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Valencia indicó que, pese a no haber sido convocada al acto protocolario, el Centro Democrático mantendrá su decisión de respaldar las iniciativas que considere beneficiosas para el país, sin que ello implique hacer parte de la administración del presidente electo.

Esta es la entrevista de la excandidata:

¿Qué dijo Paloma Valencia sobre la posesión de Abelardo De La Espriella?

Durante la entrevista, la política confirmó que no recibió invitación para la ceremonia de posesión y señaló que tampoco conocía cuál sería la decisión definitiva del expresidente Álvaro Uribe sobre su asistencia.

Según explicó, el exmandatario continúa evaluando su situación personal y judicial antes de definir si acudirá al evento, tal como él mismo manifestó en entrevistas concedidas este martes.

Valencia evitó presentar la falta de invitación como un desacuerdo con el nuevo mandatario y reiteró que la colectividad no tiene prevenciones políticas frente al Gobierno entrante.

¿Cómo será la relación del Centro Democrático con el nuevo Gobierno?

La exsenadora afirmó que el Centro Democrático se declaró partido de gobierno porque considera importante respaldar las iniciativas que favorezcan a Colombia, aunque aclaró que la colectividad conservará plena independencia política.

“Nosotros somos un partido de gobierno que va a acompañar todas las buenas iniciativas, pero también somos un partido distinto que va a competir por el poder y lo tenemos muy claro”, afirmó.

Valencia agregó que el propósito del partido es contribuir a que la nueva administración tenga buenos resultados, siempre que las decisiones beneficien al país.

“Nosotros le apostamos a que le vaya muy bien al presidente De La Espriella, que le vaya muy bien a Colombia y a los colombianos. Pero nosotros tenemos una identidad ideológica y en las cosas que no sean buenas, no vamos a estar“, sostuvo.

¿El Centro Democrático tendrá participación en el Gobierno?

Durante la conversación con Blu Radio, Paloma Valencia también descartó que el Centro Democrático vaya a tener representación en el gabinete del presidente electo.

La dirigente rechazó las versiones que apuntaban a una eventual participación de integrantes del partido en el Ejecutivo y afirmó que la colectividad no tendrá cuotas dentro de la administración de Abelardo De La Espriella.

En ese contexto, también aclaró que la senadora Paola Holguín no representa al Centro Democrático dentro del nuevo Gobierno, al señalar que ya no hace parte de esa organización política.

Finalmente, Valencia se refirió a la relación con Defensores de la Patria, el movimiento político del presidente electo, y aseguró que habrá coincidencias en algunos temas de interés nacional, pero también competencia política de cara a futuros procesos electorales.

Durante un detallado recorrido por los principales escenarios donde se desenvolverán los actos protocolarios, Sánchez confirmó que la coordinación entre la Fuerza Pública y otras entidades garantiza un ambiente seguro. El funcionario fue claro al indicar que se identificaron los riesgos potenciales y ya se tomaron acciones para mitigarlos, lo que permite afirmar que “todas las capacidades están dispuestas”, según su propia declaración citada en Noticiero 90 Minutos.

En este operativo participarán 11.000 integrantes de la Fuerza Pública, apoyados por tecnología de punta como drones, sistemas antidrones, aeronaves, unidades especializadas y hasta embarcaciones de la Infantería de Marina que patrullarán el río Cauca. No obstante, la estrategia no se limita solo a Cali, sino que también cubre municipios de la periferia. De este modo, se busca blindar cualquier ruta por donde pasen delegaciones internacionales o transiten los funcionarios y asistentes al evento.

Todas las áreas donde llegarán huéspedes internacionales, así como los corredores de desplazamiento que comunican el aeropuerto, hoteles, la Universidad Santiago de Cali y el Batallón Pichincha —escenario central de los actos—, han sido minuciosamente inspeccionados con el fin de cubrir todos los frentes de seguridad. Sánchez insistió en que las instituciones están articuladas, “para que este evento ocurra con total seguridad y tranquilidad”.

Por otra parte, el secretario de Seguridad del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, señaló que el departamento lleva más de dos semanas preparando el operativo junto a la Gobernación, la Alcaldía de Cali, la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa. Londoño subrayó que este despliegue es el mayor que se haya visto en la región y que ya se instalaron unidades tácticas y fuerzas especiales en municipios estratégicos, entre ellos Jamundí.

Las medidas de seguridad serán estrictas: habrá ley seca, restricción al porte de armas, prohibición del uso de drones y controles sobre la venta de combustibles, todo encaminado a salvaguardar la integridad de los asistentes y el normal desarrollo de la posesión presidencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas de seguridad para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali?

Entre las principales medidas para la posesión se encuentran la ley seca, restricciones en el porte de armas, prohibición del uso de drones, incremento de patrullajes con aeronaves y tecnología antidrones, y controles sobre el expendio de combustibles. Estas estrategias están diseñadas para reducir riesgos y garantizar un ambiente seguro durante el evento.

¿Qué significa ‘ley seca’ y por qué se implementa en eventos como la posesión presidencial?

La ‘ley seca’ es una disposición que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en un periodo y zona determinados. Se implementa en eventos de alto impacto para prevenir altercados o situaciones de desorden público que puedan poner en peligro la seguridad de los asistentes y el desarrollo ordenado de la jornada.

Estos bloques son grupos compuestos por miembros de las diversas especialidades de la Policía, cuya tarea principal será combatir los delitos más graves de cada capital. El objetivo, según explicó De la Espriella, es fortalecer la coordinación entre ciudades y consolidar una respuesta articulada frente a la criminalidad. Dentro de las primeras ciudades en las que operará esta estrategia figuran Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué y Soacha. El presidente electo expresó la urgencia de recuperar la tranquilidad urbana al afirmar: “No podemos aceptar que salir a trabajar, abrir un establecimiento, utilizar el transporte público o regresar al hogar después del anochecer sean actividades de alto riesgo”. Agregó que el control territorial solo es posible con “presencia, inteligencia, mando, tecnología, coordinación institucional y capacidad de permanecer en el terreno”, según sus palabras citadas en el evento.

Dumek Turbay, el alcalde de Cartagena, también argumentó que el enfoque de estos bloques garantiza resultados inmediatos, ya que involucran equipos especializados de la Policía concentrados en extorsión, hurto y lucha contra organizaciones criminales. Por su parte, Alejandro Eder, mandatario de Cali, puntualizó que esta iniciativa complementará el trabajo de la fuerza pública y la Fiscalía, y agregó que en su ciudad ya se han planificado al menos 69 operativos en distintas zonas críticas.

En el mismo evento, se dio a conocer que el general en retiro Alejandro Barrera Peña asumirá la dirección de la Policía Nacional, mientras que Norberto Mujica será el subdirector. Entre los presentes estuvieron autoridades clave como Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá; Alejandro Char, mandatario de Barranquilla; Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta, y Johana Ximena Aranda, de Ibagué, quienes respaldaron la articulación propuesta por el nuevo gobierno.

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¿Qué son los Bloques de Seguridad Urbana propuestos por Abelardo de la Espriella?

Los Bloques de Seguridad Urbana, anunciados durante la reunión en Barranquilla, son equipos conformados por miembros de diferentes especialidades de la Policía Nacional. Su objetivo específico es combatir los delitos más graves en las principales ciudades del país, mediante un enfoque coordinado y especializado que busca resultados inmediatos en la lucha contra la extorsión, el hurto y las organizaciones criminales, de acuerdo con lo explicado por el nuevo mandatario y los alcaldes presentes en el encuentro.

¿Cuándo y en qué ciudades empezará a ejecutarse la nueva estrategia de seguridad urbana?

La nueva estrategia de seguridad urbana liderada por Abelardo de la Espriella comenzará a implementarse a partir del 7 de agosto. Las primeras ciudades en las que operarán los Bloques de Seguridad Urbana serán Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué y Soacha. Así lo detallaron tanto el presidente electo como los mandatarios locales, durante la cumbre de seguridad realizada en Barranquilla.

(Le puede interesar: Aviso por manifestaciones en Bogotá, con De la Espriella en la mira: ojo a primera semana de agosto)

Ordóñez Maldonado es recordado por su jefatura en el Ministerio Público hasta 2016, recordado como uno de los principales detractores de Gustavo Petro cuando este era alcalde de Bogotá y lo destituyó en 2013. Además de su carrera política, el exprocurador también mostraba en redes su vida privada con sus hijas, nietos y esposa, Beatriz Hernández, quien falleció por una feroz enfermedad.

¿Quién era la esposa de Alejandro Ordóñez y de qué murió?

Hernández de Ordóñez se casó con el político de ala conservadora en la década de los 80 en Bucaramanga y con quien tuvo tres hijas, Ángela María, María Alejandra y Nathalia. Se conocieron en la capital de Santander en 1981 durante la boda del cuñado de Beatriz, el empresario y político Juan Carlos López.

Hernández fue a vivir a esa ciudad en dicho año y desde entonces estuvieron juntos hasta el lamentable deceso de ella. La esposa de Ordóñez fue diagnosticada con esclerosis lateral en 2018, enfermedad que ataca el sistema nervioso y que poco a poco le fue afectando su movilidad en las piernas.

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De hecho, en las últimas fotos del exprocurador con su pareja se le veía a ella en silla de ruedas porque ya no podía caminar, además de verse desalentada por su delicada condición. Lamentablemente, falleció en septiembre de 2023, año en el que ambos celebraban 40 años de matrimonio.

 

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Ordóñez fue reservado para hablar en público sobre su pérdida, ya que no se tienen registros sobre esta situación. De hecho, dejó de estar activo en sus redes sociales desde 2022, año en el que publicó algo por última vez y salió de un cargo público, para ahora estar cerca de ser embajador en la OEA.

Como apoyo a los futuros aspirantes, el Ejército Nacional implementó la estrategia Fuerza Joven. Esta medida tiene el propósito de guiar y acompañar a quienes desean ingresar, brindando orientación sobre las diferentes rutas de incorporación, informando de los beneficios vinculados al servicio militar y socializando las posibilidades formativas que se abren a través de la entidad. Según el Ejército Nacional, quienes muestran interés reciben datos sobre programas educativos, formación, capacitación y alternativas que aportan a su proyecto vital durante y después del servicio.

Antes de iniciar la inscripción, los candidatos deben asegurarse de cumplir ciertos requisitos claves, los cuales han sido establecidos de manera oficial por el propio Ejército Nacional. Los interesados deben ser ciudadanos colombianos, tener una edad entre 18 y 24 años al momento de presentarse, no poseer antecedentes penales o disciplinarios, y superar satisfactoriamente varias evaluaciones médicas, físicas y psicológicas que son parte esencial del proceso de selección.

La inscripción debe realizarse por medio de los canales digitales oficiales que dispone el Ejército Nacional. El proceso, según indica la institución, empieza accediendo al portal oficial y ubicando la sección denominada Incorpórese. Allí, los aspirantes deben crear una cuenta en la plataforma dedicada a la Libreta Militar y completar la información requerida. Posteriormente, cada persona escoge la modalidad de ingreso: prestar servicio militar, optar por una carrera de oficial o aspirar a ser suboficial. Entre los pasos indispensables se encuentran la entrega de documentos y la asistencia a la valoración médica en el distrito militar o punto de atención asignado.

Después de terminar todas las etapas y validar el cumplimiento de los requisitos, el Ejército Nacional comunica el resultado del proceso a cada aspirante. Quienes sean seleccionados tienen acceso a beneficios como bonificación mensual, alimentación, estadía, cobertura en salud, dotación de elementos y participación en programas de formación que promueven tanto el crecimiento personal como el desarrollo laboral mientras dura su vinculación.

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¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en el Ejército Nacional?

Para inscribirse en el Ejército Nacional, los aspirantes deben ser ciudadanos colombianos y tener entre 18 y 24 años al momento de su incorporación. Además, es fundamental que no tengan antecedentes penales o disciplinarios. Como parte del proceso, se debe aprobar una serie de evaluaciones médicas, físicas y psicológicas, según las condiciones establecidas oficialmente por la institución.

¿Cómo es el proceso de inscripción al Ejército Nacional y qué beneficios ofrece?

El proceso de inscripción al Ejército Nacional inicia en el portal oficial del Ejército, donde los interesados crean una cuenta en la plataforma de Libreta Militar y consignan la documentación necesaria. El procedimiento incluye la elección de la modalidad de incorporación y la realización de valoraciones médicas y físicas. Los seleccionados reciben beneficios como bonificación mensual, alimentación, alojamiento, atención médica, dotación y acceso a programas formativos que contribuyen a su desarrollo personal y laboral durante el servicio.

En entrevista con Blu Radio, el funcionario explicó que el fusil aún no cumple los estándares exigidos por la fuerza pública y que, de no corregirse las fallas detectadas, el país optará por adquirir otro modelo.

“Si a 30 de noviembre estaba a punto y era 100 % confiable, como lo requerían las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se adquiriría. Si no, se compraría otro”, afirmó Sánchez en la frecuencia.

¿Qué fallas tiene el fusil Jaguar, según el ministro de Defensa?

Pedro Sánchez explicó que los inconvenientes detectados están relacionados principalmente con el proceso de fabricación y ensamblaje del fusil, lo que ha impedido certificar plenamente su confiabilidad para el uso operativo.

El ministro indicó que uno de los problemas estuvo relacionado con la caja de mecanismos, que inicialmente fue fabricada en polímero. Además, relató que durante el reensamblaje del arma, luego de unas pruebas técnicas, se presentó un incidente por una pieza que no quedó correctamente asegurada.

“En un momento, cuando estaban armando nuevamente después de unas pruebas, no quedó bien asegurado el armamento y generó una explosión”, explicó.

El funcionario agregó que también se detectaron inconvenientes relacionados con la alineación de uno de los proveedores, aspectos que deberán corregirse antes de pensar en una eventual compra.

Aclaró, sin embargo, que el incidente no dejó consecuencias graves y que el objetivo es garantizar que el arma cumpla completamente los requisitos técnicos antes de incorporarla al inventario oficial.

¿Qué pasará si el fusil Jaguar no supera las pruebas?

El Ministerio de Defensa abrió de manera paralela un proceso para evaluar otra alternativa en caso de que el Jaguar no alcance los estándares exigidos. Según Sánchez, el Gobierno mantiene abiertas ambas opciones mientras continúan las pruebas.

“Avanzamos con este; si se llega a dar, lo ejecutamos. Avanzamos con un proveedor externo para otro fusil y lo que sea más rentable para la fuerza pública“, explicó.

La decisión definitiva se tomará después del 30 de noviembre, fecha fijada como límite para verificar si el proyecto nacional logra superar las observaciones técnicas.

¿Cuál sería el fusil que compraría el Gobierno si el Jaguar no es aprobado?

El ministro reveló que el Ejército ya analiza un proveedor internacional para reemplazar el Jaguar en caso de que el desarrollo colombiano no prospere. Aunque evitó mencionar un modelo específico, confirmó que la alternativa corresponde a fusiles de fabricación estadounidense.

Sánchez insistió en que la prioridad del Gobierno es dotar a la fuerza pública de un arma plenamente confiable, independientemente de su origen.

“Van a tener un fusil confiable, el que sea. Ojalá sea el Jaguar, pero si no está a punto, pues no lo va a ser“, afirmó.

El jefe de la cartera de Defensa añadió que espera que el proyecto nacional logre superar las dificultades técnicas, al considerar que fortalecer la industria colombiana de defensa sigue siendo un objetivo estratégico para el país.

La audiencia de imputación se realizó de manera reservada, atendiendo a una solicitud plantea por la Fiscalía y por la abogada Ana Bejarano, representante de una de las víctimas. El argumento principal para esa solicitud fue la necesidad de proteger la privacidad e integridad de las personas afectadas, debido tanto al riesgo de revictimización como al interés que ha despertado el caso en redes sociales y al temor de estigmatización profesional.

Durante la audiencia, la abogada Bejarano, junto con la Fiscalía, pidió que se mantuviera en confidencialidad la identidad de las denunciantes, petición que se basó en las posibles afectaciones que podría causar la exposición pública de sus nombres. Asimismo, la abogada advirtió que la reserva era una medida de protección esencial considerando el contexto mediático. No obstante, la defensa de Vargas, encabezada por el abogado Juan David Bazzani, enfatizó que su representado goza de presunción de inocencia y debe acceder a toda la información relevante del proceso. Además, consideró que se debía optar únicamente por una de las dos medidas solicitadas (reserva de diligencia o anonimato), más no por ambas. Finalmente, la jueza determinó reservar la diligencia, pero no accedió a ocultar los nombres de las víctimas, lo que motivó el retiro de la abogada Bejarano de la audiencia.

En el contexto de los hechos, Vargas se desvinculó de ‘Noticias Caracol’ en marzo, tiempo en el que la empresa llevaba a cabo investigaciones internas por denuncias relacionadas con violencia sexual. Ese mes, en redes sociales aparecieron relatos de periodistas que, bajo las etiquetas #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, compartían experiencias de presunto acoso sexual en medios como ‘Noticias Caracol’. En respuesta, el canal anunció la activación de sus protocolos internos y la adopción de acciones legales, e informó el fin del vínculo laboral con Vargas por mutuo acuerdo. Según aclaró el canal, esa decisión no constituía un pronunciamiento sobre los hechos denunciados ni sobre responsabilidades específicas. Tras su salida, Vargas señaló en su cuenta de X que la decisión de terminar su contrato fue conjunta y ocurría en atención a la coyuntura y posición institucional del canal.

De acuerdo con El Espectador, tanto el canal como otros medios del grupo Valorem, han seguido los protocolos establecidos para atender estas situaciones. Para más información, se recomienda consultar la sección Judicial de El Espectador.

¿Por qué la audiencia contra Jorge Alfredo Vargas se realizó de manera reservada?

La audiencia se desarrolló en reserva por solicitud de la Fiscalía y de la abogada Ana Bejarano, quienes argumentaron ante la jueza la necesidad de proteger la identidad y seguridad de las víctimas, principalmente para evitar revictimización, considerando el interés del caso en redes sociales y el posible impacto en la reputación profesional de las denunciantes, de acuerdo con la información presentada en la diligencia.

¿Qué consecuencias tuvo la salida de Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol?

La salida de Jorge Alfredo Vargas de ‘Noticias Caracol’ se produjo en medio de investigaciones internas por denuncias de acoso sexual, y aunque la empresa aclaró que la terminación del contrato, acordada de mutuo acuerdo, no constituía pronunciamiento sobre la veracidad de los hechos, marcó un precedente ante situaciones similares en otros medios. Esta decisión se enmarca en el fortalecimiento de protocolos y respuestas institucionales frente a denuncias de violencia sexual en el ámbito periodístico, según informó ‘Noticias Caracol’.

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Este anuncio se presenta en un contexto de expectativa nacional, dado el papel fundamental que jugará el gabinete para implementar las iniciativas legislativas y de gobierno. Entre las acciones que impulsará la nueva administración se destacan la presentación del Plan Nacional de Desarrollo y del Presupuesto General de la Nación, así como una eventual reforma tributaria. Estas serán discutidas y tramitadas en el Congreso, donde el Ejecutivo espera contar con respaldo de diferentes bancadas, aunque también se prevé el ejercicio de control político sobre las propuestas que generen diferencia de criterios.

En la integración del gabinete de Abelardo de la Espriella figuran perfiles diversos y reconocidos. Rodrigo Lara Restrepo será el responsable del Ministerio del Interior; Miguel Gómez Martínez, de Hacienda y Crédito Público; Viviane Morales, de Educación Nacional; Iván Cancino, de Justicia y del Derecho; Fabio Arjona Hincapié, de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Jorge Eduardo Mora López, de Defensa Nacional, y Elsa Noguera, de Transporte. Jaime Andrés Beltrán asumirá en Vivienda, Ciudad y Territorio; Juliana Gutiérrez, en Deporte; Mauricio Gómez Amín, en Comercio, Industria y Turismo; y Omar Bula Escobar estará a cargo de Relaciones Exteriores. En Agricultura y Desarrollo Rural estará Indalecio Dangond Baquero; María Nohemí Arboleda Arango, en Minas y Energía; Alexandra Falla Zerrate, en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC); Paola Holguín Moreno, en Cultura; Ana María Vesga Gaviria, en Salud y Protección Social; Natalia López Fuentes, en Trabajo; y Claudia Benavides Salazar, en Ciencia, Tecnología e Innovación.

De acuerdo con lo citado por fuentes oficiales recogidas por 90minutos.co, este equipo ministerial promete no solo experiencia sino también mérito, un aspecto que el propio presidente electo subrayó como vital para la gestión pública. El país estará atento tanto a la posesión del gabinete como a su primera interacción con el Congreso y los desafíos inmediatos en la agenda pública.

¿Cuándo iniciará funciones el gabinete de Abelardo de la Espriella?

El gabinete ministerial comenzará oficialmente sus labores el próximo 7 de agosto, tras la ceremonia de posesión presidencial en la que cada uno de sus integrantes jurará el cargo y empezará a ejercer sus funciones dentro de la nueva administración, según 90minutos.co.

¿Quiénes son los nuevos ministros del gobierno de Abelardo de la Espriella?

La lista de nuevos ministros incluye, entre otros, a Rodrigo Lara Restrepo en Interior, Viviane Morales en Educación Nacional, Iván Cancino en Justicia, Elsa Noguera en Transporte y Claudia Benavides Salazar en Ciencia, Tecnología e Innovación. Estos nombres fueron confirmados por fuentes oficiales y publicados por 90minutos.co como parte del equipo directivo que acompañará al presidente electo.

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“Quiero informarles que, aparte de los grandes juristas José Luis Herrera y Wendy Herrera y su ‘pool’ de abogados, se ha sumado a nuestro equipo de defensa el doctor Jaime Lombana”, manifestó Poveda en un video publicado en sus redes sociales.

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Jaime Lombana y los casos que ha llevado

Lombana es abogado de la Universidad del Rosario, cuenta con una especialización de la Universidad de Salamanca, en España, y dirige su propia firma, Jaime Lombana Villalba & Abogados. Su nombre ha aparecido durante años en procesos judiciales que han despertado gran interés en Colombia.

Uno de los casos más conocidos en los que ha intervenido es el del expresidente Álvaro Uribe. En ese proceso, Lombana ha sostenido que el exmandatario no estaba al tanto de las actuaciones de su entonces abogado Diego Cadena y ha señalado al jurista como responsable de presuntas irregularidades relacionadas con maniobras que modificaron testimonios en contra de Uribe.

Vea también: Periodistas del caso Rafael Poveda hablan de la llamada: “Reconocemos que fue infortunada”

El penalista también ha protagonizado actuaciones judiciales contra figuras del sector empresarial, cuando interpuso una denuncia penal contra la alta gerencia del Grupo Sura por una presunta falsedad en documento privado relacionada con acuerdos financieros y la información consignada en notas contables. Una auditoría de Kroll concluyó que no hubo fraude, aunque el abogado mantuvo sus cuestionamientos sobre un supuesto ocultamiento de información.

En 2024, además, Lombana intentó llevar nuevamente a los tribunales el caso de Luis Andrés Colmenares. El abogado presentó una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia en la que cuestionó aspectos de las investigaciones y sostuvo que todavía existían puntos sin esclarecer alrededor de la muerte del joven.

Ahora, ese recorrido jurídico llega a una controversia completamente distinta. Poveda confirmó la incorporación de Lombana mientras continúa el cruce de pronunciamientos con el colectivo ‘Yo te creo, colega’, después de que se conocieran testimonios que lo señalan por presuntas conductas de acoso.

Rafael Poveda hizo nuevo pronunciamiento sobre denuncias de presunto acoso

El periodista ha insistido en que no contó con suficientes garantías para ejercer su derecho de defensa antes de la publicación de los testimonios. También cuestionó la metodología empleada por el colectivo y afirmó que las respuestas que le solicitaron no habrían tenido incidencia en la decisión de publicar las denuncias.

Poveda reconoció que las periodistas aceptaron que una de las llamadas que sostuvo con él fue “infortunada”, pero sostuvo que el debate principal está relacionado, desde su perspectiva, con las garantías que deben existir cuando una publicación puede afectar la honra y el buen nombre de una persona.

El nuevo director de la Policía Nacional cuenta con una hoja de vida que registra 35 años de servicio en la institución. Su experiencia incluye la dirección de la Dirección de Inteligencia Policial, conocida por sus siglas como Dipol, así como el liderazgo en la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. Además, se desempeñó como jefe de operaciones de Dipol, oficial de enlace ante Europol —la Oficina Europea de Policía— y otros roles estratégicos en seguridad e inteligencia. Barrera salió de la Policía en 2022, en un proceso de renovación de la cúpula, y ahora retorna para liderar la estrategia de seguridad del nuevo Gobierno.

Bajo el mando de Barrera, la Policía Nacional deberá coordinar diversas especialidades y programas. Entre estos están la Patrulla Púrpura, orientada a la atención y prevención de las violencias basadas en género; la Policía de Infancia y Adolescencia, encargada de la protección de menores; la Policía de Tránsito y Transporte, la Policía Ambiental, la Policía de Turismo y los Carabineros y Seguridad Rural. Igualmente tendrá bajo su responsabilidad direcciones de combate a la criminalidad, como la de Investigación Criminal (Dijín), Antinarcóticos e Inteligencia, además del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.

El principal reto para el nuevo director será fortalecer la seguridad ciudadana, enfrentar al crimen organizado y priorizar la protección de zonas rurales. También deberá robustecer estrategias de prevención y convivencia en todo el país, dentro de un contexto en el que se busca mayor presencia policial eficiente y cercana a la ciudadanía. La designación de Barrera se produce apenas tres días antes de la toma de posesión presidencial y marca un punto de partida para las transformaciones instituciones en el nuevo mandato de Abelardo de la Espriella.

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¿Quién es Jesús Alejandro Barrera, el nuevo director de la Policía Nacional?

Jesús Alejandro Barrera es un general en retiro con 35 años de trayectoria en la Policía Nacional, donde ocupó cargos clave como director de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), jefe de operaciones y oficial de enlace ante Europol. Regresa al servicio para liderar la estrategia de seguridad del Gobierno tras haber salido de la institución en 2022.

¿Cuáles serán los principales retos de Alejandro Barrera como director de la Policía Nacional?

Entre los retos más relevantes se encuentran el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado, la protección de la población rural y la consolidación de estrategias de prevención y convivencia en todo el territorio nacional.

Los efectos se sintieron especialmente en las veredas Alto Anambío, Loma Linda - Cristales y 20 de Julio, pertenecientes al municipio de Puracé, donde se reportó caída de ceniza. La comunidad también indicó haber escuchado un fuerte sonido asociado a la emisión de ceniza ocurrida a las 7:25 p.m. del 3 de agosto. Este tipo de sonidos, explicó el SGC, suele relacionarse directamente con la liberación repentina de gases y partículas volcánicas.

El boletín señala, además, que las mediciones de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera presentaron un valor de 1965 toneladas por día. Este flujo, de acuerdo con el SGC, se dispersa hacia el noroccidente del volcán. No obstante, y según la información de la plataforma satelital MIROVA, operada por el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Turín, no se han detectado anomalías térmicas en el fondo del cráter. Dichas mediciones constituyen uno de los parámetros clave para determinar posibles cambios en la actividad interna del volcán.

El SGC reiteró que la actividad actual se enmarca dentro del estado de alerta naranja, lo que implica que pueden producirse variaciones tanto hacia una mayor como menor actividad, lo cual no es señal suficiente para reducir el nivel de alerta. Solo un análisis sostenido y cambios estables permitirían considerar el regreso a alerta amarilla. Por eso, el SGC recomendó a la comunidad no acercarse a las zonas de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido al riesgo de emisiones súbitas de ceniza o gases. Así mismo, se enfatizó en la importancia de mantener la atención sobre los comunicados oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de socorro, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

¿Qué significa el estado de alerta naranja en el volcán Puracé?

El estado de alerta naranja, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), indica una actividad volcánica inestable con posibilidad de que se produzcan fenómenos eruptivos o que se presenten cambios importantes en el comportamiento del volcán. Significa que el monitoreo debe ser estricto y que la comunidad debe mantenerse atenta a la información oficial y preparada para cualquier eventualidad.

¿Cuáles son los riesgos actuales para las comunidades cercanas al volcán Puracé?

Según los reportes del SGC, los principales riesgos para las comunidades cercanas incluyen la caída de ceniza y la posible exposición a emisiones de gases volcánicos. También existe el peligro de explosiones o emisiones súbitas que pongan en riesgo tanto a residentes como a personas que se acerquen a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga.

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La selección de Barrera Peña como director refleja la apuesta de De La Espriella por fortalecer las capacidades operativas de la institución y reorganizar el mando policial para enfrentar los problemas de seguridad que afronta el país. De acuerdo con lo anunciado, uno de los propósitos centrales será avanzar en la reorganización de la Policía Nacional con estrategias focalizadas para la seguridad ciudadana.

Barrera Peña posee una trayectoria de más de tres décadas en la Policía Nacional, tiempo durante el cual se desempeñó en posiciones clave como las direcciones de Carabineros e Inteligencia, y lideró la Región de Policía No. 3. Su experiencia se ha forjado en la conducción de operaciones contra estructuras criminales, la seguridad en zonas rurales y en el desarrollo de estrategias para preservar el orden público. Destaca, además, su cooperación con organismos internacionales en temas de crimen transnacional, experiencia que será fundamental para las políticas de seguridad propuestas por la nueva administración.

El anuncio también incluyó la confirmación de Norberto Mujica, mayor general en retiro, como subdirector general de la Policía Nacional. En una decisión que busca descentralizar la gestión de la seguridad, se informó que la Subdirección General trasladará su sede permanente a Barranquilla. Con esta medida, la administración entrante espera robustecer la coordinación de operaciones policiales en la región Caribe y reforzar el enfoque territorial.

Entre las prioridades fijadas por el gobierno de De La Espriella se encuentran el fortalecimiento de la inteligencia policial, el combate a la extorsión y el desmantelamiento de organizaciones criminales, metas que deberán enarbolar la nueva cúpula policial desde el 7 de agosto, asumiendo los retos de mantener y restaurar el orden público en Colombia.

¿Quién es el nuevo director de la Policía Nacional anunciado por Abelardo De La Espriella?

Jesús Alejandro Barrera Peña, mayor general en retiro, ha sido designado como director general de la Policía Nacional por el presidente electo Abelardo De La Espriella. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la institución, donde desempeñó cargos directivos en áreas como Carabineros, Inteligencia y en el mando de la Región de Policía No. 3, acumulando experiencia tanto en seguridad rural como en colaboración internacional contra el crimen.

¿Por qué trasladarán la Subdirección General de la Policía Nacional a Barranquilla?

El anuncio del traslado de la Subdirección General de la Policía Nacional a Barranquilla responde a la estrategia de descentralizar la gestión de la seguridad, buscar coordinación más efectiva en la región Caribe y fortalecer las operaciones territoriales, según lo informado en la Cumbre de Seguridad Urbana por el presidente electo y la nueva cúpula de la Policía.

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En sus palabras, “He decidido reintegrar al general Alejandro Barrera para que sea nuestro próximo director general de la Policía. Haré lo propio con el general Norberto Mujica, quien será el subdirector”. Esta decisión supone un movimiento estratégico para enfrentar los retos actuales de seguridad, avalado por la trayectoria de los nuevos líderes designados.

El mayor general (r) Alejandro Barrera, quien ha sido elegido como director de la Policía Nacional, cuenta con una consolidada experiencia en inteligencia y operaciones policiales, como informa la hoja de vida publicada por la institución. Desde su ingreso a la Escuela de Cadetes en 1988 y durante más de treinta años de servicio, Barrera ha desempeñado cargos en entidades clave como el Departamento de Policía Cesar, el Bloque de Búsqueda contra el cartel de Cali, la Dijín (Dirección de Investigación Criminal e Interpol), Interpol y la Dirección de Inteligencia. Su preparación académica incluye títulos de administrador policial y administrador de empresas, con especializaciones en seguridad y administración de recursos humanos. Además, ha realizado estudios en estrategia operacional, gestión policial y relaciones internacionales. Recientemente, se desempeñó en el sector privado como responsable de seguridad en una multinacional minera presente en Antioquia y Caldas.

De La Espriella también reveló que el mayor general (r) Ricardo Augusto Alarcón Campos liderará la política de seguridad ciudadana en el nuevo Gobierno, enfatizando la decisión de mantener la Subdirección General en Barranquilla como parte de una estrategia integral para descentralizar la seguridad y enfrentar con mayor eficacia los desafíos del país.

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¿Quién es Alejandro Barrera, el nuevo director de la Policía Nacional de Colombia?

Alejandro Barrera es un mayor general en retiro con una destacada carrera que inició en la Escuela de Cadetes en 1988. Su experiencia abarca inteligencia y operaciones en varios entes de la fuerza pública, como la Dijín, Interpol y el Bloque de Búsqueda contra el cartel de Cali. También posee formación en administración, seguridad y relaciones internacionales, y recientemente, trabajo en el sector de la seguridad privada para una multinacional.

¿Por qué funcionará la Subdirección General de la Policía Nacional en Barranquilla?

La Subdirección General de la Policía Nacional estará ubicada permanentemente en Barranquilla por decisión del presidente electo Abelardo De La Espriella. Según lo expuesto en el anuncio, esta medida forma parte de una estrategia para descentralizar la gestión de la seguridad y distribuir de manera más eficiente el liderazgo policial fuera de la capital del país.

(Vea también: Gobierno duplicó entrega de colegios públicos en los últimos cuatro años: van más de 1.600)

Durante la entrega, también se mostró el corto documental ‘Abriendo camino’, en el que se relata la historia de tres estudiantes de Cunday (Tolima) y cómo sus vidas han cambiado desde el momento en el que el FFIE intervino en la construcción de su escuela: la I. E. San Antonio, sede La Victoria.

“Estoy enamorada de mi profesión y más del contexto rural, al cual me he dedicado por más de 20 años, y si estaba enamorada antes cuando esta infraestructura no estaba para nada bien, ahora lo estoy más. Me siento agradecida con todos los que tuvieron que ver con esta maravillosa labor”, comento Luisa Puerta, profesora de la institución.

Por otro lado, se llevó a cabo un panel moderado por el periodista Santiago Rivas, y del cual hicieron parte el ministro de Educación, Daniel Rojas; el gerente del FFIE, Sebastián Caballero Ortega; la rectora del Instituto Teresiano de Túquerres (Nariño), Fabiola Caicedo López; la madre de familia Luz Albenis Casallas y un egresado del colegio San Juan Bautista de La Salle de Zipaquirá, Nicolás Correa Riaño, hoy estudiante de licenciatura en etnoeducación.

El ministro Rojas reconoció el panorama actual con cifras:

• El déficit de infraestructura escolar en el país superó los 50 billones de pesos.
• La inversión ejecutada durante este gobierno fue de $ 1,5 billones, la más alta desde 2015, año que se concibió el FFIE.

Caballero Ortega complementó el dato: sumado al rezago en educación superior (25 billones adicionales), la deuda total del país con la infraestructura educativa asciende a unos 75 billones de pesos, una cifra comparable al presupuesto anual completo de Bogotá.

“Toca priorizar unos colegios ante otros”, reconoció el ministro, quien relató que muchas de las obras se concentraron en zonas donde, según dijo, la única presencia previa del Estado había sido militar, como el Catatumbo. Allí, contó, se construyeron la Universidad del Catatumbo y un colegio en El Tarra tras un proceso de “planificación popular” con las comunidades, que incluyó pernoctar en los territorios y pedir permiso a las veredas para intervenir.

“Se hizo con amor”: las historias detrás de las obras

Caballero Ortega narró el caso de Ángel, un niño de El Tarra hijo de una madre viuda, cuya historia quedó registrada en el libro de rendición de cuentas. Según la madre citada por el funcionario, en la región solo existían históricamente tres caminos para los jóvenes: la guerra, las economías ilícitas o el desplazamiento. El gerente del FFIE también mencionó que contratar obreros para las construcciones en esa zona fue un reto, porque el jornal ofrecido para raspar coca resultaba más competitivo que el salario formal en las obras.

La rectora Fabiola Caicedo relató que el Instituto Teresiano de Túquerres, con 87 años de existencia, nunca había recibido una inversión del Ministerio de Educación hasta este gobierno, que financió una unidad sanitaria digna que la institución esperaba desde hace una década.

Luz Albenis Casallas, madre de familia, describió el contraste entre la infraestructura anterior, la cual no era apta para los menores, y la nueva sede escolar. Casallas pidió que la apuesta por la educación rural no dependa de un solo gobierno.

Nicolás Correa, egresado del colegio San Juan Bautista de la Salle de Zipaquirá, habló de la reconstrucción de la sede como la posibilidad de que otros estudiantes puedan estar en salones con tecnología avanzada y de la articulación con universidades para quienes se gradúan.

 

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La hoja de ruta: plan 2026-2036

El panel cerró con la presentación del nuevo Plan Decenal de Educación 2026-2036, construido mediante un ejercicio de “planificación popular” con rectores, secretarías de educación, movimientos estudiantiles y asociaciones de padres. Rojas planteó cuatro ejes para el futuro de la política educativa del país:

• Educación como derecho, no como servicio.
• Esquemas de financiación sostenibles y no dependientes de un solo gobierno.
• Formación para el ser y el saber, con más peso para el arte, la cultura y el deporte frente a modelos educativos “individualizados y competitivos”.
• Universalización del programa de alimentación escolar, con cocinas propias en los colegios en lugar de alimentación industrializada.

El ministro también mencionó que el gobierno defendió ante la Corte Constitucional la construcción de colegios en el Catatumbo bajo la figura de estado de conmoción interior, argumentando que la educación es “la política más importante de seguridad integral”.

(Lea también: El sistema tipo ‘Lego’ con el que están armando colegios en el Catatumbo y el Magdalena)

Pese al balance positivo presentado por el Gobierno, varias intervenciones del panel apuntaron a lo que aún está pendiente. Casallas insistió en que muchas veredas todavía no cuentan con escuela o tienen planteles en total abandono desde hace más de 30 años, y pidió una mejor articulación entre el Ministerio de Educación y las juntas de acción comunal para identificar esos vacíos.

Cuando esta etapa concluya, a finales de septiembre o a comienzos de octubre, entrará en operación formal la cámara de fotomulta, empleando lo que técnicamente se denomina Sistema Automático, Semiautomático y otros Medios Tecnológicos para la Detección de Infracciones (SAST). Según la secretaria Guillén, el sistema solo registrará una infracción en esta fase inicial: la denominada D04, que sanciona a quienes no se detienen ante señales como semáforo en rojo, amarillo, señal de pare o semáforo intermitente. Esta será la primera cámara de una red proyectada a corto plazo, ya que el plan para este semestre incluye dos intersecciones adicionales: diagonal 21 con carrera 19, en el sector de Los Manguitos, y carrera 9 con calle 17, cerca del restaurante La Viña.

Sobre dudas ciudadanas respecto al funcionamiento nocturno y en casos de paso de ambulancias, la funcionaria señaló que la tecnología operará durante las 24 horas, pero contará con adaptaciones según patrones de tráfico. El equipo técnico está recolectando información para definir en qué franjas el flujo vehicular baja y, así, modificar la secuencia semafórica para no poner en riesgo la seguridad de los conductores, quienes temen detenerse en horas de menor circulación por la posibilidad de asaltos. En lo relacionado con vehículos de emergencia, la secretaria aclaró que el sistema no impone multas de forma automática; las imágenes captadas son revisadas por agentes de tránsito, quienes excluyen sanciones cuando se demuestra que un conductor facilitó el paso de una ambulancia o vehículo de emergencia.

Para este año, la administración espera completar cinco puntos de control autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Las futuras ubicaciones incluyen el semáforo del Mercado Público y la entrada al barrio La Nevada, situada sobre la calle 23 con carrera 23.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el sistema de fotodetección SAST en Valledupar?

El llamado Sistema Automático, Semiautomático y otros Medios Tecnológicos para la Detección de Infracciones (SAST) opera mediante cámaras instaladas en cruces estratégicos que capturan imágenes de infracciones específicas, como no detenerse ante la luz roja o señales de pare. Posteriormente, personal de tránsito valida las pruebas fotográficas antes de que se imponga algún comparendo, lo que descarta sanciones automáticas.

¿Qué sucede si un vehículo de emergencia debe pasar durante un semáforo en rojo en Valledupar?

En caso de que una ambulancia u otro vehículo de emergencia requiera prioridad y los conductores deban cruzar una señal en rojo, las cámaras solo se limitan a tomar la evidencia visual. Esta será revisada por agentes, quienes descartan la infracción si verifican que el cruce fue para dar paso al vehículo de emergencia, evitando así sanciones a conductores solidarios con la situación.

De acuerdo con Vanessa Fernanda López, directora del departamento administrativo de Planeación, el POT permitirá visualizar el crecimiento físico y los cambios en el ordenamiento de Cali, así como avances en desarrollo económico y transformación social. López enfatizó que el POT orienta la ciudad no solo hacia una mejor organización del espacio, sino también hacia una vocación cultural, deportiva y de crecimiento económico planificado. Este instrumento define cómo se gestionará la ciudad, los usos del suelo y las vocaciones de cada zona, de acuerdo con declaraciones citadas por 90minutos.co.

La propuesta abarca sectores fundamentales como vivienda, movilidad, espacio público, equipamientos urbanos y protección ambiental. Según explicó la directora de Planeación, la legalización de actividades económicas en zonas como Siloé es un aspecto central, ya que habilitará a la ciudad para impulsar su economía de manera ordenada y sostenida. Además, el desarrollo se extiende a otras zonas como el oriente de Cali, donde se espera que la formalización de ingresos y actividades genere nuevas alternativas económicas legales y estructuradas.

Otro punto relevante del POT es la inclusión del tren de cercanías —una infraestructura de transporte que recorrerá la ciudad— y el crecimiento planificado de viviendas hacia el sur. Más de 2.000 ciudadanos participaron en la construcción del documento con sus propuestas, lo que resalta el carácter participativo de este proceso. El POT establece la densificación alrededor del corredor del tren, facilita la movilidad y delimita claramente las áreas de protección ambiental, así como la clasificación precisa del suelo urbano, rural y de expansión.

Actualmente, el Consejo Territorial de Planeación revisa el proyecto y, tras sus recomendaciones, será sometido a la evaluación del Concejo Distrital en octubre. La elaboración del POT tomó dos años y logró llegar a todas las comunas y corregimientos, según lo informado por la Alcaldía de Cali.

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¿Cuáles son los objetivos principales del nuevo POT de Cali?

El principal propósito del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Cali es guiar el crecimiento físico, económico, social y ambiental de la ciudad durante los próximos 12 años. Además de definir usos de suelo y orientar la vocación de cada zona, busca legalizar actividades económicas, promover la protección ambiental y organizar proyectos urbanos clave como el tren de cercanías y la expansión de viviendas.

¿Cómo se definieron las áreas de protección ambiental en el POT de Cali?

Según la directora de Planeación, Vanessa Fernanda López, el POT de Cali logró establecer claramente cuáles son las áreas de protección ambiental a través de un proceso de concertación, delimitando los suelos urbano, rural y de expansión. Este proceso fue parte fundamental de la construcción colectiva del proyecto, que recibió las propuestas de más de 2.000 ciudadanos en toda la ciudad.

Desde la Casa de Nariño, Petro sostuvo que la permanencia de algunos ciudadanos en el exterior durante varios días habría abierto la puerta a una irregularidad. “Como viajaron al Mundial, entonces les permite votar allá y con una capacidad de siete veces, porque ya son siete días. Entonces se puede votar, no hay ese control, se puede votar siete veces la misma persona y los jurados tampoco son de allá, sino que se demuestra por migración que se los llevaron de Colombia”, afirmó.

Vea también: Verónica Alcocer “chantajeaba” a Petro: revelan secretos de la relación presidencial

El presidente agregó una acusación sobre los jurados electorales en el exterior. “Está prohibido por la ley, los jurados de allá tienen que ser de allá, residentes de allá, colombianos que residen allá”, dijo Petro, quien dejará la Casa de Nariño este 7 de agosto. Estas afirmaciones hacen parte de sus cuestionamientos sobre los resultados que dieron como ganador a De la Espriella.

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Petro también insistió en que existiría un problema más amplio en el sistema electoral. “Jurídicamente, se habla de pruebas y evidencias que hay que tomarlas sobre un conjunto para encontrar que efectivamente hubo un fraude electoral y algorítmico sistemático sobre un volumen de votos enorme a favor de Abelardo de la Espriella, sin que mediara la decisión popular”, señaló.

Otra de sus críticas apuntó al sistema utilizado para los escrutinios. Petro aseguró que los formularios E-14 de la segunda vuelta habrían perdido un mecanismo de seguridad. “Yo fui elegido en un sistema electoral en el que se garantizaba un candado en los documentos que se suben a la plataforma. Pero al quitarle eso cambia absolutamente todo, pues los PDFs se vuelven modificables”, sostuvo.

El mandatario también lanzó señalamientos contra el registrador Hernán Penagos y cuestionó al Consejo de Estado por decisiones relacionadas con la elección. “El registrador (Hernán Penagos) mintió a la ciudadanía y al hacer eso se rompieron tratados internacionales firmados por Colombia”, afirmó Petro.

Petro insiste en que Iván Cepeda ganó las elecciones presidenciales 

En medio de sus denuncias, el presidente insistió además en que el verdadero ganador habría sido Iván Cepeda. “Nos encontramos ante un problema constitucional profundo, porque estamos ante un presidente ilegítimo, porque el que ganó es Iván Cepeda. Extranjeros hicieron con dinero el fraude que impone un mandatario que no ganó”, afirmó.

Petro también aseguró que un análisis estadístico habría encontrado anomalías en 1.350 puestos de votación. “Ha sido efectiva esta innovación social”, dijo sobre el denominado test de rachas, y agregó: “cualquier elección en el mundo puede ser manipulada con este software que lo pueden vender”. Hasta ahora, estas afirmaciones corresponden a los señalamientos hechos por Petro y no constituyen por sí mismas una prueba concluyente de fraude electoral.

El Socorrista informó que las acciones del cuerpo de bomberos se mantuvieron hasta las 2 de la mañana y continuaron a partir de las 5, usando diferentes recursos y estrategias para controlar los puntos más difíciles del incendio. Actualmente, según Petit, entre 8 y 10 personas del equipo de bomberos permanecen en el sitio con tres vehículos, dos cisternas y una piscina de 3.000 galones para asegurar la extinción de focos residuales y evitar la reactivación del fuego.

Por otro lado, Félix Valera, secretario de Gobierno de Valledupar, indicó que existen sospechas de que el incendio fue de origen intencional, por lo que la administración municipal activó el protocolo de emergencias. La reacción involucró también a la Oficina de Gestión del Riesgo, la Defensa Civil y la Policía Nacional, según sus declaraciones. Valera señaló que si bien los focos más fuertes ya fueron sofocados, persiste posibilidad de humo durante los próximos días, pero enfatizó que la comunidad puede mantener la calma respecto a la amenaza de nuevos brotes.

El funcionario destacó la importancia del retiro ágil de residuos apilados en El Tarullal, competencia de empresas como Aseo del Norte y Emdupar. Los retrasos aumentan el riesgo de incendios, lo que motivó la convocatoria a una reunión extraordinaria por parte del alcalde. Petit, por su parte, advirtió sobre el peligro constante en temporada seca, especialmente cuando grandes lotes permanecen sin limpiar, dado que la maleza y material vegetal seco pueden desencadenar emergencias. El comandante reiteró el llamado a los propietarios de terrenos a realizar mantenimientos periódicos, protegiendo así a barrios vecinos y personas vulnerables a problemas respiratorios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el incendio en El Tarullal representa un riesgo para la comunidad de Valledupar?

El incendio en El Tarullal expone a la comunidad de Valledupar a riesgos por la propagación rápida del fuego en áreas con material vegetal seco y escombros, especialmente en temporada seca. Además, la presencia de humo, aunque transitorio, puede afectar a personas con afecciones respiratorias, según autoridades locales.

¿Qué es el Esmad y cómo apoyó al control del incendio en Valledupar?

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) es una unidad especial de la Policía Nacional. En este incendio, la tanqueta del Esmad fue utilizada para lanzar agua a alta presión desde una distancia considerable, apoyando así a los bomberos en el control de los focos más difíciles del incendio, según el comandante Alexei Petit.

La acción judicial fue presentada por Yamila Esther Mejía Sánchez. En su argumentación, ella sostuvo que Cuello Baute habría hecho proselitismo político a favor de un grupo denominado “Equipo Azul” en Valledupar, y que también había brindado apoyo a candidatos al Senado de otras colectividades, tales como Didier Lobo Chinchilla, José Alfredo Gnecco y Horacio José Serpa. Esto, según la demandante, iría en contravía de los lineamientos del Partido Conservador Colombiano, colectividad por la cual Ape Cuello fue avalado.

Sin embargo, durante el juicio el Consejo de Estado concluyó que el “Equipo Azul” nunca existió jurídicamente como grupo significativo de ciudadanos ni inscribió candidatos para las elecciones legislativas más recientes, celebradas el 8 de marzo de 2026. Según el magistrado ponente, Luis Alberto Álvarez Parra, la expresión “Equipo Azul” fue utilizada únicamente como estrategia publicitaria en el marco de la campaña del propio Cuello Baute, descartando así la existencia de una organización política formal que pudiera sustentar la acusación de doble militancia.

En cuanto a los supuestos apoyos a candidaturas de otros partidos, el tribunal analizó, entre otras pruebas, una fotografía en la que Cuello Baute aparecía junto a Didier Lobo. El Consejo de Estado determinó que la imagen no contenía contexto temporal ni espacial suficiente para demostrar un acto de apoyo electoral, recordando que, según sus criterios, cualquier respaldo indebido debe ser “evidente o de bulto” para ser considerado como prueba de doble militancia. Además, se indicó que el contenido de redes sociales citado como evidencia usaba balones y escudos deportivos, elementos que no constituyen por sí mismos indicios claros de una invitación a votar por terceros.

Frente a la ausencia de pruebas objetivas sobre la presunta doble militancia, el Consejo de Estado ordenó archivar el expediente y ratificó la credencial parlamentaria de Ape Cuello Baute, subrayando que la sola aparición conjunta de dirigentes políticos o la divulgación de imágenes no basta para sancionar este comportamiento electoral.

¿Qué es la doble militancia y cómo se demostró en el caso de Ape Cuello?

La doble militancia es la conducta mediante la cual un candidato apoya públicamente, de manera real e inequívoca, aspiraciones electorales de partidos o movimientos políticos distintos a la colectividad que respalda su propia candidatura. En el caso de Ape Cuello, el Consejo de Estado concluyó que no existieron pruebas claras ni actos objetivos que confirmaran tal conducta, por lo que se desestimaron los cargos en su contra.

¿Cuáles fueron los argumentos principales del Consejo de Estado para mantener la curul de Ape Cuello?

El Consejo de Estado sostuvo que ni el “Equipo Azul” existía formalmente como grupo significativo de ciudadanos ni las pruebas presentadas, incluidas fotografías y publicaciones en redes, demostraban un apoyo evidente a candidatos de otros partidos. Por esta razón, decidió ratificar la credencial de Ape Cuello Baute como representante a la Cámara por el Cesar hasta 2030.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Le puede interesar: En bus escaparon sicarios que dispararon en 24 veces a empresario en Envigado, Antioquia)

El caso ocurrió hacia el mediodía de este martes en el Camino Universitario Adelita de Char, ubicado en el suroccidente de la capital.

Blu Radio conoció que el sicario ingresó fingiendo necesitar atención médica por un fuerte dolor abdominal, sin embargo, dentro de su ropa llevaba camuflada el arma de fuego que no fue detectada por el personal de seguridad.

El criminal, aprovechando la confusión del personal médico que atendía varias urgencias, salió de la sala y luego llegó hasta la UCI intermedia donde estaba su objetivo. Un hombre identificado como Rolando Cantillo Benavides, quien hoy, 4 de agosto, iba a ser dado de alta tras recuperarse de unas heridas de bala.

Este medio conoció, además, que el hombre armado una vez tuvo enfrente a su víctima, accionó su arma de fuego causándole una herida en una mano y otra en la clavícula.

Cantillo Benavídes, de acuerdo con el reporte de la Policía, tiene dos anotaciones judiciales por los delitos de amenazas y abuso de confianza, por lo que investigan si el atentado guarda relación con las investigaciones que se llevan a cabo en su contra.

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Demoras en el reporte

Este medio conoció que la incursión armada del delincuente solo fue reportada a la Policía unos 30 minutos después de ocurrido el hecho, lo que impidió una reacción oportuna para dar con la captura del responsable.

Al revisar cámaras de seguridad del centro de salud, la Policía trasladó hasta la Fiscalía a una persona para tomarle declaraciones e indagar si tiene algún vínculo con el hombre que disparó al paciente que estaba en UCI.

Por el momento, insisten en el llamado a la comunidad para que entreguen a la línea 123 de la Policía cualquier información que permita esclarecer los hechos y capturar al responsable.

La situación que se enfrenta desde el pasado 24 de julio, día en que ocurrió un deslizamiento, ha provocado restricciones permanentes en uno de los corredores viales más cruciales del país. Según Valencia, la falta de información clara y oficial sobre el cronograma de intervención incrementa la incertidumbre no solo para quienes utilizan la carretera, sino también para la comunidad local, los comerciantes y los transportadores que dependen de este corredor para desarrollar sus actividades económicas y cotidianas.

En sus declaraciones, el mandatario expresó que “habían indicado que tenían en el cronograma un lanzamiento de concreto sobre el talud para estabilizarlo, pero a esta hora no hay ningún equipo instalado y tampoco hay un cronograma comunicado oficialmente a la Administración Municipal”. Así, el alcalde insiste en la necesidad de transparencia por parte de Invías para lograr claridad en los tiempos y pasos que seguirán, pues la prolongación de la emergencia ya genera efectos económicos negativos en la región. Valencia alertó que “esa especulación es muy dañina porque no le permite a la agenda logística del país definirse, ni tampoco a los campesinos; nuestros fletes hoy son más costosos y los comerciantes de Cajamarca ya no están vendiendo porque los vehículos que vienen de La Línea pasan de largo”.

Mientras la incertidumbre persiste, en el sector de Calle Larga se mantienen los pasos controlados mediante la modalidad de pare y siga, lo cual genera cierres parciales de hasta 40 minutos en cada sentido. Aunque Invías acordó la compra de dos viviendas afectadas por el deslizamiento, la Administración Municipal de Cajamarca continúa sin recibir un plan definitivo ni un cronograma oficial que informe sobre el inicio y desarrollo de las obras de estabilización.

¿Por qué las obras en Calle Larga, Cajamarca, no han iniciado según lo prometido por Invías?

El alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, denunció que Invías no cumplió con el cronograma oficial, ya que hasta la fecha prevista no se ha comunicado el plan de intervención ni se ha enviado la maquinaria ni las cuadrillas necesarias, lo que mantiene la incertidumbre en la comunidad y entre los transportadores.

¿Cuáles son las consecuencias económicas del retraso en las obras de estabilización en Calle Larga?

De acuerdo con las declaraciones de Camilo Valencia, el retraso en las obras ha incrementado los costos de los fletes y ha causado una disminución en las ventas de los comerciantes locales, ya que los vehículos que atraviesan La Línea evitan detenerse en Cajamarca, afectando así la economía municipal y la logística general del sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Vea también: Le pillan descaches a Petro en demanda sobre fraude en triunfo de De la Espriella: exponen datos)

El documento, divulgado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, señala que los componentes tecnológicos, operativos, logísticos y procedimentales auditados ofrecieron las condiciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de la jornada electoral.

La auditoría se conoció después de que, tras la segunda vuelta presidencial, surgieran cuestionamientos desde algunos sectores políticos sobre el desarrollo del proceso y la confiabilidad de los resultados, lo que llevó a reforzar la importancia de las revisiones independientes.

¿Qué revisó CAPEL durante la auditoría a las elecciones de 2026?

El organismo internacional evaluó de manera independiente diez componentes considerados clave para el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

Entre ellos estuvieron:

• Jurados de votación.
• Kit electoral.
• Plataforma ‘aVotar’.
• Sistemas de biometría.
• Control y monitoreo.
• Preconteo y comunicaciones.
• Escrutinio.
• Formularios E-14.
• Actas E-11.
• Consolidación y divulgación de resultados.

La revisión comprendió las etapas preelectoral, electoral y poselectoral, con el propósito de verificar tanto la operación de los sistemas como los mecanismos de seguridad implementados por la organización electoral.

Según el informe, durante el proceso se evidenció la existencia de controles técnicos, mecanismos de seguimiento y validación, medidas de protección de la información, controles de acceso y herramientas para garantizar la trazabilidad de todas las operaciones realizadas.

Asimismo, destacó la disponibilidad de infraestructura tecnológica suficiente para asegurar la continuidad de los servicios durante toda la jornada.

¿La auditoría encontró evidencias de fraude o manipulación?

La principal conclusión del informe es que los auditores no identificaron elementos que permitieran afirmar la existencia de alteraciones en el proceso electoral.

El dictamen técnico señala que “no se identificaron hallazgos ni observaciones que permitieran concluir la existencia de incumplimientos o de situaciones que afectaran el funcionamiento de los componentes tecnológicos, operativos, logísticos y procedimentales auditados durante la segunda vuelta presidencial”.

Adicionalmente, CAPEL indicó que realizó un análisis forense sobre los datos electorales, el cual determinó que la información evaluada presentó consistencia, integridad y coherencia estadística.

El documento agrega que las verificaciones efectuadas “no identificaron modificaciones no autorizadas, afectaciones a la integridad de la información ni incidentes que comprometieran la disponibilidad, continuidad operativa o trazabilidad de los componentes evaluados”.

Como conclusión, la auditoría internacional sostuvo que no encontró evidencia de manipulación, fabricación o alteración sistemática de los datos electorales y emitió un dictamen técnico favorable sobre los sistemas de información, la infraestructura tecnológica y los mecanismos que respaldaron la segunda vuelta presidencial en Colombia.

El informe completo quedó disponible para consulta pública a través de la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Ambos oficiales tendrán que ser reintegrados al servicio activo para asumir sus nuevos cargos. La decisión hace parte de la estrategia de seguridad del próximo Gobierno, que además contempla una modificación importante en la estructura territorial de la institución: la Subdirección General de la Policía tendrá su sede permanente en Barranquilla.

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También será reintegrado el mayor general (r) Ricardo Augusto Alarcón Campos, quein tendrá una responsabilidad clave en el nuevo Gobierno. El oficial estará encargado de liderar la política de seguridad ciudadana, una de las principales apuestas de De la Espriella en materia de orden público.

¿Quién es Alejandro Barrera, nuevo director de la Policía? 

Buena parte de su carrera estuvo vinculada al servicio territorial y operacional de la Policía. Durante más de tres décadas ocupó diferentes cargos de comando en unidades del país y estuvo al frente de estrategias relacionadas con seguridad y convivencia ciudadana. Su llegada a la Dirección General apuntaría a reforzar el componente operativo y la lucha contra las principales estructuras criminales.

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En el caso de Norberto Mojica, su experiencia es la inteligencia policial. Durante el Gobierno de Iván Duque estuvo al frente de la Dirección de Inteligencia y participó en operaciones contra estructuras del narcotráfico, el ELN, las disidencias de las Farc y organizaciones dedicadas al crimen organizado.

El tercer nombre es Ricardo Augusto Alarcón Campos, quien tiene experiencia en seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico. Durante su trayectoria ocupó la Dirección de Antinarcóticos, comandó la Policía Metropolitana de Barranquilla y estuvo al frente de la Región de Policía No. 8, con jurisdicción sobre varios departamentos del Caribe.

En palabras del capitán Luis Fernando Escobar Nieto, subsecretario de Movilidad, la zona que rodea la Universidad Santiago de Cali será especialmente vigilada y contará con protección reforzada. La calle quinta, así como vías aledañas como las carreras 62 y 64, serán completamente cerradas. El acceso durante la jornada estará restringido a vehículos que cuenten con la acreditación oficial expedida por la Presidencia de la República, lo que incrementa los protocolos de identificación y control.

La razón detrás del despliegue es doble. Por un lado, se busca asegurar el desarrollo normal de la ceremonia de posesión. Por otro, se responde a la llegada de delegaciones tanto nacionales como internacionales, incluyendo representantes diplomáticos e integrantes de organismos internacionales, quienes junto con funcionarios nacionales requieren garantías máximas de seguridad y orden público. De acuerdo con el propio subsecretario Escobar Nieto, destaca el trabajo coordinado de todas las fuerzas armadas y la Secretaría de Tránsito de Cali. "Desde el fin de semana pasado se cuenta con un despliegue operativo bastante robusto, interinstitucional, donde todas las fuerzas armadas y la Secretaría de Tránsito están trabajando en conjunto para garantizar tanto la seguridad como la movilidad a las entradas de Cali", expresó el funcionario citado.

Además de los cierres en la zona de la Arena USC, la Secretaría de Movilidad de Cali informó en su cuenta oficial que habrá restricciones en la Plaza de Cayzedo desde las 10:00 p. m. del miércoles 5 hasta las 6:00 a. m. del viernes 7, por lo que se recomendó a los ciudadanos planificar los desplazamientos y consultar información oficial antes de salir. Las autoridades insisten en el uso de rutas alternas y mantenerse atentos a las novedades que puedan surgir durante la jornada.

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¿Cuáles son los principales cierres viales en Cali por la posesión presidencial?

El operativo contempla el cierre total de la calle quinta y restricciones en las carreras 62 y 64, especialmente en los alrededores de la Arena USC y la Universidad Santiago de Cali. Solo podrán ingresar vehículos acreditados oficialmente.

¿Qué instituciones participan en el plan de seguridad para la posesión presidencial en Cali?

El plan involucra fuerzas armadas y la Secretaría de Tránsito de Cali, que trabajan de manera interinstitucional para asegurar la movilidad y protección de delegaciones e invitados, según declaraciones del subsecretario de Movilidad, Luis Fernando Escobar Nieto.

Entre los imputados figuran destacados integrantes del último Secretariado de la extinta guerrilla, como Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”; Jaime Alberto Parra, “Mauricio Jaramillo” o “El Médico”; Julián Gallo Cubillos, “Carlos Antonio Lozada”; y Milton de Jesús Toncel, “Joaquín Gómez”. Es la primera vez que la JEP emite una imputación en estos dos macrocasos, marcando la culminación de una fase clave en el esclarecimiento de responsabilidades.

La imputación se fundamenta en hechos perpetrados principalmente por los bloques Sur y Oriental de las Farc, considerados equivalentes funcionales a las unidades militares en 15 departamentos, especialmente en la Orinoquía y la Amazonía. Según los informes presentados —76 en total, de acuerdo con organizaciones y mesas de víctimas ante la JEP—, hay 2.436 víctimas identificadas. La investigación estructuró tres patrones criminales: control social y territorial, acciones durante hostilidades y crímenes en contextos urbanos.

Entre los hechos emblemáticos figura el atentado al Club El Nogal, perpetrado el 7 de febrero de 2003 en Bogotá, acción documentada por la Comisión de la Verdad, en la cual un carro bomba dejó 36 muertos y 198 heridos, todos civiles. Hechos como el “caballo bomba” en Chita, Boyacá, con ocho víctimas mortales, se suman al extenso repertorio de crímenes ocurridos entre las regiones amazónicas y la Cordillera Oriental, extendiéndose a departamentos como Meta, Guaviare, Arauca, Putumayo y otros.

La magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, destacó que se recibieron casi 10.000 expedientes equivalentes a más de 66.000 hechos atribuidos a las Farc. Por su parte, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, subrayó la importancia de esta imputación que revela crímenes con un índice de impunidad del 97% y representa “el auto de las víctimas olvidadas”. La decisión pone en primer plano la violencia sexual usada como castigo en zonas rurales, así como hechos urbanos reconocidos, como el asesinato del líder político Álvaro Gómez Hurtado, cuya autoría ha sido motivo de controversia entre la familia y exguerrilleros.

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¿Qué crímenes no amnistiables imputó la JEP a exintegrantes de las Farc?

De acuerdo con la información de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se imputaron crímenes como atentados, masacres, desapariciones forzadas, homicidios, torturas, desplazamiento forzado y, de manera destacada, violencia sexual y de género. Además, se incluyó la violencia cometida en contextos urbanos, como el atentado al Club El Nogal y el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.

¿Cuáles fueron los patrones criminales identificados en los bloques Sur y Oriental de las Farc?

Los patrones criminales identificados por la JEP se dividen en tres grandes grupos: crímenes cometidos como parte de estrategias de control social y territorial en zonas de dominio guerrillero, crímenes perpetrados durante enfrentamientos y hostilidades en medio del conflicto armado, y crímenes cometidos en áreas urbanas, dirigidos tanto a líderes políticos como a la población civil.

La investigación está sustentada en hechos que, de acuerdo con la Fiscalía, habrían ocurrido en un contexto profesional y fueron documentados en la denuncia consignada en el expediente judicial. Las víctimas, que trabajaron en el mismo espacio laboral que Vargas, figuran en el proceso identificadas como V1, V2, V3 y V4. Para salvaguardar su identidad y evitar mayores daños psicológicos, la audiencia fue reservada, una petición que realizaron tanto la Fiscalía como la representación legal de una de las denunciantes. Esta decisión judicial busca además reducir los riesgos de revictimización y la exposición pública de las involucradas.

La audiencia de imputación se desarrolló en dos jornadas bajo la dirección del Juzgado 41 de Control de Garantías de Bogotá. Inició el lunes 3 de agosto, pero fue suspendida tras varias horas y retomada el martes 4 de agosto, fecha en la cual la Fiscalía formalizó el señalamiento del delito y comunicó todos los hechos al periodista, tal como informó El Diario. Por su parte, la defensa de Vargas solicitó garantías para el acceso a la información del expediente y destacó la importancia de respetar la presunción de inocencia.

El rechazo de los cargos por parte de Vargas significa que no obtiene ningún beneficio de reducción de pena anticipada. Así, el proceso continuará con la recopilación y presentación de pruebas tanto de la Fiscalía como de la defensa, quien podrá controvertir los elementos presentados en su contra. Cabe precisar que la imputación no equivale a una condena ni implica responsabilidad penal automática para Vargas. Solo una sentencia judicial podrá determinar su responsabilidad o inocencia, tras analizar los argumentos y pruebas presentados por ambas partes.

Este caso adquirió visibilidad nacional en marzo de 2026, luego de que se hicieran públicas las denuncias de acoso sexual en Caracol Televisión, canal en el que Vargas laboraba. Tras estos hechos, el medio de comunicación anunció la terminación del vínculo laboral con el periodista, aclarando que esta decisión no representaba un juicio sobre la veracidad de las denuncias o la responsabilidad del involucrado.

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¿Qué implica la audiencia de imputación de cargos en un proceso penal por acoso sexual?

La audiencia de imputación de cargos es una etapa jurídica en la que la Fiscalía presenta formalmente las acusaciones ante el señalado, explicando los hechos y el delito por el que será investigado, en este caso, acoso sexual. No significa una condena automática ni prejuzga la responsabilidad del acusado; solo una sentencia tras el debate probatorio definirá si existe o no culpabilidad.

¿Por qué las audiencias pueden ser reservadas en casos de acoso sexual?

Las audiencias pueden ser reservadas a solicitud de las partes o de la Fiscalía para proteger la identidad de las presuntas víctimas, evitando así la revictimización y la exposición mediática. Esta práctica busca preservar la integridad de las personas afectadas y garantizar un debido proceso libre de presiones externas.

La noticia llegó acompañada del anuncio de que el general Norberto Mujica Jaime sería designado como subdirector de la Policía Nacional. Sin embargo, estas decisiones solo se formalizarán una vez De la Espriella asuma la presidencia y se expidan los actos administrativos requeridos. Hasta el momento, según la línea de mando oficial consultada por El Diario, continúan en sus cargos William Rincón como director y el mayor general Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros como subdirector.

La designación de Barrera Peña marca un regreso a la institución, ya que el oficial había salido en 2022 como parte de los cambios en la cúpula que hizo el Gobierno de Gustavo Petro. Su hoja de vida detalla experiencia en inteligencia, donde fue director y jefe de Operaciones, y fue también oficial de enlace ante organismos internacionales. Además, lideró la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, unidad que desempeña funciones clave en zonas agrícolas y corredores estratégicos del país, evidenciando su manejo en contextos complejos de seguridad rural.

Por su parte, el general Norberto Mujica Jaime también cuenta con trayectoria en inteligencia y operaciones policiales. Entre sus cargos, ha sido director de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, subdirector de Antinarcóticos y jefe de Contraatracos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín). Asimismo, en diciembre de 2019 lideró el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) antes de volver a la Policía para dirigir la Dirección de Inteligencia (Dipol).

La nueva cúpula asumirá sus funciones en un panorama desafiante, marcado por problemáticas de orden público relacionadas con la presencia del grupo insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), organizaciones dedicadas al narcotráfico, casos de extorsión y disputas entre estructuras criminales. Además, el relevo tendrá lugar tras la ceremonia de posesión presidencial prevista en Cali, que contará con un extenso despliegue de seguridad debido a alertas y la asistencia de delegaciones internacionales. Por ahora, De la Espriella no ha revelado la totalidad de su equipo de mando; los detalles se conocerán oficialmente después del 7 de agosto, cuando se expidan los decretos formales del nuevo Gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Jesús Alejandro Barrera Peña y cuál ha sido su trayectoria en la Policía Nacional?

Jesús Alejandro Barrera Peña es un oficial con experiencia en áreas de inteligencia, seguridad rural y coordinación internacional. En la Policía Nacional ha sido director de Inteligencia Policial, jefe de Operaciones y oficial de enlace ante otros organismos. También lideró la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural antes de retirarse en 2022 y regresar para asumir la dirección general.

¿Qué retos de seguridad enfrentará la nueva cúpula de la Policía Nacional durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

La nueva cúpula encabezada por Barrera Peña y Mujica Jaime enfrentará un complejo escenario de orden público, marcado por la presencia del ELN, disidencias de las Farc, narcotráfico y criminalidad en diversas regiones. Su liderazgo buscará responder a estos desafíos a partir del 7 de agosto, con énfasis en zonas estratégicas y rurales según lo destacan los perfiles de ambos oficiales.

Cabal aseguró que comprendió ese mensaje y prefirió mantenerse por fuera del Ejecutivo para continuar fortaleciendo su proyecto político.

Durante una entrevista, la congresista reiteró que su principal objetivo es aspirar a la Presidencia de la República en las elecciones de 2030.

Recordó que no pudo competir en los procesos presidenciales anteriores y afirmó que seguirá trabajando para consolidar un liderazgo dentro de los sectores de derecha.

Aunque permanecerá en la oposición al margen del Gobierno, expresó su deseo de que la administración de De la Espriella tenga éxito.

Además, calificó como positivo el gabinete anunciado hasta ahora, aunque advirtió que uno de los mayores desafíos del nuevo presidente será lograr acuerdos y gobernabilidad en el Congreso.

Cabal también se refirió a la situación del Centro Democrático y cuestionó las declaraciones de la senadora Paloma Valencia sobre la identidad ideológica del partido.

Insistió en que negar que la colectividad pertenece a la derecha política puede alejar a parte de su electorado y aseguró que seguirá recorriendo el país para fortalecer su movimiento con miras a las elecciones presidenciales de 2030.

La Fiscalía sostiene que las personas detenidas, entre las cuales figuran el alcalde de María La Baja (Bolívar), el exalcalde de La Paz (Cesar), un contratista y diferentes miembros del personal administrativo, financiero y directivo del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’, hacían parte de una organización dedicada a direccionar la adjudicación de contratos millonarios. Entre los capturados también se cuentan representantes legales anteriores, el revisor fiscal y algunos supervisores de la entidad.

El ente investigador detalló que la operación irregular abarcó la ejecución de cerca de 480 contratos suscritos en 19 departamentos, afectando sectores clave como infraestructura, educación, salud, agua potable, saneamiento básico, energía eléctrica, deporte, medioambiente, gestión del riesgo y vivienda rural, entre otros. Los investigadores sostienen que la concentración de los contratos en el Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’ se sostuvo gracias a la implementación de un manual de contratación propio, diseñado presuntamente para facilitar la selección de ciertas empresas o personas vinculadas con la misma organización.

Según la Fiscalía, el presunto esquema criminal no solo implicó la manipulación de los procesos de adjudicación, sino que además se habrían utilizado documentos, actas y registros falsos para evadir los controles establecidos en materia de contratación pública. Esto habría inducido en error a autoridades competentes y favorecido la continuidad del presunto desfalco.

Durante el operativo de captura, las autoridades realizaron 15 diligencias de allanamiento y registro, incautando equipos electrónicos y documentos que serán analizados en detalle. El proceso contó con la participación de 105 funcionarios de policía judicial y se inscribe dentro de los casos priorizados por el Grupo de Tareas Especiales contra la corrupción que compromete las regalías.

Finalmente, la Fiscalía anunció que los capturados serán presentados ante un juez para las audiencias respectivas y enfrentan cargos que incluyen concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, entre otros. Hasta que el proceso judicial avance, las personas detenidas mantienen su presunción de inocencia y será la justicia la que determine el alcance de su responsabilidad y si hubo un detrimento de los recursos públicos.

¿Cuáles son los delitos que podrían enfrentar los capturados por el caso de contratos de regalías?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los 13 detenidos en esta investigación podrían ser imputados por delitos como concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación. La formulación de cargos dependerá de la presunta participación de cada persona en los hechos.

¿Cómo operaba el Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’ en la adjudicación de los contratos investigados?

Según la investigación citada por la Fiscalía, el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ adoptó un manual de contratación propio que habría sido utilizado para direccionar la adjudicación de contratos y subcontratos hacia terceros o personas vinculadas a la estructura. Esto habría permitido mantener el control sobre la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías y evadir los controles formales mediante la utilización de documentos presuntamente falsos.

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(Vea también: Guía de emergencia por el volcán Puracé: las recomendaciones de la UNGRD tras la alerta naranja)

La entidad advirtió que estos cambios temporales no significan que el sistema volcánico haya recuperado estabilidad, por lo que el monitoreo se mantiene de forma continua.

¿Qué pasó con el volcán Puracé en las últimas 24 horas?

El SGC reportó que continúa la actividad sísmica asociada al movimiento de fluidos dentro del volcán, con señales de largo periodo y tremor volcánico localizadas bajo el cráter a menos de un kilómetro de profundidad.

Además, durante el último día se registraron dos emisiones de ceniza, cuya columna alcanzó hasta 600 metros de altura y se desplazó hacia el occidente por efecto de los vientos.

Uno de estos eventos ocurrió hacia las 7:25 de la noche, cuando habitantes de las veredas Alto Anambío, Loma Linda-Cristales y 20 de Julio reportaron fuertes sonidos relacionados con la emisión de ceniza.

¿Por qué el volcán sigue en alerta naranja?

Aunque hubo una reducción en algunos parámetros, el Servicio Geológico Colombiano explicó que los gases volcánicos continúan mostrando una actividad superior a la habitual.

Las mediciones indican que el flujo de dióxido de azufre (SO₂) alcanzó 1.965 toneladas por día, mientras que las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo siguen aumentando.

Según el SGC, estos valores hacen parte de los registros más altos obtenidos desde que se monitorea instrumentalmente el volcán, lo que evidencia una alteración importante de su dinámica.

¿Qué cambió frente al reporte anterior?

Una de las novedades del boletín es que no se detectaron anomalías térmicas en el fondo del cráter, de acuerdo con la información satelital de la plataforma MIROVA.

Sin embargo, la entidad insiste en que un descenso puntual de algunos indicadores no significa que el volcán esté regresando a condiciones normales.

Para considerar un cambio a alerta amarilla, los expertos deberán comprobar durante un periodo prolongado que todos los parámetros muestran una tendencia estable y consistente.

¿Qué recomendaciones hicieron las autoridades?

El Servicio Geológico Colombiano reiteró que las personas no deben acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ya que pueden presentarse emisiones repentinas de ceniza o gases que representan un riesgo para la vida.

También recomendó seguir los boletines oficiales del SGC y atender las indicaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y de las autoridades locales.

El monitoreo continuará de forma permanente en el volcán Puracé

Por ahora, el volcán Puracé permanece en alerta naranja, un nivel que indica cambios importantes en los parámetros monitoreados y que exige vigilancia constante.

Aunque algunos indicadores mostraron una leve disminución en las últimas horas, el comportamiento de los gases volcánicos sigue siendo uno de los principales factores que impiden reducir el nivel de alerta.

Durante la conversación, Cabal afirmó que esas versiones apuntan a que Petro consumía tusi, también conocido como “coca rosada”, y describió supuestas fiestas que, según dijo, se extendían durante varios días. Sin embargo, la exsenadora —que está en el proceso de crear su propio partido— dejó claro que sus afirmaciones no provienen de hechos presenciados directamente por ella, sino de relatos de terceros que aseguran haber estado presentes.

“Lo que me consta es testimonios de personas que han participado en sus fiestas, que dicen que sí es un consumidor, pero de la coca rosada, lo que se llama tusi”, afirmó.

La congresista sostuvo que esas reuniones eran “prácticamente unas orgías muy desorganizadas” en las que, según esos testimonios, “él no duerme durante tres días, consume” y lo acompañan “mujeres muy jóvenes. Al tercer día, sin consumir alimentos sino licor y droga, termina pidiendo que le den algo de comer”, aseguró Cabal.

(Vea también: “Yo sí he visto al presidente borracho”: hermana de Benedetti dice qué pasaba cuando Petro tomaba)

La exsenadora agregó que, según quienes le habrían contado esos episodios, el consumo deterioraba el estado mental del mandatario y provocaba alucinaciones. También mencionó que esas historias “no son un chisme”, sino que corresponderían a relatos repetidos por distintas personas.

Entre los ejemplos que citó estuvo un supuesto episodio ocurrido en la Gobernación de La Guajira, donde, según dijo, una administradora le habría relatado que nunca había visto “nada más degenerado” que lo que encontró tras una de esas reuniones. Igualmente afirmó haber escuchado versiones similares de algunos escoltas, aunque no presentó pruebas que respalden esas afirmaciones.

Posteriormente, Cabal reforzó sus señalamientos a través de su cuenta de X.

Lo que conozco, por testimonios de personas que aseguran haber estado en esas fiestas, es que Petro consumía tusi y podía pasar varios días entre licor, drogas y mujeres jóvenes.

Según quienes lo vieron de cerca, esos excesos deterioraban su estado mental. Y esa conducta, que no… pic.twitter.com/JfNkbycR5E

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 4, 2026

Las declaraciones se suman a otras afirmaciones hechas en meses anteriores por el excanciller Álvaro Leyva, quien también habló públicamente sobre presuntos problemas relacionados con el consumo de sustancias por parte del presidente. Petro ha rechazado en distintas oportunidades ese tipo de señalamientos y ha calificado varias de esas acusaciones como ataques políticos.

Hasta el momento, no existen pruebas públicas que respalden las afirmaciones realizadas por María Fernanda Cabal sobre las supuestas fiestas, el consumo de tusi o los episodios descritos durante la entrevista y en su publicación en redes sociales. Tampoco el expresidente Gustavo Petro se ha pronunciado específicamente sobre estas nuevas declaraciones de la senadora.

Durante la audiencia de imputación, el comunicador decidió no aceptar los cargos formulados por la Fiscalía.

La diligencia judicial comenzó el lunes 3 de agosto y se prolongó durante varias horas antes de ser suspendida por decisión del despacho judicial hacia las 5:00 de la tarde.

El proceso fue reanudado este martes 4 de agosto y continúa en desarrollo, por lo que aún no se conocen decisiones de fondo sobre el caso.

La investigación busca establecer la presunta responsabilidad del comunicador frente a las denuncias presentadas, mientras la Fiscalía expone los elementos de prueba que sustentan la imputación.

Por su parte, la defensa de Vargas tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a la contradicción y presentar sus argumentos dentro del proceso.

Con la no aceptación de los cargos, el caso seguirá su curso en la justicia penal colombiana, donde las autoridades deberán determinar, con base en las pruebas y el debido proceso, si existe responsabilidad penal por los hechos investigados.

De acuerdo con la información preliminar conocida, una aparente discusión familiar habría desencadenado la confrontación, que rápidamente pasó a una agresión física con armas cortopunzantes, generando preocupación entre los asistentes al lugar.

(Lea: Embarazada se lanzó de una moto tras desvío de su ruta en Ibagué)

Tras el enfrentamiento, los dos hombres resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. Según versiones preliminares, uno de ellos fue remitido a Ibagué, donde permanece en estado crítico debido a la gravedad de las heridas.

El otro involucrado también fue llevado a un centro médico en la región, mientras las autoridades avanzan en la recopilación de información para establecer cómo ocurrieron los hechos.

(Vea también: ¿Venganza? Aparece fuerte confesión que le da giro al caso de María Camila Potosí)

La Policía y las autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar qué originó la violenta pelea entre los hermanos y establecer las responsabilidades del caso.

Los videos que circulan en redes sociales han generado reacciones entre habitantes del sur del Tolima, quienes expresaron preocupación por el nivel de violencia alcanzado durante la confrontación.

(Vea también: Los hermanos Armando y Ángela Benedetti, dos piedras en los zapatos del presidente Petro)

La más reciente en referirse al asunto fue la hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti, durante una entrevista con la periodista Eva Rey en el formato Me vale. Esta no es la primera vez que ella habla del presidente.

En medio de la conversación, la exembajadora aseguró que sí llegó a ver al mandatario consumiendo licor en reuniones sociales realizadas en su casa. “Yo sí he visto al presidente borracho. En mi casa, pero bien portado. Que de ahí se iba, no sé para dónde, pero se iba happy“, afirmó.

 

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Aunque la frase llamó la atención, Benedetti dejó claro que únicamente puede hablar de lo que presenció y que desconoce qué ocurría después de que el presidente abandonaba esos encuentros.

Sus palabras se suman a un debate que tomó fuerza en los últimos años del Gobierno Petro, especialmente después de las declaraciones del excanciller Álvaro Leyva. En varias cartas públicas dirigidas al mandatario, Leyva aseguró que durante el tiempo en que trabajó a su lado observó comportamientos que, según él, le permitían concluir que el presidente enfrentaba un problema de adicción.

Incluso sostuvo que conocía de cerca ese tipo de situaciones y que por esa razón se atrevía a hacer las afirmaciones. “Sé de adicciones”, escribió el excanciller en una de sus cartas, en la que también manifestó que el país debía conocer lo que, según él, ocurría alrededor del jefe de Estado.

Sin embargo, esas afirmaciones nunca estuvieron acompañadas de pruebas que demostraran la existencia de una adicción o de un problema de alcoholismo. Tampoco se conocieron exámenes médicos, investigaciones o documentos oficiales que respaldaran esas acusaciones.

Al respecto, Ángela Benedetti dijo “que cada quien saque sus propias conclusiones”, expresó.

Por otra parte, el propio Gustavo Petro rechazó en repetidas ocasiones esos señalamientos y respondió que hacían parte de ataques políticos en su contra. Al final de su mandato ya hasta lo tomaba en broma y aseguraba que no podía tomar porque “la gastritis” se lo impedía. También, desde la Presidencia también se insistió durante su mandato en que no existía evidencia que sustentara las versiones difundidas por algunos de sus críticos.

(Lea también: Gobierno de Colombia mantiene diálogo con disidencias lideradas por ‘Calarcá’ pese a hechos violentos recientes)

La entidad indicó que el informe de la unidad investigativa de Noticias Caracol, Los archivos secretos de alias ‘Calarcá’, fue determinante y base de la imputación contra el delincuente, que había sido detenido por un retén del Ejército en julio de 2024. Sin embargo, fue liberado por orden de la Fiscalía bajo el argumento de que él y las personas que lo acompañaban -su compañera ‘Erika’, y los jefes de frentes alias ‘Ramiro’ y ‘Urías Perdomo’- eran gestores de paz.

Los hechos por los que es imputado ‘Calarcá’

Raúl González Flechas, delegado contra la criminalidad de la Fiscalía, detalló que “se imputan hechos desde el año 2022 al 2026, incluyendo el homicidio de seis firmantes de paz, dos homicidios agravados en persona protegida, desplazamiento forzado de familias en el departamento del Meta, tráfico porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y como hechos relevantes las tres masacres ocurridas en el departamento del Guaviare, de las cuales también se han obtenido órdenes de captura. Hago referencia a la masacre en Miravalle el 18 de enero de 2025, donde hubo 20 muertos, entre los cuales había 7 menores de edad; la masacre de los militares en la vereda Guanapalo, el 27 de abril del año 2025, donde hubo 7 militares muertos y 3 heridos; y la más reciente en la vereda Kuwait, el 16 de enero de 2026, con 25 muertos, entre ellos 4 menores de edad”. 

“El compendio de elementos materiales probatorios viene dado, no solo de la extracción de información de los equipos incautados en la caravana en la que se desplazaban en el departamento de Antioquia, sino de actos investigativos que consolidan también acciones posteriores por parte de este grupo irregular en cabeza de alias ‘Calarcá’. En ese sentido, en este momento se están adelantando esas imputaciones. La juez de control de garantías ante quien se está haciendo dicha diligencia ha fijado tres días para esta para esta actuación, esperamos culminarlas hoy mismo”, agregó.

El mandatario Gustavo Petro se refirió a ese tema en declaraciones del pasado lunes 3 de agosto, en donde aseveró que en esa victoria hubo fraude contra
Iván Cepeda por medio de una demanda de nulidad y una web.

De ahí, el medio digital La Silla Vacía reaccionó por medio de su cuenta oficial de X (antes conocido como Twitter) para presentar una serie de explicaciones de su denominado ‘Detector de mentiras’.

“El 20 de julio Petro dijo que ‘nunca hizo un debate sin pruebas’. Anunció que publicaría la demanda “presentada por la ciudadanía por fraude electoral”. Esa misma noche compartió también una página web de los ‘testigos digitales’ con lo que llamó ‘todas las pruebas ya judicializadas’, advirtió en el arranque de su hilo.

La insistencia de Petro con las denuncias sobre los resultados, a pesar de que el escrutinio dio como ganador a Abelardo de la Espriella, tiene así este nuevo capítulo en el que le sacaron a flote algunas inconcordancias frente a lo dicho.

El medio remarcó que, diferente a lo afirmó el presidente, diferentes pasajes de la propia acción judicial reconocen abiertamente la ausencia de elementos probatorios que demuestren un fraude electoral en la segunda vuelta.

Además, que el escrito legal señala explícitamente: “No supone sostener que se han alterado votos, que el resultado sea falso ni que exista fraude probado”.

La Silla Vacía señaló que la tesis central de los querellantes sostiene que la Registraduría redujo la calidad en las verificaciones digitales de las actas E-14 publicadas en la plataforma web durante el proceso de 2026.

La argumentación tomó como base un muestreo sobre 97 documentos descargados: 51 correspondientes a las votaciones de 2022 y 46 pertenecientes a la primera vuelta de 2026.

Los denunciantes indicaron que los archivos informáticos de 2026 carecían de metadatos completos y presentaban nomenclaturas idénticas para mesas distintas.

A juicio de los accionantes, estas inconsistencias impidieron que cualquier ciudadano del común hiciera una auditoría digital independiente sobre cada mesa de votación.

El presidente Gustavo Petro replicó esta postura ante los medios informativos asegurando: “120 mil documentos electorales, ninguno tiene candado hash para que no sean modificables”.

Sin embargo, la Registraduría mantuvo intactos los metadatos, la estampilla de tiempo y la clave hash en el canal oficial habilitado para auditores, misiones de observación y agrupaciones políticas.

La Misión de Observación Electoral confirmó de forma independiente la disponibilidad técnica de estos registros para las campañas, incluyendo al Pacto Histórico.

“Los accesos de auditoría que tenemos (y que también usan los auditores de las campañas) permiten realizar descargas masivas para verificar por cortes de tiempo cuáles actas han sido cargadas”, indicó.

La MOE enfatizó además que la publicación de actas E-14 atendió al mismo contrato tanto para los comicios presidenciales como para las elecciones legislativas del Congreso.

Es decir, la supuesta falla de trazabilidad aplicaría al Congreso, donde la colectividad del Pacto Histórico obtuvo la mayor votación nacional.

En Colombia, el escrutinio oficial con valor jurídico exclusivo se efectúa mediante actas físicas de cada mesa custodiadas por notarios y jueces en presencia de testigos.

La especialista Pilar Sáenz explicó en La Silla Vacía que la brecha de acceso a la información entre la ciudadanía y los auditores autorizados es real, aunque descartó plenamente que esa diferencia configure un fraude.

El expediente judicial dedica 40 páginas a controvertir la verificación digital, sumando reportes sobre 254 actas cargadas tarde, 83 archivos catalogados como confidenciales y 859 documentos con dimensiones irregulares.

Los demandantes mencionaron adicionalmente un servidor ubicado en California, omitiendo que la presencia de infraestructura técnica en el exterior no constituye un acto ilícito por sí misma.

Organismos internacionales como el Centro Carter y la delegación de la Unión Europea avalaron la transparencia de la contienda electoral colombiana.

Por carecer de requisitos formales, la demanda fue inadmitida el 28 de julio, otorgando un plazo subsanatorio que venció sin subsanar la identificación de demandados, la precisión de mesas afectadas y las pruebas técnicas.

Asimismo, la plataforma digital de “testigos digitales” divulga lo que La Silla Vacía calificó como “datos engañosos” basándose en las mismas cifras públicas de la Registraduría que la demanda intenta descalificar.

De acuerdo con el análisis periodístico, el mapa interactivo sobre las denominadas “mesas 100” altera la percepción visual superponiendo los datos del candidato Abelardo sobre los de Cepeda, distorsionando el resultado real.

Al consolidar la información en una sola capa geográfica, el mapa evidencia simplemente la distribución normal de los escrutinios nacionales.

La herramienta de seguimiento del preconteo refleja una curva de cargue estándar sin anomalías, contradiciendo el escrito judicial al registrar un 20% de avance a las 4:30 p.m.

Por su parte, el laboratorio de metadatos ratifica la ausencia de estos elementos en los archivos públicos, confirmando que la información cifrada se reservó para los canales de auditoría autorizados.

Finalmente, La Silla Vacía indica que la simulación interactiva se limita a ejecutar cálculos matemáticos elementales en hojas de cálculo internas, omitiendo que el conteo físico inicial es realizado de forma pública por jurados ciudadanos.

“Pero ni la demanda ni la página muestran fraude contra Cepeda. Lo que hay son cuestionamientos a la trazabilidad digital que ambos textos admiten no equivalen a fraude probado”, sentenció la publicación.

Funcionarios de la Policía iniciaron las indagaciones pertinentes para esclarecer los motivos detrás de este ataque y dar con la identidad de los responsables. La información oficial solo confirma que el hecho ocurrió en horas de la tarde y que el adolescente finalmente perdió la vida en un centro médico, sin ofrecer detalles sobre posibles testigos, factores que rodearon el incidente o si el joven había recibido amenazas previas.

Casi de forma simultánea, en otro sector del municipio de El Espinal, las autoridades descubrieron el cuerpo sin vida de un hombre en una zona boscosa ubicada en la vía hacia la vereda Guadalejo. Según información preliminar, la víctima presentaba múltiples impactos de bala. Por el momento, no se ha confirmado la identidad del hombre ni se han establecido los móviles del crimen. La única información confirmada es que fue hallado por las autoridades y que el levantamiento fue realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

El CTI, junto a la Policía Judicial, adelanta las investigaciones necesarias para intentar esclarecer tanto este homicidio como el ocurrido en la zona urbana. Las autoridades se encuentran recolectando elementos que permitan encontrar pistas frente a los autores y los motivos detrás de estos graves hechos violentos que conmocionan al municipio.

Ambos crímenes están siendo analizados individualmente y, hasta el momento, no se ha determinado relación entre los sucesos. El municipio permanece a la espera de avances en las investigaciones y en la identificación de los culpables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en los recientes hechos violentos registrados en El Espinal?

En El Espinal se presentaron dos incidentes violentos en menos de un día: un adolescente de 17 años falleció tras recibir heridas de arma de fuego en la zona urbana y, por otra parte, las autoridades hallaron el cuerpo de un hombre sin identificar, con múltiples impactos de bala, en una vía rural. Ambos casos están bajo investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias de lo sucedido.

¿Qué entidad está a cargo de las investigaciones en los crímenes de El Espinal?

Las investigaciones las adelantan el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial. Ambas instituciones recogieron evidencia en las escenas y avanzan en las pesquisas para esclarecer los hechos y dar con los responsables de los crímenes ocurridos en el municipio de El Espinal.

La drástica determinación llega respaldada por un balance crítico registrado durante los primeros días de agosto. Tras contabilizarse más de 40 incendios forestales en la última semana de julio, el primer fin de semana del mes en curso dejó un saldo alarmante de 68 nuevas emergencias que consumieron cerca de 339 hectáreas. De este total, al menos 12 incendios permanecían activos y requirieron priorización operativa en municipios como San Luis, Santa Isabel y Ortega, además de afectaciones previas reportadas en localidades clave como Ibagué, Espinal, Melgar, Guamo, Coello, Natagaima, Prado, Rovira, Flandes y Líbano.

Frente a la magnitud de la coyuntura, Ericka Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, advirtió sobre el colapso potencial de la capacidad de respuesta institucional. Citada por el medio local El Olfato, la funcionaria señaló que “durante el fin de semana el departamento presentó 68 incendios con una afectación de 339 hectáreas”, enfatizando que “hoy tenemos 12 incendios activos y la preocupación es enorme” ante la simultaneidad de los eventos y el desgaste operativo del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y el Ejército.

En paralelo, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) amplió el plan de contingencia hacia la protección del recurso hídrico. Las directrices contemplan la restricción de quemas a cielo abierto, la prohibición del llenado de piscinas con agua superficial o subterránea —salvo excepciones específicas—, y la limitación en el riego de jardines con agua potable, al igual que el lavado con manguera de vehículos, fachadas y parqueaderos. Las autoridades recordaron que el abastecimiento para consumo humano tiene prioridad absoluta, por lo que instaron a la ciudadanía a un uso responsable.

Finalmente, el gobierno departamental hizo un llamado imperativo a la comunidad para convertirse en veedores territoriales y reportar cualquier conducta irresponsable o conato de incendio, recordando que el incumplimiento acarreará sanciones económicas y ambientales. Al evocar la crisis crítica que atravesó Natagaima dos años atrás, cuando los recursos de respuesta nacional llegaron al límite, las autoridades insistieron en que el esfuerzo actual busca contener las emergencias antes de que el panorama departamental alcance niveles catastróficos.

Esta jornada no solo representa una oportunidad para los animales que esperan encontrar una familia definitiva, sino que también promueve la responsabilidad y el compromiso necesarios para su bienestar. Según palabras de Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria, “cuidar a nuestros animales de compañía también es construir una localidad más solidaria y responsable”. Por eso, la invitación se extiende a todas las familias que estén en condiciones de adoptar, brindando a estos animales la posibilidad de una vida digna y segura. La actividad incluye la oportunidad de conocer a los perros y gatos que buscan un hogar y, si el ciudadano lo decide y cumple con los requisitos, iniciar el proceso formal de adopción.

Además de promover la adopción, la jornada acerca a la comunidad servicios de vacunación antirrábica, fundamentales para prevenir la transmisión de enfermedades zoonóticas y proteger no solo a las mascotas sino también a los grupos familiares y al entorno en general. El acceso a este servicio es gratuito durante la actividad, permitiendo que más personas inmunicen a sus animales de compañía sin barreras económicas.

La adopción responsable implica mucho más que integrar un animal de compañía al hogar: demanda compromiso en su alimentación, asistencia veterinaria, protección y un entorno seguro donde el animal se sienta amado y protegido. De acuerdo con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), fortalecer la conciencia sobre estos aspectos es elemental para garantizar condiciones dignas a todos los animales que forman parte de nuestras familias en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde será la jornada de adopción y vacunación antirrábica organizada por la Alcaldía Local de La Candelaria e IDPYBA?

La jornada se realizará el sábado 8 de agosto, desde las 9:00 de la mañana, en la Carrera 7 # 12C-09, frente a la Panamericana. Allí, los asistentes podrán participar en actividades de adopción de animales y acceder al servicio de vacunación antirrábica para sus mascotas.

¿En qué consiste la adopción responsable de animales de compañía según el IDPYBA?

La adopción responsable, de acuerdo con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), implica no solo llevar un animal a casa, sino también ofrecerle alimentación adecuada, atención veterinaria constante, protección y un entorno donde se sienta seguro y querido.

(Vea también: “Le dieron 2 millones de euros”: grabaciones ponen bajo lupa a Verónica Alcocér en Gobierno Petro)

En una entrevista con la periodista Eva Rey para el formato Me vale, la exembajadora aseguró que Alcocer ejercía una gran influencia sobre el mandatario y lanzó una afirmación que rápidamente desató reacciones. “Verónica se impone, ella sabe muy bien cómo salirse con la suya”, afirmó Benedetti.

Cuando Eva Rey le preguntó si eso significaba “manejar a Petro”, la respuesta fue directa: “Claro, imponerse. Lo que ella quería, lo conseguía, hasta cierto punto… hasta que él se liberó de ella”.

La exfuncionaria fue más allá y habló de versiones que, según dijo, circulaban sobre la relación entre ambos. Aunque aclaró que no tiene pruebas directas, sostuvo que sí cree que la entonces primera dama utilizó al mandatario para conseguir sus objetivos.

“Dicen, no me consta, que Verónica chantajeaba a Petro. Estoy segura de que lo utilizó para conseguir lo que quería. Es la única manera de entender el exceso de poder que tenía Verónica”, manifestó.

Las declaraciones surgieron mientras hablaban sobre la influencia que, según Benedetti, Alcocer ejercía dentro de la Casa de Nariño. Incluso señaló que la primera dama procuraba mantener alejadas a otras mujeres del entorno del presidente.

Hasta el momento, ni el presidente Gustavo Petro ni Verónica Alcocer se han pronunciado sobre las declaraciones de Ángela Benedetti, que vuelven a poner el foco sobre aspectos personales del entorno presidencial y la relación que ambos mantuvieron durante los cuatro años de Gobierno.

 

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Durante la conversación también se abordaron las versiones que han circulado en los últimos meses sobre la vida privada de Gustavo Petro. Benedetti recordó que figuras como el excanciller Álvaro Leyva y Juan Fernando Petro, hermano del mandatario, han hecho comentarios públicos sobre el consumo de alcohol del jefe de Estado.

La hostilidad escaló abruptamente cuando el hombre no solo elevó el tono del enfrentamiento verbal, sino que también tomó piedras del suelo y las lanzó contra la pareja. Al sentir en peligro su integridad, optaron por huir del lugar para evitar consecuencias mayores, pero incluso en plena huida fueron perseguidos por el agresor, quien persistía en sus ataques e intentaba golpear al hombre mientras seguía lanzando insultos. La mujer no fue ajena a la agresión, ya que también resultó blanco de los objetos arrojados.

La gravedad del incidente motivó la intervención de la Policía Nacional, que llegó al sitio después de recibir el llamado de urgencia. Sin embargo, el presunto responsable ya había abandonado la escena, complicando así su identificación inmediata. Laura Camila Carvajal manifestó posteriormente que el establecimiento donde inició la agresión cuenta con cámaras de seguridad, por lo que podrían existir registros relevantes del hecho. A pesar de esto, señaló que no logró tener acceso a dichas grabaciones en los momentos posteriores al ataque.

Frente a la expectativa de justicia, la denunciante intentó iniciar acciones legales ante las autoridades pertinentes, pero describió obstáculos al momento de hacer la radicación por internet, ya que según afirmó, la página oficial para denuncias no estaba habilitada, dificultando aún más su búsqueda de apoyo. La víctima expresó su indignación por la falta de respuesta oportuna ante hechos que pueden poner en peligro la vida de los ciudadanos y exhortó a las autoridades a prevenir la impunidad y mejorar los procesos de atención en estos casos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hizo la Policía Nacional tras el ataque reportado en la calle 28 con avenida Ferrocarril?

Después de ser alertados por la agresión, uniformados de la Policía Nacional acudieron al lugar; sin embargo, al llegar, el presunto atacante ya se había dado a la fuga, lo que imposibilitó su captura inmediata y complicó el esclarecimiento de los hechos.

¿Por qué tuvo problemas la víctima para radicar la denuncia ante las autoridades?

La víctima denunció que experimentó dificultades para hacer la radicación formal de su caso, especialmente debido a que la página de internet destinada para este fin no estaba en funcionamiento en el momento, lo que obstaculizó su acceso a la justicia y la posibilidad de iniciar el proceso respectivo.

El juez de control de garantías fue claro y enfático al intervenir: aunque no logró identificar personalmente el comportamiento, exigió orden absoluto a los asistentes, e hizo un llamado a la compostura y el respeto entre todas las partes. Este episodio de irrespeto marcó de manera significativa una audiencia particularmente delicada, realizada de manera virtual en Cali, donde cinco capturados enfrentan cargos por la muerte de la joven, quien tenía ocho meses de embarazo al momento del crimen.

De acuerdo con la reconstrucción hecha por la Fiscalía durante la audiencia, María Camila habría sido engañada y llevada hasta una vivienda ubicada en Alto de Polvorines, sector de Cali. El ente investigador sostiene que los procesados planearon apropiarse de la bebé que esperaba la víctima. Según la teoría del caso expuesta ante el juez, durante el proceso se detalló la supuesta planeación del crimen, la división de roles entre los capturados y las acciones ejecutadas tras la comisión de los hechos.

La gravedad del caso se acentúa con los elementos expuestos en la audiencia: las autoridades también investigan bajo qué condiciones murió la bebé, pues los indicios apuntan a que fue extraída mientras María Camila aún estaba viva. La determinación médica y jurídica sobre este episodio será fundamental para establecer las responsabilidades individuales y sancionar conforme a la ley.

Las cinco personas imputadas fueron vinculadas por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio. El juez ordenó su reclusión en prisión preventiva, enfatizando que la medida de aseguramiento no corresponde aún a una sentencia, por lo que las personas procesadas mantienen la presunción de inocencia hasta que se emita un fallo definitivo. El caso recobró relevancia nacional desde que María Camila fue reportada como desaparecida el 16 de julio de 2026 y su cuerpo hallado días después cerca del río Meléndez, en Cali. Las investigaciones continúan para determinar con precisión el grado de responsabilidad de cada involucrado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias legales enfrentan los procesados en el caso de María Camila Potosí?

Los capturados fueron imputados por delitos como feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio. Aunque ya se les impuso medida de aseguramiento en prisión, la etapa en curso es de investigación y juicio, por lo que la presunción de inocencia prevalece hasta una sentencia definitiva.

¿Qué significa la medida de aseguramiento en prisión preventiva en el proceso judicial?

La medida de aseguramiento en prisión preventiva implica que los procesados estarán privados de la libertad mientras se desarrollan las investigaciones y el juicio. No equivale a una condena; su función es garantizar la comparecencia de los implicados y evitar obstrucción a la justicia, hasta que se dicte sentencia en firme sobre su responsabilidad penal.

Uno de los elementos más relevantes del expediente, conocido por El Tiempo y expuesto durante las audiencias de imputación de cargos, son los mensajes atribuidos a Yulieth Cecilia Angulo Escobar, una de las cinco personas capturadas por el caso, en los que habría manifestado el resentimiento que sentía hacia la víctima.

(Vea también: “De un solo golpe no se muere”: revelan tétricos chats de los presuntos asesinos de María Camila Potosí)

Según la reconstrucción de la Fiscalía, la mujer habría diseñado un plan para ganarse la confianza de María Camila y posteriormente entregarla a integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘los Santa’, señalada de participar en homicidios y actividades de microtráfico en la ladera de Cali.

De acuerdo con información revelada por el medio mencionado, uno de los chats incorporados al proceso judicial contiene un mensaje enviado presuntamente por alias ‘Yulieth’ el 26 de junio a alias ‘Kevin’, otro de los hoy procesados.

“Le quiero meter ese susto porque por culpa de ella perdí mi bebé hace poco”, habría escrito la mujer.

Para los investigadores, esa conversación sería una de las pruebas que sustentan la hipótesis de que el ataque no fue improvisado, sino que obedeció a una planificación previa.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esa versión sobre la pérdida de un embarazo haría parte de un engaño. Según las autoridades, la mujer no estaba embarazada y habría simulado esa condición para convencer tanto a su entorno cercano como a la propia víctima.

De acuerdo con esa línea investigativa, el verdadero objetivo habría sido apropiarse de la bebé que esperaba María Camila. La investigación también indica que Yulieth Cecilia Angulo conocía previamente a María Camila.

Según el expediente, ambas coincidieron en espacios relacionados con madres gestantes y, además, existía cercanía entre sus entornos familiares. La expareja de la capturada y el compañero sentimental de la víctima estudiaron en el mismo colegio y se conocían desde la infancia. Para la Fiscalía, esa cercanía habría facilitado que María Camila confiara en la mujer.

Incluso, la expareja de la procesada aseguró públicamente que durante varios meses creyó que ambos serían padres de una niña, pues Yulieth le mostró supuestas ecografías y controles prenatales. No obstante, posteriormente manifestó que comenzó a dudar de la autenticidad de esos documentos y recordó que anteriormente también habría fingido otro embarazo.

Los investigadores consideran que ese patrón de engaños fortalecería la hipótesis de que la mujer simuló una gestación para ejecutar el plan.

Durante las audiencias, la Fiscalía señaló que la hoy procesada habría coordinado el secuestro de María Camila con integrantes de la organización criminal ‘los Santa’. Según la investigación, el 16 de julio, día de la desaparición, Yulieth recogió a la joven en una motocicleta y la llevó hasta un inmueble ubicado entre el sector de Alto de Polvorines y el corregimiento de La Buitrera, donde presuntamente fue retenida.

Allí, de acuerdo con el ente acusador, participaron otros integrantes de la estructura criminal, quienes posteriormente habrían asesinado a la víctima. El fiscal del caso aseguró durante la imputación que las acciones fueron ejecutadas “por precio”, indicando que el crimen habría sido acordado por 4 millones de pesos.

Otro de los elementos que fortalecen el expediente corresponde al informe del Instituto Nacional de Medicina Legal, citado por la Fiscalía durante las audiencias. Según el dictamen forense, María Camila recibió 22 heridas con arma blanca en distintas partes del cuerpo mientras aún estaba con vida.

Las lesiones fueron ubicadas en la cabeza, cuello, región cervical, tórax, abdomen y extremidades superiores. Para la Fiscalía, la cantidad y distribución de las heridas evidenciarían un nivel de violencia que supera el propósito inicial de apropiarse de la bebé y constituye un agravante por sevicia.

Durante la audiencia, el ente acusador sostuvo que las heridas le ocasionaron a la víctima un sufrimiento innecesario antes de su muerte. El caso generó conmoción nacional porque María Camila tenía ocho meses de embarazo cuando desapareció.

Cuatro días después, su cuerpo fue encontrado cerca del río Meléndez, en el corregimiento de La Buitrera. Posteriormente, en una zona cercana fueron hallados restos humanos que, tras los análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal, fueron identificados como Alahia, la hija que esperaba la joven, información confirmada posteriormente por la Personería Distrital de Cali.

(Vea también: Fiscalía reconstruyó crimen de María Camila Potosí; así fueron las terribles últimas horas de la víctima)

Por estos hechos fueron capturados Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga.

Todos fueron enviados a prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial y enfrentan investigaciones por feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio.

Las autoridades continúan recopilando pruebas para establecer con precisión la participación de cada uno de los procesados en uno de los casos que mayor indignación ha generado en el Valle del Cauca durante las últimas semanas.

Durante su exposición ante el despacho, el abogado Juan David Bazzani aclaró de entrada la posición del equipo jurídico frente a la medida adoptada por el juzgado, señalando que “esta defensa no se opone a la reserva de esta decisión”. Sin embargo, el jurista fue enfático en advertir que “lo que sí debe demostrar la Fiscalía es que se adoptan medidas de contrapeso para que se garantice el acceso a la defensa y al debido proceso”, subrayando la necesidad de que las restricciones a la publicidad no vulneren las herramientas técnicas del procesado.

¿Cómo así que la defensa de jorge alfedo vargas, no ha tenido acceso a prueba ni a los nombres de las acusadoras, ni la exactitud de los hechos?.
Han pasado mas de 3 meses. pic.twitter.com/90JYMNkqCp

— 🇨🇴 JULINAS (@therealjulinas) August 3, 2026

En el núcleo de su intervención, Bazzani cuestionó las condiciones de información con las que se afronta la diligencia, haciendo hincapié en la terminología y el conocimiento de los elementos acusatorios. El abogado argumentó que “lo primero es que las tratemos a las víctimas como lo que son: presuntas víctimas; si Jorge Alfredo es vencido en juicio se reconocerán como víctimas, pero no les demos esa categoría”. Asimismo, el defensor reveló una de las mayores preocupaciones del equipo legal al señalar que “de hecho a este punto no conocemos ni las identidades ni los hechos por los que están acusando a nuestro representado”.

Las exigencias planteadas por la defensa ponen de relieve el pulso jurídico que se libra en torno a los límites de la reserva procesal y el derecho a la contradicción probatoria. Mientras el despacho judicial avanza en la valoración de los elementos presentados por el ente acusador bajo estrictas directrices de confidencialidad, los abogados defensores insistieron en que el conocimiento pleno de los cargos y la presunción de inocencia son pilares irrenunciables para garantizar un juicio justo.

El rector electo, Jhon Jairo Méndez, puso de relieve el ambiente de respeto y disposición al trabajo conjunto que caracterizó el empalme, reconociendo importantes avances institucionales sobre los cuales construirá la administración entrante. Méndez puntualizó que la universidad es recibida en una posición favorable, lo cual constituye una base sólida para continuar los esfuerzos de modernización y expansión en los siguientes años.

Entre los grandes logros mencionados figura la superación de un déficit financiero significativo. En 2016, la universidad enfrentaba un déficit cercano a los 24.000 millones de pesos; sin embargo, actualmente presenta un equilibrio con déficit cero, lo cual ha permitido redirigir los esfuerzos hacia la mejora académica y la obtención de acreditaciones nacionales e internacionales, según informan fuentes institucionales. Además, se ha avanzado en la gratuidad educativa para estudiantes de pregrado, la expansión de la oferta académica y el fortalecimiento de la planta docente, acciones que consolidan la misión educativa de la institución.

En materia de investigación, se reporta la existencia de 73 grupos reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) y la adquisición de cuatro patentes, aspectos que reflejan el compromiso con la innovación y la generación de nuevo conocimiento. Adicionalmente, se realizaron obras claves de infraestructura, como el Boulevard Universitario, el Hospital Veterinario y el Parque Innovamente, proyectos que contribuyen al fortalecimiento y modernización de la universidad.

Finalmente, el proceso de empalme institucional reitera el compromiso de la Universidad del Tolima con la transparencia y el sostenimiento de sus servicios, garantizando la continuidad de los programas y proyectos en desarrollo. Así, la institución se proyecta como una universidad más fuerte, regionalizada y lista para afrontar los desafíos del nuevo periodo administrativo.

¿Cuáles son los principales logros recientes de la Universidad del Tolima?

Entre los más destacados, la Universidad del Tolima logró superar un déficit financiero de 24.000 millones de pesos, alcanzando el equilibrio presupuestal. Además, garantizó la gratuidad en la educación de pregrado, amplió la oferta académica y fortaleció su planta docente. En el ámbito investigativo, cuenta con 73 grupos reconocidos por MinCiencias y cuatro patentes, junto con importantes obras de infraestructura como el Boulevard Universitario, el Hospital Veterinario y el Parque Innovamente.

¿Qué implica el reconocimiento de grupos de investigación por MinCiencias?

MinCiencias, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, reconoce grupos de investigación por su producción académica y científica, así como por su impacto y capacidad de innovación. Este reconocimiento significa que los grupos cumplen con estándares de calidad y aportan al desarrollo académico y científico de la universidad y el país.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el Gobierno Nacional identificó graves amenazas de seguridad dirigidas contra el desarrollo de la próxima posesión presidencial.

Para contrarrestar los riesgos detectados en Cali, las autoridades articularon un dispositivo especial que moviliza a más de 11.000 efectivos.

El alto funcionario justificó la presencia militar y el traslado del centro operacional a la capital del Valle. “Si estamos allá es porque hay riesgos. Si no existieran riesgos, pues no existiría la fuerza pública”, afirmó durante una entrevista concedida a Blu Radio.

El general (r) Sánchez organizó los peligros en tres frentes operativos que mantienen en alerta máxima a las autoridades del país ante la posesión de Abelardo de la Espriella.

En primer lugar, existe información concreta sobre terrorismo con explosivos ocultos en vehículos escolares o de carga, emulando atentados ocurridos previamente en Cali y el Catatumbo.

En segundo lugar, las fuerzas militares desplegaron una capacidad especial antidrones para blindar de manera efectiva el espacio aéreo del evento.

En tercer lugar, la fuerza pública previene el vandalismo ante un promedio diario de 33 protestas sociales. Respecto a la cantidad de material bélico detectado en las operaciones, el jefe de la cartera defensiva precisó la postura oficial.

“Lo que tenemos en este momento ya concretamente, más que decir alguna cantidad, es que sí hay una amenaza y por ello es que hemos desplegado las capacidades”, indicó.

Según los reportes de inteligencia estatal, las principales amenazas provienen de las estructuras disidentes de alias ‘Mordisco’ y del grupo armado ilegal ELN.

El funcionario explicó que estas organizaciones criminales buscan exhibir capacidad de daño en eventos de trascendencia nacional y hasta formuló un análisis puntual.

“Recordemos cómo actúan los criminales, tienden a mostrar poder en eventos de este tipo. A pesar de decapitar esas cabezas (con la neutralización de cabecillas como alias ‘Ñeque’ y ‘Marlon’), sigue la amenaza latente”, remarcó.

En el diálogo periodístico con Blu Radio también confrontaron las cifras oficiales con datos recientes de Indepaz, organización que señala un crecimiento del 90 % en los grupos armados ilegales.

El ministro Sánchez defendió la gestión institucional recordando la neutralización de 17.000 integrantes delictivos durante los últimos cuatro años.

Al explicar el financiamiento de las redes criminales, el jefe de la cartera defensiva sostuvo lo siguiente: “¿De dónde sale esa capacidad de recuperación criminal? Principalmente de la razón por la cual ellos existen, que es la economía criminal: la minería ilegal y el narcotráfico”.

Finalmente, el funcionario sugirió evaluar la seguridad nacional mediante tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes, destacando reducciones concretas en departamentos como Putumayo y Antioquia.

¿Dónde es la posesión de Abelardo de la Espriella?

La ceremonia oficial de posesión presidencial del mandatario electo Abelardo de la Espriella se llevará a cabo en la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca. La locación principal escogida es el recinto Arena USC situado en la Universidad Santiago de Cali.

Este acontecimiento rompe con la costumbre histórica de celebrar todos los actos de transmisión de mando presidencial en la emblemática Plaza de Bolívar ubicada en la ciudad de Bogotá.

El Congreso de la República avaló la propuesta formal para trasladar la sede parlamentaria y ejecutar la sesión plenaria institucional el próximo viernes 7 de agosto de este año.

Inicialmente el equipo organizador consideró realizar el acto en una guarnición militar de Popayán, pero desestimó esa idea tras evaluar las condiciones logísticas.

El traslado hacia la capital del Valle del Cauca busca descentralizar el poder estatal y acercar la gestión gubernamental a los territorios del suroccidente.

El evento diplomático contará con la presencia confirmada de delegaciones internacionales, jefes de Estado extranjeros e invitados especiales de diversos sectores representativos.

Desde hace 5 años, Cindy Lievano y John Gómez crearon Berakah, una empresa que utiliza madera recuperada para crear piezas únicas de decoración y uso cotidiano que resaltan por su belleza natural.

Sin embargo, Berakah no siempre tuvo forma en los sueños de ambos, pues años atrás nunca se imaginaron terminar siendo artesanos. Vivían en la capital y tenían trabajos de oficina y operativo. Ella en una oficina de una entidad financiera y él como conductor.

Cuando llegaron al Meta, al municipio de Cumaral, estalló lo que según ellos fue una promesa de Dios guardada en sus corazones. Berakah, que en hebreo significa “bendición” se pulió desde cero, como un trozo de madera en bruto que necesitaba ser trabajado.

Comenzaron haciendo la cama de su hijo y luego se dieron cuenta que varias de las piezas que hicieron como ‘hobbie’ gustaron entre sus clientes del momento. Así se forjó lo que hoy es una empresa en crecimiento que fue una de las tantas asistentes a ferias nacionales como ‘Colombia son las regiones’, organizada por la Federación Nacional de Departamentos.

 

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Berakah, arte que trabaja con creatividad la madera del Meta

Este taller está ubicado en la entrada de Cumaral, Meta y ofrece todo tipo de piezas artesanales en madera de diferentes características. Berakah se ha convertido no solo en el sustento de Cindy y Jhon para su hijo Samuel, sino también en un bastión de sueños para la familia, además de una marca que ha inspirado a sus clientes a seguir conectados con la tradición y la conexión con lo natural.

“Nosotros queremos que la gente se vuelva a reconectar con la naturaleza. Por eso trabajamos el borde natural. En todas nuestras piezas la gente va a poder sentir un tramo de borde natural y puede contemplar las vetas de la madera”, dijo Cindy en entrevista para Pulzo sentada en una silla con su taller de fondo.

Las manos prodigiosas de Cindy y Jhon crean piezas de autor. Nunca una igual a la otra. Hacen la complicada labor creativa de proyectar en su mente jarrones, tablas de cortar, espejos, portavelas, mesas y demás piezas con solo ver un tronco de madera caído en medio del bosque.

“Es algo que me gusta, me imagino qué pieza voy a sacar del tronco que traigo. Por medio de esto sustentamos nuestro hogar y pasamos tiempo en familia. Esto ha sido para mí la alegría de poder soñar, de poder hacer lo que me gusta y no lo que me toca”, dijo Jhon Jairo en entrevista para Pulzo.

La inocencia de hacer la cama de su hijo llevó a esta pareja a proyectar una empresa consolidada en el Meta que ha trabajado a tono con las tradiciones del departamento, las cuales incluyen los asados de carne llanera porcionada en sus tablas de cortar; o las conversaciones sobre la madera de una mesa maciza hecha con técnicas artesanales.

 

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‘Colombia son las regiones’, la feria que reunió a Colombia en un solo lugar

Berakah hizo parte de los cientos de emprendimientos que tuvieron la oportunidad de mostrar a los colombianos su arte en el Parque de la 93 de Bogotá, que anualmente es la sede de ‘Colombia son las regiones’.

Esta feria reúne muestras culturales, gastronómicas y artesanales de los 32 departamentos del país. La entrada es gratuita y también pueden entrar mascotas.

Vea todo lo que tiene que saber sobre esta feria en la publicación a continuación:

 

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La aclaración fue divulgada horas más tarde, cuando Sánchez utilizó su cuenta en la red social X para corregir su declaración. Allí, el titular de la cartera de Defensa afirmó textual: “No es correcto. Durante este periodo de gobierno, la cifra registra un aumento frente al periodo anterior”. No obstante, no entregó cifras concretas sobre el número de homicidios ocurridos en cada periodo. Este reconocimiento contrastó con su intervención en La Luciérnaga, donde había sostenido que las masacres también habían aumentado, justificando que la mayoría de las víctimas presuntamente tenían vínculos con estructuras criminales.

Además, el ministro aclaró que la disminución a la que hacía referencia durante su intervención inicial no era sobre los líderes sociales, sino sobre los firmantes del acuerdo de paz. Según Sánchez, “los homicidios y desapariciones disminuyeron 33%, al pasar de 343 a 229 casos”, de acuerdo con los datos correspondientes al periodo analizado, aunque no especificó a qué años exactos corresponde la información.

En el marco de sus declaraciones, Sánchez entregó detalles sobre la llamada Operación Themis, una estrategia de la Fuerza Pública dirigida a identificar, perseguir y capturar a los responsables de los ataques tanto contra líderes sociales como contra personas que firmaron el acuerdo de paz. El ministro indicó que, entre el 14 de marzo de 2024 y el 30 de junio de 2026, dicho operativo permitió capturar a 300 personas, en su mayoría presuntos integrantes de estructuras armadas organizadas y grupos delincuenciales.

Finalmente, el jefe de la cartera de Defensa recordó que el Gobierno mantiene vigente un esquema de recompensas para quienes entreguen información útil, con cifras que oscilan entre 101 y 650 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con la importancia del objetivo buscado.

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¿Qué es la Operación Themis y cómo afecta la seguridad de los líderes sociales en Colombia?

La Operación Themis es una estrategia impulsada por la Fuerza Pública bajo el actual Gobierno, cuyo objetivo es identificar, perseguir y capturar a los responsables de ataques contra líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz. Según el ministro de Defensa, entre marzo de 2024 y junio de 2026, permitió la captura de 300 personas vinculadas a grupos armados y delincuenciales.

¿Por qué aumentaron los homicidios de líderes sociales en el actual Gobierno según el ministro de Defensa?

De acuerdo con la corrección realizada por el ministro Pedro Sánchez, los homicidios de líderes sociales sí aumentaron durante el periodo presidencial en curso en comparación con el anterior. Sin embargo, el funcionario no ofreció explicaciones detalladas sobre las causas de este incremento ni entregó cifras específicas al respecto.

La investigación permitió identificar y judicializar a Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Estas personas fueron capturadas el 30 de julio en diligencias de registro y allanamiento en el Valle del Cauca. Frente a la desaparición de María Camila, la Fiscalía activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa; sin embargo, solo cuatro días después el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) halló el cuerpo en el corregimiento La Buitrera, aunque la bebé no fue encontrada en ese momento.

De acuerdo con la información revelada por la Fiscalía, la hoy procesada Yulieth Cecilia Angulo Escobar habría simulado estar embarazada para ganarse la confianza de María Camila y lograr que la acompañara a una supuesta pañalera en el sur de Cali. En realidad, la condujo en motocicleta a un inmueble del sector Alto de Polvorines, donde los demás implicados tenían preparado el escenario para cometer el asesinato. Nitzon Stiven Mondragón Cuero habría atacado a la joven con un arma cortopunzante y, posteriormente, según la hipótesis, extrajeron a la bebé mediante una cesárea artesanal. Los procesados intentaron eliminar pruebas antes de abandonar el lugar.

Cada uno de los involucrados tenía una función definida: Juan José Narváez Rodríguez transportó el cuerpo hasta el río Meléndez, Edwin García Zuluaga vigiló el área y alertó sobre posibles autoridades, y Kevin Alexis López Orozco coordinó la logística y el pago de cuatro millones de pesos a Yulieth Cecilia Angulo Escobar. Con estas pruebas, un fiscal especializado imputó a los cinco los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio. Ninguno aceptó cargos y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Además, el CTI y la Policía Nacional encontraron en una zona boscosa restos que corresponderían a la bebé, cuya identificación sigue en proceso en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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¿Quiénes son las personas acusadas en el crimen de María Camila Potosí?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los señalados en este caso son Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Cada uno habría desempeñado un papel específico en la planeación y ejecución del asesinato y posterior desaparición de la joven María Camila Potosí.

¿Qué delitos se imputaron en el caso de María Camila Potosí y su bebé?

Según la información oficial de la Fiscalía, a las cinco personas procesadas se les imputaron los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio. Estos delitos se relacionan con la gravedad y las circunstancias del crimen investigado.

Cada corregimiento aporta una identidad particular. Dantas, ubicado al sur, destaca por sus cultivos de café, plátano y maíz, y sus bosques lo han posicionado como un territorio clave en la conservación ambiental. Laureles, al suroccidente, es relevante para la protección de recursos hídricos y alberga fincas cafeteras y ganaderas. Hacia el noroccidente se encuentra Coello Cocora, otro centro agropecuario que, al igual que Gamboa y Tapias, mantiene una economía tradicional basada en cultivos como café, plátano y maíz.

Zonas como Toche y Juntas han adquirido reconocimiento nacional: Toche por su bosque de palma de cera, árbol nacional de Colombia, y Juntas por su localización estratégica camino al Parque Nacional Natural Los Nevados y al Nevado del Tolima, lo cual ha consolidado la zona como uno de los principales destinos turísticos del Tolima. Villa Restrepo se ha convertido en una puerta de acceso al Cañón del Combeima y en un importante punto para la producción de trucha y la pesca deportiva.

En el oriente, Cay y Calambeo conservan la vocación rural cerca del borde urbano, mientras que corregimientos como San Juan de la China y Buenos Aires, ambos en el sur, extienden sus territorios entre cascadas, cultivos de clima frío y zonas de conservación de bosque. Carmen de Bulira, El Totumo y La Florida mantienen tradiciones campesinas con una activa producción de café, cacao, caña panelera y frutales, además de preservar expresiones culturales propias del campo tolimense. Por su parte, El Salado constituye la transición entre lo urbano y lo rural, fusionando sectores residenciales con áreas agrícolas y pecuarias.

De acuerdo con el artículo, los 17 corregimientos son la base que alimenta los mercados de Ibagué, siendo fuente principal de café, hortalizas, cacao, frutas y otros alimentos. Además, algunos de estos territorios han ganado protagonismo como destinos para el ecoturismo, la gastronomía y el descanso en el campo. La Administración Municipal ha adelantado proyectos de infraestructura, alumbrado y apoyo directo a los pequeños productores, lo que fortalece la economía rural y su aporte al desarrollo general de la ciudad.

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¿Cuáles son los principales corregimientos rurales de Ibagué y qué actividades económicas se desarrollan allí?

Los principales corregimientos de Ibagué incluyen Dantas, Laureles, Coello Cocora, Gamboa, Tapias, Toche, Juntas, Villa Restrepo, Cay, Calambeo, San Juan de la China, San Bernardo, El Salado, Buenos Aires, Carmen de Bulira, El Totumo y La Florida. En estos territorios predominan las actividades agrícolas y pecuarias con cultivos como café, plátano, maíz, cacao y caña panelera. Además, algunos corregimientos se han destacado por su oferta turística, gastronómica y la conservación ambiental, aportando de manera decisiva a la economía y al abastecimiento de alimentos de la ciudad.

¿Qué importancia tienen los corregimientos de Ibagué en la conservación ambiental y el turismo?

Según el artículo, varios corregimientos como Toche, Juntas, Villa Restrepo y Buenos Aires cumplen un papel fundamental en la conservación de bosques, fuentes hídricas y áreas protegidas. Zonas como Toche, con su bosque de palma de cera, y Juntas, cerca al Parque Nacional Natural Los Nevados, se han consolidado como destinos relevantes para el ecoturismo, senderismo y observación de aves. Estos espacios combinan la protección ambiental con una oferta de turismo rural y de naturaleza que dinamiza la economía local y preserva el patrimonio natural de Ibagué.

Uno de los eventos centrales en la región es una nueva edición del ‘Festival de Cometas’. Esta celebración está programada para el sábado 8 de agosto, entre las 3:30 y las 6:30 de la tarde, y tendrá lugar tanto en la Urbanización La Merced - La Isla como en el Bulevar de Oriente. Este festival, que arriba a su tercer encuentro, promueve una actividad cultural que reúne a la comunidad en torno a la tradición de elevar cometas, aprovechando las condiciones de los vientos de la época y permitiendo a las familias compartir un espacio en el que la creatividad y la destreza se integran en un ambiente festivo.

A nivel internacional, la alerta se centra en Guatemala. Según información del mismo noticiero, el país centroamericano enfrenta una alerta roja por la fuerte erupción del volcán de Fuego, catalogado como uno de los más activos de toda la región centroamericana. Debido a esta actividad volcánica, que tiene lugar a solo 50 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han evacuado diversas aldeas, buscando salvaguardar a la población ante el riesgo inminente que representa este fenómeno natural.

En el ámbito jurídico, el Consejo de Estado tomó la decisión de suspender provisionalmente la resolución 244, mediante la cual se había designado a Salvatore Mancuso como gestor de paz. El alto tribunal justificó esta suspensión señalando que el acto administrativo no cumple con las delimitaciones de tiempo y lugar requeridas, exponiendo así una debilidad formal que debe ser revisada, lo que implica una pausa en la labor prevista para Mancuso dentro del proceso de paz.

En noticias locales, la preocupación gira en torno a la desaparición de María del Mar García, una joven de 19 años cuyo paradero se desconoce desde hace trece días. La última vez que fue vista ocurrió en el sector de Sameco, ubicado al norte de Cali, durante la madrugada del 22 de julio de 2026. Ante esta situación, las autoridades han difundido el número telefónico 3183659377, solicitando a cualquier persona que posea información relevante que se comunique de inmediato.

Espere la ampliación de estas y otras noticias en la emisión central del noticiero, transmitida por Telepacífico y a través de plataformas digitales.

¿Qué ocurre con la desaparición de María del Mar García en Cali?

María del Mar García, una joven de 19 años, lleva trece días desaparecida tras ser vista por última vez en el sector de Sameco, al norte de Cali. Su caso ha generado alarma entre su familia y la comunidad, quienes buscan cualquier dato que pueda ayudar a localizarla. Las autoridades piden a quien tenga información comunicarse al 3183659377.

¿Por qué el Consejo de Estado suspendió la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz?

El Consejo de Estado suspendió de forma cautelar la resolución 244 que designaba a Salvatore Mancuso como gestor de paz, argumentando que el acto administrativo no contiene delimitaciones claras de tiempo y lugar, lo que representa una deficiencia formal que debe resolverse antes de avanzar en dicho nombramiento.

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El reporte señala que el incidente sucedió cuando el adulto mayor, presuntamente bajo los efectos del alcohol, cayó en una alcantarilla que se encontraba en su paso. Su caída fue de tal modo que quedó atrapado y no pudo incorporarse, ya que su cabeza resultó cubierta por agua acumulada. Pese a los intentos posteriores de los vecinos del sector por brindarle auxilio tras notar lo sucedido, el hombre ya no presentaba signos vitales cuando lo encontraron.

Este caso ha causado un profundo sentimiento de tristeza y conmoción en la comunidad de la vereda San Jerónimo, donde Niño Campos era muy conocido. De acuerdo con las personas que lo conocían, “Guateque” era una figura representativa y querida en el sector, lo que contribuye al impacto que ha tenido su fallecimiento entre los habitantes.

Un detalle que conmovió aún más a los presentes fue la presencia del perro que acompañaba a José Antonio en el momento de los hechos. El animal permaneció cerca del cuerpo de su dueño hasta que finalmente pudieron rescatarlo, lo que añade un matiz emotivo al lamentable desenlace de esta historia.

La información expuesta fue compartida por un medio que opera en la zona, el cual ha resaltado tanto la cercanía que tenía “Guateque” con los residentes como la cadena de acontecimientos que condujeron al fatal accidente. Hasta el momento, los detalles que rodean la caída señalan que el consumo de alcohol pudo influir en la pérdida de estabilidad de la víctima y, a la postre, resultar determinante para el desenlace.

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¿Por qué la comunidad de la vereda San Jerónimo sentía aprecio por José Antonio Niño Campos?

Los habitantes de la vereda San Jerónimo recuerdan a José Antonio Niño Campos, conocido como “Guateque”, como una persona cercana y apreciada. Su reconocimiento entre los vecinos se debe a su integración y participación constante en el sector, lo que contribuyó a que su muerte fuera recibida con tristeza y una profunda sensación de pérdida entre quienes lo conocieron.

¿Cómo influyó el consumo de bebidas alcohólicas en el accidente de José Antonio Niño Campos?

Según el reporte del medio local, José Antonio Niño Campos consumió bebidas alcohólicas mientras compartía con amigos antes de dirigirse a su vivienda. El informe sugiere que, presuntamente bajo los efectos del alcohol, perdió el equilibrio durante el trayecto y cayó en una alcantarilla, hecho que resultó determinante en el lamentable desenlace.

(Vea también: ¿Es posible que se caiga la posesión de De la Espriella? Expertos analizan posibles escenarios)

Las disposiciones buscan garantizar el normal desarrollo de la ceremonia, que por primera vez en la historia republicana de Colombia se desarrollará fuera de Bogotá.

¿Qué medidas regirán en Cali por la posesión presidencial?

Entre las principales decisiones anunciadas por las autoridades se encuentran:

• Ley seca desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. del 7 de agosto.
• Prohibición de vender gasolina en recipientes.
• Restricciones para el transporte de escombros.
• Limitaciones a la circulación de vehículos de carga pesada.
• Restricciones para hacer trasteos, medidas que estarán vigentes entre el jueves y el sábado, según el cronograma establecido por las autoridades.

#ATENCIÓN📍Medidas especiales en #Cali por la posesión presidencial.
Ley seca de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. el viernes 7 de agosto.
Prohibida venta de gasolina en recipientes, restricciones para escombros, carga pesada y trasteos entre el jueves y el sábado.
Más de 11 mil uniformados. pic.twitter.com/UFS35c2XVz

— Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) August 4, 2026

¿Por qué habrá estas restricciones?

El operativo responde a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo para el periodo 2026-2030 tras ganar la segunda vuelta presidencial frente a Iván Cepeda.

La ceremonia se llevará a cabo en la Arena USC, ubicada en la Universidad Santiago de Cali, marcando un hecho inédito al convertirse en la primera investidura presidencial desarrollada fuera de Bogotá.

Nuestra ciudad recibe este 7 de agosto la posesión presidencial. 🇨🇴

Se adoptarán medidas orientadas a fortalecer la seguridad y prevenir situaciones que afecten la tranquilidad de la ciudad: Ley Seca, restricción de venta de gasolina en recipientes y transporte de carga pesada. pic.twitter.com/E4cNjCLOpV

— Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) August 4, 2026

¿Cuántos policías y militares estarán en el operativo?

Las autoridades confirmaron el despliegue de más de 11.000 uniformados, quienes estarán encargados de la seguridad de la ceremonia, de los invitados nacionales e internacionales y del control del orden público en distintos puntos de la ciudad.

El dispositivo también busca garantizar la movilidad y prevenir cualquier alteración durante el evento.

Una posesión inédita para Colombia

El traspaso de mando entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella no solo marcará el inicio de un nuevo Gobierno, sino también un cambio en la tradición institucional del país.

Con Cali como sede de la ceremonia, las autoridades implementarán un esquema especial de seguridad y varias restricciones temporales para asegurar el desarrollo del evento, por lo que recomendaron a los ciudadanos estar atentos a las disposiciones oficiales antes de desplazarse o adelantar actividades que puedan verse afectadas.

Las declaraciones se dieron en medio de las críticas por la compra de dos aeronaves tácticas Embraer KC-390 y por el avance del programa para adquirir los cazas Gripen, proyectos que serán financiados mediante vigencias futuras y cuyos costos se extenderán a las próximas administraciones. Frente a esos cuestionamientos, Sánchez sostuvo que las decisiones no buscan beneficiar al gobierno saliente.

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“Todo eso que se está comprando ahorita no es para un presidente ni para el gobierno que está entregando, eso es para el país. Ustedes nos están exigiendo seguridad, pues hay que invertir en seguridad”, afirmó el ministro en diálogo con Blu Radio. Además, recordó que la necesidad de modernizar la capacidad aérea del país viene de administraciones anteriores y que ya existía un documento CONPES de 2022 que advertía sobre ese rezago.

Durante la entrevista, el funcionario explicó que el Gobierno autorizó un CONPES cercano a los 13 billones de pesos para modernizar las Fuerzas Militares. Ese plan contempla la adquisición de 47 aeronaves, entre aviones y helicópteros, además de vehículos blindados, embarcaciones, sistemas antidrones, camionetas y más de 100.000 fusiles, en un programa que se ejecutará durante los próximos ocho años.

Sánchez precisó que la contratación que actualmente está en marcha asciende a cerca de 1,5 billones de pesos, equivalentes a unos 366 millones de dólares, e insistió en que este tipo de compras requieren años de planeación. “Comprar en defensa no se compra como ir al Éxito; eso tiene que ser una programación, porque si se compra inmediatamente sale demasiado costoso o simplemente no existe lo que se necesita”, manifestó.

Uno de los anuncios más importantes del ministro fue la confirmación de que el Gobierno ya dejó aprobado el mecanismo de financiación para la compra de los aviones de superioridad aérea Gripen. Según explicó, además de la autorización para adquirir las aeronaves, ya quedó definido el esquema financiero que permitirá gestionar un empréstito internacional para concretar la operación.

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Consultado sobre la posibilidad de que el próximo gobierno deje sin efecto esa compra, Pedro Sánchez aseguró que el proceso ya no podría reversarse porque existen contratos firmados y obligaciones adquiridas. También indicó que la Contraloría revisó el procedimiento y concluyó que la adquisición responde a una necesidad estratégica para el país y cumple con los requisitos legales.

La investigación del medio señala que la agenda internacional de Petro estuvo enfocada en posicionar a Colombia en debates globales sobre cambio climático, paz y política antidrogas. A lo largo de su administración también protagonizó episodios de alto impacto diplomático, como sus críticas a la ofensiva de Israel en Gaza y los cruces con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque los resultados concretos de esa estrategia fueron más limitados que las metas planteadas por el Gobierno.

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Según La Silla Vacía, Estados Unidos fue el destino más frecuente del entonces presidente, con diez visitas, seguido por Venezuela y Brasil, a donde viajó en seis oportunidades cada uno. Francia ocupó el siguiente lugar con cinco desplazamientos, mientras que México y Ecuador registraron cuatro visitas. En total, Petro estuvo en 89 ciudades distribuidas entre América, Europa, Asia, África y Medio Oriente.

El reporte también destaca que 2023 fue el año con mayor actividad internacional del mandatario, al completar 25 viajes en apenas doce meses. En contraste, durante 2026 redujo considerablemente sus desplazamientos y solo salió del país en seis ocasiones, en medio del último tramo de su gobierno y del proceso electoral que culminó con la elección de Abelardo de la Espriella como presidente.

En materia de resultados, La Silla Vacía encontró que menos del 10 % de los viajes terminaron con la firma de acuerdos bilaterales. El principal avance se dio con China, país con el que Colombia suscribió varios instrumentos de cooperación, incluido el memorando para vincularse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Entretanto, persistieron diferencias diplomáticas con algunos países vecinos y el Reino Unido volvió a exigir visa a los colombianos durante ese cuatrienio.

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Además, el informe de La Silla Vacía concluye que Petro rompió varios registros relacionados con sus desplazamientos internacionales. No solo se convirtió en el presidente colombiano que más días acumuló fuera del país durante un solo mandato, sino que también estableció la marca de más viajes en un mismo año presidencial. En 2023 completó 25 salidas al exterior y permaneció 89 días fuera de Colombia, una cifra sin precedentes entre los mandatarios analizados por ese medio desde el gobierno de Andrés Pastrana.

Este proceso forma parte de una serie de investigaciones abiertas contra Palacios Mosquera, quien ya había enfrentado acusaciones en abril del año pasado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. En aquel momento, estos cargos estuvieron relacionados con su gestión como gobernador del departamento de Chocó, cargo que ocupó entre 2016 y 2019. Las pesquisas de la Corte Suprema apuntaron especialmente a presuntas irregularidades en la asignación y manejo de contratos destinados a la mejora de la plaza de mercado en el municipio de Itsmina, también en Chocó, durante el año 2017.

En el caso específico de la plaza de mercado de Itsmina, el contrato fue suscrito con el Consorcio Plaza de Mercado Itsmina, además de otro acuerdo relacionado con la interventoría, es decir, la supervisión técnica y administrativa de la obra. Según lo investigado por la Corte Suprema de Justicia, el detrimento patrimonial asociado a estos hechos alcanzaría los 1.082 millones de pesos, monto que, presuntamente, benefició a terceros involucrados en la ejecución contractual. El valor total del contrato adjudicado para esta infraestructura fue de 3.435 millones de pesos, como lo confirmó el alto tribunal en documentos oficiales.

La acusación formal y la apertura de la investigación a Palacios Mosquera representan un avance importante en el seguimiento judicial a hechos de presunta corrupción administrativa en el sector público, según el seguimiento riguroso expuesto por la Corte Suprema de Justicia.

¿Cuál es el origen de la acusación contra Jhoany Palacios Mosquera por contratos irregulares?

La acusación nace de una investigación de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia frente a irregularidades en la adjudicación de contratos, específicamente para la reposición de la infraestructura del hospital Lascario Barbosa Avendaño en Acandí y la mejora de la plaza de mercado en Itsmina, ambas en el departamento de Chocó. El alto tribunal documentó sobrecostos, múltiples suspensiones y posible beneficio a terceros, lo que llevó a la formalización de cargos por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

¿Qué significa “peculado por apropiación” y cómo se relaciona con el caso de Palacios Mosquera?

Peculado por apropiación es un delito en el que un servidor público, aprovechando su cargo, se apropia de recursos o bienes públicos para sí mismo o terceros. En el caso del excongresista Palacios Mosquera, la investigación de la Corte Suprema describe que los contratos bajo su gestión habrían presentado un detrimento patrimonial que favoreció a terceros, lo que constituye, de acuerdo con las fuentes oficiales, una apropiación indebida de dineros públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Si la administración saliente no finaliza la publicación de la totalidad de las hojas de vida, la responsabilidad recaerá sobre el equipo entrante, lo cual podría retrasar el ejercicio pleno de las funciones del nuevo gobierno, dado que los funcionarios no podrían asumir sus cargos inmediatamente. De acuerdo con la información presentada, las hojas de vida que ya fueron publicadas corresponden a Rodrigo Lara, quien asumirá el Ministerio del Interior; Elsa Noguera, quien estará al frente del Ministerio de Transporte; Indalecio Dangond en Agricultura; Jorge Mora en Defensa; Alexandra Falla en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC); Miguel Gómez Martínez en Hacienda; Jaime Andrés Beltrán en el Ministerio de Vivienda; Iván Cancino en Justicia; Paola Holguín en Cultura; Fabio Arjona en Ambiente y Mauricio Gómez Amín en Comercio.

Adicionalmente, se dieron a conocer los perfiles de algunos integrantes del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), entre ellos Nicolás Gómez, Valerie Laufarie y Carlos Andrés Ríos. Estos documentos se encuentran disponibles para consulta en la página web oficial del Dapre y en portales específicos dispuestos para este fin estatal.

Con la publicación de las hojas de vida, Colombia avanza en los preparativos para la posesión de Abelardo de la Espriella, la cual tendrá lugar en Cali, Valle del Cauca. Al evento ya confirmaron su presencia varios líderes internacionales, como Javier Milei de Argentina, José Antonio Kast de Chile, Santiago Peña de Paraguay y Daniel Noboa de Ecuador. Este proceso busca asegurar la transparencia y el escrutinio público en la conformación del nuevo gabinete, en cumplimiento a la normatividad establecida para el relevo de gobierno.

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¿Qué ocurre si las hojas de vida de los ministros no se publican a tiempo?

Si la administración saliente no publica todas las hojas de vida requeridas antes del cambio de gobierno, la administración entrante debe completar este proceso después de asumir el poder. Esto implica que los ministros y ministras no podrán posesionarse junto al presidente el día estipulado, lo que retrasaría el inicio de sus funciones y limitaría la operatividad del nuevo gobierno desde el primer momento.

¿Dónde pueden consultarse las hojas de vida de los nuevos ministros de Abelardo de la Espriella?

Las hojas de vida de las y los ministros designados en el gobierno de Abelardo de la Espriella se encuentran disponibles para la ciudadanía en el portal oficial del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y en la página web aspirantes.presidencia.gov.co. Allí se puede consultar la información de quienes han sido anunciados como parte del gabinete ministerial.

En el documento de la demanda, se señala de manera específica que autoridades como el Senado y la Cámara de Representantes estarían en riesgo de afectar estos derechos al aprobar o permitir el traslado de la sede del Congreso para la posesión, todo esto sin contar con información pública, completa, verificable o certificada sobre el acuerdo entre ambas cámaras, los costos asociados, las condiciones de seguridad y logística, la gestión de riesgos y el respaldo presupuestal. Estas preocupaciones han llevado a solicitar la suspensión provisional de todas las decisiones administrativas relacionadas con el cambio de sede, hasta que las entidades involucradas presenten de manera completa y certificada toda la documentación y justificación de la decisión ante el Tribunal.

Adicionalmente, la demanda exige que, en caso de que no se apruebe la suspensión, cualquier ejecución de recursos adicionales por el traslado quede condicionada a la publicación y entrega de toda la información legal, presupuestal, logística y de seguridad requerida en un plazo de 24 horas tras la notificación oficial. Como respuesta, el Tribunal ha determinado que el poco tiempo restante antes de la posesión del presidente electo, considerando que la decisión de traslado fue adoptada apenas el 29 de julio, hace inviable exigir a la parte demandante agotar los trámites administrativos tradicionales.

Antes de tomar posición sobre la medida cautelar, el Tribunal ordenó al Congreso de la República y varias entidades del Gobierno entregar de inmediato informes detallados y documentos técnicos y jurídicos. Estas exigencias incluyen desde el texto exacto de los acuerdos hasta certificaciones presupuestales, detalles logísticos y estudios de riesgos. También se solicita a la Alcaldía de Cali información sobre estudios de seguridad, permisos de uso del lugar y planes de emergencia. El plazo límite para responder fue fijado de manera estricta para el martes 4 de agosto de 2026, a las 5:00 p.m., de acuerdo con El Espectador.

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¿Por qué la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali ha generado una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca?

La demanda sostiene que la posesión presidencial en Cali podría vulnerar derechos colectivos relacionados con la legalidad, la transparencia y la seguridad, dado que no existe información pública y verificable sobre acuerdos, costos, logística y justificación del traslado de la sede del Congreso, según los documentos citados por El Espectador.

¿Qué medidas exige el Tribunal para evaluar la legalidad del traslado de la posesión presidencial a Cali?

El Tribunal requerió al Congreso y a entidades del Gobierno remitir, en un plazo improrrogable, documentación certificada sobre acuerdos de traslado, estudios de seguridad, soporte presupuestal y planes logísticos, antes de tomar una decisión sobre la medida cautelar que podría frenar el acto de posesión en Cali.

El vehículo cubría la ruta entre los sectores de San Martín y Tres Esquinas con destino al centro educativo de la zona cuando ocurrió el accidente. Tras la emergencia, los estudiantes fueron evacuados y trasladados a diferentes centros asistenciales como la Clínica Panamericana, Fundadores, Chinita y Urabá para recibir atención médica.

Aunque las causas del siniestro aún son objeto de investigación, las autoridades manejan dos hipótesis principales. La primera apunta a una posible falla mecánica en el sistema de frenos del automotor, mientras que la segunda indica que el conductor pudo haber perdido el control del automotor por piso mojado tras las lluvias que se registraban en el sector.

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“El bus pierde los frenos más o menos casi en un kilómetro a caer a la orilla del río. Entonces, gracias a dios, pues, no se fue a un abismo que había ahí”, indicó Andrés Pineda, presidente de la Junta Acción Comunal de la vereda El Reposo.

De acuerdo con el más reciente reporte entregado por la administración municipal, 17 estudiantes ya fueron dados de alta, mientras que uno de ellos tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica y permanece bajo seguimiento médico. Las autoridades precisaron que todos los ocupantes se encuentran fuera de peligro.

En paralelo, funcionarios de movilidad realizaron las inspecciones correspondientes al vehículo involucrado en el accidente. Las verificaciones permitieron establecer que tanto la documentación del bus como la licencia de conducción del conductor estaban en regla al momento del volcamiento.

Los peritajes técnicos y las investigaciones continuarán para establecer cuál de las hipótesis tuvo incidencia en el accidente o si existieron otros factores que contribuyeron a la emergencia.

De concretarse la designación, Ordóñez regresaría a un cargo que ya ocupó entre 2018 y 2022 durante la administración del expresidente Iván Duque, período en el que representó al país ante el organismo hemisférico.

Ordóñez es una de las figuras más reconocidas del sector conservador colombiano y su posible regreso a la diplomacia marca una de las primeras decisiones de política exterior del nuevo gobierno.

Su experiencia previa en la OEA y su trayectoria en cargos públicos son algunos de los factores que respaldarían su designación.

Sin embargo, su nombre también está asociado a uno de los episodios políticos más controvertidos de la última década.

En 2013, cuando se desempeñaba como procurador general de la Nación, destituyó e inhabilitó al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por la implementación del nuevo modelo de recolección de basuras en la capital.

Esa decisión generó una amplia controversia nacional e internacional y posteriormente fue objeto de revisiones judiciales.

De confirmarse el nombramiento, Ordóñez volverá a representar a Colombia ante la OEA en un contexto regional marcado por desafíos diplomáticos y políticos para el nuevo gobierno.

La carta, que consta de diez páginas, invita a De la Espriella a mantener un diálogo fluido con la institución y sugiere que antes de tomar decisiones se evalúen los posibles riesgos en materia de derechos humanos, siguiendo una perspectiva constitucional. Uno de los temas centrales que aborda Marín es la libertad de expresión y prensa, recordando que los medios y periodistas tienen el deber de verificar la información y que el Gobierno no debe definir quién es o no periodista. Además, la defensora subraya la importancia de proteger a todas las voces, incluidas las críticas al Gobierno, y llama la atención sobre la especial vulnerabilidad de las mujeres periodistas.

El documento hace énfasis en la preocupación por la derogatoria del Decreto 003 de 2021, que regula la protesta social, y el posible regreso al antiguo modelo del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). Marín recuerda que la Corte Suprema de Justicia exige un trato imparcial y participativo en estos contextos. Igualmente, pone el foco en la polarización política y la necesidad de que el nuevo presidente garantice los derechos tanto de la oposición como de periodistas y líderes sociales, evitando cualquier discurso que pueda asociar la oposición con la violencia.

En otros apartados, la defensora insiste en la idoneidad e imparcialidad del futuro director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuyo jefe designado ha generado controversia por expresiones pasadas contra sectores protegidos. Marín también advierte sobre las implicaciones negativas de eliminar dependencias como la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y de frenar la implementación del Acuerdo Final de Paz, remarcando que este último es una obligación constitucional. Asimismo, expresa inquietud ante posibles reformas que afectarían derechos territoriales de los pueblos indígenas y derechos ambientales, señalando la importancia de la consulta previa y la participación de las comunidades.

Finalmente, Marín resalta la situación de colombianos en el exterior que enfrentan discriminación y deportaciones, solicitando protección efectiva y acciones diplomáticas concretas. La defensora propone establecer un canal de trabajo de alto nivel entre el Gobierno y la Defensoría para examinar y dar seguimiento a estas preocupaciones desde el inicio del nuevo mandato.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de la Defensoría del Pueblo sobre el Gobierno de De la Espriella?

La Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, expresó inquietudes acerca de propuestas del nuevo Gobierno que podrían afectar la libertad de prensa, los derechos de la oposición, la regulación de la protesta social, la protección de líderes sociales y comunidades étnicas, la continuidad en la implementación del Acuerdo de Paz y el respeto a los derechos de colombianos en el exterior. Todas estas preocupaciones se resumen en la necesidad de salvaguardar los derechos humanos y garantizar la participación y protección de los sectores vulnerables.

¿Qué implicaciones tiene la eliminación de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos para la implementación del Acuerdo de Paz?

De acuerdo con lo expuesto por la defensora Marín, suprimir la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y otras dependencias relacionadas podría desacelerar o suspender la implementación del Acuerdo Final de Paz, lo que no solo contraviene obligaciones constitucionales, sino que afectaría la seguridad y desarrollo de las regiones. La continuidad y fortalecimiento de la estructura institucional son vitales para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de paz y derechos humanos.

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Durante una conversación con el periodista Iván Gallo —que hace unas semanas también criticó al presidente—, para el Tercer Canal, De Francisco explicó que sigue creyendo en muchas de las propuestas políticas que impulsó Petro y que, a su juicio, estos cuatro años de Gobierno sí tuvieron sentido.

“A mí lo zurda no se me ha quitado. Yo sigo creyendo en un modelo de país que he visto implementado en otros lugares del mundo (…) Sigo creyendo en las proposiciones más importantes de Gustavo Petro. Creo que sí valieron la pena estos cuatro años. Entonces yo no me arrepiento de haber votado por esas ideas”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que con el paso del tiempo entendió que una cosa es respaldar unas ideas y otra muy distinta defender a una persona. “Uno termina defendiendo a personas y sobre las personas no tiene uno ningún criterio desde dónde arrancar. Uno las personas no las conoce. Yo no conozco a Gustavo Petro como persona, solo como político”, señaló.

Fue entonces cuando lanzó las críticas más fuertes contra el presidente. Según explicó, las actitudes personales del mandatario terminaron afectando la percepción que tenía de él. “También tengo que reconocer que la persona, las formas que tuvo él como persona, no ayudaron. También me avergonzaron”, dijo.

Uno de los aspectos que más cuestionó fue la relación del jefe de Estado con las mujeres, un tema sobre el que fue particularmente contundente. “Toda la relación que él tiene con lo femenino para mí ha sido… no, inaceptable, inaceptable“, expresó.

Por esa razón aseguró que decidió tomar distancia y no seguir exponiéndose públicamente para defender al mandatario. “He llegado a la conclusión de que no puedo poner mi cara, no puedo poner toda mi persona en la brasa pública por una figura, por otra persona que no conozco, que además tiene unos comportamientos que también me pregunto de dónde salen”, afirmó.

Margarita Rosa también dijo que durante el Gobierno le hizo falta un gesto que, como ciudadana, esperaba de Petro cada vez que hablaba del antiguo movimiento guerrillero M-19.

“Cada vez que Gustavo Petro enarbolaba la bandera del M-19 (…) me hacía falta que pidiera perdón cada vez, una y otra vez, por los secuestrados, por los muertos, porque sí, porque fue un movimiento alzado en armas”, manifestó.

En otro momento de la conversación, la actriz también cuestionó el manejo emocional del presidente y puso como ejemplo a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, a quien considera un modelo de liderazgo. “El ideal mío de presidente es Claudia Sheinbaum. Tú ves esa mujer… está firme, sin arrodillarse, con un gran sentido de la diplomacia y del respeto por sí misma”, aseguró.

Para Margarita Rosa de Francisco, un presidente debe actuar con moderación y autocontrol. “El gobernante sabio tiene que tener ese dominio de sus emociones“, afirmó, al señalar que Petro, en ocasiones, “se deja llevar” y termina diciendo cosas que, según ella, no debería.

Las declaraciones llaman la atención porque provienen de una de las voces que durante años defendió públicamente al hoy presidente. Aunque reiteró que mantiene intactas sus convicciones políticas y no reniega del voto que depositó por Petro en 2022, esta es una de las primeras veces que expresa de manera tan abierta sus reparos frente al comportamiento personal y el estilo de liderazgo del mandatario.

El periodista Rafael Poveda ha sido señalado públicamente por varias denuncias de presunto acoso sexual y, tras la difusión de esas acusaciones, cuestionó el procedimiento seguido por el colectivo ‘Yo te creo colega’, encargado de recopilar y publicar los testimonios. Según informes difundidos por El Diario, Poveda aclaró mediante un video en sus redes sociales el 3 de agosto de 2026 que, a su juicio, no recibió un verdadero derecho de réplica. En este mensaje, el comunicador también informó sobre la incorporación del abogado penalista Jaime Lombana a su defensa —que ya contaba con los abogados José Luis Herrera y Wendy Herrera— y recalcó que las discusiones de fondo sobre el caso deben llevarse ante la Fiscalía General de la Nación.

Poveda explicó que el lunes 27 de julio, a las 6:14 de la mañana, fue contactado por el colectivo, que le comunicó que aparecería en unos contenidos por publicar. Dijo que posteriormente habló con Mónica Rodríguez, Laura Palomino y Juanita Gómez, a quienes pidió conocer de forma concreta los señalamientos para poder responder adecuadamente. Según Poveda, aunque le aseguraron que le enviarían la transcripción de los testimonios, únicamente recibió resúmenes de dos relatos y un cuestionario de 22 preguntas, lo que consideró insuficiente para preparar una defensa completa antes de la difusión de las denuncias. También criticó que no se dieran a conocer las identidades de las denunciantes, pero el colectivo justificó esta reserva argumentando la protección de datos y la seguridad de las testigos.

Por su parte, ‘Yo te creo colega’ afirmó que sí se garantizaron oportunidades de réplica. Según su versión, Poveda fue contactado por WhatsApp y correo electrónico y entregó su número de contacto para continuar el diálogo. El colectivo aseguró que envió el resumen de los testimonios y el cuestionario el mismo 27 de julio, esperó más de 48 horas por la respuesta y, ante el silencio, decidió publicar el testimonio inicial el 30 de julio. Aclaró que dejaría abierta la puerta a futuras declaraciones del periodista y subrayó que su labor es difundir los testimonios, no definir responsabilidades penales, además de mantener reserva sobre las denunciantes.

Al final, Poveda anunció que no demorará más aclaraciones públicas, sino que las aportará a la justicia ordinaria. Insistió en evitar juicios paralelos en redes sociales y expresó su rechazo a actos de intimidación contra las mujeres denunciantes. Hasta el momento, se conocen solo pronunciamientos públicos, y la responsabilidad o inocencia de Poveda debe ser determinada por las autoridades competentes, manteniéndose la presunción de inocencia a su favor.

¿Cuál fue la defensa de Rafael Poveda ante las denuncias del colectivo 'Yo te creo colega'?

Rafael Poveda manifestó que no tuvo acceso completo a los testimonios antes de la publicación de las denuncias y consideró que no se le brindó un derecho de réplica efectivo. Sostuvo que solo recibió resúmenes muy breves y un cuestionario de preguntas, lo que, a su juicio, no le permitió presentar una defensa adecuada. Anunció la integración de nuevos abogados a su equipo y afirmó que está dispuesto a colaborar con las autoridades judiciales.

¿Qué procedimiento siguió el colectivo 'Yo te creo colega' para publicar las denuncias contra Rafael Poveda?

Según la versión divulgada por ‘Yo te creo colega’, el colectivo contactó previamente a Rafael Poveda por WhatsApp y correo electrónico, le envió resúmenes de los testimonios y un cuestionario, y esperó más de 48 horas para recibir su respuesta antes de publicar los primeros casos. El colectivo aseguró que su propósito es divulgar testimonios de forma responsable, manteniendo la reserva de las denunciantes para proteger su identidad y sin asumir el rol de juzgar responsabilidad penal.

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El recurso legal advierte sobre graves amenazas a derechos colectivos fundamentales, tales como la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad y la legalidad del gasto. No obstante, el accionante aclara en el texto que su pretensión principal “no pretende suspender el acto constitucional de posesión presidencial ni sustituir las competencias propias del Congreso de la República”, sino “evitar que el traslado excepcional de la sede del Congreso se ejecute sin soporte documental, presupuestal, jurídico, logístico y de seguridad suficiente”.

Dentro de las peticiones centrales, la medida cautelar principal exige la “suspensión provisional de los efectos y ejecución material de las decisiones, acuerdos y actuaciones del Senado y de la Cámara que aprobaron el traslado de sede”, condicionando su continuidad a que las autoridades acrediten de manera completa, pública y verificable el texto exacto del acuerdo, las proposiciones aprobadas, las actas de sesión, los estudios presupuestales comparativos entre Bogotá, Cauca y Cali, y los planes integrales de seguridad, movilidad y protección para congresistas, prensa y ciudadanía.

Ante este panorama, el debate sobre la eficacia y los tiempos de la medida ha generado reacciones encontradas en el ámbito político. Durante las discusiones emitidas en espacios informativos como Blu Radio, la panelista Sofía Araújo señaló que, aunque la demanda cumple con los requisitos legales para su admisión, en la práctica “se pacta entre las partes un acuerdo o se termina en una sentencia anticipada, es cierto que es más rápido, pero ya el Congreso habrá sesionado; no hay nada más que decir”.

En la misma línea, el panelista Aurelio Suárez indicó que las autoridades deberán justificar la inexistencia de riesgos operativos, pero advirtió que “esto que pueda salir lo veo con dificultad por el mismo trámite que tiene”, anticipando que los plazos de la justicia contenciosa difícilmente lograrán frenar la ejecución logística del evento presidencial.

Cepeda expresó enfáticamente: "Sobre el juramento de posesión de Abelardo De La Espriella, reiteramos que su ciudadanía estadounidense constituye un impedimento que solo es subsanable con su renuncia a ella, para que pueda ser reconocido como jefe de Estado plenamente legítimo". Bajo este argumento, el congresista insiste en la necesidad de que, quien asuma la Presidencia de la República, mantenga una "lealtad exclusiva e inequívoca con la nación colombiana y su soberanía".

El senador aprovechó la oportunidad para anunciar que la oposición continuará defendiendo los alcances de las transformaciones promovidas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Cepeda advirtió que responderán a cualquier medida anunciada por el nuevo Ejecutivo que, según su perspectiva, pueda afectar los derechos de la población. En sus palabras: "Escuche bien, señor Abelardo: soberanía nacional, legitimidad política de los poderes públicos y derechos sociales, no se tocan".

Iván Cepeda también se refirió a la importancia de proteger la soberanía nacional. Rechazó la posibilidad de que Colombia se someta a intereses de potencias extranjeras y criticó el lenguaje empleado por el presidente electo en sus intervenciones públicas. El senador se mostró en desacuerdo con la equiparación de la movilización social o la acción política con actos de terrorismo y afirmó el compromiso de su colectividad de actuar siempre dentro de los principios democráticos y caminos pacíficos.

De ese modo, el debate sobre la legitimidad del presidente electo pone en el centro las discusiones sobre nacionalidad, soberanía y principios democráticos, aspectos reiteradamente expuestos por Cepeda y recogidos en diferentes ocasiones ante la opinión pública.

¿Por qué Iván Cepeda cuestiona la legitimidad de Abelardo De La Espriella como presidente electo?

Iván Cepeda sostiene que la ciudadanía estadounidense de Abelardo De La Espriella representa un impedimento para ser considerado plenamente legítimo como jefe de Estado colombiano. De acuerdo con las declaraciones del senador del Pacto Histórico, solo la renuncia a esa ciudadanía permitiría que se reconozca su legitimidad. Cepeda señala que quien llegue a la Presidencia debe mostrar una exclusiva lealtad con Colombia y su soberanía.

¿Qué posiciones defiende el Pacto Histórico ante la posesión del nuevo presidente?

El Pacto Histórico, a través de Iván Cepeda, ha reiterado su compromiso de defender los logros y las transformaciones impulsadas durante el mandato de Gustavo Petro. Además, han expresado su disposición a responder a cualquier anuncio o medida del nuevo Ejecutivo que, según consideran, pueda afectar los derechos sociales o la soberanía del país. También han enfatizado que seguirán participando mediante vías democráticas y pacíficas.

El expresidente Uribe, en respuesta a las discusiones internas, reiteró su visión sobre el rol del Estado y la economía. Uribe defendió que "el Estado debe ser austero y pequeño", equiparando su funcionamiento con el de una empresa privada y planteando que debe tener "la mayor austeridad, los menores costos y la más alta eficiencia". Explicó su idea de "Economía Fraterna", entendida como una colaboración entre empresarios y trabajadores para limitar el poder estatal, defendiendo que este modelo sería garantía de estabilidad democrática. La cita textual y la postura doctrinaria fueron recogidas por El Espectador tras un foro interno del partido.

Por su parte, María Fernanda Cabal, exsenadora y fundadora del Centro Democrático, puso en cuestión la identidad partidista y advirtió que la falta de una discusión seria sobre los principios y credenciales doctrinarias genera fracturas internas. Cabal sostuvo que "más Estado, más intervención y más pobreza; menos Estado, menos regulación y más generación de riqueza" es la fórmula para el bienestar del ciudadano. Además, pidió formalmente una escisión del partido, argumentando que ya no se siente identificada ni espiritualmente ni materialmente. Propondrá, según sus palabras citadas en la fuente, la recolección de firmas y definirá sus pasos en función de la respuesta del partido.

Esta crisis de identidad ha impactado en la base militante, como lo demostró Daniel Briceño, el congresista más votado del país, quien aseguró que negar la derecha y buscar el centro es una estrategia fallida. El surgimiento y fortalecimiento de Defensores de la Patria, bajo el liderazgo de Abelardo de la Espriella, representa ahora una competencia directa para el Centro Democrático. De la Espriella asumió la presidencia del nuevo partido el 21 de junio, preparándose para medirse en las próximas elecciones regionales, lo que podría reconfigurar el panorama político de la derecha en Colombia, según reportó El Espectador.

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¿Por qué el debate sobre si el Centro Democrático es de derecha ha provocado fracturas internas?

La discusión acerca de la orientación ideológica del Centro Democrático ha revelado profundas divisiones, pues algunos líderes, como el expresidente Uribe, defienden conceptos propios como la “Economía Fraterna”, mientras otros, como María Fernanda Cabal, insisten en la importancia de reafirmar doctrina de derecha para el bienestar ciudadano. Esta falta de consenso ha generado alejamiento de figuras clave y migración de militantes hacia otras alternativas políticas.

¿Qué significa la “Economía Fraterna” propuesta dentro del Centro Democrático?

La “Economía Fraterna”, según lo expresó Álvaro Uribe durante el foro citado por El Espectador, es una visión donde empresarios y trabajadores colaboran como principales actores privados que deben equilibrar el poder del Estado. Esta propuesta se distancia de debates tradicionales entre socialdemocracia y neoliberalismo, planteando un modelo que busca garantizar estabilidad democrática mediante la eficiencia y austeridad estatal.

En diálogo con Caracol Radio, Uribe aclaró que la relación con el presidente electo está en buenos términos, pero recalcó que su traslado requiere medidas de seguridad adicionales que harían muy difícil su presencia.

Cabe recordar que además del esquema de De la Espriella, se espera un enorme refuerzo policial en el evento en Cali ante la presencia del rey de España, los mandatarios internacionales y hasta el presidente de la Fifa.

Uribe dio más detalles y señaló que estará en Pereira reunido con miembros de su partido político en este fin de semana que viene y en el que se llevará a cabo la posesión en la capital vallecaucana.

Dan detalles de posesión de De la Espriella en Cali

Carlos Suárez, uno de los principales estrategas y colaboradores del presidente electo Abelardo de la Espriella, aseguró que todo está listo para una posesión presidencial inédita que se realizará el 7 de agosto en Cali, en lugar de Bogotá.

Destacó que la ciudad vive un ambiente de celebración, con alta ocupación hotelera, llegada de delegaciones internacionales y un importante impacto económico para la región.

Según Suárez, la decisión de realizar la ceremonia en Cali simboliza el compromiso del nuevo gobierno con la descentralización y el fortalecimiento de las regiones.

Explicó que la administración buscará dar protagonismo al suroccidente del país mediante inversiones, programas sociales y una estrategia para recuperar la seguridad, además de impulsar un modelo de gobierno con mayor presencia territorial.

Frente a los sectores de oposición que han anunciado actos paralelos y cuestionan el resultado electoral, Suárez defendió la legitimidad del triunfo de De la Espriella y afirmó que desconocer la decisión de las urnas representa una actitud antidemocrática.

Señaló que el nuevo gobierno acepta una oposición democrática, pero rechazó cualquier llamado que, a su juicio, pretenda desconocer la institucionalidad o promover escenarios de desobediencia civil para poner en duda la elección presidencial.

El recurso legal presentado ante la jurisdicción contenciosa administrativa advierte sobre una serie de amenazas a diversos derechos colectivos fundamentales, entre los que se destacan la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, la prevención de riesgos previsibles, la publicidad de la función pública, la legalidad del gasto y las garantías mínimas de participación y control ciudadano. No obstante, la acción judicial aclara de manera explícita que su pretensión principal no busca suspender el acto constitucional de la juramentación presidencial ni sustituir las competencias propias del poder legislativo, sino evitar que la mudanza excepcional de la sede del Congreso se ejecute en un vacío de respaldo documental, presupuestal, jurídico y logístico.

Dentro de los argumentos expuestos en el documento judicial, la medida cautelar principal solicitada por el accionante exige la suspensión provisional de los efectos y de la ejecución material de las decisiones adoptadas por el Senado y la Cámara que aprobaron llevar a cabo la sesión de investidura en territorio vallecaucano. Para levantar dicha suspensión, el tribunal exige que las autoridades accionadas acrediten de manera completa, pública y verificable una serie de requisitos indispensables que incluyen el texto exacto del acuerdo entre las corporaciones, las proposiciones aprobadas, las constancias de radicación, las órdenes del día definitivas, las actas de sesión y las certificaciones detalladas del quórum deliberatorio y decisorio, además de la votación nominal completa.

Asimismo, el pliego de peticiones jurídicas demanda la entrega inmediata de los conceptos técnicos sobre la competencia y el alcance del traslado, los estudios presupuestales comparativos entre la ciudad de Bogotá, el departamento del Cauca y la ciudad de Cali, el desglose de las fuentes presupuestales, certificados de disponibilidad presupuestal, registros presupuestales y cualquier contrato o adición financiera derivada del evento. En la misma línea, se exige la presentación de estudios rigurosos de seguridad, movilidad, planes de evacuación, gestión del riesgo y un esquema de protección integral para los congresistas, la comunidad universitaria, los manifestantes, la prensa y la ciudadanía en general.

Ante la gravedad de los requerimientos y la inminencia de la fecha fijada para la transmisión de mando, el despacho judicial ha procedido a oficiar de manera urgente a las autoridades competentes para que aporten los elementos de juicio necesarios en un plazo perentorio de veinticuatro horas tras la notificación, condicionando la continuidad logística del evento a la total transparencia documental y fiscal exigida por la normatividad vigente.

Defensores de la Patria, cuya oficialización fue aprobada en sala plena del CNE (con una votación de seis a uno), sumó 26 afiliados fundadores. Entre ellos figuran el presidente electo, el vicepresidente José Manuel Restrepo y miembros clave que asumirán puestos importantes en el gobierno, como secretarios, ministros y figuras estratégicas que contribuyeron en la campaña. Salvación Nacional, el único partido que coavaló la candidatura ganadora, cuenta en la actualidad con cinco curules en el Congreso de la República y se describe como el representante de la “derecha derecha”. Además, el Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe, reafirma su postura de “centro” y será un protagonista clave en próximas elecciones regionales.

Aunque el CNE otorgó la personería jurídica a Defensores de la Patria, persisten controversias respecto a la legalidad de este reconocimiento. El artículo 108 de la Constitución establece que un movimiento solo puede convertirse en partido si, previamente, logra una votación mínima del tres por ciento en elecciones legislativas. Defensores de la Patria no cumple esta condición formal, pero, según la resolución respaldada por seis magistrados y sustentada por el magistrado Alfonso Campo, la jurisprudencia ha contemplado excepciones, como ocurrió con Colombia Humana en 2021, considerando un “respaldo popular de entidad equivalente” derivado de una elevada votación presidencial.

La magistrada Alba Lucía Velásquez, en su salvamento de voto, señaló que esta interpretación podría exceder las competencias del CNE y desnaturalizar el precedente de la Corte Constitucional. Pese a ello, la decisión está firme y ya impacta la dinámica de la derecha: ahora, además del Centro Democrático, habrá dos partidos poderosos compitiendo en ese sector, lo que podría fragmentar más el voto en futuras elecciones regionales y redefinir alianzas políticas en el Congreso y las regiones.

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¿Por qué el CNE otorgó la personería jurídica al partido Defensores de la Patria?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) justificó la personería jurídica para Defensores de la Patria argumentando que la alta votación presidencial de Abelardo de la Espriella representa un respaldo ciudadano suficiente, equiparable al umbral legislativo que exige la Constitución. Esta postura se apoya en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que anteriormente permitió a otros movimientos acceder a este estatus, como sucedió con Colombia Humana en 2021.

¿Qué consecuencias tiene la creación de Defensores de la Patria para la derecha colombiana?

La entrada formal de Defensores de la Patria como partido político genera una recomposición en el campo de la derecha en Colombia, sumando competencia al Centro Democrático y a Salvación Nacional. Esta situación podría profundizar la fragmentación electoral en ese espectro, especialmente de cara a las próximas elecciones regionales, donde estos grupos medirán fuerzas y buscarán consolidar su respaldo.

El procedimiento se realizó hacia el mediodía en Altamira, un sector ubicado en el kilómetro 64 de la vía Neiva-Castilla, dentro del municipio de Natagaima. De acuerdo con los datos oficiales, miembros de la Seccional de Tránsito y Transporte ejecutaban un patrullaje y control de rutina cuando observaron un vehículo de gama media estacionado a un lado de la carretera, lo que suscitó sospechas sobre su presencia inusual en ese lugar. Al abordar a la persona que conducía el automóvil y registrar el interior, los uniformados encontraron 33 paquetes camuflados entre el baúl y las sillas traseras del vehículo.

En estos paquetes, los agentes hallaron los 170 kilogramos de marihuana, equivalentes aproximadamente a 170.000 dosis listas para distribución. El valor estimado de la carga en el mercado ilegal ronda los 100 millones de pesos, según la Policía del Tolima, que lideró el operativo.

La modalidad empleada para el transporte de la droga es conocida como "kamikaze": una estrategia utilizada por bandas de narcotráfico para mover estupefacientes a través de corredores viales nacionales, minimizando riesgos mediante el uso de vehículos particulares aparentemente normales. De acuerdo con la investigación preliminar, la marihuana había salido del municipio de La Plata, en el departamento del Huila, y tenía como destino final la ciudad de Bogotá, donde sería repartida en distintos sectores de la capital.

Al verificar los antecedentes judiciales del individuo detenido, se determinó que registra anotaciones previas por lesiones culposas e inasistencia alimentaria. Tras el operativo, tanto la persona capturada como el vehículo y la sustancia decomisada fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local 67 de Natagaima. Al cierre de la información disponible, el capturado era presentado ante un juez de control de garantías en audiencia virtual, donde se determinaría su situación legal.

El comandante del Departamento de Policía Tolima, coronel John Anderson Vargas Izao, destacó que este resultado impidió que 170.000 dosis de marihuana llegaran a las calles y recalcó el impacto negativo provocado a las finanzas de las estructuras criminales involucradas en el tráfico de estupefacientes.

¿Por qué la modalidad "kamikaze" es usada por las bandas de narcotráfico para transportar marihuana?

La modalidad "kamikaze" consiste en utilizar vehículos particulares para mover drogas de una región a otra, con la intención de pasar desapercibidos en los controles de carretera. Según la Policía del Tolima, esta táctica ayuda a las organizaciones ilegales a evitar la detección, permitiendo que la droga recorra distancias largas hasta su destino final.

¿Qué delitos previos tenía el capturado durante el operativo en Natagaima?

De acuerdo con las autoridades, el individuo capturado en el sector de Altamira registraba antecedentes judiciales por lesiones culposas e inasistencia alimentaria. Esta información fue confirmada tras la verificación de sus antecedentes durante el procedimiento policial.

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De acuerdo con El Diario, la conformación de este bloque marca el inicio de una gestión conjunta, en la que los legisladores articularán esfuerzos no solo entre ellos, sino con los gobiernos locales, el sector privado y la Sociedad de Mejoras de Pereira, organización que asumirá la Secretaría Técnica. El enfoque principal es fortalecer la interlocución con el Gobierno Nacional para que las iniciativas estratégicas tengan mayor visibilidad y posibilidad de ejecución durante los próximos cuatro años.

En la instalación participaron los senadores María Eugenia Londoño, Luis Carlos Rúa y María Irma Noreña, junto a los representantes a la Cámara Fernando Arias, Franyela Bermúdez, José Fredy Arias y Durguez Espinosa. Al evento también asistieron el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, delegados de la Gobernación, alcaldes municipales y voceros de diferentes gremios y sectores de la sociedad civil.

Como punto central de la reunión, los congresistas acordaron diseñar dos rutas de trabajo: una dirigida a gestionar directamente ante la Presidencia de la República aquellos proyectos que, por su relevancia, impactan el desarrollo de Risaralda; y una segunda línea orientada a iniciativas que serán tramitadas ante ministerios y entidades nacionales. La agenda proyectada, valorada en cerca de ocho billones de pesos, agrupa propuestas en conectividad, logística, competitividad, salud, suministro de agua y desarrollo social. Los asistentes destacaron que incorporar estas prioridades en el Plan Nacional de Desarrollo será clave para garantizar la inversión gubernamental requerida.

Un aspecto relevante ha sido el compromiso de los congresistas, de diversas tendencias políticas, por anteponer los intereses del departamento y trabajar de forma conjunta, superando las diferencias ideológicas. Asimismo, el bloque planteó iniciar una estrategia unificada con los legisladores de Caldas y Quindío, buscando consolidar una postura común en proyectos regionales relacionados con movilidad, infraestructura y competitividad. En esta labor, la Sociedad de Mejoras de Pereira gestionará el acercamiento con los departamentos vecinos, promoviendo la creación de una agenda conjunta que impulse el desarrollo del Eje Cafetero.

Ana María Cuartas, directora ejecutiva de la Sociedad de Mejoras de Pereira, expresó que la clave será convertir este acuerdo en una agenda técnica y estratégica para que Risaralda y la región logren fortalecer su capacidad de gestión y crear oportunidades de desarrollo integral.

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¿Cuáles son los proyectos prioritarios que busca impulsar el Bloque de Congresistas de Risaralda?

De acuerdo con la información de El Diario, los congresistas han definido una agenda valorada en cerca de ocho billones de pesos que abarca iniciativas fundamentales en temas de conectividad, infraestructura logística, competitividad, salud, seguridad hídrica y desarrollo social. El principal objetivo es asegurar que estos proyectos sean integrados en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, lo que facilitaría su gestión y financiamiento durante los siguientes años.

¿Qué papel cumple la Sociedad de Mejoras de Pereira como Secretaría Técnica del bloque?

Según lo expuesto en el mismo medio, la Sociedad de Mejoras de Pereira ejercerá la Secretaría Técnica, coordinando la articulación entre los congresistas y los diferentes sectores involucrados. Su función principal será acompañar la consolidación de la agenda, priorizar los proyectos estratégicos, y gestionar contactos con otros departamentos para crear una estrategia regional que favorezca la competitividad del Eje Cafetero.

De acuerdo con el listado inicial divulgado tras el aval del tribunal electoral, la estructura directiva y fundacional del partido estará conformada por fichas clave del entorno presidencial y de la campaña: 

• Abelardo De La Espriella: Presidente electo y líder del movimiento.
• José Manuel Restrepo: Vicepresidente de la colectividad.
• Carlos Suárez y Joaquín Gutiérrez: Estrategas principales de la campaña presidencial.
• Carlos Ríos: Gerente general del movimiento.

Este núcleo inicial asumirá la tarea de estructurar y consolidar las bases del partido a nivel nacional, preparando el terreno de cara a las próximas citas electorales.

El nacimiento de Defensores de la Patria no llega exento de controversia. Desde ya se anticipa una fuerte tormenta legal en los estrados judiciales, pues sectores de la oposición agrupados en el Pacto Histórico anunciaron que interpondrán una demanda formal ante el Consejo de Estado para tumbar la decisión adoptada por el CNE.

Sobre el impacto de esta jugada política, el periodista Néstor Morales analizó el trasfondo de la colectividad y el peso de sus figuras clave en los micrófonos:

“Defensores de la Patria va a jugar y será protagonista en las próximas elecciones, lo anuncia el poderoso Carlos Suárez, un hombre que es el estratega, el más cercano y el más poderoso después de Abelardo de la Espriella en Colombia. No muy conocido, pero un gran poder detrás del trono hoy en nuestro país”, señaló Morales.

Con la personería jurídica ya en firme y la oposición preparando sus fichas en el terreno legal, el nuevo partido se alista para convertirse en uno de los ejes centrales del tablero político del país durante los próximos años.

El propio mandatario dejó entrever cuáles son sus intenciones a través de sus redes sociales, revelando un destino que se sale por completo de la agenda diplomática tradicional.

“Quiero ir al sitio donde se dispersaron las cenizas de Einstein en el mar. Es en Princeton, EEUU; pediré permiso para ir y solo estaré en silencio y quizás solo para no hacer mucho gasto”, expresó el jefe de Estado.

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De materializarse, esta visita pondría fin a una serie de movimientos internacionales que marcaron el primer semestre del año, aunque para lograrlo deberá sortear un obstáculo burocrático clave.

El proceso de autorización no es menor. Debido a la inclusión de Gustavo Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), cualquier desplazamiento hacia territorio estadounidense requiere un permiso especial por parte del gobierno norteamericano.

Este intento de viaje se da semanas después de que se cayera de imprevisto una gira que el mandatario tenía prevista entre el 21 y el 23 de julio, la cual fue cancelada por la Casa de Nariño para priorizar la coyuntura de la agenda nacional en sus últimas semanas al frente del Ejecutivo. En dicha ocasión, la programación preliminar contemplaba escalas en Washington —con reuniones previstas ante la OEA— y en Nueva York, para encuentros con la ONU.

Este año, la agenda internacional del presidente colombiano ha estado marcada por momentos de alto perfil político. Entre los desplazamientos más destacados figuran su reunión en la Oficina Oval con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de febrero; su viaje a Chicago en marzo para rendir homenaje al fallecido activista por los derechos civiles Jesse Jackson; y su visita a Nueva York a mediados de junio para intervenir ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora, a solo horas de la transición de mando, resta por definir si las autoridades estadounidenses darán luz verde a este último y reflexivo periplo.

Durante su visita a la región, el funcionario fue enfático al explicar los motivos que llevaron a la entidad a tomar esta decisión. De acuerdo con Duque, la gestión de las secretarías de Salud de Pereira y Risaralda “ha sido tan cuestionable a los ojos de la Superintendencia” que se hace necesario intensificar los procesos de inspección, vigilancia y control sobre lo que está ocurriendo en estos territorios. La prioridad, según lo expresado, es detectar fallas en la administración y garantizar que los ciudadanos reciban atención efectiva y de calidad en sus servicios de salud.

El proceso de apertura de esta nueva sede de la Superintendencia Nacional de Salud se encuentra actualmente en la etapa de búsqueda del inmueble en el que funcionará la oficina. Si se cumplen los cronogramas previstos por la entidad, se estima que la sede podrá empezar a operar en aproximadamente 60 días. Este espacio no solo brindará atención presencial para que los usuarios puedan presentar de manera directa sus quejas y denuncias por la mala prestación del servicio, sino que también permitirá que se agilice la gestión y seguimiento de los casos reportados.

Sumado a lo anterior, la oficina en Pereira dispondrá de un equipo de auditores cuya función será realizar un monitoreo constante sobre la gestión de las autoridades de salud municipales y departamentales. Esta acción busca reforzar el control de la Superintendencia y su presencia en el Eje Cafetero, con el objetivo de responder de manera más eficiente a las reclamaciones de los usuarios y garantizar la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud ofrecidos en Pereira y Risaralda.

En definitiva, la iniciativa representa un paso importante para mejorar el acompañamiento institucional y dar respuesta efectiva a las preocupaciones de la ciudadanía sobre la salud, en una región donde las quejas han sido constantes según información oficial.

¿Cuándo comenzará a funcionar la nueva sede de la Superintendencia Nacional de Salud en Pereira?

De acuerdo con lo anunciado por Juan David Duque, superintendente nacional de Salud, la entidad prevé que la nueva oficina en Pereira iniciará operaciones en un plazo aproximado de 60 días, siempre que se logre encontrar oportunamente el inmueble adecuado para su funcionamiento.

¿Cuál será el papel de la nueva sede de la Superintendencia Nacional de Salud en Pereira?

La oficina de la Superintendencia Nacional de Salud en Pereira servirá como punto de atención presencial para recibir quejas de los usuarios y contará con un equipo de auditores encargado de ejercer control y seguimiento permanente a la gestión de las autoridades de salud tanto municipales como departamentales en Risaralda, según lo indicó el propio superintendente.

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La administración local defiende el proyecto argumentando que la Secretaría atraviesa actualmente serias dificultades tanto en el aspecto tecnológico como financiero. El secretario de Movilidad, Yeison Palacios, señaló que no existe ninguna plataforma para trámites virtuales ni pasarela de pagos, lo que obliga diariamente a cientos de personas a desplazarse hasta la entidad. Además, buena parte del archivo se encuentra en formato físico y carece de digitalización, lo que agrava la situación, según lo informado por el funcionario.

A este panorama se suma la falta de personal suficiente, equipos obsoletos e instalaciones inadecuadas para atender la creciente demanda. Incluso, se enfrenta un proceso sancionatorio cercano a los $600 millones de pesos por fallas en la gestión documental y organización de archivos, todo lo cual, según Palacios, imposibilita que la entidad logre una modernización integral por sí sola, con los recursos actuales.

Pero el principal punto de polémica surge por la duración establecida en el proyecto: 15 años. El gobierno local explica que este periodo responde al tiempo necesario para recuperar una inversión estimada en $12.000 millones y para garantizar la estabilidad del sistema. Sin embargo, sectores políticos y ciudadanos advierten que comprometer el servicio por más de tres gobiernos podría limitar la autonomía de futuras administraciones y dificultar ajustes si los resultados no son satisfactorios.

Frente a quienes aseguran que se trataría de una privatización, el secretario Palacios rechazó esta versión, afirmando que las funciones de autoridad seguirán en manos del municipio. La concesión, según aclaró, se restringirá a procesos tecnológicos, modernización de trámites y operación de las cámaras de fotodetección. Asimismo, negó que vaya a despedirse personal de planta, y agregó que los contratistas actuales que trabajan en estas áreas podrán mantenerse con la nueva empresa concesionaria.

Adicionalmente, la implementación de nuevas cámaras de fotodetección ha generado resistencia en algunos sectores, aunque la administración sostiene que estos dispositivos mejoran la seguridad vial. Desde la perspectiva oficial, la modernización permitiría cuadruplicar los ingresos anuales de la Secretaría, pasando de $5.000 a $19.000 millones, recursos que se destinarían a proyectos de infraestructura y fortalecimiento institucional.

El proyecto actualmente cursa su trámite en el Concejo Municipal de Dosquebradas, donde será examinado desde distintas perspectivas antes de decidir si se aprueba, tras lo cual se abriría una licitación pública para la selección del operador. Vale destacar que, según El Diario, hasta el momento, posiciones opositoras como la de la concejala Tatiana López Saldarriaga y representantes sindicales no han sido obtenidas, pese a los intentos de contacto.

¿Por qué genera polémica la concesión de la operación tecnológica de movilidad en Dosquebradas?

El proyecto genera polémica principalmente por la duración de la concesión, fijada en 15 años, y la preocupación de algunos sectores sobre una posible privatización de servicios públicos. Aunque la administración sostiene que solo se entregarán procesos tecnológicos, existe el temor de restringir la autonomía de futuras administraciones y de priorizar el recaudo sobre la prevención vial, especialmente con la expansión de cámaras de fotodetección.

¿Qué aspectos propone modernizar la Secretaría de Movilidad con la concesión de servicios tecnológicos?

La Secretaría busca digitalizar trámites, implementar pago virtual, modernizar el archivo documental, operar cámaras de fotodetección y fortalecer la infraestructura tecnológica. El objetivo es mejorar la atención al ciudadano, incrementar ingresos y cumplir con las exigencias normativas y el crecimiento urbano, según fuentes de la Administración Municipal.

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Según el reporte operativo más reciente, el municipio de Pacho pudo liquidar tres incendios forestales. Sin embargo, la situación en otros municipios aún requería atención: en Tibacuy, el control del incendio llegó al 80 % y en Nilo alcanzó el 98 %, lo cual indica que persisten riesgos bajo observación constante. En Soacha, específicamente en el sector El Charquito, tanto el control estructural como el forestal avanzaban en un 70 %. El incendio registrado en Sibaté, sector Chusacá, presentaba un 75 % de control, mientras que el de Mosquera, en el sector Parcelas, Avenida Longitudinal, seguía activo y recibía apoyo del Cuerpo de Bomberos de Mosquera. La UAEGRD también solicitó apoyo aéreo para Tibacuy, buscando frenar la propagación del fuego.

El incremento de incendios forestales en Cundinamarca estuvo directamente relacionado con el fenómeno de El Niño en 2026. De acuerdo con la UAEGRD, los casos pasaron de 17 en junio a 130 en julio, registrando un alza superior al 660 %. Este dramático aumento obligó a mantener un monitoreo climático permanente y a coordinar respuestas entre las entidades locales y regionales. Desde la activación del Plan de Contingencia departamental, Cundinamarca ha atendido 156 emergencias en 32 municipios de 13 provincias. En junio, 17 incendios reportados en 10 municipios afectaron 23 hectáreas, pero en julio se registraron 130 eventos en 25 municipios de 12 provincias, dañando 405,05 hectáreas.

Los municipios con mayor recurrencia de emergencias fueron Soacha, Fusagasugá, Girardot, Viotá, Pacho, Agua de Dios y Puerto Salgar. Por esta razón, la Secretaría de Ambiente de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca recordaron a la ciudadanía la importancia de no provocar fogatas, no arrojar colillas de cigarrillo y reportar de inmediato cualquier señal de incendio a los organismos de emergencia, manteniendo el compromiso en la prevención y respuesta frente a la emergencia.

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¿Cómo afectan los incendios forestales en Cundinamarca durante el fenómeno de El Niño 2026?

El aumento de incendios forestales en Cundinamarca durante el fenómeno de El Niño 2026 se reflejó en el incremento de eventos, que pasó de 17 en junio a 130 en julio, afectando cerca de 405 hectáreas en ese último mes. Las autoridades locales han respondido mediante planes de contingencia, seguimiento climático y coordinación de recursos para mitigar el impacto en la cobertura vegetal y la seguridad de los habitantes.

¿Cuáles fueron los municipios más afectados por los incendios forestales en Cundinamarca en 2026?

De acuerdo con los reportes de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, los municipios de Cundinamarca con mayor recurrencia de incendios forestales en 2026 fueron Soacha, Fusagasugá, Girardot, Viotá, Pacho, Agua de Dios y Puerto Salgar, destacándose Soacha con 39 incidentes solo en el mes de julio.

(Vea también: Destapan cómo fue el macabro plan contra María Camila Potosí y este habría sido rol de capturados)

Dicha reacción ocurrió durante la presentación de las pruebas que, según el ente acusador, sustentan la investigación por el asesinato de la joven de 21 años.

De acuerdo con la Fiscalía, el episodio se produjo cuando el fiscal relataba cómo, presuntamente, fue engañada María Camila para llevarla hasta una vivienda donde habría permanecido retenida antes de su muerte.

En ese momento, algunos de los capturados comenzaron a reír y a conversar entre ellos, lo que obligó al funcionario a interrumpir su exposición para exigir respeto durante la diligencia judicial.

“No hay respeto por la víctima. Yo aprecio risas en la sala de audiencia, señor juez”, indicó el funcionario. Ante esto, el juez solicitó orden: “Por favor, mantener el orden, la compostura y el respeto por las partes”.

¿Quiénes son los capturados en caso de María Camila Potosí?

Los procesados son Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, quienes fueron imputados por distintos delitos relacionados con el caso y decidieron no aceptar los cargos formulados por la Fiscalía. Mientras avanza el proceso, permanecen privados de la libertad a la espera de que el juez resuelva la solicitud de medida de aseguramiento.

#Colombia | “No hay respeto por la víctima”, dijo el fiscal del caso de Camila Potosí, la joven caleña que fue encontrada muerta el pasado 16 de julio. Esto, luego de que los cinco capturados por su presunta responsabilidad en el crimen, se rieran durante una de las audiencias. pic.twitter.com/DhLAe1t1vy

— Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 4, 2026

La medida busca que los vehículos de tráfico mixto procedentes de Soacha cuenten con un trayecto alternativo y provisional, permitiéndoles incorporarse de manera más directa hacia la avenida NQS en sentido occidente-oriente, mientras se mantienen en curso las obras principales del puente de Venecia. Orlando Molano aseguró que "ya está funcionando esta paralela y a esta hora están pasando los carros. Esto nos va a ayudar a descongestionar el comercio en el barrio Venecia", haciendo énfasis en el beneficio inmediato para la dinámica comercial del sector.

El Distrito amplió la información sobre el proyecto al confirmar que, durante este mes de agosto, iniciará la habilitación parcial del puente de Venecia, considerado un avance clave dentro de la obra total correspondiente a la avenida 68. Según datos oficiales, esta obra se encuentra en un 97,43 % de avance, representando un progreso significativo desde el inicio de la actual administración, cuando apenas registraba un 13 %. La apertura parcial contempla la operación del ramal recto para buses TransMilenio en ambos sentidos, lo que permitirá el traslado de la circulación de estos vehículos al nuevo puente y facilitará los trabajos en el paso deprimido.

Por su parte, la estructura del puente fue sometida y aprobó satisfactoriamente las pruebas de carga estática utilizando cuatro volquetas de 35,6 toneladas cada una, con lo que se verificó su estabilidad y seguridad. En paralelo, el llamado “puente curvo” facilitará que quienes ingresan desde Soacha se dirijan directamente hacia el norte a través de la avenida 68, evitando trayectos por las calles residenciales de Venecia.

La intervención de la troncal de la avenida 68 incluye, según información del IDU, la construcción de 2,83 kilómetros de corredor, cuatro carriles en cada sentido, tres estaciones de TransMilenio, ciclorrutas, zonas verdes y nuevos pasos peatonales, con una meta clara: que el puente de Venecia esté completamente en funcionamiento antes de finalizar el año, para que mejore la conectividad entre Bogotá y Soacha

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¿Cuándo estará completamente habilitado el puente de Venecia entre Bogotá y Soacha?

Según información suministrada por el Distrito y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el objetivo es que el puente de Venecia entre en operación total antes de finalizar el año. A lo largo de agosto se realizará una apertura parcial, permitiendo el uso de ciertas rampas y mejorando el flujo de TransMilenio y vehículos mixtos entre Bogotá y Soacha.

¿En qué consistieron las pruebas de carga estática del puente de Venecia?

Las pruebas de carga estática realizadas al puente de Venecia consistieron en evaluar la resistencia y el comportamiento de la estructura bajo el peso de cuatro volquetas, cada una con una masa aproximada de 35,6 toneladas. Con estos exámenes se verificó que el puente cumple con los estándares de estabilidad y seguridad requeridos para su futura operación vehicular.

El análisis detallado de El Espectador, con apoyo de inteligencia artificial, reveló varios patrones sobre la actividad en X del mandatario saliente. A pesar de que la mayoría de sus compromisos presenciales solían llevarse a cabo después del mediodía, un 41 % de sus mensajes en X fueron publicados antes de las 12 p.m. Llama especialmente la atención que, solamente entre las ocho y las diez de la mañana, Petro lanzó 3.335 tweets. Esta estrategia de comunicación directa desplazó la tradición del comunicado oficial y las habituales ruedas de prensa, implementando en cambio un modelo en el que el presidente asumió el rol tanto de emisor como de medio, desarrollando una narrativa personal y, en palabras de Daniela Flórez, directora de la organización Linterna Verde y experta en investigación digital, un “discurso confrontacional con los medios de comunicación”.

El estilo de Petro en la Casa de Nariño estuvo marcado, entonces, por esa apuesta a eludir los filtros de la prensa tradicional para imponer su propia versión de los hechos directamente ante las audiencias digitales. En la práctica, los trinos se convirtieron en la principal herramienta para fijar posiciones, responder críticas y exponer los logros o preocupaciones de su gobierno, estableciendo así un nuevo paradigma comunicacional desde el poder ejecutivo.

¿Cómo cambió la comunicación presidencial de Gustavo Petro usando la red social X?

De acuerdo con el análisis de El Espectador, Gustavo Petro utilizó X como su principal canal de comunicación, reemplazando los comunicados y las ruedas de prensa tradicionales por publicaciones digitales constantes. Este cambio le permitió establecer contacto directo con sus seguidores, imponer su narrativa y controlar el discurso público sin intermediación de los medios.

¿Por qué se afirma que Gustavo Petro tuvo un discurso confrontacional en redes sociales?

Según Daniela Flórez, directora de Linterna Verde, la interacción de Petro en X se caracterizó por un “discurso confrontacional con los medios de comunicación”. Esto significa que muy a menudo usó la plataforma no solo para informar, sino también para cuestionar a la prensa y fijar su postura frente a los debates, evitando filtros periodísticos tradicionales.

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(Vea también: Drástica decisión de De la Espriella con dos expresidentes: los dejó viendo un chispero)

En un comunicado, el presidente electo confirmó que RTVC no estará a cargo de la producción oficial del evento y anunció que la señal será elaborada por Estudios RCN, con acceso libre para todos los medios de comunicación que deseen emitirla.

La misiva establece que el objetivo es garantizar una cobertura abierta y sin exclusividades. Según explicó, la producción técnica estará en manos de Estudios RCN, mientras que la señal institucional podrá ser utilizada por canales de televisión, emisoras, plataformas digitales y demás medios interesados en transmitir la ceremonia en directo.

“La señal será libre para todos los medios de comunicación“, manifestó el mandatario electo al confirmar el esquema previsto para el acto de posesión del próximo 7 de agosto. Con esta medida, cualquier medio podrá enlazarse a la transmisión oficial sin restricciones y ofrecer la ceremonia a sus audiencias.

“Todos los medios podrán tomarla en igualdad de condiciones para su emisión en vivo, sin restricciones ni exclusividades, garantizando así el acceso amplio y plural a uno de los acontecimientos democráticos más importantes del país”, se lee en la carta.

#ATENCIÓN | El Gobierno del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), informó que la señal oficial de la ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto estará disponible, de manera libre y gratuita, para todos los medios de… pic.twitter.com/B08Tp4EIxi

— Defensores de la Patria (@defensoresco) August 4, 2026

¿Dónde será la posesión de Abelardo De la Espriella?

La ceremonia se llevará a cabo el 7 de agosto en la Arena USC, escenario ubicado en la Universidad Santiago de Cali. El Congreso autorizó que el acto se desarrollara fuera de Bogotá, luego de que el presidente electo solicitara cambiar la sede inicialmente prevista. Con esta decisión, Cali será el escenario de la transmisión de mando presidencial, un hecho inédito en la historia reciente del país.

Todo esto ocurre en medio de una investigación adelantada por la Corte Suprema de Justicia a raíz de supuestas reuniones en las que Arizabaleta, según los documentos revelados el 1 de agosto, habría pedido puestos y prebendas a funcionarios del gobierno, en especial a cambio de tomar decisiones favorables para el presidente Gustavo Petro. Estos documentos, según El Espectador, indican que la excongresista habría mantenido encuentros con Nhora Mondragón, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Alejandro Carranza Cepeda, abogado del presidente Petro.

En uno de los informes de la Corte Suprema, se señala que, además de reunirse con un abogado vinculado a la Comisión de Investigación y Acusaciones, Arizabaleta habría solicitado a Nhora Mondragón el nombramiento de una persona en la Fiduprevisora, sosteniendo que se trataba de un acuerdo político. La funcionaria relató que la exrepresentante a la Cámara le envió la hoja de vida de la candidata por la aplicación Signal, intentando impulsar este nombramiento y afirmando que el movimiento político estaba informado. Sin embargo, Mondragón consultó con el presidente Petro, quien finalmente optó por vincular a otra persona.

Por otro lado, el ministro Ávila declaró haber recibido mensajes indirectos para concertar una reunión urgente con la excongresista, que finalmente tuvo lugar el 5 de febrero de 2026. En ella, según el documento de la Corte Suprema, Arizabaleta hizo solicitudes económicas para incidir en las decisiones de la Comisión de Investigación y Acusaciones, disfrazadas bajo el lenguaje de gestiones políticas. Cabe recordar que Gloria Elena Arizabaleta fue denunciada tras ordenar la suspensión del presidente Gustavo Petro el 10 de junio, medida que, según el abogado Alejandro Carranza, resultaba “inexplicable” para la presidenta de esa Comisión y equivalía a un “golpe de Estado”.

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¿Por qué está siendo investigada Gloria Elena Arizabaleta por la Corte Suprema de Justicia?

La excongresista Gloria Elena Arizabaleta está siendo investigada por la Corte Suprema de Justicia debido a documentos que señalan su presunta participación en reuniones en las que habría solicitado puestos y beneficios a funcionarios del Gobierno, supuestamente a cambio de tomar decisiones favorables para el presidente Gustavo Petro dentro de la Comisión de Investigación y Acusaciones, según lo documentado por El Espectador.

¿Qué es el Dapre y cuál fue su vínculo en el caso de Gloria Arizabaleta?

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) es la oficina encargada de asistir al presidente de Colombia en asuntos administrativos. En este caso, la directora de Dapre, Nhora Mondragón, manifestó que fue contactada por Arizabaleta, quien le propuso un nombramiento en la Fiduprevisora como supuesto acuerdo político, según los registros de la Corte Suprema y El Espectador.

La atmósfera en la comuna 5 es de preocupación constante. Desde el anuncio oficial de la fecha, la posibilidad del desalojo se convirtió en el tema central entre las familias, muchas de ellas desplazadas, que llegaron por primera vez alrededor de 2010, cuando el sector era un terreno baldío y peligroso. La experiencia de Carmen Pimienta, residente desde 2011, refleja ese miedo: la incertidumbre sobre adónde ir, la falta de recursos y el temor a perder el único techo que han logrado levantar con esfuerzo.

Frente a la medida, algunas voces como la de Edilsa Julio reclaman la necesidad de un acuerdo que reconozca las circunstancias de necesidad de los ocupantes. "Queremos negociar y pagamos por cada pedazo de tierra", afirma, señalando también el impacto psicológico y de salud sobre los adultos mayores del barrio.

La ausencia de legalidad y servicios básicos también es un problema fundamental. Consuelo Blanco, quien ejerce como líder comunitaria, identifica el esfuerzo colectivo para lograr acceso informal a agua y energía, dada la imposibilidad de que la Alcaldía o la gobernación actúen en predios no regularizados por ley. Las condiciones precarias y los problemas de seguridad, apenas mitigados por la propia comunidad, coexisten con el anhelo de formalización, evidenciando que la carencia no solo es material, sino también institucional.

La decisión anunciada el 31 de julio por la Inspección Séptima Urbana de Policía de Valledupar afecta no solo a Brisas de La Popa, sino también a Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte 2, incrementando el temor de graves consecuencias sociales. La comunidad, muchas veces estigmatizada, enfatiza su deseo de regularización y la llegada efectiva de servicios, vías y seguridad, más allá de la amenaza de desalojo. El ambiente en el sector es tenso y la preocupación gira en torno a la posibilidad real de perderlo todo nuevamente, como les sucedió cuando —tras el desplazamiento— tomaron la decisión de asentarse en un espacio olvidado por las instituciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las familias de Brisas de La Popa están en riesgo de desalojo en Valledupar?

Las familias de Brisas de La Popa están en riesgo de desalojo porque ocupan, desde 2010, un predio reclamado por la familia Pimienta, cuyo litigio legal se reactivó con el auto 0163 del 28 de mayo. El proceso apunta a recuperar el terreno ocupado sin autorización y la Inspección Séptima Urbana de Policía notificó el desalojo formal para el 31 de agosto, situación que pone en jaque la estabilidad y vivienda de cientos de habitantes según documentación de El Pilón.

¿Qué implica la informalidad en servicios públicos para los asentamientos como Brisas de La Popa?

La informalidad en servicios públicos afecta gravemente a los asentamientos como Brisas de La Popa, pues obliga a los habitantes a buscar soluciones precarias para acceder a agua, energía y saneamiento. Según testimonios recogidos por El Pilón, la falta de legalización impide la intervención estatal y deja a la comunidad dependiente de autogestión, lo que resulta en servicios insuficientes e inseguros para sus residentes.

“En cuerpo ajeno no, la pido yo y quiero una respuesta”, dijo Cabal y explicó que todavía no ha presentado su renuncia, pero considera que su relación con el partido está prácticamente terminada y que las diferencias políticas han provocado divisiones dentro de la colectividad.

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Otra de las frases con las que Cabal explicó su actual posición fue: “Yo no he renunciado, pero ya espiritualmente no pertenezco, materialmente tampoco. No comparto esa confusión doctrinaria que salió a la luz en un foro que se hizo interno del partido”.

La exsenadora quiere, sin embargo, que su salida se tramite mediante el diálogo, pues manifestó que desea plantearle primero la solicitud al expresidente y recordó el peso electoral que tuvo dentro de la colectividad. “Quiero solicitarle la escisión de mi partido y quiero una respuesta, porque yo fui no solo fundadora, sino una gran electora. Mis votos, que fueron 207,000 votos en mi última legislatura 2022-2026, contribuyeron a 2 curules más”, afirmó.

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Sobre Uribe, Cabal mantiene una relación de respeto y afecto, pese a las diferencias políticas que ahora las separan. “Yo no tengo una mala relación y mucho menos voy a ser enemiga ni de él ni de mis compañeros ni del partido, pero siento que políticamente ya no tengo el espacio”, expresó.

Cabal avanza en la construcción de un movimiento político propio, proyecto que, según ella, viene desarrollando desde hace 15 años. “Yo voy a continuar, voy a registrar mi movimiento en el Consejo Nacional Electoral y procederé con todo un equipo de trabajo que tengo a nivel nacional a seleccionar los candidatos para recolección de firmas en las elecciones regionales”, afirmó.

Finalmente, Cabal contó que todavía no está definido el nombre de su nueva organización. “Tenemos 15 nombres que se han reducido a tres y el que va ganando es Democracia y Libertad”, señaló. Aun así, reiteró que antes de oficializar su salida quiere agotar el diálogo con la dirección del Centro Democrático.

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Según informó Semana, el documento radicado ante el ente investigador, Grau habría ganado la confianza de las presuntas víctimas mencionando en repetidas ocasiones su relación con la entonces primera dama y con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo el abogado Soler, esa cercanía habría sido determinante para que los empresarios accedieran a entregar recursos en efectivo, cheques, transferencias bancarias e incluso bienes de alto valor.

La denuncia sostiene que el monto total entregado asciende a 4.900 millones de pesos, cifra que incluye dinero y bienes valorizados económicamente. Entre los elementos mencionados figura una camioneta de alta gama, además de varias consignaciones que, según el denunciante, fueron entregadas directamente a Grau o a personas que actuaban como sus emisarios.

Como parte del material probatorio, el abogado aseguró que entregó a la Fiscalía un audio en el que el empresario afirma que la situación quedaría resuelta antes de que terminara el Gobierno nacional. Además, anexó documentos con el registro de las supuestas entregas efectuadas entre 2023 y 2025, con el propósito de respaldar la reclamación presentada por sus clientes.

¿Quién es Manel Grau y por qué ha sido mencionado en otras polémicas?

El empresario Manel Grau, de origen catalán, volvió al centro de la atención pública por su cercanía con Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia. Su nombre apareció recientemente en los audios atribuidos a Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación, divulgados por la revista Semana, en los que se hacen señalamientos sobre presuntos movimientos de dinero y supuestas irregularidades relacionadas con el entorno de Alcocer.

En una de esas grabaciones, Ferrer aseguró que Grau habría servido como intermediario para entregar recursos destinados, supuestamente, a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. También afirmó que el empresario acompaña a Verónica Alcocer durante su permanencia en Europa. Hasta el momento, esas afirmaciones no han sido corroboradas por las autoridades y hacen parte de denuncias que aún no cuentan con una decisión judicial.

Previo a su liberación, los animales fueron rescatados o recibidos institucionalmente en distintas zonas de Bogotá. La SDA se encargó de sus procesos de rescate, valoración médica y rehabilitación física y comportamental. Tras ser declarados aptos para su retorno al medio silvestre, fueron entregados a la CAR, entidad responsable de garantizar que los ecosistemas elegidos les brindaran condiciones ambientales favorables para su supervivencia.

La primera liberación, en Cogua, incluyó cuatro zarigüeyas andinas (Didelphis pernigra), dos cusumbos (Nasuella olivacea) y dos carriquíes verdiamarillos (Cyanocorax yncas). Posteriormente, en Tena, fueron liberadas nueve arañas y dos adicionales zarigüeyas andinas. Sobre estas jornadas, Magdala Iregui, directora técnica de Biodiversidad, destacó que reflejan la coordinación interinstitucional en la protección de fauna silvestre y la importancia de que los animales recuperados retornen a entornos adecuados tras culminar su proceso de intervención.

El papel ecológico de las zarigüeyas es relevante; contribuyen al control de insectos y pequeños vertebrados, diseminan semillas y ayudan al reciclaje de nutrientes. Sin embargo, siguen siendo víctimas de atropellamientos, ataques de animales domésticos y tráfico ilegal. Su rescate y liberación se considera una medida crucial para la preservación de la biodiversidad, reportó la SDA.

Igualmente, el proceso de readaptación de los cusumbos incluyó crianza manual desde su infancia, integración social y seguimiento de comportamientos hasta confirmar su idoneidad para la vida silvestre. En cuanto a los carriquíes verdiamarillos, la SDA determinó que estaban en condiciones óptimas—sin lesiones o enfermedades y con capacidad de vuelo funcional—para garantizar su autonomía en libertad. Por su parte, las arañas, recuperadas de localidades bogotanas como Usme, Los Mártires, Chapinero, Fontibón y Bosa, pasaron por procesos de rehabilitación en condiciones controladas antes de ser liberadas.

Las arañas, subrayó la SDA, tienen un papel decisivo como depredadores naturales de insectos y otros invertebrados, lo que ayuda al control de plagas y mantiene el equilibrio ecológico. La CAR y la SDA recalcan a la ciudadanía la importancia de respetar a los animales silvestres, no extraerlos de su entorno y nunca mantenerlos como mascotas, pues desempeñan funciones vitales en los ecosistemas.

¿Qué animales silvestres fueron liberados en Bogotá-Región y por qué es importante su retorno a la naturaleza?

Los animales liberados incluyeron zarigüeyas andinas, cusumbos, carriquíes verdiamarillos y arañas, todas recuperadas y rehabilitadas por la Secretaría Distrital de Ambiente. Su retorno es fundamental para conservar el equilibrio ecológico, ya que actúan como controladores de plagas, dispersores de semillas y depredadores clave en sus hábitats, según la información de la SDA y la CAR.

¿Cuál es la labor de la Secretaría Distrital de Ambiente y la CAR en la protección de fauna silvestre en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Ambiente se encarga de la recepción, rescate y rehabilitación de animales silvestres en Bogotá, mientras que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca toma el relevo para su liberación, asegurando que los ecosistemas escogidos sean aptos. El trabajo conjunto de ambas entidades es crucial para garantizar la supervivencia y el bienestar de la fauna nativa, de acuerdo con lo reportado oficialmente.

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El anuncio se produjo al final de un pronunciamiento en el que el comunicador respondió al video publicado por el movimiento ‘Yo te creo, colega’, que horas antes había explicado el procedimiento seguido antes de divulgar los testimonios de dos mujeres que lo señalan.

Jaime Lombana se unió a la defensa de Rafael Poveda

En el cierre de su declaración, Poveda informó que el equipo jurídico que lo representa tendrá un nuevo integrante.

“Quiero informarles que, aparte de los grandes juristas José Luis Herrera y Wendy Herrera y su ‘pool’ de abogados, se ha sumado a nuestro equipo de defensa el doctor Jaime Lombana”, manifestó.

Con esta decisión, el periodista refuerza su estrategia jurídica mientras avanza la controversia por las denuncias y las respuestas públicas entre él y el colectivo ‘Yo te creo, colega’.

Acá, esas declaraciones:

 

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Qué dijo Rafael Poveda en su nuevo pronunciamiento

Además de anunciar la llegada de Lombana, Poveda insistió en que no tuvo las garantías suficientes para ejercer su derecho de defensa antes de la publicación de los testimonios.

El periodista cuestionó la metodología utilizada por el colectivo y aseguró que las respuestas que le solicitaron no habrían influido en la decisión de publicar las denuncias.

Asimismo, reconoció que las periodistas aceptaron que una de las llamadas sostenidas con él fue “infortunada”, aunque sostuvo que el debate de fondo está relacionado con las garantías que, en su criterio, deben existir cuando una publicación puede afectar la honra y el buen nombre de una persona.

En qué va el caso de Rafael Poveda

Las denuncias contra Poveda fueron divulgadas por el movimiento ‘Yo te creo, colega’, que posteriormente publicó un video explicando la cronología de los contactos que sostuvo con el periodista antes de hacer públicos los testimonios.

En ese pronunciamiento, las periodistas señalaron que mantuvieron abiertos sus canales para recibir la versión del comunicador y reconocieron que la llamada que se hizo pública pudo haberse manejado de una mejor manera.

Por su parte, Poveda ha rechazado las acusaciones, sostiene que no contó con garantías suficientes para ejercer su defensa y ahora anunció el fortalecimiento de su equipo jurídico con la incorporación de Jaime Lombana.

El origen de las acusaciones se remonta al pasado 21 de junio, cuando después de la segunda vuelta electoral, Petro declaró que varios ciudadanos habían presentado una acción de nulidad, argumentando que la Registraduría Nacional, responsable del proceso, presuntamente redujo los controles sobre las actas electorales. No obstante, el propio documento donde se consignan estas quejas aclara que “no se afirma que se hayan alterado votos, que el resultado sea falso ni que exista fraude probado”. Además, organismos de veeduría internacional han destacado que el proceso electoral fue completamente transparente, según información reproducida en El Espectador.

En su intervención, Petro puntualizó que “nadie pudo hacerle una auditoría experta al software” usado en los comicios y denunció una “oscuridad en cómo se manejaron los escrutinios”. Argumentó que tras su elección, se hicieron cambios que transformaron “completamente la concepción de transparencia electoral”. Sin embargo, la Registraduría ha señalado repetidamente que los sistemas electorales fueron auditados en presencia de expertos de todos los partidos y movimientos participantes, garantizando así un proceso plural y abierto.

El presidente saliente también reflexionó sobre su futuro político, asegurando que al dejar la Casa de Nariño se convertirá en “el jefe de medio país que cree en [él]”, indicando que siente presiones para abandonar el país e incluso amenazas de encarcelamiento, tanto en Colombia como en el extranjero, si continúa realizando denuncias sobre el proceso electoral.

La ceremonia formal de traspaso se encuentra en entredicho, pues según versiones recopiladas por El Espectador, el equipo del presidente electo habría ordenado suspender la comunicación en los niveles más altos con el actual gobierno, e incluso la tradicional entrega de medallas podría no realizarse. Este contexto deja en evidencia que el empalme presidencial ocurre en un escenario de alta polarización y desconfianza, donde las decisiones simbólicas quedan en manos de la administración entrante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué denuncias presentó Gustavo Petro sobre las elecciones y cómo respondió la Registraduría?

Gustavo Petro denunció supuestas irregularidades en el manejo de actas y el software electoral durante las elecciones que ganó Abelardo de la Espriella, aunque no aportó pruebas concretas. La Registraduría respondió que el proceso contó con auditoría de expertos acreditados y fue reconocido por su transparencia, según veedurías nacionales e internacionales.

¿Por qué hay tensión en el proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella?

La tensión surge porque el mandatario electo ordenó suspender la comunicación con el gobierno saliente y no se ha confirmado la realización de la ceremonia tradicional de traspaso de mando, lo que refleja la polarización y desconfianza en la transición presidencial, según reportó El Espectador.

(Vea también: “Ella fue voluntariamente a su apartamento”: Néstor Morales habla del caso de Rafael Poveda)

En un nuevo video, Poveda aseguró que la explicación del colectivo no refleja lo ocurrido y sostuvo que no contó con las garantías suficientes para ejercer su derecho de defensa antes de la publicación de los señalamientos.

Qué dijo Rafael Poveda sobre la respuesta de ‘Yo te creo, colega’

Poveda afirmó que el primer contacto con el colectivo se produjo el lunes 27 de julio, cuando recibió un mensaje en el que le informaban que en las siguientes horas publicarían contenidos en los que era mencionado.

Según relató, después de solicitar que lo escucharan directamente, sostuvo una llamada con las tres periodistas, conversación que posteriormente hizo pública.

El comunicador aseguró que durante ese diálogo pidió conocer con precisión los hechos sobre los cuales debía pronunciarse y afirmó que le indicaron que recibiría las transcripciones literales de los testimonios.

Sin embargo, sostuvo que posteriormente solo recibió un documento con resúmenes de las denuncias y un cuestionario de 22 preguntas.

Estas son algunas de las que menciona:

• ¿Entregó regalos personales a colaboradores o colaboradoras?
• En caso afirmativo, indique en qué circunstancias y con qué finalidad.
• ¿Era una práctica habitual despedirse de colaboradores o colaboradoras mediante besos en la mejilla, abrazos u otras manifestaciones de cercanía física?
• ¿Acostumbraba a manifestar a colaboradores o colaboradoras frases de contenido afectivo, romántico o sexual, o realizar comentarios sobre las relaciones sentimentales o sexuales?
• En caso afirmativo, explique el contenido.

“No estaban buscando la verdad. Más bien querían justificar mi linchamiento en las redes sociales”, afirmó Poveda en su pronunciamiento.

Asimismo, cuestionó que las publicaciones ya tuvieran una fecha definida antes de recibir sus respuestas y aseguró que, a su juicio, eso impedía que sus explicaciones influyeran en la decisión editorial del colectivo.

Acá, la declaración completa del periodista:

 

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Rafael Poveda reaccionó al reconocimiento de las periodistas de ‘Yo te creo colega’

Durante su declaración, el periodista también se refirió al video en el que las integrantes de ‘Yo te creo, colega’ reconocieron que la llamada telefónica con él “fue infortunada” y que pudo haberse manejado de otra manera.

Poveda dijo valorar ese reconocimiento, aunque consideró que el debate va más allá de ese episodio.

“Valoro ese reconocimiento. Sin embargo, considero que lo sucedido merece una reflexión más profunda sobre las garantías que se deben ofrecer cuando una publicación puede afectar gravemente la honra, el buen nombre y la trayectoria profesional de una persona”, manifestó.

Horas antes, las periodistas Mónica Rodríguez, Laura Palomino y Juanita Gómez publicaron un video en el que reconstruyeron la cronología de los contactos con Poveda antes de hacer públicas las denuncias.

En ese pronunciamiento aseguraron que le enviaron mensajes, un correo electrónico y un cuestionario con más de 20 preguntas antes de la publicación de los testimonios. También reconocieron que la llamada sostenida con el periodista “fue infortunada” y afirmaron que pudieron manejar esa conversación de una mejor manera.

(Vea también: Cierre de Minigualdad provoca tormenta para Gobierno Petro; destapan reclamos de trabajadores)

El representante a la Cámara Daniel Briceño denunció que el convenio compromete la vinculación de 1.270 personas mediante una empresa de servicios temporales, pese al cierre de la cartera impulsado por el Gobierno.

De acuerdo con los documentos divulgados por el congresista, el contrato fue suscrito entre el Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial y la empresa Laborando S.A.S.

“El costo del contrato es de $30.275.999.986 y se entregará un anticipo de $9.082.799.996. Se van a llevar hasta los inodoros”, escribió Briceño en su cuenta de X.

Además aseguró que el objeto consiste en suministrar el talento humano necesario para apoyar la operación del programa Jóvenes en Paz, una de las iniciativas lideradas por el Ministerio de la Igualdad.

Según el contrato, el personal estaría distribuido en cuatro componentes: una Unidad de Gestión con 75 integrantes, un Equipo Territorial con 1.016 personas, un Equipo Gerencial de Apoyo con 15 funcionarios y un Equipo de Atención Integral a Jóvenes en Contextos Críticos y de Emergencia Social con 164 trabajadores. El plazo de ejecución fue fijado entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2026.

El Ministerio de la Igualdad que ya está en liquidación esta semana dejó amarradas 1.270 personas a través de una empresa de servicios temporales.

El costo del contrato es de $30.275.999.986 y se entregará un anticipo de $9.082.799.996.

Se van a llevar hasta los inodoros. pic.twitter.com/qxPkbykCAl

— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) August 2, 2026

Procuraduría abrió indagación por el contrato del Ministerio de la Igualdad

La denuncia también llegó a conocimiento de la Procuraduría, que decidió abrir una indagación preliminar para verificar las circunstancias en las que se celebró el contrato y determinar si existieron posibles faltas disciplinarias o afectaciones a los recursos públicos. El organismo revisará la documentación y las actuaciones adelantadas durante el proceso de contratación.

El caso cobró relevancia porque el Ministerio de la Igualdad atraviesa un proceso de liquidación luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que dio origen a la entidad y el Gobierno expidiera el decreto que ordenó su cierre.

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“Sabemos de la existencia de decenas de toneladas de explosivos en Cali. Los grupos del narcotráfico quieren actuar de manera terrorista para dar la excusa de la conmoción interior”, expresó el mandatario en un extenso mensaje publicado en X, sin dar detalles.

La conmoción interior es una figura prevista en la Constitución colombiana que permite al Gobierno dictar decretos para conjurar una perturbación grave del orden público por un máximo de 90 días.

La seguridad de la investidura de De la Espriella está a cargo de más de 11.000 miembros de las Fuerzas Militares y de Policía para prevenir cualquier incidente violento en Cali, situada en una región muy golpeada por el conflicto armado, principalmente por las disidencias de las antiguas Farc.

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Petro, que no reconoce el triunfo electoral de De la Espriella pero le entregará el poder el 7 de agosto, también se refirió a las concentraciones convocadas por la oposición en Cali, Barranquilla y Bogotá con motivo de la investidura.

“El 7 de agosto, dadas las informaciones que disponemos, deben ser de mucha paz las concentraciones del pueblo en Cali, Barranquilla y Bogotá”, escribió el mandatario, quien ejercerá una dura oposición a De la Espriella después de dejar el cargo y tomar unas vacaciones.

A medida que se acerca la posesión presidencial, Petro ha incrementado el tono combativo de sus publicaciones en redes sociales y ha criticado los anuncios del presidente electo, de quien asegura temer que derogue “por decreto las leyes de las reformas sociales por sorpresa”.

En otro mensaje publicado este lunes, el mandatario pidió crear “guardias libertadoras”, que definió como “formas de milicia popular” que deben actuar “en coordinación con el Ejército Nacional allí donde el Ejército decida cumplir con la orden constitucional de defender al pueblo”.

Además, afirmó que estas organizaciones “solo obedecen órdenes de su comunidad en asamblea”, que decidirá “si deben armarse o no, de acuerdo a la magnitud de la agresión”.

El acto de posesión, en el que De La Espriella prestará juramento como presidente de la República, que se celebrará el próximo 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y no en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, no asistirá ningún miembro del partido de Petro, el Pacto Histórico.

Están confirmadas en cambio la asistencia del rey Felipe VI de España, de los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.

Igualmente estarán en Cali los vicepresidentes de El Salvador, Félix Ulloa, y de Guatemala Karin Herrera, así como el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, y los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, y de Israel, Gideon Sa’ar, entre otros.

La elaboración de Educar para sanar tomó impulso luego del fallo judicial que obligó al Hospital Eduardo Arredondo Daza a ofrecer disculpas públicas, tras comprobarse el trato discriminatorio hacia Yuliana Sanabria. Este caso marcó un precedente en el Cesar sobre la necesidad de asegurar una atención basada en la dignidad, el respeto a la identidad de género y el acceso efectivo a la justicia para las personas trans, conforme a lo que manifestaron las organizaciones impulsoras. La experiencia de vida de Yuliana se convirtió, así, en un ejemplo para identificar y afrontar los obstáculos y vulneraciones que siguen enfrentando miembros de la población LGBTIQ+ en el sistema de salud.

Durante la presentación oficial, las voceras de Prisma en Movimiento señalaron que la cartilla es el resultado de un trabajo comunitario y técnico, sumando procesos de formación en derechos humanos, salud y enfoque diferencial. Un elemento central del documento es el reconocimiento de las barreras institucionales persistentes y la necesidad de un acompañamiento informado tanto para ciudadanos como para quienes trabajan en entidades de salud y gestión pública.

El contenido de la guía destaca orientaciones prácticas sobre cómo interponer derechos de petición, tutelas y denuncias. Propone a las personas afectadas rutas básicas para acceder a mecanismos institucionales cuando se presenten situaciones que vulneren sus derechos. Al mismo tiempo, se busca que el material sirva como herramienta pedagógica que ayude a personal de salud, entidades locales y organizaciones sociales a comprender la importancia del trato digno y la atención libre de prejuicios y discriminación.

Un valor agregado es que la cartilla convierte un caso concreto de vulneración en material de formación comunitaria, permitiendo que otras personas puedan identificar signos de violencia institucional y actuar con información clara y respaldo jurídico. El objetivo, de acuerdo con los promotores, es que esta guía trascienda el papel y contribuya de manera real a fortalecer la capacitación para defender derechos y prevenir nuevas acciones discriminatorias.

Este proyecto se consolidó a través de un convenio entre organizaciones sociales LGBTIQ+, el Ministerio de la Igualdad y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para el año 2026.

¿Cómo ayuda la cartilla ‘Educar para sanar’ a las personas LGBTIQ+ en el sistema de salud?

La cartilla proporciona información sobre derechos, rutas jurídicas y protocolos de acción frente a la discriminación. Al incluir orientaciones sobre derechos de petición, tutela y denuncia, así como pautas claras para distintos casos, permite a las personas LGBTIQ+ y a funcionarios reconocer, prevenir y responder ante vulneraciones en el sistema de salud.

¿Qué herramientas jurídicas contiene la cartilla ‘Educar para sanar’ para exigir derechos?

La cartilla detalla el uso de derechos de petición, tutelas y denuncias, ofreciendo instrucciones sencillas para acceder a estas figuras jurídicas. De este modo, brinda a las ciudadanías y a los funcionarios orientaciones directas sobre cómo acudir a las instituciones cuando hay afectación de derechos, favoreciendo la exigibilidad y el acceso efectivo a la justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La expectativa por el uso de esta infraestructura era alta, dado que la obra fue entregada formalmente por la administración municipal hacia finales de 2024-2025. No obstante, durante meses, la estación permaneció sin recibir el uso esperado, lo que la convirtió en una obra subutilizada. Este escenario se debió a una serie de dificultades, principalmente de carácter jurídico, financiero y administrativo. De acuerdo con Petit, no estaba claro el modelo bajo el cual operaría la estación, ya que existía un debate institucional sobre la articulación entre el cuerpo de bomberos oficiales y los Bomberos Voluntarios, lo que prolongó la inactividad de la estación norte. A esto se sumó que la obra fue entregada sin equipos completos, mobiliario adecuado y otros recursos logísticos esenciales, situación que obligó a la búsqueda de recursos y convenios complementarios para lograr su funcionamiento diario.

La activación de la nueva base representa un avance relevante en la cobertura territorial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar. Según el comandante Petit, la ciudad ahora cuenta formalmente con dos bases operativas, lo que se traduce en una mejor atención y en la reducción de los tiempos de respuesta ante emergencias, especialmente en áreas que antes solo podían depender de la sede principal.

Esta expansión adquiere mayor importancia ante la inminencia del Fenómeno de El Niño previsto para 2026-2027, que usualmente trae condiciones de sequía, disminución del caudal en fuentes hídricas y aumento de material vegetal seco, propiciando la ocurrencia de incendios. Con dos bases listas, el cuerpo bomberil espera recibir mayor apoyo en equipamiento y personal especializado para afrontar los desafíos climáticos próximos.

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¿Por qué la estación de bomberos del norte de Valledupar tardó en entrar en funcionamiento?

La apertura de la estación de bomberos del norte de Valledupar se retrasó debido a problemas jurídicos, financieros y de gestión. Según declaraciones del comandante Alexei Petit y la información municipal, existían dudas sobre el modelo de operación adecuado y la integración con los Bomberos Voluntarios, además de una falta de dotación completa de equipos y recursos, lo que obligó a buscar soluciones antes de hacerla operativa.

¿Qué impacto tendrá la nueva base de bomberos de Valledupar en la atención de emergencias durante el Fenómeno de El Niño 2026-2027?

La segunda base incrementa la capacidad de respuesta en Valledupar en un contexto donde el Fenómeno de El Niño 2026-2027 representa un reto para la atención de incendios y emergencias. De acuerdo con Petit, la ampliación facilitará una intervención más rápida y eficaz, cubriendo zonas que antes tenían menor acceso y preparándose mejor ante condiciones climáticas adversas.

No obstante, el periodo presidencial no estuvo ajeno a fuertes tensiones institucionales y a una polarización política que fue creciendo en intensidad. El análisis del periodo revela que la agenda de reformas estructurales propuesta por Petro encontró constantes dificultades en su tránsito por el Congreso de la República y dentro mismo de la administración pública. Esta resistencia institucional limitó el alcance de su programa y generó un permanente clima de debate. Al confrontar el discurso con los hechos, surgen interrogantes sobre los cambios estructurales propuestos y su efectividad durante el cuatrienio.

El Gobierno estuvo marcado por decisiones de política pública que causaron polémica, poniendo en evidencia profundas controversias en la opinión pública y entre distintos actores políticos. Mientras ciertos sectores sociales defienden que se lograron avances en temas de inclusión y justicia social, otras voces sostienen que existieron retrocesos importantes en materia económica, seguridad, confianza institucional y gobernabilidad. Estas percepciones opuestas muestran el carácter disputado del legado de Petro y obligan a examinar con cuidado cada uno de los ejes principales de su administración.

De acuerdo con el análisis presentado, es necesario hacer un balance detallado de cada sector para comprender el alcance y los límites reales de este proyecto político. El reto de comparar promesas y logros permanece, entendiendo que la gestión de Petro fue escenario de factores externos, polarizaciones y resistencias internas que afectaron su ejecución. El legado de estos cuatro años, más allá del discurso, exige una evaluación que considere tanto los logros como las críticas y limitaciones señaladas en los diferentes sectores clave para el país.

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¿Cuáles fueron los principales desafíos del gobierno de Gustavo Petro durante su mandato?

El gobierno de Gustavo Petro enfrentó desafíos centrales como la resistencia institucional a sus reformas, tensiones constantes con otras ramas del poder público y una creciente polarización política. Además, decisiones de política pública dieron paso a controversias que impactaron la confianza institucional y la gobernabilidad nacional.

¿Qué logros y retrocesos se registraron en el balance sectorial del gobierno Petro?

De acuerdo con el análisis, mientras algunos sectores destacan avances en materia social e inclusión, también se reconocen retrocesos en indicadores económicos, en temas de seguridad, y en la confianza institucional del país. La evaluación completa exige revisar el balance sector por sector para identificar los alcances y limitaciones concretos de la administración Petro.

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Recientemente se conoció cómo es la tarjeta para las personas que estarán presentes en la ceremonia de cambio de poder, donde habrá congresistas, mandatarios extranjeros, líderes políticos, presidentes de organizaciones y personas del común.

La invitación la extiende el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, y es una tarjeta blanca con letra azul y en cursiva, además del sello del Escudo de Colombia en dorado. La misiva detalla que quien la reciba ha sido convocado a la posesión de De la Espriella en Cali.

(Lea también: Celebra De la Espriella antes de su posesión como presidente por esperada noticia que le dieron)

Además, deja como código de vestimenta un traje de calle oscuro. Sumado a ello, se aclara que la invitación es “personal e intransferible”.

#Política | Se conoció la invitación oficial para la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), que se realizará el próximo viernes 7 de agosto a las 3:00 p.m. en la Arena de la Universidad de Santiago de Cali. La tarjeta señala que… pic.twitter.com/xVMZNZQiZS

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 4, 2026

Además, se pide a los invitados que lleguen una hora y media antes del inicio de la posesión, a la 1:30 de la tarde de ese viernes. Finalmente, se aclara que para entrar al coliseo de la Universidad de Cali se debe mostrar la tarjeta en físico.

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La cronología, expuesta durante la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento, detalla cómo la víctima habría sido engañada para trasladarse hasta el lugar donde ocurrió el crimen y cuál habría sido el papel de los presuntos responsables.

Qué reveló la Fiscalía sobre las últimas horas de María Camila Potosí

Según la reconstrucción presentada por el ente acusador, María Camila Potosí desapareció el 16 de julio después de salir con una mujer identificada por las autoridades como una de las principales implicadas en el caso.

La investigación sostiene que la sospechosa habría transportado a la joven en motocicleta por distintos sectores de Cali hasta una vivienda ubicada entre el sector de Alto de Polvorines y el corregimiento de La Buitrera, donde, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, ocurrió el ataque.

Durante la audiencia, el fiscal explicó que la reconstrucción se basa en los elementos materiales probatorios y la información recopilada durante la investigación.

El presunto papel de los cinco capturados

La Fiscalía sostiene que cada uno de los cinco capturados habría tenido un rol dentro de los hechos que son materia de investigación.

De acuerdo con la exposición realizada en audiencia, una de las mujeres procesadas habría ganado la confianza de la víctima y facilitado su traslado, mientras que los demás implicados habrían participado en diferentes etapas del crimen.

Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la responsabilidad individual de cada procesado dentro del caso.

Qué se sabe del caso de María Camila Potosí

María Camila Potosí, de 21 años y con ocho meses de embarazo, desapareció el 16 de julio en Cali. Cuatro días después, las autoridades hallaron su cuerpo en inmediaciones del corregimiento de La Buitrera.

Posteriormente, los análisis de Medicina Legal permitieron establecer que los restos encontrados cerca del lugar correspondían a Alahia, la bebé que esperaba la joven.

El proceso judicial continúa y los cinco capturados afrontan las actuaciones correspondientes, mientras la Fiscalía avanza en el esclarecimiento del caso.

Últimas horas de María Camila Potosí

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía durante la audiencia, los hechos habrían ocurrido entre las 3:30 de la tarde y las 10:00 de la noche del 16 de julio, día en que desapareció María Camila Potosí.

El ente acusador señaló como presuntos implicados a Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitson Steven Mondragón Cuero, conocido como alias Steven; Kevin Alexis López Orozco, alias López; y Edwin García Zuluaga, alias Edwin. Además, indicó que la investigación continúa para identificar a otras personas que habrían participado en el crimen.

Según la hipótesis de la Fiscalía, Yulieth habría ganado la confianza de María Camila al hacerle creer que también estaba embarazada de una niña. Bajo ese supuesto vínculo, la convenció de acompañarla en motocicleta hasta una vivienda ubicada en el sector de Alto de Polvorines, donde, presuntamente, ya se había planeado el ataque.

La investigación sostiene que, una vez en el inmueble, la mujer habría distraído a la víctima simulando la pérdida de las llaves de la motocicleta. Ese momento habría sido aprovechado para que ingresaran otros integrantes del grupo investigado.

El ente acusador atribuye a alias Steven la presunta agresión inicial contra María Camila y labores de vigilancia dentro del inmueble, además de gestionar el vehículo en el que posteriormente habría sido transportado el cuerpo. A alias Edwin le señaló como el encargado de vigilar los alrededores para alertar sobre una eventual presencia de la Policía o de habitantes del sector.

Por su parte, la Fiscalía aseguró que alias López habría coordinado aspectos logísticos del plan criminal, entre ellos la distribución de funciones y la organización de los recursos necesarios para ejecutar el hecho.

Durante la diligencia, el fiscal sostuvo que el homicidio se habría cometido en un contexto de violencia basada en género y que la víctima fue sometida a actos de dominación y privación de la libertad antes de ser asesinada. Asimismo, indicó que, según los hallazgos de la investigación, la bebé fue extraída con vida del vientre de su madre, razón por la cual el ente acusador utilizó el término técnico “nacida viva” durante la audiencia.

La Fiscalía también aseguró que el crimen habría sido cometido a cambio de un pago cercano a los cuatro millones de pesos y que, tras los hechos, los presuntos responsables escaparon en un automóvil Suzuki Alto gris y una motocicleta, con apoyo de otra persona identificada con el alias de Juan José.

Según la investigación, después del asesinato los implicados habrían alterado la escena del crimen mediante la limpieza del inmueble y del vehículo utilizado, con el propósito de eliminar rastros que permitieran vincularlos con el caso.

El cuerpo de María Camila fue abandonado posteriormente en inmediaciones del río Meléndez, mientras que la Fiscalía sostiene que dos de los procesados habrían participado en la desaparición y ocultamiento de la bebé.

Como parte de la investigación, el ente acusador reveló que dos días antes de la desaparición, el 14 de julio, varios de los presuntos implicados se habrían reunido en el sector de Santa Elena, en la comuna 18 de Cali, para planear la ejecución del crimen.

Finalmente, el fiscal afirmó durante la audiencia que, de acuerdo con los elementos recopilados hasta el momento, los procesados habrían actuado de manera consciente y coordinada, comprendiendo la presunta ilegalidad de sus actos y sin que existieran circunstancias que afectaran su capacidad para responder penalmente.

La interinidad permite ocupar temporalmente una notaría vacante cuando no existe una lista de elegibles vigente o no es posible proveer el cargo mediante concurso. Sin embargo, abogados consultados por Blu Radio cuestionan que esta figura se esté utilizando cuando no existiría una interrupción del servicio que justifique una medida excepcional.

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Nombramiento de la Notaría 61 de Bogotá desata nuevos cuestionamientos

Uno de los casos que concentra las críticas es el de la Notaría 61 de Bogotá. De acuerdo con el medio citado, José Gregorio Beltrán Pérez fue designado para ocupar la vacante dejada por Pablo Méndez Barajas, en reemplazo de un encargo que venía ejerciendo la notaria Oriana Ospina.

La decisión se sustenta en que la lista de elegibles correspondiente al concurso de 2015 perdió vigencia en julio de 2018. No obstante, abogados conocedores de estos procesos sostienen que los notarios no son cargos de libre nombramiento del Ejecutivo y que, por regla constitucional, deben acceder mediante concurso de méritos.

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Quienes cuestionan el nombramiento advierten que la notaria que venía ejerciendo el cargo es madre cabeza de familia y tendría a su cargo un hijo con autismo, situación que podría darle una protección constitucional especial. Además, existiría una tutela relacionada con su salida.

¿Por qué tiene tanto afán el gobierno saliente de @petrogustavo de acelerar el reparto de notarías, ad portas del 7 de agosto? Hoy @Supernotariado emitió un auto para la entrega de la Notaría 61 de Bogotá y en menos de 3 horas se presentaron cerca de 10 personas de las cuales 3…

— Ricardo Ospina (@ricarospina) August 3, 2026

La controversia tomó fuerza luego de un pronunciamiento del periodista Ricardo Ospina, quien cuestionó el supuesto afán del Gobierno saliente para acelerar la entrega de notarías antes del 7 de agosto. Ospina aseguró que, tras un auto del Supernotariado para entregar la Notaría 61, cerca de 10 personas acudieron en menos de tres horas, entre ellas tres funcionarios.

También cuestionan que el Supernotariado no habría tenido en cuenta la tutela y preguntó por la eventual relación de Beltrán con la empresa Link Global S.A., asunto que deberá ser aclarado con información verificable.

El mensaje de Holguín refuerza una línea discursiva reiterada por De la Espriella, quien el pasado 17 de julio anunció su nombramiento al afirmar que enfrentaría una “batalla cultural”, expresión que ha cobrado protagonismo en el espectro político de países como Estados Unidos, Argentina y El Salvador. El término fue introducido al debate nacional por el presidente electo y amplificado con la designación de Holguín, consolidándose como uno de los pilares conceptuales del gobierno entrante.

Detrás del concepto de “batalla cultural” hay una raíz teórica en la obra del marxista italiano Antonio Gramsci. Según este pensador, el poder no depende solo de leyes y fuerza, sino también de la capacidad para influir en la percepción colectiva de la realidad, lo que él denominó “hegemonía cultural”. Esta visión argumenta que las clases dominantes intentan imponer y naturalizar su sistema de valores como única posibilidad legítima de organización social.

En ‘La batalla cultural. Reflexiones críticas para una nueva derecha’ (2022), el politólogo argentino Agustín Laje sostiene que la cultura es tanto el campo como el medio donde se libra este tipo de disputa. Para Laje, el objetivo puede ser promover o resistir cambios sociales en diferentes ámbitos, pero la batalla cultural se centra, puntualmente, en transformar o preservar valores e identidades.

En el caso del proyecto político de De la Espriella, la batalla cultural se manifiesta mediante la defensa abierta de la moral católica y la llamada “familia tradicional”. Tanto el presidente electo como Holguín han incluido en sus pronunciamientos referencias religiosas y llamados a retornar a supuestos valores rectores en la vida nacional. El eslogan “Patria Milagro”, que resume la propuesta, refuerza esa dimensión religiosa e identitaria.

Este discurso se conecta con lo expresado por figuras como Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, quienes han usado la religión como eje de sus comunicaciones y proyectos políticos. Según la columnista Laura Galindo en El Espectador, la “batalla cultural de derecha” se consolidó especialmente tras la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y se alimentó de la visión de Alain de Benoist, para quien los defensores de valores tradicionales pasaron a presentarse como los “oprimidos” que buscan recuperar su lugar en la sociedad.

Holguín se reconoce como una mujer profundamente creyente, alguien que reza el rosario a diario. Sus costumbres religiosas y el debate sobre la “batalla cultural” llaman ahora la atención porque liderará un sector tradicionalmente ligado a la crítica y el cuestionamiento de discursos oficiales, conformado por escritores, músicos, cineastas y otros artistas.

¿Qué significa el concepto de “batalla cultural” según los teóricos citados en el debate político?

De acuerdo con la obra de Antonio Gramsci, la “batalla cultural” implica una lucha por el control de las ideas y valores que predominan en una sociedad, un proceso conocido como hegemonía cultural, donde las clases dominantes buscan naturalizar sus perspectivas como universales. El politólogo argentino Agustín Laje expone que la batalla cultural no solo define el terreno de enfrentamiento, sino que también determina las herramientas con las que se libra, ya que, a través de la cultura, se busca promover o resistir transformaciones en el ámbito social.

¿Por qué la religión y la defensa de la “familia tradicional” son centrales en el discurso de Paola Holguín y Abelardo de la Espriella?

Según los discursos recogidos por El Espectador y otros medios, tanto Paola Holguín como Abelardo de la Espriella han destacado la religión católica y el concepto de “familia tradicional” como fundamentos de su propuesta política. Se trata de una apuesta por restaurar lo que consideran valores esenciales para la sociedad, enmarcando su agenda bajo el eslogan “Patria Milagro”, con un enfoque que busca marcar distancia de las posturas progresistas y alinear a Colombia con tendencias vistas en gobiernos conservadores de otros países.

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La carta surge poco después de que la Revista Semana revelara audios que, al parecer, serían de Eva Ferrer, antigua amiga cercana de Alcocer y exfuncionaria de la Presidencia. En estos contenidos, se alude a la presunta influencia de Alcocer en entidades como Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Además, se mencionan supuesto uso de “testaferros”, término legal para designar a personas que ocultan la verdadera propiedad de bienes en acciones ilícitas. Frente a dicho panorama, la primera dama considera crucial que la investigación establezca de manera objetiva las responsabilidades que correspondan y pide examinar el contexto, los posibles intereses personales o económicos y las motivaciones de quienes difunden tales revelaciones.

No es la primera ocasión en la que Alcocer acude a la Fiscalía. En junio de 2024, denunció un presunto plan de desprestigio en su contra desde el interior mismo del Gobierno, advertencia en la que pidió investigar posibles crímenes de odio y la difusión de información falsa, acciones que, según ella, ponen en riesgo garantías fundamentales y la integridad personal. En esa oportunidad, Alcocer habló de “fuego amigo” como dinámica para desviar la atención de eventuales actos de corrupción y expresó su intención de aportar pruebas para sustentar sus denuncias.

Luego de un periodo fuera del país y lejos del foco mediático, Verónica Alcocer volvió a los titulares tras ser incluida en la llamada ‘lista Clinton’ junto a Gustavo Petro y algunas figuras clave del Gobierno. En este contexto, su mensaje resalta la confianza en un proceso transparente y el deseo de que su nombre y el de su familia sean reparados a través de la justicia.

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¿Cuáles fueron los principales argumentos de Verónica Alcocer ante la Fiscalía General?

Verónica Alcocer argumentó que ninguna de las acusaciones en su contra tiene sustento ni corresponde con la realidad, y niega rotundamente haber autorizado a persona alguna a solicitar, gestionar u ofrecer compromisos en su nombre. Insistió en su disposición voluntaria a colaborar con la justicia y la importancia de que el contexto y las motivaciones detrás de las denuncias sean evaluados objetivamente, tal como lo informó El Espectador.

¿De qué trata el escándalo relacionado con los audios divulgados por la Revista Semana?

El escándalo surge a raíz de unos audios que la Revista Semana atribuye a Eva Ferrer, exconsejera presidencial y cercana a la primera dama. En los audios se mencionan supuestas intervenciones de Alcocer en nombramientos de altos cargos y el uso de ‘testaferros’ para mover dinero, lo que llevó a que la Fiscalía fuera alertada y la primera dama pidiera una investigación exhaustiva sobre las responsabilidades individuales.

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Según Restrepo, el proceso permitió confirmar preocupaciones en sectores como transporte, minas y energía, agricultura y programas sociales, además de advertir sobre riesgos fiscales que deberá afrontar la próxima administración.

Las principales alertas que expuso José Manuel Restrepo

Durante su intervención, el vicepresidente electo afirmó que uno de los hallazgos más preocupantes corresponde al sector transporte.

De acuerdo con Restrepo, la ejecución real del presupuesto en 2025 habría sido de apenas el 13 %, situación que atribuyó a problemas de planeación y ejecución. También aseguró que existen controversias jurídicas y pleitos de inversión que podrían representar pretensiones contra la Nación cercanas a los 14 billones de pesos.

En materia de minas y energía, indicó que el nuevo gobierno encontró un riesgo de liquidez por el atraso en el pago de subsidios de gas y energía.

Según explicó, las deudas ascienden a cerca de 5,6 billones de pesos, de los cuales 2,9 billones corresponderían a obligaciones con la empresa Air-e. Además, mencionó compromisos cercanos a un billón de pesos con distribuidoras de energía y otros 700.000 millones de pesos con distribuidoras de gas.

Qué dijo sobre la reforma agraria y los programas sociales

Restrepo también cuestionó los resultados de la reforma agraria impulsada durante el gobierno saliente.

Según afirmó, la meta de entregar 1,5 millones de hectáreas solo habría alcanzado un cumplimiento del 18 %. Asimismo, sostuvo que parte de los predios entregados no cuentan con suficiente seguridad jurídica, situación que, según dijo, afecta a unas 45.500 familias.

En cuanto a los programas sociales, aseguró que el Estado enfrenta un faltante cercano a los 3,2 billones de pesos para financiar el programa Adulto Mayor.

“No existen los recursos para financiar el programa Adulto Mayor por casi 3.2 billones de pesos. Pero en atención primaria encontramos el uso de contratistas que, a juicio de la Contraloría, no son competentes para atender a la primera infancia.”, expresó Restrepo.

Además, cuestionó la contratación de personal para la atención de la primera infancia.

“Esto es aberrante, porque los niños deben ser sagrados en nuestro país”, afirmó el vicepresidente electo.

Qué respondió la Contraloría tras las mesas técnicas

Durante la presentación de los resultados también intervino el vicecontralor Carlos Enrique Silgado, quien enfatizó que la participación del organismo de control tuvo un carácter técnico, preventivo, objetivo e independiente.

Silgado aseguró que la Contraloría no actúa como un actor político, sino que busca entregar información sobre el estado de los recursos públicos y advertir oportunamente los riesgos detectados.

Finalmente, Restrepo insistió en que el próximo gobierno deberá hacer un ajuste del gasto público, luego de recordar que, según las alertas expuestas por la Contraloría, el Presupuesto General de la Nación para 2027 enfrentaría un faltante cercano a los 30 billones de pesos.

El representante a la Cámara Gabriel Becerra cuestionó la determinación del organismo electoral y aseguró que en el reconocimiento de la personería jurídica se desconocieron las normas y la jurisprudencia que establecen las condiciones para que una organización política pueda obtener ese reconocimiento.

Demandaremos ante el @consejodeestado la decisión del @CNE_COLOMBIA de otorgar personería jurídica a Defensores por la Patria, por desconocer la ley y la jurisprudencia vigente sobre las reglas para el reconocimiento de personerías jurídicas.

Los precedentes de @ColombiaHumana_… https://t.co/OKU5kPizIx

— Gabriel Becerra – Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) August 3, 2026

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Según Becerra, el CNE habría utilizado como referencia los casos de Colombia Humana y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, pero, a su juicio, esos antecedentes no pueden aplicarse al caso de Defensores por la Patria. El congresista sostuvo que existen diferencias jurídicas importantes entre aquellos procesos y el que ahora genera la disputa.

“Los precedentes de Colombia Humana y la Liga de Gobernantes Anticorrupción no son aplicables a este caso. En ambos, el reconocimiento respondió a la protección del derecho de oposición, una circunstancia jurídica que no existe para Firmes por la Patria. Equiparar situaciones distintas desconoce los precedentes judiciales y vulnera la seguridad jurídica”, afirmó Becerra. 

La controversia ahora pasará a los tribunales. El Pacto Histórico buscará que el Consejo de Estado revise la decisión del CNE y determine si el organismo electoral actuó conforme a las reglas vigentes para conceder la personería jurídica.

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Según se conoció, la Presidencia elevó la solicitud para que el presidente pueda viajar a territorio norteamericano todavía ejerciendo funciones como jefe de Estado. Por el momento, no se ha confirmado si este trayecto se vaya a llevar a cabo.

#Política | Faltando cuatro días de terminar su mandato, el presidente Gustavo Petro tiene planeado un viaje a Estados Unidos.

Desde Presidencia, confirmaron que ya elevaron la solicitud para que el mandatario pueda realizar el que sería el último viaje internacional en su…

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 3, 2026

El presidente colombiano está actualmente en Cuba, país al cual ha defendido en reiteradas ocasiones, en medio de las tensiones que tiene por los bloqueos energéticos, precisamente por parte de Estados Unidos.

Además, está el antecedente de las tensiones entre Petro y Donald Trump, por lo que podría ser un riesgo tal viaje del jefe de Estado a suelo norteamericano.

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La decisión de la Presidencia ha causado disgusto, principalmente por los constantes viajes de Gustavo Petro al exterior. Desde que asumió el mandato en 2022, ha hecho 65 recorridos al exterior, a 32 países.

Según La Silla Vacía, el presidente ha estado 259 días afuera de Colombia, lo que equivale a nueve meses. En total, el Gobierno ha gastado 12.000 millones solo en las salidas del jefe de Estado.

La Sección Primera del Consejo de Estado estudió dos demandas que cuestionaban la Resolución 244 de 2023. Aunque una de las solicitudes de medida cautelar fue negada, el tribunal sí ordenó suspender provisionalmente el acto administrativo en el proceso relacionado con los límites que debía tener la gestoría de paz asignada al exjefe paramilitar.

El punto clave está en que la resolución no establecía límites temporales, geográficos ni funcionales claros para la labor de Mancuso. Según explicó el Consejo de Estado, aunque el presidente tiene amplias facultades para dirigir procesos de paz y adoptar medidas encaminadas a preservar el orden público, ese poder no puede ejercerse por fuera de la ley.

El tribunal recordó además que la búsqueda de una paz estable y duradera es un objetivo constitucional, pero que esto no significa que puedan dejarse de lado los derechos de quienes fueron víctimas de los grupos armados. En ese sentido, mencionó garantías relacionadas con la verdad, la justicia y la reparación.

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La decisión también retomó un antecedente de la Corte Suprema de Justicia de 2024, que había advertido que una gestoría de paz no puede ser “ilimitada, descontrolada o irrestricta” en sus alcances. Para el Consejo de Estado, esa consideración resulta relevante al revisar la designación de Mancuso y las condiciones bajo las cuales podía ejercer como gestor.

Así, el mensaje al Gobierno Petro va más allá del caso particular del exjefe paramilitar. El Consejo de Estado recordó que la discrecionalidad presidencial no equivale a actuar sin restricciones: las decisiones relacionadas con la paz también deben tener sustento legal y respetar los derechos de las víctimas.

Por ahora, la suspensión es provisional y no representa una decisión definitiva sobre la legalidad de la resolución. El proceso judicial deberá continuar mientras se determina de fondo si las condiciones establecidas por el Gobierno para la gestoría de paz de Mancuso se ajustaron al ordenamiento jurídico.

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La medida fue adoptada por la Sección Primera del alto tribunal, que estudia varias demandas presentadas por ciudadanos y representantes de víctimas del paramilitarismo contra la Resolución 244 del 14 de agosto de 2023.

#JUDICIAL | El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución del Gobierno que nombró a Salvatore Mancuso como gestor de pazhttps://t.co/vwS5QSGs2p

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 3, 2026

¿Por qué el Consejo de Estado suspendió el nombramiento de Mancuso?

La decisión corresponde a una medida cautelar, es decir, una determinación temporal mientras se resuelve la demanda de nulidad contra el acto administrativo.

Los demandantes sostienen que la resolución presenta posibles irregularidades jurídicas y constitucionales, especialmente por haber otorgado la figura de gestor de paz a un exjefe paramilitar condenado por graves violaciones a los derechos humanos.

También cuestionaron que el acto administrativo no definiera con precisión las funciones, el alcance ni los límites de las actividades que Mancuso podía desarrollar dentro de la política de Paz Total.

¿Qué argumentos presentaron las víctimas?

Uno de los principales reparos expuestos en la demanda tiene que ver con los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Según los accionantes, el nombramiento podría provocar un escenario de revictimización al otorgar funciones oficiales a una persona condenada por múltiples delitos, incluidos hechos relacionados con graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Además, señalaron que la resolución podría exceder las facultades previstas en la Ley de Orden Público para la designación de gestores de paz.

¿Qué cambia con esta decisión?

Con la suspensión provisional, la Resolución 244 deja de producir efectos jurídicos mientras avanza el proceso judicial.

Esto significa que la habilitación otorgada por el Gobierno para que Mancuso actuara como gestor de paz queda suspendida y las funciones oficiales asociadas a esa designación no podrán seguir ejerciéndose bajo ese acto administrativo.

Sin embargo, el Consejo de Estado no anuló de manera definitiva el nombramiento. Esa decisión solo se adoptará cuando concluya el estudio de fondo de la demanda.

Un precedente para la política de Paz Total

Aunque se trata de una medida provisional, la decisión abre un nuevo capítulo en el debate sobre los alcances de la figura del gestor de paz dentro de la política de Paz Total.

El proceso continuará en el Consejo de Estado, que deberá determinar si la resolución expedida por el Gobierno se ajustó o no al marco constitucional y legal. Mientras tanto, la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz permanecerá suspendida.

Para mitigar el impacto en la vida cotidiana de los habitantes afectados, Emcali informó que ha dispuesto el servicio de carrotanque en la zona. Según la empresa, este recurso garantiza a los residentes el abastecimiento mínimo de agua potable durante el horario de suspensión, lo que resulta fundamental para mantener las actividades básicas y la higiene en los hogares de los barrios impactados.

Adicional a las labores en el sistema de acueducto, Emcali también anunció trabajos en la red de energía, de acuerdo con la información publicada en sus comunicados oficiales. Específicamente, se realizará mantenimiento en el Circuito Alto Menga, lo cual ocasionará una interrupción del servicio eléctrico entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m. La zona afectada corresponde a la Avenida 2 AN, entre la calle 45 N y la calle 51 N, en el barrio Vipasa, perteneciente a la comuna 2 de la ciudad.

La empresa subrayó mediante sus redes sociales, citando textualmente: "Se dispondrá de carrotanque en la zona afectada para abastecimiento de agua", enfatizando así su esfuerzo para reducir las incomodidades asociadas a este tipo de intervenciones técnicas. Emcali agradeció públicamente la comprensión y colaboración de la comunidad ante estos trabajos, que resultan indispensables para garantizar la correcta operación y modernización de los servicios de acueducto y energía en los distintos barrios de Cali.

Ambas medidas fueron comunicadas oficialmente por Emcali, mediante sus canales institucionales y publicaciones en redes sociales, y hacen parte de labores periódicas de mejora de la infraestructura urbana de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Cali estarán sin agua el 4 de agosto por trabajos de Emcali?

Según la información oficial de Emcali, el corte de agua afectará a los barrios La Hacienda y Prados del Limonar de la comuna 17. La restricción irá desde la calle 13 hasta la calle 25, y entre la carrera 66 y la carrera 70, en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. el martes 4 de agosto.

¿Qué significa la reposición de válvulas en la red de acueducto y por qué es importante?

La reposición de válvulas en la red de acueducto, según Emcali, corresponde a la sustitución de piezas clave que regulan el flujo de agua en el sistema de distribución. Este procedimiento es fundamental para garantizar la confiabilidad y eficiencia del servicio, ya que ayuda a prevenir fugas, mejorar la presión y asegurar el suministro continuo a los usuarios.

El martes 4 de agosto de 2026, la reglamentación será especialmente importante para quienes posean automóviles con placas que finalizan en los números 1 y 2. En ese día, estos vehículos tienen prohibido transitar por las vías públicas de Cali durante un amplio rango horario que inicia a las 6:00 a.m. y concluye a las 7:00 p.m. Esta franja horaria se diseñó para cubrir tanto las horas pico de la mañana como las de la tarde y el mediodía, contribuyendo así a evitar congestiones en los periodos de mayor tráfico, de acuerdo con lo señalado por la fuente original.

Para quienes incumplan la normativa, la Secretaría de Movilidad de Cali establece consecuencias económicas significativas: los infractores pueden enfrentar una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), además de la posible inmovilización del vehículo. Por esta razón, resulta indispensable que tanto los conductores residentes como los visitantes se mantengan informados y atentos a las restricciones vigentes cada semana.

Por otra parte, la reglamentación contempla excepciones para vehículos híbridos, eléctricos y aquellos cuyo uso está destinado a servicios de emergencia o seguridad. Asimismo, existe la posibilidad para ciertos ciudadanos de pagar la denominada Tasa por Congestión, lo que permite circular sin estar sujetos al pico y placa. Según la Secretaría de Movilidad citada en el texto, estas medidas buscan equilibrar la necesidad de movilidad con los objetivos ambientales y de seguridad vial.

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¿Cuál es el horario del pico y placa en Cali para el martes 4 de agosto de 2026?

De acuerdo con la información oficial, el martes 4 de agosto de 2026 el pico y placa en Cali aplica para vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2, desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. El horario incluye los momentos de mayor tráfico para optimizar la movilidad en la ciudad.

¿Qué vehículos están exentos de la restricción de pico y placa en Cali?

Según la Secretaría de Movilidad de Cali, hay excepciones para vehículos híbridos, eléctricos y aquellos que prestan servicios de emergencia y seguridad. Además, los ciudadanos pueden optar por el pago de la Tasa por Congestión para circular sin restricciones.

Al terminar, la juez del caso pidió a las partes retomar la diligencia este martes 4 de agosto a las 9:00 de la mañana, hora en la que se emitirá la determinación correspondiente para el caso.

Qué dijo la defensa de Jorge Alfredo Vargas

En su intervención, el abogado Juan David Bazzani Montoya, apoderado de Vargas, solicitó a la juez del caso que se mantenga la presunción de inocencia del periodista. Además, refutó la solicitud de la Fiscalía de reservar las audiencias próximas, teniendo en cuenta que se solicitó el mantener el anonimato de las víctimas.

Así mismo, el apoderado solicitó que también se mantenga la condición de presunción para las víctimas.

Cuántas víctimas hay en el caso de Jorge Alfredo Vargas

Durante la audiencia se conoció por parte de la Fiscalía que son cuatro las presuntas víctimas vinculadas al caso. Así mismo, la entidad elevó la petición de mantener en anonimato sus identidades dentro del marco de la protección a las víctimas. Así mismo, el ente acusador pidió a la juez que el caso sea llevado con el enfoque diferencial de género

Qué pasó con Jorge Alfredo Vargas

El caso se hizo público el 20 de marzo, cuando Caracol Televisión informó que había recibido denuncias de personas que aseguraban haber sido víctimas de colaboradores del canal. En ese momento, la empresa señaló que los señalados eran dos presentadores y anunció la activación de los protocolos previstos por la ley para atender este tipo de situaciones.

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Días después comenzaron a surgir versiones que identificaban a los involucrados como Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, y posteriormente el canal confirmó, mediante un nuevo comunicado, que ambos periodistas ya no hacían parte de su nómina.

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el expediente incluye los testimonios de cuatro presuntas víctimas que trabajaban con Jorge Alfredo Vargas y cuyos casos son analizados por el ente acusador.

Como parte de las actuaciones, la Fiscalía también habilitó un canal para recibir nuevas denuncias e información relacionada con el caso, con el propósito de fortalecer el proceso investigativo y establecer si existían más personas afectadas por los hechos denunciados. Ese material hace parte de las pruebas que analiza el ente acusador dentro del expediente.

¿Qué dijo Jorge Alfredo Vargas?

En su momento, cuando se conocieron las acusaciones, Jorge Alfredo Vargas publicó un comunicado en el que se refirió al fin de su vínculo con Caracol Televisión después de dos décadas. El periodista señaló que la decisión de terminar la relación laboral fue tomada “de común acuerdo” con la empresa, teniendo en cuenta la coyuntura y la posición institucional del canal, situación que calificó como entendible.

En el documento, Vargas aseguró que afronta este momento con serenidad y manifestó que durante su trayectoria ejerció el periodismo “con rigor, independencia y respeto”. Además, afirmó que, aunque reconoce que pudo cometer errores “como cualquier ser humano”, siempre actuó con principios claros y sin intención de causar afectaciones a otras personas. Finalmente, agradeció a sus compañeros, colegas, oyentes y televidentes por la confianza recibida durante más de 20 años de carrera y expresó que continuará su camino “con la fe puesta en Dios y en la Virgen”.

Según lo anunciado, la restricción estará vigente de manera continua desde las 00:00 del jueves 6 de agosto hasta las 11:59 p.m. del sábado 8 de agosto de 2026. El espacio aéreo restringido comprende la totalidad de Santiago de Cali y los municipios de Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira, incluyendo sus sectores perimetrales y zonas de aproximación, tal como lo precisa la información oficial divulgada por la Aeronáutica Civil y replicada en redes sociales institucionales.

Durante este periodo, estará prohibida cualquier operación de drones con fines recreativos o comerciales. Esto incluye actividades tan diversas como la cobertura periodística, la producción audiovisual y publicitaria, inspecciones técnicas, monitoreo y vigilancia, topografía, fotogrametría y actividades deportivas, recreativas o de instrucción. La restricción cubre a todos los pilotos remotos y empresas autorizadas, sin distinción, incluyendo quienes operan bajo las categorías ‘Abierta’ o ‘Específica’ contempladas por la regulación nacional.

Las únicas excepciones contempladas fueron detalladas por la Aeronáutica Civil, que indicó que únicamente podrán operar drones en la zona las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y aquellas entidades encargadas de la gestión del riesgo y la atención de emergencias. Incluso en estos casos, las operaciones deben contar con autorización previa tanto de la autoridad aeronáutica como de los organismos de control territorial respectivos.

El incumplimiento de la restricción puede acarrear sanciones administrativas, operativas y legales, tal como estipula el Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC). Entre las medidas previstas se encuentran decomisos preventivos y el inicio de procesos judiciales para quienes desobedezcan la orden administrativa, de acuerdo con lo estipulado por la Aeronáutica Civil.

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¿Por qué se restringe el uso de drones en Cali durante la posesión presidencial?

La prohibición del uso de drones para actividades recreativas o comerciales en Cali y municipios vecinos se justifica, según la Aeronáutica Civil, por la necesidad de fortalecer los anillos de seguridad alrededor de la transmisión del mando presidencial. El objetivo es proteger la integridad de los asistentes y evitar interferencias en el espacio aéreo que puedan afectar el desarrollo de un evento institucional de alta relevancia.

¿Qué implica operar bajo las categorías ‘Abierta’ y ‘Específica’ según el Reglamento Aeronáutico de Colombia?

Las categorías ‘Abierta’ y ‘Específica’ hacen referencia a los niveles de riesgo y permisos para operar drones bajo la normativa colombiana. La categoría ‘Abierta’ aplica para vuelos de bajo riesgo, generalmente recreativos o comerciales sin autorización especial, mientras que la ‘Específica’ contempla operaciones de mayor complejidad, que requieren evaluación previa y condiciones adicionales. Ambas categorías están sujetas a la restricción durante la posesión presidencial.

El 7 de agosto, de acuerdo con la información, suele representar para muchos trabajadores y estudiantes la posibilidad de disfrutar de un fin de semana de tres días, ya que este año cae en viernes. Esta circunstancia fomenta el aumento en los desplazamientos por carretera, la ocupación hotelera y la actividad turística, un fenómeno recurrente en la dinámica social y económica de Colombia cuando coinciden días festivos.

La Batalla de Boyacá, celebrada cada año en esta fecha, tuvo lugar en 1819 y fue determinante para consolidar el triunfo del Ejército Libertador, según lo subraya el artículo. Se trata de un episodio que marcó el destino de Colombia, sellando su independencia y el inicio de su vida republicana. Por tal motivo, el 7 de agosto se conservó como un festivo fijo, distinto a otros que son regulados por disposiciones legales para optimizar los descansos laborales.

Adicionalmente, en 2026 el 7 de agosto contará con un elemento adicional que lo convierte en una jornada aún más especial: la ceremonia de posesión presidencial. Abelardo de la Espriella asumirá su mandato oficial como presidente de la República para el periodo 2026-2030. Es importante destacar que esta ceremonia se efectuará en la ciudad de Cali, luego de que el Congreso aprobara el cambio de sede, de acuerdo con lo señalado por 90 Minutos.

De esta manera, la coincidencia entre los actos conmemorativos de la Batalla de Boyacá y el relevo presidencial reúne acontecimientos históricos, protocolares y políticos, consolidando esta fecha como uno de los instantes más emblemáticos del año para los colombianos.

¿Por qué el 7 de agosto es un festivo fijo en Colombia y no se traslada a lunes?

El 7 de agosto se mantiene como festivo fijo en Colombia porque conmemora la Batalla de Boyacá, un acontecimiento fundamental para la independencia nacional. Esta fecha, por su carácter patriótico, no entra en los días que pueden trasladarse al lunes según la Ley Emiliani, que regula otros feriados para favorecer descansos extendidos.

¿Cuál es el significado de la Batalla de Boyacá en la historia de Colombia?

La Batalla de Boyacá, librada en 1819, representa el punto de quiebre que permitió la independencia de Colombia del dominio español. Fue la victoria definitiva del Ejército Libertador y se considera el nacimiento de la república, motivo por el cual su celebración es central en la memoria y los actos cívicos del país.

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El SGC ha mantenido un monitoreo riguroso desde la declaratoria de alerta. En el boletín diario, la entidad explicó que, aunque hubo una reducción en la cantidad de sismos y emisiones de ceniza comparado con el fin de semana, las mediciones de gases siguen fuera de los parámetros normales. Específicamente, se evidenciaron altos valores en el flujo de dióxido de azufre (SO₂) y un incremento sostenido en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo, ambos indicadores de una alteración importante en la dinámica volcánica.

El organismo resaltó que los niveles observados instrumentalmente en el volcán alcanzaron los máximos históricos superando ampliamente las líneas base del comportamiento habitual. Por esta razón, el volcán continúa bajo alerta naranja, estado que implica una variación significativa y sostenida en su actividad. El SGC aclaró que las fluctuaciones en la actividad volcánica, como reducciones temporales de emisión de ceniza, son normales y no significan un retorno inmediato a la alerta amarilla. Para considerar este cambio, es necesario un periodo de estabilidad en los parámetros monitoreados y la confirmación de tendencias de normalización.

Las autoridades recomendaron a los habitantes y visitantes de la región mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales del SGC y los organismos de socorro, con el fin de evitar la propagación de información errónea y estar atentos a cualquier cambio en la actividad volcánica. El SGC también enfatizó que la alerta naranja no implica que una erupción sea inminente; solo el cambio a alerta roja podría advertir un evento eruptivo. Por ello, el monitoreo constante sigue siendo clave para la seguridad de la población.

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¿Qué implica el estado de alerta naranja en el volcán Puracé?

El estado de alerta naranja en el volcán Puracé significa que se han presentado variaciones importantes en su dinámica, como mayores emisiones de ceniza, incremento de sismos y elevadas concentraciones de gases. Esto requiere monitoreo constante, pero no implica necesariamente que una erupción sea inminente, como explicó el Servicio Geológico Colombiano.

¿Por qué se mantienen altos los niveles de dióxido de azufre y dióxido de carbono en el volcán Puracé?

Según el Servicio Geológico Colombiano, los flujos de dióxido de azufre (SO₂) y las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) superan los promedios habituales, lo que refleja una alteración en la actividad interna del volcán. Estos indicadores son esenciales para evaluar la estabilidad y el posible cambio en el comportamiento volcánico.

La comunicación de Alcocer surge a raíz de la reciente publicación de audios atribuidos a Eva Ferrer Galcerán, exconsejera presidencial y cercana colaboradora de la primera dama durante la campaña presidencial de 2022 y los primeros meses del gobierno de Gustavo Petro. En estas grabaciones, Ferrer realiza acusaciones directas sobre presuntas entregas de dinero, existencia de redes de testaferros, manejo irregular de recursos en efectivo e influencia de Alcocer en entidades como Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Igualmente, se mencionan supuestas anomalías en contrataciones y dineros de la extinta Consejería Presidencial para la Reconciliación.

Alcocer negó cualquier implicación en los hechos y precisó que, hasta la fecha, ninguna persona se encuentra autorizada para pedir dinero, gestionar asuntos, realizar ofrecimientos o asumir compromisos en su nombre ante entidades públicas, autoridades o particulares. Subrayó que esta posición no es nueva, pues anteriormente había expresado su preocupación por el uso no autorizado de su imagen para negociaciones ajenas a su voluntad. Además, resaltó la importancia de que se aclaren los hechos a través de pruebas legales y un proceso objetivo, con el fin de proteger su reputación y la de su familia.

De acuerdo con El Diario, tras la divulgación de los audios, los congresistas Óscar Villamizar y Jonathan Pineda, del partido Centro Democrático, anunciaron que emprenderán acciones legales contra Alcocer por los delitos de tráfico de influencias y peculado como interviniente. Sin embargo, dicho anuncio no constituye una declaración de responsabilidad, ya que corresponde a la Fiscalía establecer si existen pruebas suficientes, respetando siempre la presunción de inocencia.

En medio de esta controversia, Alcocer aseguró que colaborará completamente con la Fiscalía y reiteró que no participó en ningún acto irregular, mientras el Gobierno de Gustavo Petro se encuentra en sus días finales y el ambiente político permanece agitado por nuevas denuncias y filtraciones.

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¿Cuáles son las acusaciones contra Verónica Alcocer por parte de Eva Ferrer?

Las acusaciones provienen de audios atribuidos a Eva Ferrer Galcerán, exconsejera presidencial, donde se habla de supuestas entregas de dinero durante la campaña presidencial, existencia de redes de testaferros, manejo de recursos en efectivo y presunta injerencia en entidades como Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dian, así como posibles irregularidades en contrataciones y recursos de la antigua Consejería Presidencial para la Reconciliación.

¿Verónica Alcocer ha aceptado colaborar con la Fiscalía ante los señalamientos?

Sí, según El Diario, Alcocer expresó en su carta a la fiscal general su total disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades sobre estos hechos, reiterando que las versiones difundidas carecen de sustento y que espera que se investigue objetivamente y con pruebas legales.

(Vea también: Petro, de luchador contra corruptos a presidente de uno de los gobiernos más corruptos de la historia)

Según la organización, aunque el Gobierno inició su mandato con un fuerte discurso contra la corrupción y puso en marcha algunas medidas institucionales, estas no lograron traducirse en cambios estructurales ni estuvieron acompañadas por un liderazgo sostenido durante el cuatrienio.

Las principales críticas al Gobierno Petro

El informe señala que la principal apuesta del Ejecutivo fue la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, pero considera que terminó enfocándose en acciones fragmentadas y de alcance limitado.

Entre los avances reconocidos aparecen:

• Reglamentación de los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público.
• Creación del Sistema Nacional de Integridad.
• Puesta en marcha del Grupo de Transparencia del Sector Defensa.
• Habilitación de la Línea 157 para denuncias.
• Avances en el Portal de Datos Abiertos.
• Consolidación del uso de SECOP II y la Tienda Virtual del Estado.

No obstante, Transparencia por Colombia sostiene que todavía falta medir el impacto real de estas iniciativas en la prevención y reducción de la corrupción.

Además, el documento cuestiona que varios proyectos no se consolidaran y asegura que el Gobierno careció de un liderazgo ético constante, al tiempo que recuerda que durante el cuatrienio surgieron diversos escándalos relacionados con funcionarios cercanos al presidente.

Qué dice el informe sobre transparencia y elecciones

El balance también advierte que la Política Pública de Acceso a la Información no alcanzó a ser aprobada antes del final del periodo presidencial, pese a que su formulación representaba un avance importante.

En contratación pública, la organización destaca el fortalecimiento de SECOP II, aunque advierte que siguen existiendo problemas relacionados con la migración de entidades, la calidad de la información y la interoperabilidad entre plataformas.

Respecto a la integridad electoral, el informe señala que las reformas políticas impulsadas por el Gobierno no prosperaron en el Congreso y afirma que persistieron debilidades para enfrentar riesgos como la financiación ilegal de campañas, la compra de votos y la influencia de organizaciones criminales.

Las recomendaciones para el próximo Gobierno

De cara al próximo periodo presidencial, Transparencia por Colombia planteó varias recomendaciones para fortalecer la lucha contra la corrupción.

Entre ellas figuran consolidar una estrategia nacional de largo plazo, fortalecer la protección a denunciantes, culminar la modernización de SECOP, aprobar la Política Pública de Acceso a la Información, reforzar la Política Criminal Electoral y aumentar la transparencia en la gestión de recursos destinados al medio ambiente y la implementación de la paz.

El director ejecutivo de la organización, Andrés Hernández, aseguró que la principal enseñanza del cuatrienio es que “la lucha contra la corrupción no puede depender únicamente de la voluntad política de cada gobierno”, sino que debe convertirse en una política de Estado con continuidad institucional.

(Vea también: Guía de emergencia por el volcán Puracé: las recomendaciones de la UNGRD tras la alerta naranja)

La entidad explicó que el descenso temporal en la cantidad de sismos o en las emisiones de ceniza no significa que el volcán haya recuperado un comportamiento estable. Por el contrario, varios de los parámetros más importantes siguen registrando valores muy por encima de lo habitual.

¿Qué pasó con el volcán Puracé en las últimas 24 horas?

De acuerdo con el reporte del SGC, durante el último día continuó la actividad sísmica asociada al movimiento de fluidos en el interior del volcán.

También se detectaron algunos sismos de fractura de baja energía bajo el centro eruptivo Piocollo, además de tres emisiones de ceniza que alcanzaron hasta 500 metros de altura.

La ceniza fue reportada en las veredas Cristales, Loma Linda y 20 de Julio, en el municipio de Puracé, así como en la cabecera municipal de Coconuco.

¿Por qué el volcán sigue en alerta naranja?

Aunque el número de sismos y las emisiones de ceniza disminuyeron frente a días anteriores, el Servicio Geológico Colombiano advirtió que existen otros indicadores que mantienen la preocupación.

Entre ellos están:

• El flujo de dióxido de azufre (SO₂), que continúa por encima de los niveles habituales para el volcán.
• El incremento en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo.
• La detección de una anomalía térmica en el fondo del cráter mediante información satelital.

Según el SGC, estos valores corresponden a los más altos registrados desde que se adelanta el monitoreo instrumental del volcán y representan una alteración importante de su comportamiento.

¿Cuándo podría bajar la alerta del volcán Puracé?

El Servicio Geológico Colombiano fue enfático en señalar que una disminución momentánea de la actividad no es suficiente para cambiar el nivel de alerta.

La entidad explicó que, para regresar al estado de alerta amarilla, es necesario observar durante un tiempo prudencial una tendencia sostenida de estabilidad en todos los parámetros monitoreados.

Por esa razón, un día con menos sismos o menos ceniza no significa que el riesgo haya desaparecido.

¿Qué recomendaciones hicieron las autoridades?

Mientras se mantiene la alerta naranja, el SGC reiteró que la comunidad no debe acercarse a los cráteres de Puracé, Piocollo y Curiquinga, ya que pueden presentarse emisiones repentinas de ceniza o gases que representan un riesgo para la vida.

Además, pidió seguir únicamente los boletines oficiales del Servicio Geológico Colombiano, así como las orientaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y de las autoridades locales y departamentales.

El volcán sigue bajo vigilancia permanente

Por ahora, el volcán Puracé continúa en alerta naranja, un nivel que indica cambios importantes en los parámetros monitoreados y que exige un seguimiento permanente por parte de las autoridades.

El mensaje del SGC es claro: aunque algunos indicadores hayan mostrado una reducción en las últimas horas, el volcán aún no presenta las condiciones necesarias para considerar que ha recuperado un comportamiento estable.

La oportuna intervención desarrollada por la Dirección de Seguridad perteneciente a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia resultó decisiva para liberar a dos mujeres.

Ambas mujeres padecían cautiverio bajo el control de una banda dedicada al tráfico de seres humanos en la capital de México, según informó la Secretaría de Seguridad.

Juan Carlos Gutiérrez, funcionario adscrito a la Dirección de Seguridad, detalló que una joven de 19 años se trasladó al país azteca motivada por una propuesta laboral engañosa.

Dicho ofrecimiento fue hecho por una persona cercana, pero al arribar al destino la víctima descubrió que terminaría sometida a explotación sexual violenta.

A pesar de la vigilancia permanente ejercida por los captores, la afectada conservó oculto su teléfono móvil, logrando transmitir una solicitud urgente de auxilio institucional.

El mensaje con el aviso de la víctima de trata de personas fue recibido por una entidad social que notificó inmediatamente a las dependencias de seguridad del distrito bogotano para coordinar acciones.

La emergencia activó un operativo coordinado entre la Secretaría Distrital de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, la Cancillería, el Consulado colombiano en México y fuerzas policiales aztecas.

La víctima envió datos de geolocalización en tiempo real sobre la edificación donde permanecía retenida junto a otra compatriota.

Las fuerzas de seguridad ubicaron la propiedad privada, ejecutando el rescate de ambas jóvenes y capturando a los delincuentes involucrados en el crimen de trata de personas.

Posteriormente, las autoridades tramitaron la repatriación de las connacionales para brindarles acompañamiento psicológico y social especializado en Colombia.

Paralelamente, una segunda intervención interinstitucional impidió que una joven de nacionalidad peruana terminara bajo la red de otra estructura criminal trasatlántica.

La pasajera arribó a Bogotá teniendo una escala técnica previa a su desplazamiento programado hacia el continente europeo, atraída por ingresos económicos elevados.

Una tripulante de cabina detectó la preocupación extrema de la madre, reportando oportunamente la posible situación de riesgo ante las autoridades aeroportuarias.

La alerta temprana permitió accionar protocolos de respuesta rápida antes del aterrizaje de la aeronave en la capital colombiana.

Integrantes de la Dirección de Seguridad, en conjunto con Migración Colombia y la Secretaría de Gobierno, localizaron a la viajera en un establecimiento hotelero próximo a El Dorado.

Los funcionarios demostraron la falsedad de la propuesta comercial, logrando persuadir a la mujer sobre el peligro inminente que afrontaba.

El reencuentro familiar ocurrió pocas horas después de la llegada de la madre a la ciudad, neutralizando con éxito el viaje planificado hacia Londres.

Estos hechos reflejan las nuevas modalidades operativas de las mafias, utilizando plataformas digitales y ofertas laborales irreales para atraer víctimas indefensas.

Las redes delictivas evitan emplear la fuerza física o el decomiso inicial de pasaportes para no generar sospechas tempranas en los controles.

Por ello, la erradicación de este flagelo exige cooperación constante entre administraciones locales, organismos nacionales y agencias internacionales de inteligencia.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, las autoridades recomiendan validar exhaustivamente cualquier oferta laboral exterior y reportar anomalías oportunamente.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá indica que si se conoce un posible caso o necesita orientación, es clave comunicarse al 300 250 5050 o escribir a lucha.trata@gobiernobogota.gov.co.

Entre los capturados figuran el alcalde de María La Baja, en Bolívar, el exalcalde de La Paz, en Cesar, un contratista y varios exdirectivos y funcionarios del Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’. La Fiscalía anunció que en las próximas horas los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías para avanzar las audiencias preliminares y continuar el proceso judicial en su contra, siguiendo el procedimiento habitual en casos de este tipo.

Si bien la Fiscalía no ha confirmado un vínculo directo, lo ocurrido guarda similitudes con el denominado caso de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), otro escándalo que expuso irregularidades en el manejo de dineros públicos provenientes del Sistema General de Regalías. Según se reportó, en el caso de Aremca nueve personas fueron señaladas de participar en una red de corrupción que habría comprometido recursos por cerca de 496.000 millones de pesos.

Los procesados por Aremca incluyen al exrepresentante legal Gustavo Bolaño Pastrana, representantes legales como Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero, y coordinadores y colaboradores señalados por la Fiscalía. La investigación determinó que, entre 2020 y 2026, la asociación suscribió 101 contratos con gobernaciones y alcaldías para obras civiles y proyectos agrícolas, ambientales y tecnológicos, así como de seguridad alimentaria. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, los recursos habrían sido desviados a través de subcontrataciones con empresas creadas exclusivamente para estos fines o mediante personas vinculadas a la organización, evadiendo las normas de contratación pública.

Por estos hechos, las personas involucradas enfrentan cargos por delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y omisión, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado.

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¿Por qué están siendo investigados los funcionarios capturados por contratos de regalías?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los funcionarios capturados estarían vinculados a una red que habría manipulado la asignación de contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, desviando alrededor de 3 billones de pesos en 19 departamentos a través de prácticas irregulares en la contratación pública.

¿Cuáles son los delitos imputados a los involucrados en los casos de corrupción con regalías?

Según la información oficial, a los detenidos se les imputan delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado. Estos cargos buscan sancionar distintas modalidades de corrupción en el uso de recursos públicos.

Lo llamativo es que uno de los críticos fue Carlos Antonio Vélez, que en otros momentos ha resaltado al actual presidente electo luego de que se impuso en las urnas contra Iván Cepeda.

Sin embargo, una determinación desató la molestia del comentarista deportivo de Win Sports y RCN Radio, tema al que se refirió desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

La invitación al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, a la posesión se convirtió en el punto de señalamiento sobre el evento en Cali en el que se proclamará al próximo mandatario de Colombia.

“¿Qué? ¿En medio de semejante escándalo? ¿Cuestionado por más de medio mundo y, viene por aquí? En este momento pierde más el presidente electo con esa incómoda visita que el susodicho personaje dando visaje ante todos los que lo señalan”, escribió Vélez con evidente molestia.

Cabe recordar que el mencionado directivo ha estado en el ojo del huracán después de que lideró una propuesta para vender los derechos del Mundial de fútbol de mayores, en un proyecto que encontró rechazo.

La presencia del suizo no pasa desapercibida no solo por su situación en el contexto de Fifa, sino porque nunca una persona de esa organización había estado en este evento político en Colombia.

Si bien no se ha aclarado las motivaciones para que Infantino haga parte de los invitados, hubo expresidentes colombianos que quedaron fuera de la lista de la posesión de De la Espriella.

El comentario de Vélez va en la misma línea de los cuestionamientos a nivel internacional en los que se asegura que líderes de Uefa y otras confederaciones buscan la salida del actual presidente de Fifa.

¿Quiénes están invitados a la posesión de Abelardo de la Espriella?

Además de Gianni Infantino, la posesión de Abelardo de la Espriella reúne a mandatarios de América Latina y Europa, según medios colombianos e internacionales. El evento se realizará el 7 de agosto de 2026 en Cali.

Javier Milei, presidente de Argentina, confirmó su asistencia tras reunirse con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo en Lima. Milei viajó a Colombia para participar en los actos protocolarios del 7 de agosto.

José Antonio Kast, presidente de Chile desde marzo de 2026, también confirmó su viaje. Kast forma parte de la delegación de jefes de Estado que acompañará la transmisión de mando en Cali.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Santiago Peña, presidente de Paraguay, estarán presentes. Ambos mandatarios se suman a la lista de invitados de alto nivel que respaldan el nuevo gobierno.

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, confirmó su asistencia. Su presencia refuerza la concentración de líderes regionales en la ceremonia de posesión del nuevo presidente colombiano.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, también confirmó su participación. Su presencia refleja el interés de Washington en la nueva orientación de la política exterior colombiana.

El rey Felipe VI de España encabezará una de las delegaciones europeas. Su participación marca un gesto de cercanía institucional entre España y Colombia durante la transición de gobierno.

Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, y José Raúl Mulino, presidente de Panamá, también confirmaron su viaje. Luis Abinader, de República Dominicana, y Nasry Asfura, de Honduras, completan el grupo de mandatarios.

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, y Karin Herrera, vicepresidenta de Guatemala, asistirán como representantes de sus países. Gilmar Pisa, primer ministro de Curazao, participará en nombre del Reino de los Países Bajos.

Brasil estará representado por su ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. Israel enviará a su canciller, Gideon Sa’ar, en una visita relevante tras el anuncio de restablecer relaciones diplomáticas.

Cepeda insistió en que De la Espriella debe renunciar a su ciudadanía estadounidense antes de asumir el cargo. “Sobre el juramento de posesión de Abelardo De La Espriella, reiteramos que su ciudadanía estadounidense constituye un impedimento que solo es subsanable con su renuncia a ella, para que pueda ser reconocido como jefe de Estado plenamente legítimo“, afirmó el congresista.

Vea también: Celebra De la Espriella antes de su posesión como presidente por esperada noticia que le dieron

Iván Cepeda insistió en la ciudadanía de Abelardo de la Espriella

El senador también sostuvo que “la jefatura del Estado exige lealtad exclusiva e inequívoca con la nación colombiana y su soberanía”, razón por la cual volvió a cuestionar la doble nacionalidad del mandatario electo.

En el mismo pronunciamiento, Cepeda anticipó el papel que ejercerá el petrismo desde la oposición y aseguró que buscarán proteger las políticas impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro y responderán a las primeras decisiones de la nueva administración.

“Así como responderemos a los primeros anuncios que hace el nuevo Gobierno contra los derechos de la población. La soberanía nacional como fundamento de la República, la legitimidad como fuente esencial de los poderes y la garantía y preservación de los derechos sociales, económicos y ambientales constituyen la defensa de la democracia. Escuche bien, señor Abelardo: soberanía nacional, legitimidad política de los poderes públicos y derechos sociales, no se tocan”, recalcó.

Vea también: Sorpresiva reacción de Samper porque no lo invitaron a la posesión de De la Espriella

Cepeda también lanzó una advertencia frente a la política exterior del próximo Gobierno. “A De La Espriella le decimos también que ni su lenguaje autoritario, ni sus intentos de intimidación, ni la posibilidad que decrete el Estado de Conmoción Interior, nos llevarán a aceptar con resignación cualquier forma de sumisión de Colombia a intereses de una potencia extranjera”, agregó. 

7 DE AGOSTO, CON EL PUEBLO pic.twitter.com/tj7ToNWs4W

— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 3, 2026

Asimismo, rechazó cualquier intento de equiparar las movilizaciones ciudadanas con actos terroristas. “Esa equiparación constituye un peligro para las libertades públicas. Hemos condenado, sin ambigüedad alguna, toda forma de violencia armada. Nuestra lucha es firme, pero profundamente pacífica, decidida, pero siempre dentro de los principios de la democracia”, expresó. 

Finalmente, Cepeda anunció que el próximo 7 de agosto no promoverá marchas, sino concentraciones pacíficas en Bogotá, Cali y Barranquilla. “Van a ser tres concentraciones en tres ciudades del país. En Barranquilla estaremos en la carrera Cuarta con calle Murillo, acompañados de organizaciones sociales, populares, de una parte muy importante de la bancada del Pacto Histórico, dirigentes sociales y políticos también de la Alianza por la Vida”, puntualizó Cepeda.

“En la ciudad de Cali vamos a estar en el monumento que hay en Puerto Resistencia; ahí estarán las organizaciones sociales, estará mi compañera Aida Quilcué y estará también una parte muy importante de nuestra bancada en el Congreso”. Sobre Bogotá agregó: “Allí haremos un acto en la Plaza Núñez, que queda dentro del Capitolio. Habrá participación seguramente de ciudadanos y ciudadanas, pero va a ser un acto que se circunscribe ahí en las instalaciones del Capitolio”, concluyó. 

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En el espectro legislativo, la senadora María Irma Noreña presentó ante el Congreso la "Ley Huellitas", iniciativa para crear una red pública de hospitales veterinarios que ofrecerían atención integral para perros y gatos. Este proyecto se inspiró, en parte, en la reciente apertura de un hospital para mascotas en Pereira durante la administración del alcalde Mauricio Salazar. Para incentivar el apoyo, la senadora distribuyó folletos informativos y muñecos de peluche a sus colegas, trabajando conjuntamente con la representante Franyela Bermúdez.

En cuanto a asuntos de control fiscal, el Congreso elegirá el 12 de agosto al nuevo contralor general, y el abogado y politólogo pereirano Andrés Castro Franco, actual personero distrital de Bogotá, figura entre los favoritos, junto a Carlos Mario Zuluaga, Jorge Eliécer Laverde y Ana Elena Monsalvo, de acuerdo con ‘El Diario’. Por otro lado, la Contraloría Municipal de Dosquebradas superó una interinidad histórica de 265 días tras la salida de Álvaro Trujillo Mejía; ahora, el cargo lo ocupa Carlos Olivares Santos desde el 24 de julio.

Las asignaciones en comisiones del Congreso quedaron así: Luis Carlos Rúa en la primera, María Irma Noreña en la segunda y María Eugenia Londoño en la sexta. Mientras tanto, el Partido Liberal del Eje Cafetero, tercera fuerza en el Congreso, busca asegurar presencia en altos cargos, y se perfila la candidatura de Sandra Bibiana Aristizabal Saleg para la secretaría general de la Comisión Sexta.

En el plano social, la urbanización Niza I y Niza II enfrenta crecientes problemas de inseguridad por un asentamiento irregular cercano, y los residentes han solicitado intervención del alcalde Salazar. Por otro lado, la revista Cambio Colombia informó que los congresistas colombianos son de los mejores remunerados de la región, con ingresos mensuales que duplican los de sus pares de Uruguay, Brasil, Chile o Perú, sumado a notables prerrogativas.

En el ámbito cultural, el chef pereirano Emilio Valencia fue reconocido por su liderazgo en los proyectos gastronómicos de Karol G y la organización del esperado Festival Gastronómico de Pereira, en el que habrá homenajes a icónicas figuras como Julio Jaramillo y Totó La Momposina. Finalmente, se destaca el activismo de Paola Grisales y Leandro Jaramillo Rivera, quienes manifiestan intenciones de postularse a la Alcaldía de Pereira.

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¿Quiénes son los principales candidatos a la Contraloría General en Colombia en 2026?

Entre los diez elegibles para la Contraloría General, se destacan Andrés Castro Franco, abogado y politólogo oriundo de Pereira, Carlos Mario Zuluaga con el respaldo del presidente del Partido Conservador Efraín Cepeda, Jorge Eliécer Laverde y Ana Elena Monsalvo, siendo esta última conocida por su cercanía con el presidente electo Abelardo De la Espriella. Así lo informó El Diario.

¿Qué propone la Ley Huellitas presentada en el Congreso de Colombia?

La "Ley Huellitas", impulsada por la senadora María Irma Noreña junto a Franyela Bermúdez de la Cámara de Representantes, busca crear una red de hospitales públicos veterinarios que brinden atención integral a perros y gatos. Esta propuesta fue destacada con una campaña original en el Congreso y tiene como modelo el hospital para mascotas abierto en Pereira.