La nueva víctima mortal fue identificada como Ajay Bhathaga, un ciudadano británico de 50 años, oriundo de Londres y radicado desde hace décadas en los Estados Unidos. Bhathaga era un reconocido especialista en oncología, destacado profesionalmente por su labor en tratamientos contra el cáncer de próstata mediante terapias de radiación de baja dosis. El pasado domingo, el médico oncólogo se encontraba disfrutando de uno de los siete escenarios dispuestos en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, epicentro que congregó a más de 90.000 asistentes durante los dos días que duró el festival, de acuerdo con el periódico. 

En medio de la masiva aglomeración, el especialista de raíces asiáticas comenzó a presentar graves complicaciones de salud derivadas de una aparente sobredosis. Ante la emergencia, los equipos de asistencia trasladaron de urgencia al ciudadano inglés hacia la Clínica El Rosario, ubicada en el exclusivo sector de El Tesoro, donde ingresó directamente a la unidad de cuidados intensivos para recibir atención médica especializada. A pesar de los esfuerzos del personal asistencial por estabilizarlo, el médico permaneció internado durante varias horas hasta que se produjo su deceso entre las 5:00 y las 6:00 de la tarde del lunes 12 de octubre, según el rotativo. 

Los reportes preliminares entregados por las autoridades y los centros médico-legales revelaron que los exámenes toxicológicos practicados al oncólogo arrojaron resultados positivos para múltiples sustancias psicoactivas, destacando la presencia de cocaína, anfetaminas y alcohol en su organismo. Este trágico suceso se suma al de Ismael Gerardo Méndez Huertas, el joven costarricense de 23 años cuya muerte se registró en la madrugada del pasado sábado en el Hospital Pablo Tobón Uribe, tras ser evacuado del festival con fallas respiratorias agudas asociadas también a una sobredosis. La magnitud de ambas tragedias ha encendido las alarmas institucionales en Medellín sobre el control de sustancias y los riesgos asociados al consumo desmedido en macroeventos de entretenimiento global.

Según el relato compartido, el hurto se habría producido en el momento en que la mujer se disponía a descender del vehículo. En ese instante, otra mujer la sujetó con fuerza de los brazos, generando la confusión necesaria para que otras personas, aparentemente cómplices, aprovecharan y le sacaran del bolso el celular, junto con dinero en efectivo. Estos hechos habrían ocurrido en cuestión de segundos, evidenciando la organización de quienes participaron en el ilícito.

La situación de peligro no terminó ahí. De acuerdo con el testimonio recogido, una vez que los presuntos responsables bajaron de la buseta, la víctima intentó seguirlos, probablemente con la esperanza de recuperar sus objetos o de identificar a quienes la asaltaron. Sin embargo, recibió amenazas a distancia con un cuchillo, lo que disuadió cualquier intento de acercamiento y aumentó su estado de vulnerabilidad. La gravedad del episodio dejó a la mujer profundamente afectada, al punto de sentir temor de volver a salir de su casa.

El familiar de la afectada confirmó que ya se interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes. No obstante, la información disponible hasta el momento no precisa si existen personas identificadas, capturas o avances en la investigación de este caso. El desconocimiento de estos detalles refleja una sensación de incertidumbre e impotencia para las víctimas y sus allegados.

Este lamentable hecho se suma a las preocupaciones existentes sobre la seguridad en el transporte público. Se recomienda extremar las precauciones, mantener los bolsos cerrados y cerca del cuerpo y prestar atención al subir o bajar de las busetas. Además, ante una situación de riesgo, lo más importante es priorizar la seguridad personal y reportar todo hecho delictivo a las autoridades.

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¿Cómo denunciar un hurto en el transporte público en Ibagué?

Para denunciar un hurto en el transporte público en Ibagué, la víctima o sus familiares deben presentar la denuncia ante las autoridades competentes, como la Policía Nacional o la Fiscalía. De acuerdo con lo informado en este caso, corresponde a las autoridades iniciar la investigación a partir de la denuncia, aunque por ahora no hay detalles sobre identificaciones o capturas.

¿Qué medidas de seguridad se recomiendan en busetas de Ibagué?

Entre las recomendaciones de seguridad en busetas de Ibagué está mantener los bolsos cerrados y cerca del cuerpo, estar atentos al entorno en especial al momento de subir y bajar, y evitar confrontar a personas que podrían estar armadas. En situaciones de riesgo, la prioridad es la integridad personal y reportar los hechos a las autoridades de inmediato.

El decreto especifica que, si desde el inicio de una concentración se detecta el porte o uso de armas, explosivos, artefactos peligrosos, o si ocurren retenciones de personas contra su voluntad, agresiones físicas o daños a la infraestructura, la intervención de la Policía podrá darse sin agotar todos los niveles previos de actuación. En estos escenarios, la justificación debe ser objetiva y verificable, y la decisión debe quedar respaldada en el acta del Puesto de Mando Unificado (PMU). Esto se realiza sin menoscabo de las garantías para quienes participan de manera pacífica, enfatizando que la verificación de comportamientos debe ser concreta y focalizada, sin caer en generalizaciones sobre los convocantes, los discursos, los rostros cubiertos o el carácter mismo de la protesta.

El decreto también introduce el principio de equilibrio constitucional, orientado a salvaguardar la coexistencia entre el derecho a la protesta y derechos como la vida, la salud, la movilidad, la educación y la prestación de servicios públicos esenciales. Bajo esta premisa, las autoridades deben sopesar sus decisiones, evaluando cuándo las afectaciones a otros derechos resultan desproporcionadas o generan una imposibilidad para su ejercicio.

Además, la nueva normativa robustecerá la planeación de las movilizaciones. Alcaldías y gobernaciones deberán contar con un Plan de Manejo de Tránsito y Movilidad Alternativa, detallando rutas críticas, vías alternas y mecanismos de señalización para la comunidad. Estos planes se activarán automáticamente si se identifica una obstrucción vial, incluso sin anuncio previo.

Se crean los denominados corredores solidarios, cuyo objetivo es asegurar el tránsito de ambulancias, socorristas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad y el transporte de medicamentos y alimentos perecederos. Se suman medidas preventivas para proteger infraestructuras consideradas prioritarias, como hospitales, acueductos, servicios de energía y transporte público, así como la coordinación permanente de los Puestos de Mando Unificado antes, durante y después de las marchas.

El ministerio del interior tendrá un sistema de alertas tempranas para situaciones de conflictividad social, obligando a las autoridades a conformar mesas de diálogo en caso de alerta y a documentar los acuerdos en un sistema público. La normativa prohíbe emplear estas alertas para actividades de inteligencia contra manifestantes.

Este miércoles 14 de octubre, diferentes sectores sociales, entre ellos Fecode, centrales obreras y comunidades indígenas, se movilizarán rechazando anuncios gubernamentales sobre reformas laborales, pensionales y otros cambios económicos, evidenciando las tensiones que rodean la aplicación del nuevo decreto, de acuerdo con la información publicada en El Pilón.

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¿Cuáles son los cambios clave del decreto 1525 sobre el manejo de protestas en Colombia?

El decreto 1525 establece que la policía puede intervenir sin agotar todos los niveles de actuación cuando se presenten situaciones graves y verificables, como el uso de armas o daños a la infraestructura, siempre dejando constancia en el acta del Puesto de Mando Unificado. Además, refuerza la protección de derechos de quienes se manifiestan pacíficamente, exige planes de tránsito y movilidad por parte de las autoridades y crea corredores solidarios para garantizar el tránsito de servicios y grupos vulnerables.

¿Qué es el Puesto de Mando Unificado (PMU) en las marchas y cuál es su función según el nuevo decreto?

El Puesto de Mando Unificado, de acuerdo con la normativa, es una instancia que debe operar antes, durante y después de las manifestaciones. Coordina la respuesta institucional, documenta decisiones, verifica rutas de evacuación y corredores solidarios, y facilita la atención a heridos y personas detenidas. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo tienen acceso a las actas y bitácoras generadas por el PMU para asegurar la transparencia de las actuaciones.

El padre de la menor, Albeiro Páez, habló con Citytv este miércoles 14 de octubre sobre la notificación que recibió de las autoridades y el momento en que fue llamado para reconocer el cuerpo de su hija. Según su testimonio, la familia conoció la noticia hace aproximadamente ocho días, aunque el hallazgo se habría producido varios meses antes.

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“A nosotros nos notifican hace ocho días. Hace ocho días que me llamaron para reconocer el cuerpo de mi hija”, relató Páez al medio de comunicación.

De acuerdo con lo que conoce el padre de la adolescente, una persona que se encontraba en una zona rural de Sopó, Cundinamarca, habría encontrado el cuerpo el pasado 22 de abril. Sin embargo, Albeiro aseguró que todavía desconoce las circunstancias en las que murió su hija y por qué la notificación a la familia se produjo tiempo después del hallazgo.

“Todo indica que la persona que la encontró era una persona que estaba en la zona de Sopó, en una zona selvática y fue a hacer una necesidad fisiológica y ahí encontraron el cuerpo, el 22 de abril”, explicó en entrevista con Citytv.

El padre manifestó su desconcierto frente al tiempo transcurrido entre el hallazgo y la comunicación oficial. No obstante, las circunstancias del caso continúan bajo investigación, por lo que aún no hay conclusiones confirmadas sobre lo sucedido.

Durante los meses de búsqueda, la familia recorrió diferentes lugares con la esperanza de encontrar a Ayelén. Según contó Albeiro, incluso viajó a Medellín tras recibir información sobre posibles sitios en los que la adolescente habría sido vista. También recibió reportes de personas que aseguraban haberla observado en sectores de Bogotá, pero ninguna de esas pistas permitió establecer su paradero.

“Pues ese es un tema que uno no entiende: ¿Cómo que se desaparece una persona y hasta 14 meses después aparece?, pues apareció sin vida, lo que no queríamos, pero pues gracias a Dios apareció”, expresó.

Padre de Ayelén recordó cómo era su hija

En medio del dolor por la noticia, Albeiro Páez recordó la personalidad de la adolescente y el papel que tenía dentro de su familia. La describió como una joven alegre, espontánea y capaz de cambiar el ánimo de quienes la rodeaban.

“Ella era una persona alegre, la que nos estabilizaba toda la familia. Ella era una persona que todo el tiempo tenía algo como para hacer diferente”, manifestó al canal.

También aprovechó la entrevista para enviar un mensaje a otros padres de familia, a quienes invitó a expresarles cariño a sus hijos y a dedicarles tiempo mientras tienen la oportunidad de hacerlo.

“Se les olvida abrazar a sus hijos, se les olvida muchas cosas. Si están en este momento de tiempo, háganlo”, dijo.

El padre cerró ese mensaje con palabras sobre el duelo que atraviesa tras la pérdida de su hija y la esperanza de encontrar fortaleza para afrontar lo ocurrido.

“Yo tengo a mi hija ya en el cielo y pues quisiera estar al lado de ella. No se puede ya, ya es un angelito más y todo se lo estoy entregando en manos de Dios que nos dé la fortaleza”, expresó.

Hermana de Ayelén pidió no difundir información sin confirmar

Valentina Páez, hermana de la adolescente, también se pronunció a través de sus redes sociales. En sus publicaciones confirmó que Ayelén fue encontrada sin vida y recordó que el caso sigue bajo investigación, por lo que pidió a los usuarios abstenerse de compartir versiones que no hayan sido verificadas.

“Por favor, por respeto a la memoria de mi hermana, a nosotros como familia y al proceso que aún continúa, absténgase de informarse erróneamente”, escribió.

La joven explicó que, por ahora, la familia no divulgará detalles sobre las evidencias que puedan conocer durante el desarrollo de las diligencias judiciales. Según indicó, buscan evitar interferencias en el trabajo de los investigadores y permitir que el proceso avance mientras sus allegados asimilan la noticia.

“Primeramente, como bien sabemos, mi hermana apareció sin vida, las causas aún se desconocen, está en proceso de investigación”, señaló Valentina en otro mensaje.

Además, precisó que no tienen previsto realizar, por el momento, un acto simbólico y que cualquier actualización será compartida a través de sus canales personales, cuando las condiciones del proceso lo permitan.

La hermana de Ayelén también agradeció a las personas que acompañaron a la familia durante los meses de búsqueda. De acuerdo con su relato, recibieron apoyo emocional y económico, especialmente para su madre, Claudia, quien estuvo al frente de las gestiones para encontrar a la adolescente.

“Un agradecimiento, completamente gratitud de parte de mi familia, porque todo momento nos sentimos acompañados”, expresó.

Sin embargo, pidió que ese acompañamiento esté acompañado de respeto por la intimidad de sus allegados durante el duelo.

“Por favor se abstengan de hacer comentarios, de difundir información, de preguntar dónde, cómo, por qué, por respeto a la memoria de mi hermana”, solicitó.

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¿Qué se sabe de la investigación por la muerte de Ayelén Sofía Páez?

Jimmy Erazo, abogado que representa a la familia, también se refirió al caso en una entrevista con Citytv. El jurista explicó que la madre de la adolescente recibió la comunicación oficial de la Fiscalía después de que las autoridades localizaran el cuerpo en una población cercana a Bogotá.

No obstante, debido a que se trata de una investigación judicial en curso y el caso involucra a una menor de edad, la información disponible es limitada.

Por ahora, las causas y las circunstancias de la muerte de Ayelén Sofía Páez no han sido esclarecidas públicamente. Su familia pidió esperar los resultados de las actuaciones judiciales y evitar especulaciones que puedan afectar tanto la memoria de la adolescente como el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con los hechos registrados, Andrés Molina Carvajal, representante del Partido Liberal, fue escogido como presidente con 18 votos a favor y estuvo acompañado por su padre, el exgobernador Hernando Molina Araújo, junto a su familia. En el mismo acto, José Alberto Morillo recibió la confianza de 19 concejales, convirtiéndose en el segundo vicepresidente de la corporación. La verdadera disputa surgió, sin embargo, en la elección del primer vicepresidente, un cargo regulado por la Ley 1909 de 2018, conocida como Estatuto de la Oposición, y por la Sentencia C-018 de 2018 de la Corte Constitucional, normas que buscan asegurar la participación de partidos no mayoritarios en los órganos directivos.

El concejal Carlos Escorcia Bornacelli, del partido En Marcha, denunció presuntas irregularidades en el proceso: días antes, el voto secreto según él había sido descartado, pero en la elección se aprobó por mayoría, generando suspicacias. La propuesta para que la votación fuera reservada fue presentada por Yesith Triana y respaldada por 14 concejales. Finalmente, Ronald Castillejo, identificado con un movimiento declarado en oposición, alcanzó 11 votos, superando a Escorcia, quien solo obtuvo 5, mientras dos concejales votaron en blanco.

La controversia central giró en torno a quién debía ocupar la primera vicepresidencia, pues Escorcia argumentó que algunos partidos se declaran en oposición únicamente para acceder a cargos, no por convicción política. "Aquí el problema radica en que se declaran en oposición para ocupar la mesa directiva, no para hacer una verdadera oposición, y eso es antiético", sostuvo en plenaria. Por su parte, Wilber Hinojosa –concejal con larga trayectoria– defendió la elección secreta amparándose en el reglamento interno, subrayando que la definición de cargos se da por mayoría democrática.

En medio de la controversia, el concejal Ronald Castillejo, electo primer vicepresidente, reiteró su compromiso de garantizar los derechos de la oposición en la corporación y defendió la independencia de su postura política, pese a sus relaciones anteriores tanto con la coalición como con la oposición. Otras voces, como la de Jesús Perpiñán, recordaron el impacto negativo de los vaivenes políticos sobre la confianza ciudadana en el cabildo.

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¿Qué dice la Ley 1909 de 2018 o Estatuto de la Oposición sobre las mesas directivas en el Concejo?

La Ley 1909 de 2018, conocida como Estatuto de la Oposición, establece mecanismos para que los partidos que no hacen parte de la mayoría o coalición de gobierno tengan participación en los órganos directivos de las corporaciones públicas, como las mesas directivas de los concejos. Según lo debatido en la sesión descrita por El Pilón, este norma fue uno de los puntos clave en la disputa por la primera vicepresidencia, evidenciando diferencias en su interpretación sobre quién puede o no considerarse legítimamente en oposición para ser elegido en ese cargo.

¿Por qué genera polémica el voto secreto en la elección de la mesa directiva del Concejo de Valledupar?

El mecanismo de voto secreto fue centro del debate, ya que, según lo expresado por concejales como Carlos Escorcia, contradijo acuerdos previos sobre la transparencia del proceso. De acuerdo con el reglamento interno citado por el concejal Wilber Hinojosa, el voto reservado se encuentra autorizado, pero su uso inesperado despertó reclamos sobre la falta de claridad y posible manipulación en la elección, lo que a su vez suma inquietudes sobre la legitimidad de los resultados y la representatividad de quienes integran la mesa directiva.

En las décadas de 1950 y 1960, la ruta Mirolindo–La Pola se consolidó como opción fundamental para los estudiantes de la Universidad del Tolima, ubicada en el barrio Santa Helena. Según se recuerda en los testimonios recopilados, los buses descendían por la carrera Quinta hasta los galpones universitarios, daban la vuelta en el llamado ‘muro de los lamentos’ y retornaban por la carrera Cuarta hacia Mirolindo. Esta dinámica cotidiana dejó registros de personajes como ‘Mechas’, un conductor conocido por su carácter impredecible, y don Justo Rozo, quien se ganó el aprecio de los pasajeros gracias a sus saludos y a los viajes amenizados con música clásica.

La expansión urbana llevó también a la creación de empresas que transformaron el servicio de transporte. Velotax, fundada el 13 de abril de 1953 por Pedro Pablo Contreras Jiménez, marcó el inicio de una era en que las cooperativas jugaron un papel clave, luego ampliaron su alcance hasta el transporte intermunicipal. Entre 1953 y 1955 surgió la Flota Andrés López de Galarza (Logalarza), fundada por Luis Emilio Espitia Fierro y otros once transportadores, que inició operaciones con cinco buses de la reconocida carrocería Blue Bird. Más adelante, en 1963, surgió la Cooperativa de Transportadores del Servicio Urbano del Tolima (Cotrautol), la cual comenzó a operar con 80 vehículos que cubrían rutas en distintos puntos de la ciudad y eran fácilmente identificables por sus colores rojo y marfil.

La Cooperativa Tolimense de Transportes (Cotoltran) fue fundada el 24 de septiembre de 1964 por veinte propietarios de taxis y, en 1966, obtuvo la autorización necesaria para ofrecer el servicio de taxis colectivos con camionetas Skoda que conectaban el centro con barrios del sur. Con la aprobación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intra) en 1973, Cotoltran habilitó el servicio de busetas en recorridos clave, y luego amplió su flota y cobertura hasta convertirse, en 1998, en Expreso Ibagué.

El crecimiento poblacional motivó, en 1983, que el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Tolima formulara dos ambiciosos proyectos de transporte masivo: la ‘trolización de Ibagué’, que proponía utilizar trolebuses eléctricos conectados a una red aérea mediante un intercambio de café con la Unión Soviética; y un premetro de superficie que aprovecharía la línea férrea de la avenida Ferrocarril. Ninguno de estos proyectos se concretó, pero dejaron huella en la memoria colectiva. Para 1980, el sistema de transporte público de Ibagué contaba ya con 223 buses, 122 busetas y 64 microbuses distribuidos en 20 rutas que articulaban la vida urbana alrededor de la plaza de Bolívar. Así, la historia del transporte colectivo es también la historia del crecimiento y la identidad de la ciudad.

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¿Cómo evolucionaron las principales empresas de transporte colectivo en Ibagué?

De acuerdo con información del texto, empresas como Velotax, Cotrautol, Logalarza y Cotoltran surgieron y se desarrollaron en respuesta al crecimiento urbano, expandiendo gradualmente sus servicios a medida que crecían las necesidades de movilidad en la ciudad. Velotax y Logalarza iniciaron con rutas urbanas, Cotrautol amplió cobertura con buses de mayor capacidad y Cotoltran, que luego se llamó Expreso Ibagué, diversificó su flota y rutas para atender una ciudad cada día más extensa.

¿Por qué no se implementaron los proyectos de transporte masivo en Ibagué durante los años 80?

Según el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Tolima, en 1983 se propusieron dos proyectos para enfrentar la creciente demanda de movilidad: la trolización con trolebuses eléctricos y un premetro sobre la línea férrea de la avenida Ferrocarril. Sin embargo, ambos proyectos no alcanzaron a ser ejecutados, aunque el texto no especifica las razones exactas que impidieron su concreción.

El punto de partida de esta controversia fueron las afirmaciones de Angie Rodríguez, también exdirectora del DAPRE, quien aseguró que mientras estaba en su cargo, fue testigo de la presencia de una red de mujeres jóvenes con fuerte influencia en las decisiones administrativas del Gobierno de Gustavo Petro. Según Rodríguez, estos presuntos hechos involucraban desde nombramientos, hasta contratos, e incluso intermediarios dedicados expresamente a captar mujeres jóvenes para el entorno presidencial.

Ante tal escenario, Sarabia manifestó públicamente que desconoce cualquier actividad de ese tipo. Aseguró que, como funcionaria pública, su deber en caso de conocer de la comisión de delitos sería denunciarlos, pero puntualizó: “Uno como funcionario público, cuando conoce la comisión de delitos, debe denunciarlo. Yo hablar de red de prostitución o de eso, la verdad, no lo voy a hacer, porque yo no tengo pruebas”. También enfatizó no conocer a las mujeres señaladas y solicitó que si hay información concreta, se revelen los nombres para que las autoridades puedan investigar de manera precisa.

Por su parte, Rodríguez sostiene que sí tiene sustento para sus declaraciones y que ya ha presentado denuncias sobre lo relatado. No obstante, hasta el momento, el simple hecho de hacer públicos los señalamientos no equivale a una confirmación judicial ni a la verificación definitiva de la existencia de esta supuesta red. Así, el tema continúa en una especie de limbo mediático, a la espera de que las autoridades determinen si existen pruebas fehacientes que sustenten las graves denuncias.

En tanto, la discusión sigue viva y bajo observación, marcada por las divergencias entre las versiones de ambas exfuncionarias y el impacto político que esto puede acarrear en el entorno del gobierno de Gustavo Petro. La resolución dependerá, en última instancia, de las investigaciones oficiales y del esclarecimiento que aporten las autoridades competentes.

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¿Qué pruebas existen sobre la supuesta red de prostitución en la Casa de Nariño?

Hasta el momento no se han presentado pruebas concretas ante la opinión pública o la justicia que confirmen la existencia de una red de prostitución en la Casa de Nariño. De acuerdo con las declaraciones de Laura Sarabia, ella no tiene conocimiento o evidencia sobre tal estructura y recalca que cualquier funcionario está obligado a denunciar si tiene pruebas, lo cual en este caso no ocurrió. Angie Rodríguez, quien hizo las denuncias iniciales, afirmó poseer información y haber presentado denuncias, pero esto no es sinónimo de confirmación judicial, quedando el tema sujeto a futuras investigaciones.

¿Qué es el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y cuál era su función en este caso?

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) es la entidad encargada de coordinar la administración interna y externa de la Presidencia en Colombia, gestionando temas administrativos y de personal. Tanto Laura Sarabia como Angie Rodríguez ocuparon su dirección en distintos momentos. Las denuncias sobre la presunta red de prostitución surgieron en el contexto de las funciones del DAPRE, pues se relacionan con acusaciones sobre influencias en contratos y nombramientos dentro de la institución durante el actual gobierno.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por María Claudia Tarazona, el mensaje previo al crimen contenía tanto nombres como fotografías, e incluía advertencias sobre ataques no solo contra Miguel Uribe Turbay, sino también hacia otros precandidatos del partido Centro Democrático. Un aspecto relevante de su testimonio es que se mencionaba que los fondos para financiar este atentado habrían provenido de Venezuela. Tarazona remarcó que todo esto fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, recalcando únicamente su papel como transmisora de la información, que ahora corresponde cotejar y validar a la Fiscalía.

Dentro del relato, la viuda añadió que existe la presunción de que un congresista perteneciente al partido Comunes podría estar implicado en el caso. Sin embargo, subrayó que corresponde a la investigación judicial establecer si existen pruebas o elementos fundados que respalden tal hipótesis. En esa misma línea, dejó claro que su denuncia ante la Fiscalía no constituye una prueba por sí sola contra ninguna persona específica, sino que está en curso el proceso para determinar responsabilidades con base en pruebas.

Tarazona igualmente fue enfática al pedir que se abra una nueva línea de indagación para rastrear el origen de la información recibida y avanzar en la identificación de los posibles autores intelectuales. En sus palabras, “estamos esperando que se abra esta línea de investigación, que la Fiscalía corrobore de dónde salió esta información”.

Miguel Uribe Turbay murió luego de un atentado ocurrido el 7 de junio de 2025, falleciendo el 11 de agosto de ese año en Bogotá. Las recientes declaraciones de su esposa reavivan el debate sobre quién ordenó el crimen, y la sociedad espera que las autoridades judiciales esclarezcan los hechos con base en pruebas verificadas, como lo establece la legislación colombiana.

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¿Qué información entregó María Claudia Tarazona sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

De acuerdo con la propia María Claudia Tarazona en entrevista con Noticias Caracol, ella proporcionó a la Fiscalía General de la Nación información que incluía nombres, fotografías y advertencias sobre posibles ataques a Miguel Uribe Turbay y otros miembros del Centro Democrático. Además, mencionó que dicha información apuntaba a que la orden del crimen habría salido del Congreso de la República y que los recursos para ese atentado habrían sido originados desde Venezuela.

¿Por qué se señala al Congreso de la República en el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

La viuda de Miguel Uribe Turbay aseguró que, según la información que recibió y entregó a la Fiscalía, la orden para el magnicidio habría provenido del Congreso de la República. No obstante, aclaró que estas afirmaciones forman parte de una denuncia que necesita ser investigada por las autoridades competentes para establecer si existen elementos de prueba que sostengan esa acusación.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario, la captura se llevó a cabo en Santa Rosa de Osos, municipio al que habría llegado el sospechoso después de los hechos. El hombre fue identificado como Wilber Alonso García Muñoz, quien ya había sido reconocido previamente por habitantes de La Unión, según la información publicada por El Tiempo.

La investigación también permitió establecer que el señalado tiene antecedentes judiciales por tentativa de extorsión agravada y homicidio, relacionados con hechos ocurridos hace aproximadamente 10 años. Estos registros fueron conocidos durante las averiguaciones periodísticas sobre el hombre capturado.

(Vea también: Tragedia en base militar: soldado de 18 años peleó con un compañero, le disparó y lo asesinó)

Rendón explicó que el sospechoso habría intentado escapar para evitar ser ubicado por las autoridades. Sin embargo, las cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo que presuntamente utilizó durante los hechos, mientras que las labores investigativas condujeron a su localización en Santa Rosa de Osos.

El gobernador ya había calificado el caso como prioritario el pasado 9 de octubre y exigido que el responsable respondiera ante la justicia. También informó que la Secretaría de las Mujeres acompañaba a la víctima y a su familia con atención psicosocial y orientación jurídica tras la agresión.

Tras confirmar la captura, Rendón reiteró su rechazo a lo ocurrido y manifestó que espera una condena máxima y ejemplar. El procedimiento representa un avance en la investigación, aunque la responsabilidad penal del hombre señalado deberá establecerse dentro del proceso judicial.

Fue capturado en Santa Rosa de Osos Wilber Alonso García Muñoz, el sujeto señalado de abusar sexualmente de una mujer de 83 años en La Unión.

Intentó huir para evadir a las autoridades, pero las cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo usado en los hechos y el… pic.twitter.com/VkquThJPyN

— Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 14, 2026

En el derecho de petición, Alcocer enfatizó su disposición total a rendir cuentas y solicitó que los entes de control indaguen con lupa los registros del Estado. “Quiero reiterar que no solo estoy dispuesta a que se investigue, sino que tengo el interés de que se esclarezca con rigurosidad. Durante el tiempo que desarrollé actividades protocolarias como primera dama viajé a Venezuela en dos oportunidades: el 31 de enero de 2023 como parte de una delegación y el 18 de noviembre de 2023 en compañía del presidente. No hice ningún otro viaje ni siquiera a título personal. Ambas visitas cuentan con registros institucionales y material audiovisual de acceso público. Tengo la tranquilidad de que en el contraste de estos documentos se permitirá desvirtuar las afirmaciones divulgadas”, sostuvo la ex primera dama en su comunicación formal.

El pronunciamiento de Alcocer busca frenar el impacto del testimonio que Ferrer concedió a la revista Semana, en el que aseguró que desde la Casa de Nariño se habrían coordinado vuelos a Venezuela para transportar sumas superiores a los 2,5 millones de dólares en efectivo, además de señalar la existencia de supuestas fotografías donde la exprimera dama descendía de aviones oficiales con equipaje que contendría estupefacientes. En esas mismas declaraciones, Ferrer salpicó a figuras del entorno petrista como el empresario catalán Manel Grau, el excongresista Agmeth Escaf y el primo de Alcocer, Mario Fernández Alcocer, acusándolos de presuntas presiones e interferencias en la nómina de entidades públicas como el ICBF, ProColombia y Ecopetrol.

Paralelamente al recurso radicado por Alcocer, la respuesta en los tribunales comenzó a moverse desde el flanco de sus allegados. El empresario Manel Grau confirmó que interpondrá demandas penales y acciones civiles contra Eva Ferrer por los delitos de injuria y calumnia, tildando sus relatos de calumniosos e inventados. Con el derecho de petición sobre la mesa y los registros de vuelo bajo la revisión de la Fiscalía, la disputa legal entre las excolaboradoras entra en una fase decisiva de verificación de pruebas documentales.

Las reacciones a este nuevo marco no se hicieron esperar. Iván Cepeda, senador y figura del Pacto Histórico, expresó su preocupación respecto a que estas nuevas reglas sobre el orden público puedan categorizar expresiones legítimas de protesta social como actos terroristas, señalando el riesgo de que el Estatuto Antiterrorista derive en prácticas antidemocráticas. No obstante, desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió el decreto resaltando su carácter “garantista” y mencionó que su construcción fue resultado de un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia de 2021. Esta sentencia ordenó precisar las instrucciones que restringen o deben restringir el uso de la Fuerza Pública ante protestas ciudadanas, discusión enriquecida con aportes de organizaciones sociales y una nueva definición de violencia.

En un contexto de aguda polarización, el gobierno de la Espriella ha acusado en numerosas ocasiones a la administración Petro de corrupción y de haber dejado al país en medio de una crisis fiscal y de seguridad. La oposición, por su parte, critica recientes nombramientos dentro del gabinete, señalando falta de mérito en los nuevos funcionarios. Para el Pacto Histórico y sus aliados, esta es la oportunidad clave para medir su capacidad de movilización ahora desde la orilla opositora, un campo en el que Petro demostró gran destreza en el pasado, convocando a la sociedad para defenderse de supuestas injerencias extranjeras o bloqueos institucionales.

La jornada plantea una doble prueba para el gobierno de la Espriella: gestionar la protesta garantizando derechos y responder a una oposición que buscará hacer sentir su voz en las calles, todo bajo la lupa de la nueva regulación de la protesta social.

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¿Cuáles son las principales críticas al nuevo decreto sobre la Fuerza Pública en protestas?

De acuerdo con El Espectador, la principal crítica divulgada por opositores como Iván Cepeda es el posible riesgo de que se considere la protesta social como terrorismo, bajo la nueva regulación. Cepeda advierte que este decreto podría abrir la puerta a la estigmatización de la protesta, propiciando prácticas contrarias a la democracia y afectando derechos fundamentales si no se implementa de manera adecuada.

¿Qué es un Puesto de Mando Unificado (PMU) y cuál es su rol en las manifestaciones?

Según información del ministro del Interior, Rodrigo Lara, el Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por el presidente Abelardo de la Espriella tiene la tarea de monitorear todas las manifestaciones previstas. El PMU es una instancia que reúne a diferentes entidades para coordinar acciones y garantizar el seguimiento en tiempo real de las movilizaciones, atendiendo emergencias o incidentes y promoviendo la protección tanto de manifestantes como de la ciudadanía en general.

Según lo informó el gobernador de Cundinamarca, la emergencia no ocasionó personas lesionadas ni vehículos atrapados, circunstancia que facilitó la labor inicial de los cuerpos de socorro. Sin embargo, dadas las condiciones del terreno y el riesgo latente de nuevos movimientos, las autoridades decidieron mantener cerrada la vía mientras se adelantan las acciones necesarias para garantizar la seguridad.

El primer equipo en llegar al sitio fue el de los Bomberos Voluntarios de Fusagasugá, quienes evaluaron la magnitud del deslizamiento y el impacto de las lluvias sobre la estabilidad del eje vial. Estas acciones hacen parte de los protocolos habituales ante eventos de esta naturaleza, donde la prioridad se centra en comprobar la seguridad tanto de los socorristas como de los ciudadanos de la región. Posteriormente, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca asumirá la labor de remover el material acumulado, trabajo que solo podrá iniciarse una vez se constate que la zona no representa peligro adicional para el personal y la maquinaria.

Entretanto, las autoridades recomendaron a los conductores buscar rutas alternas para evitar congestiones y seguir con atención las indicaciones impartidas por los organismos de emergencia. Aunque se han desplegado los operativos correspondientes, hasta el momento no se ha dado a conocer una hora estimada para la reapertura del tramo afectado, lo que prolonga la incertidumbre entre quienes necesitan movilizarse entre Sibaté y Fusagasugá. La recomendación principal es mantener la prudencia y la paciencia mientras se restablecen las condiciones de seguridad sobre la carretera.

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¿Por qué se cerró la vía entre Sibaté y Fusagasugá en Cundinamarca?

La vía Sibaté–Fusagasugá fue cerrada debido a un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias intensas, lo que representó un peligro para los conductores y motivó la intervención de los organismos de emergencia, según información brindada por el gobernador de Cundinamarca.

¿Qué entidades atendieron la emergencia en la vía Sibaté–Fusagasugá?

La atención inicial al deslizamiento fue realizada por los Bomberos Voluntarios de Fusagasugá, quienes evaluaron la seguridad del terreno, mientras que el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca tiene la responsabilidad de remover el material y habilitar de nuevo la carretera cuando las condiciones permitan intervenir la zona sin riesgos adicionales.

De acuerdo con la información recopilada, la Fiscalía General de la Nación abrió dos líneas de investigación principales para esclarecer los hechos. Una de las hipótesis apunta a una posible desaparición forzada, mientras que la otra indaga un presunto homicidio. El interés de las autoridades radica en reconstruir los últimos momentos de Ayelén Sofía y en identificar si hubo personas implicadas en el caso.

El seguimiento del caso fue riguroso. Registros de cámaras de seguridad resultaron clave en la indagación, ya que permitieron identificar algunos de los movimientos de la joven en sus últimas horas conocidas. Uno de esos videos muestra a Ayelén Sofía caminando sola, a las 3:11 de la madrugada del 10 de agosto de 2025, luciendo la misma ropa con la que había salido de su casa. Posteriormente, otro registro la ubicó minutos después en el barrio Rubí, zona perteneciente a la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, según información recolectada por la Fiscalía y las autoridades investigativas.

En la búsqueda participaron múltiples actores. Además de los investigadores oficiales, familiares y voluntarios realizaron incontables esfuerzos durante meses, desplegando operativos en diferentes sectores del sur de la ciudad y en las inmediaciones del río Tunjuelito. El caso incluso motivó la emisión de una circular amarilla de Interpol, mecanismo de alerta internacional para casos de personas desaparecidas.

Con la reciente identificación del cuerpo en Sopó, el proceso entra en una fase decisiva. Ahora la Fiscalía se enfrenta al desafío de esclarecer, con base en los elementos recolectados, las circunstancias precisas en las que falleció Ayelén Sofía Páez y determinar si existen responsables directos. Mientras avanza la investigación, su familia mantiene la esperanza de que, finalmente, se conozca la verdad sobre los hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las hipótesis de la Fiscalía sobre el caso de Ayelén Sofía Páez?

La Fiscalía General de la Nación estableció dos posibles líneas de investigación para el caso: una relacionada con la desaparición forzada y otra que apunta a un posible homicidio. Ambas tienen como propósito reconstruir los hechos antes y después de la desaparición de Ayelén Sofía, basándose en registros de cámaras y testimonios, con el fin de esclarecer si existieron personas implicadas o circunstancias externas que hayan afectado su integridad.

¿Qué significa una circular amarilla de Interpol y cómo se usa en estos casos?

La circular amarilla de Interpol es una notificación internacional emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal, utilizada para localizar a personas desaparecidas, especialmente menores de edad. En el caso de Ayelén Sofía Páez, esta circular permitió que autoridades de diferentes países estuvieran alertas y colaboraran en la búsqueda, facilitando la movilización de recursos para intentar dar con su paradero.

La jornada representa el primer pulso de la oposición en las calles durante el actual Gobierno, en un escenario marcado por las protestas que protagonizaron las manifestaciones de 2021.

Ante esta convocatoria, el Gobierno expidió el Decreto 1525, una normativa que busca garantizar el derecho a la protesta pacífica y sancionar los actos violentos. Entre sus principales disposiciones, permite la intervención de la Fuerza Pública cuando los manifestantes porten armas y establece restricciones a los bloqueos.

Además, contempla el seguimiento de las movilizaciones mediante un Puesto de Mando Unificado (PMU), con representantes de los gobiernos nacional y locales.

Petro, uno de los principales promotores de la jornada, pidió que las marchas sean multitudinarias, pero completamente pacíficas. Sin embargo, el decreto ha generado críticas entre sectores de izquierda, que consideran que podría afectar el derecho a la protesta.

Desde el Gobierno, De La Espriella sostiene que la medida busca distinguir a quienes se manifiestan pacíficamente de quienes cometen actos vandálicos o atentan contra ciudadanos, bienes públicos y miembros de la Fuerza Pública.

El mandatario aseguró que garantizará todas las condiciones para las manifestaciones pacíficas, mientras que los responsables de hechos violentos enfrentarán las sanciones correspondientes.

Felipe Zuleta criticó a Gustavo Petro

El panelista de Blu Radio señaló la ironía de que el expresidente mande a marchar a solo dos meses de haber entregado el cargo.

“Va a marchar por las mismas malas decisiones que él tomó. Eso es una cosa de la poesía política. Petro le echa la culpa de la desgracia del país a López Pumarejo. ¡Hágame el favor!”, sentenció.

Apenas dos meses después de entregar el cargo, Gustavo Petro vuelve a convocar a sus seguidores a las calles y se pone al frente de una jornada de movilizaciones contra el Gobierno de Abelardo De La Espriella. El exmandatario pidió que las marchas de este 14 de octubre sean multitudinarias, pero pacíficas, en medio de las críticas al decreto que regula las protestas. Con esta convocatoria, Petro busca mantener su presencia en el escenario político nacional desde la oposición.

El detonante inicial de la discusión giró en torno al origen de la crisis actual y la pertinencia de las protestas. Durante la transmisión, Ospina cuestionó la legitimidad de las movilizaciones al señalar que, si bien existen inconformidades legítimas frente al sistema, los problemas actuales hunden sus raíces en desajustes arrastrados desde administraciones previas que las centrales obreras respaldaron sin convocar paros masivos en su momento. La respuesta de Pardo no se hizo esperar; el dirigente sindical descalificó el planteamiento del periodista acusando al medio de emitir juicios de valor y eludiendo las críticas mediante una invitación a revisar los informes públicos de empalme sobre el Fomag y la Fiduprevisora ante los órganos de control.

El tono de la conversación escaló rápidamente cuando el debate se trasladó al terreno de la imparcialidad periodística y los respaldos políticos al petrismo. Ante los señalamientos de sesgo, Ospina aclaró enfáticamente su postura neutral al recordar que no defiende partidos políticos y que sectores sindicales entregaron aportes e infraestructura a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Este señalamiento provocó una reacción airada del vocero de Fecode, quien increpó directamente al comunicador cuestionando la naturaleza de la entrevista y lanzando un ataque personal al asegurar que no ejerce la labor periodística con objetividad.

Lejos de amedrentarse ante el cuestionamiento, el comunicador de Blu Radio ripostó recordando los hallazgos y decisiones formales emitidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de Estado sobre las irregularidades en la financiación política. “Esta es una entrevista y puedo hacer las preguntas que quiera. Con todo respeto pero usted a estas alturas de mi vida no me va a enseñar a hacer periodista”, sentenció Ospina al defender su rigor profesional basado en hechos probados y fallos institucionales verificables. El tenso episodio refleja el clima de polarización extrema que antecede a las marchas de este miércoles, donde los portavoces sindicales buscan blindar al Ejecutivo mientras los medios de comunicación y la opinión pública exigen rendición de cuentas sobre los verdaderos detonantes de la crisis institucional y económica del país.

En ese contexto, el fiscal designado de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Sánchez Verú una serie de cargos: homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, lesiones personales, y hurto calificado y agravado. A estos se suma el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Pese a los señalamientos, Sánchez Verú no aceptó los cargos y permanece privado de la libertad en un establecimiento carcelario, en condición de condenado por hechos anteriores, según reportó la Fiscalía.

La víctima, Nelson Medina Muñoz, era conocido en el municipio de Gigante por su labor como pescador artesanal y su liderazgo comunitario. Era integrante activo de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico en la represa El Quimbo (Asoquimbo) y de la Asociación de Pescadores de Puerto Seco. Su trabajo se enfocaba principalmente en organizar plantones y manifestaciones contra los proyectos hidroeléctricos en la región, buscando presionar al Estado para que respondiera a las demandas de las comunidades cuyos derechos se veían afectados por estas iniciativas.

La información aquí desarrollada proviene de la Fiscalía General de la Nación y del periódico El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la acusación que enfrenta Jhon Eduardo Sánchez Verú por el caso de Nelson Medina Muñoz?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Sánchez Verú fue imputado por su presunta participación en el asesinato de Nelson Medina Muñoz y también enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa, lesiones personales, hurto calificado y agravado, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

¿Quién era Nelson Medina Muñoz y por qué era reconocido en Gigante, Huila?

Nelson Medina Muñoz era un pescador artesanal y líder campesino en el municipio de Gigante. Era miembro destacado de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico en la represa El Quimbo (Asoquimbo) y de la Asociación de Pescadores de Puerto Seco, y encabezó protestas para exigir la protección de los derechos de las comunidades impactadas por estos proyectos.

En el desarrollo de los hechos, uno de los hombres murió en el lugar del ataque, mientras el otro fue trasladado de urgencia por miembros de la Policía Nacional al Hospital San Rafael. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el segundo hombre falleció minutos después de su ingreso al centro asistencial. Según informaciones preliminares, citadas en reportes locales, una de las víctimas fue identificada como Harvy Vera Gómez, de 42 años. La identidad de la segunda persona no había sido confirmada oficialmente al momento de difundirse estos detalles.

Durante la inspección de la escena, las autoridades hallaron varias municiones que están siendo analizadas como parte de la investigación. Entre las hipótesis que el equipo de policía judicial estudia, se encuentra la posibilidad de un ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales. Así mismo, se investiga un posible vínculo entre las víctimas y grupos armados ilegales, aunque estas versiones aún no han sido confirmadas de manera oficial y no permiten establecer, por el momento, el móvil exacto del crimen. La información sobre las cifras acumuladas de homicidios en el municipio, mencionada en versiones locales, necesita corroboración antes de consolidarse como balance real, según los mecanismos oficiales de información.

El doble homicidio ha provocado nuevamente preocupación entre los habitantes de El Espinal, en un contexto caracterizado por la presencia de otros hechos violentos recientes, de acuerdo con reportes locales. Mientras tanto, las autoridades continúan recabando elementos que ayuden a esclarecer este suceso y lograr la identificación completa de las víctimas, así como la captura de los responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre las hipótesis del doble homicidio en El Espinal?

Según las primeras informaciones citadas por fuentes locales, las autoridades barajan como principales hipótesis del doble homicidio un posible ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales y una posible relación de las víctimas con grupos armados ilegales. Sin embargo, hasta ahora ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente, por lo que la investigación judicial continúa para esclarecer los hechos.

¿Quiénes eran las víctimas del ataque armado en El Espinal, Tolima?

De acuerdo con los reportes disponibles, solo se ha logrado identificar a una de las víctimas como Harvy Vera Gómez, de 42 años. La identidad del segundo hombre no había sido confirmada oficialmente al momento de la última actualización. Las circunstancias exactas del ataque siguen bajo investigación por parte de la policía judicial.

Para mitigar los posibles inconvenientes en la circulación vehicular generados por la marcha, la Secretaría de Movilidad ha recomendado a los conductores considerar rutas alternas como la Avenida 3N, la Calle 13N, la Avenida 8N, la Avenida 4N, la Avenida 1N, la Carrera 4 y la Avenida Circunvalar. Estas vías funcionan como alternativas al paso por la Calle 5 y permitirían rodear la zona afectada por la movilización. El llamado de las autoridades es claro: salir con anticipación y consultar las indicaciones de tránsito para evitar contratiempos en los desplazamientos habituales.

El desarrollo de esta marcha en Cali refleja la importancia de mantener canales de comunicación entre ciudadanía y autoridades, además de la relevancia de planificar adecuadamente los movimientos urbanos en jornadas donde se presentan manifestaciones. No solo se ve involucrado el flujo vehicular, sino también la organización de actividades cotidianas de quienes transitan o habitan en los puntos que atraviesa la marcha. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, quienes se desplacen durante el tiempo de la manifestación deben consultar información actualizada y seguir las indicaciones para minimizar las afectaciones y garantizar la seguridad vial tanto para manifestantes como para conductores y peatones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el recorrido exacto de la marcha en Cali el 14 de octubre?

El recorrido de la marcha parte de la Plazoleta Jairo Varela y avanza por la Calle 5 hasta llegar al Parque de las Banderas. Esta información fue divulgada por la Secretaría de Movilidad, la cual también señaló que la marcha recorrerá el trayecto desde el centro hacia el sur de la ciudad, impactando la movilidad en ese sector.

¿Qué rutas alternas recomienda la Secretaría de Movilidad de Cali durante la marcha?

Las rutas alternas sugeridas por la Secretaría de Movilidad incluyen la Avenida 3N, la Calle 13N, la Avenida 8N, la Avenida 4N, la Avenida 1N, la Carrera 4 y la Avenida Circunvalar. Estas opciones están destinadas a evitar la congestión en la Calle 5 y a facilitar los desplazamientos durante la marcha.

Según lo expuesto por la esposa de la víctima ante las cámaras del medio televisivo, los informes recolectados y entregados bajo estrictos protocolos a la Fiscalía General de la Nación contienen datos escalofriantes. Una fuente reservada hizo llegar la información de manera anticipada al trágico suceso, advirtiendo que no solo Miguel Uribe, sino posiblemente otros precandidatos afines al Centro Democrático, figuraban en una lista de objetivos a ser eliminados. El reporte anónimo también advertía que los recursos financieros para financiar la operación criminal habrían tenido como punto de origen a Venezuela, consolidando un complot transnacional.

“La información que yo recibí, que fui a la Fiscalía, que la entregué con todos los protocolos debidos, es que la orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”, aseveró Tarazona con firmeza durante la transmisión en vivo de Noticias Caracol. La viuda enfatizó que el dossier probatorio incluye nombres propios, registros fotográficos y datos precisos que ya se encuentran bajo el análisis de un grupo especializado del ente acusador, a la espera de que se abra formalmente una línea de indagación profunda sobre las personas que ocupaban curules en el Legislativo en ese momento.

“La orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”: María Claudia Tarazona sobre línea de investigación en crimen de Miguel Uribe Turbay.

Vea la entrevista en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZMSXQ https://t.co/NShzqe8LMR

— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 14, 2026

El señalamiento adquiere un matiz político explosivo al recordar el mapa de fuerzas que integraba el Parlamento durante el periodo de los hechos, donde hacían presencia pública militantes y representantes vinculados a sectores como el partido Comunes. Ante esta realidad, Tarazona cuestionó la necesidad de esclarecer si congresistas o excongresistas tuvieron un rol directo en la planificación o complicidad del atentado, recordando que la fiscal general y los investigadores judiciales tienen la obligación institucional de verificar la veracidad de estos testimonios.

“Estamos esperando que se abra esta línea de investigación, que la Fiscalía corrobore de dónde salió esta información”, recalcó la entrevistada, agregando que en los próximos días sostendrá nuevas reuniones con el equipo jurídico y los fiscales a cargo para evaluar los avances procesales. El clamor por justicia de la familia Uribe Tarazona pone contra las cuerdas a las instituciones judiciales, exigiendo resultados concretos que permitan desmantelar la red de determinadores intelectuales de un magnicidio que conmocionó los cimientos de la democracia colombiana

De acuerdo con la entidad, las tareas incluirán la reposición de válvulas y maniobras técnicas de optimización de las redes. Este tipo de intervenciones suelen ser parte del mantenimiento preventivo para mejorar la calidad y continuidad del servicio, reducir pérdidas de agua y anticipar posibles fallas que puedan afectar a un mayor número de usuarios en el futuro. En esta ocasión, la jornada de trabajos tendrá un impacto directo en los barrios Portales, Guacandá y Fray Peña, ubicados en el área urbana del municipio de Yumbo, específicamente en la calle 15 hasta la calle 16, y desde la carrera 1 hasta la carrera 6 N, de acuerdo con información oficial de Emcali.

La suspensión del suministro de agua potable está programada desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche de este miércoles, tiempo durante el cual la comunidad de los sectores mencionados debería tomar medidas preventivas para su abastecimiento. Como parte del plan de contingencia, Emcali dispuso el envío de un carrotanque para garantizar el suministro a la población afectada durante el tiempo que duren las intervenciones técnicas.

La empresa informó por medio de su cuenta oficial en la red social X (antes conocida como Twitter) que estos trabajos también incluirán acciones para la modernización de la red de energía en algunos sectores, aunque el foco principal permanece en las tareas de acueducto. Así, la compañía reiteró la necesidad de estas labores y agradeció la comprensión de los usuarios por las molestias temporales que puede ocasionar la suspensión, reafirmando su compromiso con la mejora de la infraestructura y la prestación eficiente del servicio de agua potable.

Este tipo de comunicados y medidas de contingencia responden a la importancia estratégica de las redes de acueducto, cuya operación eficiente es vital para la vida cotidiana y la salud pública de la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspende el servicio de agua en algunos barrios de Cali y Yumbo?

La suspensión del servicio de agua es consecuencia de trabajos programados que tienen como objetivo la reparación, reposición de válvulas y optimización de las redes de acueducto. De acuerdo con Emcali, estas labores son necesarias para garantizar el funcionamiento continuo y seguro del sistema de agua potable en la ciudad y sectores aledaños.

¿Qué medidas ha dispuesto Emcali para los barrios afectados durante la suspensión del servicio?

Con el fin de mitigar las afectaciones a la comunidad, Emcali anunció que enviará un carrotanque para abastecer de agua a los barrios impactados mientras duran los trabajos. Así, la empresa procura asegurar el acceso básico al agua potable a los habitantes de Portales, Guacandá y Fray Peña, en el municipio de Yumbo.

Según lo expuesto por Bedoya Cárdenas, la suspensión no obedece a reclamos ni incumplimientos propias de la Gobernación del Tolima. Más bien, se trata de una actividad sindical promovida por el magisterio con carácter nacional, es decir, no solo involucra al departamento del Tolima, sino que está enmarcada en una convocatoria que se extiende a todo el país. Esta jornada busca que los docentes puedan participar en las manifestaciones y que lo hagan bajo el amparo del permiso legal correspondiente solicitado para estos casos.

El funcionario aclaró que la protesta está direccionada hacia el Gobierno Nacional. Las diferencias y solicitudes que motivan esta movilización, por tanto, responden a asuntos de alcance nacional en los que, hasta el momento, la administración departamental no tiene responsabilidad directa. “Esta es una actividad sindical que están moviendo las familias sindicales no solo en el departamento, sino en todo el país”, destacó Bedoya, enfatizando la naturaleza nacional del llamado y la legitimidad del permiso concedido para la suspensión temporal de las clases presenciales.

La medida cobija únicamente la jornada del 14 de octubre y corresponde a la necesidad de garantizar la participación de los docentes del Tolima en las actividades sindicales previstas. La Secretaría de Educación departamental, siguiendo las disposiciones legales y respondiendo a la dinámica sindical, optó por avalar la suspensión para respetar tanto los derechos laborales de los maestros como las normas que rigen el sector educativo.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.*

¿Por qué se suspendieron las clases en colegios del Tolima el 14 de octubre?

La suspensión de clases presenciales el 14 de octubre en el Tolima fue confirmada por la Secretaría de Educación departamental, como respuesta a la convocatoria nacional de movilizaciones sindicales del magisterio. Según Andrés Felipe Bedoya Cárdenas, secretario de Educación, la medida permite la participación legal de los docentes en estas actividades y no se debe a incumplimientos del gobierno departamental, sino a diferencias del sector educativo con el Gobierno Nacional.

¿La suspensión de clases en Tolima afecta a todas las instituciones educativas?

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Educación del Tolima, la suspensión de la jornada académica presencial durante el 14 de octubre aplica a toda la prestación presencial del servicio público educativo en el departamento. Esto implica que todas las instituciones educativas oficiales se vieron cobijadas por la medida durante esa fecha específica, permitiendo la participación de los docentes en las movilizaciones sindicales.

El decreto, publicado en el Diario Oficial, cobra especial relevancia al coincidir con las movilizaciones convocadas para el 14 de octubre. Según la norma, la Policía Nacional debe actuar bajo cinco niveles: prevención y facilitación, diálogo directo, mediación, disuasión y restablecimiento del orden. Aunque este protocolo busca que cada nivel se ejecute de manera secuencial, se permite a los uniformados intervenir sin agotar todos los pasos si la situación lo requiere. Estas intervenciones deben documentarse y quedar consignadas en las actas del Puesto de Mando Unificado (PMU).

En lo referente a bloqueos de vías, el Decreto 1525 plantea que la disolución de una manifestación por causar obstrucciones será una medida excepcional. Solo se podrá ordenar esa disolución cuando la afectación al flujo sea considerada grave y sostenida, y no haya otra alternativa menos restrictiva para los derechos fundamentales de reunión y manifestación pacífica. Para decidir sobre la posible intervención, la autoridad debe evaluar aspectos como el tiempo que lleva el bloqueo, la existencia de rutas alternas y cualquier efecto sobre el tránsito de vehículos de emergencia.

Dentro de las obligaciones, la norma exige habilitar corredores solidarios para garantizar el paso de ambulancias, organismos de socorro, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes, menores de edad y el transporte de medicamentos, insumos hospitalarios y alimentos perecederos. De igual manera, el decreto mantiene la prohibición del uso de armas de fuego por parte de los uniformados que atiendan estas situaciones y la exclusión de las Fuerzas Militares en las intervenciones. El objetivo, según lo consignado, es proteger la manifestación pacífica y procurar que cualquier uso de la fuerza sea justificado, documentado y proporcional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cinco niveles de actuación institucional según el Decreto 1525?

El Decreto 1525 establece que las autoridades deben seguir cinco etapas para su intervención en protestas: prevención y facilitación, diálogo directo, mediación, disuasión y restablecimiento del orden. Si bien la secuencia es la recomendada, la norma permite intervenir de inmediato si la situación lo exige, siempre con la obligación de documentar la decisión en el acta del Puesto de Mando Unificado (PMU).

¿Qué implica el concepto de ‘corredores solidarios’ durante protestas según el Decreto 1525?

‘Corredores solidarios’ se refiere a rutas que deben habilitarse en manifestaciones o bloqueos, permitiendo el paso de vehículos y personas que transportan ambulancias, insumos y medicamentos, así como grupos con necesidades especiales como personas con discapacidad y adultos mayores. El propósito es asegurar el acceso a servicios vitales y el respeto a derechos durante el ejercicio de la protesta.

Abelardo de la Espriella alcanzó la presidencia de Colombia tras conseguir más de 12,9 millones de votos, con una campaña centrada en la idea de gobernar con "los nunca", es decir, ciudadanos alejados de la burocracia estatal. No obstante, en la práctica, la designación en el servicio exterior parece mantener el patrón de los mandatarios anteriores. De acuerdo con la investigación de El Espectador, muchos de los nuevos movimientos en embajadas relevantes siguen vinculando a individuos que representan esa política tradicional que el propio Ejecutivo denomina como "los de siempre".

Uno de los ejemplos recientes de esta tendencia es el nombramiento en la embajada de Colombia en Italia. Alberto Rafael Cepeda Sarabia, cuya experiencia se sitúa en el sector empresarial de la costa Caribe colombiana, asumirá próximamente la dirección de la sede diplomática en Roma. Más allá de su perfil profesional, destaca su parentesco con Efraín José Cepeda Sarabia, actual presidente del Partido Conservador. Este último ha ostentado una curul en el Congreso durante más de tres décadas de manera consecutiva, también representando a su colectividad.

En este panorama, el intento de romper con prácticas tradicionales dentro del servicio diplomático colombiano parece enfrentarse, de nuevo, a la influencia de familias y figuras políticas con largos trayectos en el Legislativo y otros espacios de poder. Así, el discurso de cambio y apertura a nuevos liderazgos contrasta con la realidad de los nombramientos, especialmente en cargos tan estratégicos como el de embajador en Italia.

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¿Quién es Alberto Rafael Cepeda Sarabia, nuevo embajador de Colombia en Italia?

Alberto Rafael Cepeda Sarabia es una figura con experiencia en el sector empresarial de la costa Caribe colombiana. Según El Espectador, Cepeda Sarabia fue nombrado como próximo embajador de Colombia en Roma y tiene además un vínculo familiar directo con Efraín José Cepeda Sarabia, presidente del Partido Conservador y congresista con más de treinta años en el Legislativo.

¿Por qué se habla de la ‘clase política tradicional’ en el servicio diplomático colombiano?

El término ‘clase política tradicional’ hace referencia a figuras y familias que han ocupado cargos de relevancia en la política y la administración pública durante largos períodos. De acuerdo con El Espectador, a pesar de las promesas de varios presidentes de renovar el cuerpo diplomático, persiste la costumbre de nombrar a personas de esta clase en embajadas clave, lo que perpetúa su influencia en el servicio exterior colombiano.

Este hecho causó indignación entre habitantes, gestores culturales y visitantes debido al gran valor histórico y simbólico de este conjunto escultórico, que rinde homenaje a figuras relevantes en las gestas independentistas de Cartagena. Además, la obra integra el patrimonio urbano de Getsemaní, reconocido por su riqueza cultural y su alto atractivo para el turismo, como señaló Noticias Caracol. La preocupación se agudizó porque la pieza ya había sido sometida a mantenimiento y restauración, lo que incrementa el malestar por los daños sufridos.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, confirmó —también según Noticias Caracol— que, tras una solicitud de colaboración ciudadana, la mujer fue identificada. El mandatario distrital informó a través de sus redes sociales que la responsable vive en Barranquilla, aunque prefirió no revelar su nombre públicamente. La actitud asumida por la turista después de los hechos aumentó el rechazo ciudadano, ya que hasta el momento no habría mostrado disposición de hacerse cargo de la restauración del monumento. De hecho, Turbay Paz criticó que, en lugar de asumir el hecho, la implicada habría utilizado recursos para contratar más de dos mil cuentas falsas —conocidas como “boots”— para influir en redes sociales, según identificó su equipo de ciberseguridad.

Las reacciones en redes respaldaron el llamado de las autoridades a fortalecer la cultura ciudadana y el respeto por los bienes patrimoniales, especialmente en zonas turísticas concurridas. El alcalde enfatizó que se espera la reparación del daño y que “uno llega a un destino turístico a disfrutar y no a destruir el mobiliario urbano ni los monumentos”. La respuesta ciudadana refleja la importancia de proteger y valorar los espacios públicos históricos para las actuales y futuras generaciones.

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¿Qué consecuencias legales puede tener dañar bienes patrimoniales en Cartagena?

De acuerdo con lo informado por el alcalde de Cartagena en Noticias Caracol, dañar esculturas que hacen parte del patrimonio urbano puede resultar en llamados formales de las autoridades para que el responsable asuma la restauración y repare el daño ocasionado. Además, existen expectativas ciudadanas de que se refuercen las sanciones y la cultura de respeto hacia los bienes históricos en lugares turísticos como Getsemaní.

¿Por qué es importante el respeto al patrimonio en lugares turísticos como Getsemaní?

El respeto por el patrimonio urbano, según lo discutido tras la caída de la escultura, es esencial para preservar la historia y la identidad de barrios como Getsemaní. Este tipo de espacios acogen monumentos y obras que narran capítulos importantes de la independencia y cultura local, y su cuidado fortalece el sentido de pertenencia, la experiencia de los visitantes y la imagen de la ciudad a nivel nacional e internacional.

(Vea también: [Video] Agredió a su pareja en Bogotá, se voló en bicitaxi y lo agarraron con arma artesanal)

Según informó El Universal, el operativo estuvo a cargo de unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Cartagena, que ubicaron al sospechoso luego de labores de seguimiento.

El procedimiento permitió hacer efectiva una orden judicial en su contra por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado, según la información entregada por las autoridades.

La investigación se concentra en varios episodios registrados en inmediaciones del humedal Juan Amarillo, también conocido como Tibabuyes, uno de los principales ecosistemas de Bogotá. Los investigadores buscan establecer la posible relación entre los casos y determinar si el detenido estaría vinculado con otros hechos similares.

De acuerdo con la información policial, el hombre presuntamente abordaba a mujeres en sectores apartados de esta localidad y las intimidaba con un arma de fuego. Después, las habría llevado a zonas boscosas cercanas al humedal Juan Amarillo, donde, según las indagaciones, les quitaba sus pertenencias y las agredía sexualmente.

¿Qué sigue en  proceso contra capturado por abusos en humedal Juan Amarillo?

Luego de la captura en Turbaco, el hombre quedó a disposición de la autoridad judicial competente, ante la que deberá responder por los delitos asociados con la orden de detención. Mientras avanzan las diligencias, las autoridades buscan esclarecer los casos y establecer si existen más víctimas.

El coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, afirmó que “la protección de la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres es una prioridad para la Policía Nacional”. También indicó que las labores investigativas y operativas continuarán para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

(Vea también: Revelan último video con vida de Ayelén Sofía, adolescente que llevaba 14 meses desaparecida)

Tras la identificación de su cuerpo en una zona rural de Sopó, Cundinamarca, la Fiscalía busca establecer qué ocurrió durante los 14 meses en los que no se conoció su paradero.

El caso está bajo la atención de dos despachos del ente acusador, que trabajan de manera coordinada para esclarecer tanto las circunstancias de la desaparición como las de la muerte de la joven. Así lo explicó la representación judicial de la familia en declaraciones recogidas por medios como El Tiempo y Blu Radio.

La confirmación de la identidad por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal permitió establecer que el cuerpo encontrado en Sopó correspondía a Ayelén. Sin embargo, el hallazgo no resolvió los interrogantes sobre cómo llegó hasta ese lugar, qué sucedió después de que perdió contacto con su familia y si hubo participación de otras personas.

Por ahora, no se ha divulgado una conclusión definitiva sobre la causa de muerte. La representación de víctimas indicó que están pendientes nuevos análisis periciales para contar con más elementos científicos que ayuden a reconstruir los hechos.

Petición de la familia de Ayelén Sofía

Según informó El Tiempo, la primera línea e hipótesis está relacionada con una posible desaparición forzada. Los investigadores buscan establecer qué ocurrió desde el 9 de agosto de 2025, cuando la adolescente salió de su vivienda en Bogotá y no regresó, hasta el momento en que fue encontrada.

La segunda investigación se concentra en el presunto homicidio, con el propósito de esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si existió responsabilidad penal de terceros. Esta línea requiere establecer qué sucedió con la joven y reunir pruebas que permitan sustentar las conclusiones de las autoridades.

De acuerdo con la información difundida por citado medio, el abogado de la familia de la víctima pide que se unifiquen las dos líneas de investigación para facilitar el avance del caso.

Uno de los asuntos pendientes es el resultado de nuevos estudios forenses. Estos análisis podrían aportar información sobre la causa de muerte y la eventual presencia de signos de violencia, aspectos que todavía no cuentan con una conclusión pública definitiva.

(Vea también: Caos de movilidad en la vía Bogotá-Siberia; conductores reportan trancones de más de dos horas)

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, la vía permanecerá completamente cerrada en la noche de este martes 13 de octubre, y se espera que las acciones de remoción de escombros comiencen en la madrugada del miércoles 14 de octubre.

Derrumbe vía Sibaté – Fusagasugá

En horas de la tarde de este martes, la Gestión del Riesgo de Cundinamarca anunció la caída de rocas y tierra en el sector San Miguel, a aproximadamente 400 metros del peaje, jurisdicción de Sibaté, bloqueando ambos carriles de la vía, obligando al cierre de este corredor vial.

De acuerdo con la entidad, ya se encuentran haciendo seguimiento de la emergencia junto con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) y los Bomberos.

Según los primeros reportes de los bomberos de Cundinamarca, el hecho no dejó personas lesionadas ni vehículos atrapados entre la tierra caída.

Hasta el momento, se desconoce la hora en la que se podría dar apertura al corredor vial, por lo que se recomienda tomar vías alternas y evitar el acercamiento a la zona afectada, pues las lluvias podrían generar caída de material.

Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron un deslizamiento de tierra en la vía Sibaté–Fusagasugá, a 400 metros del peaje San Miguel, en jurisdicción del municipio de Sibaté. Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas ni vehículos atrapados.

En el lugar trabajan los Bomberos Voluntarios de Fusagasugá. La vía permanecerá cerrada durante la noche de hoy. Mañana desde la madrugada se iniciarán las labores seguras de remoción de escombros por parte del @ICCUGOB .

Recomendamos a los conductores tomar vías alternas y atender las indicaciones de las autoridades.

— Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) October 14, 2026

(Vea también: Taxi bomba en la vía Panamericana: criminales detonaron explosivos y se inmolaron al ver al Ejército)

El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, confirmó lo ocurrido y rechazó el ataque registrado en la comuna Seis del distrito. Tras la detonación, organismos de emergencia y autoridades se desplazaron al sector para atender a los afectados y verificar las condiciones de seguridad.

Según la información publicada por Vanguardia, una mujer sufrió lesiones en las piernas y la espalda, mientras que un hombre presentó heridas en las piernas. Ambos fueron trasladados a la Clínica Magdalena para recibir atención médica.

La adolescente, por su parte, fue remitida al Hospital Regional del Magdalena Medio debido al aturdimiento que le produjo la onda explosiva. El reporte conocido indica que no presentaba heridas. Ninguna de las tres personas afectadas se encontraba en estado de gravedad.

El hecho motivó el rechazo del mandatario local, quien anunció medidas adicionales de seguridad mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias de la detonación y determinar quiénes estarían detrás de lo ocurrido.

#SANTANDER El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez (@Jsvasquezg) informó que un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación fue detonado en inmediaciones del colegio Camilo Torres Restrepo. Dos adultos resultaron heridos y una menor fue remitida al Hospital Regional por aturdimiento consecuencia de la onda explosiva.

https://t.co/v2vIVVHFXe

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 14, 2026

Alcalde de Barrancabermeja anunció recompensa de hasta $50 millones

Tras el ataque, Jonathan Vásquez anunció la activación de un plan candado y el despliegue de unidades de la Policía, el Ejército y la Armada para reforzar la seguridad en Barrancabermeja.

Además, el mandatario informó que, en coordinación con la Gobernación de Santander, se ofrecerá una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y ubicar a los responsables de la detonación.

“¡No vamos a permitir que la violencia y el miedo se apoderen de Barrancabermeja!”, expresó el alcalde en su pronunciamiento, citado por Vanguardia.

Mientras tanto, las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes en el lugar de los hechos. La investigación busca establecer cómo ocurrió la detonación y quiénes serían los responsables.

(Vea también: Confirmado que cuerpo hallado en Sopó corresponde a Ayelén Sofía Páez, adolescente desaparecida en Bogotá)

La grabación volvió a cobrar importancia tras conocerse la identificación de la joven, quien tenía 16 años cuando su familia perdió contacto con ella. El registro, divulgado por Citytv y retomado por La Kalle, permite ubicarla en un punto de la capital después de que sus allegados reportaran su desaparición, aunque no aclara qué ocurrió posteriormente.

Ayelén había desaparecido el 9 de agosto de 2025, cuando se preparaba para presentar las pruebas Saber 11. Su familia contó que ese día compartió con ellos y estuvo estudiando antes de salir de la vivienda para comprar algo en una tienda. Sin embargo, no regresó y tampoco asistió al examen que tenía previsto presentar al día siguiente.

La búsqueda se extendió durante aproximadamente 14 meses. La confirmación de Medicina Legal permitió establecer el paradero de la adolescente, pero todavía hay preguntas sobre sus últimos movimientos, las circunstancias de su muerte y las personas que podrían tener información relevante para esclarecer el caso.

⚠️ Se cumplen dos semanas en las que no se sabe nada de Ayelén Sofía Páez Oliveros, una joven de 16 años que desapareció en Bogotá justo antes de presentar el Icfes. Jennifer Rodríguez le cuenta los detalles en el video.

🎬 Realización: Jerson Cruz. https://t.co/FQw4L3dSNC

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 29, 2025

Qué muestra el último video conocido de Ayelén Sofía

La grabación de seguridad corresponde a la madrugada del 10 de agosto de 2025, alrededor de las 3:30 a. m. En las imágenes se observa a una joven caminando por la avenida Primero de Mayo, en Bogotá, vestida con prendas similares a las descritas en el cartel de búsqueda.

Según la información publicada por El Tiempo y La Kalle, la adolescente llevaba un jean azul y una chaqueta negra. En el tramo captado por la cámara aparece sola y camina rápidamente. La descripción difundida entonces también señalaba que parecía desorientada y que no llevaba el bolso negro mencionado entre los elementos asociados a su desaparición.

El registro fue una pista importante porque permitió establecer que Ayelén había sido vista en ese sector durante la madrugada siguiente al día en que su familia perdió contacto con ella. No obstante, las imágenes no muestran qué ruta tomó después, si se encontró con alguien o dónde estuvo durante los meses posteriores.

Por esa razón, el video no permite reconstruir por sí solo todo lo ocurrido. Su importancia está en que documenta uno de los últimos momentos conocidos de la adolescente en Bogotá, antes de que su paradero permaneciera sin esclarecer durante más de un año.

La última vez que su familia vio a Ayelén

Claudia Oliveros, madre de la joven, relató a Citytv que el 9 de agosto de 2025 estuvieron juntos durante buena parte del día. Según su testimonio, Ayelén se había dedicado a estudiar para el Icfes y salió de la casa para hacer una compra.

“Estuvo con nosotros todo el día, desayunamos, almorzamos. Estuvo estudiando todo el día para el Icfes. Simplemente, en un momento salió a comprar algo en la tienda y no volvió. No se presentó al Icfes. No tuvimos más noticias de ella”, contó Oliveros.

El cartel de búsqueda ubicaba la última vez que fue vista por sus familiares el 9 de agosto, hacia las 5:00 p. m., en inmediaciones de la calle 67 con carrera Séptima, en la localidad de Chapinero. La grabación de la avenida Primero de Mayo corresponde a otro momento: varias horas después, durante la madrugada del día siguiente.

La diferencia entre ambos registros ayuda a establecer una cronología de los últimos movimientos conocidos de Ayelén, pero no explica cómo llegó de un punto a otro ni qué pasó después de la grabación.

Jaramillo Carbonell no cuenta con antecedentes en la diplomacia pública. Según la hoja de vida publicada en la página de Presidencia y citada por El Espectador, su experiencia está basada en el sector privado, con especial énfasis en la fiduciaria inmobiliaria, y se ha desempeñado como miembro de la junta directiva de Alianza Fiduciaria, una firma radicada en Barranquilla. En cuanto a formación, registra un pregrado en Administración de Negocios y Gestión, lo que marca una diferencia frente a otros encargados del servicio exterior con formación académica o trayectoria diplomática más extensa.

La confirmación de Jaramillo se presenta en un contexto donde, según datos de Migración Panamá, Colombia constituye el segundo país en flujo de ingreso a Panamá, registrando en septiembre la entrada de 44.229 colombianos. De esta manera, el nuevo embajador asume el reto de responder desde la capacidad institucional a las necesidades inmediatas de estos ciudadanos en el país centroamericano.

A la par, el Gobierno oficializó también a Adela María Maestre Cuello como viceministra de Relaciones Exteriores, bajo la coordinación de Omar Bula. Maestre Cuello tiene experiencia diplomática como exembajadora en Paraguay y cónsul general en Santiago de Chile, además de haber formado parte del cuerpo diplomático durante el periodo de María Ángela Holguín en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre sus responsabilidades destacan suplir ausencias temporales del ministro, la coordinación general del Ministerio y la asesoría en la formulación y seguimiento de la política exterior.

Según El Espectador, los movimientos en Cancillería se complementan con otras designaciones, como la postulación de Alberto Rafael Cepeda Sarabia a la embajada de Italia y la de Juan Carlos Vélez Uribe en Ecuador, este último con el beneplácito del gobierno ecuatoriano. También se menciona a Carlos Chavarro, exsenador y exsecretario de la Comisión Segunda en 2025, perfilado para asumir un cargo diplomático.

Mientras tanto, Omar Bula lidera una agenda diplomática en Israel, marcando un proceso de reconstrucción de las relaciones bilaterales bajo la nueva administración de la Espriella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los nuevos diplomáticos nombrados por el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

Entre las figuras más recientes anunciadas están Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell, quien asume la embajada en Panamá, y Adela María Maestre Cuello, designada como viceministra de Relaciones Exteriores. A ellos se suman Alberto Rafael Cepeda Sarabia como embajador designado en Italia y Juan Carlos Vélez Uribe en Ecuador, según las confirmaciones y reportes de El Espectador.

¿Cuál es el impacto del nombramiento de Edgardo Jaramillo en la embajada de Panamá en medio de la crisis humanitaria?

El nombramiento de Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell ocurre en un contexto crítico tras el terremoto de Panamá, donde el flujo de ciudadanos colombianos es significativo. Su papel como embajador será clave para dirigir la atención a los connacionales afectados y fortalecer la capacidad institucional en la crisis, de acuerdo con la información de El Espectador y datos de Migración Panamá.

Vea también: Revelan las regiones de Colombia donde un terremoto tendría menor impacto; solo hay dos)

De acuerdo con el boletín del SGC, el evento ocurrió a las 9:55 p. m., hora local. La profundidad reportada permite clasificarlo como un sismo intermedio, pues su foco se ubicó a más de 70 kilómetros bajo la superficie terrestre. Según indicó un usuario en redes sociales “se sintió suave en Floridablanca”.

Los Santos es una zona de Santander reconocida por su actividad sísmica. Allí se han registrado numerosos movimientos telúricos, incluidos eventos que han sido percibidos en otras regiones del país.

Este sismo se presentó horas después de otro movimiento de mayor magnitud en el mismo municipio. A las 4:24 p. m., el SGC reportó un temblor de magnitud 5,0 y una profundidad de 149 kilómetros, que fue sentido en varias ciudades colombianas.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-13, 21:55 hora local Magnitud 3.7. Profundidad 147 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/PyMv2vHXH1

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 14, 2026

La implantación de microchip, incluida sin costo durante el evento, permitirá mejorar el control y protección de los animales en la localidad. Según Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria, esta iniciativa facilita el acceso a procedimientos esenciales para los animales domésticos, y a la vez promueve la responsabilidad y el compromiso de las familias hacia sus mascotas. La funcionaria destacó: “Los animales de compañía son parte fundamental de muchas familias y su bienestar requiere compromiso, cuidado y responsabilidad. Con esta jornada gratuita de esterilización e implantación de microchip buscamos facilitar el acceso a estos servicios, promover la tenencia responsable y contribuir a la protección de los perros y gatos de nuestra localidad”, de acuerdo con datos de la Alcaldía Local.

Para poder participar, se deben cumplir varios requisitos. Quienes estén interesados deberán inscribirse previamente llamando al número 316 1591775, de lunes a viernes, entre 8:00 a. m. y 3:00 p. m., hasta agotar los 50 cupos. Los responsables deberán presentar copia de cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte, y un recibo de servicio público reciente de La Candelaria (máximo tres meses de antigüedad), aplicando para los estratos 1, 2 y 3. Además, se requiere copia de los documentos por cada animal, asegurar el ayuno de ocho horas previamente al procedimiento, y llevar una cobija. Los gatos deben llevarse en guacal y los perros con bozal o traílla. Así mismo, se exige disponibilidad de tiempo para acompañar todo el proceso.

Esta acción se realiza gracias al apoyo del Consejo Local de Protección y Bienestar Animal de La Candelaria y los Fondos de Desarrollo Local, con el objetivo de fortalecer la protección animal y desarrollar una comunidad más respetuosa y consciente hacia todas las especies.

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¿Cómo inscribirse en la jornada gratuita de esterilización de mascotas en La Candelaria?

Para inscribirse, usted debe comunicarse al número telefónico 316 1591775 de lunes a viernes en horario de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. El proceso estará abierto hasta completar los 50 cupos establecidos por la Alcaldía de La Candelaria.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la esterilización gratuita de mascotas en Bogotá?

Entre los principales requisitos figuran: entregar fotocopia de cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte; presentar un recibo de servicio público de la localidad de La Candelaria (no mayor a tres meses, únicamente para estratos 1, 2 y 3); copia de los documentos por cada animal; garantizar que la mascota tenga ayuno mínimo de ocho horas; llevar una cobija y transportar gatos en guacal y perros con bozal o traílla. Es importante contar con disponibilidad de tiempo para acompañar el procedimiento completo.

Las homenajeadas, procedentes de diversas localidades de Bogotá, disfrutaron de una jornada especial llena de actividades como bailes, espacios de diálogo ciudadano y momentos de reconocimiento público a su labor. El director del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas, señaló que la estrategia llamada “Entre Rescates y Respiros” fue clave para valorar a quienes, en muchas ocasiones, alimentan y cuidan a cientos de perros y gatos en refugios improvisados, haciendo frente a retos constantes para garantizar el bienestar de los animales.

El evento fue posible gracias al respaldo de organizaciones y aliados estratégicos, entre los cuales se cuentan Compensar, Gabrica, la Corporación Acción Técnica Social, la fundación Crea, Vive, Sueña y la comunidad protectora de animales del Distrito Capital. Además de la celebración, se reconoció el esfuerzo fundamental de estas personas con la entrega de insumos, medicamentos y un aporte destacado de tres toneladas de alimento para animales de compañía resguardados bajo su protección.

La festividad hizo parte de la llamada Semana PYBA y estuvo acompañada de más actividades orientadas a sensibilizar a la comunidad sobre protección animal. Según los datos suministrados por la Alcaldía de Bogotá, durante estos días se llevaron a cabo las graduaciones de estudiantes que cumplieron su Servicio Social Obligatorio en apoyo a los animales, una maratón radial animalista y actividades pedagógicas sobre temas como propiedad horizontal y el papel de las Juntas de Acción Comunal. Destacó también el lanzamiento de la biblioteca virtual ‘Huella Normativa’, la formalización de 11 adopciones comunitarias y la presencia de equipos de la estrategia “Bájele Perrito”, dedicada a prevenir atropellamientos de perros y gatos en las calles de la ciudad.

La semana culminó bajo el lema “Mi corazón es animalista”, con una jornada de adopción en el centro comercial La Floresta y tres días de actividades centradas en el respeto y la convivencia, aprovechando la conmemoración de los 30 años del Festival Rock al Parque.

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¿Qué labores realizan las proteccionistas homenajeadas por el IDPYBA en Bogotá?

Las proteccionistas reconocidas por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en Bogotá se dedican, según informó la Alcaldía, a alimentar y cuidar a cientos de perros y gatos, en ocasiones en refugios improvisados. Su trabajo cotidiano les exige esfuerzos constantes para garantizar el bienestar de los animales, brindándoles resguardo y atención ante situaciones adversas.

¿Qué actividades se realizaron durante la Semana PYBA en Bogotá por el bienestar animal?

Durante la Semana PYBA, organizada según reportó la Alcaldía Mayor de Bogotá, se desarrollaron varias iniciativas: graduaciones de estudiantes del Servicio Social Obligatorio en protección animal, maratón radial, actividades pedagógicas sobre propiedad horizontal y acción comunal, lanzamiento de la biblioteca virtual ‘Huella Normativa’, formalización de adopciones comunitarias y acciones de prevención de atropellamientos de animales en las calles como parte de la estrategia “Bájele Perrito”.

En palabras de Gustavo Petro, el decreto 802 se construyó siguiendo la ley 1523 de 2012, lo que, según su argumento, facultaba al nuevo presidente para reorientar partidas presupuestales aprobadas por el congreso a fin de afrontar y mitigar los efectos de la emergencia climática desde su primer día como jefe de Estado. Petro además cuestionó a De la Espriella por alegar que no le dejaron un plan ni recursos apropiados, y sostuvo que el mandatario omitió recoger información clave al no acudir personalmente a recibir el informe correspondiente al cambio de gobierno. Petro subrayó que había dejado disponibles COP 8 billones para inversiones prioritarias en agua potable, alimentos y energía eléctrica, e insistió en que el nuevo gobierno optó por suspender iniciativas como el programa Colombia Solar, las salinizadoras y los subsidios a fertilizantes gestionados por Ecopetrol.

La confrontación también adoptó tintes personales, pues Petro criticó que De la Espriella portara una pistola en público en vez de ocuparse de asuntos de lectura o gestión estatal, haciendo referencia al mismo decreto 802 de 2026. Según la postura de Petro, su administración se encaminaba hacia una transición energética y la consolidación de una economía descarbonizada.

El intercambio de señalamientos se detonó tras un mensaje de De la Espriella en el que estructuró su estrategia para afrontar la crisis provocada por el fenómeno de El Niño, haciendo énfasis en regiones vulnerables como la Costa Caribe. El presidente acusó al gobierno anterior de dejar reservas energéticas en cifras críticas y no prever la crisis a pesar de múltiples alertas, señalando que, por esa “falta de preparación”, el sistema quedó expuesto a eventuales racionamientos. El mandatario, sin embargo, indicó que ya se están ejecutando medidas para evitar apagones y responder a la emergencia de manera oportuna.

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¿Qué es el decreto 802 de 2026 y cómo buscaba enfrentar la crisis por el fenómeno de El Niño?

El decreto 802 de 2026, mencionado por Gustavo Petro y reportado por El Espectador, fue expedido para declarar el estado de desastre nacional por posibles sequías en todo el territorio colombiano. Esta medida, concebida bajo el marco de la ley 1523 de 2012, permitía al gobierno reasignar recursos presupuestales para atender la emergencia, con inversiones orientadas a garantizar la disponibilidad de agua potable, alimentos y energía eléctrica en el país.

¿Por qué hay polémica entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella sobre la gestión de la crisis energética?

La polémica surgió a partir de los señalamientos mutuos sobre la preparación del país frente al fenómeno de El Niño. Petro asegura que dejó políticas y recursos para enfrentar la crisis, mientras De la Espriella lo contradice indicando que heredó un sistema sin reservas suficientes ni respaldo energético, lo que incrementó el riesgo de racionamientos. El cruce de versiones ha alimentado el debate sobre la responsabilidad en la gestión de emergencias climáticas.

El análisis se concentró particularmente en un grupo de municipios conocidos como el corredor minero, conformado por Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico. En este corredor, los resultados muestran un avance importante: el acceso a la educación superior subió 20,8 puntos, pasando de 24,9 a 45,7 de cada 100 graduados de secundaria. Esto evidencia una tendencia positiva hacia la superación de barreras educativas en estos municipios, aunque sigue siendo insuficiente frente al desafío de abrir oportunidades para la mayoría de los jóvenes.

Otro punto positivo es la reducción de la deserción escolar en secundaria en estos cinco municipios, que bajó de 5,1 a 4,3 por cada 100 estudiantes. Entre ellos, Chiriguaná se destacó por registrar el mayor progreso dentro de este grupo, con un aumento de 10,6 puntos en el acceso a educación superior, seguido por El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, en ese orden.

José Miguel Linares, presidente de Drummond Ltd., destacó la importancia de estos avances, reconociendo tanto la mejoría en los resultados como los retos pendientes en términos de calidad educativa. De acuerdo con los datos revisados, el promedio departamental en la prueba Saber 11 —el examen estatal que mide competencias al finalizar la secundaria— pasó de 246,2 a 256,6 puntos.

En cuanto a la inversión social, Drummond Ltd. reportó al cierre de 2025 la construcción y mejoramiento de 1.252 aulas de clase, beneficiando a más de 72.000 estudiantes. Asimismo, 495 jóvenes recibieron becas y apoyos de sostenimiento, más de 8.500 hijos de empleados accedieron a subsidios educativos, cerca de 4.500 adultos participaron en alfabetización y 40.000 estudiantes se integraron en proyectos de calidad educativa.

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¿Qué factores influyeron en el aumento de acceso a la educación superior en los municipios del corredor minero de Cesar?

El incremento en el acceso a la educación superior en Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico estuvo ligado a un mejoramiento sostenido en el tránsito inmediato de bachilleres hacia estudios superiores, así como a inversiones en infraestructura educativa y apoyos sociales, según datos de Arteaga Latam y Drummond Ltd. La construcción de aulas, becas y programas de apoyo mostraron un impacto directo en estos resultados positivos.

¿Qué es el Índice de Trayectoria Educativa y por qué es importante en el contexto del Cesar?

El Índice de Trayectoria Educativa se refiere al porcentaje de bachilleres que ingresa a la educación superior inmediatamente después de finalizar su formación secundaria. Es un indicador clave para comprender el acceso de los jóvenes a más oportunidades académicas y laborales. En el caso del Cesar, este índice permite medir los avances y los retos del sistema educativo local en la inclusión y permanencia de los estudiantes en nuevos niveles de formación.

El proyecto de ley presentado establece condiciones claras para facilitar el sometimiento de los grupos ilegales. Entre estas condiciones se encuentra que la interlocución deberá realizarse de manera exclusiva a través de abogados, lo cual pone límites precisos a los canales de comunicación entre el Estado y los miembros de dichas organizaciones. Además, el proyecto delimita expresamente los lugares donde podrán tener lugar estos diálogos, buscando controlar el acceso y evitar escenarios que puedan interpretarse como mesas de negociación tradicional. Otra condición relevante radica en los compromisos que deberán asumir los integrantes de los grupos criminales, punto esencial para tener derecho a beneficios y rebajas de penas que, según lo proyectado, oscilarán entre el 30% y el 50%. El porcentaje de reducción dependerá de la función criminal que haya tenido cada miembro en la organización.

El documento que sustenta la propuesta aclara, de manera explícita, que el procedimiento no podrá ser interpretado bajo ninguna circunstancia como una negociación política. En el texto se detallan también los grupos criminales que pueden participar dentro de este proceso y se define el papel de las distintas entidades del gobierno que acompañarán cada etapa. De acuerdo con el ministro de Justicia, Iván Cancino, dicha claridad busca dispersar cualquier equívoco frente a la naturaleza del sometimiento y el alcance de los beneficios que se otorgarán.

¿Cuáles son las condiciones para el sometimiento de grupos criminales en la propuesta del gobierno?

De acuerdo con la información presentada ante el Congreso, la propuesta exige que la interlocución se realice únicamente a través de abogados, limita los sitios donde se pueden efectuar las conversaciones y requiere que los miembros de los grupos ilegales asuman compromisos específicos para acceder a beneficios penales, que pueden ir de un 30 % a un 50 % de reducción de condena, dependiendo del papel que hayan desempeñado.

¿Qué diferencia este proceso de sometimiento de una negociación política tradicional?

Según lo explicado por los ministros Rodrigo Lara e Iván Cancino ante el Congreso, esta propuesta no tiene carácter de negociación política. Está estructurada para que los actores armados ilegales se sometan a la justicia bajo condiciones claras, sin otorgar estatus político ni abrir espacios para diálogos de naturaleza política con el Estado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Vea también: Gobierno radica ley que daría rebajas de penas de hasta 50 % a criminales bajo estas condiciones) 

El mandatario presentó la medida a través de una publicación en sus redes sociales, acompañada de un video en el que defendió la necesidad de garantizar las movilizaciones pacíficas, pero advirtió que su Gobierno actuará frente a los hechos de violencia.

“En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero ¡no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos!”, manifestó De la Espriella.

En el video, el jefe de Estado sostuvo que la norma busca fortalecer la capacidad de las autoridades para responder ante situaciones que afecten la movilidad, los servicios esenciales y los derechos de quienes no participan en las manifestaciones.

El anuncio se produjo el martes 13 de octubre, un día antes de las movilizaciones convocadas en distintas ciudades del país para este miércoles.

 

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¿Qué cambia con el Decreto 1525 de 2026?

De acuerdo con la información divulgada sobre la norma, el decreto precisa las circunstancias en las que las autoridades pueden intervenir frente a hechos violentos durante una manifestación. Uno de los puntos centrales es que el diálogo y la mediación deben mantenerse como herramientas para gestionar las protestas, pero no constituyen un requisito que impida actuar contra personas que estén cometiendo actos de violencia.

Entre las situaciones contempladas para una intervención están las agresiones contra terceros, el uso o porte de armas, la retención de personas, los ataques contra periodistas o misiones médicas y los daños a la infraestructura. También se incluyen afectaciones graves a servicios públicos y al abastecimiento de bienes esenciales.

La norma contempla una actuación gradual de las autoridades, que incluye la participación de gestores de convivencia, el diálogo con los manifestantes y la mediación. Si las circunstancias lo requieren, pueden aplicarse medidas de disuasión y, como último recurso, intervenir las unidades de la Policía encargadas del mantenimiento del orden.

El decreto también refuerza la coordinación entre las autoridades mediante los Puestos de Mando Unificado (PMU), desde los cuales se deben articular las actuaciones durante las movilizaciones.

Sin embargo, la obstrucción de una vía no convierte automáticamente una manifestación en violenta. La intervención debe responder a las circunstancias previstas en la norma y distinguir entre quienes participan pacíficamente y quienes incurren en conductas violentas.

De la Espriella lanzó advertencia antes de las marchas del 14 de octubre

En su mensaje, el presidente insistió en que su Gobierno garantizará el derecho a la protesta pacífica, pero no permitirá que las movilizaciones deriven en actos que afecten a otros ciudadanos.

“No voy a permitir que se bloqueen vías, que se impida el tránsito libre de los ciudadanos, que las ambulancias no puedan pasar, que los niños no puedan ir a la escuela, que los transportadores no puedan mover sus cargas”, afirmó en el video.

El mandatario también señaló que los hechos de violencia serán documentados y puestos en conocimiento de las autoridades competentes. Además, defendió el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre la Policía, las autoridades militares, los alcaldes, los gobernadores y el Gobierno nacional.

“¡Se acabó la guachafita! ¡La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera!”, escribió en su publicación.

La aplicación del Decreto 1525 tendrá uno de sus primeros escenarios en las movilizaciones convocadas para este miércoles 14 de octubre. En esa jornada se podrá observar cómo las autoridades aplican las nuevas disposiciones y garantizan, al mismo tiempo, el derecho a la protesta pacífica y los derechos de los demás ciudadanos.

Sanjuán es investigada por posibles irregularidades cometidas cuando fue alcaldesa de San Diego (2016-2019). Los delitos atribuidos son la violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y la celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales. La Fiscalía, representada por la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela Rodríguez, expuso un conjunto de pruebas donde señala que la entonces alcaldesa habría omitido requisitos fundamentales en la etapa previa a la contratación, especialmente en la compraventa de un terreno para viviendas de interés social, a través del contrato 17-046, celebrado el 27 de febrero de 2017 por 88 millones de pesos.

La Fiscalía sostiene que, a pesar de una supuesta invitación pública de 60 días para la oferta de lotes, el proceso se cerró en solo seis días y se aceptó una única propuesta. Cuestiona que el precio del terreno no fue definido mediante avalúo independiente sino a través del peritaje proporcionado por el propio vendedor. Lo más delicado, según el ente acusador, es el vínculo familiar del vendedor, Juan Gerardo Arzuaga Rubio, con un concejal en ejercicio: Armando José Arzuaga Rubio, hecho que la ley prohíbe. Para sustentar las acusaciones, la Fiscalía propuso tomar testimonio de diversos exfuncionarios responsables del procedimiento contractual.

La defensa, en cabeza del abogado Alejandro Sánchez, asegura que las decisiones tomadas durante la alcaldía respondieron al cumplimiento de políticas públicas, ya en marcha por exalcaldes y respaldadas en el Plan de Desarrollo 2016-2019 y acuerdos municipales anteriores. Solicitaron incorporar la carpeta contractual completa y documentos que evidenciarían la transparencia del proceso. Para el tema del avalúo, la defensa presentó oficios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en los que se indica que no había disponibilidad para hacer el estudio, lo que forzó a la Alcaldía a adoptar un peritaje alterno. Según el defensor, no hubo dolo ni sobrecosto, dado que el lote, estimado en 220 millones por peritos de la Fiscalía, se compró por solo 88 millones.

Sobre la supuesta inhabilidad por parentesco, la defensa argumentó, con registros civiles, que la identificación pública del concejal era diferente a la del vendedor, lo que haría imposible que la entonces alcaldesa advirtiera el parentesco. El caso, de gran relevancia política y jurídica, continúa bajo análisis de la Corte Suprema, en medio de posturas enfrentadas y un proceso que seguirá dando de qué hablar.

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¿Cuáles son los cargos que enfrenta la gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila en la Corte Suprema?

La gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila está siendo procesada ante la Corte Suprema de Justicia por presunta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y por celebrar contratos sin cumplir los requisitos legales durante su periodo como alcaldesa de San Diego. Estos hechos giran en torno a la compra de un terreno para viviendas de interés social y posibles irregularidades en el proceso contractual, según los argumentos presentados por la Fiscalía en la audiencia preparatoria.

¿Por qué es relevante el parentesco entre el vendedor del lote y el concejal de San Diego en este proceso judicial?

El parentesco es clave porque la ley prohíbe a los mandatarios contratar con familiares directos de miembros de corporaciones públicas locales. La Fiscalía argumenta que el vendedor del lote era hermano de un concejal en ejercicio al momento de la compra, lo que podría configurar una inhabilidad. La defensa, sin embargo, sostiene que las diferencias en la identificación pública hacían esta relación difícil de detectar para la entonces alcaldesa. Esta discusión es central para la eventual responsabilidad penal de la gobernadora.

En los apartados del decreto, se hace especial énfasis en la identificación individual de aquellos manifestantes que inciten o participen en actos violentos o de vandalismo. Además, se determina que la protesta estará permanentemente acompañada por la Policía Nacional, con un dispositivo que debe permanecer a por lo menos cuatro metros de distancia de la manifestación. De acuerdo con El Espectador, este acompañamiento policial tiene el propósito de controlar el desempeño de la protesta y, sobre todo, "garantizar el ejercicio pacífico del derecho a la protesta y proteger tanto a los participantes como a las personas que no forman parte de la manifestación".

Otra disposición importante del decreto plantea que, en casos en los que los manifestantes sean sorprendidos portando o usando armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios —o si se presenta la retención de personas contra su voluntad o agresión contra terceros ajenos, funcionarios públicos, personal uniformado, misiones médicas o periodísticas—, la Policía Nacional está autorizada a hacer uso de la fuerza. Pese a que el decreto insiste en la necesidad de mantener escenarios de diálogo, la posibilidad de intervención por la fuerza refuerza el control de las autoridades sobre el desarrollo de la manifestación.

Este paquete de medidas, que llega justo antes de las movilizaciones de la oposición, pretende acotar y dirigir la protesta pública bajo lineamientos más precisos y vigilados. Así, el gobierno de De la Espriella busca equilibrar el derecho a la protesta con el mantenimiento del orden y la seguridad, dejando en manos de la Policía Nacional importantes facultades para intervenir cuando identifique riesgos para los asistentes y la comunidad en general.

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¿Qué regula el decreto 1525 de 2026 sobre la protesta social?

El decreto 1525 de 2026 define procedimientos para la protesta social, incluyendo la individualización de manifestantes que cometan actos violentos o vandálicos, la presencia constante de la Policía Nacional a cuatro metros de las manifestaciones y la autorización del uso de la fuerza en situaciones específicas, como el empleo de armas o agresión contra terceros, según El Espectador.

¿Cuándo puede la Policía Nacional usar la fuerza durante una protesta?

De acuerdo con lo señalado por El Espectador, la Policía Nacional puede emplear la fuerza cuando haya evidencia del porte o uso de armas, explosivos, artefactos incendiarios, retención forzada de personas o agresión hacia terceros, autoridades, misiones médicas o periodísticas, incluso si existen escenarios de diálogo abiertos.

En las últimas jornadas, las condiciones meteorológicas extremas han ocasionado caídas de árboles sobre cables, deslizamientos y descargas atmosféricas, afectando gravemente la infraestructura. Frente a este escenario, Enel Colombia puso en marcha su plan de contingencia, movilizando la totalidad de sus cuadrillas, equipos técnicos, móviles de emergencia y personal de apoyo para acelerar la evaluación de daños y la reparación de los servicios. Además, en casos donde se ven comprometidas infraestructuras sensibles como los centros de salud, la empresa explora alternativas de respaldo eléctrico, como el uso de grupos electrógenos, siempre dependiendo de las características y requerimientos de cada situación.

Un aspecto complejo es que, en Cundinamarca, gran parte de la distribución de energía es aérea; por ello, las caídas de árboles y los fuertes vientos incrementan el riesgo de afectaciones. A esto se suman las dificultades de acceso que se presentan ante inundaciones o deslizamientos causados por las lluvias. Enel Colombia subraya que la seguridad de sus trabajadores es fundamental, por lo que muchas intervenciones solo se realizan si existen condiciones que no ponen en riesgo al personal, lo que a veces prolonga los tiempos de restablecimiento del servicio.

La empresa trabaja de manera coordinada con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), comités de riesgo, cuerpos de bomberos, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca. La intención es optimizar la respuesta y priorizar las zonas más afectadas. Enel Colombia también aconseja a la ciudadanía evitar cualquier contacto con redes eléctricas caídas o en mal estado, mantener techos y bajantes en condiciones adecuadas, desconectar dispositivos electrónicos durante tormentas y reportar fallas de inmediato a través de sus canales oficiales, como Fonoservicio o WhatsApp. 

Por otra parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) explicó que Colombia atraviesa la segunda temporada de lluvias, con picos de precipitación en octubre y noviembre en la región andina y caribeña. Incluso en el contexto del fenómeno de El Niño, que se asocia generalmente a condiciones más secas, pueden presentarse lluvias fuertes y tormentas, como las observadas recientemente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo atiende Enel Colombia las emergencias eléctricas durante las lluvias intensas?

Enel Colombia activa planes de contingencia ante eventos climáticos extremos, desplegando a todas sus cuadrillas y personal técnico en las zonas afectadas. Da prioridad a instalaciones sensibles y trabaja en coordinación con entidades como el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), comités de riesgo, cuerpos de bomberos y autoridades locales para agilizar el restablecimiento del servicio y mantener la seguridad del personal y de la comunidad. Los canales oficiales, como Fonoservicio y WhatsApp, están disponibles para reportar emergencias.

¿Por qué ocurren lluvias intensas durante el fenómeno de El Niño en Colombia?

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), aunque el fenómeno de El Niño suele relacionarse con periodos secos, en Colombia pueden coincidir las características del fenómeno con la temporada regular de lluvias, especialmente entre octubre y noviembre en la región andina y caribeña. Por ello, es posible registrar lluvias intensas y tormentas, pese a la presencia de El Niño.

El hallazgo del cuerpo ocurrió gracias a la alerta de una persona que transitaba por la zona, de acuerdo con Daniel Solarte, abogado que integra la representación de las víctimas. Según Solarte, tal como informaron las autoridades, la Fiscalía comunicó que el descubrimiento tuvo lugar durante el pasado puente festivo. Sin embargo, identificar a la joven no ha traído respuestas concluyentes sobre lo ocurrido, y la investigación sigue sin dar un desenlace claro. La familia, junto con el equipo legal, insiste en que se esclarezcan todos los hechos y no se descarte ninguna hipótesis prematuramente.

Solarte detalló a El Espectador que pidieron a la Fiscalía considerar todas las posibilidades, pues existen elementos que "no están claros". Además, se encuentran pendientes exámenes adicionales y un segundo concepto científico de Medicina Legal, que servirían para analizar si hubo signos de violencia y aportar información clave sobre la causa y modo de muerte. Por tanto, aún no se ha establecido oficialmente cómo falleció Ayelén ni se conocen los responsables o implicados.

Otro aspecto fundamental en la investigación es el recorrido que tuvo el teléfono celular de la adolescente tras su desaparición. De acuerdo con la defensa, el dispositivo fue encontrado en el departamento de Sucre, totalmente formateado, y con cuentas y contraseñas modificadas. Según versiones recopiladas, quien tenía el aparato aseguró haberlo recibido por medio de un conocido procedente de Bogotá. Hasta el momento, no se ha determinado quién intervino el equipo ni si esto tuvo relación directa con la desaparición.

Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) emitió el 21 de agosto una circular amarilla, herramienta utilizada para localizar personas desaparecidas, extendiendo la búsqueda a nivel internacional. Ayelén fue vista por última vez en la zona de Chapinero, Bogotá, cuando supuestamente salió para hacer una compra y prepararse para las pruebas Saber 11. Testigos afirmaron haberla visto después en diferentes puntos de la ciudad e incluso compartiendo en un establecimiento comercial. La Policía realizó búsquedas extensas sin obtener resultados durante meses. Entre las hipótesis que circularon estuvo la posibilidad de que Ayelén se ausentara voluntariamente, tema que, al igual que las demás líneas, sigue bajo investigación.

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¿Cómo avanza la investigación por la desaparición y muerte de Ayelén Sofía Páez?

La investigación continúa abierta mientras se esperan resultados de exámenes pendientes y un segundo informe de Medicina Legal, que permitan esclarecer si hubo violencia y detalles sobre la causa de muerte. La familia y sus abogados insisten en que no se cierre ninguna hipótesis y piden que la Fiscalía profundice en todos los elementos recogidos hasta la fecha.

¿Por qué es relevante el hallazgo del celular de Ayelén Sofía Páez en el caso?

El descubrimiento del teléfono celular, hallado formateado en el departamento de Sucre, es relevante porque puede aportar información clave sobre lo que ocurrió después de la desaparición de la adolescente. Las modificaciones realizadas en el dispositivo y las cuentas digitales, así como su transmisión entre varias personas, son puntos críticos que la investigación debe aclarar para reconstruir los hechos.

Uno de los hechos más devastadores que recogió la imputación fue la masacre de San Luis, en Caquetá, cometido en 1997, donde siete autoridades tradicionales del pueblo Korebajü perdieron la vida. La JEP estableció que esta masacre no fue un episodio aislado. De acuerdo con el relato histórico y el contexto del crimen, la violencia ya había cobrado la vida de otras figuras importantes de la comunidad, como Aquiles Bolaños, fundador del Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio Caquetá, quien fue asesinado cuatro años antes del suceso de San Luis. Así lo evidenció el Plan de Vida del pueblo Korebajü, citado en la documentación de la JEP.

De acuerdo con el Plan de Vida del pueblo Korebajü, entre 1997 y 2003 las Farc asesinaron a 65 líderes indígenas. El motivo principal estuvo relacionado con la resistencia de estos líderes frente al sometimiento, el reclutamiento forzado y la presión ejercida por la estructura armada sobre las autoridades del resguardo. Esto buscaba debilitar sus procesos organizativos y de defensa cultural para así imponer el dominio armado de la guerrilla. La violencia no se limitó a quienes ejercían autoridad formal. También alcanzó a quienes se encargaban de preservar y transmitir los saberes ancestrales y las prácticas tradicionales de sus pueblos, atentando de fondo contra la memoria y la cohesión comunitaria.

Todo esto, de acuerdo con la JEP, conformó un panorama de agresión sistemática que no solo impactó a las víctimas directas, sino que también fracturó la estructura social de pueblos históricamente marginados, forzando el desplazamiento de familias enteras y poniendo en riesgo sitios sagrados y tradiciones ancestrales de valor incalculable.

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¿Cuáles fueron los crímenes de las Farc contra los pueblos indígenas según la JEP?

De acuerdo con la imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los crímenes cometidos por la guerrilla de las Farc incluyeron asesinatos de líderes indígenas, desplazamientos forzados de familias, amenazas contra la autonomía de las comunidades y ataques a las autoridades tradicionales, como se evidenció en la masacre de San Luis y el asesinato de Aquiles Bolaños.

¿Qué pueblos indígenas fueron afectados por la violencia de las Farc en la Amazonía y Orinoquía?

Según la información recopilada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los pueblos indígenas más afectados por la violencia de las Farc en estas regiones fueron los Korebajü, Siona, Nükak, Hitnü y Jiw, cuyas formas de vida y supervivencia estuvieron en peligro debido a los crímenes atribuidos a los bloques Sur y Oriental de la guerrilla.

El hallazgo ocurrió durante el puente festivo, cuando una persona que recorría el sector encontró los restos y alertó a las autoridades. Daniel Solarte, integrante de la representación judicial de la familia. Aunque la identificación permitió establecer el paradero de la joven, todavía no hay respuestas definitivas sobre las circunstancias de su muerte.

Uno de los puntos que la familia pide esclarecer es lo ocurrido con el teléfono celular de Ayelén. Según El Espectador, el abogado explicó que el dispositivo apareció en el departamento de Sucre, completamente formateado. Además, las cuentas digitales de la adolescente y sus contraseñas habrían sufrido modificaciones después de su desaparición.

“La persona que tenía el dispositivo dijo haberlo recibido como regalo del hijo de una mujer residente en ese departamento, quien, de acuerdo con esa misma versión, vive en Bogotá”, señala el representante judicial, según la información publicada por El Espectador.

Por ahora, no se ha establecido quién modificó las cuentas, quién formateó el celular ni si esos hechos guardan relación con la desaparición. El medio citado indicó que la investigación continúa abierta y que la familia solicita esclarecer las circunstancias antes de descartar hipótesis.

Ayelén, de 16 años, desapareció el 9 de agosto de 2025, después de salir a comprar algo en Bogotá. La última vez que la vieron fue cerca de la calle 67 con carrera Séptima, en Chapinero. La adolescente se preparaba para presentar las pruebas Saber 11 al día siguiente.

Con la identificación del cuerpo, la familia enfrenta ahora nuevas preguntas sobre lo ocurrido durante los meses de búsqueda. El objetivo de la representación judicial es que las autoridades aclaren los hechos y determinen las posibles responsabilidades.

Uno de los principales ajustes, según el decreto citado por fuentes oficiales en el documento, es que a partir de su expedición, la Policía no tendrá que esperar a que termine el diálogo con el grupo completo de manifestantes para intervenir contra quienes incurran en hechos violentos. Esta disposición permite que las autoridades actúen simultáneamente en dos frentes: manteniendo el diálogo con quienes protestan pacíficamente, mientras toman medidas inmediatas contra quienes empleen la violencia. Esta flexibilidad busca frenar acciones como el porte o uso de armas de fuego, elementos cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios; la retención de personas contra su voluntad; agresiones a ciudadanos, policías, médicos o periodistas; y daños a la infraestructura pública o privada, tal como explica el propio decreto.

De acuerdo con el mismo documento, si existen razones objetivas y comprobables que impidan agotar todas las etapas previas de intervención policial, la Policía estará autorizada a actuar sin cumplir necesariamente esos pasos, siempre y cuando la justificación quede registrada en el acta del Puesto de Mando Unificado, conocido por las siglas PMU. Así mismo, la verificación de estos hechos deberá notificarse de inmediato al Ministerio Público. El decreto subraya que toda actuación policial debe responder a los principios del uso de la fuerza, cuyo enfoque es evitar conductas violentas, proteger la vida y la integridad y preservar los bienes.

Por otro lado, la norma ratifica que los manifestantes pacíficos conservan las garantías consignadas en el Decreto 003 de 2021 y sus modificaciones, aun si cerca de ellos se presentan actos violentos de terceros. Adicionalmente, deja claro que ni la presencia de personas con el rostro cubierto, ni las convocatorias o discursos previos, pueden considerarse motivo suficiente para deslegitimar el carácter pacífico de una manifestación; la valoración debe hacerse sobre hechos objetivos y el contexto observador.

Esta normativa llega justo en la antesala de las jornadas de movilización, y serán estas el escenario donde se pondrán en marcha las nuevas reglas sobre intervención, diálogo y control de dispositivos policiales.

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¿Qué acciones permite el Decreto 1525 para la Policía durante las manifestaciones en Colombia?

El Decreto 1525 faculta a la Policía para intervenir de inmediato contra personas que ejecuten actos violentos durante manifestaciones, sin que sea obligatorio esperar a que terminen los diálogos con todos los participantes. Puede actuar simultáneamente en la protección de derechos de manifestantes pacíficos y en la represión de conductas violentas, siempre dejando constancia justificada de sus decisiones en el Puesto de Mando Unificado, conocido como PMU.

¿Qué garantías se mantienen para los manifestantes pacíficos según el nuevo decreto colombiano?

De acuerdo con el Decreto 1525, quienes protesten de manera pacífica mantienen intactos sus derechos y garantías, tal como se establece en el Decreto 003 de 2021. Ni la presencia de encapuchados, ni el tono de las convocatorias, ni los discursos previos son razones suficientes para tratar toda la protesta como violenta. Las autoridades deben basar su actuación en hechos concretos y verificables.

La posición de la oficial quedó consignada en un documento de ocho páginas presentado por su abogado, Nicolás Niño. Según Semana, en el escrito la defensa reiteró la disposición de Lozano para colaborar con las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

“Está dispuesta a atender cualquier llamado de la administración de justicia, en todas las oportunidades en que se le requiera, con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos para que las autoridades competentes adopten las determinaciones que en derecho correspondan”, señala el documento.

Vea también: Eva Ferrer acusa a Verónica Alcocer de beneficiar viajes y contratos; Procuraduría y Fiscalía anuncian investigación

Sin embargo, la defensa también cuestionó las declaraciones de Eva Ferrer y anunció medidas penales por considerar que sus afirmaciones afectarían la honra y el buen nombre de la capitana. La inconformidad se centra en la manera en que Ferrer habría mencionado a la oficial y la habría vinculado con supuestas conductas delictivas.

“Dentro de la entrevista, la querellada eligió nombrar a mi poderdante con su grado y su cargo; presuntamente vincularla con las supuestas conductas delictivas; y luego, ante una pregunta que le ofrecía una salida neutral, escogió afirmar que era cómplice”, sostiene el documento.

El abogado de Lozano también expuso su interpretación sobre la secuencia de las declaraciones y sus posibles implicaciones para la reputación de su representada. El escrito plantea que las afirmaciones de Ferrer no habrían sido una simple mención de la oficial, sino una atribución concreta de participación en presuntos delitos.

“Esta secuencia permite inferir, aparentemente, la voluntad y la conciencia de atribuirle a una persona determinada su participación en hechos delictivos concretos”, indica el apoderado de la capitana.

La defensa insistió en que las declaraciones cuestionadas podrían tener consecuencias jurídicas. “Así las cosas, la conducta presuntamente desplegada se ubica en el ámbito de la imputación falsa de un delito, con una lesión directa a la honra y al buen nombre de la capitán Daniela Lozano, cuya reputación como oficial depende justamente de la confianza en su rectitud”, manifiesta el documento firmado por Nicolás Niño.

De acuerdo con lo reportado, el operativo incluyó no solo el retiro de los cambuches, sino también la recolección de residuos y labores de deshierbe para mejorar el entorno. En esta jornada participaron la Policía Metropolitana, el Ejército, gestores de convivencia y trabajadores de entidades responsables de la limpieza y el aseo en la ciudad. La intervención fue coordinada y contó con la colaboración activa entre las diferentes entidades, con el objetivo de garantizar tanto la seguridad como el aspecto del espacio público.

Durante el procedimiento, Sergio Saavedra, director de Seguridad y Convivencia, manifestó su preocupación por el frecuente hallazgo de objetos y materiales abandonados en estos lugares. El funcionario explicó: “Acá terminan todo lo que no desechan de manera adecuada los ibaguereños”, haciendo un llamado a la comunidad para que utilice únicamente los sitos autorizados para la disposición de escombros y otros residuos. Según Saavedra, la irresponsabilidad de algunos ciudadanos facilita la formación de cambuches y, al mismo tiempo, contribuye a la degradación de áreas comunes, lo que afecta la seguridad colectiva y la imagen urbana.

El desmonte de estas seis estructuras irregulares se llevó a cabo con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social. Además, como parte de la intervención, se ofreció atención institucional a las personas que se encontraban en los cambuches, con el propósito de conectarlas con programas de resocialización y acompañamiento, y así brindarles opciones distintas a la ocupación irregular del espacio público. Este esfuerzo busca no solo recuperar zonas de la ciudad afectadas, sino también ofrecer alternativas y soluciones más humanas a quienes se ven obligados a vivir en condiciones difíciles.

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¿Por qué fue necesario desmontar los cambuches en la calle 14 de Ibagué?

El retiro de los cambuches en la calle 14 de Ibagué se realizó porque estas estructuras elevaban la percepción de inseguridad entre los habitantes del sector y generaban afectaciones en el entorno. Según los reportes, las autoridades atendieron el llamado de la comunidad, al notar cómo los residuos y escombros abandonados daban pie a la creación de asentamientos improvisados, lo que ponía en riesgo la tranquilidad y la imagen urbana de la comuna Uno.

¿Qué tipo de acompañamiento reciben las personas en condición de calle tras los operativos en Ibagué?

Después de los operativos, las personas en condición de calle reciben atención institucional, según lo informado durante la jornada. La Secretaría de Desarrollo Social hace presencia para vincular a quienes habitan los cambuches a programas de acompañamiento y resocialización. El objetivo es ofrecerles alternativas que mejoren su calidad de vida y los apoyen en la reintegración a la sociedad de manera digna.

En una entrevista publicada el 10 de octubre en Semana, Ferrer—quien asesoró a Alcocer durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y fue consejera en su Gobierno—afirmó que Alcocer habría viajado en enero de 2023 a Venezuela y, al volver, habría ingresado al país una suma considerable de dinero. Según ella, "de ese viaje se traen USD 2,5 millones" y habría existido un “movimiento de dineros” no justificado. Además, sostuvo que esos viajes no fueron aislados y que hubo una confidencialidad extrema en su organización, involucrando a Carolina Plata, amiga cercana de Alcocer. Ferrer dijo: “parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga”. Sin embargo, la Fiscalía aclaró a El Espectador que Ferrer aún no ha aportado pruebas concretas sobre sus afirmaciones.

La Procuraduría General de la Nación, por su parte, la citó a declarar el 13 de octubre para aclarar los señalamientos y pidió a su Dirección Nacional de Investigaciones Especiales recolectar las pruebas necesarias. Asimismo, convocó a otros exfuncionarios relacionados con la administración Petro. Ferrer sugiere que Alcocer habría influido en el direccionamiento de cargos y contratos al interior del Gobierno para beneficiar a cercanos.

Adicionalmente, Ferrer mencionó a supuestos financiadores no reportados de la campaña presidencial de 2022, como Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo", y Euclides Torres, quienes habrían realizado aportes significativos. Frente a estas declaraciones, el expresidente Petro calificó la publicación de Semana de difamatoria y exigió una rectificación pública, señalando que Ferrer solo replicó rumores no sustentados con evidencia.

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¿De qué acusan a Verónica Alcocer según Eva Ferrer?

Eva Ferrer acusa a la exprimera dama Verónica Alcocer de haber utilizado su posición para transportar droga, armas y dinero entre Colombia y Venezuela, además de intervenir en el direccionamiento de cargos y contratos dentro del Gobierno. Ferrer afirmó en una entrevista con Semana que Alcocer habría regresado de un viaje a Venezuela con USD 2,5 millones e incluso sugirió la existencia de fotografías con maletas que contendrían droga. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía citada por El Espectador, hasta el momento Ferrer no ha presentado pruebas concretas que respalden estas denuncias.

¿Qué acciones tomaron la Fiscalía y la Procuraduría tras las declaraciones de Eva Ferrer?

La Fiscalía citó por tercera vez a Eva Ferrer para que declare sobre los hechos que denunció, mientras la Procuraduría también la convocó junto a otros exfuncionarios para esclarecer los posibles actos de corrupción señalados. La Fiscalía, según El Espectador, realiza labores de verificación sobre conductas irregulares y ha contactado al abogado de Ferrer, sin que esta haya aportado pruebas. La Procuraduría, por su lado, comunicó que adelanta una investigación abierta tras publicaciones de Semana y busca con estas declaraciones comprobar los hechos expuestos por la exfuncionaria.

(Vea también: Petro mandó oscuro mensaje a Vicky Dávila tras decisión de De la Espriella sobre exjefe de seguridad de Alcocer)

El pronunciamiento lo hizo Petro este martes 13 de octubre, a través de su cuenta de X, en respuesta a un mensaje de Dávila en el que defendió la publicación de los testimonios de Ferrer y Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

“Usted y el señor Guillinsky serán denunciados por mis hijas y su madre”, escribió el exmandatario, quien cuestionó que en la entrevista se formularan acusaciones de narcotráfico y tráfico de armas contra Alcocer.

Petro sostuvo que los señalamientos difundidos carecen de sustento y afirmó que las declaraciones citadas no constituyen pruebas de los delitos mencionados. También solicitó a Dávila que rectifique con el mismo despliegue que, según él, tuvo la publicación de las acusaciones.

Este es el mensaje del presidente:

No señora Victoria, usted y el señor Guillinsky serán denunciados por mis hijas y su madre.

Usted y el propietario de la revista Semana desplegaron una entrevista donde se acusó gravemente de narcotráfico y tráfico de armas a la madre de mis últimas hijas.

La señora Angie no es prueba alguna porque en el año 2023 no trabajaba en el Dapre y creo que en ninguna parte del gobierno. Además ha dicho públicamente que no le consta lo dicho al respecto por Eva.

La señora Eva Ferrer aduce para su afirmación, que alguien le contó esos hechos y no menciona nombre, luego usted propagó, vicky, una afirmación sin sustento y es un delito con consecuencias civiles que recaen sobre usted y el propietario de la revista.

Les solicitó como padre de mis hijas y como expresidente de la república de Colombia su rectificación con el mismo despliegue que utilizó para calumniarnos.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 13, 2026

¿Por qué Petro anunció una denuncia contra Vicky Dávila y el dueño de Semana?

En su mensaje, Petro cuestionó la entrevista en la que Eva Ferrer hizo señalamientos contra Verónica Alcocer relacionados con presuntas actividades de narcotráfico y tráfico de armas.

El expresidente sostuvo que Ferrer no habría presentado pruebas directas para respaldar esas afirmaciones y criticó que, según su versión, la exasesora se habría basado en información que recibió de otra persona cuyo nombre no reveló.

También se refirió a Angie Rodríguez, quien habló sobre presuntos episodios de violencia y otras irregularidades que involucrarían a la exprimera dama. Petro señaló que Rodríguez no trabajaba en el Dapre en 2023 y cuestionó que su testimonio se presentara como prueba de los hechos denunciados.

“Les solicito como padre de mis hijas y como expresidente de la República de Colombia su rectificación con el mismo despliegue que utilizó para calumniarnos”, escribió.

¿Qué respondió Vicky Dávila?

La respuesta de Petro se produjo después de que Vicky Dávila defendiera la publicación de las entrevistas con Eva Ferrer y Angie Rodríguez.

En su mensaje, la periodista sostuvo que los testimonios debían ser examinados por las autoridades y pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que investigaran para establecer si las acusaciones eran falsas o verdaderas.

“Los defensores de oficio de Petro, Verónica y su combo, madrugaron a ejercer. El testimonio de Eva Ferrer, y el testimonio de Angie Rodríguez son una prueba en sí”, escribió Dávila.

La periodista añadió que las autoridades debían investigar las declaraciones de las dos exfuncionarias, a quienes describió como integrantes del círculo cercano de Petro y Alcocer.

Los defensores de oficio de Petro, Verónica y su combo, madrugaron a ejercer. El testimonio de Eva Ferrer, y el testimonio de Angie Rodríguez son una prueba en sí.

La Fiscalía, la Corte y la Comisión de Acusación deben investigar y decirles a los colombianos si es falso o real lo que están denunciando estas exfuncionarias, del círculo íntimo de Petro y Verónica.

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 13, 2026

Las víctimas fatales del tiroteo fueron identificadas como Víctor Alfonso Osorio Artunduaga, Didier Romero Varela y Franklin Fabián Collazos Murcia. Estas personas se encontraban dentro del establecimiento nocturno cuando, de acuerdo con los reportes, un hombre armado ingresó al lugar y disparó de manera indiscriminada contra quienes estaban en su interior. Producto del ataque, una cuarta persona sufrió heridas y recibió atención médica. Sin embargo, no se han divulgado mayores detalles sobre su estado de salud ni su identidad hasta el momento.

El suceso ha generado preocupación en la comunidad y en las autoridades municipales, quienes respondieron rápidamente anunciando el fortalecimiento de las medidas de seguridad en El Paujil. De acuerdo con los reportes recogidos, se han intensificado los controles en la zona con el objetivo de brindar mayor protección a los ciudadanos y avanzar en el esclarecimiento del caso. Entre las acciones adoptadas por las autoridades figura también la oferta de una recompensa para quienes aporten información relevante que conduzca al paradero de los responsables del ataque.

A pesar de estos avances en el proceso investigativo, hasta ahora no se ha establecido públicamente el móvil de la acción violenta ni se conoce quién podría estar detrás del crimen. Las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales permanecen en alerta, dedicando sus esfuerzos al esclarecimiento de los hechos y a garantizar una respuesta efectiva para la comunidad afectada.

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¿Por qué ocurrió el ataque armado en la discoteca de El Paujil, Caquetá?

Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente las causas ni los motivos detrás del ataque ocurrido en la discoteca de El Paujil, Caquetá. El móvil del crimen permanece en investigación y no se ha establecido ninguna hipótesis confirmada sobre las razones del hecho violento.

¿Quiénes fueron las víctimas del triple homicidio en El Paujil, Caquetá?

Las víctimas identificadas tras el ataque armado en la discoteca de El Paujil, Caquetá, son Víctor Alfonso Osorio Artunduaga, Didier Romero Varela y Franklin Fabián Collazos Murcia. Además, una cuarta persona resultó herida y recibió atención médica, aunque no se han divulgado detalles sobre su identidad o condición.

El rediseño planteado por Maestre pretende mantener la esencia de la figura original, pero integrar detalles artísticos nuevos que le otorguen un aire diferente. El artista detalla que el modelo contempla escamas más definidas, una cola con formas más elegantes y nervaduras visibles, además de aletas en los brazos y una expresión facial renovada, buscando acentuar la belleza de la imagen. Para presentar esta visión, Maestre planea elaborar una maqueta impresa en 3D, con el fin de socializar la propuesta y fomentar un debate público en torno a la posible actualización del monumento.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa de Maestre es sustituir el material actual—fibra de vidrio recubierta con laminilla de oro—por bronce. Según explicó el escultor, el bronce garantiza mayor durabilidad ante la exposición al clima y resulta menos vulnerable ante nuevos actos vandálicos. Al respecto, sostuvo: "Si ya ves que ya se ha restaurado cuatro veces, ¿quién dice que en el futuro no va a haber que volverla a restaurar por vandalismo? En cambio, una escultura en bronce ya es difícil que la puedan atentar, porque es metal". Además, propone la recolección comunitaria de objetos metálicos como candados o llaves para contribuir al proceso de fundición, así como la búsqueda de apoyo institucional para materializar la obra.

Para Maestre, renovar la Sirena de Hurtado significa salvaguardar un símbolo de la memoria cultural vallenata. La escultura, instalada originalmente en 1987, nació de su deseo de mantener vigente la leyenda local que inspiró la obra. Casi cuatro décadas después, el artista busca, mediante su iniciativa, reforzar el valor simbólico del monumento e invitar a la ciudadanía a participar en la conservación de su patrimonio.

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¿Cómo cambiaría la imagen de la Sirena de Hurtado según el nuevo diseño de Jorge Maestre?

De acuerdo con las declaraciones de Jorge Maestre citadas por Betan, el rediseño de la Sirena de Hurtado conservaría su esencia, pero incluiría detalles artísticos nuevos: escamas bien definidas, una cola más elegante, nervaduras visibles, aletas en los brazos y una expresión facial renovada. La idea es que la escultura resulte más llamativa y represente mejor la leyenda local.

¿Por qué el artista propone el cambio de material a bronce en la Sirena de Hurtado?

Según Jorge Maestre, la versión original de la Sirena de Hurtado fue creada en fibra de vidrio recubierta con laminilla de oro, materiales que han requerido numerosas restauraciones debido al deterioro y el vandalismo. El bronce, explicó el artista, sería más resistente ante las condiciones ambientales y menos susceptible a nuevos daños, asegurando una vida útil mucho más larga para este símbolo de Valledupar.

Según información entregada por la administración departamental, el proyecto supera el 72 % de avance, un porcentaje que incluso se encuentra por encima del cronograma previsto inicialmente. Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle, detalló que la calzada habilitada funcionará en ambos sentidos, lo que permitirá ejecutar intervenciones necesarias en la estructura vial actual y dar continuidad a las labores de ampliación.

Ramírez también precisó que esta nueva calzada ya está completamente terminada y lista para su uso, no solo en lo que respecta al pavimento, sino también en elementos complementarios como los espacios públicos, la ciclorruta y el andén. Estos aspectos forman parte de un enfoque integral que busca no solo mejorar la movilidad en vehículos particulares, sino también promover medios de transporte alternativos y peatones, fortaleciendo la infraestructura para toda la población que transita en esta zona.

La ampliación de la avenida Cañasgordas contempla en total 6,1 kilómetros de nueva calzada. De acuerdo con la Gobernación, el objetivo de este ambicioso proyecto es optimizar los desplazamientos entre Cali y Jamundí. La entidad estima que, una vez finalizada la obra, los tiempos de viaje podrán reducirse hasta en 30 minutos, beneficiando a más de 360.000 vallecaucanos que se movilizan constantemente a través de este corredor estratégico.

Mientras avanzan las obras en el tramo restante, la apertura de estos primeros 2,9 kilómetros es vista como un avance significativo y una medida transitoria clave. Esta permite agilizar la intervención de la calzada antigua y continuar el desarrollo del proyecto sin afectar de manera sensible la circulación. La Gobernación insiste en que la meta es completar cuanto antes la ampliación total, consolidando un corredor moderno y eficiente para el departamento.

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¿Cuántos kilómetros tendrá la nueva calzada de la avenida Cañasgordas?

Según información oficial de la Gobernación del Valle del Cauca, la ampliación de la avenida Cañasgordas contempla la construcción total de 6,1 kilómetros de nueva calzada. Este corredor busca mejorar la conexión entre Cali y Jamundí, facilitando los desplazamientos para miles de ciudadanos que transitan diariamente por la zona.

¿Cuál es el avance actual del proyecto de la avenida Cañasgordas?

De acuerdo con la Gobernación del Valle del Cauca, el proyecto de ampliación de la avenida Cañasgordas registra un avance superior al 72 %. Esto significa que las obras se desarrollan a buen ritmo, incluso por encima del cronograma originalmente establecido por las autoridades departamentales.

Según detalló el IDRD, el laboratorio de innovación consiste en la evaluación de técnicas de cultivo, manejo y cosecha mecanizada de césped natural, así como la puesta en marcha de métodos para su recuperación. Los trabajos actuales han intervenido 20.180 metros cuadrados en las canchas seis, ocho y nueve. Estas superficies deportivas serán niveladas e intervenidas para instalar nueva cobertura vegetal y sistemas de riego que permitan mantener la calidad del césped. La entidad aclaró también que este procedimiento no corresponde a un contrato adicional de mantenimiento, sino a un permiso de uso temporal con contraprestación en especie, lo que implica que no se están generando desembolsos directos de recursos públicos en esta fase del proyecto.

El IDRD destacó el proceso de selección de las canchas sobre las que se permite intervenir. Antes de autorizar el uso, el instituto confirmó que no existían reservas ni asignaciones vigentes para las canchas seleccionadas, evitando así que el proceso interfiriera con actividades deportivas ya programadas. En tanto, las ocho canchas restantes del parque seguirán recibiendo la atención acostumbrada mediante el contrato regular de mantenimiento, apoyado por Aguas de Bogotá en las labores de poda, lo que garantiza que la oferta de espacios deportivos se mantenga mientras se desarrolla la recuperación de las zonas afectadas.

La responsabilidad técnica y económica del proceso recae sobre Equiver, que asume los costos estimados en 444 millones de pesos, sin cargar este monto al presupuesto público. Durante los seis meses que dura el permiso, la empresa tendrá a su cargo no solo la intervención, sino también el cuidado de las canchas. El IDRD se encargará de supervisar que las condiciones establecidas en el permiso se cumplan y que los resultados beneficien efectivamente a la comunidad, aspirando a mejorar la calidad de los escenarios deportivos del parque.

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¿Qué beneficios traerá la recuperación de canchas en el parque La Florida?

La intervención autorizada por el IDRD busca elevar la calidad de tres canchas de fútbol en el parque La Florida mediante técnicas innovadoras de manejo y cultivo de césped. Esto fortalecerá las condiciones para la práctica deportiva y contribuirá al mejoramiento general de la infraestructura, favoreciendo a los habitantes de Engativá y a los usuarios de estos escenarios.

¿Qué implica un permiso de uso temporal con contraprestación en especie?

Según explicó el IDRD, este tipo de permiso permite a una organización ejecutar intervenciones específicas a cambio de una contribución no monetaria, en este caso la recuperación y mantenimiento de las canchas. Esto significa que no se usan recursos públicos para la obra y que la empresa a cargo asume tanto los gastos como la responsabilidad por la calidad de los trabajos realizados.

Según la información divulgada, en ciudades como Bucaramanga y Tunja la población sintió el sismo con mayor fuerza, mientras que en Bogotá y Medellín la percepción fue leve. Hasta el momento, el SGC no ha recibido reportes de daños en infraestructura o afectaciones en viviendas. Los informes de testigos en redes sociales señalaron que la duración del temblor fue de pocos segundos.

Es importante destacar que Los Santos, también reconocido como Mesa de los Santos, hace parte del denominado nido sísmico de Bucaramanga, una particularidad geológica que únicamente se encuentra en otras dos zonas del mundo. De acuerdo con el SGC, esta concentración excepcional de actividad sísmica justifica la frecuencia y continuidad de los temblores en la región. La entidad señala que cerca del 60% de los sismos del país tienen lugar en Los Santos. Solo existen otros dos nidos sísmicos globales: Vrancea, en Rumania, y Hindu-Kush, en Afganistán.

De acuerdo con el SGC, la configuración geológica del país, donde convergen placas tectónicas como la de Nazca, Sudamérica y Caribe, es la razón principal por la que Colombia es un territorio sísmicamente activo. Zonas como el Pacífico presentan gran actividad por la subducción —proceso en el que una placa tectónica se hunde bajo otra— de la placa de Nazca, lo cual genera una fosa marina y da origen a la cadena volcánica de los Andes.

En cuanto a la posibilidad de anticipar un movimiento telúrico, el SGC aclara que no es posible predecirlos, pues los procesos naturales que los originan son complejos y no existe tecnología capaz de anticipar su lugar, fecha o magnitud con certeza. Las alertas tempranas, como las disponibles en algunos celulares, solo detectan ondas sísmicas iniciales y pueden advertir de manera reactiva unos segundos antes del evento fuerte, siempre que se cuente con sensores apropiados cerca del epicentro.

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¿Por qué Los Santos, Santander, es una de las zonas más sísmicas de Colombia?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, Los Santos, en Santander, se encuentra en el denominado “nido sísmico de Bucaramanga”. Este término refiere a regiones con una concentración inusual y casi continua de actividad sísmica, encontrándose solo en dos lugares adicionales en el mundo. En el caso colombiano, cerca del 60% de los sismos ocurren en esta zona, lo que la posiciona como la región con mayor frecuencia sísmica del país.

¿Se pueden predecir los sismos en Colombia con tecnología actual?

No es posible predecir un sismo con la tecnología y el conocimiento científico actuales, según el SGC. Aunque existen sistemas de alerta temprana que pueden avisar segundos antes de que se sienta el temblor en un sitio específico, esto depende de la detección en tiempo real de las ondas sísmicas y no constituye una predicción del evento, sino una reacción inmediata que puede permitir tomar medidas rápidas de prevención.

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En las imágenes se observa al funcionario discutiendo con el joven y lanzándole expresiones ofensivas. “Vaya y mire quién soy yo, bobo”, le dice en uno de los momentos de la confrontación, antes de empujarlo. La situación obligó a intervenir a un vigilante del establecimiento, quien se interpuso entre ambos e intentó retirar al concejal del lugar.

"Vaya y mire quién soy yo".

🔴Indignación por video de concejal que agredió a joven empleado de un supermercado en Cúcuta.

La grabación que circula en redes sociales generó rechazo, pues en las imágenes quedó captado el momento en que el concejal Carlos Dueñas empujó, insultó y… pic.twitter.com/et2WPbrhPY

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 12, 2026

Mientras el trabajador le pregunta qué le sucede, Dueñas continúa con los insultos incluso cuando el personal de seguridad lo acompaña hacia la salida. El video desató cuestionamientos por la forma en que el cabildante trató al empleado, quien, según publicaciones que circularon junto a la grabación, sería estudiante del Sena.

¿Qué dijo Carlos Dueñas en su disculpa?

Tras la difusión del registro, el concejal reconoció su responsabilidad en un pronunciamiento publicado el lunes festivo 12 de octubre. En el mensaje admitió que insultó, ofendió y empujó al joven mientras este cumplía con su trabajo.

“Me comporté de una manera que no tiene ninguna justificación”, afirmó. También aseguró que les pidió perdón al empleado, al vigilante y a las personas que presenciaron el episodio.

#OPINE. Concejal de Cúcuta, Carlos Dueñas, reapareció públicamente en un video para ofrecer disculpas por los recientes hechos en los que agredió e insultó a un menor de edad; sin embargo, la ciudadanía asegura con escepticismo que solo lo hizo porque salió a la luz la grabación. https://t.co/cj598oo1gP pic.twitter.com/s631rSTL51

— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 12, 2026

Dueñas extendió sus disculpas a los habitantes de Cúcuta y reconoció que las controversias en las que se ha visto involucrado afectan la confianza de quienes lo eligieron para representarlos. Además, sostuvo que no pretendía justificar lo sucedido ni pedir que se olvidara, sino asumir su responsabilidad y demostrar un cambio de comportamiento.

(Lea también: Conductor invadió la ciclorruta de la avenida Boyacá para evitar trancón y todo quedó en video)

Centro Democrático revisará el caso

La polémica también tuvo repercusiones dentro de su colectividad. El martes 13 de octubre, el Centro Democrático convocó una reunión urgente para examinar el comportamiento del concejal y estudiar posibles decisiones.

Basilio Villamizar, presidente del directorio departamental del partido, manifestó a Caracol Radio que la colectividad lamentaba y rechazaba esas conductas. Añadió que esperaban conocer las actuaciones de las autoridades competentes antes de definir las medidas correspondientes.

Por ahora, la disculpa pública de Dueñas y la revisión interna anunciada por su partido son las principales respuestas conocidas tras el episodio ocurrido en el supermercado.

El mandatario, recordando hechos del pasado marcados por disturbios, fue enfático al señalar que no se repetirá la práctica de mantener carreteras cerradas o convertir carriles del servicio de Transmilenio en trincheras. En sus palabras, citadas de forma contundente: “Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de Transmilenio convertido en trinchera”. De la Espriella recalcó que quienes ejerzan la protesta de manera pacífica contarán con el apoyo del gobierno y la protección de la Fuerza Pública, mientras que el diálogo será la norma para canalizar inquietudes.

No obstante, el jefe de Estado lanzó duras críticas a los grupos políticos y sectores de oposición que convocan el paro, acusándolos de pretender causar inestabilidad para debilitar la gestión de su gobierno, el cual, según su propio balance, lleva dos meses al mando. El mandatario afirmó: “Quienes promueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al Gobierno son los mismos que dejaron al país quebrado”. Asimismo, reprochó la actitud permisiva de gobiernos anteriores frente a bloqueos que afectaron el acceso a bienes esenciales, como alimentos y medicinas, matizando que tales acciones se justificaron de manera incorrecta bajo el rótulo de ‘derecho’.

Entre los anuncios relevantes, De la Espriella dio a conocer la expedición próxima de un decreto sobre movilización ciudadana, cuyo propósito es definir de forma inequívoca las diferencias entre el derecho legítimo de manifestarse —amparado en la Constitución— y las conductas que, por ser delitos en el espacio público, serán perseguidas por la ley.

En el campo económico e institucional, el presidente abordó la crisis energética relacionada con el fenómeno de El Niño e informó la creación de un comité especializado que funcionará hasta el 31 de diciembre, orientado a fortalecer la producción energética térmica y regular los embalses. Además, instó al Congreso a aprobar la redistribución de 1,2 billones de pesos en el presupuesto de 2026. En cuanto a los primeros logros de su administración, citó la activación del Fondo Milagro para reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto y reportó avances en capturas, decomisos de droga y golpes a bandas criminales.

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¿Qué medidas anunció Abelardo de la Espriella para controlar las marchas del 14 de octubre?

El presidente Abelardo de la Espriella comunicó que no se permitirá ningún tipo de violencia, bloqueos a carreteras ni alteraciones al orden público durante las marchas del 14 de octubre. Garantizó el respaldo estatal a las manifestaciones pacíficas y anunció que la Fuerza Pública no intervendrá con quienes protesten sin recurrir a agresiones. También adelantó que expedirá un decreto que marque los límites legales de la movilización ciudadana, diferenciando entre el derecho protegido de manifestarse y los delitos en el espacio público, según lo transmitido en su alocución y de acuerdo con datos recogidos por Pulzo.

¿Qué es el Fondo Milagro y para qué se utiliza tras el terremoto del 10 de agosto?

El Fondo Milagro es un instrumento creado por el gobierno de Abelardo de la Espriella tras el terremoto del 10 de agosto, con el objetivo de financiar la restauración de infraestructura dañada, viviendas y hospitales. Según informó el presidente, el fondo destinó su primer billón de pesos para estos fines, enfocándose en la reconstrucción y atención a las zonas afectadas por la emergencia, como parte de los avances iniciales de su gestión.

De acuerdo con la investigación, los atacantes no solo asesinaron a Medina Muñoz, sino que también arremetieron contra las personas que le acompañaban, quienes sufrieron lesiones de diversa gravedad; una de ellas presentó heridas que pusieron en riesgo su vida. Además de las agresiones, los responsables del crimen se apoderaron de la camioneta en la que se movilizaban las víctimas y otras pertenencias de valor. La información fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación y publicada por medios reconocidos, resumiendo la gravedad y el alcance del delito.

Nelson Medina Muñoz era un referente en su comunidad, participando activamente en Asoquimbo, la organización que reúne a personas afectadas por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Su liderazgo era ampliamente reconocido en la zona rural de Gigante, por lo que su asesinato tuvo un gran impacto entre sus allegados y compañeros campesinos.

Como respuesta, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación formuló imputación formal en contra de Jhon Eduar Sánchez Verú por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, lesiones personales, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado. Sin embargo, Sánchez Verú no aceptó los cargos y continuará privado de la libertad en un centro carcelario donde ya cumple una condena por hechos diferentes. El proceso judicial determinará la responsabilidad o inocencia del acusado con base en las pruebas recaudadas hasta el momento.

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¿Por qué fue imputado Jhon Eduar Sánchez Verú en el caso del asesinato de Nelson Medina Muñoz?

Sánchez Verú fue imputado por la Fiscalía General de la Nación como presunto participante en el asesinato de Nelson Medina Muñoz, ocurrido en la vereda Espinal de Gigante, Huila, el 26 de junio de 2023. Según la investigación, él sería parte del grupo que disparó contra Medina Muñoz y dos acompañantes, y después robó una camioneta y otras pertenencias.

¿Qué es la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo)?

Asoquimbo es una asociación que agrupa a las comunidades y personas afectadas por el desarrollo del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. En el caso de Nelson Medina Muñoz, él era integrante activo de esta organización y su labor como líder campesino y pescador artesanal lo convirtió en un reconocido representante de los intereses de los afectados en Gigante, Huila.

El documento fue radicado por Andrés Ordoñez Buitrago, presidente de Unidiplo, y señala directamente a los exministros Álvaro Leyva Durán, Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia y Rosa Villavicencio, por supuestamente haber permitido el “nombramiento sistemático y reiterado, injustificado y sin la observancia de los requisitos de ley, de personas por fuera de la carrera diplomática”. A su vez, responsabiliza a los exdirectores de Talento Humano Silvia Margarita Carrizosa Camacho, Lina Cecilia Luna Gutiérrez, Diana Sofía Morales Rueda, Luz Ángela Cendales Durán, Carlos Arley Orozco y Eliana Paola Salguero Beltrán “por la expedición sistemática de certificaciones irregulares de no disponibilidad de personal de carrera diplomática y consular”, como relata El Espectador.

Según la organización sindical, estos actos motivaron más de cien nombramientos irregulares durante los últimos cuatro años, lo que obligó a impulsar litigios jurídicos para restablecer el orden legal. Los procesos, de acuerdo con la queja, han resultado en sentencias de nulidad electoral a favor de la carrera diplomática y consular. El escrito enfatiza que estas prácticas no solo generan incertidumbre jurídica, sino que acarrean un daño económico al Estado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio, particularmente por los gastos asociados a los traslados y reintegros del personal, como tiquetes aéreos para funcionarios y sus familias, primas de instalación, viáticos, menaje doméstico y demás beneficios consagrados en el Decreto Ley 274 de 2000.

Unidiplo indica que ha debido presentar más de cien demandas para impugnar estos nombramientos y sostiene que la conducta de los funcionarios señalados podría ser calificada como dolosa o, en el peor de los casos, culposa, ya que debieron saber que no era legal designar funcionarios ajenos a la carrera diplomática si existía personal calificado disponible. Por ello, el sindicato solicita que se inicie una investigación fiscal y que se exija al Ministerio de Exteriores un informe detallado de los costos por traslados y beneficios pagados por nombramientos posteriormente anulados, con el fin de calcular con precisión el daño patrimonial al erario.

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¿Qué es el Decreto Ley 274 de 2000 y cuál es su relevancia en los nombramientos diplomáticos?

El Decreto Ley 274 de 2000 contiene las normas que rigen la carrera diplomática y consular en Colombia. Este decreto establece los beneficios, requisitos y condiciones para los funcionarios de la carrera, así como los procedimientos para sus traslados, viáticos, primas y otros derechos laborales. Su relevancia en este contexto radica en que la queja de Unidiplo hace referencia a posibles violaciones de tales disposiciones, lo que habría llevado a nombramientos irregulares por fuera del marco legal señalado en dicho decreto.

¿Cuáles son los efectos económicos de los nombramientos irregulares según la denuncia de Unidiplo?

De acuerdo con la denuncia radicada por Unidiplo, los nombramientos irregulares han producido un daño patrimonial al Estado, específicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio. Los efectos económicos incluyen costos asociados al traslado al exterior de los funcionarios designados de manera irregular, el pago de tiquetes, primas de instalación, viáticos, menaje doméstico y demás beneficios definidos en la ley, así como los gastos de reintegro una vez anulados dichos nombramientos. Incluso, en algunos casos, se podrían generar costos duplicados por estos movimientos.

De acuerdo con la información publicada, la convocatoria está dirigida a todas las personas que cuenten con un negocio o emprendimiento y deseen hacer parte de la oferta comercial del Bulevar de Oriente. Este espacio no solo busca dinamizar la economía de la ciudad, sino también brindar a los comerciantes un escenario adecuado para mostrar sus productos, atraer nuevos clientes y fortalecer el ecosistema empresarial local.

Para quienes estén interesados, es fundamental tener en cuenta que el plazo para postularse finaliza el 16 de octubre de 2026. Los aspirantes deberán revisar atentamente los términos de referencia divulgados por la organización de la convocatoria, ya que allí se detallan las condiciones, los documentos necesarios y los requisitos que se deben cumplir para poder participar. Este proceso está diseñado para asegurar transparencia y equidad en la selección de quienes ocuparán los stands comerciales.

La iniciativa, según lo informado por la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali a través de sus canales oficiales citados en la convocatoria, busca transformar el Bulevar de Oriente en un punto donde los visitantes puedan acceder a múltiples opciones de compra y disfrute, promoviendo así la interacción entre consumidores y nuevos negocios. Los emprendedores que logren acceder a este espacio tendrán la oportunidad de dar mayor visibilidad a su oferta, conectarse con nuevos públicos y aportar a la transformación comercial de la ciudad.

El proyecto representa una apuesta decidida por el fortalecimiento de la economía local, al facilitar escenarios en los que los pequeños empresarios y comerciantes pueden crecer y consolidar sus negocios en el interior de la ciudad. Para conocer todos los detalles y participar en esta convocatoria, los interesados deben consultar directamente los documentos oficiales proporcionados en los canales de la organización.

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¿Cómo pueden inscribirse los negocios interesados en el Bulevar de Oriente?

Los negocios que quieran postularse deben consultar los términos de referencia publicados por la organización de la convocatoria, revisar los requisitos y reunir los documentos necesarios antes de la fecha límite establecida: 16 de octubre de 2026. La inscripción se realiza a través del enlace oficial señalado en la información proporcionada.

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria del Bulevar de Oriente en Cali?

La convocatoria está abierta para todas las personas que tengan un emprendimiento o negocio y deseen integrarse a la oferta comercial del Bulevar de Oriente en Cali. Es fundamental revisar los requisitos y condiciones detallados en los términos de referencia para asegurar una postulación válida.

La Registraduría Nacional, encabezada por Hernán Penagos, emprendió jornadas de registro en La Pista, permitiendo así el seguimiento de la orden judicial y propiciando la creación de nuevas sedes en otros puntos críticos del departamento, como Nazareth (Uribia). Según datos presentados en una sesión técnica en Riohacha –en la que participaron la Procuraduría, Contraloría y autoridades regionales y nacionales–, el propósito fundamental es garantizar el acceso a derechos fundamentales de la población infantil migrante, como salud y educación, derechos que solo se pueden ejercer plenamente con los debidos documentos de identificación.

Penagos sostuvo que la identificación es el punto de partida para el acceso a los derechos fundamentales y agregó que Colombia debe garantizar que toda la ciudadanía cuente con un registro civil, una tarjeta de identidad y una cédula de ciudadanía, premisa para el ejercicio de otros derechos. En ese sentido, la Registraduría indicó que se han realizado más de 7.000 registros en Nazareth y cerca de 38.000 personas han sido atendidas en jornadas que han abarcado la Alta Guajira durante los últimos tres años. La jornada más reciente se prolongó hasta el 15 de octubre y fue motivada por hallazgos de una comisión de la Corte Constitucional que evidenciaron que, incluso después de nueve años de haberse declarado el estado de cosas inconstitucional, persisten graves problemas de acceso al agua, alimentación y servicios básicos.

Pese a los avances en identificación, Hernán Penagos destacó que los esfuerzos no son suficientes si no van acompañados de una atención integral por parte del Estado, que incluya salud, vivienda, agua potable y saneamiento. El desafío es transformar el proceso de documentación en una verdadera restitución de derechos para las más de 7.000 personas que habitan en La Pista y muchos más en el norte de La Guajira, logrando que la respuesta estatal vaya más allá del simple registro.

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¿Por qué es importante la identificación de menores en asentamientos como La Pista en La Guajira?

La identificación de menores en La Pista es crucial porque les permite acceder a derechos fundamentales como salud y educación. La Corte Constitucional y la Registraduría Nacional, según lo reportado por El Espectador, consideran que contar con documentos oficiales es un requisito indispensable para que los niños, niñas y adolescentes sean sujetos de especial protección y puedan recibir atención integral por parte del Estado.

¿Cuáles son los principales retos para garantizar los derechos fundamentales en La Guajira, según la Corte Constitucional?

De acuerdo con la información presentada, los principales retos incluyen la falta de certezas sobre el número de menores que requieren atención, la persistencia de problemas como el acceso al agua, alimentación y servicios de salud, y la necesidad de una atención estatal integral más allá del registro de identidad. Estas dificultades fueron reiteradas tras los hallazgos de la Corte Constitucional en su visita a varios municipios.

La Fiscalía abrió una indagación por presunta injuria agravada, mientras la firma De La Espriella Lawyers anunció acciones legales. Los abogados penalistas Saúl León y Fabio Humar explicaron a Pulzo cuáles serían los posibles escenarios y qué tendría que ocurrir para que el caso termine en una condena.

Vea también: Caricaturista Matador enfrenta denuncia penal ante la Fiscalía por publicación sobre la primera dama en Colombia

¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar ‘Matador’?

Saúl León explicó que las publicaciones podrían ser examinadas bajo las figuras de injuria y calumnia agravadas. La primera estaría relacionada con expresiones deshonrosas, mientras que la segunda podría analizarse por las insinuaciones sobre una presunta apropiación de donaciones.

“En este caso, en principio, podríamos estar hablando de una injuria y calumnia agravada”, señaló el abogado.

El Código Penal colombiano establece penas de 16 a 54 meses de prisión para la injuria y de 16 a 72 meses para la calumnia. El artículo 223 contempla un aumento de entre una sexta parte y la mitad cuando estas conductas se cometen a través de medios de comunicación social u otros medios de divulgación colectiva.

Así, el máximo teórico para una calumnia agravada podría alcanzar los nueve años. Sin embargo, esto no significa que ‘Matador’ vaya a recibir esa pena: la Fiscalía debe establecer qué conductas investiga y la responsabilidad penal debe demostrarse ante la justicia.

¿Por qué las publicaciones podrían tener consecuencias penales?

Para León, la discusión está en determinar si los mensajes superaron los límites de la libertad de expresión y afectaron la honra y el buen nombre de la primera dama.

“La Fiscalía tendría que acreditar los elementos, y es que sea injuriosa y calumniosa”, explicó.

El abogado reconoció que los ciudadanos pueden cuestionar la gestión pública, pero advirtió que ese derecho tiene límites. “Todos los ciudadanos tenemos derecho a ejercer control social, control político, y a materializar derecho a la libertad de expresión”, afirmó.

No obstante, precisó que ese ejercicio debe respetar los derechos de otras personas. La valoración judicial deberá establecer si las publicaciones reúnen los elementos de un delito; una expresión ofensiva no implica automáticamente responsabilidad penal.

¿Qué tendría que hacer la Fiscalía?

Fabio Humar explicó que la investigación debe comenzar con la recolección y evaluación de pruebas, entre ellas las publicaciones en X.

“La FGN debe recaudar las pruebas, que en este caso es básicamente el mensaje en X. Luego de eso, debe evaluar si hay mérito para vincular al señor ‘Matador’ al proceso”, indicó.

Humar señaló que el caso podría avanzar hasta una decisión judicial o terminar por otras vías legales. La apertura de una indagación, sin embargo, no equivale a una condena.

¿’Matador’ tendría que ir a la cárcel si es condenado?

Una eventual condena no implica necesariamente prisión efectiva. Según León, el resultado dependería de la pena impuesta y de si se cumplen los requisitos legales para acceder a beneficios.

“Puede ser sancionado penalmente, pero no necesariamente puede terminar pues en la cárcel”, explicó.

Una retractación podría cambiar el proceso

León también destacó que una retractación puede tener efectos jurídicos en los delitos querellables, como la injuria y la calumnia, si se cumplen las condiciones legales. “Una disculpa o retractación en una conciliación puede terminar procesos”, sostuvo.

El abogado explicó que retractarse podría implicar reconocer que lo publicado no era cierto y ofrecer disculpas públicas. No obstante, una disculpa no cierra automáticamente cualquier investigación: sus efectos dependen de los requisitos legales y del momento en que se produzca.

Por ahora, será la Fiscalía la que determine cómo avanzar con las actuaciones relacionadas con ‘Matador’, en un caso que pone sobre la mesa los límites de la sátira política y la protección de la honra y el buen nombre.

Según lo manifestado por Rivero Larios, esta movilización tiene como principales motivaciones la defensa de la educación pública y la protección de los derechos de los maestros, especialmente en lo relacionado con la atención en salud y el respeto por sus prestaciones sociales. El dirigente sindical expresó su inquietud frente a iniciativas legislativas y una propuesta de modificación del Decreto 1075 que, de acuerdo con Aducesar, podrían favorecer una mayor intervención de particulares en la prestación del servicio educativo y generar consecuencias para la estabilidad de la carrera docente.

Rivero también denunció que, debido a dificultades en la atención médica, algunos maestros han debido asumir consultas con recursos propios, lo que afecta directamente su bienestar y el de sus familias. Por otro lado, entre las principales solicitudes del magisterio están la asignación de mayores recursos para el transporte escolar, la contratación de personal de aseo y vigilancia en los colegios y la ampliación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que resulta fundamental para garantizar condiciones adecuadas de permanencia y bienestar en las instituciones educativas.

En relación con la continuidad de las clases durante la movilización, Aducesar orientó suspender las actividades escolares desde las nueve de la mañana para facilitar la participación de los educadores en la protesta. Sin embargo, esta decisión no se traduce en una suspensión generalizada en todas las instituciones oficiales de Valledupar, pues algunos rectores han decidido acogerse a una circular emitida por el Ministerio de Educación, en la que se recomienda mantener el desarrollo de las actividades académicas. Las directivas sindicales han propuesto organizar la jornada de manera que parte de las clases se impartan y posteriormente se recupere el tiempo perdido.

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¿Por qué los docentes del Cesar protestan en Valledupar este 14 de octubre?

Los maestros del Cesar realizan esta jornada para defender la educación pública, exigir mejoras en la atención en salud y garantizar la protección de sus prestaciones sociales. Según lo explicado por Aducesar, el magisterio cuestiona iniciativas que podrían permitir una mayor participación de particulares en la educación y solicita recursos para transporte, aseo, vigilancia y ampliación del Programa de Alimentación Escolar.

¿Las clases oficiales en Valledupar se suspenden completamente por la movilización de Fecode?

No todas las clases en instituciones oficiales de Valledupar serán suspendidas durante la jornada de protesta. Mientras la directriz sindical sugiere suspender desde las nueve de la mañana, algunos rectores han decidido seguir las orientaciones del Ministerio de Educación y mantener actividades académicas, por lo que la suspensión será parcial según cada colegio.

De acuerdo con la comunicación oficial citada por la Universidad Autónoma del Caribe, la sesión del Consejo Directivo se llevó a cabo el viernes 9 de octubre. La elección de Sajer coincidió con una decisión en segunda instancia de la justicia, que ese día revocó la restitución de Silvia Gette Ponce como rectora de la institución. Según lo reportado en El Espectador, Gette había vuelto al cargo en abril tras un fallo de primera instancia, pero la nueva resolución judicial impidió su regreso definitivo.

Silvia Gette Ponce fue rectora entre 2003 y 2012, año en el que salió de la universidad envuelta en un proceso por abuso de confianza y apropiación indebida de recursos de la institución. Posteriormente, Gette fue condenada por estos hechos, y la Corte Suprema de Justicia ratificó esta condena. Sin embargo, este año surgió un fallo que reconocía que su salida en 2012 no se debió específicamente a la investigación penal, indicando una posible vulneración de sus derechos durante ese proceso.

Ante el retorno temporal de Gette a la rectoría, Jorge Senior, quien había sido elegido en marzo de 2026 como rector para el período 2026-2030, dejó el cargo en abril. Con la nueva decisión de segunda instancia, no fue restituido Senior; en cambio, el Consejo Directivo optó por nombrar a Sajer Maldonado, siendo la tercera persona en asumir la rectoría desde marzo del mismo año.

Ana Bernarda Sajer Maldonado tiene una amplia trayectoria en la Universidad Autónoma del Caribe: es licenciada en Español y Literatura por la Universidad del Atlántico y magíster en Educación de la misma Autónoma del Caribe, además de desempeñarse como docente por más de dos décadas. Según la información oficial de la universidad, Sajer fue elegida para completar el mismo período previsto anteriormente, es decir, de 2026 a 2030.

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¿Quién es Ana Bernarda Sajer Maldonado y cuál es su trayectoria en la Universidad Autónoma del Caribe?

Ana Bernarda Sajer Maldonado, recientemente elegida rectora, es licenciada en Español y Literatura de la Universidad del Atlántico y magíster en Educación de la Universidad Autónoma del Caribe. Lleva 23 años como docente de esta última institución, lo que demuestra su experiencia y vinculación de largo plazo con la universidad, de acuerdo con la comunicación oficial publicada por la entidad.

¿Por qué Silvia Gette Ponce no regresó a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe?

Silvia Gette Ponce no regresó a la rectoría porque, según una decisión judicial de segunda instancia tomada el 9 de octubre, las condiciones y mecanismos de decisión en la universidad habían cambiado durante los 13 años que estuvo por fuera. Esto impidió su retorno a pesar del fallo de primera instancia que le había restituido temporalmente el cargo, como reportó El Espectador.

De acuerdo con Valera Ibáñez, las crecientes repentinas en ríos como el Badillo y el Guatapurí durante los últimos días encendieron las alarmas de las autoridades locales. El funcionario resaltó la necesidad de extremar la precaución, especialmente en balnearios y sectores vulnerables. Por ello, actualmente en la zona de Hurtado permanece un equipo interdisciplinario con el apoyo de una ambulancia, personal médico, dos nadadores de rescate y voluntarios de la Defensa Civil, con el fin de prevenir y atender cualquier emergencia que pudiera surgir.

La alerta se intensificó tras la publicación del boletín hidrológico emitido por el Ideam el 13 de octubre, que informó sobre crecientes súbitas en la cuenca alta del río Cesar y sus afluentes, y recomendó vigilar de manera especial las riberas de los ríos Guatapurí y Badillo, así como la quebrada La Malena en Patillal y las zonas de Chemesquemena y Vega Arriba. Según la misma entidad, se espera que tanto la tarde como la noche del 13 y del 14 de octubre presenten condiciones de cielo entre parcialmente nublado y nublado, con la posibilidad de lluvias moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Cesar, La Guajira y otros departamentos del Caribe colombiano.

Por su parte, Petra Romero, jefa de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo del Cesar, señaló que el monitoreo permanente permitió identificar incrementos importantes en los caudales de los ríos Badillo, Manaure y San Alberto. Incluso, en Manaure fue necesario cerrar la bocatoma para evitar la contaminación por causa de la creciente. Romero hizo énfasis en que las lluvias en la Sierra Nevada pueden provocar crecidas en los ríos de la región, aunque no llueva en la zona urbana, por lo que recomendó mantener una vigilancia constante y reportar cualquier emergencia a los organismos competentes, como Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.

A nivel preventivo, la Alcaldía aconsejó a la población asegurar los techos, limpiar canales y acequias, evitar arrojar basura en las calles y prestar atención a posibles agrietamientos o deslizamientos en las vías, con el objetivo de reducir riesgos y proteger la vida de los habitantes. El Ideam y las autoridades reiteraron su llamado a seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informados ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

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¿Qué significa alerta amarilla preventiva y qué implica para los habitantes de Valledupar?

La alerta amarilla preventiva es una medida emitida por las autoridades para advertir sobre la posibilidad de emergencias, como crecientes súbitas e inundaciones, y busca que la comunidad adopte precauciones adicionales. En el caso de Valledupar, implica que los habitantes deben estar atentos a las condiciones de los ríos, evitar zonas de riesgo durante lluvias y acatar las recomendaciones de las autoridades para prevenir tragedias.

¿Cuáles son las principales recomendaciones de las autoridades ante las crecientes de ríos en Valledupar?

Las autoridades, de acuerdo con los reportes de la Alcaldía y del Ideam, recomiendan asegurar techos, limpiar canales y acequias, no arrojar basuras en las calles, mantenerse alejados de las orillas de los ríos durante lluvias, reportar emergencias a Bomberos, Defensa Civil o Cruz Roja, y prestar atención a los avisos oficiales sobre posibles emergencias y deslizamientos.

La información oficial divulgada a las 4:24 p. m. señaló que, aunque el sismo no se sintió de manera uniforme en todo el territorio colombiano, los habitantes de diversos municipios en el departamento del Tolima reportaron haber percibido claramente el temblor. En Líbano, un municipio del Tolima, la comunidad manifestó haber sentido con mayor fuerza el movimiento, mientras que en Ibagué, la capital departamental, la sensación fue más leve y mitigada por la distancia y la profundidad del evento sísmico.

El Servicio Geológico Colombiano, fuente principal de información ante este tipo de eventualidades, fue el encargado de confirmar datos clave como la magnitud, el epicentro y la profundidad del movimiento de tierra. Además, recalcó que la profundidad registrada fue de 149 kilómetros, lo que se considera un sismo intermedio a profundo y generalmente reduce el impacto superficial, aunque amplía el rango de territorios donde puede ser sentido.

Las autoridades competentes aprovecharon la ocasión para recordar la importancia de que la ciudadanía reporte cualquier percepción de sismo a través de los canales oficiales dispuestos para ese fin. El objetivo es fortalecer el registro y la evaluación de estos eventos, clave para la respuesta institucional y la educación ciudadana en materia de gestión del riesgo.

Este episodio refuerza la importancia de la cultura de prevención y la participación activa de la comunidad ante fenómenos naturales, así como el rol fundamental del monitoreo científico en tiempo real para mantener informada a la población sobre cualquier situación sísmica relevante.

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¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 5,0 registrado en Colombia?

El epicentro de este evento sísmico se localizó en Los Santos, Santander, según la información oficial proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano. Esta región es conocida por su actividad sísmica recurrente, lo que la convierte en un punto clave para la vigilancia y el monitoreo por parte de las autoridades y la comunidad científica.

¿Por qué la profundidad de un sismo influye en la percepción del temblor en superficie?

La profundidad a la que ocurre un sismo determina en buena medida la intensidad con que se siente en la superficie: un sismo ocurrido a una mayor profundidad, como el de 149 kilómetros registrado, suele ser percibido en un área más extensa pero con menor fuerza, mientras que un sismo superficial suele sentirse más fuerte en el epicentro pero en un área geográfica más limitada.

(Vea también: Gobierno anuncia Puesto de Mando Unificado y nuevas medidas para jornada de protestas y regulación de la fuerza en Colombia)

La propuesta es una de las principales apuestas de la política de seguridad de la actual administración y fue presentada con mensaje de urgencia. Esto implica que las comisiones primeras de Senado y Cámara deberán estudiar el proyecto de manera conjunta, de acuerdo con el trámite anunciado por el Ejecutivo.

La iniciativa constituye uno de los dos componentes centrales de la estrategia de seguridad del Gobierno. El otro es el estatuto antiterrorista, cuya presentación ante el Legislativo está prevista para los próximos días.

Desde el Ejecutivo han descrito ambos proyectos como dos herramientas complementarias: la ley de sometimiento ofrecería una ruta jurídica para quienes decidan acogerse a la justicia, mientras que el estatuto antiterrorista buscaría fortalecer la respuesta del Estado frente a las organizaciones que continúen delinquiendo.

Gobierno propone rebajas de penas de hasta el 50 % para quienes se sometan

Uno de los puntos centrales del proyecto es la posibilidad de reducir hasta en un 50 % las penas acumuladas de los integrantes de organizaciones criminales que cumplan las condiciones previstas en el articulado.

La reducción estaría vinculada a las contribuciones al desmantelamiento de las estructuras ilegales, los aportes de verdad y la reparación a las víctimas. Para quienes ocupen posiciones de liderazgo dentro de esas organizaciones, el proyecto contempla una rebaja máxima del 30 %.

Estos beneficios no serían automáticos por la sola manifestación de voluntad de someterse a la justicia. Su aplicación dependerá del cumplimiento de los requisitos que establezca la ley y de la valoración correspondiente en cada caso.

El articulado también propone mecanismos para descontar tiempo de condena mediante actividades laborales y programas restaurativos. Según el texto suministrado, se podría reconocer un día menos de pena por cada dos días de trabajo, siempre que exista colaboración con la justicia.

Asimismo, se contempla un día de descuento por cada día de participación en programas restaurativos, labores de erradicación de cultivos ilícitos y actividades de desminado.

En el caso de los líderes de los grupos armados, el proyecto establece que las penas no podrán ser inferiores a 10 años. Esta disposición fija un mínimo para las sanciones que se impongan a quienes ocupen posiciones de mando dentro de las estructuras que se acojan al mecanismo.

Libertad condicional y suspensión de penas tendrían requisitos específicos

La iniciativa también contempla disposiciones sobre el cumplimiento de las condenas y el acceso a la libertad condicional. Como regla general, el proyecto plantea que este beneficio pueda concederse después de cumplir las cuatro quintas partes de la pena, sujeto a las condiciones previstas en el articulado.

También incluye una disposición especial para determinados casos en los que exista colaboración para encontrar personas desaparecidas. En esas circunstancias, se plantea la posibilidad de acceder a la libertad condicional tras cumplir dos quintas partes de la condena, siempre que se satisfagan los requisitos correspondientes.

Entre las condiciones mencionadas se encuentran las contribuciones a la verdad, la reparación de las víctimas y el esclarecimiento de los nexos políticos de las organizaciones criminales, así como de las redes de corrupción que afecten la administración pública y la justicia.

Otro de los puntos de la propuesta es la posibilidad de suspender la ejecución de determinadas penas un año después de su imposición, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

La medida estaría dirigida a personas que no sean cabecillas y que hayan sido condenadas únicamente por delitos específicos, entre ellos concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, uso ilícito de equipos transmisores o receptores y porte ilegal de armas de fuego o municiones.

El texto también contempla esta posibilidad para condenados exclusivamente por lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, siempre que entreguen los bienes derivados de las conductas ilegales y cumplan los requisitos previstos.

Estas disposiciones no significan que todos los integrantes de grupos armados puedan obtener la suspensión de sus condenas o acceder a la libertad condicional. La aplicación de cada medida dependerá de los delitos, las condiciones individuales y los requisitos que finalmente queden establecidos en la ley.

De acuerdo con lo informado, el dispositivo de seguridad previsto para este día contempla la implementación de controles en distintos puntos estratégicos de la ciudad, y una vigilancia reforzada tanto en los accesos principales como en las salidas de Cali. Además, se establecieron medidas especiales para asegurar la protección de las estaciones del sistema de transporte masivo MIO, infraestructura que ha sido identificada como prioritaria en situaciones de manifestaciones públicas.

La concentración de la movilización está proyectada para iniciar en la plazoleta Jairo Varela, desde donde los participantes avanzarán por la calle Quinta hasta el parque de las Banderas. Las autoridades locales indicaron que su objetivo es acompañar la manifestación, salvaguardando en todo momento la seguridad y la movilidad tanto de quienes participan como de los demás ciudadanos.

Javier Garcés, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, detalló que la labor de los 1.200 miembros de la Policía Nacional estará enfocada tanto en el acompañamiento como en acciones preventivas a lo largo del recorrido de la marcha. Desde el PMU, se realizará un monitoreo permanente, lo que permitirá atender de forma inmediata cualquier hecho que pueda poner en riesgo el orden público, la infraestructura urbana o la tranquilidad de la comunidad.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, reiteró el respeto de la Administración Distrital por el derecho a la movilización social, puntualizando que es igualmente prioritario garantizar los derechos de quienes deciden marchar y de quienes no participan de las manifestaciones. El mandatario fue enfático al advertir que, ante cualquier acto de violencia, vandalismo, desmanes o bloqueos, la respuesta de las autoridades será "rápida y contundente", según declaración recogida en Noticiero 90 Minutos. Finalmente, la Alcaldía llamó a que la jornada se desarrolle de manera pacífica y con respeto a las personas, los bienes públicos y privados de Cali.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acompañará la Policía Nacional las marchas del 14 de octubre en Cali?

De acuerdo con la Alcaldía de Cali y el secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés, 1.200 policías estarán encargados de acompañar la movilización de este 14 de octubre, con operaciones de control en diferentes puntos, vigilancia en entradas y salidas de la ciudad, y protección de la infraestructura estratégica, especialmente las estaciones del sistema MIO.

¿Qué es el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cali y cuál es su función durante las marchas?

El Puesto de Mando Unificado (PMU) es un centro de coordinación desde el cual las autoridades de Cali realizarán seguimiento en tiempo real del transcurso de las marchas, permitiendo atender cualquier incidente que afecte la seguridad y la movilidad en la ciudad durante la movilización del 14 de octubre.

De acuerdo con la información entregada por los ministros y citada por El Espectador, uno de los aspectos clave es que no se reconocen beneficios políticos para las organizaciones criminales, dado que no se trata de una negociación de tipo político sino netamente jurídico. Por eso, el interlocutor obligado para las partes será un abogado, el lugar de conversación será específicamente limitado y la atención estará siempre en las víctimas. "No es una negociación política, por eso el interlocutor tiene que ser abogado", indicaron los ministros, quienes recalcaron la claridad de las reglas del juego: quien se acoja lo hará bajo términos estrictamente jurídicos.

El proyecto expone diez puntos esenciales; entre ellos, la exigencia de entregar rutas de narcotráfico, dejar las armas y aportar verdad como condiciones para acceder a las reducciones de pena. Además, contempla la posibilidad de obtener rebajas adicionales en las penas por acciones como la entrega de laboratorios de drogas —no solo de cocaína—, la erradicación manual de cultivos ilícitos y la participación en labores de desminado. Igualmente, se plantean incentivos por demostrar vínculos con corrupción pública o denunciar nexos con políticos, pero el Estado no devolverá bienes pertenecientes a estas agrupaciones, ya que, según lo explicado, la devolución está expresamente excluida en el proyecto.

Sobre las rebajas de penas, el ministro Lara aclaró que quien haya sido líder de la organización criminal tendrá una reducción de hasta el 30 %, mientras que los integrantes que no sean considerados jefes podrán acceder a una rebaja de hasta el 50 %. Todo quedará sujeto a la comprobación judicial y a los aportes efectivos a la verdad y la reparación.

El trámite del proyecto será de urgencia, porque debe estar amparado bajo la ley de orden público antes de su vencimiento el 5 de noviembre. Además, se complementará con un estatuto antiterrorista, cuya radicación está prevista para la próxima semana, según lo anunciado por el ministro del Interior. (Fuente: El Espectador)

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¿Qué requisitos deben cumplir las organizaciones criminales para acogerse a la nueva ley de sometimiento?

Las organizaciones criminales que deseen acogerse al proyecto de ley deben entregar rutas de narcotráfico, dejar las armas y aportar verdad. De acuerdo con El Espectador, tendrán que presentar pruebas de sus acciones y colaborar con la erradicación de cultivos ilícitos o la destrucción de laboratorios, además de denunciar y probar vínculos con corrupción pública o nexos políticos.

¿Cuál es la diferencia entre el tratamiento político y jurídico para las organizaciones criminales según el gobierno?

Según lo expuesto por el gobierno y citado en El Espectador, el proyecto no otorga estatus político ni ofrece espacios de negociación política a las organizaciones criminales. El proceso será exclusivamente jurídico, dirigido por abogados y bajo supervisión judicial, centrando la atención en la víctima, sin reconocer ningún tipo de beneficio o reconocimiento político a quienes se sometan.

Esta movilización es especialmente significativa por varias razones. Marca el debut de Gustavo Petro como expresidente y líder declarado de la oposición, y representa también la primera aplicación del nuevo decreto que regula la protesta social en Colombia bajo la administración de De la Espriella. De acuerdo con la información, dicha normativa establece que la Policía debe ubicarse a una distancia mínima de cuatro metros de los manifestantes. Además, permite que el diálogo se mantenga incluso si la Fuerza Pública se ve obligada a intervenir en casos donde surjan disturbios.

Lara enfatizó que, para el gobierno, uno de los temas más sensibles es la posibilidad de bloqueos y movilizaciones en el suroccidente del país. Aunque reiteró que existirán todas las garantías para la protesta social convocada para el 14 de octubre, el ministro calificó la convocatoria como un “paro que solo busca engañar al pueblo”.

El nuevo decreto detalla que si se presentan actos de violencia durante la manifestación —como el uso de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos, artefactos incendiarios, retención forzada de personas o agresiones a terceros no participantes, funcionarios públicos, personal uniformado, misiones médicas o periodísticas—, la Policía podrá usar la fuerza, priorizando siempre el diálogo y la mediación, pero sin que esto condicione o suspenda las intervenciones individuales contra quienes cometan actos violentos.

Por último, el presidente De la Espriella recalcó que no tolerará manifestaciones violentas ni la afectación de servicios esenciales. En ese sentido, la cartera de Lara criticó el decreto anterior por carecer de criterios claros sobre la continuidad de servicios vitales y la respuesta de la autoridad ante bloqueos que comprometieran la atención en salud, el paso de misiones médicas o la infraestructura de abastecimiento.

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¿Qué dice el nuevo decreto sobre el uso de la fuerza en protestas sociales en Colombia?

El nuevo decreto establece que la Policía podrá intervenir usando la fuerza únicamente en situaciones específicas, como el porte de armas, uso de explosivos, retención de personas o agresión a personal no participante, funcionarios, misiones médicas y periodísticas. La normativa prioriza el diálogo y la mediación, pero deja claro que no se tratarán como condición previa para intervenir individualmente contra quienes incurran en actos violentos.

¿Cómo se protegerán los servicios esenciales durante las protestas en Colombia según el gobierno actual?

De acuerdo con el ministro Rodrigo Lara y el presidente Abelardo de la Espriella, el gobierno garantizará que no haya bloqueos a los servicios esenciales durante las protestas. Si bien se respeta la protesta social pacífica, las autoridades actuarán conforme al nuevo decreto para evitar la suspensión de servicios como salud, infraestructura de abastecimiento y el desarrollo de misiones médicas.

Al llegar al lugar señalado, los uniformados confirmaron que Méndez no tenía signos vitales. Posteriormente, la policía procedió a acordonar el área para permitir que los peritos judiciales realizaran la inspección técnica al cadáver, un procedimiento crucial para esclarecer las circunstancias del deceso. Este protocolo es habitual en casos como este, donde no se conocen de inmediato las causas exactas de la muerte. La zona acordonada permite a los expertos judiciales recolectar evidencia y cumplir con los estándares establecidos en investigaciones forenses, de acuerdo con los procedimientos usualmente mencionados en casos cubiertos por la prensa.

De acuerdo con información publicada por EL PILÓN, Óscar Méndez vivía en la urbanización María Paula. Además, recibía atención médica especializada y acudía periódicamente al centro de rehabilitación Hombres de Bien. Estos datos ofrecen un panorama sobre las rutinas de atención y el contexto de salud que rodeaban a Méndez en sus últimos días. Sin embargo, la información proporcionada no detalla las causas médicas o personales concretas que pudieron haber influido en el desenlace reportado.

Ante situaciones difíciles o de crisis emocional similares, existen líneas de atención en salud mental a disposición del público, como la línea telefónica 106 y la línea de emergencias 123. El acceso a estos servicios puede variar según la cobertura local, por lo que se sugiere confirmar su disponibilidad antes de hacer uso de los mismos. Este tipo de recursos busca brindar apoyo a quienes experimentan dificultades emocionales o requieren acompañamiento profesional.

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¿Qué ocurrió con Óscar Méndez en Valledupar y cómo fue encontrada la víctima?

Óscar Méndez fue hallado sin vida en una zona boscosa del barrio Villa Dariana por la mañana, luego de que la comunidad diera aviso a la Policía Nacional. La víctima fue localizada junto a una acequia, y los uniformados confirmaron el fallecimiento al llegar. Después, el área fue acordonada para que los peritos judiciales realizaran la inspección técnica al cadáver, conforme a los protocolos que exige la ley, de acuerdo con información de EL PILÓN.

¿Qué servicios de apoyo emocional existen para quienes atraviesan situaciones difíciles en Valledupar?

En casos de crisis emocional, existen recursos como la línea 106 de salud mental y la línea de emergencias 123, que ofrecen apoyo profesional y acompañamiento. Sin embargo, se recomienda confirmar la disponibilidad y cobertura local de estos servicios antes de emplearlos, ya que pueden variar según la zona y la institución responsable.

El sismo tuvo una magnitud de 5,0 y una profundidad de 149 kilómetros, con epicentro en Los Santos, Santander, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano. El movimiento se registró a las 4:24 p. m. y fue percibido en diferentes zonas del país.

Durante la transmisión, el periodista explicó que estaba recorriendo buena parte del municipio de Ocaña cuando sintió que el vehículo estacionado se movía de manera repentina.

“Pensé que me habían colisionado el vehículo”, contó al describir su primera reacción. Ante la sensación, sacó la cabeza para observar qué ocurría y notó que los cables y los postes también se estaban moviendo. Fue entonces cuando comprendió que se trataba de un sismo.

“Es de los movimientos más fuerte después del pasado, 10 de agosto que se ha sentido en esta región del país”, agregó Santiago. 

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-13, 16:24 hora local Magnitud 5.0. Profundidad 149 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/Cq3HvR9HcB

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 13, 2026

Su relato permitió conocer cómo se vivió el fenómeno desde esta zona de Norte de Santander, mientras otras personas también reportaban haber sentido el movimiento telúrico.

El sismo de este martes volvió a poner la atención sobre Los Santos, Santander, una zona reconocida por su actividad sísmica. La profundidad del evento fue de 149 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano.

(Le puede interesar: Temblor movió a Colombia hoy martes 13 de octubre: estos fueron municipios cercanos al epicentro)

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-13, 16:24 hora local Magnitud 5.0. Profundidad 149 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/Cq3HvR9HcB

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 13, 2026

Los sectores de Cabecera y el centro de Bucaramanga fueron los más afectados en cuanto a la percepción del sismo. Un corresponsal de Blu Radio en Santander señaló que: “Fue tremendo el susto… Se sintió con fuerza en los edificios altos, sobre todo el sector de cabecera y el centro de la capital santandereana. Hubo evacuación de edificaciones, incluso alcanzaron a sonar algunas de las alarmas de los edificios, alarmas precisamente que fueron instaladas después del fuerte sismo de hace 2 meses que sacudió a todo el país”.

El movimiento no se limitó a Bucaramanga. Según la misma fuente, el sismo también se sintió con fuerza en San Gil, en Barrancabermeja,  Magdalena Medio, y norte de Santander, lo que evidencia el amplio radio de percepción del temblor en la región.

Hasta el momento de la transmisión, las autoridades del departamento de Santander no reportaron daños en infraestructura ni víctimas. No obstante, el susto vivido por los habitantes fue considerable, especialmente entre quienes trabajan o residen en torres y edificaciones de varios pisos.

“Por el momento, las autoridades no reportan ningún tipo de daño en el departamento de Santander, pero sí un gran susto que se vivió a la hora de la tarde de hoy aquí en la capital santandereana”, sentenció el corresponsal de Blu durante la transmisión.

¿Qué tan seguido se producen sismos en Los Santos, Santander?

Los Santos es uno de los municipios del departamento de Santander con mayor actividad sísmica registrada en Colombia, ubicado en una zona de confluencia de fallas geológicas activas. La Red Sismológica Colombiana monitorea constantemente esta región debido a su historial de movimientos telúricos de diversa magnitud.

¿Qué hacer durante la evacuación de un edificio tras un sismo en Colombia?

Las autoridades colombianas recomiendan seguir las rutas de evacuación señalizadas, no usar los ascensores y alejarse de vidrios y estructuras que puedan colapsar. Una vez fuera del edificio, los protocolos indican ubicarse en zonas abiertas, lejos de postes y fachadas, y esperar la instrucción de los organismos de socorro antes de reingresar.

(Vea también: Temblor movió a Colombia hoy martes 13 de octubre: estos fueron municipios cercanos al epicentro)

En el reporte preliminar, la entidad había informado una magnitud de 5,2 y una profundidad de 154 kilómetros. Sin embargo, tras actualizar los parámetros del evento, ajustó ambos datos.

La información fue divulgada por el SGC a través de sus canales oficiales, donde también invitó a quienes sintieron el temblor a reportarlo mediante el formulario de sismo sentido.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-13, 16:24 hora local Magnitud 5.0. Profundidad 149 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/Cq3HvR9HcB

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 13, 2026

¿Dónde fue el epicentro del temblor de este martes 13 de octubre?

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico tuvo como referencia a Los Santos, en el departamento de Santander.

Este municipio se encuentra en una de las zonas de mayor actividad sísmica de Colombia. Por eso, los movimientos registrados en el área suelen ser objeto de seguimiento por parte de las autoridades y de los organismos encargados de estudiar la actividad sísmica.

¿Cómo reportar si sintió el temblor en Colombia?

El SGC invitó a las personas que percibieron el movimiento telúrico a diligenciar el formulario de sismo sentido, una herramienta que permite recopilar información sobre cómo se experimentó el evento en diferentes lugares.

También pueden consultar las actualizaciones y los parámetros de los eventos sísmicos en el portal oficial del Servicio Geológico Colombiano.

La entidad puede actualizar los datos de un sismo después de analizar la información disponible. Por eso, ante un reporte preliminar, es importante consultar los boletines más recientes antes de publicar cifras definitivas.

Dentro de las reacciones de los ciudadanos, hubo quienes lo reportaron en Medellín, Cúcuta, municipios de Cundinamarca, Santander, Boyacá.

De igual manera, hubo usuarios que reportaron que lo sintieron fuerte y durante varios segundos:

@sgcol En Medellín fuerte y largo

— Dulcinea (@Dulci0503) October 13, 2026

@sgcol Se sintió fuertecito en Medellín piso 9

— Maye (❁´◡`❁) 💜💜💜💜 (@MaybethEscobar) October 13, 2026

@sgcol En Bello, Antioquia, cuarto piso se sintió fuerte.

— Fernando Castro Rojo (@LuisFCastroR) October 13, 2026

@sgcol BGA se sintió fuerte

— Gab🇨🇴 (@dixanx) October 13, 2026

El hecho que motivó la intervención de la Fiscalía se relaciona con mensajes difundidos el domingo 11 de octubre en la cuenta de X del caricaturista, en los que cuestionó la actuación de Pineda frente a las ayudas destinadas a familias damnificadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, mencionando a Pereira como una de las ciudades afectadas. Según el registro citado, las expresiones publicadas incluían calificativos despectivos sobre la apariencia física de la primera dama, lo que de inmediato generó un debate público sobre los límites de la crítica y la sátira política en redes sociales.

El Gobierno, a través de un comunicado oficial citado por la fuente, manifestó su rechazo a estos mensajes, señalando que contenían expresiones misóginas y sexistas. En el documento, se argumentó que la animalización y los ataques contra el aspecto físico de una mujer representan formas de descalificación consideradas “profundamente misóginas”. Además, el Ejecutivo precisó que aunque se defiende la libertad de expresión y la crítica política, estas no pueden utilizarse para justificar actos que atenten contra la dignidad de las mujeres, subrayando que “la misoginia no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política”.

La Presidencia recordó, en este contexto, el alcance de la Ley 1257 de 2008 y la Ley 2453 de 2025, que buscan proteger a las mujeres contra diversas formas de violencia. Según el comunicado, el rechazo institucional ante cualquier tipo de agresión no debe depender de motivaciones políticas o ideológicas. Por ahora, la indagación de la Fiscalía permanece en etapa inicial y no representa una acusación formal, sino un proceso para esclarecer si existe relevancia penal en las conductas atribuidas al caricaturista.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía abrió una indagación contra ‘Matador’ por sus publicaciones sobre Ana Lucía Pineda?

La apertura de la indagación por parte de la Fiscalía General de la Nación responde a que las publicaciones del caricaturista contenían expresiones que podrían ser consideradas como injuria agravada y violencia contra la mujer, específicamente por los comentarios despectivos sobre la apariencia física de la primera dama y la animalización en el contexto de una crítica sobre la gestión de ayudas a los damnificados del terremoto, según Última Hora Caracol y los comunicados del Gobierno.

¿Qué establece la Ley 1257 de 2008 sobre la violencia contra la mujer?

La Ley 1257 de 2008, mencionada en el comunicado de Presidencia, establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres en Colombia, incluyendo violencia verbal, psicológica y mediática, subrayando la importancia de proteger la dignidad de las mujeres y el derecho a recibir un trato respetuoso en todos los ámbitos, incluso en el debate público.

De acuerdo con los resultados presentados por la institución, la organización delictiva empleaba armas de fuego y equipos de comunicación para ejecutar los hechos. Así lograban simular, de manera convincente, procedimientos policiales, engañando a los conductores y asaltando los cargamentos seleccionados. Según el balance policial, con información recopilada durante la investigación y validada por las autoridades, este grupo estaría relacionado con seis episodios de piratería terrestre que ocurrieron entre 2025 y 2026. Estas acciones ilícitas generaron, a su vez, pérdidas económicas calculadas en aproximadamente 1.386 millones de pesos debido al hurto de mercancías transportadas por las víctimas.

Como parte de la operación ‘Escudo Central’, la Policía Nacional ejecutó registros y allanamientos en Bogotá, Coello, El Espinal, Guamo y Saldaña. Fue en estas localidades donde se materializaron las diez capturas autorizadas por orden judicial. Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad incautaron una pistola, dos radios de comunicación y siete teléfonos celulares, elementos que habrían sido utilizados para coordinar los asaltos. Además, se recuperaron camiones, autopartes y diversos productos, todos relacionados con los hechos investigados y que aportan pruebas esenciales en el avance del proceso judicial contra los capturados. Así lo confirmó la información difundida por las mismas autoridades policiales, quienes insisten en la gravedad del daño económico y la amenaza de estas modalidades delictivas.

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¿Cómo funcionaban los falsos puestos de control policial usados por la banda para robar camiones?

Según la Policía Nacional, los integrantes del grupo criminal se disfrazaban y montaban supuestos puestos de control en carreteras, donde detenían a los conductores de vehículos de carga. Mediante este engaño, lograban tomar el control del camión y de la mercancía, utilizando armas y equipos de comunicación para simular una operación legítima y coordinar el asalto.

¿Qué significa piratería terrestre en el contexto del robo de camiones en Colombia?

La expresión ‘piratería terrestre’, de acuerdo con la información oficial, se refiere al asalto o robo que sufren vehículos de carga en vías y carreteras, ejecutados por personas u organizaciones armadas con el objetivo de apropiarse de la mercancía transportada. Las autoridades vinculan esta modalidad con pérdidas millonarias para transportadores y empresas afectadas.

Por ejemplo, la Secretaría de Educación de Bogotá comunicó que las actividades escolares en los colegios públicos de la ciudad transcurrirán con normalidad el 14 de octubre. Asimismo, el Ministerio de Educación de Colombia publicó una circular durante los días previos con instrucciones claras sobre la forma en que se podrá recuperar el tiempo académico perdido debido al paro. Según el Ministerio de Educación, las orientaciones buscan conciliar el derecho a la protesta de los educadores con la responsabilidad estatal de garantizar el acceso continuo a la educación, considerado además como un servicio público de función social esencial. La circular cita el artículo 44 de la Constitución Política, donde se establecen como prevalentes los derechos de los niños y niñas, y el artículo 67 que reconoce la educación como un derecho fundamental.

Sin embargo, Fecode expresó su desacuerdo con esa circular y exigió mayores precisiones sobre sus alcances, argumentando que podría restringir la legítima participación de los docentes en las protestas. En su comunicado, el sindicato manifestó una “enérgica protesta” ante la Circular 051 —emitida el 9 de octubre de 2026 por el Ministerio de Educación—, pues teme que se utilice la obligación de garantizar la continuidad del servicio educativo como un fundamento para condicionar el ejercicio de la protesta social y los derechos sindicales. Un punto de particular debate es el relacionado con el pago de salarios: la circular del Ministerio de Educación señala que la remuneración depende de actividades efectivamente realizadas y justificación de ausencias, lo que ha sido interpretado por Fecode como una posible amenaza a las garantías laborales de los educadores.

Pese a sus reparos, Fecode resaltó que comparte la obligación de reponer el tiempo académico perdido y aseguró el cumplimiento de las tareas curriculares restantes en el calendario educativo. Aun así, rechaza que se utilicen estos argumentos para deslegitimar o condicionar su derecho a la protesta. Mientras tanto, la federación reclama que el Ministerio de Educación aclare el alcance de la circular y que dicha directriz no obstaculice la participación en las movilizaciones. Los docentes que decidan apoyar el paro deberán presentar y desarrollar planes de recuperación que garanticen el cubrimiento de los contenidos académicos, sin perjudicar el calendario o el tiempo de clase para los estudiantes.

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¿Los colegios públicos en Bogotá tendrán clases normales durante el paro nacional del 14 de octubre?

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Bogotá, las clases en los colegios públicos de la ciudad se desarrollarán normalmente el 14 de octubre, a pesar de la convocatoria al paro nacional liderado por Fecode. Las directrices oficiales indican que no habrá suspensión generalizada de actividades académicas.

¿Qué establece la Circular 051 del Ministerio de Educación sobre la recuperación de clases y el derecho a la protesta?

La Circular 051 del Ministerio de Educación señala que se deben armonizar el derecho a la educación y el derecho a la protesta, estableciendo planes para recuperar el tiempo de clases perdido durante las manifestaciones. Además, aclara que el salario solo se reconocerá por actividades efectivamente prestadas y que las ausencias deben justificarse, lo que fue motivo de rechazo y llamado a aclarar por parte de Fecode.

La mayor inquietud de los estudiantes se centra en la falta de convenio formalizado con la Clínica Cali, además de la no aprobación de las tres rotaciones previstas en la Fundación Valle del Lili. Como señaló Isabella Villegas, estudiante de cuarto año: "cómo nos dan una fecha sin tener todos los convenios confirmados. Dos, no tenemos cronogramas académicos con nuestros docentes y tres, se conoce hasta el momento que también hay falta de comunicación desde el programa con muchos docentes". Este panorama deja en evidencia la ausencia de una estructura definida para el retorno a las actividades clínicas y la necesidad de mejorar la comunicación interna dentro de la universidad.

Sumado a esto, los estudiantes advierten que la incertidumbre afecta especialmente a quienes provienen de otras ciudades y han tenido que asumir gastos elevados de arriendo, servicios, alimentación y transporte en Cali, sin la certeza de si necesitan permanecer allí. Por ese motivo, exigen a las directivas una fecha de retorno que esté respaldada por acuerdos concretos y escenarios de práctica establecidos. Así lo manifestó Lía Peralta, también estudiante de cuarto año, al enfatizar la importancia de una "fecha real, sustentada en procesos concretos y convenios formalizados y escenarios de práctica definidos".

Los estudiantes reconocen los avances en la recuperación del HUV, el cual, según sus afirmaciones, ha recuperado el 70 % de su capacidad instalada. Piden entonces que se contemple su regreso progresivo a los servicios que ya están habilitados, retomando así la histórica relación entre la Universidad del Valle y el hospital en la formación de profesionales de la salud. Consideran fundamental que se den explicaciones transparentes y que, si no es posible reanudar las prácticas de inmediato, se informe con honestidad y se presente un cronograma académico serio.

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¿Por qué los estudiantes de Medicina de Univalle no han podido regresar a sus prácticas clínicas tras el terremoto?

La imposibilidad de retomar las prácticas clínicas se debe a los daños en la infraestructura del Hospital Universitario del Valle provocados por el terremoto del 10 de agosto, lo que ha requerido evaluar y restablecer la capacidad operativa del hospital. Además, está pendiente la formalización de convenios con instituciones como la Clínica Cali y la autorización de rotaciones en la Fundación Valle del Lili, según confirmó 90 Minutos.

¿Qué piden los estudiantes de Medicina de la Universidad del Valle para reanudar sus prácticas?

Los estudiantes exigen que el regreso esté sustentado en convenios formales y en la confirmación de escenarios definidos para las prácticas. Piden un cronograma académico claro y que se les informe, con honestidad, si no es posible reanudar actividades en la fecha anunciada. También solicitan evaluar el retorno progresivo a los servicios habilitados del Hospital Universitario del Valle.

“Eso va a estar listo para mañana, es un decreto garantista y democrático y el suroccidente del país tiene especial atención, porque por el historial de bloqueos, el presidente Abelardo De La Espriella ha sido claro: se respeta la protesta pacífica, pero no se toleran los bloqueos; estamos perfectamente preparados”, afirmó Lara desde la Casa de Nariño.

El presidente también se refirió a las movilizaciones durante una alocución el lunes festivo. Al respecto, el mandatario envió un mensaje tanto a quienes participarán en las marchas como a las personas que deberán cumplir sus actividades habituales.

“Quiero hablarles con absoluta claridad, tanto a quienes saldrán a protestarse como a quienes ese día tendrán que trabajar, estudiar, atender una cita médica o desplazarse por el país”, manifestó De La Espriella, según el medio.

El jefe de Estado agregó: “Les aseguro que el Gobierno trabajará para proteger sus derechos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Y a toda Colombia, le quiero decir: se pueden expresar con firmeza, pero deben tramitarse sin violencia. Eso nunca lo voy a admitir”.

El mandatario también cuestionó a los promotores del paro. “Ténganlo muy, pero muy claro, quienes mueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al Gobierno, son los mismos que dejaron al país quebrado”, expresó.

Por su parte, el expresidente Gustavo Petro invitó a la ciudadanía a participar en la jornada. “A todas y todos los colombianos, a marchar este 14 de octubre por la vida, porque la familia pueda vivir en dignidad y con comida”, escribió en su cuenta de X.

Qué dice el nuevo decreto sobre las protestas sociales

El Gobierno nacional anunció que las Fuerzas Militares y la Policía estarán preparadas para atender posibles alteraciones del orden público durante las marchas del 14 de octubre. Según explicó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, los uniformados deberán actuar bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y estricta legalidad, con el fin de atender cualquier situación que se presente durante las movilizaciones.

Por otra parte, el ministro advirtió que los actos violentos, los daños a la infraestructura pública y las agresiones contra integrantes de la fuerza pública tendrán consecuencias penales. Para ello, la Fiscalía General de la Nación acompañará las actuaciones judiciales y la recolección de material probatorio en los lugares donde se desarrollen las protestas.

De acuerdo con la respuesta dada por el Ministerio de Cultura a solicitudes del comentarista político Alejandro Vergel, el gasto para la realización de la velatón ascendió a COP 326 millones. Esta suma se financió a través del Convenio de Asociación No. 0958-2026, suscrito entre la Corporación de Desarrollo Social Élite y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. La cartera cultural aclaró que no hubo aportes ni donaciones externas: todos los fondos utilizados provinieron de recursos propios asignados al convenio. Para la realización técnica y artística de la jornada, la Corporación de Desarrollo Social Élite contrató a la empresa 10 Audio S.A.S., tal como lo estipula el contrato No. CA958-107-2026.

Es importante destacar, según los datos del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), que dicho convenio empezó a ejecutarse el 15 de abril de 2026, bajo la administración de Yannai Kadamani como ministra de Cultura y Gustavo Petro en la presidencia. Denominado "Programación CNA 2026", el convenio tiene un presupuesto total de COP 13.393 millones, con objetivos enfocados en fortalecer proyectos de arte, educación y mediación cultural, y estuvo orientado también a programas como Danza en Expansión 2026, dedicados al fortalecimiento de la danza y las artes vivas. Parte de estos recursos, entonces, fue dirigido a la financiación de la velatón.

El Espectador consultó al Ministerio de Cultura sobre este uso de fondos, pero la entidad se abstuvo de emitir comentarios adicionales sobre el tema.

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¿Cuánto costó la velatón en homenaje a las víctimas del terremoto y cómo se financió?

La velatón "Oración por Colombia", celebrada en la Plaza de Bolívar, tuvo un costo de COP 326 millones. Según el Ministerio de Cultura, estos recursos provinieron del Convenio de Asociación No. 0958-2026, firmado con la Corporación de Desarrollo Social Élite, y no hubo donaciones externas. Los fondos hacían parte de un presupuesto mayor destinado a la gestión artística y cultural bajo el programa "Programación CNA 2026".

¿Para qué sirve el Convenio de Asociación No. 0958-2026 y qué es "Programación CNA 2026"?

El Convenio de Asociación No. 0958-2026, titulado "Programación CNA 2026" según el SECOP, se utiliza para fortalecer la gestión artística y cultural a través de proyectos de educación, mediación, formación y promoción de las artes, apuntando al posicionamiento del CNA. También apoya programas como Danza en Expansión 2026, enfocados en desarrollar los ecosistemas de las artes vivas, como la danza y el movimiento.

De acuerdo con la entidad, Tolima vive actualmente una etapa en la que es probable el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas. Esta situación responde a la dinámica habitual de los meses de octubre y noviembre, considerados los de mayor precipitación durante la segunda temporada lluviosa del año. Así, la presencia constante de nubes cargadas de humedad y la variabilidad atmosférica pueden provocar episodios de intensa lluvia. El Ideam recalca la importancia de tener presente este comportamiento climático estacional, ya que influye directamente en la vida cotidiana y la movilidad de la población.

Ante este panorama, las recomendaciones adquieren relevancia, en especial para quienes residen en cercanías de ríos, quebradas o zonas de riesgo histórico de deslizamientos. El Ideam subraya la importancia de consultar los reportes oficiales y estar atentos a las variaciones en el nivel del agua y posibles cambios en la estabilidad del terreno. Este llamado está orientado a prevenir emergencias y evitar riesgos innecesarios. Además, para quienes transitan por las carreteras del departamento, la sugerencia es reducir la velocidad durante las lluvias, mantener una distancia prudente entre vehículos y adaptar las maniobras de conducción a las condiciones adversas, como medida para disminuir la probabilidad de accidentes.

El Ideam continúa actualizando sus pronósticos y alertas en función de la evolución de las condiciones atmosféricas. Por ello, para quienes desean conocer en detalle los municipios que presentan probabilidad de lluvias en días específicos, se recomienda consultar los boletines diarios publicados por la entidad. Esta información permite una mejor preparación frente a posibles eventos climáticos, protegiendo así la integridad de la comunidad y de quienes se desplazan por la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué municipios del Tolima tendrán lluvias en octubre de 2026 según el Ideam?

El Ideam pronostica que municipios como Ibagué, Líbano, Fresno, Mariquita, Honda, Venadillo, Lérida, Ambalema, Armero Guayabal, Murillo, Santa Isabel y Villahermosa pueden experimentar lluvias durante la segunda semana de octubre de 2026. Este pronóstico está basado en los reportes meteorológicos oficiales.

¿Cuáles son las recomendaciones del Ideam para enfrentar la temporada de lluvias en Tolima?

El Ideam aconseja a quienes viven cerca de ríos y quebradas o en zonas de deslizamientos que consulten reportes oficiales y vigilen los cambios en niveles de agua y terreno. Para los conductores, se recomienda bajar la velocidad y mantener distancia entre vehículos durante aguaceros. Mantenerse informado con los boletines diarios del Ideam es clave para prevenir emergencias.

La propuesta contempla una medida concreta: si en una alta corte hay menos del 50 % de mujeres, las listas y ternas para elegir a sus miembros deberán estar conformadas únicamente por mujeres. De acuerdo con Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, hoy las mujeres constituyen apenas el 34,52 % de quienes ejercen la magistratura en esas cortes. Además, Marín resaltó que las desigualdades van mucho más allá de la representación numérica, mencionando la situación de mujeres indígenas, afrodescendientes, lesbianas, bisexuales, trans, y de aquellas en condiciones económicas precarias.

Al revisar la distribución de género en la rama judicial, con cifras del Consejo Superior de la Judicatura hasta diciembre de 2025, se evidencia que el 56,68 % de los empleados judiciales son mujeres. Respecto a los cargos de mayor rango, se observa un descenso: mujeres ocupan el 49,62 % de los puestos de jueces municipales, el 47,55 % como jueces del circuito y el 39,20 % de los magistrados de tribunal. No obstante, el porcentaje cae de manera notable al analizar la representación femenina en las altas cortes, donde solo llega al 28,05 %, señala la Defensoría del Pueblo.

La presidenta de la Comisión Nacional de Género, Miryam Stella Gutiérrez, sostiene que las acciones afirmativas, como las contempladas en este proyecto, son las únicas vías para garantizar la igualdad de condiciones. Asimismo, la Defensoría advierte que el mérito no será sacrificado. Al contrario, considera que la paridad y la excelencia profesional deben ser principios que se integren y complementen en la configuración de los procesos de selección judicial.

El camino de este proyecto de ley estatutaria en el Congreso no será corto. Deberá superar cuatro debates, iniciando en la Cámara de Representantes y siguiendo en el Senado, para cumplir los requisitos que le impone su naturaleza estatutaria, incluido el análisis de constitucionalidad. El proceso legislativo debe completarse antes de finalizar la presente legislatura, en junio de 2027. La iniciativa, de acuerdo con la información oficial, apenas comienza su trámite parlamentario y representa un paso clave en la discusión sobre equidad de género en el poder judicial.

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¿Cuál es el objetivo del proyecto de ley estatutaria sobre paridad en las cortes?

El objetivo del proyecto radicado por la Defensoría del Pueblo es lograr una representación equilibrada entre mujeres y hombres en las altas cortes de Colombia, eliminando barreras históricas y permitiendo que haya igualdad de oportunidades en los máximos organismos judiciales.

¿Cómo se implementaría la paridad de género en las altas cortes según la propuesta?

La iniciativa contempla que, si en una alta corte las mujeres representan menos del 50 %, las listas y ternas para la selección de magistrados estarán conformadas solo por mujeres, buscando así incrementar su presencia en esos cargos hasta alcanzar la paridad.

La controversia surgió cuando desde el gobierno se rechazaron de manera enfática las publicaciones de Matador sobre la primera dama, argumentando que son ofensivas y discriminatorias. Desde el Ejecutivo se consideró que las afirmaciones hechas por el caricaturista constituyen una acción de animalización y ataques misóginos hacia Ana Lucía Pineda. En una de las publicaciones, Matador se refirió a la primera dama como "ratica", lo que, según las autoridades, representa un acto de violencia simbólica al utilizar términos que deshumanizan a la mujer citada.

A raíz de estos hechos, el gobierno solicitó la intervención de la Fiscalía para establecer si las acciones del caricaturista configuran una infracción o delito, en línea con la protección contra la violencia de género. La situación adquirió mayor relevancia jurídica cuando la firma de abogados De la Espriella Lawyers inició acciones legales contra Matador, al entender que sus publicaciones constituyen un ataque directo contra la dignidad de la primera dama. Según declaraciones de la firma, liderada por Abelardo de la Espriella, rechazan de manera categórica cualquier manifestación que vulnere la dignidad humana, especialmente aquellas que recurren a la humillación o la violencia simbólica contra las mujeres.

Este contexto ha impulsado el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la protección de los derechos fundamentales, en especial cuando las figuras públicas y sus familiares son objeto de escrutinio o crítica, como señala la información reportada por la Fiscalía y los comunicados de la firma de abogados. Para más detalles sobre temas vinculados a justicia, seguridad y derechos humanos, El Espectador mantiene una cobertura actualizada en su sección Judicial.

¿Por qué la Fiscalía investiga a Matador por publicaciones sobre la primera dama?

La Fiscalía General de la Nación abrió la investigación porque consideró que las publicaciones de Matador sobre la primera dama, Ana Lucía Pineda, podrían constituir violencia contra la mujer y el presunto delito de injuria agravada. De acuerdo con la Fiscalía, este proceso es asumido por el Grupo de Violencias Basadas en Género, tras la denuncia sobre expresiones que han sido calificadas como ofensivas, discriminatorias y posibles ataques misóginos, según los pronunciamientos del gobierno.

¿Qué se entiende por violencia simbólica contra las mujeres según la Fiscalía y los abogados involucrados?

La violencia simbólica contra las mujeres, según lo señalado en los comunicados de la Fiscalía y de la firma De la Espriella Lawyers, se refiere a expresiones o acciones que descalifican, humillan o animalizan a una mujer en el discurso público o privado. En este caso, se considera que referirse a la primera dama como "ratica" es un ejemplo de dicha violencia, por involucrar una deshumanización y contribuir a la perpetuación de actitudes discriminatorias y misóginas.

De acuerdo con declaraciones del presidente, las autoridades tienen instrucciones de permitir las marchas pacíficas, pero intervendrán frente a cualquier intento de bloquear permanentemente las vías, especialmente aquellas esenciales para el transporte masivo. En sus palabras, “¡Nunca más un bloqueo permanente de una carretera! ¡Nunca más un carril de TransMilenio convertido en trinchera!”, dejando claro que no tolerará acciones que afecten el orden público o la movilidad de miles de ciudadanos. Según lo informado por 90 Minutos, este mensaje se dio antes de la jornada de protestas convocada por organizaciones sindicales, indígenas y otros colectivos sociales.

Durante su intervención, De la Espriella también aclaró que comportamientos como agresiones a personas, lanzamiento de objetos con intención de causar daño, la retención de ciudadanos y la instrumentalización de menores en las protestas no corresponden a un ejercicio legítimo del derecho a la movilización. Estos actos, según el mandatario, serán tratados como conductas delictivas y tendrán respuestas acordes por parte de las autoridades.

En el mismo mensaje institucional, el presidente abordó la preocupación por la situación energética provocada por el fenómeno de El Niño. Solicitó al Congreso, con carácter de urgencia, la aprobación de un traslado presupuestal por 1 billón de pesos, monto destinado a fortalecer la generación térmica y a administrar las reservas hídricas. Subrayó que antes del 31 de diciembre deberán implementarse medidas para reforzar el suministro de energía y proteger la continuidad del servicio, como respuesta a los riesgos asociados a las condiciones climáticas adversas.

Finalmente, el jefe de Estado anunció la asignación del primer billón de pesos del Fondo Milagro, enfocado en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con la información dada por De la Espriella, los recursos llegarán de forma directa a las familias damnificadas, eliminando la intermediación y facilitando el proceso de recuperación de estas comunidades.

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¿Qué medidas anunció el Gobierno frente a los bloqueos durante las marchas del 14 de octubre?

El presidente Abelardo de la Espriella informó que las autoridades permitirán las manifestaciones pacíficas, pero actuarán con firmeza frente a los bloqueos permanentes de las carreteras y ante cualquier acción que impida el funcionamiento del transporte público. Además, subrayó que conductas como agresiones, uso de menores en protestas o retenciones son consideradas delitos.

¿Cuál es el destino de los recursos anunciados para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto?

Según lo informado, el primer billón de pesos del Fondo Milagro será entregado directamente a las familias damnificadas por el terremoto, sin la intervención de intermediarios, con el objetivo de facilitar el proceso de recuperación y reconstrucción en las zonas afectadas.

Según lo explicó el IDRD, la extracción de gramilla fue autorizada a Equiver S. A. S. bajo una figura de Laboratorio de Innovación, con permiso temporal y contraprestación en especie, lo que no implica un contrato adicional de mantenimiento. De acuerdo con la entidad, la intervención permitirá probar técnicas de cultivo, manejo y cosecha mecanizada de césped natural, y evaluar métodos para la recuperación de los campos deportivos. En total, se reportaron trabajos en 20.180 metros cuadrados de las canchas 6, 8 y 9 del parque La Florida, las cuales serán niveladas, recubiertas con nueva vegetación y equipadas con sistemas de riego funcionales. El permiso tiene una vigencia hasta el 1.º de abril de 2027.

El concejal Castellanos, sin embargo, cuestionó que para atender el deterioro de la gramilla de El Campín, tras los conciertos recientes, se haya recurrido a un parque distrital que sirve a escuelas de formación, clubes y la comunidad general. Planteó dudas sobre los impactos para los usuarios de las canchas y exigió conocer los documentos que respalden el proceso: desde registros de salida e ingreso del césped, hasta contratos, facturas e informes sobre la zona intervenida. Además, solicitó precisar el área exacta de gramilla trasladada, el plazo de reposición y los recursos para la recuperación de los campos en La Florida.

El IDRD indicó que antes de autorizar la intervención verificó la disponibilidad de las canchas y destacó que Equiver será responsable del cuidado de estas durante seis meses, tiempo en el que el resto de campos seguirá recibiendo mantenimiento habitual. Aunque el costo estimado de los trabajos asciende a COP 444 millones, la entidad aseguró que no se invertirán recursos públicos y vigilará el cumplimiento de las condiciones establecidas. No obstante, hasta el momento, el Instituto no ha divulgado los documentos específicos que permitan reconstruir el recorrido y destino de los rollos de gramilla que motivaron la denuncia del concejal.

Castellanos concluyó enfatizando la necesidad de transparencia: “Bogotá merece respuestas claras: ¿quién autorizó?, ¿quién pagó? y ¿quién recibió ese beneficio?”

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¿Por qué se trasladó gramilla de La Florida a El Campín y quién autorizó el proceso?

El traslado de gramilla desde el parque La Florida hacia El Campín fue autorizado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) mediante un permiso temporal bajo la modalidad de Laboratorio de Innovación. El propósito declarado era permitir pruebas de técnicas de cultivo y manejo mecanizado de césped natural, en respuesta al deterioro de la grama del estadio tras eventos recientes. Sin embargo, la documentación detallada sobre la autorización y ejecución aún está pendiente de ser publicada, según los cuestionamientos del concejal Leandro Castellanos.

¿Qué consecuencias tiene la intervención en las canchas de La Florida para los usuarios y cómo se garantizará su recuperación?

El IDRD afirmó que antes de autorizar la intervención se confirmó que las canchas asignadas no tuvieran reservas vigentes, para no interrumpir las actividades deportivas. Las otras canchas del parque La Florida continuarán con mantenimiento normal. Se espera que las zonas intervenidas sean recuperadas y mejoradas, aunque las dudas persisten sobre la reposición de la gramilla y los mecanismos de seguimiento. El concejal solicitó documentos que clarifiquen los compromisos y plazos de recuperación, para garantizar que la comunidad no se vea perjudicada.

En el marco de este plan, se puso en marcha la estrategia denominada ‘Volver a sembrar, volver a creer’, que articula acciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Tolima, la Secretaría de Salud Departamental y la Cámara de Comercio de Ibagué. El operativo arrancó directamente en el terreno, iniciando en Valle de San Juan, especialmente en las veredas El Neme, El Cabuyal e Hijo del Valle. Allí, las brigadas realizaron el primer barrido, durante el cual caracterizaron a 17 hogares y calcularon pérdidas por valor de $2.234 millones para estas familias. Además de la identificación de daños en la producción, se brindó atención con primeros auxilios psicológicos y acompañamiento psicosocial, en respuesta a las afectaciones emocionales causadas por la emergencia.

Para garantizar precisión y eficacia en la recolección de datos, la Cámara de Comercio de Ibagué implementó la herramienta KoboToolbox. Esta tecnología facilita la recopilación y georreferenciación de información directamente desde zonas rurales, incluso en áreas donde la conectividad digital es limitada. La información obtenida en esta etapa será clave para orientar los recursos y definir las intervenciones siguientes, abriendo camino a la reactivación progresiva de la producción, el acompañamiento a los hogares damnificados y la reparación del tejido productivo en el Tolima rural. Según datos recopilados en el diagnóstico, el propósito central es reconstruir los medios de vida y fortalecer la confianza de las comunidades campesinas que han visto afectado su futuro.

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¿Cuáles son las principales acciones de la estrategia ‘Volver a sembrar, volver a creer’ en el Tolima?

La estrategia ‘Volver a sembrar, volver a creer’ coordina brigadas que recorren las zonas rurales afectadas para caracterizar daños, identificar necesidades y prestar atención psicosocial. Además, utiliza herramientas tecnológicas para recopilar información precisa que será la base para distribuir recursos y planificar los próximos pasos en la reactivación económica.

¿Cómo funciona la herramienta KoboToolbox para apoyar el diagnóstico de daños productivos rurales?

KoboToolbox es una tecnología que permite recolectar y georreferenciar datos en campo, incluso cuando la conectividad a Internet es escasa. Su uso facilita la obtención de información puntual y confiable sobre las pérdidas, lo que permite a las autoridades enfocar los recursos de la recuperación según las áreas y familias más perjudicadas.

El ataque contra Tafur Leytón se produjo en el sector de la cuesta de la 24, exactamente en inmediaciones de la calle 24 con carrera Primera, barrio Las Ferias. Según los relatos recogidos en el lugar por El Nuevo Día, la víctima se encontraba ingresando su motocicleta a una vivienda cuando dos hombres, también a bordo de una moto y con el rostro cubierto, lo sorprendieron y uno de ellos le disparó tres veces antes de huir por la carrera Primera. Esta descripción ha sido clave para los investigadores, quienes ahora buscan esclarecer si hubo seguimiento previo o premeditación por parte de los atacantes.

Dentro de la información conocida sobre Tafur Leytón, figura que estaría vinculado con investigaciones relacionadas con dos homicidios, uno de ellos vinculado a la muerte de un hombre apodado ‘Borojó’ en el barrio La Estación de Ibagué. No obstante, como aclara El Nuevo Día, hasta ahora no ha sido posible establecer oficialmente el estado de esas investigaciones, ni hay evidencia que permita relacionarlas de manera directa con el asesinato del joven.

Actualmente, tampoco se conocen los móviles detrás del crimen ni se ha podido identificar a los responsables. Las autoridades avanzan en la recopilación de testimonios y materiales probatorios para reconstruir los hechos y lograr esclarecer el caso. Los investigadores deberán determinar si los agresores actuaron bajo algún motivo concreto o si existió alguna situación previa que originó el ataque. La reconstrucción detallada de lo ocurrido y la búsqueda de evidencias serán claves para detener a los autores materiales del crimen. La comunidad permanece a la espera de avances oficiales, mientras se esclarecen las circunstancias de este violento hecho.

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¿Cuál era la situación judicial de Iván Andrés Tafur Leytón antes de su asesinato?

De acuerdo con información preliminar publicada por El Nuevo Día, Iván Andrés Tafur Leytón estaría vinculado a investigaciones por dos homicidios, incluyendo la muerte de un hombre conocido como ‘Borojó’. Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado oficialmente el estado de estos procesos ni han establecido una relación directa entre estos antecedentes y el asesinato del joven.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Iván Andrés Tafur Leytón en Ibagué?

El asesinato de Iván Andrés Tafur Leytón ocurrió cuando, según las versiones recogidas por El Nuevo Día, la víctima se encontraba ingresando su motocicleta a una vivienda en el barrio Las Ferias de Ibagué. En ese momento, dos hombres con el rostro cubierto llegaron en moto y uno de ellos le disparó en tres ocasiones antes de escapar por la carrera Primera. Las circunstancias y móviles del crimen aún son materia de investigación.

El incidente ocurrió la noche del sábado 10 de octubre en la Plaza de la Trinidad, ubicada en el barrio Getsemaní. Las imágenes mostraron a la visitante bailando mientras se sujetaba de la escultura, hasta provocar su caída. La grabación desató reacciones en redes sociales y motivó un pronunciamiento del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

El mandatario rechazó lo ocurrido y pidió que la responsable respondiera por los daños ocasionados al patrimonio público. Turbay expresó: “Uno llega a un destino turístico es a disfrutar de él, a contemplarlo, a gozar, a bailar, a reír, no a dañar el mobiliario urbano ni sus monumentos”.

En otro llamado difundido tras el incidente, el alcalde manifestó: “Si la identifican o conocen, díganle, por favor, que responda por el daño, como corresponde. En la Alcaldía de Cartagena de Indias la estamos esperando”. 

“No creo que esta señora permita que lleguen a su casa a destruirle sus jarrones, sus cuadros, sus adornos, sus elementos preciados. Si la identifican y/o conocen, díganle, por favor, que responda por el daño, como corresponde. En la Alcaldía de Cartagena la estamos esperando”, agregó. 

🔴Estatua dañada en Cartagena: piden aplicar a turista una reparación como la de ‘Epa Colombia’ y alcalde exige que responda.

La escultura de los Lanceros de Getsemaní cayó durante una escena de baile y el caso desató rechazo en redes sociales.

Imágenes de lo sucedido y los detalles aquí 📹⬇️
https://t.co/JpWwXIjsZb

📹: dumek_turbay en X

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 12, 2026

Ante el llamado institucional, Laura se presentó ante funcionarios del Distrito y explicó públicamente su decisión. “Mi nombre es Laura. Soy la persona que aparece en un video que está rondando en redes sociales y hoy aproveché para venir a la Alcaldía, poner la cara por mis acciones y procurar resarcir los daños ocasionados por mí”, afirmó. 

La turista también invitó a ciudadanos y visitantes a proteger los bienes históricos. “Estoy aquí para resarcir el daño que cometí. De igual manera, invito a todos los colombianos, a los cartageneros, visitantes y turistas a que cuidemos el patrimonio histórico de Cartagena y de nuestra nación, para que estos casos no vuelvan a ocurrir”, señaló. Además, aclaró que nunca tuvo la intención de perjudicar la estructura ni faltarle al respeto a la ciudad.

El acuerdo contempla que Laura financie los trabajos de restauración, que estarán a cargo del escultor Óscar Noriega, responsable original de la obra. La escultura integra un conjunto monumental junto a las figuras de Pedro Romero y el Tamborilero.

La pieza representa al sacerdote franciscano Nicolás Mauricio de Umaña y Rodríguez, vinculado a los movimientos independentistas de la Nueva Granada. El caso reavivó el llamado a proteger el patrimonio cultural de Cartagena y a promover el respeto por los monumentos públicos entre residentes y turistas.

El suceso quedó documentado en video, lo que permitió observar los angustiantes momentos posteriores al ataque. Testigos que estuvieron presentes relataron que Yoscani fue atacada de manera sorpresiva por personas que ingresaron al establecimiento. Según versiones preliminares recogidas por El Nuevo Día, los presuntos responsables huyeron de la escena a bordo de una motocicleta, aumentando la incertidumbre sobre sus identidades y motivaciones.

Las primeras informaciones indican que la víctima sufrió impactos de bala en el tórax y la cabeza, aunque las circunstancias exactas del homicidio aún no han sido determinadas con precisión. Las autoridades locales, en particular la Policía del Tolima, asumieron los denominados “actos urgentes”, término utilizado para referirse a las diligencias iniciales que se deben adelantar para la recolección de pruebas fundamentales en casos de homicidio, y emprendieron las investigaciones con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, dar con los responsables y establecer los móviles detrás del crimen.

Hasta el momento, no se ha revelado información oficial sobre posibles hipótesis del caso ni sobre la nacionalidad específica de Yoscani. Tampoco se han dado a conocer detalles acerca de la cantidad de personas involucradas ni de la reacción inmediata de los presentes en el establecimiento nocturno. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier dato relevante que contribuya al avance de la investigación.

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¿Cómo fue el ataque en el establecimiento nocturno en El Espinal, Tolima?

El ataque, según la información registrada por El Nuevo Día, ocurrió mientras Yoscani compartía en un establecimiento del barrio El Libertador. Personas no identificadas irrumpieron y dispararon contra ella, causándole la muerte en el acto. Los responsables huyeron del sitio en una motocicleta, generando escenas de tensión que quedaron grabadas en video.

¿Qué acciones ha tomado la Policía del Tolima tras el homicidio de una mujer en El Espinal?

Luego del crimen, la Policía del Tolima inició los actos urgentes y se encuentra recabando pruebas para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el motivo del homicidio. Las investigaciones continúan mientras se solicita la colaboración de la comunidad para aportar información relevante.

En su publicación, Petro enfatizó que no pretende insultar, pero considera indispensable esclarecer el papel de las personas mencionadas en los tres primeros días tras el desastre. Así mismo, el exmandatario preguntó si otras personas participaban en encuentros privados para coordinar acciones posteriores al sismo, sin dar aviso a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), autoridad encargada de la atención y manejo de emergencias en el país. Es importante señalar, según El Nuevo Día, que estos señalamientos corresponden exclusivamente a los interrogantes planteados por Petro y no constituyen pruebas de irregularidades.

Otro aspecto relevante del mensaje fue la solicitud de Petro para que De la Espriella publique las transacciones relacionadas con el fondo privado que, de acuerdo con él, habría creado su familia con el fin de ayudar a los damnificados. El exmandatario exigió, además, a la Contraloría que prepare un informe y que lo presente en el menor tiempo posible. Estas solicitudes han abierto dudas sobre el origen y destino de los recursos recaudados, aunque Petro insiste en que, hasta no tener documentación de respaldo o reportes oficiales, sus inquietudes deben ser vistas como peticiones de transparencia y no como afirmaciones de mala gestión.

Todo esto ocurre en paralelo a la controversia de Matador y la primera dama Ana Lucía Pineda, pues la fundación asociada a esta última divulgó comunicados aclarando su situación frente a las donaciones, mientras que De La Espriella Lawyers ha anunciado posibles acciones legales contra el caricaturista por sus declaraciones. Por ahora, los planteamientos de Petro y los reclamos de Matador continúan sujetos al pronunciamiento del Gobierno, de los directamente implicados y de los organismos de control.

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¿Qué papel tuvo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres después del terremoto?

Según El Nuevo Día, Gustavo Petro puso en duda si la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, responsable de coordinar las acciones tras emergencias en el país, fue informada sobre reuniones donde se planificaron acciones para atender el sismo. Sin pruebas documentales, esto sigue en el terreno de los cuestionamientos, sin detalles adicionales sobre la participación real de la entidad en esos primeros días.

¿Cómo respondió la familia De la Espriella y la fundación de Ana Lucía Pineda a los cuestionamientos sobre las donaciones?

Tal como reportó El Nuevo Día, la fundación vinculada a Ana Lucía Pineda respondió mediante un comunicado sobre su papel en la recolección de donaciones para los afectados. Al mismo tiempo, De La Espriella Lawyers, el despacho familiar, expresó intención de presentar acciones legales contra Matador por sus comentarios, defendiendo así la transparencia de su gestión.

La iniciativa pretende poner fin a la disputa entre conductores de plataformas digitales y taxistas mediante reglas que, según sus autores, permitan equilibrar las cargas, promover la libre competencia y beneficiar a los usuarios.

Junto q @MauroToroO @Maluvillalba y @CathyJuvinao radicamos el proyecto de ley para regular las plataformas de movilidad como Uber, Cabify, DIDI y otras, pero que también busca nivelar la cancha con los señores taxistas en el país.

Queremos acabar la histórico pelea entre… pic.twitter.com/MZO80ONu18

— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 13, 2026

El proyecto propone crear una nueva categoría denominada Servicio de Transporte Intermediado por Plataformas Digitales, que podría operar con vehículos particulares o de servicio público.

Para los taxistas, la propuesta contempla desmontar el sistema de cupos, permitir el uso de tarifas dinámicas cuando trabajen mediante plataformas, eliminar trámites considerados innecesarios y modernizar las reglas que regulan la prestación del servicio.

Además, el proyecto establece una contribución no tributaria del 1,5 % sobre los ingresos de las plataformas.

Los recursos recaudados se destinarían a programas de formación para transportadores, vivienda para taxistas, conductores y otros trabajadores del sector, mantenimiento de la malla vial y medidas de protección y cobertura en salud para los conductores.

Briceño aseguró que la iniciativa busca modernizar el transporte en Colombia y establecer condiciones más equilibradas para todos los actores del sector.

La medida del pico y placa se enmarca en una programación vigente para el segundo semestre de 2026. De acuerdo con los datos oficiales citados por la Secretaría de Movilidad de Cali, la restricción tiene un horario continuo desde las 6:00 a. m. y hasta las 7:00 p. m. Por lo tanto, los propietarios de vehículos sujetos a la restricción deberán adaptar sus actividades cotidianas, como movilizarse al trabajo, trasladar a los hijos al colegio o realizar diligencias en diferentes puntos de la ciudad, evitando las sanciones que puede acarrear el incumplimiento de la normativa.

La Secretaría de Movilidad de Cali destaca que, desde el 1 de julio de 2026, rige una nueva rotación del pico y placa. Durante los primeros días de implementación (del 1 al 3 de julio), la etapa fue meramente pedagógica, y a partir del 6 de julio se comenzaron a imponer comparendos a quienes no acataran la restricción. Es importante señalar que existen diversas excepciones: las motocicletas, vehículos eléctricos e híbridos registrados oficialmente, vehículos de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas y algunos automotores utilizados para servicios especiales quedan excluidos de la medida. Además, los vehículos oficiales, diplomáticos, consulares o destinados a emergencias, así como los diseñados para personas con movilidad reducida que cumplen con las disposiciones, también están exentos de la restricción.

El cumplimiento de la medida de pico y placa en Cali es fundamental. Incumplirla puede conducir a una sanción económica correspondiente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), además de la posible inmovilización del vehículo, según lo establece la autoridad de tránsito. Por este motivo, se recomienda a todos los conductores caleños y visitantes consultar atentamente los detalles y excepciones antes de movilizarse.

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¿Cuáles son los horarios y placas restringidas por el pico y placa en Cali este miércoles 14 de octubre?

El pico y placa en Cali para el miércoles 14 de octubre afecta a los vehículos cuyas placas terminan en 3 y 4, desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., en horario continuo. La información fue verificada con base en lo anunciado oficialmente por la Secretaría de Movilidad de Cali y publicada en Noticiero 90 Minutos.

¿Qué vehículos están exentos de la restricción de pico y placa en Cali según la normativa vigente?

Los vehículos exentos de la medida de pico y placa en Cali incluyen motocicletas, vehículos eléctricos e híbridos registrados como tales, vehículos de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas y algunos automotores destinados a servicios especiales, además de vehículos oficiales, diplomáticos, consulares o aquellos usados para emergencias o transporte de personas con movilidad reducida, siempre y cuando cumplan las condiciones establecidas en la normativa local.

La declaración de Eljach tuvo lugar durante una sesión técnica en Riohacha, organizada por la Corte Constitucional, en la que participaron entidades nacionales y regionales. El objetivo principal del encuentro era analizar la implementación de medidas urgentes que la Corte exigió en materia de acceso al agua, alimentación y salud en dicha región. De acuerdo con El Espectador, durante la jornada se destacó la necesidad de verificar si las instituciones responsables han cumplido las órdenes de protección dictadas.

El procurador explicó que, desde la sentencia de 2017, el Ministerio Público ha iniciado un total de 125 indagaciones disciplinarias por incumplimiento de funcionarios públicos a las medidas impuestas por el alto tribunal. De este total, según cifras actualizadas hasta el viernes anterior, 41 investigaciones desembocaron en procesos disciplinarios y otras 25 incluyen funcionarios acusados de omitir sus responsabilidades.

Eljach resaltó que este proceso no busca intimidar, sino evidenciar la importancia del Estado de derecho y la obligación de los servidores públicos de responder por sus acciones. Además, enfatizó que, según reportes recientes de El Espectador, persiste una falta de claridad sobre cuántos niños pertenecientes a la comunidad wayuu requieren protección, lo que agrava el panorama.

El propio jefe del Ministerio Público indicó que la omisión y falta de voluntad política han sido determinantes para que, después de casi una década de la orden de la Corte Constitucional, la situación de acceso a servicios básicos y atención a la infancia continúe prácticamente igual. También refirió el caso de una bebé que falleció en septiembre pasado en una comunidad de Uribia, debido a la negativa de una IPS (Institución Prestadora de Salud) a atender a la madre durante el parto, hecho que calificó como doloroso y representativo de la grave crisis de desnutrición y desatención en la zona.

El procurador Eljach concluyó que los procesos disciplinarios seguirán avanzando, con el fin de lograr el cumplimiento efectivo de las sentencias que han buscado, sin resultados significativos hasta ahora, mejorar el acceso al agua, la alimentación y la salud para los menores de La Guajira.

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¿Cuáles son los funcionarios públicos investigados por incumplir la sentencia de la Corte Constitucional en La Guajira?

El Ministerio Público, bajo la dirección del procurador Gregorio Eljach, ha abierto investigaciones disciplinarias contra 25 funcionarios públicos por presuntos incumplimientos a la sentencia de la Corte Constitucional emitida en 2017, que ordena la protección de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en La Guajira. De acuerdo con El Espectador, esas investigaciones surgen tras comprobarse posibles omisiones en el acceso a agua, alimentación y salud.

¿Qué significa el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en La Guajira?

El “estado de cosas inconstitucional” es una figura jurídica que reconoce la existencia de una violación masiva y reiterada de derechos fundamentales, evidenciando una situación estructural de incumplimiento estatal. Según la información proporcionada, desde 2017 la Corte Constitucional lo declaró en los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia por vulneraciones a los derechos de la población infantil wayuu, ordenando acciones urgentes que, hasta ahora, no se han ejecutado plenamente.

La decisión judicial garantiza que De Armas pueda continuar en el ejercicio de sus funciones o volver inmediatamente al cargo, paralizando así el empalme con Víctor Augusto Pedraza López, quien había sido nombrado como su sucesor el 7 de octubre. El fallo responde a hechos concretos expuestos por De Armas, quien para sustentar su permanencia en el hospital no recurrió a argumentos de índole política. Según el expediente citado por el juzgado, la actual interventora argumentó y probó estar en embarazo y ser la principal proveedora económica de su familia. Además, evidenció que su esposo se vio obligado a dejar un trabajo formal para cuidar de su hija menor, quien experimenta una condición de discapacidad y necesita tratamientos continuos.

La situación del hospital venía desarrollándose en un ambiente político tenso. Según el expediente, De Armas asumió la gerencia del hospital cinco meses antes, apoyada por Daniel Quintero, quien fungía entonces como Superintendente de Salud. No obstante, con el ascenso de Abelardo de la Espriella a la presidencia de la República, se agudizaron las decisiones institucionales que precipitaban su salida.

Si bien algunos sectores atribuyeron el relevo a conflictos políticos, e incluso se mencionó a la senadora Claudia Margarita Zuleta como opositora, el juzgado indicó que la Supersalud fundamentó la remoción en motivos administrativos y técnicos, como supuestas fallas en materia de contratación, cobertura de riesgos laborales y posibles conflictos de interés. El juez, sin embargo, ordenó a la entidad entregar en solo 24 horas las pruebas de dichas fallas y elaborar un informe que clarifique si consideraron los comunicados de De Armas sobre su embarazo. También exigió que Salud Total EPS, entidad promotora de salud, garantice tanto la atención médica durante el embarazo de la funcionaria como los tratamientos requeridos para su hija.

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¿Por qué el juzgado ordenó la suspensión de la remoción de Lina de Armas en el Hospital Rosario Pumarejo?

La suspensión de la remoción se ordenó porque el juzgado encontró méritos en los alegatos de Lina de Armas, quien demostró estar en embarazo y ser el sustento económico de su familia, además de que su esposo cuida a una hija con discapacidad. El juez consideró que su destitución podría vulnerar derechos fundamentales, por lo que decretó medidas cautelares de urgencia, de acuerdo con la información del expediente citado en el auto del 9 de octubre de 2026.

¿Qué argumentos presentó Supersalud para justificar la destitución de Lina de Armas?

De acuerdo con el expediente judicial, la Superintendencia Nacional de Salud justificó la remoción de Lina de Armas por presuntas deficiencias en los procesos de contratación, fallas en la cobertura de riesgos laborales y problemas asociados a la gestión de conflictos de interés, aunque el juzgado solicitó pruebas y explicación detallada de estas causas en un plazo de 24 horas.

De acuerdo con la información proporcionada por Energua, las acciones técnicas se centrarán en el circuito Salguero 2. Estas actividades están programadas para efectuarse desde las 8:45 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, periodo en el que se ejecutarán ajustes y trabajos asociados al mantenimiento de la red eléctrica. El área específica donde se desarrollarán estas labores corresponde a la zona urbana de Valledupar, precisamente en la carrera 6 con calle 45, en inmediaciones del barrio San Fernando, lo que permitirá intervenir en uno de los sectores de mayor actividad residencial y comercial de la ciudad.

Durante el margen horario establecido, Energua ha señalado que podría ser necesario suspender temporalmente el suministro de energía en el área intervenida. Por ello, la compañía ha hecho un llamado a los residentes y comerciantes locales para que adopten medidas de precaución con el fin de minimizar los impactos en sus rutinas diarias. Entre las recomendaciones dirigidas a los usuarios se encuentran planear el uso de equipos eléctricos indispensables, garantizar la adecuada conservación de alimentos que requieran refrigeración, así como planificar todas aquellas actividades comerciales o domésticas que dependan del flujo constante de energía.

Además, la empresa sugiere mantenerse atentos a la información oficial que pueda emitir Energua sobre cualquier actualización o novedad relacionada con la ejecución de las labores técnicas. Estas medidas buscan anticipar posibles contratiempos y preservar la seguridad de quienes residen o trabajan en la zona afectada por los trabajos en la red eléctrica. De este modo, la compañía reitera su compromiso de informar oportunamente sobre eventos relacionados con el mantenimiento y mejora del servicio energético en la región.

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¿Cuándo habrá suspensión de energía en Valledupar por trabajos de Energua?

La empresa Energua informó que la interrupción del servicio de energía en Valledupar está programada para el miércoles 14 de octubre. Los trabajos se realizarán en el circuito Salguero 2, entre las 8:45 de la mañana y las 5:00 de la tarde, con posible afectación en la carrera 6 con calle 45, en inmediaciones del barrio San Fernando.

¿Qué recomendaciones dio Energua para enfrentar la suspensión de energía en Valledupar?

Energua recomendó a los habitantes de la zona afectada organizar el uso de equipos eléctricos, procurar la adecuada conservación de alimentos que necesiten refrigeración y planificar actividades que dependan de la energía. Además, sugiere estar atentos a la información oficial sobre cualquier novedad durante los trabajos técnicos.

El especial recoge las vivencias de María Paula, quien tiene discapacidad visual, y de Laura, quien presenta discapacidad auditiva. A través de sus relatos y los de sus padres, el trabajo periodístico explora en profundidad los desafíos diarios que enfrentan, especialmente en temas de educación, bienestar, transporte, infraestructura y acceso al empleo. Más allá de enumerar obstáculos, el especial destaca la relevancia del acompañamiento familiar en el proceso de inclusión, tema central en la narrativa y en el reconocimiento recibido.

De acuerdo con una cita textual dada por Ismael Cardozo, director de UAO Media, “ser finalistas en estos premios es una muestra de que el trabajo interno para potenciar el área digital va por el camino correcto: es pertinente, responsable y está conectado con el futuro del periodismo. Asimismo, refleja el talento excepcional que integra el equipo digital del Noticiero”. Esta afirmación respalda la apuesta del medio por contenidos que aporten valor público y una visión más humana de las historias.

El Premio Xilópalo, que se celebra desde 2019, exalta los trabajos orientados al entorno digital en Colombia. Según la descripción de los premios, la categoría Responsabilidad Social destaca investigaciones, reportajes y especiales multimedia que hacen visible el impacto de iniciativas relacionadas con derechos humanos e inclusión social. El especial ‘Hermandad en todos los sentidos’ se convierte entonces en una invitación a la reflexión colectiva desde Cali, siendo un reconocimiento tanto para el equipo de 90 Minutos como para todos quienes apuestan por una sociedad más incluyente.

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¿Por qué ‘Hermandad en todos los sentidos’ es importante para la inclusión de personas con discapacidad en Cali?

El especial es relevante porque da voz a las personas con discapacidad a través de casos concretos como el de María Paula y Laura, mostrando sus retos diarios en educación, trabajo y movilidad, pero también resaltando el papel fundamental de la familia. Su visibilidad en el Premio Xilópalo contribuye a que la sociedad caleña reflexione sobre la inclusión real.

¿Qué criterios utiliza el Premio Xilópalo para elegir a los finalistas en la categoría Responsabilidad Social?

De acuerdo con la información de los premios, la categoría Responsabilidad Social reconoce trabajos que visibilizan problemáticas sociales, derechos humanos e iniciativas con alto impacto en la comunidad. Se evalúa el rigor informativo y la capacidad de los trabajos para generar aportes valiosos en el ecosistema digital colombiano.

El motivo central de esta jornada es la defensa de la educación pública, los derechos laborales y otras reivindicaciones sociales, en respuesta a las políticas impulsadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Asimismo, estas movilizaciones se inscriben dentro de una serie de acciones previas a un posible paro nacional proyectado para noviembre de 2026, aunque la confirmación de una fecha definitiva aún está pendiente, tal como se expone en El Nuevo Día.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Regional Tolima —de acuerdo con la información disponible—, junto con sindicatos como Fecode y Sindesena, convocó especialmente al magisterio a reunirse desde las 8:00 a. m. en la avenida 37 con carrera 4G, frente a la Casa del Maestro. Los manifestantes han destacado que su propósito es velar no solo por una educación pública de calidad, sino también por aspectos como la salud del magisterio, prestaciones sociales y garantías laborales, elementos que consideran están en riesgo debido a medidas gubernamentales recientes.

De manera paralela, la Universidad del Tolima será el otro eje de la jornada, ya que estudiantes, docentes y colectivos de la institución también iniciarán su movilización a las 8:00 a. m., concentrándose en la entrada principal. Posteriormente, está previsto que esta manifestación se una con la del magisterio, avanzando conjuntamente por la carrera Quinta hasta llegar al centro de Ibagué.

El último punto del recorrido será el parque Murillo Toro, donde culminará la jornada de protestas. Esta acción colectiva se enmarca en un plan de lucha de organizaciones sociales y sindicales, quienes cuestionan decisiones del Gobierno al considerar que estas afectan intereses fundamentales en materia de derechos sociales, educación y salud pública. Los organizadores esperan que esta movilización sirva para visibilizar sus demandas y preparar el contexto para un paro nacional más amplio en el futuro cercano.

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¿Cuál es el motivo de la movilización social en Ibagué este 14 de octubre?

La movilización de este miércoles en Ibagué tiene como propósito principal la defensa de la educación pública, los derechos laborales y otras demandas sociales. Según El Nuevo Día, los participantes cuestionan políticas del Gobierno de Abelardo de la Espriella y preparan el camino para un posible paro nacional.

¿Quiénes convocan la movilización en Ibagué y cuál es el recorrido de la marcha?

De acuerdo con El Nuevo Día, la jornada fue convocada por la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) Regional Tolima, Fecode, Sindesena y colectivos sociales. Los puntos de encuentro serán la Casa del Maestro y la entrada de la Universidad del Tolima, con un recorrido que va en la carrera Quinta y culmina en el parque Murillo Toro.

La denuncia, que consta de 44 páginas, expone una serie de cargos graves contra el registrador Penagos. Según lo consignado en el documento, se le acusa de prevaricato por omisión —es decir, por no actuar conforme a la ley cuando tenía la obligación de hacerlo—, así como de falsedad ideológica en documento público, lo que implica alterar la verdad en el contenido de un acto oficial. Además, se le señala por la destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, alteración de resultados electorales, perturbación del certamen democrático y favorecimiento de voto fraudulento. A estos presuntos delitos se suman el acceso abusivo a un sistema informático y el daño informático, lo que sugiere acciones vinculadas a la manipulación o afectación de los sistemas digitales empleados en el proceso electoral.

Esta denuncia se convierte en un hecho relevante no solo por la gravedad de los delitos señalados, sino también por el contexto político y la sensibilidad del proceso electoral en Colombia. La intervención del abogado de un expresidente y la implicación de la máxima autoridad electoral del país en asuntos de tal calibre refuerzan la importancia de que las autoridades den cuenta de la integridad y transparencia del sistema electoral colombiano. La parte acusadora ha dirigido el caso directamente a la fiscalía general, lo que plantea el inicio de una investigación de alto perfil y mantiene el tema en el foco de la opinión pública. Por ahora, la noticia sigue en desarrollo y se espera mayor claridad sobre el curso que tomará este proceso judicial y sus posibles consecuencias.

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¿Cuáles son los delitos por los que se denuncia al registrador nacional del Estado Civil?

De acuerdo con El Espectador, la denuncia radicada contra Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del Estado Civil, incluye delitos como prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, alteración de resultados electorales, perturbación del certamen democrático, favorecimiento de voto fraudulento, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático.

¿Qué significa prevaricato por omisión en el contexto de las elecciones?

Prevaricato por omisión se refiere a la conducta de un funcionario público que, teniendo la obligación de actuar según la ley, decide no hacerlo. En el contexto electoral, esto puede implicar dejar de intervenir o no aplicar procedimientos necesarios para garantizar la transparencia y legalidad de los resultados.
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De acuerdo con la defensa, la adquisición de ese lote no obedeció a un interés particular ni buscaba favorecer a terceros, sino que fue el resultado de una política pública ya trazada desde gobiernos anteriores. Para sustentar esto, Sánchez solicitó la inclusión en el expediente del Plan de Desarrollo 2016-2019, titulado “San Diego de Paz”, así como de acuerdos municipales de 2012 y 2013 donde se definía la necesidad de adquirir tierras en el corregimiento Nuevas Flores con el fin de impulsar proyectos de vivienda. Según el penalista, esto confirma que la compra obedeció a una continuidad administrativa y no a decisiones aisladas o arbitrarias de Sanjuán.

Frente a las dudas sobre la transparencia y economía del proceso, la defensa añadió como prueba la carpeta contractual, explicando que hubo una invitación pública de 60 días para la recepción de ofertas. En cuanto al avalúo del lote, que fue realizado por un perito particular y no por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el abogado Sánchez presentó certificaciones del mismo IGAC en las que la entidad reconocía no contar con personal disponible para efectuar dicho avalúo en el periodo señalado. Además, se aportaron documentos sobre la idoneidad del arquitecto que realizó la tasación. Un dato relevante, según la defensa, es que el avalúo hecho por la Fiscalía establecía un valor de cerca de 220 millones de pesos, mientras que la compra se efectuó por 88 millones, lo que, a su juicio, desmiente la existencia de sobrecostos o detrimento al erario.

Sánchez argumentó también la elección de la finca Villa Calzo para este proyecto al agregar mapas de zonificación, estudios de riesgo por inundaciones y documentos técnicos que justificaban la decisión por razones de seguridad y viabilidad. Finalmente, sobre el presunto vínculo parental entre el vendedor y un concejal, la defensa presentó actas y registros civiles que evidenciarían que los apellidos invertidos dificultaban la identificación clara de una posible inhabilidad por parentesco.

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¿Cuáles son los argumentos de la defensa de Elvia Milena Sanjuán Dávila en el caso por la compra del lote en San Diego?

La defensa de Elvia Milena Sanjuán Dávila, representada por el abogado Alejandro Sánchez, se centró en demostrar que la adquisición del lote en San Diego, Cesar, respondió a una política pública preexistente y a las necesidades planteadas en planes y acuerdos municipales anteriores. Adicionalmente, el abogado aportó pruebas documentales sobre la transparencia del proceso, la justificación técnica y la elección del predio, así como sobre la imposibilidad de contar con el avalúo del IGAC y la legitimidad del perito encargado.

¿Por qué la Fiscalía acusa a la gobernadora del Cesar por el contrato de compra del lote en San Diego?

La Fiscalía sostiene que la compra del lote durante la gestión de Elvia Milena Sanjuán Dávila como alcaldesa de San Diego incumplió requisitos legales de contratación y vulneró el régimen de inhabilidades. Según lo mencionado en reportes judiciales y fuentes como EL PILÓN, la investigación apunta a presuntas irregularidades en el procedimiento de adquisición del terreno, el tipo de avalúo realizado y un posible vínculo de parentesco entre el vendedor y un concejal del municipio.

De acuerdo con la información difundida, los denunciantes argumentan que la publicación de Matador podría constituir una afectación directa al buen nombre y la dignidad de la primera dama. Además, subrayan que este tipo de mensajes podría tener repercusiones negativas en la manera en que se percibe el papel de las mujeres dentro del debate nacional, dejando ver su preocupación ante lo que consideran una falta de respeto en entornos de discusión pública. Cabe anotar que toda la información relacionada con la denuncia y los hechos fue obtenida directamente de las declaraciones de los afectados y la documentación presentada ante la fiscalía.

En ese sentido, la denuncia formal menciona la presunta comisión de tres delitos: hostigamiento agravado, injuria calificada y calumnia graduada. Los accionantes han solicitado expresamente a la Fiscalía General de la Nación que examine el contenido de la publicación y, en caso de identificar elementos constitutivos de delito, se estudien las sanciones pertinentes. Entre las consecuencias posibles que buscan los denunciantes están una pena privativa de la libertad y la imposición de una multa económica en contra de Matador.

Sin embargo, la presentación de la denuncia no implica que Julio César González, alias Matador, haya sido declarado culpable, ni que exista, hasta el momento, algún tipo de condena en su contra. El caso vuelve a suscitar un debate relevante sobre la responsabilidad de las figuras públicas en sus manifestaciones, especialmente cuando estas están dirigidas a otras personas con notoriedad pública. Según los documentos consignados en la denuncia, será tarea de las autoridades competentes establecer si la conducta de Matador constituye una violación penal y si corresponde avanzar en un proceso judicial.

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¿Cuáles son los delitos mencionados en la denuncia contra Matador?

En la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación contra Julio César González, conocido como Matador, se señalan tres presuntas conductas delictivas: hostigamiento agravado, injuria calificada y calumnia graduada. Cada uno de estos delitos implica distintas formas de daño a la reputación y el bienestar de una persona, según lo manifestado por los denunciantes. La fiscalía es la encargada de determinar si estos hechos constituyen delito bajo la ley colombiana.

¿Qué consecuencias podrían enfrentar los acusados en un proceso penal por injuria o calumnia graduada?

De acuerdo con la solicitud de los denunciantes, en caso de que las autoridades determinen responsabilidad penal por injuria calificada o calumnia graduada, Matador podría enfrentar penas restrictivas de la libertad y multas económicas. No obstante, la presentación de la denuncia es apenas el inicio del proceso y la determinación de posibles sanciones corresponde exclusivamente a la autoridad judicial, luego de la valoración de los hechos expuestos.

En medio de esa emergencia, el hombre, quien se movilizaba en silla de ruedas, no consiguió alejarse a tiempo ni resguardarse, quedando atrapado entre las abejas que lo picaron en repetidas ocasiones. El ataque duró varios minutos, pues su movilidad reducida le impidió buscar ayuda o refugio inmediato. La comunidad reaccionó y dio aviso a las autoridades, lo que permitió la llegada del Cuerpo de Bomberos de Agustín Codazzi. Según la información disponible, los socorristas llevaron a cabo maniobras de rescate para apartar al hombre del enjambre y ponerlo a salvo.

Debido a la gravedad de las picaduras y el delicado estado de salud que presentaba tras el ataque, el hombre fue trasladado a la clínica Sermultisalud. Allí, ingresó directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece bajo pronóstico reservado, de acuerdo con la información suministrada hasta el momento.

El caso ha generado alerta en las autoridades y organismos de socorro, quienes hicieron un llamado urgente a la comunidad. Se recomendó que, ante la presencia de abejas, panales o enjambres en tránsito, los ciudadanos eviten cualquier interacción o intento de perturbación como lanzar objetos o sustancias, y que reporten de inmediato cualquier avistamiento a las líneas de emergencia. Con esta prevención se busca evitar que situaciones semejantes ocurran nuevamente, especialmente en zonas donde se han detectado abejas en otros sectores del casco urbano.

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¿Qué se debe hacer ante la presencia de abejas africanizadas en zonas urbanas?

Las autoridades y organismos de socorro de Agustín Codazzi enfatizaron que ante cualquier presencia de abejas africanizadas, panales o enjambres en tránsito, lo más seguro es no intervenir ni intentar ahuyentarlas. Se recomienda abstenerse de lanzarles objetos o sustancias para evitar que se tornen agresivas. Es fundamental comunicarse con las líneas de emergencia para que personal especializado se encargue de la situación.

¿Por qué es peligroso intentar acercarse o perturbar un enjambre de abejas?

La interacción o perturbación de enjambres de abejas, especialmente las africanizadas, puede resultar en ataques masivos. Como ocurrió en este caso documentado en Agustín Codazzi, intentar acercarse o incomodar a estos insectos puede desatar una respuesta defensiva y causar múltiples picaduras que ponen en riesgo la vida de cualquier persona, en especial quienes tienen movilidad reducida o dificultades para huir.

‘De Borondo’ busca acercar a los habitantes de Cali a propuestas atractivas para el esparcimiento en familia, la convivencia de las comunidades y el apoyo directo a los emprendimientos locales. Además de la oferta comercial, la jornada incluye la participación de una docena de restaurantes, quienes pondrán a disposición de los asistentes una variada oferta gastronómica, lo que representa una alternativa para quienes quieran recorrer el evento probando diferentes tipos de comida.

La propuesta no se limita únicamente a compras y oferta de alimentos. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, los asistentes también encontrarán espacios adecuados para compartir con niños y mascotas: habrá actividades especialmente pensadas para quienes quieran llevar a sus animales de compañía y un inflable infantil, diseñado como zona de juegos para los más pequeños. La música en vivo acompañará toda la jornada, sumando un matiz cultural y creando un ambiente propicio para la integración de los ciudadanos durante el recorrido.

La importancia de la jornada ‘De Borondo’ radica en su aporte a la reactivación económica de los barrios de Cali, además de ofrecer una vitrina valiosa para emprendimientos jóvenes y otros comercios emergentes que buscan dar a conocer sus productos y conectar con nuevos clientes. La cita, según lo reportado por Noticiero 90 Minutos, se convierte en un espacio donde confluyen comercio, gastronomía, entretenimiento y actividades familiares. En suma, estos eventos buscan dinamizar la economía barrial y convertir a la ciudad en un punto de encuentro para su ciudadanía, reflejando así una voluntad colectiva de impulsar la economía y el tejido social de la capital vallecaucana.

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¿Qué es la jornada 'De Borondo' en Cali y qué actividades incluye?

La jornada ‘De Borondo’ en Cali es una iniciativa de reactivación económica pensada para reunir a emprendimientos juveniles, restaurantes y familias en un mismo espacio, promoviendo tanto el consumo local como la integración social. Entre sus actividades están la venta de productos de más de 60 emprendimientos, una amplia oferta gastronómica, zonas para mascotas, juegos infantiles e intervención musical en vivo.

¿Dónde y cuándo será la próxima jornada 'De Borondo' en Cali?

Según la información presentada por Noticiero 90 Minutos, la próxima jornada ‘De Borondo’ tendrá lugar en los barrios Capri y Nuevo Rey, específicamente en la Calle 10A, entre las carreras 70 y 72. En este espacio se congregarán los diversos participantes para ofrecer una experiencia destinada al disfrute familiar y el impulso de la economía local.

Durante una entrevista concedida a un medio radial, la exfuncionaria subrayó que las acusaciones sobre el presunto transporte de fajos de dólares y cargamentos ilegales en aeronaves oficiales no pueden pasarse por alto. Según explicó, los protocolos de seguridad de la Fuerza Aérea Colombiana y el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) operan bajo estrictos controles de pesaje de equipaje y registro de pasajeros, por lo que instó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría a solicitar dichos soportes documentales. “Creo que sería muy oportuno que los órganos de control y la Fiscalía pudieran hacer llegar esas pruebas para determinar qué fue lo que sucedió”, enfatizó, desmarcándose de la defensa corporativa del anterior gobierno y recordando que el deber legal de todo servidor público es denunciar de inmediato cualquier anomalía, en lugar de guardar silencio hasta que concluyan las administraciones.

Sarabia también abordó los cuestionamientos sobre supuestas influencias en la designación de cargos públicos, asegurando que desde su paso por la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) nunca recibió peticiones irregulares de Alcocer para la contratación estatal. Si bien reconoció que la exprimera dama podía tener vínculos cercanos con algunos funcionarios, aclaró que la recomendación de perfiles no constituye per se una ilegalidad, delimitando su responsabilidad exclusivamente a los asuntos que conoció de primera mano durante su gestión institucional. Asimismo, rechazó las versiones que intentan reducir el escándalo a disputas personales entre excolaboradoras, reiterando que las diferencias deben dilucidarse con evidencias ante los estrados judiciales.

Las declaraciones de la excanciller se producen en paralelo al avance formal de la indagación disciplinaria abierta por la Procuraduría, entidad que recientemente citó a rendir testimonio bajo juramento a la propia Eva Ferrer, a Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes y a Ingrid Carolina Plata Navas. Este andamiaje institucional coincide con la directriz impartida por el presidente Abelardo De La Espriella, quien ordenó a la Inspección General y a la contrainteligencia militar abrir una investigación exhaustiva al interior del CATAM para depurar responsabilidades y sancionar a cualquier miembro de la Fuerza Pública que hubiese facilitado operaciones al margen de la ley. Mientras el entramado judicial continúa tejiéndose alrededor de los viajes a Venezuela y los señalamientos de maletas grises cargadas de estupefacientes, las voces del alto gobierno anterior continúan reacomodándose frente a un expediente que amenaza con escalar dimensiones en los estrados internacionales.

Vicky Dávila, periodista de amplia trayectoria, expresó que tanto el testimonio de Ferrer como el de Rodríguez deben ser revisados por las autoridades competentes. Solicitó de manera explícita la intervención de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación, para que determinen si dichas denuncias pueden comprobarse o si carecen de veracidad. Asimismo, Dávila resaltó la gravedad de las afirmaciones relacionadas con posibles actividades ilícitas, insistiendo en que estas requieren de una investigación profunda y seria.

Ante estos hechos, Gustavo Petro salió al paso y rechazó enfáticamente los señalamientos realizados en su contra y contra las personas cercanas a él. En su respuesta, hecha también desde X, Petro indicó que sus hijas y la madre de ellas tomarán acciones judiciales contra Vicky Dávila y Gabriel Gilinski, propietario de la revista Semana, argumentando que emplearon acusaciones graves en sus publicaciones sin contar con pruebas que las sustenten. Según él, exigió que se rectifiquen públicamente los señalamientos, demandando que la rectificación tenga el mismo nivel de visibilidad que se dio a las denuncias.

Petro también puso en entredicho la validez de los testimonios. Sobre Angie Rodríguez, aseguró que en 2023 ella no tenía vínculos con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y que la misma Rodríguez habría admitido no tener certeza sobre los hechos contados por Ferrer. Respecto a Eva Ferrer, indicó que su relato estaría basado solamente en información transmitida por un tercero, cuyo nombre, según sus palabras, no ha sido revelado.

El asunto incrementó la polémica alrededor de las declaraciones de Ferrer en contra de Verónica Alcocer, generando respuestas políticas y demandas para que todo lo dicho sea objeto de revisión por parte de las autoridades, evitando que estos señalamientos sean interpretados como hechos probados sin el respaldo judicial correspondiente.

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¿Por qué Gustavo Petro anunció acciones legales contra Vicky Dávila y Semana?

Gustavo Petro anunció acciones legales porque considera que Vicky Dávila y la revista Semana difundieron acusaciones graves en su contra y contra su familia sin contar con pruebas suficientes. Según el exmandatario, lo publicado carece de sustento y exigió que se haga una rectificación pública que tenga el mismo alcance que los señalamientos originales.

¿Qué denuncias hizo Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer según las publicaciones?

De acuerdo con las publicaciones referenciadas, Eva Ferrer lanzó señalamientos hacia Verónica Alcocer relacionados con presuntos vínculos con drogas y movimientos de dinero, incluyendo la financiación de campañas. Sin embargo, el mismo Gustavo Petro y otras fuentes han cuestionado la solidez de estos testimonios, indicando que se basan en información indirecta.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la administración del complejo comercial, el fuego se originó al interior de un local comercial situado en el primer piso. La emergencia fue contenida con rapidez gracias a la activación inmediata de los protocolos internos de seguridad y a la respuesta oportuna del sistema automático de protección contra incendios, el cual logró focalizar y extinguir la conflagración en su origen exacto, impidiendo que las llamas se propagaran hacia otros establecimientos o áreas comunes de la propiedad.

El reporte gerencial firmado por Andrés Alcocer, Center Manager de Parque Alegra y Parque Arauco Colombia, confirmó que la prioridad absoluta se cumplió a cabalidad, reportando saldo blanco en materia de integridad física. “No se registraron personas lesionadas ni afectaciones a la salud de colaboradores, brigadistas o personal técnico”, indicó el documento institucional.

#Atención l A esta hora se reporta un conato de incendio al interior del centro comercial Parque Alegra, en el sur de Barranquilla.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la emergencia y si se registran personas afectadas. https://t.co/ItHDEQybfV

— Impacto News (@ImpactoNewsCol) October 13, 2026

Para atender la contingencia y garantizar la seguridad de los presentes, el equipo de brigada e inspección interna coordinó de manera articulada con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Barranquilla, cuyos efectivos acudieron al sitio para realizar labores técnicas de verificación de seguridad, control definitivo y ventilación de espacios. Debido a la acumulación de humo generada en el establecimiento afectado, las directivas ejecutaron una evacuación preventiva y temporal de todo el personal que se encontraba al interior del centro comercial, asegurando de esta forma parámetros óptimos de calidad del aire antes de retomar las actividades.

En cuanto a la operación comercial, la administración informó que, una vez finalizadas las inspecciones técnicas de rigor, Parque Alegra reabrió sus puertas y habilitó de forma progresiva el acceso a las zonas comunes. Sin embargo, se especificó que el local comercial de la marca Derek permanecerá cerrado temporalmente mientras se evalúan los daños materiales y se realizan las adecuaciones necesarias, cuya fecha de reapertura será comunicada oportunamente. Asimismo, un par de establecimientos colindantes implementaron labores preventivas de limpieza y ventilación debido al humo residual antes de normalizar su atención al público.

La tutela, presentada ante el Consejo de Estado, sostiene que el expresidente Petro, durante los últimos meses de su mandato, habría intentado construir una narrativa destinada a poner en entredicho la legitimidad de las elecciones, afectando la confianza pública en las instituciones y en el voto. Según la información de El Espectador, Penagos señala en su recurso que los señalamientos de Petro atribuyen a la Registraduría poderes que no tiene, como el control directo sobre el resultado electoral. "El registrador no cuenta votos ni declara resultados", afirma el texto de la tutela, que fue aceptado para su estudio por el magistrado Nicolás Yepes Corrales.

Durante el inicio de una sesión técnica de la Corte Constitucional en Riohacha, La Guajira, Penagos aprovechó la oportunidad para destacar el trabajo de la Registraduría en cumplimiento de las órdenes establecidas por la sentencia de 2017. Esta sentencia declaró un estado de cosas inconstitucional para el pueblo wayuu, debido a la falta de acceso a derechos fundamentales como salud, agua potable y alimentación. La Corte exigió que la Registraduría adelantara jornadas para identificar y registrar a niños wayuu del asentamiento de La Pista, en Maicao, una localidad donde hasta la fecha el Estado desconoce a cuántos infantes debe proteger.

En respuesta, Penagos informó que la entidad ha realizado más de 7.000 registros de niños y niñas en la región, ampliando su cobertura con sedes especiales y campañas de identificación. Subrayó que obtener un registro civil de nacimiento es la puerta de entrada a otros derechos fundamentales y reiteró el compromiso de la Registraduría con la garantía de dichos derechos, especialmente en poblaciones históricamente marginadas como la wayuu.

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¿Por qué el registrador nacional presentó una tutela contra Gustavo Petro?

El registrador Hernán Penagos argumentó que la tutela fue interpuesta debido a las declaraciones del expresidente Petro, quien habría puesto en duda la transparencia de las elecciones presidenciales y atribuido supuestos poderes indebidos a la Registraduría. De acuerdo con El Espectador, el recurso busca proteger el buen nombre de la entidad y recuperar la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral colombiano.

¿Qué medidas ha tomado la Registraduría para garantizar los derechos de los niños wayuu en La Guajira?

La Registraduría ha cumplido las órdenes de la Corte Constitucional realizando jornadas de identificación y registro civil para niños, niñas y adolescentes del pueblo wayuu en asentamientos como La Pista. Según declaraciones de Penagos, se han registrado más de 7.000 menores y se han creado sedes especializadas, como la de Nazareth, con el fin de facilitar el acceso a la identificación y, por extensión, a otros derechos fundamentales.

Los ocupantes del automóvil eran tres adultos, tres menores de edad y el perro de la familia. Todos salían del municipio de Barrancas, ubicado en La Guajira, y su destino final era la ciudad de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. De acuerdo con la información recopilada por los organismos de socorro que acudieron rápidamente al sitio del siniestro, a pesar de lo grave que pareció el accidente en un primer momento, tanto los pasajeros como el canino se encontraban ilesos. Se les practicó una valoración médica de carácter preventivo y, afortunadamente, no se reportaron lesiones considerables.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Cesar hizo presencia en el sitio para regular el flujo vehicular y adelantar las investigaciones correspondientes. Según las primeras indagaciones realizadas por las autoridades, la principal hipótesis apunta a que el conductor del automotor perdió el control al tomar una curva característica de esa zona del trayecto.

El rápido actuar de los equipos de atención permitió descartar cualquier consecuencia de gravedad para los ocupantes. Este hecho pone en relevancia el impacto que pueden tener los factores de la vía y el entorno sobre la seguridad en los desplazamientos, así como la importancia de la reacción oportuna de los organismos de emergencia. Toda la información citada proviene de fuentes de las autoridades de tránsito y de los equipos de socorro presentes en el evento.

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¿Qué causó el accidente en la vía entre San Juan del Cesar y Valledupar?

De acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Cesar, la hipótesis principal es que el vehículo perdió el control mientras tomaba una curva, lo que provocó que saliera de la calzada y terminara a un lado de la vía. Las condiciones específicas del accidente están siendo investigadas por las autoridades correspondientes.

¿Qué medidas tomaron los organismos de socorro tras el accidente de tránsito con seis personas?

Los organismos de socorro acudieron al lugar prontamente y realizaron valoraciones médicas preventivas a los seis ocupantes y a la mascota de la familia. Confirmaron que no hubo lesiones de gravedad y garantizaron la seguridad de los afectados mientras las autoridades regulaban el tránsito y adelantaban las averiguaciones pertinentes.

La principal controversia gira alrededor de las afirmaciones de Rodríguez, quien utilizó expresiones polémicas para referirse a ese grupo femenino. Según ella, “eran mujeres de la vida fácil que se dedicaban a una de las profesiones más antiguas del mundo”, palabras que generaron debate público. También indicó que algunas de estas mujeres habrían pasado de participar en reuniones privadas a ocupar cargos de responsabilidad dentro de entidades estatales. De acuerdo con la información de Caracol Radio y Vértice Noticias, tales señalamientos aún requieren confirmación y verificación, en tanto corresponden únicamente al testimonio de la exdirectora del Dapre.

Rodríguez manifestó que algunas de esas mujeres supuestamente ejercían un poder que superaba incluso la influencia propia de la dirección del Dapre. Relató que recibió solicitudes respecto a contratos y nombramientos que consideró irregulares dentro de la estructura del Estado. Además, describió la existencia de un supuesto “pacto de silencio criminal” entre el presidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer. Rodríguez sostuvo que fue testigo auditiva de presuntos episodios de violencia verbal y física en las instalaciones presidenciales, señalando haber escuchado golpes y gritos en un enfrentamiento entre Petro y Alcocer. Tales afirmaciones, según la información de Caracol Radio y Vértice Noticias, pertenecen exclusivamente a la versión de la exfuncionaria y no constituyen pruebas judiciales formales.

Frente a estos señalamientos, el presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de X (antes Twitter), rechazando la posibilidad de ser manipulado por miembros de su entorno y manifestando: “Jajaja. Como no. En la vida aprendí una cosa: no soy un hombre estúpido”. Petro también criticó a quienes, según él, terminan vinculados al paramilitarismo tras relaciones sentimentales.

La exposición pública de estos hechos por parte de Angie Rodríguez reabre la discusión sobre el funcionamiento de las relaciones de poder y la transparencia dentro de la administración anterior. Entre sus afirmaciones, Rodríguez también mencionó el caso de Juliana Guerrero, advirtiendo de presuntas inconsistencias en sus credenciales académicas y manifestando que alertó sobre ello al presidente Petro. Por ahora, las autoridades competentes serán responsables de verificar la autenticidad de estas declaraciones.

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¿Cuáles son las principales denuncias de Angie Rodríguez contra el Gobierno de Gustavo Petro?

Angie Rodríguez señaló la existencia de una supuesta red de mujeres jóvenes con influencia dentro de la Casa de Nariño, manifestó la presencia de un posible “pacto de silencio criminal” entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer y relató presuntos episodios de violencia y solicitud de contratos irregulares. Todo esto según entrevistas vistas en Caracol Radio y Vértice Noticias.

¿Qué es el Dapre y cuál fue el papel de Angie Rodríguez en el Gobierno de Petro?

El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) se encarga de apoyar en la gestión administrativa y operativa del presidente y su equipo. Angie Rodríguez sostuvo el cargo de directora y, desde esa posición, aseguró haber recibido solicitudes relacionadas con contratos y advertido inconsistencias en nombramientos, según su testimonio en medios mencionados.

Esta decisión institucional responde directamente a las graves acusaciones emitidas por Eva Ferrer acerca del supuesto transporte de armas y sustancias ilícitas hacia Venezuela, además del posterior ingreso a Colombia con 2,5 millones de dólares en efectivo.

Cumpliendo las instrucciones expresas del presidente Abelardo De La Espriella, el comandante de la Fuerza Aeroespacial, mayor general Juan Jaime Martínez, lidera la verificación del caso con el fin de identificar a posibles implicados en estas presuntas irregularidades.

El proceso de auditoría contempla la revisión exhaustiva de las aeronaves utilizadas, la confrontación de las bitácoras oficiales de vuelo y las entrevistas requeridas al personal de tripulación que transportó a Alcocer durante sus desplazamientos internacionales.

Con este seguimiento técnico, las autoridades buscan reconstruir detalladamente la ruta de cada viaje y establecer si se cometieron faltas operativas o violaciones a los protocolos de seguridad aeroportuaria establecidos.

Los delicados señalamientos vertidos por Ferrer deberán ser contrastados rigurosamente con los registros documentales y el material probatorio recabado por los investigadores asignados.

Por el momento, la verificación interna pretende esclarecer los hechos y servir de fundamento para definir si resulta procedente la apertura de procesos judiciales adicionales sobre este asunto de alto impacto nacional.

Vale la pena recordar que Eva Ferrer ejerció como exconsejera presidencial para la Reconciliación y formó parte activa de la campaña política de Gustavo Petro junto a Verónica Alcocer antes de revelar estas delicadas informaciones.

Ferrer aseveró que Alcocer habría integrado una estructura de tráfico de estupefacientes y que empleó el avión oficial del Gobierno para trasladar sumas millonarias de dinero durante sus traslados al país vecino.

Ante la gravedad del escenario denunciado por la revista Semana en su reciente edición, la Procuraduría General de la Nación citó formalmente a declarar a Eva Ferrer y a otros cinco ciudadanos presuntamente vinculados.

El ente de control disciplinario profundizará en las pesquisas para determinar la veracidad de estos presuntos actos de corrupción y narcotráfico donde estarían involucrados la ex primera dama y otros servidores públicos.

Señalamientos de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer

Eva Ferrer formuló señalamientos graves contra la exprimera dama. Sus declaraciones aparecieron en una entrevista publicada por la revista Semana el 10 de octubre de 2026.

Ferrer acusó a Alcocer de liderar una presunta red dedicada al traslado ilegal de dinero, drogas y armas. Al ser consultada sobre si Alcocer era la jefa de una mafia, respondió: “A día de hoy digo que sí”.

La exconsejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia afirmó que la exprimera dama habría utilizado aeronaves oficiales para realizar viajes confidenciales entre Colombia y Venezuela.

Uno de los señalamientos centrales apunta a un supuesto viaje a Venezuela en enero de 2023. Según Ferrer, el empresario Manel Grau le habría informado que Alcocer regresó a Colombia con 2,5 millones de dólares.

Ferrer también aseguró que parte de esa suma habría sido destinada a financiar la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama. Esta versión forma parte de las acusaciones presentadas en la entrevista.

La española vinculó además a Carolina Plata, asistente de Alcocer, con la gestión de esos desplazamientos. También mencionó a la capitana Lozano, exjefa de seguridad de la exprimera dama, dentro de los hechos denunciados.

Los señalamientos incluyen presuntas conductas relacionadas con tráfico de estupefacientes y armas, lavado de activos, financiación irregular de campañas, venta de cargos públicos, uso indebido de bienes estatales e intimidación a funcionarios.

Ferrer también señaló presuntas ambiciones presidenciales de Alcocer y la describió como la persona que impartía órdenes dentro de la presunta estructura. Sus afirmaciones vinculan además al expresidente Gustavo Petro con esa supuesta organización.

Las acusaciones no constituyen hechos judicialmente comprobados. Los medios que difundieron la información precisaron que se trata de señalamientos atribuidos a Ferrer y que deben ser verificados por las autoridades competentes.

Tras las declaraciones, la Procuraduría General de la Nación citó a Eva Ferrer y a otras cinco personas a rendir declaración bajo juramento. La investigación busca esclarecer los presuntos hechos de corrupción mencionados públicamente.

La Fiscalía General de la Nación también mantiene una indagación relacionada con los señalamientos. La entidad citó a Ferrer a declarar este miércoles, luego de que ella faltara a dos llamados previos.

El presidente Abelardo De la Espriella anunció una investigación en la Fuerza Aérea Colombiana y solicitó intervenciones de la Fiscalía, la Corte y autoridades de Estados Unidos.eltiempo+1

Verónica Alcocer y Gustavo Petro rechazaron las acusaciones. Las hijas del expresidente anunciaron acciones legales contra el dueño de Semana por los señalamientos difundidos.

Los denunciantes, descritos como conservadores y representantes de la nueva derecha en Colombia, calificaron la publicación del caricaturista como ultrajante. El movimiento al que pertenecen se ha caracterizado por impulsar litigios que sus integrantes denominan estratégicos como forma de incidencia política y jurídica.

De acuerdo con Blu Radio, la acción legal contempla tres tipos penales: hostigamiento agravado, injuria calificada y calumnia agravada. Además de buscar una condena, los jóvenes aspiran a que el caso siente un precedente sobre los límites del lenguaje en el debate político colombiano.

Sánchez Mosquera explicó las razones detrás de la decisión: “Como colombianos debemos rechazar vehementemente estos actos de violencia en contra de la mujer. Por esta razón, junto con mi compañero Tomás Flores, hemos decidido iniciar acciones penales en contra de este sujeto por 3 tipos penales diferentes. Hostigamiento agravado, injuria calificada y calumnia agravada”, sostuvo.

“Lo que buscamos con esto es sentar un precedente de que en Colombia la política debe hacerse a la altura de las ideas y no de los insultos, y que no se puede en Colombia incurrir en acciones que agraven o dañen la imagen pública de una persona, y más de una mujer como lo es la doctora Ana Lucía Pineda”, añadió el denunciante en esa emisora.

(Vea también: De La Espriella Lawyers va contra ‘Matador’ por sus palabras sobre la primera dama y anuncia medidas)

¿’Matador’ podría ir a la cárcel por insultar a la primera dama?

Además de las implicaciones simbólicas, los denunciantes solicitaron medidas concretas contra el caricaturista. Según afirmó Sánchez Mosquera, “buscamos una sanción privativa de la libertad y una multa contra este sujeto para que aprenda a, uno, respetar a las mujeres, y segundo, respetar el ordenamiento jurídico colombiano que nuestro código penal consagra”.

¿Qué es el movimiento De Cara al Futuro y qué papel juega en esta denuncia?

De Cara al Futuro es una agrupación conformada por jóvenes conservadores y de la nueva derecha en Colombia, que utiliza el litigio estratégico como herramienta de acción política. Su participación en este caso refleja una tendencia creciente de usar el sistema judicial para disputar los límites del discurso público en el país.

¿Qué consecuencias legales podría enfrentar ‘Matador’ si prospera la denuncia?

En Colombia, los delitos de injuria y calumnia agravadas contemplan penas privativas de la libertad y sanciones económicas según el Código Penal. Si la Fiscalía decide avanzar con la investigación, el caricaturista Julio César González podría enfrentar un proceso formal que incluya audiencias y, eventualmente, una condena.

La actual gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, enfrenta un juicio por supuestas irregularidades relacionadas con la compra de un terreno cuando ejercía como alcaldesa de San Diego en el periodo 2016-2019. Según lo presentado durante la audiencia preparatoria por la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela Rodríguez, el caso gira en torno a la adquisición de un predio de dos hectáreas, parte de la finca Villa Calzo, ubicado en el corregimiento El Desastre, cuyo objetivo era destinarlo a viviendas de interés social. El contrato de compraventa, identificado con el número 17-046 y firmado el 27 de febrero de 2017, fue por valor de 88 millones de pesos.

Durante la audiencia, Elvia Milena Sanjuán se retiró de la sala virtual para reunirse con los alcaldes departamentales, quedando representada por su abogado defensor, Alejandro Sánchez. El abogado expuso que la mandataria no aceptaba los cargos imputados, que incluyen violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía, la administración municipal habría incumplido los procesos legales exigidos durante la etapa precontractual del negocio. Uno de los puntos críticos fue la publicación de una invitación a ofertar por 60 días, que se cerró intempestivamente en seis días después de recibir tan solo una propuesta, la del señor Juan Gerardo Arzuaga Rubio. Otro aspecto cuestionado es la ausencia de un avalúo independiente: la Alcaldía aceptó el peritaje proporcionado por el propio vendedor y firmado por el arquitecto Rubén Darío Carrillo, en lugar de contratar uno propio.

El eje del proceso judicial reside en la acusación por presunta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Según explicó la fiscal Marlene Orjuela Rodríguez, documentos expedidos por la Registraduría Nacional confirmaron que el vendedor del predio es hermano en doble conjunción de Armando José Arzuaga Rubio, quien entonces ejercía como concejal activo de San Diego. La normatividad prohíbe a los mandatarios celebrar contratos con familiares directos de miembros de corporaciones públicas locales.

Para fortalecer su hipótesis, la Fiscalía solicitó la comparecencia de varios exfuncionarios que participaron en la estructuración del contrato, como Ricardo Javier Peralta Pérez, jefe jurídico, y Fanny María Padilla López, supervisora del contrato. También se incluyó el testimonio del denunciante de las supuestas irregularidades y del perito financiero Germán Alberto Ramírez, encargado de exponer los detalles sobre los presuntos sobrecostos en la negociación, según reportes de 'El Pilón'.

¿Por qué se investiga a la gobernadora del Cesar Elvia Milena Sanjuán Dávila por la compra de un lote en San Diego?

La investigación se centra en presuntas anomalías durante la adquisición de un predio destinado a vivienda social mientras ejercía como alcaldesa de San Diego. La Fiscalía sostiene que la mandataria vulneró normas legales y de transparencia, al adquirir el terreno sin cumplir los requisitos precontractuales y celebrar el contrato con un familiar de un concejal local, lo que configuraría una incompatibilidad.

¿Qué significa el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en procesos de contratación pública?

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades es un conjunto de normas que busca impedir que funcionarios públicos contraten con familiares de miembros de corporaciones públicas, con el fin de evitar conflictos de interés y asegurar la transparencia en la contratación estatal, aspecto central en el caso contra la gobernadora del Cesar.

Según la CAR, dichas acciones se concentran en las vías más transitadas, como la autopista norte y la calle 13, donde se calcula que ocurre el tránsito intermunicipal más intenso. El propósito es sensibilizar y promover en las empresas medidas que mejoren sus prácticas ambientales, así como reconocer los esfuerzos de quienes avancen en esa dirección, con el fin de tener una visión más amplia y responsable de la movilidad sostenible. Actualmente, la corporación ya ha sensibilizado a 11 empresas, de las cuales cuatro participan activamente, sumando una flota que supera los 500 buses y colectivos.

El respaldo técnico de la CAR incluye equipos de laboratorio y modelamiento ambiental de última generación, únicos en Colombia, con capacidad para analizar la densidad, el peso y el número de partículas contaminantes, tanto finas como ultrafinas, que emiten los tubos de escape de los vehículos. Con esta medición precisa, la corporación puede identificar dónde es necesaria una mayor intervención y cuáles son las oportunidades de mejora.

El programa se sustenta en tres estrategias ambientales principales. En primer lugar, la movilidad organizacional, que analiza los patrones y necesidades de desplazamiento de los trabajadores e identifica alternativas más sostenibles como el uso de transporte público, la bicicleta, caminatas, horarios flexibles o incluso el teletrabajo. En segundo lugar, la estrategia de autogestión ambiental impulsa a las empresas a hacer un seguimiento y mejora continua de su operación vehicular, optimizando el uso de sus flotas y reduciendo los impactos negativos. Finalmente, el etiquetado ambiental vehicular permite reconocer e identificar a los vehículos con mejor desempeño ambiental, teniendo en cuenta su tecnología, tipo de combustible, antigüedad y emisiones.

Según Alfred Ballesteros, director de la CAR, este enfoque integral logra que las empresas puedan comprender y mejorar su movilidad corporativa, involucrando tanto a colaboradores como a las características técnicas de los automotores. La participación de las empresas en este proceso es voluntaria, y aquellas que sobresalen pueden recibir el "Sello Organizacional de la CAR", un distintivo que destaca el compromiso ambiental y fomenta mejoras progresivas en la flota.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el “Sello Organizacional de la CAR” para empresas de transporte público?

El “Sello Organizacional de la CAR” es un reconocimiento otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca a las empresas de transporte público que demuestran un mejor desempeño ambiental en sus vehículos. Este distintivo hace visible el compromiso ambiental de las compañías y ayuda a identificar oportunidades para mejorar progresivamente las condiciones ambientales de la flota que requiere intervenciones.

¿Cuáles son las estrategias ambientales implementadas por la CAR en la movilidad empresarial de Bogotá y Cundinamarca?

La CAR implementa tres estrategias principales: movilidad organizacional, que promueve alternativas sostenibles para los traslados de los colaboradores; autogestión ambiental, orientada a que las empresas optimicen su flota y reduzcan los impactos negativos; y etiquetado ambiental vehicular, que identifica a los automotores con mejor desempeño ambiental. Estas acciones buscan crear una movilidad empresarial más eficiente y respetuosa con el entorno.

Según afirmó, la documentación fue recibida el pasado 9 de octubre en la sede diplomática de Bogotá, por medio del encargado de negocios, Hugo Guevara.

En un comunicado público, Leyva divulgó una carta dirigida al presidente Abelardo De La Espriella y al fiscal general de Estados Unidos, en la que reiteró su intención de aportar información sobre actuaciones que asegura haber adelantado ante funcionarios del Departamento de Justicia estadounidense.

El exministro señaló que previamente había enviado un mensaje al secretario de Estado, Marco Rubio, el 15 de septiembre, para anunciar su propósito de entregar los documentos.

Además, aseguró que su intención es respaldar sus señalamientos con actuaciones penales y nombres de testigos que considera relevantes para esclarecer los presuntos delitos que atribuye a Petro.

Sin embargo, la información divulgada no especifica cuáles son los documentos entregados, quiénes son los testigos mencionados ni qué delitos concretos estarían bajo investigación.

Tampoco hay información que confirme que las autoridades estadounidenses hayan iniciado un proceso judicial o una revisión formal de las supuestas pruebas.

Por ahora, la imagen publicada por Leyva acredita la recepción de una comunicación en la Embajada, pero no demuestra que Estados Unidos haya tomado medidas judiciales contra el exmandatario colombiano.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, destacó las cualidades personales y profesionales de Pineda, con quien trabaja en diferentes iniciativas.

“Los que tenemos el privilegio de trabajar a su lado sabemos quién es Ana Lucía Pineda, una mujer con un corazón enorme y una gran capacidad de gestión”, escribió Céspedes.

Además, expresó su agradecimiento por compartir labores con ella y manifestó su confianza en los proyectos que vienen para el país.

“Dios me premió con tenerla como coequipera y trabajar a su lado. Se vienen grandes cosas para la reconstrucción de Colombia”, agregó, en un mensaje con el que reafirmó su respaldo a la primera dama.

La controversia comenzó después de que ‘Matador’ publicara un mensaje ofensivo dirigido a Pineda, en el que utilizó expresiones despectivas sobre su apariencia física. La publicación provocó reacciones de rechazo de diferentes sectores políticos y del Gobierno nacional.

El vicepresidente José Manuel Restrepo también cuestionó el comentario y lo calificó como una muestra de mezquindad y falta de humanidad.

Por su parte, la Presidencia rechazó las expresiones y advirtió sobre la necesidad de combatir la misoginia y evitar que las humillaciones contra las mujeres se normalicen en el debate público.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) desestimó categóricamente las acusaciones que cuestionaban la situación tributaria de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada por la primera dama.

El organismo fiscal ratificó que la entidad mantiene su Registro Único Tributario (RUT) activo y pertenece formalmente al Régimen Tributario Especial (RTE) del país.

La institución subrayó que esta organización “por lo que se encuentra sujeta a los derechos, obligaciones y mecanismos de control aplicables a las entidades que integran dicho régimen”.

A través de un pronunciamiento oficial, la autoridad hacendaria sostuvo que la “Fundación Colombia Luz y Sonrisas se encuentra debidamente registrada en el Régimen Tributario Especial”.

Ante las dudas surgidas sobre la captación de ayudas para los damnificados del sismo del 10 de agosto, la Dian aclaró que las entidades sin ánimo de lucro constituidas legalmente reciben aportes libremente.

“La diferencia entre las organizaciones pertenecientes al Régimen Tributario Especial y las que no pertenecen a ese régimen es que las primeras pueden expedir las certificaciones requeridas para que los donantes accedan a los beneficios tributarios establecidos en la normativa. Tales certificados se emiten en los términos del artículo 1.2.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, mientras que las entidades que no hacen parte de este régimen no pueden otorgar dichas certificaciones”, manifestó la Dian.

El organismo remarcó que carece de sustento jurídico aseverar que una organización no puede captar recursos simplemente por no estar inscrita en el régimen tributario preferencial.

“La normativa tributaria distingue claramente entre la posibilidad de recibir aportes y los beneficios tributarios que estos pueden generar para los donantes”.

Previo a estas explicaciones institucionales, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas difundió una nota informativa destacando que posee el aval correspondiente de la administración tributaria.

“Esta condición reafirma nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la transparencia institucional y la responsabilidad en el desarrollo de nuestra misión social”.

La oenegé enfatizó que todos sus procesos operativos avanzan con total apego a la ley, desmintiendo las variadas especulaciones surgidas en la opinión pública.

“¡La transparencia y la legalidad respaldan nuestra labor social! La Fundación Colombia Luz y Sonrisas informa a la opinión pública, a nuestros benefactores, donantes, aliados y comunidad en general que contamos con el reconocimiento correspondiente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para recibir donaciones, conforme a la normativa aplicable”, añadió.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad y el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan nuestra labor social. Cada donación representa una oportunidad para llevar esperanza, bienestar y sonrisas a quienes más lo necesitan. Seguimos trabajando con amor, compromiso y transparencia por Colombia”, concluyó.

¿Cómo crear una fundación en Colombia?

Constituir una fundación en Colombia exige completar un procedimiento legal estructurado que otorga personería jurídica y reconocimiento tributario a las entidades sin ánimo de lucro.

El primer paso consiste en redactar el acta de constitución y los estatutos, definiendo claramente el objeto social, el patrimonio inicial y los órganos de gobierno.

Verifique la disponibilidad del nombre mediante la consulta de homonimia antes de realizar el reconocimiento de firmas ante una notaría o funcionario autorizado.

Posteriormente, efectúe el registro formal en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio principal para formalizar la existencia jurídica de la institución.

Inscriba la entidad solicitando el Registro Único Tributario ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para obtener la identificación del NIT.

Si la organización busca acceder a exenciones fiscales y emitir certificados de donación, trámite la calificación dentro del Régimen Tributario Especial.

Remita la documentación necesaria ante la entidad pública encargada de la inspección, vigilancia y control para cumplir con los requisitos regulatorios vigentes.

Adicionalmente, aperture una cuenta bancaria a nombre de la institución y habilite la contabilidad oficial desde la fecha de inicio de las operaciones.

Cumplir rigurosamente con este proceso normativo garantiza la legalidad institucional y consolida la transparencia necesaria para ejecutar proyectos sociales en el territorio nacional.

En el ámbito de la seguridad y el orden público, las autoridades informaron la captura de 12 personas: nueve en flagrancia y tres por orden judicial. Según el reporte oficial, los procedimientos estuvieron asociados a delitos como el porte y tráfico de estupefacientes, hurtos en establecimientos comerciales, fabricación y tenencia ilegal de armas de fuego y un caso relacionado con presuntos actos sexuales cometidos contra una persona menor de 14 años. Durante las labores de registro e inspección, la Policía incautó dos armas de fuego y cuatro armas traumáticas modificadas, y recuperó dos vehículos y cuatro motocicletas que figuraban como robadas.

A través de la línea de emergencias 123 y del Centro Automático de Despacho, la ciudadanía reportó un total de 420 incidentes. Entre los casos más frecuentes se encuentran 85 reportes por perturbación de la tranquilidad pública, particularmente por el alto volumen de la música en algunos barrios; 88 por riñas en espacios públicos; 68 solicitudes de patrullaje preventivo y 44 episodios de violencia intrafamiliar. De acuerdo con el balance, en desarrollo de la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se impusieron 126 medidas correctivas: 79 por comportamientos que pusieron en riesgo la vida y la integridad física, y 45 por afectaciones al cuidado y conservación del espacio público.

A pesar de los dispositivos de seguridad, el festivo finalizó con dos muertes: una por violencia y otra por un siniestro vial. En el corregimiento de Río Seco, cerca de un comercio, falleció Álvaro López Serna, de 51 años, tras intervenir en una riña y recibir graves heridas con arma cortopunzante. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía General de la Nación asumieron el caso. Además, se reportó la muerte de Alfrain Martínez, de 36 años, quien perdió la vida luego de estrellar su motocicleta contra un árbol en la vía entre Codazzi y La Paz.

El movimiento de viajeros fue intenso por diferentes medios. Según la Policía, se movilizaron 23.488 vehículos por las rutas de acceso local, mientras que el aeropuerto Alfonso López Pumarejo operó 26 vuelos con cerca de 3.000 pasajeros. En la jornada, hubo múltiples controles de tránsito; se impusieron 60 comparendos e inmovilizaron 47 automotores en áreas urbanas e intermunicipales, y 167 comparendos nacionales con más de 130 vehículos y motocicletas detenidas por infracciones diversas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué balance dejó la Policía Metropolitana de Valledupar durante el puente festivo del Día de la Raza?

El balance presentado por la Policía Metropolitana de Valledupar refleja la detención de 12 personas relacionadas con diferentes delitos, la incautación de armas, la recuperación de vehículos robados y la imposición de más de 120 medidas correctivas en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Además, reportó la atención de 420 incidentes ciudadanos y dos muertes violentas, una por riña y otra por accidente de tránsito.

¿Qué acciones preventivas y de control implementó la Policía durante la semana de receso escolar en Valledupar?

Durante la semana de receso escolar y el festivo, la Policía Metropolitana de Valledupar desplegó alrededor de 2.000 uniformados en puntos estratégicos, realizó controles en corredores viales, zonas turísticas e implementó operativos de patrullaje urbano y rural. También atendió denuncias a través de la línea 123 y el Centro Automático de Despacho, lo que permitió una reacción oportuna frente a disturbios, riñas y actos que comprometían la seguridad ciudadana.

El movimiento telúrico ocurrió a las 9:02 de la mañana, hora local, y tuvo como referencia geográfica una zona cercana al municipio de Chaparral.

De acuerdo con la información preliminar, el evento presentó una profundidad superficial, inferior a los 70 kilómetros.

El reporte del SGC ubicó el epicentro en las coordenadas 3,75 grados de latitud y -75,72 grados de longitud.

Entre los municipios más cercanos al punto del sismo se encuentran Rioblanco, ubicado a 26 kilómetros; Chaparral, a 27 kilómetros, y Roncesvalles, a una distancia aproximada de 32 kilómetros.

La información publicada por la entidad señala que el registro se encuentra en estado automático y que se utilizaron datos de cuatro estaciones para su detección.

Debido a que se trató de un sismo de baja magnitud, el reporte técnico permite conocer sus características principales, aunque la información suministrada no confirma si fue percibido por los habitantes de la zona ni si ocasionó afectaciones.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en el país y publica información sobre la ubicación, magnitud y profundidad de estos eventos para mantener informada a la ciudadanía.

A la problemática de infraestructura se suma el severo impacto ecológico y sanitario: una sola gota de aceite vegetal puede contaminar miles de litros de agua dulce, deteriorando la calidad de los ríos y suelos de la sabana de Bogotá. Por esta razón, la regulación distrital y nacional fija responsabilidades y compromisos estrictos para todos los generadores comerciales e industriales del sector de alimentos.

Registro obligatorio y gratuito ante la Secretaría de Ambiente

La primera obligación legal para cualquier persona natural o jurídica que opere un restaurante, cafetería o industria de alimentos en Bogotá es inscribirse en el registro oficial de generadores de aceite vegetal usado. Este trámite, administrado por la Secretaría Distrital de Ambiente, es completamente gratuito y formaliza la actividad del establecimiento frente al control ambiental del Distrito.

Mediante este registro, la autoridad ambiental busca caracterizar la cantidad de residuos grasos producidos en las distintas localidades de la capital, garantizando que el aceite tenga una ruta de recolección trazable y no termine en las fuentes hídricas o en el alcantarillado público.

Contratación de gestores y transportadores autorizados

Una vez completado el registro, los propietarios de restaurantes no pueden tratar el aceite vegetal usado como basura doméstica común ni entregarlo a recolectores informales. La normativa exige contratar los servicios de empresas transportadoras y gestoras que cuenten con el aval y la certificación expresa de la Secretaría de Ambiente.

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, la SDA mantiene publicado y actualizado el listado de empresas habilitadas —cuya última versión corresponde a marzo de 2026—, permitiendo a los comerciantes verificar que el gestor seleccionado cumple con las licencias ambientales para el almacenamiento, transporte y aprovechamiento del residuo.

El ciclo de cumplimiento ambiental no finaliza con la recolección física del contenedor de aceite. Cada vez que el transportador autorizado retira el material del establecimiento, debe entregar un certificado de disposición final o comprobante de recolección oficial.

Este documento es indispensable para que el restaurante cumpla con el reporte trimestral obligatorio ante la plataforma digital de la Secretaría de Ambiente. La conservación y carga periódica de estos certificados sirve como prueba ante eventuales visitas de inspección, vigilancia y control sanitario por parte de las autoridades competentes.

Marco legal: Criterios del Ministerio y del Concejo de Bogotá

La exigencia de estas medidas se encuentra respaldada por un sólido marco regulatorio nacional y distrital. A nivel local, el Acuerdo Distrital 634 de 2015 establece las directrices para la gestión integral de aceites usados en Bogotá.

A nivel nacional, la Resolución 316 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fija las disposiciones y obligaciones claras para los generadores comerciales, industriales y de servicios, sancionando el vertimiento de grasas en los sistemas de alcantarillado y promoviendo la economía circular.

Puntos de acopio frente a la logística de los pequeños restaurantes

Para la ciudadanía en general o locales que generan cantidades mínimas de grasa, la ciudad cuenta con más de 130 puntos autorizados de recolección distribuidos por la EAAB y la Alcaldía Mayor. En estos casos, la recomendación técnica es dejar enfriar el aceite, embasarlo en recipientes plásticos cerrados y llevarlo directamente al punto limpio más cercano.

Sin embargo, para un restaurante de operación diaria que genera grandes volúmenes, los puntos vecinales no son una alternativa funcional. La norma exige el trabajo directo con un gestor industrial, lo que plantea retos logísticos y financieros significativos para las micro y pequeñas empresas del sector gastronómico.

El problema para los restaurantes pequeños

Jorge Alberto Arévalo Galarza, experto en negocios sostenibles y en logística de distribución, señala que el principal obstáculo para los pequeños establecimientos puede estar precisamente en la logística de recolección.

“La logística que esto supone para los pequeños productores es un costo oculto que solo conocen los empresarios cuando se enfrentan a la disposición del residuo: cómo transportarlo, cómo recolectarlo, cómo almacenarlo y de dónde va a salir el dinero para todo esto”, explica Arévalo.

Su propuesta es que varios restaurantes se organicen para reunir el aceite usado y contratar una recolección conjunta. Según el experto, agrupar el volumen puede mejorar la capacidad de negociación frente a las empresas que realizan el aprovechamiento.

“Tal vez un solo restaurante tenga bajo poder de negociación frente a la industria privada, pero uniendo varios restaurantes se puede obtener un volumen importante y así convertir el desperdicio en una fuente de ingreso”, sostiene.

Además, el aceite usado tiene posibilidades de aprovechamiento. El Ministerio de Ambiente señala que puede utilizarse como materia prima para productos como combustibles, velas y jabones.

Por eso, para un pequeño restaurante la ruta es concreta: no arrojar el aceite al sifón, almacenarlo por separado, registrarse ante la SDA, identificar un gestor autorizado, conservar el certificado de recolección y cumplir con el reporte trimestral. Si el volumen generado es pequeño, la opción planteada por el experto es coordinarse con otros establecimientos para hacer más eficiente la recolección.

La información preliminar recopilada por las autoridades indica que Casallas Vargas fue agredido dentro de un establecimiento comercial durante el fin de semana. Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional acudieron rápidamente a la escena para realizar los procedimientos urgentes y reunir datos claves para esclarecer cómo y por qué ocurrieron los hechos. Hasta el momento, el caso permanece abierto y es materia de investigación, por lo que no se han realizado capturas ni se ha confirmado la identidad de los posibles responsables.

Expertos e investigadores de la Policía Nacional han comenzado la recolección de elementos materiales probatorios y el análisis de la escena del crimen para entender con mayor exactitud las circunstancias del homicidio. Las autoridades tampoco han establecido si el ataque estaba dirigido exclusivamente contra Casallas Vargas ni cuáles serían los posibles móviles detrás de este acto violento. Por ahora, el hecho permanece sin resolver y la comunidad continúa a la espera de resultados oficiales que permitan conocer los detalles y responsables de este suceso.

Un aspecto relevante del caso es el antecedente judicial de Leonardo Casallas Vargas. Su nombre figura en un proceso vinculado con la muerte de un niño de 12 años ocurrida en marzo de 2013, en una finca de la vereda Maracaibo, también en Armero Guayabal. Por esa situación, un juzgado del circuito de Lérida condenó tanto a Casallas Vargas como a su padre a 37 años de prisión por el homicidio del menor, llamado Albeiro Herrera Martínez. Los reportes judiciales de la época, citados por El Nuevo Día, señalan que ambos habían sido arrestados en 2016 pero quedaron en libertad debido al vencimiento de los términos procesales. Al conocerse la condena, el juez expidió nuevas órdenes de captura. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades no han confirmado si existe alguna relación entre estos antecedentes y el homicidio reciente en el sector La Clave.

La investigación, según El Nuevo Día, sigue en desarrollo para dilucidar las circunstancias exactas que rodearon el crimen de Leonardo Casallas Vargas y establecer si hay conexión con hechos judiciales previos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación actual de la investigación sobre el homicidio en Armero Guayabal?

Hasta el momento, la investigación adelantada por la Policía Nacional busca determinar las circunstancias del ataque y los móviles detrás del crimen de Leonardo Casallas Vargas. No se han reportado capturas ni se ha identificado oficialmente a los responsables, por lo que la Policía sigue recolectando pruebas y evidencias en el lugar de los hechos, como parte de las labores investigativas.

¿Qué significa vencimiento de términos en un proceso judicial?

El vencimiento de términos en un proceso judicial ocurre cuando las autoridades exceden el plazo legal establecido para desarrollar la investigación o avanzar en el proceso judicial. Esto puede llevar a que personas detenidas recuperen su libertad aún si están siendo procesadas, como sucedió con Leonardo Casallas Vargas y su padre, quienes fueron liberados por la justicia debido a este motivo, según reportó El Nuevo Día.

En Bogotá, la marcha central sucede en el Parque Nacional a las 10:00 a. m., convocada por la Asociación Distrital de Educadores. En Cali, la movilización arranca a las 9:00 a. m. en la plazoleta Jairo Varela, avanzando hasta el Parque de las Banderas. Bucaramanga tendrá dos puntos de concentración desde las 9:00 a. m.: la carrera 27 con calle 56 y la Universidad Industrial de Santander, dirigiéndose a la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Para Medellín, las convocatorias se fijaron en la sede de Adida, la Universidad de Antioquia y el Centro Comercial Aventura, además del Parque de la Resistencia. Otras ciudades implicadas son Barranquilla, donde la cita es en el Paseo Bolívar a las 10:00 a. m.; Ibagué, a las 8:00 a. m. en la Casa del Maestro; Armenia, a las 8:30 a. m. en la Plaza de Bolívar; y Riohacha, desde las 7:00 a. m. en el Parque Simón Bolívar.

Las razones de estas manifestaciones, según Fecode, residen en la exigencia de atención adecuada en salud, reconocimiento de prestaciones sociales conforme a la ley y respuestas ante los daños sufridos en instituciones educativas a raíz del terremoto del 10 de agosto. La jornada también servirá de escenario para pronunciarse frente al debate sobre el salario mínimo para 2027 y las acciones estatales destinadas a mitigar los efectos de la sequía.

El expresidente Gustavo Petro, a través de un comunicado, expresó que participará en la movilización en Bogotá e invitó a "todo el pueblo trabajador de la ciudad". Igualmente, hizo un llamado a preparar futuras movilizaciones en defensa de un salario mínimo vital y de acciones estatales frente al hambre. Por su parte, el actual presidente Abelardo de la Espriella defendió el decreto que faculta a la fuerza pública para intervenir en concentraciones donde se detecten vandalismo o bloqueos reiterados, aclarando: “Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano”.

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¿Cuáles son los puntos de encuentro para las marchas del 14 de octubre en Colombia?

Según información publicada por 90minutos.co, las movilizaciones del 14 de octubre tendrán lugar en distintas ciudades. Los puntos de encuentro más representativos incluyen el Parque Nacional de Bogotá, la plazoleta Jairo Varela en Cali, la carrera 27 con calle 56 y la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, la sede de Adida y Parque de la Resistencia en Medellín, el Paseo Bolívar en Barranquilla, la Casa del Maestro en Ibagué, la Plaza de Bolívar en Armenia y el Parque Simón Bolívar en Riohacha. A estas movilizaciones acudirán docentes, sindicatos y afiliados a Fecode.

¿Cuáles son las principales exigencias de la marcha liderada por Fecode?

De acuerdo con Fecode y lo informado por 90minutos.co, las principales demandas de la jornada incluyen acceso digno a la salud, reconocimiento legal de las prestaciones sociales, acciones para atender los daños en escuelas afectados por el terremoto del 10 de agosto y respuestas a las carencias laborales y económicas, como el debate sobre el salario mínimo y la sequía.

El Ministerio de Defensa explicó que la acción militar comenzó a las 10:00 p. m. y fue coordinada detalladamente contra objetivos identificados con anticipación, bajo el mando de alias ‘Calarcá’. Según la cartera, la planificación incluyó estrictas medidas para resguardar a la población civil, en cumplimiento de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución contemplados en el derecho internacional humanitario —DIH—. La operación contempló el uso inicial de fuerza aérea, seguido del despliegue terrestre para registrar la zona, una estrategia respaldada por labores de inteligencia que detectaron campamentos, un búnker y áreas protegidas con artefactos explosivos improvisados.

Durante la etapa de consolidación, cuando las tropas aseguraban el lugar, tres soldados miembros de las Fuerzas Militares resultaron heridos al detonar un campo minado, evidenciando el elevado nivel de peligro que caracteriza este tipo de operativos. También, las autoridades reportaron el decomiso de una considerable cantidad de armamento: diez fusiles, una ametralladora, una pistola, un revólver, casi cuatro mil cartuchos y otros elementos militares, además del hallazgo de campamentos y brazaletes relacionados con las Farc. De acuerdo con el Ministerio, los enclaves insurgentes podían albergar hasta 36 personas.

Respecto a la muerte de la menor, el ministro Mora reiteró la firme condena estatal al reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de actores armados ilegales, remarcando que prácticas como esta los exponen directamente al conflicto, lo que contraviene los principios del DIH. Según la información oficial, la ofensiva se enmarca en los intentos por proteger a las comunidades rurales de la violencia desatada por el enfrentamiento entre el frente 33 y el Eln, quienes se disputan el control de rutas en Catatumbo usadas para narcotráfico y minería ilegal. La cartera de Defensa afirma que ambos grupos han causado amplios daños, incluyendo ataques con drones explosivos y la siembra de minas, incrementando los riesgos tanto para civiles como para los propios militares.

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¿Por qué murió una menor de edad en el bombardeo militar en Tibú contra el frente 33?

La menor de 16 años falleció en una operación militar porque, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y lo reportado por el ministro de Defensa, se encontraba en función de combate dentro del campamento de los disidentes del frente 33, donde tuvo lugar la acción. Esta situación llevó a que el Ministerio condenara con firmeza el reclutamiento de menores por parte de los actores armados en la zona, conducta que los expone directamente a las hostilidades, en contravía de los principios del derecho internacional humanitario.

¿Qué significa el derecho internacional humanitario en el contexto de operaciones militares como la de Tibú?

El derecho internacional humanitario, conocido por la sigla DIH, es un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados protegiendo a las personas que no participan directamente en las hostilidades y restringiendo los medios y métodos de combate. En el caso de la operación en Tibú, el Ministerio de Defensa aseguró que se aplicaron los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del DIH para resguardar a la población civil y reducir los daños colaterales, enfatizando que el accionar de las Fuerzas Militares buscó ajustarse a este marco legal internacional.