El organismo técnico precisó que, en un primer registro preliminar, la magnitud del evento se había calculado de manera preliminar en 5,4; sin embargo, pocos minutos después de lanzarse la alerta institucional, la cifra técnica fue ajustada a 5,1. Los datos geodésicos determinaron que el temblor presentó una latitud de 6.82° y una longitud de -73.11°, situándose muy cerca de poblaciones santandereanas como Los Santos a 7 kilómetros, Jordán a 10 kilómetros y Zapatoca a 17 kilómetros.

La intensidad del movimiento no tardó en reflejarse de inmediato en las plataformas digitales. A los pocos minutos de la publicación del SGC, más de 800 respuestas inundaron la cuenta oficial de la entidad con mensajes de ciudadanos atónitos. Múltiples reportes ciudadanos confirmaron que el temblor se sintió con notable intensidad en Bogotá y otras zonas del territorio nacional, reviviendo la zozobra sobre la constante actividad telúrica en una de las regiones más sísmicas del planeta.

En las redes sociales se viralizaron varios videos de los momentos en que las personas en ciudades como Bogotá, Manizales, Bucaramanga, entre otras partes del país.

Imágenes del momento del temblor que se registró este miércoles cerca del mediodía y que se sintió con fuerza en Santander, Cúcuta, Bogotá, Ocaña, Tunja y otras zonas del Catatumbo. #VocesySonidos pic.twitter.com/7s7bRvw0IB

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 26, 2026

En Bogotá, varios edificios realizaron evacuaciones tras el temblor de 5,1 que se registró este 26 de agosto en Colombia.

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— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 26, 2026

#ATENTOS. Un sismo de magnitud 5.1 y con una profundidad de 149 km se registró este 26AGO a las 11:45AM con epicentro en Los Santos, Santander, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano, sintiéndose con fuerza en varias regiones del país.

En desarrollo… pic.twitter.com/TxSwx3lBH0

— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 26, 2026

El fenómeno de los desmanes no es un acontecimiento aislado, sino una constante que afecta tanto dentro como en las inmediaciones de El Campín, especialmente durante partidos de Santa Fe y Millonarios. Habitantes del sector enfrentan reiteradamente intimidaciones, vandalismo y enfrentamientos, viendo alterada su tranquilidad a causa del comportamiento de ciertos grupos de hinchas. Muchos residentes se ven obligados a permanecer en sus hogares ante el temor de convertirse en víctimas de situaciones ajenas a su control.

El artículo resalta que la responsabilidad en la vigilancia y control del ingreso al estadio es compartida. Una empresa privada contratada para este fin, según las fuentes, no ha logrado impedir el ingreso de pólvora, armas, licor y otros objetos prohibidos, lo que demuestra fallas manifiestas en los controles. Surgen preguntas sobre qué tipo de supervisión realizan entidades como el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Secretaría de Gobierno en la ejecución del contrato de seguridad, y qué seguimiento efectivo existe para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

No basta con reforzar la presencia policial, instalar detectores de metales o emitir comunicados. El patrón de reacción oficial ante cada incidente, basado en anuncios y promesas, ha resultado insuficiente. El análisis señala que la verdadera necesidad es pasar de la indignación a la acción, con instituciones capaces de anticipar, controlar y sancionar la violencia, en vez de encadenar simples respuestas posteriores. El Campín no debe seguir convertido en zona de excepción cada vez que hay fútbol; la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados efectivos y una administración distrital que asuma la responsabilidad de prevenir, y no solo lamentar, los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los problemas de seguridad identificados en el estadio El Campín durante los partidos de fútbol?

El texto señala que los principales problemas de seguridad incluyen el ingreso de elementos prohibidos como armas, pólvora y licor, episodios recurrentes de violencia y desorden tanto dentro como en los alrededores del estadio, y la falta de controles eficaces por parte de la empresa privada encargada de la vigilancia. Además, persiste una percepción de ausencia de autoridad y prevención por parte de las entidades distritales responsables.

¿Qué obligaciones tiene la empresa privada de seguridad contratada para el estadio El Campín?

Según el artículo, la empresa privada debe encargarse de controlar el ingreso de los espectadores y garantizar que no ingresen objetos prohibidos. Si falla en estas tareas, la administración distrital debe investigar los procedimientos y establecer responsabilidades contractuales, ya que la seguridad no se limita a la contratación, sino que requiere supervisión, cumplimiento y resultados efectivos.

La investigación detalla que la víctima habría sido sometida previamente a violencia psicológica durante un tiempo prolongado. Pinzón Méndez, su hijo, al parecer la intimidaba frecuentemente y le exigía dinero, conforme a información entregada por la Fiscalía. La noche del 14 de julio, el escenario de los hechos habría escalado hasta lo peor: el abuso sexual y el homicidio de la mujer, un acto que marca uno de los episodios más oscuros recientes en ese sector de la capital.

Posterior al crimen, el ente acusador indica que el procesado intentó tergiversar la realidad de los hechos, empleando el celular de la víctima para enviar mensajes y una fotografía a miembros de la familia. Se sostiene que su intención era hacer creer que la mujer seguía con vida y que simplemente padecía una enfermedad, maniobra orientada a evitar sospechas inmediatas sobre su paradero y destino.

Cristian Leonardo Pinzón Méndez fue capturado el 21 de agosto en una vía pública del barrio Las Margaritas, en Kennedy, como cumplimiento de una orden judicial. Una vez ante las autoridades, la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado, así como ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, delitos que, según la legislación vigente, contemplan penas que en el caso de feminicidio agravado van desde los 250 hasta 500 meses de prisión, es decir, entre 20 años y 10 meses y 41 años y 8 meses.

Pese a la gravedad de las acusaciones, el procesado no aceptó los cargos imputados. No obstante, un juez determinó imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras se desarrolla el proceso judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las penas por feminicidio agravado en Colombia?

De acuerdo con la información expuesta por la Fiscalía, el delito de feminicidio agravado contempla una pena base que oscila entre 250 y 500 meses de prisión. Esto equivale a un rango que va desde 20 años y 10 meses hasta 41 años y 8 meses. Cuando, además, se cometen otros delitos como acceso carnal violento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas, la pena puede aumentar, dependiendo de las circunstancias del caso.

¿Cómo intentó ocultar Cristian Leonardo Pinzón Méndez el crimen según la Fiscalía?

Según el ente investigador citado por El Espectador, Pinzón Méndez presuntamente utilizó el teléfono celular de la víctima para enviar mensajes y una fotografía a sus familiares, con el fin de crear una falsa percepción de que su madre seguía viva y enferma. De ese modo, pretendía evitar sospechas inmediatas y dificultar la labor de los investigadores.

El Servicio Geológico Colombiano indicó que el movimiento sísmico tuvo una magnitud de 5.4 y una profundidad de 140 kilómetros, con lo que hubo alarma dentro de la comunidad en la región.

De hecho, Pulzo conoció reportes en los que hubo alerta de terremoto en los dispositivos móviles como parte de los servicios que ofrecen a los usuarios frente a estos eventos naturales.

“Se sintió durito, pero fue muy rápido”, le dijo a este medio una persona que vive en Piedecuesta (Santander) y que se encontró con el aterrador aviso desde su celular.

Posteriormente, la mencionada entidad emitió un nuevo reporte en el que indicó que el epicentro fue en Los Santos (Santander), con una magnitud de 5.1, corregida para el caso.

De hecho, el evento se sintió también en otras ciudades como Bogotá y Medellín, donde los usuarios reaccionaron de inmediato ante la emergencia que se vivió.

Este evento telúrico se presenta semanas después del terremoto del pasado lunes 10 de agosto de 2026, que arrasó con varias zonas de Risaralda, Chocó, Caldas, Valle del Cauca y Quindío.

La situación se presenta en medio de las acciones que las autoridades todavía llevan a cabo luego de la tragedia y desastre por desaparecidos, muertos y las destrucción de miles de viviendas.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional anunció un plan de ejecución de tres fases, en donde tiene previsto el apoyo por medio de subsidios tanto de arrendamiento como para la futura compra de vivienda para los afectados.

Estos nuevos eventos se convierten en una nueva alarma para la comunidad a nivel nacional, con la idea de que haya la preparación correspondiente para una eventual réplica en cualquiera de los lugares del país.

De hecho, Chocó y Santander han sido los epicentros más frecuentes durante los últimos días, por lo que los expertos siguen con especial atención cualquier riesgo que exista.

Asimismo, siguen las actividades de apoyo en ciudades como Pereira, Manizales, Cali y Dosquebradas (Risaralda), aunque en esta última todavía no se ha empezado el proceso para la entrega de subsidios.

Cabe recordar que Dosquebradas hizo un llamado al Gobierno Nacional debido a la falta de alimentos para los miles de afectados, aunque otro de los grandes problemas que allí se vive actualmente es por la demora para avanzar en algunos de los pasos de cara a la sistematización de los damnificados.

¿Qué hacer ante un temblor en Colombia?

Saber reaccionar adecuadamente frente a un sismo en Colombia resulta fundamental para proteger la vida propia y la de sus seres queridos durante la emergencia.

Las autoridades de gestión del riesgo recomiendan mantener la calma y ejecutar protocolos de autoprotección probados para minimizar lesiones accidentales en edificios o carreteras.

Para garantizar su seguridad de manera efectiva, aplique los siguientes pasos estructurados antes, durante y después del movimiento telúrico:

• Agacharse y cubrirse: ubicarse debajo de una mesa resistente o escritorio sólido y sujetarse firmemente hasta que el movimiento termine por completo.
• Alejarse de peligros: mantenerse distante de ventanas, espejos, fachadas de vidrio, estantes pesados u objetos flotantes que puedan colapsar.
• Evitar evacuaciones apresuradas: no utilizar ascensores ni correr hacia las salidas mientras el terreno continúe vibrando activamente.
• Evacuar de forma ordenada: una vez cese el sismo, ir por las escaleras hacia el punto de encuentro previamente establecido por la comunidad.
• Cortar suministros básicos: interrumpir inmediatamente el paso de gas, electricidad y agua para evitar incendios, explosiones o fugas en la estructura.
• Verificar el estado físico: revisar si las personas a su alrededor presentan heridas y use únicamente el teléfono para llamadas de emergencia.
• Informarse por canales oficiales: seguir atentamente las instrucciones emitidas por los organismos de socorro y monitoree los reportes del Servicio Geológico Colombiano.

Asimismo, es indispensable contar con un kit de emergencia familiar que incluya agua embotellada, alimentos no perecederos, linterna, silbato y botiquín de primeros auxilios.

Estar preparado ante un evento telúrico reduce drásticamente los riesgos físicos y facilita una respuesta comunitaria organizada y efectiva en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el SGC, aunque el epicentro estuvo en Los Santos, el temblor fue percibido en distintas zonas del país. En particular, habitantes de varios sectores de Ibagué —la capital del departamento del Tolima— reportaron haber sentido el movimiento sísmico. Esta percepción se atribuye a las características que se presentan cuando un evento ocurre a tantos kilómetros bajo la superficie terrestre, permitiendo que las ondas se propaguen y sean detectadas a grandes distancias.

Ante la percepción del sismo, en Ibagué las autoridades tomaron precauciones de inmediato. Como medida preventiva, se realizó la evacuación de personas tanto en el Palacio de Justicia como en la Gobernación del Tolima. Esta rápida respuesta buscó evitar cualquier situación de riesgo para los funcionarios y visitantes en dichas instalaciones, siguiendo los protocolos establecidos para emergencias de este tipo.

Hasta el momento, de acuerdo con las autoridades y los organismos de emergencia locales, no se tienen reportes de personas lesionadas ni de daños materiales a causa del movimiento. Sin embargo, los entes responsables permanecen atentos y continúan monitoreando la situación; además, realizan verificaciones en diferentes puntos de la ciudad para cerciorarse de que no haya afectaciones adicionales no reportadas aún.

El Servicio Geológico Colombiano, por su parte, mantiene el seguimiento en tiempo real de la actividad sísmica. Puede que los datos iniciales sobre la magnitud, profundidad o localización del sismo sean actualizados conforme se analicen más registros, como suele ocurrir en estos eventos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se sintió el sismo en Ibagué si el epicentro estuvo en Santander?

El Servicio Geológico Colombiano indicó que, debido a la profundidad del sismo, las ondas sísmicas se propagaron a largas distancias, lo que permitió que el movimiento fuera percibido en zonas alejadas del epicentro, como Ibagué. Esto suele ocurrir cuando el sismo se origina a gran profundidad bajo la corteza terrestre.

¿Qué medidas tomaron las autoridades en Ibagué tras el sismo de 5,1?

Frente al movimiento telúrico percibido, las autoridades en Ibagué decidieron evacuar preventivamente tanto el Palacio de Justicia como la Gobernación del Tolima. Además, los organismos de emergencia monitorean la situación y están atentos a posibles novedades relacionadas con afectaciones o reportes de daños.

La información preliminar indica que, hasta el momento, las autoridades y los organismos de gestión del riesgo se encuentran verificando si hay daños materiales o personas afectadas en las zonas donde el sismo fue percibido. Este procedimiento busca dar cuenta del impacto en la infraestructura y evaluar si la población sufrió lesiones o afectaciones por el movimiento telúrico.

En cuanto a la medición del sismo, el SGC explicó que la magnitud es uno de los primeros datos que se reportan tras un evento de este tipo. Para calcularla, se utilizan los registros que captan sus estaciones ubicadas en diferentes regiones. El proceso consiste en analizar las ondas generadas por el temblor para definir la ubicación, profundidad y magnitud, datos clave para dimensionar la energía liberada en el epicentro.

La referencia popular a la “escala de Richter” persiste en muchos escenarios, pero el SGC aclaró que hoy en día se recurre a métodos más avanzados y específicos para medir sismos. La escala de Richter fue desarrollada en 1935 por Charles Richter, pero con los avances de la sismología, los especialistas ahora emplean técnicas que ajustan mejor la medición a cada caso.

Un aspecto importante que aclaró el SGC es la diferencia entre magnitud e intensidad. Mientras la magnitud corresponde únicamente a la energía liberada en el punto de origen, la intensidad representa los efectos del sismo en distintas zonas y cómo lo perciben las personas. Así, un mismo sismo puede sentirse de forma muy distinta según la distancia al epicentro y las condiciones del terreno.

Por lo tanto, el informe sobre la magnitud de un sismo, de acuerdo con el SGC, es el resultado del análisis instrumental de los datos recopilados por sus equipos de monitoreo a nivel nacional, información fundamental para la toma de decisiones de las autoridades y la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo determina el Servicio Geológico Colombiano la magnitud de un sismo?

El Servicio Geológico Colombiano calcula la magnitud utilizando los registros captados por sus estaciones sismológicas. Estas estaciones detectan las ondas generadas por el movimiento de la Tierra y, mediante un análisis especializado, determinan la ubicación del epicentro, la profundidad y la magnitud del evento. Así, la magnitud indica la cantidad de energía liberada en el punto de origen del temblor, un dato fundamental para conocer el alcance del fenómeno natural.

¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad en los sismos?

La magnitud representa la energía liberada en el lugar de origen del sismo y se determina a partir de los registros instrumentales. Por su parte, la intensidad describe los efectos del sismo en sitios específicos y cómo fue percibido por las personas; es decir, puede variar según la ubicación y las características del terreno, incluso tratándose del mismo evento sísmico.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro de este nuevo temblor fue en Los Santos, Santander, pero con una profundidad de 149 Km.

Este fue el informe que consolida todo lo que se sabe hasta el momento:

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-26, 11:45 hora local Magnitud 5.1. Profundidad 149 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/ynZZAgG5hN

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 26, 2026

Noticia en desarrollo…

La búsqueda de los animales extraviados continúa en diferentes zonas de la ciudad, en una labor conjunta entre las autoridades y la comunidad. Según reportes oficiales, 36 mascotas han logrado ser reconocidas y entregadas nuevamente a sus hogares, lo que representa un respiro de esperanza tras la tragedia. Para muchas familias, cada esfuerzo en esta búsqueda significa intentar recuperar a un miembro esencial de su núcleo familiar.

El Centro de Bienestar Animal ha sido fundamental en la atención de los animales afectados tras el terremoto. De acuerdo con datos suministrados por sus responsables, en el transcurso de dos semanas han atendido a 81 animales de compañía en los puntos más críticos de la ciudad. Además, 109 animales que permanecían en el Centro de Bienestar Animal antes de la emergencia fueron adoptados durante este periodo, encontrando así un nuevo hogar en medio de la adversidad.

Las mascotas rescatadas como consecuencia del sismo recibirán un trato especial: permanecerán en el Centro de Bienestar Animal por un periodo de 45 días. Durante este tiempo, los tutores podrán acercarse, revisar e intentar reconocer a sus animales. Así lo expresó Carmen Elena Domínguez, directora del Centro de Bienestar Animal, quien además aclaró que ninguno de estos animales podrá ser entregado en adopción antes de que termine este plazo. El objetivo principal de esta medida es ofrecer una ventana suficiente para que las familias afectadas realicen la búsqueda y recuperación de sus mascotas.

Si al finalizar los 45 días ningún tutor logra identificar a los animales rescatados, estos entrarán en un proceso de adopción. Mientras tanto, las labores de atención y búsqueda continúan activas, mostrando el compromiso de las autoridades para lograr el mayor número de reencuentros posibles en medio de la recuperación tras la emergencia.

¿Cuántos animales siguen desaparecidos tras el terremoto en Cali?

De acuerdo con los datos entregados por las autoridades, 405 animales siguen desaparecidos luego del terremoto en Cali. Esta cifra señala la magnitud de la emergencia para las familias que continúan buscando a sus mascotas.

¿Cuál es el procedimiento de adopción después de los 45 días en el Centro de Bienestar Animal?

Según explicó la directora del Centro de Bienestar Animal, Carmen Elena Domínguez, si luego de los 45 días ningún tutor reconoce a los animales rescatados, estos podrán ingresar a un proceso de adopción. Durante este procedimiento, los interesados podrán acercarse al centro para adoptar formalmente a los animales que no hayan sido reclamados por sus familias originales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Testimonios como el de Jorge Elías, residente afectado cuya vivienda está ubicada justo detrás del edificio dañado, ilustran la rapidez con la que la crisis tomó una nueva dimensión. Apenas entre tres y cuatro días después de la evacuación, desconocidos comenzaron a ingresar a las casas desocupadas para robar cables, metales y diferentes materiales de construcción. Esta ola de hurtos llevó a que varias familias, a pesar del evidente riesgo que implica permanecer cerca de una estructura al borde del colapso, regresaran a sus hogares con el único fin de proteger sus pertenencias.

Frente a la alarmante situación, la comunidad se comunicó con la Policía Metropolitana. Sin embargo, dicha autoridad expresó que carece de recursos suficientes para custodiar permanentemente el sector, debido a que debe responder a diversas emergencias en la ciudad. Por ello, como respuesta, sugirió a los propios damnificados regresar a vigilar sus viviendas, una recomendación que ha sido recibida con preocupación por los afectados.

El contexto se agrava con la aparición de un albergue temporal en la zona, promovido por una fundación que ofrece alimentación a personas en condición de calle. Aunque esta iniciativa nació con un fin solidario, no cuenta con control ni regulación oficial por parte de la Alcaldía de Cali, lo que ha propiciado una mayor acumulación de residuos y un aumento notorio de la inseguridad en las calles adyacentes, según relatan los vecinos.

Ante este panorama, la comunidad hace un llamado urgente a la Alcaldía de Cali y a la Policía Metropolitana para que establezcan vigilancia continua, supervisen el funcionamiento del albergue y aseguren las edificaciones en riesgo. Los habitantes insisten en que no se les puede dejar solos ante la doble amenaza de desastre y criminalidad.

¿Qué riesgos enfrentan los habitantes evacuados del Molino Rojo tras el terremoto en Cali?

Los residentes evacuados enfrentan el peligro material por posibles derrumbes tras el daño estructural, así como importantes riesgos de inseguridad, robo y vandalismo en sus viviendas, de acuerdo con testimonios recogidos por Noticiero 90 Minutos. Sin vigilancia institucional suficiente, deben decidir entre exponerse para proteger sus bienes o asumir la posible pérdida de su patrimonio.

¿Por qué la comunidad solicita mayor intervención de la Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana?

La comunidad considera insuficiente la recomendación de las autoridades de que sean los propios damnificados quienes cuiden sus viviendas. Por eso exigen vigilancia permanente, control sobre los albergues temporales y acciones urgentes para prevenir más delitos y garantizar la integridad de quienes han perdido sus hogares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Vea también: Eligen a alfil de Petro como magistrada del CNE, pese a denuncia; pedían frenar su elección)

La elección tiene especial importancia porque el CNE es el organismo encargado, entre otras funciones, de investigar la financiación de campañas, adelantar procesos contra partidos y decidir asuntos relacionados con personerías jurídicas y escisiones de colectividades. La nueva composición quedó con siete magistrados cercanos a la coalición de derecha y dos del Pacto Histórico, lo que representa una mayoría favorable al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El episodio puso en el centro de la discusión al gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, considerado durante el Gobierno Petro como uno de los aliados importantes del progresismo, y a su hermano, el senador de la Alianza Verde John Amaya.

Según Daniel Coronell, “Carlos Andrés Amaya se volteó” y su hermano, junto con una parte de la bancada verde, terminó respaldando a Gersel Pérez, candidato de Cambio Radical, en lugar de apoyar la lista que habría permitido la elección de Guillermo Rivera.

La decisión generó molestia en el petrismo porque, de acuerdo con Coronell, Petro había respaldado políticamente a Amaya durante su administración. El periodista recordó que el expresidente permitió que Antonio Sanguino llegara al Ministerio del Trabajo, apoyó la llegada de Paula Andrea Cepeda a la gerencia del ICA y contribuyó a la elección de Jaime Raúl Salamanca como presidente de la Cámara.

Por eso, Coronell calificó la votación como un giro político y lanzó una dura frase: “Tanto consentimiento burocrático y el día D, Amaya le clavó el puñal”.

Críticas al Partido Verde por su votación

En Caracol Radio, el representante del Pacto Histórico José Luis Bohórquez cuestionó duramente la decisión de sus antiguos aliados.

“La lealtad política a veces dura lo que dura el gobierno de turno”, afirmó el congresista, quien sostuvo que la decisión de los verdes no podía separarse de sus consecuencias políticas.

Bohórquez también cuestionó que sectores de la Alianza Verde hayan acompañado durante años las reformas impulsadas por el Gobierno Petro, pero posteriormente se apartaran del acuerdo para elegir a Guillermo Rivera.

“¿De qué sirve apoyar las reformas si luego cuando hay que escoger personas que defiendan las candidaturas alternativas (…) nos aliamos con nuestros verdugos?”, preguntó.

Los verdes niegan haber traicionado al petrismo

Jaime Raúl Salamanca rechazó esa interpretación y defendió la autonomía de la Alianza Verde. Explicó que solo cuatro de los 14 congresistas del partido votaron por Guillermo Rivera, mientras los otros diez tomaron una decisión diferente.

“Nosotros no somos un apéndice del Pacto Histórico, tenemos autonomía y capacidad de decisión”, aseguró.

Salamanca sostuvo que el sector mayoritario del Verde había respaldado las reformas sociales durante cuatro años, pero que también había sido cuestionado y desplazado por sectores del petrismo.

Además, argumentó que su partido no podía quedarse sin representación en un organismo tan importante como el CNE.

“Nosotros no podemos como partido dejar de tener asiento en un órgano importante que es el Consejo Nacional Electoral”, dijo.

La controversia dejó una pregunta abierta dentro de la Alianza Verde: ¿el partido será oposición, independiente o hará parte de la coalición del Gobierno de De la Espriella?

Salamanca aseguró que esa determinación no depende de él y deberá ser tomada por las instancias de dirección del partido.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo pidió al ICBF que aclare cuál es la guía institucional sobre el uso de los términos “niñas”, “niños”, “adolescentes” y “niñez” en la producción de contenidos institucionales y en la comunicación oficial. Además, requirió que se especifique si se trata de una instrucción nacional o exclusiva de la Regional Huila, quién la adoptó, en qué fecha y bajo qué fundamentos técnicos, jurídicos, de derechos humanos, de género y de comunicación se apoyó dicha decisión. Asimismo, solicitó que se remita la documentación que soporte la directriz, incluyendo circulares o correos por los cuales se haya impartido la instrucción.

La Defensoría subrayó la importancia de nombrar expresamente a las niñas en las comunicaciones públicas. Considera que hacerlo contribuye a la identificación de desigualdades y a la caracterización adecuada de las violencias específicas y desproporcionadas que ellas enfrentan. Enfatizó que la Corte Constitucional, en sentencias como la C-804 de 2006, ha señalado los riesgos de utilizar el masculino como género universal, ya que puede llevar a la invisibilización de las mujeres. Tales lineamientos han sido reiterados en varios fallos posteriores y están respaldados en la Ley 1098 de 2006, cuyo artículo 12 exige una perspectiva de género en todas las actuaciones relacionadas con niños y adolescentes, señalando que existen afectaciones diferenciadas que impactan desproporcionadamente a las niñas, como violencia sexual, embarazo adolescente y explotación.

Para la Defensoría, el lenguaje no solo tiene un valor instrumental, sino también simbólico, ya que puede reforzar realidades de exclusión o, por el contrario, promover la inclusión y el reconocimiento. Advirtió que una directriz institucional que no nombre expresamente a las niñas podría dificultar la identificación y atención de situaciones que requieren respuestas diferenciadas. En consecuencia, considera que la eficiencia o economía comunicativa no puede justificar una reducción en la visibilidad de sujetos cuya protección diferenciada es un mandato constitucional y legal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante que el ICBF nombre expresamente a las niñas en sus comunicaciones?

Nombrar expresamente a las niñas en las comunicaciones institucionales permite visibilizar las desigualdades y violencias específicas que enfrentan. Según la Defensoría del Pueblo, esta diferenciación es clave para diseñar políticas de prevención, atención y protección acordes a dichas realidades, como lo exige la Ley 1098 de 2006 y múltiples fallos de la Corte Constitucional.

¿Qué significa la perspectiva de género en la protección de la niñez y adolescencia?

La perspectiva de género implica reconocer que las experiencias, riesgos y afectaciones en la niñez y adolescencia pueden ser diferentes según el sexo. Por tanto, el acompañamiento estatal debe tener en cuenta dichas diferencias para alcanzar la igualdad y garantizar derechos, identificando y abordando situaciones que afectan de manera particular o desproporcionada a las niñas.

El programa incluye la realización de jornadas móviles que recorrerán distintas localidades de la ciudad con Unidades Móviles, además de atender en puntos fijos como la Unidad de Cuidado Animal (UCA) ubicada en Engativá y en la Universidad Nacional. Entre las localidades cubiertas figuran Suba, Kennedy, Usaquén, Fontibón, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Los Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usme. Las jornadas están distribuidas por barrios y fechas que van del 1 al 26 de septiembre, como se detalla en el cronograma publicado por el IDPYBA.

De acuerdo con el IDPYBA, el acceso al programa podrá hacerse mediante agendamiento, participación en convocatorias locales o en una modalidad mixta, facilitando a los ciudadanos la consulta de programación y asignación de turnos a través de su plataforma digital. Este servicio está dirigido a perros y gatos, machos y hembras, que residen en hogares de estratos 0, 1, 2 y 3, así como a animales en condición de calle o aquellos reconocidos como parte de comunidades o sectores (“animales de cuadra”).

Entre los requisitos para acceder al servicio se encuentra la presentación del documento de identidad, llevar a la mascota en buen estado de salud y mayor de cuatro meses, y un recibo de servicio público que permita comprobar la residencia en los estratos citados. Adicionalmente, los perros deben ser transportados con collar y traílla y los gatos en guacal o contenedor seguro.

Esta estrategia del IDPYBA se orienta a ofrecer a la ciudadanía soluciones de salud y bienestar animal, y reafirma el compromiso institucional en la promoción de la convivencia responsable y protección de los animales de la ciudad.

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¿Cómo inscribir a mi mascota en las jornadas gratuitas de esterilización del IDPYBA en Bogotá?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), las personas interesadas deben ingresar a la plataforma de turnos disponible en su página web, donde podrán consultar el cronograma de jornadas, localidades y fechas. Allí se indica si el acceso es por agendamiento, convocatoria local o una modalidad mixta, permitiendo así solicitar un turno para su animal de compañía.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la esterilización gratuita para perros y gatos en Bogotá?

Para acceder al servicio gratuito, usted debe presentar su documento de identidad, llevar un recibo de servicio público que permita certificar la residencia en los estratos definidos por el programa (0, 1, 2 o 3), y asegurar que el animal esté sano y tenga más de cuatro meses de edad. Los perros deben llevar collar y traílla; los gatos, guacal o contenedor seguro.

Este atractivo no solo supone una ocasión para admirar la naturaleza, sino también para aportar directamente a la recuperación económica del departamento, luego del impacto sufrido por el reciente terremoto. La mandataria regional hizo énfasis en que la reconstrucción de la región está estrechamente vinculada con la fortaleza de la economía del territorio. En sus palabras, aunque la población se enfrenta a dificultades y afectaciones materiales, la resiliencia y el espíritu de quienes habitan Buenaventura permanecen intactos.

La preparación de la comunidad y de los consejos turísticos, asegurada por la propia Toro, apunta a garantizar experiencias satisfactorias a los visitantes, quienes encuentran en el avistamiento de ballenas un motivo para viajar, conocer y contribuir con su presencia a la recuperación local. Así, el turismo se transforma en un eje de solidaridad y apoyo fundamental para la región.

Las proyecciones para este año, de acuerdo con Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle, plantean la posible llegada de más de 290 mil turistas, lo cual representa un aumento del 4 % frente al año anterior. Se calcula que este flujo de visitantes dejará ingresos superiores a los 30 mil millones de pesos, gracias a la coordinación entre autoridades y empresarios turísticos del municipio. Esta cifra se presenta como una esperanza concreta para financiar la reconstrucción y fortalecer los medios de vida de quienes dependen del turismo.

De esta manera, la invitación a disfrutar del avistamiento de ballenas se convierte en un llamado a colaborar activamente con el renacer del departamento. Cada turista que llega a Buenaventura hasta octubre no solo vive una experiencia natural única, sino que también aporta al sostenimiento y crecimiento de la economía local tras el desastre natural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo es la temporada de avistamiento de ballenas en Buenaventura?

La temporada de avistamiento de ballenas en Buenaventura se extiende hasta finales de octubre, según información de la gobernadora Dilian Francisca Toro. Durante este periodo, propios y visitantes pueden observar este fenómeno natural y contribuir a la recuperación económica del Valle del Cauca.

¿Cuánto impacto económico se espera del turismo durante la temporada de avistamiento de ballenas?

De acuerdo con Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle, la llegada de más de 290 mil turistas durante la temporada podría generar ingresos superiores a los 30 mil millones de pesos para la región, lo que representa un aumento del 4 % en visitantes respecto al año anterior.

El impacto en la comunidad fue inmediato. Habitantes del municipio aseguraron que se percibieron más de diez detonaciones en la zona del ataque, lo que dejó como resultado daños severos en las instalaciones policiales. Aunque las autoridades confirmaron la destrucción material del sitio, destacaron que hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni heridos, situación que continúa siendo verificada mientras se adelantan las labores de inspección en el área afectada. El accionar coordinado entre la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea fue fundamental para asegurar el perímetro y comenzar las investigaciones, según detalla la información recopilada.

A pesar de que todavía no se ha identificado con certeza a los responsables, las autoridades subrayaron que en El Tambo operan las estructuras armadas Jaime Martínez y Carlos Patiño, facciones que pertenecen a las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Este contexto agrava el ambiente de temor entre la ciudadanía, que se ha visto afectada por episodios recurrentes de violencia y por el riesgo de nuevos ataques.

Reacciones de rechazo al atentado no se hicieron esperar. El procurador general, Gregorio Eljach, condenó el uso de drones y explosivos contra la fuerza pública y reiteró su respaldo institucional a los uniformados. Asimismo, solicitó a las autoridades departamentales y municipales reforzar la presencia estatal para garantizar la seguridad de los civiles. Honorio Henríquez, presidente del Senado, calificó el hecho como “un acto cobarde” y advirtió sobre el peligro constante en el que se encuentra la población, confinada y en permanente zozobra, por cuenta de este tipo de acciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el atentado con drones explosivos en El Tambo, Cauca?

En la mañana del 26 de agosto, la estación de Policía de El Tambo, Cauca, fue atacada con drones que transportaban explosivos, los cuales provocaron múltiples detonaciones y daños significativos en las instalaciones. Según la información difundida, aunque hubo destrucción material, no se reportaron víctimas fatales ni heridos, mientras las autoridades continúan las investigaciones y verificaciones en la zona.

¿Qué grupos armados estarían vinculados al ataque con drones en El Tambo?

De acuerdo con fuentes mencionadas, en el área donde ocurrió el ataque tienen presencia las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño, que hacen parte de las disidencias de las FARC. Si bien no se ha confirmado de manera oficial qué grupo perpetró el atentado, estas organizaciones son consideradas actores relevantes en la violencia que afecta a la región.

Ahora, una cuenta en la red social X lanzó graves amenazas de muerte dirigidas contra el jefe de Estado de Colombia, estableciendo incluso día y hora específicos.

“Abelardo morirá el 9 de noviembre de 2026 a las 5:35 p. m.”, señaló la publicación del perfil identificado como @gNaro_03, que mantiene un tono de constante oposición a la gestión gubernamental, sobrepasando los límites del debate político tradicional.

La biografía de dicho perfil asegura que los mensajes son redactados por un estudiante de Derecho calificado como ‘triplepapito’ desde la denominada ‘Megacárcel del Caribe’.

“Siempre te odiaré, Abelardo De La Espriella, y a todos los que votaron por ti. Siempre te haré oposición”, publicó en el trino que tiene fijado desde su espacio personal.

Abelardo morira el 9 de noviembre de 2026 a las 5:35p.

— gnaro prisionero #777Ω Megacarcel del Caribe (@gNaro_03) August 25, 2026

El usuario reaccionó con burlas ante los comentarios vertidos en la publicación que hace referencia a la eventual muerte del mandatario colombiano. “Ya hay uno dizque arrobando al CAI virtual, ayuda, jajaja”, escribió.

El tuitero también dedicó palabras al exmandatario Gustavo Petro dentro de su histórico de mensajes difundidos. “Un hada ha perdido sus alas. Petro tuitero, siempre serás recordado”, indicó en una de ellas.

En otras entradas acusa a Petro y asegura que lo matará por haberse “robado” la plata de la UNGRD.

Asimismo, manifiesta postura crítica frente a Israel y ha dirigido advertencias públicas a la embajadora de dicho país en Colombia, Vivian Aisen.

Paralelamente, la administración de Abelardo De La Espriella mantiene una política estricta contra la delincuencia, firmando más de 30 extradiciones durante sus primeros 16 días.

“El mensaje para los criminales es claro: no habrá refugio, privilegios ni contemplaciones. En la era del Tigre, la seguridad y la grandeza de nuestra patria se defienden con carácter, autoridad y mano firme”, afirmó el primer mandatario.

El martes anunció acciones directas implementadas junto al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) mediante sus canales digitales oficiales.

“Por orden mía directamente, el Inpec está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles”, advirtió.

“Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla”, añadió el mandatario.

El mandatario detalló que 10 procesados estaban en estaciones de policía y otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla.

¿Qué hacer ante una amenaza de muerte digital en Colombia?

Enfrentar una amenaza de muerte emitida a través de plataformas digitales en Colombia exige reaccionar con rapidez, rigor probatorio y acudir inmediatamente a las autoridades competentes. Para garantizar su seguridad física y la validez jurídica de la investigación, proceda con las siguientes acciones fundamentales:

• Recopilar evidencia digital: capturar pantallas completas donde se observe el mensaje, la hora, la fecha, los enlaces web y la identificación del perfil emisor.
• Preservar el material probatorio: no borrar la conversación, bloquear inmediatamente la cuenta o alterar el hilo de mensajes originales en la red social utilizada.
• Acudir al CAI Virtual: ingresar a la plataforma institucional del CAI Virtual de la Policía Nacional para reportar el incidente cibernético ante los expertos en delitos informáticos.
• Radicar la denuncia formal: ir al portal oficial ¡ADenunciar! de la Policía y la Fiscalía General de la Nación para registrar formalmente la acción penal por intimidación o extorsión.
• Notificar a la plataforma digital: reportar el perfil agresor directamente en las herramientas de la red social por violar sus políticas comunitarias relativas a la violencia e intimidación.
• Solicitar medidas de protección: pedir ante la Fiscalía o las autoridades policiales de su localidad esquemas o mecanismos preventivos de seguridad si se percibe un riesgo directo inminente.

Asimismo, las leyes colombianas establecen que la intimidación por medios tecnológicos constituye una conducta punible severamente sancionada por el Código Penal.

Por este motivo, la articulación oportuna entre los ciudadanos y las unidades especializadas en ciberdelincuencia resulta vital para rastrear direcciones IP, ubicar al agresor y desactivar el riesgo.

La atención de estas emergencias ha sido resultado del trabajo conjunto entre los Cuerpos Oficiales y Voluntarios de Bomberos, que han coordinado sus acciones con las autoridades municipales y entidades encargadas de gestión del riesgo. Estos equipos han mantenido un monitoreo constante sobre las áreas afectadas, asumiendo la responsabilidad de hacer seguimiento a la evolución de los incendios que todavía permanecen sin ser extinguidos, mostrando así un compromiso permanente con la seguridad y el bienestar de la población.

La magnitud de los incendios en Cundinamarca durante 2026 queda reflejada en las cifras acumuladas hasta el 25 de agosto: según el reporte, se han contabilizado 661 incendios que han impactado 1.793 hectáreas, afectando a 74 municipios distribuidos en 15 provincias del departamento. Municipios como Nilo, Ricaurte, Puerto Salgar, La Vega, San Francisco y Sibaté han sido identificados como los más golpeados en el mes de agosto. Precisamente, en estos primeros 25 días del mes, se reportaron 221 incendios forestales que alteraron 1.484 hectáreas en 49 municipios de 12 provincias.

La influencia de la temporada del fenómeno de El Niño se evidencia en el incremento de los incendios, pues solamente en el mes de agosto se concentró cerca del 33,4 % de todas las emergencias atendidas durante 2026. De hecho, el área perjudicada este mes representa más del 82 % del total anual. Frente a este panorama, Bomberos de Cundinamarca ha manifestado que mantendrán la vigilancia y la atención constante de las situaciones de riesgo, particularmente de los incendios que siguen activos.

La Gobernación de Cundinamarca ha advertido que aproximadamente el 95 % de los incendios forestales son consecuencia de acciones humanas, como quemas agrícolas, fogatas y descuidos en zonas rurales. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) recomienda no realizar fogatas ni quemas cerca de áreas boscosas, evitar arrojar colillas o fósforos, recoger desechos en entornos naturales, impedir el acceso de vehículos a zonas con vegetación seca y asegurarse de apagar por completo cualquier fogata encontrada.

¿Cuántos incendios forestales se han reportado en Cundinamarca durante 2026?

De acuerdo con la Delegación Departamental de Bomberos, hasta el 25 de agosto de 2026 se han registrado 661 incendios forestales en Cundinamarca, situación que ha afectado 1.793 hectáreas y alcanzado 74 municipios en 15 provincias.

¿Qué medidas recomienda el IDIGER para prevenir incendios forestales en Cundinamarca?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) sugiere no encender fogatas o quemar residuos, evitar fumar o arrojar colillas en cerros, recoger materiales inflamables durante actividades al aire libre, impedir que menores jueguen con fuego, no ingresar vehículos a áreas de vegetación seca y asegurarse de apagar completamente todo rastro de fogatas, como acciones clave para evitar incendios forestales.

Además de exponer estos datos, el exjefe de Estado aprovechó su intervención para criticar las políticas que Estados Unidos implementa en materia de control migratorio, especialmente aquellas que exigen la recopilación de datos biométricos de ciudadanos colombianos. Petro cuestionó este enfoque y enfatizó en la importancia de garantizar el respeto a la dignidad y los derechos de las personas migrantes, tanto en Colombia como fuera del país.

En su discurso, el expresidente también recordó que la migración no es un fenómeno unilateral. Mencionó que millones de colombianos han salido al exterior, estableciéndose en países como Venezuela, Estados Unidos y en distintas naciones de Europa. Petro subrayó que, así como Colombia recibe población migrante, también es un país de origen de muchos ciudadanos que buscan nuevas oportunidades en el extranjero.

Petro no estuvo de acuerdo con el uso del término “ilegales” para referirse a quienes migran. El exmandatario rechazó medidas como la detención, la deportación y otras acciones similares que deben enfrentar algunos migrantes durante sus procesos. Según su visión, una de las tareas cruciales que enfrenta Colombia consiste en defender integralmente los derechos humanos de sus ciudadanos fuera del territorio nacional, además de asumir de manera responsable la atención de la población migrante que ingresa al país.

Las declaraciones de Petro ponen sobre la mesa la necesidad de soluciones estructurales para la migración y el compromiso de las autoridades con la protección y el bienestar tanto de quienes salen de Colombia como de quienes llegan al país.

¿Cuántos migrantes cruzaron el Darién durante el gobierno de Gustavo Petro?

De acuerdo con declaraciones del expresidente Gustavo Petro, cerca de medio millón de personas habrían transitado por el Darién durante su periodo presidencial. Este dato resalta la magnitud del flujo migratorio por esa zona y el desafío que representó para las autoridades en ese momento.

¿Qué críticas hizo Gustavo Petro a las políticas migratorias de Estados Unidos?

Petro cuestionó especialmente la exigencia de Estados Unidos de recopilar datos biométricos de ciudadanos colombianos como parte de sus políticas de control migratorio. Asimismo, expresó su rechazo frente a medidas de detención y expulsión de migrantes, defendiendo el respeto por los derechos humanos de quienes migran.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Según lo expresado por Matiz, rechazó lo que califica como "señalamientos falsos, amañados o irresponsables", argumentando que acusaciones carentes de pruebas no deben ser utilizadas para manchar el nombre de ninguna persona ni convertirse en herramientas de confrontación política. La gobernadora precisó que, dentro de la denuncia interpuesta por los recientes acontecimientos en Gualanday —donde se investigan las causas y posibles responsables de incendios presuntamente provocados— solicitó también que se indaguen posibles injurias o calumnias cometidas en su contra o de otros funcionarios. De acuerdo con su relato, los hechos se desarrollaron durante la atención de la emergencia, momento en el que bomberos, policías, voluntarios y otros agentes estatales, incluidos funcionarios, fueron increpados y enfrentaron dificultades por parte de algunos ciudadanos.

Dirigiéndose especialmente a Gustavo Petro, Matiz enfatizó que no se le deben endilgar "palabras, hechos o posturas" que jamás ha manifestado respecto al trabajo de voluntarios, ciudadanos, estudiantes o colectivos vinculados a la emergencia. Además, señaló que las diferencias políticas no pueden derivar en una mayor confrontación justo cuando el departamento enfrenta dificultades. La gobernadora subrayó que su prioridad es atender las necesidades más urgentes de la población del Tolima y aclaró que todo su interés reside en servir a los tolimenses "con hechos y resultados". Finalmente, reiteró su compromiso de actuar en el marco legal y defender los derechos e integridad de los habitantes del Tolima ante cualquier situación adversa, especialmente en contextos críticos como el vivido recientemente.

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¿Por qué la gobernadora del Tolima solicitó a la Fiscalía investigar injuria o calumnia en su contra?

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue posibles casos de injuria o calumnia en su contra tras sentirse aludida en señalamientos considerados “falsos, amañados o irresponsables” por parte de sectores políticos, en medio de la emergencia ocasionada por los incendios en Gualanday, según su propio comunicado.

¿Qué postura expresó Adriana Magali Matiz frente a los señalamientos de Gustavo Petro sobre los incendios en Tolima?

La gobernadora Matiz rechazó directamente que se le atribuyan palabras o posturas que, según afirmó, nunca ha manifestado respecto al accionar de voluntarios o ciudadanos durante la emergencia por incendios. En su comunicado, enfatizó que su prioridad está en el bienestar de los tolimenses y en la atención de la emergencia, reiterando también su compromiso de actuar dentro de la ley.

Estos hombres y mujeres, miembros del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Pereira, no dudaron en dejar de lado sus propias tragedias personales, las ganas de estar junto a sus familias y se enfocaron en servir a la comunidad. Desde las primeras horas tras el sismo, sus cuadrillas atendieron las zonas más afectadas: barrios, la zona céntrica y el sector rural, priorizando el rescate de personas, la remoción de escombros y la limpieza requerida para restablecer la vida cotidiana.

Su labor no solo es física; existe una carga emocional importante al enfrentarse a rostros de ciudadanos que han perdido a sus seres queridos. Pero, a pesar de ello, los obreros continúan su tarea, recibiendo agradecimientos por parte de la comunidad que reconoce la importancia de su entrega. Para ellos, el mejor homenaje a los 80 años de existencia del sindicato fundado en 1946, es demostrar, en momentos decisivos como estos, por qué son esenciales para Pereira.

No es la primera vez que estos trabajadores enfrentan emergencias derivadas de desastres naturales. Su historia ha estado marcada por diversas situaciones críticas, lo que les ha dado experiencia para responder con fortaleza y organización. Ahora, su trabajo se concentra en la limpieza de escombros y reparaciones en lugares emblemáticos como el Palacio Municipal y el Parque del Café, además de intervenir en albergues temporales como El Vergel y la Villa Olímpica. El equipo de podas ha sido fundamental para restablecer vías tanto rurales como urbanas.

Además de estas labores, su aporte se extiende a la adecuación del Aeropuerto Internacional Matecaña, lo que evidencia la amplitud de los requerimientos actuales. De acuerdo con El Diario, más de 200 trabajadores oficiales, apoyados con maquinaria de la Alcaldía, no han parado un solo día para lograr la reconstrucción de la ciudad, una tarea que asumen con pasión y amor por Pereira.

La ciudadanía ha destacado que estos obreros son verdaderos héroes de carne y hueso. Así lo demuestran en cada jornada, dejando claro su valor fundamental en los momentos más urgentes para el municipio.

¿Qué papel han cumplido los trabajadores oficiales de Pereira tras el terremoto del 10 de agosto?

Los trabajadores oficiales del municipio de Pereira han sido pieza clave en labores de rescate, remoción de escombros, limpieza y restablecimiento de infraestructura esencial en la ciudad, según El Diario. Han estado presentes desde el primer momento, demostrando eficiencia y solidaridad tanto en zonas urbanas como rurales.

¿En qué lugares han concentrado sus labores los obreros de Pereira tras la emergencia?

De acuerdo con la información de El Diario, los obreros han trabajado en el centro de Pereira, el Palacio Municipal, Parque del Café, albergues como El Vergel y la Villa Olímpica, además de contribuir en la adecuación del Aeropuerto Internacional Matecaña y atender diferentes vías urbanas y rurales.

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El ambiente en la biblioteca evoca respeto y gratitud. Familiares, amigos y diversas personas que compartieron distintos momentos de la vida de Fabio Torres han asistido con el propósito de despedirlo y compartir palabras de reconocimiento. De acuerdo con la información difundida, las manifestaciones de afecto se intercalan con recuerdos que ponen en primer plano el carácter y el legado de un hombre que marcó a la ciudad tanto a nivel profesional como personal.

Durante el homenaje, se resaltan los aportes de ‘El Rector’ al desarrollo y dinamismo del sector publicitario en Valledupar. Aquellos que lo conocieron recuerdan su dedicación y liderazgo, así como su inconfundible estilo para enfrentar los retos del entorno empresarial. Según lo reporta el medio local El PILÓN, el evento es transmitido en vivo, permitiendo que quienes no logran asistir en persona puedan conectarse y seguir, minuto a minuto, todos los detalles de la despedida.

El significado de este homenaje radica en la forma en que la comunidad reconoce su papel central como referente. El impacto de su trabajo se refleja no solo en el reconocimiento de colegas y socios, sino también en el recuerdo que conservan quienes participaron en diferentes etapas de su trayectoria. Con este acto, Valledupar expresa el aprecio colectivo por los aportes y el legado de quien, para muchos, representó una voz influyente en el ámbito empresarial y un ejemplo de constancia en el sector publicitario.

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¿Cómo fue el homenaje a Fabio Torres, ‘El Rector’, en Valledupar?

El homenaje a Fabio Torres, ‘El Rector’, se realiza en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez, donde familiares, amigos y personas del sector empresarial y publicitario se reúnen para recordarlo. El evento, caracterizado por muestras de afecto y palabras de reconocimiento, es transmitido en vivo por El PILÓN, permitiendo que la comunidad de Valledupar y otros interesados participen del tributo y despedida.

¿Por qué Fabio Torres era importante para el sector publicitario de Valledupar?

Fabio Torres sobresalió como una figura influyente en el sector publicitario y empresarial de Valledupar durante más de dos décadas. Sus aportes y liderazgo lo convirtieron en un referente, siendo reconocido por su dedicación y por el impacto positivo que dejó en la industria local, según relatan colegas y asistentes al homenaje.

En su denuncia, la exfiscal expone que cuando el abogado Ricardo Gaviria, primer defensor de Nicolás Petro, tomó el caso, se acercó con la propuesta de terminar anticipadamente el proceso. Esta iniciativa buscaba retirar los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y que el expediente se redirigiera únicamente hacia una investigación por presunta estafa. Laborde relata que el abogado Gaviria le informó que socializaría la propuesta con "Presidencia" y que después le transmitió que "en Presidencia no la aprobaron porque Colombia quedaría mal internacionalmente si el hijo del presidente era condenado por lavado de activos".

Según la exfiscal, en septiembre de 2024 se reunió con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y allí recibió la sugerencia de retirar el delito de lavado de activos a Nicolás Petro y dejar solo el de enriquecimiento ilícito. En ese encuentro también estuvo presente la fiscal Liliana Trujillo. Se discutió, además, la posibilidad de investigar la eventual entrada de 15.000 millones de pesos colombianos a través de la fundación Fucoso a la campaña presidencial de 2022, de acuerdo con lo consignado en la denuncia revelada por El Espectador.

Tras negarse expresamente a modificar la calificación jurídica del caso, Laborde declaró que fue objeto de retaliaciones: fue trasladada a Barranquilla, varios de sus colaboradores salieron de la institución y habría habido acceso irregular a información de su despacho por parte del abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro. Ella ordenó una auditoría al Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), detectando que integrantes de la Policía accedieron a procesos que tenía a su cargo. Además, señala que en su contra se tomaron decisiones abruptas, como el nombramiento no solicitado de un fiscal de apoyo. Todo esto, asegura la exfiscal, habría culminado con su salida de la Fiscalía.

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¿Qué denuncias hizo la exfiscal Lucy Laborde sobre el caso de Nicolás Petro?

La exfiscal Lucy Laborde denunció ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que fue objeto de presiones por parte de la fiscal general Luz Adriana Camargo para cerrar el caso contra Nicolás Petro y modificar la calificación jurídica, eliminando el delito de lavado de activos. Laborde también relató supuestas retaliaciones por negarse a estas presiones, como su traslado y la salida de sus colaboradores de la Fiscalía, además de accesos irregulares a los procesos bajo su responsabilidad.

¿Qué significa prevaricato y por qué es relevante en la denuncia de la exfiscal?

Prevaricato es un delito cometido por un funcionario público que consiste en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, contrariando la ley. En el caso de la exfiscal Lucy Laborde, ella acusa a la fiscal general Luz Adriana Camargo de incurrir en prevaricato al presuntamente sugerir o imponer acciones que afectarían la independencia del proceso penal contra Nicolás Petro.

Posteriormente, las autoridades procedieron a realizar un registro personal, en el cual encontraron varios paquetes rectangulares adheridos a los cuerpos de las sospechosas. La inspección reveló un total de dieciocho paquetes distribuidos entre ambas mujeres, con 5.445 gramos de cocaína y 4.315 gramos de marihuana, para un total de 9.760 gramos de estupefacientes. Según datos proporcionados por la Policía, el cargamento tenía como destino la ciudad de Cali.

Las dos capturadas, una de nacionalidad colombiana y otra extranjera, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con la droga incautada. Ahora, deberán responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, conforme a la normativa vigente en Colombia.

En otro hecho registrado dentro de la misma terminal aérea, la Policía Aeroportuaria incautó un segundo cargamento de droga. En este caso, los uniformados detectaron una maleta abandonada en una de las bandas de equipaje de la terminal internacional. Según declaraciones de la Teniente Coronel Carolina Ibagué, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto y referenciadas por El Espectador, la maleta, sin ningún tipo de identificación, fue sometida a revisión con el apoyo del canino ‘Paris’, el cual dio alerta positiva durante la inspección física. En su interior se hallaron ocho paquetes envueltos en vinipel negro; las pruebas de rigor confirmaron que contenían un total de 8,8 kilogramos de clorhidrato de cocaína. El destino final de este cargamento era Toronto, Canadá.

Ambos casos reflejan la constante vigilancia en la principal terminal aérea del país y la utilización tanto de tecnología como de equipos caninos para detectar intentos de tráfico de estupefacientes hacia destinos nacionales e internacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo detecta la Policía el tráfico de drogas en el aeropuerto El Dorado?

La detección de narcóticos en el aeropuerto El Dorado, de acuerdo con informes de la Policía Metropolitana de Bogotá y testimonios oficiales consignados en El Espectador, se apoya en la vigilancia constante con cámaras de seguridad, la observación de comportamientos sospechosos de los pasajeros y procedimientos de registro físico. Adicionalmente, los equipos especializados utilizan caninos entrenados para alertar sobre la presencia de sustancias ilegales en equipajes, incluso cuando están ocultas.

¿Qué pena enfrentan las personas capturadas por tráfico de estupefacientes en Colombia?

Según la información citada en el artículo, las personas puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes deben responder ante la justicia colombiana. Este delito está tipificado en la legislación del país y contempla penas privativas de libertad para quienes sean hallados responsables.

La Presidencia esclareció que la inconsistencia no obedecía a una intención de ocultamiento ni a estrategias patrimoniales o tributarias. Según la Casa de Nariño, fue un "error humano" durante el diligenciamiento y cargue de la información al SIGEP II, cuando la persona encargada marcó una opción incorrecta. Las autoridades enfatizaron que, tras una revisión de los documentos de soporte, la información fue actualizada para reflejar el vínculo matrimonial del mandatario y ajustar cualquier otro dato omitido o consignado de manera parcial.

En la versión corregida, publicada luego de que Cambio revelara las inconsistencias, ya aparece registrada Ana Lucía Pineda como esposa de De la Espriella. Según la nueva declaración, los intereses personales de Pineda no representan conflictos frente a las funciones del presidente. Además, el ajuste no solo abarcó el estado civil: mientras que la primera publicación señalaba ingresos superiores a $10.272 millones y omitía propiedades, cuentas y sociedades, la actualización reportó bienes patrimoniales por más de $20.455 millones, obligaciones, varias cuentas bancarias nacionales e internacionales y participación en la sociedad Cosenza S.A.S.

La Ley 2013 de 2019 exige a funcionarios como el presidente hacer pública información clara y verificable sobre sus bienes, rentas y conflictos de interés. Esto permite la vigilancia ciudadana y garantiza transparencia, por lo que cualquier inexactitud —incluso por error administrativo— implica cuestionamientos y un mayor escrutinio. La Casa de Nariño reiteró que corregir oportunamente también forma parte del principio de transparencia.

Finalmente, la declaración tributaria ante la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) no experimentó cambios. La modificación central ocurrió en el formulario patrimonial y de intereses que se publica como mecanismo de rendición de cuentas ante la ciudadanía, reforzando la importancia de controles antes de su divulgación.

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¿Por qué fue necesario corregir la declaración de bienes y rentas del presidente Abelardo de la Espriella?

La corrección se hizo indispensable debido a que la primera versión de la declaración omitía información clave, como el estado civil del mandatario, pese a que está casado con Ana Lucía Pineda. De acuerdo con la Presidencia, esto se debió a un error humano en el diligenciamiento del SIGEP II, por lo que la información se ajustó para cumplir con los estándares de veracidad y transparencia que exige la ley.

¿Qué información debe incluir la declaración pública de bienes según la Ley 2013 de 2019?

La Ley 2013 de 2019 obliga a ciertos servidores públicos, entre ellos el presidente, a divulgar su declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración de impuestos sobre la renta. Toda esta información debe ser clara, fidedigna y completa, con el fin de garantizar controles y prevenir conflictos en el ejercicio de funciones públicas.

Durante este periodo inicial, el Palacio de San Carlos —en donde el canciller Ómar Bula cedió su tradicional oficina del segundo piso para uso exclusivo del jefe de Estado— concentró los consejos de ministros, reuniones oficiales y anuncios de gobierno. Sin embargo, la operación en esta zona histórica trajo consigo desafíos colaterales, pues cada llegada del mandatario implicaba el cierre de varias vías sobre la calle 10 con carrera 5, afectando el tránsito de turistas y la actividad de los vendedores ambulantes del sector.

De acuerdo con El Tiempo. detrás de este cambio de rumbo figuran razones técnicas de estructura, logística y seguridad. Mientras que el Palacio de San Carlos requeriría una profunda ampliación interna para albergar a los funcionarios, equipos tecnológicos y sistemas de seguridad de la Presidencia, la Casa de Nariño cuenta con las adecuaciones óptimas. Al respecto, el arquitecto de la Universidad Nacional Enrique Uribe Botero destacó en una columna las diferencias logísticas: “La Casa de Nariño cuenta con helipuerto y, además, con una conexión inmediata con la avenida sexta, que permitiría una rápida evacuación en caso de una asonada o de cualquier otra situación de emergencia. A ello se suman las carreras séptima y octava, que ofrecen vías adicionales de acceso y evacuación”.

Aunque el presidente mantendrá su política de gobernar de manera descentralizada —utilizando también su sede alterna en Barranquilla—, este nuevo giro modifica de tajo los planes que se le habían encomendado a la ministra de Cultura, Paola Holguín, para transformar el histórico recinto en un espacio museístico, devolviéndole al Palacio presidencial su rol central en la administración del Ejecutivo.

Las declaraciones de Matiz subrayan que, según su criterio, las amenazas provienen de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y de otros grupos delincuenciales que estarían buscando fomentar caos y confrontación en la región. Frente a esta situación, la mandataria ha solicitado a las autoridades una investigación exhaustiva y ágil para determinar quiénes son los responsables de estos mensajes intimidatorios, enfatizando la importancia de que todas las amenazas sean esclarecidas, sin importar el trasfondo ideológico o la posición política de quienes resulten afectados.

Matiz extendió también su llamado a la fiscalía y organismos competentes para que su caso reciba una atención similar a la de otros actores políticos que igualmente han denunciado intimidaciones en el Tolima. De acuerdo con su pronunciamiento, la investigación debe priorizar el bienestar y seguridad de quienes ejercen cargos públicos o lideran procesos en zonas donde la violencia persiste como una amenaza latente.

El reciente comunicado de la gobernadora hizo alusión, además, a los hechos ocurridos el jueves pasado durante la emergencia producida por incendios en Gualanday. La mandataria afirmó que, en esa ocasión, un grupo de personas confrontó e increpó a bomberos voluntarios, policías y demás autoridades que trabajaban en el control de la emergencia, lo cual, según Matiz, agrava el clima de hostilidad hacia quienes buscan proteger a la población. Ante este contexto, Matiz instó a la comunidad del Tolima a mantenerse unida para rechazar cualquier acto de intimidación y violencia.

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¿Qué ha dicho Adriana Magali Matiz sobre las amenazas en su contra?

Adriana Magali Matiz señaló que las amenazas recibidas están relacionadas con las decisiones tomadas desde su gobierno para enfrentar a los grupos violentos en Tolima. Según indicó la gobernadora, las intimidaciones provendrían de disidencias de las Farc y otros grupos delincuenciales, por lo cual pidió una investigación pronta para identificar a los responsables y reforzar la seguridad de los líderes regionales.

¿Qué ocurrió durante la atención de los incendios en Gualanday según la gobernadora del Tolima?

De acuerdo con la mandataria, el pasado jueves mientras bomberos, policías y otras autoridades atendían la emergencia causada por incendios en Gualanday, un grupo de personas los increpó y hostigó. Matiz considera que este tipo de situaciones contribuyen a la hostilidad contra quienes trabajan en la protección y cuidado de la población del departamento.

El video publicado por el mandatario llamó especialmente la atención por las imágenes de los internos durante el operativo: aparecen con las manos y los pies esposados, con el cabello rapado y vestidos con uniformes, mientras son trasladados hacia un avión.

La escena rápidamente recordó las imágenes difundidas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante los traslados de integrantes de estructuras criminales hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde los reclusos son movilizados bajo fuertes medidas de seguridad.

(Vea también: “Los tratan de esclavos”: hombre que salió de cárcel de Bukele reveló cómo viven colombianos presos)

De la Espriella acompañó el video con un mensaje en el que dejó clara la postura de su Gobierno frente al control de las cárceles.

“El orden no lo negocio con criminales: lo garantizo con la fuerza legítima, contundente y demoledora del Estado”.

Según explicó el mandatario, la operación se realizó bajo su orden directa y tuvo como objetivo acabar con lo que calificó como “privilegios” de algunos presos y evitar que continuaran coordinando actividades criminales desde los centros de reclusión.

“Les acabé los privilegios, el control criminal tras las rejas y las oficinas del delito desde donde pretendían extorsionar, amenazar y sembrar miedo entre la gente trabajadora”, aseguró.

El orden no lo negocio con criminales: lo garantizo con la fuerza legítima, contundente y demoledora del Estado.

Bajo mi orden directa, trasladamos de manera inmediata a 20 delincuentes de alta peligrosidad desde las cárceles de Barranquilla hacia distintos centros… pic.twitter.com/lAr72ivFkt

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 26, 2026

¿Quiénes son los presos trasladados?

Los 20 privados de la libertad permanecían en diferentes lugares de Barranquilla. Diez estaban en estaciones de Policía y los otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de la ciudad.

Entre los trasladados aparecen personas señaladas de pertenecer a estructuras como Los Costeños y Los Pepes.

En el listado están Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias ‘Rodrigo’ o ‘El Gamo’, señalado de pertenecer a Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias ‘El Lobo’ o ‘Comandante Gabino’, de Los Costeños; y Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias ‘Caballo’, también señalado como integrante de esa organización.

También fueron mencionados Erick Fabián Molina Mendoza, Carlos Mario Polo Pérez, alias ‘Pastel’; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias ‘Makelele’; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias ‘Chocolate’; José Eulises Flórez Blanco, alias ‘Ñeco’; José Luis Barrios Álvarez, alias ‘El Huequito’; Dairo Luis García Quintero, alias ‘El Pequeño’, y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias ‘El Gordo Pan’.

El Gobierno informó que el traslado se hizo con apoyo de la Fuerza Pública y bajo “extremas medidas de seguridad”, con el propósito de evitar fugas, rescates o atentados.

¿Qué pasará con ellos?

Los 20 presos fueron llevados inicialmente a Bogotá, pero no necesariamente permanecerán allí. De acuerdo con la orden anunciada por el presidente, durante los siguientes 15 días serán distribuidos en diferentes establecimientos penitenciarios del país, según las determinaciones de seguridad que adopte el Inpec.

De la Espriella aseguró que la intención es impedir que las estructuras criminales sigan utilizando las cárceles como centros de operaciones.

“La orden presidencial es clara: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen”, afirmó.

Y cerró con una advertencia que resume la política carcelaria que pretende imponer su Gobierno:

“Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes. Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen”.

Castañeda llega a Migración Colombia después de una carrera destacada en la Policía Nacional, donde su último cargo como oficial activo lo llevó en 2018 a liderar el Departamento de Policía Cesar. A lo largo de su trayectoria, se desempeñó en áreas de inteligencia y en operaciones contra estructuras ilegales, experiencia que, ahora, resulta fundamental para dirigir una institución encargada de vigilar la entrada, permanencia y salida de extranjeros en el territorio nacional.

La decisión de ubicar al excomandante del Cesar al frente de Migración Colombia se da en un contexto marcado por los recientes anuncios del presidente Abelardo de la Espriella. De acuerdo con las declaraciones del mandatario, el Ejecutivo ha dispuesto realizar operativos coordinados junto con la Policía, enfocados inicialmente en extranjeros que cometen delitos y, en segundo lugar, en quienes tengan su situación migratoria irregular. De la Espriella enfatizó en la prioridad nacional afirmando: "Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos". Además, instruyó a las autoridades a iniciar esta misma semana los procedimientos de deportación para los casos que correspondan.

El jefe de Estado recordó que la política migratoria estricta fue uno de los compromisos adquiridos durante su campaña presidencial y que, ya en ejercicio gubernamental, busca ejecutar sin excepciones. "No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo delitos. Se van y los deportamos", reiteró el presidente De la Espriella, postura que marca la nueva línea de acción para Migración Colombia bajo la conducción de Castañeda.

¿Quién es José Luis Castañeda, nuevo director de Migración Colombia?

José Luis Castañeda es teniente coronel retirado de la Policía Nacional, con una carrera que incluye la comandancia del Departamento de Policía Cesar y experiencia en inteligencia y operaciones contra estructuras ilegales. Ahora, asume el liderazgo de Migración Colombia, la entidad estatal encargada de regular el ingreso, permanencia y salida de extranjeros del país.

¿Qué cambios trae la nueva política migratoria de Abelardo de la Espriella?

La política migratoria anunciada por el presidente De la Espriella prioriza la expulsión de extranjeros en situación irregular, principalmente aquellos que cometen delitos, y posteriormente a quienes no hayan regularizado su estatus migratorio. Esta orientación busca fortalecer el control en la frontera y dar respuesta a uno de los compromisos presidenciales del actual gobierno.

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La secuencia del accidente apunta a una colisión inicial entre la motocicleta y el taxi; posteriormente, por la fuerza del impacto o por la dinámica del suceso, el conductor de la motocicleta acabó en una posición de alto riesgo, bajo el camión cercano. Ante la emergencia, se activaron rápidamente los protocolos correspondientes. Unidades de tránsito y organismos de atención arribaron al sitio para asistir a los afectados y controlar la situación, garantizando la seguridad del lugar y facilitando la movilidad de los demás ciudadanos que transitaban por el sector en ese momento.

El motociclista fue hallado con lesiones producto del accidente y trasladado de inmediato a un centro asistencial, con el propósito de recibir atención médica oportuna. Hasta el cierre de la información, no se mencionan detalles adicionales sobre su estado de salud, ni sobre la existencia de otros lesionados. Las autoridades competentes tienen la responsabilidad de esclarecer las causas que derivaron en este accidente. Será a través de las investigaciones correspondientes que se puedan determinar las circunstancias exactas en las que se presentaron los hechos y, eventualmente, establecer responsabilidades por parte de los implicados.

De este modo, la comunidad espera la versión oficial tras el análisis de las autoridades; por ahora, se sabe que el accidente involucró a dos de los vehículos más frecuentemente usados en la movilidad urbana de Ibagué, poniendo en evidencia, una vez más, la importancia de la precaución y la diligencia en las vías de la ciudad.

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¿Cómo ocurrió el accidente de tránsito en la calle 37 con carrera 12 de Ibagué?

El accidente se presentó cuando una motocicleta colisionó con un taxi de placas SMR 653. Según la información conocida, después del choque, el conductor de la motocicleta terminó debajo de un camión que se encontraba en el sector. Las autoridades llegaron al lugar para atender la emergencia y trasladar al lesionado a un centro asistencial, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del incidente.

¿Qué pasos seguirán las autoridades tras el accidente entre una motocicleta y un taxi en Ibagué?

Después del accidente, las autoridades competentes realizarán las investigaciones necesarias para establecer las circunstancias del siniestro. Esto implica la recopilación de pruebas y testimonios en el lugar del hecho para determinar las posibles responsabilidades de los involucrados, así como emitir un reporte oficial sobre lo sucedido en el cruce de la calle 37 con carrera 12.

La decisión quedó formalizada este martes 25 de agosto mediante el Decreto 1289 de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda. El documento establece que se declara insubsistente el nombramiento ordinario de Mejía como director general de la UIAF, cargo al que había llegado en abril de este año, todavía durante la administración Petro.

Sin embargo, casi que al mismo tiempo que se hacía pública esta decisión, Mejía estaba presentado su renuncia al presidente Abelardo de la Espriella. En una carta dirigida al mandatario, manifestó que la dimisión era voluntaria y dejó en sus manos decidir cuándo debía hacerse efectiva.

“Con el mayor respeto y en ejercicio de la confianza que el cargo exige, me dirijo a usted con el propósito de presentar, de forma voluntaria, mi renuncia al cargo de Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con efectividad desde el momento en que usted así lo determine”, escribió.

También aseguró estar dispuesto a facilitar el empalme con la nueva administración para garantizar la continuidad de las funciones de la entidad.

Pero lo más curioso es que Wilmar Mejía esperó casi 20 días para presentar su renuncia. Mientras muchos funcionarios salieron incluso antes de la llegada del nuevo Gobierno, él siguió en el cargo y, según contaron en Caracol Radio, seguía en la oficina que ocupó en la administración de Petro.

Quién es Wílmar Mejía

Mejía tuvo varios cargos relevantes durante el Gobierno Petro. Además de llegar a la dirección de la UIAF en abril de 2026, ocupó la Dirección de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y fue delegado de la Presidencia ante la Universidad de Antioquia.

Su trayectoria en el Gobierno anterior estuvo acompañada de cuestionamientos e investigaciones relacionadas con sus presuntos vínculos con alias Calarcá, jefe de una estructura disidente de las Farc.

Los señalamientos surgieron después de que fueran conocidos documentos encontrados en computadores incautados a miembros de esa organización. Según las investigaciones citadas, Mejía habría sido señalado por presuntamente entregar códigos de frecuencia radial de la Fuerza Pública y brindar apoyo para la creación de empresas de seguridad que permitieran legalizar armas.

También se investigaron posibles relaciones que habrían facilitado el acceso de grupos armados a información clasificada de las Fuerzas Militares.

Sin embargo, ninguno de estos señalamientos aparece como la razón específica de su salida en el Decreto 1289. El documento únicamente establece la declaratoria de insubsistencia y no expone los motivos particulares que llevaron al Gobierno a tomar la decisión.

La salida de Mejía se suma así al proceso de renovación de funcionarios que heredó la administración de Abelardo de la Espriella del Gobierno Petro, particularmente en entidades consideradas estratégicas. En este caso, el funcionario presentó su renuncia, pero finalmente el Gobierno optó por formalizar su salida mediante la declaratoria de insubsistencia.

La Plaza de Bolívar, antes repleta de vida, ahora se percibe solitaria y triste. Los recuerdos de familias alimentando a las palomas, turistas fotografiándose junto al monumento del Bolívar Desnudo y la rutina de los habitantes locales pertenecen al pasado reciente. Los más afectados son los vendedores informales, en este caso los lustrabotas, quienes dependen completamente de la clientela de paso. La ausencia de ciudadanos deja a estos trabajadores sin labor y, por ende, sin sustento para ellos y sus familias.

Uno de los testimonios más representativos es el de Pedro Bernal, bogotano que ha hecho de Pereira su hogar durante cuatro décadas dedicadas a la labor de lustrabotas, primero en el Parque La Libertad y desde hace diez años en la Plaza de Bolívar. Para él, este es más que un puesto de trabajo: es su segunda casa, el lugar donde ha forjado vínculos y construido su vida.

El día del terremoto, a pesar del peligro y la confusión, Pedro mantuvo la calma. Según relata con humor, "empecé a bailar cuando inició el terremoto", e incluso presenció la caída de estructuras cercanas, aferrándose a su puesto. Solo después de que pasó el peligro, pudo comunicarse con su familia en Bogotá para tranquilizarlos, ya que no tiene celular y recurrió a un teléfono público.

Bernal destaca que el trabajo se ha reducido a cero; en jornadas donde antes atendía varios clientes desde las seis de la mañana, ahora pasan horas sin que alguien requiera sus servicios. Señala además que han recibido sugerencias de las autoridades para abandonar la plaza, pero sostiene que no tienen otra alternativa porque viven del día a día. El valor de una ‘lustradita’ es de cuatro mil pesos, pero en días recientes no ha recibido ningún ingreso.

Este sentimiento de desolación y tristeza es compartido por quienes consideran la plaza un símbolo del empuje pereirano. Ahora, piden a la Alcaldía de Pereira que no los olvide y que los incluya en las ayudas y subsidios, ya que dependen completamente de la actividad en la plaza para sobrevivir.

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¿Cómo afectó el terremoto a los lustrabotas de la Plaza de Bolívar en Pereira?

De acuerdo con el reportaje de El Diario, después del terremoto del 10 de agosto la afluencia de personas en la Plaza de Bolívar disminuyó de forma relevante, dejando a los lustrabotas sin clientes y, en consecuencia, sin ingresos. Su actividad, que depende de la presencia diaria de transeúntes y visitantes, prácticamente se paralizó, afectando directamente su economía y su bienestar.

¿Qué solicitudes tienen los lustrabotas afectados hacia la Alcaldía de Pereira?

Los lustrabotas, como relata Pedro Bernal y otros compañeros, esperan que la Alcaldía de Pereira los tenga en cuenta para futuras ayudas y subsidios, ya que consideran que su sector ha sido invisible en medio de la crisis. La falta de ingresos los pone en una situación de vulnerabilidad, motivo por el cual solicitan ser incluidos en programas de apoyo y asistencia tras el sismo.

El proceso electoral dejó una mayoría de siete puestos en manos de partidos diferentes al Pacto Histórico, colectividad que logró asegurar dos magistraturas, específicamente para Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista. Cambio Radical, por su parte, retuvo una posición, que quedó en manos de Gersel Luis Pérez. Los demás elegidos representan al Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Salvación Nacional y MIRA. Se prevé que los nuevos magistrados asumirán sus cargos en septiembre y reemplazarán a quienes ejercieron de 2022 a 2026.

El sistema de cifra repartidora fue clave en la distribución de los puestos. La plancha más votada –apoyada por el Centro Democrático, Liberal, Conservador, La U, Salvación Nacional y MIRA– obtuvo 169 votos y seis magistraturas. La segunda, respaldada por el Pacto Histórico, AICO y En Marcha, consiguió 77 votos y dos asientos. La tercera, centrada en la candidatura de Gersel Pérez, recibió 28 votos y posibilitó su elección. El Pacto Histórico buscó una tercera posición para el exministro del Interior Guillermo Rivera, sin lograrlo, igual que Alirio Uribe y Gabriel Bustamante.

Entre los perfiles seleccionados destacan excongresistas y servidores públicos con experiencia en derecho electoral. Nubia Stella Martínez, abogada de la Javeriana y exdirectora del Centro Democrático; Silvio Carrasquilla, con tres periodos en la Cámara; y Juan Carlos Wills, abogado y exrepresentante de Bogotá. El Consejo Nacional Electoral, según la Constitución, tiene nueve miembros elegidos por el Congreso mediante la cifra repartidora, garantizando representación de las fuerzas políticas. El CNE tiene entre sus competencias supervisar la actividad electoral, intervenir en temas de financiación y decidir sobre personerías jurídicas y habilitaciones. La reciente elección no solo actualizó los miembros del CNE, sino que definió el equilibrio político de la autoridad que vigilará las próximas elecciones en Colombia hasta 2030.

¿Cuántos magistrados del CNE logró elegir el Pacto Histórico y quiénes son?

El Pacto Histórico consiguió dos de las nueve magistraturas del Consejo Nacional Electoral para el periodo 2026-2030, de acuerdo con El Diario. Estas posiciones fueron ocupadas por las abogadas Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista, quienes cuentan con experiencia en la administración pública y en temas de derechos humanos, respectivamente.

¿Cómo se distribuyeron los nueve puestos del CNE entre los partidos políticos?

Los nueve puestos del CNE para 2026-2030 se repartieron según el sistema de cifra repartidora: seis magistraturas para la plancha mayoritaria apoyada por el Centro Democrático, Liberal, Conservador, La U, Salvación Nacional y MIRA; dos para la coalición encabezada por el Pacto Histórico; y uno para Cambio Radical. Esta distribución refleja la fuerza política de cada sector en el Congreso, como lo señala El Diario.

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De acuerdo con lo reportado por la institución, la intervención de los uniformados permitió no solo evitar que el robo se concretara sino también activar de inmediato un operativo de seguridad en el área. El procedimiento resultó en la aprehensión de dos personas, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, lo que representa un paso clave en el proceso para esclarecer los hechos e identificar las responsabilidades individuales.

Durante el operativo, la Policía informó sobre la incautación de un arma de fuego y otros elementos que fueron hallados en posesión de los capturados. Según las autoridades, estos objetos estarían directamente relacionados con el presunto intento de hurto contra la entidad bancaria. La incautación de esta clase de evidencia resulta fundamental tanto para ampliar los elementos materiales probatorios como para fortalecer la acusación durante el proceso de judicialización.

En este momento, las autoridades continúan trabajando en la plena identificación de los detenidos y avanzan en las distintas líneas de investigación para determinar si existen más personas involucradas en el caso. La Policía recalcó que es determinante esclarecer si este hecho delictivo correspondía a una organización más amplia o si fue cometido únicamente por los dos capturados. Hasta ahora, la información oficial se centra en la actuación de los uniformados y en los procedimientos adelantados para lograr estos resultados.

De esta manera, el frustrado intento de hurto en el Banco Agrario de Aipe y las posteriores capturas resaltan los resultados de los operativos de seguridad desarrollados por la Policía, enmarcados en programas específicos como el Plan Cazador.

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¿Qué es el Plan Cazador y cómo actúa ante casos de hurto en bancos?

El Plan Cazador es una estrategia implementada por la Policía para prevenir y reaccionar ante hechos delictivos en tiempo real. En el caso de intentos de hurto a bancos, como el sucedido en el Banco Agrario de Aipe, este plan permite una respuesta ágil para desplegar operativos de seguridad y capturar a los responsables durante la comisión del delito.

¿Cuáles son los pasos que siguen las autoridades tras capturar a presuntos responsables de un hurto?

Una vez ocurren las capturas, la Policía pone a los presuntos responsables a disposición de las autoridades judiciales competentes. Luego, se avanza en la identificación de los detenidos y se investigan posibles vínculos con otras personas o hechos similares. Además, los elementos incautados, como armas o herramientas, se analizan como evidencia dentro de la investigación.

En medio de esa situación, un vehículo de carga que circulaba por el mismo sector habría arrollado al joven motociclista. Debido a las graves heridas sufridas en el fuerte impacto, Cerquera Garzón falleció en el lugar de los hechos. La rápida sucesión de los eventos y la presencia tanto de motociclistas como de vehículos pesados en la vía han llevado a que las autoridades se enfoquen en esclarecer la dinámica exacta del accidente.

Circula un video en el que se mostraría parte del accidente, lo que podría ser clave para determinar cómo sucedió el siniestro. Sin embargo, hasta el momento, la confirmación de detalles y la definición de responsabilidades permanece bajo investigación oficial. Las autoridades serán quienes establezcan cómo se produjeron los hechos y quiénes podrían ser responsables, si corresponde.

Este hecho ha causado profunda tristeza entre los familiares, amigos y conocidos de Cerquera Garzón. La Institución Educativa Técnica Jiménez de Quesada, de la que el joven era egresado, también manifestó su dolor con un mensaje de condolencias, resaltando el vacío que deja en la comunidad este lamentable suceso. La noticia ha conmocionado al entorno cercano de la víctima y ha motivado muestras de solidaridad de aquellos que compartieron con él diferentes etapas de la vida.

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¿Qué causó el accidente en el que falleció Duván Esteban Cerquera Garzón en Armero Guayabal?

La información oficial señala que Duván Esteban Cerquera Garzón perdió el control de su motocicleta y chocó con otro motociclista, lo que provocó que cayera sobre la vía. Posteriormente, un vehículo de carga que circulaba por el lugar lo arrolló, causándole la muerte inmediata. Las circunstancias específicas aún son materia de investigación, y las autoridades trabajan para establecer cómo y por qué se produjo el siniestro y determinar las responsabilidades.

¿Qué han dicho las autoridades y la comunidad sobre la muerte de Duván Esteban Cerquera Garzón?

Tras el accidente, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los detalles y determinar responsabilidades. Por su parte, la comunidad y la Institución Educativa Técnica Jiménez de Quesada, de la que Cerquera era egresado, manifestaron dolor y enviaron condolencias a la familia del joven. El caso ha generado una ola de solidaridad y tristeza entre allegados y quienes compartieron con él.

Luego del atentado, padre e hijo fueron rápidamente trasladados al Hospital Universitario de Cartago, donde recibieron atención médica de urgencia. Hasta el cierre de la edición de la noticia, el pronóstico de los heridos se mantenía reservado, por lo que no se conoce el estado actual de salud de las víctimas. Este hecho ha causado conmoción entre la comunidad local, que observa con preocupación el aumento de episodios violentos de este tipo.

De acuerdo con la información proporcionada por El Diario, las autoridades policiales llegaron al sitio del suceso minutos después del ataque. Allí procedieron a acordonar el lugar y realizar la inspección judicial, con el fin de recolectar pruebas y testimonios que permitan esclarecer los hechos. Unidades de criminalística adscritas a la Sección de Investigación Criminal (Sijín) adelantaron labores técnicas y recopilaron elementos materiales de prueba que podrían resultar fundamentales en el avance de la investigación.

Las autoridades ahora centran sus esfuerzos en determinar quiénes fueron los autores del atentado y cuál podría ser la motivación detrás de este intento de homicidio. Hasta la fecha, no se han reportado capturas y el caso sigue en investigación, mientras los allegados de las víctimas esperan respuestas sobre lo sucedido.

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¿Qué hicieron las autoridades tras el ataque sicarial en el parqueadero de Cartago?

Luego de conocerse el atentado, la Policía llegó al parqueadero, acordonó la escena y realizó la inspección judicial. Posteriormente, unidades de criminalística de la Sijín trabajaron en la recolección de pruebas y elementos que permitan esclarecer quiénes fueron los autores y el motivo del ataque, según reportó El Diario.

¿Cuál es el estado de salud de Sneider Londoño y su padre tras el atentado?

De acuerdo con la información proporcionada hasta el cierre de la edición por El Diario, tanto Sneider Londoño Álvarez como su padre, José Martín Londoño, se encontraban bajo atención médica en el Hospital Universitario de Cartago, y su pronóstico era reservado en ese momento.

En respuesta a este hecho, la empresa Cointrasur anunció de manera oficial la reactivación progresiva de sus servicios a partir del miércoles 26 de agosto de 2026. De acuerdo con la comunicación de la empresa, la taquilla ubicada en Planadas nuevamente atenderá a los usuarios desde las 2:00 de la tarde, permitiendo a los habitantes de la región retomar sus desplazamientos habituales.

Cointrasur detalló los nuevos horarios habilitados para la ruta hacia Ibagué, principal ciudad de destino para muchos viajeros: los despachos estarán disponibles a la medianoche, a las 2:00 y 4:00 de la mañana, así como a las 11:00 de la mañana y 2:00 de la tarde, cubriendo distintas necesidades de transporte a lo largo del día. Esta acción busca normalizar la movilidad luego del impacto causado por el incendio del bus y responde a la demanda de los usuarios que necesitan conectar con la capital tolimense.

Además, los servicios hacia Bogotá estarán disponibles desde el mediodía, con salidas a las 12:30 p.m. y a las 9:00 p.m., horarios diseñados para quienes requieren viajar a la capital del país. En cuanto al municipio de Chaparral, los despachos estarán programados a la 1:00 y 3:00 de la tarde. Todos estos horarios fueron informados directamente por Cointrasur.

La reactivación completa de servicios está prevista a partir del jueves 27 de agosto, cuando todas las líneas, rutas y frecuencias volverán a operar con normalidad. La empresa ha expresado su agradecimiento por la paciencia de los usuarios durante este periodo de contingencia e hizo un llamado a la comunidad para seguir confiando en sus servicios de transporte.

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¿Cuáles son los horarios de Cointrasur tras el incendio en la ruta desde Ibagué?

Según la información oficial proporcionada por Cointrasur, los horarios hacia Ibagué serán a la medianoche, 2:00 y 4:00 de la mañana, así como a las 11:00 de la mañana y 2:00 de la tarde. Para Bogotá, se habilitaron salidas a las 12:30 del mediodía y 9:00 de la noche. En el caso de Chaparral, habrá despachos a la 1:00 y 3:00 de la tarde.

¿Cuándo se normalizarán todas las rutas y líneas de Cointrasur en el sur del Tolima?

La empresa Cointrasur informó que desde el jueves 27 de agosto todas sus líneas y rutas retomarán la operación habitual, permitiendo que los usuarios del sur del Tolima tengan nuevamente acceso a los servicios habituales de transporte.

Tras conocerse la noticia, unidades de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se dirigieron al sitio para adelantar los procedimientos judiciales pertinentes. Los funcionarios llevaron a cabo el respectivo levantamiento de los cuerpos e iniciaron la recopilación de pruebas fundamentales para avanzar en la investigación. Las autoridades, hasta el momento, no han hecho pública la identidad de las víctimas, lo cual mantiene a familiares y habitantes de la zona a la espera de información oficial.

Las primeras versiones sobre el crimen señalan que podría tratarse de un ataque sicarial, es decir, un asesinato cometido por encargo, donde generalmente intervienen sicarios que actúan a cambio de algún tipo de beneficio económico. Sin embargo, las autoridades han señalado que, aunque esta hipótesis cobra relevancia por las circunstancias observadas, es necesario esperar los resultados de las investigaciones y el análisis detallado de las pruebas recolectadas. La confirmación del motivo y la identificación de los responsables dependerá de la labor coordinada entre los organismos judiciales y la información brindada por la comunidad.

La zozobra e intranquilidad se apoderan de los habitantes de La Magdalena y sectores aledaños, quienes ahora exigen respuestas claras por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía. De acuerdo con lo informado por estos entes, se mantienen operativos y labores de inteligencia con el propósito de esclarecer los hechos y ofrecer garantías de seguridad a la ciudadanía.

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¿Qué se sabe sobre las víctimas del doble homicidio en El Espinal?

Hasta el momento, según la información revelada por las autoridades y recogida en los primeros reportes, no se ha confirmado oficialmente la identidad de los dos jóvenes hallados sin vida en la urbanización La Magdalena. Tanto la Policía Nacional como el CTI de la Fiscalía continúan con las investigaciones y realizarán nuevas diligencias para establecer con certeza su identidad y esclarecer el contexto de los hechos.

¿Por qué se considera que este doble homicidio podría estar relacionado con un ataque sicarial?

Las primeras informaciones mencionan la posibilidad de que el doble homicidio esté vinculado con un ataque sicarial debido al modo en que se cometió el crimen y las características observadas en la escena. Sin embargo, las autoridades han recalcado que es una hipótesis inicial basada en los indicios recolectados y que solo a través del avance de las investigaciones se podrá determinar con precisión si hubo sicariato involucrado y cuál sería el motivo.

Según los reportes, alrededor de las 10:15 de la noche, dos individuos que transitaban en una motocicleta se acercaron hasta el lugar donde la víctima se hallaba. Sin pronunciar palabra alguna, uno de los agresores desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra Arbey Molina, quien murió en el sitio a causa de las graves heridas producidas por los proyectiles. Las imágenes del caso, difundidas por el diario, muestran la intervención de las autoridades en el lugar de los hechos, adonde acudieron tan pronto recibieron el aviso sobre el ataque.

La Policía llegó rápidamente y procedió a acordonar el área, con el objetivo de permitir que los equipos de investigación criminal pudiera recoger pruebas y evitar la alteración de la escena. De inmediato, personal de Criminalística de la Sijín –la Seccional de Investigación Judicial y Criminal de la Policía– realizó la inspección técnica del cadáver y recopiló elementos materiales que serán clave para el esclarecimiento del homicidio. Se verificó que Arbey Molina presentaba impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Una vez desarrolladas las primeras diligencias judiciales, los investigadores trasladaron el cuerpo hasta la sede de Medicina Legal en Cartago, donde se llevará a cabo la necropsia correspondiente, procedimiento forense que permitirá establecer oficialmente las causas de la muerte y recolectar información para la investigación.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se han producido capturas relacionadas con el asesinato de Molina Sánchez. El principal propósito de la investigación es identificar a los responsables y determinar las razones detrás del crimen. El caso sigue bajo investigación y la comunidad permanece a la espera de avances oficiales.

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¿Cuál es el estado de la investigación sobre el asesinato de Arbey Molina Sánchez en Ansermanuevo?

La investigación del homicidio de Arbey Molina Sánchez continúa activa. Hasta la fecha, la Policía y el personal de la Sijín han recogido pruebas y realizaron la inspección técnica al cadáver, pero no se han reportado capturas. Las autoridades mantienen el esfuerzo por identificar a los autores del ataque y esclarecer los móviles detrás de este violento hecho, según lo reportado por El Diario.

¿Qué es la necropsia y por qué es importante en un caso de homicidio?

La necropsia es el examen médico legal realizado al cadáver para determinar las causas exactas de la muerte y recolectar evidencia relevante. En casos de homicidio, como el de Arbey Molina Sánchez, este procedimiento es fundamental para confirmar la naturaleza de las lesiones, la cantidad de impactos y cualquier otro detalle que pueda entregar pistas a los investigadores judiciales.

Tras perpetrar el ataque, el agresor huyó en el vehículo por la vía nacional que conecta hacia Chinchiná, en el departamento de Caldas. Los estruendos de los disparos despertaron a los habitantes del sector, quienes al salir de sus viviendas encontraron al hombre gravemente herido tendido en la calle. Pese a la rápida reacción de la comunidad, que lo trasladó de inmediato al Hospital San Vicente de Paúl, los esfuerzos médicos resultaron insuficientes para salvarle la vida, debido a la gravedad de las heridas sufridas en el ataque.

Una vez confirmado el fallecimiento, personal de criminalística de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) se encargó de realizar la inspección técnica de la escena y del cuerpo, procedimiento esencial para la recolección de pruebas y esclarecimiento de hechos en este tipo de casos. Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue remitido a Medicina Legal en Pereira para la realización de la necropsia correspondiente, un estudio basado en términos forenses que permite determinar la causa exacta de la muerte.

De acuerdo con El Diario, esta no era la primera vez que Juan David Millán Ramírez era víctima de un hecho sicarial. El 1 de junio de 2023, ya había sufrido un atentado similar en el barrio La Estación, también de Santa Rosa de Cabal, hecho por el cual Julián Stiven Osorio Montoya, alias ‘La Rata’, fue capturado bajo cargos de tentativa de homicidio. Además, Millán Ramírez registraba varias anotaciones judiciales: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (2026), hurto (2023) y lesiones personales (2017).

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¿Qué antecedentes tenía la víctima del crimen en Santa Rosa de Cabal?

Según la información de El Diario, Juan David Millán Ramírez contaba con anotaciones judiciales previas. Los registros incluían delitos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en 2026, hurto en 2023 y lesiones personales en 2017, además de haber sido víctima de un atentado en 2023.

¿Cómo fue el primer atentado que sufrió Juan David Millán Ramírez?

De acuerdo con El Diario, el primer ataque en contra de Millán Ramírez ocurrió el 1 de junio de 2023 en el barrio La Estación de Santa Rosa de Cabal. En ese caso, fue abordado en vía pública y atacado con arma de fuego. Por este hecho, Julián Stiven Osorio Montoya, alias ‘La Rata’, fue capturado bajo el cargo de tentativa de homicidio.

De acuerdo con los testimonios recogidos, quienes compartieron camino con el sacerdote lo evocan como alguien perseverante, presente en los escenarios más difíciles y dispuesto a acompañar a las familias de los desaparecidos por las veredas y las calles del país. Le recuerdan por haber dedicado no solo su tiempo, sino también su empatía, sus sentidos y su voz, en solidaridad con las víctimas cuyos relatos buscan sobrevivir en medio de innumerables pérdidas.

El padre Giraldo no fue un sacerdote convencional. Aunque se formó académicamente en Filosofía y Teología en la Pontificia Universidad Javeriana y posteriormente se especializó en la Universidad de París I, prefirió apartarse de los despachos y los documentos. El sacerdocio, para él, significó estar junto a las personas en las regiones más abandonadas, habitadas por el dolor y la ausencia del Estado. Inspirado por la doctrina del amor efectivo que le enseñó el sacerdote Camilo Torres, Giraldo buscó durante décadas el rastro de su mentor, hallándolo finalmente después de sesenta años, en 2026.

Como miembro activo del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), dedicó su vida a denunciar las violaciones a los derechos humanos perpetradas por grupos paramilitares, y no dudó en señalar a altos mandos del Ejército cuando existieron evidencias de su permisividad frente a estos abusos. Su paso por la vida, según el legado que reconocen las comunidades, consiste en la lucha constante por la verdad y la justicia, una tarea que compromete a quienes le sobreviven a continuar en defensa de la vida y la esperanza.

¿Quién fue el padre Javier Giraldo y cuál fue su legado en la defensa de los derechos humanos?

El padre Javier Giraldo fue un sacerdote colombiano caracterizado por su labor junto a las comunidades más golpeadas por el conflicto armado. Su legado radica en la defensa de los derechos humanos, la denuncia de los crímenes cometidos por paramilitares y el señalamiento de altos mandos militares implicados en estos hechos, según su trabajo en el Cinep.

¿Cómo influyó la doctrina del amor eficaz, aprendida de Camilo Torres, en la vida del padre Javier Giraldo?

La doctrina del amor eficaz, transmitida por el sacerdote Camilo Torres, marcó profundamente la vocación religiosa de Giraldo, quien entendió que su misión iba más allá del púlpito y debía realizarse al lado de quienes necesitaban apoyo. Esta influencia se tradujo en un servicio comprometido con la verdad, la justicia y la esperanza, tal como describen quienes lo conocieron.

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Al sitio llegaron las autoridades, quienes encontraron a José Alberto tendido en el andén, en medio de un charco de sangre. De inmediato acordonaron la zona para realizar la inspección judicial correspondiente. Integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de Pereira se encargaron de la inspección técnica tanto del lugar como del cuerpo. Como parte del procedimiento, se confirmó que la víctima recibió seis impactos de bala en la cabeza. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal para realizar la necropsia y avanzar con los requerimientos judiciales.

La noticia conmocionó no solo a la familia, sino también a la comunidad de Samaria II. José Alberto vivía con su esposa y era reconocido por dedicarse al arriendo de apartamentos, varios de ellos en el mismo barrio. El día del crimen, salió antes del mediodía para realizar algunos arreglos en un apartamento de su propiedad. Sin embargo, cerca de las 2:45 p. m., su esposa fue contactada por una vecina, quien le informó lo sucedido afuera de la tienda y frente al parque. Esta llamada rompió rotundamente la tranquilidad de la familia Agudelo Arroyave.

De acuerdo con testimonios recogidos por El Diario, quienes conocieron a la víctima lo recuerdan como una persona amable, trabajadora y de buen corazón. Resaltaron que José Alberto era reconocido por evitar conflictos y mantener una relación armoniosa con su comunidad. Su asesinato ha dejado una profunda tristeza y muchas preguntas sin resolver entre vecinos y familiares, quienes aún no comprenden las razones detrás de este hecho, más aún en un contexto donde Pereira ha registrado 107 homicidios en lo corrido del año.

¿Cuáles fueron las circunstancias del asesinato de José Alberto Agudelo Arroyave en Pereira?

El crimen ocurrió el 25 de agosto, en pleno día, mientras José Alberto se encontraba sentado frente a la tienda La Avioneta en el barrio Samaria II. Sin aviso previo, un hombre se acercó, le disparó seis veces en la cabeza y luego huyó. El asesinato ocurrió en un momento de alta emergencia para Pereira por el reciente terremoto y causó gran alarma en la comunidad, según El Diario.

¿Cómo era la relación de José Alberto Agudelo Arroyave con su comunidad en Samaria II?

Según varios testimonios recogidos por El Diario, José Alberto era considerado una persona amable, servicial y trabajadora. Sus vecinos lo recuerdan como una persona de bien, sin antecedentes de conflictos y con una vida dedicada a su familia y al arriendo de apartamentos, lo que hace que su muerte violenta sorprenda y afecte profundamente a su círculo cercano.

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El reporte indica que el Cuerpo de Bomberos de Belén de Umbría intervino rápidamente, trasladando a tres personas que resultaron heridas hasta el Hospital San José para recibir atención médica. Entre los lesionados, Álvaro Martínez Henao sufrió lesiones severas, como un golpe contundente en la cabeza y fractura en la pierna derecha. A pesar de los esfuerzos del personal médico en el hospital, Martínez Henao murió posteriormente debido a la gravedad de sus heridas.

Las otras dos personas heridas fueron identificadas como Sara Jimena Caro Hoyos, de 18 años, y Yuri Marcela Noyaza Palacio, de 16 años. Sara Jimena perdió el conocimiento tras recibir un fuerte golpe en la cabeza, por lo cual fue remitida a la ciudad de Pereira para continuar con su tratamiento médico. Por su parte, Yuri Marcela también sufrió un traumatismo craneal y una fractura en su pierna derecha, siendo trasladada a la Clínica Los Rosales, también en Pereira, según detalló El Diario.

Las autoridades locales se encuentran frente a la tarea de establecer las causas exactas que desembocaron en este siniestro vial. Por el momento, se discute la posibilidad de que un exceso de velocidad haya sido determinante y que el choque se haya producido directamente entre ambas motocicletas. Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar con precisión qué sucedió en este trágico accidente que enluta a las familias de los afectados y a la comunidad.

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¿Cuáles fueron las lesiones sufridas por los heridos en el accidente de Belén de Umbría?

Sara Jimena Caro Hoyos, de 18 años, resultó con un fuerte golpe en la cabeza que le hizo perder el conocimiento, mientras que Yuri Marcela Noyaza Palacio, de 16 años, sufrió un golpe en la cabeza y una fractura en la pierna derecha. Ambas fueron trasladadas para recibir atención médica especializada en Pereira, según informó El Diario.

¿Qué se investiga sobre el accidente de tránsito en Puente Umbría entre Belén de Umbría y Mistrató?

De acuerdo con la información de El Diario, las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, centrándose en si el exceso de velocidad o el choque directo entre las motocicletas fue la causa principal. No obstante, aún no se ha determinado la causa exacta y las pesquisas continúan. El término "siniestro vial" hace referencia a cualquier incidente de tránsito que produce daños o víctimas.

Según lo reportado por el Ejército Nacional, durante el ataque se lanzaron tres explosivos desde drones contra el grupo de uniformados. Este tipo de operativo demuestra una modalidad de agresión que, aunque todavía poco frecuente, incrementa el nivel de preocupación sobre las capacidades de los actores armados ilegales en el país. Posterior a la detonación de los artefactos, los uniformados fueron además atacados con ráfagas de fusil, lo que sugiere que la acción fue planeada para maximizar el impacto y obstaculizar cualquier respuesta inmediata de las autoridades presentes en la zona.

El resultado directo de este ataque fue que uno de los soldados recibió una herida en la pierna izquierda. Tras los hechos, el uniformado fue trasladado de urgencia a un centro asistencial donde permanece bajo evaluación clínica. Hasta el momento, su estado de salud se encuentra en proceso de valoración y bajo observación médica, mientras que sus compañeros, siguiendo los protocolos establecidos, continuaron con las operaciones de seguridad en la zona para prevenir nuevos hechos que puedan poner en riesgo tanto a las fuerzas militares como a la comunidad local.

De manera preliminar, fuentes militares señalaron que la autoría del ataque se atribuye a integrantes del frente Gerónimo Galeano, perteneciente a las disidencias de las FARC, organización armada ilegal surgida tras la desmovilización parcial de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las autoridades mantienen la presencia de tropas en ese territorio para garantizar la protección de la población y adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer los detalles y responsables del incidente.

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¿Cómo fue el ataque con drones al Ejército en Ataco, Tolima?

De acuerdo con el informe entregado por el Ejército Nacional, el ataque se llevó a cabo mediante el lanzamiento de tres artefactos explosivos desde drones, seguidos de disparos de fusil contra los uniformados que vigilaban la zona rural de Ataco. Esta táctica revela una coordinación y planeación significativa por parte de los atacantes.

¿Quiénes están detrás del ataque con explosivos en Tolima?

Según la información oficial proporcionada por el Ejército, la responsabilidad del ataque se atribuye a miembros del frente Gerónimo Galeano, parte de las disidencias de las FARC, quienes utilizan estas acciones para desafiar la presencia militar y controlar territorios estratégicos en el sur del Tolima.

La Gerencia de Acueducto de Emcali tendrá a su cargo intervenciones importantes en el barrio Bolivariano, ubicado en la comuna 4 de la capital vallecaucana. De acuerdo con la entidad, en este sector se realizará un empate en la red de distribución de agua potable, específicamente entre las calles 38 y 40 y las carreras 3 Norte y 5 Norte. Por tal motivo, se suspenderá el servicio de agua potable desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., afectando a los habitantes de la zona. Emcali recomienda a los residentes tomar previsiones y almacenar suficiente agua para garantizar el desarrollo de las actividades básicas durante el corte.

Para mitigar los inconvenientes, la empresa aseguró: "Es importante informar a la comunidad que se dispondrá de carrotanque en la zona afectada para abastecimiento de agua", enfatizando su compromiso con el suministro alternativo mientras duren los trabajos.

Además del barrio Bolivariano, otros sectores de Cali se verán impactados por interrupciones del servicio. Entre los barrios mencionados por Emcali figuran Granada, La Flora, República de Israel, San Carlos, San Fernando Nuevo, Aranjuez, Colseguros, La Fortaleza y Nueva Floresta. Las ubicaciones afectadas corresponden a puntos específicos de cada barrio, lo que resalta la necesidad de atención puntualizada en la ciudad.

Sumado a lo anterior, se llevarán a cabo trabajos especiales de acueducto en lugares como Juanchito; Siloé, sector La Playita; Ciudad Capri, zona que recientemente sufrió afectaciones derivadas de un movimiento telúrico; Las Ceibas y Nueva Floresta, donde los equipos operativos de Emcali siguen enfocados en reparar tuberías de gran diámetro; así como en Los Libertadores y Santa Mónica Residencial. Todas estas intervenciones buscan mejorar la infraestructura de distribución y responder a daños específicos detectados por el personal técnico durante jornadas anteriores.

La programación y comunicación detallada de Emcali demuestra una orientación preventiva, invitando a la comunidad a estar informada y preparada para las afectaciones mientras se desarrollan acciones para optimizar el servicio.

¿Qué barrios estarán sin agua en Cali este miércoles según Emcali?

De acuerdo con la información oficial proporcionada por Emcali, los barrios que registrarán suspensión temporal en el servicio de agua durante este miércoles incluyen Bolivariano, Granada, La Flora, República de Israel, San Carlos, San Fernando Nuevo, Aranjuez, Colseguros, La Fortaleza y Nueva Floresta. La recomendación para los residentes es aprovisionarse adecuadamente y estar atentos a la restitución del suministro conforme avance el mantenimiento.

¿Por qué se realizan cortes de agua y energía en Cali y qué acciones toma Emcali?

Los cortes de agua y energía en diversos sectores de Cali, según Emcali, obedecen a trabajos de reparación, empate y mantenimiento en las redes de distribución, algunos motivados por daños recientes o necesidades de optimización en la infraestructura. Para mitigar afectaciones, Emcali implementa medidas como el suministro de agua mediante carrotanques y la comunicación anticipada a la ciudadanía.

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De acuerdo con la información obtenida por fuentes policiales, las suspicacias giran en torno a una llamada telefónica realizada durante un operativo en el municipio de Guasca. Según el reporte, en medio del procedimiento un intendente de apellido Cuestas habría asegurado que el coronel Delgado se encontraba con ellos y que habría intervenido para favorecer a los detenidos antes de apartarse del puesto de control. Sin embargo, el alto oficial rechazó tajantemente esta versión al ser consultado por El Tiempo, aclarando que su única instrucción fue ajustada estrictamente a la ley: “En el caso que se menciona de la llamada, a mí me contactó un oficial retirado a quien habían detenido. Él fue quien me llamó y me pasó al teléfono al uniformado que estaba haciendo el operativo. Yo pregunté qué pasaba y me dijo que habían detenido al oficial con armas; mi respuesta fue: ‘Haga el procedimiento que tenga que hacer'”.

Visiblemente molesto por los señalamientos, el oficial defendió su honorabilidad y denunció un presunto montaje para dañar su carrera: “Están tergiversando la información porque yo no intercedí por nadie. Que haya dicho que se hiciera el procedimiento no quiere decir que esté cohonestando con ellos” y sentenció: “Estoy dispuesto a aclarar todo. Esto es un intento por desprestigiarme”. Horas más tarde, a través de un comunicado oficial a la opinión pública, el coronel profundizó en su defensa ratificando que “nunca he beneficiado a ningún grupo ilegal, nunca he facilitado sus actividades y jamás he tenido participación o vínculo alguno con organizaciones criminales”.

En el documento, el oficial cuestionó con dureza el impacto mediático de las acusaciones sin que medie un debido proceso: “Lo que sí considero inaceptable es que se pretenda convertir una información no comprobada en una condena pública y que se afecte mi honra sin que exista una decisión oficial y sin que se me permita ejercer plenamente mi derecho a la defensa”. Finalmente, tras agradecer la confianza depositada por el presidente De La Espriella y sus superiores, el coronel advirtió que no dejará pisotear su legado institucional construido a lo largo de “29 años y 2 meses de servicio”, asegurando con firmeza que “defenderé mi nombre con todas las herramientas que me otorgan la Constitución y la ley” para evitar que una información falsa destruya su absoluta entrega a Colombia.

(Vea también: De la Espriella nombró gerente para Bogotá, pero hizo aclaración: “No llega a competir con la Alcaldía”)

En ese sentido, la junta directiva del gremio convocó una reunión extraordinaria para revisar la decisión, en medio de cuestionamientos surgidos desde sectores cercanos al nuevo Gobierno.

Soto había sido escogida el martes 25 de agosto para reemplazar a María Consuelo Araújo, quien dejó la presidencia de la CCI luego de ser designada como embajadora de Colombia en Estados Unidos. La elección había sido presentada inicialmente como una decisión unánime de la junta y su llegada al cargo estaba prevista para el 1 de septiembre.

¿Por qué se complicó la llegada de Carolina Soto a la CCI?

Uno de los argumentos que entró en discusión es que Soto no tendría cercanía con el Gobierno de De La Espriella. La controversia llevó a que la junta directiva de la CCI convocara una reunión extraordinaria para evaluar nuevamente la designación. Según información de Valora Analitik, el encuentro tendría como propósito revisar el nombramiento y eventualmente modificarlo.

El panorama también quedó marcado por versiones sobre divisiones dentro del sector empresarial. Valora Analitik señaló que algunas compañías, entre ellas Sacyr y Grupo Colpatria, se habrían opuesto a la designación de Soto.

Por ahora, la elección no puede darse por descartada: la junta debe definir qué decisión toma después de la reunión extraordinaria. Soto, por su parte, ya había agradecido la elección y manifestó su disposición para asumir el cargo y trabajar en los desafíos del sector de infraestructura.

¿Quién es Carolina Soto?

Soto es economista de la Universidad de los Andes y fue codirectora del Banco de la República. También ocupó cargos en el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Presidencia de la República.

Su trayectoria incluye además una maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de Columbia. En el sector público fue viceministra de Hacienda, directora de Presupuesto y alta consejera para el sector privado y la competitividad.

La CCI agrupa empresas vinculadas con grandes proyectos de infraestructura, por lo que su dirección tendrá especial relevancia en un momento en que el país enfrenta, entre otros retos, la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

(Vea también: Terremoto en el Pacífico colombiano: daños en el patrimonio cultural y crisis para artesanos y productores de viche)

“Reconstruir el departamento del Chocó solo en el componente de vivienda puede costar unos 4 billones de pesos. Todos los trámites, sobre todo jurídicos y administrativos, se van estructurando de cara al apoyo que vamos a recibir del Gobierno nacional”, explicó Córdoba a este medio.

Además de los recursos, la Gobernación enfrenta dificultades para conseguir mano de obra especializada que permita comenzar las obras. Por esa razón, Córdoba anunció una estrategia de formación junto con Camacol y el Sena.

“Una de las dificultades que hemos tenido es la ausencia de mano de obra, por eso vamos a comenzar en alianza con Camacol y el Sena, un programa rápido de formación de oficiales y maestros de obra, para garantizar que podamos empezar cuanto antes. No se puede pretender que los dueños de las viviendas hagan efectiva la reconstrucción”, indicó la gobernadora a Pulzo.

Así, el proceso no dependerá únicamente de la disponibilidad de recursos, sino también de contar con trabajadores capacitados para atender las obras que deberán adelantarse en las zonas afectadas.

El Gobierno, por su parte, informó que la reconstrucción comenzará con una evaluación casa por casa y vereda por vereda, con el acompañamiento de expertos, las autoridades locales y Camacol. Ese diagnóstico será clave para establecer cuáles viviendas pueden repararse y cuáles requieren soluciones definitivas.

¿Cuánto podría tardar la reconstrucción de Chocó?

La recuperación del departamento tendrá diferentes tiempos dependiendo del sector. En el caso de la infraestructura educativa, la participación del sector privado podría acelerar las obras y permitir que este componente avance en aproximadamente un año.

De acuerdo con la gobernadora, hay apoyos que fueron anunciados por parte de empresarios y artistas para la recuperación de colegios y escuelas en el departamento.

“La empresa privada se ha vinculado de manera importante. Se hizo viral la visita de Shakira al departamento del Chocó, ella hizo anuncio de inversión en escuela, igual que Arturo Calle. Creo que eso nos va a permitir que al menos el componente escolar pueda estar recuperado en el departamento del Chocó en el plazo de un año”, agregó Córdoba.

El panorama es diferente para las viviendas, debido a la magnitud de las obras que deberán adelantarse tanto en las zonas urbanas como rurales. La gobernadora estimó que este será el proceso que más tiempo podría tomar.

“Probablemente, el componente más extendido en el tiempo, que pudiera ser un promedio entre dos y cuatro años, sea el de la totalidad de las viviendas, tanto en la zona urbana como la zona rural”, explicó la gobernadora a Pulzo.

Así, mientras la recuperación de parte de la infraestructura educativa podría avanzar en alrededor de un año, la reconstrucción de la totalidad de las viviendas podría extenderse entre dos y cuatro años, de acuerdo con la estimación entregada por la mandataria. Esta diferencia refleja la dimensión del proceso que tendrá que afrontar el departamento después del terremoto.

La población impactada está compuesta principalmente por adultos mayores, descendientes de las familias que construyeron, desde la base, la Pereira moderna. Estas personas ahora ven derrumbarse no solo sus casas sino también parte de su historia, mientras sobreviven entre plásticos y carpas improvisadas. La solidaridad comunitaria se mantiene como una de las principales herramientas para enfrentar la emergencia, aunque muchos habitantes sienten ausencia de apoyo real por parte de la Alcaldía.

Berlín, descrito en el reportaje de El Diario como una especie de Europa de posguerra incluso antes del sismo, atraviesa ahora un olvido aún más profundo. En Corocito, uno de los sectores más antiguos de la ciudad y famoso por su vida social, la actividad de sus asaderos y restaurantes fue brutalmente interrumpida por el desastre. Sin embargo, la llegada de productos de grandes marcas muestra cierta esperanza de reactivación, aunque la comunidad aún enfrenta escasez y deterioro.

El relato personal de Clemencia Díaz Román refleja el drama de muchas familias: la de ella perdió su vivienda en la calle 9 y, por si fuera poco, la emergencia le arrebató a su madre, quien falleció de un infarto en medio del caos. De igual forma, Juan Germán Salazar López y sus hermanos contemplan la pérdida de un hogar de ochenta años de historia familiar, sobreviviendo en condiciones precarias y dependiendo en parte de la generosidad de un vecino que les gestiona comida aun estando en situación de discapacidad.

El terremoto también expuso problemas estructurales previos, como la proliferación de inquilinatos y el abuso en los precios de los arriendos, que ahora llegan hasta un millón de pesos por habitaciones básicas. En paralelo, iniciativas juveniles como la de Kenner Arboleda, estudiante de Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), han permitido la operación de ollas comunitarias que alimentan a cientos de damnificados gracias a donaciones internacionales.

En medio de tensiones por la repartición de ayudas y la llegada de población migrante flotante, los habitantes siguen luchando por recuperar la vida comercial y el sentido de comunidad, apoyados en la solidaridad vecinal y en pequeñas acciones diarias como las de Guillermo Mejía, quien reconstruye su vida con sus propias manos.

¿Cuál es la situación actual de los damnificados por el terremoto en Corocito y Berlín?

De acuerdo con El Diario, los damnificados en estos sectores viven bajo carpas y plásticos, enfrentando pérdidas patrimoniales y la ausencia de soluciones de parte de las autoridades locales. Gran parte de la atención se sostiene por la solidaridad entre vecinos, ollas comunitarias y donaciones internacionales.

¿Cómo afecta la especulación y el abuso en los arriendos tras el desastre en estos barrios?

La especulación ha hecho que el costo de rentar habitaciones básicas aumente hasta tres o cuatro veces de su valor previo, llegando a cifras como un millón de pesos mensuales si cuentan con baño y cocina, lo que supone un obstáculo adicional para quienes buscan un hogar tras el sismo.

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El resultado final, dado entrada la noche después de discusiones privadas y públicas, acuerdos entre partidos y resolución de impedimentos legislativos, definió a Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Juan Felipe Lemos (Partido de la U), Nubia Stella Martínez (Centro Democrático), Plinio Alarcón (MIRA) y Gersel Pérez (Cambio Radical) como los nuevos magistrados, que asumirán sus funciones el 1 de septiembre.

El proceso incluyó la reducción de una lista inicial de 27 postulados a solo 10 aspirantes con posibilidades reales. Delegaciones de los partidos, con la intervención del ministro del Interior, Rodrigo Lara, alcanzaron finalmente acuerdos tras una reunión de más de tres horas en el despacho de Honorio Henríquez, presidente del Senado. Gracias a esto, se consolidó una plancha oficialista con representantes clave y se negoció para permitir la inclusión de candidatas del Pacto Histórico, mientras que Cambio Radical logró asegurar su lugar gracias a respaldos de sectores verdes y uribistas.

El nuevo CNE tiene ante sí el reto de abordar decisiones de alto impacto político. Entre estas tareas están la definición de la personería jurídica del partido La Fuerza, liderado por Roy Barreras, y del Movimiento Bolivariano de Carlos Alonso Lucio, así como resolver procesos de división interna en partidos como la Alianza Verde y el Centro Democrático. Además, el CNE deberá vigilar la regulación de encuestas de opinión –reglamentadas por la llamada “Ley Mordaza”– y supervisar el financiamiento de campañas tanto legislativas como presidenciales, tal como informó El Espectador.

Este proceso de elección demuestra la complejidad y el equilibrio de fuerzas políticas en Colombia, así como la importancia del CNE en los años venideros para la transparencia y legitimidad democrática.

¿Quiénes son los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral en Colombia?

Los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral, elegidos por el Congreso, son Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Juan Felipe Lemos (Partido de la U), Nubia Stella Martínez (Centro Democrático), Plinio Alarcón (MIRA) y Gersel Pérez (Cambio Radical). Tomarán posesión a partir del 1 de septiembre y tendrán a su cargo la supervisión de los procesos electorales.

¿Qué decisiones clave deberá tomar el CNE en el próximo periodo?

El Consejo Nacional Electoral deberá decidir sobre el reconocimiento jurídico de nuevos partidos como La Fuerza y el Movimiento Bolivariano, además de los procesos de escisión en partidos consolidados. También deberá regular las encuestas de opinión bajo la “Ley Mordaza” y vigilar el financiamiento de campañas, todo esto como parte de su misión central de velar por la transparencia electoral, según detalló El Espectador.

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La Casa Castilla, conocida también como la “casa de las dos fundaciones”, remonta su historia a hace 393 años. Fue iniciativa de Amparo Jaramillo de Drews convertirla en hostal y museo, resguardando documentos, piezas y testimonios de la evolución histórica de la región. De acuerdo con la investigación citada por El Diario, esta casona ha sido testigo de dos fundaciones importantes: Cartago viejo, en 1540, y la actual Pereira, en 1863. Sus gruesas paredes de tapia acumulaban información y recuerdos de siglos, debidamente documentados gracias al esfuerzo de sus propietarios. Se conservan planos desde 1633 y registros de escrituras del siglo XVIII, así como la historia de su uso para la producción de panela mediante los trapiches establecidos en la zona.

El valor cultural de la Hacienda Castilla fue reconocido oficialmente durante la gestión del alcalde Carlos Alberto Maya, quien la declaró “Bien de interés cultural de conservación integral por contener valor histórico, estético y simbólico”. Restaurada con la guía de un arquitecto español para respetar su diseño original, esta edificación es considerada hoy la propiedad de mayor valor histórico de Pereira, resguardando objetos arqueológicos y conservando el legado arquitectónico de la época colonial. Sin embargo, el presente plantea retos significativos: aún no ha sido posible conseguir suficiente teja de barro para los trabajos prioritarios de restauración luego del sismo, por lo que las labores de reparación avanzan con dificultades. Así, la convocatoria para proteger la Hacienda Castilla sigue en pie, buscando que este símbolo de historia y cultura regional recupere su lugar como punto de encuentro para visitantes y estudiosos.

¿Qué daños provocó el terremoto en la Hacienda Castilla y por qué son significativos?

El terremoto dañó severamente la estructura de la Hacienda Castilla, afectando más de la mitad de sus techos de barro, paredes y piezas de gran valor histórico, como una escultura precolombina de la cultura de San Agustín. Estos daños son relevantes porque ponen en riesgo el patrimonio arquitectónico y arqueológico que representa siglos de historia documentada de la región.

¿Por qué la Hacienda Castilla es considerada un bien patrimonial en Pereira?

La Hacienda Castilla fue declarada bien patrimonial dado su valor histórico, estético y simbólico. Es testigo de casi cuatro siglos de historia, con registros documentales desde 1633, y ha sido protagonista de dos fundaciones regionales. Además, resguarda elementos arqueológicos de distintas culturas precolombinas, lo que la convierte en un referente cultural en la ciudad de Pereira.

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Acciones solidarias, impulsadas por líderes anónimos y comunidades, han marcado la diferencia para quienes enfrentan la devastación. Ejemplos como el cambio de destino de colchas tejidas —originalmente para una fundación en Bogotá, pero finalmente enviadas a una casa de la tercera edad en Manizales—, o la recolección de ropa interior nueva y la preparación de kits de cocina para familias que deben reconstruir sus vidas, demuestran que la solidaridad va más allá de lo material y se convierte en una respuesta humanizadora frente al desastre.

Enfrentar la pérdida total o parcial del hogar significa también perder recuerdos y fragmentos de vida que difícilmente pueden ser reemplazados. El artículo reflexiona sobre la vulnerabilidad de la vida cotidiana frente a la amenaza sísmica, especialmente en Colombia, país reconocido por su actividad sísmica, en especial en zonas como el Pacífico, a diferencia de regiones de menor amenaza como la Amazonía. Según El Espectador, comprender estos riesgos es fundamental para abordar la prevención y la respuesta ante emergencias.

La crónica recuerda que el interés por los terremotos no es nuevo en el país. Cita ‘El Aviso del Terremoto’, una de las primeras publicaciones no religiosas en Santafé de Bogotá, producida tras el sismo de 1785, que describe el temor y el desconcierto vividos en aquella época.

Actualmente, aunque es imposible predecir cuándo ocurrirá el próximo sismo, la ciencia ofrece mayor claridad respecto a los procesos subterráneos y la manera adecuada de informar sobre estas situaciones. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) resalta la importancia de usar el término correcto: una edificación puede ser sismorresistente, no "antisísmica", ya que las normas de diseño buscan minimizar riesgos, no impedir el evento. Además, la SGC aclara que el tamaño del sismo se expresa en magnitud, mientras la intensidad describe los efectos percibidos en distintos lugares. Son datos como magnitud, ubicación, hora y profundidad los que permiten caracterizar adecuadamente estos episodios.

En suma, la tragedia y el dolor motivan tanto la acción solidaria como la reflexión, con un necesario llamado a la preparación y conciencia ciudadana ante la constante amenaza sísmica del país.

¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad en un terremoto?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la magnitud se refiere al tamaño del sismo y la energía liberada durante el evento, y no se mide en grados, mientras la intensidad describe cómo se percibe el movimiento y sus efectos en distintos sitios, los cuales pueden variar de acuerdo con la ubicación y las características del terreno y las edificaciones.

¿Qué significa que una construcción sea sismorresistente según el SGC?

El Servicio Geológico Colombiano explica que una edificación sismorresistente está diseñada para responder adecuadamente ante los movimientos telúricos y reducir el riesgo de colapso, según criterios y normas estructurales acordes con la amenaza sísmica. El término "edificio antisísmico" es incorrecto, ya que ninguna estructura puede evitar que ocurra un sismo, pero sí puede minimizar los daños y proteger a quienes la habitan.

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(Vea también: “Rugió la tierra”: nuevo temblor sacudió a Colombia esta madrugada y despertó a ciudadanos)

La votación se llevó a cabo durante la noche de este martes 25 de agosto y estuvo precedida por una fuerte puja entre partidos para definir la composición del organismo electoral. Finalmente, los congresistas se inclinaron por tres planchas acordadas entre las colectividades.

Los nuevos magistrados tendrán a su cargo funciones clave durante los próximos cuatro años, en un periodo marcado por las elecciones que se avecinan en el país. El CNE es el organismo encargado de vigilar a las organizaciones políticas, controlar aspectos relacionados con la financiación de las campañas y ejercer funciones dentro de los procesos electorales.

¿Quiénes son los nueve nuevos magistrados del CNE?

Según informó El Tiempo, la nueva composición quedó integrada por Nubia Stella Martínez (Centro Democrático), Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), Juan Felipe Lemos (‘la U’), Carlos Alberto Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón (Mira), Gersel Pérez (Cambio Radical).

Los otros dos lugares quedaron en manos de Ana Jimena Bautista y Cielo Rusinque, quienes representan al sector político del Pacto Histórico. De esta manera, las nueve plazas quedaron distribuidas entre diferentes sectores políticos.

La elección se produjo después de varias horas de conversaciones y de una disputa por los últimos cupos. En particular, hubo competencia por los lugares que no estaban completamente definidos antes de la votación, debido a las diferencias entre sectores de la coalición de Gobierno y otros partidos.

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De acuerdo con la entidad, el evento fue registrado a las 10:22 p. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, según el boletín actualizado publicado por la entidad encargada del monitoreo sísmico en el país.

Hasta el momento, no se conocen reportes oficiales de daños o personas afectadas por este movimiento, aunque las autoridades mantienen el monitoreo de la situación.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-25, 22:22 hora local Magnitud 3.3. Profundidad superficial, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/upIfr3zsWV

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 26, 2026

El movimiento se presentó en un departamento que ha concentrado varios de los eventos sísmicos reportados en las últimas semanas. Chocó ha sido escenario de diferentes temblores luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, cuyo epicentro estuvo ubicado en inmediaciones de San José del Palmar.

Desde ese evento de mayor magnitud, el SGC ha informado sobre nuevos movimientos en distintos municipios del departamento, entre ellos Istmina, Medio San Juan, Nóvita, Sipí y El Litoral del San Juan. Las magnitudes de estos sismos han sido variables y varios tuvieron profundidades superficiales.

De acuerdo con información publicada por la Alcaldía, todos los animales presentes en la jornada serán entregados bajo rigurosos estándares de bienestar: recibirán chequeo médico previo, esterilización, desparasitación, vacunación y un microchip para su identificación. Además, el IDPYBA se compromete a asesorar a los adoptantes durante el proceso de selección y a brindarles acompañamiento en la etapa de adaptación en el nuevo hogar, reafirmando la importancia de un vínculo responsable y duradero.

Para adoptar, las personas deben cumplir varios requisitos clave definidos por el IDPYBA. Es fundamental que toda la familia esté convencida de la decisión, puesto que la adopción implica un compromiso para toda la vida que exige tiempo, recursos, afecto, paciencia y responsabilidad. El adoptante debe ser mayor de edad, presentar fotocopia de cédula y de un recibo de servicio público, así como mostrar fotos o videos del espacio en el que vivirá el animal. Se recomienda dedicar tiempo suficiente para conocer al nuevo integrante, participar en una entrevista con el equipo de adopciones y recibir recomendaciones sobre cuidados y comportamiento. También se requiere llevar los implementos adecuados según el tipo de animal: guacal o morral especial para gatos, correa y pechera para perros, y bozal más experiencia previa en caso de animales de manejo especial.

Esta jornada refuerza la imagen de Bogotá como una ciudad animalista y comprometida con el bienestar de los animales, siguiendo directrices claras y ajustadas a la realidad de quienes buscan sumar un miembro peludo a su familia, en condiciones responsables y acompañadas por expertos.

¿Cuáles son los requisitos para adoptar perros y gatos con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá?

Para quienes deseen adoptar un perro o un gato a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), es obligatorio que toda la familia esté segura de su decisión, el responsable de la adopción sea mayor de edad, presente documentos como la cédula y recibo de servicio público, además de fotos o videos del lugar de residencia del animal. También debe apartar tiempo para la entrevista y seguir las recomendaciones del equipo. Se exige llevar un guacal o morral especial para gatos, y correa, pechera (y eventualmente bozal) para perros.

¿Por qué los animales adoptados en esta jornada reciben microchip y qué beneficios tiene?

Los animales de compañía entregados por el IDPYBA son identificados con microchip, un dispositivo electrónico pequeño que almacena información clave sobre el animal y su adoptante. Esto facilita la localización en caso de pérdida y ayuda a garantizar la tenencia responsable, sumando seguridad tanto para el animal como para la nueva familia.

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En los expedientes del Juzgado de Ejecución de Penas se encuentran 12 decisiones judiciales que reconocieron oficialmente sus jornadas laborales. Incluso, Martínez se benefició de la readecuación de favorabilidad establecida en la Ley 2466 de 2025. Así, logró redimir dos años, ocho meses y diez días de su condena, a los que sumó más de ocho años de prisión efectiva. Con esto, el cálculo de su tiempo en reclusión superaba los once años. Si su ritmo en los talleres del penal continuaba, estaba cerca de cumplir las tres quintas partes de su sentencia, lo cual le permitiría solicitar libertad condicional. Además, la posibilidad de acceder a prisión domiciliaria parecía plausible.

Martínez insistió reiteradamente ante los estrados en su solicitud de prisión domiciliaria. Esto llevó a que, el 10 de julio de 2026, se realizara una visita virtual de asistencia social para evaluar su arraigo familiar, requisito para esa medida. Sin embargo, el 14 de julio de 2026, el juzgado negó este beneficio. A pesar de los recursos interpuestos, e incluso una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, la justicia ratificó la negativa.

Pese a la aparente adaptación y a la búsqueda de redimir su pena, la realidad se transformó drásticamente el 22 de agosto de 2026. Ese día, durante la jornada habitual de visitas en el pabellón 13, Martínez atacó y causó la muerte a su nueva pareja dentro de la celda. Posteriormente, confesó el feminicidio ante la Fiscalía en el propio centro penitenciario.

Este crimen, perpetrado bajo vigilancia estatal, destapó serios cuestionamientos en torno a los controles de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y a los procesos de monitoreo y evaluación dentro del sistema penitenciario. El caso Martínez pone en evidencia tanto las limitaciones de los programas de readaptación como la incapacidad del sistema para evitar hechos de violencia feminicida, incluso en el espacio supuestamente seguro de una prisión.

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¿Cómo logró William Rafael Martínez reducir su condena en la Cárcel La Modelo?

De acuerdo con los registros del Juzgado de Ejecución de Penas referidos en el texto, Martínez participó de manera constante en actividades laborales dentro de la cárcel, lo cual le permitió acceder a beneficios legales como la redención de pena. Específicamente, consiguió reducir dos años, ocho meses y diez días de su condena gracias a estas labores, sumados al tiempo efectivo de reclusión, y fue favorecido por la Ley 2466 de 2025 en el proceso de cálculo de su pena.

¿Qué es la Ley 2466 de 2025 y cómo afecta las condenas en Colombia?

La Ley 2466 de 2025, mencionada en los documentos judiciales presentados, establece parámetros de favorabilidad para la readecuación de las penas. Esta normativa permite a ciertos internos recibir redenciones y beneficios de reducción de sentencia, siempre y cuando cumplan con requisitos como el trabajo y la buena conducta dentro del penal, tal como se expone en el caso de William Rafael Martínez.

No obstante, esta semana se produjo un giro inesperado en su carrera, ya que recibió la notificación de retiro del círculo de protección más cercano al presidente. Según lo expuesto en informaciones de prensa referenciadas por El Espectador, la decisión habría estado motivada por supuestas restricciones que le impedirían portar armas o desempeñar cargos operativos. Estas versiones lo señalaban de tener limitaciones vigentes para ejercer funciones clave en la protección personal, un rumor que rápidamente captó la atención dada la naturaleza sensible del cargo que ocupaba.

El propio Delgado ofreció declaraciones a El Espectador para dar su versión y rechazar estos señalamientos. En la entrevista, aseguró que no existen expedientes en su contra que justifiquen las versiones difundidas. Admitió que en el pasado, durante algunos años, sí tuvo un impedimento temporal para portar armas, situación derivada de una condición de salud. Sin embargo, fue enfático en aclarar que esa etapa ya fue superada y que actualmente se encuentra en condiciones óptimas para portar armas de nuevo y ejercer cualquier responsabilidad operativa dentro de la Policía.

En cuanto a sus funciones recientes, Delgado explicó que actuaba como enlace entre la Policía y el nuevo gobierno, una labor realizada en conjunto con Carlos Caicedo, jefe de seguridad presidencial. Además, desempeñó roles administrativos como secretario privado del general William Rincón, director saliente de la institución. En los días anteriores a su desvinculación del esquema de seguridad, estuvo acompañando activamente al presidente De la Espriella durante los recorridos realizados en zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, mostrando su participación directa en acciones de apoyo y seguridad en situaciones de emergencia nacional.

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¿Por qué fue retirado el coronel Jorge Delgado del esquema de seguridad presidencial?

Jorge Delgado fue notificado de su retiro del equipo más cercano a la seguridad del presidente sin una explicación oficial. Según lo reportado por la prensa y como lo cita El Espectador, se habría tratado de presuntas restricciones para portar armas y ocupar cargos operativos. No obstante, Delgado desmintió estas afirmaciones, señalando que no existe expediente alguno en su contra y que sus condiciones de salud actuales le permiten desempeñarse en cualquier función operativa.

¿Qué roles cumplía el coronel Delgado en el esquema de seguridad del presidente De la Espriella?

De acuerdo con declaraciones de Jorge Delgado a El Espectador, él servía como enlace entre la Policía y el gobierno, coordinando con Carlos Caicedo, jefe de seguridad presidencial. Además, antes de su retiro, se desempeñaba como secretario privado del general William Rincón, director de la Policía, y había acompañado recientemente al presidente Abelardo de la Espriella en visitas a zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

Según la Presidencia, la persona encargada de ingresar la información al sistema dejó incompletos algunos datos y, además, marcó por equivocación una casilla que no correspondía. Esto produjo una inconsistencia adicional en la información que posteriormente quedó visible en la plataforma.

Presidencia aseguró que lo ocurrido correspondió a “errores humanos en el diligenciamiento y cargue de la información en SIGEP II”, y descartó que se tratara de información falsa, falta de soportes o un intento de ocultar información por parte del jefe de Estado.

#Política La Presidencia precisó que la persona encargada de ingresar la información en la declaración de renta del presidente Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), realizó un registro incompleto de algunos datos y cometió inconsistencias que ya fueron actualizadas.… pic.twitter.com/rVJZcCg8LM

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 26, 2026

Una vez detectadas las inconsistencias, la Presidencia indicó que revisó el registro completo y efectuó las correcciones correspondientes, contrastando los datos con la documentación disponible.

El comunicado también señala que los documentos que respaldan la trayectoria académica y profesional de De La Espriella “fueron aportados oportunamente y reposan en el expediente respectivo”. La entidad insistió en que los soportes ya están anexados.

La Presidencia destacó además la importancia de explicar públicamente lo sucedido. “La transparencia también consiste en reconocer cuando se presenta un error administrativo, corregirlo oportunamente y explicar con claridad a los colombianos qué ocurrió”, señaló en el documento.

(Vea también: Corte Constitucional valida la mayoría de los artículos de la reforma pensional y deja pendiente su entrada en vigor en Colombia)

La decisión permite que gran parte de la reforma siga adelante, aunque nueve disposiciones y una nueva propuesta deberán ser nuevamente discutidas. La Cámara tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles, contados desde la notificación de la sentencia, para subsanar los problemas identificados por el alto tribunal.

La devolución no significa que la Corte haya declarado inconstitucional el contenido de esas disposiciones. El problema identificado está relacionado con la forma en que fueron tramitadas durante el proceso con el que el Congreso intentó corregir los vicios señalados previamente por el alto tribunal.

Además, la Corte ya había advertido que la subsanación debía garantizar un debate adecuado, en el que las disposiciones pudieran ser discutidas y los congresistas expresaran sus posiciones antes de adoptar decisiones. Ahora, algunos de esos puntos deberán volver a surtir ese procedimiento.

Puntos de la reforma pensional que el Congreso tendrá que revisar

Uno de los puntos que volverá a la Cámara es el artículo 14, que hace parte de las reglas centrales del nuevo sistema y establece las prestaciones que recibirán los afiliados. El Congreso tendrá que retomar la discusión de una proposición relacionada con esta disposición y decidir si mantiene el texto aprobado o introduce cambios.

Otro de los asuntos que podría llamar la atención de los trabajadores es el artículo 36, relacionado con el beneficio para las mujeres con hijos. La reforma contempla que puedan descontarse semanas del requisito para pensionarse de acuerdo con el número de hijos, bajo las condiciones establecidas en la norma. Este punto también tendrá que ser sometido nuevamente al procedimiento legislativo.

La revisión alcanza además al artículo 11, que contiene reglas relacionadas con los recursos del sistema; al artículo 19, en uno de sus apartados sobre el Pilar Contributivo; y al artículo 23, que incluye una disposición transitoria para la implementación del nuevo modelo.

También tendrán que revisarse algunos apartes de los artículos 63 y 84, relacionados con el funcionamiento del sistema y el manejo de los recursos. A estos se suman los artículos 91 y 93, que quedaron incluidos en la orden de la Corte por las mismas dificultades en su trámite.

Jorge Armenta, coordinador del Grupo de Intervención Territorial (GIT) para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Monitoreo de la Oferta del Recurso Hídrico en Corpocesar, enfatizó durante una entrevista con EL PILÓN la importancia de un proceso riguroso antes de iniciar perforaciones. Armenta recalcó que todavía existe tiempo para tramitar el acceso al agua subterránea, pero advirtió que hacerlo indiscriminadamente puede resultar contraproducente, sobre todo para las comunidades rurales y los productores afectados por la reducción en los ríos. Ejemplos como el Tucuy y el Sicarare demuestran la gravedad de la situación: estos ríos han disminuido sus caudales de miles a menos de cien litros por segundo en menos de un año, según los registros de Corpocesar.

A pesar de que el Cesar ya cuenta con una red conformada por 1.118 puntos de captación —según un estudio hidrogeológico de Corpocesar donde la mayoría son aljibes y parte son pozos—, la información disponible está basada en registros que, en muchos casos, datan de 2022 o 2023. Esto limita la capacidad de decisión para nuevas obras y pone en primer plano la urgente necesidad de actualizar estudios técnicos y evaluar los riesgos potenciales, especialmente en predios agroindustriales y áreas cercanas a estaciones de servicio o empresas mineras.

La autoridad ambiental subraya que no basta con identificar agua bajo tierra; es necesario investigar cuánto caudal puede extraerse sin dañar los acuíferos, determinar la calidad del recurso y garantizar que el suministro cumpla con condiciones de potabilidad. Además, los proyectos deben incluir todas las fracciones de operación: bombeo, almacenamiento, control sanitario y monitoreo constante. Así se evita trasladar la crisis de los ríos hacia el subsuelo y se asegura una solución sostenible para quienes padecen la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasos deben seguir los municipios del Cesar antes de perforar pozos de agua subterránea?

De acuerdo con información de EL PILÓN y Corpocesar, los municipios deben primero identificar zonas con mayor necesidad; luego, solicitar priorización de áreas viables para exploración de acuíferos, financiar estudios geofísicos e hidrogeológicos, y finalmente realizar pruebas de bombeo y análisis completos de calidad. Solo después de cumplir estos pasos, puede considerarse la perforación de un pozo como parte de una solución integral.

¿Cómo se asegura que el agua subterránea en el Cesar es apta para consumo humano?

Los registros muestran que, para asegurar la potabilidad, se necesita realizar análisis exhaustivos de calidad del agua, que midan riesgos microbiológicos y químicos, además de parámetros como pH, salinidad y sólidos disueltos. Antes de conectar el recurso a acueductos o entregarlo a la comunidad, los expertos recomiendan definir tratamientos y sistemas de desinfección apropiados, así como llevar a cabo monitoreos periódicos para garantizar la seguridad del suministro.

Según la Defensoría, en agosto se detectó la llegada de presuntos integrantes del Clan del Golfo a la comunidad de San Agustín (Sipí), quienes permanecieron allí durante tres días, impidiendo la realización de actividades fundamentales para la subsistencia de la comunidad, como la agricultura, la pesca y las prácticas ancestrales. En un recorrido efectuado el 19 de agosto, se constató el peligro real de desplazamientos forzados y confinamientos, afectando a seis comunidades étnicas de Nóvita y Sipí, lo que obligó a evacuar a cerca de 405 familias —alrededor de 1.366 personas— hacia zonas más seguras como Barranco e Istmina.

Un hecho particularmente grave ocurrió el 23 de agosto, cuando un dron cargado con explosivos improvisados fue detonado, dejando heridos a tres civiles (dos hombres y una mujer). Este ataque provocó un nuevo desplazamiento de 90 familias, sumando 118 personas más, quienes buscaron refugio en comunidades vecinas como Barranco, Charco Largo y Charco Hondo. El temor a la contaminación con minas y la restricción a la movilidad, impuesta por los grupos armados, mantienen a estas poblaciones en confinamiento constante. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la cifra total de grupos familiares afectados en esta crisis alcanza las 384 familias, es decir 1.339 personas.

Ante este complejo escenario, la Defensoría pidió a los actores armados respetar el Derecho Internacional Humanitario y exigió a las autoridades de los distintos niveles del Estado activar sin demora la atención humanitaria, hacer monitoreo permanente de la situación y adoptar medidas de protección diferenciada para las poblaciones más vulnerables. Destacó también la necesidad de respuestas urgentes ante la activación de la Alerta Temprana 012 de 2022, pues las amenazas advertidas en su momento ahora se están materializando. Según lo reportó El Espectador, la entrega de ayuda humanitaria también ha enfrentado graves dificultades, limitadas por el control de los grupos en disputa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué grupos afectan actualmente a las comunidades en el San Juan, Chocó?

La crisis humanitaria en la subregión del San Juan, Chocó, está siendo provocada por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos grupos armados ilegales compiten por el control territorial, lo que genera desplazamientos, confinamientos y violencia directa sobre las comunidades locales, de acuerdo con la información proporcionada por la Defensoría del Pueblo.

¿Cuáles son las principales consecuencias para la población de Sipí y Nóvita por el conflicto armado?

Las consecuencias directas para los habitantes de Sipí y Nóvita incluyen desplazamientos masivos, confinamientos, varios heridos por ataques con explosivos y restricciones severas a actividades productivas tradicionales, además de la imposibilidad de recibir ayuda humanitaria de manera oportuna. Todo esto ha afectado especialmente a comunidades afrocolombianas e indígenas ya golpeadas por un reciente terremoto, tal como reportó la Defensoría del Pueblo y El Espectador.

El dinero estará destinado a entregar alimentos y vivienda a las comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia. Parkwood Entertainment, compañía de la artista, indicó que los recursos serán canalizados mediante Food For The Poor y World Central Kitchen, organizaciones que participan en operaciones de respuesta humanitaria.

La donación de Beyoncé se suma a las ayudas anunciadas recientemente por otras figuras de la música como Shakira y Karol G, quienes también comprometieron aportes por un millón de dólares para respaldar a las comunidades afectadas por la tragedia.

🚨 Beyoncé anunciou uma doação pessoal de 1 milhão de dólares a organizações que atuam na Colômbia após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu Chocó em 10 de agosto.

O valor será destinado a alimentos e abrigo para as áreas mais afetadas pela tragédia. pic.twitter.com/r5G3LvjGaL

— BEYHIVE (@beyhivecombr) August 25, 2026

El panorama que dejó el terremoto sigue siendo crítico. Según el último balance de la UNGRD con corte al 24 de agosto se contabilizaban 329 personas fallecidas, 4.592 heridas y 234 desaparecidas.

Además, Shakira había anunciado el pasado 18 de agosto un compromiso inicial de 1,25 millones de dólares, junto con otras organizaciones, para apoyar la reconstrucción de instituciones educativas en Chocó.

La solidaridad internacional también ha incluido a figuras como MrBeast, a quien Shakira le pidió apoyo al creador de contenido estadounidense y este se comprometió a contribuir con la construcción de más escuelas en Colombia.

La decisión representa un cambio frente a lo que De la Espriella había planteado antes de asumir la Presidencia, puesto que durante la campaña y antes de su posesión, el mandatario había dicho que concentraría sus labores en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, y que convertiría la Casa de Nariño en un museo abierto al público.

Sin embargo, ese plan cambió y el equipo del jefe de Estado ya adelanta los preparativos necesarios para recibirlo nuevamente en el complejo presidencial a partir de la próxima semana. La intención es que pueda desarrollar allí parte de sus actividades oficiales durante sus permanencias en la capital.

Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre las adecuaciones que se adelantan ni sobre cómo se distribuirá la agenda presidencial entre ambos lugares. 

La información fue confirmada por integrantes del equipo de De la Espriella a El Tiempo, que señalaron que la decisión ya está tomada. Así, la Casa de Nariño, que el mandatario había proyectado inicialmente como espacio abierto al público, volverá a tener presencia directa del presidencia. 

El sistema diseñado por la UNGRD cuenta con dos fases principales. La primera es una evaluación rápida mediante una inspección visual en zonas priorizadas, cuyo objetivo es identificar si una edificación puede ser ocupada, necesita restricciones o debe mantener el acceso restringido por seguridad. Los resultados de esta primera inspección se señalizarán de acuerdo con la gravedad de los daños, usando carteles de colores: verde (ingreso permitido sin restricciones, aunque puede haber daños menores), amarillo (necesidad de restricciones o evaluación detallada) y rojo (peligro de colapso, prohibición de ingreso, pero sin constituir una orden de demolición). Esta evaluación es provisional y puede repetirse si ocurre una réplica o cambio en las condiciones de seguridad.

La segunda fase consiste en una evaluación detallada, utilizando el formulario desarrollado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Está dirigida especialmente a edificaciones cuyo dictamen preliminar fue amarillo o rojo, y en edificaciones estratégicas como hospitales, colegios e infraestructura vital, la evaluación detallada se realizará desde el principio. El objetivo de esta segunda etapa es confirmar o revisar la clasificación inicial, sugerir intervenciones y valorar la situación de los residentes para que las alcaldías resuelvan el futuro de las estructuras.

La metodología tiene fundamento en el trabajo conjunto de múltiples entidades reconocidas, como el IDIGER, CAMACOL, FASECOLDA, ASOCAPITALES y universidades como la Nacional y Los Andes. Los datos se recopilarán en el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNIGRD), con criterios rigurosos de georreferenciación y validación. Además, el Registro Único de Profesionales Evaluadores (RUPE) garantizará que solo expertos autorizados realicen las inspecciones, comprobando su experiencia y formación. La implementación se dará de forma progresiva bajo la coordinación de la UNGRD, y corresponde a las entidades territoriales organizar el proceso en cada jurisdicción.

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¿Cuáles son las fases de evaluación de edificaciones tras un sismo según la UNGRD?

La evaluación establecida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) comprende dos fases principales: una fase inicial de inspección visual rápida, que determina si las construcciones pueden ser usadas o requieren restricciones, y una fase de evaluación detallada, basada en formularios de IDIGER. Las edificaciones reciben señalización de acuerdo con el riesgo, ayudando a decidir su uso, intervención y posibles restricciones.

¿Cómo se garantiza la experiencia de los profesionales que evaluarán los daños de las edificaciones?

La experiencia y la idoneidad de los profesionales que participan en la evaluación están aseguradas a través del Registro Único de Profesionales Evaluadores (RUPE). Este registro verifica la formación, especialización y vigencia de la matrícula profesional, así como la ausencia de sanciones, garantizando que solo personal capacitado y habilitado realiza las inspecciones de las edificaciones afectadas.

En el caso de Edwin Palma Vega, quien también ejerció como agente especial para la empresa, la indagación identificó supuestos incumplimientos asociados al traslado de recursos para alumbrado público, demoras en reportes obligatorios ante el Sistema Único de Información (SUI), la empresa de servicios energéticos XM y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Además, la Procuraduría le cuestionó no haber corregido irregularidades en la facturación, las cuales se arrastraban de administraciones anteriores, contribuyendo así a la crisis financiera de Air-e.

Entre los hallazgos más alarmantes, el informe detalla el drástico aumento de la deuda que Air-e mantiene con las empresas generadoras de energía. De acuerdo con la información consultada, la obligación pasó de COP 833.000 millones en febrero de 2025 a COP 2,23 billones en diciembre del mismo año, reflejando un incremento mayor a COP 1,3 billones durante la etapa de intervención. También se registró un aumento en las pérdidas técnicas y no técnicas de energía, que pasaron del 29,37% al 31,20%, y el cambio de un patrimonio neto positivo a cifras negativas bajo la administración estatal.

El informe de la Procuraduría advierte presuntos fraudes cometidos por contratistas, sin evidencia de medidas correctivas, y la presencia de pasivos ambientales pendientes en doce líneas de alta tensión. También detectó la notificación ante la CREG de activos por alrededor de COP 21.000 millones, que según la revisión, no corresponderían a la realidad de Air-e.

La investigación sobre Elmer Felipe Durán se concentra en su gestión y supervisión de la intervención, así como en la carencia de un plan estructurado para la recuperación empresarial y en la gestión de la creciente deuda con los generadores. Diana María Bustamante Rueda y Nelson Javier Vásquez Torres, ex agentes especiales, deben responder por bajo cumplimiento de inversiones e indicadores, falta de permisos ambientales y la casi total inejecución del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) 2021, con 68 de 70 proyectos abandonados y una ejecución de apenas el 5,4% en planes de inversión.

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¿Cuáles son las presuntas irregularidades que investiga la Procuraduría en el caso Air-e?

La Procuraduría investiga posibles incumplimientos en la gestión de recursos públicos, omisiones en reportes obligatorios ante entidades reguladoras, prácticas de facturación irregulares, incremento desmedido de la deuda con generadores de energía, abandono de proyectos de normalización de redes eléctricas, deficiente ejecución de inversiones y presuntos fraudes de contratistas sin correctivos, así como reportes inexactos de activos y pasivos ambientales pendientes.

¿Qué significa la intervención estatal de una empresa y cómo afectó a Air-e según el informe?

La intervención estatal implica que autoridades gubernamentales asumen el control de la administración de una empresa para corregir fallas significativas o proteger servicios esenciales. En el caso de Air-e, el informe señala que la administración bajo intervención estatal coincidió con un empeoramiento de las finanzas, aumento de deudas, incremento en pérdidas de energía, disminución del patrimonio y ejecución deficiente de los planes de inversión.

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Después de meses de estudiar el documento, la Corte declaró exequible la mayoría del proyecto bandera del gobierno pasado, esto analizando también las demandas en su contra. Solo fueron 15 los artículos los que los magistrados no aprobaron con una votación de 7 a 1, solo con el salvamento del sufragio de Carlos Pablo Márquez.

Ahora, los 10 apartes de la reforma tendrán que ser debatidos en la Cámara de Representantes, que deberá determinar su aprobación o archivo. La Corte también aclaró que no aprobó algunos artículos al ir en contra de la Constitución Política y la Ley 5 de 1992.

Después de revisar el procedimiento de su aprobación, la decisión deja en debate algunos puntos centrales de la reforma, como el traslado a Colpensiones de quienes ganen menos de dos salarios mínimos.

También está en pie el fondo especial a cargo del Banco de la República para administrar los ahorros de los cotizantes. A su vez, también se revisarán los pilares solidario, semicontributivo y contributivo.

En una publicación en su cuenta de X, Landau señaló a Marín y recordó que, poco después de la elección, ella llamó públicamente a los colombianos a salir a las calles para hacer el país “invivible” bajo el nuevo Gobierno.

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El funcionario estadounidense aclaró que Marín tiene derecho a expresar sus opiniones políticas, pero cuestionó que pueda ingresar a territorio estadounidense. “Si bien ciertamente tiene derecho a sus opiniones políticas, no tiene derecho a ingresar a EE. UU.”, escribió Landau.

This is Viviana Marín, a political activist from Colombia 🇨🇴. Shortly after @ABDELAESPRIELLA was elected President last June, she publicly exhorted the Colombian people to take to the streets to make the country “unlivable” under the new government. While she is certainly… pic.twitter.com/ZdlZiQEPmN

— Christopher Landau (@DeputySecState) August 25, 2026

El subsecretario agregó que Estados Unidos no recibe a personas que, según su criterio, busquen enfrentar a la oposición política mediante violencia o intimidación. “No damos la bienvenida a quienes persiguen la oposición política a través de la violencia o la intimidación”, afirmó.

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La decisión, según el mensaje de Landau, fue adoptada por el Departamento de Estado bajo la dirección del secretario Marco Rubio. “En consecuencia, el Departamento de Estado, bajo el secretario Marco Rubio, ha revocado su visa”, señaló.

La controversia comenzó después de que se difundiera un video en el que Marín convocaba a movilizaciones contra el Gobierno entrante de De la Espriella. Sus palabras provocaron cuestionamientos políticos y también una solicitud para revisar su visa estadounidense.

La muestra, titulada “Los desastres de la guerra de Francisco de Goya”, podrá visitarse en FRAGMENTOS, espacio de arte y memoria. Según lo informado en el comunicado de prensa, la exposición no se limitará a presentar los grabados como piezas aisladas, sino que propone una interacción con el contramonumento realizado por la artista Doris Salcedo, un espacio especialmente concebido para reflexionar sobre la memoria y las marcas que dejan los conflictos. Además, la exhibición establece un diálogo con la poesía de siete autores que, desde distintas latitudes y tiempos, han reflexionado sobre la guerra. Los poemas elegidos recorren un siglo, desde “El Siglo”, de Ósip Mandelshtam (1923), hasta “La tierra se estrecha para nosotros”, de Mahmud Darwish (2022), abordando temas como el dolor, el exilio y la resistencia.

El recorrido museográfico estará dividido entre la sala 1 y la sala 3 de FRAGMENTOS, espacio en el que los visitantes podrán apreciar de cerca cómo los grabados de Goya, con temáticas que incluyen la violencia extrema, el hambre, la miseria, la crítica al poder y el fanatismo, dialogan con la palabra poética. Según lo destacado en la información oficial, la exposición pretende dejar de lado la glorificación de los acontecimientos históricos y centrar la atención en la degradación de la vida y el sufrimiento humano, buscando una reflexión profunda sobre el ciclo de la guerra y la memoria colectiva.

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¿Cuáles son los temas principales de la exposición “Los desastres de la guerra” de Goya en Bogotá?

De acuerdo con el comunicado de prensa citado, la exposición aborda temas como la violencia extrema, el hambre, la miseria, la crítica al poder y al fanatismo, así como las desgarradoras mutilaciones y ejecuciones. Estas temáticas se enmarcan en una reflexión sobre las consecuencias humanas y sociales de la guerra, y buscan alejarse de la exaltación patriótica para centrarse en la degradación y el sufrimiento de las víctimas.

¿Qué significa ‘contramonumento’ en el contexto de la exhibición de Goya y cómo se integra con los grabados?

En el comunicado se explica que la exposición dialoga con el contramonumento creado por Doris Salcedo en FRAGMENTOS, espacio de arte y memoria. En este contexto, ‘contramonumento’ se refiere a una intervención artística que busca cuestionar o subvertir el significado de los monumentos tradicionales, invitando a la reflexión crítica sobre la guerra y la memoria. La integración entre el contramonumento y los grabados de Goya estimula un enfoque más profundo y sensible alrededor de las consecuencias de los conflictos armados.

Históricamente, esta modificación ha encontrado dificultades para avanzar en el Congreso, porque se argumenta que permitir que la Fuerza Pública vote podría implicar su participación en la discusión política, en contravía del mandato que exige la neutralidad de los uniformados y su deber de servicio a la totalidad del Estado, sin inclinaciones partidistas. De hecho, el veto al llamado “voto militar” existe desde 1930, durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera, cuando se estableció que los miembros de la Fuerza Pública debían mantenerse alejados de cualquier actividad política. Esta postura se consolidó en la Constitución anterior, cuyo artículo 168 estipuló que “la Fuerza Armada no es deliberante” y solo puede reunirse bajo autoridad legítima, restringiendo su participación en asuntos políticos.

Intentos similares de reforma se han presentado en el Congreso durante 2025, 2022 y 2021, sin éxito. Un informe del exrepresentante Juan Manuel Cortés en el último proyecto señalaba que “la prohibición al sufragio de la Fuerza Pública es una restricción excepcional, cuya legitimidad depende del contexto histórico y de un examen estricto de proporcionalidad”. En esta ponencia, se advierte que la prohibición absoluta establecida en 1991 difícilmente se mantiene bajo los estándares jurídicos actuales, por lo que se considera “jurídicamente viable y necesario” avanzar en una reforma que permita el voto a los miembros de las Fuerzas. Sin embargo, en ninguna ocasión la propuesta ha superado los debates requeridos y, al tratarse de una reforma constitucional, necesita enfrentar ocho debates, los cuatro primeros antes de diciembre de este año.

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¿Por qué se ha prohibido históricamente el voto a la Fuerza Pública en Colombia?

Según lo documentado por El Espectador, la prohibición se remonta a 1930, durante el mandato del presidente Enrique Olaya Herrera, cuando se estableció que los miembros de la Fuerza Pública debían apartarse de cualquier actividad política. Esta disposición se consolidó en la Constitución previa a la de 1991, para mantener la neutralidad de los uniformados y evitar su vinculación con debates o inclinaciones políticas, asegurando así su servicio imparcial al Estado.

¿Qué significa que la Fuerza Pública no sea "deliberante"?

De acuerdo con la Constitución y como explica El Espectador, la prohibición de que la Fuerza Pública sea “deliberante” significa que sus integrantes no pueden discutir, debatir ni participar en decisiones políticas o partidistas dentro de la institución. Esto garantiza que permanezcan neutrales y no influyan en discusiones políticas mientras estén en servicio, protegiendo la separación entre las fuerzas armadas y el ámbito político del país.

El descubrimiento ocurrió hacia las 3:00 p. m. en la vereda Granadillo. La situación llevó a detener las labores y avisar a los responsables del predio. Un video registrado en el sitio muestra parte de la pequeña cueva y el lugar donde estaban los restos. “Aquí hay una salida, pero no tiene salida. Eso es una cueva”, se escucha decir a una de las personas presentes.

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La propietaria explicó a las autoridades, que no pudo informar inmediatamente porque en el sector no había señal telefónica. El reporte llegó a la Policía al día siguiente, después de que el topógrafo de la obra, Sebastián Caicedo, comunicara el hallazgo a la empresa encargada y a los uniformados.

Autoridades confirmaron el hallazgo de restos óseos durante las obras de instalación de redes de gas en las veredas San Luis y El Granadillo, en Piedecuesta, Santander. Expertos investigan para establecer su origen e identidad #MañanasBlu pic.twitter.com/8Aly0lGvvQ

— Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 25, 2026

El grupo de criminalística de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga asumió la inspección y recopiló los restos, tomó fotografías y recogió testimonios. Por ahora, las autoridades no saben a quién pertenecen los huesos ni cuánto tiempo llevaban allí.

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El misterio aumenta porque la dueña del terreno recordó que hace cerca de 20 años habría ocurrido un hallazgo similar en ese mismo punto. Esa versión alimenta la posibilidad de que el lugar corresponda a un antiguo cementerio indígena.

Sin embargo, todavía no existe una conclusión sobre el origen de los restos. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia indicó que podrían corresponder a un contexto funerario prehispánico y recordó que este tipo de hallazgos debe ser evaluado técnicamente.

Mientras avanzan los análisis de Medicina Legal y las verificaciones arqueológicas que sean necesarias. Por su parte, la Sijín mantiene abiertas las hipótesis para establecer si se trata de un caso forense o de posibles restos arqueológicos.

El propósito de Remas es aislar completamente de comunicaciones y contacto a quienes controlan redes de extorsión y lideran organizaciones dedicadas al narcotráfico o la minería ilegal. Según fuentes consultadas por El Espectador, la primera lista de 40 reclusos a trasladar ya está lista, y se preparan las adecuaciones de fragatas, en un proceso donde la Armada Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) aportarían su experiencia previa.

No es la primera vez que se contempla una opción tan radical. En 2007, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, se recurrió a medidas similares para impedir que dos poderosos líderes criminales siguieran dirigiendo sus bandas desde el interior de la cárcel. Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, fue trasladado de la prisión de Itagüí a una fragata de la Armada en el Caribe cuando el gobierno anunció su futura extradición. De igual forma, Diego Fernando Montoya, alias “Don Diego”, jefe del Cartel del Norte del Valle, fue recluido en un buque tras su captura. Estas decisiones, apunta El Espectador, respondían al objetivo de cortar por completo las comunicaciones que permitían a los capos seguir impartiendo órdenes.

Sin embargo, la estrategia enfrente complejas barreras jurídicas. Fuentes en la Casa de Nariño advierten que la defensa de los reclusos apelaría a la tutela, instrumento judicial para proteger derechos fundamentales, invocando especialmente el derecho al arraigo, que garantiza la conservación de lazos familiares y sociales. Si bien este derecho puede restringirse por motivos de seguridad, deben existir justificaciones sólidas que eviten el aislamiento arbitrario. Adicionalmente, el Ministerio de Justicia prepara argumentos ante posibles demandas por vulneración al debido proceso, la defensa y la dignidad humana, en caso de que los traslados limiten el contacto con abogados o las condiciones de reclusión no cumplan con los estándares legales. El debate, así, enfrenta la seguridad nacional contra los derechos individuales, y el gobierno prepara su defensa.

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¿Qué es la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad y qué busca?

La Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad, conocida como Remas, es una iniciativa del gobierno de Abelardo de la Espriella que propone trasladar a cabecillas criminales a buques de la Armada acondicionados como cárceles en altamar. Su objetivo es aislar completamente a reclusos que continúan delinquiendo desde prisión y cortar su comunicación con redes de extorsión, narcotráfico o minería ilegal.

¿Cuáles son los argumentos jurídicos en contra del traslado de presos a cárceles en altamar?

Los principales argumentos jurídicos en contra de estos traslados, según fuentes de El Espectador, son la posible violación al derecho al arraigo (conservación de vínculos familiares y sociales) y otros derechos fundamentales, como el debido proceso, el derecho a la defensa y la dignidad humana. El debate se centra en si la seguridad nacional justifica o no estas restricciones y en que las condiciones de reclusión en buques realmente cumplan con la ley.

De acuerdo con la nota, fueron unidades de la Sexta Brigada del Ejército las encargadas de desplegarse en diversos puntos estratégicos dentro de los municipios afectados. La finalidad principal de esta acción es custodiar los sectores vulnerables y brindar vigilancia constante, con el objetivo claro de evitar que se presenten nuevas situaciones que pongan en riesgo la integridad de los habitantes y el medioambiente.

El dispositivo de seguridad se apoya especialmente en los pelotones motorizados del Batallón de Infantería número 18 Coronel Jaime Rooke. Estos uniformados permanecerán en los municipios desarrollando labores continuas de patrullaje y monitoreo. Esta iniciativa fue tomada debido al creciente número de denuncias y preocupaciones relacionadas con la posible intencionalidad en el origen de algunos incendios registrados en el departamento, así como por el temor a que se repitan hechos similares.

El trabajo de la Fuerza Pública no se limita únicamente al Ejército. Se suman esfuerzos conjuntos con la Policía del Tolima, fortaleciendo los controles institucionales y coordinando acciones para ofrecer una respuesta rápida frente a cualquier situación que pueda representar un peligro para la seguridad y tranquilidad de las comunidades implicadas.

Paralelo a esas acciones, las autoridades han dirigido un llamado a la ciudadanía, invitando especialmente a los habitantes tanto de zonas rurales como urbanas de San Luis, Coello y Suárez a mantenerse alerta y reportar cualquier hecho sospechoso que pudiera estar vinculado a nuevos focos de incendio. De acuerdo con la información proporcionada, la vigilancia de la población y su colaboración serán determinantes para identificar a tiempo fenómenos que puedan amenazar los bosques, animales, viviendas y la vida de las personas residentes en estos territorios.

Finalmente, se recuerda a la comunidad que pueden comunicar cualquier información relacionada con hechos que afecten la seguridad, utilizando las líneas 107 y 147, mientras continúan las tareas para atender la emergencia y minimizar el riesgo de futuras afectaciones por incendios en la región.

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¿Cuál es el objetivo del despliegue del Ejército en San Luis, Coello y Suárez por los incendios forestales?

El propósito principal del despliegue del Ejército, junto con la Policía del Tolima, es fortalecer la seguridad, vigilar las zonas afectadas e impedir que se produzcan nuevos incendios, especialmente ante la sospecha de que algunos pueden haber sido provocados de forma intencional. También buscan asegurar la protección de la comunidad y el medioambiente local.

¿Cómo puede colaborar la comunidad en la prevención de nuevos incendios forestales en Tolima?

La colaboración ciudadana es fundamental, ya que se solicita a los habitantes de San Luis, Coello y Suárez que estén atentos y reporten cualquier situación sospechosa a las líneas 107 y 147. Esta vigilancia comunitaria ayuda a identificar y prevenir oportunamente hechos que puedan poner en peligro tanto los recursos naturales como la seguridad de las personas.

Las inquietudes no fueron solo de la veeduría; en el diálogo con los habitantes y dueños de negocios del área, éstos coincidieron en la percepción de dispersión y falta de personal, hecho que, de acuerdo con Calderón, retrasa el ritmo de trabajo y prolonga la incomodidad generada por el polvo y las condiciones adversas para circular. Uno de los datos que más llaman la atención es la extensión intervenida: cerca de 800 metros de vía habían sido fresados pero en ese sector no había cuadrillas, lo que añade preocupación sobre la agilidad y planeación de las obras.

Ante los hallazgos, Calderón solicitó a la Alcaldía de Ibagué y a la Secretaría de Infraestructura municipal tomar acciones para exigir al contratista responsable un refuerzo en la cantidad de trabajadores y equipos desplegados en el terreno. En respuesta, el secretario de Infraestructura, Marco Matheus Saavedra, sostuvo que los trabajos avanzan de acuerdo con lo planeado y explicó la distribución del personal operativo, que suma aproximadamente 150 personas dividas entre dos lotes, e incluye operarios, conductores, personal técnico, de seguridad y de tránsito. Saavedra recalcó que la presencia de trabajadores varía en cada sector según las actividades programadas, como reposición de redes de servicios públicos y pruebas técnicas.

En cuanto al avance, en el primer lote (calles 103 a 125) las obras de infraestructura básica ya concluyeron y se han fundido más de 2.000 metros cuadrados de losas de concreto. Paralelamente, avanzan los trabajos en pozos, sumideros y aceras, mientras la instalación de la estructura de pavimento continúa entre las calles 111 y 125. En el segundo tramo, del puente del país a la calle 125, se han ejecutado 800 metros lineales de cambio de redes y actualmente se realizan pruebas con equipos especializados antes de proceder a la pavimentación final. La administración afirma que los trabajos seguirán de manera progresiva conforme se cumplen los procedimientos y certificaciones exigidas.

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¿Por qué algunos sectores intervenidos por la pavimentación en Ibagué presentan poca presencia de trabajadores?

De acuerdo con Marco Matheus Saavedra, secretario de Infraestructura de Ibagué, la presencia de trabajadores en los distintos frentes de obra responde a la planeación de actividades y necesidades específicas de cada tramo. Algunos sectores, donde ya se ejecutaron tareas principales como el fresado, requieren menos personal mientras se adelantan pruebas y certificaciones antes de continuar con la pavimentación, lo que puede dar la impresión de falta de avances o de cuadrillas en el sitio.

¿Qué significa el proceso de fresado en las obras viales y cómo influye en el avance de la pavimentación?

El fresado es la remoción mecánica de la capa superior de una vía para su posterior reemplazo por nuevo pavimento. Según la veeduría, se han retirado cerca de 800 metros lineales en algunos sectores de Ibagué. Este proceso, aunque esencial, puede generar molestias como polvo y circulación limitada, y si tras el fresado no se visualiza personal trabajando, suele despertar dudas sobre la continuidad y planeación del cronograma de obra.

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La mujer damnificada sostuvo, entre lágrimas que “a cualquier momento resulta candela por todos los lados y quedamos sin nada. Sobre todo, el pasto pal ganado se nos quemó todo. Esperamos que el Gobierno nos ayude a la gente, que nos regale silo para el ganado. Necesitamos comida para el ganado”.

“Nos toca empezar de cero”: campesino afectado por incendios en Tolima

Además de la de Miryam, Noticias Caracol conoció la historia de Élver Silvestre, cultivador de aguacate afectado por los incendios forestales, quien dijo que “no tengo palabras porque esto es como si empezara uno de cero porque se pierde todo el esfuerzo. Yo decía que cuando tuviera 60 años iba a vivir de este cultivo, pero nos toca volver a empezar”.

En la vereda Tomogó, en el municipio de San Luis, él y su esposa, Omaira, recorren lo que hasta hace unos días era su cultivo de aguacate. Del terreno que durante una década les brindó sustento hoy solo quedan troncos ennegrecidos, hojas consumidas por las llamas y el silencio que dejó el incendio.

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“Tenía aproximadamente 550 árboles de aguacate. Estaba en el segundo corte de producción. Estábamos empezando a los primeros frutos”, sostuvo. Entre sus manos, la pareja de campesinos conserva algunos de los aguacates que pronto habrían dado paso a una nueva cosecha, pero que terminaron quemados por el fuego. Al observarlos, la señora Omaira recuerda los frutos que estaban cosechando:

“Hermosos, hermosos. Unos aguacates grandotes que casi alcanzaban a pesar libra y cuartico un aguacate”. Pese a la devastación causada por el incendio y a las pérdidas acumuladas tras años de esfuerzo, estos dos campesinos tienen algo claro: volverán a comenzar de nuevo. Su esperanza permanece intacta entre las cenizas de un cultivo que, aunque desapareció, no logró apagar sus ganas de salir adelante.

“Las herramientas que yo necesito en estos momentos son tanques de almacenamiento. Necesito mangueras para poder colocar un riego. Necesito arbolización porque cada árbol tiene un costo de 12,000 pesos”.

Investigan si incendios forestales en Tolima están siendo causados

El alcalde de San Luis, Ricardo Andrés Acosta, denunció que habría personas generando los incendios en el territorio. “Ayer, la comunidad nos envió un video en el que nos reportó que en una vereda personas en motocicleta iniciaron y prendieron fuego a una finca. Gracias a la reacción inmediata de la comunidad, se pudo contener. No sabemos si estos incendios que se vienen presentando están siendo de manos criminales”.

Agregó el alcalde que “nosotros necesitamos que haya ya inmediatamente fuerza pública aquí en el municipio de San Luis o si no se nos va a ir todos los días del año atacando, conteniendo incendios y un municipio, una administración municipal parada sin poder hacer sus labores del día a día que tenemos a cargo de esas responsabilidades”.

En el Tolima son 50.000 millones de pesos en pérdidas, acumuladas desde el sector agricultor. De ese total, 20.000 millones de pesos están perdidos en los cultivos en el municipio de San Luis, donde los campesinos están pidiendo ayuda, pues solo en dicho municipio hay más de 8.000 hectáreas quemadas.

Una vez que el ciudadano realiza el reporte, debe proporcionar información básica que permita identificar de manera precisa tanto a la persona como a la vivienda afectada. Según la Alcaldía de Cali, los datos requeridos incluyen el nombre, cédula, número telefónico, dirección exacta del inmueble, junto con fotografías donde se evidencien los daños y una breve descripción sobre el tipo de afectación. Es relevante que las imágenes sean claras, ya que facilitarán la valoración inicial de la situación por parte de las autoridades y establecerán con mayor certeza el estado en que se encuentra la vivienda.

Posteriormente, el reporte pasa a una fase de verificación. Primero, se jerarquizan los casos por nivel de urgencia. Luego, las autoridades programan una visita técnica con el fin de constatar en el terreno las condiciones reportadas y ampliar el diagnóstico. Además, se realiza una caracterización del hogar afectado, es decir, se recopila información sobre las condiciones de las familias vinculadas al inmueble, permitiendo así adaptar la respuesta institucional a necesidades específicas.

Una vez completadas estas etapas, la administración evalúa el nivel de afectación de la vivienda. Se contemplan tres escenarios: demolición para casos severos, reparación estructural si los daños son de tipo medio, y habitabilidad cuando únicamente se presentan afectaciones menores. Esta clasificación orienta las acciones concretas que deben implementarse y define los planes de acción en el corto, mediano o largo plazo.

La Alcaldía de Cali recalca la importancia de reportar únicamente a través de los canales oficiales y hace un llamado a la ciudadanía para mantener la calma, esperar la evaluación oficial y evitar divulgar información que no esté verificada. Así, cada vivienda recibe una atención diferenciada, según las particularidades de los daños y las prioridades identificadas durante el proceso técnico.

¿Cómo se debe reportar una vivienda afectada por sismo en Cali?

Para reportar su vivienda dañada, debe comunicarse al WhatsApp 310 229 9708 habilitado por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de la Alcaldía de Cali. Es necesario enviar nombre, cédula, número de teléfono, dirección completa del inmueble, fotos claras de los daños y una descripción breve del tipo de afectación.

¿Qué sucede tras reportar daños en una vivienda por sismo en Cali?

Después de reportar el caso, las autoridades determinan el nivel de urgencia y programan una visita técnica para evaluar el inmueble. Luego, realizan una caracterización del hogar y, según la gravedad de los daños, deciden si la vivienda requiere demolición, reparación estructural o solo atención por daños menores, definiendo así el plan de acción más adecuado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria nacional sobre la venta ilegal del producto Bonfiest Plus, específicamente correspondiente al LOTE 5H6839 con fecha de vencimiento ‘JUN 2027’.

La confirmación de esta falsificación en el mercado colombiano fue notificada formalmente ante la entidad reguladora por la empresa TECNOFAR TQ S.A.S., titular oficial del correspondiente registro sanitario.

En el territorio nacional, el medicamento Bonfiest Plus, en su presentación de granulado efervescente en sobres de 5.1g, cuenta con la autorización legal INVIMA 2022M-0004285-R2 bajo modalidad vigente de fabricar y vender.

Cómo identificar el Bonfiest falsificado:

• Errores de ortografía que no tiene el sobre original, algunos de esos errores son los siguientes: exeso, saislatos, embrazo, circustancia, epatica, Pasientes, excesivo, ventas sin fórmula médica.
• Diferencia en el tamaño de los números impresos debajo del código de barras: en el producto falsificado, la numeración es más grande y resaltada que en el sobre original.
• Diferencias en calidad de impresión: el sobre falsificado presenta una apariencia opaca, con poca nitidez. Los textos muestran bordes más marcados o una apariencia similar a la negrilla, característica que no se observa en el empaque original.
• Diferencias en los elementos gráficos: el burbujeo es poco visible y con poco contraste respecto al fondo azul y tampoco se observa en la misma tonalidad del sobre original.
• Sellador irregular: el producto falsificado presenta bordes desalineados, arrugas, burbujas de aire y, en general, un acabado más tosco.
• Ausencia del sistema abrefácil: el sobre falsificado no cuenta con el sistema abrefácil presente en el producto original.
• Diferencias en la codificación del lote: en el sobre falsificado, la codificación se observa más definida y oscura, con una apariencia lineal y pixelada, similar a una impresión realizada posteriormente.

Invima confirmó que los empaques con las características señaladas corresponden a un producto totalmente fraudulento de acuerdo con lo normado en el Decreto 677 de 1995.

El consumo de estas unidades falsas acarrea un elevado peligro para la salud pública debido al desconocimiento de los ingredientes reales utilizados durante la elaboración ilegal.

Presuntamente, los falsificadores emplean tizas, cemento blanco, talco industrial, colorantes tóxicos o aglutinantes no aptos para el consumo humano con el propósito de imitar la apariencia visual del polvo efervescente.

Adicionalmente, al ignorar las condiciones higiénicas de fabricación, el contenido puede presentar contaminación por bacterias, hongos, plomo o niveles peligrosos de arsénico.

Asimismo, la presencia no controlada de ácido acetilsalicílico o cafeína pura incrementa exponencialmente la probabilidad de sufrir hemorragias gástricas severas, úlceras digestivas o arritmias cardíacas repentinas.

Los medicamentos fraudulentos carecen de respaldo institucional, por lo cual no ofrecen garantías de calidad, eficacia ni seguridad, representando una grave amenaza para la integridad de los consumidores.

Se sugiere verificar siempre la autenticidad del registro sanitario en la plataforma digital oficial del Invima ingresando por grupo, tipo de producto, nombre o principio activo antes de consumir cualquier sustancia.

Frente a esta coyuntura, proceda con las recomendaciones oficiales de las autoridades:

Absténgase de comprar o consumir el lote alterado de BONFIEST PLUS ® mencionado.

Evite adquirir medicamentos, productos fitoterapéuticos o suplementos dietarios sin registro sanitario vigente comercializados habitualmente en páginas web, redes sociales o grupos de mensajería instantánea.

En caso de estar consumiendo este lote falsificado, interrumpa su administración inmediatamente.

Si presenta alguna reacción adversa asociada al uso del producto, repórtela en el sistema Vigiflow o mediante el correo electrónico invimafv@invima.gov.co.

Por último, informe oportunamente al Invima o a las secretarías de salud locales sobre cualquier establecimiento comercial o persona que distribuya esta mercancía adulterada.

Mejía, en su misiva, manifestó: “Me pongo a disposición del nuevo Gobierno para efectuar el proceso de empalme en la forma y términos que usted disponga, garantizando la continuidad de las operaciones de inteligencia financiera y el cumplimiento de los compromisos ante el Grupo Egmont y el GAFILAT”. El Grupo Egmont es una red internacional de unidades de inteligencia financiera, mientras que el GAFILAT corresponde al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, ambos enfocados en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La persona que ocupará el cargo de Mejía es Martha Luz Reyes, abogada con experiencia en la Fiscalía General de la Nación y como procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Su designación fue anunciada por el presidente De la Espriella ante la fiscal general Luz Adriana Camargo y el vicepresidente José Manuel Restrepo.

El paso de Wilmar Mejía por la UIAF no estuvo exento de controversia. Antes de asumir el cargo, surgieron denuncias sobre presuntos nexos de Mejía con alias “Calarcá”, jefe máximo de las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF, antiguas Farc). Dichas denuncias fueron publicadas el 23 de noviembre de 2025 por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. De acuerdo con esa investigación, chats, cartas, fotografías y otros documentos darían cuenta de que Mejía, cuando era funcionario del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y junto al general (r) Juan Miguel Huertas, habría propuesto a las disidencias la creación de una empresa de seguridad con apariencia legal. Esta maniobra habría permitido al grupo armado desplazarse en vehículos blindados y portar armamento oficialmente autorizado.

La evidencia que respalda estas denuncias fue encontrada en dispositivos incautados al propio Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, y a miembros de su estructura tras su captura en Anorí, Antioquia, el 23 de julio de 2024.

Mejía ha rechazado cualquier vínculo con las disidencias y afirma que la investigación disciplinaria en su contra por parte de la Procuraduría General de la Nación, iniciada desde noviembre de 2025, no tiene fundamento. Toda esta información, de acuerdo con El Espectador y Noticias Caracol, deja en evidencia el complejo entorno institucional que rodeó su gestión.

¿Por qué fue controversial la gestión de Wilmar Mejía en la UIAF?

La gestión de Wilmar Mejía en la Unidad de Información y Análisis Financiero fue polémica debido a denuncias sobre presuntos vínculos con las disidencias del EMBF y alias “Calarcá”. De acuerdo con investigaciones de Noticias Caracol, existían documentos y comunicaciones que lo relacionarían con propuestas de actividades legales para beneficiar a este grupo armado, lo que motivó la apertura de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación.

¿Qué funciones cumple la UIAF y qué significa GAFILAT?

La Unidad de Información y Análisis Financiero se encarga de monitorear el flujo de operaciones financieras en Colombia para detectar y prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. GAFILAT es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, una organización internacional que promueve políticas para combatir estos delitos y con la que la UIAF mantiene compromisos internacionales de cooperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La iniciativa contempla un proceso de diagnóstico personalizado, en el que especialistas analizarán diversos aspectos del funcionamiento de los restaurantes seleccionados. Esta valoración permitirá trazar un plan de trabajo enfocado en áreas como la oferta gastronómica, atención al cliente, procesos administrativos y calidad de los productos, siempre orientándose a las características y condiciones propias del entorno rural.

Además del acompañamiento profesional, los restaurantes que cumplan con los requisitos establecidos por la convocatoria podrán acceder a un capital semilla. Este recurso económico está diseñado para invertirlo en mejoras concretas y sostenibles dentro del establecimiento, ya sea en la adquisición de insumos, ajustes en infraestructura o fortalecimiento de la oferta culinaria. Todo el proceso se desarrolla con el objetivo de lograr un fortalecimiento duradero de los negocios participantes, según los lineamientos de la iniciativa.

Para acceder al programa, los restaurantes deben encontrarse en la zona rural de Ibagué, contar con el registro mercantil vigente y cumplir con los parámetros definidos en la convocatoria. Los propietarios o encargados seleccionados tendrán que mostrar disposición y compromiso para participar de las jornadas de capacitación, diagnóstico y acompañamiento que propone el proceso.

La inscripción y toda la información sobre los criterios de selección están disponibles en el enlace dispuesto por los organizadores de ‘Ibagué, Sabores que Inspiran’. De esta forma, la convocatoria representa una oportunidad significativa para quienes buscan potenciar sus negocios rurales y aumentar la competitividad en el sector gastronómico local.

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¿Cuál es el objetivo principal de la convocatoria ‘Ibagué, Sabores que Inspiran’?

La convocatoria busca apoyar a los restaurantes rurales de Ibagué mediante un diagnóstico personalizado, capacitación, acompañamiento técnico y la posibilidad de acceder a un capital semilla, todo orientado a fortalecer y mejorar el funcionamiento y la calidad de sus negocios gastronómicos.

¿Qué requisitos deben cumplir los restaurantes rurales para participar en ‘Ibagué, Sabores que Inspiran’?

Los restaurantes deben estar ubicados en la zona rural de Ibagué, tener el registro mercantil vigente y cumplir todos los requisitos establecidos en la convocatoria. Además, los seleccionados deberán participar activamente en el diagnóstico, capacitaciones y actividades de acompañamiento.

El informe de El Espectador destaca que la situación ha sido agravada por factores económicos y sociales que han limitado la presencia de docentes capacitados en territorios apartados. Muchas veces, los maestros asignados en zonas rurales permanecen durante cortos periodos de tiempo, lo que interrumpe los procesos de aprendizaje y afecta la continuidad educativa de los estudiantes. Asimismo, el acceso limitado a servicios básicos como electricidad e internet restringe la posibilidad de implementar modelos educativos que aprovechen herramientas tecnológicas para la enseñanza.

De acuerdo con testimonios recogidos por El Espectador, los docentes afirman que la inseguridad en ciertas regiones y la falta de incentivos adecuados son factores que inciden en la alta rotación del personal. Como resultado, los estudiantes deben adaptarse constantemente a cambios de metodología y de profesorado. Por otro lado, el compromiso de las comunidades rurales para apoyar la educación es evidente, sin embargo, la ausencia de políticas públicas efectivas dificulta avanzar en la reducción de las brechas existentes.

De esta manera, el artículo pone de manifiesto que la transformación del sistema educativo rural requiere de un enfoque integral, que valore tanto la capacitación y permanencia docente como la mejora de la infraestructura y el acceso a servicios básicos. El objetivo es garantizar que todos los niños y jóvenes en Colombia tengan oportunidades equitativas para desarrollar su potencial y contribuir al progreso del país, sin importar el lugar donde nacieron.

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la educación rural en Colombia?

La educación rural en Colombia enfrenta dificultades como la falta de infraestructura adecuada, escasez de materiales, ausencia de transporte escolar, limitada presencia de docentes capacitados y dificultades de acceso a servicios básicos como electricidad e internet, según los datos de El Espectador.

¿Por qué existe una alta rotación de docentes en las zonas rurales?

Según testimonios citados por El Espectador, la alta rotación de docentes en zonas rurales se explica principalmente por la inseguridad, la falta de incentivos adecuados y las difíciles condiciones laborales, lo que obliga a los maestros a abandonar las comunidades después de cortos periodos.

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(Le puede interesar: ¿Qué nacionalidades tiene De la Espriella? Lo pusieron en apuros durante las elecciones)

El jefe de Estado hizo algunos ajustes en su informe financiero oficial, y el más importante tiene que ver con su esposa, Ana Lucía Pineda. De la Espriella incluyó a la primera dama de la República en su documento tributario de la Dian. Sin embargo, el mandatario aseguró en su declaración que la mención de su pareja no crea algún conflicto de interés frente al cargo que ejerce actualmente.

#Política | El presidente Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) actualizó su declaración de renta: incluyó a su cónyuge y sus cuentas e inversiones en los Estados Unidos e Italia.

Vía @lausaavedramhttps://t.co/qRQodC5OyZ pic.twitter.com/QG5Bdwik1M

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 25, 2026

Anteriormente, el abogado había mostrado que su declaración de renta le daba 10.272 millones de pesos entre ingresos y rentas. Sumado a ello, tuvo un pasivo que acumuló 102,7 millones de pesos.

Decisión de De la Espriella en declaración de renta involucra sus negocios

El presidente también incluyó varias de sus inversiones en el formulario de ingresos, pasivos y bienes. Una de las que más destaca es su papel en Consenza S. A. S., una reconocida constructora colombiana. De la Espriella es accionista en dicha empresa de inmobiliaria y bienes raíces en territorio nacional.

Sumado a ello, también mostró sus inversiones en los países donde tiene nacionalidad, Estados Unidos e Italia. Una de sus firmas más reconocidas es De la Espriella Lawyers, la cual formó en territorio norteamericano y usó para ejercer su profesión de abogado.

Estas son otras de las marcas que ha tenido De la Espriella:

• Dominio De La Espriella: es su marca de licores, donde incluye el ron Defensor y el vino Fratellone
• Restaurante Místico: un negocio gastronómico en Cartagena
• De La Espriella Style: es su marca de ropa masculina, centrada en elaboración de trajes formales.

Entre los asistentes, también destacaron los embajadores de Portugal, Polonia, Italia, España, representantes de la Unión Europea, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza y Türkiye, además de delegados del Banco Mundial. Durante el encuentro, el vicepresidente expresó su agradecimiento a la cooperación internacional por el respaldo brindado a Colombia en medio de esta crisis. Como lo reseñó el propio Restrepo en su cuenta de X (antes Twitter), la reunión sirvió para alinear esfuerzos y compartir el camino planteado para la recuperación y la fase de reconstrucción.

La respuesta estatal avanza en varias líneas. Justamente el lunes, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la apertura de la segunda etapa en la reconstrucción, marcando el inicio de la entrega de un subsidio económico de COP 875.452 para los hogares damnificados, beneficio que cubrirá inicialmente tres meses, con entregas previstas a partir del miércoles. Además, el mandatario precisó que el “Fondo Milagro”, creado en el marco de la emergencia económica decretada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, será el organismo encargado de manejar los recursos destinados a la reconstrucción. Este fondo gestionará una inversión total de COP 30 billones y se coordinará con aseguradoras, la banca nacional, el Fondo Nacional del Ahorro y empresas constructoras.

Está previsto que desde el Palacio de San Carlos, el gobierno entregue mayores detalles sobre estos procesos en el transcurso del día, como lo señaló El Espectador.

¿Quiénes conforman el grupo de donantes internacionales para la reconstrucción tras el terremoto?

El grupo de donantes internacionales que participa en la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto está compuesto por representantes y embajadores de países como Canadá, Portugal, Polonia, Italia, España, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza y Türkiye, además de delegados de la Unión Europea, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según El Espectador.

¿Qué es el “Fondo Milagro” y cómo funcionará en la reconstrucción?

El “Fondo Milagro”, de acuerdo con la información presentada, es un organismo creado durante la emergencia económica declarada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Su función principal será administrar los recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. El fondo contará con COP 30 billones y coordinará el otorgamiento de subsidios de vivienda y la colaboración entre aseguradoras, banca nacional, el Fondo Nacional del Ahorro y empresas de construcción.

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El principal llamado a la ciudadanía, especialmente a comerciantes y empresarios, es a no entregar dinero ni comprar rifas, bonos o cualquier otro tipo de elemento que sea ofrecido a nombre de los bomberos. Según las autoridades, actualmente no existe ninguna campaña de este tipo en marcha. Así lo confirmó Pedro Patiño, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, quien señaló que la entidad es una institución pública, adscrita a la Alcaldía de Ibagué, y por lo tanto todas sus operaciones, incluidas la atención de emergencias, son completamente gratuitas. “Nosotros somos una entidad de carácter público, adscritos a la Alcaldía de Ibagué, por lo cual todas nuestras operaciones de atención de emergencias son gratuitas”, explicó Patiño, según los reportes conocidos.

El comandante insistió en que ningún miembro del Cuerpo Oficial de Bomberos está autorizado para solicitar dinero o algún tipo de beneficio económico en nombre del organismo. La advertencia abarca tanto rifas como colectas, boletas o bonos que puedan estar siendo ofrecidas en diferentes sectores de la ciudad, ya sea en viviendas o establecimientos.

Para evitar caer en posibles engaños, es fundamental identificar correctamente a los verdaderos bomberos. Estos deben portar el uniforme reglamentario, el carné institucional y los distintivos correspondientes que los acreditan como integrantes de la entidad. En caso de dudas o situaciones sospechosas, las personas pueden y deben comunicarse con las líneas de emergencia 119 y 123 para verificar la procedencia de cualquier solicitud. De acuerdo con el llamado de las autoridades, compartir esta información ayudará a que menos personas caigan víctimas de estos fraudes y permitirá proteger la integridad y confianza que la comunidad tiene en los bomberos.

¿Cómo saber si una rifa o bono a nombre de los bomberos de Ibagué es falsa?

De acuerdo con la información oficial, actualmente no existe ninguna campaña de rifas, bonos o colectas a nombre de los bomberos de Ibagué. Si alguien ofrece estos elementos y afirma representar a la institución, se recomienda no entregar dinero y verificar la autenticidad comunicándose con las líneas de emergencia 119 o 123. Además, debe solicitar la identificación correspondiente al supuesto bombero y observar si porta el uniforme y carné reglamentarios.

¿Qué hacer si aparecen personas que se hacen pasar por bomberos en su negocio o vivienda?

En caso de que alguien llegue solicitando dinero en nombre de los bomberos, lo indicado es no realizar ningún pago. De inmediato, comuníquese con las líneas de emergencia 119 o 123 para informar la situación y permitir que las autoridades tomen las medidas necesarias. Esta acción previene fraudes y protege la integridad de la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Vea también: Lanzan alerta sanitaria por popular gel para el dolor; advierten por riesgos para la salud)

La falsificación fue confirmada y notificada al Instituto por TECNOFAR TQ S.A.S., titular del registro sanitario del medicamento.

El Invima aclaró que el Bonfiest Plus original cuenta con autorización sanitaria vigente en Colombia, por lo que la alerta está dirigida específicamente a las unidades falsificadas que presentan las características descritas por la autoridad.

Ante esta situación, el Instituto pidió a quienes hayan adquirido el producto revisar cuidadosamente el empaque antes de consumirlo y verificar si coincide con alguna de las señales identificadas.

Estos son los errores y detalles que delatan al Bonfiest Plus falsificado

El Invima informó que existen varias diferencias entre el producto original y las unidades falsificadas. Algunas pueden identificarse directamente en el empaque.

La primera señal son los errores de ortografía. En las unidades falsificadas aparecen palabras como “exeso”, “saislatos”, “embrazo”, “circustancia”, “epatica”, “Pasientes” y “VENTAS SIN FORMULA MEDICA”.

También existen diferencias en los números ubicados debajo del código de barras, que aparecen más grandes y resaltados que en el producto original.

Otra característica está relacionada con el empaque, que puede presentar una apariencia más opaca y con menor nitidez. Los textos, además, tienen bordes más marcados o una apariencia similar a la negrilla.

El gráfico de burbujas también permite establecer diferencias: en el producto falsificado tiene menor visibilidad y contraste frente al fondo azul.

A esto se suma el sellado irregular, que puede presentar bordes desalineados, arrugas y burbujas de aire.

El Invima también encontró que las unidades falsificadas no cuentan con el sistema abrefácil que sí está presente en el producto original. Finalmente, hay diferencias en la impresión del lote. En el producto falsificado, esta aparece más definida, oscura, lineal y pixelada.

Por eso, quienes tengan Bonfiest Plus en casa deben revisar estos ocho elementos, especialmente si el producto corresponde al lote 5H6839 y tiene fecha de vencimiento JUN 2027.

¿Qué riesgos tiene consumir el Bonfiest Plus falsificado?

El principal problema señalado por el Invima es que, al tratarse de un producto falsificado, se desconoce su contenido real, así como la concentración de sus componentes y las condiciones en las que fue fabricado.

La autoridad sanitaria explicó que una concentración no controlada de principios activos como el ácido acetilsalicílico o la cafeína puede incrementar el riesgo de presentar efectos adversos graves.

Entre las consecuencias mencionadas están las hemorragias gastrointestinales, las úlceras y las alteraciones del ritmo cardíaco.

El Invima también advirtió sobre el riesgo de una posible intoxicación química. De acuerdo con la alerta, presuntamente se habrían utilizado elementos como tiza, cemento blanco, talco industrial, colorantes tóxicos o aglutinantes no aptos para el consumo humano para imitar el polvo efervescente del producto.

William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, hizo un llamado a los ciudadanos para que no consuman el medicamento si identifican las características señaladas y reporten inmediatamente la situación ante la entidad.

Es importante precisar que la alerta no significa que todo el Bonfiest Plus disponible en Colombia sea falsificado. El Instituto aclaró que el producto original cuenta con autorización sanitaria y tiene vigente el registro INVIMA 2022M-0004285-R2.

La presentación autorizada corresponde a granulado efervescente en sobres de 5,1 gramos.

¿Qué hacer si tiene el Bonfiest Plus del lote alertado?

Si una persona tiene una unidad de Bonfiest Plus con lote 5H6839 y vencimiento JUN 2027, debe revisar las características descritas por el Invima antes de consumirla.

Ante cualquier indicio de falsificación, la recomendación es suspender inmediatamente su consumo y reportar la situación a la autoridad sanitaria.

En caso de haber utilizado el producto y presentar algún evento adverso, el Invima pidió hacer el reporte correspondiente para que pueda ser investigado.

La entidad también solicitó a los ciudadanos informar sobre los establecimientos, páginas web, redes sociales u otros canales en los que se esté distribuyendo o comercializando el producto falsificado.

La magnitud del desastre no solo se mide en términos de destrucción material, sino también en la tragedia humana. Lamentablemente, se reportó el fallecimiento de una persona, quien perdió la vida luego de que una pared se derrumbara sobre ella durante el temblor, un incidente que evidencia la gravedad del evento y su impacto en la seguridad de los habitantes.

El informe oficial sobre las afectaciones advierte que 1.025 viviendas resultaron averiadas. Esto ha dejado a cientos de familias en condiciones de vulnerabilidad, muchas de ellas sin un espacio seguro donde resguardarse. Esta situación ha llevado a una crisis social de grandes proporciones, pues la reconstrucción de las viviendas no solo requiere recursos económicos, sino también la rápida respuesta de las autoridades encargadas.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta El Águila es la pérdida total de la infraestructura esencial. El hospital local colapsó, perdiendo su funcionalidad por completo. Este hecho pone en riesgo la atención de emergencias de salud y limita gravemente el acceso de la población a servicios médicos básicos. En el campo educativo, un colegio agropecuario fue destruido junto con sus once salones, por lo que el retorno a las clases para los estudiantes todavía no es posible, según agregaron autoridades municipales.

La recuperación y reconstrucción demandan una inversión estimada en 100.000 millones de pesos, cifra dada a conocer por el alcalde del municipio. Para abordar la emergencia, la administración local prioriza la adquisición de insumos básicos de construcción, como tejas de zinc, perfiles de hierro, ladrillos y cemento, materiales fundamentales para garantizar el alojamiento provisional y seguro de los afectados. La intervención oportuna de organismos de gestión del riesgo, así como la coordinación entre el gobierno departamental y la cooperación nacional, ha sido catalogada como esencial para evitar que la situación humanitaria se agrave aún más.

¿Cuántas viviendas fueron afectadas por el sismo en El Águila y cuál es el impacto en la población?

Según datos oficiales citados por Noticiero 90 Minutos, un total de 1.025 viviendas resultaron dañadas por el sismo en El Águila, lo que ha dejado en situación de vulnerabilidad a cientos de familias. El impacto alcanzó al 40 % de la población del municipio, compuesto por 10.500 habitantes, complicando el acceso a vivienda segura y generando una urgente necesidad de apoyo estatal y social.

¿Qué servicios esenciales quedaron colapsados tras el terremoto en El Águila, Valle del Cauca?

Tras el sismo, el hospital local quedó completamente destruido, dejando a la comunidad sin acceso a atención médica básica. Además, el colegio agropecuario del municipio colapsó junto a sus 11 aulas, impidiendo el regreso de los estudiantes a clases y profundizando la crisis social y educativa en El Águila.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Y agregó: «Vamos a hacer navegable nuestro río Magdalena desde el kilómetro 0 en Bocas de Ceniza, Barranquilla, hasta el kilómetro 631 en Barrancabermeja. Desde siempre, el gran río de la Magdalena ha permitido que esta Nación dispersa se reconozca como una sola patria. El Magdalena es la arteria que uno a la colombianidad».

La iniciativa de De la Espriella no es nueva. De hecho, el gobierno Petro venía adelantando la tarea con una inversión de $ 248.633 millones para 2026 con el fin de asegurar la navegabilidad permanente del río Magdalena, mantener el dragado continuo y garantizar la operación segura de este corredor fluvial.

Del total, $ 40.853 millones se asignaron específicamente al canal navegable entre Barrancabermeja y Barranquilla, además de $116.257 millones al canal de acceso al puerto de Barranquilla y $14.500 millones al Brazo de Mompox.

Según Cormagdalena, el nuevo modelo de gestión logró 3 años de navegabilidad continua con un calado de 10 metros, respaldado por una inversión acumulada de $ 373.431 millones entre 2023 y 2026 y más de 11,3 millones de metros cúbicos dragados.

¿Qué falta para garantizar la navegabilidad y estabilidad del río Magdalena?

Jorge Tinoco, asesor de la dirección ejecutiva de Cormagdalena actualizó la situación hace pocas semanas.

El directivo contó que el proyecto ya cuenta con estudios, diseños fase 3 y los requisitos técnicos necesarios, pero todavía está pendiente de financiación. La entidad tiene previsto presentar al nuevo Gobierno Nacional la solicitud de vigencias futuras por cerca de $1,96 billones para ejecutar el plan durante el próximo cuatrienio.

La inversión contempla $ 1,2 billones en obras de infraestructura (Capex) y cerca de $740.000 millones para operación y mantenimiento (Opex). Entre las obras previstas están el mantenimiento y fortalecimiento de los tajamares en Bocas de Ceniza, 13 diques sumergibles y otras obras de protección en el tramo Barrancabermeja-Barranquilla.

También se contempla la compra y construcción de una draga propia para el canal de acceso al Puerto de Barranquilla, con una inversión estimada de $400.000 millones.

Mientras se define la financiación para el próximo cuatrienio, la operación actual tiene recursos garantizados hasta el 31 de diciembre de 2026, con cerca de $46.000 millones destinados al mantenimiento del dragado. Cormagdalena espera que las vigencias futuras sean evaluadas durante los próximos meses para avanzar desde octubre en los procesos de contratación y llegar a enero de 2027 con los contratos necesarios para mantener la navegabilidad.

Uno de los proyectos de mayor plazo es la construcción de la nueva draga, cuyo diseño Cormagdalena viene trabajando con Cotecmar desde hace unos cuatro años. Si obtiene la autorización presupuestal, la construcción tomaría alrededor de cuatro años, por lo que la draga estaría disponible hacia 2030 y comenzaría a ser operada por Cormagdalena en 2031.

De acuerdo con EMCALI, esta alternativa surge como parte de la respuesta ante el impacto del sismo, el cual dejó a numerosos inmuebles en estado crítico y obligó a evacuar sectores enteros de la ciudad. Para aquellos predios que sufrieron un colapso estructural, la empresa informó que está procediendo con la clausura de los servicios públicos, guiándose por la información suministrada por las autoridades y organismos de control pertinentes.

En contraste, para los hogares que, si bien resultaron afectados, pueden ser recuperados a través de reparaciones, EMCALI facilita la suspensión temporal de los servicios. El beneficio podrá solicitarse mientras el inmueble permanezca inhabilitado y, una vez las autoridades certifiquen que la vivienda es nuevamente segura, se permitirá al usuario activar los servicios sin ningún costo asociado al trámite, según explicó la empresa.

Para acceder al procedimiento, los usuarios deben ingresar al portal oficial de EMCALI y hacer clic en el banner “Suspensión temporal de servicios”. Ahí se presentará un formulario que solicita datos como número de contrato, dirección exacta del inmueble, nombre completo, teléfono, y correo electrónico. Además, es posible adjuntar opcionalmente el documento de identidad y una copia de la factura de servicios, lo que podría facilitar la gestión. Es importante destacar que EMCALI revisará previamente el estado del predio antes de aprobar la suspensión, por lo que el cese de los servicios no se hará de manera automática.

Las notificaciones sobre el resultado de la solicitud serán enviadas al correo indicado por el usuario. Quien no disponga del número de contrato puede obtenerlo llamando a la línea 177 de EMCALI o a los teléfonos 602 5240177 y 5240177 desde otros operadores. Así, EMCALI busca atenuar la incertidumbre y las cargas de las familias caleñas mientras se resuelve la situación de sus viviendas tras el evento sísmico.

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¿Qué requisitos se necesitan para solicitar la suspensión temporal de servicios públicos en Cali después del sismo?

Para quienes deseen acceder a la suspensión temporal de servicios de EMCALI, será fundamental presentar el número de contrato, la dirección completa del inmueble, nombre del solicitante, teléfono y correo electrónico. De manera opcional, se puede adjuntar el documento de identidad y la factura de servicios públicos. El proceso se tramita exclusivamente a través del portal oficial de EMCALI y está sujeto a verificación previa del estado del inmueble afectado.

¿Cuánto tiempo dura la suspensión temporal de los servicios públicos que otorga EMCALI tras el sismo?

La suspensión temporal de los servicios públicos se mantendrá activa mientras el inmueble permanezca inhabilitado por daños y hasta que las autoridades o entidades correspondientes certifiquen que las reparaciones permiten la habitabilidad nuevamente. En ese momento, el usuario podrá solicitar la reactivación de servicios sin costo, según comunicó EMCALI.

De acuerdo con Edna Castro, veedora de la Arboleda Campestre, los vecinos no se oponen al desarrollo ni rechazan la idea de un nuevo hospital para la ciudad. Al contrario, recalcan que apoyarían cualquier proyecto que apueste por el bienestar social y sanitario, pero solo si se tiene una visión integral y responsable en cuanto a las condiciones del entorno. Castro señala que "es muy importante para nosotros y queremos que sean ejecutados estos proyectos", dejando claro que el respaldo de la comunidad existe, siempre que se tengan en cuenta las necesidades y los problemas sin resolver en el sector.

Las inquietudes de los habitantes tienen un fundamento tangible. Reportan que en Arboleda Campestre las fallas en la red de acueducto y alcantarillado son recurrentes, así como las interrupciones en el suministro de agua. Por ello, insisten en la importancia de que cualquier obra futura incluya garantías de transparencia y viabilidad, tanto en la ejecución como en el impacto a largo plazo para la comunidad. La veedora recalca este punto con su llamado a que "todo esto quede muy bien desde el principio".

Adicional a los problemas con los servicios públicos, los residentes también expresan su preocupación por la limitada oferta de transporte público y la falta de espacio adecuado para la movilidad, particularmente de personas con discapacidad o quienes viajan fuera de los horarios habituales. En este sentido, el apoyo a la decisión del Concejo Municipal y la Personería no debe interpretarse como un rechazo definitivo a la construcción del Hospital Materno Infantil, sino como una solicitud para que las autoridades primero atiendan las dificultades crónicas del sector y así la llegada de nuevas inversiones beneficie verdaderamente a la ciudad y sus habitantes.

En suma, la comunidad pide que el desarrollo de Ibagué sea resultado de una verdadera planificación urbana, basada en estudios técnicos, condiciones ambientales y el respeto por las necesidades de quienes residen en la zona. Solo así, afirman, darán un respaldo pleno a nuevos proyectos de infraestructura.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de los habitantes de Arboleda Campestre sobre el Hospital Materno Infantil?

Los residentes de Arboleda Campestre han comunicado que sus mayores preocupaciones giran en torno a la falta de agua potable, problemas continuos en el alcantarillado, deficiencias en el transporte público y limitaciones de espacio público y planificación urbana. Temen que la construcción del Hospital Materno Infantil, si no se resuelven estos problemas primero, agrave la situación en lugar de aportar una solución.

¿Por qué la comunidad respalda la decisión del Concejo de Ibagué sobre la cesión del lote para el hospital?

La comunidad apoya la decisión del Concejo Municipal y la Personería de Ibagué de no ceder aún el lote para el Hospital Materno Infantil porque consideran que, antes de cualquier nueva obra, es necesario atender los problemas básicos que afectan al sector desde hace años. Los habitantes insisten en que no se oponen al hospital, pero exigen que las inversiones lleguen acompañadas de garantías y soluciones estructurales, para evitar que las deficiencias actuales se agraven.

Sin embargo, existe una zona denominada "zona de emergencia", donde la restricción se intensifica debido a las obras de recuperación de la infraestructura vial que se adelantan. Según datos de la Secretaría, este perímetro abarca desde la Carrera 66 hasta la Carrera 36, y de la Calle 5 a la Calle 10. Allí, el pico y placa afecta a un total de cuatro números diarios, y este miércoles no podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 3, 4, 7 y 8. Dicho cuadrante incluye lugares estratégicos y de alto tráfico como la Universidad Santiago de Cali, el Centro Comercial Palmetto Plaza, la Unidad Deportiva de Cali y vías principales como la Avenida Roosevelt y la Calle 9. La medida especial en esta zona es temporal y estará vigente desde el 21 de agosto hasta el 5 de septiembre.

La normativa prevé excepciones para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. Las motocicletas, ambulancias, vehículos de emergencia, automotores de la Policía y el Ejército, y los vehículos oficiales, pueden circular en todos los sectores de la ciudad sin restricciones. También quedan exceptuados los vehículos que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida, los expresamente autorizados para atender la emergencia, así como los vehículos híbridos y eléctricos y quienes paguen oportunamente la Tasa por Congestión.

Ante estas regulaciones, las autoridades recomiendan a la ciudadanía planificar rutas alternas y revisar el dígito final de la placa antes de movilizarse, con el fin de evitar sanciones económicas y contribuir al orden y seguridad en las vías. Toda la información expuesta proviene de la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali.

¿Cuáles son los dígitos restringidos por el pico y placa en Cali este miércoles?

Este miércoles, la restricción ordinaria de pico y placa en Cali aplica para vehículos cuya placa termina en 3 y 4, mientras que en la zona de emergencia la medida prohíbe la circulación de placas finalizadas en 3, 4, 7 y 8, según la Secretaría de Movilidad de la ciudad.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en la zona de emergencia de Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, están exentos de la restricción motocicletas, ambulancias, vehículos de emergencia, automotores de la Policía y el Ejército, vehículos oficiales, personas con discapacidad, vehículos autorizados para atender la emergencia, híbridos, eléctricos y quienes hayan pagado la Tasa por Congestión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El sismo dejó secuelas en 494 municipios distribuidos en 16 departamentos. Según el balance oficial de la UNGRD, 361.353 personas fueron identificadas como damnificadas por el suceso, y 364 individuos fueron rescatados en las labores de emergencia. La magnitud de los estragos no solo se refleja en la cifra de víctimas, sino también en los daños materiales registrados durante estos días.

Uno de los impactos más fuertes se manifiesta en la infraestructura residencial. Según la UNGRD, 178.515 viviendas se reportaron averiadas y otras 31.613 quedaron completamente destruidas. Además, se contabilizan 5.884 edificaciones con afectaciones diversas y 603 edificaciones colapsadas. La emergencia también golpeó la infraestructura estratégica de múltiples comunidades, incluyendo 378 centros de salud, 3.758 instituciones educativas y 4.334 centros comunitarios.

Las vías terrestres y otras estructuras públicas sufrieron daños considerables. El reporte actualizado indica afectaciones en 440 tramos viales, cinco aeropuertos, 118 acueductos, 74 puentes vehiculares y 16 puentes peatonales, lo que evidencia la complejidad del proceso de recuperación que enfrenta el país.

Luego de dos semanas dedicadas principalmente a la gestión de la emergencia, el Gobierno Nacional anunció el inicio de una etapa enfocada en la reconstrucción. Durante una visita a Quibdó, capital del Chocó y una de las zonas más afectadas, el presidente Abelardo De La Espriella comunicó que el proceso de recuperación ya está en marcha. Se enviaron 4.480 toneladas de materiales para reparar viviendas, y comenzó el esquema de reconstrucción asistida, en el cual las familias colaboran con ingenieros y especialistas en la edificación de nuevas estructuras. Para las viviendas con daños menores, está prevista la entrega de materiales que permitan su recuperación, y en los casos más graves se construirá nuevamente la casa.

En respuesta a la emergencia habitacional, la empresa privada Grupo Argos incrementó su compromiso de viviendas de rápida edificación, aumentando la meta de 300 a 1.000 unidades, con hasta 600 de ellas destinadas específicamente a la región del Chocó.

Mientras la reconstrucción avanza, el gobierno estableció un apoyo económico temporal para las familias que perdieron totalmente su vivienda. A partir del 26 de agosto, los hogares en esta situación recibirán 875.452 pesos mensuales durante tres meses, sumando cerca de 2,6 millones de pesos para cada uno, según la información oficial.

¿Cuántas personas resultaron afectadas por el terremoto en Colombia, según la UNGRD?

De acuerdo con el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto del 10 de agosto afectó a 361.353 personas, incluyendo 331 fallecidos, 4.439 heridos y 240 personas desaparecidas, además de miles de damnificados en 16 departamentos.

¿Qué es la reconstrucción asistida tras un desastre y cómo se implementa en Colombia?

La reconstrucción asistida es un sistema en el que las familias damnificadas participan directamente en la reparación o edificación de sus viviendas, contando con el apoyo técnico de ingenieros y otros profesionales. Según la UNGRD, en Colombia este modelo busca agilizar la restauración de hogares permitiendo que los afectados colaboren en las obras bajo supervisión especializada.

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El proceso de selección de los candidatos incluyó varias deliberaciones internas. Gustavo Petro, expresidente y aún figura clave en la dirección política de la izquierda, participó activamente en la designación de Rusinque y Bautista, optando por estos nombres frente a otras alternativas como la de Alirio Uribe. Así, Ana Jimena Bautista, exdirectora de Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el periodo de Juan Felipe Harman, fue elegida en reemplazo de Uribe para integrar la lista al CNE.

Por otro lado, Guillermo Rivera, exministro del Interior y exembajador en Brasil, llegó a la plancha en las últimas horas tras recibir el visto bueno del sector progresista. Según El Espectador, Rivera buscó el respaldo de varios congresistas, logrando sumar apoyos dentro de la izquierda y sectores de Alianza Verde, encabezados por el senador Ariel Ávila, aunque enfrentó resistencias de movimientos como las curules de paz.

En cuanto a cuotas en el CNE, el Pacto Histórico tiene asegurados dos asientos –actualmente en poder de Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez– gracias a su propia bancada de 69 congresistas. Cada puesto se define por 33 votos. Aunque la votación para el resto de los asientos permanece repartida entre bloques tradicionales y el oficialismo, la inclusión de Rivera podría modificar la balanza y poner en riesgo los escaños de candidatos de Salvación Nacional y Cambio Radical, reveló El Espectador. El Centro Democrático, el Partido Conservador, La U y el Partido Liberal también tienen sus cartas sobre la mesa, con nombres ya definidos para pelear por su representación.

Este cierre de planchas y alianzas marca la antesala de una votación decisiva que no solo definirá los magistrados del CNE, sino también la correlación de fuerzas en un órgano clave para la democracia colombiana.

¿Quiénes son los candidatos del Pacto Histórico y sus aliados para el Consejo Nacional Electoral?

De acuerdo con El Espectador, la plancha conjunta presentada por el Pacto Histórico, En Marcha y Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) está integrada por Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista y Guillermo Rivera. Rusinque y Bautista fueron seleccionadas con la participación de Gustavo Petro, mientras que Rivera, exministro y exembajador, llegó tras recibir el respaldo de la izquierda petrista y sectores de Alianza Verde.

¿Cómo se define la elección de magistrados en el Consejo Nacional Electoral según el Congreso?

Según la información publicada por El Espectador, cada puesto en el Consejo Nacional Electoral se asigna mediante la votación del Congreso en pleno, donde es necesario contar con 33 votos para asegurar un escaño. El Pacto Histórico, al contar con una bancada de 69 congresistas, tiene asegurados dos asientos. El resto de las posiciones se disputa entre los partidos más tradicionales y el oficialismo, en una puja que puede verse alterada según la inclusión de candidatos y el resultado de las alianzas recientes.

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Según datos obtenidos por El Espectador, los capturados fueron identificados por sus rangos: se trata de tres mayores, tres sargentos segundos, un sargento primero y un sargento viceprimero, todos actualmente en servicio activo. A este grupo se suma un sargento primero retirado. Las detenciones se efectuaron en diferentes regiones del país para dar cumplimiento a órdenes judiciales emitidas por la Fiscalía 03 Seccional de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.

Los delitos por los que se investigan a los capturados han sido tipificados como peculado por apropiación y falsedad en documento público. El delito de peculado por apropiación se refiere a la apropiación indebida de recursos públicos por parte de servidores del Estado, mientras que la falsedad en documento público implica la alteración o fabricación de documentos oficiales con el fin de adelantar trámites ilegales o encubrir irregularidades.

De acuerdo con lo manifestado por el Ejército, el resultado de estas detenciones es producto de una exhaustiva investigación que duró más de 18 meses. Durante este periodo, las autoridades lograron identificar una serie de conductas irregulares en el manejo de recursos y en los trámites administrativos llevados a cabo por el personal militar implicado, lo que habría facilitado actos de corrupción en ejercicio de sus funciones oficiales.

Actualmente, los nueve capturados han sido puestos bajo custodia de las autoridades judiciales correspondientes, quienes serán los encargados de legalizar las capturas en las próximas horas. De forma paralela, el Ejército anunció la apertura de investigaciones disciplinarias y administrativas internas, con el propósito de esclarecer las circunstancias y el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en estos hechos.

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¿Cuáles son los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público en casos de corrupción?

El peculado por apropiación consiste en que un servidor público se apropia ilegalmente de bienes o recursos del Estado para su beneficio privado. Por su parte, la falsedad en documento público ocurre cuando se altera o elabora un documento oficial de manera fraudulenta, con la intención de cometer un acto ilegal o encubrir una irregularidad. En el contexto de los hechos, estos delitos estarían vinculados a actos de corrupción en el manejo de recursos y trámites administrativos dentro del Ejército.

¿Qué autoridades participaron en la captura de militares señalados de corrupción en el Ejército?

En el reciente operativo participaron el Gaula Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Este trabajo conjunto permitió realizar las capturas en diferentes regiones del país, bajo las órdenes judiciales de la Fiscalía 03 Seccional de Cúcuta, lo que refuerza la colaboración interinstitucional en investigaciones por corrupción dentro de las fuerzas armadas.

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La iniciativa fue explicada por el senador de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, quien aseguró que la propuesta busca separar el derecho al sufragio de cualquier participación política dentro de las Fuerzas Militares y la Policía.

“Los miembros de la fuerza pública podrán ejercer la función de sufragio mientras permanezcan en servicio solo para las elecciones de presidente de la república y para elegir senadores, pero no podrán intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”, afirmó Rodríguez al explicar el proyecto.

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El senador también puso como ejemplo una situación que, según la propuesta, seguiría estando prohibida dentro de los batallones y unidades policiales. “Lo que quiere decir que los uniformados no pueden hacer ningún tipo de política con la tranquilidad de que ningún batallón vamos a ver a un coronel formando a todo su batallón para que voten por el a o por el b y ningún sargento podrá hacerlo”, señaló.

De esta manera, el proyecto plantea que los uniformados puedan acudir a las urnas para elegir al presidente de la República y a los integrantes del Senado, pero sin que esa posibilidad implique autorización para promover candidatos, partidos o movimientos políticos.

La propuesta ahora deberá avanzar en el trámite correspondiente dentro del Congreso. Su eventual aprobación implicaría un cambio en las reglas electorales aplicables a los miembros activos de la Fuerza Pública, específicamente frente a su participación en las elecciones mencionadas.

La situación en Tolima es la más grave. De acuerdo con estimaciones de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), alrededor de 27.000 hectáreas se han visto afectadas por el fuego en municipios como Suárez, San Luis, Armero, Coello, Guamo, Ambalema, Ataco y Coyaima. Esta cifra equivale al 68 % del área urbana de Bogotá y no solo representa una pérdida ambiental, sino también económica y social. Los daños en cultivos, infraestructura rural, pastos y medios de alimentación para animales han ocasionado pérdidas cercanas a los $50.000 millones solo en el sector agropecuario tolimense. En San Luis, por ejemplo, se quemaron cerca de 8.000 hectáreas, lo que representa alrededor de $20.000 millones en daños. Más de 100.000 cabezas de ganado podrían sufrir escasez de alimento.

Las historias humanas detrás de las estadísticas reflejan el drama de decenas de familias campesinas, especialmente en veredas como Tomogó, donde 14 de las 46 fincas sufrieron pérdidas. Se reportan casos como el de un productor que vio cómo el esfuerzo de una década se desvaneció tras perder 550 árboles de aguacate. Las comunidades solicitan ayuda en forma de alimentos para animales, agua, herramientas y semillas, mientras el Ministerio de Agricultura implementa el plan “Compromiso Tolima” para atender a los afectados.

Nariño tampoco escapa a la crisis, con cuatro incendios activos en La Florida, Linares, Ancuya y El Tambo. Las llamas avanzan sobre cultivos de caña de azúcar y destrozaron dos trapiches en Ancuya, afectando a decenas de familias. Bomberos y Defensa Civil luchan para contener el fuego, mientras la Gobernación reporta más de 1.200 hectáreas impactadas y solicita evitar quemas que puedan agravar la emergencia.

Las autoridades investigan si algunos focos fueron provocados de manera intencional, especialmente en Tolima, donde circulan denuncias y videos de presuntos incendiarios. Aunque existe la hipótesis de que organizaciones criminales aprovechen los incendios para desviar la atención de las fuerzas de seguridad, todavía no se confirma que todos los casos tengan ese origen.

El fenómeno de El Niño se suma como factor de riesgo, incrementando temperaturas, sequía y déficit de lluvias. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene 226 municipios bajo alerta, 51 de ellos en nivel rojo, entre los que se destacan Tolima con 25 y Nariño con 11 municipios en esa categoría. Las acciones de mitigación involucran operaciones terrestres y aéreas, con participación de bomberos, Ejército, Fuerza Aeroespacial y otras autoridades que continúan su labor para evitar mayores tragedias.

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¿Cuántas hectáreas han sido afectadas por los incendios forestales en Tolima y Nariño?

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y entidades como Cortolima y la Gobernación de Nariño, en Tolima se estima que los incendios forestales han afectado alrededor de 27.000 hectáreas, mientras que en Nariño la cifra supera las 1.200 hectáreas, impactando áreas rurales, cultivos y pequeñas industrias productivas.

¿Qué factores han contribuido a la emergencia por incendios forestales en Colombia?

La propagación de los incendios forestales en Tolima y Nariño se relaciona con la sequía, las altas temperaturas y la posible acción humana. Además, el fenómeno de El Niño, caracterizado por un déficit de lluvias y vegetación seca, ha incrementado el riesgo y las dificultades para controlar las llamas.

El retiro de la vigilancia por parte de la Policía Metropolitana intensificó el problema el lunes 24 de agosto en la mañana, cuando quedó claro que la capacidad de resguardo se encontraba gravemente disminuida. Según los afectados, los intrusos no solo aprovechan las grietas y huecos de la estructura, sino que emplean incluso hachas provenientes de los kits de emergencia del propio edificio para violentar puertas. Entre los objetos sustraídos figuran dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, joyas y otros bienes de valor, estimados en cerca de 15 millones de pesos. A esto se suma el desvalijamiento de vehículos estacionados bajo los escombros, dada la ausencia de control policial y de tránsito en la zona.

La preocupación de los residentes no es solo por la pérdida de sus pertenencias. Sandra García, habitante del apartamento 401, señaló la existencia de una emergencia sanitaria: tras dos semanas de restringirse el ingreso, alimentos almacenados en los refrigeradores se encuentran en avanzado estado de descomposición, lo que ha originado olores nauseabundos que, junto con el hedor proveniente de las ruinas del edificio Vanessa, representan un grave riesgo de contaminación para toda la comunidad. Los habitantes también denuncian un abandono total por parte de las autoridades, ya que la Alcaldía de Cali no ha entregado ninguna ayuda humanitaria y el acceso tanto de aseguradoras como de ingenieros privados está prohibido por decreto municipal. La única comunicación oficial recibida han sido advertencias verbales de una posible demolición, sin estudios técnicos escritos que respalden esta decisión.

Ante este panorama, la comunidad exige una intervención urgente y coordinada entre la Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana, pues solo el restablecimiento de la seguridad y un protocolo claro de ingreso podrán evitar que la catástrofe natural degenere en desamparo e impunidad.

¿Qué ha pasado con la seguridad en el edificio Laureles tras el desalojo?

Luego del desalojo preventivo y el retiro del esquema de vigilancia de la Policía Metropolitana, el edificio Laureles ha quedado vulnerable debido a la insuficiente presencia de solo dos vigilantes privados por turno. Esta situación ha permitido el ingreso constante de delincuentes, quienes han saqueado apartamentos y vehículos, agravando la crisis de los afectados, según lo reportado por Noticiero 90 Minutos.

¿Por qué se impide el ingreso de los residentes y aseguradoras al edificio Laureles?

Según la denuncia de los copropietarios reportada por Noticiero 90 Minutos, un decreto municipal impide el acceso tanto de residentes como de aseguradoras e ingenieros particulares al interior del edificio Laureles. Esta restricción complica la recuperación de pertenencias y la evaluación técnica de la estructura, pues hasta el momento solo se han recibido advertencias verbales de demolición y no se ha entregado ningún estudio técnico formal a los afectados.

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La clave está en que, según la información consultada, el terremoto no modificó de forma directa el esquema nacional de vacunación de Colombia ni las dosis fijadas dentro del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). El PAI establece las vacunas y dosis en función de la edad y las condiciones de cada persona, medidas que se mantuvieron tras el sismo. Lo que sí cambió fue la logística: se acercaron los servicios de vacunación a los sitios donde la población se encuentra temporalmente. Además, se facilitó la revisión de los esquemas, sobre todo para quienes, al haber sido desplazados o perder documentos importantes como el carné de vacunación, necesitan verificar si tienen alguna dosis pendiente.

En cuanto a posibles cambios en algunas vacunas, la información deja claro que las actualizaciones no guardan relación con el terremoto. Por ejemplo, el refuerzo en la vacunación contra la fiebre amarilla en municipios de alto riesgo y la dosis adicional temporal para el sarampión, llamada “Dosis Cero”, la cual se dirige a niños de 6 a 11 meses, forman parte de estrategias de salud pública independientes del desastre natural. Es fundamental que las familias reconozcan que estos ajustes responden a criterios epidemiológicos específicos y no a la emergencia por el sismo.

Por lo anterior, la recomendación dirigida a las familias es no asumir que sobrevivir al terremoto implica la obligación de recibir nuevas dosis. Lo ideal es acercarse a los puntos de vacunación y permitir que el personal de salud verifique si hay esquemas incompletos o dosis pendientes, evitando confusiones acerca de nuevos lineamientos por el sismo.

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¿El terremoto de agosto de 2026 modificó el esquema nacional de vacunación en Colombia?

No, el esquema nacional de vacunación no fue modificado debido al terremoto de agosto de 2026. La estructura y las dosis de las vacunas establecidas por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) permanecieron iguales; los ajustes fueron logísticos, acercando los servicios a comunidades afectadas.

¿Qué medidas deben tomar las familias afectadas por el terremoto para revisar sus vacunas?

Las familias que han perdido su carné de vacunación, se han trasladado o no recuerdan su esquema deben acudir a los puntos de vacunación organizados en alojamientos temporales o comunidades. Allí, el personal de salud revisará caso por caso para identificar dosis pendientes y evitar errores o repeticiones innecesarias.

Según el argumentario del juzgado en el auto admisorio, la medida busca garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los ocupantes durante el proceso. Sin embargo, la familia Pimienta, propietaria de los terrenos, reaccionó con vehemencia a través de su defensa legal. El abogado Evaristo Rafael Rodríguez formalizó una petición de nulidad de todo lo actuado, señalando que el proceso ya tenía cosa juzgada según la Sentencia T-946 del 16 de diciembre de 2011, por lo que el único paso pendiente era la ejecución de la orden de desalojo. Rodríguez, en el recurso, calificó la tutela como una maniobra para alterar un fallo en firme.

La defensa de los dueños solicitó a su vez que la Comisión de Disciplina Judicial del Cesar y la Fiscalía General de la Nación investiguen a la jueza Saavedra Martínez por presunto prevaricato por acción, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Esto, bajo el argumento de que la suspensión está obstruyendo la ejecución de una orden dictada por el máximo ente constitucional. En paralelo, el eje del conflicto radica en la disponibilidad de soluciones habitacionales para los ocupantes. Mientras estos solicitan un censo actualizado y construcción de albergues antes de ser desalojados, la defensa de la familia Pimienta sostiene que el Estado ya edificó el plan de vivienda El Porvenir y que existen 700 casas listas que no han sido reclamadas por los afectados, quienes—según el abogado—apuntan a consolidar la ocupación irregular ignorando la decisión judicial previa.

En el marco de la tutela, la jueza también obligó a la Alcaldía de Valledupar, a la Inspección de Policía y a la Unidad de Víctimas a presentar informes sobre la caracterización de los ocupantes y su estado en los registros oficiales. La Alcaldía ha reportado que, según sus datos, hay más de 30.000 personas viviendo en el predio, muchas de ellas sin servicios básicos ni vías de acceso, un dato que la defensa de los dueños ha rebatido.

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¿Por qué fue suspendido el desalojo en los predios de Sabanas 1 en Valledupar?

El desalojo fue suspendido porque el Juzgado Tercero de Familia de Valledupar admitió una acción de tutela presentada por los ocupantes de varios sectores, quienes argumentaron la protección de sus derechos fundamentales y señalaron que la fecha del operativo coincidía con el final del plazo legal para dictar un fallo de fondo.

¿Qué significa 'cosa juzgada' en el contexto del litigio por Sabanas 1?

El término 'cosa juzgada' hace referencia a que un asunto ya ha sido resuelto por una sentencia definitiva y no puede ser objeto de un nuevo proceso judicial. En el caso de Sabanas 1, la defensa de los dueños sostiene que la decisión sobre el predio ya fue tomada en la Sentencia T-946 de 2011 y solo faltaría ejecutar el desalojo.

De acuerdo con Néstor Consuegra, gerente de operaciones de Gases de Occidente, el proceso de rehabilitación comenzará con inspecciones preventivas externas, validaciones técnicas y la desconexión de predios vecinos que hayan registrado daños. Para cada vivienda, la revisión será individual. Es fundamental que el propietario o arrendatario esté presente durante la visita programada y que mantenga las válvulas del centro de medición, la red interna y los gasodomésticos totalmente cerrados. Esta medida busca evitar riesgos y asegurar que el reinicio del servicio se realice con las condiciones adecuadas.

La compañía informó que el restablecimiento del servicio se hará por sectores y de manera gradual. En concreto, los barrios Capri (carreras 70 y 73, calles 10A y 10 Bis) y Alameda (carreras 23C y 24, calles 9B y 9) están programados para recibir las visitas de inspección y posible reconexión el 26 y 27 de agosto de 2026. Por su parte, en el barrio El Refugio (carreras 66 y 67, calles 3C y 4) las labores se realizarán el 27 y 28 de agosto de 2026.

Para aquellos usuarios que no puedan estar presentes durante la revisión, se procederá a la suspensión preventiva del servicio. Posteriormente, deberán comunicarse con las líneas 602 4187333 o través de WhatsApp en el 3156658536 para coordinar una nueva visita. Gases de Occidente enfatizó que toda la reactivación será acompañada de estrictas verificaciones técnicas para asegurar la protección de la comunidad.

Según la información oficial difundida por Gases de Occidente, el cronograma y las acciones distribuidas por barrios evidencian la prioridad en la seguridad y la necesidad de un manejo ordenado de la emergencia, evitando apresuramientos que puedan derivar en riesgos para los usuarios. La empresa pidió comprensión ante el proceso paulatino y reiteró la relevancia de la colaboración de los ciudadanos para garantizar el éxito de la recuperación del servicio.

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¿Cómo será el restablecimiento del servicio de gas natural en los barrios afectados de Cali?

El restablecimiento del servicio de gas natural, según Gases de Occidente, se realizará de forma paulatina y con inspecciones técnicas previas en cada vivienda de los sectores afectados. Cada usuario debe estar presente durante la visita, mantener cerradas todas las válvulas y esperar la validación de que es seguro reanudar el suministro.

¿Qué debe hacer un usuario si no puede estar presente durante la visita de inspección del gas?

Si el usuario no puede recibir al equipo técnico en la fecha programada, Gases de Occidente suspenderá preventivamente el servicio y el usuario debe comunicarse a los números oficiales para agendar una nueva visita que garantice la debida inspección y reconexión segura del gas natural.

La iniciativa retoma una estrategia aplicada hace casi 20 años durante el gobierno de Álvaro Uribe. En 2007, los exjefes paramilitares Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y Diego Fernando Montoya, alias Don Diego, fueron trasladados a embarcaciones de la Armada en el Caribe y el Pacífico, respectivamente, con el propósito de romper sus nexos con las organizaciones que dirigían.

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Ahora, según el medio citado, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y el Inpec ya trabajan de manera articulada para poner nuevamente en marcha este modelo. Fuentes citadas por el diario señalaron que “la idea es darle más control a los presos. Será un hecho en unos meses”.

El plan no estaría limitado exclusivamente a los responsables de extorsiones. El Tiempo indicó que los posibles trasladados serían delincuentes de alto perfil, mientras que el Ministerio de Defensa anunció avances en la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), que uniría las capacidades del Inpec y la Armada.

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El objetivo es mantenerlos “aislado de todo: comunicaciones y nexos” con sus estructuras criminales. La medida, sin embargo, podría enfrentar una batalla jurídica por derechos relacionados con visitas, arraigo familiar y resocialización.

Finalmente, el Gobierno estaría dispuesto a defender la estrategia ante los tribunales para intentar cortar las redes criminales que operan desde las cárceles. La propuesta había sido discutida durante el gobierno anterior, pero no llegó a concretarse.

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Uno de los aspectos centrales de la modificación consiste en precisar que la entidad territorial certificada mantiene su condición de prestadora del servicio cuando contrata a un tercero para administrar u operar uno de sus establecimientos educativos oficiales. En estos casos, el contratista actuaría como colaborador, sujeto a los lineamientos, la dirección, la vigilancia y el control de la entidad territorial, sin sustituirla en su responsabilidad frente a la prestación del servicio.

Entre los requisitos contemplados para la ejecución de estos contratos, el documento plantea incorporar la jornada única como uno de los principios que deben orientar la contratación del servicio educativo. Las entidades territoriales deberán procurar su implementación y contar con la infraestructura, la planta docente y las demás condiciones necesarias para garantizar su adecuado desarrollo.

¿Cómo se implementaría la jornada única en los colegios públicos?

Según el documento presentado por el Ministerio de Educación, en el artículo 3, correspondiente a la modificación del artículo 2.3.1.3.1.4. del Decreto 1075 de 2015, el parágrafo 8 establece:

“Jornada única. Las modalidades de contratación de que trata el presente capítulo deberán propender por la implementación de la jornada única en los establecimientos educativos oficiales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 115 de 1994 y en las demás normas que lo reglamenten, garantizando que las entidades territoriales certificadas cuenten con la infraestructura, la planta docente y las demás condiciones necesarias para su adecuada implementación”.

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La propuesta también incorpora principios como accesibilidad, eficiencia, calidad, diversidad, reducción progresiva, oportunidad y planeación. En particular, el principio de reducción progresiva establece que la contratación utilizada para atender insuficiencias deberá ser reemplazada gradualmente por medidas orientadas a solucionar las causas que originaron esas limitaciones en la red oficial.

Esto significa que la contratación con terceros no se plantea como una solución permanente frente a las deficiencias del sistema educativo estatal, sino como una herramienta que deberá estar acompañada de acciones destinadas a fortalecer la capacidad de las instituciones oficiales.

En cuanto a la insuficiencia de infraestructura física, la entidad territorial certificada deberá incluir en el estudio correspondiente las razones técnicas que sustentan dicha situación y aportar las evidencias que permitan demostrarla. Esto deberá contemplar, entre otros aspectos, la capacidad para atender a la totalidad de la población en edad escolar y las condiciones requeridas para ampliar progresivamente la cobertura de la jornada única.

La distinción de colores, según lo reportado por el portal, cumple una función preventiva y de alerta social. El color verde indica que, tras la evaluación, no se encontraron riesgos significativos que impidan el acceso o la ocupación. Por lo tanto, las personas pueden continuar realizando sus actividades habituales dentro del inmueble, con la tranquilidad de que la estructura no presenta peligros evidentes en el corto plazo. Es una señal que respalda la seguridad, según las autoridades encargadas de la inspección.

En contraste, una calcomanía amarilla señala la presencia de daños o peligros puntuales en zonas específicas de la edificación. No implica demolición, pero sí establece advertencias para evitar el ingreso a áreas comprometidas hasta que se efectúen reparaciones o se sigan las recomendaciones técnicas. Los ocupantes deberán estar atentos a las instrucciones de los organismos competentes y asegurarse de identificar cuáles espacios están restringidos en sus actividades diarias.

El nivel máximo de alerta es representado por el rojo. Este color significa que el lugar examinando entraña un riesgo grave para la vida, por lo cual está estrictamente prohibido el ingreso sin una autorización escrita de la autoridad. Esta medida busca salvaguardar la vida de las personas, ante la posibilidad de colapsos u otros accidentes derivados de daños estructurales severos.

Así, la marcación de los edificios tras el terremoto no solo ofrece información técnica, sino que se convierte en una herramienta esencial de prevención y orientación ciudadana. Conocer y respetar el significado de cada color será fundamental en las próximas semanas para minimizar riesgos y evitar tragedias adicionales en la capital del Valle del Cauca.

¿Qué significa que un edificio en Cali esté marcado con color amarillo después del sismo?

La marca amarilla en una edificación de Cali indica que, tras la revisión, se detectaron daños o peligros localizados. El ingreso y la ocupación del inmueble pueden estar restringidos en ciertas áreas, y los ocupantes deben seguir las recomendaciones dadas por las autoridades para no poner en peligro su seguridad.

¿Cuáles son las restricciones para acceder a edificios con señalización roja tras un sismo en Cali?

Un edificio con señalización roja presenta un riesgo grave para la vida, según lo establece la inspección oficial. Nadie debe ingresar o permanecer en el lugar, salvo que exista una autorización expresa y escrita por parte de las autoridades competentes, con el fin de evitar accidentes fatales por daños estructurales severos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El ambiente estuvo colmado de tristeza, pero también de emotividad al entonar las canciones preferidas del uniformado como parte de la celebración de su memoria. Quienes lo conocieron desde pequeño aprovecharon la oportunidad para resaltar aspectos de su carácter, así como el vacío que deja su partida, evidenciando el impacto que tiene este tipo de hechos en el entorno social y familiar.

La muerte de Yehinson Ahumada García ocurrió la noche del 21 de agosto mientras se desplazaba por un corredor vial entre Melgar y El Espinal, cumpliendo funciones policiales junto al subintendente Heiner Laguna. De acuerdo con la información preliminar, ambos fueron interceptados por dos hombres que circulaban en una motocicleta. En ese momento se generó un intercambio de disparos que resultó fatal para Ahumada, quien falleció en el lugar de los hechos. El subintendente que lo acompañaba salió ileso de la situación.

Después del ataque, la investigación quedó en manos de equipos especializados de la Policía Judicial, quienes asumieron la tarea de determinar cómo sucedieron los hechos y de identificar a los responsables del homicidio. El coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, solicitó la colaboración de la ciudadanía, instando a las personas a aportar cualquier información que contribuya al avance de la investigación. Además, las autoridades mantienen un despliegue operativo activo con el propósito de ubicar y capturar a quienes perpetraron este crimen.

La Policía Nacional dispuso la línea 123 para recibir datos sobre el caso y garantizó que la confidencialidad será protegida para quienes suministren información. Este tipo de medidas busca asegurar la colaboración ciudadana en el esclarecimiento de crímenes que afectan tanto a las instituciones como a las comunidades donde los uniformados prestan sus servicios.

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¿Cómo fue homenajeado Yehinson Yosep Ahumada García en Sabanalarga, Atlántico?

El patrullero Yehinson Yosep Ahumada García fue homenajeado en su pueblo natal con canciones que eran de su preferencia, recuerdos y mensajes de afecto. Familiares y amigos compartieron anécdotas y resaltaron características personales del uniformado, demostrando el impacto y el vacío que deja su fallecimiento en la comunidad.

¿Qué acciones adelanta la Policía para esclarecer el asesinato del patrullero Yehinson Ahumada?

De acuerdo con la información suministrada por el Departamento de Policía Tolima, equipos especializados de la Policía Judicial están a cargo de la investigación para determinar los responsables del crimen. Además, la línea 123 fue habilitada para recibir información de la ciudadanía, bajo estricta confidencialidad, mientras continúa el despliegue de operativos destinados a la captura de los implicados.

Sin embargo, la transparencia de José sirvió de oportunidad para personas inescrupulosas. De acuerdo con lo sucedido, un presunto donante se contactó directamente con la madre de José, ofreciéndole ayuda económica. Según Preciado, su madre fue “enredada” por el falso colaborador, quien logró sonsacarle información de su cuenta de Nequi, aplicación financiera popular en Colombia. Poco después, los delincuentes retiraron entre $400.000 y $500.000, representando una pérdida importante para la familia, que ya vivía una situación compleja. José señaló que, por fortuna, días antes habían retirado una suma mayor, lo que evitó un daño económico más grande. Ante la situación, su padre le advirtió no usar nuevamente esa cuenta para recibir apoyo.

La problemática, de acuerdo con lo reportado, no se limita a ese caso. En Chaparral, otra localidad afectada por los incendios, José Aurelio Castro Suárez también denunció haber sido víctima de una modalidad similar. Castro le contó a las autoridades que, tras visibilizar sus necesidades producidas por la pérdida de cultivos de plátano, yuca, papaya y limón, recibió el ofrecimiento de una supuesta donación de $200.000 a través de WhatsApp. Según la información, el delincuente se hizo pasar por un funcionario de entidad bancaria y guió a la esposa de Castro, quien tiene dificultades para leer, hasta lograr que compartiera la pantalla de su celular. Así, los estafadores no solo vaciaron la cuenta de Nequi, sino que solicitaron un crédito preaprobado por $5 millones, para un total de $5,3 millones perdidos.

Estos casos, reportados en la información disponible, reflejan la desprotección de los afectados frente a nuevas formas de delito digital y subrayan la necesidad de nunca compartir claves, códigos, datos bancarios ni permitir el acceso remoto a dispositivos. Como dato relevante, el número utilizado para la estafa en San Luis fue reportado como 3234117895.

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¿Cómo operan las estafas por donaciones en casos de emergencias como los incendios de Tolima?

De acuerdo con los relatos de las víctimas, los estafadores contactan a las familias afectadas haciéndose pasar por donantes o representantes de bancos. Aprovechan la urgencia de la situación para solicitar información bancaria, claves o acceso a aplicaciones como Nequi. Una vez obtienen estos datos, proceden a retirar fondos e incluso solicitar créditos a nombre de sus víctimas.

¿Qué precauciones deben seguir las personas al recibir ofertas de ayuda económica tras desastres naturales?

Según las recomendaciones mencionadas, se debe confirmar siempre la identidad de quien ofrece ayuda, evitar compartir cualquier información confidencial, como claves, códigos o datos personales, y nunca permitir el acceso a la pantalla del celular u otros dispositivos. Una verdadera donación o auxilio nunca solicitará estos datos bajo ninguna circunstancia.

Sin embargo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó en entrevista con Noticias Caracol cuál será el verdadero alcance de estas acciones y aseguró que los venezolanos que cuentan con un estatus migratorio regular no son el objetivo de la estrategia.

La preocupación comenzó después de que De la Espriella ordenara a Migración Colombia y a la Policía realizar operativos para identificar a extranjeros que se encuentren en situación irregular o que estén involucrados en delitos. El mandatario fue enfático al señalar que quienes estén cometiendo delitos y sean extranjeros serán deportados.

“No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo delitos en Colombia. Se van y los deportamos”, afirmó el presidente durante un consejo de seguridad.

De la Espriella también indicó que los operativos deberían enfocarse, primero, en extranjeros que estén cometiendo delitos y, segundo, en quienes no tengan regularizada su situación migratoria.

Pero, ¿esto significa que los venezolanos que viven legalmente en Colombia están en riesgo? Según Rodrigo Lara, la respuesta es no.

El ministro explicó que durante los años más fuertes de la crisis migratoria venezolana, particularmente entre 2019 y 2021, cerca de dos millones de ciudadanos de ese país llegaron a Colombia. Una gran mayoría logró regularizar su permanencia y acceder a mecanismos de protección.

Entre ellos están los venezolanos cobijados por el Permiso por Protección Temporal (PPT), documento que les permite permanecer legalmente en Colombia, trabajar formalmente, acceder a servicios y movilizarse dentro del territorio nacional.

Al ser preguntado directamente sobre si las personas que tienen PPT podrían ser deportadas como consecuencia de los nuevos operativos, Lara fue categórico: “No. Naturalmente que no”.

El funcionario insistió en que los venezolanos que recibieron este mecanismo de protección y se integraron a la sociedad colombiana “no son migrantes ilegales de ninguna manera”.

Entonces, ¿a quiénes busca el Gobierno?

De acuerdo con Lara, el foco está principalmente en extranjeros que permanezcan irregularmente en el país, personas vinculadas con actividades delictivas y, especialmente, organizaciones criminales que se lucran con el tráfico y la trata de migrantes.

Uno de los puntos que más preocupa al Gobierno está en las zonas de tránsito hacia Panamá, particularmente el Darién. Según el ministro, allí operan redes criminales que utilizan el movimiento de migrantes para obtener beneficios económicos.

“El problema aquí no es de millones de personas que han llegado indocumentadas a vivir en Colombia, no, ese no es el problema”, explicó Lara.

La ofensiva migratoria, además, hace parte de una estrategia de seguridad más amplia. El Gobierno prepara un estatuto antiterrorista que será presentado al Congreso y que contempla crear una lista nacional de organizaciones consideradas terroristas, además de establecer medidas especiales contra ellas.

Lara mencionó entre las estructuras que actualmente el Gobierno considera terroristas a las disidencias de las Farc, el Eln y la Segunda Marquetalia. El proyecto también contemplaría agravantes para determinados delitos y un régimen penitenciario especial.

Así, aunque el anuncio de De la Espriella provocó preocupación entre los migrantes, la explicación del ministro marca una diferencia clave: la estrategia no está planteada contra los venezolanos regularizados, sino contra la migración irregular vinculada con delitos y las redes criminales que se benefician de ella.

De acuerdo con las declaraciones de De La Espriella, existen denuncias provenientes de las autoridades locales sobre personas que se movilizan en motocicleta y serían las responsables de iniciar incendios en sectores específicos como Suárez, Coello y San Luis. El presidente enfatizó que “hay indicios de que algunos incendios forestales están siendo provocados deliberadamente”, aunque aclaró que estas versiones deben ser esclarecidas por las autoridades competentes. Si se comprueba la responsabilidad de alguna persona, advirtió que los involucrados enfrentarán las consecuencias legales correspondientes.

La emergencia se agrava todavía más debido a presuntos obstáculos que dificultan la labor de los organismos de socorro. De acuerdo con el mandatario, hay reportes sobre actos que entorpecen el trabajo de quienes intentan controlar los incendios. Además, se investiga si existe una relación entre los incendios generados de manera deliberada, la dispersión de las autoridades y la comisión de otras acciones criminales que atentan contra la seguridad y la infraestructura de la región.

En medio de la crisis, De La Espriella resaltó el compromiso y esfuerzo de los equipos de atención. Según confirmó, 205 bomberos, cerca de 20 unidades de apoyo y recursos aéreos están dedicados a mitigar el avance de las llamas en las zonas comprometidas. Para reforzar la atención de la emergencia, el Gobierno nacional ordenó fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en los municipios de San Luis, Coello y Suárez, con el objetivo de salvaguardar a la población y avanzar en la identificación de los responsables de las conflagraciones.

Por otro lado, el presidente informó que solicitó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) gestionar apoyo internacional, recurriendo a la experiencia de Chile y Estados Unidos en la atención de incendios forestales. Finalmente, De La Espriella fue enfático en que “quien incendia nuestros campos, pone en peligro a familias enteras o sabotea a quienes combaten el fuego es un criminal y será tratado como tal”.

¿Qué acciones ha tomado el Gobierno frente a los incendios en Tolima?

De acuerdo con las declaraciones de Abelardo De La Espriella, el Gobierno dispuso el refuerzo de la Fuerza Pública en los municipios más afectados, ordenó avanzar en la identificación de quienes estarían detrás de las conflagraciones y solicitó ayuda internacional a Chile y Estados Unidos, países con vasta experiencia en la atención de grandes incendios forestales.

¿Qué es la UNGRD y cuál es su función en emergencias como la de Tolima?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es la entidad encargada de coordinar las acciones para prevenir y atender eventos como incendios, desastres naturales y emergencias en Colombia. En el caso de los incendios en Tolima, la UNGRD fue instruida para gestionar apoyo internacional y coordinar la respuesta de los organismos de socorro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Según recogió Caracol Radio, Lara expuso que actualmente existen delitos de terrorismo, pero no una definición legal clara de qué constituye una organización terrorista. Por eso, el estatuto se centrará en crear un sistema de listado, es decir, una especie de registro oficial que identifique a dichas agrupaciones. El procedimiento para establecer quiénes serán incluidos dependerá de lo que se acuerde durante el trámite en el Congreso. “El estatuto primero tiene que aprobarse en el Congreso y eso tiene un procedimiento que debe agotarse. Una vez incluidos existe toda democracia y mecanismos a los que se podrán acudir para salir o ejercer básicamente su derecho a la defensa frente a esa exclusión. Eso primero hay que aprobarlo y luego pues se establecerá el mecanismo de inclusión y salida de esta lista”, señaló Lara.

Las declaraciones de Lara responden a la directriz del presidente De la Espriella, quien durante el lanzamiento de su plan de seguridad y orden público fue enfático en que todos los grupos armados ilegales serán tratados bajo la misma categoría de “terroristas”. El mandatario dejó claro que su gobierno buscará eliminar “consejerías, agencias y oficinas que duplican funciones”, traspasando esas responsabilidades a ministerios y entidades que tienen un mandato legal definido con el fin de fortalecer la rendición de cuentas y reducir la burocracia. Entre las entidades que podrían desaparecer se encuentra la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y la figura del Comisionado para la Paz, cuyas funciones quedarían en manos del Comisionado Nacional de Seguridad. La postura presidencial expresa sin matices su rechazo a lo que denomina “falsos procesos de paz”.

Frente a estas medidas, se abren preguntas en torno al futuro de políticas como las Zonas de Ubicación Temporal, espacios creados en el anterior gobierno de Gustavo Petro para facilitar el tránsito de integrantes de grupos armados hacia la vida civil. De la Espriella argumenta que desde el 7 de agosto su prioridad será “la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad”. En medio de estos reacomodos institucionales, persiste la incertidumbre sobre la política de paz, mientras sectores que respaldan la implementación del acuerdo y figuras como el expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos recuerdan que la Constitución obliga al jefe de Estado a respetar lo allí pactado. Así, Colombia observa cómo la actual administración opta por dar prioridad a la seguridad y la confrontación, en lugar de la negociación con los grupos armados.

¿En qué consiste el estatuto antiterrorista que prepara el Gobierno de la Espriella?

El estatuto antiterrorista impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca definir formalmente qué se entiende por organización terrorista en Colombia, establecer un listado de esos grupos y crear un procedimiento claro para su inclusión y eventual exclusión. Según expuso el ministro del Interior, Rodrigo Lara, la propuesta aún debe ser presentada y debatida en el Congreso antes de su aprobación y aplicación.

¿Qué pasará con la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y el Comisionado para la Paz según la nueva estrategia?

De acuerdo con las directrices del presidente De la Espriella, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y el cargo de Comisionado para la Paz se eliminarán o sus funciones serán absorbidas por el Comisionado Nacional de Seguridad, como parte de una reestructuración institucional destinada a reducir la burocracia y centrar la política estatal en la seguridad y el combate directo a los grupos armados ilegales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La meta central de la alianza consiste en restituir las condiciones de vida en Buenaventura mediante el modelo de apadrinamiento, donde los empresarios e instituciones participantes asumirán como responsabilidad directa la rehabilitación de barrios y sectores afectados. Voceros institucionales, como Jenny Tapias, presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura, resaltaron la importancia del mapeo técnico, que permite definir cuáles organizaciones intervendrán en cada espacio específico, de modo que las propuestas de mejora se adapten a las necesidades reales de cada comunidad.

La estrategia prevé una articulación entre recursos privados y fondos públicos, destacándose el uso del “Fondo Milagro” dispuesto por el presidente de la República y de los recursos de la Gobernación del Valle del Cauca. Las acciones priorizadas por el gobierno departamental contemplan la construcción de 95 viviendas palafíticas —casas elevadas sobre pilotes, tradicionales en zonas ribereñas— y la recuperación de otras 90 viviendas en el barrio Lleras. Para el corregimiento de Zacarías, se beneficiarán 43 familias con materiales de construcción, y adicionalmente, se pone énfasis en la pronta recuperación de la infraestructura educativa para mitigar los impactos negativos del desastre.

La gerencia operativa del programa de padrinos recae en manos de un equipo delegado del sector privado, en coordinación con la Alcaldía Distrital y la Gobernación. Según expresó la alcaldesa Ligia Carmen Córdoba, este enfoque de “gobernanza colaborativa” se apoya en insumos del Banco de Materiales de la Nación y la participación activa de las comunidades beneficiadas, quienes proveerán mano de obra y acompañamiento. Por su parte, Walter Alberto Tenorio, director del Comité Intergremial de Buenaventura, valoró que este tipo de alianzas sientan precedentes sobre cómo el sector empresarial puede integrarse de forma directa en los procesos de autodesarrollo territorial.

¿Cómo funciona el modelo de padrinos en la reconstrucción de Buenaventura?

El modelo de padrinos asigna a cada empresa o institución la responsabilidad de reconstruir sectores o barrios específicos del distrito, de tal modo que se realicen intervenciones personalizadas y rápidas. De acuerdo con las directrices iniciales, los padrinos cubrirán desde áreas comunitarias cerca del puerto hasta barrios predeterminados, cuya identificación se efectúa mediante un mapeo técnico encargado por la Cámara de Comercio de Buenaventura. Cada entidad presenta su propuesta de mejora y coordina sus esfuerzos con los recursos públicos y la mano de obra local.

¿Qué significa una vivienda palafítica y por qué es importante para Buenaventura?

Una vivienda palafítica es una construcción levantada sobre pilotes o columnas, diseñada para adaptarse a terrenos inundables o cercanos a cuerpos de agua, característica distintiva de regiones ribereñas como Buenaventura. Este tipo de viviendas es importante en el contexto de la reconstrucción, ya que ofrece seguridad ante inundaciones frecuentes y responde a las condiciones geográficas del territorio, asegurando soluciones estructurales adecuadas a las necesidades locales.

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El plan de Cortolima contempla cinco prohibiciones que deben aplicarse de forma obligatoria. En primer lugar, queda prohibida la realización de cualquier tipo de fogatas, incluidas aquellas relacionadas con actividades familiares o de esparcimiento como paseos de olla o campamentos. Esta decisión responde al alto riesgo de que una fogata se convierta en la chispa inicial de un incendio forestal, dada la sequedad de la vegetación y el ambiente general.

En segundo lugar, están vetadas las quemas a cielo abierto, entre ellas las denominadas quemas controladas que se suelen realizar para eliminar residuos de cosechas, pastizales o basuras. Cortolima advierte que la propagación de las llamas, en las condiciones actuales de sequía, puede volverse rápidamente incontrolable, afectando zonas boscosas y a la población cercana.

Otra restricción importante se relaciona con el uso racional del agua. No está permitido el llenado de piscinas, sean de uso público o privado, con agua superficial (de ríos, quebradas, lagunas) o subterránea (de pozos). Igualmente, se prohíbe utilizar agua potable para regar jardines, plantas o espacios verdes en los hogares, con el fin de garantizar disponibilidad del recurso para las necesidades prioritarias.

Por último, el lavado de vehículos utilizando mangueras queda restringido. Solo los establecimientos comerciales debidamente autorizados pueden prestar este servicio bajo condiciones controladas, evitando un desperdicio excesivo de agua.

La Corporación Autónoma Regional del Tolima hace un llamado a la ciudadanía para colaborar vigilando el cumplimiento de las medidas y reportando toda situación anómala, como columnas de humo o fuego en zonas boscosas. Para ello, están habilitados el Centro de Monitoreo del Tolima (313 293 4649), la línea de Bomberos (119) y la Policía Nacional (123).

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¿Cuáles son las medidas de Cortolima para prevenir incendios en Tolima?

Cortolima estableció cinco prohibiciones principales: la realización de fogatas, toda clase de quemas a cielo abierto, el llenado de piscinas con agua superficial o subterránea, el riego de jardines o zonas verdes con agua potable y el lavado de vehículos con manguera fuera de establecimientos autorizados. Estas medidas buscan evitar incendios forestales y proteger el recurso hídrico.

¿Cómo denunciar un incendio forestal en Tolima y a qué autoridad acudir?

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos reportar de inmediato toda columna de humo, fuego en zonas boscosas o incumplimiento de restricciones. Se pueden comunicar con el Centro de Monitoreo del Tolima al 313 293 4649, con Bomberos marcando el 119 o con la Policía Nacional a través del 123.

De acuerdo con el Ministerio Público, y como parte de su labor preventiva, se llevaron a cabo mesas de trabajo, visitas a las instalaciones y solicitudes de información con el objetivo de verificar las medidas adoptadas ante la situación epidemiológica de este establecimiento. Estas acciones permitieron establecer un panorama más completo sobre la respuesta institucional y la situación sanitaria que viven quienes están en el interior de la Cárcel de Ternera.

Como resultado de estas evaluaciones, la Procuraduría instó al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) a continuar con las labores de inspección, vigilancia, control, asistencia técnica y seguimiento, todas ellas orientadas a prevenir la tuberculosis, así como otras enfermedades de índole respiratoria. Además, el Ministerio Público enfatizó la importancia del seguimiento permanente para asegurar una respuesta adecuada frente a los retos en materia de salud pública dentro de los centros penitenciarios.

Por otra parte, la Procuraduría Regional de Instrucción de Bolívar solicitó al Fondo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad, a la Unión Temporal Norsalud PPL y a la entidad Vivir IPS que se garantice la presencia de personal médico. Asimismo, demandaron el cumplimiento de pruebas complementarias, exámenes, evaluaciones y diagnósticos necesarios para los internos, así como el reporte exhaustivo de los casos en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública.

Finalmente, la Procuraduría también requirió que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) adelante todas las gestiones necesarias para proteger el derecho a la salud de quienes están privados de libertad, verificando el cumplimiento de las obligaciones por parte de los diferentes actores involucrados en la prestación y supervisión del servicio de salud en el contexto carcelario.

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¿Qué medidas pidió la Procuraduría para controlar los brotes de tuberculosis en la Cárcel de Ternera?

La Procuraduría solicitó a las autoridades continuar y reforzar las labores de inspección, vigilancia y control sanitario, además de exigir la presencia de personal médico en la cárcel, la realización de pruebas y diagnósticos, así como la notificación adecuada de los casos en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública.

¿Quiénes son los responsables de garantizar la atención en salud a los reclusos en Cartagena?

Entre los responsables están el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), el Fondo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad, la Unión Temporal Norsalud PPL, Vivir IPS y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), quienes deben coordinar las acciones para asegurar la atención sanitaria a los internos.

Según reportes recogidos por el noticiero 90 Minutos, la preocupación de la comunidad educativa no es reciente. Algunos días antes del movimiento telúrico, ya se habían iniciado conversaciones con la Secretaría de Educación de Cali para revisar una grieta en la estructura, situación confirmada por Guillermo Urueña, integrante del Consejo Directivo. Así lo evidencian sus declaraciones: "Habíamos venido con la Secretaría de Educación, habíamos revisado porque la rajadura era más pequeña y ellos vinieron y dijeron que iban a invertirle, que iban a arreglarla. Luego vino el terremoto y el Consejo Directivo había decidido cambiarlos a otras sedes para evitar una tragedia”.

La decisión de trasladar temporalmente a los estudiantes a otras sedes se tomó por precaución ante el temor de que la infraestructura representara algún peligro inminente. Sin embargo, después de que la institución fue habilitada nuevamente para reanudar las clases, las inquietudes crecieron. Padres y directivos consideran que no existe, hasta la fecha, una solución definitiva frente a los daños causados o empeorados por el terremoto. Así lo expresó Karen Gómez, madre de familia: “Nosotros pedimos a la Secretaría de Educación que se haga presente y nos ayude a organizar este colegio porque necesitamos una educación segura. En ningún momento hemos dicho que no vamos a dejar que los niños sigan con su educación. Solamente queremos una educación segura”.

La principal preocupación se centra en una pared ubicada en el área de recreo, espacio frecuentado por estudiantes de primaria entre 10 y 11 años, quienes la utilizan para guarecerse del sol durante los descansos. Por esta razón, el plantón continúa, pues los padres exigen una evaluación técnica renovada, la determinación clara del riesgo y una intervención estructural concreta por parte de la Secretaría de Educación.

En resumen, la comunidad educativa insiste en no suspender la formación de los menores, sino en garantizar condiciones seguras para su regreso. Una respuesta clara y oficial permitiría conocer el verdadero nivel de riesgo y cuáles serán las acciones que se emprenderán para proteger a los estudiantes.

¿Cuáles son los riesgos que denuncian los padres en la sede Purificación Trujillo tras el terremoto?

Los padres denuncian principalmente la presencia de una grieta en la infraestructura que, según sus testimonios, se agravó después del terremoto del 10 de agosto. El riesgo aumenta porque la pared afectada está situada en el área de recreo, donde los estudiantes de primaria pasan tiempo durante los descansos. Los padres temen por la seguridad de sus hijos si no se brinda una solución técnica oportuna que repare la estructura antes de retomar normalmente las actividades.

¿Qué medidas solicita la comunidad a la Secretaría de Educación de Cali frente a la situación en el colegio?

La comunidad educativa pide a la Secretaría de Educación de Cali que realice una nueva evaluación técnica sobre el estado de la infraestructura de la sede Purificación Trujillo, determine el nivel de riesgo real y establezca una solución definitiva para reparar los daños existentes. No buscan interrumpir el proceso educativo, sino asegurar que el regreso a clases se dé en condiciones que salvaguarden la seguridad de los menores.

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De acuerdo con la información suministrada, una vez se notificó el incidente, las autoridades se desplazaron al lugar de los hechos para constatar lo ocurrido y adelantar las diligencias necesarias que exige este tipo de situaciones. Este tipo de procedimientos busca no solo confirmar las circunstancias iniciales, sino también salvaguardar el adecuado manejo de la escena y recopilar datos relevantes. Los funcionarios del CTI, Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, fueron los responsables de realizar el levantamiento del cuerpo, una tarea fundamental en el protocolo forense que permite iniciar las indagaciones orientadas a esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, se maneja información de carácter preliminar, pues las autoridades trabajan para establecer con certeza la identidad de la víctima y determinar las condiciones exactas en que ocurrió la caída desde el puente. La falta de identificación complica aún más la búsqueda de respuestas y ahonda la preocupación de la comunidad local. Se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial que brinde detalles más completos sobre este caso trágico registrado en Honda, aportando así claridad sobre los hechos y posibles responsabilidades.

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¿Qué se sabe hasta ahora sobre la caída del joven desde el puente Luis Ignacio Andrade en Honda?

Hasta el momento, la información disponible indica que un joven, presuntamente habitante de calle, cayó desde el puente Luis Ignacio Andrade en Honda, Tolima, y falleció en el lugar. Las autoridades y funcionarios del CTI acudieron para levantar el cuerpo e iniciar la investigación correspondiente. Aún no se ha confirmado su identidad ni las circunstancias específicas de la caída, por lo que la comunidad espera un reporte oficial que aporte más detalles sobre el hecho.

¿Qué significa CTI de la Fiscalía General de la Nación y cuál es su función en estos casos?

El CTI, Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, es la dependencia encargada de realizar investigaciones técnicas y científicas en casos criminales en Colombia. En situaciones como la ocurrida en Honda, el CTI tiene la función de llegar al lugar de los hechos, asegurar la escena, levantar el cuerpo e iniciar el proceso de recolección de pruebas que permitan esclarecer lo sucedido y determinar posibles causas del fallecimiento.

La bebé, que nació de apenas 30 semanas de gestación, padece una cardiopatía compleja y su vida corre peligro inminente.

Montenegro relató que el pasado 18 de agosto ingresó a la clínica Vivantes Ciudad Verde, en Soacha, por una cita de perinatología.

Durante esa consulta, la especialista detectó alteraciones en el ductus venoso mediante una ecografía Doppler y decidió hospitalizarla de inmediato para realizarle monitoreo fetal a la bebé. Al día siguiente, el 19 de agosto, le practicaron una cesárea de emergencia.

“Mi bebecita nació de 30 semanas pesando 1.430 gramos, midiendo 40 centímetros. Desde ese día, desde el día que ella nació, el hospital empezó con el trámite de la remisión para un hospital donde haya cardiovascular pediátrico, ya que a mi bebecita le encontraron una cardiopatía de artresia de la aorta, síndrome de ventrículo izquierdo hipoplástico variable”, explicó en diálogo con Pulzo.

La pequeña permanece en cuidados intensivos con ventilación mecánica, sondada por problemas de orina y con un ecocardiograma de pronóstico incierto. La madre advirtió que la niña podría sufrir un infarto o entrar en paro cardíaco en cualquier momento, por lo que la remisión resulta urgente.

Según lo narrado por López, la Nueva EPS le informó que existían tres opciones de remisión: la Fundación Cardioinfantil, el Hospital San Ignacio y el Hospital Roosevelt.

Sin embargo, ni el San Ignacio ni el Roosevelt cuentan con el convenio ni la especialidad requerida. La Cardioinfantil, aunque tiene los especialistas, no tiene convenio vigente con su EPS.

“Lo que necesito es que mi bebé sea remitida urgentemente para la Omni, para Hospital de la Misericordia, ya que la vida de mi bebé está en riesgo. Mi bebecita en cualquier momento se puede morir y necesito esa remisión donde hay un cardiólogo vascular y la pueda operar”, suplicó la madre en su mensaje.

Ella ya elevó un derecho de petición ante la Superintendencia de Salud, pero hasta el momento no ha obtenido una solución concreta.

¿Qué es el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplástico y por qué requiere atención especializada urgente?

El síndrome de ventrículo izquierdo hipoplástico es una malformación cardíaca congénita grave en la que el lado izquierdo del corazón no se desarrolla completamente, lo que impide que bombee sangre al resto del cuerpo de forma eficiente. Esta condición requiere cirugía correctiva en centros con cirugía cardiovascular pediátrica de alta complejidad, ya que sin intervención oportuna el riesgo de muerte es muy elevado.

¿Qué puede hacer la Superintendencia de Salud cuando una EPS no garantiza una remisión urgente?

La Superintendencia de Salud tiene facultades de inspección, vigilancia y control sobre las EPS, y puede ordenar medidas correctivas cuando una entidad incumple la garantía del derecho a la salud de sus afiliados. Ante casos de riesgo vital como este, los usuarios también pueden acudir a una acción de tutela para exigir de forma inmediata la prestación del servicio médico negado.

Su formación incluyó estudios en Filosofía y Teología en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y una especialización en la Universidad París I Panthéon-Sorbonne, complementada con sociología y literatura. Sin embargo, su mayor aprendizaje se derivó del trabajo directo con poblaciones afectadas, donde enfrentar la realidad de la guerra significó también asumir riesgos personales y convertirse en una voz incómoda para actores que pretendían silenciar los crímenes en distintas regiones del país.

En 1988, Giraldo participó en la fundación del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), y allí impulsó la publicación ‘Noche y Niebla’, referencia central en la memoria documental de la violencia política y social. Según reportes recogidos por medios como desdeabajo, estas investigaciones documentaron asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos y amenazas, con el objetivo de no solo contabilizar víctimas, sino reconstruir contextos y preservar testimonios fundamentales para la verdad e impedir la impunidad.

Giraldo tuvo siempre como eje la defensa de las víctimas, incluso cuando su trabajo llevaba a denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, y nexos entre agentes estatales y grupos paramilitares. Participó también en investigaciones clave, entre ellas, la realizada junto al senador Iván Cepeda sobre el esmeraldero Víctor Carranza y los orígenes del paramilitarismo. El acompañamiento a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así como la perseverancia en la búsqueda de los restos del sacerdote Camilo Torres Restrepo, ilustran la profundidad de su compromiso: estar junto a quienes padecen, documentar y exigir responsabilidad sin distingo de actores.

Entre los episodios más dolorosos de su vida estuvo el asesinato de los investigadores y amigos Mario Calderón y Elsa Alvarado, hecho que marcó su lucha por el esclarecimiento y el acompañamiento a quienes buscan justicia ante la violencia. El legado de Javier Giraldo permanece en los archivos, testimonios y nombres que se negó a dejar en el olvido, haciendo de la memoria una forma de resistencia y dignidad para Colombia.

¿Cuál fue el papel de Javier Giraldo en la defensa de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó?

Javier Giraldo acompañó y defendió a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó desde su creación en 1997, denunciando asesinatos y persecuciones sufridas por sus integrantes, siempre centrado en visibilizar y registrar los abusos como parte de su compromiso con las víctimas en regiones especialmente afectadas por el conflicto armado.

¿Qué es ‘Noche y Niebla’ y por qué fue importante en el trabajo de Javier Giraldo?

‘Noche y Niebla’ es una publicación impulsada por Giraldo desde el Cinep, dedicada a documentar violaciones de derechos humanos como asesinatos, desapariciones y desplazamientos en Colombia. Su importancia radica en que permitió reconstruir hechos, preservar testimonios y luchar contra la impunidad mediante la memoria documental de la guerra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El anuncio se hizo el 25 de agosto en La Dorada, Caldas, tierra natal del recién posesionado contralor. Según lo expresado por De la Espriella, los focos de atención recaen sobre recursos destinados a emergencias, procesos de contratación pública y varias entidades estatales. El presidente recalcó que no encubrirá a ningún funcionario de su Gobierno en caso de estar involucrado en actos de corrupción, advirtiendo que quien se vea comprometido deberá salir de su cargo y responder ante la justicia. “Aquí no vine a tapar a nadie. Que caiga quien tenga que caer”, enfatizó.

No obstante, la petición del presidente no constituye por sí sola la apertura de investigaciones ni implica una orden que limite la autonomía de la Contraloría General de la República, órgano responsable del control fiscal en el país, con independencia administrativa y presupuestal, según la Constitución. De este modo, la creación del equipo especial dependerá completamente de la decisión interna del ente de control.

En su discurso, Laverde manifestó su intención de promover una Contraloría más tecnológica, descentralizada y preventiva, que pueda anticiparse a eventuales riesgos antes de que los recursos se ejecuten. Además, sostuvo que cerca de 50 billones de pesos se pierden anualmente en Colombia entre corrupción e ineficiencia estatal, estimación presentada en su intervención pública y que busca dimensionar la magnitud del reto.

Previo a iniciar su gobierno, el equipo de De la Espriella ya había conformado un Grupo Élite de Empalme Anticorrupción, encargado de revisar información entregada por la administración saliente y canalizar denuncias a entes como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. De acuerdo con esos reportes, se registraron presuntas irregularidades por más de 370.000 millones de pesos en organismos como el Ejército y la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, corresponde a las autoridades determinar la validez de tales denuncias.

La elección de Jorge Eliécer Laverde por el Congreso, para un periodo de seis años, estuvo respaldada por una variedad de bancadas políticas. Durante su posesión dejó claro que no buscará persecuciones políticas y buscará fortalecer el control fuera de Bogotá. Ahora, el reto más evidente será mantener la independencia y equilibrio entre fiscalizar las administraciones pasadas y vigilar los recursos presentes, sin que la lucha anticorrupción se utilice como instrumento de disputa política.

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¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella pidió conformar un grupo élite en la Contraloría para investigar al Gobierno anterior?

De acuerdo con declaraciones realizadas durante la posesión del contralor Jorge Eliécer Laverde, el presidente De la Espriella solicitó la conformación de un grupo élite para revisar posibles hechos de corrupción y afectación al patrimonio público durante la administración de Gustavo Petro. Su petición busca que se identifiquen, documenten y, en caso de hallarse pruebas, se lleven estas irregularidades ante las autoridades competentes. Este enfoque responde a denuncias previas y hallazgos presentados durante el empalme con la administración saliente, aunque la decisión final sobre la conformación del grupo corresponde a la autonomía de la Contraloría.

¿Cuáles son los principales retos del nuevo contralor Jorge Eliécer Laverde según lo anunciado en su posesión?

Durante su discurso de posesión, Laverde resaltó que sus retos prioritarios serán garantizar una Contraloría más tecnológica y descentralizada, prevenir las pérdidas de dinero público y revisar posibles irregularidades heredadas de anteriores gobiernos. Mencionó que cerca de 50 billones de pesos se pierden anualmente en el país entre corrupción e ineficiencia, e insistió en fortalecer la vigilancia fuera de Bogotá y evitar una orientación política en su gestión, manteniendo la autonomía y el equilibrio en el control fiscal.

Esta donación no solo se limitará a la ayuda institucional, sino que involucra también a sus propios empleados. Según detalla la compañía, los trabajadores tendrán la posibilidad de hacer aportes individuales a través de un programa de donaciones equivalentes. Este mecanismo, desarrollado por Hitachi en colaboración con la Cruz Roja, busca maximizar el alcance de los recursos y fortalecer el tejido solidario dentro de la empresa y en las comunidades donde hace presencia.

Hitachi Energy, una de las filiales destacadas del grupo, cuenta con una operación relevante en Colombia. Su planta de transformadores y metalmecánica en Dosquebradas emplea cerca de 900 personas, muchas de las cuales residen en las áreas directamente perjudicadas por el sismo. Las fábricas impactadas iniciaron un retorno gradual a sus actividades productivas, luego de que se realizaran completas evaluaciones de seguridad, técnicas y estructurales para garantizar la protección de los trabajadores y la integridad de las instalaciones.

La compañía ha manifestado públicamente su compromiso y su vínculo estrecho con la región. Javier Ruiz, gerente general de Hitachi Energy Colombia, subrayó que la zona afectada es considerada el hogar de la empresa y de sus empleados. En palabras de Ruiz: "Nuestra prioridad sigue siendo nuestra gente, y nuestro compromiso es acompañar a esta región durante el tiempo que sea necesario". Con este mensaje, la organización reafirmó su determinación de brindar apoyo a largo plazo a las comunidades impactadas.

Por último, Hitachi reiteró su deseo de una pronta recuperación para todas las zonas afectadas y resaltó la importancia de la solidaridad en estos momentos difíciles, de acuerdo con lo informado por El Diario.

¿Cuánto donó Hitachi para las labores de ayuda tras el terremoto en Colombia?

Hitachi, Ltd. informó que la suma destinada para apoyar a las víctimas y la reconstrucción después del terremoto en Colombia asciende a 250 mil dólares estadounidenses, equivalentes a aproximadamente 800 millones de pesos colombianos, según lo reportado por El Diario.

¿Cómo pueden los empleados de Hitachi apoyar los esfuerzos de reconstrucción en las zonas afectadas?

De acuerdo con la compañía, los empleados de Hitachi pueden contribuir mediante un programa de donaciones individuales. Este esquema funciona a través de aportes equivalentes organizados en alianza con la Cruz Roja, lo que permite sumar esfuerzos internos para ampliar el apoyo a las comunidades perjudicadas.

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Ante estas interpretaciones, Muñoz utilizó sus canales en redes sociales para rechazar cualquier lectura que no corresponda a los hechos reales. En sus palabras, pidió a la prensa que evite "tergiversar" su presencia y negó categóricamente que entre ella y Petro exista un vínculo que no sea “político y profesional”. La joven enfatizó que su rol está ligado a la construcción de estrategias de comunicación, labor que desempeña junto a otros profesionales en defensa de la Constitución y los derechos fundamentales, según expuso en sus declaraciones públicas. Así mismo, Muñoz consideró inapropiada y ofensiva la narrativa que calificó como "misógina y amarillista", la cual ha intentado desviar la atención hacia su vida personal en lugar de su trabajo profesional.

El interés mediático por Muñoz aumentó en las últimas semanas debido a cuestionamientos relacionados con una posible influencia suya en la Aeronáutica Civil, así como en torno a denuncias sobre supuestas irregularidades en entidades estatales. Sin embargo, no se presentaron pruebas específicas ni informes detallados sobre estas afirmaciones dentro de la información disponible.

La mencionada reunión del Pacto Histórico fue registrada en un video compartido por el representante a la Cámara Alejandro Toro. En esas imágenes se evidencia la llegada del expresidente Petro, quien saludó a varios de los presentes, incluida Muñoz. El objetivo central del encuentro era definir asuntos clave para la colectividad, como la selección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según lo discutido, se acordó presentar a Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista como candidatas del movimiento para los dos puestos asignados en dicho organismo. Por su parte, Muñoz reiteró que su participación obedece exclusivamente a su papel político y comunicativo, e instó a que las discusiones sobre su trabajo no sean reducidas a rumores sin sustento sobre su esfera privada.

¿Qué relación tiene Gabriela Muñoz con Gustavo Petro dentro del Pacto Histórico?

De acuerdo con los mensajes publicados por Gabriela Muñoz y la información registrada en redes sociales y el video difundido por Alejandro Toro, la relación entre Muñoz y Gustavo Petro se centra únicamente en asuntos políticos y profesionales, específicamente en el ámbito de estrategias de comunicación relacionadas con la defensa de la Constitución y derechos. Muñoz negó cualquier relación personal o sentimental, reafirmando que su presencia responde a motivos laborales e institucionales.

¿Por qué se cuestiona la participación de Gabriela Muñoz en asuntos de la Aeronáutica Civil?

La participación de Gabriela Muñoz ha sido objeto de cuestionamientos recientes debido a señalamientos sobre posible influencia en temas de la Aeronáutica Civil y presuntas irregularidades en entidades estatales. Sin embargo, conforme a lo informado, no se detallaron pruebas concretas ni se presentaron datos verificables al respecto. La joven rechazó que este tipo de acusaciones afecten la percepción pública de su trabajo profesional.

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El organismo investigador señaló que habrían existido varias irregularidades en el proceso de selección de la compañía dedicada al mantenimiento de las aeronaves. De acuerdo con la Fiscalía, existió una supuesta concertación entre particulares y funcionarios del Ministerio de Defensa. Se menciona a Carlos Martín Uribe Forero y al contratista James Lester Montgomerie, quienes, presuntamente, se aliaron con Suárez Soto —entonces viceministro de Estrategia y Planeación— para entregar el millonario contrato a la compañía extranjera, a pesar de que esta no contaba con la idoneidad, experiencia ni la capacidad técnica y financiera necesarias para llevar a cabo las tareas encomendadas.

La investigación también involucra la supuesta participación de antiguos altos funcionarios de la entidad, como el exsecretario general Hugo Alejandro Mora Tamaño, el exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal Herbert Arnulfo Buitrago Galán y el excomandante de la Brigada de Aviación Número 32 del Ejército Nacional, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte. Según la Fiscalía, estos funcionarios optaron por no realizar una convocatoria pública y, en cambio, recurrieron a la figura de contratación directa. El proceso incluyó la flexibilización de requisitos habilitantes y la extensión de los plazos para la entrega de cotizaciones, lo que habría beneficiado a la empresa escogida.

La investigación agrega que los funcionarios imputados permitieron entregar información técnica y financiera que no era real y modificaron las condiciones contractuales, permitiendo el giro anticipado de 16 millones de dólares en el primer corte de ejecución, lo que representaba el 50 % del monto total del contrato. Por estos hechos, la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía acusó a seis personas, quienes deberán responder por delitos como falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.

¿Cuáles son los delitos imputados en el caso de los helicópteros MI-17 y qué significan?

De acuerdo con la Fiscalía, los delitos imputados incluyen falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal. Cada uno corresponde a conductas consideradas graves en la administración pública, como manipulación de documentos, apropiación indebida de dineros públicos, y favorecimiento de intereses particulares en contratación estatal.

¿Qué irregularidades se encontraron en el contrato por el mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional?

Según la Fiscalía General de la Nación, se detectaron irregularidades como la adjudicación del contrato mediante contratación directa y la flexibilización de requisitos, lo que permitió la participación de una empresa que no cumplía con los estándares requeridos. Además, se modificó el esquema de pagos para desembolsar la mitad del valor total apenas inició el contrato, y se permitió la entrega de información falsa para favorecer a la compañía extranjera.

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