las acusaciones incluyen la realización de un estudio de mercado insuficiente, la presentación del proyecto como gerencia estratégica en vez de obra, y la tramitación del contrato por modalidad directa, pese a que la ley exigía licitación pública. Así mismo, la obra inició el 20 de abril de 2023 sin las licencias ambientales ni permisos de entidades como la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina) y la Dirección General Marítima (Dimar), lo que ha dejado en riesgo varias estructuras ya construidas y la ausencia del muelle turístico, pieza central del proyecto. Según peritos de la Fiscalía, este caso ha significado un posible detrimento patrimonial de 4.330 millones de pesos, debido a sobrecostos, omisiones en devoluciones y descuentos faltantes.

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¿Por qué fue capturado el exgobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins Sjorgreen?

Everth Julio Hawkins Sjorgreen fue capturado a petición de la Fiscalía, que lo investiga por presunta corrupción. Según El Espectador y la Fiscalía, los cargos incluyen extorsión agravada y secuestro extorsivo por, supuestamente, haber utilizado un grupo delincuencial para exigir dinero a contratistas de la Gobernación a cambio de no atentar contra su integridad ni la de sus familiares.

¿En qué consisten las irregularidades del caso Aremca y cómo afectaron el proyecto en Haynes Cay?

De acuerdo con la Fiscalía, las irregularidades incluyen la firma de un contrato con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), entidad sin experiencia técnica suficiente, la omisión de licitaciones públicas y la falta de permisos ambientales. Esto afectó el proyecto urbanístico en Haynes Cay, pues se construyeron estructuras sin los permisos legales, se omitió la construcción del muelle y se generó un presunto detrimento patrimonial superior a 4.000 millones de pesos.

El juez dispuso que las piezas desmontadas no pueden ser destruidas, alteradas ni retiradas físicamente del Museo Nacional. Adicionalmente, la orden judicial frena la remoción de cualquier otra obra con contenido similar mientras no exista una decisión formal que fundamente su retiro. Esta medida fue celebrada por los colectivos y organizaciones que han venido protestando frente al museo desde el pasado sábado, exigiendo la restitución de las cerca de 30 piezas sustraídas. Estas obras formaban parte de salas claves para la reflexión sobre la memoria: "Hacer sociedad", "Memoria y Nación" y "Fuerza, fe y sustancia".

La decisión de retirar dichas piezas fue tomada directamente por el presidente, quien solicitó a la ministra de Cultura, Paola Holguín, extraer lo que calificó como una “oda al terrorismo”. Frente a la movilización social en reacción a estas decisiones, Holguín manifestó que la intervención de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) respondió al hecho de que algunos manifestantes llegaron encapuchados y, según su relato, recurrieron a vías de hecho. Además, acusó a ciertos asistentes de llevar menores de edad a las protestas y usarlos como escudos.

Por su parte, la ministra defendió la actuación policial, argumentando que la finalidad era garantizar la protesta pacífica y proteger tanto a la ciudadanía como al patrimonio. El debate sobre el retiro de las obras reavivó el cuestionamiento acerca de cómo el Museo Nacional representa la memoria política del país y cómo debe preservarse la historia colectiva.

En su mensaje final, Gabriel Becerra destacó que, aunque la tutela sigue pendiente de un fallo definitivo, las medidas cautelares constituyen un avance importante para salvaguardar las obras retiradas. El representante subrayó la exigencia de que se cumplan dichas disposiciones y la voluntad de seguir luchando por el regreso de las piezas a las salas del museo, de acuerdo con publicaciones en sus redes.

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¿Por qué retiraron obras LGBTIQ+ y feministas del Museo Nacional?

El retiro de las obras se llevó a cabo por orden directa del presidente, quien instruyó a la ministra de Cultura, Paola Holguín, a sacar piezas relacionadas con la población LGBTIQ+, las luchas feministas y el Acuerdo de Paz de 2016. Estas obras se consideraron por el Gobierno como parte de una "oda al terrorismo", lo que motivó su remoción y desató controversia y manifestaciones.

¿Qué medidas ordenó el juez sobre las piezas del Museo Nacional?

El juez del Juzgado 24 de familia de Bogotá ordenó que las piezas retiradas del Museo Nacional no sean destruidas, alteradas ni extraídas del recinto. Además, prohibió el retiro de más obras con contenido similar mientras no exista una decisión formal y justificada, protegiendo temporalmente la integridad de la colección en el centro de esta polémica.

Dentro de la admisión de tutela, se solicitó al Ministerio de Cultura que, en un plazo de un día hábil, se pronuncie sobre las razones por las que se tomaron decisiones respecto al retiro de las piezas. El juzgado requiere que se aclare si la medida fue tomada mediante un acto administrativo formal o, de lo contrario, que se explique la motivación detrás de la decisión. Igualmente, el despacho pidió que se remita al expediente cualquier documento relevante que sustente las acciones del Ministerio.

Además, el juzgado pidió a esa entidad —liderada por la ministra Paola Holguín— que explique si goza de autonomía para tomar estas decisiones y que detalle el marco normativo que regula su actuación dentro del Museo Nacional. Según la admisión de tutela, la medida de protección adoptada por el juez pretende evitar posibles perjuicios irreparables sobre bienes cuya importancia se reconoce constitucionalmente, por lo que la urgencia de la decisión se considera fundamentada y proporcional.

El fallo cita un precedente de la Corte Constitucional, resaltando que las expresiones artísticas vinculadas con la memoria histórica, verdad extrajudicial y reparación simbólica de las víctimas cumplen un papel crucial, pues constituyen herramientas reconocidas por la Constitución para la construcción de una memoria colectiva y para la garantía de no repetición. De acuerdo con el juzgado, estas obras están íntimamente relacionadas con los derechos fundamentales a la verdad, la memoria, la libertad artística y la reparación simbólica.

El juzgado ordenó conservar, en condiciones técnicas de custodia y preservación, todas las piezas objeto de controversia, absteniéndose de destruirlas, transferirlas, darlas de baja o realizar alteraciones mientras no haya una decisión final sobre la tutela. También ordenó reportar en 24 horas un informe detallado con el inventario y estado de las obras retiradas, así como la dependencia responsable del retiro.

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¿Por qué el juzgado ordenó conservar las piezas retiradas del Museo Nacional?

La decisión del juzgado 24 de familia de Bogotá de proteger las piezas se basó en la necesidad de evitar un daño irreparable a bienes de interés constitucional, especialmente mientras se resuelve la acción de tutela presentada. El tribunal reconoció que las obras retiradas están asociadas a derechos fundamentales como el acceso a la verdad, la memoria histórica y la reparación simbólica, resaltando que estos elementos no son simples expresiones culturales, sino medios para salvaguardar la memoria colectiva y dignificar a las víctimas.

¿Qué significa tutela en Colombia y cómo afecta decisiones del Ministerio de Cultura?

La tutela es un mecanismo judicial en Colombia que protege derechos fundamentales frente a vulneraciones o amenazas. En este caso, la tutela permitió que un juez adoptara una medida provisional que detiene el retiro y la alteración de las piezas del Museo Nacional, obligando al Ministerio de Cultura a justificar y documentar sus decisiones antes de tomar acciones que puedan afectar derechos protegidos.

Las autoridades, como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), confirmaron oficialmente la presencia del fenómeno de El Niño en el país, lo que deja un panorama de preocupación. A pesar de que octubre suele ser uno de los meses más lluviosos en la región andina, persiste un déficit del 30 % en las precipitaciones acumuladas según explicó Óscar Ramírez Benjumea. Este déficit, aunque siguen ocurriendo lluvias e incluso emergencias asociadas como crecientes súbitas y deslizamientos, genera incertidumbre sobre la disponibilidad de agua de cara a finales de este año y al comienzo del próximo, periodo en el que se prevé una situación crítica por la escasez hídrica.

La preocupación también se extiende sobre la capacidad de las cuencas hidrográficas para mantener sus caudales. Según Ramírez Benjumea, las lluvias comenzarán a disminuir hacia finales de noviembre y, si la recarga de los ríos no es suficiente, los niveles pueden bajar rápidamente. Por ello, el sistema distrital de gestión del riesgo mantiene vigilancia constante, apoyado en alertas tempranas inteligentes y comunitarias, mientras equipos operativos intervienen las zonas afectadas.

En Cali, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastres, recomendó extremar medidas al conducir, poner atención a los árboles de gran tamaño y ser cautelosos en las vías rurales, donde los riesgos de incidentes se agravan con las lluvias. La situación incluye también cortes de energía en sectores urbanos y rurales de Cali, como El Hormiguero y La Niebla, donde se continúan labores para el restablecimiento del servicio. Las autoridades llaman a los ciudadanos a permanecer atentos, evitar desplazamientos innecesarios y estar preparados ante posibles nuevos eventos derivados del clima.

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¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño a las lluvias y la disponibilidad de agua en Cali y el Valle del Cauca?

El fenómeno de El Niño, según el IDEAM, provoca una disminución significativa de las precipitaciones en la región andina. Aunque se han registrado lluvias recientes, el déficit hídrico alcanza el 30 %, lo que afecta la capacidad de los ríos y cuencas para mantener sus caudales y podría generar escasez de agua hacia finales de año y el inicio del próximo.

¿Qué medidas recomiendan las autoridades ante las emergencias causadas por las lluvias en Cali?

Las autoridades, como el sistema de gestión del riesgo y la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastres, aconsejan conducir con precaución, estar atentos a posibles caídas de árboles y evaluar las condiciones de las vías, especialmente en zonas rurales. Además, recomiendan monitorear información oficial y evitar exponerse a situaciones de riesgo durante los episodios de lluvia intensa.

El caso está relacionado con la aparición de una menor de edad en una tarima durante las protestas, episodio que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales y que motivó varias solicitudes.

Vea también: María F. Carrascal protagonizó agarrón en el Congreso y señaló de “acosador” a representante muy sonado

La Procuraduría busca establecer si Carrascal tuvo alguna participación en las expresiones pronunciadas por la niña durante el acto público y si pudo existir una conducta disciplinariamente relevante.

Cabe mencionar que la actuación tuvo como antecedente una queja presentada por el concejal de Medellín Santiago Perdomo Montoya, quien cuestionó la presencia de la menor junto a la congresista durante la movilización y pidió esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, la periodista Sofía Casas también acudió ante la Procuraduría para solicitar que se revisara el material audiovisual y se estableciera si la representante tuvo alguna intervención en las palabras pronunciadas por la menor.

La decisión de la Procuraduría ordena avanzar con la recopilación de pruebas y notificar a Carrascal sobre la apertura del proceso. La congresista tendrá derecho a ejercer su defensa y a rendir versión libre.

Sin embargo, las imágenes conocidas hasta ahora no permiten establecer por sí solas quién habría indicado a la niña qué decir. Por esa razón, el organismo de control deberá recopilar más elementos antes de establecer conclusiones sobre el episodio.

La polémica surgió luego de que la menor apareciera frente a los manifestantes con un micrófono y pronunciara consignas, entre ellas una expresión ofensiva contra el presidente, a partir de las denuncias presentadas.

Por su parte, Carrascal ha negado haber inducido a la niña a pronunciar expresiones ofensivas y ha sostenido que desconocía lo que la menor iba a decir. La congresista ha defendido su actuación frente a los cuestionamientos.

La institución comunicó a través de sus redes sociales que, pese a la gravedad del siniestro, no se reportaron muertes entre los ocupantes del helicóptero. Sin embargo, se registraron varias personas lesionadas: cuatro uniformados sufrieron fracturas, mientras que otros 15 resultaron golpeados de distinta consideración. Por fortuna, según el reporte médico más reciente, todos los soldados involucrados en el accidente están recibiendo atención médica y su estado de salud es estable. La confirmación de que no hay víctimas fatales brinda alivio tanto a las familias de los uniformados como al propio Ejército Nacional, que suele enfrentar riesgos elevados en operaciones como estas.

En respuesta a este incidente, el Ejército Nacional indicó que puso en marcha los protocolos establecidos para estos casos y envió de inmediato un equipo compuesto por especialistas y técnicos. Su labor será iniciar las investigaciones pertinentes y determinar con precisión las causas que llevaron a la caída del helicóptero durante la operación. Hasta el momento, la entidad no ha entregado detalles sobre fallas técnicas o factores externos; se espera que las indagaciones puedan arrojar luz sobre lo sucedido, buscando no solo esclarecer el accidente sino también prevenir situaciones similares en el futuro.

Para obtener información adicional sobre justicia, seguridad y derechos humanos, se recomienda visitar la sección judicial de El Espectador, medio que proporcionó el reporte inicial del incidente.

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¿Qué ocurrió con el helicóptero Black Hawk del Ejército Nacional en Inzá, Cauca?

El accidente del helicóptero Black Hawk, confirmado por el Ejército Nacional y reportado inicialmente por El Espectador, se produjo mientras la aeronave cubría la ruta entre Popayán e Inzá, en una operación de abastecimiento y transporte de personal. A pesar del impacto, ninguno de los soldados perdió la vida, aunque cuatro resultaron con fracturas y otros 15 lesionados, pero todos se encuentran estables.

¿Cuál es el estado de salud de los soldados involucrados en el accidente del Black Hawk?

Según los reportes del Ejército Nacional citados por El Espectador, todos los soldados que viajaban en el helicóptero Black Hawk están con vida y actualmente reciben atención médica. Cuatro de ellos sufrieron fracturas y otros 15 presentaron diferentes golpes, pero el parte médico indica que el estado de salud de todos es estable y bajo supervisión profesional.

Según la información divulgada por las autoridades de movilidad, esta medida mantiene la rotación implementada para el segundo semestre de 2026 y permanecerá vigente hasta finalizar diciembre. Para la semana correspondiente a esta fecha, la programación queda así: el martes 20 de octubre, la restricción es para placas terminadas en 1 y 2; el miércoles 21 de octubre, la medida se aplica a las placas terminadas en 3 y 4; el jueves 22 de octubre, la restricción corresponde a placas finalizadas en 5 y 6; mientras que el viernes 23 de octubre, será para placas terminadas en 7 y 8. Los sábados y domingos no rige la medida sobre vehículos particulares.

La Secretaría de Movilidad de Cali comunicó en su canal oficial, citado por la cuenta @MovilidadCali en la red social X, que desde el primero de julio se implementó la más reciente rotación semestral. En los primeros días de julio hubo una etapa pedagógica. Posteriormente, desde el 6 de julio, se comenzaron a imponer comparendos a quienes no cumplen la normativa vigente.

Los conductores deben tener en cuenta que, al transitar durante el horario restringido, además del riesgo de multa —correspondiente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV)—, podrían enfrentarse a la inmovilización del vehículo. Por ello, es importante siempre revisar el último número de la placa y, en caso de requerirlo, confirmar si aplica alguna excepción de acuerdo con la normativa vigente. El incumplimiento trae consecuencias directas contempladas dentro de las sanciones de tránsito establecidas en la ciudad.

Según las autoridades de tránsito, la finalidad central de esta medida es mejorar la circulación, facilitar la movilidad y reducir los niveles de congestión vehicular durante los días hábiles en Cali.

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¿Qué pasa si no respeto el pico y placa en Cali en 2026?

Si un conductor circula en Cali durante el horario de pico y placa sin respetar la restricción vigente para el último número de su placa, puede recibir una sanción económica equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Movilidad. Además, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que genera más inconvenientes y gastos para el propietario.

¿Cuál es el horario y las placas restringidas en el pico y placa de Cali este martes 20 de octubre?

El martes 20 de octubre de 2026, la restricción de pico y placa en Cali aplica para las placas terminadas en 1 y 2, y el horario de vigencia es de 6:00 de la mañana a 7:00 de la noche, únicamente para vehículos particulares. Esta programación hace parte de la rotación definida para el segundo semestre del año y no aplica los fines de semana.

Lo que inicialmente era una diferencia de palabras escaló rápidamente a un enfrentamiento físico. Los testigos coinciden en que la situación se salió de control, culminando en un episodio mucho más grave. En el calor de la disputa, el conductor del vehículo desenfundó un arma cortopunzante, propinando una puñalada al pasajero, en un hecho que dejó consternados a transeúntes, comerciantes y demás conductores que hacen presencia habitual en ese sector de Valledupar.

Las personas presentes en el lugar acudieron rápidamente en auxilio de la víctima. Al mismo tiempo, integrantes de las autoridades policiales del cuadrante del sector respondieron a la emergencia, enfocando sus esfuerzos en tomar testimonios y recolectar información clave para las averiguaciones correspondientes. El procedimiento incluyó el aseguramiento del área mientras se atendía al herido y se trataba de identificar y dar con el paradero del presunto agresor, quien habría huido tras los hechos.

La expectativa en la comunidad es alta, a la espera de un pronunciamiento oficial, tanto por parte de la Policía Metropolitana de Valledupar, responsable del orden público en la ciudad, como de la administración de la Terminal de Transportes. Las autoridades deberán informar sobre el estado de salud del afectado y el progreso en las investigaciones que buscan esclarecer con claridad las circunstancias que rodearon este hecho de intolerancia y violencia, así como determinar las responsabilidades.

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¿Cuál fue la causa de la riña entre mototaxista y pasajero en la Terminal de Valledupar?

La riña se originó por una discrepancia en el pago del servicio de mototaxismo. Según las versiones recogidas en el lugar, el pasajero se negó a cancelar la tarifa solicitada por el conductor, lo que desencadenó el enfrentamiento que culminó con una agresión con arma blanca.

¿Qué medidas han tomado las autoridades tras el hecho violento en la Terminal de Transportes de Valledupar?

Después del incidente, la Policía respondió reuniendo testimonios y recolectando evidencias en la zona. Se esperan declaraciones oficiales tanto de la Policía Metropolitana de Valledupar como de la administración de la Terminal para informar sobre el estado del herido y los pasos dados en la investigación.

La información fue entregada por la Fiscalía y por Raúl González, delegado contra la Criminalidad Organizada, quien confirmó el procedimiento contra el exmandatario departamental.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la investigación está relacionada con hechos que habrían afectado a contratistas que desarrollaban actividades en San Andrés. La Fiscalía busca establecer cuál habría sido la participación de Hawkins en estos hechos y las circunstancias en las que se habrían presentado.

La captura representa un nuevo episodio judicial para el exgobernador, quien ya enfrenta un proceso por otro caso que ha llamado la atención de las autoridades: el denominado escándalo de corrupción relacionado con Aremca.

En ese proceso, la Fiscalía presentó acusación contra Hawkins por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación pública. Es importante aclarar que ese proceso y la investigación por los hechos de extorsión y secuestro corresponden a asuntos judiciales diferentes.

La situación judicial de Hawkins se remonta a su periodo como gobernador de San Andrés. En 2020, la Fiscalía ya había imputado cargos en su contra por presuntas irregularidades en un contrato celebrado durante la emergencia sanitaria por la pandemia. Posteriormente, el exmandatario continuó vinculado a diferentes actuaciones judiciales.

Además, la Procuraduría sancionó en 2024 a Hawkins con destitución e inhabilidad general por 13 años por irregularidades en un contrato de aproximadamente 500 millones de pesos.

Ahora, la atención está puesta en la nueva investigación que llevó a su captura y en los elementos que presente la Fiscalía para sustentar la presunta participación del exgobernador en los hechos de extorsión y secuestro.

Por tratarse de una actuación judicial en curso, la responsabilidad de Hawkins deberá determinarse dentro del proceso y con las garantías correspondientes. La Fiscalía deberá entregar más detalles sobre los hechos que motivaron la orden de captura y las pruebas que sustentan la investigación.

Esta propuesta busca llevar al público por un recorrido sonoro y visual inspirado en los paisajes colombianos. A través de canciones y recursos como imágenes de animales silvestres, animaciones, ilustraciones y movimientos escénicos, el espectáculo reúne sonidos de diferentes géneros musicales, entre los que se destacan la cumbia, bullerengue, marimba de chonta, reggae, rock y pop. A ello se suman lenguas y saberes de comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta y el Amazonas, integrando así expresiones culturales diversas del país.

Durante el concierto, en el escenario cobrarán vida personajes animales como el jaguar, el mono tití, las ranas y los monos nocturnos. Todos ellos estarán acompañados por recursos visuales especialmente diseñados para complementar las canciones. Según ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, este proyecto incorpora contenidos surgidos a partir de trabajo de campo y colaboración con comunidades, investigadores y organizaciones relacionadas con la conservación.

Adicionalmente, la experiencia invita al público a acercarse a las lenguas y conocimientos de comunidades indígenas, incluyendo sonidos propios del Ikun, Kággaba, Huitoto y Tikuna. La intención es que familias puedan compartir una jornada de aprendizaje, baile y canto, involucrando a niñas y niños en una propuesta lúdica y formativa.

‘Jacana Jacana’ nació en 2014 en Minca, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y desde entonces ha consolidado un trabajo que conecta música, arte y educación con la naturaleza. De acuerdo con la información provista, el proyecto ha sido presentado en escenarios de relevancia como la Conferencia de las Partes (COP16), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 2025, el Centro Nacional de las Artes y el NatGeo Fest en Washington. Además, hace parte desde 2018 de las iniciativas de narración de historias de National Geographic.

La presentación en el Teatro El Ensueño forma parte de una programación dirigida a familias de Ciudad Bolívar y otras zonas de Bogotá, con la posibilidad de que niñas y niños asistan disfrazados, celebrando el 31 de octubre en un ambiente cultural y seguro.

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¿Dónde es y cómo asistir al concierto ‘Jacana Jacana’ en Bogotá?

El concierto ‘Jacana Jacana’ se realizará el sábado 31 de octubre de 2026 a las 3:30 p. m. en el Teatro El Ensueño, ubicado en la transversal 70D #60-90 sur, en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá. De acuerdo con la información de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la entrada será con boletería, por lo que se recomienda consultar la disponibilidad y condiciones antes de asistir.

¿Qué significa marimba de chonta y cómo se incorpora en el concierto ‘Jacana Jacana’?

La marimba de chonta es un instrumento musical tradicional del Pacífico colombiano, construido a partir de la madera de palma chonta y tubos de guadua. En el concierto ‘Jacana Jacana’, este instrumento se integra con otros géneros musicales como cumbia y bullerengue, enriqueciendo la experiencia sensorial y acercando al público a la diversidad sonora de Colombia, según lo reportado por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

El incidente aéreo, que captó la atención nacional, ocurrió mientras el helicóptero trasladaba un total de 15 soldados pertenecientes a la institución. De acuerdo con el reporte oficial difundido por el Ejército Nacional, tras el fuerte impacto solo se registraron heridos y personas ilesas, sin víctimas fatales entre los ocupantes: "En la aeronave se transportaban 15 soldados, algunos de los cuales resultaron heridos y otros salieron ilesos, en este momento están recibiendo atención médica y su estado de salud según el parte médico es estable. Es importante aclarar que todos están con vida".

La reacción del Ejército fue inmediata, activando todos los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones. Esto permitió asegurar la zona afectada y brindar soporte prioritario a los soldados. Asimismo, la institución aseguró que los militares heridos reciben atención de personal sanitario especializado, con prioridad y de forma integral, lo que permite hasta el momento descartar complicaciones graves para su integridad física. El parte médico, según las autoridades, confirma el estado estable de quienes debieron ser hospitalizados tras el suceso.

Además de la atención médica, el accidente motivó el desplazamiento urgente de un equipo compuesto por especialistas técnicos e investigadores en aeronáutica, encargados de analizar las posibles causas del siniestro e implementar las medidas necesarias, en concordancia con los estándares de seguridad militar.

Esta situación se mantiene como noticia en desarrollo, en tanto las instituciones involucradas continúan con las labores de atención y esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con lo informado por el Ejército Nacional y otras fuentes verificadas como Noticiero 90 Minutos. La respuesta rápida y los protocolos implementados permitieron que el saldo, pese a la gravedad del accidente, fuera menos trágico de lo que pudo haber sido.

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¿Qué hacía el helicóptero UH-60 Black Hawk accidentado en Cauca?

El Ejército Nacional informó que este helicóptero cumplía misiones estratégicas que involucraban el abastecimiento logístico y el transporte de personal militar en una zona considerada compleja del departamento del Cauca. Estas operaciones son habituales en regiones donde se requiere reforzar la presencia y movilidad de las fuerzas armadas.

¿Cuál es el estado de salud de los soldados tras el accidente de helicóptero en Inzá?

Según comunicados oficiales del Ejército Nacional, los 15 soldados que viajaban en la aeronave están con vida. Algunos resultaron heridos y otros salieron ilesos; todos reciben atención médica prioritaria y hasta el momento, el parte médico indica que se encuentran en condición estable.

De acuerdo con las denuncias reveladas por Díaz Carpio, este escenario provocó la salida de Edwin Girón de su cargo de asesor, así como la solicitud de renuncia a Carmen Alicia Ortega Zambrano, quien era la jefa de almacén. Ortega Zambrano fue señalada directamente de haber participado activamente como gestora y de presentar el informe de avalúo dentro del proceso para dar de baja estos bienes municipales.

Frente a este contexto, el mandatario de Valledupar decidió fortalecer su equipo administrativo mediante el nombramiento de los abogados Milthon Arias Manjarres y Jesús Namén Chavarro. De acuerdo con la información oficial, Arias Manjarres es especialista en Derecho del Trabajo y cuenta con una maestría en Dirección en la Gestión Pública. Su trayectoria profesional ha estado principalmente ligada al sector público, con énfasis en temas jurídicos, control fiscal y administración pública. Por su parte, Jesús Namén Chavarro también se destaca por su formación y experiencia. Es magíster y especialista en Derecho Público, además de tener estudios de posgrado en Ciencia y Sociología Políticas, así como en Derecho del Medio Ambiente.

En lo que respecta a su experiencia directiva, Namén Chavarro ha ocupado cargos como director regional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en Cesar, secretario general del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), del Instituto Nacional de Salud y de la Gobernación de Boyacá. Así mismo, se ha desempeñado como asesor jurídico del Senado de la República y como delegado ante el Consejo Nacional Electoral.

Ante la coyuntura, la administración municipal reafirma su intención de recomponer la confianza ciudadana a través de estos relevos, con funcionarios con trayectoria y conocimientos en el sector público.

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¿Por qué el alcalde de Valledupar realizó cambios en su equipo de gobierno?

El alcalde Ernesto Orozco decidió hacer cambios en su equipo de asesores tras denuncias sobre presuntas irregularidades en la venta y avalúo de 33 bienes municipales, situación que provocó la salida de dos funcionarios y la integración de abogados con amplia experiencia para fortalecer la administración.

¿Quiénes son los nuevos asesores nombrados por el alcalde de Valledupar y cuál es su experiencia?

Los nuevos asesores de despacho son los abogados Milthon Arias Manjarres, especialista en Derecho del Trabajo y magíster en Gestión Pública, con experiencia en temas jurídicos y control fiscal, y Jesús Namén Chavarro, magíster y especialista en Derecho Público, con amplios antecedentes en cargos directivos como SENA Cesar, INVIMA, Instituto Nacional de Salud, y en el Senado de la República.

(Ver también: Cuánto cuesta cargar el carro eléctrico en los supercargadores de Tesla; ¿si es 24 horas?)

El accidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana y, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, no dejó personas heridas. Sin embargo, las fotografías y los videos que circularon muestran la magnitud del incidente y el estado en el que quedó el vehículo.

En las imágenes se observa una Cybertruck de color negro, con daños en la parte delantera y las puertas abiertas. Además, el poste derribado quedó atravesado sobre el techo y la zona trasera de la camioneta, mientras varios fragmentos de material permanecían esparcidos alrededor del lugar.

#ATENTOS. Un vehículo Tesla Cybertruck protagonizó un fuerte choque contra un poste de energía en una vía de Llanogrande, mpio/Rionegro, Antioquia. Según reportaron las autoridades y medios locales, ocurrió sobre las 7:30AM de este 19OCT y por fortuna no hubo personas lesionadas. https://t.co/9MxU85DDb8

— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 19, 2026

La escena llamó la atención por las características del vehículo, uno de los modelos más reconocibles de Tesla, la compañía de automóviles eléctricos fundada por Elon Musk. Su estructura angular y su apariencia metálica suelen despertar curiosidad, pero en esta ocasión la camioneta terminó bajo un poste de energía en una vía antioqueña.

Por ahora, no se conocen detalles suficientes para establecer las causas exactas del accidente ni las circunstancias en las que el conductor perdió el control del vehículo. Tampoco se ha informado oficialmente sobre el costo de los daños ocasionados a la camioneta o a la infraestructura afectada.

Redes sociales reaccionaron al accidente de la Cybertruck

Como suele ocurrir con este tipo de episodios, las imágenes provocaron comentarios y bromas entre los usuarios de las redes sociales. Algunos aprovecharon la situación para hacer chistes sobre los conductores de vehículos de lujo, mientras otros cuestionaron las características de seguridad de la camioneta y recordaron las discusiones que ha despertado su diseño en otros mercados.

Una de las bromas que circuló entre los comentarios apuntó a la posibilidad de conectar la camioneta directamente al poste para cargarla, en referencia a su condición de vehículo eléctrico.

(Ver también: Reconocido supermercado en Colombia tiene listo un Tesla para dar por sus compras: hay requisitos)

Más allá de las reacciones, el accidente dejó una imagen llamativa en Llanogrande y volvió a poner a la Cybertruck en el centro de la conversación. Por fortuna, el balance conocido hasta ahora es favorable en el aspecto más importante: no hubo personas lesionadas.

La cartera de Justicia, al comunicar su petición, expuso que el oficio se fundamenta especialmente en el texto de Melquisedec Torres titulado “El Pacto de Valledupar”, publicado el 17 de octubre en el diario El Colombiano. Según el ministro Cancino, los señalamientos presentados allí serían lo suficientemente serios para que la Fiscalía General de la Nación realice una revisión exhaustiva y con rigor. La columna de opinión plantea inquietudes sobre posibles manejos e intereses indebidos en torno a las reuniones señaladas.

En sus declaraciones, Angie Rodríguez manifestó que recibió la instrucción de coordinar un encuentro en Valledupar, cuyo fin sería impulsar declaraciones que involucraran a Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. Esto le da un matiz especialmente delicado al caso, pues se trató de orientar testimonios en contra de figuras públicas reconocidas a nivel nacional. Al exponer lo sucedido, el Ministerio de Justicia recalca la gravedad de las afirmaciones y respalda la necesidad de una investigación formal, ante los posibles alcances penales y políticos que podrían derivarse de las reuniones y sus objetivos.

A la espera de avances, la noticia permanece en desarrollo y sigue generando atención sobre el proceder de entidades estatales, así como el papel de los funcionarios en el manejo de información sensible. En este contexto, la verificación de los hechos denunciados cobra importancia para garantizar la transparencia y el debido proceso. Toda la información proviene directamente de comunicados oficiales del Ministerio de Justicia y de la columna de El Colombiano, así como de declaraciones citadas por estos medios.

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¿Por qué el Ministerio de Justicia pidió investigar las reuniones en Valledupar con exjefes paramilitares?

El Ministerio de Justicia elevó la solicitud a la Fiscalía General de la Nación debido a la gravedad de los señalamientos realizados por Angie Rodríguez y recogidos en la columna “El Pacto de Valledupar” de El Colombiano. Se busca esclarecer si hubo coordinación de declaraciones contra figuras públicas y determinar la posible comisión de delitos, según indica el comunicado oficial del Ministerio.

¿Quién es Angie Rodríguez y cuál fue su papel en la denuncia sobre las reuniones en Valledupar?

Angie Rodríguez se desempeñó como exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y, según lo informado, habría sido encargada de coordinar la reunión con exjefes paramilitares en Valledupar, con el fin de obtener declaraciones en contra de reconocidos personajes públicos, como sostiene la columna citada y los comunicados del Ministerio.

De acuerdo con información divulgada por Caracol Radio, en la aeronave se movilizaban al menos 15 personas. De manera preliminar, se habla de por lo menos siete heridos, aunque estas cifras todavía podrían cambiar mientras avanzan las labores de atención y verificación en la zona.

Por ahora, no se conocen detalles confirmados sobre las circunstancias que provocaron el accidente del helicóptero. Sin embargo, autoridades ya confirman que no hay ningún fallecido.

“Activamos los protocolos correspondientes y en estos momentos se desplaza un equipo de especialistas y técnicos para el inicio de las investigaciones y determinar las causas de lo ocurrido”, dijo el Ejército al respecto.

#ComunicaciónOficial | Nos permitimos informar que uno de nuestros helicópteros UH-60 Black Hawk que se encontraba realizando operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal, se precipitó a tierra en Inzá, #Cauca.

En la aeronave se transportaban 15 soldados, algunos de los cuales resultaron heridos y otros salieron ilesos, en este momento están recibiendo atención médica y su estado de salud según el parte médico es estable. Es importante aclarar que todos están con vida.

Activamos los protocolos correspondientes y en estos momentos se desplaza un equipo de especialistas y técnicos para el inicio de las investigaciones y determinar las causas de lo ocurrido.

#PatriaHonorLealtad
@Ejercito_Davaa

— Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) October 19, 2026

(Le puede interesar: Explosión en mina de carbón dejó atrapadas a 4 personas; hay operativo para rescatarlas)

El desprendimiento de lodo y material rocoso cubrió el yacimiento, donde, según estimaciones preliminares, cerca de 30 personas estarían trabajando en la extracción de oro. De acuerdo con información entregada por el secretario de Minas de Nariño, Evelio Aguiño, y el enlace de víctimas del municipio, Cristian Cuéllar Hernández, varias personas quedaron bajo la tierra.

Las primeras labores de búsqueda quedaron en manos de habitantes de la zona, campesinos y miembros de la Defensa Civil, quienes acudieron al lugar con palas y herramientas para intentar encontrar sobrevivientes. Álex González, secretario de Paz y Derechos Humanos del departamento, indicó que el alud sorprendió a los trabajadores y dejó personas desaparecidas.

La zona presenta dificultades de acceso por las condiciones geográficas de la selva y la situación de orden público en la subregión del Sanquianga, factores que complican la llegada de los equipos oficiales de socorro y del personal médico.

🚧 Un deslizamiento de tierra en una mina artesanal de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, ha dejado preliminarmente nueve cuerpos recuperados y cerca de 30 desaparecidos. Organismos de socorro y la comunidad realizan labores de rescate mientras la Defensoría del Pueblo solicita apoyo aéreo militar y médico urgente al Gobierno Nacional.

— SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) October 19, 2026

(Lea también: Hallan muertos a los 6 mineros atrapados en explosión en Cucunubá; revelan identidades)

Defensoría pidió apoyo aéreo para atender la emergencia

Ante la magnitud del derrumbe, la Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno nacional y a las Fuerzas Militares apoyo aéreo para agilizar las labores de rescate y facilitar el traslado de heridos a centros de salud con mayor capacidad de atención.

La entidad también pidió evaluar el traslado del buque hospital Benkos Biojó, que se encontraba en el municipio de Guapi, Cauca, para reforzar la atención médica en esta zona del litoral Pacífico.

Además, la Defensoría hizo un llamado a los grupos armados ilegales que tienen presencia en el territorio para que respeten los corredores humanitarios y permitan el paso de los organismos de socorro y de los peritos de Medicina Legal encargados de identificar los cuerpos.

Mientras continúan las labores de búsqueda, las autoridades deben establecer el número total de afectados y las circunstancias de la emergencia. El balance de al menos nueve personas fallecidas es preliminar y podría cambiar a medida que avancen los trabajos en la mina.

Desde su creación en 2017, los Premios Cidesco se han consolidado como la principal vitrina regional dedicada a resaltar proyectos que transforman la educación superior y generan impacto en las comunidades del Pacífico colombiano. Según explicó Camilo Lezcano Yépez, director ejecutivo de Cidesco, el foco principal es articular los esfuerzos entre instituciones para evidenciar cómo las comunidades universitarias logran tanto cambiar entornos sociales como renovar metodologías de enseñanza. A diferencia de años anteriores, donde cada universidad premiaba iniciativas de manera aislada, este galardón se erige como un esfuerzo colectivo que busca trascender los límites tradicionales de cada campus y exponer el talento regional en un escenario conjunto.

La edición de 2026 introduce una estructura de 12 categorías temáticas que abarcan áreas cruciales como la investigación científica, el fortalecimiento del bilingüismo y la innovación en el sector empresarial. Además, este año se incluyen dos distinciones especiales: 'Liderazgo estudiantil', para quienes impulsan cambios positivos dentro y fuera del aula, y 'Egresados que inspiran', en reconocimiento a aquellos graduados cuyas acciones contribuyen activamente a la solución de problemáticas locales.

Uno de los principales retos, según las directivas de Cidesco, ha sido superar la reticencia de algunos miembros de la comunidad académica a la hora de postular sus proyectos. Camilo Lezcano Yépez resaltó que líderes económicos han coincidido en que el Pacífico colombiano crea propuestas de gran impacto que muchas veces carecen de la plataforma adecuada para ser conocidas más allá de la región. Los Premios Cidesco, en ese sentido, se presentan como el canal idóneo para proyectar ese talento y esas ideas al ámbito nacional.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de octubre, permitiendo que docentes, directivos, administrativos, estudiantes y egresados con iniciativas transformadoras puedan postularse a través del portal web oficial cidesco.org.co. Allí, la comunidad académica regional encontrará la información necesaria para participar y sumar sus aportes al desarrollo del suroccidente colombiano.

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¿Cuáles son las categorías de los Premios Cidesco 2026 y quiénes pueden participar?

Los Premios Cidesco 2026 cuentan con 12 categorías orientadas a temas como investigación científica, bilingüismo, innovación empresarial y otras áreas relevantes de la educación superior. Además, ofrecen distinciones para liderazgo estudiantil y egresados destacados. Todos los miembros de la comunidad universitaria, incluidas las personas administrativas, docentes, directivos, estudiantes y egresados de las 23 instituciones miembros de Cidesco en el suroccidente pueden participar registrando sus iniciativas en la página oficial.

¿Cuál es el objetivo central de los Premios Cidesco 2026 y cómo impactan la región?

El propósito fundamental, de acuerdo con Camilo Lezcano Yépez, director de Cidesco, es demostrar el impacto de las acciones académicas en la transformación social y educativa del Pacífico colombiano. La convocatoria busca superar barreras de visibilidad para los proyectos innovadores, conectando el esfuerzo colectivo de las universidades y ampliando el reconocimiento de las soluciones generadas en la región.

El apoyo conservador al gobierno de De la Espriella se consolidó desde la segunda vuelta presidencial, momento desde el que la colectividad se declaró oficialista. Esta relación de cercanía se refleja también en ciertos nombramientos en el servicio exterior. De acuerdo con El Espectador, Alberto Rafael Cepeda Sarabia, hermano de Efraín Cepeda, asumirá la embajada en Italia y ha participado en diversos organismos, mientras que Carlos Chavarro, exsenador y secretario de la Comisión Segunda en 2025, figura también como cuota del Partido Conservador para cargos diplomáticos.

Dentro del Congreso, Efraín Cepeda funge como articulador entre la agenda del Ejecutivo y los partidos oficialistas, reforzando la coordinación con el ministro de Interior, Rodrigo Lara. Los conservadores, identificados como “la colectividad azul”, se proponen mantener una postura cerrada a favor del gobierno, especialmente tras el surgimiento de dos nuevos partidos: el Partido Demócrata Colombiano, antes conocido como Liga de gobernantes anticorrupción, y Defensores de la Patria, partido fundado por el presidente Abelardo de la Espriella luego de su triunfo en segunda vuelta electoral.

En contraste, el Pacto Histórico, encabezado por el expresidente Gustavo Petro, también se prepara para los comicios. De acuerdo con El Espectador, diseñan un “Pacto por la Vida” con el objetivo de unir fuerzas con sectores verdes, liberales disidentes y movimientos ciudadanos, priorizando la construcción de alianzas basadas en oposición al gobierno actual. Las alianzas serán sometidas a consultas populares, donde la ciudadanía podrá elegir a los candidatos únicos que representarán las coaliciones. Esta modalidad, que ha ganado espacio en contiendas recientes por permitir campañas extendidas y la evaluación previa de precandidatos, se proyecta como herramienta fundamental para el Pacto Histórico en su estrategia para 2027.

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¿Cuáles son las alianzas políticas clave que se perfilan para las elecciones regionales de Colombia en 2027?

Para las elecciones regionales de 2027 en Colombia, el Partido Conservador y el Pacto Histórico han comenzado a definir sus posibles alianzas. Los conservadores se alinearán firmemente con las fuerzas próximas al gobierno de Abelardo de la Espriella, excluyendo de sus pactos a opositores y partidarios de Iván Cepeda. En el lado contrario, el Pacto Histórico, siguiendo la dirección de Gustavo Petro, buscará un “Pacto por la Vida” con sectores verdes, liberales disidentes y movimientos ciudadanos, con consultas populares previas para elegir candidatos únicos.

¿Cómo funcionan las consultas populares para elegir candidatos en las alianzas del Pacto Histórico?

Las consultas populares, que aplicará el Pacto Histórico en el proceso previo a las elecciones regionales, permiten a los partidos y movimientos aliados medir en las urnas a sus precandidatos antes de definir una candidatura única. Esta modalidad brinda oportunidad de ampliar la campaña, fomentar la participación ciudadana y consolidar la legitimidad del candidato escogido para la contienda principal.

(Ver también: Colchones, muebles y más que encontraron en Soacha y que habrían ocasionado las inundaciones)

De acuerdo con la información publicada por la concesión este 19 de octubre de 2026, las labores registran un avance superior al 70 % y tienen prevista su finalización en diciembre de este año. Los trabajos comenzaron en mayo y hacen parte del mantenimiento mayor del pavimento en la Unidad Funcional 8 del corredor Bogotá-Girardot.

Las intervenciones buscan conservar la infraestructura vial y mantener condiciones adecuadas de circulación y seguridad para los conductores que transitan por este tramo. Sin embargo, la ejecución de estas actividades coincide con otros proyectos de infraestructura en Soacha, entre ellos las fases 2 y 3 de Transmilenio, lo que plantea retos adicionales para la movilidad.

¿En qué sectores de Soacha y Sibaté continúan las obras?

Según Vía Sumapaz, las próximas intervenciones se concentrarán en los sectores de El Tropezón, León XIII y Parques Industriales, principalmente durante las jornadas nocturnas.

La concesión explicó que los trabajos que requieren restricciones de carril se programan de lunes a jueves, entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. Dependiendo de las necesidades técnicas, también podrían ejecutarse actividades los viernes en la noche, en sentido Girardot-Bogotá, con previo aviso a los usuarios.

Los viernes, además, se contemplan intervenciones entre las 6:00 de la mañana y el mediodía en el tramo comprendido entre El Vínculo y El Muña.

La programación establece que, al finalizar cada jornada, se busca mantener al menos dos carriles habilitados, siempre que las condiciones técnicas y de seguridad lo permitan.

¿Qué deben tener en cuenta los conductores?

Uno de los puntos que destacó la concesión es que no se programan trabajos de mantenimiento mayor que requieran restricciones de carril durante los planes éxodo y retorno, con el propósito de facilitar los desplazamientos en temporadas de alta demanda vehicular.

Además, Vía Sumapaz recomendó a los usuarios consultar el estado de la vía antes de viajar y contemplar tiempos adicionales en sus recorridos, debido al alto flujo vehicular y a la ejecución simultánea de distintos proyectos.

(Ver también: ¿Qué es la espuma que apareció en Soacha durante inundaciones? Podría ser muy peligrosa)

Por ahora, la fecha prevista para terminar el mantenimiento entre Soacha y Sibaté es diciembre de 2026. El cumplimiento de ese plazo dependerá del desarrollo de las actividades programadas y de las condiciones técnicas y operativas del corredor.

El esquema de los BOSUD tiene como objetivo principal articular las capacidades tanto de la Fuerza Pública como de las dependencias del ámbito local, enfocándose en la lucha contra organizaciones criminales que operan en las ciudades. En el caso de Valledupar, esta articulación incluye la intervención de la Policía Metropolitana, bajo el liderazgo del coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, y la participación de la Dirección Seccional de Fiscalías del Cesar, en cabeza de Ronald Calderón.

De acuerdo con lo expuesto en la mesa de trabajo, la prioridad de esta estrategia es reforzar las respuestas institucionales frente a delitos como el homicidio y la extorsión. Esto implica un trabajo conjunto para enfrentar las bandas y estructuras que aprovechan los entornos urbanos para su accionar delictivo, una problemática que ha generado inquietud en la capital del Cesar, donde los homicidios por sicariato y los enfrentamientos entre grupos delincuenciales configuran los principales retos en seguridad.

Con la implementación de los BOSUD, las autoridades buscan mejorar su capacidad para investigar y contener a las redes criminales, además de fortalecer la presencia institucional, especialmente en aquellos sectores que se consideran estratégicos o de mayor vulnerabilidad. Este esfuerzo conjunto pretende no solo reducir índices de delitos violentos, sino también recuperar la confianza ciudadana y garantizar condiciones de seguridad para quienes residen en Valledupar. Toda la información aquí presentada corresponde a declaraciones y datos ofrecidos por participantes y autoridades en el proceso de adopción de la estrategia.

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¿Cuál es la función de los Bloques de Seguridad Urbana y Defensa (BOSUD) en Valledupar?

La función de los BOSUD en Valledupar consiste en coordinar los esfuerzos de la Fuerza Pública y de autoridades locales para combatir delitos de alto impacto, como extorsión y homicidio. Según lo presentado en la mesa de trabajo, esto incluye articular labores de inteligencia y operativas entre la Policía Metropolitana y la Fiscalía, con el fin de fortalecer las investigaciones y responder de manera más rápida y efectiva a las amenazas criminales en entornos urbanos.

¿Qué delitos buscan reducir las autoridades con la estrategia BOSUD en Valledupar?

De acuerdo con información proporcionada durante la instalación de la estrategia, los delitos que se busca reducir prioritariamente son la extorsión y el homicidio, especialmente aquellos derivados de ataques sicariales y disputas entre estructuras delincuenciales. El objetivo central es impactar estos flagelos para restaurar la seguridad y tranquilidad de la población que habita en Valledupar.

Ante estos señalamientos, el Partido Liberal expresó su pleno respaldo a las funcionarias y celebró la conformación de una comisión investigadora sobre la administración de recursos en el archipiélago, posicionándose como un partido de Gobierno dispuesto a respaldar la transparencia. Con respecto a Jay-Pang Díaz, destacaron su experiencia de ocho años como congresista y enfatizaron en su "honestidad, transparencia, disciplina, responsabilidad y profundo compromiso con el bienestar de las comunidades del archipiélago", señalando la importancia de su trabajo legislativo en defensa de los derechos humanos, la mujer, la identidad cultural y los intereses de los isleños.

En cuanto a la gobernadora Ordóñez Bowie, la colectividad liberal defendió su corta gestión, recordando que asumió el cargo recientemente tras elecciones atípicas y, por ello, considera inmerecidos los señalamientos en su contra. Según el comunicado citado por El Espectador, la administración de Ordóñez ha estado "enmarcada en los principios de autonomía territorial, respeto institucional y defensa de los intereses de la población insular".

Durante el encuentro, tanto la gobernadora como la representante negaron categóricamente cualquier manejo irregular de recursos o participación en protestas contra la intervención hospitalaria. Jay-Pang Díaz, en particular, invitó al presidente a investigar los hechos y aseguró que las acusaciones no tendrían sustento.

Esta coyuntura coincide con otros episodios críticos para el gobierno, como la reciente denuncia de María Paz Gaviria —exdirectora de ARTBO y excandidata liberal al Senado— sobre el retiro de símbolos políticos del Museo Nacional, así como la decisión de la bancada Liberal de ausentarse de la discusión del Presupuesto General de la Nación. Esto podría alterar el apoyo legislativo al presidente, teniendo en cuenta el peso numérico de los liberales en el Congreso.

Por último, el Partido Liberal llamó al presidente a privilegiar el diálogo para resolver diferencias políticas o institucionales, insistiendo en que toda controversia debe tramitarse a través de mecanismos legales y argumentativos.

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¿Por qué el Partido Liberal defendió a la gobernadora de San Andrés y a la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz?

El Partido Liberal defendió a Ordóñez Bowie y a Jay-Pang Díaz porque considera que las acusaciones públicas del presidente Abelardo de la Espriella carecen de fundamento y afectan injustamente la imagen de dos de sus principales lideresas en el archipiélago. Según comunicados de la colectividad citados por El Espectador, ambas funcionarias se han caracterizado por su transparencia y compromiso con la región, y no existen evidencias que respalden los señalamientos sobre manejo irregular de recursos o incitación a protestas.

¿Qué papel cumple la comisión que investigará los recursos en San Andrés según el Partido Liberal?

De acuerdo con información publicada por El Espectador, la comisión que se creará para investigar el manejo de presupuestos e inversiones en San Andrés busca garantizar la transparencia y corregir posibles irregularidades en el uso de fondos estatales en el departamento. El Partido Liberal respaldó esta iniciativa como una oportunidad para clarificar la administración de los recursos y demostrar la integridad de sus militantes mencionadas en las denuncias.

Las reacciones han sido contundentes. El presidente Abelardo de la Espriella, señalado como uno de los objetivos de la supuesta estrategia, calificó a Benedetti como un “criminal” y aseguró que la justicia tendrá la última palabra respecto a sus actos. Estas palabras se pronunciaron mientras se anunciaba la designación de Cristina Lombana, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia y quien ya ha investigado a Benedetti, como secretaria de Transparencia del gobierno actual, según reseña El Espectador.

La polémica tomó más fuerza después de que Angie Rodríguez, quien era directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), fuera señalada en las publicaciones como encargada de preparar la colaboración de varios exjefes paramilitares, supuestamente siguiendo directrices de Gustavo Petro. El objetivo habría sido vincular a políticos de la derecha con crímenes perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo ilegal armado en Colombia. Sin embargo, esta versión fue desmentida por los propios integrantes de las AUC, como Salvatore Mancuso, quien advirtió que los exlíderes designados como “gestores de paz” se rehusaron a efectuar este tipo de declaraciones.

Ante las acusaciones, Benedetti rechazó los señalamientos, los calificó como un intento de “perfilamiento de graves dimensiones” y responsabilizó al presidente de la Espriella de cualquier daño que pudiera sufrir él o su familia. Además, anunció acciones legales en defensa de su nombre, tal como lo reportó El Espectador.

Gustavo Petro, por su parte, utilizó su cuenta de X para rechazar cualquier vinculación con presiones o instrucciones directas sobre los exparamilitares, subrayando que el proceso de diálogo fue abierto y reglamentado mediante la resolución 327 de 2025, orientado a buscar la verdad y reparar a las víctimas. Para el exmandatario, cualquier funcionario que haya actuado por fuera de la ley debe responder ante la justicia, pero rechazó adjudicaciones sin pruebas.

El partido Centro Democrático ha solicitado investigaciones sobre la anterior administración, asegurando que el Estado no debe ser convertido en herramienta de persecución política. Figuras como Álvaro Uribe han insistido en que han sido víctimas de “montajes judiciales”, mientras se cuestiona el silencio de Benedetti frente a las declaraciones de los paramilitares. Esta controversia revive antiguas tensiones entre sectores políticos y expone las dificultades en torno al esclarecimiento de la verdad y la construcción de paz en Colombia.

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¿Qué sucedió en las reuniones entre exlíderes paramilitares y el gobierno Petro según El Colombiano?

De acuerdo con la columna de Melquisedec Torres publicada en El Colombiano, en estas reuniones, funcionarios del gobierno Petro habrían buscado que exlíderes paramilitares entregaran testimonios en contra de figuras políticas de derecha como Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe. Sin embargo, los propios exjefes paramilitares negaron haber aceptado tales presiones y aseguraron que se negaron a declarar en ese sentido.

¿Qué son las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y qué papel jugaron en este caso?

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron un grupo armado ilegal implicado en violaciones a los derechos humanos. En el caso presentado, exlíderes de las AUC habrían sido contactados por el gobierno Petro para declarar en contra de figuras políticas de la derecha; sin embargo, rechazaron participar en las acusaciones, lo que generó un debate público sobre el manejo de la política de “paz total”.

El expresidente negó haber dado instrucciones para presionar testimonios o fabricar acusaciones y aseguró que no aceptará que se le atribuyan hechos graves sin pruebas.

Petro pidió revisar las actas, comunicaciones, grabaciones y demás documentos relacionados con los encuentros entre funcionarios y antiguos comandantes de las autodefensas.

El exmandatario recordó que la mesa con los exjefes paramilitares fue creada mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025 y sostuvo que su funcionamiento no fue clandestino.

Según explicó, la norma contemplaba la participación de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría como invitados permanentes para acompañar y vigilar el proceso.

Petro pidió establecer si esas instituciones fueron convocadas, quiénes participaron y qué quedó registrado en las actas. También afirmó que, si alguien utilizó ese espacio para presionar testimonios, debe responder ante la justicia.

Finalmente, sostuvo que no teme a la verdad y pidió una investigación completa para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Según la Defensoría, entre abril y noviembre de 2025 se documentaron 19 asesinatos en Magangué, cifra que aumentó a 23 homicidios en solo los primeros siete meses de 2026. Además, hubo 11 personas heridas en ataques de sicariato. Sobresale el hecho de que la mayoría de víctimas tenía menos de 35 años. La extorsión es otro de los fenómenos alarmantes denunciados por la comunidad: los comerciantes reportan entre 12 y 15 llamadas extorsivas diarias.

La entidad estatal expuso que el EGC ejerce un fuerte control social y armado en corregimientos como Juan Arias, Tacaloa, Cascajal, Henequén, Barranca de Yuca y Cascaloa. El control implica restricciones a la movilidad de los habitantes, regulación de precios y cobro de "vacunas", término utilizado para referirse a pagos extorsivos obligatorios. Además, la Defensoría enfatiza el uso forzado de lideresas de juntas de acción comunal (JAC) para realizar cobros extorsivos, así como la cooptación de jóvenes en barrios periféricos como El Prado y Nueva Colombia, quienes son trasladados a zonas rurales para recibir entrenamiento militar.

Destaca la participación de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo, que articula acciones con otros grupos similares como Erlyn Pino Duarte, Edwin José Sierra Regino, Manuel José Galán y Sergio Antonio Carrascal Gómez. Magangué representa un corredor estratégico para economías ilegales y movilización militar en el nororiente y el caribe colombiano, lo que intensifica la disputa territorial entre organizaciones armadas ilegales.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 32 recomendaciones de carácter preventivo y humanitario, dirigidas al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional, Fiscalía General, Gobernación de Bolívar, Alcaldía de Magangué, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras entidades. Las propuestas incluyen mayor presencia de las fuerzas de seguridad, labores de inteligencia, patrullajes terrestres y fluviales, acciones para prevenir el reclutamiento de menores y el fortalecimiento de rutas de protección.

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¿Cuáles son las principales recomendaciones de la Defensoría del Pueblo frente a la situación de riesgo en Magangué?

La Defensoría del Pueblo formuló 32 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales y locales, orientadas a prevenir y mitigar la situación de riesgo en Magangué. Entre ellas se incluyen el aumento del pie de fuerza, patrullajes terrestres y fluviales, labores de inteligencia para frenar la criminalidad y la implementación de estrategias urgentes que prevengan el reclutamiento y la instrumentalización de menores, al igual que el fortalecimiento de mecanismos de protección individual y colectiva para líderes y lideresas sociales.

¿Qué significa el término "vacuna" en el contexto de la violencia en Magangué?

En el contexto presentado por la Defensoría del Pueblo, el término "vacuna" hace referencia al cobro extorsivo exigido por grupos armados como mecanismo de control social y financiero sobre la población. Estas "vacunas" son pagos obligatorios impuestos a comerciantes y habitantes bajo amenaza, y constituyen una de las principales formas de extorsión empleadas por organizaciones ilegales en la región.

El presidente de Colombia apuntó al que fuera hombre de confianza de Gustavo Petro, luego de la divulgación de señalamientos sobre supuestas acciones del exfuncionario para ejercer presión en exparamilitares para declarar en contra de De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.

En la misma línea de declaraciones de Angie Rodríguez y Víctor de Currea Lugo, se indicó que la intención era interferir en la contienda electoral por la Presidencia de Colombia y, según esa versión, impulsar la candidatura de Iván Cepeda como parte del apoyo del gobierno anterior.

De ahí, el Jefe de Estado reaccionó con dureza a través de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) al replicar un señalamiento en contra del exministro del Interior del Gobierno Petro.

“Esto es lo menos grave de todas las ilegalidades que ha cometido Benedetti. Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria”, aseguró el mandatario. Agregó: “En la Patria Milagro, la justicia le dará a Benedetti lo que se merece”.

Esta fue la publicación:

Esto es lo menos grave de todas las ilegalidades que ha cometido Benedetti. Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria.

En la Patria Milagro, la justicia le dará a Benedetti lo que se merece.

¡Bienvenido a la Patria Milagro!

¡Firme por la Patria!

¡Que viva Cristo Rey!

(A.D.L.E) 🇨🇴 🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 19, 2026

El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso fue el que se refirió al supuesto encuentro conocido como el ‘Pacto de Valledupar’ durante gobierno Petro, periodo en el que fue gestor de paz.

“Delegados del gobierno de Gustavo Petro nos pidieron a los excomandantes de las Autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó. Hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el encuentro”, señaló.

La Fiscalía comunicó el 19 de octubre la detención de un mayor, un subintendente y dos patrulleros vinculados al caso. Estos policías serán presentados ante un juez y se les imputarán los delitos de homicidio agravado y tortura, aunque sigue vigente una quinta orden de captura pendiente de ejecución, según datos del ente acusador. Inicialmente, la Policía Metropolitana de Soacha informó que cinco agentes habían sido capturados, pero la Fiscalía precisó posteriormente que solo se habían materializado cuatro detenciones hasta ese momento.

Donovan Balanta, de 34 años, trabajaba en una empresa farmacéutica, estudiaba criminalística y era padre de dos hijos. La noche del 20 de septiembre, al regresar a su casa, se cruzó con un procedimiento de la Policía que, según la institución, se trataba de la atención a una riña. Hay versiones encontradas sobre ese encuentro: la Policía afirma que Balanta lanzó un objeto y que usaron un dispositivo de inmovilización eléctrica antes de trasladarlo a la estación de Cazucá. La familia sostiene que Donovan fue reducido y golpeado, incluso estando esposado, además de haber sido víctima de expresiones racistas.

El dictamen de Medicina Legal que aclare la causa exacta de muerte aún no ha sido divulgado. Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió especificar si existieron actos de discriminación o perfilamiento racial en el procedimiento. Naciones Unidas recordó la obligación estatal de proteger la vida de las personas bajo custodia. Asimismo, el caso reactivó el debate público en Colombia sobre el uso de la fuerza policial, en línea con otros antecedentes recientes. Los procesos judiciales y las investigaciones internas siguen su curso, y será en esa instancia donde se determine la responsabilidad de los implicados.

¿Qué se sabe sobre el procedimiento policial en el caso Donovan Balanta?

De acuerdo con la información entregada por la Policía y la Fiscalía, el procedimiento ocurrió tras una supuesta riña en la que Balanta habría intervenido lanzando un objeto. Se utilizó un dispositivo de inmovilización eléctrica y luego fue trasladado a la estación de policía, donde se registró una afectación de salud que desencadenó su muerte. La familia, sin embargo, sostiene que Balanta no participó en la riña y denunció golpes, descargas eléctricas y actos discriminatorios mientras estaba esposado. Las investigaciones judiciales buscan esclarecer el alcance de la actuación policial.

¿Cuál es el papel de la ONU y la Defensoría en la investigación del caso Donovan Balanta?

Ambas instituciones, según El Espectador, han expresado preocupación por la muerte de Balanta bajo custodia policial. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha solicitado una investigación exhaustiva en la justicia ordinaria y recordó al Estado su deber de proteger la vida e integridad de las personas detenidas. La Defensoría del Pueblo, por su parte, acompaña a la familia y ha pedido esclarecer si existió discriminación o perfilamiento racial, señalando la importancia de garantizar procesos judiciales transparentes y responsables.

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Se gradúo de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Comunicación Corporativa de la Universidad Politécnico Grancolombiano y egresada de la Especialización en Innovación y Desarrollo de Negocios de la Universidad Externado. Ruiz Durán llega al cargo con experiencia en dirección de equipos, gestión de reputación y relacionamiento con medios de comunicación.

Antes de asumir esta responsabilidad en el Sena, Ruiz Durán se desempeñó como jefa de Comunicaciones de la Federación Nacional de Departamentos, entidad en la que fortaleció su experiencia en el ámbito público. Asimismo, hizo parte de SECNewgate, firma internacional de comunicación estratégica, donde trabajó con compañías como The Walt Disney Company, anteriormente FOX Network Group Colombia, y Colgate-Palmolive.

Su paso por estas organizaciones le permitió desarrollar conocimientos en comunicación corporativa, relaciones públicas, creación de contenidos y posicionamiento de marca. Esta experiencia constituye parte de su perfil para asumir la dirección de las comunicaciones de una entidad con presencia nacional y una amplia comunidad de aprendices, instructores, funcionarios y egresados.

Uno de los principales desafíos de su llegada será fortalecer la manera en que el Sena  comunica su oferta educativa y el impacto de sus programas de formación. La institución tiene el reto de acercar sus oportunidades de capacitación a más colombianos y dar mayor visibilidad a las experiencias de quienes encuentran en sus programas herramientas para desarrollar sus capacidades y ampliar sus perspectivas laborales.

Según la información compartida por la entidad pública, la nueva jefa de Comunicaciones también tendrá el desafío de reconocer y proyectar los logros de los aprendices, instructores, egresados, funcionarios y demás integrantes de la comunidad Sena. Para ello, la estrategia contempla la articulación de diferentes formatos y canales, entre ellos productos digitales, audiovisuales, radiales e impresos, además de actividades de comunicación de gran alcance.

Este trabajo será clave para conectar los mensajes institucionales con públicos diversos y destacar el papel de la entidad en la formación para el trabajo en Colombia. La coordinación de los distintos canales de comunicación también permitirá visibilizar las historias de sus protagonistas y acercar la institución a ciudadanos interesados en sus programas y oportunidades.

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Su llegada al Sena abre una nueva etapa en su carrera, en la que pondrá su experiencia al servicio de la comunicación de una entidad con presencia en distintas regiones del país.

El estudio, realizado por integrantes del Colectivo de Investigación Multidisciplinar sobre Innovación en Niñez y Transformación Social (CIMIENTOS), partió de una pregunta clave: ¿cómo están creciendo hoy los niños y niñas que hacen parte de esta política? Para responder, entre febrero y julio de 2026, los investigadores entrevistaron a personas vinculadas directamente a ‘De Cero a Siempre’, incluyendo funcionarios de varios ministerios, miembros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), académicos, representantes de organismos multilaterales y de organizaciones sociales. Además, examinaron bases de datos y literatura científica relevante para el tema, según la información recogida.

Uno de los análisis destacados fue liderado por el equipo en el que participó Juan Camilo Cristancho, de la Universidad EAFIT. Este equipo se dedicó a observar lo que sucede en los hogares comunitarios del ICBF, especialmente en las ciudades de Bogotá y Cartagena. Se enfocaron en cómo interactuaban las maestras con los niños y niñas, así como en el tipo de apoyo que recibían cuando enfrentaban dificultades. Esta observación directa buscó identificar las dinámicas cotidianas y la forma en que la política se traduce en acciones concretas dentro de estos espacios, de acuerdo con los hallazgos obtenidos por el grupo de investigadores.

El análisis integral permitió no solo recoger testimonios y experiencias de quienes aplican la política, sino también revisar evidencia científica para aproximarse de manera precisa al impacto de ‘De Cero a Siempre’ en la vida de los menores. No obstante, los detalles sobre los resultados encontrados y las conclusiones a las que arribaron los investigadores no fueron mencionados en la información consultada, por lo que su mención queda fuera de este resumen.

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¿Qué es la política ‘De Cero a Siempre’ en Colombia?

‘De Cero a Siempre’ es una política pública destinada a la primera infancia en Colombia, cuyo propósito es garantizar los derechos y asegurar la atención integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los seis años de edad. Se promulgó hace diez años como una ley, marcando el inicio de un enfoque estatal sobre el desarrollo temprano y su protección, según los datos proporcionados.

¿Cómo investigó el Colectivo CIMIENTOS el impacto de ‘De Cero a Siempre’?

El Colectivo de Investigación Multidisciplinar sobre Innovación en Niñez y Transformación Social (CIMIENTOS) llevó a cabo entrevistas a 24 personas cercanas a la política, incluyendo funcionarios públicos y representantes de organizaciones relacionadas. Además, revisaron bases de datos y literatura científica para analizar en profundidad cómo se desarrolla actualmente la infancia en Colombia en el marco de esta política.

La investigación tuvo origen en un incidente entre vecinos en el barrio Altos de Cazucá. Los uniformados intervinieron ante el altercado, en medio del cual, presuntamente, Donovan Balanta, de 34 años, habría lanzado un objeto contundente contra los policías. El reporte presentado por la fiscal Jaramillo detalla que la respuesta de los uniformados incluyó esposar al joven, golpearlo repetidamente en la cabeza y el abdomen, y aplicarle múltiples descargas eléctricas utilizando un dispositivo taser. Los informes aseguran que la agresión no se limitó a la vía pública, sino que continuó tras el traslado de la víctima a la estación de Policía de Cazucá.

La Fiscalía sostiene que en la estación policial Balanta continuó siendo agredido con electrochoques, a pesar de suplicar por ayuda y manifestar que no podía respirar. La intervención de otra persona detenida, quien también pidió socorro, no alteró el curso de los hechos. De acuerdo con el ente investigador, ni los protocolos de auxilio fueron activados ni se brindó atención médica oportuna. La autoridad al mando en la estación, responsable de supervisar a los uniformados, tampoco activó las medidas necesarias para frenar la situación ni socorriste al afectado. Después de perder el conocimiento, la víctima fue trasladada a un hospital veinte minutos más tarde, donde se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Donovan Balanta murió como consecuencia de una arritmia cardiaca originada por las descargas eléctricas a las que fue sometido. Además, su cuerpo presentaba múltiples quemaduras y lesiones, agravadas, según la Fiscalía, por la tardía asistencia. Las capturas se realizaron en Soacha y Barbosa, Santander. Mientras tres de los implicados ya están en el búnker de la Fiscalía, el cuarto está en proceso de traslado a Bogotá para las diligencias judiciales. Por último, la Fiscalía investiga si el crimen podría estar relacionado con un caso de racismo.

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¿Cuáles son los delitos imputados a los policías involucrados en el caso de Donovan Balanta Paz?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, a los cuatro policías capturados se les imputarán los delitos de homicidio agravado y tortura, tras la muerte de Donovan Balanta Paz ocurrida en Soacha el 20 de septiembre. Además, la entidad adelanta investigaciones sobre una posible motivación de racismo en los hechos.

¿Cómo contribuyeron las pruebas del Instituto Nacional de Medicina Legal en la investigación del homicidio en Soacha?

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que Donovan Balanta falleció a causa de una arritmia cardíaca provocada por descargas eléctricas aplicadas por los uniformados. También certificó que la víctima presentaba quemaduras, golpes y lesiones, agravadas por recibir atención médica tardía, lo que fue fundamental para sustentar la acusación de la Fiscalía.

El Juzgado 24 admitió una tutela en contra del retiro de piezas artísticas del Museo Nacional, según informó Blu Radio, aunque el punto clave se mueve alrededor de la medida provisional que desemboca en un cambio.

Lo primero es que el Ministerio de Cultura debe proteger las piezas retiradas, lo que implica que estas no podrán ser destruidas, alteradas ni sacadas del mencionado Museo Nacional en Bogotá.

De igual manera, se ordenó frenar el retiro de más piezas por su contenido sin que se justifique con una determinación formal, de acuerdo con las indicaciones luego de admitir la acción legal.

Cabe recordar que actualmente hay protestas convocadas por sectores que rechazan la decisión de remover 30 piezas relacionadas con la población LGBTIQ+, luchas feministas, el Acuerdo de Paz de 2016 y otros hitos de la memoria política colombiana.

A pesar de los cuestionamientos por el retiro de piezas entre las que se incluyen incluso algunas con el recuerdo de Carlos Pizarro y la Unión Patriótica, el Gobierno De la Espriella se mantuvo en su postura.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, se plantó de manera oficial después de las manifestaciones que se han presentado en Bogotá debido a la determinación que  ha desatado un encendido debate nacional.

“Preservar la memoria del país, sus tragedias y sus logros, exige esfuerzos de la sociedad y las autoridades públicas, y obliga a actuar con firmeza frente a actos que deshonoran la memoria de los afectados, para evitar que se inviertan los valores sociales y las responsabilidades históricas”, aseguró.

Holguín afirmó en su respuesta que la intención es que los museos públicos divulguen y protejan expresiones que “represente a toda la nación y no sólo a un sector”, por lo que se pretende reorientar relatos históricos a lo que considera como una visión institucional más neutral.

¿Cuáles fueron las piezas retiradas del Museo Nacional?

Entre las obras retiradas en el Museo Nacional destacan afiches, fotografías y objetos simbólicos vinculados con las luchas de la población LGBTIQ+, movimientos feministas y el Acuerdo de Paz.

En la sala Memoria y Nación se desmontaron la mayoría de los retratos pertenecientes al denominado muro de la diversidad, dejando espacios vacíos y marcas visibles.

De igual manera, fue retirada una bandera del orgullo gay donada por la activista Elizabeth Castillo, junto a un ejemplar histórico de la revista La Ventana Gay.

El acervo desmontado incluye además un objeto representativo perteneciente a Bernardo Jaramillo Ossa, dirigente político víctima del exterminio contra la Unión Patriótica.

Asimismo, las autoridades desinstalaron el cartel publicitario y las representaciones visuales que hacían alusión directa a Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del M-19.

La intervención afectó tres salas principales del recinto cultural de la capital, generando la inmediata protesta de diversos colectivos sociales, artistas y sectores académicos.

Los manifestantes reaccionaron instalando reproducciones de los elementos desmontados en el espacio exterior de la institución en señal de rechazo.

Por su parte, un tribunal judicial admitió un recurso de tutela ordenando la protección de los elementos retirados para evitar su alteración o traslado fuera del inmueble.

El Ministerio argumenta que la revisión museográfica busca evitar apología al terrorismo y doctrinas políticas dentro de los recintos de administración estatal.

No obstante, expertos curatoriales advierten que la medida vulnera la autonomía institucional y afecta la representación de la diversidad histórica en el acervo público.

El caso mantiene abierto un intenso debate de alcance nacional sobre la preservación de la memoria histórica y la libertad de exhibición artística.

La investigación, mencionada por este diario, sostiene que la presunta responsable habría actuado a través de un tercero. El día previo al envenenamiento, un domiciliario, supuestamente contratado por Guzmán, entregó en la vivienda de la familia De Bedout una caja de frambuesas, que eran presentadas como un obsequio. Sin embargo, las frambuesas, estaban contaminadas con talio, un metal peligroso que, incluso en pequeñas cantidades, puede resultar letal al ser ingerido.

Como resultado de la ingestión, las víctimas comenzaron a presentar síntomas severos de intoxicación y fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Dos niñas, de 13 y 14 años, fallecieron a causa de la intoxicación. La Fiscalía concluyó que la causa de la muerte fue una intoxicación aguda por talio, aclarando que el incidente tuvo lugar en el contexto de una reunión de adolescentes y que el talio fue agregado intencionalmente a los alimentos. Así lo señaló el ente: “la manera de muerte corresponde a un homicidio, toda vez que es muy infrecuente la intoxicación por este tipo de elementos y particularmente el talio es altamente tóxico, poco volátil, incoloro e inodoro, por lo que se infiere que fue agregado intencionalmente a los alimentos”.

Tras los hechos, Guzmán se desplazó por varios países, incluyendo Argentina, Brasil y el Reino Unido. Luego de ocho meses de seguimiento, la autoridad judicial la identificó como sospechosa principal el 5 de diciembre de 2025. Finalmente, el 17 de diciembre de 2025, fue localizada y detenida en el río Támesis con apoyo de una circular roja de Interpol. La investigación continúa y el proceso penal se mantiene en curso, con implicaciones relevantes en el ámbito legal y social.

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¿Cuál fue el caso de envenenamiento con talio en Bogotá y quién es Zulma Guzmán?

El caso involucra a Zulma Guzmán, identificada por la Fiscalía General de la Nación como presunta autora del envenenamiento de tres menores y un adulto tras enviar frambuesas contaminadas con talio a la familia De Bedout en Bogotá. El hecho sucedió el 4 de abril de 2025 y resultó en la muerte de dos niñas. Guzmán fue detenida posteriormente en el Reino Unido.

¿Qué es el talio y por qué es tan peligroso en casos de envenenamiento?

El talio es un metal altamente tóxico, poco volátil, incoloro e inodoro, lo que dificulta su detección. Según la Fiscalía General de la Nación, incluso en dosis pequeñas puede ser letal al ser ingerido, y su uso en alimentos constituye un mecanismo de envenenamiento intencional con consecuencias graves y letales.

Las actividades comenzarán a partir de las 7:00 de la mañana. Están destinadas a perros y gatos que cumplan con los requisitos de salud establecidos para el procedimiento. Uno de los puntos clave para la participación es llevar la documentación y los elementos solicitados antes y después de la cirugía. Se exige la fotocopia de la cédula del responsable, quien debe ser mayor de edad y firmar la autorización correspondiente. Además, la mascota debe estar en buen estado de salud y haberse realizado un examen prequirúrgico.

La programación de la jornada, según 90 Minutos, cubre diferentes zonas de Cali: el martes 20 será en Villacarmelo, sector Crucero San José; el miércoles 21 en la comuna 20, Polideportivo La Estrella; el jueves 22 en el parque La Horqueta, Silo; y el viernes 23 en Pízamos 1, comuna 21, calle 122D #28F6. La atención se dirige a perros y gatos de 5 meses a 6 años de edad; animales enfermos, con plagas externas, sobrepeso o delgadez extrema no serán admitidos. Las hembras en celo, preñadas o recién paridas tampoco se esterilizan.

Hay indicaciones específicas para el ayuno: gatos deben tener entre 8 y 10 horas sin alimento ni agua y perros entre 8 y 12 horas. El transporte adecuado también es fundamental. Los gatos deben llegar en guacal, funda de almohada o costal apropiado, pero no en cajas ni tarros. No se atenderán gatos persas ni de raza braquicéfala. Para perros, el peso requerido es entre 2 y 25 kilogramos, deben ir con collar y correa, y si son de manejo especial, con bozal. Perros de razas como bulldog, pinscher o bulldog francés, considerados braquicéfalos, no serán atendidos.

Después de la cirugía, el responsable debe tener cobija o toalla para recostar al animal y se recomienda llevar bolsas, papel higiénico y paños húmedos. Al terminar, recibirá la fórmula médica y recomendaciones de los cuidados postoperatorios. Para el seguimiento, si hay alguna complicación, debe acudir al Centro de Bienestar Animal (CBA), y no a otro centro veterinario, para garantizar la continuidad del proceso.

Las jornadas buscan facilitar que más familias accedan a la esterilización gratuita de animales de compañía en Cali. Recuerde cumplir con los requerimientos, asistir temprano y llevar los elementos solicitados, ya que los cupos son limitados y se asignan en orden de llegada. Toda la información citada proviene de 90 Minutos.

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¿Cuáles son los requisitos para la esterilización gratuita de mascotas en Cali?

Para acceder a la esterilización gratuita, su mascota debe ser un perro o un gato de entre 5 meses y 6 años de edad, estar en buen estado de salud, acudir en ayuno (8 a 12 horas para perros, 8 a 10 horas para gatos) y cumplir con el transporte adecuado según sea el caso: guacal o funda para gatos y collar, correa y, si se requiere, bozal para perros. Además, el responsable debe ser mayor de edad, llevar fotocopia de la cédula y firmar autorización. No se atienden animales enfermos, en celo, preñadas, recién paridas, ni razas braquicéfalas.

¿Dónde y cuándo serán las jornadas de esterilización gratuita para mascotas en Cali?

Según lo informado por 90 Minutos, las jornadas se llevarán a cabo entre el martes 20 y el viernes 23 de octubre en diferentes sectores: Villacarmelo el martes, Polideportivo La Estrella el miércoles, parque La Horqueta en Silo el jueves y salón múltiple Pízamos 1 el viernes. El servicio inicia a las 7:00 de la mañana y los cupos se asignan por orden de llegada.

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Según la información proporcionada por su entorno, uno de los aspectos más cuestionados del proceso sería la presunta ausencia de evidencias materiales determinantes, como resultados concluyentes de Medicina Legal, grabaciones de cámaras de seguridad o rastros forenses que permitieran vincularlo directamente con los hechos.

Estas afirmaciones requieren contrastarse con el expediente judicial para establecer qué pruebas fueron presentadas y cuál fue su peso en la decisión final.

Uno de los puntos que más inquietud genera es el supuesto reconocimiento del acusado por parte de la víctima, quien, según la versión difundida sobre el caso, habría señalado como característica distintiva las cejas pobladas del agresor. De confirmarse esta circunstancia, sería importante conocer cómo se llevó a cabo la identificación y qué otros elementos respaldaron la acusación.

Señalamiento de la víctima que indica que su abusador tendría las cejas pobladas. 

Sin embargo, la ausencia de pruebas físicas no significa automáticamente que un delito no haya ocurrido. En los procesos penales, los testimonios también pueden tener valor probatorio, siempre que sean examinados junto con las demás evidencias y bajo las garantías establecidas por la ley.

Detrás de esta historia está también la familia de Almeciga, que, según su relato, enfrenta el dolor de la separación y la incertidumbre sobre lo ocurrido durante el proceso judicial.

Sus cuestionamientos apuntan, además, a posibles fallas en la defensa, una situación que hace necesario revisar las actuaciones de los abogados y las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.

En Colombia, toda persona tiene derecho al debido proceso, a una defensa efectiva y a que su responsabilidad penal se determine mediante una decisión judicial fundamentada.

Cuando surgen dudas sobre una condena, la revisión de la sentencia y del expediente constituye una vía esencial para establecer si existieron irregularidades y si hay mecanismos legales disponibles para controvertirla.

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El caso de Ehiver Almeciga plantea interrogantes que merecen respuestas claras, sustentadas en documentos y actuaciones judiciales verificables. Más allá de las versiones enfrentadas, esclarecer los hechos exige transparencia, rigor y respeto por los derechos tanto de la víctima como del condenado.

La justicia debe actuar con firmeza frente a los delitos, pero también con responsabilidad al evaluar las pruebas. Solo así es posible proteger a las víctimas,en las instituciones colombianas.

Su hija recuerda a una mujer querida por sus vecinos, espontánea y solidaria. Hoy, además de enfrentar el duelo, reclama que el proceso judicial por el crimen avance y llegue a una decisión.

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Según el testimonio entregado por su hija, Katherine Rivera, Magnolia mantenía desde hacía unos cuatro meses una relación sentimental con un taxista. La mujer asegura que durante ese tiempo observó comportamientos posesivos y controladores por parte de él, quien según su relato solía aparecer en los lugares que su madre frecuentaba y le exigía que informara dónde estaba y con quién compartía.

Magnolia junto a su presunto feminicida

La hija contó que, durante una jornada en la que Magnolia se encontraba entregando pedidos de un emprendimiento familiar de arepas caseras, el novio llegó con un ramo de flores y permaneció junto a ella.

Más tarde, la hija acompañó a su madre hasta el apartamento y luego salió a cumplir con otras entregas. De acuerdo con su versión, al día siguiente intentó comunicarse repetidamente con Magnolia, sin obtener respuesta.

La preocupación aumentó cuando una llamada fue contestada por el enamorado, quien le dijo que su madre seguía dormida. La hija decidió ir hasta el apartamento, ubicado en el barrio San Isidro.

Al llegar, encontró cerrados los accesos a la habitación y, al no recibir respuesta, buscó entrar por el balcón. Allí, según narró, encontró una escena que describió como aterradora: había sangre en la habitación, el novio estaba tendido junto a la cama y Magnolia yacía en el suelo.

La hija pidió ayuda a los vecinos. La Policía y los bomberos llegaron al lugar; según el relato, el hombre estaba inconsciente y fue trasladado para recibir atención médica después de autolesionarse.  La entrevistada afirmó que la muerte de su madre fue un feminicidio agravado y que sufrió 31 lesiones, distribuidas en distintas partes del cuerpo.

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Desde entonces, la familia ha seguido el proceso judicial. La hija asegura que, pese a las solicitudes para agilizar las audiencias, transcurrieron 158 días sin que se realizaran a tiempo y el procesado quedó en libertad por vencimiento de términos. Esta situación, dice, le genera temor por su seguridad y aumenta su sensación de desamparo. La libertad por vencimiento de términos no equivale por sí misma a una absolución.

Su petición está dirigida a las autoridades judiciales y a los organismos de control: que el caso avance y se determine la responsabilidad penal conforme a la ley. Magnolia tuvo tres hijas, pero su entrevistada afirma que hoy es la única que sigue luchando por el caso. La recuerda como “un sol de mujer” y asegura que toda una comunidad lamenta su pérdida. Su llamado es que la búsqueda de justicia no se detenga.

La entidad investigadora formalizará la imputación judicial ante los estrados, aguardando que la procesada comparezca vía virtual desde Reino Unido.

Deicy Jaramillo, fiscal delegada para la Seguridad Territorial, confirmó este nuevo paso y la radicación de la solicitud por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, agravados por la sevicia.

“Solicitamos al juez que nos la fijara (la audiencia) con tiempo para poder coordinar con tiempo con la oficina de asuntos internacionales que la diligencia será virtual para que la señora Guzmán se pueda conectar desde el Reino Unido”, indicó la funcionaria, replicada por El Tiempo.

De igual manera, explicó que se mantiene la labor para el trámite de extradición de Guzmán desde Reino Unido, donde fue detenida hace varios meses.

El caso ocurrió en Bogotá tras la ingesta fortuita de frambuesas contaminadas con talio, una sustancia altamente tóxica que produjo el deceso de las jóvenes.

La secuencia de los hechos trágicos comenzó el 3 de abril de 2025 en un apartamento ubicado al norte de Bogotá.

Ese día ingresó un paquete a domicilio que contenía frambuesas cubiertas con chocolate, enviadas como obsequio para la familia.

Inés de Bedout y Emilia Forero consumieron las frutas sin conocer que estaban impregnadas con el potente veneno metálico.

Pocas horas después, las jóvenes manifestaron síntomas graves de intoxicación, obligando a su traslado urgente a un centro médico.

La primera víctima, Inés de Bedout, de 14 años, falleció el 6 de abril de 2025 debido al colapso multiorgánico provocado.

Tres días más tarde, el 9 de abril de 2025, se confirmó el deceso de la segunda menor, Emilia Forero.

Las pruebas del Instituto Nacional de Medicina Legal detectaron la presencia de talio, elemento químico cuya venta pública está prohibida.

Se confirmó que la causa exacta de los fallecimientos correspondió a una falla multiorgánica provocada por intoxicación aguda.

El talio es un metal pesado cuyo uso industrial está severamente restringido en Colombia por su elevada peligrosidad y letalidad en seres humanos.

La Fiscalía identificó a Zulma Guzmán Castro como la principal sospechosa de planear la entrega del alimento contaminado.

Los análisis telefónicos y de cámaras de seguridad permitieron reconstruir los movimientos de la acusada antes del envío mortal.

Guzmán salió de territorio colombiano meses después de los hechos, registrándose su ingreso a Reino Unido el 11 de noviembre de 2025.

Por esta razón, la justicia colombiana emitió una notificación roja de Interpol con el propósito de lograr su ubicación y posterior captura internacional.

El 16 de diciembre de 2025, las autoridades británicas la rescataron tras caer al río Támesis en la ciudad de Londres.

La mujer fue localizada y capturada en Reino Unido por las autoridades policiales británicas, atendiendo el requerimiento judicial cursado desde la capital colombiana.

Actualmente, las instituciones judiciales de ambos países adelantan las gestiones diplomáticas para concretar la extradición o la comparecencia virtual de la imputada.

El Gobierno de Colombia formalizó la solicitud de extradición el 20 de diciembre de 2025 para juzgarla en Bogotá.

Los familiares de las víctimas exigen máxima celeridad procesal para que el juzgado correspondiente emita un fallo condenatorio ejemplar contra la responsable.

Por su parte, la defensa técnica de la imputada insiste en la presunción de inocencia mientras se desahogan las pruebas en la etapa de juicio.

Las autoridades buscan esclarecer las causas detrás de la dolorosa situación que conmocionó a la opinión pública, avanzando en las etapas correspondientes del proceso penal para determinar responsabilidades individuales definitivas.

Este es un nuevo capítulo en un caso que está najo lupa en Colombia.

Alcocer fue categórica al rechazar las acusaciones de su exasesora Eva Ferrer, quien la señaló de realizar viajes a Venezuela trasladando 2,5 millones de dólares en efectivo y sustancias ilícitas en aviones oficiales. Según explicó a Noticias RCN, consideró estas afirmaciones una completa falsedad. Señaló que sus traslados al país vecino estuvieron siempre soportados por registros en las bitácoras de vuelo y que únicamente realizó dos visitas de ida y vuelta, llevando solamente su equipaje de mano. Explicó que incluso se emplearon peritajes forenses para respaldar su versión ante la opinión pública.

Acerca de las versiones que la vinculan con la intervención en nombramientos estatales o en decisiones que habrían favorecido a amigos como los españoles Xavier Vendrell y Manel Grau, Alcocer expresó: “No meto las manos al fuego por nadie”. Insistió en que su entorno actuó por amistad o solidaridad, pero recalcó que cada quien debe responder ante la justicia si utilizó de forma indebida su nombre o cometió irregularidades.

También desmintió cualquier gestión destinada a recaudar fondos para la campaña política de su primo Mario Fernández Alcocer al Congreso. Afirmó que nunca ha impulsado causas políticas ajenas y que su labor social partió de un deseo legítimo de servir, distante de cualquier aspiración de poder.

Un punto relevante de su declaración fue la inclusión de su nombre en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Alcocer aseguró que la presencia en ese listado se explica únicamente por su vínculo como esposa de Gustavo Petro, y que sus abogados ya solicitaron la revisión del caso. Destacó además que la información dada a figuras como el secretario de Estado Marco Rubio fue distorsionada.

En lo referente a sus visitas a centros penitenciarios como La Picota, Alcocer negó haber pactado favores políticos o tuvieras reuniones privadas con criminales. Subrayó que su acción era espiritual y social, y que las visitas fueron públicas y cumplieron con la legalidad y requisitos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Durante la entrevista, Alcocer aclaró que no se identifica con la izquierda ni la derecha política, sino simplemente como Verónica Alcocer. Manifestó que la “construcción de mentiras” ha dañado su imagen personal. Finalmente, confirmó que su matrimonio con Gustavo Petro finalizó tras casi 25 años, recalcando que mantienen una relación madura, sin resentimientos y basada en el respeto. Sobre su futuro, dejó claro que no planea salir del país y se mostró dispuesta a responder ante cualquier autoridad que le requiera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo Verónica Alcocer sobre los supuestos traslados ilícitos a Venezuela?

En entrevista con Noticias RCN, Verónica Alcocer negó rotundamente las acusaciones de haber trasladado dinero y sustancias ilícitas a Venezuela. Explicó que sus viajes a ese país se documentaron en las bitácoras oficiales, que solo llevó su equipaje de mano y que las afirmaciones de su exasesora Eva Ferrer son completamente falsas, respaldando su defensa en peritajes forenses.

¿Por qué está el nombre de Verónica Alcocer en la lista de la OFAC de Estados Unidos?

Alcocer indicó durante la entrevista que la inclusión de su nombre en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se debe exclusivamente a su vínculo matrimonial con Gustavo Petro. Aclaró que sus abogados han pedido una revisión formal de su caso para esclarecer la situación ante las autoridades estadounidenses.

Las disposiciones están contempladas en la Circular 06, según explicó Miller Soto, vocero del mandatario.

Entre las principales directrices se encuentra la priorización de las reuniones virtuales para reducir los costos asociados con desplazamientos y encuentros presenciales.

Además, los funcionarios deberán justificar los viajes oficiales y optar por los tiquetes aéreos más económicos disponibles, como parte de las restricciones establecidas para el uso de los recursos públicos. “0 pesos públicos”, señaló el Gobierno Nacional mediante su vocero.

La circular también contempla controles adicionales para los desplazamientos internacionales de los funcionarios del Estado.

Estos viajes deberán contar con autorización previa de la Presidencia, lo que busca centralizar la aprobación de este tipo de gastos y someterlos a una revisión antes de su realización.

Las medidas hacen parte de una política de austeridad que busca limitar los gastos administrativos de las entidades públicas y establecer mayores controles sobre los recursos destinados a viajes y actividades oficiales.

Aunque las disposiciones ya fueron anunciadas, la información divulgada no especifica el ahorro esperado ni detalla posibles sanciones por incumplimiento.

Tampoco precisa si habrá restricciones adicionales en otros rubros del presupuesto estatal para 2027.

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:22:18 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad superficial, inferior a los 70 kilómetros. Debido a estas características, el temblor se originó a una distancia relativamente corta de la superficie terrestre.

De acuerdo con la información entregada por el SGC, el evento sísmico fue localizado mediante nueve estaciones de monitoreo y su registro aparece con estatus automático, lo que indica que los datos fueron procesados inicialmente por los sistemas de detección de la entidad.

Entre los municipios más cercanos al lugar del movimiento se encuentran Roncesvalles, ubicado a 14 kilómetros; San Antonio, a 21 kilómetros, y Chaparral, a 29 kilómetros.

El informe también incluye las coordenadas geográficas del evento: latitud de 3,90 grados y longitud de -75,67 grados.

Hasta el momento, los datos suministrados corresponden al registro técnico del sismo y no incluyen información sobre posibles afectaciones a viviendas, daños materiales o personas lesionadas.

La magnitud de 2,2 corresponde a un movimiento de baja intensidad, aunque la percepción del temblor puede variar según la distancia al epicentro, la profundidad y las condiciones del terreno.

El SGC es la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en Colombia y publicar los reportes correspondientes.

La presencia de los manifestantes obligó a los organizadores a modificar el recorrido de la competencia. Durante el bloqueo ocurrieron enfrentamientos entre corredores y protestantes, dejando como saldo dos personas heridas, según datos de Caracol Radio. Al lugar acudió María Angélica González Russi, alcaldesa local de Teusaquillo, quien abrió una mesa de diálogo con la comunidad para escuchar sus inconformidades y buscar soluciones conjuntas.

La Secretaría Distrital de Movilidad había autorizado la Allianz 15K para ese mismo 18 de octubre, estableciendo un recorrido que atravesaba vías estratégicas y determinando cierres temporales en la avenida calle 53, la carrera 58, la calle 44 y la carrera 60 entre las 7:45 y las 11:45 de la mañana. El Distrito señaló, además, que los cierres se operan una intersección antes del trazado principal y se reabren gradual y progresivamente, en función del avance de los atletas. Sin embargo, los residentes afirman que estas medidas dificultan el ingreso y salida de sus barrios, afectando su vida diaria.

La protesta puso de nuevo sobre la mesa el debate sobre la concentración de carreras en Teusaquillo. Según se expuso en el Concejo de Bogotá, 18 de las 24 competencias aprobadas en 2024 pasaron por esta localidad, lo que equivale al 75 % del total. Para 2025, la cifra fue del 66,7 %. De acuerdo con el informe presentado, la ubicación del parque Simón Bolívar y la conexión con importantes arterias viales explican parte de esta recurrencia. Habitantes y concejales han planteado la necesidad de distribuir los eventos y definir recorridos que permitan minimizar el impacto en las comunidades.

Actualmente, se discute en el Concejo el Proyecto de Acuerdo 813 de 2026, que busca establecer recorridos permanentes y repartir las competencias en otras zonas de la ciudad. Mientras tanto, la mesa de diálogo instalada el pasado 18 de octubre funcionará como espacio para revisar alternativas que den respuesta a las demandas de los vecinos, aunque ningún cambio ha sido confirmado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué protestan los residentes de Teusaquillo por las carreras atléticas en Bogotá?

Los residentes protestan porque los constantes cierres viales por carreras, conciertos y otros eventos masivos en la zona dificultan su movilidad, restringen el acceso y salida a sus hogares y afectan sus actividades cotidianas. Según Caracol Radio, los habitantes de La Esmeralda, Pablo VI y El Quirinal consideran insuficientes las medidas actuales y reclaman que se distribuyan mejor los eventos.

¿Qué propone el Proyecto de Acuerdo 813 de 2026 sobre las carreras masivas en Bogotá?

El Proyecto de Acuerdo 813 de 2026, que cursa en el Concejo de Bogotá, busca definir recorridos permanentes para carreras atléticas en diferentes localidades, con el fin de mitigar los impactos en barrios afectados como Teusaquillo. Incluye la creación de una competencia llamada “Bogotá corre por la paz” y plantea repartir los eventos masivos en varias zonas para reducir la concentración.

La jornada reunirá a figuras reconocidas del gremio periodístico y del campo de la comunicación, con el objetivo de hacer un alto institucional y reflexionar sobre las dinámicas de cambio, así como los retos actuales de la comunicación social y el periodismo. La decana Catalina Jiménez destacó que, desde su creación, el programa se ha consolidado como "un programa referente en el suroccidente del país y en todo el país", subrayando su impacto tanto a nivel regional como nacional, de acuerdo con lo reportado por 90minutos.co.

A lo largo de estas cuatro décadas, la propuesta formativa de Comunicación Social y Periodismo de la UAO ha dejado una huella significativa en el desarrollo de los medios de comunicación y el debate público en Colombia. Según la información de 90minutos.co, el compromiso con la ética, el rigor informativo y la responsabilidad social han sido fundamentales en la formación de varias generaciones de profesionales, quienes han contribuido al fortalecimiento del sector.

El evento será mucho más que un reconocimiento a la historia recorrida. La agenda está diseñada como un espacio estratégico para pensar la evolución de la comunicación frente a los desafíos que plantean las exigencias globales y el acelerado entorno digital. Destacan la participación de expertos y líderes en la industria, incluidos representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y periodistas de medios regionales.

Se resalta la intervención especial de Mauricio Cabrera, experto en comunicación digital y nuevas audiencias. Cabrera expondrá su análisis sobre nuevas métricas de consumo, la sostenibilidad de los medios y los retos narrativos ante la juventud, temas que cobran principal importancia hoy en día.

La conmemoración tendrá lugar el lunes 26 de octubre, desde las 8:00 a. m., en el Auditorio Yquinde de la UAO. Así, la universidad refrenda su compromiso con la formación periodística de calidad, enfocada al servicio del interés público y a afrontar los desafíos que trae el contexto digital contemporáneo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde será la celebración de los 40 años del programa de Comunicación Social y Periodismo de la UAO?

La conmemoración de las cuatro décadas del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente se llevará a cabo el lunes 26 de octubre, a partir de las 8:00 a. m., en el Auditorio Yquinde de la misma universidad, según la información suministrada por 90minutos.co.

¿Qué retos del periodismo mencionará Mauricio Cabrera en el evento por los 40 años de la UAO?

De acuerdo con lo informado, Mauricio Cabrera, especialista en comunicación digital, analizará los desafíos sobre nuevas métricas de consumo, la sostenibilidad de los medios y los retos narrativos que supone conectar con las audiencias jóvenes, reflexionando sobre cómo estos elementos afectan el presente y el futuro del periodismo contemporáneo.

La condena contra Tarquino Gallego fue consecuencia de varias reuniones mantenidas, entre septiembre y octubre de 2014, en el norte de Bogotá con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus. En esos encuentros, discutieron sobre las investigaciones relativas a supuestas irregularidades en la contratación pública del departamento y la posible involucración de Lyons en el denominado cartel de la hemofilia. Las pesquisas apuntaron a que el exmagistrado, quien presidió la Corte Suprema de Justicia en 2011, solicitó dinero a Lyons en al menos dos ocasiones para facilitar acercamientos con personas que disponían de información clave sobre las indagaciones abiertas o que podían influir en el rumbo de las mismas.

El expediente judicial, de acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, sostiene que Tarquino Gallego exigió al exgobernador la suma de 20.000 millones de pesos para "ayudarle" con los procesos en su contra. Incluso, durante las conversaciones, el exmagistrado alegó conocer al fiscal encargado de la investigación y mencionó su capacidad de influir para beneficiar a Lyons, quien en ese lapso era investigado por el desfalco de hasta 87.000 millones de pesos en Córdoba, entre 2011 y 2015.

El 4 de abril de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia emitida en primera instancia y, con esta última decisión de la Corte Suprema, se cerraron las oportunidades de defensa para Tarquino Gallego, ordenando su captura y fijando una inhabilidad de cinco años para ejercer funciones públicas. El caso se destapó tras la captura del entonces fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien fue grabado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) con la colaboración de Alejandro Lyons, revelando conversaciones clave sobre la exigencia de dinero por parte de Tarquino Gallego.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenado el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego por el cartel de la toga?

Camilo Humberto Tarquino Gallego fue condenado por el delito de concusión debido a que, según las pruebas presentadas, exigió dinero al exgobernador Alejandro Lyons Muskus a cambio de influir en investigaciones que se adelantaban en la Corte Suprema de Justicia. Las autoridades determinaron que Tarquino Gallego aprovechó su posición para solicitar una suma millonaria con el fin de facilitar acercamientos y posiblemente intervenir en beneficio del entonces gobernador.

¿Cómo funcionaba el llamado cartel de la toga en Colombia?

El cartel de la toga consistía en una red de corrupción dentro de la Corte Suprema de Justicia donde algunos funcionarios judiciales manipulaban procesos a cambio de dinero u otros beneficios. De acuerdo con las investigaciones citadas por El Espectador, exmagistrados y otros funcionarios se reunían con altos cargos políticos e influenciaban las decisiones judiciales, lo que resultó en la apertura de numerosas investigaciones y condenas contra los implicados.

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Están fabricados con microfibra y cuentan con una palma diseñada para favorecer el agarre, acolchado para reducir las molestias por fricción y materiales transpirables. Además, tienen un sistema de ajuste con velcro y están pensados para actividades como el levantamiento de pesas, las rutinas de gimnasio y el ciclismo.

La propuesta puede interesar a quienes quieren complementar su equipo de entrenamiento con un accesorio ligero y fácil de poner y quitar.

¿Qué ofrecen estos guantes de entrenamiento?

Uno de sus principales atributos es el diseño de la palma, desarrollado, según el fabricante, para favorecer el agarre y reducir las molestias que puede producir el contacto repetido con barras y otros equipos.

La estructura también incorpora materiales ligeros y elásticos para facilitar el movimiento de las manos. El objetivo es combinar un ajuste ceñido con comodidad durante los ejercicios.

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Entre sus características se encuentran:

• Material de microfibra: constituye el material principal indicado en la ficha del producto.
• Palma acolchada: está diseñada para ayudar a reducir la fricción y las molestias al sujetar equipos.
• Tejido transpirable: busca favorecer la ventilación durante las rutinas.
• Cierre de velcro: permite ajustar los guantes y facilita retirarlos después de entrenar.
• Panel para el sudor: incorpora una zona de tela tipo toalla en el dorso para secar la humedad.
• Uso versátil: están diseñados para pesas, dominadas, gimnasio, ejercicio general y ciclismo.

Aunque el acolchado puede ayudar a disminuir la fricción, los resultados dependen del ajuste, la actividad y la forma de utilizar el equipo. Estos guantes tampoco sustituyen una técnica correcta al levantar pesas.

¿Cómo elegir la talla adecuada?

El ajuste es importante para que los guantes no queden demasiado sueltos ni ejerzan una presión incómoda. Según la información suministrada, el modelo está disponible en cinco tallas, definidas por la medida de la mano en pulgadas.

• XS: de 6,3 a 6,9 pulgadas, aproximadamente 16 a 17,5 centímetros.
• S: de 6,9 a 7,5 pulgadas, aproximadamente 17,5 a 19,1 centímetros.
• M: de 7,5 a 8,1 pulgadas, aproximadamente 19,1 a 20,6 centímetros.
• L: de 8,1 a 8,9 pulgadas, aproximadamente 20,6 a 22,6 centímetros.
• XL: de 8,9 a 9,6 pulgadas, aproximadamente 22,6 a 24,4 centímetros.

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Antes de elegir una talla, conviene consultar la tabla oficial del vendedor y confirmar cómo debe medirse la mano. Si la medida queda justo en el límite entre dos tallas, es recomendable revisar las indicaciones de ajuste del fabricante.

¿Qué dicen quienes los han comprado?

Las reseñas disponibles destacan la comodidad, el acolchado y la sensación de agarre durante el ejercicio.

Un comprador comenta que los guantes son ligeros y transpirables, y que el acolchado le resulta útil al levantar pesas. También destaca que se ajustan sin apretar demasiado.

Otra persona cuenta que comenzó a hacer dominadas y que las molestias en las manos le dificultaban completar las repeticiones. Después de comprar estos guantes, afirma que notó una diferencia en su experiencia de entrenamiento.

Una tercera opinión valora el ajuste ceñido y la protección frente a las rozaduras durante los ejercicios.

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Estas experiencias corresponden a compradores individuales y no garantizan que los guantes eliminen el dolor o prevengan todas las callosidades. La comodidad también depende de la talla, el tipo de ejercicio y la intensidad del entrenamiento.

¿A quién le servirían estos guantes?

Los guantes para gimnasio y levantamiento de pesas pueden interesar a quienes realizan ejercicios con barras y mancuernas, practican dominadas o buscan reducir la fricción en las manos durante sus rutinas.

También pueden ser una alternativa para quienes montan bicicleta y prefieren utilizar guantes con un ajuste ceñido y una palma acolchada. Antes de comprarlos para ciclismo, conviene comprobar que el diseño y el acolchado se adapten al tipo de manubrio y a las necesidades de la actividad.

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Por 37.648 pesos, con un descuento anunciado del 41 %, ofrecen microfibra, acolchado en la palma, ventilación y ajuste mediante velcro. Para decidir si vale la pena comprarlos, lo más importante es revisar la talla y considerar qué tipo de entrenamiento realiza habitualmente.

(Lea también: Limitar el uso del efectivo en Colombia: proponen a De la Espriella que tampoco se acepte para pagar peajes, taxis y estos servicios)

Se trata del Decreto 1048 del 5 de agosto de 2026, expedido por el Ministerio de Transporte, que modifica disposiciones sobre el servicio público de transporte terrestre automotor especial, incluida la modalidad escolar. Entre sus medidas aparecen requisitos para los conductores, condiciones para el acompañamiento de los estudiantes y pautas para organizar las zonas de recogida y entrega de los menores.

Para las familias, uno de los puntos más importantes es que el decreto establece que los conductores de transporte escolar deben contar con certificación de competencias laborales. También contempla condiciones para el adulto acompañante y medidas para que el ascenso y descenso de los estudiantes se realice de forma segura.

Lupoani Sánchez Celemín, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Transporte Terrestre Automotor Especial (Acoltés), explicó a Valora Analitik que la seguridad de los niños es uno de los principales objetivos de los cambios. Sin embargo, advirtió que algunas disposiciones todavía requieren reglamentación o ajustes operativos para aplicarse plenamente.

¿Qué cambia para los conductores y acompañantes de las rutas escolares?

Uno de los cambios relevantes del Decreto 1048 de 2026 está relacionado con la preparación de quienes tienen a cargo el transporte de estudiantes. La norma establece que los conductores de transporte escolar deben contar con la licencia de conducción correspondiente y estar certificados en competencias laborales para desarrollar esta actividad.

El decreto también dispone que deben recibir capacitación periódica por parte de las empresas de transporte especial, en aspectos como seguridad vial, primeros auxilios, manejo defensivo, prevención de riesgos y cultura de servicio.

En la práctica, esto busca que la labor del conductor no se limite a manejar el vehículo. Su preparación debe responder también a las necesidades particulares de trasladar niños y adolescentes, una actividad que exige medidas específicas de prevención y atención ante posibles emergencias.

El presidente ejecutivo de Acoltés explicó que la certificación puede tramitarse a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) o de entidades acreditadas para realizar ese proceso: “Por primera vez se trae una obligatoriedad de que tanto la persona adulta que es la monitora que llamamos y el conductor, especialmente al conductor, deben estar certificados en competencias laborales para poder prestar el servicio a los escolares”, señaló Sánchez Celemín durante la entrevista.

La norma también contempla la presencia de un adulto acompañante en el servicio escolar, con experiencia o formación relacionada y conocimientos sobre seguridad del vehículo, tránsito, primeros auxilios, manejo del comportamiento infantil y adolescente, y protocolos de emergencia y evacuación. El decreto establece una excepción para los servicios de educación superior.

Para los padres de familia, estas disposiciones implican que la preparación del conductor y del acompañante debe formar parte de las condiciones que se revisan al contratar el transporte escolar.

Otro aspecto central está relacionado con los lugares donde los vehículos recogen y entregan a los estudiantes. El Decreto 1048 establece que, cuando sea posible, la recogida y entrega debe realizarse dentro de las instalaciones del establecimiento educativo. Si esto no es posible, deben establecerse zonas de acceso y salida seguras, con señalización y las condiciones correspondientes para proteger a los menores.

La norma también prevé que los recorridos y las paradas del servicio escolar estén establecidos previamente en el contrato de prestación del servicio. Esto busca que las condiciones del traslado sean conocidas y que la operación tenga puntos definidos para recoger y entregar a los estudiantes.

Sánchez Celemín explicó que los colegios pueden acudir a las autoridades municipales y de tránsito para gestionar la demarcación de áreas especiales cuando los vehículos deban recoger o dejar a los niños en las vías cercanas a las instituciones.

“Es simplemente que el rector del establecimiento educativo o la asociación de padres de familia, o la misma empresa con que contrata el transporte, puedan hablar con las autoridades de tránsito, las autoridades municipales, para que demarquen un área especial”, indicó el dirigente gremial.

El propósito es que los vehículos tengan espacios adecuados para realizar las maniobras y que los demás actores viales identifiquen que se trata de una zona donde hay estudiantes que requieren protección.

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Además, el decreto establece pautas para el ascenso y descenso de los menores, así como para la entrega de los estudiantes al adulto responsable. Estas condiciones buscan reducir riesgos durante uno de los momentos más delicados del recorrido, cuando los niños entran o salen del vehículo.

Para los padres, conviene confirmar con el colegio y con la empresa cuál es el punto de recogida y entrega, quién recibe al estudiante y qué procedimiento se sigue cuando hay cambios en la rutina habitual.

¿Quién debe verificar que se cumplan las nuevas exigencias de las rutas escolares?

La aplicación de estas disposiciones involucra a varios actores. Las empresas de transporte deben garantizar que sus conductores y vehículos cumplan los requisitos correspondientes, mientras que los colegios y las familias pueden verificar las condiciones pactadas para prestar el servicio.

En el caso de las rutas contratadas por alcaldías y gobernaciones, el decreto también incorpora disposiciones relacionadas con la contratación del transporte escolar. Según Sánchez Celemín, esto busca fortalecer las condiciones bajo las cuales las entidades territoriales seleccionan a las empresas que trasladan a los estudiantes con recursos públicos.

El dirigente gremial sostuvo que las autoridades que contratan el servicio deben exigir las condiciones previstas en la norma, incluida la certificación de competencias laborales de los conductores.

“Hay una norma que dice que los conductores ya están certificados, entonces ¿quién tiene que exigir? Pues el padre de familia, la asociación de padres de familia o el colegio tienen que conocer las normas”, afirmó.

Por eso, los padres pueden preguntar a la institución educativa qué empresa presta el servicio, cuáles son los requisitos exigidos al conductor y al acompañante, y qué mecanismos existen para reportar incumplimientos o situaciones que comprometan la seguridad de los estudiantes.

¿Las nuevas reglas podrían aumentar el precio de las rutas escolares?

Una de las inquietudes de las familias es si las exigencias de formación y certificación terminarán reflejándose en el valor mensual que pagan por el transporte escolar. Sánchez Celemín considera que el impacto económico debería ser limitado, aunque reconoció que los procesos de certificación pueden implicar costos para las empresas cuando no se realizan de manera gratuita a través del SENA: “Yo no creo que haya un impacto de la estructura de costos más allá del 1 %, por mucho 2 % sobre la estructura de costos”, señaló el presidente ejecutivo de Acoltés.

El gremio sostiene que varias disposiciones del decreto también buscan reducir trámites y facilitar la operación del transporte especial. Sánchez Celemín aseguró que la reforma puede beneficiar a empresas y propietarios al simplificar procedimientos administrativos, aunque señaló que algunos artículos requieren desarrollos operativos para que sus efectos se materialicen.

¿Todas las disposiciones ya se están aplicando?

El Decreto 1048 fue expedido el 5 de agosto de 2026 y, de acuerdo con el dirigente de Acoltés, comenzó a regir el 6 de agosto. No obstante, el gremio advierte que no todas las medidas pueden ejecutarse de inmediato.

Sánchez Celemín afirmó que alrededor de 20 de los artículos modificados pueden aplicarse directamente, mientras que otros requieren reglamentación o herramientas operativas para su implementación.

Entre los asuntos pendientes mencionó ajustes relacionados con procedimientos administrativos y el funcionamiento de plataformas que deben facilitar la aplicación de las disposiciones sobre capacidad transportadora.

¿Qué otras reglas cambian para las empresas de transporte especial?

El Decreto 1048 no se limita a los vehículos y las rutas escolares. También introduce modificaciones en los contratos entre empresas, la habilitación de nuevos operadores y la utilización de flotas para responder a la demanda.

Uno de los cambios permite que las empresas de transporte especial habilitadas apoyen a las compañías de transporte de pasajeros por carretera durante periodos de alta demanda, mediante contratos y bajo las condiciones previstas en la norma. La empresa de transporte por carretera conserva la responsabilidad por el servicio que presta y debe cumplir los requisitos operativos correspondientes.

El decreto también flexibiliza los convenios para utilizar vehículos de otras empresas. La compañía que entrega vehículos en convenio puede ofrecer hasta el 40 % de su parque automotor vinculado con tarjeta de operación vigente, mientras que la empresa que recibe la flota podrá utilizar los vehículos necesarios para cubrir sus contratos, dentro de las condiciones establecidas.

Según Sánchez Celemín, estos cambios buscan reducir obstáculos administrativos y facilitar que las empresas atiendan los servicios contratados sin tener que adelantar trámites adicionales en cada situación.

El dirigente gremial explicó que antes existían restricciones para utilizar vehículos de otras empresas, lo que podía obligar a solicitar aumentos de capacidad transportadora o a buscar otro operador para cumplir un contrato. Con las nuevas reglas, el sector espera facilitar la cooperación entre compañías.

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La norma también actualiza los requisitos para habilitar empresas de transporte especial, incluidos documentos, condiciones financieras y obligaciones relacionadas con la operación. Estas exigencias buscan que las compañías acrediten capacidad administrativa, técnica y financiera para prestar el servicio.

Para los empresarios interesados en conocer más a fondo estos cambios y sus implicaciones para el sector, la invitación es a participar los días 21, 22 y 23 de octubre en el Club Naval de Oficiales de la Armada Nacional, en Cartagena, durante el 25.º Encuentro Nacional del Transporte Especial y Turístico de Acoltés, un espacio para analizar los retos, las novedades normativas y las oportunidades de esta modalidad de transporte en Colombia. Lea el decreto completo haciendo clic en este enlace.

Su reconocimiento de responsabilidad se produjo ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. En esa instancia, admitió haber cometido crímenes graves como homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. Según la información proporcionada por la Fiscalía, este procedimiento judicial se realizó bajo la Ley 600 de 2000, que corresponde al anterior sistema penal, y forma parte de la estrategia institucional del organismo para dar cierre a casos pendientes relacionados con delitos de lesa humanidad.

El expediente contra Tovar Pupo detalla cinco homicidios colectivos que sacudieron al departamento. Uno de los hechos de mayor impacto fue la incursión armada en Lamas Verdes, jurisdicción de Curumaní, ocurrida del 4 al 7 de diciembre de 2005, donde 20 personas fueron asesinadas. Además, reconoció la responsabilidad en los ataques armados del 13 de enero de 2001 en los barrios Bello Horizonte y Divino Niño de Valledupar, que resultaron en la muerte de 9 personas; la masacre del 30 de mayo de 2001 en el sector Los Tupes de San Diego, con 6 víctimas; y el crimen colectivo del 11 de diciembre de 1999 en el corregimiento La Mesa, también en Valledupar, entre otros sucesos.

La investigación de la Fiscalía tuvo un enfoque diferencial, lo que permitió constatar el profundo daño causado a los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta. Según el ente investigador, alias Jorge 40 admitió su responsabilidad en el asesinato de 20 miembros de las comunidades indígenas Kankuama y Arhuaca, incluidas autoridades tradicionales, líderes sociales y menores de edad.

El cuerpo investigativo estableció que estas acciones criminales obedecieron a un esquema sistemático de amenazas, desplazamiento, torturas y homicidios contra quienes se opusieron a la imposición paramilitar. Estas prácticas desataron profundos daños en los territorios afectados y alteraron significativamente los modos de vida, así como las expresiones culturales y espirituales de varias comunidades indígenas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué delitos admitió Jorge 40 ante la Fiscalía en el Cesar?

Alias Jorge 40 reconoció, en presencia de la Fiscalía General de la Nación, su responsabilidad en delitos como homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado, así como su participación en homicidios colectivos que afectaron gravemente a comunidades indígenas y a la población civil en Valledupar y otros municipios.

¿Cuál fue el impacto del paramilitarismo en las comunidades indígenas del Cesar?

La investigación realizada evidenció un daño grave y sistemático contra las comunidades indígenas, especialmente los pueblos Kankuama y Arhuaco. Estas comunidades sufrieron asesinatos, amenazas, desplazamientos y la alteración forzada de sus prácticas culturales y espirituales, como resultado directo de la violencia paramilitar documentada en el expediente.

En ciudades como Cali, por ejemplo, el simulacro resulta esencial debido a los riesgos particulares asociados con la zona, como los deslizamientos en sectores de ladera y las crecientes del río Cauca. La jornada permite poner a prueba los planes de contingencia comunitarios y empresariales bajo estas condiciones, verificando que las estrategias adoptadas sean pertinentes para la realidad de cada territorio, tal como subraya el artículo de 90minutos.co.

El ejercicio, liderado localmente por las autoridades de gestión del riesgo, va más allá de medir la rapidez de evacuación. Su objetivo central es comprobar la coordinación institucional, priorizar el uso de recursos disponibles y evaluar la respuesta, tanto de hogares como de empresas, ante situaciones complejas y de múltiples amenazas. La convocatoria es amplia: incluye hogares, empresas privadas, entidades públicas, colegios, universidades y organizaciones comunitarias, quienes deben adaptar las acciones según las condiciones de cada espacio. Por ejemplo, una institución educativa del oriente de Cali enfrentará desafíos y rutas diferentes que una compañía ubicada en Yumbo o una familia residente en las comunas 1, 18 o 20.

Participar activamente es fundamental, ya que da la oportunidad de revisar, actualizar y mejorar los planes de emergencia antes de que ocurra una catástrofe real. Según la información, se recomienda verificar la accesibilidad de rutas de evacuación, la preparación de los brigadistas y la seguridad de los puntos de encuentro. En el ámbito familiar, el simulacro es la ocasión para asignar responsabilidades, revisar el kit de emergencia y definir medios de comunicación alternativos ante posibles fallas de telefonía. En definitiva, la prevención y la organización colectiva son herramientas clave para proteger la vida.

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¿Por qué es importante que la comunidad participe en el simulacro nacional de emergencias 2026?

La participación comunitaria permite identificar debilidades en los planes de emergencia y concientiza a la población sobre las acciones que se deben tomar en caso de desastre. Este proceso ayuda a verificar rutas de evacuación, asignar correctamente roles y fortalecer la coordinación entre instituciones y ciudadanía, aumentando las probabilidades de salvar vidas.

¿Qué amenazas específicas se evalúan en el simulacro nacional de emergencias en ciudades como Cali?

Según 90minutos.co, en Cali el simulacro está enfocado en riesgos como deslizamientos en zonas de ladera, inundaciones asociadas al río Cauca, además de otras amenazas como vendavales e incendios forestales. Cada entorno requiere adaptar los planes de contingencia a sus propias condiciones geográficas y sociales.

La ex primera dama conversó desde su sitio de residencia en el territorio nacional con el periodista José Manuel Acevedo, por lo que cada situación quedó bajo lupa y una de ellas tiene que ver con la decoración del lugar.

En ese sentido, los planos de cámara durante esa conversación permitieron observar que Petro no está en ninguna de las fotografías del espacio elegido por Alcocer para el encuentro en cuestión.

Las imágenes que hacen parte de la ambientación del lugar son parte del recuerdo de la exesposa del presidente de Colombia junto a sus dos hijas, Antonella y Sofía.

Alcocer afirmó que se separó de Petro el 10 de agosto de 2026, determinación que para el caso habría expresado al evitar recuerdos gráficos de quien fuera su pareja sentimental. Esta es una captura de pantalla que refleja el tema.

Si bien la presentación del sitio parecería algo aleatorio, la reaparición de Alcocer en público a través de Noticias RCN se convirtió en un escenario de alta exposición ante los medios de comunicación y, en general, ante la sociedad nacional.

Cabe remarcar que la mamá de las dos hijas menores del líder del Pacto Histórico ha estado lejos de los focos de Colombia desde hace varios meses, incluso antes del final del mandato presidencial. Eso sí, sus respuestas sobre él fueron positivas en la entrevista.

“Un buen padre, un buen ser humano. Tengo muy buena relación con él, la vamos a tener todo el tiempo porque tenemos hijos en común, que es lo más grande y maravilloso que nos ha quedado”, aseguró.

Eso sí, como otro dato llamativo, la fecha que Alcocer dio de su separación con Petro tendría una contradicción frente a otros episodios como las menciones que él hizo sobre la ruptura matrimonial.

Así, este nuevo capítulo quedó como parte de una entrevista de más de media hora con RCN que ofreció la alternativa de ver detalles que se suman al caso.

¿Cuánto duró el matrimonio de Gustavo Petro y Verónica Alcocer?

El vinculo matrimonial entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer tuvo una duración oficial de 26 años.

La historia de la pareja comenzó en el año 2000, periodo en el que contrajeron nupcias formalmente e iniciaron la construcción de su hogar familiar.

A lo largo de este periodo, la unión acompañó la trayectoria del líder político en sus distintas etapas legislativas, gubernamentales y campañas presidenciales.

Sin embargo, tras años de especulaciones sobre su convivencia diaria, ambos confirmaron públicamente el cierre definitivo de su relación como pareja sentimental.

La formalización legal de la separación civil concluyó formalmente hacia mediados del año 2026 mediante la firma de los documentos de divorcio correspondiente.

Recientemente, la propia Verónica Alcocer detalló que la disolución de su unión matrimonial se concretó de manera definitiva el 10 de agosto de 2026.

La ex primera dama explicó que durante años procuró mantener la unidad del hogar, respetando el bienestar de los hijos en común de la familia.

Pese al cese de la vida en pareja, ambos sostienen un trato cordial centrado en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida hacia su descendencia.

El fin de esta relación marca el cierre de una de las uniones más visibles de la política pública colombiana durante el último cuarto de siglo.

Durante los 26 años de matrimonio, la pareja superó múltiples desafíos personales y públicos en el marco del intenso panorama institucional del país suramericano.

El proceso de separación se manejó bajo esquemas institucionales y legales de mutuo acuerdo, garantizando la privacidad de los asuntos estrictamente personales.

Ambas figuras continúan sus trayectorias individuales manteniendo una comunicación fluida enfocada prioritariamente en la estabilidad de su entorno familiar y social cercano.

Esta etapa concluye de forma pacífica, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la vida personal de los dos reconocidos personajes públicos colombianos.

#OjoColombia

Ante el riesgo de apagón, solicito a alcaldes y empresas de energía evaluar técnicamente los alumbrados navideños. A los hogares: si encienden luces, que sean LED, por pocas horas y fuera de la hora pico (6–9 p.m.).

Ahorrar energía y agua hoy evita un apagón… pic.twitter.com/gh1VS6qf38

— Juan Espinal (@Juan_EspinalR) October 18, 2026

El congresista, presidente de la Comisión Quinta del Senado, planteó que las autoridades locales analicen si resulta conveniente mantener los alumbrados durante diciembre. Su petición no establece una prohibición, sino que busca que las administraciones y las empresas del sector revisen las condiciones del sistema eléctrico antes de tomar una decisión sobre las instalaciones navideñas.

“Esta es una decisión compleja, pero es una decisión que requiere sensatez”, afirmó Espinal al referirse a la posibilidad de prescindir de las luces este año. El senador advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, enfrenta el país por el aumento de la demanda de electricidad y la presión que las condiciones climáticas podrían ejercer sobre la generación de energía.

Entre sus argumentos, el congresista señaló que el fenómeno de El Niño podría afectar la disponibilidad de agua en los embalses que abastecen a las centrales hidroeléctricas. También aseguró que el consumo de electricidad está creciendo por encima de lo esperado y manifestó preocupación por la posibilidad de dificultades en el suministro durante los próximos meses. Estas afirmaciones hacen parte de las razones expuestas por el senador para pedir medidas preventivas.

“Hago un llamado a todos los colombianos para que eviten instalar alumbrados de navidad en sus casas, en sus edificios, en sus apartamentos. Tenemos que ser responsables. Necesitamos ahorrar energía y agua. Esta es una decisión compleja, pero es una decisión que requiere sensatez”, aseguró.

El llamado también se dirigió a los hogares que acostumbran decorar sus viviendas con luces navideñas. Para quienes decidan mantener esta tradición, Espinal recomendó utilizar bombillos LED, limitar las horas de funcionamiento y evitar encender las decoraciones entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, franja que identificó como de mayor demanda eléctrica.

En el centro de esta dinámica se encuentra el autodenominado triunvirato ministerial conformado por los jefes de las carteras del Interior, Rodrigo Lara; de Defensa, Jorge Mora, y de Justicia, Iván Cancino. Este equipo, caracterizado por jornadas de trabajo presencial todos los sábados, logró estructurar el nuevo estatuto antiterrorista —el cual recibió el respaldo del Consejo de Política Criminal para su radicación inminente en el Congreso— y adelantó el trámite de la ley de sometimiento, proyectada para culminar su aprobación en las comisiones primeras durante el mes de noviembre, según informó El Tiempo.

Paralelamente, la estrategia anticorrupción del Ejecutivo ha empezado a surtir efectos operativos en coordinación con los órganos de control. Fuentes enteradas señalaron que el presidente De La Espriella y el ministro Iván Cancino sostuvieron encuentros con la fiscal general, Adriana Camargo, para afianzar la implementación de agentes encubiertos dentro de entidades estatales. Si bien la atribución formal de esta figura recae en el ente acusador, reportes preliminares indicarían que la medida ya ha permitido corregir millonarias licitaciones y estimular la aparición de denunciantes voluntarios dispuestos a colaborar con la justicia.

En el frente judicial, el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) registró un movimiento trascendental en tiempo récord. La magistrada Paula Andrea Ramírez, quien asumió recientemente su cargo en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, proyectó un robusto documento de 667 páginas para resolver múltiples recursos interpuestos por las defensas de los políticos procesados. Entre las determinaciones adoptadas figura la citación a declarar en calidad de testigos a varios exparlamentarios, un listado en el que se encuentra el actual ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, cuya vinculación formal al debate procesal reavivará las discusiones en los estrados.

A este panorama se suman los reacomodos de los partidos tradicionales de cara a las próximas elecciones regionales. El Partido Conservador fijó su hoja de ruta y anunció que, a partir del próximo 29 de octubre en la región Caribe, iniciará un recorrido territorial para perfilar candidaturas bajo estrictas directrices: se priorizarán los aspirantes propios y se cerrarán de manera tajante las puertas a coaliciones con sectores de oposición o con simpatizantes que hayan respaldado la candidatura de Iván Cepeda. De manera simultánea, las altas instancias del Estado blindaron la institucionalidad tras disipar los rumores sobre un supuesto distanciamiento entre el procurador Gregorio Eljach y el registrador Hernán Penagos, quienes reafirmaron su compromiso de garantizar la armonía democrática de cara a los comicios locales de 2027.

Finalmente, el ecosistema tecnológico e institucional colombiano recibió un espaldarazo internacional tras el reconocimiento otorgado a la plataforma Comitium, un software desarrollado por LinkTIC que se alzó con el Premio Ingenio 2026 de Fedesoft en la categoría de Gobierno. La herramienta, empleada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para gestionar más de 1,6 millones de acreditaciones de testigos y observadores durante el ciclo electoral de 2026, consolida al país como un referente en la digitalización y transparencia de procesos democráticos en América Latina, cerrando un ciclo de profundas transformaciones en las altas cortes y en los organismos de control del Estado.

Dentro de los crímenes reconocidos se destacan cinco homicidios colectivos. El primero sucedió en el corregimiento de La Meza, Valledupar, el 11 de diciembre de 1999, donde cinco personas perdieron la vida. Posteriormente, el 30 de mayo de 2001, en el sector Los Tupes, San Diego, seis personas fueron asesinadas. Asimismo, los ataques del 13 de enero de 2001 en los barrios Bello Horizonte y Divino Niño, en Valledupar, causaron la muerte de nueve personas. El registro también incluye las incursiones armadas entre el 4 y el 7 de diciembre de 2005 en Lamas Verdes, Curumaní, con 20 víctimas mortales, además de 20 indígenas Kankuamo y Arhuaco asesinados, incluidos líderes y menores de edad.

De acuerdo con la Fiscalía, estos crímenes afectaron profundamente a las comunidades indígenas en sus prácticas culturales, espirituales, formas de vida y territorios. El órgano investigador enfatizó que las conductas atribuidas a “Jorge 40” formaron parte de un plan sistemático de amenazas, desplazamientos, torturas y homicidios contra opositores a la presencia paramilitar en esas regiones. Se documentó, además, que la destrucción de viviendas y bienes contribuyó a agravar las afectaciones para la población, debilitando la organización comunitaria y los medios de subsistencia, lo que puso en riesgo su permanencia en las zonas afectadas. La aceptación de cargos fue remitida a un juzgado especializado para determinar la pena respectiva.

Tovar Pupo inició sus vínculos con el paramilitarismo en 1996. En 1997, luego de reunirse con otros jefes paramilitares, adoptó el alias de “Jorge 40” y consolidó alianzas para expandir la violencia en contexto de lucha contra grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las Farc. Según testimonios presentados en distintos procesos judiciales, se le considera responsable de masacres como la de El Salado. Por otra parte, el pasado 12 de abril, la Corte Suprema de Justicia modificó su condena por la masacre de Media Luna, reduciéndola de 60 a 35 años de prisión tras la prescripción de uno de los delitos imputados. Toda la información presentada se deriva de la Fiscalía General de la Nación y reportes de El Espectador.

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¿Cuáles son los crímenes que reconoció “Jorge 40” ante la Fiscalía?

“Jorge 40” aceptó responsabilidad por delitos que incluyen homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. Según la Fiscalía General de la Nación, estos actos delictivos dejaron 145 víctimas en Valledupar y otros municipios entre 1999 y 2005, e incluyen cinco homicidios colectivos, asesinatos de líderes indígenas y menores, así como la destrucción de bienes y desplazamiento en comunidades indígenas.

¿Qué significa ‘homicidio en persona protegida’ en el contexto colombiano?

El término ‘homicidio en persona protegida’ hace referencia al asesinato de una persona que, por condiciones particulares, tiene una protección especial bajo el derecho internacional humanitario, como civiles, miembros de comunidades étnicas o personas fuera del conflicto armado. En los hechos admitidos por “Jorge 40”, varias víctimas correspondían a estas condiciones, especialmente integrantes de comunidades indígenas.

La directriz expuesta por el Gobierno dispone que se tracen líneas de base rectas entre los puntos extremos de todos los territorios insulares que conforman el archipiélago, aplicando la doctrina de archipiélago de Estado, reconocida en la Ley 10 de 1978. Esta delimitación será reflejada de manera oficial siguiendo las normas internacionales pertinentes. De acuerdo con Rodrigo Lara, ministro del Interior, esta decisión responde a un error cometido cuando Colombia presentó, en procesos anteriores ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, propuestas basadas en el meridiano 82 como frontera, un argumento que, según sus palabras, resultó "flojo". El fallo emitido por La Haya en 2012, resultado de esa postura, ordenó que Colombia entregara a Nicaragua cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, pero no la soberanía sobre las islas mayores ni los cayos.

Lara considera que lo dispuesto ahora corrige ese error y cita precedentes internacionales como el caso de Francia con las islas Kerguelen y Dinamarca con las islas Feroe, donde el trazado de líneas de base es aceptado globalmente. Además, se prevé instalar una mesa de diálogo con Nicaragua, bajo el supuesto de que el fallo de La Haya no se puede aplicar en su totalidad. La decisión sigue las tesis del jurista Enrique Gaviria Liévano, quien, según declaraciones recopiladas por El Espectador, sostiene que trazar las líneas de base protegería íntegramente el territorio y clarificaría la defensa ante disputas futuras.

Desde el Ministerio de Defensa se enfatizó la importancia geopolítica, ambiental y económica del archipiélago, calificándolo como una frontera innegociable y un motor nacional. La política integral de defensa implica una mayor presencia estatal y militar; además, De la Espriella aspira a convertir la zona en un "hub" marítimo y logístico, reforzando el control y la actividad económica bajo la premisa de ejercer soberanía a través de instituciones y vigilancia permanentes.

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¿Qué significa trazar líneas de base en el archipiélago de San Andrés y Providencia?

El trazado de líneas de base consiste en delimitar, mediante líneas rectas, los puntos extremos de los territorios insulares del archipiélago, definiendo así el perímetro exacto del territorio bajo soberanía colombiana, acorde a la Ley 10 de 1978 y los lineamientos internacionales en la materia. Este método se utiliza para consolidar la figura de archipiélago de Estado y es fundamental para la defensa legal y diplomática de Colombia frente a disputas con otros países.

¿Cómo impacta el fallo de La Haya en los límites marítimos de Colombia y Nicaragua?

El fallo de la Corte Internacional de Justicia en 2012 determinó que Colombia debía entregar cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar a Nicaragua, pero confirmó la soberanía colombiana sobre las principales islas y cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, el Gobierno colombiano considera que parte de ese fallo no puede aplicarse estrictamente y busca nuevas vías para defender su integridad territorial.

Las palabras de Mancuso surgieron como respuesta a las declaraciones que dio Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien indicó ante medios de comunicación que existieron presiones para que los excomandantes de las autodefensas involucraran a figuras de la oposición política. Mancuso fue enfático al asegurar: "Delegados del gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, De la Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó". Recordó también que, de los dos encuentros realizados en Valledupar, el primero fue privado y el segundo, al que asistieron medios de comunicación, fue en presencia de la propia Angie Rodríguez y del asesor Víctor de Currea-Lugo.

De acuerdo con Mancuso, tanto él como otros excomandantes rechazaron la solicitud y aclara que tampoco existe evidencia en video de ese intento, insistiendo en que "no hubo entrevista" y que, tras esa negativa, "la Mesa de Ralito no volvió a convocarse nunca". Mancuso lamentó que la oportunidad para que el Estado colombiano cerrara un proceso de paz se hubiera perdido. Sostiene que, después de la entrega de armas y confesión ante jueces, todavía existe una deuda con los excombatientes, afirmando que la ley Justicia y Paz podría tardar cerca de 60 años en concluir, de acuerdo con los ritmos actuales.

Por su parte, el periodista Melquisedec Torres sostiene que la supuesta estrategia oficial consistía en ofrecer beneficios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y libertad a exparamilitares como Saúl Severini, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, también conocido como ‘Martín Llanos’, a cambio de testimonios en contra de figuras opositoras. La intención original era transmitir las declaraciones en directo por RTVC, pero la estrategia fracasó debido a la resistencia liderada por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’.

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¿Qué se sabe sobre la solicitud a exparamilitares para acusar a líderes de la oposición?

Con base en lo expuesto por Salvatore Mancuso y Angie Rodríguez, la solicitud provino de delegados del Gobierno nacional durante reuniones en Valledupar. A los excomandantes de las autodefensas se les pidió acusar a figuras como Uribe, Vargas Lleras y De la Espriella, con la supuesta intención de influir en una elección, pero dicha petición fue rechazada y no existen pruebas en video que respalden esas acusaciones.

¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y qué papel tendría en este caso?

Según el periodista Melquisedec Torres, la JEP es un tribunal creado para juzgar crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano y, en este contexto, ciertos beneficios y posibles libertades serían ofrecidas a exparamilitares si colaboraban como testigos en contra de líderes opositores. No obstante, la estrategia no tuvo éxito por la oposición de otros exjefes paramilitares.

El tenso intercambio se produjo tras un saludo protocolario a los integrantes de la Armada Nacional en una instalación militar de la isla. En videos difundidos masivamente en redes sociales, el jefe de Estado cuestionó de manera directa a las dos dirigentes locales por su postura frente a la medida adoptada en el centro asistencial, el cual afronta graves dificultades financieras, desabastecimiento de insumos y retrasos prolongados en los pagos al personal médico. Durante el cruce, ante la intervención de la gobernadora sobre el apoyo solicitado al Ministerio de Salud, el mandatario la interrumpió tajantemente y aseguró: “Ayer me dijeron que estaban tranquilas con la intervención del hospital y se fueron allá a atravesarse”.

Asimismo, el presidente advirtió que la administración central supervisará minuciosamente cada recurso enviado al departamento, afirmando: “Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar”, al tiempo que anticipó rigurosas inspecciones de la fuerza pública y de los organismos de control sobre las finanzas departamentales y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina).

La polémica escaló aún más cuando el presidente vinculó sus advertencias a Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante Jay-Pang Díaz y propietario de la firma de agregados y concreto Josef’s Concrete, según informó Infobae. Sin presentar pruebas formales durante el careo público, el mandatario lanzó la acusación de que “toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la Gobernación”, poniendo el foco nacional sobre los vínculos entre la actividad empresarial privada del cónyuge y el entorno político de la curul liberal.

Por su parte, la representante Elizabeth Jay-Pang rechazó categóricamente los señalamientos presidenciales y defendió la legalidad de los negocios familiares. En declaraciones entregadas a Blu Radio, la congresista calificó las afirmaciones como producto de una supuesta desinformación y motivaciones políticas, señalando: “No es cierto, no es cierto. Yo creo que el presidente está mal informado sobre eso”. Explicó que su esposo administra una ferretería tradicional de la isla que atiende a todo tipo de público —tanto privado como público— y enfatizó: “Nosotros no tenemos ni un contrato con la gobernación”.

Agregó además que cuenta con la conciencia tranquila frente a las alertas enviadas a la Contraloría y la Procuraduría por parte de la Secretaría de Transparencia, concluyendo: “Me alegra que el presidente ahora esté hablando de corrupción, porque la única persona que se atrevía a hablar de corrupción en el departamento era yo”.

Mientras el Gobierno nacional ratifica que llevará la intervención en el sector salud hasta sus últimas consecuencias y vigilará la contratación local, la controversia política en el archipiélago promete nuevos capítulos en los estrados judiciales y en el escenario legislativo nacional.

Según contó Natalia a El Tiempo, María Alejandra viajó a la capital del Valle del Cauca para desempeñarse como modelo de protocolo en eventos de mercadeo. La joven le avisó el jueves 8 de octubre, cerca de las 11:00 de la mañana, que había llegado a la ciudad y le envió una fotografía de un letrero que indicaba su ingreso a Cali.

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En ese momento, la joven le explicó a su hermana que se movilizaba en un taxi y que debía esperar hasta las 3:00 de la tarde para ingresar al hotel donde se hospedaría. Sin embargo, Natalia aseguró que desconoce el nombre del establecimiento y que María Alejandra no le había entregado información detallada sobre las personas o empresas con las que iba a trabajar.

La familia tampoco sabía con anticipación que la joven viajaría a Cali. De acuerdo con el relato de su hermana, se enteró del desplazamiento cuando recibió la fotografía de su llegada. “Ella siempre ha sido una persona muy reservada”, comentó Natalia al medio, al explicar que su familiar vivía en Bogotá con su madre, mientras ella residía en otra vivienda.

El último contacto ocurrió el domingo 11 de octubre, aproximadamente a las 6:00 de la tarde, cuando María Alejandra le escribió a su hermana por WhatsApp. Natalia respondió el mensaje, pero no volvió a recibir contestación. Para el lunes siguiente, según su relato, los mensajes enviados al celular de la joven dejaron de llegar, lo que aumentó la preocupación de sus familiares.

Desde entonces, su madre, su hermana y otros seres queridos intentan reconstruir sus últimos movimientos y establecer quiénes podrían tener información sobre su paradero. “No hemos vuelto a tener mensajes de ella”, dijo Natalia a El Tiempo, al expresar su temor ante la falta de noticias. La familia también desconoce si María Alejandra continúa en Colombia.

Para ayudar a identificarla, sus familiares compartieron sus características físicas. María Alejandra mide aproximadamente 1,70 metros, tiene piel trigueña, contextura promedio, ojos negros y cabello negro, liso y largo hasta la cintura. Además, tiene un tatuaje de un lobo en el omoplato derecho, en la espalda, y perforaciones en ambas orejas.

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Las personas que la hayan visto o tengan información que permita establecer dónde está pueden comunicarse con su familia a través de la línea telefónica 312 390 5927. Mientras esperan noticias, sus seres queridos buscan reconstruir el recorrido que hizo desde su llegada a Cali y conocer el nombre del hotel y los contactos laborales que tuvo durante su estadía.

De acuerdo con la Gobernación, el convenio asigna recursos por $22.900 millones destinados exclusivamente para la entrega de estos apoyos. Los beneficiarios de esta ayuda económica serán las personas inscritas en el Registro Único de Damnificados (RUD). Este registro contiene la información de quienes reportaron afectación estructural en sus viviendas, clasificadas como destruidas o imposibles de habitar después del sismo ocurrido en el departamento.

El valor de la ayuda económica dependerá de la categoría del municipio en el que reside cada afectado. Según la información entregada, los montos individuales anunciados oscilan entre $787.000 y $1.050.000 por beneficiario. Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle, señaló que mientras en Roldanillo y Buenaventura se trata de la segunda jornada de entrega, para los otros municipios será la primera vez que los afectados acceden a este beneficio.

La dinámica de distribución será a través de la red SuperGIROS, por lo cual las personas inscritas en el RUD deberán estar pendientes de los canales oficiales de información para conocer los lugares y fechas específicas en que podrán reclamar su apoyo. Aunque la Gobernación anunció que la entrega comenzará “en los próximos días”, hasta el momento no se ha divulgado la fecha exacta de inicio para la dispersión de los recursos.

El terremoto dejó una huella profunda en la vida y patrimonio de miles de familias en el Valle del Cauca. Las autoridades buscan, con esta iniciativa, responder a una de las necesidades más urgentes: ofrecer un respaldo a quienes perdieron su vivienda, facilitando recursos para atender necesidades básicas, según los lineamientos oficiales.

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¿Quiénes pueden acceder a las ayudas económicas para damnificados del terremoto en el Valle del Cauca?

Solamente las personas que están inscritas en el Registro Único de Damnificados (RUD) y que tienen registrada su vivienda como destruida o inhabitable tras el terremoto podrán acceder a esta ronda de ayudas. La inscripción en el RUD es requisito indispensable para el respaldo anunciado, de acuerdo con la Gobernación del Valle.

¿Cuándo y cómo se realizará la entrega de las ayudas económicas para los afectados por el terremoto?

La fecha exacta para el inicio de la entrega de las ayudas aún no ha sido comunicada por la Gobernación del Valle, aunque se ha informado que será “en los próximos días”. Los beneficiarios deberán reclamar el apoyo económico a través de SuperGIROS y deben seguir atentamente los canales oficiales para conocer la programación definitiva.

La recolección de estos datos se lleva a cabo mediante una infraestructura moderna y coordinada. Estaciones meteorológicas instaladas en tierra, boyas ubicadas en los océanos, aviones comerciales y globos sonda que ascienden a la estratosfera contribuyen en la captura de información precisa sobre el entorno. Complementariamente, los satélites meteorológicos orbitan alrededor de la Tierra y ofrecen imágenes continuas y en tiempo real de la formación y movimiento de sistemas nubosos. Por su parte, el uso de radares en superficie permite seguir de cerca la evolución de las lluvias.

Una vez que toda esta información ha sido acopiada, es enviada a centros internacionales equipados con supercomputadoras de última tecnología. Allí, según detalla 90minutos.co, la información es procesada por modelos numéricos de predicción, programas informáticos que integran leyes fundamentales de la física y la termodinámica. Estos modelos dividen la atmósfera en una malla tridimensional, lo que permite calcular con alta precisión cómo se desplazarán y cómo interactuarán las masas de aire en el futuro inmediato, simulando los posibles escenarios minuto a minuto.

Ya enfocados en la situación de Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) emitió un reporte específico para este lunes, anticipando períodos de lloviznas y lluvias ligeras, intercalados con momentos secos durante la mañana y primeras horas de la tarde. Para el final de la tarde y en la noche, la CVC prevé una notable activación convectiva, fenómeno que incrementa la probabilidad de lluvias de intensidad entre ligera y moderada, especialmente en diversos sectores urbanos y periurbanos de la ciudad. Asimismo, la autoridad ambiental señaló que la inestabilidad responde al transporte de humedad desde el Pacífico y la divergencia en los niveles altos de la atmósfera, lo que mantiene un potencial significativo de lluvias durante el día.

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¿Cómo se recopilan y procesan los datos para un pronóstico del clima?

La recolección de datos para realizar un pronóstico del clima se realiza mediante una red internacional de estaciones meteorológicas, boyas marítimas, globos sonda, aviones y satélites que captan variables como temperatura, presión, humedad y viento. Estos datos se envían a centros equipados con supercomputadoras que procesan la información mediante modelos numéricos basados en leyes físicas y termodinámicas para simular la evolución de la atmósfera.

¿Cuál es el pronóstico del clima para Cali según la CVC hoy lunes?

Según la CVC, para este lunes se esperan lluvias ligeras y lloviznas en Cali, alternadas con periodos secos en la mañana y temprano en la tarde; hacia la tarde y la noche, se prevé un aumento de la actividad convectiva, lo que podría generar precipitaciones de leves a moderadas en diferentes sectores urbanos y periurbanos de la ciudad, motivadas por el transporte de humedad desde el Pacífico y condiciones atmosféricas inestables.

La información disponible indica que alias ‘Compita’ cuenta con cerca de cinco años dentro de las filas del ELN, según labores de inteligencia. Entre 2022 y 2024, habría hecho parte de la Red de Apoyo al Terrorismo (RAT), y posteriormente, de 2025 a 2026, habría asumido un papel clave como operador de los drones artillados que incrementaron el temor en comunidades del sur del Cesar. Las autoridades lo señalan como el principal responsable del armado y pilotaje de aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos y armas de fuego, tecnología civil que fue adaptada para fines bélicos.

Las acciones atribuibles a alias ‘Compita’ están relacionadas con una ola de incursiones armadas registradas contra infraestructuras policiales en Pailitas, Pelaya y Curumaní, municipios que han experimentado hostigamientos a través de ataques aéreos con drones durante el año. Las autoridades informaron que estos hechos dejaron daños estructurales considerables en estaciones de policía, además de ocasionar heridos y víctimas mortales, lo que aumentó la sensación de inseguridad entre los habitantes de la zona.

Uno de los episodios más graves se presentó a finales de agosto, cuando el Batallón Energético N.° 3 fue blanco de un ataque aéreo en el sector de Las Cabañas, en Pelaya, durante el cual fueron lanzados cerca de 40 explosivos mediante drones y resultaron heridos tres militares. Pocos días después, la subestación policial de El Burro, en Pailitas, sufrió daños significativos por un artefacto arrojado desde el aire, en una estructura ya evacuada por hostigamientos anteriores.

Ante estos hechos, el Gobierno nacional y la Gobernación del Cesar organizaron consejos extraordinarios de seguridad y anunciaron la aplicación del Plan Urano, así como la inversión de recursos a través del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset) para dotar a la Fuerza Pública de inhibidores de señal y tecnología antidrones. Tras su captura, alias ‘Compita’ y los otros dos capturados fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación, enfrentando cargos por delitos asociados a armas, explosivos y narcotráfico, según reportó la Quinta Brigada del Ejército.

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¿Quién es alias ‘Compita’ y por qué es considerado clave en los ataques con drones del ELN en Cesar?

Alias ‘Compita’ es señalado por autoridades militares y policiales como uno de los principales operadores del ELN en el sur del Cesar. Con una trayectoria de alrededor de cinco años en esa guerrilla, se le atribuye la coordinación y pilotaje de drones armados usados en ataques recientes contra la Fuerza Pública y estaciones policiales en municipios como Pailitas, Pelaya y Curumaní.

¿Cómo han impactado los ataques con drones en la seguridad del sur del Cesar según las autoridades?

De acuerdo con reportes oficiales, los ataques aéreos con drones han incrementado el sentimiento de inseguridad y zozobra entre los pobladores, han causado considerables daños estructurales en estaciones policiales y han dejado varios uniformados heridos y fallecidos. Esto ha motivado medidas gubernamentales extraordinarias y la adopción de tecnología antidrones por parte de la Fuerza Pública.

Los hechos sucedieron específicamente en el sector conocido como La Rochela, cerca de la vereda El Viso, lugar que hace parte de la jurisdicción del municipio de Ataco. Este episodio causó alarma entre las autoridades y habitantes de la zona, debido a la gravedad de las heridas presentadas por quienes estuvieron implicados en el siniestro.

Según los primeros reportes, uno de los pacientes ingresó al hospital en delicado estado, requiriendo atención inmediata bajo lo que se denomina "código azul", término médico que indica la necesidad de una respuesta de emergencia ante una situación de peligro vital. Sin embargo, pese a la circulación de información extraoficial sobre el posible fallecimiento de una de las víctimas, ni las autoridades de tránsito ni los organismos de salud han confirmado oficialmente el deceso hasta el momento.

En cuanto a las causas del accidente, la información obtenida por El Nuevo Día señala que aún no se han establecido de manera oficial las circunstancias que llevaron a la colisión entre la motocicleta y la camioneta. Las autoridades se encuentran a la espera de los resultados de las investigaciones y de un pronunciamiento formal, tanto de los organismos de control como del centro asistencial, que permita conocer el avance en la recuperación de los pacientes y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

El accidente ha puesto de nuevo sobre la mesa la preocupación por la seguridad vial en este corredor del sur del Tolima, donde la falta de información clara sobre las causas del incidente subraya la importancia de esperar confirmaciones oficiales antes de difundir versiones no verificadas.

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¿Qué significa el código azul en casos de emergencias médicas?

El término "código azul" hace referencia a una alerta que indica una situación de emergencia médica crítica, en la que se requiere atención inmediata para salvar la vida de un paciente. En el contexto de este accidente, significa que uno de los heridos llegó al hospital en estado muy grave y se activó un protocolo especial para responder rápidamente a su condición.

¿Cuál es el estado de los heridos en el accidente de Ataco y se ha confirmado alguna muerte?

De acuerdo con la información recogida por El Nuevo Día, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Nuestra Señora de Lourdes de Ataco. Aunque hay versiones extraoficiales sobre el posible fallecimiento de uno de los involucrados, hasta el momento las autoridades y el centro asistencial no han confirmado ninguna muerte relacionada con este accidente.

La intervención de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) incluyó el uso de tanquetas y dispositivos aturdidores. Según Holguín, la Policía Nacional cumplió con su deber de garantizar que la protesta se desarrollara de forma pacífica y se protegieran tanto los ciudadanos como el patrimonio. Además, la ministra señaló que el Gobierno se compromete a que el Museo Nacional conserve, proteja y divulgue toda la cultura, representando a toda la ciudadanía, no solo a ciertos sectores. Por ese motivo, informó que se revisarán la museografía, museología y curaduría del Museo Nacional y los otros museos administrados por el Gobierno.

Sobre los derechos de las víctimas, Holguín sostuvo que su administración está comprometida con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y advirtió que no permitirá actos que representen apología al delito. Por otro lado, la senadora Jennifer Pedraza indicó a El Espectador que las exposiciones del Museo Nacional son producto de equipos multidisciplinarios de aproximadamente 100 profesionales que evalúan las obras, y alertó sobre lo que considera un intento de censura por parte del Gobierno al evitar la representación de distintas versiones de la historia nacional.

La ministra Holguín también ha sido centro de otra controversia, ya que una investigación de CasaMacondo reveló que ella no completó los requisitos para obtener la maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto. Según el brigadier general Jaime Andrés Valencia Monsegny, Holguín aprobó 30 de los 40 créditos académicos, pero no presentó el trabajo de grado ni el requisito de segundo idioma. Aunque figuraba como egresada de esa maestría en su perfil de LinkedIn y en documentos oficiales, en su hoja de vida oficial no está incluido.

Este caso se añade al debate suscitado cuando la Universidad Pontificia Bolivariana aclaró que Holguín aprobó las materias y el trabajo de grado en la maestría en Estudios Políticos, pero no obtuvo título. La ministra reiteró públicamente que en cada espacio se ha presentado como egresada, no graduada.

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¿Por qué protestaron frente al Museo Nacional por el retiro de piezas de memoria histórica?

Las protestas frente al Museo Nacional surgieron tras la remoción de 30 piezas que representaban a la población LGBTIQ+, los movimientos feministas y diversos hechos de la memoria política nacional, incluido el Acuerdo de Paz de 2016. La medida fue interpretada por algunos sectores como un intento de censura y exclusión de narrativas históricas, lo que motivó la manifestación, de acuerdo con la información publicada por El Espectador.

¿Cuáles son las polémicas sobre los títulos universitarios de Paola Holguín?

Paola Holguín enfrenta señalamientos porque, según CasaMacondo y El Espectador, no completó los requisitos para graduarse de la maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, aunque figura como egresada en varias plataformas. Además, una aclaración de la Universidad Pontificia Bolivariana indicó que aunque aprobó materias y trabajo de grado de una maestría en Estudios Políticos, no recibió el título. La ministra argumenta que siempre se presentó como egresada y no como graduada.

Las víctimas de este suceso fueron identificadas como José Javier Trujillo Bonilla, de Milán, Caquetá; Carlos Albeiro Lagos Plazas, proveniente de Gámeza, Boyacá; y José Javier Trujillo Culma, originario de Florencia, Caquetá, relacionado con la vereda Palmichal. El reconocimiento de la procedencia de cada víctima aporta elementos clave a los investigadores, aunque hasta el momento no se ha revelado información adicional que vincule a los hombres entre sí o que aclare si existía alguna relación previa entre ellos y la zona donde fueron hallados.

Según las fuentes oficiales citadas en el informe, aún no han sido establecidos los motivos detrás del ataque ni se ha hecho pública la identidad de quienes cometieron el crimen. Las autoridades mantienen abierta la investigación y concentran sus esfuerzos en determinar el contexto y la mecánica de los hechos, imprescindible para avanzar en esclarecer el caso.

El clima de incertidumbre en la zona crece, dado que este tipo de sucesos altera la tranquilidad de los habitantes de Chaparral y sus alrededores. Los equipos judiciales tienen la tarea de recolectar pruebas y testimonios en el sector de Amoyá, buscando indicios que permitan reconstruir el momento exacto y las circunstancias que rodearon la muerte de los tres hombres.

La comunidad, entre tanto, aguarda respuestas sobre lo ocurrido, mientras las autoridades insisten en el llamado a suministrar cualquier información relevante que facilite la identificación de los responsables y motive avances en la investigación.

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¿Qué hipótesis manejan las autoridades sobre el triple homicidio en Chaparral Tolima?

Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible, las autoridades no han divulgado hipótesis claras sobre los posibles motivos detrás del triple homicidio registrado en el corregimiento de Amoyá, en Chaparral, Tolima. Las investigaciones se centran en establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y en identificar a los posibles responsables, pero aún no hay datos públicos que orienten sobre las causas.

¿Quiénes fueron las víctimas del triple homicidio en Chaparral y de dónde eran?

De acuerdo con los datos disponibles, las víctimas del triple homicidio en Chaparral fueron identificadas como José Javier Trujillo Bonilla, oriundo de Milán, Caquetá; Carlos Albeiro Lagos Plazas, de Gámeza, Boyacá; y José Javier Trujillo Culma, procedente de Florencia, Caquetá, quien estaba vinculado con la vereda Palmichal.

De acuerdo con la Procuraduría, existe preocupación por presuntas deficiencias en la gestión y autorización de viajes internacionales para el personal responsable de supervisar las pruebas técnicas de los equipos en la planta del fabricante. Estas pruebas, que debían realizarse antes de que los equipos fueran enviados e instalados en Colombia, eran un requisito clave para validar la calidad de los dispositivos y para garantizar la adecuada capacitación de quienes operarían el sistema, según lo estipulado en el contrato del proyecto.

La falta de autorización de estos desplazamientos habría impedido que el personal encargado cumpliera con ese proceso, lo cual podría haber comprometido tanto el control de calidad de los equipos como la formación técnica del personal de la Aerocivil. El valor del contrato, suscrito por la Aeronáutica Civil, supera los 3.600 millones de pesos colombianos, lo que subraya la magnitud y la relevancia de la contratación.

Vale la pena recordar que no se trata de la primera acción de la Procuraduría frente a la Aerocivil; el 31 de julio, la entidad de control anunció una indagación previa contra la institución por otras presuntas irregularidades contractuales. En esa oportunidad, la atención se centró en la posible contratación irregular de Gabriela Muñoz, una exauxiliar de 20 años y estudiante de Derecho, así como de varios familiares suyos. La Procuraduría también indaga si Muñoz, durante su paso por la entidad, asumió decisiones fuera de sus funciones.

Este nuevo procedimiento disciplinario se suma, entonces, a la serie de cuestionamientos que en los últimos meses rodean la gestión administrativa de la Aerocivil en materia de contratación pública y cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los contratos.

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¿Qué irregularidades investiga la Procuraduría en el contrato de la Aerocivil para el sistema de comunicación?

La Procuraduría investiga principalmente la gestión y autorización de los viajes internacionales de los supervisores encargados de verificar pruebas técnicas en la fábrica de los equipos adquiridos por la Aerocivil. Según el ente de control, la supuesta omisión de estas pruebas técnicas podría haber afectado la calidad del sistema instalado y la capacitación adecuada del personal, lo que constituiría una infracción a las obligaciones contractuales establecidas.

¿Por qué se abrió indagación previa a la Aerocivil por presuntas irregularidades en contratación?

El órgano de control abrió una indagación previa a raíz de posibles anomalías en la contratación de Gabriela Muñoz, exauxiliar y estudiante de Derecho, y de varios de sus familiares dentro de la Aerocivil. La investigación busca establecer si hubo irregularidades en la manera como se vinculó a estas personas y si Muñoz tomó decisiones más allá de las funciones asignadas a su cargo en la entidad.

Gustavo Petro “gobernó” a Colombia como su finca de ocio y fechorías. La inundó de sediciosos y delincuentes con Patente de corso, metió bandidos y ladrones en su gabinete, con dineros públicos abusó de beneficios, exprimió las arcas del estado y lo dejó quebrado. Pero además, no…

— Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) October 18, 2026

“Gustavo Petro ‘gobernó’ a Colombia como su finca de ocio y fechorías”, escribió Londoño, quien también cuestionó la presencia de personas que calificó de delincuentes en el entorno del jefe de Estado. Sus comentarios estuvieron acompañados de señalamientos sobre la conformación del gabinete presidencial y el manejo de los recursos públicos.

(Vea también: “Iba a ungir a los presos”: Alcocer salió con insólita justificación sobre sus visitas a las cárceles)

El periodista también acusó al Gobierno de permitir que personas vinculadas a actividades ilegales se beneficiaran de su cercanía con el poder. En el mismo mensaje, sostuvo que la administración de Petro habría utilizado de manera indebida recursos estatales y cuestionó el estado de las finanzas públicas al cierre de su gestión.

Otro de los puntos de su crítica fue el supuesto incumplimiento de las promesas dirigidas a los sectores de la población que el presidente aseguró defender. Londoño afirmó, además, que familiares y amigos del mandatario habrían tenido influencia en asuntos relacionados con el dinero de los colombianos, aunque en el mensaje compartido no presentó detalles ni pruebas específicas para sustentar esos señalamientos.

El periodista cerró su pronunciamiento con una descalificación hacia quienes, según él, hicieron parte de ese entorno: “Ladrones, vagos e incompetentes”. Las declaraciones constituyen una crítica de Londoño a Petro y a su administración; los señalamientos sobre delitos y uso irregular de recursos deben entenderse como acusaciones del autor del mensaje y no como hechos comprobados a partir de la información suministrada.

Según la información expuesta en la investigación periodística y respaldada por el testimonio de Mancuso, los hechos se remontarían a encuentros sostenidos en octubre de 2025 en la capital del Cesar. En dichas reuniones, delegados oficiales habrían solicitado a los exjefes paramilitares que accedieran a formular acusaciones directas contra el expresidente Álvaro Uribe, el hoy mandatario y entonces figura pública Abelardo De La Espriella, y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. El objetivo primordial de dicha maniobra habría sido desacreditar a estas personalidades en medio de la contienda electoral y debilitar los contrapesos institucionales para ganar las elecciones. 

Al referirse a la propuesta ilegal planteada por los emisarios gubernamentales, Mancuso fue enfático en señalar que la respuesta colectiva de los exmandos paramilitares fue de rechazo categórico. En su declaración audiovisual, el exjefe de las AUC aseveró textualmente: “Delegados del gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: Uribe, Abelardo De La Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”. Asimismo, el exparamilitar indicó que el encuentro frustrado había sido abordado previamente con el propio presidente Gustavo Petro un año antes en Montería, bajo la premisa institucional de buscar un cierre definitivo al proceso de desmovilización de Justicia y Paz.

Muy atentos. El exjefe paramilitar @MancusoSalvat reconfirma todo lo que revelé en mi columna al país, el gobierno Petro y su Pacto de Valledupar para destruir a la oposición. https://t.co/rMJWMl1RjX

— Melquisedec Torres (@Melquisedec70) October 19, 2026

La negativa de los exparamilitares a secundar la presunta estrategia oficial generó profundas fisuras y tensiones dentro de las mesas de diálogo impulsadas por el Ejecutivo. Según los reportes periodísticos, los emisarios gubernamentales habrían insistido en condicionar beneficios jurídicos o cupos de libertad transicional a cambio de declaraciones incriminatorias, lo que desató un fuerte malestar entre los exjefes de las autodefensas presentes en el recinto. Ante la gravedad de los señalamientos, diversos sectores políticos, encabezados por el Centro Democrático, exigieron formalmente a la Fiscalía General de la Nación que abra una indagación exhaustiva para establecer si existió un uso indebido de las instituciones del Estado y de la justicia transicional con fines de persecución política.

Mientras los estrados judiciales evalúan la apertura de investigaciones preliminares para determinar responsabilidades penales y disciplinarias, el escándalo del ‘Pacto de Valledupar’ continúa sacudiendo los cimientos de la política nacional.

Ante este panorama, la comunicación con la ciudadanía se ha reforzado a través de la divulgación de líneas de atención para reportar cualquier eventualidad o solicitar auxilio. Las principales rutas de contacto recomendadas incluyen los números de emergencia de entidades como bomberos (119), defensa civil (144), cruz roja (132), policía nacional (112) y la línea única de emergencias (123). Dichos canales permanecen habilitados para responder a incidentes relacionados con la fuerte temporada de lluvias y eventuales situaciones de riesgo para la comunidad.

En respuesta a las condiciones climáticas adversas, las autoridades han enfatizado la importancia de reportar de manera oportuna cualquier novedad o manifestación de peligro. Esta estrategia de prevención busca no solo salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos, sino también permitir una rápida reacción por parte de los equipos de emergencia y minimizar el impacto que los fenómenos naturales puedan tener en Cali.

El monitoreo constante y la actitud proactiva se han convertido en componentes esenciales de la gestión pública local frente a los desafíos climáticos. Así, el continuo llamado a la colaboración ciudadana y la disponibilidad de servicios de emergencia evidencian un enfoque coordinado para enfrentar las lluvias, el encharcamiento y los inconvenientes en la movilidad reportados en diversas zonas de la ciudad este lunes.

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¿Cuáles son las líneas de emergencia para reportar incidentes por lluvias en Cali?

Para reportar cualquier situación de riesgo causada por las lluvias en Cali, las autoridades recomiendan comunicarse con las siguientes líneas de emergencia: bomberos (119), defensa civil (144), cruz roja (132), policía nacional (112) y la línea única de emergencias (123). Estos canales están activos para recibir reportes y atender incidentes derivados de las condiciones climáticas adversas, según informó Noticiero 90 Minutos.

¿Qué efectos han causado las fuertes lluvias en Cali este lunes 19 de octubre?

De acuerdo con los reportes oficiales, las lluvias intensas de este lunes han ocasionado encharcamientos en algunas vías de Cali, lo que ha llevado a la presencia de congestión vehicular y a la necesidad de monitoreo constante en sectores afectados. Las autoridades mantienen vigilancia y recomiendan a la ciudadanía reportar cualquier situación que implique riesgos para garantizar una rápida respuesta ante posibles emergencias.

La muerte de Niversy ocurrió tras una fuerte discusión en la casa donde vivía con su pareja, Ismael Alberto Manjares Acevedo, quien es señalado como presunto responsable del ataque. Testimonios de allegados revelan que la joven había alertado a su familia sobre amenazas que habrían provenido de Ismael. Según relató una tía, Niversy mencionó reiteradamente frases intimidantes de su compañero, como “la mato a usted, mato a los niños y me mato yo”. Este relato ilustra el ambiente de constante miedo que se vivía en el hogar.

De acuerdo con el testimonio de su tía, ella decidió intervenir al escuchar la discusión. Logró rescatar a los tres niños a pesar de que Ismael supuestamente le apuntó con un arma de fuego. Minutos después, se escucharon disparos y, posteriormente, el hombre habría intentado buscar a los niños donde se habían refugiado, sin conseguirlo. Los hechos culminaron con la muerte de ambos adultos: primero Niversy y, más tarde, Ismael, quien falleció en un centro asistencial tras sufrir una herida en el rostro.

La familia compartió detalles sobre la vida de la pareja: Niversy e Ismael se conocieron en Santa Marta cuando tenían 18 y 23 años, respectivamente. Formaron una familia y se trasladaron a Tolima, donde Niversy se dedicaba al hogar y trabajaba ocasionalmente como manicurista; Ismael, en labores agrícolas. Según los familiares, la relación fue deteriorándose por celos, supuestas infidelidades y discusiones constantes. Incluso, se indicó que Niversy había manifestado deseos de terminar la relación.

El impacto emocional del hecho se reflejó en las palabras de uno de los niños, quien contó a su tía: “Tía, ¿cómo no voy a estar triste si mi papá mató a mi mamá?”. Los menores, de ocho, cuatro años y 18 meses, quedaron bajo la custodia de la familia materna. De acuerdo con información preliminar de la Policía, Ismael tenía antecedentes judiciales por presunto porte ilegal de armas, dato que será clave en la investigación sobre lo sucedido.

Las autoridades deben reconstruir minuciosamente los hechos y verificar los antecedentes de violencia y amenazas relatados por la familia. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrieron los hechos del presunto feminicidio de Niversy en Tolima?

Según testimonios recogidos por la familia y reportes de la Policía, el caso se habría desencadenado tras una fuerte discusión entre Niversy e Ismael, en la que hubo disparos y amenazas previas. Los detalles precisos aún están bajo investigación oficial, pero se sabe que hubo intervención de familiares para proteger a los menores y que ambos adultos fallecieron tras el ataque.

¿Qué antecedentes tenía Ismael Alberto Manjares Acevedo antes de la tragedia?

De acuerdo con información preliminar proporcionada por la Policía, Ismael tenía anotaciones judiciales por presunto porte ilegal de armas. Esta información forma parte de los elementos que analizan las autoridades para esclarecer el contexto y las circunstancias en que ocurrió el presunto feminicidio.

Dentro de la agenda presidencial destaca la realización de un Consejo de Seguridad en la Décima Octava Brigada del Ejército. A este encuentro se sumarán ministros, el alcalde de Arauca Juan Quenza, el gobernador Renson Martínez y altos mandos militares. La convocatoria pone en evidencia la preocupación estatal frente a la presencia de grupos armados ilegales y la necesidad de reforzar estrategias conjuntas entre el gobierno nacional y los líderes locales, en uno de los departamentos más golpeados por la violencia.

Posteriormente, según los datos aportados, se llevará a cabo el evento “Milagro de las Regiones – Gobierno en Territorio”. Allí, el Ejecutivo tiene previsto exponer sus planes y propuestas específicas para esta zona de la Orinoquía, una región estratégica tanto por su ubicación como por los desafíos en materia de tierra, desarrollo y seguridad ciudadana. En este acto se anticipa la socialización de algunas líneas del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, integrando a los jefes territoriales y sectores sociales en la discusión.

La llegada de Abelardo de la Espriella a Arauca representa además su primera visita como jefe de Estado a suelo araucano tras haber ganado en ese departamento con una diferencia considerable en la segunda vuelta presidencial. En su equipo de gobierno, la exrepresentante Lina María Garrido, natural de Arauca y directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), funge como una de las piezas políticas clave, consolidando la presencia de liderazgos regionales en puestos de toma de decisión.

La gira presidencial se produce después de recientes señalamientos del propio mandatario hacia la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz, a quienes acusó de supuestos malos manejos administrativos. Ellas rechazaron cualquier irregularidad. Estos pronunciamientos se sumaron al desarrollo de consejos de seguridad en el archipiélago, donde igualmente se discutieron los lineamientos iniciales del plan gubernamental para las regiones. Finalmente, Arauca se suma a otras recientes paradas del mandatario en la Orinoquía, como Yopal, Casanare y Puerto Carreño, Vichada, en actividades de articulación regional.

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¿Por qué la visita del presidente Abelardo de la Espriella a Arauca es relevante para la seguridad regional?

La presencia del presidente Abelardo de la Espriella en Arauca se considera significativa debido a que la región enfrenta altos índices de violencia y la fuerte incursión del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según El Espectador, el Consejo de Seguridad programado busca reforzar el trabajo conjunto de autoridades nacionales y locales para hacer frente a estos desafíos, poniendo el foco en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

¿Qué busca el evento ’Milagro de las Regiones – Gobierno en Territorio’ en Arauca?

El evento “Milagro de las Regiones – Gobierno en Territorio” tiene como objetivo principal exponer los planes y propuestas del Ejecutivo para Arauca y la Orinoquía. De acuerdo con la información del artículo, este encuentro permitirá al gobierno nacional socializar sus estrategias para el desarrollo y la seguridad, alineando así las prioridades territoriales con las políticas nacionales a través de la participación directa de autoridades y ciudadanía local.

Sin embargo, dichos trabajos de reposición y optimización tendrán como consecuencia la suspensión temporal del suministro, afectando principalmente al barrio Alfonso Barberena. Según la empresa, la interrupción del servicio impactará desde la calle 33 C hasta la calle 33 E, entre la carrera 24 B y la carrera 27. Específicamente, el corte de agua está programado para comenzar a las 8:00 a.m. y finalizar a las 9:00 p.m., lo que implica casi trece horas de suspensión continua.

Ante las afectaciones esperadas, Emcali recalcó que dispondrá de un carrotanque para suministrar agua en la zona impactada. Esta medida busca mitigar las molestias de los habitantes y garantizar que puedan acceder a agua potable durante las horas en que la red estará fuera de servicio.

Además de Alfonso Barberena, otros barrios que afrontarán cortes en el suministro este lunes son El Troncal y San Antonio, según reportó Noticiero 90 Minutos. En El Troncal, la interrupción afectará la calle 33 A # 8 A 86. En San Antonio, el corte tendrá lugar en la carrera 4 # 1 - 75.

Estas jornadas de mantenimiento y mejora hacen parte del compromiso de Emcali por modernizar y mantener en óptimas condiciones la infraestructura de acueducto de Cali, aunque esto supone inconvenientes momentáneos para los residentes de las zonas involucradas.

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¿Cuáles barrios de Cali estarán sin agua por trabajos de Emcali este lunes?

De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, los barrios afectados por los trabajos de reparación y optimización de Emcali serán Alfonso Barberena, El Troncal y San Antonio. Las zonas específicas dentro de estos barrios han sido detalladas por la empresa, incluyendo calles y carreras, y la suspensión del servicio está programada entre las 8:00 a.m. y las 9:00 p.m. en Alfonso Barberena.

¿Qué es un carrotanque y cómo ayuda durante cortes de agua en Cali?

Un carrotanque es un vehículo especializado en el transporte de grandes volúmenes de agua potable. En el contexto de los cortes previstos por Emcali, este recurso se utilizará para proveer agua a los habitantes de las zonas afectadas, garantizando que cuenten con suministro mientras duran las labores técnicas en las redes de acueducto.

El Gobierno nacional buscará un “diálogo de buena fe con Nicaragua” sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 19 de noviembre de 2012, que confirmó la soberanía colombiana sobre siete formaciones insulares del archipiélago de San Andrés y fijó una nueva delimitación marítima entre ambos países.

La postura institucional surgió como respuesta inmediata a las declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella, quien confirmó que promulgará un decreto ejecutivo el próximo 30 de noviembre.

Mediante esta norma oficial, el Ejecutivo proyecta definir las líneas de base territoriales e inscribir sus puntos geográficos exactos en la cartografía marítima nacional de forma definitiva.

Conforme al criterio del jefe de Estado, la iniciativa administrativa tiene como propósito cumplir las obligaciones legales fijadas en la Ley 10 de 1978 sobre demarcación costera.

“El territorio arrecifal es parte integral del territorio colombiano y desde ese decreto que firmaremos en noviembre lo será con coordenadas, como manda la ley que vamos a hacer cumplir”, afirmó el presidente De La Espriella durante su alocución presidencial de este domingo.

Las líneas de base constituyen las cotas cartográficas fundamentales a partir de las cuales cada Estado delimita la proyección jurídica de su dominio marítimo costero.

Al respecto, el ministro Lara aseveró que la fijación de estas referencias protegerá la condición insular unificada del territorio nacional, criticando a su vez las actuaciones procesales desarrolladas previamente en La Haya.

El objetivo central de la administración busca catalogar las zonas acuáticas comprendidas entre los cayos del territorio insular bajo la figura jurídica de aguas interiores colombianas.

No obstante, la sentencia dictada en 2012 adjudicó una porción de dichos sectores marinos a la zona económica exclusiva nicaragüense, otorgando derechos sobre la explotación de recursos.

Dentro de dicho marco, el fallo mantuvo la potestad absoluta de Colombia sobre cada una de las formaciones emergidas reconocidas con sus respectivos mares territoriales.

La publicación del articulado está programada para el 30 de noviembre, coincidiendo de forma estratégica con la conmemoración especial de la fiesta patronal de San Andrés.

En ese sentido, De La Espriella ratificó la medición topográfica e inclusión cartográfica de los arrecifes, mientras Lara enfatizó la importancia de iniciar aproximaciones diplomáticas de concertación bilateral.

Este paso administrativo reabre un capítulo trascendental en la gestión de las fronteras marinas, priorizando la preservación del ecosistema archipelágico y la defensa del patrimonio nacional.

¿Qué dice el fallo de La Haya sobre límites de Colombia y Nicaragua?

La Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya emitió dos sentencias trascendentales para dirimir la disputa territorial y marítima entre Colombia y Nicaragua.

En el histórico fallo del 19 de noviembre de 2012, el tribunal confirmó de manera unánime la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Asimismo, la alta corte reconoció la potestad de Colombia sobre las siete formaciones insulares de Alburquerque, Bajo Nuevo, Cayos Este-Sureste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla.

Sin embargo, la sentencia modificó la frontera marítima del Caribe al otorgarle a Nicaragua una amplia zona económica exclusiva en áreas que antes administraba el gobierno colombiano.

El fallo trazó una nueva línea de delimitación continental, reconociendo el mar territorial de 12 millas alrededor de los cayos colombianos pero rodeándolos de aguas bajo jurisdicción nicaragüense.

Posteriormente, el 13 de julio de 2023, la Corte dictó un fallo definitivo que desestimó las pretensiones de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de 200 millas.

La magistratura internacional concluyó que un país no puede extender su plataforma continental si esta se superpone con las 200 millas marinas correspondientes a la zona exclusiva de otro Estado.

Con esta última decisión judicial, los jueces rechazaron fijar límites marinos adicionales, protegiendo los derechos marítimos del territorio insular colombiano en el mar Caribe.

Las determinaciones del tribunal internacional concluyeron el largo diferendo jurídico planteado ante la sede judicial internacional, dejando en firme las soberanías y competencias marítimas actuales.

El Estado colombiano sostiene la defensa integral de su territorio insular, aplicando mecanismos diplomáticos y normativos para consolidar su presencia en las zonas marítimas caribeñas.

Buitrago, de 35 años, sufrió lesiones de gravedad en varias partes de su cuerpo, incluyendo el hombro y antebrazo izquierdo, así como en la mejilla derecha y el labio superior. A pesar de que fue trasladado con urgencia a la Unidad de Salud de Ibagué (USI), sede Ricaurte, falleció producto de la gravedad de las heridas. De acuerdo con versiones extraoficiales que recogió la Policía, la situación habría comenzado con una discusión entre Luis Antonio y dos hombres, quienes serían conocidos con los alias de ‘Vaca’ y ‘Perra’. Sin embargo, las autoridades aclararon que aún se deben establecer las circunstancias exactas de la participación de cada uno en el hecho.

La Policía actuó rápidamente y capturó en flagrancia a un hombre de 36 años en el lugar de los hechos, identificándolo como el presunto responsable del ataque. Este individuo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por su presunta vinculación con el homicidio. La Seccional de Investigación Criminal, SIJIN, asumió las tareas de esclarecimiento del caso, centrándose en recopilar pruebas y testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido.

En cuanto al capturado, la Policía Metropolitana de Ibagué señaló que presenta tres anotaciones judiciales previas como indiciado por el delito de lesiones personales, correspondientes a los años 2009, 2023 y 2026. Mientras las investigaciones continúan, las autoridades trabajan para esclarecer completamente los hechos y determinar el motivo concreto que originó la agresión fatal contra Luis Antonio Buitrago.

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¿Qué se sabe sobre la discusión previa al homicidio de Luis Antonio Buitrago en Ibagué?

Según información recogida por la Policía Metropolitana de Ibagué, antes del ataque con machete habría ocurrido una discusión entre Luis Antonio Buitrago y dos hombres identificados con los alias de ‘Vaca’ y ‘Perra’. Aunque se manejan versiones extraoficiales sobre el altercado, la participación específica de cada persona aún está bajo investigación y las autoridades continúan recopilando elementos probatorios para esclarecer los hechos.

¿Cuál es el historial judicial del hombre capturado por el homicidio en el Multifamiliares del Tejar de Ibagué?

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Ibagué, el hombre capturado en flagrancia por el presunto homicidio de Luis Antonio Buitrago cuenta con tres anotaciones judiciales anteriores como indiciado en casos de lesiones personales, correspondientes a los años 2009, 2023 y 2026. La información fue confirmada por las autoridades en el contexto de la investigación del trágico suceso en el sur de Ibagué.

Para despejar las dudas sobre la operatividad del dispositivo en la cotidianidad del Gobierno, la primera dama, Ana Lucía Pineda, ofreció detalles inéditos en una entrevista concedida a la revista Semana. Pineda explicó que el aparato no es un accesorio decorativo, sino el principal enlace de comunicación que el mandatario utiliza sin descanso, incluso en sus espacios de descanso o durante las madrugadas. La esposa del mandatario describió la dinámica diaria señalando textualmente: “Cuando se le ocurre algo, se levanta y enseguida llama y da las indicaciones por el radio”.

Asimismo, la primera dama enfatizó que la presencia permanente del dispositivo responde a la necesidad del jefe de Estado de mantener una coordinación directa e inmediata con la cúpula militar y de policía en el marco de su política de seguridad. Pineda reafirmó la postura oficial asegurando: “Él está ahí conectado con el país y con lo que está sucediendo”. De igual manera, defendió que la inmediatez en el flujo de información le permite a De La Espriella intervenir sin intermediarios ante eventualidades críticas en las regiones más golpeadas por la violencia.

Frente a los cuestionamientos y burlas que sectores de la oposición y usuarios en redes sociales han lanzado contra la imagen del mandatario sosteniendo el instrumento, Pineda fue tajante al desestimar tales señalamientos. La primera dama atribuyó las controversias a un sesgo político de sus detractores, concluyendo categóricamente: “Los opositores buscan cualquier cosa para criticar. Siempre las críticas vienen de la izquierda, de los que no están de acuerdo con lo que él hace. Pero él está en el radio conectado con la fuerza pública, con lo que está sucediendo y velando por la seguridad de todos los colombianos”. De esta forma, el Gobierno reafirma su narrativa de mando directo y presencia constante en el terreno de la seguridad nacional.

Los ajustes impactan tanto las conexiones entre barrios como los trayectos dentro del centro de Ibagué y los puntos de llegada del transporte público colectivo. Entre los sectores que ahora tendrán nuevas conexiones se encuentran Arboleda del Campestre, La Samaria y el parque recreacional Caiké. Además, barrios como Santa Cruz, Topacio y Carmen de Bulira verán alterados sus recorridos habituales de buseta. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, las rutas que tendrán modificaciones son la 1, 2, 7, 8, 9, 15, 19, 21, 28, 29, 37, 40, 48 y 50.

Entre los cambios relevantes, se destaca que la ruta 1 añadirá conexiones con Arboleda del Campestre y La Samaria, extendiendo su paso por avenidas y sectores como El Vergel, Entre Ríos, Los Arrayanes, la carrera Quinta y la vía al Aeropuerto. El recorrido ingresará específicamente por la glorieta El Rodeo y pasará por puntos como la Clínica Virrey Solís y Makro. Por su parte, la ruta 9 llegará hasta Santa Cruz, ampliando su cobertura más allá de Santa Bárbara, mientras que la ruta 15 dejará de ir hasta Santa Cruz y modificará su trayectoria desde el Panóptico.

Otras rutas también tendrán cambios particulares. Por ejemplo, la ruta 8 alterará su salida por Topacio, y la ruta 2 ingresará a la novena etapa del Jordán antes de avanzar hacia Multicentro. En cuanto al centro de Ibagué, la ruta 7 dejará de compartir identificación con la ruta 4 y tendrá ajustes en los sectores de las carreras Primera y Segunda. La ruta 37 modificará su avenida de regreso y la 28 llegará directamente a Caiké. En el caso de la ruta 29, su nueva terminal será Carmen de Bulira.

Rutas adicionales como la 19, 48 y 50 también verán ajustes: la ruta 19 facilitará la conexión directa entre Arboleda del Campestre y la avenida Pedro Tafur, mientras que la 48 tomará un nuevo trayecto por la avenida Guabinal en vez de cruzar el puente vehicular del Éxito. La ruta 50 mantendrá su recorrido de subida, pero cambiará el de regreso a través de La Tobogán y la calle 42, enlazando con la avenida Guabinal.

La Secretaría de Movilidad recomienda a los pasajeros consultar las nuevas rutas publicadas en los canales oficiales para planificar sus viajes y evitar inconvenientes. Estos cambios empezarán a aplicarse desde el lunes 19 de octubre, por lo tanto, quienes utilicen las 14 rutas intervenidas deben revisar con atención los nuevos trayectos antes de desplazarse.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas de buseta de Ibagué que tendrán cambios a partir del 19 de octubre?

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Movilidad, las rutas que verán modificados sus recorridos son la 1, 2, 7, 8, 9, 15, 19, 21, 28, 29, 37, 40, 48 y 50. Estas adaptaciones obedecen a solicitudes de la comunidad y a la necesidad de mejorar la movilidad y conectividad entre diferentes zonas de la ciudad.

¿Qué cambios específicos tendrán las rutas de busetas en el centro de Ibagué?

Las rutas afectadas por cambios en el centro incluyen la 7, que ahora operará únicamente bajo ese número y ajustará su recorrido en las carreras Primera y Segunda, y la 37, que alterará sus trayectos entre las calles 15 y 16. Además, rutas como la 28 y la 29 modificarán sus puntos de llegada, lo que incide directamente en la conectividad central de la ciudad.

Tras prestar los primeros auxilios, los policías trasladaron de inmediato a la víctima a la Clínica Tolima, pero desgraciadamente el personal médico solo pudo confirmar que el hombre no presentaba signos vitales al ingresar. Este lamentable hecho generó una rápida reacción de las autoridades en la zona y dio inicio a una investigación para esclarecer lo sucedido.

Según la información difundida por la Policía, después del ataque, una ciudadana señaló directamente a una mujer como la presunta agresora. Guiados por estos datos, los uniformados emprendieron la búsqueda de la sospechosa y lograron dar con su paradero en el tercer piso de un hotel del mismo sector céntrico de la ciudad. La mujer señalada fue identificada como Yurisned Oyola, de 39 años, originaria del municipio de Rovira, Tolima. Durante el procedimiento de registro, los agentes encontraron que Oyola portaba una navaja con empuñadura negra, guardada en la pretina del pantalón, elemento que fue incautado por las autoridades.

La Policía Metropolitana de Ibagué informó que la aprehensión de la mujer se dio en flagrancia por el presunto delito de homicidio, motivo por el cual la implicada quedó a disposición de la autoridad competente para la continuación del proceso judicial correspondiente.

Sobre los hechos previos al ataque, las autoridades manejan como principal hipótesis que entre la víctima y la sospechosa existía una relación sentimental previa y que, probablemente, el enfrentamiento surgió a raíz de la presunta presencia de una nueva pareja sentimental. De igual manera, la Policía señaló que, al parecer, tanto Feged como Oyola estaban bajo los efectos del alcohol cuando ocurrió el incidente. No obstante, el desarrollo puntual de los hechos y los verdaderos motivos del homicidio aún son materia de investigación, así como la responsabilidad penal final de la mujer, que será determinada por la justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué capturaron a Yurisned Oyola por el homicidio en Ibagué?

Yurisned Oyola fue capturada por las autoridades en el centro de Ibagué luego de ser señalada como presunta responsable de una agresión con arma blanca que resultó en la muerte de Eber Feged Martínez. La captura se produjo en flagrancia y la mujer fue encontrada en posesión de una navaja. La acusación por homicidio y su destino judicial serán definidos en las siguientes etapas del proceso, según los datos de la Policía Metropolitana de Ibagué.

¿Qué se sabe sobre la relación entre la víctima y la presunta agresora en Ibagué?

Según la Policía Metropolitana de Ibagué, existe la hipótesis de que Eber Feged Martínez y Yurisned Oyola mantenían una relación sentimental. Uno de los posibles motivos de la discusión que desencadenó el ataque estaría relacionado con la presencia de una nueva pareja. Sin embargo, las circunstancias exactas siguen siendo materia de investigación.

El ente fiscal ha logrado hasta la fecha la detención formal de dos personas implicadas en el hecho contra el exalcalde de Yopal, registrándose además en el expediente videollamadas desde recintos carcelarios y múltiples alias.

La investigación penal cobró impulso decisivo luego de conocerse la declaración libre presentada ante la Fiscalía General de la Nación por el menor de 17 años que disparó contra el exmandatario el pasado 29 de septiembre. Así la replicó El Tiempo.

En la fecha señalada, Torres compartía amistosamente con varios allegados dentro del predio rural La Selvita, espacio donde preparaban chorizos al momento de la sorpresiva incursión armada.

La versión del joven sicario, que aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, da cuenta de la ruta que él siguió para cometer el crimen.

El sicario inició su desplazamiento geográfico saliendo desde la región del Eje Cafetero con rumbo hacia los Llanos Orientales, haciendo escalas intermedias estratégicas en la capital Bogotá y posteriormente en Tunja.

El dossier judicial documenta comunicaciones telefónicas originadas desde centros penitenciarios, así como la conformación de una red orientada al tráfico de estupefacientes por parte del menor y su cómplice.

En esta estructura participaba activamente Eduard Daniel Martínez Pinzón, alias ‘Llanero’, identificado como el segundo sospechoso capturado por este homicidio que conmocionó profundamente a los habitantes de Yopal.

Entre las revelaciones de lo dicho por el menor está que la “vuelta” para matar a John ‘Calzones’ se pactó en 30 millones de pesos: 10 millones los iba a recibir él, otros 10 iban para alias Llanero y el resto se lo quedaría un hombre preso en la cárcel de Duitama, quien también orquestó el asesinato.

Pese al trato económico concertado, a las billeteras digitales del menor y de su acompañante solo les depositaron la suma de 400.000 pesos en la plataforma Nequi para costear traslados en Casanare.

El autor material relató a las autoridades que permanecía en el municipio de Riosucio, Caldas, cuando un pariente privado de la libertad en el centro carcelario de Cómbita le ordenó viajar a Tunja a montar un expendio de drogas.

Con el dinero enviado para los pasajes, arribó primero a Bogotá, donde un sujeto apodado ‘Sicario’ le transmitió las coordenadas necesarias para coordinar sus desplazamientos dentro del perímetro urbano capitalino.

El procesado pernoctó en la localidad de Suba Rincón antes de trasladarse hacia Tunja para instalarse temporalmente en el barrio Cojines del Zaque.

En el transcurso de las actuaciones hizo aparición el alias ‘Mara’, sujeto que contactó el 15 de septiembre a ‘Llanero’ con el propósito de enviar a la dupla hacia Villanueva para recolectar armamento.

‘Mara’ les hizo una videollamada para decirles que había una “vuelta” para “cascar” a un “man” en Yopal, por la que estaban pagando 30 millones.

Para cometer el atentado, los delincuentes consiguieron un vehículo en Paz de Ariporo, lugar donde ‘Llanero’ habría ultimado al campesino Bernabé Jiménez el 28 de septiembre para despojarlo de su motocicleta.

La noche previa al ataque, los agresores pernoctaron en Morichal, sitio donde una mujer apodada ‘La Hembra’ les ratificó las indicaciones de ubicación para consumar la agresión al día siguiente.

Al llegar en la mañana al predio La Selvita, el menor conversó inicialmente con la víctima sobre vehículos, recibiendo como respuesta de Torres la sugerencia de consultar las redes sociales.

Ante la presencia de numerosos testigos, ‘Llanero’ insistió en ejecutar la acción planificada, aproximándose al exalcalde para entablar diálogo mientras el menor disparaba su arma de fuego contra la humanidad del líder.

Durante la huida posterior, la motocicleta volcó en la carretera, obligando a los atacantes a correr en rumbos opuestos, escenario donde las autoridades lograron interceptar y capturar al menor infractor.

La fiscal seccional Erika Alejandra Figueroa encabeza las diligencias del caso, sumando a las pruebas técnicas las declaraciones presenciales brindadas por un hombre y una mujer que presenciaron los hechos.

Posteriormente, efectivos policiales arrestaron a ‘Llanero’ en el barrio Los Lanceros de Tunja durante un operativo donde incautaron sustancias alucinógenas y detuvieron a una mujer en condición de flagrancia.

La fiscal Figueroa imputó formalmente al detenido por homicidio agravado, cargo que no fue aceptado, disponiéndose su reclusión preventiva en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en los juzgados.

El homicidio ocurrió el viernes 16 de octubre y motivó el rechazo de la Administración municipal, que anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables. La Policía Metropolitana de Soacha desplegó equipos de investigación e inteligencia para esclarecer el caso.

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Además de su labor como expresidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Villa Sandra, Ramírez Molina defendía un terreno ubicado en el sector de Villa Sofía, que, según la información suministrada, pretendía convertir en un parque ecológico y una reserva forestal.

De acuerdo con denuncias de la comunidad, la lideresa habría recibido amenazas para que abandonara el predio. Los vecinos también señalaron que el lugar sufrió un incendio días antes del homicidio, el cual presuntamente habría sido provocado.

Caracol Radio reportó que, según testimonios de la comunidad, la mujer habría sido objeto de amenazas e intimidaciones y que días antes del crimen se habría presentado un incendio en un predio de su propiedad. Sin embargo, las circunstancias de estos hechos y su posible relación con el asesinato deben ser establecidas por las autoridades.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que el homicidio esté relacionado con su defensa del terreno o con su actividad como lideresa social. Esa es una de las líneas que deberán esclarecer las investigaciones.

 

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Tras conocerse el asesinato, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, rechazó el crimen y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que contribuya a identificar y capturar a los responsables.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Soacha dispuso un equipo investigativo para recopilar información y establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Las autoridades buscan determinar quiénes participaron en el homicidio y cuáles fueron los motivos. Por ahora, no se han divulgado resultados concluyentes sobre el móvil del crimen.

Durante años, Lucero Ramírez trabajó por el bienestar de los habitantes de Villa Sandra y otros sectores de Altos de Cazucá. Entre sus gestiones estaban la búsqueda de mejores condiciones de vivienda, el acceso a servicios públicos, el mejoramiento de las vías y el acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad.

Su labor también incluyó iniciativas de educación ambiental y apoyo a personas que necesitaban ayuda para conseguir alimentos o medicamentos, según información publicada por El Espectador a partir de datos entregados por la Alcaldía de Soacha.

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Ahora, tras su muerte, habitantes del sector piden justicia y que se proteja el terreno que ella defendía, con la esperanza de que pueda convertirse en el parque ecológico que proyectaba y que el espacio sea recordado como parte de su legado.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad espera que se esclarezcan las circunstancias del homicidio y se determine si existió alguna relación entre las amenazas denunciadas y el ataque que acabó con la vida de la lideresa.

Los presidentes del Senado, Honorio Henríquez, representante del partido Centro Democrático, y de la Cámara, Nicolás Barguil, del Partido Conservador, han dejado claro que intentarán acelerar la discusión y aprobación del presupuesto en las plenarias de cada corporación. El texto ya superó el filtro de las comisiones correspondientes, por lo que solo resta la votación definitiva en los próximos dos días. De no lograrse un acuerdo antes de finalizar el 20 de octubre, la responsabilidad de expedir el presupuesto recaerá directamente en la Casa de Nariño, sede del ejecutivo nacional, según lo estipulan los procedimientos legislativos.

Fuentes del Ejecutivo han señalado que la posibilidad de que el presupuesto sea aprobado por decreto no incomoda totalmente en Palacio. Esta vía permitiría al gobierno asignar partidas presupuestales bajo su propio enfoque y evitar así las modificaciones surgidas del debate parlamentario, que muchas veces conduce a ajustes y concesiones. Sin embargo, existe incertidumbre en algunos despachos oficiales respecto a qué versión del presupuesto tendría mayor respaldo jurídico en tal escenario. Esta inquietud revela tensiones sobre la legitimidad y las implicaciones legales del proceso.

No es la única decisión clave que se tomará en estos días: el Ejecutivo también debe definir las iniciativas oficiales que aún no han sido presentadas para discusión en el Capitolio. La gestión de la agenda legislativa y la proyección de los recursos del Estado se entrelazan en un momento de máxima relevancia política. Todas estas discusiones se dan en medio de estrategias específicas del presidente De la Espriella, quien recientemente ha evidenciado diferencias internas en sindicatos, según información adicional proporcionada por este medio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se sabrá si el Presupuesto General 2027 se aprueba por el Congreso o por decreto?

La decisión sobre si el Presupuesto General de 2027 será aprobado en el Congreso o expedido por decreto se tomará al finalizar el 20 de octubre. Esto depende de si los debates finales prosperan en las plenarias del Senado y la Cámara en el plazo mencionado, de acuerdo con las fuentes oficiales consultadas.

¿Qué significa "expedir el presupuesto por decreto" en Colombia?

Expedir el presupuesto por decreto implica que la Casa de Nariño, es decir, el Ejecutivo, asume la facultad de aprobar el Presupuesto General directamente, sin necesidad de la aprobación del Congreso. Esto ocurre si el trámite legislativo no culmina a tiempo y permite que el Gobierno defina las partidas presupuestales conforme a su propia visión.

La reaparición mediática de la exmandataria, materializada a través de una extensa entrevista concedida a Noticias RCN, no se habría producido desde el exterior ni desde una locación clandestina, sino desde la comodidad de su domicilio habitual. Concretamente, las indagaciones adelantadas permitieron establecer que la conversación periodística se llevó a cabo en la mañana del pasado sábado 17 de octubre en su casa ubicada en el sector de Santa Ana, en el municipio de Chía, Cundinamarca, a escasos minutos del norte de Bogotá.

Este enclave residencial en la sabana bogotana se mantendría como el punto central desde el cual Alcocer y su equipo jurídico estructurarían la estrategia de defensa frente a los frentes procesales abiertos por presunto interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y los cuestionados manejos burocráticos que salpican al entorno del anterior Ejecutivo. La elección de esta locación para romper el silencio mediático buscaría despejar las especulaciones sobre un exilio anticipado o una huida precipitada ante el escrutinio de los órganos de control.

¿A qué iba a las cárceles? ¿Por qué Eva Ferrer la traicionó? ¿Qué piensa hoy de Petro? ¿Por qué la obsesión de darle ciudadanía exprés a los catalanes? ¿En qué va su caso con la lista OFAC?

Desde su casa en Santa Ana de Chía, Verónica Alcocer responde. Hoy 7pm en @NoticiasRCN https://t.co/hrspkLuWnt

— José Manuel Acevedo (@JoseMAcevedo) October 18, 2026

Analistas del acontecer político advierten que la permanencia de la exprimera dama en su residencia de Chía no la eximiría del riguroso escrutinio probatorio que adelantan los investigadores nacionales e internacionales, quienes continúan analizando los flujos financieros y las redes de influencia destapadas en los últimos meses. Si bien la defensa jurídica ha insistido en que cada uno de su movimientos se ajustaría a la legalidad, el ente acusador mantendría abiertos los frentes de indagación para determinar si existieron responsabilidades individuales en las irregularidades denunciadas.

Mientras se agendan las próximas diligencias virtuales ante los estrados judiciales y se evalúan las repercusiones de los testimonios clave que comprometen a excolaboradores del gobierno saliente, la exprimera dama permanecería atenta a los requerimientos formales desde su propiedad sabanera. Por su parte, la ciudadanía y los veedores económicos se mantendrán a la expectativa de si las autoridades competentes adoptarán medidas adicionales o si el proceso continuará su curso con Alcocer respondiendo desde el territorio nacional, cerrando por el momento la puerta a las teorías sobre una salida internacional.

Entre los datos más impactantes ventilados por Tarazona se encuentra una nueva línea que vincularía a un descendiente del exjefe guerrillero con la coordinación material de los hechos. Al respecto, la entrevistada indicó: “Resulta que en Vaupés o en Guainía, no estoy segura, pero en uno de estos dos lugares, hay una mina ilegal que está a cargo de un personaje que se llama Enrique Marulanda. Enrique Marulanda es el hijo de crianza de Sandra Ramírez, la excongresista, y es hijo biológico de alias Tirofijo. Él es el encargado de custodiar y gerenciar esa mina ilegal. Que le pertenece a ‘John 40’, que hace parte de la ‘Segunda Marquetalia’”. Según su testimonio, la información recibida sugeriría que dicho personaje habría participado en la orden operativa del atentado.

Ante la pregunta de si la nueva evidencia modificaría las hipótesis sobre los autores intelectuales, Tarazona enfatizó que la estructura de la ‘Segunda Marquetalia’ habría actuado como el vehículo ejecutor, destacando además la presunta injerencia de dineros ilícitos provenientes de fuentes externas. Sobre este punto, la entrevistada señaló: “La Fiscalía recibió a finales de la semana pasada esta información, me la enviaron, la leí y, evidentemente, cuando a mí me dicen que la orden salió del Congreso y me están diciendo que el hijo de ‘Tirofijo’ es hijo de crianza de Sandra Ramírez, quien hizo parte del Congreso como senadora, pues me parece que este rompecabezas empieza a tomar una forma distinta”.

Asimismo, la pareja del fallecido dirigente político apuntó contra el contexto político y electoral que antecedió al crimen, sugiriendo que la eliminación de Uribe Turbay habría obedecido a intereses de sectores que buscaban apartarlo de la contienda democrática. Pese a la complejidad del entramado y a los cruces de señalamientos con distintos actores institucionales, la defensa y el círculo cercano de la familia reiteraron su confianza en que la colaboración internacional y las indagaciones técnicas en curso terminen por desmontar la impunidad en torno al caso.