La colectividad sostuvo que las acusaciones “no pueden ser ignoradas, minimizadas ni abordadas desde la conveniencia política” y recalcó que Jiménez “merece ser escuchada”. Las congresistas pidieron que el caso sea tratado sin convertirlo en una disputa política. 

En el pronunciamiento, las firmantes hicieron un llamado a la militancia del Pacto Histórico, al Gobierno, a la oposición y a los medios para evitar divulgar material íntimo, revictimizar a la denunciante o emitir juicios anticipados. “Cuidar la vida y la dignidad de las mujeres implica escuchar con atención a quien denuncia y, al mismo tiempo, respetar las garantías del investigado. Ambos principios son complementarios”.

#Política | “Nuestra defensa de los derechos de las mujeres no está condicionada por quién sea señalado, por el cargo que ocupe o por el proyecto político al que pertenezca”, así se pronunciaron las mujeres de la bancada del Pacto Histórico tras las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro.

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— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 6, 2026

El comunicado rechazó que se trasladen responsabilidades a las mujeres del movimiento. “Ninguna mujer, ninguna feminista y ninguna organización de mujeres tiene que salir a responder, justificar o asumir las responsabilidades políticas, personales o jurídicas que les corresponden a los hombres”, afirmaron las congresistas.

Además, advirtieron que el feminismo no debe encubrir conductas por afinidades ideológicas y defendieron que su postura frente a los derechos de las mujeres no depende de quién sea señalado. “No tenemos que escoger entre ser feministas y pertenecer a un proyecto político”, agregaron.

Finalmente, las mujeres del Pacto aseguraron que continuarán impulsando investigaciones y activando rutas contra las violencias basadas en género. También cuestionaron que la prensa las busque por este caso, pero no con igual insistencia por sus posiciones sobre debates legislativos y problemas públicos del país.

Según comunicó la Secretaría de Movilidad de Cali en su cuenta oficial, la nueva rotación del pico y placa rige desde el 1 de julio, cuando comenzó una etapa pedagógica que se extendió hasta el 3 del mismo mes. Posteriormente, a partir del 6 de julio, se empezaron a imponer comparendos a quienes incumplieran la normativa. Estas acciones tienen como objetivo garantizar que los ciudadanos estén informados y adapten sus hábitos de movilidad antes de la aplicación de sanciones económicas.

La restricción de pico y placa se aplica de manera continua, de 6:00 am a 7:00 pm, únicamente durante los días hábiles, es decir, de lunes a viernes. No tiene vigencia durante los sábados ni domingos. Sin embargo, las autoridades recomiendan permanecer atentos a los canales oficiales de movilidad, dado que pueden surgir cambios puntuales en la normativa o en las disposiciones de tránsito.

El incumplimiento de la restricción puede desembocar en una sanción económica que equivale a quince salarios mínimos legales diarios vigentes, una multa considerable que busca desincentivar la circulación indebida. Por eso, se recomienda que quienes conducen vehículos particulares en Cali verifiquen siempre el número de la placa y el horario dispuesto para el pico y placa antes de salir, lo que, además de evitar sanciones, permite organizar mejor los recorridos por la ciudad. Así, la medida continúa siendo una herramienta clave para regular el tráfico en la capital vallecaucana, según información oficial de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario del pico y placa en Cali para vehículos particulares?

La restricción de pico y placa para vehículos particulares en Cali se aplica de manera continua entre las 6:00 am y las 7:00 pm, únicamente durante los días hábiles, de lunes a viernes. Según la Secretaría de Movilidad de Cali, en este horario no está permitido circular si el último dígito de su placa está dentro de la rotación vigente para la fecha correspondiente.

¿Qué significa SMLDV en las sanciones del pico y placa en Cali?

SMLDV corresponde a "salario mínimo legal diario vigente". Es la base con la que las autoridades determinan el monto de ciertas sanciones, incluida la multa por incumplir la medida de pico y placa en Cali. Actualmente, la multa equivale a quince SMLDV, de acuerdo con los datos entregados por la Secretaría de Movilidad de Cali.

La afectación en las telecomunicaciones se ha convertido en motivo de preocupación entre los habitantes de Ataco, quienes ahora enfrentan serias dificultades para conocer el estado de sus familiares y mantenerse informados sobre lo que sucede en diferentes sectores del municipio. La imposibilidad de establecer contacto por vía telefónica limita la capacidad de respuesta ante emergencias y aumenta la sensación de incertidumbre colectiva, pues la falta de información oportuna incrementa el temor entre la población.

De acuerdo con la información conocida, el hecho que desencadenó la actual emergencia fue un atentado ocurrido el viernes 6 de noviembre, en el cual se presume que los atacantes utilizaron drones, explosivos y ráfagas de disparos contra la estación de policía de Ataco. El impacto de este ataque también habría provocado daños en la biblioteca municipal. Aunque las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el origen de la interrupción del servicio de Claro ni el tiempo requerido para restablecerlo, la comunidad mantiene la esperanza de una pronta solución.

En respuesta a la situación de violencia, se adoptaron medidas restrictivas en Ataco. Inicialmente, sólo se permitió la salida de los habitantes entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, para que pudieran abastecerse de alimentos y productos esenciales. Sin embargo, tras conocerse el nuevo ataque, esta autorización fue revocada y la población recibió la orden de permanecer recluida en sus viviendas para evitar riesgos ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos.

La incertidumbre se ha visto acentuada por el mal funcionamiento de la red de Claro, justo cuando existe mayor necesidad de información y comunicación sobre los hechos de violencia y las instrucciones oficiales. Los reportes ciudadanos siguen alertando sobre las dificultades en la comunicación y la comunidad permanece expectante ante cualquier pronunciamiento de las autoridades locales.

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¿Por qué se cayó la señal de Claro en Ataco durante el ataque?

Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible, no se ha confirmado de manera oficial la causa detrás de la interrupción en el servicio de telefonía móvil de Claro en Ataco. La falla ocurrió tras el atentado contra la estación de Policía, pero los organismos responsables no han entregado detalles sobre el origen del daño ni han anunciado un plazo específico para solucionar el problema.

¿Qué medidas se tomaron para proteger a los habitantes de Ataco tras el atentado?

De acuerdo con los reportes, las autoridades restringieron inicialmente la movilidad de la población, permitiendo únicamente la salida de los habitantes para abastecerse entre las 9:00 a. m. y las 12:00 del mediodía. Después del nuevo ataque, se suspendió esta autorización y se pidió a los residentes que permanecieran en sus viviendas para evitar exponerse a posibles enfrentamientos en medio de la crisis de seguridad del municipio.

La situación tiene como involucrada a la senadora María José Pizarro, otra de las mencionadas por parte de la mujer cuyas declaraciones abrieron la controversia en contra del expresidente de Colombia.

De acuerdo con las afirmaciones, la congresista estuvo bajo la dirección de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, una de las entidades en las que Jiménez indicó que se desempeñó como contratista en medio del caso por los favores en cuestión.

Las reacciones de todas las partes llevaron a que la investigación quedara en manos no solo de la Fiscalía General de la Nación, sino también de la Corte Suprema de Justicia.

Pizarro descartó su relación con Jiménez como parte de su respuesta, un día después de que se destaparon las declaraciones de la mujer que afirmó tener intimidad con Petro.

“Cero y van dos. En un mes he tenido que afrontar señalamientos sin fundamento, dentro de una estrategia planeada para acabar moralmente con mi nombre. ¿Cuál es la estrategia? Convertir una mención sin pruebas en una condena social y linchamiento mediático y digital de la prensa sensacionalista al servicio de intereses oscuros, sin sustento ni pruebas”, aseguró Pizarro.

Sin embargo, varios días después, salió a flote una revelación por parte de la revista Cambio, que presentó fotografías en las que es posible observar a ambas mujeres en diferentes espacios.

 

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Si bien una de las fotos es como parte de un grupo grande de personas, la otra tiene apenas a Pizarro, a Jiménez y a otra mujer que es asesora de la congresista en la postal.

Cabe aclarar que esto se presenta en el marco de la investigación de la Corte Suprema contra Pizarro y Petro, en una denuncia que fue admitida luego de que se difundió la versión.

El caso apenas toma sus primeros pasos, pero estas imágenes se suman al seguimiento que está bajo el interés general de la opinión pública con respecto al pasado gobierno colombiano.

¿Qué dijo Deicy Jiménez de María José Pizarro?

Las declaraciones juramentadas de Deicy Jiménez encendieron el debate político nacional al vincular directamente a la senadora María José Pizarro con contratos oficiales en el Congreso de la República.

La denunciante afirmó formalmente ante los medios de comunicación y estrados judiciales que obtuvo vinculaciones laborales en el Senado a través de la oficina de la dirigente del Pacto Histórico.

Según el testimonio entregado por la ciudadana, dichos convenios se pactaron tras supuestas intermediaciones derivadas de su relación personal con el entonces mandatario de izquierda.

Jiménez aseveró que los acuerdos laborales suscritos en el Legislativo formaban parte de un esquema de compensaciones institucionales asignadas a cambio de favores privados.

La testigo aseguró que comenzó a prestar servicios de apoyo en la corporación tras trasladarse desde la ciudad de Cali hacia la capital colombiana.

Asimismo, la mujer sostuvo ante las autoridades que nunca cumplió labores técnicas reales acordes con las asignaciones salariales pactadas en las minutas contractuales suscritas.

Frente a estas aseveraciones, la senadora María José Pizarro emitió un comunicado público admitiendo que Jiménez sí figuró como contratista durante su gestión en la Mesa Directiva.

La parlamentaria aclaró de forma tajante que la mujer prestó labores de soporte netamente administrativo bajo condiciones plenamente regulares y sin anomalías comprobadas.

Igualmente, Pizarro desmintió categóricamente cualquier conocimiento sobre la esfera privada de Gustavo Petro o supuestas presiones para favorecerla con recursos del Estado.

La congresista radicó una solicitud formal ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para comparecer a rendir su versión oficial.

El alto tribunal recopila testimonios, archivos contractuales y elementos periciales para corroborar la veracidad de los señalamientos formulados por la testigo principal del polémico expediente.

La Fiscalía General de la Nación mantiene abiertas indagaciones paralelas para establecer posibles delitos contra la administración pública cometidos mediante estas contrataciones parlamentarias.

En esta ocasión, la decoración navideña será más sencilla y limitada en comparación con otros años. De acuerdo con Aranda, aunque se mantendrá el ambiente festivo típico de la ciudad, la iluminación estará concentrada únicamente en ciertos puntos centrales. Los lugares elegidos para exhibir el alumbrado son la Plaza de Bolívar, el Parque Centenario y la carrera Quinta, escenarios emblemáticos para los ibaguereños. Así, la cobertura será considerablemente más reducida, en contraste con la extensión habitual del alumbrado en el pasado.

La decisión implica también la exclusión de zonas que tradicionalmente contaban con iluminación. Según lo explicado, este año el Parque Deportivo y los diferentes barrios de Ibagué no tendrán decoración con luces, a pesar de las solicitudes realizadas por diversas comunidades. Aranda destacó que el enfoque estará en preservar el espíritu navideño en algunos escenarios representativos, pero sin ampliar la cobertura para mantener el consumo bajo control.

Para reforzar las acciones de ahorro energético, la alcaldesa anunció que se implementarán luces tipo LED y materiales de bajo consumo en las estructuras que forman parte de la decoración. Este tipo de iluminación no solo reduce la demanda eléctrica, sino que permite mantener parte del tradicional alumbrado sin eliminarlo por completo. La administración tuvo en cuenta las recomendaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), así como la posibilidad de que el fenómeno de El Niño intensifique el uso de energía en la ciudad.

En síntesis, este fin de año Ibagué contará con alumbrado navideño, pero bajo una programación más corta y con una cobertura enfocada en el centro, priorizando la reducción en el consumo de energía como medida preventiva para la ciudad.

¿Qué zonas de Ibagué tendrán alumbrado navideño este año?

La iluminación navideña de 2024 en Ibagué se concentrará únicamente en el centro de la ciudad, específicamente en la Plaza de Bolívar, el Parque Centenario y la carrera Quinta. Zonas como el Parque Deportivo y los barrios no tendrán alumbrado, según informó la alcaldesa Johana Aranda.

¿Por qué redujeron las horas del alumbrado navideño en Ibagué?

La reducción se debe a medidas de ahorro energético ordenadas por el Gobierno Nacional, en cabeza de Abelardo De la Espriella, y responde a recomendaciones del Ideam relacionadas con el fenómeno de El Niño. Por ello, el alumbrado solo funcionará cuatro horas al día y usará tecnología LED para disminuir el consumo de energía.

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En sus orígenes, Santa Teresita fue concebido por la Caja de la Vivienda Popular (CVP) bajo la administración de 2014, con el objetivo de edificar 1.032 viviendas VIP. Los trabajos de construcción comenzaron al año siguiente y, a pesar de esto, el proceso se extendió durante diez años debido a varios incidentes. Entre estos, en 2019, un deslizamiento de tierra afectó considerablemente la obra poniendo en pausa su avance. Luego, en 2021, debido al incumplimiento contractual, la CVP tuvo que asumir la dirección de la construcción para evitar su estancamiento definitivo.

Ya en 2024, la administración distrital se vio obligada a retomar y finalizar los trabajos, comprometiéndose a entregar el proyecto a la ciudadanía. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva de la documentación de obra e interventoría, la Contraloría de Bogotá aseguró haber encontrado pagos arbitrarios por conceptos de urbanismo, torres habitacionales, el salón comunal y el parque lineal. De acuerdo con declaraciones de María Teresa Zuluaga, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal, "encontramos pagos por actividades que no fueron ejecutadas", lo que representa un presunto detrimento del patrimonio público.

Por tales circunstancias, la Contraloría determinó la imputación de “responsabilidad fiscal solidaria” a los contratistas responsables de la ejecución y la supervisión de las obras, así como a dos aseguradoras involucradas. Esta figura jurídica exige a los responsables responder por el daño al patrimonio estatal.

La reactivación del proyecto implicó una inversión adicional de 3.865 millones de pesos para recuperar la infraestructura abandonada y desfinanciada. Durante abril, la CVP inició la entrega de 500 apartamentos por etapas a familias provenientes de zonas de riesgo. Sin embargo, la Alcaldía advirtió que aún existen obras pendientes, como adecuación de salones comunales y mejoramiento de parques, para cuyo financiamiento se gestionan cerca de 20 mil millones de pesos.

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¿Cuáles fueron las principales irregularidades encontradas en el proyecto Santa Teresita?

De acuerdo con la Contraloría de Bogotá, las principales irregularidades se centraron en pagos realizados por trabajos nunca ejecutados o no finalizados correctamente, especialmente en áreas de urbanismo, torres de vivienda, salones comunales y parques. Estas acciones generaron un posible detrimento del patrimonio público, por lo que se imputó responsabilidad fiscal a contratistas y aseguradoras.

¿Qué significa la figura de “responsabilidad fiscal solidaria” en proyectos públicos?

La responsabilidad fiscal solidaria es una figura jurídica señalada por la Contraloría que obliga a todos los involucrados en una pérdida patrimonial contra el Estado a responder conjuntamente por el daño causado. Esto implica que tanto los contratistas como entidades de supervisión e incluso aseguradoras pueden ser llamados a responder económicamente ante la administración pública.

Sobre la posibilidad de importar gas desde Venezuela a través de dicho gasoducto, la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, mencionó que la rehabilitación de esta infraestructura podría adicionar, en una primera fase, 50 millones de pies cúbicos diarios de gas a la oferta colombiana, lo que equivale a cerca de 5 % de la demanda del país en 2025.

Adicionalmente, explicó que los seis frentes para promover la exploración y producción de hidrocarburos estarán concentrados en los incentivos tributarios y en el RUGE (Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial).

“Este RUGE es importante porque recoge la experiencia argentina, pero también un estudio que se hizo a nivel mundial sobre los problemas que se tuvieron y los hallazgos que se encontraron. Esta medida viene mejorada. El RUGE ya tiene lecciones aprendidas a nivel internacional”, dijo.

De otro lado, hizo referencia a los incentivos para la exploración y la apertura de nuevas áreas, que comprenden un potencial de 20 millones de hectáreas en 12 cuencas. También advirtió la necesidad de avanzar en mecanismos regulatorios en materia minera y energética, asuntos ambientales, defensa y seguridad, así como en la articulación entre los diferentes sectores.

Todo lo anterior fue expuesto en el marco de la IX Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, del cual Valora Analitik es media partner. Arboleda añadió que el sector de petróleo y gas enfrenta caídas en la oferta. Indicó que Chuchupa, Cupiagua y Cusiana son algunas de las principales fuentes de gas del país, pero también se encuentran entre las que registran un mayor declive en su producción.

Adicionalmente, manifestó que Colombia importó en octubre 41 % del gas que consume y que esta proporción podría aumentar si no se toman decisiones para fortalecer la oferta nacional.

“Las reservas declinaron hasta 5,9 años. El petróleo también vive una situación en la que tenemos que seguir trabajando para que esas reservas aumenten, porque la demanda sigue creciendo”, dijo.

La ministra también hizo énfasis en los proyectos de regasificación y manifestó que en SPEC se cuenta con una capacidad de 533 millones de pies cúbicos diarios de gas para importación. Por su parte, la regasificadora del Pacífico permitiría incorporar 80 millones de pies cúbicos diarios y Puerto Bahía, en Cartagena, otros 126 millones de pies cúbicos diarios.

Sobre este último proyecto, señaló que está previsto que entre en operación a comienzos de 2027, con lo cual la proyección es que para el primer semestre de ese año Colombia cuente con una capacidad de importación de 719 millones de pies cúbicos diarios.

Lo anterior fue mencionado ante la necesidad del país no solo de importar gas, sino también de garantizar el abastecimiento de los hogares y del sector industrial, que sería uno de los primeros afectados en caso de presentarse un déficit de este energético. A esto se suman las presiones que podría enfrentar el sistema por el fenómeno de El Niño, dado que el gas natural es uno de los combustibles requeridos para abastecer a las plantas térmicas de generación eléctrica.

A su vez, dijo que se modificará la Resolución 40537, que aborda asuntos relacionados con el gas y los mantos de carbón. Según explicó, este ajuste busca fortalecer la seguridad jurídica para las compañías del sector y brindar mayor claridad sobre las reglas aplicables a sus operaciones.

La funcionaria aseguró que la estrechez en el suministro de gas natural podría extenderse durante los próximos tres años, hasta 2029, a menos que se registren nuevos hallazgos relevantes que permitan aumentar la oferta nacional de este energético.

“Vamos a luchar contra la corrupción. Ningún trámite va a costar”, manifestó, al referirse a la transparencia en los procesos y a la prevención de posibles irregularidades en la asignación de contratos.

También hizo referencia a que Colombia cuenta con recursos de gas natural y que existe un potencial importante para ampliar la oferta nacional. En ese sentido, mencionó que los yacimientos no convencionales podrían aportar entre 4.000 y 13.000 gigapies cúbicos de gas.

Asimismo, expresó que el potencial del proyecto Sirius tendría recursos estimados en 3.645 gigapies cúbicos, y al gas asociado a mantos de carbón en Cesar, cuyo potencial se acercaría a los 832 gigapies cúbicos.

La explicación que ofrecen los especialistas, recogida en el texto, señala que los sismos superficiales—también llamados sismos corticales—se originan dentro de la corteza terrestre y a muy poca distancia de la superficie. Debido a esta escasa profundidad, las ondas sísmicas recorren menos camino hasta salir a la superficie, lo que ocasiona que la intensidad del movimiento sea mayor en los lugares aledaños al punto de origen. Vale la pena señalar, según la fuente, que la magnitud del sismo no es el único factor que influye en la fortaleza de un temblor; la profundidad, de hecho, puede cambiar significativamente la manera en que las personas perciben el movimiento.

En contraste, los sismos intermedios—que pueden ocurrir hasta los 180 kilómetros de profundidad—y los sismos profundos—que superan esa cifra—se comportan de modo diferente. En estos casos, al recorrer más distancia, las ondas sísmicas tienden a perder fuerza, aunque el temblor puede sentirse a lo largo de un territorio más amplio. Sin embargo, lo que percibe cada persona depende no solo de la naturaleza del movimiento, sino también del tipo de suelo y de la magnitud concreta de cada evento, explica el artículo.

La importancia de diferenciar entre los tipos de sismos radica en entender por qué algunos movimientos telúricos se sienten con mayor fuerza, pese a tener magnitudes similares. Aunque la ciencia permite explicar el comportamiento de los temblores, el texto advierte que no es posible anticipar con exactitud cuándo ocurrirá el próximo evento. En ese sentido, la principal recomendación es mantener la prevención: identificar sitios seguros, contar con un plan familiar de emergencia y estar preparados en todo momento para actuar de forma adecuada ante un sismo.

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¿Por qué un sismo superficial se siente más fuerte que uno profundo?

Un sismo superficial se percibe con mayor fuerza cerca de su epicentro porque las ondas sísmicas recorren poca distancia hasta llegar a la superficie, conservando así buena parte de su energía. Según la información del artículo, a diferencia de los sismos profundos o intermedios, los movimientos superficiales impactan más intensamente a las zonas aledañas, aunque el área afectada sea más limitada.

¿Cómo influye la magnitud y la profundidad en la intensidad de un temblor?

La intensidad con la que una persona siente un temblor depende de la combinación entre la magnitud (la energía liberada) y la profundidad del evento. De acuerdo con lo explicado por los expertos citados en el artículo, aunque dos sismos tengan magnitudes similares, uno superficial puede sentirse mucho más fuerte que uno profundo debido a la corta distancia que recorren las ondas sísmicas, sumado a factores como el tipo de suelo.

Santiago Uribe acudió a la figura de la tutela ante la Sala Laboral de la Corte Suprema con el argumento de buscar la protección de sus derechos fundamentales, específicamente el debido proceso, la igualdad, el acceso a la administración de justicia y la libertad personal. En su petición, también solicitó suspender la ejecución de su condena de prisión mientras se tramitaba el mecanismo extraordinario de casación que, a su juicio, le permitiría presentar su defensa de manera adecuada conforme a la ley 600 de 2000.

De acuerdo con los documentos citados por El Espectador, Uribe argumentó que se le dio un trato inequitativo, ya que quienes son condenados en primera instancia tienen el derecho de apelar, y, tras ese fallo en segunda instancia, pueden recurrir a la casación. En su caso, alegó, se le negó el acceso a la casación antes de que transcurriera el plazo legal para presentar la demanda y formular los cargos respectivos, situación que —indicó— le impidió obtener una decisión individual sobre si ese recurso era procedente o no.

La Corte Suprema, a través de la Sala de Casación Laboral, concluyó que el proceso fue legítimo y se ajustó al principio de la doble conformidad —es decir, el derecho de cualquier condenado a que su sentencia sea revisada por un tribunal distinto al que la dictó—. En el fallo, la Sala Laboral afirmó que no hubo arbitrariedad ni capricho en la decisión tomada por la Sala Penal, sino que se actuó con autonomía e independencia, dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley. Por tanto, consideró innecesario permitir que la defensa de Uribe presentara una demanda sobre un recurso extraordinario considerado improcedente en este caso, confirmando así la sentencia inicial.

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¿Por qué la Corte Suprema de Justicia negó el recurso de casación solicitado por Santiago Uribe?

La Corte Suprema de Justicia consideró improcedente el recurso de casación presentado por Santiago Uribe porque, según el alto tribunal y de acuerdo con lo publicado por El Espectador, la decisión anterior ya cumplía con el requisito de la doble conformidad. Además, la Sala Laboral concluyó que la actuación del tribunal fue legítima, autónoma e independiente, por lo que no encontró fundamentos para habilitar el trámite de un recurso extraordinario que ya había sido considerado no procedente.

¿Qué significa el principio de doble conformidad en procesos penales?

El principio de doble conformidad establece que toda persona condenada tiene derecho a que la sentencia en su contra sea revisada por un tribunal distinto al que la dictó. Según la información proporcionada, este principio fue aplicado en el caso de Santiago Uribe, lo que fundamentó la decisión de mantener la condena y negar el recurso extraordinario presentado por su defensa.

El hallazgo resultó aún más preocupante debido a que los permisos otorgados al establecimiento solo permitían captar 0,05 litros por segundo, y no de la quebrada El Abril, sino de la quebrada Tabacal. Así lo confirmaron funcionarios de la regional Rionegro de la CAR, quienes precisaron que la concesión vigente era para usos domésticos y recreativos, pero exclusivamente sobre aguas superficiales de la quebrada Tabacal.

La decisión de la entidad ambiental fue inmediata: suspender de manera temporal la captación de agua directamente de la quebrada El Abril hasta que el establecimiento gestione la debida autorización para ese punto de extracción y la cantidad de agua que pretende utilizar. Alejandro Fiquitiva Casallas, director de la Regional Rionegro de la CAR, aclaró que la medida es preventiva y transitoria, pero que además se evalúa la posibilidad de imponer sanciones ambientales como consecuencia de las actuaciones administrativas en curso.

La corporación reiteró la importancia de cumplir con la normativa ambiental: todo aprovechamiento de aguas superficiales requiere concesión, permiso o autorización previa, y operar sin ellos puede derivar en sanciones y otras acciones preventivas según el marco legal vigente. La CAR insta a todos los usuarios del recurso hídrico a asegurarse de contar con las autorizaciones requeridas antes de realizar cualquier extracción, para proteger los ecosistemas y evitar delitos ambientales.

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¿Qué sanciones puede recibir un establecimiento por captar agua de manera irregular en Cundinamarca?

De acuerdo con información de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), captar o aprovechar aguas superficiales sin la concesión, permiso o autorización correspondiente puede acarrear medidas preventivas de suspensión, como sucedió en el caso reportado, así como sanciones administrativas derivadas de las actuaciones que evalúan las autoridades competentes.

¿Por qué es importante contar con una concesión de aguas superficiales según la CAR?

Según la CAR, la concesión de aguas superficiales garantiza que la captación y el uso del recurso hídrico se realicen bajo parámetros técnicos y legales, protegiendo el equilibrio de los ecosistemas y asegurando que no se excedan los límites permitidos para cada fuente, evitando daños ambientales y posibles delitos contra el medio ambiente.

En respuesta a este panorama, la Secretaría de Movilidad de Cali intervino de manera inmediata con un despliegue de agentes de tránsito. El propósito principal de esta acción fue poner en marcha un plan de desvíos para evitar que los vehículos circularan hacia el epicentro de las manifestaciones, una alternativa dirigida tanto a proteger a los manifestantes como a brindar seguridad vial al resto de conductores. Según información proporcionada por Duvier Ossa, gestor operativo de la Secretaría de Movilidad, se implementaron cierres puntuales en distintos corredores estratégicos: uno de los bloqueos más importantes se registró en la calle 15 con carrera 10, donde directamente se impidió el paso vehicular.

De acuerdo con lo informado por la misma dependencia, también se efectuaron restricciones en la calle 12 con carrera 7 y en la carrera 5 con calle 15, lugares que se identificaron como puntos de acceso directo al área central de las protestas. El funcionario recalcó que todas estas disposiciones buscan impedir la llegada de vehículos a la zona concernida, con la finalidad de proteger a los involucrados y mantener el orden público mientras persisten las manifestaciones. Ante este contexto, las autoridades recomendaron a los conductores de Cali transitar por rutas alternas, acatar las recomendaciones emitidas por el personal de tránsito y prestar especial atención a los cambios durante el desarrollo de la protesta.

Las acciones adoptadas por la Secretaría de Movilidad reflejan un intento por balancear el derecho a la protesta ciudadana y la necesidad de mantener la circulación vehicular, evitando incidentes al interior del centro de Cali mientras se resuelve la situación.

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¿Qué rutas alternas recomendó la Secretaría de Movilidad durante las protestas en el centro de Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los agentes de tránsito implementaron un plan de desvíos para evitar la llegada de vehículos a la zona de protestas. Aunque no se detallaron en el reporte las rutas específicas que deben tomar los conductores, se recomendó estar atentos a las indicaciones de los agentes y buscar caminos alternos ante los cierres en la calle 15 con carrera 10, calle 12 con carrera 7 y carrera 5 con calle 15.

¿Por qué se realizaron operativos de control del espacio público en Cali?

Según la información publicada por Noticiero 90 Minutos, las autoridades llevaron a cabo un operativo de control del espacio público en el centro de Cali, específicamente en la carrera 9, entre calles 13 y 13A. Este tipo de intervenciones buscan garantizar el uso adecuado de los espacios públicos y responder a las necesidades de movilidad y convivencia en la ciudad.

La Fiscalía detalló que, una vez en poder del dispositivo, Garzón Rico habría accedido a la plataforma digital bancaria de su progenitor. Desde ese momento, comenzó a controlar la cuenta desde otro celular, facilitando así la ejecución de un conjunto de transferencias que, en total, alcanzaron los 17.500.000 pesos. Según datos oficiales de la investigación, los recursos fueron transferidos inicialmente a Kevin Julián Molina Vargas, Dilan Andrés Quiroga Montiel y Víctor Medardo Rubiano García.

La entidad reveló que, posteriormente, los fondos regresaron a manos de Garzón Rico a través de nuevas consignaciones realizadas por los otros tres involucrados. Esta cadena de movimientos dentro del sistema financiero se configuró como la base del caso presentado ante la justicia.

La captura de todos los implicados fue llevada a cabo con la colaboración entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía y el Ejército Nacional, en distintos puntos de Ibagué. Así lo indicó la Fiscalía, que además puntualizó que el operativo contó con apoyo de estas fuerzas para garantizar la aprehensión de los sospechosos.

En el desarrollo del proceso judicial, un fiscal adscrito a la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Tolima imputó los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales a los acusados. Ninguno de ellos aceptó los cargos formulados, de acuerdo con las declaraciones de la Fiscalía.

Por decisión de un juez de control de garantías, Jeisson Fabián Garzón Rico recibió medida de aseguramiento en su lugar de residencia. Los otros tres procesados, Molina Vargas, Quiroga Montiel y Rubiano García, siguen vinculados a la investigación penal, pendiente de resolución judicial.

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¿Cómo se realizó el hurto bancario en Ibagué según la Fiscalía?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el hurto se efectuó cuando Jeisson Fabián Garzón Rico se valió de la confianza de su padre para tomar su teléfono celular, con la excusa de instalar una aplicación de transporte. Aprovechando ese acceso, ingresó a la plataforma bancaria de la víctima y efectuó transferencias por 17.500.000 pesos. El dinero fue enviado a otras tres personas, quienes después lo devolvieron a Garzón Rico mediante nuevas transferencias.

¿Qué delitos imputó la Fiscalía en el caso de hurto por medios informáticos en Ibagué?

La Fiscalía, a través de un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Tolima, imputó a los cuatro acusados los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales. Estos son cargos relacionados con el aprovechamiento ilegal de sistemas informáticos para apropiarse de recursos económicos sin consentimiento del titular.

El fallo incluyó dos acciones concretas: por un lado, una multa económica que asciende a $76.157.250 pesos, correspondiente a 53,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes en 2025. Según la CRC, dicha sanción respondió a que el aviso en pantalla aseguraba que el largometraje no tenía contenido sexual, pero la película sí presentaba este tipo de escenas. Además, la comisión formuló una amonestación formal por permitir la emisión, en la franja familiar, de material explícito incompatible para audiencias infantiles y juveniles.

En relación con el origen de la investigación, la actuación administrativa se apoyó en una queja ciudadana presentada en febrero de 2025, en la que se advertía la transmisión de la película brasileña Aquarius en Señal Colombia durante un horario reservado especialmente para la infancia. Posteriormente, la CRC abrió la investigación y sancionó en mayo de 2026, proceso que fue impugnado por RTVC antes de ser ratificado en octubre.

La CRC, en su pronunciamiento, aclaró que la evaluación no tuvo como objetivo juzgar el valor artístico, estético o cultural del filme. Rechazó interpretaciones sobre censura o veto, y limitó el alcance del fallo al incumplimiento de RTVC al clasificar e informar correctamente sobre los contenidos emitidos, salvaguardando el deber legal de protección a menores y el derecho de las audiencias a estar debidamente notificadas sobre el material que consumen.

Este episodio coincide con un clima institucional caracterizado por reformas administrativas y debates sobre presupuesto en el sistema estatal de medios. Con motivo del aniversario 22 de la entidad, Abelardo de la Espriella anunció el retorno oficial al nombre RTVC, revirtiendo la denominación de Inravisión. Además, la nueva administración ha sugerido un cambio hacia contenidos enfocados en regiones, cultura y fortalecimiento del cine nacional, descartando enfoques ideológicos como el "wokismo" o la "ideología de género".

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¿Por qué sancionaron a RTVC por la transmisión de la película ‘Aquarius’?

RTVC fue sancionada por la CRC debido a que proyectó la película ‘Aquarius’ en un horario de protección para menores y porque el aviso en pantalla aseguraba que el filme no contenía material sexual, pese a que sí lo tenía. Esta falta de veracidad y la transmisión inapropiada para niños, niñas y adolescentes derivó en la multa y una amonestación formal.

¿Qué cambios institucionales y editoriales anunció RTVC recientemente?

Durante el aniversario 22, el presidente Abelardo de la Espriella comunicó el regreso al nombre RTVC y el fin de la denominación de Inravisión. Adicionalmente, la administración planteó un giro en la programación hacia contenidos regionales, culturales, deportivos y de fortalecimiento del cine nacional, desmarcándose de enfoques como el "wokismo" y la "ideología de género".

Según comunicó la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital, en conjunto con la Policía Metropolitana de Cali, la intervención abarcó cerca de 600 metros cuadrados de espacio público. Esta área había sido tomada de manera no autorizada por instalaciones y elementos tanto activos como abandonados, que obstaculizaban la movilidad y el desarrollo urbano. Durante el operativo, las autoridades lograron retirar 41 puestos de venta ambulante, de los cuales 16 fueron desmontados voluntariamente por los propios comerciantes. Por otro lado, cuatro casetas que presentaban condiciones de abandono o representaban un obstáculo para la vía fueron destruidas.

Además, los equipos operativos recolectaron 34 metros cúbicos de escombros y residuos que se habían acumulado, lo que contribuyó a la limpieza del sector. En cuanto a la seguridad eléctrica, los técnicos identificaron y desconectaron 16 instalaciones ilegales de energía, una acción que apunta a prevenir riesgos y mejorar las condiciones generales en el centro.

La Secretaría de Seguridad y Justicia resaltó que la intervención facilitará el inicio de obras de reparcheo vial en el tramo intervenido, esenciales para optimizar la movilidad y brindar mayor seguridad tanto a peatones como a conductores y comerciantes. Por su parte, la administración distrital enfatizó que el procedimiento no debe interpretarse como una persecución al comercio informal, sino como una acción orientada a retirar estructuras abandonadas que dificultan la vida urbana y retrasan obras necesarias.

Hace menos de dos meses, la alcaldía había adelantado una operación similar en el mismo corredor de la carrera 9, ratificando su compromiso con la mejora continua y el ordenamiento de la ciudad. Toda la información mencionada fue obtenida de la alcaldía de Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital.

¿Por qué la alcaldía de Cali realiza operativos de control en la carrera 9 del centro?

La alcaldía de Cali ejecuta estos operativos para recuperar el espacio público y eliminar estructuras no autorizadas o abandonadas que impiden la movilidad y frenan obras viales necesarias. Según la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital, estas acciones buscan mejorar las condiciones de seguridad, orden y desarrollo urbano en la zona, beneficiando a peatones, conductores y comerciantes.

¿Qué acciones se toman durante los operativos de recuperación de espacio público en Cali?

Durante estos procedimientos, la administración distrital y la Policía Metropolitana retiran puestos de venta ambulante, desmontan casetas en estado de abandono, recolectan escombros acumulados y desconectan instalaciones ilegales de energía. Todas estas medidas están enfocadas en garantizar la seguridad y permitir la ejecución de reparcheo vial en los sectores intervenidos.

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De acuerdo con lo registrado en la red social X y reportado por los medios que siguen el caso, el presidente expresó que, aunque entiende algunas de las situaciones que rodean estos procesos, se mantiene firme en respetar las condiciones establecidas por la justicia. Petro escribió textualmente: “Mi actitud contra las personas que denuncian supuestos actos irregulares míos es de respeto. En algunos casos entiendo lo que pasa, pero debo respetar las condiciones de los procesos judiciales”. Estas palabras evidencian una postura de prudencia y mesura frente a las tensiones y especulaciones sobre las denuncias que pesan contra su gestión.

El mandatario también se refirió específicamente a la salida de los profesionales del derecho que intervinieron en el caso. Dijo, citando su declaración: “Han renunciado ya varios abogados de las personas que me demandan o que demando. Todo mi respeto para ellos”. Esta afirmación, lejos de entrar en detalles o aclarar las razones de fondo para las renuncias, procura enfatizar el respeto institucional hacia los abogados que han tomado la decisión de apartarse del caso.

No obstante, el propio presidente no dio a conocer los motivos concretos que llevaron a los abogados a dejar la representación de las partes, ni proporcionó datos adicionales sobre el posible impacto de esas renuncias en el desarrollo de los procesos judiciales. Lo cierto es que la postura de Petro se centra en resaltar su respeto hacia el trámite judicial y hacia quienes, de un lado u otro, forman parte de estas controversias legales. La situación sigue abierta y pendiente de desarrollos oficiales, sin confirmación de nuevas versiones o detalles procedentes de los implicados. Esta posición ha sido cubierta ampliamente por medios como El Nuevo Día.

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¿Por qué renunciaron los abogados en el proceso judicial contra Gustavo Petro?

Hasta el momento, no se han revelado los motivos específicos que llevaron a la renuncia de los abogados de Angie y Deisy en los procesos judiciales relacionados con el presidente Gustavo Petro. Según lo expuesto por el mandatario, las renuncias han ocurrido, pero tanto él como los medios consultados no han entregado detalles sobre las causas particulares que impulsaron esta decisión.

¿Cuál fue la respuesta de Gustavo Petro ante la salida de los abogados en su caso?

Gustavo Petro manifestó a través de la red social X que mantiene una postura de respeto frente a quienes lo denuncian y hacia los profesionales del derecho que, recientemente, han dejado la representación legal en estos casos. El presidente enfatizó que comprende algunas situaciones, pero que su deber es respetar los procedimientos y condiciones establecidos en los procesos judiciales, sin profundizar en las razones detrás de las renuncias.

La comparecencia quedó agendada para el próximo martes 10 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, en el marco de la noticia criminal abierta.

El despacho indaga supuestas anomalías en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, y otras dependencias estatales.

Este nuevo requerimiento procesal surge porque la denunciante faltó al llamado que el ente investigador le formuló para este martes 3 de noviembre.

Los fiscales escucharán directamente su testimonio sobre cargos y contratos que, según expuso la testigo, habrían derivado de favores íntimos ofrecidos a funcionarios.

Esta citación representa un trámite formal independiente de la diligencia técnica que Jiménez atendió hace pocos días en la sede principal del búnker.

En aquella ocasión, la ciudadana permaneció en las instalaciones hasta después de la medianoche facilitando la extracción forense de su teléfono móvil particular.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia instruyó esa recolección pericial para asegurar posibles evidencias digitales de valor probatorio.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ejecutaron un clonado espejo integral de los datos almacenados en el teléfono para analizarlos pericialmente.

La diligencia técnica transcurrió con la presencia constante de su abogada, Dina Luz Malo, junto a un delegado enviado por el alto tribunal.

Esa inspección electrónica buscó únicamente copiar la memoria del terminal, de modo que la Fiscalía no tomó entrevistas durante esa extensa jornada pericial.

Los analistas examinarán minuciosamente el dispositivo móvil con el fin de catalogar documentos, registros y elementos útiles para esclarecer el asunto denunciado.

Según sostuvo la declarante, el aparato contiene videos, chats y grabaciones que respaldarían sus denuncias sobre contratos y cargos asignados luego de favores íntimos.

El cronograma del ente acusador contempla otras diligencias de alto perfil dentro del mismo proceso penal que avanza en los despachos judiciales.

La toma de declaración del actual director del Dapre, Carlos Ríos, quedó programada formalmente para los días 18 y 19 de noviembre próximos.

Asimismo, los funcionarios pactaron la ampliación testimonial de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, manteniendo sus fechas bajo estricta reserva por motivos de seguridad.

De hecho, El Tiempo reveló que se solicitará la citación de Armando Benedetti, Guillermo Alfonso Jaramillo y más funcionarios del Gobierno Petro por la aparición de la hoja de vida de Jiménez en sus respectivas entidades.

¿En qué entidades tuvo contratos Deicy Jiménez?

Los registros contractuales vinculados a Deicy Jiménez cobraron relevancia pública nacional luego de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.

Las pesquisas documentales de las autoridades judiciales rastrean la vinculación laboral de la ciudadana en diversos organismos del Estado mediante contratos de prestación de servicios profesionales y técnicos.

Uno de los primeros registros contractuales de Jiménez corresponde a sus funciones de apoyo administrativo y asistencial desempeñadas al interior del Congreso de la República en el Senado.

Posteriormente, la contratista obtuvo órdenes de prestación de servicios dentro de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad adscrita directamente al Ministerio de Defensa Nacional.

En dicha dependencia estatal cumplió labores de apoyo a la gestión documental y seguimiento de procesos administrativos internos contemplados en las minutas contractuales suscritas.

Asimismo, la investigación procesal identificó contrataciones asignadas en el Ministerio del Interior, donde desarrolló actividades logísticas y asistenciales para diferentes dependencias del despacho central gubernamental.

Por otra parte, los reportes oficiales dan cuenta de contratos de apoyo suscritos con el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre.

En esa entidad de la Presidencia prestó servicios de soporte institucional en tareas operativas, hecho que desató solicitudes de auditoría especial por parte de órganos de control.

Otras dependencias del sector público nacional y distrital analizan archivos históricos para verificar la existencia de órdenes de compra o convenios adicionales registrados con su nombre.

Los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación contrastan las fechas de ejecución de cada contrato con las declaraciones y el material digital extraído de sus teléfonos.

El Sistema Electrónico para la Contratación Pública almacena los soportes, cuentas de cobro, informes de actividades y pagos mensuales desembolsados a la mencionada ciudadana en los últimos periodos.

Las declaraciones públicas van a ser refrendadas ante la Corte Suprema y el resto de autoridades que la requieran, pero hay otro golpe de gracia en el que varios referentes quedarían en el ojo del huracán.

Así como sucedió con la senadora María José Pizano en medio de la investigación que ya está en curso luego de que fue mencionada por la joven, se conoció que hay una solicitud adicional.

Se pedirá que la justicia indague testimonios de antiguos miembros del gabinete gubernamental para establecer posibles irregularidades en las vinculaciones oficiales otorgadas a Deicy Jiménez, según indicó El Tiempo.

Una lista de comparecientes buscará aclarar si existió nexo directo entre el trato íntimo que sostuvo la joven con el exmandatario y su llegada a nóminas estatales.

Los investigadores también verificarán si la mujer acreditaba plenamente el perfil exigido por las instituciones para ejecutar las funciones asignadas en cada dependencia. Jiménez ya recibió llamado de la Fiscalía.

Bajo este enfoque probatorio, se pedirá citar a Armando Benedetti, a Guillermo Alfonso Jaramillo y a otros funcionarios del Gobierno Petro en cuyas entidades se movió el currículum de la joven.

La inclusión de Jaramillo responde al trámite de la hoja de vida en el San Juan De Dios, complejo hospitalario cuyo director dependía de su cartera.

Frente a estas indagaciones, el expresidente Petro y su apoderado, el penalista Alejandro Carranza han sido enfáticos en que no hubo tal pago de favores y en que se trata de un ataque contra la figura del expresidente de izquierda.

Asimismo, la defensa argumenta que diversas exfuncionarias vienen soportando presiones indebidas para declarar sobre supuestos vínculos cercanos con el líder político.

Pese a los desmentidos oficiales, se conoció un chat en el que el presidente le pide a Angie Rodríguez, cabeza del Dapre, que se mantenga el contrato de Jiménez en la cartera del Interior.

Paralelamente, las autoridades judiciales pedirán revisar las tareas ejecutadas por la contratista durante su permanencia en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en tiempos de Yenniffer Parra.

Los despachos periciales esperan contrastar estas conversaciones digitales con los expedientes físicos para determinar responsabilidades administrativas o penales.

¿Qué contratos tuvo Deicy Jiménez en Gobierno Petro?

La contratación pública asignada a Deicy Jiménez durante el mandato presidencial de Gustavo Petro concentra la atención de los organismos judiciales tras revelarse cuantiosas sumas oficiales.

Los registros contractuales estatales evidencian múltiples órdenes de prestación de servicios que en conjunto superan los cien millones de pesos en diversas dependencias del poder ejecutivo.

Entre septiembre de 2022 y junio de 2023, la ciudadana suscribió dos contratos con el Congreso de la República por 10 millones cada uno.

Dichos acuerdos legislativos contemplaban labores de apoyo operativo y técnico en el Senado durante los primeros meses del periodo gubernamental del mandatario de izquierda.

Posteriormente, la contratista gestionó una orden de servicios con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada entre junio y diciembre de dos mil veinticinco por dieciocho millones.

En esa entidad adscrita al sector defensa ejecutó actividades de soporte administrativo y archivo bajo la supervisión directa de las directivas institucionales de aquel momento.

Asimismo, el Ministerio del Interior formalizó dos vinculaciones contractuales que sumaron más de 41 millones de pesos destinados a la seguridad ciudadana.

El primer acuerdo ministerial contempló honorarios por más de 11 millones de pesos asignados a la Subdirección de Proyectos para la Convivencia en dos mil veinticinco.

El segundo convenio en esa cartera ministerial se pactó en enero de 2026 por un monto total de 30 millones de pesos.

A estos montos se suman expedientes administrativos bajo revisión en el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, conocido como Dapre.

De acuerdo con SONAR, uno de los ejes principales de análisis es la relación del presidente De la Espriella con el Congreso. A pesar de que el partido que lo avaló solamente cuenta con cuatro senadores, él ha logrado establecer una coalición de diez partidos, lo que representa 61 % del Senado y 68 % de la Cámara, según cifras recopiladas por la agencia. Sin embargo, esta coalición, aunque amplia, resulta menos sólida que las obtenidas por anteriores mandatarios como Juan Manuel Santos, cuya Unidad Nacional llegó a aglutinar el 73,5 % del Senado y el 83 % de la Cámara. En contraste, Iván Duque contó con apenas el 45 % del Senado y Gustavo Petro un 72 % al inicio de su gobierno. En consecuencia, De la Espriella queda en una posición intermedia, sin un respaldo parlamentario completamente propio.

En materia de coyunturas de emergencia, el presidente tuvo que hacer frente a un sismo de magnitud 7,4 tan solo tres días después de asumir, hecho que causó la muerte de 304 personas y llevó a la expedición de 11 decretos de emergencia, extendidos a 16 departamentos. La Procuraduría y la Defensoría han pedido que estos decretos sean declarados exequibles, aunque la Corte Constitucional no se ha pronunciado. Otros presidentes también afrontaron crisis naturales al inicio, pero De la Espriella ha optado por el gobierno mediante decretos, especialmente para responder a este tipo de contingencias.

Otro aspecto destacado en el informe de SONAR es la popularidad del mandatario. Según datos de AtlasIntel, en su primer mes, De la Espriella tenía una aprobación del 51,8 %, menor que la de Santos (82 %), Petro (56 %) y Duque (53,8 %), pero a los 90 días solo perdió tres puntos, situándose en un 48,7 %, manteniéndose casi al nivel de Petro (49,7 %) y muy por encima del descenso de Duque (27,2 %). Sin embargo, la comparación debe ser tomada con reservas, ya que las cifras provienen de firmas encuestadoras distintas y la nueva ley de encuestas ha limitado la continuidad de las mediciones nacionales comparables.

En el terreno regulatorio, la administración prepara una agenda extensa con 517 proyectos de decreto desde 23 entidades gubernamentales, según SONAR. Una parte significativa de estos proyectos afecta trámites para ciudadanos y empresas, incluyendo repercusiones económicas para micro, pequeñas y medianas empresas. El Ministerio de Salud lidera con la mayor cantidad de ajustes reglamentarios, enfocados en reformas estructurales del sector.

¿Cuál es la composición de la coalición del presidente De la Espriella en el Congreso?

La coalición que sostiene al presidente De la Espriella en el Congreso se basa en el apoyo de diez partidos y representa el 61 % del Senado y el 68 % de la Cámara, según lo reportado por la agencia ORZA. Aunque se trata de una alianza amplia, es menos sólida que las alcanzadas por algunos de sus predecesores, lo que lleva al presidente a depender de acuerdos políticos más complejos y a gobernar sin una bancada propia que le brinde respaldo total.

¿Qué son los decretos de emergencia y por qué fueron expedidos por el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Los decretos de emergencia son disposiciones legales que un gobierno emite en situaciones críticas para responder de forma rápida a calamidades o crisis, como desastres naturales. En el caso del gobierno de De la Espriella, estos decretos se expidieron tras un terremoto de magnitud 7,4 que dejó graves afectaciones y 304 personas fallecidas, permitiendo la extensión de medidas excepcionales a 16 departamentos. Su constitucionalidad todavía está pendiente de revisión por parte de la Corte Constitucional.

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Pese a estos pronósticos, la transición hacia una temporada más seca no eliminará completamente las precipitaciones. Durante los primeros días de noviembre, aún se han presentado lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, algunas de ellas acompañadas de tormentas eléctricas, revela el monitoreo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Asimismo, recientes alertas del Ideam advierten sobre un aumento generalizado de la nubosidad, así como la persistencia de lluvias y tormentas eléctricas en distintas zonas como la región Pacífica, el norte y centro de la Andina, el suroccidente de la Orinoquía y el centro de la Caribe.

Rodney Poveda, meteorólogo del Ideam, atribuye la persistencia de las lluvias en octubre y noviembre al desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical, un sistema que facilita la formación de precipitaciones tanto en el interior como en las costas. Sin embargo, este experto aclara que en los próximos días se alternarán periodos secos con mañanas menos lluviosas, mientras que en las tardes y noches persistirá la nubosidad y las lluvias, aunque de tipo ligero a moderado.

Por su parte, Max Henríquez, también meteorólogo, advirtió que el calentamiento actual del Pacífico podría alcanzar niveles comparables a los del fenómeno de El Niño ocurrido en 1982-1983, catalogado como uno de los más fuertes registrados. Por tanto, el periodo entre finales de diciembre y febrero será determinante para observar la evolución del fenómeno en Colombia, aunque la magnitud de sus efectos todavía dependerá del comportamiento tanto del océano como de la atmósfera en los meses venideros.

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¿Cuándo se sentirá el impacto más fuerte del fenómeno de El Niño en Colombia?

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos citados, Colombia espera el mayor impacto del fenómeno de El Niño entre finales de diciembre de 2026 y febrero de 2027. El periodo más crítico será en enero y febrero, cuando se prevé el mayor calentamiento de las aguas del océano Pacífico y una posible reducción de las lluvias en diferentes regiones del país.

¿Qué es la Zona de Convergencia Intertropical y cómo afecta las lluvias en Colombia?

La Zona de Convergencia Intertropical es un sistema atmosférico que influye en la formación de lluvias por el desplazamiento de masas de aire húmedo en el trópico. De acuerdo con explicaciones del meteorólogo Rodney Poveda del Ideam, este sistema favorece las precipitaciones tanto en el interior como en la costa colombiana, en especial durante los meses de octubre y noviembre.

En medio de la crisis, las autoridades permitieron inicialmente que los habitantes salieran a las calles durante un corto lapso, con el propósito de abastecerse de alimentos y productos esenciales. Sin embargo, según un reporte ciudadano recogido en el texto, la franja autorizada para esta jornada fue restringida rápidamente tras la reciente escalada del ataque, lo que obligó a la comunidad a regresar a sus casas y suspender cualquier desplazamiento, priorizando la seguridad y la integridad de los residentes.

Un habitante de Ataco difundió un mensaje de alerta poco después de los hechos, advirtiendo sobre la gravedad de la situación y solicitando a la ciudadanía que permaneciera resguardada. En este mensaje, informó que el ataque con drones hacia la estación de Policía había acontecido minutos antes de su advertencia. La afectación de la biblioteca municipal demuestra que la acción armada no solo tuvo como objetivo las instalaciones policiales, sino también espacios dedicados al uso público, lo que eleva el nivel de preocupación en el municipio.

Los habitantes de Ataco continúan en estado de incertidumbre ante la falta de información sobre posibles heridos –ya sean civiles o uniformados– y el impacto concreto de la ofensiva. Por el momento, la población sigue bajo resguardo, a la espera de que las autoridades emitan un pronunciamiento oficial que detalle el alcance de los daños y esclarezca las circunstancias de esta nueva jornada de violencia en la zona. Toda la información presentada fue tomada de los reportes ciudadanos y comunicados locales consultados en el municipio.

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¿Qué impacto tuvo el ataque armado con drones en Ataco, Tolima?

El ataque armado con drones provocó grandes momentos de temor entre los habitantes de Ataco, afectó directamente la estación de Policía y la biblioteca municipal, y llevó a reforzar las restricciones de movilidad. Según reportes locales, la ofensiva obligó a la población a permanecer en sus viviendas por seguridad, ante la intensidad de los hechos violentos y la ausencia de detalles oficiales sobre víctimas o el alcance exacto de los daños.

¿Por qué se suspendió la jornada de abastecimiento en Ataco tras el ataque?

La jornada de abastecimiento, que permitió inicialmente a los habitantes salir a comprar alimentos y productos de primera necesidad, fue suspendida debido a un nuevo ataque armado. De acuerdo con reportes ciudadanos, al presentarse nuevas explosiones y disparos, las autoridades y líderes comunitarios ordenaron el regreso inmediato a los hogares para proteger la vida y evitar desplazamientos peligrosos en la zona de riesgo.

Este desarrollo ocurre en medio de una controversia pública: Rodríguez ha brindado declaraciones en las que denuncia presuntos hechos de corrupción dentro del Gobierno de Gustavo Petro. Sus afirmaciones han generado expectativa nacional, tanto por el alcance de lo que podrían implicar como por las consecuencias que ha traído para su vida personal. Tal como relatan los informes difundidos, Rodríguez solicitó a la Fiscalía que se reservaran las fechas en las que prestará declaración, en razón de las amenazas que asegura haber recibido luego de hacer públicas sus denuncias y por los riesgos que identifica para su seguridad personal.

En respuesta, la Fiscalía accedió a mantener en reserva tanto las diligencias programadas como las fechas relacionadas con el testimonio de Rodríguez, según lo citado en el texto facilitado. Mientras tanto, la defensa manifestó públicamente el respeto al secreto profesional y aseguró que no entregará detalles adicionales sobre los motivos puntuales de la renuncia. Por ahora, no se sabe cómo será conformada la nueva representación judicial de Rodríguez, ni el rumbo que tomarán las diligencias relacionadas con sus denuncias, pero la partida de su abogado marca un nuevo capítulo en la trama institucional alrededor del caso.

En este contexto, la situación de la exdirectora del DAPRE se mantiene en el centro de atención, a la espera de que se conozcan más detalles sobre su defensa y los próximos pasos legales tras la abrupta renuncia de su abogado. En juego está el desarrollo mismo de una investigación de alto perfil que permanece, por el momento, bajo estricta reserva procesal.

¿Por qué renunció el abogado de Angie Rodríguez a su defensa en el caso DAPRE?

De acuerdo con el comunicado emitido por Manuel Villanueva Luis, la decisión de abandonar la defensa de Angie Lizeth Rodríguez fue tomada únicamente por motivos personales. El abogado remarcó que notificó a su clienta y a las autoridades competentes, y prefirió no entregar detalles adicionales, acogiéndose al secreto profesional.

¿Por qué la Fiscalía decidió mantener en reserva las diligencias de Angie Rodríguez?

Según lo citado en los reportes, la Fiscalía General de la Nación aceptó la solicitud de Rodríguez de mantener bajo estricta reserva las diligencias, incluidas las fechas de sus declaraciones, atendiendo a los riesgos que ella argumentó para su seguridad y las amenazas que afirmó haber recibido tras denunciar presuntos casos de corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro.

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Entre los hallazgos centrales sustentados por tres fuentes independientes —y contrastados con integrantes del esquema de seguridad presidencial—, destaca que la exjefa de gabinete Laura Sarabia tuvo acceso ilimitado a las comunicaciones del exmandatario. “Ese celular de Gustavo Petro estaba gemeleado por Laura Sarabia”, aseveró Zuleta en Mañanas Blu, precisando que la duplicación del dispositivo fue confirmada por la empresa operadora tras ser detectada en el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). El procedimiento le otorgaba a la funcionaria el dominio exclusivo sobre la nube donde se almacenaban chats, archivos y videos personales grabados por el propio exjefe de Estado.

Según los testimonios consignados en la investigación, la clonación del teléfono formaba parte de un engranaje concebido para centralizar las decisiones del Ejecutivo y aislar al exmandatario. “Una de las estrategias de Laura Sarabia era mantener al presidente en sus fiestas, en sus bacanales con sus amigas y con el consumo de sustancias psicotrópicas”, sostuvo el autor, agregando que la exfuncionaria actuaba en contubernio con la entonces primera dama, Verónica Alcocer, a quien le reportaba de manera detallada cada movimiento del presidente. Esta acumulación de información confidencial explicaría por qué Sarabia se mantuvo en cargos de primer nivel —como Prosperidad Social, el DAPRE, la Cancillería y la embajada en Londres— pese a los escándalos y ajustes de gabinete.

El texto también expone las dinámicas de ingreso a la sede gubernamental para evadir los controles oficiales. Las reuniones privadas no se realizaban en la residencia presidencial sino en apartamentos externos o en el espacio asignado al jefe de seguridad en la planta baja del palacio, cuyo acceso por el garaje de la calle Octava impedía el registro en las planillas de visitantes. Mientras las denuncias sobre contrataciones y favores personales avanzan en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, la investigación periodística concluye que las actuaciones del entorno íntimo del exmandatario rebasaron el ámbito privado al incidir de forma directa en la gobernabilidad y en el manejo de las instituciones del Estado.

Jenča destacó que ha sostenido encuentros con Gaona y que existe disposición para trabajar en conjunto. En sus palabras, entiende que Gaona expresó directamente la posición del gobierno de Colombia ante el Consejo de Seguridad, por lo que respetará y tomará nota de dicha postura, siempre dentro de la imparcialidad que exige la carta de la ONU. Esto cobra aún mayor relevancia porque durante la sesión se excluyó a la Misión de Verificación de la supervisión en la implementación de la Reforma Rural Integral, una decisión tomada por solicitud del ejecutivo liderado por De la Espriella, informó El Espectador.

La respuesta de Jenča se da en un ambiente político nacional polarizado. Señaló que la Misión de Verificación acompañará los esfuerzos de paz en colaboración con el gobierno, los firmantes, las víctimas y las comunidades, cumpliendo su labor sin tomar partido y buscando reducir tensiones. Esta postura se refuerza considerando el contexto de alta confrontación política, donde, incluso, el proceso normal de empalme entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella fue suspendido, debido a lo que Jenča calificó como "retórica acalorada y confrontación política continuada".

Desde que asumió como jefe de Misión el 23 de octubre de 2025, Jenča también debió presentar informes trimestrales sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz ante el Consejo de Seguridad. A su llegada, realizó reuniones con figuras clave como el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, para discutir las perspectivas del organismo internacional en el país. En este contexto de divisiones y debates, los distintos actores coinciden en la importancia de actuar con responsabilidad para minimizar conflictos y fortalecer la construcción de paz en Colombia.

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¿Por qué el embajador de Colombia ante la ONU dice que el Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo?

De acuerdo con El Espectador, el embajador Mauricio Gaona argumenta que, si bien el gobierno y sus ciudadanos no están en contra de la paz, rechazan la impunidad. Su afirmación ante el Consejo de Seguridad se realizó en el contexto de la renovación del mandato de la Misión de Verificación y responde a la posición oficial del gobierno de De la Espriella sobre el papel y los resultados del acuerdo firmado en 2016.

¿Cuál es la función de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia?

Según la información proporcionada, la Misión de Verificación de la ONU cumple el papel de acompañar y supervisar la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Su trabajo incluye presentar informes trimestrales ante el Consejo de Seguridad y colaborar con diferentes grupos, como el gobierno, excombatientes, víctimas y comunidades, promoviendo la construcción de paz e imparcialidad en medio de un clima político polarizado.

Las indagaciones comenzaron por una instrucción que Caicedo Rico emitió a su equipo el 18 de agosto. Les pidió revisar minuciosamente cada contrato suscrito en los últimos cuatro años con el fin de esclarecer el destino de los recursos. De esta labor surgieron varios aspectos que él califica como inquietantes. Entre los principales, destacó que Icetex sufrió recortes que suman cerca de COP 1,75 billones, lo que provocó que la cifra de créditos aprobados bajara de 70.000 en 2024 a solo 10.621 en 2025.

Además de la reducción en la asignación de créditos, Caicedo Rico señaló que en 2026 se eliminaron los recursos destinados al subsidio a la tasa, una decisión que según sus cifras afectará aproximadamente a 200.000 jóvenes colombianos. Junto a estos recortes, el presidente del Icetex expuso otros hallazgos relacionados con la gestión de proyectos que, a su juicio, no eran viables financieramente. Uno de ellos correspondía a una iniciativa de cuenta de ahorro educativo voluntario, cuyo propósito era permitir a las familias ahorrar para la educación de sus hijos. Sin embargo, después de revisar el proceso de contratación, advirtió que hubo presunta omisión de los principios básicos de planeación y factibilidad financiera.

El análisis contractual reveló que la administración anterior contrató un estudio por COP 534 millones para evaluar la viabilidad del proyecto. Dicho estudio, recibido en septiembre de 2025, concluyó que "el programa de ahorro educativo voluntario no es viable ni factible. No existe un solo escenario de modelación financiera que garantice su sostenibilidad". Pese a lo anterior, se comprometieron recursos por cerca de COP 83.770 millones en contratos relacionados con este programa, incluyendo estructuración jurídica y desarrollo tecnológico. El contrato de tecnología, diseñado para cinco años, ya ha recibido entregas equivalentes a más del 50 % de su valor, es decir, unos COP 48.700 millones, para una plataforma que, según Caicedo Rico, no puede operar en el mercado por falta de viabilidad y reglamento aprobado.

El presidente del Icetex también alertó sobre un crecimiento del 80 % en el número de contratistas de la entidad entre 2022 y 2026, con un gasto superior a COP 70.000 millones en el último año, lo que representa un incremento de más del 140 % en contratos. Caicedo Rico aseguró que estos hallazgos serán puestos en conocimiento de la Contraloría y la Procuraduría para las investigaciones correspondientes.

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¿Qué significa el subsidio a la tasa en los créditos del Icetex?

El subsidio a la tasa en los créditos del Icetex consiste en un apoyo económico otorgado por la entidad para bajar el costo de los intereses de los préstamos educativos que ofrece a los estudiantes. En la denuncia de Richard Caicedo Rico, la eliminación de estos recursos en 2026 significaría que cerca de 200.000 jóvenes perderían ese beneficio, lo que podría dificultar su acceso y permanencia en la educación superior, según la información presentada en el video oficial.

¿Cuáles fueron los principales hallazgos sobre contratos y recursos en el Icetex?

Según Richard Caicedo Rico, entre los hallazgos principales están los recortes presupuestales cercanos a COP 1,75 billones, la drástica reducción en créditos aprobados, la eliminación del subsidio a la tasa para jóvenes, y el compromiso de más de COP 83.770 millones en proyectos no viables, como una cuenta de ahorro educativo voluntario. Además, reportó un incremento notable en el número de contratistas y gastos administrativos, datos que serán enviados a organismos de control para investigación.

Las denuncias de Jiménez se conocieron públicamente a través de la revista Semana el 25 de octubre. Después de esto, la mujer publicó un video en el que se le ve con el exmandatario en una habitación, presentándolo como prueba. “Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”, aseguró Jiménez en su declaración. La aparición de este video impulsó aún más la atención mediática y judicial sobre el caso.

En respuesta, Alejandro Carranza, abogado y defensor de Gustavo Petro, publicó un comunicado en el que cuestionó la validez y contexto del video. Según Carranza, “un fragmento (el video) sin fecha, sin lugar y sin origen verificado, publicado en redes por la testigo antes de ser entregado a la autoridad y replicado en minutos por periodistas y comentaristas, no es una prueba”. El jurista sostuvo que la autenticidad, el contexto y el alcance de este material deben ser comprobados dentro del proceso mediante peritajes y bajo garantías para todas las partes. No obstante, la defensa de Petro aún no ha emitido declaraciones sobre el chat recientemente conocido.

Por otra parte, la senadora María José Pizarro, quien fue vicepresidenta del Senado entre 2023 y 2024, también intervino en el asunto. En un comunicado oficial, Pizarro afirmó que la contratación de Jiménez como funcionaria administrativa se realizó bajo condiciones normales, cumpliendo con las tareas asignadas y sin relación con hechos de corrupción o favores indebidos. Pizarro expresó su disposición a colaborar con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, presentando pruebas que respalden su afirmación y solicitando ser escuchada como parte de la investigación en curso, según consta en su declaración recogida por varios medios, entre ellos Noticias Caracol y la revista Semana.

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¿Qué denuncias hizo Deicy Jiménez contra Gustavo Petro y cómo se conocieron?

Deicy Jiménez denunció al expresidente Gustavo Petro por presuntamente haberle pagado servicios sexuales mediante contratos públicos. La denuncia se hizo pública cuando la revista Semana la reveló y, posteriormente, Jiménez compartió un video en el que aparece junto al exmandatario en una habitación, asegurando que era una prueba de sus afirmaciones.

¿Cuál ha sido la respuesta de la defensa de Gustavo Petro ante las pruebas presentadas?

La defensa de Gustavo Petro, liderada por el abogado Alejandro Carranza, argumentó que el video presentado por Deicy Jiménez carece de fecha, lugar y verificación de origen, por lo que no puede ser considerado una prueba válida. Además, sostiene que la autenticidad y el contexto del material deben establecerse en el marco legal y mediante peritajes oficiales.

Según el material presentado por el noticiero, la funcionaria le contó al entonces presidente sobre las distinciones que había recibido. “El martes me dan en el Congreso de la República la máxima distinción, una decoración por mi trabajo. La condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar, en el grado Gran Cruz”, le escribió.

(Vea también: “Había 4 proxenetas”: Zuleta destapa quiénes eran las que le conseguían mujeres a Petro)

Muy mala persona Berto con Angie Rodriguez: lo único que tiene por decir ante la noticia que le da de que fue admitida a un doctorado, es que le gestione la hija de vida de Deicy Jiménez…

El jefe humano 🙄#Notidanny pic.twitter.com/ZqSIxDAetQ

— Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) November 6, 2026

11 minutos después, sin recibir todavía una respuesta de su jefe, Rodríguez le envía un nuevo mensaje. “También fui admitida oficialmente al doctorado en estudios políticos con la Universidad Externado y me felicitaron por mi propuesta de tesis”.

Petro tardó dos horas en responderle, pero no hizo caso a lo que le dijo, sino que le envió a Rodríguez un archivo PDF identificado como ‘Deicy Jiménez’ y acompañó el documento con una instrucción directa: “Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato mi interior”. El mensaje aparece fechado en diciembre de 2025 y fue enviado desde una conversación identificada con el nombre del entonces presidente.

La comunicación también muestra la respuesta de Rodríguez, quien contestó: “Perfecto señor Presidente”.  La revelación cobra relevancia por las denuncias que ha hecho Jiménez, quien aseguró que recibió contratos a cambio de encuentros personales. Sus señalamientos apuntan a presuntas prácticas dentro del entorno del entonces jefe de Estado y han motivado actuaciones de las autoridades para revisar los hechos y las pruebas que ha entregado.

Las personas que cumplen con los requisitos definidos por la entidad pueden consultar el listado de puntos habilitados y acercarse al más cercano para realizar el cobro del auxilio. Es indispensable que el beneficiario haya recibido notificación por medio de Vicky, asistente virtual dispuesta para acompañarles en el proceso y orientar los pasos que se deben seguir. En caso de no estar autorizado para este canal, los beneficiarios no podrán efectuar el retiro del dinero por esta vía.

Según la misma fuente, los puntos Gane-SuperGIROS operarán entregando los auxilios de lunes a sábado en dos jornadas, mañana de 8:00 a. m. a 12:00 p. m., y tarde de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Es importante subrayar que el servicio en estos puntos estará disponible hasta el 19 de noviembre. Sin embargo, el centro de atención masiva en Cosmocentro prestará atención solo hasta el 8 de noviembre, por lo que quienes prefieran acercarse a este lugar deben programarse antes de esa fecha límite.

Otro aspecto relevante es que no todos los beneficiarios deben ir personalmente a un punto físico para recibir la ayuda. Si el usuario dispone de certificación bancaria y la valida con la asistente virtual Vicky, puede recibir el auxilio económico de manera remota, evitando así desplazamientos innecesarios.

En el norte de Cali, el listado de puntos incluye ubicaciones como Vikingos (Cra. 4N #76-08), La Rivera (Cra. 1D #70B-06) y el centro comercial Único, entre otros. En el oriente, se encuentran habilitados lugares como Villa del Lago N2 (Cra. 26 #D70-06), Policía El Diamante y el sector Decepaz II. En la zona sur, puntos destacados son El Guabal (Cra. 39 #14-11) y el centro comercial Cosmocentro 1. Finalmente, en el occidente figuran San Bosco (Cra. 15 #8-11), Gobernación (Cra. 7 #10-10), y Jovita Santa Librada, cubriendo así las diferentes zonas de la ciudad para facilitar el acceso a la ayuda.

Esta estrategia busca garantizar el acceso rápido y seguro a la ayuda para la población afectada, minimizando aglomeraciones y contribuyendo a una distribución eficiente de los recursos, siempre bajo la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde reclamar el auxilio económico para damnificados por el terremoto en Cali?

Las personas autorizadas pueden acudir a cualquiera de los 85 puntos de la red Gane-SuperGIROS distribuidos en las distintas zonas de Cali, como los barrios Vikingos, Villa del Lago N2, El Guabal y San Bosco, entre otros, siempre y cuando cuenten con la notificación emitida a través de Vicky, la asistente virtual. Es fundamental consultar previamente cuál es el punto más cercano y autorizado antes de acercarse.

¿Hasta cuándo están habilitados los puntos Gane-SuperGIROS para cobrar los auxilios en Cali?

De acuerdo con 90 Minutos, el plazo para reclamar los auxilios económicos en los puntos Gane-SuperGIROS de Cali es hasta el 19 de noviembre, mientras que el punto de atención masiva en el centro comercial Cosmocentro operará solo hasta el 8 de noviembre. Es importante que los beneficiarios consulten fechas y horarios antes de movilizarse.

El siniestro vial se produjo en medio del corredor principal del sector, lo que generó momentos de tensión y preocupación entre quienes transitaban por la zona en ese momento. Inmediatamente después del choque, testigos y personas cercanas al hecho reaccionaron rápidamente para auxiliar al afectado, brindándole asistencia inmediata mientras se coordinaba la llegada de los organismos de socorro. La prioridad de los presentes fue evitar que el campesino permaneciera sin ayuda profesional durante los minutos cruciales posteriores al accidente, de acuerdo con la información transmitida por el medio local.

La rápida reacción de la comunidad resaltó la solidaridad entre los habitantes de la región de Tolima, especialmente ante situaciones adversas en las vías. Los habitantes que presenciaron el accidente no dudaron en acudir al llamado de auxilio y en colaborar con la atención del lesionado, mostrando así una respuesta organizada y oportuna en momentos de emergencia.

Mientras tanto, las autoridades de tránsito serán las encargadas de adelantar las verificaciones necesarias para esclarecer el motivo de la colisión entre las motocicletas. De acuerdo con las primeras versiones recogidas en El Nuevo Día, una de las principales preocupaciones sigue siendo la valoración médica del campesino, cuyo estado de salud preciso solo podrá determinarse tras ser atendido por profesionales. El caso vuelve a poner en evidencia la problemática de la accidentalidad en las carreteras del Tolima, donde los incidentes de tránsito continúan generando angustia y demandan cada vez más atención para evitar tragedias mayores.

De acuerdo con El Nuevo Día, las investigaciones oficiales continuarán para establecer con exactitud las circunstancias que rodearon el evento y tomar las medidas correspondientes. Por ahora, la comunidad permanece a la espera de un reporte definitivo sobre la salud del lesionado y los resultados de la investigación de tránsito.

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¿Qué consecuencias tiene el accidente de motocicletas en El Líbano, Tolima?

El accidente dejó a un campesino con fracturas en una extremidad y generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes reaccionaron de inmediato para prestarle ayuda. La gravedad de sus lesiones será determinada por médicos, mientras que las autoridades adelantarán una investigación para aclarar cómo sucedió el choque y establecer responsabilidades, de acuerdo con los datos aportados por El Nuevo Día.

¿Cómo respondieron los ciudadanos después del accidente en La Polca?

La comunidad de La Polca respondió con prontitud al accidente, brindando auxilio inmediato al campesino lesionado antes de la llegada de los organismos de socorro. Esta reacción destaca la solidaridad de los habitantes de Tolima ante situaciones de emergencia, como lo reportó El Nuevo Día tras el siniestro.

En el comunicado se describe cómo la tranquilidad y la armonía de las comunidades han sido alteradas por la presencia de actores armados ilegales en su territorio ancestral. De acuerdo con lo expresado por los líderes indígenas, esta situación persistente ha dejado a las familias en un estado de miedo, zozobra, angustia, tristeza y sufrimiento. Señalan claramente que su deseo es vivir y morir en paz, lejos de la violencia que otros actores han traído a sus tierras: "No queremos morir a mano de personas de este mundo, si no morir tranquilos de la vejez", afirman en el texto citado por El Espectador.

Las denuncias incluyen masacres, amenazas, señalamientos, desplazamientos forzados, enfrentamientos armados, confinamientos, torturas y varias formas de violencia. La situación es tan alarmante que la gobernación del Chocó reportó, la misma semana del comunicado, el desplazamiento masivo de 282 personas hacia la cabecera municipal de Nuquí, ocasionado por la presencia de grupos armados. Además, el resguardo alertó sobre una masacre que afectó a la comunidad de Villanueva Jurubirá, reforzando la magnitud del drama en el Alto Baudó.

Los líderes indígenas recordaron que ellos no han sido quienes propiciaron esta guerra y consideran injusto tener que soportar las graves consecuencias del conflicto: "Nuestras comunidades no son objetivos militares, nuestros territorios no son campos de batalla y nuestras autoridades tradicionales no deben ser objeto de presiones", agregaron en el comunicado. Al concluir, hicieron un sentido llamado para exigir respeto por la vida y permanencia en el territorio, así como un acompañamiento institucional y solidaridad urgente que detenga la destrucción de las comunidades, como ocurrió en Villanueva Jurubirá.

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¿Cuál es la principal denuncia de las comunidades indígenas del Alto Baudó ante el conflicto armado?

La principal denuncia de las comunidades indígenas del Alto Baudó, según el comunicado del resguardo Chory Jurubirá citado por El Espectador, es la grave vulneración de sus derechos fundamentales a causa del conflicto armado. Sus integrantes exigen especialmente el respeto a la vida y el derecho a permanecer en su territorio, rechazando las masacres, desplazamientos y otras violencias que han sufrido por parte de actores armados.

¿Qué son las alertas tempranas y por qué son importantes para la protección de los pueblos indígenas?

Las alertas tempranas son llamados formales que realizan comunidades, líderes u organizaciones para informar sobre situaciones de riesgo humanitario y pedir atención urgente de autoridades y organismos de derechos humanos. En el contexto de los pueblos indígenas del Alto Baudó, esta herramienta es vital porque permite visibilizar el peligro y exigir protección institucional para evitar más víctimas y desplazamientos.

El intercambio de mensajes se registró el 12 de diciembre de 2025, exactamente 19 días antes de que venciera el contrato 1826 de 2025 que Jiménez mantenía con el Ministerio del Interior por un monto de $11.151.338. En la comunicación, el exjefe de Estado escribió textualmente a la alta funcionaria de Palacio: “Esta persona necesito que la mantengan allí en el contrato con MinInterior”. Tras emitirse la directriz desde la Presidencia, la cartera del Interior formalizó un nuevo vínculo contractual el 21 de enero por un total de $30.457.095, garantizando a la contratista una asignación mensual cercana a los $2,6 millones de pesos para labores de apoyo en la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La documentación del proceso administrativo precisa que el objeto contractual exigía apoyar la consolidación de informes de seguimiento a proyectos financiados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). No obstante, la vinculación fue terminada de manera anticipada y unilateral el 31 de octubre de 2026, en medio del avance de las pesquisas judiciales. Durante la administración de Petro, la mujer firmó un total de siete contratos con entidades públicas que sumaron $116.944.432, distribuidos en cuatro vinculaciones con el Senado de la República, una con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y dos con el Ministerio del Interior, según informó Semana.

El expediente se encuentra bajo la órbita de las principales autoridades de control y juzgamiento del país. Luego de que la Fiscalía General de la Nación abriera una noticia criminal el pasado 23 de octubre, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ejecutaron la extracción forense al teléfono celular entregado por la denunciante el 5 de noviembre. En paralelo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia practicó una inspección para recaudar los folios de contratación en el Congreso, mientras que la Procuraduría General de la Nación citó a la excontratista a rendir declaración en el marco de la indagación previa.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades tras el suceso, el homicidio se habría producido cuando sujetos interceptaron a la víctima en el trayecto a su lugar de labores y le dispararon. Los motivos y la identidad de los agresores aún no se han esclarecido, y las investigaciones están en curso. La Policía y los organismos judiciales llegaron al lugar poco después del crimen para desarrollar la inspección técnica y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, procedimientos habituales en casos de este tipo.

Dentro de las hipótesis preliminares planteadas sobre el ataque se encuentra la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas. No obstante, esta teoría no ha sido confirmada y corresponderá a las autoridades determinar si existe relación entre este hecho criminal y otros antecedentes judiciales de la víctima, pues también han circulado versiones que señalan posibles vínculos de Callejas con un homicidio ocurrido en 2025 dentro de la plaza de mercado de Ambalema. Sin embargo, según la información reportada, estos supuestos aún deben ser debidamente verificados y no constituyen una explicación concluyente del asesinato.

Actualmente, la Policía y los organismos competentes continúan adelantando las primeras diligencias investigativas con el propósito de recolectar elementos materiales probatorios, esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos e identificar a los responsables. De acuerdo con las autoridades, se espera que en las próximas horas se entregue información oficial que aporte mayor claridad sobre lo sucedido y permita avanzar en la resolución de este nuevo hecho de violencia en Tolima.

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¿Qué se sabe sobre el asesinato de Juan Pablo Callejas en Ambalema, Tolima?

De acuerdo con la información preliminar, Juan Pablo Callejas fue atacado por individuos armados cuando se dirigía temprano a su trabajo en el establecimiento Mercapez, en Ambalema. Si bien una de las hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas, hasta el momento esta información no ha sido confirmada oficialmente y las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y la identidad de los responsables.

¿Qué significa ‘ajuste de cuentas’ en el contexto de un homicidio?

El término ‘ajuste de cuentas’ se refiere a un acto violento, como un homicidio, que ocurre como represalia o consecuencia de conflictos previos, usualmente entre personas involucradas en situaciones delictivas. Estas acciones se consideran un modo de saldar deudas o disputas mediante la violencia, aunque en este caso concreto las autoridades aún no han confirmado si esa fue la motivación.

𝐌𝐮𝐣𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐮 𝐚𝐮𝐭𝐨 𝐚𝐜𝐚𝐛𝐨́ 𝐝𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐓𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐃𝟏 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐚𝐦𝐞𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐢𝐨 𝐞𝐧 @alcaldiabquilla @PoliciaBquilla @TransitoBaq @TransitoPolicia @d1_tiendas pic.twitter.com/8N0Hijmqrb

— HT24Periodismo (@HT24Periodismo) November 5, 2026

La conductora del vehículo también salió ilesa, pese a que el impacto alcanzó las barreras de protección instaladas frente al almacén. La colisión afectó tanto los elementos de seguridad de la zona de parqueo como parte de la estructura externa del supermercado.

Videos que comenzaron a circular en redes sociales mostraron cómo quedó el automóvil después del accidente. En las imágenes se observa el vehículo contra las barandas de contención que separan los espacios de estacionamiento de la fachada del establecimiento comercial.

(Vea también: Revelan posible causa del accidente de bus Capillas de la Fe, que dejó seis heridos en Cundinamarca)

De acuerdo con las primeras versiones sobre lo ocurrido, la mujer habría perdido el control del carro mientras intentaba hacer una maniobra en el parqueadero. El episodio llamó la atención de quienes estaban cerca del lugar y provocó sorpresa entre las personas que presenciaron las consecuencias del choque.

Una de las hipótesis que circula apunta a que la conductora habría confundido los pedales o cometido un error al manipular la caja de cambios. Según esa versión, después de hacer sus compras habría intentado sacar el automóvil del estacionamiento, pero terminó acelerando hacia las barreras en lugar de retroceder.

Sin embargo, esa explicación no ha sido confirmada oficialmente y todavía no se conocen las causas exactas del accidente. Por ahora, lo establecido es que el choque dejó daños en el vehículo y en la estructura exterior del D1, sin víctimas ni personas heridas.

La sanción surgió después de que, el 8 de febrero de 2025, Señal Colombia transmitiera la película ‘Aquarius’ a las 8:00 de la noche, dentro de la franja familiar. Según la CRC, la película contenía escenas de connotación sexual y, aunque se presentó una advertencia antes de la emisión, esta no cumplía con los requisitos mínimos de claridad, veracidad y suficiencia. De acuerdo con el órgano regulador, esa advertencia no fue suficiente para que los padres y cuidadores tuvieran la información necesaria y pudieran decidir si los menores de edad debían ver o no la película.

La autoridad aclaró que la decisión no representó una censura a la película, ni buscó poner en tela de juicio su valor artístico. El eje del problema estuvo en las condiciones de programación y en la falta de rigor en la advertencia que se presentó. De acuerdo con la CRC, la conducta fue catalogada como grave porque la responsabilidad de RTVC consiste en garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a contenidos no aptos para ese horario.

La multa impuesta equivale a 53,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes de 2025, suma que se traduce, según la información suministrada, en cerca de 76,2 millones de pesos. Más allá de la amonestación administrativa, esta sanción dejó consecuencias institucionales y económicas para todo el sistema de medios públicos. Por su parte, desde la administración actual de RTVC aseguraron que cumplirán las decisiones en firme y, además, reforzarán los mecanismos de control respecto a la clasificación y programación de los contenidos, incluyendo advertencias más claras y efectivas. De igual manera, informaron que evaluarán posibles acciones jurídicas, disciplinarias y fiscales, para determinar las responsabilidades correspondientes.

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¿Por qué la CRC multó a RTVC por la emisión de una película con contenido sexual?

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) impuso la sanción porque RTVC transmitió una película con escenas de connotación sexual dentro del horario familiar, sin advertir de manera clara, veraz y suficiente sobre el contenido a los espectadores. Esto se consideró una falta grave, ya que no se protegió de forma adecuada a menores de edad frente a contenidos no apropiados, de acuerdo con las normas de la franja familiar.

¿Qué medidas tomará RTVC tras la multa de 76 millones por película en horario familiar?

La administración actual de RTVC aseguró que cumplirá con las decisiones de la CRC que estén en firme, reforzará los controles sobre clasificación, programación y advertencia de contenidos y evaluará eventuales acciones jurídicas, disciplinarias y fiscales para establecer responsabilidades internas, según la información suministrada en el reporte.

El acuerdo busca fortalecer la protección de los ecosistemas, mejorar el uso eficiente del recurso hídrico y desarrollar soluciones frente a fenómenos climáticos como sequías e inundaciones.

La firma se produjo después de una semana de reuniones entre delegaciones de ambos países en Manizales, Cartagena, Santa Marta y Bogotá, donde autoridades, universidades, empresas y organizaciones compartieron experiencias sobre gobernanza del agua, protección costera e infraestructura resiliente.

El memorando fue suscrito por el Ministerio de Infraestructura y Gestión del Agua de Países Bajos, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Ambiente de Colombia.

Entre sus compromisos están el intercambio de conocimientos, la asistencia técnica, la investigación conjunta y la promoción de alianzas entre los sectores público y privado.

Como parte de la cooperación, también se entregaron los diseños de dos proyectos de infraestructura para Cartagena, orientados a mejorar su adaptación al cambio climático.

La alianza cobra relevancia ante los efectos del Fenómeno de El Niño y los riesgos de inundaciones asociados a otros eventos climáticos. La renovación coincide con los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Según afirmó, los exámenes fueron realizados en Europa y habrían detectado dos tipos de sustancias tóxicas que podrían poner en riesgo su vida. Zuleta señaló que, de acuerdo con esas pruebas, funcionarios de entidades en las que trabajó Rodríguez estarían involucrados en los hechos.

Y está denuncia de Felipe Zuleta es aterradora. A Angie Rodríguez quisieron “matarla” envenenándola. Dice el periodista que vio las pruebas. pic.twitter.com/p8buY2ARq5

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 5, 2026

El comunicador también relacionó las denuncias con las declaraciones que Rodríguez ha hecho sobre presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro.

Además, pidió proteger a otras mujeres que han denunciado situaciones cuestionables relacionadas con la administración anterior.

Por su parte, el abogado Manuel Villanueva, representante de Rodríguez, confirmó que su defendida viajó a España para practicarse los exámenes toxicológicos, cuyos resultados habrían dado positivo para varias sustancias. Según explicó, las pruebas serán entregadas a la Fiscalía, que las solicitó como parte de la investigación.

El abogado indicó que, si se confirma su validez, podrían demostrar que existieron intentos de atentar contra la vida de la exfuncionaria.

Villanueva también mencionó otras denuncias relacionadas con un supuesto direccionamiento de contratos y solicitudes de nombramientos de personas en entidades del Gobierno.

Entre ellas estaría el caso de Deicy Jiménez, cuyo nombre habría llegado a Rodríguez mediante una solicitud para ocupar un cargo público.

Uno de los nombres que aparece en el libro es el del empresario barranquillero Euclides Torres, aunque Zuleta aclaró que no tiene un capítulo dedicado a él. El periodista aseguró que Torres habría asumido varios gastos de Cortés, la mujer que acompañó a Petro en viajes a Panamá y al Vaticano. Según su relato, el empresario cubría tiquetes, hoteles, ropa y hasta el arriendo de la vivienda de ella en La Calera, Cundinamarca.

“Pagaba tiquetes, pagaba hoteles, pagaba ropa. Paga arriendo, el arriendo de la casa de ella en La Calera”, afirmó Zuleta al explicar lo que, según sus fuentes, ocurría con los pagos. El autor sostuvo que ese respaldo económico se habría mantenido, por lo menos, hasta un mes antes de la entrevista. Sin embargo, precisó que no profundizó en los contratos que Torres habría tenido con el Estado.

(Vea también: María José Pizarro se pronunció (por fin) por enredo de Petro con Deicy Jiménez: “Linchamiento digital”)

Otro de los episodios mencionados por el periodista involucra a Angie Rodríguez, quien estuvo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Zuleta aseguró que, durante su paso por esa entidad, a Rodríguez le solicitaban entregar parte de su salario para comprarle cosas a Cortés. Además, afirmó que ese dinero todavía no le habría sido devuelto.

Las declaraciones contrastan con la versión de Vanessa Cortés, quien ha negado conocer a Euclides Torres y ha explicado que su patrimonio proviene de asesorías prestadas a empresas privadas. Por ahora, los señalamientos expuestos por Zuleta corresponden a lo que, según dijo, encontró en las grabaciones y documentos entregados por sus fuentes.

El libro ‘Las mujeres de Petro’ también aborda otros relatos sobre fiestas, consumo de sustancias psicotrópicas y disputas de poder dentro de la Casa de Nariño. Zuleta aseguró que la investigación se construyó a partir de horas de grabaciones y documentos de personas que, según explicó, temen por su seguridad. La publicación llega en medio de las denuncias de mujeres que estuvieron cerca del expresidente, entre ellas Angie Rodríguez y Deicy Jiménez.

Este grupo estuvo compuesto por 27 canarios costeños, tres tortolitas rojizas, dos tortugas inguensas y una falsa coral. Según datos de la Secretaría Distrital de Ambiente, estos animales fueron recuperados a través de rescates, recepción institucional e incautaciones originadas principalmente por el tráfico ilegal de especies. Tras ser atendidos por un equipo de expertos, se garantizaron tanto su recuperación física como su bienestar integral antes de su liberación.

Las especies liberadas desempeñan funciones fundamentales en los ecosistemas donde habitan, como la dispersión de semillas y el control de poblaciones de otras especies, contribuyendo así al mantenimiento de las dinámicas naturales de estos ambientes. El proceso de reincorporación incluyó el traslado de los animales por vía aérea al departamento de Norte de Santander, donde profesionales de CORPONOR revisaron minuciosamente las historias clínicas, datos de manejo biológico y detalles sobre su alimentación antes de autorizar la liberación definitiva en bosques de San Cayetano, Pamplonita y la región del Catatumbo.

De acuerdo con la administración distrital encabezada por Carlos Fernando Galán, este tipo de liberaciones robustece su compromiso con la protección de la biodiversidad. Hasta el momento, se han recuperado 16.041 animales silvestres, de los cuales 1.574 fueron víctimas directas del tráfico ilegal. Gracias al trabajo del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre del Distrito, desde enero de 2024 un total de 8.748 ejemplares han regresado a su hábitat natural. Por otro lado, 259 animales que no poseen las condiciones físicas o de comportamiento necesarias para sobrevivir en libertad han sido reubicados en bioparques o instituciones especializadas, donde continúan recibiendo el cuidado adecuado, según lo reporta la Alcaldía de Bogotá.

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¿Cómo es el proceso de rehabilitación y liberación de animales silvestres en Bogotá?

El proceso, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, inicia con la recuperación de los animales a través de rescates, recepción institucional o incautaciones por tráfico ilegal. Posteriormente, los animales ingresan al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación, donde expertos garantizan su recuperación física y bienestar. Una vez comprobado que están aptos, se organizan traslados, como en este caso por vía aérea, hasta lugares aptos para su liberación, donde profesionales revisan su salud y antecedentes antes de devolverlos a su entorno natural.

¿Qué funciones ecológicas cumplen las especies silvestres liberadas por la Secretaría Distrital de Ambiente?

Según la entidad, las especies silvestres liberadas como canarios, tortolitas, tortugas y serpientes desempeñan funciones clave en sus ecosistemas, incluyendo la dispersión de semillas, el control de poblaciones de otras especies y el mantenimiento de las dinámicas ecológicas fundamentales para la salud y estabilidad de los entornos naturales.

La Sala Infantil ofrecerá servicios gratuitos, funcionando de lunes a viernes entre 10:00 a. m. y 5:00 p. m., y los sábados de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. El proyecto busca integrar la lectura y el juego con la interacción entre menores y adultos, tales como acompañantes, educadores y promotores de lectura. Julia Cristina Daza Noguera, directora de la Biblioteca Nacional, declaró en un comunicado institucional que habilitar este recinto fue su prioridad desde que asumió el cargo el 1 de octubre de 2026 y resaltó la importancia de acercar la lectura a los niños como vía para fortalecer su pensamiento y curiosidad.

No obstante, la apertura oficial de la sala ha estado antecedida por un ambiente tenso y reclamos ciudadanos. Aunque el espacio estaba previsto para abrir sus puertas el 1 de octubre, distintas demoras y la falta de información pública generaron protestas de colectivos que defienden los derechos culturales de la niñez. El colectivo ciudadano "Medio Pan y un Libro" mantuvo la convocatoria a una protesta pacífica frente a la Biblioteca Nacional para exigir la pronta habilitación del lugar, fundamentando sus reclamos en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 30 de la Ley 1098 de 2006, que reconocen los derechos de la infancia a la participación cultural y artística.

Dentro de la institución persisten dudas sobre los motivos del retraso, pues, según fuentes citadas por El Espectador, la causa central habría sido la decisión unilateral de la directora de revisar el catálogo de libros seleccionado previamente por un comité técnico especializado. Esta revisión generó preocupación en sectores bibliotecarios, que consideran que el control sobre la elección de materiales podría impactar la libertad cultural y el acceso democrático al patrimonio bibliográfico.

La nueva Sala Infantil incluye una obra original de Rafael Yockteng, afiches de ilustradores emblemáticos y selecciones de autores y editoriales colombianas, así como homenajes a referentes de la literatura nacional como Rafael Pombo. Para Valeria Baena, asesora de la Biblioteca Nacional, se trata de un espacio que permitirá que las nuevas generaciones valoren y cuiden el patrimonio cultural, integrando lectura, arte y diversidad.

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¿Por qué se retrasó la apertura de la Sala Infantil de la Biblioteca Nacional de Colombia?

De acuerdo con información aportada por fuentes internas a El Espectador, el aplazamiento estaría relacionado con la decisión de la directora Julia Cristina Daza Noguera de ejecutar una revisión individual del catálogo de libros, a pesar de que la selección ya había sido elaborada por un comité técnico. Esta situación generó dudas y protestas, pues la infraestructura estaba lista y el contexto administrativo se vio marcado por denuncias de falta de comunicación y tensiones internas.

¿Qué derechos culturales respaldan la protesta ciudadana por la Sala Infantil de la Biblioteca Nacional?

La movilización ciudadana se fundamentó en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que consagra el derecho de los niños a la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión. Además, el artículo 30 de la Ley 1098 de 2006, conocida como Código de la Infancia y la Adolescencia, garantiza que niños y adolescentes tengan acceso y participación en la vida cultural y artística del país.

De acuerdo con la investigación periodística, las reuniones del círculo cercano no se llevaban a cabo en la residencia privada de la sede gubernamental, sino en espacios alternos como el apartamento asignado al jefe de seguridad en la planta baja del edificio. Para garantizar el ingreso de los asistentes sin dejar registros en los libros oficiales de control, las personas convocadas utilizaban la puerta posterior ubicada sobre la calle Octava. Este esquema logístico permitía mantener bajo estricta reserva las actividades que allí se desarrollaban, evitando el escrutinio público y las auditorías de seguridad tradicionales.

Uno de los aspectos más delicados expuestos por el autor gira en torno al manejo de las comunicaciones y la vigilancia sobre el exjefe de Estado. Según testimonios recopilados en el texto, el teléfono celular de Gustavo Petro permaneció “gemeliado” durante un periodo prolongado bajo la supervisión de Laura Sarabia, lo que permitía almacenar información detallada, registros gráficos y archivos en una nube de acceso exclusivo administrada por la alta funcionaria.

Esta centralización de datos respondía a una estrategia deliberada de manejo del poder y control de la agenda pública. “Una de las estrategias de Laura Sarabia era mantener a Petro en sus fiestas, en sus bacanales, para quedarse ella cada vez más con el poder en la Casa de Nariño. No se le olvide que Sarabia tuvo un contuvernio con Alcocer, las dos únicas mujeres del libro que no le temían a Petro eran ellas dos. Laura Sarabia y Verónica Alcocer tenían un contuvernio y Sarabia le reportaba a Alcocer todo los movimientos del presidente Petro, absolutamente todos”, sostuvo Zuleta al desentrañar las alianzas internas en el Ejecutivo.

Para el periodista, este engranaje de vigilancia permanente explicaba por qué la funcionaria mantuvo su presencia e influencia en el Gobierno nacional a pesar de los constantes remezones de gabinete. El control absoluto de la información estratégica, sumado a la alianza de reporte directo con la entonces primera dama, habría convertido la vida privada del exmandatario en un factor determinante para el funcionamiento de la administración pública y la toma de decisiones en el Estado.

Según datos comunicados por Emcali, los siguientes barrios se verán afectados con la suspensión del servicio de agua: San Luis II, en la calle 72 # 1 A1 – 114; Chiminangos I, carrera 1 B Bis # 63 – 40; El Troncal, carrera 8 A # 34 – 26; Santa Teresita, carrera 1 # 7 Oeste 11, y Primero de Mayo, calle 13 C # 56 – 28. Estos sectores han sido identificados como áreas en donde se requiere la intervención prioritaria para el mantenimiento de las redes.

Además, otras zonas de la ciudad reportadas por Emcali donde también se presentarán cortes son: Arboledas, carrera 2 B # 7 Oeste 10; Terrón Colorado, avenida 5 Oeste # 30 – 61; República de Israel, carrera 42 B con calle 33, y San Pedro, calle 8 # 6 – 79. Estas maniobras buscan garantizar el correcto funcionamiento del sistema de acueducto y responder a eventuales fallas detectadas en la infraestructura.

De acuerdo con la comunicación oficial, las tareas adelantadas este viernes son consideradas necesarias para garantizar la estabilidad y continuidad del suministro en los próximos días, minimizando riesgos de rupturas o daños mayores en la red. Aunque la suspensión será temporal, se recomienda a los habitantes de los barrios mencionados tomar precauciones adicionales para enfrentar la falta momentánea de agua potable. La información original fue publicada y confirmada por Noticiero 90 Minutos, medio local especializado en los acontecimientos de Cali.

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¿Cuáles son los barrios de Cali que tendrán cortes de agua por trabajos de Emcali?

De acuerdo con el reporte oficial de Emcali citado por Noticiero 90 Minutos, los barrios que enfrentarán suspensión del suministro de agua debido a labores de reparación son San Luis II, Chiminangos I, El Troncal, Santa Teresita, Primero de Mayo, Arboledas, Terrón Colorado, República de Israel y San Pedro.

¿Por qué habrá suspensión de agua potable en sectores de Cali este viernes?

Emcali realizará trabajos de reposición de válvulas y optimización de redes en varias zonas de Cali, lo que obliga a suspender temporalmente el servicio para garantizar el adecuado mantenimiento y prevenir posibles daños mayores en la infraestructura de acueducto.

Durante las conferencias, expertos y académicos analizaron la necesidad de incluir en la investigación las tradiciones populares, los relatos orales y las leyendas que forman parte de la identidad caleña. Según lo explicado en el evento, este enfoque resulta clave para acercar la investigación histórica a la ciudadanía, transformando la percepción del patrimonio en algo vivo y compartido por todos los habitantes. Tal visión tiene el propósito de que la comunidad participe activamente en la reconstrucción y valoración de su historia, más allá de los enfoques estrictamente académicos.

Luis Francisco López, investigador del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), señaló que esta metodología contribuye a que los resultados de las investigaciones arqueológicas y sociales tengan un impacto más amplio. En palabras de López, citadas durante el evento, "es una propuesta que precisamente valora las tradiciones populares y no se queda solo en un interés académico propiamente, porque nos parece que de esa manera involucramos también a la comunidad". Así, la obra publicada por ICANH en 2025, ‘Cañagordas y el Alférez Real, elementos críticos para una arqueología del relato’, busca comprender el patrimonio desde miradas colectivas.

Como una de las actividades centrales, la universidad organizó un recorrido por la Hacienda Cañasgordas, reconocida como monumento nacional. Estudiantes de Arquitectura, Diseño Gráfico y Comunicación Social y Periodismo exploraron este sitio histórico en el sur de Cali junto a ciudadanos, con el fin de profundizar en los hallazgos de las investigaciones realizadas. Julián Ricci, docente del programa de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Occidente, explicó que la hacienda es un eje fundamental en los procesos investigativos, académicos y documentales del programa desde hace tres años. De acuerdo con Ricci, analizar cómo visibilizar y proteger la hacienda es esencial para afianzar el vínculo de la comunidad con el patrimonio.

Con el desarrollo de estas iniciativas, la Universidad Autónoma de Occidente refuerza su papel como promotora de la formación académica y la investigación, dos herramientas prioritarias para preservar la memoria de Cali y fortalecer la identidad cultural entre sus habitantes.

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¿Qué importancia tiene la Hacienda Cañasgordas para el patrimonio histórico de Cali?

La Hacienda Cañasgordas es un monumento nacional que representa un punto clave para la memoria y la identidad cultural de Cali. Durante la Semana del Patrimonio, estudiantes y ciudadanos visitaron este sitio emblemático para conocer sus hallazgos históricos y arqueológicos, reforzando así el lazo entre la comunidad y su historia local, según la información presentada por la Universidad Autónoma de Occidente.

¿Cómo integra la Universidad Autónoma de Occidente la comunidad a los estudios patrimoniales?

De acuerdo con las actividades y declaraciones recogidas durante la Semana del Patrimonio, la Universidad Autónoma de Occidente promueve que la comunidad participe activamente en los procesos de investigación sobre el patrimonio, incorporando tradiciones populares y relatos orales. Esta integración permite que la construcción del conocimiento trascienda el ámbito académico y tenga relevancia social, tal como lo destacan investigadores como Luis Francisco López del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

Ante esta realidad, la Asociación Colombiana de Egresados de Protección cumple un papel fundamental al acompañar a aquellos adolescentes y jóvenes que dejan el sistema del ICBF y desean construir un proyecto de vida propio. Según Michael Londoño, director ejecutivo de la asociación, la entidad se enfoca en brindar acompañamiento integral por medio de programas que facilitan acceso a educación superior, empleo y vivienda. Uno de los aspectos más relevantes que resalta Londoño es la atención que se presta desde el primer momento: "Esta casa recibe a jóvenes que salen del ICBF y que no tienen una vivienda donde ingresar inicialmente. Entonces aquí se les brinda un acompañamiento de seis, un año o dos años máximo."

De acuerdo con la misma fuente, programas denominados Avanza Joven y Casas del Saber buscan guiar a los jóvenes en esa transición: se les ofrece vivienda temporal, orientación para encontrar empleo y gestión de sus finanzas personales, elementos que facilitan el camino hacia una vida verdaderamente independiente. Esta labor va de la mano con la ley 2479 de 2025, conocida como 'Hijos del estado', que institucionaliza el acompañamiento a los egresados del sistema de protección para garantizarles oportunidades y evitar que queden expuestos a la vulnerabilidad.

Para continuar fortaleciendo estas iniciativas, la asociación realizará el evento denominado 'Coffee Party'. Según explicó Londoño, el objetivo es socializar el trabajo de la organización y recaudar fondos para las líneas programáticas mencionadas anteriormente. El evento tendrá lugar el 7 de noviembre en la Casa Obeso Obeso, ubicada en el barrio Normandía, y contará con música, arte y café desde las 4:30 p.m.

De esta manera, el trabajo de la Asociación Colombiana de Egresados de Protección no solo responde a la urgente necesidad de acompañamiento para quienes egresan del ICBF, sino que también se ajusta al marco legal vigente, asegurando que estos jóvenes encuentren un rumbo claro y seguro en su nueva vida.

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¿Qué programas ofrece la Asociación Colombiana de Egresados de Protección a quienes salen del ICBF?

De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos, la asociación pone a disposición programas como Avanza Joven y Casas del Saber, que proporcionan orientación, vivienda temporal, apoyo para acceder a un empleo y educación superior, así como herramientas para organizar las finanzas. Además, se brinda acompañamiento jurídico y emocional, facilitando el proceso de independencia para los egresados.

¿Cuál es el objetivo del evento 'Coffee Party' organizado por la asociación y cuándo será?

Según explicó Michael Londoño, el evento 'Coffee Party' tiene como propósito principal dar a conocer la labor de la Asociación Colombiana de Egresados de Protección y recaudar fondos que permitan fortalecer sus programas. La cita es el 7 de noviembre, en la Casa Obeso Obeso, barrio Normandía, a partir de las 4:30 p.m., e incluirá música, arte y café.

Morales enfatizó que las explicaciones oficiales no logran responder a la magnitud del expediente: “Han aparecido en las últimas horas no uno, no dos, no cinco, 10 contratos millonarios. El comunicado de María José Pizarro no aclara absolutamente nada, solamente dice que Deicy Jiménez trabajó y cumplió gestionando un contrato”. Según el periodista, la situación legal del exjefe de Estado es sumamente delicada debido al material probatorio recaudado tras las largas jornadas ante las autoridades: “Petro está sentado en el banquillo de los acusados por cuenta de la red de mujeres. Ella entrega una versión de que no se trata decidir quién tiene sexo sino quería hacer parte de esa red. Entregó ella las pruebas, los videos y los chats con él en esa diligencia larguisima de 14 horas”.

En su intervención, el director del espacio radial subrayó que la existencia de registros digitales directos deja sin margen de maniobra a la defensa del exmandatario. “La desgracia para él es que estas mujeres tienen las pruebas de todo lo que él ordenó, el chat de anoche prueba que él sí gestionó contratos para su amante Deicy Jiménez, que no tenía ni títulos ni merecimiento laborales, era una mujer que hacía contenido de carácter sexual no se sabe por qué terminó premiada”, aseveró.

Finalmente, el comunicador puso el foco en las entidades públicas salpicadas por los nombramientos y señaló de manera directa la presunta injerencia del exjefe de Estado en la consecución de esos puestos estatales. “Le fue bien a ella de todas formas porque le dieron contratos en el Dapre, en el Mininterior, ¿quién era la palanca de Deicy Jiménez? Era Gustavo Petro, el hombre que la palanqueó”, concluyó Morales, mientras la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación avanzan en las inspecciones técnicas e indagaciones para determinar la validez de los folios e inspecciones judiciales.

El caso, según la información recogida hasta el momento, ha despertado gran preocupación en el municipio, donde nuevamente la violencia golpea a los jóvenes y a la población en general. A pesar del impacto generado por el asesinato de ‘Brandy’, las autoridades han mantenido rigurosa reserva sobre los detalles. La Policía Judicial inició de inmediato las investigaciones para esclarecer las circunstancias en torno al homicidio, identificar los posibles móviles e individualizar a los responsables. De acuerdo con el reporte conocido, aún no se ha difundido información oficial sobre la manera en la que ocurrió el ataque ni sobre eventuales pistas frente a los agresores.

Después del crimen, el cuerpo de Bradith Molina fue llevado en primera instancia a la morgue del Hospital San Carlos y posteriormente trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, entidad encargada de adelantar los procedimientos técnicos correspondientes en estos casos, como autopsia e identificación plena. Según los detalles brindados hasta ahora, este paso es fundamental para avanzar en la investigación judicial, aunque por el momento no se han divulgado mayores hallazgos respecto al motivo o responsables del homicidio.

La muerte de ‘Brandy’ se suma a otros hechos violentos que vienen perturbando el sur del Tolima, lo que ha llevado a reiterar la preocupación de la ciudadanía y la necesidad de respuestas por parte de las autoridades competentes. Mientras avanzan las labores investigativas, la comunidad espera esclarecimiento y justicia en este nuevo caso que enluta a Saldaña.

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¿Qué se sabe hasta ahora del asesinato de Bradith Molina en Saldaña?

Hasta el momento, la información confirmada indica que Bradith Molina murió tras recibir varios impactos de bala cerca del río Saldaña, en el barrio El Mirador. La Policía Judicial está al frente de la investigación, pero aún no se han revelado detalles sobre los responsables ni los posibles móviles. El cuerpo pasó por el Hospital San Carlos y por Medicina Legal para los trámites legales y técnicos correspondientes.

¿Cómo avanza la investigación del homicidio en Saldaña, Tolima?

Según los reportes conocidos, la investigación está en manos de la Policía Judicial, que trabaja en identificar a los posibles agresores y en esclarecer los móviles del crimen. Hasta ahora, las autoridades no han entregado declaraciones oficiales sobre avances concretos ni sobre hipótesis, mientras la comunidad permanece expectante de que el caso no quede en la impunidad.

El Ejército señala al Frente Domingo Laín Sáenz Eln como responsable del secuestro de la oficial. Las autoridades intentan evitar que la uniformada sea sacada del país.

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Cuando se conoció el rapto de la subteniente, indicó el Ejército, “este Comando activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda y los mecanismos de coordinación interinstitucional, con el propósito de establecer el paradero de la uniformada y lograr su pronta liberación… En coordinación con la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, se adelantan acciones de búsqueda para dar con el paradero de la oficial y obtener resultados que permitan su pronto regreso”.

De la Espriella se pronuncia sobre secuestro de subteniente

Abelardo de la Espriella se pronunció a través de sus redes sociales sobre el secuestro de la uniformada y dijo: “exijo la liberación inmediata de nuestra subteniente María Camila Pantoja Hernández. Condeno y rechazo categóricamente el cobarde secuestro de nuestra oficial del Ejército Nacional en Saravena, Arauca, a manos de terroristas del Eln, Frente Domingo Laín Sáenz. Según información de inteligencia militar, dos criminales armados que se movilizaban en motocicleta habrían interceptado a nuestra subteniente”.

Agregó el mandatario que “al Eln le advierto: se equivocaron de gobierno. No vamos a permitir que sigan utilizando el secuestro para intimidar a nuestra Fuerza Pública y desafiar la autoridad del Estado. He ordenado desplegar todas las capacidades de nuestro Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional para encontrarla y lograr su regreso sana y salva. A estos criminales les exigimos que respeten su vida e integridad y la liberen de inmediato, sin condiciones”.

Renson Martínez Prada, gobernador de Arauca, habló con Noticias Caracol sobre el secuestro de la subteniente. El mandatario local señaló que “hacemos un llamado, dentro del derecho internacional humanitario, al Eln para que le respete la vida a la suboficial y así mismo para que se lleve a cabo su liberación sin condicionamientos”.

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Investigan si subteniente secuestrada fue llevada a Venezuela

Sobre la pregunta de si la uniformada fue llevada a territorio venezolano, dada la cercanía de Arauca, el gobernador sostuvo que ese tema “hace parte de nuestro consejo de seguridad y las instrucciones que siempre damos porque este municipio se encuentra sobre la frontera con Venezuela a través del río Arauca y a solo 15 minutos en un trayecto pueden haber trasladado a la oficial hacia Venezuela”.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Martínez López, quien se desempeñaba como jueza 77 de control de garantías en Bogotá, habría aceptado inicialmente una promesa de pago y luego recibido efectivo, supuestamente para favorecer al ciudadano neerlandés involucrado en un proceso por narcotráfico. La decisión de enviar a la jueza a un centro carcelario fue tomada en el marco de las audiencias de judicialización. Además, el caso salpica a una abogada y un funcionario judicial, quienes según la autoridad judicial habrían participado también en los trámites que permitieron que la solicitud de libertad llegara directamente al despacho de Martínez López.

La hipótesis de la Fiscalía señala que el acuerdo habría incluido una estrategia en la que el funcionario Waldo Garavito Mejía, parte del Centro de Servicios Judiciales, habría jugado un papel esencial. Garavito Mejía habría coordinado la radicación de una acción de habeas corpus, lo que habría facilitado que la petición quedara en manos de Martínez López, quien tomó la decisión de ordenar la liberación inmediata del extranjero. El habeas corpus es una acción judicial destinada a proteger la libertad personal frente a detenciones arbitrarias.

Uno de los elementos más llamativos de la investigación es la sospecha sobre irregularidades en la asignación del turno judicial. Según lo expuesto por la Fiscalía en las audiencias, se habría modificado el orden habitual de reparto para que el caso llegara durante el fin de semana del 13 de junio al despacho de la jueza mencionada, lo que habría permitido tomar una decisión sin levantar sospechas inmediatas. Este proceder, según la Fiscalía, respondería menos a criterios jurídicos y más al presunto pago millonario vinculado al acuerdo.

Adicionalmente, la investigación formalizó imputaciones por los delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y, en el caso de Miryam Alcira Martínez López, prevaricato por acción.

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¿Cuál es el papel de la jueza Miryam Alcira Martínez López en la liberación del ciudadano neerlandés?

La jueza Miryam Alcira Martínez López, según la Fiscalía General de la Nación y lo reseñado por Noticias Caracol, habría sido la funcionaria que tomó la decisión final de ordenar la liberación del ciudadano neerlandés. La acusación indica que esta decisión pudo haber estado motivada por la recepción de una suma de dinero que superaría los 1.200 millones de pesos, tras un acuerdo concertado con otros implicados.

¿Qué delitos se imputaron en la investigación por la liberación del ciudadano neerlandés requerido por narcotráfico?

De acuerdo con las audiencias reseñadas por Noticias Caracol, la Fiscalía General de la Nación imputó a los involucrados, incluyendo la jueza Martínez López, los delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción. Estos cargos se refieren a recibir dádivas ilegales, alterar la verdad en escritos oficiales y emitir decisiones contrarias a la ley, respectivamente.

La brecha de seguridad ocurrió pocos días después de la intervención del director del DAPRE ante la Comisión Segunda del Senado el pasado 21 de octubre, fecha en la que destapó una supuesta red de instrumentalización de 48 mujeres mediante contratos de prestación de servicios suscritos durante el gobierno del exmandatario Gustavo Petro. Según precisó Soto, el incidente en la residencia privada tuvo lugar el 28 de octubre. Al ser puestos a disposición de las autoridades competentes, se confirmó que los tres hombres retenidos registraban antecedentes penales por múltiples homicidios y hurto agravado.

Al hallazgo en la vivienda se sumó un evento adicional en el entorno escolar de la familia del funcionario. Las autoridades detectaron a un individuo sospechoso realizando labores de vigilancia en los alrededores del colegio al que asisten los hijos de Ríos; el sujeto emprendió la huida antes de ser abordado por las patrullas de la Policía Nacional. Para la administración central, estos eventos constituyen un amedrentamiento directo derivado de las pesquisas anticorrupción en marcha. “Esto es grave. Esto es muy grave. Ningún servidor público debería tener que escoger entre entregar un expediente y estar tranquilo y dormir tranquilo”, enfatizó el vocero gubernamental.

🚨 La Presidencia denuncia que tres personas ingresaron a la vivienda del director del Dapre, Carlos Ríos.

Según el vocero Miller Soto, los sujetos, quienes tendrían antecedentes judiciales, fueron encontrados dentro de la residencia por las autoridades de protección, días después de que el funcionario denunciara una presunta “instrumentalización de mujeres en el Gobierno Petro”.

“ No en la esquina, no a unos cuantos metros, dentro, en las instalaciones de la residencia”, afirmó Soto al referirse a lo ocurrido.

La Presidencia relacionó ambos hechos, aunque las circunstancias del ingreso y su posible conexión con la denuncia deberán ser esclarecidas por las autoridades.

Más detalles https://t.co/GgFGgCB9rB

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 5, 2026

Las denuncias radicadas por Carlos Ríos reposan en la Fiscalía General de la Nación, organismo que abrió una noticia criminal e inició indagaciones preliminares para determinar responsabilidades penales. El plan de trabajo de los investigadores contempla tomar declaración al actual director del DAPRE, llamar a rendir versión a las exdirectoras Laura Sarabia y Angie Rodríguez, y recolectar los testimonios de las contratistas vinculadas al expediente. Asimismo, se alistan inspecciones técnicas a las bases de datos y archivos de contratación de la entidad para verificar la transparencia de los procesos señalados.

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Según informó La FM, algunos de los extranjeros que serán expulsados ya fueron subidos a un bus que permanece a las afueras de la Policía Metropolitana de Bogotá. Desde ese punto comenzará su desplazamiento hacia las instalaciones militares, donde se organiza el dispositivo para continuar con el procedimiento.

En el lugar también se alista el acompañamiento de seguridad que estará presente durante el traslado de las personas. Las autoridades coordinan las medidas necesarias para movilizar al grupo hasta Catam, donde se encuentra previsto el despegue de la aeronave.

La operación cuenta con la participación de Migración Colombia y las autoridades de Bogotá, que usaron tanquetas, según informó el periodista Edward Porras, ‘Ojo de la noche’ de Noticias Caracol.

Dichos extranjeros, incluidos en el procedimiento, fueron capturados en diferentes ciudades por hechos relacionados con la comisión de distintos delitos.

🚨🚌Algunos de los extranjeros que serán expulsados del país ya fueron subidos a un bus ubicado a las afueras de la Policía Metropolitana de Bogotá, desde donde serán trasladados a Catam. Se alista el dispositivo de seguridad y acompañamiento. https://t.co/BjzQSmOEu1

— La FM (@lafm) November 6, 2026

¿A dónde llevarán a los extranjeros capturados?

Una vez estén en la base militar, serán embarcados en un avión que partirá con destino a Cúcuta, como parte del operativo de expulsión del territorio nacional.

El procedimiento se desarrolla mientras las entidades encargadas de la seguridad y el control migratorio preparan el dispositivo para garantizar el traslado de los extranjeros hasta el punto de salida.

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El bebé había llegado al establecimiento durante la mañana del martes 3 de noviembre, acompañado por sus padres, dos jóvenes venezolanos de 20 y 23 años que trabajan en una cafetería y un autolavado, respectivamente. La mujer que lo recibió era conocida en el sector por cuidar niños, por lo que la pareja ya tenía referencias de ella.

Horas después, los padres recibieron una llamada en sus lugares de trabajo. La cuidadora les comunicó que el niño no respondía. Ambos salieron de inmediato hacia la vivienda para recogerlo, pero al llegar la mujer les manifestó que el bebé había muerto.

Los jóvenes lo llevaron en brazos a un servicio de urgencias del nororiente de Medellín. Allí, el personal médico confirmó que no tenía signos vitales. Posteriormente, el cuerpo quedó a disposición de Medicina Legal para la necropsia, que deberá establecer la causa del fallecimiento.

La versión que recibió la Alcaldía sobre la muerte del bebé

En entrevista con El Tiempo, Carlos Alberto Arcila Valencia, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, explicó que la administración recibió el reporte de la muerte y activó el acompañamiento a los padres. El funcionario también precisó que el niño estaba en una guardería barrial no formal, un espacio en el que vecinos prestan servicios de cuidado infantil.

Arcila indicó que, según la información entregada sobre lo ocurrido, el bebé se acostó a dormir y no volvió a despertar. “Seguimos con esa versión mientras que Medicina Legal avanza con los resultados de la necropsia”, afirmó el secretario al referirse al reporte preliminar.

El funcionario aclaró que esa es la explicación que se maneja hasta ahora, pero no constituye una conclusión sobre las circunstancias médicas del fallecimiento. La necropsia será determinante para establecer qué le ocurrió al menor y aportar elementos a la investigación que adelanta la Fiscalía.

Qué investiga la Fiscalía y qué papel tendrá Medicina Legal

La Fiscalía deberá avanzar en las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte. El resultado del examen forense permitirá establecer la causa del fallecimiento y orientar las actuaciones posteriores, pues hasta el momento no se ha confirmado qué provocó que el bebé dejara de responder.

El secretario Arcila señaló que la Alcaldía verificó la situación de los padres, a quienes identificó como trabajadores y población vulnerable que llevaba poco tiempo viviendo en el sector. La administración activó acompañamiento psicológico y jurídico para la pareja durante el proceso.

La revisión del lugar donde permanecía el niño también hace parte de los interrogantes que rodean el caso. Según lo explicado por el funcionario, no se trataba de un jardín infantil institucional, sino de un espacio barrial no formal en el que una mujer cuidaba a varios menores.

Alcaldía de Medellín asumirá los gastos funerarios

Ante las dificultades económicas de la familia, la Alcaldía anunció que financiará las exequias del bebé. El secretario de Paz y Derechos Humanos también confirmó que el acompañamiento institucional incluye orientación para los padres mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades esperaban recibir el dictamen de Medicina Legal durante la mañana del viernes 6 de noviembre. Ese resultado será clave para aclarar la muerte del niño y determinar qué otras actuaciones se requieren en el caso.

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Durante la audiencia, el ente acusador expuso que las agresiones de carácter sexual no habrían ocurrido en una sola oportunidad. Según la reconstrucción presentada por el fiscal, estos episodios se habrían repetido desde junio de 2026, cuando la niña ya se encontraba en Colombia, hasta el 15 de septiembre, fecha en la que fue asesinada.

La nueva información amplía el alcance de los hechos que se investigan contra Rojas Lárez, quien era pareja sentimental de la hermana de Ana Lucía y tenía cercanía con el entorno familiar de la pequeña. La Fiscalía sostiene que el hombre habría aprovechado esa relación de confianza y familiaridad para cometer las conductas que ahora forman parte de la imputación.

Los nuevos señalamientos se conocieron durante una diligencia judicial en la que el fiscal explicó los elementos técnicos que respaldan la incorporación del delito. La información fue revelada por Blu Radio, que tuvo acceso a los detalles de la audiencia.

Qué encontraron en los exámenes forenses de Ana Lucía González

La ampliación de los cargos se sustentó en dos documentos de Medicina Legal: el informe pericial de biología forense y el dictamen de necropsia. Según explicó la Fiscalía, los análisis permitieron identificar nuevos elementos que apuntarían a conductas sexuales más graves de las que se habían descrito en la primera imputación.

Entre los hallazgos mencionados durante la audiencia figura una lesión en la cavidad oral y el paladar de la niña, además de resultados biológicos obtenidos de las muestras examinadas. Estos elementos fueron incorporados a la investigación para sustentar la hipótesis de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

El fiscal explicó que, a partir de esos resultados, se estableció que las conductas atribuidas al procesado no se habrían limitado a los actos sexuales que ya estaban incluidos en la investigación inicial.

La representación de las víctimas, encabezada por el abogado Daniel Solarte, había solicitado que se ampliara la imputación para que estos nuevos elementos fueran considerados dentro del proceso penal.

Qué delitos le imputaron al procesado por la muerte de Ana Lucía

Con la adición presentada por la Fiscalía, Shenner José Rojas Lárez deberá responder por feminicidio agravado, acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

Los cargos iniciales se habían formulado después de que las autoridades lo vincularan con la desaparición y posterior muerte de la niña. La Fiscalía sostiene que el procesado sacó a Ana Lucía de la vivienda donde permanecía en Mosquera, Cundinamarca, y posteriormente la trasladó a Bogotá.

La menor fue reportada como desaparecida el 14 de septiembre de 2026. Un día después, su cuerpo fue encontrado en un conducto de aguas lluvias del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar. Rojas Lárez fue capturado el 16 de septiembre y quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Denuncian presiones a la hermana de Ana Lucía desde la cárcel

A los avances de la investigación se suma una denuncia de la representación de víctimas sobre presuntas intimidaciones contra la hermana de la niña. Según el abogado Daniel Solarte, el procesado habría logrado comunicarse telefónicamente con ella desde la cárcel de Cómbita, donde permanece recluido, para presionarla y conseguir que modificara su declaración.

El jurista aseguró que puso la situación en conocimiento de las autoridades y solicitó medidas para evitar nuevos contactos que puedan interferir en el proceso. De acuerdo con lo informado por Blu Radio y otros medios, el Inpec habría encontrado un teléfono celular durante una revisión en el centro penitenciario.

La Fiscalía continúa con las actuaciones relacionadas con la muerte de Ana Lucía y los delitos sexuales que ahora hacen parte de la imputación. La responsabilidad penal de Rojas Lárez deberá establecerse durante el proceso judicial.

El nombramiento de Calderón España al frente de la Andje fue oficializado el pasado 20 de agosto, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella lo anunciara públicamente el 9 de julio. Calderón España, nacido en Garzón, Huila, es egresado de Derecho de la Universidad Católica de Colombia y cuenta con especializaciones en Derecho Público Económico y Derecho Constitucional. Esta formación jurídica le ha permitido desempeñarse en diversos escenarios del sector público y privado, ganando experiencia en litigios y asesoría jurídica de alto nivel.

En el ámbito político y judicial, Calderón España ejerció como abogado de la campaña presidencial de De la Espriella, donde tuvo que afrontar una disputa legal significativa. Durante ese periodo, la campaña enfrentó una restricción impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá, la cual le prohibía al entonces candidato utilizar símbolos patrios y consignas alusivas como “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”. Su participación en esta controversia subraya su cercanía con asuntos de alta sensibilidad jurídica y política.

Dentro de su carrera, ha ocupado diversos cargos en el sector público, como procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial. También ha prestado asesoría a entidades reconocidas como la Contraloría, la Cancillería, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Defensoría del Pueblo y diferentes dependencias distritales en Bogotá, de acuerdo con el reporte de El Espectador.

Un hecho clave de su trayectoria ocurrió en 2023, cuando era apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio en una conciliación con la empresa Thomas Greg & Sons, relacionada con una licitación de pasaportes. Calderón España decidió renunciar y terminar su contrato tras advertir posibles perjuicios económicos para el Estado por desacuerdos en ese proceso de conciliación.

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¿Por qué renunció Germán Calderón España a la Andje?

De acuerdo con el documento presentado al ministro de Justicia, Germán Calderón España renunció al cargo de director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado debido a “razones de proyección profesional”. El funcionario agradeció la confianza del Gobierno Nacional y su salida será efectiva el viernes 6 de noviembre, según lo informado por El Espectador.

¿Cuál es la experiencia profesional de Germán Calderón España?

Según El Espectador, Germán Calderón España es abogado egresado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Público Económico y Derecho Constitucional, y ha desempeñado tanto cargos en la administración pública como en la asesoría de entidades estatales. Entre sus funciones destacadas figuran la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, representación jurídica en temas sensibles y asesoría a la Contraloría, Cancillería y Defensoría del Pueblo.

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Muñoz señaló que cualquier persona tiene derecho a presentar una denuncia, pero consideró que las pruebas deben ser examinadas por las autoridades competentes y no sometidas al juicio público en redes sociales.

“¿Desde cuándo unos videos de dos personas adultas demostrándose cariño constituyen, por sí solos, prueba de un delito?”, planteó en uno de los apartes de su pronunciamiento.

La mujer también advirtió que la exposición pública de un proceso puede comprometer derechos fundamentales y afectar el desarrollo de una investigación. Sin embargo, hizo una precisión: la divulgación de información no invalida automáticamente una prueba, aunque sí puede tener consecuencias sobre la integridad del proceso.

“La justicia se administra en los tribunales, no en las redes sociales”, expresó Muñoz, quien pidió que se respete el debido proceso y que las autoridades tengan la última palabra sobre los hechos denunciados.

Todas las personas tienen derecho a denunciar. Lo que no comprendo es cómo un asunto tan delicado termina convertido en un espectáculo mediático.

¿Desde cuándo unos videos de dos personas adultas demostrándose cariño constituyen, por sí solos, prueba de un delito?

Si existe una denuncia ante la Fiscalía, las pruebas deben ser valoradas por las autoridades competentes, con todas las garantías del debido proceso, pero no sometidas al juicio de un país que muchas veces prefiere el morbo a la verdad.

La exposición mediática no invalida automáticamente una prueba, pero sí puede afectar derechos fundamentales y comprometer la integridad de una investigación.

La justicia se administra en los tribunales, NO en las redes sociales.

Mientras tanto, ¿por qué no discutimos con la misma intensidad las leyes que se aprueban en el Congreso, sus posibles beneficios para delincuentes o las propuestas de impuestos que podrían golpear el bolsillo de la clase media, los trabajadores y las familias más pobres?

Colombia necesita seriedad, no más espectáculos para distraer la atención de los problemas que realmente afectan al país.

— Gabriela Muñoz Olaya (@gabymunozz_) November 5, 2026

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Gabriela Muñoz cuestionó atención mediática al caso

En otro apartado de su mensaje, Muñoz puso sobre la mesa otros asuntos políticos que, a su juicio, deberían recibir mayor atención pública. Entre ellos mencionó las leyes que se debaten en el Congreso y sus posibles efectos, así como las propuestas tributarias que podrían afectar a trabajadores, familias de bajos ingresos y sectores de clase media.

“¿Por qué no discutimos con la misma intensidad las leyes que se aprueban en el Congreso, sus posibles beneficios para delincuentes o las propuestas de impuestos que podrían golpear el bolsillo de la clase media, los trabajadores y las familias más pobres?”, cuestionó.

Su pronunciamiento se conoce en medio de las reacciones que ha provocado la publicación de Jiménez, quien ha señalado presuntos intercambios de contratos estatales por favores sexuales durante el gobierno de Petro. El expresidente ha rechazado esas acusaciones.

La controversia también ha provocado pronunciamientos de figuras políticas y periodistas, mientras las denuncias deben ser examinadas por las autoridades. En ese escenario, Muñoz insistió en que Colombia necesita discusiones de fondo y no convertir el caso en un espectáculo público.

Durante la audiencia de imputación, la fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción atribuyó a los tres los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. En lo que refiere a Martínez López, la Fiscalía le sumó el cargo de prevaricato por acción. Sin embargo, se conoció que ninguno de los tres procesados aceptó los cargos presentados por el ente acusador.

La investigación se originó por informes de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, centrados en posibles actos de corrupción judicial. De acuerdo con la Fiscalía, la abogada Herrera Cuenca habría contactado a los funcionarios judiciales para favorecer con un habeas corpus el proceso de Van der Voort. Se relata que el 14 de junio, Herrera Cuenca entregó 600 millones de pesos colombianos en efectivo a la jueza Martínez López, quien al día siguiente habría enviado una imagen de un formato de libertad con la información del ciudadano extranjero.

El proceso también reveló la presunta participación de Waldo Garavito Mejía, quien, según la Fiscalía, coordinó la radicación de la solicitud para que fuera atendida específicamente por el despacho de Martínez López. El mismo 14 de junio, ella concedió el recurso de habeas corpus y Jozef Van der Voort recuperó la libertad y salió de la cárcel La Picota en Bogotá, como lo indica el reporte del ente investigador. Más adelante se supo que la suma total del soborno llegó a 1.200 millones de pesos, aunque solo la mitad se habría entregado, sustentado en una fotografía capturada por el propio Van der Voort.

Frente a la legalidad de su decisión, la jueza argumentó que Van der Voort llevaba 109 días recluido sin que se resolviera su extradición, aun cuando existían advertencias tanto de la Fiscalía como del Ministerio del Interior sobre su falta de competencia en el caso y el respeto al debido proceso. Finalmente, la decisión de liberarlo fue revocada y el ciudadano neerlandés recapturado el 18 de junio. Los implicados fueron posteriormente capturados por la Dijín de la Policía Nacional en Cota (Cundinamarca) y Bogotá.

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¿Por qué fue enviada a la cárcel la jueza Myriam Alcira Martínez López en el caso de Jozef Van der Voort?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la jueza Myriam Alcira Martínez López fue enviada a la cárcel por su presunta participación en la liberación indebida de Jozef Van der Voort, quien estaba solicitado en extradición por narcotráfico. Se le atribuyen los delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción, tras recibir pagos en efectivo para favorecer la libertad del ciudadano neerlandés a través de un habeas corpus.

¿Qué delitos se imputan en el caso por la liberación del ciudadano neerlandés solicitado en extradición?

Según la información proporcionada por la Fiscalía, los delitos imputados en este proceso incluyen cohecho propio y falsedad ideológica en documento público a los tres implicados, y adicionalmente prevaricato por acción a Myriam Alcira Martínez López. El cohecho propio hace referencia al acto de aceptar o solicitar sobornos en el ejercicio de funciones públicas, mientras que la falsedad ideológica en documento público implica la alteración o inclusión de información falsa en documentos oficiales.

De acuerdo con los anuncios realizados por el nuevo presidente, las primeras acciones incluyen mudarse de edificio, disminuir los esquemas de protección y reducir drásticamente la planta de contratistas, superando, incluso, la mitad de los existentes. Estas decisiones no son fortuitas, sino que responden a un contexto en el que la JEP enfrenta una importante restricción financiera. Antes de entrar el presupuesto nacional del año 2027 en discusión en el Congreso, la jurisdicción solicitó COP 947.000 millones para cubrir sus operaciones. Sin embargo, tal como se indica en el informe, el gobierno de Abelardo de la Espriella propuso inicialmente COP 822.000 millones. Finalmente, el Congreso estableció la cifra definitiva en COP 721.803 millones, muy por debajo de la solicitud original.

Este recorte presupuestal tiene impactos directos en la operación diaria de la JEP. Un ejemplo concreto anunciado por Rojas Betancourth es el traslado de la sede actual, que tiene una extensión de 15.000 metros cuadrados, a una más pequeña de 4.200 metros cuadrados. La magnitud de estos recortes muestra que, ante la nueva realidad financiera, la entidad tendrá que seguir prestando sus servicios con menos recursos, menores espacios físicos y menos personal de apoyo. De acuerdo con la información citada, la austeridad es el eje fundamental en la nueva administración, la cual deberá buscar el equilibrio entre el cumplimiento de su mandato y la sostenibilidad de sus operaciones hasta el año 2027. Todos estos cambios, expuestos desde el inicio del mandato de Rojas Betancourth, delinean una JEP más contenida y enfocada en utilizar de forma eficiente los recursos asignados por el Estado.

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¿Por qué la Jurisdicción Especial para la Paz decidió reducir personal y cambiar de sede?

La Jurisdicción Especial para la Paz tomó la decisión de disminuir su personal y mudarse a una sede más pequeña como una respuesta directa a las limitaciones presupuestales impuestas por el Congreso, que solo otorgó COP 721.803 millones frente a los COP 947.000 millones solicitados. Esto obliga a operar con austeridad para extender los recursos durante los próximos años, de acuerdo con los anuncios del nuevo presidente, Danilo Alfonso Rojas Betancourth.

¿Quién es el nuevo presidente de la JEP y cuál será su principal reto?

El nuevo presidente de la JEP es el magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth, quien asumió el cargo el jueves 5 de noviembre. Su principal reto será conducir la jurisdicción bajo un estricto plan de austeridad, garantizando que los recursos disponibles sean suficientes para operar hasta el año 2027 y manteniendo la operatividad de la JEP pese a los recortes presupuestales establecidos por el Congreso, según las fuentes revisadas.

El mandatario les advirtió a los funcionarios encargados de administrar esas entidades que no pueden reunirse ni mantener comunicación con él, bajo amenaza de retirarlos de sus cargos.

El pronunciamiento fue publicado el jueves 5 de noviembre en la cuenta de X del jefe de Estado. En el mensaje, calificó a Urán de “siniestro” y extendió la restricción a cualquier encuentro o interlocución con él.

“Queda terminantemente prohibido a todos los interventores de las EPS reunirse, sostener encuentros o mantener cualquier tipo de interlocución con el siniestro Mario Urán. Quien incumpla esta instrucción será separado inmediatamente de sus funciones”, escribió De la Espriella.

ORDEN TERMINANTE!

Queda terminantemente prohibido a todos los interventores de las EPS reunirse, sostener encuentros o mantener cualquier tipo de interlocución con el siniestro Mario Urán.

Quien incumpla esta instrucción será separado inmediatamente de sus funciones.

¡EN ESTE GOBIERNO SE ACABARÁN LAS MAFIAS, LOS NEGOCIADOS Y LA CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA DE SALUD, INCLUYENDO LOS NEGOCIOS IRREGULARES CON LOS MEDICAMENTOS!

Los recursos de la salud son sagrados. Son para atender a los pacientes, garantizar sus tratamientos y suministrarles oportunamente sus medicamentos, no para enriquecer a intermediarios inescrupulosos.

¡No permitiré que se siga jugando con la salud y la vida de los colombianos!

¡Bienvenidos a la Patria Milagro!

¡Firme por la Patria!

¡Que viva Cristo Rey!

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 5, 2026

El presidente relacionó su advertencia con la necesidad de impedir que intermediarios se beneficien de los recursos destinados a la atención de los pacientes. También aseguró que su administración combatirá las presuntas redes de corrupción y los negocios irregulares relacionados con medicamentos.

La medida volvió a poner sobre la mesa los cuestionamientos que desde 2024 rodean al médico, especialmente por su presunta influencia en decisiones financieras y contractuales de entidades que estaban bajo intervención estatal. Sin embargo, Urán ha rechazado las acusaciones a través de su defensa, que sostiene que sus actividades de asesoría fueron legales.

#Colombia | El presidente Abelardo De La Espriella lanzó un ultimátum a los interventores de las EPS y les advirtió que no deben reunirse con Mario Urán, asesor externo en temas de salud, denunciado por presuntos hechos de corrupción durante el Gobierno anterior.

@lauravalereyesp @MaicolBuitrago

— Red+ Noticias (@RedMasNoticias) November 5, 2026

Quién es Mario Andrés Urán y cuál ha sido su trayectoria

Mario Andrés Urán es médico cirujano, nació en Medellín y creció en Sincelejo. Su carrera profesional ha estado vinculada tanto al sector público como a la industria farmacéutica y a empresas relacionadas con la prestación y financiación de servicios de salud.

Uno de sus primeros cargos de relevancia fue en la Alcaldía de Bogotá de Luis Eduardo Garzón, donde se desempeñó como subsecretario de Salud entre 2004 y 2007. Posteriormente llegó a Roche, farmacéutica en la que ocupó la gerencia de asuntos corporativos.

Más adelante asumió la dirección de Caprecom, EPS estatal que terminó liquidada. También trabajó en Lafrancol, compañía que pasó a formar parte del grupo Abbott, y ocupó posiciones en organizaciones gremiales de la industria farmacéutica, entre ellas la junta directiva de la Cámara de Medicamentos de la ANDI.

Su experiencia en el sector continuó mediante asesorías a empresas de salud. Para 2024 tenía un vínculo contractual con Coosalud, desde donde, según las denuncias que se conocieron posteriormente, habría tenido acceso a información de otras EPS intervenidas.

Las denuncias que llevaron su nombre ante la Fiscalía

La controversia tomó fuerza en septiembre y octubre de 2024, cuando se conocieron correos electrónicos en los que directivos de las EPS Emssanar, Asmet Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS) compartían con Urán información financiera y datos relacionados con pagos a clínicas y hospitales.

El asunto llamó la atención porque el médico no tenía un cargo como interventor en esas entidades. Su relación contractual era con Coosalud, que no estaba intervenida en ese momento.

El entonces superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, llevó el caso ante la Fiscalía y señaló una presunta estructura que habría permitido concentrar contratos y giros de recursos en determinados prestadores de servicios. Entre los cuestionamientos también mencionó posibles pagos a terceros para cumplir funciones que correspondían a los interventores y una eventual intervención de Urán en decisiones sobre desembolsos.

La Superintendencia sostuvo que habría existido una presunta confabulación para direccionar contratos hacia determinadas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). También advirtió sobre posibles sobrecostos y favorecimientos a determinados laboratorios y marcas de medicamentos.

Coosalud confirmó que Urán había tenido un contrato de prestación de servicios, pero se apartó de las actuaciones que se le atribuían. La entidad señaló que no era responsable de las acciones que el médico pudiera haber realizado como particular mediante el uso no autorizado de su correo institucional.

El caso también tuvo consecuencias para las relaciones contractuales del médico con las entidades involucradas. Las asesorías con las EPS señaladas terminaron, mientras las autoridades continuaron con las verificaciones sobre el manejo de los recursos.

Nueva denuncia por contrato de $180.000 millones

Los cuestionamientos volvieron a aparecer en agosto de 2026, cuando el entonces superintendente de Salud, Daniel Quintero, habló de un presunto negocio por $180.000 millones relacionado con la EPS SOS y la empresa Papeles Aurora.

Quintero aseguró que Urán habría intervenido en gestiones para impulsar esa contratación y mencionó la existencia de lo que denominó «oficinas paralelas de contratación», mediante las cuales personas externas a las EPS habrían influido en decisiones que correspondían a sus administradores.

El entonces funcionario también mencionó otras sociedades, entre ellas Efeso y Grief Services, al referirse a presuntos patrones de contratación que, según sus declaraciones, fueron puestos en conocimiento de las autoridades.

Estos señalamientos se sumaron a las investigaciones que ya existían sobre la posible participación del médico en decisiones relacionadas con el dinero de las EPS intervenidas. No obstante, las denuncias y los hallazgos administrativos deben distinguirse de una eventual responsabilidad penal, que corresponde establecer a la justicia.

Qué respondió el abogado de Mario Urán a la decisión de De la Espriella

Consultado por EL TIEMPO sobre el pronunciamiento presidencial, Andrés Garzón, apoderado de Urán, cuestionó los elementos que dieron origen a las investigaciones contra su cliente.

Según explicó el abogado, dentro de las actuaciones existen declaraciones de funcionarios de la Superintendencia de Salud que, a su juicio, evidenciarían problemas en los informes iniciales. Garzón aseguró que esos documentos presentan «serias irregularidades administrativas y de credibilidad» y sostuvo que carecen de sustento probatorio.

La defensa también ha insistido en que Urán no tenía facultades para ordenar directamente los giros de las EPS. En declaraciones anteriores a El Tiempo, Garzón explicó que las decisiones finales sobre pagos y contratación correspondían a los interventores y que el trabajo de su representado consistía en entregar conceptos técnicos para ayudar a cumplir los planes de mejoramiento de las entidades.

El abogado ha defendido la legalidad de las asesorías prestadas por Urán y ha rechazado que su cliente haya direccionado recursos del sistema de salud.

La nueva instrucción de De la Espriella abre otro capítulo en la controversia, pues establece una prohibición expresa para los interventores de las EPS que mantienen bajo su responsabilidad la administración de estas entidades. Mientras tanto, las acusaciones contra Urán siguen siendo materia de revisión por parte de las autoridades.

Uno de los puntos centrales de su declaración fue la relación laboral que tuvo con Jiménez cuando ejerció como vicepresidenta del Senado, entre 2023 y 2024. Pizarro explicó que conoció a la mujer como contratista de esa dependencia y sostuvo que cumplió con las funciones administrativas que le fueron asignadas.

(Le puede interesar: ¿Qué pasó con la hoja de vida de Deicy Jiménez en hospital San Juan de Dios? La historia detrás del cargo que no se dio)

“Su vinculación y la prestación de sus servicios se dieron en condiciones normales y no estuvieron sujetas a nada distinto que su vinculación laboral”, afirmó. También aseguró que nunca recibió quejas o reportes sobre situaciones irregulares relacionadas con Jiménez y que desconocía cualquier vínculo íntimo entre ella y Petro.

La congresista negó, además, tener conocimiento de la vida privada o sentimental del expresidente. Según dijo, su relación con él ha sido de carácter político y se ha desarrollado bajo el respeto mutuo.

Pizarro no dará declaraciones a medios de comunicación

En el comunicado, Pizarro explicó que no responderá preguntas de la prensa sobre el proceso debido a una orden de un magistrado de la Corte Suprema que, según indicó, exige mantener estricta reserva sobre el caso.

La congresista también cuestionó lo que calificó como un “linchamiento mediático y digital” y pidió que Deicy Jiménez, en su condición de testigo, pueda entregar su versión con garantías y protección, sin presiones.

“He pedido a mi abogado que solicite a la honorable Sala de Instrucción que se me escuche. Allí presentaré las pruebas que respaldan lo que aquí afirmo”, señaló.

Comunicado a la opinión pública: https://t.co/RG8eCSmwgw

— María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) November 6, 2026

(Lea también: Vicky Dávila reaccionó al video de Deicy Jiménez y lanzó advertencia a Petro: “Falta mucha tela por cortar”)

El video de Deicy Jiménez reavivó el escándalo

La controversia tomó fuerza luego de que Jiménez publicara imágenes en las que aparece junto a Petro y las presentara como respaldo de sus denuncias sobre presuntos intercambios de contratos estatales por favores íntimos.

La mujer ha señalado que el expresidente habría utilizado vínculos contractuales con entidades públicas para obtener encuentros íntimos. Petro ha negado haber entregado contratos a cambio de favores íntimos y ha sostenido que responderá ante las autoridades.

El caso está bajo investigación de las autoridades, por lo que las denuncias y las versiones de los involucrados deberán ser esclarecidas en los escenarios judiciales correspondientes.

(Vea también: Alianza entre Angie Rodríguez y Deicy Jiménez reaviva controversia por denuncias sobre contratos públicos en Colombia)

El caso tiene como antecedente las declaraciones que Rodríguez ha hecho sobre situaciones que, según su versión, ocurrieron durante su paso por el Gobierno de Gustavo Petro. La exfuncionaria denunció amenazas, intimidaciones y presuntas maniobras para afectar su salud, luego de exponer públicamente supuestas irregularidades en distintas entidades del Estado.

En particular, Rodríguez manifestó que durante varios meses una persona le habría entregado medicamentos haciéndolos pasar por vitaminas o pastillas para aliviar dolores de cabeza.

Sin embargo, aseguró que después de consumirlos experimentaba alteraciones físicas y cambios en su comportamiento. Su abogado sostuvo que siete funcionarios del Dapre y del Fondo Adaptación entregaron testimonios que respaldarían parte de su relato, según reportó Blu Radio.

La denuncia llegó a la Fiscalía, donde la exdirectora amplió su declaración y aportó nuevos elementos para la investigación. Entre el material presentado por su defensa también estarían registros médicos e información relacionada con los episodios que describió. A partir de esas actuaciones, se ordenaron pruebas toxicológicas para establecer si había recibido sustancias sin su conocimiento.

Qué encontraron en los exámenes médicos de Angie Rodríguez

El resultado más reciente fue revelado por Manuel Villanueva en una entrevista con Noticias RCN. El abogado explicó que Rodríguez se trasladó a España para someterse a un examen toxicológico, debido a que, según indicó, ese procedimiento no se realizaba en Colombia en las condiciones requeridas.

Para el análisis se utilizó una muestra de cabello, con la que se buscaba identificar la posible presencia de sustancias en el organismo de la exfuncionaria. De acuerdo con Villanueva, el resultado fue positivo para varios componentes que podrían representar un peligro para su vida.

“El resultado del examen le dio positivo para varias sustancias que pueden atentar contra su vida”, afirmó el abogado al referirse a los hallazgos.

El jurista agregó que la Fiscalía solicitó formalmente el traslado de los resultados obtenidos en España para que puedan incorporarse a las actuaciones judiciales. Por ahora, no se han hecho públicas las sustancias específicas que habrían aparecido en el análisis ni los detalles técnicos del laboratorio que lo practicó.

La revelación también fue mencionada por el periodista Felipe Zuleta, quien aseguró en declaraciones recogidas por la revista Semana que tuvo acceso a los resultados de laboratorio. Según su versión, los documentos mostrarían la presencia de dos tipos de veneno. Sin embargo, esa afirmación corresponde a lo manifestado por el comunicador y no a un informe oficial divulgado por la Fiscalía.

Qué investiga la Fiscalía por el presunto envenenamiento

La investigación busca establecer qué sustancias habría recibido Rodríguez, en qué circunstancias se produjo el supuesto suministro y quiénes podrían estar involucrados. La defensa ha insistido en que los testimonios y los registros médicos aportados deben ser contrastados con los análisis técnicos para esclarecer lo ocurrido.

En las diligencias también se han abordado las amenazas e intimidaciones que la exfuncionaria asegura haber recibido. Su abogado ha señalado que existen varias líneas de investigación y ha pedido que se refuercen las medidas de protección para su representada.

Por ahora, los resultados de los exámenes conocidos a través de la defensa constituyen un nuevo elemento dentro del caso. La determinación de las sustancias detectadas, las circunstancias en las que habrían llegado al organismo de Rodríguez y las eventuales responsabilidades dependerán de las verificaciones que adelante la Fiscalía.

(Le puede interesar: A Deicy Jiménez le llegó nuevo llamado por denuncias contra Petro; fecha ya quedó definida)

De acuerdo con lo revelado por el periodista Melquisedec Torres, el exmandatario le escribió a su entonces directora del Dapre y quien le ha hecho varias acusaciones, Angie Rodríguez. En el mensaje, Petro le pidió a la exfuncionaria que Jiménez siguiera con trabajo en el Ministerio del Interior.

“Está persona necesita que laantengan allí en el contrato mi interior [sic]”, se lee en el mensaje atribuido al exmandatario que, según Torres, se envió pasada la una de la tarde del 12 de diciembre de 2025.

Atentos. Primicia. Este es el contenido literal del mensaje que el entonces presidente @petrogustavo le envió a la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, el 12 de diciembre de 2025 a la 1:06 p.m. para que Deyci Jiménez continuara con un contrato en el @MinInterior

Mensaje de Petro: “Está persona necesita que laantengan allí en el contrato mi interior”.

Y anexa la hoja de vida de “DeicyJimenez.PDF” con peso de 197 KB.

Respuesta de la directora del DAPRE: “Perfecto señor Presidente”.

— Melquisedec Torres (@Melquisedec70) November 5, 2026

Así mismo, Petro le envió a la exdirectora del Dapre una hoja de vida en un archivo llamado: “DeicyJimenez.PDF”. Por su parte, Angie Rodríguez solo se limitó a hacer caso a lo que le ordenó el expresidente: “Perfecto, señor Presidente”.

Así se vio el chat, según la foto que mostró revista Semana:

Este es el chat entre Gustavo Petro y Angie Rodríguez en el que el entonces presidente le pide a la directora del Dapre mantener el contrato de Deicy Jiménez en el Ministerio del Interior. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/ZvUbHWBWP9

— Revista Semana (@RevistaSemana) November 6, 2026

La intención del Gobierno, según lo señalan los hechos recogidos durante este evento, es construir desde las regiones una administración que deje de estar centrada únicamente en el centro político del país y se apoye en una narrativa que conecta directamente con los departamentos más alejados. Esta estrategia no solo busca el respaldo regional, sino que también apunta a incrementar el dominio político de la administración en vísperas de las elecciones regionales previstas para 2027. Así, la estrategia se articula en dos frentes principales: por un lado, los encuentros territoriales, y por el otro, la coordinación con congresistas para sacar adelante la agenda del Gobierno en el Capitolio.

Según la información, al menos una docena de encuentros se realizaron en el último mes, en los que se organizaron mesas de trabajo que involucraron a los sectores económicos y sociales de las regiones, con el objetivo de construir el articulado que dará forma al próximo Plan Nacional de Desarrollo. Este proceso ha sido reforzado con la gira denominada “El Milagro de las Regiones”, encabezada por el presidente De la Espriella, quien inauguró oficialmente la ruta junto al Departamento Nacional de Planeación (DNP) desde la ciudad de Pereira, enfocándose especialmente en respaldar a los departamentos más golpeados por el reciente terremoto.

Si bien se cuenta que De la Espriella no pudo asistir a 14 de los 16 encuentros realizados a lo largo de esta gira, sí participó personalmente en algunos de estos eventos claves, subrayando su compromiso directo con las regiones. Todo esto evidencia una intención de acercarse a las comunidades para escuchar sus necesidades e incluirlas en la agenda nacional, ubicando a la Amazonía —y otras periferias— en el centro de la planificación estatal del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la gira ‘El Milagro de las Regiones’ liderada por el presidente Abelardo de la Espriella?

La gira “El Milagro de las Regiones” es una estrategia del gobierno enfocada en acercarse a las regiones periféricas, especialmente aquellas más afectadas por situaciones como el reciente terremoto. Encabezada por el presidente Abelardo de la Espriella y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la iniciativa comenzó oficialmente en Pereira y busca fortalecer el Plan Nacional de Desarrollo a partir de la voz y necesidades locales.

¿Cuál es el objetivo de los encuentros regionales para el Plan Nacional de Desarrollo según el Gobierno?

De acuerdo con la información brindada, el objetivo principal de los encuentros regionales es construir el Plan Nacional de Desarrollo desde las regiones, involucrando directamente a sectores económicos y sociales mediante mesas de trabajo. Esta estrategia pretende desplazar el enfoque centralista y consolidar una administración conectada con las necesidades y prioridades de las distintas zonas del país, de cara a la presentación del PND ante el Congreso en 2027.

La renuncia de Calderón España no resulta sorpresiva si se tiene en cuenta que su nombre ya había figurado en la lista de aspirantes para integrar la Sección Tercera del Consejo de Estado. Esta instancia es clave en el ámbito jurídico nacional, ya que le corresponde estudiar controversias sobre contratos estatales y la responsabilidad de entidades públicas, un campo en el que Calderón España posee experiencia. Así, la dimisión se enmarca dentro de sus nuevas aspiraciones profesionales y abre paso a su candidatura para una magistratura en esa sección.

Antes de ocupar la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Calderón España había formado parte del círculo cercano a Abelardo de la Espriella durante la campaña presidencial, brindando asesoría jurídica y apoyando al entonces candidato en respuestas relativas a diferentes cuestionamientos públicos. Este acompañamiento evidenció su rol esencial en la estrategia legal de la campaña, lo que facilitó su posterior inclusión en el Gobierno tras la elección de De la Espriella. El presidente lo nombró como líder de la Agencia, una institución adscrita al Ministerio de Justicia cuya misión principal es defender los intereses de la Nación en procesos judiciales, tanto nacionales como internacionales. Calderón España tomó posesión de este cargo el 25 de agosto.

Con su salida, queda vacante una de las direcciones más relevantes del sector justicia, en un momento en que la entidad juega un papel decisivo en temas de litigio estatal. Hasta el momento, no se ha anunciado quién tomará el relevo en la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

¿Por qué renunció Germán Calderón España a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado?

Germán Calderón España presentó formalmente su renuncia por consideraciones de “proyección profesional”, según la carta que envió al ministro de Justicia, Iván Cancino González. Su salida se da en el contexto de su aspiración a ocupar un cargo en la Sección Tercera del Consejo de Estado, órgano encargado de estudiar temas como contratos estatales y responsabilidad de entidades públicas, áreas vinculadas con su trayectoria profesional.

¿Qué funciones cumple la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado?

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia, responsable de coordinar y liderar la defensa de los intereses de la Nación en litigios judiciales, tanto en Colombia como en el exterior. Esta labor implica proteger los recursos públicos y asegurar que las decisiones judiciales se ajusten a los derechos e intereses generales del Estado colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La designación de García Burgos refuerza una tendencia reciente en los nombramientos diplomáticos. Según El Espectador, Uruguay se suma a otros países como España, Francia, Italia y Australia, donde se han nombrado figuras ligadas a sectores políticos tradicionales, pese a que el presidente Abelardo de la Espriella había prometido gobernar con personas ajenas a la burocracia estatal, refiriéndose a estos como “los nunca”. Sin embargo, la línea de designación de funcionarios diplomáticos parece seguir un patrón similar al de su antecesor, el expresidente Gustavo Petro, especialmente en términos de afinidad política y vínculos familiares.

Dentro de estos nombramientos resalta también el de Alberto Rafael Cepeda Sarabia, nuevo embajador en Italia, quien llega respaldado por su experiencia en el sector empresarial de la costa Caribe. Cepeda Sarabia es hermano de Efraín José Cepeda Sarabia, actual presidente del Partido Conservador y figura legislativa destacada tras más de 30 años como congresista, elemento que evidencia la persistencia de los ‘de siempre’ en el servicio diplomático.

La presencia de figuras políticas tradicionales en el servicio exterior no se restringe únicamente al Partido Conservador. De acuerdo con El Espectador, se prevé el nombramiento de representantes de otras bancadas de la coalición de Gobierno, que en conjunto suman más de 180 escaños en Senado y Cámara. En la lista está el exgobernador liberal de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, quien aguarda el beneplácito de Francia para asumir esa embajada. También destaca Tania Gilinski, ya posesionada en Israel, integrante del reconocido grupo económico Gilinski.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué han sido criticados los recientes nombramientos de embajadores en Colombia?

De acuerdo con El Espectador, los recientes nombramientos de embajadores en Colombia han causado críticas porque en su mayoría involucran a miembros de la clase política tradicional o a personas con vínculos familiares en importantes partidos como el Conservador, contradiciendo la promesa inicial de nombrar funcionarios sin pasado burocrático.

¿Qué significa la “declaración de conflicto de intereses” para un embajador en Colombia?

La declaración de conflicto de intereses es un trámite en el que el funcionario manifiesta oficialmente si tiene algún interés personal, familiar, financiero o político que pueda influir en el ejercicio imparcial de sus funciones. En este contexto, El Espectador señala que Amaury García Burgos cumplió con este requisito al asumir la embajada en Uruguay.

(Vea también: Vicky Dávila reaccionó al video de Deicy Jiménez y lanzó advertencia a Petro: “Falta mucha tela por cortar”)

La información fue consignada en una certificación de la entidad, en la que se precisa que los documentos fueron recibidos para estudiar su aspiración a un cargo de auxiliar administrativo, código 4044, grado 13.

El documento también aclara que el trámite se limitó a la recepción de la hoja de vida y a la revisión del cumplimiento de los requisitos para el empleo.

¿Deicy Jiménez fue contratada por el Hospital San Juan de Dios?

La institución aclaró que el proceso no avanzó a las siguientes etapas y que no se materializó el nombramiento ni la posesión de Jiménez en el cargo.

Esta precisión es relevante porque la hoja de vida del Hospital San Juan de Dios fue mencionada por la periodista Vicky Dávila en un video publicado sobre las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro.

En su análisis, Dávila señaló que la recepción de ese documento había sido certificada por el centro hospitalario y sostuvo que este elemento debía examinarse junto con los demás materiales aportados por la denunciante.

Acá, el fragmento en el que Dávila habla de ese caso:

El caso de Deicy Jiménez sigue bajo revisión de las autoridades

Jiménez denunció que habría recibido contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el periodo en el que Petro tuvo responsabilidades políticas y ejerció como presidente.

La mujer ha mencionado vinculaciones con entidades como el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. También ha señalado la existencia de una presunta red de mujeres que, según su versión, habría tenido un esquema similar.

La certificación del Hospital San Juan de Dios permite precisar un aspecto puntual de la historia: la entidad recibió la hoja de vida de Jiménez, pero no la contrató.

La estrategia ‘Guau al Parque’ se consolida como una iniciativa vital para sensibilizar a la ciudadanía sobre la tenencia responsable de mascotas, especialmente perros y gatos. Durante la jornada se ofrecerán diversos servicios gratuitos a los cuidadores y familias interesadas en fortalecer el bienestar de sus animales de compañía. De acuerdo con la información publicada por el IDPYBA, los asistentes podrán participar en vacunaciones antirrábicas, actividades lúdico-recreativas y espacios de sensibilización, donde se abordarán las mejores prácticas para garantizar una convivencia segura y saludable entre las personas y sus mascotas.

En este encuentro participarán instituciones clave de la ciudad, como el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Secretaría Distrital de Salud (SDS), quienes acompañarán la programación de actividades. La presencia de estas entidades refuerza la atención integral hacia los animales de compañía, promocionando el respeto y la responsabilidad en los hogares que conviven con diferentes especies.

La jornada busca acercar los servicios y programas de la administración distrital a los cuidadores de las distintas localidades de Bogotá. Según lo dispuesto por el IDPYBA, la realización de eventos como ‘Guau al Parque’ permite un contacto directo entre las autoridades y la comunidad, propiciando la creación de hogares saludables, conscientes y respetuosos de los derechos y necesidades de los animales.

Para quienes deseen conocer detalles adicionales o ver imágenes alusivas a la actividad, el IDPYBA invita a consultar su publicación en la red social Instagram, donde se encuentra información directa y actualizaciones sobre el evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios gratuitos ofrece la jornada ‘Guau al Parque’ para dueños de mascotas en Bogotá?

Durante la jornada ‘Guau al Parque’, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) ofrecerá a los asistentes servicios gratuitos como vacunación antirrábica para mascotas, actividades lúdico-recreativas y espacios para sensibilizar a los cuidadores sobre la tenencia responsable de perros y gatos. Así mismo, la programación contará con el apoyo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Secretaría Distrital de Salud (SDS), reforzando la atención integral a los animales en la ciudad.

¿Cuál es el propósito principal de la jornada ‘Guau al Parque’ organizada por el IDPYBA?

El principal objetivo de la jornada ‘Guau al Parque’, según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), es sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la tenencia responsable y el bienestar animal. La iniciativa está orientada a promover buenas prácticas en hogares donde conviven diferentes especies y acercar los servicios públicos de protección y acompañamiento a los cuidadores y cuidadores de mascotas en las localidades de Bogotá.

Hoy despedimos a un grande de la historia ambiental de Colombia 🇨🇴

Julio Carrizosa Umaña dedicó buena parte de su vida a pensar, impulsar y construir caminos para la conservación de la naturaleza. Como gerente del Inderena entre 1973 y 1978, fue protagonista de una etapa decisiva para @ParquesColombia: impulsó la creación de nuevas áreas protegidas y contribuyó a consolidar las bases del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Su liderazgo fue fundamental en la aprobación del Código Nacional de Recursos Naturales de 1974 y en la histórica ampliación del Sistema en 1977, cuando se declararon 18 nuevas áreas protegidas, un paso trascendental para salvaguardar la biodiversidad y el patrimonio natural de nuestro país.

Su legado permanece en cada parque, en los ecosistemas que hoy protegemos y en las generaciones que han encontrado en la conservación un propósito de vida.

Desde Parques Nacionales Naturales de Colombia lamentamos profundamente su partida y honramos su memoria y sus aportes a la historia de la conservación en nuestro país.

Gracias, Julio Carrizosa, por ayudar a abrir camino para proteger la riqueza natural de Colombia.

— Parques Nacionales Naturales de Colombia (@ParquesColombia) November 5, 2026

(Le puede interesar: Ministra Nohemí Arboleda: “no hay dilema entre la minería y el ambiente”)

El mapa que lo llevó al ambientalismo

Su relación con el territorio se forjó en el Igac, donde llegó a ocupar la dirección entre 1969 y 1973. Desde esa entidad impulsó estudios de cartografía y levantamientos del territorio que incluyeron zonas como el Chocó y la Amazonia.

Más adelante estuvo al frente del Inderena entre 1973 y 1978. Su gestión dejó como resultado la creación de áreas protegidas y santuarios que ampliaron la red de conservación del país.

La norma que marcó un antes y un después

Su nombre quedó ligado a la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, promulgado en 1974.

Esa normativa fijó lineamientos para el uso y la preservación de los recursos naturales en el país. Ese instrumento jurídico ayudó a ordenar la protección de ecosistemas clave y de zonas que hoy hacen parte del sistema de áreas protegidas.

Su huella en la academia

Su labor docente se extendió por cuatro décadas, principalmente en la Universidad Nacional, y también en otras instituciones de educación superior. Entre 1993 y 1998 estuvo al frente del IDEA de la Universidad Nacional, donde continuó como profesor e investigador hasta su retiro.

En sus textos planteó una forma de entender el ambiente que conecta lo ecológico con lo social, lo económico, lo político y lo cultural.

Desde la ANLA lamentamos el fallecimiento de Julio Carrizosa, precursor y referente del ambientalismo en nuestro país. Colombia tuvo la oportunidad de aprender de su sapiencia y visión estratégica para comprender la complejidad de los temas ambientales.

Su legado es invaluable: fue clave en la creación de 17 parques nacionales y artífice del primer Código de Recursos Naturales a nivel mundial.

Sus aportes académicos y su trayectoria en entidades del Estado, así como en la @cepal_onu, Colciencias,@el_BID y la @OEA_oficial, dejaron una huella imborrable.

#JulioCarrizosa aportó conocimiento y criterio a los principales temas ambientales para el desarrollo sostenible, la conservación y el cuidado de nuestros recursos naturales.
Homenajeamos su memoria.

Gratitud y paz en su tumba.

— ANLA (@ANLA_Col) November 5, 2026

El país despide a un referente

También trabajó como consultor para organismos nacionales e internacionales en temas de territorio, ciencia y desarrollo. En 2010 recibió el Premio Nacional al Mérito Científico en la categoría Vida y Obra.

Luego de anunciarse su fallecimiento, entidades del Estado y la academia recordaron su aporte y enviaron mensajes de condolencia.

El magistrado es señalado de recibir ese dinero a cambio de concederle la libertad bajo fianza y ordenar la excarcelación de Andrew Clark, alias The Dictator, un narcotraficante canadiense identificado como segundo al mando de la organización criminal de Ryan Wedding, exdeportista olímpico convertido en uno de los capos más buscados. 

De acuerdo con la acusación citada por El País, Clark había sido detenido en México en octubre de 2024 por cargos relacionados con narcotráfico, asesinato e intento de asesinato en Estados Unidos. En ese momento, Benítez Alcántara estaba a cargo de supervisar el proceso de extradición del canadiense solicitado por Washington.

#ATENCIÓN | La Policía retuvo en el aeropuerto internacional El Dorado a Luis Benítez Alcántara, quien se desempeñaba como juez federal en Ciudad de México y es requerido en extradición por Estados Unidos, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Vía @josedavid88_ https://t.co/iEccOoO2S0

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

La investigación sostiene que el acuerdo para pagarle al juez cerca de dos millones de dólares se concretó mientras Clark buscaba evitar su entrega a las autoridades estadounidenses. El 24 de febrero de 2025, el mismo día en que Benítez habría recibido la totalidad del dinero, el funcionario concedió la libertad bajo fianza y ordenó la excarcelación del narcotraficante, detalló El País. Sin embargo, Clark fue detenido nuevamente días después y trasladado a Estados Unidos.

El juez mexicano enfrenta nueve cargos y, si es declarado culpable, podría recibir hasta 15 años de prisión por cada uno, según el Departamento de Justicia estadounidense. 

La captura se produjo el domingo en Colombia, mientras que Estados Unidos anunció el caso este jueves y pidió su extradición al Distrito Sur de California. Allí avanza el proceso contra Wedding y sus presuntos cómplices, agregó el diario.

El caso está relacionado con la organización de Wedding, a quien las autoridades estadounidenses atribuyen el tráfico de al menos 60 toneladas de cocaína hacia Canadá, con rutas que atravesaban Colombia y México. 

Durante este debate se evaluarán varios aspectos fundamentales, como el progreso en la aplicación del Acuerdo 018 de 2026 y las medidas que cada institución educativa ha adoptado para garantizar que la comunidad educativa conozca y entienda las nuevas reglas. Es relevante destacar que este acuerdo establece restricciones específicas al uso de teléfonos celulares para estudiantes menores de 14 años durante la jornada académica. No obstante, contempla excepciones que incluyen actividades pedagógicas autorizadas, situaciones relacionadas con salud o discapacidad, y casos de emergencias familiares.

Sin embargo, aunque el acuerdo ya fue aprobado y sancionado, la puesta en marcha efectiva de la restricción requiere varios pasos previos. Uno de los principales desafíos es que los colegios deberán ajustar sus manuales de convivencia, es decir, modificar los estatutos internos que regulan la vida escolar, y definir los procedimientos para manejar los dispositivos durante las actividades educativas. Todo este proceso implicará un periodo de adaptación y acompañamiento por parte de la Secretaría de Educación, la cual deberá brindar apoyo y orientación para que la comunidad educativa logre una transición organizada.

Según lo mencionado anteriormente por el concejal Castillo, la intención es que la aplicación formal de estas nuevas normas se haga efectiva desde el calendario académico de 2027. Por eso, el debate de control político servirá para identificar si las entidades citadas han avanzado de forma concreta o si la regulación continúa solo en etapa de preparación, sin presencia real en los colegios públicos de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dice el Acuerdo 018 de 2026 sobre el uso de celulares en colegios públicos de Ibagué?

El Acuerdo 018 de 2026 dispone restricciones al uso de teléfonos celulares por estudiantes menores de 14 años durante la jornada académica en las instituciones educativas oficiales de Ibagué. Este acuerdo, de acuerdo con información del Concejo de Ibagué, permite ciertas excepciones, como situaciones pedagógicas autorizadas, emergencias familiares y necesidades derivadas de salud o discapacidad.

¿Cuándo comenzará a regir la restricción de celulares en los colegios públicos de Ibagué?

Según lo informado por el concejal Arturo Castillo, la aplicación de la restricción al uso de celulares se prevé para el calendario académico de 2027. Sin embargo, su entrada en vigencia depende de que los colegios ajusten sus manuales de convivencia y se lleve a cabo un periodo de adaptación y acompañamiento por parte de la Secretaría de Educación de Ibagué, pasos que aún se encuentran en desarrollo.

La citación fue confirmada por el Ministerio Público y se conoce en medio de los movimientos que adelantan varias entidades para esclarecer las acusaciones de Jiménez, quien recientemente volvió a poner el caso en el centro de la discusión tras publicar un video en el que aparece junto a Petro. 

La diligencia ante la Procuraduría busca que la denunciante amplíe su versión sobre las presuntas irregularidades en la contratación pública y entregue detalles que permitan contrastar sus afirmaciones. El organismo también citó para el martes 10 de noviembre a Tito Lorenzo Lobo, quien habría supervisado uno de los contratos que Jiménez tuvo en la Segunda Vicepresidencia del Senado. 

Este llamado se suma a las actuaciones que ya están en marcha en la Fiscalía. Precisamente, este jueves 5 de noviembre, Jiménez llegó al búnker de esa entidad para entregar su celular, dispositivo al que le practican una inspección forense con el propósito de revisar conversaciones, fotografías, videos y otros archivos que podrían servir como elementos de prueba. La diligencia tendría una duración aproximada de cuatro horas.

Además, la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección para recopilar los contratos que tuvo la mujer en el Congreso, mientras la Fiscalía avanza en una investigación por posibles irregularidades en entidades estatales durante el Gobierno anterior.

Sin embargo, el grupo armado ilegal advirtió sobre las posibles consecuencias ante cualquier intento de rescate, declarando que “si se pone en riesgo la vida” de la secuestrada, ello recaería bajo la responsabilidad de las fuerzas militares. En el mismo mensaje dirigido al país y, especialmente, a la familia de María Camila Pantoja Hernández, el Eln aseguró que la subteniente se encuentra bien, que se le respetarán sus derechos y que el secuestro responde a los “riesgos de la guerra que a diario vive el país”, haciendo referencia al conflicto armado vigente en la región.

La desaparición de la uniformada se conoció cuando esta se desplazaba en motocicleta. Tras ser informadas las autoridades, se activaron de inmediato los protocolos oficiales de búsqueda y coordinación entre varias instituciones para determinar su ubicación y procurar su rápido regreso. Según El Espectador, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional llevan a cabo labores coordinadas en la zona para hallar a la secuestrada.

La Defensoría del Pueblo, dirigida por Iris Marín Ortiz, exigió en un pronunciamiento público la liberación inmediata de la subteniente, recordando que al momento del secuestro la uniformada no portaba el uniforme militar. La institución expresó solidaridad con los familiares y allegados de María Camila, así como con el Ejército Nacional, destacando la ansiedad e incertidumbre que produce el secuestro. Además, la Defensoría señaló que en octubre de 2025 se emitió la Alerta Temprana 014-25 para Arauca y Cubará (Boyacá), en la que se advertía del incremento de la confrontación armada entre el Eln y las disidencias de las Farc, así como del incremento de amenazas y hechos de violencia generados por la presencia de distintos grupos armados.

La entidad también llamó a las autoridades en todos los niveles a tomar medidas urgentes tanto para lograr la liberación de la subteniente como para fortalecer la protección de derechos humanos y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Arauca y Cubará, según lo recomendaba la Alerta Temprana. Así, el caso de María Camila Pantoja Hernández se convierte en un ejemplo de la compleja situación de seguridad en la región.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo pide implementar la Alerta Temprana 014-25 en Arauca y Cubará?

La Defensoría del Pueblo solicitó que se implementen urgentemente las recomendaciones de la Alerta Temprana 014-25 porque esta alerta advertía desde octubre de 2025 sobre el aumento de la confrontación armada y el riesgo creciente de hechos violentos en Arauca y Cubará, especialmente por la presencia y acciones del Eln y las disidencias de las Farc. La entidad espera que estas medidas ayuden a prevenir nuevos secuestros y otras violaciones de derechos humanos en la región.

¿Cuál es la situación actual del secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, según El Espectador?

Según El Espectador, la subteniente María Camila Pantoja Hernández permanece en poder del Eln, que aseguró que está en buenas condiciones y que se le respetarán sus derechos. Las autoridades, entre ellas la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, activaron operativos de búsqueda para dar con su paradero y lograr su liberación. La Defensoría del Pueblo y otros organismos han exigido la liberación inmediata y la adopción de medidas preventivas en la región.

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La suspensión de estas emisoras se remonta al 17 de agosto de 2026, cuando el gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó interrumpir la programación de las 20 frecuencias creadas dentro del marco del Acuerdo Final de Paz de 2016. Durante ese periodo crítico, las comunidades de los territorios afectados vieron cómo su espacio de comunicación local era reemplazado por programación musical, lo que suscitó reclamos por parte de organizaciones sociales y defensores de la libertad de prensa. Según El Espectador, esta medida fue especialmente polémica, ya que las emisoras de paz representaban el único punto del acuerdo de La Habana que había sido completamente implementado en regiones golpeadas por el conflicto armado.

A partir del 7 de septiembre, 16 estaciones lograron retomar su identidad local bajo el nombre de “Emisoras de la Reconciliación”. Sin embargo, las frecuencias de Tierralta, Agustín Codazzi, Buenaventura y Riosucio continuaron apagadas. La gerente general de RTVC, Ángela María Soto, explicó entonces que su falta de operación obedecía a que no se habían completado a cabalidad los trámites concesionales estipulados por MinTIC durante administraciones previas.

En el comunicado oficial, RTVC enfatizó que la suspensión nunca tuvo fines políticos ni implicó el cierre definitivo de las estaciones. Según la entidad, se detectaron irregularidades legales y administrativas en el otorgamiento de concesiones durante gestiones anteriores, lo que motivó la pausa temporal para evitar posibles afectaciones jurídicas o patrimoniales.

RTVC también subrayó que la reapertura de las frecuencias responde a la necesidad de cumplir el numeral 6.5 del Acuerdo Final de Paz, que promueve la creación de espacios radiales para la convivencia, la participación ciudadana y la pedagogía institucional en zonas rurales. Así, con la reactivación de estas cuatro señales, la red de Emisoras de la Reconciliación restableció completamente su operación en los territorios asignados, aunque el monitoreo de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos continuará para vigilar las condiciones de acceso a la información y libertad de prensa en estas regiones.

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¿Por qué se suspendieron las emisoras de paz de RTVC en agosto de 2026?

La suspensión de las emisoras de paz de RTVC en agosto de 2026 fue ordenada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, que interrumpió la programación local de las 20 frecuencias creadas tras el Acuerdo Final de Paz de 2016. Según RTVC, esta decisión se tomó por pendientes e irregularidades concesionales heredados de administraciones anteriores, lo que hacía necesario pausar emisiones hasta verificar y regularizar las licencias ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

¿Cuál es el objetivo de las Emisoras de la Reconciliación según el Acuerdo Final de Paz?

Las Emisoras de la Reconciliación, denominación institucional asumida por estas frecuencias, buscan cumplir el numeral 6.5 del Acuerdo Final de Paz. Su objetivo es servir como espacios radiales que promuevan la convivencia, la participación ciudadana y la educación institucional en zonas rurales, especialmente aquellas históricamente afectadas por el conflicto armado, según lo expuesto por RTVC tras la reapertura de las estaciones.

(Vea también: Bus de pasajeros se volcó en la vía Mosquera-La Mesa, Cundinamarca: un muerto y 25 heridos tras accidente en Bojacá)

De acuerdo con una publicación difundida en redes sociales, una buseta de servicio intermunicipal de la empresa Rápido El Carmen perdió el control y terminó en el carril contrario, frente a las instalaciones de Compensar.

Las primeras versiones, publicadas por la cuenta de noticias La Región, señalan que el hecho ocurrió cuando el pavimento estaba húmedo. Sin embargo, todavía no se conocen las causas oficiales del accidente.

Acá, el video del hecho:

 

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Se desconoce el estado de los ocupantes de la buseta

La información difundida inicialmente por ese perfil no precisó cuántas personas viajaban en el vehículo ni si hubo pasajeros lesionados.

Tampoco se ha entregado un balance oficial sobre posibles traslados a centros asistenciales o la atención de organismos de emergencia.

Por ahora, se espera que las autoridades entreguen información que permita establecer qué ocurrió y cuál fue el alcance de la emergencia.

Accidente causó restricciones en la vía Zipaquirá-Cajicá

El siniestro también afectó la movilidad en este corredor de Cundinamarca. Según el reporte de La Región, se presentó paso restringido en los dos sentidos de la vía mientras se atendía la situación.

Los conductores que transitan por el sector deben tener precaución y estar atentos a las indicaciones de las autoridades de tránsito.

El balance oficial entregado por el gobierno destaca la presentación de 2.495 proyectos en las mesas por parte de los actores regionales, sumando un valor aproximado a COP 566,9 millones. En el marco de esta estrategia descentralizada, el Departamento de Planeación Nacional (DPN) también recibió cerca de 2.600 propuestas ciudadanas, que llegaron tanto a través de los espacios presenciales como del buzón digital dispuesto para dicho fin.

Según el informe del Ejecutivo, la participación en las mesas abarcó principalmente zonas rurales y se vio enriquecida por la presencia de mujeres, jóvenes, estudiantes, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, la academia y el sector productivo. Las áreas temáticas más señaladas por los ciudadanos fueron “seguridad, conectividad, agua y saneamiento básico, salud, vivienda y educación”. En el caso específico del Amazonas, región que acogió el cierre de la gira, se identificaron 42 proyectos estratégicos, cuya inversión ascendería a COP 2,6 billones y en los que el mandatario sostiene que se podrían crear más de 10 mil empleos.

Sin embargo, De la Espriella aclaró que estos anuncios forman parte de un portafolio preliminar y todavía no existe un documento oficial del Plan Nacional de Desarrollo. Este borrador debe llegar al Capitolio para ser discutido y tramitado el año próximo.

El proceso de selección de proyectos a nivel nacional, según Planeación Nacional, consideró criterios como alcance interdepartamental o nacional, la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), cofinanciación territorial y concesiones, así como el desarrollo de cadenas productivas, logística, turismo o agroindustria. El PND precisa que cada uno de los encuentros regionales contó con siete mesas temáticas organizadas por eje. Las propuestas resultantes de estos espacios serán llevadas a versión final antes de finalizar noviembre.

Frente a los límites presupuestales, Buitrago advirtió que, aunque hay muchas iniciativas viables, se debe tener en cuenta que los recursos estatales son limitados, especialmente en el escenario de crisis que afronta el país. Como complemento, el gobierno presentó recientemente un proyecto de ley de ajuste fiscal para reorganizar el Ejecutivo y ajustar el gasto mediante cambios tributarios.

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¿Cuáles son los principales proyectos del Plan Nacional de Desarrollo propuestos para el Amazonas?

Según el gobierno de Abelardo de la Espriella, en el Amazonas se priorizaron 42 proyectos estratégicos con una inversión aproximada de COP 2,6 billones. Estos proyectos responderían a necesidades identificadas por la comunidad durante las mesas de trabajo, abarcando temas como empleo, desarrollo regional y servicios básicos. Se estima que la implementación de estas iniciativas podría aportar más de 10 mil empleos a la región.

¿Cómo fue el proceso de selección de proyectos para el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030?

De acuerdo con el Departamento de Planeación Nacional, la selección de proyectos para el Plan Nacional de Desarrollo se fundamentó en criterios como alcance interdepartamental, participación en la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), cofinanciación territorial y factibilidad técnica y financiera. Los proyectos emergieron de siete mesas temáticas por región y deben aún ser consolidados en el documento final para su presentación ante el Congreso.

(Vea también: Nuevo cambio en el Gobierno: sale funcionario que llevaba poco más de dos meses en su cargo)

De acuerdo con el mandatario, la operación militar se desarrolló en el sector de Timba, con participación de las Fuerzas Militares, apoyo de artillería y de la Fuerza Aérea.

En su publicación, De la Espriella aseguró que dos integrantes de esa organización fueron dados de baja y destacó entre ellos a ‘Pincher’, a quien las autoridades señalaban de tener responsabilidades dentro de la Columna Móvil Ricardo Velásquez.

Caracol Radio identificó al hombre como William Andrés Daza Guetio y señaló que era considerado uno de los principales cabecillas del frente Jaime Martínez. También era señalado como explosivista y tercer cabecilla de la Comisión Valle.

Acá, el mensaje de De la Espriella:

¡DURO GOLPE A LOS NARCOTERRORISTAS DE IVÁN MORDISCO: DADO DE BAJA ALIAS ‘PINCHER’ EN EL VALLE DEL CAUCA!

En Timba, Valle del Cauca, nuestras Fuerzas Militares intensificaron la ofensiva contra la estructura Jaime Martínez. En operaciones con apoyo de artillería y de nuestra Fuerza Aérea fueron dados de baja dos integrantes de esta organización criminal, entre ellos alias ‘Pincher’, señalado cabecilla de la Columna Móvil Ricardo Velásquez.

Alias ‘Pincher’ era señalado de ordenar ataques con explosivos contra supermercados en Cali, participar en la quema de maquinaria de INCAUCA, cometer secuestros y dirigir atentados con drones contra instalaciones militares.

A Iván Mordisco y a sus estructuras les advierto: ¡NO VAN A CONQUISTAR EL CAUCA NI EL VALLE DEL CAUCA! No tendrán refugio ni tranquilidad mientras continúen atentando contra los colombianos.

He ordenado mantener la presión operacional hasta debilitar y desmantelar estas estructuras criminales.

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 5, 2026

Los ataques que le atribuían a alias ‘Pincher’

Según el mensaje del presidente, el hombre era señalado de ordenar ataques con explosivos contra supermercados en Cali, participar en la quema de maquinaria de Incauca, cometer secuestros y dirigir atentados con drones contra instalaciones militares.

Caracol Radio también reportó que ‘Pincher’ habría tenido responsabilidad en la coordinación de acciones armadas de esta estructura en el Valle del Cauca.

La emisora indicó que su área de influencia estaba principalmente en el corregimiento de Villacolombia, en Jamundí, y que aparecía relacionado con investigaciones sobre la preparación de atentados contra la Fuerza Pública en Cali.

De la Espriella anunció que mantendrá la ofensiva contra Iván Mordisco

El mandatario acompañó su anuncio con un video relacionado con el operativo y lanzó una advertencia a las estructuras armadas bajo el mando ‘de Iván Mordisco’.

“A Iván Mordisco y a sus estructuras les advierto: ¡No van a conquistar el Cauca ni el Valle del Cauca!”, escribió.

De la Espriella también aseguró que ordenó mantener la presión operacional hasta debilitar y desmantelar esas organizaciones.

La operación se desarrolló en Timba, corregimiento de Buenos Aires, Cauca, en una zona limítrofe con el Valle del Cauca, donde durante la mañana de este jueves se reportaron combates entre el Ejército y la estructura Jaime Martínez.

La discusión comenzó cuando ‘Matador’ publicó un mensaje en su cuenta de X en el que lanzó varios comentarios contra Dávila, quien ha divulgado las denuncias de Jiménez sobre una presunta red de mujeres que habría recibido contratos estatales a cambio de favores íntimos para el exmandatario.

“Vicky Dávila parece la primera moza de la nación. Solo falta que le eche aceite de batería a la pintura del carro del ‘man’. Hasta debe tener un muñeco de ‘Petrosky’ lleno de alfileres en el bonitico. He conocido mujeres tóxicas… y luego está Vicky”, escribió el caricaturista.

(Le puede interesar: Deicy Jiménez llegó a Fiscalía en caso contra Petro: exponen cuánto dura proceso clave con celular)

El comentario hizo referencia a supuestos celos de la periodista hacia Petro y utilizó expresiones personales para cuestionar su postura frente al escándalo. La publicación provocó una respuesta directa de Dávila, quien rechazó los calificativos y también lanzó fuertes acusaciones contra González.

Vicky Dávila respondió a ‘Matador’ con fuertes señalamientos

La periodista contestó en X y cuestionó el lenguaje utilizado por el caricaturista. Además, lo calificó de maltratador y aludió a presuntos episodios de violencia contra la madre de sus hijos.

“‘La primera moza de la nación’, me llama este degenerado de ‘Matador’. Me gustaría responderle: ‘Su madre’. Pero esa pobre mujer tiene que haber sido otra víctima”, escribió inicialmente.

Luego agregó: “El primer maltratador de la nación, que azota a golpes a la mamá de sus hijos. Y luego se hace la víctima. Un hombre que nos odia a las mujeres solo porque somos mujeres”.

Las afirmaciones sobre presuntos episodios de violencia corresponden a los señalamientos hechos por Dávila en su publicación y no deben asumirse como hechos judicialmente comprobados.

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¿Qué desató la discusión entre ‘Matador’ y Vicky Dávila?

El enfrentamiento ocurrió después de que Deicy Jiménez publicara, el 4 de noviembre, un video en el que aparece junto a Gustavo Petro y que presentó como respaldo de sus declaraciones sobre el vínculo que asegura haber tenido con él.

Jiménez había denunciado previamente que el expresidente habría utilizado contratos estatales para obtener favores íntimos de mujeres. Petro, por su parte, rechazó que hubiera utilizado recursos o contratos públicos para conseguir beneficios personales y cuestionó la difusión de imágenes de su vida privada.

La publicación del video reavivó el debate político y las reacciones en redes sociales. En ese contexto, ‘Matador’ arremetió contra Dávila por su postura frente al caso y la periodista respondió con los señalamientos personales que terminaron convirtiendo la discusión en un nuevo enfrentamiento público.

De acuerdo con RTVC, las estaciones enfrentaron una suspensión luego de una revisión jurídica, técnica y operativa realizada por la nueva administración. En esa evaluación se identificaron trámites pendientes ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) que resultaban fundamentales para garantizar la operación legal de los medios. MinTIC indicó que la prestación del servicio debía mantenerse en regla, por lo que fue imprescindible resolver esas gestiones antes de reanudar las transmisiones.

El contexto de estas emisoras tiene un trasfondo relevante. Según RTVC, están incluidas entre las 20 emisoras que fueron previstas en el Acuerdo de Paz de 2016, cuyo objetivo era llevar radio pública a zonas especialmente afectadas por el conflicto armado. Estos medios no solo cumplen una función informativa, sino que son canales clave para fomentar la reconciliación, el diálogo y la participación ciudadana en regiones históricamente marcadas por la violencia.

La controversia aumentó cuando, en septiembre de 2026, RTVC comunicó que estas cuatro emisoras debían suspender emisiones porque comenzaban a operar en 2024 sin concluir el proceso de concesión necesario. La gerente de RTVC, Ángela María Mora, sostuvo que la decisión buscaba evitar la operación sin los permisos correspondientes, y aclaró que la suspensión sería temporal, en lo que se solucionaban los asuntos jurídicos y administrativos señalados por MinTIC.

Mientras tanto, las otras 16 emisoras del mismo proyecto retomaron sus emisiones el 7 de septiembre bajo la denominación Emisoras de la Reconciliación. Las estaciones de Tierralta, Agustín Codazzi, Buenaventura y Riosucio, por su parte, permanecieron fuera del aire hasta que se normalizó su situación jurídica y operativa. Finalmente, con el restablecimiento del servicio, RTVC reafirmó su compromiso de mantener la legalidad y calidad técnica de su red, permitiendo así que las comunidades recuperen un espacio fundamental para la información y el diálogo local.

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¿Cuáles fueron las razones para la suspensión de las emisoras comunitarias en Tierralta, Agustín Codazzi, Buenaventura y Riosucio?

La suspensión de las emisoras comunitarias en estos cuatro municipios ocurrió porque, tras una revisión realizada por RTVC, se determinó que las estaciones habían iniciado operaciones en 2024 sin finalizar el trámite de concesión requerido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Esta situación obligó a pausar temporalmente sus transmisiones hasta que se completaran los procedimientos legales y administrativos establecidos.

¿Qué importancia tienen las emisoras comunitarias incluidas en el Acuerdo de Paz de 2016?

Las emisoras comunitarias mencionadas forman parte de un grupo de 20 estaciones establecidas en el Acuerdo de Paz de 2016, con el objetivo de brindar radio pública en territorios afectados por el conflicto armado. Su papel es fundamental porque promueven la participación ciudadana, difunden información relevante a nivel local y contribuyen a los esfuerzos de reconciliación en regiones históricamente golpeadas por la violencia.

La confirmación llegó a través de un video divulgado este jueves 5 de noviembre de 2026, en el que integrantes del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln) leyeron un comunicado sobre el caso.

#ATENCIÓN | El Frente de Guerra Oriental del ELN confirmó que tiene secuestrada a la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández.

El grupo criminal responsabilizó a las Fuerzas Militares de Colombia por cualquier intento de rescate que, según advirtió, pueda poner en riesgo la vida de la oficial.

Vía: @josedavid88_
https://t.co/v2vIVVHFXe

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

En la grabación, el Eln aseguró que la captura ocurrió el pasado 4 de noviembre, durante una operación que describió como una acción de registro y control urbano. Según su versión, unidades especializadas del grupo, después de un trabajo de inteligencia, interceptaron a la subteniente, quien pertenece al Cuerpo Élite de Inteligencia del Ejército Nacional.

“Nos responsabilizamos de esta operación militar y a la vez responsabilizamos a las Fuerzas Armadas de Colombia por cualquier intento de rescate que ponga en riesgo su vida”, manifestó el grupo armado en el video.

Además, el Eln envió un mensaje a los familiares de Pantoja y aseguró que la mujer se encuentra bien. “Que María Camila se encuentra bien y se le respetará sus derechos de acuerdo a las realidades de la guerra que vive la región”, señaló el comunicado.

El secuestro ocurrió en Saravena, Arauca, donde, según la información conocida por las autoridades, hombres armados interceptaron a la militar cuando estaba en una vía pública y la obligaron a subir a una motocicleta. La cercanía con Venezuela también encendió las alertas ante la posibilidad de que haya sido trasladada al otro lado de la frontera, como informó Pulzo.

Tras conocerse el caso, el Ejército activó las operaciones de búsqueda con apoyo de otras fuerzas. Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella rechazó el secuestro y exigió la liberación inmediata de la subteniente.

El taller está diseñado específicamente para que personas con y sin capacidades diversas puedan sumergirse en el universo de la experimentación audiovisual, utilizando estrategias participativas e inclusivas. De acuerdo con la convocatoria publicada, allí los asistentes descubrirán cómo sus propios gestos, movimientos y rostros pueden convertirse en materia prima para la creación de animaciones, por medio de la técnica de animación cuadro a cuadro.

Uno de los aspectos más destacados será el proceso creativo, donde se invita a mezclar música, sonidos, collage e intervenciones de fotogramas, planteando la creación colectiva de una pieza audiovisual única. Esta, a su vez, se concibe como una obra accesible que podrá ser percibida a través de diferentes sentidos: vista, oído e incluso el tacto, al permitir recorridos con las manos. Se trata de un laboratorio que fomenta la inclusión, la colaboración y las posibilidades de transformar una misma producción por diversos medios, haciendo que cada participante aporte desde su perspectiva y experiencia.

La convocatoria está abierta a personas con capacidades diversas cognitivas, a quienes son ciegos o tienen baja visión, estudiantes y al público general que tenga interés en la animación. Entre los mediadores y facilitadores seleccionados por la Cinemateca de Bogotá, se destacan Ivonne Espíndola, diseñadora industrial y animadora 3D; Pedro Carranza Córdoba, especialista en dirección y producción de cine; Albert Núñez, profesor y estudiante de artes visuales; y Catalina Serna, antropóloga con amplia trayectoria en curaduría y mediación audiovisual con comunidades diversas.

De acuerdo con lo comunicado por la Cinemateca y el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), la participación en este taller pretende abrir nuevas posibilidades de experimentación y reconocimiento de identidades, explorando cómo el arte audiovisual puede ser una herramienta para la inclusión real.

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¿Quiénes pueden participar en el taller 'Capacidades diversas: Entre cuadros' de la Cinemateca de Bogotá?

En el taller pueden participar personas con capacidades diversas cognitivas, personas ciegas o con baja visión, estudiantes y cualquier persona interesada en explorar el mundo de la animación y la experimentación audiovisual. Según la Cinemateca de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), la convocatoria fue concebida para ser incluyente y accesible, abriendo el espacio tanto a quienes tienen experiencia como a quienes se inician en estos campos.

¿Qué significa la animación cuadro a cuadro y cómo se aplica en el taller?

La animación cuadro a cuadro es una técnica que consiste en crear movimiento a partir de imágenes fijas sucesivas, generando la ilusión de movimiento al proyectarlas en secuencia. En este taller, los y las participantes emplearán sus propios gestos, movimientos y rostros como base para desarrollar piezas audiovisuales, integrando técnicas como el collage, intervención de fotogramas y sumando elementos sonoros y táctiles, en un ejercicio colectivo e inclusivo.

Hasta hace poco tiempo, la proyección política de Hurtado parecía orientarse hacia un objetivo departamental, pues había sostenido reuniones y acercamientos en torno a una posible aspiración a la Gobernación del Tolima. Sin embargo, en los últimos días el panorama habría cambiado y su interés se centraría nuevamente en el Palacio Municipal de Ibagué. El regreso de Hurtado a la agenda local aún no es público, pero se percibe como una decisión estratégica que podría estar motivada por evaluaciones del escenario electoral y por la percepción de apoyo que podría conservar en la ciudad.

No obstante, este eventual regreso a la arena electoral ocurre en un contexto marcado por varios asuntos judiciales que involucran al exmandatario. De acuerdo con la información conocida, Hurtado enfrenta investigaciones relacionadas con el uso del estadio Manuel Murillo Toro para celebrar el cumpleaños de su hijo en marzo de 2021. Adicionalmente, está vinculado a un proceso judicial sobre el contrato de interventoría del proyecto del puente de la calle 60, en el que la Fiscalía le imputó el delito de peculado por apropiación. Es importante resaltar que el exalcalde no aceptó los cargos ante la autoridad competente.

A las anteriores investigaciones, se suma otra por presunto enriquecimiento ilícito en torno al crecimiento de su patrimonio durante y después de su gestión en la Alcaldía de Ibagué. La eventualidad de su candidatura se da en medio de estos procesos, lo que representa un factor crucial que podría influir en la percepción ciudadana y en las posibilidades de apoyo político rumbo a las elecciones regionales de 2027.

Por ahora, Andrés Hurtado solo ha comunicado su intención en círculos reservados y continúa evaluando el ambiente político local mientras sus procesos judiciales siguen su curso. El desenlace de estas circunstancias será determinante para su futuro político y para el electorado de Ibagué.

¿Por qué Andrés Hurtado podría volver a aspirar a la Alcaldía de Ibagué?

Andrés Hurtado podría considerar una nueva aspiración a la Alcaldía de Ibagué debido a un cambio en sus planes políticos, pasando de explorar una posible candidatura a la Gobernación del Tolima a enfocarse nuevamente en el ámbito municipal, de acuerdo con información compartida en su círculo cercano. Esta intención aún no es oficial y se mantiene en evaluación según el panorama electoral y el respaldo que el exalcalde sienta que conserva en la ciudad.

¿Cómo podrían afectar los procesos judiciales a la posible candidatura de Andrés Hurtado?

Los procesos judiciales que enfrenta Andrés Hurtado, incluyendo investigaciones por el uso del estadio Manuel Murillo Toro, presuntas irregularidades en contratos y enriquecimiento ilícito, son un aspecto clave que podría incidir en su posible candidatura. Aunque no ha sido condenado y no ha aceptado los cargos imputados por la Fiscalía, estos expedientes juegan un papel relevante en la percepción pública y el respaldo político que podría obtener para las elecciones regionales de 2027.

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(Vea también: Deicy Jiménez publicó video en el que Gustavo Petro la besa y lanzó advertencia: “Lo hago responsable”)

En su intervención, Dávila sostuvo que el material no debe examinarse de manera aislada, sino en el contexto de las denuncias que la excontratista ha hecho sobre una presunta relación entre encuentros íntimos y la asignación de contratos estatales.

“Es contundente, pero no por sí mismo. Es contundente por lo que ya hemos conocido”, afirmó la periodista al comenzar su análisis.

Dávila señaló que, a su juicio, el video debe revisarse junto con los contratos que Jiménez habría obtenido en el Congreso y durante el Gobierno Petro, así como con las conversaciones y otros elementos que la mujer ha mencionado en sus declaraciones.

La periodista también insistió en que las autoridades deben establecer si existió un aprovechamiento de una posición de poder para obtener favores sexuales a cambio de recursos públicos.

Este es el video de Dávila

Los contratos y los supuestos chats que mencionó Vicky Dávila

En otro apartado de su grabación, Dávila se refirió a los contratos que habría tenido Deicy Jiménez en distintas entidades estatales. Según explicó, la denunciante sostiene que esos vínculos laborales estaban relacionados con los encuentros que habría tenido con Petro.

La periodista también mencionó cuatro perfiles de Facebook que, según la versión de Jiménez, estarían relacionados con el expresidente. Dávila aseguró que las conversaciones atribuidas a esas cuentas contienen referencias a la hoja de vida de la mujer, a personas cercanas al entorno político de Petro y a posibles gestiones para conseguirle oportunidades laborales.

Entre los elementos mencionados aparece una hoja de vida que habría llegado al hospital San Juan de Dios, en Bogotá. Dávila afirmó que la institución habría certificado la recepción de ese documento.

La periodista sostuvo que todos esos materiales deben ser examinados por las autoridades para determinar su autenticidad y establecer si tienen relación con los señalamientos de la denunciante.

También recordó que Jiménez ha hablado de una supuesta red de mujeres que habría tenido vínculos con el entonces mandatario. Esa afirmación, al igual que las demás acusaciones, debe ser verificada por las autoridades.

Vicky Dávila pidió explicaciones a Petro y protección para Deicy Jiménez

Uno de los argumentos centrales del análisis de Dávila fue la diferencia de poder que, según ella, habría existido entre Petro y Jiménez. La periodista pidió que el debate no se concentre en juzgar la vida privada de la denunciante, sino en esclarecer si hubo utilización de recursos públicos para obtener beneficios personales.

“Falta mucha tela por cortar y muchas explicaciones que Petro debe dar”, manifestó.

Dávila también pidió que la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación revisen los elementos relacionados con las denuncias, teniendo en cuenta las competencias de cada institución.

Al cierre de su video, la periodista hizo un llamado a proteger a Jiménez y a sus familiares, luego de que la mujer denunciara presuntas amenazas y hostigamientos.

¿Qué ha respondido la defensa de Gustavo Petro?

El abogado Alejandro Carranza, defensor de Gustavo Petro, cuestionó que la grabación pueda considerarse una prueba concluyente de las acusaciones.

En un pronunciamiento conocido el 4 de noviembre, sostuvo que es necesario establecer mediante peritajes la autenticidad, integridad, fecha, lugar y contexto del material audiovisual.

El abogado también señaló que las imágenes, por sí solas, no demuestran que haya existido un intercambio de favores sexuales por contratos públicos.

“En esas imágenes no aparece un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”, afirmó Carranza.

Por su parte, la abogada de Deicy Jiménez anunció que el material sería entregado a las autoridades para que haga parte de las actuaciones correspondientes.

Así, el caso continúa a la espera de que las instituciones competentes examinen los videos, las conversaciones, los contratos y los testimonios para establecer qué ocurrió y si existen responsabilidades.

Durante la audiencia, la Sala Penal del Tribunal, con la ponencia del magistrado Héctor Tamayo, explicó que no se justificó adecuadamente la necesidad de mantener privado de la libertad al exministro. La Corte destacó carencias en los argumentos presentados por la Fiscalía, alegando que muchos eran solo insistencias en la gravedad de la supuesta conducta, abstracciones sin fundamento sólido e incluso contradicciones. El Tribunal consideró que la experiencia política y los contactos de Velasco no constituían un peligro concreto que justificara medidas restrictivas, algo que podría aplicarse a otros altos funcionarios en circunstancias similares.

Después de conocer la decisión, Velasco expresó en la red social X su aceptación serena y respetuosa del fallo, señalando su disposición a enfrentar el proceso ante la Corte Suprema de Justicia para demostrar su inocencia y colaborar en el esclarecimiento del caso. Velasco indicó que fue instrumentalizado como “cortina de humo” para desviar la atención de los verdaderos responsables del desfalco en la Ungrd.

El caso tiene antecedentes: Velasco ya había sido privado de la libertad en diciembre, aunque una tutela en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, resuelta en agosto, ordenó su liberación. En esa acción judicial, el exministro argumentó que la magistrada responsable se excedió en las competencias del caso, al imponer una medida de aseguramiento aún más estricta que la solicitada por la Fiscalía. Sin embargo, tras ser recapturado ese mismo mes y con su detención legalizada el 19 de agosto, Velasco ha enfrentado cargos como concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. La decisión reciente lo habilita para seguir su defensa en libertad, al menos mientras avanza el proceso judicial.

¿Por qué fue investigado Luis Fernando Velasco por la Fiscalía?

De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la Nación, Luis Fernando Velasco, en su calidad de exministro del Interior, fue investigado por presuntamente favorecer a congresistas a través del direccionamiento de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Se señala que estos contratos tendrían el objetivo de conseguir votos para impulsar reformas gubernamentales, entre ellas la pensional y la de salud.

¿Qué significa cohecho por dar u ofrecer en el proceso judicial colombiano?

El delito de cohecho por dar u ofrecer, en el contexto del proceso judicial colombiano, refiere a cuando un funcionario público recibe, ofrece o da algún tipo de recompensa o beneficio a cambio de realizar u omitir acciones relacionadas con sus funciones. En el caso de Velasco, se le atribuye este cargo por supuestamente ofrecer beneficios indebidos en el marco de la operación de la Ungrd.

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El magistrado hizo una distinción entre la vida privada del exmandatario y las posibles consecuencias penales que podría tener el caso. Para Solórzano, más allá de lo que ocurra en el ámbito personal, el punto que merece atención es si existieron contratos estatales relacionados con los señalamientos que hizo Jiménez. 

Cabe mencionar que la mujer denunció que Petro le habría pagado favores sexuales con contratos en el Estado. Frente a ese escenario, el presidente de la Sala Penal consideró que las autoridades deben examinar si hubo actuaciones que comprometan recursos públicos y puedan tener relevancia desde el punto de vista judicial.

#Atención | Fuerte pronunciamiento del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano, sobre la polémico video que publicó Deicy Jiménez con el expresidente Gustavo Petro (@PetroGustavo), por los presuntos contratos en el Estado a cambio de favores sexuales.

“Los servidores públicos tenemos que ser dignos en lo público y en lo privado”, dijo.

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

Sin embargo, Solórzano también aprovechó su intervención para referirse al comportamiento que deben mantener quienes ocupan cargos públicos. “También tengo que decir que los servidores públicos tenemos que ser dignos en los público y en lo privado y en eso yo creo que tenemos una responsabilidad”, expresó el magistrado. 

El presidente de la Sala Penal agregó que espera que las investigaciones permitan conocer los hechos dentro de su contexto y establecer qué ocurrió realmente. Asimismo, señaló que la Corte Suprema tendrá que pronunciarse en su momento, siempre que el asunto corresponda a sus competencias.

Por ahora, el pronunciamiento pone el foco en las posibles implicaciones judiciales de la controversia y en la responsabilidad de los funcionarios frente a sus actuaciones, tanto dentro como fuera del ejercicio de sus cargos. 

Sin embargo, hasta el momento, no se ha expedido ningún decreto ni existe una decisión definitiva que formalice esta restricción. Según fuentes oficiales citadas, la iniciativa está en discusión y no se ha avanzado en los procedimientos regulatorios que permitan hacerla efectiva. Los funcionarios de la administración municipal centran su análisis en la pertinencia, el alcance y la viabilidad de la medida, así como en el impacto que tendría en el funcionamiento cotidiano de los habitantes, especialmente los usuarios frecuentes de motocicletas.

Las deliberaciones incluyen, además, otras eventuales restricciones relacionadas con el tránsito de vehículos de carga. Estas serían focalizadas en zonas céntricas de Ibagué, donde se concentran entidades públicas relevantes, como la Alcaldía, la Gobernación del Tolima, el Palacio de Justicia, la Fiscalía, estaciones de Policía y las instalaciones militares. En estos sectores, las autoridades buscan limitar la circulación de ciertos vehículos durante horarios definidos, enfáticamente en la franja nocturna, para fortalecer el control y la seguridad en puntos críticos de la ciudad.

Otra de las estrategias discutidas consiste en reforzar la vigilancia en los ingresos y salidas de Ibagué, mediante la instalación de puestos de control conjuntos entre la Policía y el Ejército. Estos puntos de revisión, distribuidos en 11 sitios estratégicos de la periferia, permitirían un monitoreo continuo y una respuesta más efectiva ante posibles incidentes. Además, la Policía contempla fortalecer los cuadrantes y optimizar el personal disponible, para aumentar la presencia institucional y la sensación de seguridad.

La alcaldía de Ibagué deberá definir próximamente cuáles de estas propuestas se aplicarán formalmente, así como los lugares y franjas horarias en los que empezarán a regir. Por ahora, los motociclistas siguen circulando con parrillero hombre conforme a las normas actuales, pues la restricción está en proceso de análisis.

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¿Cuándo comenzaría a regir la prohibición de parrillero hombre en Ibagué?

Hasta la fecha, no existe una decisión definitiva ni un decreto oficial que establezca la restricción al parrillero hombre en Ibagué. Las autoridades municipales están estudiando la viabilidad de la medida y se espera que en los próximos días la Alcaldía defina si se implementará y a partir de qué momento entraría en vigencia.

¿En cuáles sectores y horarios se estudia la restricción al parrillero hombre en Ibagué?

Según lo discutido en el Consejo de Seguridad, la restricción al parrillero hombre podría aplicarse en sectores céntricos de Ibagué donde se encuentran la Alcaldía, la Gobernación del Tolima, el Palacio de Justicia, la Fiscalía, estaciones de Policía y bases militares. Se contempla que la medida funcione en horarios específicos, principalmente en la noche, aunque los detalles exactos aún están en evaluación.

El caso emblemático es el del edificio Asadega, estratégicamente localizado sobre la calle novena con carrera 39, justo frente al coliseo de hockey. El inmueble, catalogado en alto riesgo, fue evacuado por completo tras el sismo. Sin embargo, la ausencia de sus habitantes generó un nuevo problema: la constante incursión de delincuentes que, sin restricción horaria, aprovechan la desprotección para saquear. Entrar a la fuerza se ha convertido en algo frecuente; han roto cristales, forzado accesos y desvalijado apartamentos, según expuso José Suárez, coordinador del proceso de reconstrucción. Suárez señaló que no solo han robado objetos que los propietarios no lograron evacuar, sino también elementos fijos de la infraestructura como sanitarios y lavamanos.

En medio de este drama, Paola Cabrera, dueña de uno de los apartamentos, explicó por qué muchos damnificados debieron dejar sus cosas en el edificio: estaban obligados por las circunstancias. Cabrera recordó que, hace unos 15 días, le sustrajeron una computadora portátil, una tablet, juguetes y varias pertenencias de alto valor sentimental, recuerdos de su hijo mayor y de su padre fallecido. Otros vecinos han perdido televisores, y el problema también ha tocado a deportistas destacados: dos campeones paralímpicos, residentes en los pisos quinto y sexto, se vieron afectados por los hurtos.

La inseguridad ni siquiera ha respetado a los trabajadores. José Aragón, encargado de las primeras reparaciones, denunció que fue víctima de robo de todas sus herramientas, incluidas pulidoras y extensiones eléctricas. Así, los residentes y el personal enfrentan no solo el desafío de reconstruir, sino también la incertidumbre de volver a un lugar donde ya nada es seguro, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos.

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¿Qué medidas han tomado los afectados del edificio Asadega tras el terremoto y los robos?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, los afectados han denunciado públicamente la situación y han tratado de recuperar lo perdido en la medida de sus posibilidades, aunque muchos damnificados se han visto obligados a dejar sus pertenencias en el lugar por falta de alternativas seguras. Las acciones de los residentes han estado más centradas en la denuncia y en destacar la necesidad de apoyo, ya que el riesgo estructural impide su retorno y complica cualquier intento de proteger sus bienes.

¿Cómo han actuado los delincuentes para ingresar al edificio Asadega tras la evacuación?

Según lo relatado por José Suárez, coordinador de reconstrucción citado por Noticiero 90 Minutos, los delincuentes han roto ventanas y violentado puertas para acceder a los apartamentos en el edificio Asadega. Estos individuos han robado tanto objetos personales de valor como elementos fijos de la propiedad, como sanitarios y lavamanos. Esta situación ha incrementado la preocupación y angustia de los residentes, quienes se sienten indefensos ante los constantes saqueos.

Durante la ceremonia de inauguración, la ministra Hoyos extendió una invitación a todos los miembros de la comunidad universitaria, incluidas las y los estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo, para que la nueva sede se convierta en un espacio para alcanzar sueños y metas, dentro del propósito de continuar avanzando en la educación superior. En palabras de Hoyos: "Esta sede que hoy se inaugura sea la sede de los sueños y de las realizaciones, de eso que de una u otra forma hemos llamado educación superior".

El Ministerio detalló que el nuevo campus tiene la capacidad de acoger tanto a los 2.125 estudiantes que ya residen en esta zona, como un aumento de 783 cupos, lo que permite ampliar la oferta educativa de la Universidad del Valle (Univalle) en Sevilla. El edificio cuenta con una infraestructura de 1.406 metros cuadrados, distribuidos en tres pisos, y dispone de biblioteca, auditorio para 89 personas, tres aulas, así como laboratorios especializados en gastronomía, sistemas e inteligencia artificial y ciencias básicas, con énfasis en suelos y aguas. Estos ambientes están destinados a fortalecer el desarrollo académico de los 15 programas que actualmente ofrece la sede, según el comunicado del Ministerio de Educación.

Asimismo, la ministra Hoyos informó que se evalúa la posibilidad de abrir una seccional de la Univalle en el Eje Cafetero, y que se están explorando medidas para la recuperación de las instituciones educativas que fueron afectadas por un reciente terremoto en la región, ocurrido hace cerca de tres meses.

Posterior al acto inaugural, Hoyos también participó en la sesión del Consejo Superior Universitario, la instancia de mayor decisión en Univalle. En la actualidad, esta universidad pública cuenta con cerca de 35.000 estudiantes en todas sus sedes. Aunque su campus principal está en Cali, la oferta de pregrado se ha expandido por medio de la regionalización, estrategia que se espera beneficie significativamente a partir de 2026. Hay 11.300 estudiantes en sedes regionales y convenios, lo que destaca el esfuerzo de la institución por acercar la educación superior a más regiones del país. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos estudiantes serán beneficiados con la nueva sede de la Universidad del Valle en Sevilla?

De acuerdo con el Ministerio de Educación, la nueva sede de Univalle en Sevilla está destinada a beneficiar a 2.908 estudiantes, pues albergará a los 2.125 estudiantes actuales y ampliará la oferta educativa con 783 nuevos cupos.

¿Cuáles son las características de la nueva sede de Univalle y qué programas académicos ofrece?

La sede dispone de 1.406 metros cuadrados, un auditorio, biblioteca, aulas y laboratorios de gastronomía, sistemas e inteligencia artificial y ciencias básicas con énfasis en suelos y aguas, que respaldan los 15 programas académicos disponibles en Sevilla, según el comunicado oficial del Ministerio de Educación.

La Presidencia, a través de declaraciones de Miller Soto desde la Casa de Nariño, catalogó los señalamientos como “de enorme gravedad” y señaló que la Fiscalía ya adelanta una investigación penal para esclarecer los hechos y las posibles responsabilidades. Soto también expuso un hecho adicional: el ingreso de tres personas con antecedentes criminales al interior de la residencia del director Ríos tras revelarse las denuncias. Estas personas fueron identificadas y detenidas por las autoridades, lo que aumenta la preocupación por la seguridad de los funcionarios involucrados en el caso. Poco después, también se detectó la presencia de otra persona sospechosa cerca del colegio de los hijos de Ríos, pero esta logró huir antes de ser detenida. Las autoridades trabajan para identificarlo plenamente.

En paralelo con este proceso, las investigaciones en torno al expresidente Petro avanzan luego de las acusaciones públicas realizadas por Deicy Jiménez, quien lo señala de presuntamente utilizar contratos estatales para pagar encuentros sexuales. Jiménez divulgó un video junto a sus denuncias y ha entregado su teléfono celular para una inspección forense en la Fiscalía, buscando aportar pruebas tangibles a la investigación. Según información de El Espectador, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha ordenado una revisión judicial de los contratos de Jiménez con el Congreso, mientras su declaración ante la Fiscalía permanece aplazada por el cambio reciente de defensa jurídica. Estas investigaciones resaltan la complejidad y sensibilidad de las denuncias, además de la repercusión institucional y mediática que rodea el caso.

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¿Cuáles son las acusaciones concretas contra Gustavo Petro según las denuncias de Carlos Ríos y Deicy Jiménez?

Las acusaciones al expresidente Gustavo Petro, de acuerdo con las denuncias de Carlos Ríos y Deicy Jiménez, giran en torno al presunto uso de contratos estatales financiados con fondos públicos para la vinculación de 48 mujeres mediante órdenes de prestación de servicios al DAPRE. Según lo afirmado por Ríos ante el Senado y por Jiménez en medios, estas contrataciones habrían tenido la finalidad de que las mujeres estuvieran con el expresidente y, en algunos casos, habrían implicado pagos por encuentros sexuales.

¿Qué medidas ha adoptado la Fiscalía tras las denuncias sobre contratos y amenazas en el caso Petro?

La Fiscalía ha abierto una investigación penal que incluye el análisis de la gravedad de los señalamientos por presunta corrupción y la eventual responsabilidad penal. Dentro de estas acciones, se ha realizado una inspección forense al celular de Deicy Jiménez y se está revisando la documentación relacionada con contratos cuestionados. Además, la Fiscalía investiga los hechos relacionados con las amenazas y el ingreso de personas con antecedentes criminales a la residencia de Carlos Ríos, lo que ha motivado un refuerzo de las medidas de protección a los denunciantes.

La campaña humanitaria, denominada ‘Colombia, un solo corazón’, fue impulsada precisamente para apoyar a quienes sufrieron las consecuencias de la emergencia. Alejandro Ocampo solicitó formalmente detalles sobre cómo se han manejado los fondos recaudados mediante esta iniciativa, en busca de claridad ante la ciudadanía sobre los procedimientos financieros y el destino final de las donaciones.

La decisión del juzgado especificó que la fundación suministre informes y documentos, incluidos el Informe de Gestión 2026 y los respectivos soportes de balance financiero. Además, exige un desglose sobre los montos recibidos y su uso, los plazos establecidos para ejecutar los fondos y el sistema de verificación que asegure que las ayudas sean entregadas bajo las condiciones prometidas a los donantes.

A pesar de que Colombia Luz y Sonrisas es una entidad privada, el despacho resaltó que su vínculo con la estrategia nacional para mitigar la emergencia la obliga a rendir cuentas sobre los recursos obtenidos, pues los aportes estuvieron alineados con el esfuerzo del Gobierno nacional. Alejandro Ocampo, tras la revelación del fallo, enfatizó la importancia de clarificar el recorrido del dinero: "La plata de las donaciones no puede manejarse como plata de bolsillo", señaló el congresista. Además, anunció que, si la fundación no cumple dentro del periodo fijado o la información entregada no satisface lo solicitado, él iniciará un incidente de desacato.

Por ahora, el mandato judicial requiere que la fundación exhiba todos los soportes y justificaciones necesarias sobre la administración de los recursos recaudados, estableciendo un precedente sobre la rendición de cuentas en campañas de ayuda humanitaria de origen privado pero con alcance nacional.

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¿Qué documentos debe entregar la Fundación Colombia Luz y Sonrisas tras la orden judicial?

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas debe entregar el Informe de Gestión 2026, los soportes del balance financiero y documentación que detalle el monto recibido en donaciones, el uso asignado a esos recursos, los plazos para su ejecución y los mecanismos de verificación que garanticen la correcta entrega de las ayudas según lo acordado con los donantes, de acuerdo con la decisión del Juzgado 126 Penal Municipal de Bogotá.

¿Qué ocurre si la fundación no cumple con la entrega de información sobre donaciones?

Si la fundación no responde dentro de las 48 horas señaladas o la información proporcionada no satisface los términos del fallo, Alejandro Ocampo, segundo vicepresidente del Senado, aseguró que acudirá a un incidente de desacato, mecanismo judicial que permite exigir el cumplimiento de una decisión y establece consecuencias por su incumplimiento.

El presidente encabezó este jueves 5 de noviembre de 2026 una jornada oficial en Leticia, Amazonas, enfocada en estructurar las bases estratégicas del nuevo Plan Nacional de Desarrollo territorial.

Durante su alocución pública, el mandatario nacional analizó con dureza el proceso licitatorio promovido por la administración previa para tender fibra óptica en los ríos Putumayo y Amazonas.

El jefe de Estado denunció que dicho proyecto tecnológico experimentó un notable incremento financiero, pasando de costar 683.000 millones de pesos en 2025 a superar los 1.14 billones en 2026.

La máxima autoridad ejecutiva señaló la existencia de severas dudas presupuestales, peligros para el ecosistema amazónico y fallas de ingeniería en los trazados fluviales planificados por sus antecesores.

Sin aludir nombres puntuales, lanzó duras críticas contra la anterior administración de Gustavo Petro, en medio del escándalo con Deicy Jiménez en donde salió a flote el tema de la contratación.

“Yo todo lo que hizo el Gobierno pasado lo veo con gran sospecha, donde uno levanta siempre hay corrupción, desastre y una que otra novia del anterior presidente contratada”, afirmó el mandatario.

Estas declaraciones coincidieron con las denuncias formuladas por el director del Dapre, Carlos Ríos, sobre la presunta instrumentalización de 48 mujeres mediante órdenes de prestación de servicios.

A raíz de estas afirmaciones ventiladas en el parlamento, los investigadores de la Fiscalía General citaron al alto funcionario a diligencia de versión libre para los días 18 y 19 de noviembre.

Como respuesta a este escenario de tensión institucional, la Presidencia difundió los retratos de tres individuos que merodearon de forma sospechosa la residencia particular de Ríos.

La alerta de seguridad se activó inmediatamente después de que el funcionario destapara ante las comisiones legislativas los presuntos esquemas irregulares de vinculación laboral femenina en el mandato previo.

Asimismo, la Casa de Nariño divulgó la captura fotográfica de un sujeto que vigilaba las instalaciones educativas donde asiste regularmente el hijo del titular del Dapre.

El sospechoso escapó con rumbo desconocido apenas detectó la aproximación táctica del esquema de seguridad gubernamental asignado para proteger al menor.

¿Qué dijo Deicy Jiménez sobre contratos con Gustavo Petro?

Deicy Jiménez desató un terremoto político y judicial tras denunciar públicamente la existencia de contrataciones estatales otorgadas presuntamente a cambio de favores sexuales.

La mujer afirmó haber conocido a Gustavo Petro en 2019, época en la que el dirigente político ejercía como senador de la República.

Según su versión pública, a partir de ese momento sostuvo una relación cercana con el líder político que derivó en vinculaciones laborales con entidades oficiales.

Jiménez aseveró que las órdenes de prestación de servicios recibidas funcionaron como una retribución económica indirecta por encuentros íntimos y requerimientos personales no institucionales.

Entre las dependencias mencionadas por la denunciante figuran el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

En sus declaraciones públicas, la testigo sostuvo que entre 30 y 40 mujeres habrían formado parte de este presunto esquema irregular de contratación pública.

Asimismo, afirmó que varias de las involucradas continuaron vinculadas a diversas entidades estatales durante la posterior administración del Gobierno nacional.

La denunciante aseguró poseer material probatorio, incluyendo registros de chats, fotografías y videos, para corroborar sus afirmaciones ante los despachos judiciales competentes.

Adicionalmente, solicitó esquemas de protección y garantías de seguridad formal para su integridad personal y la de su círculo familiar más cercano.

Tras el impacto de sus acusaciones, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y la Fiscalía General abrieron indagaciones preliminares sobre el caso.

Por su parte, el expresidente rechazó de manera categórica los señalamientos, afirmando que jamás utilizó contratos del Estado para obtener beneficios de nadie.

El dirigente político y su equipo de defensa anunciaron acciones legales penales contra Jiménez, calificando las acusaciones como una estrategia difamatoria.

La situación fue expuesta por el vocero del Gobierno, Miller Soto, quien detalló que los tres sujetos fueron sorprendidos por las autoridades encargadas de la protección del funcionario en el interior de su residencia, no en sus alrededores.

Según explicó, al verificar sus antecedentes se encontraron registros por homicidio y múltiples casos de hurto agravado. El pronunciamiento oficial también señaló que los individuos fueron identificados y puestos a disposición de las autoridades competentes. Sin embargo, no se entregaron detalles sobre las circunstancias en las que ingresaron a la vivienda ni sobre sus posibles intenciones.

Soto agregó que se presentó otro episodio cerca del establecimiento educativo al que asisten los hijos de Ríos. Allí fue vista una persona cuya presencia llamó la atención de las autoridades. Cuando llegaron los uniformados, el individuo huyó y no pudo ser identificado ni detenido. De acuerdo con el vocero, las autoridades trabajan para establecer quién es.

Sumado a ello, el Gobierno mostró quiénes eran las personas que invadieron la vivienda del director del Dapre. Además, aparecieron las imágenes del sujeto que merodeó el colegio de sus hijos.

El director del DAPRE, Carlos Andrés Ríos Puerta, denunció los graves hechos de intimidación hacia él y su familia, tras dar a conocer ante el Senado la presunta instrumentalización de 48 mujeres con contratos estatales durante la administración anterior, caso que ya investiga la Fiscalía General de la Nación.

En hechos que son materia de investigación, las autoridades sorprendieron dentro de la residencia del funcionario a tres individuos con antecedentes por homicidio y hurto agravado, hecho al que se suma la presencia sospechosa de otra persona cerca del colegio de sus hijos, quien huyó ante la llegada de uniformados.

El Gobierno Nacional rechaza categóricamente cualquier intento de amedrentamiento por proteger el patrimonio público y desplegará todas las capacidades institucionales para garantizar la seguridad del doctor Ríos y su núcleo familiar, porque ningún servidor público debe ver amenazada su tranquilidad ni la de sus hijos por cumplir con su deber.

— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 5, 2026

Hechos ocurrieron después de denuncia sobre 48 mujeres

Los episodios se conocieron pocos días después de que Ríos expusiera, el 21 de octubre, ante la Comisión Segunda del Senado, una denuncia sobre la presunta instrumentalización de 48 mujeres mediante contratos de prestación de servicios durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

El director del Dapre sostuvo que esas vinculaciones, financiadas con recursos públicos, habrían sido utilizadas para facilitar encuentros con el entonces mandatario. También afirmó que varias mujeres ya habían hablado sobre el asunto y anunció que llevaría el caso ante las autoridades.

La Fiscalía abrió una indagación preliminar de oficio para establecer qué ocurrió y determinar si hubo conductas delictivas. Entre las actuaciones anunciadas están escuchar a Ríos y a las exdirectoras del Dapre Laura Sarabia y Angie Rodríguez, además de revisar los contratos señalados.

Soto presentó la cercanía temporal entre las denuncias y los hechos en la vivienda como un motivo de preocupación para el Gobierno. No obstante, hasta ahora no se ha establecido públicamente que la presencia de las tres personas en la residencia o el episodio cerca del colegio tengan relación con los señalamientos sobre los contratos.

La Presidencia rechazó cualquier intento de intimidación y aseguró que desplegará las capacidades institucionales para proteger al director del Dapre y a su familia.

Una vez conocida la emergencia, se desplegó un amplio operativo de rescate y atención con la intervención de diferentes organismos de socorro. En el interior del lugar, los cuerpos de Bomberos de Bojacá, Tena, La Mesa y Mosquera hicieron presencia, sumando un total de 15 unidades bomberiles. El despliegue incluyó también más de 15 ambulancias que actuaron en el rescate y posterior traslado de los heridos hacia varios centros asistenciales localizados en Mosquera y Funza.

De acuerdo con los informes oficiales de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, las autoridades realizaron primero la atención prehospitalaria y valoraron el estado de los pasajeros afectados. Se garantizó la evacuación segura de las personas lesionadas, quienes fueron trasladadas oportunamente para recibir atención médica. Paralelamente, se emprendieron labores delicadas para el aseguramiento del vehículo y la recuperación del cuerpo de la víctima fatal.

La magnitud del accidente obligó a restringir el tránsito en el sector de Curubital, especialmente en uno de los carriles, como medida para facilitar las labores de atención sanitaria y retiro del bus siniestrado. Personal de la concesión vial Devisab, junto con autoridades de tránsito, estuvieron presentes para coordinar la movilidad y apoyar los trabajos. Según indicaron las autoridades, hasta el momento no se ha logrado establecer de forma oficial la causa que produjo el volcamiento. Algunas hipótesis recogidas en el lugar mencionaron la posibilidad de una falla mecánica, pero será necesario esperar la investigación formal para confirmar si este fue el motivo del incidente. Este hecho causó inquietud entre los conductores y usuarios habituales de la ruta, ya que este corredor vial conecta importantes municipios de la Sabana de Occidente con La Mesa y otros destinos de Cundinamarca.

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¿Cuál es el estado de los heridos por el accidente en la vía Mosquera-La Mesa?

De acuerdo con la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, los 25 heridos en el accidente fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de Mosquera y Funza. Entre las personas atendidas hay un menor de edad y una adulta mayor. Las autoridades informaron que recibieron valoración médica y atención prehospitalaria en el lugar antes de ser evacuados.

¿Qué se sabe sobre la causa del volcamiento del bus en Bojacá?

Hasta el momento, las causas del volcamiento del bus de la empresa Capillas de la Fe no han sido establecidas oficialmente. Según el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, aunque algunas versiones preliminares mencionaron una posible falla mecánica, las autoridades deben realizar las verificaciones e investigaciones correspondientes para determinar el motivo exacto del accidente.

El origen del caso data del 15 de octubre, cuando se conoció de manera pública el retiro de estas 30 piezas históricas, artísticas y documentales en el Museo Nacional. Estas obras abarcaban temáticas relevantes, como el conflicto armado, el Acuerdo de Paz, la participación de colectivos LGBTIQ+ y las luchas feministas, entre otros asuntos. Todo ello generó controversia debido a que los contenidos representaban procesos de memoria histórica y reconocimiento de distintos sectores sociales.

Tras la decisión presidencial, el congresista Gabriel Becerra, perteneciente al movimiento Pacto Histórico, en conjunto con colectivos LGBTIQ+, instauró varias acciones de tutela solicitando el regreso de las obras a sus lugares originales. Como resultado, el juez 24 de Familia de Bogotá ordenó al Ministerio de las Culturas, en coordinación con el Museo Nacional, restituir todas las piezas retiradas "bajo las condiciones técnicas necesarias para garantizar su adecuada conservación".

Esta medida de carácter provisional debía cumplirse mientras se adelantaba una evaluación técnica y curatorial que permitiera determinar la permanencia de las obras en las exposiciones. Según lo indicado por la justicia, el retorno de las piezas debía realizarse hasta tanto el gobierno no pudiera justificar su retiro basándose en motivaciones ajenas a la ideología política.

Noticia en desarrollo...

¿Por qué el gobierno busca impugnar la orden de devolver las piezas al Museo Nacional?

El gobierno sostiene que la decisión judicial que obliga a devolver las obras debió ser tomada por el Consejo de Estado y no por los juzgados que actuaron. Además, manifiestan que durante el trámite de las acciones de tutela se presentaron errores en los recursos presentados por los demandantes, lo que fundamenta su impugnación ante las instancias correspondientes.

¿Qué temas abordaban las obras retiradas del Museo Nacional por orden presidencial?

Las piezas retiradas de las salas "Hacer sociedad" y "Memoria y Nación" del Museo Nacional abordaban temas como el conflicto armado, el Acuerdo de Paz, la historia y lucha de colectivos LGBTIQ+, así como expresiones feministas. Estos contenidos resultaban significativos para la memoria histórica y el reconocimiento de los diversos procesos sociales en Colombia.

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El pronunciamiento se produjo mientras De la Espriella hablaba de los proyectos que heredó del Gobierno Petro y de los presuntos hechos de corrupción que, según él, ha encontrado. El jefe de Estado aseguró que “ve con gran sospecha” varias de esas iniciativas. 

Uno de los cuestionamientos estuvo dirigido a la licitación para llevar fibra óptica por los ríos Putumayo y Amazonas. Según el mandatario, el costo del proyecto pasó de 683.000 millones de pesos en 2025 a más de 1,14 billones de pesos en 2026, un incremento del 67 %.

Desde el Amazonas, el presidente Abelardo De La Espriella criticó los proyectos del gobierno de Gustavo Petro: “Siempre hay un desastre y una que otra novia del anterior presidente contratada”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/i9eCFGmyA0

— Revista Semana (@RevistaSemana) November 5, 2026

De la Espriella advirtió que esa iniciativa habría dejado “incertidumbre financiera, riesgos ambientales, posibles fallas técnicas y dudas sobre si conectaría de verdad a la gente”.

Sin embargo, el comentario que más llamó la atención llegó cuando el presidente volvió a cuestionar los contratos de la administración anterior y mencionó directamente la controversia de Deyci Jiménez. “Porque donde uno levanta siempre hay corrupción, siempre hay desastre y una que otra novia del anterior presidente contratada“, expresó el mandatario. 

La declaración se suma a los señalamientos que De la Espriella ha hecho sobre la gestión de su antecesor y pone nuevamente en el centro de la discusión la polémica que involucra a Jiménez y al expresidente Petro. 

Organismos como los bomberos de Bojacá, Tena y Mosquera, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Cundinamarca, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y el personal de la concesión Devisab acudieron al lugar para atender la emergencia y brindar apoyo a los lesionados. De acuerdo con la información suministrada, los heridos fueron auxiliados en el sitio, mientras se aseguraba la zona y se organizaba el retiro del bus accidentado. Esto ocasionó demoras considerables para quienes transitaban por la vía, pues durante la atención, uno de los carriles permaneció bloqueado.

El accidente se presentó en un tramo fundamental que enlaza la Sabana de Occidente con localidades como La Mesa, Anapoima y Girardot. Así, el siniestro impactó a numerosos viajeros y al alto flujo de vehículos que caracteriza esta ruta, famosa por conectar con destinos turísticos del Alto Magdalena. En el pasado, el sector de Curubital también ha sido escenario de restricciones, especialmente durante temporadas de lluvia y otras emergencias.

En cuanto a las causas que originaron el accidente, las hipótesis iniciales mencionan una posible falla en los frenos cuando el bus transitaba por una curva; sin embargo, Bomberos de Cundinamarca, las autoridades de tránsito y la concesión vial han sido claros en no haber confirmado esa versión. Se encuentran a la espera de los resultados de la revisión del vehículo y de los testimonios de quienes viajaban en él para establecer las circunstancias exactas del hecho.

La concesión Devisab resaltó que la vía dispone de recursos como ambulancias, grúas, vehículos de rescate y equipos de inspección para atender este tipo de emergencias. Además, destacó la importancia de consultar el estado de la carretera antes de viajar por este corredor, debido a los retrasos que pueden surgir mientras se atenúan las consecuencias del accidente y se normaliza el tránsito.

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial citados por la Gobernación de Cundinamarca, el departamento cerró 2025 con 646 personas fallecidas en incidentes de tránsito, una reducción de 2,7 % respecto a 2024. Esto subraya la persistencia del riesgo en las carreteras de la región. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un reporte actualizado sobre la cifra de lesionados, los centros médicos a los que fueron trasladados y el retorno a la normalidad en el sector afectado.

¿Cuál fue la causa del accidente de bus en la vía Mosquera-La Mesa?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa oficial del volcamiento del bus de Capillas de la Fe en el sector Curubital. Aunque algunas versiones señalan una posible falla en los frenos al tomar una curva, ni Bomberos de Cundinamarca, ni las autoridades de tránsito han validado esa hipótesis y se mantienen a la espera de revisar el vehículo y escuchar los testimonios de los pasajeros.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras el accidente del bus en Curubital, Bojacá?

Después del accidente, las autoridades desplegaron de inmediato equipos de bomberos de Bojacá, Tena y Mosquera, así como personal médico y de gestión del riesgo. Se atendió a los heridos en el lugar y se tomaron medidas para controlar la movilidad, asegurando uno de los carriles y previniendo mayores riesgos mientras se retiraba el vehículo accidentado y se restablecían las condiciones de seguridad en la vía.

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De acuerdo con las autoridades, el secuestro habría sido perpetrado por el Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo armado ilegal que opera en la zona. El temor de las autoridades aumenta porque la frontera con Venezuela está muy próxima al lugar del secuestro, lo que facilitaría el traslado a otro país. El gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, afirmó que esta hipótesis está siendo evaluada en el consejo de seguridad, debido a la posibilidad de que los responsables hayan cruzado el río Arauca en un trayecto corto. Ante este panorama, el gobernador solicitó al ELN respetar la vida de la subteniente y permitir su liberación sin condición alguna.

María Camila Pantoja Hernández pertenece al Grupo de Caballería Mediano número 18 del Ejército Nacional, unidad militar con área de operaciones en Arauca, y al momento de su secuestro se encontraba fuera de servicio y vestía prendas de civil. Tras conocerse el hecho, el Ejército Nacional activó de inmediato los protocolos de búsqueda, y, en conjunto con la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, inició operaciones coordinadas para encontrar el paradero de la subteniente y lograr su liberación.

El presidente Abelardo De la Espriella manifestó su rechazo al secuestro y exigió la entrega inmediata y sin condiciones de la uniformada. Mediante sus redes sociales informó que ordenó el despliegue total de las capacidades tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía para hallar a María Camila Pantoja Hernández. En uno de sus mensajes, envió una advertencia al ELN indicando: “se equivocaron de gobierno”, y recalcó que no permitirá que este tipo de crímenes sean usados como estrategia de intimidación contra la Fuerza Pública. Mientras avanzan las labores de búsqueda, las autoridades mantienen como máxima prioridad establecer el paradero de la subteniente y lograr que regrese sana y salva.

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¿Por qué se sospecha que María Camila Pantoja fue trasladada a Venezuela?

Las autoridades sostienen la hipótesis de que María Camila Pantoja Hernández pudo haber sido llevada a Venezuela debido a la cercanía geográfica de Saravena con la frontera y la facilidad para cruzar el río Arauca en trayectos cortos. Esta posibilidad fue confirmada por el gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, quien explicó que se está investigando este desplazamiento en el consejo de seguridad.

¿Quién está detrás del secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández?

De acuerdo con la información oficial del Ejército Nacional, el grupo responsable del secuestro sería el Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las operaciones para encontrar a la subteniente han involucrado diversas fuerzas como la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional para lograr su pronta liberación.

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano, advirtió en medios que, más allá de la esfera privada, lo fundamental es establecer si hubo contratos financiados con recursos estatales para encuentros personales. Solórzano recalcó que los funcionarios públicos tienen responsabilidades tanto en la vida pública como privada, y que solo un contexto completo permitirá a la Corte pronunciarse de forma definitiva.

En paralelo, la Fiscalía realiza una inspección forense al celular de Jiménez, actualmente bajo análisis en su sede en Bogotá, debido a que puede contener pruebas relevantes. Sin embargo, la declaración formal de Jiménez ante la Fiscalía sigue pendiente, ya que su anterior abogado, Felipe Caballero, renunció a la defensa por motivos de seguridad. Aunque Dina Malo asumió como nueva defensora, aún no hay fecha para tomar su testimonio.

Desde el 23 de octubre, la Fiscalía abrió una investigación criminal por posibles irregularidades en entidades públicas, como el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en el gobierno anterior. A la Corte Suprema le corresponde indagar hechos de cuando Petro era senador, mientras que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se ocupa de su gestión como presidente. Además, la Procuraduría indaga presuntos casos de extralimitación de funciones, acoso y violencia de género en varias entidades públicas.

Las denuncias de Jiménez están ligadas también a señalamientos de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, sobre irregularidades en la administración pasada. Frente a la publicación del video, el equipo legal de Petro, dirigido por Alejandro Carranza, recalcó que se trata de “un fragmento sin fecha, sin lugar y sin origen verificado” y reiteró que la autenticidad del material debe ser determinada por peritos y en el marco legal. Además, negó cualquier entrega de contratos a cambio de favores sexuales y aseguró que el expresidente responderá ante las autoridades judiciales y no en redes sociales.

¿Qué investigaciones ha abierto la Fiscalía y la Corte Suprema por las denuncias de Deicy Jiménez?

La Fiscalía abrió una noticia criminal por posibles irregularidades en contratos del Dapre y otras entidades durante el gobierno anterior, incluyendo la presunta contratación irregular de mujeres. Por su parte, la Corte Suprema evalúa hechos relacionados con Gustavo Petro durante su etapa como senador, y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes asume los hechos de su presidencia. Además, la Procuraduría investiga presuntos abusos y violencia de género en distintas dependencias públicas.

¿Qué implica una inspección forense al celular en una investigación judicial?

La inspección forense del celular implica revisar el dispositivo en busca de evidencia relevante para el caso, como mensajes, llamadas, videos y cualquier dato que pueda apoyar las denuncias o aportar nuevos elementos a la investigación judicial, respetando la cadena de custodia y los derechos de las partes involucradas.

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⭕️ En medio de la polémica que involucra al expresidente Gustavo Petro, tras la divulgación de un video por parte de Deicy Jiménez, el senador Iván Cepeda evitó pronunciarse sobre el tema. https://t.co/sr5s1DckEP pic.twitter.com/u4wcKfu8Ur

— La FM (@lafm) November 5, 2026

“No quiero en este momento que cualquier asunto distinto a este, que es muy importante para nosotros, desvíe la atención de la opinión”, respondió Cepeda. Después de pronunciar esas palabras, se giró y se alejó del lugar sin atender nuevas preguntas sobre el tema.

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La pregunta surgió después de que Jiménez publicara, el miércoles 4 de noviembre, un video en el que aparece junto a Petro en una habitación. En las imágenes se observa al expresidente abrazándola y besándola. La mujer aseguró que difundió el material para respaldar su versión sobre la relación que habría mantenido con él.

El video se conoció en medio de las denuncias de Jiménez sobre una supuesta red de entre 30 y 40 mujeres que, según su testimonio, habrían recibido contratos estatales a cambio de encuentros, compañía y silencio. La denunciante también ha señalado presuntas irregularidades relacionadas con la contratación pública y el uso de recursos del Estado. Estas afirmaciones son materia de investigación y no han sido probadas judicialmente.

La controversia también tuvo una respuesta del propio Petro. El expresidente negó haber utilizado contratos públicos para obtener relaciones y sostuvo que el video debe ser examinado por expertos para establecer su autenticidad y contexto. Además, afirmó que las imágenes no demuestran la existencia de pagos, contratos o decisiones administrativas relacionadas con las acusaciones.

(Lea también: Deicy Jiménez entregará su celular a la Fiscalía por la investigación por video de Petro)

Mientras tanto, el caso avanza en los organismos judiciales. Este jueves, el CTI inició la extracción forense de la información del celular que Deicy Jiménez entregó voluntariamente, con el propósito de revisar conversaciones, fotografías, videos y otros archivos que puedan servir como elementos de prueba. Además, el director del DAPRE, Carlos Andrés Ríos Puerta, fue citado por la Fiscalía para declarar el próximo 10 de noviembre.

La trágica muerte de la universitaria Ana María Chávez, ultimada cruelmente en Bogotá el 17 de septiembre de 2009, impulsó a su hermano Juan Camilo a encabezar una singular cruzada investigativa.

Descontento con las hipótesis preliminares barajadas por los detectives oficiales, el familiar asumió pesquisas personales para ubicar el paradero de los homicidas de la joven.

“No podía dejar que fuera un homicidio más, una estadística más”, aseguró el hombre cuya familia es proveniente de Villavicencio

El impactante relato trascendió durante una emisión de ‘Conducta Delictiva’, videopodcast de investigación enfocado en crímenes reales, análisis judicial y testimonios verídicos de víctimas.

En ese espacio audiovisual, Juan Camilo rememoró la férrea convicción que lo motivó a actuar: “O los capturaba o los capturaba”.

La víctima cursaba la carrera de arquitectura en Bogotá, destacaba por su carácter jovial y albergaba la ilusión de consolidar una carrera en la música.

Su pariente evocó con ternura aquellas virtudes: “Ella tenía mucho para entregarle a este mundo, amor, talento, una excelente hermana, una excelente hija”.

Aquellos anhelos juveniles terminaron truncados violentamente aquel fatídico 17 de septiembre de 2009 dentro del apartamento donde habitaba en la urbe bogotana.

Los delincuentes contactaron a la estudiante a través de Facebook simulando ser productores discográficos reconocidos, aprovechando su vocación artística para ganarse su simpatía y confianza personal.

“Mi hermana logra conectar con esta persona que le promete la fama”, rememoró el allegado al repasar el mecanismo de engaño inicial.

Luego de consumarse el asesinato, Juan Camilo inspeccionó minuciosamente los videos registrados por los circuitos cerrados de vigilancia instalados en los accesos del conjunto residencial.

Las secuencias visuales registraron a varios desconocidos ingresando al inmueble y retirándose posteriormente con maletas cargadas con objetos personales de la universitaria.

“Ahí es donde arranca y nos enganchamos con la tesis que era la correcta”, explicó el investigador civil al detallar las evidencias fílmicas halladas de la copropiedad en la que ella vivía.

“Lo que logramos identificar en las cámaras de seguridad iniciales eran un par de jóvenes delgados con un estilo, uno de ellos especialmente en esa época para 2009 estaban muy de moda los ‘candies’, como tipo ‘emo candy'”, aseguró.

Días después, localizó publicaciones digitales donde los sospechosos lucían orgullosamente las pertenencias de la occisa durante concurridas fiestas nocturnas capitalinas.

“Orgullosos del crimen que acaban de cometer, pero con las prendas como trofeo de mi hermana”, relató con indignación el familiar.

Provisto de estas pistas, estructuró una sofisticada trampa encubierta creando identidades apócrifas de mujeres jóvenes para estrechar lazos afectivos directos con los agresores.

“Utilizo unos perfiles de unas niñas, unas de Uruguay, unas mujeres jóvenes, eh de unas de Uruguay, unas muchachas de Puerto Rico, una de Argentina, una de Chile y sustraigo esos perfiles de Facebook de estas muchachas y les pongo nombres colombianos, muy muy colombianos, Diana, Sofía, Camila y construyo cada uno de estos perfiles para que sea muy real. De hecho, le pido a muchos amigos y dentro del círculo y la mesa de investigadores que eran amigos y amigas de mi hermana, les pido a ellos que desde sus perfiles reales me comenten los perfiles”, relató.

El joven inició un coqueteo digital calculando aguardar meses, pero el presunto victimario reaccionó inmediatamente con devoción a las insinuaciones románticas virtuales.

“En una noche ya el nivel de confianza es tal que al día dos ya era ‘mi amor’, ya era mi novia, llegué el punto de que me lo cuadré. Yo fui novia de alias ‘Chucky’, del quien le hizo eso a mi hermana“, contó.

Esa audaz seducción permitió cosechar confesiones determinantes para esclarecer el suceso: “Necesito interactuar con ellos, hacerlos amigos para ganarme su confianza y traer esa información”, explicó sobre su plan.

Gracias a este empeño, el hombre impidió la impunidad del asesinato, facilitando la ubicación y posterior captura y encarcelamiento del victimario.

El escueto balance conocido hasta el momento indica que el hombre, de 29 años, fue ubicado y detenido a pocas cuadras del sitio de los hechos. Según informaron las autoridades, el individuo al parecer intentaba abandonar el sector cuando fue interceptado y quedó a disposición de la Fiscalía. El caso, ahora en manos de ese organismo, avanza bajo la investigación por el presunto delito de feminicidio, aunque todavía no se han conocido más detalles de lo ocurrido dentro del domicilio ni si existían antecedentes de denuncias previas o medidas de protección para la pareja involucrada.

El coronel Óscar Campaña, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana, confirmó que atendieron el llamado de alerta de los vecinos a través del número del cuadrante, lo que permitió una reacción inmediata por parte de las patrullas del sector. Campaña puntualizó que al ingresar ya encontraron a la mujer sin signos vitales y de inmediato activaron el protocolo de búsqueda y captura del principal sospechoso.

Este hecho se suma a una problemática que trasciende los límites de los casos más violentos. Según datos de la Secretaría Distrital de Salud, recogidos por su sistema de vigilancia en salud, entre enero y junio de este año se han reportado 25.660 presuntas víctimas de violencia intrafamiliar y de género en Bogotá. De esa cifra, 16.739 corresponden a mujeres. Es más, del grupo de víctimas mayores de edad, las mujeres representaron el 83,7 % de los registros. La cifra evidencia la dimensión del fenómeno al interior de los hogares y el impacto que sigue teniendo sobre la vida y la integridad de las mujeres en la capital.

Para las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, existen canales como la Línea Púrpura Distrital, que ofrece atención gratuita, orientación psicosocial y jurídica las 24 horas al 01 8000 112 137 y mediante WhatsApp al 300 755 1846. Sin embargo, en casos de agresión en curso o de peligro inmediato, la recomendación es acudir directamente a la Línea 123 para la activación de una respuesta de emergencia por parte de las autoridades.

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¿Cómo denunciar violencia intrafamiliar y de género en Bogotá?

En Bogotá, existen diferentes rutas de atención para denunciar casos de violencia intrafamiliar y de género. La ciudadanía puede comunicarse con la Línea Púrpura Distrital para recibir acompañamiento, orientación psicológica y asesoría jurídica gratuita. Ante una emergencia o situación de peligro inminente, la indicación oficial es contactar inmediatamente la Línea 123 para una respuesta pronta de la Policía y la atención de urgencias. La Fiscalía también está habilitada para recibir denuncias directas y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

¿Qué servicios ofrece la Línea Púrpura para mujeres víctimas de violencia?

La Línea Púrpura Distrital atiende gratuitamente las 24 horas del día, ofreciendo orientación psicosocial, jurídica y guiando a las mujeres en la búsqueda de rutas de protección frente a las violencias. Está disponible en el número 01 8000 112 137 y en WhatsApp al 300 755 1846. Es importante tener en cuenta que aunque la Línea Púrpura brinda acompañamiento y asesoría, no reemplaza la atención de emergencias, ni elimina la necesidad de reportar casos de urgencia a la Línea 123 o presentar denuncias formales ante la Fiscalía.

Profundizando en los hechos, el gremio de controladores detalló que la anomalía se reportó hacia las 12:40 p. m. y se extendió durante aproximadamente una hora y media, lo que interrumpió el monitoreo del tráfico aéreo en gran parte del territorio nacional, desde Aguachica, en Cesar, hasta el sur del país. "La afectación no se limita a esta dependencia, pues el sistema de vigilancia también proporciona información a otras salas de control de aproximación interconectadas", enfatizó ACDECTA en su pronunciamiento, citado por El Espectador.

Testimonios de personal en la torre de control de El Dorado, recogidos también por El Espectador, dan cuenta de un apagado masivo de las pantallas de radar, que dejó a los controladores sin la visualización de las trazas —las líneas en pantalla que muestran la ruta que sigue cada avión—. "No se veía ninguna traza", relató una fuente, subrayando que normalmente estas interrupciones duran minutos, pero en esta ocasión el impacto fue mucho mayor.

Frente a la crisis, el protocolo aplicado fue el denominado "Control por Procedimientos", el cual se basa en cálculos y estimaciones manuales hechas a partir de la experiencia del personal. Este sistema recuerda métodos usados hace décadas, y según los expertos, la destreza necesaria podría perderse con la dependencia tecnológica. El capitán Germán Roa, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), reveló en Caracol Radio la falta de actualizaciones en los equipos desde 2015, particularmente en el centro de control de Bogotá.

Además, la ACDECTA señaló que han advertido a Aerocivil, por diversos canales, de los riesgos persistentes y reclamaron la necesidad de intervenciones estructurales, no solo soluciones temporales tras cada avería. Propusieron actualizaciones de hardware y software y sugirieron mejores condiciones técnicas y profesionales en la gestión del tránsito aéreo colombiano. Finalmente, instaron a un pronunciamiento técnico que esclarezca el incidente y fortalezca la confianza en el sistema.

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¿Por qué fue tan grave la falla en los radares del aeropuerto El Dorado?

La gravedad de la falla radicó en que los controladores aéreos quedaron sin herramientas de seguimiento digital durante más de una hora, lo que interrumpió la operación normal en gran parte del espacio aéreo nacional. La ausencia de “trazas” dificultó mantener las distancias y trayectorias seguras de las aeronaves, obligando a volver a procedimientos manuales y aumentando así el riesgo operativo, según información de ACDECTA y El Espectador.

¿Qué es el protocolo "Control por Procedimientos" en la aviación?

El "Control por Procedimientos" es un protocolo que se activa cuando los sistemas automáticos de vigilancia fallan. En este, los controladores deben usar cálculos manuales y estimaciones basadas en la experiencia y la comunicación con las aeronaves para mantener la seguridad, un método que requiere altos niveles de destreza y recuerda las prácticas de hace décadas, según relataron fuentes consultadas por El Espectador.

Los dos últimos detenidos fueron identificados por las autoridades como ‘Anyelo’ y ‘Cristian’. Con sus aprehensiones, se completa la lista de siete personas presuntamente involucradas en este crimen que conmocionó a Cali y que ha sido objeto de una investigación exhaustiva. María Camila, una joven de 21 años y con ocho meses de embarazo, desapareció luego de salir de su casa en el barrio Meléndez, según datos oficiales. Su destino, la zona de Polvorines, quedó como el último punto conocido, hasta que su cuerpo y los restos de su bebé fueron hallados a orillas del río Meléndez el 20 de julio, en el corregimiento de La Buitrera.

La Fiscalía, citada por la prensa, explicó que los avances en el caso fueron resultado de un gran despliegue de las autoridades en una serie de operaciones que contemplaron más de 140 diligencias de registro y allanamiento. Más de 2.000 miembros de la Fuerza Pública y organismos de investigación participaron en esta ofensiva, denominada Iron 2.0, que no solo permitió estas capturas, sino que además reportó más de 100 sospechosos de diferentes delitos y la desarticulación de 11 estructuras delincuenciales implicadas en homicidio, extorsión, robos y tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con los reportes entregados, entre los cinco primeros capturados en relación con el homicidio de María Camila se encuentran Yulia Cecilia Angulo Escobar, Nixon Steven Mondragón Fuero, Kevin Alexi López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Las autoridades sostienen que cada uno tiene un papel específico en los hechos investigados. El alcalde Alejandro Eder, en declaraciones recogidas por los medios, expresó que "hoy los siete implicados en este caso están en manos de la justicia", reafirmando el compromiso institucional para esclarecer lo sucedido y establecer las respectivas responsabilidades individuales.

Los últimos capturados deberán comparecer ante los jueces, mientras continúa la investigación para definir la participación de cada señalado. La operación Iron 2.0, además de este caso, permitió avances en la lucha contra organizaciones ilegales en Cali y sus alrededores.

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¿Cómo avanzó la investigación por el feminicidio de María Camila Potosí?

La Fiscalía lideró la investigación desde el reporte de la desaparición de María Camila Potosí, el 16 de julio de 2026. El hallazgo de su cuerpo y el de su bebé, cuatro días después, activó un operativo que logró identificar y capturar a siete personas que ahora deberán enfrentar a la justicia por su presunta participación en los hechos, según datos oficiales entregados por las autoridades.

¿Cuál fue el alcance de la operación Iron 2.0 en Cali?

La operación Iron 2.0, de acuerdo con informes policiales, comprendió más de 140 registros y allanamientos realizados en diferentes áreas de Cali, con la colaboración de más de 2.000 agentes. Durante este operativo se detuvieron más de 100 implicados en diversos delitos y fueron desarticuladas 11 estructuras criminales activas en la ciudad y su entorno.

La decisión se produjo después de que la defensa de Velasco y la Procuraduría apelaran la determinación del pasado 19 de agosto, cuando se ordenó su detención preventiva. Luego de esto, el Tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público sobre el retiro del exfuncionario de la vida pública y el contexto político actual del país.

Velasco enfrenta señalamientos de la Fiscalía General, que lo acusa de aprovechar su cargo y sus influencias para direccionar varios contratos de obra e interventoría que estaban bajo responsabilidad de la UNGRD. La orden cambia su situación de detención, pero no elimina los cargos ni cierra la investigación, que sigue en curso y es de carácter penal. 

#Atención El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tras resolver la apelación contra la medida de aseguramiento que se le había impuesto por el caso de corrupción de la UNGRD. #VocesySonidos https://t.co/8gFxseKo5V

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 5, 2026

La libertad no significa que el proceso haya terminado ni que exista una decisión sobre su responsabilidad. El juicio continuará en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, cuya próxima sesión quedó programada para el martes 2 de febrero de 2027. 

Durante la audiencia preparatoria celebrada el miércoles, Velasco cuestionó que la Fiscalía no les hubiera entregado todas las pruebas necesarias para preparar su defensa. “¿Cómo es posible que en un sistema de partes, llega quien acusa con una serie de documentos que no conoce?”, reclamó el exministro. 

Con esta decisión, Velasco recupera la libertad mientras se prepara para afrontar el juicio por los presuntos hechos relacionados con los contratos de la UNGRD. 

Restrepo enfatizó que el presidente De la Espriella entendió que "no se podía seguir haciendo la política de siempre", y resaltó la intención de priorizar políticas para el bien común, por encima de los intereses particulares. Además, comparó el reciente enfoque del actual gobierno en el ámbito de la seguridad con la estrategia de la administración previa, a la que acusó de supuesta connivencia con grupos criminales. Estas declaraciones cobran relevancia en el contexto de los debates sobre la legitimidad y el rumbo del Ejecutivo, como lo señala El Espectador.

Las intervenciones del vicepresidente ocurren mientras la delegación de De la Espriella recorre Europa en una gira diplomática y comercial. En ese contexto, la Vicepresidencia anunció que Madrid será la sede de la Milagro Week en marzo de 2027, una estrategia para captar inversión extranjera y presentar proyectos a inversores internacionales. Nueva York será la primera ciudad en hospedar este evento, entre el 16 y el 18 de noviembre, enfocándose en dar visibilidad internacional a las iniciativas del gobierno.

Durante la agenda en España, el vicepresidente Restrepo estuvo acompañado por Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo; Samuel Bluman, presidente de ProColombia; Juan Gonzalo Ospina, embajador designado ante la Unión Europea; y el canciller Bula. Sin embargo, la presencia de la delegación fue marcada por la expectativa respecto al aval diplomático de Carlos Felipe Mejía como embajador en España, un tema polémico debido a la oposición de sectores de la izquierda española. El Espectador destaca que Mejía, exsenador y figura relevante de la campaña presidencial, fue designado para liderar la misión diplomática, pero la izquierda española ha pedido a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, que rechace esa designación.

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¿Cuáles han sido los principales logros del gobierno de Abelardo de la Espriella en sus primeros 90 días según sus propios voceros?

De acuerdo con las declaraciones del vicepresidente José Manuel Restrepo, los principales logros del gobierno de Abelardo de la Espriella incluyen avances en seguridad y transformaciones económicas y sociales. Restrepo afirmó que el Ejecutivo ha adoptado un enfoque de bien común y una estrategia de seguridad diferenciada respecto a la administración anterior, señalando resultados "convincente" en tan solo tres meses, según expuso en la XXX Cumbre Iberoamericana.

¿Por qué la designación de Carlos Felipe Mejía como embajador ha sido cuestionada en España?

La designación de Carlos Felipe Mejía como embajador en España ha recibido críticas principalmente de sectores de la izquierda de ese país. Según información de El Espectador, estas voces han pedido al presidente español Pedro Sánchez que no otorgue el beneplácito a Mejía, debido a su perfil y antecedentes políticos, así como a su relevancia dentro del Centro Democrático y su participación en la campaña presidencial de De la Espriella.

En un nuevo episodio de Más Allá del Silencio, Katherin rompe el silencio y cuenta, sin filtros, el horror que enfrentó al descubrir la escena del crimen. Su testimonio reconstruye los momentos más dolorosos de aquella jornada y expone las circunstancias que rodearon la muerte de Magnolia, una mujer cuya historia terminó de manera violenta, presuntamente a manos de quien era su compañero sentimental.

(Vea también: Revelan qué relación tenía Paula Coca con hombre de 63 años que la asesinó; desmienten versión)

Detrás de este crimen, según el relato de su hija, existía una relación atravesada por señales de alarma. Los celos extremos y las conductas de control habrían convertido la convivencia en un escenario de tensión. Una dinámica que hoy cobra especial relevancia al reconstruir los antecedentes de una tragedia que dejó a una familia destrozada y a una hija enfrentada a una dolorosa búsqueda de justicia.

Sin embargo, el drama de Katherin no terminó con la muerte de su madre. A la pérdida se sumó una decisión judicial que generó indignación: Héctor León Cañas, señalado como presunto feminicida, recuperó su libertad por vencimiento de términos. Una determinación que no significa que haya sido declarado inocente, pero que representa un nuevo golpe para los familiares de Magnolia.

Ahora, Katherin enfrenta una espera que parece interminable. Según lo expuesto en el episodio, la posibilidad de obtener una condena podría extenderse hasta 2028, tres años después del asesinato de su madre. Mientras tanto, la familia continúa esperando que el proceso avance y que las autoridades esclarezcan plenamente lo ocurrido.

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¿Qué pasó realmente dentro de aquel apartamento? ¿Cómo era la relación entre Magnolia y el hombre señalado de asesinarla? ¿Qué circunstancias llevaron a que recuperara su libertad mientras continúa el proceso judicial?

En esta conversación con Rafael Poveda, Katherin pone rostro y voz a una historia que va más allá de un expediente judicial. Es el relato de una hija que tuvo que encontrar a su madre sin vida y que ahora debe enfrentar otra batalla: evitar que su muerte quede en el olvido y conseguir que se haga justicia.

Una historia desgarradora que evidencia el dolor de las familias que, además de perder a sus seres queridos, deben enfrentarse a largos procesos judiciales para encontrar respuestas.

La salida llama la atención porque el funcionario llevaba poco más de dos meses en el cargo. Cabe mencionar que Sánchez Arango había asumido la dirección el 31 de agosto de 2026, después de ser designado por el Gobierno Nacional.

Antes de llegar a esa posición, el abogado había sido una de las fichas importantes de De la Espriella durante el proceso de empalme del sector salud. También tuvo experiencia en la Contraloría General de la República, donde ocupó diferentes cargos relacionados con el control de los recursos públicos. 

Su salida se produce en una entidad estratégica para el funcionamiento del sistema de salud colombiano, pues tiene a su cargo la administración y distribución del dinero destinado a financiar la atención de los pacientes y los giros a los diferentes actores del sector. 

Por ahora, no se conocen públicamente las razones que motivaron la decisión. Sin embargo, de acuerdo con la información adicional sobre el relevo, la viceministra Marcela Brun asumirá la dirección de manera encargada. Además, todavía estaban pendientes los detalles oficiales sobre el cambio y la transición en la entidad.

El movimiento se suma a los ajustes que ha tenido la administración de De la Espriella y despierta preguntas sobre los motivos de la salida de un funcionario que llevaba apenas unas semanas al frente de una de las entidades financieras más importantes del sector salud. 

En Bogotá, el alcance de esta práctica resulta evidente. Solo en 2024 se contabilizaron 26.372 acciones de tutela relacionadas con el derecho a la salud, posicionando a la ciudad entre las cifras más altas del país. Cada caso representa una solicitud individual que merece atención; sin embargo, el problema surge cuando la atención prestada de manera preferencial bajo orden judicial afecta el cronograma de quienes aguardaban su turno en la lista de espera. Es decir, adelantar el turno de un paciente puede conllevar que muchos otros sean postergados, sobre todo en un contexto donde no se ampliaron los recursos para responder a la nueva demanda.

El artículo utiliza un ejemplo concreto para ilustrar la magnitud del desafío: si un especialista tiene capacidad para atender mil pacientes en un mes, es decir, cerca de 33 cada día, y todos esos pacientes deciden interponer acciones de tutela para ser atendidos en solo cinco días, el médico debería llevar a cabo 200 consultas diarias. Esto sería materialmente irrealizable, salvo que se cuente con cinco profesionales adicionales, algo que no sería inmediato considerando el tiempo necesario para formarlos. Este caso hipotético revela cómo la acción de tutela puede distorsionar la gestión de citas y servicios dentro del sistema de salud.

Más allá del impacto en la programación, el texto advierte que la utilización masiva de tutelas puede desencadenar un mercado alterno donde se prioriza la atención judicializada, lo que genera efectos negativos sobre las finanzas del sistema. Según El Espectador, cuando la capacidad no crece al mismo ritmo que la demanda, la presión por atender casos inmediatos propicia el aumento de precios y pone en riesgo la sostenibilidad financiera, afectando especialmente a quienes no pueden cubrir sobrecostos y dejando a muchos fuera del servicio al inflarse los precios.

El artículo concluye que la solución no es limitar el derecho a la tutela, sino abordar las causas de su uso excesivo e introducir criterios técnicos reconocidos y transparentes para priorizar la atención y administrar las listas de espera. Solo así puede garantizarse un equilibrio justo entre los derechos individuales y colectivos, evitando que las decisiones judiciales terminen perjudicando, desafortunadamente, a quienes más necesitan el servicio.

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¿Cuáles son las consecuencias negativas del uso excesivo de tutelas en el sistema de salud colombiano?

El uso excesivo de tutelas en salud, según los datos de El Espectador, desarticula las listas de espera y obliga a priorizar casos por orden judicial sin nuevas capacidades, desplazando recursos y retrasando la atención de otros pacientes. Además, ejerce presión sobre las finanzas del sistema, provoca aumentos injustificados en los precios y puede excluir a quienes no pueden pagar sobrecostos, perjudicando la sostenibilidad del sistema a mediano y largo plazo.

¿Por qué existen listas de espera en el sistema de salud colombiano?

Las listas de espera existen porque la capacidad de atención, en términos de médicos, camas y equipos, es limitada, como explica El Espectador. Estas listas buscan organizar la prestación de servicios de acuerdo con la disponibilidad real, asegurando que los recursos se asignen de forma equitativa y ordenada ante la demanda que, en muchas ocasiones, supera ampliamente lo que el sistema puede proporcionar en el momento.

Según el mandatario, las autoridades interceptaron una embarcación tipo Go-Fast que transportaba las armas ocultas en un doble fondo. El operativo dejó como resultado la incautación de 104 armas de fuego, entre ellas 69 fusiles, 30 pistolas, tres lanzagranadas y dos ametralladoras.

¡HACE 45 AÑOS NO SE REGISTRABA UNA INCAUTACIÓN DE ARMAS DE ESTA MAGNITUD EN EL CARIBE COLOMBIANO!

¡104 ARMAS DE FUEGO INCAUTADAS Y 5 CAPTURADOS!

Nuestra Armada Nacional, a través de la Fuerza Naval del Caribe, en una operación de interdicción marítima realizada el 4 de… pic.twitter.com/MEgMfG8qzw

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 5, 2026

También fueron decomisados 96 proveedores, municiones de diferentes calibres, 6.960 dólares y 23.569 lempiras hondureños.

En el procedimiento fueron capturadas cinco personas: cuatro colombianos y un ciudadano hondureño. Además, la embarcación utilizada para transportar el armamento fue inmovilizada.

De acuerdo con información de inteligencia citada por De La Espriella, el arsenal tendría como destino a la estructura criminal Los Conquistadores de la Sierra.

El presidente aseguró que su Gobierno continuará persiguiendo a las organizaciones delincuenciales, golpeando sus finanzas y desmantelando sus rutas de abastecimiento de armas.

Finalmente, reconoció el trabajo de la Armada y la Policía Nacional y reiteró que no dará tregua a las estructuras criminales que operan en el país.

Santos, galardonado con el Premio Nobel de la Paz, ya había hecho referencia a la postura del diplomático Gaona. En respuesta a un editorial de El Espectador, el exmandatario expresó: “totalmente de acuerdo”, respaldando la afirmación del medio de que “decir que no es modelo es no conocer los procesos de paz”. Gaona replicó asegurando que sus palabras ante la ONU estaban siendo tergiversadas, y recalcó que Colombia obtuvo respaldo pleno con 15 votos a favor en el Consejo de Seguridad para modificar el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016.

Durante su gira internacional para conmemorar los diez años de negociaciones en La Habana, Juan Manuel Santos ha compartido su experiencia sobre el proceso de paz en varios países. En ese contexto, el exmandatario enfatizó que la posición del actual gobierno responde a “razones ideológicas y políticas que no tienen ninguna lógica y van en contra del sentido común”. Por su parte, el embajador Gaona sostuvo ante la ONU: “el Acuerdo firmado en 2016 no es un modelo para nuestro mundo”.

Las posturas divididas en torno al proceso han suscitado debates entre figuras relevantes, como Humberto De la Calle, quien resaltó que aunque el acuerdo logró la dejación de armas de la guerrilla más poderosa, los grupos que continuaron delinquiendo no alteran el resultado. Además, De la Calle indicó que se compara injustamente con los problemas de la llamada 'paz total' impulsada por otro gobierno.

Abelardo de la Espriella, presidente actual, ratificó el respaldo a su diplomático, destacando la aprobación unánime del Consejo de Seguridad sobre la propuesta de su gobierno en relación con la misión de verificación. Afirmó que Colombia precisa una paz que cuente con seguridad, justicia, instituciones fuertes y la presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional. Así, el debate sobre el valor, modelo y aplicación del Acuerdo de Paz de 2016 sigue generando intensos cuestionamientos en el ámbito nacional e internacional.

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¿Por qué el embajador de Colombia ante la ONU dijo que el Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo?

De acuerdo con las declaraciones del embajador Mauricio Gaona, ante la Organización de las Naciones Unidas, su posición se basa en que el Acuerdo de Paz de 2016 no encaja como modelo universal, pues considera que cada realidad nacional es diferente. Gaona argumentó que ha habido interpretaciones incorrectas de su postura, pero destacó el respaldo unánime que obtuvo Colombia para modificar la misión de verificación del Acuerdo, reafirmando que su enfoque pretende adaptar el proceso a las necesidades actuales del país.

¿Qué efectos tiene la postura del gobierno de Abelardo de la Espriella sobre el Acuerdo de Paz?

La posición del gobierno de Abelardo de la Espriella ha desencadenado tanto críticas como apoyos en diferentes sectores. Según comentarios recogidos de figuras como Juan Manuel Santos y Humberto De la Calle, el actual gobierno estaría intentando restarle legitimidad al acuerdo, motivado principalmente por razones políticas e ideológicas. Esta postura mantiene activo el debate sobre el impacto y la continuidad de la implementación del Acuerdo de Paz, así como sobre los mecanismos de verificación internacional de sus compromisos.

El movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Tesalia y ocurrió a las 10:33 de la mañana, hora local.

De acuerdo con la información oficial, el evento tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. Esta característica permite identificar que el movimiento se originó a poca distancia de la superficie terrestre.

El reporte del SGC señala que el temblor fue localizado en las coordenadas 2.62° de latitud y -75.66° de longitud.

Para establecer sus características, el organismo contó con información de 34 estaciones de monitoreo y clasificó el registro con estatus manual.

Entre los municipios más cercanos al epicentro se encuentran Íquira, ubicado a 4 kilómetros; Yaguará, a 17 kilómetros, y Teruel, también a 17 kilómetros, todos en el departamento del Huila.

El movimiento ocurrió a las 3:33 de la tarde en horario UTC. El informe técnico también reportó un RMS de 0,6 segundos y un GAP de 54 grados, parámetros utilizados para evaluar la calidad de la localización del evento sísmico.

El caso salió a la luz luego de que miembros de un equipo de fútbol de la Facultad de Relaciones Internacionales denunciaran públicamente que se habían sustraído computadores, celulares, tabletas y dinero en efectivo que dejaron en los camerinos durante el encuentro deportivo. Si bien algunas afectadas calcularon las pérdidas en alrededor de 60 millones de pesos, la institución no confirmó oficialmente esa cifra, manteniendo reserva sobre el monto exacto.

Las críticas sobre la seguridad no tardaron en aparecer. De acuerdo con las declaraciones difundidas por las estudiantes, la falta de control de acceso a las instalaciones fue determinante; incluso una de ellas señaló mediante un video en redes sociales que no se estaba solicitando el carné de identificación para el ingreso al campus, lo que facilitó la entrada de personas externas o ajenas a la universidad.

En respuesta, la Javeriana expresó por medio de un comunicado su respaldo a las siete estudiantes, indicando que se facilitará el acompañamiento en la presentación de denuncias individuales ante las autoridades. La universidad también interpondrá una denuncia adicional y activará el proceso de reclamación de la póliza correspondiente que ampara estos incidentes, buscando cubrir el impacto de lo ocurrido.

Como medida inmediata de mejora, la institución informó que trabajará en conjunto con las autoridades para obtener información relevante sobre el caso y para afianzar la investigación en curso. Para atender las inquietudes y necesidades específicas de las afectadas, se habilitó una línea directa de comunicación con Luis Felipe Zuluaga, director de Recursos Físicos.

Considerando las preocupaciones sobre la seguridad, la Javeriana revisará sus protocolos y controles de acceso, en especial durante actividades nocturnas, para identificar aspectos susceptibles de ajuste y reforzar la protección de los espacios deportivos. Según el pronunciamiento institucional, la seguridad del entorno educativo es una prioridad. Aunque en un primer momento se habló de al menos diez afectadas, la universidad corroboró siete casos confirmados. Hasta el momento, no se han reportado capturas ni detalles oficiales sobre la manera en que los responsables ingresaron al área de vestidores. El desarrollo de la investigación y la revisión de las medidas de seguridad serán determinantes en la prevención futura de este tipo de incidentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones implementó la Universidad Javeriana tras el robo en los vestidores femeninos?

La universidad anunció acompañamiento legal a las siete estudiantes para la presentación de las denuncias, interpondrá una denuncia institucional, gestionará la reclamación del seguro por hurto y trabajará junto a las autoridades para clarificar el caso. Además, habilitó un canal directo con el director de Recursos Físicos para atender a las afectadas y revisará los protocolos de acceso a las instalaciones deportivas.

¿Qué medidas de seguridad evalúa la Universidad Javeriana tras el hurto?

La institución informó que revisará los procedimientos y controles de ingreso a los espacios deportivos, principalmente durante actividades nocturnas, para determinar cuáles requieren ajustes. El objetivo principal es fortalecer la seguridad y evitar futuros incidentes en el campus.

De ahí, se conoció que sobre el mediodía del jueves 5 de noviembre de 2026 se presentó el arribo de esa mujer al búnker de la Fiscalía General de la Nación para exponer uno de los elementos claves.

Cabe recordar que ella aseguró que el líder del Pacto Histórico le ofreció contratos con entidades como forma de pago presuntamente por la prestación de servicios íntimos para él.

Esas declaraciones salieron a flote el pasado domingo 25 de octubre de 2026 en medio de la sorpresa general, entre los detractores del exmandatario y quienes cuestionan los mencionados señalamientos.

Incluso, Vanessa de la Torre señaló a Petro por olor “putrefacto” en un episodio con el que se plantea un comportamiento por parte del entonces presidente de Colombia, tema que ahora es parte del debate.

De ahí, Caracol Radio indicó que Jiménez le entrega el celular a la Fiscalía para la extracción forense del dispositivo y advirtió que “se estima que la diligencia durará cuatro horas”, aunque para el caso no se tiene claro en qué momento finalizaría.

El análisis de este material como probatorio contra Petro busca que la Corte Suprema tenga elementos para la revisión del caso que ya está bajo su potestad para responder a los señalamientos de la mencionada mujer.

Cabe recordar que la senadora María José Pizano también fue mencionada por la joven dentro de todo el proceso de los contratos, como una de las personas que estuvo a cargo de una de las entidades en esa época.

Días atrás, el supervisor de dos contratos de Jiménez reconoció que la tuvo a cargo, aunque para el caso en cuestión aclaró que no supo cómo se presentó la contratación de ella.

Los resultados que surjan del mencionado proceso clave van a servir para avanzar o no en la investigación de uno de los señalamientos más controversiales contra un mandatario.

¿Cómo es una extracción forense de un celular?

La extracción forense de un teléfono móvil constituye uno de los procedimientos técnicos más determinantes dentro de las investigaciones judiciales modernas para recopilar pruebas digitales legalmente válidas.

El proceso inicia estrictamente en el lugar de los hechos mediante el aislamiento físico y electromagnético del equipo incautado para bloquear cualquier comunicación inalámbrica remota.

Los peritos depositan el terminal dentro de bolsas de Faraday especializadas, impidiendo la recepción de llamadas, mensajes de texto o comandos de borrado remoto vía internet.

Posteriormente, el personal forense traslada el artefacto al laboratorio oficial garantizando el riguroso registro documental de la cadena de custodia para evitar impugnaciones procesales posteriores.

Una vez en el laboratorio especializado, los ingenieros conectan el teléfono apagado o desbloqueado a estaciones de trabajo forenses certificadas mediante cables de datos blindados.

Los expertos seleccionan entre tres metodologías técnicas de extracción según el estado operativo del teléfono, el nivel de cifrado y el sistema operativo involucrado.

La extracción manual permite visualizar y registrar fotográficamente los elementos directamente visibles en pantalla, siendo el método más básico pero menos exhaustivo del análisis.

La modalidad lógica utiliza los comandos del fabricante para copiar archivos del sistema, registros de llamadas, listas de contactos, galerías multimedia y bases de mensajería instantánea.

Por su parte, la extracción física realiza un volcado binario directo de los chips de memoria flash, logrando recuperar registros borrados y fragmentos de información oculta.

Durante cada volcado digital, el software forense genera automáticamente una función algorítmica de comprobación denominada valor hash para blindar la integridad del contenido original extraído.

Esa firma criptográfica irrepetible asegura ante los jueces que ningún funcionario modificó, eliminó o implantó archivos durante el análisis técnico de los elementos materiales probatorios.

Finalmente, los especialistas procesan los datos brutos, elaboran un informe técnico pericial estructurado y entregan las conclusiones detalladas a los fiscales del caso penal correspondiente.

En su publicación, Matador usó expresiones provocadoras y comparaciones para referirse a Dávila, llegando incluso a llamarla «la primera moza de la nación». Este calificativo, acompañado de otras frases, elevó el tono de la discusión y centró la atención en el estilo y la posición de la periodista dentro del escenario político y mediático colombiano. Al continuar su mensaje, Matador hizo referencia a supuestos comportamientos de celos, afirmando: «Solo falta que le eche aceite de batería a la pintura del carro del man», en respuesta directa a una publicación de Vicky Dávila. Posteriormente, remató con una apreciación aún más personal: «Yo he conocido mujeres tóxicas… y luego está Vicky», lo cual acentuó el carácter confrontativo de su intervención.

La publicación no pasó desapercibida en redes sociales. De acuerdo con la información recogida, los comentarios de Matador se suman a una ola de discusiones marcadas por la polarización y la crítica personal en X, especialmente cuando están relacionados con temas de alta sensibilidad política como el escándalo que rodea a Gustavo Petro. El uso de calificativos personales y comparaciones directas desvió parte de la controversia hacia Dávila, alejando el foco de la discusión sobre el video implicado y centrándolo en disputas de carácter mediático y personal entre figuras públicas.

Este episodio demuestra cómo el debate político colombiano en las redes sociales suele desenvolverse en un marco de confrontaciones agudas, donde los límites entre la crítica al contenido y la descalificación personal pueden difuminarse con facilidad. Según lo reportado, la intervención de Matador provocó una multiplicidad de reacciones entre usuarios, acentuando aún más las divisiones que ya existen en el ambiente digital y mediático del país.

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¿Por qué Matador criticó a Vicky Dávila en X durante la polémica de Gustavo Petro?

Matador dirigió fuertes críticas a Vicky Dávila en X a raíz de la polémica generada por la difusión de un video relacionado con el presidente Gustavo Petro. Usando comentarios personales y comparaciones provocadoras, Matador puso en tela de juicio la actitud de la periodista frente a la situación del mandatario, lo que desató una nueva ola de controversia y discusión en las redes sociales, de acuerdo con la información presentada originalmente.

¿Cuál fue la reacción en redes sociales tras las palabras de Matador contra Vicky Dávila?

De acuerdo con lo reportado, los mensajes de Matador rápidamente generaron reacciones y conversación en X, reflejando el ambiente de polarización y confrontación que suele caracterizar los debates políticos en Colombia. Las palabras del caricaturista desviaron momentáneamente la atención del video de Petro hacia la figura de Vicky Dávila, mostrando cómo, en este tipo de polémicas, el foco puede pasar de una discusión de fondo a enfrentamientos personales entre figuras mediáticas.

El siniestro ocurrió sobre las 9:20 de la mañana de este jueves 5 de noviembre, en el kilómetro 98+650, en jurisdicción de Bojacá. Según el reporte conocido por el medio mencionado, el automotor, de placas IXN435, se desplazaba en sentido Mosquera-La Mesa y tenía como destino el municipio de Girardot.

La hipótesis preliminar de las autoridades señala que el bus habría presentado daños en el mecanismo de frenado mientras recorría ese corredor vial. La situación habría complicado el control del vehículo cuando el conductor llegó a una curva, momento en el que salió de la carretera y terminó volcado sobre uno de sus costados.

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El bus, de color azul y perteneciente a Capillas de la Fe, transportaba a seis ocupantes, además del conductor, identificado como José Armando Rojas, de 42 años. También llevaba un féretro con los restos de Israel Malagón Wilches, cuyo traslado tenía como destino Girardot.

Como consecuencia del volcamiento, seis personas resultaron lesionadas. Entre ellas se encuentran un menor de 11 años y una mujer de 81 años. El conductor, por su parte, salió ileso, de acuerdo con la información entregada por las fuentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca.

Por ahora, la falla en los frenos es la hipótesis inicial sobre lo ocurrido y deberá ser establecida mediante las investigaciones correspondientes. Las autoridades tendrán que determinar las condiciones mecánicas del bus y las circunstancias exactas en las que perdió el control antes de salirse de la vía.

#Cundinamarca | Un bus de la funeraria Capillas de la Fe se volcó en la vía Mosquera – La Mesa, dejando a seis personas heridas, entre ellos un menor de edad y una adulta mayor. La vía se encuentra cerrada en un carril.

Vía: @Nia_Maldonadoohttps://t.co/qRQodC6mox pic.twitter.com/weK9w51oct

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

En entrevista con el programa Bajo Sospecha, la madre lanzó un llamado directo al presidente de la República y al director de la Policía Nacional para que la reciban y le den respuestas.

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De acuerdo con la versión oficial, Mateus falleció tras inhalar monóxido de carbono en una estación de gasolina en Sibaté, Cundinamarca. Sin embargo, su familia rechaza esa explicación.

“Yo estoy segura que él no se metió allá a inhalar monóxido de carbono. Él estaba haciendo curso de ascenso, amaba su institución, él ya llevaba 10 años y ya sabía los peligros a los que se estaba enfrentando”, señaló Sandra en la entrevista.

Su hija también detalló las irregularidades que encontraron desde el primer momento. Cuando reclamaron las pertenencias del patrullero, el teléfono celular les fue entregado con retraso y con señales evidentes de alteración.

“Me doy cuenta que han eliminado mensajes, que se encuentran también llamadas a las horas que él ya no se encontraba”, reveló. Además, al recuperar el dispositivo tras entregarlo a la Fiscalía, advirtieron que el WhatsApp y los correos electrónicos habían sido borrados por completo.

La ropa de Mateus también causó sospechas. Según la hermana del patrullero, las prendas fueron entregadas con un nivel de humedad inusual: “Parecía que la hubiesen metido en un balde y la hubieran sacado así escurriendo agua”. A eso se suma que el cuerpo presentaba golpes visibles durante la velación que no quedaron consignados en los documentos oficiales, y que el informe forense reportó líquido hemático en el abdomen, el cerebro y los riñones, hallazgos incompatibles, según la familia, con una intoxicación por monóxido de carbono.

Sandra, la madre de Edwin,  asegura que la institución nunca la contactó directamente para notificarle el fallecimiento. Se enteró por una cadena de llamadas que pasó por un compañero de trabajo de su hijo, su yerno y una hermana.

“No fue directamente de la Policía”, precisó. El llamado ahora va dirigido a las más altas esferas: “Si el mensaje le llega al presidente, a Abelardo de La Espriella , que él es padre también, que por favor me escuche, que me reciba, porque yo soy la mamá de un patrullero de la Policía Nacional de Colombia y quiero una explicación”.

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¿Por qué la familia de Edwin Mateus sospecha de manipulación en la investigación?

Además de las evidencias físicas y digitales alteradas, la familia interpuso derechos de petición después de que las autoridades intentaron archivar el caso en menos de dos años. Gracias a una apelación, el proceso sigue abierto, pero la familia denuncia que ha tenido que recurrir a acciones de tutela para acceder a información básica de Medicina Legal y la Fiscalía.

¿Qué papel tiene el compañero de turno de Edwin Mateus esa noche?

El patrullero que compartía servicio con Mateus nunca se acercó a la familia ni a la funeraria, y los intentos por contactarlo han resultado infructuosos. La hermana de Edwin acudió personalmente hasta la estación de Sibaté para buscarlo y le informaron que ya no estaba allí. La familia cree que esa persona podría tener información clave para esclarecer lo ocurrido.

Uno de los momentos destacados de esta agenda es la novena edición del Festival de la Familia, programada para el domingo 8 de noviembre en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio. El encuentro, según la información difundida, está diseñado como una jornada para estimular la integración, la diversión y el encuentro entre los habitantes de Cali. El evento se desarrollará de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. y proyecta recibir a más de 4.000 personas, incluyendo cerca de 2.200 niños. La oferta recreativa estará compuesta por más de 35 actividades, entre ellas juegos inflables, espectáculos artísticos y estaciones con juegos tradicionales, como sapo, parqués y dominó.

Además de las actividades lúdicas, el festival vinculará los 11 programas institucionales de la Secretaría del Deporte y la Recreación, junto con los 10 componentes de la estrategia ‘Cali Juega’. El acceso a todo el evento será libre y gratuito, sujeto a registro previo en la plataforma digital oficial.

Por otra parte, el Estadio Olímpico Pascual Guerrero también se encuentra bajo una fase intensiva de mejoras. De acuerdo con el medio citado, las adecuaciones buscan preparar el escenario para el partido entre la selección Colombia masculina de mayores y Chile, correspondiente a la fecha FIFA, y pautado para el viernes 13 de noviembre a las 7:00 p.m. Este partido significa el regreso de “La tricolor” al Pascual Guerrero tras 27 años de ausencia. El estadio, además, es sede de equipos como América de Cali, Boca Juniors y Atlético FC.

La administración distrital, bajo la orientación del alcalde Alejandro Eder y el secretario Alexander Camacho, emprendió obras como resane de grietas en la tribuna occidental, reparación de la lona en la tribuna norte y reacondicionamiento de camerinos. También se están reemplazando 400 sillas y realizando trabajos en ascensores, sistemas de aire acondicionado, iluminación y gramilla, todo para alcanzar los estándares requeridos a nivel internacional.

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¿Qué actividades incluye el Festival de la Familia en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio?

El Festival de la Familia, que se llevará a cabo en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, contempla más de 35 ofertas de entretenimiento, como módulos de inflables, espectáculos artísticos en tarima y estaciones de juegos tradicionales, entre ellos sapo, parqués y dominó. El evento vincula programas institucionales y la estrategia “Cali Juega”, permitiendo la participación libre con registro previo.

¿Qué intervenciones se han realizado en el estadio Pascual Guerrero tras el sismo del 10 de agosto?

Después del sismo registrado el 10 de agosto, el estadio Pascual Guerrero ha sido objeto de obras de resane en la tribuna occidental, reparación de la lona en la tribuna norte, reacondicionamiento de camerinos y reemplazo de 400 sillas. Además, se realizan mantenimientos en ascensores, sistemas de aire acondicionado, iluminación y gramilla para cumplir estándares internacionales.

Actualmente, destacan las intervenciones en los colegios Marice Sinisterra y Julio Caicedo y Tellez, donde la inversión conjunta alcanza los $128.575.605. De acuerdo con la información proporcionada por Noticiero 90 Minutos, estos fondos no solo se emplean en la reconstrucción estructural, sino también en la creación de áreas como salas de lectura, en un esfuerzo por recuperar y fortalecer el ambiente académico tras los daños generados por el sismo.

La situación era especialmente crítica en la sede Francisco de Paula Santander de la institución Julio Caicedo y Tellez. Allí, según relata Fabiola Cortés Arango, coordinadora de la sede, la comunidad educativa debió adoptar la modalidad ‘Pico y salón’, alternando grupos de estudiantes debido a la falta de aulas en condiciones adecuadas. Cortés Arango señala que "en un tiempo récord se logró hacer el trabajo de demolición y reconstrucción de esas aulas, que estaban afectando gravemente y muy sensiblemente a la población estudiantil".

La intervención ya ha permitido que aproximadamente 710 estudiantes de las instituciones beneficiadas tengan acceso a mejores instalaciones. Sin embargo, la estrategia ‘Modo Esperanza’ no se detiene ahí. Está previsto intervenir la sede Ana María Vernaza de la Institución Educativa Siete de Agosto, con otra inversión de $71.424.395, buscando beneficiar a más de mil estudiantes en total.

Este esfuerzo conjunto entre entidades públicas y privadas responde al impacto profundo de la emergencia y evidencia la importancia de la reconstrucción educativa para el bienestar de miles de familias de la ciudad.

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¿Qué instituciones educativas se están restaurando con la campaña ‘Modo Esperanza’ tras el terremoto?

De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos, en esta fase de la campaña ‘Modo Esperanza’ se intervienen las instituciones educativas Marice Sinisterra y Julio Caicedo y Tellez, así como la sede Ana María Vernaza de la Institución Educativa Siete de Agosto. Se realizan inversiones destinadas a reconstruir y mejorar la infraestructura y a crear espacios especializados como salas de lectura.

¿Cuántos estudiantes se benefician de la reconstrucción de colegios después del terremoto en la ciudad?

En la actualidad, las intervenciones benefician a cerca de 710 estudiantes de distintas edades en Marice Sinisterra y Julio Caicedo y Tellez. Además, la futura intervención en la sede Ana María Vernaza está proyectada para favorecer a más de mil estudiantes, lo que evidencia el alcance y el impacto de la estrategia.

Sin embargo, en su ponencia de archivo, Nieto Loaiza subraya que no es viable que el Congreso otorgue este tipo de facultades extraordinarias sin una solicitud precisa y sin ambigüedad por parte del Gobierno Nacional. El senador enfatiza que la petición debe ser clara y específica para cumplir con los preceptos constitucionales. Además, advierte que el Ejecutivo ya ha solicitado este tipo de facultades en proyectos de ley propios, como el de ajuste fiscal que será debatido pronto en el Capitolio. En ese proyecto, como señala El Espectador, el artículo 7 propose otorgar al Ejecutivo la autoridad para crear, suprimir, fusionar, reorganizar o reestructurar carteras y entidades estatales, evitando así la duplicidad legislativa sobre una misma temática y en un mismo periodo.

La iniciativa también proponía al presidente modificar la naturaleza jurídica de las entidades, redefinir sus funciones y estructura, y trasladar competencias según lo considerara necesario, aunque sin generar nuevas funciones. Si el Congreso aprueba el proyecto de ajuste fiscal, De la Espriella podría suprimir, fusionar o modificar organismos estatales de diversa índole, incluidas superintendencias y agencias, siempre y cuando se justifique la creación de nuevas entidades para reemplazar funciones esenciales y con una vigencia de hasta seis meses. En línea con la búsqueda de austeridad, Correa y Caicedo propusieron además reducir en 50% las Unidades de Trabajo Legislativo. El alcance de estos cambios será objeto de intenso debate dentro del Congreso en las próximas semanas.

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¿Cuáles serían los cambios en la administración pública si se aprueba el proyecto de ajuste fiscal de De la Espriella?

Si el Congreso aprueba el proyecto de ajuste fiscal del presidente Abelardo de la Espriella, el mandatario podría fusionar, suprimir, crear o reorganizar ministerios y otras entidades estatales mediante decretos con fuerza de ley, en busca de un Estado más eficiente y menos costoso durante un periodo limitado de seis meses, según El Espectador.

¿Qué significa que el presidente tenga facultades extraordinarias para reorganizar entidades públicas?

Contar con facultades extraordinarias implica que el presidente recibiría autorización legislativa para modificar, mediante decretos que tengan fuerza de ley y por un tiempo determinado, la estructura, funciones y naturaleza jurídica de entidades del Estado, sin requerir cada vez la aprobación del Congreso, concentrando temporalmente el poder de reorganizar la administración pública, de acuerdo con lo informado por El Espectador.

El presupuesto de la entidad para 2027 se estableció en 181.400 millones de pesos, una cifra que plantea retos importantes en la operación y el desarrollo de sus tareas judiciales. Danilo Rojas Betancourth, durante su acto de posesión, anticipó que serán necesarios ajustes administrativos ante las restricciones económicas. Algunas de las medidas consideradas incluyen la entrega del edificio principal que ocupa la entidad y la posible reducción en los esquemas de seguridad, todo ello con miras a utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles.

La JEP, según lo indicado en los reportes oficiales, se encuentra en un momento decisivo: mientras la Sala de Justicia avanza hacia el cierre de las investigaciones, el Tribunal para la Paz se prepara para afrontar la etapa más exigente de los juicios. Todo esto ocurre en el contexto de relaciones complejas para establecer diálogo con el gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella.

Sobre el perfil del nuevo presidente de la JEP, hay que destacar su preparación académica y su recorrido profesional en la rama judicial, la academia y organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo Noruego para los Refugiados. Rojas también se desempeñó como director del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional y ha ocupado cargos de relevancia en el Consejo de Estado, llegando a la presidencia de ese organismo en 2016. Dentro de la JEP, asumió como vicepresidente de la Sección de Apelación en 2018 y esta vez fue elegido presidente por 23 votos frente a otras candidaturas, en la primera ronda de votación realizada en octubre.

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¿Cuáles son los principales retos presupuestales que enfrenta la JEP con Danilo Rojas Betancourth?

La Jurisdicción Especial para la Paz enfrenta restricciones económicas severas, con un presupuesto de 181.400 millones de pesos para 2027, lo que obliga a considerar medidas de ahorro como la entrega del edificio principal y la reducción de esquemas de seguridad. Estos ajustes podrían influir en la capacidad operativa y en la seguridad del personal, un tema relevante dado su papel en los procesos de justicia transicional.

¿Qué perfil académico y profesional tiene Danilo Rojas Betancourth, presidente de la JEP?

Danilo Rojas Betancourth es abogado con especialización, maestría y doctorado en Derecho de la Universidad Nacional, además de formación en Derecho Administrativo y Argumentación Jurídica. Ha trabajado en entidades internacionales y nacionales de derechos humanos y ha ocupado importantes cargos en la rama judicial de Colombia, como consejero y presidente del Consejo de Estado antes de llegar a la presidencia de la JEP.

De acuerdo con las indagaciones periodísticas, se han documentado cinco contratos obtenidos por la joven de 27 años, natural de Sevilla (Valle), en entidades como el Ministerio del Interior —cuando la cartera era liderada por Armando Benedetti—, la Superintendencia de Vigilancia y el Senado de la República, periodo este último que coincidió con la gestión en la primera vicepresidencia de la corporación por parte de la senadora María José Pizarro.

A los chats y al video de 54 segundos difundidos recientemente se sumaron imágenes que habían permanecido inadvertidas y que evidencian el acceso de Jiménez a zonas restringidas del Congreso. Una de las fotografías data del 6 de marzo de 2022 y muestra a la joven, vestida de negro, ubicada en uno de los atriles contiguos a la mesa directiva del Senado. Para esa época, la excontratista ostentaba un vínculo contractual en la división de recursos humanos de la Cámara alta por un valor de 9 millones de pesos, mientras Gustavo Petro ejercía simultáneamente como congresista.

Ante este hallazgo, las autoridades solicitarán al funcionario que ordenó dicha contratación que explique cómo llegó la hoja de vida de Jiménez a la corporación, teniendo en cuenta sus antecedentes laborales previos en plataformas de contenido para adultos. En la misma fecha, los registros gráficos la ubican en el patio Rafael Núñez —el espacio que separa el Capitolio de la Casa de Nariño—, así como subiendo las escalinatas del legislativo.

Las evidencias fotográficas también abarcan registros posteriores fuera del entorno estrictamente institucional, incluyendo imágenes de una terraza en el centro de Bogotá fechada el 11 de noviembre de 2024 —cuando ya había culminado su paso como contratista del Senado—, además de postales en escenarios campestres montando a caballo de paso fino y a bordo de una cuatrimoto junto a camionetas de alta gama. Con estos elementos, la justicia busca esclarecer el grado de acceso y la trazabilidad de los contratos adjudicados a la excontratista.

Estas son las fotos