El movimiento telúrico ocurrió a las 8:57 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 142 kilómetros.

De acuerdo con la información oficial, el evento fue localizado en las coordenadas 6,82° de latitud y -72,95° de longitud.

Entre los municipios más cercanos al epicentro se encuentran Cepitá, ubicado a 8 kilómetros; San Andrés, a 11 kilómetros, y Guaca, a una distancia de 12 kilómetros.

El reporte del SGC indica que el movimiento fue detectado por nueve estaciones de monitoreo y aparece clasificado con estatus automático. Además, registró un RMS de 1,2 segundos y un gap de 137 grados, parámetros técnicos utilizados para establecer la localización del evento.

Por su magnitud de 2,7 y su profundidad de 142 kilómetros, se trató de un sismo de baja magnitud.

La información disponible corresponde al registro técnico del Servicio Geológico Colombiano y no incluye datos sobre afectaciones materiales o personas lesionadas.

La publicación, expuesta al público el pasado viernes bajo el título ‘Las mujeres de Petro’, destapó llamativos relatos testimoniales sobre presuntos comportamientos del hoy líder de la oposición antes de encabezar compromisos gubernamentales oficiales.

“Muchas de las mujeres coinciden en el uso de sustancias alucinógenas o psicotrópicas por parte del expresidente de la República. […] Angie Rodríguez sostiene que Petro usaba tusi; hay otras que dicen que él usaba otras sustancias”, aseveró.

El analista profundizó en torno a curiosas rutinas descritas por sus consultadas, señalando supuestos adhesivos oculares que el dirigente portaba con anterioridad a sus encuentros del gabinete ministerial.

“Dicen ellas que antes del expresidente entrar a algunos de los consejos de ministros, se ponía parches en los ojos”, contó.

De acuerdo con el relato del comunicador en Blu Radio, esas pausas privadas demandaban un lapso considerable de preparación que llamaba la atención de colaboradores inmediatos durante las jornadas de gobierno.

“Dicen que se demoraba en el baño entre 45 y 50 minutos antes de entrar al consejo de ministros, porque se ponía unos parchecitos en los ojos. Estos parchecitos, según he podido yo investigar, serían de LDS, aunque no sé exactamente si lo son”, relató.

El integrante radial subrayó que la concordancia de múltiples relatos recopilados fortalece la hipótesis planteada sobre el presunto consumo de estupefacientes por parte del exjefe de Estado.

Sumado a ello, Zuleta reveló que los testigos señalan presuntos registros audiovisuales capturados mediante el teléfono móvil personal del exmandatario durante reuniones sociales privadas.

“Él no siempre intervenía activamente en estas escenas, sino que las grababa y las tenía en su celular. Entonces eso es lo que relatan estas mujeres”, añadió.

El polémico libro reabre de este modo el debate político sobre la vida íntima de las figuras públicas en Colombia.

¿De qué trata  ‘Las mujeres de Petro’?

El libro ‘Las mujeres de Petro’, escrito por el periodista Felipe Zuleta Lleras y publicado por Editorial Planeta, aborda la vida íntima y el círculo femenino cercano a Gustavo Petro.

La obra reconstruye testimonios directos de exparejas, colaboradoras de gobierno, amigas y figuras políticas que influyeron decisivamente en el entorno del exmandatario a lo largo de su carrera pública.

El texto examina desde la figura de su madre hasta sus matrimonios con Mary Luz Herrán y Verónica Alcocer, excluyendo expresamente a sus hijas por respeto a su privacidad.

Asimismo, la investigación relata las dinámicas de poder que rodearon a funcionarias de alta confianza institucional durante su periodo presidencial, destacando figuras como Laura Sarabia y Angie Rodríguez.

El autor recopila señalamientos sobre reuniones sociales privadas, el presunto consumo de sustancias psicoactivas y supuestas prácticas de espionaje telefónico que habrían incidido en la toma de decisiones estatales.

Zuleta aclara que el propósito del libro no radica en un análisis de gestión ideológica, sino en dimensionar cómo los vínculos afectivos y personales impactaron el ejercicio del poder.

Las declaraciones recopiladas en la crónica editorial describen un clima de desconfianza, tensiones laborales agudas y temores constantes entre varias de las mujeres que integraron el esquema presidencial.

El relato periodístico aporta elementos testimoniales sobre episodios reservados de la Casa de Nariño, contrastando versiones de exfuncionarias con testimonios de escoltas e integrantes de seguridad del Estado.

La publicación causó un fuerte impacto político y mediático nacional, reabriendo debates sobre la frontera ética entre la vida privada de los gobernantes y el interés general de la ciudadanía.

La obra plantea un retrato humano sobre las complejidades personales del líder político colombiano, dejando bajo escrutinio público los testimonios que configuraron su círculo de mayor confianza personal.

El ambiente comenzó a tensionarse cuando los manifestantes, identificados como estudiantes de la UPTC, buscaron ingresar a las instalaciones donde se desarrollaba el acto presidencial. Este intento derivó en choques directos con la fuerza pública, generando momentos de enfrentamiento que fueron documentados y difundidos a través de videos en redes sociales. En las imágenes, era evidente el despliegue de uniformados intentando dispersar a quienes protestaban y contener la situación mediante el uso de agentes químicos.

El impacto de estos hechos no solo alteró el curso de la protesta, sino que además afectó la agenda institucional trazada para esa fecha. Varios alcaldes de municipios boyacenses, invitados a la reunión con el presidente De La Espriella, optaron por mantenerse fuera de las instalaciones hasta que se restablecieron las condiciones mínimas de seguridad, lo que modificó el normal desarrollo del evento.

Distintos usuarios de redes sociales expresaron sus opiniones respecto a los disturbios. Uno de ellos, identificado como Mauricio Vanegas, señaló que la intervención de las fuerzas policiales estuvo a cargo de una unidad conocida como ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). A su vez, Jorge Suárez, otro usuario, atribuyó la protesta a estudiantes de orientación política de izquierda dentro de la UPTC, aunque dicha calificación es exclusiva de su publicación y no corresponde a un informe oficial. Mientras tanto, la expectativa está puesta en el pronunciamiento de las autoridades respecto a posibles personas lesionadas, detenidas o daños materiales, tema sobre el que aún no hay un balance oficial publicado.

La visita presidencial a Tunja terminó marcada por un episodio de confrontación en el espacio público, abriendo interrogantes sobre las causas que motivaron la manifestación y las decisiones tomadas tanto por los manifestantes como por la fuerza pública, según la información contenida en los reportes y testimonios digitales revisados.

¿Por qué protestaron los estudiantes de la UPTC durante la visita del presidente De La Espriella en Tunja?

De acuerdo con la información citada, los estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) protestaron en las inmediaciones del Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja durante la visita del presidente Abelardo De La Espriella. La manifestación, que culminó en disturbios y uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía, estuvo directamente relacionada con la presencia del mandatario en la ciudad, aunque las razones específicas de la protesta no se detallan en el reporte.

¿Cuál fue la reacción de las autoridades frente a los disturbios en la visita presidencial a Tunja?

Según los datos aportados, la reacción de las autoridades fue intervenir con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y controlar los desórdenes ocurridos en las inmediaciones del evento presidencial. Esta respuesta, ejecutada por la Policía Nacional y mencionada por usuarios en redes sociales como la intervención del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), buscaba restablecer el orden, aunque todavía se aguarda un balance oficial sobre personas heridas, detenciones o daños materiales ocasionados.

De acuerdo con los reportes preliminares entregados desde la Terminal de Transportes de Buenaventura, el microbús afiliado a la empresa de transporte despachó inicialmente a seis pasajeros desde la terminal del puerto con destino hacia el interior del departamento. Sin embargo, las autoridades viales investigan si durante el trayecto sobre el corredor vial abordaron más usuarios antes de ingresar al túnel. Tras el fuerte impacto entre ambos vehículos pesados dentro del paso subterráneo, organismos de socorro e integrantes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional acudieron a la zona para atender a los heridos y adelantar las primeras diligencias de inspección técnica.

La violencia del choque provocó la destrucción de la parte delantera y lateral de la buseta, además de generar daños de consideración en la estructura del vehículo tipo niñera. Hasta el momento, las autoridades han confirmado la muerte de al menos una persona en el lugar de los hechos, mientras avanzan las labores para consolidar el balance definitivo de ocupantes lesionados y establecer con precisión las identidades de los afectados en la emergencia.

Debido a la magnitud del siniestro y a la ubicación de los automotores involucrados dentro de la infraestructura del túnel, la Policía de Carreteras ordenó el cierre total de la arteria vial que comunica a Buga y Cali con Buenaventura. La interrupción de la movilidad mantiene paralizado el flujo de transporte de carga, vehículos particulares y buses de servicio público en este estratégico corredor económico del Valle del Cauca.

#ValleDelCauca | 🚨 Un grave accidente de tránsito mantiene cerrada completamente la vía Buga–Buenaventura, a la altura del túnel 6, en el sector de El Naranjo, kilómetro 55.

⚠️ La Unión Vial Camino del Pacífico confirmó la suspensión del paso vehicular debido al siniestro, que afecta la movilidad en este importante corredor del Valle del Cauca.

🚌 Según información preliminar, un vehículo de transporte de pasajeros que había salido de Buenaventura con destino a Cali estaría involucrado en el accidente. Desde la terminal de transporte se informó que la unidad inició su recorrido con seis pasajeros a bordo.

🕯️ Los primeros reportes señalan que el conductor del vehículo, identificado preliminarmente como perteneciente a la empresa Metro, habría fallecido. Esta información está pendiente de confirmación oficial.

☎️ Para consultar el estado de la vía, están habilitadas las líneas 311 441 5479 y #180.

🔴 Noticia en desarrollo. Se espera que las autoridades entreguen un balance sobre las víctimas y las circunstancias del accidente

— Diario Occidente (@Diarioccidente) November 9, 2026

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar de los hechos por conductores y transportadores que transitaban por la zona, el accidente se habría desencadenado por una presunta imprudencia en las maniobras de adelantamiento dentro de la infraestructura subterránea. Las imágenes y videos grabados por testigos tras la colisión muestran la magnitud de los daños: el microbús de Expreso Palmira quedó completamente destruido, con el techo arrancado y la estructura reducida a retazos metálicos tras el impacto contra las paredes del túnel y la parte trasera del camión de carga.

El reporte, publicado el 24 de septiembre de 2026, estableció que en Colombia nacieron 441.537 bebés durante 2025, frente a los 453.901 registrados en 2024. Esto representa una reducción de 12.364 nacimientos, equivalente al 2,7 %. La disminución también se observó en la mayoría de los departamentos del Caribe, aunque no todos tuvieron variaciones de la misma magnitud.

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Córdoba encabezó las disminuciones entre los departamentos de la región, con una caída del 5,7 %. Sucre ocupó el segundo lugar, con una reducción del 5,3 %, mientras que Magdalena registró un descenso del 4,4 %. En los otros territorios, las variaciones fueron menores: Bolívar tuvo una disminución del 2,6 %, Cesar del 2,2 % y Atlántico del 1,9 %. Por su parte, San Andrés, Providencia y Santa Catalina presentó una caída del 9,2 %, la más pronunciada entre los territorios incluidos en la comparación.

El comportamiento de La Guajira fue diferente al del resto de la región. Este departamento registró un aumento del 0,9 % en los nacimientos frente al año anterior, convirtiéndose en el único de la región Caribe continental que tuvo un crecimiento en este indicador. A escala nacional también se presentaron incrementos en Guainía, Chocó, Quindío y Tolima, aunque la tendencia general del país siguió siendo descendente.

Las diferencias también aparecen cuando se analiza la cantidad promedio de hijos por mujer. Según el Dane, la tasa global de fecundidad en Colombia llegó a un hijo por mujer durante 2025, el nivel más bajo de la serie estadística presentada por la entidad. La Guajira, en contraste, alcanzó una tasa de 1,8 hijos por mujer, la segunda más alta del país, solamente superada por Vaupés, con 2,0. En Atlántico y Cesar el indicador fue de 1,1, mientras que Bolívar registró 1,3. Además, entre 2016 y 2025, Cesar y Sucre estuvieron entre los departamentos donde más disminuyó la fecundidad.

Estas cifras coinciden con las conclusiones de una investigación de Juliana Jaramillo-Echeverri y Adriana Sofía Rodríguez, publicada por el Banco de la República, que advierte que la reducción de la natalidad no ocurre de la misma manera en todo el territorio nacional. El estudio, que examinó el comportamiento de la fecundidad entre 1998 y 2024, encontró diferencias relacionadas con la edad de las madres, su nivel educativo, el acceso a servicios de salud y las condiciones sociales de los municipios. Uno de los datos más llamativos es que cerca del 20 % de los nacimientos analizados correspondió a madres de entre 10 y 19 años.

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Los investigadores también encontraron una relación entre el embarazo adolescente, la informalidad laboral y las necesidades básicas insatisfechas. En contraste, los municipios con mayores niveles de desarrollo económico registraron una menor incidencia de este fenómeno. El análisis advierte que la maternidad temprana no puede entenderse únicamente como una decisión individual, pues también está vinculada con las oportunidades educativas, laborales y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. A esto se suma que cada vez más mujeres aplazan la maternidad hasta edades adultas, aunque esa transformación tampoco avanza al mismo ritmo en todas las regiones.

De esta manera, los resultados del Dane muestran dos realidades para el Caribe colombiano: la mayoría de sus departamentos tiene menos nacimientos, pero todavía existen diferencias importantes en los indicadores de fecundidad y en las condiciones sociales de las mujeres. Por eso, la disminución de la natalidad no significa que hayan desaparecido problemas como el embarazo adolescente o las desigualdades en el acceso a educación y servicios de salud, desafíos que requieren respuestas distintas según las necesidades de cada territorio.

En su mensaje, Jiménez cuestionó las motivaciones detrás de la aparición pública de Prada y aclaró la verdadera naturaleza del conocimiento que esta posee sobre su caso particular. “No entiendo por qué hay personas empeñadas en sacar provecho de mi denuncia. Esta persona me conoció cuando yo tenía una relación con ese señor y conoce mi historia porque él llegó en una ocasión al estudio donde trabajábamos. Eso no significa que ella lo conozca ni que haya tenido relación alguna con él”, aseveró Jiménez en la plataforma digital. Asimismo, la mujer añadió que tuvo que apartar a Prada del entorno laboral debido a inconvenientes previos, señalando de manera contundente que “conocer mi historia no le da derecho de utilizarla para buscar protagonismo”.

La reacción de Jiménez surge luego de que Alison Prada difundiera un video en redes sociales afirmando estar cansada de guardar secretos desde 2016 —periodo en el que Petro finalizó su alcaldía en Bogotá y preparaba su aspiración presidencial para 2018— y presentándose como una “víctima más” relacionada con el exmandatario. Sin embargo, el relato de Prada careció de detalles específicos, fechas comprobables o denuncias formales ante las autoridades competentes, vacíos argumentales que debilitaron la veracidad de su testimonio.

Frente a esta situación, Deicy Jiménez advirtió que cuenta con los elementos probatorios necesarios para refutar la versión de la mujer trans y exigió mayor rigor y responsabilidad al abordar estos episodios. “No voy a permitir que tergiversen lo que viví. Las denuncias se hacen con responsabilidad, no con mentiras. Me conoce a mí, no a él. Tengo pruebas y testigos para desmentir esta falsa versión. La verdad no necesita protagonismo, necesitamos hechos”, concluyó.

El senador Iván Cepeda, reconocido por su papel de oposición, sostuvo de manera enfática que corresponde a las autoridades judiciales y organismos de investigación aclarar los hechos denunciados. De acuerdo con Cepeda, quienes integran el Pacto Histórico están obligados a defenderse ante la justicia, acudir ante las instancias competentes y responder con la verdad, siempre cumpliendo la ley. Cepeda declaró que Gustavo Petro Urrego está dispuesto a presentarse ante la justicia para responder por los hechos, postura que, según afirmó, debe ser compartida por todos los miembros de la colectividad. Además, en una intervención en Valledupar, Cepeda recordó que la izquierda no está “vacunada” contra situaciones de machismo y patriarcado, y que estas prácticas aún persisten al interior de la organización. Aunque no nombró directamente a Petro ni a Jiménez, enfatizó que las relaciones de dominación sobre las mujeres merecen una autocrítica profunda y honesta, sin justificaciones ni evasivas.

En esa línea, mujeres de la bancada del Pacto Histórico en el Congreso manifestaron en un comunicado que toda denuncia debe ser escuchada respetuosamente, y solicitaron que entidades como la Fiscalía, la Defensoría y la Unidad de Protección de Víctimas garanticen acompañamiento y seguridad a las partes implicadas. También recalcaron la importancia del respeto al debido proceso, subrayando que la justicia debe determinar las responsabilidades. Señalaron que el partido ha avanzado en la consolidación de políticas internas y protocolos de prevención para abordar y atender estos casos dentro de la organización.

En el contexto de la colectividad, existen posturas divergentes frente a las acusaciones: desde quienes consideran que se trata de una estrategia de desprestigio moral contra Petro y la izquierda, hasta quienes opinan que, tratándose de la vida personal del líder, no debería afectar el proyecto político. Sin embargo, es creciente la tendencia de integrantes que afirman que, si los señalamientos se demuestran, el expresidente debe responder ante la ley.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acusaciones contra Gustavo Petro dentro del Pacto Histórico?

De acuerdo con El Espectador, Deicy Jiménez acusó públicamente a Gustavo Petro de haber entregado contratos públicos a cambio de servicios sexuales. Esta situación generó distintas reacciones dentro del Pacto Histórico, cuyos líderes insisten en que la justicia debe investigar y determinar la verdad de los hechos, mientras la colectividad manifiesta su compromiso con el respeto debido y la igualdad de género.

¿Qué medidas ha tomado el Pacto Histórico ante las denuncias de Deicy Jiménez?

Según información del Congreso y de El Espectador, la bancada femenina del Pacto Histórico solicitó a la Fiscalía, la Defensoría y la Unidad de Protección de Víctimas brindar garantías de acompañamiento y seguridad. Además, recalcaron la necesidad de respetar el debido proceso y mencionaron avances en la formulación de políticas y protocolos internos para prevenir y atender casos similares dentro de la colectividad.

El vocero político del partido Salvación Nacional, el senador Germán Rodríguez, confirmó que este martes 10 de noviembre impulsará en la plenaria senatorial una moción urgente contra el exjefe de Estado.

Para el dirigente, el cuerpo colegiado tiene la obligación de reconsiderar la resolución fijada el pasado 12 de agosto de 2026, considerando los múltiples cuestionamientos éticos que salpican al exmandatario.

“Pediré ante el Congreso de la República revocar el permiso de salida del país del expresidente Gustavo Petro debido a la cantidad de denuncias por corrupción y se… contratos que lo involucran directamente a él y a su círculo más cercano. El Congreso de la República no puede ser su cómplice. Petro se va a volar del país y exigimos que le dé la cara a Colombia”, aseguró el senador, replicado por Blu Radio.

Con el objetivo de respaldar esta moción, el congresista remitió un requerimiento formal al secretario general del Senado, Diego González, exigiendo un informe detallado sobre la autorización previa.

Entre los documentos pedidos figuran el memorial radicado por Petro, el acuerdo parlamentario votado el 12 de agosto, el acta respectiva y las pautas restrictivas fijadas en dicha sesión.

Igualmente, Rodríguez demandó clarificar si Petro notificó desplazamientos foráneos a la Secretaría General, la Presidencia o la Mesa Directiva, detallando las fechas de entrega, los destinos visitados y los periodos informados.

La petición fiscalizadora indaga si terceros radicaron antes solicitudes dirigidas a modificar, anular o suspender el beneficio de movilidad internacional otorgado al dirigente de izquierda, especificando el curso de tales gestiones.

Por último, el legislador reclamó que la Secretaría General exponga ante los parlamentarios el consolidado histórico de la autorización durante la jornada del martes 10 de noviembre para definir la votación.

La deliberación parlamentaria abrirá un complejo debate jurídico sobre las facultades del Congreso frente a las libertades individuales de exmandatarios vinculados a indagaciones de los entes de control.

¿Cuáles son las denuncias de corrupción en contra de Gustavo Petro?

Las autoridades judiciales de Colombia adelantan indagaciones formales para esclarecer denuncias sobre presuntas irregularidades contractuales que vinculan de manera directa al expresidente Gustavo Petro.

El caso cobró notoriedad nacional tras las declaraciones rendidas por la excontratista Deicy Jiménez, quien aseguró que recibió vinculaciones laborales públicas a cambio de favores privados.

La denunciante afirmó que este esquema de prebendas operó mediante órdenes de prestación de servicios tramitadas en diversas entidades estatales durante los últimos periodos de gobierno.

Entre las dependencias mencionadas en los testimonios figuran dependencias del Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y despachos del Ejecutivo.

El Instituto Anticorrupción radicó una solicitud formal ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para establecer competencias e investigar los hechos denunciados.

El organismo civil solicitó verificar posibles delitos contra la administración pública, incluyendo cohecho, tráfico de influencias, concusión e interés indebido en la celebración de contratos.

Paralelamente, peritos de la Fiscalía General de la Nación realizaron extracciones forenses a dispositivos electrónicos para contrastar conversaciones, minutas y registros del sistema SECOP.

Los investigadores analizan la idoneidad técnica de los contratos asignados, los pagos desembolsados y los informes de supervisión laboral archivados en las plataformas públicas.

La Procuraduría General de la Nación abrió actuaciones preliminares para determinar si funcionarios de alto nivel incurrieron en faltas disciplinarias graves al tramitar estas vinculaciones.

Frente a la controversia mediática, Gustavo Petro rechazó tajantemente las acusaciones, calificándolas como una estrategia difamatoria orquestada por sectores opositores para desacreditar su imagen.

El exmandatario anunció la intervención de su equipo jurídico ante los estrados competentes para desestimar las versiones y demostrar la legalidad de sus actuaciones.

El expediente permanece bajo reserva sumarial mientras los tribunales evalúan las evidencias documentales para determinar si existen méritos penales contra los implicados.

El homicidio ocurrió el domingo 8 de noviembre de 2026, cuando el uniformado se encontraba de permiso y se movilizaba en un vehículo particular que presentó una falla mecánica. La situación obligó a los ocupantes a detenerse en ese sector, donde fueron abordados inicialmente por varios hombres que se ofrecieron a prestarles ayuda.

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Sin embargo, de acuerdo con la información preliminar de la Policía, los sujetos regresaron posteriormente armados y habrían intentado despojar a los ocupantes de sus pertenencias. En medio del episodio se produjo un intercambio de disparos en el que Castillo Cobos recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte.

Luego de lo ocurrido, unidades de la Policía llegaron al lugar y reaccionaron ante la situación. Durante el procedimiento, los uniformados interceptaron a varias personas que presuntamente intentaban escapar de la zona.

Según el reporte del Departamento de Policía Bolívar, entre los interceptados habría dos sospechosos señalados de participar directamente en el homicidio.

Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer la responsabilidad de cada uno de los involucrados y determinar cómo se desarrolló el ataque. Por ahora, la información oficial no precisa sus identidades ni entrega detalles sobre las armas que habrían sido utilizadas.

¿Quién era Fabio Enrique Castillo Cobos?

El subintendente estaba adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de El Carmen de Bolívar, donde desarrollaba labores relacionadas con la investigación de hechos delictivos.

Su muerte generó consternación entre sus compañeros y allegados. La Policía Nacional, a través del Departamento de Policía Bolívar, rechazó el crimen y expresó sus condolencias a los familiares del uniformado.

El caso también puso de nuevo la atención sobre los riesgos que enfrentan los integrantes de la fuerza pública fuera de sus actividades de servicio. Castillo Cobos estaba disfrutando de un permiso cuando ocurrió el episodio que terminó con su vida.

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La investigación tendrá que reconstruir qué ocurrió desde el momento en que el vehículo presentó la falla mecánica, quiénes se acercaron inicialmente a ofrecer ayuda y cómo se produjo el posterior intercambio de disparos.

Además, los investigadores deberán establecer la participación de las personas interceptadas y recopilar los elementos probatorios necesarios para avanzar en el proceso judicial.

Por ahora, la principal hipótesis entregada por la Policía apunta a un intento de hurto que terminó en el asesinato del subintendente. Las autoridades continúan con las actuaciones para identificar a todos los responsables y esclarecer los detalles del crimen.

El entorno rural donde ocurrieron los hechos, caracterizado por la presencia de pozos profundos aunque de extensión reducida, fue escenario de este lamentable incidente que impactó a la comunidad. Fueron personas del sector quienes, al percatarse de la situación, no dudaron en comunicarlo a las autoridades, permitiendo que se activara el protocolo pertinente para este tipo de emergencias.

Ante el llamado de emergencia, unidades de las autoridades judiciales se desplazaron al lugar para iniciar las investigaciones. El proceso incluyó la intervención del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, entidad encargada de la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo de la víctima. La actuación de los funcionarios buscó reunir las pruebas necesarias para esclarecer los hechos y determinar con precisión cómo se produjo la trágica muerte.

Hasta el momento, la hipótesis principal apunta a una caída accidental, pero las circunstancias exactas siguen siendo objeto de análisis por parte de las autoridades. Igualmente, se trabaja en la reconstrucción de los momentos previos al hallazgo de Javier García Noche, elemento esencial para esclarecer los detalles del caso.

El acontecimiento generó gran consternación en este sector de Melgar, resaltando la importancia de la rápida reacción de la comunidad y el seguimiento de las autoridades judiciales en el esclarecimiento de situaciones que afectan la tranquilidad en zonas rurales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la muerte de Javier García Noche en Melgar?

De acuerdo con la información proveniente de testigos y autoridades, Javier García Noche fue hallado sin vida dentro de un pozo en la vereda Yalí, Melgar. Las primeras hipótesis señalan que la posible causa habría sido una caída accidental tras departir con amigos, aunque las circunstancias todavía están bajo investigación judicial y no se descarta ninguna hipótesis.

¿Qué hace el CTI de la Fiscalía en casos como la muerte en un pozo?

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía es responsable de adelantar la inspección técnica del lugar de los hechos y el levantamiento del cuerpo. Este procedimiento bajo estándares jurídicos y técnicos facilita la recolección de pruebas iniciales clave para esclarecer si la muerte fue accidental u obedece a otras circunstancias.

“Eso nunca. Ese tema nunca ha existido” y “ese tema no va a entrar en el menú temático del Centro Democrático”, sentenció Uribe durante una intervención en Caracol Radio. En su discurso en Antioquia, Petro había propuesto articular el trabajo municipal y programático bajo condiciones específicas, tales como evitar votos en favor de impuestos a los alimentos, rechazar reducciones salariales y coordinar posturas en la Junta Directiva del Banco de la República para disminuir las tasas de interés de los créditos.

Frente a estos planteamientos, el expresidente recordó que su colectividad es actualmente el partido de gobierno más numeroso en el Congreso y respaldó firmemente la candidatura de Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta presidencial, tras la derrota de Paloma Valencia. Por esta razón, enfatizó que la prioridad institucional se centra en buscar acuerdos sobre las discrepancias tributarias dentro de la actual administración. “Nosotros somos partido de gobierno. Apoyamos al presidente Abelardo De La Espriella en segunda vuelta. Por ejemplo, frente a las discrepancias tributarias, nosotros queremos buscar un acuerdo”, aseveró Uribe, quien concluyó ratificando el respeto institucional por los derechos de todos los sectores políticos del país.

La comparecencia judicial en contra de Zulma Guzmán quedó frustrada luego de confirmarse su inasistencia virtual a la audiencia de formalización de cargos por el letal envenenamiento de dos menores en Bogotá.

La Fiscalía esperaba conectar a la sospechosa de manera virtual para acusarla formalmente, pero la sindicada continúa recluida en un centro hospitalario ubicado en Reino Unido.

La tragedia ocurrió en abril del año pasado mediante un envío a domicilio consistente en un recipiente con frambuesas congeladas entregado en la residencia de una de las afectadas.

El paquete arribó como un supuesto obsequio rotulado hacia otro destinatario; sin embargo, las niñas y otros acompañantes ingirieron los frutos durante una reunión familiar en el predio.

Las pericias forenses revelaron que la fruta contenía talio, una sustancia metálica imperceptible que desencadenó deterioros orgánicos fulminantes en los pacientes expuestos al peligroso químico suministrado en el postre.

A causa de las complejas complicaciones toxicológicas, las víctimas ingresaron de urgencia a la Fundación Santa Fe, instalación médica capitalina donde los especialistas no pudieron salvarles la existencia.

El reporte pericial confirmó que la ingesta fatal de talio causó el deceso de ambas menores y provocó afectaciones médicas graves a otras dos personas presentes durante el fatídico consumo.

Los agentes de Interpol localizaron posteriormente a la procesada en suelo inglés, luego de auxiliarla cuando saltó a las aguas del río Támesis en un confuso incidente de rescate.

Tras esa intervención policial, las autoridades internacionales remitieron a la investigada hacia una institución asistencial para atender su salud y garantizar el trámite de extradición requerido por Colombia.

La Fiscalía General postergó la formulación de cargos ante la ausencia de Guzmán en la sala virtual, dejando la diligencia a la espera de una nueva fecha judicial.

¿Cómo es el caso de Zulma Guzmán por muerte de niñas con talio?

El proceso penal contra Zulma Guzmán conmocionó al país tras revelarse los pormenores del envenenamiento con talio que cobró la vida de dos niñas en Bogotá.

Los hechos ocurrieron cuando un mensajero entregó un paquete con frambuesas congeladas en un apartamento residencial, presentado falsamente como un detalle familiar para los habitantes del inmueble.

Las menores de edad consumieron los frutos durante una reunión doméstica, desconociendo que el alimento contenía altas concentraciones del peligroso metal pesado, carente de olor perceptible.

Pocas horas después de la ingesta, las víctimas manifestaron dolores estomacales agudos, debilidad motriz extrema y fallas orgánicas múltiples que motivaron su traslado inmediato hacia centros asistenciales especializados.

Pese a los intensos esfuerzos médicos desplegados en la Fundación Santa Fe, ambas pacientes fallecieron como consecuencia directa de la severa toxicidad sistémica provocada por la sustancia química.

Otras dos personas adultas que compartieron la preparación repostera también sufrieron afectaciones clínicas considerables, logrando sobrevivir tras prolongados tratamientos de desintoxicación hospitalaria bajo vigilancia médica continua.

Las pesquisas de la Fiscalía General de la Nación individualizaron a Zulma Guzmán como la principal sospechosa de planear el envío mortal, vinculándola formalmente a la investigación penal.

Tras la tragedia, la presunta agresora viajó hacia territorio europeo para evadir los requerimientos judiciales, lo que motivó la expedición urgente de una circular roja de Interpol.

Las autoridades británicas localizaron a la sindicada en Londres luego de rescatarla en las aguas del río Támesis, internándola de inmediato en un centro asistencial bajo custodia.

El ente acusador colombiano formalizó la solicitud de extradición internacional para que la imputada comparezca ante los estrados capitalinos por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.

El despacho judicial correspondiente adelanta los trámites diplomáticos pertinentes con el Reino Unido para garantizar el juzgamiento de este lamentable crimen que sacudió la tranquilidad ciudadana.

La operación de las tropas permitió identificar la amenaza y desactivar oportunamente los artefactos explosivos, evitando así afectaciones a la integridad de los soldados y de los habitantes de este municipio antioqueño. El Ejército Nacional confirmó que lograron neutralizar las cargas explosivas instaladas sobre los animales, aunque no se precisó la cantidad exacta de mulas involucradas ni la estructura armada responsable de este suceso.

Este incidente se produce en un contexto de creciente violencia en el nordeste de Antioquia, donde recientes acciones armadas han puesto en alerta a la Fuerza Pública y a las comunidades. De acuerdo con la información citada por Infobae, entre las hipótesis iniciales se destaca la posible participación del frente 36 de las disidencias de las FARC, una estructura ilegal que opera bajo el mando de alias Calarcá en la región. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la autoría, y será responsabilidad de las autoridades determinar los responsables a través de las investigaciones correspondientes.

El uso de animales de carga para transportar explosivos no es completamente novedoso en Colombia. En diferentes regiones del país se han registrado ataques similares, en los que han sido utilizados burros, caballos y otros animales para ocultar y trasladar explosivos con el fin de atacar puestos militares o policiales. Un caso reciente ocurrió en julio de 2025, en Valdivia, Antioquia, donde se utilizó un burro cargado con explosivos que resultó en la muerte de un subteniente y dejó heridos a dos soldados.

Las operaciones militares continúan en la zona del nordeste antioqueño como parte de la estrategia para enfrentar este tipo de amenazas y brindar protección a las comunidades rurales. La persistencia de estos métodos evidencia los riesgos que enfrentan tanto la Fuerza Pública como la población, y la necesidad de mantener vigilancia permanente frente a las acciones de los grupos armados ilegales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaron las mulas con explosivos en Anorí, Antioquia?

Según información citada por Infobae y confirmada por el Ejército Nacional, las mulas habrían sido utilizadas para transportar minas antipersona, las cuales fueron instaladas sobre los animales y ubicadas en una carretera rural de Anorí. La acción oportuna de los soldados permitió identificar y desactivar los artefactos antes de que causaran daños, aunque no se detalló el número de animales involucrados ni se identificó plenamente a la estructura armada responsable.

¿Qué antecedentes existen sobre el uso de animales para transportar explosivos en Colombia?

El uso de animales como burros, caballos y mulas para transportar explosivos ha sido documentado en diferentes regiones del país. Un antecedente reciente señalado en el texto se registró en julio de 2025, en Valdivia, Antioquia, donde un ataque con un burro cargado de explosivos causó la muerte de un subteniente y lesiones a dos soldados, evidenciando la gravedad y reiteración de esta peligrosa modalidad en ataques contra la Fuerza Pública.

Esta versión de ‘De Borondo’ reunirá a más de 100 emprendedores que presentarán sus productos y proyectos innovadores, en conjunto con alrededor de 30 establecimientos comerciales y gastronómicos que hacen parte activa del sector y se suman a la agenda del evento. Según la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, esta iniciativa tiene como propósito impulsar el consumo local y ofrecer plataformas de visibilidad y oportunidad a quienes apuestan por el desarrollo económico de la ciudad desde el emprendimiento.

El evento no solo tendrá una muestra comercial de alto nivel; también contará con dos tarimas en simultáneo para espectáculos de DJs y músicos en vivo que animarán la jornada durante la tarde y la noche. Además, está previsto un espacio ‘pet-friendly’, es decir, una zona pensada para que los asistentes puedan disfrutar en compañía de sus mascotas, enriqueciendo así la experiencia para las familias y personas amantes de los animales.

En cuanto a la logística y la ubicación, el Parque El Peñón es el epicentro del encuentro y está conectado con vías relevantes como Avenida Colombia, así como las carreras 1, 2, 3, 3A, 4 Oeste y las calles 1 y 3 Oeste, lo que facilita la llegada de visitantes de diferentes zonas de Cali. La organización recalca la importancia de estos espacios para fortalecer la economía local y propiciar encuentros ciudadanos en lugares públicos tradicionales.

El impulso de la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Desarrollo Económico busca propagar una cultura de consumo responsable centrada en productos locales y la integración de la ciudadanía en propuestas que llenan de vida los espacios urbanos.

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¿En qué consiste la feria ‘De Borondo’ y qué actividades ofrece en el Parque El Peñón?

La feria ‘De Borondo’, según el Noticiero 90 Minutos y la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, involucra más de 100 emprendimientos locales y cerca de 30 negocios gastronómicos y comerciales del sector. Ofrece una muestra variada de productos, innovaciones, eventos musicales con DJs y artistas, así como zonas ‘pet-friendly’, todo en un ambiente al aire libre en el Parque El Peñón.

¿Cuándo y cómo se puede acceder al evento ‘De Borondo’ en Cali?

De acuerdo con la información proporcionada, el evento tendrá lugar el jueves 12 de noviembre, entre las 4:00 p. m. y las 11:00 p. m., en el Parque El Peñón. El acceso se facilita por vías como Avenida Colombia, Carrera 1 Oeste, Calle 1 Oeste y otras, permitiendo que tanto visitantes de la ciudad como locales puedan llegar sin inconvenientes.

Durante la grabación, Alison Prada señaló que conoció a Gustavo Petro en el marco de una transmisión virtual. No obstante, su testimonio no hace referencia a detalles específicos sobre las circunstancias ni explica situaciones concretas del supuesto encuentro. Tampoco se aclaran los hechos puntuales por los que se considera víctima. Esta falta de precisiones en su relato ha suscitado numerosas preguntas en redes sociales y encendido el debate público.

Un aspecto relevante de la declaración es el año en que habría sucedido el hecho: 2016. Según los hechos verificados en el texto, para ese momento Gustavo Petro ya no era alcalde de Bogotá, cargo que finalizó en diciembre de 2015. En esa etapa, Petro comenzaba a perfilar su candidatura para las elecciones presidenciales de 2018, periodo en el cual su actividad política se enfocaba en construir una presencia nacional más marcada.

Hasta este momento, ninguna fuente señala que exista una denuncia formal presentada ante las autoridades por los hechos mencionados por Alison Prada, ni se ha confirmado que haya una investigación abierta en relación con el asunto. De acuerdo con la información proveniente de la declaración publicada por Prada, la veracidad y los fundamentos de sus señalamientos aún no pueden ser verificados en detalle. Así, lo declarado por Alison Prada representa un nuevo episodio de controversia pública alrededor de Gustavo Petro y deja sobre la mesa interrogantes que requieren de mayor esclarecimiento y pruebas para ser esclarecidos.

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¿Qué dijo exactamente Alison Prada sobre Gustavo Petro en su video?

En su video, Alison Prada afirmó ser víctima del presidente Gustavo Petro y mencionó un supuesto encuentro ocurrido en 2016, durante unas transmisiones virtuales que realizaba para una página de internet. Sin embargo, no detalló en qué consistió ese encuentro ni cuáles serían los hechos por los que se considera víctima, manteniendo la declaración en términos generales y sin aportar pruebas adicionales en la grabación, de acuerdo con la información disponible.

¿Existe alguna denuncia formal o investigación por las declaraciones de Alison Prada?

Según lo que se conoce hasta ahora, no se ha presentado ninguna denuncia formal ante las autoridades ni se ha confirmado la existencia de una investigación abierta respecto a las afirmaciones de Alison Prada. La situación permanece en el terreno de las declaraciones públicas y las autoridades no han informado sobre averiguaciones en curso vinculadas a este caso, de acuerdo con las fuentes citadas en el texto.

El proceso de demolición no inicia con el desmonte físico de la edificación; según declaró Peñuela, involucra una serie de pasos técnicos y sociales, comenzando con la socialización del procedimiento con los dueños y vecinos contiguos, el retiro o “ahuyentamiento” de animales, así como desmontes controlados. Este enfoque busca minimizar riesgos para la comunidad y evitar daños a inmuebles cercanos.

En el contexto más amplio de la gestión del riesgo en la ciudad, Peñuela informó que a la fecha se han demolido ya 18 edificios, mientras que otros dos frentes de trabajo continúan activos. Asimismo, puntualizó que, de los 85 inmuebles cuya demolición fue aprobada, 65 aún están pendientes de intervención. La coordinación se mantiene con el Fondo Milagro, al tiempo que avanzan mesas técnicas para ajustar las instrucciones fiduciarias que permitan continuar con las demoliciones.

En cuanto al plazo, el secretario de Gestión del Riesgo estimó que la demolición de un edificio de gran tamaño podría tomar entre una y dos semanas. La meta de la Administración Distrital es alcanzar la intervención de la mayoría de estructuras aprobadas hacia diciembre. Es importante señalar que los 85 inmuebles incluyen tanto edificios como casas de menor tamaño e incluso conjuntos residenciales con varias torres. Los criterios de priorización se basan en el nivel de riesgo de desplome y la ubicación en vías o zonas concurridas; entre los conjuntos identificados destacan Colosal, Archinie, Coral, Laureles y Ana Pilar.

Respecto al costo, Peñuela subrayó que no hay un monto estándar, pues depende de factores como altura, condiciones del entorno y cercanía con otros inmuebles. Las intervenciones requieren maquinaria específica, equipos técnicos y consideraciones de seguridad, incluyendo seguros y protección para propiedades aledañas.

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¿Qué criterios establecen la prioridad para demoler edificios en Cali?

La Secretaría de Gestión del Riesgo prioriza los edificios para demolición según su riesgo de colapso y su ubicación, especialmente en vías principales o zonas de alto tráfico. De acuerdo con Ricardo Peñuela, se consideran factores como la presión estructural, el estado de las juntas, la cercanía a otras propiedades y la posible afectación de estas a raíz de un desplome o de los trabajos necesarios, así como la infraestructura urbana aledaña.

¿Por qué es diferente el costo de demoler un edificio frente a una casa pequeña?

El costo varía porque la demolición de un edificio alto requiere equipo y procedimientos especializados, además de un manejo técnico de seguridad e intervención en entorno urbano denso. Por su parte, una casa pequeña demanda menos maquinaria y generalmente implica riesgos menores para propiedades vecinas, de acuerdo con lo explicado por el secretario Ricardo Peñuela.

El presidente afirmó que estas expulsiones corresponden a extranjeros que “venían alterando la tranquilidad de Barranquilla y Cartagena”, acumulando en conjunto 152 medidas correctivas. Entre las conductas reportadas se incluyen porte de armas blancas, participación en riñas, consumo de estupefacientes e irrespeto a la Fuerza Pública. De la Espriella reiteró en sus declaraciones que este tipo de faltas constituye una amenaza para el orden y seguridad en las regiones donde ocurren.

Según lo reportado desde el Puente Internacional Tienditas, en la frontera con Venezuela, las operaciones realizadas entre el 7 de agosto y el 29 de octubre sumaron 812 procedimientos; 462 se relacionaron con asuntos de seguridad nacional, orden público o solicitudes de autoridades extranjeras y de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal). Posteriormente, entre esa fecha y el 8 de noviembre, el mandatario compartió siete nuevas operaciones que aportaron aproximadamente 189 deportaciones adicionales, consolidando así un total de alrededor de 1.001 deportaciones en tres meses.

Entre los casos destacados recientes, está el ocurrido el 2 de noviembre, cuando 44 ciudadanos hondureños fueron sorprendidos pescando ilegalmente en aguas de San Andrés. Fueron puestos a disposición de Migración Colombia y expulsados a su país, en una medida que según el presidente busca evitar ‘dilaciones o privilegios’. Asimismo, durante la Operación Némesis llevada a cabo en Cúcuta la madrugada del 4 de noviembre, se reportaron 109 capturas, 49 allanamientos y 32 expulsiones.

El 6 de noviembre, Migración Colombia, la Fuerza Pública y la Alcaldía de Bogotá efectuaron la expulsión de 80 extranjeros en diferentes localidades de la ciudad. Según el reporte, estos ciudadanos acumulaban más de 1.100 medidas correctivas, principalmente relacionadas con conductas que perturban la convivencia y, aunque la mayoría no contaba con condenas penales, solo tres habían cumplido alguna en Colombia.

En uno de los episodios fronterizos recientes, diez miembros de un grupo expulsado fueron capturados por las autoridades venezolanas por orden judicial vigente en dicho país. Estos ciudadanos fueron trasladados por la Fuerza Aérea hasta Cúcuta y entregados a las autoridades migratorias en el puente internacional Atanasio Girardot.

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¿Cuántos extranjeros han sido deportados en Colombia durante los últimos tres meses?

De acuerdo con cifras entregadas por la Presidencia y declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, desde el 7 de agosto hasta el 8 de noviembre se han deportado aproximadamente 1.001 ciudadanos extranjeros en todo el territorio nacional, como parte de una serie de operativos conjuntos entre Migración Colombia y las Fuerzas Militares.

¿Qué implican las medidas correctivas y cómo afectan las deportaciones de extranjeros en Colombia?

Las medidas correctivas, según lo informado, no equivalen a condenas penales, pero reflejan faltas reiteradas como porte de armas, consumo o distribución de sustancias psicoactivas, y falta de respeto a la autoridad. La acumulación de estas medidas es uno de los principales factores que motiva a Migración Colombia y a las autoridades locales a proceder con deportaciones o expulsiones de los extranjeros implicados.

La noche del mismo domingo 8 de noviembre, De la Espriella usó su cuenta oficial de X para expresar su rechazo al atentado, insistiendo en que “en la era del Tigre, el Estado no se arrodilla ante los criminales”. Según el mandatario, detrás de estos ataques existe la clara intención de infundir temor en la población civil y obstaculizar el libre tránsito entre Cali y Popayán, dos ciudades fundamentales para la conectividad de la región.

En consecuencia, el presidente ordenó el despliegue inmediato de la Fuerza Pública y entregó directrices precisas a los altos mandos militares y policiales: proteger a los habitantes, reforzar la seguridad de toda la zona y perseguir a los responsables del atentado. De la Espriella, en tono enfático, advirtió a las organizaciones narcoterroristas que “tienen los días contados” y que el gobierno no tolerará acciones encaminadas a consolidar el control de territorios por parte de criminales. Se comprometió además a responder a las acciones de grupos armados ilegales con todo el respaldo operativo de la Fuerza Pública.

De acuerdo con reportes de la Tercera División del Ejército, tropas del Grupo de Caballería Liviano N.° 8, pertenecientes a la Brigada 29, reaccionaron ante el ataque. Aunque una persona civil resultó herida de forma leve, no hubo afectaciones entre los uniformados. Preliminarmente, las autoridades apuntan a la estructura Jaime Martínez, liderada por alias Iván Mordisco, como posibles autores del atentado, aunque las investigaciones continúan para confirmar esta hipótesis. Es importante resaltar que este hecho se produjo apenas un día después de otro ataque similar contra el peaje de Mondomo, también en el Cauca, donde la violencia contra la infraestructura vial genera gran preocupación. El Ejército afirma que mantiene el despliegue de tropas para proteger a la población y asegurar la normalidad en el corredor vial.

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¿Quiénes serían los responsables del ataque al peaje de Villa Rica en Cauca?

Según información entregada por la Tercera División del Ejército Nacional, las primeras investigaciones apuntan a la estructura Jaime Martínez, vinculada a alias Iván Mordisco, como los presuntos responsables del ataque con explosivos al peaje de Villa Rica. Sin embargo, se recalca que esta es una hipótesis preliminar y que las autoridades continúan las investigaciones para determinar con certeza la autoría de estos hechos violentos.

¿Cómo reforzó el gobierno la seguridad en la vía Panamericana tras los atentados?

Después de los recientes ataques, incluido el atentado en el peaje de Villa Rica, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó el despliegue inmediato de la Fuerza Pública en el departamento del Cauca. Dio instrucciones directas a los mandos militares y policiales de proteger a la población, asegurar la infraestructura vial y avanzar en la localización de los responsables, con el objetivo de garantizar la seguridad en uno de los corredores más relevantes del suroccidente colombiano.

La coordinación de la operación recayó en la Policía, que contó con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aérea Colombiana, la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión, los Grupos de Operaciones Especiales y las Seccionales de Inteligencia Policial. Durante el desarrollo de la estrategia, fueron realizadas 29 diligencias de registro y allanamiento en puntos clave para desarticular las estructuras criminales.

Según el reporte oficial entregado por la Policía, 81 personas fueron detenidas por el delito de extorsión; otras 13, por hechos vinculados a secuestro, y 15 más por delitos adicionales. Estas detenciones, conforme a la información entregada por las autoridades, afectan directamente a estructuras reconocidas como el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y Los Costeños.

Dentro de los capturados figura un individuo señalado de intimidar y exigir sumas de dinero a miembros del sector del transporte, así como de estar implicado en conductas calificadas por las autoridades como terroristas. Entre los hechos que se le atribuyen, se destaca la incineración de un vehículo de servicio público en Yopal (Casanare) ocurrida el 30 de agosto de 2026. Las autoridades indicaron que este hombre se hacía pasar como integrante del frente 28 de las disidencias de las Farc (antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y marcaba como objetivo militar tanto a personas como a empresas.

Por otra parte, en Riohacha (La Guajira) fueron capturados en flagrancia dos presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, reconocidos por los alias ‘Chavalito’ y ‘115’. Estas personas deberán responder por delitos relativos a la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como al tráfico de estupefacientes. Según la Policía, desempeñaban actividades relacionadas con homicidios por encargo y extorsiones en la Troncal del Caribe.

El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, director de Antisecuestro y Antiextorsión, expresó al término de la operación: “Desde cualquier lugar donde pretendan delinquir o esconderse, los perseguiremos hasta llevarlos ante la justicia”.

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¿Qué es la Operación Ópalo y contra quiénes estuvo dirigida en Colombia?

La Operación Ópalo es un operativo ejecutado por la Policía Nacional con el respaldo de entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aérea Colombiana. Esta estrategia se concentró en combatir estructuras criminales en varias regiones del país, donde integrantes del Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y Los Costeños figuran entre los principales implicados.

¿Cuáles fueron los delitos y capturas más relevantes tras la Operación Ópalo?

Tras la Operación Ópalo fueron capturadas 109 personas, 81 por extorsión, 13 por secuestro y 15 por otros delitos, atacando así diferentes formas de criminalidad. Entre los hechos destacados están la desarticulación de células dedicadas a extorsionar al sector transportador y la detención de individuos armados dedicados al sicariato y tráfico de drogas, especialmente en la Troncal del Caribe.

De acuerdo con la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, Oyola habría coordinado una red orientada a realizar ataques informáticos contra la Registraduría Nacional desde el organismo de inteligencia estatal, el cual se encontraba bajo la dirección de la administración del expresidente Gustavo Petro. El ingeniero, quien operaba adscrito al área de Contrainteligencia bajo la supervisión de la dirección general a cargo de Jorge Lemus, acumulaba una trayectoria previa en el sector público que incluyó contratos en la Contraloría General de la República entre 2022 y 2023, así como un paso por la unidad de trabajo legislativo del actual gobernador de Huila, Rodrigo Villalba Mosquera.

La captura del especialista en sistemas se concretó en las últimas horas en la ciudad de Neiva por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. No obstante, la aprehensión inicial no respondió directamente a las presuntas irregularidades cometidas al interior de la DNI, sino a un proceso judicial pendiente por delitos asociados a un aparente fraude en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que incluían cargos por acceso abusivo informático, falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.

Las indagaciones documentadas por los medios señalan que Oyola se encontraba requerido por la justicia desde semanas antes de los comicios presidenciales, operando presuntamente vinculado a la agencia de inteligencia mientras mantenía una orden de captura vigente. Hasta el momento, los intentos de comunicación con el exdirector de la entidad, Jorge Lemus, para obtener una respuesta institucional frente a los señalamientos de la red de hackeo no han obtenido contestación oficial.

La preocupación aumenta por los pronósticos que prevén una reducción de lluvias de hasta el 80 % en diciembre en algunas zonas, con temperaturas más altas y el agravamiento del fenómeno de El Niño. Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), esto significa una alerta constante en varios municipios, donde el riesgo de desabastecimiento de agua crece rápidamente. En su más reciente reporte, el Centro de Monitoreo Hidrológico y del Clima de la CAR indicó que cinco municipios se encuentran en alerta roja por el estrés hídrico: Caparrapí, El Colegio, Silvania, Vergara y Villeta. Otros municipios, como Cachipay, Facatativá, Apulo y Villagómez, están en alerta naranja, mientras que La Mesa, Anapoima, Anolaima, San Antonio del Tequendama, Buenavista, Caldas, Saboyá y San Miguel de Sema presentan alerta amarilla.

Particularmente, Viotá, Pulí y Puerto Salgar ya declararon calamidad pública por problemas de acceso al agua. La CAR está atenta al comportamiento de las fuentes hídricas, realizando seguimiento en 98 municipios de Cundinamarca, seis de Boyacá y la zona rural de Bogotá. Las proyecciones para el cierre de año anticipan menos lluvias y un incremento en la radiación solar y en las temperaturas, factores que complican aún más la situación. Carlos Emilio Gutiérrez, subdirector de Planeación y Gestión Ambiental de la CAR, advirtió que se espera la intensificación del fenómeno de El Niño a finales de noviembre, lo que prolongaría el déficit en las cuencas hidrográficas.

La entidad hace un llamado urgente a la ciudadanía para que adopte un uso eficiente del agua, especialmente en las zonas bajo advertencia. El comportamiento de las lluvias en las próximas semanas será crucial para definir el alcance de las restricciones y las dificultades de abastecimiento, justo cuando se acerca la fase más crítica del año en términos hídricos.

¿Qué municipios de Cundinamarca están en mayor riesgo de desabastecimiento de agua?

Según datos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) citados por El Espectador, Caparrapí, El Colegio, Silvania, Vergara y Villeta se encuentran en alerta roja. Estos municipios tienen un riesgo más alto de escasez de agua, mientras que otros como Cachipay, Facatativá, Apulo y Villagómez están en alerta naranja, y varios más en niveles de menor alerta.

¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño a la disponibilidad de agua en Cundinamarca?

El fenómeno de El Niño está relacionado con una disminución marcada de las lluvias y un aumento de las temperaturas. Según la CAR, esto provoca menos recarga de las fuentes hídricas y un incremento en el estrés sobre los sistemas de abastecimiento de agua, intensificando las dificultades durante la temporada seca y agudizando el riesgo de desabastecimiento.

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El texto surge cuando Reyes Posada se dispone a acercarse a sus ochenta años. Estupiñán, mediante un ejercicio llamado ‘arqueología de la memoria’, se propone escudriñar no solo las acciones y vivencias del protagonista, sino también sus pensamientos y las historias que dan cuenta de la Colombia contemporánea. Este empeño ha permitido reunir un material cercano y directo, valioso para quienes buscan comprender las raíces y transformaciones del territorio nacional.

Reyes Posada no solo ha sido observador de la historia: ha sido un testigo activo y conocedor de la compleja geografía colombiana, así como de los episodios y trayectorias del conflicto armado. Como señala la narración, su participación otorga al libro una riqueza especial, pues ofrece un análisis a través de sus recuerdos y permite transmitir memoria a nuevas generaciones. El relato se convierte, entonces, en un legado, ya que el testimonio fue recogido mientras Reyes Posada atravesaba su enfermedad final, lo que le otorga una urgencia y autenticidad particular.

En el prólogo del libro, escrito por Gustavo Duncan, se destaca el carácter temerario de Reyes Posada, quien ha logrado llegar a la vejez tras medio siglo de vida al límite en un contexto donde muchos no lo logran. Esta paradoja, presentada por Duncan, acentúa aún más el valor y singularidad del testimonio recogido.

Por su parte, Miguel Ángel Estupiñán, autor del libro, es un reconocido periodista y magíster en estudios literarios. Su carrera de quince años se ha enfocado en temas como la relación entre religión, Estado y sociedad, la paz y la memoria histórica. Desde su formación en la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia, Estupiñán ha trabajado en proyectos junto a organizaciones sociales y pueblos étnicos, aportando siempre su mirada reflexiva y crítica.

Según la información proporcionada en el texto, ‘Al otro lado del miedo’ invita a pensar en la importancia de conservar las voces y las memorias de quienes han vivido momentos clave en la historia del país, y a preguntarse hasta qué punto la sociedad es capaz de reconocer y valorar este patrimonio.

¿De qué trata el libro ‘Al otro lado del miedo’ de Miguel Ángel Estupiñán?

El libro ‘Al otro lado del miedo’ expone el testimonio y los recuerdos de Alejandro Reyes Posada, un pensador que ha dedicado su vida a analizar el conflicto armado colombiano. A partir de entrevistas y reflexiones directas, Miguel Ángel Estupiñán reconstruye la historia reciente del país enfocándose en las experiencias, ideas y legado de Reyes Posada, destacando la importancia de preservar la memoria de quienes han marcado su devenir.

¿Quién es Alejandro Reyes Posada y cuál es su importancia en el contexto colombiano?

Alejandro Reyes Posada es un intelectual colombiano conocido por su profundo conocimiento del territorio y del conflicto armado en el país. Su experiencia y cercanía con episodios clave de la violencia le conceden un lugar especial para interpretar la historia nacional, convirtiéndolo en una voz clave para comprender las transformaciones sociales y territoriales de Colombia, según se detalla en el libro reseñado.

El origen del incendio todavía es materia de investigación, pues hasta el momento no se conocen datos claros sobre cómo comenzó la conflagración ni las circunstancias exactas en las que perdieron la vida las dos personas –un hombre y una mujer– que estaban en el lugar donde se iniciaron las llamas. En medio de la atención del siniestro, las autoridades confirmaron el fallecimiento de ambas víctimas, dejando una escena dolorosa que generó gran conmoción en la comunidad local, según los reportes de El Nuevo Día.

La emergencia volvió a encender las alertas frente a los graves riesgos que enfrentan las personas que habitan cambuches o viviendas construidas con materiales improvisados. Estas estructuras, por su naturaleza, son más vulnerables ante emergencias como incendios, ya que su rápida y descontrolada combustión favorece la propagación de las llamas y complica las labores de rescate. Los testimonios recogidos por El Nuevo Día evidencian el miedo y la impotencia que vivieron los vecinos ante un fuego que se salió de control y amenazó con extenderse aún más en el sector.

La falta de información precisa sobre las causas y el desarrollo del incendio plantea la necesidad de que las autoridades investiguen a fondo el caso para determinar qué provocó el fuego y en qué condiciones se presentaron los fallecimientos. Mientras tanto, la ciudad de Ibagué enfrenta, una vez más, el desafío de atender las emergencias en contextos de alta vulnerabilidad social y estructural.

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¿Dónde ocurrió el incendio que dejó dos muertos en Ibagué?

El informe de El Nuevo Día señala que la tragedia se registró en la carrera 13 con calle 18, en una zona de Ibagué caracterizada por la presencia de viviendas precarias. Este lugar fue el epicentro del incendio que cobró dos vidas y afectó a otra vivienda vecina.

¿Por qué los cambuches son más vulnerables a incendios en Ibagué?

Según la información suministrada por El Nuevo Día, las viviendas tipo cambuche o hechas con materiales improvisados son propensas a incendios porque estos materiales arden con facilidad y el fuego puede propagarse rápidamente, dificultando la intervención y el rescate oportuno en caso de emergencia.

Según la información entregada por la Policía Tolima, el ataque con arma de fuego tuvo lugar aproximadamente a las 3:00 de la mañana. Brian Andrés Ballesteros resultó herido de gravedad y perdió la vida debido al impacto recibido. Una vez se alertó sobre esta situación, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se trasladaron al lugar de los hechos con el objeto de realizar los procedimientos judiciales iniciales, conocidos como actos urgentes. Paralelamente, un equipo de la Policía Judicial se encargó de iniciar las labores de investigación pertinentes para esclarecer cada aspecto relacionado con el crimen.

La noticia ha generado conmoción en Carmen de Apicalá, una comunidad que ha mostrado preocupación ante el hecho. Hasta el momento, según lo informado, no se conocen detalles concluyentes sobre los posibles móviles detrás del asesinato ni la identidad de los responsables. Por esta razón, las autoridades han hecho un llamado abierto a la ciudadanía, solicitando que cualquier persona que posea información relevante la comparta a través de la línea de emergencia 123. La Policía Tolima garantizó el manejo confidencial y reservado de todos los datos que se lleguen a entregar para facilitar las investigaciones en curso.

Este caso resalta la necesidad constante de la colaboración ciudadana en situaciones donde faltan pruebas claras y la reconstrucción de los hechos se convierte en un reto para los organismos judiciales. Aunque la investigación sigue en desarrollo, la sociedad espera resultados que ofrezcan justicia y tranquilidad. Toda la información presentada en este artículo proviene de los informes de medios locales y el reporte oficial de la Policía Tolima.

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¿Qué se sabe del homicidio de Brian Andrés Ballesteros en Carmen de Apicalá?

Según el reporte de la Policía Tolima, Brian Andrés Ballesteros, de 23 años, murió tras recibir un disparo con arma de fuego alrededor de las 3:00 a. m. en el sector de Villa España, municipio de Carmen de Apicalá. Las autoridades realizaron los procedimientos judiciales iniciales y están investigando para determinar los responsables y los móviles del caso. La comunidad ha sido invitada a colaborar mediante la entrega de información relevante en la línea de emergencia 123.

¿Cómo adelantan las autoridades la investigación de homicidios en Tolima?

La Policía Judicial y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se encargan de los procedimientos iniciales, conocidos como actos urgentes, en la escena del crimen. Posteriormente, desarrollan labores investigativas para esclarecer las circunstancias, motivos y responsables del homicidio. La ciudadanía juega un papel clave al aportar datos, los cuales pueden marcar la diferencia en el avance de las investigaciones.

En medio de las discusiones que se tienen por la Ley de Rescate Fiscal, lo que antes lo dividía hoy, parece que los puede unir, y es evitar más impuestos para los colombianos.

El episodio ocurrió en Medellín, en donde de gorra de piloto, camisa azul, bufanda blanca y todo el tiempo de gafas negras, el expresidente Gustavo Petro habló durante 40 minutos en un evento privado denominado ‘Primer Gran Encuentro Somos Resistencia’, que se hizo en el Club Unión de Medellín.

(Vea también: Centro Democrático propone eliminar varios impuestos y reducir el tamaño del Estado)

Allí había expectativas para que se refiriera a las explosivas denuncias de Deicy Jiménez sobre sus encuentros sexuales con el expresidente a cambio de contratos, pues no fue así, lo que sí hubo fue una propuesta a uno de los hombres que le ha hecho mayor oposición, hablamos de Álvaro Uribe Vélez, a hacer coaliciones en los municipios de Antioquia entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático.

La idea no sólo para las elecciones territoriales 2027, sino que también invitó a que los congresistas de Uribe voten en contra el IVA en la reforma tributaria y no echar para atrás su reforma laboral.

“Por eso Uribe le propongo, en Antioquia podemos juntarnos municipio por municipio, programa por programa, pero que su bancada no vote ni un solo peso del impuesto a la comida de los colombianos, que no voten por la reducción del salario y la jornada de los trabajadores y porque pongan sus votos como nosotros en la Junta Directiva del Banco de la República para bajar sustancialmente la tasa de interés que se le cobra a cualquiera que vaya a pedir un crédito en un banco”, manifestó el exmandatario.

#Video Ex presidente @petrogustavo no se refirió a los "sexoscontratos", pero al rechazar la ley de rescate le propuso a @AlvaroUribeVel a que se una el @PactoCol y el @CeDemocratico, para votar en contra el IVA en la reforma tributaria que propone @ABDELAESPRIELLA. #MañanasBlu pic.twitter.com/2XExN9qwwf

— Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 9, 2026

Aunque todavía no se conoce una respuesta de Álvaro Uribe, hay que recordar que el Centro Democrático le presentó al gobierno De la Espriella un borrador de discusión de la Ley de Rescate, donde proponen no cobrar IVA a la canasta familiar.

En el evento, Gustavo Petro, que no es un asombro, dijo que todos los miembros del Pacto Histórico votaran negativo a la Ley de Rescate y quien no lo haga debe salir, porque se trata de un beneficio para los amigos del presidente Abelardo de la Espriella.

(Lea también: “Que convirtiera al Estado en un burdel”: mininterior arremetió contra Petro por caso Deicy Jiménez)

“El Pacto Histórico tiene que enfrentar esta situación, no sólo oponiéndose a la sinvergüencería de un gobierno narcotraficante que prefiere entregarle las tierras que le entregamos nosotros a los campesinos para producir comida a los viejos socios narcotraficantes del presidente Abelardo”, aseguró Petro.

Por último junto al ex embajador de Nicaragua durante su gobierno León Fredy Muñoz, el representante a la Cámara Alejandro Toro que sigue reafirmando su alianza con la gente de Daniel Quintero, la ex consejera de regiones Luz María Múnera, entre otros, invitaron a la marcha el próximo 19 de noviembre para protestar contra la reforma de rescate del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Esta diligencia representa la continuación de la audiencia que se inició el 29 de octubre pasado. En esa ocasión, el IDRD presentó los hechos en los que fundamenta el supuesto incumplimiento por parte de Sencia S.A.S., así como las obligaciones contractuales que podrían haberse visto vulneradas y una valoración preliminar de los daños causados en el marco del contrato de concesión para operar El Campín. Dicha concesión está enmarcada bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) número 2772 de 2024, cumpliendo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que vela por el respeto al debido proceso y los derechos de defensa y contradicción para las partes involucradas.

El proceso sancionatorio tiene como objetivo determinar si hubo o no incumplimientos contractuales durante la administración del estadio por parte de Sencia S.A.S. y, de ser el caso, establecer las medidas correspondientes. El carácter público de la audiencia está garantizado a través de acceso virtual, debido a las restricciones de aforo y organización del evento. Únicamente los sujetos procesales, sus representantes legales y el personal institucional estrictamente necesario podrán ingresar presencialmente al Salón Caracol, donde se realiza la diligencia.

El IDRD continúa con el seguimiento técnico y contractual de la concesión a través de interventoría y constantes requerimientos dirigidos al concesionario. El propósito de este monitoreo es asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, así como la protección y adecuado mantenimiento del estadio Nemesio Camacho El Campín, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de Bogotá. La entidad ha insistido en que la prioridad es el fútbol y el bienestar de los deportistas, clubes y aficionados de la capital.

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¿Cuál es el motivo de la audiencia pública contra Sencia S.A.S. en El Campín?

La audiencia pública tiene como objetivo principal analizar presuntos incumplimientos de Sencia S.A.S., empresa concesionaria responsable de la administración del estadio Nemesio Camacho El Campín. Según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, se han identificado hechos y obligaciones contractuales que podrían haber sido vulneradas, por lo que se busca determinar responsabilidades y posibles sanciones dentro del proceso iniciado bajo la norma de Asociación Público Privada número 2772 de 2024.

¿Cómo puede la ciudadanía seguir la audiencia pública sobre El Campín?

La audiencia será de carácter público y la ciudadanía interesada podrá seguirla de forma virtual, garantizando así la transparencia del proceso. Debido a limitaciones de aforo y organización, solo los sujetos procesales, sus representantes y el personal estrictamente necesario podrán estar presentes en el Salón Caracol, pero el acceso remoto está disponible para quienes deseen conocer el desarrollo de la diligencia.

De acuerdo con los reportes, el principal objetivo de la visita al sitio fue revisar el estado de la edificación y determinar los riesgos adicionales para las personas que transitan por el sector. En respuesta a este nuevo evento y como medida preventiva, las autoridades decidieron, en coordinación con la Secretaría de Movilidad, ampliar el perímetro de cerramiento en la zona. Con esto buscan limitar el acceso tanto de peatones como de conductores y así resguardar su integridad ante la posibilidad de futuros desprendimientos y el riesgo latente de un colapso mayor.

El antecedente inmediato es la decisión del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, que ya había aprobado la demolición del Hotel La Luna por el peligro que representa su estado actual. A raíz de ello, los propietarios del inmueble iniciaron mesas técnicas para preparar la ejecución de la demolición, la cual estará bajo su responsabilidad directa. Las autoridades anunciaron que se espera que los trabajos comenzarán la próxima semana, con el propósito de eliminar o reducir el riesgo presente en el sitio, conforme lo anticipó Ricardo Peñuela.

A pesar de la gravedad del incidente y del deterioro progresivo de la estructura, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas asociadas con este desprendimiento. La atención se mantiene centrada en la pronta intervención del lugar y la coordinación entre las dependencias municipales para minimizar el peligro para la ciudadanía.

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¿Por qué será demolido el Hotel La Luna en Cali?

La demolición del Hotel La Luna en Cali fue autorizada por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo debido al colapso estructural del inmueble y los recientes desprendimientos de escombros, que han incrementado el peligro para la población en las inmediaciones, según declaraciones oficiales de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali.

¿Qué medidas ha tomado la Secretaría de Gestión del Riesgo tras el desprendimiento de escombros en el Hotel La Luna?

Luego del desprendimiento de escombros registrado en el Hotel La Luna, la Secretaría de Gestión del Riesgo acudió al sitio para evaluar la edificación y, junto con la Secretaría de Movilidad, amplió el perímetro de cerramiento. La medida busca proteger a peatones y conductores y restringir el acceso, mientras avanzan los preparativos para la demolición del inmueble colapsado.

La propuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella contempla una reorganización de la estructura estatal que reduciría de 209 a 104 las entidades públicas, mediante fusiones, eliminaciones y cambios administrativos.

El documento de 36 páginas, elaborado por Función Pública y en revisión de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, plantea mantener menos ministerios y entidades en general, añadió ese medio.

Además de los ministerios, los seis departamentos administrativos actuales pasarían a dos: Planeación Nacional, Inversión y Desarrollo; e Información, Estadística y Evidencia Pública, que concentrarían funciones del DNP y el DANE, respectivamente.

El borrador todavía está en revisión y deberá recibir los avales correspondientes antes de llegar al Congreso.

El objetivo central de esta reorganización es reducir el gasto de funcionamiento del Estado, disminuir la burocracia y evitar la duplicidad de funciones entre entidades públicas.

Con la eliminación y fusión de organismos, el Gobierno busca reducir costos administrativos, optimizar el uso de los recursos públicos y hacer más pequeña la estructura estatal. La propuesta se enmarca en el plan de ajuste fiscal de la administración de De la Espriella, que busca recortar el tamaño del aparato estatal y liberar recursos para otras prioridades del presupuesto nacional.

El hallazgo tuvo lugar el domingo 8 de noviembre, alrededor de las 10:30 de la mañana. En ese momento, familiares y autoridades encontraron el cuerpo sin vida de José Luis Quiroga. Las condiciones en las que se encontraba el cuerpo indicaban que llevaba fallecido entre tres y cuatro días. Si bien una de las principales hipótesis apunta a una muerte por causas naturales, será la necropsia realizada por Medicina Legal la que confirme la razón exacta del deceso.

El impacto de este acontecimiento no solo golpeó a la familia, sino también a la comunidad del conjunto Kundae. De acuerdo con el reporte de El Nuevo Día, la descomposición del cuerpo produjo olores intensos que afectaron a cerca de 88 familias que habitan el lugar. La situación fue tan crítica que algunos de los residentes decidieron abandonar temporalmente sus viviendas mientras se resolvía la emergencia.

Unidades de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se presentaron en el sitio para llevar a cabo el procedimiento de levantamiento del cadáver, el cual concluyó hacia las 6:30 de la tarde. Asimismo, la administración del conjunto informó que está coordinando con la familia de José Luis la intervención de una empresa especializada en limpieza forense y descontaminación biológica, para garantizar la desinfección completa del apartamento afectado.

La historia refleja no solo el desenlace doloroso de una familia tras días de incertidumbre, sino también la preocupación y el impacto que este tipo de situaciones puede tener en una comunidad. Todo el proceso, desde la búsqueda hasta la intervención de las autoridades y la posterior limpieza, quedó documentado en el seguimiento realizado por El Nuevo Día.

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¿Qué ocurrió con José Luis Quiroga en Ibagué y cómo respondieron las autoridades?

José Luis Quiroga fue hallado sin vida en su apartamento del conjunto residencial Kundae en Ibagué, luego de que sus familiares pasaran varios días sin poder contactarlo. Tras solicitar la ayuda de la Policía y, con apoyo de la administración del lugar, llamar a un cerrajero, se descubrió el trágico desenlace. Las autoridades, incluyendo el CTI, realizaron el levantamiento del cuerpo y coordinaron las labores de limpieza y desinfección junto a la familia, de acuerdo con El Nuevo Día.

¿Cómo afecta un caso de muerte no detectada a una comunidad residencial?

De acuerdo con la información de El Nuevo Día, la descomposición del cuerpo de José Luis generó fuertes olores que afectaron a cerca de 88 familias en el conjunto residencial Kundae, llevando incluso a que algunos residentes abandonaran sus hogares temporalmente. Situaciones como esta pueden inquietar a la comunidad y requerir intervenciones especializadas en limpieza y descontaminación biológica para restablecer las condiciones normales del lugar.

De acuerdo con la información entregada por Emcali, los barrios que experimentarán la interrupción del servicio de agua potable son Chiminangos I, en la carrera 1 B Bis # 63 - 40; El Caney, en la calle 37 entre la carrera 85 y la carrera 85 A; Centenario, en la calle 8 # 1 - 00; Primero de Mayo, en la calle 13 C # 56 - 28; y Petecuy, en la carrera 2 # 75 - 58. Además, la suspensión también afectará la zona de Juan Pablo en Yumbo, ubicada en la calle 15 # 15 - 75; Villa del Sur, en la diagonal 28 C # 42 A 04; San Pedro, en la calle 8 # 6 - 79; Terrón Colorado, en la avenida 5 oeste # 30 - 61; y Arboledas, en la carrera 2 B # 7 oeste 10.

La empresa ha señalado que las obras de mantenimiento resultan imprescindibles para mantener la calidad del suministro de agua y evitar daños mayores en el futuro. No obstante, enfatiza la importancia de que las personas afectadas tomen medidas preventivas como almacenar agua con anticipación y hacer uso eficiente del recurso, ante la suspensión programada. Según la información difundida por Noticiero 90 Minutos, estas intervenciones continúan con el compromiso de Emcali de fortalecer la infraestructura hídrica y evitar emergencias causadas por posibles averías o fugas.

Este tipo de mantenimientos son habituales en la gestión de redes de acueducto y responden a la necesidad de reemplazar piezas como válvulas, que controlan el flujo de agua, así como de efectuar mejoras que permitan una distribución más eficiente y segura. La programación de cortes temporales generalmente se informa con antelación para reducir el impacto en la rutina de los habitantes y permitir que las familias y comercios tomen precauciones.

De este modo, la ciudadanía de Cali y sectores vecinos deben estar atentos a los comunicados de Emcali, dado que las labores de optimización de redes pueden repetirse mientras se ejecutan diferentes fases del plan de mantenimiento en la ciudad.

¿Cuáles barrios de Cali estarán sin agua por trabajos de Emcali?

Según la información entregada por Emcali y recogida por Noticiero 90 Minutos, los cortes de agua se realizarán en barrios como Chiminangos I, El Caney, Centenario, Primero de Mayo, Petecuy, Juan Pablo en Yumbo, Villa del Sur, San Pedro, Terrón Colorado y Arboledas. La suspensión se debe a labores de reparación y mantenimiento en la red de acueducto.

¿Por qué Emcali hace mantenimiento en las redes de acueducto de Cali?

De acuerdo con el reporte de Emcali, estos trabajos se llevan a cabo para reponer válvulas y optimizar la red de distribución de agua potable. La finalidad es prevenir daños mayores, mejorar la calidad del servicio y garantizar el abastecimiento de agua en buenas condiciones, beneficiando a toda la comunidad afectada por los cortes temporales.

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Según las primeras versiones, el ciudadano se encontraba en el lugar cuando fue atacado inesperadamente. La víctima, tras el suceso, fue auxiliada rápidamente y trasladada de urgencia hasta la Unidad de Salud de Ibagué (USI) del Sur, donde recibió primeros auxilios. Aunque se indicó de manera inicial que su estado era estable, hasta el momento no se ha emitido un informe oficial que permita conocer la gravedad precisa de las lesiones sufridas.

Este episodio reaviva una preocupación creciente por parte de la comunidad de Ricaurte, que siente cada vez mayor inquietud por los hechos que afectan la tranquilidad del sector. Como lo relata el medio citado, este no es un caso aislado. Recientemente, la Secretaría de Gobierno de Ibagué sostuvo una reunión extraordinaria con habitantes del barrio para escuchar sus denuncias y solicitudes. No obstante, el nuevo ataque demuestra que, pese al diálogo, la sensación de inseguridad se mantiene intacta y sin respuestas definitivas por parte de las autoridades.

Residentes y líderes locales insisten en la necesidad de mayor presencia de la Policía y de controles permanentes que garanticen la tranquilidad en el interior de la comunidad. El Nuevo Día señala que mientras persista la incertidumbre frente a los responsables y las circunstancias del ataque, la expectativa recae sobre un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Metropolitana de Ibagué, que permita esclarecer los hechos y llevar tranquilidad a la comunidad afectada.

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¿Qué sucedió en el barrio Ricaurte de Ibagué con el hombre herido por arma traumática?

En el barrio Ricaurte, sur de Ibagué, un hombre fue lesionado con un arma traumática en la noche del lunes, cerca de la calle 21 Sur. La víctima fue auxiliada y trasladada a la Unidad de Salud de Ibagué (USI) del Sur, mientras las autoridades investigan las circunstancias de la agresión. La población local mantiene la preocupación por la seguridad y espera un pronunciamiento de la Policía Metropolitana que permita esclarecer el caso.

¿Qué significa arma traumática y por qué se utiliza en estos hechos de violencia?

Un arma traumática es un tipo de arma diseñada para causar lesiones sin producir heridas letales, aunque igualmente puede generar daños significativos. Suele ser utilizada en hechos de violencia por su capacidad de intimidación y de causar lesiones que requieren atención médica, como ocurrió recientemente en el sur de Ibagué. Las investigaciones continúan para determinar la gravedad de las heridas y los responsables del ataque.

El Ejército Nacional confirmó la muerte de tres soldados durante un ataque con drones cargados de explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa, ubicado en el sur del departamento de Bolívar. El hecho fue denunciado por la institución a través de un pronunciamiento publicado en su cuenta oficial de X, en el que también se refirió a las circunstancias del atentado y a las consecuencias para los integrantes de la Fuerza Pública.

De acuerdo con la información divulgada por el Ejército, los artefactos aéreos fueron utilizados para atacar las instalaciones militares. Como resultado de la acción, tres uniformados perdieron la vida: el soldado profesional Jairo Lince Carvajal, el soldado Dilan Andrés Lozano León y el soldado Álvaro Pushaina. La institución militar manifestó su rechazo al ataque y señaló que el uso de drones con explosivos contra el cantón constituye una vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los derechos humanos. El pronunciamiento se conoció luego de que el Ejército reportara las consecuencias del ataque contra esta instalación militar del sur de Bolívar, una zona en la que las autoridades mantienen presencia por las condiciones de seguridad y el accionar de estructuras armadas ilegales.

(Lea también: Dejan aparente explosivo de alto poder en vía de Villa del Rosario; Ejército tuvo que tomar medidas)

¿Quiénes eran los tres soldados asesinados en Santa Rosa del Sur?

Las víctimas del ataque fueron tres integrantes del Ejército Nacional que se desempeñaban como soldados profesionales. Sus nombres son:

• Jairo Lince Carvajal: fue uno de los tres militares que murió por cuenta de la explosión registrada en el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur.
• Dilan Andrés Lozano León: su nombre también fue incluido por el Ejército entre los uniformados fallecidos durante el atentado con drones.
• Álvaro Pushaina: fue el tercer soldado profesional que perdió la vida en el ataque contra la instalación militar.

Tras confirmar las muertes, el Ejército Nacional expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de los tres uniformados. La institución señaló que “su valentía, sacrificio y amor por la patria permanecerán siempre en nuestra memoria”. El atentado se registró en el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar. De acuerdo con información recogida por Noticias Caracol, los soldados se encontraban en el área del rancho, como se conoce dentro de las unidades militares al espacio destinado para preparar y consumir los alimentos.

Así ocurrió el ataque con drones contra el cantón militar

La comida había sido servida y varios uniformados compartían ese momento cuando comenzó el ataque. Los explosivos lanzados desde drones impactaron las instalaciones y provocaron daños en la cocina y otras zonas de la unidad. Las imágenes conocidas después de la explosión mostraron mesas, platos y restos de comida entre los escombros. Parte de la estructura quedó destruida y otros elementos de las instalaciones resultaron afectados por la onda explosiva.

Cuando se produjeron las detonaciones, los militares tuvieron que interrumpir sus actividades y buscar protección. Algunos se dirigieron hacia las trincheras, mientras que otros recibieron instrucciones de resguardarse en los búnkeres para evitar quedar expuestos a nuevas explosiones. El saldo fue de tres soldados muertos y cerca de 47 uniformados afectados. Varios de los heridos necesitaron atención especializada y fueron trasladados a diferentes centros médicos.

(Vea también: “Ay Dios; acaba de fallecer otro soldado”: alcalde de Santa Rosa del Sur reportó en vivo nueva muerte por atentado)

Soldados heridos fueron trasladados a hospitales de Bucaramanga

Una parte de los militares afectados fue remitida al Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, donde ocho uniformados recibieron atención médica después del atentado. De acuerdo con el reporte entregado por el centro asistencial, dos de ellos ingresaron a la unidad de cuidados intensivos. Uno de los casos que generaba mayor preocupación era el de un soldado de 32 años que presentó complicaciones durante un procedimiento quirúrgico y permanecía con pronóstico reservado. Otros seis militares quedaron bajo observación médica. Algunos de los pacientes tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente debido a las lesiones que sufrieron durante las explosiones.

En medio de las investigaciones por el ataque, el Ministerio de Defensa señaló que el atentado estaría relacionado con una retaliación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por la captura de alias Carrito, “responsable de las finanzas ilegales y del flujo de recursos del Bloque Nororiental de esta organización criminal. La violencia contra nuestros uniformados constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (…) Desplegaremos todas las capacidades institucionales para identificar, ubicar y capturar a los responsables de esta atrocidad, y llevarlos ante la justicia. No habrá tregua en la búsqueda de quienes atentan contra la vida de nuestros soldados y la seguridad de los colombianos”, se lee en un comunicado.

El análisis de El Espectador profundizó en la conformación de los 102 equipos que sostienen las labores de fondo en el Senado. Al examinar los documentos oficiales, se revela cómo estas unidades no solo cumplen con tareas técnicas y administrativas, sino que, en muchos casos, se convierten en espacios donde confluyen intereses políticos y redes de parentesco. Es frecuente encontrar en las UTL a familiares de políticos, exalcaldes y exfuncionarios que han ocupado puestos clave en el Estado, lo que evidencia cómo la influencia de ciertas estructuras políticas supera la función estrictamente laboral para la que fueron contratados estos asesores.

Hace cuatro semanas, El Espectador ya había informado sobre la composición de las UTL en la Cámara de Representantes. En esa investigación, se encontró que una tendencia destacada era la presencia de miembros provenientes de dos departamentos: Norte de Santander y Santander. Esta característica parece mantenerse también en el Senado, donde persisten sólidos vínculos que conectan las oficinas de la cámara alta con la región del nororiente colombiano.

La conformación de las UTL permite comprender parte de la dinámica interna que regula el poder y las decisiones dentro del Congreso. Más allá de la fachada pública de los debates, detrás de cada proyecto de ley o posición política se encuentra el trabajo de estos equipos, cuya composición y origen reflejan los flujos de poder dentro de la rama legislativa.

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¿Cuánto dinero reciben los congresistas colombianos para sus Unidades de Trabajo Legislativo?

De acuerdo con información de El Espectador, cada congresista colombiano recibe 87 millones de pesos colombianos mensuales para conformar su Unidad de Trabajo Legislativo, que puede estar integrada por hasta 10 personas de confianza.

¿De dónde provienen los integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo en el Senado?

Según lo revelado por El Espectador, las Unidades de Trabajo Legislativo del Senado incluyen a familiares de políticos, exalcaldes y exfuncionarios con experiencia en cargos estatales, muchos de ellos provenientes de las regiones de Norte de Santander y Santander, lo que muestra la presencia de redes políticas regionales en la conformación de estos equipos.

Al ser consultado sobre cómo ha transitado este tiempo sin su compañera de vida, el alto funcionario reconoció que el proceso ha sido extremadamente complejo. “Pues muy duro. Ella fue mi sostén en la vida pública, mi fortaleza y mi ejemplo de vida. Desde luego, esos episodios fueron muy duros. Para un cristiano, es un contraste la muerte, el dolor de la partida, pero la certeza del reencuentro”, expresó Ordóñez, destacando que la fe religiosa ha sido el único bálsamo capaz de brindarle fortaleza espiritual frente a la ausencia física de su ser querido.

Frente a los rumores que circularon en el país sobre su presunto retiro en un recinto monástico en Estados Unidos para llevar una vida de aislamiento, el ministro aclaró que su estancia en el exterior obedeció a una decisión familiar. La partida de su esposa coincidió con la obtención de la residencia en ese país por parte de su hija menor y su familia, quienes se instalaron en el estado de Kansas. “Ellos me dijeron: ‘¿Por qué no se va con nosotros?’. Ellos se fueron a vivir a un pequeño pueblo del estado de Kansas, a St. Marys. Ellos lo escogieron por la educación de sus hijos; allá hay una academia católica, educación tradicional y clásica. Y nos fuimos a vivir allá”, relató.

Ordóñez detalló que residía en un espacio contiguo a la vivienda de su familia, combinando la tranquilidad con labores familiares cercanas. En ese pequeño refugio, bautizado afectuosamente por sus hijas como “la ermita”, llevó una rutina de recogimiento y estudio mientras impartía clases a sus nietos. Esta etapa de tres años en el medio oeste estadounidense concluyó antes de su retorno a la primera línea de la política nacional y su asunción como jefe de la cartera política del Ejecutivo.

(Vea también: Fiscalía imputa cargos de feminicidio agravado a dos presuntos cómplices por el asesinato de María Camila Potosí en Cali)

En un informe de Los Informantes se presentaron detalles de los análisis físicos y del dictamen de necropsia que cuestionaron la versión inicial entregada por Carlos Mario Rodríguez Rosas, prometido de la mujer, quien sostuvo ante las autoridades que ella se había lanzado voluntariamente mientras él dormía.

La investigación señala que los hallazgos del cuerpo y la reconstrucción de la caída no corresponderían a un salto voluntario. De acuerdo con el estudio presentado por investigadores privados, la trayectoria sería compatible con una caída provocada por un tercero.

La necropsia reveló lesiones que no estarían relacionadas con la caída

Uno de los elementos centrales del caso fue el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal. Según en Los Informantes, los exámenes determinaron que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación.

El reporte también documentó lesiones en el cuello, los brazos y las muñecas, además de rastros debajo de las uñas. Estos hallazgos fueron considerados dentro de la investigación como posibles señales de defensa física antes de la caída.

La abogada de la familia, Elena Suárez, destacó en el informe periodístico la importancia de las evidencias encontradas en el cuerpo de Ana María Meza para reconstruir lo ocurrido.

La Fiscalía, por su parte, sostuvo durante las audiencias que la mujer habría sido agredida físicamente y sometida a maniobras de asfixia antes de caer desde el edificio.

La reconstrucción física cuestionó la versión inicial

La investigación también incluyó un análisis de física forense realizado por investigadores privados. Según explicó Yefrin Garavito, director del equipo, la reconstrucción permitió comparar la trayectoria de una caída directa con la de un salto voluntario.

El estudio presentado en Los Informantes concluyó que la posición y el recorrido del cuerpo serían compatibles con una caída provocada por una tercera persona.

Este elemento se sumó a los resultados de la necropsia y a otros indicios recopilados durante la investigación, que llevaron a las autoridades a considerar una hipótesis distinta a la inicialmente planteada.

Las inconsistencias que llamaron la atención de los investigadores

También se expusieron algunos hechos registrados después de la muerte de Ana María Meza.

Una residente del edificio relató que escuchó un fuerte golpe durante la madrugada del 25 de enero de 2026, fecha en la que ocurrió el fallecimiento. La publicación también señaló que la familia recibió la noticia varias horas después.

En el expediente, según el medio, se incluyeron llamadas realizadas por Rodríguez Rosas durante esa madrugada y la presunta alteración de la escena dentro del apartamento.

Estos elementos fueron incorporados a la investigación junto con las pruebas forenses y los testimonios recopilados por las autoridades.

Carlos Mario Rodríguez Rosas enfrenta un proceso por presunto feminicidio

El 27 de mayo de 2026, una jueza ordenó enviar a prisión a Carlos Mario Rodríguez Rosas mientras avanza el proceso judicial por la muerte de Ana María Meza.

La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento. El procesado no aceptó los cargos.

De acuerdo con lo emitido en Los Informantes, la investigación sostiene que Rodríguez Rosas habría agredido a la mujer, la habría sometido a maniobras de asfixia y posteriormente la habría arrojado desde el quinto piso del inmueble.

La responsabilidad penal del acusado deberá ser determinada por la justicia. El caso continúa en proceso judicial.

Marín también discutió sobre las responsabilidades de los exintegrantes de las Farc, el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los efectos de la polarización política respecto al proceso. Sus declaraciones coincidieron con la preparación del evento ‘10 años del acuerdo de paz. Audiencia defensorial. La paz se construye por la vida: un compromiso constitucional’, donde la Defensoría del Pueblo presentará su informe basado en fuentes oficiales, encuentros con víctimas y comunidades, y testimonios de firmantes de paz.

De acuerdo con Marín, el mayor pendiente es la igualdad territorial, principalmente en zonas rurales impactadas por la pobreza, la violencia y los cultivos ilícitos. Señaló que, a pesar de los avances y una disminución en la pobreza multidimensional en las 16 zonas focalizadas, la falta de una presencia estatal integral ha permitido que otros grupos armados ocupen el espacio dejado por las Farc. Como ejemplo, mencionó la situación en Cauca y la reducción de indicadores de violencia en los primeros años tras la firma, una tendencia que no se mantuvo posteriormente.

Sobre la deuda de las Farc con las víctimas, Marín reconoció que la mayoría de los exmiembros del secretariado dejó las armas y compareció ante la JEP; sin embargo, aún falta un reconocimiento pleno del daño infligido. Además, recalcó la importancia de las sanciones restaurativas y restrictivas de la JEP, que deben limitar ciertos derechos y reforzar acciones concretas de reparación. Subrayó que el debate sobre la efectividad de estas sanciones es legítimo, pero que debe centrarse en los resultados para las víctimas, no en argumentos administrativos.

Marín advirtió que cerca de 11.000 firmantes siguen en proceso de reincorporación y muchos enfrentan riesgo físico y dificultades socioeconómicas; más de 500 firmantes han sido asesinados en esta década. Finalmente, la defensora reflexionó sobre la polarización política, insistiendo en que el debate sobre el futuro del acuerdo debe enfocarse en cifras y en los resultados para las víctimas, y no quedar atrapado en posiciones políticas que dificultan avanzar hacia la consolidación de la paz en Colombia.

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¿Cuáles son las principales deudas del acuerdo de paz con las víctimas y las regiones afectadas?

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Noticias Caracol, la principal deuda es lograr el desarrollo territorial integral en las regiones rurales, cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural, y garantizar igualdad territorial. La falta de presencia efectiva del Estado ha facilitado que nuevos grupos armados controlen zonas antes dominadas por las Farc, lo que agrava los retos de seguridad y desarrollo en las zonas que fueron priorizadas por su fuerza histórica de pobreza, violencia y cultivos ilícitos.

¿Qué significa sanción restaurativa en el acuerdo de paz y cómo las aplica la JEP?

Una sanción restaurativa, según lo explicado por la defensora del Pueblo, implica una combinación de restricción efectiva de derechos (como limitaciones de movilidad) y acciones concretas orientadas a reparar a las víctimas y los territorios, como contribuir en la búsqueda de desaparecidos. La Jurisdicción Especial para la Paz otorga estas sanciones a quienes reconocen su responsabilidad y aportan verdad, pero el debate actual se centra en si estas sanciones generan suficiente satisfacción y reparación a las víctimas.

Su travesía vital cambió radicalmente cuando, hace cinco meses, ingresó al servicio sociosanitario en Kennedy, después de recibir el alta médica y no contar con una red familiar que garantizara su cuidado y bienestar. Luego de ese paso inicial, Oscar continuó su proceso en Gran Refugio, una unidad que, de acuerdo con información oficial citada en el texto, está pensada para atender de forma transitoria a personas mayores en situación de abandono hospitalario, es decir, que terminan su hospitalización sin tener redes de apoyo que puedan hacerse cargo de ellas.

Buena parte de la vida de Oscar se movió entre el trabajo como conductor de taxi, camión y labores de construcción. La exposición a distintos materiales habría deteriorado su salud respiratoria, obligándolo hoy a depender de oxígeno y cuidado médico constante. Cuando la salud ya no le permitió seguir trabajando tras el volante, Oscar buscó en el reciclaje una forma de sobrevivir, enfrentándose a nuevas dificultades en Bogotá, entre ellas, el distanciamiento familiar y la falta de vínculos afectivos fuertes.

La ausencia de su madre, a quien perdió a los ocho años, y el difícil entorno que siguió, lo han acompañado durante décadas y resurgen en actividades como las sesiones de estimulación sensorial en Gran Refugio, lideradas por profesionales como Jhon Alejandro Sánchez. Estos espacios ayudan a los adultos mayores a conectarse emocionalmente con su pasado y a encontrar en sus recuerdos una fuente de compañía y fortaleza.

Hoy, Oscar extraña la cercanía de su familia y la posibilidad de compartir con seres queridos. Sin embargo, mantiene viva la esperanza de una vida más independiente, impulsada por recuerdos como los paseos al río Aguas Claras y el contacto ocasional con personas significativas, como su cuñado, quien le obsequió el celular que usa para comunicarse y que simboliza uno de los escasos vínculos actuales. Aunque enfrenta dificultades, Oscar expresa su deseo de reincorporarse al trabajo y retomar el control de su vida, aspirando a recuperar su autonomía en este nuevo capítulo.

¿Qué es Gran Refugio y para qué sirve este servicio sociosanitario en Bogotá?

Gran Refugio es una unidad de atención transitoria en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Bogotá, diseñada para acoger a personas mayores que, tras recibir alta médica, no cuentan con familiares u otras redes de apoyo que garanticen su cuidado y bienestar. Este servicio, según el texto, ofrece alojamiento, alimentación, atención integral en salud y apoyo psicosocial a quienes más lo necesitan.

¿Cómo ayuda la estimulación sensorial a personas mayores como Oscar Bolaños?

La estimulación sensorial, liderada por especialistas como Jhon Alejandro Sánchez en Gran Refugio, consiste en ejercicios y actividades que buscan evocar recuerdos significativos en las personas mayores. Esto contribuye a que conecten emocionalmente con momentos valiosos de su vida, lo cual promueve su bienestar psicológico y emocional durante procesos de recuperación y acompañamiento.

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El 1 de noviembre, la comunidad indígena de Villanueva Jurubirá, en Nuquí, Chocó, vivió un hecho sin precedentes: 258 personas se desplazaron en canoas, empujados por el miedo y la violencia que se había instalado tras ocho días de confinamiento. De acuerdo con lo reportado, quedaron incomunicados y sin posibilidad de alertar a otras personas sobre la gravedad de su situación. La causa de este confinamiento se remonta al 24 de octubre, cuando, según el relato de una persona del municipio —citada bajo reserva de identidad por razones de seguridad en El Espectador—, miembros armados del grupo ilegal conocido como Clan del Golfo incursionaron en la zona.

En ese episodio, siete habitantes de la comunidad fueron secuestrados bajo la acusación de colaborar presuntamente con el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Entre ellos se encontraban el líder indígena Ramiro Forastero y su hijo Elmer Forastero. Cuatro días más tarde, el 28 de octubre, la comunidad halló los cuerpos sin vida de ambos, mientras los otros cinco aún permanecen desaparecidos. Durante el confinamiento, la comunidad debió enfrentar serias dificultades para acceder a alimentos, pues el Clan del Golfo les impidió pescar y les prohibió adentrarse en la selva a recoger frutos, situación que agudizó el sufrimiento al interior de la población. Además, según la fuente citada por El Espectador, los miembros del grupo armado destruyeron las antenas, intensificando la incomunicación.

Actualmente, estas 258 personas indígenas desplazadas se encuentran en el casco urbano, sin garantías ni condiciones seguras para retornar a su territorio ancestral. Este desplazamiento forzado representa el primero de toda una comunidad indígena en dicho municipio, un hecho que resalta la gravedad de la crisis humanitaria derivada de la disputa entre grupos armados ilegales, con consecuencias profundas en la vida de las comunidades originarias.

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¿Por qué se desplazaron los indígenas Emberá Dobidá de Villanueva Jurubirá?

Según lo relatado por una fuente a El Espectador, los indígenas Emberá Dobidá de Villanueva Jurubirá se desplazaron debido a amenazas y acciones violentas del Clan del Golfo, que incluyeron el secuestro de siete habitantes, la muerte de dos de ellos, el confinamiento, el impedimento de obtener alimentos y la destrucción de los medios de comunicación en la zona.

¿Qué significa confinamiento para una comunidad indígena y cómo les afecta?

El confinamiento, de acuerdo con lo ocurrido en Villanueva Jurubirá, implica la imposibilidad de que una comunidad indígena pueda salir de su territorio, acceder a medios de vida como la pesca o la recolección de frutos, y la incomunicación completa con el exterior, lo cual genera carencias severas, miedo y vulnerabilidad frente a la violencia.

(Vea también: Informe reservado señalaría supuesto plan para alterar elecciones a favor de Iván Cepeda)

La información fue revelada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que aseguró haber tenido acceso a un informe de empalme de 26 páginas, elaborado en julio de 2026 y dirigido al nuevo director de la agencia de inteligencia.

Según el documento, identificado como de distribución controlada, una fuente humana alertó sobre un supuesto plan para intervenir los automotores que serían asignados a los exmandatarios. La intención, de acuerdo con el análisis consignado en el informe, habría sido ejercer control de inteligencia sobre las personas protegidas.

El reporte también cuestiona la participación de la DNI en la asignación de esos vehículos, una función que, según el documento, habría sido incorporada mediante el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, expedido dos semanas antes de la segunda vuelta presidencial.

¿Cómo habría operado el supuesto plan de espionaje a expresidentes?

De acuerdo con la investigación de Noticias Caracol, el informe señala que la DNI habría buscado preparar los vehículos de los esquemas de seguridad con micrófonos y sistemas GPS.

El documento sostiene que la participación de una agencia de inteligencia en la asignación de automotores para la protección de expresidentes y exvicepresidentes no tendría una justificación técnica, a menos que existiera un interés de seguimiento y control sobre las personas protegidas.

Juan Carlos Restrepo, exconsejero de Seguridad Nacional y exinspector de la DNI, consultado por el medio, señaló que resulta difícil establecer la intención detrás de esas actuaciones. Sin embargo, advirtió que una eventual instalación de dispositivos de escucha o seguimiento en los vehículos de los exmandatarios estaría por fuera de las competencias de la entidad.

Noticias Caracol indicó que consultó a varios expresidentes sobre lo consignado en el informe, pero ninguno quiso pronunciarse públicamente. El medio también buscó a los dos últimos directores de la DNI durante el gobierno Petro, Rafael Guarín y Jorge Lemus, así como a la fiscal general Luz Adriana Camargo. Según la publicación, no obtuvo respuesta.

Otros hallazgos sobre la Dirección Nacional de Inteligencia

El informe de empalme conocido por Noticias Caracol no se limita al supuesto plan de vigilancia a expresidentes. También menciona una presunta casa de inteligencia clandestina ubicada cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Según el documento, esa vivienda habría funcionado como una sede operativa no registrada en los archivos oficiales de la DNI y habría sido desocupada después de las elecciones presidenciales.

Otro de los puntos señalados tiene que ver con dispositivos electrónicos que, presuntamente, habrían sido entregados a funcionarios de la agencia tras un viaje a Rusia para recibir capacitación del servicio secreto de ese país. El informe advierte sobre la posibilidad de que los equipos tuvieran un programa malicioso para acceder a información de la entidad.

La investigación también expone cuestionamientos a la compra de un helicóptero no tripulado por 9.000 millones de pesos. El documento señala fallas técnicas, posibles sobrecostos y un proceso sancionatorio por incumplimientos en las especificaciones del contrato.

Además, menciona adquisiciones de equipos tecnológicos que habrían presentado problemas de funcionamiento y contratos cuya ejecución habría tenido dificultades.

Noticias Caracol también reveló señalamientos sobre un hacker de la DNI

Otro apartado de la investigación se refiere a Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024 y que, según documentos internos citados por el medio, habría participado en actividades de acceso a bases de datos de entidades estatales.

El informe también le atribuiría un papel en una supuesta operación para afectar los resultados de las elecciones del 21 de junio de 2026 mediante ataques a la Registraduría. Según la publicación, para ese momento Oyola tenía una orden de captura emitida el 7 de mayo de ese año.

Noticias Caracol informó que Oyola fue capturado el viernes 6 de noviembre por el caso relacionado con el acceso informático a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). El medio agregó que, hasta su detención, continuaba vinculado a la DNI.

Los señalamientos sobre el supuesto espionaje a expresidentes, las adquisiciones de la entidad y las presuntas operaciones relacionadas con procesos electorales hacen parte de los documentos y testimonios conocidos por el medio. Su alcance y las posibles responsabilidades deberán ser establecidos por las autoridades competentes.

En entrevista con Pulzo, el congresista calificó de “impresentable” la situación y cuestionó que integrantes de ese movimiento político no hayan asumido una posición más contundente frente a los señalamientos. A su juicio, la controversia va más allá de la vida privada del jefe de Estado, pues involucra posibles beneficios contractuales y una eventual intervención del mandatario.

“El Pacto Histórico está en mora de pronunciarse sobre esa situación y tomar distancia del expresidente Petro”, manifestó Forero.

(Le puede interesar: Juliana Guerrero dijo si tenía relación con Deicy Jiménez, luego del video en el que sale Petro)

El senador también se refirió a la filtración de un supuesto chat entre Angie Rodríguez, directora del Dapre, y Petro, que, según su interpretación, mostraría que el exmandatario habría intervenido para que Jiménez accediera a uno de sus contratos o consiguiera su renovación.

Forero sostuvo que, desde que se conocieron las primeras declaraciones de la mujer y la respuesta pública del expresidente, consideró que Petro no había aclarado dos asuntos centrales: la relación sentimental que habría tenido con Jiménez y los motivos por los que ella obtuvo contratos con entidades estatales.

Andrés Forero cuestionó postura de Iván Cepeda por caso Deicy Jiménez

El congresista también criticó las reacciones de algunos integrantes del Pacto Histórico. En particular, mencionó al senador Iván Cepeda, quien, según recordó Forero, inicialmente evitó pronunciarse sobre el tema cuando fue consultado por periodistas y posteriormente publicó un comunicado que calificó de “tibio”.

(Lea también: El detalle que pocos vieron en el chat de Petro sobre Deicy Jiménez; ¿mal jefe?)

Para el integrante del Centro Democrático, esa respuesta contrasta con la postura que, según él, han asumido sectores de izquierda frente a controversias que involucran a sus contradictores políticos.

Además, Forero advirtió que las denuncias podrían apuntar a algo más amplio que un caso individual. Jiménez ha hablado de una presunta red de mujeres que habría recibido beneficios contractuales por sus vínculos íntimos con Petro. El senador consideró que las autoridades deben establecer si hubo conductas con consecuencias penales, como un posible tráfico de influencias, aunque aclaró que no es abogado.

Finalmente, insistió en que el Pacto Histórico debe decidir si mantiene su respaldo al exmandatario o se distancia de los hechos denunciados. “Vamos a ver si la izquierda decide hundirse con el expresidente Petro o decide tomar distancia de él”, concluyó.

(Vea también: De la Espriella confirmó la expulsión de 33 extranjeros de dos ciudades: presidente explicó las razones)

Según la publicación, el informe recoge el testimonio de una fuente que relaciona a Oyola con un plan para modificar cifras de votación en favor de Iván Cepeda. En el documento también aparece el nombre del contratista Euclides Torres, señalado por la fuente como posible financiador de la operación.

La información se conoce después de la captura de Oyola en Neiva, el pasado 6 de noviembre, en medio de una investigación por la presunta extracción de información reservada de la DNI.

Muy atentos. Primicia de alto impacto.

Un documento de inteligencia al que he tenido acceso junto con el portal de noticias @ChivasYCronicas, revela el altísimo alcance de las tareas que iba a cumplir el funcionario de la DNI, Carlos Andrés Oyola con apoyo de un equipo cubano, ruso y venezolano. El fin, dice el documento, era “llevar a Iván Cepeda a una victoria dirigida y deslegitimar el proceso y forzar una ruptura institucional en caso de perder; la estrategia la coordina alias Aureliano desde la casa de Nariño, cuenta con influencia extranjera del G2 cubano…”

El hacker Oyola Tovar fue capturado el fin de semana en Neiva, luego de seis meses de estar huyendo; pese a ello aún figura como funcionario de la DNI.

El documento presenta información atribuida a una “fuente confiable” sobre un plan para desestabilizar la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026.

El núcleo de la operación recaería en Carlos Andrés Oyola Tova, ingeniero de sistemas vinculado a la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia), quien desde 2022 habría obtenido y escalado privilegios de acceso a los sistemas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, incluyendo el software de preconteo.

— Melquisedec Torres (@Melquisedec70) November 8, 2026

¿Qué dice el documento sobre el preconteo electoral?

De acuerdo con Chivas y Crónicas, el informe señala que Oyola tenía permisos de consulta en los sistemas de la Registraduría desde 2022 y que posteriormente habría ampliado sus niveles de acceso.

La fuente citada en el documento asegura que el funcionario podía consultar información del ‘software’ de preconteo y describe una estrategia que contemplaba modificar cifras de votación antes de la publicación de los resultados.

El reporte menciona posibles cambios en los registros de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Sin embargo, no hay confirmación de que el sistema haya sido intervenido o de que los resultados electorales hayan sufrido modificaciones.

La captura de Carlos Oyola

El funcionario fue detenido en Neiva el 6 de noviembre, según los reportes conocidos sobre el caso. La investigación está relacionada con la presunta extracción de información reservada del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia (SICC).

Las informaciones publicadas indican que Oyola habría tenido en un computador personal una copia de información de esa plataforma, cuyo acceso está restringido.

Las autoridades deberán establecer cómo obtuvo esos datos y si incurrió en alguna conducta delictiva. La información divulgada por Chivas y Crónicas incorpora otros señalamientos sobre su posible relación con actividades electorales, que también requieren verificación.

Otros detalles mencionados en la publicación

El informe también recoge referencias a posibles acercamientos a campañas presidenciales para obtener información sobre reuniones y estrategias políticas.

Entre los asuntos mencionados aparecen contactos con personas vinculadas a equipos de campaña y actividades de seguimiento. Estos elementos hacen parte del documento divulgado por el portal y no cuentan, hasta ahora, con una confirmación pública de las autoridades.

De acuerdo con la información publicada por el ICANH, la actualización del manual abrió la posibilidad de que abogados, administradores y economistas accedan a cargos tradicionalmente reservados a profesionales en antropología, historia, sociología y comunicación. En seis de los ocho puestos modificados, administradores y economistas también pueden postularse, mientras que el perfil jurídico ya es un requisito en todos ellos. Según los argumentos del instituto, la decisión se tomó por la necesidad de incorporar competencias jurídicas, de gestión y de viabilidad financiera, considerando que tales cargos implican responsabilidades estratégicas, manejo de recursos públicos y firma de actos administrativos.

La Subdirección de Investigación y Producción Científica es descrita como la dependencia responsable de la dirección, coordinación, ejecución y evaluación de proyectos en áreas como antropología, arqueología e historia, siempre siguiendo la política de investigación del ICANH. Sin embargo, la resolución aclara que el Subdirector Técnico no solo tiene funciones investigativas, sino también de dirección, administración y protección jurídica, así como de búsqueda de sostenibilidad económica para la producción científica y el patrimonio cultural del país.

Esta redefinición de roles ha recibido críticas de parte de gremios especializados y figuras del sector cultural. Según reporta El Espectador, el propio nombramiento del abogado Camilo Noguera Pardo como director del ICANH generó inconformidad entre antropólogos e historiadores, quienes señalaron la falta de experiencia en el área del nuevo directivo y la tendencia del gobierno de Abelardo de la Espriella a designar funcionarios sin formación específica en las disciplinas fundamentales para estas entidades. El historiador Orlando Deavila Pertuz también manifestó su preocupación a través de su cuenta en X, preguntándose por qué se considera normal asignar a personas ajenas a las ciencias sociales o humanidades en estos cargos, hecho que para él sería impensable en otros sectores como el judicial.

Las críticas a estos nombramientos, y a otros similares en instituciones culturales, han alimentado la percepción de un debilitamiento de la política cultural en el país, según lo documentado en El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se modificaron los requisitos de formación para los cargos directivos del ICANH?

De acuerdo con información del ICANH, la modificación de los requisitos de formación responde a la necesidad de sumar competencias jurídicas, de gestión y de viabilidad financiera, pues los cargos implican toma de decisiones estratégicas, manejo de recursos públicos y firma de actos administrativos, lo que para el instituto justifica la inclusión de profesionales como abogados, administradores y economistas en estos puestos.

¿Cuáles han sido las principales críticas a los recientes nombramientos en el ICANH?

Las principales críticas, reflejadas en medios como El Espectador, apuntan a la falta de experiencia en las áreas de antropología, historia y arqueología entre quienes han sido designados para ocupar cargos directivos, así como a la aparente tendencia del gobierno a nombrar funcionarios afines políticamente pero ajenos al conocimiento especializado que requiere el sector cultural y científico.

(Vea también: Caracol Televisión se pronunció por amenazas contra sus instalaciones y envió mensaje a otros medios)

De acuerdo con el mandatario, las personas acumulaban en conjunto 152 medidas correctivas por comportamientos que, según su pronunciamiento, afectaban la tranquilidad y la convivencia en esas dos ciudades.

Entre las conductas mencionadas por De la Espriella están el porte de armas blancas, las riñas, el consumo de estupefacientes y el irrespeto a integrantes de la Fuerza Pública.

El presidente aseguró que las expulsiones fueron posibles gracias a un trabajo coordinado entre Migración Colombia, la Policía Nacional, la Sijin, la Sipol, el Gaula, Interpol y las autoridades locales.

¡A LOS BANDIDOS QUE VIENEN A SEMBRAR EL CAOS LOS SACAMOS DE COLOMBIA!

¡En la era del Tigre, la autoridad se respeta y la ley se cumple!

Hemos expulsado del país a 33 ciudadanos extranjeros que venían alterando la tranquilidad de Barranquilla y Cartagena y que acumulaban 152 medidas correctivas por comportamientos como porte de armas blancas, riñas, consumo de estupefacientes e irrespeto a nuestra Fuerza Pública.

Gracias al trabajo articulado de Migración Colombia, la Policía Nacional, la SIJIN, la SIPOL, el GAULA, INTERPOL y las autoridades locales, seguimos recuperando el orden y la seguridad en nuestras ciudades.

¡A COLOMBIA SE VIENE A RESPETAR LA LEY, NO A DELINQUIR!

Que les quede claro: aquí nadie está por encima de la ley, ¡como que me llamo Abelardo de la Espriella!

Las puertas de nuestra Patria están abiertas para quienes vienen a trabajar y construir. Pero quienes pretendan sembrar el miedo y la violencia encontrarán un Estado que hace respetar la autoridad.

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 9, 2026

Las razones de la expulsión de los 33 extranjeros

En su mensaje, Abelardo de la Espriella sostuvo que los ciudadanos extranjeros habían protagonizado comportamientos contrarios a la convivencia en Barranquilla y Cartagena.

El jefe de Estado destacó que las 152 medidas correctivas estaban relacionadas con diferentes situaciones, entre ellas el porte de elementos cortopunzantes, los enfrentamientos entre personas, el consumo de sustancias psicoactivas y las faltas de respeto a las autoridades.

Sin embargo, el mandatario no detalló en su publicación la nacionalidad de los expulsados, la cantidad de personas intervenidas en cada ciudad ni las fechas exactas de los procedimientos.

De la Espriella habló de controles migratorios y seguridad

El presidente acompañó el anuncio con un mensaje dirigido a los extranjeros que llegan al país. Aseguró que Colombia mantiene sus puertas abiertas para quienes buscan trabajar y contribuir, pero advirtió que su Gobierno tomará medidas contra quienes incumplan la ley.

“¡A Colombia se viene a respetar la ley, no a delinquir!”, escribió De la Espriella, quien también destacó el papel de las autoridades migratorias y de la Fuerza Pública en estos procedimientos.

La publicación se conoce después de que el Gobierno informara sobre otras medidas de control migratorio. El 6 de noviembre, Migración Colombia reportó la expulsión de 80 ciudadanos extranjeros en Bogotá, quienes acumulaban más de 1.100 medidas correctivas.

En ese operativo, adelantado en 15 localidades de la capital, participaron Migración Colombia, la Policía Nacional, el Ejército y la Alcaldía de Bogotá. La entidad explicó que las decisiones migratorias se adoptaron tras consultar sus bases de datos y las de la Policía.

La Corte Suprema de Justicia, en su calidad de máxima autoridad judicial, manifestó su rechazo a cualquier acto de violencia que ponga en riesgo el trabajo periodístico. Según el alto tribunal, “reconoce y valora la libertad de expresión y el papel de los medios de comunicación y los periodistas en la construcción de la democracia y la lucha contra la injusticia”. A través de su comunicado oficial, la Corte resaltó que garantizar un periodismo libre y seguro es prioritario y debe estar protegido de cualquier tipo de presión o ataque. En su mensaje también insistió en que, históricamente, la humanidad ha aprendido a resolver diferencias por medio del diálogo y las instituciones, en vez de recurrir a la violencia.

El mensaje de la Corte fue enfático en que la justicia representa el compromiso de una sociedad con la protección de los derechos y libertades fundamentales. A su vez, envió un respaldo directo a periodistas, empleados y directivos de Noticias Caracol, RCN Televisión, RCN Radio, Caracol Radio y de otros medios nacionales, reconociendo la labor informativa y la responsabilidad de mantener actualizada a la ciudadanía en medio de un contexto desafiante. La Corte reiteró que el Estado y la sociedad deben trabajar por reemplazar la violencia por el diálogo y la solución pacífica de los conflictos.

En cuanto a los hechos, Caracol Televisión confirmó haber recibido información de las autoridades sobre un posible atentado planeado por actores ilegales, lo que llevó a adoptar controles internos y evacuar preventivamente sus instalaciones. Igualmente, Caracol Radio activó protocolos de seguridad tras recibir una advertencia. La Policía Metropolitana verificó que no había evidencia de explosivos en Caracol Televisión, aunque la alerta de seguridad provista por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) sigue bajo revisión.

Además de la postura de la Corte Suprema de Justicia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, y el procurador general, Gregorio Eljach, también expresaron su preocupación y pidieron que se esclarezca la situación, garantizando que el ejercicio periodístico permanezca libre, seguro y sin intimidaciones. Todos coincidieron en que proteger la prensa es una obligación estatal ineludible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas han tomado los medios de comunicación frente a las amenazas recientes en Colombia?

Los principales medios afectados, como Caracol Televisión y Caracol Radio, adoptaron de inmediato rigurosos protocolos internos de seguridad y, en el caso de Caracol Televisión, evacuaron preventivamente su sede. Toda acción se realizó en coordinación con autoridades, quienes continúan investigando el origen y veracidad de las amenazas.

¿Por qué es importante proteger la libertad de prensa ante amenazas, según la Corte Suprema de Justicia?

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, proteger la libertad de prensa es esencial para mantener la democracia y luchar contra la injusticia, ya que la violencia contra los medios busca silenciar voces fundamentales. El tribunal resalta la importancia del periodismo independiente y la necesidad de que la sociedad resuelva sus diferencias mediante el diálogo y las instituciones, en lugar de recurrir a la intimidación.

Según lo determinado por la Fiscalía, "Los Mimos" empleaban distintos métodos para llevar a cabo sus crímenes. Utilizaban conos de señalización, vehículos señuelo y armas de fuego, con el objetivo de simular puestos de control y así detener a los transportadores de carga en corredores viales estratégicos como los que comunican Natagaima y El Espinal, en el departamento de Tolima. Las autoridades capturaron a los principales sospechosos, quienes ahora enfrentan cargos ante el ente investigador.

Las denuncias recopiladas de agosto de 2024 a marzo de 2026, señalan varios episodios en los que los conductores fueron intimidados de manera violenta, trasladados a zonas boscosas y privados de su libertad mientras la banda hurtaba los vehículos, mercancías y pertenencias personales. En sus investigaciones, el ente investigador determinó que los delincuentes buscaban evitar cualquier intento de rastreo usando inhibidores de señal que bloqueaban los sistemas GPS de los automotores. Posteriormente, los vehículos eran llevados a Bogotá, desmantelados y las autopartes vendidas ilegalmente.

Uno de los casos más representativos, citado por la Fiscalía, ocurrió el 7 de agosto de 2024 en la carretera entre Neiva y Castilla, en el sector de Natagaima, donde un conductor y su hijo menor de edad estuvieron retenidos por tres horas mientras les quitaban tanto el vehículo como los objetos de valor. Las investigaciones y operativos efectuados por la Policía Nacional permitieron la captura de diez integrantes de la organización en Bogotá y Natagaima. Entre los capturados se encuentran Yamid Albeiro Ortiz Aguilar, alias "Vacatuca", identificado como presunto jefe de la banda, y William Arnulfo Matiz Díaz, alias "Lápiz", señalado como el encargado de coordinar la instalación de los retenes ilegales.

De acuerdo con la Fiscalía, otros miembros de la estructura eran responsables de identificar a las víctimas, ejecutar el secuestro, apropiarse de los bienes y participar en el desguace de los vehículos para el ocultamiento y posterior venta de las partes. Por estos hechos, la fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y secuestro simple. Sin embargo, ninguna de las diez personas capturadas aceptó los cargos. Para ocho de ellas, la medida preventiva será cumplida en prisión y dos más permanecerán en detención domiciliaria mientras transcurre el proceso.

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¿Quiénes son los integrantes y cómo operaba la banda 'Los Mimos' en Tolima?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, "Los Mimos" es una organización criminal señalada de secuestrar camioneros y robar vehículos en corredores viales entre Natagaima y El Espinal, en Tolima. Sus integrantes simulaban retenes policiales usando conos, vehículos señuelo y armas de fuego, para interceptar a conductores. Después, empleaban inhibidores de señal para evitar la localización de los automotores, los cuales eran desmantelados y sus piezas vendidas en Bogotá. Entre los capturados están Yamid Albeiro Ortiz Aguilar, alias "Vacatuca", supuesto cabecilla, y William Arnulfo Matiz Díaz, alias "Lápiz", señalado coordinador de los retenes.

¿Qué delitos fueron imputados a los miembros de 'Los Mimos' y cuáles son las medidas de aseguramiento?

Según la información proporcionada por la Fiscalía, los diez detenidos enfrentarán cargos por concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y secuestro simple. El ente acusador determinó que ocho de los capturados cumplirán medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que dos podrán permanecer en sus lugares de residencia, aunque ninguno admitió responsabilidad en los hechos descritos.

(Vea también: [Video] “Al búnker”: gritos de horror, columnas de humo y escombros; momento exacto de ataque a cantón militar en Bolívar)

La Segunda División del Ejército informó que expertos antiexplosivos del equipo EOD fueron desplegados en el lugar para inspeccionar el material sospechoso.

La institución pidió a los ciudadanos evitar desplazamientos por ese corredor y mantener una distancia prudencial mientras avanzan los procedimientos de seguridad.

#ComunicaciónOficial || A esta hora, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 5 «General Hermógenes Maza» de la #Brigada30 se encuentran sobre la vía que comunica al municipio de Villa del Rosario con el corregimiento de Juan Frío.

El personal militar adelanta la verificación de un presunto artefacto explosivo de alto poder, el cual está siendo verificado por expertos antiexplosivos del equipo EOD.

Como medidas de prevención se solicita a la ciudadanía en general evitar desplazarse hacia esta zona y mantener una distancia prudencial del lugar mientras se adelantan los procedimientos de verificación y seguridad en el lugar.

Invitamos a la población a suministrar información a través de la #Línea107 contra el terrorismo.

— Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) November 8, 2026

Autoridades suspendieron la movilidad por el sector

De acuerdo con información publicada por Semana, las autoridades suspendieron la movilidad en la zona mientras se adelantan las verificaciones para desactivar los explosivos.

El medio reportó que habría una carga explosiva que presuntamente iba a ser detonada al paso de los uniformados. También señaló que el Eln sería el posible responsable, aunque esa atribución no ha sido confirmada oficialmente en el pronunciamiento militar citado.

#Atención #Cúcuta
🚨 A esta hora reportan cierre total de la vía que lleva del casco urbano del municipio de Villa del Rosario hacia el corregimiento de Juan Frío en zona rural.
Miembros del Ejército Nacional verifican el hallazgo de un artefacto explosivo sobre la vía.
#NoticiaEnDesarrollo

— Soy Charles Niño ® (@charlessradio) November 8, 2026

Ejército pidió información a través de la Línea 107

La institución invitó a la comunidad a suministrar información que permita prevenir hechos que pongan en riesgo a la población civil y a los integrantes de la Fuerza Pública.

Para ello, recordó que está habilitada la Línea 107 contra el terrorismo.

Mientras se desarrollan las labores de inspección, la recomendación para los ciudadanos es no acercarse al lugar ni intentar manipular objetos sospechosos.

Consultado por El Espectador, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que el proceso de toma de decisiones sobre temas como los apoyos internacionales o los nombramientos de jefes de misión diplomática corresponde principalmente al presidente de la República, previa consulta y discusión con el vicepresidente José Manuel Restrepo. La Cancillería enfatizó que todos los embajadores, incluso quienes ingresan por motivos políticos y no por carrera diplomática, completan una inducción para entender tanto las funciones del ministerio como los objetivos de sus misiones. Además, se reúne cada uno con el canciller para definir líneas de acción específicas y prioridades de gestión.

La cartera diplomática asegura que hay una comunicación constante y de doble vía con todas las misiones en el exterior, gestionada las 24 horas del día. Destacan la importancia que se da a los funcionarios de carrera diplomática y mencionan que, tras retos heredados de la administración previa, se trabaja en una reestructuración que se ajusta a las políticas oficiales de austeridad y que prevé más cambios internos el próximo año. El canciller Bula sigue siendo una de las figuras más cercanas al presidente y, a pesar de las críticas internas o de su perfil confrontativo, no se ha contemplado su salida del gabinete hasta el momento.

¿Por qué fue controversial el apoyo de Colombia a Estados Unidos en el caso del embargo a Cuba?

La controversia surgió porque el respaldo de Colombia a Estados Unidos en el embargo contra Cuba, planteado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, rompió con la tradición de gobiernos anteriores que habían mantenido otra postura. Esta decisión fue inesperada tanto para el cuerpo diplomático como para diversos observadores, pues ni siquiera las administraciones pasadas de Álvaro Uribe e Iván Duque habían respaldado esa política, de acuerdo con lo documentado por El Espectador.

¿Qué significa ser funcionario de carrera diplomática en Colombia?

Ser funcionario de carrera diplomática implica haber ingresado a la Cancillería colombiana a través de la Academia Diplomática y contar con formación y trayectoria específicas en relaciones internacionales. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, estos profesionales son valorados por su experiencia y conocimiento institucional, lo que diferencia sus nombramientos frente a los de carácter político, quienes requieren procesos de inducción para familiarizarse con el funcionamiento de la Cancillería y sus misiones en el exterior.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La solicitud toma mayor relevancia al coincidir con una suspensión del servicio programada para el sábado 7 de noviembre entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., dado que Enel debe realizar trabajos en la red eléctrica de Chuntame. Sin embargo, hasta el momento, la empresa no ha comunicado si este mantenimiento está relacionado con las demandas de la comunidad ni ha respondido públicamente sobre la viabilidad del cambio de transformador. En los documentos que acompañan la petición, los residentes explican que el transformador fue instalado cuando había entre siete y diez viviendas, pero que ahora estiman la presencia de más de 25 casas y un conjunto residencial que suma cerca de 80 unidades adicionales.

Los reclamos se sustentan en dos posibles causas: la insuficiencia del transformador ante el aumento de la demanda y posibles defectos técnicos en equipos asociados al conjunto residencial, aunque ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por Enel. La comunidad solicita un estudio exhaustivo de la demanda real, el balance de cargas, las distancias entre los inmuebles y un diagnóstico que determine si es necesario reemplazar el equipo actual.

El contexto de esta problemática también involucra a la administración municipal. Según información de El Espectador, pocos días antes se realizó una reunión entre la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, el Concejo Municipal y Enel, donde se discutieron los frecuentes cortes, el exceso de cableado y la lentitud en atender emergencias. Pese a esto, no se especificaron medidas o plazos concretos. Además, la Superintendencia de Servicios Públicos ha adelantado inspecciones y sanciones contra Enel en Cundinamarca por deficiencias similares, aunque nada de eso se ha dirigido puntualmente al caso de Chuntame.

¿Qué ha ocasionado los frecuentes cortes de luz en Santa Inés, Cajicá?

Los habitantes de Santa Inés sostienen que el crecimiento acelerado del número de viviendas y la llegada de un conjunto residencial excedieron la capacidad del transformador actual. A pesar de las revisiones hechas por cuadrillas técnicas, los problemas continúan durante picos de consumo, lo que lleva a la comunidad a sospechar de una insuficiencia en la infraestructura instalada, aunque esto aún no ha sido corroborado por Enel.

¿Cuáles son las principales peticiones de la comunidad de Chuntame a Enel Colombia?

La solicitud central de los habitantes pide a Enel Colombia que evalúe la demanda real de energía, revise el balance de cargas eléctricas, analice la ubicación del transformador y considere su reubicación o reemplazo con base en un diagnóstico técnico. Todo ello busca garantizar la continuidad del servicio y evitar riesgos para los usuarios que dependen de equipos médicos.

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La delegación estuvo encabezada por el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Felipe Lemus, del Partido de La U, acompañado de Silvio Carrasquilla (Liberal), Juan Carlos Wills (Conservador), José Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón (Mira) y Gersel Pérez (Cambio Radical). Los magistrados aprovecharon la coyuntura de las elecciones de medio término en Estados Unidos para realizar una labor de observación y mantener encuentros a puerta cerrada con altos funcionarios colombianos en ese país. Además, participaron en la ceremonia de los VI Premios Transparencia Electoral en la Florida International University, donde el Consejo Nacional Electoral fue reconocido en la categoría “Apertura a la Observación Electoral Nacional e Internacional”, una distinción que, según el propio tribunal, reafirma su apuesta institucional por la transparencia y la supervisión pública en la democracia colombiana.

En otro frente, la magistrada Cielo Rusinque, vinculada al Pacto Histórico, también estuvo en Estados Unidos, aunque por asuntos personales debido a su nacionalidad francesa y luego de renunciar a su visa americana. Rusinque aclaró que este acto constituyó un “gesto de dignidad y rechazo a una decisión arbitraria contra el Presidente de Colombia”, pero destacó que no implica abandonar su derecho a visitar ese país ni los lazos históricos entre ambas naciones.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral implementa el programa “Mujeres rumbo al poder”, liderado por Ana Jimena Bautista. Esta iniciativa comenzó en Tumaco, Nariño, y busca orientar a lideresas, precandidatas y ciudadanas sobre normas electorales y obstáculos legales, fortaleciendo así su ingreso en los espacios de representación. El programa recorrerá otros departamentos, como Cauca, Caquetá y Bolívar, enfocándose en educar y empoderar a mujeres sociales y comunitarias interesadas en la política.

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¿Qué temas abordó el Consejo Nacional Electoral en su visita a Estados Unidos?

Durante su visita a Estados Unidos, los magistrados del Consejo Nacional Electoral sostuvieron encuentros con autoridades colombianas en Washington D. C. para discutir asuntos relacionados con el tribunal electoral y participaron como observadores durante las elecciones de medio término, según El Espectador. También recibieron un reconocimiento internacional en la categoría de apertura y transparencia electoral, reafirmando el compromiso del tribunal con la democracia.

¿En qué consiste la iniciativa “Mujeres rumbo al poder” del Consejo Nacional Electoral?

La iniciativa “Mujeres rumbo al poder”, liderada por Ana Jimena Bautista, consiste en una serie de encuentros territoriales en los que se capacita a lideresas, precandidatas y ciudadanas interesadas en reglas, inhabilidades e incompatibilidades electorales. Según detalla el Consejo Nacional Electoral, busca brindar herramientas para que más mujeres puedan aspirar a cargos de elección popular en el marco de las próximas elecciones de 2027.

(Vea también: De la Espriella ordenó reforzar seguridad de Caracol, RCN y Semana por amenazas del Eln: “Libertad de prensa es sagrada”)

El mandatario hizo el anuncio este domingo 8 de noviembre, a través de su cuenta de X, donde aseguró que la guerra cambió y que los grupos armados utilizan drones como una nueva modalidad de ataque contra soldados y policías.

“En la Patria Milagro estamos trabajando para dotar a la Fuerza Pública de sistemas de defensa antidrones y de capacidades ofensivas mediante drones”, escribió.

De la Espriella reconoció que la situación económica del país representa un desafío para conseguir los recursos necesarios, pero aseguró que su administración hará los esfuerzos para adquirir la tecnología que necesitan las instituciones de seguridad.

“La seguridad y la vida de nuestros soldados, policías y ciudadanos son prioridad en mi gobierno”, agregó.

El jefe de Estado también expresó su solidaridad con las familias de los uniformados asesinados en Bolívar y prometió que sus muertes no quedarán impunes.

¡LA GUERRA CAMBIÓ Y HOY TAMBIÉN SE LIBRA CON DRONES!

Durante cuatro años, el gobierno anterior miró hacia otro lado y dejó desprotegidos a nuestros soldados y policías, sin las capacidades necesarias para enfrentar esta nueva modalidad de guerra utilizada por el narcoterrorismo.

En la Patria Milagro estamos trabajando para dotar a la Fuerza Pública de sistemas de defensa antidrones y de capacidades ofensivas mediante drones. Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para desarrollar y adquirir estas capacidades, pese a la dificilísima situación económica de nuestras finanzas públicas. La seguridad y la vida de nuestros soldados, policías y ciudadanos son prioridad en mi gobierno.

Lo haremos con responsabilidad, buscando los recursos y la tecnología necesarios para que nuestra Fuerza Pública tenga las herramientas que necesita para enfrentar esta amenaza.

El mitómano que gobernó Colombia dice que dejó todo listo para contratar un escudo antidrones. ¡MENTIRA!

Su ministro de Defensa y su viceministra viajaron por varios países, hicieron reuniones y gastaron cuantiosos recursos en viáticos, pero no concretaron nada. ¡Ni siquiera dejaron los estudios necesarios!

A las familias de nuestros héroes asesinados, les expreso mi solidaridad y les envío mis oraciones. ¡SU SANGRE NO QUEDARÁ IMPUNE!

Con la ayuda de Dios, el valor de nuestros soldados y policías y toda la capacidad legítima del Estado, vamos a enfrentar hasta derrotar ese cáncer del narcoterrorismo que tanto dolor y sangre le ha costado a Colombia.

¡NO VAMOS A DESCANSAR HASTA ERRADICAR ESA PLAGA DE NUESTRA PATRIA!

¡Bienvenidos a la Patria Milagro!

¡Firme por la Patria!

¡Que viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴 🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 8, 2026

De la Espriella acusó al Gobierno Petro de no dejar listo el escudo antidrones

En su publicación, el presidente también cuestionó la gestión de la administración de Gustavo Petro frente a la amenaza de los drones explosivos. De la Espriella aseguró que el Gobierno anterior dejó desprotegidos a los integrantes de la Fuerza Pública y negó que hubiera dejado listo el proceso para contratar un escudo antidrones.

“El mitómano que gobernó Colombia dice que dejó todo listo para contratar un escudo antidrones. ¡Mentira!”, escribió.

El mandatario también cuestionó los viajes internacionales de funcionarios del Ministerio de Defensa durante el gobierno anterior, al señalar que hubo reuniones y gastos de viáticos, pero no se concretó la adquisición. “¡Ni siquiera dejaron los estudios necesarios!”, añadió.

(Vea también: “Petro estuvo cerca de morir por una sobredosis”: la grave afirmación de María Jimena Duzán)

En un comunicado conjunto, las dos mujeres aseguraron que, como feministas, consideran necesario tomar en serio las denuncias de las mujeres y garantizar su protección.

“El linchamiento, la burla, la revictimización y la retórica misógina contra la denunciante deben ser rechazados”, manifestaron.

También solicitaron que las investigaciones avancen con celeridad y que las autoridades tengan en cuenta una perspectiva de género al analizar el caso.

El pronunciamiento se conoce en medio de las actuaciones judiciales relacionadas con las acusaciones de Jiménez, quien entregó su teléfono celular a las autoridades y ha sostenido que cuenta con elementos para respaldar sus señalamientos.

Sofía y Antonella Petro cuestionaron el uso político de las denuncias

Las hijas del expresidente también se refirieron al contexto político en el que se conocieron las acusaciones contra su padre. Como militantes de izquierda, afirmaron que pueden defender sus convicciones feministas y, al mismo tiempo, analizar el escenario político que rodea la denuncia.

En ese sentido, cuestionaron a los sectores que, según ellas, buscan instrumentalizar las causas feministas pese a que habitualmente desprecian las reivindicaciones de las mujeres y de la población LGBTIQ+.

“Por nuestra parte: no les seremos útiles”, escribieron.

Sofía y Antonella también defendieron el legado del Gobierno de su padre y aseguraron que no se sienten avergonzadas de haber respaldado ese proyecto político.

Sin embargo, reconocieron que dentro de la izquierda deben existir espacios de autocrítica y procesos internos frente a las denuncias. Añadieron que un movimiento político no puede reducirse a una sola persona y que sus ideas deben trascender a sus dirigentes.

Hijas de Petro expresaron confianza en que su padre comparecerá ante la justicia

En la parte final del comunicado, Sofía y Antonella hablaron directamente de su relación familiar con el expresidente.

“Como hijas, confiamos en que nuestro padre, como ya lo ha afirmado, comparecerá ante la justicia sin dilación. Esa respuesta le corresponde únicamente a él”, señalaron.

También afirmaron que han cuestionado en el ámbito familiar los comportamientos machistas de Petro y que continuarán defendiendo sus posiciones políticas y éticas.

Pese a ello, expresaron su confianza en la honestidad del exmandatario: “Confiamos en que Gustavo Petro no es un hombre corrupto y ha sido respetuoso con el erario”.

Las dos aclararon que, más allá de sus convicciones personales, corresponde a la justicia establecer la verdad sobre las acusaciones.

El expresidente ha negado haber entregado contratos estatales a cambio de favores sexuales y ha sostenido que enfrentará las denuncias ante las autoridades.

Gracias a que la víctima había presentado previamente la denuncia, los policías pudieron hacer la verificación correspondiente. Así, identificaron al hombre de 22 años que tenía la motocicleta y confirmaron que el vehículo figuraba como hurtado. De acuerdo con los reportes oficiales, el procedimiento permitió no solo la captura del responsable, sino también la recuperación del automotor. Además, la Secretaría de Seguridad de Bogotá destacó este caso en sus canales de comunicación e invitó a denunciar por medio de la Línea 123 cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia.

Este caso puntual se suma a las acciones que adelanta la Policía para contrarrestar el hurto de automotores en la capital colombiana. Según datos recogidos por la administración de la ciudad, hasta mediados de octubre de 2026 se habían recuperado 895 vehículos y 1.304 motocicletas en Bogotá, lo que evidencia la magnitud del problema y el esfuerzo institucional para enfrentarlo. El programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ insiste en que la denuncia es indispensable. Alertar oportunamente a las autoridades contribuye no solo a la recuperación de bienes materiales, sino también al fortalecimiento de la seguridad en el entorno urbano.

La recomendación para la ciudadanía es clara: si usted es víctima o testigo de un delito, recurra a la Línea de Emergencias 123. Este canal facilita las acciones de investigación, aplica sanciones y permite que Bogotá avance en la lucha para cerrarle el paso a la delincuencia, como subraya la campaña ‘Bogotá camina segura’.

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¿Cómo puede denunciar el robo de una motocicleta en Bogotá?

En Bogotá, si usted es víctima del robo de una motocicleta, debe presentar la denuncia de manera oportuna ante la Policía Nacional o usar la Línea de Emergencias 123. Este primer paso es esencial, ya que permite activar los procedimientos de verificación y recuperación, como quedó demostrado en el caso reportado en Tunjuelito, según información de la alcaldía de Bogotá.

¿Cuántas motocicletas robadas han sido recuperadas en Bogotá en 2026?

De acuerdo con datos oficiales mencionados por la administración de Bogotá, hasta mediados de octubre de 2026 se han recuperado 1.304 motocicletas en la ciudad, reflejando el impacto de la colaboración ciudadana y las estrategias policiales para enfrentar el hurto de vehículos.

El hecho ha impactado de manera significativa a los habitantes de la zona, quienes al percatarse de la magnitud del incendio manifestaron su preocupación y solicitaron el apoyo inmediato de las autoridades competentes. Según lo relatado, la emergencia generó una alarma general que motivó la movilización de los organismos de socorro, evidenciando la gravedad de la situación.

Frente a la complejidad del escenario, las autoridades han sido enfáticas en hacer un llamado urgente a la comunidad. Pidieron a la ciudadanía evitar acercarse al lugar donde se desarrolla la conflagración, resaltando que lo más importante en estos casos es facilitar el trabajo de los equipos de atención de emergencias. El objetivo es mantener la zona despejada para que el ingreso y las maniobras de los bomberos no se vean obstaculizadas. Además, se recomendó a los conductores tomar rutas alternas y acatar las indicaciones de los organismos de emergencia, ya que las vías principales del sector pueden encontrarse cerradas o restringidas por la atención del incendio.

Hasta el momento, no se ha difundido información oficial sobre posibles personas afectadas, pérdidas materiales o las causas que provocaron la emergencia. Las autoridades han señalado que la atención continúa en desarrollo y que en las próximas horas se conocerán detalles más precisos sobre el saldo de este incendio y las medidas adoptadas para mitigar sus consecuencias. Dichos reportes oficiales serán clave para entender el alcance real de esta emergencia que mantiene en vilo a la comunidad del sur de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación actual del incendio estructural en el barrio Eduardo Santos de Ibagué?

La emergencia en el barrio Eduardo Santos sigue en desarrollo. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué continúa atendiendo la conflagración y, hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas, daños materiales ni sobre el origen del incendio. Se espera que en las próximas horas, tras finalizar la atención, las autoridades entreguen detalles precisos y actualicen la información para la comunidad.

¿Qué medidas de prevención han recomendado las autoridades durante el incendio en Ibagué?

Las autoridades han recomendado de manera enfática evitar acercarse a la zona afectada, mantener despejado el perímetro para facilitar el trabajo de los organismos de socorro y, para los conductores, usar rutas alternas y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia. Estas medidas buscan garantizar la seguridad tanto de los habitantes como del personal que atiende la emergencia.

Caracol Televisión informó a la opinión pública, en una declaración emitida el 8 de noviembre, que las medidas preventivas fueron adoptadas luego de recibir información de las autoridades acerca de una posible amenaza a sus instalaciones. La empresa agradeció el respaldo de la Policía Nacional y expresó solidaridad a otros medios que también habrían sido advertidos sobre eventuales riesgos. El canal no mencionó el nombre de ninguna organización armada ni ofreció detalles sobre el contenido específico de la alerta, señalando que dicha información hace parte del sumario reservado de las autoridades y por lo tanto no puede divulgarse.

Estas afirmaciones coinciden con lo informado inicialmente por la Alcaldía de Bogotá. Según lo señalado, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación advirtió a diversos medios de comunicación, así como a la administración distrital, respecto a una posible amenaza terrorista dirigida contra Caracol Televisión. Tras la inspección realizada por la Policía Metropolitana la noche del 7 de noviembre, no se hallaron artefactos explosivos en la sede del canal.

En paralelo, Caracol Radio notificó que también recibió advertencias por parte de las autoridades sobre potenciales riesgos para sus instalaciones, así como para otras empresas periodísticas. La emisora tomó medidas de precaución en coordinación con los organismos de seguridad y, según su pronunciamiento, continuará informando mientras mantenga los protocolos de prevención activos. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hizo un llamado a mantener la protección de los medios hasta esclarecer el origen de la advertencia. Según testimonios comunicados por periodistas de Caracol Televisión, la alerta del CTI se refirió a una posible acción del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra sedes de Caracol y RCN, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada formalmente por Fiscalía, Policía ni la Alcaldía de Bogotá.

Las amenazas recientes se inscriben en un contexto de mayor riesgo para la prensa en Colombia. Datos de la FLIP señalan que entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2026 se registraron 150 agresiones contra periodistas, incluyendo amenazas y otras formas de violencia vinculadas principalmente con la cobertura electoral. El caso más cercano de un ataque físico fue la detonación de un artefacto explosivo frente a las instalaciones de RCN Radio, RCN Televisión y el diario La República en Cali, en noviembre de 2025. La FLIP definió este acto como un atentado directo contra el derecho ciudadano a recibir información. A pesar de las alarmas, hasta el momento las autoridades no reportan capturas, hallazgos de explosivos o atentados consumados relacionados con la nueva alerta a medios.

¿Por qué fueron evacuadas las instalaciones de Caracol Televisión y Caracol Radio?

Las sedes de Caracol Televisión y Caracol Radio en Bogotá fueron evacuadas y sometidas a estrictos protocolos de seguridad después de que las autoridades alertaron a los medios sobre una posible amenaza de grupos ilegales contra estas empresas. Según los comunicados oficiales, las acciones preventivas buscaban proteger a los trabajadores y garantizar la continuidad de operaciones mientras Policía y Fiscalía verificaban la información, sin que se hallaran explosivos o se confirmara la participación de una organización armada específica.

¿Cuáles fueron los antecedentes inmediatos de amenazas y ataques a medios en Colombia?

De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), entre enero y mayo de 2026 se reportaron 150 agresiones a periodistas en el país, contabilizando amenazas, obstrucciones y otras formas de violencia, especialmente durante la cobertura electoral. El antecedente más reciente y grave fue la detonación de un explosivo frente a las instalaciones de medios como RCN Radio, RCN Televisión y el diario La República en Cali, en noviembre de 2025, calificado por la FLIP como un ataque directo contra la libertad de prensa.

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(Vea también: “Petro estuvo cerca de morir por una sobredosis”: la grave afirmación de María Jimena Duzán)

La información fue publicada por El Colombiano, que identificó a Zawady como una mujer que habría mantenido una relación sentimental con Petro desde antes de la campaña presidencial de 2022. El medio citó a Ángela Benedetti, exembajadora y hermana del exministro Armando Benedetti, quien aseguró que ella era la novia del entonces candidato.

De acuerdo con esa investigación, el hermano de Zawady, Juan Manuel Masip Zawady, suscribió siete contratos que suman cerca de 291,7 millones de pesos. Por su parte, Martha Elena Zawady Rodríguez, identificada como prima de María Masip, obtuvo seis contratos por aproximadamente 232 millones de pesos.

En total, son 13 contratos que, según el consolidado publicado por El Colombiano, representan alrededor de 533 millones de pesos. Los registros citados por ese medio incluyen acuerdos con entidades como Colombia Compra Eficiente, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), RTVC, ENTerritorio, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Prosperidad Social.

La contratación de estos familiares ya había sido objeto de una publicación de Cambio en agosto de 2026, que también examinó la cercanía de Zawady con el círculo del entonces presidente.

Qué dijo Ángela Benedetti sobre María Masip Zawady y Verónica Alcocer

Uno de los elementos nuevos de la investigación de El Colombiano es el testimonio de Ángela Benedetti sobre la relación que habría existido entre Zawady y Petro durante la campaña presidencial.

“Petro andaba con María Zawady, era en ese momento la novia oficial”, afirmó Benedetti al medio.

La exembajadora también sostuvo que Verónica Alcocer, quien estaba casada con Petro durante la campaña y posteriormente fue primera dama, conocía esa situación.

Benedetti aseguró que, cuando llegó a la campaña, le informaron que el matrimonio entre Petro y Alcocer prácticamente no existía. También planteó que los celos de Alcocer no estaban relacionados necesariamente con que el candidato tuviera otras parejas, sino con la posibilidad de perder influencia y espacio político.

“Cuando yo llegué a la campaña me notificaron que ese matrimonio no existía. A mí me consta, digamos, que Petro no la soportaba. Como él iba a ganar, entonces ella no sé si trataba de reconquistarlo o tratando de aparentar que tenía un buen matrimonio, pero claramente ahí no había matrimonio”, cito el diario antioqueño.

El Colombiano agregó los testimonios de otras dos fuentes que estuvieron en la campaña de 2022. Una de ellas afirmó que Zawady se presentaba como novia e incluso esposa de Petro. Otra, vinculada al esquema de seguridad, aseguró que el candidato pagaba un apartamento en el norte de Bogotá en el que ella permanecía.

La conexión con Colombia Compra Eficiente y los nombramientos

La investigación también señala una posible influencia de Zawady en Colombia Compra Eficiente, entidad en la que su hermano obtuvo varios contratos durante el gobierno Petro. En ese contexto aparece Stalin Ballesteros, quien dirigió la agencia de compras públicas y fue profesor de Zawady, según las fuentes citadas por El Colombiano.

El medio señala que Ballesteros habría llegado a la dirección de la entidad con el respaldo de la mujer y que posteriormente nombró a Nohelia del Carmen Zawady Palacio, prima de María Masip, como subdirectora de Gestión Contractual.

Un documento publicado por la propia Colombia Compra Eficiente registra a Nohelia del Carmen Zawady Palacio en ese cargo, aunque ese registro, por sí solo, no demuestra que su nombramiento haya sido gestionado por María Masip.

La publicación también recuerda los audios divulgados por Daniel Coronell en mayo de 2025, en los que se escucha al entonces congresista David Racero conversar con Ballesteros sobre un posible intercambio de cargos públicos.

María Masip Zawady, por su parte, ya había sido consultada por Cambio en agosto de 2026 sobre los contratos de sus familiares. En esa oportunidad respondió que su hermano era un buen profesional y cuestionó que se publicaran informaciones que, a su juicio, eran falsas.

El IBAL, mediante un comunicado dirigido a la ciudadanía, explicó que la situación podría traducirse en bajas presiones e incluso suspensión del servicio de agua en algunos barrios durante la jornada, aunque por el momento no se proporcionó una lista detallada de las zonas susceptibles ni un tiempo estimado para la normalización completa del sistema. La alcaldía de Ibagué y la empresa hacen un llamado a los habitantes para que estén atentos a los medios y canales oficiales, recomendando almacenar agua en medida de lo posible y adoptar medidas preventivas hasta que se supere la contingencia.

Según el informe publicado, la empresa trabaja de manera continua a través de su equipo operativo con el objetivo de restablecer la captación y, así, recuperar la estabilidad del suministro de agua. Las labores de limpieza y mantenimiento en la bocatoma se desarrollan bajo condiciones adversas, debido al constante arrastre de lodo y piedras derivado de la intensidad de las lluvias en la región. Esta situación evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de acueducto cuando fenómenos naturales como las precipitaciones afectan las fuentes hídricas y la infraestructura que posibilita su aprovechamiento para el consumo humano.

Hasta el momento, la ciudadanía permanece en estado de alerta, siguiendo las recomendaciones del IBAL y esperando que la emergencia sea superada cuanto antes. Tanto el ente operador como las autoridades insisten en que la información sobre cualquier novedad será comunicada de manera oportuna a través de los canales oficiales, reiterando la importancia de que los usuarios estén preparados ante cualquier eventualidad relacionada con el suministro de agua potable.

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¿Cuáles son las causas de la suspensión del servicio de agua en Ibagué según el IBAL?

De acuerdo con el IBAL, la suspensión y las bajas presiones en el servicio de agua en Ibagué se deben al arrastre de material por las fuertes lluvias en la cuenca del río Combeima. La acumulación de lodo y piedras afectó la bocatoma principal del acueducto, dificultando la captación y el procesamiento del agua necesaria para abastecer la ciudad.

¿Qué recomendaciones dio el IBAL sobre el suministro de agua durante la emergencia?

El IBAL recomendó a los usuarios de Ibagué estar atentos a la información difundida por los canales oficiales de la empresa, tomar precauciones como almacenar agua y prepararse para posibles bajas presiones o interrupciones del servicio mientras se realizan las labores de recuperación en la bocatoma principal.

Las víctimas fueron identificadas como Morelhith Blanco Cisneros, conocida como alias ‘La More’, y la adolescente Yisbely Onnaly Blanco Cisneros. Según la información preliminar conocida por las autoridades, ambas habían salido de su vivienda para dirigirse a una fiesta que se realizaba cerca del lugar donde ocurrió el crimen.

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De acuerdo con el relato entregado por un allegado de las víctimas a las autoridades, el hecho se presentó hacia las 12:50 de la madrugada.

Cuando Morelhith y su hija caminaban por las inmediaciones de la iglesia Jesucristo el Señor Rey de Reyes, ubicada en la calle 62B con carrera 8A, fueron interceptadas por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Sin mediar palabra, los sujetos habrían disparado contra ambas mujeres y posteriormente escaparon. La agresión les causó heridas mortales y las dos fallecieron en el lugar, antes de recibir atención médica. Según el reporte preliminar, la mujer recibió un impacto de bala en la región temporal izquierda, mientras que la menor sufrió tres heridas en diferentes partes de la cabeza y el rostro.

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En medio de las primeras indagaciones sobre el doble homicidio, también surgió información relacionada con el entorno familiar de una de las víctimas.

De acuerdo con testimonios recopilados en el sector, el hijo de Morelhith Blanco sería conocido con el alias de ‘Omarcito’ y, presuntamente, tendría vínculos o estaría trabajando para alias ‘Negro Ober’. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y hace parte de las líneas de información que deberán ser verificadas por los investigadores. Por ahora, tampoco se conocen los motivos que habrían llevado a los responsables a cometer el ataque.

Unidades de Policía Judicial adelantan las labores correspondientes para establecer las circunstancias del crimen, identificar a los dos hombres que habrían participado en el hecho y lograr su captura.

Nuevas amenazas, que también tocaron a Caracol Radio y a otros medios, llevaron a que se activaran protocolos internos de seguridad y a que se fortaleciera la coordinación con las autoridades nacionales y locales. De acuerdo con la propia Caracol Televisión, el canal fue alertado por entidades oficiales sobre una supuesta intención de grupos ilegales de atentar contra sus instalaciones. Esto llevó a la rápida evacuación como medida preventiva y a la revisión de sus instalaciones por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, que poco después anunció que "al momento no hay evidencia de explosivos ni en las inmediaciones ni dentro de Caracol Televisión".

Por su parte, Caracol Radio, emisora perteneciente al grupo Prisa, confirmó que fue notificada sobre el riesgo de un posible atentado contra su sede. De inmediato, la emisora también puso en marcha todas las acciones necesarias para salvaguardar a su personal, actuando siempre en conjunto con las autoridades locales competentes. Las voces de apoyo y rechazo a las amenazas no se hicieron esperar en los diferentes escenarios políticos. Desde el Congreso, el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, calificó estas intimidaciones como ataques contra la democracia y la libertad de prensa, y enfatizó la importancia de no permitir que "el miedo se imponga en Colombia".

El respaldo desde las instituciones, sumado a la rápida reacción de las autoridades y los mismos medios, buscó enviar un mensaje de resistencia ante cualquier intento de intimidar al periodismo y acallar a los medios de comunicación colombianos, reafirmando su compromiso con la libertad de prensa y el derecho a informar.

¿Por qué el ELN amenazó a Caracol Televisión, RCN y Semana según el presidente De la Espriella?

El presidente Abelardo de la Espriella atribuyó las amenazas y posibles atentados contra las instalaciones de Caracol Televisión, RCN y Semana al Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con el mandatario, la inteligencia estatal había detectado alertas sobre eventuales acciones terroristas del ELN con el aparente objetivo de intimidar y silenciar al periodismo colombiano. La reacción del Estado fue reforzar la seguridad en los medios señalados para preservar su labor informativa.

¿Qué medidas de seguridad implementaron medios como Caracol Televisión tras las amenazas?

Tras ser informados por las autoridades sobre la posible amenaza de grupos ilegales, Caracol Televisión y otros medios como Caracol Radio activaron sus protocolos internos de seguridad. En el caso de Caracol Televisión, esto incluyó la evacuación preventiva de su sede y la coordinación inmediata con la Policía Metropolitana, que revisó las instalaciones y descartó la presencia de explosivos. Estas acciones buscaron prevenir cualquier riesgo para periodistas y trabajadores.

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(Vea también: De la Espriella ordenó reforzar seguridad de Caracol, RCN y Semana por amenazas del Eln: “Libertad de prensa es sagrada”)

En un comunicado dirigido a la opinión pública, el canal informó que recibió una advertencia de las autoridades y que, de inmediato, activó sus protocolos de seguridad para proteger a sus colaboradores y garantizar la continuidad de sus operaciones.

“Caracol Televisión informa que, tras recibir una alerta de las autoridades sobre una posible amenaza contra sus instalaciones, activó de inmediato sus protocolos de seguridad y adoptó las medidas preventivas necesarias para proteger a sus colaboradores y garantizar la continuidad de sus operaciones”, señaló en su comunicado.

La empresa también agradeció el acompañamiento de la Policía Nacional y de las demás autoridades, con quienes aseguró haber trabajado de manera coordinada en las verificaciones y las medidas de protección.

El mensaje de Caracol Televisión a los medios que también recibieron amenazas

En el mismo pronunciamiento, Caracol Televisión expresó su solidaridad con los demás medios de comunicación que también han sido objeto de amenazas. La compañía advirtió que cualquier intimidación contra un medio representa una amenaza para el ejercicio libre e independiente del periodismo y para el derecho de los ciudadanos a estar informados.

“Ninguna amenaza nos apartará de ese compromiso”, manifestó el canal, al reiterar que continuará informando con rigor, independencia y responsabilidad.

Caracol Televisión también reafirmó su confianza en las instituciones y en el trabajo de las autoridades, así como su determinación de continuar cumpliendo su responsabilidad con los colombianos.

¿Qué se sabe de la alerta contra Caracol y otros medios?

La alerta de seguridad se conoció durante la noche del sábado 7 de noviembre y obligó a evacuar las instalaciones de Caracol Televisión, ubicadas en el barrio La Floresta, en Bogotá.

Posteriormente, la Policía Metropolitana informó que no había encontrado evidencia de explosivos dentro ni en los alrededores de la sede. Sin embargo, las autoridades continuaron con las verificaciones frente a la información recibida.

La situación también involucró a Caracol Radio, que informó que recibió una advertencia sobre el riesgo de un posible atentado contra sus instalaciones y otros medios de comunicación.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) señaló que, según la información entregada a periodistas, el CTI de la Fiscalía recibió una alerta sobre un posible plan del Eln para atacar las sedes de Caracol y RCN.

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella anunció medidas para reforzar la protección de Caracol, RCN y la revista Semana, luego de las alertas de inteligencia sobre posibles atentados atribuidos al grupo armado.

Hasta ahora, corresponde a las autoridades establecer el origen y el alcance de las amenazas, así como identificar a los posibles responsables.

El jefe de Estado, por medio de su cuenta de X, declaró que impartió instrucciones claras para que el Estado utilice todos sus recursos con el propósito de impedir que los grupos armados pretendan intimidar al periodismo colombiano. En sus palabras, afirmó: "Ningún grupo narcoterrorista silenciará a los medios", y expresó su respaldo y solidaridad con los periodistas y trabajadores que estarían en riesgo por estas amenazas. De esta forma, la posición del presidente evidencia la preocupación institucional por la libertad de expresión y la protección a quienes desempeñan una labor esencial en la sociedad colombiana.

La respuesta gubernamental surgió luego de que Caracol Televisión recibiera información directa de las autoridades cerca de las 8:00 de la noche del sábado, advirtiendo sobre posibles planes de grupos ilegales para atacar las instalaciones del canal en Bogotá. Frente a esta situación, Caracol Televisión decidió evacuar preventivamente a sus trabajadores y poner en marcha los protocolos internos de emergencia y seguridad, priorizando la integridad de su equipo.

El ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, también se pronunció al respecto, indicando que el Gobierno realizará los despliegues operativos necesarios para evitar cualquier eventual ataque, así como esclarecer los hechos y dar con los autores. El funcionario aseguró: "Desplegaremos las capacidades necesarias para prevenir cualquier atentado, esclarecer estos hechos, identificar y capturar a los responsables", lo que dejó ver el compromiso en la respuesta ante este tipo de amenazas.

En paralelo, la Policía Metropolitana de Bogotá notificó que no se había hallado evidencia de explosivos ni en las instalaciones ni en los alrededores de Caracol Televisión. Mientras tanto, la Alcaldía de Bogotá confirmó que la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), proporcionó información relevante a las autoridades y pidió convocar el Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3) para analizar los detalles del caso. Con todos estos procedimientos y verificaciones, la alerta por amenazas continúa latente, poniendo en primer plano la discusión sobre la seguridad de los medios y de quienes ejercen el periodismo en Colombia.

¿Qué medidas de seguridad tomó el Gobierno ante las amenazas contra medios en Colombia?

De acuerdo con la información revelada, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó fortalecer la protección de Caracol Televisión, RCN y Semana. Además, instruyó el despliegue de todas las capacidades estatales, mientras que el ministro de Defensa anunció operativos para prevenir atentados e identificar a los responsables. La Policía Metropolitana y el CTI también participaron activamente en las acciones de respuesta.

¿Qué es el Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3) y cuál fue su función en esta alerta?

El Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3) fue convocado por solicitud de la Alcaldía de Bogotá, tras la alerta recibida. Su función consiste en analizar y coordinar la información proporcionada, en este caso por la Fiscalía y el CTI, para evaluar el nivel de riesgo y definir las acciones correspondientes ante amenazas a medios de comunicación.

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(Vea también: “Les advierto: no nos van a intimidar”: De la Espriella avisa a criminales luego de atentado a cantón militar en Bolívar)

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que impartió instrucciones para que las capacidades del Estado se concentren en proteger las instalaciones de los dos canales de televisión, así como a sus periodistas, trabajadores y familiares. También ordenó reforzar la seguridad de Semana.

“Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del Eln contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias”, escribió el jefe de Estado.

El anuncio se conoce en medio de las preocupaciones por la seguridad de los medios de comunicación, después de que Caracol Televisión tuviera que evacuar sus instalaciones en Bogotá durante la noche del sábado por una amenaza de bomba.

¡NO VAMOS A PERMITIR QUE EL NARCOTERRORISMO INTIMIDE AL PERIODISMO COLOMBIANO!

Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias.

He ordenado reforzar también la protección de SEMANA.

¡La libertad de prensa es sagrada y se respeta! Ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia.

¡AQUÍ NO GOBIERNA EL TERRORISMO! ¡AQUÍ IMPERA LA LEY Y LA AUTORIDAD DEL ESTADO!

Toda mi solidaridad con los periodistas de Colombia. No están solos.

¡Bienvenidos a la Patria Milagro!

¡Firme por la Patria!

¡Que viva Cristo Rey!

(A.D.L.E) 🇨🇴 🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 8, 2026

De la Espriella anunció medidas de protección para RCN, Caracol y Semana

En su pronunciamiento, el presidente hizo énfasis en que su Gobierno no permitirá que las amenazas de organizaciones armadas afecten el ejercicio periodístico en Colombia.

El mandatario también se refirió a la protección de la libertad de prensa y aseguró que los grupos ilegales no conseguirán silenciar a los medios de comunicación mediante intimidaciones o actos violentos.

“La libertad de prensa es sagrada y se respeta. Ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia”, manifestó De la Espriella.

Aunque el presidente mencionó alertas de inteligencia sobre posibles acciones del Eln contra RCN y Caracol Televisión, no entregó detalles adicionales sobre el origen de la información, las características de las amenazas ni las medidas operativas específicas que se implementarán.

En cuanto a Semana, el jefe de Estado señaló que también impartió instrucciones para reforzar su protección, aunque no precisó si la publicación de la revista fue objeto de una amenaza particular.

Caracol Televisión fue evacuado por amenaza de bomba en Bogotá

El pronunciamiento presidencial se produjo después de que Caracol Televisión activara sus protocolos de seguridad y evacuara sus instalaciones en Bogotá durante la noche del sábado 7 de noviembre.

La decisión se tomó luego de que el canal recibiera información de las autoridades sobre una posible amenaza contra sus instalaciones. La situación generó preocupación entre los trabajadores y motivó la intervención de los organismos de seguridad.

Caracol Radio también informó que recibió una alerta de las autoridades sobre un posible atentado contra sus instalaciones y otros medios de comunicación, por lo que activó los protocolos correspondientes para proteger a su personal.

El mensaje de De la Espriella contra las amenazas a la prensa

El mandatario cerró su publicación con un mensaje de respaldo a los periodistas colombianos y una advertencia a las organizaciones armadas que pretendan intimidar a los medios.

“¡Aquí no gobierna el terrorismo! ¡Aquí impera la ley y la autoridad del Estado!”, escribió el presidente, quien reiteró su solidaridad con los trabajadores de la prensa.

“¡Toda mi solidaridad con los periodistas de Colombia. No están solos!”, agregó.

La publicación también incluyó la frase “¡Bienvenidos a la Patria Milagro!”, con la que el jefe de Estado cerró su pronunciamiento de este domingo.

Por ahora, las alertas mencionadas por el presidente constituyen información de inteligencia sobre posibles atentados y no una confirmación de que se hayan ejecutado ataques contra las instalaciones de RCN o Caracol Televisión.

Según información dada a conocer por la Alcaldía de Suárez, tras el estallido, se emitió una alerta dirigida principalmente a quienes transitan por la vía, es decir, conductores, motociclistas y peatones. De acuerdo con el comunicado oficial –divulgado por órdenes del alcalde César Lizardo Cerón– la explosión habría causado daños estructurales en la carretera. Pese al impacto del artefacto explosivo, la administración municipal informó que no se presentaron personas lesionadas ni afectaciones de gravedad a la infraestructura cercana.

En medio de la incertidumbre, una de las mayores dudas gira en torno a la causa exacta de la detonación. De acuerdo con versiones difundidas por medios locales, no confirmadas oficialmente, existe la posibilidad de que la explosión se haya producido por la caída de un rayo en el área donde se encontraba el artefacto explosivo. Sin embargo, las autoridades no han ratificado esta hipótesis y la investigación sobre el origen continúa abierta, reforzando el ambiente de alerta entre la población.

Ante la gravedad de la situación, la Alcaldía de Suárez recomendó evitar acercamientos al sector afectado y, sobre todo, solicitó a la ciudadanía que no intente manipular paquetes, vehículos u objetos sospechosos en la vía pública, buscando preservar la seguridad de los habitantes. Además, en el comunicado emitido por la administración municipal se hizo énfasis en el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH), instando a la protección de la población civil y a garantizar la integridad de las comunidades de la zona, una petición que resalta la importancia de mantener la calma y actuar con responsabilidad en estos momentos críticos.

Por ahora, la prioridad es mantener el resguardo, reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades competentes y esperar los resultados oficiales de las investigaciones pertinentes. Aunque sigue sin haber claridad sobre la causa de la explosión en el corredor vial de Playa Rica, la atención se mantiene puesta sobre este punto estratégico del Cauca, en espera de respuestas y medidas adicionales de protección.

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¿Qué medidas de seguridad recomendó la Alcaldía de Suárez tras la explosión?

Después de la explosión, la Alcaldía de Suárez pidió a la comunidad evitar acercarse a la zona donde ocurrió la detonación, no manipular paquetes, vehículos u objetos sospechosos en el área pública y reportar de inmediato cualquier situación inusual a las autoridades. Estas recomendaciones buscan proteger la vida y la integridad de la población mientras se esclarecen las causas del incidente.

¿Cuál es el significado del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en este tipo de situaciones?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que busca proteger a las personas que no participan directamente en hostilidades y limitar los efectos de los conflictos armados. En situaciones como la vivida en Suárez, Cauca, el respeto por el DIH implica salvaguardar la población civil y evitar acciones que pongan en riesgo la vida o la seguridad de las comunidades.

(Vea también: “Que convirtiera al Estado en un burdel”: mininterior arremetió contra Petro por caso Deicy Jiménez)

En el texto, titulado “Se los dije”, Duzán aseguró que dos de las fuentes que consultó durante una investigación periodística le contaron que Petro estuvo cerca de morir por una sobredosis.

La afirmación hace parte de una serie de señalamientos que la columnista recordó sobre los presuntos problemas de adicción del exmandatario, asunto que, según explicó, investigó durante cerca de un año antes de publicar una primera columna sobre el tema en noviembre de 2023.

La investigación que Duzán publicó en 2023

La columnista recordó que el 5 de noviembre de 2023 publicó en Cambio una carta dirigida al entonces presidente, en la que expuso las versiones que había recibido sobre una posible adicción y las relacionó con las ausencias de Petro de algunos actos oficiales.

Según Duzán, durante esa investigación habló con personas que tenían acceso al círculo del mandatario. Aseguró que varias conocían la situación que ella investigaba, pero se negaban a entregar testimonios que pudieran ser publicados porque temían afectar el proyecto político del Gobierno.

En aquella columna, la periodista le pidió a Petro que aclarara si tenía algún problema de adicción. También planteó que, de ser ciertas las versiones, la situación podía tener consecuencias sobre el ejercicio de la Presidencia.

La publicación causó una respuesta del entonces jefe de Estado. “La única adicción que tengo es al café por las mañanas”, escribió Petro en su cuenta de X el 5 de noviembre de 2023.

Duzán volvió sobre sus denuncias en medio del escándalo que rodea a Petro

En su nueva columna, la periodista sostuvo que los acontecimientos recientes le dieron vigencia a las advertencias que había publicado tres años atrás. Para ello, relacionó sus señalamientos anteriores con las denuncias de Deicy Jiménez sobre una presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales.

Ese caso también involucra cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y la cercanía de Jiménez con Petro. El expresidente ha negado que hubiera intercambiado contratos por favores sexuales, mientras las autoridades adelantan actuaciones para establecer qué ocurrió.

Duzán planteó que la vida privada del exmandatario solo adquiere una dimensión de interés público cuando, según su versión, habría tenido consecuencias sobre el funcionamiento del Gobierno o involucrado recursos y cargos del Estado.

El material compartido por Petro, según lo publicado por él mismo, mostraba una interacción entre Char y Elder Dayán en el escenario durante los festejos por los 213 años de Barranquilla, que se celebraron en abril de 2026. La secuencia capta el momento en el que el mandatario se acerca efusivamente al cantante, saludándolo con varios besos en la mejilla. Esta escena, lejos de pasar desapercibida, generó múltiples interpretaciones en las redes sociales; algunos usuarios creyeron ver un intento de beso en la boca, mientras otros catalogaron el hecho como una simple muestra de afecto en un contexto de fiesta local.

Lo que potenció aún más la repercusión fue la frase con la que Petro acompañó el video: “Pueden besarse todo lo que quieran, siempre que no se vulneren derechos de los demás. Eso se llama Libertad. No es crimen besarse”. El expresidente no solo se refirió al derecho de expresar afecto, sino que aprovechó para canalizar el debate social hacia un terreno político, invitando a la ciudadanía a salir a las calles el 19 de noviembre, en una jornada de protesta contra los impuestos a la comida y en defensa del salario. La invitación de Petro incluyó el mensaje: “Invito a besarse en las calles, pero movilizándose en contra de los impuestos a la comida este 19 de noviembre. Por la comida, el salario y la Vida”.

De acuerdo con la información citada de redes sociales y recogida en diversos medios, este episodio reunió en una misma discusión a figuras tan representativas como Gustavo Petro, Alejandro Char y Elder Dayán. Así, un tema inicialmente ligado a una celebración local derivó en una reflexión pública sobre libertad, derechos y participación política, demostrando el impacto que pueden tener las publicaciones de figuras públicas en el debate nacional.

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¿Por qué Gustavo Petro utilizó el video de Alejandro Char y Elder Dayán para hablar de libertad?

De acuerdo con la publicación, Gustavo Petro usó el video como pretexto para reflexionar sobre las libertades individuales y las expresiones afectivas, señalando que los besos no son un crimen siempre y cuando no se vulneren los derechos de los demás. Así, su mensaje buscó conectar la polémica por el video con un llamado a la defensa de la libertad y la movilización política.

¿Cuál fue el llamado político que hizo Gustavo Petro respecto al 19 de noviembre?

Gustavo Petro acompañó su publicación con una convocatoria abierta a la ciudadanía para movilizarse el 19 de noviembre. Según el mensaje, el objetivo era protestar contra los impuestos a los alimentos y defender el salario, invitando a expresar el afecto en las calles como símbolo de libertad y resistencia ante las medidas económicas mencionadas.

En los datos expuestos por Quinn se menciona que, junto con la hoja de vida de Jiménez, otras siete personas allegadas al círculo conocido como ‘mariposas’ habrían enviado sus perfiles profesionales al hospital. No obstante, la información disponible hasta ahora no aclara si estos otros perfiles avanzaron en algún proceso de selección ni si fueron gestionados por algún funcionario en particular, lo que incrementa las dudas sobre las intenciones y el origen de estos envíos. Según lo reseñado por la periodista, la principal incógnita radica en identificar quién remitió los perfiles y si detrás de ellos existió algún interés por ubicar a estas personas en cargos dentro del hospital.

La situación ha resultado especialmente sensible por tratarse de personas vinculadas al entorno presidencial y porque pone en evidencia la necesidad de transparencia en la relación entre instituciones y figuras de poder. Aunque el simple trámite de recibir hojas de vida no implica una contratación automática ni necesariamente irregularidades, sí despierta inquietudes legítimas acerca de eventuales presiones, recomendados o favoritismos al interior de entidades estatales. La certificación oficial del hospital, mencionada en las publicaciones de Quinn, aporta un elemento clave al debate, pues si bien descarta la vinculación laboral de Jiménez, deja abiertas las preguntas sobre las otras hojas de vida y sobre posibles procesos de selección no explicitados.

En este contexto, la información hasta ahora confirmada por el Hospital San Juan de Dios y divulgada por Quinn no permite establecer con certeza la existencia de irregularidades, pero sigue alimentando el debate público sobre los límites entre lo institucional y lo político, especialmente en torno al presidente Gustavo Petro y su círculo cercano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significan las ‘mariposas’ de Gustavo Petro mencionadas en el caso del Hospital San Juan de Dios?

En el contexto presentado por la periodista Darcy Quinn, las ‘mariposas’ de Gustavo Petro son un grupo de personas vinculadas al entorno cercano del mandatario, cuyas hojas de vida fueron enviadas al Hospital San Juan de Dios en busca de posibles cargos. La información divulgada no profundiza en la naturaleza del grupo ni en sus funciones específicas, pero el término ha sido usado para referirse a mujeres con presunta cercanía personal o profesional con el presidente.

¿Hubo alguna contratación en el Hospital San Juan de Dios de las ‘mariposas’ de Petro según la certificación divulgada?

Según la certificación del Hospital San Juan de Dios, presentada por la periodista Darcy Quinn, ninguna de las hojas de vida recibidas en el marco de este caso, incluyendo la de Deicy Jiménez, se tradujo en una contratación concreta dentro de la institución. El hospital aclaró explícitamente que, aunque recibió los perfiles este año, no se concretó la vinculación laboral de Jiménez, aunque no hay información sobre procesos con los otros nombres mencionados.

Para apoyar su argumento, Gaona utilizó cifras que sugieren un aumento en la cantidad de hombres en grupos armados ilegales, aumentando de 20.420 a 29.004 entre 2016 y 2026. Sin embargo, según señala el análisis, esas cifras no son equiparables sin el debido contexto, ya que omiten la existencia de otros grupos armados ajenos al proceso de paz, y no consideran factores como la aparición de disidencias y el crecimiento de organizaciones como el clan del Golfo, según datos del ministerio de Justicia. La Fundación Paz y Reconciliación (PARES) también resaltó que la falta de implementación del acuerdo en zonas previamente controladas por las FARC favoreció el surgimiento y fortalecimiento de nuevos grupos ilegales, revelando el impacto que tuvo la ausencia estatal.

Otra omisión crítica en el discurso oficial fue no aludir a los compromisos incumplidos por parte del Estado, especialmente en lo referente a la presencia institucional, la prestación de servicios y la respuesta oportuna a las necesidades regionales. Según la exposición realizada por la Comisión Colombiana de Juristas, representada en escenarios internacionales, el campesinado como sujeto de derechos requiere garantías internacionales, ya que cualquier medida que invisibilice este sector pone en riesgo lo pactado en materia de Reforma Rural Integral.

En el marco de los diálogos y reuniones internacionales, se advirtió sobre las acciones recurrentes del gobierno actual para debilitar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tanto en lo presupuestal como funcional. A pesar de los desafíos, los presentadores destacaron avances respaldados por fuentes como el DANE y el Instituto KROC, con logros en reincorporación de excombatientes, reducción de la pobreza en zonas PDET y avances en procesos legales de tierras. Sin embargo, se alertó sobre el impacto de intervenciones como el desmantelamiento de las emisoras de paz impulsadas por el gobierno.

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¿Por qué la falta de implementación del Acuerdo de Paz ha favorecido el aumento de violencia en Colombia?

La falta de implementación integral del Acuerdo de Paz, especialmente en temas como presencia estatal, servicios públicos y apoyo al desarrollo regional, ha permitido el avance de estructuras armadas ilegales en territorios antiguos de las FARC. Según PARES, esto hizo posible la aparición de nuevas organizaciones, fragmentación criminal y conflicto adicional, pues no solucionar las causas estructurales del conflicto abre espacio para que los actores violentos ocupen esos vacíos.

¿Cuál es el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz en el cumplimiento del acuerdo firmado por Colombia?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es la instancia judicial clave del sistema de justicia transicional contemplado en el Acuerdo de Paz. Ha procesado a miles de comparecientes y acreditado a decenas de miles de víctimas, según la Comisión Colombiana de Juristas. Los intentos del Gobierno de debilitar su funcionamiento y reducir su presupuesto atentan contra las respuestas de justicia que, por décadas, han sido reclamadas por las víctimas del conflicto armado.

Entre los elementos que hicieron saltar las alarmas estuvo el sobrevuelo de un dron sin autorización en los alrededores de la sede de Caracol Televisión. La empresa, mediante un comunicado, confirmó que había sido alertada por las autoridades sobre el posible atentado: “Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones”, afirmó la compañía. Esto llevó a la activación de protocolos de seguridad, priorizando la integridad de todas las personas presentes.

La Policía Metropolitana de Bogotá anunció que, en respuesta a la alerta, adelantaba las verificaciones necesarias para establecer la veracidad de la amenaza. Hasta ese momento, la institución aseguró que no se había hallado ningún artefacto explosivo en el edificio ni en las zonas cercanas: “Al momento no hay evidencia de explosivos en inmediaciones, o al interior de Caracol TV”, detalló la policía. Así mismo, aclararon que el helicóptero que algunas personas vieron sobrevolando la zona ejecutaba labores habituales de patrullaje, no relacionadas con la emergencia.

La alarma también llegó a Caracol Radio, medio que reportó la recepción de una amenaza similar dirigida a sus instalaciones y a otros medios de comunicación del país. Como respuesta, activaron sus propios protocolos de seguridad y exigieron garantías para el ejercicio periodístico. Los hechos evidencian, de acuerdo con lo reportado por los medios, recientes preocupaciones sobre la seguridad de periodistas y trabajadores de la prensa en Colombia, en un entorno donde informar puede implicar riesgos significativos.

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¿Por qué evacuaron las instalaciones de Caracol Televisión en Bogotá?

La evacuación de las instalaciones de Caracol Televisión en Bogotá se debió a una alerta emitida por las autoridades sobre la posible intención de grupos ilegales de atentar contra el canal, acompañada por el vuelo de un dron no autorizado cerca de la sede. Según el comunicado del canal y reportes de la Policía Metropolitana de Bogotá, la medida fue preventiva y buscaba garantizar la seguridad de periodistas, presentadores y trabajadores mientras se verificaba la situación.

¿Qué significa que un dron sobrevoló de manera no autorizada Caracol Televisión?

El informe sobre el sobrevuelo de un dron sin autorización indica que este dispositivo fue detectado en los alrededores del canal durante la noche de la emergencia. El uso de drones de manera no autorizada puede considerarse una amenaza de seguridad, ya que estos aparatos pueden emplearse para actividades de vigilancia, reconocimiento o incluso como vehículos para acciones ilegales, lo que llevó a que se activaran los protocolos de prevención y evacuación en la sede de Caracol Televisión.

Ambas fueron vistas por última vez alrededor de las 8:54 de la mañana en inmediaciones de la carrera 53 con calle 85, en el norte de Barranquilla.

(Lea también: Mamá de profesora desaparecida hace 2 años dio detalles de cómo encontró a su hija en Bogotá: “Un poco delgada”)

Desde ese momento, ni Kelly ni Sonia han vuelto a dar señales de vida, y el caso quedó en manos del Gaula de la Policía.

 

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El Gaula de la Policía adelanta diligencias para establecer qué ocurrió con las dos mujeres y dar con su paradero. Entre las líneas que se investigan está la posibilidad de un secuestro con fines extorsivos o un ataque con escopolamina para despojarlas del vehículo.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer lo ocurrido y ubicar a las dos mujeres.

Según versiones conocidas por las autoridades, las dos mujeres salieron del establecimiento comercial Margarita Saieh Jassir, ubicado en la carrera 53 con calle 85, a bordo de una camioneta Toyota Prado TXL. El vehículo sería propiedad de Kelly Acosta, y desde ese punto se perdió el rastro de ambas.

Las cámaras de seguridad del lugar las grabaron antes de que abandonaran el sector, lo que se convirtió en una de las principales pistas para los investigadores.

• Kelly vestía una blusa beige y un pantalón de tela del mismo color.
• Sonia llevaba una blusa blanca y un pantalón corto negro.

La primera fue descrita en la circular oficial como una mujer de contextura delgada, rostro redondo, piel blanca, cabello liso castaño claro y ojos café y la segunda no tiene una descripción física ampliada en su boletín.

La Policía Nacional solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información que contribuya a localizar a ambas mujeres. Quien tenga datos puede comunicarse al celular 3052597446 o acercarse a las instalaciones de la Policía Nacional, MEBAR Sijín Grupo Griju, carrera 38 Nro. 74-90, frente al CC Americano, tercer piso, Grupo Vida.

El lugar de los hechos fue la avenida Ferrocarril con calle 26, punto donde empezó el dramático recorrido que, según relatos de quienes presenciaron la escena, se extendió desde esa intersección hasta la calle 29. Lo que debía ser el instante para prestar ayuda al afectado o, al menos, detener el automóvil, terminó transformándose en una huida que puso en grave riesgo la vida del joven. Los testimonios recopilados por medios aseguran que el motociclista quedó literalmente ‘montado’ sobre el capó, mientras el taxi seguía su trayecto a toda velocidad.

Las imágenes y descripciones generaron alarma entre la comunidad, pues el peligro al que fue expuesto el motociclista era innegable. La posibilidad de caer directamente sobre el asfalto mientras el vehículo se desplazaba aumenta considerablemente el riesgo de lesiones de gravedad, o incluso la pérdida de la vida. Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que detalle el tipo de lesiones sufridas ni cuál fue el desenlace para el joven involucrado, pues no se ha emitido un parte médico ni pronunciamiento formal sobre su estado.

Las circunstancias que rodean este caso han generado muchas preguntas y expectativa entre los habitantes de la ciudad. Aún no se conoce la versión del conductor ni se ha confirmado oficialmente su identidad, y las autoridades permanecen a la espera de realizar un pronunciamiento para esclarecer por completo lo sucedido. El episodio continúa bajo investigación, y la seguridad en vías de Ibagué, así como las responsabilidades alrededor de este caso en particular, se mantienen como temas centrales de interés, mientras la colectividad exige respuestas contundentes.

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¿Qué ocurrió en el accidente entre un taxi y un motociclista en Ibagué?

Según versiones recogidas por testigos, un motociclista habría sido atropellado por un taxi en la avenida Ferrocarril con calle 26, en Ibagué, y posteriormente fue transportado sobre el capó del vehículo durante varias cuadras. El hecho sigue bajo investigación, pues hasta el momento no se ha determinado detalladamente el estado de salud del joven ni la identidad oficial del conductor involucrado.

¿Cuál es el estado de salud del motociclista atropellado por el taxi en Ibagué?

Hasta ahora no existe un informe oficial sobre las lesiones que habría sufrido el motociclista ni se conocen mayores detalles sobre su condición tras el incidente. Las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento formal, por lo que la situación del joven sigue siendo una de las principales dudas sobre este caso.

Los relatos de personas que se encontraban en el sector indican que se escucharon por lo menos cinco detonaciones, lo que desató pánico entre los habitantes del área. Luego del ataque, varias personas reaccionaron rápidamente y auxiliaron a Ricardo Suescún, trasladándolo en una camioneta hasta el Hospital San Juan de Dios de Honda. A pesar de los esfuerzos del personal médico por salvar su vida, el comerciante falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los proyectiles.

Ricardo Julio Suescún era el propietario de una tienda esquinera en la calle San Miguel, actividad que lo hizo una persona conocida por quienes transitaban frecuentemente este sector del municipio. Su asesinato ha dejado una marcada huella de tristeza y dolor entre familiares, amigos y vecinos. Según lo informado por El Nuevo Día, su muerte ha sido especialmente impactante por la forma en la que ocurrió: mientras trabajaba y en un espacio donde solía sentirse seguro.

Las autoridades continúan investigando para determinar las razones del crimen, identificar a los autores materiales y clarificar cómo se planeó y ejecutó el ataque. Mientras tanto, la comunidad de Honda lamenta la pérdida de un comerciante ampliamente identificado en el sector, recordando su historia en medio de una realidad marcada por episodios de violencia similares.

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¿Quién era Ricardo Suescún, 'El Mocho', asesinado en Honda?

Ricardo Julio Suescún Chaparro, conocido como 'El Mocho', era propietario de una tienda en la calle San Miguel de Honda, Tolima. Era una figura reconocida entre los habitantes del sector, quienes lo identificaban por su actividad comercial y su presencia constante en la zona. Su asesinato ha causado conmoción, especialmente por la forma en que fue atacado dentro de su propio establecimiento, según informa El Nuevo Día.

¿Qué se sabe sobre las investigaciones del asesinato de Ricardo Suescún en Honda?

De acuerdo con la información de El Nuevo Día, las autoridades están llevando a cabo investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio y dar con los responsables. Hasta el momento se sabe que el ataque fue ejecutado por varios sujetos desde el exterior de la tienda de Ricardo Suescún, y las autoridades tratan de establecer cómo ocurrió exactamente el crimen y quiénes participaron en él.

(Vea también: Alerta en Caracol Radio por posible atentado contra la empresa y otros medios de comunicación)

La administración distrital informó que la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), compartió información sobre una alerta de seguridad con medios de comunicación y el Gobierno Distrital.

Ante esta situación, el alcalde mayor, a través de la Secretaría de Seguridad, solicitó la convocatoria inmediata del Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3), con el objetivo de que la advertencia sea analizada por los organismos de inteligencia y seguridad.

La Alcaldía también indicó que la Policía Metropolitana de Bogotá tomó acciones preventivas relacionadas con la alerta.

La @FiscaliaCol, a través del CTI, ha compartido información con medios de comunicación y con el Gobierno Distrital sobre una alerta de seguridad.

El alcalde mayor, a través de la Secretaría de Seguridad, ha solicitado la convocatoria inmediata del Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3), para que esta alerta sea analizada por todos los organismos de inteligencia y seguridad.

La @policiabogota tomó acciones preventivas en relación con dicha alerta.

— Alcaldía de Bogotá (@Bogota) November 8, 2026

Procuraduría rechazó amenazas contra Caracol Radio y otros medios

Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó de manera categórica las amenazas contra Caracol Radio y otros medios de comunicación.

En su pronunciamiento, el jefe del Ministerio Público resaltó que la libertad de prensa es un derecho fundamental y un pilar indispensable para el funcionamiento de una sociedad democrática.

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, también repudia de manera categórica las amenazas contra @CaracolRadio y otros medios de comunicación, y reitera la importancia de proteger la libertad de prensa, derecho fundamental y pilar indispensable para el funcionamiento de una sociedad democrática y garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo en Colombia.

— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) November 8, 2026

La Procuraduría también reiteró la importancia de garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo en Colombia, en medio de la alerta que involucra a diferentes empresas de comunicación.

Caracol Radio y Caracol Televisión alertaron sobre posibles atentados

Los pronunciamientos institucionales se conocieron luego de que Caracol Radio informara que las autoridades le advirtieron sobre el riesgo de un posible atentado contra la empresa y otros medios de comunicación.

La cadena radial señaló que, en coordinación con las autoridades, activó protocolos y medidas preventivas para proteger a sus periodistas, colaboradores y visitantes.

Por su parte, Caracol Televisión aseguró que las autoridades le informaron sobre la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. La compañía también afirmó que adoptó medidas para proteger a su personal y sus instalaciones.

La alerta en Caracol Televisión se conoció después de que sus instalaciones en Bogotá fueran evacuadas por un paquete sospechoso que habría sido marcado por perros especializados en la detección de explosivos, según fuentes cercanas.

Policía informó que no había evidencia de explosivos

En medio de la situación, la Policía Metropolitana de Bogotá entregó un reporte en el que indicó que no había evidencia de explosivos dentro de Caracol Televisión ni en sus inmediaciones.

“Al momento no hay evidencia de explosivos en inmediaciones, o al interior de Caracol TV”, señaló la institución.

Durante el procedimiento también se registró el sobrevuelo de helicópteros en la zona, mientras se adelantaban las verificaciones de seguridad.

Por ahora, las autoridades no han divulgado detalles sobre los posibles responsables de las amenazas ni sobre el alcance específico de la alerta contra los medios de comunicación.

La parrilla informativa de R@dionet se organizaba en bloques de quince minutos, permitiendo a cualquier oyente estar plenamente informado en solo un cuarto de hora. Tal como lo recogió la revista Semana, la premisa esencial era maximizar la información y reducir la charla superficial: boletines de siete minutos y análisis o testimonios concisos completaban cada segmento. Junto a Yamid Amat trabajó un equipo robusto de periodistas, en el que destacaron voces como la historiadora Diana Uribe y el humorista Jaime Garzón. Ambos aportaron no solo contexto y pedagogía histórica, sino también una aguda ironía política que enriqueció el trabajo editorial.

R@dionet no solo transformó la forma de informar, también fue escenario de momentos determinantes para el periodismo colombiano. Uno de los episodios más dramáticos se vivió el 13 de agosto de 1999: el asesinato de Jaime Garzón a tan solo unas cuadras de la emisora. El hecho marcó al equipo, arrojando a la redacción a un estado de conmoción que trascendió la cobertura periodística para convertirse en un episodio doloroso de la memoria colectiva nacional. Según el Consejo de Estado y los expedientes judiciales citados en el artículo, el homicidio fue ejecutado por integrantes de la banda La Terraza bajo órdenes de Carlos Castaño Gil, jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y contó con instigación desde sectores estatales. El caso visibilizó la confluencia entre estructuras ilegales y agentes oficiales, y la estigmatización de Garzón por su labor mediadora humanitaria.

Mantener un proyecto tan ambicioso resultó insostenible en el largo plazo. La emisora enfrentó serios retos logísticos y financieros que, con el tiempo, obligaron a reducir su nómina y finalmente a cerrar transmisiones el 31 de mayo de 2004. Sin embargo, el legado de R@dionet se mantiene vigente: su modelo de ciclos informativos cortos y la integración temprana de internet anticiparon tendencias que años después transformarían el periodismo en Colombia y en el mundo. Para Yamid Amat, aunque el proyecto fue sobrepasado por su propia dimensión, marcó un hito en la forma de consumir y producir noticias.

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¿Por qué el asesinato de Jaime Garzón tuvo tanto impacto en el periodismo colombiano?

El asesinato de Jaime Garzón estremeció al periodismo colombiano no solo por tratarse de una figura emblemática del análisis y la sátira política, sino también porque su muerte evidenció la estrecha relación entre estructuras criminales y algunos sectores del Estado. De acuerdo con el Consejo de Estado y fuentes del artículo, Garzón fue víctima de estigmatización y seguimiento por parte de organismos de inteligencia. Su asesinato marcó a sus colegas de R@dionet y al país, al exponer la vulnerabilidad de periodistas que ejercían tareas de crítica y mediación en un contexto de conflicto armado.

¿Qué innovaciones introdujo R@dionet en la radio informativa en Colombia?

R@dionet revolucionó la radio informativa en Colombia al establecer una transmisión continua de noticias durante las 24 horas y al diseñar parrillas informativas en bloques de quince minutos. Se apoyó en una redacción de gran tamaño y tecnología avanzada para la época, y fue pionera al transmitir su señal por internet. Esto permitió una mayor inmediatez y agilidad periodística, configurando un nuevo estándar para los sistemas informativos radiales y anticipando formatos que serían habituales en el futuro.

(Vea también: Grupos ilegales querían “atentar contra el canal”: Caracol TV, sobre amenaza de explosivos hoy)

A través de un comunicado, la cadena radial señaló que recibió la información durante las últimas horas y que, en coordinación con las autoridades, activó los protocolos y las medidas preventivas para proteger a sus periodistas, colaboradores y visitantes.

“Caracol Radio fue informado en las últimas horas por las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado contra nuestra empresa y otros medios de comunicación”, indicó el medio.

La advertencia se conoce después de que Caracol Televisión también se pronunciara sobre una amenaza contra sus instalaciones en Bogotá. En su comunicación, el canal aseguró que las autoridades le habían informado sobre la intención de grupos ilegales de atentar contra la compañía.

#ATENCIÓN | Caracol Radio fue informado en las últimas horas por las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado contra nuestra empresa y otros medios de comunicación.

En coordinación con las autoridades, activamos los protocolos y las medidas preventivas necesarias para proteger a nuestros periodistas, colaboradores y visitantes.

Nuestro compromiso es seguir informando a Colombia con rigor, independencia y responsabilidad. Cumplir esa labor exige garantías para quienes trabajan cada día al servicio del derecho ciudadano a estar informado.

Proteger a quienes informan es defender la libertad de prensa y la democracia. Con serenidad y firmeza seguiremos acompañando al país.

— Caracol Radio (@CaracolRadio) November 8, 2026

Caracol Radio activó protocolos de seguridad

En su pronunciamiento, la cadena radial explicó que tomó medidas preventivas para proteger a las personas que trabajan en sus instalaciones y a quienes las visitan.

Además, reiteró su compromiso de continuar informando al país con rigor, independencia y responsabilidad, y señaló que el ejercicio periodístico requiere garantías para quienes trabajan en defensa del derecho ciudadano a estar informado.

“Proteger a quienes informan es defender la libertad de prensa y la democracia. Con serenidad y firmeza seguiremos acompañando al país”, concluyó Caracol Radio.

Alerta de seguridad también involucra a otros medios

El comunicado de Caracol Radio amplía el alcance de la advertencia conocida durante la jornada, pues menciona un posible riesgo contra otros medios de comunicación, además de la propia empresa.

Por ahora, el medio no entregó detalles sobre cuáles serían las otras organizaciones que podrían estar expuestas ni sobre la naturaleza específica de la amenaza. La información adicional deberá ser proporcionada por las autoridades competentes.

(Vea también: Evacuan las instalaciones de Caracol TV por amenaza de bomba)

“Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones. Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes”, señaló la compañía.

El pronunciamiento se conoció después de que se activaran los protocolos de seguridad en las instalaciones del medio, ante la alerta por un paquete sospechoso que habría sido marcado por perros especializados en la detección de explosivos.

La situación llevó a evacuar el edificio mientras se esperaba la intervención de la Policía Antiexplosivos. Durante el procedimiento también se registró el sobrevuelo de helicópteros en el sector.

Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones. Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes.

— Caracol Televisión (@CaracolTV) November 8, 2026

Policía informó que no había evidencia de explosivos por el momento

En medio de la emergencia, la Policía Metropolitana de Bogotá entregó un primer reporte sobre la situación y señaló que no había evidencia de explosivos dentro de las instalaciones de Caracol Televisión ni en sus inmediaciones.

“Al momento no hay evidencia de explosivos en inmediaciones, o al interior de Caracol TV”, indicó la institución en un mensaje dirigido a los periodistas.

De esta manera, el pronunciamiento de Caracol puso sobre la mesa otro elemento de la alerta: la advertencia que, según el canal, recibió de las autoridades sobre posibles intenciones de grupos ilegales de atentar contra sus instalaciones.

Por ahora, Caracol señaló que cualquier información adicional será entregada por las autoridades competentes. No se han divulgado públicamente detalles sobre los grupos que estarían detrás de la amenaza ni sobre la identidad de posibles responsables.

(Vea también: Evacuan las instalaciones de Caracol TV por amenaza de bomba)

“Al momento no hay evidencia de explosivos en inmediaciones, o al interior de Caracol TV”, señaló la institución en un mensaje dirigido a los periodistas.

La situación se presentó luego de que perros especializados en la detección de explosivos marcaran positivo un paquete sospechoso, según la información entregada por una fuente cercana a este medio. Ante esa alerta, las personas que se encontraban en las instalaciones fueron evacuadas mientras se esperaba la intervención de la Policía Antiexplosivos.

Durante el procedimiento también se registró el sobrevuelo de helicópteros en el sector, lo que llamó la atención de quienes se encontraban en los alrededores.

¿Qué se sabe de la alerta en Caracol Televisión?

La primera alerta se originó durante la revisión de un paquete que habría sido marcado por los perros especializados. Esto llevó a activar los protocolos preventivos y a evacuar el edificio mientras se adelantaban las verificaciones correspondientes.

Sin embargo, el reporte posterior de la Policía Metropolitana indicó que no existían evidencias de explosivos en el interior o en las inmediaciones del canal.

Por ahora, la información oficial conocida se limita a ese pronunciamiento. La alerta inicial motivó el procedimiento de seguridad, pero no se ha confirmado que el paquete contuviera material explosivo.

Según El Espectador, el atentado fue llevado a cabo mediante el uso de drones cargados con explosivos, que impactaron contra la base militar durante un consejo de seguridad que se realizaba en la Alcaldía tras el asesinato de tres personas el día anterior. Frente a esta situación, el ministro expresó un rechazo categórico en su cuenta de X, donde calificó el hecho como "un acto de barbarie que acabó con la vida de militares y dejó a otros heridos", subrayando que "no hay justificación ni excusa para semejante atrocidad".

En sus declaraciones, Mora también indicó que el gobierno nacional activó "todas las capacidades de la Fuerza Pública para identificar, ubicar y capturar a los responsables". Aseguró que no habrá descanso en los esfuerzos por combatir a quienes buscan "sembrar terror y atentar contra la vida de nuestros soldados y la seguridad de los colombianos".

De acuerdo con El Espectador, al menos cinco personas gravemente heridas fueron trasladadas a centros médicos en otras ciudades. La Defensoría del Pueblo también se pronunció oficialmente y advirtió que estos acontecimientos "no son aislados", destacando que ocurrieron mientras las autoridades desarrollaban deliberaciones de seguridad en el municipio. Además, la entidad enfatizó que ha venido documentando un grave deterioro de la situación humanitaria en Bolívar, especialmente en la Serranía de San Lucas, donde la confrontación armada entre el ELN, el denominado Clan del Golfo y disidencias bajo el mando de alias Calarcá ha producido graves afectaciones a la población civil, vinculadas a disputas por control territorial, rentas derivadas de la minería y corredores estratégicos.

Estos hechos, de acuerdo con la Defensoría, demuestran la compleja situación de seguridad que atraviesa la región, con impactos directos sobre la vida y derechos de los habitantes y efectivos de la Fuerza Pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa del ataque al cantón militar de Santa Rosa del Sur en Bolívar?

De acuerdo con declaraciones del ministro de Defensa, el ataque al cantón militar de Santa Rosa del Sur fue una retaliación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por la reciente captura de alias ‘Carrito’, líder del Frente de Resistencia Guamocó. Las autoridades han señalado que la acción se inscribe en la dinámica del conflicto que afecta a la región y refleja la severidad de la respuesta de los grupos armados ante golpes operativos en su contra.

¿Qué significa la sigla ELN y cuál es el contexto del conflicto en Bolívar?

La sigla ELN corresponde al Ejército de Liberación Nacional, un grupo armado ilegal que opera en distintas zonas de Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, en el departamento de Bolívar, especialmente en la Serranía de San Lucas, el ELN se disputa el control territorial, las rentas mineras y rutas estratégicas con el Clan del Golfo y disidencias al mando de alias Calarcá, lo que ha generado graves afectaciones humanitarias a la población civil.

(Vea también: Centro Democrático propone eliminar varios impuestos y reducir el tamaño del Estado)

La alerta activó el protocolo de seguridad en el lugar, por lo que las personas que se encontraban dentro de las instalaciones comenzaron a salir mientras se esperaba la llegada de la Policía Antiexplosivos.

De acuerdo con la información conocida, los perros dieron positivo durante la revisión del paquete, situación que llevó a tomar medidas preventivas y a solicitar la intervención de las autoridades para determinar qué contenía.

Por ahora, no se puede confirmar que el paquete tenga explosivos ni que exista un artefacto capaz de causar una detonación. Esa verificación corresponde a los especialistas que atiendan el procedimiento.

Evacuación mientras se espera a la Policía Antiexplosivos

La evacuación se produce en medio de una alerta de seguridad en las instalaciones del canal. El personal y las demás personas presentes deben permanecer fuera del edificio mientras avanzan las verificaciones.

Se espera que la Policía Antiexplosivos inspeccione el paquete y establezca si representa algún riesgo.

La situación permanece en desarrollo y se conocerán nuevos detalles una vez las autoridades realicen la revisión correspondiente.

De acuerdo con el comunicado, el atentado ocurrió mientras las autoridades realizaban un consejo de seguridad en la Alcaldía, convocado tras el asesinato de tres personas un día antes, lo que refuerza la idea de que no se trata de eventos aislados, sino de una crisis sostenida. La Defensoría destacó que en la Serranía de San Lucas se han registrado enfrentamientos entre grupos armados como el Eln (Ejército de Liberación Nacional), el Clan del Golfo y disidencias bajo el mando de alias ‘Calarcá’. Estas disputas, según el reporte, buscan controlar territorios, actividades de minería y corredores estratégicos, ocasionando así graves problemáticas para la población civil.

Entre mayo y septiembre de 2026, la entidad documentó 22 emergencias humanitarias relacionadas con desplazamientos forzados, confinamientos masivos, presencia de minas antipersonal, restricciones en la movilidad y limitación en el abastecimiento de alimentos y medicinas. Estas situaciones, detalló la Defensoría, han afectado a más de once mil personas pertenecientes a casi cinco mil familias de la región.

El contexto se agrava con reiterados ataques a instalaciones policiales en municipios cercanos; por ejemplo, en Arenal y Norosí, estaciones de Policía fueron atacadas en distintas fechas de 2026, resultado heridos varios agentes y poniendo en riesgo a la población civil, incluyendo estudiantes.

A pesar de la alarma, la Defensoría recalcó que, pese a los riesgos advertidos en la Alerta Temprana 034 de 2023, no se ha convocado la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), órgano esencial para articular acciones preventivas. Por ello, la entidad urgió a los ministerios, Gobernación y organismos de atención humanitaria a implementar medidas de protección y a la Fiscalía General de la Nación a esclarecer los hechos violentos registrados. La Defensoría insistió en que los riesgos ya han sido documentados y requieren una respuesta efectiva para evitar mayores daños a las comunidades de la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación humanitaria actual en Santa Rosa del Sur y el sur de Bolívar según la Defensoría del Pueblo?

La Defensoría del Pueblo reporta que la situación humanitaria en Santa Rosa del Sur y el sur de Bolívar es grave, marcada por ataques armados, desplazamientos forzados, confinamientos y afectaciones a miles de familias. Las emergencias se relacionan con conflictos entre grupos armados ilegales por el control territorial, así como por restricciones a la movilidad y carencias en el acceso a bienes básicos, educación y salud. Las autoridades señalan que los riesgos y violaciones han sido reiterados, sin una respuesta efectiva y coordinada hasta el momento.

¿Qué significa la CIPRAT mencionada en el contexto de la alerta temprana en el sur de Bolívar?

La CIPRAT, o Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, es un organismo cuya función es coordinar acciones entre instituciones estatales para atender los riesgos advertidos por el sistema de alertas tempranas. En el caso del sur de Bolívar, la Defensoría del Pueblo solicita su convocatoria para responder a la Alerta Temprana 034 de 2023, que advierte sobre los peligros a la población, buscando así una actuación estatal rápida y coordinada para proteger a los habitantes.

(Vea también: Centro Democrático propone eliminar varios impuestos y reducir el tamaño del Estado)

El procedimiento contó con la participación de 300 funcionarios del INPEC y de la Policía Nacional, según informó Abelardo de la Espriella en una publicación en su cuenta de X, en la que entregó el balance de la intervención.

Entre los elementos decomisados también aparecen 24 dispositivos wifi, más de siete millones de pesos en efectivo, varios kilogramos de cocaína y marihuana, 800 litros de licor artesanal, joyas de oro y otros dispositivos tecnológicos.

¡EN LA ERA DEL TIGRE, EN LAS CÁRCELES SE IMPONE LA LEY, LA DISCIPLINA Y LA AUTORIDAD CON MANO FIRME!

¡SE LES ACABÓ LA FIESTA A LOS DELINCUENTES QUE PRETENDEN SEGUIR OPERANDO DESDE LAS PRISIONES!

He ordenado un MEGAOPERATIVO DE REGISTRO Y CONTROL en el establecimiento penitenciario El Barne, en Cómbita, Boyacá, con el despliegue de 300 funcionarios del INPEC y de nuestra Policía Nacional.

¡LOS RESULTADOS SON CONTUNDENTES!

Fueron incautados 264 celulares, 456 tarjetas SIM, 24 dispositivos wifi, 91 armas cortopunzantes, más de 7 millones de pesos en efectivo, varios kilogramos de cocaína y marihuana, 800 litros de licor artesanal, joyas de oro y otros dispositivos tecnológicos.

¡CÁRCEL ES CÁRCEL! ¡NO SON CENTROS DE OPERACIONES CRIMINALES NI LUGARES DE PRIVILEGIOS PARA LOS DELINCUENTES!

He dado una orden clara: cerrarles el paso a las redes criminales que pretenden seguir extorsionando, amenazando y coordinando delitos desde los establecimientos penitenciarios.

No voy a permitir que quienes están privados de la libertad sigan sembrando terror entre los colombianos. Seguiré fortaleciendo los controles, combatiendo la corrupción y recuperando plenamente la autoridad dentro de nuestras cárceles.

¡EN LA PATRIA MILAGRO, LA LEY SE RESPETA Y LA AUTORIDAD SE EJERCE SIN TITUBEOS!

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 7, 2026

Estos fueron los elementos incautados en la cárcel El Barne

El balance divulgado por De la Espriella incluye diferentes objetos que estaban dentro del establecimiento penitenciario y que, según el mandatario, pueden facilitar actividades ilegales desde las cárceles.

Este es el listado de los elementos reportados:

• 264 celulares.
• 456 tarjetas SIM.
• 24 dispositivos wifi.
• 91 armas cortopunzantes.
• Más de siete millones de pesos en efectivo.
• Varios kilogramos de cocaína y marihuana.
• 800 litros de licor artesanal.
• Joyas de oro.
• Otros dispositivos tecnológicos.

El anuncio no detalló las cantidades exactas de las sustancias ilícitas ni entregó información sobre posibles responsables o personas involucradas en el ingreso de estos elementos al penal.

De la Espriella ordenó reforzar controles en las cárceles

En su publicación, De la Espriella aseguró que el operativo hace parte de una estrategia para impedir que las personas privadas de la libertad continúen coordinando actividades criminales desde los establecimientos penitenciarios.

El mandatario afirmó que busca cerrarles el paso a las redes que, según señaló, utilizan las cárceles para realizar extorsiones, amenazas y otros delitos.

También anunció que se fortalecerán los controles, las medidas contra la corrupción y las acciones para recuperar la autoridad dentro de los centros penitenciarios.

La intervención en El Barne se suma a las acciones de registro y control que buscan detectar elementos prohibidos dentro de las cárceles. Por ahora, el balance divulgado se concentra en los objetos incautados y no incluye detalles adicionales sobre capturas, investigaciones o medidas disciplinarias derivadas del procedimiento.

(Vea también: “Ay Dios; acaba de fallecer otro soldado”: alcalde de Santa Rosa del Sur reportó en vivo nueva muerte por atentado)

El documento reúne 14 puntos elaborados a partir de consultas con congresistas, expertos económicos, gremios y sectores sociales. La propuesta reconoce la preocupación por la situación fiscal del país, pero cuestiona varios de los incrementos tributarios contemplados por el Ejecutivo.

Uribe explicó que el objetivo es abrir una discusión sobre la posibilidad de tener un Estado más pequeño, una legislación tributaria más simple y medidas que impulsen el crecimiento económico. El texto, sin embargo, corresponde a un borrador y sus iniciativas aún deben ser debatidas.

Primer borrador discusión Ley de Rescate de la economía. Enlace documento: https://t.co/9frcqJLSf6 https://t.co/svVMtv7BK4

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 7, 2026

¿Qué propone el Centro Democrático para rescatar la economía?

Uno de los principales reparos de la colectividad está relacionado con el aumento del IVA a diferentes bienes y servicios. El partido manifestó preocupación por los efectos que podrían tener los cambios tributarios sobre la canasta familiar, el sector agropecuario, el internet, el turismo y los seguros de salud.

En materia tributaria, el documento plantea eliminar desde 2027 algunos impuestos, entre ellos el impuesto al patrimonio, el gravamen del 4 por mil y los tributos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. También propone reducir la tarifa de renta de las sociedades del 35 % al 30 % y modificar los impuestos a dividendos y ganancias ocasionales.

Estas medidas hacen parte de una alternativa que busca disminuir la carga tributaria sobre empresas y ciudadanos. Su aplicación dependería de la discusión y aprobación de las propuestas correspondientes.

Reducir el tamaño del Estado y revisar Ecopetrol

Otro de los componentes del borrador está relacionado con la estructura del Estado. La colectividad plantea eliminar o fusionar entidades públicas que, según su diagnóstico, duplican funciones.

En uno de los anexos se contempla una propuesta para pasar de 19 a seis ministerios, con un ahorro estimado de 5,9 billones de pesos anuales. La iniciativa también incluye medidas de austeridad y una revisión de la organización de distintas entidades.

En cuanto a Ecopetrol, el Centro Democrático propone estudiar la venta de una participación adicional del Estado en la compañía, con preferencia para inversionistas institucionales y el sector solidario. También plantea modificar el mecanismo para designar a la autoridad de la empresa.

Estas alternativas buscan generar recursos y cambios en la administración pública, aunque todavía forman parte del documento presentado para discusión.

¿Cómo se compensaría la eliminación de impuestos?

El borrador contempla una fórmula para compensar parte de los recursos que dejarían de ingresar al Estado por la eliminación de tributos.

La propuesta plantea que las empresas suscriban durante cinco años bonos del Estado equivalentes al 20 % de sus utilidades, con plazos de entre 10 y 20 años. De acuerdo con los cálculos incluidos en el documento, el mecanismo podría permitir al Gobierno obtener recursos adicionales frente a lo que dejaría de recaudar.

El texto también advierte sobre posibles efectos en la deuda pública. En uno de los escenarios planteados, esta podría aumentar en cerca de 13 puntos del producto interno bruto (PIB), una posibilidad que el documento relaciona con la expectativa de impulsar el crecimiento económico.

Un borrador para discutir con el Gobierno

La propuesta del Centro Democrático se presenta en medio del debate sobre el proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno nacional, que busca atender el déficit fiscal mediante ajustes al gasto público y modificaciones tributarias.

La colectividad anunció que el documento será llevado a una reunión con el Ejecutivo para discutir sus alternativas. Por ahora, las medidas no constituyen una reforma aprobada ni tienen efectos sobre los impuestos vigentes.

El debate entre las propuestas del Gobierno y las alternativas planteadas por el Centro Democrático deberá avanzar en los escenarios de concertación política y legislativa, donde se evaluarán los mecanismos para enfrentar la situación de las finanzas públicas.

La institución militar dio a conocer que el ataque fue perpetrado mediante la utilización de aeronaves no tripuladas, es decir, drones que han sido modificados para transportar y detonar dispositivos explosivos dentro de las instalaciones del cantón militar de Santa Rosa. Según señaló el Ejército, lo ocurrido constituye "una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos", al tratarse de un ataque que no solo afecta a la fuerza pública sino que también pone en riesgo a la población civil de la región afectada.

De inmediato, tras conocerse la situación, el Ejército Nacional indicó que se activaron los protocolos de seguridad previstos para este tipo de emergencias y se realizaron las verificaciones necesarias para establecer el alcance de los daños, así como el número de personas afectadas y la magnitud de las afectaciones materiales. La institución lamentó la muerte de tres de sus integrantes y precisó que ocho uniformados resultaron heridos de gravedad, mientras que otros sufrieron lesiones que hicieron necesario su traslado y atención en diferentes centros asistenciales del departamento, según el parte oficial publicado posteriormente.

Hasta el momento, no se conoce quiénes están detrás de este ataque ni los motivos que lo propiciaron. Por esta razón, las autoridades han hecho un llamado vehemente a la ciudadanía para que suministre información oportuna y permita anticipar y prevenir hechos violentos que puedan poner en peligro la seguridad de la población y de los miembros de la fuerza pública. El Ejército recordó que para este fin está habilitada la línea 107 contra el terrorismo. Toda la información reportada se origina en comunicados oficiales del Ejército Nacional y en testimonios del alcalde de Santa Rosa, recogidos por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos heridos y muertos dejó el ataque con drones en el cantón militar de Santa Rosa, Bolívar?

De acuerdo con información proporcionada por el alcalde Milton Olaya Santamaría y reportada por el Ejército Nacional, el ataque con drones contra el cantón militar de Santa Rosa dejó tres uniformados muertos y más de 35 heridos, entre ellos varios con lesiones graves que necesitaron atención médica especializada.

¿Quiénes están detrás del ataque con drones al Ejército en Santa Rosa, sur de Bolívar?

Hasta el momento, según comunicados oficiales del Ejército Nacional y las declaraciones del alcalde local, no se dispone de información confirmada sobre los autores del ataque con drones al cantón militar de Santa Rosa. Las autoridades continúan investigando para identificar a los responsables y piden colaboración ciudadana para obtener datos relevantes.

(Vea también: [Video] “Al búnker”: gritos de horror, columnas de humo y escombros; momento exacto de ataque a cantón militar en Bolívar)

La noticia fue comunicada por el propio alcalde del municipio, Milton Olaya, durante una entrevista con Noticias Caracol. Mientras respondía una pregunta sobre los contactos con el Gobierno Nacional después del atentado, el mandatario interrumpió su respuesta para informar que acababa de recibir una noticia sobre otro uniformado fallecido.

“¡Ay, Dios! Acaba de fallecer otro soldado, van cuatro, serían cuatro fallecidos ya. Qué triste noticia”, expresó Olaya, visiblemente afectado por lo que acababa de conocer.

El alcalde entregó esa información en medio de una conversación sobre las necesidades de seguridad de Santa Rosa del Sur y los llamados que, según dijo, han hecho los mandatarios de la región a las autoridades nacionales.

Ejército mantenía reporte de tres militares muertos

El nuevo balance entregado por Olaya complementa el comunicado inicial de la Primera División del Ejército conocido durante la tarde de este sábado 7 de noviembre.

En ese pronunciamiento, la institución confirmó que tres uniformados fueron asesinados y que otros ocho resultaron heridos de gravedad. También señaló que más integrantes de la institución habían sido afectados y recibían atención médica en diferentes centros asistenciales.

Antes de conocer la noticia de la cuarta muerte, el alcalde había informado que 44 personas heridas habían llegado al hospital del municipio y que 17 habían sido remitidas a otros centros médicos. Esa cifra corresponde al reporte que recibió del centro asistencial y no necesariamente al consolidado total de militares lesionados.

Por ahora, el dato de los cuatro fallecidos debe atribuirse al alcalde, mientras se conoce una actualización oficial del Ejército.

Alcalde pidió más presencia de la Fuerza Pública en el sur de Bolívar

Durante la entrevista, Olaya insistió en que el sur de Bolívar necesita mayor presencia militar y mejores herramientas para enfrentar a los grupos armados que operan en la región.

El mandatario aseguró que los alcaldes de la zona han participado en cuatro consejos de seguridad ministeriales y que han solicitado dotación, vehículos y un mayor número de uniformados para la Serranía de San Lucas.

“Necesitamos más pie de fuerza en nuestro territorio, en la Serranía de San Lucas”, manifestó. También pidió que se fortalezca la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública ante ataques como el ocurrido contra el cantón militar.

Olaya sostuvo que el conflicto armado afecta especialmente a las zonas rurales y mineras de Santa Rosa del Sur. Mencionó sectores como San Pedro Frío, La Marisosa, Villaflor y San Lucas, donde, según su relato, se presentan enfrentamientos frecuentes.

El alcalde también aseguró que el ataque no había dejado, hasta ese momento, reportes de viviendas afectadas ni víctimas civiles. Explicó que el batallón está aproximadamente a un kilómetro del barrio Mallorquita y que los explosivos cayeron dentro de las instalaciones militares.

(Vea también: Coronel retirado apuntó al gobierno Petro y ventiló pedidos de información para “destruir inteligencia” militar)

La acción armada ocurrió hacia el mediodía y tuvo como objetivo las instalaciones militares donde funciona el Batallón de Selva N.º 48. Según información conocida por Noticias Caracol, los explosivos fueron lanzados desde drones cuando varios soldados se encontraban reunidos en una de las edificaciones para almorzar.

El balance inicial conocido por ese medio hablaba de 20 heridos, ocho de ellos de gravedad. Sin embargo, la cifra aumentó posteriormente a 35 lesionados, mientras las autoridades avanzaban en la atención de los afectados y la evaluación de los daños. Semana también confirmó, a través de fuentes militares, que el ataque dejó al menos tres uniformados muertos y más de 30 heridos.

Los lesionados están siendo trasladados a centros asistenciales de Barrancabermeja y Bucaramanga, en Santander, para recibir atención médica.

¿Quién estaría detrás del atentado contra el Ejército en Santa Rosa?

Las primeras informaciones relacionan el ataque con una posible retaliación de grupos armados por recientes operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras ilegales que delinquen en el sur de Bolívar.

Entre las hipótesis conocidas está una eventual respuesta del Ejército de Liberación Nacional (Eln) por la captura de uno de sus presuntos cabecillas en esa región.

El municipio de Santa Rosa del Sur y otras poblaciones de la zona tienen presencia de diferentes organizaciones armadas ilegales, entre ellas el Eln y estructuras de las disidencias de las Farc.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente la responsabilidad definitiva del ataque ni confirmado que la acción haya sido una represalia directa por esa captura.

Ejército activó protocolos de seguridad tras ataque con explosivos

La Primera División del Ejército confirmó el atentado mediante un comunicado en el que informó que el cantón militar fue atacado con aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos. La institución calificó lo ocurrido como una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos.

“Tras lo ocurrido, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad correspondientes y se adelantan las verificaciones para establecer las posibles afectaciones derivadas de este hecho”, indicó el Ejército.

La institución también hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita anticipar y prevenir nuevas acciones contra la Fuerza Pública y la población civil. Para ello, recordó que está habilitada la línea 107 contra el terrorismo.

#ComunicaciónOficial | La Primera División del @COL_EJERCITO se permite informar a la opinión pública que:

1. En una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos, las instalaciones del Cantón Militar, ubicado en Santa Rosa, sur de Bolívar, fueron objeto de un ataque terrorista perpetrado mediante el empleo de aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos.

2. De manera inmediata, tras registrarse esta acción violenta, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y se adelantaron las verificaciones necesarias para establecer los daños y las afectaciones ocasionadas por este hecho.

3. Como consecuencia de esta acción criminal, lamentablemente, tres de nuestros uniformados fueron asesinados, ocho más resultaron heridos de gravedad y otros integrantes de la institución resultaron afectados y reciben atención médica en diferentes centros asistenciales.

4. El Ejército Nacional rechaza categóricamente esta acción criminal e invita a la ciudadanía a suministrar información oportuna que permita anticipar y prevenir hechos violentos que pongan en riesgo la seguridad y tranquilidad de la población civil y de los integrantes de la Fuerza Pública. Para ello, está habilitada la #Línea107 contra el terrorismo.

— Primera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div1) November 7, 2026

La inauguración de la sala estaba inicialmente programada para el primero de octubre, coincidiendo con la posesión de Daza en la dirección. Sin embargo, se produjo un aplazamiento de un mes, lo que despertó inquietudes en torno a la gestión de la curaduría de los títulos que conformarían la colección y rumores sobre eventuales retiros de ciertos libros. No obstante, tal y como confirmó la fuente citada, la apertura se realizó con la misma selección bibliográfica que se había previsto desde el principio.

De acuerdo con la directora, en declaraciones recogidas por el Ministerio de Culturas, la sala infantil fue una de las prioridades desde el inicio de su gestión. Resaltó que el equipo trabajó de manera conjunta para cumplir cada uno de los requerimientos técnicos y operativos necesarios para la puesta en marcha de este proyecto, ajustándose a la planeación y respetando los tiempos definidos.

Según El Espectador, la sala atiende de lunes a viernes, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. Está orientada principalmente a niñas y niños de entre seis y doce años, pero también busca involucrar a sus familias en las actividades culturales y en el acercamiento a los libros. El espacio cuenta con atención personalizada, permitiendo que los visitantes reciban orientación sobre el material disponible y puedan disfrutar de lecturas y recomendaciones durante su estadía.

Entre las novedades, se encuentra la futura implementación de un servicio de préstamo externo de libros exclusivos de la colección infantil. Aunque este servicio aún no está disponible, se espera que funcione el año próximo, permitiendo a los niños llevarse libros a casa y devolverlos tras un período estipulado.

El Ministerio de Culturas explicó que la sala incluye una muestra de autores y editoriales colombianas, afiches de ilustradores pioneros en la literatura infantil del país y un mural titulado 'La contemplación del perezoso', creado por Rafael Yockteng. Sin embargo, El Espectador relató que nuevamente fue imposible entrevistar a la directora Julia Daza, debido a una restricción ordenada por la Presidencia.

La apertura se realizó en medio de protestas por retrasos y percepción de falta de transparencia. El colectivo "Medio Pan y un Libro" mantuvo un plantón el día del evento para llamar la atención sobre la situación de más de 1.555 bibliotecas públicas y 630 rurales en el país. Tres manifestantes leyeron cuentos a los niños que llegaban y, durante la jornada, se reportó la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en el lugar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios y servicios que ofrece la nueva sala infantil de la Biblioteca Nacional?

La sala infantil de la Biblioteca Nacional atiende de lunes a viernes entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m., y los sábados de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., según el reporte de El Espectador. Los visitantes pueden consultar libros en el lugar y recibir orientación personalizada, y se tiene previsto implementar próximamente el servicio de préstamo externo de libros infantiles.

¿Por qué hubo protestas durante la inauguración de la sala infantil de la Biblioteca Nacional?

La apertura se llevó a cabo en medio de reclamos por los retrasos en la inauguración y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. El colectivo "Medio Pan y un Libro" organizó un plantón para visibilizar los riesgos que enfrentan más de 1.555 bibliotecas públicas y 630 rurales, manifestando su preocupación por la situación actual mientras interactuaban con los asistentes y leían cuentos a los niños.

Según El Nuevo Día, la familia afectada perdió sus electrodomésticos, camas, prendas de uso personal y otros objetos de primera necesidad. Esta situación dejó prácticamente en la indefensión a sus ocupantes y los empujó a un escenario de vulnerabilidad, pues sus pertenencias resultaron irrecuperables. Pero el desastre no se limitó a un solo hogar; según el mismo medio, otros residentes de Payandé también vieron sus casas golpeadas por el temporal, situación que preocupa a toda la población, que ahora teme por posibles nuevas emergencias.

El llamado ante esta crisis no se hizo esperar. Líderes comunitarios y vecinos de Payandé solicitaron ayuda solidaria a los habitantes del municipio de San Luis y del departamento del Tolima, en busca de respaldo para quienes lo perdieron todo. Las familias afectadas, informa El Nuevo Día, requieren acompañamiento inmediato y ayuda material para suplir las necesidades más urgentes. Entre las solicitudes más sentidas está la reposición de bienes básicos y la busca de alternativas para hacerle frente a las complicaciones derivadas de las condiciones climáticas.

Los habitantes de Payandé se muestran esperanzados en que la comunidad regional y las autoridades respondan con acciones concretas que permitan atender a los hogares perjudicados por el temporal y avanzar en la recuperación de quienes sufrieron por los estragos del clima.

¿Qué ayuda necesitan las familias damnificadas por las lluvias en Payandé, Tolima?

De acuerdo con lo publicado por El Nuevo Día, las familias afectadas requieren apoyo inmediato para recuperar parte de sus enseres básicos como camas, electrodomésticos y elementos personales. También es fundamental la asistencia en necesidades urgentes derivadas de la emergencia, como refugio temporal y acompañamiento para restablecer sus condiciones de vida.

¿Cuál fue el daño más grave causado por el vendaval en Payandé?

El daño más grave reportado consistió en el desprendimiento total del techo de una vivienda ubicada en el sector de la vía al cementerio. Esta situación permitió la entrada de agua y ocasionó pérdidas totales de todos los objetos personales y utensilios de la familia que habitaba el lugar, dejándola en una condición de vulnerabilidad extrema.

(Vea también: “Les advierto: no nos van a intimidar”: De la Espriella avisa a criminales luego de atentado a cantón militar en Bolívar)

Una de las grabaciones permite observar la caída de uno de los artefactos, mientras otras muestran las columnas de humo que se levantaron cerca de las instalaciones militares y la angustia de quienes estaban en los alrededores.

Las imágenes fueron difundidas por el presidente Abelardo de la Espriella, quien compartió material que también había circulado en una publicación de El Tiempo en X.

¡EL TERRORISMO NO NOS VA A DOBLEGAR!

Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar en Santa Rosa, sur de Bolívar.

Este criminal atentado ha dejado soldados muertos y heridos, hombres que sirven con honor a Colombia y que fueron víctimas de quienes pretenden sembrar el terror y desafiar la autoridad del Estado.

Mi solidaridad con las familias de nuestros héroes asesinados y con los soldados heridos. He dispuesto que reciban toda la atención y el acompañamiento necesarios.

¡A LOS TERRORISTAS LES ADVIERTO: NO NOS VAN A INTIMIDAR NI NOS VAN A HACER RETROCEDER!

He ordenado a nuestra Fuerza Pública intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque, golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios donde pretenden imponer el miedo y la violencia.

A quienes están detrás de este atentado les digo con absoluta claridad: ¡SE LES ACABÓ LA GUACHAFITA! NO TENDRÁN ESCONDITE NI TREGUA. LOS VAMOS A PERSEGUIR CON TODA LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO HASTA DESMANTELAR SUS ORGANIZACIONES CRIMINALES Y LLEVARLOS ANTE LA JUSTICIA!

Que nadie se equivoque: cada ataque contra nuestros soldados fortalece nuestra determinación de defender a Colombia. No vamos a ceder un solo centímetro de territorio ante el terrorismo.

¡EN LA PATRIA MILAGRO, EL TERRORISMO NO TIENE CABIDA Y LA AUTORIDAD SE RESPETA!

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 7, 2026

Video muestra la caída del dron durante el atentado en Bolívar

Uno de los registros audiovisuales permite observar el momento en que un dron desciende hacia las instalaciones militares. La secuencia da cuenta de la agresión contra el cantón, donde funciona el Batallón de Infantería de Selva número 48.

En otra grabación se observa una columna de humo que se levanta junto a una de las estructuras del complejo militar. La persona que registra las imágenes se encuentra detrás de un muro de costales, desde donde apunta la cámara hacia el lugar de la explosión.

Los videos permiten dimensionar la situación que se vivió durante el ataque, perpetrado mediante aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos.

“¡Al búnker!”: gritos y momentos de angustia durante el ataque

Las grabaciones también dejan escuchar voces de personas que reaccionan ante lo ocurrido. Entre las expresiones que se escuchan está el llamado “¡Al búnker!”, mientras se percibe la preocupación por las explosiones y sus consecuencias.

El ataque contra el cantón militar dejó tres integrantes del Ejército muertos y 35 personas heridas, según el reporte entregado por el alcalde de Santa Rosa del Sur, Milton Olaya. Ocho de los lesionados estaban en estado grave.

El atentado ocurrió hacia el mediodía, cuando los artefactos explosivos impactaron las instalaciones militares. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

La Primera División del Ejército confirmó que los drones fueron acondicionados con dispositivos explosivos y que, tras el ataque, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

Por su parte, De la Espriella condenó el atentado y anunció que ordenó intensificar las operaciones de la Fuerza Pública para identificar, perseguir y capturar a los responsables.

La gobernadora explicó que los materiales de construcción repartidos corresponden a viviendas con daños parciales, mientras que los fondos del convenio están dirigidos exclusivamente a la reconstrucción total de las residencias que se derrumbaron. Esta diferenciación busca la atención prioritaria de quienes sufrieron mayores pérdidas materiales.

Al referirse a los responsables del atentado, Adriana Matiz lo calificó como un “vil atentado” y señaló que detrás de estos hechos estarían organizaciones criminales con intereses en el control de economías ilícitas, minería ilegal y actividades de extorsión. Según declaraciones recogidas por El Nuevo Día, la mandataria enfatizó que estas organizaciones “se disfrazan con brazaletes revolucionarios para esconder las verdaderas intenciones que tienen”.

Ante la situación de seguridad que vive el sur del Tolima, Matiz confirmó que solicitó formalmente al Gobierno Nacional el retorno de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) —unidad militar especializada en operaciones rápidas— y el aumento de efectivos de seguridad pública. Esta petición, según refirió la gobernadora, ya fue presentada al ministro de Defensa durante un Consejo de Seguridad. Mientras se concreta la respuesta, la administración departamental continuará impulsando proyectos de inversión local. Entre ellos destaca la intención de suscribir un convenio por 14.000 millones de pesos con la Alcaldía de Planadas para pavimentar las calles urbanas de Gaitania y realizar obras similares en el casco urbano de Planadas a través del mecanismo de obras por impuestos.

En el marco de su visita, Matiz también presentó un balance sobre el operativo de desalojo realizado en Ataco para recuperar el río Saldaña y combatir la minería ilegal. De acuerdo con la información, el procedimiento contó con la intervención de más de 760 uniformados del Ejército y la Policía, además de 250 funcionarios de entidades como la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Víctimas. La operación concluyó sin personas heridas y con respeto por los derechos humanos, mientras cerca de mil personas abandonaron el municipio por la situación. Matiz afirmó que las intervenciones continuarán “hasta recuperar el río Saldaña”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las ayudas entregadas a las familias afectadas en Planadas, Tolima?

De acuerdo con la información de El Nuevo Día, la gobernadora Adriana Matiz entregó ayudas humanitarias como cemento, ladrillos, tejas, kits nutricionales y productos de aseo a las familias de Planadas. Además, anunció un convenio por 345 millones de pesos para reconstruir entre 15 y 16 casas que quedaron completamente destruidas por el atentado terrorista. Los materiales distribuidos están enfocados en la reparación de viviendas con daños parciales, mientras los recursos del convenio están destinados a la reconstrucción de las casas colapsadas.

¿Por qué solicitó el regreso de la FUDRA la gobernadora Adriana Matiz en Tolima?

La gobernadora Matiz pidió el regreso de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) al sur del Tolima como respuesta a la grave situación de seguridad en la región tras el atentado terrorista. Según sus declaraciones recopiladas por El Nuevo Día, esta solicitud busca reforzar el pie de fuerza pública debido a la presencia de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, la extorsión y el control de economías ilícitas.

(Vea también: Tres militares muertos y 35 heridos, deja ataque con drones a cantón militar en Santa Rosa, Bolívar)

“Los vamos a perseguir con toda la fuerza legítima del Estado hasta desmantelar sus organizaciones criminales y llevarlos ante la justicia”, escribió.

Esta es la publicación del presidente:

¡EL TERRORISMO NO NOS VA A DOBLEGAR!

Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar en Santa Rosa, sur de Bolívar.

Este criminal atentado ha dejado soldados muertos y heridos, hombres que sirven con honor a Colombia y que fueron víctimas de quienes pretenden sembrar el terror y desafiar la autoridad del Estado.

Mi solidaridad con las familias de nuestros héroes asesinados y con los soldados heridos. He dispuesto que reciban toda la atención y el acompañamiento necesarios.

¡A LOS TERRORISTAS LES ADVIERTO: NO NOS VAN A INTIMIDAR NI NOS VAN A HACER RETROCEDER!

He ordenado a nuestra Fuerza Pública intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque, golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios donde pretenden imponer el miedo y la violencia.

A quienes están detrás de este atentado les digo con absoluta claridad: ¡SE LES ACABÓ LA GUACHAFITA! NO TENDRÁN ESCONDITE NI TREGUA. LOS VAMOS A PERSEGUIR CON TODA LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO HASTA DESMANTELAR SUS ORGANIZACIONES CRIMINALES Y LLEVARLOS ANTE LA JUSTICIA!

Que nadie se equivoque: cada ataque contra nuestros soldados fortalece nuestra determinación de defender a Colombia. No vamos a ceder un solo centímetro de territorio ante el terrorismo.

¡EN LA PATRIA MILAGRO, EL TERRORISMO NO TIENE CABIDA Y LA AUTORIDAD SE RESPETA!

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 7, 2026

De la Espriella ordenó intensificar operaciones tras atentado en Bolívar

En su pronunciamiento, el presidente aseguró que impartió instrucciones a la Fuerza Pública para intensificar las operaciones con el propósito de establecer quiénes estuvieron detrás del ataque, perseguirlos y concretar sus capturas.

También anunció que las acciones estarán dirigidas a golpear las estructuras criminales involucradas y recuperar el control de los territorios donde, según manifestó, esos grupos pretenden imponer el miedo y la violencia.

“¡A los terroristas les advierto: no nos van a intimidar ni nos van a hacer retrocede!”, expresó el mandatario.

De la Espriella agregó que los responsables no tendrán escondite ni tregua y que las autoridades los perseguirán hasta desmantelar sus organizaciones y llevarlos ante la justicia.

“Se les acabó la guachafita”: advertencia del presidente

La expresión más llamativa del mensaje fue esa advertencia que dirigió a los responsables del atentado

Con esa frase, el mandatario insistió en que su Gobierno no retrocederá en las acciones contra las organizaciones criminales y que cada ataque contra los integrantes de la Fuerza Pública fortalecerá su determinación de defender el territorio nacional.

Además, aseguró que dispuso la atención y el acompañamiento necesarios para los soldados heridos y las familias de los uniformados asesinados.

“Mi solidaridad con las familias de nuestros héroes asesinados y con los soldados heridos”, manifestó.

Qué se sabe del atentado contra el cantón militar de Santa Rosa

El ataque ocurrió el sábado 7 de noviembre contra las instalaciones del cantón militar de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar. De acuerdo con los reportes conocidos, los responsables utilizaron drones acondicionados con artefactos explosivos.

El balance reportado por Noticias Caracol fue de tres militares muertos y al menos 35 heridos, ocho de ellos en estado grave. Los uniformados lesionados fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

El atentado se produjo un día después de que las autoridades anunciaran la captura de alias ‘Carrito’, señalado de ser cabecilla y responsable de las finanzas ilegales del Frente Resistencia Guamocó del Eln en esa región.

Por ahora, no se ha establecido oficialmente que el ataque haya sido una represalia por esa captura. Las autoridades deberán esclarecer quiénes estuvieron detrás de la acción contra la unidad militar.

En un hecho paralelo, un campesino de la vereda Azafranal, en Silvania, encontró un tercer ejemplar joven, oculto entre plantas de guadua. Siguiendo el protocolo, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) contactó a la Dirección Regional Sumapaz. Este equipo trasladó al perezoso al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Tocaima, donde continuará su recuperación bajo supervisión profesional antes de volver a su entorno natural.

Estos procedimientos son dirigidos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), entidad que enfatiza la importancia de reportes ciudadanos para responder rápidamente y evitar que los animales corran mayores riesgos, como ataques de perros, accidentes o captura ilegal. Según Camila Cortés, directora regional Sabana Occidente, “nuestra línea 316 524 4031 está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana”.

La especie Choloepus hoffmanni —perezoso de dos dedos— es solitaria y arborícola, y depende de bosques sanos para sobrevivir. Según la CAR, factores como la deforestación, la fragmentación del hábitat, la tenencia ilegal y la cacería representan amenazas permanentes. Igualmente, la entidad recomienda a quienes encuentren fauna silvestre no intentar capturar ni alimentar a los animales, sino dar aviso a las instancias competentes que coordinen el rescate y su tratamiento adecuado.

El trabajo conjunto entre ciudadanía y autoridades ambientales se consolida como la herramienta más efectiva para proteger a especies vulnerables como el perezoso de dos dedos e impulsar su regreso seguro al hábitat natural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se realiza el rescate de perezosos en Cundinamarca?

De acuerdo con El Espectador, el rescate inicia con el reporte ciudadano a través de la línea de atención dispuesta por la CAR. Luego, equipos regionales especializados en fauna evalúan el estado del animal y lo trasladan a un hogar de paso o centro especializado como el CAV, donde recibe valoración veterinaria antes de ser reubicado en un entorno natural adecuado.

¿Cuáles son las principales amenazas para el perezoso de dos dedos en Cundinamarca?

Según la CAR, la especie Choloepus hoffmanni enfrenta amenazas como la deforestación, la fragmentación de su hábitat natural, la tenencia ilegal, la caza y ataques de perros, especialmente en zonas rurales próximas a zonas boscosas y agrícolas.

Entre los problemas identificados por las firmantes, se destacan la cancelación del encuentro anual de directores y directoras de talleres, el congelamiento de recursos destinados a premios literarios y la suspensión de nuevas contrataciones. La carta denuncia que no se han contratado jurados para los concursos ni un editor para la Antología Relata. Estas acciones, de acuerdo con las firmantes, no solo constituyen una controversia administrativa, sino que evidencian una visión de país en la que la cultura pierde relevancia como espacio de reflexión y resignificación de la vida social.

En su argumentación, las escritoras explican que Relata nació del reconocimiento constitucional de la cultura como derecho y fundamento de la nacionalidad, tal como lo consagran los artículos 7, 8, 70, 71, 72 y 61 de la Constitución de 1991. Estos artículos establecen el deber estatal de proteger, promover y estimular la diversidad cultural, la libertad artística, la protección del patrimonio y de la propiedad intelectual. El comunicado recuerda que, aunque los proyectos culturales han variado según los gobiernos, en las últimas tres décadas se ha entendido la cultura como una prioridad y se ha mantenido el Sistema Nacional de Cultura.

Las firmantes destacan que la continuidad de este sistema permitió a la literatura colombiana crear narrativas diversas, abordar duelos históricos y pensar la cultura como camino de comprensión social. Aseguran que el debilitamiento de Relata pone en riesgo no solo la formación de escritores, sino también la red de bibliotecas y los estímulos a la creación. Subrayan que la red sirvió de base para la expansión de la escritura creativa en Colombia, inspirando la fundación de maestrías y programas universitarios en esta disciplina. Por eso, cierran el pronunciamiento exigiendo respeto por el marco constitucional, vigilancia social sobre la gestión cultural y una rectificación en la política del Ministerio.

¿Cuál es el impacto de Relata en la cultura literaria de Colombia según la carta?

De acuerdo con la misiva citada por El Espectador, Relata ha sido fundamental en la formación de escritores y la promoción de actividades literarias en todo el país. Ha funcionado como base para la multiplicación de programas académicos y culturales, facilitando la creación de narrativas sobre la realidad colombiana y contribuyendo a la construcción de una sociedad más reflexiva y autónoma en lo cultural.

¿Qué artículos de la Constitución respaldan la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa?

Según la carta citada, los artículos 7, 8, 70, 71, 72 y 61 de la Constitución de 1991 sustentan la existencia y continuidad de Relata. Estos artículos reconocen la diversidad cultural, promueven la igualdad de oportunidades de acceso a la cultura, protegen la libertad de expresión artística y establecen la protección tanto del patrimonio como de la propiedad intelectual en el país.

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En entrevista con Semana, González aseguró que, cuando se desempeñaba como jefe de Estado Mayor y comandante encargado del Comando de Contrainteligencia del Ejército, recibió preguntas sobre posibles irregularidades de algunos oficiales.

Entre los nombres que mencionó estaban los del general Eduardo Zapateiro, el general González Lamprea y el coronel Sarmiento.

Según su relato, el interés consistía en establecer qué información tenía sobre esos uniformados, qué conocía de posibles irregularidades y qué datos podía suministrar a quienes estaban realizando las consultas.

El exoficial sostuvo que el coronel retirado Juan Carlos Mazo, quien se desempeñaba como asesor del entonces ministro Iván Velásquez, estaba detrás de esas solicitudes.

González afirmó que interpretó esos acercamientos como una forma de presión para obtener información de contrainteligencia sobre otros integrantes de la institución.

Cuando Semana le preguntó si ese procedimiento era legal, respondió que no y aseguró que las solicitudes se habrían hecho por fuera de los canales institucionales.

La comisión en Estados Unidos que, según el coronel, le suspendieron

En la misma entrevista, Tito González relató que tenía prevista una comisión en Estados Unidos cuando se produjeron los acercamientos relacionados con la información de contrainteligencia. Según su versión, esa comisión fue suspendida por orden del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez.

El coronel retirado relacionó esa decisión con el contexto de las solicitudes que había recibido y aseguró que identificó un intento de presionarlo para que entregara información sobre otros oficiales.

González también manifestó que, por su experiencia y los cargos que había ocupado en contrainteligencia, quienes lo contactaron suponían que tenía acceso a información que podía resultarles útil.

En ese sentido, señaló que las consultas estaban relacionadas con posibles irregularidades de los militares mencionados, aunque no entregó detalles sobre la existencia de investigaciones concretas contra ellos.

Coronel retirado señaló a Iván Velásquez y Juan Carlos Mazo por manejo de inteligencia

Además de las solicitudes de información, Tito González aseguró que durante el Gobierno Petro se habría intentado conformar una estructura paralela para controlar los organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado.

Según el coronel retirado, esa iniciativa habría sido impulsada desde el Ministerio de Defensa por un grupo de asesores que buscaba tener incidencia sobre el flujo de información de diferentes organismos, incluida la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

La Primera División del Ejército Nacional confirmó el ataque y lo calificó como un acto terrorista, tras constatar que fueron aeronaves no tripuladas las que transportaron y arrojaron los explosivos sobre el recinto castrense. Frente a la emergencia, la institución informó que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, además de iniciar el proceso de verificación para precisar el alcance de los daños provocados. Aunque en los primeros reportes se especuló sobre posibles heridos entre los uniformados, hasta el momento no se había emitido un balance oficial acerca de lesionados ni sobre la magnitud exacta de las afectaciones materiales en el lugar.

El contexto en el que tuvo lugar este atentado es especialmente complejo, ya que el sur de Bolívar se caracteriza por la presencia de diferentes grupos armados ilegales. De acuerdo con las autoridades, en esta región actúan estructuras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Clan del Golfo. Tras el ataque, las fuerzas de seguridad adelantan labores de verificación para identificar a los autores materiales e intelectuales del atentado y esclarecer los detalles de cómo se desarrolló la acción.

En respuesta, las operaciones del Ejército han continuado en la región con miras a controlar la situación y garantizar la seguridad de la población y de las propias tropas. Las Fuerzas Militares se comprometieron a entregar información adicional en la medida en que avance la investigación y sea posible determinar con mayor precisión las consecuencias del atentado. Según SEMANA, estas medidas buscan contener la influencia de los grupos armados y restaurar la normalidad en la zona afectada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué grupos armados operan en el sur de Bolívar y cómo afectan la seguridad en la región?

De acuerdo con la información proporcionada por SEMANA y el Ejército Nacional, el sur de Bolívar es escenario de presencia de grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Estos actores inciden negativamente en la seguridad local, promoviendo hechos violentos que afectan tanto a la población civil como a las instituciones del Estado.

¿Qué significa 'aeronaves no tripuladas' en el contexto militar de Colombia?

En este contexto, 'aeronaves no tripuladas' hace referencia a drones, es decir, dispositivos voladores controlados remotamente que pueden ser usados para diversas tareas, en este caso como plataformas para transportar y lanzar explosivos contra objetivos específicos, como instalaciones militares.

De acuerdo con los resultados expuestos por el LEE, el tipo de acoso más común entre los adolescentes colombianos es la propagación de rumores. El 13,4 % de los participantes aseguró que otras personas difundieron rumores desagradables sobre ellos. Por otra parte, el ciberacoso —la intimidación o agresión a través de medios digitales— afecta al 3,6 % de los estudiantes. Sin embargo, es más común que quienes sufren ciberacoso también experimenten acoso presencial: el 3,2 % enfrenta ambas formas y solo el 0,3 % padece únicamente ataques virtuales. Las formas tradicionales, como burlas, amenazas y golpes, están por debajo del promedio observado por la OCDE. En total, el 9,7 % de los jóvenes viven alguna variante de acoso escolar semanalmente.

El informe del LEE también subraya la brecha entre la normativa y la realidad en las aulas, a pesar de que la Ley 1620 de 2013, que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, lleva más de diez años en vigencia. El análisis se basó en datos de 755.721 estudiantes de 90 sistemas educativos, con una muestra colombiana de 7.268 alumnos, representativos de 597.452 jóvenes en el sistema educativo nacional.

Los expertos del LEE definieron como víctimas frecuentes de acoso a quienes reportaron vivir estas situaciones mensualmente o más durante el último año, ya sea a través de comentarios desagradables, difusión de información sin consentimiento o agresiones directas. Colombia figura en el puesto 43 de 90 sistemas educativos, alineándose con el promedio global del 21 %. Frente a los países integrantes de la OCDE, ocupa el lugar 15 de 38, mientras que, comparada con América Latina, la tasa colombiana es menor al promedio regional, aunque los investigadores alertan que esto podría reflejar más bien un deterioro en otros países.

El entorno familiar y el ambiente en el aula fueron identificados como factores clave: el 24,4 % de quienes reciben poco apoyo familiar sufre acoso frecuente, frente al 16,8 % entre quienes cuentan con mayor respaldo. Además, el rezago escolar y la mala disciplina incrementan el riesgo. Como advirtió Omar Garzón, investigador del LEE, la prevención del acoso es fundamental para asegurar el derecho a la educación, más allá de la disciplina escolar. Entre las recomendaciones finales, el informe plantea la importancia de involucrar a las familias, aplicar encuestas periódicas y capacitar a los docentes para identificar y abordar estos casos de manera oportuna.

¿Cuáles son los principales tipos de acoso escolar en Colombia según el informe del LEE?

Según el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), el acoso basado en rumores es el tipo más frecuente en Colombia, seguido por el ciberacoso y las agresiones presenciales. La difusión de rumores desagradables afecta al 13,4 % de los estudiantes, mientras que el ciberacoso impacta al 3,6 %, la mayoría de veces acompañado del acoso presencial. Las formas tradicionales como burlas y golpes son menos comunes que en el promedio de la OCDE.

¿Cómo influye el entorno familiar y escolar en el riesgo de acoso escolar en Colombia?

El informe del LEE señala que estudiantes con poco apoyo familiar experimentan acoso con más frecuencia que aquellos con respaldo en casa. Además, quienes están rezagados académicamente o estudian en aulas con problemas de disciplina tienen mayor probabilidad de convertirse en víctimas. Estos hallazgos resaltan la importancia de fortalecer tanto el apoyo familiar como la convivencia en la escuela para prevenir y reducir el acoso.

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El comandante de la Policía del Valle del Cauca, coronel Amaury Aguilera, confirmó el triple homicidio y explicó que el ataque ocurrió en un sector semirrural de la población.

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“En la mañana de este 6 de noviembre se registra un hecho en la zona semirrural del municipio de Toro, dentro de una vivienda donde tres mujeres pierden la vida luego de un ataque con arma de fuego”, señaló el oficial.

¿Quiénes eran las tres mujeres asesinadas en Toro?

Las víctimas fueron identificadas como María del Carmen Gutiérrez Toro y sus hijas Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez y Sulisney Muñoz Gutiérrez.

Tras el crimen, unidades de la Policía Nacional, el Ejército y las autoridades municipales coordinaron acciones para avanzar en la investigación y establecer quiénes estarían detrás del ataque.

El coronel Aguilera indicó que se dispuso de personal especializado para adelantar labores de inteligencia y policía judicial, así como recolectar elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

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Ante la gravedad del triple homicidio, el alcalde de Toro, John Freddy Valencia, anunció una recompensa de hasta $10 millones para quienes entreguen información que contribuya a identificar y capturar a los responsables.

“Vamos a ofrecer hasta $10 millones de pesos por la información que nos den para la captura de estos individuos”, manifestó el mandatario local.

Por ahora, las autoridades no han establecido los móviles del ataque ni han informado sobre posibles sospechosos o capturas relacionadas con el caso.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que fueron asesinadas las tres mujeres y determinar quiénes participaron en el crimen.

Uno de los aspectos más singulares del sendero de Monserrate es la costumbre conocida como los ‘siete domingos al Señor de Monserrate’, donde los creyentes realizan varios ascensos pidiendo por salud, empleo y bienestar familiar. Además, quienes visitan este sendero tienen el privilegio de contemplar una vista panorámica de la ciudad, lo que se ha convertido en parte fundamental de la experiencia, combinando fe y deporte en un mismo recorrido.

El IDRD ha compartido una serie de recomendaciones para quienes deseen participar en la subida. Entre las más destacadas se encuentran no consumir comida durante el ascenso, usar ropa y calzado cómodo, emplear bloqueador solar y mantenerse hidratado respetando la distancia. También es importante atender a las recomendaciones de las autoridades, ascender por el lado derecho y evitar salirse por senderos no autorizados en caso de aglomeraciones. Este ascenso posee exigencia física considerable, por lo que se sugiere solo a personas mayores de 14 años, excluyendo a mujeres embarazadas y a quienes tengan afecciones cardíacas o respiratorias.

Una limitación relevante es la ausencia de baños públicos en el sendero, debido a la falta de infraestructura para acueducto y alcantarillado. El horario habitual de acceso es de 5:00 a. m. a 1:00 p. m., excepto los martes, día reservado para mantenimiento. Para detalles adicionales como horarios religiosos, teleférico o funicular, el portal oficial de Monserrate ofrece más información.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones del IDRD para subir el cerro de Monserrate en Bogotá?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) recomienda usar ropa cómoda, calzado adecuado, protector solar e hidratarse durante el recorrido. También sugiere no consumir alimentos mientras sube, permanecer a la derecha del sendero y seguir las instrucciones de las autoridades. El ascenso está dirigido principalmente a personas mayores de 14 años sin complicaciones cardíacas, respiratorias, ni mujeres embarazadas.

¿Qué experiencia ofrece el ascenso por el sendero de Monserrate y qué limitaciones presenta?

El sendero de Monserrate permite a visitantes disfrutar una mezcla de actividad física, tradición religiosa y panorámicas de Bogotá. No obstante, supone una exigencia física importante y carece de servicios básicos como baños públicos. El acceso se habilita de 5:00 a. m. a 1:00 p. m., menos los martes cuando hay mantenimiento.

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En entrevista con Semana, el funcionario fue consultado sobre el escándalo relacionado con la presunta existencia de una red de mujeres que, según el relato de Jiménez, habría prestado servicios sexuales a Petro a cambio de contratos con el Estado.

“Es el envilecimiento del poder, el envilecimiento de la autoridad. Lo último que nos faltaba, que convirtiera al Estado en un burdel”, respondió Ordóñez.

El ministro agregó que, a su juicio, el expresidente estaba haciendo “una pedagogía del mal ejemplo” y sostuvo que Colombia necesita una “restauración moral”.

“La hecatombe económica, social, política y moral ha llegado a tal punto que es menester una restauración moral”, manifestó durante la conversación con el medio.

Este es el momento de la declaraciónde Ordóñez:

El ministro vinculó el caso con la restauración moral que plantea De la Espriella

Ordóñez aprovechó su respuesta para respaldar el discurso del presidente Abelardo de la Espriella sobre la necesidad de recuperar principios y valores en el país.

“El presidente Abelardo de la Espriella lo ha dicho sin vergüenza, el presidente no tiene vergüenza de decir lo que piensa, de decir lo que hace, es un sinvergüenza en el buen sentido de la palabra”, afirmó.

Y agregó que, a su juicio, el país respaldó esa propuesta al elegir al actual mandatario: “Estamos ante una necesaria e inevitable restauración moral de la patria”.

Las declaraciones se conocen en medio de la controversia política y judicial que provocaron los señalamientos de Jiménez, quien aseguró que habría existido una relación entre favores sexuales y la asignación de contratos públicos durante el Gobierno anterior.

Estas percepciones no son hechos aislados. De acuerdo con el estudio Jóvenes en Sociedad 2026, elaborado por Cifras & Conceptos, la London School of Economics y fundaciones colombianas, las principales preocupaciones de los jóvenes incluyen el acceso a servicios de salud (51 %), la inseguridad (49 %), el desempleo (44 %) y las dificultades para ingresar a la educación superior (21 %). El informe, basado en encuestas a 3.221 personas de entre 18 y 32 años en 46 municipios, también expone desconfianza hacia la democracia colombiana: solo el 32 % expresa satisfacción con su funcionamiento.

El descontento tiene eco en el Congreso. Jennifer Pedraza, senadora del partido Dignidad y Compromiso y referente del movimiento estudiantil, resalta que los jóvenes encuentran en la precariedad del empleo, la migración y los posibles efectos de la inteligencia artificial sobre labores como las de los call centers —donde la mayoría son jóvenes, según la Asociación Colombiana de Tercerización de Procesos— razones para movilizarse. Pedraza insiste en que la falta de trabajo decente lleva incluso a la fuga de talento profesional. Por otro lado, para Carol Borda, representante a la Cámara por Bogotá del partido Salvación Nacional, las protestas en Europa deben ser un llamado de atención para evitar situaciones similares en Colombia.

En ese contexto, la discusión nacional se intensifica por propuestas legislativas que buscan regular la protesta social, como el proyecto “anticapuchos”, y por una nueva reforma fiscal que podría impactar a la clase media, evocando tensiones vividas durante el estallido social de 2021, según señala la información recogida.

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¿Cuáles son las principales preocupaciones de los jóvenes en Colombia según el estudio Jóvenes en Sociedad 2026?

Según el estudio Jóvenes en Sociedad 2026, las preocupaciones más destacadas entre los jóvenes colombianos son el acceso a los servicios de salud, la inseguridad, la falta de empleo y la dificultad para acceder a la educación superior. Los datos provienen de una investigación de Cifras & Conceptos, la London School of Economics y diversas fundaciones, basada en encuestas a jóvenes de 18 a 32 años en 46 municipios del país.

¿Qué opinan los congresistas colombianos sobre las protestas juveniles en Europa y su posible impacto en Colombia?

Diferentes congresistas colombianos tienen opiniones contrastantes sobre las protestas europeas. Jennifer Pedraza ve en estas movilizaciones una fuente de inspiración y advierte sobre problemáticas como el desempleo juvenil y la migración. Por el contrario, Carol Borda percibe estos movimientos como advertencia y enfatiza la necesidad de regular la protesta en Colombia para evitar episodios similares de alteración del orden público.

El mandatario subrayó su compromiso con la protección de Ríos y su familia, así como el respaldo a las medidas estatales para garantizar la seguridad del funcionario. En este contexto, además, manifestó su solidaridad y se sumó a las acciones del Ejecutivo para fortalecer la seguridad del director del Dapre. Según el propio presidente, las denuncias de Carlos Ríos sobre presuntos actos de corrupción, irregularidades y conductas inadmisibles desarrolladas al interior del Dapre en la administración pasada necesitan ser esclarecidas a fondo y sin contemplaciones. Entre los hechos revelados por Ríos está la denuncia acerca del supuesto uso indebido de 48 mujeres contratadas mediante órdenes de prestación de servicios, una situación que ha puesto bajo la lupa la transparencia de los procesos en esta entidad.

A raíz de estas acusaciones, la Fiscalía General inició una investigación preliminar y prevé citar a declarar a Laura Sarabia y Angie Rodríguez, exdirectoras del Dapre, junto a Ríos, tal como lo afirmó Miller Soto, vocero de la Presidencia. Asimismo, la Fiscalía tiene previsto llevar a cabo inspecciones detalladas a la entidad para revisar minuciosamente sus procesos de contratación, buscando esclarecer si existieron irregularidades de fondo. Mientras tanto, la situación de seguridad de Ríos se vio agravada por recientes incidentes: de acuerdo con Soto, autoridades encontraron a tres personas dentro de la residencia del funcionario, todas con antecedentes penales por homicidio y hurtos agravados. Además, otra persona sospechosa fue vista cerca de la escuela de los hijos de Ríos, lo que elevó aún más las alarmas sobre su riesgo.

Ante estos hechos, el presidente de la República dejó claro que no aceptará amenazas, intimidaciones ni silenciamientos frente a quienes denuncian la corrupción y sostuvo que el Estado respaldará a sus funcionarios en la denuncia de cualquier acto irregular. La investigación avanza bajo la supervisión de la Fiscalía, mientras la seguridad de Ríos y su familia sigue siendo un tema prioritario para el Gobierno Nacional.

¿Cuáles son las denuncias presentadas por Carlos Ríos ante el Senado sobre el Dapre?

De acuerdo con la intervención de Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, ante la Comisión Segunda del Senado, las denuncias están relacionadas principalmente con supuestas irregularidades contractuales que habrían tenido lugar durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Según lo citado por El Espectador, una de las denuncias más relevantes apunta a que 48 mujeres habrían sido vinculadas a través de órdenes de prestación de servicios con fines presuntamente irregulares, lo que llevó a que se iniciara una investigación preliminar de la Fiscalía.

¿Por qué la seguridad de Carlos Ríos y su familia está en riesgo tras sus denuncias?

Según el vocero presidencial Miller Soto, la seguridad de Carlos Ríos y su familia se volvió motivo de preocupación luego de que fueran detectadas personas con antecedentes por homicidio y hurtos dentro de la casa del director del Dapre, así como la presencia de un sospechoso en los alrededores del colegio de sus hijos. Estos hechos se presentaron después de que Ríos hiciera públicas sus denuncias sobre corrupción, lo cual generó la respuesta del presidente Abelardo de la Espriella, quien enfatizó en el compromiso estatal frente a la protección de los funcionarios públicos que denuncian irregularidades.

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(Vea también: Las estrategias del Pacto Histórico para defender a Petro del video con Deicy Jiménez)

En entrevista con Semana, la defensora se refirió a la existencia de otras posibles víctimas y explicó por qué no es conveniente revelar información sobre personas que eventualmente podrían estar involucradas en situaciones similares.

“Hay un derecho a la intimidad que tiene que ser respetado, hay un tema de reserva sobre las personas, que de pronto podrían estar vinculadas en situaciones similares a las que vivió Deicy”, señaló Malo.

Acá, la intervención de la abogada (18:49):

La abogada no confirmó cuántas mujeres podrían estar en esa situación ni entregó identidades. En cambio, hizo un llamado para que quienes consideren que vivieron hechos similares acudan a las autoridades y permitan que sus casos sean conocidos por las instancias correspondientes.

La declaración cobra relevancia porque la propia Deicy Jiménez había asegurado, en una entrevista con Vicky Dávila, que otras mujeres también habrían recibido contratos durante el Gobierno de Petro en circunstancias que relacionó con encuentros sexuales.

Abogada de Deicy Jiménez habló de las pruebas que entregan a la Corte Suprema

Dina Luz Malo también se refirió a las actuaciones que adelanta la defensa para respaldar las declaraciones de su representada.

Según explicó, Deicy Jiménez y su equipo jurídico participaron durante más de 15 horas en una diligencia en el búnker de la Fiscalía, relacionada con la extracción técnica y forense de la información de su teléfono celular, por orden de la Corte Suprema de Justicia.

El procedimiento buscaba garantizar la trazabilidad de la evidencia digital y poner a disposición de los investigadores información que podría resultar relevante para el proceso.

“Todos los señalamientos que ha realizado mi representada se hacen a través de soportes que van a ser puestos en manos de las autoridades que así lo requieran”, manifestó la abogada en la revista.

Malo insistió en que la intención de la defensa es que las declaraciones de Jiménez sean contrastadas con elementos probatorios y no se interpreten como simples afirmaciones sin sustento.

La información señala que Oleg y Vito serían requeridos por la Justicia de Estados Unidos debido a su presunta vinculación con delitos relacionados con el narcotráfico internacional. Además, las autoridades indicaron que ambos cumplían funciones de coordinación dentro de la organización criminal. Esta investigación de carácter internacional permitió también adelantar acciones judiciales contra otros presuntos integrantes de la estructura en diversos países y ciudades, como Estados Unidos, Perú, Bogotá y Milán (Italia). En esta última ciudad fue identificado el supuesto enlace internacional que facilitaba la articulación de la red criminal, según detallaron las autoridades citadas en el reporte de EFE.

Las investigaciones revelan que la organización habría establecido conexiones en varios países para coordinar el tráfico de cocaína, utilizando embarcaciones tipo velero como método principal para movilizar los cargamentos desde Suramérica. Cartagena y Barranquilla, de acuerdo con los datos recogidos, habrían sido puntos clave tanto en el apoyo logístico como en la coordinación de las actividades del grupo en la región del Caribe colombiano.

Respecto a la captura, en el caso puntual de Cartagena, uno de los ciudadanos rusos fue ubicado durante un operativo de verificación e inspección marítima, procedimiento que contó con la participación de unidades de Guardacostas y personal del CTI, de acuerdo con la información proporcionada por la Armada. Actualmente, ambos detenidos se encuentran a disposición de las autoridades competentes, quienes deberán adelantar los trámites judiciales respectivos para la posible extradición a Estados Unidos.

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¿Cuál es el rol de la Armada y el CTI en la captura de ciudadanos rusos implicados en narcotráfico?

La Armada de Colombia y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía desempeñaron tareas coordinadas para lograr la captura de los ciudadanos rusos señalados de traficar droga. La Armada participó en labores de inspección y verificación marítima —especialmente a través de sus unidades de Guardacostas— y el CTI aportó en la investigación judicial y en los procedimientos de detención, según informaron fuentes oficiales.

¿Cómo operaba la organización criminal vinculada al envío de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa?

De acuerdo con las investigaciones, la organización armaba rutas para enviar cargamentos de cocaína desde países suramericanos utilizando veleros, favoreciendo el tráfico hacia Estados Unidos y Europa. Cartagena y Barranquilla funcionaban como puntos logísticos y de coordinación en el Caribe colombiano, permitiendo así la articulación de actividades delictivas a nivel internacional.

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Después de viajar desde el Atlántico hasta la capital, la mujer pudo reencontrarse con la profesora, cuyo paradero era desconocido desde que salió de su vivienda en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla.

En declaraciones a La FM, Leida entregó algunos detalles sobre las condiciones en las que encontró a su hija y manifestó su tranquilidad por haber podido verla nuevamente.

“Estoy bien y contenta de haberla encontrado con vida. Está un poco delgada, pero Dios tiene el control”, expresó la madre, de acuerdo con el medio radial.

La familiar también había confirmado a Impacto News que Arleth fue localizada mientras deambulaba por las calles de Bogotá y que posteriormente recibió atención en un hospital de la capital.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Arleth Carolina?

Aunque su aparición representa un alivio para sus familiares, todavía hay información que permanece bajo reserva.

Por ahora, no se conocen detalles médicos sobre el estado de salud de la docente ni las circunstancias específicas en las que fue encontrada. Su madre ha optado por mantener la privacidad de estos aspectos mientras la acompaña en este proceso.

Tampoco se ha establecido públicamente qué ocurrió durante los más de dos años en los que Arleth permaneció fuera del contacto de sus familiares, ni cómo llegó desde Barranquilla hasta Bogotá.

La prioridad de Leida Castillo está ahora en acompañar a su hija después del reencuentro.

La búsqueda de la docente que terminó después de más de dos años

Arleth Carolina Álvarez Castillo desapareció el 22 de octubre de 2024, después de salir de su vivienda en el conjunto residencial Golondrina, ubicado en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla.

La docente, magíster en Educación, trabajaba en la Institución Educativa Cobateco, en el municipio de Sabanagrande, Atlántico. Durante el tiempo que permaneció desaparecida, sus familiares adelantaron campañas en redes sociales, recorridos por diferentes municipios y gestiones para intentar establecer su paradero.

Una de las jornadas más recordadas ocurrió en febrero de 2026, durante la Batalla de Flores del Recuerdo Sonia Osorio, en el Carnaval de Barranquilla. Allí, Leida recorrió el evento con un cartel que tenía la fotografía de su hija y pidió ayuda para encontrarla.

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De la Espriella destacó el resultado de la operación contra las redes de reclutamiento de menores en el país. De acuerdo con la información divulgada, los ocho capturados estarían vinculados con el Frente Franco Benavides y fueron detenidos por los delitos de reclutamiento ilícito y porte ilegal de armas de fuego.

Uno de los principales resultados del procedimiento fue impedir que los cuatro menores de edad fueran trasladados desde Soacha hasta el departamento del Guaviare, donde presuntamente serían entregados a integrantes de esta estructura armada ilegal.

Según el reporte, el operativo se desarrolló mediante un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que permitió la captura de las ocho personas señaladas.

De los ocho detenidos, cinco ya fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural, lo que significa que deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial, de acuerdo con la decisión adoptada por las autoridades judiciales.

Tras conocerse el resultado de la operación en Soacha, De la Espriella reconoció el trabajo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y aseguró que las acciones contra las estructuras dedicadas al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes continuarán.

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“¡EN COLOMBIA, CON NUESTROS NIÑOS NO SE METEN!”, expresó al presentar el balance del procedimiento. Asimismo, señaló que con esta intervención se logró afectar las redes utilizadas por las disidencias para incorporar menores de edad a sus filas.

“No vamos a permitir que sigan robándoles la infancia y el futuro a nuestros niños”, manifestó. Finalmente, reiteró que se mantendrán las acciones para perseguir a quienes estarían involucrados en el reclutamiento ilícito de menores y advirtió que buscarán que respondan ante la justicia.

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La declaración se produjo luego de que el director de Semana, Yesid Lancheros, le preguntara por los cuestionamientos que Petro hizo a su nombramiento en el Ministerio del Interior. El exmandatario recordó que Ordóñez fue quien ordenó su salida de la Alcaldía de Bogotá y manifestó que había que volverlo a derrotar.

Ante esa referencia, el ministro respondió: “Si me hubieran hecho caso, no estaríamos en la hecatombe que generó el anterior Gobierno”.

Cuando el periodista le pidió explicar a qué se refería, Ordóñez confirmó que hablaba de la decisión disciplinaria que tomó contra Petro en 2013. Además, aseguró que en aquel momento había advertido lo que podría ocurrir si el entonces alcalde continuaba en el cargo.

Ordóñez insistió en que hizo lo correcto con la destitución de Petro

Durante la entrevista, Lancheros le preguntó directamente al ministro si consideraba que había actuado correctamente al destituir al entonces mandatario distrital.

“Hice lo correcto. Los trámites judiciales posteriores consideraron que no era así, pero creo que las circunstancias actuales son diferentes”, respondió Ordóñez.

El funcionario insistió en que aquella decisión habría evitado lo que Colombia vivió durante la administración de Petro. También rechazó la interpretación según la cual la destitución terminó impulsando políticamente al exalcalde y contribuyó a su posterior llegada a la Presidencia.

“No es así. No voy a detenerme mucho en esos análisis de futurología”, manifestó.

La controversia se remonta al proceso disciplinario que adelantó la Procuraduría contra Petro por las decisiones que tomó para implementar un nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá. En diciembre de 2013, Ordóñez anunció la destitución e inhabilidad del entonces alcalde por 15 años.

En la misma entrevista, el ministro calificó el Gobierno Petro como una etapa en la que, según su interpretación, se pretendió someter al Estado y a la sociedad al crimen y al delito.

“Estuvimos a punto de saltar a ese vacío. Nos llevaron hasta allá”, afirmó.

Atentos. Va la primicia de El Vaticano y el gobierno de Colombia, según mis conversaciones con altas fuentes conectadas con la sede papal:
1. No hay posibilidad de que haya diálogos con el ELN en El Vaticano por dos razones: Petro no siguió recomendaciones que, en ese tema, le…

— Melquisedec Torres (@Melquisedec70) May 21, 2025

Una de las razones que habría complicado la relación fue la intención del presidente colombiano de llevar los diálogos de paz con el Eln a territorio vaticano. Según la información que Torres atribuyó a fuentes de alto nivel cercanas a la Santa Sede, el entorno del pontífice no veía con buenos ojos esa posibilidad, pues consideraba que los intentos de negociación con esa guerrilla ya habían fracasado en escenarios como La Habana y Caracas.

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El periodista también señaló que Petro no habría seguido las recomendaciones que el papa Francisco le entregó sobre ese proceso durante un encuentro en enero de 2024. Posteriormente, cuando el mandatario le habría planteado la posibilidad de adelantar conversaciones con el Eln en el Vaticano a León XIV, el nuevo pontífice habría guardado silencio, de acuerdo con las fuentes citadas por Torres.

Otro episodio que habría causado malestar en la Santa Sede fue la manera como el Gobierno colombiano comunicó los resultados de sus encuentros con el Papa. Según la versión publicada por el periodista, en el Vaticano generó incomodidad que Petro y la Cancillería afirmaran que el pontífice se había comprometido con determinados asuntos, cuando la dinámica de esas reuniones consiste principalmente en escuchar las solicitudes y analizarlas posteriormente.

“Ni con este Papa ni anteriores se generan compromisos inmediatos, estos se analizan y días o meses después se responde a los gobiernos”, fue la explicación que recibió Torres de sus fuentes. Esa diferencia en la interpretación de los encuentros habría contribuido al distanciamiento entre el Ejecutivo colombiano y el entorno papal.

En mayo de 2025, el periodista también aseguró que León XIV no visitaría Colombia ni el parque nacional natural Serranía de Chiribiquete durante el actual Gobierno y que un eventual viaje tendría que esperar hasta después de 2028. La gira anunciada para noviembre de 2026, con paradas en Uruguay, Argentina y Perú, coincide con ese escenario, aunque el Vaticano no ha señalado públicamente que las diferencias con Petro sean la razón para excluir a Colombia del recorrido.

La agenda oficial de este viaje fue anunciada por la Santa Sede e incluye diez ciudades de los tres países. El recorrido contempla encuentros con autoridades, actividades religiosas y visitas a comunidades, especialmente en Perú, donde León XIV desarrolló buena parte de su labor pastoral. Colombia, por ahora, no aparece entre los destinos de esta gira, mientras siguen vigentes los antecedentes que Torres dio a conocer sobre la relación entre el Gobierno y el Vaticano.

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Una de las primeras alertas surgió al momento de recibir las pertenencias del patrullero. Su hermana relató en entrevista con Bajo Sospecha que, tras insistir para que le entregaran el celular de Edwin, encontró señales evidentes de manipulación:

“Me dieron el teléfono de él y ahí es donde me doy cuenta que han eliminado mensajes, que se encuentran también llamadas a las horas que él ya no se encontraba, y pues esas empiezan a ser mis primeras dudas”.

La situación se agravó cuando el dispositivo fue entregado a la Fiscalía y devuelto posteriormente. “Me di cuenta que le habían eliminado el WhatsApp y me di cuenta de los correos también eliminados, porque todo estaba en vacío. La papelera estaba en vacío, los correos nuevos estaban vacíos, todo estaba limpio”, aseguró la hermana del patrullero, quien además identificó ingresos desde distintas ubicaciones al perfil institucional de Edwin en el sistema PSI de la Policía, incluso horas después de su fallecimiento.

La ropa del uniformado también generó sospechas. Según relató su hermana, las prendas fueron entregadas tardíamente y en un estado inexplicable: “Tenía entendido que él estaba con el impermeable y adicional pues si él estaba en un cuarto, pues no debía estar la ropa tan mojada porque parecía que la hubiesen metido en un balde y la hubieran sacado así escurriendo agua”.

En el velorio, familiares y asistentes notaron golpes visibles en el rostro del patrullero que no quedaron consignados en ningún documento oficial. La hermana también señaló que el informe médico registró líquido hemático en abdomen, cerebro y riñones, hallazgos que, según explicó, son incompatibles con una intoxicación por monóxido de carbono.

Sandra Forero, madre del patrullero, cuestionó además el movimiento del cuerpo antes de que se preservara la escena: “Si hay una persona que ya está sin vida, se deja quieto y se informa. No tenían por qué mover la escena ni manipular nada”.

La familia también intentó localizar al compañero que estuvo con Edwin esa noche, pero no ha sido posible. La Penal Militar, según denunciaron, no lo ha citado formalmente a declarar, y el proceso estuvo a punto de archivarse antes de cumplir dos años de investigación.

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¿Qué irregularidades encontró la familia del patrullero Edwin Mateus en su teléfono celular?

Al recibir el dispositivo, la hermana de Edwin detectó mensajes y llamadas eliminados correspondientes a horas posteriores a su muerte, así como accesos no autorizados a su perfil institucional desde distintas ubicaciones. Cuando el teléfono fue devuelto por la Fiscalía, toda la información había desaparecido, incluidos WhatsApp y correos electrónicos.

¿Por qué la familia del patrullero Edwin Mateus desconfía de la versión oficial sobre su muerte?

Además de los indicios de manipulación del celular y la ropa en estado inusual, la familia señala que el cuerpo presentaba golpes visibles no documentados y líquidos hemáticos en órganos internos, condiciones que consideran inconsistentes con una muerte por inhalación de monóxido de carbono. A esto se suma que la Policía no notificó directamente a los familiares y que el compañero presente esa noche nunca fue puesto a disposición para declarar.

En sus declaraciones, Hurtado puntualizó que los problemas principales surgieron cuando fue necesario tramitar permisos y autorizaciones frente a entidades nacionales y ambientales. Estas demoras administrativas se tradujeron en retrasos significativos para el inicio de la fase de construcción. Así lo manifestó él mismo al afirmar: "Espero que ese puente lo podamos construir, es que ese es un pendiente que tengo yo con Ibagué", reconociendo abiertamente la deuda aún existente con la ciudad.

Adicionalmente, Hurtado relató que los trabajos llegaron a iniciarse, pero que el avance se detuvo por decisiones tomadas tras su salida del cargo. En concreto, aseguró que la actual administración municipal, aquella que asumió después de 2023, optó por suspender la ejecución del puente. Sin embargo, sostuvo que los recursos asignados permanecen asegurados en una fiducia, como lo ha indicado la administración actual, tal como él enfatizó: "Toda la plata está en una fiducia, lo ha dicho la Administración Municipal y espero que ese puente lo podamos construir".

Durante la misma transmisión, Hurtado expresó que, en caso de lograr nuevamente la alcaldía, espera materializar finalmente ese proyecto, reiterando en varias oportunidades su compromiso: "Espero que esa obra la podamos construir, se los aseguro". Con esta postura, el exmandatario hizo público su interés por competir otra vez por la Alcaldía de Ibagué y aclaró que dejaría de lado sus intenciones anunciadas de buscar la Gobernación departamental, tal y como lo había mencionado antes. Según las declaraciones recogidas en la transmisión en vivo, Hurtado apunta a retomar la agenda local, con el claro propósito de saldar los compromisos que dejó pendientes, especialmente el del puente de la calle 60.

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¿Por qué no se terminó el puente de la calle 60 en Ibagué durante la administración de Andrés Hurtado?

Según lo manifestado por Andrés Fabián Hurtado durante una transmisión en vivo, la construcción del puente de la calle 60 no pudo concretarse debido a retrasos surgidos en trámites y permisos ante entidades nacionales y ambientales. Aunque los estudios, recursos y procesos contractuales ya se habían adelantado en su periodo, estas dificultades administrativas impidieron la ejecución total de la obra.

¿Qué pasará con los recursos del puente de la calle 60 según Hurtado y la administración actual?

Andrés Fabián Hurtado afirmó que los fondos designados para la construcción del puente de la calle 60 continúan existiendo en una fiducia, tal como también lo ha asegurado la actual administración municipal. Esto significa que el dinero permanece reservado para la obra, a la espera de que pueda reanudarse si se superan los obstáculos institucionales.

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Sin embargo, una investigación publicada por Semana detalla que la mayor de las hermanas Guerrero consiguió tres contratos por contratación directa entre el Ministerio del Interior y Colombia Compra Eficiente. Uno de ellos tenía el propósito de apoyar las acciones estatales dirigidas a responder a las necesidades de la población indígena de La Guajira.

Para ese momento, Verónica tenía 24 años. La revista .señala que su formación académica era de bachiller y que contaba con una experiencia laboral de pocos meses, acreditada por la Fundación Raíces Afro. A pesar de esa trayectoria, fue contratada para cumplir funciones relacionadas con la gestión pública y las políticas dirigidas a poblaciones vulnerables.

El vínculo con el Ministerio del Interior estaba conectado con las obligaciones fijadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017. En ese fallo, el alto tribunal declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de los derechos de las comunidades wayú, especialmente en asuntos esenciales como el agua potable, la alimentación y la salud.

La sentencia exigía que las instituciones estatales avanzaran en medidas concretas para atender esa situación. No obstante, la revisión del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) citado por Semana no permitió localizar un informe de gestión a nombre de Verónica Guerrero que demostrara las labores desarrolladas durante su vinculación. En contraste, sí se pudo establecer que recibió la totalidad de los pagos pactados.

La alerta sobre los recursos destinados a La Guajira

La situación de ese contrato aparece dentro de un balance más amplio sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales. Semana conoció una alerta del Viceministerio de Diálogo Social del Ministerio del Interior que advierte que los contratos celebrados durante la administración anterior para atender la Sentencia T-302 no consiguieron los objetivos establecidos.

El documento señala que las comunidades protegidas por la decisión judicial seguían sin recibir las garantías que debía proporcionar el Estado. También advierte sobre el manejo de los recursos destinados a esas obligaciones, cuyo monto fue estimado en cerca de 3.000 millones de pesos.

En ese contexto, el contrato de Verónica Guerrero quedó relacionado con una gestión que no cuenta con soportes documentales disponibles para acreditar su cumplimiento. La publicación no atribuye a la contratista la responsabilidad por la totalidad de los recursos cuestionados, sino que expone su vinculación dentro de los acuerdos revisados.

Los otros contratos de la hermana de Juliana Guerrero

Además del trabajo relacionado con La Guajira, Verónica Guerrero obtuvo dos contratos con Colombia Compra Eficiente en Gobierno Petro. Ambos estaban orientados a prestar apoyo en actividades administrativas, logísticas y de divulgación sobre los servicios de la Agencia Nacional de Contratación Pública.

El primero fue firmado el 7 de octubre de 2022, por seis millones de pesos y con un plazo de 85 días. El segundo llegó el 20 de febrero de 2023: tenía el mismo objeto contractual, pero su valor se acercaba a los 13 millones de pesos y su duración era de 182 días.

Al revisar esos acuerdos, Semana tampoco encontró informes de gestión que permitieran verificar las tareas que habría desarrollado la contratista. De esta manera, los tres vínculos identificados en la investigación tienen un punto en común por la ausencia de documentación que dé cuenta de las actividades realizadas por Verónica Guerrero durante la ejecución de los contratos.

Según el reporte, el ataque no dejó personas heridas, pero sí generó daños materiales en las instalaciones, afectando la infraestructura del peaje La Agustina. Hasta el momento, no se ha dado a conocer un balance específico de las afectaciones estructurales ni se han reportado víctimas fatales, resaltando la preocupación por los crecientes riesgos para la movilidad y la seguridad en este territorio. La forma en la que se llevó a cabo el atentado, con tecnología de dron, llama la atención no solo de ciudadanos sino también de las autoridades, que destacan el incremento y sofisticación de los métodos utilizados para perpetrar atentados en la región.

Versiones preliminares, según el mismo reporte, han apuntado a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como posibles responsables de este acto violento. Sin embargo, las autoridades deberán confirmar oficialmente quiénes estuvieron detrás de este nuevo ataque, así como las circunstancias exactas en las que se produjo. El contexto es especialmente delicado en el Cauca, departamento que ha sido escenario de múltiples ataques a la infraestructura y a la movilidad, lo que afecta la cotidianidad y la sensación de seguridad de sus habitantes.

Como resultado de este hecho, se ha recomendado a los conductores y viajeros que transiten por el corredor Popayán - Cali hacerlo con máximo cuidado y estar atentos a los reportes oficiales para evitar cualquier tipo de novedad o incidente en la vía. Las autoridades continúan con las labores de investigación para esclarecer completamente lo ocurrido y prevenir nuevos atentados en el sector, de acuerdo con el informe divulgado.

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¿Cómo se realizó el ataque con explosivos en el Cauca y qué impacto tuvo en la vía Popayán-Cali?

El atentado ocurrió mediante el uso de un dron, que sirvió para detonar explosivos a distancia exactamente en las instalaciones del peaje La Agustina, sobre la carretera Popayán-Cali. Aunque hasta el momento únicamente se han reportado daños materiales y no personas heridas, el impacto pone en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura y el riesgo permanente para la movilidad en el suroccidente colombiano.

¿Quiénes son los presuntos responsables del atentado en el peaje La Agustina y cuál es el contexto de seguridad en Cauca?

Según versiones preliminares citadas en el reporte, las disidencias de las FARC serían las posibles responsables del ataque, aunque las autoridades aún investigan para confirmar esta hipótesis. La región del Cauca ha sido escenario de diversos atentados contra la infraestructura y la seguridad en las principales vías, lo que ha obligado a las autoridades y viajeros a mantenerse vigilantes y atentos a nuevas alertas.

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El hecho fue rechazado por la concesionaria Nuevo Cauca S.A.S., que confirmó los daños materiales en las instalaciones del peaje y anunció que sus equipos técnicos adelantan una evaluación para establecer el alcance de las afectaciones.

El ataque se registró en el peaje Mondomo, ubicado en la vereda Cachimbal, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. La infraestructura se encuentra en el PR 60+900 del corredor vial.

La información preliminar señala que los responsables utilizaron drones para realizar el ataque con explosivos contra las instalaciones. Hasta el momento, no se reportan trabajadores, usuarios de la vía ni habitantes de la zona lesionados como consecuencia de este hecho.

A través de un comunicado la concesionaria. rechazó lo ocurrido y señaló que este tipo de acciones representan un riesgo para las personas que viven cerca de la infraestructura, los trabajadores de la concesión y quienes transitan por este corredor vial.

En el documento, la empresa calificó lo sucedido como un “ataque sistemático perpetrado contra el peaje Mondomo” y advirtió que los hechos violentos también afectan la movilidad, la economía y el desarrollo del departamento del Cauca.

Atentado con explosivos contra el peaje Mondomo en la vía Popayán – Santander de Quilichao, Cauca.

Utilizando drones, las disidencias de las Farc atacaron las instalaciones causando daños. No se reportan personas heridas. https://t.co/lwPILwKKQ7

— Oscar Solarte – Periodista (@oscar10solarte) November 7, 2026

En su pronunciamiento, Nuevo Cauca S.A.S. agradeció al Ejército Nacional por su presencia y acompañamiento en el sector. Asimismo, informó que solicitó mantener de manera permanente la presencia de la fuerza pública en las estaciones de peaje.

La concesionaria manifestó su preocupación por los continuos hostigamientos contra la infraestructura vial de la región y sostuvo que no se trata de hechos aislados.

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“Es evidente que no nos enfrentamos a hechos aislados, sino a una problemática sistemática, evidenciada en los continuos hostigamientos armados contra la infraestructura, una amenaza latente que vulnera a cualquier concesionario de la región”, indicó la empresa.

Se espera que próximamente las autoridades se pronuncien sobre lo ocurrido. Mientras, se mantiene el monitoreo en la zona por lo que se recomienda a los conductores no transitar por el lugar mientras se realizan las labores de verificación.

Según el reporte de la Policía Metropolitana citado en el mencionado artículo, las indagaciones preliminares señalan que la agresión pudo haberse originado por un acto de intolerancia que involucraría a la víctima y a dos personas: un hombre de 21 años y una adolescente de 16 años. Tanto el móvil como los detalles de la confrontación todavía están por esclarecer, y persisten varios interrogantes sobre cómo se desencadenaron los hechos.

La rápida reacción de las autoridades permitió capturar a los presuntos responsables. El hombre detenido fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, mientras que la menor de edad quedó bajo la supervisión del Centro Especializado para Adolescentes. Las diligencias judiciales están en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), organismo encargado de determinar la secuencia de lo sucedido, así como el nivel de implicación de cada uno de los detenidos. Este proceso se encuentra en desarrollo, y aún resta conocer la conclusión oficial sobre la responsabilidad penal de los involucrados.

En el mismo hecho resultó herida otra joven de 24 años, Natalia Vidal Chico, quien fue atendida en la Unidad de Salud de Ibagué del barrio Ricaurte. Ella necesitó varias suturas, pero fue dada de alta tras ser valorada por los médicos. La pérdida de Ángela Camila ha generado consternación entre sus familiares y la comunidad, especialmente porque se ha conocido que era madre de una niña pequeña. Mientras tanto, las autoridades sostienen la hipótesis de una discusión por intolerancia, aunque insisten en que la versión debe ser verificada antes de esclarecer plenamente el caso.

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¿Qué pasó en el caso de Ángela Camila Fernández en Ibagué?

Ángela Camila Fernández Romero fue atacada con un arma cortopunzante en el barrio Matallana, al sur de Ibagué, durante la noche del 6 de noviembre. Los primeros informes de la Policía Metropolitana indican que la agresión ocurrió en medio de un episodio de intolerancia en el que estuvieron involucrados un hombre de 21 años y una adolescente de 16 años, quienes ya fueron detenidos. Fernández Romero falleció luego de ser trasladada a un centro médico.

¿Cuál es la hipótesis principal que manejan las autoridades sobre el asesinato de Ángela Camila Fernández?

La Policía Metropolitana sostiene como hipótesis inicial que el crimen habría ocurrido por un hecho de intolerancia entre Ángela Camila Fernández y los dos detenidos. Sin embargo, las autoridades, junto al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), continúan investigando para esclarecer el móvil y confirmar la responsabilidad penal de los implicados.

En la defensa de Sarabia, su abogada Lina Sandoval Echavarría aclaró que su representada nunca tuvo acceso al dispositivo ni a las cuentas de correo o sistemas de almacenamiento utilizados por el exmandatario. Sandoval aseguró que “atribuir delitos sin presentar una sola prueba no solo es irresponsable frente a la opinión pública, sino que tiene consecuencias penales”. Por este motivo, la defensa llevará el caso ante la Fiscalía General de la Nación a través de una denuncia penal, buscando rectificar lo afirmado en el texto de Zuleta. Por su parte, Zuleta argumentó que respalda su testimonio en declaraciones de personas que conocieron la dinámica en la Casa de Nariño, aunque hasta la fecha las autoridades no han confirmado la información sobre la supuesta clonación.

Otra voz femenina que aparece en el libro y que decidió expresar su posición es Gabriela Muñoz, estudiante de Derecho, creadora de contenido y exempleada de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil). A través de un video en Instagram, Muñoz rechazó que su historia personal fuera incluida en la publicación para, según sus palabras, convertir la vida de las mujeres en un elemento de curiosidad y ventas. Muñoz manifestó que no ha leído el libro y que tampoco lo hará, pero sentenció que “mi historia la cuento yo”, defendiendo su derecho a narrar su propia vida.

De igual manera, Muñoz negó las insinuaciones sobre supuestos contratos otorgados a cambio de favores íntimos y aseguró que, de haber sido objeto de tal propuesta, ella misma la habría denunciado. Subrayó con firmeza: “mi dignidad, mi cuerpo y mis decisiones no están en venta”. Así, tanto Sarabia como Muñoz exigen respeto frente a su imagen pública y cuestionan el enfoque de la obra de Zuleta, la cual sigue siendo motivo de debate público y no ha demostrado sus aseveraciones ante instancias judiciales.

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¿Cuál es el motivo de la denuncia penal contra Felipe Zuleta por el libro 'Las mujeres de Petro'?

La denuncia penal contra Felipe Zuleta se basa en las acusaciones presentadas en su libro, donde señala a Laura Sarabia de haber estado involucrada en la supuesta clonación del teléfono de Gustavo Petro. Según la abogada de Sarabia, no existen pruebas para sustentar esa versión, por lo que consideran que se incurrió en una acusación grave sin fundamento, afectando la honra de la exfuncionaria.

¿Cómo respondió Gabriela Muñoz a su aparición en el libro 'Las mujeres de Petro'?

Gabriela Muñoz expresó su inconformidad por ser mencionada en el libro, criticando que se utilice la vida de las mujeres para alimentar el interés del público. Aclaró que no participó en actos irregulares y afirmó que su historia le corresponde únicamente a ella contarla, desmintiendo cualquier supuesto contrato condicionado a favores personales y reafirmando su integridad y autonomía.

De acuerdo con Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), este caso fue registrado como la masacre número 104 en Colombia en lo que va de 2026. La entidad explicó que la región de Toro se encuentra expuesta a riesgos relacionados con disputas de control territorial y economías ilegales, como el narcotráfico y el expendio de sustancias prohibidas. No obstante, la organización aclaró que, hasta el momento, no hay información suficiente para afirmar que estos factores tengan relación directa con el crimen ocurrido en la vivienda de las tres mujeres.

El hecho generó la rápida respuesta de las autoridades. El alcalde de Toro, John Freddy Valencia, anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien entregue datos que conduzcan a la identificación y ubicación de los responsables del múltiple homicidio. Tanto la Policía como la Fiscalía y entidades locales se encuentran adelantando labores de investigación para determinar cómo se desarrollaron los hechos y dar con los responsables. Aún no se han registrado capturas relacionadas con el caso, ni se han especificado las causas del ataque.

Este lamentable suceso ocurrió apenas un día después de otro episodio violento en el mismo municipio, donde dos personas murieron y una más resultó herida el jueves 5 de noviembre. Frente a esta coincidencia temporal y geográfica, las autoridades investigan si existe alguna conexión entre ambos hechos, aunque todavía no se ha confirmado relación alguna. Esta nueva masacre profundiza la preocupación de la comunidad y pone en evidencia la compleja situación de orden público que atraviesa Toro.

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¿Qué se sabe hasta ahora sobre la masacre de las tres mujeres en Toro, Valle?

Hasta el momento, la información oficial indica que hombres armados asesinaron a Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez, Sulisney Muñoz Gutiérrez y María del Carmen Gutiérrez Toro dentro de su hogar. Las autoridades adelantan investigaciones y han ofrecido una recompensa para quienes aporten información, pero todavía no se ha establecido el motivo del crimen ni se reportan capturas.

¿Cuál es el contexto de violencia en Toro según informó Indepaz?

Indepaz advirtió que Toro enfrenta riesgos ligados al control territorial por grupos armados y economías ilegales, especialmente narcotráfico y expendio de drogas. Sin embargo, aclaró que hasta ahora no se ha confirmado una relación entre estas condiciones y el asesinato de las tres mujeres.

Durante lo que va de 2026, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo encargado de la justicia transicional en Colombia, ha implementado dos acciones dirigidas a preservar y dignificar la memoria de las víctimas y sus parientes. La primera de estas medidas se hizo pública el 22 de abril, cuando la JEP decretó protección especial, por un año, para tres lugares profundamente asociados con los hechos de tortura y desaparición que ocurrieron después de la salida de personas del Palacio de Justicia. El objetivo principal es resignificar estos espacios en reconocimiento de la memoria histórica y el dolor de las familias.

Dicha medida cautelar ante la JEP fue solicitada por Helena Urán Bidegain, reconocida académica e hija de Carlos Horacio Urán, quien fuera magistrado auxiliar del Consejo de Estado y asesinado durante esos lamentables acontecimientos. Los lugares beneficiados con estas acciones son la Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte de Bogotá, así como el Cementerio del Sur y el Parque Villamayor. Entre ellos, la Casa del Florero tuvo un papel especialmente grave, pues durante el llamado "holocausto" fue utilizada por la Fuerza Pública como centro de interrogatorios, torturas y clasificación de víctimas, según decidió la JEP.

Estos esfuerzos hacen parte de una búsqueda más amplia de verdad, justicia y reparación, temas que aún permanecen abiertos para buena parte de la sociedad colombiana y, especialmente, para quienes no han logrado recuperar a sus familiares desaparecidos. La memoria y la dignificación de los afectados siguen siendo tareas pendientes en la agenda nacional, como lo dejan en claro tanto los informes oficiales del Centro Nacional de Memoria Histórica como las decisiones judiciales recientes.

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¿Cuántas víctimas dejó la toma del Palacio de Justicia según el Centro Nacional de Memoria Histórica?

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, el saldo de la toma y retoma del Palacio de Justicia fue de 94 personas muertas, incluyendo 11 magistrados, y al menos otras 12 personas oficialmente desaparecidas. Sin embargo, la cantidad real de víctimas podría ser mayor, pues aún existen familiares en búsqueda de sus desaparecidos.

¿Qué medidas ordenó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el Palacio de Justicia?

Durante 2026, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medidas cautelares para resignificar la Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte de Bogotá y el Cementerio del Sur y Parque Villamayor, como lugares asociados a la tortura y desaparición de personas tras el episodio del Palacio de Justicia, respondiendo así a solicitudes de víctimas y familiares que buscan reconocimiento y memoria.

La intervención afectará especialmente a quienes utilizan con frecuencia este corredor vial para desplazarse por el centro de la ciudad, obligando a los conductores a buscar rutas alternas durante el horario señalado. En respuesta a esta situación, la Secretaría de Movilidad recomendó a los ciudadanos planificar su ruta antes de salir, revisar otros caminos disponibles y acatar las directrices del personal presente en el sector. Según la información, agentes de tránsito estarán en el lugar para orientar a los vehículos y facilitar la circulación, además de prevenir posibles atascos durante las horas de la intervención.

Las autoridades han pedido a los ciudadanos evitar acercarse al punto de reparación mientras se desarrollan las labores del IBAL, esto para disminuir el riesgo de congestiones y permitir que los trabajos finalicen dentro del tiempo estipulado. El objetivo es garantizar tanto la seguridad de quienes transitan por esa zona del centro de Ibagué como la eficiencia en la ejecución de la reparación programada por la empresa de acueducto y alcantarillado.

De acuerdo con la información oficial, el cierre solo cubre el tramo específico de la carrera Octava entre las calles 11 y 12, descartando afectaciones en otras vías del centro de la ciudad. Los agentes de tránsito y el personal de la Secretaría de Movilidad serán los encargados de supervisar el desarrollo de la jornada y de canalizar adecuadamente el flujo vehicular por las rutas alternas. Así, la comunidad podrá ajustar sus movimientos cotidianos, minimizando el impacto de la medida mientras avanza la actividad programada por el IBAL.

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¿Por qué se cerrará la carrera Octava en el centro de Ibagué este sábado?

La carrera Octava, entre las calles 11 y 12, tendrá cierre total durante seis horas porque la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) realizará una reparación. Las labores buscan intervenir un punto específico del corredor vial para completar las tareas necesarias dentro del horario determinado.

¿Qué rutas alternas pueden tomar los conductores en Ibagué durante el cierre de la carrera Octava?

La Secretaría de Movilidad aconseja a los conductores revisar sus rutas antes de salir y seguir las instrucciones de los agentes de tránsito ubicados en el sector. Las vías alternas dependerán del recorrido de cada usuario, por lo que se recomienda consultar previamente los caminos disponibles para evitar la zona intervenida.

El foco de sus críticas estuvo en la gestión de recursos destinados a la emergencia. Matador cuestionó a la primera dama de la Nación por, según él, no haber presentado un informe sobre el destino de los fondos de su fundación. Además, aseguró que "ni un solo peso de esos dineros ha servido para aliviar el hambre o atender las necesidades de los damnificados". Como parte de su reclamo, expresó con sarcasmo que habría sido más provechoso reutilizar el plástico de tres vallas para construir un refugio temporal, subrayando así la falta de soluciones reales para quienes necesitan protección ante las lluvias.

Las críticas también involucraron a Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, y Roberto Jiménez, mandatario de Dosquebradas, a quienes Matador señaló por no pronunciarse ni defender de manera decidida a sus comunidades frente a la emergencia. El caricaturista remató su mensaje con una contundente frase: "¡Qué falta de pantalones! para defender a su propio pueblo".

Este llamado de atención vuelve a encender el debate sobre la gestión y responsabilidad de las autoridades en el manejo de situaciones de emergencia, así como la eficacia de las ayudas y la transparencia en el uso de los recursos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en una verificación realizada en septiembre, aún existen familias tanto en alojamientos formales como informales, y se identificaron diversas carencias relacionadas con las condiciones de habitabilidad, evidenciando que la crisis sigue sin resolverse totalmente.

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¿Qué dijo Matador sobre la primera dama y los fondos para los damnificados del terremoto en Pereira?

Matador cuestionó públicamente a la primera dama de la Nación por, según él, no haber presentado el informe que debía explicar el uso de los recursos de su fundación destinados a la atención de los damnificados del terremoto en Pereira. El caricaturista aseguró que, en su opinión, ningún peso de ese dinero ha llegado para ayudar a quienes lo necesitan, poniendo en duda la transparencia y eficacia en la distribución de las ayudas.

¿Por qué siguen en riesgo las familias afectadas por el terremoto en Pereira?

Según la información citada, tras 89 días del terremoto todavía hay familias en Pereira viviendo en albergues y carpas, mientras varias viviendas dañadas continúan sostenidas por estructuras provisionales como guaduas. La Defensoría del Pueblo informó que subsisten necesidades en las condiciones de habitabilidad, lo que demuestra que la emergencia no ha sido superada y los afectados siguen esperando soluciones definitivas de las autoridades.

En el caso de Ángela Camila, se supo que era madre de una niña pequeña, lo que ha sumido a su familia en la tristeza y deja a su hija sin la compañía de su madre. La noticia ha causado profundo impacto en la comunidad, especialmente entre quienes la conocían y la rodeaban diariamente.

Según los datos recopilados hasta el momento, la Policía Metropolitana de Ibagué está investigando el suceso, pero aún se desconoce con claridad cómo comenzó la riña y cuál fue el origen del ataque. Versiones preliminares sostienen que el conflicto pudo haber iniciado por diferencias entre personas conocidas en ese sector, aunque también circula la hipótesis de que pudo haber existido un intento de robo. Las autoridades, sin embargo, no han confirmado ninguna de estas versiones y continúan recogiendo información.

La magnitud de las heridas que sufrió Ángela Camila provocó que, pese a la asistencia que recibió en el centro de salud, no lograra sobrevivir. El hecho generó conmoción y llevó a varios jóvenes a reunirse en las inmediaciones de la USI del Ricaurte, en un intento por conocer detalles sobre la situación de las dos mujeres y sobre lo ocurrido en el barrio. Las indagaciones policiales siguen en curso, y los responsables de la agresión aún no han sido identificados o capturados.

Mientras tanto, la ausencia de respuestas oficiales sobre el motivo del enfrentamiento y la ausencia de detenciones mantiene en alerta a las familias y vecinos del sector, que esperan que las autoridades logren esclarecer este trágico episodio.

¿Cuál es la hipótesis de las autoridades sobre el ataque a Ángela Camila Fernández en Ibagué?

De acuerdo con la información obtenida por la Policía Metropolitana de Ibagué, existen dos hipótesis principales: una pelea entre personas conocidas del sector y un posible intento de robo. Sin embargo, hasta el momento ninguna de estas ha sido confirmada oficialmente y la investigación continúa para esclarecer lo ocurrido.

¿Qué atención médica recibió Natalia Vidal tras el ataque en el barrio Matallana de Ibagué?

Según los datos conocidos, Natalia Vidal fue trasladada a la Unidad de Salud de Ibagué (USI) del barrio Ricaurte, donde recibió atención inmediata y varias suturas por las lesiones sufridas. Posteriormente, fue dada de alta al encontrarse estable durante la valoración médica.

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