El descubrimiento ocurrió hacia las 3:00 p. m. en la vereda Granadillo. La situación llevó a detener las labores y avisar a los responsables del predio. Un video registrado en el sitio muestra parte de la pequeña cueva y el lugar donde estaban los restos. “Aquí hay una salida, pero no tiene salida. Eso es una cueva”, se escucha decir a una de las personas presentes.

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La propietaria explicó a las autoridades, que no pudo informar inmediatamente porque en el sector no había señal telefónica. El reporte llegó a la Policía al día siguiente, después de que el topógrafo de la obra, Sebastián Caicedo, comunicara el hallazgo a la empresa encargada y a los uniformados.

Autoridades confirmaron el hallazgo de restos óseos durante las obras de instalación de redes de gas en las veredas San Luis y El Granadillo, en Piedecuesta, Santander. Expertos investigan para establecer su origen e identidad #MañanasBlu pic.twitter.com/8Aly0lGvvQ

— Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 25, 2026

El grupo de criminalística de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga asumió la inspección y recopiló los restos, tomó fotografías y recogió testimonios. Por ahora, las autoridades no saben a quién pertenecen los huesos ni cuánto tiempo llevaban allí.

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El misterio aumenta porque la dueña del terreno recordó que hace cerca de 20 años habría ocurrido un hallazgo similar en ese mismo punto. Esa versión alimenta la posibilidad de que el lugar corresponda a un antiguo cementerio indígena.

Sin embargo, todavía no existe una conclusión sobre el origen de los restos. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia indicó que podrían corresponder a un contexto funerario prehispánico y recordó que este tipo de hallazgos debe ser evaluado técnicamente.

Mientras avanzan los análisis de Medicina Legal y las verificaciones arqueológicas que sean necesarias. Por su parte, la Sijín mantiene abiertas las hipótesis para establecer si se trata de un caso forense o de posibles restos arqueológicos.

El propósito de Remas es aislar completamente de comunicaciones y contacto a quienes controlan redes de extorsión y lideran organizaciones dedicadas al narcotráfico o la minería ilegal. Según fuentes consultadas por El Espectador, la primera lista de 40 reclusos a trasladar ya está lista, y se preparan las adecuaciones de fragatas, en un proceso donde la Armada Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) aportarían su experiencia previa.

No es la primera vez que se contempla una opción tan radical. En 2007, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, se recurrió a medidas similares para impedir que dos poderosos líderes criminales siguieran dirigiendo sus bandas desde el interior de la cárcel. Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, fue trasladado de la prisión de Itagüí a una fragata de la Armada en el Caribe cuando el gobierno anunció su futura extradición. De igual forma, Diego Fernando Montoya, alias “Don Diego”, jefe del Cartel del Norte del Valle, fue recluido en un buque tras su captura. Estas decisiones, apunta El Espectador, respondían al objetivo de cortar por completo las comunicaciones que permitían a los capos seguir impartiendo órdenes.

Sin embargo, la estrategia enfrente complejas barreras jurídicas. Fuentes en la Casa de Nariño advierten que la defensa de los reclusos apelaría a la tutela, instrumento judicial para proteger derechos fundamentales, invocando especialmente el derecho al arraigo, que garantiza la conservación de lazos familiares y sociales. Si bien este derecho puede restringirse por motivos de seguridad, deben existir justificaciones sólidas que eviten el aislamiento arbitrario. Adicionalmente, el Ministerio de Justicia prepara argumentos ante posibles demandas por vulneración al debido proceso, la defensa y la dignidad humana, en caso de que los traslados limiten el contacto con abogados o las condiciones de reclusión no cumplan con los estándares legales. El debate, así, enfrenta la seguridad nacional contra los derechos individuales, y el gobierno prepara su defensa.

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¿Qué es la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad y qué busca?

La Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad, conocida como Remas, es una iniciativa del gobierno de Abelardo de la Espriella que propone trasladar a cabecillas criminales a buques de la Armada acondicionados como cárceles en altamar. Su objetivo es aislar completamente a reclusos que continúan delinquiendo desde prisión y cortar su comunicación con redes de extorsión, narcotráfico o minería ilegal.

¿Cuáles son los argumentos jurídicos en contra del traslado de presos a cárceles en altamar?

Los principales argumentos jurídicos en contra de estos traslados, según fuentes de El Espectador, son la posible violación al derecho al arraigo (conservación de vínculos familiares y sociales) y otros derechos fundamentales, como el debido proceso, el derecho a la defensa y la dignidad humana. El debate se centra en si la seguridad nacional justifica o no estas restricciones y en que las condiciones de reclusión en buques realmente cumplan con la ley.

De acuerdo con la nota, fueron unidades de la Sexta Brigada del Ejército las encargadas de desplegarse en diversos puntos estratégicos dentro de los municipios afectados. La finalidad principal de esta acción es custodiar los sectores vulnerables y brindar vigilancia constante, con el objetivo claro de evitar que se presenten nuevas situaciones que pongan en riesgo la integridad de los habitantes y el medioambiente.

El dispositivo de seguridad se apoya especialmente en los pelotones motorizados del Batallón de Infantería número 18 Coronel Jaime Rooke. Estos uniformados permanecerán en los municipios desarrollando labores continuas de patrullaje y monitoreo. Esta iniciativa fue tomada debido al creciente número de denuncias y preocupaciones relacionadas con la posible intencionalidad en el origen de algunos incendios registrados en el departamento, así como por el temor a que se repitan hechos similares.

El trabajo de la Fuerza Pública no se limita únicamente al Ejército. Se suman esfuerzos conjuntos con la Policía del Tolima, fortaleciendo los controles institucionales y coordinando acciones para ofrecer una respuesta rápida frente a cualquier situación que pueda representar un peligro para la seguridad y tranquilidad de las comunidades implicadas.

Paralelo a esas acciones, las autoridades han dirigido un llamado a la ciudadanía, invitando especialmente a los habitantes tanto de zonas rurales como urbanas de San Luis, Coello y Suárez a mantenerse alerta y reportar cualquier hecho sospechoso que pudiera estar vinculado a nuevos focos de incendio. De acuerdo con la información proporcionada, la vigilancia de la población y su colaboración serán determinantes para identificar a tiempo fenómenos que puedan amenazar los bosques, animales, viviendas y la vida de las personas residentes en estos territorios.

Finalmente, se recuerda a la comunidad que pueden comunicar cualquier información relacionada con hechos que afecten la seguridad, utilizando las líneas 107 y 147, mientras continúan las tareas para atender la emergencia y minimizar el riesgo de futuras afectaciones por incendios en la región.

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¿Cuál es el objetivo del despliegue del Ejército en San Luis, Coello y Suárez por los incendios forestales?

El propósito principal del despliegue del Ejército, junto con la Policía del Tolima, es fortalecer la seguridad, vigilar las zonas afectadas e impedir que se produzcan nuevos incendios, especialmente ante la sospecha de que algunos pueden haber sido provocados de forma intencional. También buscan asegurar la protección de la comunidad y el medioambiente local.

¿Cómo puede colaborar la comunidad en la prevención de nuevos incendios forestales en Tolima?

La colaboración ciudadana es fundamental, ya que se solicita a los habitantes de San Luis, Coello y Suárez que estén atentos y reporten cualquier situación sospechosa a las líneas 107 y 147. Esta vigilancia comunitaria ayuda a identificar y prevenir oportunamente hechos que puedan poner en peligro tanto los recursos naturales como la seguridad de las personas.

Las inquietudes no fueron solo de la veeduría; en el diálogo con los habitantes y dueños de negocios del área, éstos coincidieron en la percepción de dispersión y falta de personal, hecho que, de acuerdo con Calderón, retrasa el ritmo de trabajo y prolonga la incomodidad generada por el polvo y las condiciones adversas para circular. Uno de los datos que más llaman la atención es la extensión intervenida: cerca de 800 metros de vía habían sido fresados pero en ese sector no había cuadrillas, lo que añade preocupación sobre la agilidad y planeación de las obras.

Ante los hallazgos, Calderón solicitó a la Alcaldía de Ibagué y a la Secretaría de Infraestructura municipal tomar acciones para exigir al contratista responsable un refuerzo en la cantidad de trabajadores y equipos desplegados en el terreno. En respuesta, el secretario de Infraestructura, Marco Matheus Saavedra, sostuvo que los trabajos avanzan de acuerdo con lo planeado y explicó la distribución del personal operativo, que suma aproximadamente 150 personas dividas entre dos lotes, e incluye operarios, conductores, personal técnico, de seguridad y de tránsito. Saavedra recalcó que la presencia de trabajadores varía en cada sector según las actividades programadas, como reposición de redes de servicios públicos y pruebas técnicas.

En cuanto al avance, en el primer lote (calles 103 a 125) las obras de infraestructura básica ya concluyeron y se han fundido más de 2.000 metros cuadrados de losas de concreto. Paralelamente, avanzan los trabajos en pozos, sumideros y aceras, mientras la instalación de la estructura de pavimento continúa entre las calles 111 y 125. En el segundo tramo, del puente del país a la calle 125, se han ejecutado 800 metros lineales de cambio de redes y actualmente se realizan pruebas con equipos especializados antes de proceder a la pavimentación final. La administración afirma que los trabajos seguirán de manera progresiva conforme se cumplen los procedimientos y certificaciones exigidas.

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¿Por qué algunos sectores intervenidos por la pavimentación en Ibagué presentan poca presencia de trabajadores?

De acuerdo con Marco Matheus Saavedra, secretario de Infraestructura de Ibagué, la presencia de trabajadores en los distintos frentes de obra responde a la planeación de actividades y necesidades específicas de cada tramo. Algunos sectores, donde ya se ejecutaron tareas principales como el fresado, requieren menos personal mientras se adelantan pruebas y certificaciones antes de continuar con la pavimentación, lo que puede dar la impresión de falta de avances o de cuadrillas en el sitio.

¿Qué significa el proceso de fresado en las obras viales y cómo influye en el avance de la pavimentación?

El fresado es la remoción mecánica de la capa superior de una vía para su posterior reemplazo por nuevo pavimento. Según la veeduría, se han retirado cerca de 800 metros lineales en algunos sectores de Ibagué. Este proceso, aunque esencial, puede generar molestias como polvo y circulación limitada, y si tras el fresado no se visualiza personal trabajando, suele despertar dudas sobre la continuidad y planeación del cronograma de obra.

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La mujer damnificada sostuvo, entre lágrimas que “a cualquier momento resulta candela por todos los lados y quedamos sin nada. Sobre todo, el pasto pal ganado se nos quemó todo. Esperamos que el Gobierno nos ayude a la gente, que nos regale silo para el ganado. Necesitamos comida para el ganado”.

“Nos toca empezar de cero”: campesino afectado por incendios en Tolima

Además de la de Miryam, Noticias Caracol conoció la historia de Élver Silvestre, cultivador de aguacate afectado por los incendios forestales, quien dijo que “no tengo palabras porque esto es como si empezara uno de cero porque se pierde todo el esfuerzo. Yo decía que cuando tuviera 60 años iba a vivir de este cultivo, pero nos toca volver a empezar”.

En la vereda Tomogó, en el municipio de San Luis, él y su esposa, Omaira, recorren lo que hasta hace unos días era su cultivo de aguacate. Del terreno que durante una década les brindó sustento hoy solo quedan troncos ennegrecidos, hojas consumidas por las llamas y el silencio que dejó el incendio.

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“Tenía aproximadamente 550 árboles de aguacate. Estaba en el segundo corte de producción. Estábamos empezando a los primeros frutos”, sostuvo. Entre sus manos, la pareja de campesinos conserva algunos de los aguacates que pronto habrían dado paso a una nueva cosecha, pero que terminaron quemados por el fuego. Al observarlos, la señora Omaira recuerda los frutos que estaban cosechando:

“Hermosos, hermosos. Unos aguacates grandotes que casi alcanzaban a pesar libra y cuartico un aguacate”. Pese a la devastación causada por el incendio y a las pérdidas acumuladas tras años de esfuerzo, estos dos campesinos tienen algo claro: volverán a comenzar de nuevo. Su esperanza permanece intacta entre las cenizas de un cultivo que, aunque desapareció, no logró apagar sus ganas de salir adelante.

“Las herramientas que yo necesito en estos momentos son tanques de almacenamiento. Necesito mangueras para poder colocar un riego. Necesito arbolización porque cada árbol tiene un costo de 12,000 pesos”.

Investigan si incendios forestales en Tolima están siendo causados

El alcalde de San Luis, Ricardo Andrés Acosta, denunció que habría personas generando los incendios en el territorio. “Ayer, la comunidad nos envió un video en el que nos reportó que en una vereda personas en motocicleta iniciaron y prendieron fuego a una finca. Gracias a la reacción inmediata de la comunidad, se pudo contener. No sabemos si estos incendios que se vienen presentando están siendo de manos criminales”.

Agregó el alcalde que “nosotros necesitamos que haya ya inmediatamente fuerza pública aquí en el municipio de San Luis o si no se nos va a ir todos los días del año atacando, conteniendo incendios y un municipio, una administración municipal parada sin poder hacer sus labores del día a día que tenemos a cargo de esas responsabilidades”.

En el Tolima son 50.000 millones de pesos en pérdidas, acumuladas desde el sector agricultor. De ese total, 20.000 millones de pesos están perdidos en los cultivos en el municipio de San Luis, donde los campesinos están pidiendo ayuda, pues solo en dicho municipio hay más de 8.000 hectáreas quemadas.

Una vez que el ciudadano realiza el reporte, debe proporcionar información básica que permita identificar de manera precisa tanto a la persona como a la vivienda afectada. Según la Alcaldía de Cali, los datos requeridos incluyen el nombre, cédula, número telefónico, dirección exacta del inmueble, junto con fotografías donde se evidencien los daños y una breve descripción sobre el tipo de afectación. Es relevante que las imágenes sean claras, ya que facilitarán la valoración inicial de la situación por parte de las autoridades y establecerán con mayor certeza el estado en que se encuentra la vivienda.

Posteriormente, el reporte pasa a una fase de verificación. Primero, se jerarquizan los casos por nivel de urgencia. Luego, las autoridades programan una visita técnica con el fin de constatar en el terreno las condiciones reportadas y ampliar el diagnóstico. Además, se realiza una caracterización del hogar afectado, es decir, se recopila información sobre las condiciones de las familias vinculadas al inmueble, permitiendo así adaptar la respuesta institucional a necesidades específicas.

Una vez completadas estas etapas, la administración evalúa el nivel de afectación de la vivienda. Se contemplan tres escenarios: demolición para casos severos, reparación estructural si los daños son de tipo medio, y habitabilidad cuando únicamente se presentan afectaciones menores. Esta clasificación orienta las acciones concretas que deben implementarse y define los planes de acción en el corto, mediano o largo plazo.

La Alcaldía de Cali recalca la importancia de reportar únicamente a través de los canales oficiales y hace un llamado a la ciudadanía para mantener la calma, esperar la evaluación oficial y evitar divulgar información que no esté verificada. Así, cada vivienda recibe una atención diferenciada, según las particularidades de los daños y las prioridades identificadas durante el proceso técnico.

¿Cómo se debe reportar una vivienda afectada por sismo en Cali?

Para reportar su vivienda dañada, debe comunicarse al WhatsApp 310 229 9708 habilitado por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de la Alcaldía de Cali. Es necesario enviar nombre, cédula, número de teléfono, dirección completa del inmueble, fotos claras de los daños y una descripción breve del tipo de afectación.

¿Qué sucede tras reportar daños en una vivienda por sismo en Cali?

Después de reportar el caso, las autoridades determinan el nivel de urgencia y programan una visita técnica para evaluar el inmueble. Luego, realizan una caracterización del hogar y, según la gravedad de los daños, deciden si la vivienda requiere demolición, reparación estructural o solo atención por daños menores, definiendo así el plan de acción más adecuado.

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria nacional sobre la venta ilegal del producto Bonfiest Plus, específicamente correspondiente al LOTE 5H6839 con fecha de vencimiento ‘JUN 2027’.

La confirmación de esta falsificación en el mercado colombiano fue notificada formalmente ante la entidad reguladora por la empresa TECNOFAR TQ S.A.S., titular oficial del correspondiente registro sanitario.

En el territorio nacional, el medicamento Bonfiest Plus, en su presentación de granulado efervescente en sobres de 5.1g, cuenta con la autorización legal INVIMA 2022M-0004285-R2 bajo modalidad vigente de fabricar y vender.

Cómo identificar el Bonfiest falsificado:

• Errores de ortografía que no tiene el sobre original, algunos de esos errores son los siguientes: exeso, saislatos, embrazo, circustancia, epatica, Pasientes, excesivo, ventas sin fórmula médica.
• Diferencia en el tamaño de los números impresos debajo del código de barras: en el producto falsificado, la numeración es más grande y resaltada que en el sobre original.
• Diferencias en calidad de impresión: el sobre falsificado presenta una apariencia opaca, con poca nitidez. Los textos muestran bordes más marcados o una apariencia similar a la negrilla, característica que no se observa en el empaque original.
• Diferencias en los elementos gráficos: el burbujeo es poco visible y con poco contraste respecto al fondo azul y tampoco se observa en la misma tonalidad del sobre original.
• Sellador irregular: el producto falsificado presenta bordes desalineados, arrugas, burbujas de aire y, en general, un acabado más tosco.
• Ausencia del sistema abrefácil: el sobre falsificado no cuenta con el sistema abrefácil presente en el producto original.
• Diferencias en la codificación del lote: en el sobre falsificado, la codificación se observa más definida y oscura, con una apariencia lineal y pixelada, similar a una impresión realizada posteriormente.

Invima confirmó que los empaques con las características señaladas corresponden a un producto totalmente fraudulento de acuerdo con lo normado en el Decreto 677 de 1995.

El consumo de estas unidades falsas acarrea un elevado peligro para la salud pública debido al desconocimiento de los ingredientes reales utilizados durante la elaboración ilegal.

Presuntamente, los falsificadores emplean tizas, cemento blanco, talco industrial, colorantes tóxicos o aglutinantes no aptos para el consumo humano con el propósito de imitar la apariencia visual del polvo efervescente.

Adicionalmente, al ignorar las condiciones higiénicas de fabricación, el contenido puede presentar contaminación por bacterias, hongos, plomo o niveles peligrosos de arsénico.

Asimismo, la presencia no controlada de ácido acetilsalicílico o cafeína pura incrementa exponencialmente la probabilidad de sufrir hemorragias gástricas severas, úlceras digestivas o arritmias cardíacas repentinas.

Los medicamentos fraudulentos carecen de respaldo institucional, por lo cual no ofrecen garantías de calidad, eficacia ni seguridad, representando una grave amenaza para la integridad de los consumidores.

Se sugiere verificar siempre la autenticidad del registro sanitario en la plataforma digital oficial del Invima ingresando por grupo, tipo de producto, nombre o principio activo antes de consumir cualquier sustancia.

Frente a esta coyuntura, proceda con las recomendaciones oficiales de las autoridades:

Absténgase de comprar o consumir el lote alterado de BONFIEST PLUS ® mencionado.

Evite adquirir medicamentos, productos fitoterapéuticos o suplementos dietarios sin registro sanitario vigente comercializados habitualmente en páginas web, redes sociales o grupos de mensajería instantánea.

En caso de estar consumiendo este lote falsificado, interrumpa su administración inmediatamente.

Si presenta alguna reacción adversa asociada al uso del producto, repórtela en el sistema Vigiflow o mediante el correo electrónico invimafv@invima.gov.co.

Por último, informe oportunamente al Invima o a las secretarías de salud locales sobre cualquier establecimiento comercial o persona que distribuya esta mercancía adulterada.

Mejía, en su misiva, manifestó: “Me pongo a disposición del nuevo Gobierno para efectuar el proceso de empalme en la forma y términos que usted disponga, garantizando la continuidad de las operaciones de inteligencia financiera y el cumplimiento de los compromisos ante el Grupo Egmont y el GAFILAT”. El Grupo Egmont es una red internacional de unidades de inteligencia financiera, mientras que el GAFILAT corresponde al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, ambos enfocados en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La persona que ocupará el cargo de Mejía es Martha Luz Reyes, abogada con experiencia en la Fiscalía General de la Nación y como procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Su designación fue anunciada por el presidente De la Espriella ante la fiscal general Luz Adriana Camargo y el vicepresidente José Manuel Restrepo.

El paso de Wilmar Mejía por la UIAF no estuvo exento de controversia. Antes de asumir el cargo, surgieron denuncias sobre presuntos nexos de Mejía con alias “Calarcá”, jefe máximo de las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF, antiguas Farc). Dichas denuncias fueron publicadas el 23 de noviembre de 2025 por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. De acuerdo con esa investigación, chats, cartas, fotografías y otros documentos darían cuenta de que Mejía, cuando era funcionario del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y junto al general (r) Juan Miguel Huertas, habría propuesto a las disidencias la creación de una empresa de seguridad con apariencia legal. Esta maniobra habría permitido al grupo armado desplazarse en vehículos blindados y portar armamento oficialmente autorizado.

La evidencia que respalda estas denuncias fue encontrada en dispositivos incautados al propio Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, y a miembros de su estructura tras su captura en Anorí, Antioquia, el 23 de julio de 2024.

Mejía ha rechazado cualquier vínculo con las disidencias y afirma que la investigación disciplinaria en su contra por parte de la Procuraduría General de la Nación, iniciada desde noviembre de 2025, no tiene fundamento. Toda esta información, de acuerdo con El Espectador y Noticias Caracol, deja en evidencia el complejo entorno institucional que rodeó su gestión.

¿Por qué fue controversial la gestión de Wilmar Mejía en la UIAF?

La gestión de Wilmar Mejía en la Unidad de Información y Análisis Financiero fue polémica debido a denuncias sobre presuntos vínculos con las disidencias del EMBF y alias “Calarcá”. De acuerdo con investigaciones de Noticias Caracol, existían documentos y comunicaciones que lo relacionarían con propuestas de actividades legales para beneficiar a este grupo armado, lo que motivó la apertura de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación.

¿Qué funciones cumple la UIAF y qué significa GAFILAT?

La Unidad de Información y Análisis Financiero se encarga de monitorear el flujo de operaciones financieras en Colombia para detectar y prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. GAFILAT es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, una organización internacional que promueve políticas para combatir estos delitos y con la que la UIAF mantiene compromisos internacionales de cooperación.

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La iniciativa contempla un proceso de diagnóstico personalizado, en el que especialistas analizarán diversos aspectos del funcionamiento de los restaurantes seleccionados. Esta valoración permitirá trazar un plan de trabajo enfocado en áreas como la oferta gastronómica, atención al cliente, procesos administrativos y calidad de los productos, siempre orientándose a las características y condiciones propias del entorno rural.

Además del acompañamiento profesional, los restaurantes que cumplan con los requisitos establecidos por la convocatoria podrán acceder a un capital semilla. Este recurso económico está diseñado para invertirlo en mejoras concretas y sostenibles dentro del establecimiento, ya sea en la adquisición de insumos, ajustes en infraestructura o fortalecimiento de la oferta culinaria. Todo el proceso se desarrolla con el objetivo de lograr un fortalecimiento duradero de los negocios participantes, según los lineamientos de la iniciativa.

Para acceder al programa, los restaurantes deben encontrarse en la zona rural de Ibagué, contar con el registro mercantil vigente y cumplir con los parámetros definidos en la convocatoria. Los propietarios o encargados seleccionados tendrán que mostrar disposición y compromiso para participar de las jornadas de capacitación, diagnóstico y acompañamiento que propone el proceso.

La inscripción y toda la información sobre los criterios de selección están disponibles en el enlace dispuesto por los organizadores de ‘Ibagué, Sabores que Inspiran’. De esta forma, la convocatoria representa una oportunidad significativa para quienes buscan potenciar sus negocios rurales y aumentar la competitividad en el sector gastronómico local.

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¿Cuál es el objetivo principal de la convocatoria ‘Ibagué, Sabores que Inspiran’?

La convocatoria busca apoyar a los restaurantes rurales de Ibagué mediante un diagnóstico personalizado, capacitación, acompañamiento técnico y la posibilidad de acceder a un capital semilla, todo orientado a fortalecer y mejorar el funcionamiento y la calidad de sus negocios gastronómicos.

¿Qué requisitos deben cumplir los restaurantes rurales para participar en ‘Ibagué, Sabores que Inspiran’?

Los restaurantes deben estar ubicados en la zona rural de Ibagué, tener el registro mercantil vigente y cumplir todos los requisitos establecidos en la convocatoria. Además, los seleccionados deberán participar activamente en el diagnóstico, capacitaciones y actividades de acompañamiento.

El informe de El Espectador destaca que la situación ha sido agravada por factores económicos y sociales que han limitado la presencia de docentes capacitados en territorios apartados. Muchas veces, los maestros asignados en zonas rurales permanecen durante cortos periodos de tiempo, lo que interrumpe los procesos de aprendizaje y afecta la continuidad educativa de los estudiantes. Asimismo, el acceso limitado a servicios básicos como electricidad e internet restringe la posibilidad de implementar modelos educativos que aprovechen herramientas tecnológicas para la enseñanza.

De acuerdo con testimonios recogidos por El Espectador, los docentes afirman que la inseguridad en ciertas regiones y la falta de incentivos adecuados son factores que inciden en la alta rotación del personal. Como resultado, los estudiantes deben adaptarse constantemente a cambios de metodología y de profesorado. Por otro lado, el compromiso de las comunidades rurales para apoyar la educación es evidente, sin embargo, la ausencia de políticas públicas efectivas dificulta avanzar en la reducción de las brechas existentes.

De esta manera, el artículo pone de manifiesto que la transformación del sistema educativo rural requiere de un enfoque integral, que valore tanto la capacitación y permanencia docente como la mejora de la infraestructura y el acceso a servicios básicos. El objetivo es garantizar que todos los niños y jóvenes en Colombia tengan oportunidades equitativas para desarrollar su potencial y contribuir al progreso del país, sin importar el lugar donde nacieron.

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la educación rural en Colombia?

La educación rural en Colombia enfrenta dificultades como la falta de infraestructura adecuada, escasez de materiales, ausencia de transporte escolar, limitada presencia de docentes capacitados y dificultades de acceso a servicios básicos como electricidad e internet, según los datos de El Espectador.

¿Por qué existe una alta rotación de docentes en las zonas rurales?

Según testimonios citados por El Espectador, la alta rotación de docentes en zonas rurales se explica principalmente por la inseguridad, la falta de incentivos adecuados y las difíciles condiciones laborales, lo que obliga a los maestros a abandonar las comunidades después de cortos periodos.

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(Le puede interesar: ¿Qué nacionalidades tiene De la Espriella? Lo pusieron en apuros durante las elecciones)

El jefe de Estado hizo algunos ajustes en su informe financiero oficial, y el más importante tiene que ver con su esposa, Ana Lucía Pineda. De la Espriella incluyó a la primera dama de la República en su documento tributario de la Dian. Sin embargo, el mandatario aseguró en su declaración que la mención de su pareja no crea algún conflicto de interés frente al cargo que ejerce actualmente.

#Política | El presidente Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) actualizó su declaración de renta: incluyó a su cónyuge y sus cuentas e inversiones en los Estados Unidos e Italia.

Vía @lausaavedramhttps://t.co/qRQodC5OyZ pic.twitter.com/QG5Bdwik1M

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 25, 2026

Anteriormente, el abogado había mostrado que su declaración de renta le daba 10.272 millones de pesos entre ingresos y rentas. Sumado a ello, tuvo un pasivo que acumuló 102,7 millones de pesos.

Decisión de De la Espriella en declaración de renta involucra sus negocios

El presidente también incluyó varias de sus inversiones en el formulario de ingresos, pasivos y bienes. Una de las que más destaca es su papel en Consenza S. A. S., una reconocida constructora colombiana. De la Espriella es accionista en dicha empresa de inmobiliaria y bienes raíces en territorio nacional.

Sumado a ello, también mostró sus inversiones en los países donde tiene nacionalidad, Estados Unidos e Italia. Una de sus firmas más reconocidas es De la Espriella Lawyers, la cual formó en territorio norteamericano y usó para ejercer su profesión de abogado.

Estas son otras de las marcas que ha tenido De la Espriella:

• Dominio De La Espriella: es su marca de licores, donde incluye el ron Defensor y el vino Fratellone
• Restaurante Místico: un negocio gastronómico en Cartagena
• De La Espriella Style: es su marca de ropa masculina, centrada en elaboración de trajes formales.

Entre los asistentes, también destacaron los embajadores de Portugal, Polonia, Italia, España, representantes de la Unión Europea, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza y Türkiye, además de delegados del Banco Mundial. Durante el encuentro, el vicepresidente expresó su agradecimiento a la cooperación internacional por el respaldo brindado a Colombia en medio de esta crisis. Como lo reseñó el propio Restrepo en su cuenta de X (antes Twitter), la reunión sirvió para alinear esfuerzos y compartir el camino planteado para la recuperación y la fase de reconstrucción.

La respuesta estatal avanza en varias líneas. Justamente el lunes, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la apertura de la segunda etapa en la reconstrucción, marcando el inicio de la entrega de un subsidio económico de COP 875.452 para los hogares damnificados, beneficio que cubrirá inicialmente tres meses, con entregas previstas a partir del miércoles. Además, el mandatario precisó que el “Fondo Milagro”, creado en el marco de la emergencia económica decretada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, será el organismo encargado de manejar los recursos destinados a la reconstrucción. Este fondo gestionará una inversión total de COP 30 billones y se coordinará con aseguradoras, la banca nacional, el Fondo Nacional del Ahorro y empresas constructoras.

Está previsto que desde el Palacio de San Carlos, el gobierno entregue mayores detalles sobre estos procesos en el transcurso del día, como lo señaló El Espectador.

¿Quiénes conforman el grupo de donantes internacionales para la reconstrucción tras el terremoto?

El grupo de donantes internacionales que participa en la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto está compuesto por representantes y embajadores de países como Canadá, Portugal, Polonia, Italia, España, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza y Türkiye, además de delegados de la Unión Europea, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según El Espectador.

¿Qué es el “Fondo Milagro” y cómo funcionará en la reconstrucción?

El “Fondo Milagro”, de acuerdo con la información presentada, es un organismo creado durante la emergencia económica declarada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Su función principal será administrar los recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. El fondo contará con COP 30 billones y coordinará el otorgamiento de subsidios de vivienda y la colaboración entre aseguradoras, banca nacional, el Fondo Nacional del Ahorro y empresas de construcción.

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El principal llamado a la ciudadanía, especialmente a comerciantes y empresarios, es a no entregar dinero ni comprar rifas, bonos o cualquier otro tipo de elemento que sea ofrecido a nombre de los bomberos. Según las autoridades, actualmente no existe ninguna campaña de este tipo en marcha. Así lo confirmó Pedro Patiño, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, quien señaló que la entidad es una institución pública, adscrita a la Alcaldía de Ibagué, y por lo tanto todas sus operaciones, incluidas la atención de emergencias, son completamente gratuitas. “Nosotros somos una entidad de carácter público, adscritos a la Alcaldía de Ibagué, por lo cual todas nuestras operaciones de atención de emergencias son gratuitas”, explicó Patiño, según los reportes conocidos.

El comandante insistió en que ningún miembro del Cuerpo Oficial de Bomberos está autorizado para solicitar dinero o algún tipo de beneficio económico en nombre del organismo. La advertencia abarca tanto rifas como colectas, boletas o bonos que puedan estar siendo ofrecidas en diferentes sectores de la ciudad, ya sea en viviendas o establecimientos.

Para evitar caer en posibles engaños, es fundamental identificar correctamente a los verdaderos bomberos. Estos deben portar el uniforme reglamentario, el carné institucional y los distintivos correspondientes que los acreditan como integrantes de la entidad. En caso de dudas o situaciones sospechosas, las personas pueden y deben comunicarse con las líneas de emergencia 119 y 123 para verificar la procedencia de cualquier solicitud. De acuerdo con el llamado de las autoridades, compartir esta información ayudará a que menos personas caigan víctimas de estos fraudes y permitirá proteger la integridad y confianza que la comunidad tiene en los bomberos.

¿Cómo saber si una rifa o bono a nombre de los bomberos de Ibagué es falsa?

De acuerdo con la información oficial, actualmente no existe ninguna campaña de rifas, bonos o colectas a nombre de los bomberos de Ibagué. Si alguien ofrece estos elementos y afirma representar a la institución, se recomienda no entregar dinero y verificar la autenticidad comunicándose con las líneas de emergencia 119 o 123. Además, debe solicitar la identificación correspondiente al supuesto bombero y observar si porta el uniforme y carné reglamentarios.

¿Qué hacer si aparecen personas que se hacen pasar por bomberos en su negocio o vivienda?

En caso de que alguien llegue solicitando dinero en nombre de los bomberos, lo indicado es no realizar ningún pago. De inmediato, comuníquese con las líneas de emergencia 119 o 123 para informar la situación y permitir que las autoridades tomen las medidas necesarias. Esta acción previene fraudes y protege la integridad de la comunidad.

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(Vea también: Lanzan alerta sanitaria por popular gel para el dolor; advierten por riesgos para la salud)

La falsificación fue confirmada y notificada al Instituto por TECNOFAR TQ S.A.S., titular del registro sanitario del medicamento.

El Invima aclaró que el Bonfiest Plus original cuenta con autorización sanitaria vigente en Colombia, por lo que la alerta está dirigida específicamente a las unidades falsificadas que presentan las características descritas por la autoridad.

Ante esta situación, el Instituto pidió a quienes hayan adquirido el producto revisar cuidadosamente el empaque antes de consumirlo y verificar si coincide con alguna de las señales identificadas.

Estos son los errores y detalles que delatan al Bonfiest Plus falsificado

El Invima informó que existen varias diferencias entre el producto original y las unidades falsificadas. Algunas pueden identificarse directamente en el empaque.

La primera señal son los errores de ortografía. En las unidades falsificadas aparecen palabras como “exeso”, “saislatos”, “embrazo”, “circustancia”, “epatica”, “Pasientes” y “VENTAS SIN FORMULA MEDICA”.

También existen diferencias en los números ubicados debajo del código de barras, que aparecen más grandes y resaltados que en el producto original.

Otra característica está relacionada con el empaque, que puede presentar una apariencia más opaca y con menor nitidez. Los textos, además, tienen bordes más marcados o una apariencia similar a la negrilla.

El gráfico de burbujas también permite establecer diferencias: en el producto falsificado tiene menor visibilidad y contraste frente al fondo azul.

A esto se suma el sellado irregular, que puede presentar bordes desalineados, arrugas y burbujas de aire.

El Invima también encontró que las unidades falsificadas no cuentan con el sistema abrefácil que sí está presente en el producto original. Finalmente, hay diferencias en la impresión del lote. En el producto falsificado, esta aparece más definida, oscura, lineal y pixelada.

Por eso, quienes tengan Bonfiest Plus en casa deben revisar estos ocho elementos, especialmente si el producto corresponde al lote 5H6839 y tiene fecha de vencimiento JUN 2027.

¿Qué riesgos tiene consumir el Bonfiest Plus falsificado?

El principal problema señalado por el Invima es que, al tratarse de un producto falsificado, se desconoce su contenido real, así como la concentración de sus componentes y las condiciones en las que fue fabricado.

La autoridad sanitaria explicó que una concentración no controlada de principios activos como el ácido acetilsalicílico o la cafeína puede incrementar el riesgo de presentar efectos adversos graves.

Entre las consecuencias mencionadas están las hemorragias gastrointestinales, las úlceras y las alteraciones del ritmo cardíaco.

El Invima también advirtió sobre el riesgo de una posible intoxicación química. De acuerdo con la alerta, presuntamente se habrían utilizado elementos como tiza, cemento blanco, talco industrial, colorantes tóxicos o aglutinantes no aptos para el consumo humano para imitar el polvo efervescente del producto.

William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, hizo un llamado a los ciudadanos para que no consuman el medicamento si identifican las características señaladas y reporten inmediatamente la situación ante la entidad.

Es importante precisar que la alerta no significa que todo el Bonfiest Plus disponible en Colombia sea falsificado. El Instituto aclaró que el producto original cuenta con autorización sanitaria y tiene vigente el registro INVIMA 2022M-0004285-R2.

La presentación autorizada corresponde a granulado efervescente en sobres de 5,1 gramos.

¿Qué hacer si tiene el Bonfiest Plus del lote alertado?

Si una persona tiene una unidad de Bonfiest Plus con lote 5H6839 y vencimiento JUN 2027, debe revisar las características descritas por el Invima antes de consumirla.

Ante cualquier indicio de falsificación, la recomendación es suspender inmediatamente su consumo y reportar la situación a la autoridad sanitaria.

En caso de haber utilizado el producto y presentar algún evento adverso, el Invima pidió hacer el reporte correspondiente para que pueda ser investigado.

La entidad también solicitó a los ciudadanos informar sobre los establecimientos, páginas web, redes sociales u otros canales en los que se esté distribuyendo o comercializando el producto falsificado.

La magnitud del desastre no solo se mide en términos de destrucción material, sino también en la tragedia humana. Lamentablemente, se reportó el fallecimiento de una persona, quien perdió la vida luego de que una pared se derrumbara sobre ella durante el temblor, un incidente que evidencia la gravedad del evento y su impacto en la seguridad de los habitantes.

El informe oficial sobre las afectaciones advierte que 1.025 viviendas resultaron averiadas. Esto ha dejado a cientos de familias en condiciones de vulnerabilidad, muchas de ellas sin un espacio seguro donde resguardarse. Esta situación ha llevado a una crisis social de grandes proporciones, pues la reconstrucción de las viviendas no solo requiere recursos económicos, sino también la rápida respuesta de las autoridades encargadas.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta El Águila es la pérdida total de la infraestructura esencial. El hospital local colapsó, perdiendo su funcionalidad por completo. Este hecho pone en riesgo la atención de emergencias de salud y limita gravemente el acceso de la población a servicios médicos básicos. En el campo educativo, un colegio agropecuario fue destruido junto con sus once salones, por lo que el retorno a las clases para los estudiantes todavía no es posible, según agregaron autoridades municipales.

La recuperación y reconstrucción demandan una inversión estimada en 100.000 millones de pesos, cifra dada a conocer por el alcalde del municipio. Para abordar la emergencia, la administración local prioriza la adquisición de insumos básicos de construcción, como tejas de zinc, perfiles de hierro, ladrillos y cemento, materiales fundamentales para garantizar el alojamiento provisional y seguro de los afectados. La intervención oportuna de organismos de gestión del riesgo, así como la coordinación entre el gobierno departamental y la cooperación nacional, ha sido catalogada como esencial para evitar que la situación humanitaria se agrave aún más.

¿Cuántas viviendas fueron afectadas por el sismo en El Águila y cuál es el impacto en la población?

Según datos oficiales citados por Noticiero 90 Minutos, un total de 1.025 viviendas resultaron dañadas por el sismo en El Águila, lo que ha dejado en situación de vulnerabilidad a cientos de familias. El impacto alcanzó al 40 % de la población del municipio, compuesto por 10.500 habitantes, complicando el acceso a vivienda segura y generando una urgente necesidad de apoyo estatal y social.

¿Qué servicios esenciales quedaron colapsados tras el terremoto en El Águila, Valle del Cauca?

Tras el sismo, el hospital local quedó completamente destruido, dejando a la comunidad sin acceso a atención médica básica. Además, el colegio agropecuario del municipio colapsó junto a sus 11 aulas, impidiendo el regreso de los estudiantes a clases y profundizando la crisis social y educativa en El Águila.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Y agregó: «Vamos a hacer navegable nuestro río Magdalena desde el kilómetro 0 en Bocas de Ceniza, Barranquilla, hasta el kilómetro 631 en Barrancabermeja. Desde siempre, el gran río de la Magdalena ha permitido que esta Nación dispersa se reconozca como una sola patria. El Magdalena es la arteria que uno a la colombianidad».

La iniciativa de De la Espriella no es nueva. De hecho, el gobierno Petro venía adelantando la tarea con una inversión de $ 248.633 millones para 2026 con el fin de asegurar la navegabilidad permanente del río Magdalena, mantener el dragado continuo y garantizar la operación segura de este corredor fluvial.

Del total, $ 40.853 millones se asignaron específicamente al canal navegable entre Barrancabermeja y Barranquilla, además de $116.257 millones al canal de acceso al puerto de Barranquilla y $14.500 millones al Brazo de Mompox.

Según Cormagdalena, el nuevo modelo de gestión logró 3 años de navegabilidad continua con un calado de 10 metros, respaldado por una inversión acumulada de $ 373.431 millones entre 2023 y 2026 y más de 11,3 millones de metros cúbicos dragados.

¿Qué falta para garantizar la navegabilidad y estabilidad del río Magdalena?

Jorge Tinoco, asesor de la dirección ejecutiva de Cormagdalena actualizó la situación hace pocas semanas.

El directivo contó que el proyecto ya cuenta con estudios, diseños fase 3 y los requisitos técnicos necesarios, pero todavía está pendiente de financiación. La entidad tiene previsto presentar al nuevo Gobierno Nacional la solicitud de vigencias futuras por cerca de $1,96 billones para ejecutar el plan durante el próximo cuatrienio.

La inversión contempla $ 1,2 billones en obras de infraestructura (Capex) y cerca de $740.000 millones para operación y mantenimiento (Opex). Entre las obras previstas están el mantenimiento y fortalecimiento de los tajamares en Bocas de Ceniza, 13 diques sumergibles y otras obras de protección en el tramo Barrancabermeja-Barranquilla.

También se contempla la compra y construcción de una draga propia para el canal de acceso al Puerto de Barranquilla, con una inversión estimada de $400.000 millones.

Mientras se define la financiación para el próximo cuatrienio, la operación actual tiene recursos garantizados hasta el 31 de diciembre de 2026, con cerca de $46.000 millones destinados al mantenimiento del dragado. Cormagdalena espera que las vigencias futuras sean evaluadas durante los próximos meses para avanzar desde octubre en los procesos de contratación y llegar a enero de 2027 con los contratos necesarios para mantener la navegabilidad.

Uno de los proyectos de mayor plazo es la construcción de la nueva draga, cuyo diseño Cormagdalena viene trabajando con Cotecmar desde hace unos cuatro años. Si obtiene la autorización presupuestal, la construcción tomaría alrededor de cuatro años, por lo que la draga estaría disponible hacia 2030 y comenzaría a ser operada por Cormagdalena en 2031.

De acuerdo con EMCALI, esta alternativa surge como parte de la respuesta ante el impacto del sismo, el cual dejó a numerosos inmuebles en estado crítico y obligó a evacuar sectores enteros de la ciudad. Para aquellos predios que sufrieron un colapso estructural, la empresa informó que está procediendo con la clausura de los servicios públicos, guiándose por la información suministrada por las autoridades y organismos de control pertinentes.

En contraste, para los hogares que, si bien resultaron afectados, pueden ser recuperados a través de reparaciones, EMCALI facilita la suspensión temporal de los servicios. El beneficio podrá solicitarse mientras el inmueble permanezca inhabilitado y, una vez las autoridades certifiquen que la vivienda es nuevamente segura, se permitirá al usuario activar los servicios sin ningún costo asociado al trámite, según explicó la empresa.

Para acceder al procedimiento, los usuarios deben ingresar al portal oficial de EMCALI y hacer clic en el banner “Suspensión temporal de servicios”. Ahí se presentará un formulario que solicita datos como número de contrato, dirección exacta del inmueble, nombre completo, teléfono, y correo electrónico. Además, es posible adjuntar opcionalmente el documento de identidad y una copia de la factura de servicios, lo que podría facilitar la gestión. Es importante destacar que EMCALI revisará previamente el estado del predio antes de aprobar la suspensión, por lo que el cese de los servicios no se hará de manera automática.

Las notificaciones sobre el resultado de la solicitud serán enviadas al correo indicado por el usuario. Quien no disponga del número de contrato puede obtenerlo llamando a la línea 177 de EMCALI o a los teléfonos 602 5240177 y 5240177 desde otros operadores. Así, EMCALI busca atenuar la incertidumbre y las cargas de las familias caleñas mientras se resuelve la situación de sus viviendas tras el evento sísmico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué requisitos se necesitan para solicitar la suspensión temporal de servicios públicos en Cali después del sismo?

Para quienes deseen acceder a la suspensión temporal de servicios de EMCALI, será fundamental presentar el número de contrato, la dirección completa del inmueble, nombre del solicitante, teléfono y correo electrónico. De manera opcional, se puede adjuntar el documento de identidad y la factura de servicios públicos. El proceso se tramita exclusivamente a través del portal oficial de EMCALI y está sujeto a verificación previa del estado del inmueble afectado.

¿Cuánto tiempo dura la suspensión temporal de los servicios públicos que otorga EMCALI tras el sismo?

La suspensión temporal de los servicios públicos se mantendrá activa mientras el inmueble permanezca inhabilitado por daños y hasta que las autoridades o entidades correspondientes certifiquen que las reparaciones permiten la habitabilidad nuevamente. En ese momento, el usuario podrá solicitar la reactivación de servicios sin costo, según comunicó EMCALI.

De acuerdo con Edna Castro, veedora de la Arboleda Campestre, los vecinos no se oponen al desarrollo ni rechazan la idea de un nuevo hospital para la ciudad. Al contrario, recalcan que apoyarían cualquier proyecto que apueste por el bienestar social y sanitario, pero solo si se tiene una visión integral y responsable en cuanto a las condiciones del entorno. Castro señala que "es muy importante para nosotros y queremos que sean ejecutados estos proyectos", dejando claro que el respaldo de la comunidad existe, siempre que se tengan en cuenta las necesidades y los problemas sin resolver en el sector.

Las inquietudes de los habitantes tienen un fundamento tangible. Reportan que en Arboleda Campestre las fallas en la red de acueducto y alcantarillado son recurrentes, así como las interrupciones en el suministro de agua. Por ello, insisten en la importancia de que cualquier obra futura incluya garantías de transparencia y viabilidad, tanto en la ejecución como en el impacto a largo plazo para la comunidad. La veedora recalca este punto con su llamado a que "todo esto quede muy bien desde el principio".

Adicional a los problemas con los servicios públicos, los residentes también expresan su preocupación por la limitada oferta de transporte público y la falta de espacio adecuado para la movilidad, particularmente de personas con discapacidad o quienes viajan fuera de los horarios habituales. En este sentido, el apoyo a la decisión del Concejo Municipal y la Personería no debe interpretarse como un rechazo definitivo a la construcción del Hospital Materno Infantil, sino como una solicitud para que las autoridades primero atiendan las dificultades crónicas del sector y así la llegada de nuevas inversiones beneficie verdaderamente a la ciudad y sus habitantes.

En suma, la comunidad pide que el desarrollo de Ibagué sea resultado de una verdadera planificación urbana, basada en estudios técnicos, condiciones ambientales y el respeto por las necesidades de quienes residen en la zona. Solo así, afirman, darán un respaldo pleno a nuevos proyectos de infraestructura.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de los habitantes de Arboleda Campestre sobre el Hospital Materno Infantil?

Los residentes de Arboleda Campestre han comunicado que sus mayores preocupaciones giran en torno a la falta de agua potable, problemas continuos en el alcantarillado, deficiencias en el transporte público y limitaciones de espacio público y planificación urbana. Temen que la construcción del Hospital Materno Infantil, si no se resuelven estos problemas primero, agrave la situación en lugar de aportar una solución.

¿Por qué la comunidad respalda la decisión del Concejo de Ibagué sobre la cesión del lote para el hospital?

La comunidad apoya la decisión del Concejo Municipal y la Personería de Ibagué de no ceder aún el lote para el Hospital Materno Infantil porque consideran que, antes de cualquier nueva obra, es necesario atender los problemas básicos que afectan al sector desde hace años. Los habitantes insisten en que no se oponen al hospital, pero exigen que las inversiones lleguen acompañadas de garantías y soluciones estructurales, para evitar que las deficiencias actuales se agraven.

Sin embargo, existe una zona denominada "zona de emergencia", donde la restricción se intensifica debido a las obras de recuperación de la infraestructura vial que se adelantan. Según datos de la Secretaría, este perímetro abarca desde la Carrera 66 hasta la Carrera 36, y de la Calle 5 a la Calle 10. Allí, el pico y placa afecta a un total de cuatro números diarios, y este miércoles no podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 3, 4, 7 y 8. Dicho cuadrante incluye lugares estratégicos y de alto tráfico como la Universidad Santiago de Cali, el Centro Comercial Palmetto Plaza, la Unidad Deportiva de Cali y vías principales como la Avenida Roosevelt y la Calle 9. La medida especial en esta zona es temporal y estará vigente desde el 21 de agosto hasta el 5 de septiembre.

La normativa prevé excepciones para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. Las motocicletas, ambulancias, vehículos de emergencia, automotores de la Policía y el Ejército, y los vehículos oficiales, pueden circular en todos los sectores de la ciudad sin restricciones. También quedan exceptuados los vehículos que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida, los expresamente autorizados para atender la emergencia, así como los vehículos híbridos y eléctricos y quienes paguen oportunamente la Tasa por Congestión.

Ante estas regulaciones, las autoridades recomiendan a la ciudadanía planificar rutas alternas y revisar el dígito final de la placa antes de movilizarse, con el fin de evitar sanciones económicas y contribuir al orden y seguridad en las vías. Toda la información expuesta proviene de la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali.

¿Cuáles son los dígitos restringidos por el pico y placa en Cali este miércoles?

Este miércoles, la restricción ordinaria de pico y placa en Cali aplica para vehículos cuya placa termina en 3 y 4, mientras que en la zona de emergencia la medida prohíbe la circulación de placas finalizadas en 3, 4, 7 y 8, según la Secretaría de Movilidad de la ciudad.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en la zona de emergencia de Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, están exentos de la restricción motocicletas, ambulancias, vehículos de emergencia, automotores de la Policía y el Ejército, vehículos oficiales, personas con discapacidad, vehículos autorizados para atender la emergencia, híbridos, eléctricos y quienes hayan pagado la Tasa por Congestión.

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El sismo dejó secuelas en 494 municipios distribuidos en 16 departamentos. Según el balance oficial de la UNGRD, 361.353 personas fueron identificadas como damnificadas por el suceso, y 364 individuos fueron rescatados en las labores de emergencia. La magnitud de los estragos no solo se refleja en la cifra de víctimas, sino también en los daños materiales registrados durante estos días.

Uno de los impactos más fuertes se manifiesta en la infraestructura residencial. Según la UNGRD, 178.515 viviendas se reportaron averiadas y otras 31.613 quedaron completamente destruidas. Además, se contabilizan 5.884 edificaciones con afectaciones diversas y 603 edificaciones colapsadas. La emergencia también golpeó la infraestructura estratégica de múltiples comunidades, incluyendo 378 centros de salud, 3.758 instituciones educativas y 4.334 centros comunitarios.

Las vías terrestres y otras estructuras públicas sufrieron daños considerables. El reporte actualizado indica afectaciones en 440 tramos viales, cinco aeropuertos, 118 acueductos, 74 puentes vehiculares y 16 puentes peatonales, lo que evidencia la complejidad del proceso de recuperación que enfrenta el país.

Luego de dos semanas dedicadas principalmente a la gestión de la emergencia, el Gobierno Nacional anunció el inicio de una etapa enfocada en la reconstrucción. Durante una visita a Quibdó, capital del Chocó y una de las zonas más afectadas, el presidente Abelardo De La Espriella comunicó que el proceso de recuperación ya está en marcha. Se enviaron 4.480 toneladas de materiales para reparar viviendas, y comenzó el esquema de reconstrucción asistida, en el cual las familias colaboran con ingenieros y especialistas en la edificación de nuevas estructuras. Para las viviendas con daños menores, está prevista la entrega de materiales que permitan su recuperación, y en los casos más graves se construirá nuevamente la casa.

En respuesta a la emergencia habitacional, la empresa privada Grupo Argos incrementó su compromiso de viviendas de rápida edificación, aumentando la meta de 300 a 1.000 unidades, con hasta 600 de ellas destinadas específicamente a la región del Chocó.

Mientras la reconstrucción avanza, el gobierno estableció un apoyo económico temporal para las familias que perdieron totalmente su vivienda. A partir del 26 de agosto, los hogares en esta situación recibirán 875.452 pesos mensuales durante tres meses, sumando cerca de 2,6 millones de pesos para cada uno, según la información oficial.

¿Cuántas personas resultaron afectadas por el terremoto en Colombia, según la UNGRD?

De acuerdo con el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto del 10 de agosto afectó a 361.353 personas, incluyendo 331 fallecidos, 4.439 heridos y 240 personas desaparecidas, además de miles de damnificados en 16 departamentos.

¿Qué es la reconstrucción asistida tras un desastre y cómo se implementa en Colombia?

La reconstrucción asistida es un sistema en el que las familias damnificadas participan directamente en la reparación o edificación de sus viviendas, contando con el apoyo técnico de ingenieros y otros profesionales. Según la UNGRD, en Colombia este modelo busca agilizar la restauración de hogares permitiendo que los afectados colaboren en las obras bajo supervisión especializada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El proceso de selección de los candidatos incluyó varias deliberaciones internas. Gustavo Petro, expresidente y aún figura clave en la dirección política de la izquierda, participó activamente en la designación de Rusinque y Bautista, optando por estos nombres frente a otras alternativas como la de Alirio Uribe. Así, Ana Jimena Bautista, exdirectora de Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el periodo de Juan Felipe Harman, fue elegida en reemplazo de Uribe para integrar la lista al CNE.

Por otro lado, Guillermo Rivera, exministro del Interior y exembajador en Brasil, llegó a la plancha en las últimas horas tras recibir el visto bueno del sector progresista. Según El Espectador, Rivera buscó el respaldo de varios congresistas, logrando sumar apoyos dentro de la izquierda y sectores de Alianza Verde, encabezados por el senador Ariel Ávila, aunque enfrentó resistencias de movimientos como las curules de paz.

En cuanto a cuotas en el CNE, el Pacto Histórico tiene asegurados dos asientos –actualmente en poder de Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez– gracias a su propia bancada de 69 congresistas. Cada puesto se define por 33 votos. Aunque la votación para el resto de los asientos permanece repartida entre bloques tradicionales y el oficialismo, la inclusión de Rivera podría modificar la balanza y poner en riesgo los escaños de candidatos de Salvación Nacional y Cambio Radical, reveló El Espectador. El Centro Democrático, el Partido Conservador, La U y el Partido Liberal también tienen sus cartas sobre la mesa, con nombres ya definidos para pelear por su representación.

Este cierre de planchas y alianzas marca la antesala de una votación decisiva que no solo definirá los magistrados del CNE, sino también la correlación de fuerzas en un órgano clave para la democracia colombiana.

¿Quiénes son los candidatos del Pacto Histórico y sus aliados para el Consejo Nacional Electoral?

De acuerdo con El Espectador, la plancha conjunta presentada por el Pacto Histórico, En Marcha y Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) está integrada por Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista y Guillermo Rivera. Rusinque y Bautista fueron seleccionadas con la participación de Gustavo Petro, mientras que Rivera, exministro y exembajador, llegó tras recibir el respaldo de la izquierda petrista y sectores de Alianza Verde.

¿Cómo se define la elección de magistrados en el Consejo Nacional Electoral según el Congreso?

Según la información publicada por El Espectador, cada puesto en el Consejo Nacional Electoral se asigna mediante la votación del Congreso en pleno, donde es necesario contar con 33 votos para asegurar un escaño. El Pacto Histórico, al contar con una bancada de 69 congresistas, tiene asegurados dos asientos. El resto de las posiciones se disputa entre los partidos más tradicionales y el oficialismo, en una puja que puede verse alterada según la inclusión de candidatos y el resultado de las alianzas recientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Según datos obtenidos por El Espectador, los capturados fueron identificados por sus rangos: se trata de tres mayores, tres sargentos segundos, un sargento primero y un sargento viceprimero, todos actualmente en servicio activo. A este grupo se suma un sargento primero retirado. Las detenciones se efectuaron en diferentes regiones del país para dar cumplimiento a órdenes judiciales emitidas por la Fiscalía 03 Seccional de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.

Los delitos por los que se investigan a los capturados han sido tipificados como peculado por apropiación y falsedad en documento público. El delito de peculado por apropiación se refiere a la apropiación indebida de recursos públicos por parte de servidores del Estado, mientras que la falsedad en documento público implica la alteración o fabricación de documentos oficiales con el fin de adelantar trámites ilegales o encubrir irregularidades.

De acuerdo con lo manifestado por el Ejército, el resultado de estas detenciones es producto de una exhaustiva investigación que duró más de 18 meses. Durante este periodo, las autoridades lograron identificar una serie de conductas irregulares en el manejo de recursos y en los trámites administrativos llevados a cabo por el personal militar implicado, lo que habría facilitado actos de corrupción en ejercicio de sus funciones oficiales.

Actualmente, los nueve capturados han sido puestos bajo custodia de las autoridades judiciales correspondientes, quienes serán los encargados de legalizar las capturas en las próximas horas. De forma paralela, el Ejército anunció la apertura de investigaciones disciplinarias y administrativas internas, con el propósito de esclarecer las circunstancias y el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en estos hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público en casos de corrupción?

El peculado por apropiación consiste en que un servidor público se apropia ilegalmente de bienes o recursos del Estado para su beneficio privado. Por su parte, la falsedad en documento público ocurre cuando se altera o elabora un documento oficial de manera fraudulenta, con la intención de cometer un acto ilegal o encubrir una irregularidad. En el contexto de los hechos, estos delitos estarían vinculados a actos de corrupción en el manejo de recursos y trámites administrativos dentro del Ejército.

¿Qué autoridades participaron en la captura de militares señalados de corrupción en el Ejército?

En el reciente operativo participaron el Gaula Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Este trabajo conjunto permitió realizar las capturas en diferentes regiones del país, bajo las órdenes judiciales de la Fiscalía 03 Seccional de Cúcuta, lo que refuerza la colaboración interinstitucional en investigaciones por corrupción dentro de las fuerzas armadas.

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La iniciativa fue explicada por el senador de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, quien aseguró que la propuesta busca separar el derecho al sufragio de cualquier participación política dentro de las Fuerzas Militares y la Policía.

“Los miembros de la fuerza pública podrán ejercer la función de sufragio mientras permanezcan en servicio solo para las elecciones de presidente de la república y para elegir senadores, pero no podrán intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”, afirmó Rodríguez al explicar el proyecto.

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El senador también puso como ejemplo una situación que, según la propuesta, seguiría estando prohibida dentro de los batallones y unidades policiales. “Lo que quiere decir que los uniformados no pueden hacer ningún tipo de política con la tranquilidad de que ningún batallón vamos a ver a un coronel formando a todo su batallón para que voten por el a o por el b y ningún sargento podrá hacerlo”, señaló.

De esta manera, el proyecto plantea que los uniformados puedan acudir a las urnas para elegir al presidente de la República y a los integrantes del Senado, pero sin que esa posibilidad implique autorización para promover candidatos, partidos o movimientos políticos.

La propuesta ahora deberá avanzar en el trámite correspondiente dentro del Congreso. Su eventual aprobación implicaría un cambio en las reglas electorales aplicables a los miembros activos de la Fuerza Pública, específicamente frente a su participación en las elecciones mencionadas.

La situación en Tolima es la más grave. De acuerdo con estimaciones de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), alrededor de 27.000 hectáreas se han visto afectadas por el fuego en municipios como Suárez, San Luis, Armero, Coello, Guamo, Ambalema, Ataco y Coyaima. Esta cifra equivale al 68 % del área urbana de Bogotá y no solo representa una pérdida ambiental, sino también económica y social. Los daños en cultivos, infraestructura rural, pastos y medios de alimentación para animales han ocasionado pérdidas cercanas a los $50.000 millones solo en el sector agropecuario tolimense. En San Luis, por ejemplo, se quemaron cerca de 8.000 hectáreas, lo que representa alrededor de $20.000 millones en daños. Más de 100.000 cabezas de ganado podrían sufrir escasez de alimento.

Las historias humanas detrás de las estadísticas reflejan el drama de decenas de familias campesinas, especialmente en veredas como Tomogó, donde 14 de las 46 fincas sufrieron pérdidas. Se reportan casos como el de un productor que vio cómo el esfuerzo de una década se desvaneció tras perder 550 árboles de aguacate. Las comunidades solicitan ayuda en forma de alimentos para animales, agua, herramientas y semillas, mientras el Ministerio de Agricultura implementa el plan “Compromiso Tolima” para atender a los afectados.

Nariño tampoco escapa a la crisis, con cuatro incendios activos en La Florida, Linares, Ancuya y El Tambo. Las llamas avanzan sobre cultivos de caña de azúcar y destrozaron dos trapiches en Ancuya, afectando a decenas de familias. Bomberos y Defensa Civil luchan para contener el fuego, mientras la Gobernación reporta más de 1.200 hectáreas impactadas y solicita evitar quemas que puedan agravar la emergencia.

Las autoridades investigan si algunos focos fueron provocados de manera intencional, especialmente en Tolima, donde circulan denuncias y videos de presuntos incendiarios. Aunque existe la hipótesis de que organizaciones criminales aprovechen los incendios para desviar la atención de las fuerzas de seguridad, todavía no se confirma que todos los casos tengan ese origen.

El fenómeno de El Niño se suma como factor de riesgo, incrementando temperaturas, sequía y déficit de lluvias. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene 226 municipios bajo alerta, 51 de ellos en nivel rojo, entre los que se destacan Tolima con 25 y Nariño con 11 municipios en esa categoría. Las acciones de mitigación involucran operaciones terrestres y aéreas, con participación de bomberos, Ejército, Fuerza Aeroespacial y otras autoridades que continúan su labor para evitar mayores tragedias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas hectáreas han sido afectadas por los incendios forestales en Tolima y Nariño?

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y entidades como Cortolima y la Gobernación de Nariño, en Tolima se estima que los incendios forestales han afectado alrededor de 27.000 hectáreas, mientras que en Nariño la cifra supera las 1.200 hectáreas, impactando áreas rurales, cultivos y pequeñas industrias productivas.

¿Qué factores han contribuido a la emergencia por incendios forestales en Colombia?

La propagación de los incendios forestales en Tolima y Nariño se relaciona con la sequía, las altas temperaturas y la posible acción humana. Además, el fenómeno de El Niño, caracterizado por un déficit de lluvias y vegetación seca, ha incrementado el riesgo y las dificultades para controlar las llamas.

El retiro de la vigilancia por parte de la Policía Metropolitana intensificó el problema el lunes 24 de agosto en la mañana, cuando quedó claro que la capacidad de resguardo se encontraba gravemente disminuida. Según los afectados, los intrusos no solo aprovechan las grietas y huecos de la estructura, sino que emplean incluso hachas provenientes de los kits de emergencia del propio edificio para violentar puertas. Entre los objetos sustraídos figuran dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, joyas y otros bienes de valor, estimados en cerca de 15 millones de pesos. A esto se suma el desvalijamiento de vehículos estacionados bajo los escombros, dada la ausencia de control policial y de tránsito en la zona.

La preocupación de los residentes no es solo por la pérdida de sus pertenencias. Sandra García, habitante del apartamento 401, señaló la existencia de una emergencia sanitaria: tras dos semanas de restringirse el ingreso, alimentos almacenados en los refrigeradores se encuentran en avanzado estado de descomposición, lo que ha originado olores nauseabundos que, junto con el hedor proveniente de las ruinas del edificio Vanessa, representan un grave riesgo de contaminación para toda la comunidad. Los habitantes también denuncian un abandono total por parte de las autoridades, ya que la Alcaldía de Cali no ha entregado ninguna ayuda humanitaria y el acceso tanto de aseguradoras como de ingenieros privados está prohibido por decreto municipal. La única comunicación oficial recibida han sido advertencias verbales de una posible demolición, sin estudios técnicos escritos que respalden esta decisión.

Ante este panorama, la comunidad exige una intervención urgente y coordinada entre la Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana, pues solo el restablecimiento de la seguridad y un protocolo claro de ingreso podrán evitar que la catástrofe natural degenere en desamparo e impunidad.

¿Qué ha pasado con la seguridad en el edificio Laureles tras el desalojo?

Luego del desalojo preventivo y el retiro del esquema de vigilancia de la Policía Metropolitana, el edificio Laureles ha quedado vulnerable debido a la insuficiente presencia de solo dos vigilantes privados por turno. Esta situación ha permitido el ingreso constante de delincuentes, quienes han saqueado apartamentos y vehículos, agravando la crisis de los afectados, según lo reportado por Noticiero 90 Minutos.

¿Por qué se impide el ingreso de los residentes y aseguradoras al edificio Laureles?

Según la denuncia de los copropietarios reportada por Noticiero 90 Minutos, un decreto municipal impide el acceso tanto de residentes como de aseguradoras e ingenieros particulares al interior del edificio Laureles. Esta restricción complica la recuperación de pertenencias y la evaluación técnica de la estructura, pues hasta el momento solo se han recibido advertencias verbales de demolición y no se ha entregado ningún estudio técnico formal a los afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La clave está en que, según la información consultada, el terremoto no modificó de forma directa el esquema nacional de vacunación de Colombia ni las dosis fijadas dentro del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). El PAI establece las vacunas y dosis en función de la edad y las condiciones de cada persona, medidas que se mantuvieron tras el sismo. Lo que sí cambió fue la logística: se acercaron los servicios de vacunación a los sitios donde la población se encuentra temporalmente. Además, se facilitó la revisión de los esquemas, sobre todo para quienes, al haber sido desplazados o perder documentos importantes como el carné de vacunación, necesitan verificar si tienen alguna dosis pendiente.

En cuanto a posibles cambios en algunas vacunas, la información deja claro que las actualizaciones no guardan relación con el terremoto. Por ejemplo, el refuerzo en la vacunación contra la fiebre amarilla en municipios de alto riesgo y la dosis adicional temporal para el sarampión, llamada “Dosis Cero”, la cual se dirige a niños de 6 a 11 meses, forman parte de estrategias de salud pública independientes del desastre natural. Es fundamental que las familias reconozcan que estos ajustes responden a criterios epidemiológicos específicos y no a la emergencia por el sismo.

Por lo anterior, la recomendación dirigida a las familias es no asumir que sobrevivir al terremoto implica la obligación de recibir nuevas dosis. Lo ideal es acercarse a los puntos de vacunación y permitir que el personal de salud verifique si hay esquemas incompletos o dosis pendientes, evitando confusiones acerca de nuevos lineamientos por el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿El terremoto de agosto de 2026 modificó el esquema nacional de vacunación en Colombia?

No, el esquema nacional de vacunación no fue modificado debido al terremoto de agosto de 2026. La estructura y las dosis de las vacunas establecidas por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) permanecieron iguales; los ajustes fueron logísticos, acercando los servicios a comunidades afectadas.

¿Qué medidas deben tomar las familias afectadas por el terremoto para revisar sus vacunas?

Las familias que han perdido su carné de vacunación, se han trasladado o no recuerdan su esquema deben acudir a los puntos de vacunación organizados en alojamientos temporales o comunidades. Allí, el personal de salud revisará caso por caso para identificar dosis pendientes y evitar errores o repeticiones innecesarias.

Según el argumentario del juzgado en el auto admisorio, la medida busca garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los ocupantes durante el proceso. Sin embargo, la familia Pimienta, propietaria de los terrenos, reaccionó con vehemencia a través de su defensa legal. El abogado Evaristo Rafael Rodríguez formalizó una petición de nulidad de todo lo actuado, señalando que el proceso ya tenía cosa juzgada según la Sentencia T-946 del 16 de diciembre de 2011, por lo que el único paso pendiente era la ejecución de la orden de desalojo. Rodríguez, en el recurso, calificó la tutela como una maniobra para alterar un fallo en firme.

La defensa de los dueños solicitó a su vez que la Comisión de Disciplina Judicial del Cesar y la Fiscalía General de la Nación investiguen a la jueza Saavedra Martínez por presunto prevaricato por acción, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Esto, bajo el argumento de que la suspensión está obstruyendo la ejecución de una orden dictada por el máximo ente constitucional. En paralelo, el eje del conflicto radica en la disponibilidad de soluciones habitacionales para los ocupantes. Mientras estos solicitan un censo actualizado y construcción de albergues antes de ser desalojados, la defensa de la familia Pimienta sostiene que el Estado ya edificó el plan de vivienda El Porvenir y que existen 700 casas listas que no han sido reclamadas por los afectados, quienes—según el abogado—apuntan a consolidar la ocupación irregular ignorando la decisión judicial previa.

En el marco de la tutela, la jueza también obligó a la Alcaldía de Valledupar, a la Inspección de Policía y a la Unidad de Víctimas a presentar informes sobre la caracterización de los ocupantes y su estado en los registros oficiales. La Alcaldía ha reportado que, según sus datos, hay más de 30.000 personas viviendo en el predio, muchas de ellas sin servicios básicos ni vías de acceso, un dato que la defensa de los dueños ha rebatido.

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¿Por qué fue suspendido el desalojo en los predios de Sabanas 1 en Valledupar?

El desalojo fue suspendido porque el Juzgado Tercero de Familia de Valledupar admitió una acción de tutela presentada por los ocupantes de varios sectores, quienes argumentaron la protección de sus derechos fundamentales y señalaron que la fecha del operativo coincidía con el final del plazo legal para dictar un fallo de fondo.

¿Qué significa 'cosa juzgada' en el contexto del litigio por Sabanas 1?

El término 'cosa juzgada' hace referencia a que un asunto ya ha sido resuelto por una sentencia definitiva y no puede ser objeto de un nuevo proceso judicial. En el caso de Sabanas 1, la defensa de los dueños sostiene que la decisión sobre el predio ya fue tomada en la Sentencia T-946 de 2011 y solo faltaría ejecutar el desalojo.

De acuerdo con Néstor Consuegra, gerente de operaciones de Gases de Occidente, el proceso de rehabilitación comenzará con inspecciones preventivas externas, validaciones técnicas y la desconexión de predios vecinos que hayan registrado daños. Para cada vivienda, la revisión será individual. Es fundamental que el propietario o arrendatario esté presente durante la visita programada y que mantenga las válvulas del centro de medición, la red interna y los gasodomésticos totalmente cerrados. Esta medida busca evitar riesgos y asegurar que el reinicio del servicio se realice con las condiciones adecuadas.

La compañía informó que el restablecimiento del servicio se hará por sectores y de manera gradual. En concreto, los barrios Capri (carreras 70 y 73, calles 10A y 10 Bis) y Alameda (carreras 23C y 24, calles 9B y 9) están programados para recibir las visitas de inspección y posible reconexión el 26 y 27 de agosto de 2026. Por su parte, en el barrio El Refugio (carreras 66 y 67, calles 3C y 4) las labores se realizarán el 27 y 28 de agosto de 2026.

Para aquellos usuarios que no puedan estar presentes durante la revisión, se procederá a la suspensión preventiva del servicio. Posteriormente, deberán comunicarse con las líneas 602 4187333 o través de WhatsApp en el 3156658536 para coordinar una nueva visita. Gases de Occidente enfatizó que toda la reactivación será acompañada de estrictas verificaciones técnicas para asegurar la protección de la comunidad.

Según la información oficial difundida por Gases de Occidente, el cronograma y las acciones distribuidas por barrios evidencian la prioridad en la seguridad y la necesidad de un manejo ordenado de la emergencia, evitando apresuramientos que puedan derivar en riesgos para los usuarios. La empresa pidió comprensión ante el proceso paulatino y reiteró la relevancia de la colaboración de los ciudadanos para garantizar el éxito de la recuperación del servicio.

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¿Cómo será el restablecimiento del servicio de gas natural en los barrios afectados de Cali?

El restablecimiento del servicio de gas natural, según Gases de Occidente, se realizará de forma paulatina y con inspecciones técnicas previas en cada vivienda de los sectores afectados. Cada usuario debe estar presente durante la visita, mantener cerradas todas las válvulas y esperar la validación de que es seguro reanudar el suministro.

¿Qué debe hacer un usuario si no puede estar presente durante la visita de inspección del gas?

Si el usuario no puede recibir al equipo técnico en la fecha programada, Gases de Occidente suspenderá preventivamente el servicio y el usuario debe comunicarse a los números oficiales para agendar una nueva visita que garantice la debida inspección y reconexión segura del gas natural.

La iniciativa retoma una estrategia aplicada hace casi 20 años durante el gobierno de Álvaro Uribe. En 2007, los exjefes paramilitares Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y Diego Fernando Montoya, alias Don Diego, fueron trasladados a embarcaciones de la Armada en el Caribe y el Pacífico, respectivamente, con el propósito de romper sus nexos con las organizaciones que dirigían.

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Ahora, según el medio citado, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y el Inpec ya trabajan de manera articulada para poner nuevamente en marcha este modelo. Fuentes citadas por el diario señalaron que “la idea es darle más control a los presos. Será un hecho en unos meses”.

El plan no estaría limitado exclusivamente a los responsables de extorsiones. El Tiempo indicó que los posibles trasladados serían delincuentes de alto perfil, mientras que el Ministerio de Defensa anunció avances en la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), que uniría las capacidades del Inpec y la Armada.

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El objetivo es mantenerlos “aislado de todo: comunicaciones y nexos” con sus estructuras criminales. La medida, sin embargo, podría enfrentar una batalla jurídica por derechos relacionados con visitas, arraigo familiar y resocialización.

Finalmente, el Gobierno estaría dispuesto a defender la estrategia ante los tribunales para intentar cortar las redes criminales que operan desde las cárceles. La propuesta había sido discutida durante el gobierno anterior, pero no llegó a concretarse.

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Uno de los aspectos centrales de la modificación consiste en precisar que la entidad territorial certificada mantiene su condición de prestadora del servicio cuando contrata a un tercero para administrar u operar uno de sus establecimientos educativos oficiales. En estos casos, el contratista actuaría como colaborador, sujeto a los lineamientos, la dirección, la vigilancia y el control de la entidad territorial, sin sustituirla en su responsabilidad frente a la prestación del servicio.

Entre los requisitos contemplados para la ejecución de estos contratos, el documento plantea incorporar la jornada única como uno de los principios que deben orientar la contratación del servicio educativo. Las entidades territoriales deberán procurar su implementación y contar con la infraestructura, la planta docente y las demás condiciones necesarias para garantizar su adecuado desarrollo.

¿Cómo se implementaría la jornada única en los colegios públicos?

Según el documento presentado por el Ministerio de Educación, en el artículo 3, correspondiente a la modificación del artículo 2.3.1.3.1.4. del Decreto 1075 de 2015, el parágrafo 8 establece:

“Jornada única. Las modalidades de contratación de que trata el presente capítulo deberán propender por la implementación de la jornada única en los establecimientos educativos oficiales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 115 de 1994 y en las demás normas que lo reglamenten, garantizando que las entidades territoriales certificadas cuenten con la infraestructura, la planta docente y las demás condiciones necesarias para su adecuada implementación”.

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La propuesta también incorpora principios como accesibilidad, eficiencia, calidad, diversidad, reducción progresiva, oportunidad y planeación. En particular, el principio de reducción progresiva establece que la contratación utilizada para atender insuficiencias deberá ser reemplazada gradualmente por medidas orientadas a solucionar las causas que originaron esas limitaciones en la red oficial.

Esto significa que la contratación con terceros no se plantea como una solución permanente frente a las deficiencias del sistema educativo estatal, sino como una herramienta que deberá estar acompañada de acciones destinadas a fortalecer la capacidad de las instituciones oficiales.

En cuanto a la insuficiencia de infraestructura física, la entidad territorial certificada deberá incluir en el estudio correspondiente las razones técnicas que sustentan dicha situación y aportar las evidencias que permitan demostrarla. Esto deberá contemplar, entre otros aspectos, la capacidad para atender a la totalidad de la población en edad escolar y las condiciones requeridas para ampliar progresivamente la cobertura de la jornada única.

La distinción de colores, según lo reportado por el portal, cumple una función preventiva y de alerta social. El color verde indica que, tras la evaluación, no se encontraron riesgos significativos que impidan el acceso o la ocupación. Por lo tanto, las personas pueden continuar realizando sus actividades habituales dentro del inmueble, con la tranquilidad de que la estructura no presenta peligros evidentes en el corto plazo. Es una señal que respalda la seguridad, según las autoridades encargadas de la inspección.

En contraste, una calcomanía amarilla señala la presencia de daños o peligros puntuales en zonas específicas de la edificación. No implica demolición, pero sí establece advertencias para evitar el ingreso a áreas comprometidas hasta que se efectúen reparaciones o se sigan las recomendaciones técnicas. Los ocupantes deberán estar atentos a las instrucciones de los organismos competentes y asegurarse de identificar cuáles espacios están restringidos en sus actividades diarias.

El nivel máximo de alerta es representado por el rojo. Este color significa que el lugar examinando entraña un riesgo grave para la vida, por lo cual está estrictamente prohibido el ingreso sin una autorización escrita de la autoridad. Esta medida busca salvaguardar la vida de las personas, ante la posibilidad de colapsos u otros accidentes derivados de daños estructurales severos.

Así, la marcación de los edificios tras el terremoto no solo ofrece información técnica, sino que se convierte en una herramienta esencial de prevención y orientación ciudadana. Conocer y respetar el significado de cada color será fundamental en las próximas semanas para minimizar riesgos y evitar tragedias adicionales en la capital del Valle del Cauca.

¿Qué significa que un edificio en Cali esté marcado con color amarillo después del sismo?

La marca amarilla en una edificación de Cali indica que, tras la revisión, se detectaron daños o peligros localizados. El ingreso y la ocupación del inmueble pueden estar restringidos en ciertas áreas, y los ocupantes deben seguir las recomendaciones dadas por las autoridades para no poner en peligro su seguridad.

¿Cuáles son las restricciones para acceder a edificios con señalización roja tras un sismo en Cali?

Un edificio con señalización roja presenta un riesgo grave para la vida, según lo establece la inspección oficial. Nadie debe ingresar o permanecer en el lugar, salvo que exista una autorización expresa y escrita por parte de las autoridades competentes, con el fin de evitar accidentes fatales por daños estructurales severos.

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El ambiente estuvo colmado de tristeza, pero también de emotividad al entonar las canciones preferidas del uniformado como parte de la celebración de su memoria. Quienes lo conocieron desde pequeño aprovecharon la oportunidad para resaltar aspectos de su carácter, así como el vacío que deja su partida, evidenciando el impacto que tiene este tipo de hechos en el entorno social y familiar.

La muerte de Yehinson Ahumada García ocurrió la noche del 21 de agosto mientras se desplazaba por un corredor vial entre Melgar y El Espinal, cumpliendo funciones policiales junto al subintendente Heiner Laguna. De acuerdo con la información preliminar, ambos fueron interceptados por dos hombres que circulaban en una motocicleta. En ese momento se generó un intercambio de disparos que resultó fatal para Ahumada, quien falleció en el lugar de los hechos. El subintendente que lo acompañaba salió ileso de la situación.

Después del ataque, la investigación quedó en manos de equipos especializados de la Policía Judicial, quienes asumieron la tarea de determinar cómo sucedieron los hechos y de identificar a los responsables del homicidio. El coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, solicitó la colaboración de la ciudadanía, instando a las personas a aportar cualquier información que contribuya al avance de la investigación. Además, las autoridades mantienen un despliegue operativo activo con el propósito de ubicar y capturar a quienes perpetraron este crimen.

La Policía Nacional dispuso la línea 123 para recibir datos sobre el caso y garantizó que la confidencialidad será protegida para quienes suministren información. Este tipo de medidas busca asegurar la colaboración ciudadana en el esclarecimiento de crímenes que afectan tanto a las instituciones como a las comunidades donde los uniformados prestan sus servicios.

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¿Cómo fue homenajeado Yehinson Yosep Ahumada García en Sabanalarga, Atlántico?

El patrullero Yehinson Yosep Ahumada García fue homenajeado en su pueblo natal con canciones que eran de su preferencia, recuerdos y mensajes de afecto. Familiares y amigos compartieron anécdotas y resaltaron características personales del uniformado, demostrando el impacto y el vacío que deja su fallecimiento en la comunidad.

¿Qué acciones adelanta la Policía para esclarecer el asesinato del patrullero Yehinson Ahumada?

De acuerdo con la información suministrada por el Departamento de Policía Tolima, equipos especializados de la Policía Judicial están a cargo de la investigación para determinar los responsables del crimen. Además, la línea 123 fue habilitada para recibir información de la ciudadanía, bajo estricta confidencialidad, mientras continúa el despliegue de operativos destinados a la captura de los implicados.

Sin embargo, la transparencia de José sirvió de oportunidad para personas inescrupulosas. De acuerdo con lo sucedido, un presunto donante se contactó directamente con la madre de José, ofreciéndole ayuda económica. Según Preciado, su madre fue “enredada” por el falso colaborador, quien logró sonsacarle información de su cuenta de Nequi, aplicación financiera popular en Colombia. Poco después, los delincuentes retiraron entre $400.000 y $500.000, representando una pérdida importante para la familia, que ya vivía una situación compleja. José señaló que, por fortuna, días antes habían retirado una suma mayor, lo que evitó un daño económico más grande. Ante la situación, su padre le advirtió no usar nuevamente esa cuenta para recibir apoyo.

La problemática, de acuerdo con lo reportado, no se limita a ese caso. En Chaparral, otra localidad afectada por los incendios, José Aurelio Castro Suárez también denunció haber sido víctima de una modalidad similar. Castro le contó a las autoridades que, tras visibilizar sus necesidades producidas por la pérdida de cultivos de plátano, yuca, papaya y limón, recibió el ofrecimiento de una supuesta donación de $200.000 a través de WhatsApp. Según la información, el delincuente se hizo pasar por un funcionario de entidad bancaria y guió a la esposa de Castro, quien tiene dificultades para leer, hasta lograr que compartiera la pantalla de su celular. Así, los estafadores no solo vaciaron la cuenta de Nequi, sino que solicitaron un crédito preaprobado por $5 millones, para un total de $5,3 millones perdidos.

Estos casos, reportados en la información disponible, reflejan la desprotección de los afectados frente a nuevas formas de delito digital y subrayan la necesidad de nunca compartir claves, códigos, datos bancarios ni permitir el acceso remoto a dispositivos. Como dato relevante, el número utilizado para la estafa en San Luis fue reportado como 3234117895.

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¿Cómo operan las estafas por donaciones en casos de emergencias como los incendios de Tolima?

De acuerdo con los relatos de las víctimas, los estafadores contactan a las familias afectadas haciéndose pasar por donantes o representantes de bancos. Aprovechan la urgencia de la situación para solicitar información bancaria, claves o acceso a aplicaciones como Nequi. Una vez obtienen estos datos, proceden a retirar fondos e incluso solicitar créditos a nombre de sus víctimas.

¿Qué precauciones deben seguir las personas al recibir ofertas de ayuda económica tras desastres naturales?

Según las recomendaciones mencionadas, se debe confirmar siempre la identidad de quien ofrece ayuda, evitar compartir cualquier información confidencial, como claves, códigos o datos personales, y nunca permitir el acceso a la pantalla del celular u otros dispositivos. Una verdadera donación o auxilio nunca solicitará estos datos bajo ninguna circunstancia.

Sin embargo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó en entrevista con Noticias Caracol cuál será el verdadero alcance de estas acciones y aseguró que los venezolanos que cuentan con un estatus migratorio regular no son el objetivo de la estrategia.

La preocupación comenzó después de que De la Espriella ordenara a Migración Colombia y a la Policía realizar operativos para identificar a extranjeros que se encuentren en situación irregular o que estén involucrados en delitos. El mandatario fue enfático al señalar que quienes estén cometiendo delitos y sean extranjeros serán deportados.

“No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo delitos en Colombia. Se van y los deportamos”, afirmó el presidente durante un consejo de seguridad.

De la Espriella también indicó que los operativos deberían enfocarse, primero, en extranjeros que estén cometiendo delitos y, segundo, en quienes no tengan regularizada su situación migratoria.

Pero, ¿esto significa que los venezolanos que viven legalmente en Colombia están en riesgo? Según Rodrigo Lara, la respuesta es no.

El ministro explicó que durante los años más fuertes de la crisis migratoria venezolana, particularmente entre 2019 y 2021, cerca de dos millones de ciudadanos de ese país llegaron a Colombia. Una gran mayoría logró regularizar su permanencia y acceder a mecanismos de protección.

Entre ellos están los venezolanos cobijados por el Permiso por Protección Temporal (PPT), documento que les permite permanecer legalmente en Colombia, trabajar formalmente, acceder a servicios y movilizarse dentro del territorio nacional.

Al ser preguntado directamente sobre si las personas que tienen PPT podrían ser deportadas como consecuencia de los nuevos operativos, Lara fue categórico: “No. Naturalmente que no”.

El funcionario insistió en que los venezolanos que recibieron este mecanismo de protección y se integraron a la sociedad colombiana “no son migrantes ilegales de ninguna manera”.

Entonces, ¿a quiénes busca el Gobierno?

De acuerdo con Lara, el foco está principalmente en extranjeros que permanezcan irregularmente en el país, personas vinculadas con actividades delictivas y, especialmente, organizaciones criminales que se lucran con el tráfico y la trata de migrantes.

Uno de los puntos que más preocupa al Gobierno está en las zonas de tránsito hacia Panamá, particularmente el Darién. Según el ministro, allí operan redes criminales que utilizan el movimiento de migrantes para obtener beneficios económicos.

“El problema aquí no es de millones de personas que han llegado indocumentadas a vivir en Colombia, no, ese no es el problema”, explicó Lara.

La ofensiva migratoria, además, hace parte de una estrategia de seguridad más amplia. El Gobierno prepara un estatuto antiterrorista que será presentado al Congreso y que contempla crear una lista nacional de organizaciones consideradas terroristas, además de establecer medidas especiales contra ellas.

Lara mencionó entre las estructuras que actualmente el Gobierno considera terroristas a las disidencias de las Farc, el Eln y la Segunda Marquetalia. El proyecto también contemplaría agravantes para determinados delitos y un régimen penitenciario especial.

Así, aunque el anuncio de De la Espriella provocó preocupación entre los migrantes, la explicación del ministro marca una diferencia clave: la estrategia no está planteada contra los venezolanos regularizados, sino contra la migración irregular vinculada con delitos y las redes criminales que se benefician de ella.

De acuerdo con las declaraciones de De La Espriella, existen denuncias provenientes de las autoridades locales sobre personas que se movilizan en motocicleta y serían las responsables de iniciar incendios en sectores específicos como Suárez, Coello y San Luis. El presidente enfatizó que “hay indicios de que algunos incendios forestales están siendo provocados deliberadamente”, aunque aclaró que estas versiones deben ser esclarecidas por las autoridades competentes. Si se comprueba la responsabilidad de alguna persona, advirtió que los involucrados enfrentarán las consecuencias legales correspondientes.

La emergencia se agrava todavía más debido a presuntos obstáculos que dificultan la labor de los organismos de socorro. De acuerdo con el mandatario, hay reportes sobre actos que entorpecen el trabajo de quienes intentan controlar los incendios. Además, se investiga si existe una relación entre los incendios generados de manera deliberada, la dispersión de las autoridades y la comisión de otras acciones criminales que atentan contra la seguridad y la infraestructura de la región.

En medio de la crisis, De La Espriella resaltó el compromiso y esfuerzo de los equipos de atención. Según confirmó, 205 bomberos, cerca de 20 unidades de apoyo y recursos aéreos están dedicados a mitigar el avance de las llamas en las zonas comprometidas. Para reforzar la atención de la emergencia, el Gobierno nacional ordenó fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en los municipios de San Luis, Coello y Suárez, con el objetivo de salvaguardar a la población y avanzar en la identificación de los responsables de las conflagraciones.

Por otro lado, el presidente informó que solicitó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) gestionar apoyo internacional, recurriendo a la experiencia de Chile y Estados Unidos en la atención de incendios forestales. Finalmente, De La Espriella fue enfático en que “quien incendia nuestros campos, pone en peligro a familias enteras o sabotea a quienes combaten el fuego es un criminal y será tratado como tal”.

¿Qué acciones ha tomado el Gobierno frente a los incendios en Tolima?

De acuerdo con las declaraciones de Abelardo De La Espriella, el Gobierno dispuso el refuerzo de la Fuerza Pública en los municipios más afectados, ordenó avanzar en la identificación de quienes estarían detrás de las conflagraciones y solicitó ayuda internacional a Chile y Estados Unidos, países con vasta experiencia en la atención de grandes incendios forestales.

¿Qué es la UNGRD y cuál es su función en emergencias como la de Tolima?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es la entidad encargada de coordinar las acciones para prevenir y atender eventos como incendios, desastres naturales y emergencias en Colombia. En el caso de los incendios en Tolima, la UNGRD fue instruida para gestionar apoyo internacional y coordinar la respuesta de los organismos de socorro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Según recogió Caracol Radio, Lara expuso que actualmente existen delitos de terrorismo, pero no una definición legal clara de qué constituye una organización terrorista. Por eso, el estatuto se centrará en crear un sistema de listado, es decir, una especie de registro oficial que identifique a dichas agrupaciones. El procedimiento para establecer quiénes serán incluidos dependerá de lo que se acuerde durante el trámite en el Congreso. “El estatuto primero tiene que aprobarse en el Congreso y eso tiene un procedimiento que debe agotarse. Una vez incluidos existe toda democracia y mecanismos a los que se podrán acudir para salir o ejercer básicamente su derecho a la defensa frente a esa exclusión. Eso primero hay que aprobarlo y luego pues se establecerá el mecanismo de inclusión y salida de esta lista”, señaló Lara.

Las declaraciones de Lara responden a la directriz del presidente De la Espriella, quien durante el lanzamiento de su plan de seguridad y orden público fue enfático en que todos los grupos armados ilegales serán tratados bajo la misma categoría de “terroristas”. El mandatario dejó claro que su gobierno buscará eliminar “consejerías, agencias y oficinas que duplican funciones”, traspasando esas responsabilidades a ministerios y entidades que tienen un mandato legal definido con el fin de fortalecer la rendición de cuentas y reducir la burocracia. Entre las entidades que podrían desaparecer se encuentra la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y la figura del Comisionado para la Paz, cuyas funciones quedarían en manos del Comisionado Nacional de Seguridad. La postura presidencial expresa sin matices su rechazo a lo que denomina “falsos procesos de paz”.

Frente a estas medidas, se abren preguntas en torno al futuro de políticas como las Zonas de Ubicación Temporal, espacios creados en el anterior gobierno de Gustavo Petro para facilitar el tránsito de integrantes de grupos armados hacia la vida civil. De la Espriella argumenta que desde el 7 de agosto su prioridad será “la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad”. En medio de estos reacomodos institucionales, persiste la incertidumbre sobre la política de paz, mientras sectores que respaldan la implementación del acuerdo y figuras como el expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos recuerdan que la Constitución obliga al jefe de Estado a respetar lo allí pactado. Así, Colombia observa cómo la actual administración opta por dar prioridad a la seguridad y la confrontación, en lugar de la negociación con los grupos armados.

¿En qué consiste el estatuto antiterrorista que prepara el Gobierno de la Espriella?

El estatuto antiterrorista impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca definir formalmente qué se entiende por organización terrorista en Colombia, establecer un listado de esos grupos y crear un procedimiento claro para su inclusión y eventual exclusión. Según expuso el ministro del Interior, Rodrigo Lara, la propuesta aún debe ser presentada y debatida en el Congreso antes de su aprobación y aplicación.

¿Qué pasará con la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y el Comisionado para la Paz según la nueva estrategia?

De acuerdo con las directrices del presidente De la Espriella, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y el cargo de Comisionado para la Paz se eliminarán o sus funciones serán absorbidas por el Comisionado Nacional de Seguridad, como parte de una reestructuración institucional destinada a reducir la burocracia y centrar la política estatal en la seguridad y el combate directo a los grupos armados ilegales.

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La meta central de la alianza consiste en restituir las condiciones de vida en Buenaventura mediante el modelo de apadrinamiento, donde los empresarios e instituciones participantes asumirán como responsabilidad directa la rehabilitación de barrios y sectores afectados. Voceros institucionales, como Jenny Tapias, presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura, resaltaron la importancia del mapeo técnico, que permite definir cuáles organizaciones intervendrán en cada espacio específico, de modo que las propuestas de mejora se adapten a las necesidades reales de cada comunidad.

La estrategia prevé una articulación entre recursos privados y fondos públicos, destacándose el uso del “Fondo Milagro” dispuesto por el presidente de la República y de los recursos de la Gobernación del Valle del Cauca. Las acciones priorizadas por el gobierno departamental contemplan la construcción de 95 viviendas palafíticas —casas elevadas sobre pilotes, tradicionales en zonas ribereñas— y la recuperación de otras 90 viviendas en el barrio Lleras. Para el corregimiento de Zacarías, se beneficiarán 43 familias con materiales de construcción, y adicionalmente, se pone énfasis en la pronta recuperación de la infraestructura educativa para mitigar los impactos negativos del desastre.

La gerencia operativa del programa de padrinos recae en manos de un equipo delegado del sector privado, en coordinación con la Alcaldía Distrital y la Gobernación. Según expresó la alcaldesa Ligia Carmen Córdoba, este enfoque de “gobernanza colaborativa” se apoya en insumos del Banco de Materiales de la Nación y la participación activa de las comunidades beneficiadas, quienes proveerán mano de obra y acompañamiento. Por su parte, Walter Alberto Tenorio, director del Comité Intergremial de Buenaventura, valoró que este tipo de alianzas sientan precedentes sobre cómo el sector empresarial puede integrarse de forma directa en los procesos de autodesarrollo territorial.

¿Cómo funciona el modelo de padrinos en la reconstrucción de Buenaventura?

El modelo de padrinos asigna a cada empresa o institución la responsabilidad de reconstruir sectores o barrios específicos del distrito, de tal modo que se realicen intervenciones personalizadas y rápidas. De acuerdo con las directrices iniciales, los padrinos cubrirán desde áreas comunitarias cerca del puerto hasta barrios predeterminados, cuya identificación se efectúa mediante un mapeo técnico encargado por la Cámara de Comercio de Buenaventura. Cada entidad presenta su propuesta de mejora y coordina sus esfuerzos con los recursos públicos y la mano de obra local.

¿Qué significa una vivienda palafítica y por qué es importante para Buenaventura?

Una vivienda palafítica es una construcción levantada sobre pilotes o columnas, diseñada para adaptarse a terrenos inundables o cercanos a cuerpos de agua, característica distintiva de regiones ribereñas como Buenaventura. Este tipo de viviendas es importante en el contexto de la reconstrucción, ya que ofrece seguridad ante inundaciones frecuentes y responde a las condiciones geográficas del territorio, asegurando soluciones estructurales adecuadas a las necesidades locales.

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El plan de Cortolima contempla cinco prohibiciones que deben aplicarse de forma obligatoria. En primer lugar, queda prohibida la realización de cualquier tipo de fogatas, incluidas aquellas relacionadas con actividades familiares o de esparcimiento como paseos de olla o campamentos. Esta decisión responde al alto riesgo de que una fogata se convierta en la chispa inicial de un incendio forestal, dada la sequedad de la vegetación y el ambiente general.

En segundo lugar, están vetadas las quemas a cielo abierto, entre ellas las denominadas quemas controladas que se suelen realizar para eliminar residuos de cosechas, pastizales o basuras. Cortolima advierte que la propagación de las llamas, en las condiciones actuales de sequía, puede volverse rápidamente incontrolable, afectando zonas boscosas y a la población cercana.

Otra restricción importante se relaciona con el uso racional del agua. No está permitido el llenado de piscinas, sean de uso público o privado, con agua superficial (de ríos, quebradas, lagunas) o subterránea (de pozos). Igualmente, se prohíbe utilizar agua potable para regar jardines, plantas o espacios verdes en los hogares, con el fin de garantizar disponibilidad del recurso para las necesidades prioritarias.

Por último, el lavado de vehículos utilizando mangueras queda restringido. Solo los establecimientos comerciales debidamente autorizados pueden prestar este servicio bajo condiciones controladas, evitando un desperdicio excesivo de agua.

La Corporación Autónoma Regional del Tolima hace un llamado a la ciudadanía para colaborar vigilando el cumplimiento de las medidas y reportando toda situación anómala, como columnas de humo o fuego en zonas boscosas. Para ello, están habilitados el Centro de Monitoreo del Tolima (313 293 4649), la línea de Bomberos (119) y la Policía Nacional (123).

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¿Cuáles son las medidas de Cortolima para prevenir incendios en Tolima?

Cortolima estableció cinco prohibiciones principales: la realización de fogatas, toda clase de quemas a cielo abierto, el llenado de piscinas con agua superficial o subterránea, el riego de jardines o zonas verdes con agua potable y el lavado de vehículos con manguera fuera de establecimientos autorizados. Estas medidas buscan evitar incendios forestales y proteger el recurso hídrico.

¿Cómo denunciar un incendio forestal en Tolima y a qué autoridad acudir?

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos reportar de inmediato toda columna de humo, fuego en zonas boscosas o incumplimiento de restricciones. Se pueden comunicar con el Centro de Monitoreo del Tolima al 313 293 4649, con Bomberos marcando el 119 o con la Policía Nacional a través del 123.

De acuerdo con el Ministerio Público, y como parte de su labor preventiva, se llevaron a cabo mesas de trabajo, visitas a las instalaciones y solicitudes de información con el objetivo de verificar las medidas adoptadas ante la situación epidemiológica de este establecimiento. Estas acciones permitieron establecer un panorama más completo sobre la respuesta institucional y la situación sanitaria que viven quienes están en el interior de la Cárcel de Ternera.

Como resultado de estas evaluaciones, la Procuraduría instó al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) a continuar con las labores de inspección, vigilancia, control, asistencia técnica y seguimiento, todas ellas orientadas a prevenir la tuberculosis, así como otras enfermedades de índole respiratoria. Además, el Ministerio Público enfatizó la importancia del seguimiento permanente para asegurar una respuesta adecuada frente a los retos en materia de salud pública dentro de los centros penitenciarios.

Por otra parte, la Procuraduría Regional de Instrucción de Bolívar solicitó al Fondo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad, a la Unión Temporal Norsalud PPL y a la entidad Vivir IPS que se garantice la presencia de personal médico. Asimismo, demandaron el cumplimiento de pruebas complementarias, exámenes, evaluaciones y diagnósticos necesarios para los internos, así como el reporte exhaustivo de los casos en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública.

Finalmente, la Procuraduría también requirió que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) adelante todas las gestiones necesarias para proteger el derecho a la salud de quienes están privados de libertad, verificando el cumplimiento de las obligaciones por parte de los diferentes actores involucrados en la prestación y supervisión del servicio de salud en el contexto carcelario.

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¿Qué medidas pidió la Procuraduría para controlar los brotes de tuberculosis en la Cárcel de Ternera?

La Procuraduría solicitó a las autoridades continuar y reforzar las labores de inspección, vigilancia y control sanitario, además de exigir la presencia de personal médico en la cárcel, la realización de pruebas y diagnósticos, así como la notificación adecuada de los casos en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública.

¿Quiénes son los responsables de garantizar la atención en salud a los reclusos en Cartagena?

Entre los responsables están el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), el Fondo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad, la Unión Temporal Norsalud PPL, Vivir IPS y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), quienes deben coordinar las acciones para asegurar la atención sanitaria a los internos.

Según reportes recogidos por el noticiero 90 Minutos, la preocupación de la comunidad educativa no es reciente. Algunos días antes del movimiento telúrico, ya se habían iniciado conversaciones con la Secretaría de Educación de Cali para revisar una grieta en la estructura, situación confirmada por Guillermo Urueña, integrante del Consejo Directivo. Así lo evidencian sus declaraciones: "Habíamos venido con la Secretaría de Educación, habíamos revisado porque la rajadura era más pequeña y ellos vinieron y dijeron que iban a invertirle, que iban a arreglarla. Luego vino el terremoto y el Consejo Directivo había decidido cambiarlos a otras sedes para evitar una tragedia”.

La decisión de trasladar temporalmente a los estudiantes a otras sedes se tomó por precaución ante el temor de que la infraestructura representara algún peligro inminente. Sin embargo, después de que la institución fue habilitada nuevamente para reanudar las clases, las inquietudes crecieron. Padres y directivos consideran que no existe, hasta la fecha, una solución definitiva frente a los daños causados o empeorados por el terremoto. Así lo expresó Karen Gómez, madre de familia: “Nosotros pedimos a la Secretaría de Educación que se haga presente y nos ayude a organizar este colegio porque necesitamos una educación segura. En ningún momento hemos dicho que no vamos a dejar que los niños sigan con su educación. Solamente queremos una educación segura”.

La principal preocupación se centra en una pared ubicada en el área de recreo, espacio frecuentado por estudiantes de primaria entre 10 y 11 años, quienes la utilizan para guarecerse del sol durante los descansos. Por esta razón, el plantón continúa, pues los padres exigen una evaluación técnica renovada, la determinación clara del riesgo y una intervención estructural concreta por parte de la Secretaría de Educación.

En resumen, la comunidad educativa insiste en no suspender la formación de los menores, sino en garantizar condiciones seguras para su regreso. Una respuesta clara y oficial permitiría conocer el verdadero nivel de riesgo y cuáles serán las acciones que se emprenderán para proteger a los estudiantes.

¿Cuáles son los riesgos que denuncian los padres en la sede Purificación Trujillo tras el terremoto?

Los padres denuncian principalmente la presencia de una grieta en la infraestructura que, según sus testimonios, se agravó después del terremoto del 10 de agosto. El riesgo aumenta porque la pared afectada está situada en el área de recreo, donde los estudiantes de primaria pasan tiempo durante los descansos. Los padres temen por la seguridad de sus hijos si no se brinda una solución técnica oportuna que repare la estructura antes de retomar normalmente las actividades.

¿Qué medidas solicita la comunidad a la Secretaría de Educación de Cali frente a la situación en el colegio?

La comunidad educativa pide a la Secretaría de Educación de Cali que realice una nueva evaluación técnica sobre el estado de la infraestructura de la sede Purificación Trujillo, determine el nivel de riesgo real y establezca una solución definitiva para reparar los daños existentes. No buscan interrumpir el proceso educativo, sino asegurar que el regreso a clases se dé en condiciones que salvaguarden la seguridad de los menores.

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De acuerdo con la información suministrada, una vez se notificó el incidente, las autoridades se desplazaron al lugar de los hechos para constatar lo ocurrido y adelantar las diligencias necesarias que exige este tipo de situaciones. Este tipo de procedimientos busca no solo confirmar las circunstancias iniciales, sino también salvaguardar el adecuado manejo de la escena y recopilar datos relevantes. Los funcionarios del CTI, Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, fueron los responsables de realizar el levantamiento del cuerpo, una tarea fundamental en el protocolo forense que permite iniciar las indagaciones orientadas a esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, se maneja información de carácter preliminar, pues las autoridades trabajan para establecer con certeza la identidad de la víctima y determinar las condiciones exactas en que ocurrió la caída desde el puente. La falta de identificación complica aún más la búsqueda de respuestas y ahonda la preocupación de la comunidad local. Se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial que brinde detalles más completos sobre este caso trágico registrado en Honda, aportando así claridad sobre los hechos y posibles responsabilidades.

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¿Qué se sabe hasta ahora sobre la caída del joven desde el puente Luis Ignacio Andrade en Honda?

Hasta el momento, la información disponible indica que un joven, presuntamente habitante de calle, cayó desde el puente Luis Ignacio Andrade en Honda, Tolima, y falleció en el lugar. Las autoridades y funcionarios del CTI acudieron para levantar el cuerpo e iniciar la investigación correspondiente. Aún no se ha confirmado su identidad ni las circunstancias específicas de la caída, por lo que la comunidad espera un reporte oficial que aporte más detalles sobre el hecho.

¿Qué significa CTI de la Fiscalía General de la Nación y cuál es su función en estos casos?

El CTI, Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, es la dependencia encargada de realizar investigaciones técnicas y científicas en casos criminales en Colombia. En situaciones como la ocurrida en Honda, el CTI tiene la función de llegar al lugar de los hechos, asegurar la escena, levantar el cuerpo e iniciar el proceso de recolección de pruebas que permitan esclarecer lo sucedido y determinar posibles causas del fallecimiento.

La bebé, que nació de apenas 30 semanas de gestación, padece una cardiopatía compleja y su vida corre peligro inminente.

Montenegro relató que el pasado 18 de agosto ingresó a la clínica Vivantes Ciudad Verde, en Soacha, por una cita de perinatología.

Durante esa consulta, la especialista detectó alteraciones en el ductus venoso mediante una ecografía Doppler y decidió hospitalizarla de inmediato para realizarle monitoreo fetal a la bebé. Al día siguiente, el 19 de agosto, le practicaron una cesárea de emergencia.

“Mi bebecita nació de 30 semanas pesando 1.430 gramos, midiendo 40 centímetros. Desde ese día, desde el día que ella nació, el hospital empezó con el trámite de la remisión para un hospital donde haya cardiovascular pediátrico, ya que a mi bebecita le encontraron una cardiopatía de artresia de la aorta, síndrome de ventrículo izquierdo hipoplástico variable”, explicó en diálogo con Pulzo.

La pequeña permanece en cuidados intensivos con ventilación mecánica, sondada por problemas de orina y con un ecocardiograma de pronóstico incierto. La madre advirtió que la niña podría sufrir un infarto o entrar en paro cardíaco en cualquier momento, por lo que la remisión resulta urgente.

Según lo narrado por López, la Nueva EPS le informó que existían tres opciones de remisión: la Fundación Cardioinfantil, el Hospital San Ignacio y el Hospital Roosevelt.

Sin embargo, ni el San Ignacio ni el Roosevelt cuentan con el convenio ni la especialidad requerida. La Cardioinfantil, aunque tiene los especialistas, no tiene convenio vigente con su EPS.

“Lo que necesito es que mi bebé sea remitida urgentemente para la Omni, para Hospital de la Misericordia, ya que la vida de mi bebé está en riesgo. Mi bebecita en cualquier momento se puede morir y necesito esa remisión donde hay un cardiólogo vascular y la pueda operar”, suplicó la madre en su mensaje.

Ella ya elevó un derecho de petición ante la Superintendencia de Salud, pero hasta el momento no ha obtenido una solución concreta.

¿Qué es el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplástico y por qué requiere atención especializada urgente?

El síndrome de ventrículo izquierdo hipoplástico es una malformación cardíaca congénita grave en la que el lado izquierdo del corazón no se desarrolla completamente, lo que impide que bombee sangre al resto del cuerpo de forma eficiente. Esta condición requiere cirugía correctiva en centros con cirugía cardiovascular pediátrica de alta complejidad, ya que sin intervención oportuna el riesgo de muerte es muy elevado.

¿Qué puede hacer la Superintendencia de Salud cuando una EPS no garantiza una remisión urgente?

La Superintendencia de Salud tiene facultades de inspección, vigilancia y control sobre las EPS, y puede ordenar medidas correctivas cuando una entidad incumple la garantía del derecho a la salud de sus afiliados. Ante casos de riesgo vital como este, los usuarios también pueden acudir a una acción de tutela para exigir de forma inmediata la prestación del servicio médico negado.

Su formación incluyó estudios en Filosofía y Teología en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y una especialización en la Universidad París I Panthéon-Sorbonne, complementada con sociología y literatura. Sin embargo, su mayor aprendizaje se derivó del trabajo directo con poblaciones afectadas, donde enfrentar la realidad de la guerra significó también asumir riesgos personales y convertirse en una voz incómoda para actores que pretendían silenciar los crímenes en distintas regiones del país.

En 1988, Giraldo participó en la fundación del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), y allí impulsó la publicación ‘Noche y Niebla’, referencia central en la memoria documental de la violencia política y social. Según reportes recogidos por medios como desdeabajo, estas investigaciones documentaron asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos y amenazas, con el objetivo de no solo contabilizar víctimas, sino reconstruir contextos y preservar testimonios fundamentales para la verdad e impedir la impunidad.

Giraldo tuvo siempre como eje la defensa de las víctimas, incluso cuando su trabajo llevaba a denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, y nexos entre agentes estatales y grupos paramilitares. Participó también en investigaciones clave, entre ellas, la realizada junto al senador Iván Cepeda sobre el esmeraldero Víctor Carranza y los orígenes del paramilitarismo. El acompañamiento a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así como la perseverancia en la búsqueda de los restos del sacerdote Camilo Torres Restrepo, ilustran la profundidad de su compromiso: estar junto a quienes padecen, documentar y exigir responsabilidad sin distingo de actores.

Entre los episodios más dolorosos de su vida estuvo el asesinato de los investigadores y amigos Mario Calderón y Elsa Alvarado, hecho que marcó su lucha por el esclarecimiento y el acompañamiento a quienes buscan justicia ante la violencia. El legado de Javier Giraldo permanece en los archivos, testimonios y nombres que se negó a dejar en el olvido, haciendo de la memoria una forma de resistencia y dignidad para Colombia.

¿Cuál fue el papel de Javier Giraldo en la defensa de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó?

Javier Giraldo acompañó y defendió a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó desde su creación en 1997, denunciando asesinatos y persecuciones sufridas por sus integrantes, siempre centrado en visibilizar y registrar los abusos como parte de su compromiso con las víctimas en regiones especialmente afectadas por el conflicto armado.

¿Qué es ‘Noche y Niebla’ y por qué fue importante en el trabajo de Javier Giraldo?

‘Noche y Niebla’ es una publicación impulsada por Giraldo desde el Cinep, dedicada a documentar violaciones de derechos humanos como asesinatos, desapariciones y desplazamientos en Colombia. Su importancia radica en que permitió reconstruir hechos, preservar testimonios y luchar contra la impunidad mediante la memoria documental de la guerra.

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El anuncio se hizo el 25 de agosto en La Dorada, Caldas, tierra natal del recién posesionado contralor. Según lo expresado por De la Espriella, los focos de atención recaen sobre recursos destinados a emergencias, procesos de contratación pública y varias entidades estatales. El presidente recalcó que no encubrirá a ningún funcionario de su Gobierno en caso de estar involucrado en actos de corrupción, advirtiendo que quien se vea comprometido deberá salir de su cargo y responder ante la justicia. “Aquí no vine a tapar a nadie. Que caiga quien tenga que caer”, enfatizó.

No obstante, la petición del presidente no constituye por sí sola la apertura de investigaciones ni implica una orden que limite la autonomía de la Contraloría General de la República, órgano responsable del control fiscal en el país, con independencia administrativa y presupuestal, según la Constitución. De este modo, la creación del equipo especial dependerá completamente de la decisión interna del ente de control.

En su discurso, Laverde manifestó su intención de promover una Contraloría más tecnológica, descentralizada y preventiva, que pueda anticiparse a eventuales riesgos antes de que los recursos se ejecuten. Además, sostuvo que cerca de 50 billones de pesos se pierden anualmente en Colombia entre corrupción e ineficiencia estatal, estimación presentada en su intervención pública y que busca dimensionar la magnitud del reto.

Previo a iniciar su gobierno, el equipo de De la Espriella ya había conformado un Grupo Élite de Empalme Anticorrupción, encargado de revisar información entregada por la administración saliente y canalizar denuncias a entes como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. De acuerdo con esos reportes, se registraron presuntas irregularidades por más de 370.000 millones de pesos en organismos como el Ejército y la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, corresponde a las autoridades determinar la validez de tales denuncias.

La elección de Jorge Eliécer Laverde por el Congreso, para un periodo de seis años, estuvo respaldada por una variedad de bancadas políticas. Durante su posesión dejó claro que no buscará persecuciones políticas y buscará fortalecer el control fuera de Bogotá. Ahora, el reto más evidente será mantener la independencia y equilibrio entre fiscalizar las administraciones pasadas y vigilar los recursos presentes, sin que la lucha anticorrupción se utilice como instrumento de disputa política.

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¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella pidió conformar un grupo élite en la Contraloría para investigar al Gobierno anterior?

De acuerdo con declaraciones realizadas durante la posesión del contralor Jorge Eliécer Laverde, el presidente De la Espriella solicitó la conformación de un grupo élite para revisar posibles hechos de corrupción y afectación al patrimonio público durante la administración de Gustavo Petro. Su petición busca que se identifiquen, documenten y, en caso de hallarse pruebas, se lleven estas irregularidades ante las autoridades competentes. Este enfoque responde a denuncias previas y hallazgos presentados durante el empalme con la administración saliente, aunque la decisión final sobre la conformación del grupo corresponde a la autonomía de la Contraloría.

¿Cuáles son los principales retos del nuevo contralor Jorge Eliécer Laverde según lo anunciado en su posesión?

Durante su discurso de posesión, Laverde resaltó que sus retos prioritarios serán garantizar una Contraloría más tecnológica y descentralizada, prevenir las pérdidas de dinero público y revisar posibles irregularidades heredadas de anteriores gobiernos. Mencionó que cerca de 50 billones de pesos se pierden anualmente en el país entre corrupción e ineficiencia, e insistió en fortalecer la vigilancia fuera de Bogotá y evitar una orientación política en su gestión, manteniendo la autonomía y el equilibrio en el control fiscal.

Esta donación no solo se limitará a la ayuda institucional, sino que involucra también a sus propios empleados. Según detalla la compañía, los trabajadores tendrán la posibilidad de hacer aportes individuales a través de un programa de donaciones equivalentes. Este mecanismo, desarrollado por Hitachi en colaboración con la Cruz Roja, busca maximizar el alcance de los recursos y fortalecer el tejido solidario dentro de la empresa y en las comunidades donde hace presencia.

Hitachi Energy, una de las filiales destacadas del grupo, cuenta con una operación relevante en Colombia. Su planta de transformadores y metalmecánica en Dosquebradas emplea cerca de 900 personas, muchas de las cuales residen en las áreas directamente perjudicadas por el sismo. Las fábricas impactadas iniciaron un retorno gradual a sus actividades productivas, luego de que se realizaran completas evaluaciones de seguridad, técnicas y estructurales para garantizar la protección de los trabajadores y la integridad de las instalaciones.

La compañía ha manifestado públicamente su compromiso y su vínculo estrecho con la región. Javier Ruiz, gerente general de Hitachi Energy Colombia, subrayó que la zona afectada es considerada el hogar de la empresa y de sus empleados. En palabras de Ruiz: "Nuestra prioridad sigue siendo nuestra gente, y nuestro compromiso es acompañar a esta región durante el tiempo que sea necesario". Con este mensaje, la organización reafirmó su determinación de brindar apoyo a largo plazo a las comunidades impactadas.

Por último, Hitachi reiteró su deseo de una pronta recuperación para todas las zonas afectadas y resaltó la importancia de la solidaridad en estos momentos difíciles, de acuerdo con lo informado por El Diario.

¿Cuánto donó Hitachi para las labores de ayuda tras el terremoto en Colombia?

Hitachi, Ltd. informó que la suma destinada para apoyar a las víctimas y la reconstrucción después del terremoto en Colombia asciende a 250 mil dólares estadounidenses, equivalentes a aproximadamente 800 millones de pesos colombianos, según lo reportado por El Diario.

¿Cómo pueden los empleados de Hitachi apoyar los esfuerzos de reconstrucción en las zonas afectadas?

De acuerdo con la compañía, los empleados de Hitachi pueden contribuir mediante un programa de donaciones individuales. Este esquema funciona a través de aportes equivalentes organizados en alianza con la Cruz Roja, lo que permite sumar esfuerzos internos para ampliar el apoyo a las comunidades perjudicadas.

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Ante estas interpretaciones, Muñoz utilizó sus canales en redes sociales para rechazar cualquier lectura que no corresponda a los hechos reales. En sus palabras, pidió a la prensa que evite "tergiversar" su presencia y negó categóricamente que entre ella y Petro exista un vínculo que no sea “político y profesional”. La joven enfatizó que su rol está ligado a la construcción de estrategias de comunicación, labor que desempeña junto a otros profesionales en defensa de la Constitución y los derechos fundamentales, según expuso en sus declaraciones públicas. Así mismo, Muñoz consideró inapropiada y ofensiva la narrativa que calificó como "misógina y amarillista", la cual ha intentado desviar la atención hacia su vida personal en lugar de su trabajo profesional.

El interés mediático por Muñoz aumentó en las últimas semanas debido a cuestionamientos relacionados con una posible influencia suya en la Aeronáutica Civil, así como en torno a denuncias sobre supuestas irregularidades en entidades estatales. Sin embargo, no se presentaron pruebas específicas ni informes detallados sobre estas afirmaciones dentro de la información disponible.

La mencionada reunión del Pacto Histórico fue registrada en un video compartido por el representante a la Cámara Alejandro Toro. En esas imágenes se evidencia la llegada del expresidente Petro, quien saludó a varios de los presentes, incluida Muñoz. El objetivo central del encuentro era definir asuntos clave para la colectividad, como la selección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según lo discutido, se acordó presentar a Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista como candidatas del movimiento para los dos puestos asignados en dicho organismo. Por su parte, Muñoz reiteró que su participación obedece exclusivamente a su papel político y comunicativo, e instó a que las discusiones sobre su trabajo no sean reducidas a rumores sin sustento sobre su esfera privada.

¿Qué relación tiene Gabriela Muñoz con Gustavo Petro dentro del Pacto Histórico?

De acuerdo con los mensajes publicados por Gabriela Muñoz y la información registrada en redes sociales y el video difundido por Alejandro Toro, la relación entre Muñoz y Gustavo Petro se centra únicamente en asuntos políticos y profesionales, específicamente en el ámbito de estrategias de comunicación relacionadas con la defensa de la Constitución y derechos. Muñoz negó cualquier relación personal o sentimental, reafirmando que su presencia responde a motivos laborales e institucionales.

¿Por qué se cuestiona la participación de Gabriela Muñoz en asuntos de la Aeronáutica Civil?

La participación de Gabriela Muñoz ha sido objeto de cuestionamientos recientes debido a señalamientos sobre posible influencia en temas de la Aeronáutica Civil y presuntas irregularidades en entidades estatales. Sin embargo, conforme a lo informado, no se detallaron pruebas concretas ni se presentaron datos verificables al respecto. La joven rechazó que este tipo de acusaciones afecten la percepción pública de su trabajo profesional.

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El organismo investigador señaló que habrían existido varias irregularidades en el proceso de selección de la compañía dedicada al mantenimiento de las aeronaves. De acuerdo con la Fiscalía, existió una supuesta concertación entre particulares y funcionarios del Ministerio de Defensa. Se menciona a Carlos Martín Uribe Forero y al contratista James Lester Montgomerie, quienes, presuntamente, se aliaron con Suárez Soto —entonces viceministro de Estrategia y Planeación— para entregar el millonario contrato a la compañía extranjera, a pesar de que esta no contaba con la idoneidad, experiencia ni la capacidad técnica y financiera necesarias para llevar a cabo las tareas encomendadas.

La investigación también involucra la supuesta participación de antiguos altos funcionarios de la entidad, como el exsecretario general Hugo Alejandro Mora Tamaño, el exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal Herbert Arnulfo Buitrago Galán y el excomandante de la Brigada de Aviación Número 32 del Ejército Nacional, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte. Según la Fiscalía, estos funcionarios optaron por no realizar una convocatoria pública y, en cambio, recurrieron a la figura de contratación directa. El proceso incluyó la flexibilización de requisitos habilitantes y la extensión de los plazos para la entrega de cotizaciones, lo que habría beneficiado a la empresa escogida.

La investigación agrega que los funcionarios imputados permitieron entregar información técnica y financiera que no era real y modificaron las condiciones contractuales, permitiendo el giro anticipado de 16 millones de dólares en el primer corte de ejecución, lo que representaba el 50 % del monto total del contrato. Por estos hechos, la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía acusó a seis personas, quienes deberán responder por delitos como falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.

¿Cuáles son los delitos imputados en el caso de los helicópteros MI-17 y qué significan?

De acuerdo con la Fiscalía, los delitos imputados incluyen falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal. Cada uno corresponde a conductas consideradas graves en la administración pública, como manipulación de documentos, apropiación indebida de dineros públicos, y favorecimiento de intereses particulares en contratación estatal.

¿Qué irregularidades se encontraron en el contrato por el mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional?

Según la Fiscalía General de la Nación, se detectaron irregularidades como la adjudicación del contrato mediante contratación directa y la flexibilización de requisitos, lo que permitió la participación de una empresa que no cumplía con los estándares requeridos. Además, se modificó el esquema de pagos para desembolsar la mitad del valor total apenas inició el contrato, y se permitió la entrega de información falsa para favorecer a la compañía extranjera.

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Detalles conocidos por la Unidad Investigativa de El Tiempo revelan que el agresor cumplía una sentencia de “21 años y cuatro meses de prisión” por el delito de “tentativa de feminicidio agravado”. El origen de esa condena se remonta a hechos ocurridos en 2015 en Bogotá en contra de una expareja identificada con el apellido Mendoza Mancera, a quien el sujeto agredió brutalmente dejándole graves lesiones corporales a pesar de que ya existía de por medio una orden formal de alejamiento y medidas de protección.

La ruta judicial que selló su reclusión comenzó formalmente el 27 de febrero de 2018, fecha en que el Juzgado Segundo Penal Municipal de Garantías legalizó su captura bajo los cargos de feminicidio agravado tentado. Tras surtir la imputación donde el procesado no aceptó los cargos, el caso escaló al Juzgado 20 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, despacho que el 18 de marzo de 2019 lo condenó a 256 meses de reclusión efectiva, negándole cualquier beneficio o subrogado penal. Posteriormente, el 25 de julio de 2019, el Tribunal Superior de Bogotá modificó parcialmente el fallo para imponerle de manera estricta la “prohibición de aproximarse a la víctima” y de establecer cualquier canal de comunicación con ella.

Estando tras las rejas, Martínez Alvarino intentó en múltiples oportunidades modificar su situación jurídica mediante acciones de tutela y recursos contra el Inpec y los juzgados de ejecución de penas, acumulando trámites como el fallido amparo resuelto por el Juzgado 45 Laboral del Circuito. En un movimiento reciente, de acuerdo con los registros, “el pasado 18 de agosto” el recluso interpuso gestiones para alcanzar el beneficio de prisión domiciliaria, petición que fue rechazada por los estrados judiciales. Pocos días después de este revés jurídico, y estando recluido en el pabellón 13, ocurrió el asesinato de la mujer que lo visitaba, ante lo cual el confeso agresor terminó reconociendo su responsabilidad directa frente a las autoridades.

Durante su primer discurso, Jorge Eliécer Laverde Vargas enfatizó la lucha contra la corrupción y la ineficiencia en el manejo de los recursos públicos. “Colombia no puede seguir tolerando que cerca de COP 50 billones se extravíen en los laberintos oscuros de la corrupción y la ineficiencia”, declaró. Además, anunció que su administración implementará estrategias basadas en tecnología, descentralización y prevención, dejando atrás el modelo de control “posterior” que solo interviene cuando ya se han perdido los recursos públicos y las obras se han deteriorado.

El nuevo contralor agradeció al presidente de la República por acudir a La Dorada para efectuar su posesión y destacó la importancia de reconocer a los territorios distantes de Bogotá. Dirigiéndose al país, Laverde Vargas indicó que su gestión estará orientada por los valores representados en el escudo nacional y reiteró su compromiso con la protección del patrimonio público. “No puede haber libertad si los recursos del pueblo terminan cautivos en los bolsillos de unos pocos”, sentenció.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella pidió al contralor la creación de un grupo élite dentro de la Contraloría para investigar y remediar situaciones heredadas del “desgobierno anterior”, que, según su opinión, provocó una grave crisis fiscal. La petición subraya las expectativas de vigilancia y recuperación de los recursos públicos.”

Jorge Eliécer Laverde Vargas llegó al cargo con un amplio respaldo, pues obtuvo 269 votos favorables durante la elección celebrada el 12 de agosto en el Congreso, compuesto por 95 votos en el Senado y 174 en la Cámara de Representantes. Su hoja de vida incluye títulos como abogado constitucionalista, doctor en Derecho, especialista en administración de la salud, gestión territorial, Derecho Constitucional, gerencia financiera y empresarial, además de maestrías en gobierno del territorio, gestión pública y administración de negocios.

Con una trayectoria iniciada en el servicio público en 2001, Laverde Vargas fue diputado de Caldas por el Partido Liberal durante dos periodos, presidente de la Asamblea Departamental, procurador judicial y luego secretario de la Comisión Sexta del Senado durante 12 años, cargo que dejó para postularse a la Contraloría.

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¿Cuáles son los principales retos que enfrentará Jorge Eliécer Laverde Vargas como contralor general?

Entre los retos destacados para Jorge Eliécer Laverde Vargas se encuentran fortalecer la vigilancia de los recursos públicos mediante la implementación de nuevas tecnologías, descentralizar la función de control fiscal y prevenir la corrupción e ineficiencia que, según las recientes declaraciones del propio contralor, ha causado la pérdida de aproximadamente 50 billones de pesos colombianos. Asimismo, cumplir la expectativa del presidente sobre la conformación de un equipo especializado que investigue las irregularidades del gobierno anterior será otra tarea importante.

¿Cómo fue el proceso de elección de Jorge Eliécer Laverde Vargas como contralor general de la República?

Jorge Eliécer Laverde Vargas fue elegido contralor general de la República durante una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, celebrada el 12 de agosto. En ese proceso, obtuvo 95 votos en el Senado y 174 sufragios en la Cámara, para un total de 269 votos a favor, lo que demuestra un respaldo importante por parte del Congreso para ocupar este cargo de alto impacto en la vigilancia de los recursos del Estado colombiano.

En su pronunciamiento, la mandataria resaltó el sentido de unidad que ha caracterizado al departamento en medio de la adversidad. Citó el esfuerzo conjunto de las comunidades, los 205 bomberos y voluntarios que han hecho presencia incluso desde otras regiones, así como el de la Fuerza Pública, el Ejército, la Policía, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Aeronáutica Civil. Estos organismos, junto con los entes de socorro y otras instituciones, han puesto a disposición toda su capacidad para enfrentar las llamas, de acuerdo con palabras de la gobernadora.

Matiz también agradeció a los ministros del Interior, Agricultura y Defensa, quienes han acompañado de cerca la gestión de la crisis. Según las declaraciones dadas por la mandataria, este tipo de respaldo ha resultado fundamental para enfrentar el momento que vive el Tolima. Precisó que la cercanía y la empatía demostradas por el Gobierno Nacional, ante las afectaciones no solo por incendios forestales sino también por el reciente sismo, representan un apoyo importante para las comunidades impactadas.

La gobernadora hizo hincapié en la prioridad absoluta que tiene la vida por encima de cualquier otra pérdida. “Hoy nuestro desafío es uno solo: apagar el fuego y proteger la vida de nuestra gente; por eso todos los esfuerzos debemos redoblarlos”, destacó Matiz en su comunicación. Además, subrayó que hasta la fecha, según información oficial, no se han reportado pérdidas de vidas humanas como consecuencia de la emergencia, lo que consideró el logro más relevante frente a la situación adversa. Enfatizó, así, que las afectaciones materiales podrán ser superadas, siempre y cuando se mantenga la cohesión social y el trabajo compartido.

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¿Cómo ha sido la respuesta de los organismos de socorro en Tolima frente a los incendios forestales?

De acuerdo con la información suministrada por la gobernadora Adriana Magali Matiz, la actuación de los organismos de socorro ha sido rápida y coordinada, sumando el trabajo de 205 bomberos, voluntarios llegados desde otros territorios, la Fuerza Pública, el Ejército, la Policía, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Aeronáutica Civil. Todos han puesto sus capacidades al servicio para contener los incendios y proteger a la población, demostrando un esfuerzo colectivo en el que participan tanto comunidades como instituciones estatales.

¿Qué impacto han tenido los incendios forestales en Tolima hasta el momento?

Según declaraciones oficiales de la gobernadora, hasta la fecha no se han presentado pérdidas de vidas humanas a raíz de los incendios forestales. Las afectaciones materiales han sido evidentes, pero Matiz destacó que lo prioritario es la preservación de la vida y que la recuperación de los bienes será posible mediante la unidad y el esfuerzo conjunto, manteniendo el acompañamiento de las autoridades y la sociedad civil.

El equipo estaba compuesto por dos ingenieros, fontaneros, topógrafos, aforadores, ayudantes, auxiliares operativos y un tecnólogo en obras civiles. Bajo la coordinación directa de la empresa Aguas y Aguas de Pereira, los expertos concentraron sus esfuerzos en cinco frentes de trabajo fundamentales: catastro de redes utilizando tecnología de georradar y geofonía, lavado de redes de alcantarillado, detección de fugas, reparación de daños en acometidas de acueducto y diagnóstico del estado de las infraestructuras de suministro y drenaje tras el movimiento telúrico. El georradar y la geofonía, herramientas empleadas para detectar la ubicación y posibles fallas en tuberías subterráneas, resultaron esenciales para conocer con precisión las zonas más afectadas.

Natasha Avendaño, gerente general de la EAAB, resaltó el compromiso de los trabajadores desplazados a Pereira y agradeció la articulación lograda con los funcionarios locales, lo cual, aseguró, ha sido clave en la recuperación del servicio para los usuarios afectados. Gracias a la maquinaria especializada enviada desde Bogotá, el equipo pudo inspeccionar tres kilómetros de redes de alcantarillado en el centro de Pereira y en la zona de la quebrada La Julita, además de atender 30 daños en acometidas de acueducto.

Las labores incluyeron la limpieza y sondeo de 34 tramos de red, 29 pozos y siete sumideros. Con equipos de geofonía, se recorrieron 9,5 kilómetros de redes en los sectores de Cuba Viejo, Centro y Bavaria, identificando filtraciones y afectaciones. También, se instalaron caudalímetros en ocho puntos estratégicos asociados al tanque Boquía, para facilitar la evaluación hidráulica y detectar posibles pérdidas de agua. Un equipo técnico reducido de la EAAB, compuesto por cuatro funcionarios, permanecerá en Pereira hasta el próximo viernes para continuar con inspecciones detalladas mediante georradar y trabajos topográficos.

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¿Qué labores realizó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en Pereira tras el terremoto de agosto de 2026?

La EAAB participó activamente en la normalización de los servicios de agua y alcantarillado en Pereira luego del terremoto, centrándose en el catastro de redes con georradar y geofonía, lavado de alcantarillado, detección de fugas, reparación de daños en acometidas y diagnóstico de infraestructuras. Estas acciones incluyeron la inspección de redes, limpieza de pozos y sumideros, así como la instalación de caudalímetros en puntos estratégicos.

¿Qué significa geofonía y cómo se utiliza en la detección de daños en redes de acueducto?

La geofonía es una técnica que permite escuchar y localizar sonidos subterráneos, como fugas de agua o fallas en tuberías. Se utiliza colocando dispositivos sensibles sobre el terreno para identificar posibles filtraciones o daños en la infraestructura subterránea, facilitando su localización y reparación eficiente, especialmente después de sucesos como terremotos.

La captura se produjo durante la noche del viernes 21 de agosto, en medio de un dispositivo de seguridad adelantado por funcionarios de la PNB en la parroquia Coche. Los uniformados detuvieron a un hombre que se movilizaba en motocicleta y procedieron a verificar sus documentos.

(Lea también: Capturan a hombre que habría abusado de mujer en Bogotá; hace un mes quedó libre por el mismo delito)

🚨 Detenido en Caracas un pastor colombiano buscado por delitos sexuales contra una menor

El periodista Ramón Camacho (@RCamachoVzla) informó que un pastor evangélico de nacionalidad colombiana, condenado a casi 17 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra su propia… pic.twitter.com/TfgqcvLQVa

— freddyzur (@freddyzur) August 24, 2026

Durante la revisión, el detenido presentó una cédula venezolana a nombre de Jorge Luis De Lima Hernández. Sin embargo, los agentes habrían detectado inconsistencias en la fotografía y la firma del documento.

De acuerdo con los reportes, el hombre reconoció que la identificación estaba alterada y que presuntamente pretendía utilizarla para tramitar otros documentos en Venezuela. Las verificaciones posteriores permitieron establecer que su verdadera identidad sería la de Omilfer Peña Muñoz, ciudadano colombiano oriundo de Neiva, Huila.

Peña Muñoz se desempeñaba como pastor evangélico en Colombia. El 9 de diciembre de 2021, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva lo condenó a 203 meses de prisión, una pena equivalente a casi 17 años, por delitos sexuales agravados cometidos contra una menor de 14 años.

Según la información judicial, la sentencia lo declaró responsable de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados. Tras conocer la decisión, el hombre habría evadido a las autoridades y posteriormente ingresado a Venezuela bajo otra identidad.

Quedó a disposición de la Fiscalía venezolana

Luego de confirmar las presuntas irregularidades en la documentación, los funcionarios trasladaron a Peña Muñoz y lo dejaron a disposición del Ministerio Público de Venezuela. En ese país deberá responder inicialmente por los delitos relacionados con la falsificación y el uso de documentos presuntamente alterados.

(Vea también: Policía de Bogotá captura a presunto responsable de abuso sexual en San Cristóbal tras rápida reacción y apoyo ciudadano)

El caso también podría activar mecanismos de cooperación judicial entre Venezuela y Colombia. Las autoridades de ambos países deberán determinar el procedimiento correspondiente para establecer si el detenido será entregado a Colombia, donde debe cumplir la condena impuesta por la justicia.

Por ahora, no se ha informado una fecha para su eventual traslado. Peña Muñoz permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas mientras avanzan las actuaciones sobre su identidad, la documentación que utilizaba y su situación judicial en Colombia

Andrea Petro captó nuevamente la atención en plataformas digitales luego de organizar una jornada interactiva de preguntas y respuestas mediante las historias de su cuenta oficial de Instagram, replicada por la revista Semana.

Durante la actividad digital, los usuarios indagaron sobre diversos aspectos de su vida cotidiana, temáticas de actualidad nacional, política y vivencias de su ámbito más íntimo.

Una inquietud particular concentró el interés general al cuestionar su presencia en compromisos institucionales mientras sostenía un distanciamiento afectivo con su padre, el expresidente Gustavo Petro.

Ante el interrogante, la empresaria abordó con claridad las razones detrás de sus decisiones personales y aclaró que no buscaba figurar públicamente en escenarios de exposición mediática.

“Que yo en estos momentos esté alejada, es personal”, se defendió frente a los cuestionamientos por la ausencia, a diferencia de las otras dos hijas de Gustavo Petro.

La hija del exmandatario explicó que prefirió mantenerse al margen para evitar protagonismos innecesarios en la arena pública, un rol que prefirió dejar en manos de terceros.

Pese a los constantes giros familiares, enfatizó que procuró brindar un acompañamiento constante desde su posición como hija en los momentos en que resultó pertinente.

Asimismo, reveló que las cámaras fotográficas y la presión de los medios de comunicación solían abrumarla, motivándola a ausentarse de varios eventos institucionales de alta visibilidad.

“Si no me veían ahí es justamente por no buscar protagonismo; eso se lo dejo a otros. Yo a él lo acompañé como hija muchas veces. Pero me agobiaban justamente las cámaras y prefería dejarlo ir solo”, aseguró en su cuenta de Instagram.

Sus sinceras declaraciones reafirmaron el estilo directo que caracteriza sus interacciones con el público al abordar abiertamente los matices y complejidades de su entorno familiar.

El tema surgió unas semanas después de que el líder del Pacto Histórico dejó su cargo como jefe de Estado en el país.

¿Quién es Andrea Petro?

Andrea Petro Herazo es una economista, empresaria y activista colombiana, reconocida públicamente por ser la hija mayor del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro.

Llevó a cabo sus estudios de pregrado en Economía en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Posteriormente se radicó en Francia, donde continuó su formación profesional y consolidó su trayectoria en el continente europeo.

En el ámbito empresarial, lidera la Organización Mundial del Comercio Sostenible. Esta iniciativa privada fomenta prácticas de comercio justo, sostenibilidad ambiental y apoyo a pequeños productores en diversos mercados internacionales.

Asimismo, fundó su propia marca de vestuario ecológico y trajes de baño confeccionados con materiales reciclados. Su propuesta comercial impulsa la moda sostenible y el desarrollo de empleo local para mujeres vulnerables.

En el campo social, promueve iniciativas enfáticas en la defensa de los derechos de la población migrante en Europa. Coordina plataformas de acompañamiento para colombianos en el exterior que buscan oportunidades laborales o educativas.

A lo largo de su vida adulta ha mantenido una postura independiente frente a la política partidista. Si bien apoyó activamente la campaña presidencial de su padre, evita ejercer cargos públicos en el gobierno.

En sus canales digitales aborda con frecuencia temas relacionados con la salud mental, el acoso cibernético y los retos de la maternidad. La empresaria es madre de dos hijas nacidas durante su residencia en territorio francés.

Actualmente divide su tiempo entre sus emprendimientos comerciales en Europa y proyectos sociales de impacto ambiental en territorio colombiano. Su labor profesional destaca por la autogestión y el enfoque sostenible.

‘Fuera de sí’ se presenta como una experiencia escénica única que explora, a través del movimiento corporal, la improvisación y los estados de trance, las memorias corporales y emocionales vinculadas a la experiencia migrante, el desarraigo y la sensación de no pertenecer. De acuerdo con el comunicado de Idartes, esta propuesta artística indaga en los recuerdos que permanecen inscritos en el cuerpo y que, a su vez, emergen como materia prima para la creación sobre el escenario.

La obra parte de una investigación autoetnográfica, cuyos hallazgos llevan a los creadores y al público a recorrer las sensaciones de desestabilización en los planos físico, emocional y mental. A través de una examinación de las inclinaciones, las pendientes y las descolocaciones del cuerpo, los artistas invitan a una reflexión profunda sobre los procesos de otredad y sanación. Esta iniciativa busca transformar las experiencias personales de Ocampo y Botero en una búsqueda artística que, desde la colaboración entre coreógrafa y músico, se convierte en un proceso de exploración escénica destinado a interpelar y sensibilizar a la audiencia frente a la pertenencia y el arraigo.

Para quienes buscan más actividades culturales en la ciudad, Idartes recomienda agendar otros eventos cercanos como el Festival Jazz al Parque, que se realizará el 12 y 13 de septiembre de 2026 en el parque el Country, así como el estreno de la obra ‘Gloria’ de Carlos Mena, programada en el Teatro El Ensueño el 6 de septiembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la obra 'Fuera de sí' presentada por Jenny Ocampo y Santiago Botero?

La obra ‘Fuera de sí’ indaga sobre la experiencia migrante, el desarraigo y la sensación de no pertenecer mediante una propuesta escénica que combina danza, música, improvisación y estados de trance. Según el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), el espectáculo se nutre de memorias corporales y emocionales, explorando cómo estas emergen y se transforman en materia creativa.

¿Qué es una investigación autoetnográfica en el contexto de la obra 'Fuera de sí'?

En el contexto de ‘Fuera de sí’, una investigación autoetnográfica es la exploración de vivencias personales de los propios creadores a través del análisis físico, emocional y mental. De acuerdo con Idartes, este tipo de investigación permite nutrir la obra desde el interior de las experiencias de sus autores, especialmente en relación con el cuerpo y los procesos de desestabilización.

Las declaraciones del expresidente llegan en momentos en que autoridades y organismos encargados de la atención de emergencias continúan trabajando intensamente para controlar y extinguir los incendios que han provocado una emergencia en diferentes municipios del Tolima. Hasta el momento, la investigación sobre el origen de los fuegos permanece en curso, y en el debate público persisten versiones encontradas acerca de la autoría o de posibles causas de la crisis ambiental reciente.

Sin embargo, Petro decidió ir más allá del señalamiento puntual de sectores políticos o de grupos juveniles e hizo énfasis en lo que considera un problema estructural de fondo relacionado con el uso de la tierra y las recurrentes quemas de bosques en Colombia. “Es del mismo gobierno y del mismo proyecto donde viene la quema que hay de bosques en Colombia”, enfatizó el exmandatario, sugiriendo que este fenómeno no es solo una cuestión coyuntural, sino consecuencia de políticas o intereses que trascienden la coyuntura inmediata.

Finalmente, Petro advirtió que el clima de zozobra generado por las acusaciones y la emergencia ambiental estaría siendo aprovechado, según su visión, para debilitar la movilización ciudadana y sacar rédito político en contra de las reformas sociales impulsadas durante su mandato en la presidencia. “Porque quieren mantener en un estado de ansiedad la sociedad colombiana toda para que no vaya la protesta”, sentenció. Así, el expresidente situó los recientes hechos en el centro de una disputa política y social más amplias que, de acuerdo con su análisis, afectan el ejercicio democrático y la participación ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gustavo Petro aseguró que no son las juventudes las responsables de los incendios en Tolima?

Gustavo Petro rechazó que se culpe a las juventudes, en especial a quienes hacen parte del Pacto Histórico, por los incendios forestales en Tolima. Expresó que tanto el gobierno nacional como la gobernadora del departamento estarían responsabilizando injustamente a personas inocentes, según lo dijo en su intervención, reafirmando que no existen pruebas que vinculen a estos sectores con la crisis ambiental.

¿Cómo relacionó Petro los incendios en Tolima con el contexto político nacional?

El exmandatario relacionó las quemas y los incendios forestales con una problemática más profunda sobre el manejo de la tierra y los intereses detrás de los bosques en Colombia. Además, advirtió que esta situación podría utilizarse para desmotivar la movilización social y afectar el respaldo ciudadano a las reformas que promovió durante su gobierno, sugiriendo que existe una intención de mantener a la sociedad en un estado de ansiedad para evitar la protesta.

Durante más de 50 años, el padre Giraldo estuvo al lado de quienes sufrieron las peores consecuencias del conflicto armado y la exclusión social, especialmente comunidades a las que históricamente se les ha negado la justicia. Su nombre permanece asociado a la denuncia de violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas y nexos entre estructuras armadas ilegales y algunos sectores de la Fuerza Pública, situaciones ampliamente documentadas por medios como El Espectador.

Giraldo, nacido en 1944, se formó en Filosofía y Teología en la Pontificia Universidad Javeriana, completando además estudios en la Universidad de París I enfocados en análisis regional. Sin embargo, los aprendizajes más profundos, según reconoció, los vivió acompañando a las víctimas en los territorios. Ya desde sus primeros años como sacerdote en sectores populares de Bogotá, Giraldo comprendió que el llamado religioso debía traducirse en un ejercicio profundo de denuncia ante las injusticias. Su trabajo como investigador y acompañante fue clave en el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), en donde durante décadas recopiló y preservó testimonios relacionados con crímenes y atropellos que pretendían ser ignorados o borrados de la memoria colectiva.

En 1988 cofundó la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz y casi de inmediato asumió tareas como secretario para América Latina del Tribunal Permanente de los Pueblos, entre 1989 y 1991. Sus aportes permitieron promover procesos de verdad, dignificación y reparación, como el esclarecimiento de las masacres de Trujillo, Valle del Cauca, ocurridas entre 1986 y 1994, cuyo impacto llevó al Estado colombiano a reconocer su responsabilidad, de acuerdo con la misma fuente. No solo denunció los vínculos entre integrantes de la Fuerza Pública y el paramilitarismo en zonas como el Magdalena Medio y Urabá, sino que acompañó el nacimiento y consolidación de proyectos como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Pese a las amenazas, estigmatizaciones y al exilio, nunca abandonó a las víctimas o a las comunidades que confiaron en su palabra y su capacidad de convertir el dolor en memoria activa. Recibió galardones internacionales, como el Premio John Humphrey a la libertad y el Premio Juan María Bandrés a la Defensa del Derecho de Asilo. Además, hizo parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas convocada en La Habana durante los diálogos de paz. Los archivos que labró, las voces que recogió y su convicción para nombrar responsabilidades continúan vigentes como legado indiscutible contra el olvido y la impunidad en Colombia.

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¿Quién fue Javier Giraldo Moreno y cuál fue su legado en la defensa de derechos humanos en Colombia?

Javier Giraldo Moreno fue un sacerdote jesuita que dedicó más de cinco décadas a acompañar a víctimas del conflicto armado y documentar violaciones de derechos humanos en Colombia, de acuerdo con El Espectador. Cofundador de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz e investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), su legado radica en archivos y testimonios preservados, el esclarecimiento de crímenes como las masacres de Trujillo, y en convertir la memoria y la fe en un compromiso radical por la justicia para las comunidades más vulneradas.

¿Qué significa desaparición forzada y cómo la denunció el padre Javier Giraldo?

La desaparición forzada es el acto de privar ilegalmente a una persona de su libertad y suprimir información sobre su paradero, impidiendo que su familia conozca su destino. Según entrevistas y reportajes citados por El Espectador, Javier Giraldo denunció sistemáticamente esta práctica como una estrategia utilizada en Colombia, documentando casos y exigiendo el reconocimiento de la responsabilidad estatal para combatir la impunidad y defender los derechos de las víctimas y sus familias.

Las estaciones del SGC cumplen un papel fundamental: registran las ondas sísmicas generadas por el movimiento de la Tierra. Estos datos se convierten en la base para que los especialistas analicen las características del fenómeno. Según el SGC, uno de los principales resultados de este análisis es la magnitud, que está directamente relacionada con la energía liberada en el punto de origen del sismo. Este dato, aunque suele ser de conocimiento público poco después del evento, no refleja de forma directa cuán fuerte fue la percepción del temblor en distintas ciudades o regiones del país, pues esa sensación puede variar según la ubicación y otros factores como las características del terreno.

A pesar de que la expresión “en la escala de Richter” sigue utilizándose con frecuencia, especialmente en el lenguaje cotidiano, no describe con precisión los métodos modernos para medir los sismos. La escala de Richter fue desarrollada por el sismólogo Charles Richter en 1935 y sirvió como la principal referencia durante décadas. De acuerdo con el SGC, en la actualidad existen métodos más avanzados y específicos que permiten medir la magnitud de los temblores de manera más adecuada y ajustada a distintos tipos de eventos.

Conviene aclarar la diferencia entre dos conceptos clave en el estudio de los sismos: magnitud e intensidad. La magnitud, como explica el SGC, se refiere a la energía que se libera en el origen del temblor. La intensidad, por otro lado, está relacionada con los efectos que produce ese fenómeno en un lugar específico y cómo lo perciben las personas. Por esta razón, un mismo sismo puede sentirse con diferente intensidad en distintas ciudades, aunque la magnitud sea la misma para todo el evento.

En resumen, el dato de magnitud que reporta el SGC proviene de un análisis detallado de los registros obtenidos por las estaciones de monitoreo, lo que permite describir con mayor exactitud la naturaleza de los temblores en Colombia.

¿Cómo mide el SGC la magnitud de un sismo en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano utiliza una red de estaciones sismológicas que captan las ondas generadas por el movimiento telúrico. Posteriormente, sus especialistas analizan estos registros para establecer características como ubicación, profundidad y magnitud, entendida esta última como la energía liberada en el origen del temblor. Todo el proceso se basa en datos técnicos obtenidos mediante los instrumentos de monitoreo instalados en el país.

¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad en un sismo?

La magnitud se refiere a la cantidad de energía liberada por el sismo en su punto de origen, mientras que la intensidad describe los efectos perceptibles y daños que ese mismo evento genera en diferentes lugares. Por ello, aunque la magnitud sea un dato único para un sismo, la intensidad puede variar según la distancia al epicentro y las condiciones del terreno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El martes 25 de agosto será el día más extenso en cuanto a suspensiones del servicio, pues contempla una amplia lista de barrios y sectores afectados. Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., barrios como Alto de Los Rosales, Ambalá, Antonio Nariño, San Antonio, Córdoba, Cordobita, El Oasis, Portal del Oasis, Fuente de Los Rosales, Fuente de Los Rosales II y IV, Los Rosales, Los Rosales II, Villa María Camila, Viveros, La Tomatera San Antonio y Antigua Tomatera San Antonio no contarán con energía eléctrica. Tanto el Centro como El Carmen tendrán cortes de 1:00 p. m. a 3:00 p. m., mientras que otros sectores, incluidas varias veredas como Cañadas, Curalito, Guaico, La Cima, La Montaña Charcorico, Las Pavas, Llano del Combeima, Los Cauchos, Los Naranjos, Moralito, Peñaranda, Perico y Perico Bajo, Potrero Grande, San Cayetano Bajo y San Francisco, quedarán sin servicio entre 3:00 p. m. y 5:00 p. m.

La programación continúa el miércoles 26 de agosto, abarcando sectores urbanos y zonas rurales, en horarios que van desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. Los habitantes de El Salado, Kundae, Villa Clara, Villa María y la urbanización El Pueblito El Salado experimentarán cortes desde las 7:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. Otros barrios como Belén y sectores cercanos al Parqueadero Centenario estarán sin energía de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., mientras que los cortes en otras áreas serán de menor duración durante la mañana y la tarde.

El jueves 27 y el viernes 28 de agosto, las interrupciones impactarán principalmente a zonas rurales y sectores como San Pedro Alejandrino, Ancón, Malabar, Pablo Sexto y Portal de Los Tunjos, en franjas que oscilan entre dos y once horas. Por último, el lunes 31 de agosto habrá cortes en Santa Helena, Arkalena, Reservas de Paujil Salado y Rincón de las Margaritas.

Según la información reportada, se recomienda que los residentes de estos sectores tengan en cuenta las franjas horarias asignadas para organizar sus labores y tomar previsiones durante la suspensión del servicio.

¿Cuáles son los barrios de Ibagué afectados por los cortes de energía programados en agosto?

La programación contempla interrupciones en barrios como Alto de Los Rosales, Ambalá, Antonio Nariño, San Antonio, Córdoba, El Salado, Belén, Ancón, Malabar, San Pedro Alejandrino, Santa Helena, Arkalena, entre otros, además de múltiples veredas rurales. Cada sector tiene asignada una franja horaria específica para la suspensión del servicio.

¿Qué medidas deben tomar los residentes ante los cortes de energía eléctrica en Ibagué?

Se recomienda que quienes viven en los sectores incluidos en el cronograma organicen sus actividades teniendo en cuenta las horas programadas de interrupción y tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el periodo sin energía eléctrica.

(Vea también: Fenómeno de El Niño en Colombia tendrá efectos negativos más complejos de lo previsto)

De acuerdo con el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), citado por El País, la temperatura media diaria de la superficie del océano alcanzó 21,1 grados Celsius el 22 de agosto, superando el anterior récord de 21,09 °C registrado en marzo de 2024.

La medición corresponde al océano global ubicado entre los 60 grados de latitud sur y los 60 grados de latitud norte y hace parte de una serie de datos que comenzó en 1979.

El dato resulta especialmente llamativo porque los océanos normalmente alcanzan su mayor temperatura media global hacia marzo y abril. Que el récord se haya producido en agosto muestra hasta qué punto las temperaturas de la superficie marina se encuentran elevadas.

¿Por qué se están calentando tanto los océanos?

El récord no puede atribuirse a una sola causa. El calentamiento de los océanos está relacionado principalmente con el calentamiento global provocado por la acumulación de gases de efecto invernadero, pero en 2026 existe además un factor natural que está aportando calor adicional: El Niño.

Este fenómeno se caracteriza por un calentamiento anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial y tiene efectos que pueden extenderse a distintas partes del planeta.

La situación también es seguida de cerca en Colombia. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó en junio que las condiciones de El Niño ya estaban presentes tanto en la atmósfera como en el Pacífico ecuatorial y estimó una probabilidad superior al 95 % de que estas condiciones se fortalecieran durante el segundo semestre de 2026 y persistieran hasta el primer trimestre de 2027.

El Ideam también calculó entonces una probabilidad del 63 % de que El Niño alcanzara una intensidad considerada “muy fuerte” entre noviembre de 2026 y enero de 2027, lo que podría ubicarlo entre los episodios de mayor magnitud observados desde 1950.

¿Qué puede pasar con las temperaturas en Colombia?

Uno de los principales efectos que puede sentir Colombia está relacionado con el aumento de las temperaturas y los periodos de menor disponibilidad de agua.

El comportamiento de El Niño puede favorecer condiciones más secas y cálidas en diferentes zonas del país. Esto no quiere decir que vaya a dejar de llover en toda Colombia ni que todas las regiones experimentarán exactamente el mismo comportamiento, pero sí aumenta el riesgo de déficit de lluvias, temperaturas elevadas y disminución de los niveles de algunos ríos y embalses.

El propio Ideam ha advertido que la disminución de las lluvias y el aumento de las temperaturas pueden reducir progresivamente los caudales de ríos y quebradas, afectar los niveles de embalses y reservorios y generar presión sobre la disponibilidad de agua para consumo humano, actividades agropecuarias y generación hidroeléctrica.

Por eso, el impacto no se limitaría a que las personas sientan más calor. Un periodo prolongado de altas temperaturas y menores precipitaciones también puede aumentar la presión sobre los recursos hídricos y sectores como la agricultura y la generación de energía.

La gravedad de la situación se evidencia al conocer que la finca era el hogar de Beatriz Castillo, quien residía allí junto a su hermana, un sobrino y su madre. La madre de Beatriz tiene 102 años de edad y enfrenta serias dificultades de movilidad, propias de su avanzada edad. Esta vulnerabilidad física ha representado una gran barrera para que la familia pueda acercarse por sí misma a los puntos de acopio oficiales habilitados por las autoridades para la entrega de ayudas humanitarias. Como resultado, el acceso de este núcleo familiar a recursos básicos y asistencia esencial ha quedado fuertemente limitado, agravando su emergencia social y sanitaria.

Ante la magnitud de la pérdida, Beatriz Castillo ha expresado públicamente su agradecimiento a las personas que han mostrado solidaridad y apoyo acercándose a la zona del desastre, proporcionando ayuda, ideas y palabras de aliento. Sin embargo, el nivel de destrucción en ‘El Horizonte’ demanda un esfuerzo comunitario sostenido y recursos materiales que permitan iniciar una reconstrucción en condiciones seguras y dignas para la familia afectada.

Buscando atenuar el impacto de esta emergencia y, en particular, para proteger a la adulta mayor de 102 años que depende de cuidados constantes, se ha habilitado una línea telefónica directa (315 753 3836), a través de la cual personas, empresas o instituciones interesadas pueden coordinar donaciones o soporte logístico de cualquier tipo. La rápida movilización de la sociedad civil resulta fundamental en estos casos para garantizar condiciones de vida dignas a quienes han perdido absolutamente todo.

¿Cómo se puede ayudar a la familia de Beatriz Castillo tras el sismo en Darién?

Las personas y entidades que deseen apoyar a la familia de Beatriz Castillo pueden comunicarse mediante la línea 315 753 3836, donde se coordina la recepción de ayuda material, donaciones y soporte logístico, enfocado a cubrir tanto necesidades inmediatas de alojamiento y alimento como el proceso de reconstrucción de la vivienda.

¿Por qué la familia afectada enfrenta dificultades para acceder a la ayuda humanitaria?

La familia de Beatriz Castillo enfrenta barreras particulares debido a que la madre tiene 102 años y problemas de movilidad, lo que les dificulta desplazarse hasta los acopios oficiales designados por las autoridades para la entrega de ayudas, restringiendo gravemente su acceso a los recursos básicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Hasta hace pocos días, Delgado se desempeñaba como secretario privado del general William Rincón, entonces director de la Policía, y había acompañado al mandatario durante sus desplazamientos a zonas afectadas por el terremoto.

Según fuentes consultadas por El Tiempo, Delgado fue llamado por Talento Humano de la Policía debido a restricciones que tenía para portar armas y ejercer cargos operativos.

El oficial aparece mencionado en una investigación por presunto tráfico de influencias, relacionada con otro proceso por tráfico de municiones, armas y explosivos, en el que varios policías han sido capturados, añadió ese diario.

El expediente señala que Delgado habría realizado una llamada para interceder por uniformados involucrados en un caso ocurrido en Guasca, Cundinamarca.

También se investiga un episodio relacionado con el uso irregular de munición oficial en polígonos donde participaban particulares, resaltó ese periódico.

La situación genera cuestionamientos sobre por qué el coronel fue asignado a funciones cercanas al presidente De la Espriella pese a las restricciones existentes y a las investigaciones en curso.

Durante su paso por el Gobierno, sin embargo, se destacó su desempeño durante la campaña presidencial y su trayectoria dentro de la Policía. El Tiempo informó que intentó obtener su versión, pero no recibió respuesta alguna.

De acuerdo con información oficial de la Gobernación, los organismos de socorro locales, como los cuerpos de bomberos de Consacá, Guaitarilla y Pasto, junto con la Defensa Civil, trabajan en la atención de las zonas afectadas. Estas instituciones adelantan labores en terreno y mantienen un monitoreo constante de la evolución de los incendios, especialmente en áreas cercanas a viviendas y comunidades que pueden estar en riesgo. El objetivo central es evitar la expansión del fuego y proteger tanto a la población como al entorno natural.

Como respuesta a la gravedad de la situación, la Gobernación de Nariño declaró el 12 de agosto la calamidad pública y la urgencia manifiesta, mecanismos legales que buscan agilizar la respuesta de las autoridades. Estas acciones permiten fortalecer las capacidades operativas y destinar recursos de manera prioritaria, asegurando la atención oportuna a las zonas comprometidas y la protección tanto de los ecosistemas como de los medios de vida de los habitantes.

Por otro lado, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha informado sobre el monitoreo permanente de los focos activos en el país, reportando en ese momento 16 incendios activos en cinco departamentos y la liquidación de tres más. La Gobernación de Nariño ha sido enfática en solicitar a la ciudadanía que solo confíe en la información oficial y reitera que las quemas de cobertura vegetal están prohibidas. Además, pide reportar cualquier situación potencialmente riesgosa que pueda derivar en nuevos incendios, recordando que la atención y vigilancia de estas emergencias es continua.

¿Dónde se concentran actualmente los incendios forestales en Nariño?

Según el más reciente informe de la Gobernación de Nariño, las emergencias activas se concentran en los municipios de Linares, La Florida, Ancuya y El Tambo, mientras que el incendio reportado en Buesaco fue controlado. El municipio de Ancuya destaca por el despliegue de equipos y personal especializado para combatir el fuego.

¿Por qué la Gobernación de Nariño declaró calamidad pública y urgencia manifiesta?

De acuerdo con la Gobernación de Nariño, la decisión de declarar calamidad pública y urgencia manifiesta el 12 de agosto se tomó debido al incremento de los incendios forestales en la región. Estas medidas permiten facilitar la toma de decisiones rápidas, fortalecer las operaciones de los organismos de socorro y priorizar recursos para proteger tanto a la población como los ecosistemas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

María Fernanda Martínez, madre de María Fátima Torres e identificada en Instagram como @mariafmartinezo, compartió sus sentimientos sobre la repentina pérdida. En sus palabras, dejó en evidencia las preguntas sin respuesta y el dolor profundo que acompaña la ausencia de Fabio Torres. “Mi amor, hoy no puedo entender qué pasó, y tengo mil preguntas pero estoy convencida que estás a ladito de nuestro Dios, ese que siempre le pedía tanto por nosotros, y cumplir con ese propósito que solo tú y yo sabíamos”, expresó, reflejando su desconcierto y fe ante el difícil momento.

La viuda también resaltó el papel de Torres como padre y su propia responsabilidad en la crianza de la pequeña María Fátima. Agradeció los años compartidos y el fruto de esa unión, reafirmando su promesa de seguir adelante por su hija y cumplir los sueños que ambos acariciaban. En un emotivo mensaje, María Fernanda manifestó: “Gracias por estos 10 años, gracias por dejarme el fruto de nuestro amor, esa niña que fue la luz de tus ojos y tu orgullo siempre; te prometo que cumpliré cada uno de nuestros sueños al lado de nuestra bebé. No me imagino mi vida sin ti gatito de mi alma, ¿por qué me dejaste mi bebé?".

La carta finaliza con la certeza en el corazón de María Fernanda de que llegará el momento del reencuentro en el cielo con Fabio Torres. Convencida de que la eternidad les pertenece, asegura que cuidará de su hija mientras permanezca en este mundo y que su amor trasciende cualquier frontera: “Estoy convencida que allá en cielo tendremos ese encuentro y si seremos felices por la eternidad gracias por cada momento. Nos volveremos a encontrar amor de mi vida. Tú Lale mientras yo esté lo cuidaré siempre, tu hija será mi mayor razón para seguir”.

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¿Quién era Fabio Torres y por qué fue importante en Valledupar?

Fabio Torres fue un destacado publicista y empresario con una influencia significativa en el mundo del vallenato y dentro de la comunidad de Valledupar. De acuerdo con los mensajes publicados por su esposa María Fernanda Martínez, Torres impactó de manera profunda a quienes le conocieron y dejó un legado personal que marcó a su familia y entorno directo.

¿Cómo expresó María Fernanda Martínez su duelo tras la muerte de Fabio Torres?

A través de redes sociales, María Fernanda Martínez, viuda de Fabio Torres, compartió un mensaje emotivo dirigido a su esposo, en el que manifestó su dolor tras la pérdida, el agradecimiento por los años vividos juntos y la promesa de continuar adelante por su hija. Sus publicaciones reflejan el proceso de duelo y el vínculo profundo que tenían como familia.

Los afectos de estos incendios no solo se reflejan en el número de hectáreas quemadas, sino también en la pérdida de refugio y alimento para las especies silvestres. Según la CAR, aun cuando un animal logra sobrevivir al fuego, puede sufrir deterioro progresivo por el daño en tejidos y órganos, y las quemaduras incrementan el riesgo de infecciones, complicando las posibilidades de recuperación. Además, la destrucción de hábitats compromete el desplazamiento y la supervivencia de animales vulnerables, como crías o aquellos que habitan en madrigueras o árboles. En palabras de Magdala Iregui, directora de Biodiversidad de la CAR: “Cada animal que resulta afectado por un incendio nos recuerda que las consecuencias de estas emergencias van mucho más allá de las hectáreas de vegetación quemada”.

El impacto ha sido especialmente fuerte durante agosto de 2026, mes en el que se reportó el 82,4 % de toda la superficie quemada en Cundinamarca durante el año, con 214 incendios en 49 municipios y más de 1.451 hectáreas arrasadas. El balance de la Delegación Departamental de Bomberos refleja que el 24 de agosto se presentaron 20 incendios forestales en 13 municipios, de los cuales la mayoría pudieron ser controlados o liquidados, aunque uno permanecía activo en La Vega. El incendio de mayor extensión se registró en Viotá, afectando 48 hectáreas. El total de daños estimados durante esa jornada oscila entre 71 y 77 hectáreas, aunque existen inconsistencias en las cifras oficiales de Bomberos.

La persistencia del fenómeno de El Niño, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), con probabilidad del 90 % de continuar hasta el primer trimestre de 2027, podría agravar la situación. Se prevé una intensificación del fenómeno entre octubre y diciembre de este año, lo que, sumado a la pérdida de humedad en la vegetación y las altas temperaturas, aumentará la probabilidad de nuevos incendios. Ante ese panorama, la CAR recomienda evitar fogatas y quemas, no arrojar colillas de cigarrillo y reportar de inmediato cualquier señal de humo, así como informar sobre fauna silvestre herida o desplazada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles han sido los principales efectos de los incendios forestales en la fauna silvestre de Cundinamarca?

Los incendios han provocado la muerte de varias especies, como un puercoespín arborícola, un tamandúa y un armadillo, debido a quemaduras y problemas respiratorios. Además, la destrucción de hábitats y fuentes de alimento afecta gravemente a los animales sobrevivientes, que pueden sufrir lesiones internas, infecciones y dificultades para desplazarse y recuperarse.

¿Por qué el fenómeno de El Niño aumenta el riesgo de incendios forestales en Cundinamarca?

El fenómeno climático de El Niño, caracterizado por la disminución de lluvias y el aumento de temperaturas, reduce la humedad en la vegetación. Esto facilita la aparición y expansión de incendios, tal como alertó el Ideam, que advirtió sobre una probabilidad superior al 90 % de que El Niño continúe hasta 2027 y se intensifique en los próximos meses.

La designación de Bautista no era una certeza al inicio. Inicialmente, sonaba el excongresista Alirio Uribe, cercano a Iván Cepeda. No obstante, la influencia de Felipe Harman cambió el panorama, logrando que Bautista se convirtiera en la favorita para el puesto, movimiento avalado por el propio Gustavo Petro. Este giro evidenció las divisiones internas del Pacto Histórico, marcando la disputa de poder entre figuras como Iván Cepeda y el expresidente Petro.

Sin embargo, ha surgido controversia alrededor de la candidatura de Rusinque. Según fuentes citadas por El Espectador, Rusinque no cumpliría con todos los requisitos legales, ya que su experiencia profesional como abogada ejercida en el exterior no sería válida en Colombia. La reunión que selló esta decisión se realizó la noche anterior a la elección, con presencia de Petro, quien poco después partió rumbo a México.

En paralelo, otras fuerzas políticas buscan asegurar representación en el organismo. El Centro Democrático, con 47 congresistas, logró asegurar dos escaños en alianza con el partido cristiano MIRA; entre los nombres escogidos figuran Nubia Stella Martínez y Plinio Alarcón. El Partido Conservador impulsa a Juan Carlos Wills, mientras que La U propone a Juan Felipe Lemos. El Partido Liberal busca mantener sus dos puestos, apostando por Silvio Carrasquilla y otro candidato por definir. Además, la Alianza Verde y En Marcha intentan ganar presencia, aunque con menos opciones. Por último, José Antonio Parra es el candidato de Salvación Nacional, apoyado inicialmente por su partido y curules de paz, aunque su elección aún es incierta.

¿Por qué Ana Jimena Bautista y Cielo Rusinque fueron seleccionadas por el Pacto Histórico para el CNE?

La definición de estas candidaturas fue resultado de intensos debates internos en el Pacto Histórico, donde la influencia de Felipe Harman y el respaldo de Gustavo Petro resultaron decisivos para escoger a Bautista sobre otras opciones como Alirio Uribe. Rusinque, con experiencia en varias entidades del sector público, también fue incluida, aunque su postulación quedó en entredicho por dudas sobre la validez de su experiencia profesional.

¿Cuáles son los requisitos legales para ser elegido en el Consejo Nacional Electoral y qué dificultades enfrenta Cielo Rusinque?

Según el reporte de El Espectador, entre los principales requisitos está la acreditación de experiencia profesional válida en Colombia. El obstáculo para Rusinque surge porque su ejercicio como abogada independiente en el extranjero no cumpliría con los requerimientos de homologación o reconocimiento profesional exigidos para el cargo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La Fiscalía sostiene que esta red operó entre enero de 2022 y febrero de 2025. Teresa Jaramillo Giraldo, alias ‘La Tía’ y ya condenada por estos hechos, fue señalada como intermediaria. Las investigaciones indican que el subteniente Bravo Olaya habría recibido un millón de pesos, remitido por un exmilitar, para informar sobre los movimientos de sus tropas en Ayapel, Córdoba. Estos eventos, citados por la Fiscalía, sugieren un patrón en el que los integrantes de la red accedían y suministraban información confidencial sobre despliegues y operaciones militares a cambio de dinero.

El sargento segundo Sicacha López fue acusado de aceptar una promesa de pago a cambio de comunicar datos sensibles acerca de los operativos en los que estaba involucrado. Por su parte, Henao Luna habría entregado información sobre los movimientos de su escuadra tras recibir una llamada de un suboficial retirado en abril de 2022, según el expediente mencionado por El Espectador. Los tres hombres fueron capturados por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional en Cali, Buenavista (La Guajira) y Yopal (Casanare), ubicaciones citadas por la misma fuente.

Un fiscal delegado para la Seguridad Territorial imputó a los militares los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. Solo Sicacha López aceptó cargos y deberá cumplir detención domiciliaria. Bravo Olaya y Henao Luna recibieron medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso.

En un caso similar reseñado también por El Espectador, el coronel Carlos Didier Pérez Amorocho fue acusado el 22 de agosto por supuesta colaboración con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y disidencias de las FARC. Según la Fiscalía, Pérez Amorocho habría recibido pagos para reducir operaciones militares en Arauca y alertar a grupos ilegales sobre movimientos de la Fuerza Pública. El oficial no aceptó los cargos.

¿Cuáles son los delitos que la Fiscalía imputó a los militares por vínculos con el Clan del Golfo?

La Fiscalía imputó a los militares los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. Estas imputaciones corresponden a su presunta participación en una red que suministró información reservada sobre operativos militares a cambio de dinero.

¿Qué función cumplía la intermediaria conocida como ‘La Tía’ en la red de corrupción militar?

De acuerdo con los hallazgos de la Fiscalía, Teresa Jaramillo Giraldo, alias ‘La Tía’, ejercía como intermediaria entre miembros activos o retirados de la fuerza pública y el Clan del Golfo, facilitando el flujo de dinero y la obtención de información sobre operativos del Ejército.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La controversia cobró fuerza después de que el Gobierno instruyera a Migración Colombia y a la Policía a comenzar los operativos en Barranquilla, enfocados en hallar extranjeros involucrados en delitos y posteriormente a quienes carecen de documentación migratoria regular. Lara aclaró que los operativos buscan combatir la ilegalidad y la criminalidad, priorizando la expulsión de extranjeros capturados cometiendo delitos y, en segundo lugar, identificar a quienes permanezcan sin documentos válidos.

De acuerdo con la explicación oficial, el Permiso por Protección Temporal es el documento de identificación que formaliza el estatus regular de ciudadanos venezolanos en el país, por lo que tener un PPT vigente les otorga un mecanismo reconocido de regularización migratoria. Migración Colombia exige el cumplimiento de requisitos para su expedición, pero ser titular de este permiso significa, según sus lineamientos, no ser indocumentado ni estar en situación irregular solo por la nacionalidad.

El Gobierno también orientó a quienes tienen el PPT en trámite: no todos los que afirman estar en proceso de regularización están automáticamente protegidos. Es necesario contar con documentos o certificados expedidos por Migración Colombia que acrediten el estado del trámite. Esta verificación permitirá diferenciar entre quienes cumplen procesos y quienes no han formalizado su situación.

Adicionalmente, el Ejecutivo reconoció que estas acciones buscan también frenar redes criminales dedicadas al tráfico de migrantes, con énfasis especial en rutas como el Darién en la frontera con Panamá, donde organizaciones como el Clan del Golfo obtienen réditos del paso clandestino de personas.

Frente a comparaciones con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Lara aseguró que no hay proyectos para crear un organismo similar en Colombia. Tanto la Policía Nacional como Migración Colombia tienen actualmente la competencia para adelantar los operativos planeados, sin que exista la intención de establecer un cuerpo especializado.

Estos anuncios han motivado un debate político intenso. En el Congreso, sectores de oposición advierten sobre el riesgo de estigmatizar a los migrantes venezolanos y de equiparar irregularidad migratoria con delincuencia. Por otro lado, algunos legisladores respaldan el endurecimiento de controles a extranjeros sin documentación o involucrados en delitos. Mientras tanto, la directriz gubernamental es que los beneficiarios del PPT vigente seguirán siendo tratados como migrantes regulares y quienes estén tramitando su regularización deben poder acreditar el estado de esos procesos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Permiso por Protección Temporal (PPT) y para qué sirve en Colombia?

El Permiso por Protección Temporal, según Migración Colombia, es un documento de identificación creado para regularizar a ciudadanos venezolanos que migraron al país. Su función principal es formalizar la situación migratoria dentro del marco del Estatuto Temporal de Protección; permite a sus titulares residir, trabajar y acceder a servicios en Colombia dentro de la legalidad migratoria mientras dure su vigencia.

¿Ser titular del PPT protege de la deportación en los nuevos operativos migratorios colombianos?

De acuerdo con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quienes tienen un PPT vigente no serán considerados migrantes irregulares por el solo hecho de su nacionalidad venezolana ni podrán ser deportados por esa condición dentro de los nuevos controles. Las autoridades priorizarán los casos de delitos o permanencia sin regularización comprobada, no a los que están amparados por el PPT o con trámites aprobados.

El Gobierno también tomó medidas para proteger a Naylea Barros, implementando esquemas de seguridad mientras avanzan las pesquisas. La decisión fue confirmada por el presidente, quien subrayó la necesidad de esclarecer los hechos sin anticipar responsabilidades y señaló que es fundamental determinar quiénes fueron los responsables detrás del atentado. Además, reiteró su compromiso de garantizar la seguridad de la oposición y de todos los ciudadanos durante su gestión, remarcando la obligación de las autoridades de salvaguardar la integridad y la vida de las personas.

En cuanto a los hechos, la información disponible indica que Naylea Barros, en compañía de una familiar, se desplazaba en una camioneta por inmediaciones del puente Minuto de Dios, en Santa Marta, cuando fueron interceptadas y atacadas con arma de fuego. El ataque ocurrió mientras ambas se dirigían hacia el barrio Bavaria. Según los reportes, sujetos desconocidos abrieron fuego contra el vehículo en el que se movilizaban las dos mujeres. Hasta el momento, agentes de la Policía adelantan investigaciones para esclarecer cómo sucedió el atentado, así como para identificar a los autores materiales y establecer los motivos que habrían provocado este grave hecho.

Las autoridades locales, bajo instrucciones directas del presidente y con el compromiso de proteger a las víctimas, continúan recopilando información y testimonios para resolver el caso. El país espera avances concretos mientras se mantiene la atención sobre la seguridad de líderes y figuras políticas, especialmente aquellas relacionadas con movimientos de oposición.

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¿Por qué el presidente ordenó proteger a Naylea Barros tras el atentado en Santa Marta?

El presidente decidió implementar medidas de protección para Naylea Barros luego del atentado ocurrido el 24 de agosto en Santa Marta, con el fin de salvaguardar su integridad física mientras se adelantan las investigaciones. Esta decisión busca evitar nuevos riesgos para la excandidata a la Cámara y enviar un mensaje claro sobre la importancia de proteger la vida de los líderes políticos, sin importar su filiación.

¿Cómo ocurrió el ataque contra Naylea Barros y qué acciones adelantó la Policía?

De acuerdo con la información oficial, Naylea Barros y una familiar fueron atacadas con arma de fuego mientras se movilizaban en una camioneta cerca del puente Minuto de Dios, en Santa Marta, cuando iban rumbo al barrio Bavaria. Tras el hecho, el presidente solicitó a la Policía de Santa Marta acelerar las investigaciones. Las autoridades están recolectando pruebas para establecer las circunstancias exactas del ataque e identificar a los responsables.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en Chocó, y sus efectos se extendieron a 494 municipios de 16 departamentos. Según las autoridades, la tragedia deja 361.353 damnificados, quienes han requerido asistencia humanitaria y apoyo para afrontar las consecuencias del desastre.

(Vea también: Experta en sismología respondió a la gran duda que hay en Colombia: ¿Por qué está temblando tanto?)

El impacto también se refleja en las condiciones de vivienda. La UNGRD reportó 178.515 casas averiadas y otras 31.613 completamente destruidas. A esto se suman daños en 5.884 edificaciones, mientras que 603 estructuras terminaron colapsadas como consecuencia del fuerte sismo.

La emergencia afectó además buena parte de la infraestructura necesaria para atender a las comunidades. Entre las estructuras reportadas se encuentran 378 centros de salud, 3.758 instituciones educativas y 4.334 centros comunitarios. También resultaron perjudicadas 440 vías, cinco aeropuertos, 118 acueductos, 74 puentes vehiculares y 16 puentes peatonales.

¿Cómo es el subsidio a afectados por el terremoto en Buenaventura?

En Buenaventura, una de las zonas golpeadas por el terremoto, el Gobierno anunció un subsidio mensual de 1’050.000 pesos para las familias afectadas que estén debidamente registradas y censadas. La entrega de este apoyo económico comenzará el próximo 26 de agosto y se extenderá durante tres meses, por lo que cada hogar beneficiario podrá recibir hasta $3.150.000.

El apoyo económico hace parte del plan de reconstrucción que comenzará en las zonas más afectadas. A esta medida se suman 50 viviendas donadas por Eternit y otras 51 entregadas por Corpacero, que serán destinadas a familias que perdieron sus casas durante la emergencia.

(Lea también: Gobierno dará subsidio de más de $ 800.000 a familias afectadas por el terremoto en Colombia)

Por otra parte, el presidente Abelardo de La Espriella anunció que Juan Manuel Muñoz estará encargado de liderar la reconstrucción del Valle del Cauca, después de haber sido designado inicialmente como embajador en Brasil. En paralelo, el sector financiero acordó reducir del 14 % al 8 % la tasa de interés para créditos destinados a vivienda nueva, una medida con la que se busca facilitar la recuperación y el acceso a vivienda para los hogares afectados por el terremoto.

Este fenómeno impactará principalmente las regiones norte y occidente de Colombia, donde se pronostican lluvias intensas y la posibilidad de tormentas eléctricas. En particular, la región Pacífica, así como los departamentos de Chocó y Antioquia, lideran la lista de zonas donde las lluvias podrían ser más copiosas. Otros sectores del occidente colombiano también estarán bajo la influencia de este sistema meteorológico, incrementando así la atención sobre zonas vulnerables a crecientes de ríos, inundaciones o movimientos en masa.

La presencia de tormentas eléctricas es otro elemento relevante en el contexto actual. El Ideam advierte que la mayor nubosidad favorecida por las ondas tropicales podría traer consigo actividad eléctrica, en especial durante las jornadas en que las nubes se presenten más densas. Estas condiciones pueden generar situaciones de riesgo, por lo que las personas que residen cerca de fuentes hídricas o en sectores de ladera necesitan seguir de cerca los boletines y alertas emitidos por las autoridades competentes.

Por ahora, la perspectiva semanal indica un panorama especialmente lluvioso en gran parte del occidente y norte colombiano. La región Pacífica sobresale debido a la magnitud que pueden alcanzar las precipitaciones. Ante esta situación, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes climáticos oficiales, evitando rumores o información no confirmada. Cualquier cambio en el comportamiento de las ondas tropicales podría modificar el pronóstico, por lo que la vigilancia se mantiene constante para actualizar las alertas si la situación lo amerita.

Estas variaciones en el clima ponen a prueba la capacidad de respuesta de habitantes y autoridades ante posibles emergencias asociadas a lluvias extremas y tormentas eléctricas. Más allá del efecto inmediato, la evolución de las ondas tropicales será clave para determinar el comportamiento del clima durante los próximos días.

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¿En qué regiones de Colombia se presentarán las lluvias más intensas esta semana?

De acuerdo con informes del Ideam, las precipitaciones más intensas se esperan en la región Pacífica, particularmente en los departamentos de Chocó y Antioquia. Asimismo, se podrían registrar lluvias significativas en otros sectores del occidente y el norte del país, donde las condiciones son propicias para aguaceros y posibles tormentas eléctricas.

¿Qué precauciones recomiendan las autoridades ante el aumento de lluvias y tormentas eléctricas?

Las autoridades aconsejan a quienes viven cerca de ríos, quebradas o en laderas estar atentos a las alertas y reportes climáticos emitidos de manera oficial. Sugieren permanecer informados ante cualquier variación, ya que las lluvias fuertes pueden provocar crecientes, inundaciones y deslizamientos. Mantenerse actualizado con el pronóstico del Ideam es fundamental para prevenir emergencias.

Durante su intervención, el mandatario expresó de forma categórica la postura oficial sobre este asunto, afirmando: “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”. Añadió que los foráneos que incumplan las reglas migratorias serán sometidos a los procedimientos legales estipulados y que las correspondientes deportaciones deberán aplicarse sin dilación.

Esta decisión forma parte de un paquete más amplio de medidas de seguridad con las que el Gobierno Nacional busca hacer frente a delitos como extorsión, microtráfico, hurto y homicidio. Si bien la disposición fue anunciada en la ciudad de Barranquilla, la estrategia podría replicarse en departamentos que registran alta presencia de migrantes, como el Cesar. Datos de la Gobernación de ese departamento, difundidos en 2025, indican que allí residen 69.831 migrantes, lo que representa cerca del 6 % de la población total. De ellos, alrededor de 54.000 han regulado su estatus, 7.000 más están en proceso de hacerlo y unos 8.800 permanecían en condición irregular en ese momento, aunque se aclara que, al tratarse de cifras de 2025, el número pudo variar en el último año.

En consecuencia, el jefe de Estado precisó que las deportaciones comenzarán por los extranjeros capturados cometiendo delitos. Las localidades con mayor número de migrantes irregulares en el Cesar son Valledupar, Aguachica, Agustín Codazzi y La Jagua de Ibirico.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aclaró los alcances de la medida, señalando en Blu Radio que esta no afecta a ciudadanos venezolanos que han regularizado su situación o están bajo mecanismos especiales de protección. El funcionario explicó que el propósito es combatir estructuras criminales que se benefician de los flujos migratorios irregulares, específicamente aquellas dedicadas al negocio del tránsito de migrantes por el Darién.

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¿Qué significa tener una situación migratoria irregular en Colombia?

Estar en condición migratoria irregular en Colombia implica que un extranjero no ha legalizado su permanencia en el país de acuerdo con las normas establecidas. Esto puede deberse a carecer del permiso adecuado, haber vencido su visa, o no contar con la autorización de residencia exigida por las autoridades nacionales, según explicó el Gobierno en las recientes declaraciones.

¿Por qué el Gobierno colombiano prioriza la deportación de extranjeros involucrados en delitos?

De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro Rodrigo Lara, el objetivo es reducir la incidencia de estructuras delictivas que usan la migración irregular para actividades ilegales como extorsión y tráfico de migrantes. Así, la prioridad recae en deportar a quienes sean sorprendidos en comportamientos delictivos, como primera línea de respuesta ante este fenómeno.

La revelación encendió el debate sobre los límites del gasto público cuando se trata de prácticas culturales, sobre todo en un contexto en el que el Ejecutivo alegaba estrechez fiscal para impulsar una nueva reforma tributaria.

El gobierno de Gustavo Petro firmó un convenio por más de 33 mil millones de pesos para la realización de rituales ancestrales indígenas. pic.twitter.com/cfgHR0Tly5

— Desigual (@DesigualCol) August 24, 2026

El presupuesto contemplaba 90 millones de pesos para ceremonias de armonización con sabedores de la guardia indígena, más de 60 millones para espacios locativos y más de 100 millones para insumos como frutas, verduras y otros materiales, añadió ese medio.

El contraste más doloroso, según el análisis de ese portal, involucra a 4.080 hogares indígenas y afrodescendientes de Vichada, Guaviare, Amazonas, Putumayo, Chocó y Nariño que desde noviembre de 2025 aguardaban las semillas y herramientas prometidas por el Gobierno Petro para sus cultivos. Estas nunca llegaron.

¿Qué dice la ley sobre el financiamiento estatal de rituales indígenas en Colombia?

La Constitución de 1991 reconoce la diversidad étnica y cultural como un principio fundamental, y el Estado tiene la obligación de proteger las prácticas de los pueblos originarios.

Sin embargo, el ordenamiento jurídico también exige que todo gasto público cuente con estudios previos, justificación técnica y criterios de proporcionalidad, condiciones que según Desigual brillaron por su ausencia en este convenio.

¿Cuántos convenios sin estudios técnicos se firmaron durante el Gobierno Petro?

De acuerdo con el análisis presentado por Desigual, la ausencia de estudios técnicos fue una constante a lo largo del cuatrienio, lo que permitió que miles de millones de pesos se ejecutaran sin una justificación clara ni mecanismos de verificación.

La pregunta que quedó abierta fue cuántos contratos similares podrían replicar este patrón en distintas carteras del Ejecutivo.

Los retos fueron especialmente duros para comerciantes como Sonia Rodríguez, propietaria de un local en el primer piso de un edificio de uso mixto. Al acudir a su establecimiento, Sonia se encontró con un panorama devastador: paredes colapsadas, escombros y vidrios rotos. El diagnóstico de las autoridades fue contundente, pues declararon el inmueble en pérdida total. No obstante, y pese a una semana completa sin poder trabajar a causa de la emergencia, Sonia logró recuperar parte de su mercancía y trasladar su negocio a una nueva ubicación, demostrando la resiliencia que caracteriza a los comerciantes de la ciudad.

Volver a vender representa para este gremio no solo la oportunidad de reconstruir su patrimonio, sino el primer paso hacia la recuperación de la estabilidad económica de sus familias. La solidaridad de los clientes y la ciudadanía, según narra el medio 90 Minutos, se ha convertido en el principal respaldo durante esta etapa de reactivación económica. La reconstrucción del comercio en Cali, después del terremoto, exige el apoyo constante de la comunidad, que puede contribuir comprando en los puntos reubicados, difundiendo nuevas ubicaciones y priorizando la compra local. Estas acciones permiten acelerar la recuperación productiva y sostener los ingresos de las familias perjudicadas.

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¿Cómo afectó el terremoto del 10 de agosto a los comerciantes de Cali?

El terremoto provocó el cierre temporal de múltiples locales y daños severos en infraestructuras como el centro comercial San Andresito del Sur. Los comerciantes debieron trasladar sus negocios y buscar nuevas ubicaciones para continuar sus ventas, enfrentando la pérdida de mercancía y la necesidad urgente de reactivar sus actividades económicas para sostener a sus familias.

¿Qué acciones pueden ayudar a la recuperación del comercio en Cali tras el terremoto?

De acuerdo con el medio 90 Minutos, frecuentar los puntos de venta reubicados, priorizar la compra local y difundir las nuevas ubicaciones de los comercios son acciones clave para apoyar la recuperación. La solidaridad y el respaldo de la ciudadanía son fundamentales para acelerar la reactivación económica y ayudar a los comerciantes afectados a recuperar su estabilidad financiera.

Según la información disponible, los municipios involucrados en esta emergencia son Suárez, Coello, San Luis, Venadillo, Armero Guayabal y Guamo. En Suárez, el cerro Las Mercedes presenta un incendio que ha sido difícil de controlar. Por otra parte, en Coello, la situación es crítica debido a la presencia de tres frentes de fuego reportados en Potrerillo y Chaguala; en este último caso, se señala que los daños se producen tanto dentro como fuera del sector de Chaguala, complicando las labores de respuesta y seguimiento del comportamiento de las llamas.

San Luis enfrenta también una emergencia relevante con un foco en la vereda Paraguay. Mientras tanto, Venadillo se ve afectado por dos incendios activos, detectados en Cofradía Gallegos y la vereda Malabar. El municipio de Armero Guayabal suma a la lista el sector de Maracaibo, donde el fuego amenaza recursos naturales y viviendas aledañas. Finalmente, en Guamo, los esfuerzos de los organismos de socorro se concentran en dos puntos críticos: Cerro Sapo y Cerro Gordo.

Los datos reportados indican entonces que en este martes se mantienen activos diez incendios forestales en estos seis municipios del Tolima. Desde las entidades responsables se han intensificado las estrategias para vigilar el avance de las conflagraciones, adoptar medidas preventivas y evitar que el fuego cruce hacia otras zonas en riesgo. El monitoreo y la intervención en el interior de los focos son permanentes, en medio de condiciones que dificultan el acceso y la respuesta inmediata.

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¿Cuáles son los municipios de Tolima más afectados por los incendios forestales?

De acuerdo con los reportes registrados para el martes 25 de agosto, los municipios más afectados en Tolima son Suárez, Coello, San Luis, Venadillo, Armero Guayabal y Guamo. En estos municipios, se han identificado los principales focos de incendios forestales, con situaciones especialmente críticas en Coello y Suárez por la cantidad y localización de los incendios.

¿En qué lugares específicos del Tolima permanecen activos los incendios forestales?

Las conflagraciones activas se ubican en sectores como el cerro Las Mercedes en Suárez; Potrerillo y Chaguala en Coello; la vereda Paraguay en San Luis; Cofradía Gallegos y Malabar en Venadillo; Maracaibo en Armero Guayabal; así como Cerro Sapo y Cerro Gordo en Guamo. Estas áreas han sido reportadas por las autoridades como puntos de atención prioritaria debido a la continuidad del fuego.

Según el testimonio de la propia Barros, este ataque representa la continuidad de una serie de amenazas, hostigamientos e intimidaciones que, de acuerdo con ella, ha venido sufriendo durante más de tres meses. De hecho, la comunicadora social asegura que esta presión violenta no solo la ha afectado a ella, sino también a personas de su entorno muy cercano. Ante los hechos, Barros manifestó públicamente: “Afortunadamente y por la obra de Dios estoy viva, pero este hecho se suma a más de tres meses de amenazas, hostigamientos e intimidaciones que también han recaído sobre personas cercanas a mí”. Por esta razón, solicita que el caso sea esclarecido y que las autoridades implementen medidas urgentes para garantizar la protección tanto suya como de sus familiares.

Barros, reconocida también por su papel como activista social y política, ha sido enfática en rechazar la violencia como una herramienta para silenciar las voces disidentes o participativas en la vida pública. En sus declaraciones, manifestó: “La violencia no puede ser utilizada para silenciar a quienes pensamos diferente. Seguiré ejerciendo mi labor periodística, política y social, porque defender la vida, la democracia y la dignidad no puede ser motivo de persecución”. Además, exhortó a la ciudadanía y a las instituciones a no asumir este tipo de hechos como situaciones normales y ratificó su compromiso de continuar con sus labores pese a las amenazas.

El atentado ha suscitado diversas reacciones. La congresista María Fernanda Carrascal expresó un rechazo categórico al ataque, recordando la amplia trayectoria política de Barros: fue candidata a la Cámara de Representantes por Magdalena, logrando 15.625 votos, lo que la posicionó como la mujer con mayor respaldo electoral de la lista del Pacto Histórico en esa región. Por su parte, la defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar hizo un llamado para que se avance en el esclarecimiento de lo ocurrido y resaltó el trabajo de Barros en causas sociales y denuncias respecto a la contratación pública. Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar a los responsables, determinar los motivos y establecer si existe relación concreta entre el atentado y las amenazas que la líder asegura haber recibido recientemente.

¿Qué se sabe sobre el atentado contra Naylea Barros en Santa Marta?

El atentado contra Naylea Barros, líder del Pacto Histórico en el Magdalena, ocurrió la noche del 24 de agosto cuando personas no identificadas dispararon contra la camioneta en la que viajaba por el sector del puente Minuto de Dios. Según información recogida por Barros y diferentes pronunciamientos, el hecho forma parte de una cadena de amenazas y hostigamientos que ella y personas cercanas han enfrentado durante más de tres meses.

¿Por qué Naylea Barros ha denunciado amenazas y cuál ha sido la reacción de las autoridades?

Naylea Barros ha denunciado amenazas, hostigamientos e intimidaciones reiteradas, situación que también habría afectado a sus allegados. Barros exige el esclarecimiento del caso y solicita medidas de protección ante lo ocurrido. Según lo informado, las autoridades se encuentran investigando los hechos para identificar responsables, motivos y posibles vínculos de estas amenazas con el ataque sufrido.

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De acuerdo con lo publicado por El Diario, el asesinato sucedió el domingo 23 de agosto a las 5:40 de la tarde, en la zona llamada Las Piñas, sobre la vía que conecta Cerritos con Cartago. La víctima, identificada como Alberto Guevara Castañeda, de 29 años, se encontraba en el andén cuando fue abordada por un hombre desconocido. Sin pronunciar palabra alguna, el agresor disparó en repetidas ocasiones contra Guevara, quien recibió cuatro impactos de bala. Dos de las heridas estaban ubicadas en la espalda, una en la mano izquierda y otra en el cuello. La víctima falleció en el lugar de los hechos, mientras que el atacante logró huir y no ha sido ubicado, según precisaron las autoridades citadas por El Diario.

Una vez recibida la alerta, los agentes acordonaron el área para llevar a cabo las diligencias pertinentes. El grupo de Criminalística de la Sijín —la Seccional de Investigación Criminal, unidad encargada de la investigación judicial en la Policía Nacional— se encargó de la inspección técnica del lugar y del cuerpo. Al finalizar el procedimiento, el cuerpo de la víctima fue trasladado a Medicina Legal de Pereira para la necropsia correspondiente.

El Diario también reseña que Alberto Guevara Castañeda vivía solo en el sector Estación Villegas y era consumidor de estupefacientes, aunque no tenía antecedentes penales. Las autoridades están en la etapa inicial de las investigaciones para identificar al responsable y determinar las razones del crimen.

Como dato relevante, El Diario señala que en Pereira se han registrado 106 homicidios en lo que va del año, reflejando el difícil panorama de seguridad que enfrenta la ciudad.

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¿Cómo ocurrió el homicidio de Alberto Guevara Castañeda en el sector Cerritos de Pereira?

Según la información de El Diario, Alberto Guevara Castañeda fue asesinado a tiros el domingo 23 de agosto, cuando se encontraba en el andén del sector Las Piñas en la vía Cerritos-Cartago. Un sujeto desconocido se le acercó y sin intercambiar palabras, le disparó cuatro veces, causándole la muerte en el sitio. El agresor escapó y hasta el momento no ha sido identificado.

¿Cuál es el panorama de homicidios en Pereira en 2026?

De acuerdo con datos citados por El Diario, Pereira ha registrado 106 homicidios hasta la fecha del reporte, lo que evidencia la compleja situación de orden público y seguridad que experimenta la ciudad, aún en medio de la emergencia por el terremoto reciente.

El homicidio ocurrió cerca de las 5:00 de la mañana en la carrera 7, entre calles 6 y 7, del barrio Jorge Eliécer Gaitán. Según el mismo reporte, Vélez Betancourt caminaba por el sector cuando fue interceptado por dos desconocidos. Sin que mediara palabra, los hombres desenfundaron un arma de fuego y dispararon varias veces contra su víctima. Tras cometer el crimen, huyeron rápidamente del lugar en dirección todavía desconocida. El cuerpo de Juan Daniel quedó tendido en plena vía pública, rodeado de un lago de sangre, lo que evidencia la violencia del ataque.

Al instante, miembros de la Policía Nacional acudieron al lugar. El área fue acordonada para preservar la escena y así facilitar las labores del personal de criminalística adscrito a la Sijín, la Seccional de Investigación Criminal de la Policía. Los investigadores realizaron la inspección técnica al cadáver y determinaron la presencia de múltiples heridas de arma de fuego en la cabeza, lo que, según la crónica de El Diario, habría ocasionado la muerte inmediata de Vélez Betancourt. Completadas las diligencias judiciales en el sitio, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal de Cartago, donde se llevó a cabo la necropsia con el fin de confirmar detalles forenses sobre la causa de muerte.

El informe revela también que la víctima residía en el barrio La Platanera, en Cartago, y desempeñaba diversos oficios de manera informal, pero hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre posibles amenazas o situaciones previas que pudieran explicar el crimen. Las autoridades han iniciado las investigaciones respectivas para identificar tanto a los autores materiales del homicidio como los motivos detrás de este acto violento que enluta a una familia más en la región.

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¿Quién era Juan Daniel Vélez Betancourt, la víctima del homicidio en Cartago?

Juan Daniel Vélez Betancourt era un habitante del barrio La Platanera, en Cartago, que se dedicaba a varios oficios y era conocido en su entorno como ‘Chaquira’. No existen datos adicionales en el informe sobre su vida personal o antecedentes específicos que ayuden a entender el contexto de su asesinato, más allá de su rutina laboral y vecindad.

¿Cómo avanzan las investigaciones sobre el asesinato en el barrio Jorge Eliécer Gaitán?

Las autoridades de Cartago han iniciado las indagaciones necesarias con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar a los responsables del ataque y determinar el motivo de este nuevo hecho sicarial. El proceso está a cargo de la policía judicial y el grupo de criminalística de la Sijín, quienes adelantan las pesquisas en busca de pruebas y posibles testigos.

De acuerdo con ese medio, los hechos sucedieron alrededor de las 8:30 p.m. mientras Johan Sebastián, un hombre de 30 años de edad, se encontraba en el sector aparentemente consumiendo estupefacientes. En ese momento, un sujeto no identificado se acercó y, sin pronunciar palabra, desenfundó un arma de fuego y disparó dos veces contra Castrillón Arias. Tras el ataque, la comunidad intervino rápidamente y trasladó al herido al Hospital San Vicente de Paúl. El parte médico indicaba dos heridas de gravedad: una en la frente y otra en la zona cercana al ojo derecho, lesiones que resultaron fatales a pesar de la atención proporcionada en el centro asistencial.

El proceso investigativo fue liderado por el grupo de Criminalística de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), que se encargó de realizar la inspección técnica del lugar de los hechos, protegiendo la escena para la tarea de los peritos. Posteriormente, los funcionarios se trasladaron al hospital para continuar las indagaciones correspondientes. El cuerpo de Johan Sebastián fue remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal en Pereira, donde se practicó la necropsia de rigor, un procedimiento médico-legal destinado a esclarecer causas y circunstancias de la muerte.

El Diario señaló que Castrillón Arias era oriundo de Pereira y habitaba en el barrio La Eugenia de Santa Rosa de Cabal. Según registros judiciales consultados por ese medio, el hombre contaba con antecedentes: anotaciones por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en 2017; concierto para delinquir en 2022; y extorsión en 2023. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar el autor del crimen y determinar las causas que rodearon este hecho violento.

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¿Quién era Johan Sebastián Castrillón Arias, alias ‘Chiquis’, y por qué fue asesinado en Santa Rosa de Cabal?

Según El Diario, Johan Sebastián Castrillón Arias, conocido como ‘Chiquis’, era un hombre de 30 años residente en el barrio La Eugenia, Santa Rosa de Cabal. Registraba antecedentes por delitos como tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y extorsión. Fue asesinado el 23 de agosto mientras se encontraba en la vía pública. Hasta ahora, las autoridades investigan las motivaciones y al responsable del crimen.

¿Cómo avanzan las investigaciones del homicidio de ‘Chiquis’ en Santa Rosa de Cabal?

El Diario reportó que las autoridades acordonaron la zona y el equipo de Criminalística de la Sijín realizó la inspección del lugar y del cuerpo en el hospital. La investigación sigue en curso y se están recolectando pruebas para esclarecer los hechos y dar con el responsable, pero hasta el momento no se han confirmado capturas ni móviles oficiales.

“Que los medios no tergiversen mi presencia junto al expresidente Gustavo Petro: aquí no hay romances secretos ni conspiraciones”, manifestó Muñoz. Según explicó, su relación con Petro está relacionada con el trabajo político, el diálogo y el compromiso con las causas que, aseguró, defienden en común.

(Vea también: Gobierno de De la Espriella revela la “punta del iceberg” con 82 enredos de la administración Petro)

Que los medios no tergiversen mi presencia junto al expresidente Gustavo Petro: aquí no hay romances secretos ni conspiraciones. Hay trabajo político, diálogo y compromiso con el país.

Agradezco al expresidente por escuchar las voces de las juventudes y por permitirme aportar,… pic.twitter.com/Rg1lU3GFZk

— Gabriela Muñoz Olaya (@gabymunozz_) August 25, 2026

Muñoz indicó que ha participado, junto con otros profesionales, en la construcción de estrategias comunicativas y destacó que el expresidente ha escuchado las voces de los jóvenes. En ese sentido, agradeció la posibilidad de aportar a iniciativas enfocadas, según dijo, en defender la verdad, la Constitución y los derechos conquistados.

La joven también cuestionó las versiones y publicaciones que han insinuado una relación amorosa entre ella y Petro. Para Muñoz, este tipo de señalamientos hacen parte de una narrativa que busca desacreditar su trabajo y reducir su participación política a un supuesto vínculo sentimental.

“Como mujer, rechazo profundamente la narrativa misógina que pretende reducir mi trabajo a una supuesta relación sentimental que jamás ha existido”, afirmó. Agregó que esta situación responde, en su opinión, a una práctica que busca negar la capacidad de las mujeres y convertir cualquier cercanía política en motivo de escándalo.

(Lea también: Petro metió al M-19 para justificar su visita al funeral de la familia Saavedra en Cali: “Lloré por todos”)

Finalmente, Muñoz insistió en que su relación con Gustavo Petro es “política y profesional”, y aseguró que está basada en el respeto y la escucha. También defendió el papel de los jóvenes y las mujeres en la discusión pública y afirmó que no permitirá que, según sus palabras, el amarillismo transforme su trabajo en una historia que, aseguró, no corresponde con la realidad.

La mujer volvió a aparecer públicamente junto al expresidente Gustavo Petro durante una reunión privada con la Dirección Nacional y la bancada del Pacto Histórico. El encuentro, según indicó el representante Alejandro Toro, tenía como propósito abordar asuntos estratégicos para la colectividad. Muñoz fue mencionada en el ventilador que prendió Angie Rodríguez y aseguró que tenía influencia directa con el exmandatario, especialmente en la Aeronáutica Civil.

Acaba de llegar el presidente Gustavo Petro a la reunión privada junto a la Dirección Nacional y la bancada del @pactohistorico . Vamos a hablar de temas estratégicos entre esos decisiones sobre @CNE_COLOMBIA pic.twitter.com/DOLMTvaIfn

— Alejo TORO (@AlejoToroAnt) August 24, 2026

Barros relató que mientras transitaba en un vehículo por Santa Marta la noche del lunes 24 de agosto, sujetos desconocidos dispararon varias veces contra el automóvil. Las balas impactaron el vidrio trasero izquierdo, justo en la zona detrás del asiento que momentos antes había ocupado. Este atentado se produce después de que Barros señalara haber vivido más de tres meses bajo un clima de constantes amenazas, intimidaciones y acoso, tanto en redes sociales como mediante mensajes de WhatsApp, según lo reportó El Espectador.

Las autoridades, incluyendo la Policía Metropolitana de Santa Marta, se encuentran realizando las pesquisas necesarias para reconstruir lo sucedido y determinar la autoría material e intelectual de la agresión. Mientras tanto, el Gobierno prometió suministrar la protección adecuada a la excandidata, hasta que las circunstancias sean totalmente esclarecidas. De la Espriella resaltó el compromiso del Ejecutivo de actuar con prudencia y responsabilidad, evitando formular conclusiones anticipadas, y garantizando la protección de los derechos de todos los actores políticos, especialmente de la oposición.

Este ataque coincidió en tiempo con una reunión en Bogotá entre el expresidente Gustavo Petro y la bancada del Pacto Histórico. Durante el encuentro, Petro manifestó su postura respecto al contexto político y sobre el rol del presidente De la Espriella, utilizando términos como “tecnofascismo” y haciendo alusión a temas de soberanía nacional, democracia y recursos naturales. Sin embargo, los hechos y las declaraciones reflejan la delicada coyuntura y la polarización creciente en el panorama político colombiano.

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¿Qué medidas de protección se tomaron tras el atentado contra Naylea Barros?

El Gobierno, encabezado por Abelardo de la Espriella, aseguró que mientras se aclaran los hechos y avanza la investigación, se dispuso la protección necesaria para Naylea Barros, con el fin de salvaguardar su integridad ante cualquier riesgo, según declaraciones emitidas por el propio presidente.

¿En qué contexto político se presentó el ataque a la excandidata del Pacto Histórico?

El atentado contra Naylea Barros ocurrió poco después de una serie continuada de amenazas contra ella y en simultáneo con una reunión política de Gustavo Petro con la bancada del Pacto Histórico, en un ambiente marcado por la confrontación política y la polarización, de acuerdo con la información publicada por El Espectador.

De acuerdo con lo informado, Anderson y Melissa se desplazaban en motocicleta por la salida de Belén de Umbría hacia Pereira. Su objetivo era recoger algunas pertenencias que les habían ofrecido. Al llegar al ingreso del barrio Palmarcito, decidieron estacionarse brevemente a un costado de la vía principal. Sin embargo, dos hombres desconocidos se aproximaron al lugar y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar contra Anderson.

El ataque fue directo y letal. Sánchez Rodas recibió varios impactos de arma de fuego en la cabeza y el abdomen. Durante la agresión, Melissa intentó huir del lugar, pero los atacantes insistieron en disparar también contra ella. Uno de los proyectiles la alcanzó en la parte posterior del hombro izquierdo, atravesando el área y saliendo cerca de la clavícula, además de provocarle una segunda herida en el brazo izquierdo.

A raíz de la gravedad de sus lesiones, Melissa fue rápidamente auxiliada y trasladada al Hospital San José. Sin embargo, las heridas obligaron a que fuera remitida a un centro médico en la ciudad de Pereira, donde continuó recibiendo atención especializada. Por su parte, el grupo de criminalística de la Sijín efectuó la inspección técnica en el lugar de los hechos y recopiló evidencia relevante para las indagaciones. Durante la inspección, se determinó que Anderson presentaba siete impactos de bala. Posteriormente, su cuerpo fue enviado al Instituto de Medicina Legal de Belén de Umbría para la respectiva necropsia.

Las autoridades se encuentran actualmente adelantando investigaciones con el propósito de identificar a los responsables del crimen y esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió este lamentable suceso, de acuerdo con la información de El Diario.

¿Cómo fue el ataque a Jhon Anderson Sánchez Rodas y Melissa Jaramillo Ramírez en Belén de Umbría?

Según El Diario, el ataque ocurrió cuando ambos se detuvieron en motocicleta en el ingreso al barrio Palmarcito. Dos hombres desconocidos se acercaron y dispararon directamente contra Anderson. Melissa, su compañera sentimental, intentó escapar, pero también fue atacada. Anderson recibió siete impactos de bala y falleció en el lugar, mientras que Melissa fue herida en el hombro y el brazo y trasladada de urgencia a un centro médico.

¿Qué investigaciones adelantan las autoridades tras el crimen en Belén de Umbría?

La información de El Diario indica que las autoridades, especialmente el grupo de criminalística de la Sijín, están realizando las acciones de inspección técnica y recolección de pruebas en la escena. Se busca identificar a los autores materiales del ataque y establecer las circunstancias que llevaron a este hecho violento, pero hasta el momento no han revelado detalles adicionales sobre el avance de las pesquisas.

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La problemática parece más evidente en áreas aledañas a la vía al aeropuerto, donde, según relatan miembros de la comunidad, se han identificado puntos que se utilizan de manera sistemática para abandonar desechos y materiales de construcción. Estas acciones no solo deterioran el paisaje urbano y natural sino que también pueden generar focos de contaminación y dificultar la recuperación de espacios públicos. Los ciudadanos han mostrado preocupación porque, al amparo de la noche y la madrugada, se intensifica la actividad de quienes buscan deshacerse de residuos evadiendo los controles oficiales.

Tal como se desprende de las denuncias, el problema inicia muchas veces con la contratación de servicios de recolección para escombros de viviendas u obras en construcción. Sin embargo, la falta de seguimiento o verificación sobre el destino final de estos residuos facilita que terminen en sitios no habilitados para su manejo. Esta omisión, tanto por parte de quienes contratan como por parte de quienes prestan el servicio, termina dificultando la gestión responsable de los desechos.

Ante este panorama, la comunidad ha solicitado a la administración municipal fortalecer la vigilancia y los controles sobre la disposición de escombros, haciendo énfasis en la necesidad de reforzar la inspección principalmente en horarios nocturnos. Además, han hecho un llamado directo a la ciudadanía para que, al momento de requerir el servicio, se asegure de utilizar opciones que ofrezcan garantías en el tratamiento adecuado de estos residuos. El pedido busca frenar el impacto negativo generado por el abandono indiscriminado de escombros y promover una cultura de responsabilidad colectiva frente al manejo de los residuos en Ibagué.

¿Por qué es importante la disposición adecuada de escombros en Ibagué?

La disposición adecuada de escombros es fundamental para evitar la contaminación de zonas verdes, la proliferación de focos de basura y el deterioro del entorno urbano y natural. Además, garantiza que los residuos de construcción se manejen de acuerdo con la normatividad vigente, minimizando su impacto en la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Qué puede hacer la ciudadanía para evitar que los escombros terminen en lugares no autorizados?

Es clave que quienes generen escombros contraten únicamente servicios de transporte que garanticen el destino final adecuado de los residuos. También resulta necesario exigir comprobantes del lugar de disposición y denunciar ante las autoridades cualquier irregularidad observada, contribuyendo así al control comunitario.

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De acuerdo con la información oficial, el propósito de esta revisión es verificar que las cámaras y equipos empleados para la imposición de fotomultas cuenten con las autorizaciones necesarias y se hayan instalado y funcionen sobre bases técnicas y jurídicas sólidas. Dentro del proceso evaluativo se tendrán en cuenta aspectos clave como los índices de siniestralidad en las vías, los límites de velocidad permitidos, la señalización que orienta a los conductores y las características propias de cada corredor vial. Estos factores permitirán determinar si la aplicación de las fotomultas contribuye de manera efectiva a la seguridad vial y a la protección de la vida de los usuarios de las carreteras.

El anuncio se da tras la reciente suspensión del montaje de tres nuevas cámaras de velocidad que estaban programadas para la Vía al Mar. Según el Gobierno, la decisión busca garantizar que la implementación de estos mecanismos no se convierta en una simple herramienta de sanción, sino que realmente se enfoque en la prevención de accidentes y en la disminución de los riesgos para quienes transitan por las carreteras nacionales.

Es importante señalar que, por el momento, el proceso de revisión sobre las fotomultas y sus sistemas de soporte no significa su eliminación. Las autoridades insisten en que solo se trata de una evaluación profunda de su funcionamiento y de las condiciones bajo las cuales operan en el interior del territorio colombiano. Toda esta labor estará centrada en garantizar transparencia y en confirmar que las medidas adoptadas respondan al objetivo principal de mejorar la seguridad en las vías.

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¿Por qué el Gobierno decidió revisar el sistema de fotomultas en Colombia?

El Gobierno nacional decidió iniciar una revisión integral del sistema de fotomultas en respuesta a la inquietud sobre su legalidad, funcionamiento y aporte a la seguridad vial, tras la solicitud del presidente Abelardo de la Espriella. Según las autoridades, se busca verificar que las cámaras cuenten con las autorizaciones apropiadas y operen bajo criterios técnicos y jurídicos adecuados, priorizando la protección de los usuarios y la reducción de la siniestralidad en las carreteras.

¿Cuál es el objetivo principal de la revisión de las cámaras de fotomultas?

La revisión tiene como objetivo principal garantizar que los sistemas de fotomultas estén orientados a mejorar la seguridad vial en Colombia, más allá de imponer sanciones. Para ello, el Ministerio de Transporte y otras entidades evaluarán aspectos como índices de siniestralidad, límites de velocidad, señalización y condiciones específicas de cada corredor vial, asegurando que la tecnología se utilice de manera transparente y eficaz.

Esta decisión responde a una instrucción directa del presidente Abelardo de la Espriella y será coordinada por diversas entidades, entre ellas la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Superintendencia de Transporte. El objetivo no es eliminar todas las cámaras, sino evaluar cada caso aplicando estrictos criterios: se revisarán los índices de accidentalidad de la zona, los límites de velocidad, la señalización, las características del corredor vial y la distancia entre dispositivos. Noguera destacó que, en las evaluaciones, la prioridad será la seguridad de los ciudadanos; si se detectan abusos o incumplimientos, las autoridades procederán con las intervenciones necesarias.

La polémica reciente en la Vía al Mar, carretera que conecta Barranquilla con Cartagena, aceleró esta revisión. Allí, el Instituto de Tránsito del Atlántico planeaba instalar tres nuevas cámaras, sumándose a las cuatro ya existentes, lo que provocó que el Ministerio de Transporte solicitara la suspensión de los nuevos dispositivos mientras se verificaba que cumplían con los requisitos técnicos y legales. Finalmente, se canceló la puesta en funcionamiento de esas cámaras.

Al mismo tiempo, la Superintendencia de Transporte investiga a 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades en la operación de estas tecnologías, con más de 7,5 millones de comparendos bajo la lupa. Existen casos en que los dispositivos operaron sin la aprobación técnica correspondiente o usaron documentos que no cumplían con la reglamentación. Si se confirman irregularidades, podrían revocarse hasta 5,8 millones de multas no pagadas y los organismos responsables tendrían que devolver los dineros recaudados indebidamente.

Bajo el marco de la Ley 2251 de 2022, la exigencia legal principal para cada cámara de fotodetección es contar con la validación técnica del Instituto Nacional de Metrología y autorización de la ANSV. Ahora, la normativa será aún más estricta: cada nuevo dispositivo requerirá estudios concretos que respalden su necesidad para aprobar su instalación. Aunque la revisión no elimina las restricciones vigentes, implica un cambio importante; el propósito de las cámaras deberá ser reducir accidentes y salvar vidas, más allá de perseguir recaudos.

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¿Por qué revisa el Gobierno las cámaras de fotomultas y qué implicaciones tiene?

El Gobierno revisa las cámaras de fotomultas para garantizar que solo permanezcan en funcionamiento aquellas que cuenten con respaldo técnico, legal y evidencia de que verdaderamente ayudan a reducir siniestros, según el Ministerio de Transporte citado por El Diario. Esta evaluación busca asegurar que el sistema de fotomultas no se utilice únicamente como fuente de recaudo, sino como herramienta de prevención vial. Las implicaciones incluyen posibles retiros de cámaras, revocatoria de multas impuestas irregularmente y exigencia de mayores requisitos para autorizar nuevas instalaciones.

¿Qué requisitos legales y técnicos debe cumplir una cámara de fotodetección en Colombia?

De acuerdo con la Ley 2251 de 2022 y el Ministerio de Transporte, toda cámara de fotodetección debe tener un concepto de desempeño tecnológico expedido por el Instituto Nacional de Metrología, así como autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Además, debe demostrar con estudios y datos la necesidad real de su instalación en determinado punto para la prevención de accidentes, más allá de cumplir solo con fines de control sancionatorio.

Entre los sectores donde se mantienen restricciones este martes destacan importantes barrios y corredores de la ciudad. En el sector de Belén estará cerrada la carrera 10, entre las calles 3 y 4. En Jordán 2.ª Etapa, la restricción será sobre la carrera 3A, entre calles 70 y 71. En Pedro Ignacio Villa Marín, la intervención se realiza en la calle 129, entre carreras 9 y 10, mientras que en Ambalá, será la carrera 15, entre calles 65 y 66, la que presente cierres.

Otros puntos que estarán afectados por las obras son la vía principal del barrio Calucaima, la calle 115, entre carreras 17 y 19B, en Tierra Firme, y la carrera 15, entre calles 120 y 122, en Praderas del Norte. En El Limonar, las afectaciones se distribuirán en dos tramos: carrera 6A, entre calles 56 y 69, y calle 57, entre carreras 6 y 7. Igualmente, habrá cierre en la carrera 14, entre calles 111 y 113, en Pacandé, y en la calle 111, desde la avenida Mirolindo hasta la carrera 22 sur, en el sector de Aparco.

Dado el alcance de las obras, se recomienda a quienes deban circular por estos barrios salir con suficiente anticipación y considerar rutas alternas para evitar retrasos. Las recomendaciones resultan más relevantes en los lugares donde la pavimentación implica el bloqueo total de tramos viales, lo que puede modificar notablemente los patrones de movilidad en el momento. Cabe aclarar que la actualización de las condiciones de movilidad dependerá del avance de las obras, por lo que el panorama puede ir cambiando con el tiempo.

Los trabajos de pavimentación, según las fuentes oficiales, son parte de un esfuerzo para mejorar la calidad de las vías urbanas de Ibagué, y aunque los cierres representan una molestia temporal, buscan ofrecer una solución definitiva a los problemas de tráfico y deterioro de las vías en estos sectores.

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¿Cuáles son las vías cerradas en Ibagué este martes por trabajos de pavimentación?

Las restricciones afectan la carrera 10 entre calles 3 y 4 en Belén; carrera 3A entre calles 70 y 71 en Jordán 2.ª Etapa; calle 129 entre carreras 9 y 10 en Pedro Ignacio Villa Marín; carrera 15 entre calles 65 y 66 en Ambalá; la vía principal en Calucaima; calle 115 entre carreras 17 y 19B en Tierra Firme; carrera 15 entre calles 120 y 122 en Praderas del Norte; carrera 6A entre calles 56 y 69, y calle 57 entre carreras 6 y 7 en El Limonar; carrera 14 entre calles 111 y 113 en Pacandé; y calle 111 entre avenida Mirolindo y carrera 22 sur en Aparco.

¿Por cuánto tiempo estarán cerradas las vías por las labores de pavimentación en Ibagué?

La información proporcionada señala que los cierres estarán vigentes este martes y que las condiciones de movilidad dependerán del avance de las obras. Por ello, los cambios podrían mantenerse o alterarse durante el desarrollo de los trabajos de pavimentación, por lo que se recomienda estar atento a los anuncios oficiales sobre la apertura o prolongación de las restricciones.

En entrevista exclusiva con Daniel Muñoz en La Red Viral, habló de ese episodio, pero también abrió un capítulo mucho más personal: nació con parálisis infantil, caminó por primera vez a los 14 años, sufrió discriminación y dificultades económicas, fue atacado en plena calle y tuvo que enfrentar las muertes de su madre y de la mujer con quien planeaba casarse.

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El juez aseguró que las amenazas surgieron en medio de lo que calificó como un escenario de “polarización extrema”. Según relató, después de su actuación judicial se produjo un llamado en redes sociales que, de acuerdo con su versión, buscaba afectar su integridad.

Pese a la gravedad de la situación, dijo que no ha sentido temor por su vida. Para explicar su posición, recordó otro episodio ocurrido en 2021, cuando afirmó haber sido víctima de un ataque en plena calle. “Me intentaron intimidar, romper las manos con un martillo”, contó. Como consecuencia de aquella agresión, señaló que sufrió una lesión permanente en la espalda.

Los problemas de salud también lo han acompañado. En noviembre de 2025, durante un receso de la audiencia relacionada con la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, sufrió una caída y se fracturó la pierna en dos partes. Durante su recuperación, según relató, presentó además una complicación cardiovascular y estuvo cerca de sufrir un paro cardíaco.

José nació con parálisis infantil, condición que, según explicó, se produjo por un accidente durante el parto. Cuando tenía cuatro años, permaneció durante un año enyesado mientras su madre buscaba alternativas para tratarlo.

Durante años no pudo caminar. A los 14, encerrado en su casa y utilizando un bastón deportivo que le habían regalado, comenzó a intentarlo por su propia cuenta. Poco a poco logró dar sus primeros pasos y decidió sorprender a su madre acercándose por detrás. “La gente no creía que yo estaba caminando”, recordó.

Llegar hasta la judicatura tampoco fue un camino sencillo y contó que sufrió discriminación y malos tratos y que muchas puertas se cerraron durante diferentes etapas de su vida. Tras terminar la universidad, enfrentó incertidumbre y desempleo. También habló de robos, quiebras económicas.

Incluso reconoció que hubo episodios en los que llegó a preguntarse para qué continuar. Durante la entrevista admitió que atravesó momentos en los que pensó: “Yo no quisiera vivir más”. Sin embargo, explicó que decidió seguir adelante hasta construir una carrera que finalmente lo llevó a convertirse en juez de la República. Para él, buena parte de ese recorrido se resume en una convicción: “Los límites se los ponen las personas”.

Uno de los momentos más humanos de la conversación llegó cuando Daniel Muñoz le preguntó por las pérdidas familiares. La voz de Hoffman se tornó más emotiva al recordar a su madre, cuya muerte, según relató, ocurrió después de un proceso de apenas tres meses.

Pero el duelo no terminó allí. Tiempo después tuvo que enfrentar otra pérdida inesperada: la mujer con quien se iba a casar murió en un accidente de tránsito. También había despedido anteriormente a su abuela. Al hablar de esas ausencias, el juez dejó por momentos el terreno de los procesos judiciales para mostrar el impacto personal que esos episodios dejaron en su historia.

Parte de esa historia quedó consignada en su libro “Un juez contra toda adversidad: cómo sobrevivir a los diagnósticos, al dolor y a la muerte”. Explicó que inicialmente no tenía previsto escribir sus memorias, pero aceptó una invitación para hacerlo con la intención de dejar un testimonio sobre las circunstancias que ha enfrentado.

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Al final de la entrevista con La Red Viral, fue consultado sobre qué les diría a quienes sienten que todas las puertas se han cerrado. Su respuesta fue contundente:

Para explicar esa convicción, recordó a Winston Churchill y su llamado a resistir incluso cuando las fuerzas parecen agotarse. Hoffman relacionó ese mensaje con su propia vida: pasó 14 años sin poder caminar y después enfrentó discriminación, desempleo, pérdidas familiares, accidentes y amenazas.

También mencionó a Franklin Delano Roosevelt, quien enfrentó serias dificultades de movilidad y, según Hoffman, tuvo que liderar una nación “paralizada por el miedo”. El juez encontró allí un paralelo con su propia experiencia y cerró con una frase que resume su manera de enfrentar las adversidades: “Nunca se rindan y únicamente tengan miedo al miedo en sí mismo”.

La polémica se avivó después de que Revista RAYA diera a conocer, el 19 de agosto, testimonios de cuatro periodistas que afirman haber sufrido acoso sexual y laboral por parte de Poveda entre 2006 y 2013. De acuerdo con RAYA, los relatos incluyen situaciones de intentos de besos, tocamientos e insinuaciones sin consentimiento en ambientes profesionales. Poveda, en respuesta, repudió las acusaciones y puso sobre la mesa las dificultades de responder a testimonios que el propio medio describe bajo anonimato y con detalles generales sobre los supuestos episodios.

En su reciente intervención, Poveda utilizó dos grabaciones con voces modificadas, que inicialmente presentaba como si fueran víctimas reales. Luego, aclaró que se trataban de audios ficticios elaborados junto a compañeras de trabajo con el objetivo de ejemplificar la facilidad de construir narrativas aparentemente creíbles con voces distorsionadas y datos difíciles de corroborar, y así cuestionar la credibilidad que solo la reiteración puede dar en redes sociales. Sin embargo, reconoció que no cuenta con pruebas de una campaña estructurada en su contra, aunque personas cercanas le han sugerido esa posibilidad.

Más allá de la controversia sobre el anonimato de las denunciantes, Poveda afirmó que nunca pidió conocer los nombres de las mujeres, sino detalles específicos de tiempo, modo y lugar para referirse a cada caso. Según su versión, recibió el 18 de agosto un cuestionario de RAYA sobre cuatro episodios, pero la información –referencias a un hotel, una oficina, un taller y su productora– no le permitía precisar individualmente su respuesta.

Estos nuevos relatos se suman a dos casos divulgados anteriormente por el colectivo Yo Te Creo Colega y Brava News, uno de ellos presentado ante la Fiscalía. Así, suman seis testimonios públicos contra el periodista. Mientras tanto, Yo Te Creo Colega sostiene que sí ofreció derecho a réplica a Poveda, mediante contacto y más de 20 preguntas dirigidas a su correo y WhatsApp; además, defendió la reserva de identidad basándose en normas de protección a víctimas de acoso laboral y sexual.

La discusión trasciende a un debate sobre los criterios éticos y jurídicos necesarios para equilibrar la protección de posibles víctimas y los derechos de los señalados, como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. De fondo, quedan interrogantes sobre los límites de la confidencialidad y el contraste de fuentes en el ejercicio periodístico colombiano. Por el momento, mientras la justicia y los medios siguen evaluando cada versión, las partes insisten en la importancia de que el proceso se lleve a cabo respetando los derechos fundamentales de todos los implicados.

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¿Cuáles son los principales argumentos de Rafael Poveda para rechazar las acusaciones en su contra?

Poveda sostiene que las denuncias se basan en testimonios anónimos o con información insuficiente que no le permite identificar ni responder en concreto a cada episodio. Además, cuestiona que audios manipulados o voces distorsionadas puedan adquirir credibilidad sin contrastes ni datos verificables, insistiendo en la necesidad de respetar el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

¿Por qué algunos testimonios se mantienen bajo reserva en casos de acoso sexual laboral?

De acuerdo con el colectivo Yo Te Creo Colega, los testimonios anónimos se reservan para proteger la identidad y seguridad de las denunciantes, conforme a disposiciones legales que resguardan a posibles víctimas de acoso sexual en ámbitos laborales, priorizando su confidencialidad y evitando eventuales represalias o exposiciones públicas no deseadas.

El asesor de Despacho desempeña un papel estratégico dentro de la estructura administrativa de la Alcaldía de Valledupar. Su principal tarea consiste en ofrecer asesoría técnica y de confianza al alcalde, facilitando el proceso de toma de decisiones, promoviendo la articulación de políticas públicas y haciendo seguimiento a los proyectos considerados prioritarios para la ciudad. En ese sentido, quien ocupa este cargo se convierte en un nexo fundamental entre el mandatario y las diferentes secretarías de la administración municipal, garantizando así que las orientaciones del gobierno local se traduzcan en acciones concretas.

Villegas Ochoa llega con una sólida formación técnica y experiencia previa en la administración pública de Valledupar. Es economista egresado de la Universidad Nacional de Colombia y ostenta una maestría en Planeación Urbana. Este perfil le ha permitido desarrollar una trayectoria de más de 12 años dedicada a temas de organización territorial. Justamente, antes de su reciente nombramiento, se desempeñaba como asesor en la Oficina de Planeación del municipio, lo que da cuenta de su conocimiento en los asuntos internos de la Alcaldía.

A lo largo de su carrera, Villegas ha ocupado posiciones similares y ha trabajado para entidades reconocidas. Fue jefe de la Oficina de Planeación de Valledupar durante la administración de Freddys Socarrás, lideró la iniciativa ciudadana Valledupar Cómo Vamos y dirigió la Planeación en Emdupar, una empresa de servicios públicos. Su experiencia se amplía con funciones de consultoría para la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), además de haber sido consultor de la actual administración durante los últimos tres años.

Su llegada se interpreta como un paso dirigido a fortalecer la toma de decisiones técnicas en la Alcaldía de Valledupar y a aportar en la articulación de los diferentes proyectos de desarrollo urbano y territorial.

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¿Cuál es la función de un asesor de Despacho en la Alcaldía de Valledupar?

El asesor de Despacho tiene como función principal brindar asesoría técnica y directa al alcalde, sirviendo como puente entre el liderazgo político y las diferentes secretarías. Se encarga de acompañar la toma de decisiones, articular políticas públicas y supervisar el desarrollo de los proyectos estratégicos, según la administración de Valledupar.

¿Quién es Raúl Villegas Ochoa y cuál ha sido su trayectoria profesional en Valledupar?

Raúl Villegas Ochoa es economista de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en Planeación Urbana y más de 12 años de experiencia. Fue jefe de Planeación en la administración de Freddys Socarrás, lideró la iniciativa Valledupar Cómo Vamos, trabajó en Emdupar, ha sido consultor para Findeter y el DNP, y asesoró a la actual administración en los últimos tres años.

Las ceremonias de despedida inician el 25 de agosto con la instalación de la cámara ardiente a las 12:00 del mediodía en el Auditorio Consuelo Araujo de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez. Este espacio permitirá que allegados y miembros de la comunidad se acerquen para expresar su respeto y afecto hacia ‘El Rector’, resaltando la importancia que tuvo para la ciudad y quienes lo conocieron.

El homenaje continuará el 26 de agosto, desde las 8:00 de la mañana, en el mismo auditorio. Según información difundida por los allegados de Fabio Torres, será recordado "como un hombre que supo hacer empresa, tender la mano a quienes venían detrás de él y convertirse en un impulsor del vallenato". Durante estos actos, diferentes personalidades del mundo empresarial, artístico y cultural se darán cita para despedirlo, destacando especialmente su legado en la promoción de nuevas generaciones y su incansable labor en pro de la música tradicional vallenata.

El sepelio se llevará a cabo el mismo 26 de agosto a las 10:00 de la mañana en el Cementerio Jardines del Ecce Homo, donde familiares y allegados le darán el último adiós. Se anticipa que la despedida será multitudinaria, reflejo del profundo aprecio y respeto que generó en la ciudad.

La muerte de Fabio Torres fue confirmada luego de que fuera trasladado a la Clínica Erasmo el 24 de agosto por una complicación de salud que desencadenó dificultad respiratoria severa y un súbito deterioro neurológico. El parte médico, citado por la institución, indicó que el empresario arribó sin signos vitales. Aunque recibió atención en la sala de reanimación, no respondió a las maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) avanzada, lo que condujo a la confirmación de su fallecimiento.

Las redes sociales y distintos espacios digitales se han llenado de mensajes y recuerdos por parte de quienes apreciaban a Fabio Torres, subrayando el impacto que tuvo su trabajo y su solidaridad en la vida de muchos en Valledupar.

Las honras fúnebres para ‘El Rector’ en Valledupar están planeadas en dos jornadas. La primera, con la cámara ardiente el 25 de agosto desde las 12:00 del mediodía en el Auditorio Consuelo Araujo; la segunda, el 26 de agosto, donde desde las 8:00 de la mañana continuarán los homenajes y, a las 10:00 de la mañana, se realizará el sepelio en el Cementerio Jardines del Ecce Homo. Familiares, amigos y personas de distintos sectores participarán en estos actos de despedida.

La reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzada es un conjunto de procedimientos médicos empleados cuando un paciente llega sin signos vitales. En el caso de Fabio Torres, la Clínica Erasmo informó que el empresario fue llevado de inmediato a sala de reanimación para aplicar estas maniobras, aunque, según el parte médico, no respondió y se confirmó su deceso.

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De acuerdo con las declaraciones del mandatario, diez de los internos se encontraban custodiados en estaciones de Policía y los otros diez en la llamada Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla. De la Espriella señaló que su objetivo es acabar con lo que definió como “zonas de confort” en las cárceles, pues algunos de estos privados de la libertad presuntamente mantenían comunicaciones y seguían emitiendo órdenes a miembros de sus redes criminales fuera de los muros.

El traslado a Bogotá será inicialmente provisional. Según el presidente, durante los 15 días que siguen a la reubicación, el Inpec examinará los niveles de seguridad que se requieren en cada caso para posteriormente redistribuir a los internos en diferentes cárceles del país, en función del riesgo y del perfil criminal de cada uno.

Entre las personas trasladadas, El Diario cita a varios con reconocidos vínculos con Los Costeños y Los Pepes. Entre ellos figuran Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias ‘Rodrigo’ o ‘El Gamo’ de Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias ‘El Lobo’ o ‘Comandante Gabino’, y Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias ‘Caballo’, ambos de Los Costeños; así como otros presuntos miembros y cabecillas de estas bandas, señalados de delitos como extorsión y homicidio.

Este procedimiento responde al aumento de denuncias sobre extorsiones organizadas desde centros de reclusión. El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla había advertido que al menos 25 cabecillas continuaban, desde prisión, coordinando extorsiones, amenazas y ataques, con el apoyo de cómplices en libertad. Las acciones policiales recientes reflejan la gravedad de la situación, pues el 1 de julio, se detuvo a diez personas y aprehendieron a dos adolescentes presuntamente relacionados con estas estructuras.

Bajo este nuevo enfoque gubernamental, se espera poner fin a la operatividad de bandas como Los Costeños y Los Pepes dentro del sistema penitenciario, en contraste con estrategias anteriores como la tregua o la reubicación conjunta en Barranquilla de máximos líderes, como Digno Palomino de Los Pepes y José Alfredo Castro, alias ‘Castor’, de Los Costeños. El actual Gobierno quiere evitar que las cárceles sigan sirviendo como epicentro de nuevas amenazas y actividades delictivas organizadas.

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¿Por qué fueron trasladados los presos de Barranquilla a Bogotá?

El traslado de los 20 internos se ordenó como una estrategia para cortar la capacidad de coordinación de delitos desde prisión por parte de Los Costeños y Los Pepes. Según el presidente Abelardo de la Espriella, la intención es impedir que continúen dirigiendo extorsiones, amenazas y actividades criminales desde las cárceles de Barranquilla.

¿Qué hacen Los Costeños y Los Pepes desde prisión según las autoridades?

Según reportes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, integrantes de Los Costeños y Los Pepes han mantenido, desde prisión, la coordinación de delitos como extorsión y ataques a comerciantes; esto se logra a través de enlaces en libertad que cobran, amenazan y, en ocasiones, contratan sicarios para presionar a sus víctimas.

Cada hallazgo es clasificado de acuerdo con procedimientos establecidos y trasladado al Puesto de Mando Unificado (PMU), donde los propietarios pueden identificar y reclamar sus pertenencias. Freddy Alexánder Camargo, voluntario que colabora en los procesos de recuperación, destaca la importancia de estos objetos: "Hemos encontrado bastantes álbumes, fotos, documentos que, precisamente, se dejan en la entrada porque sabemos que son recuerdos y son documentos que cualquier persona los puede necesitar". Su testimonio pone en evidencia la magnitud de la pérdida y la urgencia que sienten muchas personas ante la posibilidad de no poder reponer documentos esenciales, a falta de recursos y en un contexto de ciudad destruida.

En medio del dolor de la pérdida, existe también un esfuerzo coordinado para hacer más accesible la recuperación de estas memorias materiales. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), dirigida por Diego Hau, gestiona la publicación de los objetos recuperados a través de redes sociales, de modo que los familiares puedan identificar sus pertenencias sin necesidad de recorrer los escombros. Quienes reconozcan alguno de los elementos tienen la opción de reclamarlo en el PMU, instalado en el Coliseo del Pueblo por la Alcaldía.

El proceso logístico resulta complejo: los residuos de demolición se almacenan temporalmente en diferentes sectores de Cali, como la escombrera de la Carrera 50, el área de Mariano Ramos con la Avenida Simón Bolívar, un predio en La Base y un lote vinculado a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), diagonal a Cosmocentro. Desde estos puntos, las autoridades y voluntarios mantienen la esperanza de que los recuerdos recuperados puedan ser devueltos a quienes más los necesitan, en medio de la difícil tarea de reconstrucción y duelo.

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¿Dónde se pueden reclamar los objetos recuperados tras el terremoto en Cali?

Los objetos, documentos y recuerdos personales que han sido encontrados entre los escombros se llevan al Puesto de Mando Unificado (PMU), establecido por la Alcaldía en el Coliseo del Pueblo. Allí, los propietarios tienen la posibilidad de identificar y reclamar sus pertenencias siguiendo los protocolos establecidos.

¿Cómo se publica la información sobre los recuerdos hallados tras el sismo en Cali?

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) utiliza las redes sociales de la entidad para compartir imágenes e información sobre los objetos recuperados durante la clasificación de residuos. Esto facilita la identificación por parte de los familiares afectados por la tragedia y agiliza la entrega de recuerdos y documentos esenciales.

En el comunicado oficial, el órgano de control especificó que se solicitó información detallada sobre los contratos firmados entre el CNE y la empresa Unión Temporal Actores Electorales 2026. Entre los datos pedidos por la Contraloría se encuentran las fechas de inicio y terminación de los contratos, el valor de los mismos, su objeto y estado actual. También pidió información sobre la figura del interventor o supervisor de dichos acuerdos, así como la relación y monto de los pagos efectuados a la fecha.

La indagación incluye no solo a la unión temporal, sino también indaga los contratos individuales suscritos con las compañías LinkTic y BexTechnology. Según información proporcionada, estas dos empresas integran la Unión Temporal con participaciones del 95 % y 5 %, respectivamente. Esta solicitud de la Contraloría busca esclarecer todo el flujo contractual vinculado con la preparación del proceso electoral a través de la capacitación de testigos.

En la comunicación oficial, la Contraloría enfatizó que la apertura de esta investigación preliminar no implica todavía que se haya declarado algún tipo de responsabilidad. Al contrario, se trata de la fase inicial de revisión en la que el organismo de control examina los procesos asociados a recursos públicos, como parte de sus competencias. El organismo aclaró que tiene la autoridad para requerir y analizar cualquier dato o información relacionada con hechos, actos, contratos, programas o proyectos que impliquen recursos del Estado, y que no opera ninguna reserva legal para evitar su labor en estas verificaciones. Una vez concluyan las revisiones, los resultados serán comunicados tanto a la opinión pública como al país en general.

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¿Por qué la Contraloría investiga contratos del Consejo Nacional Electoral para las elecciones de 2026?

La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar debido a posibles irregularidades y sobrecostos en contratos del Consejo Nacional Electoral, especialmente en los procesos de capacitación y acreditación de testigos electorales para las elecciones de 2026. Lo hace para verificar si en la ejecución de estos contratos, que incluyen servicios tecnológicos y de ciberseguridad, así como la producción de material pedagógico, se presentaron situaciones que deban ser objeto de control fiscal.

¿Qué es una indagación preliminar y cuáles son sus alcances según la Contraloría?

Una indagación preliminar, de acuerdo con la Contraloría, es el inicio de un proceso de verificación donde no se declara responsabilidad, sino que se hace una revisión exhaustiva de contratos y procesos relacionados con recursos públicos. Esto permite al organismo exigir información detallada y examinar hechos u operaciones vinculadas a fondos estatales, sin limitaciones legales, en el marco de sus competencias de control y vigilancia.

Entre los aspectos centrales del Estatuto está el diseño de una lista oficial de organizaciones terroristas, cuya inclusión en el registro tendría consecuencias jurídicas significativas. Según lo comunicado en Noticias Caracol, las estructuras enlistadas serían objeto de medidas penales y penitenciarias diferenciadas, adaptadas al nivel de amenaza que representen y a las actividades ilícitas en las que estén involucradas, como el narcotráfico o atentados contra la población. Además, la propuesta abarca regímenes especiales para el manejo carcelario de sus miembros, agravamiento de penas y otras disposiciones que permitirían actuar sobre personas cuya relación con estos grupos esté probada judicialmente.

Otro eje fundamental del proyecto consiste en la tipificación de delitos asociados a las fuentes de financiación de estas organizaciones. El ministro Lara detalló que se busca incorporar sanciones específicas para actividades como la gran minería ilegal, considerada por el Gobierno como una de las principales vías de financiación para grupos armados dedicados a economías ilícitas. Así, el Estatuto permitiría al Estado actuar de forma más integral en el combate frente a problemáticas complejas que trascienden el delito de terrorismo per se.

El Gobierno ha señalado, no obstante, que existirán controles para evitar excesos por parte de las autoridades. En palabras de Lara, la iniciativa no pretende instaurar poderes ilimitados ni establecer estados de excepción indefinidos. Toda acción deberá respetar la Constitución, los fallos judiciales previamente establecidos y el debido proceso. Las medidas extraordinarias solo tendrían cabida cuando la vinculación o relación de una persona con una organización terrorista esté debidamente corroborada.

Respecto a qué grupos podrían ser incluidos en esta lista, el Gobierno ha mencionado a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’, la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con el Ejecutivo, estos grupos combinan actividades armadas con economías ilegales como el narcotráfico, lo que refuerza la necesidad de nuevas herramientas jurídicas para enfrentarlos. Finalmente, el anuncio se da en un contexto de alerta por los recientes incendios forestales en Tolima, donde se investiga si algunos de estos hechos pueden haber sido provocados para crear caos y facilitar acciones criminales, lo que resalta la complejidad de los retos en materia de seguridad.

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¿En qué consiste el Estatuto Antiterrorista que propone el Gobierno?

El Estatuto Antiterrorista es un proyecto que busca crear un sistema oficial de clasificación de organizaciones terroristas, establecer regímenes penales y penitenciarios diferenciados, y tipificar nuevas conductas delictivas relacionadas con las fuentes de financiación de estos grupos. Según el ministro del Interior, Rodrigo Lara, la iniciativa pretende dotar al Estado de herramientas más precisas para enfrentar a estructuras armadas ilegales, siempre respetando los límites constitucionales.

¿Qué consecuencias legales tendría para los grupos y personas incluidos en la lista oficial?

De acuerdo con lo señalado por el Gobierno, las organizaciones y personas incluidas en la lista oficial estarían sujetas a medidas penales y penitenciarias especiales, agravamiento de penas y sanciones adicionales vinculadas con el financiamiento ilícito. Solo se aplicarían estas medidas cuando la pertenencia o relación esté confirmada judicialmente, bajo controles que garanticen el respeto a la Constitución y los derechos fundamentales.

(Le interesa: De la Espriella, decidido a reconstruir también una institución que no tumbó el terremoto)

Para De la Espriella, “la fuente primigenia de todas las formas de violencia es el narcotráfico, que, al final, termina siendo el combustible del terrorismo. Entonces, no puede ser que el Estado tenga un tratamiento diferencial frente a estos bandidos que participan en una cadena de mando y de ejecución de conductas que terminan arribando al mismo objetivo que es el terrorismo, llámese urbano, llámese rural, como quiera llamarse”.

Después, soltó la expresión: “Tiene que ser un imperativo categórico del Gobierno que estos delincuentes, todos, estén cobijados bajo la categoría de terroristas para poder combatirlos como corresponde. No puede ser que el Estado no pueda aplicar toda la fuerza legítima porque hay que tratar a unos con guantas de seda, a otros de besito y a otros sí los podemos bombardear. No, señor. Aquí se acabó esa división”.

Lo necesario y lo correcto en Kant

El imperativo categórico es una complicada regla moral (de las muchas que abundan en filosofía) creada por el filósofo Immanuel Kant, que no se puede explicar en pocas líneas. Sin embargo, sí se pueden extraer algunos elementos para aterrizarla. Por ejemplo, para Kant, el acto moral es el que se realiza como un deber, como un fin en sí mismo: el acto moral es ese en el que se actúa con base en la razón, no en al amor a uno mismo o persiguiendo un interés personal.

De esa manera, se entiende por imperativo categórico el acto o proposición que se lleva a cabo por el hecho de ser considerada necesaria, sin que existan más motivos para ejecutarla. El concepto de imperativo categórico de Kant está profundamente vinculado a la idea de hacer o pretender hacer lo correcto.

Kant hizo diferentes formulaciones que resumen el mandato moral detrás del imperativo categórico, pero quizá la que se refiere al fin en sí mismo es la más recurrida para entenderlo: “Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio”.

Cuando De la Espriella habla de que es un imperativo categórico que los integrantes de los grupos armados ilegales en Colombia sean cobijados bajo la categoría de terroristas para poder combatirlos entiende que es un mandato moral que la sociedad le encargó a su naciente Gobierno por la vía democrática.

“Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencia, ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización que se les quiere dar a los bandidos. Que, dicho de otra manera, ha sido inventada por sectores de la sociedad que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la acción punitiva y la fuerza legítima del Estado como corresponde”, continuó el presidente en Barranquilla. “Todos son terroristas y los vamos a tratar como tal, y los vamos a derrotar por la razón o por la fuerza”.

Al día siguiente, este lunes 24 de agosto, se conocieron dos informes que, sin proponérselo, le dieron más claridad al concepto de imperativo categórico utilizado por el jefe de Estado, en el sentido de que su orden de meter a todos los delincuentes de los grupos armados bajo la sombrilla de terroristas es necesaria y correcta.

HRW: reclutamiento de menores ha aumentado drásticamente

Por un lado, Human Rights Watch (HRW) asegura que el reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos armados “ha aumentado drásticamente en Colombia, ante la falta de una respuesta eficaz por parte del gobierno”. Lo hacen con impunidad, y ante las fallas de los sistemas de protección, en el terreno ‘fértil’ en que se han convertido para ese propósito criminal las plataformas de redes sociales. “Cada niño reclutado es una muestra del fracaso del Estado”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.

La ONG analizó datos de la Defensoría del Pueblo que le permitieron afirmar que al menos 1.500 niños han sido reclutados desde 2021. Aunque no se cuenta con datos exhaustivos, las cifras oficiales disponibles apuntan a un fuerte aumento de los casos desde 2023, y que las disidencias de la Farc están detrás de la gran mayoría de los casos denunciados, y más de la mitad de ellos se concentran en el Cauca.

Los menores de edad indígenas representan casi la mitad de todos los casos documentados, a pesar de que los pueblos aborígenes constituyen apenas el 4 % de la población de Colombia. Más del 30 % tenían entre 10 y 14 años, cuyo reclutamiento podría considerarse un crimen de guerra según el derecho internacional.

Para HRW, los grupos armados se han aprovechado de la pobreza, la exclusión social, la violencia doméstica y las barreras de acceso a la educación para reclutar menores con promesas de poder, dinero y prestigio. Los reclutamientos también se producen a través de intermediarios y reclutadores civiles a quienes se les paga hasta 1.000 dólares por cada menor. En algunas ocasiones, el reclutamiento ha tenido lugar en escuelas rurales, incluyendo residencias escolares.

Los criminales han aprovechado las redes sociales para glorificar la vida en sus filas, “publicar ofertas de trabajo que son, en esencia, artimañas destinadas al reclutamiento”, y contactar a menores a través de foros de chat públicos y servicios de mensajería privada.

El problema persiste porque, según HRW, esas plataformas no han sido efectivas detectando ni eliminando dicho contenido, y tampoco han prevenido adecuadamente su difusión. En algunos casos, sus algoritmos parecían promover estas publicaciones, lo que muy probablemente amplió considerablemente el alcance de los grupos armados.

Defensoría: criminalidad organizada persisten y se transforma

El panorama de lo que pasa en Colombia fue ampliado con otro informe presentado este lunes por la Defensoría del Pueblo, que reúne información sobre algunas de las principales problemáticas de derechos humanos en el país y aporta elementos para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, iniciativas legislativas y otras decisiones del Estado.

En el apartado relativo a violencia armada, paz, seguridad y garantías democráticas, la Defensoría, en línea con lo planteado por HRW, asegura que las afectaciones del conflicto armado comprometen el buen futuro de los menores de edad. En cuanto a reclutamiento, se reportaron 682 casos en 2024, 419 en 2025 y 74 entre enero y junio de 2026.

Pero la Defensoría advierte que la reducción de los casos no necesariamente significa una disminución del fenómeno, debido a los riesgos, temores y dificultades para denunciar o poner los hechos en conocimiento.

A esto se suman las muertes de menores de edad en contextos de hostilidades: entre agosto de 2022 y junio de 2026, fallecieron 71 en operativos militares. Además, se registran casos de menores de edad muertos en combates entre grupos armados ilegales.

En general, para la entidad encargada de la promoción y protección de los derechos humanos, la criminalidad organizada y el conflicto armado persisten, al tiempo que se transforman y fragmentan. Actualmente están vigentes 120 Alertas Tempranas territoriales, que comprenden 396 municipios y 15 territorios indígenas en los 32 departamentos.

A eso se suma la aparición de nuevas modalidades de violencia: entre enero y mayo de 2026 se registraron 121 ataques con sistemas aéreos no tripulados (drones), que dejaron 21 personas fallecidas y 145 heridas. La persistencia de las violencias también se refleja en las masacres: entre 2019 y el 18 de julio de 2026 se registraron 651 masacres, con 2.380 víctimas.

El desplazamiento forzado continúa siendo una de las principales afectaciones sobre la población civil. Entre 2017 y lo corrido de 2026 se registraron 1.002 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 394.839 personas. En promedio, el 35,73 % de las víctimas pertenecía a pueblos étnicos.

A la luz de los informes de HRW y de la Defensoría del Pueblo, las conductas criminales de los grupos armados ilegales se dispararon en los cuatro años anteriores, y, para enfrentarlas, el presidente De la Espriella se ha impuesto un imperativo categórico: calificar a todos esos grupos como terroristas para combatirlos en consecuencia.

Hasta el momento, según la información disponible, las autoridades no han entregado detalles claros sobre las circunstancias que provocaron el accidente ni sobre la manera en la que se produjo el desenlace mortal. De acuerdo con los reportes iniciales, todavía no se descarta la posible participación de terceros o la existencia de factores adicionales que hayan influido en el siniestro. Por esto, se emprendieron las diligencias pertinentes en el lugar de los hechos, con la intención de recopilar pruebas y testimonios que ayuden a esclarecer lo sucedido.

La comunidad de Palocabildo destaca la labor y el compromiso que Juan Carlos Jiménez tuvo durante años como mecánico del pueblo. De acuerdo con el testimonio de sus conocidos, su dedicación profesional y el trato amable que brindaba dejaron una huella significativa en quienes lo rodeaban. El fallecimiento de Jiménez impactó no solo a su familia y a sus amigos, sino también a muchos pobladores que reconocían su servicio desinteresado con los habitantes del municipio.

Por el momento, los habitantes de Palocabildo esperan respuestas del proceso investigativo y mantienen viva la memoria de Juan Carlos Jiménez. Su partida marca un doloroso episodio en la historia reciente de este municipio, acostumbrado a la cercanía y el sentido de comunidad entre sus habitantes.

¿Cuál fue la causa del accidente de motocicleta donde falleció Juan Carlos Jiménez?

Hasta ahora, las autoridades no han revelado detalles concretos sobre la causa del accidente de motocicleta que causó la muerte de Juan Carlos Jiménez en Palocabildo. Según los primeros reportes, las investigaciones continúan y se busca esclarecer si hubo otros factores o personas involucradas en el trágico suceso.

¿Quién era Juan Carlos Jiménez y por qué era reconocido en Palocabildo, Tolima?

Juan Carlos Jiménez era un mecánico ampliamente conocido en Palocabildo, Tolima. Su trabajo y servicio a la comunidad lo hicieron una figura apreciada entre los habitantes del municipio, quienes lamentan profundamente su fallecimiento y lo recuerdan tanto por su profesionalismo como por su trato cercano.

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De acuerdo con la alcaldesa de Santa Isabel, Diana Magalí Caro, la denuncia sobre la desaparición fue radicada por la abuela de la niña, quien actualmente tiene la custodia legal de la menor. La situación ocurrió después de que la madre de Estefany, contando con un permiso temporal, sacara a la pequeña para compartir con ella. Sin embargo, pasada la hora convenida, la niña no regresó al hogar de su abuela, generando preocupación en la familia y desencadenando el procedimiento institucional de búsqueda.

La Comisaría de Familia fue la primera en poner en marcha los protocolos correspondientes, informando de inmediato al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía y otras autoridades responsables de la protección de menores. La alcaldesa enfatizó que, debido a la condición de la víctima como menor de edad, el caso se mantiene bajo reserva. Hasta el momento, las autoridades continúan en el proceso de búsqueda y verificación, ya que no existe información oficial sobre el paradero de Estefany ni sobre sus condiciones de bienestar.

Con el fin de facilitar su localización, las autoridades divulgaron una descripción detallada: Estefany Sofía mide cerca de 90 centímetros, posee contextura delgada, piel blanca, cabello castaño claro y ojos negros. El día de su desaparición vestía pantalón y chaqueta de jean azul, además de una blusa rosada. La búsqueda quedó registrada en el sistema SIRDEC con el número 2026D008578. Las autoridades, de acuerdo con la información oficial, invitan a la ciudadanía a brindar cualquier pista válida a la línea 123 o al número 302 691 3893, para así avanzar en la ubicación de la niña.

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¿Qué es la Alerta Rosa y cómo funciona en casos de desaparición de menores?

La Alerta Rosa es un mecanismo utilizado en Colombia para casos de desaparición de menores. Su función principal es agilizar la búsqueda y difusión de información sobre niñas, niños y adolescentes desaparecidos, movilizando a instituciones y ciudadanía para colaborar en su pronta localización.

¿Cómo pueden ayudar los ciudadanos en la búsqueda de Estefany Sofía Puentes Varón?

Quienes tengan cualquier tipo de información relevante sobre el paradero de Estefany Sofía Puentes Varón pueden comunicarse inmediatamente a la línea 123 o al 302 691 3893. Las autoridades insisten en la importancia de reportar cualquier pista, por pequeña que sea, para contribuir en las labores de búsqueda y ayudar al reencuentro familiar.

El caso que llevó a esta determinación judicial gira en torno al frustrado plan de modernización de la red sanitaria de Santa Marta, ejecutado durante la administración de Caicedo como alcalde. Según la Fiscalía, se presentaron irregularidades graves en la ejecución de dicho proyecto, lo que generó la interrupción de servicios en varios centros de salud de la ciudad. Como consecuencia, gran parte de la atención médica tuvo que trasladarse a instalaciones alquiladas y a espacios de juntas de acción comunal, evidenciándose una afectación directa a la ciudadanía. Además, la liquidación del contrato en julio de 2016 tuvo lugar sin que las obras estuvieran concluidas; el centro de salud de Mamatoco, puntualiza la Fiscalía, aún permanece sin terminar.

Respecto al manejo de los recursos, la investigación detalló que se giraron 4.408 millones de pesos al contratista encargado, mientras que el valor de los trabajos realmente ejecutados apenas alcanzó los 1.570 millones de pesos. A raíz de estos hallazgos, la Fiscalía calcula un detrimento patrimonial superior a los 5.040 millones de pesos, por lo que solicitó a la juez no conceder eventuales beneficios judiciales a Caicedo, demanda que será decidida en una audiencia futura.

Mientras tanto, Diana Muñoz, abogada defensora de Caicedo, dijo a Blu Radio que su cliente no se encuentra evadido. Señaló que "no se ha fugado porque no tiene ninguna medida restrictiva de su libertad" y afirmó que Caicedo no ha faltado a sus compromisos judiciales. Muñoz agregó que la pena impuesta, consistente en nueve años y cerca de diez meses de prisión, junto a una multa superior a 4.453 millones de pesos, no se hará efectiva hasta tanto la decisión sea confirmada o revocada en segunda instancia.

Adicionalmente, El Espectador advierte que Carlos Caicedo también enfrenta otras investigaciones, incluido un proceso por presunto abuso sexual a una menor en 2023.

¿Por qué fue condenado Carlos Caicedo y cuál es su situación judicial actual?

Carlos Caicedo fue condenado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, relacionados con irregularidades en la ejecución de obras para modernizar la red de salud pública de Santa Marta. Actualmente, la sentencia es de primera instancia, por lo que la condena y la multa impuesta solo se ejecutarán si la decisión es confirmada en segunda instancia.

¿Cuáles fueron las consecuencias de las irregularidades en la contratación de la red de salud en Santa Marta?

Las irregularidades ocasionaron la interrupción de servicios en centros de salud, el traslado de atención médica a instalaciones no adecuadas y la no finalización de obras, generando un detrimento patrimonial superior a 5.040 millones de pesos, según lo detallado por la Fiscalía en la investigación.

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A pesar de no contar con agua potable de manera regular, el sistema de acueducto de El Paso había permitido, hasta hace unos meses, cierto suministro diario en barrios y corregimientos. No obstante, todo cambió abruptamente a raíz de una cadena de daños en la infraestructura de extracción de agua. De acuerdo con Julio Iván Castrillo, gerente de la Empresa de Servicios Públicos de El Paso (Empaso), la emergencia comenzó con una conexión ilegal que sobrecargó y dañó una de las bombas principales. Posteriormente, aunque se intentó reparar el daño, el descenso del nivel de la fuente hídrica obligó a modificar el sistema de tuberías y, el 7 de agosto, un tubo de hierro colapsó: como consecuencia, la bomba cayó al fondo del pozo profundo. Castrillo relató que, tras 13 días de trabajo continuo, lograron rescatar la bomba y actualmente están en proceso de adquirir tubería nueva e iniciar los próximos pasos para restaurar el servicio, mientras intentan satisfacer la demanda enviando carrotanques a quienes lo requieren mediante las Juntas de Acción Comunal.

No obstante, la crisis técnica revela un problema financiero de fondo. De acuerdo con proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), El Paso tiene 47.130 habitantes en 2026, la mayoría en zonas rurales como La Loma, el segundo corregimiento más grande del país. Allí, la escasez es aún más grave. Aunque el costo del servicio es bajo (12.900 pesos mensuales), el gerente de Empaso sostiene que la empresa no recibe ingresos porque "nadie paga", lo que ha vuelto insostenible la operación y ha impedido cubrir gastos esenciales, como la factura de energía con la compañía Afinia.

La administración local busca soluciones a largo plazo mediante la reactivación de una planta de tratamiento de agua potable en la cabecera municipal y la implementación de paneles solares en pozos construidos hace años, pero nunca utilizados, en corregimientos como La Loma. Estas acciones buscan, a mediano plazo, aliviar la crítica situación.

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¿Por qué El Paso, Cesar, no tiene agua potable a pesar de las regalías mineras?

La carencia de agua potable en El Paso, Cesar, obedece tanto a problemas técnicos en la infraestructura, incluido el colapso de bombas y tuberías, como a una grave crisis financiera de la empresa Empaso, derivada de la falta de pago por parte de los usuarios. Las regalías provenientes de la actividad minera no han sido suficientes para garantizar el funcionamiento continuo del acueducto ni la inversión en soluciones de fondo, según lo explicado por el propio gerente de la empresa en EL PILÓN.

¿Cuáles son las soluciones que propone la alcaldía de El Paso para la crisis del agua?

La administración municipal de El Paso está reactivando una planta de tratamiento de agua potable y planea poner en marcha pozos con energía solar en sectores rurales como La Loma. Estas medidas esperan mejorar el suministro y, finalmente, permitir que el municipio acceda a agua potable, una vez se supere la coyuntura técnica y financiera que afecta al servicio.

(Vea también: Gobierno lanza plan de reconstrucción y fondo especial para zonas afectadas por el terremoto en Chocó)

A través de su cuenta de X, el mandatario afirmó que, por orden directa suya, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) inició el traslado de 20 personas privadas de la libertad que permanecían recluidas en Barranquilla.

De acuerdo con su explicación, diez de ellas estaban detenidas en estaciones de Policía y las otras diez permanecían en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla.

“Por orden mía directamente, el Inpec está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles”, escribió De la Espriella.

Según el presidente, los 20 internos serán llevados inicialmente a establecimientos penitenciarios de Bogotá. Posteriormente, durante los 15 días siguientes a su llegada a la capital, serán distribuidos en diferentes cárceles del país, de acuerdo con las determinaciones de seguridad que adopte el Inpec.

Por orden mía directamente, el INPEC está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles.

Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla.…

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 25, 2026

Entre las personas mencionadas por el mandatario aparecen Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias ‘Rodrigo’ o ‘El Gamo’, señalado de pertenecer a ‘Los Pepes’; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias ‘El Lobo’ o ‘Comandante Gabino’, de ‘Los Costeños’; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias ‘Caballo’, de ‘Los Costeños’; Adrián Hernán Guerrero Peña, alias ‘El Miquito’, también señalado de pertenecer a ‘Los Costeños’; Erick Fabián Molina Mendoza, señalado como integrante de ‘Los Pepes’, entre otros.

El anuncio se produce en medio de la política de seguridad del nuevo Gobierno, que ha planteado una postura de mayor control sobre las personas privadas de la libertad y sobre la posibilidad de que las estructuras criminales mantengan actividades ilícitas desde las cárceles.

Antes de llegar a la Presidencia, De la Espriella ya había planteado una transformación profunda del sistema penitenciario y había cuestionado que las cárceles pudieran convertirse en centros desde los cuales se ordenan actividades criminales.

De acuerdo con el mandatario, el traslado de los 20 internos se está desarrollando bajo “rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad”, con apoyo de la Fuerza Pública.

El objetivo, explicó, es reducir los riesgos de fugas, rescates o posibles atentados durante el operativo. Una vez estén en Bogotá, el Inpec tendrá la responsabilidad de determinar a qué establecimientos penitenciarios serán enviados posteriormente, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad de cada caso.

El tema del control de las comunicaciones y de las operaciones criminales desde las cárceles ha sido una preocupación recurrente de las autoridades colombianas. En años anteriores, la Policía ha documentado casos en los que estructuras dedicadas a la extorsión han utilizado comunicaciones desde centros penitenciarios para intimidar a comerciantes y coordinar actividades ilegales.

Los grupos mencionados por De la Espriella, ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, tienen además antecedentes recientes de confrontaciones y de actividades criminales en Barranquilla y el Atlántico. La Policía ha reportado operaciones contra integrantes de ambas estructuras por delitos como concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

En su mensaje, el presidente resumió el propósito de la medida con una advertencia dirigida a quienes permanecen privados de la libertad: “La orden presidencial es clara: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen”.

De la Espriella cerró su publicación con una frase que resume el enfoque que quiere darle a su política penitenciaria: “Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes”.

Y añadió: “Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen”.

Este acto de violencia fue atribuido de forma extraoficial al Frente Jerónimo Galeano, facción disidente de la antigua guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), aunque la información está en proceso de verificación por parte de las autoridades, que adelantan investigaciones para esclarecer lo sucedido y confirmar la identidad de los responsables. Por ahora, no se ha emitido un informe oficial definitivo que confirme la autoría de los hechos.

El alcalde Juan Camilo Hueje, tras lo ocurrido, envió un mensaje de tranquilidad a la comunidad y afirmó que tanto él como su equipo y el esquema de seguridad se encuentran en buen estado. En su declaración, Hueje detalló que el ataque tuvo lugar durante la inauguración del puente, una obra que beneficiará a 35 familias de Esmeralda Alta. Manifestó su rechazo a cualquier acto de intimidación o violencia y expresó su confianza en el trabajo de las autoridades para esclarecimiento del caso.

La reacción ante la situación no se hizo esperar desde distintos sectores. El exsenador Óscar Barreto Quiroga se pronunció para advertir sobre el deterioro de la seguridad en el sur del Tolima. Barreto pidió al Gobierno Nacional aumentar la presencia de la Fuerza Pública en la zona e incluso sugirió considerar el regreso del Batallón que operaba anteriormente en Planadas. Por su parte, el Partido Conservador Colombiano emitió un comunicado rechazando el episodio de intimidación y solicitó medidas urgentes para proteger al alcalde, su equipo y su familia.

Mientras las autoridades continúan adelantando las verificaciones necesarias para identificar a los responsables y tomar las medidas correspondientes, el caso ha reavivado el debate sobre las condiciones de seguridad en esta zona del país y la necesidad de reforzar la protección de los funcionarios públicos.

¿Qué pasó con el esquema de seguridad del alcalde de Planadas durante la inauguración del puente?

De acuerdo con la información entregada, el esquema de seguridad del alcalde Juan Camilo Hueje fue abordado por hombres armados durante la inauguración de un puente en la vereda Esmeralda Alta. Los sujetos desarmaron e intimidaron a los escoltas y se retiraron llevándose las armas de dotación. Ningún miembro del equipo de seguridad ni del grupo que acompañaba al alcalde resultó herido.

¿Quiénes serían los responsables del ataque armado en Planadas, Tolima?

Según versiones preliminares recogidas en el informe, la autoría del hecho se atribuyó al Frente Jerónimo Galeano, disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, las autoridades aún realizan investigaciones para verificar si efectivamente este grupo armado estuvo involucrado en el ataque.

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Entre los sectores de Cali que tendrán cortes programados de agua se encuentran, según el boletín de Emcali, el barrio Siloé, específicamente en la calle 8 Oeste # 44-08 y la calle 6 Oeste # 46-38. Así mismo, se adelantarán trabajos especiales en varios puntos de la ciudad: en Ciudad Modelo, en la carrera 41 B con 31 A, se realizará el cambio de una válvula en la unidad deportiva; en Siloé, sector La Playita, calle 13 Oeste con 52, se procederá a la reparación de una instalación dañada; y en Ciudad Capri, en la calle 10 Bis con carrera 72, se atenderá una zona afectada por un movimiento telúrico reciente.

Otros barrios que serán objeto de intervenciones técnicas son Las Ceibas, donde en la carrera 8 con calle 62 se continuará con la reparación de una tubería de gran diámetro, un trabajo crucial que busca restablecer el flujo de agua normal en ese sector. En Los Libertadores, carrera 21 A con calle 2 A Oeste, también se efectuarán trabajos de mantenimiento, al igual que en Nueva Floresta, en la calle 70 con carrera 24 B, donde grupos operativos trabajan en la reparación de otra tubería de mayor tamaño. Finalmente, en Santa Mónica Residencial, en la calle 29 con avenida 6 A, también se realizarán ajustes en la red.

De acuerdo con la información proporcionada por Emcali y replicada por el noticiero 90 Minutos, estas intervenciones forman parte de los esfuerzos de mantenimiento necesarios para garantizar la continuidad y calidad del suministro de agua y energía en Cali. Dada la posibilidad de interrupciones temporales, el llamado a la comunidad es a tomar las previsiones del caso para mitigar los efectos de los trabajos programados en los servicios públicos.

¿Cuáles son los barrios de Cali que estarán sin agua este martes, según Emcali?

De acuerdo con Emcali, los barrios Siloé, Ciudad Modelo, Siloé sector La Playita, Ciudad Capri, Las Ceibas, Los Libertadores, Nueva Floresta y Santa Mónica Residencial tendrán interrupciones programadas en el servicio de agua debido a trabajos de reparación y mantenimiento en sus redes de acueducto.

¿Por qué se están haciendo estos trabajos de mantenimiento en Cali y qué recomienda Emcali a la comunidad?

Según la información entregada por Emcali, estos trabajos buscan reparar daños, cambiar válvulas y atender afectaciones por movimientos telúricos para asegurar el funcionamiento adecuado de las redes de agua y energía. La empresa recomienda a los residentes abastecerse de agua suficiente para cubrir necesidades básicas mientras se realizan los arreglos.

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La compañía cuenta con cuatro contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH): CR2, CR3, CR4 y La Loma, que hacen parte de una estrategia para ampliar las reservas de petróleo y gas del país, detalla Portafolio.

Según Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, Drummond podría comenzar las perforaciones en aproximadamente un año, siempre que existan las condiciones necesarias, añade ese diario.

Los contratos CR2 y CR3, firmados en 2016, permanecen en fase de exploración y están suspendidos, mientras que CR4 se encuentra en fase cero, destaca ese medio.

El proyecto estaría relacionado con la formación La Luna y requeriría una campaña inicial de entre 10 y 12 pozos para evaluar la productividad, definir el espaciamiento entre perforaciones y establecer la longitud adecuada de las fracturas.

Esto permitiría reducir los riesgos geológicos y determinar la viabilidad económica del desarrollo.

Campetrol considera que Colombia ya cuenta con suficiente experiencia técnica para avanzar hacia una etapa temprana de desarrollo, aprovechando aprendizajes de Estados Unidos y Argentina.

También plantea que Ecopetrol reactive a profesionales con experiencia en proyectos de hidrocarburos no convencionales para apoyar estas operaciones.

Testigos y vecinos auxiliaron a Rojas Monzón y, ante la gravedad de las lesiones sufridas, decidieron trasladarlo rápidamente en un taxi hasta una clínica de Girardot, Cundinamarca. Pese a los esfuerzos de los médicos y al tratamiento recibido en el centro asistencial, Juan David no logró superar las heridas, y se confirmó su fallecimiento en la institución de salud.

Después de los hechos, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación acudieron tanto al lugar del ataque como a la clínica. Su objetivo principal fue adelantar los primeros actos urgentes y dar inicio a las respectivas investigaciones judiciales, con el fin de esclarecer los hechos, determinar posibles móviles detrás del homicidio e identificar a los autores materiales.

El caso adquiere mayor relevancia, de acuerdo con información preliminar, porque Juan David Rojas Monzón era hermano de Juan Carlos Rojas Monzón, quien también fue víctima de un homicidio en enero de 2026 en la zona Rosa de Girardot. Sin embargo, las autoridades han sido enfáticas en precisar que, por el momento, no existe evidencia que relacione ambos crímenes, por lo que continúan analizando los detalles de cada caso por separado.

Familiares y amigos de ‘Morocho’ expresaron su pesar ante la trágica pérdida, mientras esperan que las autoridades avancen en las investigaciones y logren esclarecer tanto este homicidio como el ocurrido meses atrás en esa misma familia, según reportó El Nuevo Día.

¿Por qué mataron a Juan David Rojas Monzón en Flandes, Tolima?

Hasta el momento, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía adelantan investigaciones para establecer los motivos detrás del crimen de Juan David Rojas Monzón. Las autoridades aún no han confirmado cuál fue la causa específica del ataque ni han identificado a los responsables.

¿El asesinato de Juan David Rojas Monzón está relacionado con el de su hermano en Girardot?

De acuerdo con la información preliminar, Juan David era hermano de Juan Carlos Rojas Monzón, asesinado meses atrás en Girardot. Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado que ambos casos estén conectados y las investigaciones se mantienen abiertas para esclarecer cualquier posible vínculo.

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La posición quedó consignada en la sentencia STC13455-2026, a partir del caso de dos niñas que durante años permanecieron sin poder ver a su madre, pese a que una investigación de la Fiscalía descartó las acusaciones formuladas contra ella y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) había ordenado en varias oportunidades restablecer el vínculo familiar.

El caso adquiere especial relevancia para las familias porque la Corte dejó claro que una disputa entre los padres no puede convertirse en una razón para bloquear indefinidamente la relación de los hijos con alguno de ellos.

Según la información sobre la decisión, el padre continuó impidiendo las visitas y la comunicación entre las menores y su madre, incluso después de las actuaciones institucionales encaminadas a recuperar el contacto. También publicó contenido ofensivo contra ella en redes sociales.

Para la Corte, cuando esta conducta se presenta de manera reiterada e injustificada, sus efectos van más allá del conflicto entre los adultos. El alto tribunal advirtió que este tipo de actuaciones puede afectar el bienestar emocional, el desarrollo y la salud mental de los menores, por lo que las autoridades tienen el deber de intervenir oportunamente para proteger sus derechos.

Esto no significa que cualquier desacuerdo sobre visitas o custodia sea automáticamente considerado violencia intrafamiliar. La propia decisión, según la información suministrada, exige que la denominada obstrucción parental del vínculo filial pueda demostrarse mediante hechos verificables. Entre esos elementos aparecen, por ejemplo, el aislamiento injustificado del menor y el incumplimiento reiterado de órdenes judiciales.

Si un padre o una madre tiene establecido un régimen de visitas y, sin una razón relacionada con la seguridad o el bienestar del niño, comienza a impedir sistemáticamente los encuentros, bloquea las comunicaciones y desobedece las decisiones de las autoridades que ordenan restablecer el contacto, la situación puede dejar de ser considerada simplemente una disputa de pareja. Ese comportamiento reiterado puede ser analizado como una afectación directa de los derechos del menor.

La clave está, por tanto, en que no se trata simplemente de que uno de los padres diga que el otro está interfiriendo. La conducta debe sustentarse en circunstancias y hechos que puedan ser comprobados dentro del proceso.

En el proceso analizado, la Corte Suprema dejó sin efectos una decisión del Juzgado Tercero de Familia de Barranquilla, al considerar que no había valorado adecuadamente la gravedad de los hechos.

El alto tribunal ordenó emitir un nuevo fallo que reconozca la conducta como violencia intrafamiliar y adopte medidas efectivas para restablecer el contacto entre las niñas y su madre.

La decisión también confirmó las sanciones que habían sido impuestas por autoridades de Bogotá al padre por incumplir las medidas de protección. Estas incluyen arrestos de hasta 45 días y multas económicas.

Este punto es especialmente importante: las sanciones mencionadas corresponden al caso analizado y no significan que automáticamente cualquier padre que incumpla una visita vaya a recibir 45 días de arresto. La consecuencia depende de las circunstancias concretas, las órdenes existentes y las decisiones de las autoridades competentes.

El caso tuvo además un componente digital. La Corte respaldó que las autoridades calificaran parte del comportamiento como violencia digital, debido a la difusión de publicaciones denigrantes contra la madre en redes sociales.

Asimismo, la actuación fue considerada bajo la figura de violencia vicaria, al utilizar a las hijas como un mecanismo para provocar daño psicológico a la expareja. La combinación de estos elementos muestra que, para las autoridades, el conflicto no se limitó a la discusión sobre un régimen de visitas. El análisis involucró el impacto que las actuaciones de los adultos podían generar sobre las menores.

Jimmy Jiménez, abogado especialista en Derecho de Familia y fundador de la comunidad Educación Legal Abogados Colombia, destacó el alcance de la decisión. “Esta sentencia envía un mensaje muy claro: los hijos no pueden convertirse en un instrumento dentro de los conflictos entre sus padres.”

El abogado agregó que, cuando uno de los progenitores impide injustificadamente el contacto con el otro, “el principal afectado siempre será el niño o la niña” y señaló que la Corte reconoce que esta conducta puede trascender el ámbito de un problema familiar y requerir una respuesta de las autoridades.

La sentencia deja así un precedente relevante para jueces, comisarías de familia y demás autoridades que intervienen en disputas relacionadas con custodia, visitas y protección de niños, niñas y adolescentes.

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El mensaje central es que el vínculo entre un menor y sus padres no puede utilizarse como herramienta de presión dentro de una separación. Cuando existen restricciones reiteradas e injustificadas, las autoridades deberán valorar los hechos, proteger el interés superior del menor y adoptar medidas efectivas para evitar que el conflicto entre los adultos termine afectando al niño.

El hecho fue denunciado por el Partido Conservador Colombiano, colectividad a la que pertenece el mandatario municipal, que calificó la situación como una intimidación contra el funcionario y su esquema de seguridad.

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Según la información preliminar difundida por el partido, los hombres armados estarían relacionados con el Frente Jerónimo Galeano.

A través de su cuenta oficial de X, el Partido Conservador aseguró que los presuntos integrantes de las disidencias llegaron hasta el sitio donde se desarrollaba el evento y sometieron a los integrantes del esquema de seguridad del alcalde.

“Rechazamos y condenamos la intimidación de la que fue víctima el alcalde de nuestra colectividad en el municipio de Planadas, Tolima, Juan Camilo Hueje, mientras inauguraba la construcción de un puente vehicular en la vereda La Esmeralda”, manifestó la colectividad.

De acuerdo con la denuncia, los hombres armados habrían desarmado a los escoltas, los obligaron a permanecer en el suelo y los amenazaron con armas de fuego.

La colectividad expresó su preocupación por la situación de seguridad en el sur del Tolima y pidió a las autoridades adoptar medidas para proteger al alcalde, su familia y los funcionarios que hacen parte de su administración.

“¡No podemos permitir que los violentos impongan su ley en nuestros territorios! La seguridad de nuestros alcaldes y comunidades debe ser una prioridad”, señaló el Partido Conservador.

Después de que se conociera la denuncia, Juan Camilo Hueje utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a las personas que habían manifestado preocupación por su estado de salud.

El mandatario aseguró que se encuentra bien, al igual que los integrantes de su esquema de seguridad y su equipo de trabajo.

“Las dificultades no pueden hacernos perder el rumbo ni la razón por la que decidimos trabajar por Planadas”, expresó Hueje.

El alcalde también rechazó cualquier acto de violencia o intimidación y manifestó su confianza en que las autoridades adelanten las investigaciones correspondientes.

“Rechazo cualquier acto de intimidación o violencia y confío en las autoridades para esclarecer estos hechos”, afirmó.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, también reaccionó a la situación y calificó lo ocurrido como un hecho “gravísimo e inaceptable”.

Rechazamos y condenamos la intimidación de la que fue víctima el alcalde de nuestra colectividad en el municipio de Planadas, Tolima, Juan Camilo Hueje, mientras inauguraba la construcción de un puente vehicular en la vereda La Esmeralda.

Según información preliminar, hombres…

— Partido Conservador (@soyconservador) August 25, 2026

La mandataria departamental manifestó su solidaridad con Hueje y con los integrantes de su administración, al tiempo que advirtió que este tipo de situaciones no pueden convertirse en hechos normales en los municipios del departamento.

“Estos hechos no pueden normalizarse ni quedar sin respuesta”, señaló Matiz.

La gobernadora aseguró que, una vez tuvo conocimiento de la situación, informó al Ministerio de Defensa y solicitó que se implementaran las medidas necesarias para garantizar la seguridad del alcalde y reforzar la presencia de la Fuerza Pública en esta zona del sur del Tolima.

“Frente a los violentos no podemos retroceder. El Estado tiene que estar presente y nuestras instituciones no pueden quedar a merced de quienes pretenden sembrar miedo y controlar nuestros territorios”, afirmó.

La senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia se sumó a las voces de rechazo y aseguró que lo ocurrido en Planadas debe ser entendido como una señal de la situación de seguridad que atraviesa esta zona del departamento.

Valencia sostuvo que el episodio “no es un hecho aislado” y lo relacionó con un supuesto escenario de control territorial por parte de grupos armados ilegales en el sur del Tolima.

La congresista pidió medidas inmediatas para garantizar la seguridad del alcalde, sus familiares y los integrantes de su equipo de trabajo. “¡Basta de que los criminales impongan su ley!”, manifestó.

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Por ahora, las autoridades deberán establecer quiénes fueron los responsables de la intimidación, qué grupo armado estaría detrás del hecho y cuáles fueron las circunstancias exactas en las que ocurrió.

La denuncia también vuelve a poner sobre la mesa la situación de seguridad de los funcionarios públicos y las comunidades ubicadas en zonas rurales del sur del Tolima, donde las autoridades buscan fortalecer la presencia institucional.

El restablecimiento de la conectividad también implica que LATAM retomará el transporte tanto de pasajeros como de carga hacia y desde Pereira, además de reanudar las conexiones de la ciudad con otros destinos, tanto dentro de Colombia como a nivel internacional, a través de su red. Para fortalecer la oferta de transporte en el Eje Cafetero durante la recuperación de Matecaña, la aerolínea ha decidido mantener dos vuelos diarios adicionales desde Armenia, permitiendo que esta ciudad cuente con tres frecuencias diarias en total.

En materia tarifaria, LATAM mantendrá topes temporales en los precios de los tiquetes por trayecto para facilitar la movilidad de quienes necesitan viajar hacia Pereira o Armenia durante la emergencia. El tope para la ruta hacia Pereira será de 228.000 pesos y para Armenia de 234.000 pesos, sin incluir tasas e impuestos, como fue informado por la compañía.

La reactivación de los vuelos también es relevante para el transporte de insumos y ayuda humanitaria relacionados con las necesidades derivadas del terremoto. LATAM puso a disposición su programa Avión Solidario para movilizar ayudas en coordinación con autoridades y organizaciones que gestionan la emergencia, según explicó Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia. Zarante afirmó que la compañía continuará apoyando a las comunidades afectadas por el sismo, no solo mediante el transporte aéreo sino a través de iniciativas solidarias.

Como parte de las medidas adoptadas, la compañía extendió la flexibilidad en cambios para los pasajeros con vuelos entre el 10 y el 31 de agosto de 2026 desde o hacia Pereira, Cali y Armenia. Es posible modificar la fecha o el itinerario sin costo, solicitar reembolso o cambiar la ruta, sujeto a la disponibilidad de sillas. Los cambios podrán hacerse hasta por un año desde la reprogramación, buscando minimizar el impacto en los viajeros afectados.

Finalmente, LATAM recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos en la sección “Mis Viajes” de su web o mediante su aplicación oficial antes de presentarse en el aeropuerto y mantenerse atentos a la comunicación oficial de la aerolínea.

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¿Cuándo reanuda LATAM Airlines Colombia sus vuelos hacia Pereira tras el terremoto?

LATAM Airlines Colombia reiniciará sus vuelos hacia Pereira el 26 de agosto, luego de que el Aeropuerto Internacional Matecaña reabra tras el cierre temporal causado por el terremoto del 10 de agosto. Inicialmente, la aerolínea ofrecerá tres frecuencias diarias hacia Pereira, con la posibilidad de ampliar la oferta cuando el aeropuerto recupere su capacidad total.

¿Qué facilidades ofrece LATAM a pasajeros afectados por el cierre de Matecaña en agosto de 2026?

LATAM Airlines Colombia brindará opciones de cambio de fecha, itinerario o ruta sin costo adicional para pasajeros con vuelos programados entre el 10 y el 31 de agosto de 2026 desde o hacia Pereira, Cali y Armenia. Además, es posible solicitar la devolución del dinero sin penalización, siempre que se respeten las condiciones descritas por la compañía.

La evaluación de las condiciones de cada inmueble será la prioridad en las primeras acciones del plan. Con ello, las familias participantes podrán involucrarse directamente en las labores de reparación o reconstrucción de sus viviendas, siempre acompañadas bajo los lineamientos oficiales. Esta modalidad busca que las soluciones respondan a las realidades específicas de quienes se vieron afectados por el sismo registrado el 10 de octubre en la región.

En cuanto a la recuperación económica de los hogares, el presidente de la Espriella destacó que las familias que perdieron su vivienda o que no la pueden habitar recibirán un apoyo mensual de $875.452 durante tres meses. Está previsto que el primer desembolso se realice el 26 de agosto, sumando un total de $2.626.356 por núcleo familiar en el periodo establecido. El Gobierno aclaró que los recursos serán entregados directamente mediante un operador logístico o una entidad bancaria.

En el marco de esta estrategia integral, se presentó el ‘Fondo Milagro’. De acuerdo con el anuncio, este fondo reunirá alrededor de $30 billones provenientes tanto de recursos públicos como privados, y estará bajo la gerencia de Jaime Uribe. Su función será administrar, vigilar y coordinar la ejecución de las inversiones destinadas a la reconstrucción, haciendo especial énfasis en la transparencia, la eficacia y el control detallado del uso de cada peso invertido.

La participación del sector privado quedó ratificada con la organización de una cumbre empresarial, prevista para el 7 de septiembre en Quibdó. Según el Ejecutivo, allí se definirán nuevas acciones y se incorporarán recursos adicionales para fomentar la recuperación del Chocó. Este encuentro espera articular los esfuerzos en infraestructuras, ayudas económicas y aportes materiales bajo el esquema del ‘Fondo Milagro’.

Con estas acciones, y especialmente con el seguimiento riguroso a las intervenciones y la priorización de las necesidades detectadas en las zonas más afectadas, el Gobierno apuesta por una reconstrucción que combine rapidez, control y un alto nivel de transparencia.

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¿Cuándo recibirán las familias del Chocó el apoyo económico anunciado por el Gobierno?

Según lo informado por el Gobierno desde Quibdó, el primer desembolso del apoyo económico, consistente en $875.452 mensuales por familia durante tres meses, está programado para el 26 de agosto. Esta ayuda se entregará directamente a los hogares afectados por medio de un operador logístico o una entidad bancaria, sumando un total de $2.626.356 por hogar durante el periodo estipulado.

¿Qué es el ‘Fondo Milagro’ y cómo funcionará en la reconstrucción del Chocó?

El ‘Fondo Milagro’ fue creado para administrar los recursos públicos y privados destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Chocó. Bajo la coordinación de Jaime Uribe, este fondo manejará inversiones cercanas a $30 billones, con el objetivo de ejecutar y supervisar las obras, garantizando transparencia y eficacia en el uso de los fondos para responder efectivamente a la emergencia.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) explicó que serán 94,01 kilómetros de vías habilitadas, operando desde las 6:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. El evento, bajo el lema "Paseo Bajo las Estrellas", busca promover la práctica deportiva y el esparcimiento nocturno en diferentes sectores de la ciudad. Además de los tradicionales recorridos, este año la oferta cultural se amplía gracias al Ciclopaseo Distritos Creativos, una novedad que resalta la vinculación de la bicicleta con el arte y la cultura urbana de Bogotá.

En la programación destaca un trayecto especial por la carrera Séptima, considerado uno de los corredores emblemáticos de la ciudad. El recorrido partirá desde la Plaza de Bolívar y llegará hasta la calle 60, con estaciones temáticas en puntos como el Parque Santander, la Plazoleta Bulevar de San Diego y el Parque de los Hippies, donde funcionará el CEFE MÓVIL. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, a lo largo de esta ruta se ofrecerán intervenciones performáticas, actividades de serigrafía y otras experiencias que buscan integrar a los asistentes dentro de los Distritos Creativos, fomentando entornos de experimentación y participación ciudadana.

Entre las vías contempladas por el IDRD para esta jornada figuran, además de la carrera Séptima, la calle 116, la avenida Boyacá y la avenida calle 26. Debido al cierre temporal de estos corredores viales, las autoridades recomiendan tener presentes las instrucciones para la movilidad y advertir a quienes necesiten desplazarse durante la tarde y noche. Para coordinar la seguridad y reaccionar ante cualquier emergencia, desde las 3:30 p. m. se instalará el Puesto de Mando Unificado (PMU) Distrital en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, donde se realizará el monitoreo de la jornada y la coordinación de las entidades comprometidas en el Sistema Distrital de Atención de Emergencias.

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¿Qué es la Ciclovía Nocturna de Bogotá y cuáles son las vías habilitadas para el evento?

La Ciclovía Nocturna de Bogotá es una iniciativa gratuita que permite recorrer de noche algunos de los corredores viales más importantes de la capital colombiana en bicicleta, patines, corriendo o caminando. Para esta edición, el IDRD ha confirmado un total de 94,01 kilómetros habilitados, entre los que se encuentran la carrera Séptima, la calle 116, la avenida Boyacá y la avenida calle 26.

¿Cómo funcionará el Ciclopaseo Distritos Creativos y qué actividades culturales incluye?

El Ciclopaseo Distritos Creativos es un recorrido especial sobre la carrera Séptima, desde la Plaza de Bolívar hasta la calle 60, incorporando paradas temáticas en puntos estratégicos como el Parque Santander, la Plazoleta Bulevar de San Diego y el Parque de los Hippies. Este paseo incluirá actividades de arte, intervenciones performáticas, estaciones de serigrafía y otras experiencias culturales, fortaleciendo el encuentro entre la movilidad sostenible y el arte urbano de Bogotá.

En esa ciudad del Valle del Cauca, la tragedia golpeó con fuerza a barrios vulnerables como El Campín. Allí, Noticias Caracol registró el caso de Tatiana, una madre cabeza de hogar que sobrevivió junto a su hijo menor, Sebastián, al desplome de su vivienda en medio del sismo. La casa, construida en madera, se vino abajo instantes después de que ella lograra sacar a su pequeño. Tatiana contó que se encontraba en el baño cuando empezaron los temblores; al escuchar el estruendo, subió por su hijo y juntos se refugiaron entre las matas de banano, implorando porque todo se detuviera.

En medio del miedo y la incertidumbre, ella recuerda que pensó que era el fin del mundo y destacó la reacción solidaria de sus vecinos, quienes corrieron a buscarla tras el movimiento telúrico. A dos semanas del desastre, Tatiana expresó su gratitud por la entrega expedita de una casa prefabricada, proporcionada por el gobierno. Admitió que nunca habría imaginado que la ayuda llegaría tan pronto ni que serían de los primeros beneficiarios. Para Sebastián, la reconstrucción de su hogar significó también la posibilidad de reanudar sus clases, ahora de manera virtual debido a la emergencia.

Mirando la nueva vivienda, Tatiana reflexiona sobre el valor de la solidaridad y anhela que el dolor de la tragedia quede atrás: espera, según sus palabras, “ya no llorar más, sino de felicidad”, agradecida con quienes le han tendido la mano para empezar de nuevo tras la catástrofe.

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¿Cuánto es el subsidio de arriendo para las familias afectadas por el terremoto en Colombia?

Las familias afectadas por el terremoto recibirán un subsidio de arriendo de 875.452 pesos mensuales durante tres meses, lo cual equivale a un total de 2.626.356 pesos. Para quienes residen en Buenaventura, el subsidio será de 1.050.000 pesos por el mismo periodo, sumando 3.150.000 pesos en total, de acuerdo con Noticias Caracol.

¿Cómo se vive la reconstrucción tras el terremoto en barrios como El Campín, en Buenaventura?

En barrios como El Campín, el proceso de reconstrucción se vive en medio de testimonios de resiliencia y gratitud. Familias como la de Tatiana, que perdió su casa durante el sismo, ya reciben viviendas prefabricadas del gobierno, lo que les permite recuperar en parte la tranquilidad y estabilidad perdida. El apoyo estatal y la solidaridad de la comunidad han sido claves para comenzar de nuevo tras la emergencia, según relata Noticias Caracol.

La entidad advierte que dos sistemas atmosféricos, identificados como onda tropical número 40 y número 41, serán los principales responsables de este comportamiento. Según informó Noticias Caracol con base en informes del Ideam, la onda tropical número 40 ya actúa sobre el país y provocará lluvias intensas entre el 24 y el 25 de agosto en Córdoba, Urabá, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Meta, Caquetá y Putumayo. Además, la vigilancia permanece sobre la onda número 41, que podría entrar hacia el final de la semana e incrementar nuevamente las precipitaciones en departamentos del Caribe, como La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba, así como en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El Ideam explica que las ondas tropicales son perturbaciones que se desplazan desde el océano Atlántico hacia el Caribe, y suelen estar asociadas a lluvias fuertes, descargas eléctricas y ráfagas de viento. Día a día, el pronóstico indica lluvias intensas en el litoral Pacífico, Chocó, Antioquia y Córdoba para el lunes. El martes, el centro y norte del país verán nuevas precipitaciones, con acumulados significativos en el Pacífico y Antioquia. Los días miércoles y jueves se prevé que las lluvias disminuyan en la Amazonia y la Orinoquia, pero persistan en el Pacífico, mientras se anuncian vientos fuertes en La Guajira y bajas temperaturas en Boyacá y Cundinamarca.

El Ideam llama la atención sobre riesgos adicionales a las lluvias, como vientos que podrían alcanzar los 37 kilómetros por hora y oleaje de hasta tres metros en el mar Caribe occidental. Hay especial vigilancia sobre los ríos Atrato y San Juan en Chocó, ante posibles incrementos en sus caudales. No obstante, mientras algunas regiones enfrentarán lluvias, otras mantendrán tiempo seco con riesgo de incendios, como varias zonas del Caribe y la Orinoquia. Ante este panorama cambiante, la recomendación oficial es atender los reportes de las autoridades, sobre todo en departamentos con historial de inundaciones y deslizamientos.

¿En qué regiones de Colombia habrá más lluvias por el paso de las ondas tropicales?

Según reportes del Ideam y Noticias Caracol, las lluvias más intensas se esperan en la región Pacífica, Chocó, Antioquia y el occidente colombiano. También se prevé un incremento de precipitaciones en departamentos como Córdoba, Cauca, Valle del Cauca, así como en sectores del Caribe y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina debido al ingreso de las ondas tropicales 40 y 41.

¿Qué recomendaciones da el Ideam ante el aumento de lluvias y riesgos meteorológicos?

El Ideam aconseja mantenerse atento a los reportes oficiales y tener especial precaución en zonas con antecedentes de inundaciones o deslizamientos. Además de las lluvias, se advierte sobre vientos fuertes, oleaje alto y el posible aumento en los niveles de ríos como el Atrato y San Juan. También se recuerda que varias regiones pueden estar en riesgo de incendios, lo que requiere vigilancia constante.

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(Vea también: Nuevo temblor sacudió a Chocó: sismo de 4,1 tuvo epicentro donde fue el terremoto)

Según el Boletín Actualizado 1, el evento ocurrió a las 4:28 a. m., tuvo una magnitud de 3.7 y fue localizado en Dabeiba. El reporte técnico señala además que presentó una profundidad superficial.

Por ahora, el reporte del SGC no incluye información sobre daños materiales o personas afectadas por el movimiento telúrico.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-25, 04:28 hora local Magnitud 3.7. Profundidad superficial, Dabeiba – Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/OsZaIRg4ZB

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 25, 2026

¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 3.7?

Aunque el epicentro fue ubicado en Dabeiba, Antioquia, el movimiento también fue percibido en otras zonas del país. Entre los primeros reportes ciudadanos aparecen Medellín, Cali y Buga, Valle del Cauca.

Desde Medellín, usuarios señalaron haber sentido el sismo durante la madrugada. En Buga, una persona aseguró que el movimiento se percibió hasta esa zona y cuestionó el tiempo que tardan en llegar algunas alertas: “Desde Buga, Valle del Cauca, reportando que se sintió hasta acá, las alarmas llegan mucho después”.

Entre las reacciones de quienes percibieron el movimiento también apareció una descripción llamativa sobre la intensidad con la que fue experimentado: “Sentí que rugió la tierra”, escribió un usuario al referirse al temblor.

“Me acabo de despertar por ello, ¡qué horror!”, comentó una usuaria, mientras otro reporte confirmó que el movimiento se sintió en la capital del Valle del Cauca.

Los reportes ciudadanos continúan permitiendo establecer el alcance de la percepción del sismo, mientras el Servicio Geológico Colombiano actualiza la información disponible sobre el evento.

(Vea también: Partido Conservador denuncia ataque armado contra el alcalde de Planadas, Tolima, durante inauguración de obra rural)

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían disparado contra el vehículo en el que viajaban Barros y su acompañante. Pese al ataque, ambas mujeres resultaron ilesas.

El hecho provocó preocupación entre dirigentes políticos y representantes de sectores sociales del Magdalena, quienes rechazaron lo ocurrido y pidieron esclarecer las circunstancias del ataque.

Barros salió ilesa y el caso quedó en conocimiento de las autoridades, que deberán establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque y avanzar en la identificación de los responsables.

Naylea Barros pertenece al Pacto Histórico

Barros fue candidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en el Magdalena y ha desarrollado actividades como periodista y comunicadora en Santa Marta.

En 2023, Caracol Radio informó sobre un episodio en el que Barros, quien entonces se desempeñaba como periodista del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, denunció una agresión durante la cobertura de unas protestas. En ese caso, la Fiscalía del Magdalena confirmó que un uniformado fue apartado de sus funciones mientras avanzaba un proceso disciplinario.

En las elecciones legislativas, Barros hizo parte de la lista del Pacto Histórico para la Cámara por el Magdalena. Los resultados publicados por Caracol Elecciones registran su candidatura dentro de esa colectividad.

Rechazo político al ataque en Santa Marta

Después de conocerse el atentado, diferentes dirigentes y representantes de sectores sociales expresaron solidaridad con Barros y su familia. Entre ellos estuvieron integrantes del Pacto Histórico, quienes pidieron esclarecer el caso y establecer quiénes fueron los responsables.

Por ahora, uno de los principales interrogantes es el motivo del ataque. No existe información pública que permita atribuirlo a una organización específica, por lo que las circunstancias deberán ser determinadas por las autoridades a partir de la investigación.

(Vea también: Chocó enfrenta una reconstrucción histórica: terremoto dejó daños por más de $ 4 billones)

De acuerdo con boletín de la citada entidad, el evento fue registrado a las 12:49 a. m., tuvo una magnitud de 3.1 y presentó una profundidad superficial de 39 kilómetros.

El reporte hace parte del seguimiento que adelanta el SGC sobre los movimientos telúricos registrados en territorio colombiano. Por ahora, el boletín no señala afectaciones asociadas al evento.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-25, 00:49 hora local Magnitud 3.1. Profundidad 39 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/GvG7VT21Ep

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 25, 2026

Reacciones al temblor de magnitud 3.1 en Chocó este martes 25 de agosto

El movimiento fue percibido por algunas personas en distintos lugares. En redes sociales, varios usuarios contaron cómo experimentaron el sismo registrado durante la madrugada.

“Me despertó y entré a revisar si era verdad o de pronto estaba soñando”, comentó una persona a la publicación en X del SGC, luego de percibir el movimiento.

Desde Cali, otro usuario relató: “Se sintió, pensé que era psicosis mía porque ya estaba por dormir, así que miré la hora y esperé a que saliera algún reporte y vea pues, acá estamos”.

“Entonces no me imaginé que mi cama se movió”, escribió otro usuario al reaccionar al reporte publicado. Entre las preguntas que surgieron también está la frecuencia de los movimientos registrados en la zona de Istmina, Chocó.

Un usuario preguntó si es normal que se presenten varios sismos en un mismo punto durante días consecutivos y planteó dudas sobre si estos movimientos corresponden a réplicas.

¿Cómo informar al SGC si sintió el temblor?

Quienes hayan percibido el movimiento pueden ingresar a Sismo Sentido y diligenciar el formulario dispuesto por el Servicio Geológico Colombiano.

El reporte permite aportar información sobre la percepción del sismo desde diferentes lugares del país y contribuye al análisis de la intensidad con la que fue experimentado.

(Vea también: Incendios forestales en Tolima aumentan rápidamente y ponen en alerta a 13 municipios según balance oficial)

De acuerdo con el reporte divulgado por la entidad, este lunes 24 de agosto, el periodo de mayor atención se concentrará entre la noche de este lunes y la madrugada del martes 25.

Seguimiento ondas tropicales 23 de agosto pic.twitter.com/NgQZkqogSY

— Ideam Colombia (@IDEAMColombia) August 23, 2026

¿Cuáles son las regiones de Colombia con mayor probabilidad de lluvias?

El pronóstico del Ideam señala que las precipitaciones más importantes podrían concentrarse en el sur del Caribe, especialmente en sectores de Bolívar, Sucre y Córdoba, además de la subregión del Urabá, según recogió El Tiempo.

En la región Andina, la entidad contempla lluvias en Antioquia, Santander y el norte de Norte de Santander. También aparecen dentro de las zonas bajo atención sectores de Meta, Caquetá y Putumayo.

La situación requiere especial vigilancia en el litoral Pacífico, principalmente en Chocó, Valle del Cauca y Cauca, donde la persistencia de las precipitaciones podría provocar un incremento en los niveles de algunos ríos.

Se esperan precipitaciones 🌧️ y condiciones nubladas ☁️ en gran parte del norte y occidente del Pacífico, así como en zonas del norte de la región Andina, norte de la Amazonía y sur de la Orinoquía.

🌴 REGIÓN CARIBE:
Predominarán las condiciones secas y con escasa nubosidad ☀️.… pic.twitter.com/UgngLZ9V0z

— Ideam Colombia (@IDEAMColombia) August 24, 2026

Luego de catorce días del desastre, la administración retiró las obras en exhibición para protegerlas y ha iniciado la búsqueda de alternativas para descentralizar los talleres pedagógicos. Medina explicó que, aunque la estructura principal está estable, la afectación en salas, oficinas, baños y la cafetería es considerable, con destechamientos y muros seriamente comprometidos, especialmente en la sala dinámica, donde se desarrollan talleres creativos.

Sobre las colecciones y exposiciones, Medina indicó a El Diario que varias muestras resultaron impactadas. La sala -1, dedicada al artista Kamel Ilian, no presentó inconvenientes, pero la sala principal sí sufrió daños, por lo que fue necesario retirar y embalar las obras para su devolución a los artistas. La emergencia trastocó además el calendario de actividades previstas para la comunidad, pero desde la dirección aseguran que no se cancelarán de forma definitiva. El Museo mantiene convenios con entidades como Comfamiliar y la Secretaría de Educación, permitiendo la participación de unos 1.900 niños el último año en actividades artísticas, por lo que buscan descentralizar los talleres a espacios seguros mientras se recuperan las instalaciones.

Desde las redes sociales, la administración del Museo impulsa una campaña de apoyo y solidaridad para seguir fortaleciendo el sentido de pertenencia hacia este espacio cultural único en Pereira. El testimonio de Érika Gaspar, colaboradora del Museo, revela la angustia vivida durante el sismo, evidenciando la gravedad del momento y el impacto emocional en quienes allí trabajan.

No obstante la adversidad, el Museo sostiene la esperanza de reactivarse pronto y continuar eventos emblemáticos como el reconocido Festival Gastronómico, que durante 23 ediciones ha reunido a miles de personas en torno a la gastronomía y la música.

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¿Qué daños sufrió el Museo de Arte de Pereira tras el terremoto de acuerdo con la directora administrativa?

Según la directora Janeth Medina, los daños más graves se produjeron en la mampostería interna, presentándose grietas profundas en salas, oficinas y la cafetería, además de un muro desplomado sobre el teatro y destechamientos. Las áreas más afectadas incluyen la sala dinámica y la sala 1, donde fue necesario retirar las obras de arte.

¿Se suspenderán definitivamente las actividades pedagógicas del Museo de Arte de Pereira?

De acuerdo con lo afirmado por la directora, aunque existe restricción de acceso y suspensión temporal de actividades presenciales debido al estado estructural, las actividades pedagógicas no se cancelan de manera definitiva. El Museo evalúa alternativas para realizar estos talleres de forma descentralizada en espacios seguros mientras se avanza en la recuperación de sus instalaciones.

(Vea también: Noche movida en Colombia: se presentaron 14 temblores y se sintieron en varias partes)

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.1 y ocurrió a una profundidad de 43 kilómetros. El epicentro fue ubicado en jurisdicción de Istmina, Chocó, según la información divulgada por la entidad.

El SGC indicó que el evento sísmico se produjo a las 11:00 p. m., hora local, como parte de su reporte actualizado sobre la actividad sísmica en Colombia.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-24, 23:00 hora local Magnitud 3.1. Profundidad 43 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/2h4b2zC44y

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 25, 2026

¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 3.1?

Aunque el epicentro estuvo ubicado en Istmina, Chocó, usuarios reportaron haber percibido el movimiento en diferentes zonas del país. Entre las reacciones conocidas aparecen Cali, Pereira, Manizales y Rionegro, Antioquia.

En Cali, una persona indicó que lo sintió en el sector del Ingenio, mientras que otro reporte señaló percepción del sismo en el sur de la ciudad. También hubo reportes desde Pereira, donde fue descrito como leve, y desde Manizales.

En Rionegro, Antioquia, igualmente se registró un reporte ciudadano de personas que aseguraron haber sentido el movimiento.

¿Cómo reportar un sismo en Colombia?

Las personas que hayan sentido un sismo en Colombia pueden reportarlo al Servicio Geológico Colombiano (SGC) mediante la plataforma Sismo Sentido. El formulario permite indicar el lugar donde se encontraba, la intensidad percibida y los efectos que observó en personas, objetos o construcciones.

Para enviar el reporte, se debe ingresar a la plataforma, seleccionar el movimiento que fue percibido y completar la información solicitada. Estos datos ayudan al SGC a establecer cómo se sintió el evento en diferentes zonas y a evaluar sus efectos.

También es posible consultar posteriormente los sismos sentidos y sus intensidades por departamento, municipio o centro poblado en las herramientas del SGC.

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La información, divulgada este lunes 24 de agosto, muestra un patrimonio superior a los $10.000 millones, además de varios registros que llamaron la atención, entre ellos la ausencia de propiedades e inversiones declaradas directamente a su nombre.

De acuerdo con el documento publicada por diferentes medios como El Tiempo, el mandatario reportó $10.272 millones en ingresos y rentas dentro de la categoría de “otros ingresos y rentas”. En cambio, no registró valores por salarios, arriendos u honorarios. La declaración también registra pasivos por $102,7 millones.

Abelardo de la Espriella no declaró bienes a su nombre

En la declaración divulgada al asumir la Presidencia, De la Espriella no reportó inmuebles, vehículos u otras propiedades patrimoniales directamente a su nombre. Tampoco registró inversiones en Colombia o en el exterior en el formulario de conflictos de interés.

La información adquiere especial interés porque La Silla Vacía aseguró haber identificado 19 propiedades en Colombia relacionadas con el mandatario, aunque estas figurarían a nombre de tres sociedades: De la Espriella Lawyers, Dominio La Espriella y Cosenza. Por eso, el hecho de que no aparezcan como propiedades personales en la declaración no equivale a afirmar que no existan bienes relacionados con esas empresas.

¿Qué declaró sobre su estado civil y conflictos de interés?

De acuerdo con Blu Radio, otro de los datos que llamó la atención está en el formulario de conflictos de interés. El mandatario marcó negativamente las casillas relacionadas con cónyuge o compañera permanente y tampoco reportó familiares o participaciones que pudieran representar un eventual conflicto con el ejercicio de sus funciones.

Caracol Radio destacó que el documento no registra una cónyuge o compañera permanente, mientras que otras publicaciones han señalado que De la Espriella está casado con Ana Lucía Pineda. La diferencia corresponde a lo consignado en el formulario oficial y no debe presentarse como una conclusión sobre su situación personal más allá de lo que dice el documento.

De la Espriella no habría puesto dinero propio en su campaña presidencial

Los documentos también incluyen una certificación relacionada con la campaña presidencial de Defensores de la Patria.

El contador Alfonso Soler Casteblanco certificó que durante la primera y segunda vuelta no se recibieron aportes a título de recursos propios, en dinero o en especie, del entonces candidato Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. El dato también aparece consignado en las informaciones revisadas por Caracol Radio, Blu Radio e Infobae.

La publicación de la información hace parte de las obligaciones de transparencia que tienen los funcionarios públicos. Desde 2019 existe la obligación de divulgar información patrimonial y de conflictos de interés para facilitar el control ciudadano.

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Los tres uniformados pertenecen al grupo investigativo contra el terrorismo de la Dijín. Desde entonces, sus familias permanecen en incertidumbre, sin pruebas de supervivencia ni información confirmada sobre su paradero.

Testimonio de la madre del policía secuestrado en Norte de Santander

En entrevista exclusiva con Canal 1 Noticias, Mary Luz González relató el dolor que enfrenta desde la desaparición de su hijo. La mujer, madre cabeza de hogar, atiende una pequeña cafetería en Boyacá, donde trabajadores, estudiantes, viajeros y policías recuerdan al mayor como un hombre comprometido con su labor.

“No hay palabras para expresar. Los días son largos, largos y las noches son eternas. Yo estoy mal y mi familia está lo mismo”, expresó.

La madre contó que se enteró del secuestro por las noticias y por una de sus hijas, pues nadie le informó directamente lo ocurrido. Debido a sus problemas de salud, la incertidumbre ha hecho aún más difícil sobrellevar la espera.

“Lo que nos mata es la incertidumbre”, aseguró.

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Un mensaje para los captores

Ante la falta de información sobre el estado de los uniformados, Mary Luz envió un mensaje a las personas que los mantienen retenidos.

La madre pidió que respeten la vida de su hijo y de los otros dos policías, y que permitan que regresen con sus familias lo antes posible.

“Mi hijo es un excelente ser humano. Él es el eje de la familia”, manifestó.

También les pidió a los captores que tengan en cuenta el dolor de las madres, hijos y demás familiares que esperan noticias de los uniformados.

“Te esperamos con los brazos abiertos”

A través de las cámaras de Canal 1 Noticias, Mary Luz le habló directamente a su hijo y le aseguró que su familia continúa esperándolo.

“Hijito mío de mi alma, tú sabes que te amo, te adoro, eres mi vida y te espero con los brazos abiertos. Tus hermanas, tu sobrina, Lorena, te amamos y te esperamos cuanto antes”, dijo.

La mujer también describió al mayor como una persona humilde, familiar y responsable. Su hermana destacó que durante sus 16 años de servicio en la Policía estuvo vinculado a labores de investigación contra el terrorismo.

“Es un gran ser humano, una persona muy humilde y muy familiar”, señaló.

Familias realizaron una velatón

Mientras continúa el cautiverio, familiares y habitantes de Chiquinquirá, Boyacá, realizaron una velatón y una movilización para pedir el regreso de los tres uniformados.

Con pancartas, globos, velas y oraciones, los asistentes elevaron un llamado por su liberación. Las súplicas también llegaron a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, donde los familiares pidieron que los policías puedan volver pronto a sus hogares.

“Hay familias que están sufriendo y no queremos más, ya los queremos acá con nosotros”, expresó uno de los participantes de la movilización.

Los familiares también enviaron un mensaje al presidente y al Gobierno nacional para que adelanten las acciones necesarias que permitan garantizar la libertad y la integridad de los secuestrados.

Once uniformados permanecen secuestrados

Según el informe presentado en la emisión, además de los tres integrantes de la Dijín, cinco miembros del Ejército y tres policías permanecen en cautiverio en distintos hechos registrados durante 2026.

Esto eleva a 11 el número de uniformados secuestrados este año, una situación que mantiene en alerta a las autoridades y genera preocupación entre sus familias.

Hasta el momento, no existe información confirmada sobre la situación de Freddy Alexis Russi González, Edinson Yesid Medina y Erika Tatiana Monroy Hurtado. Sus seres queridos continúan esperando una prueba de supervivencia y un pronunciamiento que permita conocer dónde se encuentran.

La espera continúa

Para Mary Luz, cada día sin noticias representa una nueva prueba. A pesar del cansancio y la angustia, asegura que conserva la fe y la esperanza de volver a abrazar a su hijo.

La familia insiste en que los tres uniformados deben ser liberados y que se respete su vida. Mientras tanto, las velas, las oraciones y los mensajes de sus seres queridos se mantienen como una expresión pública de resistencia y esperanza.