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El exfuncionario aseguró que actuó por iniciativa propia, después de dejar su cargo, y rechazó que hubiera recibido instrucciones del Gobierno para buscar declaraciones contra figuras políticas.De Currea-Lugo precisó que presentó su renuncia como asesor presidencial en marzo de 2026 y que esta fue aceptada el 1 de abril. Posteriormente, el 23 de mayo y el 13 de junio, se comunicó con el exjefe paramilitar para proponerle una entrevista destinada a su página web, según su versión.

Los contactos se conocieron después de que se divulgaran mensajes y un audio en los que De Currea-Lugo hablaba con Mancuso sobre la contienda electoral y la posibilidad de que sus declaraciones tuvieran impacto político.

La información publicada por la revista Semana señala que buscaba obtener respuestas sobre la relación de De la Espriella con personas o intereses asociados con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

¿Qué dijo De Currea-Lugo sobre sus mensajes a Mancuso?

El exasesor sostuvo que el propósito de los contactos era periodístico y que no ofreció dinero, beneficios ni favores a Mancuso para que hiciera declaraciones falsas. También negó haber recibido instrucciones oficiales para gestionar esa conversación.

“Presenté mi renuncia como asesor presidencial en marzo de 2026, la cual fue aceptada el 1 de abril. El 23 de mayo y el 13 de junio contacté a Salvatore Mancuso por iniciativa exclusivamente personal, como periodista independiente, para solicitarle una entrevista destinada a mi página web (…) y formularle preguntas sobre Abelardo de la Espriella”, señaló en el comunicado.

De Currea-Lugo también rechazó que sus comunicaciones puedan presentarse, por sí solas, como prueba de una operación del Gobierno. Según afirmó, los mensajes se enviaron cuando ya no ejercía como asesor presidencial y por fuera de las funciones que había desempeñado en esa administración.

El contexto del llamado Pacto de Valledupar

La controversia surgió en medio de las versiones sobre las reuniones con antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para avanzar en el cierre del proceso de paz de Ralito. En ese contexto, se señaló que habría existido un intento de obtener declaraciones contra De la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.

De Currea-Lugo afirmó que su participación en ese proceso se limitó a contribuir al cierre de las conversaciones y que no suscribió acuerdos en nombre del Gobierno. También sostuvo que los exparamilitares no quisieron entregar nuevas declaraciones más allá de los testimonios que ya habían presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Por su parte, los excomandantes de las AUC rechazaron cualquier intento de instrumentalizar políticamente el proceso e hicieron un llamado al respeto por la verdad documental y los derechos de las víctimas.

La versión de De Currea-Lugo se conoció después de que Mancuso confirmara que recibió los mensajes y el audio, aunque aseguró que no respondió ni suministró información sobre De la Espriella. El exjefe paramilitar explicó que no tenía datos que respaldaran los señalamientos planteados en el cuestionario.

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La situación ocurrió el 30 de diciembre de 2025, cuando se encontraba en Tel Aviv junto a su mejor amigo y asesor. Durante la visita decidió desplazarse en un monopatín de alquiler, pero terminó chocando contra una de las columnas instaladas en las aceras para evitar que los vehículos invadan el espacio peatonal.

Polo Polo explicó que iba distraído cuando se encontró con el obstáculo y cayó de frente contra el pavimento. El golpe fue tan fuerte que perdió el conocimiento por unos instantes. Aunque sus acompañantes intentaron llevarlo a urgencias, él optó por regresar al alojamiento.

“Yo iba distraído manejando ese monopatín y resulta que en medio de la manejada me he tropezado con una de esas columnas y he caído de frente contra el pavimento”, relató.

 

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La advertencia médica que recibió Polo Polo luego de accidente en Israel

Al día siguiente, el excongresista tenía el ojo hinchado y presentaba moretones y heridas en los labios y la frente. La valoración médica posterior le permitió conocer el riesgo que había corrido por el impacto.

“Dios me guardó, porque cuando fuimos al médico, el médico dijo que eso pudo haber sido para perder el ojo y de verdad que puedo ver bien en los dos ojos”, aseguró.

Las secuelas también afectaron sus apariciones durante la campaña política. Polo Polo contó que tuvo que usar gafas oscuras tanto en la campaña al Congreso como en la presidencial, pues el ojo seguía demasiado traumatizado para mostrarse sin esa protección.

“Toda la campaña me tocó estar con gafas, tanto la del Congreso como la presidencial. Mucha gente me decía que estaba antipático o creído, pero era que tenía el ojo tan traumatizado que no podía hacer campaña así”, recordó.

Con su publicación, el exrepresentante explicó por qué llevaba gafas oscuras durante ese periodo y compartió detalles de un accidente que, según el diagnóstico que relató, pudo tener consecuencias más graves.

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Mientras avanzan las labores para encontrarla, se conoció el caso de Leydi Johanna Sánchez Miranda, de 39 años, cuyo paradero se desconoce desde septiembre.

Una de las coincidencias entre ambos casos es el escenario en el que se concentran las búsquedas. Leydi fue vista por última vez en el barrio San Judas, mientras que los últimos movimientos conocidos de María Alejandra se ubican en el nororiente de Cali, donde habría estado en inmediaciones del centro comercial Único.

Aunque se trata de sectores distintos, las dos desapariciones tienen como escenario la misma ciudad, lo que ha llevado a prestar atención a las circunstancias de cada caso.

También hay similitudes en sus actividades económicas. Leydi se dedicaba al comercio independiente, mientras que María Alejandra viajó desde Bogotá para trabajar en modelaje de protocolo y eventos de mercadeo.

Ambas tenían actividades laborales por cuenta propia y sus familias buscan esclarecer qué ocurrió durante los últimos momentos en que tuvieron noticias de ellas.

Sin embargo, estas coincidencias no demuestran que las desapariciones estén relacionadas. Los casos ocurrieron en fechas diferentes y deben investigarse de manera independiente. Por ahora, la prioridad de sus allegados es obtener información que permita reconstruir los movimientos de cada mujer y establecer dónde se encuentran.

¿Quién es la otra mujer desaparecida en Cali?

La otra mujer que buscan las autoridades es Leydi Johanna Sánchez Miranda, de 39 años, quien fue vista por última vez el 15 de septiembre en el barrio San Judas, en Cali. Ante la falta de información sobre su paradero, se activó una alerta rosa para apoyar las labores de búsqueda y facilitar que la ciudadanía aporte datos que permitan encontrarla.

Leydi se dedica al comercio independiente y reside en el barrio Alfonso López. Entre sus características físicas se encuentran una estatura aproximada de 1,60 metros, contextura delgada, piel trigueña, cabello negro y ojos negros. Cuando desapareció, vestía una blusa verde, jean azul, tenis cafés y una gorra negra.

También tiene señales particulares que pueden ayudar a identificarla: un tatuaje en la parte media de la nuca y otro en la zona frontal de la pierna izquierda. Además, presenta cicatrices en esa extremidad y en el dorso del pie izquierdo.

Las autoridades buscan información que permita establecer qué pasó desde la última vez que fue vista. Hasta el momento, no se ha confirmado que su desaparición tenga conexión con la de María Alejandra Molina.

¿Qué se sabe de la desaparición de María Alejandra Molina?

María Alejandra llegó a Cali el 8 de octubre por compromisos laborales relacionados con el modelaje de protocolo y actividades de mercadeo. Durante los primeros días mantuvo comunicación con su familia, pero el domingo 11 de octubre se produjo el último contacto conocido con su hermana, Natalia Molina.

Desde entonces, sus allegados intentan establecer dónde se encuentra. La familia también busca reconstruir sus movimientos en la ciudad, pues no tiene certeza sobre el lugar donde se hospedaba ni cuenta con información completa sobre las personas con las que tenía previsto trabajar.

La investigación contempla distintas posibilidades para determinar si la joven continúa en Colombia o salió del país. Entre las labores de verificación están la revisión de movimientos bancarios, registros de transporte y otros datos que puedan ayudar a establecer su recorrido. Hasta ahora, no se ha confirmado cuál fue su destino después de la última comunicación con sus familiares.

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El doble homicidio ocurrió el miércoles 14 de octubre, cerca de las 11:34 de la mañana. Según la información preliminar conocida por medios de comunicación, dos hombres habrían ingresado a la vivienda y se habría producido un enfrentamiento que terminó con lesiones de arma cortopunzante contra las víctimas.

Jorge Alejandro, de 56 años, presentaba una herida en el cuello, mientras que Alejandra, de 39, tenía lesiones en el pecho, la espalda y la pierna derecha. Ambos lograron salir de la finca, pero murieron antes de recibir atención médica.

La llamada a la Policía y las pistas sobre los atacantes

Según el relato de familiares recogido por El Tiempo e información publicada por otros medios, Alejandra habría alcanzado a comunicarse con la Policía para pedir ayuda. Sin embargo, cuando los uniformados llegaron al lugar, la pareja ya no tenía signos vitales.

De acuerdo con el rotativo, una vecina habría observado a dos hombres en una motocicleta estacionada frente a la finca durante un tiempo prolongado antes del crimen. Este dato hace parte de las versiones que se han conocido sobre lo ocurrido, mientras los investigadores buscan reconstruir los movimientos previos al ataque y establecer quiénes participaron.

La inspección del lugar quedó a cargo de las autoridades judiciales, que adelantan labores para recopilar elementos probatorios y esclarecer las circunstancias del doble homicidio. Hasta el momento, la información pública consultada no reporta capturas relacionadas con el caso.

Robos y conflictos previos, entre las líneas por esclarecer

Otra de las pistas que ha llamado la atención de los investigadores son las preocupaciones que la pareja habría expresado antes de su muerte. Según información divulgada por La FM, Alejandra y Jorge habían comentado a personas cercanas que atravesaban situaciones incómodas en el sector y que tenían diferencias con algunos vecinos.

Esos antecedentes no permiten concluir que el crimen estuviera relacionado con algún conflicto vecinal. Las autoridades deben establecer si existía una conexión entre esas situaciones y el ataque ocurrido en la finca, o si los hechos obedecieron a otro motivo.

También se contempla la posibilidad de un hurto violento. En los reportes sobre el caso se menciona que la vivienda habría quedado desordenada después de lo sucedido, un aspecto que deberá contrastarse con las evidencias recolectadas en el inmueble. Por ahora, no hay una explicación oficial confirmada sobre el móvil del crimen.

Autoridades buscan esclarecer el doble homicidio en Suesca

La Policía de Cundinamarca informó que trabaja en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, a través de unidades de investigación criminal e inteligencia, para identificar y capturar a los responsables. Además, hizo un llamado a la comunidad para que entregue información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso mediante la línea de emergencia 123.

Mientras avanzan las indagaciones, los familiares de Alejandra Torres y Jorge Alejandro Vivas Alba esperan respuestas sobre lo ocurrido en la vereda Tenería. La investigación deberá determinar cómo ingresaron los atacantes a la finca, qué sucedió durante la agresión y cuál fue el motivo del crimen.

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El caso mantiene varias preguntas abiertas sobre el lugar donde se hospedó, las personas con las que iba a trabajar y lo que ocurrió después de su último contacto con su familia el 11 de octubre.

La joven llegó a la capital del Valle del Cauca el jueves 8 de octubre para cumplir compromisos relacionados con el modelaje de protocolo y actividades de mercadeo. Durante los primeros días mantuvo comunicación con sus allegados, pero esa situación cambió el domingo siguiente, cuando dejó de responder los mensajes que le enviaba su hermana, Natalia Molina.

Uno de los principales obstáculos para establecer qué pasó es que la familia no conoce con certeza la dirección del alojamiento en el que permaneció María Alejandra ni tiene claridad sobre quiénes la contrataron. Aunque recibió fotografías de la joven durante el viaje, las imágenes no han sido suficientes para ubicar el lugar exacto.

Hipótesis que da giro a la investigación sobre modelo desaparecida en Cali

La investigación por la desaparición de María Alejandra Molina Solano podría ampliar su alcance más allá de Cali. Según conoció El Tiempo, la Fiscalía contempla la posibilidad de que la hayan sacado del territorio nacional contra su voluntad.

El caso está en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), cuyos investigadores buscan reconstruir los movimientos de la joven desde que perdió contacto con su familia el 11 de octubre. La posibilidad de que se encuentre fuera del país cobró relevancia en las pesquisas y llevó a revisar registros que permitan establecer si cruzó una frontera y por qué vía pudo haberlo hecho.

Una de las líneas de investigación apunta a los desplazamientos aéreos. Los investigadores revisan información relacionada con vuelos y registros de pasajeros para determinar si Molina salió desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que presta servicio a Cali. Estos análisis buscan establecer si existe algún registro que permita confirmar o descartar un viaje por avión.

Ante la falta de elementos concluyentes en esa línea, otra posibilidad bajo análisis es que la joven haya salido por carretera. En ese escenario, el CTI busca reconstruir posibles recorridos por los corredores viales del suroccidente colombiano, mediante la revisión de registros de peajes y cámaras de seguridad. El objetivo es establecer si viajó en un vehículo particular o de servicio público y si alguien pudo haberla trasladado.

Medellín también aparece entre los lugares que se busca verificar dentro de la investigación, aunque no existe confirmación de que la joven haya llegado a esa ciudad. Además, su familia ha cuestionado versiones sobre un supuesto viaje a la capital antioqueña antes de su desaparición, por lo que los investigadores deben contrastar los testimonios con los demás elementos recopilados.

El rastreo de movimientos bancarios y la reconstrucción de sus últimos desplazamientos hacen parte de las diligencias para aclarar lo ocurrido. La Fiscalía busca establecer si María Alejandra Molina continúa en Colombia, si salió del país y, en ese caso, si lo hizo por decisión propia o bajo circunstancias que comprometan su libertad.

Última pista en caso de María Alejandra Molina

Entre los datos que los allegados de María Alejandra revisan está un movimiento bancario por 172.000 pesos, registrado el domingo 11 de octubre a las 6:41 p. m. Una amiga de la joven planteó que el pago podría estar relacionado con un alojamiento contratado mediante Airbnb, aunque todavía no se ha confirmado el lugar ni el propósito de la transacción.

Además, la hora del movimiento llamó la atención porque se registró pocos minutos antes del último intercambio de mensajes que su hermana recuerda haber tenido con ella. Natalia Molina ha explicado que recibió una comunicación alrededor de las 6:53 p. m. de ese domingo, le respondió a su hermana y no volvió a obtener noticias suyas.

Las fotografías que María Alejandra compartió durante el viaje tampoco han permitido establecer con certeza dónde se encontraba. Su familia ha revisado posibles alojamientos que se parecen al espacio que aparece en las imágenes, pero no ha conseguido confirmar una coincidencia. Por eso, identificar el lugar en el que permaneció durante su estadía se convirtió en una de las claves para reconstruir sus últimos movimientos.

Una de las figuras que ha impulsado estas críticas en redes sociales es la senadora María Clara Posada, del partido Centro Democrático, quien compartió fragmentos de una audiencia realizada en 2019 y presidida por la magistrada Lemaitre. La JEP aclaró que la investigación de ese proceso condujo en 2021 a imputaciones contra el último secretariado de las Farc por más de 21.000 casos de secuestro. Además, el senador Germán Rodríguez publicó con imágenes de una audiencia participada por Sigifredo López, víctima de secuestro, en un montaje que, según la JEP, busca desprestigiar a Lemaitre. Rodríguez incluso llegó a afirmar en un video en TikTok que la togada “es una adoradora de las Farc” y “anda enamorada de Timochenko”, acusaciones que la JEP calificó como falsas y estigmatizantes.

El pronunciamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz subraya que comentarios de este tipo no solo ponen en entredicho el nombre de la magistrada, sino que también pueden derivar en riesgos físicos debido a la violencia digital. Si bien la JEP reconoce el derecho de víctimas y ciudadanos a cuestionar y exigir a la justicia, aclara que las inconformidades deben presentarse de manera formal y respetando las garantías para todos los involucrados. La instancia destaca que la labor de la magistrada Lemaitre ha producido nueve autos que han imputado a 74 excomandantes de las Farc por crímenes de guerra y lesa humanidad como asesinatos, tortura, violencia sexual, toma de rehenes y desaparición forzada. Según la JEP, ningún otro despacho ha documentado tantos casos contra tan alto número de comandantes de la antigua guerrilla.

En entrevista con El Espectador, Lemaitre explicó que la circulación de videos manipulados causa un grave daño emocional y mental a las víctimas al revivir su trauma y deslegitimar el trabajo de la justicia transicional. Además, reconoció los efectos personales tras la difusión de estas piezas, afirmando que la situación ha afectado su vida y su tranquilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la JEP rechaza las campañas de desprestigio contra Julieta Lemaitre?

La JEP rechaza estas campañas porque los videos manipulados distorsionan el trabajo judicial, pueden revictimizar a quienes ya han sufrido crímenes, y alimentan la estigmatización y violencia digital contra la magistrada Julieta Lemaitre, poniendo en riesgo su vida e integridad, según informaciones de la misma jurisdicción y testimonios recogidos por El Espectador.

¿Cuáles son los principales resultados en casos Farc bajo la magistrada Julieta Lemaitre?

El despacho de la magistrada Julieta Lemaitre ha proferido nueve autos con los que ha imputado a 74 excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad, documentando hechos de asesinatos, tortura, violencia sexual, toma de rehenes y desaparición forzada, según reporta la JEP en sus comunicados.

El proyecto fue sometido a revisión con un total de 27 artículos, algunos de los cuales fueron modificados a partir de los debates en comisión. Entre las novedades se encuentra la protección de la intimidad de las víctimas, buscando institucionalizar la confidencialidad y garantizar el acompañamiento judicial ofrecido por la Defensoría del Pueblo. Adicionalmente, con la aprobación de esta ley, se busca cerrar las puertas a la llamada “paz total” propuesta por el gobierno anterior y eliminar cualquier posibilidad de negociaciones políticas con organizaciones criminales. Así lo enfatizó el senador Hernán Cadavid, ponente por el Centro Democrático, quien afirmó que la iniciativa permitirá enfocar los esfuerzos en seguridad y orden público.

Daniel Briceño, representante que también participó en la ponencia, calificó la ley como el fin de una política que, según él, solo había incrementado la ilegalidad en el país. Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, actual encargado también de la cartera del Interior, insistió en la importancia de acelerar el trámite para cumplir los plazos exigidos y dejar claro que la ley no constituirá un escenario de impunidad. Aseguró que habrá investigaciones y sanciones efectivas para quienes decidan someterse bajo este marco legal.

La norma establece que el proceso de sometimiento incluirá siempre la presencia de un abogado y limita expresamente los beneficios jurídicos, sin que se traduzcan en reducción de penas accesorias o eliminación de las inhabilidades para ejercer cargos públicos. Además, niega el reconocimiento de carácter político a los actores armados. No obstante, la izquierda del Pacto Histórico expresó su rechazo, argumentando que la ley podría generar impunidad y no exige resultados claros de desmantelamiento de estructuras criminales, según declaraciones de la senadora Carolina Corcho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios introduce la nueva ley de sometimiento frente a la política de paz total?

La nueva ley de sometimiento, de acuerdo con lo aprobado por las comisiones primeras de Senado y Cámara, marca un giro en las políticas estatales al cerrar la posibilidad de negociaciones políticas con organizaciones criminales y desmontar la denominada “paz total” de la administración anterior. El proyecto se enfoca en la imposición de condiciones legales estrictas, la obligación de representación judicial para los sometidos y la negación de carácter político a los actores armados.

¿Cuáles son las garantías y derechos para las víctimas en la ley de sometimiento?

La ley asegura la protección de la intimidad de las víctimas, establece la confidencialidad de su información y garantiza el derecho a ser reconocidas y recibir asesoría así como representación judicial por parte de la Defensoría del Pueblo. Además, las víctimas deben ser informadas sobre los avances durante la investigación y el proceso judicial, buscando así darles un papel central en las etapas del sometimiento.

La decisión de remover a Lara Restrepo tiene como contexto una serie de desaciertos políticos que marcaron su breve paso por la cartera. Como señala El Espectador, Lara llegó al gabinete luego de desempeñar un papel clave durante la campaña presidencial, sirviendo como puente con nuevos sectores en la segunda vuelta. Sin embargo, desde antes de su posesión, enfrentó retos, como la inesperada elección de Honorio Henríquez en la presidencia del Senado, lo cual afectó la influencia del Gobierno en el Congreso. A esto se sumaron dificultades para ubicar a aliados en comisiones estratégicas, pese a diversas reuniones y negociaciones con líderes partidistas.

Su gestión tuvo además episodios de conflicto interno, incluidos cuestionamientos en redes sociales que provenían incluso de simpatizantes de Abelardo de la Espriella. Las críticas iban desde su ausencia en el Capitolio hasta las contrataciones dentro de su cartera. La situación se agravó tras el error en la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN). Un artículo introducido sin previa discusión vició el trámite del presupuesto, obligando al Ejecutivo a firmar por decreto una versión diferente a la avalada por el Legislativo. Aunque Lara intentó desligarse de la responsabilidad indicando que su labor era “asegurar los votos”, la molestia en el interior del Gobierno quedó en evidencia, especialmente con los asesores del Ministerio de Hacienda.

El desenlace fue rápido: tras una mañana de reuniones habituales en la Casa de Nariño y el Capitolio, Lara fue llamado a la Presidencia y, minutos después, se anunció su salida. En el Congreso, la noticia generó reacciones inmediatas tanto de oficialistas como de la oposición, quienes consideraron injusto que se responsabilizara a Lara del fiasco presupuestal y advirtieron que el nuevo ministro enfrentará una fuerte vigilancia política. Antes de su despido, Lara había sostenido encuentros con altos representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el Estatuto Antiterrorista, buscando cooperación internacional.

Ahora, Alejandro Ordóñez, con experiencia previa como procurador general y diplomático, asume el Ministerio del Interior en un ambiente marcado por tensiones entre Ejecutivo y Legislativo. Su perfil conservador anticipa un diálogo complejo en el Congreso, de acuerdo con declaraciones de parlamentarios y funcionarios recogidas por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue retirado Rodrigo Lara del Ministerio del Interior?

Rodrigo Lara fue retirado de su cargo debido a diversas dificultades políticas durante su gestión, incluyendo incapacidad para consolidar apoyos clave en el Congreso y, principalmente, por un error en la aprobación del Presupuesto General de la Nación que obligó al Ejecutivo a firmar el presupuesto por decreto, según informó El Espectador. Este hecho fue visto como la causa principal de su salida, agravada por tensiones internas y críticas tanto del oficialismo como de la oposición.

¿Qué retos enfrentará Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior?

Como nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez deberá manejar un Congreso dividido y recuperar la confianza en la coordinación entre Ejecutivo y rama legislativa. De acuerdo con la información de El Espectador, su perfil conservador y su protagonismo en debates polémicos podrían dificultar la construcción de consensos. A esto se suma la vigilancia anunciada por sectores de oposición y los retos de gestión tras la crisis del presupuesto.

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A través de su cuenta de X, Sanabria consideró que la salida de Lara era previsible por los resultados que obtuvo durante su primer año al frente de la cartera. Sin embargo, advirtió que el cambio de funcionario no necesariamente resolverá las dificultades del Gobierno para negociar con los congresistas.

“Lo de Lara veía venirse. No tuvo una sola victoria en el congreso y eso que apenas es el primer año de gobierno”, escribió la joven.

En el mismo mensaje, Sanabria se refirió al reto que tendrá Ordóñez en su nuevo cargo, especialmente por la diversidad de posiciones que conviven en el Legislativo y la necesidad de construir acuerdos para sacar adelante las iniciativas del Ejecutivo.

“Pero tampoco creo que Ordóñez tenga la capacidad de mediar y llegar a acuerdos con bancadas tan diversas”, agregó.

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La contrarreforma, una de las preocupaciones de Sanabria

La defensora del Gobierno actual también vinculó el cambio ministerial con el trámite de la contrarreforma que espera presentar. Según manifestó, le preocupa cómo pueda afectar la llegada de Ordóñez las posibilidades de concertación alrededor de esa iniciativa.

“Me preocupa de cara a la presentación de nuestra contrarreforma. Ojalá que me equivoque…”, concluyó Sanabria en su publicación.

Lo de Lara veía venirse. No tuvo una sola victoria en el congreso y eso que apenas es el primer año de gobierno.

Pero tampoco creo que Ordóñez tenga la capacidad de mediar y llegar a acuerdos con bancadas tan diversas.

Me preocupa de cara a la presentación de nuestra…

— Jerome (@SoyJerome__) October 22, 2026

La reacción se conoció después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara la salida de Lara y designara a Ordóñez como su reemplazo. El relevo coincidió con la controversia por el Presupuesto General de la Nación para 2027, cuyo trámite legislativo terminó sin una conciliación entre las versiones aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes.

La diferencia alrededor del artículo 65 impidió completar el procedimiento en el Congreso, por lo que el Gobierno anunció que expedirá el presupuesto mediante decreto.

Aunque la cercanía entre ambos hechos puso el tropiezo presupuestal en el centro de las preguntas sobre la salida de Lara, el Ejecutivo no ha explicado públicamente si esa controversia fue la razón del cambio.

Con Ordóñez al frente del Ministerio del Interior, uno de los retos será la interlocución con las bancadas para impulsar los proyectos del Gobierno. Sanabria, por su parte, dejó planteadas sus dudas sobre esa capacidad de negociación, a la espera de cómo avance la relación entre el Ejecutivo y el Congreso.

Además de su paso por la OEA, Alejandro Ordóñez cuenta con una larga trayectoria en el sector público. Inició como concejal de Bucaramanga, ascendió en la rama judicial, fue magistrado y presidente del Consejo de Estado, y alcanzó notoriedad nacional al ser procurador general entre 2009 y 2016, aunque su reelección fue anulada por el Consejo de Estado debido a irregularidades. Durante su gestión, protagonizó decisiones polémicas, entre ellas la destitución del entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro, hecho que derivó en un fallo internacional en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la violación de derechos políticos del hoy expresidente.

Ordóñez es reconocido por sus posturas conservadoras y su influencia en la derecha colombiana. Lideró la campaña por el “No” en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz firmado con las Farc y fue candidato a la presidencia, además de desempeñarse como embajador ante la OEA durante el gobierno de Iván Duque y posteriormente bajo el mandato de De la Espriella. En sus declaraciones como diplomático, enfatizó la importancia de la "batalla cultural", la fe religiosa y la seguridad hemisférica como ejes de la política exterior colombiana. Además, anunció el regreso de Colombia a la Declaración del Consenso de Ginebra, que sostiene que "no existe un derecho internacional al aborto", con efectos considerados políticos y no jurídicos.

El nombramiento de Ordóñez ha provocado reacciones encontradas en el Congreso. Mientras miembros del partido oficialista consideran que se requiere mayor diálogo y construcción de consensos, el sector de la oposición recuerda las posiciones conservadoras y decisiones controvertidas de Ordóñez cuando fue procurador. Según El Espectador, se prevé que el nuevo ministro del Interior tenga el reto de recomponer la relación con el Congreso y gestionar la aprobación de iniciativas como el estatuto antiterrorista y el proyecto “antimermelada”.

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¿Quién es Alejandro Ordóñez y cuál ha sido su trayectoria política?

Alejandro Ordóñez es un político y jurista colombiano con amplia experiencia en el sector público. Comenzó su carrera como concejal de Bucaramanga y ocupó cargos relevantes en la rama judicial, llegando a presidir el Consejo de Estado. Alcanzó notoriedad al ejercer como procurador general entre 2009 y 2016, cargo en el que tomó decisiones polémicas, como la destitución de Gustavo Petro. Su reelección en la Procuraduría fue anulada por irregularidades y, tras aspirar a la presidencia, fue nombrado embajador ante la OEA, donde defendió posturas conservadoras y criticó políticas multilaterales.

¿Cuáles han sido las reacciones políticas ante la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior?

Según El Espectador, la designación de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior generó diversas reacciones. Desde el oficialismo, algunos legisladores consideran que se necesita fortalecer el diálogo y construir consensos para avanzar en la agenda legislativa, mientras que la oposición insiste en los riesgos de su línea conservadora y critica decisiones pasadas, especialmente relacionadas con derechos sexuales y reproductivos. El reto principal para Ordóñez será recomponer la relación Ejecutivo - Congreso y gestionar el trámite de proyectos clave.

El paso de Lara por el ministerio estuvo marcado por diversos acontecimientos y polémicas, particularmente en la relación con el Congreso. Destaca el reciente episodio durante la discusión del Presupuesto General de 2027, donde un error de trámite causó la eliminación de más de una decena de modificaciones propuestas, obligando al Ejecutivo a aceptar lo definido en el primer debate de las comisiones económicas. Aunque Lara minimizó la consecuencia de este error, atribuyó la responsabilidad al Ministerio de Hacienda dirigido por Miguel Gómez.

No obstante, los desacuerdos y críticas hacia Lara surgieron previamente. Sectores aliados al gobierno criticaron la lentitud con la que la agenda gubernamental lograba avanzar en el Congreso. Además, coincidió la notificación de su destitución con la discusión de la ley de sometimiento o de acogimiento en comisiones primeras. De acuerdo con El Espectador, existieron tensiones previas entre Lara y sectores del oficialismo, incluidas discusiones acaloradas durante la conformación del Consejo Nacional Electoral.

Adicionalmente, la influencia de Lara fue percibida como baja en la elección del contralor General, y su falta de presencia en el Legislativo generó distancia con los procesos políticos. Otro punto de fricción fue la derrota del gobierno en la elección de las mesas directivas del Congreso, donde los aspirantes respaldados por el Ejecutivo no fueron elegidos, reflejando dificultades para consolidar mayorías.

Pese a estas controversias, Lara seguía impulsando iniciativas como el estatuto antiterrorista, proyecto que presentó respaldo internacional ante funcionarios de Naciones Unidas, según sus reportes. Sin embargo, su gestión terminó abruptamente mientras coordinaba la aprobación de la ley de sometimiento en el Congreso, y su cargo fue asumido de manera provisional por el ministro de Justicia, Iván Cancino, hasta la posesión de Ordóñez.

La salida de Lara marca el segundo ajuste ministerial del gobierno de la Espriella, luego de la remoción previa en la cartera de Educación. Todos estos movimientos dan cuenta de un gabinete en constante transformación, según la información entregada por El Espectador.

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¿Por qué fue destituido Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior?

Rodrigo Lara Restrepo fue destituido por el presidente Abelardo de la Espriella debido a una serie de desacuerdos y episodios polémicos durante su corta gestión. Entre las razones figuraron errores en el trámite del Presupuesto General de 2027, críticas de lentitud en el avance de la agenda legislativa, tensiones con el oficialismo en el Congreso y desavenencias en procesos clave como la elección de contralor y de mesas directivas. Según El Espectador, estos hechos debilitaron la posición de Lara, que terminó por salir del gabinete en menos de tres meses.

¿Quién reemplazará a Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior y cuál es su experiencia?

Alejandro Ordóñez será el nuevo ministro del Interior, luego de desempeñarse como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). La información de El Espectador indica que Ordóñez asumirá el cargo tras un encargo interino de Iván Cancino, ministro de Justicia, resaltando que Ordóñez cuenta con experiencia en organismos internacionales y trayectoria en el sector público.

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El presidente Abelardo De la Espriella anunció su retiro el 21 de octubre y designó como reemplazo a Alejandro Ordóñez Maldonado, quien se desempeñaba como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Aunque el mandatario no detalló públicamente las razones de su decisión, un informe publicado por la revista Semana identificó cinco asuntos que habrían debilitado la posición del funcionario dentro del Ejecutivo.

Entre ellos figuran resultados electorales adversos para el Gobierno en el Legislativo, controversias por nombramientos y el revés que sufrió el trámite del presupuesto nacional.

La salida también deja interrogantes sobre la relación que Lara mantenía con otros sectores de la administración. Según Semana, dentro del Gobierno había empezado a tomar fuerza la percepción de que el ministro no compartía algunas de las principales posiciones políticas de la Casa de Nariño.

Razones que habrían influido en la salida de Rodrigo Lara

Uno de los factores que habría complicado la gestión de Lara fue la dificultad para alinear las decisiones del Congreso con las preferencias del Gobierno. La elección de Honorio Enríquez, del Centro Democrático, como presidente del Senado, por encima de Alfredo Deluque, quien contaba con el respaldo de la Casa de Nariño, fue uno de los resultados que generó inconformidad en el Ejecutivo, según el recuento de Semana.

A esto se sumó la elección del contralor general de la República. La falta de una candidatura unificada entre los sectores políticos cercanos al Gobierno permitió que las bancadas tomaran caminos distintos. Aunque la autonomía del Congreso fue defendida durante el proceso, el resultado habría alimentado las diferencias sobre la estrategia que debía seguir el Ministerio del Interior para construir acuerdos legislativos.

Otro asunto que provocó controversia fue la contratación de Altus Baquero, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, como asesor jurídico del despacho ministerial. La vinculación alcanzó a tramitarse, pero recibió reparos desde la Casa de Nariño y, finalmente, se ordenó reversarla. El episodio puso bajo discusión los criterios empleados para escoger personal en una cartera encargada de coordinar buena parte de la interlocución política del Gobierno.

La designación de Germán Andrés Miranda al frente de la Dirección Nacional de Bomberos también terminó en una situación difícil para el ministro. El 3 de octubre, De la Espriella ordenó retirar al funcionario después de señalar que había conocido información sobre posibles actuaciones irregulares. Lara confirmó que existían elementos que debían ponerse en conocimiento de las autoridades, aunque los señalamientos debían ser esclarecidos por las instancias competentes.

El presupuesto, el revés que aceleró la decisión

El problema más inmediato para Lara habría sido el trámite del Presupuesto General de la Nación. El proyecto aprobado por el Congreso terminó afectado por un vicio de procedimiento, lo que obligó al Gobierno a recurrir a la expedición del presupuesto por decreto.

Según la información publicada por Semana, la decisión de retirar al ministro se tomó menos de 24 horas después de ese revés legislativo. La cercanía entre ambos hechos apunta a que el manejo del trámite presupuestal habría sido determinante para acelerar su salida, aunque el presidente no presentó una explicación pública que confirmara esa relación.

La situación se produjo, además, cuando el Ejecutivo necesitaba consolidar apoyos en el Senado y la Cámara de Representantes para avanzar en su agenda. La capacidad del Ministerio del Interior para construir consensos resultaba especialmente importante en ese escenario.

Alejandro Ordóñez asumirá el Ministerio del Interior

Tras anunciar el retiro de Lara, De la Espriella confirmó a Alejandro Ordóñez como nuevo jefe de la cartera política. El exprocurador deberá asumir la interlocución con el Congreso y afrontar los desafíos legislativos pendientes de la administración.

Mientras se formaliza su posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, quedó encargado temporalmente de las funciones de Interior.

La salida de Lara se explica, por ahora, a partir de los factores identificados en el informe de Semana y del contexto político en el que se produjo el relevo. Sin una explicación detallada del presidente, no es posible afirmar que uno solo de esos asuntos haya sido la causa definitiva; el conjunto de desacuerdos y controversias, sin embargo, permite entender el escenario en el que se tomó la decisión.

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El video fue acompañado por un mensaje provocador en el que Muñoz hizo referencia a un supuesto deseo frustrado de Dávila. La publicación también incluyó una crítica al llamado Estatuto Antiterrorista.

La respuesta de la periodista no tardó en llegar y estuvo dirigida directamente contra el autor del montaje.

En el video compartido por Muñoz, Dávila aparece bailando vallenato junto a Petro, en una escena de cercanía física que fue creada mediante inteligencia artificial.

El montaje fue publicado con el mensaje: “El sueño FRUSTRADO de Vicky Dávila… Favor RT, colombianos”.

¿Qué le respondió Vicky Dávila a Daniel Muñoz?

La periodista cuestionó el contenido del video y calificó de machista la publicación.

En su respuesta, señaló directamente a Muñoz y rechazó el tono de la representación, que la mostraba bailando muy cerca de Petro.

“Miren a este cochino. Machistas y sucios. Piensan con eso y no con la cabeza. Daniel Muñoz, qué pendejo”, escribió Dávila en respuesta a la publicación.

Miren a este cochino. Machitas y sucios. Piensan con eso y no con la cabeza. Daniel Muñoz que pendejo.

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 21, 2026

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El mandatario dio a conocer detalles del procedimiento y divulgó en sus redes sociales fotografías de la sustancia incautada. Según su comunicación, el operativo se llevó a cabo el 19 de octubre, a las 11:57 de la noche, después de que se presentara una denuncia por las amenazas.

De acuerdo con la información compartida por De La Espriella, la denuncia fue radicada el 18 de octubre, a las 12:23 del mediodía, por hechos que, según su relato, ocurrieron ese mismo día a las 10:12 de la mañana.

“Durante el allanamiento, las autoridades encontraron una importante cantidad de marihuana en poder del capturado”, afirmó el jefe de Estado.

¿Por qué delitos fue imputado el capturado?

Además de la investigación por las presuntas amenazas, la Fiscalía le imputó a Buriticá Suárez el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal colombiano.

Esta norma sanciona distintas conductas relacionadas con sustancias estupefacientes cuando se llevan a cabo sin autorización, entre ellas transportarlas, almacenarlas, conservarlas o distribuirlas. La pena depende de las circunstancias y la cantidad de sustancia involucrada.

Un juez de la República ordenó enviar al señalado a prisión. Según el presidente, durante la decisión judicial se tuvo en cuenta el enfoque de género y las pruebas recopiladas por el Centro Cibernético de la Policía.

La imputación de cargos no equivale a una condena: será la justicia la encargada de establecer la responsabilidad penal del procesado por los hechos investigados.

¿Qué dijo De la Espriella sobre las amenazas?

Tras conocerse la captura, el mandatario rechazó las intimidaciones contra sus familiares y sostuvo que deben tomarse en serio las amenazas dirigidas a cualquier hogar colombiano.

“Como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables”, manifestó.

De da Espriella agregó que su familia merece protección, al igual que las demás familias del país, y afirmó que ninguna persona debería vivir bajo intimidaciones.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de las amenazas por medios digitales y la importancia de denunciar estos hechos ante las autoridades para que sean investigados.

Los hechos que motivaron esta imputación surgieron a partir de la supuesta alianza del exgobernador con una organización criminal llamada "Las Salsas Mexicanas". Según el ente acusador, Hawkins Sjorgreen habría contactado a esta estructura para extorsionar a dos contratistas de la Gobernación. La exigencia era el pago de 3.000 millones de pesos colombianos (COP), con el fin de permitirles continuar con los contratos oficiales. Además, la Fiscalía indicó que se habría producido la retención de una persona en Cartagena, Bolívar, relacionada con estos acontecimientos.

Durante la audiencia, la fiscal responsable explicó que la conducta atribuida al exgobernador no constituye un "hecho aislado", sino un ejemplo de un fenómeno más amplio de criminalidad, en el que presuntamente también se localizó una célula de la organización en Cartagena para realizar los cobros. De acuerdo con la Fiscalía, las víctimas fueron abordadas de manera reiterada desde finales de 2023. Incluso, al negarse a entregar el dinero exigido, la organización habría decidido secuestrar a una sobrina de una de las víctimas durante aproximadamente dos horas. El secuestro fue ejecutado por alias 'Pichi' y dos personas más, quienes obligaron a la joven, bajo amenaza de armas, a llamar a su tío como parte de la intimidación.

Everth Julio Hawkins Sjorgreen fue capturado en Barranquilla el pasado 19 de octubre en un operativo policial. Frente a los cargos presentados por un fiscal especializado en organizaciones criminales, el exgobernador negó su responsabilidad. Aunque la Fiscalía solicitó su detención preventiva, el juez optó por imponerle una medida no privativa de la libertad. Vale mencionar que Hawkins Sjorgreen enfrenta otro proceso penal, relacionado con la presunta entrega irregular de un contrato millonario en octubre de 2022 a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) para obras en Haynes Cay. El contrato, por valor de 11.125 millones de pesos, habría generado un detrimento patrimonial de 4.330 millones, suma por la cual también es investigado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue capturado el exgobernador de San Andrés por la Fiscalía?

El exgobernador Everth Julio Hawkins Sjorgreen fue capturado debido a investigaciones de la Fiscalía que lo relacionan con presuntos delitos de extorsión agravada tentada y secuestro extorsivo agravado. Según la entidad, habría utilizado a la organización criminal “Las Salsas Mexicanas” para extorsionar a contratistas exigiendo grandes sumas de dinero y habría participado en la retención de una persona en Cartagena, tal como relata El Espectador.

¿Cuál es la importancia del detrimento patrimonial en el caso de Everth Julio Hawkins?

El detrimento patrimonial se refiere a la pérdida o daño económico sufrido por una entidad pública, en este caso, el departamento de San Andrés. La Fiscalía investiga a Hawkins por la presunta entrega irregular de un contrato millonario relacionado con obras públicas que no se concretaron, con una pérdida estimada en 4.330 millones de pesos, afectando los recursos estatales destinados al mejoramiento urbanístico.

Frente a esta situación, equipos del Cuerpo de Bomberos de Fusagasugá, organismos de primera respuesta, personal de Gestión del Riesgo y trabajadores de la empresa de servicios públicos Emserfusa respondieron rápidamente visitando los sectores reportados, con el propósito principal de supervisar y restaurar las condiciones de seguridad. Según declaraciones del capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de los Bomberos de Cundinamarca citadas en El Espectador, las lluvias causaron no solo el desbordamiento de varias quebradas, entre ellas Pekín, sino que también generaron problemas en el funcionamiento regular de los sistemas de alcantarillado, resaltando la vulnerabilidad de algunos puntos ante eventos de alta pluviosidad.

La gravedad de la emergencia requirió inspección directa en la quebrada La Parroquia, donde los equipos encontraron un caudal alto y desechos sólidos, aunque sin evidencias de desbordamiento en ese punto. El reporte también destaca que las unidades de bomberos (en particular, la unidad M-7) mantuvieron labores de atención en el barrio Las Margaritas, un sector que ha requerido monitoreo y presencia constante de los organismos de socorro.

Por fortuna, y de acuerdo con la información confirmada por la Alcaldía de Fusagasugá y reproducida por El Espectador, no se reportaron personas fallecidas, lesionadas ni viviendas afectadas. Los niveles de otras fuentes hídricas importantes, como las quebradas Coburgo, Los Curos y Manila, disminuyeron con el paso de las horas, aunque las autoridades siguen en alerta ante posibles aumentos repentinos en los caudales.

Finalmente, la administración municipal reiteró la importancia de que los habitantes, especialmente quienes viven cerca de quebradas y canales, permanezcan atentos a variaciones en los niveles de agua, se abstengan de arrojar basuras a los sistemas de drenaje para evitar obstrucciones y sigan las recomendaciones oficiales para evitar riesgos innecesarios. Los canales de comunicación, incluidos los números de emergencias de Bomberos y Gestión del Riesgo, se mantienen activos en caso de nuevas eventualidades.

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¿Qué originó las emergencias por lluvias en Fusagasugá, Cundinamarca?

Las emergencias en Fusagasugá se presentaron principalmente por el aumento súbito en el caudal de varias quebradas y el colapso de los sistemas de alcantarillado, según reportaron tanto funcionarios de la Alcaldía como el capitán del Cuerpo de Bomberos. El desbordamiento de la quebrada Pekín y las inundaciones en sectores urbanos y rurales evidenciaron la magnitud del impacto de las recientes lluvias.

¿Qué medidas recomienda la Alcaldía de Fusagasugá ante futuras lluvias intensas?

La Alcaldía recomienda a los habitantes mantenerse alerta a las condiciones de los afluentes hídricos, no transitar por zonas inundadas, evitar la cercanía con cuerpos de agua durante crecidas y reportar oportunamente cualquier emergencia a las líneas habilitadas de Bomberos y Gestión del Riesgo. Además, aconseja no arrojar residuos en las alcantarillas para prevenir obstrucciones y encharcamientos.

Con este paso, la iniciativa podrá continuar su trámite legislativo en las plenarias de ambas corporaciones, donde deberá enfrentar nuevas discusiones antes de convertirse en ley. El proyecto busca establecer las condiciones jurídicas para que integrantes de grupos armados y estructuras criminales se sometan a la justicia.

#ATENCIÓN | Fue aprobada la ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella en primer debate. Sin la presencia de la oposición y con la tensión tras la salida del ministro Rodrigo Lara, las comisiones primeras le dieron luz verde al proyecto para que sea debatido en plenarias.

Vía: @davidortegado
https://t.co/woHMRjVE2M

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 22, 2026

La propuesta hace parte de la estrategia de seguridad del Gobierno y busca marcar distancia frente a la política de ‘paz total’ de la administración anterior. La iniciativa plantea una ruta jurídica para el sometimiento, con condiciones y beneficios judiciales sujetos al cumplimiento de compromisos con la justicia.

Uno de los cambios incluidos en la ponencia fue sustituir el concepto de “rol de liderazgo” por “rol de mando”, además de precisar límites para el acceso a rebajas de penas y otros beneficios jurídicos de quienes hayan ocupado posiciones de autoridad dentro de las organizaciones criminales. Estos ajustes fueron presentados por los ponentes oficialistas como una forma de aclarar el alcance de la norma.

Rodrigo Lara salió del Ministerio del Interior y De la Espriella anunció remplazo

El avance legislativo coincidió con un movimiento importante dentro del gabinete. El presidente anunció la salida de Rodrigo Lara Restrepo y confirmó que Alejandro Ordóñez Maldonado asumirá como nuevo ministro del Interior. Mientras se formaliza su llegada, Iván Cancino, ministro de Justicia, quedará temporalmente al frente de esa cartera, según informó Pulzo.

Por ahora, la ley de sometimiento todavía deberá superar las siguientes etapas del trámite parlamentario. Su aprobación definitiva dependerá de las discusiones y votaciones pendientes, en medio de los cuestionamientos de sectores que advierten sobre los beneficios jurídicos previstos para integrantes de organizaciones criminales.

(Vea también: Remezón en Ministerio del Interior: De la Espriella anuncia salida de Lara y llegada de acérrimo enemigo de Petro)

Aunque la coincidencia temporal pone el episodio presupuestal en el centro de las preguntas sobre el relevo, el mandatario no explicó públicamente si esa situación motivó la salida del funcionario.

El anuncio se produjo después de que se conocieran diferencias entre las versiones del presupuesto aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes. La discrepancia alrededor del artículo 65 impidió completar la conciliación del texto dentro del procedimiento legislativo, por lo que el Gobierno anunció que expediría las cuentas mediante decreto.

¿Qué pasó con el Presupuesto General de 2027?

El presupuesto aprobado en las comisiones económicas ascendía a 634,9 billones de pesos. Sin embargo, durante el trámite posterior surgieron diferencias entre los textos aprobados por las dos cámaras del Congreso.

Según los reportes sobre el caso, la Cámara incorporó unos parágrafos adicionales al artículo 65, mientras que el Senado aprobó ese apartado sin esas modificaciones. La falta de coincidencia entre las versiones complicó la culminación del trámite legislativo.

El Gobierno anunció que expediría el presupuesto por decreto tomando como referencia el texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas. Esto significa que la distribución definitiva de los recursos no necesariamente incorporará todos los ajustes introducidos durante las discusiones posteriores.

La controversia abrió interrogantes sobre la coordinación entre las entidades del Ejecutivo que participaron en el proceso y los responsables de verificar que el texto aprobado coincidiera en ambas cámaras.

¿Qué responsabilidad tenía Rodrigo Lara?

Horas antes de conocerse su salida, Lara se refirió públicamente al episodio y sostuvo que su función consistía en garantizar los votos necesarios para sacar adelante el proyecto en el Congreso.

“Mi rol era garantizar los votos, garantizar que estuvieran las bancadas y ahí estuvieron”, afirmó el funcionario, según declaraciones recogidas por medios de comunicación.

El ministro también evitó responsabilizar públicamente a su compañero de gabinete, el ministro de Hacienda, y señaló que esa cartera ya había explicado lo sucedido.

Sus declaraciones dejaron planteada una diferencia entre dos responsabilidades: la coordinación política para conseguir el respaldo de los congresistas y la revisión técnica del texto que debía completar el trámite legislativo.

El Ministerio del Interior cumple un papel importante en la interlocución entre el Gobierno y las bancadas. Sin embargo, esa función no significa que sea el único responsable de un procedimiento presupuestal en el que también intervienen Hacienda, los ponentes y las mesas directivas del Congreso.

Por eso, para establecer responsabilidades concretas, es necesario reconstruir quién preparó las modificaciones, quién verificó las versiones aprobadas y cómo se coordinó la información entre las dependencias involucradas.

¿La salida de Lara estuvo relacionada con el presupuesto?

La proximidad entre la controversia presupuestal y el anuncio de la salida de Lara plantea una pregunta política, pero no permite concluir por sí sola que ese episodio haya sido la causa de la decisión presidencial.

De la Espriella agradeció al funcionario por sus servicios y anunció la llegada de Alejandro Ordóñez Maldonado al Ministerio del Interior. En el mensaje difundido, no detalló los motivos del relevo.

La pregunta que queda abierta es por qué el Gobierno decidió cambiar al responsable de la interlocución política con el Congreso después de una controversia en la que también deben examinarse las actuaciones de Hacienda y de los funcionarios que intervinieron en el trámite legislativo.

Para aclarar ese punto, el Ejecutivo tendría que precisar qué balance hizo de la gestión de Lara, si identificó fallas en la coordinación política y técnica del presupuesto y si el relevo respondió a ese episodio o a una decisión más amplia sobre el funcionamiento del gabinete.

(Vea también: “Viva Cristo Rey”: Alejandro Ordóñez regresó con discurso como embajador del Gobierno De la Espriella)

El presidente anunció su llegada para reemplazar a Rodrigo Lara y destacó su “experiencia, carácter y trayectoria”. Mientras se formaliza la posesión, Iván Cancino asumirá temporalmente las funciones de la cartera.

Su nombramiento representa el paso de la diplomacia —era embajador ante la OEA— a la cartera encargada de la relación del Gobierno con el Congreso, los partidos políticos y las autoridades territoriales.

El episodio que marcó su carrera: la destitución de Gustavo Petro

Si existe una decisión que convirtió a Ordóñez en una figura nacional fue la que tomó como procurador general de la Nación, cuando destituyó e inhabilitó por 15 años a Gustavo Petro por el cambio en el esquema de recolección de basuras de Bogotá.

La sanción sacó temporalmente del cargo al entonces alcalde y desató una crisis política e institucional que trascendió las fronteras del país.

Petro acudió al sistema interamericano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para proteger sus derechos políticos. Posteriormente, decisiones judiciales en Colombia permitieron su regreso a la Alcaldía de Bogotá, mientras el caso se convertía en un precedente sobre los límites de las sanciones disciplinarias contra funcionarios elegidos por voto popular.

Ese enfrentamiento marcó durante años la relación entre ambos dirigentes. Paradójicamente, ahora Ordóñez llega al Ministerio del Interior después de que Petro dejara la Presidencia en agosto de 2026 y pasara a liderar la oposición al Gobierno de De la Espriella.

De procurador a ministro político

Ordóñez nació en Bucaramanga, es abogado de la Universidad Santo Tomás y comenzó su carrera pública como concejal de esa ciudad entre 1986 y 1989.

Después pasó por el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado, corporación que llegó a presidir antes de ser elegido procurador general en 2009.

Durante sus siete años al frente del Ministerio Público construyó una imagen de funcionario dispuesto a imponer sanciones disciplinarias de alto impacto. Además del caso Petro, destituyó o inhabilitó a figuras como Piedad Córdoba, Samuel Moreno y otros funcionarios investigados por distintos procesos disciplinarios. Varias de esas decisiones causaron controversias y algunas fueron posteriormente revisadas o anuladas por tribunales nacionales e internacionales.

Tras salir de la Procuraduría, fue precandidato presidencial en 2018 y luego ocupó cargos diplomáticos, entre ellos la representación de Colombia ante la OEA.

¿Por qué llega al Ministerio del Interior?

La llegada de Ordóñez también llama la atención por el perfil del cargo que asumirá.

El Ministerio del Interior no solo coordina la interlocución con el Congreso y los partidos políticos, sino que también lidera la concertación de proyectos de ley, el diálogo con gobernadores y alcaldes y la articulación política del Gobierno.

Aunque Ordóñez tiene experiencia institucional, judicial y electoral, gran parte de su trayectoria ha estado asociada al ejercicio del control disciplinario y a posiciones conservadoras en debates sobre aborto, familia y derechos sexuales y reproductivos. Incluso, semanas antes de ser designado ministro, como embajador ante la OEA anunció la adhesión de Colombia a la Declaración del Consenso de Ginebra, impulsada originalmente por Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Su nombramiento, por tanto, no solo supone un cambio de nombres en el gabinete de De la Espriella. También devuelve al centro del poder a uno de los protagonistas de los mayores choques políticos e institucionales de la Colombia reciente.

(Vea también: Gobierno colombiano expedirá el Presupuesto General de la Nación 2027 por decreto tras error en trámite legislativo)

Lara había sido uno de los primeros integrantes del gabinete anunciados por De la Espriella, quien lo presentó como su elegido para liderar el Ministerio del Interior durante el periodo presidencial.

Su salida representa un nuevo movimiento en el equipo de Gobierno, que desde agosto ha tenido renuncias, funcionarios retirados de sus cargos y nombramientos que no llegaron a concretarse.

El anuncio se conoció a través de las redes sociales del jefe de Estado, quien agradeció a Lara por el servicio prestado y destacó la experiencia de su reemplazo. Sin embargo, De la Espriella no explicó las razones de la salida del ministro ni detalló las circunstancias que llevaron a tomar la decisión.

¿Cuántos ministros y funcionarios han salido del Gobierno de De la Espriella?

Si se cuentan los funcionarios que llegaron a ejercer sus cargos y posteriormente salieron, son al menos siete casos identificables hasta el anuncio de Rodrigo Lara, incluidos dos ministros: el propio Lara y Viviane Morales, quien dejó el Ministerio de Educación en septiembre. La cifra contempla también directivos de entidades nacionales y una secretaría general ministerial; no incluye como salidas efectivas los nombramientos que se frenaron antes de la posesión.

Entre los casos más destacados está el de Viviane Morales, quien renunció al Ministerio de Educación por motivos personales y fue reemplazada por Ilva Myriam Hoyos. También salió Ricardo Valencia, quien estuvo al frente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) durante unas semanas, antes de que el Gobierno declarara insubsistente su nombramiento.

A esa lista se suman Magda Yolima Amaya, quien renunció a la Secretaría General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) pocos días después de posesionarse; Hannah Escobar, quien dejó la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud, y Carlos René Montoya, cuya permanencia en la presidencia de Colpensiones duró apenas tres días. En este último caso, el mandatario le solicitó la renuncia después de su intervención en un debate de control político en el Senado.

Otro de los cambios fue el de Germán Miranda, quien salió de la Dirección Nacional de Bomberos por orden presidencial. El 3 de octubre, De la Espriella le pidió a Lara declarar insubsistente el nombramiento del capitán, tras señalar que conocía hechos que debían ser esclarecidos por las autoridades competentes.

Nombramientos que no llegaron a consolidarse

Además de las salidas de funcionarios que ya estaban en ejercicio, el Gobierno ha tenido que reversar o frenar varias designaciones. Uno de esos casos fue el de Carlos Eduardo Sepúlveda, anunciado para dirigir el Departamento Nacional de Planeación (DNP), pero reemplazado por Julián Buitrago antes de consolidar su llegada al cargo.

También estuvo el caso de Sandra Carolina Gómez, anunciada como vocera oficial del Gobierno, quien se apartó antes de que el nombramiento se formalizara. A esto se sumó la revocatoria de la designación de Rodolfo Londoño como delegado presidencial ante consejos superiores universitarios, luego de cuestionamientos jurídicos sobre el cumplimiento de los requisitos para ejercer esa función.

Aunque no todos los casos corresponden a ministros ni se produjeron por las mismas razones, los movimientos muestran la rotación de funcionarios en los primeros meses del Gobierno de De la Espriella.

La llegada de Ordóñez se da en un contexto institucional complicado, ya que Lara deja la cartera inmediatamente después de un error en el Congreso que provocó la caída del Presupuesto General de la Nación para el año 2027. Según lo expuesto, mientras se adelanta el trámite formal de posesión de Ordóñez, Iván Cancino, actual ministro de Justicia, asumirá provisionalmente las labores al frente del Ministerio del Interior.

Respecto al perfil del nuevo ministro, su hoja de vida revela una trayectoria de casi 40 años dedicados al sector público. Alejandro Ordóñez Maldonado es abogado egresado de la Universidad Santo Tomás y originario de Bucaramanga. Su camino político se inició cuando se desempeñó como concejal de Bucaramanga, lo que marcó su primer acercamiento directo a la política electoral. Posteriormente, incursionó en la rama judicial, en donde pasó por el Tribunal Administrativo de Santander y luego alcanzó el cargo de magistrado en el Consejo de Estado.

La notoriedad nacional de Ordóñez aumentó notablemente cuando el Senado lo eligió como Procurador General de la Nación en 2009. Desde ese rol en el Ministerio Público afianzó una destacada presencia política y fue reelegido en 2013. Finalizada su gestión como jefe del Ministerio Público, incursionó como precandidato presidencial en 2018, consolidando así su imagen de figura influyente en escenarios nacionales.

En años recientes, Ordóñez asumió la representación diplomática de Colombia como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), una responsabilidad que le fue conferida durante el gobierno de Iván Duque. Toda esta experiencia lo proyecta como una figura clave para los retos inmediatos del Ministerio del Interior, en un contexto político marcado por cambios recientes y desafíos legislativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la trayectoria de Alejandro Ordóñez Maldonado en el sector público?

Alejandro Ordóñez Maldonado ha ocupado cargos relevantes durante cerca de cuatro décadas en la administración pública. Desde ser concejal de Bucaramanga en sus inicios, transitó hacia posiciones en la rama judicial, como magistrado del Tribunal Administrativo de Santander y del Consejo de Estado. Su perfil se robusteció nacionalmente tras ser Procurador General, rol en el que incluso fue reelegido, y mantuvo vigencia pública como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos.

¿Por qué cambió el ministro del Interior en Colombia en 2026?

El cambio en el Ministerio del Interior obedece a la renuncia de Rodrigo Lara Restrepo, la cual ocurre un día después del error en el Congreso que resultó en el hundimiento del Presupuesto General de la Nación para el año 2027, según lo informado en los anuncios oficiales del presidente Abelardo de la Espriella.

(Ve también: “Un gran hombre”: ministro de De la Espriella destacó a figura cuyo retrato quitaron del Museo Nacional)

A través de un mensaje, el mandatario agradeció a Lara Restrepo por su servicio a Colombia y le dio la bienvenida a Ordóñez, a quien destacó por su experiencia y trayectoria.

El jefe de Estado señaló que el nuevo ministro tendrá un papel en los desafíos que enfrenta el país. Sin embargo, aclaró que su posesión todavía está pendiente.

Mientras se formaliza ese procedimiento, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones del Ministerio del Interior.

El anuncio marca un cambio en una de las carteras centrales del Gobierno, encargada de asuntos relacionados con las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, la participación ciudadana, el diálogo con las regiones y la coordinación de políticas con autoridades territoriales.

Este fue el mensaje de De la Espriella:

Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia.

Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación.

Mientras se formaliza su posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de esta cartera.

Nuestro Gobierno continúa trabajando con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos los colombianos.

¡Firme por la Patria!

¡Que viva Cristo Rey!

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 22, 2026

¿Quién es Alejandro Ordóñez Maldonado?

Alejandro Ordóñez Maldonado es un abogado y funcionario público colombiano que ocupó el cargo de procurador general de la Nación entre 2009 y 2016. Su llegada al Ministerio del Interior deberá formalizarse mediante el procedimiento correspondiente.

¿Qué pasará con el Ministerio del Interior?

Por ahora, Iván Cancino asumirá temporalmente las funciones de la cartera mientras se concreta la posesión de Ordóñez. El Gobierno no detalló en el mensaje compartido una fecha para ese acto.

En el listado nacional, el departamento aparece como la cuarta entidad territorial con más casos, solo superado por Meta, Bolívar y Santander, aunque esta clasificación está basada en el número absoluto de notificaciones y no considera la proporción respecto a la población en riesgo. De los casos reportados en Cesar, el 75 % requirieron hospitalización, resaltando la gravedad de la situación: 4.776 pacientes recibieron atención en hospitales. Al analizar la gravedad, se identificó que un alto porcentaje de quienes presentaron signos de alarma (98 de cada 100) y la totalidad de quienes desarrollaron dengue grave, necesitaron manejo intrahospitalario. Esto confirma que, si bien el dengue grave representa una fracción menor del total, la presión sobre el sistema de salud ha sido importante.

Aunque Valledupar lidera en cantidad de casos, San Diego y Pailitas muestran una mayor incidencia: ambos municipios registran cerca de 10 contagios por cada 1.000 habitantes en riesgo, más del doble que el promedio departamental. Otras poblaciones, como Pelaya, Astrea, Curumaní y Bosconia, también presentan tasas elevadas. Este análisis pone de manifiesto que el número absoluto de casos no necesariamente refleja la magnitud del problema en relación con la población vulnerable.

La dinámica de contagios varía entre municipios. Especialmente notoria es la multiplicación de casos en El Paso, donde se pasó de tres a 292 infecciones, así como en Pueblo Bello, Chimichagua, Bosconia, Becerril y La Jagua de Ibirico, que experimentaron aumentos significativos. Por otro lado, Aguachica es el único municipio que reporta una reducción con respecto al periodo anterior.

El boletín departamental revela una importante afectación en comunidades indígenas, con 210 casos registrados, principalmente entre personas de los pueblos kankuamo y arhuaco. Así mismo, la mayor concentración de casos se observa en hogares de bajos ingresos, ya que el 95 % de los pacientes pertenece a los estratos uno y dos. En el aspecto de la afiliación a salud, predomina el régimen subsidiado. La mayor parte de las personas afectadas reside en zonas urbanas principales, aunque también se constata presencia en áreas rurales.

Frente al acelerado crecimiento del dengue, el Ministerio de Salud y el INS han hecho un llamado a las entidades locales para fortalecer los planes de contingencia, monitorear activamente, eliminar criaderos del mosquito transmisor y asegurar el acceso al esquema de vacunación disponible en 23 municipios y distritos con alta carga, donde hay más de 397.000 dosis disponibles para completar esquemas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los municipios del Cesar con más incidencia de dengue?

Según los datos suministrados por el INS y el Ministerio de Salud, San Diego y Pailitas presentan las mayores cifras de incidencia de dengue en Cesar, con aproximadamente 10 pacientes por cada 1.000 habitantes en riesgo. Otras localidades, como Pelaya, Astrea, Curumaní y Bosconia, muestran igualmente tasas elevadas, situación que supera en más del doble al promedio departamental.

¿Por qué la mayoría de casos de dengue en Cesar afecta a comunidades indígenas y estratos bajos?

El informe departamental indica que el 95 % de los casos de dengue registrados pertenece a hogares de estratos uno y dos, y que la población indígena ha reportado un número importante de contagios, especialmente en los pueblos kankuamo y arhuaco. Esta concentración puede deberse a factores asociados a las condiciones socioeconómicas y al acceso limitado a servicios de salud y saneamiento básico en estas comunidades.

Al conocer el fallo, el propio de Roux dirigió su primer pensamiento a los miles de personas que sufrieron abusos en la niñez por parte de sacerdotes, así como a aquellos miembros inocentes de la Iglesia que han sido afectados negativamente en redes sociales. Expresó su respeto tanto a las víctimas como a los periodistas que, movidos por la gravedad del caso atribuido al padre Chavarriaga, cuestionaron públicamente su actuación, considerando que esas críticas le sirvieron en su crecimiento personal.

De Roux también manifestó que una parte importante de las acusaciones en su contra buscó debilitar la credibilidad de la Comisión de la Verdad, entidad que presidió. Insistió en que los miembros de la Comisión y las víctimas supieran lo profundamente que lo impactó este proceso. Hizo un llamado a seguir adelante con la labor de buscar la verdad y la dignidad para todas las víctimas del conflicto armado.

Además, de Roux extendió la mano a quienes dudaron de él y a quienes intentaron dañar a personas y causas cercanas, afirmando que no guarda resentimientos. Remarcó que conoce la violencia simbólica y emocional que existe en Colombia y expresó su deseo de seguir trabajando en la reconciliación y el reconocimiento mutuo.

Agradeció a quienes sostuvieron su inocencia y, finalmente, mostró su aprecio por la independencia del juez, indicando que jamás tuvo trato personal con él. De Roux concluyó diciendo que dedicará el resto de sus años a trabajar por la paz y la reconciliación en Colombia, impulsado por la búsqueda de verdad y justicia.

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¿Qué significa la preclusión en un proceso judicial en Colombia?

La preclusión, según la información compartida, significa el cierre anticipado y definitivo de un proceso judicial. Esta figura se decreta cuando no existen méritos suficientes para continuar con el caso, como ocurrió en el proceso contra el padre de Roux, y es inapelable, lo que impide que se reabra el caso bajo los mismos hechos.

¿Por qué se cerró el proceso contra el padre de Roux por encubrimiento?

El proceso contra el padre de Roux se cerró porque la Fiscalía, tras revisar los hechos, concluyó que no existían méritos para seguir con el juicio. El juez aceptó esta solicitud, decretando la preclusión definitiva del caso y poniendo fin a las investigaciones por encubrimiento relacionadas con los abusos cometidos por el sacerdote Darío Chavarriaga en los años 70.

Este reciente nombramiento se suma a otros movimientos dentro del cuerpo diplomático que involucran figuras cercanas a la administración y a partidos políticos aliados. Por ejemplo, Alberto Rafael Cepeda Sarabia, hermano del presidente del partido conservador Efraín Cepeda, fue asignado a la embajada de Italia, y figuras conservadoras también recibieron otros cargos estratégicos, como es el caso del excongresista Carlos Ramiro Chavarro, quien ocupará un alto puesto en la cartera que encabeza Omar Bula.

En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió dos decretos ordenando la supresión de las oficinas consulares honorarias en Porto Novo (Benín) y Sofía (Bulgaria). Según la Cancillería —citada por El Espectador—, desde agosto de 2020 y noviembre de 2023 respectivamente, ambas oficinas estaban vacantes. En el caso de Sofía, tras la renuncia de Rafael Alvarado Dimitrov, se evaluó la conveniencia de mantener la sede y se concluyó que correspondía cerrarla por falta de candidatos idóneos. De igual forma, en Porto Novo, luego de la cesación de funciones de Roger Antoine Tohoundjo, tampoco se recibió ninguna candidatura que cumpliera los requisitos legales, motivo por el cual también se determinó su cierre.

Las decisiones diplomáticas se producen en medio de cuestionamientos del llamado “Centro Político”, que elevó una carta pública al gobierno señalando dudas sobre las relaciones exteriores, incluyendo la relación con Estados Unidos, una eventual salida de la Corte Penal Internacional (CPI), y el manejo de iniciativas como la Franja y la Ruta propuesta por China. Además, la Cancillería, bajo órdenes del presidente De la Espriella, ordenó devolver al Patio de los Novios el nombre original de este espacio en la sede de la cartera, eliminado el denominado Patio Quintín Lame, una medida simbólica en medio de la tensa coyuntura política.

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¿Por qué fue designado Andrés Gregorio Duque Márquez como embajador en Australia?

Según El Espectador, Andrés Gregorio Duque Márquez fue designado como embajador en Australia por la administración de Abelardo de la Espriella. Esta decisión responde a su experiencia previa en el sector diplomático y a su perfil profesional, pues es abogado y cuenta con una maestría en asuntos internacionales. Además, se ha destacado por haber trabajado anteriormente en la embajada de la Ciudad del Vaticano durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Su relación familiar con el expresidente Iván Duque también ha sido un aspecto llamativo en la designación.

¿Qué significa la supresión de oficinas consulares honorarias en la diplomacia?

La supresión de oficinas consulares honorarias, de acuerdo con la información reportada por El Espectador, implica el cierre de sedes que no generan gastos para el Ministerio de Relaciones Exteriores y cuya continuidad depende de la existencia de candidatos idóneos y necesidades estratégicas del país. En los casos de Porto Novo y Sofía, la falta de postulantes y el tiempo de vacancia justificaron la decisión de clausurarlas, un procedimiento fundamentado en estudios internos del ministerio.

Petra Romero Navarro, jefa de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, destacó la integración de todos los municipios desde las diez de la mañana, señalando que fue relevante para poner a prueba tanto el Plan Departamental de Gestión del Riesgo como las estrategias de respuesta previamente diseñadas. Romero Navarro remarcó el valor de este tipo de ejercicios porque permiten consolidar la coordinación y toma de decisiones entre entidades operativas y comunitarias, e impulsan la resiliencia en la región.

En el centro histórico de Valledupar, entidades públicas se reunieron en el Parque de las Madres para examinar rutas de salida y tiempos de evacuación durante el simulacro, según información consignada por autoridades como la Alcaldía y la Oficina Departamental. Por su parte, la glorieta Los Gallos fue escenario de un operativo liderado por la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo junto a Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y la Secretaría de Tránsito. Allí se simularon efectos de un vendaval, como caída de árboles y ramas, y la Junta Defensa Civil Manantial atendió varios incidentes: rescate de personas lesionadas en incidentes vehiculares y primeros auxilios, además de poner a prueba los protocolos para la protección animal durante emergencias y la activación de fondos territoriales.

Simultáneamente, en el edificio Alfonso López Michelsen, sede de la Gobernación del Cesar, se simuló el impacto de un sismo con daños estructurales y conato de incendio. Brigadistas evacuaron en cinco minutos al personal hacia la plazoleta María Concepción Loperena, mientras atendían a servidores con heridas simuladas y el Cuerpo de Bomberos intervenía para controlar la emergencia.

En palabras de Shaire Lucía Sánchez, líder de Gestión Humana de la Gobernación, la jornada permitió que servidores públicos y privados entrenaran su capacidad para actuar ante diferentes amenazas naturales o incidentes. A escala nacional, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, sugirió la posibilidad de duplicar este tipo de simulacros a partir del año 2027.

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¿Cómo se desarrolló el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 en Cesar?

El Simulacro Nacional se vivió de manera simultánea en los 25 municipios del Cesar, bajo la coordinación de entidades de gestión del riesgo y organismos de socorro. Las actividades incluyeron la evacuación ante emergencias como sismo e incendio en la Gobernación, así como simulacros de rescate y atención de personas heridas en puntos estratégicos de Valledupar, con especial énfasis en la coordinación interinstitucional y la evaluación de los protocolos de respuesta.

¿Qué es el Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres?

El Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres es un instrumento de planificación que establece las estrategias y procedimientos que cada departamento debe seguir para prepararse y responder ante eventos que representen amenazas o peligros para la población. Su aplicación fue puesta a prueba durante el simulacro, evaluando tanto la organización como la articulación de los actores que intervienen frente a emergencias.

Dentro de su comunicado, el organismo enfatizó la urgencia de brindar una intervención humanitaria inmediata, integral y sostenida para atender las necesidades básicas de quienes se ven afectados por el conflicto. "Advertimos sobre la gravedad de esta escalada de violencia, que agudiza la situación de derechos humanos de las comunidades y hace impostergable una respuesta humanitaria urgente, integral y sostenida para atender sus necesidades y garantizar sus derechos", expresó la Defensoría del Pueblo.

La entidad subrayó además la importancia de garantizar el acceso oportuno a servicios esenciales como alimentación, agua potable, atención en salud, protección y demás bienes fundamentales. Para ello, pidió no obstruir la llegada de organismos humanitarios a las áreas impactadas, resaltando la necesidad de asegurar las condiciones de seguridad necesarias para su labor.

Enfatizando el principio de protección de la población civil, la Defensoría recordó que las personas que no participan directamente en las hostilidades deben permanecer fuera del conflicto. De acuerdo con el derecho internacional humanitario (DIH), la vida, integridad y dignidad de los civiles debe ser protegida en todo momento durante los enfrentamientos.

La Defensoría hizo un llamado expreso a las autoridades municipales de Linares y Los Andes, así como a la Gobernación de Nariño, para fortalecer la coordinación y priorizar las necesidades urgentes de la población. Solicitaron también mantener la educación, el acceso al agua potable, la alimentación, el saneamiento básico y la energía, y exhortaron a activar y mejorar los mecanismos de articulación institucional para una respuesta conjunta.

Por último, la entidad reiteró su petición a los grupos armados: respetar de manera irrestricta el derecho internacional humanitario, abstenerse de involucrar a la población civil en los choques y permitir el ingreso de organismos de ayuda humanitaria. Según la Defensoría, esta petición se mantiene como una exigencia en medio de la compleja crisis de seguridad que enfrenta el suroccidente del país.

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¿Qué está pasando en Linares y Los Andes, Nariño, según la Defensoría del Pueblo?

La Defensoría del Pueblo reportó un aumento preocupante de la violencia en Linares y Los Andes, Nariño, debido a los recientes enfrentamientos entre grupos armados ilegales como el Estado Mayor Central y las Autodefensas Unidas de Nariño. El organismo alertó sobre la gravedad de estos hechos, que vulneran los derechos humanos de la población civil y urgen una respuesta humanitaria inmediata.

¿Cuál es la importancia del derecho internacional humanitario (DIH) en el conflicto de Nariño?

El derecho internacional humanitario (DIH) es un conjunto de normas que protege a las personas que no participan directamente en los conflictos armados. Según la Defensoría del Pueblo, respetar el DIH es fundamental para salvaguardar la vida, integridad y dignidad de la población civil en medio de los enfrentamientos, evitando así que sean involucrados en las hostilidades.

Esta decisión, sin embargo, revive una preocupación recurrente entre los habitantes de las zonas impactadas: ¿por qué, pese a los trabajos de limpieza y las obras que, según las autoridades, ya se han adelantado, las emergencias continúan repitiéndose cada vez que se presenta una nueva temporada de lluvias? Tal como lo señala la Alcaldía, desde el 14 de octubre se han retirado aproximadamente 980 metros cúbicos de material –principalmente lodo y escombros– y se han intervenido cerca de 100 puntos a lo largo de la localidad. Sin embargo, el balance presentado por el alcalde Julián Sánchez en diálogo con El Espectador, identifica todavía 32 sitios críticos expuestos a nuevas afectaciones por inundaciones.

Los sectores que han requerido mayor atención incluyen las comunas 1, 4 y 5, así como zonas ambientales de alto valor como el humedal Tierra Blanca y el canal Tibanica. Entre los barrios y sectores particularmente vulnerables a las lluvias y el desbordamiento de cuerpos de agua se encuentran Compartir, Villa Flor, Ciudad Latina, Santa Ana, Némesis, San Carlos, El Danubio, Eugenio Díaz, León XIII, La Capilla, Ciudadela Sucre, Cazucá, Villa Mercedes, Villa Sandra, Colón y Quintanares.

De acuerdo con la información oficial revelada por la Alcaldía, al menos 20 familias resultaron afectadas principalmente por inundaciones. Estas familias están recibiendo acompañamiento a través de ayudas humanitarias, en un esfuerzo por mitigar los daños provocados por la emergencia y dar respuesta a una problemática que, a pesar de los múltiples esfuerzos, sigue sin solución definitiva en el territorio.

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¿Por qué se repiten las inundaciones en Soacha a pesar de las labores de limpieza y obras?

De acuerdo con lo reportado por la Alcaldía y El Espectador, las inundaciones en Soacha se presentan en los mismos sectores a pesar de la limpieza y obras realizadas, lo cual mantiene vigente la inquietud sobre la efectividad de estas intervenciones. Aunque se han retirado grandes volúmenes de lodo y escombros y se ha intervenido una significativa cantidad de puntos críticos, 32 lugares siguen en riesgo, mostrando que las acciones emprendidas hasta ahora no han logrado solucionar de manera definitiva el problema.

¿Cuáles son las zonas y barrios de Soacha más afectados por las inundaciones?

Entre los sectores que han requerido mayor atención, según lo informado en la conversación con El Espectador y los reportes oficiales, están las comunas 1, 4 y 5, el humedal Tierra Blanca y el canal Tibanica. Los barrios más afectados incluyen Compartir, Villa Flor, Ciudad Latina, Santa Ana, Némesis, San Carlos, El Danubio, Eugenio Díaz, León XIII, La Capilla, Ciudadela Sucre, Cazucá, Villa Mercedes, Villa Sandra, Colón y Quintanares.

La Procuraduría General de la Nación respondió a estos señalamientos abriendo una investigación disciplinaria contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez, ligada a lo que los medios han llamado el ‘Pacto Valledupar’. Según reportó El Espectador, la investigación busca aclarar si desde la Presidencia se planeó un montaje para relacionar a políticos de oposición con actos de paramilitarismo, bajo la cobertura de reuniones públicas para la reconciliación, como la celebración de un supuesto cierre del histórico Pacto de Ralito. Rodríguez declaró que tales reuniones y peticiones tenían la intención política de influir en las elecciones, aunque el expresidente Petro, a través de su cuenta de X, negó rotundamente toda acusación, afirmando que nunca ordenó presiones para fabricar testimonios y que el diálogo con exparamilitares obedeció a objetivos de verdad, reparación y paz.

Las denuncias cruzadas no se hicieron esperar. Por una parte, el abogado Alejandro Carranza presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en defensa de Petro, argumentando que el exmandatario jamás dio instrucciones a Rodríguez para orquestar falsas declaraciones. En paralelo, integrantes de la bancada de Salvación Nacional radicaron denuncia contra Petro solicitando esclarecer si hubo algún tipo de directriz política en estos hechos. Las declaraciones públicas de Salvatore Mancuso, Angie Rodríguez y Juan Carlos Villamizar plantean, de acuerdo con la denuncia, dudas sobre el uso de espacios institucionales para propósitos electorales.

Adicionalmente, la revista Semana reveló audios en los que supuestamente Víctor de Currea-Lugo, cuando era asesor del Dapre, sugirió a Mancuso involucrar a De la Espriella en escándalos pasados. El editorial de El Espectador se sumó señalando que existen indicios claros de reuniones y presiones para usar testimonios de exparamilitares con fines políticos. Así, el caso deja en evidencia la compleja intersección entre justicia, reconciliación y competencia electoral en el país.

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¿Cuáles son las acusaciones contra funcionarios del gobierno Petro relacionadas con el caso de los exparamilitares?

Según columnas y reportes de medios como El Colombiano y El Espectador, funcionarios como Armando Benedetti y Angie Rodríguez son señalados de haber intentado convencer a exjefes paramilitares para entregar testimonios que comprometieran a conocidos políticos de la derecha, presuntamente como estrategia electoral. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria y existen denuncias formales ante la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones.

¿Qué es el ‘Pacto Valledupar’ y cómo se relaciona con el escándalo de testimonios de exparamilitares?

El llamado ‘Pacto Valledupar’ es la denominación mediática para referirse al supuesto intento, durante el gobierno Petro, de organizar un evento con exparamilitares con el objetivo de cerrar las heridas del conflicto, aunque versiones como la de Angie Rodríguez denuncian que en realidad se buscaba relacionar a opositores políticos con crímenes paramilitares. El nombre alude a la sede de dichos encuentros y está en el centro de las investigaciones abiertas.

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De acuerdo con el cuestionamiento planteado, Pedraza interpuso un derecho de petición solicitando información sobre los estudios formales e informales de la directora. Tras esa diligencia, el perfil publicado en el sitio web del ICBF sobre su trayectoria académica habría sido modificado, lo que despertó confusión sobre cuál versión reflejaba la realidad.

“A raíz de esa petición ustedes cambiaron el perfil que publican en la página web del ICBF sobre sus estudios, directora. Entonces yo le quiero preguntar porque no sé a quién creerle, si le creo a la respuesta al derecho de petición que usted me entregó o si le creo a todas las publicaciones del gobierno que afirman que usted tiene estudios en Harvard en administración de negocios. Y considero que sería importante y este podría ser un lugar importante para que usted pueda resolver esa inquietud”, cuestionó la senadora.

El interrogante de fondo era si debía creerse la respuesta oficial al derecho de petición o las publicaciones del gobierno que afirmaban que Restrepo contaba con estudios en Harvard en administración de negocios.

Frente a ello, la directora respondió con calma y reconoció que no había tenido presentes todos sus diplomas al momento de registrar su hoja de vida. “Se me habían olvidado unos cuantos, es que llevo más de 30 años estudiando, entonces se me olvidan los diplomados que he hecho, no me acuerdo” explicó Restrepo.

 

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La funcionaria agregó que la plataforma del ICBF solo permitía cargar cinco registros académicos, un límite que, según ella, no alcanzaba para consignar toda su formación.

“Ya está el diploma de Harvard subido en la página, al igual que otro de Harvard está subido en la página, en estudios de administración y gerencia”, afirmó, e indicó además que tampoco aparecía inicialmente su certificado de finanzas corporativas del CESA: “Tampoco estaba el de finanzas corporativas del CESA, ya lo subieron”.

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Restrepo señaló que entre los documentos cargados previamente figuraba uno de inglés, mientras que otros estudios de mayor relevancia para el cargo habían quedado por fuera de la página sin que mediara, según ella, una intención de ocultarlos.

¿Qué estudios de Harvard tiene Carolina Restrepo, directora del ICBF?

De acuerdo con las declaraciones de la propia funcionaria, cuenta con al menos dos certificaciones provenientes de Harvard, ambas ya disponibles en la página web del ICBF. Una de ellas corresponde a estudios en administración y gerencia, área directamente relacionada con las funciones que ejerce al frente de la entidad.

¿Por qué cambió el perfil académico de Carolina Restrepo en la página del ICBF?

Según lo explicó la directora, el sitio web de la entidad solo admitía cinco espacios para registrar formación académica, lo que obligó a hacer una selección que inicialmente dejó por fuera varios títulos y diplomados. Tras el derecho de petición radicado por el ciudadano, la información fue actualizada para incluir los estudios faltantes.

A través de su cuenta oficial de X, el jefe de Estado confirmó que el capturado “fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario y deberá responder ante la justicia”. De la Espriella también rechazó las intimidaciones contra su familia y reiteró que ninguna persona debería afrontar amenazas de muerte.

“Como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables”, manifestó el mandatario, según la publicación. En su pronunciamiento, también insistió en que su esposa y sus hijos “merecen protección”.

El 18 de octubre de 2026, a las 10:12 de la mañana, un delincuente amenazó de muerte a mi esposa y a mis hijos.

A las 12:23 del mediodía de ese mismo día se radicó la denuncia. El 19 de octubre, a las 11:57 de la noche, se hizo efectivo el allanamiento y la captura del responsable.

Durante el allanamiento, las autoridades encontraron una importante cantidad de marihuana en poder del capturado.

La Fiscalía le imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (artículo 376 del Código Penal) y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos (artículo 188E).

Hoy, este sujeto acaba de ser cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad y deberá responder ante la justicia.

Como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables.

Mi familia merece protección, como la merecen todas las familias de Colombia. ¡Nadie tiene derecho a sembrar el terror en los hogares de nuestra patria!

En la Patria Milagro, los delincuentes deben temerle a la justicia, no los ciudadanos a los delincuentes.

¡Bienvenido a la Patria Milagro miserable!

¡Firme por la Patria!

¡Que viva Cristo Rey!

(ADLE) 🇨🇴 🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 21, 2026

El caso se conoció después de que, el 18 de octubre de 2026, a las 10:12 de la mañana, apareciera un mensaje intimidatorio contra la familia presidencial. La publicación fue difundida desde una cuenta anónima de Instagram y motivó una denuncia ante las autoridades para identificar al responsable.

La investigación condujo hasta Pereira, Risaralda, donde la Policía Nacional capturó al sospechoso durante una diligencia de registro y allanamiento. El procedimiento se llevó a cabo el 19 de octubre, a las 11:57 de la noche, de acuerdo con los datos compartidos por el presidente.

Durante el operativo, las autoridades encontraron una cantidad de marihuana y decomisaron “un computador y un celular”, equipos que contendrían información relevante para las verificaciones del caso.

La Fiscalía imputó al detenido los delitos de “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos”. La captura se produjo tras las labores de seguimiento a la denuncia y la identificación del perfil desde el que se habrían publicado las amenazas.

Por ahora, el proceso continúa en manos de las autoridades judiciales, que deberán esclarecer las circunstancias de los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes. La captura y la imputación de cargos no equivalen a una condena.

Desde el primer momento, la desaparición de Blanco despertó preocupación. La última vez que sus familiares tuvieron noticias de él fue cuando abandonó la residencia de su pareja y, según relatan, abordó un automóvil que habría solicitado a través de una aplicación de transporte. A partir de ese instante, su rastro se perdió y no hubo más información sobre su ubicación. El hallazgo del cuerpo, cuatro días después, confirmó los peores temores de sus seres queridos y abrió un proceso de investigación que aún mantiene abiertas todas las hipótesis.

La situación del hallazgo aporta detalles relevantes al caso: de acuerdo con información entregada por la Fiscalía General de la Nación a El Espectador, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y habría permanecido en el sitio aproximadamente tres días antes de ser encontrado. Por el momento, la Fiscalía sostiene que la investigación continúa abierta, sin que exista una hipótesis definitiva sobre las circunstancias de la muerte ni sobre la posible participación de terceros. En este sentido, los investigadores han enfocado sus esfuerzos en la recolección de información clave, como la revisión de cámaras de seguridad para establecer los movimientos de la víctima y precisar el trayecto del vehículo en el que presuntamente se había movilizado.

Mientras tanto, versiones difundidas por la familia de Blanco indican que el cuerpo fue hallado atado de pies y manos y que presentaba señales compatibles con tortura, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente estos detalles. Además, se ha sugerido la presunta implicación de una estructura delincuencial que operaría en Bogotá, pero hasta ahora la Fiscalía no ha dado soporte a esta línea de investigación ni ha señalado responsables específicos.

Fredy Blanco, oriundo del departamento del Cesar y residente en Bogotá desde hacía seis años, trabajaba como ingeniero en una entidad promotora de salud (EPS). Su fallecimiento ha causado dolor y desasosiego entre quienes lo conocían, mientras la expectativa por conocer los hechos concretos sobre su muerte aumenta con el avance de la investigación de las autoridades.

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¿Cuáles son las principales hipótesis sobre la muerte de Fredy Blanco?

De acuerdo con la información dada por la Fiscalía y recopilada por El Espectador, no existe una hipótesis definitiva sobre las causas de la muerte de Fredy Blanco. Aunque la familia sostiene versiones sobre posibles señales de tortura y la implicación de grupos delincuenciales, las autoridades aún no han confirmado ninguna de estas líneas y mantienen la investigación abierta, a la espera de los resultados de diligencias como la revisión de cámaras y testimonios.

¿Qué diligencias adelanta la Fiscalía sobre el caso de Fredy Blanco?

Según el reporte citado por El Espectador, los esfuerzos de la Fiscalía se concentran en recopilar información clave para reconstruir el recorrido de Fredy Blanco el día de su desaparición, identificar el vehículo en el que habría viajado, analizar imágenes de cámaras de seguridad y determinar el tiempo exacto de permanencia del cuerpo en el sitio donde fue encontrado. Todo esto busca esclarecer si hubo participación de terceros y cuál fue la causa y circunstancias de la muerte.

En un pronunciamiento divulgado bajo la frase “Rechazamos cualquier intento de instrumentalizar políticamente este proceso”, los antiguos jefes paramilitares señalaron que su reconocimiento se limita al documento que, según afirmaron, fue firmado y leído oficialmente al término de las reuniones.

El pronunciamiento se conoce en medio de la controversia por el fracaso del llamado ‘Pacto de Valledupar’, un episodio que continúa suscitando cuestionamientos sobre sus alcances y el papel del gobierno de Gustavo Petroo. La postura de los exparamilitares busca delimitar qué contenido aceptan como parte de lo acordado durante las reuniones.

#Primicia #UnidadInvestigativa | “Rechazamos cualquier intento de instrumentalizar políticamente este proceso”: Excomandantes paramilitares se pronuncian sobre el fallido “Pacto de Valledupar” y afirman que el único documento que reconocen es el firmado y leído oficialmente al término de las reuniones llevadas a cabo en octubre de 2025.

@Rafaristizabal @andresGGaitan @BBejaranoG

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 21, 2026

“Solicitamos que se rectifique la información divulgada y se retiren los señalamientos infundados que, con fundamento en ese documento, pretenden atribuirnos compromisos, intereses o propósitos que nunca fueron expresados ni consignados en la declaración oficial”, indicaron.

Por otra parte, los exjefes paramilitares expresaron la intención de avanzar “hacia el cierre jurídico definitivo del proceso de paz de Ralito, con seguridad jurídica, reconocimiento de los compromisos cumplidos y pleno respeto por los derechos de las víctimas”.

De acuerdo con información preliminar emitida por fuentes oficiales y confirmada por el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional, el trágico episodio ocurrió mientras un grupo de militares se preparaba para desplazarse hacia Villa de Leyva. El objetivo del traslado era brindar apoyo logístico y operativo en labores de atención y control de un incendio forestal que se desarrollaba en esa zona. En el marco de los preparativos y ante la impartición de una orden de servicio por parte del sargento segundo Lozano Burgos, surgió una discusión con el soldado Malabet Collante, quien estaba bajo su mando.

Según las primeras versiones recogidas por los organismos judiciales, la situación rápidamente escaló hasta que, presuntamente, el soldado accionó su arma de dotación contra su superior y uno de sus compañeros. Los reportes oficiales indican que, tras perpetrar el ataque, el uniformado habría tomado la decisión de quitarse la vida en el mismo lugar de los hechos, sumando mayor consternación entre la tropa.

El mismo evento dejó como saldo adicional a un militar herido: el soldado profesional Luis Alberto Barrios Carmona, quien sufrió una lesión en el pie derecho. Además, un perro entrenado perteneciente a la institución militar resultó lesionado durante el episodio, lo que llevó a reforzar la atención médica veterinaria en el batallón.

Tras conocerse los hechos, el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional lamentó públicamente la pérdida de ambos integrantes y anunció que se ofrecerá acompañamiento institucional a las familias afectadas. Adicionalmente, la Justicia Penal Militar y otros organismos especializados asumieron la investigación, con el fin de esclarecer a fondo cómo y por qué se desencadenó este lamentable episodio en el interior del batallón.

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¿Qué ocurrió en el Batallón Tarqui de Sogamoso y quiénes son las víctimas?

En el Batallón de Ingenieros N.° 1 Tarqui se registró un enfrentamiento que dejó dos militares muertos: el soldado profesional Edwin Malabet Collante y el sargento segundo Héctor Hernando Lozano Burgos. Además, el incidente dejó un militar herido y un perro institucional lesionado.

¿Qué es la Justicia Penal Militar y qué papel cumple en este tipo de casos?

La Justicia Penal Militar es la jurisdicción encargada de investigar y juzgar delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Militares en ejercicio de funciones propias del servicio. En este caso, su papel es determinar la responsabilidad y los detalles del hecho ocurrido en el interior del batallón.

‘Kain Amnistía’ llega al festival después de una extensa trayectoria independiente. Según la misma fuente, su acercamiento a la música comenzó en la infancia, gracias a un ambiente familiar vinculado al arte y la música. No obstante, fue a los 12 años cuando el freestyle, forma de rap improvisado, se convirtió en el eje fundamental de su vida. La transición de pasión a proyecto de vida ocurrió cuando tenía entre 17 y 18 años de edad, momento en el que Mateo decidió asumir la música como su propósito principal.

Durante su camino artístico, Mateo compiló influencias tanto del rap colombiano —con referentes como Matanza Danza, Todo Copas, Estilo Bajo, Flaco Flow y Melanina, y Clan Hueso Duro— como de géneros como el ska, punk y rock, de acuerdo con los datos publicados por la Alcaldía. Esta combinación de estilos forjó una identidad artística en constante evolución, caracterizada por su energía en escena, rapeos intensos y una voz versátil.

El hip-hop, según lo explica ‘Kain Amnistía’, es más que música; es una cultura que ofrece herramientas para exteriorizar sentimientos reprimidos o positivos, canalizando experiencias y emociones a través de diferentes manifestaciones como el graffiti, el breakdance y el beatbox, además del rap. La escena capitalina ha sido un entorno propicio para el desarrollo de su carrera, pues la actividad constante de eventos y espacios lo ratifica como una de las ciudades más raperas del continente, en opinión del propio artista, citada por la Alcaldía de Bogotá.

En su viaje, Mateo ha enfrentado desafíos personales que impactaron su carrera, como el consumo de sustancias, hábito que eligió dejar al notar su efecto adverso sobre su voz. La llegada de su hija marcó un punto de quiebre, reforzando su disciplina para trabajar a fondo en su proyecto musical. Además, la posibilidad de contar con un equipo de trabajo le permitió profesionalizar las diferentes áreas de su carrera y enfocarse totalmente en su música.

Participar en el Festival Hip Hop al Parque 2026 representa para él la culminación de años de perseverancia, tras varias postulaciones previas. Su experiencia invita a otros integrantes de la cultura hip-hop a insistir y aferrarse a sus sueños. Como asegura el propio ‘Kain Amnistía’, la disciplina, la fe y la constancia son las claves para abrir caminos y transformar realidades a través del arte.

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¿Quién es ‘Kain Amnistía’ y por qué es importante su participación en el Festival Hip Hop al Parque 2026?

‘Kain Amnistía’ es el nombre artístico de Mateo Cabrales, un rapero bogotano cuya historia está marcada por años de trabajo independiente, superación personal y formación musical. Su presencia en el Festival Hip Hop al Parque 2026 se destaca porque simboliza la perseverancia dentro de la escena rap en Bogotá, y representa la oportunidad de transformar su carrera gracias a la visibilidad del evento, como informan los documentos oficiales del festival.

¿Qué es el freestyle y por qué es relevante en la carrera de ‘Kain Amnistía’?

El freestyle es la práctica de rapear de manera improvisada, es decir, crear rimas espontáneamente sobre un ritmo. Para ‘Kain Amnistía’, según la información de la Alcaldía de Bogotá, el freestyle fue el primer contacto serio con el rap y se convirtió en un pilar clave en el desarrollo de su identidad artística y en la forma en que expresa sus vivencias a través de la música.

De acuerdo con el testimonio de sus seres queridos, Otoniel era un hombre trabajador y comprometido con su negocio. Su historia personal refleja años de esfuerzo en el sector panadero, donde logró consolidarse como comerciante independiente gracias a su dedicación diaria. La comunidad de La Mesa lamenta profundamente su pérdida, pues su ejemplo contribuyó al desarrollo de la zona rural de Valledupar.

El fatídico incidente ocurrió la tarde del martes, cuando Otoniel disfrutaba un momento de descanso y recreación en las aguas del río Azúcar. Compartía el baño con varias personas, sin imaginar que una creciente súbita cambiaría el panorama en solo segundos. Según la información conocida, el aumento repentino del caudal se debía a lluvias ocurridas en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta situación provocó que la fuerza de la corriente no le permitiera regresar a la orilla, arrastrándolo aproximadamente 14 kilómetros aguas abajo.

La búsqueda de Otoniel movilizó a efectivos de la Defensa Civil, diferentes organismos de socorro y miembros de la comunidad, quienes durante varias horas unieron esfuerzos para encontrarlo. Finalmente, el cuerpo fue localizado y se confirmó, de acuerdo con la información suministrada, que la causa de su muerte fue asfixia por inmersión, término médico que se refiere a la falla de los pulmones por entrada de agua durante un accidente en el líquido.

Posteriormente, unidades de criminalística realizaron la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a las instalaciones de Medicina Legal en Valledupar. Allí, se completará la necropsia antes de entregar los restos a sus familiares, quienes preparan honras fúnebres en su memoria.

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¿Qué causó la creciente súbita en el río Azúcar en Valledupar?

De acuerdo con la información proporcionada por EL PILÓN, la creciente súbita del río Azúcar fue provocada por lluvias registradas en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas precipitaciones aumentaron de forma inesperada el caudal del afluente, sorprendiendo a quienes se encontraban en el lugar.

¿Qué significa asfixia por inmersión y cómo se determina la causa de muerte?

El término "asfixia por inmersión" se refiere a la incapacidad de respirar como consecuencia de la entrada de agua en los pulmones, generalmente asociada a accidentes acuáticos. La causa de muerte se determina mediante una necropsia realizada por expertos de Medicina Legal, quienes examinan el cuerpo y emiten un informe técnico que confirma las circunstancias del deceso.

Durante la imputación de cargos por homicidio y tortura, el fiscal del caso expuso que uno de los policías habría lanzado amenazas contra las personas presentes en el lugar. “Presuntamente se dirigió al mencionado ciudadano expresándole: ‘Le voy a pegar dos tiros; yo estoy acostumbrado a matar negros guerrilleros en el Chocó’. Aproximadamente 10 minutos después arribaron al sitio otras patrullas de la Policía Nacional adscritas a la estación de Policía Cazucá, esto debido a que el señor intendente Morantes solicitó apoyo argumentando la ocurrencia de una riña”, dijo el funcionario. 

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el episodio comenzó con una discusión en la que, al parecer, Balanta lanzó una botella hacia un grupo de uniformados. Los policías lo habrían sometido mediante descargas eléctricas con un dispositivo taser, lo esposaron y lo trasladaron a la estación. La Fiscalía sostiene que allí continuaron las agresiones.

El estado de salud del joven también forma parte central del expediente. La Fiscalía indicó que Balanta manifestó reiteradamente dificultades para respirar y un fuerte dolor en el pecho, además de pedir atención médica urgente. Sin embargo, no habría recibido un traslado inmediato a un centro asistencial.

“Se pudo establecer igualmente que el señor Balanta permaneció alrededor de 20 minutos en las instalaciones de la estación de Policía Cazucá. Durante este lapso manifestó reiteradamente dificultades para respirar, dolor en el pecho, solicitó asistencia médica inmediata; tales solicitudes fueron transmitidas a los funcionarios de la Policía Nacional que se encontraban ahí”, señaló la Fiscalía.

La investigación también compromete al mayor que comandaba la estación de Cazucá. Al respecto, la Fiscalía le atribuyó presunta responsabilidad en los hechos y sumó a la imputación el delito de falsedad en documento público, por una posible alteración de los registros consignados en los libros de población.

Sobre el traslado del joven, el fiscal describió la intervención de varios uniformados: “Asignado como dotación sobre el cuerpo de la víctima, quien gritaba de dolor y pedía ayuda, finalmente varios uniformados lo trasladaron cargado por la vía pública hasta una camioneta del grupo Goes, la cual había llegado en apoyo al procedimiento, siendo posteriormente conducido a la estación de policía en el municipio de Soacha, Cundinamarca”.

Para la Fiscalía, el procedimiento habría vulnerado los derechos fundamentales de Balanta y podría constituir un caso de violencia policial atravesado por discriminación racial. Las imputaciones corresponden a señalamientos judiciales que deberán esclarecerse durante el proceso.

Según información de El Espectador, durante el procedimiento Balanta habría sufrido agresiones físicas y descargas con un dispositivo Taser, incluso dentro de la estación policial. Permaneció aproximadamente 20 minutos con dificultades para respirar y dolor en el pecho, solicitando atención médica, la cual no habría recibido de manera oportuna. La importancia de estos hechos fue resaltada en la investigación, pues la necropsia determinó lesiones compatibles con el uso de dispositivos de conducción eléctrica, además de golpes. Medicina Legal reportó que la causa del fallecimiento fue una arritmia cardíaca asociada al uso del dispositivo eléctrico, aunque el estudio histopatológico no estableció de forma directa una relación causal entre las descargas y la muerte del joven.

En el desarrollo judicial, la Fiscalía imputó cargos a varios miembros de la policía. El mayor Roque Correa, quien era comandante de la estación, y el patrullero Johathan Giraldo, señalado como autor directo por presuntamente accionar el Taser, enfrentan imputaciones por homicidio agravado, tortura agravada y falsedad ideológica en documento público. La investigación señala que ambos habrían presentado información falsa en documentos oficiales, agravando la gravedad de los hechos al intentar distorsionar la verdad sobre lo ocurrido.

Adicionalmente, otros dos patrulleros, Santiago Vargas y Nahumer Vergel, junto al subintendente Henar Tapiero, fueron vinculados por su presunta participación en los golpes y por homicidio por omisión y tortura. El mayor Correa, además, habría presenciado las descargas y, aunque apartó al patrullero que manipulaba el Taser, no dispuso el traslado inmediato de Balanta a un hospital, omisión que también forma parte de los cargos que enfrenta. El proceso está actualmente en etapa de imputación y presentación de los implicados ante el juez de control de garantías. Esta información fue corroborada por El Espectador, fuente que documenta el avance del caso y la actuación de la Fiscalía.

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¿Qué cargos enfrenta la policía por el homicidio de Donovan Balanta?

De acuerdo con la información de El Espectador, los policías implicados en la muerte de Donovan Balanta enfrentan cargos por homicidio agravado, tortura agravada y falsedad ideológica en documento público. El mayor Roque Correa y el patrullero Johathan Giraldo son señalados como principales responsables, mientras que otros patrulleros y un subintendente enfrentan cargos por homicidio por omisión y tortura.

¿Cuál fue el papel del Taser y cómo se relaciona con la muerte de Donovan Balanta?

Según la necropsia citada por El Espectador, Donovan Balanta sufrió lesiones compatibles con el uso de un dispositivo Taser. Medicina Legal indicó que la causa de la muerte fue una arritmia cardíaca asociada al dispositivo, aunque el estudio histopatológico no confirmó una relación causal directa. El relato de los hechos sostiene que Balanta recibió descargas tanto durante el procedimiento como dentro de la estación de policía.

Pérez Peralta ha construido su carrera profesional en el sector público y político de Valledupar. Más recientemente, se desempeñó como secretario de Gobierno en la Alcaldía de Valledupar, mostrando experiencia en la administración municipal y en la gestión de asuntos públicos de relevancia local. A su paso por el ámbito político destaca también la jefatura de la más reciente campaña del representante Alfredo Ape Cuello, con quien mantiene una relación laboral cercana desde hace años. Previamente, Pérez Peralta fue elegido concejal de Valledupar para el periodo 2020-2023, postulado por el movimiento político Equipo Azul.

Además de su gestión municipal y política, el actual gerente del aeropuerto presentó antecedentes de vinculación con la Corporación Autónoma Regional del Cesar, conocida como la entidad encargada de la administración ambiental de la región. Allí ejecutó labores mediante contratos de prestación de servicios durante cuatro periodos entre 2014 y 2015, según la hoja de vida publicada por la Presidencia.

Antes del nombramiento de Pérez Peralta, la gerencia del aeropuerto estuvo en manos de Henry Smith Pradilla hasta enero de 2026. Desde la salida de Pradilla, la administración se mantuvo con encargos temporales, asumidos por gerentes regionales procedentes de Santa Marta y Bucaramanga. El nombramiento oficial de Pérez Peralta responde, entonces, a la necesidad de dar continuidad y liderazgo específico a la terminal aérea de Valledupar bajo la autoridad de la Aeronáutica Civil.

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¿Quién es Jorge Luis Pérez Peralta y cuál es su experiencia antes de dirigir el aeropuerto Alfonso López Michelsen?

Jorge Luis Pérez Peralta es un exconcejal de Valledupar que asumió la gerencia del aeropuerto Alfonso López Michelsen en octubre de 2026. Antes de este cargo, trabajó como secretario de Gobierno de Valledupar, jefe de campaña del representante Alfredo Ape Cuello y previamente fue concejal del municipio entre 2020 y 2023 por Equipo Azul. También tuvo vinculación con la Corporación Autónoma Regional del Cesar, durante cuatro periodos en los años 2014 y 2015.

¿Cuándo fue designado Jorge Luis Pérez Peralta como gerente del aeropuerto Alfonso López Michelsen y qué autoridad oficializó la información?

Según la Presidencia de la República, la designación de Jorge Luis Pérez Peralta se publicó oficialmente el 21 de octubre de 2026 en la página oficial de la entidad. Esta publicación confirma su nombramiento y la asunción de la dirección regional Norte de la Aeronáutica Civil, entidad responsable de la operación aeronáutica en la zona.

“Lo digo con total claridad: es falso. Nunca he tenido, nunca he visto y nunca he usado ningún material de ese tipo. Nunca he extorsionado a nadie”, escribió la exembajadora de Colombia en el Reino Unido en una carta publicada este miércoles 21 de octubre.

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En su pronunciamiento, Sarabia también hizo énfasis en que las acusaciones involucran posibles situaciones que afectarían a menores de edad. Por eso, sostuvo que, si alguien tiene información que comprometa la dignidad de niños o adolescentes, debe acudir a las autoridades y entregar las pruebas.

“Si alguien vio algo que afecte la dignidad de un menor, la obligación es denunciarlo de inmediato ante la Fiscalía y entregar las pruebas. No esperar meses, no convertirlo en una entrevista”, manifestó la exfuncionaria del gobierno Petro.

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— Laura Sarabia (@laurisarabia) October 21, 2026

La exjefa de gabinete añadió que ningún cargo público ni salario justifica guardar silencio ante hechos de esa naturaleza. También expresó que está dispuesta a atender los requerimientos de la justicia y reiteró su petición de que se esclarezcan las denuncias.

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¿Qué dijo Angie Rodríguez sobre Laura Sarabia y Petro?

Las declaraciones de Sarabia se conocieron después de que Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, afirmara en una entrevista con el periodista Daniel Samper Ospina que la diplomática tendría imágenes y videos relacionados con la vida privada de Petro.

Rodríguez aseguró que había visto archivos en un computador y sostuvo que Sarabia habría utilizado esa información para presionar al entonces presidente y conseguir su nombramiento como embajadora en el Reino Unido. Sin embargo, durante la entrevista no presentó públicamente material que permitiera verificar esos señalamientos.

La controversia se suma a otras denuncias que Rodríguez ha hecho sobre presuntas irregularidades durante el gobierno anterior, entre ellas las relacionadas con el llamado ‘Pacto de Valledupar’ y el manejo de recursos públicos.

Sarabia pidió que las autoridades esclarezcan los hechos

La exfuncionaria insistió en que las acusaciones deben investigarse y que quienes tengan pruebas deben presentarlas ante la Fiscalía. “Yo estaré a disposición de la justicia para lo que necesite”, concluyó.

Por su parte, Rodríguez manifestó que no se retractará de sus declaraciones. Así, el enfrentamiento entre ambas exfuncionarias continúa mientras las autoridades deben establecer si existen elementos que respalden los señalamientos.

El ejercicio arrancó a las 10:00 de la mañana y permitió poner en práctica los planes de emergencia, rutas de evacuación y estrategias de comunicación. Durante el simulacro, se identificaron tanto aciertos como aspectos que requieren mayor atención. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, subrayó la relevancia de continuar con este tipo de ejercicios tras el sismo ocurrido el 10 de agosto, recordando a la ciudadanía la importancia de estar siempre preparada ante cualquier eventualidad. "Este simulacro es muy importante porque, como aprendimos los caleños el 10 de agosto, siempre hay que estar preparados", afirmó el mandatario.

A pesar de los logros obtenidos, la jornada evidenció detalles que deben ajustarse. De acuerdo con Eder, algunas personas no tenían claridad sobre los procedimientos después de evacuar y algunos regresaron a los edificios antes de concluir el ejercicio. Destacó la importancia de seguir trabajando en la identificación de puntos de encuentro y en mantener la instrucción sobre los protocolos a seguir. Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali, declaró que, en términos generales, "todo salió de manera ordenada y articulada", aunque se procederá a realizar las evaluaciones pertinentes para fortalecer la respuesta en futuras ocasiones.

En el Centro Administrativo Municipal (CAM), la evacuación tomó aproximadamente cinco minutos, como lo informó Patricia Álvarez Gómez, directora del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (DADII). No obstante, algunos trabajadores señalaron dificultades para escuchar la alarma en ciertos pisos, un aspecto que deberá mejorarse en próximas ediciones.

El simulacro puso de relieve la necesidad de que la prevención y preparación sean prácticas cotidianas. Entre las recomendaciones destacadas se encuentran identificar rutas de evacuación, conocer los puntos de encuentro y contar con elementos básicos como botiquín y maletín de emergencia. De acuerdo con Ricardo Peñuela, también es esencial conocer las vulnerabilidades de las estructuras frecuentadas. Los ciudadanos manifestaron la importancia de que estas medidas se apliquen desde el hogar, incluida la provisión de elementos como silbatos y botiquines.

Este tipo de ejercicios refuerzan la cultura de prevención en Cali y sirven para identificar las áreas que deben fortalecerse a fin de proteger la vida y facilitar la coordinación con los organismos de socorro, tal como resaltaron las autoridades locales.

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¿Cuáles fueron las principales dificultades en el simulacro nacional en Cali 2026?

Durante la jornada, se identificaron problemas como la falta de claridad de algunas personas sobre los puntos de encuentro tras evacuar y el reingreso prematuro a los edificios. Además, algunos participantes no escucharon adecuadamente la alarma en todos los pisos, lo que evidenció la necesidad de mejorar los sistemas de aviso y reforzar la educación sobre los protocolos de evacuación.

¿Qué medidas de prevención deben adoptar los ciudadanos ante emergencias en Cali?

Dentro de las recomendaciones planteadas durante el simulacro, las autoridades sugirieron identificar rutas de evacuación, conocer los puntos de encuentro y tener a la mano elementos esenciales como botiquín o maletín de emergencia y un silbato. También se resaltó la importancia de informarse sobre los riesgos estructurales de los sitios que se frecuentan y preparar a las familias en la aplicación de estos protocolos desde el hogar.

El apoyo familiar no solo se fundamenta en la tradición musical que representa la familia Morales en el vallenato, sino que se relaciona con el deseo de extender ese legado hacia otros ámbitos, como el político. Kaleth Morales, hermano de Eva Sandrith, fue una figura destacada de la Nueva Ola del vallenato, mientras que Miguel Morales ha consolidado una trayectoria en la música y tuvo aspiraciones políticas, como su reciente candidatura a la Alcaldía de Valledupar en las elecciones de 2023, donde no obtuvo la votación suficiente para ejercer el cargo, según información recogida en entrevistas y medios locales.

Sobre la hoja de vida de Eva Sandrith Morales, se sabe que tiene 33 años y es comunicadora social organizacional graduada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Además, es especialista en Alta Gerencia por la Universidad Andina. Su experiencia laboral está marcada por cargos en entidades públicas y privadas, principalmente en Valledupar. Como menciona su perfil de LinkedIn, se desempeñó como auxiliar administrativa en la Oficina de Protocolo de la Gobernación del Cesar durante 2015, y trabajó en calidad de profesional de apoyo en el Consorcio Sociedad de Interventores (SDI); también estuvo en la Fundación Imaginario Social (FIS) y en la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Además, entre febrero y agosto de 2018, ejerció como profesional en comunicación en la Alcaldía de Valledupar.

Eva Sandrith ha utilizado sus redes sociales para enfatizar que, aunque muchos creen que tuvo ventajas por ser hija de Miguel Morales, su camino profesional se ha forjado mediante trabajo constante y esfuerzo, señalando que laboró desde los 21 años y sigue enfrentando nuevos desafíos, motivada por su hijo.

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¿Quién es Eva Sandrith Morales y cuáles son sus antecedentes profesionales?

Eva Sandrith Morales es comunicadora social organizacional y especialista en alta gerencia, con experiencia en el sector público y privado de Valledupar. Se ha desempeñado en cargos administrativos y de comunicación en la Gobernación del Cesar, la Alcaldía local y la Agencia Pública de Empleo del SENA, según información verificada en su perfil profesional y declaraciones públicas.

¿Cuándo son las próximas elecciones para el Concejo de Valledupar y qué cargos se eligen?

Las próximas elecciones territoriales en Colombia serán el 31 de octubre de 2027, fecha en la que los ciudadanos de Valledupar podrán elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles, de acuerdo con la información oficial sobre el calendario electoral nacional.

No obstante, según manifestó Manuel Afanador, padre de la menor, el colegio continúa en funcionamiento, lo que ha reactivado debates sobre las garantías de seguridad y el monitoreo en la institución. Las directivas han indicado su disposición para mantener actividades, mientras la familia de Valeria insiste en que las investigaciones deben dirigirse también hacia otros miembros de la comunidad educativa, dadas las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Por orden de la Gobernación, la rectora del colegio tiene plazo hasta el 31 de octubre de 2026 para entregar un plan detallado para la reubicación de los estudiantes, prestando especial atención a menores con discapacidad, necesidades educativas especiales o tratamientos terapéuticos. El plan deberá contemplar estrategias para evitar el estigma y el ciberacoso contra los alumnos, así como mecanismos de acompañamiento emocional y participación familiar. La Dirección de Buen Gobierno Educativo será responsable de vigilar el cumplimiento de estas medidas, mientras la Secretaría de Educación divulgará la oferta escolar de Sabana Centro para facilitar el traslado de estudiantes.

En la esfera judicial, la familia de Valeria, representada por el abogado Julián Quintana, celebró la decisión administrativa, pero insiste en que se haga justicia penal contra la rectora Sonia Inés Ochoa y otros dos docentes. La Fiscalía General de la Nación ya imputó a dos profesores, quienes enfrentan una audiencia de acusación pendiente. La familia solicita continuar la investigación sobre el papel de la rectora, dada su responsabilidad legal en el colegio. Además, persisten inquietudes sobre la investigación forense y el esclarecimiento total de lo ocurrido; los padres han denunciado presuntas negligencias y revictimización por parte de las autoridades. Pese a las decisiones administrativas, la familia exige un proceso penal a fondo para que ningún responsable quede por fuera.

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¿Por qué cerraron el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe tras el caso Valeria Afanador?

El cierre del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe se ordenó después de que la Gobernación de Cundinamarca ratificara la responsabilidad administrativa del centro educativo en el caso de Valeria Afanador. Según la Resolución 007360 del 14 de octubre de 2026, la medida fue motivada por fallas y omisiones en el cuidado de la menor, halladas tras su desaparición y posterior muerte, por lo que se procedió a cancelar la licencia de funcionamiento definitivamente.

¿Qué medidas tomará la Gobernación para reubicar a los estudiantes afectados por el cierre del colegio?

La Gobernación exige a la rectora del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe la presentación de un plan detallado de reubicación para cada estudiante, antes del 31 de octubre de 2026. Este plan debe contemplar necesidades especiales, apoyo psicosocial, y evitar la estigmatización. Además, la Secretaría de Educación divulgará información sobre la oferta educativa disponible para que las familias puedan buscar cupos en otros colegios de la región.

De acuerdo con Carranza, Gustavo Petro jamás ordenó a Rodríguez buscar testimonios o armar montajes relacionados con el paramilitarismo contra Uribe o De la Espriella. El abogado enfatizó que, de haber tenido conocimiento de actos delictivos, Petro los habría denunciado públicamente, y no recurriría a intermediarios. La denuncia presentada incluye delitos como peculado, concierto para delinquir, injuria y calumnia agravada, así como violación de datos personales. Según Carranza, la Fiscalía debería escuchar el testimonio de Mancuso para esclarecer quiénes intervinieron en los encuentros bajo investigación y determinó que podrían solicitarse declaraciones de otros miembros del despacho presidencial, además de la revisión de documentos y grabaciones.

Por otro lado, este miércoles también se remitió una solicitud a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que el expresidente Petro declare sobre estos hechos. Carranza pidió agilidad tanto a la Fiscalía como a la Comisión en la gestión de estos procedimientos. Adicionalmente, presentó denuncias relacionadas con los señalamientos sobre supuestos consumos de sustancias y presuntas conductas inapropiadas atribuidas a Petro por Rodríguez, solicitando investigar actos de corrupción durante la gestión de Rodríguez en el Dapre.

La investigación cobró notoriedad tras el pedido del ministro de Justicia, Iván Cancino, del 19 de octubre, dirigido a la fiscal general Luz Adriana Camargo para verificar reuniones con exjefes paramilitares en Valledupar. La base de esta solicitud incluye las declaraciones de Angie Rodríguez y la columna firmada por Melquisedec Torres en El Colombiano, publicada el 17 de octubre. En este contexto, se identifican discrepancias en las fechas de los supuestos encuentros y se mencionan presuntos ofrecimientos a exparamilitares como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y mejores condiciones de reclusión. Paralelamente, la Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra Armando Benedetti, exministro del Interior, y Angie Rodríguez, luego de entrevistas publicadas en Semana donde Rodríguez habló de un supuesto plan, atribuido a órdenes desde la Presidencia, para vincular a los mencionados políticos con el paramilitarismo en medio de la campaña presidencial de 2025, según información recogida por la entidad.

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¿Qué es el “Pacto de Valledupar” y quiénes están involucrados en la investigación?

El llamado “Pacto de Valledupar” es una controversia política que involucra presuntas reuniones entre funcionarios del Gobierno, exjefes paramilitares y declaraciones dirigidas a afectar políticamente a figuras como Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, es uno de los principales nombres señalados, así como Gustavo Petro, Salvatore Mancuso y Armando Benedetti, según informaciones recogidas por la Fiscalía y la Procuraduría.

¿Qué es la JEP y por qué se menciona en el caso del “Pacto de Valledupar”?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un mecanismo judicial especializado creado en Colombia para investigar, juzgar y sancionar delitos cometidos en el marco del conflicto armado, buscando la verdad y la reparación de las víctimas. En el caso del “Pacto de Valledupar”, se menciona que algunos exparamilitares habrían recibido la oferta de ingresar a la JEP como un posible beneficio a cambio de entregar declaraciones contra algunos políticos, según lo reportado en la columna de Melquisedec Torres y otras fuentes citadas.

Laserna detalló que inicialmente su interés se dirigió hacia la "grandilocuencia obsoleta del muralismo socialista" y las maquetas monumentales proyectadas por regímenes autoritarios, pero que en Colombia, esas tradiciones no han existido de la misma manera. En nuestro país, explica el artista, los relatos sobre vencedores y vencidos suelen ser construidos por "el archivo que producen los medios, la publicidad oficial y la propaganda". Es sobre esa base que nace la exposición.

"El círculo cromático" está compuesta por cuatro murales de gran escala, trabajados con precisión para evidenciar texturas y el proceso pictórico. Dos de esos murales están inspirados en imágenes emblemáticas: la primera, la fotografía de Ingrid Betancourt durante su secuestro, tomada de un video publicado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2007; la segunda, una imagen difundida por el Ministerio de Defensa en 2017, que retrata la muerte de alias ‘Mono Jojoy’. Las otras dos piezas son reinterpretaciones de color de esos mismos retratos, transformando los rostros en paisajes distorsionados y pixelados.

Cada mural se compone de cuadros minuciosos que construyen una especie de "píxeles cromáticos", trabajando con 1.664 colores diferentes. La curadora Daniela Marín, fundadora de Miles de veces, sugirió enfrentar esas dos imágenes para enfatizar la dualidad entre víctima y victimario, entre las narrativas producidas por actores armados y las estatales. Además, la exposición incluye un segundo espacio ubicado en Quinta Camacho, donde se detalla el proceso creativo con pruebas de color, bocetos y materiales utilizados en la elaboración de los murales.

De acuerdo con el artista y la curadora, la exposición interpela a la sociedad para que cuestione las historias que repiten los medios, la publicidad y la propaganda, y a la vez pone sobre la mesa la crudeza de la violencia como escenario cotidiano.

La exposición estará abierta hasta el 12 de noviembre, de lunes a sábado, de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. en Telecom, y en Miles de veces con cita previa.

¿De qué trata la exposición 'El círculo cromático' de Juan David Laserna?

La exposición "El círculo cromático", de Juan David Laserna en colaboración con la plataforma Miles de veces, presenta cuatro murales monumentales que revisitan dos imágenes icónicas de la violencia en Colombia: una de Ingrid Betancourt durante su secuestro y otra de alias ‘Mono Jojoy’ tras su muerte. Mediante una técnica detallada que parte de la descomposición del color y el pixelado, estos murales exploran las narrativas duales entre víctima y victimario, así como el rol de los medios y la propaganda en la construcción de relatos históricos.

¿Qué representan los murales de 'El círculo cromático' en la exposición de Bogotá?

Los murales de "El círculo cromático" simbolizan la confrontación entre imágenes mediáticas que narran, desde perspectivas opuestas, la violencia en Colombia. Dos piezas reproducen rostros emblemáticos asociados con el conflicto nacional, mientras que otras dos reinterpretan esos retratos como paisajes cromáticos. De acuerdo con la información proporcionada, el objetivo es invitar a la reflexión sobre cómo se construyen y confrontan las narrativas sociales y políticas a partir de imágenes icónicas.

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El ambiente dentro de las comisiones estuvo marcado por tensiones entre los congresistas. Jaime Arizabaleta y José Jaime Uscátegui, ambos del partido Centro Democrático, protagonizaron una discusión derivada de la exclusión de un artículo de la llamada ley “anticapuchos” presentada por Arizabaleta. Fue necesaria la intervención de Daniel Briceño para poner fin a la confrontación, evidenciando así las divisiones internas respecto a la agenda legislativa y la inclusión de diferentes propuestas dentro del articulado.

Durante la apertura del debate, la definición del orden del día suscitó nuevas controversias. La senadora Carolina Corcho, perteneciente al movimiento Pacto Histórico, expuso que su bancada propuso la realización de una audiencia pública sobre el proyecto. Sin embargo, la proposición no fue discutida, lo que llevó a Corcho a dejar constancia pública de que “se nos negó de manera arbitraria la discusión de audiencia”. Según su percepción, esta decisión atentaría contra derechos de participación de los congresistas.

A esta situación se sumó el caso del senador Iván Cepeda, quien radicó un impedimento para participar en el trámite legislativo alegando un “posible conflicto de interés”. Cepeda fue coautor de la Ley 2272 de 2022, que podría ser modificada o derogada si prospera la nueva iniciativa, y además mencionó su nombramiento por parte del gobierno Petro en la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El propio Cepeda argumentó que lo anterior le restaba objetividad para participar en la discusión. Finalmente, su impedimento fue aprobado, abriendo el espacio para que otros senadores, como Jonathan Pulido, plantearan posibles recusaciones contra otros miembros del Pacto Histórico, entre ellos Isabel Zuleta, aunque dicha acusación no prosperó. Mientras tanto, las comisiones negaron las propuestas de archivo presentadas por la oposición y continuaron adelante con la ponencia positiva presentada por el oficialismo.

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¿En qué consiste la ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella?

La ley de sometimiento, impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, pretende crear un marco jurídico especial para el sometimiento de grupos criminales. Esta política se diferencia de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, buscando establecer procedimientos legales específicos para el acogimiento de estos actores sin necesariamente adoptarse los lineamientos de paz negociada. Según El Espectador, la propuesta avanza con respaldo del oficialismo en las Comisiones Primeras del Congreso.

¿Por qué algunos senadores han presentado impedimentos en el debate sobre la ley de sometimiento?

Durante el debate, senadores como Iván Cepeda presentaron impedimentos argumentando posibles conflictos de interés. En el caso de Cepeda, su participación previa como coautor de la Ley 2272 de 2022, así como su designación en la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), motivaron su decisión. Esto busca garantizar transparencia e imparcialidad en la discusión, según información recogida por El Espectador.

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos, reveló graves acusaciones institucionales durante su intervención ante la Comisión Segunda del Senado este miércoles, 21 de octubre.

El funcionario aseguró que la administración liderada por Abelardo De La Espriella acudirá formalmente ante los tribunales judiciales para denunciar el presunto constreñimiento contra 48 contratistas del Ejecutivo anterior.

“Hay denuncias y las haremos. Personalmente las haré sobre 48 mujeres que tenía el expresidente Gustavo Petro en la Presidencia que, lamentablemente, las instrumentalizaba a punta de OPS”, aseveró, en declaraciones replicadas por revista Semana.

Según la manifestación del titular, el gobierno previo atravesó dinámicas irregulares que desviaron las funciones públicas esenciales de la jefatura de Estado hacia conductas incompatibles con la administración nacional.

“Vamos a demostrar al pueblo colombiano cómo, lamentablemente, la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a no gobernar sino parrandear todos los días. Además, llevar mujeres y generar lo que no deberíamos hacer nosotros”, afirmó.

En la misma sesión, el directivo encaró a congresistas de la colectividad Pacto Histórico, dirigiéndose específicamente al legislador Agmeth Escaf para recriminarle el manejo del periodo gubernamental previo.

“Ustedes tuvieron la oportunidad de gobernar durante cuatro años y poderle demostrar al pueblo colombiano sobre cómo gobernar. 48 mujeres que ya están hablando con nosotros de cómo, por intermedio de un contrato de OPS, las amarraban y las instrumentalizaban para poder estar con el expresidente Gustavo Petro”, manifestó.

Las sorpresivas aseveraciones del alto funcionario paralizaron las discusiones de la célula legislativa durante varios instantes, generando un hondo impacto entre los congresistas presentes.

🔴 ATENTOS. El director del Dapre, Carlos Ríos, denunciará el caso de 48 mujeres que, según dijo, fueron “instrumentalizadas“ durante el gobierno de Gustavo Petro. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/nPVKmbSRwy

— Revista Semana (@RevistaSemana) October 21, 2026

Aunque Ríos reservó las identidades de las afectadas, confirmó que recopila el material probatorio correspondiente para formalizar la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.

Polémicas en contratación de mujeres en Gobierno Petro

La contratación de mujeres cercanas al Gobierno de Gustavo Petro provocó varias polémicas durante su administración. Los cuestionamientos se centraron en contratos con influenciadoras, presuntas redes de influencia y denuncias de irregularidades en entidades públicas.

Uno de los casos más visibles fue el de Gabriela Muñoz, una joven estudiante de Derecho e influenciadora contratada en la Aeronáutica Civil en 2025. Diversas denuncias cuestionaron su vinculación y presuntas relaciones con procesos de contratación en la entidad.

La controversia se amplió con investigaciones periodísticas sobre Juliana Guerrero y su hermana Verónica. Los reportes señalaron una presunta red que habría ofrecido acceso a contratos en los ministerios de Vivienda e Interior a cambio de pagos anticipados y porcentajes sobre los proyectos.

Según esas investigaciones, tres empresarios afirmaron haber entregado más de $ 600 millones a las hermanas Guerrero sin recibir los contratos prometidos. Estas versiones requerían verificación judicial y no constituían, por sí solas, hechos comprobados.

La polémica escaló en octubre de 2026 tras declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Rodríguez afirmó que existía una presunta red de mujeres con capacidad de incidir en contratos, nombramientos y decisiones administrativas.

Rodríguez aseguró que recibió solicitudes para adelantar contratos y nombramientos que consideró irregulares. También manifestó que algunas personas le habrían indicado que esas decisiones contaban con el beneplácito del expresidente Petro.

El abogado de Gustavo Petro anunció acciones legales contra Angie Rodríguez por injuria y calumnia. La defensa del expresidente rechazó las afirmaciones y calificó los señalamientos como infundados.

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación penal contra Verónica Alcocer, exprimera dama, por presuntas irregularidades relacionadas con contratación estatal durante el Gobierno Petro. La investigación también examina presunto tráfico de influencias en Ecopetrol y nombramientos públicos.

Estos casos no implican, por sí mismos, responsabilidad penal demostrada. Las autoridades deben establecer pruebas, escuchar a los implicados y determinar si existieron irregularidades en cada proceso contractual.

El informe reveló documentos que darían cuenta del ingreso de personal médico, auxiliares de enfermería y esteticistas al establecimiento penitenciario durante mayo y junio de 2026. Las autorizaciones, según el noticiero, contaron con el visto bueno de la dirección del penal y estaban relacionadas oficialmente con una atención dermatológica.

Sin embargo, el inventario de los elementos autorizados abrió nuevos interrogantes. Entre los insumos mencionados aparecen 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica, cánulas nasales, una mentonera, un monitor multiparámetros y cilindros portátiles, de acuerdo con los documentos conocidos por el medio citado.

Uno de los registros está fechado el 25 de mayo de 2026 y lleva la firma del mayor Edgar Iván Pérez, director de la prisión. El documento autoriza el ingreso de personal médico para una valoración clínica, con fundamento en un informe dermatológico.

Un segundo registro, expedido aproximadamente un mes después, menciona el ingreso de un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería para atender a Camargo Ríos. En el documento se lee: “Se autoriza ingreso del personal médico correspondiente para la realización de atención dermatológica integral del PPL Camargo Ríos Óscar”.

La controversia también gira alrededor de los cambios en la apariencia física del recluso. Noticias RCN comparó fotografías de su reseña de diciembre de 2024 con imágenes más recientes, en las que se observa un cabello más largo, una barba más abundante y un rostro que aparenta mayor volumen. No obstante, esas diferencias no demuestran por sí solas que se hayan practicado procedimientos estéticos.

#Exclusivo | Un nuevo escándalo sacude al INPEC por los presuntos procedimientos estéticos realizados a alias Pichi, conocido como el ‘Pablo Escobar de Bucaramanga’. Registros conocidos por Noticias RCN evidenciarían el ingreso de cirujanos, enfermeras e insumos para estos procedimientos a la cárcel donde está recluido ⬇️

— Noticias RCN (@NoticiasRCN) October 21, 2026

Alias ‘Pichi’ alcanzó notoriedad por su historial delictivo y por su presunta capacidad para modificar su apariencia con el propósito de evadir a las autoridades. Por eso, las nuevas revelaciones reavivaron las preguntas sobre los controles dentro de los centros penitenciarios y el tratamiento que reciben las personas privadas de la libertad.

Según Noticias RCN, la dirección del penal confirmó que la autorización de ingreso existió y explicó que se concedió después de un derecho de petición presentado por el abogado del recluso.

El medio indicó que buscó una respuesta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), pero hasta el momento de la emisión no había recibido un pronunciamiento oficial de la institución. Por ahora, las autorizaciones conocidas no permiten establecer por sí solas qué procedimientos se practicaron ni si hubo alguna irregularidad.

Durante esta jornada, los participantes implementaron y pusieron a prueba sus planes de emergencia, las medidas de autoprotección, así como los mecanismos de coordinación entre los diferentes actores. Tal como se detalla en el reporte, las emergencias simuladas variaron de acuerdo con los riesgos y características propias de cada territorio, lo que permitió adaptarse a las amenazas locales. En muchos municipios, el enfoque principal fue el riesgo sísmico, con ejercicios enfocados en simulacros de terremotos. Para lograr una mayor efectividad, se activaron alarmas y se realizaron evacuaciones de edificios y espacios públicos.

La jornada se estructuró en dos fases. En primer lugar, se enfocó en la participación comunitaria y de las entidades, verificando los procedimientos individuales y colectivos. Posteriormente, hubo un espacio dirigido exclusivamente a las autoridades territoriales responsables de la gestión del riesgo, con el objetivo de validar sus estrategias y la toma de decisiones, así como la coordinación entre las instituciones involucradas. Este segundo momento fue clave para identificar los retos y oportunidades de mejora en la articulación entre los diferentes niveles de gobierno y el sector privado.

De acuerdo con el informe de El Espectador, las actividades se llevaron a cabo en dos horarios, a las 10:00 a. m. y a las 2:00 p. m., permitiendo abarcar tanto la autoprotección de la comunidad como la capacidad institucional de respuesta. A través del simulacro, se descubrieron fallas en los planes de emergencia y se identificaron responsabilidades de los participantes. Además, en muchos casos se extendió la prueba a protocolos de respuesta ante amenazas como inundaciones, atendiendo los escenarios de riesgo particulares de cada región. En resumen, este evento permitió reconocer el estado actual de la preparación ciudadana e institucional, sirviendo de antesala para fortalecer los sistemas de emergencia en Colombia.

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¿Cómo funciona el simulacro nacional de emergencias en Colombia?

El simulacro nacional de emergencias es una estrategia coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la que municipios, instituciones y comunidades ponen a prueba sus protocolos y planes de acción frente a eventos como terremotos o inundaciones. La actividad se realiza en diferentes horarios y escenarios, adaptándose al tipo de riesgo predominante en cada zona. El propósito es identificar debilidades, validar la coordinación institucional y mejorar la capacidad de respuesta.

¿Por qué es importante que las comunidades participen en los simulacros de emergencia?

La participación activa de las comunidades es fundamental para fortalecer la preparación y la reacción ante posibles desastres. Al integrarse en los simulacros, los ciudadanos aprenden las medidas de autoprotección, reconocen rutas de evacuación y entienden sus roles en una emergencia. Esto contribuye a salvar vidas y a reducir los daños materiales cuando se presentan situaciones reales de riesgo.

El domingo 25 de octubre, amantes del ciclismo de montaña tienen cita en la pista La De Suma, ubicada en la única localidad completamente rural de la ciudad, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Este espacio aspira a consolidarse como referente en la práctica de ciclomontañismo, tanto a nivel distrital como nacional, pues acerca el alto rendimiento competitivo a contextos rurales, ofreciendo nuevas oportunidades a deportistas de todas las edades y a las comunidades de la zona.

La De Suma es una pista construida sobre terreno natural, orientada bajo las especificaciones técnicas del Cross Country Olímpico. Esta modalidad exige a los participantes habilidades de destreza, concentración y resistencia. El circuito principal, de acuerdo con la fuente mencionada, tiene un recorrido de 3.2 kilómetros con un desnivel positivo de 72 metros, caracterizado por ascensos técnicos, descensos, curvas y saltos que ponen a prueba la preparación física y mental de los deportistas. Además, cuenta con trazados diferenciales para categorías infantiles y PushBike, lo que fomenta la inclusión de niños en experiencias adaptadas a su nivel, ampliando así el margen de formación de nuevos talentos.

El diseño y desarrollo de la pista recibieron acompañamiento técnico y valoración del exciclista colombiano Fabio Parra, quien destacó sus condiciones para proyectar el deporte de montaña. Igualmente, la final de la Copa Bogotana de MTB cuenta con el respaldo de la Liga de Ciclismo de Bogotá y la Comisión Bogotana de Ciclomontañismo, buscando no solo impulsar el talento local, sino también promover el turismo sostenible y la integración entre ciudad y ruralidad.

Más de 200 deportistas inscritos, en jornadas apoyadas por equipos, familias y aficionados, buscarán llevarse parte de una bolsa de premios por más de nueve millones de pesos. Modalidades como Short Track, Relevos y PushBike conforman la programación oficial, junto a categorías adaptadas por edades. La organización, según la convocatoria oficial, mantiene abiertas las inscripciones e invita a consultar las condiciones de participación.

El sábado 24, la comunidad estrenará la nueva cancha de tejo con el Campeonato Distrital, una infraestructura que incluye cuatro pistas profesionales y que celebrará categorías masculinas y femeninas, según lo reporta la Alcaldía Local de Sumapaz. Estos eventos reflejan el compromiso por fortalecer la infraestructura deportiva, ampliar oportunidades y consolidar la ruralidad bogotana como polo de encuentro, recreación y competencia.

¿Cuál es la importancia de la Copa Bogotana de MTB 2026 para el ciclismo en Bogotá?

La Copa Bogotana de MTB 2026 representa una oportunidad crucial para consolidar el ciclomontañismo en Bogotá, al acercar el deporte competitivo a la ruralidad y abrir espacios de formación para nuevas generaciones, según la Alcaldía de Bogotá. El evento impulsa el talento local, integra a equipos y familias, y promueve la proyección nacional e internacional del ciclismo de montaña desde escenarios naturales como Sumapaz.

¿Qué características técnicas tiene la pista La De Suma en Sumapaz?

De acuerdo con la información oficial, la pista La De Suma fue construida con las exigencias del Cross Country Olímpico, tiene un recorrido principal de 3.2 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 72 metros. Incluye ascensos, descensos, curvas, saltos y puentes, para desafiar a deportistas de diferentes niveles y categorías, además de trazados adaptados para niños en modalidades como PushBike.

Ese fue el caso entre los representantes a la Cámara por el partido Centro Democrático Jaime Arizabaleta y José Jaime Uscátegui, que tuvieron un fuerte careo que acabó registrado en las cámaras.

Lo llamativo es que el episodio quedó en un video, en el que fueron grabados como protagonistas de una discusión subida de tono en la sesión y poco antes al debate sobre la Ley de Sometimiento de este miércoles 21 de octubre de 2026 en el Congreso de la República.

La molestia entre ambos congresistas resultó tan evidente que su colega Daniel Briceño llegó a separarlos, en medio de lo que resultó un hecho poco frecuente dentro del recinto.

#VERGONZOSO 🤔 Representantes a la Cámara por el partido Centro Democrático, Jaime Arizabaleta y José Jaime Uscátegui, fueron grabados protagonizando una fuerte discusión previo al debate sobre la Ley de Sometimiento que a esta hora se lleva a cabo en el Congreso de la República. https://t.co/Kpnl0ISxoB

— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 21, 2026

Cabe reconocer que las peleas entre figuras del Congreso de diferentes partidos son parte de los ánimos que se suben en los debates, pero el caso entre dos del mismo bando no es algo común.

Arizabaleta y Uscátegui destacan como dos reconocidas figuras políticas que ejercen la vocería legislativa en la Cámara de Representantes por la colectividad del Centro Democrático.

Ambos parlamentarios comparten militancia en la bancada derechista, distinguiéndose en la opinión pública nacional por sus posturas críticas y sus propuestas enfocadas en la seguridad ciudadana.

Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo nació en Cali el 10 de junio de 1988. Ejerce como abogado graduado de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.

El congresista vallecaucano consolidó su notoriedad pública a través del activismo en redes sociales y medios de comunicación, impulsando debates sobre la justicia punitiva y la infraestructura carcelaria.

Antes de su llegada al órgano legislativo para el periodo de circunscripción territorial por el Valle del Cauca, Arizabaleta figuró como aspirante a la Alcaldía de su ciudad natal.

En su labor de control político, el representante enfoca su discurso en la defensa del orden social, el combate frontal a la delincuencia organizada y la disciplina de las instituciones.

Por su parte, José Jaime Uscátegui Pastrana es un politólogo bogotano nacido el 8 de julio de 1981. Ostenta una sólida formación en gobierno, relaciones internacionales y política social.

Uscátegui cuenta con una dilatada carrera parlamentaria, habiendo logrado la reelección como representante a la Cámara en la circunscripción de Bogotá para múltiples periodos constitucionales.

Su enfoque legislativo prioriza el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, los derechos de la fuerza pública y la defensa integral de los veteranos de la patria.

El congresista capitalino ostenta la autoría de diversas iniciativas normativas orientadas a endurecer las penas contra la criminalidad urbana y proteger el ordenamiento institucional en las ciudades.

Ambos dirigentes convergen en la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara, liderando discusiones estratégicas sobre reformas al sistema judicial, normas de seguridad y proyectos de sometimiento.

¿De qué trata el debate sobre la Ley de Sometimiento?

El debate sobre la Ley de Sometimiento a la Justicia en Colombia centra su atención en definir el marco normativo para el desmantelamiento de bandas criminales y estructuras delictivas organizadas.

La iniciativa legislativa busca establecer condiciones jurídicas claras para que miles de integrantes de grupos armados ilícitos entreguen sus armas, reconozcan sus delitos y desmantelen sus redes de finanzas ilegales.

Dentro del proyecto de ley radicado en el Congreso de la República, la discusión gira en torno al alcance de las penas restrictivas de la libertad y los porcentajes de rebaja punitiva.

El articulado contempla tratamientos penales diferenciados, fijando sanciones mínimas de cárcel efectiva para cabecillas y mandos, mientras que los combatientes rasos accederían a esquemas de libertad condicional mediante trabajo comunitario.

Las comisiones legislativas analizan exhaustivamente los mecanismos de verificación previa por parte de la Fuerza Pública y la Fiscalía General para evitar el ingreso indebido de colados a las listas de beneficiarios.

Asimismo, la propuesta exige la entrega total de bienes obtenidos ilegalmente, la reparación integral de las víctimas y la colaboración efectiva con las autoridades judiciales para desarticular economías delictivas.

Sectores de oposición y voceros parlamentarios exigen mantener penas severas, garantizar el estricto cumplimiento de los compromisos de verdad y prohibir el reconocimiento de estatus político a estas organizaciones.

Además de esta investigación, la Procuraduría también abrió una segunda indagación, esta vez centrada en los contratos firmados con Norbert Vonblon Pomare, quien es esposo de Elizabeth Jay-Pang Díaz, actual representante a la Cámara por San Andrés. Ambos procesos buscan determinar si hubo algún tipo de falta administrativa o posible indebido manejo de recursos en la celebración de estos acuerdos contractuales, en un contexto que ha sido señalado por funcionarios públicos y habitantes del archipiélago como complejo y marcado por denuncias de corrupción.

Estas decisiones se dieron a conocer después de las declaraciones realizadas recientemente por Abelardo De la Espriella, presidente del país. Según expresó el mandatario, lo fundamental no ha sido la falta de recursos sino la ausencia de integridad entre algunos dirigentes. "Aquí no ha faltado plata, aquí ha faltado honestidad. Aquí ha llegado mucho dinero y se lo ha robado la clase política del archipiélago. Quiero que sepan que estoy encima. Quiero ser vehemente y claro: Voy a llegar al fondo de todo", manifestó el jefe de Estado el fin de semana anterior. Las palabras del presidente enfatizan la preocupación del Gobierno por garantizar que los fondos destinados a la salud en las islas se utilicen correctamente, buscando erradicar prácticas corruptas que perjudiquen a la población local.

De acuerdo con la información proporcionada, tanto la investigación relacionada con el hospital como la que involucra a Norbert Vonblon Pomare están en fases iniciales. La Procuraduría General de la Nación será la encargada de definir si existen responsabilidades disciplinarias o administrativas en los hechos investigados y si es necesario avanzar en un proceso formal de sanción. La noticia continúa en desarrollo y, por el momento, no se han dado a conocer resultados concluyentes ni fechas sobre una posible decisión final.

Para quienes deseen mayor información sobre temas relacionados con justicia, seguridad y derechos humanos, El Espectador recomienda visitar su sección Judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué investiga la Procuraduría al Hospital Departamental de San Andrés?

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa en respuesta a posibles irregularidades en la contratación pública del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El objetivo es esclarecer si existieron prácticas indebidas en la celebración de contratos, evidenciadas por denuncias y declaraciones recientes sobre la gestión de los recursos en ese centro hospitalario.

¿Qué implicaciones tiene la investigación contra Norbert Vonblon Pomare y Elizabeth Jay-Pang Díaz?

La segunda indagación de la Procuraduría involucra los contratos firmados con Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz. Esta investigación busca determinar si hubo conflictos de interés o manejo irregular de recursos en los contratos relacionados, lo cual podría acarrear consecuencias administrativas o disciplinarias para los involucrados.

La divisa arrancó con impulso en $3.185,10, tocó un mínimo intradiario de $3.178,88 y trepó hasta un máximo de $3.202, antes de estabilizarse sobre los $3.189,50 finales.

De acuerdo con JP Tactical, la sesión estuvo marcada por movimientos muy contenidos y sin una dirección clara durante buena parte del día. Por su parte, el equipo de investigaciones económicas de Acciones & Valores señaló que la recuperación del petróleo y el diferencial de tasas favorecen el tono del peso local, aunque el alivio permanece contenido debido a que la percepción fiscal sigue sensible tras la aprobación en el Congreso del Presupuesto General de la Nación para 2027.

(Vea también: Cómo la tasa de cambio del dólar impacta el valor del peso colombiano y la economía del país)

Por otro lado, en los mercados cambiarios internacionales, la divisa norteamericana se mantuvo relativamente plana frente a las principales monedas del mundo. El índice DXY mostró una variación marginal de -0,02 % situándose en 101,68 puntos.

Producto de ello, las divisas latinoamericanas exhibieron un comportamiento heterogéneo: el real brasileño cotizó estable, mientras que el peso mexicano cedió terreno ante las persistentes preocupaciones inflacionarias derivadas de los costos energéticos globales.

Petróleo roza los US$109 tras ataques en el estrecho de Ormuz

En el mercado global de commodities, los precios del crudo operaron en niveles máximos de varias semanas respaldados por la prima de riesgo geopolítico.

El petróleo Brent cedió un leve 0,08 % hasta los US$108,70 por barril (tras tocar la zona de los US$111) y el WTI cayó un 0,94 %, ubicándose en US$96,90 por barril (luego de bordear los US$100).

La cotización del crudo continuó respaldada por nuevos incidentes en las rutas marítimas de Medio Oriente, incluyendo un buque afectado cerca de Omán y un supertanquero dañado por una mina marina en el estrecho de Ormuz.

Estos sucesos opacaron la caída de 4,9 millones de barriles en los inventarios comerciales de Estados Unidos y las declaraciones oficiales de la administración estadounidense sobre la progresiva recuperación de los flujos regionales.

Importaciones crecen en Colombia

Las importaciones de Colombia registraron un repunte en agosto de 2026, alcanzando un valor total de US$7.702,5 millones CIF. Esta cifra representó un crecimiento del 31,7 % en comparación con el mismo mes de 2025 y estuvo jalonada por el incremento del 18,9 % en el grupo de manufacturas.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados sin valorización alguna en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

• Los TES de 2028 terminaron en 12,479 % desde los 12,529 % de la sesión previa.
• Los TES de 2033 concluyeron en 12,955 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,920 %.
• Los TES de 2050 finalizaron en 13,028 %; la jornada anterior en 13,009 %.

El proceso comenzó después de los hechos que rodearon la desaparición y muerte de la menor. El pasado 19 de junio la Dirección de Buen Gobierno de la Gobernación de Cundinamarca expidió una resolución que declaró responsable administrativamente al colegio y ordenó cancelar su licencia de funcionamiento. Los abogados del establecimiento apelaron la medida, pero la decisión posterior mantuvo la sanción.

Uno de los puntos centrales de la investigación tiene que ver con los controles internos durante la jornada escolar. La resolución cuestionó que nadie advirtiera oportunamente que Valeria no había regresado al salón después del descanso. El documento señala: “De lo anterior se infiere que no operaron los controles necesarios para advertir que la menor no había retornado al aula de clases después del horario de descanso, para ver generado una actuación oportuna y salvaguardar su integridad”.

La investigación administrativa, adelantada por la Secretaría de Educación departamental, también examinó la ausencia de protocolos claros para responder ante una situación de este tipo. Las autoridades consideraron que la falta de procedimientos definidos afectó la capacidad de reacción del personal y retrasó una respuesta que resultaba determinante para proteger a la niña.

En la resolución, la Secretaría de Educación expuso además argumentos jurídicos sobre la sanción administrativa. “El despacho resalta que la tipicidad en el derecho administrativo sancionador no exige el mismo grado de determinación que caracteriza el derecho penal al respecto a la Corte Constitucional al pronunciarse sobre esta materia ha señalado en una reiterada y pacífica línea jurisprudencial”, señaló la decisión. 

Otro apartado cuestionó la falta de coordinación institucional. Según el documento: “Protocolos previamente definidos con roles y tiempos precisos impidió una reacción institucional oportuna y materializó un riesgo que habría podido prever y atender oportunamente en el escenario en el que la inmediatez y el carácter coordinado de la respuesta resulta determinante”.

La sanción corresponde al ámbito administrativo y se fundamenta en las fallas identificadas durante la investigación. La decisión ratificada mantiene la cancelación de la licencia del colegio, mientras el caso de Valeria continúa marcado por los interrogantes sobre la vigilancia escolar, la prevención de riesgos y la rapidez de respuesta ante una desaparición dentro de una jornada académica.

La tragedia golpeó especialmente a las familias de la zona, pues entre las víctimas mortales había 12 mujeres y dos hombres. El colapso también dejó siete personas heridas, quienes tuvieron que ser atendidas en medio de las dificultades que representa el acceso a este territorio del Pacífico nariñense.

El registro audiovisual del derrumbe se convirtió en una de las evidencias más impactantes de la emergencia, al mostrar la dimensión del desprendimiento que terminó en tragedia. Las labores de búsqueda y atención se activaron tras conocerse lo ocurrido, mientras se intentaba establecer el alcance de la afectación y atender a los sobrevivientes.

#TERRIBLE ☠️ Se conoció impactante video del aterrador momento en que un repéntino deslizamiento de tierra sepultó a mineros artesanales en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, dejando un trágico saldo de 14 personas fallecidas (entre ellas 12 mujeres cabezas de hogar) y 7 heridos. https://t.co/Z3cvJzDHuB pic.twitter.com/KXUPGV9DTe

— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 21, 2026

(Vea también: ¿Hay pistas en el crimen de Blanca Pardo? Esto es lo último que se sabe del doloroso caso)

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, señaló que la mayoría de las mujeres fallecidas eran madres cabeza de hogar que dependían de la extracción artesanal de oro para sostener económicamente a sus familias. La pérdida de estas personas representa un duro golpe para sus comunidades, donde esta actividad constituye una fuente de ingresos.

La emergencia también motivó un llamado de la Defensoría del Pueblo, que pidió coordinar las labores de rescate, activar la red hospitalaria y disponer de apoyo aéreo para facilitar el traslado de los heridos. La entidad solicitó, además, la intervención de Medicina Legal para identificar los cuerpos y garantizar un manejo digno de las víctimas.

A las dificultades geográficas se sumó la preocupación por la presencia de grupos armados ilegales en el área. Por esa razón, la Defensoría pidió garantizar condiciones de seguridad para que los organismos de socorro y el personal humanitario pudieran cumplir sus labores. Mientras avanzaba la atención de la emergencia, el video del derrumbe dejó en evidencia la dimensión de una tragedia que cobró la vida de 14 personas.

En específico, durante la jornada señalada, la restricción aplica exclusivamente a los vehículos particulares cuya placa termina en 5 o 6. Estos automotores no podrán transitar por la ciudad entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche. Así lo establece el horario oficial dispuesto por las autoridades para controlar el flujo vehicular, buscando reducir los niveles de congestión en horas clave.

La Secretaría de Movilidad de Cali enfatiza la necesidad de que los conductores, tanto residentes como visitantes, organicen sus desplazamientos con suficiente anticipación si planean hacer trámites personales, asistir a compromisos laborales o movilizarse por diferentes sectores urbanos. El cumplimiento de esta medida evita no solo situaciones incómodas, sino también sanciones económicas.

La reglamentación establece que conducir un automóvil durante el horario restringido, cuando la placa coincide con los dos dígitos señalados para ese día, puede acarrear una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Esta información fue confirmada por la Secretaría de Movilidad de Cali, autoridad responsable del control y la supervisión del tránsito en la ciudad.

Existen, sin embargo, algunas excepciones a la regla. Los vehículos híbridos, eléctricos y aquellos destinados a servicios de emergencia y seguridad no están sujetos a la restricción. Además, quienes requieran movilizarse con su vehículo particular, pese a las restricciones, pueden optar por el pago de la Tasa por Congestión, mecanismo previsto en la normativa local para flexibilizar la aplicación del pico y placa bajo ciertas condiciones.

La institución recalca la importancia de conocer las condiciones de excepcionalidad, ya que estas pueden variar y se encuentran consignadas en la regulación vigente. Por ello, recomienda a los ciudadanos consultar las fuentes oficiales para evitar confusiones y sanciones innecesarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa en Cali?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad de Cali, quienes circulen en horario restringido con placas terminadas en los dígitos mencionados deberán pagar una sanción equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes, conocida como SMLDV, lo que representa un castigo económico significativo por el incumplimiento.

¿Cuáles vehículos están exentos del pico y placa en Cali?

Entre las principales excepciones definidas en la normativa se encuentran los vehículos híbridos y eléctricos, así como los destinados a servicios de emergencia y seguridad. Además, existe la posibilidad de realizar el pago de la Tasa por Congestión para circular durante la restricción, bajo las condiciones establecidas legalmente.

Han pasado más de dos meses desde esa emergencia y la incertidumbre continúa. Aunque personal de Gestión del Riesgo visitó la vivienda y marcó la propiedad para una evaluación, hasta el momento no han definido si la casa puede ser reparada o si es necesario demolerla por completo. Según la información recogida por 90 Minutos, la continuidad de los escombros impide la inspección técnica completa del inmueble. Dentro de la vivienda aún permanecen estructuras del edificio Cantabria, como paredes y piezas del baño, lo cual obstaculiza un diagnóstico certero del estado real del hogar de Sandra.

La principal preocupación de Sandra es recibir una respuesta de BBVA Seguros, la aseguradora responsable del edificio Cantabria, para que se adelante un proceso de reclamación por afectaciones a terceros. En un principio, Sandra buscó ser incluida en la reclamación colectiva gestionada por el administrador del edificio. No obstante, según narró al medio de comunicación, luego de varias gestiones, se le comunicó que debía adelantar el reclamo de forma independiente. Así, la propietaria relató que envió directamente a la aseguradora toda la documentación necesaria, pero no ha recibido respuesta sobre el avance o estado de su caso. Frente a la falta de información, Sandra ha optado por buscar asistencia jurídica, considerando presentar un derecho de petición para obtener una evaluación técnica.

La situación es aún más compleja por la vulnerabilidad del inmueble a causa de las lluvias. El peso de los escombros sobre la losa aumenta el riesgo de colapso, lo que ha obligado a instalar soportes provisionales. Mientras tanto, Sandra y su esposo, quienes llevan 16 años habitando esa casa, temen perder lo que han conseguido tras años de esfuerzo. Sandra manifestó su preocupación por la posibilidad de asumir un nuevo crédito hipotecario a largo plazo, dado que ambos se acercan a la edad de pensión, haciendo inviable esa opción.

Por ahora, la familia sigue a la espera de la evaluación definitiva y enfrenta la incertidumbre sobre la reconstrucción o reparación de su vivienda, en medio de una situación marcada por la falta de respuestas institucionales y el temor de perder el patrimonio construido durante toda una vida.

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¿Qué debe hacer una persona afectada por escombros tras un colapso de edificio en Cali?

De acuerdo con el caso de Sandra Hernández citado por 90 Minutos, una persona afectada debe primero contactar a autoridades de Gestión del Riesgo para la evaluación inicial de daños. Luego, debe comunicarse con la aseguradora responsable para presentar la reclamación, acompañando el proceso con documentación y evidencias. Si la respuesta no es concreta, la búsqueda de asesoría jurídica y la presentación de un derecho de petición son opciones recomendadas para avanzar en la resolución del caso.

¿Cuáles son los pasos para reclamar daños a una aseguradora tras un terremoto en Cali?

Según el relato proporcionado, la persona afectada debe recopilar pruebas y documentos sobre los daños, enviar una reclamación directa a la aseguradora relacionada con el inmueble responsable y dar seguimiento al proceso. Si no recibe respuesta o la gestión se dilata, puede buscar ayuda legal y presentar un derecho de petición para exigir una evaluación técnica de los daños y garantizar la protección de sus derechos como afectada.

De acuerdo con información publicada por El Espectador, la medida fue comunicada por la Delegada para la Seguridad Territorial a través de una carta dirigida al ministro Cancino. En ella, se señala que la compulsa de copias se origina a partir de las afirmaciones de María Claudia Tarazona, viuda del senador Uribe Turbay, durante su entrevista con Caracol Televisión, en la que reveló detalles inéditos sobre el caso.

El ministro Cancino solicitó verificar los señalamientos públicos de Tarazona, especialmente en lo relacionado con la cadena de mando y la financiación detrás del crimen. También pidió investigar si el excongresista Luis Alberto Albán, conocido como alias ‘Marcos Calarcá’, tuvo alguna participación en la organización del atentado, ya que Albán fue representante a la Cámara por el partido Comunes, agrupación conformada en 2017 por exintegrantes de las FARC después del Acuerdo de Paz. Debido al fuero constitucional de Albán por su antiguo cargo, el Ministerio consideró pertinente remitir la información a la Corte Suprema de Justicia y así precisar su competencia en el proceso.

La Fiscalía indicó que, con base en los datos aportados por Tarazona y su representación de víctimas, proceden a verificar la autenticidad y el origen de las comunicaciones recibidas, así como la posible relación de las personas mencionadas con los hechos. En palabras del ente acusador, todos los pasos se están adelantando “con la reserva necesaria para preservar la investigación” y se ofrecerán respuestas a la familia Uribe Turbay y al país “en un término razonable”.

Desde junio de 2025, de acuerdo con la Delegada Deicy Jaramillo, un Grupo de Tareas Especiales –conformado por cuatro fiscales y respaldado por la fuerza investigativa y policial, entre ellas la Sijín, la Dijín y el CTI– está dedicado exclusivamente a este caso. La Fiscalía recalcó que “la investigación nunca se ha detenido” y que mantiene abiertas varias líneas, muchas de ellas en concordancia con las nuevas hipótesis planteadas por el ministro.

Sobre el origen de los recursos y la autoría intelectual, María Claudia Tarazona ha sostenido que el dinero salió de Venezuela y que la orden del crimen provino del Congreso de la República. Además, ha dejado ver su preocupación por posibles infiltraciones en el esquema de seguridad del senador, aunque mantiene en reserva la identidad de sus fuentes y espera que las autoridades corroboren toda la información.

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¿Cuál es la relación entre alias “Marcos Calarcá” y el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

De acuerdo con la información remitida por el Ministerio de Justicia a la Fiscalía, existe la petición de investigar si el excongresista Luis Alberto Albán, conocido como alias “Marcos Calarcá” y vinculado al partido Comunes, tuvo algún grado de implicación en la preparación del atentado contra el senador Uribe Turbay. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía no ha presentado resultados concluyentes respecto a su participación, y la investigación continúa en proceso sin señalar a ningún responsable concreto de entre los nombres mencionados por Tarazona.

¿Qué información entregó María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

María Claudia Tarazona, en entrevista con Noticias Caracol y de acuerdo con lo recopilado por El Espectador, declaró que la financiación para cometer el asesinato de su esposo habría salido de Venezuela y que la orden provino del Congreso de la República. Sostuvo además que entregó esta información a la Fiscalía, basada en mensajes advertidos por una fuente anónima antes del atentado, y pidió que se abra una línea de investigación específica para corroborar estos datos.

La administración distrital aclaró que los niños que provienen de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), hogares infantiles, hogares comunitarios u otros servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así como de la Subsecretaría de Primera Infancia, ya tienen un cupo asignado automáticamente en la institución educativa oficial más cercana a su lugar de residencia. Sin embargo, si la familia desea que el menor sea admitido en otro colegio oficial diferente al asignado, puede acercarse directamente a ese establecimiento para preguntar por disponibilidad de puestos y recibir información precisa sobre los pasos a seguir.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, el procedimiento para formalizar la matrícula comienza con una visita a la institución educativa oficial más próxima al domicilio de la familia. Allí, los acudientes podrán confirmar el cupo, recibir asesoría sobre los requisitos y presentar la documentación. Para quienes optan por una institución distinta, es fundamental consultar primero la oferta de cupos antes de solicitar el traslado.

En cuanto a la documentación que se exige para completar la matrícula, el proceso requiere la copia del documento de identidad del niño o niña y del padre, madre o acudiente responsable; copia actualizada del carné de vacunación; soporte de asistencia a valoración integral en salud; certificado de afiliación al sistema de salud; recibos de servicios públicos de la vivienda y, en caso de discapacidad, copia del diagnóstico correspondiente.

Finalmente, la Secretaría de Educación recordó que la matrícula en la educación inicial oficial es un trámite gratuito y corresponde a un derecho fundamental de la niñez. Por eso, reiteró la invitación a realizar el procedimiento dentro de las fechas establecidas, para garantizar el acceso efectivo de las niñas y los niños a su formación académica en los primeros años escolares. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para inscribir niños en jardín y transición en Cali?

Para inscribir a los menores en los grados de jardín y transición de las instituciones oficiales de Cali, es necesario presentar copias del documento de identidad del niño o niña y del acudiente, carné de vacunación al día, soporte de valoración integral en salud, certificado de afiliación al sistema de salud, recibos de servicios públicos y, si aplica, el diagnóstico de discapacidad, según lo informado por la Secretaría de Educación Distrital.

¿Cómo asegurar el cupo en una institución educativa oficial de Cali?

El cupo de los niños provenientes de programas como los Centros de Desarrollo Infantil o servicios del ICBF se asigna automáticamente en la institución oficial más cercana a su residencia. Si la familia quiere elegir otro colegio, debe consultar la disponibilidad directamente en dicho establecimiento antes de formalizar la matrícula, siempre dentro del calendario fijado por la Secretaría de Educación.

“Da mucha rabia porque se ensañaron con mi hermano de una manera que no debía de ser así. Como nos dijo uno: ‘vengo de un lugar de matar negros, ¿qué me da matar uno más?’”, relató Ana en conversación con CityTV. La mujer también cuestionó que una persona señalada de actuar de esa manera llevara el uniforme de una institución policial.

(Vea también: “Ni perdón ni rebaja”: mamá de Donovan Balanta habló sobre los policías señalados de su crimen)

¿Qué dijo Medicina Legal sobre la muerte de Donovan Balanta?

La gravedad de lo ocurrido también quedó reflejada en el dictamen de Medicina Legal, que estableció que Balanta murió por una arritmia cardíaca provocada por las descargas eléctricas que recibió durante el procedimiento. Según el informe forense citado en el material sobre el caso, los hallazgos relacionaron las descargas con la alteración del ritmo cardíaco que terminó causándole la muerte.

El documento también describió las condiciones críticas en las que el hombre llegó al centro asistencial: no tenía pulso y presentaba respiración agónica. La investigación busca reconstruir lo sucedido el 20 de septiembre en el sector de Caracolí, en la zona limítrofe entre Ciudad Bolívar, en Bogotá, y Soacha, Cundinamarca. De acuerdo con la información recopilada por El Espectador, Balanta habría sido reducido, esposado y trasladado a la Estación de Policía de Cazucá, donde presuntamente recibió golpes y varias descargas con un dispositivo Taser.

La reconstrucción de los hechos también señala que Balanta habría manifestado dolor en el pecho y dificultades para respirar durante cerca de 20 minutos, mientras solicitaba atención médica. Estos elementos hacen parte de las circunstancias que deben esclarecer las autoridades para determinar las posibles responsabilidades individuales e institucionales.

Barrios enfatizó que el despliegue de la observación electoral cubrirá la mayoría de los territorios nacionales, prestando especial atención a los municipios catalogados con niveles de riesgo altos y extremos para la participación política. De acuerdo con la MOE, durante las pasadas elecciones territoriales de 2023, se detectaron 91 incidentes de afectación del orden público en 80 municipios, relacionados en su mayoría con denuncias de trashumancia electoral y controversias por la revocatoria de inscripciones. El subdirector de la MOE, Frey Muñoz, recalcó la importancia de que el Consejo Nacional Electoral resuelva estas controversias de manera oportuna según el calendario electoral, para así evitar incertidumbre jurídica.

La libertad de prensa y el derecho a la oposición democrática fueron otros temas centrales durante la instalación. Barrios insistió en que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, requiriendo garantías para que los periodistas ejerzan su labor sin presiones y accedan a información de calidad, así como condiciones que permitan la disidencia sin temor. Las delegaciones regionales de la MOE manifestaron además su preocupación por la polarización presenciada en las recientes elecciones y llamaron a partidos y ciudadanía a mantener debates políticos alejados de discursos de odio.

Próximamente, la Registraduría Nacional publicará el calendario electoral, definiendo con precisión cada etapa del proceso. Estas elecciones permitirán evaluar tanto la administración de Abelardo de la Espriella como la fuerza del nuevo partido Defensores de la Patria, que se confrontará con agrupaciones tradicionales como el Centro Democrático. El resultado podría alterar la balanza del poder político en Colombia, más aún ante las recientes tensiones entre el Gobierno y sectores aliados del Congreso.

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¿Cuáles son los principales desafíos para las elecciones regionales de 2027 en Colombia?

De acuerdo con la información de la MOE y las autoridades electorales, entre los principales retos figuran garantizar la seguridad en municipios con alto riesgo para la participación política, resolver controversias jurídicas de manera oportuna y asegurar condiciones para el libre ejercicio de la prensa y la oposición. Además, la polarización política y el surgimiento de nuevos movimientos como Defensores de la Patria generan desafíos adicionales para la convivencia democrática.

¿Qué papel cumple la Misión de Observación Electoral (MOE) en el proceso electoral de Colombia?

La Misión de Observación Electoral (MOE) es una organización encargada de vigilar y supervisar las distintas etapas de los procesos electorales colombianos. Con 34 coordinaciones regionales, su labor se centra en la identificación de incidentes que puedan afectar la transparencia, la seguridad y el orden público durante las jornadas democráticas, así como en promover garantías para la participación y la libertad de expresión.

El evento fue localizado en las coordenadas 3,87° de latitud y -75,68° de longitud.

Aunque el reporte identifica a Chaparral como referencia, el epicentro se ubicó a 18 kilómetros de Roncesvalles, 23 kilómetros de San Antonio y 28 kilómetros de Chaparral, todos municipios del Tolima.

El SGC indicó que para la detección del temblor se utilizaron registros de siete estaciones sismológicas. El reporte tiene estatus automático y registra un RMS de 0,7 segundos y un gap de 122 grados.

Por su magnitud, el movimiento fue considerado de baja intensidad. Hasta el momento del reporte no se entregaron detalles sobre daños materiales o personas afectadas por el sismo.

Este tipo de eventos son registrados constantemente por la red de monitoreo sísmico del país, que permite identificar la ubicación, profundidad y magnitud de los movimientos de tierra que se presentan en diferentes regiones de Colombia.

No solo se trata del relevo en la cabeza visible de la justicia transicional, sino que también los nuevos líderes asumirán sus cargos poco después de que el Congreso autorizara una disminución de COP 181.400 millones en el presupuesto para 2027. Este recorte impone una preocupación adicional para el nuevo presidente, quien deberá atender asuntos presupuestales de inmediato. Pero las dificultades no terminan ahí: existen iniciativas legislativas, impulsadas principalmente por sectores políticos de oposición, orientadas a reformar la Constitución, modificar la vigencia de la JEP e incluso condicionar la validez de las sentencias emitidas en casos relacionados con exintegrantes de la fuerza pública. Una de esas propuestas, impulsada por el Centro Democrático, busca que las sentencias que dicte el Tribunal para la Paz sean revisadas automáticamente por el Tribunal Superior Militar y Policial, mientras que otra iniciativa, presentada por el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, pretende que la existencia de la JEP se limite a 10 años.

El entorno de la JEP, además, ha estado marcado por críticas en la gestión de sus recursos, cuestionamientos a la labor de magistrados y posibles conflictos de interés dentro de la institución. A esto se suma la falta de diálogo con el actual gobierno, a pesar de los intentos previos.

Danilo Rojas Betancourth, nacido en San Antonio (Tolima), cuenta con una extensa trayectoria en la rama judicial e instituciones internacionales. Su formación incluye estudios de derecho y especializaciones en Colombia y España, además de amplia experiencia como relator, magistrado auxiliar y, posteriormente, presidente del Consejo de Estado, antes de llegar a la JEP en 2018. Diana María Vega Laguna, por su parte, es oriunda de Neiva (Huila), tiene una sólida carrera en la academia jurídica y cargos en entidades como la Procuraduría, la Fiscalía y el Consejo de Estado, llegando a la JEP en 2021. Ambos enfrentarán el reto de mantener la independencia de la justicia transicional y de gestionar los recursos de la institución en un escenario político y fiscal complejo.

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¿Cuáles son los principales retos del nuevo presidente de la JEP para el periodo 2026-2028?

El presidente Danilo Rojas Betancourth debe gestionar el recorte presupuestal aprobado por el Congreso, enfrentar iniciativas legislativas que buscan limitar la independencia y duración de la JEP, y responder a cuestionamientos sobre la gestión interna. Su liderazgo será determinante para garantizar el cierre apropiado de macrocasos y la autonomía de la justicia transicional en un ambiente desafiante.

¿Qué experiencia tienen Danilo Rojas Betancourth y Diana Vega Laguna en la justicia transicional?

Danilo Rojas acumula cuatro décadas de experiencia en organismos internacionales, la rama judicial colombiana y la dirección de entidades como el Consejo de Estado, llegando a la JEP en 2018. Diana Vega ha trabajado en la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado, integrándose a la JEP en 2021 como magistrada suplente, antes de asumir la vicepresidencia.

La situación se originó cuando, en febrero de 2025, el médico tratante de Santiago ordenó realizar una osteotomía de húmero, un procedimiento específico para corregir el hueso afectado tras su fractura, y solicitó también el material de osteosíntesis, elementos indispensables para fijar el hueso durante la intervención. Según lo reportado por El Espectador, la operación nunca se concretó porque la EPS no proporcionó el material necesario. La clínica responsable informó que no podía programar la cirugía ante la falta de insumos. A esto se sumó la respuesta confusa de los proveedores: uno manifestó que el material disponible no era adecuado para la técnica quirúrgica requerida y otro aseguró que jamás recibió la orden de suministro.

De acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, ninguna de estas justificaciones exime a la EPS de su obligación principal: gestionar su red de clínicas y proveedores para garantizar el acceso efectivo y seguro al servicio de salud. Frente al caso, la Sala Quinta de Revisión, encabezada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade, determinó que Famisanar vulneró los derechos a la salud, la dignidad y la seguridad social del menor. Se evidenció que, aunque las órdenes médicas se emitieron el 11 de febrero de 2025, la EPS solo las autorizó el 8 de septiembre de ese año y además no entregó el material indispensable, interrumpiendo así el proceso médico.

La Corte enfatizó tres principios fundamentales del derecho a la salud: oportunidad, que exige atención sin demoras injustificadas; continuidad, que impide suspender tratamientos por razones administrativas; e integralidad, que obliga a cubrir todas las etapas del proceso médico. Además, resaltó que los derechos de los niños tienen prioridad y protección especial del Estado. En ese sentido, todo dispositivo médico esencial, como el material de osteosíntesis para la osteotomía de húmero —cubierto con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)—, debe ser garantizado por la EPS. Los conflictos internos o contractuales nunca pueden justificar el incumplimiento de una orden médica.

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¿Por qué las EPS no pueden suspender tratamientos médicos por problemas con proveedores?

La Corte Constitucional dejó claro que las EPS son las responsables principales de garantizar la prestación efectiva de servicios de salud a sus afiliados, según lo señalado por El Espectador. Por ello, los problemas administrativos, contractuales o con sus proveedores no son una justificación válida para suspender, retrasar o no cumplir una orden médica, ya que esto vulnera derechos fundamentales como la salud y la dignidad humana.

¿Qué es una osteotomía de húmero y por qué requiere material de osteosíntesis?

La osteotomía de húmero es un procedimiento quirúrgico utilizado para corregir deformidades en el hueso del brazo. Requiere material de osteosíntesis, elementos esenciales que permiten fijar y estabilizar el hueso durante y después de la intervención, garantizando así una recuperación adecuada y segura para el paciente.

Los habitantes enfatizan que, a causa de estas restricciones, quienes se dirigen hacia la avenida Ciudad de Cali o vienen de la zona de Bochalema se ven obligados a realizar cruces indebidos, especialmente frente a la cárcel de menores. Alexandra Paredes, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Kachipay, señala que, pese a que la empresa Rutas del Valle se había comprometido a solucionar esta problemática, no se ha evidenciado ninguna mejora sustancial.
Otra de las preocupaciones recurrentes para la comunidad se presenta a las 2:00 p. m., cuando los padres de familia llegan a recoger a sus hijos al colegio local. Según explicó la líder de la JAC, la práctica de estacionarse en contravía, especialmente en el costado de la iglesia, ha propiciado que una persona de manera improvisada regule el tránsito para dar paso, escenario que genera temor frente a potenciales accidentes o complicaciones en la circulación.

La comunidad también denuncia a la Constructora Bolívar por no habilitar una de las vías internas de la urbanización, abriendo solo uno de los accesos y brindando, a juicio de los vecinos, respuestas poco satisfactorias. Frente a esto, la empresa manifestó, por medio de declaraciones recogidas por 90 Minutos, que reconoce los retos existentes con la movilidad del sector. Añadió que la apertura y entrega oficial de las vías aún está pendiente y que, mientras tanto, se encuentran trabajando junto a las autoridades municipales para agilizar el proceso.

La Constructora Bolívar expuso que el trámite de entrega formal ante la Secretaría de Infraestructura de Cali sigue en curso, y que están atendiendo requerimientos adicionales presentados por el municipio. Informaron que han habido mesas de trabajo con entidades como Infraestructura, Planeación y Movilidad, buscando caminos alternativos para acelerar la habilitación. Mientras tanto, la Secretaría de Planeación ya emitió un concepto favorable para el recibo parcial de las vías, pero aún resta el visto bueno técnico por parte de la Secretaría de Movilidad. Por esta razón, la constructora indicó que no puede proceder unilateralmente con la habilitación y reiteró su voluntad de mantener el diálogo con la comunidad y las autoridades para resolver la situación en el marco de los requisitos oficiales.

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¿Cuál es la principal causa de la congestión vial en el barrio Kachipay de Cali?

La principal causa de la congestión vial en Kachipay, según lo reportado por 90 Minutos y los testimonios de la Junta de Acción Comunal, radica en la restricción de un giro clave en la intersección de la carrera 109 con calle 60. Esto obliga a los residentes y visitantes a realizar maniobras indebidas y complejas que dificultan la entrada y salida del barrio, sobre todo en horarios pico.

¿Qué acciones ha tomado la Constructora Bolívar frente a las quejas de los habitantes de Kachipay por el colapso vial?

Constructora Bolívar informó, en declaraciones recogidas por 90 Minutos, que están gestionando la entrega oficial de las vías a las autoridades municipales. Han participado en mesas de trabajo con instituciones como la Secretaría de Infraestructura y Planeación para buscar alternativas que permitan agilizar este proceso. La constructora aclaró que la habilitación depende del cumplimiento de requisitos técnicos y normativos, y reiteró que mantendrán el diálogo con la comunidad hasta lograr una solución conjunta.

La secuencia de los hechos, de acuerdo con la información recogida hasta ahora, señala que la pareja fue atacada alrededor de las 11:34 a. m. del miércoles señalado. Se investiga el ingreso de al menos dos personas al inmueble, lo que habría dado pie a una confrontación al interior de la vivienda. En medio del ataque, la pareja habría intentado salir de la casa para buscar ayuda, pero ambos murieron a causa de las heridas recibidas. La escena mostró objetos desordenados y otros indicios que ahora forman parte de los elementos recolectados para esclarecer cómo ocurrió el crimen.

Familiares y vecinos advirtieron la falta de comunicación con Alejandra y Jorge, situación que, sumada a señales de violencia y al comportamiento inusual de los perros del predio, motivó el aviso a las autoridades. Cuando ingresaron a la finca, encontraron a las víctimas sin vida, lo que provocó un llamado de la comunidad para esclarecer los hechos y dar con los responsables. La inspección técnica estuvo a cargo del CTI y la Policía de Cundinamarca, quienes avanzan en la recolección de pruebas forenses y testimonios.

Dentro de las líneas de investigación se contempla la posibilidad de un acto de hurto violento, aunque la Fiscalía no ha confirmado ninguna hipótesis. Además, La FM informó sobre antecedentes de preocupaciones de seguridad en la zona y desacuerdos de la pareja con algunos vecinos, pero hasta el momento no existe una confirmación oficial que relacione estos antecedentes con el doble homicidio.

Por contexto, el doble homicidio se da cuando el departamento de Cundinamarca registra una disminución estadística de estos delitos según la Gobernación, aunque esta baja no tiene relación directa con el caso particular de Suesca. Conforme al balance publicado, los homicidios han caído un 18,6 % en lo que va de 2026, y solo en septiembre se reportaron 266 casos frente a 305 del año anterior.

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¿Cuáles son las hipótesis que investiga la Fiscalía sobre el doble homicidio en Suesca?

La Fiscalía y la Policía de Cundinamarca manejan varias hipótesis sobre el doble homicidio ocurrido en la vereda Tenería. Entre las principales líneas de investigación se encuentran un posible hurto violento y antecedentes de conflictos con otras personas de la zona. Sin embargo, hasta ahora ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente y el caso sigue en investigación.

¿Por qué se considera relevante la reducción de homicidios en Cundinamarca frente al caso de Suesca?

La reducción de homicidios reportada por la Gobernación de Cundinamarca, con una baja del 18,6 % en lo que va de 2026, establece un contexto general de seguridad en el departamento. Sin embargo, esta cifra no permite establecer una relación directa con el crimen específico de la pareja en Suesca, ya que las circunstancias y móviles de ese hecho particular siguen sin esclarecerse por parte de las autoridades.

La decisión del ente acusador se da en respuesta directa a una solicitud elevada por el Ministerio de Justicia, en cabeza del ministro Iván Cancino, quien instó a las autoridades a profundizar en las líneas de investigación orientadas a esclarecer no solo a los autores materiales, sino también a los determinadores, financiadores y redes de apoyo político de la estructura criminal. El oficio remitido por la Fiscalía pone sobre la mesa la necesidad de verificar los hallazgos derivados de los recientes testimonios y elementos materiales probatorios aportados a las autoridades competentes.

Las alarmas institucionales se encendieron con mayor intensidad tras las explosivas declaraciones entregadas hace pocos días por María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, en una extensa entrevista concedida al noticiero Noticias Caracol y a otros medios de comunicación. En sus intervenciones públicas, Tarazona aseguró haber recibido información reservada y chats que evidenciarían una conspiración de gran calado, afirmando de manera categórica que “la orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”.

Según los detalles revelados por la viuda del exsenador, las comunicaciones y documentos entregados a la justicia apuntan a que la operación criminal habría sido coordinada por facciones de la disidencia armada autodenominada Segunda Marquetalia —bajo el mando de cabecillas como alias Iván Márquez y alias Zarco Aldinever— y financiada con recursos provenientes de Venezuela. Dentro de los señalamientos más sensibles, Tarazona vinculó directamente a Enrique Marulanda —hijo biológico del exjefe guerrillero Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, e hijo de crianza de la excongresista Sandra Ramírez— como presunto responsable de impartir la orden material de la acción criminal.

A raíz de estos señalamientos, y debido a que en las fechas del atentado y en periodos anteriores los presuntos implicados o figuras del entorno político militaban o tenían cercanía con espacios legislativos de partidos como Comunes, la viuda del dirigente político exigió que se indague a fondo el papel de actores con fuero político. No obstante, las autoridades judiciales han recordado que estas hipótesis y señalamientos forman parte de una fase de recolección y análisis probatorio, por lo que corresponderá a la Corte Suprema de Justicia determinar el mérito jurídico de las copias enviadas y definir si existen méritos suficientes para abrir indagaciones formales contra excongresistas aforados.

Mientras el Ministerio de Justicia insiste en la urgencia de reconstruir toda la cadena de mando y revisar si existieron fallas u omisiones en los esquemas de protección institucional que rodearon a Uribe Turbay antes del atentado, el país permanece a la expectativa de los resultados que arroje este nuevo expediente en las altas instancias de la justicia colombiana.

El documento también describió el estado crítico en el que Balanta llegó al centro asistencial. De acuerdo con el dictamen, el hombre presentaba ausencia de pulso y respiración agónica, signos de una condición médica de extrema gravedad. El caso ocurrió después de un procedimiento de la fuerza pública en el sector de Caracolí, en la zona limítrofe entre Ciudad Bolívar, Bogotá, y Soacha, Cundinamarca.

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“Da mucha rabia porque se ensañaron con mi hermano de una manera que no debía de ser así. Como nos dijo uno: ‘vengo de un lugar de matar negros, ¿qué me da matar uno más?’. Creo que eso no justifica que una persona, porque es un asesino, tenga ese uniforme puesto”,  dijo Ana Balanta, hermana del asesinado.

La investigación busca establecer qué ocurrió durante el procedimiento del 20 de septiembre. Según la información recopilada por El Espectador, Balanta fue reducido, esposado y trasladado a la Estación de Policía de Cazucá, donde presuntamente recibió golpes y varias descargas con un dispositivo Taser. La reconstrucción de los hechos también indica que habría manifestado dolor en el pecho y dificultades para respirar durante cerca de 20 minutos, mientras solicitaba atención médica.

En el proceso judicial, la Fiscalía contempla imputar a los uniformados involucrados por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada. Además, un quinto integrante de la Policía Nacional fue detenido en relación con el caso. La actuación de los mandos también está bajo investigación, pues se busca establecer qué decisiones tomaron durante el procedimiento y si hubo demoras en el traslado de Balanta a un centro médico.

El joven, que cumplió 18 años en mayo de 2026, es señalado por las autoridades de estar vinculado con múltiples homicidios en Bucaramanga y su área metropolitana.

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Su captura se produjo en el sector del Santísimo, en Floridablanca, durante un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. En el procedimiento también fueron capturadas otras cinco personas, entre ellas un menor de edad.

Según el presidente Abelardo de la Espriella, las autoridades incautaron cuatro armas de fuego, cerca de 4.000 dosis de base de coca, cuatro kilos de marihuana, dinero y teléfonos celulares.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó el resultado del operativo y aseguró que ‘Julito’ era uno de los hombres más buscados de la región, señalado de tener un papel clave en varios asesinatos.

Por su parte, las autoridades investigan su posible participación en más de 30 homicidios, aunque hasta ahora han informado que estaría vinculado directamente con al menos 19 de estos casos, uno de ellos como mayor de edad.

La trayectoria criminal que se le atribuye habría comenzado cuando aún era menor de edad. Según las investigaciones, sería integrante de la estructura conocida como ‘Los del Sur’, que delinque en el área metropolitana de Bucaramanga.

Por información  que permitiera su captura, se había ofrecido una recompensa superior a los 70 millones de pesos. Uno de los hechos que puso a ‘Julito’ en el radar de las autoridades fue la masacre de Villa Esperanza, ocurrida el 25 de octubre de 2025 en el sector de La Cumbre, en Floridablanca, que dejó cuatro personas muertas.

También es investigado por el presunto feminicidio de su expareja, Cynthia Valeria Espitia Argüello, ocurrido en enero de 2026. Tras este último caso, fue capturado, pero posteriormente escapó de un centro de reclusión para menores durante una cita médica en Bogotá. Desde entonces, su búsqueda continuó mientras avanzaban las investigaciones por los hechos que se le atribuyen.

¿Qué pasará ahora con alias ‘Julito’?

La captura también generó reacciones en redes sociales, donde usuarios recordaron el video en el que el propio ‘Julito’ desafió a las autoridades a encontrarlo.

Video de redes, alias “Julito”. 

Su caso ha sido comparado con el de alias ‘Naín’, otro joven señalado de actividades criminales, por las similitudes que algunos analistas encuentran en sus trayectorias y en la búsqueda de reconocimiento y poder en contextos de violencia.

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Ahora, la Fiscalía deberá avanzar en los procedimientos judiciales correspondientes y presentar ante un juez los elementos materiales probatorios que sustenten las imputaciones.

Aunque las autoridades consideran que esta captura podría contribuir al esclarecimiento de varios homicidios, queda una pregunta de fondo:¿su detención reducirá la violencia en Bucaramanga y su área metropolitana o surgirán nuevos actores dispuestos a ocupar el lugar que deja?

Según un comunicado emitido por el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional, los hechos ocurrieron cuando los uniformados del batallón se preparaban para desplazarse hasta Villa de Leyva, con el propósito de apoyar las labores de control de un incendio forestal en el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. El personal se encontraba en pleno alistamiento y organización para atender la emergencia ambiental cuando se produjo el incidente con arma de fuego.

La investigación, que está en curso, deberá precisar de manera exhaustiva cómo se desencadenaron los acontecimientos, qué ocurrió inmediatamente antes de los disparos y si existieron posibles fallas en los protocolos de manejo de armas o en los procedimientos internos de la unidad. El Ejército afirmó haber activado los protocolos institucionales correspondientes y puso en marcha actuaciones para determinar las causas exactas del caso. Además, destinó un equipo interdisciplinario encargado de acompañar a las familias de los militares involucrados y garantizar la atención médica a quienes resultaron afectados.

Con respecto a los motivos que habrían originado el conflicto, una fuente militar citada por El Tiempo indicó que la situación comenzó cuando el sargento Lozano Burgos dio una orden al soldado Malabet Collante en medio del alistamiento del grupo. Según esa versión, esta instrucción molestó al soldado, desencadenando una discusión que posteriormente escaló hasta el uso de un arma de fuego. El desenlace fue fatídico: dos muertos, un herido y un canino lesionado dentro de las filas del Ejército Nacional.

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¿Qué se sabe sobre las causas de la discusión dentro del Batallón de Artillería 1 en Sogamoso?

Sobre las causas que dieron origen a la discusión, una fuente citada por El Tiempo señaló que la confrontación comenzó cuando el sargento Lozano Burgos le dio una orden al soldado Malabet Collante durante la organización para atender una emergencia ambiental. Esta instrucción habría generado molestia en el soldado, lo cual desencadenó una discusión que terminó escalando hasta convertirse en un incidente fatal con arma de fuego.

¿Qué protocolos activó el Ejército Nacional tras el incidente en Boyacá?

De acuerdo con un comunicado del Comando de Ingenieros del Ejército Nacional, tras conocerse lo ocurrido en el Batallón de Artillería 1, la institución activó los protocolos institucionales e inició investigaciones para esclarecer los hechos. También asignó un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias de los militares afectados y garantizar la atención médica de quienes resultaron heridos, mientras se determina la secuencia de los acontecimientos y posibles fallas en los procedimientos internos.

El comportamiento del jefe de Estado en X también incluyó cuatro respuestas a las alocuciones de De la Espriella. De acuerdo con los datos divulgados por Cambio, el político pasó a desempeñar un papel activo en la oposición tras terminar su mandato, con publicaciones en las que defendió su gestión y cuestionó a sus contradictores.

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Sin embargo, el cambio en su estrategia de comunicación no comenzó después de abandonar el poder. La revista señaló que durante la campaña electoral ya se evidenciaba un aumento de las publicaciones de Petro contra sus adversarios. Una vez fuera de la Presidencia, De la Espriella desplazó a Álvaro Uribe e Iván Duque entre los principales blancos de sus críticas en redes sociales.

El análisis también encontró que el 82 % de los trinos con los que Petro defiende su gestión incluye ataques a sus críticos. Este comportamiento muestra cómo sus publicaciones combinan la reivindicación de las decisiones tomadas durante su Gobierno con cuestionamientos a figuras que se oponen a su proyecto político.

En paralelo, el expresidente recibió un respaldo dentro de su sector político con su elección unánime al frente del Pacto Histórico. No obstante, esa decisión no ha cerrado las discusiones sobre el rumbo que debería tomar la izquierda colombiana ni sobre la necesidad de construir nuevos liderazgos de cara al futuro.

Entre las voces que han planteado cambios están Carlos Carrillo, Susana Muhamad y María José Pizarro, quienes han defendido la importancia de que el movimiento tenga mayor autonomía, abra espacios para nuevas figuras y encuentre mecanismos para tramitar sus diferencias internas. Estas posturas reflejan los debates que atraviesa el sector político después del Gobierno de Petro.

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Otro elemento que permite examinar la evolución del discurso presidencial es la colección Las palabras del cambio, compuesta por diez tomos que reúnen 282 discursos pronunciados por Petro entre 2022 y abril de 2026, con cerca de 860.000 palabras. Según Cambio, esos documentos permiten rastrear cómo las alocuciones del último año de su mandato se acercaron al tono que adoptó posteriormente, marcado por la defensa de su legado y el enfrentamiento con sus críticos.

Las comunicaciones reveladas por la citada revista sitúan las maniobras en las semanas previas tanto a la primera como a la segunda vuelta presidencial de 2026. En aquel momento, De La Espriella lideraba las preferencias de voto frente a Iván Cepeda, carta del petrismo, lo que generó desesperación en sectores cercanos al Ejecutivo. A través de mensajes de WhatsApp y notas de voz enviadas a Mancuso, De Currea-Lugo advirtió sobre un escenario electoral adverso y sugirió la necesidad de articular un “golpe de opinión” de alto impacto para fracturar la ventaja del candidato opositor.

En uno de los audios más comprometedores difundidos por la investigación periodística, el exasesor gubernamental le expresa al excomandante de las AUC su temor ante una posible traición institucional por parte de quienes llegaran al poder, utilizando referencias históricas para coaccionar al exparamilitar: “Con eso la posibilidad, hermano, de que los que lleguen, que antes ayudaron a construir la paz con ustedes, les claven el puñal, como hizo Uribe. Así como Uribe los extraditó, hermano”, manifestó De Currea en la grabación, agregando a modo de advertencia: “Yo siento que De La Espriella les va a hacer una señora putada para sacarlos del juego”.

Para justificar la urgencia de la intervención de Mancuso, el exfuncionario recurrió a ejemplos de campañas pasadas donde giros discursivos de última hora modificaron las estadísticas electorales, comparando la situación con estrategias previas implementadas en la historia política reciente del país. Enseguida, De Currea lanzó la petición directa de inmiscuir al exjefe paramilitar en el debate político: “Sin eso vamos a perder, hermano. Y yo creo… Bueno, con todo respeto, creo que tú tienes en la mano ese golpe de opinión. Las palabras tuyas, hermano, no son las palabras de un mamerto. No son las palabras de un hombre de izquierda. Tú ya has recuperado una… Digamos que se te escucha en el país”, argumentó, insistiendo en que su pronunciamiento “podría ser determinante en las elecciones”.

El expediente probatorio detalla que los contactos iniciaron formalmente el pasado 23 de mayo, a escasos ocho días de la primera vuelta, cuando De Currea le propuso a Mancuso conceder una entrevista para su portal web personal bajo el pretexto de “ayudar en algo de cara a las elecciones”. Junto a la invitación, el exasesor le hizo llegar un cuestionario compuesto por diez preguntas directas orientadas a vincular a De La Espriella con estructuras paramilitares durante sus años de mayor expansión en el país, indagando sobre supuestos nexos políticos, financieros e intermediaciones jurídicas.

Entre los interrogantes remitidos figuraban planteamientos encaminados a inducir respuestas incriminatorias, tales como cuestionar el origen de los dineros de clientes del entonces candidato o exigir afirmaciones bajo juramento sobre supuestas relaciones con las autodefensas. “Si hoy usted tuviera que declarar bajo juramento sobre la relación de Abelardo De La Espriella con personas o intereses asociados a las AUC, ¿qué estaría dispuesto a afirmar de manera concreta ante la justicia colombiana?”, se lee en uno de los chats aportados.

Ante las revelaciones, Salvatore Mancuso confirmó haber recibido las comunicaciones por parte del exasesor presidencial, mientras que los intentos periodísticos por obtener una respuesta o defensa directa por parte de Víctor de Currea-Lugo no han obtenido contestación. Estas nuevas evidencias se suman a los antecedentes del fallido ‘Pacto de Valledupar’ de octubre de 2025, robusteciendo las investigaciones sobre el uso presuntamente irregular de aparatos estatales y operadores políticos para desestabilizar contendores democráticos desde las más altas esferas del poder.

Los seis policías ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde recibieron cuidados especializados y permanecen bajo observación permanente para monitorear su evolución. La clínica destacó la importancia de la atención médica oportuna para lograr la recuperación de los afectados, quienes permanecen vigilados tanto por su seguridad como por las eventuales complicaciones derivadas de las heridas sufridas durante el atentado.

El ataque ocurrió alrededor de la 1:30 a. m., cuando la estación de Policía de Pelaya fue blanco de cuatro descargas explosivas lanzadas desde artefactos aéreos no tripulados, conocidos comúnmente como drones. Según explicó el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, el hecho se atribuye a retaliaciones de grupos armados ilegales en respuesta a las recientes operaciones y capturas realizadas en la región. Estas acciones oficiales han estado dirigidas especialmente contra actividades ilícitas, como el hurto de hidrocarburos.

Frente a la emergencia, las autoridades de la Fuerza Pública respondieron de inmediato, activando un Puesto de Mando Unificado (PMU) y estableciendo un plan candado en las principales vías de la zona. Asimismo, se enviaron refuerzos del Ejército Nacional y unidades de la Fuerza URANO para garantizar la seguridad en el área, según detalla el reporte oficial.

Por otro lado, el atentado puso de nuevo en evidencia las falencias tecnológicas para la protección de las estaciones policiales en Cesar. Eduardo Esquivel confirmó que la estación de Pelaya aún no cuenta con sistemas de detección de drones, dado que los primeros seis dispositivos suministrados por la Gobernación del Cesar fueron asignados prioritariamente a otras localidades, como Río de Oro. Las autoridades departamentales reiteraron el llamado al Gobierno nacional para acelerar la entrega de los aproximadamente 60 detectores antidrones proyectados en una primera fase y garantizar que se instalen sistemas efectivos para inhibir y neutralizar estos aparatos en todas las estaciones del departamento.

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¿Cuál es el estado de salud de los policías heridos tras el ataque con drones en Pelaya?

De acuerdo con el reporte oficial de la Clínica Alta Complejidad de Aguachica, los seis policías afectados por el ataque recibieron atención médica inmediata, fueron estabilizados y actualmente se encuentran fuera de peligro. Permanecen bajo observación especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para monitorear su evolución y descartar complicaciones relacionadas con las heridas causadas por el atentado.

¿Por qué las estaciones de policía en Cesar aún no cuentan con suficientes detectores antidrones?

Según manifestó el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, la estación de Policía de Pelaya aún no dispone de detectores de drones porque los primeros seis equipos adquiridos por la Gobernación fueron entregados a otras localidades priorizadas, como Río de Oro. Por esto, las autoridades regionales solicitan al Gobierno nacional que agilice la entrega de cerca de 60 detectores proyectados en una primera etapa, así como la implementación de sistemas de inhibición y neutralización de drones en todas las estaciones policiales del Cesar.

El violento episodio ocurrió mientras el agente de seguridad transitaba hacia el domicilio del congresista para iniciar la jornada habitual de custodia institucional, indicó El Tiempo.

Las primeras hipótesis oficiales sugieren que delincuentes interceptaron al funcionario con el propósito de despojarlo de sus pertenencias mediante la fuerza.

El propio cabildante confirmó públicamente el atentado, expresando honda preocupación por la delicada condición médica en que terminó su colaborador tras la agresión.

“Esta mañana, el hombre de mi equipo de seguridad resultó herido de bala cuando se dirigía a mi residencia. Según la información preliminar, el ataque habría ocurrido durante un intento de robo”, escribió el congresista mediante sus plataformas digitales.

Luego de verificar el impacto de proyectil recibido por el escolta, el legislador solicitó la pronta intervención de los organismos de seguridad de la capital.

Moreno requirió de forma directa al alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, emprender pesquisas exhaustivas para esclarecer el suceso e identificar a los responsables.

El representante instó al gobierno distrital y a los mandos de la Policía Metropolitana a intensificar la operatividad para frenar el crimen en las zonas urbanas.

Diversas voces del escenario político manifestaron su respaldo al parlamentario y a su grupo de trabajo, demandando acciones contundentes ante el incremento de asaltos.

Las unidades de investigación judicial analizan grabaciones de cámaras de seguridad del sector para reconstruir la ruta de huida utilizada por los agresores armados.

Medicina legal y centros asistenciales monitorean la evolución respiratoria del escolta, cuyo pronóstico médico continúa bajo estricta reserva técnica.

El hecho reaviva el debate nacional sobre las garantías de protección para esquemas de custodia y el deterioro persistente de la seguridad ciudadana.

¿Quién es el senador Gustavo Moreno?

Gustavo Adolfo Moreno Hurtado destaca como un líder político colombiano que ejerce como senador de la República en representación del departamento de Santander y la circunscripción nacional.

Nacido el 28 de abril de 1990 en la ciudad de Barrancabermeja, el congresista proviene de una familia de trabajadores vinculados al sector petrolero en la región del Magdalena Medio.

En el ámbito académico, Moreno obtuvo su título profesional como politólogo en la Universidad del Rosario y posteriormente realizó estudios de postgrado en la Universidad Católica de Colombia.

Su formación incluye una especialización en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal, complementada con programas de posgrado enfocados en las áreas de seguridad y defensa nacional.

Antes de asumir su curul parlamentaria, se desempeñó como asesor y contratista en temas de desarrollo territorial, Hábitat en Bogotá, la Superintendencia de Notariado y la Alcaldía de Barrancabermeja.

El dirigente inició su trayectoria en el Congreso tras resultar electo senador para el cuatrienio 2022-2026 dentro de la lista de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza.

Durante su labor parlamentaria ha integrado comisiones legislativas clave, impulsando proyectos orientados a la conectividad digital, los servicios públicos, las juventudes y el desarrollo de la infraestructura regional.

Asimismo, Moreno ratificó su liderazgo nacional al obtener la reelección para el periodo legislativo 2026-2030, respaldado por la plataforma política de la Alianza Social Independiente.

Su agenda legislativa prioriza la gestión de inversiones públicas para las provincias, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la promoción de la equidad social en el país.

El congresista promueve activamente iniciativas para modernizar el marco normativo del transporte intermunicipal y defender los derechos fundamentales de las comunidades vulnerables en los territorios.

El objetivo central de esta propuesta es establecer una ruta jurídica clara para el sometimiento de grupos criminales, abordando aspectos fundamentales de la Ley de Orden Público de 1994. Además, la ley se articula con el llamado estatuto antiterrorista, otra pieza controversial de la política de seguridad del gobierno de la Espriella. Las discusiones han girado especialmente en torno a los beneficios jurídicos y condiciones que entrarían a regir para quienes formen parte de estas estructuras delictivas.

Una de las reuniones clave para afinar el texto se llevó a cabo en el Ministerio de Justicia, con participación de los coordinadores y ponentes del proyecto. Sin embargo, no todos los congresistas invitados estuvieron presentes, ya que algunos se encontraban hasta la madrugada debatiendo el Presupuesto General de la Nación, documento que, según El Espectador, presentaría vicios de trámite y terminaría expidiéndose por decreto.

Durante este encuentro, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aclaró dudas sobre los artículos centrales: el texto se mantiene casi igual al borrador inicial y llega a primer debate con mensaje de urgencia. Uno de los cambios sustanciales fue la sustitución del “rol de liderazgo” por “rol de mando” y la delimitación de beneficios para quienes ocupen posiciones de autoridad dentro de las organizaciones criminales. Según los ponentes oficialistas, este ajuste responde a la necesidad de alinear la ley con el Derecho Internacional Humanitario y otras normativas legales.

Daniel Briceño, uno de los ponentes y miembro del Centro Democrático, explicó a El Espectador que estas aclaraciones jurídicas son fundamentales para diferenciar a los integrantes de alto rango y definir claramente a quiénes deben aplicarse los beneficios. Por su lado, Santiago Barreto del Partido Conservador expuso que el proyecto soluciona vacíos de la ley de paz anterior, aunque también advirtió sobre posibles incentivos perversos en el reconocimiento de colaboradores con perfiles políticos, lo que recuerda episodios del “Pacto de Valledupar” bajo el gobierno pasado.

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¿Cuáles son los principales cambios en la ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella?

Los cambios principales en la ley de sometimiento giran alrededor del reemplazo del término “rol de liderazgo” por “rol de mando” y el establecimiento de límites para el acceso a beneficios jurídicos para quienes han ejercido mando dentro de grupos criminales. Según los informes de El Espectador, con estas modificaciones se busca que las personas identificadas como mandos no reciban rebajas o indulgencias pensadas solo para miembros sin posiciones directivas, ajustando la norma al marco nacional e internacional.

¿Cómo afectará la nueva ley de sometimiento a los beneficios jurídicos para integrantes de grupos criminales?

De acuerdo con lo revelado por El Espectador, la nueva ley establece que los beneficios jurídicos, especialmente aquellos referentes a la reducción de penas, libertad condicional y modalidades especiales de cumplimiento, estarán restringidos a quienes no hayan desempeñado “rol de mando” en las organizaciones delictivas. Esto implica una evaluación más rigurosa para determinar quiénes pueden acceder a estos beneficios, excluyendo a los jefes o mandos dentro de los grupos criminales.

Además de las lesiones sufridas por los miembros de la Policía, la infraestructura de la estación resultó dañada por las explosiones. La institución informó que avanza en las investigaciones con el apoyo de sus equipos de inteligencia, con el propósito de esclarecer los hechos y dar con los responsables materiales e intelectuales del ataque. Si bien no existe confirmación oficial sobre la autoría, la Policía señaló que el frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (Eln) tiene presencia en la zona y se le atribuye preliminarmente la acción violenta.

La Policía Nacional repudió "de manera categórica este acto violento" e invitó a los ciudadanos a colaborar con información que permita la captura de los responsables, a través de las líneas 123, 155 y 165. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los drones se han convertido en una herramienta eficaz y económica para los grupos armados, quienes han perfeccionado el uso de estos dispositivos en ataques a la Fuerza Pública, frente a la dificultad que tienen las autoridades para neutralizar esta modalidad. La FIP reporta que, en Colombia, ocurre un ataque con drones cada 20 horas.

Las cifras de la Fuerza Pública reseñan que entre 2023 y el 1 de octubre de 2026 se han registrado 716 ataques con drones, de los cuales 318 corresponden a este año. El promedio es de 8,2 hechos por semana, con 56 ataques solo en agosto, y el 71 % de los casos concentrado en Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander. El Estado Mayor Central (Emc) y el Eln son los principales responsables, con 72 % y 23 % de atribución respectivamente.

La FIP detalla que los drones llegaban originalmente por canales legales desde Estados Unidos, China y Rusia, pero actualmente se adquieren y adaptan también a través de Venezuela, e incluso se fabrican localmente a menor costo. El Emc ha desarrollado la capacidad de producir drones armados por tan solo una fracción del costo comercial, incrementando la amenaza sobre la Fuerza Pública. El Eln, entre tanto, ha triplicado su utilización de drones de 36 ataques en 2025 a 132 en el año en curso, aunque el Emc sigue encabezando la estadística, sobre todo en regiones bajo influencia de sus frentes armados.

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¿Cómo utilizan los grupos armados drones en ataques contra la Policía en Colombia?

De acuerdo con información de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y reportes de la Fuerza Pública, los grupos armados emplean drones comerciales, que pueden ser adaptados o incluso fabricados a bajo costo, para lanzar explosivos contra instalaciones y personal de la Fuerza Pública. Este método ha resultado eficaz y difícil de contrarrestar. Los ataques se concentran principalmente en regiones con fuerte presencia de estructuras armadas como el Estado Mayor Central y el Ejército de Liberación Nacional, quienes han logrado incrementar su capacidad táctica mediante la formación de operadores especializados.

¿Qué medidas están tomando las autoridades de Colombia frente a los ataques con drones?

La Policía Nacional ha intensificado las labores de inteligencia e investigación para identificar y capturar a los responsables de los ataques con drones, como lo evidencian los procedimientos posteriores a lo ocurrido en Pelaya. Sin embargo, el uso de drones plantea retos significativos de seguridad debido a la facilidad de acceso y adaptación de estos equipos por parte de los grupos armados. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a suministrar información que ayude a enfrentar esta problemática, mientras buscan fortalecer sus capacidades técnicas para responder a esta amenaza creciente.

La vigilancia ordenada no implica una cancelación ni un cambio de sede para el evento, pero sí pone en evidencia la preocupación institucional por el estado del campo de juego. Sencia debe entregar un plan detallado que incluya estrategias de protección y mecanismos para asegurar la pronta recuperación de la gramilla una vez culmine el concierto, con el compromiso claro de no interferir con la agenda futbolística posterior.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), según menciona El Espectador, ha solicitado a la interventoría de la Asociación Público-Privada un seguimiento reforzado en varios aspectos: técnico, operativo, jurídico y financiero. Dentro de las disposiciones, se revisarán riesgos asociados al montaje de estructuras, los corredores para el desplazamiento de asistentes, el cubrimiento del césped y la etapa de desmontaje. Además, la interventoría deberá establecer un registro documental y fotográfico del estado inicial de la cancha, acompañar el evento y conducir una inspección al día siguiente de retirar el montaje.

En cuanto a la reciente polémica por la cancelación y aplazamiento de partidos de fútbol profesional, como los duelos entre Millonarios y Once Caldas, y Santa Fe frente a Jaguares, la Dimayor emitió las suspensiones por el mal estado de la gramilla. El IDRD aclaró que ya había solicitado información a Sencia desde septiembre sobre la recuperación del césped, y aunque se presentó un cronograma, persistieron problemas de adherencia debido a la humedad.

La administración distrital está evaluando posibles incumplimientos contractuales por parte del concesionario, lo cual podría traducirse en sanciones económicas o la aplicación de cláusulas penales si se determina que se han dejado de cumplir las prioridades deportivas. No obstante, cualquier decisión en este sentido dependerá de la evaluación técnica y el proceso contractual correspondiente.

El director del IDRD, Daniel García Cañón, afirmó que el fútbol tendrá prioridad en El Campín, resaltando que, aunque el contrato de concesión permite la realización de eventos masivos como conciertos, el mantenimiento de una gramilla en óptimas condiciones para el deporte sigue siendo una obligación principal. Por ello, se han dispuesto controles adicionales para el concierto de Ryan Castro, con el fin de garantizar la disponibilidad del estadio para los compromisos de los equipos bogotanos.

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¿Por qué el Distrito ordenó vigilancia especial para el concierto de Ryan Castro en El Campín?

La decisión se tomó tras los daños sufridos por la gramilla del estadio después de eventos anteriores, como los conciertos de BTS, y debido a la cancelación reciente de partidos de fútbol profesional porque el césped no estaba en condiciones óptimas. De acuerdo con El Espectador, el Distrito busca evitar afectaciones que perjudiquen la agenda deportiva y asegurar que el concesionario Sencia cumpla con los planes de protección y recuperación del terreno.

¿Qué controles exigió el IDRD para proteger la gramilla durante el concierto de Ryan Castro?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte solicitó a la interventoría vigilancia técnica, operativa, jurídica y financiera antes, durante y después del evento. Sencia debe presentar un cronograma, detallar los sistemas de protección de la cancha, reportar los horarios de montaje y desmontaje, y preparar un plan de contingencia que incluya personal e insumos para responder ante eventuales daños en la gramilla.

Rodríguez aclaró que su decisión de mantenerse al margen de los medios no implica retractación ni renuncia a buscar justicia, tanto a nivel nacional como internacional. Según lo expresado en su misiva, considera que visibilizar su situación ha sido fundamental para su bienestar y protección. En ese sentido, expone que la Ley 2453 de 2025 —que aborda la violencia contra las mujeres en política— contempla prevención, atención y sanción, pero advierte sobre la distancia entre la norma y la experiencia vivida por quienes acuden a las instituciones en busca de ayuda. “Una mujer que denuncia no debería terminar sintiendo que es ella quien está siendo juzgada”, enfatizó en su texto. Además, en el comunicado dedicado parte de sus palabras a agradecer el respaldo en temas de seguridad que recibió, incluso de personas que no conoce personalmente, como el actual presidente Abelardo de la Espriella, durante momentos difíciles.

En otro frente, el 29 de julio de 2026, Rodríguez interpuso ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia formal contra Gustavo Petro, en la que lo señala por presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia. Como lo expuso su abogado Wilson Ruiz, quien fue ministro de Justicia en el gobierno de Duque, buscarán que la instancia correspondiente adelante la investigación penal al exmandatario. Paralelamente, el abogado de Petro, Alejandro Carranza, anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Rodríguez por injuria y calumnia. Además, la bancada de Salvación Nacional también llevó una acusación ante la Comisión de Acusaciones, señalando a Petro por reuniones del gobierno con antiguos jefes paramilitares y solicitando una investigación sobre posibles órdenes o declaraciones relacionadas con figuras como Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, conforme a lo informado por El Espectador.

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¿Cuáles son las denuncias presentadas por Angie Rodríguez contra Gustavo Petro?

Angie Rodríguez presentó ante la Comisión de Investigación y Acusación denuncias formales contra el expresidente Gustavo Petro. Entre los señalamientos figuran peculado, tráfico de influencias, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia, según declaraciones de su abogado, Wilson Ruiz. Estas denuncias buscan que se investigue el presunto comportamiento irregular del exmandatario durante su gestión, de acuerdo con lo registrado oficialmente en el proceso.

¿Qué establece la Ley 2453 de 2025 sobre violencia contra las mujeres en política?

La Ley 2453 de 2025, mencionada por Angie Rodríguez, se refiere a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres en escenarios políticos. La exfuncionaria remarca que, aunque la norma contempla medidas legales, en la práctica las mujeres denunciantes deben enfrentar retos que complican acceder a la protección y la justicia, tema también señalado en su comunicado.

La expectativa en torno a la diligencia quedó evidenciada cuando la revista SEMANA reveló en exclusiva una imagen de Ferrer a la espera del inicio formal de la sesión virtual, flanqueada por documentos, registros fotográficos y los soportes documentales que su equipo jurídico incorporará legalmente al expediente. Esta citación responde directamente al proceso penal abierto a raíz de las explosivas revelaciones hechas públicas por medio de audios periodísticos, en los cuales la exfuncionaria catalogó sin ambigüedades al núcleo cercano de la ex primera dama como una presunta “mafia”.

En diálogo con el mismo medio de comunicación, el abogado penalista Johnny Batalla, miembro del equipo jurídico de la ciudadana catalana, confirmó la participación activa de su representada en la diligencia de este miércoles y ratificó la entrega formal de los elementos probatorios: “En estos momentos estamos a la espera de que inicie la diligencia virtual. Tanto Eva Ferrer como su equipo de abogados están esperando que la diligencia empiece”, manifestó el jurista. Asimismo, enfatizó que todo el material recopilado se entregará “respetando la cadena de custodia que determine la Fiscalía”.

Las ramificaciones de este proceso judicial trascienden las fronteras nacionales. En entrevistas previas concedidas a SEMANA, Ferrer expuso con detalle el supuesto modus operandi de una red criminal que gravitaría alrededor de Verónica Alcocer, señalando que tanto ella como personas de su círculo más íntimo habrían participado en actividades de tráfico de drogas y armamento. De acuerdo con las declaraciones de la exconsejera, estas operaciones ilícitas habrían incluido vuelos clandestinos hacia Venezuela, donde se transportaban estupefacientes a cambio de millonarias sumas de dinero, hechos que ya fueron ratificados formalmente ante la Procuraduría General de la Nación.

Ante la magnitud de los señalamientos, la defensa de Ferrer confirmó que no agotará sus recursos en el ámbito local, sino que planea trasladar la totalidad de las evidencias y testimonios recabados a la justicia de los Estados Unidos, instancia con la que ya se habrían mantenido contactos preliminares. Mientras los organismos de investigación evalúan la pertinencia y contundencia del material probatorio aportado por la defensa de la catalana, el caso reaviva el debate nacional sobre los controles de legalidad y la presunta corrupción institucional durante el periodo presidencial anterior.

De acuerdo con Cepeda, la cultura debe ser entendida como un "campo democrático al que concurren muchos sectores", en contraposición a lo que juzga como un intento del gobierno actual por imponer una visión ideológica a través de la selección y exclusión de contenidos históricos. El senador formuló preguntas directas sobre la legitimidad de que figuras como De la Espriella dicten a las víctimas del país cómo deben interpretar la historia y la memoria. También advirtió sobre el peligro de imponer definiciones únicas sobre la religión, la familia y la sociedad.

Cepeda subrayó la diversidad que caracteriza a Colombia: la convivencia entre la cultura occidental, pueblos originarios, comunidades afrodescendientes, comunidades con diversidad sexual y las múltiples formas de ver el mundo. Afirmó que esta pluralidad tiene la capacidad de manifestarse y defender las distintas expresiones culturales del país.

En este escenario, el gobierno de De la Espriella ha defendido la revisión de contenidos museográficos con el argumento de combatir lo que denomina "adoctrinamiento político" y "apología del terrorismo". Sin embargo, representantes del sector cultural y organizaciones sociales han manifestado su preocupación por las consecuencias que esto pueda tener sobre la preservación y la pluralidad de la memoria histórica nacional.

El enfrentamiento alcanzó un nuevo nivel cuando Cepeda expresó solidaridad con María José Pizarro y María del Mar Pizarro, hermanas e hijas del asesinado excomandante guerrillero Carlos Pizarro, luego de que el mandatario ordenara retirar cualquier mención pública a este personaje histórico. Como concluyen voces del sector cultural, la controversia evidencia la disputa por el relato de la historia reciente de Colombia y la manera como se plasma en los espacios culturales.

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¿Por qué genera controversia la revisión de contenidos en el Museo Nacional de Colombia?

La controversia surge porque la revisión promovida por el gobierno de De la Espriella ha implicado el retiro de piezas que documentan hechos y luchas sociales relevantes, como el feminismo, los derechos LGTBIQ+, la violencia política y el proceso de paz con las FARC. Según fuentes citadas en la entrevista, representantes culturales y organizaciones sociales consideran que esta medida puede afectar una visión plural y democrática de la memoria histórica, restringiendo el acceso a relatos fundamentales de la historia reciente del país.

¿Qué argumentos dan los críticos y defensores del cambio en exposiciones del Museo Nacional?

Los críticos, como el senador Cepeda, argumentan que imponer una visión única sobre la historia en el Museo Nacional vulnera la diversidad cultural y la memoria de víctimas de conflicto y luchas sociales. Advierten, de acuerdo con lo expresado en la entrevista, que la cultura debe ser democrática e inclusiva. Por otro lado, el gobierno de De la Espriella sostiene que su intervención busca evitar el "adoctrinamiento político" y la "apología del terrorismo" en los centros culturales estatales, defendiendo así su derecho a revisar el contenido exhibido.

La final tuvo lugar en el auditorio Xepia de la UAO, donde los participantes pusieron a prueba su capacidad para argumentar y persuadir, enfrentándose ante el público con discursos preparados a lo largo de varias fases. Tal como lo expresó Rodríguez de Vivero, el proceso demanda “mucho tiempo de trabajo detrás. Cada discurso de las fases previas lleva preparación, lleva esfuerzo”. Su testimonio resalta la dedicación y rigor que exige una competencia de esta magnitud, en la cual cada intervención representa el resultado de un proceso de formación integral en oratoria.

De acuerdo con Ángel Domingo, director de comunicaciones de las ligas españolas, el Mundial de Oratoria cumple seis años promoviendo la elocuencia y la comunicación persuasiva entre estudiantes universitarios. Lo que comenzó con la participación de cerca de un centenar de concursantes en su primera edición, ahora suma entre 500 y 600 inscritos provenientes de más de 20 países. El evento no solo visibiliza el talento de los finalistas, sino que resalta la importancia de las habilidades de comunicación en todos los ámbitos de la vida, como lo mencionó Sarah Macías, estudiante UAO: “yo creo que la oratoria y la comunicación en general son una habilidad que todas las personas deberíamos tener”.

El hecho de que Cali haya sido la sede de 2026 responde al histórico triunfo de Sarah Macías Garzón, quien en 2025 se convirtió en la primera colombiana en ganar el certamen, con una final celebrada ese año en España. Su victoria permitió que la competencia se trasladara a Colombia para la última edición, reafirmando el crecimiento y la relevancia internacional del evento en la formación de jóvenes universitarios en argumentación, expresión oral y persuasión.

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¿Quién ganó el Mundial de Oratoria en español 2026 disputado en Cali?

El ganador de la edición 2026 del Mundial de Oratoria en español, celebrada en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, fue Óscar Rodríguez de Vivero, representante de la Universidad Carlos III de Madrid, quien se llevó el primer lugar tras varias fases de competencias y preparación previa.

¿Por qué la Universidad Autónoma de Occidente fue sede del Mundial de Oratoria en 2026?

La UAO alojó la final del Mundial de Oratoria en 2026 gracias al triunfo de Sarah Macías Garzón, quien en 2025 se convirtió en la primera colombiana en obtener el primer puesto de este certamen internacional, lo que permitió que la siguiente edición se realizara en Cali.

Según Julio César Rodríguez, jefe de Gestión Técnica de Emdupar, la situación alcanzó niveles preocupantes cuando la turbiedad del agua superó los 10.000 NTU (unidades de turbidez nefelométrica), una cifra que excedió la capacidad operativa de los sistemas de tratamiento. Rodríguez afirmó que se trató inicialmente de enfrentar el desafío, pero los desarenadores y sedimentadores se llenaron de sedimentos en cuestión de horas, lo que los obligó a ejecutar una parada preventiva de la planta para evitar daños mayores y proteger la seguridad del agua distribuida. "Intentamos tratarlo, pero se nos colmataron rápidamente todas las unidades. Eso obligó a parar la planta porque ya se vuelve intratable el agua", señaló el funcionario, de acuerdo con Emdupar.

Después de la suspensión temporal, la planta logró reanudar actividades, aunque el restablecimiento del suministro a todos los sectores no fue inmediato. Emdupar explicó que la acumulación de aire en las tuberías y la disminución de la presión han dificultado llevar el agua a barrios periféricos y a las zonas altas de la ciudad. Por ello, las cuadrillas técnicas trabajan para normalizar gradualmente la presión y asegurar la llegada del agua potable a todos los hogares afectados.

Entre los sectores impactados se encuentran Arizona, Villa Taxi, La Castellana, Villalba, Garupal, Acuarela y Altos de Comfacesar. La empresa manifestó que la mayoría de las zonas ya cuentan con el servicio, aunque aún es necesario mantener las labores de recuperación. Además, Emdupar solicitó a los ciudadanos no arrojar residuos al alcantarillado ni conectar aguas lluvias a las redes sanitarias, ya que estas prácticas pueden generar rebosamientos durante nuevas precipitaciones, dificultando aún más la operación del sistema.

La empresa continúa monitoreando el estado de las redes para garantizar la normalización total del servicio, al tiempo que la recuperación completa dependerá de una mejora en la calidad del agua y la restauración de la presión en la red de distribución.

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¿Cuáles fueron las causas del corte de agua potable en Valledupar?

La principal causa fue el aumento de sedimentos y lodo en el agua debido a las fuertes lluvias en la zona alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta situación incrementó la turbidez a niveles que la planta de tratamiento de Emdupar no pudo manejar, obligando a una suspensión preventiva del servicio para proteger la infraestructura y mantener la calidad del agua.

¿Qué acciones tomó Emdupar para restablecer el suministro de agua en Valledupar?

Emdupar detuvo temporalmente la planta para evitar daños y, tras el descenso de los niveles de sedimentos, reinició la operación. Sin embargo, la acumulación de aire y la baja presión retrasaron la normalización completa del servicio en algunos sectores, por lo que se desplegaron cuadrillas técnicas para recuperar la presión y se pidió a la ciudadanía evitar prácticas inconvenientes en las redes, como arrojar residuos o conectar aguas lluvias.

La víctima, identificada como Edvin Rojas, murió tras ser atacado con un arma blanca durante un atraco en el barrio El Rodeo, en Villavicencio. En el hecho estarían involucrados tres menores de edad, según informó la Policía Metropolitana de la ciudad.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la víctima se encontraba con su compañera sentimental cuando fueron sorprendidos por los tres adolescentes, quienes presuntamente les exigieron sus teléfonos celulares.

En medio del hurto, el hombre habría reaccionado y fue agredido con un arma blanca que le causó una grave herida en la pierna izquierda.

Tras el ataque, Rojas fue trasladado a un centro asistencial del sector de El Recreo. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, el personal médico no logró salvarle la vida.

El comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, coronel Milton Melo, confirmó a Blu Radio que los presuntos implicados son menores de edad. Según explicó el oficial, el adolescente de 13 años quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), mientras que los jóvenes de 15 y 16 años fueron puestos a disposición de la Fiscalía para el respectivo proceso judicial.

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Las autoridades señalaron que el caso genera preocupación por la participación de menores de edad y el nivel de violencia registrado durante el hecho.

La Policía avanza en la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del homicidio ocurrido durante el presunto hurto, que vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad ciudadana en Villavicencio y la participación de adolescentes en hechos delictivos.

Según lo especificado, los estudiantes de educación superior recibirán $400.000 por permanencia en el programa, suma a la cual pueden agregar un incentivo adicional de $200.000 en caso de haber alcanzado un promedio de 4,0 o superior durante el primer semestre de 2026. Por su parte, los aprendices SENA recibirán la transferencia correspondiente al componente de permanencia, la cual abarca los meses de junio y julio de este mismo año. Este enfoque busca premiar el esfuerzo académico de los jóvenes y fortalecer su permanencia en el sistema educativo.

Para acceder a estos recursos, los jóvenes deben poseer una cuenta de ahorros o una billetera electrónica activa, debidamente registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Si no disponen de un producto financiero reportado ante Prosperidad Social, tienen la opción de reclamar la transferencia mediante giro, acudiendo a los puntos habilitados de SuperGiros-Gane en la ciudad.

Desde la administración distrital, Lilia Astrith Bello Cruz, líder local de los programas del Departamento de Prosperidad Social, enfatizó la importancia de retirar los recursos dentro del periodo establecido, recordando que Cali cuenta con un alto número de beneficiarios. Además, se recuerda a los beneficiarios que, si tienen dudas o necesitan información adicional, pueden acudir a la Avenida Estación #5N-33, frente al Centro Comercial La Pasarela, o escribir al correo prog.jovenesaccion@cali.gov.co.

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, esta transferencia representa el quinto ciclo de pagos de Renta Joven y está condicionada al cumplimiento de los compromisos que establece el programa.

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¿Cómo se puede cobrar el pago de Renta Joven en Cali?

Para obtener el pago correspondiente al quinto ciclo de Renta Joven en Cali, los beneficiarios con cuenta de ahorros o billetera electrónica registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) recibirán el dinero directamente. Si no existe un producto financiero reportado, los jóvenes pueden cobrar por giro en los puntos habilitados de SuperGiros-Gane, según lo confirmó Noticiero 90 Minutos.

¿Cuáles son los requisitos para recibir hasta $600.000 de Renta Joven en Cali?

Los requisitos para acceder hasta $600.000 en el ciclo actual de Renta Joven están relacionados con la permanencia en programas técnicos, tecnológicos o profesionales y con el rendimiento académico. Los estudiantes de educación superior recibirán $400.000 por permanencia y un adicional de $200.000 si lograron un promedio mínimo de 4,0 en el primer semestre de 2026. Para los aprendices SENA, la transferencia se entrega por permanencia en los meses de junio y julio.

El episodio fue capturado en imágenes que evidencian el instante exacto en el que el ciclista se desplaza por la avenida, mientras a pocos metros se desploma una rama de considerable tamaño. La escena pone en primer plano la vulnerabilidad de quienes transitan por espacios públicos ante riesgos repentinos, especialmente cuando hay condiciones climáticas adversas o intervenciones relacionadas con la gestión de emergencias. Según la información disponible, dicho simulacro incluyó ejercicios prácticos para preparar a las autoridades y a la ciudadanía para actuar de manera coordinada ante emergencias, especialmente aquellas relacionadas con vendavales y caída de árboles, que son amenazas identificadas en la región.

La agenda del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en Valledupar contempló actividades de evaluación sobre la capacidad de respuesta de las instituciones ante eventos inesperados. Entre los principales riesgos evaluados se encuentran precisamente los vendavales y la caída de árboles, fenómenos que pueden presentarse de manera súbita y que ponen en riego tanto a transeúntes como a la infraestructura urbana. De acuerdo con los organizadores y participantes, la jornada buscó medir la reacción de los organismos de socorro y generar conciencia en la población sobre la importancia de estar preparados para situaciones de este tipo.

Este evento concreto, en el que un ciclista estuvo a centímetros de una tragedia, refleja la importancia de estos ejercicios preventivos para fortalecer la seguridad en escenarios cotidianos y pone en evidencia la necesidad de una vigilancia constante sobre el estado de los árboles y espacios públicos, especialmente durante actividades de simulación y entrenamiento.

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¿Qué sucedió durante el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en Valledupar?

Durante el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en Valledupar, un ciclista estuvo a punto de ser impactado por una rama que cayó sobre la avenida Simón Bolívar. Según el video registrado, la rama cayó en el preciso momento en que el hombre se movilizaba en bicicleta, exponiéndolo a un riesgo considerable. Este hecho resaltó la importancia del simulacro y de la evaluación de riesgos como la caída de árboles, que fue uno de los focos principales del ejercicio.

¿Por qué es relevante prepararse ante vendavales y caída de árboles en Valledupar?

La preparación ante vendavales y caída de árboles es clave en Valledupar, ya que estos fenómenos representan riesgos frecuentes para sus habitantes y la infraestructura de la ciudad. Como quedó en evidencia durante el simulacro, una situación como la caída de una rama puede desencadenar accidentes graves; por eso, las actividades de simulación permiten identificar debilidades en la respuesta institucional y sensibilizar a la comunidad sobre la prevención y el manejo de emergencias naturales.

De acuerdo con la información preliminar divulgada por la institución, el incidente habría involucrado al soldado profesional Edwin Malabet Collante, quien presuntamente disparó contra su superior, el sargento segundo Héctor Hernando Lozano Burgos. Posteriormente, el soldado habría muerto por una lesión que, según las primeras versiones, él mismo se habría ocasionado.

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Las circunstancias exactas del caso permanecen bajo investigación de las autoridades competentes, que buscan establecer qué ocurrió dentro de la unidad militar y cuáles fueron los motivos que desencadenaron el ataque.

¿Quién era el sargento que murió en el batallón de Sogamoso?

La víctima fue identificada como Héctor Hernando Lozano Burgos, sargento segundo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Nacional.

Según la información conocida, tanto él como los demás uniformados involucrados pertenecían a la Brigada de Atención de Desastres, una unidad especializada en apoyar emergencias y atender situaciones derivadas de fenómenos naturales.

Caracol Radio también confirmó la identidad del suboficial y recordó que había participado en labores de rescate durante las inundaciones registradas en Córdoba a comienzos de año.

La emisora difundió imágenes en las que se observa al militar ayudando a trasladar animales en medio de calles inundadas, en el marco de las operaciones de atención a la emergencia.

Por su parte, el medio regional Boyacá Siete Días informó que el equipo al que pertenecían los uniformados había llegado al batallón donde ocurrieron los hechos apenas 15 días antes.

Uno de los aspectos que rodean el caso es la misión que los uniformados tenían prevista para la mañana del martes. Según la información conocida, el pelotón se alistaba para desplazarse hacia Villa de Leyva, donde se adelantaban labores para controlar un incendio forestal que había comenzado durante la tarde del lunes 19 de octubre.

En declaraciones conocidas durante la noche, el director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá había informado sobre los avances en la atención de la emergencia. Para las primeras horas del martes se contemplaba el apoyo de un helicóptero con el fin de intervenir los puntos donde persistieran las llamas.

En ese contexto, los militares se preparaban para salir a cumplir la misión cuando se habría presentado el episodio que terminó con la muerte de los dos integrantes del Ejército.

Una fuente militar consultada por El Tiempo entregó una versión preliminar sobre lo sucedido antes de los disparos. Según su relato, el incidente habría comenzado después de que el suboficial impartiera una instrucción al soldado profesional, quien presuntamente reaccionó de manera airada.

“En medio de una refriega, este último accionó su fusil contra su superior”, señaló la fuente al medio de comunicación.

Esta versión deberá ser contrastada con los testimonios y demás elementos probatorios que recopilen los investigadores.

¿Qué dijo el Ejército Nacional sobre las dos muertes?

A través de un comunicado, el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional confirmó que el hecho ocurrió durante la madrugada del martes en las instalaciones del Batallón de Artillería N.° 1, en Sogamoso.

La institución informó que el episodio dejó dos integrantes fallecidos, un militar lesionado y un perro herido. Sobre la posible participación del soldado profesional, señaló que la información inicial apunta a que habría disparado contra un suboficial y causado lesiones a otro uniformado y al animal.

Posteriormente, el presunto agresor también habría muerto, en circunstancias que todavía deben establecerse oficialmente.

El Ejército precisó que las circunstancias del caso son materia de investigación y que, tras conocer lo ocurrido, activó los procedimientos institucionales correspondientes.

Asimismo, informó que se dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a los familiares de los dos militares fallecidos y que se contempló la atención médica de las personas afectadas.

En su pronunciamiento, la institución expresó sus condolencias a los seres queridos de las víctimas y manifestó su solidaridad con sus compañeros.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente este suceso”, indicó el comunicado.

Autoridades buscan esclarecer qué ocurrió dentro de la unidad militar

Como parte de las actuaciones para reconstruir los hechos, se adelantan diligencias investigativas y entrevistas a personas que podrían aportar información sobre lo ocurrido.

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Los testimonios serán fundamentales para establecer la secuencia de los acontecimientos, verificar las versiones sobre una posible discusión previa y determinar las circunstancias en las que se produjeron los disparos.

Por ahora, el Ejército Nacional no ha informado públicamente sobre las conclusiones definitivas de la investigación.

La tragedia enluta a la institución militar y deja interrogantes sobre lo sucedido en una unidad cuyos integrantes se preparaban para participar en la atención de una emergencia ambiental en Boyacá.

En el proceso judicial, John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, señalado como cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, permanece en prisión mientras avanza la investigación por el crimen de Mateo.

El documento forense revela hallazgos estremecedores y contundentes y advierte que las heridas en su cabeza sugieren un posible patrón de ejecución.

(Vea también: Fiscalía imputa cargos a alias “Víctor Chalá” por el asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia)

Necropsia de Mateo Pérez Rueda

El examen forense realizado al cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda reveló cinco heridas por proyectiles de arma de fuego, de las cuales dos de ellos fueron encontrados en el cráneo, uno en el tórax que afectó el pulmón derecho, otro más que afectó el hígado y el quinto que causó fractura de la rodilla izquierda y lesiones en vasos sanguíneos importantes.

Según la necropsia, los dos proyectiles que golpearon la cabeza produjeron lesiones cerebrales que terminaron causando su muerte. 

“Los hallazgos de necropsia permiten concluir como causa de muerte: proyectil de arma de fuego de carga única con extensa lesión del cráneo que le ocasionan una laceración encefálica que lo lleva a la muerte”, se puede leer en el informe médico legal.

Sin embargo, el examen revela que las lesiones de la cabeza son compatibles con un posible patrón de ejecución: “Por las características de ubicación anatómica de las lesiones por proyectil de arma de fuego en cráneo que sugieren patrón tipo ejecución”.

Además de las heridas causadas por arma de fuego, el examen forense también identificó lesiones producidas con un elemento cortante en el abdomen y detrás de la rodilla derecha; estas heridas fueron realizadas después de la muerte de Mateo Pérez.

El médico forense planteó posibles explicaciones para estos hallazgos: entre ellas, que pudieran estar relacionados con un intento de alterar las condiciones del cuerpo o dificultar su hallazgo.

Es importante precisar que se trata de posibilidades planteadas en el informe, no de una conclusión que identifique a los responsables o establezca definitivamente el propósito de estas lesiones.

Luego del análisis, la necropsia clasificó la muerte de Mateo Pérez como violenta, de manera médico-legal y como homicidio.

Hallazgo del cuerpo en una fosa de Briceño

Otro dato que revela la necropsia fue el lugar en el que fue encontrado el cuerpo del periodista. El hallazgo se dio en una fosa en el municipio de Briceño; según el médico forense, esta información es relevante a la hora de analizar las circunstancias que rodean su muerte. 

(Lea también: Capturan a ‘Chala’, presunto responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez en Antioquia)

El documento señala que: “El hallazgo del cuerpo al interior de una fosa ilegal sugiere que se trata de un desaparecido al cual se quería ocultar”.

¿Cuándo habría sido asesinado Mateo Pérez?

El informe también estima que la muerte podría haber ocurrido alrededor del 5 de mayo, teniendo en cuenta el estado del cuerpo, las condiciones en las que fue encontrado y la información disponible. Sin embargo, el mismo documento advierte que se necesitan más elementos para precisar con mayor certeza el momento del fallecimiento.

El anuncio de la acción judicial, oficializado a través de un comunicado emitido por la defensa del exjefe de Estado, busca contrarrestar el impacto mediático y legal de los testimonios rendidos por Rodríguez, quien ha reiterado haber presenciado maniobras irregulares al interior y fuera de la Casa de Nariño durante la anterior administración. No obstante, desde el equipo legal de Petro insisten en que las afirmaciones de la exgerente del Fondo de Adaptación carecen de sustento probatorio y forman parte de una narrativa calumniosa encaminada a minar la imagen del exmandatario.

De acuerdo con lo estipulado en la comunicación pública de la defensa: “El 21 de octubre de 2026, a las 9:00 a. m., se radicará ante la Fiscalía General de la Nación, en su sede del búnker, una denuncia contra la señora Angie Rodríguez”. Según precisó el jurista Carranza, la radicación es el resultado de un supuesto “trabajo sostenido de recopilación de información e investigación”, señalando que solicitarán imputaciones por tipos penales de alta gravedad que incluyen peculado, concierto para delinquir, injuria y calumnia agravadas, además de la presunta violación de datos personales.

La jugada estratégica de la defensa del expresidente Petro no se limitará al ámbito penal ante el ente instructor, sino que buscará trasladar las presuntas inconsistencias administrativas de la exdirectora del Dapre a los órganos de control fiscal. “Corresponderá a las autoridades esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar. Se pondrán también en conocimiento de la Contraloría General de la República los hechos de su competencia”, concluyó el documento difundido por el abogado, quien además ofreció amplios detalles sobre el alcance del recurso durante una entrevista con la emisora Caracol Radio en su espacio 6 AM-W.

Esta maniobra del equipo jurídico del exjefe de Estado se produce en un punto crítico para la coyuntura política nacional, justo cuando sobre la administración anterior pesan severas sospechas por el presunto uso de la estructura del Estado para favorecer intereses electorales y coaccionar a antiguos comandantes de las AUC con el fin de salpicar a líderes de la oposición. Mientras la defensa de Petro intenta frenar el avance de las declaraciones de Rodríguez catalogándolas de delictivas, las autoridades competentes deberán evaluar con rigor los elementos materiales probatorios presentados por ambas partes para determinar el fondo de un escándalo que salpica las más altas esferas del poder.

Los satélites meteorológicos juegan un papel crucial, ya que orbitan la Tierra y proporcionan imágenes continuas de los sistemas nubosos, permitiendo monitorear grandes extensiones de la atmósfera. Por otro lado, los radares en tierra tienen la capacidad de seguir con detalle la evolución de las lluvias en zonas específicas. Toda esta información es recogida, validada y enviada a centros internacionales equipados con supercomputadoras, donde verdaderamente ocurre la magia del pronóstico.

Una vez en estos centros, los datos se procesan mediante modelos numéricos de predicción, que son esencialmente programas informáticos diseñados para aplicar leyes básicas de la física y la termodinámica. Estos modelos dividen la atmósfera en una especie de rejilla tridimensional, permitiendo simular cada pequeño cambio minuto a minuto, lo cual mejora la precisión en la predicción de fenómenos como lluvias, tormentas o cambios de temperatura.

Para Cali, la CVC detalló el panorama climático de este miércoles, señalando que se esperan lloviznas y lluvias ligeras intercaladas con periodos de tiempo seco a lo largo del día. Sin embargo, hacia el final de la tarde y en la noche, la CVC advirtió que el acoplamiento de brisas provenientes de las montañas podría aumentar la nubosidad y propiciar lluvias moderadas e incluso tormentas eléctricas en el área urbana. Adicionalmente, la propia CVC indicó que una vaguada (una especie de canal de baja presión en la atmósfera) en el Pacífico colombiano, respaldada por divergencia en niveles altos, está creando una dinámica que aumenta la humedad e inestabilidad en el occidente del país, alzando el potencial de lluvias.

Estos pronósticos, de acuerdo con la información transmitida por la CVC y divulgada por Noticiero 90 Minutos, son el resultado de la constante interacción entre observación detallada, procesamiento masivo de datos y modelos numéricos avanzados, lo que permite anticipar el comportamiento atmosférico con rigor científico para la ciudad y la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona un modelo numérico de predicción del clima?

Un modelo numérico de predicción del clima es un programa informático que simula la atmósfera usando principios de la física y la termodinámica. Divide el aire del planeta en una rejilla tridimensional y calcula cómo se moverán y evolucionarán las distintas variables como temperatura, humedad y viento con el paso del tiempo, a partir de los datos reales que se recopilan mundialmente.

¿Qué es una vaguada y cómo afecta el clima en Cali según la CVC?

Una vaguada es una región alargada de baja presión atmosférica, y según la CVC, en este caso está situada en el Pacífico colombiano. Esta configuración favorece la entrada continua de humedad e inestabilidad al occidente de Colombia, lo que incrementa la probabilidad de lluvias y tormentas, impactando directamente el clima de Cali y sus alrededores.

La corriente, provocada por una creciente inesperada, sorprendió tanto a Leal Quintero como a quienes estaban con él, haciendo imposible que lograra salir por sus propios medios. Una vez se notificó su desaparición, voluntarios de la Defensa Civil y miembros de otras entidades de socorro organizaron un despliegue de búsqueda a lo largo de la ribera del río Azúcar, manteniendo la esperanza de encontrar a Leal Quintero con vida. Sin embargo, las labores realizadas permitieron ubicar el cuerpo sin vida en el mismo sector donde fue visto por última vez. Según las autoridades, la causa de muerte fue asfixia por inmersión, término utilizado para referirse a la pérdida de funciones vitales provocada por la entrada de agua en las vías respiratorias.

Tras el hallazgo, las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional realizaron en el lugar la inspección técnica del cadáver, procedimiento indispensable para verificar las circunstancias en las que ocurrió el accidente, de acuerdo con los protocolos legales. Como parte del protocolo, el cuerpo será trasladado a la sede de Medicina Legal en Valledupar, donde se le practicará la necropsia, la cual determinará con exactitud las causas y circunstancias de la muerte, antes de ser entregado a sus familiares.

Esta tragedia deja en evidencia el peligro que representan las crecientes súbitas en los ríos de la región y el trabajo que desempeñan las autoridades y cuerpos de socorro en este tipo de situaciones.

¿Qué ocurrió con Otoniel Leal Quintero en el río Azúcar en Valledupar?

Otoniel Leal Quintero perdió la vida luego de ser arrastrado por una creciente repentina mientras se bañaba en el río Azúcar, en el corregimiento de La Mesa, Valledupar. Las labores de búsqueda fueron adelantadas por la Defensa Civil y otras entidades de socorro, quienes localizaron el cuerpo en el mismo sector donde desapareció.

¿Qué significa asfixia por inmersión según las autoridades?

La asfixia por inmersión, según las autoridades, es la causa de fallecimiento que ocurre cuando la entrada de agua a las vías respiratorias interrumpe la función pulmonar, impidiendo el intercambio de oxígeno y provocando la muerte. En este caso, el término se utilizó para describir la razón por la que Otoniel Leal Quintero falleció tras ser arrastrado por la corriente.

Las consecuencias de este error legislativo impactan directamente al presidente Abelardo de la Espriella y a los ministros de Hacienda, Miguel Gómez, y del Interior, Rodrigo Lara. Ante la anomalía, los equipos jurídicos analizan las rutas legales, entre ellas la posibilidad de que el Ejecutivo expida el presupuesto por decreto. Esta salida extraordinaria dependería de una revisión jurídica profunda y se conocería de manera oficial tras la declaración pública del ministro Gómez, prevista para el miércoles 21 de octubre, según El Espectador.

Uno de los puntos de debate radica en la interpretación jurídica sobre las facultades concedidas al Gobierno en el trámite, específicamente sobre la posibilidad de que expida el presupuesto de acuerdo con el texto aprobado en las comisiones, en caso de vicios insubsanables. Este matiz significaría la anulación de adiciones importantes, como los COP 3 billones asignados a la salud y los montos para la reconstrucción tras el terremoto, a la vez que recogería recortes a instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo cual ha generado fuerte controversia, tal y como lo reporta El Espectador.

El escenario político se muestra dividido. Desde la oposición, representantes como Esmeralda Hernández y María Fernanda Carrascal denuncian un vicio insalvable que, en su criterio, tumbaría el presupuesto. Por el contrario, voces del Centro Democrático como María Clara Posada y Enrique Gómez han señalado que el error solo afecta el artículo en cuestión y no invalida el resto del acto legislativo, opción que abriría una disputa en la Corte Constitucional. Mientras tanto, otros congresistas advierten sobre el impacto negativo para el sector salud y para las regiones, ante la amenaza de que los recursos asignados se pierdan en el limbo administrativo.

La decisión final se debate entre vías legales alternativas y un ambiente de alta tensión, que muestra la fragilidad de los procedimientos legislativos y las repercusiones directas sobre el manejo de los recursos públicos del país.

¿Por qué está en riesgo el Presupuesto General de la Nación para 2027?

El riesgo que enfrenta el Presupuesto General de la Nación para 2027 radica en un posible vicio de trámite descubierto cuando se detectó que la Cámara de Representantes aprobó un artículo que no fue discutido ni votado en el Senado. Según El Espectador, esta discrepancia compromete la legalidad del proceso y podría impedir que el presupuesto se convierta en ley, teniendo como posible salida su expedición vía decreto.

¿Qué consecuencias puede traer la expedición del presupuesto por decreto?

En caso de que el Gobierno expida el presupuesto por decreto, como lo analizan los equipos jurídicos mencionados por El Espectador, el texto aplicado sería el aprobado en las comisiones económicas. Esto implica que podrían eliminarse los recursos adicionales destinados a la salud y reconstrucción, y consolidarse recortes a entidades como la JEP, lo que podría generar demandas y afectar la distribución de los recursos públicos.

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En relación con las imágenes que supuestamente glorifican la violencia, el presidente señaló su propósito de eliminarlas. Dicha posición fue planteada en el Claustro de Santa Clara, un lugar de relevancia histórica y artística, aunque, según el artículo, esa perspectiva ignora la variedad de prácticas religiosas y expresiones culturales presentes en el país, así como la relación de este espacio con el arte contemporáneo. Colombia, aunque compartida bajo un mismo nombre, es descrita como una nación compuesta por diferencias territoriales, linajes y formas de vida, y la propuesta del mandatario de suprimir ciertas representaciones visuales evidencia un deseo de controlar la interpretación de la realidad, legitimando solo determinados tipos de violencia y deslegitimando otros. La garantía que da el presidente para esta política es el recién renombrado ministerio de la cultura y el patrimonio, dirigido por la ministra Paola Holguín, llamada por él “generala”, lo que plantea dudas sobre el rol que asumirá esta cartera y si podría convertirse en una herramienta de censura gubernamental.

En sus intervenciones, el presidente recurre a la expresión “el régimen anterior”, etiquetando a sus predecesores como el antagonista principal. No obstante, el texto argumenta que lo relevante aquí no es el enfrentamiento entre gobiernos, sino la disputa sobre la memoria social y cultural. En ese contexto, las artes se presentan no como instrumentos de un poder central, sino como parte de la democracia y la construcción colectiva de relatos nacionales. Imponer una visión única desde el Estado, recalca el texto, no reconoce las múltiples memorias y saberes que han configurado la vida cultural del país. Finalmente, el artículo pone sobre la mesa la pregunta fundamental: más allá de cuál historia se busca corregir, quién tendría el control de ese relato y quiénes serían silenciados en ese proceso.

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¿Qué implica el retorno a valores tradicionales en el discurso del presidente Abelardo de la Espriella?

El retorno a valores tradicionales, mencionado por el presidente Abelardo de la Espriella, implica privilegiar una visión del pasado que excluye la diversidad de identidades y los movimientos sociales que han ampliado la pluralidad en Colombia, según lo expuesto en el artículo. Este enfoque genera preguntas sobre los relatos que se buscan reivindicar y los grupos sociales que pueden quedar fuera de ese linaje.

¿Qué papel podría desempeñar el ministerio de la cultura y el patrimonio en la nueva política cultural del gobierno?

De acuerdo con el texto citado, el ministerio de la cultura y el patrimonio, encabezado por Paola Holguín, podría asumir un rol crucial en la determinación de qué expresiones culturales y artísticas se consideran legítimas, lo cual abre el debate sobre si la entidad actuará como órgano censor o árbitro de la mirada oficial, definiendo qué historias y representaciones se visibilizan y cuáles son relegadas.

Frente a este escenario, el analista y panelista Felipe Zuleta fijó una contundente postura en los micrófonos de Blu Radio, advirtiendo que los hechos conocidos hasta la fecha representan apenas una fracción de un entramado mucho más amplio y oscuro. Según el criterio del comunicador, las denuncias ventiladas por exfuncionarias como Angie Rodríguez o Eva Ferrer exponen dinámicas institucionales profundas: “Es la punta del Iceberg de lo que pasó en el gobierno Petro, algunas de las que ha mencionado Angie Rodríguez o Eva Ferrer, pero no porque lo hayan dicho ellas, sino porque hay más información de lo que pasó en la Casa de Nariño”.

Profundizando en las implicaciones jurídicas de las cumbres celebradas con los excomandantes paramilitares, Zuleta trazó una línea divisoria entre las gestiones oficiales cobijadas por la política de paz y la presunta materialización de conductas al margen de la ley. Para el panelista, el componente punible no reside en la interlocución con los exactores armados, sino en la instrumentalización de los mismos con fines de persecución política: “La conducta delictiva no es haberse reunido con ellos en el marco de la paz total, el delito es pedirles que declararan en contra de De la Espriella y Uribe, pero ¿quién dio la orden? Pero uno puede oponerse a algo que es ilegal, Angie Rodríguez debe responder por su actuación ilegal. Todo son responsables, lo que pasa es que es de la mayor gravedad que Petro diera esas órdenes delictivas”.

Las aseveraciones de Zuleta entran a terciar en medio de la defensa pública emitida por el expresidente Gustavo Petro, quien ha negado tajantemente haber impartido directrices para coaccionar a dirigentes políticos y ha difundido el documento formal suscrito al término de las reuniones en Valledupar. Dicho texto argumentaba que las mesas técnicas buscaban avanzar en el cierre definitivo del proceso de paz con las extintas AUC, la entrega material de bienes para la reparación de las víctimas y el esclarecimiento de información sobre los financiadores del paramilitarismo.

Paralelamente, la controversia sumó un nuevo capítulo luego de que Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, emitiera un comunicado este miércoles 21 de octubre ratificando que no se retractará de sus señalamientos y justificando sus denuncias previas como una respuesta defensiva ante lo que calificó como un presunto modus operandi orientado a desprestigiarla. “Yo viví lo que considero trampas e intentos de desprestigiarme, pero no me arrepiento de haber denunciado”, aseveró la exfuncionaria, quien admitió haber obrado motivada por el temor a retaliaciones contra su reputación y su integridad.

Mientras la Procuraduría General de la Nación avanza en la investigación disciplinaria contra ex altos funcionarios como Armando Benedetti y la propia Rodríguez, y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes evalúa las denuncias formales contra el exmandatario, las valoraciones de analistas como Felipe Zuleta reavivan el debate nacional sobre los límites éticos y penales en el ejercicio del poder público y la urgencia de esclarecer las cadenas de mando que rodearon los polémicos acuerdos con las autodefensas.

Mientras las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables, los familiares de las víctimas entregaron nuevos detalles sobre posibles antecedentes de inseguridad, amenazas y conflictos que, según sus testimonios, podrían ser relevantes para esclarecer el caso.

(Lea también: Detallan si puede cambiar la condena para los asesinos de Jaime Esteban Moreno; abogado explicó)

La información fue conocida por El Tiempo, medio que consultó fuentes cercanas a la pareja y tuvo acceso a un informe preliminar de la Policía de Cundinamarca.

¿Cómo ocurrió el doble homicidio en Suesca?

De acuerdo con el reporte policial citado, el ataque se registró hacia las 11:34 de la mañana en la vía pública de la vereda Tenería.

El documento señala que Jorge Alejandro Vivas Alba, de 56 años, presentaba una herida en el cuello, mientras que Alejandra Torres, de 39 años, tenía lesiones en el pecho, la espalda y la pierna derecha.

Las primeras informaciones indican que dos personas habrían ingresado a la vivienda de la pareja, donde se produjo una riña que terminó en una agresión con arma cortopunzante.

Según la versión preliminar, los dos afectados salieron a la vía pública para pedir ayuda, pero fallecieron a causa de las heridas antes de que pudieran recibir atención médica.

Tras conocerse el caso, unidades de la Policía y funcionarios de investigación criminal e inteligencia policial asumieron las labores correspondientes. La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) realizó la inspección técnica de los cuerpos y comenzó la recolección de elementos para establecer cómo ocurrió el ataque.

Hasta el momento, las circunstancias exactas de la agresión y la identidad de los responsables siguen bajo investigación.

Además de la información oficial, los familiares de las víctimas relataron a el medio una versión que podría aportar elementos para reconstruir los momentos previos al doble homicidio.

Según una vecina, citada por los allegados de la pareja, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían permanecido estacionados durante un tiempo considerable frente a la vivienda.

De acuerdo con ese testimonio, Alejandra alcanzó a ingresar a la casa y comunicarse con la Policía para solicitar ayuda. Sin embargo, cuando llegaron los uniformados, la pareja ya había fallecido.

Este relato hace parte de las versiones que deberán ser contrastadas por los investigadores para determinar si existe alguna relación entre la presencia de los hombres en motocicleta y el ataque.

Alejandra y Jorge Alejandro residían en una finca donde tenían perros de criadero, ganado y proyectos de cultivo hidropónico. Según sus allegados, aunque llevaban una vida dedicada a sus actividades, en el pasado se habían presentado situaciones de inseguridad que generaron preocupación entre sus familiares.

Familiares denunciaron presuntos robos y conflictos anteriores

Entre los antecedentes mencionados por las personas cercanas a las víctimas figura un episodio ocurrido aproximadamente un año y medio antes del crimen.

Según contaron al medio mencionado, Alejandra habría manifestado su preocupación porque, presuntamente, algunas personas intentaban ingresar a la propiedad para robar. Incluso, habría mencionado la existencia de un supuesto túnel que se estaría utilizando para acceder a la vivienda.

Sus familiares señalaron que, con el paso del tiempo, comenzaron a notar la falta de algunos objetos en la finca. No obstante, estos señalamientos no han sido confirmados oficialmente como parte de la investigación por el doble homicidio.

Otro asunto que mencionaron fue un conflicto entre Jorge Alejandro y un vecino de la zona, aparentemente relacionado con la poda de unos árboles.

Según el relato entregado por las fuentes al medio, algunas ramas habrían caído sobre un predio vecino, situación que desencadenó una discusión y una agresión física contra Jorge.

Los allegados señalaron que, posteriormente, circularon versiones sobre una posible hospitalización del vecino durante varios meses. Sin embargo, reconocieron que no les constaba directamente esa información.

Para la familia, este enfrentamiento es uno de los antecedentes que consideran importante revisar. Aun así, no existe una confirmación oficial que permita vincular ese conflicto con el asesinato de la pareja.

Denuncian saqueo de la finca después de la muerte de la pareja

A la tragedia se sumó otra denuncia de los familiares: la propiedad donde vivían Alejandra y Jorge Alejandro habría sido saqueada por terceros.

Según las declaraciones recogidas por El Tiempo, varias pertenencias fueron sustraídas de la vivienda, entre ellas una nevera. Los allegados también describieron daños y desorden en el interior del inmueble. Uno de los testimonios mencionó que, presuntamente, un hombre armado habría ingresado a la finca para llevarse diferentes objetos.

Esta denuncia deberá ser verificada por las autoridades, que tendrán que establecer cuándo ocurrió el supuesto saqueo, quiénes participaron y si los hechos guardan alguna relación con el doble homicidio. Por ahora, no se ha confirmado públicamente que el robo denunciado por los familiares esté conectado con el ataque contra la pareja.

Familia pide justicia por el asesinato de Alejandra Torres y Jorge Vivas

La muerte de Alejandra y Jorge Alejandro dejó a sus seres queridos a la espera de respuestas sobre lo ocurrido en la vereda Tenería.

En declaraciones a El Tiempo, familiares que solicitaron mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad expresaron su indignación y reclamaron avances en la investigación.

“Quiero justicia. Esta fue una muerte muy dura, una muerte muy tenaz”, manifestó uno de los allegados, al referirse a la violencia con la que fueron atacados.

(Vea también: Taxista murió luego de ser baleado: habría sido víctima de un intento de hurto)

La familia también pidió que se investiguen los antecedentes de inseguridad y los conflictos que, según sus versiones, se habían presentado antes de la tragedia.

Mientras tanto, las autoridades judiciales continúan con las diligencias para esclarecer el doble homicidio, establecer el posible móvil e identificar a los responsables.

Por ahora, ninguna de las hipótesis mencionadas por los familiares ha sido confirmada como la causa del crimen. La investigación deberá determinar si existió una relación entre las denuncias de presuntos robos, los conflictos anteriores y el ataque que terminó con la vida de la pareja.

Espinal dirigió su mensaje no solo a las autoridades y empresas, sino también a los ciudadanos. Les recomendó moderar el uso de luces decorativas en sus hogares y adoptar medidas para el ahorro tanto de energía como de agua, insistiendo en que la situación requiere sensatez y responsabilidad. Según sus palabras, "tenemos que ser responsables, necesitamos ahorrar energía y agua. Esta es una decisión compleja, pero es una decisión que requiere sensatez. La demanda está creciendo dos veces de lo que se esperaba". Además, el senador sugirió que quienes decidan instalar decoraciones luminosas opten exclusivamente por luces LED, las usen en periodos cortos y eviten encenderlas entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, franja horaria de máximo consumo energético.

La posición adoptada por Espinal toma relevancia especialmente en ciudades como Valledupar, donde la decoración navideña en ventanas y balcones es una tradición. Sin embargo, algunas familias han comenzado a replantear sus planes frente a los recientes episodios de cobros adicionales a quienes excedieron las metas individuales de ahorro energético, impuestas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La Liga de Usuarios de Servicios Públicos reportó que cerca de 100.000 usuarios en Valledupar fueron sancionados por superar esas metas.

En su mensaje público, el senador resumió su advertencia de manera contundente: "O ahorramos energía y agua o Colombia se apaga". Por ahora, no se conoce una respuesta oficial de las autoridades de Valledupar respecto a la propuesta de Espinal ni si evaluarán restricciones en la instalación de los alumbrados navideños, tradición arraigada en la región. La decisión final podría impactar los planes de muchas familias para la próxima temporada decembrina.

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¿Por qué el senador Juan Espinal pide limitar los alumbrados navideños en Colombia?

El senador Juan Espinal solicitó que alcaldes y empresas evalúen técnicamente los alumbrados navideños a causa de la crisis energética provocada por el fenómeno de El Niño. Según Espinal, el aumento inusual de la demanda eléctrica obliga a tomar medidas de ahorro para evitar apagones y sanciones por exceder los límites de consumo establecidos por la CREG.

¿Cuál es el riesgo de mantener decoraciones luminosas durante el fenómeno de El Niño?

El principal riesgo de mantener las decoraciones luminosas radica en el incremento de la demanda eléctrica en plena crisis energética asociada al fenómeno de El Niño. Espinal y la Liga de Usuarios de Servicios Públicos advierten que esto puede llevar a apagones y a sanciones económicas para quienes superen las metas individuales de ahorro energético establecidas por la regulación vigente.

En el caso de Valledupar, la intervención será puntual: según la compañía, las actividades se concentrarán en el circuito Cañahuate 8. Específicamente, los trabajos se harán en el sector de La Esperanza, en la calle 16C con carrera 2B. El horario establecido va desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:15 de la tarde. Durante ese lapso, los habitantes de esta zona deben estar atentos, pues el suministro eléctrico estará interrumpido temporalmente. Todo forma parte de las tareas programadas de mantenimiento que buscan, según Energua, mantener la calidad y confiabilidad del servicio.

Por otra parte, en Chimichagua, la suspensión del servicio contempla un rango horario más extenso. Energua indicó que la intervención en el circuito correspondiente a esta localidad comenzará a las 7:10 de la mañana y se extenderá hasta las 3:10 de la tarde. Las labores cubrirán la calle 5, entre las carreras 6 y 8, en el barrio El Centro. Esta jornada, al igual que en Valledupar, implica que los residentes no tendrán acceso a energía eléctrica mientras se realizan los mantenimientos previstos.

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, las interrupciones responden a la necesidad de ejecutar tareas técnicas en la infraestructura eléctrica. Energua recomendó a los usuarios que residen en los sectores incluidos dentro de la programación que tomen las precauciones necesarias durante las horas de intervención, ya que los trabajos implican la suspensión temporal del servicio. Este anuncio fue difundido para que la comunidad tenga presente la fecha y los horarios afectados, minimizando complicaciones o contratiempos asociados con la falta de luz durante la jornada. La compañía enfatizó la importancia de este tipo de mantenimientos para asegurar la prestación eficiente del servicio eléctrico en la región.

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¿En qué sectores de Valledupar y Chimichagua habrá cortes de energía según Energua?

La interrupción del servicio se realizará en Valledupar, específicamente en el circuito Cañahuate 8, en la calle 16C con carrera 2B, sector de La Esperanza, y en Chimichagua, en la calle 5 entre carreras 6 y 8 del barrio El Centro, de acuerdo con Energua.

¿Por qué se realizarán trabajos programados de energía eléctrica en Valledupar y Chimichagua?

Según la información entregada por la empresa Energua, las labores de mantenimiento programadas tienen como objetivo asegurar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en estas zonas y requieren la suspensión temporal del suministro mientras se ejecutan los trabajos en la infraestructura.

La suspensión del servicio de agua afecta a barrios puntuales, entre ellos Santa Anita, específicamente en la calle 11 A con carrera 55 A; Aguacatal, en la calle 16 Oeste con Av. 11 A; San Fernando Nuevo, en la calle 5 B4 número 38 - 09; y Santa Rita, en la calle 7 Oeste número 3 - 03. Según lo reportado por Emcali, estos sectores experimentarán cortes totales de agua mientras duren los trabajos de mantenimiento que buscan prevenir futuras fallas y mejorar la infraestructura del acueducto.

Adicionalmente, la compañía adelantará un trabajo especial de acueducto en otros sectores de la ciudad. Grupos operativos realizarán una maniobra específica en el circuito para llevar a cabo pruebas de estanqueidad, proceso que consiste en verificar que la red hidráulica no tenga fugas y funcione correctamente. Estas pruebas se realizarán en los barrios San Luis II, Calimio Norte y Urbanización Calimio, todos ubicados en la comuna 6. Durante la ejecución de estas pruebas, los residentes de estos barrios notarán una baja presión en el suministro de agua desde el mediodía hasta las 3:00 p. m., de acuerdo con el comunicado oficial de Emcali.

De este modo, la compañía reitera a la ciudadanía la importancia de tomar medidas preventivas como el almacenamiento temporal de agua y el uso racional mientras duren las intervenciones. Toda la información relevante fue compartida por Noticiero 90 Minutos, fuente a la que Emcali remitió para informar a la comunidad sobre las zonas y horarios afectados.

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¿Cuáles son los barrios de Cali afectados por cortes de agua este miércoles?

De acuerdo con la información entregada por Emcali, los barrios de Cali que tendrán cortes de agua debido a trabajos de reparación son Santa Anita, Aguacatal, San Fernando Nuevo y Santa Rita. Estas interrupciones son necesarias para realizar el mantenimiento de las redes de acueducto y mejorar la prestación del servicio a los usuarios.

¿Por qué hay baja presión de agua en algunos barrios de la comuna 6 de Cali?

La baja presión de agua en barrios como San Luis II, Calimio Norte y Urbanización Calimio de la comuna 6 se debe a las pruebas de estanqueidad que realizará el personal operativo de Emcali. Este proceso consiste en comprobar que la red hidráulica no presenta fugas y que su funcionamiento es correcto, por lo que durante el periodo de las pruebas se verá afectada la presión del servicio.

La iniciativa reunirá alrededor de 48.000 entidades públicas y privadas, así como más de 5.000 comunidades a nivel nacional. Todos estos actores pondrán en marcha sus planes de emergencia, prácticas de autoprotección y mecanismos de coordinación interinstitucional. La escala de la convocatoria refleja la importancia que adquiere este simulacro en la construcción de una cultura de preparación y respuesta frente a desastres en el país, de acuerdo con la UNGRD.

Una de las novedades de la edición 2026 del simulacro es su estructura en dos momentos diferenciados pero complementarios. El primero tendrá lugar a las 10:00 a. m., momento en el que entidades públicas, privadas, organizaciones sociales, familias y ciudadanos se sumarán al ejercicio, revisando y poniendo a prueba sus capacidades de preparación y reacción ante emergencias.

El tipo de emergencia que se simulará variará según la evaluación previa que haya realizado cada municipio sobre sus escenarios de riesgo. En la mayoría de los casos, el ejercicio estará enfocado en sismos, por lo que es probable que se activen alarmas y se realicen evacuaciones, simulando lo que ocurriría en una emergencia real. En algunos municipios, el enfoque será otro tipo de amenaza, como inundaciones u otras situaciones identificadas en los diagnósticos locales de riesgo.

El segundo momento del simulacro se vivirá a las 2:00 p. m. y estará orientado especialmente a autoridades territoriales responsables de la gestión del riesgo. Durante esta fase, los participantes validarán sus Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias (ETRE), priorizando la articulación institucional y la toma de decisiones rápidas y coordinadas. Según información de la UNGRD, cerca del 46 % de los municipios inscritos participará en ambas fases de la jornada.

Según la UNGRD, este ejercicio busca no solo practicar el desalojo de espacios, sino identificar el nivel de preparación de las instituciones y comunidades. Esto implica evaluar la coordinación, la comunicación, el acceso a la información y la toma de decisiones bajo presión. También servirá para detectar debilidades en los planes existentes y precisar roles y responsabilidades de actores clave. La UNGRD extendió la invitación a todos los sectores sociales para participar, recordando que la preparación frente a una emergencia parte del conocimiento y la responsabilidad individual y colectiva.

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¿Cómo se divide el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 en Colombia?

El simulacro estará estructurado en dos momentos diferentes. El primero se realiza a las 10:00 a. m., involucrando entidades públicas, privadas y la ciudadanía en general, quienes pondrán a prueba sus capacidades de preparación y respuesta ante distintos tipos de emergencias, dependiendo del riesgo identificado en cada municipio. El segundo momento está programado para las 2:00 p. m. y se orienta a las autoridades territoriales de gestión del riesgo, quienes validarán sus estrategias institucionales de respuesta y fortalecerán la articulación para la toma de decisiones.

¿Qué significa ETRE en el contexto del simulacro nacional?

ETRE significa Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias, las cuales son mecanismos que permiten a las autoridades coordinar, decidir y actuar de manera organizada ante situaciones de riesgo. Durante el simulacro, las ETRE serán puestas a prueba especialmente en el segundo momento, para validar su eficacia y detectar aspectos que deban fortalecerse en cada territorio, según información de la UNGRD.

El funcionario calificó esta acción como un “nuevo ataque terrorista” y agradeció que, a pesar de la violencia del hecho, no se registraron víctimas fatales. Según Esquivel, la rápida respuesta de la Fuerza Pública incluyó el despliegue inmediato de refuerzos del Ejército Nacional y de la Fuerza URANO. Al mismo tiempo, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) y se puso en marcha el llamado ‘plan candado’ en las principales vías del municipio para encontrar a los responsables, tal como informó Radio Guatapurí.

En la información entregada por el gobierno departamental se indicó que el ataque sería una represalia violenta de grupos armados ilegales que operan en la zona, producto de recientes acciones de la Fuerza Pública contra sus redes y fuentes ilícitas de financiación, entre ellas el hurto de hidrocarburos. Esquivel aseguró que “cada vez que hay golpes certeros contra ellos, reaccionan atacando con drones”, dejando claro que las operaciones militares y policiales en Pelaya y la región continuarán sin detenerse.

Sin embargo, este acontecimiento vuelve a poner en evidencia las falencias en protección tecnológica que presentan varias estaciones de Policía en municipios vulnerables del Cesar. Según explicó Esquivel, la estación de Pelaya no cuenta con detectores antidrones, pese a los antecedentes violentos en la zona. Detalló que, hasta el momento, solo seis equipos de aproximadamente 60 previstos han sido entregados, y estos se han asignado a puntos críticos como Río de Oro. Además, subrayó que la solución definitiva debería incluir, además de detectores, inhibidores y sistemas de neutralización especializada, reclamando mayor celeridad al Gobierno nacional para cumplir con la entrega de estos dispositivos ya que, según sus declaraciones, los plazos establecidos para tal fin ya se encuentran vencidos.

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¿Cuántos policías resultaron heridos en el ataque con drones en Pelaya según las autoridades?

Según declaraciones del secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, a Radio Guatapurí, en el ataque con drones registrado en Pelaya resultaron heridos seis uniformados, dos de ellos con heridas de extrema gravedad.

¿La estación de Policía de Pelaya cuenta con tecnología antidrones frente a estos ataques?

De acuerdo con la información suministrada por Eduardo Esquivel, la estación de Policía de Pelaya no dispone de detectores antidrones. Aunque el departamento ha recibido algunos dispositivos, estos han sido asignados a otros puntos críticos, y Esquivel insistió en la necesidad de que todas las estaciones cuenten con sistemas de detección, inhibición y neutralización para mitigar estos riesgos.

(Vea también: “Inepta”: guantazo del papá del Colmenares a la Fiscalía, luego de absolución de Laura Moreno)

De acuerdo con lo revelado en el material difundido, fue precisamente ese trabajo de inteligencia comunicacional el que permitió a los investigadores atar cabos. En una de las llamadas, un hombre identificado como ‘Juanpi’ (Juan Valderrama)  pregunta con nerviosismo qué debe hacer y cómo manejar las preguntas de las autoridades. Su interlocutora le responde:

“Naturalidad. Tú y yo, pues, sobre todo, tú no tienes tampoco nada que ver. Yo tampoco, yo vi las cosas, pero yo tampoco tengo nada que ver en eso. Sabes, con naturalidad, lo que te pregunten lo respondes y ya. O sea, no le pongas tanto tiza a las cosas”.

En otro segmento, el mismo hombre admite su preocupación por lo que las autoridades pudieran saber: “Ellos saben toda la verdad, ¿cierto? Todo. Ellos saben todo. Ellos saben”.

La conversación evidencia el temor compartido entre quienes figuraban en la órbita del caso y la necesidad de coordinar sus relatos antes de ser interrogados.

Otra  llamada resulta especialmente reveladora: Carlos habla con su hermana momentos después de enterarse de la captura de Laura Moreno y la mujer le pregunta si las autoridades habrían actuado porque se enteraron de que Laura tenía planes de salir del país.

“Sí, yo creo que porque justo ahorita cuando ella se va, que en 2 días se va”, responde el interlocutor, antes de advertirle a Carlos que no salga.

Según el análisis presentado en el audio, la Fiscalía consideró que estas interceptaciones, sumadas a otras evidencias, eran suficientes para dictar órdenes de captura. El 7 de octubre de 2011, exactamente un año después de la muerte de Colmenares, Laura Moreno y Jessy Quintero fueron detenidas en Bogotá.

 

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¿Cuál fue el resultado del proceso judicial contra los implicados en el caso Colmenares?

Tras años de juicio, Laura Moreno y Jessy Quintero fueron condenadas en 2019 por el delito de omisión de socorro. Sin embargo, la condena por homicidio nunca prosperó por falta de pruebas suficientes, lo que dejó a la familia Colmenares y a gran parte de la opinión pública con la sensación de que la verdad completa jamás salió a la luz.

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¿Qué papel jugaron las interceptaciones telefónicas en la investigación del caso Colmenares?

Las llamadas captadas por la Fiscalía fueron determinantes para relacionar a los sospechosos con los hechos y para identificar posibles intentos de coordinar versiones. Esas grabaciones se convirtieron en prueba dentro del proceso y su contenido fue presentado ante los jueces como parte del acervo probatorio que sustentó las órdenes de captura.

El punto de partida para esta propuesta es el estigma que recae sobre el liderazgo femenino. De acuerdo con datos aportados por la Fundación Corona Rosa, a menudo las mujeres que defienden derechos o representan intereses colectivos son vistas como problemáticas o demasiado insistentes, en vez de ser reconocidas como agentes que promueven el bienestar de comunidades completas. Frente a ese panorama, el proyecto incorpora una campaña orientada a rechazar la estigmatización y fomentar el reconocimiento de las lideresas. Además, prevé procesos formativos en liderazgo, prevención de violencias, autocuidado, cultura de paz, diálogo social y concertación comunitaria.

Nimia Rosa Vega Murgas, directora ejecutiva de la Fundación Corona Rosa, explicó que se trata de ir más allá de los encuentros y reuniones. “La confianza no se construye únicamente abriendo espacios de reunión. Se construye cuando las personas se sienten escuchadas, cuando existe respeto y cuando los compromisos se convierten en acciones. Queremos que las lideresas encuentren instituciones dispuestas a dialogar y que las instituciones reconozcan en ellas a mujeres capaces de construir soluciones”, manifestó Vega Murgas.

El programa pretende también establecer espacios de intercambio entre las lideresas, las organizaciones comunitarias y los representantes institucionales, para escuchar, identificar necesidades y edificar acuerdos colectivos. Aunque hay 40 participantes directas, se calcula que la propuesta impactará de manera indirecta a unas 220 personas, incluyendo jóvenes, familias y miembros de las comunidades involucradas. Entre las acciones previstas se encuentran mesas de diálogo con actores institucionales, actividades pedagógicas para visibilizar los aportes de las lideresas y la construcción de acuerdos comunitarios para fortalecer la convivencia pacífica.

Al consolidar redes comunitarias de mujeres, la Fundación Corona Rosa y el Ministerio del Interior buscan no solo reconocimiento, sino también condiciones reales para una participación activa en la construcción de paz territorial. Como concluyó Vega Murgas, “una lideresa no debería tener que guardar silencio para ser respetada”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el programa ‘Tejemos Confianza y Vida’ y a quién beneficia?

El programa ‘Tejemos Confianza y Vida: Redes de Mujeres para la Seguridad Pacífica y la Paz Territorial’ es una iniciativa impulsada por la Fundación Corona Rosa junto con el Ministerio del Interior. Busca fortalecer el liderazgo femenino mediante formación, diálogo y reconocimiento público, priorizando a 40 mujeres lideresas y de base comunitaria, con un impacto proyectado de 220 personas entre familiares y miembros de sus comunidades.

¿Cuáles son las acciones para combatir la estigmatización de las mujeres lideresas?

El programa contempla una campaña de desestigmatización, procesos formativos en liderazgo, prevención de violencias, autocuidado, cultura de paz y diálogo social. Además, prevé mesas de diálogo con actores institucionales y actividades pedagógicas que visibilicen el aporte de las lideresas, en busca de acuerdos participativos que reconozcan su papel en la convivencia y la construcción de paz.

El origen del colapso presupuestal se centra en una inconsistencia detectada en el trámite del artículo 65 del proyecto. Según se estableció, una proposición modificatoria de dicho apartado fue incorporada al texto final como si contara con el aval de la Plenaria del Senado, pese a que nunca fue sometida a votación en esa corporación. Dado que la Cámara de Representantes había aprobado una versión divergente, el ordenamiento jurídico exigía adelantar un proceso de conciliación para unificar los textos antes de que venciera el plazo legal, procedimiento que se omitió por completo, según informó Semana.

Ante este panorama, las reacciones de los congresistas no se hicieron esperar, apuntando responsabilidades tanto al equipo jurídico del Ministerio de Hacienda como a la falta de rigurosidad de los ponentes. El representante liberal Octavio Cardona cuestionó severamente la labor jurídica gubernamental al señalar: “¿Dónde queda la responsabilidad de los abogados del MinHacienda? Se pierde el trabajo de Cámara y del Senado por falta de cuidado y rigor de funcionarios del Gobierno”.

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa recriminó el manejo del trámite legislativo y advirtió sobre las deficiencias en el seguimiento de una iniciativa tan sensible para las finanzas estatales: “Es insólito lo sucedido con una ley importante como lo es PGN”, afirmó, añadiendo que el episodio evidencia fallas procedimentales graves, como el intento de otorgar competencias al Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante una ley temporal sin naturaleza orgánica, lo que resumió lapidariamente con la frase “todo mal”.

En la misma línea intervino el senador del partido de la U, Antonio Correa, quien criticó el afán gobiernista por entregar resultados apresurados: “Le dije al Gobierno, escuchen, debatamos, concertemos! Por correr a entregarle una victoria al gobernante, como si fuésemos un apéndice del Ejecutivo. Hicieron las cosas mal de fondo y de forma. El país necesita una reforma política seria donde los elegidos por el pueblo le cumplan al pueblo y no al del lapicero”.

Con este escenario de nulidad procedimental, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se enfrenta a la compleja tarea de expedir el presupuesto mediante decreto, replicando los montos aprobados en las comisiones económicas conjuntas o ajustándose a los márgenes legales permitidos. La crisis no solo sepulta semanas de intenso debate parlamentario, sino que reabre el debate nacional sobre la necesidad de blindar los controles jurídicos en el Congreso para evitar que errores de trámite pongan en jaque la gobernabilidad fiscal del país.

El contundente pronunciamiento de Rodríguez se produjo apenas un día después de que la Procuraduría General de la Nación abriera formalmente una investigación disciplinaria en su contra y en contra del exministro del Interior, Armando Benedetti. La actuación del Ministerio Público, asumida por la delegada Patricia Carrillo tras la publicación de reportes periodísticos, busca esclarecer si los dos exaltos funcionarios utilizaron la cumbre efectuada en octubre de 2025 en Valledupar con excomandantes de las AUC —como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40’) y Carlos Mario Jiménez (‘Macaco’)— para presionar falsos testimonios que salpicaran a figuras de la oposición, entre ellos Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y el hoy presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

Lejos de intimidarse o matizar el alcance de sus versiones ante el expediente disciplinario en curso, Rodríguez ratificó la veracidad de lo dicho a las autoridades judiciales y al periodismo de investigación. En el comunicado difundido por Caracol Radio, la exdirectora del Dapre defendió su postura de destapar las presuntas irregularidades que atestiguó desde las altas esferas del Ejecutivo, manifestando categóricamente: “No me retracto de ninguna de las denuncias ni declaraciones que he realizado públicamente”.

En el mismo documento, la exgerente del Fondo de Adaptación reveló detalles estremecedores sobre el ambiente de coacción e intimidación en el que se vio envuelta antes de hacer públicas sus denuncias. Según su testimonio, el propio exmandatario la amenazaba constantemente advirtiéndole que “nadie le creería” y sugiriéndole que se encontraba bajo estricta vigilancia. La exfuncionaria relató además haber sido víctima de advertencias sobre un supuesto “plan B”, amenazas de encarcelamiento y presiones psicológicas continuas orientadas a doblegar su voluntad e impedir que la verdad sobre las reuniones en la capital del Cesar saliera a la luz.

Finalmente, Rodríguez vinculó las recientes actuaciones e investigaciones disciplinarias a una estrategia orquestada para desacreditar su testimonio y restar validez a sus aportes a la justicia. “Yo viví lo que considero trampas e intentos de desprestigiarme, pero no me arrepiento de haber denunciado”, sentenció la exdirectora, reiterando que deja la resolución de estos graves hechos en manos de los organismos de control y las autoridades competentes, mientras adopta medidas extremas de autocuidado para salvaguardar su vida y la de su círculo familiar más cercano.

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La acción judicial contempla presuntas conductas de peculado, concierto para delinquir, injuria y calumnia agravadas, además de una posible violación de datos personales. Los hechos deberán ser examinados por las autoridades, pues la presentación de una denuncia no significa que los delitos mencionados estén demostrados.

El anuncio se conoce en medio del enfrentamiento público entre Petro y Rodríguez, quien ha hecho declaraciones sobre supuestas irregularidades durante el Gobierno y sobre la relación del mandatario con otras personas de su entorno.

Los señalamientos de Angie Rodríguez contra Gustavo Petro

Uno de los episodios más recientes de la controversia se relaciona con las afirmaciones de Rodríguez sobre Laura Sarabia, exdirectora del Dapre, excanciller y exembajadora de Colombia en el Reino Unido. La exfuncionaria aseguró que Sarabia habría chantajeado a Petro para conseguir el nombramiento diplomático y sostuvo que tendría fotografías y videos relacionados con la vida privada del entonces mandatario.

Rodríguez afirmó que vio ese material en un computador y aseguró que Sarabia tenía información con la que, según su versión, podía presionar al expresidente. También sostuvo que la exfuncionaria habría concentrado poder dentro del Gobierno hasta el punto de controlar el acceso al mandatario. Según su relato, los ministros tenían dificultades para comunicarse directamente con Petro y Sarabia actuaba como intermediaria en asuntos de alto nivel.

La exdirectora del Dapre también señaló a Verónica Alcocer, exprimera dama, al afirmar que habría tenido cercanía con Sarabia en decisiones relacionadas con nombramientos y contratación. Además, sostuvo que ambas habrían intervenido para apartar a Armando Benedetti del círculo presidencial porque lo consideraban una amenaza. Estas afirmaciones hacen parte de la versión de Rodríguez y requieren verificación por parte de las autoridades.

Otro de los asuntos que puso sobre la mesa está relacionado con las intervenciones a las EPS. Rodríguez aseguró que, cuando trabajaba como asesora del entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, conoció situaciones en las que, según ella, las instrucciones sobre la Superintendencia Nacional de Salud y los interventores provenían de la Casa de Nariño. En ese contexto, mencionó a Sarabia y al exsuperintendente Luis Carlos Leal, y pidió que se esclareciera quién impartía las órdenes y cómo se tomaban esas decisiones.

Frente a las acusaciones relacionadas con Sarabia, Petro anunció que acudiría a la justicia y negó que hubiera existido un crimen entre ambos. Sarabia, por su parte, pidió que los señalamientos se lleven ante las autoridades con pruebas y sostuvo que corresponde a la justicia determinar si hubo conductas ilícitas.

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En una entrevista con Daniel Samper Ospina, Rodríguez afirmó que conoció material que, según dijo, estaría en poder de Sarabia. La exdirectora sostuvo que ese contenido habría sido utilizado para ejercer presión sobre Petro, aunque no presentó públicamente las imágenes ni los videos mencionados en sus declaraciones.

“Yo sí vi en un computador fotos y videos. Laura tiene todo”, afirmó Rodríguez al referirse al supuesto material. La exfuncionaria vinculó esas imágenes con lo que describió como una red de mujeres alrededor del presidente y habló de una vida personal que, según sus palabras, estaba marcada por excesos.

“El presidente desafortunadamente tenía una vida de excesos, una vida loca, lo que ustedes cubrían en los medios como ‘agenda privada’”, declaró durante la conversación. Sus afirmaciones apuntan a presuntas situaciones personales del mandatario y al supuesto conocimiento que Sarabia tendría de ellas.

Angie Rodríguez le envió mensaje a Laura Sarabia y le pidió que hablara

Durante la entrevista, Rodríguez también se dirigió directamente a la exfuncionaria y la invitó a pronunciarse sobre los hechos que ella asegura conocer. En su mensaje, insistió en que Sarabia tendría información sobre la vida privada del mandatario y que, según su versión, habría aprovechado ese conocimiento para presionarlo.

“Laura, usted quiere darle un ejemplo de honestidad al país, la invito a que hable, porque usted más que nadie sabe que no estoy diciendo mentiras. Y usted se aprovechó para sacar toda la información”, manifestó Rodríguez.

La exdirectora del Dapre relacionó esos señalamientos con un supuesto chantaje al presidente. También sostuvo que el material al que se refería incluiría imágenes de Petro con mujeres, aunque no expuso públicamente las fotografías o los videos ni presentó en la entrevista pruebas que permitieran verificar sus afirmaciones.

Las declaraciones se suman a los señalamientos que Rodríguez ha hecho sobre el supuesto papel de Sarabia en el entorno presidencial. En una entrevista con Caracol Radio, la exdirectora del Dapre afirmó que la presión habría estado relacionada con el nombramiento de Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido.

Durante el análisis, se evidenció que el texto aprobado en el Senado podría haber sido modificado posteriormente en la Cámara de Representantes sin que existiera un proceso de conciliación, situación que pondría en riesgo la validez jurídica del presupuesto. De acuerdo con reportes de El Espectador, asesores jurídicos de ambas corporaciones y del Ejecutivo están revisando las actas de los debates. Varios funcionarios consultados indicaron que, efectivamente, en el Senado se habría aprobado el texto del presupuesto sin votar la proposición relacionada con el artículo 65, pero que esta sí fue incluida y avalada en la Cámara. Esto habría provocado que los plenarios de ambas cámaras terminaran votando versiones distintas del articulado, un error de trámite grave que podría considerarse un vicio de inconstitucionalidad.

Figuras políticas como la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, advirtieron sobre la existencia de este vicio y anunciaron posibles acciones legales. Mientras tanto, fuentes del Ejecutivo señalaron que, como consecuencia de este error, el presidente Abelardo de la Espriella tendría que expedir el presupuesto vía decreto, una medida respaldada por la facultad de traslado presupuestal otorgada tras la aprobación en comisiones. También el secretario del Senado, Diego González, aclaró que la mencionada proposición nunca fue votada en el Senado, y el senador Carlos Meisel precisó que esta situación no invalida todo el proceso, pues lo aprobado en el primer debate en comisiones sigue en pie.

El artículo 65, objeto de la polémica, está relacionado con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y fue propuesto en el Senado por Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático. Esta controversia ha desencadenado debates políticos tanto en el gabinete como en las bancadas del Congreso, y expone la complejidad y riesgos de los procedimientos legislativos en temas clave para el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue polémico el artículo 65 del presupuesto en Colombia en 2023?

La polémica por el artículo 65 surgió porque la proposición referente a este tema, vinculada al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, no fue votada en el Senado pero sí en la Cámara de Representantes, según explicó El Espectador. Esto llevó a que las cámaras aprobaran textos distintos del presupuesto, generando cuestionamientos sobre la constitucionalidad y validez del proceso.

¿Qué consecuencias tiene que el presupuesto de Colombia se expida por decreto?

De acuerdo con fuentes citadas por El Espectador, el presupuesto podría ser expedido por decreto debido al vicio de trámite detectado. Esto implica que el presidente asume la facultad de definir el presupuesto directamente, basándose en el articulado avalado en comisiones, lo que podría aumentar la tensión política y abrir espacios para demandas o cuestionamientos por parte de la oposición.

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Las maniobras de rescate se extendieron durante más de cuatro días debido a la inundación de la bocamina, una condición que dificultó las tareas para llegar hasta el trabajador y recuperar su cuerpo.

Dicha emergencia movilizó a diferentes organismos de socorro y entidades encargadas de la seguridad minera, que mantuvieron las labores en el yacimiento para intentar localizar al trabajador atrapado.

En el operativo participaron la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Policía Nacional, la Cruz Roja y los Bomberos Voluntarios de Ubaté, junto con la empresa operadora Sociedad MyM S.A.S.

¿Cómo fue el rescate del minero atrapado en Cucunubá?

Las labores se concentraron en la mina de carbón La Gallinacera, ubicada en jurisdicción de Cucunubá, donde la inundación de la entrada subterránea complicó el acceso a la zona en la que permanecía Malaver.

Durante las 103 horas de operación, los equipos de rescate adelantaron maniobras para superar las condiciones que impedían llegar hasta el trabajador. La recuperación del cuerpo se concretó después de varios días de esfuerzos coordinados entre las entidades participantes.

La presencia de organismos de socorro y personal vinculado a la operación minera permitió mantener las labores hasta encontrar al trabajador. Sin embargo, el desenlace fue fatal y el cuerpo fue recuperado sin vida.

¿Qué entidades participaron en la emergencia minera?

La operación contó con la intervención de la Agencia Nacional de Minería, encargada de asuntos relacionados con la actividad minera en el país, además de la Policía Nacional, la Cruz Roja y los Bomberos Voluntarios de Ubaté.

También participó la Sociedad MyM S.A.S., empresa operadora de la mina, en las tareas relacionadas con la emergencia.

El caso vuelve a poner la atención sobre los riesgos que enfrentan los trabajadores de las minas subterráneas, especialmente cuando se presentan inundaciones que dificultan el ingreso y las labores de recuperación.

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La joven llegó a la capital del Valle del Cauca el jueves 8 de octubre. Ese día le envió a su hermana una fotografía que confirmaba su llegada y le explicó que debía esperar hasta las 3:00 de la tarde para ingresar al alojamiento en el que se quedaría. Sin embargo, no les indicó el nombre ni la dirección exacta del lugar.

De acuerdo con sus familiares, María Alejandra había viajado para trabajar como modelo de protocolo en eventos de mercadeo. Aunque acostumbraba desplazarse por compromisos profesionales, sus allegados aseguran que no conocían con precisión qué empresa la había contratado en esta ocasión ni quiénes serían sus contactos durante la estadía.

¿Cuál fue el último rastro de María Alejandra Molina?

La última conversación que Natalia recuerda con su hermana ocurrió el domingo 11 de octubre, alrededor de las 6:53 p. m. Después de recibir el mensaje, le contestó, pero no obtuvo una nueva respuesta. Al día siguiente intentó comunicarse otra vez y advirtió que los mensajes ya no llegaban al teléfono de la joven.

A partir de ese momento, sus familiares comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos mediante fotografías y registros bancarios. Entre los datos que examinan figura una transacción de 172.000 pesos, registrada el domingo a las 6:41 p. m., que, según una amiga citada por El Tiempo, podría estar relacionada con el pago de un alojamiento mediante Airbnb. No se ha confirmado que ese movimiento corresponda al lugar donde se hospedaba la modelo.

Las imágenes que María Alejandra envió desde Cali tampoco han permitido identificar el establecimiento. Su hermana ha revisado habitaciones y opciones de hospedaje que se parecen a las fotografías, pero todavía no ha logrado establecer una coincidencia. La familia busca que las autoridades obtengan información que permita verificar la ubicación del alojamiento y reconstruir los movimientos de la joven.

¿Qué otras pistas busca aclarar la familia?

Otro elemento que despierta interrogantes es el lugar en el que María Alejandra habría pasado esos días. Una amiga de la joven manifestó que, por ciertos detalles visibles en una de las fotografías, sospecha que podría tratarse de un apartamento turístico y no de un hotel convencional. Sin embargo, esa apreciación no confirma qué tipo de alojamiento utilizó ni cuál era su dirección.

Los allegados también intentan identificar a las personas que la contrataron y conocer los compromisos laborales que tenía previstos en Cali. Hasta ahora, según la información publicada, no cuentan con datos suficientes para establecer qué empresa estaba detrás de la oferta o con quién debía encontrarse durante esos días.

La familia presentó una denuncia y espera que las autoridades avancen en las verificaciones necesarias. Entre sus solicitudes están revisar registros de seguridad, comunicaciones y posibles movimientos de transporte que ayuden a determinar qué ocurrió después del último contacto con la modelo. Sus familiares también han expresado temor de que pudiera haber salido del país, aunque no hay información confirmada que respalde esa hipótesis.

A pesar de la declaración tajante del presidente, recalcando que no se considerará un canje humanitario y que “la única salida es la captura o la entrega incondicional de estos secuestrados”, hasta el momento no se ha establecido un plan concreto para determinar el paradero de las víctimas, facilitar su liberación y judicializar a los responsables del delito. Estas declaraciones surgen en un contexto en el que la administración de De la Espriella reportó, el 28 de septiembre, una disminución notable en los delitos considerados de alto impacto durante el primer mes de gestión del actual gobierno.

Las cifras presentadas por el presidente indican que, en agosto de 2026, los casos de secuestro experimentaron una caída del 79 % en comparación con los reportados en agosto de 2025. Además, los delitos de extorsión disminuyeron en un 62 %, mientras que las masacres tuvieron una reducción del 58 %, según información del gobierno. Las declaraciones de De la Espriella y las acciones adoptadas han generado reacciones entre las familias de los secuestrados, quienes han hecho un llamado directo al mandatario para que escuche sus solicitudes y avance en la búsqueda de sus seres queridos, de acuerdo con información publicada en El Espectador. Sin embargo, la ausencia de un plan oficial concreto y público para afrontar la situación sigue generando incertidumbre sobre las próximas etapas en la lucha contra el secuestro y la violencia ejercida por los grupos narcoterroristas en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la posición del presidente Abelardo De la Espriella frente al canje humanitario para los secuestrados en Colombia?

El presidente Abelardo De la Espriella descarta la posibilidad de un canje humanitario para los secuestrados y enfatiza que la única alternativa válida, según sus declaraciones, es la captura de los responsables o la entrega incondicional de los secuestrados, tal como se informó en los comunicados difundidos por el gobierno.

¿Cómo han evolucionado los delitos de secuestro y extorsión en el primer mes de gobierno de De la Espriella?

Durante el primer mes de gestión del presidente De la Espriella, el gobierno reportó una significativa disminución en los delitos de alto impacto. Según datos oficiales, el secuestro redujo su incidencia en un 79 %, la extorsión disminuyó un 62 % y las masacres un 58 % entre agosto de 2025 y agosto de 2026.

Las imágenes difundidas después del siniestro permiten dimensionar la fuerza del impacto. El vehículo gris quedó con la parte inferior expuesta y presentó daños considerables en diferentes zonas de la carrocería.

El registro audiovisual muestra que la defensa delantera quedó parcialmente desprendida, mientras el capó terminó con fuertes deformaciones. También se observan afectaciones en las puertas y ventanas del automóvil, que quedó en una posición que dificultó el paso de otros vehículos.

#CUNDINAMARCA. Se presenta siniestro vial en la vía Bogotá – La Vega en el sector de El Rosal. Al parecer el conductor de un vehículo tipo automóvil pierde el control del mismo y terminó volcado. Afortunadamente, no se reportan víctimas fatales. https://t.co/7AyGBhT6FT

— Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 20, 2026

Otro detalle que llamó la atención fue la presencia de humo que comenzó a salir del automóvil después del impacto. El carro terminó atravesado entre el separador y parte de la calzada, situación que contribuyó a las dificultades para circular por este corredor de Cundinamarca.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 14, en el tramo comprendido entre Madrid y El Rosal. El siniestro provocó largas filas de vehículos en ambos sentidos de la vía Bogotá-La Vega, por lo que se recomendó a los conductores transitar con precaución y contemplar mayores tiempos de desplazamiento.

Al lugar también llegaron organismos de socorro y unidades de tránsito para atender la emergencia. Los ocupantes del vehículo fueron valorados por personal médico después del accidente.

Hasta el momento, la información disponible no establece cuántas personas resultaron afectadas ni cuál es su estado de salud. Tampoco se conocen con precisión las circunstancias que provocaron el volcamiento. 

Sin embargo, no se trata de un libre acceso. A partir de 2016, durante la presidencia de Juan Manuel Santos y en el contexto del proceso de paz, se implementó la suspensión de nuevos permisos para portar armas. Esta medida hizo parte de ocho iniciativas enfocadas en la Seguridad Ciudadana que buscaban favorecer una mayor protección y convivencia, y fue extendida en los siguientes periodos presidenciales bajo el mandato de Iván Duque y Gustavo Petro. A pesar de la suspensión, existen excepciones que siempre se han mantenido vigentes. Por ejemplo, las empresas de seguridad privada, reguladas por la Superintendencia de Vigilancia, las compañías que transportan valores o divisas, escoltas, así como la reserva activa y los veteranos de las fuerzas del orden, han continuado con la posibilidad de portar armas bajo regulación estatal.

Por esta razón, no es correcto afirmar que las decisiones presidenciales relacionadas con este asunto sean ilegales o carezcan de soporte jurídico. El presidente tiene la capacidad de mantener, modificar o suspender los decretos que rigen las medidas de seguridad, como lo estipula el marco legal vigente.

Uno de los resultados destacables de estas restricciones legales y otras medidas de Seguridad Ciudadana fue la consecución de una de las tasas de homicidio más bajas en la historia reciente del país. No obstante, a la fecha el trámite para la adquisición de un arma de fuego se mantiene igual: debe gestionarse ante el Departamento Nacional de Control de Municiones y Armas, cumpliendo requisitos como exámenes médicos y psicosociales, revisión de antecedentes, visita domiciliaria, pruebas de aptitud y justificación válida de la necesidad del arma.

Es fundamental aclarar que la posesión de un permiso para portar armas no le otorga a nadie inmunidad frente a la justicia por delitos que puedan perpetrarse empleando dichas armas. La existencia del permiso tampoco autoriza a disparar, ni siquiera en defensa personal, sin que se inicie una investigación criminal al respecto.

De acuerdo con estudios de la Universidad de Boston y el Alto Centro de Investigación de Seguridad de Brasil, flexibilizar el acceso a armas no se traduce en una reducción de la criminalidad; por el contrario, en los primeros años, los índices de violencia pueden aumentar entre un 22 % y un 28 %, principalmente en conflictos entre ciudadanos, más que en acciones dirigidas contra delincuentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede tramitar un permiso para portar armas de fuego en Colombia?

El trámite para obtener un permiso de armas de fuego en Colombia, según la normatividad vigente, debe hacerse ante el Departamento Nacional de Control de Municiones y Armas. El proceso involucra exámenes médicos, una evaluación psicosocial, revisión de antecedentes legales, visita domiciliaria, pruebas de aptitud y una justificación detallada de la necesidad del arma.

¿Qué impacto tuvo la suspensión de permisos de armas en la seguridad ciudadana en Colombia?

Según el artículo, la suspensión de nuevos permisos de armas, junto con otras medidas en Seguridad Ciudadana implementadas desde 2016, coincidió con una reducción histórica en la tasa de homicidios en Colombia. Sin embargo, investigaciones recientes indican que flexibilizar el acceso a armas puede aumentar la violencia entre ciudadanos, en vez de disminuir la criminalidad.

De acuerdo con la información proporcionada, el proceso involucra a familias provenientes de varios corregimientos de Valledupar y de municipios vecinos como Astrea y Bosconia. La decisión de levantar el plantón se tomó el martes 20 de octubre, esto después de un encuentro con representantes de las autoridades regionales. Bernarda Márquez Gómez, una lideresa de las víctimas, relató que durante la reunión les comunicaron la apertura de una ruta de gestión y les ofrecieron explicaciones detalladas sobre cómo avanzaría el proceso relacionado con sus necesidades habitacionales. Márquez Gómez explicó que las entidades competentes en materia de vivienda participarían en la solución y señaló: “Nos dijeron que les diéramos 20 días para darnos la respuesta”.

Esta solicitud motivó a los manifestantes a retirarse del lugar pacíficamente. Según la lideresa, “a las 2 de la tarde nosotros hablamos con la gente, la reunimos”, y tras explicarles lo conversado con las autoridades, los representantes recogieron los residuos y dejaron limpio el espacio en el que habían pasado la noche, mostrando una actitud cívica y de respeto. Los participantes de este proceso regresaron a sus hogares, atentos ahora al cumplimiento del nuevo compromiso.

La protesta tenía su origen en diferentes reclamos que van más allá de la vivienda, incluyendo la búsqueda de oportunidades para generar ingresos y el pedido de protección a los líderes sociales, quienes han sufrido amenazas y riesgos por su rol en la defensa de los derechos de las víctimas. Las familias afectadas señalan que llevan 11 años esperando que el Estado les repare y reconozca sus derechos tras los hechos de violencia. Por ahora, aunque el retiro de la protesta permitió abrir una ruta de gestión, este paso todavía no representa una solución definitiva, sino la esperanza en que, en el plazo prometido, las autoridades puedan finalmente ofrecer alternativas concretas y efectivas para quienes siguen esperando justicia y reparación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué peticiones principales hicieron las víctimas del conflicto armado frente a la Gobernación del Cesar?

Las víctimas del conflicto armado solicitaron principalmente soluciones relacionadas con el acceso a vivienda digna, la generación de ingresos y medidas de protección para los líderes sociales. Estas exigencias fueron el motivo central del plantón realizado en Valledupar y son el resultado de una espera de 11 años por la reparación de sus derechos, según información dada a conocer por los propios manifestantes y líderes.

¿Cuánto tiempo pidieron las autoridades para responder a las peticiones de las víctimas y qué pasos seguirán?

De acuerdo con el relato de Bernarda Márquez Gómez, las autoridades solicitaron específicamente un plazo de 20 días para dar una respuesta formal a las peticiones presentadas durante la protesta. En ese lapso, se comprometieron a realizar gestiones con las entidades responsables en materia de vivienda y a definir la ruta de atención adecuada para atender los reclamos de las familias afectadas.

(Vea también: Viuda de Miguel Uribe Turbay afirma que el asesinato fue financiado desde Venezuela y la orden salió del Congreso)

Los primeros mensajes llegaron el 16 de abril de 2025, desde un número desconocido. En ellos, el remitente le pidió a la senadora extremar las medidas de seguridad y mantenerse protegida con su esquema de escoltas.

Cinco días después, el 21 de abril, la misma persona volvió a contactar a la congresista. Según la publicación de Noticias RCN, le solicitó una llamada y, al no conseguirla, le pidió que respondiera por escrito para transmitirle información que consideraba urgente.

En uno de esos mensajes, el informante mencionó a Luis Alberto Albán Urbano, conocido como alias ‘Marcos Calarcá’, y aseguró que estaría organizándose un grupo de ocho hombres para ejecutar un atentado. También sostuvo que la instrucción criminal habría salido del Senado, una afirmación que debe ser verificada por las autoridades.

¿Qué decían los chats sobre el plan para atentar contra Miguel Uribe?

Uno de los mensajes divulgados por Noticias RCN contenía una advertencia directa sobre el supuesto plan criminal. El remitente justificó su insistencia al asegurar que la información provenía de alguien cercano a la organización señalada.

“Me lo dijo una fuente muy fiel y muy cercana a ellos, yo le creo 100 por ciento”, escribió la persona, según la transcripción publicada por el medio.

En otra parte de la conversación, el informante afirmó que la orden habría salido del Senado y explicó por qué decidió contactar a la congresista: “No puedo permitir que les llegue a pasar algo sin antes avisarle, por eso le digo para que extreme sus medidas de seguridad”.

La advertencia no se limitaba a Miguel Uribe Turbay. En los mensajes también se mencionaba a otros dirigentes políticos, entre ellos Álvaro Uribe Vélez y la propia congresista. En un oficio posterior, la senadora puso en conocimiento de la Fiscalía otra información sobre un presunto atentado contra el expresidente y contra ella, que el informante relacionaba con el Clan del Golfo.

“Él me dice que la orden salió del Senado (…) Yo a ustedes los quiero mucho a usted a la doctora Paola y al doctor Miguel Uribe, no puedo permitir que les llegue a pasar algo sin antes avisarle, por eso le digo para que extreme sus medidas de seguridad”, se lee en la conversación, según el citado medio.

¿Qué pasó con los mensajes el día del atentado?

El 7 de junio de 2025, día en que Miguel Uribe Turbay fue atacado a tiros durante una actividad política en Bogotá, la fuente volvió a escribirle a la senadora. En ese mensaje cuestionó dónde se encontraba el esquema de seguridad del entonces senador y precandidato presidencial al momento de la agresión.

Posteriormente, el 16 de junio de 2025, la congresista radicó un oficio dirigido a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en el que expuso el contenido de las conversaciones y solicitó que se investigara la información recibida.

Ese documento también incluyó la advertencia sobre un posible atentado contra Álvaro Uribe Vélez y la senadora, que presuntamente estaría relacionado con el Clan del Golfo, según lo manifestado por el informante.

¿Qué investiga la Fiscalía sobre los chats?

De acuerdo con Noticias RCN, el grupo de fiscales especializados que trabaja en el caso del magnicidio de Miguel Uribe adelanta verificaciones sobre el contenido de los mensajes y ya tiene ubicada a la persona que contactó a la congresista. El objetivo es que rinda entrevista y permita corroborar la información suministrada.

Por ahora, las afirmaciones contenidas en las conversaciones deben entenderse como señalamientos pendientes de comprobación judicial. La mención de personas en los mensajes no demuestra por sí misma su participación en la planeación u orden del crimen.

La investigación deberá establecer la credibilidad de la fuente, el alcance de las advertencias y si existían datos verificables sobre el plan criminal antes del ataque. También tendrá que determinar qué información llegó a las autoridades y qué actuaciones se adelantaron frente a las alertas recibidas.

En el mensaje publicado en su cuenta oficial, el presidente De la Espriella resaltó la necesidad de que los centros penitenciarios dejen de ser espacios donde los criminales burlan la justicia y persisten en sus delitos. Según información proporcionada por el Inpec a El Espectador, los reclusos trasladados fueron enviados a establecimientos con pabellones de nivel uno de seguridad, lo que implica mayores controles internos y medidas más estrictas de vigilancia.

Por otro lado, en el municipio de Girón, Santander, las autoridades incautaron una tarjeta SIM, 5,58 gramos de lo que se presume es una sustancia vegetal, una batería y un cable de datos. El presidente enfatizó en otro trino que su instrucción es clara: las cárceles deben ser espacios exclusivos para la ejecución de condenas y no para actividades ilícitas.

El pasado 19 de octubre, el presidente también emitió una orden dirigida al Inpec para trasladar a jefes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y de las disidencias de las Farc recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Arauca. El objetivo es enviarlos a centros de máxima seguridad en otras regiones del país, como medida urgente tras un consejo de seguridad debido a la situación de orden público reportada en Arauca. De acuerdo con De la Espriella, la directriz fue comunicada al director del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez, y abarca también otros objetivos considerados de alto impacto.

"Ninguno de estos bandidos de las Farc o del Eln que delinquen aquí se va a quedar en Arauca, y tampoco los extorsionistas, porque siguen delinquiendo desde las cárceles," afirmó el presidente, enfatizando que los traslados debían ejecutarse de forma inmediata.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella ordenó trasladar presos a otras cárceles en Colombia?

De acuerdo con los mensajes oficiales y la información compartida por Inpec a El Espectador, el presidente Abelardo de la Espriella busca impedir que las cárceles sirvan como centros desde donde se planean y ejecutan delitos, incluso mientras los reclusos cumplen sus condenas. Por eso ordenó los traslados hacia penales con mayor nivel de seguridad en varios departamentos.

¿Qué son los pabellones nivel uno de seguridad a los que fueron trasladados los presos?

Los pabellones nivel uno de seguridad en los establecimientos penitenciarios, de acuerdo con lo reportado por el Inpec y citado por El Espectador, son espacios donde se aplican controles estrictos y una vigilancia reforzada. Esto busca evitar que los internos participen en nuevas actividades delictivas desde el interior de las cárceles.

El calendario electoral para estos comicios también está próximo a ser presentado. En palabras del registrador Penagos, "en octubre estamos presentando a Colombia el calendario electoral para las elecciones locales, es decir, alcaldes, gobernadores, concejales, asambleas y juntas administradoras locales, ya estamos trabajando, poniendo a punto todo el sistema electoral para estas elecciones". La organización y planificación de estos comicios es fundamental, ya que la elección de mandatarios y representantes locales tiene un impacto profundo en la dinámica política nacional.

Adicionalmente, la Registraduría ha venido realizando otras labores relevantes para la preparación de las elecciones. Penagos participó en una comisión de debates presidenciales de Funicar, donde señaló la importancia de discutir si estos debates requieren de una reglamentación específica y si podría establecerse como una obligación legal o constitucional para fortalecer el derecho a la información de la ciudadanía. Asimismo, advirtió sobre el creciente número de partidos políticos en Colombia; mientras que en 2009 se contabilizaban cerca de 16 partidos, la cifra aumentó a aproximadamente 45 para el periodo 2016-2024. Este fenómeno plantea retos para el sistema electoral y la representatividad política, situación que, según Penagos, debería ser objeto de debate para posibles reformas.

Las elecciones que se avecinan serán también una prueba para el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien estrena personería jurídica con el partido Defensores de la Patria. Su desempeño en las urnas pondrá en evidencia la acogida de su gestión, especialmente frente a partidos tradicionales como el Centro Democrático, y las alianzas o tensiones con otros actores políticos, en particular con las colectividades en el Congreso. Esto resulta clave en un contexto en el que el presidente, si bien contó con apoyo mayoritario para su elección, ha tomado distancia de los partidos tradicionales, generando dinámicas nuevas en el espectro político.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara la Misión de Observación Electoral para las elecciones regionales de 2027?

La Misión de Observación Electoral, encabezada por Alejandra Barrios, inicia su labor con la instalación oficial en la Registraduría y la participación de sus 34 delegaciones regionales. Durante este evento, se presentan análisis sobre comicios anteriores, lo que permite entender mejor la conformación política del país y prever posibles retos para el proceso electoral de 2027, según la información proporcionada por la MOE.

¿Cuál es el impacto del aumento de partidos políticos en el sistema electoral colombiano?

Según lo advertido por el registrador Hernán Penagos, el crecimiento del número de partidos, que han pasado de alrededor de 16 en 2009 a unos 45 para el periodo 2016-2024, representa un desafío significativo para la eficacia y representatividad del sistema político. Este escenario plantea la necesidad de debatir reformas que permitan fortalecer la estructura del sistema electoral en Colombia.

Félix Valera, secretario de Gobierno, explicó que la elección del escenario de vendaval no es casual. Según el funcionario, profesionales de la Oficina de Gestión del Riesgo analizaron las amenazas que enfrenta el municipio, especialmente durante la temporada de lluvias. Como precedente, Valera recordó un hecho del año anterior en el que un vendaval provocó la caída de 48 árboles en distintas zonas del municipio. A raíz de ese incidente, se intensificaron las labores en conjunto con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y la concesión a cargo del arbolado, orientadas a identificar e intervenir los árboles que representan peligro para la población.

El simulacro servirá para revisar específicamente la coordinación entre los organismos de emergencia y para ensayar las decisiones que deberían adoptarse frente a múltiples puntos afectados. Valera fue enfático al señalar que se busca medir "la capacidad de respuesta institucional, la coordinación entre los organismos de emergencia, la priorización de las acciones y la toma de decisiones". Los resultados de esta jornada se sistematizarán en una matriz y serán remitidos al nivel nacional. De acuerdo con el secretario, la valoración de esta experiencia permitirá determinar debilidades y establecer acciones de mejora para enfrentar emergencias reales.

El simulacro de la tarde será totalmente diferente al ejercicio programado para las 10:00 de la mañana, cuando entidades públicas, empresas privadas y comunidades implementarán sus propios planes de emergencia en escenarios ajustados a sus riesgos particulares. Según el informe más reciente aportado por Valera, hasta el momento hay 170 participantes inscritos en el simulacro general: 149 entidades y 21 comunidades, entre ellas una junta de acción comunal de Los Corazones y 20 conjuntos residenciales.

Tiler Tamayo, jefa de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo, señaló a EL PILÓN que en comparación con el año 2025, cuando se registraron 119 inscritos, este año se alcanzó un total de 170. Esto representa un incremento del 42,9%, es decir, 51 inscritos adicionales entre entidades públicas, privadas y comunidades.

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¿Qué es un simulacro nacional de respuesta a emergencias en Valledupar?

Un simulacro nacional de respuesta a emergencias en Valledupar es una actividad organizada por las autoridades locales para ensayar y evaluar la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia, entidades públicas, empresas privadas y comunidades ante situaciones de amenaza. En esta ocasión, el ejercicio se enfoca en un escenario de vendaval con caída de árboles, permitiendo medir la coordinación, la implementación de los planes de emergencia y la toma de decisiones frente a eventos similares que podrían ocurrir en la realidad.

¿Cuáles son los objetivos principales del simulacro de vendaval en Valledupar?

De acuerdo con lo expresado por las autoridades municipales, los objetivos del simulacro son evaluar la capacidad de respuesta institucional, la coordinación entre los organismos de emergencia, la priorización de las acciones y la toma de decisiones en escenarios de desastre. Los resultados obtenidos servirán para identificar debilidades y proponer mejoras en los protocolos de atención ante emergencias, preparando así tanto a funcionarios como a la comunidad para afrontar eventos reales.

La posible llegada de Hinojosa a la Asamblea supone un reto para los actuales diputados del partido Conservador, José Mario Rodríguez y Fawzi Muvdi, pues en las elecciones regionales rápidamente se configurará una competencia interna por las curules. Según información de EL PILÓN, además de Hinojosa, se contemplan otros nombres que podrían sumarse a la contienda, como los concejales José Ávila Díaz, André Molina Carvajal y José Alberto Morillo, quienes también suenan como aspirantes a la Asamblea Departamental. Esta multiplicidad de figuras evidencia el interés y la dinámica interna del partido por consolidar liderazgos y proyección regional.

Hinojosa llegó al Concejo de Valledupar en 2016 y, de completar su periodo hasta 2027, sumaría tres mandatos consecutivos en la corporación. Uno de los aspectos que más destaca de su trayectoria es el respaldo recibido en las zonas rurales de Valledupar. De hecho, en las más recientes elecciones locales, se consolidó como el concejal más votado, consolidando así un capital político relevante en territorios alejados del casco urbano y dando cuenta de su capacidad para conectar con diferentes sectores sociales. Esto podría ser clave en su búsqueda por llegar a la Asamblea Departamental, ya que requiere conquistar votos a nivel de todo el Cesar y no solo centrarse en Valledupar.

Con estos movimientos políticos anticipados, el partido Conservador en el Cesar se prepara para un proceso electoral complejo, donde la renovación y la competencia serán protagonistas. El futuro de Hinojosa y los otros precandidatos estará determinado, en gran parte, por la capacidad de movilización que logren consolidar en los meses previos a la contienda electoral, así como por su trayectoria y los apoyos que consigan al interior del partido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Wilber Hinojosa y cuál es su trayectoria política?

Wilber Hinojosa es concejal de Valledupar por el partido Conservador, cargo al que llegó en 2016 y que mantendrá hasta 2027, completando tres periodos. Según EL PILÓN, ha desarrollado su capital político principalmente en la zona rural de Valledupar y en las últimas elecciones fue el concejal más votado, lo que resalta su influencia y solidez electoral en el municipio.

¿Qué implicaciones tiene que Wilber Hinojosa aspire a la Asamblea Departamental del Cesar?

De acuerdo con la información de EL PILÓN, la aspiración de Hinojosa a la Asamblea Departamental incrementa la competencia interna dentro del partido Conservador por las curules, enfrentando a los actuales diputados José Mario Rodríguez y Fawzi Muvdi, y sumando más candidatos como José Ávila Díaz, André Molina Carvajal y José Alberto Morillo. Este escenario podría transformar la dinámica política departamental, fomentando la renovación de liderazgos.

(Vea también: Revelan las regiones de Colombia donde un terremoto tendría menor impacto; solo hay dos)

El evento sísmico ocurrió a las 6:57 p. m., hora local, y fue clasificado con profundidad superficial menor a 2430 kilómetros, de acuerdo con los datos reportados por la entidad.

Dabeiba está ubicado en el occidente de Antioquia, una zona del departamento donde el monitoreo sísmico permite identificar las características de los movimientos telúricos registrados.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-20, 18:57 hora local Magnitud 2.9. Profundidad superficial, Dabeiba – Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/jUIJykVJVS

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 21, 2026

¿Cómo y para qué reportar un temblor en Colombia?

Las personas que hayan sentido el movimiento telúrico pueden registrar su experiencia en la plataforma Sismo Sentido, habilitada por el Servicio Geológico Colombiano. El formulario está disponible en sismosentido.sgc.gov.co.

Para completar el reporte, deben ingresar a la plataforma, responder las preguntas sobre su experiencia y señalar las condiciones en las que percibieron el temblor, según las opciones disponibles en el formulario.

Esta información le permite al SGC conocer en qué lugares se sintió el sismo y cómo lo percibieron las personas. Los testimonios complementan los registros instrumentales y contribuyen al análisis de las características del evento sísmico.