Entre los detenidos se encuentra alias Yogui, a quien las autoridades identifican como el presunto coordinador logístico de la zona para la mencionada subestructura. Según los reportes oficiales, este individuo tenía responsabilidad sobre la logística, la planeación de inteligencia delictiva y la administración de recursos financieros de la organización en Aguachica, Gamarra y La Gloria. El informe expresa que alias Yogui posee un historial delictivo de más de veinte años, iniciando en 2002 como miembro del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Luego, en 2023, habría ingresado al Clan del Golfo bajo las órdenes de alias Mendoza, y para 2025 estaba al frente de la jefatura logística, consolidándose como hombre de confianza del máximo cabecilla conocido como alias Diomar o Firma.

En la misma operación militar también fue capturado alias Juan o Rolo, señalado por desempeñar labores de inteligencia criminal dentro de esta estructura. El comunicado oficial precisa que ambos sujetos estarían encargados tanto del transporte como de la custodia de armamento empleado para amenazar a la población y efectuar cobros extorsivos a comerciantes y ganaderos del área.

Durante el procedimiento, se incautaron armas como una granada de fragmentación IM-26, un revólver calibre 38 milímetros con seis cartuchos, dos escopetas artesanales calibre 12 milímetros, así como radios de comunicación y teléfonos celulares. Todos los elementos y personas capturadas fueron puestos bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, quedando estos sujetos a espera de ser presentados ante un juez de control de garantías, donde deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, según lo informado por las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias Yogui y cuál ha sido su rol dentro del Clan del Golfo?

Alias Yogui, según informes de inteligencia militar, es un presunto coordinador logístico de la subestructura Ferney Antonio López Polo del Clan del Golfo. Su trayectoria criminal se remonta a 2002 cuando habría integrado el Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En 2023 se vinculó al Clan del Golfo como parte del círculo cercano de alias Mendoza, y para 2025 ya era jefe logístico bajo las órdenes directas de alias Diomar o Firma. Sus funciones incluían coordinar operaciones logísticas, inteligencia delictiva y gestionar finanzas en varios municipios del sur del Cesar.

¿Qué armas y objetos fueron incautados durante la operación contra el Clan del Golfo en Gamarra?

En el operativo realizado por el Gaula Militar Magdalena Medio y la Policía Nacional fueron incautadas una granada de fragmentación IM-26, un revólver calibre 38 milímetros con seis cartuchos, dos escopetas de fabricación artesanal calibre 12 milímetros, así como radios de comunicación y teléfonos celulares. Estos elementos, junto con las personas capturadas, quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación para el proceso judicial correspondiente.

Aunque la fecha en la que el carro escalera volverá a estar disponible para responder emergencias sigue siendo incierta, Petit remarcó que todo depende del diagnóstico que realice la empresa Accequip, especializada en vehículos de emergencia y sistemas contra incendios, con sede en Medellín. La firma estuvo involucrada en el desarrollo de este vehículo escalera, que cuenta con una altura de trabajo de 29,5 metros, escalera telescópica, canasta de rescate para 400 kilogramos, tanque de 400 galones y una bomba de 750 galones por minuto, así como un sistema de giro de 360 grados, según especificó la empresa en su sitio web.

El vehículo fue entregado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar mediante el Contrato de Comodato Precario No. 2022-01-0001, firmado el 12 de enero de 2022 con la Gobernación del Cesar. Este acuerdo establece que la operación y el mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, así como la formación técnica del personal, corren por cuenta de los bomberos, incluyendo la vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la póliza a todo riesgo. El valor contable y fiscal del activo es de $3.691.642.851, de acuerdo con la factura del proveedor citada en el contrato.

Mientras tanto, la Gobernación debe ejercer la supervisión periódica sobre la administración del vehículo y la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar mantiene una investigación disciplinaria abierta por la inoperancia del equipo. Por su parte, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo ha convocado mesas de trabajo con la Dirección Nacional de Bomberos y la Alcaldía para buscar soluciones que permitan que el carro escalera vuelva a estar disponible para la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el proceso que sigue el carro escalera de bomberos en Medellín para determinar su reparación?

El proceso en Medellín consiste en que la empresa Accequip realice un diagnóstico técnico detallado del estado actual del carro escalera. Este paso es indispensable para definir con exactitud las necesidades de mantenimiento, su complejidad y el costo aproximado de las intervenciones requeridas. Solo una vez se emita el informe técnico, se podrá establecer el alcance de las reparaciones necesarias y tomar decisiones respecto al futuro operativo del vehículo.

¿Quién tiene la responsabilidad del mantenimiento y operación del carro escalera de los bomberos de Valledupar?

Según el Contrato de Comodato Precario No. 2022-01-0001, la responsabilidad del mantenimiento y la operación del carro escalera recae sobre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar. Esta organización debe asumir los gastos de los mantenimientos preventivos y correctivos, asegurar la formación técnica de su personal, y mantener vigentes el SOAT y la póliza a todo riesgo, mientras que la Gobernación del Cesar ejerce funciones de supervisión y control sobre el uso y estado del vehículo.

Entre los detenidos se destaca la aprehensión de alias Yogui, a quien las autoridades señalan como presunto coordinador logístico de zona dentro de esta estructura criminal organizada. Según informes de inteligencia militar, alias Yogui ejercía injerencia en los municipios de Aguachica, Gamarra y La Gloria, donde coordinaba actividades logísticas, inteligencia delictiva y manejo de finanzas para el grupo armado.

Las investigaciones han permitido establecer que alias Yogui posee un historial delictivo de más de veinte años. De acuerdo con los reportes, en 2002 hizo parte del Bloque Central Bolívar, una fracción de las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Posteriormente, en 2023, ingresó al Clan del Golfo bajo las órdenes de alias Mendoza. Para 2025, asumió la jefatura logística de la zona, convirtiéndose en persona de confianza de alias Diomar o Firma, quien es considerado el máximo cabecilla de esta subestructura en la región.

Durante la misma intervención fue capturado alias Juan o Rolo, quien presuntamente cumplía funciones relacionadas con la inteligencia criminal. De acuerdo con el informe oficial entregado por las autoridades, ambos detenidos tendrían la responsabilidad de encargarse del transporte y la custodia de armamento utilizado para intimidar a la población civil, así como para concretar extorsiones a comerciantes y ganaderos de esta zona del Cesar.

En el procedimiento de registro a la vivienda, fueron incautados varios elementos: una granada de fragmentación IM-26, un revólver calibre 38 milímetros con seis cartuchos, dos escopetas de fabricación artesanal calibre 12 milímetros, radios de comunicación y teléfonos celulares. Estos materiales, junto con los capturados, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que los presentará ante un juez de control de garantías por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué antecedentes delictivos tiene alias Yogui según las autoridades?

Según las investigaciones presentadas por las autoridades, alias Yogui posee un historial criminal que supera las dos décadas. En el año 2002 habría pertenecido al Bloque Central Bolívar de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y posteriormente, en 2023, se vinculó al Clan del Golfo bajo el mando de alias Mendoza, asumiendo luego la jefatura logística de zona.

¿Por qué se considera relevante la captura de alias Yogui y alias Juan o Rolo para la seguridad en el sur del Cesar?

La importancia de estas capturas radica en el papel que presuntamente desempeñaban estos sujetos en la estructura criminal: alias Yogui, como coordinador logístico de zona, y alias Juan o Rolo, en la inteligencia criminal. De acuerdo con las autoridades, ambos tenían funciones clave en la logística de armamento y actividades de extorsión en municipios del sur del Cesar, lo que afecta directamente la seguridad de comerciantes, ganaderos y la población civil.

La empresa encargada de la evaluación es Accequip, empresa con sede en Medellín que, según su sitio web, se especializa en diseño, construcción y mantenimiento de vehículos especiales y sistemas para control de incendios. La compañía reporta que participó en el desarrollo del actual carro escalera entregado al departamento del Cesar, que cuenta con características técnicas como altura de trabajo de 29,5 metros, escalera telescópica, canasta de rescate de 400 kilogramos, tanque de 400 galones, bomba de 750 galones por minuto y un sistema de giro de 360 grados.

Este vehículo representa un activo de gran valor para el municipio, ya que fue entregado por la gobernación del Cesar al Cuerpo de Bomberos de Valledupar bajo el Contrato de Comodato Precario 2022-01-0001, con fecha del 12 de enero de 2022. Según el contrato citado por El Pilón, el vehículo, marca DAF, línea LF280, modelo 2021, tiene un valor de $3.691.642.851 para fines contables y fiscales. El acuerdo estableció que la operación y el mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, así como la formación técnica del personal y la vigencia de seguros, son responsabilidad del cuerpo de bomberos de Valledupar.

Mientras tanto, la gobernación del Cesar mantiene su labor de supervisar el cumplimiento del contrato de comodato, verificando la ejecución y solicitando informes y evidencias. Actualmente, el traslado y diagnóstico del carro escalera coincide con una investigación disciplinaria de la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar, que indaga sobre la inoperancia del vehículo y su impacto en la atención de emergencias. La gobernación, por su parte, mantiene que la responsabilidad del mantenimiento corresponde a los bomberos, pero ha adelantado mesas de trabajo junto con la Dirección Nacional de Bomberos y el municipio para encontrar alternativas que permitan poner en funcionamiento nuevamente el equipo.

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¿Por qué el carro escalera de los Bomberos de Valledupar fue trasladado a Medellín?

El vehículo fue llevado a Medellín para someterse a un diagnóstico técnico realizado por la empresa Accequip, especializada en el mantenimiento de vehículos de emergencias. Según la información proporcionada por El Pilón, el objetivo del traslado es determinar el estado actual del carro escalera, establecer los mantenimientos requeridos y definir la viabilidad y costos de su recuperación operativa.

¿Quién tiene la responsabilidad del mantenimiento del carro escalera de los Bomberos de Valledupar?

De acuerdo con El Pilón, la responsabilidad de la operación y el mantenimiento, así como la formación de personal y la vigencia de los seguros del carro escalera, recae sobre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar. Esta obligación se fijó en el Contrato de Comodato Precario firmado con la gobernación del Cesar, quienes, a su vez, ejercen la supervisión y seguimiento del cumplimiento contractual.

El diagnóstico será realizado en Medellín por la empresa Accequip, especializada en diseño, fabricación y mantenimiento de vehículos especiales y sistemas contra incendios, según lo publica la propia compañía en su sitio web. Accequip asegura haber tenido participación en el desarrollo del vehículo destinado precisamente al departamento del Cesar. Las especificaciones técnicas del equipo incluyen una escalera telescópica de 29,5 metros de altura de trabajo, una canasta de rescate con capacidad para 400 kilogramos, tanque de 400 galones, bomba de 750 galones por minuto y un sistema con giro de 360 grados.

Sobre la titularidad del carro escalera, la Gobernación del Cesar entregó el vehículo, identificado con placas JLO193, al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar bajo el Contrato de Comodato Precario No. 2022-01-0001, firmado el 12 de enero de 2022. El acuerdo, según consta en la factura del proveedor citada en el contrato, establece en $3.691.642.851 el valor del vehículo para efectos contables y fiscales. En la cláusula sexta se estipula que el Cuerpo de Bomberos asume los gastos de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la formación técnica del personal encargado y la vigencia de los seguros.

Mientras la Gobernación supervisa el cumplimiento del contrato, la inoperancia del carro escalera sigue generando debate local. La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar abrió una investigación disciplinaria de oficio para esclarecer las causas y responsabilidades, expediente que en la actualidad se encuentra en práctica de pruebas y sujeto a reserva legal. Paralelamente, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo ha convocado mesas de trabajo con la Dirección Nacional de Bomberos y el Municipio de Valledupar en busca de soluciones para restituir la operatividad del equipo.

Petit reiteró que solo el diagnóstico permitirá saber el alcance de las reparaciones, su complejidad y el costo para restablecer el servicio del carro escalera, por lo que aún no existe una fecha definida para que el vehículo vuelva a operar en emergencias en Valledupar.

¿Por qué trasladaron el carro escalera de los bomberos de Valledupar a Medellín?

El carro escalera fue trasladado a Medellín con el objetivo de someterlo a un diagnóstico técnico que permita definir su estado actual y las reparaciones necesarias para su recuperación, según explicó el comandante Alexey Petit a El Pilón. La revisión será realizada por la empresa Accequip, especializada en este tipo de vehículos y situada en Medellín, debido a su experiencia en sistemas contra incendios y capacidad para evaluar equipos de alta complejidad.

¿Quién es responsable del mantenimiento del carro escalera de bomberos en Valledupar?

De acuerdo con el Contrato de Comodato Precario No. 2022-01-0001, suscrito entre la Gobernación del Cesar y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, la responsabilidad del mantenimiento preventivo y correctivo, así como la formación y operación del vehículo, recae sobre los bomberos. La Gobernación solo debe supervisar el cumplimiento de estas obligaciones y evaluar periódicamente la gestión realizada sobre el carro escalera.

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El objetivo principal de este acuerdo es, según la ficha técnica, “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros” para fortalecer la asistencia técnica, la formación, la logística y el apoyo a los Sistemas Locales de Justicia. Para ello, el convenio prevé cinco grandes productos: asistencia técnica territorial en 140 municipios, 70 procesos de capacitación, 14 jornadas móviles de acceso a la justicia, cinco encuentros regionales y un informe final que compile los resultados de la intervención. Además, en lugares como Valledupar, que entra en fase de implementación, está contemplado acompañar la socialización de la estrategia, conformación del Comité Local de Justicia, diagnóstico de conflictos y barreras, elaboración de planes de trabajo y ajuste de rutas de atención.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, el Sistema Local de Justicia no busca sustituir entidades como la Fiscalía, la Policía, las comisarías de familia o los jueces. Su función es articular las instituciones existentes con mecanismos alternativos como conciliadores en equidad, jueces de paz, mediadores y organizaciones sociales.

Valledupar destaca como uno de los diez municipios priorizados para implementar por primera vez el Sistema en 2026, según la ficha técnica. Se priorizó a partir de criterios como municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), alertas tempranas y solicitudes de autoridades locales. En el caso de los otros municipios del Cesar, como Becerril y La Jagua de Ibirico, el proceso busca fortalecer sistemas ya adoptados. El diagnóstico oficial indica que hay brechas en la activación y respuesta de los comités locales, detectando incluso, en lugares como La Paz y Manaure Balcón del Cesar, dificultades para confirmar el funcionamiento de los comités.

La ejecución del convenio está atada a la verificación de productos entregables: los pagos se harán por avances comprobables y documentados como actas, informes y reportes financieros, buscando aumentar la transparencia y efectividad. Todo esto ocurre en un departamento que, según el propio diagnóstico citado, enfrenta altos niveles de inseguridad y violencia, con cifras superiores al promedio nacional, lo que refuerza la urgencia de fortalecer estos sistemas locales de justicia.

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¿Qué es un Sistema Local de Justicia y cómo funciona en los municipios del Cesar?

Un Sistema Local de Justicia, de acuerdo con la información del Ministerio de Justicia, es un modelo de articulación entre instituciones judiciales y mecanismos comunitarios encaminado a mejorar el acceso y la respuesta frente a conflictos locales. En el Cesar, no implica la creación de nuevas entidades judiciales, sino el trabajo conjunto de autoridades como la Fiscalía, la Policía, comisarías de familia y jueces, integrándose con figuras como conciliadores en equidad y jueces de paz. El objetivo es simplificar rutas de atención, identificar barreras de acceso y fortalecer la resolución alternativa de conflictos, adaptando estrategias según las necesidades de cada municipio.

¿Cómo serán monitoreados y financiados los Sistemas Locales de Justicia en Valledupar y otros municipios?

El convenio firmado establece que cada pago estará condicionado a la verificación de entregables como procesos de capacitación, actas, listados de asistencia e informes técnicos y financieros. El primer desembolso corresponde al 25 %, sujeto a la aprobación inicial del plan de trabajo; los siguientes pagos se harán a medida que se ejecuten actividades específicas de capacitación y acompañamiento, y el último 15 % al recopilar y sistematizar todos los resultados. Este enfoque permite un monitoreo riguroso del avance y busca asegurar la correcta implementación y fortalecimiento de los sistemas locales en los municipios seleccionados.

Valledupar fue seleccionada como uno de los diez municipios priorizados para la implementación de un Sistema Local de Justicia, mientras que Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego serán objeto de un proceso de fortalecimiento de sus sistemas ya existentes. Conforme a la ficha técnica del convenio, los objetivos principales son brindar apoyo técnico y administrativo, así como capacitar y asistir a los municipios en la consolidación y fortalecimiento de sus sistemas de justicia locales. Dentro de los componentes, se destacan la asistencia técnica en los territorios priorizados, procesos de capacitación, jornadas móviles y encuentros regionales, además de la elaboración de un informe final sobre los resultados y aprendizajes obtenidos.

El Sistema Local de Justicia no equivale a una nueva entidad judicial ni reemplaza las funciones de la Fiscalía, Policía, comisarías de familia o jueces. Más bien, busca articular dichas instituciones con mecanismos comunitarios y alternativos de resolución de conflictos, que incluyen conciliadores en equidad, jueces de paz, mediadores, organizaciones sociales y autoridades étnicas. En el caso particular de Valledupar, el acompañamiento brindado abarca desde la socialización de la estrategia, conformación de comités, diagnósticos de barreras de acceso, hasta el diseño de rutas de atención y planes de trabajo formalizados.

En los municipios bajo fortalecimiento, el estado actual de los comités locales es dispar. Se citan como antecedentes la adopción de la estrategia por medio de decretos municipales en Becerril y La Jagua de Ibirico, que cuentan con sesiones previas y mesas organizadas, aunque existen limitaciones por ausencia de algunos actores institucionales. En La Paz y Manaure Balcón del Cesar, en cambio, hay incertidumbre sobre la actualidad de sus comités, mientras que el avance en San Diego carece de información detallada. El convenio establece pagos condicionados a la entrega de productos verificables como informes técnicos, reportes financieros, actas y registros de actividades, con el propósito de garantizar el cumplimiento de cada etapa pactada dentro del convenio.

Finalmente, este programa se desarrolla dentro de un contexto departamental de desafíos importantes en seguridad y convivencia. El diagnóstico departamental citado por el Ministerio de Justicia reconoce cifras preocupantes, como altas tasas de hurtos, homicidios, secuestros y violencia intrafamiliar, por encima de los promedios nacionales. El fortalecimiento e implementación de los Sistemas Locales de Justicia busca responder a estas realidades, articulando esfuerzos institucionales y comunitarios para mejorar el acceso y la calidad de la justicia en estos territorios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el Sistema Local de Justicia implementado en Valledupar y otros municipios del Cesar?

El Sistema Local de Justicia, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, no implica la creación de una nueva entidad judicial, sino que articula las instituciones existentes con mecanismos comunitarios de resolución de conflictos, como conciliadores en equidad, jueces de paz y mediadores. Este modelo fomenta la cooperación entre autoridad local, organismos judiciales y comunidad, con el fin de identificar barreras y diseñar rutas efectivas de acceso a la justicia.

¿Cuáles son los principales desafíos para la implementación del Sistema Local de Justicia en el Cesar?

El diagnóstico citado por los documentos del convenio resalta que los principales retos están relacionados con la alta incidencia de delitos como hurtos, homicidios, secuestros y violencia intrafamiliar, así como la desigual activación y respuesta de los comités locales en algunos municipios. Además, existen obstáculos institucionales, como la falta de compromiso o presencia de algunos actores clave y ausencia de información consolidada en localidades como La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego.

De acuerdo con la ficha técnica, el propósito principal es coordinar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer los Sistemas Locales de Justicia. Este modelo no implica la creación de nuevas entidades judiciales, ni reemplaza a la Fiscalía, la Policía, las comisarías de familia o los jueces, sino que articula su labor con mecanismos comunitarios de solución de conflictos, como conciliadores en equidad, jueces de paz, mediadores y líderes sociales. El convenio prevé cinco grandes productos nacionales: asistencia técnica en los departamentos y municipios priorizados, 70 procesos de capacitación, 14 jornadas móviles de acceso a la justicia, cinco encuentros regionales y un informe final que sistematice los aprendizajes y evidencias del proceso.

En cuanto a Valledupar, el municipio ingresa en la fase de implementación del Sistema Local de Justicia. Se priorizó por criterios como la inclusión en los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y el interés de autoridades locales. El modelo prevé socialización, conformación del comité local de justicia, diagnóstico de conflictividad, rutas de atención y un sistema de monitoreo y evaluación. El Comité Local, presidido por el alcalde, incluye entidades como la Secretaría de Gobierno, Personería, Comisaría de Familia e Inspecciones de Policía; la Secretaría de Gobierno asume la secretaría técnica del proceso.

El componente de fortalecimiento también abarca a Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego, municipios que ya han adoptado la estrategia, pero con niveles desiguales de funcionamiento, según el diagnóstico departamental citado. Todos los pagos del convenio están vinculados al cumplimiento de productos verificables y la documentación de resultados, para garantizar transparencia y seguimiento.

El diagnóstico departamental subraya el desafío de ejecutar estos sistemas en un contexto de altos indicadores de inseguridad. El Cesar registró tasas superiores al promedio nacional en hurtos y homicidios, además de preocupantes cifras en secuestros, extorsión y violencia intrafamiliar, lo que da relevancia adicional a la correcta implementación y fortalecimiento de estos Sistemas Locales de Justicia.

¿Qué es un Sistema Local de Justicia y cómo funciona en municipios como Valledupar?

Un Sistema Local de Justicia es un modelo que busca coordinar y articular las funciones de diferentes entidades e instancias de justicia, incluyendo autoridades judiciales, administrativas y comunitarias, para lograr una atención integral y eficiente en la resolución de conflictos locales. En municipios como Valledupar, este sistema implica diagnósticos territoriales, elaboración de rutas de acceso a la justicia, la conformación de comités locales presididos por el alcalde y la participación de instituciones clave. Su propósito no es reemplazar las entidades ya existentes, sino optimizar su articulación con mecanismos alternativos como jueces de paz y mediadores.

¿Cómo se financia y supervisa la implementación de los Sistemas Locales de Justicia según el convenio?

El financiamiento del convenio se distribuye en pagos sujetos al cumplimiento de entregables claros y verificables: desde informes de avance hasta actas y reportes financieros. Los desembolsos avanzan conforme se aprueban planes de trabajo, cronogramas, capacitaciones, despliegues territoriales y entregas de productos finales. Todo el proceso se somete a controles y requiere documentación que permite hacer seguimiento y verificación, lo que supone una vía para garantizar que los recursos se utilicen efectivamente y que la intervención tenga impacto real en los territorios priorizados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Vea también: Revelan la verdadera razón por la que De la Espriella sacó al director del Dane)

Valencia había asumido la dirección de la entidad el pasado 19 de agosto y su salida se produjo este lunes 14 de septiembre, en medio de los cambios que adelanta el nuevo Gobierno.

Su paso por la dirección del Dane fue corto, pero su relación con la entidad no era nueva. El economista ya había hecho parte de su estructura directiva durante la administración de Juan Daniel Oviedo cuando ocupó la Subdirección General.

Valencia estuvo en ese cargo entre septiembre de 2018 y agosto de 2022, periodo en el que tuvo responsabilidades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la entidad estadística.

Su experiencia profesional también incluye trabajos en consultoría, gestión de datos, análisis socioeconómico, sostenibilidad y economía circular.

La trayectoria de Ricardo Valencia en el Dane y el sector público

Antes de llegar nuevamente a la dirección del Dane, Valencia ya había construido una trayectoria relacionada con el sector público y el manejo de información.

Su paso por la entidad se produjo inicialmente entre septiembre de 2018 y agosto de 2022, cuando ocupó el cargo de subdirector general durante la administración de Juan Daniel Oviedo.

Después de salir del Dane, Valencia se dedicó a actividades de consultoría y participación en diferentes proyectos relacionados con gestión de datos, análisis socioeconómico y economía circular.

Entre sus trabajos recientes estuvo su participación como coordinador programático de la campaña de Juan Daniel Oviedo a la Alcaldía de Bogotá, por el movimiento Con Toda por Bogotá, durante el proceso electoral más reciente.

También trabajó como consultor en gestión de datos para Asocapitales y la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.

Su experiencia profesional, por tanto, no se limita al campo estadístico. Valencia también ha desarrollado buena parte de su carrera alrededor del análisis de información y de proyectos relacionados con sostenibilidad.

Su regreso al Dane se produjo en un momento en el que la entidad enfrentaba retos relacionados con la actualización de sus procesos, la calidad y credibilidad de las operaciones estadísticas y la entrega de resultados pendientes del Censo Económico.

Ricardo Valencia también tiene trayectoria en reciclaje y economía circular

Uno de los aspectos menos conocidos de la trayectoria de Valencia está relacionado con el reciclaje, la gestión de residuos y la economía circular.

Entre 2014 y 2018 fue director estratégico de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo, un programa que brindaba apoyo técnico y cooperación internacional a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.

La iniciativa contó con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), FOMIN, Coca-Cola, PepsiCo y Fundación Avina.

Antes de ocupar ese cargo, entre 2011 y 2014, Valencia se desempeñó como director ejecutivo de Compromiso Empresarial para el Reciclaje (Cempre Colombia), organización relacionada con la promoción del reciclaje y la gestión de residuos.

Su recorrido en esta área también incluye trabajos de consultoría en economía circular para la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en el marco de la iniciativa Visión 3030, y para la agencia de cooperación alemana GIZ.

También trabajó como consultor en estadísticas socioeconómicas para Desmarginalizar Consultores, experiencia que complementó su recorrido en análisis de información y gestión de datos.

En 2011, además, coordinó un proyecto para establecer un sistema de gestión integral de residuos en la Sierra Nevada de Santa Marta. La iniciativa involucró a organizaciones indígenas, asociaciones de recicladores, Tetra Pak y la Corporación Horizontes.

Así, antes de regresar a la dirección del Dane, Valencia había construido un perfil profesional que combinaba estadística, gestión de datos, análisis socioeconómico, sostenibilidad y economía circular.

Su paso por la dirección de la entidad, sin embargo, terminó apenas unas semanas después de haber asumido el cargo, luego de la decisión tomada por el Gobierno de De la Espriella.

Su salida se dio después de que Valencia, afirmara “que no había encontrado anomalía alguna en los indicadores del Dane correspondientes al mes de julio, cifras producidas durante el último mes del gobierno anterior”, señaló Presidencia.

Se explica que el saliente director del Dane no cumplió con la directiva presidencial y desconoció las instrucciones presidenciales, emitidas por De la Espriella, las cuales, insiste, deben ser de “obligatorio cumplimiento”.

Entre las metas del convenio, se destaca la prestación de asistencia técnica territorial en los 14 departamentos seleccionados y 140 municipios, el desarrollo de 70 procesos de capacitación para integrantes de los Sistemas Locales de Justicia, en los que se buscará cualificar el trabajo de quienes participan en estas iniciativas, así como la organización de 14 jornadas móviles de acceso y cinco encuentros regionales para la promoción del conocimiento. Al final, se entregará un informe que resumirá resultados, aprendizajes y evidencias.

El Sistema Local de Justicia, según la definición del Ministerio, no reemplaza entidades como Fiscalía, Policía, comisarías de familia o jueces, sino que busca articular estas instituciones existentes con mecanismos comunitarios y métodos alternativos de resolución de conflictos, involucrando a jueces de paz, conciliadores en equidad, mediadores, organizaciones sociales y autoridades étnicas. Así, se busca mejorar el acceso y la respuesta a las problemáticas locales.

Valledupar ha sido priorizada para recibir la implementación completa del Sistema Local de Justicia; mientras tanto, los municipios de Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego se encuentran en la fase de fortalecimiento de sistemas ya creados. El diagnóstico del Ministerio de Justicia indica que el funcionamiento y activación de los comités locales de justicia en estos municipios es desigual y, en algunos casos, incierto. El convenio exige productos verificables: los pagos se realizarán en la medida en que el operador entregue informes, registros y evidencia de avances, asegurando así que los recursos correspondan a resultados tangibles.

La ejecución de este convenio se da en un contexto de preocupantes indicadores de seguridad en Cesar. Según datos citados en los documentos técnicos, el departamento reportó altos niveles de hurto a personas y homicidio, superando el promedio nacional con una tasa de hurto de 44,9 casos por cada 10.000 habitantes y homicidios en un 63 % por encima de la media.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué busca el Sistema Local de Justicia implementado en Valledupar y municipios del Cesar?

El Sistema Local de Justicia tiene como objetivo fortalecer la articulación entre instituciones judiciales existentes y mecanismos comunitarios, para mejorar el acceso, atención y solución a los conflictos locales. No sustituye a entidades como Fiscalía o la Policía, sino que las coordina con jueces de paz, conciliadores, mediadores y organizaciones sociales para enfrentar los desafíos de convivencia y seguridad.

¿Cuáles son los principales desafíos para los Sistemas Locales de Justicia en el Cesar?

Según el diagnóstico citado por el Ministerio de Justicia, los principales retos en el Cesar están marcados por altos niveles de criminalidad, como hurto y homicidio, además de dificultades en la activación y funcionamiento de los comités locales. El avance real de los Sistemas depende de la coordinación institucional, el compromiso local y el cumplimiento de los compromisos verificados que exige el convenio.

Valledupar se encuentra entre los diez municipios priorizados para implementar el Sistema Local de Justicia, mientras que Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego figuran dentro de los territorios con sistemas existentes que buscan reforzarse. El propósito del convenio es “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros” para ofrecer formación, apoyo metodológico, asistencia técnica y logística a estos sistemas. En fase de implementación —como el caso de Valledupar—, el proceso comprende la socialización de la estrategia, conformación del Comité Local de Justicia, diagnóstico de conflictividades, elaboración de un plan y definición de rutas de atención.

El Sistema Local de Justicia no supone una nueva entidad judicial ni reemplaza a la Fiscalía, la Policía, comisarías de familia o jueces; se trata de articular a esas instituciones con mecanismos comunitarios y alternativos como conciliadores en equidad, jueces de paz, mediadores, organizaciones sociales y autoridades étnicas. La ficha técnica determina cinco productos de alcance nacional: asistencia técnica en las municipalidades beneficiadas, procesos de capacitación, jornadas móviles, encuentros regionales y un informe de gestión.

De acuerdo con el modelo de decreto para municipios, el Comité Local de Justicia será presidido por el alcalde y conformado por entidades como la Secretaría de Gobierno, Personería, Comisaría de Familia e Inspecciones de Policía. La Secretaría de Gobierno asume la Secretaría Técnica, encargada de convocatorias, seguimiento de compromisos e informes de gestión. El componente de fortalecimiento para otros municipios se basará en el análisis de antecedentes, diagnóstico de funcionamiento y necesidades operativas.

En materia financiera, los desembolsos están condicionados a la aprobación y cumplimiento de entregables verificables: actas, listas de asistencia, reportes y repositorios de información. Finalmente, el convenio se ejecutará en un contexto de desafíos de seguridad en Cesar, donde el diagnóstico del Ministerio de Justicia reporta altas cifras de hurtos, homicidios, secuestros, violencia intrafamiliar y una tasa de criminalidad superior a la media nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un Sistema Local de Justicia y cuál es su función en los municipios?

Un Sistema Local de Justicia es un modelo de articulación institucional promovido para facilitar el acceso a la justicia en municipios, sin crear nuevas entidades judiciales. Su función principal consiste en coordinar a instituciones como la Fiscalía, Policía, comisarías y jueces, junto con mecanismos comunitarios y alternativos, para resolver conflictos y atender barreras de acceso a la justicia, adaptando las respuestas a las necesidades específicas de cada territorio.

¿Cómo se seleccionaron los municipios beneficiados por el Convenio de Asociación 698-2026?

De acuerdo con la ficha técnica citada en el convenio, los municipios fueron seleccionados bajo criterios como la existencia de municipios identificados por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, manifestaciones de interés de autoridades locales y su priorización en el proyecto nacional de mejoramiento de acceso a la justicia.

La iniciativa busca “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros” para ofrecer respaldo metodológico y logístico a los Sistemas Locales de Justicia. La ficha técnica delimita cinco entregables principales: asistencia técnica en los municipios seleccionados, 70 procesos de capacitación, 14 jornadas móviles, cinco encuentros regionales y un informe final de gestión del conocimiento, que documentará aprendizajes y resultados obtenidos.

Valledupar es uno de los diez municipios priorizados para implementar el SLJ, lo que implica tareas como socializar la estrategia, conformar un comité local, elaborar diagnósticos de barreras de acceso y conflictividades, diseñar rutas de atención y establecer un plan de trabajo claro. El comité local debe estar presidido por el alcalde y contar con la participación de la Secretaría de Gobierno, la Personería, las comisarías de familia, las inspecciones de policía y otras entidades, y la Secretaría Técnica será responsabilidad de la Secretaría de Gobierno. Se exigirá, además, diagnósticos territoriales, mapas de oferta institucional y sistemas de seguimiento y evaluación.

Cinco municipios de Cesar —Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego— entrarán en una fase de fortalecimiento de sus sistemas ya existentes. Sin embargo, el diagnóstico departamental, citado en los documentos, señala diferencias notables en su grado de activación institucional y respuesta operativa. Por ejemplo, en 2026, Becerril y La Jagua de Ibirico tenían evidencias de reuniones y acciones, mientras que en La Paz y Manaure Balcón del Cesar persisten dudas sobre el funcionamiento actual. San Diego está incluido en el programa, aunque los registros no aclaran el estado de su comité.

Los pagos del convenio están condicionados a productos verificables, como la aprobación de planes, capacitaciones y evidencias de ejecución. Este modelo promueve la rendición de cuentas y exige la presentación de actas, listados, informes y reportes financieros. Todo el proceso se desarrolla en un entorno de altos índices de criminalidad, según datos departamentales incluidos en el diagnóstico, que registran tasas superiores a las promedios nacionales en delitos como hurto y homicidio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son los Sistemas Locales de Justicia y cómo funcionan en Cesar?

Los Sistemas Locales de Justicia no son entidades judiciales nuevas ni reemplazan a organismos como la Fiscalía o la Policía, sino que buscan articular estas instituciones con mecanismos comunitarios de resolución de conflictos, como conciliadores en equidad y jueces de paz. En Cesar, estos sistemas se conforman mediante comités presididos por el alcalde e integrados por instituciones locales y buscan garantizar un acceso más transparente, oportuno y coordinado a la justicia en contextos de alta conflictividad y criminalidad.

¿Cómo se establecen los pagos en el Convenio de Asociación 698-2026 para los Sistemas Locales de Justicia?

El esquema de pagos del Convenio 698-2026 entre el Ministerio de Justicia y la Fundación Construyendo Tejido Social está basado en la entrega de productos verificables. El primer pago cubre el 25 % tras la aprobación inicial de planes y equipos, el segundo 30 % después de asistencias técnicas y capacitaciones, otro 30 % por actividades consolidadas y el 15 % final tras la entrega total de informes, evidencia y reportes financieros, garantizando así un uso transparente y eficiente de los recursos.

Según la ficha técnica compartida por el Ministerio, el objeto principal es “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros” para ofrecer asistencia técnica y capacitación, así como apoyo metodológico, administrativo y logístico para consolidar los Sistemas Locales de Justicia. Entre los productos nacionales destacan la asistencia técnica en todos los territorios incluidos, 70 procesos de capacitación, 14 jornadas móviles, cinco encuentros regionales y un informe final que recopilará los resultados e impactos de la intervención.

Valledupar fue priorizado para iniciar la implementación total del sistema local, y municipios como Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego recibirán apoyo para fortalecer sistemas ya existentes. En estas localidades, el operador encargado deberá impulsar la socialización de la estrategia, conformar el Comité Local de Justicia, diagnosticar las conflictividades, formular un plan de trabajo y diseñar rutas de atención. No se trata de reemplazar las instituciones judiciales tradicionales, sino de articularlas con mecanismos comunitarios como jueces de paz, conciliadores y organizaciones sociales, según los documentos oficiales.

En Valledupar, la intervención deberá partir de una asistencia técnica presencial, la conformación de las mesas adecuadas y el seguimiento de indicadores y rutas atendidas. El diagnóstico y seguimiento son pasos clave para garantizar que el Comité Local de Justicia —presidido por el alcalde e integrado por Secretarías, Personería, inspecciones y comisarías— pueda operar de manera efectiva. En los municipios que ya han iniciado el proceso, la dinámica es desigual: Becerril y La Jagua de Ibirico avanzaron desde 2023, aunque hay retos de asistencia; en La Paz y Manaure Balcón del Cesar persiste falta de información sobre el funcionamiento actual, y en San Diego aún no se tienen detalles públicos sobre el estado del sistema.

El convenio dispone que los pagos a la Fundación estén sujetos a la verificación de productos y avances concretos: desde la presentación del plan de trabajo y la vinculación de equipos hasta la consolidación de resultados y la entrega de informes integrales. Esto incluye evidencias como actas, fotos, listados y reportes financieros validados. Este proyecto se implementa en un contexto complejo, dado que el departamento del Cesar registra tasas de hurto y homicidio superiores al promedio nacional, además de elevados registros de extorsión y violencia intrafamiliar, de acuerdo con cifras del diagnóstico departamental y del propio Ministerio de Justicia.

¿Qué es un Sistema Local de Justicia y cómo funciona en municipios como Valledupar?

Un Sistema Local de Justicia es un modelo que integra a instituciones judiciales tradicionales y mecanismos alternativos y comunitarios, como jueces de paz o conciliadores, con el fin de mejorar el acceso a la justicia y resolver conflictos en el nivel municipal. No implica la creación de nuevas entidades, sino que promueve la articulación entre la Fiscalía, la Policía, autoridades locales y actores comunitarios. En Valledupar, el proceso involucra diagnóstico de problemáticas, formación de un comité local presidido por el alcalde y la definición de rutas de atención y articulación institucional.

¿Cuáles son los principales retos para implementar el Sistema Local de Justicia en municipios del Cesar?

Los retos principales incluyen la desigual activación institucional, dificultades para confirmar el funcionamiento de comités en algunos municipios, la necesidad de diagnóstico actualizado de conflictividades y barreras, y los elevados índices de inseguridad, como hurto, homicidio y violencia intrafamiliar, superiores al promedio nacional. Estos desafíos hacen crucial el acompañamiento técnico, la capacitación y el seguimiento continuo contemplados en el convenio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La ficha técnica del convenio, revisada por el Ministerio, enumera cinco resultados de alcance nacional: asistencia técnica territorial a las entidades locales, implementación de 70 procesos de capacitación, catorce jornadas móviles de acceso a la justicia, cinco encuentros regionales y la elaboración de un informe final recopilando aprendizajes y pruebas del impacto de la intervención. El apoyo de la Fundación Construyendo Tejido Social incluye asistencia técnica, procesos formativos, jornadas móviles y encuentros regionales.

En municipios como Valledupar, el proceso implica la socialización de la estrategia, creación del Comité Local de Justicia, diagnósticos sobre problemáticas y obstáculos en el acceso a la justicia, además de la formulación de planes de trabajo y estructuración de rutas de atención ajustadas al contexto local. El SLJ, como queda claro en los documentos del Ministerio de Justicia, no reemplaza las funciones de entidades como la Fiscalía, la Policía, las comisarías de familia o los jueces. Bajo esta figura, el modelo busca articular la institucionalidad con mecanismos comunitarios y alternativos de resolución de conflictos, incluyendo conciliadores en equidad, jueces de paz, mediadores, organizaciones sociales y autoridades étnicas.

La focalización de Valledupar y los demás municipios seleccionados respondió a criterios como la inclusión previa como municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y el interés manifestado por autoridades locales. El modelo organizativo del SLJ en cada municipio establece que el alcalde ejerza la presidencia del Comité Local de Justicia, con participación de la Secretaría de Gobierno —encargada de funciones técnicas y administrativas—, la Personería, las comisarías de familia y demás entidades pertinentes.

El convenio detalla pagos sujetos a la consecución de productos verificables, como planes de trabajo, cronogramas, actas, reportes fotográficos, listados de asistencia y un informe final integral. El seguimiento será tanto cualitativo como cuantitativo.

La intervención ocurre en medio de un panorama desafiante en seguridad y convivencia, según el diagnóstico presentado: en Cesar, la tasa de hurto y homicidios supera el promedio nacional, así como los registros de violencia intrafamiliar, extorsión y secuestro, lo que subraya la urgencia de reforzar el acceso y la respuesta institucional en justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionarán los Sistemas Locales de Justicia en Valledupar y el Cesar?

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho, los Sistemas Locales de Justicia en Valledupar y los municipios del Cesar no serán nuevas entidades judiciales ni sustituirán a la Fiscalía o los jueces. Su objetivo es articular a las instituciones existentes con mecanismos comunitarios para facilitar el acceso a la justicia, fortalecer la resolución de conflictos y mejorar la convivencia. El modelo contempla comités liderados por los alcaldes, mesas técnicas y rutas de atención ajustadas al contexto local.

¿Qué abarcan las jornadas móviles de acceso a la justicia dentro del convenio?

Las jornadas móviles de acceso a la justicia, según la ficha técnica compartida por el Ministerio de Justicia, consisten en actividades desplegadas en los territorios para acercar servicios jurídicos y orientación a la comunidad. Incluyen la presencia de funcionarios, asesorías, atención a casos y socialización de rutas de atención, siendo uno de los cinco productos principales del convenio para garantizar alcance efectivo y equitativo.

De acuerdo con la ficha técnica, el convenio busca sumar esfuerzos en aspectos técnicos, administrativos y financieros para asegurar la formación de integrantes, el apoyo metodológico y logístico de los sistemas locales, así como jornadas móviles de acceso a la justicia y encuentros regionales. Uno de los productos más relevantes es la elaboración de informes técnicos que recopilen los aprendizajes y resultados del proceso. En los municipios en fase inicial, como Valledupar, la intervención contempla el acompañamiento para socializar la estrategia, instalar el Comité Local de Justicia, realizar un diagnóstico territorial y definir rutas claras de acceso a la justicia.

Valledupar ha sido seleccionado para la etapa de implementación debido a criterios como la presencia de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), alertas de la Defensoría del Pueblo, interés manifestado por las autoridades locales y su inclusión en proyectos nacionales de mejoramiento en el sector justicia. Según el modelo establecido, el Comité Local estará presidido por el alcalde e integrado por la Secretaría de Gobierno, Personería, Comisaría de Familia, Inspecciones de Policía y otros actores relevantes.

Entre los municipios cesarenses beneficiados con fortalecimiento figuran Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego. El diagnóstico presentado evidencia avances dispares, señalando la necesidad de mayor activación institucional y coordinación. Por ejemplo, Becerril adoptó la estrategia mediante decreto y ya ha desarrollado sesiones de su comité, mientras que en La Paz o Manaure Balcón del Cesar existen incertidumbres sobre el funcionamiento actual de los comités.

El desembolso de recursos está condicionado a la entrega de productos verificables, como informes, actas y evidencia de capacitación, lo cual permitirá una trazabilidad efectiva. Todo este esfuerzo ocurre en un contexto regional caracterizado por altos índices de hurto, homicidio, secuestro, extorsión y violencia intrafamiliar, cifras que, según el diagnóstico del Ministerio, superan incluso los promedios nacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el Sistema Local de Justicia que se implementará en Valledupar y otros municipios del Cesar?

El Sistema Local de Justicia, según documentación oficial del Ministerio de Justicia, es un modelo que no reemplaza a las entidades judiciales existentes, sino que promueve la articulación de autoridades como jueces, Policía y Fiscalía con mecanismos comunitarios y alternativos para la resolución de conflictos. Su implementación implica la conformación de comités locales, la creación de mapas institucionales, rutas de acceso, protocolos de articulación y un sistema de seguimiento y evaluación, buscando respuesta más eficaz frente a problemáticas específicas del territorio.

¿Cómo se verificará el uso de los recursos asignados en el convenio para el fortalecimiento de la justicia local?

El convenio establece que los pagos se realizarán por etapas y únicamente cuando se entreguen productos verificables, como planes de trabajo, informes técnicos y registros de actividades. Esta modalidad permite asegurar que la inversión esté dirigida efectivamente al acompañamiento territorial, formación de los equipos y desarrollo de los comités locales con un seguimiento detallado del cumplimiento y la gestión a lo largo del periodo de ejecución.

En el caso de Valledupar, el municipio fue priorizado para la implementación de un Sistema Local de Justicia. De acuerdo con los documentos del convenio, esta etapa implica la socialización de la estrategia, conformación del Comité Local de Justicia, diagnósticos de conflictividades, formulación de un plan de trabajo y diseño de rutas de atención. Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego, por su parte, están incluidos en el componente de fortalecimiento, ya que cuentan con antecedentes de adopción de estos sistemas, pero presentan desafíos en la activación y respuesta institucional. Por ejemplo, Becerril y La Jagua de Ibirico han realizado decretos y sesiones iniciales en 2023, pero otras reuniones han enfrentado dificultades por ausencia de actores.

El objetivo central del convenio, según la ficha técnica revisada, es unir esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ofrecer asistencia técnica, formación y apoyo logístico a los Sistemas Locales de Justicia. El modelo no representa la creación de una nueva entidad judicial ni reemplaza funciones de entidades como la Fiscalía, Policía o jueces, sino que busca la articulación de estos actores con mecanismos comunitarios y alternativos, como conciliadores, jueces de paz y organizaciones sociales.

De acuerdo con el modelo de decreto elaborado para estos municipios, el Sistema Local de Justicia debe incluir un diagnóstico territorial, mapa de oferta institucional, rutas de acceso, protocolos de articulación y un sistema de seguimiento. El Comité Local de Justicia estaría liderado por el alcalde, con participación de Secretarías, la Personería, la Comisaría de Familia e Inspecciones de Policía, entre otras.

El seguimiento y éxito del convenio dependen de productos verificables; los pagos se hacen contra entrega de planes, asistencias técnicas, capacitaciones, actas e informes, permitiendo un monitoreo detallado de la gestión. Este esfuerzo se da en un contexto donde, según diagnóstico departamental citado en los documentos, el Cesar enfrenta altos índices de inseguridad: 6.008 hurtos a personas, 561 homicidios y 1.758 casos de violencia intrafamiliar anuales, cifras superiores al promedio nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se implementará el Sistema Local de Justicia en Valledupar?

En Valledupar, la implementación contempla la realización de asistencias técnicas presenciales, socialización de la estrategia, conformación de comités, diagnóstico, formulación de planes de trabajo y priorización de rutas de atención, todo bajo la coordinación del Comité Local de Justicia presidido por el alcalde y diversas entidades locales, siguiendo lineamientos técnicos especificados en el convenio.

¿Qué diferencia hay entre fortalecer e implementar Sistemas Locales de Justicia?

Implementar un Sistema Local de Justicia implica desarrollar el modelo desde cero en territorios priorizados, conformando comités, diagnosticando necesidades y creando rutas de atención. Fortalecer, en cambio, se refiere a acompañar y mejorar sistemas ya adoptados que enfrentan dificultades en activación o respuesta institucional, garantizando su funcionamiento efectivo.

Entre las afectaciones más evidentes, Ortiz señaló el colapso de las cubiertas en las gradas de las dos canchas polifuncionales, dejando estas áreas sin protección y exponiendo a los usuarios a las inclemencias climáticas. Además, las mallas y tubos perimetrales presentan oxidación y desprendimientos. Durante una reciente festividad, la comunidad tuvo que soldar algunos tubos para impedir que el deterioro avanzara aún más. Esta falta de mantenimiento acarrea riesgos tanto para quienes disfrutan de actividades deportivas como para la seguridad general del espacio.

El dirigente comunal también denunció el mal estado de los juegos infantiles, como columpios, resbaladeros y túneles de fibra, que dejaron de ser seguros y podrían causar accidentes. Recordó el caso de una niña que se cortó al deslizarse por uno de los resbaladeros debido al material deteriorado. A esto se suma el parque biosaludable, cuyas máquinas presentan tubos oxidados y piezas sueltas, haciendo imposible su uso adecuado. Las bancas, víctimas del vandalismo, exhiben hierros expuestos y representan otro peligro para los visitantes.

Ortiz lamentó que el parque haya dejado de ser el centro de integración social del barrio, debido a las malas condiciones, y que esto ha provocado la salida de las familias y la ocupación del lugar por personas ajenas al sector. La comunidad resiente también la falta de respuesta por parte de la Administración municipal. Pese a visitas y promesas de intervención, tanto del Instituto de Deportes (Inder) Valledupar como de la Secretaría de Obras, no se han visto soluciones concretas tras más de un año de reclamos.

Populandia cuenta con 829 viviendas y la recuperación del megaparque podría beneficiar no solo a miles de niños, sino también a la convivencia y seguridad del sector. Los habitantes insisten en una intervención urgente para devolverle a la comunidad un espacio digno y seguro para el deporte, la recreación y el encuentro social.

Disclaimer: Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado actual del megaparque de Populandia en Valledupar?

El megaparque de Populandia muestra un claro estado de deterioro, con gradas sin cubiertas, mallas y tubos oxidados y caídos, juegos infantiles dañados y máquinas biosaludables inutilizables. Según Orlando Ortiz, estos daños han convertido el parque en un foco de inseguridad, alejando a las familias y facilitando la llegada de personas ajenas al sector.

¿Por qué la comunidad de Populandia exige una intervención urgente en el megaparque?

La comunidad solicita con vehemencia una intervención porque el abandono del parque representa peligros directos para niños y adultos. Las deficiencias en infraestructura han reducido la asistencia de familias, potenciando riesgos y dificultando la convivencia. Además, los compromisos de recuperación hechos por autoridades municipales no se han materializado, según indicó la Junta de Acción Comunal.

Según explicó, una de las razones que sostiene esa esperanza es que, aparentemente, la avioneta no explotó ni se registró una explosión al momento del impacto.

La familia de Cankaya permanece atenta a las labores de búsqueda, tanto desde Turquía como desde Colombia. El piloto llegó al país hace 11 años, donde fundó la empresa de turismo MegaTravel, y con el tiempo desarrolló una fuerte pasión por la aviación.

Cankaya también participaba en misiones humanitarias de la Patrulla Aérea, especialmente para trasladar médicos e ingenieros a comunidades de difícil acceso.

Su entorno destaca además el cariño que desarrolló por Colombia y su admiración por los paisajes del país.

La aeronave Cessna perdió comunicación cuando cubría la ruta hacia Bogotá, con cinco personas a bordo. Cuatro de ellas eran mujeres que integraban una misión médica de Colmédica y la Clínica El Country en Condoto, Chocó.

La Aerocivil ubicó el punto del accidente a unos 9.000 pies de altura, en una zona montañosa y de difícil acceso entre Chocó y Risaralda. La Fuerza Aérea Colombiana logró identificar geográficamente el sitio durante las labores de búsqueda.

En la mencionada intervención televisada, el presidente también ratificó su respeto hacia el derecho de los ciudadanos a la protesta y las manifestaciones pacíficas. No obstante, remarcó que no permitirá que las universidades públicas “sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”, señalando un cambio en la tolerancia frente a situaciones que involucren desórdenes o hechos delictivos en los campus universitarios. Tal decisión fue citada textualmente como parte de la comunicación oficial del presidente de Colombia, según lo recoge el medio 90 Minutos.

Desde el otro lado de la discusión, el rector de la Universidad del Valle, Guillermo Murillo, respondió al anuncio presidencial exponiendo que la problemática de la violencia afecta directamente a la comunidad universitaria, que también se ve como víctima. El rector aclaró que, frecuentemente, los episodios violentos tienen lugar en los exteriores de la universidad, y no dentro de los campus mismos, involucrando muchas veces a funcionarios, profesores, personal administrativo y estudiantes que sufren las consecuencias de estos hechos. Frente a este escenario, Murillo subrayó la necesidad de que las autoridades lleven a cabo investigaciones rigurosas y entreguen resultados concretos sobre dichos actos de violencia, enfatizando el pedido desde la Universidad del Valle para que se esclarezcan los eventos y se garantice la seguridad de todos sus miembros.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella propone que la policía entre a las universidades?

El presidente Abelardo de la Espriella sostiene que la autonomía universitaria no puede estar por encima del orden público, por lo que, ante hechos violentos en las universidades, la policía tendría autorización para ingresar y controlar la situación. Este planteamiento se da como medida para evitar que las universidades sean “santuarios de violencia” y diferenciar claramente entre manifestaciones pacíficas y actos vandálicos.

¿Qué posición tiene la Universidad del Valle frente a la intervención policial en sus campus?

De acuerdo con el rector Guillermo Murillo, la Universidad del Valle denuncia que su comunidad también resulta víctima de los hechos de violencia, que generalmente se presentan en las afueras del campus. Murillo enfatiza que es necesario realizar investigaciones exhaustivas para identificar a los responsables y proteger a funcionarios, estudiantes y demás miembros de la universidad, recalcando que estos episodios no se originan necesariamente en el interior de la institución.

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Las heridas que sufrió Juan José Quimbayo fueron tan severas que, a pesar de haber recibido atención médica inmediata, no fue posible salvarle la vida. La segunda persona que resultó herida continúa recibiendo cuidados médicos, aunque hasta el momento, las autoridades y personal del hospital no han divulgado detalles específicos sobre su estado de salud.

El ataque se presentó aproximadamente a las 8:00 de la noche. Horas después, la situación se agravó en Fresno, ya que en el sector de Alto de la Cruz ocurrió otro hecho violento que dejó una persona lesionada. Las dos situaciones, ocurridas con poco tiempo de diferencia, marcan una noche de violencia en el municipio, que dejó como saldo una persona muerta y dos más heridas, según la información recopilada.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los hechos ocurridos en el barrio Obrero y para identificar a los responsables del ataque. De acuerdo con las primeras indagaciones y reportes recogidos en el lugar, una de las hipótesis plantea que podría tratarse de un ataque dirigido, aunque hasta ahora esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Este suceso pone en evidencia la difícil noche vivida en Fresno y deja abiertas varias preguntas respecto a los móviles de los ataques y la situación de las personas involucradas, mientras las autoridades continúan trabajando en el esclarecimiento de los hechos presentados.

¿Cómo ocurrió el ataque que provocó la muerte de Juan José Quimbayo en Fresno?

Según la información recopilada, Juan José Quimbayo y otra persona fueron interceptados y atacados con arma de fuego en el barrio Obrero, cerca de Casa de los Leones, alrededor de las 8:00 p.m. Ambos fueron trasladados al Hospital San Vicente de Paúl de Fresno, pero debido a la gravedad de las heridas, Juan José falleció pese a recibir atención médica.

¿Qué se sabe sobre la hipótesis del ataque dirigido en el caso de Fresno?

De acuerdo con los datos proporcionados, una de las hipótesis en estudio es que el ataque en el que perdió la vida Juan José Quimbayo podría haber sido un ataque dirigido. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, que continúan con la investigación para esclarecer los hechos y determinar los responsables.

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Luna Álvarez, quien se desempeñó como exrector de la Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET) y consolidó una destacada trayectoria como investigador educativo en la región andina, había llegado a ‘La Heroica’ con el propósito de disfrutar de unos días de descanso y asistir a un evento musical enfocado en el género de la salsa. Sin embargo, su estadía dio un giro fatal que hoy mantiene a los peritos de criminalística y de Medicina Legal recabando material probatorio para determinar con absoluta precisión si su fallecimiento obedeció a una emergencia por ahogamiento en el mar o si existieron factores o circunstancias distintas asociadas al suceso.

La noticia del deceso causó profunda consternación en los círculos universitarios tanto de Ecuador como de Venezuela, naciones donde el catedrático edificó una prolífica carrera intelectual. Con un sólido perfil centrado en la investigación pedagógica, Luna Álvarez había obtenido en 2021 un posdoctorado en Estudios Libres por la Universidad Fermín Toro, además de otro posdoctorado en Epistemología de la Educación otorgado por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en territorio venezolano. Directivos del Instituto Excellence de Ecuador emitieron un sentido comunicado para lamentar la partida del académico, destacando su legado humano e institucional desde los orígenes de la entidad.

Este trágico suceso vuelve a encender las alarmas sobre los riesgos y la vulnerabilidad latente en las zonas costeras de Cartagena, particularmente en sectores turísticos donde las corrientes marinas y los fenómenos de mar de leva representan un peligro constante. Ante esto, los organismos de seguridad y socorro reiteraron los llamados preventivos sobre la prohibición de ingresar a nadar en áreas señalizadas con bandera roja o en las inmediaciones de los espolones. Las autoridades competentes mantienen abiertas las indagaciones forenses mientras coordinan con la familia los trámites necesarios para la repatriación de los restos del ilustre educador a su país de origen.

La decisión estuvo marcada por dos polémicas relacionadas con el manejo y divulgación de las cifras oficiales.

El primer episodio ocurrió el 31 de agosto, cuando Valencia presentó los resultados del mercado laboral de julio de 2026.

La tasa de desempleo fue de 8,1 %, una reducción de 0,7 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025. Sin embargo, estas cifras habían sido cuestionadas por sectores de la opinión pública debido a dudas sobre su metodología y una posible manipulación durante el periodo electoral. El funcionario aseguró que no había encontrado anomalías en los cálculos.

El segundo episodio ocurrió el 7 de septiembre, cuando una rueda de prensa para presentar la inflación de agosto fue cancelada minutos antes de comenzar.

Además, el Gobierno señaló que Valencia habría incumplido la directiva presidencial 001, que establece coordinación previa de las declaraciones de los directores con la Casa de Nariño.

Tras su salida, Juan Manuel Alvarado Nivia fue designado nuevo director del Dane y tendrá como prioridad revisar rigurosamente la información recibida y transparentar sus resultados.

La Gerencia de Acueducto de Emcali detalló que estas tareas comprenden una suspensión temporal del servicio en las áreas donde se realizará la intervención, afectando tanto a residentes como a comercios. La medida responde a la necesidad de asegurar la eficiencia operativa de la infraestructura de acueducto y evitar problemas más graves a futuro. El corte impactará distintos barrios de la ciudad, y se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que duren los trabajos.

La lista de sectores afectados, publicada por Emcali, incluye a Aguablanca (carrera 28 # 25 - 146), El Troncal (carrera 10 # 44 B 40), El Paraíso (calle 34 # 28 - 47), Santa Elena (carrera 32 A # 19 - 33), Villacolombia (carrera 11 D # 51 - 55), 7 de Agosto (carrera 17 # 71 A 170), Mariano Ramos (calle 41 # 47 A 00), San Luis (carrera 1 A7 # 73 - 70), La Flora (av. 4 N # 38 N 00 y calle 61 AN # 3 N 80), Alfonso López (calle 70 # 7 - 03), Comuneros (carrera 29 A # 54 A 02), Olímpico (calle 13 # 37 - 00), Pacará (av. 2 EN # 53 A 05), Paso de Comercio (carrera 1 GN # 73 - 02), San Fernando Viejo (calle 2 A # 25 - 08), Siloé - La Nave (calle 1 # 39 - 02) y Tequendama (calle 5 A # 41 - 20). La entidad enfatizó que la suspensión tendrá carácter temporal y busca garantizar mejores condiciones en la prestación del servicio.

Asimismo, según el medio Noticiero 90 Minutos, algunos de estos barrios han sido afectados en días anteriores por problemáticas adicionales, como el terremoto que golpeó a Comuneros 1, lo cual resalta la vulnerabilidad de ciertos sectores y la importancia de intervenciones oportunas en la infraestructura.

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¿Cuáles barrios de Cali estarán sin agua por trabajos de mantenimiento de Emcali?

Los barrios mencionados oficialmente por Emcali que tendrán suspensión temporal del servicio de agua por trabajos de mantenimiento incluyen Aguablanca, El Troncal, El Paraíso, Santa Elena, Villacolombia, 7 de Agosto, Mariano Ramos, San Luis, La Flora, Alfonso López, Comuneros, Olímpico, Pacará, Paso de Comercio, San Fernando Viejo, Siloé - La Nave y Tequendama. Se recomienda a los residentes de estas zonas tomar precauciones ante el corte programado.

¿Por qué se suspende el servicio de agua en ciertos barrios de Cali?

La suspensión responde a labores de reparación y mantenimiento que adelanta la Gerencia de Acueducto de Emcali, enfocadas en reponer válvulas y optimizar las redes de distribución de agua potable. Estas acciones buscan garantizar la calidad y continuidad del servicio, evitando daños mayores en la infraestructura de acueducto.

Según la información proporcionada en medios locales, como se reportó en el artículo original, la versión preliminar indica que Perdomo Oviedo habría perdido el control de su motocicleta justo en una curva. Sin embargo, esta hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. Lo cierto es que, tras perder el control, el vehículo impactó violentamente contra un poste de energía, hecho que ocasionó la muerte instantánea del uniformado en el lugar del incidente.

Perdomo Oviedo se desplazaba en una motocicleta Yamaha R4, identificada con la placa UIX18D. El uniformado era oriundo de Neiva y, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, ejercía sus funciones policiales en esa ciudad. La investigación preliminar sugiere que la víctima estaba cumpliendo una comisión oficial en la Escuela de Aviación de la Policía, la cual se encuentra ubicada en Mariquita. Su traslado hacia ese municipio coincidió con el desafortunado accidente, dejando en evidencia los riesgos a los que diariamente se enfrentan los miembros de la fuerza pública en el desarrollo de sus labores.

Hasta ahora, las versiones sobre la causa del accidente siguen siendo objeto de análisis. No se ha emitido un informe definitivo sobre las circunstancias exactas en las que Perdomo Oviedo perdió el control de su motocicleta, manteniéndose en reserva algunos detalles pendientes de confirmación por parte de las autoridades competentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era José Adolfo Perdomo Oviedo y cuál era su labor dentro de la Policía?

José Adolfo Perdomo Oviedo era subintendente de la Policía y, según la información verificada, era oriundo de Neiva. Al momento del accidente prestaba sus servicios en esa ciudad y estaba en una comisión en la Escuela de Aviación de la Policía, en Mariquita, hacia donde se dirigía cuando ocurrió el fatal accidente.

¿Qué detalles rodean el accidente de tránsito en el que falleció el subintendente en El Espinal?

El accidente ocurrió el 13 de septiembre en la vía entre El Espinal y la doble calzada Flandes-Ibagué, sector La Morena. De manera preliminar se cree que Perdomo Oviedo perdió el control de su motocicleta en una curva, chocando contra un poste de energía, aunque esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.

El sismo que causó mayor inquietud se registró a las 3:18 de la mañana, según indicó el SGC. Este movimiento tuvo una magnitud de 3,4 y se originó a una profundidad de 40 kilómetros, con epicentro en Istmina, Chocó. Varios ciudadanos reportaron haber sentido el temblor en ciudades como Ibagué, Armenia y Medellín. En la capital del Tolima, una persona manifestó haber percibido el movimiento de manera leve desde el piso 11 de un edificio, mientras que en Medellín algunos describieron la sacudida como fuerte, al punto de despertar a quienes dormían a esa hora.

No obstante, el movimiento de las 3:18 no fue el único que se sintió en la noche. El primer temblor del día ocurrió a las 12:02 de la madrugada, de nuevo en Istmina. De acuerdo con los reportes del SGC, este tuvo una magnitud de 3,2 y una profundidad de 37 kilómetros. Aunque menos intenso que el posterior, demuestra la actividad sísmica sostenida en la región.

La secuencia sísmica continuó a las 4:03 de la mañana, cuando el SGC confirmó un nuevo movimiento, esta vez en el océano Pacífico. Este evento alcanzó una magnitud de 3,2 y ocurrió a una profundidad de 42 kilómetros. Hasta el momento, según datos del Servicio Geológico Colombiano, estos han sido los tres sismos reportados en las primeras horas del martes, sin información de daños reportados.

Las autoridades y entidades como el Servicio Geológico Colombiano se mantienen en constante vigilancia ante estos fenómenos, que generan preocupación en distintos puntos del territorio nacional por su frecuencia y el impacto que pueden llegar a tener en la población, como se evidencia en los testimonios recogidos en ciudades como Ibagué y Medellín.

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¿Cuáles fueron las ciudades donde se sintieron los sismos en Colombia el 15 de septiembre?

De acuerdo con la información divulgada por el Servicio Geológico Colombiano, los sismos ocurridos durante la madrugada del 15 de septiembre se sintieron principalmente en Ibagué, Armenia y Medellín. En estas ciudades, ciudadanos reportaron desde sensaciones leves hasta movimientos más fuertes que llegaron a despertar a habitantes en horas de la madrugada.

¿Qué significa la magnitud y la profundidad informadas por el Servicio Geológico Colombiano?

La magnitud, según reportes del Servicio Geológico Colombiano, es una medida que indica la energía liberada en el epicentro de un sismo, mientras que la profundidad corresponde a la distancia entre el epicentro del temblor y la superficie terrestre. En los sismos mencionados, las profundidades reportadas estuvieron entre 37 y 42 kilómetros, lo que incide directamente en la intensidad con la que es percibido el movimiento en la superficie.

(Vea también: “Se puede repetir”: Max Enríquez alerta por dura situación que viene para Bogotá y otras zonas)

La advertencia fue compartida por Max Henríquez, reconocido meteorólogo colombiano, quien señaló que las precipitaciones se concentran en distintos puntos del territorio nacional. En su mensaje mencionó localidades como El Banco, La Jagua de Ibirico y Curumaní, además de Cúcuta, Tibú, Ocaña y Bucaramanga.

El reporte también incluye un amplio corredor de Antioquia y Córdoba, con referencia al área comprendida entre Tierralta y Sonsón. Según la publicación, las condiciones de lluvia también estarían afectando a Medellín.

Ante este panorama, Henríquez cerró su mensaje con una advertencia directa: “Ojo a las crecientes”, haciendo énfasis en el riesgo asociado con el aumento de las lluvias en las zonas mencionadas.

Atención a las fuertes lluvias que caen a esta hora en el sur del Cesár y Magdalena (El Banco, La Jagua de Ibirico, Curumaní) y los santanderes (Cucuta, Tibú, Ocaña, Bucaramanga). Tambien en Antioquia, entre Tierralta (Córdoba) y Sonsón, afectando a Medellín. Ojo a las crecientes pic.twitter.com/TXNjGctSwZ

— Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 15, 2026

Estas son las regiones con riesgo de crecientes, según Max Henríquez

En el norte del país, el mensaje hace referencia al sur del Cesar y Magdalena, con El Banco, La Jagua de Ibirico y Curumaní entre las poblaciones señaladas.

La advertencia también alcanza a los Santanderes. Allí aparecen Cúcuta, Tibú, Ocaña y Bucaramanga como puntos donde se presentan fuertes precipitaciones al momento de la publicación.

Otro de los sectores mencionados corresponde a Antioquia, dentro de un corredor que Henríquez ubica entre Tierralta, en Córdoba, y Sonsón. En ese contexto también incluyó a Medellín.

La recomendación cobra especial importancia ante la posibilidad de que las lluvias eleven rápidamente los niveles de ríos y quebradas, por lo que las personas ubicadas cerca de estos cuerpos de agua deben mantenerse atentas a los cambios en las condiciones del tiempo y a las indicaciones de las autoridades.

¿Por qué las lluvias pueden aumentar el riesgo de crecientes?

Las precipitaciones intensas pueden incrementar en poco tiempo el volumen de agua que llega a ríos, quebradas y otros cauces. El riesgo puede ser mayor en sectores donde las lluvias se mantienen durante varias horas o caen con intensidad.

Por eso, ante una jornada de lluvias fuertes, es importante prestar atención a cambios repentinos en el nivel o comportamiento de los cuerpos de agua cercanos y evitar acercarse a zonas que presenten condiciones de riesgo.

El llamado de Henríquez se concentra precisamente en este punto: mantenerse alerta ante posibles crecientes mientras persisten las lluvias en los departamentos y municipios mencionados.

Los movimientos tuvieron magnitudes entre 2,2 y 3,4, según los reportes actualizados y preliminares disponibles. Seis de los eventos registrados durante este periodo tuvieron epicentro en el área de Istmina, mientras que otros dos fueron localizados en zonas diferentes.

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Estos son los sismos registrados durante la madrugada:

Lista de sismos registrados hoy:

04:42 a. m. — magnitud 2,2

El más reciente de los eventos reportados ocurrió a las 4:42 a. m. El boletín disponible fue emitido de manera preliminar, por lo que la localización y otros parámetros podrían ser actualizados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

04:03 a. m. — magnitud 3,2

El SGC registró un sismo en el océano Pacífico, frente a la costa de Chocó. El epicentro fue localizado a 119 kilómetros de El Litoral del San Juan, con una profundidad de 42 kilómetros. Coordenadas: 4,27 de latitud y -78,44 de longitud.

03:41 a. m. — magnitud 2,2

Poco más de 20 minutos después del evento anterior se registró otro movimiento sísmico, de magnitud 2,2. El reporte fue emitido inicialmente como boletín preliminar.

03:18 a. m. — magnitud 3,4

Fue el sismo de mayor magnitud registrado hasta ese momento durante la madrugada. Tuvo epicentro en el área de Istmina, Chocó, a 22 kilómetros de Sipí, con una profundidad de 40 kilómetros.

02:33 a. m. — magnitud 2,7

La Red Sismológica Nacional registró otro movimiento en el área de Istmina, Chocó. El epicentro fue ubicado a 21 kilómetros de Sipí, con una profundidad de 37 kilómetros, según el boletín actualizado.

01:49 a. m. — magnitud 2,3

El tercer evento de la madrugada ocurrió a la 1:49 a. m. El boletín fue emitido inicialmente como preliminar, por lo que sus parámetros de localización estaban sujetos a actualización.

00:22 a. m. — magnitud 2,7

Veinte minutos después del primer evento se registró otro sismo en el área de Istmina, Chocó. El epicentro fue localizado a 15 kilómetros de Sipí, con una profundidad de 40 kilómetros. Coordenadas: 4,54 de latitud y -76,72 de longitud.

00:02 a. m. — magnitud 3,2

Fue el primer sismo del día. Tuvo epicentro en el área de Istmina, Chocó, a 18 kilómetros de Sipí, con una profundidad de 37 kilómetros. Coordenadas: 4,53 de latitud y -76,75 de longitud.

Actividad sísmica continúa en Chocó

La sucesión de movimientos se produce después de la actividad sísmica registrada durante las últimas semanas en el departamento del Chocó, especialmente en el área de Istmina, Sipí y municipios cercanos.

El SGC ha mantenido un monitoreo permanente de esta zona debido a la frecuencia de los eventos registrados. La entidad también ha explicado que la ocurrencia de múltiples sismos en una misma región no permite determinar por sí sola cómo evolucionará la actividad posteriormente.

(Lea también: ¿Por qué tiembla tanto en Chocó?: SGC explica las razones detrás de la cantidad de sismos)

Los boletines sísmicos pueden presentar modificaciones mientras los especialistas revisan los datos obtenidos por la Red Sismológica Nacional de Colombia. Por esta razón, magnitud, profundidad y localización pueden cambiar entre un reporte preliminar y uno actualizado.

Durante la madrugada del 15 de septiembre, el evento de magnitud 3,4 registrado a las 3:18 a. m. en el área de Istmina fue el de mayor magnitud entre los ocho movimientos reportados en los boletines suministrados.

Destaca el comportamiento en mercados como Costa Rica, que registró un alza del 80,4 % en búsquedas hacia Colombia, posicionándose como el de mayor crecimiento entre junio de 2025 y junio de 2026. Le siguen Ecuador con un 70,3 %, México con el 54,3 %, Brasil con 49,4 % y Perú con el 43,8 %. Incluso en Europa, destinos como España y Francia demostraron un aumento cercano al 19 % en su interés por viajar a Colombia. ANATO señala que esta diversificación de mercados internacionales potencia la reactivación del sector turístico colombiano y dinamiza la oferta nacional.

Dentro del país, el impacto positivo se refleja en el aumento de búsquedas hacia destinos emblemáticos. San Andrés sobresale con un crecimiento del 50,6 %, convirtiéndose en el destino nacional más atractivo para los internautas en el periodo analizado. A esta isla le siguen Santa Marta con un incremento del 24,3 %, Cartagena con el 23,6 % y Barranquilla con el 23,4 %. Otras ciudades, como Villavicencio, Montería y Riohacha, también reportaron variaciones cercanas al 24 %, pese a tener un volumen de búsquedas menor.

Este mayor interés se traduce en cifras concretas de reservas adquiridas: para el segundo semestre de 2026 se confirmaron 2,3 millones de reservas hacia Colombia, lo que representa un crecimiento del 5,3 % frente al mismo periodo del año anterior. Un dato relevante que resalta ANATO es la prevención y planificación de los viajeros, pues el 60,2 % de estas reservas se concretaron con una antelación de cuatro meses, mostrando así un cambio en los hábitos y seguridad del turista internacional.

La tendencia al alza en búsquedas y reservas evidencia el proceso de recuperación del turismo internacional en el país, impulsado tanto por la diversificación geográfica de la demanda como por el fortalecimiento de la preferencia hacia destinos regionales y tradicionales dentro del territorio nacional.

¿Cuáles son los países con mayor aumento en el interés por viajar a Colombia?

Según ANATO, Costa Rica encabeza la lista de países con mayor incremento en las búsquedas hacia Colombia, con un 80,4 %, seguido de Ecuador con el 70,3 %, México con 54,3 %, Brasil con 49,4 % y Perú con el 43,8 %. Además, naciones europeas como España y Francia también muestran crecimientos del 19 %, confirmando la recuperación y diversificación del turismo internacional que recibe Colombia.

¿Qué destinos dentro de Colombia muestran más crecimiento en búsquedas y reservas?

San Andrés es el destino nacional que más interés recibió, con un aumento del 50,6 % en búsquedas, mientras que Santa Marta, Cartagena y Barranquilla presentan incrementos superiores al 23 %. Otras ciudades como Villavicencio, Montería y Riohacha también reflejan avances importantes cercanos al 24 %, según datos consolidados por ANATO.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El vuelo que desapareció había despegado el domingo desde el aeropuerto del municipio de Condoto, en el Chocó, teniendo como destino el aeropuerto de Guaymaral en Bogotá. Según detalla la Fuerza Aeroespacial, el último contacto que se tuvo con la aeronave ocurrió a las 9:23 a.m. del mismo día, cuando se encontraba cerca del cerro Tatamá. Desde entonces, se activó el protocolo de búsqueda y rescate, movilizando equipos especializados y recursos técnicos para intentar ubicar el avión en un terreno complejo, dominado por la densa vegetación y las condiciones meteorológicas que caracterizan la zona ubicada cerca de un parque nacional.

El reporte oficial no entrega detalles específicos sobre quiénes conformaban la tripulación y los pasajeros, limitándose a confirmar que eran cinco las personas a bordo al momento de la desaparición. De momento, no se han divulgado tampoco hipótesis sobre lo ocurrido tras el último reporte de contacto. Esta situación ha mantenido en expectativa tanto a los familiares de los ocupantes como a las autoridades, que continúan con los esfuerzos de búsqueda en el interior de Risaralda, un departamento que limita con la región del Chocó, en una zona de difícil acceso.

De acuerdo con Noticias Caracol, la investigación sigue en curso y se espera que en las próximas horas se actualicen los hallazgos, en medio de la incertidumbre sobre el desenlace del accidente aéreo. El caso genera atención tanto por la complejidad geográfica de la búsqueda como por la importancia de la ruta aérea entre Chocó y Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió con la aeronave Cessna T-206 desaparecida entre Chocó y Bogotá?

Según información de la Fuerza Aeroespacial Colombiana citada por Noticias Caracol, la aeronave perdió comunicación el domingo mientras sobrevolaba el cerro Tatamá con cinco personas a bordo. La búsqueda continuó y en la mañana del lunes se hallaron indicios del avión cerca del Parque Nacional Natural Tatamá, en Risaralda.

¿Dónde fue localizado el rastro de la avioneta desaparecida en Risaralda?

De acuerdo con el comunicado oficial, un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aeroespacial Colombiana localizó los indicios en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, sobre la vereda Oscordó en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, avanzando con la investigación sobre la aeronave extraviada.

Los eventos recientes tuvieron su punto focal en Itsmina, Chocó, donde se concentró una seguidilla de temblores en un lapso sumamente corto durante la jornada del pasado 14 de septiembre. De acuerdo con el reporte oficial de la Red Sismológica Nacional, en menos de seis minutos se presentaron tres eventos de magnitud superior a cuatro. El primer movimiento ocurrió a las 3:02 p. m. con una magnitud de 4.9 y una profundidad de 39 kilómetros; apenas dos minutos después, a las 3:04 p. m., se registró otro de 4.1; y a las 3:08 p. m. aconteció el tercero con una magnitud de 4.4. Posteriormente, a las 4:13 p. m., la tierra volvió a temblar con otro sismo de magnitud 4.9 y profundidad de 39 kilómetros.

La magnitud y profundidad de estos temblores provocaron que la percepción se extendiera con fuerza a múltiples departamentos. Según las cifras oficiales del SGC, con corte a las 4:30 de la tarde de ese mismo día, la entidad recibió más de 2.000 reportes de ciudadanos que sintieron los sismos, especialmente en zonas de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Antioquia y Tolima, evidenciando el alcance territorial del fenómeno tectónico.

Para comprender el origen de esta alta frecuencia de movimientos, los expertos de la entidad enmarcaron la situación dentro de un seguimiento continuo que se deriva del terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto. A partir de esa fecha, la Red Sismológica identificó una secuencia compuesta por dos grupos de sismos: el primero corresponde a réplicas con profundidades de entre 70 y 120 kilómetros, mientras que el segundo configura un enjambre sísmico, que es precisamente la categoría en la que encajan los temblores del Chocó.

El SGC aclaró que un enjambre sísmico se diferencia de las réplicas tradicionales porque no cuenta con un evento principal a partir del cual las magnitudes comiencen a disminuir de manera gradual. Por el contrario, se trata de una sismicidad constante donde se registran eventos de magnitudes diversas de forma continua. Ante la incertidumbre sobre cuánto tiempo podría prolongarse esta situación, el organismo técnico recordó un principio fundamental de la sismología: los sismos no se pueden predecir. Sin embargo, advirtieron que un enjambre puede extenderse por días, semanas o meses antes de disiparse por completo, por lo que reiteraron el llamado a la ciudadanía a ignorar rumores y consultar únicamente canales oficiales.

(Vea también: Disidencias de las Farc se atribuyen el secuestro de cabo colombiano de la Legión Extranjera Francesa en Nariño)

La mujer fue ubicada en el corregimiento de Canaletal, jurisdicción de San Pablo, después de permanecer retenida por hombres pertenecientes a grupos ilegales. Según las autoridades, sus captores la abandonaron a orillas de uno de los brazos del río Magdalena.

La operación estuvo a cargo de tropas del Batallón de Selva N.° 48 Prócer Manuel Rodríguez Torices, unidad de la Décima Novena Brigada. Los militares activaron un dispositivo de búsqueda luego de conocer la retención y establecieron controles en diferentes puntos de la zona.

El Ejército señaló que la colaboración de habitantes de la región resultó determinante para ubicar a la mujer y cercar a quienes la mantenían retenida. Finalmente, las tropas encontraron a Cuartas hacia las 6:00 de la tarde del lunes 14 de septiembre.

#ORDENPÚBLICO: El Ejercito Nacional confirmó el rescate de Marlene Cuartas en el corregimiento de Canaletal, municipio de San Pablo, sur de Bolívar, quien había sido retenida por grupos ilegales ​en esta zona del país.

“La oportuna colaboración de la población civil fue… pic.twitter.com/8MMzEGBRNQ

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 15, 2026

Operativo permitió ubicar a Marlene Cuartas en Canaletal

Las autoridades tuvieron conocimiento de la retención durante la madrugada del lunes y, aproximadamente a las 5:30 de la mañana, las tropas iniciaron el despliegue para localizar a la mujer.

El operativo incluyó un plan candado y cierre de vías en puntos estratégicos, además de movimientos tácticos para ampliar el área de búsqueda y dificultar la salida de los responsables.

De acuerdo con el reporte entregado por el Ejército, estas acciones permitieron avanzar sobre la zona hasta llegar al corregimiento de Canaletal. Allí fue encontrada Marlene Cuartas, quien estaba a orillas de un brazo del río Magdalena.

La institución indicó que la mujer quedó bajo protección de las autoridades después de ser localizada. En paralelo, continúan las acciones para establecer quiénes participaron en su retención.

Marlene Cuartas había sido retenida en una finca de Simití

La retención ocurrió durante la madrugada del lunes en el corregimiento de Monterrey, en jurisdicción de Simití. Hombres armados llegaron hasta la finca donde se encontraba Cuartas y se la llevaron por la fuerza.

En las primeras horas del caso, las autoridades desplegaron tropas en la zona para establecer el paradero de la mujer. Para ese momento, ningún grupo armado se había atribuido públicamente la retención ni existía claridad sobre el móvil.

Marlene Cuartas es la esposa del exalcalde Jesús Alberto Ramírez Carmona, quien gobernó Simití entre 2016 y 2019 y murió en noviembre de 2023.

El Ejército informó que mantiene presencia en el sur de Bolívar para proteger a las comunidades y continuar las operaciones contra los grupos armados que actúan en esta región.

(Vea también: “Esto ya no es normal”: ciudadanos se desahogan luego de enjambre de temblores de este lunes)

Según esa entidad, el evento ocurrió a las 3:18 a. m., hora local, y alcanzó una magnitud de 3,4. El SGC ubicó la profundidad en 40 kilómetros, por lo que se trató de un sismo de profundidad intermedia.

El organismo mantiene habilitado el sistema Sismo Sentido, mediante el cual las personas que percibieron el movimiento pueden reportar dónde lo sintieron y qué intensidad tuvo la percepción.

Por otra parte, ese nuevo evento ocurre después de otros movimientos registrados en Istmina durante las últimas horas, aunque el boletín del SGC no establece una relación entre ellos.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-15, 03:18 hora local Magnitud 3.4. Profundidad 40 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/zQUC8de2fD

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 15, 2026

Istmina registró varios movimientos en las últimas horas

La madrugada del martes comenzó con otro sismo en Istmina. A las 12:02 a. m., el SGC reportó un movimiento de magnitud 3,2 y 37 kilómetros de profundidad.

Ese evento ocurrió pocas horas después del sismo registrado a las 11:18 p. m. del lunes 14 de septiembre, también en Istmina, con magnitud 3,2 y una profundidad de 37 kilómetros.

Durante la tarde del lunes, el municipio chocoano también apareció en los reportes del SGC por varios movimientos de mayor magnitud. La actividad incluyó eventos que alcanzaron magnitudes superiores a 4, por lo que el nuevo sismo de las 3:18 a. m. se suma a una jornada con varios registros sísmicos en la zona.

¿Dónde se sintió el sismo de magnitud 3,4?

El movimiento fue reportado por ciudadanos en Armenia, Ibagué y Medellín. En la capital del Quindío, una persona confirmó que lo sintió, mientras que en Ibagué el reporte indicó que fue leve desde un piso 11.

En Medellín, otro ciudadano señaló que el sismo se sintió fuerte. También hubo un reporte de una persona que aseguró que el movimiento la despertó.

Estos testimonios corresponden a reportes ciudadanos registrados en la publicación en X del SGC, por lo que describen la percepción del temblor en distintos lugares.

(Vea también: Luto en el periodismo colombiano: murió leyenda que hizo historia en la televisión nacional)

El fallecimiento fue confirmado el jueves 10 de septiembre de 2026 y la noticia fue recibida con mensajes de reconocimiento por parte de autoridades y personas que compartieron con él durante su trayectoria. Entre quienes lamentaron su partida estuvo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien aseguró conocerlo desde su infancia.

Hasta el momento, los familiares de Canro no han entregado públicamente detalles sobre la causa de su muerte. Algunos reportes regionales señalaron que su fallecimiento ocurrió después de una intervención quirúrgica, pero esa circunstancia no fue precisada en el reporte de Noticias RCN.

Más allá de su trabajo frente a los micrófonos, Canro dejó una trayectoria vinculada con la comunicación local, la cultura y la defensa de la historia de Funza. Su nombre estuvo ligado durante años a espacios informativos y actividades que buscaban darle protagonismo a las comunidades de la Sabana.

Henry Canro dejó una huella en la radio y la prensa regional

Uno de sus principales aportes fue la creación de Bacatá Stereo, emisora que inició transmisiones el 12 de enero de 1990. Canro estuvo al frente del proyecto y consiguió consolidarlo como uno de los referentes de la comunicación local en Funza.

También fundó el periódico La Tribuna, desde donde mantuvo su vínculo con la información de la región. Su trabajo periodístico estuvo especialmente relacionado con asuntos políticos, procesos electorales y acontecimientos deportivos, temas que cubrió durante buena parte de su carrera.

Su actividad no se limitó a los medios. En 1984 impulsó el Festival Cultural de la Sabana, iniciativa que hizo parte de su trabajo por promover expresiones culturales en Funza. También participó en proyectos relacionados con la cultura y el turismo del municipio.

Jorge Emilio Rey recordó al periodista Henry Canro

El gobernador Jorge Emilio Rey dedicó un mensaje a Canro luego de conocerse su fallecimiento. El mandatario recordó que lo conocía desde pequeño y destacó su participación en actividades deportivas y culturales de Funza.

Rey también mencionó los campeonatos de microfútbol que Canro organizaba hace más de cuatro décadas en la plazoleta Marqués de San Jorge, escenario en el que, según su relato, comenzó a dar sus primeros pasos en los comentarios deportivos y la narración.

El gobernador destacó además la independencia con la que el periodista cubrió distintos momentos de su carrera política. Según recordó, Canro estuvo pendiente de varias de sus etapas públicas y era una de las voces que seguía durante las jornadas electorales.

“Le abrió campo al periodismo regional” fue una de las ideas centrales del homenaje de Rey, quien también resaltó las dificultades que Canro enfrentó para consolidar sus proyectos de comunicación.

Me entristece la pérdida de Henry Canro, a quien conocí desde mi infancia. Siempre activo, propositivo en la organización de eventos deportivos y culturales, y un gran amante del periodismo. Defensor de la historia de su pueblo.

Recuerdo los campeonatos de microfútbol que… pic.twitter.com/Ef3durpWwJ

— Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 11, 2026

Legado de Henry Canro en la cultura de Funza

El vínculo de Henry Canro con Funza fue más allá de su actividad periodística. Durante años participó en iniciativas culturales y comunitarias, con especial interés en preservar la identidad y la historia de su municipio.

Entre esas actividades estuvieron concursos de grupos musicales, encuentros de danza y recitales, proyectos que, según el recuerdo del gobernador, hicieron parte de su apuesta por acercar la cultura a los habitantes de la región.

Su fallecimiento deja un capítulo importante para el periodismo regional de Cundinamarca, especialmente en Funza, donde su nombre quedó asociado con la radio, la prensa local, el deporte y las actividades culturales que impulsó durante décadas.

(Vea también: Dan a conocer zonas de Colombia con mayor riesgo de terremoto; SGC habló de varios departamentos)

El movimiento ocurrió a las 12:02 de la madrugada, hora local, y tuvo una magnitud de 3,2. El organismo reportó además una profundidad de 37 kilómetros y ubicó el evento en inmediaciones de Istmina.

El registro apareció pocos minutos después de otro sismo reportado en el mismo municipio a las 11:18 de la noche del lunes, también de magnitud 3,2. Este nuevo evento se suma así a la actividad sísmica que ha mantenido la atención sobre esta zona de Chocó durante la jornada.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-15, 00:02 hora local Magnitud 3.2. Profundidad 37 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/GoOe1seCTs

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 15, 2026

Temblor

Istmina registró varios sismos durante el lunes

(Vea también: Hallan el cuerpo de una mujer desaparecida tras choque de embarcaciones en el embalse de Tominé, Guatavita)

La mujer que quedó inconsciente después de lanzarse por un tobogán en un centro recreativo de Cocorná, Antioquia, fue auxiliada rápidamente luego del fuerte impacto contra el agua. El momento quedó registrado en video y volvió a llamar la atención por la preocupación que causó entre quienes presenciaron la emergencia.

Las imágenes muestran a la joven descendiendo por la atracción y entrando a la piscina. Después del impacto, permaneció inmóvil durante varios segundos, situación que alertó a las personas que estaban cerca y llevó a que intervinieran para sacarla del agua.

Según informó El Tiempo, posteriormente el personal encargado del lugar participó en el rescate. En medio de la emergencia, utilizaron un salvavidas y entraron a la piscina para llegar hasta la mujer y ponerla a salvo.

Sin embargo, la principal incógnita después del accidente está relacionada con su estado de salud. Hasta el momento no se conoce un parte médico oficial que permita establecer si sufrió lesiones.

 

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¿Qué se sabe sobre la salud de la mujer que se lanzó en tobogán en Antioquia?

Aunque el impacto contra el agua causó preocupación entre quienes presenciaron la escena, la mujer logró recuperarse después de recibir atención en el mismo lugar. Según la información conocida por el citado medio, no fue necesario trasladarla a un centro asistencial.

Después de la atención recibida en el parque recreativo, la joven salió del lugar por sus propios medios. Este dato permite conocer qué ocurrió con ella después del momento que quedó registrado en video y que alarmó a los visitantes.

El caso mantiene la atención sobre las circunstancias del accidente, pues el golpe ocurrió al finalizar el recorrido por el tobogán y dejó a la mujer inconsciente durante algunos segundos.

El rescate quedó registrado en video

El registro que circula en redes sociales muestra la reacción de las personas que estaban en el centro recreativo. Tras advertir que la mujer permanecía inmóvil dentro de la piscina, varias personas acudieron para ayudarla.

El episodio también abrió una conversación en redes sociales sobre las condiciones de seguridad de este tipo de atracciones acuáticas. Usuarios cuestionaron aspectos relacionados con la operación de los toboganes y las medidas que deben existir para responder ante emergencias.

(Vea también: Dan a conocer zonas de Colombia con mayor riesgo de terremoto; SGC habló de varios departamentos)

El temblor ocurrió a las 11:18 p. m., hora local, y tuvo una magnitud de 3,2. El organismo ubicó su profundidad en 37 kilómetros y señaló a Istmina como municipio de referencia para el epicentro.

La notificación de la entidad se conoció horas después de la intensa actividad sísmica registrada durante la jornada en esta zona del departamento. En la tarde, el SGC informó varios movimientos de mayor magnitud con epicentro en Istmina, incluido uno que alcanzó magnitud 4,9.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-14, 23:18 hora local Magnitud 3.2. Profundidad 37 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/2VTpS8Qoe2

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 15, 2026

¿Dónde se sintió el temblor de magnitud de 3,2 en Istmina (Chocó)?

Los primeros reportes de usuarios señalan que el movimiento también fue percibido en diferentes zonas de Antioquia, Valle del Cauca y Quindío.

Entre los comentarios recibidos aparecen Sabaneta, Antioquia, y el norte de Cali, donde una persona ubicada en un octavo piso describió que el temblor se sintió de manera muy leve.

También hubo reportes desde Armenia, mientras que en Yumbo, Valle del Cauca, un usuario comparó la sensación con el paso de un camión: “Se sintió como si un camión pasara”.

Estos testimonios corresponden a reportes ciudadanos recopilados mediante la plataforma Sismo Sentido y pueden variar según la ubicación, el tipo de construcción y el lugar donde se encontraba cada persona al momento del movimiento.

Istmina volvió a registrar actividad sísmica

La actividad sísmica de este lunes tuvo varios episodios en Istmina, Chocó. El movimiento de las 11:18 p. m. se suma a los registrados previamente durante la jornada.

De acuerdo con reportes publicados durante el día, el SGC registró un evento inicial de magnitud 4,5, seguido por otros movimientos en el mismo sector. Posteriormente, hacia las 4:13 p. m., fue reportado otro sismo de magnitud 4,9 y profundidad superficial.

Este contexto ha mantenido la atención sobre el comportamiento sísmico en el departamento, especialmente por tratarse de una región que también ha registrado movimientos durante las últimas semanas.

Sin embargo, cada evento debe analizarse de acuerdo con sus propios parámetros. En este caso, el SGC reportó una magnitud de 3,2 y una profundidad de 37 kilómetros.

¿Cómo y para qué reportar un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano mantiene habilitada la plataforma Sismo Sentido para recopilar los reportes de las personas que perciben los movimientos telúricos.

A través de este mecanismo, los ciudadanos pueden informar dónde estaban y cómo experimentaron el sismo. Esta información complementa los datos obtenidos por la red instrumental que monitorea la actividad sísmica en Colombia.

El llamado del SGC está dirigido a quienes hayan sentido el movimiento registrado a las 11:18 p. m. en Istmina, para que aporten su reporte mediante la plataforma oficial.

(Vea también: Vicky Dávila revela cuál es el puesto al que aspiraría Paloma Valencia luego de elecciones)

Valencia explicó que el escenario inicial apuntaba a que el Gobierno de Abelardo De la Espriella respaldaría a Alfredo Deluque para ocupar la Presidencia del Senado. Según su relato, Deluque había acompañado al proyecto político de Gustavo Petro durante los primeros años de su administración, pero posteriormente tomó distancia y se acercó al nuevo Gobierno.

En medio de ese escenario, el Centro Democrático decidió mantener su candidatura para la Presidencia del Senado. La elección terminó favoreciendo a Honorio Henríquez, quien recibió votos de sectores que, hasta entonces, habían mantenido fuertes diferencias políticas con el partido.

La exsenadora aseguró que uno de los factores decisivos estuvo en la postura adoptada por el Pacto Histórico, cuyos integrantes terminaron respaldando al candidato del Centro Democrático.

La explicación de Paloma Valencia sobre los votos del Pacto Histórico

Valencia aseguró que la decisión no fue producto de un acuerdo entre las dos colectividades, sino de una instrucción impartida desde el sector político de Gustavo Petro.

En el video que compartió en redes sociales, la excandidata sostuvo que el Pacto Histórico votó por Henríquez pese a la confrontación que durante años había mantenido con el uribismo y el Centro Democrático.

Su interpretación es que ese sector político consideró necesario respaldar una opción que representara, según sus palabras, la defensa de las instituciones y la democracia.

La decisión terminó siendo determinante para que Henríquez asumiera la Presidencia del Senado, en una elección que Valencia calificó como un episodio “impresionante” por el giro que significó en las posiciones de ambas fuerzas políticas.

El Pacto Histórico, que persiguió a Uribe y pateó la institucionalidad durante años, tuvo que reconocer que cuando se trata de defender las instituciones y actuar correctamente, uno puede votar por Uribe y el Centro Democrático. pic.twitter.com/oWWKmj7icu

— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) September 15, 2026

Paloma Valencia negó un supuesto pacto entre Petro y Uribe

La votación también abrió espacio para especulaciones sobre un posible acercamiento entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe. Valencia se refirió a esa versión y negó que detrás de la elección existiera un pacto entre los dos expresidentes.

Según explicó, esa interpretación surgió después de que el Pacto Histórico terminara apoyando a un candidato del Centro Democrático. Para ella, fueron sectores políticos más radicales los que plantearon la existencia de un acuerdo entre Petro y Uribe.

“El partido tomó la decisión de no retirar su candidatura. La sorpresa fue que el Pacto Histórico de Petro, por instrucción de Petro, vota por el candidato del Centro Democrático”, indicó Valencia.

Valencia sostuvo que la votación tuvo otra explicación: ante lo que consideraban una amenaza para las instituciones, integrantes del Pacto Histórico habrían optado por respaldar a un candidato identificado con el uribismo.

(Vea también: Revelan las regiones de Colombia donde un terremoto tendría menor impacto; solo hay dos) 

El movimiento ocurrió a las 9:29 de la noche, hora local, y tuvo una profundidad superficial. El epicentro fue ubicado en jurisdicción de Dabeiba, municipio del occidente antioqueño.

Por tratarse de un evento de magnitud baja, la percepción del movimiento puede variar dependiendo de la distancia al epicentro y de las condiciones del lugar donde se encontraban las personas al momento del temblor.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-14, 21:29 hora local Magnitud 2.6. Profundidad superficial, Dabeiba – Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/juLZcjIjZs

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 15, 2026

El Servicio Geológico Colombiano cuenta con la plataforma Sismo Sentido para recopilar información de las personas que perciben los movimientos telúricos.

El reporte permite aportar datos sobre la percepción del temblor en diferentes zonas y ayuda a complementar la información instrumental obtenida por la red de monitoreo sísmico.

Quienes hayan sentido este sismo en Dabeiba o en otros municipios pueden ingresar a la plataforma oficial y registrar su experiencia.

(Destacado: Congreso aprueba que Presupuesto de 2027 de Colombia sea de $ 635 billones, en línea con lo pedido por el Gobierno)

Montoya es profesional en derecho, egresado de la Universidad del Sinú, con una especialización en manejo de conflictos de la Universidad del Norte y otra en derecho procesal civil de la Universidad Externado.

Dentro de su trayectoria profesional se incluye su paso como asesor de gestión por la Auditoría General de la República y como gerente de asuntos externos y de relaciones laborales de Cerro Matoso.

También se desempeñó como asesor contratista en la Defensoría del Pueblo y en la Alcaldía de Montería.

El momento quedó registrado en un video de cerca de un minuto y medio. En las imágenes se observa a la mujer deslizándose boca abajo por el rodadero hasta llegar al final, donde salió impulsada con tanta fuerza que se elevó varios metros antes de caer de frente contra el agua.

El impacto fue tan fuerte que la joven quedó sumergida y no volvió inmediatamente a la superficie. La caída terminó en un fuerte ‘planchazo’, mientras las personas que estaban pendientes de la piscina reaccionaron rápidamente al notar que algo no estaba bien.

#PELIGRO 💀 Una joven quedó inconsciente dentro de una piscina tras impactar brutalmente contra el agua al lanzarse por un tobogán en un centro recreativo de Cocorná, Antioquia, un caso que pone en evidencia la urgencia de exigir controles técnicos en estas atracciones acuáticas. pic.twitter.com/h4yhGcTcuE

— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 14, 2026

Varios guardianes y visitantes entraron al agua para auxiliarla. En total, más de cinco personas colaboraron para sacarla de la piscina y ayudarla a recuperar la respiración. En medio de la preocupación, una persona alcanzó a decir: “Ay, se desmayó, se le fue el aire, se sacó el aire”.

Posteriormente, los presentes consiguieron que la joven recuperara la conciencia. Luego la estabilizaron y revisaron sus signos vitales para comprobar su estado después del fuerte golpe.

Finalmente, la mujer logró recuperarse y recibió atención en el sitio, por lo que no fue trasladada a un centro asistencial. Habría salido del parque por sus propios medios. Hasta el cierre de la información, el establecimiento no había emitido un comunicado oficial sobre el caso.

En palabras del propio Lara, “aquí no hay nada oculto. Asumir la verdad fiscal es el primer paso para resolverla. Y sincerar es el primer paso de la austeridad: recortar lo superfluo, la politiquería y la corruptela”. Bajo ese enfoque, el ministro del Interior detalló que todas las entidades nacionales están en un proceso de ajuste del gasto, por lo que pronto deberán anunciar nuevas reducciones para lo que resta del año. Después de este diagnóstico, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentará un proyecto de recorte adicional que contempla, entre otras medidas, la fusión y el cierre de ministerios, en consonancia con la propuesta del presidente De la Espriella de pasar de 18 a 13 carteras. Gómez manifestó que ve con buenos ojos este cambio, aunque la reforma deberá ser aprobada por el Congreso.

En medio de este ambiente de modificaciones estatales, el Gobierno también alista un proyecto de reforma constitucional para modificar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Según Lara, el objetivo es que la gestión parlamentaria sea reconocida y tramitada “a la vista de todos”, dejando de lado cualquier actuación oculta.

Las reacciones desde el Congreso no se hicieron esperar. Mientras el senador David Racero (Pacto Histórico) calificó la aprobación del monto como “inconstitucional” y advirtió sobre una posible demanda si el presupuesto se mantiene sin cambios, Christian Garcés (Centro Democrático) celebró la sinceridad en las cifras y señaló que las próximas semanas se dedicarán a ajustar los gastos de funcionamiento y la inversión. El proceso seguirá hasta el 25 de septiembre en comisiones y luego hasta el 20 de octubre en plenarias; si no hay acuerdo, el presidente De la Espriella podrá expedir el presupuesto con las modificaciones hechas en comisión.

¿Cuál es el proceso para la aprobación final del presupuesto general en Colombia?

El procedimiento inicia con el debate y votación del monto global en las comisiones económicas del Congreso. Después, se discute y aprueba el articulado hasta el 25 de septiembre. Posteriormente, las plenarias tienen plazo hasta el 20 de octubre para su aprobación total. Si esto no ocurre en ese tiempo, el presidente tiene la facultad de expedir el presupuesto integrando las modificaciones dispuestas en comisión.

¿Qué implica el ajuste y recorte de ministerios en la propuesta del Gobierno?

La propuesta incluye la reducción del número de ministerios, pasando de 18 a 13. Este ajuste implicaría la fusión y cierre de algunas carteras, siguiendo el compromiso de austeridad anunciado por el Ejecutivo. El objetivo es recortar gasto público y combatir lo que el Gobierno describe como “superfluo, politiquería y corruptela”, aunque la decisión final corresponde al Congreso.

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En primer lugar, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien encabeza el debate económico, detalló ante el Congreso que existe la propuesta de eliminar ciertos ministerios y fusionar otros, con el objetivo de lograr procesos más eficientes en la gestión pública. Aunque Gómez no presentó una cifra concreta ni una fecha para los cambios, explicó que la meta es reducir el número de ministerios de 18 a 13, una de las promesas de campaña de De la Espriella. Sin embargo, esta modificación requiere un trámite a través del Congreso, ya que implica una reforma al Estado que debe ingresar como un proyecto de reforma constitucional. Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, adelantó que en noviembre se radicará “un proyecto de recorte”, pero los detalles siguen siendo reservados.

Otra cartera que ha reconocido la urgencia de adecuar el gasto fue el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según el canciller Omar Bula, el déficit del Fondo Rotatorio del Ministerio se originó por el aumento inesperado de gastos relacionados con la apertura y ampliación de misiones diplomáticas, sin el análisis previo suficiente. Por tal motivo, anunció la puesta en marcha de sistemas de control que permitan visualizar cifras de rendimiento de cada embajada y consulado, así como el impacto en comercio, relaciones e ingresos, mediante mediciones concretas y periódicas.

Omar Bula enfatizó que el Ministerio “no puede seguir sufriendo esta paquidermia pública” y que se deben aplicar prácticas similares a las de una empresa privada. A pesar de esto, aún no existe una decisión clara sobre el cierre de embajadas, aunque el presidente De la Espriella lo había mencionado como parte del ajuste estatal antes de su posesión. Desde el inicio de su gobierno, De la Espriella exigió una revisión detallada de los contratos en todas las entidades, y varios ministros han comunicado el incremento en la contratación de prestación de servicios, algo advertido previamente por los entes de control. Este aspecto podría ser el primer cambio sin requerir aprobación del Congreso.

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¿Cuáles son los ministerios que podrían desaparecer o fusionarse en el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, indicó que podría reducirse el número actual de ministerios de 18 a 13, siguiendo la promesa de campaña de De la Espriella. Sin embargo, aún no se han detallado cuáles serán eliminados o fusionados, ya que el proceso depende de una reforma constitucional y la información disponible solo hace referencia a la intención de optimizar la estructura estatal.

¿Por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores enfrenta un déficit y cómo planea solucionarlo?

Según relatos del canciller Omar Bula, parte del déficit actual del Ministerio se debe al incremento no planificado de gastos relacionados con la expansión de misiones diplomáticas y embajadas. Para enfrentar esto, el Ministerio implementará tableros de control con datos de desempeño y medición de resultados de cada embajada y consulado, buscando eficiencia y adaptación a una política más austera.

Este documento, de siete páginas, expone la hoja de ruta para la presencia más decidida del Estado en los territorios, con la intención de fortalecer tanto el piso jurídico como el apoyo político de lo que el gobierno denomina la “patria milagro”. Dentro de su contenido, se prioriza el acercamiento entre el Estado y la ciudadanía, proponiendo que las instituciones lleguen a los espacios donde habita la población y, simultáneamente, sean objeto de escrutinio público. Esto busca, como señala uno de los apartados del texto, ordenar la agenda legislativa en torno a dos líneas narrativas principales, además de una tercera enfocada en medidas relativas al sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026.

La agenda fue diseñada bajo la dirección de Rodrigo Lara Restrepo, actual ministro del Interior, y se ha presentado a varios congresistas en reuniones de socialización, con énfasis en la Cámara de Representantes. Su propósito esencial es avanzar en cuatro grandes frentes legislativos, aunque los detalles aún no han sido divulgados completamente debido al proceso de construcción que sigue abierto en la Casa de Nariño.

El objetivo de fortalecer la transparencia en las relaciones parlamentarias se suma al de potenciar la presencia estatal, conformando así una agenda legislativa estructurada pero flexible. El documento del Ministerio del Interior subraya la intención de que las leyes y reformas que pronto serán discutidas permitan al gobierno consolidar una institucionalidad cercana y abierta, en línea con los intereses de “la gente que vive en el territorio”, y preparada para responder con prontitud ante situaciones excepcionales como el reciente sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales líneas de la nueva agenda legislativa del Ministerio del Interior?

La nueva agenda legislativa del Ministerio del Interior se estructura sobre dos líneas narrativas principales: el fortalecimiento de la presencia estatal en los territorios y el impulso de relaciones parlamentarias más transparentes. Además, integra una tercera línea orientada a enfrentar los desafíos derivados del sismo del 10 de agosto de 2026. Estas prioridades buscan acercar el Estado a la ciudadanía y asegurar que su accionar sea visible y controlado por la sociedad, de acuerdo con información de El Espectador.

¿Qué significa “patria milagro” en el contexto de la agenda legislativa del gobierno?

El término “patria milagro” alude a la visión del gobierno de cimentar una base política y jurídica que permita un desarrollo institucional reforzado y una presencia estatal efectiva en los territorios. En este contexto, la expresión resume el objetivo de las reformas propuestas en el documento “ABC de la agenda legislativa y regulatoria”, priorizando la cercanía del Estado con la sociedad y la respuesta oportuna ante emergencias como la del sismo reportado en 2026.

(Vea también: Ideam emite pronóstico del clima para Colombia este lunes: regiones con lluvias y alerta por incendios

Las lluvias mantienen bajo vigilancia diferentes zonas del país debido a la posibilidad de aumentos repentinos en el nivel de los ríos y quebradas. En áreas con antecedentes de inestabilidad del terreno también existe riesgo de movimientos en masa.

Entre los departamentos con mayor atención aparecen Antioquia, Chocó, Cauca y Valle del Cauca, donde las condiciones meteorológicas pueden favorecer la ocurrencia de crecientes súbitas y deslizamientos.

El panorama también incluye otros riesgos asociados con las condiciones del tiempo. El Ideam reporta una alta probabilidad de incendios forestales en municipios de varios departamentos, principalmente en zonas del Caribe y otras regiones del país.

#ACTUALIDAD | El IDEAM mantiene alertas por lluvias, crecientes súbitas y deslizamientos en varias regiones del país, especialmente en zonas de Antioquia, Chocó, Cauca y Valle del Cauca. Además, hay alta probabilidad de incendios forestales en municipios de Atlántico, Cauca,…

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 12, 2026

¿Qué departamentos están en alerta por incendios forestales?

El riesgo de incendios forestales se concentra en municipios de Atlántico, Cauca, Huila, La Guajira, Magdalena y Tolima, además de otras zonas del Caribe colombiano.

Esta condición implica especial atención en áreas donde las condiciones meteorológicas favorezcan la propagación del fuego. Por ello, el monitoreo se mantiene activo en los territorios incluidos en las alertas.

Las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo deben permanecer atentos a las condiciones reportadas por el IDEAM, especialmente en las zonas donde coinciden lluvias intensas, crecientes súbitas o inestabilidad del terreno.

El reporte meteorológico mantiene así varios frentes de vigilancia en el país, con riesgos diferentes según cada región: mientras algunas zonas enfrentan posibles emergencias por exceso de lluvia, otras presentan condiciones favorables para incendios forestales.

Para las próximas horas en amplios sectores del territorio nacional se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Específicamente, sobre la región Pacífica, norte de la Caribe, centro y sur de la Andina, centro y noroccidente de la Orinoquia y… pic.twitter.com/3oDRvRhKxE

— Ideam Colombia (@IDEAMColombia) September 11, 2026

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos investigados indican que los tres hermanos, junto con otras personas, irrumpieron en un establecimiento comercial e intimidaron a la víctima principal utilizando una escopeta y armas blancas. En ese momento, según el informe del ente judicial, Juan Gabriel Vera Fernández habría sido el responsable de accionar un arma de fuego y ocasionar la muerte de la persona afectada. Simultáneamente, José Manuel y Andrés Vera Fernández, al parecer, dieron la orden de retener y someter a actos de tortura a dos ciudadanos presentes en el lugar.

La investigación señala que los hermanos habrían entregado a estos dos testigos un lazo y bolsas con el fin de que eliminaran las evidencias, obligándolos a retirar y ocultar el cuerpo sin vida de la víctima. Por estos actos, la Fiscalía les imputó varios delitos: homicidio, secuestro y tortura, señalados como conductas agravadas; homicidio en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Estas acusaciones conllevan penas más severas debido a la gravedad y las circunstancias de los hechos, así como la posible vinculación a grupos armados organizados.

Las diligencias y cargos formulados por la Fiscalía serán presentados ante la justicia, donde José Manuel, Juan Gabriel y Andrés Vera Fernández deberán responder por los hechos procesales que se les atribuyen. La información disponible fue reportada y confirmada por la Fiscalía General de la Nación, una de las principales fuentes judiciales del país.

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¿Por qué la Fiscalía acusó a los hermanos de “Iván Mordisco” en el caso de El Peñón, Cundinamarca?

La Fiscalía acusó formalmente a los hermanos de “Iván Mordisco” porque, según la investigación, participaron en el homicidio de un hombre y en la retención ilegal y tortura de dos testigos, hechos que ocurrieron en El Peñón, Cundinamarca, el 17 de enero. Estas acciones habrían incluido intimidación con armas, homicidio y la obligación de ocultar el cuerpo de la víctima.

¿Cuáles son los delitos agravados que enfrentan los hermanos Vera Fernández según la Fiscalía?

Los hermanos Vera Fernández enfrentan cargos por homicidio, secuestro y tortura, todos calificados como delitos agravados, además de homicidio en grado de tentativa y delitos relacionados con el uso, porte y adquisición de armas de fuego, de acuerdo con la información reportada por la Fiscalía General de la Nación.

(Vea también: Otro temblor de 4,5 sacudió a Chocó, en seguidilla de sismos este lunes; epicentro volvió a ser Istmina)

La actividad sísmica despertó especial atención porque varios movimientos se presentaron en pocas horas y algunos fueron percibidos en municipios del Valle del Cauca.

En redes sociales, algunas personas manifestaron que permanecen atentas ante la posibilidad de nuevos movimientos, mientras otras contaron cómo vivieron los sismos.

“Esto ya no es normal. Debemos estar atentos y alerta esta noche. Un día demasiado activo”, escribió un usuario al referirse a la seguidilla de movimientos.

Otra persona preguntó si la frecuencia de los sismos podría llevar a una eventual alerta, aunque ese tipo de decisiones corresponden exclusivamente a las autoridades y no pueden determinarse a partir de comentarios publicados en redes sociales.

“He sentido cada una de las réplicas”

Entre las reacciones también aparecieron personas que aseguraron haber sentido varios de los movimientos registrados durante la jornada.

“He sentido cada una de las réplicas”, comentó otro ciudadano, reflejando la preocupación que existe entre quienes han percibido repetidamente la actividad sísmica.

Otros usuarios se preguntaron si es normal que se presenten tantos movimientos en un periodo corto después del terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

La inquietud se entiende en un contexto en el que varias regiones del país todavía recuerdan los daños ocasionados por aquel terremoto y permanecen atentas a cualquier nuevo movimiento.

Sin embargo, la cantidad de comentarios en redes sociales no permite establecer por sí sola la magnitud o el alcance de la actividad sísmica. Para conocer las características de cada movimiento es necesario acudir a los reportes del Servicio Geológico Colombiano.

Temblor también se sintió en Buga

Uno de los testimonios llegó desde Buga, Valle del Cauca, donde una persona relató que sintió el movimiento mientras se encontraba dentro de un vehículo.

“Lo sentí en el carro. Se movió alrededor de unos cuatro o cinco segundos de lado a lado estando estacionado, pero incluso creí que era alguna sensación mía. No fue demasiado fuerte honestamente”, contó.

El testimonio muestra que los movimientos fueron percibidos en lugares diferentes al departamento donde se ubicó el epicentro.

El SGC reportó durante la tarde un nuevo sismo de magnitud 4,5 con epicentro en Istmina y una profundidad de 49 kilómetros, registrado a las 5:39 p. m.

Ese movimiento se sumó a otros registrados durante la jornada y mantuvo la atención de los ciudadanos sobre la actividad sísmica en la zona.

Acá, algunas de las reacciones:

Buga, Valle. Lo sentí en el carro. Se movió alrededor de unos cuatro o cinco segundos de lado a lado estando estacionado pero incluso creí que era alguna sensación mía. No fue demasiado fuerte honestamente.

— Antoni Doroteo (@antoni_doroteo) September 14, 2026

Entiendo que es natural que siga pasando luego de un terremoto, pero tantas replicas en tan corto tiempo?

— katherine🤍 (@nohamirame) September 14, 2026

Supongo que si este enjambre supera los 5 y sigue ahí ya tienen que declarar la alerta naranja o roja

— jefferson (@jeffersona4mv) September 14, 2026

Esto ya no es normal debemos estar atento y alerta esta noche un día demasiado activo pic.twitter.com/HKUulamq09

— © 8A⚕️ (@cesarochoaS) September 14, 2026

El primer movimiento ocurrió a las 3:02 p. m. y tuvo una magnitud de 4,9, con una profundidad de 39 kilómetros. De acuerdo con el SGC, dos minutos después, a las 3:04 p. m., se presentó otro sismo, esta vez de magnitud 4,1 y con una profundidad calculada en 41 kilómetros.

Vea también: “Empezaron a correr”: pánico en Chocó y Valle por 3 sismos en 6 minutos; evacuaron varios edificios

La actividad continuó pocos minutos después. A las 3:08 p. m., la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) registró un tercer movimiento de magnitud 4,4, localizado a unos 40 kilómetros de profundidad. Cerca de una hora después, a las 4:13 p. m., ocurrió otro sismo de magnitud 4,9 y 39 kilómetros de profundidad, nuevamente con epicentro en Itsmina.

¿Por qué están ocurriendo tantos sismos en Chocó?

El SGC explicó que estos movimientos hacen parte del “enjambre sísmico” identificado en la zona y reportado por la entidad semanas atrás. Freddy Tovar, coordinador de la RSNC, señaló que, hasta las 4:30 p. m., la red había recibido más de 2.000 reportes de personas que sintieron los movimientos, principalmente desde Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Antioquia y Tolima.

Pero ¿qué significa exactamente un enjambre sísmico? El SGC explica que se trata de una secuencia de temblores en la que no se identifica un único evento principal. Es decir, pueden aparecer varios sismos de distintas magnitudes dentro de un mismo periodo de actividad.

🗣️ Este 14 de septiembre de 2026, la Red Sismológica Nacional de Colombia del Servicio Geológico Colombiano registró cuatro sismos de magnitud superior a 4, con epicentro en Istmina, Chocó.

📹 Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, nos… pic.twitter.com/OQf9OJFmDV

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 14, 2026

Además, el SGC aclara que estos episodios pueden extenderse durante días, semanas o incluso meses y después disminuir progresivamente hasta desaparecer. Por eso, que se registren varios temblores seguidos no permite saber por sí solo cómo continuará la actividad sísmica.

Ante esta situación, el SGC recomendó a la ciudadanía consultar únicamente los canales oficiales para conocer las novedades y evitar conclusiones basadas en información no verificada. La entidad mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en Colombia.

El primer nombre destacado es el de Jaime Uribe, quien quedó a la cabeza de la gerencia del “Fondo Milagro”. Este fondo fue creado oficialmente por el decreto 1379 de 2026 y, de acuerdo con la norma, las obligaciones de Uribe incluyen preparar y entregar el Plan General de Intervención, Recuperación y Reconstrucción, además de formular el presupuesto y plan anual de contratación. Debe, además, coordinar la vigilancia de los contratos resultantes, proponer alternativas ante retrasos o irregularidades y ser el puente con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, las entidades del Presupuesto General de la Nación y las administraciones locales. Todos los funcionarios “especiales” nombrados por la emergencia tendrán que rendirle cuentas directamente.

Otro personaje clave es Juan Manuel Muñoz, asignado para el Valle del Cauca. Inicialmente estaba planeado su traslado como embajador a Brasil, pero el presidente prefirió darle un papel protagónico en la reconstrucción. Cabe recordar que Muñoz ya había consolidado una relación con De la Espriella, pues fue el gerente de campaña en ese mismo departamento.

Por el lado del Chocó, se destaca la participación de José Leonidas Tobón, viceministro de Desarrollo Rural en el Ministerio de Agricultura. Tobón, oriundo del Chocó, ya mantenía contacto con las autoridades locales antes de aceptar este nuevo reto. Finalmente, la más reciente designación es la de Ana María Cuartas Saldarriaga, directora ejecutiva de la Sociedad de Mejoras de Pereira – ProRisaralda desde 2018, ahora encargada de la reconstrucción en Risaralda.

A estas figuras se suma el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien coordinará el llamado “‘plan milagro’ de reconstrucción”. De acuerdo con De la Espriella, la tarea será articulada entre Gobierno nacional, constructores, sector financiero, aseguradoras y los líderes locales en cada zona afectada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes lideran la reconstrucción en las regiones tras el terremoto en Chocó?

Según El Espectador, la reconstrucción en las zonas afectadas la lideran figuras como Jaime Uribe, encargado del Fondo Milagro; Juan Manuel Muñoz en Valle del Cauca; José Leonidas Tobón en Chocó y Ana María Cuartas Saldarriaga en Risaralda. Todos ellos trabajan bajo la coordinación del Gobierno nacional y especialmente del ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán, articulando esfuerzos municipales, departamentales y sector privado.

¿Qué funciones tiene el Fondo Milagro en la reconstrucción tras el terremoto de Chocó?

El Fondo Milagro, de acuerdo con el decreto 1379 de 2026 citado por El Espectador, tiene la tarea de definir y ejecutar el Plan General de Intervención, gestionar el presupuesto para reconstrucción, supervisar los contratos, proponer soluciones a dificultades y coordinar a los organismos estatales responsables de atender la emergencia y las etapas posteriores al desastre.

De acuerdo con la información oficial, los cargos formulados a los involucrados ahora corresponden a constreñimiento ilegal, intimidación con arma no letal y acceso abusivo a sistema informático. A pesar del cambio de calificación jurídica, ninguno de los acusados aceptó los delitos imputados por la Fiscalía. En un comunicado, los abogados defensores de los artistas, Andrés Arango y Santiago Trespalacios, declararon que desde el inicio del proceso siempre sostuvieron que “no existían elementos para atribuir un secuestro” y que la decisión de modificar la imputación confirma que dicha acusación no se debía mantener.

El testimonio central de este caso es el de Felipe Sánchez, quien también representa a un imitador de Blessd. Ante las autoridades, Sánchez explicó que fue citado el 6 de junio de 2022 por el reguetonero Blessd a un estudio de grabación ubicado en el sector de El Poblado en Medellín, Antioquia. En principio, Sánchez creyó que la cita tenía un carácter cordial, sobre todo porque Blessd había compartido en sus redes sociales contenido de otro imitador suyo. Sin embargo, una vez en el estudio, el denunciante aseguró haber sido intimidado por Blessd y personas de su círculo por organizar presentaciones del imitador Jefferson Sánchez, quien ganó notoriedad al interpretar al artista en escenarios del país.

Según el mismo relato, durante ese encuentro habría sido agredido físicamente y amenazado. Sánchez también contó que lo obligaron a firmar un documento donde se comprometía a no utilizar comercialmente la imagen o marca asociada a Blessd, al tiempo que le preguntaron por espectáculos con pago y por una posible gira internacional del imitador. Toda la información y fuentes fueron tomadas de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía modificó los cargos contra Blessd y sus acompañantes?

La Fiscalía General de la Nación decidió modificar los cargos según lo expuesto porque, tras analizar los elementos recolectados durante la investigación, concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener que los hechos correspondían a un secuestro extorsivo agravado. En cambio, encontró que las conductas se ajustaban a delitos como constreñimiento ilegal, intimidación con arma no letal y acceso abusivo a sistema informático, según lo revelado en la audiencia.

¿Qué significa constreñimiento ilegal y por qué se imputó este delito?

El constreñimiento ilegal hace referencia a la coacción o presión ilícita que una persona realiza sobre otra para obligarla a hacer, tolerar u omitir algo en contra de su voluntad. En este caso, fue imputado porque la Fiscalía considera que los acusados habrían presionado de manera indebida a Felipe Sánchez para que firmara un documento comprometiéndose a no usar la imagen o marca de Blessd, según la investigación de El Espectador.

De acuerdo con la información publicada por el IDEP, la convocatoria busca recibir aportes que hagan frente a los retos actuales que viven la educación y sus actores, abarcando tópicos clave como la primera infancia, la educación básica y media, así como la formación de profesores en los diferentes ciclos. Los artículos pueden centrarse en seis grandes ejes temáticos: investigación educativa, innovación pedagógica, políticas educativas, formación docente, educación en relación con la sociedad y los territorios, y salud mental en la escuela, esta última entendida como el bienestar, el cuidado, la convivencia y la inclusión en entornos escolares saludables.

La revista Educación y Ciudad opera bajo un modelo de acceso abierto, lo que significa que autores y lectores tienen acceso gratuito a todo el proceso de envío, evaluación y publicación de los artículos propuestos. Además, la revista publica sus contenidos en español e inglés, permitiendo así que el conocimiento educativo producido desde Bogotá alcance circulación internacional.

Todos los textos postulados se evalúan a través del sistema de arbitraje por pares académicos, de acuerdo con los estándares internacionales de divulgación científica. Respaldada por una trayectoria ininterrumpida desde 1997, la revista se ha posicionado como un referente clave en la transmisión del saber educativo en América Latina, logrando indexación en redes especializadas de alto impacto como SciELO (Scientific Electronic Library Online), DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO, Dialnet, Redib, ERIHPlus, Latindex 2.0 y OpenAlex, entre otras.

La recepción de artículos inicia el 1 de octubre de 2026 y concluye el 16 de noviembre del mismo año. Para postular los manuscritos, los interesados deben realizar el envío exclusivamente a través del portal Open Journal Systems (OJS). Se encuentra disponible también el correo electrónico educacionyciudad@idep.edu.co para consultas o soporte durante el proceso de postulación.

¿Cuáles son los temas que aborda la convocatoria de la revista Educación y Ciudad del IDEP?

La convocatoria No. 53 de Educación y Ciudad recibe artículos sobre investigación educativa, innovación pedagógica, políticas educativas, formación docente, educación vinculada con la sociedad y los territorios, así como salud mental en la escuela. Estos ejes temáticos buscan captar reflexiones, estudios y experiencias que aborden desafíos actuales del ámbito educativo y contribuyan al fortalecimiento del conocimiento del sector.

¿Cómo se pueden enviar artículos a Educación y Ciudad y cuál es el proceso de evaluación?

Los artículos deben enviarse únicamente mediante la plataforma Open Journal Systems (OJS), de acuerdo con las fechas establecidas. Una vez postulados, los manuscritos son sometidos a un riguroso proceso de arbitraje por pares académicos, garantizando así la calidad y pertinencia de las publicaciones según estándares internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Vea también: “Empezaron a correr”: pánico en Chocó y Valle por 3 sismos en 6 minutos; evacuaron varios edificios)

Según el boletín actualizado del SGC, el movimiento ocurrió a las 5:39 p. m. y tuvo una profundidad de 49 kilómetros.

Este nuevo evento se suma a los varios movimientos sísmicos registrados durante la jornada en esa zona del país y que también fueron sentidos en otros departamentos.

El SGC habilitó su plataforma Sismo Sentido para que los ciudadanos que percibieron el movimiento puedan reportarlo y contribuir a establecer las zonas en las que fue sentido.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-14, 17:39 hora local Magnitud 4.5. Profundidad 49 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/Ht4B08FvoD

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 14, 2026

Istmina vuelve a ser epicentro de un movimiento

El nuevo temblor tiene como epicentro nuevamente a Istmina, municipio del departamento del Chocó que ha concentrado buena parte de la actividad sísmica reportada durante las últimas horas.

Durante la tarde también se registraron otros tres movimientos con pocos minutos de diferencia, según los reportes conocidos inicialmente.

La situación provocó evacuaciones preventivas en algunas edificaciones de Istmina, mientras organismos de seguridad adelantaron verificaciones para establecer si había daños en las estructuras.

En Cali también se sintieron algunos de los movimientos. Varias edificaciones fueron evacuadas preventivamente ante la percepción de los temblores, incluida una construcción de cinco pisos donde funciona Caracol Radio.

Hasta los primeros reportes conocidos no se habían informado afectaciones graves relacionadas con los movimientos de este lunes.

Las sanciones impuestas recayeron sobre los dragonenantes Juan Camilo Góez David y Nairo Vargas Rubio, quienes, según el fallo de primera instancia, no cumplieron sus funciones fundamentales de vigilancia y control en el penal. El Ministerio Público identificó una omisión específica en el registro y control del ingreso de la agrupación musical, al no efectuar las correctas anotaciones en la minuta oficial del establecimiento penitenciario. De acuerdo con el reporte de la Procuraduría, los funcionarios estaban encargados de garantizar la seguridad al interior de la cárcel mediante revisiones, controles de acceso y registros, tareas que no fueron realizadas conforme a los protocolos.

La Procuraduría calificó las faltas de ambos funcionarios como graves y atribuyó su conducta a "culpa grave", subrayando el impacto social de los hechos. La entidad señaló que la omisión por parte de los funcionarios disciplinados "tuvo trascendencia social por generar desconfianza de la ciudadanía en las entidades del Estado, especialmente en el Inpec". Cabe destacar que la sanción fue reducida debido a una confesión realizada por Góez David y Vargas Rubio durante la investigación, tal como informó el ente de control. A su vez, la Procuraduría indicó que el proceso disciplinario contra otros involucrados sigue en trámite en la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia.

Dentro del proceso en curso, se investigan también posibles actos de ocultamiento de información y la existencia de irregularidades en uno de los informes oficiales rendidos tras el evento. La información sobre la investigación, las sanciones y el contexto fue citada de manera íntegra por El Espectador y se basa en los comunicados oficiales de la Procuraduría General de la Nación. Para obtener noticias ampliadas sobre justicia, derechos humanos y seguridad en Colombia, El Espectador recomienda visitar su sección Judicial.

¿Por qué fueron suspendidos los funcionarios del Inpec en la cárcel La Paz de Itagüí?

Según la Procuraduría General de la Nación, los dragonenantes Juan Camilo Góez David y Nairo Vargas Rubio fueron suspendidos por incumplir sus deberes de control y registro en la cárcel La Paz durante una fiesta vallenata, al omitir controles de acceso e ingreso de la agrupación musical, lo cual fue calificado como falta grave por parte del ente de control.

¿Qué significa 'culpa grave' en términos disciplinarios de la Procuraduría?

'Culpa grave' es una calificación utilizada por la Procuraduría para describir una conducta en la que el funcionario incurre en una omisión o acción con un grado elevado de negligencia, lo que afecta de manera severa la confianza en las instituciones del Estado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Estos movimientos sísmicos lograron sentirse en varias ciudades principales del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Popayán, Ibagué, Pereira, Armenia, Manizales y Neiva, reflejando el alcance de la actividad sísmica de esa tarde. A las 4:13 p.m., el SGC detectó otro sismo de magnitud 4.9, nuevamente con epicentro en Istmina y una profundidad levemente menor de 47 kilómetros.

La entidad explicó que esta serie de sismos corresponde a un enjambre sísmico, fenómeno que había sido identificado y reportado dos semanas antes por el propio SGC. En palabras del comunicado, un enjambre sísmico se da cuando ocurre una secuencia de sismos en una región, sin que haya un único evento principal, lo que puede producir temblores de diferentes magnitudes durante un periodo que puede extenderse días, semanas o incluso meses. Hasta las 4:30 p.m. de ese día, la Red Sismológica Nacional había recibido más de 2.000 reportes de personas que sintieron los temblores en los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Antioquia y Tolima.

Llama la atención que estos episodios sísmicos ocurrieron poco después del fuerte terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que aún tiene repercusiones sobre gran parte de Colombia. No obstante, el SGC y medios como El Espectador han sido enfáticos en señalar que no existe una relación entre estos eventos. Según la explicación científica, aunque el estudio de placas tectónicas ha avanzado, la predicción exacta en tiempo y lugar de los sismos sigue siendo imposible. Por ello, el SGC instó a la comunidad y a los medios a mantenerse informados a través de los canales oficiales y reiteró que la vigilancia sísmica en Colombia se mantiene de manera permanente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un enjambre sísmico y cómo afecta a la población?

Un enjambre sísmico, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, consiste en una secuencia de sismos que ocurren en un mismo lugar y periodo, sin que exista un evento principal que domine la actividad. Esto puede provocar una percepción constante de temblores y causar preocupación entre los habitantes de la zona afectada, aunque la mayoría de las veces los eventos no resultan en daños mayores.

¿Por qué tantos sismos recientes en Istmina, Chocó?

Según el SGC, la ocurrencia de varios sismos recientes en Istmina está asociada al fenómeno del enjambre sísmico en la región, el cual había sido reportado previamente. Esto indica una alta actividad tectónica local, propia de la configuración geológica de la zona registrada por las autoridades sismológicas del país.

Tras el episodio, la Policía Nacional, bajo el liderazgo del general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe Nacional del Servicio de Policía, dispuso un importante refuerzo de seguridad. Desde el lunes 14 de septiembre, se desplazaron más de 150 uniformados pertenecientes a comandos especiales con la misión de asegurar la zona y reconstruir la infraestructura policial afectada. Según declaraciones de la institución citadas por El Espectador, la presencia reforzada busca restablecer la autoridad y el orden, así como proteger a los habitantes frente a nuevas amenazas.

No obstante, la recuperación del control no ha estado exenta de complicaciones. Entre las acciones desplegadas por la fuerza pública, se destaca la captura de un hombre identificado como "trompón", señalado por las autoridades como explosivista del Eln y operador de drones utilizados en atentados recientes contra la fuerza pública. Al individuo le incautaron material explosivo que habría servido para los ataques que desde el 7 de septiembre afectaron seriamente las instalaciones de la Policía, principalmente con explosivos arrojados desde drones.

El impacto de esta crisis en el corregimiento ha generado preocupación en la comunidad y las autoridades locales. El alcalde de El Carmen, José Reinel Contreras, expresó en entrevista con Caracol Radio su inquietud ante la falta de Policía activa tras el ataque y resaltó la importancia estratégica de Guamalito, pues constituye un punto de acceso clave entre el departamento del César y la región del Catatumbo.

¿Por qué la estación de Policía de Guamalito fue evacuada antes del ataque?

La evacuación de los uniformados se produjo el día anterior al ataque, el 10 de septiembre, debido a los graves riesgos de seguridad existentes, según reportó El Espectador. Esta decisión se tomó luego de varios ataques previos con explosivos que pusieron en inminente peligro la vida de los policías, por lo que se procedió al traslado aéreo mediante helicópteros.

¿Quién es "trompón" y cuál fue su papel en los ataques en Guamalito?

"Trompón" es identificado por las autoridades como explosivista del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y operador de drones utilizados en los atentados contra la Policía. Según la Policía Nacional, a esta persona le incautaron explosivos y se le atribuye la participación directa en los ataques que destruyeron la estación policial en El Guamalito.

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La administración local afirma que el apoyo económico ya llegó a más de 3.500 hogares, aunque aún existen 5.384 jefes de hogar que deben acercarse a reclamar el beneficio. Estas personas cuentan con un plazo de 15 días hábiles para realizar el cobro en alguno de los 109 puntos habilitados por la red Gane-SuperGIROS dentro de la ciudad.

Es fundamental que los posibles beneficiarios estén atentos a las comunicaciones formales entregadas por la Secretaría, pues en algunos casos el retiro del dinero debe hacerse en persona, mientras que otros recibirán el auxilio directamente en su cuenta bancaria. La claridad en este proceso es esencial para garantizar que los afectados no enfrenten complicaciones adicionales al intentar acceder a los fondos, especialmente en momentos en que la reconstrucción de sus vidas es prioritaria.

Para optimizar este proceso, la Alcaldía ha activado el uso del asistente virtual ‘Vicky’, una herramienta digital por medio de la cual los beneficiarios pueden validar su información bancaria y así evitar trámites presenciales. Aquellas personas que han recibido el mensaje de ‘Vicky’ y han completado el proceso no deben realizar ninguna diligencia adicional, ya que la transferencia será automática. Según la Secretaría, si el ciudadano no recibió el mensaje, pero ya validó su cuenta bancaria de manera previa, el auxilio igual se transferirá a la cuenta registrada.

El secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, indicó que está prevista una nueva dispersión de recursos para aproximadamente 1.400 personas entre lunes y martes; el dinero será consignado a la cuenta bancaria que los beneficiarios reportaron a través del asistente virtual. De acuerdo con las autoridades, el objetivo es que el auxilio llegue de manera directa, segura y oportuna, impulsando así la recuperación de los hogares afectados.

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¿Cómo saber si soy beneficiario del auxilio económico por el terremoto en Cali?

Usted debe estar atento a las comunicaciones oficiales de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. Quienes estén incluidos en el listado de beneficiarios recibirán instrucciones precisas acerca de cómo y dónde reclamar el auxilio, ya sea de forma presencial en puntos SuperGIROS o directamente en su cuenta bancaria, dependiendo de la validación de sus datos personales y bancarios.

¿Qué es el asistente virtual ‘Vicky’ y cómo ayuda a los beneficiarios del auxilio en Cali?

El asistente virtual ‘Vicky’ es una herramienta digital implementada por la Secretaría de Gestión del Riesgo, que permite a los beneficiarios validar y enviar sus datos bancarios de manera sencilla. Aquellos que completan el proceso con ‘Vicky’ no necesitan realizar trámites adicionales, pues el auxilio económico se transfiere automáticamente a sus cuentas, agilizando el acceso a los recursos para los damnificados.

El funcionario asumió ese puesto el pasado 19 de agosto y, de acuerdo con la información que se replicó en Blu Radio, no hay una causa que se conozca para que el presidente Abelardo de la Espriella lo declarara “insubsistente”.

Lo cierto es que esto causa un sacudón importante dentro del Gobierno Nacional, que de esta manera completa tres salidas de figuras claves que no llegaron ni siquiera a las cuatro semanas en la administración.

La primera salida fue la de Carolina Gómez en las comunicaciones del mandatario, pues el pasado 31 de agosto indicó que fue ella quien tomó la determinación de no quedarse en el puesto.

“Decliné”, contó sin ofrecer mayores detalles sobre las razones para esa inesperada medida de alejarse de la vocería presidencial, apenas tres semanas después de que arrancó el actual mandato.

Cabe remarcar que ella afirmó que de la Espriella le habría planteado otra propuesta que consideró más interesante, pero por ahora no reveló pormenores y advirtió que no quiere provocar nuevos rumores sobre el tema.

El caso no solo no pasó desapercibido sino que se le sumó otro golpe dentro de los funcionarios claves dentro del Gobierno, luego de la renuncia de uno de los nombres con peso dentro del gabinete.

La salida de Viviane Morales como Ministra de Educación el pasado miércoles 2 de septiembre de 2026 se convirtió en otra de las bajas que, en apenas pocos días, marcaron una nueva sorpresa.

La exfiscal dejó el cargo con apenas tres semanas después de que comenzó sus labores en uno de los sectores en el que la sociedad tiene puesta la lupa, aunque las razones fueron diferentes a las de Gómez.

Lejos de cualquier tipo de interés por apuntarle a un camino laboral diferente, este caso tuvo un delicado asunto personal que poco después quedó sobre la mesa para la opinión pública.

Morales destapó la enfermedad de su hija, una dolorosa complicación que desembocó en una renuncia para darle paso a Ilva Myriam Hoyos de manera oficial el lunes 7 de septiembre de 2026 en el Ministerio de Educación.

Caso diferente se presenta ahora con Ricardo Valencia, cuya realidad pone al Gobierno De la Espriella en una inesperada realidad por los movimientos tan tempranos, ya que no duraron ni un mes en cargos que son de suma relevancia para el país.

¿Quién es Ricardo Valencia?

Ricardo Valencia Ramírez es un economista colombiano que lideró el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en el comienzo de la administración presidencial de 2026.

Nacido en la ciudad de Cali en el año 1976, cursó sus estudios profesionales en Economía en la Pontificia Universidad Javeriana.

Su trayectoria laboral abarca más de dos décadas de experiencia combinada en los sectores público, privado, académico y de consultoría independiente.

Durante su recorrido institucional, Ricardo Valencia se desempeñó como subdirector técnico de la entidad estadística acompañando de cerca la gestión de Juan Daniel Oviedo.

En esa etapa previa, asumió la gerencia estratégica de la cadena de valor estadística, liderando operativos de campo y procesamiento de datos.

Asimismo, ejerció el cargo de director ejecutivo de Algebra Labs, firma dedicada a la gobernanza y aprovechamiento analítico de información estratégica.

En el sector privado desempeñó la dirección ejecutiva de Compromiso Empresarial para el Reciclaje, impulsando proyectos de sostenibilidad e iniciativas ambientales.

Igualmente, ocupó roles de asesoría económica en Confecámaras y ejerció la docencia universitaria en la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario.

Posteriormente, retornó a la dirección general del organismo técnico para encabezar la modernización metodológica e institucional del sistema estadístico nacional, pero pronto salió de la dirección.

En el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía expuso tres cargos contra Sarabia: abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso. Estas imputaciones, de acuerdo con la Fiscalía, tienen relación principalmente con la forma en que se adelantó la investigación interna después del presunto robo, especialmente por la utilización de una prueba de polígrafo y las presiones reportadas sobre una exempleada de Sarabia.

De acuerdo con la información presentada durante la diligencia, Marelbys Meza, quien trabajó como niñera para la exfuncionaria, habría sido obligada a someterse a dicha prueba en el marco del esclarecimiento de lo sucedido con la maleta. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones podrían configurar conductas penales, dado que involucran el presunto uso indebido de recursos y de atribuciones propias del cargo de Sarabia.

Al escuchar la exposición de los hechos y la lectura de cargos, la exfuncionaria agradeció a la jueza y afirmó que comprendía plenamente las acusaciones presentadas en la audiencia. Asimismo, señaló que su decisión, previamente discutida con su equipo de defensa, era clara. Cuando la jueza le preguntó directamente si aceptaba o no los cargos, la respuesta de Laura Sarabia fue tajante: “No acepto los cargos narrados por la Fiscalía General”.

La determinación de no aceptar cargos implica que el proceso judicial seguirá su curso, sin que eso signifique una admisión de culpabilidad o inocencia en esta etapa. Según las normas procesales, ahora corresponde que se adelante la investigación y se valoren las pruebas para que la justicia determine si Sarabia incurrió o no en los delitos imputados y cuál será su eventual responsabilidad penal.

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¿Cuáles son los delitos que la Fiscalía imputó a Laura Sarabia y cuál fue su respuesta?

La Fiscalía General de la Nación imputó a Laura Sarabia los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso, relacionados con sus actuaciones tras el presunto robo de una maleta con dinero en su vivienda en Bogotá. Durante la audiencia, Sarabia escuchó los cargos, indicó que comprendía lo expuesto y manifestó, de manera clara y pública, que no aceptaba los cargos formulados en su contra.

¿Qué significa el delito de constreñimiento ilegal en el contexto de este caso?

El delito de constreñimiento ilegal hace referencia a la presión o coacción ejercida sobre una persona para que actúe en contra de su voluntad. En este caso, de acuerdo con la Fiscalía, la acusación consiste en que Marelbys Meza, exempleada de Laura Sarabia, habría sido presionada para hacer una prueba de polígrafo tras el presunto robo, lo que constituye el núcleo del cargo de constreñimiento ilegal.

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Ramírez llegó a la dirección del departamento el 19 de agosto para reemplazar a Piedad Urdinola, asignada durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. El funcionario duró menos de un mes en su cargo y las razones detrás de su salida se dieron porque afirmó que no encontró irregularidades en algunos indicadores del Dane en julio de este 2026.

Según Semana, esto habría causado la molestia del presidente, al afirmar que ese análisis fue apresurado y que no había hecho auditorías para ver las anomalías en la administración anterior.

“Para el Gobierno resulta indispensable realizar una revisión rigurosa de la información recibida y garantizar que los datos sobre los cuales se adoptan decisiones estratégicas para el país respondan plenamente a la realidad económica y social de los colombianos”, dice el documento de la Presidencia al que accedió el medio citado.

(Lea también: “Conmigo no”: De la Espriella paró en seco a excongresista que insinuó alianza con el Gobierno)

Semana también detalló que Ramírez Valencia no acató una orden de De la Espriella, lo que lo llevó a su salida.

Ricardo Valencia es economista de la Universidad Javeriana y ya había tenido una experiencia importante en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Allí, fue subdirector entre 2018 y 2022, siendo la mano derecha de Juan Daniel Oviedo.

(Vea también: “Empezaron a correr”: pánico en Chocó y Valle por 3 sismos en 6 minutos; evacuaron varios edificios)

Videos que circulan en redes sociales muestran cómo ciudadanos abandonaron diferentes edificaciones y permanecieron en las calles mientras pasaba el movimiento y se verificaba la situación.

Las imágenes evidencian la preocupación que desataron los temblores, especialmente en una ciudad que todavía tiene presente el terremoto registrado el pasado 10 de agosto y las afectaciones que dejó en diferentes construcciones.

En uno de los registros se observa a varias personas reunidas en el exterior de una edificación, mientras otras salen del inmueble como medida preventiva.

La escena refleja la reacción inmediata de los ciudadanos ante los movimientos telúricos y el temor de permanecer dentro de las construcciones mientras continuaban las réplicas o nuevos movimientos.

Estas son las imágenes:

🚨🇨🇴 Tres sismos sacudieron el Chocó este lunes

Tres sismos de magnitudes 4,9, 4,1 y 4,4 se registraron con pocos minutos de diferencia en Istmina, Chocó. Los movimientos fueron sentidos en varias zonas del país, incluida Cali.

En la capital del Valle del Cauca, algunos… pic.twitter.com/CjalvSqr6T

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 14, 2026

Tres sismos se registraron en pocos minutos

Los momentos de tensión ocurrieron después de que se registraran tres movimientos sísmicos con epicentro en Istmina, Chocó.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los sismos tuvieron magnitudes de 4,9, 4,1 y 4,4, y se produjeron con pocos minutos de diferencia durante la tarde de este lunes.

Los movimientos fueron sentidos en diferentes zonas del país, entre ellas Cali, donde varias edificaciones fueron evacuadas preventivamente.

El reporte desde Chocó también señaló que las personas salieron de algunas construcciones después de sentir los movimientos, mientras los organismos de seguridad adelantaban verificaciones para establecer si se habían producido daños.

Hasta el momento de los primeros reportes no se conocían afectaciones graves asociadas con estos tres movimientos.

Este aumento de lluvias, de acuerdo con el aviso del IDEAM, obedece al tránsito de una onda tropical por el territorio nacional. Una onda tropical es un fenómeno meteorológico que consiste en una perturbación atmosférica que, en su paso, favorece condiciones de mayor humedad, originando lluvias e incluso tormentas eléctricas y vientos intensos. Aunque el fenómeno tendrá mayor repercusión en el norte del país, así como en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé que el occidente también presente incrementos notables en los niveles de precipitación.

Para el jueves 17 de septiembre, el IDEAM pronostica lluvias en regiones del océano Pacífico, en especial Chocó, Valle del Cauca y Cauca, además de sectores de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta, los Santanderes, el Eje Cafetero y el occidente de Boyacá. No obstante, la situación podría tornarse más compleja el viernes 18, cuando se aguardan lluvias de mayor intensidad en Chocó, Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca y Cauca.

Ante este panorama, el IDEAM recomienda extremar las precauciones en particular en los departamentos del Pacífico, como Chocó y Valle del Cauca, donde la persistencia de las lluvias podría desencadenar crecientes súbitas, deslizamientos de tierra y dificultades en la movilidad de las vías rurales y zonas de ladera. Las autoridades hacen un llamado a la población a mantenerse informada por medio de reportes oficiales y evitar transitar por sitios de alto riesgo, especialmente cerca de ríos y quebradas. Además, durante episodios de tormentas eléctricas se aconseja buscar refugio seguro, evitar proximidad a elementos metálicos, árboles y cuerpos de agua, y desconectar equipos eléctricos para prevenir accidentes.

Finalmente, el IDEAM subraya la importancia de la prevención y la vigilancia continua ante estos escenarios climáticos, que pueden tener impacto considerable en la movilidad, la integridad de las comunidades y la infraestructura en las zonas mencionadas.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por el aumento de lluvias según el IDEAM?

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), los departamentos más afectados por el incremento de las lluvias serán Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia y Córdoba, así como sectores del océano Pacífico y el noroccidente del país. Otras regiones como Bolívar, Sucre, Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta, los Santanderes y el Eje Cafetero también se incluyen dentro de los territorios con pronóstico de lluvias fuertes, principalmente para el jueves 17 y viernes 18 de septiembre.

¿Qué recomendaciones da el IDEAM ante la probabilidad de crecientes súbitas y deslizamientos?

El IDEAM aconseja a la ciudadanía extremar las precauciones especialmente en zonas rurales y de ladera, y evitar transitar por áreas susceptibles a inundaciones y deslizamientos. Recomienda prestar atención a los reportes de autoridades locales, mantenerse alejados de ríos y quebradas durante lluvias intensas y buscar refugios seguros ante tormentas eléctricas. Desconectar equipos eléctricos y evitar permanecer cerca de árboles o estructuras metálicas son medidas también sugeridas para prevenir incidentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

De acuerdo con lo expuesto por el canciller, el modelo actual de pasaportes tiene consecuencias económicas no calculadas de manera integral. Estas afectan, por ejemplo, al Fondo Rotario del Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad responsable de manejar el presupuesto de la Cancillería. Bula explicó que la proyección de una reducción de tarifas no estuvo acompañada de estudios actualizados de costos, lo que, además, provocó un rezago en la actualización frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). A pesar de lo anunciado por el gobierno anterior, hasta ahora "no se demostró la reducción de costos operativos", remarcó el funcionario.

Dichas observaciones coinciden con las advertencias previas hechas por organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría. Según informó esa cartera, la Contraloría había alertado sobre la "falta de claridad en los costos, riesgos con el dinero y retrasos que podrían afectar la producción y entrega de los pasaportes, así como el buen uso de los recursos públicos". Por su parte, la Procuraduría interpuso una demanda para anular el convenio internacional que entregaba la fabricación de pasaportes a la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, citando presuntas irregularidades.

La discusión retomó fuerza recientemente cuando el Tribunal Administrativo de Bogotá suspendió el esquema actual; a raíz de esta decisión, la Imprenta Nacional detuvo el envío de miles de libretas, mientras que la Casa da Moeda ya había alistado un lote de 190.000 libretas para septiembre. En respuesta, la Cancillería pidió aclaraciones sobre el fallo para definir cómo garantizar, sin interrupciones, la expedición de pasaportes. Por ahora, el Ministerio anticipa que cambiar el modelo requeriría al menos tres meses de trámites, lo que incluso podría implicar la declaración de una nueva urgencia manifiesta para asegurar la entrega de este documento a los ciudadanos.

¿Por qué hay incertidumbre sobre el modelo de pasaportes en Colombia?

La incertidumbre se debe a cuestionamientos jurídicos y operativos sobre la continuidad del modelo instaurado durante el gobierno anterior. Según el canciller Omar Bula, además de dudas en su sustentación financiera, existen advertencias de la Contraloría sobre riesgos en costos y posibles retrasos, así como demandas de la Procuraduría relacionadas con el convenio internacional para la fabricación.

¿Qué es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y cómo afecta a las tarifas de pasaportes?

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador que mide la variación promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el modelo de pasaportes ha tenido rezago en la actualización de tarifas respecto al IPC, lo que implica tarifas que no se ajustan adecuadamente a la inflación ni a los costos reales asociados al servicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La reacción en la capital vallecaucana fue inmediata. Cali, que aún resiente los efectos del fuerte terremoto acontecido el 10 de agosto —evento que alcanzó una magnitud de 7,4 y cuyas secuelas todavía se perciben en algunas zonas—, vivió momentos de nerviosismo. Diversas edificaciones fueron evacuadas de manera preventiva, en particular la Universidad Santiago de Cali, donde personas salieron a exteriores con la inquietud de posibles réplicas. Las autoridades locales continúan con la supervisión y el monitoreo de varios inmuebles en la ciudad, dado que algunos presentan daños estructurales no resueltos desde el sismo de agosto, lo que eleva el nivel de alerta pública.

En Istmina, en el departamento del Chocó, el alcalde Jaison Mosquera Sánchez anunció el despliegue de brigadas hacia las zonas rurales. El objetivo de estos equipos es verificar si hubo afectaciones, sobre todo en áreas apartadas donde la información llega con más dificultad. "Estamos enviando personal a las zonas rurales para verificar qué más pudo haber pasado, pero por ahora es solo eso. No hay personas heridas", declaró Mosquera Sánchez, de acuerdo con lo que fue citado en los reportes locales.

Las secuelas visuales y emocionales de los movimientos telúricos se reflejaron principalmente en la evacuación masiva y las imágenes compartidas por redes sociales, mostrando a cientos de ciudadanos en espacios abiertos a la espera de la calma. El escenario evidencia la preocupación colectiva y la vigencia de los protocolos de emergencia en distintas instituciones, frente a la posibilidad de réplicas o nuevos eventos sísmicos en la región.

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¿Cuáles fueron los efectos de los temblores en Cali el 14 de septiembre?

Los temblores registrados el 14 de septiembre en Colombia causaron momentos de angustia y llevaron a la evacuación preventiva de diversas edificaciones en Cali, como la Universidad Santiago de Cali. Las autoridades reforzaron las medidas de vigilancia en estructuras con daños previos debido al terremoto del 10 de agosto, manteniendo el seguimiento sobre posibles afectaciones y priorizando la seguridad de la ciudadanía.

¿Qué acciones tomó el alcalde de Istmina tras los sismos que sacudieron a Chocó?

Luego de los sismos cuyo epicentro fue Istmina, el alcalde Jaison Mosquera Sánchez decidió enviar personal a las zonas rurales para examinar posibles daños materiales y verificar el estado de las comunidades afectadas. Hasta el momento, los reportes oficiales indicaron que no se registraron personas heridas, y la atención se centró en la inspección de los sectores más vulnerables.

Yuri Paola Sinisterra, una de las damnificadas, rememoró los aterradores minutos que vivió durante el sismo. Relató cómo las tejas y otros objetos de la vivienda cayeron sobre ella y sus cuatro hijos. A pesar de proteger a los menores bajo los escombros, sufrió heridas en las manos y estuvo cerca de ser cortada por los fragmentos de las cejas de la estructura. Finalmente, logró escapar con sus hijos, pese a que todos quedaron cubiertos por los restos de la casa, según contó a 90 Minutos.

Por su parte, Ángelo Caicedo, otro afectado, describió que la parte superior de su vivienda colapsó, llevándose consigo muros, techos y el único televisor que poseía. Los daños, afirmó, abarcaron grietas y pérdida de enseres, dejando todo en condiciones inhabitables.

Esta clase de daños provocó que muchos habitantes hayan tenido que buscar refugio temporal en casas de amigos o familiares. Paula Andrea Hurtado manifestó que, tras el derrumbe del segundo piso de su vivienda y la aparición de grietas en paredes, su familia no puede permanecer allí hasta tanto no se realicen reparaciones.

Ante la devastación, la exigencia unánime de los damnificados es recibir materiales de construcción para reconstruir sus viviendas. Cristian Hurtado pidió públicamente que las autoridades recuerden la difícil situación de los colombianos y remarcó la importancia de que se colabore con las múltiples personas damnificadas que aún esperan apoyo estatal o de organizaciones solidarias. La urgencia por retomar la normalidad impulsa a estos habitantes a no perder la esperanza, mientras claman porque las ayudas lleguen antes de que el deterioro y la vulnerabilidad se agraven.

Según los testimonios recabados por 90 Minutos, la situación de las familias en Comuneros 1 representa un desafío humanitario que permanece vigente y que requiere intervención inmediata para que puedan recuperar no solo sus viviendas, sino también la tranquilidad perdida tras el terremoto.

¿Qué ayuda solicitan los damnificados del terremoto en Comuneros 1?

Las familias afectadas por el terremoto, de acuerdo con testimonios recogidos por 90 Minutos, solicitan principalmente materiales de construcción para levantar nuevamente sus viviendas. Insisten en que muchas personas siguen damnificadas y no pueden regresar a sus casas hasta que se reparen muros, techos y demás estructuras esenciales.

¿Por qué siguen siendo visibles los daños del terremoto en Cali tras un mes?

De acuerdo con lo reportado por 90 Minutos, los daños del terremoto siguen vigentes en barrios como Comuneros 1 porque las familias aún no han recibido apoyo suficiente para reconstruir sus hogares. La destrucción de partes superiores, paredes y techos ha obligado a buscar refugio temporal en casa de allegados, dificultando la recuperación y la restauración de la vida cotidiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La medida quedó establecida en el Decreto Legislativo 1388 del 9 de septiembre de 2026, expedido en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por la grave calamidad pública. La norma permite al Ministerio de Educación Nacional autorizar la reorganización, redistribución o reprogramación de las semanas de trabajo académico del año lectivo, pero bajo condiciones específicas.

Esto significa que no todos los colegios del país cambiarán sus fechas, ni que los padres deban asumir desde ahora que las vacaciones o la terminación de clases fueron modificadas. La posibilidad está dirigida exclusivamente a los territorios afectados por el sismo y requiere que la respectiva Entidad Territorial Certificada en Educación presente una solicitud debidamente motivada ante el Ministerio.

Cambios en el calendario escolar en Colombia 2026

La razón detrás de la decisión es la magnitud de las afectaciones. Con corte al 3 de septiembre, el Gobierno contabilizaba 5.309 sedes educativas afectadas en 423 municipios, correspondientes a 47 Entidades Territoriales Certificadas, con una matrícula afectada de 1.147.369 estudiantes.

(Vea también: Colombia se rajó en pruebas Pisa 2025: hay caída en dos materias muy importantes)

¿Qué puede cambiar en el calendario escolar en Colombia?

La modificación central está en el parágrafo transitorio del artículo 86 de la Ley 115 de 1994, que regula la organización del calendario académico.

Con el nuevo decreto, el Ministerio de Educación podrá autorizar que las semanas de trabajo académico previstas para 2026 sean reorganizadas, redistribuidas o reprogramadas cuando las condiciones generadas por la emergencia así lo requieran.

Pero existe una condición: la iniciativa no parte directamente de cada colegio. La autorización debe solicitarse por la Entidad Territorial Certificada en Educación, que deberá explicar y justificar las razones por las cuales las consecuencias del terremoto hacen necesario modificar temporalmente la distribución de las semanas académicas.

Por ejemplo, si una zona tiene colegios con daños en sus instalaciones, dificultades para acceder a determinadas sedes o problemas para utilizar los espacios educativos normalmente disponibles, la autoridad educativa territorial podrá solicitar una reorganización del calendario.

Si el Ministerio la autoriza, las semanas de trabajo académico podrán distribuirse en periodos diferentes a los que estaban previstos originalmente.

El decreto establece límites claros para evitar que la flexibilización se convierta en una modificación permanente del calendario escolar. Una vez autorizada la reorganización, sus efectos solamente podrán extenderse hasta la culminación del calendario académico correspondiente, sin superar el 31 de diciembre de cada vigencia, y únicamente durante el tiempo estrictamente necesario para completar la medida adoptada como consecuencia de la calamidad.

Además, la norma señala expresamente que los establecimientos educativos oficiales pertenecientes a una misma Entidad Territorial Certificada no podrán terminar el calendario académico en fechas diferentes dentro del mismo año como consecuencia de esta flexibilización.

En otras palabras, la medida permite mover las piezas del calendario cuando sea necesario, pero no entrega libertad absoluta para que cada institución establezca su propio cierre del año.

¿A qué estudiantes y colegios aplica el cambio del calendario escolar?

Otro punto clave para las familias es el alcance territorial. El Decreto 1388 establece que las medidas solamente podrán aplicarse en los municipios comprendidos dentro del ámbito territorial del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 1261 de 2026, posteriormente modificado por el Decreto 1348 de 2026.

Además, debe existir una afectación directa por el terremoto del 10 de agosto que haya sido acreditada por las autoridades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

El decreto contempla incluso situaciones en las que un municipio o una afectación específica no aparezcan inicialmente en los registros oficiales. En esos casos, la ausencia inicial del registro no impide demostrar posteriormente la afectación mediante otros medios verificables.

Esto permite que la aplicación de la medida pueda ajustarse a la evolución de la emergencia y a nuevos casos que sean debidamente acreditados.

El Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica comprende inicialmente 16 departamentos: Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Sucre, Santander y Caquetá.

La distribución de las afectaciones educativas muestra que el impacto no está concentrado en un solo territorio. El decreto registra, entre otros datos, 1.404 sedes educativas afectadas en el Valle del Cauca, 868 en Antioquia, 742 en Caldas, 408 en Chocó, 359 en Risaralda y 306 en Tolima.

En cuanto a estudiantes, el Valle del Cauca registra una matrícula afectada de 269.137 alumnos, mientras que Antioquia llega a 338.896. Caldas suma 82.467, Chocó 73.850 y Risaralda 93.945, según la información incluida en el decreto. En total, la cifra asciende a 1.147.369 estudiantes con matrícula afectada.

XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia, emitió una severa advertencia sobre la confiabilidad del servicio eléctrico en el país.

Una peligrosa combinación del fenómeno de El Niño, bajos aportes hídricos, embalses en niveles mínimos, un incremento en la demanda de energía y una alta dependencia térmica sitúa al sistema en un nivel de “riesgo alto”.

Ante la gravedad del panorama, la entidad reiteró un llamado contundente a “actuar hoy” para evitar un desabastecimiento en los próximos meses.

Los indicadores reportados por XM muestran un deterioro preocupante en la capacidad de generación hidroeléctrica del país.

Al 11 de septiembre, los aportes promedio se situaron en un 76,33 por ciento, confirmando que el sistema está recibiendo significativamente menos agua.

XM detalló que, durante la actual temporada de invierno, los aportes acumulados presentan un déficit de 4.401 GWh en comparación con el fenómeno de El Niño de 2015—2016, cifra que equivale a unos 18 días enteros de atención de la demanda nacional.

El nivel útil de los embalses descendió al 79,11 por ciento, quedando por debajo del 79,98 por ciento fijado como meta para esa fecha por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

XM enfatizó que, para afrontar la próxima estación de verano de manera segura y cumpliendo con los estándares de confiabilidad, el nivel debe iniciarse por encima del 80 por ciento.

A la falta de agua se suma un incremento constante en el consumo de los hogares, el comercio y la industria.

En lo que va del mes de septiembre, la demanda de energía eléctrica registra un aumento del 6,08 por ciento.

Para frenar esta tendencia, XM instó al Gobierno Nacional y a las autoridades a activar de inmediato campañas masivas y articuladas de ahorro de agua, energía y gas natural.

En particular, solicitó al sector comercial, industrial y a las familias colombianas gestionar eficientemente el consumo durante la hora pico, entre las 6:00 de la tarde y las 10:00 de la noche.

Para compensar la caída hidroeléctrica, la generación térmica deberá asumir una carga extrema de manera sostenida.

XM prevé que el parque térmico disponible tendrá que generar volúmenes continuos que alcancen los 100 GWh diarios, un ritmo operativo que podría prolongarse por más de nueve meses.

Como referencia, el pasado 11 de septiembre la generación térmica se ubicó en 84,12 GWh.

La crisis operativa coincide con un complejo panorama financiero en el sector eléctrico, que pone en riesgo la liquidez de los agentes térmicos y transportadores necesarios para mantener el servicio.

Deuda acumulada: La deuda total en el mercado eléctrico asciende a 4,0 billones de pesos.

De esta cifra, 3,5 billones corresponden a la comercializadora Air-e, empresa a la que actualmente se le han suspendido los procedimientos de limitación de suministro por normatividad legal.

Generadores y transportadores, los más afectados: Más del 85 por ciento de la deuda total del mercado se concentra en las empresas generadoras (especialmente las térmicas, que hoy se requieren a máxima capacidad) y en las transportadoras.

Exposición en bolsa e incremento de tarifas: XM alertó que algunas de las empresas compradoras de energía presentan una exposición al mercado de bolsa superior al 70 por ciento, lo cual incide en un aumento de las tarifas finales que pagan los usuarios en sus facturas de luz.

Reducir el consumo energético en los hogares colombianos durante las horas de mayor exigencia resulta fundamental para evitar racionamientos preventivos en el territorio nacional, marcado por una difícil realidad actual.

Colombia, según el SGC, está localizada en una región de alta actividad sísmica debido a la compleja interacción de varias placas tectónicas bajo su superficie. Las placas que ejercen mayor influencia sobre el territorio colombiano son la placa de Nazca, la Sudamericana y la del Caribe. Estas enormes masas de la corteza terrestre se desplazan y chocan entre sí, lo que ocasiona la acumulación y posterior liberación de energía en forma de temblores o sismos.

Lo más destacado es que, aunque la percepción general pueda indicar que la cantidad de sismos ha aumentado, las estadísticas muestran que los temblores son parte de la cotidianidad geológica de Colombia. Según datos oficiales citados por el SGC, en el país se registran aproximadamente 2.500 sismos al mes, lo que equivale a unos 80 eventos diarios. Sin embargo, la mayoría tienen una magnitud leve y pasan desapercibidos para la población.

El avance tecnológico ha permitido que hoy se cuente con una red más amplia de estaciones de monitoreo sísmico y herramientas más precisas. Esto implica una mayor capacidad para detectar, registrar y divulgar movimientos que anteriormente podían pasar inadvertidos. No se trata, entonces, de que ahora haya más sismos, sino de que la ciencia los identifica con mayor precisión que antes.

Finalmente, el SGC aclaró que la ocurrencia de varios sismos en un solo día no significa que pueda preverse un terremoto de gran magnitud. En la actualidad, no existe ningún método científico capaz de anticipar con exactitud dónde, cuándo y con qué fuerza se producirá un evento sísmico de este tipo.

¿Cuáles son las razones de la alta frecuencia de sismos en Colombia?

La presencia frecuente de sismos en Colombia se debe a su ubicación sobre las placas tectónicas de Nazca, Sudamericana y del Caribe. La interacción de estas estructuras produce una liberación constante de energía, lo que genera la gran cantidad de temblores registrados cada mes, según explicó el Servicio Geológico Colombiano.

¿Se puede predecir un terremoto tras una serie de sismos en Colombia?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la consecutiva aparición de varios sismos en un mismo día no permite prever la ocurrencia de un terremoto. Hasta el momento, no existe una técnica científica capaz de anticipar con exactitud la fecha, el lugar o la magnitud de un posible sismo de gran intensidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Todo el proceso tiene como eje la supuesta pérdida de una maleta con cuatro mil millones de pesos (COP 4.000 millones) en efectivo, que habrían estado en el apartamento de Laura Sarabia en enero de 2023, cuando ostentaba el cargo de jefa de gabinete del expresidente Gustavo Petro. La situación se agravó cuando Marelbys Meza, exniñera del hijo de Sarabia, fue sometida a una prueba de polígrafo en condiciones irregulares para determinar si tenía alguna responsabilidad en la desaparición del dinero entre el 29 y el 30 de enero de ese año. Según la Fiscalía, Sarabia habría "aprovechado" su posición para ordenar esa prueba, medida que normalmente solo aplica a funcionarios y candidatos a los equipos de seguridad de altos funcionarios del Estado.

En la audiencia, varios actores solicitaron ser reconocidos como víctimas, entre ellos el abogado de Marelbys Meza, la fiscal Marbel Alcira Morales Quevedo, que habría sido "instrumentalizada" en la investigación, Fabiola Perea, otra exempleada sujeta a supuestos seguimientos irregulares, y el abogado Andrés Tapias Torres, en representación de la Presidencia de la República.

La Fiscalía detalló que el 27 de enero de 2023, Sarabia habría encargado a la teniente Sandy Alvernia Guerrero, exjefa de seguridad, la entrega de una maleta con dinero y documentos personales para que su esposo la recibiera en el apartamento. Ante la ausencia de este, la empleada Marelbys Meza fue quien recibió el paquete. Dos días después, Sarabia, desde Villa de Leyva, solicitó a su esposo localizar la maleta, pero al no hallarla, el coronel Carlos Alberto Feria fue contactado para iniciar una investigación y se ordenó la prueba de polígrafo a Meza. La Fiscalía considera que Sarabia excedió sus competencias, usó indebidamente recursos del Estado para una actuación personal y abusó de su posición de poder para presionar a la exempleada.

En la imputación de cargos, Sarabia no los aceptó y la Fiscalía continuará con la acusación. Todo el desarrollo judicial fue registrado y citado por El Espectador, fuente principal de la información expuesta.

¿De qué delitos acusa la Fiscalía a Laura Sarabia y cuál es el contexto de la investigación?

La Fiscalía General de la Nación acusa a Laura Sarabia de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. El caso gira en torno a la presunta pérdida de una maleta con COP 4.000 millones en su apartamento, y la posterior orden de someter a su exniñera, Marelbys Meza, a una prueba irregular de polígrafo. Según la Fiscalía, Sarabia habría utilizado indebidamente su cargo para tomar estas decisiones, lo que constituye un exceso en el uso de funciones públicas y abuso de poder.

¿Qué implica el delito de peculado por uso en el caso de Laura Sarabia?

El delito de peculado por uso se refiere al aprovechamiento indebido de recursos o bienes del Estado para fines personales. En el caso de Laura Sarabia, la Fiscalía argumenta que la aplicación de la prueba de polígrafo a Meza constituyó un uso fuera del reglamento establecido para esos procedimientos, pues estos protocolos solo aplican a funcionarios o aspirantes a la seguridad de altos cargos, no para resolver problemas privados.

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En primer lugar, el Ministerio defendió la importancia de la autonomía universitaria, considerada como una garantía constitucional. Sin embargo, recalcó que esta autonomía no puede traducirse en escenarios exentos de la ley o fuera del alcance de las autoridades. Citando el comunicado, se destacó que "frente a manifestaciones pacíficas deben privilegiarse el diálogo, la mediación y las herramientas institucionales previstas para garantizar el ejercicio de los derechos". No obstante, también subrayó que en situaciones de violencia, flagrancia, peligro para la vida o daños graves a bienes, las autoridades tienen la facultad de actuar de acuerdo con lo que el marco jurídico permite.

Adicionalmente, la cartera de justicia insistió en que la universidad no debe ser un límite para que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales, como las relacionadas con la protección, seguridad y el orden público. De acuerdo con el Ministerio, es fundamental mantener la garantía de la autonomía sin sacrificar la intervención estatal cuando se presenta una alteración del orden.

Por otra parte, el Ministerio también se refirió a la polémica de la aspersión aérea con glufosinato de amonio sobre cultivos de uso ilícito, aclarando que este proceso se encuentra apenas en una fase de exploración. En el comunicado, se afirma que la aspersión no debe interpretarse como una amenaza, pues el verdadero peligro radica en que los cultivos ilícitos permanezcan bajo el control de estructuras armadas. Según la cartera, el Estado necesita todas las herramientas legales y constitucionales para combatir el narcotráfico, y renunciar a alguna de ellas solo fortalecería a quienes lideran economías ilegales. La posición oficial señala que la aspersión, siempre y cuando esté regulada y supervisada, debe verse como una herramienta para enfrentar esta problemática y no como una amenaza para la sociedad.

¿Qué implicaciones tiene la presencia de fuerza pública en universidades públicas en Colombia?

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la presencia de la fuerza pública en universidades públicas solo debe considerarse en situaciones donde haya violencia, peligro para la vida o daños graves a bienes. La autoridad enfatiza que la intervención debe ser la última opción, privilegiando siempre el diálogo y la mediación en el contexto de manifestaciones pacíficas.

¿Cómo se justifica la aspersión aérea sobre cultivos ilícitos según el Ministerio de Justicia?

El Ministerio de Justicia argumenta que la aspersión aérea, actualmente en etapa de exploración, representa una herramienta del Estado para proteger a las comunidades y combatir el financiamiento de estructuras criminales. Destaca que la amenaza real es el narcotráfico, no la aspersión en sí, la cual debe estar debidamente regulada y controlada.

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La situación alcanzó mayor notoriedad cuando, en apenas seis minutos, se detectaron tres temblores en el departamento del Chocó con magnitudes de 4,9, 4,1 y 4,4, respectivamente. Según la información del SGC, esta serie de sismos generó preocupación, especialmente en el occidente del país. En Cali, ciudad situada en el suroeste de Colombia, se reportó que varias personas evacuaron los edificios tras percibir el movimiento telúrico originado en el Chocó, aun cuando la distancia entre ambos puntos es considerable. Estas acciones preventivas se dieron en medio de la incertidumbre que suele provocar la seguidilla de temblores en tan poco tiempo.

A pesar de la intensidad y frecuencia de los sismos, el SGC enfatizó que, hasta el momento, no se han confirmado afectaciones graves como daños materiales mayores o víctimas. Las autoridades locales y nacionales continúan con el monitoreo y la recolección de información acerca de la percepción de los temblores en los distintos territorios, buscando tener claridad sobre el impacto real de este fenómeno.

El Servicio Geológico Colombiano reiteró la invitación a la ciudadanía para que utilice la plataforma Sismos Sentidos. A través de esta herramienta oficial, las personas pueden reportar si han sentido los movimientos telúricos. La información consolidada allí es fundamental para determinar el alcance territorial y la percepción social de los sismos y ayuda a robustecer la respuesta de los organismos de gestión del riesgo.

Estos movimientos sísmicos, aunque no hayan causado afectaciones graves, evidencian la importancia de mantener la información actualizada y seguir los informes emitidos por fuentes oficiales como el SGC frente a eventos naturales de esta naturaleza.

¿Cuántos sismos se reportaron en Chocó y cuáles fueron sus magnitudes?

De acuerdo con la información del Servicio Geológico Colombiano, en un lapso de tan solo seis minutos se registraron tres sismos en el departamento del Chocó con magnitudes de 4,9, 4,1 y 4,4 respectivamente, así como otros dos movimientos telúricos en la jornada, sumando cinco en total.

¿Qué acciones recomendó el Servicio Geológico Colombiano tras los sismos del 14 de septiembre?

El Servicio Geológico Colombiano recomendó a la ciudadanía reportar sus percepciones de los sismos en la plataforma oficial Sismos Sentidos, permitiendo así una mejor evaluación del alcance de los temblores y contribuyendo con la gestión del riesgo y la atención a posibles emergencias.

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La fiscal tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadía Cubillos, sostuvo que Sarabia habría determinado al entonces jefe de protección presidencial, coronel Carlos Alberto Feria, para que utilizara equipos de poligrafía con Meza.

“Doctora Sarabia usted como servidora pública determinó a través de mandato al coronel Carlos Alberto Feria”, señaló la fiscal, al cuestionar que los equipos hubieran sido utilizados para un asunto que, de acuerdo con la Fiscalía, estaba por fuera de sus fines legales.

Abadía explicó que los equipos estaban destinados a estudios de seguridad de funcionarios, integrantes de esquemas de protección y evaluaciones de desempeño y confiabilidad. Por eso, la Fiscalía considera que su utilización para investigar la pérdida del dinero del maletín de Sarabia correspondió a un uso ajeno a esas funciones.

La prueba ocurrió el 30 de enero de 2023, cuando Marelbys Meza fue trasladada por personal de seguridad a unas oficinas del DAPRE en el edificio Galán, en el centro de Bogotá. El examen habría durado entre tres y cuatro horas y quedó registrado en un DVD.

“Durante la práctica del examen poligráfico, el interrogatorio se enfocó de manera exclusiva en indagar sobre el hurto del dinero”, afirmó la fiscal, al explicar que se trató de una prueba relacionada específicamente con la pérdida del dinero.

El cuestionamiento de la Fiscalía también apuntó al poder que Sarabia tenía por su posición dentro del gobierno. La fiscal afirmó que la cercanía con la Presidencia le otorgaba una posición de autoridad que habría influido en la decisión de someter a Meza al procedimiento.

“Doctora Sarabia, usted sabía que estaba emitiendo una orden fuera de su competencia”, manifestó Abadía. La fiscal agregó que Sarabia conocía las normas que establecían sus funciones y que estas no contemplaban la potestad de activar equipos de inteligencia del Estado para ordenar una prueba de ese tipo.

Además, la Fiscalía sostuvo que Sarabia sabía que Meza era su subordinada laboral y que existía un desequilibrio de poder entre ambas. La fiscal señaló que la exfuncionaria habría sabido que la entonces trabajadora no tenía posibilidades reales de negarse al polígrafo.

Respuesta de abogado de Laura Sarabia

El abogado Mario Iguarán, defensor de Sarabia, manifestó su sorpresa por la imputación, especialmente por el delito de peculado por uso, uno de los tres cargos presentados contra Sarabia junto con abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.

La reacción del abogado se produjo después de que la fiscal Gloria Marcela Abadía Cubillos expusiera los argumentos de la Fiscalía durante la audiencia. Según Caracol Radio, la funcionaria sostuvo que Sarabia habría utilizado su posición y determinado al coronel Carlos Alberto Feria para que Marelbys Meza fuera sometida a una prueba de polígrafo.

Sin embargo, la defensa de Sarabia no quedó conforme con la imputación y Mario Iguarán lanzó una advertencia frente a la forma en que la Fiscalía estructuró los cargos. El abogado dijo que espera que el ente acusador no esté “inflando las imputaciones”, en referencia a los delitos atribuidos a su defendida.

(Vea también: Temblor en tarde del lunes sacudió a Colombia y revivió fantasmas del terremoto: “Se sintió fuerte”)

El reporte fue conocido inicialmente a través de Caracol Radio, cuyo periodista, Jair Mosquera informó desde Istmina que los movimientos causaron una reacción inmediata entre las personas que se encontraban dentro de diferentes edificaciones.

“Cuando la gente sintió los movimientos… y empezaron a correr, salieron, evacuaron [sic]”, reportó el periodista.

De acuerdo con el reporte, cuando los ciudadanos sintieron los movimientos comenzaron a salir de los edificios como medida preventiva. En medio de la emergencia, los organismos de seguridad realizaron un barrido para verificar si se habían producido afectaciones en las estructuras.

Hasta el momento del reporte no se habían encontrado dificultades en alguna edificación de Istmina.

Las autoridades hicieron un llamado especial a la población para evacuar los edificios de cuatro y cinco niveles en diferentes sectores del Chocó, particularmente en Istmina, mientras avanzaban las verificaciones.

La recomendación se produjo en medio de una jornada en la que también se habían registrado otros movimientos menores. Según el reporte entregado desde la zona, durante las últimas 24 horas se habían presentado seis movimientos de menor intensidad.

La seguidilla de sismos volvió a despertar preocupación entre los habitantes de una región que permanece especialmente atenta a cualquier actividad sísmica después del terremoto que afectó a diferentes zonas del país el pasado 10 de agosto.

En Cali también evacuaron edificios al sentir temblores

La situación no se limitó al departamento del Chocó. Los movimientos también fueron sentidos con fuerza en Cali, donde varias personas abandonaron edificios durante la tarde.

Según el reporte de Caracol Radio, los tres movimientos se sintieron entre aproximadamente las 3:00 y las 3:08 de la tarde y provocaron momentos de pánico entre habitantes de la capital del Valle del Cauca.

Una de las edificaciones evacuadas fue precisamente el edificio de cinco pisos donde funciona Caracol Radio. Las personas que se encontraban en el lugar salieron como medida preventiva después de sentir los movimientos.

La evacuación también se presentó en edificios oficiales. Entre los lugares mencionados en el reporte se encuentran la sede de la Alcaldía y la Gobernación del Valle.

(Le puede interesar: “Sí, se estrelló”: dan trágica versión sobre la aeronave que desapareció cuando iba a Guaymaral)

Recientemente se conoció una imagen aérea de la aeronave, la cual se habría despedazado porque la toma la pone en varios puntos del Parque Nacional Natural Tatamá, en Chocó. Pese al hallazgo, la Patrulla Aérea Civil Colombiana (PAC), Colmédica y la Clínica del Country se refirieron a la tripulación.

A través de un comunicado, confirmaron que el estado de las cinco personas es incierto, cuando volvían de Condoto luego de haber cumplido una jornada de atención atención en salud a personas afectadas por el terremoto en Chocó.

“No contamos con información confirmada sobre el estado de nuestros compañeros y voluntarios que se encontraban a bordo de la aeronave… Permanecemos atentos a la evolución de la situación, acompañando a sus familias y confiando en que los esfuerzos de las autoridades y organismos de búsqueda permitan tener noticias favorables”, se lee en el mensaje de la PAC.

#ACTUALIDAD | Tras el accidente de la aeronave en Tadó, Chocó, la Patrulla Aérea Civil Colombiana, Colmédica y la Clínica del Country confirmaron que, hasta el momento, no cuentan con información sobre el estado de las personas que iban a bordo de la aeronave desaparecida.… pic.twitter.com/U1Rm1u0wkv

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 14, 2026

En la aeronave iban María Victoria Guzmán, Sandy García, Julissa Figueredo y Perla Álvarez, integrantes de la misión médica que ofrecía servicios en el departamento del Pacífico. Junto a ellas estaba Mehmet Canyaka, el piloto del avión que iba a regresar a Guaymaral, en Bogotá.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, la medida está relacionada con el contenido publicado por Samuel Adrián en el marco de su documental titulado ‘Colombia: Fábrica de Niños Trans’. Dicho material ha suscitado controversia por cuestionar procedimientos y protocolos sobre la afirmación de género en menores de edad, aunque es importante advertir que los argumentos expuestos representan las opiniones y posiciones del propio creador. En ningún caso deben entenderse como conclusiones establecidas en el ámbito científico o médico, según remarcan las mismas fuentes oficiales.

Antes de viajar a Colombia, Adrián reconoció en declaraciones hechas a la prensa que era consciente de la existencia de una orden judicial en su contra y que existía la posibilidad de ser detenido. Según lo expresado por él mismo, la decisión dictada contempla 10 días de arresto junto con una multa de 15 salarios mínimos mensuales. Tras su llegada a Bogotá, las autoridades procedieron con el cumplimiento efectivo de esta orden judicial.

La detención cobró rápidamente una fuerte connotación política. El presidente Abelardo de la Espriella se refirió al caso, señalando que el episodio debería abrir un debate nacional sobre los procedimientos médicos y jurídicos en menores. “Llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores”, afirmó De la Espriella a través de su cuenta en la red social X. El mandatario criticó también que decisiones de tanta trascendencia sean tomadas únicamente mediante acciones de tutela, protocolos administrativos o criterios jurisprudenciales; por ello, instó al Congreso de la República a discutir el tema en el plano legislativo.

Por su parte, Samuel Adrián manifestó que no ha cometido ningún delito y que no aceptará la decisión sin defender su postura. Aseguró que sus abogados en México y Colombia adelantarán acciones legales para proteger sus derechos, mientras la controversia avanza y el tema escala de las redes sociales al debate institucional.

¿Por qué fue detenido Samuel Adrián en Colombia?

La detención de Samuel Adrián en el aeropuerto El Dorado de Bogotá respondió al cumplimiento de una orden judicial por desacato emitida por un juzgado de Cali. Según información de la Policía Nacional, no se trató de una captura por delito ni por investigación penal, sino por incumplir una decisión judicial relacionada con el contenido publicado en su documental ‘Colombia: Fábrica de Niños Trans’.

¿Qué significa una sanción judicial por desacato?

Una sanción judicial por desacato se impone cuando una persona no cumple una orden emanada de un juez. En el caso de Samuel Adrián, la sanción incluye 10 días de arresto y una multa económica, según las declaraciones que él mismo entregó. Esta medida busca garantizar el respeto y cumplimiento de las decisiones de la justicia.

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De acuerdo con declaraciones del mandatario, el corredor universitario y Villa Campestre fueron reafirmados como territorios pertenecientes a Barranquilla. De la Espriella celebró que esta área estratégica, donde se concentran importantes dinámicas económicas y educativas, pase oficialmente a manos de la ciudad. Según indicó, la definición de los límites se apoyó en un proceso liderado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que realizó su labor técnico-científica tomando en cuenta elementos históricos, cartográficos, geográficos, demográficos, sociales, administrativos y territoriales.

La decisión, no obstante, no está plenamente definida. El presidente subrayó que corresponde ahora al Congreso ratificar esta delimitación territorial. Aun así, advirtió sobre posibles intentos de influir sobre los congresistas por parte de la estructura política de los Torres, especialmente fuerte en Puerto Colombia. El interés de este grupo radica principalmente en el valor estratégico y económico de la zona. Parte de este bloque político, encabezado por el contratista Euclides Torres, tuvo cercanía con el gobierno anterior, encabezado por Gustavo Petro. Miembros del Congreso, como Pedro Flórez del Pacto Histórico, pertenecen a esta estructura, según las declaraciones recogidas.

El área en disputa, ubicada en el norte del Atlántico, tiene una relevancia particular: allí se encuentran la Universidad del Atlántico, la Universidad del Norte y la Sergio Arboleda, así como numerosos servicios educativos, comerciales, residenciales y de salud. El IGAC avaló que más de 1.000 hectáreas, de una disputa que se extiende hasta casi 1.500, pertenecen a Barranquilla e incluyen importantes activos como centros comerciales, colegios, clínicas, hoteles y proyectos residenciales como Villa Campestre y Ciudad Mallorquín. El presidente enfatizó la importancia de que el interés público prime sobre intereses sectoriales o privados en este tipo de disputas, invocando el mandato constitucional y legal. La definición de límites territoriales, en este contexto, trasciende lo geográfico y se inscribe en el debate sobre el poder político, los intereses económicos y la autonomía de las instituciones en Colombia.

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¿Por qué Barranquilla y Puerto Colombia disputan las tierras de Villa Campestre y el corredor universitario?

Barranquilla y Puerto Colombia se enfrentan por tierras situadas en el norte del Atlántico debido a la alta relevancia económica, educativa y de desarrollo inmobiliario que tiene el sector. La zona comprende universidades, centros comerciales, proyectos residenciales y otros servicios que la convierten en una de las áreas de mayor proyección en la región. Según información del IGAC, más de 1.000 hectáreas fueron avaladas como parte de Barranquilla, lo que agrega un elemento político y de desarrollo urbano al conflicto.

¿Qué papel juega el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en la delimitación territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia?

El IGAC, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, desempeñó una función técnica y científica crucial en la delimitación territorial. Según declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, este organismo utilizó criterios históricos, cartográficos, geográficos, demográficos, sociales y administrativos para trazar los límites precisos, lo que permitió establecer oficialmente qué tierras corresponden a Barranquilla en esta disputa.

De acuerdo con la petición presentada por la Red de Veeduría Ciudadana, es el Congreso, a través de la Comisión de Acusación, el competente para determinar si hay lugar a una investigación más profunda. El documento remarca que su intención no es afirmar que el magistrado haya cometido un delito, sino que corresponde a los órganos legales definir si existe una responsabilidad penal o disciplinaria. “Se adelante la investigación penal y disciplinaria a fin de determinar si los hechos constituyen o no posibles infracciones de las normas disciplinarias, y de responsabilidad penal”, afirma el texto.

Los hechos están relacionados con información publicada por la Revista Cambio, la cual presentó los intercambios de mensajes en el marco de la investigación sobre corrupción que adelanta la Fiscalía respecto de la Ungrd bajo la administración de Olmedo López. Según el reportaje, ese episodio involucra a seis personas, entre quienes destacan Olmedo López, Sneyder Pinilla y el propio Vladimir Fernández, además de la abogada Irma Solangel Torres, quien hoy se desempeña como conjuez en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En esas comunicaciones se evidencia que, el 9 de enero de 2024, Fernández habría remitido los datos del apartamento de Torres a López, quien a su vez coordinaba el encuentro para la supuesta entrega de dinero, aunque la publicación deja en el aire si el magistrado conocía los motivos específicos de dicha diligencia.

Según las conversaciones expuestas, Olmedo López solicitó a Fernández la dirección exacta del apartamento de Irma Solangel Torres, mientras Sneyder Pinilla y otra persona aguardaban allí. Cambio señala que ni López ni Pinilla sabían, para ese momento, quién recibiría el dinero ni dónde debía entregarse con exactitud, lo que habría motivado ese intercambio de mensajes. La revista también cuestiona por qué la Fiscalía, a pesar de contar presuntamente con esta información, no la tuvo suficientemente en cuenta durante las investigaciones previas.

¿Por qué piden investigar al magistrado Vladimir Fernández Andrade por el escándalo de corrupción en la Ungrd?

La solicitud de investigación contra Fernández Andrade se basa en chats revelados por la Revista Cambio, donde se evidencia comunicación entre él y Olmedo López, exdirector de la Ungrd, en el contexto de una presunta entrega de dinero vinculada a hechos de corrupción. La petición busca determinar si el magistrado tuvo alguna responsabilidad penal o disciplinaria en relación con dichos eventos.

¿Qué es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y cuál es su función en este caso?

La Comisión de Acusación es un órgano de la Cámara de Representantes encargado de investigar a altos funcionarios del Estado, como magistrados de las altas cortes. En este caso, fue solicitada para adelantar indagaciones y precisar si existen méritos para establecer responsabilidades frente a los hechos que involucran a Vladimir Fernández Andrade.

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Carlos Quintana Trujillo, subsecretario de Asuntos de Gobierno del Valle del Cauca y responsable de la Oficina de Pasaportes, hizo un llamado para que estas personas completen el proceso a la mayor brevedad posible. En palabras textuales: "Tenemos más o menos 14.000 personas que hicieron su primer pago, no han hecho su agendamiento y queremos reiterarles que lo hagan lo más pronto posible. Estamos en una temporada relativamente baja", destacó el funcionario.

El proceso de solicitud del pasaporte incluye varios pasos que deben seguirse cuidadosamente para evitar contratiempos. Luego de realizado el primer pago, se debe ingresar a la página oficial pasaportes.valledelcauca.gov.co, donde es obligatorio agendar una cita. La sede para atender estos trámites se encuentra en el centro comercial La Estación, con un horario establecido de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. La capacidad máxima diaria para la atención es de 1.200 citas.

Durante la cita, los mayores de edad deben presentar la cédula original; los menores de edad, su tarjeta de identidad o registro civil y estar acompañados por un adulto. Tras finalizar la atención presencial, lo que resta del valor del pasaporte ordinario —116.600 pesos— debe pagarse en el banco GNB Sudameris.

Un aspecto importante que resalta Noticiero 90 Minutos es que el primer pago realizado, por un valor de 232.700 pesos, solo mantiene su vigencia durante el año en curso. Por ende, quienes arrancaron el trámite deben completarlo antes del 31 de diciembre, ya que, de lo contrario, el pago perdería validez.

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¿Cómo puedo completar el proceso de solicitud del pasaporte en el Valle del Cauca si ya hice el primer pago?

Para completar el proceso, usted debe acceder a la página web oficial de pasaportes del Valle del Cauca, agendar su cita en la sede ubicada en el centro comercial La Estación y presentar la documentación correspondiente el día de su cita. No olvide llevar la cédula original si es mayor de edad o, en caso de menores, la tarjeta de identidad o registro civil y estar acompañado de un adulto. Finalmente, debe cancelar el saldo restante en el banco GNB Sudameris.

¿Cuánto tiempo es válido el primer pago del trámite de pasaporte ordinario en el Valle del Cauca?

Según Noticiero 90 Minutos, el primer pago por el trámite de pasaporte ordinario, que es de 232.700 pesos, tiene validez únicamente dentro del año vigente en que se realizó. Esto implica que el proceso debe finalizarse antes del 31 de diciembre o, de lo contrario, el pago perdería su validez y se requeriría iniciar el trámite desde el principio.

(Le puede interesar: “De Laura Sarabia no”: la contundente revelación de Sandra Ortiz sobre el Gobierno Petro)

La fiscal que expuso los hechos cuestionó a la exfuncionaria por el uso que habría dado a equipos del Estado y por la posición de poder que, según la acusación, tenía frente a la entonces niñera.

Durante la diligencia, la fiscal le explicó a Sarabia que, en su condición de servidora pública, habría determinado que el coronel Carlos Alberto Feria, entonces jefe de Protección Presidencial, utilizara los equipos de poligrafía que estaban bajo su administración y custodia.

La funcionaria judicial sostuvo que esos aparatos habían sido entregados al Dapre para cumplir funciones específicas, entre ellas estudios de seguridad de funcionarios y empleados que pretendieran ingresar a la Jefatura de Protección Presidencial, así como evaluaciones de desempeño y confiabilidad.

Según la Fiscalía, el problema estuvo en que los equipos habrían sido utilizados para un asunto particular relacionado con la pérdida de dinero de la vivienda de Sarabia.

(Lea también: Filtran prueba reina que hundiría a Laura Sarabia en imputación por caso Marelbys Meza)

Fiscal cuestionó a Sarabia por el caso de Marelbys Meza

La acusadora recordó que el 30 de enero de 2023, alrededor de las 2 de la tarde, Marelbys Meza fue llevada por personal de seguridad a unas oficinas del Dapre ubicadas en el edificio Galán, en el centro de Bogotá.

Allí le practicaron una prueba de polígrafo que duró entre tres y cuatro horas y quedó registrada en video. De acuerdo con la Fiscalía, el interrogatorio estuvo enfocado exclusivamente en determinar lo ocurrido con el dinero que había desaparecido de la vivienda de Sarabia.

Por eso, la fiscal calificó el procedimiento como una actividad particular que se apartaba de la finalidad para la cual estaban destinados los equipos públicos. Uno de los momentos más fuertes de la intervención llegó cuando la funcionaria judicial cuestionó directamente a Sarabia sobre si sabía que estaba dando una orden por fuera de sus competencias.

“¿Usted sabía que estaba emitiendo una orden fuera de su competencia?”, le preguntó la funcionaria durante la audiencia.

#ATENCIÓN | Así fue el fuerte regaño de la fiscal a la exjefe de Gabinete del Gobierno del expresidente Gustavo Petro, Laura Sarabia (@laurisarabia), al imputarle tres delitos: abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso.

"Usted estaba obligada,… pic.twitter.com/oJROSRZ3ZN

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La acusadora también le planteó si conocía las normas que delimitaban sus funciones y sostuvo que sus atribuciones no incluían la posibilidad de activar equipos de inteligencia del Estado para ordenar una prueba de poligrafía de esas características.

Le recordó la posición de poder que tenía sobre Meza

La fiscal también puso el foco en la relación laboral entre Sarabia y Meza. Según la acusación, la entonces funcionaria sabía que la mujer era su subordinada y que existía un desequilibrio de poder entre ambas.

La Fiscalía sostuvo que Sarabia sabía que Meza tenía pocas posibilidades de negarse a la práctica del polígrafo y que, pese a ello, habría decidido continuar con el procedimiento.

“Sabía que ella no tenía posibilidades de negarse a la práctica del polígrafo”, manifestó la fiscal durante la diligencia.

Además, señaló que Sarabia conocía las finalidades específicas de los equipos y, aun así, habría determinado que fueran utilizados para atender un asunto de carácter privado.

La funcionaria judicial también hizo énfasis en la formación académica y experiencia de Sarabia en el sector público. Según explicó, esas condiciones le permitían comprender que no podía impartir órdenes por fuera de sus competencias ni disponer de bienes estatales para fines diferentes a los autorizados.

“Al momento de los hechos que se le imputan, usted tenía la madurez psíquica de una ciudadana corriente. No estaba afectada por inmadurez psicológica, trastorno mental o estados similares… Usted estaba obligada más que cualquier otra persona a obrar siempre conforme a derecho y hacer ejemplo de rectitud en todas sus actuaciones”, le dijo la fiscal.

La acusación concluyó que el comportamiento atribuido a Sarabia habría afectado la administración pública y la autonomía personal de Meza, al utilizar su posición para que la mujer se sometiera al procedimiento.

Los señalamientos hacen parte de la imputación que la Fiscalía presentó contra Sarabia por los hechos relacionados con el polígrafo, en un caso que también está vinculado con las investigaciones por las interceptaciones telefónicas a Meza y otra mujer.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó a las 3:02 de la tarde un movimiento telúrico de magnitud 4.9 con profundidad de 39 kilómetros con epicentro en Istmina (Chocó).

El asunto es que además de que este evento sísmico tuvo origen en el mismo departamento en el que antes se presentó la tragedia que todavía tiene en reconstrucción al territorio nacional, también hubo varios reportes.

Por ejemplo, en departamentos del Eje Cafetero como Quindío y Risaralda hubo usuarios que indicaron que sintieron el temblor, con ciudades como Armenia, Pereira y Dosquebradas, entre otras.

“Se sintió fuerte”, afirmó una persona minutos después como respuesta a la publicación del SGC desde su cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter).

Personas desde otras ciudades como Cali y otras en el Valle del Cauca también revivieron los fantasmas de un terremoto que dejó a miles de personas damnificadas.

“Qué susto. Hasta cuando vamos a salir corriendo así”, escribió otro usuario al contestar sobre el episodio que se registró de nuevo en el territorio colombiano, semanas después del terremoto.

Cabe recordar que Colombia todavía sigue en camino de recuperarse luego de que el mencionado evento telúrico dejó sin vivienda a personas que ahora acuden a subsidios del Estado debido a esta situación.

El temor no es menor si se tiene en cuenta que varias de las zonas afectadas todavía siguen en riesgo debido a las edificaciones que no han sido demolidas, como en el caso de Dosquebradas, la segunda ciudad más golpeada en el país.

De hecho, Pulzo ha conocido que esta es una en la que sus damnificados todavía no reciben las ayudas destinadas para contener esta situación en la que se cumplen cinco semanas.

A pesar de que ha pasado ese tiempo, la respuesta no ha sido tan diligente para atender las necesidades económicas de miles de familias que siguen en vilo sobre lo que viene para sus futuros.

Incluso, el presidente Abelardo de la Espriella les llamó la atención a los alcaldes de municipios que no han entregado la información correspondiente para reaccionar por parte del Estado a esta situación.

¿Qué hacer ante un temblor en Colombia?

Actuar con serenidad y rapidez resulta determinante para mitigar riesgos vitales al enfrentar un movimiento sísmico en el territorio colombiano.

Durante la sacudida inicial, conservar la calma constituye la regla fundamental para ejecutar decisiones de autocuidado de manera efectiva.

En espacios cerrados, alejarse inmediatamente de ventanas, espejos, muebles pesados o elementos suspendidos previene lesiones severas por desprendimientos.

La medida de protección principal consiste en agacharse, cubrirse la cabeza bajo una mesa firme y sujetarse firmemente hasta que cese la sacudida.

En construcciones modernas, ubicarse cerca de columnas o vigas estructurales ofrece refugio, evitando resguardarse debajo de marcos de puertas.

Bajo ninguna circunstancia utilizar ascensores ni correr apresuradamente por las escaleras mientras la edificación continúe en movimiento activo.

Si el evento telúrico sorprende en la calle, busque áreas abiertas lejos de postes eléctricos, fachadas de edificios, árboles y cables.

Al transitar en vehículo, reducir gradualmente la velocidad hasta detenerse en un punto seguro, distante de puentes o estructuras elevadas.

Una vez finalizado el temblor, verificar su estado físico e iniciar la evacuación empleando únicamente las escaleras de emergencia.

Cerrare las llaves de paso de gas, agua y corte el flujo eléctrico para prevenir explosiones o incendios por fugas.

Llevar consigo el morral de emergencias con botiquín, documentos, agua, radio y silbato para facilitar cualquier eventual rescate.

Si identifica grietas estructurales graves en muros o placas, evacuar inmediatamente y reportar la anomalía a las autoridades locales.

El río Lili, que históricamente surtía un volumen suficiente para la comunidad rural, hoy enfrenta un nivel crítico que preocupa tanto a los usuarios como a los operadores del servicio. Álvaro Ortiz, integrante de la junta directiva de Acuabuitrera, expresó que “este río era uno que traía un buen volumen de agua y en este momento no tiene agua. El río se está secando, ya estamos llegando a las mínimas y toda la comunidad está preocupada”. Sus palabras reflejan la angustia generada por una fuente que, pese a contar con autorización ambiental para captar hasta 20 litros por segundo, hoy apenas permite extraer cerca de 4 litros por segundo, una cifra insuficiente para cubrir las necesidades de la población.

La disminución del caudal obligó a que la empresa adoptara turnos de distribución, priorizando diferentes sectores para tratar de repartir equitativamente el escaso recurso, una dinámica que, según Ortiz, no ha llegado aún a enfrentar el punto más duro del fenómeno de El Niño.

Por su parte, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) indicó que el impacto en el sistema de la zona urbana de Cali es distinto, pues allí el embalse de Salvajina regula y subsidia el caudal del río Cauca. Según Marco Antonio Suárez, director general de la CVC, el embalse se encuentra al 79 % de su capacidad y se espera que la etapa más rigurosa del fenómeno de El Niño se extienda hasta marzo, con el mayor impacto previsto entre octubre y diciembre.

Emcali, empresa municipal de servicios públicos, confirmó además que el río Meléndez está por debajo de los 300 litros por segundo, perjudicando el suministro de agua en las comunas 18 y 20, mientras que el río Cali también experimentó una reducción en su caudal, afectando la capacidad de respaldo para la red alta en la comuna 20.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño el abastecimiento de agua en La Buitrera, Cali?

El fenómeno de El Niño ha causado una importante reducción en el caudal del río Lili, principal fuente de agua para la zona rural de Cali, especialmente La Buitrera. La sequía disminuyó la captación permitida por Acuabuitrera de 20 a solo 4 litros por segundo, obligando a racionamientos prolongados que impactan a cerca de 14.000 habitantes, según reportó 90 Minutos.

¿Qué significa ‘caudal’ y por qué es relevante en la distribución de agua?

El término “caudal” se refiere a la cantidad de agua que fluye por un río o canal en un tiempo determinado, generalmente expresado en litros por segundo. Es fundamental en la distribución de agua porque determina la disponibilidad del recurso para abastecer a la población y la capacidad del sistema de acueducto para operar de manera eficiente.

El presidente de Colombia se refirió a la demora por parte de los alcaldes y gobernadores para el envío de la información estructurada sobre los daños causados debido al movimiento telúrico.

Durante su declaración en Quimbaya (Quindío), el mandatario remarcó que ese es un insumo determinante para que se avance en el proceso de reconstrucción de los sitios afectados.

Desde Quindío, el presidente Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) les llamó la atención a alcaldes y gobernadores por no haber enviado aún la información estructurada sobre los daños causados por el terremoto, un insumo clave para avanzar en el proceso de reconstrucción.… pic.twitter.com/W3Rt8fzdBK

— Portafolio (@Portafolioco) September 11, 2026

De hecho, indicó que faltan por lo menos 200 municipios en ofrecer la mencionada información y recordó que el plazo para esa entrega vence el próximo 17 de septiembre, por lo que pidió a sus ministros presionar a las autoridades correspondientes.

Por ejemplo, Dosquebradas (Risaralda) no recibe todavía subsidios y está en el ‘olvido’, a pesar de que es la segunda más afectada después de Pereira debido al sismo de magnitud 7.4 en el país.

Si bien el alcalde de ese municipio, Roberto Jiménez, atribuyó el tema a diferencias políticas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) le respondió a Pulzo al ser consultada sobre el tema.
La entidad, sin hacer referencia específica a las declaraciones del gobernante ni mucho menos al lugar risaraldense, explicó que la ciudadanía no debe presentar una solicitud individual de pago ante la UNGRD.

De ahí, aclaró que el procedimiento se tramita a través del municipio: la Alcaldía debe presentar la solicitud de apoyo, aportar la información correspondiente y expedir las certificaciones exigidas por la Resolución.
Incluso, remarcó que las personas deben verificar ante la administración municipal que su información en el RUD sea correcta y que la condición registrada de su vivienda corresponda a la realidad.

Así, entre los requisitos de lo que necesitan las personas para recibir los subsidios están pendientes las tareas que para este caso el presidente de Colombia les exigió a los alcaldes y gobernantes.

El tema cobra especial importancia si se considera que ha pasado poco más de un mes desde el terremoto y hay ciudades como Pereira, Manizales y Cali en donde ya se tienen esos beneficios.

El llamado de atención se convierte en un punto de referencia para que se avance en un proceso que golpea directamente a los damnificados que perdieron su vivienda y cuentan con ese apoyo de parte del Estado, a través de los gobernantes locales.

¿De cuánto son los subsidios por terremoto en Colombia?

Los subsidios de arriendo temporal para damnificados por terremoto en Colombia varían según la categoría del municipio donde se ubica la vivienda afectada.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres otorga estos auxilios económicos durante tres meses consecutivos a los hogares registrados.

Para los municipios clasificados en categorías uno y dos, además de distritos especiales, el monto mensual equivale a $ 1’050.543 por grupo familiar.
En los municipios pertenecientes a categorías tres y cuatro, la asistencia financiera alcanza $ 875.452 mensuales para cubrir gastos de alojamiento temporal.

Las localidades ubicadas en categorías cinco y seis reciben un apoyo económico fijado en $ 787.907 al mes por cada hogar validado.
Sumando los tres ciclos de entrega contemplados por la normativa, una familia beneficiaria puede acumular hasta $ 3’151.629 en total según su territorio.

El beneficio se asigna por núcleo familiar y no por persona individual, buscando evitar duplicidades en la dispersión de los recursos públicos.

Para acceder a estas transferencias, la vivienda debe ser declarada destruida o no habitable tras las inspecciones técnicas de los organismos de socorro.

La Fiscalía señaló a la exfuncionaria por los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso, relacionados con los hechos que rodearon el procedimiento aplicado a la entonces niñera.

#ATENCION | Laura Sarabia (@laurisarabia) se declaró inocente y no aceptó los tres delitos que le imputó la @FiscaliaCol abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso, esto dentro de la investigación, por la prueba del polígrafo a Marelbys Meza, su… pic.twitter.com/87hl5C9kuC

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 14, 2026

El caso se remonta al 29 de enero de 2023, cuando Sarabia ocupaba el cargo de jefa del despacho presidencial durante el gobierno de Gustavo Petro. Posteriormente pasó por la dirección de Prosperidad Social, el Dapre, la Cancillería y llegó a ser embajadora de Colombia en Reino Unido.

Cabe recordar que Marelbys Meza estuvo en el centro de la controversia después de ser sometida a una prueba de polígrafo en medio de las investigaciones por la pérdida de dinero en la vivienda de Sarabia.

Ahora, el proceso judicial avanza con la imputación formal y la decisión de Sarabia de no aceptar responsabilidad por los delitos atribuidos.

La raíz de este caso se encuentra en hechos que ocurrieron durante el periodo 2014-2015, cuando Alejandro Lyons ejercía como gobernador. Según la Procuraduría, durante su administración se permitió el pago de más de 7.000 millones de pesos colombianos a una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), sin la existencia de un contrato formal entre la Gobernación de Córdoba y esa entidad. El ente de control señaló que Lyons “omitió el control y la vigilancia de la actividad contractual delegada”, lo que conllevó a que se pagaran “$7.886.574.000 sin la celebración de acuerdos de voluntades con diferentes IPS por un paquete integral de neurorrehabilitación”. Estas instituciones, identificadas como Crecer y Sonreír S.A.S., Semillas de Amor S.A.S. y Girasoles S.A.S., recibieron los pagos por servicios prestados a población vulnerable que no estaba cubierta por el Plan Obligatorio de Salud (POS). La denuncia apuntó a la falta de vigilancia de Lyons sobre las funciones delegadas a los secretarios de Salud departamental, lo que facilitó dichos pagos irregulares.

El exgobernador apeló la sanción, lo que derivó en que el proceso llegara hasta el examen del Consejo de Estado. Después de analizar los plazos, el tribunal concluyó que la acción disciplinaria había caducado, pues los tiempos para sancionar ya se encontraban vencidos al momento de la revisión. En consecuencia, las medidas contra Lyons Muskus fueron revocadas.

En paralelo, Lyons Muskus también ha enfrentado cargos penales por otros hechos de corrupción. Fue capturado en Colombia tras ser deportado de Estados Unidos el 31 de julio de 2025 y en 2018 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por liderar una red que se apropió indebidamente de 9.000 millones de pesos de regalías. La sentencia ratificó su responsabilidad por el delito de concierto para delinquir. Tras cumplir su pena en la cárcel La Picota, Lyons Muskus recuperó su libertad el 22 de mayo, según indicó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a El Espectador.

¿Por qué el Consejo de Estado anuló la sanción contra Alejandro Lyons en el caso Cartel de la Hemofilia?

El Consejo de Estado anuló la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años contra Alejandro Lyons Muskus al determinar que la acción disciplinaria prescribió. Es decir, los plazos legales para sancionar habían vencido cuando el caso fue revisado, por lo que las decisiones de la Procuraduría quedaron sin efecto, de acuerdo con la información reportada por El Espectador.

¿Qué implica la prescripción de una acción disciplinaria en Colombia?

La prescripción de una acción disciplinaria significa que se agotó el tiempo legalmente establecido para imponer una sanción sobre un hecho determinado. En este caso, el Consejo de Estado concluyó que los plazos ya habían caducado, por lo que ningún órgano institucional podía sancionar a Alejandro Lyons, lo que lo dejó sin efectos jurídicos en esta investigación específica.

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No transcurrió mucho tiempo antes de que la actividad sísmica se repitiera. Apenas dos minutos después, exactamente a las 3:04 p. m., se presentó un segundo temblor, en este caso con una magnitud de 4.01, registrado específicamente en Istmina, Chocó. Aunque este movimiento fue de menor intensidad en comparación con el primero, la inesperada cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención de residentes y expertos que siguen la actividad sísmica en la región.

La rapidez en la sucesión de los dos temblores pone de relieve la importancia de mantener a la población informada y preparada ante emergencias de este tipo. Por el momento, los reportes disponibles no precisan detalles sobre la profundidad de los epicentros ni sobre posibles afectaciones materiales o humanas. Las autoridades locales y nacionales, como es habitual en estos casos, señalaron que la información sobre los movimientos sísmicos podría ser actualizada tras una revisión técnica más exhaustiva.

El seguimiento oficial busca esclarecer aspectos clave como la ubicación exacta de los epicentros, la profundidad a la que ocurrieron los movimientos y el impacto que pudieron tener en las comunidades cercanas. Mientras tanto, las instituciones responsables invitan a la ciudadanía a estar atenta a los reportes reales y oficiales sobre el fenómeno para evitar la desinformación y actuar con prudencia ante nuevas eventualidades.

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¿Cuáles fueron la hora y magnitud exactas de los sismos en Chocó el 14 de septiembre de 2026?

De acuerdo con la información reportada, el primer sismo ocurrió a las 3:02 p. m. con una magnitud de 5.20, mientras que el segundo se registró a las 3:04 p. m., con una magnitud de 4.01. Ambos movimientos sucedieron en el departamento de Chocó, siendo el segundo específicamente en Istmina.

¿Por qué genera alerta la ocurrencia de dos sismos en Chocó con solo dos minutos de diferencia?

El que dos movimientos telúricos ocurran en intervalos tan cortos puede indicar una actividad sísmica inusual en la zona, lo que genera preocupación entre la población y las autoridades. Esto lleva a una mayor vigilancia y preparación ante posibles réplicas o afectaciones, aunque se requiere información técnica más detallada para precisar la causa y el alcance de ambos eventos.

Según el boletín emitido por el SGC, la profundidad del temblor fue clasificada como superficial, es decir, cercana a la superficie de la tierra, lo que tiende a aumentar la sensación de movimiento en las áreas cercanas al epicentro. Entre los municipios cercanos al evento figuran Sipí, a solo 18 kilómetros; Nóvita, a 50 kilómetros; y El Dovio, en el Valle del Cauca, a 54 kilómetros, lo que podría haber contribuido a que personas en estas zonas también percibieran el temblor.

La información oficial resalta que el reporte publicado es de estado automático, lo cual significa que aún puede ser modificado una vez el SGC realice revisiones manuales y reciba más reportes ciudadanos. En ese sentido, se invita a la población que sintió el sismo a reportar sus experiencias en el formulario habilitado por la entidad, para contribuir con la actualización y precisión de los datos relacionados con el impacto del evento. Esta invitación fue reiterada a través de la cuenta de la entidad en la red social X (antes Twitter).

El boletín divulgado hasta el momento no ha especificado datos sobre daños materiales ni afectaciones a las personas en Istmina o en los municipios aledaños. El SGC continuará actualizando su reporte en la medida en que reciba nueva información y realice las respectivas verificaciones técnicas. Ante hechos como este, permanece la recomendación de estar atentos a los canales oficiales para cualquier novedad posterior relacionada con la sismicidad en la región.

De acuerdo con la información establecida por el Servicio Geológico Colombiano, la comunidad debe mantenerse informada solo mediante fuentes oficiales y estar preparada para cualquier actualización sobre la situación, considerando que aún se trata de una noticia en desarrollo.

¿Dónde se ubicó el epicentro del sismo de magnitud 4,5 en Istmina, Chocó?

El epicentro del sismo fue registrado en el municipio de Istmina, en el departamento de Chocó, según información preliminar del Servicio Geológico Colombiano. Los municipios más cercanos al epicentro fueron Sipí, Nóvita y El Dovio.

¿Qué significa que un sismo tenga profundidad superficial según el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con el SGC, cuando un sismo se clasifica como de profundidad superficial, significa que el origen del movimiento ocurre cerca de la superficie terrestre, lo cual suele incrementar la percepción del temblor en las zonas próximas al epicentro.

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De acuerdo con las personas presentes, el animal presentaba sangrado, mostraba una notoria debilidad y desprendía un intenso olor, signos que evidenciaban su sufrimiento y abandono. Ante esta situación, se esperaba que alguien dentro del templo ofreciera algún tipo de asistencia al animal, teniendo en cuenta su vulnerabilidad. No obstante, según el testimonio de quienes estuvieron en el lugar, el perro no recibió ninguna clase de ayuda y fue sacado de la iglesia.

Lo que más molestó a los testigos es que, pese al estado crítico en el que se encontraba el animal, relataron que habría sido retirado prácticamente inmóvil, incluso empujado con un trapeador, lo que sumó a la indignación causada en los asistentes. La negativa de asistencia al animal propició que algunos de los presentes decidieran intervenir para ayudarle.

El proceso de auxilio, sin embargo, tampoco fue sencillo. El tamaño del perro y la falta de un vehículo complicaron su traslado. Las personas que se solidarizaron con su situación improvisaron una solución: utilizaron bolsas de basura para poder levantarlo y movilizarlo, logrando finalmente llevarlo a un centro veterinario.

Ya en la veterinaria, el can fue hospitalizado de inmediato debido a la gravedad de su estado. Los cuidadores, que ahora velan por su recuperación, han manifestado que requieren recursos económicos para cubrir los gastos derivados de la atención profesional, exámenes médicos, medicamentos, alimentación y demás necesidades que surgen en su proceso de recuperación. Este caso ha suscitado un llamado de empatía por los animales en situaciones de abandono y una reflexión sobre la reacción de las instituciones ante emergencias de este tipo.

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¿Por qué fue retirado el perro herido de la iglesia en Villa Restrepo, Ibagué?

Según los testimonios recogidos, después de que varias personas se percataran de que el perro estaba sangrando, muy débil y con mal olor, esperaban que recibiera ayuda dentro de la iglesia. Sin embargo, el animal fue retirado del lugar sin recibir atención, y algunos presentes expresaron rechazo porque fue empujado con un trapeador mientras permanecía prácticamente inmóvil, lo que motivó la indignación y posteriormente la intervención de testigos.

¿Cómo lograron trasladar al perro herido al centro veterinario?

Debido a su gran tamaño y la falta de un vehículo, quienes quisieron socorrer al animal improvisaron el traslado empleando bolsas de basura para levantarlo. Gracias a estos esfuerzos, pudieron llevarlo a un centro veterinario donde fue hospitalizado debido a la gravedad de su estado, mientras buscan recursos para cubrir los gastos de su recuperación.

Según los datos recopilados, el caso presenta particular gravedad debido a la condición de Hernández Bonilla. Él permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que es el área hospitalaria destinada a la vigilancia constante y tratamiento especializado de pacientes en estado crítico o con riesgo vital. Por su parte, Hernández Girón continúa bajo atención médica, aunque su situación sería más estable en comparación con la de su hijo.

Las causas detrás de este acto de violencia todavía no han sido esclarecidas del todo. Sin embargo, una de las líneas de investigación que se ha planteado es la posibilidad de que el incidente constituya un intento de sicariato. El término "sicariato" hace referencia a crímenes cometidos por encargo, usualmente asociados con el crimen organizado, aunque en este caso específico la hipótesis aún no ha sido confirmada por las autoridades encargadas del caso. Este tipo de delito suele levantar alarma entre los habitantes, especialmente cuando involucra a una familia reconocida en la comunidad o sucede en horas de la noche.

Por ahora, la comunidad de Girardot se encuentra a la espera de avances en la investigación y del pronóstico de salud de los dos afectados, mientras las autoridades continúan recabando información para esclarecer los hechos y poder establecer responsables.

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¿Qué se sabe sobre el ataque a padre e hijo en Girardot, Tolima?

El ataque armado, ocurrido la noche del 13 de septiembre en el barrio San Antonio de Girardot, Tolima, dejó a José Antonio Hernández Girón y a su hijo gravemente heridos. Mientras Hernández Girón se encuentra bajo observación médica, su hijo permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos. Hasta el momento, se investiga la hipótesis de un posible intento de sicariato, pero las autoridades no han dado confirmaciones oficiales sobre las causas o responsables.

¿Qué significa Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y por qué es importante en este caso?

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es una sección hospitalaria equipada para tratar a pacientes que se encuentran en situación crítica o presentan riesgo vital. En este caso, la gravedad de las heridas de José Antonio Hernández Bonilla llevó a que fuera internado en la UCI, lo que indica la complejidad de su estado de salud y la necesidad de atención especializada continua.

Según la información circulada en redes sociales, los encapuchados ingresaron a la universidad y se dirigieron directamente a los estudiantes en medio de la actividad académica. La publicación cuestionó que este tipo de irrupciones se presenten en el entorno educativo, resaltando el debate sobre los límites dentro del espacio universitario. No obstante, hasta el momento, la información recogida corresponde a reportes extraoficiales y se espera la confirmación o pronunciamiento de la universidad y las autoridades pertinentes para esclarecer los hechos.

Justo antes de este incidente, el presidente Abelardo de la Espriella había dado a conocer un protocolo nacional para responder ante hechos violentos en instituciones de educación superior públicas. De la Espriella fue claro al declarar que se respetarán las protestas pacíficas y la libre expresión; sin embargo, advirtió que el Estado podrá intervenir a través de la Policía Nacional si ocurren episodios de violencia, hechos flagrantes o alteraciones graves del orden público. El mandatario sostuvo, según recogen varias fuentes digitales, que “la autonomía universitaria no está por encima del orden público”. De igual forma, lanzó un mensaje directo a quienes promuevan actos violentos desde los campus universitarios, enfatizando: “La autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes”.

El caso de los encapuchados reaviva el debate sobre el equilibrio entre la autonomía universitaria, la protesta estudiantil y la seguridad en las instituciones educativas. La información inicial proviene de redes sociales y debe ser contrastada con las versiones oficiales tanto de la universidad como de las autoridades para tener una visión completa del episodio.

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¿Qué significa autonomía universitaria en Colombia?

La autonomía universitaria en Colombia se refiere al derecho que tienen las universidades públicas de gobernarse a sí mismas, definiendo sus políticas académicas, administrativas y financieras sin intervención estatal directa. Sin embargo, esta autonomía no excluye la aplicación de leyes y el respeto al orden público, como fue reiterado recientemente por el presidente Abelardo de la Espriella ante situaciones de posible violencia al interior de los campus.

¿Cuál es el protocolo anunciado por Abelardo de la Espriella para hechos violentos en universidades?

El protocolo anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella establece que las protestas pacíficas en las universidades serán respetadas, pero advierte una posible intervención de la Policía Nacional en casos donde se presenten hechos violentos, flagrantes o alteraciones extraordinarias del orden público. El presidente subrayó que la autonomía universitaria no exime a las instituciones ni a quienes cometan delitos de la acción de las autoridades.

La aeronave fue localizada este lunes luego de más de 15 horas de búsqueda. La operación tuvo que ser suspendida durante la noche debido a las difíciles condiciones climáticas en la zona, que dificultaron las labores de los equipos de emergencia.

En horas de la mañana, la Fuerza Aérea Colombiana logró divisar desde el aire lo que serían los restos de la avioneta.

Posteriormente, la Aerocivil confirmó que el punto del accidente se encuentra a unos 9.000 pies de altura, en una zona de difícil acceso del territorio chocoano.

La ubicación de los restos permitirá avanzar en las labores de rescate y en la investigación para determinar las causas del accidente.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar para establecer las condiciones en las que ocurrió el siniestro y verificar el estado de las cinco personas que viajaban en la aeronave.

El hallazgo se produce después de una intensa operación de búsqueda aérea y terrestre, marcada por las condiciones meteorológicas adversas que obligaron a interrumpir temporalmente las labores.

Desde el 10 de agosto, fecha en que se registró la afectación en la infraestructura, los comerciantes han tenido que buscar alternativas para sostener sus ventas. De acuerdo con testimonios recogidos por Noticiero 90 Minutos, muchos optaron por ubicar carpas en la parte exterior del centro comercial, intentando mantener contacto con sus clientes habituales y continuar generando ingresos. Sin embargo, esta solución improvisada no cumplía con las condiciones dignas necesarias: había carencia de baños y de servicios básicos, además de la exposición a riesgos en la vía pública y a la falta de garantías para trabajadores y residentes cercanos.

Ante la presión y las dificultades, tanto la alcaldía como Propacífico avanzaron hacia una reubicación más estructurada en el segundo piso de la antigua 14 de Pasoancho. La gerente de San Andresito del Sur, Nora Patricia Uribe, explicó que aunque el objetivo es reubicar a más de 180 comerciantes, la cifra total de afectados alcanza los 560. El traslado se logró gracias a convenios entre la administración local y entidades privadas.

Paralelamente, la administración distrital realizó un censo que identificó 7.263 unidades productivas —entre formales e informales— afectadas, siendo los sectores comercio, manufactura, hospedaje y gastronomía los más impactados. Se calcula que 1.800 permanecen inactivas o colapsaron totalmente por los daños en sus instalaciones. Por ello, se combinarán acciones como eventos culturales, actividades comerciales y el programa “Más renta”, en alianza con la Cámara de Comercio, con el fin de ofrecer acompañamiento personalizado a cada comerciante y garantizar la continuidad o reapertura, según confirmó Laura Loreto para Noticiero 90 Minutos.

¿Cuántos comerciantes fueron reubicados tras los daños en San Andresito del Sur?

Según lo informado por autoridades y voceros citados en Noticiero 90 Minutos, inicialmente 110 comerciantes serán reubicados en el segundo piso de la antigua 14 de Pasoancho, aunque el total de afectados llega a 560. La reubicación busca ofrecer condiciones más seguras y dignas mientras se resuelve la situación del edificio original.

¿En qué consiste el programa “Más renta” para los comerciantes afectados?

El programa “Más renta” es una estrategia conjunta de la alcaldía y la Cámara de Comercio, enfocada en brindar acompañamiento personalizado a cada unidad productiva afectada. Su meta es evaluar individualmente a los negocios para ofrecer la mejor solución posible, que puede incluir continuidad del negocio, apoyo para reapertura o subsidios, según la necesidad de cada comerciante.

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De acuerdo con el testimonio de la madre, la reacción solidaria de varios ciudadanos resultó fundamental. Diversos conductores y transeúntes que notaron la emergencia se acercaron de inmediato, llevando extintores portátiles con la intención de contener el fuego. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, las llamas fueron incontrolables y el fuego acabó destruyendo totalmente el carro. El acompañamiento de estas personas también resultó esencial emocionalmente; mientras el padre intentaba salvar a sus hijos, quienes se encontraban llenos de miedo por la situación, otros ciudadanos prestaron apoyo y ofrecieron consuelo a los menores.

La mujer recordó con especial gratitud a un hombre que, mientras se dirigía hacia el grado de su propio hijo, decidió detenerse ante la escena y quedarse para cuidar a los pequeños; así como a otra madre que acompañó y consoló a uno de los niños durante esos minutos de angustia. "Gracias porque mis hijos tuvieron un apoyo, un consuelo, un refugio en medio de esa desesperación que vivieron", expresó la madre, valorando la empatía y ayuda que brindaron los presentes sin siquiera conocerlos.

Según relató, personas provenientes de El Espinal también asistieron guardando bajo resguardo las maletas y pertenencias que la familia pudo rescatar antes de que el fuego consumiera por completo el automotor, que terminó en pérdida total pese a los intentos de apagado. Hasta el momento, aún no se ha determinado cuál fue la causa del incendio; las circunstancias específicas del origen de las llamas continúan siendo materia de verificación. A pesar de las pérdidas materiales, la familia resalta que lo más importante fue la vida y la salud de sus integrantes. "Hoy estoy con mi esposo y con mis hijos", concluyó la mujer, agradecida porque esa noche terminó sin lesionados.

¿Qué provocó el incendio del vehículo en la glorieta de la Casa de la Moneda en Ibagué?

Hasta el momento, no se ha establecido de manera oficial la causa del incendio que destruyó el vehículo en la glorieta de la Casa de la Moneda, en Picaleña, Ibagué. De acuerdo con los relatos recopilados, el origen del fuego es aún materia de verificación y las autoridades no han informado detalles concretos sobre el motivo de la conflagración.

¿Cómo ayudaron los ciudadanos durante el incendio del carro en Ibagué?

Durante el accidente, varios ciudadanos que transitaban por la zona acudieron con extintores e intentaron apagar las llamas, aunque no fue posible evitar la pérdida total del auto. Además, otras personas brindaron acompañamiento emocional a los menores, resguardaron las maletas y permanecieron junto a la familia hasta que pasó el peligro, de acuerdo con el testimonio de la madre de los niños.

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Un elemento relevante en este contexto es el antecedente del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que evaluó la posibilidad de que los partidos Unión Patriótica y Comunista Colombiano devolvieran los recursos públicos utilizados en la consulta del Pacto Histórico. Según lo informado, la preocupación principal radicaba en la posible generación de gastos innecesarios para la Organización Electoral. La discusión giró en torno a si el Pacto Histórico podía consolidarse como un solo partido político y organizar una consulta interna. Sin embargo, existía el riesgo de que el ganador de esa consulta no lograra, más adelante, integrarse al denominado ‘frente amplio’. Finalmente, dentro de la colectividad se acordó que el Polo Democrático avalaría a ambos aspirantes: Iván Cepeda, quien resultó ganador, y Carolina Corcho, exministra, permitiendo así que ambos participaran en los comicios presidenciales.

Es importante destacar que, el pasado 1 de septiembre, el CNE anunció que no iniciaría investigación administrativa contra el excandidato y ordenó el cierre definitivo del proceso respectivo sobre la financiación de la consulta presidencial realizada el 26 de octubre de 2025. No obstante, este cierre por parte del Consejo Nacional Electoral no impidió que ahora la Corte Suprema decida abrir una nueva indagación preliminar para determinar si Cepeda incurrió en alguna conducta punible en el marco de esta iniciativa política del Pacto Histórico.

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¿Por qué la Corte Suprema investiga a Iván Cepeda por la consulta del Pacto Histórico?

La Corte Suprema de Justicia inició una investigación previa motivada por la necesidad de esclarecer si hubo irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico que tuvo lugar en octubre de 2025 y que definió la candidatura presidencial de Iván Cepeda. El proceso se centra en posibles aspectos irregulares sobre el uso de recursos públicos y la legalidad de los procedimientos, según detalló el máximo tribunal.

¿Qué papel tuvo el Consejo Nacional Electoral en el caso de la consulta interna del Pacto Histórico?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) analizó si debía reclamarse la devolución de recursos empleados en la consulta interna, por posibles gastos innecesarios a la Organización Electoral. Finalmente, el 1 de septiembre decidió no abrir investigación administrativa y clausuró definitivamente el proceso sobre la financiación de la consulta del 26 de octubre de 2025.

La Fiscalía formuló cargos a Sarabia por abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y, en el desarrollo de la diligencia, agregó el delito de peculado por uso. Según el ente acusador, Sarabia habría dado instrucciones para someter a Marelbys Meza a una prueba de polígrafo, procedimiento reservado exclusivamente para personal de seguridad de altos funcionarios y para el cual Sarabia no tenía competencia. La investigación apunta a que la exfuncionaria aprovechó su posición jerárquica para ordenar el uso de equipos y recursos públicos para cuestiones ajenas a la función legal del Dapre, configurando así el presunto peculado y abuso de poder.

Además, la Fiscalía relató que, tras la supuesta pérdida del dinero el 29 de enero de 2023, Sarabia se encontraba fuera de Bogotá pero habría dado órdenes a distancia para que indagaran a su empleada. Para avanzar en la investigación, se habrían manipulado procedimientos y emitido órdenes de interceptación sin soporte suficiente, presentando a Meza y otros empleados como parte de una supuesta organización de hurto, lo que llevó a que otros funcionarios como el coronel Carlos Alberto Feria y miembros de la Policía sean investigados o condenados.

En la audiencia, diferentes abogados solicitaron el reconocimiento de víctimas: Marelbys Meza por la prueba de polígrafo, la fiscal Marbel Morales, señalando haber sido instrumentalizada, y Fabiola Perea, exempleada de Sarabia, alegando persecución policial irregular. La jueza reconoció como víctimas únicamente a Meza y al Dapre, considerando que las otras dos peticiones no aportaron pruebas suficientes, aunque podrán volver a solicitarlas durante el proceso.

Según la Fiscalía, la decisión de Sarabia habría tenido un impacto relevante en la dignidad y los derechos de su empleada, dado que la prueba se practicó en la sede oficial del Dapre y bajo circunstancias que impedían su negativa. Destacó además el uso inadecuado de recursos y procedimientos estatales, elementos que constituyen el núcleo de la imputación vigente contra la exfuncionaria, con la audiencia encabezada por la jueza Patricia del Socorro Hernández Zambrano.

¿Por qué la Fiscalía imputó el delito de peculado por uso a Laura Sarabia?

La Fiscalía imputó el delito de peculado por uso a Laura Sarabia porque, según la investigación, excedió sus funciones al ordenar el uso de equipos de poligrafía del Estado, que están destinados únicamente para pruebas a personal de seguridad de altos funcionarios. La exdirectora no tenía competencia para disponer de estos recursos en el caso de su exniñera, utilizando bienes públicos para un objetivo privado y sin potestad legal, conforme lo relatado por El Espectador en el desarrollo de la audiencia.

¿Quiénes fueron reconocidos como víctimas en el proceso contra Laura Sarabia?

En el proceso contra Laura Sarabia, la jueza de control de garantías reconoció como víctimas a Marelbys Meza, la exniñera que denunció el hecho, y al Dapre, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Otras personas, como la fiscal Marbel Morales y la exempleada Fabiola Perea, no fueron reconocidas en esta etapa, ya que según la jueza no demostraron afectación directa, aunque podrán insistir en su solicitud durante el proceso judicial.

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Después de estas acciones, la mujer decidió apartarse un momento para orar y cerró los ojos. En ese instante, según su propio relato, un hombre joven ingresó a la vivienda. Cabe mencionar que Bernarda tenía varios perros que normalmente permanecían dentro de la casa. De acuerdo con los hechos relatados a El Nuevo Día, el sujeto compró empanadas, las partió y se las entregó a los animales desde afuera. Cuando los perros salieron hacia la calle para comer, el hombre aprovechó la oportunidad para entrar y cerrar la puerta tras de sí.

Una vez adentro, el intruso utilizó unas tijeras para intimidar a Bernarda. Ella cuenta que el hombre intentó quitarle la ropa y, en ese crítico momento, le suplicó que no le hiciera daño. Con miedo y buscando protegerse, le entregó el dinero que tenía reservado para el pago de los trabajadores que adelantaban las obras en la vivienda. Sin embargo, el agresor no se detuvo ahí; de acuerdo con el testimonio, también golpeó a la mujer, la sujetó del cuello y le provocó una herida en uno de sus brazos con las tijeras.

El asaltante llevaba parte del rostro cubierto pero, durante el ataque, descubrió la cara y Bernarda pudo verlo claramente. Describió al individuo como un hombre joven, a quien nunca había visto antes. Antes de huir, el delincuente también se llevó el celular de la víctima, lo que la dejó incomunicada e imposibilitada de pedir ayuda de inmediato.

Bernarda quedó tendida en el piso de su casa hasta que una vecina, al notar la extraña presencia de los perros afuera, decidió acercarse y abrir la puerta. Al encontrar a la mujer en estado de shock, procedió a auxiliarla y la trasladó a un puesto de salud cercano, donde actualmente recibe atención médica.

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¿Cómo ocurrió el ataque a la mujer en su vivienda en El Salado, Ibagué?

Según la información brindada por El Nuevo Día, la agresión sucedió aprovechando que la víctima, Bernarda, dejó la puerta sin seguro y una ventana abierta para facilitar la entrada de un trabajador de obra. Un hombre joven utilizó empanadas para sacar a los perros de la casa, ingresó, la amenazó con tijeras, le robó dinero y el celular, y la hirió físicamente antes de escapar.

¿Qué hizo posible que el agresor entrara a la vivienda sin ser detectado?

El sujeto se valió de la rutina de la construcción y de la confianza de Bernarda al abrir la ventana y la puerta para los trabajadores. Además, utilizó comida para distraer y sacar a los perros, aprovechando ese momento para ingresar y cerrar la puerta, evitando ser visto por otras personas mientras cometía el ataque.

Tras conocerse la desaparición, la Fuerza Aérea activó los protocolos de búsqueda y salvamento a través del Centro Nacional de Recuperación de Personal. En el operativo participaron aeronaves Bell-212, UH-60 Black Hawk y C-90, equipadas con sistemas especializados para facilitar la ubicación del aparato.

De acuerdo con la información entregada por la institución, hacia las 7:30 de la mañana un helicóptero UH-60 Black Hawk localizó indicios relacionados con la aeronave en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, en una zona rural de Pueblo Rico. El hallazgo permitió orientar las labores de búsqueda hacia ese punto del departamento de Risaralda.

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La operación se había concentrado inicialmente en sectores rurales de Tadó, Chocó, cerca de una comunidad indígena, luego de reportes entregados por habitantes de la zona. Sin embargo, la ubicación de los indicios en el área del Tatamá permitió establecer un nuevo punto de interés para los equipos que participan en el operativo de búsqueda y rescate.

Las cinco personas que viajaban en la aeronave permanecían en Condoto desde el jueves, donde habían participado en una brigada de salud. Según información de la Alcaldía, el grupo estaba integrado por personal especializado que prestó atención médica a habitantes del municipio y de localidades cercanas antes de emprender el viaje de regreso.

Según la Aeronáutica Civil, el último contacto con la avioneta se registró a las 9:23 de la mañana del domingo 13 de septiembre. Posteriormente, fue detectada la activación de la radiobaliza de emergencia en la zona del cerro Tatamá, aproximadamente a 33 millas del radiofaro de Pereira. Las autoridades continúan con las labores en tierra y aire para establecer las condiciones en las que fue encontrada la aeronave y verificar el estado de sus ocupantes.

#EnDesarollo
1. Una vez conocida la pérdida de comunicación con la aeronave Cessna T-206 de matrícula HK-4985, la @FuerzaAereaCol activó de inmediato los protocolos de búsqueda y salvamento a través del Centro Nacional de Recuperación de Personal.

2. Con aeronaves Bell-212,… pic.twitter.com/HW4wV0mRFD

— Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) September 14, 2026

El alcalde de Tadó, Juan Carlos Palacios, habló con Caracol Radio sobre la búsqueda y aseguró que habitantes de varias comunidades del municipio han reportado que la aeronave habría pasado a muy baja altura. Entre los sectores mencionados están Bochoromá, Farallones, Cañaveral, Chato y la comunidad indígena Brisas de Joba.

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“Ha sobrevolado muy bajito en nuestro territorio, específicamente sobre la comunidad de Bochoromá, Farallones, Cañaveral, y el reporte, también, que he recibido, es que pasó muy bajito por los lados de Chato”, dijo en la emisora.

Según el mandatario, durante la jornada se desplegó un amplio grupo de personas para tratar de localizar la aeronave. “Más de 170 personas desplazadas buscando esta aeronave”, explicó Palacios, quien señaló que en las labores participaron voluntarios, integrantes de Bomberos y la Defensa Civil.

La búsqueda tuvo que ser suspendida temporalmente debido a las condiciones climáticas. De acuerdo con el alcalde, los grupos regresaron alrededor de las 5:00 de la tarde porque se presentó un fuerte aguacero que dificultó el desplazamiento por una zona caracterizada por su vegetación selvática y las complicaciones para acceder a distintos puntos.

Palacios también explicó que una de las áreas donde podría encontrarse la aeronave presenta condiciones particulares para la búsqueda. “Queda sobre un río que se llama Bochoromá y no hay tantos árboles grandes en medio por donde pasó la aeronave”, afirmó, al señalar que los habitantes y líderes de la zona continúan entregando información para tratar de determinar dónde pudo haber terminado la avioneta.

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Finalmente, el alcalde aseguró que durante los recorridos realizados hasta el momento no se han encontrado rastros de fuego. “Tampoco hay rastros ni de llama ni de más”, manifestó Palacios, quien expresó su esperanza de que los cinco ocupantes puedan ser encontrados con vida mientras continúan las labores para ubicar la aeronave.

En entrevista con CityTV, la trabajadora explicó que inicialmente intentó comunicar lo sucedido a sus superiores antes de hacer público el video que terminó circulando ampliamente en redes sociales.

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Según el relato de la joven, después de enviar el material a integrantes de la administración de la empresa, no recibió la respuesta que esperaba.

“Yo envié ese video a mis administrativos y lo único que recibí fue bloqueos. Me bloquearon del WhatsApp, no me dijeron nada, por eso tomé la iniciativa de subirlo a las redes”, aseguró en diálogo con CityTV.

La trabajadora sostuvo que esa situación la llevó a recurrir a las redes sociales como una manera de hacer visible lo que, según su versión, había ocurrido.

La joven también aseguró que el episodio tuvo consecuencias emocionales para ella y que posteriormente acudió a un servicio de urgencias.

“Yo fui a urgencias, psicológicamente estoy mal, estoy muy afectada”, manifestó.

Además, explicó que actualmente siente temor y vergüenza frente a la posibilidad de regresar a su lugar de trabajo, debido a la exposición que tuvo el caso.

“Solo me ha llamado un señor de RH que me dijo que no tuviera miedo porque yo le dije que tenía miedo de ir a trabajar”, relató.

Según su testimonio, en esa conversación también expresó sentirse profundamente afectada por la situación.

“Tengo pena, tengo vergüenza, mi corazón está hecho pedazos por la humillación tan grande que me hicieron pasar”, afirmó.

La joven agregó que el representante de Recursos Humanos le habría indicado que podía comunicarles aquello que quisiera solicitar.

“Lo que me dice es que no tenga miedo y que lo que yo quiera pedir les diga”, señaló.

 

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Ministerio del Trabajo inspeccionó establecimiento

El caso se conoció en medio de una actuación del Ministerio del Trabajo, que este lunes 14 de septiembre realizó una inspección presencial en un establecimiento de Zara ubicado en el Centro Comercial Unicentro, en Bogotá, operado por Texmoda S.A.S.

La diligencia fue adelantada por la Dirección Territorial Bogotá, a través del Grupo de Prevención, Inspección y Vigilancia en Materia Laboral, como parte de las facultades de inspección, vigilancia y control de la entidad.

Los funcionarios buscan verificar directamente las condiciones en las que se desarrolla la actividad laboral y revisar aspectos relacionados con normas laborales, seguridad social y seguridad y salud en el trabajo.

¿Qué puede pasar después de la inspección?

La visita del Ministerio del Trabajo se encuentra en una etapa de verificación. Esto significa que la inspección no constituye por sí misma una sanción ni confirma que haya existido una infracción.

Una vez concluida la diligencia, los funcionarios deberán elaborar el acta y el informe con los resultados encontrados. A partir de estos documentos, la entidad determinará si corresponde adoptar alguna medida.

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Dependiendo de los hallazgos, podrían establecerse acciones como un plan de mejoramiento o medidas preventivas, de acuerdo con las circunstancias que sean verificadas.

Mientras tanto, la trabajadora continúa dando a conocer su versión de los hechos y el video sigue generando debate en redes sociales.

Las declaraciones sobre su afectación emocional corresponden a su propio testimonio; cualquier conclusión sobre las circunstancias laborales del caso deberá establecerse mediante las actuaciones correspondientes de las autoridades y las partes involucradas.

De acuerdo con la hipótesis fiscal presentada en la audiencia, Laura Sarabia habría desbordado sus funciones como jefa de Gabinete de la Presidencia al ordenar el uso de recursos e infraestructura oficial.

La funcionaria utilizó esos bienes estatales para someter a Meza a la prueba de polígrafo tras la pérdida de un dinero en su residencia privada.

Esta investigación judicial busca determinar las responsabilidades penales derivadas del uso irregular de instalaciones gubernamentales en este mediático caso nacional.

El caso del polígrafo a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, marcó un hito político y judicial relevante en Colombia.

La controversia comenzó a principios de 2023 luego de la pérdida de una maleta con dinero en la residencia privada de la entonces jefa de Gabinete.

Para investigar el extravío del efectivo, funcionarios de seguridad trasladaron a Meza a las instalaciones de la Casa Galán, un edificio adscrito a la Presidencia.

En ese lugar, agentes estatales sometieron a la trabajadora a una prueba de polígrafo sin contar con una orden judicial previa que respaldara el procedimiento.

La afectada denunció haber sufrido retención indebida, presiones psicológicas y tratos intimidatorios durante el desarrollo de esa diligencia en el centro de la capital.

Adicionalmente, las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación revelaron que la mujer fue víctima de interceptaciones telefónicas ilegales vinculadas al mismo caso.

El escándalo público forzó la salida temporal de Sarabia del Gobierno nacional en junio de 2023, desencadenando múltiples investigaciones penales y disciplinarias.

Con el avance del proceso penal, la Fiscalía General de la Nación estructuró un sólido expediente contra la exfuncionaria para atribuirle responsabilidades penales concretas.

El ente acusador determinó que Sarabia desbordó el marco de sus atribuciones constitucionales al disponer del aparato de seguridad estatal para fines estrictamente personales.

La hipótesis del ente de control señala que la procesada presionó al personal de protección presidencial para emplear los equipos oficiales de poligrafía.

Igualmente, el ente judicial sostuvo que Meza no cumplía los requisitos legales exigidos para ser sometida a pruebas de seguridad reservadas para funcionarios.

La defensa de Sarabia mantiene que la exfuncionaria actuó bajo los protocolos de seguridad que le correspondían a su esquema de alta dignataria.

Sin embargo, los fiscales asignados remarcaron que el uso de recursos públicos para asuntos particulares configura una violación directa a la legislación colombiana.

Por estos mismos hechos, varios miembros de la Policía Nacional y del cuerpo de seguridad de la Casa de Nariño enfrentan procesos penales paralelos.

Entre los uniformados implicados se encuentran oficiales encargados de coordinar el examen y agentes que tramitaron las chuzadas ilegales ante fiscales regionales.

El caso sentó un precedente institucional sobre los límites de los esquemas de protección y el uso reservado del detector de mentiras estatal.

El proceso penal avanza en las etapas preliminares del juicio oral para definir la responsabilidad de los implicados en la investigación judicial.

¿Quién es Laura Sarabia?

Laura Sarabia Torres es una politóloga y asesora política colombiana. Nacida en Bogotá en 1994, realizó sus estudios universitarios en Ciencias Políticas en la Universidad Militar Nueva Granada.

Posteriormente, fortaleció su formación académica realizando una especialización en Marketing Político y una maestría en Comunicación Política en la Universidad Externado de Colombia.

Sarabia inició su trayectoria profesional en el ámbito legislativo trabajando como asesora técnica del entonces congresista Armando Benedetti.

Posteriormente, se vinculó activamente a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, desempeñándose como jefa de debate y estratega de comunicaciones.

Luego del triunfo electoral, asumió como Jefa de Gabinete de la Presidencia de la República en agosto de 2022, convirtiéndose en una figura clave del Ejecutivo.

En septiembre de 2023, asumió la dirección general del Departamento para la Prosperidad Social, entidad encargada de los programas de subsidios e inclusión social del país.

Más adelante, en febrero de 2024, asumió la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para coordinar la gestión gubernamental.

En enero de 2025, el mandatario la nombró ministra de Relaciones Exteriores, posición que ejerció hasta su renuncia a mediados de ese mismo año.

De acuerdo con Marín, aunque es fundamental que los grupos ilegales cesen el reclutamiento de menores, esta conducta criminal no exime al Estado de su obligación de proteger a los más jóvenes. Explicó, usando la figura del “adulto responsable”, que el Estado debe prever la presencia de niños y adolescentes reclutados, sobre todo en regiones como Guaviare, Cauca y Catatumbo. Estas áreas, según la defensora, son conocidas por la frecuencia del reclutamiento y esa información debería condicionar la planeación y ejecución de operativos militares.

Marín destacó que la condición de víctima no desaparece cuando un menor reclutado participa en hostilidades. Advirtió que no se debe considerar automáticamente como combatientes a quienes hallan en campamentos o estructuras armadas, pues siguen siendo víctimas incluso luego de estar en situación de combate. Subrayó la necesidad de adoptar medidas específicas para proteger a los menores en enfrentamientos y bombardeos, como parte de la obligación estatal.

La funcionaria diferenció su postura institucional de cualquier afinidad con los grupos armados o de posiciones políticas, aclarando que su interés es la protección de los derechos humanos en el conflicto. Insistió en que el debate sobre el rol del Estado debe estar desprovisto de estigmatizaciones.

Por otro lado, Marín criticó la decisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de omitir el uso específico de la palabra “niñas”. Argumentó que el lenguaje visibiliza realidades y necesidades, recordando que niñas y adolescentes son las principales víctimas de violencia sexual. Para la defensora, dejar de nombrarlas implica invisibilización y limita la efectividad de las políticas públicas dirigidas a protegerlas.

¿Qué responsabilidad tiene el Estado colombiano frente a la muerte de menores reclutados en bombardeos?

El Estado colombiano, de acuerdo con la defensora del Pueblo, tiene la obligación de tomar todas las precauciones para evitar la muerte de menores reclutados, incluso durante operativos militares. Su responsabilidad va más allá de identificar a las víctimas tras los hechos: debe prevenir desde la planeación de las operaciones, considerando la presencia de menores y adoptando medidas reforzadas para proteger su vida.

¿Por qué es importante nombrar específicamente a las niñas en las políticas públicas?

Marín sostiene que omitir la palabra “niñas” provoca su invisibilización y dificulta la atención de sus necesidades particulares, especialmente porque niñas y adolescentes son las principales víctimas de violencia sexual. Nombrarlas permite el reconocimiento y la creación de políticas diferenciadas que respondan de manera más efectiva a sus realidades y derechos.

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Una llamada inesperada puede parecer una interacción cotidiana, pero también convertirse en el primer paso de una estafa. Los delincuentes utilizan cada vez más estrategias de suplantación para hacerse pasar por bancos, empresas, entidades públicas e incluso personas conocidas para conseguir que sus víctimas entreguen información, ejecuten pagos o sigan instrucciones que pueden poner en riesgo sus datos.

Según cifras recientes de DataCrédito Experian, el 71 % de los colombianos recibió al menos un intento de fraude durante 2025. Además, 95 % considera que este tipo de delitos ocurre con frecuencia en el país y 70 % conoce a alguien de su entorno que fue víctima.

Dentro de las diferentes modalidades utilizadas por los delincuentes, las llamadas telefónicas tienen un papel relevante. Según el mismo estudio, entre las personas que fueron víctimas, 20 % recibió una llamada de alguien que se hizo pasar por una entidad conocida.

Se trata de una técnica de ingeniería social en la que los delincuentes utilizan llamadas telefónicas para suplantar la identidad de una empresa, organización o persona de confianza y tratar de obtener información personal o sensible, inducir un pago, conseguir acceso a un dispositivo o llevar a la víctima a realizar determinadas acciones.

“Los delincuentes utilizan técnicas de ingeniería social cada vez más sofisticadas para hacer que una interacción fraudulenta parezca legítima. En el caso del ‘vishing’, no se trata únicamente de la tecnología que utilizan, sino de su capacidad para generar confianza: una llamada puede parecer auténtica porque quien está al otro lado conoce información real, se presenta como representante de una entidad reconocida o crea una situación de urgencia para llevar a la persona a actuar sin verificar”, explica Nicolás Vargas, Country Manager de Truecaller en Colombia.

La llamada puede comenzar con una situación que parece legítima: una supuesta alerta sobre una transacción, un problema con una cuenta, una llamada de servicio al cliente o incluso una oferta o premio. El objetivo es generar suficiente credibilidad y, en muchos casos, una sensación de urgencia para que la persona actúe antes de verificar quién está realmente detrás de la llamada.

“Prevenir este tipo de fraude también implica tener más información antes de contestar o interactuar. Recomendamos incorporar herramientas como Truecaller dentro de los hábitos de prevención. De esta manera, el usuario podrá conocer quién está detrás de una llamada antes de responder, es una manera de tomar una decisión más informada sobre si se atiende el teléfono o no”, indica Vargas.

Para prevenir el fraude telefónico, especialistas recomiendan incorporar hábitos de verificación antes de tomar decisiones durante una llamada no deseada.

Otras de las medidas que pueden reducir el riesgo son: no entregar códigos, contraseñas o información financiera por teléfono; desconfiar de solicitudes que exijan actuar inmediatamente; finalizar la comunicación ante cualquier señal de alerta y contactar directamente a la entidad a través de sus canales oficiales.

¿Cómo identificar que una llamada telefónica es un intento de estafa?

Identificar a tiempo un intento de estafa telefónica resulta fundamental para proteger las finanzas personales y resguardar los datos confidenciales frente a posibles cibercriminales.

La señal de alerta principal surge cuando el interlocutor exige pagos inmediatos a través de métodos atípicos como tarjetas de regalo, criptomonedas o transferencias bancarias directas.

Asimismo, las llamadas fraudulentas emplean tácticas de intimidación, amenazas de arresto, demandas judiciales o corte inminente de servicios básicos para generar pánico en la víctima.

Otra característica común involucra la solicitud explícita de contraseñas, códigos de verificación enviados al celular o claves bancarias, datos que las entidades legítimas nunca piden telefónicamente.

Los estafadores suelen ofrecer premios millonarios, viajes gratuitos o rebajas de deudas inexistentes, condicionando la entrega del beneficio al pago previo de un supuesto impuesto administrativo.

De igual forma, la manipulación del identificador de llamadas permite a los delincuentes suplantar números reales de bancos, organismos gubernamentales o compañías reconocidas de servicios.

Ante cualquier sospecha, la acción más segura consiste en colgar inmediatamente sin presionar ningún botón ni entablar conversación alguna con el supuesto operador.

Posteriormente, comunicarse directamente con la institución oficial utilizando los números telefónicos impresos en las tarjetas bancarias o en sus plataformas digitales permite verificar la veracidad.

Nunca suministrar datos personales ni bancarios durante llamadas entrantes no solicitadas evita la suplantación de identidad y las pérdidas financieras irreparables.

Adoptar una postura de precaución constante y colgar ante cualquier presión injustificada garantiza una defensa sólida frente a las redes internacionales de fraude telefónico.

De acuerdo con De la Espriella, el paquete vial será estructurado bajo un esquema mixto, que incorpora obras financiadas por impuestos, recursos estatales y también inversión privada. La propuesta aún corresponde a una hoja de ruta inicial, por lo que los proyectos anunciados requieren definición detallada y establecimiento de los mecanismos de financiación. De esta manera, el gobierno abrió la puerta a la participación de empresas para consolidar los planes y asegurar su ejecución efectiva, tal como lo aseguró en una alocución difundida en redes sociales.

El anuncio oficial también abarcó avances en proyectos complementarios, como el futuro malecón de Quibdó sobre el río Atrato, concebido para dinamizar el turismo, el comercio y la generación de empleo. De la Espriella indicó que empresarios presentes durante su visita a la capital chocoana, así como entidades del sector financiero, entre ellas Bancolombia, manifestaron su disposición para colaborar en la estructuración y financiación de las iniciativas.

Adicionalmente, el gobierno estudia la factibilidad de un corredor interoceánico entre el océano Atlántico y el Pacífico, basándose en la ubicación privilegiada del departamento. Sin embargo, aclaró que cualquier planteamiento sobre esta megaobra debe incluir protección ambiental y participación comunitaria. El plan para el Chocó incluye también la estructuración de un régimen especial minero y tributario, buscando agregar valor a la producción de minerales estratégicos como oro, cobre y platino, e incentivar su transformación dentro del propio territorio, lo que permitiría generar empleo formal.

En materia energética, se gestionarán recursos para fortalecer la empresa eléctrica local y se impulsarán soluciones de energía solar en zonas de acceso limitado. Además, jóvenes y emprendedores afectados por el terremoto recibirán apoyo económico a través de capital semilla. Finalmente, la estrategia de desarrollo incluye la promoción de “pueblos milagro turísticos”, en colaboración con la Fundación Santo Domingo y Fontur, y el seguimiento de compromisos a cargo de una gerencia especial liderada por José Leonidas Tobón, con comunicación directa con la Presidencia.

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¿Cuáles son los proyectos de infraestructura vial anunciados para el Chocó?

Los proyectos de infraestructura vial anunciados por el presidente De la Espriella para el Chocó incluyen seis tramos clave, entre los que destacan Quibdó-Ánimas-Nóvita, San José del Palmar-El Cairo e Istmina-Puerto Meluk, así como el fortalecimiento del aeropuerto de Bahía Solano. Estas iniciativas están en etapa de hoja de ruta y buscan articular diferentes fuentes de financiación, involucrando tanto al sector público como al privado.

¿Qué significa un régimen especial minero y tributario para el Chocó?

El régimen especial minero y tributario es una propuesta del gobierno para facilitar la formalización de la minería y potenciar la transformación local de los minerales en el Chocó. Esta medida busca promover un marco normativo diferenciado que permita a los productores aprovechar mejor recursos como el oro, el cobre y el platino, impulsando la industrialización y la generación de empleo dentro del departamento, según declaraciones oficiales.

De acuerdo con la información recopilada sobre el evento, la persona involucrada ha sido previamente señalada por quienes viven en el sector, debido a que, presuntamente, acostumbra realizar este tipo de acciones en horarios similares. Este historial de comportamientos ha incrementado la alarma en la comuna 7 de Ibagué, especialmente entre los ciudadanos que suelen dejar sus vehículos en la vía pública durante las noches. Muchos de ellos ahora se sienten vulnerables y exigen mayor presencia de las autoridades para prevenir este tipo de situaciones.

El material de las cámaras de seguridad se volvió fundamental para intentar identificar con claridad al hombre captado en la madrugada. La comunidad y las autoridades esperan que estas imágenes permitan establecer con exactitud quién es el individuo y qué sucedió exactamente en ese lapso. Aunque hasta el momento solo se cuenta con los registros visuales y los testimonios del vecindario, la esperanza radica en que se puedan tomar medidas que eviten nuevos intentos de apertura de carros o hechos similares en otras partes de Ibagué.

¿Qué ocurrió con el hombre captado por cámaras de seguridad intentando abrir carros en Ibagué?

La información disponible, recogida a partir de las cámaras de seguridad del barrio Tierra Firme, revela que el hombre se acercó e intentó abrir varios vehículos durante la madrugada, pero hasta ahora las imágenes solo han servido para alertar y permitir su posible identificación. No se ha reportado la captura ni otras consecuencias directas hasta el momento, aunque la situación mantiene en alerta a los residentes del sector.

¿Por qué aumentó la preocupación de los habitantes del barrio Tierra Firme tras este incidente?

El evento ha generado temor entre quienes deben dejar sus automóviles en la calle durante la noche, pues el sujeto captado por las cámaras ya había sido señalado por acciones similares. La reiteración de estos hechos elevó la inquietud y la demanda de medidas de seguridad en la comuna 7 de Ibagué, según la información conocida sobre el caso.

La diligencia busca verificar directamente las condiciones en las que se desarrolla la actividad laboral y establecer si el empleador cumple con las obligaciones establecidas en la legislación colombiana.

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La actuación está siendo realizada por la Dirección Territorial Bogotá, a través del Grupo de Prevención, Inspección y Vigilancia en Materia Laboral. De acuerdo con la información entregada por la cartera laboral, la visita se efectuó sin previo aviso al establecimiento, en el marco de las facultades de inspección, vigilancia y control de la entidad.

¿Qué están revisando en Zara?

Durante la visita, los inspectores pueden verificar diferentes aspectos relacionados con las condiciones laborales de los trabajadores y las responsabilidades que tiene el empleador.

Entre los puntos que hacen parte de la revisión están:

• Cumplimiento de las normas laborales.
• Obligaciones relacionadas con seguridad social.
• Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
• Circunstancias en las que los empleados desarrollan sus labores.
• Cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de la relación laboral.

La inspección presencial permite que los funcionarios conozcan directamente las condiciones del establecimiento y contrasten lo observado con la documentación y las obligaciones que correspondan.

El Ministerio del Trabajo hizo énfasis en que la realización de una visita de inspección no significa, por sí sola, que el establecimiento haya cometido una infracción.

(No deje de ver: Giro inesperado en el caso de empleada de Zara que denunció que la hicieron salir descalza)

En esta etapa, los funcionarios se encuentran recopilando información y verificando las condiciones existentes. Serán los resultados de la diligencia los que permitan determinar si existe algún incumplimiento y si es necesario adoptar medidas posteriormente. La actuación debe desarrollarse bajo criterios de objetividad y respetando el debido proceso y los derechos de las partes involucradas.

¿Qué pasa después de la visita?

Una vez finalice la inspección, los funcionarios deberán elaborar el acta y el informe correspondiente, documentos en los que quedarán consignados los resultados de la diligencia. A partir de esos hallazgos, el Ministerio determinará si es necesario adelantar alguna actuación adicional.

Dependiendo de las circunstancias encontradas, la entidad podría establecer un plan de mejoramiento o adoptar medidas preventivas cuando corresponda. Por ahora, no existe una conclusión definitiva sobre posibles incumplimientos en la tienda de Zara de Unicentro, pues la diligencia se encuentra en la fase de verificación.

(Vea también: ¿Quién es María Alejandra Rojas, la trabajadora de Zara que denunció que salió descalza de la tienda?)

La visita al establecimiento operado por Texmoda S.A.S. hace parte de las labores de inspección, vigilancia y control que desarrolla la Dirección Territorial Bogotá para verificar el cumplimiento de la normatividad laboral.

El Ministerio del Trabajo señaló que continuará realizando este tipo de intervenciones en diferentes establecimientos y lugares del país, dentro de las competencias que le otorga la ley.

En el caso de Zara en Unicentro, serán los documentos elaborados tras la inspección los que permitirán conocer qué encontraron los funcionarios y si, a partir de esos resultados, se requiere alguna actuación adicional.

La solicitud se conoció durante la visita del mandatario a Risaralda, donde se anunció que Pereira será el centro operativo regional para coordinar la reconstrucción tras el terremoto que afectó al Eje Cafetero y otras zonas del país.

Desde allí se articularán las acciones del Fondo Milagro con la Gobernación, alcaldías, constructores, aseguradoras, entidades financieras y demás actores involucrados.

Patiño advirtió que la situación financiera podría limitar la capacidad de la administración departamental para responder a la emergencia, mantener programas sociales y continuar atendiendo a las comunidades.

Por eso, pidió directamente al presidente una “mano amiga” que permita garantizar el funcionamiento de la Gobernación y avanzar en la atención de las necesidades de los risaraldenses.

De la Espriella, por su parte, aseguró que el objetivo de su visita es pasar de los anuncios a la ejecución y avanzar en las obras pendientes.

Entre los proyectos mencionados está el Plan Departamental de Agua, que cuenta con cerca de $19.000 millones aprobados y registra un avance del 55 %.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, quienes no respeten la medida de pico y placa enfrentarán multas, específicamente una sanción económica que equivale a 15 días de Salario Mínimo Diario Legal Vigente (SMDLV). Así, se busca fortalecer el respeto por las normas de tránsito y favorecer el flujo vehicular en diferentes sectores de la ciudad.

Junto con la restricción vehicular, la dependencia municipal informa sobre otros cambios en la movilidad local. Entre las intervenciones destacadas está el cierre total de la carrera 8.ª, entre las calles 52 y 62, donde se encuentran los barrios La Base y Las Ceibas. Esta decisión, que inició el viernes pasado y se mantendrá hasta el jueves próximo, responde a reparaciones necesarias en las tuberías de esa zona. Además, continúan obras en la vía al mar, orientadas a la mejora de infraestructura vial, y se realizan labores persistentes de recolección de escombros en diferentes partes de la ciudad, lo cual podría afectar rutas habituales para los ciudadanos.

Frente a estos cambios, las autoridades municipales reiteran el llamado para que los caleños consulten previamente los horarios, rutas, y recomendaciones oficiales de la Secretaría de Movilidad, con el objetivo de planear sus desplazamientos y así evitar demoras, congestiones adicionales o sanciones innecesarias. Todo esto forma parte de una estrategia integral para asegurar una movilidad más ordenada y eficiente, mientras se ejecutan reformas y mantenimientos indispensables para la infraestructura en la capital del Valle del Cauca.

¿Cuáles son las placas restringidas por el pico y placa en Cali este martes?

Este martes, la Secretaría de Movilidad de Cali establece la restricción de circulación para los vehículos particulares cuyas placas finalicen en 1 y 2. Esta programación sigue la rotación definida por la entidad a mediados de año y se aplica desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., durante 13 horas seguidas.

¿Qué sanción recibirá quien incumpla el pico y placa en Cali?

El incumplimiento de la restricción conlleva una multa de acuerdo con lo estipulado por la ley. Específicamente, quien viole el pico y placa deberá pagar una sanción equivalente a 15 días de Salario Mínimo Diario Legal Vigente (SMDLV), según informó la Secretaría de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Uno de los lugares más simbólicos visitados fue la Catedral Basílica de Manizales, cuyo colapso parcial marcó la gravedad del sismo en la zona. Declarada Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1984, la catedral será sometida a un proceso técnico que incluye el apuntalamiento y el desmonte de la torre dañada, paso previo a su restauración definitiva. Holguín resaltó la importancia de esta obra para la identidad local y nacional, y aseguró que los procedimientos se llevarán a cabo conforme a los protocolos especializados en patrimonio.

En Caldas, la ministra recorrió también Aguadas, donde analizó alternativas para reparar el Paisaje Cultural Cafetero, así como los bienes patrimoniales perjudicados, principalmente la arquitectura civil en el centro histórico y la iglesia de la Inmaculada Concepción. En Pácora, visitó el templo San José y, en Salamina, constató los daños en la Casa del Degüello y la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción. Estos recorridos permitieron identificar agrietamientos y afectaciones severas, sobre todo en fachadas y torres laterales de las construcciones históricas.

Holguín extendió su visita al departamento de Quindío, incluyendo municipios como Filandia, Quimbaya, Montenegro y Armenia, donde dialogó con autoridades y representantes comunitarios sobre el impacto del terremoto. Subrayó que el proceso de reconstrucción será extenso y demandará recursos considerables, pero enfatizó la importancia de la unión y la creatividad para superar los desafíos.

En el contexto de la emergencia, el Ministerio de las Culturas expidió la Resolución 0536 de agosto de 2026, que permite intervenciones de emergencia en BIC afectados; sin embargo, surgieron inquietudes sobre su alcance, ya que solo autoriza acciones de auxilio inmediato y no contempla restauraciones profundas. Además, Claudia Morales, directora de la Feria del Libro de Pereira, instó al Ministerio a incluir a la cadena del libro —compuesta por escritores, editoriales, librerías e ilustradores— en el diagnóstico de afectaciones. Morales advirtió que las pérdidas en el sector cultural local no solo son físicas, sino también emocionales y económicas, afectando a diversos actores del ámbito artístico y literario.

¿Qué bienes patrimoniales sufrieron mayores daños tras el terremoto en Caldas y Quindío?

Varios monumentos y construcciones históricas en Caldas y Quindío resultaron gravemente afectados, entre ellos la Catedral Basílica de Manizales, cuyo colapso parcial fue uno de los hechos más significativos. También se reportaron daños en el centro histórico de Aguadas, la iglesia de la Inmaculada Concepción, el templo San José de Pácora, la Casa del Degüello y la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción de Salamina, así como diversas infraestructuras patrimoniales en municipios de Quindío.

¿Por qué la Resolución 0536 de 2026 no cubre restauraciones profundas en bienes patrimoniales afectados por el terremoto?

De acuerdo con lo informado, la Resolución 0536 del Ministerio de las Culturas autoriza intervenciones de emergencia en Bienes de Interés Cultural (BIC) dañados por el terremoto, permitiendo sobre todo acciones inmediatas de auxilio. Sin embargo, su alcance no comprende la restauración profunda de estos bienes, lo cual ha generado dudas e inquietudes sobre la protección integral y recuperación a largo plazo de los patrimonios culturales afectados.

De la Espriella profundizó su respuesta dirigiéndose a su equipo de gobierno, ordenando tanto al ministro del Interior, Rodrigo Lara, como a todo su gabinete, que está prohibido cualquier tipo de negociación clandestina o acuerdos para impulsar proyectos legislativos. Subrayó que las relaciones con el Congreso deben ser absolutamente transparentes, “sin transacciones ocultas, sin prebendas, sin cuotas o repartijas a cambio de votos y sin intermediarios”. Aseguró que cualquier funcionario que sugiera pactos en la sombra debe responder legal y públicamente.

El contexto de estas declaraciones se da después de un evento donde Bedoya promovió el respaldo político a De la Espriella dentro de Renovación Liberal. A pesar de haber apoyado previamente a Petro, Bedoya expresó que su postura es “no hago oposición, soy de gobierno”, defendiendo la idea de que el poder es necesario para solucionar problemas estructurales y destacando que “todos los presidentes son iguales”. Sin embargo, el mandatario refutó esa visión y reiteró que con su administración se acabó “el jueguito de ‘soy de gobierno para que me vaya bien’”, insistiendo en que su única alianza será con la ciudadanía y no con aliados políticos tradicionales.

Finalmente, De la Espriella prometió cumplir su palabra y evitar cualquier negociación de prebendas con el Legislativo, remarcando que su gestión con el Congreso será “transparente” y dirigida exclusivamente al bienestar popular, tal como lo prometió al momento de ser elegido.

¿Qué significa ‘prebendas’ en el contexto político?

En política, el término ‘prebendas’ hace referencia a beneficios, favores o cargos que se otorgan a cambio de apoyo político, como votos o respaldo en el Congreso, y suelen ser prácticas cuestionadas por fomentar la corrupción y el clientelismo.

¿Qué postura tiene Abelardo de la Espriella sobre las alianzas políticas en su gobierno?

De acuerdo con sus declaraciones, Abelardo de la Espriella rechaza tajantemente cualquier forma de alianza basada en intereses políticos tradicionales, prebendas o acuerdos ocultos, y sostiene que su única alianza legítima es con el pueblo y no con sectores o figuras políticas que esperen beneficios personales a cambio de respaldo.

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El objetivo de esta recuperación, según destacó Daniel García Cañón, director del IDRD, es claro: lograr que cada intervención e inversión pública se traduzca en mayores oportunidades para que las personas hagan deporte. En ese sentido, la alcaldía Mayor, bajo el liderazgo de Carlos Fernando Galán, ha insistido en la importancia de fomentar el acceso a espacios deportivos renovados. García Cañón aseguró, además, que ya se trabaja en la restauración de las dos canchas restantes, con la meta de completar la modernización y así robustecer la práctica del tenis en la zona occidental.

El IDRD anunció que las nuevas canchas estarán disponibles tanto para las ligas como para la práctica libre, siguiendo la programación previamente establecida. Las personas interesadas en utilizar estos espacios ahora pueden consultar y reservar su turno mediante el Portal Ciudadano del IDRD, una plataforma habilitada para centralizar la oferta de escenarios deportivos en el Distrito Capital. De esta manera, no es requisito pertenecer a un club o escuela para acceder a las canchas; cualquier ciudadano podrá hallar un espacio adecuado para practicar tenis de forma autónoma.

La recuperación del parque Sauzalito, que cuenta con una extensión cercana a los 30.000 metros cuadrados y se ubica en la localidad de Fontibón, hace parte de una política más amplia de la administración distrital para fortalecer los parques y escenarios recreativos de Bogotá. Estos esfuerzos buscan no solo mejorar la infraestructura, sino también promover el uso, el cuidado y la apropiación de estos espacios por parte de la ciudadanía, facilitando así un entorno propicio para el desarrollo del deporte y la recreación en la capital.

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¿Qué servicios ofrece el parque Sauzalito en Bogotá tras la renovación de sus canchas de tenis?

Con la renovación de dos de sus canchas, el parque Sauzalito ofrece espacios de calidad para la práctica profesional y recreativa del tenis. Ligas, clubes, escuelas y ciudadanos pueden acceder a estos escenarios, bien sea mediante programación regular o reserva libre, facilitando así el entrenamiento, la iniciación deportiva y el ocio.

¿Cómo puede la ciudadanía reservar espacio en las canchas de tenis del parque Sauzalito?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), quienes deseen utilizar las canchas deben consultar y gestionar su reserva a través del Portal Ciudadano del IDRD, plataforma que centraliza las opciones de reservas no solo para Sauzalito sino para otros escenarios deportivos del Distrito Capital.

La nueva regulación modifica los parámetros de la Resolución SDM 132490 de 2023, buscando garantizar que los estudios exigidos respondan realmente al peso que cada proyecto pueda tener sobre la dinámica de tránsito y espacio público en el Distrito. De acuerdo con la SDM, el objetivo es adaptar las responsabilidades de mitigación a la magnitud de las construcciones y a la cantidad de desplazamientos que puedan causar, estableciendo una distinción clara entre proyectos de bajo y alto impacto.

Para el caso específico de vivienda, se establecieron cuatro franjas de requisitos. Los desarrollos de hasta 100 unidades no deben presentar estudios ni adoptar medidas adicionales de mitigación ante la SDM. Los proyectos con entre 101 y 510 unidades, o que generen entre 80 y 400 viajes diarios, deben adoptar acciones de mitigación tipo, pensadas para anticipar o disminuir efectos negativos en la movilidad y el espacio público durante la operación.

En un nivel más exigente se encuentran los proyectos entre 511 y 1.274 unidades de vivienda, o que generen entre 401 y 1.000 viajes: estos deberán presentar un estudio detallado de demanda y atención de usuarios. Este estudio debe analizar cómo serán resueltas las necesidades de desplazamiento, tanto de usuarios motorizados como no motorizados, procurando que se resuelvan en el interior del desarrollo y evitando sobrecargar el entorno.

Finalmente, los proyectos que superen las 1.275 unidades de vivienda y registren más de 1.000 viajes diarios necesitarán presentar un estudio avanzado de transporte y tránsito. Este documento debe contemplar el análisis de las condiciones viales actuales y futuras, considerando las necesidades de peatones, ciclistas, motociclistas y vehículos, así como la seguridad vial y el impacto total sobre la movilidad local.

Adicionalmente, la resolución contempla para los proyectos de mayor impacto la obligación de instalar sistemas tecnológicos automáticos o semiautomáticos de monitoreo del tránsito, fortaleciendo el control y seguimiento de las condiciones de movilidad en la zona de influencia.

La SDM recalca que estos cambios están diseñados para brindar criterios diferenciales en la evaluación del impacto sobre la movilidad y el espacio público, exigiendo a los responsables la adopción de medidas proporcionadas a la magnitud de cada intervención.

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¿Cuáles son los nuevos requisitos para proyectos de vivienda en Bogotá según la SDM?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, los requisitos varían según el tamaño del proyecto. Los de hasta 100 viviendas no requieren estudios de movilidad. Aquellos hasta 510 viviendas deben aplicar acciones de mitigación tipo. Si el desarrollo se sitúa entre 511 y 1.274 viviendas, debe presentar un estudio de demanda y atención de usuarios, mientras que los proyectos de 1.275 o más viviendas exigen un análisis integral de transporte y tránsito.

¿Qué son las acciones de mitigación y en qué casos se exigen a los proyectos de vivienda?

Las acciones de mitigación son medidas específicas adoptadas para prevenir o reducir impactos negativos que un proyecto pueda ocasionar sobre la movilidad y el espacio público. Estas acciones serán obligatorias para desarrollos que superen las 100 unidades de vivienda o generen más de 80 viajes diarios, incrementándose en complejidad según el tamaño y la demanda del proyecto.

Según el reporte puntual del SGC, el evento ocurrió a las 10:01 a. m., hora local, y tuvo como epicentro las inmediaciones del municipio de Sipí, ubicado en el departamento del Chocó. El SGC aclaró que la magnitud alcanzada por el sismo fue de 3.7, cifra que corresponde al nivel de energía liberada en el punto de origen, mientras que la profundidad reportada de 46 kilómetros indica la distancia vertical entre el epicentro y la superficie de la tierra.

La información oficial suministrada hasta el momento por el Servicio Geológico Colombiano no menciona la existencia de personas afectadas ni de daños estructurales como consecuencia de este movimiento telúrico. El boletín enfatiza que se sigue monitoreando y recopilando información para verificar la magnitud del impacto, si es que existió alguno, a medida que la población realiza reportes voluntarios.

En ese sentido, la entidad explicó que está disponible su plataforma de sismos sentidos, una herramienta digital destinada a que las personas que hayan notado el movimiento puedan reportar detalles sobre su percepción del sismo. Estos testimonios ciudadanos resultan clave para que el SGC mejore la precisión en el análisis de la intensidad y alcance del fenómeno en tiempo real y en áreas geográficas puntuales.

El SGC reitera que continúa bajo vigilancia permanente de la actividad sísmica y garantiza que cualquier dato nuevo acerca de este evento, así como posibles réplicas u otros movimientos telúricos, será comunicado de manera inmediata a través de sus canales oficiales. La información definitiva sobre cualquier actualización la tendrá el público directamente desde el Servicio Geológico Colombiano.

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¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 3.7 en Colombia este 14 de septiembre?

El Servicio Geológico Colombiano indicó que el epicentro del sismo de magnitud 3.7 se localizó en el municipio de Sipí, en el departamento de Chocó. La identificación precisa del epicentro ayuda a evaluar posibles impactos en las comunidades cercanas y a determinar la percepción del evento.

¿Qué significa la profundidad de 46 kilómetros en un sismo como el registrado en Chocó?

La profundidad de 46 kilómetros reportada por el Servicio Geológico Colombiano indica la distancia desde la superficie hasta el punto de origen subterráneo donde se produce el sismo. Una mayor profundidad puede influir en la intensidad con la que se siente el movimiento en la superficie.

Al iniciar la jornada se presentará ~Kii Rtkt Bare Hako, una publicación que reúne los saberes ancestrales de la comunidad indígena Hee Yaia Keti Oka, reconocida por el Sistema de Conocimiento de los Jaguares de Yuruparí. Este libro busca visibilizar la sabiduría femenina y el papel crucial de las mujeres como guardianas de semillas, así como su influencia en la memoria viva, la fertilidad y la abundancia en la Amazonía. La publicación integra relatos orales, ilustraciones propias y narraciones en lengua, resultado de un proceso investigativo endógeno desarrollado durante más de ocho años. Este formato interactivo promueve una experiencia única en la que se entrelazan oralidad, identidad y memoria.

Posteriormente, el espacio se centrará en las múltiples dimensiones del ají: su importancia gastronómica, ritual y ancestral, así como su vínculo con las prácticas culturales y alimenticias de las comunidades indígenas. En este segmento, denominado ‘Compartir de saberes’, participarán Rosalía León y Juana Marín, lideresas indígenas Tatuyo y Barasano respectivamente, quienes compartirán las experiencias de las mujeres sembradoras de ají del Río Pirá Paraná. La actividad permitirá un intercambio entre las raíces indígenas y las preguntas de quienes asisten, promoviendo el reconocimiento y respeto de prácticas que sostienen la vida en el territorio.

El evento tendrá lugar tanto en la Sala Centro Aprende Intercultural como en la Sala LabCo, escenarios de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, concebidos para estimular la experimentación y el encuentro de saberes comunitarios. Según la información oficial, este tipo de iniciativas reflejan el compromiso por fortalecer la diversidad cultural desde el diálogo y la memoria viva.

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¿Cuál es el significado del libro ~Kii Rtkt Bare Hako, Las Madres de Semilla y por qué es relevante en la memoria indígena?

El libro interactivo ~Kii Rtkt Bare Hako, Las Madres de Semilla, recoge y transmite los saberes ancestrales Hee Yaia Keti Oka, vinculados al papel de las mujeres como guardianas de la fertilidad, las semillas y la abundancia en las comunidades amazónicas. La relevancia de esta obra radica en su capacidad para preservar la memoria viva de las prácticas y conocimientos femeninos que sostienen el territorio, empleando la oralidad, ilustraciones y narraciones en lengua convertidas en un formato interactivo que refleja más de ocho años de investigación comunitaria.

¿Qué importancia tiene el Proyecto Productivo de Ají, Bía Waiya, en las comunidades del Río Pirá Paraná?

El Proyecto Productivo de Ají, Bía Waiya, liderado por mujeres del Río Pirá Paraná, representa una forma de conservar y compartir los conocimientos gastronómicos, rituales y ancestrales ligados al ají. Esta iniciativa contribuye a fortalecer los lazos entre la alimentación, la vida cotidiana y la dimensión cultural de las comunidades indígenas, visibilizando la sabia interacción entre la siembra, el territorio y la memoria colectiva.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos en tiempo real por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la actividad sísmica tuvo su epicentro en el municipio de Sipí, en el departamento del Chocó. El primer evento ocurrió exactamente a las 9:57 de la mañana, alcanzando una magnitud de 4.3 y una profundidad de 43 kilómetros, lo que provocó que la onda expansiva se sintiera con intensidad en diferentes departamentos de las regiones pacífica y andina.

Tan solo cuatro minutos más tarde, a las 10:01 de la mañana, un segundo movimiento sacudió la misma zona de Sipí, en el departamento chocoano. Este nuevo registro marcó una magnitud de 3.7 y una profundidad de 46 kilómetros, consolidando una secuencia de temblores consecutivos que alertó a la ciudadanía y activó de inmediato los protocolos preventivos de emergencia en varias ciudades intermedias y capitales del suroccidente colombiano. Según las primeras evaluaciones técnicas compartidas por los especialistas, estos sismos son considerados como réplicas naturales asociadas al fuerte terremoto que sacudió fuertemente al país el pasado 10 de agosto.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-14, 09:57 hora local Magnitud 4.3, profundidad 43 km, Sipí – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/xspV6DlcUg

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 14, 2026

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-14, 10:01 hora local Magnitud 3.7. Profundidad 46 km, Sipí – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/Ci3tSCQlzd

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 14, 2026

La fuerza con la que se percibieron los temblores en los pisos superiores de los edificios de Cali generó alarma inmediata entre los trabajadores, funcionarios y visitantes de edificaciones corporativas e institucionales. En estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad industrial y gestión del riesgo, los brigadistas y cuerpos de socorro procedieron a ordenar la evacuación rápida de las instalaciones, concentrando a los ciudadanos en los puntos de encuentro establecidos mientras los ingenieros realizaban revisiones oculares preliminares.

Hasta el momento del cierre de este informe, los organismos de socorro, los cuerpos de bomberos y las secretarías de Gestión del Riesgo han confirmado que no se registran daños estructurales de consideración, personas lesionadas ni afectaciones críticas en la red vial o en los servicios públicos de la capital vallecaucana. No obstante, las autoridades locales y los comités regionales de emergencia mantienen el monitoreo constante de la situación y reiteraron a la ciudadanía la importancia de mantener la calma y estar preparados ante la constante actividad tectónica que caracteriza el territorio nacional.

De acuerdo con información obtenida por la Fiscalía, los reclusos, tras esquivar las restricciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), lograron acceder de forma ilegal a celulares, redes de datos y servicios financieros digitales. Con estas herramientas realizaban llamadas masivas a posibles víctimas distribuidas en distintas regiones del país, lo que ampliaba el rango de acción y dificultaba la detección de la actividad ilícita.

Además de las llamadas, se documentó otra modalidad delictiva basada en la creación de perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Usando estos perfiles, contactaban a hombres con la propuesta de ofrecer presuntos servicios sexuales. Las víctimas que caían en la trampa enviaban fotos íntimas, las cuales eran manipuladas para fabricar acusaciones graves ligadas a delitos sexuales. Según la Fiscalía, luego de conseguir un primer pago a través de la intimidación, las amenazas incrementaban para forzar nuevas transferencias de dinero.

El ente acusador detalló que gracias a estas acciones ilícitas la organización logró realizar 631.000 operaciones financieras, por un monto superior a 4.900 millones de pesos colombianos. El dinero, recibido por medio de billeteras digitales y cuentas de terceros, era retirado en efectivo y empleado para adquirir seis propiedades y cuatro vehículos situados en Bogotá, Soacha, Facatativá, Fusagasugá, Viotá y Restrepo.

Igualmente, se determinó que parte del dinero era consignado en pequeñas sumas a Fabián Viracachá Ballén, alias El Don o Pluma, exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) condenado a 38 años de prisión. Se le señala de utilizar estos recursos para mantener el control del pabellón, facilitando la entrada y distribución de bebidas alcohólicas, drogas y otros artículos prohibidos. El proceso permitió capturar a varios familiares de Viracachá y presentarles cargos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad, recibiendo todos ellos medida de aseguramiento en centro carcelario, tal y como informó la Fiscalía.

¿Cómo operaba la red de estafa y extorsión desde la cárcel La Picota?

La red se valía de teléfonos celulares y servicios digitales que ingresaban ilegalmente a la cárcel para contactar a víctimas en todo el país. Utilizaban llamadas y perfiles falsos de mujeres en WhatsApp para ofrecer supuestos servicios sexuales, obtener fotos íntimas y luego extorsionar a sus víctimas exigiéndoles transferencias de dinero.

¿Qué delitos les imputaron a los capturados por la Fiscalía General?

La Fiscalía General les imputó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad, según su presunta implicación en los hechos investigados. Todos los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Según el decreto emitido por las autoridades locales, la circulación estará limitada desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Durante este periodo, como alternativa de movilidad y recreación para los habitantes, estará habilitada una ciclovía permanente sobre la carrera Quinta, entre las calles 10 y 76, permitiendo a ciclistas y peatones disfrutar de este corredor vial en condiciones más seguras y libres del tráfico vehicular tradicional.

Sin embargo, el decreto establece múltiples excepciones para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y la adecuada atención de emergencias y necesidades básicas de la comunidad. Se permite la circulación de vehículos destinados a la prestación de emergencias médicas, como ambulancias, así como a los Bomberos, Policía, Fuerzas Militares y aquellos involucrados en servicios de seguridad y vigilancia. Adicionalmente, tendrán libre tránsito los automóviles utilizados en el transporte de alimentos y carga, prestación de servicios públicos, y atención médica, siempre que puedan acreditar su función ante las autoridades de tránsito.

El decreto también contempla una excepción para ciertos vehículos por su tecnología: se permite la movilidad de automóviles eléctricos, híbridos y aquellos que funcionen con Gas Natural Vehicular (GNV), siempre que dicha característica esté claramente registrada en la licencia de tránsito. Esto busca incentivar el uso de tecnologías limpias y menos contaminantes dentro de la ciudad.

En cuanto a las motocicletas, existe una exención específica para aquellas utilizadas en la prestación de servicios de domicilio, vigilancia privada, representación comercial y labores operativas relacionadas con empresas de transporte. No obstante, estas motocicletas deberán cumplir con las condiciones de identificación establecidas por las autoridades de tránsito para hacer efectivo este beneficio.

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¿Qué actividades están permitidas durante el Día sin Carro y sin Moto en Ibagué?

Durante el Día sin Carro y sin Moto en Ibagué, los ciudadanos pueden hacer uso de la ciclovía dispuesta sobre la carrera Quinta entre calles 10 y 76 desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, así como caminar y movilizarse en bicicleta. Además, únicamente pueden circular automóviles vinculados a servicios esenciales o con tecnologías limpias, de acuerdo con las excepciones del decreto municipal.

¿Cuáles vehículos pueden circular por excepción el Día sin Carro y sin Moto en Ibagué?

El mismo decreto que restringe la movilidad de automóviles particulares permite la circulación de vehículos de emergencias, seguridad, transporte de alimentos y carga, servicios públicos, eléctricos, híbridos y aquellos que funcionan con Gas Natural Vehicular (GNV), siempre que esta característica esté avalada en la licencia de tránsito. Algunas motocicletas dedicadas a servicios de domicilio, vigilancia, representación comercial y operaciones de empresas de transporte, que cumplan con los requisitos de identificación, también están exentas.

El recurso judicial abarca a la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y los ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores.

La acción responde a las actuaciones desarrolladas con ocasión de la orden de captura con fines de extradición dictada en su contra en 2024.

La demanda sostiene que las actuaciones adelantadas dentro del trámite de extradición le habrían causado afectaciones emocionales y psicológicas a Marín Buitrago y a integrantes de su familia.

El expediente enfrentó una inadmisión inicial en agosto, luego de lo cual los demandantes radicaron un nuevo escrito de subsanación ante el despacho correspondiente.

En el documento se plantea que la responsabilidad de las entidades demandadas estaría relacionada con un supuesto error jurisdiccional de la Rama Judicial.

Asimismo, alegan una presunta falla en el servicio atribuida a la Fiscalía General de la Nación y a los ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores.

El trasfondo judicial concierne a las indagaciones de la Fiscalía contra Diego Marín Buitrago por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

En dicho proceso se le señala como presunto Zar de Contrabando, articulador de actividades de contrabando en puertos y rutas comerciales de diferentes ciudades del país.

Uno de los argumentos centrales de la demanda está relacionado con el momento en que, según los demandantes, se habría configurado el daño que pretenden reclamar.

El documento señala que la orden de captura fue expedida el 11 de marzo de 2024 por el Juzgado 48 Penal Municipal con Función de Control de Garantías.

Sin embargo, sostiene que sus efectos dañosos se concretaron con la captura de Marín Buitrago en Valencia (España) el 5 de abril de 2024.

De acuerdo con la demanda, posteriormente se produjo una nueva privación de la libertad en Portugal, el 3 de diciembre de 2024. Dicha detención se extendió hasta el 9 de junio de 2025, cuando Marín Buitrago quedó en libertad provisional luego de una acción de hábeas corpus.

Los demandantes sostienen que el daño se concretó con la materialización de la orden de captura en España y se extendió con la privación en Portugal.

La pretensión económica asciende a 400 salarios mínimos, aproximadamente 700 millones de pesos, para Diego Marín Buitrago, su esposa y sus tres hijos.

La demanda plantea que los integrantes de la familia también habrían presentado afectaciones psicológicas derivadas del proceso penal y del trámite de extradición.

Antes de presentar esta nueva etapa judicial, en diciembre de 2025 se llevó a cabo una audiencia de conciliación ante la Procuraduría de forma previa. Sin embargo, el procedimiento terminó sin acuerdo entre las partes reunidas.

En el acta quedó consignado que, ante la falta de ánimo conciliatorio de la parte convocada, la Procuradora Judicial declaró fallida la audiencia.

Por tal motivo, dio por surtida la etapa conciliatoria y por terminado el procedimiento extrajudicial correspondiente.

Con la nueva subsanación, los demandantes buscan que avance el medio de control de reparación directa ante la jurisdicción contencioso administrativa.

El objetivo consiste en examinar detenidamente las supuestas fallas institucionales derivadas del trámite que motivó la detención internacional de Marín Buitrago.

Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de ‘Papá Pitufo’, es un empresario colombiano señalado por las autoridades y organismos judiciales como el ‘Zar del Contrabando’.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación lo vinculan como presunto articulador de amplias redes ilegales de contrabando que operaban en los principales puertos y rutas comerciales del país. Enfrenta procesos penales por concierto para delinquir agravado y cohecho.

Así, luego de ser capturado internacionalmente en España y Portugal para su extradición, interpuso acciones legales contra el Estado colombiano para exigir indemnizaciones económicas por supuestos perjuicios emocionales.

Entre los eventos recientes, destaca la emisión registrada a las 8:59 a. m. de este domingo, cuando una columna de ceniza se elevó hasta 1.200 metros por encima del cráter y fue llevada por el viento hacia el noroccidente. De acuerdo con el SGC, esta dispersión provocó caída de ceniza en áreas cercanas al volcán Puracé y en sectores de Popayán, afectando a pobladores de la región.

De fondo, el reporte oficial profundiza sobre la naturaleza de los movimientos internos del volcán. Se siguen registrando señales sísmicas asociadas tanto a la dinámica de fluidos como al proceso de fracturamiento de roca en el área. Estas señales incluyen eventos de largo periodo (LP) y pulsos conocidos como tremor volcánico (TR), fenómenos que los expertos ubican bajo el cráter del volcán a profundidades menores a un kilómetro. Los eventos LP y los pulsos de tremor suelen asociarse, según la SGC, con el movimiento de magma y gases a través de los conductos internos volcánicos.

El boletín agrega que persiste la sismicidad volcano-tectónica (VT), vinculada al fracturamiento de roca, con la mayoría de estos movimientos localizados entre 12 y 15 kilómetros al nororiente del Puracé, y a profundidades que oscilan entre 6 y 11 kilómetros. Este tipo de actividad sugiere que el sistema volcánico sigue experimentando esfuerzos internos, aunque hasta el momento esto no se ha traducido en cambios térmicos observables en la superficie. De hecho, el SGC precisó que las plataformas de monitoreo satelital no han identificado anomalías térmicas en el fondo del cráter, elemento que se utiliza para detectar acumulaciones de calor relacionadas con ascenso de magma.

A pesar de la persistencia de estos indicadores volcánicos, el Puracé permanece en estado de alerta naranja, lo que significa vigilancia permanente y actualización constante ante cualquier cambio en el comportamiento del volcán.

¿Por qué el volcán Puracé continúa en estado de alerta naranja según el SGC?

El volcán Puracé permanece en estado de alerta naranja debido a la persistencia de señales sísmicas y emisiones de ceniza detectadas por el Servicio Geológico Colombiano. Entre los eventos recientes destacan siete emisiones de ceniza y movimientos sísmicos vinculados al movimiento de fluidos y fracturamiento de roca, indicadores que requieren seguimiento constante.

¿Qué significa la sismicidad volcano-tectónica (VT) en el monitoreo del volcán Puracé?

La sismicidad volcano-tectónica (VT) hace referencia a los eventos sísmicos causados por el fracturamiento de roca en el subsuelo del volcán. Según el SGC, estos movimientos suelen detectarse a varios kilómetros de profundidad y pueden indicar cambios internos que afectan la estabilidad del sistema volcánico, aunque en este caso no se han detectado anomalías térmicas asociadas.

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El origen de este proceso se remonta a enero de ese año, cuando se reportó la desaparición de una fuerte suma de dinero en efectivo que se encontraba en la residencia de Sarabia, quien en ese entonces se desempeñaba como jefa de Gabinete de la Presidencia de la República. A raíz de este hurto doméstico, la exniñera Marelbys Meza fue sometida de manera irregular a una rigurosa prueba de polígrafo. La controversia jurídica y política estalló no solo por el uso indebido de instalaciones, infraestructura y personal oficial pagado por el Estado para un asunto de índole estrictamente particular, sino por el profundo constreñimiento ejercido sobre la trabajadora.

#ATENCIÓN | Reaparece Laura Sarabia, esta vez ante la justicia, para enfrentar su imputación de cargos por presuntamente haber ordenado a la seguridad presidencial practicar la prueba del poligrafo a su niñera Marelbys Meza. pic.twitter.com/uv16yt3J1k

— Noticias RCN (@NoticiasRCN) September 14, 2026

Sin embargo, el escándalo adquirió dimensiones insospechadas cuando las indagaciones revelaron que el teléfono celular de Meza había sido interceptado ilegalmente por organismos de inteligencia de la Policía Nacional. Para lograr burlar los controles y obtener las autorizaciones judiciales de manera fraudulenta, se elaboraron informes donde se presentaba a la exempleada y a otra mujer, Fabiola Perea, como supuestas integrantes de la estructura criminal del Clan del Golfo bajo los alias de “La Cocinera” y “La Madrina”, evidenciando un claro montaje institucional.

A lo largo de los meses posteriores a la revelación pública del caso, Sarabia logró mantenerse blindada y en el centro del poder, ocupando cargos de altísima visibilidad institucional como la dirección del Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS), el DAPRE, la jefatura del Ministerio de Relaciones Exteriores y la embajada de Colombia ante el Reino Unido. No obstante, el cambio de escenario político y el avance de los investigadores no han podido ser frenados. Actualmente, el expediente judicial es liderado por la fiscal Patricia Hernández —quien reemplaza temporalmente a la titular Marcela Abadía durante sus vacaciones—, marcando un hito definitivo para determinar responsabilidades penales sobre el uso arbitrario del aparato estatal con fines personales.

Esta declaración movilizó opiniones divididas en la esfera pública. Entre quienes respaldan la postura oficial está la representante Carol Borda, de Salvación Nacional, quien manifestó en su cuenta de X que, como egresada de la Universidad Nacional de Colombia, había presenciado impunidad frente a casos de encapuchados y delincuentes dentro de la institución, por lo que apoya totalmente la iniciativa presidencial. A ella se sumaron figuras políticas como la excandidata Vicky Dávila, quien resaltó que "les llegó la hora a los bandidos infiltrados" y avaló el papel de la Policía Nacional en mantener el orden público. También la exsenadora María Fernanda Cabal opinó a favor, argumentando que la autonomía universitaria habría sido creada con fines ideológicos, y defendió el ingreso de la fuerza pública a las universidades.

No obstante, esta iniciativa generó reacciones críticas. Isabel Vera, representante por el Pacto Histórico, advirtió sobre el riesgo de replicar hechos violentos ocurridos en otras intervenciones policiales en universidades, como la del Valle. En la misma línea, la Universidad Pedagógica Nacional recordó, con base en cifras de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que entre 1962 y 2011 se documentaron 588 crímenes contra integrantes de comunidades universitarias por causas asociadas a violencia estatal, paramilitarismo y otras acciones armadas. La institución subrayó que medidas de represión y militarización han dejado asesinatos, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y amenazas, lo cual atenta contra derechos fundamentales protegidos por la Constitución y tratados internacionales.

Por otro lado, el rector de la Universidad del Valle, Guillermo Murillo, afirmó en Blu Radio que los incidentes violentos usualmente no suceden en el interior de la universidad, sino en sus alrededores, y precisó que las personas responsables de hechos delictivos no pertenecen a la comunidad universitaria. Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, destacó que el verdadero control se logra mediante filtros de ingreso y labores de inteligencia, y que la Policía puede actuar judicialmente donde se cometan delitos. Peña y otros expertos, como Laura Espinosa Macías, recordaron que la autonomía universitaria es un derecho protegido por el artículo 69 de la Constitución y por la Ley 30.

Preocupa a algunos sectores, como la representante Ana Erazo, que el protocolo termine por coartar la libertad de organización del estudiantado, y se advierte del peligro de criminalizar la protesta estudiantil y convertir las universidades en escenarios de intervención policial.

¿Qué implica el protocolo anunciado por el presidente De la Espriella para las protestas en universidades públicas?

El protocolo anunciado busca distinguir entre protestas legítimas y situaciones violentas o delictivas en universidades públicas, permitiendo la intervención de la fuerza pública en casos considerados graves según lo declarado por el presidente. Sin embargo, esto ha despertado temores sobre un posible aumento de la represión y la intervención policial en los campus, así como preocupaciones sobre la afectación de derechos fundamentales como la autonomía universitaria y la protesta pacífica.

¿Qué significa autonomía universitaria según la Constitución Política y la Ley 30?

La autonomía universitaria, según el artículo 69 de la Constitución y respaldada por la Ley 30, garantiza a las universidades el derecho de gestionar su gobierno, programas y recursos, libre de injerencias externas injustificadas, incluyendo la entrada de la fuerza pública salvo situaciones de flagrancia o necesidad judicial. Este principio busca resguardar la vida académica y la libertad de pensamiento dentro de los campus.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.