El director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, William Rozo, explicó que, aunque El Niño suele asociarse con reducción de lluvias, no excluye episodios intensos que puedan desencadenar emergencias. De acuerdo con Ideam, aunque las acumulaciones de lluvia se proyectan por debajo de los promedios históricos, el periodo de fin de año trae condiciones propicias para precipitaciones fuertes en varias zonas del país.

En la vereda Barital, en Medina, el represamiento de una quebrada provocó una avenida torrencial que afectó una vivienda, obligando al traslado de una familia de tres personas —una de ellas con discapacidad— hacia el casco urbano, con apoyo del Cuerpo de Bomberos y familiares. En la vereda Chiapas, también de Medina, un deslizamiento de tierra generó riesgo para cinco familias y perjudicó la movilidad, según el reporte preliminar, requiriendo intervención con maquinaria amarilla. En Madrid, varias zonas sufrieron inundaciones e intervenciones de la Alcaldía, Bomberos y Defensa Civil, aunque al cierre del informe no se tenía una cifra consolidada de las familias afectadas ni el total de los daños.

Venecia enfrentó caída de material sobre las vías por lluvias, aunque los pasos hacia San Antonio, Pandi y Cabrera fueron habilitados presto, mientras persistía la vigilancia sobre la quebrada La Chorrera por aumento de caudal. La vía Sibaté–Fusagasugá fue cerrada el 13 de octubre luego de un deslizamiento a 400 metros del peaje San Miguel, sin afectar a personas o vehículos gracias a la acción rápida de los Bomberos Voluntarios de Fusagasugá. Actualmente, el paso es controlado y continúan los trabajos de remoción del material, indicó el gobernador Jorge Emilio Rey, quien recomendó precaución a los conductores y evitar las cercanías de ríos o quebradas tras lluvias intensas. Las autoridades insisten en mantener canales de comunicación abiertos y la identificación de puntos críticos mientras avanzan las evaluaciones de daños.

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¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta las lluvias en Cundinamarca?

El fenómeno de El Niño es una variación climática caracterizada por el aumento de la temperatura superficial del mar en el océano Pacífico, lo que modifica los patrones de lluvia en diferentes regiones. En Cundinamarca, según la información del Ideam, El Niño suele disminuir las precipitaciones, aunque no descarta la ocurrencia de lluvias intensas que pueden provocar emergencias como inundaciones o deslizamientos.

¿Cuáles han sido los municipios más afectados por las lluvias en Cundinamarca recientemente?

De acuerdo con el balance oficial citado, los municipios de Medina, Madrid, Fusagasugá, Subachoque, El Rosal, Tocaima, Cajicá y Gachancipá han registrado emergencias por lluvias, como inundaciones, vendavales y deslizamientos entre el 1 y el 13 de octubre, siendo Medina y Madrid dos de los más afectados en incidentes recientes.

En esta novena edición, la feria reunirá a más de 100 emprendimientos de distintos sectores productivos, desde gastronomía artesanal hasta velas y otros artículos elaborados por caleños. El horario del evento irá de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., brindando una vitrina variada para que los visitantes puedan descubrir productos y servicios innovadores. Tal como explicó Claudia Pérez, organizadora de la iniciativa, este proyecto surgió no solo con el propósito de dinamizar la economía informal, sino también para promover la protección del medio ambiente y el cuidado del parque Senderos, en articulación con más de 500 empresarios y emprendedores de la comuna 2 y de otras zonas de Cali.

La cita en el parque Senderos estará marcada no solo por la actividad comercial, sino también por un componente espiritual que busca fortalecer el ánimo colectivo. La jornada empezará con una eucaristía presidida por el sacerdote Joaquín Gómez, párroco del barrio La Flora y director del Banco de Alimentos de Cali, quien dedicará esta misa a la fe y la esperanza tras los recientes desafíos que ha vivido la ciudad, siempre de acuerdo con la fuente mencionada.

De la mano de la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, se pretende incentivar la asistencia al evento y resaltar la importancia de estos espacios como motor para la generación de ingresos y la recuperación social. Figuras como Ayaini Ayala, cocinera ancestral del Pacífico, destacan que la feria ha significado una oportunidad para mostrar su trabajo y conectar con nuevos clientes, convirtiendo cada emprendimiento en una apuesta por la esperanza y la resiliencia de la comunidad. Los organizadores invitan a las familias a sumarse y a respaldar el comercio local.

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¿Cuáles son los horarios y la ubicación de la feria de emprendedores al parque en Cali?

La feria Emprendedores al Parque se llevará a cabo el domingo 18 de octubre en el parque Senderos, localizado en la avenida 4BN con calle 58, al norte de Cali. El evento estará abierto al público desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., permitiendo a los visitantes acceder durante toda la jornada a las propuestas de emprendimiento local.

¿Qué actividades y productos se pueden encontrar en la feria Emprendedores al Parque de Cali?

En la feria participarán más de 100 emprendimientos con una oferta que incluye gastronomía, velas y artículos elaborados por los emprendedores caleños. Además de la venta de productos, la jornada iniciará con una eucaristía dedicada a la fe y la esperanza, reforzando el propósito de recuperación y apoyo mutuo entre los asistentes.

De acuerdo con información reportada por El Nuevo Día, los hechos ocurrieron cuando dos hombres, quienes llegaron al establecimiento en motocicleta, dispararon directamente contra Sánchez, cuyo deceso fue confirmado en el mismo lugar tras el ataque. Este acto ha generado inquietud entre los habitantes, dada la forma en la que se perpetró y la fuga de los responsables, pues hasta el momento no se conocen datos oficiales sobre la identidad de los agresores ni los móviles que los habrían llevado a cometer este crimen.

Las autoridades locales trabajan intensamente para esclarecer el homicidio y dar con los responsables. Sin embargo, según el reporte preliminar recogido por El Nuevo Día, hasta ahora no existen versiones oficiales que aporten detalles adicionales sobre la identidad de los atacantes o si han sido identificados por las fuerzas de seguridad. Este hermetismo responde a la fase inicial de las investigaciones, en la que se buscan pruebas que permitan esclarecer el crimen y entender el trasfondo de este acto violento.

Mientras avanza el proceso investigativo, los habitantes de Honda exigen resultados que permitan recuperar la seguridad en la zona y evitar que hechos similares se repitan. La recolección de información y las labores judiciarias serán determinantes, pues como lo señala El Nuevo Día, aún persisten múltiples interrogantes sobre las circunstancias del asesinato y el motivo que llevó a los agresores a atentar contra ‘Chiva’.

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¿Qué se sabe hasta ahora sobre el asesinato de Jhon Sánchez, alias ‘Chiva’, en Honda?

Según la información suministrada por El Nuevo Día, hasta el momento se conoce que la víctima fue atacada dentro de un taller cercano a la terminal de transportes de Honda. Dos hombres en motocicleta realizaron los disparos y huyeron del sitio. Aún no han sido identificados los responsables ni se ha establecido el móvil, ya que las autoridades se encuentran en proceso de investigación.

¿Cuáles son los retos para esclarecer el homicidio y evitar impunidad en casos como este en Honda, Tolima?

El principal reto identificado por El Nuevo Día es el avance de la investigación ante la escasa información disponible al momento. Las autoridades deben trabajar en la recolección de pruebas, testimonios y material que permita no solo identificar a los autores materiales, sino también determinar las causas del homicidio. La pronta esclarecimiento del caso es crucial para evitar la sensación de impunidad entre la comunidad.

Este control de movilidad se estableció en la ciudad desde el primero de julio y estará en marcha durante todo el segundo semestre del año. El esquema consiste en una rotación diaria de los dígitos entre lunes y viernes, de modo que cada día de la semana corresponde a un par distinto de números de placa, lo que exige atención permanente por parte de los conductores. En su comunicación oficial publicada el 26 de junio de 2026, la Secretaría de Movilidad de Cali enfatizó que entre el 1 y el 3 de julio se llevó a cabo una etapa pedagógica para que los conductores se familiarizaran con la medida, y que desde el 6 de julio comenzaron a imponerse los comparendos.

El cumplimiento de esta restricción es fundamental para evitar sanciones. Según la normativa, quienes circulen durante las horas restringidas exponiéndose a la infracción pueden recibir una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), además del riesgo de inmovilización del vehículo por parte de las autoridades. Es importante recalcar que la medida aplica únicamente sobre los vehículos de servicio particular, por lo que no todos los automotores están sujetos a la normativa.

Existen excepciones claras dentro de la regulación. Motocicletas, vehículos eléctricos e híbridos debidamente parametrizados, así como vehículos de carga cuya capacidad sea igual o superior a cinco toneladas y aquellos destinados a servicios especiales, se encuentran exentos de la medida. También aplica la excepción a vehículos oficiales, diplomáticos, consulares, de emergencia y aquellos destinados al transporte de personas con movilidad reducida, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos. Por esto, se recomienda a los ciudadanos verificar si su vehículo se encuentra dentro de los mencionados grupos antes de planear su desplazamiento.

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¿Cuál es el horario del pico y placa en Cali para el jueves 15 de octubre?

Según la Secretaría de Movilidad de Cali, el pico y placa para este jueves 15 de octubre afecta a los vehículos cuyas placas terminan en 5 y 6. La restricción está vigente desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, sin interrupciones a lo largo del día, en todo el perímetro urbano de la ciudad.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en Cali?

La normativa señala que las motocicletas, los vehículos eléctricos e híbridos correctamente registrados, vehículos de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas, vehículos oficiales, diplomáticos, consulares, de emergencia y aquellos que transportan personas con movilidad reducida pueden circular sin restricción, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

En las imágenes se puede observar al helicóptero desplazándose a una altura considerablemente baja, lo cual resalta aún más la escena y agrava la intriga de quienes presenciaron el momento. Normalmente, los vuelos de helicópteros en áreas urbanas suelen estar justificados por operaciones oficiales, tareas de vigilancia, atención de emergencias o ejercicio privados claramente identificados. Sin embargo, en este caso, la falta de información oficial amplifica la incertidumbre en la opinión pública local.

De acuerdo con lo reportado hasta el momento, las autoridades no han precisado a qué entidad, empresa privada o propietario particular corresponde el helicóptero. Tampoco se ha dado a conocer si la aeronave respondía a una operación programada, una emergencia, actividades de seguridad o eventos particulares. Según el registro visual y los testimonios recogidos, es evidente el desconcierto entre quienes fueron testigos, pues no existió ningún anuncio previo ni posterior que esclareciera la naturaleza del vuelo o los motivos detrás de su ruta por el centro de Ibagué.

En este contexto, la expectativa persiste y las preguntas sobre el sobrevuelo permanecen sin respuesta. Los ciudadanos de Ibagué aguardan información que permita identificar al responsable del helicóptero y comprender las razones que justificaron su desplazamiento inusualmente bajo en un sector tan concurrido. Mientras tanto, el video continúa circulando y alimentando la conversación en distintos espacios. Como señala la información más reciente, esta es una noticia en desarrollo y se espera que en los próximos días se aclaren tanto la identidad del helicóptero como los motivos de su paso por la ciudad.

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¿De quién era el helicóptero que sobrevoló el centro de Ibagué?

Hasta ahora, no se ha confirmado a quién pertenece la aeronave ni se han especificado los motivos del vuelo. De acuerdo con lo reportado, las autoridades todavía no han divulgado detalles sobre el propietario o la entidad responsable del helicóptero. La comunidad sigue esperando declaraciones oficiales que permitan esclarecer la situación.

¿Por qué un helicóptero volaba tan bajo en Ibagué?

La razón detrás del vuelo a baja altura sobre el centro de Ibagué aún no se ha esclarecido. Las imágenes suscitaron preguntas entre los habitantes, pero hasta el momento no se ha informado si se trató de una operación oficial, un vuelo privado o cualquier otra circunstancia especial. La incertidumbre continúa y se espera pronunciamiento de las autoridades.

Según lo detallado en la entrevista, Pineda explicó que todas las donaciones recolectadas durante la campaña 'Colombia, un solo corazón' se encuentran resguardadas en las cuentas oficiales de la fundación. Recalcó que, siguiendo la iniciativa propia y la decisión unánime de la junta directiva, esos recursos no serán utilizados hasta que se inicie la segunda fase del proyecto, la cual está destinada a la reconstrucción de viviendas para las familias que lo perdieron todo a causa del sismo. Destacó que la reconstrucción debe hacerse de manera responsable y no se trata únicamente de regresar una vivienda al sitio donde estuvo la anterior, por lo que la fundación se encuentra en proceso de planificación antes de emplear los fondos. Anunció además que el jueves 15 de octubre se llevará a cabo una reunión clave sobre el tema y prometió que, a más tardar el viernes 16 de octubre, se publicará la información detallada sobre los recursos en el sitio web de la organización, permitiendo así la consulta ciudadana.

Pese al compromiso expresado, hasta el momento la fundación no ha presentado un balance oficial con el total recaudado; sin embargo, sí emitió un comunicado confirmando su pertenencia al Régimen Tributario Especial, conocido como RTE, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Este régimen otorga la posibilidad de recibir donaciones cumpliendo la normativa nacional. Así, la fundación reafirmó su apego a la legalidad y transparencia. Por su lado, la DIAN ratificó que la entidad cuenta con un Registro Único Tributario (RUT) vigente y recalcó que, al pertenecer al régimen especial, puede otorgar a los donantes certificados para beneficios tributarios, los cuales están condicionados por la ley colombiana vigente.

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¿Qué dice la DIAN sobre las donaciones a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas?

De acuerdo con la información citada, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) indicó que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas está registrada en el Régimen Tributario Especial y posee Registro Único Tributario vigente, lo que le permite recibir donaciones legalmente en Colombia. Además, la DIAN explicó que las organizaciones en este régimen pueden emitir certificados para los donantes, quienes acceden a determinados beneficios tributarios bajo las condiciones que exige la normativa.

¿Cuándo publicará la Fundación Colombia Luz y Sonrisas el informe de donaciones del terremoto?

Según anunció Ana Lucía Pineda en el programa del canal Telecaribe, la información sobre la gestión de donaciones y el uso de los recursos estará disponible en el sitio web oficial de la organización a más tardar el viernes 16 de octubre, tras una reunión prevista para el 15 de octubre. Así, los ciudadanos podrán consultar detalles sobre el manejo financiero relacionado con la campaña para los damnificados del terremoto.

El rector, Luis Guillermo Ramírez López, ha solicitado que se priorice, por parte de las autoridades, una evaluación técnica de las instalaciones. Según las cifras oficiales de la Secretaría de Educación, de las 338 sedes educativas existentes en Cali, 246 presentaron daños luego del sismo. De ese total, 180 tuvieron afectaciones leves, 64 moderadas y 8 graves, por lo que estas últimas permanecen cerradas. Aunque el 24 de agosto la presencialidad se reanudó para la mayor parte del sistema educativo –el 95 % de los estudiantes regresó a clases–, el caso del colegio Antonio José Camacho sigue sin una solución definitiva.

En medio de la emergencia, la institución apoyó la alternancia en otras de sus sedes: Marco Fidel Suárez, República del Perú y Olga Lucía Lloreda. Esta medida busca mantener la continuidad académica, aunque familias y estudiantes se enfrentan a nuevas dificultades. Algunas familias no cuentan con acceso a dispositivos tecnológicos ni a conexión a internet, lo que limita el aprovechamiento de clases virtuales. Además, existe incertidumbre sobre el futuro del plantel principal, lo que ha llevado a algunos padres a contemplar el traslado de sus hijos a otros colegios, una decisión que no todos pueden tomar fácilmente y que podría llevar a la deserción escolar de quienes no logren una alternativa.

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, la comunidad educativa insiste en que solo un diagnóstico técnico especializado podrá definir el estado real de la infraestructura y orientar las reparaciones que se requieren antes de reabrir la sede principal. Mientras tanto, la expectativa y la preocupación se mantienen entre docentes, estudiantes y padres, quienes aguardan una respuesta concreta de la Alcaldía de Cali y de la Secretaría de Educación sobre el retorno seguro a clases presenciales en el lugar.

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¿Cuáles son los daños en la Institución Educativa Técnico Industrial Antonio José Camacho tras el terremoto?

La sede principal de la institución presenta grietas y afectaciones en su infraestructura a raíz del terremoto ocurrido el 10 de agosto. Estos daños son lo suficientemente serios como para haber obligado la suspensión de clases presenciales, mientras se espera una evaluación técnica que determine las reparaciones necesarias. Las afectaciones han impactado gravemente la operación regular de la institución, según datos compartidos por la Secretaría de Educación y Noticiero 90 Minutos.

¿Qué opciones tienen los estudiantes de Antonio José Camacho mientras se repara la sede principal?

Actualmente, la institución desarrolla clases bajo el modelo de alternancia en otras sedes como Marco Fidel Suárez, República del Perú y Olga Lucía Lloreda. Sin embargo, las condiciones de conectividad y acceso a dispositivos siguen siendo un reto para muchas familias. Algunos padres consideran trasladar a sus hijos a otros colegios, aunque no todos pueden hacerlo fácilmente, lo que podría afectar la continuidad educativa de algunos estudiantes.

Uno de los relatos recogidos señala un caso particular que llamó la atención de los asistentes. Según este testimonio, una de las manifestantes se encontraba tomando fotografías cuando ocurrió un incidente con una motocicleta de la Policía. Justo después, “varios uniformados la sujetaron del cuello y se la llevaron”, narró la persona que presenció el hecho. El testimonio añade que, inicialmente, se logró mantener la comunicación con la mujer retenida; sin embargo, poco después se perdió el contacto, aparentemente porque los uniformados “le quitaron el celular”. Esta pérdida de comunicación generó preocupación entre quienes la conocían y mantenían comunicación constante, dejando en el aire preguntas sobre el paradero y el trato recibido durante la detención.

En medio de los procedimientos policiales y la marcada tensión, otros manifestantes intentaron oponerse a que los uniformados se llevaran a los detenidos. Las personas en el lugar buscaban impedir los traslados y obtener información clara sobre la situación legal y física de sus compañeros retenidos. La reacción de la multitud ocurrió mientras continuaban los disturbios, con el ambiente cada vez más caldeado debido a la falta de datos concretos sobre los procesos que adelantaba la Policía.

Según lo reportado, hasta ahora se reconoce que varias personas han sido detenidas en el marco de estas protestas en Ibagué. Sin embargo, permanece sin confirmación oficial la cantidad exacta de personas afectadas, sus identidades y los motivos precisos detrás de cada procedimiento. De igual manera, no se ha logrado establecer si quienes fueron detenidos permanecen en la Gobernación del Tolima o si posteriormente fueron llevados a otra dependencia policial o judicial, información que sigue pendiente de actualización.

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¿Cuántas personas fueron detenidas durante las protestas en Ibagué?

Hasta el momento, no existe una cifra oficial sobre el número total de personas detenidas durante las jornadas de protesta en Ibagué. Los reportes conocidos solo confirman que varias personas fueron llevadas a las instalaciones de la Gobernación del Tolima, sin que se haya divulgado información exacta sobre la cantidad ni las identidades de quienes permanecen privados de la libertad.

¿Por qué preocupa la falta de información sobre los detenidos en Ibagué?

La preocupación radica en la ausencia de datos claros acerca del estado y el paradero de los detenidos, lo que incrementa la angustia entre familiares, amigos y manifestantes. La falta de comunicación, sumada a testimonios sobre posibles incidentes durante las detenciones, refuerza el temor de vulneraciones en los derechos de quienes participaron en la movilización.

De acuerdo con el medio citado, Feria Buitrago fue notificado hace 24 horas de la decisión que pone fin a su permanencia en la Policía. El dato se conoce mientras su nombre continúa relacionado con el escándalo que rodeó las pruebas de polígrafo a Meza.

Noticia en desarrollo…

Según lo informado, las confrontaciones se intensificaron luego de la marcha convocada en la ciudad. En medio de la protesta, se produjo la intervención de la fuerza pública, que empleó gases lacrimógenos con el propósito de dispersar a los manifestantes. Por otra parte, también se reportó el lanzamiento de papas bomba, lo que agravó la sensación de inseguridad y provocó preocupación generalizada entre quienes transitaban por el sector en ese momento. De acuerdo con la información disponible, estas acciones generaron un ambiente tenso y obligaron a muchos ciudadanos a buscar rutas alternas.

La atención de las autoridades estuvo centrada en la actuación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), que es el nuevo nombre del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Este grupo de la Policía Nacional intervino con el fin de controlar las alteraciones del orden público, en un contexto donde todavía no se tienen datos oficiales respecto a personas lesionadas o a otras afectaciones derivadas de los enfrentamientos. Se espera un pronunciamiento oficial para esclarecer las causas que originaron estos disturbios y dar un parte claro sobre el balance de los incidentes.

Ante la situación, a la ciudadanía se le recomendó transitar con precaución por los alrededores de la Gobernación del Tolima. Las indicaciones sugieren tomar rutas alternas siempre que sea posible, hasta que las autoridades logren normalizar la situación y se recupere la calma en el sector. Los hechos continúan en desarrollo y se aguardaba un informe detallado de las autoridades sobre las consecuencias y el balance final de esta jornada de movilización social en Ibagué.

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¿Qué causó los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional en Ibagué?

Los enfrentamientos comenzaron tras una marcha social en el centro de Ibagué, especialmente en los alrededores de la Gobernación del Tolima. Según los reportes, los hechos se desencadenaron cuando intervino la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocida como Esmad, con el objetivo de controlar las alteraciones del orden público.

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades para quienes estaban en el centro de Ibagué durante los disturbios?

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía transitar con precaución por el centro de Ibagué, particularmente en las inmediaciones de la Gobernación del Tolima, y en la medida de lo posible optar por rutas alternas hasta que la situación se normalizara y disminuyeran los enfrentamientos.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por El Espectador, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha señalado la necesidad de redistribuir parte de los recursos asignados a estas entidades en favor de otras instituciones del Estado. A pesar de ello, desde la administración aseguran que este reacomodo no representa una desfinanciación de los organismos encargados de cumplir el Acuerdo de Paz. Sin embargo, la propuesta implica recortes importantes: el presupuesto general de 2027, proyectado en COP 634,9 billones, prevé una reducción de COP 170.000 millones para la JEP y de alrededor de COP 16.000 millones para la UBPD.

Santos, en una visita a las instalaciones de la UBPD en Bogotá, enfatizó la importancia de continuar el trabajo de esa entidad, resaltando que en la última década se han recuperado al menos 6.000 cuerpos de personas desaparecidas, se han identificado plenamente unos 800, y se ha hallado con vida a más de 640 personas que antes se consideraban desaparecidas por motivos relacionados con el conflicto armado. El exmandatario remarcó ante los funcionarios de la UBPD que "hacen una labor de reparación invaluable", pidiendo al gobierno que considere el impacto de reducir recursos justo cuando, a su juicio, las entidades están mostrando resultados concretos.

A juicio del expresidente, y como reporta El Espectador, cuando finaliza una guerra lo prioritario debe ser la reparación de las víctimas y la reconciliación social. Por ello, insistió en la importancia de no debilitar financieramente a la UBPD, advirtiendo que sin los recursos adecuados sería imposible mantener la continuidad de un trabajo considerado fundamental para la justicia y la memoria histórica en Colombia. La aprobación del presupuesto se discute actualmente en el Congreso y tiene plazo hasta el 20 de octubre; de no lograrse, el Ejecutivo podría implementarlo mediante decreto.

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¿Qué impacto tendría el recorte presupuestal en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas?

El recorte de COP 16.000 millones planteado para la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas podría afectar de manera significativa las labores de recuperación, identificación y localización de personas desaparecidas durante el conflicto armado, según las advertencias de Juan Manuel Santos. El expresidente señala que esta tarea contribuye directa y valiosamente a la reparación de las víctimas y a la reconciliación en el país.

¿Cuáles han sido los principales logros de la UBPD tras el Acuerdo de Paz?

Según cifras mencionadas por Juan Manuel Santos y citadas por El Espectador, en los últimos diez años la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha recuperado al menos 6.000 cuerpos, identificado plenamente a unos 800 y encontrado más de 640 personas vivas que habían sido dadas por desaparecidas debido al conflicto armado. Estas cifras reflejan los avances en la tarea de reparación y esclarecimiento de la verdad en Colombia.

Durante el desarrollo de la protesta, agentes de la autoridad intervinieron desplegando una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), un grupo especializado de la Policía Nacional de Colombia para el control de disturbios y manifestaciones públicas. Testigos observaron, además, el uso de gases lacrimógenos como parte del intento por dispersar a los manifestantes e intentar normalizar el flujo habitual en esta zona céntrica de Ibagué. La utilización de estos métodos represivos impactó de manera significativa el curso previsto de la jornada de protesta y alteró la tranquilidad de los asistentes y transeúntes del sector.

Según información preliminar, en medio de la intervención policial se habrían producido varias capturas de manifestantes. Sin embargo, hasta el momento no existe claridad sobre la cifra oficial de personas detenidas, así como las circunstancias específicas de cada captura. De igual manera, no se ha informado con precisión si hubo heridos durante los disturbios, manteniendo la comunidad a la expectativa de datos confirmados por las autoridades.

La movilización hace parte de una jornada nacional de protestas convocada por organizaciones sindicales, docentes, estudiantes y otros sectores sociales. El objetivo de esta convocatoria era expresar el rechazo colectivo a ciertas decisiones tomadas por el Gobierno nacional, tal como lo señalaron los organizadores citados en los reportes. En Ibagué, los manifestantes iniciaron sus actividades desde la mañana y se desplazaron por la carrera Quinta hasta el parque Manuel Murillo Toro. Allí planeaban realizar un plantón ante la sede de la Gobernación del Tolima.

Entre las motivaciones de los manifestantes sobresalen la oposición a recortes presupuestales, la defensa de la educación pública, el reclamo por mejores condiciones laborales del magisterio y la exigencia de garantías para el ejercicio de la protesta social. La convocatoria en Ibagué recibió respaldo de varios sectores sindicales y educativos del departamento, quienes anunciaron su presencia y participación en las actividades programadas.

Esta situación, aún en proceso de esclarecimiento, sigue siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades, que se espera entreguen un pronunciamiento oficial con el balance final de los disturbios ocurridos ese miércoles en el parque Murillo Toro.

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¿Cuál fue la causa de los disturbios en la protesta de Ibagué?

La causa directa de los disturbios en la protesta de Ibagué fue la intervención de la fuerza pública, que incluyó la presencia de una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes en el entorno del parque Murillo Toro. Esto alteró la marcha y llevó a una confrontación entre participantes y autoridades, según lo informado en los reportes del evento.

¿Por qué protestaron los ciudadanos en Ibagué el 14 de octubre?

Los ciudadanos de Ibagué protestaron como parte de una jornada nacional que buscaba expresar el rechazo a decisiones del Gobierno nacional. Entre las principales razones de la convocatoria estaban la defensa de la educación pública, el desacuerdo con recortes presupuestales, la exigencia de mejores condiciones laborales para el magisterio y el reclamo de garantías para el derecho a la protesta social. Así lo indicaron los organizadores y participantes que respaldaron la movilización.

De acuerdo con la información inicial consultada a través de El Nuevo Día, el operativo había comenzado con un allanamiento a una residencia en la que se presumía que ‘Chorizo’ se encontraba refugiado. Ante la presencia policial, el hombre habría escapado por el techo, obligando a los agentes a seguir el rastro entre techos y domicilios vecinos, lo que generó una amplia movilización en el sector. Durante las horas que duró el despliegue policial, la comunidad fue testigo del esfuerzo de las autoridades para dar con el paradero del hombre buscado.

Según la policía, alias ‘Chorizo’ es un hombre de aproximadamente 45 años que actualmente enfrenta una investigación por homicidio. Además de este señalamiento principal, también existen versiones sobre su posible vinculación con delitos adicionales, tales como tráfico de estupefacientes y hurto, aunque la información confirmada se concentra en el proceso relacionado con el homicidio. Esta situación lo mantenía como objetivo prioritario de las autoridades locales de Ibagué.

En el desarrollo del procedimiento, la figura de su padre, conocido como alias ‘El Pecoso’, cobró notoriedad. Se informa que permaneció casi tres horas frente a la vivienda mientras se adelantaba el operativo, lo que evidencia la tensión vivida tanto por la familia como por el entorno durante este proceso.

Después de entregarse, alias ‘Chorizo’ fue trasladado a las instalaciones de la policía y se esperaba, de acuerdo con lo reportado, que posteriormente fuera presentado ante la Fiscalía General de la Nación para el avance del proceso judicial correspondiente. El operativo, que inició en las primeras horas del miércoles, dejó en claro la capacidad de respuesta de la policía y la importancia de la coordinación con entidades investigativas como la Sijín en casos de alta peligrosidad.

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¿Por qué era buscado alias ‘Chorizo’ por la Policía de Ibagué?

Alias ‘Chorizo’ era buscado principalmente por estar vinculado a una investigación por homicidio, según información suministrada por la Policía Metropolitana y reportada por El Nuevo Día. Además, existen referencias a posibles conexiones con delitos como tráfico de estupefacientes y hurto, aunque la acusación principal que motiva el procedimiento judicial es el caso de homicidio.

¿Cómo fue el operativo de captura de alias ‘Chorizo’ en el barrio Combeima?

El operativo inició con un allanamiento a una vivienda en el barrio Combeima, donde los uniformados pensaban que se encontraba ‘Chorizo’. Tras escapar supuestamente por el techo, la búsqueda se extendió por casas y tejados cercanos. Finalmente, después de varias horas de rastreo y en presencia de su padre conocido como alias ‘El Pecoso’, ‘Chorizo’ decidió entregarse y fue puesto a disposición de la Sijín para avanzar en el proceso judicial.

De acuerdo con el abogado Daniel Solarte, representante de las víctimas y miembro de la firma Solarte Abogados, el ente acusador notificó a su equipo sobre los avances, enfatizando que aunque el material hallado sugiere una posible conexión de Rojas con el hecho, aún falta determinar con certeza su pertenencia. El hecho resulta relevante para el desarrollo judicial, pues podría reforzar la acusación y agravar la situación procesal del investigado.

Un aspecto que encendió las alarmas se relaciona con la denuncia de que Rojas Lares, desde el centro penitenciario de Cómbita, habría contactado a la hermana de Ana Lucía por teléfono para presionarla e intentar modificar su testimonio. Según Solarte, esta acción fue reportada a la Fiscalía, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), al Ministerio de Justicia y a la Presidencia de la República. Como consecuencia, las autoridades penitenciarias encontraron un teléfono celular presuntamente empleado en estas comunicaciones, iniciaron un proceso disciplinario contra el procesado y evaluaron su traslado a un lugar que garantice la no interferencia en la investigación.

Frente a la gravedad de los hechos imputados, la representación de las víctimas estima que, en caso de una condena, José Rojas Lares podría enfrentar una pena de hasta 60 años de prisión, si se comprueban todas las conductas punibles en su contra. El caso sigue su curso con la espera de la fecha para la audiencia donde la Fiscalía expondrá su nueva imputación, clave para las siguientes etapas del proceso.

El caso tuvo su origen el 14 de septiembre de 2026, cuando Ana Lucía fue reportada como desaparecida en Mosquera. Su cuerpo fue hallado al día siguiente en Ciudad Bolívar. El accionar de las autoridades, incluyendo la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa, permitió identificar y capturar rápidamente al presunto responsable, impulsando el avance de la investigación forense y judicial.

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¿Qué delitos enfrenta el principal sospechoso en el caso Ana Lucía González Mendoza?

De acuerdo con la información revelada por El Espectador y el abogado Daniel Solarte, José Rojas Lares enfrenta cargos por el asesinato de Ana Lucía González Mendoza y está en proceso una nueva imputación por acceso carnal violento. Esto se suma a la sospecha inicial de feminicidio, ampliando el espectro de delitos que podría afrontar en el contexto judicial de este caso.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras las denuncias de intimidación en prisión?

Luego de conocerse que Rojas Lares habría contactado a la hermana de la víctima desde prisión para presionarla en su testimonio, la representación de víctimas informó a la Fiscalía, al Inpec, al Ministerio de Justicia y a la Presidencia. Las autoridades encontraron un teléfono celular en poder del procesado, iniciaron un proceso disciplinario y consideraron su traslado a un recinto con mayores controles, además de activar la protección a la familiar afectada.

Entre julio de 2023 y julio de 2026, Unicef identificó 70 ataques, entre los que se evidencian daños en 31 escuelas, 24 amenazas contra maestros y 11 casos de agresión directa contra docentes. Cauca, Arauca y Norte de Santander lideran la estadística de departamentos con mayor incidencia de este tipo de violencia, sumando en total 79 casos. Otros departamentos como Chocó, Antioquia, Nariño, Putumayo, Meta, Valle del Cauca, Caquetá, Guaviare, Huila, Bolívar, Cesar, Córdoba, Risaralda y Vaupés también han sido escenario de estos hechos, según la información de Unicef obtenida por El Espectador.

Además de los ataques, Unicef ha documentado 92 eventos de utilización militar de escuelas, principalmente en Arauca, Chocó, Cauca, Norte de Santander y Antioquia. Estas instituciones han sido transformadas en cuarteles, depósitos de armamento, puestos de mando, e incluso escenarios para propaganda y reclutamiento, dejando a su paso profundas afectaciones en la vida escolar y comunitaria. Según Unicef, cerca de 21.700 menores se han visto afectados de manera directa por estas acciones, lo que refleja la gravedad de la situación.

La entidad manifestó su “gran preocupación por el aumento de las graves violaciones que se cometen contra la niñez, y contra bienes civiles como las escuelas, en el marco del conflicto armado en Colombia”. También recordó, de acuerdo con el derecho nacional e internacional, la obligación de proteger los centros educativos y bienes civiles en todo momento. Frente a esta situación, Unicef hizo un llamado urgente a todas las partes del conflicto para cesar los ataques y solicitó la implementación de acciones de protección en las regiones más vulnerables.

Paola Franchi, jefa del área de protección de la niñez en Unicef Colombia, enfatizó el daño múltiple y duradero que ocasiona la violencia contra escuelas y maestros, afectando no solo la educación, sino también derechos como la protección, el juego, la participación y el desarrollo de aptitudes. Franchi resaltó la importancia de acelerar la ejecución del plan de acción nacional relativo a la Declaración sobre Escuelas Seguras, instando a que las escuelas sean respetadas y protegidas sin excepción.

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¿Cuáles son los departamentos más afectados por ataques a escuelas según Unicef?

De acuerdo con Unicef, los departamentos con mayor número de ataques y uso militar de escuelas son Cauca, Arauca y Norte de Santander, seguidos por Chocó y Antioquia. Estas regiones concentran la mayor parte de los 163 casos verificados, lo que evidencia la presencia y persistencia del conflicto armado en dichos territorios.

¿Qué es la Declaración sobre Escuelas Seguras y cuál es su importancia en Colombia?

La Declaración sobre Escuelas Seguras es un compromiso internacional que busca proteger los centros educativos en contextos de conflicto armado. Su aplicación en Colombia es clave, ya que garantiza la protección del derecho a la educación y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, evitando que las escuelas sean usadas para fines militares o atacadas por grupos armados.

En la víspera de la movilización, el presidente oficializó el decreto 1525 de 2026, una normativa que regula los procedimientos para la protesta social y la intervención de la Fuerza Pública. El decreto ha sido fuertemente cuestionado por la oposición, que alega que la medida limita el derecho constitucional a la protesta y debería haber pasado por el Congreso. Según reporta El Espectador, desde la oposición se anunció la presentación de una demanda ante el Consejo de Estado y una tutela para suspender la aplicación del decreto, argumentando su inconstitucionalidad. Por su parte, la Casa de Nariño defendió que la decisión no restringe las movilizaciones pacíficas, reiterando que no se vulneran derechos fundamentales. El presidente aseguró en redes sociales: "¡El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz!"

En ciudades como Bogotá, las marchas fueron marcadas por momentos de concentración bajo la lluvia y el granizo, mientras grupos de sindicalistas, profesores y estudiantes continuaban su avance hacia la Plaza de Bolívar. Figuras de la oposición como Gustavo Petro, Iván Cepeda y Wilson Arias participaron activamente y criticaron tanto los recortes presupuestales como el reciente estatuto antiterrorista, además de rechazar el nuevo decreto. En Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez instruyó a la fuerza pública para permitir el desarrollo de la protesta sin permitir hechos de violencia. Del mismo modo, en Cali y Bucaramanga, las marchas transcurrieron en calma, bajo la vigilancia de los puestos de mando unificado dispuestos por las autoridades locales.

No todos los sindicatos llamaron abiertamente a la movilización. La Confederación General de Trabajadores (CGT) optó por el diálogo institucional, aunque una facción minoritaria sí se sumó a la jornada. En paralelo, desde la Presidencia se pidió a los servidores públicos mantener la normalidad en sus actividades laborales para garantizar la prestación de los servicios al público.

Durante la mañana y el mediodía, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) se fortaleció en puntos estratégicos, como el Congreso, para acompañar el desarrollo de las marchas, tal como lo establece el reciente decreto promulgado.

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¿Qué dice el decreto 1525 de 2026 sobre la regulación de la protesta social?

De acuerdo con información oficial divulgada por la Casa de Nariño, el decreto 1525 de 2026 establece parámetros para regular tanto las movilizaciones sociales como la actuación de la Fuerza Pública. El Ejecutivo sostiene que el objetivo central es proteger el derecho a la protesta pacífica y diferenciarlo de actos de violencia o vandalismo. Sin embargo, para la oposición, la medida coarta la manifestación social, pues consideran que las regulaciones de este tipo deben pasar por el Congreso y no ser expedidas por decreto.

¿Qué es la UNDMO en el contexto de las protestas en Colombia?

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) es el organismo encargado de acompañar y controlar el desarrollo de manifestaciones y protestas públicas. Según lo establecido en el reciente decreto y como se evidenció el 14 de octubre, la UNDMO tuvo presencia en lugares estratégicos como el Congreso y puntos de movilización para monitorear, dialogar y mantener el orden sin interferir en las movilizaciones pacíficas.

Tarazona aseguró en la entrevista que una de las líneas de investigación consideraría el magnicidio como un crimen de Estado. En su diálogo con la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón, señaló que existen elementos probatorios que apuntan a la posibilidad de que la orden pudiera provenir del Gobierno Nacional. Además, desestimó la hipótesis principal que ha manejado la Fiscalía, la cual responsabiliza a la Segunda Marquetalia —la disidencia de las Farc comandada por alias "Iván Márquez"— como determinadora del crimen. Para Tarazona, este grupo ilegal habría tenido solo un rol material y no de planificación o determinación. Explicó que la información entregada a la Fiscalía, junto con los debidos protocolos, indica que la verdadera orden partió del Congreso de la República, manteniendo bajo reserva la identidad de la persona que le advirtió sobre el riesgo al que estaban expuestos los precandidatos del Centro Democrático.

La viuda también manifestó su preocupación por la falta de avances en la investigación contra Augusto Rodríguez, exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a quien señaló por presunta negligencia en la protección de Uribe Turbay. Aunque la audiencia de imputación contra Rodríguez fue solicitada y retirada por la Fiscalía en 2025, Tarazona insiste en la importancia de profundizar esa investigación para aclarar qué pudo ocurrir.

El presidente Abelardo de la Espriella, durante el primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, reiteró el compromiso del Gobierno Nacional para esclarecer el magnicidio y castigar a quienes dieron la orden, no solo a los responsables materiales. Según El Espectador, la Fiscalía ha avanzado en identificar y judicializar a los autores materiales, entre ellos miembros de la organización "Plata o Plomo", como Elder Arteaga Hernández, alias "Chipi", y Simeón Pérez Marroquín, alias "el Viejo", acusado de trabajar como enlace con la Segunda Marquetalia.

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¿Quiénes son los principales señalados en el caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay?

De acuerdo con la información expuesta, la investigación de la Fiscalía ha identificado y judicializado a miembros de la organización criminal "Plata o Plomo", como Elder Arteaga Hernández, alias "Chipi", y Simeón Pérez Marroquín, alias "el Viejo". Además, la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc liderada por alias "Iván Márquez", ha sido mencionada en el expediente, así como posibles implicaciones políticas provenientes del Congreso, según lo manifestado por la viuda del senador.

¿Qué es la Segunda Marquetalia y cuál ha sido su papel en el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

La Segunda Marquetalia es una disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), dirigida por alias "Iván Márquez". Según la versión oficial de la Fiscalía, esta agrupación habría estado vinculada como determinadora del crimen. Sin embargo, María Claudia Tarazona sostiene que su rol habría sido estrictamente material, sin ser la mente detrás del magnicidio, contexto que aún está bajo investigación según Noticias Caracol y El Espectador.

La información fue divulgada por el periodista Juan Esteban Silva, corresponsal en Washington, mediante una publicación en la red social X.

Según Silva, el Departamento de Estado estadounidense le confirmó que conoce las denuncias, que cobraron relevancia después de una entrevista de Eva Ferrer, exasesora presidencial, con Vicky Dávila, publicada por la revista Semana.

En ella, Ferrer aseguró que Alcocer habría realizado varios viajes a Venezuela en los que presuntamente se transportaba droga y dinero.

Ferrer afirmó que existían fotografías de la ex primera dama descendiendo de un avión con maletas grises y sostuvo que esos desplazamientos se manejaban bajo estricta confidencialidad.

También señaló que Carolina Plata habría coordinado los vuelos y que los viajes no se limitaron a una sola ocasión.

Silva agregó que el Departamento de Estado recordó que Alcocer fue incluida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) en octubre de 2025, bajo la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con sanciones a personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito mundial de drogas. Según el periodista, la sanción continúa vigente.

Por ahora, las declaraciones sobre el supuesto transporte de narcóticos corresponden a denuncias atribuidas a Ferrer y no constituyen, por sí mismas, una prueba judicial de los hechos.

En el documento, Henríquez precisa que, en su calidad como presidente del Senado, pide de manera respetuosa que la Fiscalía lleve a cabo todas las diligencias necesarias para corroborar la información y continuar con las líneas de investigación pertinentes, garantizando el debido proceso y la reserva legal. Según Noticias Caracol, las afirmaciones de Tarazona apuntan a que la orden para el magnicidio partió desde el Congreso de la República, mientras que los recursos económicos para llevarlo a cabo habrían provenido, según ella, desde Venezuela. Tarazona aseguró que esta información ya reposa en la Fiscalía, respaldada por todos los protocolos requeridos.

Tarazona insiste en que no basta con responsabilizar a la Segunda Marquetalia (grupo ilegal que, según ella, solo sería parte del hecho material del crimen) y reclama conocer el trasfondo que llevó al asesinato de Uribe Turbay. Considera que la participación del grupo armado es solo un aspecto del caso y que el autor intelectual aún debe establecerse. Además, subraya la importancia de agilizar los procesos y particulariza en la relevancia de esclarecer el papel de alias Araña, líder de los Comandos de Frontera, extraditado recientemente a Estados Unidos.

De acuerdo con lo consignado en el documento enviado por Henríquez, debe esclarecerse sin ambigüedades quién ordenó, planificó y financió el crimen, asegurando que, si entre los responsables hay algún miembro del Congreso, le deberá caer "todo el peso de la ley". Asimismo, el presidente Abelardo de la Espriella, en un homenaje reciente, reiteró que el asesinato constituye un “crimen de Estado” y garantizó que el caso no quedará impune. Argumentó que la investigación no puede limitarse a los autores materiales, ya que aún resta conocer quiénes ordenaron el ataque y por qué motivos.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay sigue siendo un asunto de máxima prioridad para las instituciones y figuras políticas mencionadas en este caso. Según información de El Espectador, la investigación ha supuesto la captura de nueve personas y la condena de Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, quien admitió ser el enlace entre la Segunda Marquetalia y la organización “Plata o Plomo”, encargada de la logística y ejecución del atentado.

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¿Qué reveló María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, manifestó en entrevista con Noticias Caracol que la orden para el magnicidio habría salido desde el Congreso de la República y que los recursos para perpetrarlo provinieron de Venezuela. Afirmó que esta información ya está en manos de la Fiscalía, la cual debe continuar con las investigaciones para esclarecer completamente el crimen.

¿Quiénes han sido capturados y cuáles son los avances en la investigación del asesinato?

Según El Espectador, hasta la fecha han sido capturadas nueve personas por su presunta vinculación con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Entre estos, Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, fue condenado a 22 años de prisión tras reconocer su papel como enlace entre la Segunda Marquetalia y la organización “Plata o Plomo”, encargada de planear y ejecutar el atentado. La pesquisa aún busca identificar y responsabilizar al autor intelectual del crimen.

El movimiento telúrico tuvo como referencia la zona de Medio San Juan, cerca de Andagoya, y ocurrió a la 1:05 de la tarde, hora local.

De acuerdo con la información preliminar, el temblor tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a los 70 kilómetros. Esta característica hace parte de los datos técnicos utilizados para describir el evento sísmico.

El reporte del SGC indicó que el movimiento fue localizado en las coordenadas de latitud 4,67 grados y longitud -76,89 grados. Para establecer sus características, el sistema registró información de nueve estaciones de monitoreo.

Entre los municipios cercanos al epicentro se encuentran Sipí, ubicado a 27 kilómetros; Nóvita, a 44 kilómetros, y Medio San Juan, a 52 kilómetros, todos en el departamento del Chocó.

El evento aparece con estatus automático en el sistema de información sísmica, por lo que los datos corresponden al registro generado por los mecanismos de detección y procesamiento del organismo.

Hasta la información suministrada no se reportan datos sobre personas afectadas, daños materiales o consecuencias derivadas del movimiento telúrico.

La magnitud de 2,9 corresponde a un sismo de baja intensidad, aunque la percepción del temblor puede variar según la distancia al epicentro y las condiciones del terreno.

Bolaños Pastrana ya se encontraba privado de la libertad en la cárcel La Picota, en Bogotá, cumpliendo una medida de aseguramiento en el marco de esta investigación. La controversia surgió en abril de este año, cuando emergió el escándalo en el que fue nombrado como protagonista desde las primeras etapas de las pesquisas.

Al principio, las investigaciones sobre Bolaños Pastrana estaban centradas en el direccionamiento irregular de 78 contratos financiados con regalías. No obstante, la reciente decisión permitió ampliar dicha imputación a 23 contratos adicionales, quedando bajo observación un total de 101 convenios cuyo valor conjunto asciende a 496.000 millones de pesos, de acuerdo con lo reportado por la Fiscalía. El delito por el que será procesado es el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el cual implica omitir los procedimientos establecidos para la contratación pública. El exrepresentante de Aremca no aceptó los cargos que le fueron imputados.

El ente investigador, según datos de El Espectador, sostiene que Bolaños Pastrana ejercía amplio control sobre las decisiones contractuales en Aremca entre 2022 y 2023. Sus órdenes habrían permitido elegir directamente a los contratistas y modificar los cargos directivos, usando como sustento el manual interno de la asociación y evitando realizar licitaciones públicas o concursos, como exige la normativa vigente para el manejo de dineros públicos. Entre los contratos mencionados están proyectos de ganadería en Montelíbano, producción agrícola en Puerto Libertador y construcción de un complejo deportivo en Uribia, así como pavimentaciones, obras turísticas y dotación escolar en diversos departamentos.

Detrás de estos procesos se halló la utilización del esquema asociativo de municipios, una figura jurídica creada para gestionar proyectos en conjunto entre localidades. Sin embargo, Aremca, lejos de lograr el beneficio colectivo prometido, habría desviado al menos 3.200 millones de pesos a intereses privados. La Fiscalía también investiga a otros diez presuntos implicados, de los cuales nueve están bajo medida preventiva, tras identificar advertencias de la Contraloría y el Departamento Nacional de Planeación sobre anomalías en estos convenios.

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¿Cuál es el monto total de contratos investigados en el caso Aremca y qué irregularidades señala la Fiscalía?

El monto total de los 101 contratos bajo investigación en el caso Aremca alcanza los 496.000 millones de pesos. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las principales irregularidades detectadas son el direccionamiento de contratos, la selección directa sin concursos públicos y el uso del manual interno de Aremca para evitar procedimientos legales, todo ello con el presunto resultado de desviar fondos públicos destinados a obras y servicios en varias regiones.

¿Qué es el esquema asociativo de municipios y cómo fue usado en el caso Aremca?

El esquema asociativo de municipios es una figura jurídica utilizada para que varias localidades colaboren y gestionen de forma conjunta proyectos y recursos. En el caso Aremca, según El Espectador, esta herramienta habría sido utilizada para concentrar la adjudicación de contratos en la asociación, permitiendo que sus directivos, en vez de velar por el interés público, desviaran recursos y favorecieran intereses particulares.

Según el senador, la pretensión del jefe de Estado es acabar con el diálogo que, en el gobierno pasado, se convirtió una manera de hacer que la protesta social fuera pacífica y sin problemas.

“En nuestro gobierno no hubo un solo caso de un muchacho que perdiera un ojo por un cilindro de gas lacrimógeno o muerto por un disparo de la policía. Eso ocurría en el gobierno de Duque. Entonces, que la historia nos quiere devolver a ese momento en el cual el miedo termina convirtiéndose en la forma en la cual la fuerza pública actúa de una manera totalmente arbitraria”, señaló Cepeda a medios de comunicación.

Sin referirse a los escándalos recientes del gobierno de Gustavo Petro, ni los testimonios de Eva Ferrer sobre presunta corrupción y tráfico de drogas en la anterior administración, el excandidato presidencial convocó a la población a salir a las calles sin temor.

“La gente va a salir a protestar pacíficamente, como lo estamos haciendo, para demostrar que no nos atemoriza ni sus gritos (los del presidente) ni sus ademanes ni su puesta en escena con un arma al cinto, nada de eso”, exclamó.

(Vea también: EN VIVO Marchas en Bogotá ya afectan servicio de Transmilenio: así avanzan en varios puntos)

El senador cerró su mensaje recordando que Colombia tiene una larga tradición de movilización social ante la vulneración de derechos. “Aquí somos un país que está acostumbrado a que la gente se moviliza cuando violan sus derechos, y lo vamos a hacer”, concluyó.

Medidas que tomó el presidente De la Espriella para las protestas del 14 de octubre

Horas antes de las protestas de hoy, el jefe de Estado expidió un decreto en el que regula las protestas en Colombia y el actuar de la Fuerza Pública en eventuales ataques, aprovechando el escenario de los manifestantes.

Se trata del Decreto 1525 de 2026, una norma que modifica y adiciona disposiciones del Decreto 003 de 2021, relacionado con la actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas y la protección del derecho a la protesta pacífica.

“En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero ¡no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos!”, manifestó De la Espriella.

El congresista no dudó en calificar el mandato de De la Espriella como "mafioso", alegando que responde a intereses políticos que, en su concepto, ponen en riesgo los avances democráticos y los derechos sociales alcanzados en Colombia. Las declaraciones de Cepeda se producen en un contexto de confrontación política marcada entre el Ejecutivo y la oposición, mostrando la agudeza del debate sobre el rumbo del país.

Según manifestó Cepeda, las razones que motivaron a cientos de personas a salir a las calles son múltiples. Mencionó que los manifestantes están decididos a no permitir que sus derechos sean vulnerados. En palabras del congresista, “no vamos a permitir que se violen los derechos y se pisoteen los derechos de la gente”, enfatizando la determinación de quienes apoyan la protesta.

Asimismo, Cepeda se pronunció a favor del carácter pacífico de las movilizaciones y reiteró que la oposición no abandonará la defensa de lo que considera conquistas sociales. Aseguró que no van a dejar que les “vapuleen, maltraten o arrebaten” lo que han logrado hasta el momento. Antes de concluir su intervención, envió un mensaje directo a De la Espriella, presentándose como jefe de oposición y ratificando su compromiso de confrontar políticamente al jefe de Estado, en medio de las crecientes movilizaciones convocadas en rechazo a las medidas del gobierno y a la forma como se ha gestionado la protesta social.

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¿Por qué Iván Cepeda acusa al gobierno de Abelardo de la Espriella de favorecer sectores vinculados con narcotráfico y paramilitarismo?

Iván Cepeda afirmó durante las protestas que el actual gobierno favorece, en su opinión, a sectores que estarían relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo. El congresista considera que estas acciones del Ejecutivo ponen en riesgo los logros democráticos y sociales de la nación, y que por ello es necesario que la ciudadanía defienda sus derechos a través de la movilización social, según declaraciones referenciadas en el artículo original.

¿Cuál es el mensaje principal de Iván Cepeda frente a las protestas contra el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El principal mensaje de Iván Cepeda es que la ciudadanía no debe permitir que sus derechos sean vulnerados, y que la movilización pacífica es fundamental para defender las conquistas sociales. Cepeda ratificó su rol como jefe de oposición y expresó su determinación de confrontar políticamente al gobierno, insistiendo en que la oposición no renunciará a reclamar sus derechos ni aceptará retrocesos en materia social y democrática.

Estas directrices se publican en el marco de unas marchas convocadas por opositores al gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre los colectivos que llamaron a la jornada de protestas se encuentran el Pacto Histórico, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). De acuerdo con El Espectador, las movilizaciones se desarrollan en varias ciudades y, hasta el momento, la Fuerza Pública no ha informado incidentes en el orden público.

Este mismo miércoles, se pondrá en vigencia un decreto presidencial que regulará las protestas. El texto, firmado la noche anterior por el presidente De la Espriella, establece la presencia constante de la policía durante las marchas, con uniformados ubicados a cuatro metros de distancia de los manifestantes. El decreto fue presentado por el Gobierno como una medida para asegurar el desarrollo pacífico de la protesta y la protección de todos los participantes, así como de quienes no formen parte de las movilizaciones.

Mientras avanzan las marchas, desde el Ejecutivo se ha reconocido la postura de los sindicatos que decidieron no unirse a las movilizaciones. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, elogió la decisión de la Confederación General del Trabajo (CGT) y destacó su independencia y apuesta por el diálogo en el marco del Plan de Desarrollo, todavía en fase de formulación. Así lo reafirmó Jorge Iván Diez Vélez, quien lidera la CGT, al confirmar que las discusiones de los trabajadores se mantienen dentro de los canales institucionales considerados legítimos para resolver sus inquietudes.

Por su parte, el presidente De la Espriella también resaltó la actitud del Sindicato Nacional de Trabajadores y Procuradores Judiciales (Sintraprojudiciales), valorando su defensa de la institucionalidad y el derecho al trabajo. El mandatario recalcó que, si bien la protesta pacífica constituye un derecho, no debe utilizarse como pretexto para bloquear el país ni afectar a la población o la prestación de servicios esenciales.

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¿Cuáles son los lineamientos para los servidores públicos durante las manifestaciones del 14 de octubre?

De acuerdo con la circular del Dapre, los servidores públicos deben presentarse normalmente en sus lugares de trabajo y cumplir con el horario habitual, siguiendo las instrucciones particulares que dictamine cada entidad. Además, las instituciones están llamadas a adoptar medidas que faciliten el acceso del personal y garanticen la atención ciudadana, bajo advertencia de sanciones para quienes incumplan.

¿Qué regula el nuevo decreto sobre protestas firmado por el presidente De la Espriella?

Según El Espectador, el decreto establece que durante las protestas estará presente permanentemente la Policía Nacional, con uniformados situados a una distancia de cuatro metros de los manifestantes. La finalidad de este dispositivo es salvaguardar el derecho a la protesta pacífica y asegurar la protección tanto de quienes participan en las manifestaciones como de la población ajena a las mismas.

Acompañado por el alto funcionario del despacho encargado de tramitar los expedientes, identificado en el registro oficial como el doctor Barreto, el jefe de Estado hizo un balance contundente sobre el ritmo que ha tomado la administración en esta materia. Durante los primeros sesenta y siete días de mandato, el Ejecutivo ha acumulado un total de 131 procesos de extradición gestionados y evaluados bajo estrictos estándares de celeridad jurídica, evidenciando un cambio radical frente a los rezagos y la parálisis institucional heredada de periodos anteriores.

“Todas estaban congeladas, todas estaban paradas, no pasaba nada. Esto era tierra de nadie no solamente para los bandidos de aquí en Colombia, sino para los bandidos de otras latitudes que terminaban refugiados en Colombia o que delinquían afuera y pensaban que iban a quedar impunes”, sentenció De La Espriella durante su intervención oficial, reiterando que la figura de la cooperación internacional constituye una herramienta intransable para desarticular las grandes estructuras del narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

 

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El reporte audiovisual ratificó que la firma simultánea de estos once expedientes refuerza el compromiso del Ejecutivo por acelerar las solicitudes pendientes de tribunales extranjeros, especialmente de Estados Unidos. La medida se produce en medio de una compleja coyuntura de orden público marcada por marchas sindicales en la capital, donde la administración busca proyectar firmeza y resultados tangibles en materia de seguridad ciudadana y justicia penal.

Esta trascendental medida financiera fue confirmada por el Ministerio de Educación Nacional para otorgar un respiro económico a las personas que costearon sus estudios mediante financiamiento estatal.

El plan institucional está estructurado en dos estrategias principales: la reducción directa en las tasas de interés y auxilios especiales para los educadores afectados por el sismo de agosto.

Para el primer componente, la entidad desembolsará de forma directa una suma cercana a los 52.000 millones de pesos provenientes de sus fondos oficiales.

Dicha asignación presupuestal permitirá mitigar los intereses de los créditos de cerca de 170.000 alumnos universitarios que actualmente pagan cuotas y habían perdido el subsidio.

La segunda estrategia beneficia a 3.827 docentes y directivos docentes que adelantan programas de posgrado y cuyas obligaciones financieras serán condonadas tras la emergencia sísmica registrada.

En este grupo focalizado, los alivios abarcan un monto de cartera cercano a los 9.829 millones de pesos, tramitados a través de condonaciones y soluciones alternativas.

El seguimiento detallado a esta población reveló que los 9.830 millones de pesos en deudas están distribuidos técnicamente en 11 fondos que administra el Icetex.

El esquema contempla tres mecanismos de aplicación inmediata. El primero otorga la congelación total del pago de cuotas durante doce meses, frenando intereses futuros y perdonando los saldos pendientes.

La segunda alternativa dispone la condonación definitiva para las obligaciones que registren más de 360 días de mora, clasificándolas como cuentas irrecuperables dentro del sistema.

Como tercer mecanismo, la institución procederá a condonar la totalidad del crédito educativo a los usuarios graduados que cumplan con los parámetros reglamentarios.

Las disposiciones de Icetex cobijan a los beneficiarios residentes en Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

Con esta intervención estatal, la entidad busca garantizar la continuidad laboral y la estabilidad social de miles de profesionales en las dieciséis regiones seleccionadas.

En Plato, Magdalena, las intervenciones impactarán principalmente áreas rurales. La primera suspensión tendrá lugar en el conocido Circuito Nueva Granada 2 entre las 9:55 de la mañana y las 2:00 de la tarde. Este corte afectará el sector de El Progreso, Nueva Granada, concretamente en la calle 7 entre las carreras 12A y 13. Posteriormente, se realizará una segunda interrupción eléctrica en el Circuito Nueva Granada, cuyo inicio está previsto para las 2:15 de la tarde y finalizará a las 6:00 p. m. En esta ocasión, la suspensión abarcará el sector comprendido en el kilómetro 69 de la vía que une Ariguaní, El Difícil y Nueva Granada.

Por su parte, en Valledupar, Cesar, la programación se concentra en el Circuito Guatapurí 1, donde la interrupción del servicio se extenderá desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Los barrios afectados por los trabajos serán San Vicente, particularmente en la calle 14 entre carreras 17 y 19, y en la carrera 17 entre calles 14 y 15. Igualmente, en el barrio Alfonso López, la suspensión impactará la calle 14 entre carreras 15 y 16, de acuerdo con lo detallado por Energua.

Las labores en el municipio de El Paso, Cesar, están previstas en el Circuito La Loma 4. El servicio de energía se suspenderá entre las 9:45 de la mañana y las 3:30 de la tarde. El corte afectará sectores rurales del municipio, en especial el área de La Loma, puntualmente en la carrera 21 entre calles 12A y 13.

Energua ha recomendado a los habitantes de los sectores programados tomar precauciones durante los períodos sin energía, sugiriendo proteger los equipos eléctricos y organizar sus actividades para evitar contratiempos mientras persistan las labores en la red eléctrica.

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¿Cuáles sectores de Valledupar se quedarán sin energía el 15 de octubre por labores de Energua?

Los sectores de Valledupar que experimentarán cortes de energía eléctrica el 15 de octubre, según la información de Energua, corresponden al Circuito Guatapurí 1. Entre las 7:00 de la mañana y las 3:30 de la tarde, estarán sin servicio los barrios San Vicente (calle 14 entre carreras 17 y 19, y carrera 17 entre calles 14 y 15) así como Alfonso López (calle 14 entre carreras 15 y 16).

¿Por qué se producen los cortes de energía programados por Energua y qué recomendaciones se deben seguir?

De acuerdo con Energua, los cortes de energía programados tienen como objetivo efectuar labores de mantenimiento y trabajos en la infraestructura de la red eléctrica, para mejorar la confiabilidad y eficiencia del servicio. La recomendación principal para los usuarios de los sectores afectados es proteger los equipos eléctricos y planificar sus actividades, procurando evitar inconvenientes mientras se llevan a cabo las intervenciones técnicas.

Según la información disponible, la movilización fue convocada por agrupaciones sindicales, docentes, estudiantes y otros sectores, quienes recorrieron arterias importantes como la carrera Quinta hasta llegar al parque Murillo Toro. El propósito de la jornada era visibilizar la inconformidad frente a algunas medidas implementadas por el Gobierno nacional y respaldar diferentes reivindicaciones sociales.

Sin embargo, la aparición de grafitis a lo largo del recorrido ha reavivado un debate recurrente: ¿cómo equilibrar el derecho legítimo a la protesta con la protección de los bienes públicos y privados? El registro de estas intervenciones artísticas o simbólicas en muros y fachadas plantea la necesidad de distinguir entre actos de manifestación y acciones que pueden configurar daños a la propiedad.

La controversia también se extiende hacia la responsabilidad colectiva frente a los espacios compartidos en Ibagué. De acuerdo con el texto, si bien la protesta pacífica es reconocida como un derecho fundamental, las posibles afectaciones sobre el patrimonio urbano requieren una evaluación cuidadosa basada en los hechos constatados, los sectores intervenidos y las circunstancias específicas en las que ocurrieron. Por ahora, no se cuenta con información independiente que permita determinar con claridad cuáles puntos exactos resultaron afectados, la magnitud de los daños o las eventuales acciones que hayan sido emprendidas por las autoridades para identificar a los responsables.

El caso, por tanto, permanece abierto y a la espera de que autoridades o registros adicionales permitan profundizar en los hechos. Por el momento, según lo reportado, la jornada deja interrogantes sobre los límites de la protesta y la corresponsabilidad en el uso del espacio público en una ciudad donde el debate sobre la convivencia y la expresión social sigue activo.

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¿Qué consecuencias podría tener la aparición de grafitis durante protestas en Ibagué?

De acuerdo con la información presentada, los grafitis surgidos durante la jornada de protesta han motivado un debate sobre el uso responsable del espacio público y los posibles daños a bienes municipales o privados. En este contexto, cualquier intervención no autorizada puede derivar en actuaciones de las autoridades para determinar responsabilidades, aunque aún no se tiene claridad sobre los hechos específicos ni se ha confirmado la magnitud de los mismos.

¿Cómo se garantiza el derecho a la protesta sin afectar el espacio público en Ibagué?

La discusión reportada en el texto destaca la importancia de preservar el carácter pacífico de la protesta y distinguir entre expresiones legítimas y conductas que puedan afectar los bienes urbanos. Aunque la legislación reconoce el derecho a la manifestación, corresponde a los organizadores y participantes evitar daños a la propiedad, priorizando la convivencia y respetando los espacios compartidos de la ciudad.

Testigos reportaron que la víctima se hallaba utilizando su teléfono cuando el motorizado aprovechó la distracción para arrebatárselo y proceder con la fuga, tomando la carrera Tercera y posteriormente la calle 10, transitando en dirección contraria. Ante la alarma generada, la Policía Metropolitana se desplazó rápidamente hasta el lugar, brindando atención a la mujer y recolectando información esencial para iniciar la búsqueda del sospechoso. Conforme al reporte de El Nuevo Día, durante la transmisión de los hechos circuló información sobre la posible retención de un individuo vinculado con el robo, aunque las autoridades aclararon que su participación en el hecho aún debía ser verificada a través de los procedimientos correspondientes.

Paralelamente, ciudadanos que presenciaron el hurto intentaron detener al motociclista en pleno escape, sin lograr capturarlo en ese momento. La rápida reacción policial permitió activar operativos para dar con el paradero del responsable y avanzar en la atención de la víctima.

La seguidilla de hurtos preocupa a los ibaguereños, pues no es un caso aislado. De acuerdo con El Nuevo Día, en las últimas semanas se presentaron varios incidentes similares: el 5 de septiembre, hombres armados atracaron un local de venta de celulares en el sector Protecho-Topacio, sustrayendo equipos, dinero y joyas. Semanas después, ocurrieron dos robos de celulares en diferentes barrios, y el 8 de octubre, la comunidad tomó la justicia por mano propia al perseguir y agredir a un presunto delincuente, quemando su motocicleta cerca del Hospital San Francisco antes de la intervención policial.

Estos episodios, documentados por El Nuevo Día, reflejan la creciente inseguridad que enfrentan comerciantes, trabajadores y ciudadanos en la capital tolimense, quienes expresan su preocupación ante la frecuencia de hurtos en distintos sectores y horarios.

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¿Cómo ocurrió el robo de celular en el centro de Ibagué el 14 de octubre?

El robo de celular ocurrió el miércoles 14 de octubre, cuando una mujer usaba su teléfono cerca de la calle 10, entre carreras Tercera y Cuarta, en pleno centro de Ibagué. Un hombre en motocicleta se le acercó, le arrebató el celular y huyó por varias vías en contravía mientras peatones y conductores trataban de comprender la situación. La Policía Metropolitana acudió rápidamente, aunque la identidad del responsable aún debía ser verificada, según información de El Nuevo Día.

¿Qué otros robos recientes han generado preocupación en Ibagué?

La preocupación en Ibagué ha aumentado a raíz de varios robos sucedidos en semanas recientes. Según El Nuevo Día, el 5 y 25 de septiembre y el 26 y 29 del mismo mes se reportaron robos de celulares en diferentes sectores, incluyendo un asalto armado y casos en los que los delincuentes utilizaron motocicleta para huir. Además, el 8 de octubre se presentó un episodio de justicia por mano propia, donde la comunidad retuvo y agredió a un presunto ladrón, reflejando el cansancio frente a la inseguridad.

A través de un contundente comunicado firmado por su presidente nacional, Luis Alberto Castañeda Hernández, la organización sindical rechazó la convocatoria de paro, calificándola como un intento de manipulación partidista articulado por figuras que pertenecieron a la anterior administración. “Rechazamos totalmente las marchas de este 14 de octubre. Como servidores de la justicia y custodios de la legalidad, no podemos callar ni ser cómplices de jornadas que solo buscan la parálisis del país, el caos en la movilidad y el saboteo al acceso de los ciudadanos a los servicios del Estado”, aseveró el gremio, pidiendo a la ciudadanía no dejarse instrumentalizar por agendas políticas e incoherentes.

El pronunciamiento no solo distanció a los procuradores judiciales de las protestas promovidas por el petrismo, sino que ratificó un respaldo explícito a las medidas de contención del actual mandatario. “Respaldamos en su totalidad las políticas públicas y el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y las medidas que tome el 14 de octubre para el control de dichas marchas”, concluyó el documento, marcando una postura de defensa institucional desde los despachos judiciales.

La postura de Sintraprojudiciales fue celebrada públicamente por el presidente Abelardo De La Espriella a través de sus canales oficiales. En una publicación difundida en su cuenta de X, el mandatario destacó la valentía de los servidores públicos al priorizar la productividad nacional sobre las vías de hecho. “Agradezco a Sintraprojudiciales por su pronunciamiento firme y valiente en defensa de la institucionalidad, el orden y el derecho de los colombianos a trabajar. Colombia no puede seguir siendo rehén de quienes pretenden paralizarla. La protesta pacífica es un derecho, pero jamás puede convertirse en excusa para bloquear el país, afectar a millones de ciudadanos o impedir el funcionamiento de los servicios públicos”, expresó el jefe de Estado, cerrando su mensaje con la consigna “¡A Colombia la sacamos adelante trabajando, no paralizándola!”

Uno de los aspectos más críticos es la vivienda. María del Mar Mozo, secretaria de Vivienda Social y Hábitat de Cali, aseguró que más de 8.000 viviendas resultaron con afectaciones, de las cuales 3.000 fueron declaradas no habitables. Además, la Secretaría ha recibido 14.000 reportes de afectaciones y ha ejecutado aproximadamente 5.000 visitas técnicas. La funcionaria subrayó la importancia de los estudios técnicos de segunda fase, esenciales para determinar cuáles edificaciones deben ser demolidas, cuáles pueden fortalecerse estructuralmente y cuáles requieren mejoramientos, siempre priorizando la seguridad de los ocupantes. Sin embargo, la evaluación avanza lentamente debido a la escasez de profesionales especializados en el diagnóstico estructural.

En cuanto a la intervención empresarial, María Isabel Ulloa, directora de Propacífico, destacó que empresas locales han colaborado con recursos y apoyo logístico, permitiendo que personas afectadas pudieran salir de los albergues y alojarse temporalmente en hoteles, en tanto accedían a subsidios. El sector privado planea invertir $220.000 millones en cuatro años para recuperar infraestructuras educativas y de salud en Cali y en otros municipios como Buenaventura, Roldanillo y El Cairo, con un enfoque especial en el retorno seguro de niños a las aulas y en mitigar la presión sobre la red hospitalaria.

Mabel Lara, gerente de Proyectos Estratégicos de la Alcaldía, resaltó la articulación entre gremios, ciudadanía y empresas para responder a la emergencia. El ocho de septiembre llegaron 700 toneladas de ayudas y la Secretaría de Desarrollo Económico destinó $10.300 millones a la reactivación de micronegocios. Sin embargo, la funcionaria advirtió que casi 22.000 hogares aún no tienen certidumbre sobre su futuro habitacional y que se requieren cerca de 20 toneladas diarias de alimentos para cubrir necesidades básicas.

El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, anunció que 45.000 familias están registradas como damnificadas y 21.000 cumplen los requisitos para recibir apoyo económico; de esas, 9.200 familias ya han recibido algún pago. En infraestructura, se inspeccionaron 5.700 edificaciones y se tiene un reporte de 66 a demoler. Por otro lado, 144 personas siguen alojadas en hoteles a la espera del desembolso de ayudas.

Walter Cotte, coordinador de emergencias de la Cruz Roja del Valle, afirmó que la organización, junto a la Alcaldía, mantiene campañas de salud, apoyo psicosocial y entrega de kits alimentarios, además de proyectos de prevención y gestión del riesgo comunitario para fortalecer la preparación ante futuras emergencias.

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¿Cómo avanza la reconstrucción de viviendas en Cali tras el terremoto?

La reconstrucción de viviendas continúa siendo un proceso en desarrollo. De acuerdo con la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Cali, se han identificado más de 8.000 viviendas afectadas y cerca de 3.000 no se consideran habitables. El avance depende de estudios técnicos que definirán si las viviendas deben demolerse, reforzarse o mejorarse, y aunque el proceso es lento por la falta de personal especializado, la ruta de intervención se establecerá con base en resultados comprobados.

¿Qué ayudas humanitarias y económicas reciben las familias damnificadas en Cali?

Las familias damnificadas reciben ayudas humanitarias como alojamiento temporal, kits alimentarios y apoyo psicosocial, canalizadas por la Alcaldía, el sector empresarial y organizaciones como la Cruz Roja. Además, se han destinado recursos económicos para la reactivación de micronegocios y subsidios para quienes cumplen los requisitos. No obstante, hay una demanda alta y aún miles de familias esperan apoyo y una solución habitacional estable.

Las autoridades han logrado que ocho de los fugitivos se entregaran de manera voluntaria hasta el momento, pero aún persisten operativos de búsqueda para intentar reincorporar a los otros evadidos. Según El Espectador, entre los fugados se encuentran personas con diferentes perfiles, algunos de ellos relacionados con estructuras de crimen organizado, mientras que otros pertenecen a la delincuencia común. Es relevante destacar, por ejemplo, la presencia de individuos señalados por las autoridades como alias “Mongolo” dentro del grupo de evadidos.

Para analizar el impacto de esta fuga, El Espectador consultó a Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte e investigador del conflicto. Trejos consideró que esta acción no solo expone debilidades operacionales, sino que también deja en evidencia “una profunda falta de capacidad institucional en cuanto a la garantía del servicio de seguridad ciudadana por parte de las autoridades distritales de Santa Marta, que no tuvieron la capacidad de prevenir este hecho o revertirlo de manera rápida”. El especialista recalca que la mezcla de perfiles dentro del grupo de fugados añade un contexto más complejo a la situación, pues combina riesgos asociados tanto al crimen organizado como a la delincuencia común.

Toda esta situación ocurre en medio de un clima de preocupación por la presión represiva luego del paro armado convocado por la ACSN, que evidenció las capacidades de inestabilidad sobre territorios estratégicos y pone el foco en la efectividad de los dispositivos de seguridad y de las autoridades en Santa Marta.

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¿Cómo ocurrió la fuga de presos en el Centro de Detención Transitoria de Santa Marta?

La fuga se produjo cuando uno de los internos notificó a los custodios que tenía problemas de salud, lo que llevó a los encargados a abrir una reja para suministrarle acetaminofén. En ese preciso momento, los demás detenidos se amotinaron y aprovecharon la oportunidad para escapar, según el reporte citado por El Espectador.

¿Quiénes están entre los fugados y por qué es grave esta situación para la seguridad?

Entre los fugados hay delincuentes con vínculos a organizaciones de crimen organizado y otros relacionados con la delincuencia común, incluyendo a personas señaladas como alias “Mongolo”. La mezcla de perfiles entre quienes se evadieron representa un desafío adicional para las autoridades, pues aumenta el riesgo tanto de delitos comunes como de actividades coordinadas por estructuras criminales, de acuerdo con el análisis presentado por El Espectador.

La intención es tomar reacción inmediata frente a disturbios, con lo que los agentes de la  Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocida como Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) asumen un papel determinante en estas jornadas.

Por esa razón es que no pasó desapercibido un video que pronto se hizo viral en el que es posible observar a hombres uniformados con un particular mensaje previo al arranque de estas movilizaciones.

Cabe recordar que las protestas se van a llevar a cabo a nivel nacional en las principales ciudades del país, con organizaciones como Fecode como los actores más destacados en este día.

El video de los agentes de la UNDMO (antes Esmad) dice “ya volvimos”, donde se observa a cinco de ellos caminando y uno, el que sostiene la cámara, sonriente frente a ese mensaje.

“Creo que ya puede decirse que la suerte está de regreso. Ya volvimos, ‘baby’, carajo, volvimos. Hemos vuelto, clásico. De vuelta, de vuelta”, se escucha en el audio que es viral en TikTok y que fue usado para este caso.

Cabe recordar que ese es un fragmento de la película ‘¿Qué pasó ayer?’, en donde los personajes celebran que alcanzan un avance importante después de las adversidades propias de la trama.

De igual manera, resulta útil aclarar que no se conoce la ubicación de los agentes que publicaron el video que se ha difundido por medio de las redes sociales con ese mensaje.

Lo cierto es que, debido a la concentración de personas que están previstas para las manifestaciones, se espera que haya afectación en la movilidad en varios puntos claves de Bogotá.

Hasta el momento no hay ninguna clase de reacción oficial sobre ese video que surgió después de que se confirmó la determinación por parte del Gobierno frente a las protestas a nivel nacional.

¿En qué consiste decreto del Gobierno frente a las protestas en Colombia?

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el 13 de octubre de 2026 el Decreto 1525, sobre protesta social.

La norma se titula ‘Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado’.

También busca proteger el derecho a la protesta pacífica ciudadana, según el texto oficial divulgado por el Gobierno.

El decreto modifica y adiciona disposiciones al Decreto 003 de 2021, conocido como el Estatuto de la Protesta.

Entró en vigor el miércoles 14 de octubre, día de la primera movilización nacional contra el actual Gobierno.

Esas marchas fueron convocadas por sectores sindicales, políticos y organizaciones cercanas al expresidente Gustavo Petro.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, confirmó la aplicación inmediata de la norma antes de las marchas.

Lara aseguró que el decreto es “garantista y democrático”, pese a críticas desde sectores de oposición.

La norma establece que la obstrucción vial, por sí sola, no cambia el carácter pacífico de una manifestación.

Define además conductas consideradas violentas: agresiones físicas, lanzamiento de objetos peligrosos y retención de personas.

También prohíbe explícitamente la utilización de menores de edad dentro de las movilizaciones sociales.

El decreto formaliza cinco niveles progresivos para la actuación institucional durante cualquier manifestación pública.

El primer nivel corresponde a gestores de convivencia municipales, encargados del acompañamiento inicial a los manifestantes.

Le sigue el diálogo directo con quienes protestan, buscando evitar la escalada de tensiones iniciales.

El tercer nivel corresponde a una instancia formal de mediación entre autoridades y representantes de la movilización.

Si persisten hechos violentos, el alcalde puede ordenar disuasión desde un Puesto de Mando Unificado.

Como último recurso, interviene la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, conocida como UNDMO.

Esa unidad reemplazó anteriormente al antiguo Esmad, dentro de un proceso de reforma policial previo.

Según el decreto, la UNDMO solo puede actuar tras agotarse las etapas anteriores de diálogo y disuasión.

El Gobierno insiste en que la mediación sigue siendo la regla general, no la intervención policial inmediata.

El decreto también contempla corredores humanitarios para garantizar la movilidad de servicios esenciales durante las protestas.

Voces de oposición cuestionaron la norma, calificándola como un intento de criminalizar la protesta social legítima.

El Gobierno respondió que busca proteger a manifestantes pacíficos frente a posibles infiltrados violentos.

El listado identifica a los colegios según categorías que van de D1 a D10, siendo D1 la más alta, y calificaciones relacionadas con sus certificaciones y acreditaciones nacionales e internacionales.

En la categoría D1 quedaron siete instituciones: Colegio Boston Internacional, de Barranquilla; Colegio Bilingüe Diana Oese, de Cali; Colegio Nuevo Cambridge, de Girón; Colegio Angloamericano, de Bogotá; Colegio Bilingüe Divino Niño, de Bucaramanga; Gimnasio Contemporáneo, de Armenia, y Liceo Campo David, de Bogotá. Además, 25 colegios alcanzaron la categoría D2.

Por su parte, 12 instituciones obtuvieron la calificación máxima, AAA+++. Entre ellas están el Gimnasio Alessandro Volta y el Colegio Los Nogales, de Bogotá; el Colegio Montessori, de Medellín; el Colegio Alemán, de Cali; el Colegio Marymount, de Puerto Colombia, y el Colegio Rochester, de Chía.

El ranking no se basa en los resultados de las pruebas Saber 11. Sin embargo, los datos de 2025 muestran diferencias importantes en el desempeño académico.

El promedio nacional fue de 262,7 puntos sobre 500, mientras que los 100 colegios con mejores resultados promediaron 365,3 puntos.

El Gimnasio Contemporáneo, de Armenia, encabezó esa clasificación con 396,5 puntos, seguido del Colegio Bilingüe Diana Oese, de Cali, con 394,6, y el Gimnasio Calibio, de Popayán, con 391,4. En contraste, Chocó concentró 47 de las 100 instituciones con menores resultados.

Desde las primeras horas de la mañana, se evidenció una importante concentración de personas portando carteles, coreando consignas, tocando instrumentos y acompañando la manifestación con música. El recorrido definido partió del punto de encuentro hacia el Parque de las Banderas, localizado en el sur de la ciudad, atravesando así el corazón de Cali por el reconocido corredor de la Calle 5. De acuerdo con el mismo medio, la marcha avanzó con acompañamiento permanente de las autoridades locales y la activa presencia de distintos gremios vinculados al sector trabajador, confirmando el carácter plural del evento.

Para las 9:30 a. m., la columna de manifestantes había comenzado a movilizarse por la ruta establecida, mientras miembros de las fuerzas de seguridad supervisaban el desarrollo pacífico de la movilización. Esta presencia oficial se planteó, según la información publicada, como medida preventiva para garantizar tanto el derecho a la protesta como la seguridad ciudadana durante el trayecto. La convocatoria involucró a sectores con demandas diversas, reflejando la complejidad del actual clima social y político en la ciudad de Cali.

Debido a la masiva participación, las autoridades comunicaron posibles afectaciones en la movilidad a lo largo de la Calle 5, principal arteria afectada por la manifestación. Como respuesta a esta situación, se recomendó a los conductores tomar vías alternativas para desplazarse hacia el sur de la ciudad, utilizando corredores como la Avenida 3N, la Calle 13N, la Avenida 8N, la Avenida 4N, la Avenida 1N, la Carrera 4 y la Avenida Circunvalar, rutas propuestas para minimizar el impacto vehicular en la zona de influencia de la marcha.

La cobertura de Noticiero 90 Minutos destaca que la jornada es noticia en desarrollo, en la medida en que continúa avanzando la marcha y evolucionan los acontecimientos en el terreno. De esta manera, Cali vuelve a ubicarse como referente nacional del ejercicio democrático en las calles, en un contexto marcado por la convergencia de diversas agendas sociales y políticas.

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¿Por qué se realizan movilizaciones sociales en Cali hoy?

De acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos, la movilización social que se lleva a cabo hoy en Cali fue convocada por sectores de la oposición, sindicatos, docentes y organizaciones políticas. La marcha surge como expresión de distintas exigencias y demandas de estos grupos hacia las autoridades, buscando visibilizar sus inquietudes y ejercer el derecho a la protesta en un espacio público.

¿Cuáles vías de Cali están afectadas por las marchas del 14 de octubre?

Según lo informado por Noticiero 90 Minutos, la principal vía afectada por las marchas de este 14 de octubre en Cali es la Calle 5, especialmente en el tramo que conecta el centro de la ciudad con el sur, donde se encuentra el Parque de las Banderas. Las autoridades recomendaron rutas alternas como la Avenida 3N, Calle 13N, Avenida 8N, Avenida 4N, Avenida 1N, Carrera 4 y la Avenida Circunvalar, buscando reducir congestiones en el área del evento.

El proceso busca otorgar hasta 81 créditos condonables, cubriendo 27 programas doctorales de siete universidades aliadas: Universidad Nacional de Colombia, Universidad de La Sabana, Universidad El Bosque, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estas instituciones ponen a disposición su capacidad académica para fortalecer la formación de talento en áreas alineadas con retos estratégicos de la región.

Quienes resulten beneficiados recibirán un respaldo integral, que comprende el cubrimiento total de la matrícula durante la duración oficial del programa de doctorado, sostenimiento semestral de 27 millones de pesos, hasta 45 millones para el desarrollo de investigaciones, y una asignación única de más de 7,6 millones para movilidad internacional. Los créditos otorgados tendrán una tasa de interés del 0 % sobre el capital desembolsado. Todo esto, según lo informa la propia Agencia Atenea.

Las personas interesadas deben preparar su postulación desde ahora, pues la Agencia aún no ha anunciado el cronograma oficial, pero el proceso requiere gestionar anticipadamente la admisión universitaria, paso imprescindible para participar, conforme recalca el director de Atenea, Víctor Saavedra. El proceso completo implica seis pasos: escoger la universidad y programa, lograr la admisión, formular una propuesta de investigación acorde a las demandas territoriales de Bogotá y Cundinamarca, postularse cuando Atenea abra oficialmente la convocatoria, consultar los resultados y, finalmente, legalizar el crédito para empezar estudios de doctorado en 2027.

Las líneas temáticas priorizadas incluyen economía circular, transición energética y salud, abarcando investigaciones que respondan a temas como ordenamiento territorial, conservación de biodiversidad, construcción de paz, seguridad sanitaria, soberanía alimentaria y uso de energías sostenibles, siempre buscando soluciones que aporten a la calidad de vida y desarrollo sostenible territorial.

Según la Agencia Atenea, toda la información oficial, universidades y cupos pueden consultarse directamente en su sitio web. Se enfatiza en comenzar el proceso de admisión previo a la apertura del cronograma, pues solo quienes hayan sido admitidos en una de las universidades aliadas podrán postularse cuando la convocatoria esté habilitada.

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¿Cuáles son los requisitos para acceder a la convocatoria 'Roberto Zarama' de la Agencia Atenea?

De acuerdo con la información oficial de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), quienes deseen acceder a la convocatoria deben, antes de postularse, ser admitidos en uno de los programas doctorales priorizados de las siete universidades aliadas. Además, es necesario presentar una propuesta de investigación alineada con las demandas territoriales de Bogotá y Cundinamarca y adjuntar la carta o certificación de admisión al momento de la postulación, siguiendo los pasos detallados por la Agencia.

¿Qué significa que los créditos educativos sean condonables y con 0 % de interés en esta convocatoria?

En el contexto de la convocatoria 'Roberto Zarama', un crédito educativo condonable implica que los beneficiarios podrán no pagar el saldo del crédito si cumplen con ciertos requisitos, como los logros en investigación estipulados por la Agencia Atenea. Además, el 0 % de interés significa que no se cobrarán intereses sobre el dinero desembolsado, lo que facilita a los beneficiarios enfocarse en su formación e investigación sin una carga financiera adicional.

En el documento, Alcocer rechazó de manera directa los señalamientos de Ferrer, argumentando que estaban fundamentados en relatos de terceros y no en hechos presenciados personalmente. Expresó públicamente su disposición plena para cooperar con las autoridades, resaltando su interés en "que se esclarezcan con absoluta rigurosidad" los hechos ventilados por los medios.

Frente al asunto de los viajes a Venezuela, la exprimera dama puntualizó que, durante el tiempo en que desempeñó labores protocolarias, viajó únicamente en dos ocasiones a ese país. Detalló que el primer viaje fue el 31 de enero de 2023 como parte de una delegación oficial, y el segundo el 18 de noviembre de 2023, acompañando al entonces presidente Gustavo Petro. Alcocer fue enfática al afirmar: “No realicé ningún otro desplazamiento a ese país, ni siquiera a título personal.” Asimismo, manifestó que dichos viajes cuentan con registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual de acceso público, elementos con los cuales, según ella, se puede verificar plenamente tanto las actividades como los asistentes.

Por otra parte, Alcocer pidió a la Fiscalía General de la Nación que informe si existe una nueva investigación penal en su contra con motivo de las afirmaciones presentadas el 9 de octubre, solicitando datos específicos sobre número de radicación y despacho a cargo, en caso de haberla. Además, recordó que ya había acudido antes a esa entidad por señalamientos anteriores y mencionó que su equipo jurídico continúa recopilando información para ponerla a disposición de las autoridades. Será esa institución la responsable de verificar el fundamento de las acusaciones y cualquier posible responsabilidad derivada.

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¿Cuántos viajes hizo Verónica Alcocer a Venezuela durante su periodo como primera dama?

De acuerdo con la propia Verónica Alcocer, solo realizó dos viajes a Venezuela mientras cumplía funciones protocolares en calidad de primera dama. Según su declaración formal y los registros institucionales disponibles, el primero de ellos fue el 31 de enero de 2023, como integrante de una delegación oficial, y el segundo, el 18 de noviembre de 2023, acompañando al entonces presidente Gustavo Petro.

¿Cuáles son las acusaciones que Eva Ferrer hizo contra Verónica Alcocer y cómo las respondió ella?

Eva Ferrer, quien trabajó como asesora para Alcocer, la acusó en una entrevista con la revista Semana de haber participado en supuestos traslados de drogas hacia Venezuela en aviones oficiales y del retorno de sumas de dinero a Colombia, específicamente 2,5 millones de dólares. Alcocer calificó estas afirmaciones como infundadas, aclarando que están basadas en relatos indirectos y no en hechos comprobados, y reiteró su disposición para cooperar con la justicia para esclarecer estos señalamientos.

El derecho de petición, fechado el 13 de octubre, manifiesta el interés de Alcocer por aclarar las acusaciones en su contra. Según el documento, ella fue primera dama y realizó dos viajes oficiales a Venezuela; el primero el 31 de enero de 2023 como parte de una delegación y el segundo el 18 de noviembre de 2023, acompañando al presidente de la República. Alcocer aseguró que no realizó otros desplazamientos, ni siquiera personales, y sostiene que existen registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual que respaldan sus declaraciones.

Alcocer expresó confianza en que comparar estos documentos y los testimonios de los participantes de los viajes permitirá desvirtuar las acusaciones y dejar en claro que no participó en conductas irregulares. La relevancia de la petición surgió luego de que la Procuraduría General de la Nación citara a Eva Ferrer para dar información sobre los presuntos actos de corrupción que mencionó públicamente, señalando la implicación de varios servidores públicos en el caso. Según El Espectador, también deberán declarar otras figuras relacionadas con el Gobierno, como Carmen Caballero, Angie Rodríguez (exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre), Concepción Baracaldo (exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF), Guillermo Reyes (exministro de Transporte) e Ingrid Carolina Plata Navas.

Las declaraciones de Ferrer fueron hechas en una entrevista con la revista Semana, en la que señaló a Alcocer de supuestamente aprovechar su cargo para actividades ilícitas entre Colombia y Venezuela, como transporte de drogas, armas y dinero, y de influir en la asignación de cargos y contratos estatales. También mencionó potenciales financistas no reportados de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Tras la publicación de la entrevista, el expresidente Petro acusó al medio de difamación y anunció una denuncia legal, solicitando una rectificación.

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¿Qué declaró Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer y cuáles fueron las consecuencias?

Eva Ferrer, exasesora y exconsejera del Gobierno, aseguró en una entrevista con la revista Semana que Verónica Alcocer habría utilizado su cargo como primera dama para transportar drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela, además de intervenir en la asignación de cargos estatales. Estas declaraciones derivaron en distintas citaciones judiciales tanto para Ferrer como para otros exfuncionarios y motivaron acciones legales por parte de la familia Petro Alcocer.

¿Qué es el Dapre y por qué está relacionado con este caso?

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, conocido por la sigla Dapre, es un organismo encargado de apoyar la gestión administrativa y política de la Presidencia. En este caso, la exdirectora de esa entidad, Angie Rodríguez, fue citada a declarar como parte de la indagación sobre las denuncias de corrupción mencionadas por Ferrer.

La propuesta une dos proyectos musicales bajo la dirección del músico, compositor y productor Eblis Álvarez, complementados por la intervención visual en tiempo real de Mateo Rivano. Las imágenes, generadas por el artista bogotano, se proyectarán sobre la superficie del domo gracias a tecnología ‘fulldome’, creando una experiencia inmersiva que fusiona sonido e imagen en simultáneo. El evento se enmarca dentro de la filosofía del Festival NO Convencional, que este año se presenta con la consigna "Espectáculos atípicos en tiempos inesperados", invitando tanto a residentes como a visitantes a explorar presentaciones que desdibujan los límites tradicionales de las artes.

Meridian Brothers, liderada por Eblis Álvarez, es célebre por mezclar ritmos como la cumbia, salsa y vallenato con elementos de electrónica, psicodelia y exploración sonora, logrando un sello inesperado y atractivo. Por otro lado, Chúpame el Dedo nació en 2013 tras una invitación de la Haus der Kulturen der Welt de Berlín, con Álvarez y el baterista Pedro Ojeda al frente, cruzando la música tropical con géneros extremos del metal y un tono humorístico tanto en el escenario como en la música. El primer registro del grupo fue lanzado en vivo, acompañado de ilustraciones de Mateo Rivano.

Este último, artista plástico y escultor con formación en Florencia, Italia, ha expuesto en reconocidos escenarios internacionales y su obra abarca escultura, pintura, vídeo y animación. Su conexión con la música es profunda, habiendo realizado piezas visuales para diversos proyectos y desempeñándose también como DJ y coleccionista.

El Festival NO Convencional se extiende de septiembre a diciembre de 2026 en Bogotá e incluye música, cine, danza y artes vivas, buscando nuevas formas de interacción con el público y los espacios, de acuerdo con Idartes. El Planetario, ubicado en calle 26b #5-93, será epicentro de una programación que estimula el diálogo entre distintas expresiones artísticas.

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¿Quiénes son los artistas que se presentan en el Festival NO Convencional en el Planetario de Bogotá?

El Festival NO Convencional presenta en el Planetario de Bogotá a Meridian Brothers y Chúpame el Dedo, agrupaciones lideradas por Eblis Álvarez, junto al artista bogotano Mateo Rivano. Álvarez fusiona géneros tropicales con experimentación y electrónica, mientras que Chúpame el Dedo aporta una mezcla de música tropical y metal, con un enfoque humorístico. Por su parte, Mateo Rivano es un artista visual, escultor y DJ, encargado de la parte visual del espectáculo.

¿En qué consiste la experiencia ‘fulldome’ que se usará en el concierto en el Planetario de Bogotá?

La experiencia ‘fulldome’ implica la proyección de imágenes en tiempo real sobre toda la superficie curva del domo, sumergiendo al público en una atmósfera visual creada a la par con la música en vivo. En este caso, Mateo Rivano estará a cargo de las creaciones visuales que acompañarán las interpretaciones de Meridian Brothers y Chúpame el Dedo, potenciando la conexión entre imagen y sonido en una propuesta verdaderamente inmersiva.

El problema, según lo relatado en el video de la denuncia, tiene origen en el deterioro de las tuberías vinculadas al sistema de manejo de aguas residuales. Según el denunciante, "esas tuberías están rotas y constantemente se filtra absolutamente toda el agua negra, acumulándose, como se pueden dar cuenta, acumulándose en todo este sector, generando muy malos olores, dejando en evidencia el poco mantenimiento que están teniendo las entidades relacionadas con el tema de manejo de aguas en Valledupar". Este señalamiento destaca la aparente falta de mantenimiento preventivo por parte de las entidades responsables de la gestión de aguas de la ciudad.

La situación alcanza un nivel de gravedad adicional debido a la presencia de adultos mayores y personas con enfermedades viviendo en las inmediaciones del manjol afectado. El denunciante hizo énfasis en la necesidad urgente de que las autoridades tomen medidas para evitar que el problema se agrave y surjan enfermedades asociadas con el contacto y la exposición permanentes a las aguas negras. Citando sus palabras: "En esta zona viven ancianos, viven personas con enfermedades y parece que son indolentes frente a esta situación".

Otra consecuencia directa del rebosamiento del manjol es el deterioro físico de la infraestructura vial. El denunciante denunció que "la carretera se está hundiendo, si se puede dar cuenta, eso se está hundiendo, en cualquier momento eso se va a erosionar completamente y va a quedar un hueco en donde van a salir con más, con mayor caudal o con mayor volumen las aguas negras de esta zona". Esto implica riesgos no solo para la salud, sino también para la movilidad y seguridad vial en el sector.

En síntesis, la reiterada filtración de aguas negras, la generación de malos olores, los riesgos a la salud pública y el daño a la infraestructura convierten este caso en un llamado de atención que la comunidad dirige a las entidades competentes, solicitando acciones concretas para resolver una problemática que, según la denuncia recogida por EL PILÓN, ya se extiende por ocho años.

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¿Por qué el manjol rebosado en Valledupar preocupa tanto a la comunidad?

El manjol rebosado en la carrera 12 con calle 9C ha causado molestias constantes debido a los malos olores y la acumulación de aguas negras, situación agravada porque en la zona residen adultos mayores y personas con enfermedades. Además, según la denuncia ciudadana citada por EL PILÓN, la filtración ha provocado el hundimiento de la vía, lo que pone en riesgo tanto la salud como la seguridad de quienes transitan por este sector.

¿Cuáles son los riesgos de salud asociados al rebosamiento de aguas negras?

De acuerdo con el denunciante recogido por EL PILÓN, el contacto con aguas negras genera condiciones que pueden favorecer la aparición de enfermedades. Las personas más vulnerables en la zona, como adultos mayores y quienes ya presentan problemas de salud, corren un riesgo mayor, por lo que la exposición constante a este tipo de contaminación hace urgente la intervención de las entidades responsables del manejo de aguas en Valledupar.

Durante la suspensión, estudiantes de Medicina y Cirugía expresaron públicamente su preocupación ante la falta de información sobre los escenarios dispuestos para continuar con su formación, la necesidad de firmar nuevos convenios, y la programación de las rotaciones que cada periodo académico exige. De acuerdo con el medio 90 Minutos, más de 200 estudiantes completaron 63 días sin prácticas clínicas, lo que generó protestas y solicitudes claras de comunicación y organización por parte de la universidad. Entre las inquietudes específicas se incluyeron la necesidad de confirmar el convenio con la Clínica Cali y la aprobación pendiente de tres rotaciones programadas en la Fundación Valle del Lili.

Para responder a estos retos, la universidad dispuso el uso de varios centros asistenciales como escenarios alternativos para la reanudación de actividades clínicas, incluyendo la Clínica Cali, Carlos Carmona e Isaías Duarte Cancino, junto a instituciones con convenios previos como el propio HUV, el Hospital Psiquiátrico, la Empresa Social del Estado (ESE) Ladera y la ESE Norte, según explicó Velasco. Estas nuevas alternativas buscan asegurar que los estudiantes puedan continuar con sus procesos formativos en ambientes adecuados mientras se normaliza la situación del hospital principal.

El director también señaló que la fecha de regreso se fijó considerando las peticiones de los estudiantes foráneos, quienes requerían tiempo para organizar su regreso a la ciudad de Cali y encontrar alojamiento. Además, señaló que los nuevos espacios de práctica requerirán jornadas de inducción tanto para estudiantes como para docentes, y aseguró que ya están listas las pólizas de responsabilidad y la documentación para las afiliaciones a las administradoras de riesgos laborales, conocidas como ARL.

En cuanto al HUV, Velasco afirmó que la universidad sigue en conversaciones para permitir el retorno progresivo de los estudiantes a áreas específicas, empezando por prácticas en pediatría, endocrinología de adultos e infectología pediátrica. Así, la Univalle busca garantizar la continuidad de la formación médica, a pesar de los retrasos ocasionados por el terremoto y el consecuente cierre temporal de su hospital universitario.

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¿Cuándo retoman los estudiantes de Medicina de la Universidad del Valle sus prácticas clínicas?

De acuerdo con lo informado por la Universidad del Valle y el director de la Escuela de Medicina, los estudiantes de cuarto y quinto año reanudan sus prácticas clínicas el lunes 19 de octubre, luego de un periodo de suspensión de más de dos meses debido a daños estructurales en el Hospital Universitario del Valle tras el terremoto del 10 de agosto.

¿Cuáles son los nuevos escenarios para las prácticas clínicas en Medicina en Univalle?

Según las autoridades universitarias, las prácticas clínicas no se realizarán exclusivamente en el Hospital Universitario del Valle. Los estudiantes realizarán sus actividades en centros asistenciales como la Clínica Cali, Carlos Carmona e Isaías Duarte Cancino, y también en instituciones con convenios previos, tales como el Hospital Psiquiátrico, la ESE Ladera y la ESE Norte. Esta medida busca facilitar la continuidad de la formación ante la emergencia por el terremoto.

La situación amenaza la continuidad de los servicios de este centro especializado, que este año ha atendido a 2.837 pacientes provenientes de 139 municipios del país.

La gerente de la clínica, Claudia María Calle, se reunió con la ministra de Salud, Ana María Vesga, para buscar soluciones.

Durante el encuentro, solicitó al Gobierno un giro urgente de al menos $ 50.000 millones en un plazo inferior a dos semanas para garantizar la operación y reducir los riesgos en la atención médica.

La institución también enfrenta cuentas pendientes con proveedores por $ 32.430 millones.

Aunque mantiene al día los salarios de sus 180 trabajadores, el 60 % de las obligaciones con proveedores supera los 90 días de mora. Además, hace 15 días tuvo que cerrar su Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), una decisión que afectó a cerca de 400 pacientes.

Calle advirtió que la situación se volvió inmanejable y explicó que la clínica incluso ha recurrido a créditos bancarios para pagar la nómina.

Según datos de la Secretaría de Salud de Antioquia, las deudas de las EPS con la red hospitalaria del departamento alcanzaron $ 16,7 billones en junio de 2026, con Nueva EPS como una de las principales responsables de la cartera acumulada.

El presidente De la Espriella se pronunció a través de sus redes sociales afirmando: "¡El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz! A los ciudadanos que protestan pacíficamente, todas las garantías. A los violentos, todo el peso de la ley, con respeto por el debido proceso. ¡Se acabó la guachafita! ¡La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera!". Esta declaración deja ver la postura oficial, que asegura garantizar el derecho a la protesta, pero establece un margen claro frente a los desmanes.

Desde el Congreso, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, apoyó la normativa al considerarla "necesaria", mientras que su copartidario Daniel Briceño sostuvo que el decreto protege las manifestaciones pacíficas e interviene el vandalismo y los abusos. De acuerdo con Briceño, quienes protestan pacíficamente no deben tener temor ante el decreto, ya que su objetivo se basa en controlar actos violentos durante las protestas.

En contraste, diferentes voces de la oposición han expresado críticas argumentando que el decreto podría ser inconstitucional. La senadora Jennifer Pedraza (Dignidad & Compromiso) señaló que altera un derecho fundamental, el de la protesta, que solo puede regularse mediante ley estatutaria, en vez de un decreto ejecutivo. Laura Beltrán y Daniel Monroy (Pacto Histórico) comunicaron que interpondrán acciones legales para suspender los efectos del decreto, argumentando que ponderar el derecho a la protesta con los de trabajo y salud es arbitrario.

A su vez, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) manifestó su rechazo, argumentando que los bloqueos en vías y otras formas de interrupción son expresiones legítimas de la protesta social, no actos de violencia, y que el decreto favorece métodos represivos al permitir la intervención policial sin agotar las etapas previas de diálogo. La CUT citó estándares internacionales de derechos humanos reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionando la proporcionalidad de las nuevas medidas.

El decreto establece lineamientos específicos: permite a la Fuerza Pública individualizar manifestantes que incurran en violencia o vandalismo, obliga a la policía a mantener una distancia de cuatro metros durante las manifestaciones y prevé la actuación en casos de porte de armas o daños a la infraestructura. Según el decreto, estos procedimientos buscan proteger tanto a manifestantes pacíficos como a personas externas a las protestas, incluidas autoridades, personal médico y periodistas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué principales cambios introduce el decreto sobre la intervención de la Fuerza Pública en protestas?

El decreto firmado por el gobierno de Abelardo de la Espriella establece protocolos para que la Fuerza Pública individualice a quienes promuevan violencia o vandalismo, permite el acompañamiento policial a una distancia de cuatro metros y autoriza la intervención en casos de porte de armas, retención de personas o daños a bienes públicos y privados. De acuerdo con declaraciones de autoridades y la difusión del contenido por El Espectador, la normativa busca equilibrar la protección del derecho a la protesta con el control de posibles disturbios.

¿Por qué sectores políticos y sindicatos se oponen al decreto sobre las protestas?

Senadores y representantes de la oposición, así como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cuestionan el decreto argumentando que modifica un derecho fundamental por medio de un acto ejecutivo y no mediante una ley estatutaria, lo que consideran inconstitucional. Además, según la CUT, las nuevas reglas permitirían acciones represivas y autoritarias por parte de la Fuerza Pública, ya que facilitan la disolución de manifestaciones sin agotar completamente el diálogo, postura compartida por organizaciones sociales y sindicales.

En el derecho de petición, Alcocer enfatizó su disposición total a rendir cuentas y solicitó que los entes de control indaguen con lupa los registros del Estado. “Quiero reiterar que no solo estoy dispuesta a que se investigue, sino que tengo el interés de que se esclarezca con rigurosidad. Durante el tiempo que desarrollé actividades protocolarias como primera dama viajé a Venezuela en dos oportunidades: el 31 de enero de 2023 como parte de una delegación y el 18 de noviembre de 2023 en compañía del presidente. No hice ningún otro viaje ni siquiera a título personal. Ambas visitas cuentan con registros institucionales y material audiovisual de acceso público. Tengo la tranquilidad de que en el contraste de estos documentos se permitirá desvirtuar las afirmaciones divulgadas”, sostuvo la ex primera dama en su comunicación formal.

 

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El pronunciamiento de Alcocer busca frenar el impacto del testimonio que Ferrer concedió a la revista Semana, en el que aseguró que desde la Casa de Nariño se habrían coordinado vuelos a Venezuela para transportar sumas superiores a los 2,5 millones de dólares en efectivo, además de señalar la existencia de supuestas fotografías donde la exprimera dama descendía de aviones oficiales con equipaje que contendría estupefacientes. En esas mismas declaraciones, Ferrer salpicó a figuras del entorno petrista como el empresario catalán Manel Grau, el excongresista Agmeth Escaf y el primo de Alcocer, Mario Fernández Alcocer, acusándolos de presuntas presiones e interferencias en la nómina de entidades públicas como el ICBF, ProColombia y Ecopetrol.

Paralelamente al recurso radicado por Alcocer, la respuesta en los tribunales comenzó a moverse desde el flanco de sus allegados. El empresario Manel Grau confirmó que interpondrá demandas penales y acciones civiles contra Eva Ferrer por los delitos de injuria y calumnia, tildando sus relatos de calumniosos e inventados. Con el derecho de petición sobre la mesa y los registros de vuelo bajo la revisión de la Fiscalía, la disputa legal entre las excolaboradoras entra en una fase decisiva de verificación de pruebas documentales.

Para el comunicador, la credibilidad de ambas denunciantes es absoluta, destacando que ninguna de las dos sostiene intereses particulares o beneficios políticos tras destapar el funcionamiento interno de la Casa de Nariño. “Yo le creo tanto a la señora Ferrer como a Angie Rodríguez. Lo que están haciendo es exponiendo su vida, a que las maten, así como suena. Les creo al cien por ciento”, aseveró Zuleta durante la transmisión, subrayando el enorme riesgo personal que asumen al señalar presuntas estructuras al margen de la ley operando en las altas esferas del poder.

Zuleta argumentó además que las versiones entregadas por Ferrer y Rodríguez coinciden rigurosamente con datos e informes que él ya había recibido previamente a través de fuentes reservadas vinculadas al entorno presidencial y al esquema de seguridad del exmandatario Gustavo Petro. Según explicó el analista, estos insumos le permiten concluir que los señalamientos no corresponden a especulaciones infundadas, sino a hechos con sustento real que deben ser auditados por la justicia.

Frente al tratamiento institucional del caso, el periodista le hizo un enérgico llamado a la Fiscalía General de la Nación para que acelere las indagaciones correspondientes y determine las responsabilidades penales e individuales. Asimismo, enfatizó que debe existir una sanción de carácter político sobre el expresidente Petro como cabeza del Ejecutivo de la época, cuestionando fuertemente la estrategia de la defensa de anunciar acciones legales contra el medio de comunicación que difundió la entrevista en lugar de refutar los contenidos. Zuleta concluyó que dichas denuncias penales difícilmente prosperarán porque la Casa de Nariño es consciente de que las denunciantes guardan las evidencias probatorias de lo afirmado.

La nueva víctima mortal fue identificada como Ajay Bhathaga, un ciudadano británico de 50 años, oriundo de Londres y radicado desde hace décadas en los Estados Unidos. Bhathaga era un reconocido especialista en oncología, destacado profesionalmente por su labor en tratamientos contra el cáncer de próstata mediante terapias de radiación de baja dosis. El pasado domingo, el médico oncólogo se encontraba disfrutando de uno de los siete escenarios dispuestos en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, epicentro que congregó a más de 90.000 asistentes durante los dos días que duró el festival, de acuerdo con el periódico. 

En medio de la masiva aglomeración, el especialista de raíces asiáticas comenzó a presentar graves complicaciones de salud derivadas de una aparente sobredosis. Ante la emergencia, los equipos de asistencia trasladaron de urgencia al ciudadano inglés hacia la Clínica El Rosario, ubicada en el exclusivo sector de El Tesoro, donde ingresó directamente a la unidad de cuidados intensivos para recibir atención médica especializada. A pesar de los esfuerzos del personal asistencial por estabilizarlo, el médico permaneció internado durante varias horas hasta que se produjo su deceso entre las 5:00 y las 6:00 de la tarde del lunes 12 de octubre, según el rotativo. 

Los reportes preliminares entregados por las autoridades y los centros médico-legales revelaron que los exámenes toxicológicos practicados al oncólogo arrojaron resultados positivos para múltiples sustancias psicoactivas, destacando la presencia de cocaína, anfetaminas y alcohol en su organismo. Este trágico suceso se suma al de Ismael Gerardo Méndez Huertas, el joven costarricense de 23 años cuya muerte se registró en la madrugada del pasado sábado en el Hospital Pablo Tobón Uribe, tras ser evacuado del festival con fallas respiratorias agudas asociadas también a una sobredosis. La magnitud de ambas tragedias ha encendido las alarmas institucionales en Medellín sobre el control de sustancias y los riesgos asociados al consumo desmedido en macroeventos de entretenimiento global.

Según el relato compartido, el hurto se habría producido en el momento en que la mujer se disponía a descender del vehículo. En ese instante, otra mujer la sujetó con fuerza de los brazos, generando la confusión necesaria para que otras personas, aparentemente cómplices, aprovecharan y le sacaran del bolso el celular, junto con dinero en efectivo. Estos hechos habrían ocurrido en cuestión de segundos, evidenciando la organización de quienes participaron en el ilícito.

La situación de peligro no terminó ahí. De acuerdo con el testimonio recogido, una vez que los presuntos responsables bajaron de la buseta, la víctima intentó seguirlos, probablemente con la esperanza de recuperar sus objetos o de identificar a quienes la asaltaron. Sin embargo, recibió amenazas a distancia con un cuchillo, lo que disuadió cualquier intento de acercamiento y aumentó su estado de vulnerabilidad. La gravedad del episodio dejó a la mujer profundamente afectada, al punto de sentir temor de volver a salir de su casa.

El familiar de la afectada confirmó que ya se interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes. No obstante, la información disponible hasta el momento no precisa si existen personas identificadas, capturas o avances en la investigación de este caso. El desconocimiento de estos detalles refleja una sensación de incertidumbre e impotencia para las víctimas y sus allegados.

Este lamentable hecho se suma a las preocupaciones existentes sobre la seguridad en el transporte público. Se recomienda extremar las precauciones, mantener los bolsos cerrados y cerca del cuerpo y prestar atención al subir o bajar de las busetas. Además, ante una situación de riesgo, lo más importante es priorizar la seguridad personal y reportar todo hecho delictivo a las autoridades.

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¿Cómo denunciar un hurto en el transporte público en Ibagué?

Para denunciar un hurto en el transporte público en Ibagué, la víctima o sus familiares deben presentar la denuncia ante las autoridades competentes, como la Policía Nacional o la Fiscalía. De acuerdo con lo informado en este caso, corresponde a las autoridades iniciar la investigación a partir de la denuncia, aunque por ahora no hay detalles sobre identificaciones o capturas.

¿Qué medidas de seguridad se recomiendan en busetas de Ibagué?

Entre las recomendaciones de seguridad en busetas de Ibagué está mantener los bolsos cerrados y cerca del cuerpo, estar atentos al entorno en especial al momento de subir y bajar, y evitar confrontar a personas que podrían estar armadas. En situaciones de riesgo, la prioridad es la integridad personal y reportar los hechos a las autoridades de inmediato.

El decreto especifica que, si desde el inicio de una concentración se detecta el porte o uso de armas, explosivos, artefactos peligrosos, o si ocurren retenciones de personas contra su voluntad, agresiones físicas o daños a la infraestructura, la intervención de la Policía podrá darse sin agotar todos los niveles previos de actuación. En estos escenarios, la justificación debe ser objetiva y verificable, y la decisión debe quedar respaldada en el acta del Puesto de Mando Unificado (PMU). Esto se realiza sin menoscabo de las garantías para quienes participan de manera pacífica, enfatizando que la verificación de comportamientos debe ser concreta y focalizada, sin caer en generalizaciones sobre los convocantes, los discursos, los rostros cubiertos o el carácter mismo de la protesta.

El decreto también introduce el principio de equilibrio constitucional, orientado a salvaguardar la coexistencia entre el derecho a la protesta y derechos como la vida, la salud, la movilidad, la educación y la prestación de servicios públicos esenciales. Bajo esta premisa, las autoridades deben sopesar sus decisiones, evaluando cuándo las afectaciones a otros derechos resultan desproporcionadas o generan una imposibilidad para su ejercicio.

Además, la nueva normativa robustecerá la planeación de las movilizaciones. Alcaldías y gobernaciones deberán contar con un Plan de Manejo de Tránsito y Movilidad Alternativa, detallando rutas críticas, vías alternas y mecanismos de señalización para la comunidad. Estos planes se activarán automáticamente si se identifica una obstrucción vial, incluso sin anuncio previo.

Se crean los denominados corredores solidarios, cuyo objetivo es asegurar el tránsito de ambulancias, socorristas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad y el transporte de medicamentos y alimentos perecederos. Se suman medidas preventivas para proteger infraestructuras consideradas prioritarias, como hospitales, acueductos, servicios de energía y transporte público, así como la coordinación permanente de los Puestos de Mando Unificado antes, durante y después de las marchas.

El ministerio del interior tendrá un sistema de alertas tempranas para situaciones de conflictividad social, obligando a las autoridades a conformar mesas de diálogo en caso de alerta y a documentar los acuerdos en un sistema público. La normativa prohíbe emplear estas alertas para actividades de inteligencia contra manifestantes.

Este miércoles 14 de octubre, diferentes sectores sociales, entre ellos Fecode, centrales obreras y comunidades indígenas, se movilizarán rechazando anuncios gubernamentales sobre reformas laborales, pensionales y otros cambios económicos, evidenciando las tensiones que rodean la aplicación del nuevo decreto, de acuerdo con la información publicada en El Pilón.

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¿Cuáles son los cambios clave del decreto 1525 sobre el manejo de protestas en Colombia?

El decreto 1525 establece que la policía puede intervenir sin agotar todos los niveles de actuación cuando se presenten situaciones graves y verificables, como el uso de armas o daños a la infraestructura, siempre dejando constancia en el acta del Puesto de Mando Unificado. Además, refuerza la protección de derechos de quienes se manifiestan pacíficamente, exige planes de tránsito y movilidad por parte de las autoridades y crea corredores solidarios para garantizar el tránsito de servicios y grupos vulnerables.

¿Qué es el Puesto de Mando Unificado (PMU) en las marchas y cuál es su función según el nuevo decreto?

El Puesto de Mando Unificado, de acuerdo con la normativa, es una instancia que debe operar antes, durante y después de las manifestaciones. Coordina la respuesta institucional, documenta decisiones, verifica rutas de evacuación y corredores solidarios, y facilita la atención a heridos y personas detenidas. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo tienen acceso a las actas y bitácoras generadas por el PMU para asegurar la transparencia de las actuaciones.

El padre de la menor, Albeiro Páez, habló con Citytv este miércoles 14 de octubre sobre la notificación que recibió de las autoridades y el momento en que fue llamado para reconocer el cuerpo de su hija. Según su testimonio, la familia conoció la noticia hace aproximadamente ocho días, aunque el hallazgo se habría producido varios meses antes.

(Lea también: Ella era Luz, la mototaxista que estaba desaparecida y apareció sin vida: la última vez la vieron con un hombre)

“A nosotros nos notifican hace ocho días. Hace ocho días que me llamaron para reconocer el cuerpo de mi hija”, relató Páez al medio de comunicación.

De acuerdo con lo que conoce el padre de la adolescente, una persona que se encontraba en una zona rural de Sopó, Cundinamarca, habría encontrado el cuerpo el pasado 22 de abril. Sin embargo, Albeiro aseguró que todavía desconoce las circunstancias en las que murió su hija y por qué la notificación a la familia se produjo tiempo después del hallazgo.

“Todo indica que la persona que la encontró era una persona que estaba en la zona de Sopó, en una zona selvática y fue a hacer una necesidad fisiológica y ahí encontraron el cuerpo, el 22 de abril”, explicó en entrevista con Citytv.

El padre manifestó su desconcierto frente al tiempo transcurrido entre el hallazgo y la comunicación oficial. No obstante, las circunstancias del caso continúan bajo investigación, por lo que aún no hay conclusiones confirmadas sobre lo sucedido.

Durante los meses de búsqueda, la familia recorrió diferentes lugares con la esperanza de encontrar a Ayelén. Según contó Albeiro, incluso viajó a Medellín tras recibir información sobre posibles sitios en los que la adolescente habría sido vista. También recibió reportes de personas que aseguraban haberla observado en sectores de Bogotá, pero ninguna de esas pistas permitió establecer su paradero.

“Pues ese es un tema que uno no entiende: ¿Cómo que se desaparece una persona y hasta 14 meses después aparece?, pues apareció sin vida, lo que no queríamos, pero pues gracias a Dios apareció”, expresó.

Padre de Ayelén recordó cómo era su hija

En medio del dolor por la noticia, Albeiro Páez recordó la personalidad de la adolescente y el papel que tenía dentro de su familia. La describió como una joven alegre, espontánea y capaz de cambiar el ánimo de quienes la rodeaban.

“Ella era una persona alegre, la que nos estabilizaba toda la familia. Ella era una persona que todo el tiempo tenía algo como para hacer diferente”, manifestó al canal.

También aprovechó la entrevista para enviar un mensaje a otros padres de familia, a quienes invitó a expresarles cariño a sus hijos y a dedicarles tiempo mientras tienen la oportunidad de hacerlo.

“Se les olvida abrazar a sus hijos, se les olvida muchas cosas. Si están en este momento de tiempo, háganlo”, dijo.

El padre cerró ese mensaje con palabras sobre el duelo que atraviesa tras la pérdida de su hija y la esperanza de encontrar fortaleza para afrontar lo ocurrido.

“Yo tengo a mi hija ya en el cielo y pues quisiera estar al lado de ella. No se puede ya, ya es un angelito más y todo se lo estoy entregando en manos de Dios que nos dé la fortaleza”, expresó.

Hermana de Ayelén pidió no difundir información sin confirmar

Valentina Páez, hermana de la adolescente, también se pronunció a través de sus redes sociales. En sus publicaciones confirmó que Ayelén fue encontrada sin vida y recordó que el caso sigue bajo investigación, por lo que pidió a los usuarios abstenerse de compartir versiones que no hayan sido verificadas.

“Por favor, por respeto a la memoria de mi hermana, a nosotros como familia y al proceso que aún continúa, absténgase de informarse erróneamente”, escribió.

La joven explicó que, por ahora, la familia no divulgará detalles sobre las evidencias que puedan conocer durante el desarrollo de las diligencias judiciales. Según indicó, buscan evitar interferencias en el trabajo de los investigadores y permitir que el proceso avance mientras sus allegados asimilan la noticia.

“Primeramente, como bien sabemos, mi hermana apareció sin vida, las causas aún se desconocen, está en proceso de investigación”, señaló Valentina en otro mensaje.

Además, precisó que no tienen previsto realizar, por el momento, un acto simbólico y que cualquier actualización será compartida a través de sus canales personales, cuando las condiciones del proceso lo permitan.

La hermana de Ayelén también agradeció a las personas que acompañaron a la familia durante los meses de búsqueda. De acuerdo con su relato, recibieron apoyo emocional y económico, especialmente para su madre, Claudia, quien estuvo al frente de las gestiones para encontrar a la adolescente.

“Un agradecimiento, completamente gratitud de parte de mi familia, porque todo momento nos sentimos acompañados”, expresó.

Sin embargo, pidió que ese acompañamiento esté acompañado de respeto por la intimidad de sus allegados durante el duelo.

“Por favor se abstengan de hacer comentarios, de difundir información, de preguntar dónde, cómo, por qué, por respeto a la memoria de mi hermana”, solicitó.

(Vea también: Revelan último video con vida de Ayelén Sofía, adolescente que llevaba 14 meses desaparecida)

¿Qué se sabe de la investigación por la muerte de Ayelén Sofía Páez?

Jimmy Erazo, abogado que representa a la familia, también se refirió al caso en una entrevista con Citytv. El jurista explicó que la madre de la adolescente recibió la comunicación oficial de la Fiscalía después de que las autoridades localizaran el cuerpo en una población cercana a Bogotá.

No obstante, debido a que se trata de una investigación judicial en curso y el caso involucra a una menor de edad, la información disponible es limitada.

Por ahora, las causas y las circunstancias de la muerte de Ayelén Sofía Páez no han sido esclarecidas públicamente. Su familia pidió esperar los resultados de las actuaciones judiciales y evitar especulaciones que puedan afectar tanto la memoria de la adolescente como el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con los hechos registrados, Andrés Molina Carvajal, representante del Partido Liberal, fue escogido como presidente con 18 votos a favor y estuvo acompañado por su padre, el exgobernador Hernando Molina Araújo, junto a su familia. En el mismo acto, José Alberto Morillo recibió la confianza de 19 concejales, convirtiéndose en el segundo vicepresidente de la corporación. La verdadera disputa surgió, sin embargo, en la elección del primer vicepresidente, un cargo regulado por la Ley 1909 de 2018, conocida como Estatuto de la Oposición, y por la Sentencia C-018 de 2018 de la Corte Constitucional, normas que buscan asegurar la participación de partidos no mayoritarios en los órganos directivos.

El concejal Carlos Escorcia Bornacelli, del partido En Marcha, denunció presuntas irregularidades en el proceso: días antes, el voto secreto según él había sido descartado, pero en la elección se aprobó por mayoría, generando suspicacias. La propuesta para que la votación fuera reservada fue presentada por Yesith Triana y respaldada por 14 concejales. Finalmente, Ronald Castillejo, identificado con un movimiento declarado en oposición, alcanzó 11 votos, superando a Escorcia, quien solo obtuvo 5, mientras dos concejales votaron en blanco.

La controversia central giró en torno a quién debía ocupar la primera vicepresidencia, pues Escorcia argumentó que algunos partidos se declaran en oposición únicamente para acceder a cargos, no por convicción política. "Aquí el problema radica en que se declaran en oposición para ocupar la mesa directiva, no para hacer una verdadera oposición, y eso es antiético", sostuvo en plenaria. Por su parte, Wilber Hinojosa –concejal con larga trayectoria– defendió la elección secreta amparándose en el reglamento interno, subrayando que la definición de cargos se da por mayoría democrática.

En medio de la controversia, el concejal Ronald Castillejo, electo primer vicepresidente, reiteró su compromiso de garantizar los derechos de la oposición en la corporación y defendió la independencia de su postura política, pese a sus relaciones anteriores tanto con la coalición como con la oposición. Otras voces, como la de Jesús Perpiñán, recordaron el impacto negativo de los vaivenes políticos sobre la confianza ciudadana en el cabildo.

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¿Qué dice la Ley 1909 de 2018 o Estatuto de la Oposición sobre las mesas directivas en el Concejo?

La Ley 1909 de 2018, conocida como Estatuto de la Oposición, establece mecanismos para que los partidos que no hacen parte de la mayoría o coalición de gobierno tengan participación en los órganos directivos de las corporaciones públicas, como las mesas directivas de los concejos. Según lo debatido en la sesión descrita por El Pilón, este norma fue uno de los puntos clave en la disputa por la primera vicepresidencia, evidenciando diferencias en su interpretación sobre quién puede o no considerarse legítimamente en oposición para ser elegido en ese cargo.

¿Por qué genera polémica el voto secreto en la elección de la mesa directiva del Concejo de Valledupar?

El mecanismo de voto secreto fue centro del debate, ya que, según lo expresado por concejales como Carlos Escorcia, contradijo acuerdos previos sobre la transparencia del proceso. De acuerdo con el reglamento interno citado por el concejal Wilber Hinojosa, el voto reservado se encuentra autorizado, pero su uso inesperado despertó reclamos sobre la falta de claridad y posible manipulación en la elección, lo que a su vez suma inquietudes sobre la legitimidad de los resultados y la representatividad de quienes integran la mesa directiva.

En las décadas de 1950 y 1960, la ruta Mirolindo–La Pola se consolidó como opción fundamental para los estudiantes de la Universidad del Tolima, ubicada en el barrio Santa Helena. Según se recuerda en los testimonios recopilados, los buses descendían por la carrera Quinta hasta los galpones universitarios, daban la vuelta en el llamado ‘muro de los lamentos’ y retornaban por la carrera Cuarta hacia Mirolindo. Esta dinámica cotidiana dejó registros de personajes como ‘Mechas’, un conductor conocido por su carácter impredecible, y don Justo Rozo, quien se ganó el aprecio de los pasajeros gracias a sus saludos y a los viajes amenizados con música clásica.

La expansión urbana llevó también a la creación de empresas que transformaron el servicio de transporte. Velotax, fundada el 13 de abril de 1953 por Pedro Pablo Contreras Jiménez, marcó el inicio de una era en que las cooperativas jugaron un papel clave, luego ampliaron su alcance hasta el transporte intermunicipal. Entre 1953 y 1955 surgió la Flota Andrés López de Galarza (Logalarza), fundada por Luis Emilio Espitia Fierro y otros once transportadores, que inició operaciones con cinco buses de la reconocida carrocería Blue Bird. Más adelante, en 1963, surgió la Cooperativa de Transportadores del Servicio Urbano del Tolima (Cotrautol), la cual comenzó a operar con 80 vehículos que cubrían rutas en distintos puntos de la ciudad y eran fácilmente identificables por sus colores rojo y marfil.

La Cooperativa Tolimense de Transportes (Cotoltran) fue fundada el 24 de septiembre de 1964 por veinte propietarios de taxis y, en 1966, obtuvo la autorización necesaria para ofrecer el servicio de taxis colectivos con camionetas Skoda que conectaban el centro con barrios del sur. Con la aprobación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intra) en 1973, Cotoltran habilitó el servicio de busetas en recorridos clave, y luego amplió su flota y cobertura hasta convertirse, en 1998, en Expreso Ibagué.

El crecimiento poblacional motivó, en 1983, que el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Tolima formulara dos ambiciosos proyectos de transporte masivo: la ‘trolización de Ibagué’, que proponía utilizar trolebuses eléctricos conectados a una red aérea mediante un intercambio de café con la Unión Soviética; y un premetro de superficie que aprovecharía la línea férrea de la avenida Ferrocarril. Ninguno de estos proyectos se concretó, pero dejaron huella en la memoria colectiva. Para 1980, el sistema de transporte público de Ibagué contaba ya con 223 buses, 122 busetas y 64 microbuses distribuidos en 20 rutas que articulaban la vida urbana alrededor de la plaza de Bolívar. Así, la historia del transporte colectivo es también la historia del crecimiento y la identidad de la ciudad.

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¿Cómo evolucionaron las principales empresas de transporte colectivo en Ibagué?

De acuerdo con información del texto, empresas como Velotax, Cotrautol, Logalarza y Cotoltran surgieron y se desarrollaron en respuesta al crecimiento urbano, expandiendo gradualmente sus servicios a medida que crecían las necesidades de movilidad en la ciudad. Velotax y Logalarza iniciaron con rutas urbanas, Cotrautol amplió cobertura con buses de mayor capacidad y Cotoltran, que luego se llamó Expreso Ibagué, diversificó su flota y rutas para atender una ciudad cada día más extensa.

¿Por qué no se implementaron los proyectos de transporte masivo en Ibagué durante los años 80?

Según el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Tolima, en 1983 se propusieron dos proyectos para enfrentar la creciente demanda de movilidad: la trolización con trolebuses eléctricos y un premetro sobre la línea férrea de la avenida Ferrocarril. Sin embargo, ambos proyectos no alcanzaron a ser ejecutados, aunque el texto no especifica las razones exactas que impidieron su concreción.

El punto de partida de esta controversia fueron las afirmaciones de Angie Rodríguez, también exdirectora del DAPRE, quien aseguró que mientras estaba en su cargo, fue testigo de la presencia de una red de mujeres jóvenes con fuerte influencia en las decisiones administrativas del Gobierno de Gustavo Petro. Según Rodríguez, estos presuntos hechos involucraban desde nombramientos, hasta contratos, e incluso intermediarios dedicados expresamente a captar mujeres jóvenes para el entorno presidencial.

Ante tal escenario, Sarabia manifestó públicamente que desconoce cualquier actividad de ese tipo. Aseguró que, como funcionaria pública, su deber en caso de conocer de la comisión de delitos sería denunciarlos, pero puntualizó: “Uno como funcionario público, cuando conoce la comisión de delitos, debe denunciarlo. Yo hablar de red de prostitución o de eso, la verdad, no lo voy a hacer, porque yo no tengo pruebas”. También enfatizó no conocer a las mujeres señaladas y solicitó que si hay información concreta, se revelen los nombres para que las autoridades puedan investigar de manera precisa.

Por su parte, Rodríguez sostiene que sí tiene sustento para sus declaraciones y que ya ha presentado denuncias sobre lo relatado. No obstante, hasta el momento, el simple hecho de hacer públicos los señalamientos no equivale a una confirmación judicial ni a la verificación definitiva de la existencia de esta supuesta red. Así, el tema continúa en una especie de limbo mediático, a la espera de que las autoridades determinen si existen pruebas fehacientes que sustenten las graves denuncias.

En tanto, la discusión sigue viva y bajo observación, marcada por las divergencias entre las versiones de ambas exfuncionarias y el impacto político que esto puede acarrear en el entorno del gobierno de Gustavo Petro. La resolución dependerá, en última instancia, de las investigaciones oficiales y del esclarecimiento que aporten las autoridades competentes.

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¿Qué pruebas existen sobre la supuesta red de prostitución en la Casa de Nariño?

Hasta el momento no se han presentado pruebas concretas ante la opinión pública o la justicia que confirmen la existencia de una red de prostitución en la Casa de Nariño. De acuerdo con las declaraciones de Laura Sarabia, ella no tiene conocimiento o evidencia sobre tal estructura y recalca que cualquier funcionario está obligado a denunciar si tiene pruebas, lo cual en este caso no ocurrió. Angie Rodríguez, quien hizo las denuncias iniciales, afirmó poseer información y haber presentado denuncias, pero esto no es sinónimo de confirmación judicial, quedando el tema sujeto a futuras investigaciones.

¿Qué es el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y cuál era su función en este caso?

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) es la entidad encargada de coordinar la administración interna y externa de la Presidencia en Colombia, gestionando temas administrativos y de personal. Tanto Laura Sarabia como Angie Rodríguez ocuparon su dirección en distintos momentos. Las denuncias sobre la presunta red de prostitución surgieron en el contexto de las funciones del DAPRE, pues se relacionan con acusaciones sobre influencias en contratos y nombramientos dentro de la institución durante el actual gobierno.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por María Claudia Tarazona, el mensaje previo al crimen contenía tanto nombres como fotografías, e incluía advertencias sobre ataques no solo contra Miguel Uribe Turbay, sino también hacia otros precandidatos del partido Centro Democrático. Un aspecto relevante de su testimonio es que se mencionaba que los fondos para financiar este atentado habrían provenido de Venezuela. Tarazona remarcó que todo esto fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, recalcando únicamente su papel como transmisora de la información, que ahora corresponde cotejar y validar a la Fiscalía.

Dentro del relato, la viuda añadió que existe la presunción de que un congresista perteneciente al partido Comunes podría estar implicado en el caso. Sin embargo, subrayó que corresponde a la investigación judicial establecer si existen pruebas o elementos fundados que respalden tal hipótesis. En esa misma línea, dejó claro que su denuncia ante la Fiscalía no constituye una prueba por sí sola contra ninguna persona específica, sino que está en curso el proceso para determinar responsabilidades con base en pruebas.

Tarazona igualmente fue enfática al pedir que se abra una nueva línea de indagación para rastrear el origen de la información recibida y avanzar en la identificación de los posibles autores intelectuales. En sus palabras, “estamos esperando que se abra esta línea de investigación, que la Fiscalía corrobore de dónde salió esta información”.

Miguel Uribe Turbay murió luego de un atentado ocurrido el 7 de junio de 2025, falleciendo el 11 de agosto de ese año en Bogotá. Las recientes declaraciones de su esposa reavivan el debate sobre quién ordenó el crimen, y la sociedad espera que las autoridades judiciales esclarezcan los hechos con base en pruebas verificadas, como lo establece la legislación colombiana.

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¿Qué información entregó María Claudia Tarazona sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

De acuerdo con la propia María Claudia Tarazona en entrevista con Noticias Caracol, ella proporcionó a la Fiscalía General de la Nación información que incluía nombres, fotografías y advertencias sobre posibles ataques a Miguel Uribe Turbay y otros miembros del Centro Democrático. Además, mencionó que dicha información apuntaba a que la orden del crimen habría salido del Congreso de la República y que los recursos para ese atentado habrían sido originados desde Venezuela.

¿Por qué se señala al Congreso de la República en el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

La viuda de Miguel Uribe Turbay aseguró que, según la información que recibió y entregó a la Fiscalía, la orden para el magnicidio habría provenido del Congreso de la República. No obstante, aclaró que estas afirmaciones forman parte de una denuncia que necesita ser investigada por las autoridades competentes para establecer si existen elementos de prueba que sostengan esa acusación.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario, la captura se llevó a cabo en Santa Rosa de Osos, municipio al que habría llegado el sospechoso después de los hechos. El hombre fue identificado como Wilber Alonso García Muñoz, quien ya había sido reconocido previamente por habitantes de La Unión, según la información publicada por El Tiempo.

La investigación también permitió establecer que el señalado tiene antecedentes judiciales por tentativa de extorsión agravada y homicidio, relacionados con hechos ocurridos hace aproximadamente 10 años. Estos registros fueron conocidos durante las averiguaciones periodísticas sobre el hombre capturado.

(Vea también: Tragedia en base militar: soldado de 18 años peleó con un compañero, le disparó y lo asesinó)

Rendón explicó que el sospechoso habría intentado escapar para evitar ser ubicado por las autoridades. Sin embargo, las cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo que presuntamente utilizó durante los hechos, mientras que las labores investigativas condujeron a su localización en Santa Rosa de Osos.

El gobernador ya había calificado el caso como prioritario el pasado 9 de octubre y exigido que el responsable respondiera ante la justicia. También informó que la Secretaría de las Mujeres acompañaba a la víctima y a su familia con atención psicosocial y orientación jurídica tras la agresión.

Tras confirmar la captura, Rendón reiteró su rechazo a lo ocurrido y manifestó que espera una condena máxima y ejemplar. El procedimiento representa un avance en la investigación, aunque la responsabilidad penal del hombre señalado deberá establecerse dentro del proceso judicial.

Fue capturado en Santa Rosa de Osos Wilber Alonso García Muñoz, el sujeto señalado de abusar sexualmente de una mujer de 83 años en La Unión.

Intentó huir para evadir a las autoridades, pero las cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo usado en los hechos y el… pic.twitter.com/VkquThJPyN

— Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 14, 2026

Las reacciones a este nuevo marco no se hicieron esperar. Iván Cepeda, senador y figura del Pacto Histórico, expresó su preocupación respecto a que estas nuevas reglas sobre el orden público puedan categorizar expresiones legítimas de protesta social como actos terroristas, señalando el riesgo de que el Estatuto Antiterrorista derive en prácticas antidemocráticas. No obstante, desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió el decreto resaltando su carácter “garantista” y mencionó que su construcción fue resultado de un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia de 2021. Esta sentencia ordenó precisar las instrucciones que restringen o deben restringir el uso de la Fuerza Pública ante protestas ciudadanas, discusión enriquecida con aportes de organizaciones sociales y una nueva definición de violencia.

En un contexto de aguda polarización, el gobierno de la Espriella ha acusado en numerosas ocasiones a la administración Petro de corrupción y de haber dejado al país en medio de una crisis fiscal y de seguridad. La oposición, por su parte, critica recientes nombramientos dentro del gabinete, señalando falta de mérito en los nuevos funcionarios. Para el Pacto Histórico y sus aliados, esta es la oportunidad clave para medir su capacidad de movilización ahora desde la orilla opositora, un campo en el que Petro demostró gran destreza en el pasado, convocando a la sociedad para defenderse de supuestas injerencias extranjeras o bloqueos institucionales.

La jornada plantea una doble prueba para el gobierno de la Espriella: gestionar la protesta garantizando derechos y responder a una oposición que buscará hacer sentir su voz en las calles, todo bajo la lupa de la nueva regulación de la protesta social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales críticas al nuevo decreto sobre la Fuerza Pública en protestas?

De acuerdo con El Espectador, la principal crítica divulgada por opositores como Iván Cepeda es el posible riesgo de que se considere la protesta social como terrorismo, bajo la nueva regulación. Cepeda advierte que este decreto podría abrir la puerta a la estigmatización de la protesta, propiciando prácticas contrarias a la democracia y afectando derechos fundamentales si no se implementa de manera adecuada.

¿Qué es un Puesto de Mando Unificado (PMU) y cuál es su rol en las manifestaciones?

Según información del ministro del Interior, Rodrigo Lara, el Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por el presidente Abelardo de la Espriella tiene la tarea de monitorear todas las manifestaciones previstas. El PMU es una instancia que reúne a diferentes entidades para coordinar acciones y garantizar el seguimiento en tiempo real de las movilizaciones, atendiendo emergencias o incidentes y promoviendo la protección tanto de manifestantes como de la ciudadanía en general.

Según lo informó el gobernador de Cundinamarca, la emergencia no ocasionó personas lesionadas ni vehículos atrapados, circunstancia que facilitó la labor inicial de los cuerpos de socorro. Sin embargo, dadas las condiciones del terreno y el riesgo latente de nuevos movimientos, las autoridades decidieron mantener cerrada la vía mientras se adelantan las acciones necesarias para garantizar la seguridad.

El primer equipo en llegar al sitio fue el de los Bomberos Voluntarios de Fusagasugá, quienes evaluaron la magnitud del deslizamiento y el impacto de las lluvias sobre la estabilidad del eje vial. Estas acciones hacen parte de los protocolos habituales ante eventos de esta naturaleza, donde la prioridad se centra en comprobar la seguridad tanto de los socorristas como de los ciudadanos de la región. Posteriormente, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca asumirá la labor de remover el material acumulado, trabajo que solo podrá iniciarse una vez se constate que la zona no representa peligro adicional para el personal y la maquinaria.

Entretanto, las autoridades recomendaron a los conductores buscar rutas alternas para evitar congestiones y seguir con atención las indicaciones impartidas por los organismos de emergencia. Aunque se han desplegado los operativos correspondientes, hasta el momento no se ha dado a conocer una hora estimada para la reapertura del tramo afectado, lo que prolonga la incertidumbre entre quienes necesitan movilizarse entre Sibaté y Fusagasugá. La recomendación principal es mantener la prudencia y la paciencia mientras se restablecen las condiciones de seguridad sobre la carretera.

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¿Por qué se cerró la vía entre Sibaté y Fusagasugá en Cundinamarca?

La vía Sibaté–Fusagasugá fue cerrada debido a un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias intensas, lo que representó un peligro para los conductores y motivó la intervención de los organismos de emergencia, según información brindada por el gobernador de Cundinamarca.

¿Qué entidades atendieron la emergencia en la vía Sibaté–Fusagasugá?

La atención inicial al deslizamiento fue realizada por los Bomberos Voluntarios de Fusagasugá, quienes evaluaron la seguridad del terreno, mientras que el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca tiene la responsabilidad de remover el material y habilitar de nuevo la carretera cuando las condiciones permitan intervenir la zona sin riesgos adicionales.

De acuerdo con la información recopilada, la Fiscalía General de la Nación abrió dos líneas de investigación principales para esclarecer los hechos. Una de las hipótesis apunta a una posible desaparición forzada, mientras que la otra indaga un presunto homicidio. El interés de las autoridades radica en reconstruir los últimos momentos de Ayelén Sofía y en identificar si hubo personas implicadas en el caso.

El seguimiento del caso fue riguroso. Registros de cámaras de seguridad resultaron clave en la indagación, ya que permitieron identificar algunos de los movimientos de la joven en sus últimas horas conocidas. Uno de esos videos muestra a Ayelén Sofía caminando sola, a las 3:11 de la madrugada del 10 de agosto de 2025, luciendo la misma ropa con la que había salido de su casa. Posteriormente, otro registro la ubicó minutos después en el barrio Rubí, zona perteneciente a la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, según información recolectada por la Fiscalía y las autoridades investigativas.

En la búsqueda participaron múltiples actores. Además de los investigadores oficiales, familiares y voluntarios realizaron incontables esfuerzos durante meses, desplegando operativos en diferentes sectores del sur de la ciudad y en las inmediaciones del río Tunjuelito. El caso incluso motivó la emisión de una circular amarilla de Interpol, mecanismo de alerta internacional para casos de personas desaparecidas.

Con la reciente identificación del cuerpo en Sopó, el proceso entra en una fase decisiva. Ahora la Fiscalía se enfrenta al desafío de esclarecer, con base en los elementos recolectados, las circunstancias precisas en las que falleció Ayelén Sofía Páez y determinar si existen responsables directos. Mientras avanza la investigación, su familia mantiene la esperanza de que, finalmente, se conozca la verdad sobre los hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las hipótesis de la Fiscalía sobre el caso de Ayelén Sofía Páez?

La Fiscalía General de la Nación estableció dos posibles líneas de investigación para el caso: una relacionada con la desaparición forzada y otra que apunta a un posible homicidio. Ambas tienen como propósito reconstruir los hechos antes y después de la desaparición de Ayelén Sofía, basándose en registros de cámaras y testimonios, con el fin de esclarecer si existieron personas implicadas o circunstancias externas que hayan afectado su integridad.

¿Qué significa una circular amarilla de Interpol y cómo se usa en estos casos?

La circular amarilla de Interpol es una notificación internacional emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal, utilizada para localizar a personas desaparecidas, especialmente menores de edad. En el caso de Ayelén Sofía Páez, esta circular permitió que autoridades de diferentes países estuvieran alertas y colaboraran en la búsqueda, facilitando la movilización de recursos para intentar dar con su paradero.

La jornada representa el primer pulso de la oposición en las calles durante el actual Gobierno, en un escenario marcado por las protestas que protagonizaron las manifestaciones de 2021.

Ante esta convocatoria, el Gobierno expidió el Decreto 1525, una normativa que busca garantizar el derecho a la protesta pacífica y sancionar los actos violentos. Entre sus principales disposiciones, permite la intervención de la Fuerza Pública cuando los manifestantes porten armas y establece restricciones a los bloqueos.

Además, contempla el seguimiento de las movilizaciones mediante un Puesto de Mando Unificado (PMU), con representantes de los gobiernos nacional y locales.

Petro, uno de los principales promotores de la jornada, pidió que las marchas sean multitudinarias, pero completamente pacíficas. Sin embargo, el decreto ha generado críticas entre sectores de izquierda, que consideran que podría afectar el derecho a la protesta.

Desde el Gobierno, De La Espriella sostiene que la medida busca distinguir a quienes se manifiestan pacíficamente de quienes cometen actos vandálicos o atentan contra ciudadanos, bienes públicos y miembros de la Fuerza Pública.

El mandatario aseguró que garantizará todas las condiciones para las manifestaciones pacíficas, mientras que los responsables de hechos violentos enfrentarán las sanciones correspondientes.

Felipe Zuleta criticó a Gustavo Petro

El panelista de Blu Radio señaló la ironía de que el expresidente mande a marchar a solo dos meses de haber entregado el cargo.

“Va a marchar por las mismas malas decisiones que él tomó. Eso es una cosa de la poesía política. Petro le echa la culpa de la desgracia del país a López Pumarejo. ¡Hágame el favor!”, sentenció.

Apenas dos meses después de entregar el cargo, Gustavo Petro vuelve a convocar a sus seguidores a las calles y se pone al frente de una jornada de movilizaciones contra el Gobierno de Abelardo De La Espriella. El exmandatario pidió que las marchas de este 14 de octubre sean multitudinarias, pero pacíficas, en medio de las críticas al decreto que regula las protestas. Con esta convocatoria, Petro busca mantener su presencia en el escenario político nacional desde la oposición.

El detonante inicial de la discusión giró en torno al origen de la crisis actual y la pertinencia de las protestas. Durante la transmisión, Ospina cuestionó la legitimidad de las movilizaciones al señalar que, si bien existen inconformidades legítimas frente al sistema, los problemas actuales hunden sus raíces en desajustes arrastrados desde administraciones previas que las centrales obreras respaldaron sin convocar paros masivos en su momento. La respuesta de Pardo no se hizo esperar; el dirigente sindical descalificó el planteamiento del periodista acusando al medio de emitir juicios de valor y eludiendo las críticas mediante una invitación a revisar los informes públicos de empalme sobre el Fomag y la Fiduprevisora ante los órganos de control.

El tono de la conversación escaló rápidamente cuando el debate se trasladó al terreno de la imparcialidad periodística y los respaldos políticos al petrismo. Ante los señalamientos de sesgo, Ospina aclaró enfáticamente su postura neutral al recordar que no defiende partidos políticos y que sectores sindicales entregaron aportes e infraestructura a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Este señalamiento provocó una reacción airada del vocero de Fecode, quien increpó directamente al comunicador cuestionando la naturaleza de la entrevista y lanzando un ataque personal al asegurar que no ejerce la labor periodística con objetividad.

Lejos de amedrentarse ante el cuestionamiento, el comunicador de Blu Radio ripostó recordando los hallazgos y decisiones formales emitidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de Estado sobre las irregularidades en la financiación política. “Esta es una entrevista y puedo hacer las preguntas que quiera. Con todo respeto pero usted a estas alturas de mi vida no me va a enseñar a hacer periodista”, sentenció Ospina al defender su rigor profesional basado en hechos probados y fallos institucionales verificables. El tenso episodio refleja el clima de polarización extrema que antecede a las marchas de este miércoles, donde los portavoces sindicales buscan blindar al Ejecutivo mientras los medios de comunicación y la opinión pública exigen rendición de cuentas sobre los verdaderos detonantes de la crisis institucional y económica del país.

En ese contexto, el fiscal designado de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Sánchez Verú una serie de cargos: homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, lesiones personales, y hurto calificado y agravado. A estos se suma el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Pese a los señalamientos, Sánchez Verú no aceptó los cargos y permanece privado de la libertad en un establecimiento carcelario, en condición de condenado por hechos anteriores, según reportó la Fiscalía.

La víctima, Nelson Medina Muñoz, era conocido en el municipio de Gigante por su labor como pescador artesanal y su liderazgo comunitario. Era integrante activo de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico en la represa El Quimbo (Asoquimbo) y de la Asociación de Pescadores de Puerto Seco. Su trabajo se enfocaba principalmente en organizar plantones y manifestaciones contra los proyectos hidroeléctricos en la región, buscando presionar al Estado para que respondiera a las demandas de las comunidades cuyos derechos se veían afectados por estas iniciativas.

La información aquí desarrollada proviene de la Fiscalía General de la Nación y del periódico El Espectador.

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¿Cuál es la acusación que enfrenta Jhon Eduardo Sánchez Verú por el caso de Nelson Medina Muñoz?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Sánchez Verú fue imputado por su presunta participación en el asesinato de Nelson Medina Muñoz y también enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa, lesiones personales, hurto calificado y agravado, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

¿Quién era Nelson Medina Muñoz y por qué era reconocido en Gigante, Huila?

Nelson Medina Muñoz era un pescador artesanal y líder campesino en el municipio de Gigante. Era miembro destacado de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico en la represa El Quimbo (Asoquimbo) y de la Asociación de Pescadores de Puerto Seco, y encabezó protestas para exigir la protección de los derechos de las comunidades impactadas por estos proyectos.

En el desarrollo de los hechos, uno de los hombres murió en el lugar del ataque, mientras el otro fue trasladado de urgencia por miembros de la Policía Nacional al Hospital San Rafael. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el segundo hombre falleció minutos después de su ingreso al centro asistencial. Según informaciones preliminares, citadas en reportes locales, una de las víctimas fue identificada como Harvy Vera Gómez, de 42 años. La identidad de la segunda persona no había sido confirmada oficialmente al momento de difundirse estos detalles.

Durante la inspección de la escena, las autoridades hallaron varias municiones que están siendo analizadas como parte de la investigación. Entre las hipótesis que el equipo de policía judicial estudia, se encuentra la posibilidad de un ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales. Así mismo, se investiga un posible vínculo entre las víctimas y grupos armados ilegales, aunque estas versiones aún no han sido confirmadas de manera oficial y no permiten establecer, por el momento, el móvil exacto del crimen. La información sobre las cifras acumuladas de homicidios en el municipio, mencionada en versiones locales, necesita corroboración antes de consolidarse como balance real, según los mecanismos oficiales de información.

El doble homicidio ha provocado nuevamente preocupación entre los habitantes de El Espinal, en un contexto caracterizado por la presencia de otros hechos violentos recientes, de acuerdo con reportes locales. Mientras tanto, las autoridades continúan recabando elementos que ayuden a esclarecer este suceso y lograr la identificación completa de las víctimas, así como la captura de los responsables.

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¿Qué se sabe sobre las hipótesis del doble homicidio en El Espinal?

Según las primeras informaciones citadas por fuentes locales, las autoridades barajan como principales hipótesis del doble homicidio un posible ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales y una posible relación de las víctimas con grupos armados ilegales. Sin embargo, hasta ahora ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente, por lo que la investigación judicial continúa para esclarecer los hechos.

¿Quiénes eran las víctimas del ataque armado en El Espinal, Tolima?

De acuerdo con los reportes disponibles, solo se ha logrado identificar a una de las víctimas como Harvy Vera Gómez, de 42 años. La identidad del segundo hombre no había sido confirmada oficialmente al momento de la última actualización. Las circunstancias exactas del ataque siguen bajo investigación por parte de la policía judicial.

Para mitigar los posibles inconvenientes en la circulación vehicular generados por la marcha, la Secretaría de Movilidad ha recomendado a los conductores considerar rutas alternas como la Avenida 3N, la Calle 13N, la Avenida 8N, la Avenida 4N, la Avenida 1N, la Carrera 4 y la Avenida Circunvalar. Estas vías funcionan como alternativas al paso por la Calle 5 y permitirían rodear la zona afectada por la movilización. El llamado de las autoridades es claro: salir con anticipación y consultar las indicaciones de tránsito para evitar contratiempos en los desplazamientos habituales.

El desarrollo de esta marcha en Cali refleja la importancia de mantener canales de comunicación entre ciudadanía y autoridades, además de la relevancia de planificar adecuadamente los movimientos urbanos en jornadas donde se presentan manifestaciones. No solo se ve involucrado el flujo vehicular, sino también la organización de actividades cotidianas de quienes transitan o habitan en los puntos que atraviesa la marcha. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, quienes se desplacen durante el tiempo de la manifestación deben consultar información actualizada y seguir las indicaciones para minimizar las afectaciones y garantizar la seguridad vial tanto para manifestantes como para conductores y peatones.

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¿Cuál es el recorrido exacto de la marcha en Cali el 14 de octubre?

El recorrido de la marcha parte de la Plazoleta Jairo Varela y avanza por la Calle 5 hasta llegar al Parque de las Banderas. Esta información fue divulgada por la Secretaría de Movilidad, la cual también señaló que la marcha recorrerá el trayecto desde el centro hacia el sur de la ciudad, impactando la movilidad en ese sector.

¿Qué rutas alternas recomienda la Secretaría de Movilidad de Cali durante la marcha?

Las rutas alternas sugeridas por la Secretaría de Movilidad incluyen la Avenida 3N, la Calle 13N, la Avenida 8N, la Avenida 4N, la Avenida 1N, la Carrera 4 y la Avenida Circunvalar. Estas opciones están destinadas a evitar la congestión en la Calle 5 y a facilitar los desplazamientos durante la marcha.

Según lo expuesto por la esposa de la víctima ante las cámaras del medio televisivo, los informes recolectados y entregados bajo estrictos protocolos a la Fiscalía General de la Nación contienen datos escalofriantes. Una fuente reservada hizo llegar la información de manera anticipada al trágico suceso, advirtiendo que no solo Miguel Uribe, sino posiblemente otros precandidatos afines al Centro Democrático, figuraban en una lista de objetivos a ser eliminados. El reporte anónimo también advertía que los recursos financieros para financiar la operación criminal habrían tenido como punto de origen a Venezuela, consolidando un complot transnacional.

“La información que yo recibí, que fui a la Fiscalía, que la entregué con todos los protocolos debidos, es que la orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”, aseveró Tarazona con firmeza durante la transmisión en vivo de Noticias Caracol. La viuda enfatizó que el dossier probatorio incluye nombres propios, registros fotográficos y datos precisos que ya se encuentran bajo el análisis de un grupo especializado del ente acusador, a la espera de que se abra formalmente una línea de indagación profunda sobre las personas que ocupaban curules en el Legislativo en ese momento.

“La orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”: María Claudia Tarazona sobre línea de investigación en crimen de Miguel Uribe Turbay.

Vea la entrevista en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZMSXQ https://t.co/NShzqe8LMR

— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 14, 2026

El señalamiento adquiere un matiz político explosivo al recordar el mapa de fuerzas que integraba el Parlamento durante el periodo de los hechos, donde hacían presencia pública militantes y representantes vinculados a sectores como el partido Comunes. Ante esta realidad, Tarazona cuestionó la necesidad de esclarecer si congresistas o excongresistas tuvieron un rol directo en la planificación o complicidad del atentado, recordando que la fiscal general y los investigadores judiciales tienen la obligación institucional de verificar la veracidad de estos testimonios.

“Estamos esperando que se abra esta línea de investigación, que la Fiscalía corrobore de dónde salió esta información”, recalcó la entrevistada, agregando que en los próximos días sostendrá nuevas reuniones con el equipo jurídico y los fiscales a cargo para evaluar los avances procesales. El clamor por justicia de la familia Uribe Tarazona pone contra las cuerdas a las instituciones judiciales, exigiendo resultados concretos que permitan desmantelar la red de determinadores intelectuales de un magnicidio que conmocionó los cimientos de la democracia colombiana

De acuerdo con la entidad, las tareas incluirán la reposición de válvulas y maniobras técnicas de optimización de las redes. Este tipo de intervenciones suelen ser parte del mantenimiento preventivo para mejorar la calidad y continuidad del servicio, reducir pérdidas de agua y anticipar posibles fallas que puedan afectar a un mayor número de usuarios en el futuro. En esta ocasión, la jornada de trabajos tendrá un impacto directo en los barrios Portales, Guacandá y Fray Peña, ubicados en el área urbana del municipio de Yumbo, específicamente en la calle 15 hasta la calle 16, y desde la carrera 1 hasta la carrera 6 N, de acuerdo con información oficial de Emcali.

La suspensión del suministro de agua potable está programada desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche de este miércoles, tiempo durante el cual la comunidad de los sectores mencionados debería tomar medidas preventivas para su abastecimiento. Como parte del plan de contingencia, Emcali dispuso el envío de un carrotanque para garantizar el suministro a la población afectada durante el tiempo que duren las intervenciones técnicas.

La empresa informó por medio de su cuenta oficial en la red social X (antes conocida como Twitter) que estos trabajos también incluirán acciones para la modernización de la red de energía en algunos sectores, aunque el foco principal permanece en las tareas de acueducto. Así, la compañía reiteró la necesidad de estas labores y agradeció la comprensión de los usuarios por las molestias temporales que puede ocasionar la suspensión, reafirmando su compromiso con la mejora de la infraestructura y la prestación eficiente del servicio de agua potable.

Este tipo de comunicados y medidas de contingencia responden a la importancia estratégica de las redes de acueducto, cuya operación eficiente es vital para la vida cotidiana y la salud pública de la ciudadanía.

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¿Por qué se suspende el servicio de agua en algunos barrios de Cali y Yumbo?

La suspensión del servicio de agua es consecuencia de trabajos programados que tienen como objetivo la reparación, reposición de válvulas y optimización de las redes de acueducto. De acuerdo con Emcali, estas labores son necesarias para garantizar el funcionamiento continuo y seguro del sistema de agua potable en la ciudad y sectores aledaños.

¿Qué medidas ha dispuesto Emcali para los barrios afectados durante la suspensión del servicio?

Con el fin de mitigar las afectaciones a la comunidad, Emcali anunció que enviará un carrotanque para abastecer de agua a los barrios impactados mientras duran los trabajos. Así, la empresa procura asegurar el acceso básico al agua potable a los habitantes de Portales, Guacandá y Fray Peña, en el municipio de Yumbo.

Según lo expuesto por Bedoya Cárdenas, la suspensión no obedece a reclamos ni incumplimientos propias de la Gobernación del Tolima. Más bien, se trata de una actividad sindical promovida por el magisterio con carácter nacional, es decir, no solo involucra al departamento del Tolima, sino que está enmarcada en una convocatoria que se extiende a todo el país. Esta jornada busca que los docentes puedan participar en las manifestaciones y que lo hagan bajo el amparo del permiso legal correspondiente solicitado para estos casos.

El funcionario aclaró que la protesta está direccionada hacia el Gobierno Nacional. Las diferencias y solicitudes que motivan esta movilización, por tanto, responden a asuntos de alcance nacional en los que, hasta el momento, la administración departamental no tiene responsabilidad directa. “Esta es una actividad sindical que están moviendo las familias sindicales no solo en el departamento, sino en todo el país”, destacó Bedoya, enfatizando la naturaleza nacional del llamado y la legitimidad del permiso concedido para la suspensión temporal de las clases presenciales.

La medida cobija únicamente la jornada del 14 de octubre y corresponde a la necesidad de garantizar la participación de los docentes del Tolima en las actividades sindicales previstas. La Secretaría de Educación departamental, siguiendo las disposiciones legales y respondiendo a la dinámica sindical, optó por avalar la suspensión para respetar tanto los derechos laborales de los maestros como las normas que rigen el sector educativo.

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¿Por qué se suspendieron las clases en colegios del Tolima el 14 de octubre?

La suspensión de clases presenciales el 14 de octubre en el Tolima fue confirmada por la Secretaría de Educación departamental, como respuesta a la convocatoria nacional de movilizaciones sindicales del magisterio. Según Andrés Felipe Bedoya Cárdenas, secretario de Educación, la medida permite la participación legal de los docentes en estas actividades y no se debe a incumplimientos del gobierno departamental, sino a diferencias del sector educativo con el Gobierno Nacional.

¿La suspensión de clases en Tolima afecta a todas las instituciones educativas?

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Educación del Tolima, la suspensión de la jornada académica presencial durante el 14 de octubre aplica a toda la prestación presencial del servicio público educativo en el departamento. Esto implica que todas las instituciones educativas oficiales se vieron cobijadas por la medida durante esa fecha específica, permitiendo la participación de los docentes en las movilizaciones sindicales.

El decreto, publicado en el Diario Oficial, cobra especial relevancia al coincidir con las movilizaciones convocadas para el 14 de octubre. Según la norma, la Policía Nacional debe actuar bajo cinco niveles: prevención y facilitación, diálogo directo, mediación, disuasión y restablecimiento del orden. Aunque este protocolo busca que cada nivel se ejecute de manera secuencial, se permite a los uniformados intervenir sin agotar todos los pasos si la situación lo requiere. Estas intervenciones deben documentarse y quedar consignadas en las actas del Puesto de Mando Unificado (PMU).

En lo referente a bloqueos de vías, el Decreto 1525 plantea que la disolución de una manifestación por causar obstrucciones será una medida excepcional. Solo se podrá ordenar esa disolución cuando la afectación al flujo sea considerada grave y sostenida, y no haya otra alternativa menos restrictiva para los derechos fundamentales de reunión y manifestación pacífica. Para decidir sobre la posible intervención, la autoridad debe evaluar aspectos como el tiempo que lleva el bloqueo, la existencia de rutas alternas y cualquier efecto sobre el tránsito de vehículos de emergencia.

Dentro de las obligaciones, la norma exige habilitar corredores solidarios para garantizar el paso de ambulancias, organismos de socorro, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes, menores de edad y el transporte de medicamentos, insumos hospitalarios y alimentos perecederos. De igual manera, el decreto mantiene la prohibición del uso de armas de fuego por parte de los uniformados que atiendan estas situaciones y la exclusión de las Fuerzas Militares en las intervenciones. El objetivo, según lo consignado, es proteger la manifestación pacífica y procurar que cualquier uso de la fuerza sea justificado, documentado y proporcional.

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¿Cuáles son los cinco niveles de actuación institucional según el Decreto 1525?

El Decreto 1525 establece que las autoridades deben seguir cinco etapas para su intervención en protestas: prevención y facilitación, diálogo directo, mediación, disuasión y restablecimiento del orden. Si bien la secuencia es la recomendada, la norma permite intervenir de inmediato si la situación lo exige, siempre con la obligación de documentar la decisión en el acta del Puesto de Mando Unificado (PMU).

¿Qué implica el concepto de ‘corredores solidarios’ durante protestas según el Decreto 1525?

‘Corredores solidarios’ se refiere a rutas que deben habilitarse en manifestaciones o bloqueos, permitiendo el paso de vehículos y personas que transportan ambulancias, insumos y medicamentos, así como grupos con necesidades especiales como personas con discapacidad y adultos mayores. El propósito es asegurar el acceso a servicios vitales y el respeto a derechos durante el ejercicio de la protesta.

Abelardo de la Espriella alcanzó la presidencia de Colombia tras conseguir más de 12,9 millones de votos, con una campaña centrada en la idea de gobernar con "los nunca", es decir, ciudadanos alejados de la burocracia estatal. No obstante, en la práctica, la designación en el servicio exterior parece mantener el patrón de los mandatarios anteriores. De acuerdo con la investigación de El Espectador, muchos de los nuevos movimientos en embajadas relevantes siguen vinculando a individuos que representan esa política tradicional que el propio Ejecutivo denomina como "los de siempre".

Uno de los ejemplos recientes de esta tendencia es el nombramiento en la embajada de Colombia en Italia. Alberto Rafael Cepeda Sarabia, cuya experiencia se sitúa en el sector empresarial de la costa Caribe colombiana, asumirá próximamente la dirección de la sede diplomática en Roma. Más allá de su perfil profesional, destaca su parentesco con Efraín José Cepeda Sarabia, actual presidente del Partido Conservador. Este último ha ostentado una curul en el Congreso durante más de tres décadas de manera consecutiva, también representando a su colectividad.

En este panorama, el intento de romper con prácticas tradicionales dentro del servicio diplomático colombiano parece enfrentarse, de nuevo, a la influencia de familias y figuras políticas con largos trayectos en el Legislativo y otros espacios de poder. Así, el discurso de cambio y apertura a nuevos liderazgos contrasta con la realidad de los nombramientos, especialmente en cargos tan estratégicos como el de embajador en Italia.

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¿Quién es Alberto Rafael Cepeda Sarabia, nuevo embajador de Colombia en Italia?

Alberto Rafael Cepeda Sarabia es una figura con experiencia en el sector empresarial de la costa Caribe colombiana. Según El Espectador, Cepeda Sarabia fue nombrado como próximo embajador de Colombia en Roma y tiene además un vínculo familiar directo con Efraín José Cepeda Sarabia, presidente del Partido Conservador y congresista con más de treinta años en el Legislativo.

¿Por qué se habla de la ‘clase política tradicional’ en el servicio diplomático colombiano?

El término ‘clase política tradicional’ hace referencia a figuras y familias que han ocupado cargos de relevancia en la política y la administración pública durante largos períodos. De acuerdo con El Espectador, a pesar de las promesas de varios presidentes de renovar el cuerpo diplomático, persiste la costumbre de nombrar a personas de esta clase en embajadas clave, lo que perpetúa su influencia en el servicio exterior colombiano.

Este hecho causó indignación entre habitantes, gestores culturales y visitantes debido al gran valor histórico y simbólico de este conjunto escultórico, que rinde homenaje a figuras relevantes en las gestas independentistas de Cartagena. Además, la obra integra el patrimonio urbano de Getsemaní, reconocido por su riqueza cultural y su alto atractivo para el turismo, como señaló Noticias Caracol. La preocupación se agudizó porque la pieza ya había sido sometida a mantenimiento y restauración, lo que incrementa el malestar por los daños sufridos.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, confirmó —también según Noticias Caracol— que, tras una solicitud de colaboración ciudadana, la mujer fue identificada. El mandatario distrital informó a través de sus redes sociales que la responsable vive en Barranquilla, aunque prefirió no revelar su nombre públicamente. La actitud asumida por la turista después de los hechos aumentó el rechazo ciudadano, ya que hasta el momento no habría mostrado disposición de hacerse cargo de la restauración del monumento. De hecho, Turbay Paz criticó que, en lugar de asumir el hecho, la implicada habría utilizado recursos para contratar más de dos mil cuentas falsas —conocidas como “boots”— para influir en redes sociales, según identificó su equipo de ciberseguridad.

Las reacciones en redes respaldaron el llamado de las autoridades a fortalecer la cultura ciudadana y el respeto por los bienes patrimoniales, especialmente en zonas turísticas concurridas. El alcalde enfatizó que se espera la reparación del daño y que “uno llega a un destino turístico a disfrutar y no a destruir el mobiliario urbano ni los monumentos”. La respuesta ciudadana refleja la importancia de proteger y valorar los espacios públicos históricos para las actuales y futuras generaciones.

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¿Qué consecuencias legales puede tener dañar bienes patrimoniales en Cartagena?

De acuerdo con lo informado por el alcalde de Cartagena en Noticias Caracol, dañar esculturas que hacen parte del patrimonio urbano puede resultar en llamados formales de las autoridades para que el responsable asuma la restauración y repare el daño ocasionado. Además, existen expectativas ciudadanas de que se refuercen las sanciones y la cultura de respeto hacia los bienes históricos en lugares turísticos como Getsemaní.

¿Por qué es importante el respeto al patrimonio en lugares turísticos como Getsemaní?

El respeto por el patrimonio urbano, según lo discutido tras la caída de la escultura, es esencial para preservar la historia y la identidad de barrios como Getsemaní. Este tipo de espacios acogen monumentos y obras que narran capítulos importantes de la independencia y cultura local, y su cuidado fortalece el sentido de pertenencia, la experiencia de los visitantes y la imagen de la ciudad a nivel nacional e internacional.

(Vea también: [Video] Agredió a su pareja en Bogotá, se voló en bicitaxi y lo agarraron con arma artesanal)

Según informó El Universal, el operativo estuvo a cargo de unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Cartagena, que ubicaron al sospechoso luego de labores de seguimiento.

El procedimiento permitió hacer efectiva una orden judicial en su contra por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado, según la información entregada por las autoridades.

La investigación se concentra en varios episodios registrados en inmediaciones del humedal Juan Amarillo, también conocido como Tibabuyes, uno de los principales ecosistemas de Bogotá. Los investigadores buscan establecer la posible relación entre los casos y determinar si el detenido estaría vinculado con otros hechos similares.

De acuerdo con la información policial, el hombre presuntamente abordaba a mujeres en sectores apartados de esta localidad y las intimidaba con un arma de fuego. Después, las habría llevado a zonas boscosas cercanas al humedal Juan Amarillo, donde, según las indagaciones, les quitaba sus pertenencias y las agredía sexualmente.

¿Qué sigue en  proceso contra capturado por abusos en humedal Juan Amarillo?

Luego de la captura en Turbaco, el hombre quedó a disposición de la autoridad judicial competente, ante la que deberá responder por los delitos asociados con la orden de detención. Mientras avanzan las diligencias, las autoridades buscan esclarecer los casos y establecer si existen más víctimas.

El coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, afirmó que “la protección de la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres es una prioridad para la Policía Nacional”. También indicó que las labores investigativas y operativas continuarán para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

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Tras la identificación de su cuerpo en una zona rural de Sopó, Cundinamarca, la Fiscalía busca establecer qué ocurrió durante los 14 meses en los que no se conoció su paradero.

El caso está bajo la atención de dos despachos del ente acusador, que trabajan de manera coordinada para esclarecer tanto las circunstancias de la desaparición como las de la muerte de la joven. Así lo explicó la representación judicial de la familia en declaraciones recogidas por medios como El Tiempo y Blu Radio.

La confirmación de la identidad por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal permitió establecer que el cuerpo encontrado en Sopó correspondía a Ayelén. Sin embargo, el hallazgo no resolvió los interrogantes sobre cómo llegó hasta ese lugar, qué sucedió después de que perdió contacto con su familia y si hubo participación de otras personas.

Por ahora, no se ha divulgado una conclusión definitiva sobre la causa de muerte. La representación de víctimas indicó que están pendientes nuevos análisis periciales para contar con más elementos científicos que ayuden a reconstruir los hechos.

Petición de la familia de Ayelén Sofía

Según informó El Tiempo, la primera línea e hipótesis está relacionada con una posible desaparición forzada. Los investigadores buscan establecer qué ocurrió desde el 9 de agosto de 2025, cuando la adolescente salió de su vivienda en Bogotá y no regresó, hasta el momento en que fue encontrada.

La segunda investigación se concentra en el presunto homicidio, con el propósito de esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si existió responsabilidad penal de terceros. Esta línea requiere establecer qué sucedió con la joven y reunir pruebas que permitan sustentar las conclusiones de las autoridades.

De acuerdo con la información difundida por citado medio, el abogado de la familia de la víctima pide que se unifiquen las dos líneas de investigación para facilitar el avance del caso.

Uno de los asuntos pendientes es el resultado de nuevos estudios forenses. Estos análisis podrían aportar información sobre la causa de muerte y la eventual presencia de signos de violencia, aspectos que todavía no cuentan con una conclusión pública definitiva.

(Vea también: Caos de movilidad en la vía Bogotá-Siberia; conductores reportan trancones de más de dos horas)

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, la vía permanecerá completamente cerrada en la noche de este martes 13 de octubre, y se espera que las acciones de remoción de escombros comiencen en la madrugada del miércoles 14 de octubre.

Derrumbe vía Sibaté – Fusagasugá

En horas de la tarde de este martes, la Gestión del Riesgo de Cundinamarca anunció la caída de rocas y tierra en el sector San Miguel, a aproximadamente 400 metros del peaje, jurisdicción de Sibaté, bloqueando ambos carriles de la vía, obligando al cierre de este corredor vial.

De acuerdo con la entidad, ya se encuentran haciendo seguimiento de la emergencia junto con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) y los Bomberos.

Según los primeros reportes de los bomberos de Cundinamarca, el hecho no dejó personas lesionadas ni vehículos atrapados entre la tierra caída.

Hasta el momento, se desconoce la hora en la que se podría dar apertura al corredor vial, por lo que se recomienda tomar vías alternas y evitar el acercamiento a la zona afectada, pues las lluvias podrían generar caída de material.

Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron un deslizamiento de tierra en la vía Sibaté–Fusagasugá, a 400 metros del peaje San Miguel, en jurisdicción del municipio de Sibaté. Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas ni vehículos atrapados.

En el lugar trabajan los Bomberos Voluntarios de Fusagasugá. La vía permanecerá cerrada durante la noche de hoy. Mañana desde la madrugada se iniciarán las labores seguras de remoción de escombros por parte del @ICCUGOB .

Recomendamos a los conductores tomar vías alternas y atender las indicaciones de las autoridades.

— Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) October 14, 2026

(Vea también: Taxi bomba en la vía Panamericana: criminales detonaron explosivos y se inmolaron al ver al Ejército)

El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, confirmó lo ocurrido y rechazó el ataque registrado en la comuna Seis del distrito. Tras la detonación, organismos de emergencia y autoridades se desplazaron al sector para atender a los afectados y verificar las condiciones de seguridad.

Según la información publicada por Vanguardia, una mujer sufrió lesiones en las piernas y la espalda, mientras que un hombre presentó heridas en las piernas. Ambos fueron trasladados a la Clínica Magdalena para recibir atención médica.

La adolescente, por su parte, fue remitida al Hospital Regional del Magdalena Medio debido al aturdimiento que le produjo la onda explosiva. El reporte conocido indica que no presentaba heridas. Ninguna de las tres personas afectadas se encontraba en estado de gravedad.

El hecho motivó el rechazo del mandatario local, quien anunció medidas adicionales de seguridad mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias de la detonación y determinar quiénes estarían detrás de lo ocurrido.

#SANTANDER El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez (@Jsvasquezg) informó que un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación fue detonado en inmediaciones del colegio Camilo Torres Restrepo. Dos adultos resultaron heridos y una menor fue remitida al Hospital Regional por aturdimiento consecuencia de la onda explosiva.

https://t.co/v2vIVVHFXe

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 14, 2026

Alcalde de Barrancabermeja anunció recompensa de hasta $50 millones

Tras el ataque, Jonathan Vásquez anunció la activación de un plan candado y el despliegue de unidades de la Policía, el Ejército y la Armada para reforzar la seguridad en Barrancabermeja.

Además, el mandatario informó que, en coordinación con la Gobernación de Santander, se ofrecerá una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y ubicar a los responsables de la detonación.

“¡No vamos a permitir que la violencia y el miedo se apoderen de Barrancabermeja!”, expresó el alcalde en su pronunciamiento, citado por Vanguardia.

Mientras tanto, las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes en el lugar de los hechos. La investigación busca establecer cómo ocurrió la detonación y quiénes serían los responsables.

(Vea también: Confirmado que cuerpo hallado en Sopó corresponde a Ayelén Sofía Páez, adolescente desaparecida en Bogotá)

La grabación volvió a cobrar importancia tras conocerse la identificación de la joven, quien tenía 16 años cuando su familia perdió contacto con ella. El registro, divulgado por Citytv y retomado por La Kalle, permite ubicarla en un punto de la capital después de que sus allegados reportaran su desaparición, aunque no aclara qué ocurrió posteriormente.

Ayelén había desaparecido el 9 de agosto de 2025, cuando se preparaba para presentar las pruebas Saber 11. Su familia contó que ese día compartió con ellos y estuvo estudiando antes de salir de la vivienda para comprar algo en una tienda. Sin embargo, no regresó y tampoco asistió al examen que tenía previsto presentar al día siguiente.

La búsqueda se extendió durante aproximadamente 14 meses. La confirmación de Medicina Legal permitió establecer el paradero de la adolescente, pero todavía hay preguntas sobre sus últimos movimientos, las circunstancias de su muerte y las personas que podrían tener información relevante para esclarecer el caso.

⚠️ Se cumplen dos semanas en las que no se sabe nada de Ayelén Sofía Páez Oliveros, una joven de 16 años que desapareció en Bogotá justo antes de presentar el Icfes. Jennifer Rodríguez le cuenta los detalles en el video.

🎬 Realización: Jerson Cruz. https://t.co/FQw4L3dSNC

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 29, 2025

Qué muestra el último video conocido de Ayelén Sofía

La grabación de seguridad corresponde a la madrugada del 10 de agosto de 2025, alrededor de las 3:30 a. m. En las imágenes se observa a una joven caminando por la avenida Primero de Mayo, en Bogotá, vestida con prendas similares a las descritas en el cartel de búsqueda.

Según la información publicada por El Tiempo y La Kalle, la adolescente llevaba un jean azul y una chaqueta negra. En el tramo captado por la cámara aparece sola y camina rápidamente. La descripción difundida entonces también señalaba que parecía desorientada y que no llevaba el bolso negro mencionado entre los elementos asociados a su desaparición.

El registro fue una pista importante porque permitió establecer que Ayelén había sido vista en ese sector durante la madrugada siguiente al día en que su familia perdió contacto con ella. No obstante, las imágenes no muestran qué ruta tomó después, si se encontró con alguien o dónde estuvo durante los meses posteriores.

Por esa razón, el video no permite reconstruir por sí solo todo lo ocurrido. Su importancia está en que documenta uno de los últimos momentos conocidos de la adolescente en Bogotá, antes de que su paradero permaneciera sin esclarecer durante más de un año.

La última vez que su familia vio a Ayelén

Claudia Oliveros, madre de la joven, relató a Citytv que el 9 de agosto de 2025 estuvieron juntos durante buena parte del día. Según su testimonio, Ayelén se había dedicado a estudiar para el Icfes y salió de la casa para hacer una compra.

“Estuvo con nosotros todo el día, desayunamos, almorzamos. Estuvo estudiando todo el día para el Icfes. Simplemente, en un momento salió a comprar algo en la tienda y no volvió. No se presentó al Icfes. No tuvimos más noticias de ella”, contó Oliveros.

El cartel de búsqueda ubicaba la última vez que fue vista por sus familiares el 9 de agosto, hacia las 5:00 p. m., en inmediaciones de la calle 67 con carrera Séptima, en la localidad de Chapinero. La grabación de la avenida Primero de Mayo corresponde a otro momento: varias horas después, durante la madrugada del día siguiente.

La diferencia entre ambos registros ayuda a establecer una cronología de los últimos movimientos conocidos de Ayelén, pero no explica cómo llegó de un punto a otro ni qué pasó después de la grabación.

Jaramillo Carbonell no cuenta con antecedentes en la diplomacia pública. Según la hoja de vida publicada en la página de Presidencia y citada por El Espectador, su experiencia está basada en el sector privado, con especial énfasis en la fiduciaria inmobiliaria, y se ha desempeñado como miembro de la junta directiva de Alianza Fiduciaria, una firma radicada en Barranquilla. En cuanto a formación, registra un pregrado en Administración de Negocios y Gestión, lo que marca una diferencia frente a otros encargados del servicio exterior con formación académica o trayectoria diplomática más extensa.

La confirmación de Jaramillo se presenta en un contexto donde, según datos de Migración Panamá, Colombia constituye el segundo país en flujo de ingreso a Panamá, registrando en septiembre la entrada de 44.229 colombianos. De esta manera, el nuevo embajador asume el reto de responder desde la capacidad institucional a las necesidades inmediatas de estos ciudadanos en el país centroamericano.

A la par, el Gobierno oficializó también a Adela María Maestre Cuello como viceministra de Relaciones Exteriores, bajo la coordinación de Omar Bula. Maestre Cuello tiene experiencia diplomática como exembajadora en Paraguay y cónsul general en Santiago de Chile, además de haber formado parte del cuerpo diplomático durante el periodo de María Ángela Holguín en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre sus responsabilidades destacan suplir ausencias temporales del ministro, la coordinación general del Ministerio y la asesoría en la formulación y seguimiento de la política exterior.

Según El Espectador, los movimientos en Cancillería se complementan con otras designaciones, como la postulación de Alberto Rafael Cepeda Sarabia a la embajada de Italia y la de Juan Carlos Vélez Uribe en Ecuador, este último con el beneplácito del gobierno ecuatoriano. También se menciona a Carlos Chavarro, exsenador y exsecretario de la Comisión Segunda en 2025, perfilado para asumir un cargo diplomático.

Mientras tanto, Omar Bula lidera una agenda diplomática en Israel, marcando un proceso de reconstrucción de las relaciones bilaterales bajo la nueva administración de la Espriella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los nuevos diplomáticos nombrados por el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

Entre las figuras más recientes anunciadas están Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell, quien asume la embajada en Panamá, y Adela María Maestre Cuello, designada como viceministra de Relaciones Exteriores. A ellos se suman Alberto Rafael Cepeda Sarabia como embajador designado en Italia y Juan Carlos Vélez Uribe en Ecuador, según las confirmaciones y reportes de El Espectador.

¿Cuál es el impacto del nombramiento de Edgardo Jaramillo en la embajada de Panamá en medio de la crisis humanitaria?

El nombramiento de Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell ocurre en un contexto crítico tras el terremoto de Panamá, donde el flujo de ciudadanos colombianos es significativo. Su papel como embajador será clave para dirigir la atención a los connacionales afectados y fortalecer la capacidad institucional en la crisis, de acuerdo con la información de El Espectador y datos de Migración Panamá.

Vea también: Revelan las regiones de Colombia donde un terremoto tendría menor impacto; solo hay dos)

De acuerdo con el boletín del SGC, el evento ocurrió a las 9:55 p. m., hora local. La profundidad reportada permite clasificarlo como un sismo intermedio, pues su foco se ubicó a más de 70 kilómetros bajo la superficie terrestre. Según indicó un usuario en redes sociales “se sintió suave en Floridablanca”.

Los Santos es una zona de Santander reconocida por su actividad sísmica. Allí se han registrado numerosos movimientos telúricos, incluidos eventos que han sido percibidos en otras regiones del país.

Este sismo se presentó horas después de otro movimiento de mayor magnitud en el mismo municipio. A las 4:24 p. m., el SGC reportó un temblor de magnitud 5,0 y una profundidad de 149 kilómetros, que fue sentido en varias ciudades colombianas.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-13, 21:55 hora local Magnitud 3.7. Profundidad 147 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/PyMv2vHXH1

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 14, 2026

La implantación de microchip, incluida sin costo durante el evento, permitirá mejorar el control y protección de los animales en la localidad. Según Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria, esta iniciativa facilita el acceso a procedimientos esenciales para los animales domésticos, y a la vez promueve la responsabilidad y el compromiso de las familias hacia sus mascotas. La funcionaria destacó: “Los animales de compañía son parte fundamental de muchas familias y su bienestar requiere compromiso, cuidado y responsabilidad. Con esta jornada gratuita de esterilización e implantación de microchip buscamos facilitar el acceso a estos servicios, promover la tenencia responsable y contribuir a la protección de los perros y gatos de nuestra localidad”, de acuerdo con datos de la Alcaldía Local.

Para poder participar, se deben cumplir varios requisitos. Quienes estén interesados deberán inscribirse previamente llamando al número 316 1591775, de lunes a viernes, entre 8:00 a. m. y 3:00 p. m., hasta agotar los 50 cupos. Los responsables deberán presentar copia de cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte, y un recibo de servicio público reciente de La Candelaria (máximo tres meses de antigüedad), aplicando para los estratos 1, 2 y 3. Además, se requiere copia de los documentos por cada animal, asegurar el ayuno de ocho horas previamente al procedimiento, y llevar una cobija. Los gatos deben llevarse en guacal y los perros con bozal o traílla. Así mismo, se exige disponibilidad de tiempo para acompañar todo el proceso.

Esta acción se realiza gracias al apoyo del Consejo Local de Protección y Bienestar Animal de La Candelaria y los Fondos de Desarrollo Local, con el objetivo de fortalecer la protección animal y desarrollar una comunidad más respetuosa y consciente hacia todas las especies.

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¿Cómo inscribirse en la jornada gratuita de esterilización de mascotas en La Candelaria?

Para inscribirse, usted debe comunicarse al número telefónico 316 1591775 de lunes a viernes en horario de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. El proceso estará abierto hasta completar los 50 cupos establecidos por la Alcaldía de La Candelaria.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la esterilización gratuita de mascotas en Bogotá?

Entre los principales requisitos figuran: entregar fotocopia de cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte; presentar un recibo de servicio público de la localidad de La Candelaria (no mayor a tres meses, únicamente para estratos 1, 2 y 3); copia de los documentos por cada animal; garantizar que la mascota tenga ayuno mínimo de ocho horas; llevar una cobija y transportar gatos en guacal y perros con bozal o traílla. Es importante contar con disponibilidad de tiempo para acompañar el procedimiento completo.

Las homenajeadas, procedentes de diversas localidades de Bogotá, disfrutaron de una jornada especial llena de actividades como bailes, espacios de diálogo ciudadano y momentos de reconocimiento público a su labor. El director del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas, señaló que la estrategia llamada “Entre Rescates y Respiros” fue clave para valorar a quienes, en muchas ocasiones, alimentan y cuidan a cientos de perros y gatos en refugios improvisados, haciendo frente a retos constantes para garantizar el bienestar de los animales.

El evento fue posible gracias al respaldo de organizaciones y aliados estratégicos, entre los cuales se cuentan Compensar, Gabrica, la Corporación Acción Técnica Social, la fundación Crea, Vive, Sueña y la comunidad protectora de animales del Distrito Capital. Además de la celebración, se reconoció el esfuerzo fundamental de estas personas con la entrega de insumos, medicamentos y un aporte destacado de tres toneladas de alimento para animales de compañía resguardados bajo su protección.

La festividad hizo parte de la llamada Semana PYBA y estuvo acompañada de más actividades orientadas a sensibilizar a la comunidad sobre protección animal. Según los datos suministrados por la Alcaldía de Bogotá, durante estos días se llevaron a cabo las graduaciones de estudiantes que cumplieron su Servicio Social Obligatorio en apoyo a los animales, una maratón radial animalista y actividades pedagógicas sobre temas como propiedad horizontal y el papel de las Juntas de Acción Comunal. Destacó también el lanzamiento de la biblioteca virtual ‘Huella Normativa’, la formalización de 11 adopciones comunitarias y la presencia de equipos de la estrategia “Bájele Perrito”, dedicada a prevenir atropellamientos de perros y gatos en las calles de la ciudad.

La semana culminó bajo el lema “Mi corazón es animalista”, con una jornada de adopción en el centro comercial La Floresta y tres días de actividades centradas en el respeto y la convivencia, aprovechando la conmemoración de los 30 años del Festival Rock al Parque.

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¿Qué labores realizan las proteccionistas homenajeadas por el IDPYBA en Bogotá?

Las proteccionistas reconocidas por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en Bogotá se dedican, según informó la Alcaldía, a alimentar y cuidar a cientos de perros y gatos, en ocasiones en refugios improvisados. Su trabajo cotidiano les exige esfuerzos constantes para garantizar el bienestar de los animales, brindándoles resguardo y atención ante situaciones adversas.

¿Qué actividades se realizaron durante la Semana PYBA en Bogotá por el bienestar animal?

Durante la Semana PYBA, organizada según reportó la Alcaldía Mayor de Bogotá, se desarrollaron varias iniciativas: graduaciones de estudiantes del Servicio Social Obligatorio en protección animal, maratón radial, actividades pedagógicas sobre propiedad horizontal y acción comunal, lanzamiento de la biblioteca virtual ‘Huella Normativa’, formalización de adopciones comunitarias y acciones de prevención de atropellamientos de animales en las calles como parte de la estrategia “Bájele Perrito”.

En palabras de Gustavo Petro, el decreto 802 se construyó siguiendo la ley 1523 de 2012, lo que, según su argumento, facultaba al nuevo presidente para reorientar partidas presupuestales aprobadas por el congreso a fin de afrontar y mitigar los efectos de la emergencia climática desde su primer día como jefe de Estado. Petro además cuestionó a De la Espriella por alegar que no le dejaron un plan ni recursos apropiados, y sostuvo que el mandatario omitió recoger información clave al no acudir personalmente a recibir el informe correspondiente al cambio de gobierno. Petro subrayó que había dejado disponibles COP 8 billones para inversiones prioritarias en agua potable, alimentos y energía eléctrica, e insistió en que el nuevo gobierno optó por suspender iniciativas como el programa Colombia Solar, las salinizadoras y los subsidios a fertilizantes gestionados por Ecopetrol.

La confrontación también adoptó tintes personales, pues Petro criticó que De la Espriella portara una pistola en público en vez de ocuparse de asuntos de lectura o gestión estatal, haciendo referencia al mismo decreto 802 de 2026. Según la postura de Petro, su administración se encaminaba hacia una transición energética y la consolidación de una economía descarbonizada.

El intercambio de señalamientos se detonó tras un mensaje de De la Espriella en el que estructuró su estrategia para afrontar la crisis provocada por el fenómeno de El Niño, haciendo énfasis en regiones vulnerables como la Costa Caribe. El presidente acusó al gobierno anterior de dejar reservas energéticas en cifras críticas y no prever la crisis a pesar de múltiples alertas, señalando que, por esa “falta de preparación”, el sistema quedó expuesto a eventuales racionamientos. El mandatario, sin embargo, indicó que ya se están ejecutando medidas para evitar apagones y responder a la emergencia de manera oportuna.

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¿Qué es el decreto 802 de 2026 y cómo buscaba enfrentar la crisis por el fenómeno de El Niño?

El decreto 802 de 2026, mencionado por Gustavo Petro y reportado por El Espectador, fue expedido para declarar el estado de desastre nacional por posibles sequías en todo el territorio colombiano. Esta medida, concebida bajo el marco de la ley 1523 de 2012, permitía al gobierno reasignar recursos presupuestales para atender la emergencia, con inversiones orientadas a garantizar la disponibilidad de agua potable, alimentos y energía eléctrica en el país.

¿Por qué hay polémica entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella sobre la gestión de la crisis energética?

La polémica surgió a partir de los señalamientos mutuos sobre la preparación del país frente al fenómeno de El Niño. Petro asegura que dejó políticas y recursos para enfrentar la crisis, mientras De la Espriella lo contradice indicando que heredó un sistema sin reservas suficientes ni respaldo energético, lo que incrementó el riesgo de racionamientos. El cruce de versiones ha alimentado el debate sobre la responsabilidad en la gestión de emergencias climáticas.

El análisis se concentró particularmente en un grupo de municipios conocidos como el corredor minero, conformado por Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico. En este corredor, los resultados muestran un avance importante: el acceso a la educación superior subió 20,8 puntos, pasando de 24,9 a 45,7 de cada 100 graduados de secundaria. Esto evidencia una tendencia positiva hacia la superación de barreras educativas en estos municipios, aunque sigue siendo insuficiente frente al desafío de abrir oportunidades para la mayoría de los jóvenes.

Otro punto positivo es la reducción de la deserción escolar en secundaria en estos cinco municipios, que bajó de 5,1 a 4,3 por cada 100 estudiantes. Entre ellos, Chiriguaná se destacó por registrar el mayor progreso dentro de este grupo, con un aumento de 10,6 puntos en el acceso a educación superior, seguido por El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, en ese orden.

José Miguel Linares, presidente de Drummond Ltd., destacó la importancia de estos avances, reconociendo tanto la mejoría en los resultados como los retos pendientes en términos de calidad educativa. De acuerdo con los datos revisados, el promedio departamental en la prueba Saber 11 —el examen estatal que mide competencias al finalizar la secundaria— pasó de 246,2 a 256,6 puntos.

En cuanto a la inversión social, Drummond Ltd. reportó al cierre de 2025 la construcción y mejoramiento de 1.252 aulas de clase, beneficiando a más de 72.000 estudiantes. Asimismo, 495 jóvenes recibieron becas y apoyos de sostenimiento, más de 8.500 hijos de empleados accedieron a subsidios educativos, cerca de 4.500 adultos participaron en alfabetización y 40.000 estudiantes se integraron en proyectos de calidad educativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué factores influyeron en el aumento de acceso a la educación superior en los municipios del corredor minero de Cesar?

El incremento en el acceso a la educación superior en Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico estuvo ligado a un mejoramiento sostenido en el tránsito inmediato de bachilleres hacia estudios superiores, así como a inversiones en infraestructura educativa y apoyos sociales, según datos de Arteaga Latam y Drummond Ltd. La construcción de aulas, becas y programas de apoyo mostraron un impacto directo en estos resultados positivos.

¿Qué es el Índice de Trayectoria Educativa y por qué es importante en el contexto del Cesar?

El Índice de Trayectoria Educativa se refiere al porcentaje de bachilleres que ingresa a la educación superior inmediatamente después de finalizar su formación secundaria. Es un indicador clave para comprender el acceso de los jóvenes a más oportunidades académicas y laborales. En el caso del Cesar, este índice permite medir los avances y los retos del sistema educativo local en la inclusión y permanencia de los estudiantes en nuevos niveles de formación.

El proyecto de ley presentado establece condiciones claras para facilitar el sometimiento de los grupos ilegales. Entre estas condiciones se encuentra que la interlocución deberá realizarse de manera exclusiva a través de abogados, lo cual pone límites precisos a los canales de comunicación entre el Estado y los miembros de dichas organizaciones. Además, el proyecto delimita expresamente los lugares donde podrán tener lugar estos diálogos, buscando controlar el acceso y evitar escenarios que puedan interpretarse como mesas de negociación tradicional. Otra condición relevante radica en los compromisos que deberán asumir los integrantes de los grupos criminales, punto esencial para tener derecho a beneficios y rebajas de penas que, según lo proyectado, oscilarán entre el 30% y el 50%. El porcentaje de reducción dependerá de la función criminal que haya tenido cada miembro en la organización.

El documento que sustenta la propuesta aclara, de manera explícita, que el procedimiento no podrá ser interpretado bajo ninguna circunstancia como una negociación política. En el texto se detallan también los grupos criminales que pueden participar dentro de este proceso y se define el papel de las distintas entidades del gobierno que acompañarán cada etapa. De acuerdo con el ministro de Justicia, Iván Cancino, dicha claridad busca dispersar cualquier equívoco frente a la naturaleza del sometimiento y el alcance de los beneficios que se otorgarán.

¿Cuáles son las condiciones para el sometimiento de grupos criminales en la propuesta del gobierno?

De acuerdo con la información presentada ante el Congreso, la propuesta exige que la interlocución se realice únicamente a través de abogados, limita los sitios donde se pueden efectuar las conversaciones y requiere que los miembros de los grupos ilegales asuman compromisos específicos para acceder a beneficios penales, que pueden ir de un 30 % a un 50 % de reducción de condena, dependiendo del papel que hayan desempeñado.

¿Qué diferencia este proceso de sometimiento de una negociación política tradicional?

Según lo explicado por los ministros Rodrigo Lara e Iván Cancino ante el Congreso, esta propuesta no tiene carácter de negociación política. Está estructurada para que los actores armados ilegales se sometan a la justicia bajo condiciones claras, sin otorgar estatus político ni abrir espacios para diálogos de naturaleza política con el Estado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Vea también: Gobierno radica ley que daría rebajas de penas de hasta 50 % a criminales bajo estas condiciones) 

El mandatario presentó la medida a través de una publicación en sus redes sociales, acompañada de un video en el que defendió la necesidad de garantizar las movilizaciones pacíficas, pero advirtió que su Gobierno actuará frente a los hechos de violencia.

“En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero ¡no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos!”, manifestó De la Espriella.

En el video, el jefe de Estado sostuvo que la norma busca fortalecer la capacidad de las autoridades para responder ante situaciones que afecten la movilidad, los servicios esenciales y los derechos de quienes no participan en las manifestaciones.

El anuncio se produjo el martes 13 de octubre, un día antes de las movilizaciones convocadas en distintas ciudades del país para este miércoles.

 

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¿Qué cambia con el Decreto 1525 de 2026?

De acuerdo con la información divulgada sobre la norma, el decreto precisa las circunstancias en las que las autoridades pueden intervenir frente a hechos violentos durante una manifestación. Uno de los puntos centrales es que el diálogo y la mediación deben mantenerse como herramientas para gestionar las protestas, pero no constituyen un requisito que impida actuar contra personas que estén cometiendo actos de violencia.

Entre las situaciones contempladas para una intervención están las agresiones contra terceros, el uso o porte de armas, la retención de personas, los ataques contra periodistas o misiones médicas y los daños a la infraestructura. También se incluyen afectaciones graves a servicios públicos y al abastecimiento de bienes esenciales.

La norma contempla una actuación gradual de las autoridades, que incluye la participación de gestores de convivencia, el diálogo con los manifestantes y la mediación. Si las circunstancias lo requieren, pueden aplicarse medidas de disuasión y, como último recurso, intervenir las unidades de la Policía encargadas del mantenimiento del orden.

El decreto también refuerza la coordinación entre las autoridades mediante los Puestos de Mando Unificado (PMU), desde los cuales se deben articular las actuaciones durante las movilizaciones.

Sin embargo, la obstrucción de una vía no convierte automáticamente una manifestación en violenta. La intervención debe responder a las circunstancias previstas en la norma y distinguir entre quienes participan pacíficamente y quienes incurren en conductas violentas.

De la Espriella lanzó advertencia antes de las marchas del 14 de octubre

En su mensaje, el presidente insistió en que su Gobierno garantizará el derecho a la protesta pacífica, pero no permitirá que las movilizaciones deriven en actos que afecten a otros ciudadanos.

“No voy a permitir que se bloqueen vías, que se impida el tránsito libre de los ciudadanos, que las ambulancias no puedan pasar, que los niños no puedan ir a la escuela, que los transportadores no puedan mover sus cargas”, afirmó en el video.

El mandatario también señaló que los hechos de violencia serán documentados y puestos en conocimiento de las autoridades competentes. Además, defendió el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre la Policía, las autoridades militares, los alcaldes, los gobernadores y el Gobierno nacional.

“¡Se acabó la guachafita! ¡La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera!”, escribió en su publicación.

La aplicación del Decreto 1525 tendrá uno de sus primeros escenarios en las movilizaciones convocadas para este miércoles 14 de octubre. En esa jornada se podrá observar cómo las autoridades aplican las nuevas disposiciones y garantizan, al mismo tiempo, el derecho a la protesta pacífica y los derechos de los demás ciudadanos.

Sanjuán es investigada por posibles irregularidades cometidas cuando fue alcaldesa de San Diego (2016-2019). Los delitos atribuidos son la violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y la celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales. La Fiscalía, representada por la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela Rodríguez, expuso un conjunto de pruebas donde señala que la entonces alcaldesa habría omitido requisitos fundamentales en la etapa previa a la contratación, especialmente en la compraventa de un terreno para viviendas de interés social, a través del contrato 17-046, celebrado el 27 de febrero de 2017 por 88 millones de pesos.

La Fiscalía sostiene que, a pesar de una supuesta invitación pública de 60 días para la oferta de lotes, el proceso se cerró en solo seis días y se aceptó una única propuesta. Cuestiona que el precio del terreno no fue definido mediante avalúo independiente sino a través del peritaje proporcionado por el propio vendedor. Lo más delicado, según el ente acusador, es el vínculo familiar del vendedor, Juan Gerardo Arzuaga Rubio, con un concejal en ejercicio: Armando José Arzuaga Rubio, hecho que la ley prohíbe. Para sustentar las acusaciones, la Fiscalía propuso tomar testimonio de diversos exfuncionarios responsables del procedimiento contractual.

La defensa, en cabeza del abogado Alejandro Sánchez, asegura que las decisiones tomadas durante la alcaldía respondieron al cumplimiento de políticas públicas, ya en marcha por exalcaldes y respaldadas en el Plan de Desarrollo 2016-2019 y acuerdos municipales anteriores. Solicitaron incorporar la carpeta contractual completa y documentos que evidenciarían la transparencia del proceso. Para el tema del avalúo, la defensa presentó oficios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en los que se indica que no había disponibilidad para hacer el estudio, lo que forzó a la Alcaldía a adoptar un peritaje alterno. Según el defensor, no hubo dolo ni sobrecosto, dado que el lote, estimado en 220 millones por peritos de la Fiscalía, se compró por solo 88 millones.

Sobre la supuesta inhabilidad por parentesco, la defensa argumentó, con registros civiles, que la identificación pública del concejal era diferente a la del vendedor, lo que haría imposible que la entonces alcaldesa advirtiera el parentesco. El caso, de gran relevancia política y jurídica, continúa bajo análisis de la Corte Suprema, en medio de posturas enfrentadas y un proceso que seguirá dando de qué hablar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cargos que enfrenta la gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila en la Corte Suprema?

La gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila está siendo procesada ante la Corte Suprema de Justicia por presunta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y por celebrar contratos sin cumplir los requisitos legales durante su periodo como alcaldesa de San Diego. Estos hechos giran en torno a la compra de un terreno para viviendas de interés social y posibles irregularidades en el proceso contractual, según los argumentos presentados por la Fiscalía en la audiencia preparatoria.

¿Por qué es relevante el parentesco entre el vendedor del lote y el concejal de San Diego en este proceso judicial?

El parentesco es clave porque la ley prohíbe a los mandatarios contratar con familiares directos de miembros de corporaciones públicas locales. La Fiscalía argumenta que el vendedor del lote era hermano de un concejal en ejercicio al momento de la compra, lo que podría configurar una inhabilidad. La defensa, sin embargo, sostiene que las diferencias en la identificación pública hacían esta relación difícil de detectar para la entonces alcaldesa. Esta discusión es central para la eventual responsabilidad penal de la gobernadora.

En los apartados del decreto, se hace especial énfasis en la identificación individual de aquellos manifestantes que inciten o participen en actos violentos o de vandalismo. Además, se determina que la protesta estará permanentemente acompañada por la Policía Nacional, con un dispositivo que debe permanecer a por lo menos cuatro metros de distancia de la manifestación. De acuerdo con El Espectador, este acompañamiento policial tiene el propósito de controlar el desempeño de la protesta y, sobre todo, "garantizar el ejercicio pacífico del derecho a la protesta y proteger tanto a los participantes como a las personas que no forman parte de la manifestación".

Otra disposición importante del decreto plantea que, en casos en los que los manifestantes sean sorprendidos portando o usando armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios —o si se presenta la retención de personas contra su voluntad o agresión contra terceros ajenos, funcionarios públicos, personal uniformado, misiones médicas o periodísticas—, la Policía Nacional está autorizada a hacer uso de la fuerza. Pese a que el decreto insiste en la necesidad de mantener escenarios de diálogo, la posibilidad de intervención por la fuerza refuerza el control de las autoridades sobre el desarrollo de la manifestación.

Este paquete de medidas, que llega justo antes de las movilizaciones de la oposición, pretende acotar y dirigir la protesta pública bajo lineamientos más precisos y vigilados. Así, el gobierno de De la Espriella busca equilibrar el derecho a la protesta con el mantenimiento del orden y la seguridad, dejando en manos de la Policía Nacional importantes facultades para intervenir cuando identifique riesgos para los asistentes y la comunidad en general.

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¿Qué regula el decreto 1525 de 2026 sobre la protesta social?

El decreto 1525 de 2026 define procedimientos para la protesta social, incluyendo la individualización de manifestantes que cometan actos violentos o vandálicos, la presencia constante de la Policía Nacional a cuatro metros de las manifestaciones y la autorización del uso de la fuerza en situaciones específicas, como el empleo de armas o agresión contra terceros, según El Espectador.

¿Cuándo puede la Policía Nacional usar la fuerza durante una protesta?

De acuerdo con lo señalado por El Espectador, la Policía Nacional puede emplear la fuerza cuando haya evidencia del porte o uso de armas, explosivos, artefactos incendiarios, retención forzada de personas o agresión hacia terceros, autoridades, misiones médicas o periodísticas, incluso si existen escenarios de diálogo abiertos.

En las últimas jornadas, las condiciones meteorológicas extremas han ocasionado caídas de árboles sobre cables, deslizamientos y descargas atmosféricas, afectando gravemente la infraestructura. Frente a este escenario, Enel Colombia puso en marcha su plan de contingencia, movilizando la totalidad de sus cuadrillas, equipos técnicos, móviles de emergencia y personal de apoyo para acelerar la evaluación de daños y la reparación de los servicios. Además, en casos donde se ven comprometidas infraestructuras sensibles como los centros de salud, la empresa explora alternativas de respaldo eléctrico, como el uso de grupos electrógenos, siempre dependiendo de las características y requerimientos de cada situación.

Un aspecto complejo es que, en Cundinamarca, gran parte de la distribución de energía es aérea; por ello, las caídas de árboles y los fuertes vientos incrementan el riesgo de afectaciones. A esto se suman las dificultades de acceso que se presentan ante inundaciones o deslizamientos causados por las lluvias. Enel Colombia subraya que la seguridad de sus trabajadores es fundamental, por lo que muchas intervenciones solo se realizan si existen condiciones que no ponen en riesgo al personal, lo que a veces prolonga los tiempos de restablecimiento del servicio.

La empresa trabaja de manera coordinada con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), comités de riesgo, cuerpos de bomberos, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca. La intención es optimizar la respuesta y priorizar las zonas más afectadas. Enel Colombia también aconseja a la ciudadanía evitar cualquier contacto con redes eléctricas caídas o en mal estado, mantener techos y bajantes en condiciones adecuadas, desconectar dispositivos electrónicos durante tormentas y reportar fallas de inmediato a través de sus canales oficiales, como Fonoservicio o WhatsApp. 

Por otra parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) explicó que Colombia atraviesa la segunda temporada de lluvias, con picos de precipitación en octubre y noviembre en la región andina y caribeña. Incluso en el contexto del fenómeno de El Niño, que se asocia generalmente a condiciones más secas, pueden presentarse lluvias fuertes y tormentas, como las observadas recientemente.

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¿Cómo atiende Enel Colombia las emergencias eléctricas durante las lluvias intensas?

Enel Colombia activa planes de contingencia ante eventos climáticos extremos, desplegando a todas sus cuadrillas y personal técnico en las zonas afectadas. Da prioridad a instalaciones sensibles y trabaja en coordinación con entidades como el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), comités de riesgo, cuerpos de bomberos y autoridades locales para agilizar el restablecimiento del servicio y mantener la seguridad del personal y de la comunidad. Los canales oficiales, como Fonoservicio y WhatsApp, están disponibles para reportar emergencias.

¿Por qué ocurren lluvias intensas durante el fenómeno de El Niño en Colombia?

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), aunque el fenómeno de El Niño suele relacionarse con periodos secos, en Colombia pueden coincidir las características del fenómeno con la temporada regular de lluvias, especialmente entre octubre y noviembre en la región andina y caribeña. Por ello, es posible registrar lluvias intensas y tormentas, pese a la presencia de El Niño.

El hallazgo del cuerpo ocurrió gracias a la alerta de una persona que transitaba por la zona, de acuerdo con Daniel Solarte, abogado que integra la representación de las víctimas. Según Solarte, tal como informaron las autoridades, la Fiscalía comunicó que el descubrimiento tuvo lugar durante el pasado puente festivo. Sin embargo, identificar a la joven no ha traído respuestas concluyentes sobre lo ocurrido, y la investigación sigue sin dar un desenlace claro. La familia, junto con el equipo legal, insiste en que se esclarezcan todos los hechos y no se descarte ninguna hipótesis prematuramente.

Solarte detalló a El Espectador que pidieron a la Fiscalía considerar todas las posibilidades, pues existen elementos que "no están claros". Además, se encuentran pendientes exámenes adicionales y un segundo concepto científico de Medicina Legal, que servirían para analizar si hubo signos de violencia y aportar información clave sobre la causa y modo de muerte. Por tanto, aún no se ha establecido oficialmente cómo falleció Ayelén ni se conocen los responsables o implicados.

Otro aspecto fundamental en la investigación es el recorrido que tuvo el teléfono celular de la adolescente tras su desaparición. De acuerdo con la defensa, el dispositivo fue encontrado en el departamento de Sucre, totalmente formateado, y con cuentas y contraseñas modificadas. Según versiones recopiladas, quien tenía el aparato aseguró haberlo recibido por medio de un conocido procedente de Bogotá. Hasta el momento, no se ha determinado quién intervino el equipo ni si esto tuvo relación directa con la desaparición.

Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) emitió el 21 de agosto una circular amarilla, herramienta utilizada para localizar personas desaparecidas, extendiendo la búsqueda a nivel internacional. Ayelén fue vista por última vez en la zona de Chapinero, Bogotá, cuando supuestamente salió para hacer una compra y prepararse para las pruebas Saber 11. Testigos afirmaron haberla visto después en diferentes puntos de la ciudad e incluso compartiendo en un establecimiento comercial. La Policía realizó búsquedas extensas sin obtener resultados durante meses. Entre las hipótesis que circularon estuvo la posibilidad de que Ayelén se ausentara voluntariamente, tema que, al igual que las demás líneas, sigue bajo investigación.

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¿Cómo avanza la investigación por la desaparición y muerte de Ayelén Sofía Páez?

La investigación continúa abierta mientras se esperan resultados de exámenes pendientes y un segundo informe de Medicina Legal, que permitan esclarecer si hubo violencia y detalles sobre la causa de muerte. La familia y sus abogados insisten en que no se cierre ninguna hipótesis y piden que la Fiscalía profundice en todos los elementos recogidos hasta la fecha.

¿Por qué es relevante el hallazgo del celular de Ayelén Sofía Páez en el caso?

El descubrimiento del teléfono celular, hallado formateado en el departamento de Sucre, es relevante porque puede aportar información clave sobre lo que ocurrió después de la desaparición de la adolescente. Las modificaciones realizadas en el dispositivo y las cuentas digitales, así como su transmisión entre varias personas, son puntos críticos que la investigación debe aclarar para reconstruir los hechos.

Uno de los hechos más devastadores que recogió la imputación fue la masacre de San Luis, en Caquetá, cometido en 1997, donde siete autoridades tradicionales del pueblo Korebajü perdieron la vida. La JEP estableció que esta masacre no fue un episodio aislado. De acuerdo con el relato histórico y el contexto del crimen, la violencia ya había cobrado la vida de otras figuras importantes de la comunidad, como Aquiles Bolaños, fundador del Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio Caquetá, quien fue asesinado cuatro años antes del suceso de San Luis. Así lo evidenció el Plan de Vida del pueblo Korebajü, citado en la documentación de la JEP.

De acuerdo con el Plan de Vida del pueblo Korebajü, entre 1997 y 2003 las Farc asesinaron a 65 líderes indígenas. El motivo principal estuvo relacionado con la resistencia de estos líderes frente al sometimiento, el reclutamiento forzado y la presión ejercida por la estructura armada sobre las autoridades del resguardo. Esto buscaba debilitar sus procesos organizativos y de defensa cultural para así imponer el dominio armado de la guerrilla. La violencia no se limitó a quienes ejercían autoridad formal. También alcanzó a quienes se encargaban de preservar y transmitir los saberes ancestrales y las prácticas tradicionales de sus pueblos, atentando de fondo contra la memoria y la cohesión comunitaria.

Todo esto, de acuerdo con la JEP, conformó un panorama de agresión sistemática que no solo impactó a las víctimas directas, sino que también fracturó la estructura social de pueblos históricamente marginados, forzando el desplazamiento de familias enteras y poniendo en riesgo sitios sagrados y tradiciones ancestrales de valor incalculable.

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¿Cuáles fueron los crímenes de las Farc contra los pueblos indígenas según la JEP?

De acuerdo con la imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los crímenes cometidos por la guerrilla de las Farc incluyeron asesinatos de líderes indígenas, desplazamientos forzados de familias, amenazas contra la autonomía de las comunidades y ataques a las autoridades tradicionales, como se evidenció en la masacre de San Luis y el asesinato de Aquiles Bolaños.

¿Qué pueblos indígenas fueron afectados por la violencia de las Farc en la Amazonía y Orinoquía?

Según la información recopilada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los pueblos indígenas más afectados por la violencia de las Farc en estas regiones fueron los Korebajü, Siona, Nükak, Hitnü y Jiw, cuyas formas de vida y supervivencia estuvieron en peligro debido a los crímenes atribuidos a los bloques Sur y Oriental de la guerrilla.

El hallazgo ocurrió durante el puente festivo, cuando una persona que recorría el sector encontró los restos y alertó a las autoridades. Daniel Solarte, integrante de la representación judicial de la familia. Aunque la identificación permitió establecer el paradero de la joven, todavía no hay respuestas definitivas sobre las circunstancias de su muerte.

Uno de los puntos que la familia pide esclarecer es lo ocurrido con el teléfono celular de Ayelén. Según El Espectador, el abogado explicó que el dispositivo apareció en el departamento de Sucre, completamente formateado. Además, las cuentas digitales de la adolescente y sus contraseñas habrían sufrido modificaciones después de su desaparición.

“La persona que tenía el dispositivo dijo haberlo recibido como regalo del hijo de una mujer residente en ese departamento, quien, de acuerdo con esa misma versión, vive en Bogotá”, señala el representante judicial, según la información publicada por El Espectador.

Por ahora, no se ha establecido quién modificó las cuentas, quién formateó el celular ni si esos hechos guardan relación con la desaparición. El medio citado indicó que la investigación continúa abierta y que la familia solicita esclarecer las circunstancias antes de descartar hipótesis.

Ayelén, de 16 años, desapareció el 9 de agosto de 2025, después de salir a comprar algo en Bogotá. La última vez que la vieron fue cerca de la calle 67 con carrera Séptima, en Chapinero. La adolescente se preparaba para presentar las pruebas Saber 11 al día siguiente.

Con la identificación del cuerpo, la familia enfrenta ahora nuevas preguntas sobre lo ocurrido durante los meses de búsqueda. El objetivo de la representación judicial es que las autoridades aclaren los hechos y determinen las posibles responsabilidades.

Uno de los principales ajustes, según el decreto citado por fuentes oficiales en el documento, es que a partir de su expedición, la Policía no tendrá que esperar a que termine el diálogo con el grupo completo de manifestantes para intervenir contra quienes incurran en hechos violentos. Esta disposición permite que las autoridades actúen simultáneamente en dos frentes: manteniendo el diálogo con quienes protestan pacíficamente, mientras toman medidas inmediatas contra quienes empleen la violencia. Esta flexibilidad busca frenar acciones como el porte o uso de armas de fuego, elementos cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios; la retención de personas contra su voluntad; agresiones a ciudadanos, policías, médicos o periodistas; y daños a la infraestructura pública o privada, tal como explica el propio decreto.

De acuerdo con el mismo documento, si existen razones objetivas y comprobables que impidan agotar todas las etapas previas de intervención policial, la Policía estará autorizada a actuar sin cumplir necesariamente esos pasos, siempre y cuando la justificación quede registrada en el acta del Puesto de Mando Unificado, conocido por las siglas PMU. Así mismo, la verificación de estos hechos deberá notificarse de inmediato al Ministerio Público. El decreto subraya que toda actuación policial debe responder a los principios del uso de la fuerza, cuyo enfoque es evitar conductas violentas, proteger la vida y la integridad y preservar los bienes.

Por otro lado, la norma ratifica que los manifestantes pacíficos conservan las garantías consignadas en el Decreto 003 de 2021 y sus modificaciones, aun si cerca de ellos se presentan actos violentos de terceros. Adicionalmente, deja claro que ni la presencia de personas con el rostro cubierto, ni las convocatorias o discursos previos, pueden considerarse motivo suficiente para deslegitimar el carácter pacífico de una manifestación; la valoración debe hacerse sobre hechos objetivos y el contexto observador.

Esta normativa llega justo en la antesala de las jornadas de movilización, y serán estas el escenario donde se pondrán en marcha las nuevas reglas sobre intervención, diálogo y control de dispositivos policiales.

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¿Qué acciones permite el Decreto 1525 para la Policía durante las manifestaciones en Colombia?

El Decreto 1525 faculta a la Policía para intervenir de inmediato contra personas que ejecuten actos violentos durante manifestaciones, sin que sea obligatorio esperar a que terminen los diálogos con todos los participantes. Puede actuar simultáneamente en la protección de derechos de manifestantes pacíficos y en la represión de conductas violentas, siempre dejando constancia justificada de sus decisiones en el Puesto de Mando Unificado, conocido como PMU.

¿Qué garantías se mantienen para los manifestantes pacíficos según el nuevo decreto colombiano?

De acuerdo con el Decreto 1525, quienes protesten de manera pacífica mantienen intactos sus derechos y garantías, tal como se establece en el Decreto 003 de 2021. Ni la presencia de encapuchados, ni el tono de las convocatorias, ni los discursos previos son razones suficientes para tratar toda la protesta como violenta. Las autoridades deben basar su actuación en hechos concretos y verificables.

La posición de la oficial quedó consignada en un documento de ocho páginas presentado por su abogado, Nicolás Niño. Según Semana, en el escrito la defensa reiteró la disposición de Lozano para colaborar con las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

“Está dispuesta a atender cualquier llamado de la administración de justicia, en todas las oportunidades en que se le requiera, con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos para que las autoridades competentes adopten las determinaciones que en derecho correspondan”, señala el documento.

Vea también: Eva Ferrer acusa a Verónica Alcocer de beneficiar viajes y contratos; Procuraduría y Fiscalía anuncian investigación

Sin embargo, la defensa también cuestionó las declaraciones de Eva Ferrer y anunció medidas penales por considerar que sus afirmaciones afectarían la honra y el buen nombre de la capitana. La inconformidad se centra en la manera en que Ferrer habría mencionado a la oficial y la habría vinculado con supuestas conductas delictivas.

“Dentro de la entrevista, la querellada eligió nombrar a mi poderdante con su grado y su cargo; presuntamente vincularla con las supuestas conductas delictivas; y luego, ante una pregunta que le ofrecía una salida neutral, escogió afirmar que era cómplice”, sostiene el documento.

El abogado de Lozano también expuso su interpretación sobre la secuencia de las declaraciones y sus posibles implicaciones para la reputación de su representada. El escrito plantea que las afirmaciones de Ferrer no habrían sido una simple mención de la oficial, sino una atribución concreta de participación en presuntos delitos.

“Esta secuencia permite inferir, aparentemente, la voluntad y la conciencia de atribuirle a una persona determinada su participación en hechos delictivos concretos”, indica el apoderado de la capitana.

La defensa insistió en que las declaraciones cuestionadas podrían tener consecuencias jurídicas. “Así las cosas, la conducta presuntamente desplegada se ubica en el ámbito de la imputación falsa de un delito, con una lesión directa a la honra y al buen nombre de la capitán Daniela Lozano, cuya reputación como oficial depende justamente de la confianza en su rectitud”, manifiesta el documento firmado por Nicolás Niño.

De acuerdo con lo reportado, el operativo incluyó no solo el retiro de los cambuches, sino también la recolección de residuos y labores de deshierbe para mejorar el entorno. En esta jornada participaron la Policía Metropolitana, el Ejército, gestores de convivencia y trabajadores de entidades responsables de la limpieza y el aseo en la ciudad. La intervención fue coordinada y contó con la colaboración activa entre las diferentes entidades, con el objetivo de garantizar tanto la seguridad como el aspecto del espacio público.

Durante el procedimiento, Sergio Saavedra, director de Seguridad y Convivencia, manifestó su preocupación por el frecuente hallazgo de objetos y materiales abandonados en estos lugares. El funcionario explicó: “Acá terminan todo lo que no desechan de manera adecuada los ibaguereños”, haciendo un llamado a la comunidad para que utilice únicamente los sitos autorizados para la disposición de escombros y otros residuos. Según Saavedra, la irresponsabilidad de algunos ciudadanos facilita la formación de cambuches y, al mismo tiempo, contribuye a la degradación de áreas comunes, lo que afecta la seguridad colectiva y la imagen urbana.

El desmonte de estas seis estructuras irregulares se llevó a cabo con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social. Además, como parte de la intervención, se ofreció atención institucional a las personas que se encontraban en los cambuches, con el propósito de conectarlas con programas de resocialización y acompañamiento, y así brindarles opciones distintas a la ocupación irregular del espacio público. Este esfuerzo busca no solo recuperar zonas de la ciudad afectadas, sino también ofrecer alternativas y soluciones más humanas a quienes se ven obligados a vivir en condiciones difíciles.

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¿Por qué fue necesario desmontar los cambuches en la calle 14 de Ibagué?

El retiro de los cambuches en la calle 14 de Ibagué se realizó porque estas estructuras elevaban la percepción de inseguridad entre los habitantes del sector y generaban afectaciones en el entorno. Según los reportes, las autoridades atendieron el llamado de la comunidad, al notar cómo los residuos y escombros abandonados daban pie a la creación de asentamientos improvisados, lo que ponía en riesgo la tranquilidad y la imagen urbana de la comuna Uno.

¿Qué tipo de acompañamiento reciben las personas en condición de calle tras los operativos en Ibagué?

Después de los operativos, las personas en condición de calle reciben atención institucional, según lo informado durante la jornada. La Secretaría de Desarrollo Social hace presencia para vincular a quienes habitan los cambuches a programas de acompañamiento y resocialización. El objetivo es ofrecerles alternativas que mejoren su calidad de vida y los apoyen en la reintegración a la sociedad de manera digna.

En una entrevista publicada el 10 de octubre en Semana, Ferrer—quien asesoró a Alcocer durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y fue consejera en su Gobierno—afirmó que Alcocer habría viajado en enero de 2023 a Venezuela y, al volver, habría ingresado al país una suma considerable de dinero. Según ella, "de ese viaje se traen USD 2,5 millones" y habría existido un “movimiento de dineros” no justificado. Además, sostuvo que esos viajes no fueron aislados y que hubo una confidencialidad extrema en su organización, involucrando a Carolina Plata, amiga cercana de Alcocer. Ferrer dijo: “parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga”. Sin embargo, la Fiscalía aclaró a El Espectador que Ferrer aún no ha aportado pruebas concretas sobre sus afirmaciones.

La Procuraduría General de la Nación, por su parte, la citó a declarar el 13 de octubre para aclarar los señalamientos y pidió a su Dirección Nacional de Investigaciones Especiales recolectar las pruebas necesarias. Asimismo, convocó a otros exfuncionarios relacionados con la administración Petro. Ferrer sugiere que Alcocer habría influido en el direccionamiento de cargos y contratos al interior del Gobierno para beneficiar a cercanos.

Adicionalmente, Ferrer mencionó a supuestos financiadores no reportados de la campaña presidencial de 2022, como Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo", y Euclides Torres, quienes habrían realizado aportes significativos. Frente a estas declaraciones, el expresidente Petro calificó la publicación de Semana de difamatoria y exigió una rectificación pública, señalando que Ferrer solo replicó rumores no sustentados con evidencia.

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¿De qué acusan a Verónica Alcocer según Eva Ferrer?

Eva Ferrer acusa a la exprimera dama Verónica Alcocer de haber utilizado su posición para transportar droga, armas y dinero entre Colombia y Venezuela, además de intervenir en el direccionamiento de cargos y contratos dentro del Gobierno. Ferrer afirmó en una entrevista con Semana que Alcocer habría regresado de un viaje a Venezuela con USD 2,5 millones e incluso sugirió la existencia de fotografías con maletas que contendrían droga. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía citada por El Espectador, hasta el momento Ferrer no ha presentado pruebas concretas que respalden estas denuncias.

¿Qué acciones tomaron la Fiscalía y la Procuraduría tras las declaraciones de Eva Ferrer?

La Fiscalía citó por tercera vez a Eva Ferrer para que declare sobre los hechos que denunció, mientras la Procuraduría también la convocó junto a otros exfuncionarios para esclarecer los posibles actos de corrupción señalados. La Fiscalía, según El Espectador, realiza labores de verificación sobre conductas irregulares y ha contactado al abogado de Ferrer, sin que esta haya aportado pruebas. La Procuraduría, por su lado, comunicó que adelanta una investigación abierta tras publicaciones de Semana y busca con estas declaraciones comprobar los hechos expuestos por la exfuncionaria.

(Vea también: Petro mandó oscuro mensaje a Vicky Dávila tras decisión de De la Espriella sobre exjefe de seguridad de Alcocer)

El pronunciamiento lo hizo Petro este martes 13 de octubre, a través de su cuenta de X, en respuesta a un mensaje de Dávila en el que defendió la publicación de los testimonios de Ferrer y Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

“Usted y el señor Guillinsky serán denunciados por mis hijas y su madre”, escribió el exmandatario, quien cuestionó que en la entrevista se formularan acusaciones de narcotráfico y tráfico de armas contra Alcocer.

Petro sostuvo que los señalamientos difundidos carecen de sustento y afirmó que las declaraciones citadas no constituyen pruebas de los delitos mencionados. También solicitó a Dávila que rectifique con el mismo despliegue que, según él, tuvo la publicación de las acusaciones.

Este es el mensaje del presidente:

No señora Victoria, usted y el señor Guillinsky serán denunciados por mis hijas y su madre.

Usted y el propietario de la revista Semana desplegaron una entrevista donde se acusó gravemente de narcotráfico y tráfico de armas a la madre de mis últimas hijas.

La señora Angie no es prueba alguna porque en el año 2023 no trabajaba en el Dapre y creo que en ninguna parte del gobierno. Además ha dicho públicamente que no le consta lo dicho al respecto por Eva.

La señora Eva Ferrer aduce para su afirmación, que alguien le contó esos hechos y no menciona nombre, luego usted propagó, vicky, una afirmación sin sustento y es un delito con consecuencias civiles que recaen sobre usted y el propietario de la revista.

Les solicitó como padre de mis hijas y como expresidente de la república de Colombia su rectificación con el mismo despliegue que utilizó para calumniarnos.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 13, 2026

¿Por qué Petro anunció una denuncia contra Vicky Dávila y el dueño de Semana?

En su mensaje, Petro cuestionó la entrevista en la que Eva Ferrer hizo señalamientos contra Verónica Alcocer relacionados con presuntas actividades de narcotráfico y tráfico de armas.

El expresidente sostuvo que Ferrer no habría presentado pruebas directas para respaldar esas afirmaciones y criticó que, según su versión, la exasesora se habría basado en información que recibió de otra persona cuyo nombre no reveló.

También se refirió a Angie Rodríguez, quien habló sobre presuntos episodios de violencia y otras irregularidades que involucrarían a la exprimera dama. Petro señaló que Rodríguez no trabajaba en el Dapre en 2023 y cuestionó que su testimonio se presentara como prueba de los hechos denunciados.

“Les solicito como padre de mis hijas y como expresidente de la República de Colombia su rectificación con el mismo despliegue que utilizó para calumniarnos”, escribió.

¿Qué respondió Vicky Dávila?

La respuesta de Petro se produjo después de que Vicky Dávila defendiera la publicación de las entrevistas con Eva Ferrer y Angie Rodríguez.

En su mensaje, la periodista sostuvo que los testimonios debían ser examinados por las autoridades y pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que investigaran para establecer si las acusaciones eran falsas o verdaderas.

“Los defensores de oficio de Petro, Verónica y su combo, madrugaron a ejercer. El testimonio de Eva Ferrer, y el testimonio de Angie Rodríguez son una prueba en sí”, escribió Dávila.

La periodista añadió que las autoridades debían investigar las declaraciones de las dos exfuncionarias, a quienes describió como integrantes del círculo cercano de Petro y Alcocer.

Los defensores de oficio de Petro, Verónica y su combo, madrugaron a ejercer. El testimonio de Eva Ferrer, y el testimonio de Angie Rodríguez son una prueba en sí.

La Fiscalía, la Corte y la Comisión de Acusación deben investigar y decirles a los colombianos si es falso o real lo que están denunciando estas exfuncionarias, del círculo íntimo de Petro y Verónica.

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 13, 2026

Las víctimas fatales del tiroteo fueron identificadas como Víctor Alfonso Osorio Artunduaga, Didier Romero Varela y Franklin Fabián Collazos Murcia. Estas personas se encontraban dentro del establecimiento nocturno cuando, de acuerdo con los reportes, un hombre armado ingresó al lugar y disparó de manera indiscriminada contra quienes estaban en su interior. Producto del ataque, una cuarta persona sufrió heridas y recibió atención médica. Sin embargo, no se han divulgado mayores detalles sobre su estado de salud ni su identidad hasta el momento.

El suceso ha generado preocupación en la comunidad y en las autoridades municipales, quienes respondieron rápidamente anunciando el fortalecimiento de las medidas de seguridad en El Paujil. De acuerdo con los reportes recogidos, se han intensificado los controles en la zona con el objetivo de brindar mayor protección a los ciudadanos y avanzar en el esclarecimiento del caso. Entre las acciones adoptadas por las autoridades figura también la oferta de una recompensa para quienes aporten información relevante que conduzca al paradero de los responsables del ataque.

A pesar de estos avances en el proceso investigativo, hasta ahora no se ha establecido públicamente el móvil de la acción violenta ni se conoce quién podría estar detrás del crimen. Las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales permanecen en alerta, dedicando sus esfuerzos al esclarecimiento de los hechos y a garantizar una respuesta efectiva para la comunidad afectada.

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¿Por qué ocurrió el ataque armado en la discoteca de El Paujil, Caquetá?

Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente las causas ni los motivos detrás del ataque ocurrido en la discoteca de El Paujil, Caquetá. El móvil del crimen permanece en investigación y no se ha establecido ninguna hipótesis confirmada sobre las razones del hecho violento.

¿Quiénes fueron las víctimas del triple homicidio en El Paujil, Caquetá?

Las víctimas identificadas tras el ataque armado en la discoteca de El Paujil, Caquetá, son Víctor Alfonso Osorio Artunduaga, Didier Romero Varela y Franklin Fabián Collazos Murcia. Además, una cuarta persona resultó herida y recibió atención médica, aunque no se han divulgado detalles sobre su identidad o condición.

El rediseño planteado por Maestre pretende mantener la esencia de la figura original, pero integrar detalles artísticos nuevos que le otorguen un aire diferente. El artista detalla que el modelo contempla escamas más definidas, una cola con formas más elegantes y nervaduras visibles, además de aletas en los brazos y una expresión facial renovada, buscando acentuar la belleza de la imagen. Para presentar esta visión, Maestre planea elaborar una maqueta impresa en 3D, con el fin de socializar la propuesta y fomentar un debate público en torno a la posible actualización del monumento.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa de Maestre es sustituir el material actual—fibra de vidrio recubierta con laminilla de oro—por bronce. Según explicó el escultor, el bronce garantiza mayor durabilidad ante la exposición al clima y resulta menos vulnerable ante nuevos actos vandálicos. Al respecto, sostuvo: "Si ya ves que ya se ha restaurado cuatro veces, ¿quién dice que en el futuro no va a haber que volverla a restaurar por vandalismo? En cambio, una escultura en bronce ya es difícil que la puedan atentar, porque es metal". Además, propone la recolección comunitaria de objetos metálicos como candados o llaves para contribuir al proceso de fundición, así como la búsqueda de apoyo institucional para materializar la obra.

Para Maestre, renovar la Sirena de Hurtado significa salvaguardar un símbolo de la memoria cultural vallenata. La escultura, instalada originalmente en 1987, nació de su deseo de mantener vigente la leyenda local que inspiró la obra. Casi cuatro décadas después, el artista busca, mediante su iniciativa, reforzar el valor simbólico del monumento e invitar a la ciudadanía a participar en la conservación de su patrimonio.

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¿Cómo cambiaría la imagen de la Sirena de Hurtado según el nuevo diseño de Jorge Maestre?

De acuerdo con las declaraciones de Jorge Maestre citadas por Betan, el rediseño de la Sirena de Hurtado conservaría su esencia, pero incluiría detalles artísticos nuevos: escamas bien definidas, una cola más elegante, nervaduras visibles, aletas en los brazos y una expresión facial renovada. La idea es que la escultura resulte más llamativa y represente mejor la leyenda local.

¿Por qué el artista propone el cambio de material a bronce en la Sirena de Hurtado?

Según Jorge Maestre, la versión original de la Sirena de Hurtado fue creada en fibra de vidrio recubierta con laminilla de oro, materiales que han requerido numerosas restauraciones debido al deterioro y el vandalismo. El bronce, explicó el artista, sería más resistente ante las condiciones ambientales y menos susceptible a nuevos daños, asegurando una vida útil mucho más larga para este símbolo de Valledupar.

Según información entregada por la administración departamental, el proyecto supera el 72 % de avance, un porcentaje que incluso se encuentra por encima del cronograma previsto inicialmente. Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle, detalló que la calzada habilitada funcionará en ambos sentidos, lo que permitirá ejecutar intervenciones necesarias en la estructura vial actual y dar continuidad a las labores de ampliación.

Ramírez también precisó que esta nueva calzada ya está completamente terminada y lista para su uso, no solo en lo que respecta al pavimento, sino también en elementos complementarios como los espacios públicos, la ciclorruta y el andén. Estos aspectos forman parte de un enfoque integral que busca no solo mejorar la movilidad en vehículos particulares, sino también promover medios de transporte alternativos y peatones, fortaleciendo la infraestructura para toda la población que transita en esta zona.

La ampliación de la avenida Cañasgordas contempla en total 6,1 kilómetros de nueva calzada. De acuerdo con la Gobernación, el objetivo de este ambicioso proyecto es optimizar los desplazamientos entre Cali y Jamundí. La entidad estima que, una vez finalizada la obra, los tiempos de viaje podrán reducirse hasta en 30 minutos, beneficiando a más de 360.000 vallecaucanos que se movilizan constantemente a través de este corredor estratégico.

Mientras avanzan las obras en el tramo restante, la apertura de estos primeros 2,9 kilómetros es vista como un avance significativo y una medida transitoria clave. Esta permite agilizar la intervención de la calzada antigua y continuar el desarrollo del proyecto sin afectar de manera sensible la circulación. La Gobernación insiste en que la meta es completar cuanto antes la ampliación total, consolidando un corredor moderno y eficiente para el departamento.

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¿Cuántos kilómetros tendrá la nueva calzada de la avenida Cañasgordas?

Según información oficial de la Gobernación del Valle del Cauca, la ampliación de la avenida Cañasgordas contempla la construcción total de 6,1 kilómetros de nueva calzada. Este corredor busca mejorar la conexión entre Cali y Jamundí, facilitando los desplazamientos para miles de ciudadanos que transitan diariamente por la zona.

¿Cuál es el avance actual del proyecto de la avenida Cañasgordas?

De acuerdo con la Gobernación del Valle del Cauca, el proyecto de ampliación de la avenida Cañasgordas registra un avance superior al 72 %. Esto significa que las obras se desarrollan a buen ritmo, incluso por encima del cronograma originalmente establecido por las autoridades departamentales.

Según detalló el IDRD, el laboratorio de innovación consiste en la evaluación de técnicas de cultivo, manejo y cosecha mecanizada de césped natural, así como la puesta en marcha de métodos para su recuperación. Los trabajos actuales han intervenido 20.180 metros cuadrados en las canchas seis, ocho y nueve. Estas superficies deportivas serán niveladas e intervenidas para instalar nueva cobertura vegetal y sistemas de riego que permitan mantener la calidad del césped. La entidad aclaró también que este procedimiento no corresponde a un contrato adicional de mantenimiento, sino a un permiso de uso temporal con contraprestación en especie, lo que implica que no se están generando desembolsos directos de recursos públicos en esta fase del proyecto.

El IDRD destacó el proceso de selección de las canchas sobre las que se permite intervenir. Antes de autorizar el uso, el instituto confirmó que no existían reservas ni asignaciones vigentes para las canchas seleccionadas, evitando así que el proceso interfiriera con actividades deportivas ya programadas. En tanto, las ocho canchas restantes del parque seguirán recibiendo la atención acostumbrada mediante el contrato regular de mantenimiento, apoyado por Aguas de Bogotá en las labores de poda, lo que garantiza que la oferta de espacios deportivos se mantenga mientras se desarrolla la recuperación de las zonas afectadas.

La responsabilidad técnica y económica del proceso recae sobre Equiver, que asume los costos estimados en 444 millones de pesos, sin cargar este monto al presupuesto público. Durante los seis meses que dura el permiso, la empresa tendrá a su cargo no solo la intervención, sino también el cuidado de las canchas. El IDRD se encargará de supervisar que las condiciones establecidas en el permiso se cumplan y que los resultados beneficien efectivamente a la comunidad, aspirando a mejorar la calidad de los escenarios deportivos del parque.

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¿Qué beneficios traerá la recuperación de canchas en el parque La Florida?

La intervención autorizada por el IDRD busca elevar la calidad de tres canchas de fútbol en el parque La Florida mediante técnicas innovadoras de manejo y cultivo de césped. Esto fortalecerá las condiciones para la práctica deportiva y contribuirá al mejoramiento general de la infraestructura, favoreciendo a los habitantes de Engativá y a los usuarios de estos escenarios.

¿Qué implica un permiso de uso temporal con contraprestación en especie?

Según explicó el IDRD, este tipo de permiso permite a una organización ejecutar intervenciones específicas a cambio de una contribución no monetaria, en este caso la recuperación y mantenimiento de las canchas. Esto significa que no se usan recursos públicos para la obra y que la empresa a cargo asume tanto los gastos como la responsabilidad por la calidad de los trabajos realizados.

Según la información divulgada, en ciudades como Bucaramanga y Tunja la población sintió el sismo con mayor fuerza, mientras que en Bogotá y Medellín la percepción fue leve. Hasta el momento, el SGC no ha recibido reportes de daños en infraestructura o afectaciones en viviendas. Los informes de testigos en redes sociales señalaron que la duración del temblor fue de pocos segundos.

Es importante destacar que Los Santos, también reconocido como Mesa de los Santos, hace parte del denominado nido sísmico de Bucaramanga, una particularidad geológica que únicamente se encuentra en otras dos zonas del mundo. De acuerdo con el SGC, esta concentración excepcional de actividad sísmica justifica la frecuencia y continuidad de los temblores en la región. La entidad señala que cerca del 60% de los sismos del país tienen lugar en Los Santos. Solo existen otros dos nidos sísmicos globales: Vrancea, en Rumania, y Hindu-Kush, en Afganistán.

De acuerdo con el SGC, la configuración geológica del país, donde convergen placas tectónicas como la de Nazca, Sudamérica y Caribe, es la razón principal por la que Colombia es un territorio sísmicamente activo. Zonas como el Pacífico presentan gran actividad por la subducción —proceso en el que una placa tectónica se hunde bajo otra— de la placa de Nazca, lo cual genera una fosa marina y da origen a la cadena volcánica de los Andes.

En cuanto a la posibilidad de anticipar un movimiento telúrico, el SGC aclara que no es posible predecirlos, pues los procesos naturales que los originan son complejos y no existe tecnología capaz de anticipar su lugar, fecha o magnitud con certeza. Las alertas tempranas, como las disponibles en algunos celulares, solo detectan ondas sísmicas iniciales y pueden advertir de manera reactiva unos segundos antes del evento fuerte, siempre que se cuente con sensores apropiados cerca del epicentro.

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¿Por qué Los Santos, Santander, es una de las zonas más sísmicas de Colombia?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, Los Santos, en Santander, se encuentra en el denominado “nido sísmico de Bucaramanga”. Este término refiere a regiones con una concentración inusual y casi continua de actividad sísmica, encontrándose solo en dos lugares adicionales en el mundo. En el caso colombiano, cerca del 60% de los sismos ocurren en esta zona, lo que la posiciona como la región con mayor frecuencia sísmica del país.

¿Se pueden predecir los sismos en Colombia con tecnología actual?

No es posible predecir un sismo con la tecnología y el conocimiento científico actuales, según el SGC. Aunque existen sistemas de alerta temprana que pueden avisar segundos antes de que se sienta el temblor en un sitio específico, esto depende de la detección en tiempo real de las ondas sísmicas y no constituye una predicción del evento, sino una reacción inmediata que puede permitir tomar medidas rápidas de prevención.

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En las imágenes se observa al funcionario discutiendo con el joven y lanzándole expresiones ofensivas. “Vaya y mire quién soy yo, bobo”, le dice en uno de los momentos de la confrontación, antes de empujarlo. La situación obligó a intervenir a un vigilante del establecimiento, quien se interpuso entre ambos e intentó retirar al concejal del lugar.

"Vaya y mire quién soy yo".

🔴Indignación por video de concejal que agredió a joven empleado de un supermercado en Cúcuta.

La grabación que circula en redes sociales generó rechazo, pues en las imágenes quedó captado el momento en que el concejal Carlos Dueñas empujó, insultó y… pic.twitter.com/et2WPbrhPY

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 12, 2026

Mientras el trabajador le pregunta qué le sucede, Dueñas continúa con los insultos incluso cuando el personal de seguridad lo acompaña hacia la salida. El video desató cuestionamientos por la forma en que el cabildante trató al empleado, quien, según publicaciones que circularon junto a la grabación, sería estudiante del Sena.

¿Qué dijo Carlos Dueñas en su disculpa?

Tras la difusión del registro, el concejal reconoció su responsabilidad en un pronunciamiento publicado el lunes festivo 12 de octubre. En el mensaje admitió que insultó, ofendió y empujó al joven mientras este cumplía con su trabajo.

“Me comporté de una manera que no tiene ninguna justificación”, afirmó. También aseguró que les pidió perdón al empleado, al vigilante y a las personas que presenciaron el episodio.

#OPINE. Concejal de Cúcuta, Carlos Dueñas, reapareció públicamente en un video para ofrecer disculpas por los recientes hechos en los que agredió e insultó a un menor de edad; sin embargo, la ciudadanía asegura con escepticismo que solo lo hizo porque salió a la luz la grabación. https://t.co/cj598oo1gP pic.twitter.com/s631rSTL51

— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 12, 2026

Dueñas extendió sus disculpas a los habitantes de Cúcuta y reconoció que las controversias en las que se ha visto involucrado afectan la confianza de quienes lo eligieron para representarlos. Además, sostuvo que no pretendía justificar lo sucedido ni pedir que se olvidara, sino asumir su responsabilidad y demostrar un cambio de comportamiento.

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Centro Democrático revisará el caso

La polémica también tuvo repercusiones dentro de su colectividad. El martes 13 de octubre, el Centro Democrático convocó una reunión urgente para examinar el comportamiento del concejal y estudiar posibles decisiones.

Basilio Villamizar, presidente del directorio departamental del partido, manifestó a Caracol Radio que la colectividad lamentaba y rechazaba esas conductas. Añadió que esperaban conocer las actuaciones de las autoridades competentes antes de definir las medidas correspondientes.

Por ahora, la disculpa pública de Dueñas y la revisión interna anunciada por su partido son las principales respuestas conocidas tras el episodio ocurrido en el supermercado.

El mandatario, recordando hechos del pasado marcados por disturbios, fue enfático al señalar que no se repetirá la práctica de mantener carreteras cerradas o convertir carriles del servicio de Transmilenio en trincheras. En sus palabras, citadas de forma contundente: “Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de Transmilenio convertido en trinchera”. De la Espriella recalcó que quienes ejerzan la protesta de manera pacífica contarán con el apoyo del gobierno y la protección de la Fuerza Pública, mientras que el diálogo será la norma para canalizar inquietudes.

No obstante, el jefe de Estado lanzó duras críticas a los grupos políticos y sectores de oposición que convocan el paro, acusándolos de pretender causar inestabilidad para debilitar la gestión de su gobierno, el cual, según su propio balance, lleva dos meses al mando. El mandatario afirmó: “Quienes promueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al Gobierno son los mismos que dejaron al país quebrado”. Asimismo, reprochó la actitud permisiva de gobiernos anteriores frente a bloqueos que afectaron el acceso a bienes esenciales, como alimentos y medicinas, matizando que tales acciones se justificaron de manera incorrecta bajo el rótulo de ‘derecho’.

Entre los anuncios relevantes, De la Espriella dio a conocer la expedición próxima de un decreto sobre movilización ciudadana, cuyo propósito es definir de forma inequívoca las diferencias entre el derecho legítimo de manifestarse —amparado en la Constitución— y las conductas que, por ser delitos en el espacio público, serán perseguidas por la ley.

En el campo económico e institucional, el presidente abordó la crisis energética relacionada con el fenómeno de El Niño e informó la creación de un comité especializado que funcionará hasta el 31 de diciembre, orientado a fortalecer la producción energética térmica y regular los embalses. Además, instó al Congreso a aprobar la redistribución de 1,2 billones de pesos en el presupuesto de 2026. En cuanto a los primeros logros de su administración, citó la activación del Fondo Milagro para reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto y reportó avances en capturas, decomisos de droga y golpes a bandas criminales.

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¿Qué medidas anunció Abelardo de la Espriella para controlar las marchas del 14 de octubre?

El presidente Abelardo de la Espriella comunicó que no se permitirá ningún tipo de violencia, bloqueos a carreteras ni alteraciones al orden público durante las marchas del 14 de octubre. Garantizó el respaldo estatal a las manifestaciones pacíficas y anunció que la Fuerza Pública no intervendrá con quienes protesten sin recurrir a agresiones. También adelantó que expedirá un decreto que marque los límites legales de la movilización ciudadana, diferenciando entre el derecho protegido de manifestarse y los delitos en el espacio público, según lo transmitido en su alocución y de acuerdo con datos recogidos por Pulzo.

¿Qué es el Fondo Milagro y para qué se utiliza tras el terremoto del 10 de agosto?

El Fondo Milagro es un instrumento creado por el gobierno de Abelardo de la Espriella tras el terremoto del 10 de agosto, con el objetivo de financiar la restauración de infraestructura dañada, viviendas y hospitales. Según informó el presidente, el fondo destinó su primer billón de pesos para estos fines, enfocándose en la reconstrucción y atención a las zonas afectadas por la emergencia, como parte de los avances iniciales de su gestión.

De acuerdo con la investigación, los atacantes no solo asesinaron a Medina Muñoz, sino que también arremetieron contra las personas que le acompañaban, quienes sufrieron lesiones de diversa gravedad; una de ellas presentó heridas que pusieron en riesgo su vida. Además de las agresiones, los responsables del crimen se apoderaron de la camioneta en la que se movilizaban las víctimas y otras pertenencias de valor. La información fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación y publicada por medios reconocidos, resumiendo la gravedad y el alcance del delito.

Nelson Medina Muñoz era un referente en su comunidad, participando activamente en Asoquimbo, la organización que reúne a personas afectadas por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Su liderazgo era ampliamente reconocido en la zona rural de Gigante, por lo que su asesinato tuvo un gran impacto entre sus allegados y compañeros campesinos.

Como respuesta, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación formuló imputación formal en contra de Jhon Eduar Sánchez Verú por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, lesiones personales, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado. Sin embargo, Sánchez Verú no aceptó los cargos y continuará privado de la libertad en un centro carcelario donde ya cumple una condena por hechos diferentes. El proceso judicial determinará la responsabilidad o inocencia del acusado con base en las pruebas recaudadas hasta el momento.

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¿Por qué fue imputado Jhon Eduar Sánchez Verú en el caso del asesinato de Nelson Medina Muñoz?

Sánchez Verú fue imputado por la Fiscalía General de la Nación como presunto participante en el asesinato de Nelson Medina Muñoz, ocurrido en la vereda Espinal de Gigante, Huila, el 26 de junio de 2023. Según la investigación, él sería parte del grupo que disparó contra Medina Muñoz y dos acompañantes, y después robó una camioneta y otras pertenencias.

¿Qué es la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo)?

Asoquimbo es una asociación que agrupa a las comunidades y personas afectadas por el desarrollo del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. En el caso de Nelson Medina Muñoz, él era integrante activo de esta organización y su labor como líder campesino y pescador artesanal lo convirtió en un reconocido representante de los intereses de los afectados en Gigante, Huila.

El documento fue radicado por Andrés Ordoñez Buitrago, presidente de Unidiplo, y señala directamente a los exministros Álvaro Leyva Durán, Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia y Rosa Villavicencio, por supuestamente haber permitido el “nombramiento sistemático y reiterado, injustificado y sin la observancia de los requisitos de ley, de personas por fuera de la carrera diplomática”. A su vez, responsabiliza a los exdirectores de Talento Humano Silvia Margarita Carrizosa Camacho, Lina Cecilia Luna Gutiérrez, Diana Sofía Morales Rueda, Luz Ángela Cendales Durán, Carlos Arley Orozco y Eliana Paola Salguero Beltrán “por la expedición sistemática de certificaciones irregulares de no disponibilidad de personal de carrera diplomática y consular”, como relata El Espectador.

Según la organización sindical, estos actos motivaron más de cien nombramientos irregulares durante los últimos cuatro años, lo que obligó a impulsar litigios jurídicos para restablecer el orden legal. Los procesos, de acuerdo con la queja, han resultado en sentencias de nulidad electoral a favor de la carrera diplomática y consular. El escrito enfatiza que estas prácticas no solo generan incertidumbre jurídica, sino que acarrean un daño económico al Estado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio, particularmente por los gastos asociados a los traslados y reintegros del personal, como tiquetes aéreos para funcionarios y sus familias, primas de instalación, viáticos, menaje doméstico y demás beneficios consagrados en el Decreto Ley 274 de 2000.

Unidiplo indica que ha debido presentar más de cien demandas para impugnar estos nombramientos y sostiene que la conducta de los funcionarios señalados podría ser calificada como dolosa o, en el peor de los casos, culposa, ya que debieron saber que no era legal designar funcionarios ajenos a la carrera diplomática si existía personal calificado disponible. Por ello, el sindicato solicita que se inicie una investigación fiscal y que se exija al Ministerio de Exteriores un informe detallado de los costos por traslados y beneficios pagados por nombramientos posteriormente anulados, con el fin de calcular con precisión el daño patrimonial al erario.

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¿Qué es el Decreto Ley 274 de 2000 y cuál es su relevancia en los nombramientos diplomáticos?

El Decreto Ley 274 de 2000 contiene las normas que rigen la carrera diplomática y consular en Colombia. Este decreto establece los beneficios, requisitos y condiciones para los funcionarios de la carrera, así como los procedimientos para sus traslados, viáticos, primas y otros derechos laborales. Su relevancia en este contexto radica en que la queja de Unidiplo hace referencia a posibles violaciones de tales disposiciones, lo que habría llevado a nombramientos irregulares por fuera del marco legal señalado en dicho decreto.

¿Cuáles son los efectos económicos de los nombramientos irregulares según la denuncia de Unidiplo?

De acuerdo con la denuncia radicada por Unidiplo, los nombramientos irregulares han producido un daño patrimonial al Estado, específicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio. Los efectos económicos incluyen costos asociados al traslado al exterior de los funcionarios designados de manera irregular, el pago de tiquetes, primas de instalación, viáticos, menaje doméstico y demás beneficios definidos en la ley, así como los gastos de reintegro una vez anulados dichos nombramientos. Incluso, en algunos casos, se podrían generar costos duplicados por estos movimientos.

De acuerdo con la información publicada, la convocatoria está dirigida a todas las personas que cuenten con un negocio o emprendimiento y deseen hacer parte de la oferta comercial del Bulevar de Oriente. Este espacio no solo busca dinamizar la economía de la ciudad, sino también brindar a los comerciantes un escenario adecuado para mostrar sus productos, atraer nuevos clientes y fortalecer el ecosistema empresarial local.

Para quienes estén interesados, es fundamental tener en cuenta que el plazo para postularse finaliza el 16 de octubre de 2026. Los aspirantes deberán revisar atentamente los términos de referencia divulgados por la organización de la convocatoria, ya que allí se detallan las condiciones, los documentos necesarios y los requisitos que se deben cumplir para poder participar. Este proceso está diseñado para asegurar transparencia y equidad en la selección de quienes ocuparán los stands comerciales.

La iniciativa, según lo informado por la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali a través de sus canales oficiales citados en la convocatoria, busca transformar el Bulevar de Oriente en un punto donde los visitantes puedan acceder a múltiples opciones de compra y disfrute, promoviendo así la interacción entre consumidores y nuevos negocios. Los emprendedores que logren acceder a este espacio tendrán la oportunidad de dar mayor visibilidad a su oferta, conectarse con nuevos públicos y aportar a la transformación comercial de la ciudad.

El proyecto representa una apuesta decidida por el fortalecimiento de la economía local, al facilitar escenarios en los que los pequeños empresarios y comerciantes pueden crecer y consolidar sus negocios en el interior de la ciudad. Para conocer todos los detalles y participar en esta convocatoria, los interesados deben consultar directamente los documentos oficiales proporcionados en los canales de la organización.

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¿Cómo pueden inscribirse los negocios interesados en el Bulevar de Oriente?

Los negocios que quieran postularse deben consultar los términos de referencia publicados por la organización de la convocatoria, revisar los requisitos y reunir los documentos necesarios antes de la fecha límite establecida: 16 de octubre de 2026. La inscripción se realiza a través del enlace oficial señalado en la información proporcionada.

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria del Bulevar de Oriente en Cali?

La convocatoria está abierta para todas las personas que tengan un emprendimiento o negocio y deseen integrarse a la oferta comercial del Bulevar de Oriente en Cali. Es fundamental revisar los requisitos y condiciones detallados en los términos de referencia para asegurar una postulación válida.

La Registraduría Nacional, encabezada por Hernán Penagos, emprendió jornadas de registro en La Pista, permitiendo así el seguimiento de la orden judicial y propiciando la creación de nuevas sedes en otros puntos críticos del departamento, como Nazareth (Uribia). Según datos presentados en una sesión técnica en Riohacha –en la que participaron la Procuraduría, Contraloría y autoridades regionales y nacionales–, el propósito fundamental es garantizar el acceso a derechos fundamentales de la población infantil migrante, como salud y educación, derechos que solo se pueden ejercer plenamente con los debidos documentos de identificación.

Penagos sostuvo que la identificación es el punto de partida para el acceso a los derechos fundamentales y agregó que Colombia debe garantizar que toda la ciudadanía cuente con un registro civil, una tarjeta de identidad y una cédula de ciudadanía, premisa para el ejercicio de otros derechos. En ese sentido, la Registraduría indicó que se han realizado más de 7.000 registros en Nazareth y cerca de 38.000 personas han sido atendidas en jornadas que han abarcado la Alta Guajira durante los últimos tres años. La jornada más reciente se prolongó hasta el 15 de octubre y fue motivada por hallazgos de una comisión de la Corte Constitucional que evidenciaron que, incluso después de nueve años de haberse declarado el estado de cosas inconstitucional, persisten graves problemas de acceso al agua, alimentación y servicios básicos.

Pese a los avances en identificación, Hernán Penagos destacó que los esfuerzos no son suficientes si no van acompañados de una atención integral por parte del Estado, que incluya salud, vivienda, agua potable y saneamiento. El desafío es transformar el proceso de documentación en una verdadera restitución de derechos para las más de 7.000 personas que habitan en La Pista y muchos más en el norte de La Guajira, logrando que la respuesta estatal vaya más allá del simple registro.

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¿Por qué es importante la identificación de menores en asentamientos como La Pista en La Guajira?

La identificación de menores en La Pista es crucial porque les permite acceder a derechos fundamentales como salud y educación. La Corte Constitucional y la Registraduría Nacional, según lo reportado por El Espectador, consideran que contar con documentos oficiales es un requisito indispensable para que los niños, niñas y adolescentes sean sujetos de especial protección y puedan recibir atención integral por parte del Estado.

¿Cuáles son los principales retos para garantizar los derechos fundamentales en La Guajira, según la Corte Constitucional?

De acuerdo con la información presentada, los principales retos incluyen la falta de certezas sobre el número de menores que requieren atención, la persistencia de problemas como el acceso al agua, alimentación y servicios de salud, y la necesidad de una atención estatal integral más allá del registro de identidad. Estas dificultades fueron reiteradas tras los hallazgos de la Corte Constitucional en su visita a varios municipios.

La Fiscalía abrió una indagación por presunta injuria agravada, mientras la firma De La Espriella Lawyers anunció acciones legales. Los abogados penalistas Saúl León y Fabio Humar explicaron a Pulzo cuáles serían los posibles escenarios y qué tendría que ocurrir para que el caso termine en una condena.

Vea también: Caricaturista Matador enfrenta denuncia penal ante la Fiscalía por publicación sobre la primera dama en Colombia

¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar ‘Matador’?

Saúl León explicó que las publicaciones podrían ser examinadas bajo las figuras de injuria y calumnia agravadas. La primera estaría relacionada con expresiones deshonrosas, mientras que la segunda podría analizarse por las insinuaciones sobre una presunta apropiación de donaciones.

“En este caso, en principio, podríamos estar hablando de una injuria y calumnia agravada”, señaló el abogado.

El Código Penal colombiano establece penas de 16 a 54 meses de prisión para la injuria y de 16 a 72 meses para la calumnia. El artículo 223 contempla un aumento de entre una sexta parte y la mitad cuando estas conductas se cometen a través de medios de comunicación social u otros medios de divulgación colectiva.

Así, el máximo teórico para una calumnia agravada podría alcanzar los nueve años. Sin embargo, esto no significa que ‘Matador’ vaya a recibir esa pena: la Fiscalía debe establecer qué conductas investiga y la responsabilidad penal debe demostrarse ante la justicia.

¿Por qué las publicaciones podrían tener consecuencias penales?

Para León, la discusión está en determinar si los mensajes superaron los límites de la libertad de expresión y afectaron la honra y el buen nombre de la primera dama.

“La Fiscalía tendría que acreditar los elementos, y es que sea injuriosa y calumniosa”, explicó.

El abogado reconoció que los ciudadanos pueden cuestionar la gestión pública, pero advirtió que ese derecho tiene límites. “Todos los ciudadanos tenemos derecho a ejercer control social, control político, y a materializar derecho a la libertad de expresión”, afirmó.

No obstante, precisó que ese ejercicio debe respetar los derechos de otras personas. La valoración judicial deberá establecer si las publicaciones reúnen los elementos de un delito; una expresión ofensiva no implica automáticamente responsabilidad penal.

¿Qué tendría que hacer la Fiscalía?

Fabio Humar explicó que la investigación debe comenzar con la recolección y evaluación de pruebas, entre ellas las publicaciones en X.

“La FGN debe recaudar las pruebas, que en este caso es básicamente el mensaje en X. Luego de eso, debe evaluar si hay mérito para vincular al señor ‘Matador’ al proceso”, indicó.

Humar señaló que el caso podría avanzar hasta una decisión judicial o terminar por otras vías legales. La apertura de una indagación, sin embargo, no equivale a una condena.

¿’Matador’ tendría que ir a la cárcel si es condenado?

Una eventual condena no implica necesariamente prisión efectiva. Según León, el resultado dependería de la pena impuesta y de si se cumplen los requisitos legales para acceder a beneficios.

“Puede ser sancionado penalmente, pero no necesariamente puede terminar pues en la cárcel”, explicó.

Una retractación podría cambiar el proceso

León también destacó que una retractación puede tener efectos jurídicos en los delitos querellables, como la injuria y la calumnia, si se cumplen las condiciones legales. “Una disculpa o retractación en una conciliación puede terminar procesos”, sostuvo.

El abogado explicó que retractarse podría implicar reconocer que lo publicado no era cierto y ofrecer disculpas públicas. No obstante, una disculpa no cierra automáticamente cualquier investigación: sus efectos dependen de los requisitos legales y del momento en que se produzca.

Por ahora, será la Fiscalía la que determine cómo avanzar con las actuaciones relacionadas con ‘Matador’, en un caso que pone sobre la mesa los límites de la sátira política y la protección de la honra y el buen nombre.

Según lo manifestado por Rivero Larios, esta movilización tiene como principales motivaciones la defensa de la educación pública y la protección de los derechos de los maestros, especialmente en lo relacionado con la atención en salud y el respeto por sus prestaciones sociales. El dirigente sindical expresó su inquietud frente a iniciativas legislativas y una propuesta de modificación del Decreto 1075 que, de acuerdo con Aducesar, podrían favorecer una mayor intervención de particulares en la prestación del servicio educativo y generar consecuencias para la estabilidad de la carrera docente.

Rivero también denunció que, debido a dificultades en la atención médica, algunos maestros han debido asumir consultas con recursos propios, lo que afecta directamente su bienestar y el de sus familias. Por otro lado, entre las principales solicitudes del magisterio están la asignación de mayores recursos para el transporte escolar, la contratación de personal de aseo y vigilancia en los colegios y la ampliación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que resulta fundamental para garantizar condiciones adecuadas de permanencia y bienestar en las instituciones educativas.

En relación con la continuidad de las clases durante la movilización, Aducesar orientó suspender las actividades escolares desde las nueve de la mañana para facilitar la participación de los educadores en la protesta. Sin embargo, esta decisión no se traduce en una suspensión generalizada en todas las instituciones oficiales de Valledupar, pues algunos rectores han decidido acogerse a una circular emitida por el Ministerio de Educación, en la que se recomienda mantener el desarrollo de las actividades académicas. Las directivas sindicales han propuesto organizar la jornada de manera que parte de las clases se impartan y posteriormente se recupere el tiempo perdido.

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¿Por qué los docentes del Cesar protestan en Valledupar este 14 de octubre?

Los maestros del Cesar realizan esta jornada para defender la educación pública, exigir mejoras en la atención en salud y garantizar la protección de sus prestaciones sociales. Según lo explicado por Aducesar, el magisterio cuestiona iniciativas que podrían permitir una mayor participación de particulares en la educación y solicita recursos para transporte, aseo, vigilancia y ampliación del Programa de Alimentación Escolar.

¿Las clases oficiales en Valledupar se suspenden completamente por la movilización de Fecode?

No todas las clases en instituciones oficiales de Valledupar serán suspendidas durante la jornada de protesta. Mientras la directriz sindical sugiere suspender desde las nueve de la mañana, algunos rectores han decidido seguir las orientaciones del Ministerio de Educación y mantener actividades académicas, por lo que la suspensión será parcial según cada colegio.

De acuerdo con la comunicación oficial citada por la Universidad Autónoma del Caribe, la sesión del Consejo Directivo se llevó a cabo el viernes 9 de octubre. La elección de Sajer coincidió con una decisión en segunda instancia de la justicia, que ese día revocó la restitución de Silvia Gette Ponce como rectora de la institución. Según lo reportado en El Espectador, Gette había vuelto al cargo en abril tras un fallo de primera instancia, pero la nueva resolución judicial impidió su regreso definitivo.

Silvia Gette Ponce fue rectora entre 2003 y 2012, año en el que salió de la universidad envuelta en un proceso por abuso de confianza y apropiación indebida de recursos de la institución. Posteriormente, Gette fue condenada por estos hechos, y la Corte Suprema de Justicia ratificó esta condena. Sin embargo, este año surgió un fallo que reconocía que su salida en 2012 no se debió específicamente a la investigación penal, indicando una posible vulneración de sus derechos durante ese proceso.

Ante el retorno temporal de Gette a la rectoría, Jorge Senior, quien había sido elegido en marzo de 2026 como rector para el período 2026-2030, dejó el cargo en abril. Con la nueva decisión de segunda instancia, no fue restituido Senior; en cambio, el Consejo Directivo optó por nombrar a Sajer Maldonado, siendo la tercera persona en asumir la rectoría desde marzo del mismo año.

Ana Bernarda Sajer Maldonado tiene una amplia trayectoria en la Universidad Autónoma del Caribe: es licenciada en Español y Literatura por la Universidad del Atlántico y magíster en Educación de la misma Autónoma del Caribe, además de desempeñarse como docente por más de dos décadas. Según la información oficial de la universidad, Sajer fue elegida para completar el mismo período previsto anteriormente, es decir, de 2026 a 2030.

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¿Quién es Ana Bernarda Sajer Maldonado y cuál es su trayectoria en la Universidad Autónoma del Caribe?

Ana Bernarda Sajer Maldonado, recientemente elegida rectora, es licenciada en Español y Literatura de la Universidad del Atlántico y magíster en Educación de la Universidad Autónoma del Caribe. Lleva 23 años como docente de esta última institución, lo que demuestra su experiencia y vinculación de largo plazo con la universidad, de acuerdo con la comunicación oficial publicada por la entidad.

¿Por qué Silvia Gette Ponce no regresó a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe?

Silvia Gette Ponce no regresó a la rectoría porque, según una decisión judicial de segunda instancia tomada el 9 de octubre, las condiciones y mecanismos de decisión en la universidad habían cambiado durante los 13 años que estuvo por fuera. Esto impidió su retorno a pesar del fallo de primera instancia que le había restituido temporalmente el cargo, como reportó El Espectador.

De acuerdo con Valera Ibáñez, las crecientes repentinas en ríos como el Badillo y el Guatapurí durante los últimos días encendieron las alarmas de las autoridades locales. El funcionario resaltó la necesidad de extremar la precaución, especialmente en balnearios y sectores vulnerables. Por ello, actualmente en la zona de Hurtado permanece un equipo interdisciplinario con el apoyo de una ambulancia, personal médico, dos nadadores de rescate y voluntarios de la Defensa Civil, con el fin de prevenir y atender cualquier emergencia que pudiera surgir.

La alerta se intensificó tras la publicación del boletín hidrológico emitido por el Ideam el 13 de octubre, que informó sobre crecientes súbitas en la cuenca alta del río Cesar y sus afluentes, y recomendó vigilar de manera especial las riberas de los ríos Guatapurí y Badillo, así como la quebrada La Malena en Patillal y las zonas de Chemesquemena y Vega Arriba. Según la misma entidad, se espera que tanto la tarde como la noche del 13 y del 14 de octubre presenten condiciones de cielo entre parcialmente nublado y nublado, con la posibilidad de lluvias moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Cesar, La Guajira y otros departamentos del Caribe colombiano.

Por su parte, Petra Romero, jefa de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo del Cesar, señaló que el monitoreo permanente permitió identificar incrementos importantes en los caudales de los ríos Badillo, Manaure y San Alberto. Incluso, en Manaure fue necesario cerrar la bocatoma para evitar la contaminación por causa de la creciente. Romero hizo énfasis en que las lluvias en la Sierra Nevada pueden provocar crecidas en los ríos de la región, aunque no llueva en la zona urbana, por lo que recomendó mantener una vigilancia constante y reportar cualquier emergencia a los organismos competentes, como Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.

A nivel preventivo, la Alcaldía aconsejó a la población asegurar los techos, limpiar canales y acequias, evitar arrojar basura en las calles y prestar atención a posibles agrietamientos o deslizamientos en las vías, con el objetivo de reducir riesgos y proteger la vida de los habitantes. El Ideam y las autoridades reiteraron su llamado a seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informados ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

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¿Qué significa alerta amarilla preventiva y qué implica para los habitantes de Valledupar?

La alerta amarilla preventiva es una medida emitida por las autoridades para advertir sobre la posibilidad de emergencias, como crecientes súbitas e inundaciones, y busca que la comunidad adopte precauciones adicionales. En el caso de Valledupar, implica que los habitantes deben estar atentos a las condiciones de los ríos, evitar zonas de riesgo durante lluvias y acatar las recomendaciones de las autoridades para prevenir tragedias.

¿Cuáles son las principales recomendaciones de las autoridades ante las crecientes de ríos en Valledupar?

Las autoridades, de acuerdo con los reportes de la Alcaldía y del Ideam, recomiendan asegurar techos, limpiar canales y acequias, no arrojar basuras en las calles, mantenerse alejados de las orillas de los ríos durante lluvias, reportar emergencias a Bomberos, Defensa Civil o Cruz Roja, y prestar atención a los avisos oficiales sobre posibles emergencias y deslizamientos.

La información oficial divulgada a las 4:24 p. m. señaló que, aunque el sismo no se sintió de manera uniforme en todo el territorio colombiano, los habitantes de diversos municipios en el departamento del Tolima reportaron haber percibido claramente el temblor. En Líbano, un municipio del Tolima, la comunidad manifestó haber sentido con mayor fuerza el movimiento, mientras que en Ibagué, la capital departamental, la sensación fue más leve y mitigada por la distancia y la profundidad del evento sísmico.

El Servicio Geológico Colombiano, fuente principal de información ante este tipo de eventualidades, fue el encargado de confirmar datos clave como la magnitud, el epicentro y la profundidad del movimiento de tierra. Además, recalcó que la profundidad registrada fue de 149 kilómetros, lo que se considera un sismo intermedio a profundo y generalmente reduce el impacto superficial, aunque amplía el rango de territorios donde puede ser sentido.

Las autoridades competentes aprovecharon la ocasión para recordar la importancia de que la ciudadanía reporte cualquier percepción de sismo a través de los canales oficiales dispuestos para ese fin. El objetivo es fortalecer el registro y la evaluación de estos eventos, clave para la respuesta institucional y la educación ciudadana en materia de gestión del riesgo.

Este episodio refuerza la importancia de la cultura de prevención y la participación activa de la comunidad ante fenómenos naturales, así como el rol fundamental del monitoreo científico en tiempo real para mantener informada a la población sobre cualquier situación sísmica relevante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 5,0 registrado en Colombia?

El epicentro de este evento sísmico se localizó en Los Santos, Santander, según la información oficial proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano. Esta región es conocida por su actividad sísmica recurrente, lo que la convierte en un punto clave para la vigilancia y el monitoreo por parte de las autoridades y la comunidad científica.

¿Por qué la profundidad de un sismo influye en la percepción del temblor en superficie?

La profundidad a la que ocurre un sismo determina en buena medida la intensidad con que se siente en la superficie: un sismo ocurrido a una mayor profundidad, como el de 149 kilómetros registrado, suele ser percibido en un área más extensa pero con menor fuerza, mientras que un sismo superficial suele sentirse más fuerte en el epicentro pero en un área geográfica más limitada.

(Vea también: Gobierno anuncia Puesto de Mando Unificado y nuevas medidas para jornada de protestas y regulación de la fuerza en Colombia)

La propuesta es una de las principales apuestas de la política de seguridad de la actual administración y fue presentada con mensaje de urgencia. Esto implica que las comisiones primeras de Senado y Cámara deberán estudiar el proyecto de manera conjunta, de acuerdo con el trámite anunciado por el Ejecutivo.

La iniciativa constituye uno de los dos componentes centrales de la estrategia de seguridad del Gobierno. El otro es el estatuto antiterrorista, cuya presentación ante el Legislativo está prevista para los próximos días.

Desde el Ejecutivo han descrito ambos proyectos como dos herramientas complementarias: la ley de sometimiento ofrecería una ruta jurídica para quienes decidan acogerse a la justicia, mientras que el estatuto antiterrorista buscaría fortalecer la respuesta del Estado frente a las organizaciones que continúen delinquiendo.

Gobierno propone rebajas de penas de hasta el 50 % para quienes se sometan

Uno de los puntos centrales del proyecto es la posibilidad de reducir hasta en un 50 % las penas acumuladas de los integrantes de organizaciones criminales que cumplan las condiciones previstas en el articulado.

La reducción estaría vinculada a las contribuciones al desmantelamiento de las estructuras ilegales, los aportes de verdad y la reparación a las víctimas. Para quienes ocupen posiciones de liderazgo dentro de esas organizaciones, el proyecto contempla una rebaja máxima del 30 %.

Estos beneficios no serían automáticos por la sola manifestación de voluntad de someterse a la justicia. Su aplicación dependerá del cumplimiento de los requisitos que establezca la ley y de la valoración correspondiente en cada caso.

El articulado también propone mecanismos para descontar tiempo de condena mediante actividades laborales y programas restaurativos. Según el texto suministrado, se podría reconocer un día menos de pena por cada dos días de trabajo, siempre que exista colaboración con la justicia.

Asimismo, se contempla un día de descuento por cada día de participación en programas restaurativos, labores de erradicación de cultivos ilícitos y actividades de desminado.

En el caso de los líderes de los grupos armados, el proyecto establece que las penas no podrán ser inferiores a 10 años. Esta disposición fija un mínimo para las sanciones que se impongan a quienes ocupen posiciones de mando dentro de las estructuras que se acojan al mecanismo.

Libertad condicional y suspensión de penas tendrían requisitos específicos

La iniciativa también contempla disposiciones sobre el cumplimiento de las condenas y el acceso a la libertad condicional. Como regla general, el proyecto plantea que este beneficio pueda concederse después de cumplir las cuatro quintas partes de la pena, sujeto a las condiciones previstas en el articulado.

También incluye una disposición especial para determinados casos en los que exista colaboración para encontrar personas desaparecidas. En esas circunstancias, se plantea la posibilidad de acceder a la libertad condicional tras cumplir dos quintas partes de la condena, siempre que se satisfagan los requisitos correspondientes.

Entre las condiciones mencionadas se encuentran las contribuciones a la verdad, la reparación de las víctimas y el esclarecimiento de los nexos políticos de las organizaciones criminales, así como de las redes de corrupción que afecten la administración pública y la justicia.

Otro de los puntos de la propuesta es la posibilidad de suspender la ejecución de determinadas penas un año después de su imposición, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

La medida estaría dirigida a personas que no sean cabecillas y que hayan sido condenadas únicamente por delitos específicos, entre ellos concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, uso ilícito de equipos transmisores o receptores y porte ilegal de armas de fuego o municiones.

El texto también contempla esta posibilidad para condenados exclusivamente por lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, siempre que entreguen los bienes derivados de las conductas ilegales y cumplan los requisitos previstos.

Estas disposiciones no significan que todos los integrantes de grupos armados puedan obtener la suspensión de sus condenas o acceder a la libertad condicional. La aplicación de cada medida dependerá de los delitos, las condiciones individuales y los requisitos que finalmente queden establecidos en la ley.

De acuerdo con lo informado, el dispositivo de seguridad previsto para este día contempla la implementación de controles en distintos puntos estratégicos de la ciudad, y una vigilancia reforzada tanto en los accesos principales como en las salidas de Cali. Además, se establecieron medidas especiales para asegurar la protección de las estaciones del sistema de transporte masivo MIO, infraestructura que ha sido identificada como prioritaria en situaciones de manifestaciones públicas.

La concentración de la movilización está proyectada para iniciar en la plazoleta Jairo Varela, desde donde los participantes avanzarán por la calle Quinta hasta el parque de las Banderas. Las autoridades locales indicaron que su objetivo es acompañar la manifestación, salvaguardando en todo momento la seguridad y la movilidad tanto de quienes participan como de los demás ciudadanos.

Javier Garcés, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, detalló que la labor de los 1.200 miembros de la Policía Nacional estará enfocada tanto en el acompañamiento como en acciones preventivas a lo largo del recorrido de la marcha. Desde el PMU, se realizará un monitoreo permanente, lo que permitirá atender de forma inmediata cualquier hecho que pueda poner en riesgo el orden público, la infraestructura urbana o la tranquilidad de la comunidad.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, reiteró el respeto de la Administración Distrital por el derecho a la movilización social, puntualizando que es igualmente prioritario garantizar los derechos de quienes deciden marchar y de quienes no participan de las manifestaciones. El mandatario fue enfático al advertir que, ante cualquier acto de violencia, vandalismo, desmanes o bloqueos, la respuesta de las autoridades será "rápida y contundente", según declaración recogida en Noticiero 90 Minutos. Finalmente, la Alcaldía llamó a que la jornada se desarrolle de manera pacífica y con respeto a las personas, los bienes públicos y privados de Cali.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acompañará la Policía Nacional las marchas del 14 de octubre en Cali?

De acuerdo con la Alcaldía de Cali y el secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés, 1.200 policías estarán encargados de acompañar la movilización de este 14 de octubre, con operaciones de control en diferentes puntos, vigilancia en entradas y salidas de la ciudad, y protección de la infraestructura estratégica, especialmente las estaciones del sistema MIO.

¿Qué es el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cali y cuál es su función durante las marchas?

El Puesto de Mando Unificado (PMU) es un centro de coordinación desde el cual las autoridades de Cali realizarán seguimiento en tiempo real del transcurso de las marchas, permitiendo atender cualquier incidente que afecte la seguridad y la movilidad en la ciudad durante la movilización del 14 de octubre.

De acuerdo con la información entregada por los ministros y citada por El Espectador, uno de los aspectos clave es que no se reconocen beneficios políticos para las organizaciones criminales, dado que no se trata de una negociación de tipo político sino netamente jurídico. Por eso, el interlocutor obligado para las partes será un abogado, el lugar de conversación será específicamente limitado y la atención estará siempre en las víctimas. "No es una negociación política, por eso el interlocutor tiene que ser abogado", indicaron los ministros, quienes recalcaron la claridad de las reglas del juego: quien se acoja lo hará bajo términos estrictamente jurídicos.

El proyecto expone diez puntos esenciales; entre ellos, la exigencia de entregar rutas de narcotráfico, dejar las armas y aportar verdad como condiciones para acceder a las reducciones de pena. Además, contempla la posibilidad de obtener rebajas adicionales en las penas por acciones como la entrega de laboratorios de drogas —no solo de cocaína—, la erradicación manual de cultivos ilícitos y la participación en labores de desminado. Igualmente, se plantean incentivos por demostrar vínculos con corrupción pública o denunciar nexos con políticos, pero el Estado no devolverá bienes pertenecientes a estas agrupaciones, ya que, según lo explicado, la devolución está expresamente excluida en el proyecto.

Sobre las rebajas de penas, el ministro Lara aclaró que quien haya sido líder de la organización criminal tendrá una reducción de hasta el 30 %, mientras que los integrantes que no sean considerados jefes podrán acceder a una rebaja de hasta el 50 %. Todo quedará sujeto a la comprobación judicial y a los aportes efectivos a la verdad y la reparación.

El trámite del proyecto será de urgencia, porque debe estar amparado bajo la ley de orden público antes de su vencimiento el 5 de noviembre. Además, se complementará con un estatuto antiterrorista, cuya radicación está prevista para la próxima semana, según lo anunciado por el ministro del Interior. (Fuente: El Espectador)

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¿Qué requisitos deben cumplir las organizaciones criminales para acogerse a la nueva ley de sometimiento?

Las organizaciones criminales que deseen acogerse al proyecto de ley deben entregar rutas de narcotráfico, dejar las armas y aportar verdad. De acuerdo con El Espectador, tendrán que presentar pruebas de sus acciones y colaborar con la erradicación de cultivos ilícitos o la destrucción de laboratorios, además de denunciar y probar vínculos con corrupción pública o nexos políticos.

¿Cuál es la diferencia entre el tratamiento político y jurídico para las organizaciones criminales según el gobierno?

Según lo expuesto por el gobierno y citado en El Espectador, el proyecto no otorga estatus político ni ofrece espacios de negociación política a las organizaciones criminales. El proceso será exclusivamente jurídico, dirigido por abogados y bajo supervisión judicial, centrando la atención en la víctima, sin reconocer ningún tipo de beneficio o reconocimiento político a quienes se sometan.

Esta movilización es especialmente significativa por varias razones. Marca el debut de Gustavo Petro como expresidente y líder declarado de la oposición, y representa también la primera aplicación del nuevo decreto que regula la protesta social en Colombia bajo la administración de De la Espriella. De acuerdo con la información, dicha normativa establece que la Policía debe ubicarse a una distancia mínima de cuatro metros de los manifestantes. Además, permite que el diálogo se mantenga incluso si la Fuerza Pública se ve obligada a intervenir en casos donde surjan disturbios.

Lara enfatizó que, para el gobierno, uno de los temas más sensibles es la posibilidad de bloqueos y movilizaciones en el suroccidente del país. Aunque reiteró que existirán todas las garantías para la protesta social convocada para el 14 de octubre, el ministro calificó la convocatoria como un “paro que solo busca engañar al pueblo”.

El nuevo decreto detalla que si se presentan actos de violencia durante la manifestación —como el uso de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos, artefactos incendiarios, retención forzada de personas o agresiones a terceros no participantes, funcionarios públicos, personal uniformado, misiones médicas o periodísticas—, la Policía podrá usar la fuerza, priorizando siempre el diálogo y la mediación, pero sin que esto condicione o suspenda las intervenciones individuales contra quienes cometan actos violentos.

Por último, el presidente De la Espriella recalcó que no tolerará manifestaciones violentas ni la afectación de servicios esenciales. En ese sentido, la cartera de Lara criticó el decreto anterior por carecer de criterios claros sobre la continuidad de servicios vitales y la respuesta de la autoridad ante bloqueos que comprometieran la atención en salud, el paso de misiones médicas o la infraestructura de abastecimiento.

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¿Qué dice el nuevo decreto sobre el uso de la fuerza en protestas sociales en Colombia?

El nuevo decreto establece que la Policía podrá intervenir usando la fuerza únicamente en situaciones específicas, como el porte de armas, uso de explosivos, retención de personas o agresión a personal no participante, funcionarios, misiones médicas y periodísticas. La normativa prioriza el diálogo y la mediación, pero deja claro que no se tratarán como condición previa para intervenir individualmente contra quienes incurran en actos violentos.

¿Cómo se protegerán los servicios esenciales durante las protestas en Colombia según el gobierno actual?

De acuerdo con el ministro Rodrigo Lara y el presidente Abelardo de la Espriella, el gobierno garantizará que no haya bloqueos a los servicios esenciales durante las protestas. Si bien se respeta la protesta social pacífica, las autoridades actuarán conforme al nuevo decreto para evitar la suspensión de servicios como salud, infraestructura de abastecimiento y el desarrollo de misiones médicas.

Al llegar al lugar señalado, los uniformados confirmaron que Méndez no tenía signos vitales. Posteriormente, la policía procedió a acordonar el área para permitir que los peritos judiciales realizaran la inspección técnica al cadáver, un procedimiento crucial para esclarecer las circunstancias del deceso. Este protocolo es habitual en casos como este, donde no se conocen de inmediato las causas exactas de la muerte. La zona acordonada permite a los expertos judiciales recolectar evidencia y cumplir con los estándares establecidos en investigaciones forenses, de acuerdo con los procedimientos usualmente mencionados en casos cubiertos por la prensa.

De acuerdo con información publicada por EL PILÓN, Óscar Méndez vivía en la urbanización María Paula. Además, recibía atención médica especializada y acudía periódicamente al centro de rehabilitación Hombres de Bien. Estos datos ofrecen un panorama sobre las rutinas de atención y el contexto de salud que rodeaban a Méndez en sus últimos días. Sin embargo, la información proporcionada no detalla las causas médicas o personales concretas que pudieron haber influido en el desenlace reportado.

Ante situaciones difíciles o de crisis emocional similares, existen líneas de atención en salud mental a disposición del público, como la línea telefónica 106 y la línea de emergencias 123. El acceso a estos servicios puede variar según la cobertura local, por lo que se sugiere confirmar su disponibilidad antes de hacer uso de los mismos. Este tipo de recursos busca brindar apoyo a quienes experimentan dificultades emocionales o requieren acompañamiento profesional.

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¿Qué ocurrió con Óscar Méndez en Valledupar y cómo fue encontrada la víctima?

Óscar Méndez fue hallado sin vida en una zona boscosa del barrio Villa Dariana por la mañana, luego de que la comunidad diera aviso a la Policía Nacional. La víctima fue localizada junto a una acequia, y los uniformados confirmaron el fallecimiento al llegar. Después, el área fue acordonada para que los peritos judiciales realizaran la inspección técnica al cadáver, conforme a los protocolos que exige la ley, de acuerdo con información de EL PILÓN.

¿Qué servicios de apoyo emocional existen para quienes atraviesan situaciones difíciles en Valledupar?

En casos de crisis emocional, existen recursos como la línea 106 de salud mental y la línea de emergencias 123, que ofrecen apoyo profesional y acompañamiento. Sin embargo, se recomienda confirmar la disponibilidad y cobertura local de estos servicios antes de emplearlos, ya que pueden variar según la zona y la institución responsable.

El sismo tuvo una magnitud de 5,0 y una profundidad de 149 kilómetros, con epicentro en Los Santos, Santander, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano. El movimiento se registró a las 4:24 p. m. y fue percibido en diferentes zonas del país.

Durante la transmisión, el periodista explicó que estaba recorriendo buena parte del municipio de Ocaña cuando sintió que el vehículo estacionado se movía de manera repentina.

“Pensé que me habían colisionado el vehículo”, contó al describir su primera reacción. Ante la sensación, sacó la cabeza para observar qué ocurría y notó que los cables y los postes también se estaban moviendo. Fue entonces cuando comprendió que se trataba de un sismo.

“Es de los movimientos más fuerte después del pasado, 10 de agosto que se ha sentido en esta región del país”, agregó Santiago. 

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-13, 16:24 hora local Magnitud 5.0. Profundidad 149 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/Cq3HvR9HcB

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 13, 2026

Su relato permitió conocer cómo se vivió el fenómeno desde esta zona de Norte de Santander, mientras otras personas también reportaban haber sentido el movimiento telúrico.

El sismo de este martes volvió a poner la atención sobre Los Santos, Santander, una zona reconocida por su actividad sísmica. La profundidad del evento fue de 149 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano.

(Le puede interesar: Temblor movió a Colombia hoy martes 13 de octubre: estos fueron municipios cercanos al epicentro)

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-13, 16:24 hora local Magnitud 5.0. Profundidad 149 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/Cq3HvR9HcB

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 13, 2026

Los sectores de Cabecera y el centro de Bucaramanga fueron los más afectados en cuanto a la percepción del sismo. Un corresponsal de Blu Radio en Santander señaló que: “Fue tremendo el susto… Se sintió con fuerza en los edificios altos, sobre todo el sector de cabecera y el centro de la capital santandereana. Hubo evacuación de edificaciones, incluso alcanzaron a sonar algunas de las alarmas de los edificios, alarmas precisamente que fueron instaladas después del fuerte sismo de hace 2 meses que sacudió a todo el país”.

El movimiento no se limitó a Bucaramanga. Según la misma fuente, el sismo también se sintió con fuerza en San Gil, en Barrancabermeja,  Magdalena Medio, y norte de Santander, lo que evidencia el amplio radio de percepción del temblor en la región.

Hasta el momento de la transmisión, las autoridades del departamento de Santander no reportaron daños en infraestructura ni víctimas. No obstante, el susto vivido por los habitantes fue considerable, especialmente entre quienes trabajan o residen en torres y edificaciones de varios pisos.

“Por el momento, las autoridades no reportan ningún tipo de daño en el departamento de Santander, pero sí un gran susto que se vivió a la hora de la tarde de hoy aquí en la capital santandereana”, sentenció el corresponsal de Blu durante la transmisión.

¿Qué tan seguido se producen sismos en Los Santos, Santander?

Los Santos es uno de los municipios del departamento de Santander con mayor actividad sísmica registrada en Colombia, ubicado en una zona de confluencia de fallas geológicas activas. La Red Sismológica Colombiana monitorea constantemente esta región debido a su historial de movimientos telúricos de diversa magnitud.

¿Qué hacer durante la evacuación de un edificio tras un sismo en Colombia?

Las autoridades colombianas recomiendan seguir las rutas de evacuación señalizadas, no usar los ascensores y alejarse de vidrios y estructuras que puedan colapsar. Una vez fuera del edificio, los protocolos indican ubicarse en zonas abiertas, lejos de postes y fachadas, y esperar la instrucción de los organismos de socorro antes de reingresar.

(Vea también: Temblor movió a Colombia hoy martes 13 de octubre: estos fueron municipios cercanos al epicentro)

En el reporte preliminar, la entidad había informado una magnitud de 5,2 y una profundidad de 154 kilómetros. Sin embargo, tras actualizar los parámetros del evento, ajustó ambos datos.

La información fue divulgada por el SGC a través de sus canales oficiales, donde también invitó a quienes sintieron el temblor a reportarlo mediante el formulario de sismo sentido.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-13, 16:24 hora local Magnitud 5.0. Profundidad 149 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/Cq3HvR9HcB

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 13, 2026

¿Dónde fue el epicentro del temblor de este martes 13 de octubre?

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico tuvo como referencia a Los Santos, en el departamento de Santander.

Este municipio se encuentra en una de las zonas de mayor actividad sísmica de Colombia. Por eso, los movimientos registrados en el área suelen ser objeto de seguimiento por parte de las autoridades y de los organismos encargados de estudiar la actividad sísmica.

¿Cómo reportar si sintió el temblor en Colombia?

El SGC invitó a las personas que percibieron el movimiento telúrico a diligenciar el formulario de sismo sentido, una herramienta que permite recopilar información sobre cómo se experimentó el evento en diferentes lugares.

También pueden consultar las actualizaciones y los parámetros de los eventos sísmicos en el portal oficial del Servicio Geológico Colombiano.

La entidad puede actualizar los datos de un sismo después de analizar la información disponible. Por eso, ante un reporte preliminar, es importante consultar los boletines más recientes antes de publicar cifras definitivas.

Dentro de las reacciones de los ciudadanos, hubo quienes lo reportaron en Medellín, Cúcuta, municipios de Cundinamarca, Santander, Boyacá.

De igual manera, hubo usuarios que reportaron que lo sintieron fuerte y durante varios segundos:

@sgcol En Medellín fuerte y largo

— Dulcinea (@Dulci0503) October 13, 2026

@sgcol Se sintió fuertecito en Medellín piso 9

— Maye (❁´◡`❁) 💜💜💜💜 (@MaybethEscobar) October 13, 2026

@sgcol En Bello, Antioquia, cuarto piso se sintió fuerte.

— Fernando Castro Rojo (@LuisFCastroR) October 13, 2026

@sgcol BGA se sintió fuerte

— Gab🇨🇴 (@dixanx) October 13, 2026

El hecho que motivó la intervención de la Fiscalía se relaciona con mensajes difundidos el domingo 11 de octubre en la cuenta de X del caricaturista, en los que cuestionó la actuación de Pineda frente a las ayudas destinadas a familias damnificadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, mencionando a Pereira como una de las ciudades afectadas. Según el registro citado, las expresiones publicadas incluían calificativos despectivos sobre la apariencia física de la primera dama, lo que de inmediato generó un debate público sobre los límites de la crítica y la sátira política en redes sociales.

El Gobierno, a través de un comunicado oficial citado por la fuente, manifestó su rechazo a estos mensajes, señalando que contenían expresiones misóginas y sexistas. En el documento, se argumentó que la animalización y los ataques contra el aspecto físico de una mujer representan formas de descalificación consideradas “profundamente misóginas”. Además, el Ejecutivo precisó que aunque se defiende la libertad de expresión y la crítica política, estas no pueden utilizarse para justificar actos que atenten contra la dignidad de las mujeres, subrayando que “la misoginia no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política”.

La Presidencia recordó, en este contexto, el alcance de la Ley 1257 de 2008 y la Ley 2453 de 2025, que buscan proteger a las mujeres contra diversas formas de violencia. Según el comunicado, el rechazo institucional ante cualquier tipo de agresión no debe depender de motivaciones políticas o ideológicas. Por ahora, la indagación de la Fiscalía permanece en etapa inicial y no representa una acusación formal, sino un proceso para esclarecer si existe relevancia penal en las conductas atribuidas al caricaturista.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía abrió una indagación contra ‘Matador’ por sus publicaciones sobre Ana Lucía Pineda?

La apertura de la indagación por parte de la Fiscalía General de la Nación responde a que las publicaciones del caricaturista contenían expresiones que podrían ser consideradas como injuria agravada y violencia contra la mujer, específicamente por los comentarios despectivos sobre la apariencia física de la primera dama y la animalización en el contexto de una crítica sobre la gestión de ayudas a los damnificados del terremoto, según Última Hora Caracol y los comunicados del Gobierno.

¿Qué establece la Ley 1257 de 2008 sobre la violencia contra la mujer?

La Ley 1257 de 2008, mencionada en el comunicado de Presidencia, establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres en Colombia, incluyendo violencia verbal, psicológica y mediática, subrayando la importancia de proteger la dignidad de las mujeres y el derecho a recibir un trato respetuoso en todos los ámbitos, incluso en el debate público.

De acuerdo con los resultados presentados por la institución, la organización delictiva empleaba armas de fuego y equipos de comunicación para ejecutar los hechos. Así lograban simular, de manera convincente, procedimientos policiales, engañando a los conductores y asaltando los cargamentos seleccionados. Según el balance policial, con información recopilada durante la investigación y validada por las autoridades, este grupo estaría relacionado con seis episodios de piratería terrestre que ocurrieron entre 2025 y 2026. Estas acciones ilícitas generaron, a su vez, pérdidas económicas calculadas en aproximadamente 1.386 millones de pesos debido al hurto de mercancías transportadas por las víctimas.

Como parte de la operación ‘Escudo Central’, la Policía Nacional ejecutó registros y allanamientos en Bogotá, Coello, El Espinal, Guamo y Saldaña. Fue en estas localidades donde se materializaron las diez capturas autorizadas por orden judicial. Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad incautaron una pistola, dos radios de comunicación y siete teléfonos celulares, elementos que habrían sido utilizados para coordinar los asaltos. Además, se recuperaron camiones, autopartes y diversos productos, todos relacionados con los hechos investigados y que aportan pruebas esenciales en el avance del proceso judicial contra los capturados. Así lo confirmó la información difundida por las mismas autoridades policiales, quienes insisten en la gravedad del daño económico y la amenaza de estas modalidades delictivas.

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¿Cómo funcionaban los falsos puestos de control policial usados por la banda para robar camiones?

Según la Policía Nacional, los integrantes del grupo criminal se disfrazaban y montaban supuestos puestos de control en carreteras, donde detenían a los conductores de vehículos de carga. Mediante este engaño, lograban tomar el control del camión y de la mercancía, utilizando armas y equipos de comunicación para simular una operación legítima y coordinar el asalto.

¿Qué significa piratería terrestre en el contexto del robo de camiones en Colombia?

La expresión ‘piratería terrestre’, de acuerdo con la información oficial, se refiere al asalto o robo que sufren vehículos de carga en vías y carreteras, ejecutados por personas u organizaciones armadas con el objetivo de apropiarse de la mercancía transportada. Las autoridades vinculan esta modalidad con pérdidas millonarias para transportadores y empresas afectadas.

Por ejemplo, la Secretaría de Educación de Bogotá comunicó que las actividades escolares en los colegios públicos de la ciudad transcurrirán con normalidad el 14 de octubre. Asimismo, el Ministerio de Educación de Colombia publicó una circular durante los días previos con instrucciones claras sobre la forma en que se podrá recuperar el tiempo académico perdido debido al paro. Según el Ministerio de Educación, las orientaciones buscan conciliar el derecho a la protesta de los educadores con la responsabilidad estatal de garantizar el acceso continuo a la educación, considerado además como un servicio público de función social esencial. La circular cita el artículo 44 de la Constitución Política, donde se establecen como prevalentes los derechos de los niños y niñas, y el artículo 67 que reconoce la educación como un derecho fundamental.

Sin embargo, Fecode expresó su desacuerdo con esa circular y exigió mayores precisiones sobre sus alcances, argumentando que podría restringir la legítima participación de los docentes en las protestas. En su comunicado, el sindicato manifestó una “enérgica protesta” ante la Circular 051 —emitida el 9 de octubre de 2026 por el Ministerio de Educación—, pues teme que se utilice la obligación de garantizar la continuidad del servicio educativo como un fundamento para condicionar el ejercicio de la protesta social y los derechos sindicales. Un punto de particular debate es el relacionado con el pago de salarios: la circular del Ministerio de Educación señala que la remuneración depende de actividades efectivamente realizadas y justificación de ausencias, lo que ha sido interpretado por Fecode como una posible amenaza a las garantías laborales de los educadores.

Pese a sus reparos, Fecode resaltó que comparte la obligación de reponer el tiempo académico perdido y aseguró el cumplimiento de las tareas curriculares restantes en el calendario educativo. Aun así, rechaza que se utilicen estos argumentos para deslegitimar o condicionar su derecho a la protesta. Mientras tanto, la federación reclama que el Ministerio de Educación aclare el alcance de la circular y que dicha directriz no obstaculice la participación en las movilizaciones. Los docentes que decidan apoyar el paro deberán presentar y desarrollar planes de recuperación que garanticen el cubrimiento de los contenidos académicos, sin perjudicar el calendario o el tiempo de clase para los estudiantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Los colegios públicos en Bogotá tendrán clases normales durante el paro nacional del 14 de octubre?

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Bogotá, las clases en los colegios públicos de la ciudad se desarrollarán normalmente el 14 de octubre, a pesar de la convocatoria al paro nacional liderado por Fecode. Las directrices oficiales indican que no habrá suspensión generalizada de actividades académicas.

¿Qué establece la Circular 051 del Ministerio de Educación sobre la recuperación de clases y el derecho a la protesta?

La Circular 051 del Ministerio de Educación señala que se deben armonizar el derecho a la educación y el derecho a la protesta, estableciendo planes para recuperar el tiempo de clases perdido durante las manifestaciones. Además, aclara que el salario solo se reconocerá por actividades efectivamente prestadas y que las ausencias deben justificarse, lo que fue motivo de rechazo y llamado a aclarar por parte de Fecode.

La mayor inquietud de los estudiantes se centra en la falta de convenio formalizado con la Clínica Cali, además de la no aprobación de las tres rotaciones previstas en la Fundación Valle del Lili. Como señaló Isabella Villegas, estudiante de cuarto año: "cómo nos dan una fecha sin tener todos los convenios confirmados. Dos, no tenemos cronogramas académicos con nuestros docentes y tres, se conoce hasta el momento que también hay falta de comunicación desde el programa con muchos docentes". Este panorama deja en evidencia la ausencia de una estructura definida para el retorno a las actividades clínicas y la necesidad de mejorar la comunicación interna dentro de la universidad.

Sumado a esto, los estudiantes advierten que la incertidumbre afecta especialmente a quienes provienen de otras ciudades y han tenido que asumir gastos elevados de arriendo, servicios, alimentación y transporte en Cali, sin la certeza de si necesitan permanecer allí. Por ese motivo, exigen a las directivas una fecha de retorno que esté respaldada por acuerdos concretos y escenarios de práctica establecidos. Así lo manifestó Lía Peralta, también estudiante de cuarto año, al enfatizar la importancia de una "fecha real, sustentada en procesos concretos y convenios formalizados y escenarios de práctica definidos".

Los estudiantes reconocen los avances en la recuperación del HUV, el cual, según sus afirmaciones, ha recuperado el 70 % de su capacidad instalada. Piden entonces que se contemple su regreso progresivo a los servicios que ya están habilitados, retomando así la histórica relación entre la Universidad del Valle y el hospital en la formación de profesionales de la salud. Consideran fundamental que se den explicaciones transparentes y que, si no es posible reanudar las prácticas de inmediato, se informe con honestidad y se presente un cronograma académico serio.

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¿Por qué los estudiantes de Medicina de Univalle no han podido regresar a sus prácticas clínicas tras el terremoto?

La imposibilidad de retomar las prácticas clínicas se debe a los daños en la infraestructura del Hospital Universitario del Valle provocados por el terremoto del 10 de agosto, lo que ha requerido evaluar y restablecer la capacidad operativa del hospital. Además, está pendiente la formalización de convenios con instituciones como la Clínica Cali y la autorización de rotaciones en la Fundación Valle del Lili, según confirmó 90 Minutos.

¿Qué piden los estudiantes de Medicina de la Universidad del Valle para reanudar sus prácticas?

Los estudiantes exigen que el regreso esté sustentado en convenios formales y en la confirmación de escenarios definidos para las prácticas. Piden un cronograma académico claro y que se les informe, con honestidad, si no es posible reanudar actividades en la fecha anunciada. También solicitan evaluar el retorno progresivo a los servicios habilitados del Hospital Universitario del Valle.