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La medida busca facilitar el traslado de maquinaria, equipos y ayudas hacia los lugares donde se adelantan labores para atender daños en las carreteras, deslizamientos y otras afectaciones relacionadas con la emergencia.

Sin embargo, la exención no aplica de manera general en todos los peajes de Colombia ni significa que cualquier persona que lleve algún tipo de ayuda pueda pasar sin pagar.

¿Qué vehículos pueden pasar sin pagar peaje?

De acuerdo con la ANI, el beneficio contempla principalmente dos tipos de vehículos:

Maquinaria amarilla destinada a las labores de atención de la emergencia.
Vehículos que transporten ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.

La entidad explicó que para acceder al paso sin cobro debe existir una articulación previa con las entidades encargadas de atender la emergencia.

Por esa razón, la medida no constituye una exención para vehículos particulares, motocicletas, buses o camiones que simplemente estén recorriendo las carreteras y que no hagan parte de las operaciones coordinadas para atender a las comunidades afectadas.

Los concesionarios de los corredores incluidos en la medida, según informó la ANI, han puesto sus capacidades a disposición de las autoridades para facilitar el desplazamiento de los recursos necesarios para la emergencia.

¿En qué corredores no se cobra peaje?

La ANI informó que el paso sin cobro se mantiene en varios corredores viales que conectan las regiones afectadas.

Estos son los corredores y puntos incluidos en la medida:

Armenia–Pereira–Manizales

Pavas
San Bernardo del Viento
Tarapacá I
Tarapacá II
Circasia

Tercer Carril Bogotá–Girardot

Chusacá
Chinauta

Girardot–Ibagué–Cajamarca

Chicoral
Gualanday

Buga–Buenaventura

Loboguerrero

Malla Vial del Valle

Estambul
CIAT
Cerrito
Cencar
Mediacanoa
Paso de la Torre
Rozo
Villa Rica

La lista corresponde a los corredores y peajes señalados por la Agencia Nacional de Infraestructura para facilitar las labores asociadas con la emergencia.

“La emergencia económica que hoy vamos a formalizar nos permitirá contar con las herramientas necesarias para generar el espacio fiscal que exige esta tragedia y minimizar su impacto económica y social”, dijo el mandatario al respecto.

“Quiero dejar algo claro, estas facultades extraordinarias no son un cheque en blanco. Cada peso que movilicemos deberá responder a las necesidades derivadas de esta emergencia y será administrado con responsabilidad, transparencia y rigor. Aquí no habrá ningún espacio para la corrupción y personalmente, como presidente de la República, me voy a asegurar de que cada peso sea inverdido como debe ser”, agregó.

El mandatario defendió la necesidad del decreto al señalar que la emergencia ocurre en un momento especialmente delicado para las finanzas públicas del país y aseguró que Colombia atraviesa “la situación fiscal más compleja de su historia como República”, lo que limita la capacidad del Estado para responder a una tragedia de esta magnitud mediante los mecanismos habituales.

En ese sentido, el mandatario explicó que, bajo circunstancias económicas normales, el Gobierno podría atender buena parte de las necesidades inmediatas de la emergencia mediante las herramientas ordinarias disponibles y con mayores recursos en el Presupuesto General de la Nación.

Sin embargo, advirtió que el panorama actual es distinto y que las restricciones fiscales hacen necesario acudir a medidas extraordinarias. “En condiciones financieras normales, buena parte de los efectos inmediatos de una tragedia de esta magnitud podrían enfrentarse usando los instrumentos ordinarios del Estado y ampliando apropiaciones al Presupuesto General de la Nación, pero Colombia enfrenta una realidad fiscal extraordinariamente difícil”, afirmó.

En paralelo, se han dispuesto varios desvíos y cierres viales estratégicos en el centro de Cali y sus alrededores. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los cierres activos incluyen cruces significativos como Calle 11 con Carrera 6, Calle 9 con Carrera 4, Carrera 3 con Calle 10, Calle 7 con Carrera 4, Calle 5 con Carrera 6, Carrera 5 con Calle 10, Carrera 9 con Calle 9, Carrera 4 con Calle 11 y Calle 22N con Avenida 4. Estos puntos han sido designados como neurálgicos para el acceso de equipos de emergencia, asegurando que los grupos de rescate trabajen sin obstáculos y en condiciones de mayor seguridad.

La situación se agrava en la Avenida 8N con Calle 13, donde persisten trabajos de colapso controlado en una estructura afectada. En ese sector, las autoridades han autorizado nuevos recorridos alternativos: tomar la Calle 15 y seguir por la Avenida 9 hacia el norte, dirigirse hacia el suroeste mediante la Avenida 9A y las rutas permitidas, o utilizar las calles 12 o 10 desde la Avenida 9A Norte para reincorporarse a la Avenida 8N. Dichos ajustes, según la Secretaría de Movilidad, deben tomarse en cuenta al planificar cualquier traslado para evitar congestión y facilitar la labor de quienes atienden la emergencia.

En conclusión, aunque la capital del Valle del Cauca se encuentra aún en la fase de atención y recuperación, el seguimiento de estas instrucciones es clave para el bienestar común. Es importante subrayar que todas las medidas mencionadas han sido comunicadas de manera oficial por las autoridades locales con el propósito de salvaguardar a la población y agilizar las labores de rescate y normalización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el ‘pico y placa solidario’ en Cali y por qué se aplica tras el sismo?

El 'pico y placa solidario' es una medida temporal de restricción vehicular en toda la zona metropolitana de Cali. Según la Alcaldía de Cali, esta norma tiene como fin facilitar las operaciones de rescate y la movilidad de equipos de emergencia tras el movimiento telúrico del 10 de agosto, evitando congestión en las vías estratégicas de la ciudad mientras dure la fase de atención a la emergencia.

¿Cuáles son los desvíos y cierres viales que continúan activos en Cali después del sismo?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los desvíos y cierres viales activos cubren puntos neurálgicos como Calle 11 con Carrera 6, Calle 9 con Carrera 4, Carrera 3 con Calle 10, Calle 7 con Carrera 4, Calle 5 con Carrera 6, Carrera 5 con Calle 10, Carrera 9 con Calle 9, Carrera 4 con Calle 11 y Calle 22N con Avenida 4. Además, se han determinado rutas recomendadas para desplazarse hacia el norte, sur o reincorporarse a vías principales en sectores donde persisten labores de emergencia.

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Huerta, oriundo de Pereira, es abogado de la Universidad Libre y licenciado en Filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira. Cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y es candidato a doctor en Derecho.

Su formación académica también incluye especializaciones en Derecho Probatorio, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH), Derecho Administrativo y Derecho Constitucional.

El nuevo funcionario tiene más de 20 años de experiencia en el sector público y 15 años como docente universitario en programas de pregrado y posgrado. Entre sus cargos se destaca el de Defensor del Pueblo Delegado para salud, desde donde recorrió diferentes regiones del país para promover la garantía del acceso a los servicios de salud y la protección de este derecho para las poblaciones más vulnerables.

También se desempeñó como secretario de Educación de Pereira, cargo desde el cual trabajó en estrategias para reducir la deserción escolar, mejorar los ambientes educativos y fortalecer la permanencia y la calidad de la educación.

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De fórmula vicepresidencial a Función Pública

Huerta había participado en la contienda electoral como fórmula vicepresidencial de Claudia López. Sin embargo, posteriormente se desmarcó de la exalcaldesa de Bogotá y manifestó su respaldo a Abelardo de la Espriella, quien finalmente ganó las elecciones presidenciales.

Con su llegada a Función Pública, Huerta tendrá a su cargo una entidad clave para la administración del Estado, encargada de formular y promover políticas relacionadas con el empleo público, la gestión del talento humano, la organización administrativa y el fortalecimiento de las entidades estatales.

Entre las funciones también están orientar a las entidades públicas en materia de estructura organizacional, empleo público, gestión del talento humano y desempeño institucional, así como promover una administración pública más eficiente y transparente.

Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle del Cauca, explicó que el gobierno departamental está realizando un acompañamiento permanente a los municipios afectados. De acuerdo con sus palabras, la estrategia se centra en visitas técnicas guiadas por profesionales con experiencia en geología y estructuras, quienes realizan diagnósticos en campo para definir la mejor ruta de acción en cada uno de los puntos críticos. Según Ramírez, la presencia de estos expertos es fundamental para acelerar el proceso de reconstrucción y garantizar que la recuperación de las vías se lleve a cabo de forma segura y efectiva.

La intervención de la maquinaria amarilla ha sido una de las principales herramientas para hacer frente a los escombros y realizar las labores de apertura de los corredores viales comprometidos. Esta etapa inicial de remoción permitirá posteriormente avanzar con trabajos más especializados en la restauración de puentes y carreteras. Como parte de la estrategia, la Gobernación del Valle del Cauca ha reiterado su compromiso con los diferentes municipios, asegurando un apoyo logístico y operativo constante durante todo el proceso de recuperación.

Mientras se ejecutan estas tareas, el mensaje a la ciudadanía ha sido de paciencia y colaboración, dado que la reconstrucción requiere tiempo y un esfuerzo coordinado de múltiples actores. Aunque las autoridades avanzan en la evaluación de daños y la activación de equipos, aún se requiere un trabajo continuo para restablecer la normalidad en las vías del Valle del Cauca. La información difundida por la Gobernación destaca la importancia de la labor conjunta entre entidades gubernamentales y especialistas, para superar las consecuencias del sismo y proteger la conectividad en la región.

¿Qué daños dejaron el terremoto en las vías del Valle del Cauca?

De acuerdo con la Gobernación del Valle del Cauca, el terremoto del 10 de agosto provocó afectaciones en 37 corredores viales y 11 puentes del departamento. Estas vías presentan daños que requieren intervención urgente para restablecer la conectividad y permitir el normal funcionamiento del transporte en la región.

¿Cómo se está llevando a cabo la recuperación de las vías tras el terremoto en el Valle del Cauca?

La recuperación se realiza mediante el despliegue de más de 106 equipos de maquinaria y el acompañamiento de profesionales en geología y estructuras, de acuerdo con el secretario de Infraestructura, Frank Ramírez. Las labores incluyen visitas técnicas para diagnóstico, remoción de escombros y apertura de corredores viales en los municipios afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

José Manuel Restrepo, vicepresidente colombiano, aseguró que el escenario financiero del país cuenta con créditos contingentes de rápido uso para enfrentar emergencias, tragedias como esta.

Para casos como el del terremoto en Colombia, dice el funcionario, existen estas figuras tanto en el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, como en el BID.

Opciones para financiar el terremoto en Colombia

“Entonces, ese tipo de recursos se utilizan para esas atenciones de urgencia en donde usted no tiene la posibilidad de redefinir recursos del Presupuesto Nacional porque no es legal, y le permiten tener acceso a recursos para atender esas necesidades”, dijo Restrepo en entrevista con Caracol Radio.

Aclaró el vicepresidente que el país va a necesitar la emergencia económica que el presidente Abelardo de la Espriella ya anunció, aclarando que esa emergencia económica va a permitir un espacio “para que se puedan atender no solamente las ayudas humanitarias, no solamente la reconstrucción de las ciudades, sino también la reactivación de esos territorios del país”.

Si bien el gobierno De la Espriella asegura que no optará por el aumento de impuestos para financiar los recursos que requiere el terremoto en Colombia, agencias calificadoras y analistas locales aseguran que no habría otra salida que una reforma tributaria.

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El mandatario hizo la aclaración al término de una reunión con representantes del gremio asegurador, en la que, según De la Espriella se revisaron las medidas para acelerar la atención a los damnificados.

De la Espriella dice que aseguradoras ya están pagando indemnizaciones

Durante su declaración, el presidente aseguró que las compañías de seguros comenzaron a responder desde el primer día de la emergencia y destacó la disposición del sector para agilizar los procesos.

Según explicó, el Gobierno cruzará la información de las aseguradoras con las bases de datos oficiales para facilitar tanto el pago de las pólizas como la entrega de subsidios a las familias afectadas.

“Todos los reclamos a las aseguradoras serán atendidos y agilizados. No tienen dos días para hacerlos, tienen dos años. No se dejen enredar por noticias falsas”, afirmó De la Espriella en su declaración.

La situación más delicada se presenta en la vereda El Gurrío, donde un árbol de cerca de 30 toneladas colapsó, requiriendo una operación compleja de fragmentación y remoción. El retiro del árbol, llevado a cabo por personal especializado y maquinaria, implica un procedimiento detallado para desmontar progresivamente la estructura vegetal y restaurar el entorno, buscando prevenir daños adicionales. Según información oficial, esta tarea demanda especial atención debido al volumen de la madera y al impacto que podría causar sobre la vía.

En otro sector, sobre la vía Alcalá – Morelia, se atendió la caída de un árbol acompañada de un derrumbe, lo que ocasionó la obstrucción parcial de este corredor rural. Equipos de la administración municipal trabajan en la limpieza del material acumulado para restituir condiciones seguras de tránsito. Las autoridades explican que el riesgo persiste mientras no finalicen las labores, por lo que mantienen una vigilancia estrecha en toda la zona afectada.

Por su parte, en la vía Altagracia – Alegrías, varios pinos cayeron sobre la carretera y una vivienda localizada en el sector resultó dañada. Personal técnico avanza en la remoción de troncos y ramas con el objetivo de liberar la vía y evaluar las afectaciones en la estructura habitacional. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas como consecuencia de esta emergencia, informó la administración municipal.

La Alcaldía de Pereira recalcó que las cuadrillas de operación continuarán recorriendo áreas rurales y urbanas para detectar árboles inestables, taludes susceptibles de derrumbe y otros riesgos similares. También emitieron la recomendación de reportar oportunamente cualquier árbol inclinado, deslizamiento o señal de peligro en la vía. Estas acciones se suman a los trabajos habituales de mantenimiento, orientados a evitar bloqueos y a resguardar a la población rural frente a eventos imprevistos relacionados con caídas de vegetación o deslizamientos de tierra.

¿Qué zonas rurales de Pereira se han visto más afectadas por derrumbes y caída de árboles?

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Infraestructura y la Dirección de Parques, las zonas más afectadas han sido la vereda El Gurrío, la vía Alcalá – Morelia y la vía Altagracia – Alegrías. En estos sectores se han presentado caídas de árboles de gran tamaño y derrumbes, lo que ha obligado a realizar intervenciones complejas para recuperar la movilidad y mitigar riesgos para la comunidad.

¿Qué recomendaciones han dado las autoridades para prevenir accidentes por caída de árboles y derrumbes en Pereira?

La Alcaldía de Pereira aconseja a los habitantes reportar cualquier árbol que esté inclinado, taludes inestables o cualquier indicio de nuevos desprendimientos. Recomiendan no acercarse a estas zonas de riesgo y esperar la intervención de los equipos especializados para evitar accidentes o lesiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En un comunicado, la administración territorial explicó que desplegó sus recursos para asistir familias afectadas, evaluar edificaciones en riesgo, operar albergues, entregar ayudas humanitarias y avanzar en la recuperación de sectores.

Sin embargo, la magnitud de esta tragedia supera las posibilidades financieras del municipio de Risaralda por lo que aclaró que resulta indispensable la asignación de recursos nacionales para sostener la atención y enfrentar la reconstrucción.

Las cifras reflejan la urgencia del pedido. Dosquebradas es el segundo municipio de Risaralda con más de 300 mil habitantes y el cuarto del Eje Cafetero. Conocida como la Ciudad Industrial de Colombia, registra cerca de 16.000 personas afectadas por la emergencia telúrica que impactó a la región.

Los reportes indican más de 10.000 viviendas con daños y más de 2.000 inmuebles identificados como destruidos en su totalidad. A esto se suman más de 50 sedes educativas afectadas y más de 300 personas atendidas en albergues temporales habilitados.

El balance de damnificados continúa aumentando. Los equipos técnicos llegan diariamente a nuevos barrios y veredas registrando más familias afectadas. Por ello, la dimensión real de la tragedia será aún mayor conforme avance la evaluación técnica en la totalidad del territorio.

“Necesitamos que el Gobierno Nacional mire a Dosquebradas y venga. Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, hemos trabajado día y noche y le hemos respondido a nuestra gente, pero no damos más abasto. Me alegra que otros municipios estén recibiendo apoyo porque también lo necesitan, pero Dosquebradas no puede seguir siendo invisible. Somos el segundo municipio más afectado por este terremoto y necesitamos una respuesta proporcional a lo que estamos viviendo. Necesitamos recursos, acompañamiento y que el Gobierno Nacional esté aquí para ayudarnos a levantar esta ciudad”, afirmó Roberto Jiménez Naranjo.

La respuesta de atención se ha mantenido debidamente organizada desde el Puesto de Mando Unificado, concentrando la operación de emergencia en cinco líneas de acción estratégicas.

Las líneas abarcan evaluación de edificaciones críticas, atención médica, operación de albergues, entrega de ayudas humanitarias y recuperación del municipio.

Desde estos frentes se articulan la georreferenciación de daños, recorridos sociales y el despliegue de equipos en sectores priorizados de la ciudad.

No obstante, mantener el control administrativo de la emergencia no significa contar con los recursos económicos suficientes para superarla.

“Tal vez porque hemos sido organizados no se alcanza a ver desde afuera lo que realmente estamos viviendo. Hemos hecho un esfuerzo enorme para que nuestra gente esté atendida, para que no esté abandonada y para mantener la ciudad funcionando, pero eso no significa que tengamos todo lo necesario. Dosquebradas también necesita ayuda y necesitamos que las instituciones nacionales estén aquí”, agregó Jiménez.

El gobernante también puso el foco en las familias que hoy necesitan apoyo estatal urgente para enfrentar la contingencia.

“Aquí hay familias que necesitan de nosotros. Hay adultos mayores, personas que viven del día a día y ciudadanos que nunca habían tenido que pedir una ayuda, pero hoy la necesitan. Por ellos estamos haciendo este llamado. Necesitamos tener la capacidad de llegar con alimentos, con apoyo y con soluciones, porque nuestra gente no puede enfrentar sola las consecuencias de esta emergencia”, manifestó el alcalde.

La localidad avanza en limpieza, retiro de escombros e intervenciones especializadas, labores que requieren maquinaria amarilla y personal de apoyo adicional.

El mayor desafío está en las soluciones de vivienda requeridas por las familias que en Dosquebradas perdieron sus hogares durante el sismo.

Estudiantes imposibilitados para regresar a sus escuelas y comunidades dependientes de acueductos averiados forman parte de la etapa de reconstrucción que inicia.

Asimismo, los sectores productivos necesitan reactivar su actividad económica para evitar la pérdida masiva de empleos en la localidad.

La atención inmediata fue sostenida por el municipio, voluntarios, empresarios y organismos de socorro durante los primeros días de crisis.

Ahora la recuperación requiere recursos y decisiones de mayor alcance, haciendo indispensable el respaldo efectivo del Gobierno Nacional para Dosquebradas.

Comienza una etapa de gran alcance con necesidades financieras, técnicas y sociales que el municipio no puede asumir por sí solo.

Entre las urgencias prioritarias destacan carpas para camping, frazadas, colchonetas, víveres no perecederos, kits infantiles, alimento para mascotas y kits de aseo.

Finalmente, para acelerar la limpieza se requieren retroexcavadoras de llantas, minicargadores, kits de cocina comunitaria y personal especializado de recolección.

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De acuerdo con la entidad, hasta el momento han sido recibidos 319 cuerpos procedentes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, las zonas más afectadas por la emergencia.

Entre las personas fallecidas identificadas se encuentran 24 menores de edad y 12 ciudadanos extranjeros, según el reporte oficial divulgado por Medicina Legal.

Las labores de identificación continúan mientras las autoridades avanzan en la entrega de los cuerpos a sus familiares y en la consolidación del balance definitivo de víctimas que dejó el movimiento telúrico.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa las cifras de víctimas identificadas y personas reportadas como desaparecidas, con cierre de hoy 12:30 p.m.

Consulte los listados en https://t.co/Nf1clJVRTj#TerremotoColombia #DesparecidosTerremotoColombia pic.twitter.com/4ceuyCzjVF

— Medicina Legal (Col) (@MedLegalColombi) August 19, 2026

Cifras de desaparecidos

Medicina Legal también informó que 262 personas sigen desaparecidas. De igual manera, 294 ciudadanos ya aparecieron con vida.

Lamentablemente, 98 son los aparecidos sin vida, según la institución.

La decisión quedó consignada en una resolución del organismo electoral, que estableció el reconocimiento de los gastos de campaña asociados a los votos válidos obtenidos durante la consulta para escoger candidato presidencial. El documento señala: “Reconocer al Grupo Significativo de Ciudadanos con Claudia Imparable el derecho de reposición de gastos por votos válidos por valor de 4.991.735.840 millones de pesos correspondientes a la campaña electoral adelantada para seleccionar el candidato a la Presidencia para el período presidencial 2026- 20230”.

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El valor aprobado corresponde a la reposición fijada por cada voto válido. El CNE estableció que el respaldo electoral de esta consulta se pagaría a 8.710 pesos por voto y el grupo de López obtuvo 573.104 votos en la jornada del 8 de marzo.

⭕️ El CNE autorizó el pago de cerca de 5.000 millones de pesos a la excandidata presidencial Claudia López, correspondientes a la reposición de votos, por su participación en la Consulta presidencial de las Soluciones, que se llevó a cabo en marzo de este año. pic.twitter.com/mx9mikHNyK

— La FM (@lafm) August 19, 2026

El resultado fue considerado bajo,a frente a la votación que López consiguió cuando fue elegida alcaldesa de Bogotá en 2019, elección en la que superó el millón de respaldos. En la consulta presidencial, la exmandataria quedó por debajo de otras figuras que participaron en las diferentes coaliciones.

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La reposición aprobada tampoco corresponde a la primera vuelta presidencial. López obtuvo menos de 225.000 votos en esa elección y terminó en el quinto lugar de la contienda, detrás de Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Paloma Valencia y Sergio Fajardo.

El panorama de las consultas del 8 de marzo también dejó resultados diferentes. La Gran Consulta por Colombia consiguió más de 3,2 millones de votos y tuvo como ganadora a Paloma Valencia. En el Frente por la Vida, Roy Barreras obtuvo la victoria con una votación de 255.873 respaldos.

El caso de López es, el primero de los grupos participantes en estas consultas que obtiene el reconocimiento económico, debido a que cumplió con los requisitos exigidos por el organismo electoral. Otros pagos permanecen pendientes, entre ellos el correspondiente a la consulta presidencial del Pacto Histórico de octubre de 2025, en la que Iván Cepeda ocupó el primer lugar.

La nueva fecha para la presentación de las pruebas ha quedado establecida para el domingo 18 de octubre de 2026. Esta reprogramación permitirá que las instalaciones afectadas por el movimiento telúrico puedan ser adaptadas o sustituidas por otras adecuadas, de modo que los aspirantes cuenten con un entorno seguro y estable durante la jornada. El Icfes enfatizó que la postergación responde al compromiso de ofrecer un proceso transparente y sin contratiempos para los estudiantes, considerando las circunstancias excepcionales producidas por el sismo.

Los inscritos deben estar atentos a la publicación de sus nuevas citaciones, que, según la información de Icfes, estarán disponibles a partir del viernes 2 de octubre. En este documento los estudiantes podrán encontrar todos los detalles sobre el lugar y la hora para la presentación del examen respectivo. Finalizada la jornada, todos los participantes tendrán la opción de descargar los certificados digitales de asistencia desde el 9 de noviembre de 2026. Los resultados individuales, por su parte, podrán consultarse a partir del 19 de febrero de 2027, permitiendo a los estudiantes y a las instituciones de educación superior acceder a los datos oficiales.

Esta medida evidencia la importancia de contar con un sistema educativo resiliente ante emergencias y subraya la responsabilidad institucional del Icfes ante situaciones imprevisibles. La postergación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT refuerza la necesidad de una planificación adecuada para proteger el bienestar de los estudiantes y garantizar procesos académicos de calidad incluso en contextos adversos.

¿Por qué el Icfes decidió aplazar las pruebas Saber Pro y Saber TyT 2026?

El aplazamiento de las pruebas fue adoptado luego del terremoto que afectó a Colombia en agosto de 2026, ya que varias de las sedes seleccionadas para la aplicación sufrieron daños estructurales. De acuerdo con el Icfes, la prioridad es asegurar que los estudiantes puedan presentar sus exámenes en espacios seguros y con la infraestructura adecuada.

¿Cuándo estarán disponibles los resultados y certificados de las pruebas Saber Pro y Saber TyT?

Según los tiempos anunciados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, los certificados digitales de asistencia podrán ser consultados desde el 9 de noviembre de 2026, mientras que los resultados individuales estarán listos para descarga a partir del 19 de febrero de 2027.

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El proceso para que una moción de censura se active está claramente regulado. Para proponerla, al menos una décima parte de los miembros de la Cámara correspondiente debe presentar la solicitud, argumentando motivos relacionados con la labor del funcionario o el incumplimiento de sus obligaciones ante el Congreso. Una vez radicada la solicitud, se convoca un debate en el que el funcionario citado tiene la oportunidad de responder ante los congresistas, expresar sus argumentos y defender su gestión frente a las críticas. Este espacio deliberativo es considerado esencial en la dinámica democrática, ya que proporciona condiciones de equilibrio entre las partes y permite a la ciudadanía observar la transparencia del proceso.

La votación sobre la moción de censura no se realiza inmediatamente finalizado el debate. Según lo reportado, debe hacerse en un periodo que va del tercer al décimo día después del debate, espacio que permite a los congresistas reflexionar sobre lo expuesto y decidir su voto. Para que la moción prospere y se haga efectiva la destitución del funcionario, es necesario conseguir el voto favorable de la mitad más uno de los miembros de la Cámara que estudia el caso. Si la mayoría respaldase la moción, el funcionario será apartado de su cargo. En caso contrario, seguirá en sus funciones, y no se podrá presentar una nueva moción por los mismos hechos, salvo que surjan circunstancias nuevas.

Por último, es fundamental reiterar, conforme lo explicado por Noticiero 90 Minutos, que la aprobación de una moción de censura no constituye una condena judicial ni implica que el funcionario haya incurrido en un delito; obedece, en cambio, a una valoración únicamente política de su gestión.

¿Cómo se puede activar la moción de censura, y qué pasos incluye el proceso?

La moción de censura se activa cuando al menos una décima parte de la Cámara correspondiente presenta la solicitud, alegando motivos vinculados al desempeño del funcionario. Luego se realiza un debate para exponer y discutir los argumentos, y finalmente, entre el tercer y el décimo día tras ese debate, la Cámara vota si respalda la moción. Si la mayoría absoluta la aprueba, el funcionario queda removido del cargo.

¿La aprobación de una moción de censura implica consecuencias penales para el funcionario?

No. Según lo señalado por Noticiero 90 Minutos, la moción de censura es una medida de control político y, aunque puede llevar a la destitución del funcionario, no constituye un proceso penal ni equivale a una condena judicial. Su alcance se limita a valorar el ejercicio político y administrativo del cargo.

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Leandro Querido, director de Transparencia Electoral, explicó que la organización cuenta con 15 años de trabajo en América Latina y presencia en países como Colombia, México y República Dominicana. Según dijo, ese recorrido le permite tener una visión amplia sobre las características de los procesos electorales de la región.

“Colombia lidera el último índice de observación electoral. Ha demostrado tener un compromiso muy alto con la observación electoral”, afirmó Querido, quien pidió a las autoridades electorales actuales y futuras mantener ese camino de fortalecimiento institucional.

Para el directivo, ese compromiso permite hablar de un “modelo Colombia de gobernanza electoral”, basado en la apertura de los procesos a observadores, partidos políticos, ciudadanía y empresas que aportan soluciones tecnológicas.

Entre los datos mencionados por la organización están el monitoreo de 19 millones de registros sin incidentes críticos y el bloqueo automático de más de 30.000 intentos de registros duplicados. La herramienta también ayudó a resolver un problema presente en distintos países de la región: la dificultad de los partidos para contar con testigos en todas las mesas de votación.

Querido explicó que la aplicación permitió facilitar la inscripción de testigos, reportar incidencias y contar con información centralizada para identificar posibles vacíos de representación partidaria.

Colombia podría ser referente para próximas elecciones en Venezuela

El director de Transparencia Electoral sostuvo que esta experiencia puede ser especialmente relevante para Venezuela. “El modelo Colombia es un ejemplo para los venezolanos que hoy día están pensando en esa transición democrática, en esa posibilidad de hacer elecciones en el corto plazo”, señaló.

Según Querido, Venezuela enfrenta un escenario electoral marcado por la falta de confianza en sus instituciones, mientras que Colombia representa un caso de apertura y controles cruzados que podrían servir como referencia para una eventual transición.

La organización anunció que incorporará la experiencia colombiana a su análisis regional de observación electoral y otorgó a LinkTIC una certificación de integridad electoral por su solución tecnológica.

Para Transparencia Electoral, la verificación externa de estas herramientas permite convertir la confianza en evidencia y evitar que la tecnología electoral opere como una “caja negra”. La organización también considera que los procesos abiertos y auditables pueden contribuir a reducir la conflictividad política.

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De esta manera, Colombia podría pasar de ser un país observado a convertirse en un referente regional en materia de gobernanza electoral. Transparencia Electoral prevé incluir este reconocimiento en el reporte regional que prepara y plantea que la experiencia pueda ser tenida en cuenta en otros países de América Latina.

De acuerdo con lo reportado por EL PILÓN, el video en cuestión es auténtico. El medio regional intentó contactar a Oswaldo Díaz Ortíz para esclarecer en qué contexto y bajo qué circunstancias se grabó el video, pero no obtuvo respuesta por parte del concejal. Esta falta de aclaraciones iniciales alimentó una ola de reacciones e interpretaciones sobre el alcance y la intención de las palabras pronunciadas en la grabación.

Ante la creciente polémica, el concejal publicó posteriormente otro video en el que aseguró que el material difundido en redes sociales no es un reflejo fiel de su pensamiento ni de su forma de actuar frente a quienes piensan diferente. Díaz explicó que el video habría sido editado y manipulado, y rechazó la violencia, el odio político y la estigmatización motivada por diferencias ideológicas. Su mensaje estuvo dirigido de manera especial a quienes se identifican con el petrismo y otras corrientes políticas distintas a la suya, para reiterar la importancia de la convivencia y el respeto incluso en medio del disenso político. “Podemos pensar distinto sin convertirnos en enemigos”, expresó el concejal en su pronunciamiento.

El corporado también ofreció disculpas públicas a quienes pudieron sentirse afectados por el video y aseguró que está dispuesto a entregar todas las explicaciones necesarias ante las autoridades correspondientes, quienes podrán valorar las circunstancias relacionadas con la grabación. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para no difundir información sin antes verificar su veracidad y advirtió sobre los riesgos de publicar contenidos editados o sacados de contexto. Concluyó enfatizando que el respeto, la democracia y las instituciones deben estar siempre por encima de cualquier controversia política.

¿Por qué causó polémica el video del concejal Oswaldo Díaz Ortíz con un arma de fuego?

El video generó controversia porque muestra al concejal Oswaldo Díaz Ortíz portando un arma de fuego y lanzando amenazas contra personas afines al petrismo. Aunque él aseguró que el arma está respaldada legalmente por su cargo, sus expresiones fueron vistas como incitadoras de violencia política, lo que agravó la reacción social y política, según información difundida por EL PILÓN.

¿Qué acciones tomará el concejal Oswaldo Díaz Ortíz después de la difusión del video?

Después de la difusión del video y el surgimiento de la polémica, Oswaldo Díaz Ortíz afirmó que ofrecerá las explicaciones necesarias ante las autoridades competentes. También pidió disculpas a quienes se hayan sentido afectados y llamó a la ciudadanía a verificar la información antes de difundirla para evitar malentendidos o manipulaciones.

De acuerdo con la Fiscalía, alias “Bonito” estaría vinculado directamente a distintos delitos cometidos en varios municipios del departamento de Putumayo, como Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Guzmán, Villagarzón y Mocoa. Entre las atribuciones señaladas por las autoridades están el control de zonas estratégicas para la organización, la administración logística de armas y la coordinación de operaciones de narcotráfico, desplazamientos forzados y extorsiones, entre otros delitos. El ente investigador sostiene que durante su investigación, identificó la participación de Bastidas Bravo en reuniones de mando donde, presuntamente, se dictaron directrices para atentar contra líderes sociales contrarios a las actividades ilegales de la organización.

Uno de los hechos más relevantes que la Fiscalía le imputa a Bastidas Bravo, de acuerdo con El Espectador, es el asesinato de Phanor Guazaquillo Peña, gobernador del pueblo indígena Nasa. Este crimen ocurrió el 3 de diciembre de 2023 en el cementerio de la vereda La Danta, en Puerto Asís. Según las pesquisas, el homicidio fue ordenado por alias “Bonito” en represalia por la labor de sustitución de cultivos ilícitos liderada por la víctima. Asimismo, el procesado estaría relacionado con otros asesinatos, entre ellos el de Jorge Santofimio Yépez y Diego Mauricio Mejía Rojas, ambos firmantes del Acuerdo de Paz y víctimas en hechos separados ocurridos en 2022 y 2023 en Putumayo.

La captura de Bastidas Bravo se llevó a cabo en una zona rural de Guamal, Meta, durante una diligencia en la que participaron miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional, la Armada Nacional y el Cuerpo Élite de Investigación de la Policía Nacional. Por decisión de una jueza de control de garantías, alias “Bonito” permanecerá en un centro carcelario mientras continúa el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias “Bonito”, según la Fiscalía General de la Nación?

Según la Fiscalía General de la Nación, Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias “Bonito”, es señalado como jefe operativo de los Comandos de Frontera, organización considerada disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), y habría ocupado posiciones de mando desde el año 2016. Se le imputa una presunta responsabilidad en delitos graves como homicidio agravado, tentativa de homicidio, y tráfico o porte ilegal de armas y explosivos en varios municipios de Putumayo.

¿Cuáles son los crímenes que se le atribuyen a alias “Bonito” en Putumayo?

De acuerdo con información de la Fiscalía citada por El Espectador, a alias “Bonito” se le atribuye la autoría intelectual de asesinatos como el del líder indígena Phanor Guazaquillo Peña, el líder social Jorge Santofimio Yépez y el escolta Diego Mauricio Mejía Rojas. Estos hechos ocurrieron entre 2022 y 2023 en municipios de Putumayo y están relacionados con represalias contra actividades de sustitución de cultivos ilícitos y la defensa de los acuerdos de paz.

De acuerdo con datos consignados por el IDRD, 59 de los 76 deportistas capitalinos subieron al podio, logrando medallas en 23 de los 26 deportes donde tuvo presencia la ciudad. Este desempeño robusto consolidó al Distrito Capital como una de las regiones de mayor influencia para el éxito colombiano, al tiempo que genera buenas expectativas de cara a los retos venideros, especialmente los Juegos Nacionales 2027.

Durante el evento de reconocimiento, que se llevó a cabo en el auditorio de la Plaza de los Artesanos, las y los atletas manifestaron su gratitud a la Administración distrital por el acompañamiento recibido en sus procesos de preparación y competencia, tanto a nivel nacional como internacional. Daniel García Cañón, director del IDRD, expresó: "Es una alegría estar aquí con ustedes, reconociendo su gran desempeño en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hoy estamos aquí, felices, reconociéndoles su dedicación y entrega, por dar siempre lo mejor".

Atletas como Mayra Gaviria, medallista en lanzamiento de martillo, agradecieron al IDRD por este respaldo, señalando que tales gestos demuestran el compromiso institucional con el deporte bogotano. Eider Arévalo, ganador de plata en marcha atlética, destacó la motivación que implica volver al podio y fijar la mirada en nuevas metas como el Mundial, los Juegos Panamericanos, los Juegos Nacionales y el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

Estos logros evidencian el talento de los atletas de Bogotá, quienes han contado con el decidido apoyo de la Alcaldía Mayor para fortalecer la imagen de la ciudad como potencia deportiva en Colombia, de acuerdo con la información del IDRD.

¿Cuántas medallas aportó Bogotá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Bogotá fue la segunda regional con mayor contribución de medallas para Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. De los 76 deportistas que representaron a la capital, 59 lograron subir al podio y la delegación consiguió medallas en 23 de los 26 deportes en los que participó, según información del IDRD.

¿Qué es el IDRD y cuál fue su papel en el apoyo a los deportistas de Bogotá?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) es la entidad encargada de promover y respaldar la actividad deportiva y recreativa en Bogotá. En el contexto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el IDRD organizó ceremonias de reconocimiento, brindó acompañamiento en la preparación de los atletas y fue clave en la consolidación de Bogotá como referente deportivo nacional.

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Según la concesionaria, este trámite permite que el proyecto continúe con las intervenciones planteadas para robustecer la conectividad de la región. Así, el levantamiento de la medida restrictiva marca un antes y un después para una obra estratégica, en la que desde enero de 2026 ya se contaba con licencia ambiental y cuyo acta de inicio para la etapa de construcción se había firmado en abril del mismo año.

A pesar de estos avances, la ANLA mantenía condiciones que debía atender la concesionaria, relacionadas con aspectos claves como el estudio de movilidad, modelos de conectividad, la situación de una franja condicionada dentro del trayecto y, sobre todo, los planes de manejo, seguimiento y monitoreo ambiental. Solamente después de evaluar la nueva información remitida, la autoridad identificó que se habían cumplido las obligaciones y, por tal motivo, autorizó el levantamiento de la restricción ambiental. Ruta Bogotá Norte indicó que seguirá cumpliendo estrictamente con las disposiciones ambientales estipuladas para el desarrollo del proyecto.

La obra contempla intervenir casi 18 kilómetros del corredor vial, incluyendo dos nuevos carriles mixtos por sentido, un carril exclusivo para Transmilenio —el sistema masivo de transporte de Bogotá— y la adecuación de los carriles existentes, especialmente en el tramo comprendido entre las calles 191 y 235. También están proyectados andenes y ciclorrutas a ambos costados, así como carriles de adelantamiento para buses en las futuras estaciones del sistema. A ello se añadirán retornos a desnivel en las calles 235 y 242, y estudios para la construcción de una intersección a la altura de la calle 201. El reto inmediato será materializar los diseños sobre el terreno sin perder de vista los compromisos de protección ambiental exigidos por la ANLA.

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¿Cómo avanzará la ampliación de la Autopista Norte tras el levantamiento de la restricción ambiental?

La concesionaria Ruta Bogotá Norte podrá iniciar todas las obras previstas en el corredor luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales aprobó la documentación y levantó la restricción ambiental. El foco principal será la ampliación vial entre Bogotá y Cundinamarca, cumpliendo estrictamente con los compromisos ambientales durante la ejecución.

¿Cuáles son los principales cambios previstos en la Autopista Norte con este proyecto?

El plan de intervención implica la construcción de casi 18 kilómetros de nueva infraestructura, incluyendo dos carriles mixtos por sentido, un carril exclusivo para Transmilenio, nuevos andenes y ciclorrutas, carriles de adelantamiento para buses, retornos a desnivel y estudios para una futura intersección, todo dentro del trazado autorizado por la ANLA.

Rendón detalló que pondría a disposición del gobierno nacional un equipo especializado para articular la propuesta. Esta labor será apoyada tanto por el equipo de la Alcaldía de Medellín como por la fundación Proantioquia. El enfoque del mecanismo sería permitir que privados participen activamente en la reconstrucción, ejecutando las obras con transparencia, eficiencia y agilidad. Además, el gobernador aclaró que este fondo adicional garantizaría la conservación de los recursos ya aprobados por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) destinados a municipios PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) y ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado).

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también tomó parte apelando por el fortalecimiento de medidas fiscales para enfrentar la crisis generada por el sismo. Solicitó al Gobierno nacional la extensión del cupo CONFIS destinado a Obras por Impuestos y su cobertura a municipios afectados que no hacen parte de PDET o ZOMAC. Toro resaltó que la región ya tiene 30 proyectos viabilizados bajo este mecanismo y que, de ampliarse, permitiría a empresarios invertir en la reconstrucción y acelerar la recuperación de los municipios más impactados.

Simultáneamente, el presidente De la Espriella desarrolló agenda con distintos actores, como gremios y funcionarios regionales, para evaluar las rutas de acción. Entre los puntos más esperados está la declaración de una emergencia económica, enfoque que se tratará junto a los 18 ministros convocados al primer consejo de gabinetes, con especial atención en la situación crítica derivada del terremoto.

¿En qué consiste el mecanismo de Reconstrucción por Impuestos propuesto para los municipios afectados?

La propuesta de Reconstrucción por Impuestos implica que parte significativa de los recaudos por renta, que normalmente tiene una asignación limitada, se destine en un mayor porcentaje a financiar obras de reconstrucción. El gobernador de Antioquia planteó incrementar el límite actual del 1 % al 10 %, permitiendo que los empresarios ejecuten obras directamente, lo que aceleraría el proceso y enfocaría los recursos en las zonas afectadas por el terremoto, con control y transparencia.

¿Qué son los municipios PDET y ZOMAC mencionados en el contexto de este proceso de reconstrucción?

Los municipios PDET, Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, y las ZOMAC, Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado, son categorías territoriales priorizadas para inversiones públicas en Colombia, orientadas a superar rezagos históricos o impactos del conflicto. En la propuesta presentada, se plantea mantener los fondos destinados a estos municipios y ampliar la cobertura del mecanismo de Reconstrucción por Impuestos a localidades también golpeadas por el reciente terremoto.

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El Ministerio de Hacienda publicó el decreto con el que se hace efectivo el nombramiento de Diana Patricia Bravo Vélez como nueva presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Con la expedición de esta normativa (Decreto 1255 del 19 de agosto de 2026) también se acepta la renuncia de Amelia Pérez, quien se encontraba al frente del cargo desde diciembre de 2024.

La SAE cumple un rol clave como la institución que administra los bienes incautados al crimen organizado con el objetivo de devolver estos recursos a la ciudadanía. Con la entrada de Bravo al cargo, la directiva tendrá la labor de dirigir la entidad hacia la gestión responsable y eficiente de los activos especiales.

La nueva presidenta es abogada de profesión, especialista en derecho administrativo y alta gerencia. También es socia de la firma de servicios jurídicos De la Espriella Lawyers en Barranquilla.

A lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado como asesora jurídica y abogada de control interno disciplinario. Además, ejerció diferentes cargos en la Fiscalía General de la Nación, tanto como directora seccional de fiscalías como fiscal delegada ante jueces penales municipales.

Perfil de Diana Patricia Bravo

Diana Patricia Bravo Vélez es una destacada abogada colombiana con más de dos décadas de trayectoria en el sector público y privado. Cuenta con especializaciones en Derecho Administrativo y Alta Gerencia, formación académica que respalda su ejercicio en el ámbito legal y administrativo.

Su carrera profesional abarca una destacada labor en el ámbito estatal, donde se desempeñó durante más de ocho años en la Fiscalía General de la Nación. En esta institución ejerció funciones como investigadora criminalística, fiscal local y fiscal seccional. Asimismo, ocupó el cargo de directora seccional de fiscalías en distintas ciudades del país, entre ellas Ibagué, Valledupar y Barranquilla.

En el sector privado, Bravo Vélez ha desarrollado un importante ejercicio litigante. Integró el equipo de la firma jurídica De La Espriella Lawyers Enterprise, donde asumió el rol de socia y se desempeñó como directora administrativa de la sede en Barranquilla. En su labor profesional en el ámbito corporativo también ha ejercido como asesora jurídica y abogada de control interno disciplinario.

En el ámbito institucional, su nombre figuró en las listas de ternados para ocupar la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla. Además, ejerció la docencia universitaria en la Universidad Autónoma del Caribe, aportando a la formación de profesionales del derecho.

En el ámbito gubernamental, el Ministerio de Hacienda hizo oficial su designación como presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mediante el Decreto 1255 expedido el 19 de agosto de 2026.

Esta entidad gubernamental cumple la función estratégica de administrar los bienes e inmuebles incautados a organizaciones criminales para destinar sus recursos en beneficio de la ciudadanía. En este cargo, asume la responsabilidad de dirigir la gestión eficiente, transparente y responsable de los activos especiales de la nación.

La decisión tiene como base la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026 y responde a órdenes del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que exigió iniciar nuevamente el trámite para asegurar la participación de la ciudadanía y la legalidad del proceso. De acuerdo con el ministro Arjona, el fallo judicial detectó que la anterior delimitación pudo vulnerar derechos fundamentales de los habitantes de California, Santander, y dispuso revocar los efectos de la consulta pública practicada. Además, el ministerio admitió que la resolución había sido expedida mientras estaba en curso una tutela y pendiente una recusación contra la entonces ministra encargada, Irene Vélez.

El Ministerio aclaró que la revocatoria de la resolución no implica desconocer los criterios técnicos ni científicos empleados, sino que busca garantizar la transparencia y cumplimiento de los procedimientos legales. En palabras oficiales: “La revocatoria no constituye un pronunciamiento en contra de los fundamentos técnicos, científicos o ambientales que dieron origen a la iniciativa de protección de la microcuenca de la quebrada La Baja. Se trata de una decisión orientada a garantizar que el proceso se adelante bajo las condiciones legales y procedimentales exigidas” (Ministerio de Ambiente).

Santurbán es una fuente de agua esencial para más de 2,5 millones de habitantes en Santander y Norte de Santander. En este contexto, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán criticó la decisión, argumentando que el nuevo gobierno empezó a desmontar medidas de protección, afectando la prohibición del proyecto minero Soto Norte. Este debate tiene como antecedente clave la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó una nueva delimitación tras hallar que la realizada en 2014 no garantizó la participación de las comunidades. Por eso, actualmente participan en el proceso 40 municipios beneficiados por los servicios ecosistémicos del páramo.

El área protegida se definía desde 2014 conforme a estudios del Instituto Humboldt, con una actualización en 2019. Sin embargo, los cuestionamientos de participación obligaron a mantener la delimitación antigua hasta aprobar un nuevo proceso, tal como ordenó el Tribunal Administrativo de Santander.

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¿Qué consecuencias tiene la revocatoria de la resolución sobre ‘La Baja’ para el páramo de Santurbán?

La revocatoria deja sin vigencia la protección legal de 1.499 hectáreas en la microcuenca de ‘La Baja’ y obliga a repetir el proceso de delimitación bajo nuevas condiciones de consulta pública, lo que implica un periodo de incertidumbre para la conservación del área mientras se garantiza la legalidad y participación ciudadana.

¿Por qué fue anulada la consulta pública sobre la delimitación en Santurbán y qué ordenó la Corte Constitucional?

La consulta pública fue anulada porque, según el fallo del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, no garantizó plenamente derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la participación de las comunidades locales. La Corte Constitucional, con la Sentencia T-361 de 2017, había ordenado una nueva delimitación y consultas que incluyeran a todas las comunidades beneficiadas por los servicios del páramo.

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Según la información recopilada, la Administración Distrital avanza en conversaciones con la Sociedad Colombiana de Ingenieros y con ingenieros de la Universidad del Valle, con el objetivo de conformar un equipo especializado que desarrolle la evaluación de las edificaciones afectadas. Se revisará especialmente la aplicabilidad de los códigos de construcción y la normativa de resistencia sísmica vigente en el momento del sismo, junto con los procesos de diseño, construcción, inspección y vigilancia de las obras. "Si lo que ocurrió fue que los códigos antisísmicos no eran suficientes y los tenemos que modificar, probablemente será parte de la razón", indicó el alcalde, haciendo énfasis en la necesidad de mejorar las normas si así lo determina el peritaje.

La evaluación técnica busca identificar si existieron fallas en la aplicación de las normas o en los procedimientos de supervisión, o si, incluso, hubo irregularidades en la construcción de los edificios. De acuerdo con el comunicado de la alcaldía, los hallazgos serán fundamentales para definir las acciones prioritarias en el proceso de reconstrucción y para aprender de esta emergencia con miras al futuro. "Lo que queremos es saber qué pasó. Si hubo fallas en los procesos de construcción, si los mecanismos de inspección y vigilancia fueron suficientes o si tenemos que hacer ajustes en nuestras normas", explicó Eder.

La intención final es que la reconstrucción de Cali se lleve a cabo sobre pilares de seguridad, aprendizaje y rigor técnico, fortaleciendo la capacidad de respuesta de la ciudad frente a futuras emergencias. Si el peritaje revela irregularidades o incumplimientos, la alcaldía trasladará esta información a las autoridades competentes, asegurando la transparencia y la legalidad en todo el proceso.

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¿Por qué la Alcaldía de Cali realizará un peritaje técnico a los edificios colapsados tras el terremoto?

La Alcaldía de Cali decidió realizar un peritaje técnico para determinar las causas del colapso de varias edificaciones durante el terremoto del 10 de agosto, con el fin de obtener información rigurosa sobre la aplicación de los códigos de construcción, la resistencia sísmica y posibles fallas en los procesos de diseño, construcción, inspección y vigilancia. El objetivo es garantizar la reconstrucción segura de la ciudad y tomar decisiones basadas en evidencia técnica.

¿Qué procedimientos contempla el peritaje técnico especializado de la Alcaldía de Cali?

El peritaje técnico especializado contempla la revisión de la aplicación de las normas de construcción y resistencia sísmica vigentes, así como los procesos de diseño, construcción, inspección y vigilancia de las edificaciones afectadas. El estudio, realizado por un equipo conformado en colaboración con la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Universidad del Valle, busca identificar eventuales fallas o irregularidades para fortalecer la infraestructura y los protocolos de seguridad de la ciudad.

(Le puede interesar: Se viene nuevo lío para Petro a un día de dejar el poder; Fiscalía sacudió caso Kevin Acosta)

La madre del pequeño de 7 años que falleció al no recibir los medicamentos para tratar su hemofilia envió una carta al presidente del Senado, Honorio Henríquez. En esta misiva solicitó que se revoque la aprobación del Congreso para que el exmandatario viaje a México y esté afuera del país durante un año. Para Pico, el líder de izquierda tomó medidas que afectaron la atención de Nueva EPS, donde su hijo estaba afiliado, y, por ende perjudicó la atención al menor.

“Recordemos que el gobierno para ese momento presidido por Gustavo Petro, en un intento por implementar modificaciones improvisadas al sistema de salud, intervino la Nueva EPS desde el pasado 3 de abril de 2024… Esta acción regulatoria terminó destruyendo la atención de los beneficiados y asfixiando económicamente al sistema”, se lee en la carta hecha a través de Manuel Villanueva, abogado de Yudi Pico.

#ATENCIÓN | La mamá de Kevin Acosta le envió una carta al presidente del Congreso, Honorio Henríquez, solicitándole cancelar la salida del país del expresidente Gustavo Petro ⬇️ pic.twitter.com/mXYmjFinSs

— Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 19, 2026

La misiva se dio luego de que la Fiscalía imputará a cuatro funcionarios de Nueva EPS por una presunta negligencia para prestarle la atención debida a Kevin Acosta, lo que llevó a su fallecimiento.

Estas personas son señaladas de homicidio culposo y violación de datos; en el caso también habría responsabilidad de Petro, ya que él mostró sin consentimiento, durante un consejo de ministros, la historia clínica del niño

El menor de 7 años murió en febrero de 2026 luego de no recibir durante varios meses el emicizumab, medicamento vital para su tratamiento, debido a la ineficaz gestión de Nueva EPS. El niño sufrió una caída cuando iba en bicicleta, tuvo que ser llevado a Bogotá para recibir atención especializada, pero murió cinco días después de llegar a la capital colombiana.

Durante varias reuniones con su gabinete ministerial, el expresidente responsabilizó a la mamá de Kevin de la muerte del pequeño. Petro argumentó que no debió dejarlo montar bicicleta por tener hemofilia, en lugar de reconocer las irregularidades para entregar medicamentos por parte de la Nueva EPS, luego de haber sido intervenida por el Estado.

(Vea también: Gobierno de la Espriella presenta el “Libro de la Verdad” y anuncia nuevas investigaciones por hallazgos del empalme anticorrupción)

Según el documento, citado por El Tiempo, la política de entrega de tierras habría estado acompañada de problemas relacionados con la formalización de predios, el registro de la propiedad y la seguridad jurídica para los campesinos beneficiarios.

Gobierno asegura que hubo entregas de tierras sin registro pleno

De acuerdo con el ‘Libro de la verdad’, durante el anterior gobierno se entregaron 351.463 hectáreas mediante el Fondo de Tierras, pero únicamente 98.148 hectáreas contarían con registro pleno ante la Oficina de Instrumentos Públicos.

El documento citado por el diario también sostiene que 206.273 hectáreas fueron adjudicadas de manera provisional, una situación que, según el equipo de empalme, dejaría interrogantes sobre la seguridad jurídica de quienes recibieron esos predios.

Asimismo, el informe señala que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) habría pagado 979.003 millones de pesos por 537 predios pertenecientes a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Según el documento, al 22 de junio de 2026 solo tres de esos inmuebles figuraban con escritura registrada a nombre de la Nación.

El equipo de empalme sostiene que la falta de registro impediría que algunos beneficiarios puedan vender, heredar o utilizar esos terrenos como respaldo para acceder a créditos, además de exponerlos a eventuales conflictos jurídicos.

Contraloría también advierte rezagos en metas de la reforma agraria

Más allá de los señalamientos del Gobierno, El Tiempo reveló apartes del décimo informe de seguimiento al Acuerdo Final de Paz elaborado por la Contraloría General de la República, en el que el organismo advierte retrasos importantes en las metas relacionadas con la reforma rural.

Según ese informe, de los tres millones de hectáreas que debían redistribuirse mediante el Fondo de Tierras, desde 2017 solo se han adjudicado 107.099 hectáreas, equivalentes a cerca del 4 % de la meta prevista.

En cuanto a la formalización de predios, la Contraloría reportó que durante 2025 se formalizaron 271.197 hectáreas, frente a una meta superior a 1,1 millones, por lo que concluyó que el avance sigue siendo insuficiente.

El organismo de control también considera que será muy difícil cumplir los objetivos establecidos para 2026 y 2028, e incluso advierte que esos compromisos tampoco se alcanzarían antes de 2031 si el ritmo actual se mantiene.

ANT explicó cambios en la medición de las hectáreas entregadas

El informe de la Contraloría también recoge la respuesta de la Agencia Nacional de Tierras, que explicó que desde 2023 adelanta un proceso de ajuste técnico en la metodología utilizada para medir el cumplimiento de los indicadores relacionados con la reforma agraria.

De acuerdo con esa entidad, entre 2017 y el primer trimestre de 2026 se entregaron 328.586 hectáreas, distribuidas entre predios titulados y registrados, predios titulados pendientes de registro y entregas provisionales.

Precisamente, la Contraloría advirtió que estas últimas representan una parte importante del total de hectáreas adjudicadas y que esa modalidad no garantiza plenamente la seguridad jurídica de los campesinos beneficiarios.

Los cuestionamientos consignados en el Libro de la Verdad fueron entregados por el Gobierno de Abelardo de la Espriella a los organismos de control para que evalúen si existe mérito para abrir investigaciones o adoptar las actuaciones correspondientes. Por ahora, se trata de señalamientos contenidos en ese documento, mientras las autoridades competentes analizan su contenido.

De acuerdo con información de El Espectador, la Fiscalía sostiene que Luis Fernando Velasco podría haber direccionado contratos de la Ungrd, con el presunto fin de conseguir el respaldo de congresistas a reformas promovidas por el gobierno de Gustavo Petro, destacándose iniciativas sobre pensión y salud. Por estos hechos, el exministro afronta cargos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, este último aplicado de forma homogénea y sucesiva, según reporta el medio mencionado.

La legalización de la detención domiciliaria responde a un desarrollo particular del proceso. El pasado 6 de agosto, Velasco obtuvo la libertad mediante una tutela, al considerarse que habían vulnerado su derecho al debido proceso. Su defensa argumentó que, en diciembre de 2025, la magistrada encargada del caso aplicó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, pese a que la Fiscalía General de la Nación solo había pedido detención domiciliaria, situación que puso en entredicho la legalidad de la decisión judicial inicial.

Atendiendo la orden de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Diana Patricia Mojica Ortiz actuó conforme a derecho, imponiendo la detención preventiva en residencia y prohibiendo a Velasco la comunicación con otros investigados vinculados a los hechos de la Ungrd. Cabe recordar que este nuevo episodio sucede pocos días después de la excarcelación de Velasco, destacando la complejidad y dinamismo de su situación judicial.

En sus declaraciones tras la captura inicial en diciembre de 2025, Velasco manifestó sentirse respetado en sus derechos y afirmó haber actuado conforme a la ley, reiterando su sensación de inocencia frente a los señalamientos.

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¿Por qué Luis Fernando Velasco enfrenta detención domiciliaria en el caso Ungrd?

La medida de detención domiciliaria para el exministro Luis Fernando Velasco se impuso porque la Corte Suprema de Justicia consideró que la decisión previa de detenerlo en centro carcelario excedía lo solicitado por la Fiscalía, que únicamente pidió la detención en la residencia del exfuncionario. De acuerdo con El Espectador, la magistrada Diana Patricia Mojica Ortiz acató la decisión judicial y ordenó la detención preventiva en el domicilio de Velasco, prohibiéndole además comunicarse con otros investigados en el proceso.

¿Cuáles son los delitos que la Fiscalía imputa a Luis Fernando Velasco en el caso Ungrd?

Según información difundida por El Espectador, Luis Fernando Velasco es procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, este último en concurso homogéneo y sucesivo. Tales cargos están relacionados con el presunto direccionamiento de contratos de la Ungrd para buscar apoyo político a iniciativas del gobierno nacional en el Congreso.

De acuerdo con el diario, la protección está compuesta por un vehículo convencional, dos escoltas y un chaleco antibalas. La decisión se tomó bajo las disposiciones del Decreto 1066 de 2015, que contempla medidas para dirigentes o activistas de grupos políticos.

Gabriela Muñoz recibió protección de la UNP antes del escándalo en Aerocivil

Sin embargo, el caso llama la atención porque Muñoz no ocupaba un cargo público ni tenía en ese momento una relevancia política conocida que explicara de manera evidente la asignación del esquema. Su nombre tomó mayor notoriedad después de las denuncias sobre su presunta influencia en decisiones de la Aerocivil.

El tema salió a la luz en medio de las acusaciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y de Función Pública. Al respecto, Rodríguez señaló a Muñoz de tener una influencia considerable dentro de la Aerocivil y aseguró que “manejaba los hilos” de la entidad y tenía incidencia en algunos nombramientos.

Uno de los episodios que aumentó la atención sobre Gabriela Muñoz también fue el nombramiento de su hermano, Santiago David Muñoz Olaya, como auxiliar V en la Aerocivil. El caso hizo que los cuestionamientos sobre los supuestos vínculos de la joven con la entidad cobraran mayor fuerza.

Aunque el escándalo por las presuntas influencias de Muñoz se conoció después de la asignación del esquema, El Tiempo señaló que la protección continúa activa. Fuentes del nuevo Gobierno consultadas por el diario indicaron que la situación será revisada cuando asuma el nuevo director de la UNP, Didier Fabián Blanco.

Para el senador, la dimensión de la emergencia va mucho más allá del control de las llamas. Sostuvo que hay familias completamente desamparadas y campesinos que han perdido tanto sus casas como sus cultivos, lo que, a su criterio, requiere una atención especial e inmediata. Destacó también la importancia de pensar en la situación de los animales, pues los incendios han tenido un impacto severo en las zonas rurales donde la alimentación de los animales es una preocupación latente.

Caicedo enfatizó la necesidad de que la ayuda estatal no se limite a los primeros auxilios, sino que se extienda al acompañamiento de quienes han perdido todo, en especial los campesinos que vieron arrasados sus cultivos y los hogares que quedaron en ruinas. En sus palabras: “Necesitamos que nos ayuden con la alimentación de los animales”, subrayando una necesidad que, en ocasiones, queda oculta en la urgencia general de este tipo de emergencias.

Dentro de sus propuestas, el senador solicitó que la reconstrucción de viviendas afectadas por los incendios sea incluida en el mecanismo de “obras por impuestos”, el cual se busca habilitar para atender casos como el terremoto. Según Caicedo, este instrumento permitiría avanzar más rápido en la recuperación habitacional de las familias y conseguir que las más de 100 viviendas puedan ser reconstruidas de forma eficiente.

El congresista advirtió, además, que la prolongación de la temporada seca y el desarrollo del fenómeno de El Niño podría agravar la escasez de alimentos y aumentar la inflación en el campo, debido a la pérdida de miles de hectáreas de cultivos. La situación también tomaría un cariz más complejo ante posibles afectaciones en el suministro de agua y energía. Por ello, pidió anticipación y acciones coordinadas: “Sí le pido al Gobierno Nacional que desde ya cree todo un plan de ejecución para lograr mitigar los efectos del fenómeno del Niño”, enfatizó.

Finalmente, Caicedo reiteró su compromiso con el Tolima, asegurando que llevará las necesidades del departamento al Congreso y solicitando que el Gobierno Nacional considere con prioridad la situación del Tolima en sus decisiones respecto a la emergencia.

¿Cuántas hectáreas y viviendas se han perdido por los incendios forestales en Tolima?

De acuerdo con la información presentada por el senador Juan Caicedo en el Senado, los incendios forestales en Tolima han devastado más de 12.000 hectáreas y provocado la destrucción total de más de 100 viviendas en el departamento.

¿Qué son las “obras por impuestos” y cómo pueden ayudar a la reconstrucción en Tolima?

Las “obras por impuestos” son un mecanismo que permite que empresas inviertan directamente en proyectos de reconstrucción o infraestructura a cambio de beneficios tributarios. El senador Caicedo propuso incluir la reconstrucción por los incendios de Tolima dentro de este sistema para agilizar la recuperación de las viviendas afectadas.

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El suceso tuvo lugar a las 11:39 a. m. del lunes 17 de agosto, cuando Senere Ruiz viajaba en una embarcación junto con otras tres personas. Luego de la colisión, la nave en la que se desplazaban se hundió. Los equipos de emergencia respondieron rápidamente al llamado, logrando rescatar con vida a los otros tres ocupantes, quienes portaban chalecos salvavidas y presentaron cuadros de hipotermia. Fueron atendidos y estabilizados en el lugar por los rescatistas, siempre de acuerdo con el reporte del medio citado.

Durante la búsqueda, las unidades desplegaron un operativo coordinado que incluyó el uso de botes, equipos de buceo especializados y tecnología con sonar para rastrear el fondo del embalse. Según la Armada Nacional, se identificaron tres puntos de interés en el agua, descartando dos de ellos en los días anteriores, hasta que este miércoles las labores se centraron en el tercero, en donde finalmente se ubicó la embarcación sumergida y se encontró el cuerpo de la mujer. El rescate fue posible luego de nueve inmersiones conjuntas entre la Armada y Bomberos de Cundinamarca, con el apoyo de otros municipios como Sopó, Zipaquirá, Mesitas del Colegio, Chocontá y Villapinzón, así como Policía, Defensa Civil y equipos expertos en salvamento subacuático.

Sobre las causas del accidente, las autoridades continúan adelantando la investigación. Una hipótesis preliminar plantea que una soga usada para deportes acuáticos habría terminado enredada en la otra embarcación, lo que habría ocasionado tanto el choque como el hundimiento posterior. No obstante, esta versión aún no ha sido confirmada y permanece bajo estudio en la Fiscalía General de la Nación, que asumió el caso y deberá esclarecer cómo ocurrieron los hechos en el embalse de Tominé.

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¿Qué detalles se conocen sobre el accidente en el embalse de Tominé en Guatavita?

El accidente sucedió a las 11:39 a. m. del lunes 17 de agosto, cuando dos embarcaciones colisionaron en el embalse de Tominé, en Guatavita. La embarcación en la que viajaban Sandy Astrid Senere Ruiz y otras tres personas se hundió tras el choque. Los otros ocupantes sobrevivieron gracias a los chalecos salvavidas y fueron auxiliados de inmediato. Las labores de búsqueda permitieron ubicar a la mujer tras tres días de operativo conjunto de varias entidades.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades sobre las causas del accidente en el embalse?

De acuerdo con el informe de las autoridades, una de las hipótesis preliminares menciona que una soga, usada para deportes acuáticos, podría haberse enredado con la otra embarcación, generando así la colisión y el subsiguiente hundimiento. Sin embargo, dicha versión todavía está siendo verificada por la Fiscalía General de la Nación.

Las primeras horas después de la tragedia estuvieron marcadas por la búsqueda angustiosa de sobrevivientes. No obstante, pasados nueve días, la atención se ha desplazado hacia la tarea humanitaria de encontrar e identificar a los desaparecidos. El éxito de esta misión es vital no solo para dar cierre emocional a las familias, sino también para evitar problemas como el tráfico de menores que, según la experiencia de tragedias anteriores como la avalancha de Armero y el terremoto de Armenia, pueden agravarse si no se actúa con prontitud y organización.

La identificación de cuerpos en estas circunstancias recae fundamentalmente en la genética forense, disciplina que demanda recursos y coordinación institucional. Valdés recalca la importancia de fortalecer al Instituto Nacional de Medicina Legal, ya que la labor no solo implica extraer perfiles genéticos de los cuerpos, sino cotejarlos con muestras de familiares de desaparecidos, un proceso que puede tardar desde 24 horas hasta semanas, dependiendo del estado de las muestras y factores como humedad y temperatura ambiental.

En este sentido, la ciencia forense en Colombia enfrenta grandes retos. Además de la tragedia, el país también debe atender sus procesos penales y judiciales habituales, por lo que se necesita sumar recursos y apoyo entre instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y universidades, así como apoyo internacional. Valdés enfatiza la necesidad de trabajar en unidad, para evitar los errores del pasado y lograr que las familias obtengan respuestas claras y oportunas.

En cuanto a la salud pública, el experto sostiene que aunque los cadáveres pueden ser fuente de contaminación para quienes los manipulan, no provocan automáticamente una crisis sanitaria en la comunidad si se respetan las normas de higiene y se garantiza acceso a agua potable. El “olor a muerte”, aunque impactante, sirve para ubicar los cuerpos, pero no representa un riesgo de contagio para la población.

El exdirector recomienda no perder la confianza en la ciencia y en el personal de Medicina Legal, haciendo énfasis en la comunicación transparente hacia las víctimas y sus familias. Reitera que el Instituto debe dar información frecuente y clara, pues el acompañamiento científico y humano es tan fundamental como la labor técnica.

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¿Cómo se realiza la identificación genética de los desaparecidos tras el terremoto en Colombia?

La identificación genética se basa en técnicas de genética forense, que consisten en extraer perfiles genéticos tanto de familiares de personas desaparecidas como de los cuerpos hallados. El proceso es más rápido y sencillo si las muestras biológicas están en buenas condiciones, pudiendo tardar menos de 24 horas. Sin embargo, cuando los cuerpos están en avanzado estado de descomposición, la humedad y la contaminación complican la obtención de ADN, lo que puede hacer que el proceso se demore días o semanas, según explican expertos citados por El Espectador.

¿Qué papel juega el Instituto Nacional de Medicina Legal en la respuesta a la tragedia del terremoto?

El Instituto Nacional de Medicina Legal es la institución encargada de liderar el proceso de identificación de los desaparecidos y de coordinar la recolección y análisis de muestras genéticas. Además, tiene la responsabilidad de mantener informados a familiares y a la comunidad sobre los avances y resultados. Los expertos exigen mayores recursos y cooperación interinstitucional en momentos como este, pues su papel científico y humanitario es crucial para que las familias puedan saber la verdad y encontrar cierre tras la tragedia, según las declaraciones recogidas por El Espectador.

De acuerdo con datos oficiales del Icfes, la determinación impacta a 180.929 personas registradas para presentar las pruebas en 341 sedes ubicadas en varias regiones de Colombia. El calendario inicial del instituto había establecido el 6 de septiembre como fecha de la jornada, junto con la publicación de citaciones para el 21 de agosto. Sin embargo, esa programación quedó modificada tras los estragos del terremoto, que obligó a ajustar los procesos logísticos y de seguridad necesarios para la aplicación de los exámenes.

La explicación entregada por el Icfes precisa que el ajuste responde a los daños ocasionados por el sismo de magnitud 7,4 en departamentos como Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Caldas y Cauca. Muchas instituciones educativas de esas zonas sufrieron deterioros o permanecen bajo evaluación, y varias de ellas hacían parte de las seleccionadas para llevar a cabo la aplicación de Saber Pro y Saber TyT. Por tal motivo, el Icfes consideró que para esta jornada debe garantizarse la seguridad, disponibilidad de espacios, organización y conectividad para estudiantes y funcionarios.

Entre las medidas adoptadas, el Icfes aseguró que quienes ya estaban inscritos no tendrán que volver a hacer el proceso de inscripción. Las nuevas citaciones podrán consultarse desde el 2 de octubre de 2026 en los canales oficiales del instituto y en el sistema Prisma. Además, para quienes necesitan acreditar la presentación de Saber Pro o Saber TyT como requisito de grado, el Icfes entregará un certificado físico el día del examen, el 18 de octubre, válido para cumplir con este trámite ante universidades o instituciones de educación superior. El certificado digital se activará el 9 de noviembre de 2026.

En cuanto a la publicación de resultados, el aplazamiento desplazó la fecha hasta el 19 de febrero de 2027, según el nuevo cronograma oficial. Así mismo, el Icfes reiteró la importancia de que los estudiantes solo consulten información actualizada en sitios oficiales, ya que muchos portales educativos aún mantienen fechas previas a la emergencia.

Finalmente, Saber Pro está dirigido a quienes finalizan programas universitarios profesionales y Saber TyT, a estudiantes en carreras técnicas y tecnológicas. Ambas pruebas permiten medir competencias y la calidad de los programas educativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Icfes aplazó Saber Pro y Saber TyT para octubre de 2026?

Según la información proporcionada por el propio Icfes, el aplazamiento responde a los graves daños y condiciones de inseguridad generadas por el terremoto del 10 de agosto, especialmente en los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Caldas y Cauca. Muchas de las instituciones educativas previstas como sedes para las pruebas resultaron afectadas, lo que hace imposible garantizar condiciones iguales y seguras para todos los participantes hasta que se realicen los ajustes y reparaciones necesarias.

¿Qué significa Saber TyT y a quiénes está dirigido este examen?

Saber TyT corresponde a la evaluación diseñada por el Icfes para estudiantes próximos a culminar programas de formación técnica profesional y tecnológica. No está dirigido a universitarios profesionales, quienes presentan Saber Pro. El examen busca medir las competencias que los estudiantes desarrollan durante sus carreras técnicas y tecnológicas y es un requisito clave para graduarse en estas modalidades educativas en Colombia.

La decisión se conoce mientras avanza la investigación liderada por la Fiscalía para establecer las responsabilidades dentro de uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno de Gustavo Petro.

Tras su recaptura, Velasco fue enviado a detención domiciliaria, medida que deberá cumplir mientras continúa el proceso judicial. El caso busca esclarecer su eventual participación en los hechos de corrupción que rodearon el manejo de recursos y contratos de la UNGRD.

La Fiscalía, a través de la fiscal María Cristina Patiño, acusa a Luis Fernando Velasco por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Según la investigación, el exministro sería uno de los presuntos líderes de la estructura que, a finales de 2023, habría buscado desviar recursos públicos de la UNGRD y el Invías para favorecer intereses particulares.

El proceso contra Velasco no es nuevo. El año pasado, el exministro del Interior fue enviado a prisión junto con el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en medio de las investigaciones por el escándalo de corrupción que involucró a la UNGRD.

Sin embargo, hace pocos días Velasco recuperó su libertad luego de que una tutela fuera fallada a su favor. La situación cambió nuevamente después de que la Fiscalía solicitara su recaptura, petición que terminó siendo acogida por la justicia.

De acuerdo con la nueva decisión, la magistrada Diana Patricia Mojica impuso nuevamente una medida de aseguramiento contra el exfuncionario, aunque esta vez bajo la modalidad de detención domiciliaria. De esta manera, Velasco deberá permanecer privado de la libertad en su residencia mientras avanza el proceso judicial y la Fiscalía continúa con la investigación sobre su presunta participación en el entramado de corrupción.

El abogado de la familia, Manuel Villanueva, aseguró que Gustavo Petro podría ser investigado por el delito de homicidio culposo en calidad de garante, figura jurídica que implica responsabilidad por omisión o falta de intervención adecuada. Villanueva basa su postura en hallazgos reportados por autoridades que participan en la investigación de la muerte del niño. De acuerdo con declaraciones de este abogado, existían deberes del Gobierno nacional involucrados en la intervención de la Nueva EPS y en las condiciones del suministro del servicio de salud prestado a Kevin.

La Procuraduría General de la Nación, entidad encargada de la vigilancia disciplinaria en Colombia, atribuyó la muerte del niño a la negligencia de la Nueva EPS. El Ministerio Público concluyó que la institución omitió la entrega oportuna del medicamento Emicizumab, vital en el tratamiento de la hemofilia, lo que desencadenó una situación clínica grave que terminó con el fallecimiento. Según la Procuraduría, la escasez de este tratamiento contribuyó decisivamente al sangrado que puso en riesgo la vida de Kevin Acosta y aceleró el desenlace fatal. La entidad adelanta indagaciones para establecer las posibles responsabilidades individuales y de la entidad en la atención brindada.

Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación convocó para el 24 de agosto de 2026 a una audiencia de imputación de cargos contra cuatro funcionarios vinculados con la Nueva EPS por presunto homicidio culposo. De acuerdo con Blu Radio, los citados incluyen tanto a personal directivo como a funcionarios encargados del área de auditoría y gerencia regional, así como a otras funcionarias señaladas en la investigación.

Adicionalmente, la Fiscalía investiga la alteración de la historia clínica de Kevin Acosta. El abogado de la familia indicó que se busca establecer si la información médica fue modificada para presentar un diagnóstico distinto acerca de la causa del fallecimiento, lo que podría derivar en otras responsabilidades legales.

Finalmente, la solicitud de compulsa de copias para investigar al expresidente Petro tendría que ser evaluada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, órgano encargado de procesar denuncias contra altos funcionarios del Estado. En ese contexto, la familia de Kevin Acosta también ha pedido que el expresidente no pueda salir del país mientras avanza la investigación.

¿Por qué investigan a Gustavo Petro por la muerte de Kevin Acosta?

La investigación contra Gustavo Petro se fundamenta en posibles omisiones o fallas en su papel como garante, debido a la intervención estatal en la Nueva EPS durante su Gobierno, y el impacto que esto pudo tener en la atención médica del niño. Según el abogado Manuel Villanueva, estas circunstancias podrían asociar al exmandatario con el delito de homicidio culposo en calidad de garante, si se establece que hubo responsabilidad en el deterioro de la prestación del servicio de salud que recibió Kevin Acosta.

¿Qué significa homicidio culposo en calidad de garante en este caso?

El homicidio culposo en calidad de garante se refiere a la responsabilidad penal que recae sobre una persona que tenía la obligación legal de proteger a otra y, por omisión o falta de actuación, permitió que ocurriera un daño fatal. En el caso de Kevin Acosta, se investiga si hubo omisión en los deberes que incumbían a los responsables de garantizar el acceso y la calidad de la atención médica, incluida la entrega de medicamentos, lo que habría constituido negligencia punible bajo la ley colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La medida operará en una franja horaria comprendida entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m. Según lo establecido, la restricción no distingue el origen del automóvil, pues incluye a todos los vehículos que ingresen o salgan de la capital vallecaucana ese día, así como a los que se movilizan en el interior de la ciudad. Esto significa que no solo los residentes de Cali deben prestar atención a la normativa, sino también quienes transiten ocasionalmente por sus vías.

Un aspecto relevante de la disposición es que abarca también a los vehículos híbridos y eléctricos, los cuales, aunque en otros momentos han contado con excepciones, en esta ocasión deben someterse al pico y placa solidario de acuerdo con el último dígito de la placa. Las autoridades recalcan la importancia de cumplir con la directriz para evitar sanciones y aportar al orden vehicular en la ciudad. De igual forma, la extensividad de la restricción no discrimina entre modelos, tecnologías o ciudades de procedencia.

Este tipo de medidas buscan, de acuerdo con la administración local, ordenar la movilidad y contribuir a la reducción del tráfico, aunque este artículo se centra exclusivamente en informar sobre la implementación y alcance puntual de la restricción del 20 de agosto. El compromiso de las autoridades será asegurar su cumplimiento mediante controles reforzados durante toda la jornada.

¿Cuáles vehículos tienen restricción de pico y placa en Cali este jueves?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, este jueves la restricción de pico y placa en Cali aplica para todos los vehículos cuya placa termina en número par, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8. Esto incluye tanto automóviles particulares como híbridos y eléctricos, sin importar el lugar de origen.

¿En qué horarios y zonas aplica el pico y placa solidario en Cali el 20 de agosto?

Según la Alcaldía de Cali, la restricción estará vigente desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. Aplica en todos los corredores viales de la ciudad a los vehículos que circulen, ingresen o salgan de Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La presencia de estos cilindros generó preocupación después de que un ciudadano alertara sobre su existencia al alcalde, quien trasladó la solicitud al Puesto de Mando Unificado (PMU). Siguiendo esta información, el sargento Luis Alfredo Jordán, coordinador de emergencias de la División Norte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, indicó que la acción se enfocó en disminuir las posibles consecuencias si llegara a ocurrir el colapso del edificio. De acuerdo con Jordán, la mayor inquietud era la liberación accidental del gas propano y el contacto con posibles fuentes de ignición, como una chispa generada por daños en las líneas eléctricas durante el desplome. Esta combinación podría provocar un "flamazo" de alta intensidad y desencadenar un incendio, lo que pondría en riesgo a los residentes, a la infraestructura cercana y al personal de socorro.

El sargento Jordán aclaró que, aunque el riesgo era considerable, no se esperaba una explosión de gran magnitud capaz de destruir edificios vecinos; sin embargo, los "flamazos" posteriores sí podrían causar incendios peligrosos y daños importantes. Para la extracción, se implementaron estrictas medidas de seguridad, dada la fragilidad del edificio. El operativo se desarrolló con rapidez: siete bomberos, cuatro miembros de la Cruz Roja y personal policial ingresaron para identificar y sacar los cilindros, mientras otros equipos supervisaban cualquier posible alteración en la estructura. Esta acción permitió reducir un peligro adicional en el contexto de las secuelas sísmicas y las amenazas derivadas del estado del inmueble.

La intervención pone en evidencia la importancia de la prevención y la rápida respuesta de los organismos de emergencia en situaciones en las que el riesgo de incendios o explosiones puede aumentar considerablemente tras desastres naturales. De acuerdo con la información entregada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, este tipo de acciones son decisivas para minimizar potenciales tragedias y proteger la vida de los ciudadanos.

¿Cuál era el mayor peligro de dejar los cilindros de gas propano en el edificio Archinie tras el sismo?

El mayor riesgo era que, ante un posible colapso del edificio a causa de los daños sufridos por el sismo, los cilindros liberaran gas propano al ambiente. Si este gas entraba en contacto con chispas, especialmente por la posible caída de cables eléctricos, podía producirse un "flamazo" e iniciar un incendio, incrementando considerablemente el peligro para las personas y edificaciones cercanas.

¿Qué medidas de seguridad tomaron los bomberos para extraer los cilindros de gas propano?

La operación de extracción se realizó con rapidez y bajo estrictas precauciones, dadas las condiciones deterioradas del edificio Archinie. El acceso de los grupos de rescate se coordinó de manera que un equipo ingresara para identificar y retirar los cilindros, mientras otros vigilaban posibles alteraciones en la estructura. La presencia de la Cruz Roja y de la Policía Nacional reforzó la seguridad del procedimiento en un entorno de alto riesgo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Como resultado de estos hechos, la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de la Seccional Bogotá lo imputó en su ausencia por varios delitos, a saber: obtención de documento público falso agravada por el uso, en concurso homogéneo y sucesivo; fraude procesal, también en concurso homogéneo y sucesivo; y estafa agravada por el monto involucrado. De acuerdo con la Fiscalía, las supuestas actas fueron presentadas ante la Cámara de Comercio de Santa Marta y sirvieron para transformar la naturaleza jurídica de las sociedades —originalmente en comandita— en sociedades por acciones simplificadas. Asimismo, estas maniobras permitieron modificar los estatutos y designar a Gnecco Espinosa como gerente y representante legal de las empresas.

La Fiscalía sostiene que, mediante estas acciones, Gnecco Espinosa habría excluido a su madre de la administración y gestión de las empresas, perjudicando no solo sus intereses económicos, sino también los de sus hermanas, quienes eran menores de edad en ese momento. Otro punto relevante es que, según las indagaciones, cuando presuntamente se celebraron las supuestas juntas, María del Pilar Espinosa estaba en Bogotá y su hijo se encontraba fuera del país, elementos considerados en el avance del proceso judicial.

Por otro lado, de acuerdo con información del medio Cuestión Pública y el informe ‘La Maldita Tierra’ elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, Jorge Gnecco padre fue señalado como uno de los responsables de facilitar la expansión del paramilitarismo en el departamento del Cesar a finales de los años 90 y principios de los 2000. El informe revela que sostuvo encuentros personales con líderes paramilitares como Carlos Castaño, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y Francisco Gaviria, alias ‘Mario’, para pedirles protección armada de sus propiedades frente a amenazas de la guerrilla.

Durante esa época, Jorge Gnecco era dueño de Agropecuaria El Tambor, una extensa finca ganadera, y de la empresa Carbomar Limitada, dedicada a la comercialización y transporte de carbón, ambas actualmente administradas por sus hijos. Gnecco fue asesinado el 11 de agosto de 2001, hecho atribuido a una venganza relacionada con el control de rutas y puertos claves para el tráfico de cocaína, en disputa con su entonces aliado, alias ‘Jorge 40’, según el mismo informe del Centro Nacional de Memoria Histórica.

¿Cómo fue el proceso de judicialización contra Jorge Camilo Gnecco Espinosa según la Fiscalía?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Jorge Camilo Gnecco Espinosa fue judicializado por la presunta elaboración y uso de actas fraudulentas de juntas extraordinarias que sirvieron para asumir el control de dos compañías familiares. El proceso incluyó la imputación de delitos como obtención de documento público falso agravada, fraude procesal y estafa agravada, basándose en pruebas como el registro de las actas ante la Cámara de Comercio de Santa Marta y la exclusión de su madre y hermanas de la administración.

¿Qué significa 'concurso homogéneo y sucesivo' en derecho penal colombiano?

El término 'concurso homogéneo y sucesivo' en derecho penal hace referencia a la comisión reiterada de un mismo delito en varios momentos diferentes, lo que implica que una persona ha ejecutado varios delitos de la misma naturaleza en distintas oportunidades a lo largo del tiempo. En el caso de Jorge Camilo Gnecco Espinosa, se le imputó en concurso homogéneo y sucesivo por la presunta repetición de delitos como el fraude procesal y la obtención de documento falso.

La solidez del sistema electoral se evidenció durante un ciclo de alta polarización y con la cifra histórica de observadores internacionales y testigos electorales, lo que permitió una vigilancia estricta en preconteo y escrutinio. Fernán Ocampo, director de LinkTIC, destacó que el uso de plataformas para inscripción y certificación facilitó que representantes de partidos políticos ejercieran control y reclamaciones en tiempo real, fortaleciendo la percepción de transparencia. “En un proceso electoral es mucho más importante que todo se vea en tiempo real, para que no haya confusiones”, afirmó Ocampo.

La importancia de mantener esta línea de confianza quedó plasmada en el llamado de Querido a las instituciones, de cara a las elecciones regionales de 2027. Reiteró que la continuidad en el fortalecimiento democrático debe ser prioridad para todos los actores y pidió que el próximo Consejo Nacional Electoral muestre el mismo compromiso y resultados que el actual. “Hoy todos los colombianos están orgullosos de su sistema electoral, en el sentido de tener resultados rápidos y confiables”, añadió Querido, aunque reconoció retos como la violencia y el incremento de la participación electoral. Previamente, el registrador Hernán Penagos enfatizó que no existe base jurídica, técnica ni ciudadana que avale las acusaciones de manipulación mediante algoritmos o herramientas informáticas, reiterando las garantías del proceso colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué factores contribuyeron a la confianza en el sistema electoral colombiano tras las elecciones?

La confianza se consolidó por la presencia histórica de observadores y testigos, la posibilidad de hacer reclamaciones en tiempo real y la ausencia de pruebas documentales sobre fraude. Expertos de Transparencia Electoral y LinkTIC, citados por El Espectador, señalaron que la transparencia y la vigilancia constante durante el conteo fueron claves, junto con el uso de aplicaciones que permitieron a los partidos monitorear y reclamar durante el proceso.

¿Cómo se enfrentaron las denuncias de fraude en las elecciones según Transparencia Electoral?

De acuerdo con Transparencia Electoral y el registrador Hernán Penagos, las denuncias de Gustavo Petro carecieron de sustento documental o correlato en los hechos. El sistema, afirman, demostró fortaleza ante las acusaciones y el monitoreo internacional validó la legalidad y transparencia del proceso electoral colombiano.

El propósito central de la intervención es mitigar el peligro de un eventual colapso, prevenir situaciones similares de incendios y dar un primer paso firme en la recuperación urbanística de este corredor del centro ibaguereño. La decisión de demoler los restos de las edificaciones se tomó tras los diagnósticos de riesgo realizados por la administración municipal, en respuesta a la preocupación persistente de la comunidad durante los últimos dos años.

A pesar de que las ruinas mostraron capacidad para resistir el reciente sismo del 10 de agosto sin daños adicionales, la Alcaldía considera indispensable erradicar cualquier amenaza estructural. Otro factor relevante para la decisión fue la presencia constante de personas en condición de calle, quienes han usado el sitio como refugio, desencadenando alertas por cuestiones de seguridad y la ocurrencia de incendios adicionales.

Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, señaló que la intervención es “pertinente” y “necesaria”. El funcionario explicó que, si bien la demolición de estos inmuebles suele corresponder a los propietarios, en esta ocasión la Alcaldía asume el proceso porque el predio fue incluido en el plan de acción de la declaratoria de calamidad pública. Leal destacó la complejidad de la acción pero aseguró que ya cuentan con los recursos y la maquinaria adecuada. Además, el operativo tendrá el respaldo de la Secretaría de Gobierno, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Dirección de Gestión del Riesgo, instancias que coordinarán también la evacuación de quienes permanezcan en el lugar.

De acuerdo con la información suministrada, la intervención es el punto de partida para transformar la imagen de este tramo de la ciudad. La maquinaria pesada ingresará tras la visita técnica del miércoles 19 de agosto, y, si no surgen inconvenientes, los trabajos comenzarán desde temprano el jueves.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Alcaldía de Ibagué demolió las estructuras en la calle 19?

La Alcaldía de Ibagué procedió con la demolición de estas edificaciones debido al riesgo latente de colapso y la preocupación constante por la seguridad, dado que las ruinas habían sido escenario de incendios y refugio para personas en condición de calle. Según la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, la intervención era imprescindible luego de los diagnósticos realizados y quedó priorizada en el marco de la declaratoria de calamidad pública.

¿Qué es una declaratoria de calamidad pública y cómo afecta la gestión de riesgos?

La declaratoria de calamidad pública permite a las autoridades municipales tomar medidas excepcionales para prevenir mayores daños y gestionar de manera ágil los recursos necesarios ante situaciones de riesgo, como estructuras en estado peligroso, según explicó Humberto Leal. En el caso de Ibagué, esta declaratoria hizo posible que la Alcaldía asumiera la demolición, labor que normalmente recaería en los propietarios.

(Vea también: Dólar en Colombia abrió con caída durísima por debajo de $ 3.100; ¿cómo estará durante la semana?)

La decisión fue informada por la Aeronáutica Civil, que señaló que la medida busca priorizar la seguridad de las operaciones aéreas ante las condiciones actuales del volcán.

La alerta naranja fue emitida por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y se mantiene activa desde comienzos de agosto de 2026.

De acuerdo con la información suministrada, durante este periodo se han registrado cambios importantes en varios indicadores de la actividad volcánica, entre ellos la sismicidad, las emisiones de gases y la presencia de ceniza.

🚨 #Atención | Informamos que las operaciones aéreas en el Aeropuerto de #Popayán se encuentran suspendidas preventivamente, debido a la Alerta Naranja del volcán Puracé emitida por el @sgcol.

— Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) August 19, 2026

¿Qué está pasando con el volcán Puracé?

El Servicio Geológico Colombiano ha identificado un aumento significativo de la actividad asociada al volcán.

Entre los indicadores señalados están las emisiones de dióxido de azufre (SO₂) y la aparición de columnas de ceniza que han alcanzado alturas de hasta 3.400 metros.

Estos fenómenos hacen parte del seguimiento que adelantan las autoridades para determinar la evolución de la actividad volcánica.

La alerta naranja implica que existen cambios importantes en el comportamiento del volcán que requieren monitoreo y preparación. No significa, por sí sola, que una erupción sea inminente.

En este contexto, la suspensión de las operaciones aéreas en Popayán tiene carácter preventivo y responde a la necesidad de reducir los riesgos asociados a las condiciones del volcán.

¿Qué deben hacer los pasajeros?

La Aeronáutica Civil recomendó a las personas que tengan vuelos programados desde o hacia Popayán comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas.

Esto permitirá conocer posibles cambios, cancelaciones o modificaciones en los itinerarios derivados de la suspensión de operaciones.

La autoridad aeronáutica indicó que continuará adelantando monitoreo permanente de las condiciones para tomar las decisiones correspondientes y mantener como prioridad la seguridad de los pasajeros y de las tripulaciones.

Por ahora, los viajeros deberán verificar directamente con sus aerolíneas el estado de cada vuelo antes de desplazarse al aeropuerto.

La información fue revelada por el periodista y panelista de Blu Radio Felipe Zuleta, quien aseguró que los detalles provienen de fuentes cercanas al petrismo y al círculo del expresidente.

Según Zuleta, Petro se encuentra viviendo temporalmente en el apartamento de Gustavo Bolívar, uno de sus aliados políticos más cercanos y uno de los hombres que más lo ha respaldado durante los últimos años.

La revelación llamó especialmente la atención porque Bolívar no solo ha sido uno de los principales escuderos políticos del exmandatario, sino que incluso llegó a manifestarle públicamente su afecto durante un consejo de ministros.

En aquella reunión, el exsenador y actual funcionario le dijo al entonces presidente: “Lo amo, presidente”, una frase que rápidamente se hizo viral y que reflejó la estrecha relación que existe entre ambos.

La amistad entre Petro y Bolívar se ha mantenido durante años. El escritor y excongresista fue uno de los principales defensores del proyecto político del exjefe de Estado y, a diferencia de otros integrantes del petrismo, nunca tomó distancia pública frente a las decisiones más polémicas del mandatario.

De acuerdo con el relato de Zuleta, la situación actual de Petro estaría relacionada con una cadena de acontecimientos que comenzaron el mismo día en el que terminó oficialmente su mandato presidencial.

El periodista aseguró que el exmandatario tenía previsto trasladarse a México para comenzar una nueva etapa junto a Vanessa Cortés, con quien había protagonizado varios viajes y apariciones públicas.

Sin embargo, esos planes se derrumbaron inesperadamente.

Según lo contado por Zuleta, la relación sentimental terminó de manera repentina el 7 de agosto. Incluso, el panelista afirmó que Petro no se enteró de la ruptura de la mejor manera.

Durante el programa radial, el comunicador aseguró que el exmandatario llegó a su residencia y se encontró con una situación que modificó por completo sus planes personales.

La frase utilizada por Zuleta para describir el momento llamó la atención de los demás integrantes del panel. “Quedó entusado y arrimado”, afirmó el periodista.

Pero el problema no habría sido únicamente sentimental.

El expresidente tampoco podía regresar a la vivienda familiar ubicada en Chía. Según la información revelada, ese inmueble quedó bajo la titularidad de Verónica Alcocer tras los acuerdos derivados de la separación entre ambos.

Dentro de esos acuerdos también se habrían establecido compromisos económicos relacionados con la manutención de su hija Antonella y otros aspectos patrimoniales.

Sin una residencia disponible y después del final de su relación con Vanessa Cortés, Petro habría recurrido a uno de sus aliados más cercanos.

Fue entonces cuando Gustavo Bolívar le habría ofrecido alojamiento mientras reorganiza su situación personal y define cuál será su residencia definitiva.

Hasta el momento, ni Gustavo Petro ni Gustavo Bolívar se han pronunciado públicamente sobre las declaraciones hechas por Felipe Zuleta en Blu Radio. Entretanto, la información sigue generando reacciones en distintos sectores políticos y en las redes sociales, donde muchos se sorprendieron al conocer los detalles de la nueva etapa que estaría atravesando el exmandatario colombiano.

La decisión tiene como base la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026 y responde a órdenes del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que exigió iniciar nuevamente el trámite para asegurar la participación de la ciudadanía y la legalidad del proceso. De acuerdo con el ministro Arjona, el fallo judicial detectó que la anterior delimitación pudo vulnerar derechos fundamentales de los habitantes de California, Santander, y dispuso revocar los efectos de la consulta pública practicada. Además, el ministerio admitió que la resolución había sido expedida mientras estaba en curso una tutela y pendiente una recusación contra la entonces ministra encargada, Irene Vélez.

El Ministerio aclaró que la revocatoria de la resolución no implica desconocer los criterios técnicos ni científicos empleados, sino que busca garantizar la transparencia y cumplimiento de los procedimientos legales. En palabras oficiales: “La revocatoria no constituye un pronunciamiento en contra de los fundamentos técnicos, científicos o ambientales que dieron origen a la iniciativa de protección de la microcuenca de la quebrada La Baja. Se trata de una decisión orientada a garantizar que el proceso se adelante bajo las condiciones legales y procedimentales exigidas” (Ministerio de Ambiente).

Santurbán es una fuente de agua esencial para más de 2,5 millones de habitantes en Santander y Norte de Santander. En este contexto, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán criticó la decisión, argumentando que el nuevo gobierno empezó a desmontar medidas de protección, afectando la prohibición del proyecto minero Soto Norte. Este debate tiene como antecedente clave la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó una nueva delimitación tras hallar que la realizada en 2014 no garantizó la participación de las comunidades. Por eso, actualmente participan en el proceso 40 municipios beneficiados por los servicios ecosistémicos del páramo.

El área protegida se definía desde 2014 conforme a estudios del Instituto Humboldt, con una actualización en 2019. Sin embargo, los cuestionamientos de participación obligaron a mantener la delimitación antigua hasta aprobar un nuevo proceso, tal como ordenó el Tribunal Administrativo de Santander.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias tiene la revocatoria de la resolución sobre ‘La Baja’ para el páramo de Santurbán?

La revocatoria deja sin vigencia la protección legal de 1.499 hectáreas en la microcuenca de ‘La Baja’ y obliga a repetir el proceso de delimitación bajo nuevas condiciones de consulta pública, lo que implica un periodo de incertidumbre para la conservación del área mientras se garantiza la legalidad y participación ciudadana.

¿Por qué fue anulada la consulta pública sobre la delimitación en Santurbán y qué ordenó la Corte Constitucional?

La consulta pública fue anulada porque, según el fallo del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, no garantizó plenamente derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la participación de las comunidades locales. La Corte Constitucional, con la Sentencia T-361 de 2017, había ordenado una nueva delimitación y consultas que incluyeran a todas las comunidades beneficiadas por los servicios del páramo.

El cuerpo oficial de bomberos de Cali se desplazó hasta el lugar afectado con una máquina especializada y cuatro unidades, con el objetivo de verificar la magnitud del daño y establecer si dentro de la edificación había personas afectadas. Hasta el momento de este reporte, los equipos continúan en la zona, atendiendo la emergencia y asegurándose de que no haya víctimas por el colapso. Aunque la información suministrada es preliminar, el despliegue de los socorristas demuestra la pronta acción de los servicios de emergencia ante el impacto generado por el sismo.

Por su parte, las autoridades de la ciudad mantienen una vigilancia constante frente a los diferentes incidentes derivados del movimiento telúrico en otros sectores de Cali. La atención se concentra no solo en la zona norte, sino también en otras áreas donde podrían haberse presentado emergencias similares, motivando una movilización generalizada de los organismos de gestión del riesgo y seguridad ciudadana.

El suceso evidencia la preocupación existente respecto al estado de algunas infraestructuras ante la ocurrencia de eventos sísmicos de gran intensidad. Aunque los detalles técnicos sobre la magnitud exacta del terremoto y la cantidad de edificaciones afectadas aún no han sido confirmados, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para conservar la calma y atender las recomendaciones de los equipos de emergencia mientras se llevan a cabo los procesos de evaluación y rescate. Es importante destacar que esta información corresponde a una noticia en desarrollo y se espera que, en las próximas horas, se suministren datos actualizados sobre la situación y posibles personas afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ocurrió el colapso de la estructura tras el terremoto en Cali?

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente tuvo lugar en la Avenida 8 Norte con Calle 14, específicamente en el barrio Granada, al norte de Cali. Esta zona es reconocida por su actividad comercial y residencial, y fue una de las más afectadas tras el reciente movimiento sísmico.

¿Cómo están respondiendo los bomberos de Cali a la emergencia por el terremoto?

Según la información suministrada, el cuerpo de bomberos de Cali acudió rápidamente al sitio del colapso con una máquina y cuatro unidades para verificar la situación, evaluar posibles daños e identificar si hay personas afectadas. Las autoridades locales también mantienen vigilancia en otros sectores de la ciudad, atentos a emergencias adicionales relacionadas con el terremoto.

La atmósfera, visible ya desde la entrada principal de la Carrera 52, difería enormemente de la habitual alegría y ritmo de la Ciudadela, reconocida por el festival que resuena año tras año. Ese martes, el ambiente estuvo envuelto en respeto, recogimiento y un profundo sentido de comunidad. Se trató de una ceremonia que superó los rituales religiosos tradicionales y se definió, sobre todo, por la espiritualidad afrodescendiente: la fe de los pueblos del Pacífico colombiano se expresó a través de los arrullos y los alabaos, cantos ancestrales que históricamente han servido para despedir a los difuntos y acompañar a los sobrevivientes en tiempos de crisis.

Durante la ceremonia, la organización fue esencial. La inscripción previa permitió que el evento transcurriera con dignidad, limitando el ingreso de asistentes para mantener la solemnidad y el orden, como destacaron los organizadores. La comunidad participante encontró en el incienso, los cantos y la memoria colectiva, un espacio no solo para llorar a los que partieron, sino también para fortalecer la esperanza de reconstrucción social y emocional. El mensaje que predominó durante el cierre fue la resiliencia: según se reiteró en la jornada, en el Pacífico colombiano, la fortaleza surge de la unión y el encuentro comunitario, especialmente en momentos de adversidad.

Finalmente, las autoridades y los líderes del Festival Petronio Álvarez invitaron a los ciudadanos a mantenerse informados y a seguir participando en las acciones de apoyo a los damnificados. Recomendaron a la ciudadanía estar atenta a los canales oficiales y digitales para conocer futuras iniciativas de solidaridad lideradas por la Secretaría de Cultura.

¿Qué son los arrullos y alabaos en la cultura del Pacífico colombiano?

Los arrullos y alabaos son cantos tradicionales que provienen de la espiritualidad afrodescendiente del Pacífico colombiano. Los arrullos se emplean para pedir protección, mientras los alabaos se utilizan como despedida espiritual de los difuntos, acompañando a las familias en sus duelos. En la ceremonia de la Ciudadela Petronio, estos cantos sirvieron para honrar a las víctimas del terremoto y fortalecer a los sobrevivientes, según información de Noticiero 90 Minutos.

¿Cómo fue la organización del evento en homenaje a las víctimas del terremoto en Cali?

De acuerdo con los organizadores citados por Noticiero 90 Minutos, la ceremonia contó con inscripción previa para los asistentes, garantizando así un ambiente digno, ordenado y solemne. Este método permitió limitar el aforo y mantener el respeto que exigía la ocasión, creando un espacio seguro para la memoria y la unión colectiva en la Ciudadela Petronio.

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Entre los nombramientos principales destaca Juan Camilo García Fernández, quien asume la secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria. García Fernández es ingeniero agroindustrial y magíster en Gestión Estratégica de Información y Transformación Digital de la Universidad del Rosario, además de acumular más de nueve años de experiencia en ámbitos tanto agropecuarios como públicos. Su rol será liderar los proyectos y políticas que afectan el campo y la seguridad alimentaria en el Tolima.

En temas de seguridad y gobernabilidad, Alison Amaya Reyes se convierte en la nueva secretaria del Interior del departamento. Es administradora pública y especialista en Derecho Administrativo y Proyectos de Desarrollo, con antecedentes en la Secretaría de Salud del Tolima, donde fortaleció procesos hospitalarios y de atención. Por su parte, Mario Pérez ahora dirigirá la Seguridad del departamento. Pérez, abogado y magíster en Mediación y Resolución de Conflictos de la Universidad Europea del Atlántico, ha ocupado cargos en el Ministerio del Interior, la Contraloría de Bogotá y la Superintendencia de Notariado y Registro.

El área rural también se renovó con el ingreso de Angélica Rocío Tovar como directora de Desarrollo Agropecuario y Rural. Tovar es administradora de empresas agropecuarias, especialista en Pedagogía y Talento Humano, y suma más de 25 años de experiencia en el sector cafetero, la cooperación internacional y la formación técnica.

En el frente social, Diana Carolina Córdoba, exgestora social y funcionaria en planeación y promoción empresarial, asumió la Dirección de Asuntos Vulnerables en la Secretaría de Inclusión Social. Erika Johanna Caballero Camelo quedó a cargo de la Dirección de Prestación de Servicios de Salud, respaldada por su formación en Enfermería y su especialización en auditoría y administración del sector salud. Finalmente, Jesús Alberto Carvajal Duque retorna a la gerencia de la Fábrica de Licores del Tolima, y Elvia María Garzón Pacheco toma la coordinación de la comunicación con los 47 alcaldes municipales. Todos estos funcionarios ya empezaron a ejercer sus nuevas responsabilidades, marcando un giro en el equipo de gobierno departamental.

¿Quiénes son los nuevos funcionarios de la Gobernación del Tolima en el gobierno de Adriana Magali Matiz?

Los recientes movimientos realizados incluyen a Juan Camilo García Fernández en Desarrollo Agropecuario, Alison Amaya Reyes en la Secretaría del Interior, Mario Pérez en Seguridad, Angélica Rocío Tovar en Desarrollo Agropecuario y Rural, Diana Carolina Córdoba en Asuntos Vulnerables, Erika Johanna Caballero en Prestación de Servicios de Salud, Jesús Alberto Carvajal Duque en la gerencia de la Fábrica de Licores y Elvia María Garzón Pacheco en la coordinación de la Oficina de Alcaldes, de acuerdo con información oficial de la Gobernación.

¿Cuáles son las funciones de la Secretaría del Interior del Tolima y qué perfil tiene su nueva titular?

La Secretaría del Interior del Tolima se encarga de temas de gobernabilidad y seguridad en el departamento. Su nueva titular, Alison Amaya Reyes, es administradora pública y especialista en Derecho Administrativo y Proyectos de Desarrollo, y aporta experiencia previa tanto en áreas administrativas como en procesos de fortalecimiento del sector salud regional.

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Caracol Radio publicó las imágenes de los espacios, que fueron adecuados con oficinas, salas de reuniones y mobiliario para facilitar las labores del mandatario y sus funcionarios.

Así quedó el despacho presidencial de @ABDELAESPRIELLA en Barranquilla, don @martintapias de @CaracolRadio conoció imágenes exclusivas de las adecuaciones realizadas en el Batallón Paraíso

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— Espinosa (@EspinosaRadio) August 19, 2026

Según la información conocida por ese medio, las adecuaciones y parte del mobiliario representaron una inversión superior a $700 millones, asumida por el propio presidente, con participación de empresas privadas.

El lugar también estará acompañado por obras de reconocidos artistas colombianos como Alejandro Obregón, Fernando Botero y Enrique Grau.

Algunas piezas fueron facilitadas por el Museo de Arte Moderno de Barranquilla y colecciones privadas, incluidas obras pertenecientes a De la Espriella.

El despacho contará con salas de juntas destinadas a reuniones ministeriales y encuentros de trabajo durante las visitas del Gobierno a Barranquilla. El presidente ya recorrió las instalaciones y se espera que en los próximos días se realicen las primeras actividades oficiales desde esta sede.

Además, la Estación Montoya, ubicada en el edificio de La Aduana, fue adecuada para albergar oficinas de funcionarios de algunos ministerios, aunque todavía no se han definido las dependencias que funcionarán allí.

Según el informe de Bomberos Cundinamarca, el accidente tuvo lugar a las 11:39 de la mañana del lunes. Apenas 12 minutos después de reportarse el siniestro, los organismos de socorro hicieron presencia en el lugar, logrando rescatar con vida a tres de los pasajeros, quienes portaban chaleco salvavidas. No obstante, debieron ser estabilizados en el lugar debido a que presentaban síntomas de hipotermia, condición que resulta de la exposición prolongada a bajas temperaturas corporales.

Mientras las autoridades continúan investigando las causas exactas de la colisión, la versión preliminar señala que todo habría comenzado cuando una soga empleada en la práctica de deportes acuáticos se enredó con otra embarcación, propiciando así el impacto y el hundimiento subsecuente de una de las naves involucradas.

Las labores de búsqueda han sido constantes, aunque se vieron interrumpidas durante la noche del lunes debido a la baja visibilidad y las temperaturas extremas del embalse. Durante el martes, los esfuerzos se reforzaron bajo la coordinación del Puesto de Mando Unificado (PMU), dirigido por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD).

La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca reportó la participación de 42 integrantes de diferentes entidades, incluyendo la Armada Colombia, la Defensa Civil, la Policía Nacional y la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN). Para facilitar la búsqueda, se han desplegado ocho botes, buzos especializados y equipos de sonar, herramienta que permite rastrear el fondo del embalse y delimitar zonas de búsqueda para las cuadrillas de rescate.

A pesar del considerable empeño y la tecnología empleada, hasta el momento no ha sido posible ubicar a Sandy Astrid Senere Ruiz ni la embarcación hundida, por lo que las autoridades siguen realizando esfuerzos de búsqueda de manera ininterrumpida.

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¿Cómo ocurre un accidente náutico como el del embalse de Tominé en Cundinamarca?

De acuerdo con Bomberos Cundinamarca, el accidente en el embalse de Tominé se originó, según la hipótesis preliminar, cuando una soga utilizada para practicar deportes acuáticos quedó enredada con otra embarcación. Esto derivó en la colisión y hundimiento de uno de los botes, situación que pone en evidencia los riesgos del uso de elementos de recreación en ambientes acuáticos no controlados.

¿Qué es el sonar y cómo ayuda en la búsqueda de personas desaparecidas en un embalse?

En labores de búsqueda como la desarrollada en el embalse de Tominé, los equipos de rescate utilizan tecnología de sonar, que permite enviar ondas de sonido al fondo del cuerpo de agua y detectar objetos sumergidos. Esta herramienta resulta esencial para identificar la ubicación de embarcaciones hundidas o posibles cuerpos bajo el agua, facilitando el trabajo de los buzos especializados.

 

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El alcalde de Guatavita encabezó la rueda de prensa en la que se anunció el desenlace del caso. “Con profundo dolor quiero informar a toda nuestra comunidad y a la opinión pública que después de un gran trabajo de búsqueda logramos encontrar el cuerpo de nuestra querida ciudadana, hija de Guatavita. Queremos extender un abrazo de solidaridad, de condolencia, a toda su familia, a todos sus seres queridos”, manifestó el mandatario local durante el pronunciamiento oficial.

De acuerdo con el comandante de bomberos Mateo, encargado del incidente, los equipos técnicos identificaron tres puntos de interés desde el inicio de las labores. “En el inicio de operaciones, mediante equipos técnicos se lograron evidenciar 3 puntos, los cuales 2 de ellos el día de ayer fueron descartados. Iniciando el día de hoy, verificamos el tercer punto donde desafortunadamente encontramos el cuerpo sin vida de la ciudadana del municipio de Guatavita», detalló.

La Armada Nacional tuvo un papel determinante en el desenlace. El jefe Rodríguez explicó que se ejecutaron nueve inmersiones en trabajo mancomunado entre los buzos de la institución y los de Bomberos Cundinamarca. “Se logró la ubicación de la embarcación sumergida en el embalse de Tominé. Y a través de la inspección minuciosa de esta embarcación, nuestros buzos lograron la recuperación del cuerpo de la persona que estábamos buscando”, afirmó el oficial.

#Cundinamarca | El alcalde de Guatavita, Aldemar Cortés, confirmó que fue hallado el cuerpo de Sandy Astrid Serene Ruiz en el embalse de Tominé, luego de que, al parecer, se presentara un accidente entre lanchas acuáticas en el Club Marina el pasado lunes 17 de agosto.… pic.twitter.com/nNZ7EeqV0M

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 19, 2026

El cuerpo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del suceso, según informó un oficial de la Policía Nacional presente en el operativo.

Además de los bomberos de Cundinamarca, en el operativo colaboraron las unidades de Chipaque, Mesitas del Colegio, Chocontá, Villapinzón y Sopó. Este último municipio aportó al teniente Héctor Hernando Pinzón Navarro como coordinador del Equipo Especializado de Salvamento y Recuperación Subacuática.

La Fiscalía General de la Nación tomó control del caso para adelantar el proceso investigativo correspondiente. El objetivo de esa indagación es esclarecer las condiciones exactas en las que ocurrió el incidente que terminó con la muerte de la mujer oriunda de Guatavita.

La primera hipótesis sobre la que trabajan las autoridades menciona un supuesto choque de lanchas que abría provocado que esta mujer cayera al agua. Sin embargo, hasta el momento no han hecho ninguna confirmación oficial.

Durante los últimos meses, el MAMBO ha enfrentado una serie de polémicas, especialmente desde comienzos de este año. La salida de Eugenio Viola, entonces curador jefe y artístico, fue un punto de inflexión para la institución. Tras su renuncia, varios exfuncionarios denunciaron presuntas situaciones de maltrato laboral y problemas financieros al interior del museo, incrementando la percepción de crisis. Según un artículo de El Espectador, al menos 19 personas dejaron sus cargos en el MAMBO durante el último año, lo que alimentó aún más los cuestionamientos sobre la gestión interna de la entidad.

Estos hechos desembocaron en la renuncia de Martha Ortiz como directora del museo en abril, tras lo cual Ángela Royo asumió como directora encargada de manera transitoria. Ahora, con la llegada de Sáez de Ibarra, se busca dejar atrás la interinidad directiva para enfrentar los retos postergados en la institución y procurar una reactivación sólida de su funcionamiento y reputación.

El perfil de María Belén Sáez de Ibarra ha sido respaldado tanto por el MAMBO como por la publicación de la revista de la Universidad Nacional de Colombia. En su anuncio, el museo resaltó que Sáez cuenta con una reconocida trayectoria en procesos de transformación de instituciones culturales. Su experiencia articula la investigación, la gestión pública y la creación, y concibe al museo como un espacio vital para producir pensamiento, memoria y proyección hacia el futuro. Además, el MAMBO subrayó el interés de fortalecer el lugar de la institución en Colombia y dinamizar sus conexiones con América Latina y el resto del mundo.

Según información reportada por la Universidad Nacional, Sáez es abogada egresada de la Pontificia Universidad Javeriana y posee dos maestrías de la Universidad de Londres: una en Asuntos Internacionales de la School of Oriental and African Studies (SOAS) y otra en Planeación y Políticas Artísticas de Birkbeck College. Desde 2007, lidera la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia y forma parte del Comité de Artes del Banco de la República de Colombia.

¿Por qué el MAMBO atravesó una crisis administrativa y de reputación recientemente?

El Museo de Arte Moderno de Bogotá fue escenario de conflictos internos tras la salida de su curador jefe y artístico, Eugenio Viola. Posteriormente, se conocieron denuncias de exfuncionarios sobre presunto maltrato laboral y dificultades financieras, según reportó El Espectador. La renuncia de Martha Ortiz a la dirección y las 19 salidas de empleados en un año acentuaron la percepción de una crisis profunda que afectó la estabilidad y la imagen pública de la institución.

¿Quién es María Belén Sáez de Ibarra y cuál es su trayectoria en el sector cultural?

María Belén Sáez de Ibarra es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestrías en Asuntos Internacionales y Planeación y Políticas Artísticas de la Universidad de Londres. Ha liderado la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional desde 2007 y hace parte del Comité de Artes del Banco de la República de Colombia. De acuerdo con el MAMBO y la revista de la Universidad Nacional, su carrera se enfoca en la gestión, investigación y transformación de instituciones culturales.

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Uno de los puntos clave de la iniciativa radica en asegurar que las alertas puedan recibirse sin limitaciones por marca o sistema operativo en los dispositivos celulares. Incluso está contemplado que la notificación llegue a los usuarios aunque no cuenten con saldo, servicio de datos móviles y aun cuando las redes se encuentren congestionadas. El objetivo es que ninguna persona quede desprotegida en caso de una emergencia, independientemente de su acceso a recursos tecnológicos o de telecomunicaciones.

De acuerdo con la senadora Villalba, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) tiene la capacidad de identificar un terremoto en sus primeras fases, permitiendo emitir advertencias antes de que las ondas más destructivas alcancen zonas urbanas y rurales. Según sus declaraciones, este margen de tiempo, que puede ser de hasta 30 segundos, es crítico: "Son 30 segundos en que las personas pueden evacuar un colegio, cerrar una válvula de gas, parar una cirugía", precisó la congresista al sustentar la importancia del proyecto. Este breve lapso podría ser determinante para reducir las consecuencias de un evento sísmico.

La senadora fundamentó la urgencia de su propuesta en la ubicación geográfica de Colombia, así como en la elevada exposición a fallas geológicas que soporta el país. Sostuvo que, según sus cifras, 83 de cada 100 colombianos habitan en zonas de riesgo sísmico alto o medio, lo que plantea un desafío constante en materia de prevención. Esta iniciativa ganó renovado impulso tras el terremoto del 10 de agosto, cuyo impacto recordó la importancia de contar con sistemas eficaces de prevención y respuesta ante desastres naturales.

El proyecto de ley establece que el Gobierno Nacional, en conjunto con las empresas del sector, tendría un plazo de seis meses para reglamentar el funcionamiento del SNAST. Dentro de este periodo, deberán definir criterios de conectividad, interoperabilidad y ciberseguridad para asegurar que la mayor cantidad posible de ciudadanos acceda, de manera oportuna, a la información crítica en casos de emergencia. En palabras de Villalba, el objetivo es pasar de la mera reacción a fortalecer las estrategias de prevención y preparación ante fenómenos incontrolables como los terremotos.

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¿Qué es el Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST) y cómo funcionaría en Colombia?

El Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST) es una propuesta legislativa para crear un mecanismo unificado de alertas sobre actividad sísmica en Colombia. Según lo planteado en el Congreso, el SNAST integraría a entidades gubernamentales, empresas de telefonía, radio y televisión para difundir advertencias en tiempo real a la población, incluso si los usuarios carecen de saldo, datos o si las redes están saturadas. Así, busca aprovechar los segundos críticos que detecta el Servicio Geológico Colombiano para que la ciudadanía pueda protegerse antes de que las ondas destructivas de un terremoto lleguen.

¿Por qué es importante establecer una alerta sísmica temprana en Colombia?

La importancia radica en que, de acuerdo con la senadora María Lucía Villalba, 83 de cada 100 ciudadanos viven en zonas de riesgo sísmico alto o medio. Además, Colombia ha enfrentado eventos como el terremoto del 10 de agosto, que evidenció las graves afectaciones por la falta de sistemas de prevención. Una alerta temprana permitiría actuar con segundos de anticipación, reduciendo daños y pérdidas humanas frente a movimientos telúricos.

Previo a la ratificación de la sanción, Briceño había intentado revertir la medida a través de un incidente de nulidad presentado ante el Juzgado 24 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. En su defensa, argumentó que no fue debidamente notificado de las actuaciones posteriores del proceso y apenas tuvo conocimiento de la decisión por una publicación en la red social X. Aseguró que respondió oportunamente dentro del trámite de tutela y que incluso publicó una retractación el 10 de diciembre de 2025, buscando cumplir el fallo judicial.

Briceño fundamentó su petición en la pérdida de acceso a su correo institucional tras dejar el cargo de concejal de Bogotá el 5 de diciembre de 2025. Según certificaciones de la Secretaría General del Concejo, la cuenta de correo fue desactivada luego de su salida y, aunque posteriormente fue reactivada por causas técnicas, el exconcejal no volvió a tener acceso a sus credenciales ni al buzón. Con estos argumentos, solicitó la anulación de cualquier sanción por desacato si se demostraba la falta de notificación oficial y oportuna.

Pese a esta defensa, el Juzgado 40 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá consideró válidas las razones de la defensa de Gloria Cuartas y mantuvo firme la medida de arresto contra Briceño por un día. Según El Espectador, el caso evidencia la importancia del cumplimiento de las decisiones judiciales, en especial cuando involucran asuntos de rectificación pública.

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¿Por qué fue sancionado con arresto el representante Daniel Briceño?

El representante Daniel Briceño recibió una sanción de un día de arresto por desacato al incumplir la orden judicial de retractarse públicamente ante Gloria Cuartas. El asunto surgió después de que Briceño afirmara que Cuartas destinó cuantiosos recursos a eventos políticos, acusación que la defensa de la exfuncionaria refutó. La decisión fue confirmada por el Juzgado 40 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, basándose en la falta de retractación efectiva en los términos ordenados por la justicia, según información de El Espectador.

¿Cuáles fueron los argumentos de Daniel Briceño para pedir la nulidad de la sanción por desacato?

Daniel Briceño alegó que no fue notificado adecuadamente sobre las decisiones y actuaciones posteriores en el proceso, ya que perdió acceso a su correo institucional luego de dejar de ser concejal de Bogotá. Expuso que solo se enteró del fallo a través de la red social X y que, a pesar de sus intentos de cumplir con la retractación, no fue posible por la falta de notificación oficial. Sin embargo, el juzgado no encontró mérito suficiente en estos argumentos para revocar la sanción impuesta.

La sanción equivale a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2023, cuando este era de $ 1.160.000.

Según la entidad, la investigación comenzó tras una denuncia relacionada con actividades promocionales difundidas en la red social.

El proceso incluyó investigación, formulación de cargos, presentación de descargos y alegatos de conclusión, antes de que se adoptara la decisión.

Además de la multa económica, la resolución establece que Cossio no podrá operar juegos de suerte y azar durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del acto administrativo.

Sin embargo, la decisión todavía puede ser controvertida mediante los recursos de reposición y apelación establecidos por la ley.

Coljuegos señaló que también ha solicitado el bloqueo de 437 perfiles utilizados para promocionar u operar ilegalmente rifas y otras actividades similares en redes sociales.

Si la sanción queda en firme, el expediente será enviado a la Gerencia de Cobro Coactivo para continuar con el proceso de cobro correspondiente.

La decisión coloca a Petro y Cepeda al frente de la única bancada que hasta ahora ha declarado su oposición directa a la administración de De la Espriella, asumiendo el desafío de definir la postura del Pacto Histórico frente a la crisis actual. La solicitud formal para esta réplica ya fue elevada ante el Consejo Nacional Electoral, como lo confirmó el representante Gabriel Becerra. Petro, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), justificó la réplica legal señalando la que considera una "absurda ineficacia" en el apoyo a las víctimas del terremoto, además de anticipar que sugerirá un nuevo rumbo para la sociedad colombiana tras la emergencia.

Este acto marca el comienzo de una nueva etapa de liderazgo opositor, en la que Cepeda y Petro trabajarán juntos pese a las diferencias surgidas durante la campaña presidencial y la derrota de la izquierda frente a De la Espriella. Cabe mencionar que, aunque Petro había manifestado su deseo de tomar unas breves vacaciones antes de asumir su rol como jefe del Pacto Histórico, recientemente anunció que tomará el puesto oficialmente. Paralelamente, el Senado aprobó que el exmandatario pueda ausentarse del país durante un año por motivos políticos, académicos y sociales. La ratificación de la estructura interna del partido, sin embargo, sigue pendiente de definición en un congreso propio.

La alocución presidencial que será objeto de crítica se centró en la respuesta estatal ante el terremoto de magnitud 7,4 en el occidente de Colombia, afectando 450 municipios en 15 departamentos. De la Espriella indicó que todas las entidades gubernamentales trabajan para mitigar las consecuencias del desastre. Además, se anunció que Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, liderará el plan de reconstrucción bajo el modelo de “vivienda milagro”, pese a que ha enfrentado críticas por imágenes suyas en una playa durante la crisis. Finalmente, el presidente reiteró que adelantará la declaratoria de emergencia económica y que su gobierno no tolerará actos de corrupción, advirtiendo sanciones ejemplares a quienes malversen fondos públicos.

¿Por qué Gustavo Petro e Iván Cepeda darán la réplica a la alocución del presidente De la Espriella?

Gustavo Petro e Iván Cepeda, como líderes del Pacto Histórico, darán la réplica porque su partido es el único que se ha declarado en oposición a Abelardo de la Espriella. Su intervención busca responder a la gestión de la crisis por el terremoto y plantear una postura alternativa, enfatizando lo que consideran falencias en la atención a las víctimas, de acuerdo con la información proporcionada por El Espectador.

¿Qué significa “vivienda milagro” en el plan de reconstrucción del gobierno?

En el contexto del discurso del presidente De la Espriella, "vivienda milagro" se refiere a un concepto dentro del plan de reconstrucción de casas para los afectados por el terremoto. El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, será el encargado de implementar estas soluciones habitacionales para quienes perdieron su vivienda debido al desastre.

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La medida está relacionada con el incumplimiento de una orden judicial que le exigía retractarse por unas declaraciones hechas contra Gloria Cuartas, exdirectora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

El origen del proceso se remonta al 8 de agosto de 2025, cuando Briceño aseguró que Cuartas había destinado cerca de 250.000 millones de pesos a la realización de eventos políticos. Sin embargo, la defensa de la exfuncionaria señaló que esa información no era correcta.

Tras el proceso judicial, un juzgado ordenó al hoy congresista retractarse públicamente. Al considerar que la orden no se había cumplido, la justicia impuso una sanción por desacato que ahora fue ratificada en segunda instancia.

Daniel Briceño había pedido la nulidad del proceso

Antes de que se confirmara la sanción, Briceño presentó un incidente de nulidad ante el Juzgado 24 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

En el documento, radicado el pasado 2 de junio, el representante sostuvo que nunca fue notificado de las actuaciones posteriores del proceso y que solo tuvo conocimiento de la decisión a través de una publicación hecha en la red social X.

El congresista argumentó que sí había participado oportunamente en el trámite de tutela y que, además, respondió el incidente de desacato en noviembre de 2025.

También aseguró que adelantó acciones para cumplir con las órdenes judiciales, entre ellas, una nueva publicación realizada el 10 de diciembre de ese mismo año.

Otro de los argumentos presentados por Briceño estuvo relacionado con la pérdida de acceso a su correo institucional.

Según explicó, dejó de ejercer como concejal de Bogotá el 5 de diciembre de 2025, lo que provocó la desactivación de la cuenta de correo que había sido utilizada durante el proceso judicial.

De acuerdo con certificaciones expedidas por el Concejo de Bogotá, la cuenta fue reactivada posteriormente por razones técnicas, aunque el congresista aseguró que nunca recuperó el acceso a las credenciales.

Además, indicó que solicitó una verificación a la Secretaría General del Concejo, entidad que certificó que no encontró registros de comunicaciones enviadas por el juzgado durante el período consultado.

¿Cuánto tiempo estará arrestado Daniel Briceño?

La decisión del Juzgado 40 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá dejó en firme la sanción de un día de arresto contra el representante del Centro Democrático.

Hasta el momento, el equipo del congresista aseguró que Briceño todavía no ha sido notificado oficialmente de la decisión judicial.

Además, el representante solicitó que las futuras comunicaciones relacionadas con el proceso sean enviadas a sus correos personales y pidió una copia completa del expediente para revisar las actuaciones adelantadas por la justicia.

Este centro de coordinación articula los esfuerzos de los equipos técnicos de la Alcaldía, como ingenieros y evaluadores, en conjunto con las compañías aseguradoras. El propósito central es acelerar el barrido técnico —es decir, la inspección sistemática y detallada— de todas las edificaciones impactadas por el movimiento telúrico. La presencia activa de las aseguradoras no solo responde a las obligaciones contractuales, sino que también se materializa en la disposición y voluntad manifestadas para colaborar “de manera expedita para resolver los problemas de los afectados”, según palabras del propio Eder.

El rol de las aseguradoras va más allá de la etapa inicial de evaluación. Como lo indicó la administración, estas entidades serán cruciales en la financiación de anticipos de pólizas, lo que permitirá, por ejemplo, adelantar el retiro de escombros en las zonas más golpeadas. Además, se contempla su participación en la reposición tanto de viviendas como de bienes asegurados que hayan resultado destruidos o dañados, garantizando así que los procesos de recuperación tengan un respaldo financiero oportuno.

En cuanto a la situación humanitaria, el alcalde informó que más de 2.800 personas permanecen en albergues oficiales y autogestionados por la Alcaldía. Las condiciones de estos espacios están siendo evaluadas de manera permanente, buscando el bienestar de las familias que han perdido parte o la totalidad de su patrimonio.

Un aspecto relevante en esta coyuntura, según reconoció el alcalde Eder, es la vulnerabilidad de la clase media caleña, que representa una fracción considerable de los afectados y que, en palabras del mandatario, carece de suficiente respaldo en programas de apoyo frente a tragedias de esta naturaleza. Por ello, la alcaldía adelantará acciones articuladas junto al Gobierno Nacional, Gobernación y sociedad civil para que estas familias reciban acompañamiento tanto en la recuperación de sus viviendas como en la protección de sus bienes.

¿Qué tareas adelantan las aseguradoras tras el terremoto en Cali?

Las aseguradoras en Cali están colaborando activamente en la inspección técnica de las edificaciones afectadas, coordinando anticipos de pólizas para la remoción de escombros y participando en la reposición de viviendas y bienes asegurados. Su apoyo es clave en la financiación y gestión de las soluciones para los damnificados, como confirmó la Alcaldía de Cali.

¿Cómo está apoyando la alcaldía de Cali a las familias de la clase media afectadas?

La alcaldía, reconociendo la falta de apoyo para la clase media afectada, trabaja en conjunto con el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y la sociedad civil. El objetivo es crear respuestas integrales que ayuden a la recuperación de viviendas y la protección del patrimonio familiar, según explicó el alcalde Alejandro Eder.

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De acuerdo con Miriam del Carmen Neira, integrante de las hermanas Misioneras Agustinas Recoletas, el terremoto coincidió con el final de la eucaristía que se celebraba a las 7:00 a.m. en La Merced. La religiosa relató que la mayoría de los asistentes ya se encontraba fuera del templo cuando la cubierta situada en la parte delantera de la estructura colapsó repentinamente. Según destacó Neira, los daños no se limitaron solo al techo, sino que también comprometieron los muros y la característica torre que corona el templo, piezas claves en la identidad arquitectónica del lugar.

Las afectaciones en La Merced forman parte de un panorama más amplio, pues otros 38 templos bajo la administración de la Arquidiócesis también han presentado algún tipo de deterioro tras el movimiento telúrico. Este tipo de daños resalta la vulnerabilidad del patrimonio histórico ante eventos naturales, especialmente en edificaciones con décadas de antigüedad y gran carga simbólica para la población local. Aunque no se han detallado cifras exactas sobre la magnitud de las afectaciones en los otros templos, el contexto ofrecido sugiere una problemática considerable para la conservación de bienes religiosos y culturales en Cali.

Estas consecuencias han obligado además a que servicios públicos y culturales, como la Biblioteca Departamental, cierren temporalmente sus puertas para iniciar procesos de recuperación y garantizar la seguridad de las personas, trasladando incluso sus servicios a albergues según reporta 90 Minutos. Así, el terremoto no solo dejó secuelas materiales, sino que también interrumpió actividades comunitarias y religiosas fundamentales para la vida cotidiana de muchos ciudadanos en Cali.

¿Cuáles son los daños estructurales que sufrió la iglesia La Merced en Cali tras el terremoto?

La iglesia La Merced registró daños visibles en su fachada, el interior, los muros, la cubierta de la zona delantera y la torre, según declaraciones de una misionera del templo citadas por Noticiero 90 Minutos. Estos daños ocurrieron justo después de que finalizara la eucaristía matutina, dejando en evidencia el grado de vulnerabilidad de este emblemático edificio religioso en Cali.

¿Cuántos templos en Cali fueron afectados por el terremoto y qué institución reportó la cifra?

De acuerdo con la Arquidiócesis de Cali, al menos 39 templos religiosos resultaron afectados por el terremoto del 10 de agosto. Esta institución fue la encargada de recabar y difundir la información a través de medios como Noticiero 90 Minutos, destacando la gravedad de los daños en diversas estructuras de relevancia histórica y cultural.

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Uno de los aspectos que más ha despertado debate es el elevado costo que implicaría esta reestructuración. Según cifras informadas, la creación de las nuevas secretarías le costaría al municipio más de $1.700 millones anuales. Este número ha provocado cuestionamientos sobre la pertinencia de la iniciativa, especialmente en un contexto donde muchos habitantes de Ibagué sienten que aún quedan necesidades urgentes y problemas no resueltos. Es entonces cuando surgen dudas válidas sobre si aumentar el número de dependencias puede traducirse en verdaderos beneficios para la población.

La propuesta ya superó su primer debate en el Concejo Municipal, lo cual representa un paso significativo, aunque no definitivo. Ahora, se acerca una segunda discusión en esta corporación, donde se debatirá en mayor profundidad si el proyecto avanza o no. En este escenario, varios concejales han manifestado su respaldo, señalando que ciertas áreas requieren independencia y mayor capacidad de acción. Según esta visión, separar tareas específicas permitiría que problemáticas puntuales se atiendan de manera directa y no queden dispersas en múltiples oficinas.

Sin embargo, el principal reto que enfrenta la medida es demostrar si esta nueva estructura realmente se traduce en resultados concretos y ventajas para sus habitantes. El futuro de la propuesta dependerá de la discusión y los eventuales cambios que se hagan en el seno del Concejo de Ibagué. Al final, serán los votos de los concejales los que definirán si la Alcaldía de la ciudad modifica o mantiene su actual organización administrativa.

¿Cuánto costaría crear nuevas secretarías en la Alcaldía de Ibagué?

El proyecto de creación de nuevas secretarías en la Alcaldía de Ibagué, de acuerdo con las cifras presentadas, tendría un costo superior a $1.700 millones al año. Este valor ha sido uno de los elementos centrales en el debate sobre la viabilidad y pertinencia de la iniciativa.

¿Por qué algunos concejales apoyan la creación de nuevas secretarías en Ibagué?

Algunos concejales han manifestado su respaldo a la propuesta porque consideran que determinadas áreas de la administración municipal necesitan mayor independencia y capacidad de trabajo. Según estos argumentos, la creación de nuevas dependencias permitiría una atención más específica de los problemas, en lugar de mantener responsabilidades repartidas entre diferentes oficinas existentes.

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Durante la inspección, se revisó la documentación de los carrotanques y, según las autoridades, se detectaron presuntas inconsistencias en relación con los requisitos exigidos en la Resolución 1820, una normativa que regula aspectos clave sobre el transporte de combustibles en Colombia. Debido a esto, se procedió tanto a la inmovilización de los carrotanques como a la incautación del combustible, con el propósito de prevenir que ingresara de manera irregular a la zona sur del departamento.

Este procedimiento coincidió con la circulación de un supuesto panfleto en redes sociales y aplicaciones de mensajería. El documento apócrifo, atribuido a un grupo armado ilegal, anunciaba supuestas restricciones para la circulación de vehículos transportadores de combustible en los municipios de Ataco, Santiago Pérez, Planadas y Gaitania, todos ellos ubicados en el sur del Tolima. La gobernadora Adriana Magali Matiz fue enfática al desmentir la autenticidad de dicho comunicado. "Es totalmente falso", manifestó la mandataria, aclarando ante la opinión pública que el panfleto supuestamente emitido por las FARC-EP, Frente Jerónimo Galeano, carece de veracidad. Matiz hizo un llamado a los ciudadanos para que utilicen solo los canales oficiales de información y no repliquen mensajes que puedan afectar la tranquilidad de los habitantes.

Las autoridades recordaron la importancia de verificar siempre la procedencia de la información y advirtieron sobre el efecto negativo que tiene la difusión de noticias falsas, especialmente en una región donde la seguridad y el transporte de combustibles son temas altamente sensibles. Este caso resalta, además de los controles a actividades ilícitas, la necesidad de mantener una comunicación responsable en contextos de tensión.

¿Qué dice la Resolución 1820 sobre el transporte de combustibles?

La Resolución 1820 establece requisitos y procedimientos específicos para el transporte de combustibles en Colombia, buscando garantizar la legalidad y trazabilidad en su comercialización. En este caso, las autoridades detectaron supuestas inconsistencias relacionadas con dicha normativa durante la inspección de los carrotanques.

¿Cómo afecta la circulación de información falsa a la seguridad en el Tolima?

La difusión de información falsa, como el panfleto desmentido por la gobernadora Adriana Magali Matiz, puede incrementar el miedo y la desconfianza entre la población, afectando la percepción de seguridad en el departamento del Tolima. Por eso, las autoridades insisten en acudir siempre a los canales institucionales.

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De acuerdo con las cifras entregadas por los empresarios de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros, la magnitud del impacto entre el 10 y el 16 de agosto, evidencia una reducción de pasajeros del 63 % en las terminales de Buga, Manizales, Pereira, Tuluá, Cali, Armenia, Popayán, Medellín Sur y Buenaventura ya que movilizaron 517 mil pasajeros menos frente al mismo periodo del año anterior.

“Son más de medio millón de viajes que dejaron de realizarse en una sola semana. Detrás de esta cifra hay personas que necesitan llegar a sus trabajos, estudiar, acceder a servicios de salud, visitar a sus familias o continuar con su vida cotidiana”, manifestó el presidente de Aditt, José Yesid Rodríguez.

El impacto también alcanza directamente a quienes viven del transporte. Los despachos disminuyeron en más de 53 mil viajes, al pasar de 82.432 a 29.037, una caída del 64,8 %.

En ciudades como Cali, Armenia y Buenaventura, la afectación es aún más crítica. Cali registró una disminución del 95,4 % en pasajeros y del 95,2 % en despachos; Armenia, del 87,8 % y 89 %, respectivamente; y Buenaventura tuvo una caída del 90,9 % en pasajeros y del 97,2 % en despachos.

La emergencia vial no solo está deteniendo vehículos: está reduciendo ingresos, afectando empleos y dificultando que miles de personas puedan movilizarse.

En este sentido, Aditt reiteró el llamado urgente a las autoridades nacionales y territoriales para acelerar la recuperación de las vías afectadas y garantizar corredores que permitan restablecer la movilidad.

Cabe recordar que en la mañana del miércoles 19 de agosto se registró un nuevo temblor con epicentro en Chocó, por lo que la alerta a nivel nacional sigue vigente por los movimientos en los últimos días.

Así fue el terremoto en Colombia

Un devastador terremoto sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026. El sismo alcanzó una magnitud de 7.4 y afectó a diversas regiones del país.

El Centro Sismológico Nacional informa que el fenómeno sísmico tuvo su origen en la placa tectónica de Nazca. El epicentro se localizó cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

La magnitud del movimiento destruyó infraestructura vial, viviendas y edificaciones públicas. Las zonas más afectadas sufrieron interrupciones en los servicios de energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones.

Organismos humanitarios reportan graves consecuencias socioeconómicas. La oficina de Unicef en Colombia reporta fallecidos, miles de personas heridas y más de 185.000 ciudadanos damnificados en la región del Pacífico.

El impacto sobre la infraestructura pública causó destrozos severos en la red educativa. Cerca de 260 escuelas resultaron totalmente destruidas, afectando el acceso a clases de miles de niños.

Las autoridades nacionales declararon el estado de desastre natural para atender la emergencia. La Embajada de Estados Unidos en Colombia confirmó que desplegaron equipos de rescate y asistencia humanitaria en los territorios vulnerables.

Varios aeropuertos regionales sufrieron daños estructurales y cerraron sus operaciones. Las terminales aéreas de Pereira y Manizales suspendieron vuelos comerciales de manera temporal por seguridad.

La Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano mantiene un monitoreo continuo del subsuelo. Los equipos técnicos registran réplicas constantes en la zona epicentral y recomiendan mantener la calma.

Las instituciones gubernamentales coordinan la entrega de suministros médicos y alimentos. Los equipos de rescate avanzan en las labores de remoción de escombros para localizar supervivientes en las poblaciones afectadas.

El desastre sísmico provocó una fuerte movilización de solidaridad internacional. Organismos multilaterales envían recursos económicos y personal técnico especializado para colaborar en la etapa de reconstrucción regional.

(Vea también: “Es doloroso ver lo que pasa”: Fabián Vargas se quebró en vivo al hablar de Cali y tragedia por el terremoto)

Rubén residía en el apartamento 205 del edificio Gracias a Dios, ubicado en el barrio El Refugio, y estaba en casa cuando la fuerza del movimiento comenzó a provocar la destrucción de la estructura.

En medio de las paredes que cedían y los escombros que dificultaban el paso, él logró salir junto con su familia.

El relato fue recogido por El Tiempo, medio al que Rubén contó los momentos que vivió durante la emergencia y las dificultades que tuvo que enfrentar para abandonar el edificio.

La salida entre los escombros en pleno terremoto

Uno de los mayores obstáculos fue que la esposa de Rubén tiene una incapacidad para caminar. Durante la emergencia, él estaba acompañado por su hija y por el sobrino de su esposa. Entre los dos tuvieron que cargarla para poder avanzar por un lugar en el que los escombros impedían caminar con normalidad.

“No fue fácil salir porque mi esposa tiene una incapacidad para caminar”, relató Rubén a El Tiempo.

La familia tuvo que avanzar descalza hasta conseguir salir del edificio. Una vez afuera, el alivio de haber sobrevivido se mezcló con la dimensión de lo que acababan de dejar atrás.

“A pesar de la destrucción, pudimos salir con vida”, contó el hombre.

Rubén describió ese momento como una experiencia de enorme fortaleza frente a la fuerza del terremoto y destacó que haber logrado salir con vida fue lo más importante para él y su familia.

Ahora se refugian cerca de sus familiares

Después de la emergencia, la familia no pudo regresar al apartamento.

Rubén contó que tiene una hermana que vive aproximadamente a cinco cuadras del edificio, donde actualmente permanece junto con sus sobrinos. Esa cercanía se convirtió en una ayuda importante para afrontar los días posteriores al terremoto.

Además de sus familiares, Rubén señaló que ha recibido apoyo de amigos mientras intenta reorganizar su vida después de perder la posibilidad de permanecer en su vivienda.

En medio de la situación, hay algo que para él pesa más que las pérdidas materiales: estar vivo. El nombre del edificio, ‘Gracias a Dios’, adquirió incluso un significado especial después de lo ocurrido.

“No podemos entrar al edificio”: testimonio del terremoto en Cali

La estructura quedó en condiciones que impiden el ingreso de sus habitantes.

Rubén explicó al mencionado rotativo que actualmente no pueden entrar al edificio y que hacerlo implicaría asumir un riesgo. Para él, la experiencia de haber sobrevivido cambió su manera de ver esa posibilidad.

“Yo no lo haría porque realmente ya esta oportunidad de vivir no la voy a desaprovechar”, afirmó.

Ahora, mientras permanece junto a sus familiares, Rubén enfrenta una realidad distinta: su casa quedó atrás, pero la posibilidad de contar la historia de lo que ocurrió se convirtió en una muestra de lo que vivió aquella mañana.

Su testimonio refleja una de las muchas historias que dejó el terremoto del 10 de agosto, una emergencia en la que, además de los daños materiales, cientos de familias han tenido que afrontar la pérdida de sus viviendas y la incertidumbre sobre lo que viene.

La medida recayó de manera directa sobre varios nombres de peso que venían ocupando representaciones clave en diferentes latitudes del planeta. Entre los funcionarios retirados del servicio exterior figura Vilma Rocío Velásquez Uribe, quien se desempeñaba como embajadora de Colombia en Haití; Guillermo Francisco Reyes González, nombrado como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de Suecia; y Germán Velásquez Arango, quien ostentaba la representación diplomática ante la Misión Permanente de Colombia en la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra.

A este bloque de altos funcionarios se sumó Juan Manuel Corzo Román, quien ocupaba la embajada en Paraguay; Laura Andrea Guillem Gloria, delegada ante la Misión Permanente de Colombia frente a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en París; Yenniffer Edilma Parra Moscoso, adscrita a la embajada en la República de Turquía; y William Sidney Bush Howard, quien fungía como embajador ante el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago.

Desde el punto de vista jurídico y administrativo, la figura de la insubsistencia en el ordenamiento colombiano constituye un acto de naturaleza discrecional mediante el cual la autoridad nominadora, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales conferidas al jefe de Estado, retira formalmente del servicio público a un funcionario de libre nombramiento y remoción. Este mecanismo, habitual en los periodos de empalme y transición gubernamental, le otorga al Ejecutivo la potestad de reestructurar las cabezas de las misiones diplomáticas para alinear la política exterior con los lineamientos estratégicos y las prioridades de la nueva administración presidencial, garantizando de este modo la confianza institucional en las relaciones internacionales del país.

Con la expedición y promulgación oficial de estos actos administrativos, el Gobierno nacional pone en marcha de manera inmediata el procedimiento técnico y administrativo indispensable para efectuar el relevo de los titulares en cada una de las embajadas e instancias multilaterales afectadas por la medida. En los próximos días se espera la designación de los nuevos funcionarios que asumirán el liderazgo de estas representaciones en el exterior, un proceso clave para llenar los vacíos dejados por las salidas y dinamizar la agenda diplomática de Colombia en Europa, América Latina, el Caribe y los organismos multilaterales, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores avanza en los trámites de entrega y empalme correspondientes en cada una de las sedes consulares y diplomáticas.

De acuerdo con lo señalado por María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, “los daños estructurales ocasionados por el sismo no representan una catástrofe ambiental a gran escala que ponga en riesgo la atmósfera del departamento”. Esta precisión tenía como objetivo mitigar los temores provocados por información imprecisa y garantizar que las decisiones de la población se basaran en datos verificados.

Una de las grandes inquietudes expresadas por la comunidad fue si era necesario el uso permanente de tapabocas, medida que en los días posteriores al terremoto se debatió ampliamente. Según la Secretaría de Salud, el uso de estos insumos debe ser selectivo y está recomendado exclusivamente para aquellas personas cercanas a edificaciones colapsadas, involucradas en la remoción de escombros, o que se encuentren en lugares con alta concentración de polvo y material particulado. De esta forma, la autoridad sanitaria recalcó que quienes habitan barrios o sectores que no sufrieron daños estructurales pueden estar tranquilos, pues no existe justificación técnica para portar tapabocas de manera preventiva en esos casos.

La Secretaría de Salud también llamó la atención sobre la importancia de estas recomendaciones, ya que el uso indiscriminado de tapabocas puede ocasionar el desabastecimiento de insumos médicos esenciales e incrementar la ansiedad colectiva. Paralelamente, datos de los boletines oficiales confirman que no se ha presentado un aumento de enfermedades respiratorias ligadas directamente a la supuesta contaminación del aire derivada del terremoto.

Por estos motivos, se exhorta a la población a informarse únicamente a través de los canales oficiales de la Gobernación del Valle y la Secretaría de Salud Departamental, así como a verificar la autenticidad de cualquier información antes de difundirla, con el fin de evitar la propagación de noticias falsas y reducir el impacto de la desinformación en la emergencia.

¿Cuál es la recomendación de la Secretaría de Salud del Valle sobre el uso de tapabocas tras el terremoto?

La Secretaría de Salud recomendó emplear tapabocas solamente en zonas donde haya colapso de edificaciones, labores de remoción de escombros o alta presencia de polvo. La medida no se sugiere para todos los habitantes, sino solo para quienes están en riesgo de exposición a partículas suspendidas por el sismo.

¿Existe evidencia de contaminación del aire en el Valle del Cauca luego del terremoto?

Hasta la fecha, la Secretaría de Salud Departamental afirmó que no existe contaminación del aire generalizada ni un aumento de enfermedades respiratorias asociadas al desastre, según los boletines oficiales divulgados tras el sismo.

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El seguimiento realizado por las autoridades permitió identificar presuntas inconsistencias en la documentación entregada por los conductores de los carrotanques, lo que derivó en la aplicación de lo dispuesto en la Resolución 1820, norma que regula los requisitos para el transporte de combustibles en Colombia. Tras la verificación de los papeles, las autoridades procedieron a la inmovilización de los vehículos y la incautación del combustible, dejando en evidencia los riesgos asociados a la distribución irregular de hidrocarburos en la región.

En el contexto del procedimiento, surgió una preocupación adicional en la zona sur del Tolima. Luego del operativo, empezó a circular un supuesto panfleto, atribuido a un grupo armado ilegal, que advertía sobre presuntas restricciones para vehículos transportadores de combustible en municipios como Ataco, Santiago Pérez, Planadas y Gaitania. Esta situación generó incertidumbre y temor entre transportadores y habitantes de la región.

No obstante, la gobernadora Adriana Magali Matiz desmintió contundentemente la veracidad de ese documento, recalcando que el panfleto es falso y fue fabricado para desinformar a la comunidad. Según su declaración, recogida por los organismos oficiales, no existen restricciones extraoficiales para transportadores y recalcó la importancia de que los ciudadanos consulten únicamente los canales institucionales, evitando difundir mensajes sin confirmar su autenticidad.

El caso deja dos alertas simultáneas: por una parte, la necesidad de un control constante frente al transporte y comercialización de combustibles; por otra, el riesgo que representa la difusión de información falsa en territorios en los que la seguridad sigue siendo un tema sensible y de interés para las autoridades.

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¿Por qué fueron incautados los 3.390 galones de diésel en Ataco, Tolima?

Los 3.390 galones de diésel fueron incautados porque los carrotanques que los transportaban no cumplían con los requisitos establecidos en la Resolución 1820. Según las autoridades, hubo inconsistencias en la documentación y el recorrido presentado, pues aunque el combustible debía ir de Coello a Turbo, Antioquia, los vehículos fueron encontrados dirigiéndose hacia el sur del Tolima.

¿Qué impacto tuvo el falso panfleto en la comunidad del sur del Tolima?

El falso panfleto atribuido a un grupo armado ilegal causó temor y zozobra entre los habitantes de municipios como Ataco, Santiago Pérez, Planadas y Gaitania. Sin embargo, la gobernadora Adriana Magali Matiz desmintió la autenticidad del documento y solicitó a la ciudadanía verificar la información mediante canales oficiales para evitar la desinformación y la generación de pánico.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, advirtió sobre el impacto que esta nueva modalidad tiene tanto en la salud pública como en las finanzas del departamento, las cuales se ven directamente afectadas porque parte de estos recursos se destinan a áreas como la salud, la cultura y el deporte. En palabras del mandatario, citadas por El Espectador, "queremos alertar a toda la comunidad ya que la cerveza también está siendo materia de adulteración. No es común encontrar este tipo de prácticas con la cerveza". Hasta ahora, es la primera vez que se documenta un caso de este tipo en el departamento.

Durante la inspección, con apoyo de peritos especializados de la empresa Bavaria, las autoridades encontraron un montaje artesanal orientado a recolectar envases vacíos que luego eran rellenados y reintroducidos en el mercado informal. El gobernador Rey subrayó que este hallazgo evidencia la sofisticación creciente de quienes se dedican a adulterar bebidas alcohólicas y recalcó la importancia de adquirir productos únicamente en establecimientos reconocidos, así como de verificar cuidadosamente el estado de empaques, etiquetas y tapas antes de consumirlas. Advirtió además sobre los riesgos de las ofertas con precios demasiado bajos respecto al promedio, pues "una bebida como la cerveza manipulada clandestinamente puede, reiteramos, poner en riesgo su salud, inclusive su vida”.

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¿Cómo afecta la adulteración de cerveza en Cundinamarca a la salud pública?

La adulteración de cerveza, de acuerdo con las declaraciones del gobernador Jorge Emilio Rey citadas por El Espectador, representa un grave peligro para la salud pública. Consumir bebidas manipuladas clandestinamente puede llevar a intoxicaciones y consecuencias potencialmente fatales, por lo cual se recomienda adquirir productos únicamente en puntos de venta reconocidos y revisar minuciosamente su empaque antes de consumirlos.

¿Qué medidas recomiendan las autoridades ante la falsificación de cervezas en Soacha?

Las autoridades aconsejan a los consumidores comprar siempre en establecimientos reconocidos, examinar cuidadosamente tapas, etiquetas y el estado de las botellas y rechazar ofertas cuyo precio esté muy por debajo del promedio del mercado. Estas acciones buscan dificultar la circulación de productos adulterados y reducir los riesgos asociados a su consumo.

Esta propuesta artística se destaca por su carácter interdisciplinario, ya que integra danza, teatro físico y poesía. El eje temático de 'Cuando no éramos vacío' está centrado en el duelo y la transformación personal, propiciando así la reflexión de los espectadores sobre procesos íntimos y universales de cambio. La obra está inspirada en los textos de la escritora colombiana Piedad Bonnett, lo que suma una perspectiva literaria profunda a la experiencia escénica.

'Culturas en Común', de acuerdo con el portal de Idartes, busca el encuentro entre jóvenes artistas y estudiantes, generando espacios donde el arte se posiciona como herramienta fundamental para la creación, el diálogo y la construcción de comunidad. La presentación de 'Cuando no éramos vacío' hace parte de este objetivo, promoviendo conversaciones sobre el poder del arte en la sociedad contemporánea y su capacidad de transformación.

Con esta iniciativa, Idartes reafirma su apuesta por democratizar el acceso a manifestaciones culturales en Bogotá y por dinamizar escenarios locales, acercando a ciudadanos de todas las edades a obras con alto contenido reflexivo y educativo. La selección del Salón Cultural Babilonia como escenario se enmarca en el interés por descentralizar la oferta cultural de la ciudad, llevando actividades de calidad a diferentes barrios y localidades.

La jornada hace parte de una programación cultural más amplia impulsada por Idartes y la Alcaldía de Bogotá, que busca enriquecer la vida cultural capitalina. Así, eventos como este permiten a estudiantes, jóvenes artistas y público general dialogar sobre el arte y reconocer su potencial transformador en el entorno social y personal.

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¿Cuándo y dónde será la presentación de ‘Cuando no éramos vacío’ en Bogotá?

La presentación de la obra ‘Cuando no éramos vacío’ tendrá lugar el viernes 28 de agosto de 2026 a las 10:00 a. m. en el Salón Cultural Babilonia, ubicado en la avenida 9 No. 164-13, en la localidad de Usaquén. El ingreso será libre hasta completar el aforo, según la información oficial proporcionada por Idartes.

¿De qué trata la obra ‘Cuando no éramos vacío’ y cuál es su inspiración?

‘Cuando no éramos vacío’ es una puesta en escena interdisciplinaria que combina danza, teatro físico y poesía para reflexionar sobre el proceso del duelo y la transformación personal. La obra se inspira en la escritora colombiana Piedad Bonnett y busca fomentar la reflexión y el diálogo sobre el poder del arte como herramienta de creación y construcción de comunidad, de acuerdo con el contenido expuesto por Idartes.

En cuanto al número de personas heridas, la cifra asciende a aproximadamente 1.600. Los equipos de socorro no han detenido sus labores y actualmente se están enfocando en la recuperación de las seis últimas víctimas, quienes todavía no han sido entregadas a sus allegados. El alcalde Eder reiteró el compromiso de garantizar que todas las operaciones de rescate se realicen con respeto y dignidad hacia las familias afectadas.

La ciudad ha iniciado una nueva etapa en la respuesta a la emergencia. Más de 300 funcionarios se encuentran desplegados en diferentes puntos para caracterizar y censar a las familias damnificadas. Las cifras oficiales, entregadas por la Administración Distrital, indican que ya se han registrado 10.000 familias afectadas, lo que equivale a más de 25.000 personas que han visto alterada su cotidianidad debido al desastre natural.

Asimismo, la infraestructura urbana ha sufrido graves daños. Más de 7.700 reportes de inmuebles afectados han sido recibidos por las autoridades. Para atender esta situación, alrededor de 50 equipos conformados por ingenieros estructurales están llevando a cabo inspecciones detalladas. A la fecha, 920 edificaciones han sido objeto de revisiones intensivas, arrojando como resultado que 400 de ellas presentan daños estructurales severos o colapsos parciales. La posibilidad de demoler varias de estas edificaciones se mantiene sobre la mesa, en función de los hallazgos encontrados en las evaluaciones técnicas.

En palabras de Alejandro Eder: “Esta es una crisis que apenas comienza y tenemos que estar preparados todos para enfrentar lo que viene.” La Administración Distrital ha advertido que tanto la atención de la emergencia actual como los procesos de reconstrucción futura serán de largo plazo, con un enfoque centrado en la recuperación de la ciudad y la protección de las familias afectadas.

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¿Cuántas personas han resultado afectadas por el terremoto en Cali según la Alcaldía?

La Alcaldía de Cali, a través de datos oficiales compartidos por el alcalde Alejandro Eder, informó que la emergencia tras el terremoto ha dejado a más de 25.000 personas afectadas. Este número corresponde a las 10.000 familias que ya han sido censadas y caracterizadas por los funcionarios distritales, quienes realizan un trabajo coordinado para asegurar apoyo y ayuda a quienes más lo necesitan.

¿Cuántas edificaciones fueron declaradas con daños graves o colapso parcial tras el sismo en Cali?

Según el informe presentado por las autoridades locales, hasta el momento se han inspeccionado 920 edificaciones de forma detallada y 400 de estas presentan problemas estructurales graves o colapso parcial. Este panorama sugiere que buena parte de estas construcciones podrían requerir demoliciones totales o parciales, dependiendo de la evaluación de los ingenieros estructurales asignados por la Administración Distrital.

Tras la difusión del video, EL PILÓN verificó la autenticidad de la grabación y buscó contactar a Oswaldo Díaz Ortíz para esclarecer detalles sobre el origen y la fecha del metraje. No obstante, el concejal se abstuvo de responder a las preguntas del medio, lo que impide establecer con precisión el contexto temporal de la grabación. Sin embargo, la información recopilada indica que probablemente el video fue grabado durante la campaña presidencial que enfrentó a Abelardo de la Espriella contra Iván Cepeda. Al no haber confirmación directa del funcionario ni evidencia adicional aportada por otras fuentes, este dato permanece como una suposición sostenida únicamente en la información entregada inicialmente.

La publicación del video en redes sociales ha generado preocupación dado el mensaje amenazante dirigido hacia un grupo político específico. Aunque el concejal recalca que el arma está amparada legalmente, la amenaza al final de su declaración es lo que más inquieta a la opinión pública y a los medios, como lo subraya EL PILÓN. El hecho de que un funcionario público, en calidad de subteniente de la reserva y concejal, manifieste disposición a emplear la violencia contra opositores políticos, eleva el nivel de discusión sobre el papel de los representantes públicos en el contexto de polarización política.

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¿Por qué Oswaldo Díaz Ortíz portaba un arma en el video que circula en redes?

De acuerdo con el propio Oswaldo Díaz Ortíz, la decisión de portar un arma de fuego en el video se justifica porque, según él, la tiene “amparada por ser subteniente de la reserva y concejal”. El concejal insiste en tener los papeles en regla, aunque no ha presentado documentación específica sobre la vigencia o detalles del amparo.

¿En qué contexto fue grabado el video del concejal Oswaldo Díaz Ortíz?

Según información recabada por EL PILÓN, el video habría sido grabado durante la campaña electoral a la Presidencia de la República, en la que participaron Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Sin embargo, el concejal no confirmó de manera directa el contexto ni la fecha exacta de la grabación, por lo que no existe información concluyente sobre este punto.

“Yo nací paralizado, cuerpo entero… y todo lo que soy nació de mi discapacidad”, cuenta con una serenidad que contrasta con la dureza de su historia.

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La vida de Hofmann comenzó en hospitales. Su madre lo llevó a Estados Unidos en busca de un tratamiento que en Colombia no existía. Allí fue operado y pasó un año completo con el cuerpo enyesado. Sin embargo, el verdadero desafío vendría después. Su proceso de escolarización fue irregular, no por falta de capacidad, sino por rechazo. Muchos colegios no lo aceptaron.

Su formación terminó ocurriendo en casa, bajo condiciones que, en lugar de limitarlo, terminaron moldeando su carácter. A los 14 años, cuando otros adolescentes apenas comienzan a definirse, él enfrentaba una realidad distinta. Su madre enfermó gravemente y quedó incapacitada. José Alejandro volvió a la cama.

“Yo iba prácticamente a vivir y a morir tirado en una cama”, recuerda sobre ese momento que marcó un punto de quiebre en su vida.  Fue ahí, en medio de esa crisis, donde tomó una decisión que cambiaría todo. “No me voy a quedar aquí… tengo que salir adelante”, se dijo, impulsado por una mezcla de indignación y necesidad de sobrevivir.

Sin acceso regular a la educación formal, José Alejandro Hofmann construyó su formación desde la autodisciplina. Pasaba horas en terapias físicas, mientras que el resto del día lo dedicaba a leer y estudiar por su cuenta.

Se formó con libros de la Biblioteca Luis Ángel Arango y, con el apoyo ocasional de un profesor universitario que lo visitaba una vez a la semana, consolidó una base académica que luego sería determinante. Durante dos años mantuvo una rutina extrema: ocho horas de terapia física y cerca de cinco horas de estudio diario. “Aprendí a caminar solo en la cocina de mi casa”, cuenta, como si se tratara de un hecho cotidiano, cuando en realidad fue el logro que redefinió su vida.

Validó el bachillerato, ingresó a la universidad, no sin antes enfrentar nuevos rechazos y comenzó una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los jueces más respetados del país.

El profesional en Derecho Penal, no solo logró ingresar al sistema judicial, sino que ascendió a través de méritos. Trabajó en distintas entidades del Estado, participó en la redacción de la ley antidiscriminación para personas con discapacidad y fue consultor en temas de accesibilidad.

Hoy, con 36 años, es juez de la República en Colombia, ha estado al frente de casos de alto impacto nacional y acaba de publicar su libro “Un juez contra toda adversidad”, donde reconstruye una vida marcada por el dolor, la disciplina y la decisión de no rendirse.

En sus manos estuvo la judicialización de alias ‘El Costeño’ uno de los implicados  en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Su papel en ese caso lo expuso públicamente, incluso generando controversias y ataques. “Se generó un ambiente hostil… incluso publicaron mi foto e instaron a que me hicieran daño”, denunció sobre las consecuencias de sus decisiones judiciales. Aun así, se mantiene firme en su rol.

Si hay un capítulo que atraviesa toda su historia, es la relación con su madre. Fue ella quien lo acompañó en los momentos más difíciles, quien lo llevó a buscar tratamiento fuera del país y quien sostuvo su proceso durante años. En 2023, falleció. “Lo único que pude hacer fue despedirme… honrar la vida”, cuenta, evocando uno de los momentos más duros de su vida. Ese episodio, lejos de quebrarlo, reafirmó su convicción sobre el sentido de la vida.

Hoy, además de su labor como juez, José Alejandro Hofmann busca transmitir un mensaje claro, especialmente a los jóvenes. Para él, la discapacidad no es una condición que define a una persona, sino una circunstancia que puede transformar su forma de ver el mundo. “La discapacidad no es una categoría distinta de ser humano… es una situación humana que nos puede tocar a todos”, afirma.

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Su invitación es directa: no ver las dificultades como un límite, sino como un punto de partida. “Las personas no se miden por lo que logran, sino por los retos que superan”, sostiene el Juez de la República.

La historia de José Alejandro Hofmann Delvalle no es solo la de un juez. Es la de un hombre que desafió diagnósticos, venció el dolor y convirtió cada obstáculo en una razón para avanzar.

En un país marcado por la desigualdad y las barreras, su vida es, más que un ejemplo, una advertencia: lo imposible, muchas veces, solo necesita tiempo, disciplina y decisión.

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El alcalde Alejandro Eder informó que fue necesaria la activación del Cuerpo de Bomberos de Cali y otros organismos de socorro ante el reporte de varias pipetas de gas en un edificio afectado en el barrio Los Cámbulos.

De acuerdo con el mandatario, los equipos de emergencia ya se encuentran en el lugar y trabajan bajo protocolos de seguridad para retirar de manera controlada las pipetas.

La intervención busca eliminar el riesgo para la comunidad y evitar que la situación provoque una nueva emergencia en una zona que todavía permanece bajo atención después del terremoto.

Ordené activar de inmediato al Cuerpo de @BomberosCali119 y demás organismos de socorro, ante la alerta por pipetas de gas en un edificio afectado del barrio Los Cámbulos.

Ya están en el lugar, aplicando los protocolos de seguridad para retirar de manera controlada las pipetas y… pic.twitter.com/cz8soe7C4y

— Alejandro Eder (@alejoeder) August 19, 2026

Bomberos trabajan para retirar las pipetas

Eder señaló que ordenó activar de inmediato a los organismos de socorro luego de conocerse la situación en el edificio afectado.

Los equipos están aplicando los protocolos de seguridad establecidos para realizar el retiro de las pipetas de manera controlada. El alcalde también indicó que pidió que el procedimiento se adelante “con todo el rigor” y bajo las medidas necesarias para proteger a los habitantes de la zona.

La prioridad, según expresó el mandatario, es proteger la vida de los caleños.

La situación ocurre en momentos en que Cali continúa en emergencia por las consecuencias del terremoto del 10 de agosto, por lo que las autoridades mantienen labores de evaluación y atención en distintos sectores de la ciudad.

Por ahora, los organismos de socorro concentran la intervención en Los Cámbulos, donde buscan retirar las pipetas y controlar el riesgo asociado a su presencia dentro del edificio afectado.

De acuerdo con los detalles disponibles, la protesta surge en respuesta a la actuación de un uniformado durante un operativo de tránsito para retirar motocicletas que se encontraban parqueadas cerca de la sede del SENA en la calle 43. Según lo relatado por los estudiantes, en el momento en que los funcionarios de tránsito realizaban el control de movilidad en el sector del puente del SENA, la situación fue escalando y se tornó tensa. Esto llevó a la solicitud de apoyo de la Policía, con el fin de manejar los disturbios que se estaban presentando.

Fue durante la intervención policial que uno de los estudiantes habría sido agredido por un uniformado, quien presuntamente utilizó un elemento de dotación conocido como ‘bolillo’, término popularmente empleado para describir la macana que llevan los policías. Esta presunta agresión impulsó a los manifestantes a reclamar en las calles por la actuación del uniformado y exigir que se esclarezcan los hechos.

El malestar de los estudiantes no solo radica en el procedimiento policial, sino también en la respuesta institucional. Según lo expresado por los manifestantes, el SENA no emitió un pronunciamiento inmediato frente al caso. Fue después de que SINDESENA, el sindicato de empleados del SENA, se manifestara públicamente y cuestionara los episodios acontecidos, que la dirección institucional se pronunció, aunque ya la inconformidad estaba latente.

Actualmente, las autoridades han informado que el uniformado señalado se encuentra bajo investigación. Mientras tanto, los estudiantes insisten en que su jornada de protesta busca darle visibilidad a lo sucedido y exigir transparencia y respuestas claras tanto por parte de la Policía como del SENA sobre el episodio registrado el 12 de agosto.

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¿Por qué los estudiantes del SENA protestaron en Ibagué el 19 de agosto?

La protesta de los estudiantes del SENA en Ibagué el 19 de agosto fue consecuencia de una presunta agresión policial ocurrida durante un operativo de tránsito el 12 de agosto. Además, la manifestación buscaba reclamar por el manejo institucional del incidente y exigir que se aclare el actuar del uniformado involucrado.

¿Qué consecuencias tuvo el procedimiento policial en la sede del SENA de Ibagué?

El procedimiento policial en la sede del SENA de Ibagué derivó en disturbios, bloqueos de vías principales, dificultad en la movilidad y la apertura de una investigación contra el uniformado señalado de agredir a un estudiante, según informaron voceros de la Policía y los estudiantes.

Ante la negativa de los moradores sobre el paradero de Osorio, los atacantes sacaron un arma de fuego y dispararon contra Juan Camilo. Tras el ataque y la huida de los agresores, la víctima fue llevada inicialmente al Hospital de Kennedy. Debido a la gravedad de las heridas, debió ser remitido al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde falleció el domingo 16 de agosto pese a la atención médica. El grupo de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó la inspección al cadáver, trasladándolo luego a Medicina Legal para la necropsia correspondiente.

En medio de los mismos hechos, Andrés Felipe Pérez Puertas, también de 26 años, murió en el lugar tras recibir tres disparos en la cabeza. Según relató El Diario, mientras los agresores huían, uno de ellos tropezó entre los escombros y cayó. Cuando los habitantes se acercaron a auxiliar a Juan Camilo, encontraron el cuerpo de Pérez Puertas en el suelo. La relación de Pérez Puertas con el ataque está bajo investigación, ya que los moradores solo escucharon detonaciones y no presenciaron los detalles del enfrentamiento.

Esta no era la primera vez que Grajales Duque sobrevivía a un ataque armado. En noviembre de 2022, en el barrio El Martillo, Dosquebradas, fue víctima de otro atentado con arma de fuego en el que recibió dos tiros en la cabeza, pero logró sobrevivir. Natural de Dosquebradas, pero residente en VillaSantana, tenía antecedentes judiciales de 2022 por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las autoridades investigan los móviles del doble homicidio, la identidad de los responsables y el trasfondo de la violencia en la zona.

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¿Qué se sabe sobre los responsables del doble homicidio en Villasantana?

Hasta ahora, según información publicada por El Diario, las autoridades no han identificado a los autores materiales del ataque. Tanto la identidad de los responsables como los motivos detrás de esta acción violenta permanecen bajo investigación, por lo que cualquier hipótesis sobre los presuntos atacantes o las razones de los hechos aún es materia de indagación oficial.

¿Cuál es el significado de necropsia y por qué es relevante en este caso?

La necropsia consiste en la examinación post mortem de un cuerpo para determinar la causa de muerte, también conocida como autopsia. En este contexto, el traslado de los cuerpos de las víctimas a Medicina Legal para practicar la necropsia es una diligencia clave, pues permite precisar detalles sobre las heridas, el momento exacto de la muerte y otras circunstancias vitales para la investigación penal.

Los hechos que rodearon la fuga sucedieron el domingo 9 de agosto, alrededor de las 2:20 de la tarde. Vélez Sánchez se encontraba en el patio principal junto a otros reclusos, cuando aprovechó un momento de distracción para escalar una de las paredes del centro penitenciario. De acuerdo con el relato recogido por El Diario, logró alcanzar el techo del reclusorio. Un guardia notó el movimiento sospechoso y alertó a sus compañeros para intentar detener la huida. Sin embargo, al salir hacia el exterior, los funcionarios observaron cómo el joven se lanzaba por un costado de la cárcel, hacia la carrera 4, y comenzaba su escape a pie.

Los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) iniciaron la persecución. Pese a sus esfuerzos, perdieron de vista a Vélez Sánchez en la intersección de la calle 4 con carrera 6, lo que marcó el inicio de su condición de prófugo. Ante lo sucedido, la Policía Nacional puso en marcha un plan candado, estrategia enfocada en el cierre y vigilancia exhaustiva de las vías del municipio, con el propósito de asegurar la recaptura del interno fugado.

En medio de las labores de búsqueda, un hecho adicional ha complicado el panorama: la fuga ocurrió justo un día antes del fuerte terremoto que sacudió Colombia, causando graves daños materiales en la zona del Eje Cafetero, en especial en Pereira y varios municipios de Caldas. Esta emergencia natural ha dificultado aún más las labores de búsqueda, ya que las afectaciones en vías, edificaciones y comunicaciones complican los desplazamientos y la coordinación entre las autoridades. Por ahora, Yofan Sadid Vélez Sánchez sigue siendo buscado, mientras se investiga si pudo haberse movido hacia otros municipios de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se produjo la fuga de Yofan Sadid Vélez Sánchez en la cárcel de Anserma?

La fuga se produjo cuando Yofan Sadid Vélez Sánchez, aprovechando un descuido en el patio principal de la cárcel de Anserma, escaló una pared y consiguió llegar al techo del reclusorio. Según El Diario, logró salir por un costado de la cárcel, lanzándose hacia la calle y escapando antes de que los guardias y funcionarios del INPEC pudieran detenerlo.

¿Qué obstáculos enfrentan las autoridades para recapturar a Yofan Sadid Vélez Sánchez tras el terremoto en el Eje Cafetero?

De acuerdo con la información de El Diario, las autoridades enfrentan obstáculos en sus labores de búsqueda debido a los graves daños que el terremoto provocó en vías, edificaciones y comunicaciones en la región del Eje Cafetero. Esta situación dificulta los desplazamientos y la coordinación de los operativos para dar con el paradero del prófugo.

Flórez Agudelo se encontraba en plena labor solidaria, entregando estos alimentos a quienes más lo necesitaban luego de la emergencia, cuando un hombre desconocido aprovechó el momento para acercarse a él. Según lo relatado por la misma fuente, el atacante no cruzó palabra alguna con ‘Zuela’; simplemente sacó un arma de fuego y de inmediato disparó en varias ocasiones, emprendiendo luego la huida del lugar sin dejar rastro.

Tras el atentado, Andrés Felipe fue trasladado de urgencia al Hospital Santa Mónica. Los médicos informaron que ingresó con cuatro heridas de bala localizadas en cuello, pecho, la parte alta de la espalda y brazo derecho. A pesar del esfuerzo del equipo médico, las lesiones fueron letales y el joven falleció en el centro asistencial pocas horas después de su ingreso.

El CTI de la Fiscalía, que es el Cuerpo Técnico de Investigación, fue el encargado de practicar la inspección técnica en el lugar de los hechos, así como en el cuerpo de la víctima. Posteriormente, los restos de Flórez Agudelo fueron llevados a Medicina Legal en Pereira para practicarle la necropsia correspondiente, procedimiento estándar en todos los casos de muerte violenta.

En medio de la conmoción, la comunidad y los familiares de la víctima optaron por no entregar declaraciones ni información sobre las posibles causas del crimen. Las autoridades, según lo reportado por El Diario, adelantan actualmente las labores investigativas para identificar al responsable del asesinato, así como para esclarecer los motivos y circunstancias exactas en las que se perpetró este acto violento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Andrés Felipe Flórez Agudelo y en qué contexto ocurrió su asesinato en Dosquebradas?

Andrés Felipe Flórez Agudelo, conocido como ‘Zuela’, tenía 32 años y era reconocido entre sus familiares y amigos por su disposición para ayudar a los demás. En el momento del asesinato, se encontraba repartiendo almuerzos a personas damnificadas por un terremoto en el barrio Los Inquilinos, Dosquebradas. El ataque ocurrió frente a su casa, cuando fue abordado y baleado por un desconocido que huyó inmediatamente.

¿Cómo avanzan las investigaciones sobre el homicidio de Andrés Felipe Flórez Agudelo en Dosquebradas?

Según la información proporcionada por El Diario, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía lidera las pesquisas sobre este caso. Realizaron inspecciones técnicas tanto en la escena como al cuerpo de la víctima, que fue trasladado a Medicina Legal para necropsia. Actualmente, los investigadores trabajan en identificar al responsable, definir los móviles del asesinato y esclarecer el contexto en el que ocurrió este trágico hecho.

Las críticas aumentaron cuando se supo que el Gobierno aún continúa trabajando para atender a las personas afectadas por el sismo. Esta presión llevó a Beltrán a pronunciarse públicamente y ofrecer disculpas. Según declaraciones dadas a Blu Radio, el ministro expresó: “yo entiendo el dolor que están viviendo muchas familias y por eso me disculpo si las imágenes fueron sensibles. Pero también quiero que comprendan mi naturaleza como padre”. Con esto, dio a entender que, aunque su responsabilidad como funcionario es prioritaria, considera esencial no descuidar el ámbito familiar.

En sus mismas declaraciones, Beltrán enfatizó: “de nada vale construir las viviendas de los colombianos si destruimos los hogares de los colombianos”. Con esto, buscó llamar la atención sobre la importancia de equilibrar su rol público con su vida familiar, argumentando que velar por un país mejor también implica proteger los propios vínculos afectivos. Estas afirmaciones fueron replicadas tanto por medios como Blu Radio, como por Noticias Caracol, que recogieron sus palabras y las reacciones resultantes.

De manera paralela a la controversia, el ministro recalcó que el Ministerio de Vivienda sigue adelante con las labores para determinar el verdadero impacto del terremoto en las viviendas del país. Señaló que su despacho está realizando un proceso de caracterización de las personas afectadas y de los inmuebles dañados, cuyo diagnóstico preliminar se espera concluir hacia el 30 de agosto. Esto permitirá establecer cuáles viviendas pueden ser reparadas y cuáles deberán ser reconstruidas. Entre los recursos previstos para la atención de la emergencia están un banco de materiales, maquinaria para remover escombros y equipos técnicos para la evaluación estructural. En ciudades como Cali y Pereira, estas tareas continúan en marcha, según información recogida por Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue criticado el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, tras su viaje a Santa Marta?

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, fue criticado porque se difundieron imágenes en las que se encontraba en la playa con su familia, mientras miles de colombianos enfrentan los efectos del terremoto. La polémica surgió por considerar inapropiado que un funcionario de alto rango tomara vacaciones frente a una emergencia nacional, lo que motivó que Beltrán ofreciera disculpas públicamente.

¿Cómo avanza el proceso de atención y caracterización de las viviendas afectadas por el terremoto en Colombia?

El Ministerio de Vivienda, liderado por Jaime Andrés Beltrán, avanza en el proceso de caracterización de las personas y viviendas afectadas por el terremoto. El objetivo es concluir el diagnóstico inicial a finales de agosto, con el fin de determinar qué viviendas necesitan reparación o reconstrucción. Para estas tareas, se cuenta con bancos de materiales, maquinaria para remover escombros y equipos técnicos especializados, mientras persisten las labores en ciudades como Cali y Pereira.

Durante su vigencia, la ahora anulada protección prohibía la apertura de nuevas actividades mineras en esa área específica. Sin embargo, el levantamiento de la medida ha reactivado el debate entre quienes abogan por la prioridad en la defensa de los recursos hídricos y quienes solicitan garantizar la actividad minera y la intervención de las comunidades residentes.

Según información brindada por el Ministerio de Ambiente, la decisión de revocar la resolución se tomó por dos motivos principales. Por un lado, hubo una recusación presentada contra la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, el 4 de agosto, apenas dos días antes de la expedición de la resolución; de acuerdo con la normativa vigente, todo procedimiento administrativo debe pausarse hasta que se resuelva este tipo de recursos. No obstante, el trámite continuó y la Resolución 0994 fue expedida el 6 de agosto, casi al cierre del gobierno anterior.

Por otro lado, el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga falló el 10 de agosto en favor de los habitantes de California al considerar la posible vulneración de derechos como la participación y el acceso a la información pública. En consecuencia, ordenó al Ministerio reiniciar el procedimiento para garantizar mayor inclusión y transparencia, y dejar sin efectos la consulta pública previamente hecha.

El Gobierno actual, liderado por Abelardo De la Espriella, aclaró que la revocatoria no significa la renuncia a proteger ambientalmente la zona, sino la obligación de reiniciar el análisis con renovadas garantías jurídicas y participación ciudadana. El Ministerio quedará encargado de examinar, desde un punto de vista técnico, jurídico y ambiental, el destino de las 1.499 hectáreas involucradas.

El Ministerio precisó que el nuevo proceso buscará definir adecuadamente la protección del agua y la biodiversidad de la zona, en medio de la discusión por equilibrar la conservación ambiental y la minería. El debate vuelve a poner a Santurbán en el centro de la controversia, pese a que este territorio se encuentra fuera del área delimitada del páramo, pero vinculado a su sistema hídrico.

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¿Qué significa que se haya revocado la Resolución 0994 en la microcuenca La Baja?

Significa que la protección de tipo reserva sobre las 1.499 hectáreas de la quebrada La Baja ya no está vigente y el Ministerio de Ambiente deberá reiniciar el trámite para decidir si aplica una medida de protección, atendiendo ahora criterios técnicos y jurídicos y garantizando la participación de las comunidades afectadas, según resolvió un juez de Bucaramanga.

¿Cuál es la relación entre la microcuenca La Baja y el páramo de Santurbán?

Aunque las 1.499 hectáreas de la microcuenca La Baja están fuera de los límites legales del páramo de Santurbán, hacen parte de una zona vinculada al sistema de aguas del Macizo de Santurbán, razón por la cual la discusión sobre su protección impacta el debate ambiental de la región.

A mitad de la semana pasada, según informó El Tiempo, un juez declaró ilegales varias pruebas presentadas por la Fiscalía para justificar una supuesta megaoperación ilegal.

El proceso abarcaba presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y contrabando atribuidos a las directivas de la famosa marca textil.

Durante una audiencia, Juan David Bazzani, abogado de Lili Pink, reveló una denuncia penal. La acción legal abarca favorecimiento y filtración de contrabando, usurpación de derechos de propiedad industrial, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.

De forma subsidiaria, contempla también los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión. La acusación se dirige contra cuatro empresas y dos personas naturales con establecimientos en Bogotá, Barranquilla, Pasto y Fundación. A estos comercios se les señala por vender prendas incautadas por la DIAN.

El expediente comprende más de 5 mil artículos que debieron someterse a destrucción total por mandato aduanero. Sin embargo, terminaron comercializándose prendas de Lili Pink en locales de san andresitos ubicados en al menos cuatro ciudades colombianas.

Lorena Bernal Castro, representante de Fast Moda SAS (operadora de Lili Pink), denunció el pasado 6 de febrero.

En el escrito afirma que en 2023 la compañía sufrió la incautación de 5.041 prendas pertenecientes a Fast Moda.

Bernal Castro sostuvo que la empresa contaba con la acreditación legal de importación mediante los manifiestos correspondientes.

La vocera remarcó que Fast Moda interpuso acciones de nulidad contra el procedimiento, las cuales siguen en curso. Afirmó que, conforme a la normatividad aduanera nacional, la DIAN debía destruir obligatoriamente las prendas decomisadas.

“La mercancía aprehendida por la DIAN corresponde a la misma que estaría siendo objeto de comercialización irregular por parte de las compañías vinculadas a esta denuncia”, aseguró Bernal Castro en el documento.

Asimismo, ratificó que la mercancía ofrecida por terceros no autorizados correspondía a productos auténticos de la marca.

“Tenían marquillas y etiquetas de fábrica, confirmando que la mercancía no se trata de falsificaciones, sino de bienes auténticos cuya circulación comercial no ha sido autorizada por Fast Moda SAS”, se lee en la denuncia.

“Tampoco existe un registro contable o comercial que confirmara la venta de estos productos por parte de Fast Moda SAS a través de algún canal de distribución autorizado”, se lee en la denuncia.

Lili Pink recolectó muestras físicas y facturas que confirmarían la coincidencia con la mercancía decomisada por la DIAN.

Pese a ello, la DIAN aseguró en un derecho de petición que los productos fueron donados a instituciones públicas y entidades territoriales.

El Tiempo contó que uno de los denunciados es Sati Fares Omar Amed, según los registros oficiales conocidos. El ciudadano posee un local matriculado en la Cámara de Comercio de Pasto desde 2020 llamado Panamá Plaza Pasto.

El negocio se dedica al comercio minorista textil, calzado y surtido compuesto principalmente por alimentos.

En enero de 2026, Fast Moda detectó que Omar Amed comercializaba productos con las marcas de Lili Pink.

“Si bien el referido denunciado figuraba en nuestros registros como cliente en el pasado, al efectuar la verificación interna de su historial comercial se advirtió que la cantidad y variedad de producto observado no corresponde a las compras registradas a su nombre dentro de los canales formales de venta de la compañía”, se lee en la denuncia.

Omar Amed solicitó apoyo técnico al personal corporativo, revelando la inconsistencia, por lo que fue inhabilitado como cliente.

Como denunciado aparece también Jorge Iván Ospino Tapia, titular del establecimiento Variedades Dubai Sport en Santa Marta desde septiembre de 2024.

“Yo ni siquiera vendo ropa, no sé por qué aparece esa denuncia, me acabo de enterar. Hay un Lili Pink al frente de mi negocio, pero yo lo que vendo es calzado”, aseveró. “Le he comprado ropa ahí a mi pareja, pero a nadie más”, agregó.

Otra implicada es Margareth Mejía Riveros, quien administró hasta el año pasado el negocio Remates Taiwán Fundación.

Mejía Riveros le dijo a El Tiempo no estar enterada, negó vender esas prendas y ofreció enviar las inquietudes a su abogado.

La empresa de mayor envergadura denunciada es Íntimos Alma SAS, matriculada en Bogotá desde 1997 con 8 locales. La firma opera puntos comerciales en Bogotá, Villavicencio (Meta) y Facatativá (Cundinamarca).

Como representantes legales figuran Beatriz Elena Ochoa Ospina y Luis Alejandro Ochoa Ceballos, junto a tres familiares accionistas. El Tiempo indicó que tampoco tuvieron respuesta de ellos.

También aparece la sociedad Inversiones Torres Hernández TH SAS en Santa Marta, llamada antes Inversiones Inmobiliarias Taiwán SAS.

Érica Tatiana Torres, representante suplente, afirmó que la empresa no era suya y desconoció su nombramiento. El Tiempo indicó que Torres dejó de responder los mensajes tras explicársele minuciosamente los detalles del recurso judicial interpuesto.

El último denunciado es Frank Hernández Montes, dueño de Fashion Moda SAS, negocio con el mismo teléfono de Inversiones Torres Hernández SAS.

En audiencia del pasado viernes, 14 de agosto, el penalista Juan David Bazzani expuso la venta irregular denunciada.

“Aquí lo que sí hay que investigar es el comportamiento de unos funcionarios […] Y mis clientes me han indicado que le diga esto: ¿Por qué sí se movió la investigación contra Lili Pink y no se ha movido esta investigación en contra de los funcionarios de la DIAN?”, indicó el abogado de Lili Pink, Juan David Bazzani.

En el escrito solicitan practicar inspección judicial a los locales para recabar evidencia contable, facturación y pagos.

Asimismo, la compañía Lili Brands interpuso una denuncia paralela contra los mismos implicados naturales y jurídicos.

Actualmente se investiga la forma en que la mercancía incautada terminó comercializándose y la eventual responsabilidad de funcionarios de la DIAN.

Durante la emergencia, la menor perdió a Bruno, su perro, y decidió no quedarse esperando a que apareciera. Con una hoja de papel como única herramienta, dibujó el rostro de su mascota, escribió su nombre y salió a recorrer las calles para preguntar por él.

(Lea también: Atención Cali: Alcaldía visitará 15 sectores este miércoles para evaluar daños y necesidades tras el terremoto)

El gesto, sencillo pero conmovedor, reflejaba la angustia de una niña que buscaba recuperar a uno de sus compañeros más importantes. Mientras muchas familias enfrentaban las consecuencias del movimiento telúrico y el temor causado por los daños en diferentes sectores, la menor tenía una preocupación adicional: no sabía dónde estaba su perro.

En lugar de abandonar la búsqueda, tomó una hoja y realizó un dibujo de Bruno. Con el retrato en sus manos, recorrió diferentes lugares esperando que algún vecino o ciudadano reconociera al animal y pudiera darle información.

La imagen de la niña buscando a su mascota comenzó a llamar la atención y el caso llegó a organizaciones locales, entre ellas la Fundación Gloria Mariana, que ayudó a difundir la información.

 

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De esta manera, la búsqueda dejó de ser únicamente un esfuerzo de la menor y su familia. Vecinos, ciudadanos y personas que conocieron la historia comenzaron a compartir el dibujo con la esperanza de encontrar al perro.

Después de varias horas de incertidumbre, Bruno fue localizado sano y salvo y pudo regresar junto a su familia. El reencuentro permitió que la niña volviera a abrazar a su mascota, poniendo fin a una búsqueda que había comenzado en medio del caos provocado por la emergencia.

La escena contrastó con las imágenes de destrucción y preocupación que dejó el terremoto. En este caso, un simple dibujo terminó convirtiéndose en el punto de partida para movilizar a una comunidad.

(Vea también: Dicen cuánto tardará Cali, Pereira y más en reconstruirse, luego del terremoto; no será rápido)

El caso de Bruno también evidenció cómo pequeñas acciones pueden generar respuestas colectivas durante una situación de emergencia. La niña no contaba con grandes recursos para buscar a su perro. Tenía únicamente una hoja, un dibujo y la determinación de encontrarlo. La difusión de esa imagen permitió que otras personas se involucraran y ayudaran a conseguir el esperado desenlace.

Finalmente, Bruno regresó a casa y la menor pudo reencontrarse con su compañero de cuatro patas. En medio de una tragedia que dejó preocupación y pérdidas en distintas zonas del occidente colombiano, esta historia terminó con un abrazo y una buena noticia: una niña recuperó a su mascota y, con ello, también un poco de tranquilidad después del miedo provocado por el terremoto.

(Vea también: [Video] Se desplomó vivienda de tres pisos en Pereira, ocho días después del terremoto de 7,4)

Un balance entregado por la Alcaldía de Pereira señala que toda la red hospitalaria pública de la ciudad sufrió daños considerables, mientras que las 167 instituciones educativas públicas también presentan afectaciones.

La situación mantiene bajo evaluación técnica buena parte de la infraestructura, con el objetivo de establecer qué estructuras pueden ser reparadas y cuáles requerirán una reconstrucción completa.

El panorama también alcanza al sector privado: según el reporte de la administración municipal, las clínicas privadas de Pereira también resultaron afectadas por el movimiento sísmico.

🏥Balance de estado de la red hospitalaria y educación en la emergencia. La infraestructura social de la ciudad registra un impacto sin precedentes:

•Salud: Toda la red hospitalaria pública sufrió daños considerables y está en evaluación técnica para su reconstrucción o…

— Alcaldía de Pereira (@Alcaldiapereira) August 18, 2026

Hospitales de Pereira están bajo evaluación técnica

La infraestructura de salud pública es uno de los principales puntos del balance entregado por la Alcaldía. De acuerdo con la administración, toda la red hospitalaria pública sufrió daños considerables durante la emergencia.

Por ahora, las estructuras permanecen en proceso de evaluación técnica, un procedimiento necesario para determinar las intervenciones que requiere cada instalación.

Las alternativas contemplan desde trabajos de reparación hasta procesos de reconstrucción, dependiendo de las condiciones que establezcan los estudios.

El impacto no se limita a las instituciones públicas. El balance también señala que clínicas privadas de Pereira resultaron afectadas, por lo que la evaluación de la infraestructura sanitaria abarca distintos puntos de la ciudad.

Los 167 colegios públicos también presentan afectaciones

La situación en el sector educativo también representa uno de los principales desafíos para Pereira después del terremoto.

Según el reporte de la Alcaldía, las 167 instituciones educativas públicas de la ciudad presentaron afectaciones.

Sin embargo, el nivel de daño no es igual en todos los establecimientos. La administración señaló que varias instituciones deberán ser demolidas y reconstruidas desde cero.

Esto implica que la recuperación de la infraestructura educativa no se limitará a reparaciones puntuales en algunos planteles, sino que en determinados casos será necesario adelantar proyectos completos de reconstrucción.

La evaluación técnica será determinante para establecer cuáles estructuras pueden recuperarse y cuáles deberán dar paso a nuevas edificaciones.

El balance deja así dos frentes prioritarios para la recuperación de Pereira: salud y educación. Ambos sectores deberán avanzar en diagnósticos técnicos y definir las obras necesarias para recuperar la infraestructura afectada por el terremoto.

Para sumar en esfuerzos que respondan a las afectaciones que ha provocado en las familias el terremoto, Positiva Seguros decidió poner en marcha un proyecto multidisciplinario que tiene como objetivo atender a aquellas personas que han tenido que enfrentarse a perder su casa, sus pertenencias o, en el peor de los casos, a otros familiares.

Juntos por Colombia: Positiva Responde

La compañía decidió crear una misión técnica nacional para llevar acompañamiento y capacidad técnica directamente a los territorios.

“Lo primero para nosotros son las personas. Por eso, la salud mental y el bienestar emocional son una prioridad. Estamos acompañando a trabajadores, familias y comunidades, porque recuperarnos también significa cuidar lo que sentimos y fortalecer nuestro bienestar”, dijo el médico Carlos Iván Heredia Ferreira, vicepresidente de promoción y prevención de Positiva Compañía de Seguros.

De igual forma, la compañía señaló que está trabajando con organizaciones para proteger la vida y garantizar la continuidad de las actividades de las familias afectadas.

Positiva asegura que 48 Mesas Ejecutivas de Continuidad del Negocio, con gobernadores, alcaldes, municipios y empresas trabajan actualmente en identificar necesidades y activar planes de acción desde la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Adicionalmente, se desplegaron cinco equipos técnicos integrados por ingenieros, psicólogos, brigadistas y especialistas que atenderán a afectados en Manizales, Pereira, Quindío y Chocó.

“Hemos sumado aliados como la OISS, SGS y la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, que aportan cooperación, formación y más de 400 psicólogos para fortalecer la atención”, agregó el dirigente de Positiva.

Así mismo, añadió que se han puesto a disposición más de 100 recursos de orientación, que ya superan las 14.000 visualizaciones, además de que seguirán sumando aliados para responder en las zonas de Colombia donde se pueda necesitar ayuda.

¿Qué debe contener un kit de emergencia familiar?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger)  recomienda que el kit de emergencia incluya:

• Agua embotellada.
• Alimentos no perecederos.
• Botiquín de primeros auxilios con medicamentos esenciales.
• Linterna con baterías de repuesto.
• Radio.
• Herramientas básicas.
• Documentos en un recipiente impermeable.
• Dinero en efectivo.
• Muda de ropa.
• Mantas para todas las personas del hogar.

Primeros auxilios psicológicos para afectados por terremoto

Los primeros auxilios emocionales, según Carolina Jurado, coordinadora de oficina de inclusión del Politécnico Grancolombiano, consisten en cuatro pasos:

• Hacer contacto inicial: pregunte y escuche. Su rol será entender la situación que está sucediendo en la vida de esa persona indagando sobre cómo se está comunicando, qué emociones experimenta y qué actitudes está tomando.
• Analizar: reconocer la situación e ir al pasado inmediato para entender qué fue lo que detonó la explosión. Luego, se debe explorar el futuro inmediato, identificar potenciales riesgos y gestionar alternativas inmediatas, como hacer contactos de emergencia y activar rutas institucionales.
• Rastrear alternativas: es necesario explorar los recursos que están a disposición de la persona. Debe explicarle las posibles y dificultades que puedan presentarse en la puesta en marcha de un plan.
• Ejecutar un plan: reconozca que usted puede ejercer como facilitador o responsable. Por ejemplo, puede dar información acerca de servicios de asistencia o apoyo, en caso de que la persona esté en capacidad de activarlos, o ser usted quien se ponga en contacto para buscar la ayuda.

Uno de los casos más críticos se vive en Pereira, capital de Risaralda. Allí, las autoridades calculan que reconstruir la ciudad costaría entre $10 y $12 billones, un valor que por sí solo representa una porción significativa de los recursos requeridos en todo el país. Las afectaciones en Pereira abarcan desde viviendas y edificios hasta la infraestructura pública y el comercio, con graves daños particularmente en sectores centrales. Buitrago, con experiencia previa en la recuperación del Eje Cafetero tras el sismo de 1999, asegura que el alcance actual es mucho más amplio, lo que obligará a repensar zonas urbanas antes de reconstruirlas.

El proceso de reconstrucción tras el reciente terremoto no consistirá únicamente en reemplazar las estructuras colapsadas. El país deberá revisar la planificación urbana, la resistencia de las edificaciones, las redes de servicios públicos y la recuperación del tejido social y económico. Según cifras recogidas hasta el 18 de agosto, se habían reportado 29.554 viviendas destruidas, 134.342 dañadas, 267 edificios colapsados y 5.808 edificaciones perjudicadas. Pereira, Cali, Manizales, Armenia y Quibdó figuran entre las ciudades más impactadas.

El DNP reconoce que el Gobierno Nacional no podrá financiar esta reconstrucción por sí solo. Se prevé un modelo de financiación mixto, integrando recursos del presupuesto nacional, entidades territoriales, sector privado, regalías y créditos internacionales. De hecho, ya se han iniciado alianzas con constructoras, entidades financieras y organizaciones sociales. Como indica Asocapitales, el reto va más allá de las infraestructuras: implica reconstruir la vida urbana y económica de ciudades enteras. Mientras la reconstrucción impulsará sectores como el cemento, el acero y el empleo, la principal meta será rehacer ciudades resilientes y seguras.

¿Cuánto costará reconstruir Pereira tras el terremoto?

Reconstruir Pereira podría costar entre $10 y $12 billones, según la estimación más reciente del Departamento Nacional de Planeación. Esta cifra refleja la magnitud de los daños en infraestructura, comercio y viviendas, especialmente en las zonas centrales de la ciudad tras el terremoto del 10 de agosto.

¿Cuánto tiempo tomará la reconstrucción en Colombia después del terremoto?

De acuerdo con el DNP, la reconstrucción de Colombia tras el terremoto podría extenderse entre cinco y seis años. El proceso será gradual y comprende no solo edificios y viviendas, sino una revisión profunda de los usos del suelo, la infraestructura pública y la resistencia de las nuevas construcciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“No hay libro forense entregado por Abelardo a la Fiscalía. Se trata de 23 hechos que son políticas públicas que hemos defendido y no son delito”, afirmó Petro en su pronunciamiento. Con esto, el presidente cuestionó el alcance del documento y puso en duda que pueda ser considerado como una investigación judicial sobre su administración.

No hay libro forense entregado por Abelardo a la fiscalía.

Se trata de 23 hechos que son políticas públicas que hemos defendido y no son delito.

Cada ministro y ministra debe responder de inmediato cada punto.

En dónde haya algún delito su merecido es la pena.

Pero como paso… https://t.co/4AJA7YisUS

— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 19, 2026

(Vea también: “Es la punta del Iceberg”: vicepresidente avisa sobre más hallazgos de corrupción en el gobierno Petro)

Petro también pidió a los integrantes de su gabinete responder por cada uno de los puntos incluidos en el libro. “Cada ministro y ministra debe responder de inmediato cada punto”, señaló el jefe de Estado, quien sostuvo que las decisiones de su Gobierno deben ser examinadas individualmente para establecer si existió alguna conducta que pueda constituir un delito.

El presidente agregó que, en caso de encontrar alguna actuación ilegal, los responsables deberán asumir las consecuencias correspondientes. “En dónde haya algún delito su merecido es la pena”, manifestó Petro, al tiempo que insistió en que no se debe asumir que las políticas públicas cuestionadas constituyen automáticamente conductas criminales.

En su respuesta, el mandatario comparó el llamado ‘Libro de la verdad’ con el denominado ‘libro blanco’ que, según recordó, fue utilizado en Antioquia para señalar presuntas irregularidades. Petro aseguró que aquel proceso terminó sin personas acusadas y utilizó ese antecedente para cuestionar la posibilidad de que los señalamientos actuales deriven en responsabilidades penales.

(Lea también: “No iba a haber elecciones”: sorpresiva revelación del procurador sobre el calendario electoral)

Las declaraciones se conocen en medio de una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades en el Gobierno. Entre ellas están las advertencias sobre la Cancillería, donde se habrían firmado 785 contratos por cerca de 83.000 millones de pesos antes de la entrada en vigor de la ley de garantías, además de cuestionamientos por perfiles y requisitos para representar a Colombia en el exterior. El Gobierno también informó que un equipo anticorrupción trasladó denuncias penales, acciones fiscales y quejas disciplinarias relacionadas con estos hallazgos.

Con la salida de Campo del CNE, de inmediato surgieron comentarios y especulaciones sobre su futuro político, en especial la posibilidad de que aspire a la Alcaldía de Valledupar para las elecciones regionales de 2027. Según información revelada por el diario EL PILÓN, el nombre de Campo, conocido entre sus allegados como ‘Ponchito’, comenzó a figurar entre los posibles candidatos para liderar la capital del Cesar en el próximo periodo electoral. Aunque todavía no hay un anuncio oficial por parte del propio Campo, fuentes consultadas por ese medio aseguran que estaría contemplando su regreso a la ciudad y evaluando seriamente presentar su nombre en la contienda.

Dentro de las alternativas que analiza Campo, está la posibilidad de inscribir su candidatura por medio de la recolección de firmas, estrategia que le permitiría crear un movimiento ciudadano y, en simultáneo, buscar el apoyo de diferentes partidos políticos. Esta ruta también le abriría la puerta para recorrer la ciudad antes de que inicie formalmente la campaña, lo que le facilitaría acercarse a distintos sectores. Entre los grupos políticos que podrían respaldarlo, aparecen Defensores de la Patria, el Partido Conservador y el Centro Democrático, colectividades que representan distintas orillas políticas y podrían confluir en torno a su nombre.

De acuerdo con EL PILÓN, Campo mantiene una relación cercana tanto con el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, como con el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, quienes podrían jugar un papel clave en su proyecto político. El grupo del actual mandatario local está buscando candidato para las elecciones y ya suenan nombres como Guido Castilla, Carlos Daza y Javier Martínez, todos con trayectoria en la administración pública. Campo, quien prepara su regreso a Valledupar en octubre, tiene además un respaldo familiar de peso en la región, pues es hijo del fallecido Alfonso Campo Soto —exviceministro, representante y embajador— y familiar de Rodolfo Campo Soto, quien fue dos veces alcalde de Valledupar.

¿Cuáles son los posibles partidos que respaldarían a Alfonso Campo a la Alcaldía de Valledupar?

Según informó EL PILÓN, los colectivos que podrían respaldar a Alfonso Campo en su posible candidatura a la Alcaldía de Valledupar son Defensores de la Patria, el Partido Conservador y el Centro Democrático, agrupaciones de diferentes corrientes políticas dispuestas a unirse en torno a su postulación.

¿Qué significa inscribir una candidatura por firmas en las elecciones regionales?

Inscribir una candidatura por firmas implica que el aspirante no se postula directamente por un partido político, sino que busca el apoyo ciudadano mediante la recolección de firmas. Este proceso autoriza al candidato a recorrer la ciudad para conseguir el respaldo necesario antes del inicio oficial de la campaña, permitiéndole construir un movimiento ciudadano y presentar su nombre en la contienda electoral con aval independiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Vea también: América de Cali gestionará sedes alternativas para jugar como local tras daños en el Pascual Guerrero por terremoto)

La jornada contempla recorridos en 15 barrios y sectores de la ciudad, donde funcionarios y equipos autorizados visitarán los hogares para conocer los daños y las necesidades de las familias.

El proceso busca recopilar información que permita avanzar en la atención de los damnificados por el sismo y en la entrega de las ayudas correspondientes. Entre los lugares incluidos en la programación están Caldas, Buenos Aires, Limonar, Cañaveral Oeste y Camino Real.

Seguimos avanzando en el recorrido por los barrios para caracterizar a las familias afectadas por el sismo. Solo funcionarios y equipos autorizados de la Alcaldía realizan esta caracterización, recíbelos con confianza.#CaliSomosTodos pic.twitter.com/VN7Ns4wF5n

— Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) August 19, 2026

Lista de barrios que recorrerá la Alcaldía de Cali

Las visitas programadas para este miércoles 19 de agosto de 2026 se adelantarán en los siguientes sectores:

• Caldas.
• Buenos Aires.
• Limonar.
• Cañaveral Oeste.
• Camino Real.
• Los Cámbulos.
• La Flora.
• Nueva Tequendama.
• San Fernando.
• Primero de Mayo.
• Refugio.
• Cuarto de Legua.
• Lido.
• Santa Anita.
• Altos de Santa Elena.

La caracterización permitirá a los equipos de la administración distrital recoger información sobre las condiciones de los hogares y las principales necesidades que presentan las familias afectadas.

Alcaldía hace llamado sobre las visitas

La administración distrital indicó que las visitas serán adelantadas únicamente por equipos oficiales de la Alcaldía de Cali.

Los funcionarios autorizados estarán encargados de adelantar la caracterización y evaluar la situación de las familias en los sectores incluidos en la jornada.

La información recopilada durante los recorridos será utilizada para orientar las acciones de atención y la entrega de ayudas a los damnificados.

Estas labores hacen parte de la respuesta de la ciudad tras el terremoto del 10 de agosto, emergencia que, de acuerdo con la información suministrada, dejó 141 personas fallecidas y afectaciones en cientos de edificaciones en Cali.

La jornada de este miércoles se concentrará en los 15 sectores anunciados por la Alcaldía, como parte del proceso para identificar a los hogares afectados y conocer de primera mano sus necesidades.

El vicepresidente, desde Caldas, explicó que el informe es únicamente el primer paso y anunció un plan para consolidar un “segundo tomo”. Este siguiente informe estaría sustentado en las investigaciones y análisis realizados por los nuevos responsables de las diferentes entidades estatales, quienes deben revisar detalladamente la gestión precedente. Según Restrepo, toda la información será trasladada posteriormente a un “equipo élite anticorrupción”, el cual determinará si se deben presentar denuncias formales en compañía del Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).

De acuerdo con Restrepo, actualmente existen más de 300 alertas pendientes de verificación. Estas alertas no provienen únicamente del trabajo interno durante la transición de gobierno, sino también de la denominada “línea anticorrupción”, habilitada por la administración entrante para recopilar denuncias ciudadanas sobre presuntas irregularidades acontecidas en el gobierno de Gustavo Petro.

Dentro de este proceso, Germán Calderón España, designado como nuevo director de la ANDJE, formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. El documento presentado señala posibles irregularidades en la celebración de un contrato entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), específicamente respecto a la estrategia de comunicaciones de la Vicepresidencia durante el gobierno anterior. Calderón solicitó investigar si la contratación directa resultaba legalmente procedente, dado que el convenio preveía la intervención de terceros. Mencionó pagos por servicios de pauta, monitoreo y difusión, así como cobros por parte de RTVC.

Frente a estas acusaciones, varios funcionarios de la administración anterior se han manifestado en defensa de sus actuaciones. Es el caso del senador Iván Cepeda, quien calificó como “falsas acusaciones” los señalamientos a la reforma agraria y argumentó que se pretende distorsionar el propósito de devolver tierras al campesinado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué información contiene el "Libro de la Verdad" presentado por el gobierno De la Espriella?

Este documento reúne hallazgos sobre posibles irregularidades detectadas por el equipo de empalme del nuevo Gobierno, señalando diferentes alertas que requieren investigación adicional. El informe presentado hasta ahora es solo una parte de todos los hallazgos que las nuevas autoridades buscan detallar en futuros informes, según explicó José Manuel Restrepo.

¿Cuáles son las denuncias sobre contratos entre la Presidencia y RTVC en el gobierno anterior?

De acuerdo con Germán Calderón España, nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, las denuncias apuntan a presuntas irregularidades en la contratación directa entre el DAPRE y RTVC para la estrategia de comunicaciones de la Vicepresidencia. Se cuestiona si la contratación era jurídicamente procedente, pues participaron terceros y hubo pagos por servicios adicionales, además del cobro de fees por parte de RTVC.

Un caso ilustrativo es el de una niña en Bogotá, que recién experimentó el sismo y días después volvió a respirar un aire cuyos orígenes y composición desconoce. Según el Observatorio Ambiental de Bogotá, de 2024 a 2025 la ciudad mejoró su promedio anual de partículas PM2,5, pasando de 16,9 a 13,5 microgramos por metro cúbico. Sin embargo, la estación Carvajal-Sevillana sigue presentando excedencias significativas, con 67 días en 2025 por encima del límite diario. Es importante aclarar que PM2,5 hace referencia al material particulado cuyo diámetro es menor a 2,5 micrones y cuya inhalación está asociada a enfermedades respiratorias, cardiovasculares e incluso alteraciones en el desarrollo neurocognitivo, particularmente graves en la niñez.

En materia de salud, Bogotá reportó 11 muertes probables por neumonía en menores de cinco años en 2025, frente a 17 en 2024. Aunque no se pueda atribuir todas esas muertes a la contaminación atmosférica, la evidencia refuerza la necesidad de priorizar la salud respiratoria de los más pequeños y de integrar la calidad del aire como un asunto de derechos. Así lo respalda la Constitución de Colombia en su artículo 79 y la Observación General 26 del Comité de los Derechos del Niño, que identifica la contaminación y el cambio climático como amenazas sistémicas.

Por otro lado, en Cundinamarca entre enero y agosto de 2026 se presentaron 532 emergencias por incendios forestales en 74 municipios, con más de 1.314 hectáreas afectadas. El fenómeno de El Niño –según el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales)–, seguirá fortaleciéndose con altas probabilidades de durar hasta inicios de 2027, incrementando el riesgo de incendios y el deterioro de la calidad del aire.

La desigualdad ambiental también es evidente: no todas las infancias de Bogotá respiran el mismo aire, ya que la exposición varía según la cercanía a fuentes de contaminación o corredores viales. Por ello, la participación activa de niñas, niños y adolescentes en la identificación y solución de estos problemas adquiere especial relevancia. Como resalta la Observación General 26, escuchar sus voces es clave para construir ciudades verdaderamente protectoras.

La gestión anticipatoria no puede esperar a que ocurran las emergencias. Proteger la infancia exige reconocer los riesgos, educar, participar y tomar decisiones preventivas en tiempo oportuno. Así, el aire limpio deja de ser solo un indicador para convertirse en la base del ejercicio de todos los derechos.

¿Cómo afecta la contaminación del aire el desarrollo de niñas, niños y adolescentes?

La contaminación del aire, especialmente por partículas PM2,5, impacta negativamente el desarrollo físico y cognitivo de niñas, niños y adolescentes. Estas partículas pueden penetrar profundamente en los pulmones y, debido a que los órganos infantiles aún están en desarrollo, aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y posibles alteraciones en el neurodesarrollo, según lo reportado por el Observatorio Ambiental de Bogotá y los datos de salud de la ciudad.

¿Cuál es la relación entre los incendios en Cundinamarca, el fenómeno de El Niño y la calidad del aire en Bogotá?

Los incendios forestales en Cundinamarca contribuyen significativamente al deterioro de la calidad del aire en Bogotá, ya que el aire y el humo no reconocen límites administrativos. El fenómeno de El Niño, de acuerdo con el IDEAM, agrava la situación al generar condiciones más secas y propensas a incendios, elevando el riesgo de exposición a contaminantes atmosféricos para la población, especialmente para las infancias.

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Una tragedia se registró durante la mañana de este martes 18 de agosto en el estado de São Paulo, Brasil, luego de que una pasarela peatonal colapsara sobre la autopista Fernão Dias, una de las principales vías que conecta este territorio con el estado de Minas Gerais.

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De acuerdo con información de la Policía Rodoviaria Federal (PRF), el accidente ocurrió cuando un camión que era transportado sobre la plataforma de un remolque impactó contra la estructura debido, aparentemente, a que superaba la altura permitida para circular por el sector.

El golpe provocó que la pasarela de concreto se desprendiera y cayera sobre la calzada contraria, justo cuando varios vehículos transitaban por la zona.

🇧🇷 🌉 Tragedia en Brasil: Puente peatonal colapsa tras choque de camión

🚛 Un camión se impactó y derribó una estructura sobre la autopista Fernao Dias (sureste), en Sao Paulo, Brasil.

🚗 El pesado puente colapsó sobre la calzada, aplastando a varios vehículos a su paso. Esto… pic.twitter.com/i3Rqn9BEHp

— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 18, 2026

Según información publicada por g1, las dos personas que murieron eran un matrimonio que viajaba dentro del vehículo particular. Ambos fallecieron en el lugar como consecuencia del fuerte impacto que aplastó el habitáculo. Una tercera persona resultó herida y fue trasladada a un centro médico. De acuerdo con la PRF, sus lesiones inicialmente fueron calificadas como leves.

Las autoridades desplegaron equipos de emergencia para atender la situación, retirar los restos de la estructura y verificar las condiciones de seguridad de la carretera. Imágenes de una cámara de seguridad, posteriormente difundidas en redes sociales, registraron el instante en que el vehículo transportado sobre el remolque chocó contra la pasarela.

En la grabación se observa cómo la estructura de concreto recibe el impacto y posteriormente se parte, antes de caer sobre la autopista. El accidente provocó el cierre de la Fernão Dias en ambos sentidos, mientras los organismos de emergencia adelantaban las labores de rescate y remoción de los escombros.

Las autoridades reportaron importantes congestiones vehiculares, con filas que llegaron aproximadamente a ocho kilómetros en dirección a São Paulo y tres kilómetros hacia Minas Gerais. Antes de reabrir completamente la carretera, los equipos debían retirar los elementos que quedaron sobre la calzada y demoler las partes de la estructura que representaban riesgo de nuevos desprendimientos.

La tragedia ocurrió en una jornada marcada por otro grave accidente de tránsito en Brasil. En el estado de Paraná, al menos 21 personas murieron y cuatro resultaron heridas después de que un autobús y un camión chocaran frontalmente en la carretera BR-373, a la altura del municipio de Imbituva.

Según los primeros reportes citados por medios locales y la Policía Federal de Carreteras, el camión habría invadido el carril contrario y terminó impactando contra el autobús.

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El vehículo de transporte pertenecía a la Secretaría de Salud de Imbituva y llevaba pacientes que se dirigían hacia centros médicos de la región.

La concesionaria Via Araucária informó que la carretera permanecía cerrada mientras se desarrollaban las labores de emergencia, situación que también generó congestión vehicular.

El gobernador de Paraná, Ratinho Júnior, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y señaló que las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del accidente.

La imputación inicial recaerá en el médico que atendió a Kevin el 27 de enero de 2026, pues de acuerdo con la Fiscalía, este no habría ordenado el suministro inmediato del medicamento Emicizumab, esencial conforme a los protocolos médicos para la hemofilia. Además, serán imputados el exagente interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus, y el exauditor Nelson Ramírez Plaza, por presuntas fallas en la gestión para garantizar el medicamento y en la designación del auditor del caso. De igual forma, las exfuncionarias Jessika Pala Triana Sahastuy y Diana Macela Caballero Arias deberán responder por su papel en el seguimiento al paciente.

La acción de la Fiscalía se suma a los hallazgos de la Procuraduría General de la Nación, que el 17 de marzo concluyó, en un informe de ocho páginas citado por El Espectador, que la muerte del menor fue consecuencia directa de la negligencia de la Nueva EPS. El informe sostiene que la EPS no aseguró la entrega oportuna del Emicizumab, lo que resultó fatal para Kevin. Se reveló que el niño dejó de recibir su dosis durante dos meses, aun cuando la prescripción médica indicaba su aplicación cada 28 días.

Kevin estaba afiliado al régimen subsidiado a través de la Nueva EPS. La última dosis fue administrada por la IPS Medicarte el 14 de diciembre de 2025; no obstante, debido a una deuda superior a 8.383 millones de pesos de la EPS con la IPS, el suministro se suspendió y Medicarte terminó su contrato a fin de año. El menor fue trasladado a la IPS Integral Solutions desde el 16 de enero de 2026, pero tampoco recibió el medicamento porque la EPS no giró los recursos ni envió la historia clínica. Así, entre enero y febrero, no hubo prestador activo que garantizara la continuidad del tratamiento.

La Procuraduría recalcó que la Nueva EPS, como garante del aseguramiento en salud, omitió sus obligaciones, afectando irreversiblemente la vida de Kevin, un menor que, por su condición y pertenencia al régimen subsidiado, era sujeto de especial protección constitucional. El informe también cuestionó el traslado del menor de Huila a Bogotá tras el accidente, señalando que el procedimiento expuso al niño a riesgos adicionales por las dificultades de la red y el cierre de servicios.

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¿Qué fallas en la atención médica provocaron la muerte de Kevin Arley Acosta Pico?

El caso revela que la principal falla fue la interrupción de la entrega oportuna del medicamento Emicizumab, necesario para tratar la hemofilia de Kevin, durante dos meses. Las investigaciones de la Procuraduría y las actuaciones de la Fiscalía señalan también omisiones graves en el seguimiento y gestión por parte de la Nueva EPS y del personal encargado, así como problemas administrativos derivados del no pago a las instituciones de salud (IPS), que impidieron que el menor accediera al tratamiento prescrito en los tiempos requeridos.

¿Por qué la Procuraduría responsabiliza a la Nueva EPS en la muerte del menor con hemofilia?

La Procuraduría señala que la Nueva EPS incumplió su obligación de garantizar la continuidad y oportunidad del tratamiento médico de Kevin, lo que fue central en el desenlace fatal. La entidad no resolvió deudas con las IPS que suministraban el medicamento, no formalizó el traslado a un nuevo prestador ni facilitó la documentación clínica necesaria, lo que dejó al menor sin atención médica en un periodo crítico para su salud.

Uno de los factores que más preocupa a las autoridades científicas es la evidencia de deformación lenta del suelo en la franja situada entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga. Además, el SGC señaló que han aumentado las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) en el suelo y de dióxido de azufre (SO2) en el aire, gases que, según imágenes de satélite, se dispersan hacia el noroccidente del volcán. Esta situación se considera especialmente relevante para el análisis de la actividad volcánica reciente.

En los últimos días también se registraron seis emisiones de ceniza, una de las cuales alcanzó una altura máxima de 1.200 metros, lo que representa un riesgo para pobladores y visitantes cercanos. Asimismo, la plataforma satelital MIROVA detectó una anomalía térmica de baja energía. Por otra parte, la sismicidad que podría indicar fracturamiento de roca se mantiene baja en cantidad y magnitud, concentrada aproximadamente a un kilómetro de profundidad bajo el cráter.

El SGC aclaró que todos estos parámetros, que superan claramente los valores usuales del volcán, justifican mantener la alerta naranja, pues demuestran una variación considerable en la dinámica volcánica. Aunque es posible que la actividad disminuya temporalmente, esto no significa que el volcán esté regresando a la estabilidad; para bajar la alerta a amarillo, se requerirán evaluaciones periódicas y la confirmación de tendencias estables durante el tiempo suficiente. Por esto, la entidad recomendó evitar acercamientos a los cráteres de Puracé, Piocollo y Curiquinga, ante el riesgo permanente de nuevas emisiones repentinas.

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¿Por qué el volcán Puracé se mantiene en estado de alerta naranja según el SGC?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el volcán Puracé se mantiene en estado de alerta naranja debido a que los valores de los parámetros monitoreados han alcanzado sus máximos recientes y superan en gran medida los niveles habituales. Entre los factores principales está el aumento en la actividad sísmica relacionada con el movimiento de fluidos, la deformación lenta del suelo, incrementos en los gases volcánicos y las emisiones frecuentes de ceniza.

¿Qué significa la alerta naranja para la actividad del volcán Puracé?

La alerta naranja señalada por el SGC indica que el volcán presenta una alteración significativa de su comportamiento y existe una mayor probabilidad de actividad eruptiva moderada o mayor en el futuro cercano. Este estado requiere vigilancia permanente y acciones de prevención recomendadas, como evitar acercarse a los cráteres, ya que es posible que continúen emisiones de ceniza o gases peligrosos.

Los residentes afirman que la reducción progresiva en las alternativas de desplazamiento está volviendo compleja la movilidad. Mientras algunos tramos siguen en trabajos, otros se suman a las intervenciones, lo que disminuye los corredores disponibles para entrar, salir y circular en El Salado. Una habitante del sector describió la situación como sentirse prácticamente "encerrada" por la gran cantidad de calles bloqueadas a la vez. La problemática, según ella, incrementa a medida que los trabajos avanzan hacia otras áreas sin entregar las ya abiertas desde hace tiempo.

Uno de los puntos especialmente señalados abarca desde las cercanías del Parque de El Salado hasta el sector del Supermercado Popular, donde ya fue retirada la capa asfáltica. La inquietud de la comunidad crece ante la posibilidad de que sigan las aperturas en zonas que todavía funcionan como rutas alternas, lo que llevaría a una virtual parálisis del tránsito. Para los vecinos, la inconformidad no tiene que ver con la pavimentación en sí, sino con la falta de planificación en la ejecución y la prolongación de los cierres en los tramos ya intervenidos.

El malestar también se extiende al sector comercial. Un líder comunal indicó que muchos comerciantes, que pagan arriendo sin ser dueños de los locales, temen quedar meses sin ingresos mientras las vías siguen cerradas. Además, advierten que las rutas alternas para los clientes han sido bloqueadas, disminuyendo significativamente las ventas.

En respuesta, la comunidad ha solicitado un espacio de diálogo con las autoridades. La concejal Sandra Varón anunció una reunión con la Administración Municipal y la Secretaría de Infraestructura, donde se explicará el alcance de las obras y los cronogramas previstos, y se responderán inquietudes. Según Varón, las intervenciones involucran tanto al municipio como a la gobernación.

Los habitantes esperan que, a través de esta socialización, se garantice una verdadera planificación y no se cierre simultáneamente prácticamente toda la movilidad del sector, afectando vida diaria y actividad económica. La comunidad insiste en que no busca frenar las obras, pero sí pide orden y cumplimiento en la entrega de los tramos que ya llevan tiempo en ejecución.

¿Cuál es el motivo principal de la inconformidad de los habitantes de El Salado con las obras de pavimentación?

El malestar de los habitantes de El Salado no está relacionado con la ejecución de las obras de pavimentación como tal, sino con la apertura de nuevos frentes de trabajo sin finalizar ni habilitar los tramos ya intervenidos. Esto ha generado una afectación directa en la movilidad, ya que múltiples vías quedan cerradas al mismo tiempo, lo que dificulta la circulación y pone en riesgo la actividad económica local, según testimonios de residentes y comerciantes.

¿Cómo afectan los cierres viales por pavimentación a los comerciantes de El Salado?

Los cierres ocasionados por las obras de pavimentación han generado preocupación total entre los comerciantes de El Salado, ya que muchos dependen de rutas alternas para el ingreso de clientes. La paralización prolongada de estas vías pone en riesgo su sustento, especialmente entre quienes arriendan los locales. El temor principal es estar varios meses sin poder trabajar ni recibir ingresos, como manifestó un líder comunal que representa al sector comercial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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De hecho, ya pasó una semana desde aquél lamentable evento y desde ya el Gobierno Nacional, junto a las gobernaciones y las alcaldías, están pensando en reconstruir las ciudades, con el objetivo de retomar la normalidad y que las personas vuelvan a tener dónde vivir.

Ahora, para eso ya hay destinados varios miles de millones de pesos que han donado empresarios, grupos extranjeros y más, aunque la realidad es que este proceso de reconstrucción no será sencillo ni rápido.

Así lo afirmó el presidente de Camacol, Guillermo Herre

ra, quien aseguró que este proceso podría tardar incluso años antes de volver a la normalidad.

En diálogo con Caracol Radio, el líder gremial aseguró: “Esto no se va a resolver un mes, dos meses, seis meses, sino va a tomar varios años completar este proceso de reconstrucción”.

Por otro lado, aseguró que se adelantaron las revisiones correspondientes y se llegó a la conclusión de que los edificios que colapsaron eran antiguos y no contaba con la norma correspondiente.

“Al parecer, eran edificaciones con con más años de construcción, incluso antes de las normas de sismo resistencia, y que no estaban, obviamente, preparadas ni actualizadas a las normas que hoy rigen Colombia para disminuir el riesgo de colapso de las edificaciones”, agregó.

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De esta manera, por más de que haya una buena suma de dinero y más, hay que tener en cuenta que se debe recoger todo el escombro, hacer estudio de suelos, todas las revisiones pertinentes y ahí sí volver a construir, un proceso que puede durar varios años.

En palabras de Hincapié, la ausencia de dirigentes nacionales ha impedido establecer diálogos directos con los alcaldes municipales, quienes en muchos casos ya tienen comprometidas sus partidas presupuestarias hasta diciembre de este año. Según el representante, esto resulta especialmente delicado en el contexto actual, pues limita la capacidad de las administraciones locales para responder de manera efectiva y oportuna a las necesidades impuestas por la emergencia climática. De acuerdo con el congresista, el 25% del territorio del Tolima se encuentra afectado, lo que ya provoca deterioro en las fuentes de agua, pérdida de cultivos agrícolas y escasez de alimento para los animales.

Ante esta situación, Marco Hincapié insistió en la urgencia de buscar alternativas de financiamiento que permitan responder de manera real y contundente a las afectaciones. El representante propuso examinar los recursos disponibles en el Sistema General de Regalías, es decir, los fondos provenientes de la explotación de recursos naturales que el Estado destina para inversión pública en las regiones. Al mismo tiempo, advirtió los riesgos de optar por aumentar el endeudamiento del país, señalando que una mayor deuda podría terminar provocando una crisis económica de mayores dimensiones.

Finalmente, Hincapié llamó al Gobierno Nacional a dejar de lado los anuncios y declaraciones, y a avanzar hacia una presencia y apoyo efectivos en las zonas golpeadas por la crisis, en trabajo conjunto con las autoridades locales, para definir y ejecutar respuestas acordes a la magnitud del problema.

¿Cuál es la posición del representante Marco Hincapié ante la gestión del Gobierno frente a la crisis climática en Tolima?

De acuerdo con las declaraciones recogidas, Marco Hincapié sostiene una postura crítica frente a la gestión del Gobierno, indicando que no ha habido presencia ni acciones concretas por parte de funcionarios nacionales en el departamento, lo que en su opinión dificulta la atención real a la crisis climática y sus consecuencias.

¿Qué es el Sistema General de Regalías y cómo puede ayudar ante la emergencia en Tolima?

El Sistema General de Regalías es el mecanismo a través del cual se distribuyen los recursos obtenidos por la explotación de los recursos naturales en Colombia. Hincapié sugiere revisar este sistema como fuente de financiación para apoyar a los municipios del Tolima afectados por la crisis climática, evitando así el riesgo de mayor endeudamiento nacional.

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De acuerdo con la información entregada por el analista en su espacio radial, los planes iniciales del exmandatario tras abandonar el alto cargo contemplaban su traslado inmediato fuera del país para radicarse en tierras mexicanas en compañía de su pareja de entonces, Vanessa Cortés, con quien había compartido diversos desplazamientos públicos y privados, incluyendo recordados viajes a Panamá que habían acaparado la atención de la opinión pública. Sin embargo, el panorama dio un giro drástico e inesperado cuando dichos proyectos de mudanza internacional se desvanecieron por completo debido a un quiebre sentimental repentino que dejó al exlíder político afrontando una situación sumamente complicada.

El aspecto más comentado y delicado del relato periodístico apuntó directamente a las circunstancias en las que se produjo la ruptura, señalando que el exmandatario “no se enteró de la mejor manera posible” sobre el giro inesperado que había tomado su relación sentimental. Según los datos revelados al aire por el comunicador, el fin del noviazgo se precipitó de forma sorpresiva cuando el líder político llegó a su residencia y se encontró con un escenario imprevisto que modificó de tajo sus expectativas personales, marcando el cierre abrupto de su vínculo con Cortés justo en la jornada histórica en la que concluía su mandato presidencial. Esta delicada revelación dejó al expresidente sumido en una profunda tusa y con la necesidad de replantear por completo su horizonte inmediato.

A este complejo panorama sentimental se sumó de manera simultánea una crisis habitacional y patrimonial de proporciones considerables. Ante la imposibilidad de retornar a la tradicional casa familiar ubicada en el municipio de Chía, cuyo registro patrimonial quedó formalmente bajo la titularidad exclusiva de Verónica Alcocer tras los acuerdos de su separación —los cuales también contemplaron compromisos económicos como la manutención de su hija Antonella y el porcentaje correspondiente a la pensión—, el exmandatario se vio en la apremiante necesidad de buscar un refugio provisional de manera urgente. Al carecer de un inmueble propio disponible para habitar de inmediato en medio de la contingencia, el ex jefe de Estado debió recurrir a la solidaridad de su círculo más cercano de copartidarios y amigos incondicionales.

Fue de este modo como el expresidente terminó alojado de manera provisional y en calidad de huésped temporal en la residencia del excongresista y actual funcionario del Gobierno, Gustavo Bolívar, quien le abrió las puertas de su hogar mientras el líder político intenta reordenar su vida privada y encontrar una solución definitiva a su situación de vivienda. Los pormenores de esta mudanza improvisada y los detalles del difícil momento personal que atraviesa el exmandatario continúan generando un intenso debate y convirtiéndose en el tema de conversación obligatorio en los círculos de opinión del país, demostrando que los cambios tras dejar el poder trascienden con creces la esfera puramente institucional y familiar, redefiniendo por completo el rumbo inmediato de una de las figuras más influyentes de la historia política nacional reciente.

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Cali fue una de las ciudades más golpeadas por el movimiento telúrico y por el que se han reportado 332 réplicas, 21 con magnitud superior a 3,0, 2 con magnitud superior a 4,0. El alcalde Alejandro Eder confirmó que en su ciudad hay más de 130 fallecidos de los más de 300 muertos que se han reportado hasta la fecha en Colombia. La capital vallecaucana inició la fase de recuperación de por lo menos 56 víctimas fatales.

El 10 de agosto de 2026, una de las torres del emblemático centro clínico se desplomó. Una semana después, los rescatistas, sostenidos por grúas, removían los escombros y lograron ubicar cinco cuerpos de personas que quedaron atrapadas en la tragedia. Según la información preliminar, murieron cuando la edificación colapsó.

El alcalde de Cali les rindió un homenaje a estos hombres y mujeres que no han detenido su labor y despidió a uno de los equipos de Estados Unidos, a otro de Guayaquil y a otro de Yopal, que trabajaron en la ciudad. Por otro lado, indicó que solo en la capital del Valle, empieza la “primera semana de una maratón que va a durar 3 años”, refiriéndose a la reconstrucción de la sucursal del cielo, que según sus cálculos será de 10 billones de pesos. Agregó que la ciudad también está en una fase de crisis humanitaria, que durará alrededor de entre 3 y 6 meses.

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Más de treinta dependencias de la Alcaldía han sido habilitadas para atender la emergencia y la Secretaría de Infraestructura ha retirado hasta ahora 25.032 toneladas de escombros.

Uno de los principales desafíos después del terremoto fue recuperar los servicios públicos, especialmente la energía eléctrica. El sismo dejó 350.000 usuarios sin electricidad, equivalentes a más de un 50 %, y sacó de servicio 44 circuitos eléctricos. Según el gerente de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Roger Mina, la respuesta de los equipos técnicos permitió que, en menos de dos días, un 99 % de los usuarios de Cali tuviera nuevamente normalizado el servicio de energía eléctrica.

La conectividad también se convirtió en una herramienta clave durante la emergencia. “Desde Emcali instalamos doce puntos móviles de conexión satelital a internet en distintos sectores de Cali para facilitar las comunicaciones de los rescatistas y de las familias afectadas. Cuando Cali lo necesita estamos ahí”, afirmó a EFE. El restablecimiento de estos servicios permitió avanzar en la atención de las comunidades mientras continuaban las labores de rescate, remoción de escombros y evaluación de las estructuras afectadas.

Las imágenes fueron divulgadas por el medio digital local El Informativo Madrid Cundinamarca y muestran al hombre lesionado mientras permanece dentro del vehículo. De acuerdo con la información preliminar, el joven habría sido víctima de un ataque ocurrido en el municipio.

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Según el relato de un testigo registrado en el video, el joven habría abordado la buseta en inmediaciones del parque de Santa María con la intención de dirigirse hacia un CAI.

 

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La situación causó alarma entre los pasajeros, quienes observaron que el hombre presentaba una herida de bala. De acuerdo con el testimonio difundido, se habría solicitado la presencia de una ambulancia y de la Policía, pero la ayuda no habría llegado de manera inmediata.

“El joven se montó en una buseta en el parque de Santa María y se dirigía al CAI”, relató el testigo, según el medio local.

Ante la situación, el conductor del vehículo habría tomado la decisión de trasladar al herido hasta el Hospital Santa Matilde, donde finalmente recibió atención médica.

Por ahora, no se ha informado públicamente cuál es el estado de salud del joven ni se han establecido las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque.

Tras conocerse el hecho, las autoridades iniciaron las respectivas verificaciones para establecer qué ocurrió y determinar quién estaría detrás de la agresión. Dentro de las labores investigativas se contempla la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en el sector, además de la recopilación de testimonios que permitan reconstruir los momentos previos al ataque.

Hasta el momento tampoco se han reportado capturas relacionadas con el caso. La situación volvió a causar cuestionamientos entre habitantes de Madrid, quienes han expresado preocupación por diferentes hechos de inseguridad registrados recientemente en el municipio.

La percepción de inseguridad también ha llevado a ciudadanos a llevar a cabo manifestaciones para solicitar mayores acciones de las autoridades. El pasado 8 de agosto, habitantes de Madrid realizaron protestas y algunos bloqueos para exigir mayores controles y presencia institucional en diferentes sectores de la población.

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En videos publicados en redes sociales, algunos residentes expresaron su inconformidad por hechos relacionados con delincuencia y también por el crecimiento de las ventas informales.

Sin embargo, las cifras oficiales presentan un panorama diferente en algunos indicadores. De acuerdo con un reporte de la Gobernación de Cundinamarca publicado el 2 de julio de 2026, el hurto a establecimientos comerciales había registrado una disminución del 22 %. Pese a ese dato, algunos residentes sostienen que los hechos que presencian en sus barrios alimentan la sensación de inseguridad.

Mientras avanzan las investigaciones por el ataque contra el joven de 23 años, las autoridades deberán establecer no solo quién fue el responsable de la agresión, sino también reconstruir lo ocurrido desde el momento en que la víctima resultó herida hasta su llegada al Hospital Santa Matilde.

Cortés es abogada de la Universidad Católica de Colombia y especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia.

La nueva funcionaria cuenta con experiencia en el sector judicial y electoral. Fue fiscal delegada ante el Tribunal y magistrada de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, añadió ese medio.

Sin embargo, su elección como magistrada fue suspendida en medio de cuestionamientos relacionados con el denominado “yo te elijo, tú me eliges”, tras lo cual presentó su renuncia, agregó esa emisora.

Cortés también trabajó en la Registraduría Nacional del Estado Civil y ocupó el cargo de jefe de la Oficina del Consejo Nacional Electoral en Bogotá.

Su llegada a la SIC ocurre después de la salida de Cielo Rusinque, quien cuestionó actuaciones atribuidas a personas que aún no habían sido formalmente nombradas.

Rusinque denunció que se estaban solicitando renuncias, ordenando detener procesos y pidiendo información reservada.

La exsuperintendente también expresó reparos sobre la experiencia y conocimiento de la nueva administración para dirigir una entidad clave en la protección de la competencia y los consumidores.

No obstante, la particular apuesta fue duramente criticada por Alexander Castro, secretario de Cultura del Tolima. De acuerdo con sus declaraciones, citadas en la información suministrada, el funcionario cuestionó la legitimidad de presentar este tipo de iniciativas como parte de la identidad cultural local, calificándolas de “ridículas” y acusándolas de terminar en “burlesco” para quienes participan. Desde su perspectiva, la cultura debe ser un vehículo para promover la “belleza” y el “desarrollo humano”, no para organizar eventos que podrían considerarse grotescos.

El debate no se limitó a la forma del evento, pues el secretario Castro hizo énfasis en la composición social del municipio de Coyaima, territorio que reconoce por su alta presencia de comunidades indígenas. En ese contexto, reiteró la importancia de que las celebraciones municipales tengan en cuenta la “cosmovisión y la bioculturalidad” de estos pueblos, en lugar de recurrir a iniciativas que puedan resultar ajenas o irrespetuosas de sus tradiciones y valores.

Estas críticas cobran especial relevancia ya que ocurren en paralelo con la discusión, por parte de la Asamblea del Tolima, del Plan Decenal de Cultura. Este documento orientará por diez años la política cultural del departamento. Para el secretario, experiencias como la vivida en Coyaima demuestran la urgencia de coordinar las acciones municipales con una visión amplia de desarrollo cultural y humano, que realmente incluya a los diferentes sectores y respete su diversidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue criticada la “carrera de calzoncillos” organizada en Coyaima, Tolima?

La carrera fue criticada porque el secretario de Cultura del Tolima, Alexander Castro, la calificó como una actividad "ridícula" que, en vez de promover la cultura y el desarrollo humano, convertía la celebración en una especie de burla hacia los participantes. Señaló también que este tipo de iniciativas no tienen en cuenta los valores y la bioculturalidad de las comunidades indígenas que habitan en Coyaima.

¿Qué significa bioculturalidad y por qué es importante en el contexto de Coyaima?

El término "bioculturalidad" hace referencia a la relación entre la cultura y el entorno natural de una comunidad. En Coyaima, donde hay una notable presencia indígena, la bioculturalidad implica considerar tanto los saberes ancestrales como el respeto a la forma cómo estas comunidades interactúan con la naturaleza. Según el secretario de Cultura, incluir esta perspectiva en las celebraciones es vital para lograr un verdadero desarrollo cultural y humano en el municipio.

La liberación de Leidys fue posible gracias a la coordinación de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, fuerzas que desplegaron acciones concretas en busca de la víctima y lograron su retorno sano y salvo. De acuerdo con los reportes oficiales, las autoridades no cesaron sus tareas de localización hasta que la joven pudo volver con sus seres queridos.

El hecho cobró relevancia pública porque en el momento del secuestro, su padre, Hilder Vergara Gómez, reconocido en las redes sociales como ‘Paisa Ayuda’, se encontraba brindando apoyo a las víctimas del terremoto que sacudió el departamento del Chocó y otras zonas aledañas. Al conocer la noticia del secuestro de su hija mientras realizaba jornadas de solidaridad, la conmoción alcanzó tanto al núcleo familiar como a la comunidad digital que sigue su labor.

Durante los días de incertidumbre, el humorista Orlando Jerez, amigo cercano de la familia, publicó un video en redes sociales solicitando ayuda y clamando por la integridad de Leidys. Sus palabras buscaron movilizar a la ciudadanía: "Nos acaban de secuestrar a la hija de Paisa Ayuda. Necesitamos ayuda. Compartan este video", expresó, al tiempo que exhortaba a los captores a respetar la vida de la joven y destacaba la labor humanitaria de su padre.

Paralelo al despliegue de las autoridades, la Alcaldía de Maicao impulsó una campaña de búsqueda que incluyó la oferta de hasta 120 millones de pesos de recompensa para quien brindara información que facilitara la liberación de Leidys Vergara. Finalmente, este esfuerzo coordinado permitió que la joven terminara el cautiverio y regresara junto a su familia.

Ahora, los investigadores de La Guajira siguen recopilando elementos para esclarecer las circunstancias del secuestro e identificar a los responsables. Cabe recordar que este hecho ocurrió apenas un día después de la liberación de Angie Argaez, influencer de la zona que también había sido secuestrada en su vivienda en Maicao el 10 de agosto. Estos dos casos en menos de una semana han suscitado preocupación entre los habitantes del municipio por la seguidilla de hechos violentos.

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¿Cómo lograron la liberación de Leidys Vergara Molina en La Guajira?

La liberación de Leidys Vergara Molina fue el resultado de la colaboración entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional, según información oficial. Ambas instituciones trabajaron de manera articulada en acciones de búsqueda y localización, hasta lograr que la joven regresara sana y salva a su hogar en Maicao. Adicionalmente, la Alcaldía de Maicao ofreció una recompensa para incentivar la entrega de información que ayudara a su liberación.

¿Por qué impactó tanto el secuestro de Leidys Vergara en la comunidad de Maicao?

El secuestro de Leidys Vergara Molina generó gran conmoción en la comunidad de Maicao porque coincidió con el trabajo social de su padre Hilder Vergara Gómez, conocido como ‘Paisa Ayuda’, quien brindaba apoyo a víctimas del terremoto en Chocó. Además, el caso se presenta justo después de otro secuestro de relevancia local, el de la influencer Angie Argaez, lo que elevó la preocupación por la seguridad en la región.

Según Zuleta, en el proceso de separación Petro habría quedado con la manutención de Antonella, mientras que Alcocer recibió el 10 % de la pensión del exmandatario. Además, la casa ubicada en el conjunto Santana, en Chía, quedó registrada a nombre de la exesposa de Petro.

(Vea también: Una pareja, un exsenador y los nombramientos que Petro hizo faltando dos días para dejar su cargo)

“El expresidente está arrimado en la casa de Gustavo Bolívar. La exnovia lo dejó el 7 de agosto, llegó a su casa donde la señora mencionada y se encontró una sorpresa, póngame el santo cachón a ver si la vaina funciona”, relató.

El dato sobre la vivienda tomó relevancia por la situación personal que, según el periodista, atraviesa actualmente el expresidente. Zuleta aseguró que Petro no habría podido trasladarse a esa casa debido a que, tras la separación, el inmueble quedó en el registro a nombre de Alcocer.

De acuerdo con la versión entregada en Blu Radio, Petro tampoco continuaría viviendo en la casa de Vanessa Cortés, quien habría sido su pareja después de la separación de Alcocer. Zuleta afirmó que esa vivienda no pertenece al exmandatario y que Cortés habría decidido terminar la relación.

El periodista también aseguró que Petro había contemplado la posibilidad de trasladarse a México junto con Cortés, pero ese plan no se concretó. Según su relato, la relación habría terminado el 7 de agosto y el expresidente estaría pasando por un momento personal complicado.

“No se ha ido porque inicialmente tenía pensado irse a vivir a México con su pareja en ese momento que él mismo ha presentado y con la que ha paseado en Panamá, Vanessa Cortés. Ahora resulta que el expresidente decidió no ir a México y la señora Vanessa decidió no seguir con el expresidente”, aseguró.

A pesar de la magnitud del desastre, el saldo humano y animal fue milagrosamente positivo, ya que ningún perro resultó herido. Incluso, durante los momentos más críticos, se registró el caso de tres perros que quedaron atrapados bajo los escombros, generando gran tensión en la comunidad. Gracias a la rápida y solidaria acción de vecinos, los animales pudieron ser rescatados con vida. María Fernanda, aunque profundamente afectada por la crisis y el nivel de estrés vivido, expresó su enorme gratitud por no haber lamentado pérdidas fatales entre sus mascotas, de acuerdo con lo reportado por Noticiero 90 Minutos.

Actualmente, la situación sigue siendo crítica para los rescatados. María Fernanda y los perros se encuentran en un albergue provisional, ubicado en una finca vecina. Allí reciben atención básica mientras se gestiona la recuperación del terreno donde estaba el antiguo refugio. Sin embargo, el terremoto no solo tumbó muros y techos, sino que sepultó medicamentos, camas y todos los enseres necesarios para el adecuado cuidado veterinario de los animales. La rescatista ha manifestado que la prioridad inmediata es contar con maquinaria pesada que permita remover los escombros y limpiar el área afectada, lo que constituye el primer paso para la posible reconstrucción del refugio.

La organización y la ayuda solidaria se tornan esenciales en este contexto. Entre las donaciones solicitadas se destacan alimentos, agua potable, colchonetas, camas plásticas y medicamentos veterinarios. Además, se requiere apoyo financiero o logístico para contratar maquinaria que permita el acceso y remoción de desechos. Aunque algunos voluntarios y rescatistas ya se han solidarizado con la causa, el desafío que enfrenta el refugio es considerable y aún se necesitan más manos y recursos para asegurar el bienestar de los 35 perros y la continuidad del trabajo de María Fernanda González.

¿Qué necesita el refugio de María Fernanda González en Dagua tras el terremoto?

El refugio enfrenta una emergencia humanitaria y animal. Las necesidades prioritarias incluyen alimento, agua potable, colchonetas, camas plásticas, medicamentos veterinarios y recursos para contratar maquinaria pesada. Sin apoyo en estas áreas, la recuperación y el bienestar de los animales queda gravemente en riesgo.

¿Cuál fue la situación durante el rescate de los perros atrapados en el refugio destruido?

Durante la emergencia, tres perros quedaron atrapados bajo los escombros del refugio. La intervención inmediata y solidaria de los vecinos permitió su rescate con vida, evitando una tragedia mayor y demostrando la importancia del trabajo comunitario ante desastres naturales.

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Huerta, abogado de profesión, ha desempeñado cargos en el sector público por más de 20 años. Entre sus antecedentes figuran el haber sido defensor del Pueblo delegado para el derecho a la salud y secretario de Educación de Pereira. Además, se ha desempeñado como profesor universitario y cuenta con una sólida formación académica, pues es licenciado en Filosofía, tiene maestría en Derecho Administrativo, especializaciones en Derecho Probatorio, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario (DIH), Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, y está en proceso de obtener el título de doctor en Derecho.

Su nombramiento en el Departamento de la Función Pública ocurre después de su papel en la reciente contienda electoral, en la que, a pesar del apoyo de su fórmula vicepresidencial Claudia López a Iván Cepeda, Huerta se alineó con Abelardo de la Espriella. Sobre el actual vicepresidente, José Manuel Restrepo, quien continuará su agenda política tras el terremoto en Caldas, Huerta destacó su carácter y preparación en asuntos de Estado.

El Departamento que va a liderar debe, según se indica oficialmente, “fortalecer la gestión de las entidades públicas nacionales y territoriales, mejorar el desempeño de los servidores públicos al servicio del Estado, contribuir al cumplimiento de los compromisos del gobierno con el ciudadano y aumentar la confianza en la administración pública y en sus servidores”. Este organismo también dirige la coordinación de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), una entidad descentralizada de carácter universitario con impacto regional.

Actualmente, solo falta la oficialización del nombramiento de Huerta, en medio de un reacomodo de cargos estatales que también ha implicado movimientos en otras entidades, como la Unidad Nacional de Protección y el Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo con reportes de El Espectador.

¿Cuáles son las funciones del Departamento de la Función Pública en Colombia?

El Departamento de la Función Pública tiene la responsabilidad de fortalecer la gestión de los organismos estatales a nivel nacional y territorial, mejorar el desempeño de los servidores públicos y contribuir al cumplimiento de los compromisos del gobierno con la ciudadanía. Además, se encarga de aumentar la confianza en la administración pública y coordina las labores de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), institución universitaria con presencia regional.

¿Qué experiencia tiene Leonardo Huerta para liderar el Departamento de la Función Pública?

Leonardo Huerta posee más de dos décadas de experiencia en el sector público, ha sido defensor del Pueblo delegado para el derecho a la salud y secretario de Educación de Pereira. Es abogado, licenciado en Filosofía, tiene maestría en Derecho Administrativo, varias especializaciones en ramas del Derecho y es candidato a doctor en Derecho, según lo informado por El Espectador.

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Entre los sectores prioritarios donde habrá cierres, se encuentran tramos como la calle 115, que irá desde la carrera 17 hasta la 19B en el barrio Tierra Firme. Otro punto clave es la carrera 15, entre calles 120 y 122, correspondiente a la urbanización Praderas del Norte. Además, el barrio El Limonar presentará varias intervenciones: sobre la carrera 6A, desde la calle 56 hasta la 69, y en la calle 57, que va entre carreras 6 y 7. También, la carrera 14, entre calles 111 y 113 en el sector Pacandé, tendrá restricción, así como la calle 11, desde la avenida Mirolindo hasta la carrera 22 Sur, en la zona conocida como Aparco.

Además de estos cierres, el cronograma de trabajos que se desarrolla este miércoles contempla intervenciones en otros sectores de la capital tolimense. La carrera 10, entre calles 3 y 4, en el barrio Belén, será intervenida, al igual que la carrera 3A, entre calles 70 y 71, en Jordán Segunda Etapa. Igualmente, la calle 129, que comprende las carreras 9 y 10 en el barrio Pedro Ignacio Villa Marín, se verá afectada. El sector Ambalá también se sumará a la lista de zonas con restricción, exactamente en la carrera 15, entre calles 65 y 66, y finalmente, la vía principal del barrio Calucaima estará sujeta a trabajos de mantenimiento.

Estas tareas de pavimentación buscan mejorar el estado de las vías urbanas, incrementando la seguridad para todos los actores viales y optimizando los desplazamientos. No obstante, las autoridades recomiendan tener precaución y estar atentos a la señalización instaladas en los puntos intervenidos. La recomendación general es salir con tiempo extra y consultar previamente las rutas afectadas para evitar contratiempos.

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¿Cuáles vías estarán cerradas en Ibagué por obras de pavimentación este miércoles 19 de agosto?

Durante la jornada del 19 de agosto, diferentes sectores de Ibagué tendrán cierres temporales en vías clave, entre ellas la calle 115 en Tierra Firme, la carrera 15 en Praderas del Norte, varias calles del barrio El Limonar, la carrera 14 en Pacandé y la calle 11 en Aparco, además de intervenciones en barrios como Belén, Jordán Segunda Etapa, Pedro Ignacio Villa Marín, Ambalá y Calucaima, según la información oficial divulgada para esta fecha.

¿Qué recomendaciones deben tener en cuenta los conductores ante los cierres viales por pavimentación en Ibagué?

La principal recomendación para conductores y motociclistas es planificar rutas alternas, salir con mayor anticipación de lo habitual y estar atentos a la señalización presentada en los puntos intervenidos. Esto permitirá evitar retrasos innecesarios y contribuir al flujo vehicular mientras avanzan los trabajos de pavimentación en la ciudad.

La medida también cobijaría a quienes contraten o subcontraten servicios de seguridad privada. De acuerdo con el proyecto, una vez finalice el periodo de transición establecido, las entidades públicas y las personas naturales o jurídicas del sector privado no podrán contratar servicios de vigilancia que impliquen el uso de perros.

(Vea también: Ellos son los seis perros que buscan sobrevivientes entre los escombros en Quibdó, Cali y Pereira)

¿Cómo será la transición para los perros de vigilancia?

Antes de que la prohibición entre en vigencia de manera definitiva, y en caso de que la iniciativa sea aprobada por el Congreso, el Gobierno Nacional deberá implementar una serie de medidas orientadas a garantizar el bienestar de los animales que continúen desempeñando estas funciones durante el periodo de transición.

Entre las disposiciones contempladas está la eliminación de los turnos nocturnos, definidos como aquellos comprendidos entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente. Además, las jornadas de trabajo de los perros deberán limitarse a un máximo de cinco horas y estará prohibido mantenerlos confinados durante más de cuatro horas consecutivas.

El proyecto también establece protocolos obligatorios de prevención de afectaciones osteomusculares y dispone el retiro anticipado de cualquier animal cuya salud, integridad o calidad de vida pueda estar comprometida. A esto se suma la prohibición de utilizar métodos coercitivos durante los procesos de entrenamiento.

Durante la transición, las empresas deberán implementar un sistema de monitoreo audiovisual en los puestos de trabajo. También se contemplan inspecciones y auditorías externas por parte de las autoridades competentes. De igual manera, estaría prohibida la compra y venta de perros destinados a labores de vigilancia mientras permanezca vigente este periodo.

Otro de los aspectos contemplados es la responsabilidad solidaria de las entidades públicas y de las personas naturales o jurídicas que contraten estos servicios. En consecuencia, los contratantes también deberán responder por el cumplimiento de las condiciones de bienestar animal establecidas para la etapa de transición.

Registro obligatorio y proceso de adopción

La propuesta contempla, además, la creación de un Plan Nacional de Registro, Retiro y Adopción de Perros de Vigilancia. Mientras se completa la eliminación del uso de animales en estas actividades, todas las empresas que cuenten con perros destinados a labores de vigilancia deberán registrar y mantener actualizada la información correspondiente a cada ejemplar.

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El sistema deberá permitir consultar datos relacionados con el estado de salud, el historial clínico, la ubicación, la empresa responsable, el puesto de trabajo y la fecha prevista para el retiro definitivo de cada animal.

El plan también incluirá un Programa de Retiro y Adopción Responsable, que deberá contemplar procesos de rehabilitación física y comportamental. Asimismo, establecerá criterios para priorizar el retiro de perros que presenten lesiones, enfermedades degenerativas, vejez, estrés crónico u otras condiciones que resulten incompatibles con su bienestar.

Una vez retirados de estas labores, los animales podrán ser entregados a hogares que cumplan con las condiciones de idoneidad, organizaciones de protección animal, hogares de paso o, cuando resulte viable, a sus manejadores o cuidadores responsables. El proceso deberá contar con seguimiento institucional después de la adopción.

La iniciativa también establece que los perros retirados no podrán ser abandonados, sacrificados, comercializados, entregados sin control institucional ni destinados a actividades comerciales o de reproducción.

De acuerdo con Metrocali, se decidió la suspensión temporal del servicio por la troncal de la calle 5, entre las estaciones Santa Librada y Refugio. Según explicó la entidad, esta determinación fue tomada siguiendo las recomendaciones de los organismos de socorro y de Gestión del Riesgo, priorizando la seguridad de los usuarios y la integridad de la infraestructura del sistema. Por tal motivo, durante la semana mencionada, se realizarán desvíos de rutas y se cerrarán estaciones para ajustar la movilidad, permitiendo a los usuarios movilizarse, aunque con adaptaciones en los trayectos habituales.

Las estaciones que estarán cerradas en ese periodo, según confirmó Metrocali, son: Refugio, Pampalinda, Guadalupe, Lido, Tequendama, Estadio, Manzana del Saber, Santa Librada y Terminal Calipso. La interrupción de estas paradas representa un reto adicional para quienes dependen del Mío a diario, obligando a planear rutas alternativas o buscar otras opciones de transporte.

Junto con el cierre de estas estaciones, el sistema anunció ajustes y desvíos en varias rutas principales. Las rutas que presentarán cambios en sus trayectos incluyen: T31, E21, T57, T47, E37, E27, E51, P27D, P62A y P51C, tanto en sentido sur-norte como viceversa. De igual manera, las rutas P47A y P47B tendrán adaptaciones puntuales entre Terminal Andrés Sanín y Unidad Deportiva, afectando ambos sentidos. Adicionalmente, el servicio Mío Cable suspenderá las rutas A73 y A03 durante la misma semana.

Estos cambios buscan garantizar la continuidad del servicio, atendiendo la seguridad y el bienestar de los usuarios del sistema, en un contexto donde se prioriza la coordinación con las recomendaciones de organismos de emergencia. Los usuarios deberán estar atentos a los anuncios de Metrocali para conocer la reactivación completa del servicio y la normalización de las rutas y estaciones más adelante.

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¿Cuáles son las estaciones del Mío cerradas entre el 18 y 23 de agosto?

Durante la semana del 18 al 23 de agosto, Metrocali informó que las estaciones Refugio, Pampalinda, Guadalupe, Lido, Tequendama, Estadio, Manzana del Saber, Santa Librada y Terminal Calipso estarán inhabilitadas. El motivo es la suspensión del servicio en la troncal de la calle 5, siguiendo sugerencias de los organismos de socorro y de Gestión del Riesgo.

¿Qué ajustes tendrán las rutas del Mío esta semana y qué significa la gestión del riesgo?

Las rutas T31, E21, T57, T47, E37, E27, E51, P27D, P62A y P51C tendrán desvíos en sus trayectos tanto en sentido sur-norte como norte-sur. Las rutas P47A y P47B serán modificadas entre Terminal Andrés Sanín y Unidad Deportiva. La gestión del riesgo corresponde a las acciones preventivas y de atención que realizan entidades para minimizar posibles daños ante eventos que puedan afectar la seguridad o la normalidad del servicio.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó que el sismo de magnitud 7,4 afectó 3.423 centros educativos en Colombia. Varias de estas instituciones se encontraban incluidas como puntos de aplicación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT, lo que implicó la necesidad de revisar la infraestructura física y el cumplimiento de parámetros técnicos esenciales. El Icfes aclaró que uno de los principales factores para la reprogramación fue asegurar la igualdad de condiciones y la seguridad de los lugares donde se llevarán a cabo los exámenes, evitando así cualquier tipo de desigualdad o riesgo para los involucrados en el proceso.

En cuanto al nuevo cronograma establecido por el Icfes, la publicación de las citaciones para los aspirantes será el viernes 2 de octubre, mientras que la aplicación de las pruebas quedó fijada para el 18 de octubre. Quienes presenten la prueba recibirán ese mismo día su certificado de presentación en formato físico, documento que funcionará como constancia ante las universidades, siempre y cuando cumplan los requisitos académicos exigidos. Posteriormente, los certificados digitales podrán consultarse a partir del lunes 9 de noviembre y los resultados individuales estarán disponibles para descarga el viernes 19 de febrero de 2027 en el sitio web del Icfes.

El Icfes reiteró que estos exámenes son requisito indispensable para obtener un título de educación superior en Colombia, subrayando la importancia de garantizar el derecho a la evaluación y acompañar a la comunidad educativa en medio de esta situación de emergencia.

¿Por qué se reprogramaron las pruebas Saber Pro y Saber TyT en 2026?

Las pruebas Saber Pro y Saber TyT del segundo semestre de 2026 fueron reprogramadas debido al impacto del sismo de magnitud 7,4 que se registró el 11 de agosto. Según el Icfes, la emergencia nacional ocasionada por el temblor generó daños en varios sitios previstos para la aplicación, incluyendo más de tres mil centros educativos afectados reportados por la UNGRD. Esta situación impidió garantizar las condiciones necesarias para una evaluación equitativa y segura.

¿Cuándo serán publicados los resultados de las pruebas Saber Pro y Saber TyT reprogramadas?

De acuerdo con el cronograma publicado por el Icfes, los resultados individuales de las pruebas Saber Pro y Saber TyT podrán ser descargados a partir del viernes 19 de febrero de 2027 en el sitio web oficial de la entidad. Antes de esa fecha, los certificados digitales de asistencia estarán disponibles desde el lunes 9 de noviembre.

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De acuerdo con la información entregada por el analista en su espacio radial, los planes iniciales del exmandatario tras abandonar el alto cargo contemplaban su traslado inmediato fuera del país para radicarse en tierras mexicanas. En este proyecto de vida lo acompañaría su pareja de entonces, Vanessa Cortés, con quien había compartido diversos desplazamientos públicos y privados, incluyendo recordados viajes a Panamá que habían acaparado la atención de la opinión pública. Sin embargo, el panorama dio un giro drástico e inesperado cuando dichos planes de mudanza internacional se desvanecieron por completo al recibir una noticia que nadie en su círculo esperaba.

Según los datos revelados en el programa radial por el comunicador, fue la propia Cortés quien tomó la decisión definitiva de terminar la relación sentimental, dejando al exmandatario afrontando una situación personal sumamente difícil. En su intervención al aire, el periodista describió el episodio afirmando textual y sin rodeos que el exmandatario “quedó entusado y arrimado”, desatando risas y comentarios en el panel. El quiebre del noviazgo se habría precipitado en medio de tensiones y sorpresas al interior del hogar, justo cuando el calendario marcaba el cambio de mando presidencial.

De hecho, el analista agregó un dato clave sobre el momento exacto de la ruptura al señalar que “la dejó el 7 de agosto”, fecha en la cual el líder político llegó a su residencia y se encontró con una absoluta sorpresa que cambió drásticamente sus planes inmediatos. Al retornar a su círculo cotidiano, el ex jefe de Estado se habría encontrado con un escenario completamente adverso que truncó por completo sus expectativas de iniciar una nueva etapa fuera del país junto a su pareja, obligándolo a reordenar su cotidianidad bajo circunstancias totalmente imprevistas.

A este complejo panorama sentimental se sumó una crisis habitacional y patrimonial de proporciones considerables. Ante la imposibilidad de retornar a la tradicional casa familiar ubicada en el municipio de Chía, cuyo registro patrimonial quedó formalmente bajo la titularidad exclusiva de Verónica Alcocer tras los acuerdos de su separación —los cuales también contemplaron compromisos económicos como la manutención de su hija Antonella y el porcentaje correspondiente a la pensión—, el exmandatario se vio en la apremiante necesidad de buscar un refugio provisional de manera urgente. Al carecer de un inmueble propio disponible para habitar de inmediato en medio de la contingencia, el ex jefe de Estado debió recurrir a la solidaridad de su círculo más cercano de copartidarios y amigos incondicionales.

Fue de este modo como el expresidente terminó alojado de manera provisional y en calidad de arrimado en la residencia del excongresista y actual funcionario del Gobierno, Gustavo Bolívar, quien le abrió las puertas de su hogar mientras el líder político intenta reordenar su vida privada y encontrar una solución definitiva a su situación de vivienda. Los pormenores de esta mudanza improvisada y los detalles del difícil momento personal que atraviesa el exmandatario continúan generando un intenso debate y convirtiéndose en el tema de conversación obligatorio en los círculos de opinión del país, demostrando que los cambios tras dejar el poder trascienden con creces la esfera puramente institucional y familiar.

De acuerdo con la información publicada en El Espectador, la Ubpd habilitó líneas telefónicas y otros canales de contacto para recibir reportes de personas desaparecidas tras el terremoto. Desde el 11 de agosto, la entidad integró el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU), instancia de coordinación interinstitucional que lidera la respuesta institucional ante la emergencia. Hasta el momento, la Ubpd ha recibido un total de 159 solicitudes relacionadas con la desaparición de personas, datos que se encuentran en etapa de consolidación como parte de la respuesta humanitaria.

El trabajo de la Ubpd también incluye la vigilancia y evaluación de cementerios y sitios de interés forense en territorio nacional. Desde el mismo día del sismo, la entidad inició la evaluación de siete cementerios ubicados en los departamentos de Caldas, Chocó, Valle del Cauca y Cauca. Solo se registraron afectaciones en el cementerio de Roldanillo (Valle del Cauca), donde la institución desplegó un equipo forense para proteger los contenedores y elementos de importancia, buscando preservar la evidencia clave para la búsqueda de desaparecidos en el contexto del conflicto armado.

Según el balance presentado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el terremoto ha dejado hasta ahora 312 personas fallecidas, 4.611 heridas, 290 desaparecidas y cerca de 294.278 personas afectadas, distribuidas en 15 departamentos y 470 municipios. Tanto la gestión de la Ubpd como el reporte de la Ungrd reflejan la magnitud de la tragedia y la urgencia de dar respuesta a las familias que buscan a sus seres queridos.

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¿Cómo funciona la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) tras un terremoto?

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) despliega su equipo técnico y científico para localizar a personas reportadas como desaparecidas, recurriendo a tecnologías avanzadas como drones con cámaras térmicas y GNSS. Así puede acceder a áreas de difícil acceso, recopilar datos clave, recibir reportes a través de líneas telefónicas y coordinar esfuerzos en el Puesto de Mando Unificado Nacional.

¿Qué criterios utiliza la Ubpd para la protección de cementerios en emergencias?

De acuerdo con la información, la Ubpd evalúa los cementerios ubicados en zonas afectadas para identificar daños y proteger elementos de valor forense, especialmente cuando se identifican sitios de interés vinculados a la búsqueda de desaparecidos. Solo cuando hay afectaciones, como en el cementerio de Roldanillo, la entidad interviene enviando equipos forenses especializados.

El alcance de estos siniestros durante agosto ha sido excepcional, pues aunque los 161 incendios equivalen apenas al 28,5 % del total reportado en el año (563 casos en 2026), la superficie devastada es mucho mayor comparada con los meses anteriores. Según precisa la Delegación, al cierre del informe las autoridades habían logrado controlar todos los incendios en el territorio, sin eventos activos o pendientes de liquidación.

Si bien el reporte oficial aún no detalla las causas concretas de cada fuego ni especifica qué ecosistemas o tipos de vegetación resultaron más afectados, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió sobre la intensificación del fenómeno de El Niño. Según el Ideam, esta situación meteorológica trae consigo reducción de lluvias y aumento de temperaturas, condiciones que podrían agravarse a partir de septiembre y facilitar el surgimiento de nuevos incendios.

Ante este panorama, la Delegación Departamental de Bomberos subrayó que mantiene vigilancia constante junto a las autoridades locales, enfocándose en prevenir rebrotes, sobre todo en un periodo donde la sequía impulsa la expansión del fuego hacia zonas rurales y vías principales.

En cuanto a la preparación institucional, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD) llamó a los 116 municipios a activar sus planes de contingencia, reunir sus Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y revisar la disponibilidad de recursos logísticos y técnicos. Paralelamente, se insistió en pautas preventivas para la comunidad: evitar quemas agrícolas, no abandonar residuos ni arrojar materiales inflamables en bosques y carreteras, y reportar cualquier inicio de incendio marcando a la línea 123. Además, provocarlo constituye un delito en Colombia, sancionado con penas de entre 3 y 6 años de cárcel y multas económicas proporcionales al daño causado.

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¿Cuáles fueron las principales recomendaciones de las autoridades de Cundinamarca frente a los incendios en agosto de 2026?

Entre las recomendaciones más destacadas se encuentran evitar la quema de vegetación para cultivos, no arrojar basura ni colillas encendidas en áreas rurales o boscosas, reportar cualquier fuego incipiente a la línea 123 y disponer de herramientas básicas de emergencia en zonas de alto riesgo. Además, insiste en la activación de los planes de contingencia a nivel municipal y la revisión de recursos técnicos para responder efectivamente a nuevas emergencias.

¿Cuál es el marco legal para quienes provocan incendios forestales en Colombia?

Según la información proporcionada por las autoridades en el informe, provocar un incendio forestal es un delito en Colombia. La ley establece penas de cárcel de entre 3 y 6 años, además de sanciones económicas proporcionales al daño ambiental causado.

Las cifras oficiales reportan 24 edificaciones colapsadas y 127 más con colapso parcial. Además, cerca de un centenar de estructuras muestran daños estructurales relevantes. Por ello, equipos técnicos deben evaluar detenidamente cada caso para determinar si es posible recuperarlas o si la única alternativa será demolerlas. La gravedad de la situación se refleja también en el hecho de que varias zonas de la ciudad permanecen en riesgo y requieren intervención inmediata.

El alcalde Eder indicó que la etapa de estabilización de la emergencia podría prolongarse durante lo que resta de 2026 y parte de 2027. No obstante, el proceso de reconstrucción total se proyecta en alrededor de tres años. Este extenso proceso abarca tanto viviendas particulares como edificaciones públicas, entre las que se encuentran hospitales, colegios y estaciones de bomberos. Esta infraestructura pública no solo deberá repararse, sino que en numerosos casos necesitará ser reforzada o reconstruida para garantizar que esté preparada ante eventuales sismos futuros.

Entre las primeras medidas, la Alcaldía anunció la destinación de 1 billón de pesos para iniciar los trabajos de recuperación, de acuerdo con declaraciones del propio alcalde. Además, se adelantan gestiones ante el Ministerio de Hacienda para conseguir más recursos y así financiar las tareas previstas. La Administración Distrital trabaja con los equipos de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Vivienda en el proceso de caracterización de los hogares afectados, lo cual facilitará la canalización de ayudas a las familias que perdieron sus viviendas.

En cuanto al balance de víctimas, los datos entregados por la Alcaldía indican que 139 personas fallecidas ya han sido identificadas por el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación), y 88 personas fueron rescatadas con vida. Mientras tanto, continúan las labores de evaluación y remoción en las estructuras afectadas.

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¿Cuánto tardará la reconstrucción total de Cali después del terremoto?

Según el alcalde Alejandro Eder, la reconstrucción de Cali podría tomar aproximadamente tres años. La estabilización de la emergencia se extendería hasta 2027 y el proceso abarcaría tanto viviendas como infraestructuras públicas, lo que evidencia la magnitud de la afectación tras el terremoto.

¿Qué áreas serán priorizadas en la reconstrucción de Cali tras el sismo?

De acuerdo con la información oficial, la reconstrucción no solo involucra viviendas y edificaciones privadas, sino que también se priorizarán hospitales, colegios y estaciones de bomberos. Algunas de esas infraestructuras serán reforzadas para resistir futuros sismos, mientras que otras podrán requerir una reconstrucción total, dependiendo del dictamen técnico.

En la resolución 8580-6, expedida el 18 de agosto de 2026, la Superintendencia Nacional de Salud confirmó la salida de Jorge Iván Ospina Gómez como agente especial interventor de la Nueva EPS. En su lugar, fue nombrado Roberto José Tercero Solano Navarro, actual gerente de Cajacopi EPS. Esta decisión se produce a tan solo cuatro meses del nombramiento de Ospina, quien había asumido el control de la EPS el 10 de abril. La intervención forzosa administrativa, según detalló la SuperSalud, estará vigente hasta el 10 de abril de 2027 y busca asegurar la prestación adecuada del servicio a los usuarios.

El cambio se fundamenta en una serie de dificultades identificadas durante la intervención. De acuerdo con la resolución, persisten problemas en la gestión financiera, insuficiencia en la red de servicios, dificultades para cumplir órdenes e instrucciones, y fallas en la entrega de información requerida. La propia Superintendencia señaló que la EPS no dispone de estados financieros certificados y aprobados correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. Además, desde febrero de 2024, la entidad no remite información oficial, lo cual impide que se realicen labores efectivas de inspección y control.

Esta falta de información ha derivado en un incremento constante de deudas y anticipos con prestadores de servicios de salud, junto con retrasos en el procesamiento y auditoría de facturas, dificultando conciliaciones y pagos con los acreedores. Además, el 51% de las reclamaciones de los usuarios provienen de negaciones injustificadas de servicios, problemas para agendar citas y demoras en la atención. En este contexto, el nuevo agente interventor deberá presentar en un mes un diagnóstico integral y un plan de trabajo detallado que incluya presupuesto, cronograma e indicadores de seguimiento.

Por último, la firma Baker Tilly Colombia Ltda. ha sido escogida como contralora del proceso de intervención, encargada del monitoreo y fiscalización de las acciones implementadas en la Nueva EPS durante la medida especial.

¿Por qué fue removido Jorge Iván Ospina Gómez de la Nueva EPS?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, la remoción de Ospina se debe a la persistencia de problemas operativos y financieros en la entidad, falta de reporte de información y dificultades para cumplir con las obligaciones con los usuarios y los prestadores de servicios, aspectos que motivaron la designación de un nuevo agente especial interventor.

¿Cuál es la función de la firma Baker Tilly Colombia Ltda. en la intervención de la Nueva EPS?

Baker Tilly Colombia Ltda. fue nombrada por la Superintendencia Nacional de Salud para hacer el seguimiento y fiscalización de las actuaciones desarrolladas durante la intervención, supervisando el cumplimiento de las metas y el correcto manejo de los recursos en la Nueva EPS.

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Una de las secciones se centra en presuntas irregularidades que, según el Gobierno, pusieron en riesgo la función pública. El informe recopila reportes de cada ministerio y finaliza con los principios que, en palabras de la administración De la Espriella, guiarán la ‘Patria Milagro’. Entre los casos destacados figura el de Air-e, empresa esencial para el servicio eléctrico en Atlántico, Magdalena y La Guajira, que según el documento, pasó de un patrimonio positivo de $2,22 billones en 2023 a uno negativo de $377.662 millones en 2025, sumando pérdidas superiores a $2,59 billones e investigaciones por transferencias y operaciones bajo revisión.

El fenómeno de las nóminas paralelas también fue resaltado, advirtiendo que los contratos de prestación de servicios usados para cubrir labores permanentes podrían haber creado una nómina paralela de hasta 900.000 contratistas al año y un pasivo contingente de más de $5 billones por posibles demandas laborales. El informe remite a una alerta de la Contraloría sobre 521.269 contratos firmados antes de la Ley de Garantías, por un valor de $32,88 billones.

El programa Colombia Mayor fue mencionado en el informe, indicando que no habría recursos suficientes para sus pagos entre agosto y diciembre de 2026, situación que afecta a cerca de tres millones de adultos mayores sin pensión, quienes agotaron el presupuesto en julio y dependían de una cofinanciación que nunca llegó.

El documento también revisó el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), advirtiendo de un descalce estructural de $3,7 billones entre activos y pasivos y el crecimiento del deterioro de cartera hasta $613.853 millones. Asimismo, criticó el proyecto de presupuesto para MinCiencias en 2027, que solo tendría recursos para funcionamiento y nada para inversión, afectando la investigación y formación científica.

Otros hallazgos incluyen deudas pendientes con deportistas olímpicos, cuestionamientos a un contrato de planta desalinizadora en Santa Marta, fallas en la titulación de tierras para la Reforma Agraria y la legalidad de una resolución que habilitó jornadas laborales en fines de semana. El informe fue entregado oficialmente en la Fiscalía General de la Nación, quedando en manos de las autoridades para avanzar en investigaciones correspondientes.

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¿Qué irregularidades encontró el ‘Libro de la Verdad’ en la nómina paralela del Estado?

El ‘Libro de la Verdad’ identificó que la utilización de contratos de prestación de servicios para cubrir labores permanentes habría generado una nómina paralela de hasta 900.000 contratistas por año, así como un pasivo contingente superior a $5 billones, basado en alertas de la Contraloría y el número elevado de contratos previos a la Ley de Garantías.

¿Por qué el proyecto de presupuesto para MinCiencias en 2027 está en discusión según el informe?

El informe advierte que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 asignaría únicamente cerca de $30.000 millones para funcionamiento de MinCiencias y ningún recurso para inversión, una reducción significativa frente a lo solicitado, lo que podría frenar programas de investigación, entrega de becas y el desarrollo científico en el país.

Los citados son Luis Óscar Galves Mateus, quien se desempeñaba como interventor de Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, entonces auditor de concurrencia y gerente regional; y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias.

#PrimiciaBlu La Fiscalía citó para el próximo 24 de agosto a audiencia de imputación de cargos por homicidio culposo a Luis Óscar Galves Mateus, entonces interventor de Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, entonces auditor de concurrencia y gerente regional; y las funcionarias… pic.twitter.com/TmyGrwb3iv

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 19, 2026

La Fiscalía busca imputarles el delito de homicidio culposo, en el marco de las indagaciones por las circunstancias que rodearon el fallecimiento del menor, quien padecía hemofilia y requería atención médica especializada.

El caso también incluye la presunta filtración de información contenida en la historia clínica de Kevin Acosta, situación que generó cuestionamientos sobre el manejo de sus datos personales y médicos.

La audiencia del 24 de agosto será clave para que la Fiscalía exponga los elementos que sustentan su investigación y determine la posible responsabilidad de los cuatro involucrados.

El proceso se desarrolla mientras las autoridades avanzan en establecer si hubo actuaciones u omisiones de funcionarios de Nueva EPS que pudieron contribuir a la muerte del menor.

La reunión del miércoles se convierte en la primera instancia, después de la posesión, en la que todos los ministros y altos funcionarios se congregarán de manera presencial para tratar asuntos cruciales del Estado. Previamente, según El Espectador, el único encuentro colectivo había tenido lugar el mismo lunes mediante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde se declaró el estado de desastre nacional y algunos líderes participaron virtualmente debido a la urgencia de la situación.

Antes de la sesión en Palacio, el presidente sostendrá reuniones privadas con mandatarios regionales y se reunirá cerca de las 3:00 p. m. con representantes del sector asegurador, consolidando así la coordinación interinstitucional para enfrentar los retos del terremoto. Paralelamente, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, ya tuvo un encuentro con gremios y autoridades regionales para discutir planes de reconstrucción de viviendas y espacios públicos, mientras que el vicepresidente José Manuel Restrepo recorre las zonas afectadas en Caldas, liderando la entrega de subsidios de arriendo y adelantando que la fase de reconstrucción ya está en marcha.

Destaca la magnitud del reto fiscal, pues De la Espriella advirtió que la reconstrucción demandará alrededor de 30 billones de pesos colombianos (COP) en los próximos tres años, apoyando su argumento en la “crisis fiscal más compleja de toda la historia republicana [del] país”. Este cálculo ha sido corroborado por declaraciones de la Alcaldía de Cali, donde el alcalde Alejandro Eder estima que solo en ese departamento la cifra mínima será de 10 billones de pesos. En respuesta a la contingencia, el jefe de Estado propuso la creación del ‘Fondo Milagro’, diseñado para recibir apoyos y canalizar recursos hacia la reconstrucción de infraestructura clave como hospitales, escuelas y vías afectadas. Según el Ministerio de Hacienda, la emergencia económica solo podrá ser declarada con el aval y la firma unánime del presidente y todos sus ministros, en una señal de compromiso frente a la emergencia nacional.

¿Qué consecuencias puede traer la declaración de emergencia económica tras un terremoto en Colombia?

La declaración de emergencia económica, según lo explicado por el presidente De la Espriella y fuentes de la Presidencia, permite al Gobierno movilizar recursos con mayor agilidad, concentrar esfuerzos institucionales y aprobar medidas especiales para la reconstrucción y atención de las víctimas, acelerando la respuesta estatal. Además, habilita la creación de fondos extraordinarios como el ‘Fondo Milagro’ para canalizar recursos nacionales e internacionales.

¿Cómo funcionaría el ‘Fondo Milagro’ propuesto por el Gobierno tras el sismo?

De acuerdo con el anuncio del presidente De la Espriella, el ‘Fondo Milagro’ será una entidad destinada a centralizar y administrar los aportes de diferentes fuentes para destinarlos a la reconstrucción de infraestructuras fundamentales como hospitales, instituciones educativas, vías y aeropuertos afectados por el sismo, asegurando transparencia y eficiencia en el uso de los recursos orientados a la emergencia.

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La propuesta de la Gobernación surge tras identificar que existen cientos de familias con viviendas averiadas y cultivos destruidos, lo que afecta gravemente la seguridad y estabilidad de las comunidades. Matiz hizo un llamado para unir esfuerzos entre el sector público y el sector empresarial, priorizando la obtención de fondos y materiales que sean destinados a las tareas de recuperación. De acuerdo con cifras citadas por la gobernadora, los incendios forestales han alcanzado más de 10.000 hectáreas, mientras que el terremoto reciente dejó secuelas en más de 1.000 familias del departamento.

La respuesta oficial no solo busca reconstruir infraestructuras, sino también apoyar a quienes han visto interrumpidos sus proyectos productivos y sus fuentes de empleo. De acuerdo con Matiz, la prioridad es llegar a municipios como Valle de San Juan, Guamo y Ortega, además de los casos más graves como Roncesvalles y San Luis. En particular, Roncesvalles se destaca por el registro de más de 200 viviendas dañadas a causa del sismo, una situación que ha dejado a numerosas familias fuera de sus hogares en espera de ayuda para determinar la viabilidad de retornar. En San Luis, los incendios consumieron alrededor de 5.000 hectáreas y provocaron daños en otras 10 viviendas, lo que ilustra la magnitud del reto para la administración.

“Convoqué a todos los gremios, a todos los empresarios del departamento para la conformación de un fondo mixto de reconstrucción”, expresó Adriana Magali Matiz, subrayando la importancia de que la recuperación no se limite únicamente a la atención de la emergencia, sino que también permita avanzar hacia la restauración del tejido social. Mientras se concreta la creación de este fondo, la Gobernación exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y a evitar difundir información falsa.

¿Cómo funcionaría el fondo mixto para la recuperación de Tolima?

El fondo mixto planteado por la Gobernación de Tolima pretende sumar recursos provenientes tanto del sector público como del privado, incluyendo la participación de empresarios y gremios del departamento. Esta unión busca viabilizar la obtención de materiales, dinero y apoyo logístico, que serán destinados a reparar viviendas, recuperar cultivos y atender otras necesidades de las familias impactadas por los recientes desastres.

¿Qué tipo de ayuda necesitan las familias afectadas en Tolima tras los incendios y el terremoto?

Las familias del Tolima afectadas por el terremoto y los incendios requieren apoyo urgente en la reconstrucción de sus viviendas, restitución de cultivos y recuperación de sus fuentes de ingreso. Muchos hogares deben esperar la evaluación de daños antes de poder volver a su lugar de residencia, lo que incrementa la necesidad de ayudas humanitarias integrales y sostenibles.

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El presidente Abelardo de la Espriella formalizó el traslado de información a entidades clave como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría. Allí se entregó el documento titulado “El libro de la verdad”, el cual contiene más de 80 situaciones que el Gobierno identifica como posibles hechos de corrupción, irregularidades administrativas o manejo ineficiente de fondos estatales durante la administración de Petro. Además, este informe detalla nueve patrones de conducta que, según el Ejecutivo, se habrían repetido en distintas instituciones.

No obstante, según lo informado, estos señalamientos todavía son hallazgos preliminares que deberán investigarse a fondo por las autoridades competentes. La presentación de estos eventos no implica que haya ya responsables identificados ni sanciones en firme; solo los entes de control y la justicia podrán establecer si existen infracciones penales, fiscales o disciplinarias.

El proceso de revisión fue iniciado antes de la posesión de De la Espriella. Incluyó la evaluación de contratos, ejecución del presupuesto, funcionamiento de diferentes entidades, estado de proyectos y compromisos financieros provenientes del gobierno anterior. Según Restrepo, desde julio se identificaron señales preocupantes: contrataciones masivas, baja trazabilidad de ciertos fondos y deterioro técnico en entidades estratégicas, con riesgos particulares sobre sectores como salud y energía.

Las finanzas públicas, de acuerdo con las reuniones técnicas entre Restrepo y la Contraloría, también quedaron bajo la lupa. En el análisis se realizaron 62 mesas técnicas y se identificó una posible “tronera fiscal” que rondaría los $30 billones; sin embargo, se enfatiza que un déficit fiscal o problemas administrativos no constituyen per se delitos de corrupción. Será la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría quienes califiquen los hechos y determinen responsabilidades.

El proceso sigue en una nueva etapa con De la Espriella en la presidencia. Los documentos producidos por el extenso equipo de empalme, integrado por cerca de 1.300 personas, ahora serán materia de investigación formal por parte de los organismos de control. De acuerdo con Restrepo, podrían aparecer todavía más casos a medida que avance la revisión, lo que augura mayor debate público e institucional hasta que se establezca, con evidencia y dictámenes oficiales, si existieron delitos o malas prácticas durante el gobierno Petro.

¿Qué es el “Libro de la verdad” presentado a las autoridades?

El “Libro de la verdad” es un documento elaborado por el gobierno de Abelardo de la Espriella donde se recopilaron más de 80 posibles casos de corrupción, irregularidades administrativas o manejo ineficiente de recursos detectados durante el empalme con la administración de Gustavo Petro. Este informe fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría para que sean estos organismos quienes investiguen y definan si existe mérito para sanciones penales, fiscales o disciplinarias.

¿En qué consiste el empalme anticorrupción mencionado por el vicepresidente Restrepo?

El empalme anticorrupción fue el proceso de revisión profunda llevado a cabo antes de la posesión del nuevo Gobierno para analizar contratos, ejecución presupuestal, gestión de entidades y compromisos financieros del mandato saliente. Liderado por José Manuel Restrepo y su equipo, el proceso incluyó la participación de cerca de 1.300 personas en 22 sectores y evidenció posibles anomalías que ahora investigarán los organismos de control.

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Restrepo explicó en el periódico que la compilación de estos datos requirió el esfuerzo de casi 1.300 personas y el análisis exhaustivo de 22 sectores estatales, destacando que el documento publicado representa apenas la punta del iceberg. Según el alto funcionario, las alertas preliminares superan los 300 casos que continúan bajo rigurosa auditoría forense por parte de un equipo élite. Entre los patrones críticos identificados figuran el abandono del mérito, la concentración de recursos en pocos contratistas, cifras acomodadas y un manejo fiscal calificado como irresponsable, el cual incrementó notablemente el costo de la deuda pública y elevó los límites de emisión en títulos TES.

El vicepresidente ilustró la gravedad de la situación con ejemplos concretos, tales como el agotamiento anticipado del presupuesto anual destinado al programa social Colombia Mayor, lo cual puso en vilo a tres millones de adultos mayores, o las deficiencias detectadas en la ejecución de los recursos agrarios. Asimismo, señaló que el crecimiento económico impulsado artificialmente por un exceso de contratación y nóminas paralelas generó un déficit estructural complejo, encontrando casos de personal contratado que ni siquiera cumplía con sus labores presenciales.

Este panorama de desorden fiscal choca de manera directa con la monumental crisis humanitaria y de infraestructura provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Frente a las estimaciones que ubican las necesidades de reconstrucción en decenas de billones de pesos, Restrepo advirtió que el margen de endeudamiento del país se encuentra comprometido en un nivel históricamente alto, lo que restringe drásticamente la caja estatal y hace indispensable la declaratoria de emergencia económica. Ante los cuestionamientos sobre si este balance constituye una mirada hacia el pasado, el vicepresidente enfatizó que el objetivo principal es transparentar el manejo de los recursos públicos para trazar soluciones efectivas que garanticen el futuro financiero de la nación.

Uno de los opositores más vocales fue Ernesto Macías, expresidente del Congreso, quien aseguró que la ley impediría a Petro ejercer esa vocería. Para Macías, únicamente Iván Cepeda —candidato derrotado en las presidenciales de 2026— y los integrantes de su bancada podrían encabezar la oposición en ese espacio.

No obstante, un repaso a la Ley Estatutaria 1909 de 2018 muestra que el asunto es menos claro de lo que planteó Macías. De acuerdo con el texto normativo, el derecho de réplica y los espacios de respuesta están garantizados para las organizaciones políticas declaradas en oposición, y no se restringen a una figura individual o a quien haya sido candidato presidencial.

El artículo 15 de la Ley especifica que si el presidente realiza una alocución utilizando medios del espectro electromagnético, los partidos de oposición podrán disponer de un espacio igual en tiempo y condiciones, durante las siguientes 48 horas, para presentar su postura. La elección de quién representará a la oposición está reglamentada por la Resolución 3134 de 2018 del Consejo Nacional Electoral. Según esta norma, los partidos deben acordar conjuntamente quién hará la intervención; en caso de diferencias, el tiempo se reparte proporcionalmente.

Así, el debate sobre si Petro puede o no aparecer en la intervención se ancla más en la voluntad de las colectividades que en una prohibición legal explícita. El propio artículo 10 del Estatuto de la Oposición establece que los representantes para ejercer ese derecho serán definidos por los partidos según sus estatutos internos. De este modo, la presencia de Petro depende de si el partido lo respalda formalmente como representante opositor, y no de una restricción legal expresa que le impida ejercer ese papel.

La polémica también exige diferenciar entre el derecho de réplica y la respuesta a una alocución presidencial. Mientras el primero requiere que haya una tergiversación o ataque evidente por parte de un alto funcionario, la segunda se refiere al derecho periódico de las colectividades opositoras a intervenir tras una alocución presidencial, como ocurrió con el pronunciamiento de De la Espriella tras el sismo.

En conclusión, la ley no veta de manera expresa la participación de Gustavo Petro en la respuesta opositora y deja la decisión en manos de los acuerdos de los partidos en oposición. Esto traslada la discusión de lo jurídico al campo político y al manejo interno de las colectividades.

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¿Qué dice el Estatuto de la Oposición sobre la respuesta a las alocuciones presidenciales?

La Ley Estatutaria 1909 de 2018 señala que las organizaciones políticas declaradas en oposición tienen derecho a responder al presidente en medios de comunicación tras una alocución oficial. El artículo 15 establece que esta respuesta debe hacerse en condiciones equivalentes, en un espacio de hasta 48 horas luego de la intervención del jefe de Estado, y no especifica que solo el candidato presidencial derrotado puede ejercer ese derecho, sino que corresponde a las colectividades determinar sus voceros.

¿Gustavo Petro puede legalmente intervenir en el espacio de oposición en medios tras una alocución presidencial?

No existe en la Ley 1909 una prohibición explícita para que Gustavo Petro participe en la intervención opositora, siempre que sea designado por su colectividad como representante. La legislación otorga el derecho de réplica y respuesta a las organizaciones políticas, quienes pueden definir quién las representa, de acuerdo con la normatividad interna y la reglamentación del Consejo Nacional Electoral.

La controversia aumentó al surgir fotografías de Beltrán en una residencia frente al mar. El ministro aclaró que su permanencia en el lugar no fue una vacación, sino un espacio de encuentro con su familia antes de continuar con las labores propias de la emergencia. De acuerdo con declaraciones replicadas por medios, Beltrán manifestó: “Yo entiendo el dolor que están viviendo muchas familias y por eso me disculpo”. Reconoció que la difusión de esas imágenes pudo generar molestia entre los damnificados y ofreció disculpas públicas a quienes se sintieron afectados.

Pese a la controversia, el ministro subrayó que las labores del Ministerio de Vivienda no se han interrumpido y que, desde el inicio de la crisis, su dependencia ha participado activamente en las acciones en los territorios afectados. Además, aseguró que se está estructurando una estrategia integral para la reconstrucción de viviendas, cumpliendo así la instrucción dada por el presidente Abelardo de la Espriella. El gobierno, el 13 de agosto, anunció una estrategia conjunta con empresas constructoras, entidades territoriales y el sector financiero, donde se incluyen subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos, el uso de maquinaria para despejar escombros y la creación de un banco de materiales para apoyar a alcaldías y gobernaciones.

Sin embargo, las repercusiones políticas no se hicieron esperar. Congresistas del Pacto Histórico impulsaron una moción de censura contra el ministro Beltrán en la Cámara de Representantes, cuestionando su actuación y su presencia pública durante uno de los momentos más sensibles de la emergencia. Las críticas también surgieron de otros sectores políticos, lo que puso bajo mayor escrutinio la imagen del Gobierno y la conducta esperada de sus funcionarios frente a las necesidades de los damnificados. Por ahora, Beltrán sigue al frente del Ministerio y asegura que el plan de reconstrucción avanza, en medio de un escenario en el que la recuperación de viviendas es uno de los mayores retos actuales para Colombia.

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¿Por qué causó polémica el viaje del ministro Jaime Andrés Beltrán a Santa Marta durante la emergencia por el terremoto?

El viaje de Jaime Andrés Beltrán a Santa Marta generó controversia debido a la difusión de imágenes en las que aparecía con su familia cerca de la playa, justo cuando el país enfrentaba una emergencia nacional por el terremoto. La crítica se centró en que, como responsable de Vivienda, debía estar de manera visible y prioritaria al frente de la respuesta y reconstrucción para las miles de familias afectadas, lo que convirtió una situación personal en un tema político y de confianza pública.

¿Qué acciones está tomando el Ministerio de Vivienda para apoyar a los damnificados por el terremoto en Colombia?

Según el ministro Jaime Andrés Beltrán, el Ministerio de Vivienda está implementando una estrategia articulada con empresas, entidades territoriales y el sector financiero. Entre las medidas, anunciadas por el Gobierno, están incluidos subsidios de arrendamiento, ayudas para servicios públicos, retiro de escombros con maquinaria y un banco de materiales para apoyar la reconstrucción de viviendas en coordinación con alcaldías y gobernaciones.

El boletín actualizado del SGC señala que este movimiento telúrico fue de profundidad superficial, una característica que puede influir en la manera en la que se sienten los efectos en la superficie, aunque la información disponible menciona que no se han reportado daños asociados al evento. Además de ser reportado en Colombia, los registros muestran que el sismo llegó a ser percibido en Perú, lo que resalta el alcance regional de estos fenómenos naturales.

Para mantener informada a la ciudadanía y continuar con sus labores de monitoreo, el SGC incluyó este sismo en su reporte oficial de la actividad sísmica del miércoles. La entidad también invitó a las personas que sintieron el movimiento a aportar información mediante su plataforma de "Sismos Sentidos", una herramienta donde cualquier ciudadano puede registrar su experiencia y aportar datos que contribuyen a la labor científica y operativa del servicio geológico.

Este nuevo temblor ocurre poco tiempo después del reciente terremoto registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, que tuvo una magnitud de 7,4 y cuya intensidad provocó afectaciones en diferentes regiones. Ese evento resaltó la necesidad permanente de monitoreo y preparación ante la actividad sísmica que puede presentarse en el país, especialmente en áreas cercanas al océano Pacífico.

Pese a la magnitud inferior de este último movimiento telúrico, la recomendación de las autoridades es estar atentos a los comunicados del SGC y utilizar las plataformas oficiales tanto para informarse de nuevos desarrollos como para reportar sus percepciones en caso de futuros eventos similares.

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¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 3,8 reportado este 19 de agosto?

El Servicio Geológico Colombiano informó que el epicentro del reciente sismo de magnitud 3,8 se ubicó en el océano Pacífico. Este dato es relevante porque la ubicación del epicentro incide en el alcance y el posible impacto del temblor en zonas costeras o regiones cercanas, así como en la percepción que la ciudadanía pueda tener del fenómeno.

¿El sismo de este miércoles 19 de agosto provocó daños en Colombia?

Según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 3,8 registrado este miércoles no presentó afectaciones ni daños en las áreas donde fue sentido. La información disponible hasta el momento se concentra en el monitoreo continuo y la invitación a la ciudadanía para reportar cualquier experiencia relacionada con el sismo a través de la plataforma de "Sismos Sentidos".

Los barrios que enfrentarán la suspensión del servicio, de acuerdo con la lista divulgada, incluyen Siloé sector Los Pomos, La Esperanza, Marroquín, Nueva Floresta, Caldas, Ciudad 2000, Eucarístico, El Caney, El Jardín, Ulpiano Lloreda, Chiminangos I, Atanasio Girardot, La Independencia, San Carlos y Sindical. Las direcciones precisas dentro de cada barrio han sido especificadas para que los habitantes puedan prever cómo será su afectación directa.

Adicionalmente, Emcali informó sobre trabajos de carácter especial en puntos estratégicos del sistema de acueducto. En la estación de bombeo Siloé III se procederá a instalar medidores de caudal, dispositivos que permiten cuantificar la cantidad de agua que atraviesa una tubería, lo que facilita la gestión y el monitoreo del suministro. Paralelamente, en Ulpiano Lloreda, Nueva Floresta y Las Ceibas, los equipos operativos realizarán reparaciones en tuberías de gran diámetro, labores que buscan garantizar la estabilidad y continuidad del servicio en el futuro. Otros sectores afectados por estas labores incluyen Los Libertadores, Santa Mónica Residencial, Ciudad Pacífica y La Base, donde se desarrollarán ajustes en la red matriz y trabajos sobre tuberías principales.

Ante este panorama, la recomendación central de Emcali es que los ciudadanos almacenen agua con suficiente antelación y tomen las precauciones necesarias mientras duren las labores de optimización. Este tipo de intervenciones buscan garantizar la seguridad, la eficiencia y la calidad del servicio de agua potable para todos los caleños.

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¿Cuáles son los barrios de Cali que se quedarán sin agua por trabajos de Emcali?

Los barrios afectados por la suspensión temporal del servicio de agua potable, según la información de Noticiero 90 Minutos, son Siloé sector Los Pomos, La Esperanza, Marroquín, Nueva Floresta, Caldas, Ciudad 2000, Eucarístico, El Caney, El Jardín, Ulpiano Lloreda, Chiminangos I, Atanasio Girardot, La Independencia, San Carlos y Sindical. Las direcciones específicas dentro de cada uno han sido detalladas por Emcali.

¿Qué trabajos hará Emcali en las redes de acueducto de Cali y por qué suspenden el agua?

Emcali llevará a cabo labores como la instalación de medidores de caudal en estaciones de bombeo y la reparación de tuberías de gran diámetro en distintos sectores. Estos trabajos de optimización buscan mejorar la eficiencia y garantizar el buen funcionamiento del sistema, por lo cual es necesario realizar suspensiones programadas del servicio, afectando temporalmente el suministro de agua en varios barrios de Cali.

Durante su intervención, Eljach afirmó sin ambigüedades que “Paz Electoral permitió que hubiera elecciones en Colombia, porque no iba a haber elecciones”, añadiendo que existía un temor fundado entre distintos sectores de que el proceso se malograra. Aunque el jefe del Ministerio Público defendió la legitimidad actual del presidente y del Congreso de la República elegidos en las urnas, evitó profundizar en los detalles específicos de los hechos o actores a los que hacía referencia, limitándose a señalar que la situación generó momentos de profunda zozobra, desazón y perplejidad institucional y personal que prefirió no recordar en su totalidad.

Las afirmaciones del procurador no tardaron en generar reacciones y duros cuestionamientos en el escenario político. Uno de los más vocales fue el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, quien reprochó fuertemente que Eljach hubiera decidido revelar esta grave advertencia de manera posterior a los comicios y lo acusó de haber guardado silencio cómplice durante el proceso, calificándolo además como un “procurador de bolsillo” debido a los reparos sobre su independencia institucional frente a la administración del expresidente Gustavo Petro.

Este nuevo cruce de señalamientos se suma al complejo clima político que rodeó todo el año electoral, marcado por los constantes enfrentamientos entre el exmandatario Petro y las instituciones electorales —incluyendo a la Registraduría— respecto a la transparencia y las garantías técnicas de los sistemas de votación. Mientras el debate sobre la oportunidad y el trasfondo de las advertencias de Eljach sigue abierto, el procurador ha reiterado su defensa a la legalidad de los resultados, dejando sobre la mesa interrogantes acerca de las verdaderas dimensiones de la crisis institucional que, según su testimonio, logró esquivar el país.

La percepción puede explicarse, en parte, por la cantidad de información disponible. Hoy es posible conocer casi en tiempo real los terremotos que ocurren en cualquier lugar del planeta, incluso aquellos que antes pasaban inadvertidos. El catálogo del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registra y permite consultar estos eventos por fecha, magnitud y ubicación. Además, los terremotos no se distribuyen de manera uniforme sobre la Tierra. La mayoría ocurre en zonas donde interactúan las placas tectónicas, como el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. ¿Realmente está temblando más en el mundo? La respuesta, según explicó el geólogo y divulgador científico Juan David Rodríguez en Noticias Caracol, es no.

(Lea también: Segundo temblor se registró en Chocó y se sintió con fuerza: a muchos los despertó)

Los registros y el monitoreo de la actividad sísmica no muestran evidencia de que la Tierra esté atravesando actualmente un aumento extraordinario en la ocurrencia de terremotos. “No está temblando más; es un tema de percepción”, comenzó diciendo el experto. En el caso de Colombia, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica que el país es “sísmicamente muy activo, en el que la interacción entre las placas tectónicas de Nazca, Sudamericana y Caribe hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio nacional. En promedio, en el país hay 2500 sismos al mes, pero la mayoría no son perceptibles para las personas, solo los detectan los sismógrafos”.

La sensación de que hay más terremotos puede ser una “ilusión de frecuencia”

Para Rodríguez, una de las razones por las que actualmente puede parecer que ocurren más terremotos está relacionada con la manera en la cual las personas procesan la información. La percepción puede estar relacionada, entre otros factores, con el desconocimiento que existe sobre el funcionamiento de la Tierra y con la forma en que el cerebro presta atención a determinados acontecimientos después de que estos adquieren relevancia. “Desafortunadamente, el conocimiento geocientífico no está inmerso ni en la cultura general ni en el sistema educativo, por lo menos con el peso y la especialidad que debería tener para que los fenómenos naturales los podamos comprender, aprender de ellos y convivir con ellos”, explicó.

A esto se suma un fenómeno estudiado desde la psicología y las neurociencias conocido como “ilusión de frecuencia”. De acuerdo con Rodríguez, cuando hablamos sobre un tema, “nuestro cerebro empieza a estar más atento y comienza a identificar de manera selectiva la información relacionada con aquello en lo que estamos pensando. Ahora estamos hablando de sismos y estamos muy sensibles porque tuvimos terremotos recientes en distintos lugares del planeta. Entonces, nuestra percepción aumenta”, señaló. El experto habla también del conocido “sesgo de confirmación”; considera que es “un engaño que el cerebro nos hace al hacernos creer que aumentó la frecuencia”, cuando realmente no es así. “El planeta es un sistema con una dinámica terrestre continua que ha existido durante millones de años. Los sismos son permanentes y seguirán ocurriendo durante mucho tiempo”, agregó.

¿Los datos muestran que está temblando más?

Para comprobar si existe una diferencia significativa en la cantidad de terremotos registrados, Rodríguez realizó un ejercicio utilizando el sistema de monitoreo del USGS. La consulta tomó como referencia un periodo de un año, entre el 18 de agosto de 2025 y el 18 de agosto de 2026. El resultado mostrado fue de 42 sismos dentro de los parámetros establecidos para la búsqueda. Posteriormente, se realizó la misma consulta para el periodo comprendido entre el 18 de agosto de 2024 y el 18 de agosto de 2025. En ese caso, el sistema arrojó 37 eventos. Aunque la cifra del segundo periodo es menor, la diferencia – según el experto – no permite afirmar que exista un incremento extraordinario de la actividad sísmica. De hecho, el ejercicio fue utilizado por el experto para explicar que las variaciones de un año a otro hacen parte del comportamiento natural del planeta. “Estamos dentro del mismo orden de magnitud”, señaló Rodríguez al comparar los resultados.

El geólogo recordó que los terremotos forman parte de un proceso geológico que ha acompañado al planeta durante millones de años. “Cada región del planeta tiene una configuración geológica particular y los sismos que ocurren en distintas partes responden a esas condiciones”. Por eso, que en un periodo relativamente corto se produzcan varios terremotos de magnitud considerable en diferentes lugares del mundo no constituye, por sí solo, una señal de que el planeta esté entrando en una etapa anormal. “En Colombia, por ejemplo, tenemos la placa Sudamericana, la placa de Nazca hacia el occidente y, en la zona norte, la placa del Caribe”, interacción de placas que genera la sismicidad en el país. “Si lo miramos en el caso de España, allí interactúan otras placas, como la placa Africana y la placa Euroasiática. En Indonesia, por ejemplo, la placa Euroasiática está interactuando con la placa Australiana”, agregó.

Ante la preocupación que puede generar la sucesión de terremotos de gran magnitud, Rodríguez considera que el papel de las geociencias no debería ser alimentar el temor, sino proporcionar herramientas para comprender los fenómenos naturales. “Aunque la ciencia se utiliza a veces para preocupar a la gente o algunos resultados científicos pueden generar preocupación, ese no es el objetivo, y mucho menos en el caso de las geociencias. El objetivo de las geociencias es lograr comprender nuestro planeta con muchísimas implicaciones, pero una de ellas es poder convivir con él, entendiéndolo”, afirmó.