Los delitos imputados a estos individuos son concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Según indicaron las fuentes oficiales, un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los capturados, con lo cual las autoridades buscan garantizar que los procesos avancen sin que los implicados interfieran o evadan la justicia.

La actividad principal de "Perseo" se concentraba en las cercanías de la quebrada Hato de la Virgen. Según las investigaciones, allí la organización vendía marihuana y bazuco utilizando la modalidad de menudeo. No solo se habrían limitado a ese sector: también empleaban zonas boscosas, espacios públicos y parques para comercializar la droga, una situación que habría generado alarma y preocupación entre los habitantes de estos barrios.

El negocio del microtráfico en este sector representaba para "Perseo" recaudos diarios que rondaban los tres millones de pesos, lo que equivale a ingresos mensuales cercanos a los 60 millones de pesos, de acuerdo con cálculos de las autoridades presentados en el proceso judicial.

Dentro de la investigación se identificó a Gabriel Guayán, alias "El Paisa", como presunto líder de la organización, acompañado por Andrés Domínguez, alias "Precoz"; Juan Orjuela, alias "El Mono"; Kevin Mora, alias "Coco"; Yeison Sánchez, alias "Choco", y Diana Guzmán, alias "La Gata". Cada uno habría tenido roles definidos dentro de la estructura, información que fue utilizada como prueba en las audiencias.

Además de las acusaciones relacionadas con el tráfico de drogas, las autoridades indicaron que algunos de los capturados estarían implicados en hurtos cometidos cerca de establecimientos comerciales de la ciudad. En total, los seis detenidos suman 39 anotaciones judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto calificado y agravado, amenazas, porte ilegal de armas y violación de habitación ajena. Con este operativo, la policía considera desarticulada una de las estructuras que controlaba el microtráfico en la comuna 8 de Ibagué, mientras continúa el proceso para definir las responsabilidades individuales.

¿Cómo operaba la organización Perseo en la comuna 8 de Ibagué?

Según información entregada por las autoridades, el grupo Perseo concentraba su accionar principalmente en los alrededores de la quebrada Hato de la Virgen, donde vendía marihuana y bazuco al menudeo. También utilizaba zonas boscosas, espacios públicos y parques para la venta de estupefacientes, lo cual preocupaba a los vecinos. El negocio ilegal les reportaba millones de pesos diarios.

¿Quiénes son los integrantes capturados de la banda Perseo y qué cargos enfrentan?

Las fuentes oficiales señalaron como integrantes principales a Gabriel Guayán, alias "El Paisa", supuesto cabecilla, junto con Andrés Domínguez, alias "Precoz"; Juan Orjuela, alias "El Mono"; Kevin Mora, alias "Coco"; Yeison Sánchez, alias "Choco", y Diana Guzmán, alias "La Gata". Todos fueron judicializados por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, y algunos están además vinculados a hurtos y otros delitos.

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La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia formuló acusaciones sobre violencia de género política y posible acoso laboral contra el mandatario Gustavo Petro.

Sanguino precisó, en entrevista con Caracol Radio, la necesidad de comprobar previamente si la ciudadana formalizó algún reclamo institucional o acción legal ante la cartera laboral para proceder conforme a la norma.

El funcionario aclaró que esta clase de trámites administrativos se activan únicamente mediante la presentación formal de recursos por parte de las víctimas directas.

“Tengo que revisar si hay alguna querella interpuesta por ella en esa materia. Si lo hay, por supuesto que nosotros indagaremos”, aseguró el titular de la cartera laboral respecto a las gestiones en curso.

Adicionalmente, el saliente ministro complementó su postura inicial indicando la revisión de las dependencias competentes: “Tengo que indagar si en la dirección territorial de Bogotá o en la dirección de inspección, vigilancia y control se aperturará alguna investigación al respecto”.

El pronunciamiento ocurre tras los recientes señalamientos públicos de Rodríguez, quien catalogó al jefe de Estado como “su mayor victimario” durante su permanencia gubernamental.

Al responder sobre las publicaciones del gobernante sobre la actual gerente del Fondo Adaptación, Sanguino descartó la filtración de la historia clínica.

Desde su perspectiva, los datos vinculados al estado psiquiátrico de la exdirectora del Dapre fueron difundidos originalmente por la propia exfuncionaria.

Las afirmaciones de Rodríguez suceden a la denuncia formal interpuesta ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

En la solicitud legal, la exdirectora pide procesar al presidente por presunto peculado, tráfico de influencias, constreñimiento, injuria y calumnia.

La accionante sostiene que las tensiones bilaterales escalaron al rechazar la designación de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes por incumplir requisitos requeridos.

Conforme al expediente, desde esa discrepancia iniciaron supuestos maltratos con agresiones de tipo psicológico e indirectas dirigidas a su aspecto personal.

Frente a las acusaciones formuladas por Rodríguez, el presidente Petro ratificó que acudirá a instancias penales para defender su reputación institucional.

A través de canales digitales, el gobernante aseveró que la exdirectora acudió a “la mentira” para sostenerse laboralmente y llevarán la controversia a tribunales.

¿Cómo interponer una denuncia de acoso laboral en el Ministerio de Trabajo?

El Ministerio del Trabajo de Colombia dispone de canales presenciales y virtuales para radicar quejas por violencia de género o acoso laboral. Estos son los pasos para solicitar la intervención de los inspectores de trabajo y proteger sus derechos fundamentales en el entorno laboral:

1. Reunir las pruebas documentales, testimoniales o digitales que sustenten los hechos de acoso laboral o violencia ejercida en su contra.
2. Ingresar al portal web oficial del Ministerio del Trabajo o acuda a la Dirección Territorial de su ciudad o municipio.
3. Ir a la sección de Atención al Ciudadano y seleccionar la opción para radicar Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.
4. Diligenciar el formulario digital o físico incluyendo sus datos personales, la identificación del empleador y una narración clara de los hechos.
5. Adjuntar todos los soportes probatorios correspondientes, como correos electrónicos, chats, audios, memorando o testimonios de testigos directos.
6. Guardar cuidadosamente el número de radicado o número de guía creado por el sistema para ejecutar el seguimiento del trámite.
7. Acudir a la citación de inspección, vigilancia y control que programe la entidad para verificar los hallazgos denunciados.

La entidad hace actuaciones administrativas de inspección para determinar vulneraciones a las normas del trabajo e iniciar los procesos sancionatorios pertinentes.

Asimismo, la institución remite copia de las actuaciones a la Fiscalía General de la Nación cuando las conductas constituyen delitos tipificados.

Presentar oportunamente estas querellas activa la protección institucional, previene represalias laborales y garantiza ambientes de trabajo seguros para todas las trabajadoras.

Ricardo Roa, quien se desempeñó como gerente de la campaña Petro Presidente en 2022 y posteriormente como presidente de Ecopetrol, se presentó en las últimas horas ante la Fiscalía General de la Nación para manifestar su disposición de colaborar con la justicia. El movimiento se da en el marco de las pesquisas por presuntas irregularidades en el financiamiento de la contienda electoral que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República.

(Vea también: Se le vendría problema a Petro por sanción a su campaña; piden abrir proceso en su contra)

Fuentes confirmaron que el exgerente solicitó formalmente ser escuchado. Durante la diligencia, Roa planteó la alternativa de firmar un preacuerdo o acogerse a un principio de oportunidad, herramientas legales que le permitirían aportar pruebas e información clave para el desarrollo del proceso penales.

La investigación penal se deriva de los hallazgos sobre el manejo de los fondos durante la contienda de 2022. Frente a este caso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó sanciones administrativas contra la campaña Petro Presidente tras comprobar la violación de los límites permitidos de financiación e ingresos de dinero proveniente de fuentes no autorizadas.

El pronunciamiento del organismo electoral dejó en evidencia las siguientes inconsistencias:

• Exceso de topes: Se constató que los gastos reportados superaron los montos máximos fijados por la ley tanto en la primera como en la segunda vuelta.
• Sancionados: La medida del CNE afectó directamente a Ricardo Roa en su calidad de gerente, a la tesorera del equipo y a las colectividades políticas que avalaron la candidatura.
• Acción penal: Tras fijar las multas administrativas, el CNE compulsó copias a las autoridades judiciales para que se determinen las responsabilidades penales correspondientes.

(Lea también: Sorpresiva renuncia del presidente del CNE; fue el que le entregó credencial a De la Espriella)

Escenarios jurídicos para Ricardo Roa

La propuesta entregada por el exdirectivo de Ecopetrol no implica la aprobación automática de un beneficio. Corresponde ahora a la Fiscalía evaluar si la información ofrecida es útil y relevante para el esclarecimiento de los hechos antes de definir si concede el principio de oportunidad o la negociación de un preacuerdo.

En caso de que las partes lleguen a un arreglo, Roa entregaría detalles sobre el flujo de dinero, la logística financiera y otros aspectos clave que indaga el ente acusador. La validez de cualquier trato dependerá del aval de la Fiscalía y de la posterior verificación de un juez de la República.

Testigos y fuentes oficiales detallaron que los exmilitares fueron interceptados abruptamente por un grupo armado que abrió fuego de manera indiscriminada, lo cual les ocasionó la muerte en el lugar de los hechos. Los informes iniciales revelan que los cuerpos recibieron disparos a corta distancia, permaneciendo tendidos tanto sobre la vía como en una zona boscosa cercana, aún con sus cascos de protección y ropa deportiva. Posteriormente, sus restos fueron llevados al municipio de Piendamó para que Medicina Legal realizara las diligencias requeridas para la identificación plena y demás procedimientos forenses.

Al lugar acudieron rápidamente unidades de la Fuerza Pública y funcionarios de Policía Judicial, quienes realizaron la inspección técnica de los cadáveres y la recolección de elementos materiales que pudieran servir de prueba dentro de la investigación. Sin embargo, hasta el momento no hay certeza sobre qué estructura armada estaría detrás de este ataque, aunque en la región operan actores ilegales como las disidencias armadas de las antiguas Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y otros grupos.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este crimen eleva a 77 la cifra de masacres que se han presentado en Colombia en lo corrido del año 2026. La Gobernación del Cauca instó a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de investigación para que aceleren las pesquisas que permitan esclarecer los móviles y dar con los responsables. Indicó además que se mantiene el monitoreo especial de la zona, en coordinación con la Tercera División del Ejército Nacional y la Policía Nacional.

El corredor entre Silvia y Totoró es catalogado como un lugar de alto riesgo, lo que fue advertido por la Defensoría del Pueblo mediante la Alerta Temprana 024 de 2023 y el Informe de Seguimiento 009 de 2026. La entidad explicó que persisten riesgos para comunidades indígenas y pobladores locales, debido a las disputas violentas entre el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas —disidencias Farc de alias “Iván Mordisco”— y el Eln (Ejército de Liberación Nacional), quienes buscan el control territorial de la región.

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¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la vía entre Silvia y Totoró?

El corredor vial entre Silvia y Totoró ha sido identificado por la Defensoría del Pueblo como una zona peligrosa para la población civil. En sus alertas recientes, la entidad advirtió sobre las constantes disputas entre grupos armados ilegales por el control del territorio, lo que incrementa el riesgo de ataques, extorsiones y otros hechos violentos contra quienes transitan por esa vía.

¿Qué significa una masacre según Indepaz y cómo afecta esta cifra a Colombia en 2026?

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una masacre corresponde al homicidio de tres o más personas en un mismo evento. El registro de 77 masacres en lo que va de 2026 refleja un contexto persistente de violencia y amenaza a la vida en diferentes regiones del país, especialmente aquellas con presencia de estructuras armadas ilegales.

Ana María Vesga es reconocida por su experiencia en el sector, pues se venía desempeñando como presidenta ejecutiva de Acemi, la asociación que reúne a las principales Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo. Desde su posición en Acemi, Vesga fue una de las voces más críticas frente a la reforma sanitaria que impulsó el Gobierno de Gustavo Petro, defendiendo tanto el modelo de aseguramiento actual como el fortalecimiento financiero de las EPS. Este perfil técnico y su conocimiento profundo del funcionamiento del sistema hacen que algunos sectores valoren positivamente su nombramiento. No obstante, existen sectores que advierten sobre un posible conflicto de interés, debido justamente a su estrecha relación con el gremio de las EPS.

De acuerdo con el reporte de 90minutos.co, Vesga recibirá un ministerio que enfrenta retos diversos. Destacan la necesidad urgente de recuperar la estabilidad financiera de hospitales y clínicas, la revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y la solución a la falta de medicamentos. La UPC, de acuerdo con el texto, es un mecanismo de financiamiento a través del cual se calcula el pago por persona asegurada dentro del sistema de salud, y se perfila como uno de los puntos clave para la gestión de Vesga.

Durante la campaña presidencial, De la Espriella propuso un “plan de choque” orientado a responder inmediatamente a la crisis, distanciándose así del enfoque de la administración saliente, que apostaba por una transformación estructural. La designación de Vesga consolida el equipo ministerial del presidente electo y concentrará la atención nacional sobre la estrategia que desplegará el Gobierno para afrontar los grandes desafíos del sector.

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¿Quién es Ana María Vesga y cuál ha sido su rol en el sistema de salud colombiano?

Ana María Vesga es abogada y lideró Acemi, el gremio de Entidades Promotoras de Salud del régimen contributivo. Se hizo notar como una de las principales críticas de la reforma sanitaria del Gobierno de Gustavo Petro, defendiendo el fortalecimiento financiero de las EPS y el modelo de aseguramiento vigente.

¿Cuáles son los principales retos que enfrentará Ana María Vesga como ministra de Salud?

De acuerdo con 90minutos.co, Vesga deberá afrontar la recuperación financiera de hospitales y clínicas, revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y buscar soluciones para el desabastecimiento de medicamentos, en medio de una crisis que afecta directamente la atención y el acceso a servicios para los colombianos.

La administración entrante de Abelardo de la Espriella, a través de su ministro designado del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, ha manifestado su intención de mantener la autonomía del proceso. Lara fue enfático al solicitar a los partidos de gobierno que se abstuvieran de realizar acuerdos con el movimiento Pacto Histórico, y que prime el consenso basado únicamente en los intereses superiores de Colombia, dejando claro que "el gobierno entrante no busca un contralor de bolsillo" ni acuerdos bajo la mesa. Este pronunciamiento fue expuesto públicamente por Lara, insistiendo en que el nuevo contralor debe ser una figura anticorrupción.

Por otro lado, la posición del Congreso se hizo escuchar a través del presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien destacó que "los 10 candidatos, producto de un concurso, cuentan con la experiencia y las capacidades para ejercer el cargo", reafirmando la transparencia del proceso y la importancia de que quien sea elegido se adhiera plenamente a la Constitución y la ley.

Sumada a esta discusión política, el Consejo de Estado rechazó una solicitud de suspensión provisional contra la convocatoria pública para elegir al nuevo contralor. Esto garantiza que la elección siga conforme a lo planeado, a pesar de las demandas presentadas. En cuanto a los candidatos, Carlos Mario Zuluaga, actual vicecontralor, lidera en puntaje tras el examen de conocimientos, mientras que Andrés Castro, personero de Bogotá, cuenta con respaldo del contralor vigente. También se mencionan opciones como Jorge Eliécer Laverde y, en menor medida, Ana Elena Monsalvo, aunque su candidatura no ha ganado gran respaldo en las bancadas parlamentarias.

La sesión definitiva está citada para el 12 de agosto al mediodía. Ese día, el Congreso elegirá a quien tendrá la responsabilidad de investigar y sancionar a quienes administran recursos públicos en el país, enfrentando grandes expectativas sobre la transparencia y el enfoque anticorrupción de dicho funcionario.

¿Cómo será el procedimiento para la elección del nuevo contralor general de la Nación?

De acuerdo con lo expuesto por las fuentes oficiales del Congreso y del gobierno entrante, la elección se realizará mediante votación en sesión conjunta de ambas cámaras el 12 de agosto. Los diez candidatos participaron en audiencia pública tras superar un concurso que evalúa experiencia y capacidades, siendo un proceso calificado de abierto y transparente.

¿Quiénes son los candidatos con más posibilidades para asumir el cargo de contralor general?

Entre los aspirantes, Carlos Mario Zuluaga, actual vicecontralor, figura como favorito luego de lograr el mejor puntaje en el examen de conocimientos, y Andrés Castro cuenta con el respaldo del actual contralor. Otros nombres que suenan son Jorge Eliécer Laverde y, con menor apoyo, Ana Elena Monsalvo.

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De acuerdo con los datos disponibles del expediente, las denunciantes son jóvenes profesionales que colaboraron con Vargas dentro del canal. Los hechos que motivan la investigación se presentaron en el contexto de labores diarias y fueron reportados en medio de una ola de denuncias sobre acoso en los medios de comunicación. Entre las pruebas reunidas por la Fiscalía se destacan conversaciones y mensajes que, según la investigación, tendrían un contenido de carácter sexual. Estos elementos serán expuestos por la parte acusadora durante la audiencia programada.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, dispuso la conformación de un grupo especial para la verificación de denuncias y la recolección de pruebas materiales. Dada la relevancia pública del caso y las posibles implicaciones para los afectados, la investigación fue asignada a una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, lo cual otorga un seguimiento especial y mayores garantías para las partes.

En cuanto a la audiencia, es posible que la Fiscalía solicite que esta se realice bajo reserva para proteger la identidad y privacidad de las denunciantes, así como para evitar escenarios de revictimización. La determinación final sobre el carácter reservado o público de la audiencia corresponderá al juez de control de garantías. En esta etapa no se decidirá la culpabilidad o inocencia de Vargas, sino que se le comunicarán de manera formal los hechos y el delito por el cual será investigado.

El escándalo alcanzó su punto más alto en marzo de 2026 cuando Caracol Televisión anunció que, de común acuerdo, terminaba la relación laboral con Vargas tras casi dos décadas de trabajo conjunto. El canal aclaró que esta medida buscaba salvaguardar a los involucrados y el avance de la investigación, sin que se tratara de un pronunciamiento sobre la veracidad de los hechos. Por su parte, Vargas expresó, a través de un comunicado, que había actuado siempre con principios y sin intención de ocasionar malentendidos. La audiencia del 3 de agosto representará la formalización del proceso penal en su contra y, según el marco legal colombiano, la imputación no implica una condena: Vargas conserva la presunción de inocencia hasta que las autoridades judiciales emitan una decisión.

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¿Por qué Jorge Alfredo Vargas debe asistir a audiencia de imputación por acoso sexual?

Jorge Alfredo Vargas fue citado a audiencia de imputación por decisión de la Fiscalía General de la Nación, debido a la existencia de denuncias formales por parte de cuatro mujeres que trabajaron con él, quienes afirman haber sufrido acoso sexual en Caracol Televisión entre 2024 y 2026. La diligencia permitirá presentar los hechos y los cargos por los que Vargas será investigado, según el procedimiento judicial vigente en Colombia.

¿Qué implica la formulación de imputación en el proceso penal contra Jorge Alfredo Vargas?

La formulación de imputación es una etapa inicial dentro del proceso penal, en la que la Fiscalía comunica oficialmente al acusado los hechos y el delito por el que será investigado. En el caso de Jorge Alfredo Vargas, esto no significa que exista una condena, sino que inicia formalmente el proceso penal y, a partir de ese momento, Vargas tendrá oportunidad de ejercer su defensa, mientras permanece amparado por la presunción de inocencia.

Por otra parte, desde Tuluá se informó que inició el proceso de socialización respecto a los cambios en el Sisbén, sistema que permite la clasificación de hogares colombianos con fines de acceso a beneficios sociales. Esto responde a la entrada en vigencia del Registro Universal de Ingresos (RUI), el 1 de agosto. Según la Alcaldía, el Sisbén no desaparecerá, sino que la nueva herramienta servirá para complementar su metodología, permitiendo identificar a los beneficiarios de programas sociales del Gobierno Nacional a partir de una valoración más precisa de sus ingresos. Así, se buscará focalizar la inversión pública y garantizar que la ayuda llegue con mayor eficacia a quienes realmente lo requieren.

En el contexto internacional, Europa enfrenta una temporada crítica por la ola de incendios forestales que azota a varios países como España, Francia, Grecia, Portugal, Turquía e Inglaterra. Las emergencias han obligado a evacuar a miles de ciudadanos y las llamas ya han arrasado hogares y extensos territorios naturales, evidenciando la gravedad del fenómeno.

En el ámbito local, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) programó para los días 3 y 4 de agosto una jornada de recolección de residuos peligrosos y posconsumo en Cali. La actividad tiene como objetivo incentivar la disposición responsable de materiales que podrían ser tóxicos o contaminantes, mientras se adelantan espacios de sensibilización y educación ambiental en diferentes barrios de la ciudad. De esta manera, se promueven prácticas que contribuyen a la protección del entorno y la salud pública.

¿Qué es el Registro Universal de Ingresos (RUI) y cómo afecta al Sisbén en Colombia?

El Registro Universal de Ingresos (RUI) es una herramienta implementada para complementar la metodología del Sisbén, sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales en Colombia. Según informó la Alcaldía de Tuluá, el RUI recogerá datos sobre los ingresos de los hogares, lo que permitirá que la clasificación del Sisbén sea más precisa y la focalización de la ayuda social se haga con mayor exactitud, sin que el Sisbén desaparezca.

¿Cuándo se realizará la próxima jornada de recolección de residuos peligrosos en Cali?

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) ha anunciado que la próxima jornada de recolección de residuos peligrosos y posconsumo en Cali se llevará a cabo los días 3 y 4 de agosto. Durante esta actividad, se incentivará a los ciudadanos a entregar de manera segura materiales que puedan ser tóxicos o contaminantes, en el marco de campañas de educación y sensibilización ambiental.

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La información fue confirmada por el director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón, quien explicó que el cuerpo de la menor fue encontrado en una zona boscosa cercana al lugar donde días atrás apareció el cadáver de su madre, en el corregimiento de La Buitrera, zona rural de Cali.

(Lea también: Caso María Camila Potosí: se conoce foto de los cinco capturados, señalados por el crimen)

Con este hallazgo se desvanece la esperanza que mantenía la familia de encontrar con vida a la recién nacida, luego de que durante varios días se desconociera su paradero tras el crimen.

Mientras tanto, las autoridades continúan reconstruyendo lo ocurrido y revelaron nuevos detalles sobre la principal hipótesis del caso, que apunta a un plan cuidadosamente elaborado para quedarse con la bebé.

La principal hipótesis: fingió un embarazo para ganarse la confianza de María Camila

De acuerdo con el director de la Policía Nacional, general William Rincón, en declaraciones entregadas a Noticias Caracol, la principal línea investigativa indica que una de las capturadas, conocida con el alias de ‘Julieth’, habría fingido estar embarazada para acercarse a María Camila Potosí.

Según las autoridades, la mujer buscaba convencer a su pareja sentimental de que ella también esperaba una hija y que la bebé era suya, con el propósito de mantener la relación.

Esta hipótesis coincide con el testimonio entregado días atrás por la expareja de la mujer, quien aseguró que durante varios meses creyó que iba a convertirse en padre e incluso participaron, junto a sus familiares, en una revelación de género.

Los investigadores también establecieron que María Camila y alias ‘Julieth’ se habrían conocido en un programa dirigido a madres gestantes, circunstancia que, presuntamente, facilitó que la víctima confiara en ella.

Así habría ocurrido el crimen, según las autoridades

La investigación indica que el pasado 16 de julio, día en que desapareció María Camila, alias ‘Julieth’ pasó a recogerla en motocicleta. Cámaras de seguridad registraron ese recorrido, convirtiéndose en las últimas imágenes de la joven con vida.

Según la hipótesis de la Fiscalía, la mujer la trasladó hasta el corregimiento de La Buitrera, donde la habría entregado a otros integrantes de la organización criminal.

Las pesquisas señalan que el secuestro habría sido coordinado por un hombre identificado con el alias de ‘Nilson’, mientras que otros dos capturados, conocidos como ‘Edu’ y ‘Kevin’, serían quienes presuntamente asesinaron a la joven utilizando un arma blanca.

Posteriormente, el cuerpo de María Camila fue abandonado cerca del río Meléndez, donde fue encontrado días después con múltiples signos de violencia. Al parecer, tenía más de 20 heridas en su cuerpo.

Por este caso, la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a cinco presuntos integrantes de la estructura criminal durante operativos realizados en Cali y el municipio de Andalucía, Valle del Cauca.

Los detenidos fueron identificados con los alias de:

• ‘Julieth’.
• ‘Nilson’.
• ‘Edu’.
• ‘Kevin’.
• ‘JJ’.

Durante los allanamientos las autoridades incautaron teléfonos celulares, un vehículo y dos motocicletas que, ahora hacen parte del material probatorio de la investigación.

Asimismo, la Fiscalía indicó que cuenta con videos de cámaras de seguridad, entrevistas e interceptaciones telefónicas que respaldarían la hipótesis sobre la planeación y ejecución del crimen.

(Lea también: “No merecen llamarse humanos”: De la Espriella, tajante por muerte de bebé de María Camila Potosí)

De acuerdo con las autoridades, algunos de los ahora capturados, presuntamente, adelantaban trámites para salir del país cuando fueron ubicados por los investigadores. Los cinco capturados serán presentados ante un juez de control de garantías para avanzar en el proceso de judicialización.

Según informaron las autoridades, deberán responder, presuntamente, por los delitos de secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio, entre otros que podrían sumarse conforme avance la investigación.

Para aquellas personas que realizaron su inscripción de manera anticipada, la entrega de kits se llevará a cabo el viernes 31 de julio, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., en la sede de los Artesanos en la avenida La Esmeralda #63A - 52. En caso de no poder asistir, se permite que otra persona reclame el kit presentando una carta de autorización firmada, junto con una fotocopia de la cédula de la persona inscrita y el código QR generado durante el proceso de registro, de acuerdo con datos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

El IDRD hace un llamado a las personas participantes no solo a asumir el reto deportivo, sino también a respetar el entorno natural del cerro. Se solicita utilizar únicamente las zonas permitidas, acatar las instrucciones del personal y las autoridades, y disponer de los residuos sólidos en los recipientes destinados para ese fin. Estas medidas buscan proteger los ecosistemas del lugar y garantizar el buen desarrollo del evento.

Entre las principales recomendaciones para quienes afronten el ascenso está seguir el recorrido oficial, evitar el ingreso de mascotas, presentarse en buen estado de salud, no consumir alcohol o sustancias psicoactivas antes de la prueba y, ante signos como fiebre, dolor en el pecho o fatiga extrema, abstenerse de participar. Así mismo, cada persona es responsable de evaluar su condición física antes de asumir el reto, como lo enfatizan los profesionales de ‘Bogotá en Forma’.

El Festival de Verano 2026 invita a la ciudadanía a vivir un mes pleno de deporte, cultura y grandes espectáculos gratis en parques y espacios públicos. Es una oportunidad para celebrar el aniversario de Bogotá consolidando la imagen de una ciudad activa, incluyente y comprometida con la recreación y el bienestar, como publica la Alcaldía de Bogotá.

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¿Cómo inscribirse y reclamar el kit para la carrera Sube Monserrate en Bogotá?

Las inscripciones para la carrera Sube Monserrate se hacen de forma previa, y quienes logren su cupo deben reclamar el kit de participación el viernes 31 de julio en la sede de los Artesanos, ubicada en la avenida La Esmeralda #63A - 52, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m. Si la persona inscrita no puede asistir, puede autorizar a un tercero, quien debe presentar carta de autorización, fotocopia de la cédula y el código QR enviado durante el registro, de acuerdo con lo informado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

¿Cuáles son las principales recomendaciones para participar en la carrera de Monserrate?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) enfatiza recomendaciones clave: seguir el recorrido oficial de la carrera, no llevar mascotas, asegurarse de estar en óptimas condiciones de salud, evitar el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, llegar bien hidratado y alimentado, y abstenerse de participar ante síntomas preocupantes como fiebre, dolor en el pecho o fatiga extrema. Además, cada persona debe asumir la responsabilidad sobre su propia condición física para garantizar una experiencia segura.

Roa afirmó que “no hay la más mínima posibilidad de que eso sea real” y explicó que Ecopetrol cuenta con procedimientos contables y administrativos estrictos que impiden efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos. Además, recordó que al llegar a la presidencia de la empresa recibió autorización de la junta directiva de ese momento para contratar una asesoría especializada en manejo de crisis mediática, proceso que, según dijo, nunca llegó a concretarse.

(Vea también: Petro habló de la “media casa” que le quedará tras dejar el poder y revivió su separación con Verónica Alcocer)

El exfuncionario destacó que los procesos financieros de la petrolera están sometidos a controles rigurosos. “En Ecopetrol hay unos procedimientos supremamente rigurosos, exhaustivos. En la contabilidad de Ecopetrol no puede meter mano nadie; eso es de una pulcritud extrema, bajo unos criterios y unos parámetros absolutamente seguros“, manifestó durante la entrevista.

Ricardo Roa también aseguró que el presidente de Ecopetrol no tiene facultades para autorizar directamente compras o pagos dentro de la compañía. Según explicó, las decisiones de ese tipo deben cumplir procedimientos internos y controles establecidos, por lo que descartó que un directivo pudiera ordenar desembolsos a favor de un particular sin ningún vínculo con la empresa.

Finalmente, el exdirectivo insistió en que sería imposible realizar pagos a nombre de una persona que no tenga relación laboral, contractual o comercial con Ecopetrol. “El presidente no tiene esas facultades para comprar algo en Ecopetrol, mucho menos para hacer pagos a nombre de una persona particular que no tiene ningún vínculo ni ninguna relación ni laboral ni contractual ni comercial con la compañía”, concluyó.

A este testimonio se sumó el de una segunda periodista, quien optó por mantener su nombre en reserva. De acuerdo con su versión, fue víctima de conductas constantes de acoso en el entorno profesional, como contactos físicos no consentidos durante reuniones privadas y situaciones incómodas al terminar actividades laborales. Además, mencionó invitaciones reiteradas a viajes y un episodio específico donde, bajo el argumento de una actividad profesional, el productor le solicitó un beso. Ambas mujeres manifestaron que estos episodios afectaron significativamente su bienestar emocional y su vínculo con el periodismo, causando ansiedad, episodios depresivos y rechazo hacia su carrera.

En respuesta, Rafael Poveda publicó un video en el que hizo pública una conversación con miembros del colectivo #YoTeCreoColega. Poveda argumentó que no se le consultó presencialmente antes de que se diera a conocer la denuncia, lo que, en su opinión, afectó su derecho al buen nombre y a la defensa. El productor afirmó que siempre ha mantenido una conducta respetuosa y expresó su disposición a acudir a instancias judiciales para esclarecer los hechos. También criticó el procedimiento del colectivo, señalando que se compartió la denuncia sin dar oportunidad a su versión previa.

Desde el colectivo #YoTeCreoColega defendieron su actuación indicando que buscan amplificar las voces de víctimas que no cuentan con el mismo espacio en los medios y recordaron que el caso ya está en conocimiento de la Fiscalía. Mientras la controversia se desarrolla, la generadora de contenido Andrea Valdiri respaldó públicamente al productor, pidiendo que se respete la presunción de inocencia y se eviten juicios anticipados. Al cierre, se confirmó que la Fiscalía actualmente estudia las pruebas presentadas para definir si habrá o no acciones legales.

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¿Qué es el colectivo #YoTeCreoColega y cuál fue su papel en esta denuncia?

El colectivo #YoTeCreoColega es una agrupación que, según su declaración, se dedica a visibilizar y apoyar las denuncias de víctimas que no suelen tener espacio en los grandes medios. En este caso, fue el canal elegido por las periodistas denunciantes para exponer públicamente sus relatos, argumentando que el caso ya había sido puesto en conocimiento de la Fiscalía.

¿Cómo han respondido las partes involucradas en el caso de denuncia contra Rafael Poveda?

Rafael Poveda respondió difundiendo un video donde expresó su inconformidad por la falta de oportunidad para dar su versión antes de la publicación de las denuncias, y manifestó estar dispuesto a enfrentar el proceso judicial. Por otro lado, las denunciantes subrayaron el impacto emocional sufrido, y el colectivo #YoTeCreoColega defendió su metodología de respaldo a las víctimas.

Durante la ceremonia, Gustavo Petro subrayó que el significado de la medalla va más allá de la persona: “no es una medalla a una persona, sino al desarrollo de su vida como médico y político”. El presidente también enfatizó que, en esencia, la Orden de Boyacá alude a “el camino hacia una República independiente y un pueblo libre”. Desde el Ministerio de Salud y Protección Social agregaron que el homenaje simboliza el reconocimiento institucional al esfuerzo y dedicación de Jaramillo en el servicio público.

La entrega de esta distinción ha suscitado diversas reacciones, especialmente en redes sociales, en un contexto donde el sistema de salud colombiano es objeto permanente de debate y cuestionamientos. Pese a ello, horas antes de recibir el reconocimiento, Jaramillo remitió la atención hacia los avances de su gestión. De acuerdo con declaraciones recogidas por el Ministerio de Salud, el ministro resaltó los logros en materia de interoperabilidad en el sistema: relató que más de seis millones de pacientes ya están conectados a este modelo y que aproximadamente 18 millones de Resúmenes Digitales de Atención han sido integrados en la plataforma digital, facilitando el acceso y la consulta de información médica.

El funcionario añadió que actualmente 1.200 prestadores, junto con más de 4.000 sedes, hacen parte activa de la red de interoperabilidad, mientras que otras instituciones de salud continúan avanzando en el proceso de integración. Esta información, confirmada desde el Ministerio de Salud y Protección Social, busca mostrar el compromiso institucional con la modernización del sistema de salud y la mejora de sus procesos internos.

El reconocimiento otorgado a Jaramillo se presenta, por tanto, como una exaltación a su carrera en el sector público y a los avances implementados en el sistema de salud, en medio de las críticas y el debate sobre la situación actual de este sector en Colombia.

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¿Cuáles son los principales logros de Guillermo Alfonso Jaramillo en el Ministerio de Salud?

De acuerdo con información del Ministerio de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo ha destacado por impulsar la interoperabilidad en el sistema de salud. Bajo su gestión, se han vinculado más de seis millones de pacientes y se han interoperado cerca de 18 millones de Resúmenes Digitales de Atención, conectando a 1.200 prestadores y más de 4.000 sedes en esta red de intercambio de información médica.

¿Qué representa la Orden de Boyacá y por qué es relevante en Colombia?

Según el Gobierno nacional y lo expresado por el presidente Gustavo Petro, la Orden de Boyacá es una de las mayores condecoraciones del Estado colombiano. Esta distinción simboliza el reconocimiento al aporte de individuos destacados a la sociedad, el avance hacia una República independiente y la construcción de un pueblo libre, en este caso personificados en la trayectoria de Guillermo Alfonso Jaramillo como servidor público.

De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos investigados datan de 2011 y 2012, cuando las víctimas, quienes en ese momento tenían entre 10 y 13 años, residían en la vereda El Corazón, sector rural de Rovira. El hombre ahora procesado era vecino de las afectadas, lo que facilitó el contacto y la supuesta comisión de los delitos.

El proceso judicial inició luego de que las denuncias alcanzaran las instancias legales pertinentes y, a partir de la recolección de testimonios y pruebas, se ordenara la captura del implicado. La aprehensión corrió por cuenta de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, apoyados por la Policía Nacional, quienes localizaron al sospechoso en una zona rural del municipio.

La Fiscalía imputó cargos al individuo por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ambos en modalidad agravada de acuerdo con la investigación adelantada. Cabe resaltar que el detenido no aceptó los cargos en la etapa inicial del proceso, razón por la cual el juicio continuará y será un juez quien, luego de una valoración detallada de las pruebas, determinará si hay lugar a una condena.

El caso examina la importancia del acompañamiento legal y psicológico para las víctimas y subraya el papel central de la justicia en la protección de la niñez. El hecho de que permanezca en prisión preventiva, mientras se adelanta el juicio, obedece al carácter delicado de las acusaciones, en consonancia con las garantías procesales para los menores afectados y la sociedad.

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¿Cuál es la situación legal del adulto mayor acusado de delitos sexuales en Rovira, Tolima?

El adulto mayor de 82 años se encuentra en prisión preventiva como medida cautelar dictada por orden judicial, mientras avanza el proceso en su contra. En la etapa inicial, el procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, por lo que será en juicio donde se establecerá su responsabilidad penal con base en las pruebas presentadas.

¿Qué son los delitos de actos sexuales y acceso carnal abusivo con menor de 14 años?

Los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años implican cualquier contacto sexual o penetración realizados a personas menores de esa edad, lo que constituye un agravante según la ley penal. En el caso de Rovira, el procesado enfrenta cargos por ambas conductas, agravadas debido a la edad de las víctimas.

Durante el Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas, Iván Sánchez, vocero del equipo de salud de De la Espriella, detalló que la primera gran decisión del nuevo gobierno será poner en marcha un plan de salvamento de 90 días. Este programa contempla la movilización de hasta 10 billones de pesos para atender la emergencia humanitaria, estabilizar las finanzas y devolver la confianza a los actores del sector.

Sánchez fue enfático en señalar que los recursos no constituirán un “cheque en blanco”, sino una inyección condicionada, priorizada, auditada y completamente trazable. De acuerdo con la hoja de ruta presentada, la distribución de los fondos se proyecta de la siguiente manera:

• 4 billones de pesos para cubrir nóminas atrasadas y deudas críticas con la red de hospitales y clínicas, tanto públicas como privadas.
• 3 billones de pesos destinados a garantizar el suministro de medicamentos y reactivar tratamientos médicos interrumpidos.
• 2 billones de pesos para atender la masiva acumulación de pacientes con enfermedades catastróficas y crónicas.
• 1 billón de pesos para fortalecer la capacidad operativa y de control de entidades clave como el Invima.

El vocero aseguró que los desembolsos no responderán a presiones mediáticas o cercanía política, sino estrictamente al riesgo clínico del paciente y a la evidencia de la obligación. Para ello, se implementarán mecanismos como el giro directo, un cronograma público de desembolsos, tableros de seguimiento y auditorías concurrentes.

El equipo de empalme expuso que, si bien los datos preliminares deben ser depurados de manera rigurosa, reflejan una realidad humanitaria alarmante que no puede ser ignorada. Entre los reportes se destacan más de 900.000 registros asociados a pacientes con cáncer con atenciones pendientes o incompletas, cerca de 1,6 millones de personas con patologías crónicas que sufren retrasos en tratamientos, y unos 3.000 pacientes trasplantados expuestos al riesgo de perder sus órganos por falta de medicamentos inmunosupresores.

En el frente financiero, las cifras de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas señalan que la cartera asciende a unos 25,7 billones de pesos en 232 instituciones, con una mora del 58 %. Las EPS intervenidas y bajo vigilancia especial concentran 12,6 billones de esa deuda, mientras que la red pública acumula obligaciones laborales vencidas superiores a un billón de pesos.

Como parte de la estrategia para estabilizar el sistema de cara al futuro, el próximo 7 de agosto se instalará una mesa nacional de concertación con la participación de ministerios, la ADRES, la Superintendencia de Salud, EPS, IPS, pacientes, trabajadores y sociedades científicas. Su primer objetivo será construir una metodología única para auditar y clasificar las obligaciones acumuladas entre 2022 y 2026.

Asimismo, se convocará una mesa técnica para definir la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2027, incorporando variables como el envejecimiento poblacional, la ruralidad y la inflación médica, sin descartar la evaluación de un ajuste transitorio para lo que resta de 2026 si la disponibilidad fiscal del Ministerio de Hacienda lo permite.

Alias “Efrén” tenía a su cargo roles clave en la estructura criminal: dirigía las finanzas, la logística y el abastecimiento en la región suroriental del país, de acuerdo con las Fuerzas Militares. Durante más de 17 años, gestionó fondos provenientes del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el tráfico de armas, lo que consolidó su importancia en el esquema de las disidencias. Además, instruía a integrantes en el uso de drones equipados con explosivos, los cuales eran empleados en ataques contra la población civil y uniformados.

Tras la neutralización de “Efrén”, las autoridades consideran que este resultado afecta directamente la capacidad financiera y logística de la disidencia, diluyendo sus posibilidades de expansión y sostenimiento en los departamentos de Vichada, Meta, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Putumayo y Caquetá. Este golpe se suma a otras acciones recientes contra la organización de alias “Mordisco”. Por ejemplo, el 29 de junio fue abatido Juan Diego Palta Montero, alias “Ñeque”, junto a tres presuntos miembros de la misma estructura, en Toribío, Cauca. Palta Montero era considerado la mano derecha de Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias “Marlon”, otro lugarteniente clave muerto el 20 de junio.

Alias “Ñeque” era señalado por las autoridades como líder del frente Dagoberto Ramos y responsable de amenazas contra el presidente Gustavo Petro. Estaba incluido en la lista de los más buscados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, entidad que había propuesto una recompensa de USD 5 millones a quien brindara información clave para permitir su captura. El ministro Sánchez, durante la Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el Terrorismo en Nueva York, resaltó la meta oficial de neutralizar los principales líderes delincuenciales que delinquen en el Cauca, detallando que los recientes operativos concentran esfuerzos en esa dirección.

¿Quién era alias “Efrén” y por qué era importante para las disidencias?

Alias “Efrén”, líder de la estructura 39 bajo las órdenes de “Iván Mordisco”, tenía más de 17 años dedicado a actividades delincuenciales. Según información oficial citada por El Espectador, su papel era fundamental en el manejo de finanzas, logística y abastecimiento, así como en la capacitación de miembros en el uso de drones explosivos. Su muerte debilita notablemente la operatividad de la estructura criminal en varias regiones del país.

¿Qué impacto tiene la muerte de “Efrén” en la seguridad de los departamentos afectados?

De acuerdo con las Fuerzas Militares, la muerte de alias “Efrén” representa un golpe directo al aparato financiero y logístico de las disidencias de alias “Mordisco”. Las autoridades sostienen que se reduce la capacidad de expansión, movilidad y sostenimiento de esta estructura criminal en departamentos como Vichada, Meta, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Putumayo y Caquetá.

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La colectividad argumentó que, al haber liderado el gremio que representa a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), Vesga podría enfrentar restricciones legales para tomar decisiones relacionadas con ese sector durante el primer año de su gestión en el cargo público.

En un comunicado, el partido señaló que la legislación vigente contempla limitaciones para quienes han representado intereses privados antes de asumir funciones en el Estado, por lo que pidió revisar si estas normas aplican al caso de la nueva ministra.

El pronunciamiento se produjo pocas horas después de que Vesga aceptara oficialmente la designación, afirmando que trabajará para fortalecer el sistema de salud, priorizar a los pacientes y recuperar la confianza entre los diferentes actores del sector.

Hasta el momento, el gobierno electo no ha respondido a los cuestionamientos del Pacto Histórico.

Mientras tanto, se espera que las autoridades competentes analicen si existe alguna incompatibilidad jurídica que impida el ejercicio del cargo.

La controversia surge en un momento clave para el sistema de salud colombiano, que afronta importantes retos y será una de las principales prioridades del nuevo gobierno.

Felipe Zuleta critica doble moral de Pacto Histórico

El panelista de Blu Radio señaló que la Minsalud de Petro en su momento también venía de un cargo similar. Asimismo, criticó que el Pacto Histórico no acepte el triunfo de De la Espriella y sí critique sus nombramientos.

“La doctora Carolina Corcho, por ejemplo, en el lapso anterior a ser ministra fue presidenta de la Asociación de Médicos Internos y Residentes. Entonces, ¿estaba en una inhabilidad? No”, añadió.

“Me llama la atención que ellos dicen que no es un gobierno legítimo. Entonces, ¿para criticar los nombramientos de ministros sí es legítimo?”, sentenció.

Durante su gestión en Acemi, Vesga se destacó por advertir sobre la grave crisis financiera y asistencial que afecta al sistema de salud. Resaltó la necesidad de clarificar las deudas acumuladas en el sector, revisar las fórmulas de financiación como la Unidad de Pago por Capitación y asegurar los recursos necesarios para que las EPS puedan cumplir con sus obligaciones hacia sus afiliados. Señaló, por ejemplo, que la crisis es tan profunda que afecta tanto la entrega de medicamentos como la oportunidad en las citas y refleja tensiones económicas entre aseguradoras, hospitales y clínicas.

El nombramiento de Vesga, según El Diario, implica un cambio marcado respecto a la política del Gobierno saliente, pues durante años cuestionó las decisiones de la administración de Gustavo Petro y alertó sobre el deterioro del sistema. Sin embargo, su llegada también ha despertado controversia: algunos sectores ven en su conocimiento técnico una oportunidad para mejorar la gestión, mientras que otros advierten posibles conflictos de intereses por su cercanía con las EPS, ya que pasa de dirigir un gremio privado a una entidad estatal encargada de su regulación.

Vesga es abogada de la Universidad de los Andes, con formación en Alta Dirección y Liderazgo Estratégico, y experiencia en sectores como el minero, petrolero, farmacéutico y empresarial. Antes de estar en Acemi, trabajó en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), donde lideró temas de salud y el sector farmacéutico. Su historial muestra un enfoque hacia la formulación de políticas públicas y la representación gremial ante problemáticas estructurales del sector médico.

De acuerdo con las propuestas de De la Espriella, la nueva ministra tendrá el reto de aplicar un plan de choque de 10 billones de pesos, revisar trimestralmente los recursos y mejorar la atención en medicamentos y tratamientos. Vesga deberá articular respuestas a la crisis, reducir demoras y definir la regulación sobre las EPS intervenidas, todo mientras enfrenta el escrutinio público por sus nexos anteriores y la alta exigencia de los usuarios.

¿Por qué genera polémica el nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud?

El nombramiento de Ana María Vesga genera controversia porque pasa directamente de liderar el principal gremio de EPS a ocupar el cargo desde el que se regula y vigila a esas mismas entidades. De acuerdo con El Diario, sectores críticos temen posibles conflictos de intereses dados sus vínculos previos, aunque otros apoyan su conocimiento técnico para enfrentar la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano.

¿Cuáles serán los principales desafíos de Ana María Vesga en el Ministerio de Salud?

Entre los retos más relevantes se encuentran normalizar la entrega de medicamentos, reducir demoras en la atención, recuperar el flujo de recursos para hospitales y clínicas, y definir la posición del gobierno respecto a las EPS intervenidas. Además, deberá responder al aumento de tutelas y reclamos de usuarios, y transformar las propuestas del presidente electo en soluciones concretas para el sector, según lo reportado por El Diario.

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Según lo comunicado por De la Espriella en sus redes sociales, el nuevo Gobierno afinó cada decisión política y consolidó el equipo que conformará el gabinete. El mandatario electo ratificó la presencia de figuras como Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior, Miguel Gómez en Hacienda, el general retirado Jorge Mora en Defensa e Iván Cancino en Justicia, entre otros, aunque aún falta definir quién liderará la cartera de Ciencias.

El enfoque principal del consejo fue la instrucción que de la Espriella anunció a su gabinete: buscar el endurecimiento de las penas para quienes cometen crímenes contra menores, con el objetivo de garantizar una justicia pronta y de evitar que los responsables vuelvan a recuperar la libertad. "Se debe establecer la pena más severa como mecanismo disuasorio", afirmó el presidente electo, subrayando su postura a favor de la cadena perpetua en estos casos.

El debate sobre la cadena perpetua reapareció en la agenda a raíz del caso de María Camila Potosí, una joven de 21 años y embarazada de ocho meses, quien fue hallada sin vida en Cali después de ser reportada como desaparecida. De acuerdo con lo citado, las autoridades ya capturaron a las cinco personas implicadas en este feminicidio, además del hallazgo de los restos del recién nacido, identificados como su hija, Alahia.

Esta petición del mandatario electo revive una discusión jurídica que había sido cerrada por la corte Constitucional en septiembre de 2001, instancia que declaró inexequible el Acto Legislativo 01 de 2020, promovido durante el gobierno de Iván Duque, que buscaba habilitar la cadena perpetua para ciertos delitos contra menores.

Además, de la Espriella solicitó al ministro de Defensa designado, Jorge Mora, presentar en el próximo consejo de seguridad una estrategia con la que su gobierno enfrentará la criminalidad en el suroccidente colombiano, planeando iniciar su aplicación a partir del 8 de agosto, tras su toma de posesión.

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¿Qué es la cadena perpetua para asesinos de niños en Colombia?

La cadena perpetua para asesinos de niños es una pena máxima que busca que quienes sean hallados culpables de cometer homicidios o abusos contra menores nunca recuperen su libertad. En Colombia, este mecanismo fue aprobado durante la administración de Iván Duque mediante el Acto Legislativo 01 de 2020, pero la corte Constitucional lo declaró inexequible en septiembre de 2001, cerrando la posibilidad de implementarlo por considerarlo contrario a la constitución.

¿Por qué Abelardo de la Espriella propone endurecer las penas para crímenes contra menores?

El presidente electo plantea esta medida tras el feminicidio de María Camila Potosí y el hallazgo de los restos de su hija recién nacida. Según comunicó, su intención es garantizar justicia pronta y evitar que quienes cometan estos crímenes puedan quedar en libertad. Propone la pena más severa como mecanismo disuasorio para quienes atenten contra la vida y dignidad de los niños.

La propuesta de De la Espriella responde a su anuncio de descentralizar la administración nacional, llevando parte de la agenda presidencial fuera de Bogotá. Así, busca ejercer el Ejecutivo desde diversas regiones, con presencia permanente en ciudades como Barranquilla, además de contemplar sedes alternas en Medellín y Cali. El objetivo institucional de esta estrategia, según lo expresado por el presidente electo, es lograr un contacto más directo con distintas zonas del país y ofrecer una administración menos concentrada en la capital.

Las primeras imágenes del nuevo despacho detonaron reacciones inmediatas, tanto en redes sociales como entre dirigentes políticos. Muchos compararon la fachada de la sede con la Casa Blanca de Estados Unidos, aunque oficialmente no se ha confirmado que el diseño busque imitar tal estilo. Las críticas han girado en torno a la estética, la ubicación dentro de una guarnición militar y, principalmente, al origen y uso de los recursos destinados a la obra.

La financiación y transparencia sobre el costo del proyecto abrió interrogantes. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, aseguró que no se emplearon recursos públicos departamentales, aunque admitió que empresarios privados aportaron insumos y materiales. Entre los donantes está Christian Daes, propietario de Tecnoglass, quien entregó ventanas y puertas. Sin embargo, no se han revelado todos los nombres de los financiadores ni el monto definitivo de la inversión. Verano justificó el respaldo argumentando que la sede ofrecerá al mandatario un entorno tecnológicamente apropiado para ejercer funciones ejecutivas desde Barranquilla.

En paralelo, De la Espriella ha manifestado su intención de destinar la histórica Casa de Nariño —actual residencia y centro de trabajo presidencial en Bogotá— a convertirse en museo y trasladar su despacho en la capital al Palacio de San Carlos, sede actual del Ministerio de Relaciones Exteriores. De esa manera, pretende atender asuntos oficiales en Bogotá sin abandonar su apuesta por sedes regionales, y ha sugerido ante el Congreso que Barranquilla sea reconocida como capital alterna.

¿Cómo se financió la sede presidencial de Abelardo de la Espriella en el Batallón Paraíso?

La financiación de la nueva sede presidencial en Barranquilla ha sido controversia central, ya que, según el gobernador Eduardo Verano, no se usaron recursos públicos del Atlántico. Los aportes vinieron de empresarios privados, entre ellos Christian Daes, propietario de Tecnoglass. No obstante, hasta ahora no han sido revelados todos los donantes ni el valor total invertido, lo que mantiene abiertas preguntas sobre la transparencia del proceso.

¿Por qué Abelardo de la Espriella comparó su nueva sede con la Casa Blanca?

La comparación de la sede del Batallón Paraíso con la Casa Blanca surgió entre usuarios y políticos en redes sociales luego de conocerse imágenes de la fachada. Oficialmente, no se ha confirmado que la edificación imite el diseño estadounidense; sin embargo, la similitud estética motivó críticas sobre la pertinencia y significado de elegir ese tipo de imagen para el despacho presidencial en Colombia.

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Durante la conversación, el diálogo fluyó entre la ironía y los señalamientos sobre su futuro y su situación legal actual.

— “Doctor Roa, un gusto saludarlo en este último diálogo como presidente de Ecopetrol”, le saludó el periodista al inicio de la entrevista. — “Para mí no fuera el último diálogo, ojalá sea parte de muchos más porque no espero retirarme de esta industria, mi experiencia me da hasta para ser consultor suyo en los temas que considere. Hasta ayer fui el presidente de Ecopetrol y miembro de las juntas directivas”, indicó Roa. Ante la propuesta de continuar vinculado en el ámbito consultivo, la respuesta de Morales no se hizo esperar: — “Meto acá su hoja de vida y lo consideraré cuando salga de todos los líos que tiene”.

La mención a los “líos” judiciales y políticos no es menor, pues la administración de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol y su anterior rol como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 estuvieron rodeados de constantes controversias e investigaciones por parte de los organismos de control.

El flanco más sensible para Roa ha girado en torno a la financiación de la campaña presidencial de 2022. El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrieron investigaciones formales para determinar presuntas irregularidades, violación de topes de gasto y la omisión de reportes de ingresos, incluyendo aportes de fuentes prohibidas y pagos no declarados a testigos electorales y proveedores. Como gerente de dicha campaña, Roa se convirtió en el eje central de estas indagaciones que han avanzado tanto en el ámbito administrativo como penal.

A esto se sumaron los cuestionamientos públicos sobre su patrimonio, contratos y la adquisición de bienes inmuebles, así como los permanentes debates económicos y políticos sobre el rumbo de Ecopetrol, la estrategia de transición energética y los nombramientos dentro de la junta directiva y la compañía.

A pesar de las investigaciones abiertas en su contra y del desgaste político acumulado, Roa cierra su ciclo en la empresa más importante del país defendiendo su trayectoria técnica en el sector, mientras enfrenta un panorama judicial complejo que continuará desarrollándose en los estrados colombianos.

En este encuentro, las distintas entidades gubernamentales y de fuerza pública acordaron trabajar de manera articulada para garantizar la protección tanto de la ciudadanía local como de los visitantes. Según reportó la gobernadora, desde el martes anterior se tiene operativo el Puesto de Mando Unificado. Entre las medidas ya implementadas, se destaca el refuerzo de la Tercera Brigada del Ejército y la instalación de puestos de control en los corredores considerados seguros, con el objetivo de blindar los accesos y salidas de Cali. Además, se priorizaron municipios claves como Palmira, Tuluá, Buenaventura, Candelaria, Florida, Pradera, Yumbo, Jamundí y Dagua, para fortalecer la vigilancia y control en sus jurisdicciones.

Una decisión relevante fue la anunciada recompensa de hasta 500 millones de pesos por información anticipada de la ciudadanía sobre amenazas o movimientos sospechosos, como vehículos o drones potencialmente peligrosos. Esta iniciativa se acordó conjuntamente entre la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle, con el fin de incentivar la denuncia y prevenir incidentes que puedan afectar la seguridad durante el evento.

De acuerdo con las autoridades, se desplegará una presencia de más de 11.000 uniformados de la Fuerza Pública, cifra que evidencia la magnitud del operativo. Dilian Francisca Toro resaltó la importancia de esta articulación excepcional entre los niveles departamental y nacional, destinada a asegurar una posesión presidencial tranquila. Además, se anunció la creación de un tercer anillo de seguridad alrededor de Cali, el refuerzo de operaciones de la Armada Nacional en Buenaventura y el litoral Pacífico, así como la vigilancia aérea a cargo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana utilizando aeronaves tripuladas y no tripuladas, y sistemas antidrones. Por su parte, la Policía Nacional asumirá la custodia del aeropuerto local.

Las estrategias implementadas muestran el compromiso de las autoridades para proteger la ciudad y sus alrededores ante un evento de alta relevancia nacional, bajo una coordinación reforzada que involucra todos los niveles de Gobierno y la participación de la comunidad.

¿Cuáles son las principales medidas de seguridad para la posesión presidencial en Cali?

Las autoridades han definido un amplio despliegue de más de 11.000 uniformados, reforzamiento de puestos de control en los corredores de acceso y salida de Cali, vigilancia aérea con sistemas antidrones, un tercer anillo de seguridad, recompensas por información ciudadana y la priorización de municipios cercanos, todo con el propósito de blindar la seguridad durante la posesión presidencial.

¿Qué significa Puesto de Mando Unificado y cómo funciona en situaciones de seguridad?

El Puesto de Mando Unificado es una estructura temporal que reúne en un solo lugar a representantes de las fuerzas militares, policía y gobierno para tomar decisiones rápidas y coordinadas ante eventos de alto riesgo, permitiendo optimizar recursos y responder de manera eficiente a cualquier posible amenaza durante operativos especiales.

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La gravedad de las lesiones quedó de manifiesto: Arrigui sufrió al menos ocho heridas con arma blanca, tres de ellas de profundidad considerable. Aunque ya fue dado de alta, médicos le dieron una incapacidad de entre siete y diez días. El profesor Torres afirmó que el impacto psicológico persiste, tanto así que evalúan sacar a Arrigui de la ciudad por temor a nuevos ataques. El docente insistió en que los agresores intentaron asestar decenas de puñaladas y enfatizó en el riesgo que enfrenta el estudiante después de lo ocurrido.

Durante la entrevista con Blu Radio, Torres responsabilizó públicamente al sindicato Sintraunal, señalando que Arrigui había denunciado previamente presuntas intimidaciones y agresiones por parte de integrantes de esa organización. El docente aseguró que semanas antes del ataque, al menos un representante de este sindicato habría agredido físicamente al joven. Sin embargo, destacó que corresponde a la Fiscalía General de la Nación analizar las pruebas bajo cadena de custodia y determinar las responsabilidades legales.

Frente a lo sucedido, la Universidad Nacional tomó varias medidas. Según declaraciones del rector José Ismael Peña y el comunicado No. 19 de la Rectoría, la institución activó protocolos de atención a las víctimas, resguardo de la información y colaboración con las autoridades judiciales. Además, la universidad reiteró la importancia de no estigmatizar a la comunidad universitaria, conformada por más de 56.000 estudiantes, profesores y trabajadores que, en palabras de Torres, buscan una “universidad en paz”. Como parte de la investigación, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron inspecciones en el interior del campus horas después de la agresión.

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¿Quién fue el responsable del ataque contra Kevin Arrigui en la Universidad Nacional?

Hasta el momento, no se ha establecido legalmente la responsabilidad de los perpetradores del ataque. Aunque el profesor Diego Torres señaló públicamente al sindicato Sintraunal como posible responsable, la Fiscalía General de la Nación es la encargada de investigar, analizar las pruebas y determinar quiénes son los responsables penales del hecho.

¿Cómo ha respondido la Universidad Nacional al ataque a Kevin Arrigui?

La Universidad Nacional activó protocolos de atención a las víctimas, colaboró con las autoridades judiciales y realizó actuaciones disciplinarias internas. Además, el rector y la rectoría emitieron comunicados rechazando la violencia y garantizando el resguardo de la información y el apoyo necesario para esclarecer el caso, así como la seguridad de la comunidad académica afectada.

En el documento, Muñoz respondió a los cuestionamientos sobre su paso por la Aerocivil y sobre la presencia de varios de sus familiares en esa entidad. Aunque reconoció que existieron esos nombramientos, aseguró que ella no intervino en ninguno de los procesos.

“Mi madre presentó nuestras hojas de vida ante el entonces director, con quien tenía una relación personal previa. Posteriormente, la Aerocivil, a través de las áreas competentes, revisó y evaluó nuestros perfiles y tomó las decisiones correspondientes”, explicó.

La joven insistió en que nunca utilizó su cargo para favorecer a familiares, amigos o terceros.

“Yo no participé en la evaluación ni en la decisión sobre esos nombramientos. Tampoco solicité, recomendé, presioné o gestioné la vinculación de familiares, amigos o terceros”, afirmó.

También aseguró que sus funciones eran exclusivamente administrativas y que nunca ocupó un cargo directivo dentro de la entidad.

“Mis funciones fueron asistenciales y secretariales. No ocupé un cargo técnico o directivo, no tuve personal bajo mi mando ni ejercí autoridad sobre funcionarios o contratistas”, señaló.

(Vea también: Así funciona la “red de mujeres” que se pasea por la Casa de Nariño a su antojo, según Angie Rodríguez)

Muñoz rechazó además las versiones según las cuales habría incrementado considerablemente su patrimonio tras su paso por la Aerocivil y afirmó que toda su información financiera puede ser revisada por las autoridades competentes.

Al final del comunicado reiteró cuál, según ella, fue su verdadero papel dentro de la entidad.

“No nombré, no contraté, no pedí vinculaciones y no tomé decisiones directivas en la Aerocivil. Estoy dispuesta a que mi actuación sea revisada y esclarecida con documentos”, concluyó.

Poco tiempo después de la publicación del comunicado apareció un mensaje del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, interpretado como un respaldo directo a la joven.

“No me gustan las injusticias y más cuando implican una calumnia sobre mí o cuando destruyen seres humanos”, escribió el mandatario.

No me gustan las injusticias y más cuando implican una calumnia sobre mi o cuando destruyen seres humanos. https://t.co/f8Z8NxjUpF

— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 31, 2026

La defensa presidencial llega en medio de una fuerte controversia originada por las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE y del Fondo Adaptación, quien aseguró que Gabriela Muñoz tenía un poder muy superior al que correspondía a su cargo y que incluso “manejó a su antojo” la Aeronáutica Civil.

Posteriormente, el representante Daniel Briceño publicó varios documentos con los que aseguró que el hermano de Gabriela y otros familiares también fueron nombrados o contratados por la Aerocivil, cuestionando posibles conflictos de interés y pidiendo que las autoridades investiguen esos procesos.

A esos señalamientos se sumaron testimonios de funcionarios citados por distintos medios de comunicación, quienes afirmaron que Muñoz asistía a reuniones de alto nivel, participaba en encuentros estratégicos e incluso acompañaba al presidente en algunos espacios institucionales, pese a desempeñar un cargo asistencial. La joven ha negado esas versiones y sostiene que nunca tuvo poder de decisión.

Mientras continúan las denuncias y se anuncian posibles investigaciones, Petro decidió respaldar públicamente a Gabriela Muñoz, una de las figuras que más controversia ha generado en los últimos días del Gobierno saliente.

Abelardo de la Espriella nació en Montería, Córdoba, el 31 de julio de 1978. Además de su trayectoria en el mundo jurídico, hoy conserva el rótulo de ser uno de los profesionales más jóvenes en ser elegidos presidente en Colombia.

Desde muy joven demostró una inclinación marcada por la oratoria, la vida pública y el litigio. Se graduó como abogado en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, institución donde también adelantó estudios de especialización en Derecho Penal y Criminología. Con el paso de los años, complementó su formación con estudios en derecho constitucional y gestión pública, construyendo una plataforma profesional que más tarde le serviría de trampolín hacia la política nacional.

Este es el video que compartió su equipo digital en redes sociales para celebrar su cumpleaños:

 

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¿Cuántos años cumple Abelardo de la Espriella en este 2026?

Uno de los aspectos más relevantes de la llegada de Abelardo de la Espriella al poder es su factor etario. Al asumir la jefatura de Estado con 48 años, que cumple hoy, se posiciona como uno de los mandatarios más jóvenes en tomar las riendas del país en la historia democrática reciente.

Para dimensionar el hito generacional que representa su victoria, resulta útil comparar su edad con la de otros presidentes colombianos al momento de su posesión:

Si bien no supera el récord de juventud de figuras como Iván Duque o César Gaviria (quienes asumieron la Presidencia en sus tempranos 40), De la Espriella se ubica en el selecto grupo de los presidentes sub-50 de la historia contemporánea. Su llegada marca un drástico cambio generacional frente a la administración saliente de Gustavo Petro, quien asumió el cargo a los 62 años.

¿Cómo llega De la Espriella a la presidencia de Colombia?

El ascenso del abogado a la presidencia no fue producto de la casualidad, sino de una estrategia de construcción de marca personal y liderazgo político estructurada durante años:

1. Creación de una narrativa anticomunista y de seguridad: logró capitalizar el descontento de las clases medias y los sectores empresariales frente a las reformas y el deterioro del orden público durante el periodo 2022-2026, posicionándose como la antítesis ideológica del modelo de izquierda.
2. Consolidación de un movimiento independiente: a través de Defensores de la Patria, logró estructurar un movimiento ciudadano capaz de recoger firmas, movilizar votantes en las regiones y articular alianzas con partidos tradicionales (Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático) sin perder su identidad de outsider.
3. Dominio de la comunicación digital: transformó las plataformas digitales en su principal canal de contacto directo con los ciudadanos, prescindiendo en gran medida de los intermediarios tradicionales y conectando con el electorado joven y de centro-derecha mediante un lenguaje llano, contundente y sin corrección política.

Un sismo de magnitud 3.8 se registró durante la mañana de este viernes 31 de julio en el norte del Huila, con epicentro en inmediaciones del municipio de Baraya.

(Lea también: Hubo fuerte terremoto en Perú y alcanzó a causar angustia por lo duro que fue)

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 6:05 a. m. y tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros.

¿Dónde fue el epicentro del sismo?

El SGC ubicó el epicentro a 23 kilómetros de Baraya, en las coordenadas 2.99 de latitud y -74.93 de longitud.

Por sus características, el movimiento pudo ser percibido de manera leve en sectores cercanos al epicentro. Sin embargo, hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños materiales asociados al evento.

La magnitud registrada no corresponde a un sismo de gran intensidad, aunque la percepción puede variar dependiendo de la distancia al epicentro, la profundidad y las condiciones del terreno y las edificaciones.

(Puede leer:  Los basureros existen porque aún falta cultura ambiental)

Huila, una zona de actividad sísmica

Colombia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a su ubicación geológica. El Huila, particularmente en la región andina, registra periódicamente movimientos telúricos de diferentes magnitudes.

Ante este tipo de eventos, las autoridades recomiendan mantener la calma y aplicar las medidas de prevención, además de verificar posibles afectaciones en viviendas o infraestructura y reportarlas a los organismos correspondientes.

Por ahora, el sismo de 3.8 registrado en Baraya no deja reportes de afectaciones, mientras se mantiene el seguimiento a la actividad sísmica en el departamento.

A pesar de la pronta reacción de los equipos de socorro, la situación de Bermúdez era crítica y requirió su traslado urgente al Hospital San Vicente de Paúl de Fresno. Allí, el personal médico hizo lo posible para estabilizarlo, pero la gravedad de las lesiones impidió que el joven lograra salir adelante, confirmándose su fallecimiento pocos minutos después de haber ingresado a la institución. De acuerdo con los registros, la atención fue realizada con la mayor inmediatez posible, sin embargo, el desenlace fue fatal, dejando consternada a la comunidad afectada por el trágico hecho.

El accidente obligó a la presencia de autoridades de tránsito y de las unidades de investigación competentes, quienes se encargaron de la inspección técnica del sitio. El objetivo de esta diligencia era esclarecer las circunstancias exactas del incidente, una tarea fundamental en este tipo de sucesos para determinar causas y posibles responsables. Las autoridades aún no han entregado detalles concretos sobre las causas del accidente y continúan adelantando las labores de investigación pertinentes.

En este contexto, la tragedia de Stiven Bermúdez pone en evidencia la peligrosidad de ciertos tramos viales y la importancia de la respuesta oportuna por parte de los organismos de emergencia. La comunidad de Fresno y de Manizales permanece a la espera de resultados que puedan arrojar claridad sobre lo ocurrido y que permitan implementar acciones preventivas a futuro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el accidente de tránsito entre Fresno y Manizales el 29 de julio?

El accidente tuvo lugar en el sector llamado El Arepaso, en la vía Fresno-Manizales, donde Stiven Bermúdez perdió la vida tras verse involucrado en el siniestro. Pese a recibir asistencia y ser trasladado al Hospital San Vicente de Paúl de Fresno, el joven falleció por la gravedad de sus heridas, según los reportes entregados en el sitio.

¿Cómo actuaron las autoridades en el accidente de la vía Fresno-Manizales?

Tras el accidente, las autoridades de tránsito y unidades de investigación realizaron una inspección técnica en el lugar para establecer las circunstancias exactas del hecho. Además, los organismos de socorro brindaron asistencia inmediata y médica a la víctima, aunque lamentablemente no lograron evitar el fallecimiento de Bermúdez.

Esta radiografía fue medida mes a mes por CB Global Data, una consultora argentina encargada de clasificar a los presidentes de América Latina según su popularidad. Cristian Buttié, director de la consultora, afirmó en entrevista con Semana que nunca se vio al mandatario con más del 50 % de aprobación, registrando siempre un saldo desfavorable entre quienes aprobaban y desaprobaban su gestión.

Los reportes mensuales mostraron cómo Petro transitó la mayor parte de su gobierno entre los puestos intermedios y bajos del ranking regional. Aunque al inicio se mantenía en los puestos 7 u 8, desde febrero, al ubicarse en las posiciones 12 o 14, el ambiente electoral en el país hizo que su calificación empeorara. En julio de 2026 cerró con un 39,4 % de imagen positiva y un 57,5 % de negativa, ocupando el puesto 12 entre 18 mandatarios, por encima de Javier Milei, quien se ubicó en el lugar 14 con un 36,8 % de aprobación y un 61,3 % de desaprobación. Por su parte, el salvadoreño Nayib Bukele finalizó el mes con una ventaja de casi 39 puntos entre su imagen positiva y negativa.

Según Buttié, Colombia no fue un caso aislado, pero sí uno de los más estables en su desaprobación, un factor que convirtió al gobierno en un techo político para el oficialismo de cara a la sucesión presidencial. El analista indicó que el mandatario conservó un núcleo muy fiel, pero nunca logró conquistar a los electores del centro, a lo que se sumaron sus polémicas posturas frente a gobiernos como los de Venezuela o Cuba.

Este desgaste influyó en el resultado electoral y dejó el camino abierto para la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia a partir del 7 de agosto. Para el experto, el nuevo mandatario arrancará con una mayor cuota de confianza y un índice de aprobación superior al 50 %, aunque tendrá el gran desafío de gobernar un país profundamente polarizado.

Entre las cinco personas capturadas se encuentra la mujer que se ve en un video de cámara de seguridad manejando una motocicleta y que habría sido la última persona que vio con vida a la víctima. Y es que en la madrugada de este jueves se realizaron varias diligencias de allanamiento en conjunto entre Policía y Fiscalía en Cali y en Tuluá.

(Lea también: Las hipótesis que trabajan autoridades en torno a la búsqueda de la bebé de María Camila Potosí)

Lo que dice también la Fiscalía General de la Nación es que, en medio de esos allanamientos, se incautaron varios elementos tecnológicos que serán determinantes en la investigación. Además, las autoridades aseguraron tener videos de cámaras de seguridad e interceptaciones que darían cuenta de este crimen.

En las próximas horas, la Fiscalía radicará ante un juez de garantías las respectivas audiencias de judicialización de las cinco personas capturadas.

Se presume que los delitos que le imputarán a estas personas son los de feminicidio agravado, secuestro simple, desaparición forzada y alteración de pruebas.

Los últimos momentos con vida de María Camila Potosí

La última imagen que se conoció de María Camila Potosí con vida fue a las 4:16 de la tarde del 16 de julio cuando ella se subió a una motocicleta. Cámaras de seguridad la captaron cerca del puesto de salud e Polvorines, en el sur de Cali, hasta donde llegó en la mañana de ese día para acceder a su control prenatal. Tal como se aprecia en imágenes reveladas por Noticias Caracol, iba a bordo de una motocicleta en compañía de una mujer, quien ya fue detenida.

Diana Carolina Velásquez, gerente de la Red de Salud Ladera de Cali, dijo que la joven “tuvo su última consulta con médico, una consulta que se desarrolló de manera habitual, como dicen las guías de práctica clínica. Ingresó alrededor de las 9:00 de la mañana a nuestra IPS. A las 9:33 a. m. cerramos historia clínica. Ella salió, ingresó al consultorio de manera individual e hizo el seguimiento respectivo”.

Según familiares, la joven de 21 años de edad desapareció en horas de la tarde de ese mismo día cuando manifestó que regresaría al mismo puesto de salud, pero esto no habría ocurrido. Cuatro días después, las autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo en alto estado de descomposición y con varias heridas causadas con arma cortopunzante. En su momento, el mayor Alirio Acuña, subjefe de Investigación Criminal de la Policía Nacional, sobre el hallazgo, dijo que el cadáver fue encontrado en “el kilómetro 3 vía la Buitrera, específicamente a orillas del río Meléndez. Preliminarmente, las características morfológicas y prendas de vestir coinciden con la ciudadana de 21 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado jueves 16 de julio en el sur de la ciudad”.

A través de un comunicado, la P[ersonería Distrital de Cali exigió celeridad en la investigación para identificar y capturar a los responsables de este crimen.

María Camila Potosí tenía 36 semanas de gestación y tenía como fecha probable de parto el próximo 10 de agosto.

(Lea también: Destapan cómo fue el macabro plan contra María Camila Potosí y este habría sido rol de capturados)

¿Qué pasó con la bebé de María Camila Potosí?

En Cali, las autoridades pusieron en marcha un grupo especial de búsqueda para dar con el paradero de la bebé de María Camila Potosí. Las labores de búsqueda se adelantan con apoyo de la comunidad en sectores como Meléndez, Polvorines, Alto de Santa Elena y la cuenca del río. El objetivo es recolectar información y hallar indicios que permitan esclarecer qué ocurrió con la bebé y establecer su ubicación.

Aunque las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quienes aporten información clave que ayude a esclarecer el caso, la investigación continúa sin respuestas definitivas. Entre las principales incógnitas figura el destino de la recién nacida.

En diálogo con Noticias Caracol, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavídez, manifestó que “se han recibido algunas informaciones, algunas llamadas que mencionarían que precisamente la bebé desafortunadamente no habría sobrevivido y obviamente hace una parte de la hipótesis que estamos trabajando y por eso se ha activado una búsqueda en el sector. También estamos trabajando sobre la hipótesis que podría estar viva la bebé, toda vez que no hay confirmación frente a ello y por eso también tenemos un equipo investigativo tanto de policía judicial como de inteligencia y nuestro Gaula haciendo la búsqueda”.

Con corte a junio de 2026, la crisis financiera del sistema de salud en Colombia sigue profundizándose. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la deuda acumulada del sector oscila entre $24 billones y $33 billones, dependiendo de la metodología de medición, mientras que la Nueva EPS concentra más de $9 billones, equivalentes a cerca del 28 % del total.

Pese a este panorama y a las críticas por el desabastecimiento de medicamentos y el deterioro de la atención, el presidente Gustavo Petro decidió reconocer su labor con una de las máximas distinciones del Estado.

El presidente Gustavo Petro condecoró a Jaramillo con la Orden de Boyacá en el grado de Caballero, resaltando su trayectoria como médico y servidor público.

Durante la ceremonia, el mandatario afirmó que el reconocimiento no solo exalta a la persona, sino también su vida dedicada a la medicina y la política, y aseguró que la condecoración simboliza el camino hacia una República independiente y un pueblo libre.

Según la Presidencia, la distinción reconoce el compromiso, la vocación de servicio y el profesionalismo del funcionario durante su paso por el Gobierno.

La entrega del reconocimiento cumple una promesa hecha por Petro en julio de 2025, cuando anunció que otorgaría la Orden de Boyacá a Jaramillo tras defenderlo de las críticas por la crisis del sistema de salud.

En ese momento, el magistrado de la Corte Constitucional José Fernando Reyes lo señaló como uno de los responsables de la crisis y del desabastecimiento de medicamentos, afirmaciones que el presidente rechazó públicamente antes de ratificar el homenaje.

De acuerdo con el alto tribunal, la suspensión se fundamenta en posibles inconsistencias jurídicas, específicamente porque uno de los artículos y su respectivo inciso permitían al Ministerio de Hacienda modificar partidas presupuestales sin contar con una autorización previa expedida por medio de una ley.

Al rechazar la determinación judicial, el mandatario arremetió contra los actores involucrados en la acción legal. “Ya un magistrado del Consejo de Estado salvó el fondo que dirigía Angie en el Fondo de Adaptación, una partida destinada a atender los inviernos y que varios políticos caribeños quieren robar, pero lo que viene no es lluvia, sino muchísimo sol”, afirmó el jefe de Estado a través de su cuenta oficial en la red social X. Según su perspectiva, la decisión jurídica buscaba obstaculizar las acciones gubernamentales orientadas a mitigar la megasequía pronosticada para el mes de diciembre en el territorio colombiano.

El mandatario detalló que los fondos congelados priorizaban iniciativas esenciales como el suministro garantizado de agua potable para el departamento de Sucre y toda la región Caribe, un subsidio económico equivalente a un billón de pesos destinado a la adquisición de fertilizantes, y la instalación masiva de paneles solares para asegurar el servicio energético durante la temporada seca. Asimismo, advirtió que la situación podría agravarse notablemente si el próximo presidente, Abelardo De La Espriella, quien asumirá el cargo el 7 de agosto, no adopta con prontitud las medidas contempladas en el decreto suspendido.

“Lo que viene es mucho sol y calor; serán tres o cuatro meses de intensa sequía a partir de diciembre, que podrían provocar muerte y hambre si se pierde tiempo”, expresó Petro, cuestionando directamente la actuación de Wilson Ruiz Orejuela y del magistrado del Consejo de Estado responsable de desfinanciar el decreto de emergencia. Finalmente, defendió la transparencia de los procesos contractuales previstos y aseguró que la utilización de paneles solares es la respuesta más eficiente ante la escasez hídrica.

(Vea también: Valentina Taguado confirma relación de Claudia Bahamón con hermano de famosa actriz)

La presentadora caminaba de espaldas entre las estaciones de cocina cuando terminó chocando con el actor Luciano D’Alessandro, quien se movilizaba con rapidez para cumplir una tarea asignada a su equipo.

El momento quedó registrado en el episodio y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los seguidores del ‘reality’ comentaron la curiosa seguidilla de incidentes que ha vivido Bahamón en el inicio de la temporada.

 

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Segunda vez que golpean a Claudia Bahamón en ‘Masterchef 2026’

Sin embargo, ese no fue el primer percance que sufrió la conductora en la edición 2026 del programa. Días antes, el creador de contenido Emiro Navarro la golpeó accidentalmente en el rostro mientras celebraba con entusiasmo que había sido salvado del reto de eliminación.

En esa ocasión, Bahamón aseguró que el impacto le lastimó el labio, aunque posteriormente ambos bromearon sobre lo ocurrido, pese a que Bahamón mostró que el golpe le afectó sus labios.

 

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(Vea también: ¿Qué pasará con las EPS? Así será el plan detallado de De la Espriella frente a crisis que quedó)

La estrategia contempla la movilización de hasta 10 billones de pesos en un plazo de 90 días, recursos que estarán dirigidos al pago de deudas con hospitales y clínicas, la entrega de medicamentos y la atención de pacientes con tratamientos represados.

El anuncio fue realizado por Iván Sánchez, vocero del sector salud, durante el Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas. Según explicó, el objetivo es responder a la crisis humanitaria que enfrenta el sistema, estabilizar las finanzas del sector y recuperar la confianza entre las entidades que participan en la prestación de los servicios.

De acuerdo con Sánchez, los primeros reportes del equipo de empalme evidencian que existen cientos de miles de pacientes con procedimientos y tratamientos pendientes, incluidos casos de cáncer, enfermedades crónicas y personas trasplantadas que enfrentan riesgos por la interrupción en la entrega de medicamentos. No obstante, aclaró que esas cifras aún deberán ser verificadas mediante auditorías.

Como parte del plan, el nuevo Gobierno prevé destinar 4 billones de pesos para cubrir nóminas atrasadas y obligaciones críticas con hospitales y clínicas.

Además, se destinarán 3 billones para garantizar el suministro de medicamentos; 2 billones para reducir la lista de espera de pacientes con enfermedades de alto costo y 1 billón para otras necesidades prioritarias del sistema. Los recursos, según indicó el vocero, serán distribuidos con criterios técnicos y estarán sujetos a auditorías y mecanismos de seguimiento.

También anunció que el 7 de agosto se instalará una mesa nacional con participación del Gobierno, EPS, IPS, ADRES, la Superintendencia Nacional de Salud, entidades territoriales, proveedores, pacientes y sociedades científicas. Ese espacio buscará depurar las deudas acumuladas entre 2022 y 2026 para establecer cuáles cuentan con soporte y cuáles permanecen en discusión.

¿A quién designó Abelardo de la Espriella para dirigir el Ministerio de Salud?

El plan de choque será una de las primeras tareas de Ana María Vesga, designada como ministra de Salud del gobierno de De La Espriella. La abogada, que hasta ahora se desempeñó como presidenta ejecutiva de Acemi, el gremio que reúne a varias EPS del país, asumirá la cartera en medio de una de las mayores crisis que enfrenta el sistema de salud.

Su nombramiento marcó un cambio frente al enfoque del gobierno saliente y generó reacciones divididas en el sector. Mientras algunos expertos destacaron su experiencia en economía de la salud y su capacidad de diálogo, otros cuestionaron su llegada por haber representado a las EPS.

Ahora tendrá la responsabilidad de liderar la implementación del plan anunciado por el gobierno entrante, que incluye la depuración de deudas, el pago a prestadores y medidas para garantizar la entrega de medicamentos.

(Vea también: Petro habló de la “media casa” que le quedará tras dejar el poder y revivió su separación con Verónica Alcocer)

En una entrevista con Eva Rey para el formato ‘Me Vale’, Benedetti hizo una advertencia y aseguró que Alcocer actuaba por celos y tomaba medidas para alejar del entorno presidencial a mujeres que, según su percepción, podían llamar la atención de Petro.

“Suena horrible que yo te diga que Verónica me tenía celos. (…) Y creo que ella me metió en este grupo para que yo no estuviera cerca de su marido”, indicó Benedetti.

Según su versión, esa conducta no habría sido un hecho aislado. Benedetti sostuvo que varias mujeres fueron retiradas de actividades oficiales o de los viajes presidenciales por decisión de la entonces primera dama.

“Verónica es una persona que no permite que nadie le haga sombra. No dejaba que cualquier persona medio simpática se montara al avión con Petro, lo bajaba del avión”, agregó.

Las declaraciones hacen parte de una serie de revelaciones que la allegada de mininterior entregó sobre el funcionamiento del círculo más cercano al presidente durante su gobierno.

“Había otra que se llamaba Marisol, era muy cercana a Roy y después la nombraron cónsul en Londres. Ella iba a trabajar con Lizcano y la sacaron de Palacio. O sea, Verónica no permitió que, porque eran mujeres jóvenes, medianamente agraciadas o muy agraciadas, inmediatamente las sacaba de Palacio”, relató.

Hasta el momento, Verónica Alcocer no se ha pronunciado públicamente sobre estas afirmaciones, que corresponden únicamente al testimonio de Ángela Benedetti.

 

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¿Cómo era la relación entre Verónica Alcocer y Laura Sarabia?

Durante la misma conversación, Benedetti también se refirió al vínculo entre Laura Sarabia y Verónica Alcocer. Según explicó, la entonces primera dama nunca vio a la exfuncionaria como una amenaza, pese a la cercanía que mantenía con Gustavo Petro.

“Laura no le generaba peligro porque no era una mujer que le despertara celos”, aseguró Benedetti.

La entrevistada también habló sobre la influencia que, según ella, ejercían distintas personas dentro del Gobierno y compartió su visión sobre varios episodios que marcaron la administración Petro.

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El hombre relató cómo comenzaron las dudas sobre unas ecografías que, según su versión, no correspondían a una gestación real. La información fue revelada por La Kalle, con base en una entrevista concedida al videopódcast ‘Más allá del silencio’.

 Rincón afirmó que solo empezó a cuestionar la versión del embarazo cuando insistió en conocer las ecografías. Según contó, durante un tiempo ella evitó mostrárselas con el argumento de que otra persona las tenía guardadas.

¿Por qué surgieron dudas sobre las ecografías de Yulieth?

De acuerdo con el testimonio conocido por La Kalle, Rincón comenzó a pedir las ecografías para conocer el estado del supuesto embarazo. Según relató, fue entonces cuando aparecieron unos documentos que le despertaron más interrogantes.

“Necesitaba ver las ecografías porque no me las había dejado ver (…). Le dije: ‘Necesitamos ver la ecografía'”, recordó durante la entrevista.

El videopódcast también difundió un audio en el que presuntamente se escucha a Yulieth expresar inconformidad por la calidad de unas ecografías.

“Se ve negro y no se ve nada. Y en la hoja se ve todo negro alrededor. Si me cobran todo eso por plata para no hacer las cosas bien, pues a mí no me parece”, se escucha en la grabación divulgada por La Kalle.

 

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La versión sobre una cirugía para no tener hijos

Otro de los aspectos revelados en la entrevista tiene que ver con una conversación que, según Carlos Rincón, sostuvo con un fiscal durante la investigación.

El hombre aseguró que el funcionario le comentó que la hermana de Yulieth habría manifestado su sorpresa al escuchar que ella decía estar embarazada, debido a que, presuntamente, años atrás se había sometido a una cirugía para impedir futuros embarazos.

Según Rincón, esa información lo llevó a concluir que había sido engañado en dos ocasiones. No obstante, esa versión corresponde exclusivamente a su testimonio y no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades judiciales.

Mientras tanto, el proceso penal por el asesinato de Potosí sigue avanzando. La Fiscalía y la Policía mantienen capturadas a cinco personas que serán judicializadas por delitos como secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio, según informaron las autoridades.

(Vea también: Revelan quiénes son las 5 personas capturadas por caso de María Camila Potosí y hay buena noticia)

Durante un consejo de seguridad en Cali, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, explicó la cronología de los hechos y el presunto rol que desempeñó cada uno de los cinco capturados en el crimen.

De acuerdo con el oficial, la investigación permitió establecer que el crimen habría sido producto de un plan previamente organizado, en el que cada uno de los implicados tenía una función específica. Además, confirmó que las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer el homicidio de la joven y la muerte de su bebé.

¿Cómo habría sido el plan para asesinar a María Camila Potosí?

Según la reconstrucción presentada por la Policía, Yulieth, señalada como la principal sospechosa, primero se ganó la confianza de María Camila mediante visitas frecuentes y encuentros en distintos lugares.

“Primero, ella entra a generar una confianza con la joven. Empieza a tener una serie de visitas y a llevarla a diferentes zonas. Cuando ya la tiene, bajo esta confianza se la lleva para Meléndez”, explicó el general William Rincón.

Las autoridades sostienen que la mujer no actuó sola y que habría contado con la colaboración de otras personas, quienes, presuntamente, tenían tareas previamente asignadas para ejecutar el crimen.

“Quería engañar a otra persona, haciéndole creer que estaba embarazada y que esperaba un hijo… ellos son conocidos de ella; habían compartido alguna amistad. Y, por supuesto, tienen un perfil muy criminal”, agregó Rincón.

La cronología que reconstruyó la Policía en caso de María Camila Potosí

La investigación indica que el 16 de julio de 2026 María Camila fue reportada como desaparecida. Ese mismo día, alias Nixon habría coordinado el secuestro, mientras alias Yulieth fue la encargada de trasladarla hasta el corregimiento de La Buitrera, en zona rural de Cali. Posteriormente, alias Edwin y alias Kevin habrían participado directamente en el crimen.

Según la línea de tiempo presentada por la Policía, el 20 de julio alias Juan José habría transportado el cuerpo de la joven hasta inmediaciones del río Meléndez, donde posteriormente fue hallado. Esa reconstrucción hace parte de los elementos probatorios recopilados por los investigadores durante las últimas semanas.

Cuello, quien ha sido parte del Congreso por más de dos décadas, subrayó el peso de la experiencia en este escenario. Relató que, a pesar de controversias internas dentro del Partido Conservador —incluyendo una sanción reciente— ha logrado mantenerse como una figura clave. Resaltó el proceso de renovación que vive la colectividad, con nuevas figuras y una estrategia que busca modernizar su accionar político, sin perder su esencia. Ejemplificó la 'nueva política' con el deber de pensar tanto en trabajadores como en empresarios, o en el campesino y no solo en el propietario, dado el acceso masivo a la información y la evolución social del país.

En cuanto a sus relaciones políticas, Cuello afirmó que mantiene una relación cordial e institucional con el gobierno, aunque aclaró que no ha establecido comunicación directa con Abelardo de la Espriella. Hizo hincapié en que su función dentro de la Cámara ha sido siempre la de liderar e interpretar las diferentes posturas, priorizando el diálogo y la mediación, más allá de bandos o partidos. También apuntó que su experiencia es valorada en plenarias y sesiones, donde asume un papel pedagógico y conciliador.

Respecto a las críticas y rumores sobre sus aspiraciones para la Gobernación del Cesar, ape Cuello desmintió que haya tenido intención de dejar el Congreso por ese cargo, explicando que la ley impide tal movimiento si ya ha asumido como parlamentario. Sobre su actual relación con los Gnecco y otras figuras políticas del departamento, describió un panorama de trabajo conjunto, renovación parcial y permanencia de alianzas si estas demuestran ser efectivas. Finalmente, ofreció una autocrítica sobre el “canibalismo interno” de la política local, reiterando que la renovación es un proceso paulatino y que el trabajo por Valledupar requiere escuchar a la ciudadanía y fortalecer la seguridad y la infraestructura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes es clave en la política colombiana?

La Comisión Tercera es considerada fundamental porque gestiona temas económicos, como el presupuesto nacional y las reformas tributarias. Según Alfredo Ape Cuello en EL PILÓN, todos los ministerios y proyectos importantes dependen de sus decisiones, ya que el Plan de Desarrollo —la ley más trascendental en el ciclo legislativo— inicia su trámite en esta comisión.

¿Cuáles son los retos actuales del Partido Conservador según Alfredo Ape Cuello?

De acuerdo con la entrevista en EL PILÓN, el partido enfrenta el desafío de adaptarse a la “nueva política”, es decir, abrirse a la modernización y responder a las necesidades tanto de empleadores como de trabajadores, además de superar el descenso electoral y el “canibalismo interno” para mantener la relevancia y fortalecer su renovación generacional.

La suspensión de la audiencia tuvo lugar luego de que el representante de la Fiscalía General de la Nación explicó que ya tenía otro compromiso judicial programado para el mismo horario. Cabe recordar que los acusados fueron arrestados el viernes 20 de marzo por miembros del Gaula —el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal— en el parqueadero del centro comercial Mayales Plaza, en Valledupar. De acuerdo con lo registrado en el proceso, ambos habrían sido capturados justo cuando, al parecer, recibían $60 millones en efectivo, suma presuntamente relacionada con la extorsión.

Según una fuente vinculada al caso citada por EL PILÓN, en la próxima audiencia judicial se aportarán nuevos elementos probatorios. Entre las pruebas que serán introducidas se encuentran audios, declaraciones bajo juramento, conversaciones de chat y documentos digitales que pretenden contradecir los argumentos que originaron la medida de aseguramiento impuesta a los procesados. Estos elementos involucran tanto a los imputados como a la parte acusadora.

En entrevista con EL PILÓN, Juan David López, abogado defensor de los detenidos, optó por no comentar el contenido específico de las pruebas que se presentarán. Sin embargo, sí manifestó su inconformidad con el aplazamiento y aseguró que el equipo de defensa está dispuesto a presentar el nuevo material probatorio para refutar “la inferencia razonable de autoría con la que se ordenó la reclusión de los procesados tras su captura en el mes de marzo”.

López insistió en que un inconveniente de agenda no debe justificar la suspensión de discusiones sobre la libertad de sus representados. Desde su perspectiva, corresponde al ente acusador tomar medidas administrativas como designar a otro delegado, para que el proceso penal no quede en pausa. El abogado también hizo referencia a la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal y la Corte Constitucional, que señala que este tipo de audiencias no puede frenarse por la ausencia de una de las partes. Por lo anterior, la defensa solicitará que se adopten las acciones judiciales necesarias para que el debate sobre la revocatoria de la medida se realice sin más retrasos, especialmente porque el contexto probatorio podría cambiar con las nuevas evidencias.

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¿Por qué fue aplazada la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento en el caso de presunta extorsión en La Jagua de Ibirico?

La audiencia fue aplazada porque el delegado de la Fiscalía General de la Nación encargado del caso tenía otro compromiso judicial programado en el mismo horario, lo que impidió su participación en la diligencia donde se estudiaría la posible revocatoria de la medida de aseguramiento contra los investigados, de acuerdo con la información revelada por EL PILÓN.

¿Qué pruebas presentará la defensa en el caso de presunta extorsión al alcalde de La Jagua de Ibirico?

De acuerdo con una fuente del proceso citada por EL PILÓN, la defensa planea presentar audios, testimonios juramentados, chats y documentos digitales en la próxima audiencia. Estos elementos buscan refutar los argumentos que llevaron a la privación de libertad de los acusados y podrían modificar el análisis de la responsabilidad penal atribuido inicialmente en su contra.

El caso estremeció al país después de que el cuerpo de María Camila fuera encontrado a orillas del río Meléndez con múltiples heridas provocadas por arma blanca. Posteriormente, las investigaciones forenses confirmaron el fallecimiento de la bebé de ocho meses de gestación, lo que incrementó la indignación por este hecho.

Vea también: “No merecen llamarse humanos”: De la Espriella, tajante por muerte de bebé de María Camila Potosí

Las palabras de la madre de María Camila Potosí tras el crimen que conmocionó al país

En medio del duelo, la madre de la joven habló sobre el impacto que dejó este caso y cuestionó la crueldad de los responsables. Durante la entrevista expresó: “Decirles que son personas que no tienen corazón, no tienen alma. Con este crimen tan atroz que cometieron con mi hija, una persona inocente que yo creo que ellos no la conocían, no les hizo nada, y ahora una bebé… no me cabe en la cabeza por qué cometieron este delito”.

#Colombia | La madre de María Camila Potosí habló tras el hallazgo el cuerpo sin vida de la bebé que, presuntamente, sería de su hija asesinada. Esto dijo

Vea la entrevista completa >>> https://t.co/MYTI3beETd pic.twitter.com/TTOj2aYAIq

— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 30, 2026

Las declaraciones de la mujer reflejaron el dolor que vive la familia desde que conoció el desenlace de la investigación. Sus palabras también se suman al clamor de cientos de ciudadanos que han pedido que el caso no quede en la impunidad y que los responsables reciban las máximas sanciones contempladas por la ley.

Vea también: Revelan quiénes son las 5 personas capturadas por caso de María Camila Potosí y hay buena noticia

Durante la conversación, la madre también fue consultada sobre la posibilidad de perdonar a quienes habrían participado en el crimen. Su respuesta fue contundente: “¿Perdonarlos? ¿Qué digo? Perdonarlos en sí no creo. Yo no soy mala persona, no tengo un corazón malo, pero es que este crimen ya es demasiado. Solamente Dios sabe lo que estoy sintiendo en este momento y Dios es el único también que tiene su castigo para ellos”.

Por ahora, la investigación sigue avanzando para esclarecer completamente lo ocurrido y establecer las responsabilidades de cada uno de los implicados. Entretanto, las palabras de la madre de María Camila se convirtieron en uno de los testimonios más impactantes tras un caso que ha causado consternación nacional y reabrió el debate sobre la violencia contra las mujeres embarazadas y la protección de la infancia.

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La denuncia se conoció este jueves 30 de julio en el marco del movimiento #YoTeCreoColega, que en los últimos meses ha recopilado testimonios sobre presuntos casos de violencia y acoso en los medios de comunicación colombianos.

Según el relato divulgado por Brava News y replicado por varios medios, Vela afirmó que los hechos ocurrieron después de asistir a un curso de presentación organizado por una productora vinculada a Poveda. De acuerdo con su testimonio, el periodista la felicitó por su desempeño y luego la invitó a continuar la conversación en un café, donde, según denunció, se presentó el presunto abuso.

En el video difundido por la iniciativa #Yotecreocolega, la expresentadora explicó que decidió hacer pública su historia varios años después de lo ocurrido y sostuvo que buscó compartir su experiencia para respaldar a otras mujeres que aseguran haber vivido situaciones similares en entornos laborales.

“Yo soy Sofía Vela Mejía y fui víctima de abuso sexual de Rafael Poveda cuando tenía 29 años”, expresó al inicio de su testimonio.

La denunciante también señaló que las personas señaladas por este tipo de conductas no siempre corresponden al estereotipo que suele imaginar la sociedad, por lo que insistió en la importancia de escuchar a las víctimas y permitir que sus relatos sean conocidos.

 

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¿Qué dijo Rafael Poveda sobre los señalamientos de acoso?

Luego de que se hiciera pública la denuncia de la expresentadora Sofía Vela, Rafael Poveda publicó en sus redes sociales una grabación de una llamada que sostuvo con las periodistas Mónica Rodríguez, Juanita Gómez y Paula Palomino, acompañada del mensaje: “No me voy a quedar callado”.

En el audio, el periodista manifestó que las acusaciones tienen un fuerte impacto en su vida personal y profesional. “Esto afecta mi honra, mi trabajo de 40 años”, afirmó Poveda, quien además les pidió a sus colegas escuchar su versión antes de respaldar públicamente la denuncia.

De acuerdo con las interlocutoras de la conversación, también existe otra denuncia anónima, de la cual no dieron ningún detalle, pese a la insistencia de Poveda.

“Qué considero yo: ‘cuando uno es señalado, tiene el mínimo derecho a ser escuchado, a defenderse’… Nunca, en mis más de 40 años de periodismo, he sido señalado de algo inapropiado”, dijo el comunicador.

El comunicador también sostuvo que ejercerá su derecho a la defensa y reiteró que responderá a los señalamientos por las vías correspondientes, insistiendo en que su trayectoria profesional no puede ser juzgada sin que se conozca su versión de los hechos.

En ese mismo sentido, el partido Centro Democrático informó, por medio de un comunicado oficial, que sus congresistas solventarán con recursos propios todos los gastos relacionados con traslado, alojamiento y otros costos derivados de su presencia en la ceremonia. Esta postura fue divulgada públicamente y busca evitar cualquier recaudo de fondos públicos para actividades ajenas a las funciones usuales legislativas.

Por su parte, el panorama político muestra posturas contrapuestas en otros sectores del Congreso. La bancada del Pacto Histórico señaló que no estará en la ciudad de Cali durante la posesión presidencial. De acuerdo con el senador Iván Cepeda, principal figura de la oposición, esa jornada estará dedicada a la organización de un acto público alternativo en Barranquilla. Cepeda manifestó: “ese día estaremos junto al pueblo colombiano, participando en movilizaciones y actos pacíficos en Barranquilla, Cali y Bogotá, reafirmando nuestro compromiso con la defensa de la democracia, la soberanía nacional, la paz, los derechos del pueblo colombiano y las conquistas sociales alcanzadas durante el Gobierno del Cambio”.

La toma de posesión de Abelardo de la Espriella está programada para las 3:00 p. m. en el recinto Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Este espacio, destinado a grandes eventos, puede acoger cerca de 2.500 asistentes. A la ceremonia acudirán la mayoría de los miembros del Congreso, así como dignatarios internacionales. Entre los invitados confirmados se encuentran los presidentes Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, Daniel Noboa de Ecuador y el rey Felipe VI de España, lo que anticipa un evento de importancia regional y protocolaria significativa.

¿Qué decisiones tomó el Senado sobre los gastos de los congresistas para la posesión de Abelardo de la Espriella?

El Senado, bajo la dirección de Honorio Henríquez, determinó que no asumirá los costos de alojamiento para los congresistas que viajen a la posesión presidencial en Cali, limitando su apoyo solo a la entrega de tiquetes de transporte para asistir a sesiones, como indicó el propio Henríquez.

¿Cuándo y dónde se realizará la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella y quiénes han confirmado su asistencia?

La toma de posesión está pautada para las 3:00 p. m. en la Arena USC, en la Universidad Santiago de Cali. Hasta la fecha, han confirmado su presencia mandatarios de países como Argentina, Paraguay, Ecuador, así como el rey Felipe VI de España, según información citada por El Espectador.

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El punto crítico de esta solicitud surgió luego del atentado contra la vivienda del representante Luis Ariel Francisco Rodríguez Beltrán en Norte de Santander. Este hecho, según lo señalado por Sánchez Vásquez, pone en evidencia “el deterioro de las condiciones de seguridad” para quienes desempeñan funciones legislativas en Colombia. De acuerdo con el secretario general, el ataque no constituye un caso aislado, sino que refleja una tendencia preocupante de inseguridad que afecta a los congresistas, quienes ejercen sus labores en territorios donde las amenazas son recurrentes y, en muchos casos, han incrementado su intensidad.

Ante ese panorama, la Secretaría General le pidió a la UNP que agilice los estudios de nivel de riesgo pendientes para los congresistas que aún no tienen esquema de protección, y que, con base en estos resultados, se asignen los recursos y equipos de seguridad necesarios, priorizando a quienes trabajan en zonas donde la exposición al peligro es mayor. Demandó también el refuerzo inmediato de la protección para el representante Rodríguez Beltrán y su familia, dada la gravedad de lo ocurrido.

Además, Sánchez Vásquez pidió transparencia y seguimiento puntual en el proceso, solicitando que la UNP mantenga informada a la Secretaría General sobre el avance de cada solicitud de protección radicada, incluyendo plazos estimados para su resolución. El documento enfatiza que los esquemas, tanto los asignados como los que están en trámite, deben ofrecer garantías reales que permitan a los congresistas desarrollar su labor en todo el país sin poner en riesgo su seguridad.

Un aspecto fundamental de la solicitud se refiere a la importancia de asegurar condiciones óptimas de seguridad para la próxima sesión del Congreso Pleno, programada para el 7 de agosto de 2026 en Cali, fecha en la que el presidente Abelardo de la Espriella tomará posesión, lo que implica un desafío adicional para las autoridades de protección.

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¿Cuáles son los riesgos de no asignar esquemas de protección a congresistas en Colombia?

La falta de esquemas de protección para congresistas expone a estos funcionarios a amenazas en aumento, especialmente en regiones donde la inseguridad es notoria. Según información de la Secretaría General de la Cámara, la ausencia de estos apoyos vulnera la integridad de los representantes y sus familias, y puede obstaculizar el ejercicio pleno de sus funciones legislativas, en un contexto nacional de riesgos crecientes.

¿Qué es un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y cómo se asigna?

Un esquema de protección es un conjunto de recursos y medidas implementadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para salvaguardar la vida y la integridad de personas en alto riesgo, como los congresistas. Su asignación depende de un estudio previo sobre el nivel de amenaza que enfrenta el beneficiario, proceso que debe priorizar a quienes representan zonas de mayor exposición y cuya solicitud y seguimiento están a cargo de organismos como la Secretaría General del Congreso.

Sencia ha priorizado la modernización y el mantenimiento de diferentes áreas del estadio. Uno de los enfoques más relevantes ha sido la seguridad y la tecnología, con recursos superiores a COP 7.370 millones. Dentro de estas obras se destacan la ampliación del Puesto de Mando Unificado (PMU), la instalación de un nuevo anillo perimetral, sistemas de videovigilancia inteligente y el fortalecimiento de la conectividad y telecomunicaciones. Además, en cuanto a la comodidad del público, se invirtieron COP 2.755 millones en la actualización de suites, boxes, palcos, tribuna norte, bancos de suplentes y el sistema de arbitraje asistido por video (VAR).

Durante la suspensión temporal de eventos a mitad de año, se destinó una inversión adicional cercana a COP 1.500 millones para la recuperación de la gramilla. Según reportó la concesionaria, las mejoras incluyeron tratamientos agronómicos, renovación del césped, riego, fertilización y control fitosanitario, además del uso de una máquina importada desde Inglaterra para descompactar el terreno y mejorar su calidad. Otros recursos, por COP 2.374 millones, se utilizaron en parqueaderos, oficinas, baños, puntos de venta, infraestructura eléctrica y la cubierta occidental.

No obstante, estas intervenciones han generado debate en el Concejo de Bogotá. Durante un espacio de control político, varios concejales pidieron mayor transparencia sobre los reales beneficios que traen las obras para la ciudad. El concejal Jairo Avellaneda, por ejemplo, cuestionó cuál será la contraprestación para Bogotá y cómo se manejarán los riesgos financieros si el modelo de concesión falla. Ana Teresa Bernal, también concejala, destacó la importancia simbólica de El Campín y expresó su preocupación por la posible subordinación del patrimonio público a intereses privados.

En respuesta a estas inquietudes, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) explicó que la Alianza Público-Privada (APP) bajo la que opera El Campín es una iniciativa privada, sin inversión directa de recursos públicos, y que el contrato, con una duración de 350 meses a partir del 29 de octubre de 2024, se encuentra actualmente en la etapa de preconstrucción. Según la concesionaria, más de tres millones de visitantes han asistido al estadio desde el inicio de la administración, principalmente a partidos y conciertos, y para este año se proyectan cerca de 20 espectáculos musicales y 75 partidos de fútbol profesional, lo que supera con creces la actividad previa al nuevo modelo.

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¿Cuáles son las inversiones más importantes que se han realizado en el estadio El Campín?

Las inversiones clave hechas en El Campín por la concesionaria Sencia abarcan la seguridad, con la ampliación del Puesto de Mando Unificado y videovigilancia; la tecnología, con fortalecimiento de telecomunicaciones; la recuperación de la gramilla con maquinaria especializada; y la renovación de áreas destinadas al público como suites, boxes y tribunas, todo ello según datos entregados a El Espectador.

¿Qué es una Alianza Público-Privada (APP) y cómo funciona en el caso de El Campín?

Una Alianza Público-Privada (APP) es un contrato en el que un privado asume la gestión y operación de un bien público bajo ciertas condiciones, pero sin que haya inversión pública directa en el proyecto. En el caso de El Campín, la APP iniciada el 29 de octubre de 2024 implica que la concesionaria Sencia desarrolla el proyecto con recursos propios durante 350 meses, según explicó el IDRD.

(Vea también: Nuevo capítulo en caso de Jorge Alfredo Vargas: Fiscalía programó audiencia)

La denuncia se conoció este jueves 30 de julio en el marco del movimiento #YoTeCreoColega, que en los últimos meses ha recopilado testimonios sobre presuntos casos de violencia y acoso en los medios de comunicación colombianos.

Según el relato divulgado por Brava News y replicado por varios medios, Vela afirmó que los hechos ocurrieron después de asistir a un curso de presentación organizado por una productora vinculada a Poveda. De acuerdo con su testimonio, el periodista la felicitó por su desempeño y luego la invitó a continuar la conversación en un café, donde, según denunció, se presentó el presunto abuso.

En el video difundido por la iniciativa #Yotecreocolega, la expresentadora explicó que decidió hacer pública su historia varios años después de lo ocurrido y sostuvo que buscó compartir su experiencia para respaldar a otras mujeres que aseguran haber vivido situaciones similares en entornos laborales.

“Yo soy Sofía Vela Mejía y fui víctima de abuso sexual de Rafael Poveda cuando tenía 29 años”, expresó al inicio de su testimonio.

La denunciante también señaló que las personas señaladas por este tipo de conductas no siempre corresponden al estereotipo que suele imaginar la sociedad, por lo que insistió en la importancia de escuchar a las víctimas y permitir que sus relatos sean conocidos.

¿Qué dijo Rafael Poveda sobre los señalamientos de abuso sexual?

Luego de que se hiciera pública la denuncia de la expresentadora Sofía Vela, Rafael Poveda publicó en sus redes sociales una grabación de una llamada que sostuvo con las periodistas Mónica Rodríguez, Juanita Gómez y Paula Palomino, acompañada del mensaje: “No me voy a quedar callado”.

En el audio, el periodista manifestó que las acusaciones tienen un fuerte impacto en su vida personal y profesional. “Esto afecta mi honra, mi trabajo de 40 años”, afirmó Poveda, quien además les pidió a sus colegas escuchar su versión antes de respaldar públicamente la denuncia.

De acuerdo con las interlocutoras de la conversación, también existe otra denuncia anónima, de la cual no dieron ningún detalle, pese a la insistencia de Poveda.

“Qué considero yo, cuaándo uno es señalado, tiene el mínimo derecho a ser escuchado defenderse… Nunca en mis más de 40 años de periodismo he sido señalado de algo inapropiado”, dijo el comunicador.

El comunicador también sostuvo que ejercerá su derecho a la defensa y reiteró que responderá a los señalamientos por las vías correspondientes, insistiendo en que su trayectoria profesional no puede ser juzgada sin que se conozca su versión de los hechos.

Los detalles del contrato fueron divulgados por el representante a la Cámara Daniel Felipe Briceño, quien publicó en su cuenta de X la información del proceso identificado con el número INRA-CD-1271-2026. El documento aparece como adjudicado y celebrado, con una duración de seis días y fecha de terminación prevista para el 3 de agosto de 2026.

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Contrato del Concierto de la Esperanza VII despertó críticas por millonaria cifra

El contrato contempla los servicios de preproducción, producción y posproducción logística y técnica del evento musical. El proceso fue tramitado mediante la modalidad de régimen especial, bajo la figura de contrato de prestación de servicios.

La documentación establece que los recursos serán destinados a diferentes componentes del concierto, entre ellos el montaje del escenario, operación técnica, seguridad, logística, transmisión y contratación de artistas. El valor total incluye IVA y otros costos asociados al desarrollo de la jornada cultural.

La publicación del congresista Daniel Felipe Briceño abrió una discusión política sobre el gasto destinado al evento. En su mensaje, el representante aseguró: “El último acto político de Hollman Morris desde RTVC costará $4.437.187.008. Los nuevos ‘austeros’ guardan silencio”.

Del valor total del contrato, $ 2.020.539.965 corresponden al componente técnico y logístico, mientras que $ 2.032.744.450 están destinados a la contratación de los artistas que harán parte del espectáculo. El resto corresponde a impuestos y otros valores incluidos dentro del proceso contractual.

Dentro del presupuesto de producción, el rubro más alto está relacionado con el equipo técnico, con una asignación superior a los $ 931 millones. También aparecen gastos para la adecuación del escenario y el espacio, permisos, seguridad, personal de producción, alimentación, logística para artistas y transmisión.

El documento contractual señala que el componente técnico y logístico incluye un valor de $ 96.216.189 por concepto de imprevistos, equivalente al 5 % del subtotal antes de impuestos. Con el IVA incluido, este apartado llega a $ 2.404.442.559.

El Concierto de la Esperanza VII está programado para el sábado 1 de agosto desde las 11:00 de la mañana en la Plaza de Bolívar de Bogotá. RTVC e Inravisión presentaron el evento como una jornada gratuita de música, arte y cultura enfocada en promover la paz y la diversidad cultural, con participación de artistas nacionales e internacionales.

Entre los archivos que quedaron disponibles al público destacan los relacionados con el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999 en Bogotá, y la desaparición forzada del dirigente sindical Pedro Julio Movilla Galarcio, miembro activo del Partido Comunista de Colombia (Marxista-Leninista), registrada en 1993. En ambos crímenes, documentos de archivo demostraron la responsabilidad estatal, y su apertura representa un avance en el reconocimiento y esclarecimiento de estos hechos.

De acuerdo con El Espectador, los expedientes han pasado por procesos oficiales de intervención archivística, digitalización y anonimización —este último procedimiento consiste en remover datos que identifiquen a personas, protegiendo su privacidad al tiempo que se hace pública la información. René Guarín Cortés, director encargado de la DNI, explicó que el desarrollo de un software propio ha permitido anonimizar documentos, fotografías, casetes y otros materiales históricos. Esta herramienta servirá como legado que facilitará una entrega segura a víctimas y a la sociedad.

La decisión de desclasificar corresponde al Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025, por el que se levanta la reserva de 57.425 cajas de documentos del DAS: 44.554 de asuntos administrativos y 12.871 de temas reservados, que suman 114.364 metros lineales, según diagnóstico de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizado en 2023. También se incluyen más de tres mil medios electrónicos o analógicos administrativos y más de 44 mil reservados, detalló la Presidencia de Colombia en el evento.

Durante el acto, el mandatario destacó la relevancia del DAS en la violencia estructural del país. Citó cifras de la Comisión de la Verdad que señalan 700.000 personas asesinadas desde 1948, lo que comparó con una situación de genocidio. La entrega de estos primeros archivos es solo el inicio de un proceso que continuará con el resto del acervo, cumpliendo los protocolos de preservación y protección de datos.

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¿Qué implica la desclasificación de los archivos del DAS para las víctimas y la sociedad en Colombia?

La desclasificación de los archivos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) representa un paso clave hacia la verdad y el reconocimiento de víctimas de violencia estatal. Ofrece acceso a documentos que evidencian responsabilidades y permite a las familias y a la sociedad reconstruir la memoria histórica, fortaleciendo así la confianza en los procesos de justicia y reparación.

¿Cómo se realiza el proceso de anonimización en los archivos de inteligencia?

La anonimización consiste en eliminar o modificar información que pueda identificar directamente a personas, protegendo así la privacidad de víctimas y terceros. Según la Dirección Nacional de Inteligencia, esto se hace mediante un software propio que automatiza el borrado de nombres, rostros y datos sensibles en documentos y materiales audiovisuales, garantizando la seguridad y el uso ético de la información desclasificada.

El octavo Informe Global sobre la Trata de Personas de Unodc, que cubre de 2022 a 2024, señala que solo en 2022 el número de víctimas creció un 25 % respecto a 2019. Lo más preocupante es que la cantidad de niñas, niños y adolescentes víctimas aumentó un 31 %, representando el 38 % del total de casos. En el contexto colombiano, la Unodc identificó que factores como el conflicto armado interno, la existencia de grupos armados, economías ilegales, desigualdad, desempleo y limitadas posibilidades en ciertas regiones intensifican la vulnerabilidad de la población frente a este delito. A estos factores se añaden los flujos migratorios de ciudadanos colombianos y de migrantes y refugiados, quienes, ante dificultades de acceso a servicios y procesos migratorios regulares, quedan en mayor riesgo de caer en redes de trata.

El Observatorio del Delito de Trata de Personas del Ministerio del Interior registró 2.601 casos en Colombia entre 2008 y 2025, y casi el 60 % de ellos ocurrieron entre 2020 y 2025, lo que evidencia un aumento reciente. El traslado ilegal de víctimas fuera del país sigue siendo la modalidad principal, aunque la trata interna ha crecido de forma importante, pasando del 16 % al 35 % de los casos recientes. La explotación sexual es la finalidad más común (69 %), seguida por trabajo o servicios forzados (17 %). Las mujeres representan la mayoría de víctimas (83 %) en explotación sexual, mientras que en trabajos forzados son principalmente hombres.

A pesar de esfuerzos por combatir este flagelo, persisten desafíos en Colombia, como la baja en acciones de prevención, protección a víctimas e identificación de los afectados, según el informe de 2025 del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La Unodc enfatiza que las causas de este delito son múltiples y complejas, y que ahora afectan a perfiles cada vez más diversos: hombres, adolescentes varones, población LGBTIQ+, migrantes y refugiados.

El uso de redes sociales facilita la captación de víctimas jóvenes y adolescentes, por lo que la Unodc recomienda desarrollar habilidades de seguridad digital, verificar la información antes de aceptar oportunidades y nunca entregar documentos personales a terceros. Ante cualquier señal de alerta, la ciudadanía puede denunciar a través de líneas oficiales, como la Línea Nacional contra la Trata de Personas (01 8000 522020), el correo del Ministerio del Interior, la App LibertApp o líneas especializadas de la Policía, el ICBF y la Fiscalía.

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¿Cuáles son los principales factores que aumentan el riesgo de trata de personas en Colombia?

De acuerdo con la Unodc, los factores que incrementan la vulnerabilidad frente a la trata incluyen el conflicto armado interno, la presencia de grupos armados organizados, economías ilegales, desigualdad, desempleo y falta de oportunidades en regiones específicas. Además, la movilidad de migrantes y personas refugiadas, así como las dificultades de acceso a servicios y regularización migratoria, ponen a ciertos grupos en riesgo elevado de caer en redes de trata.

¿Cómo identifican y captan a las víctimas las redes de trata de personas en Colombia?

Según el Observatorio del Delito de Trata de Personas y la Unodc, las redes criminales utilizan principalmente redes sociales y plataformas digitales para engañar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, trasladándolos con promesas falsas de empleo, educación o mejores condiciones. Este método facilita la captación y traslado, tanto dentro como fuera del país, y representa una amenaza creciente debido al fácil acceso a medios tecnológicos por parte de la población vulnerable.

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, calificó el secuestro como un “acto criminal que constituye una grave violación de los derechos humanos y una afrenta contra quienes dedican su vida a proteger a los colombianos”. Además, exigió su liberación inmediata y sana, e hizo un llamado directo a los captores para que respeten la vida y la integridad del patrullero.

Tras conocerse los hechos, la Policía Nacional activó un operativo conjunto junto al Gaula —grupo especializado en lucha contra el secuestro y la extorsión—, unidades de inteligencia, investigación criminal y demás autoridades. Estas acciones, detalladas en el reporte oficial, se orientan a ubicar al uniformado, garantizar su seguridad y esclarecer los pormenores del secuestro. La institución señaló que mantiene desplegadas todas sus capacidades humanas, operativas e investigativas con el objetivo de lograr la liberación y llevar ante la justicia a los responsable.

Si bien las autoridades hasta el momento no han atribuido el hecho de manera directa a alguna organización, en el departamento de Nariño existen múltiples estructuras ilegales que se disputan el control territorial, en especial corredores estratégicos para actividades como el narcotráfico. Entre los grupos armados reconocidos en la región figuran el Ejército de Liberación Nacional (Eln), varias disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), como el Frente Franco Benavides y la Estructura Urías Rondón, así como las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN). Además, operan redes del crimen organizado que mantienen alianzas trasnacionales, entre ellas el Cartel de Sinaloa y Los Choneros, de Ecuador.

Este panorama de actores refleja la complejidad de la seguridad en la región y la dificultad de ubicar plenamente a los responsables de hechos como el secuestro de Pístala Garrido, cuya pronta liberación sigue siendo exigida por la institución policial y la sociedad en general.

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¿Qué grupos armados operan en Nariño y cómo influyen en la seguridad?

En el departamento de Nariño operan distintos grupos armados ilegales y organizaciones criminales, tales como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), disidencias de las antiguas Farc —como el Frente Franco Benavides y la Estructura Urías Rondón—, las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), así como redes de crimen trasnacional aliadas con el Cartel de Sinaloa y Los Choneros, de Ecuador. La disputa por corredores estratégicos para el narcotráfico y otras economías ilícitas ha provocado constantes episodios de violencia que afectan tanto a la población civil como a las autoridades.

¿Cómo fue secuestrado el patrullero Álvaro Jair Pístala Garrido en Nariño?

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional, el patrullero Álvaro Jair Pístala Garrido fue secuestrado en una zona rural de Nariño cuando se movilizaba en transporte público desde Pasto hacia Policarpa. Un grupo de hombres armados interceptó el vehículo y obligó a descender a los pasajeros. Tras identificar al patrullero, lo retuvieron y se lo llevaron con rumbo desconocido. Las autoridades desplegaron inmediatamente operativos para su localización y liberación.

Entre los aspirantes impulsados por el Centro Democrático figuran figuras de la política nacional como Lucía María Amalia Salgado, quien tuvo el cargo de cónsul en Houston durante la administración del expresidente Iván Duque y fue candidata al Senado en las últimas elecciones legislativas. También se destaca Jaime Alejandro Amín, quien ostentó en dos ocasiones la curul en el Congreso bajo ese partido, sumado a Nubia Stella Martínez, exdirectora de la colectividad, Edgar Iván Barraza, asesor jurídico, y Uriel López Vaca.

El partido fundado por Álvaro Uribe Vélez aspira a obtener dos puestos en el tribunal. Según explica el medio, este objetivo estaría sujeto al mecanismo de la cifra repartidora, sistema que asigna una silla por cada 33 congresistas que tenga un partido en solitario o en alianza. En ese mismo juego matemático, El Espectador señala que el Pacto Histórico, coalición que incluye al partido Verde, alcanzaría tres asientos, y los nombres que más suenan para ocuparlos son Alirio Uribe, Inti Asprilla y Cielo Rusinque.

En cuanto al resto del tablero, los partidos Liberal y Conservador contarían cada uno con una silla en este ente, mientras las dos plazas restantes estarían en disputa por el llamado “Crusmi”, una alianza entre Cambio Radical, La U, Salvación Nacional, Creemos y Mira. No obstante, la asignación final será confirmada en septiembre, cuando el Congreso defina la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral. Entre los nombres que suenan para estas plazas figuran, según El Espectador, el exsenador Carlos Fernando Motoa y el exrepresentante Gersel Pérez para Cambio Radical y Jorge Tamayo para La U, quien tiene cercanía con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

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¿Cómo se eligen los magistrados del Consejo Nacional Electoral en Colombia?

Los magistrados del Consejo Nacional Electoral son elegidos por el Congreso de Colombia, de acuerdo con un sistema denominado cifra repartidora, que otorga asientos según la cantidad de congresistas de cada partido o coalición. El procedimiento se realiza cada cuatro años y busca asegurar la representación proporcional de las fuerzas políticas. Según El Espectador, cada partido con al menos 33 congresistas obtiene una silla en el tribunal electoral.

¿Qué partidos tendrán mayor influencia en el nuevo tribunal electoral colombiano?

De acuerdo con la información de El Espectador, el Pacto Histórico, en alianza con los verdes, logrará la mayor cantidad de asientos, seguido por el Centro Democrático. Además, partidos tradicionales como los liberales y conservadores tendrán una silla cada uno, mientras que alianzas como el “Crusmi” también buscan representación. La confirmación de estos puestos se espera en septiembre, cuando el Congreso vote oficialmente.

Elian vive con su familia en el resguardo indígena Remanso Chorrobocón, a cinco horas en lancha de Puerto Inírida, Guainía. Fredy García, su padre, contó a El Espectador cómo la vida del niño está marcada por el dolor constante; un simple roce le causa heridas. Ante la falta de medicamentos y apoyo para su traslado y hospedaje en Bogotá, la familia presentó primero un derecho de petición ante la Nueva EPS, sin respuesta. Posteriormente, recurrió a la vía judicial y el Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó acciones urgentes para la atención del menor. Sin embargo, la orden fue incumplida en dos oportunidades por la entidad, lo que llevó a la apertura de un incidente de desacato en diciembre de 2025. Unidos por la Justicia, una organización no gubernamental, llevó el caso ante la CIDH solicitando protección urgente.

Mientras la familia reclamaba que el acceso a tratamientos seguía siendo irregular pese a las decisiones judiciales y los incidentes de desacato, el Estado informó que había activado a las instituciones responsables, como la Nueva EPS, la Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI) y la Caja de Compensación Familiar (CAFAM). Aunque la mayoría de insumos habían sido entregados, algunos seguían pendientes, principalmente por problemas de abastecimiento y renovación de órdenes médicas.

Después de revisar los argumentos de las partes, la CIDH concluyó que no existía evidencia de que los medicamentos y tratamientos fuesen entregados con regularidad, tal como exigían las sentencias judiciales. Por ello, reiteró la necesidad de garantizar acceso ininterrumpido a consultas y medicamentos, así como traslados seguros y la inclusión de un enfoque diferencial por la condición indígena de Elian. Asimismo, ordenó al Estado concertar con los padres y la representación legal las medidas, considerando la lengua materna de la madre.

Tras una espera de más de cuatro meses, la familia recibió finalmente parte de los medicamentos en el resguardo, gracias a gestiones de la Nueva EPS y la supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud. Sin embargo, persisten retos: el menor aún debe asistir a citas médicas y nutricionales en Bogotá, pero la familia, que vive en condiciones de extrema pobreza, pide ayuda para costear el viaje y el alojamiento. El padre, Fredy García, encabeza estos trámites, ya que la madre, Yesenia Flórez, solo se comunica en su lengua indígena, makú.

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¿Qué significa la enfermedad “piel de mariposa” y cómo afecta la vida de quienes la padecen?

La epidermólisis bullosa distrófica recesiva, conocida como “piel de mariposa”, es una enfermedad huérfana e incurable que provoca la extrema fragilidad de la piel, la cual puede desprenderse o lesionarse con roces mínimos. En el caso de Elian, cualquier contacto causa dolorosas heridas, lo que evidencia el impacto físico y emocional que esta condición tiene sobre quienes la sufren y sus familias.

¿Por qué la CIDH otorgó medidas cautelares para el niño indígena con piel de mariposa en Colombia?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó que, pese a múltiples decisiones judiciales a favor del niño Elian, las entidades responsables no entregaron de manera regular los tratamientos y medicamentos requeridos para su supervivencia y calidad de vida. Por eso, la CIDH solicitó medidas urgentes para garantizar el acceso continuo a la atención médica, enfatizando la protección de los derechos del menor y la aplicación de un enfoque diferencial por su condición de niño indígena.

El ente investigador presentará formalmente la imputación ante un juez. Cabe mencionar que el proceso está relacionado con denuncias por presunto acoso que habrían sido presentadas contra el comunicador.

Por decisión de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, la Fiscalía creó un equipo especial para avanzar en la investigación, recopilar pruebas y revisar los testimonios entregados por las personas que han presentado denuncias.

Además, por la relevancia del caso, el proceso quedó en manos de una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que será la encargada de adelantar las actuaciones correspondientes.

(Vea también: De la Espriella anuncia 3 nombramientos cruciales para su gobierno: estos son los cargos)

El periodista especializado en salud Ronny Suárez recopiló las opiniones de varias voces del sector, que describieron el panorama que recibirá la nueva ministra y plantearon las prioridades para enfrentar una crisis que afecta a millones de usuarios.

“Será oficialmente la ministra de los chicharrones porque recibe un sector que está literalmente en llamas”, afirmó Suárez al presentar el balance con los expertos.

Será @AnaVesga_G la ministra de los chicharrones. Encuentra un sector salud en llamas -o cenizas- por causa de la peor crisis que se haya conocido, con millones de vida de por medio. ¿Pero cuáles deben ser las prioridades? Esto opinan algunas de las voces más representativas del… pic.twitter.com/C5wTogjm1w

— Ronny Suárez Celemín (@RonnySuarez_) July 30, 2026

Piden revisar la financiación y garantizar acceso a medicamentos

Uno de los primeros llamados vino de Diego Fernando Gil, director de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, quien aseguró que la prioridad debe ser actualizar el cálculo técnico de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los presupuestos máximos.

Según explicó, también será fundamental garantizar el giro oportuno de esos recursos para evitar que continúen las barreras de acceso a medicamentos, tecnologías y servicios de salud que requieren miles de pacientes.

En la misma línea, Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina, pidió implementar un plan de choque que permita ponerse al día con el suministro de medicamentos, los pagos a hospitales y clínicas, así como con la atención de los pacientes que han visto retrasadas sus citas y procedimientos.

Hospitales e IPS piden sanear las cuentas del sistema

Las preocupaciones por la situación financiera también fueron compartidas por los representantes de hospitales y prestadores de servicios.

Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, sostuvo que uno de los principales retos será aclarar las cuentas del sistema y dar transparencia a las deudas existentes entre aseguradores y prestadores.

Por su parte, Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, insistió en la necesidad de un plan de rescate financiero que permita garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud y atender las obligaciones que mantienen las EPS, especialmente las intervenidas.

La confianza, otro desafío para Ana María Vesga

Además de los problemas financieros, algunos expertos consideran que la nueva ministra deberá reconstruir la confianza entre los distintos actores del sistema.

Así lo expresó Jorge Toro, director de la Unión de IPS de Colombia, quien afirmó que cualquier proceso de reestructuración deberá construirse de manera conjunta para recuperar la credibilidad entre Gobierno, aseguradores, prestadores y pacientes.

Aunque cada vocero hizo énfasis en un aspecto diferente, el mensaje fue común: el nuevo Ministerio de Salud deberá actuar con rapidez para estabilizar un sistema que enfrenta dificultades financieras, retrasos en la atención y problemas de acceso a medicamentos, considerados hoy entre los mayores desafíos para el sector.

(Vea también: Ley de Competencias: la propuesta de los gobernadores para descentralizar el país)

Ante este panorama, Pulzo habló con el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, quien para este periodo legislativo fue elegido como presidente de la Comisión Primera de este órgano.

“Estamos en deuda desde la Constitución del 91 de tener una Ley de Competencias de la mano de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que fije claramente responsabilidades y recursos para avanzar en la agenda social del país”, afirmó el representante a este medio.

Además, el representante habló del “trancón legislativo” que impidió la aprobación sumado a la prioridad que le dio el gobierno Petro a sus reformas sociales y la reforma agraria. Sin embargo, aclaró que la mayoría de actores involucrados están en sintonía con la necesidad de que se apruebe este proyecto.

“Este tema fue quedando un poco relegado en la agenda legislativa, pero eso sí, hay un consenso en el Congreso y con el gobierno de que hay que desarrollar ese acto legislativo del 2024”, añadió.

Sobre la urgencia de este trámite, el representante a la Cámara también aclaró que la entiende y que espera que el gobierno de Abelardo De La Espriella, sea que conserve, modifique, o radique un proyecto nuevo, lo haga a la mayor brevedad y que él se compromete a darle trámite rápido al proyecto de ley.

El congresista Uscátegui comentó que con este proyecto de ley se apuesta a que, en un plazo de 12 años, cerca del 40 % de los ingresos corrientes de la nación termine en manos de los territorios. Según explicó, parte del recaudo nacional depende de la actividad económica de los municipios y departamentos, pero hoy esos recursos no regresan proporcionalmente a esas regiones.

Sin embargo, advirtió que girar más dinero desde Bogotá no es sinónimo automático de descentralización y sugirió la idea de que los territorios necesitan economías propias más fuertes que les permitan manejar los recursos sin condicionamientos del gobierno central.

“No hay que seguir tratando a los territorios de Colombia como si fueran menores de edad y papá Bogotá, que cree sabérselas todas y es el que imparte instrucciones”, acotó Uscátegui al defender que alcaldías y gobernaciones se han venido profesionalizando y ya están listas para asumir más funciones, incluidas algunas relacionadas con la educación superior.

“Un joven de Florencia no debería tener que marchar hasta Bogotá”

Asimismo, el presidente de la Comisión Primera hizo enfásis en la importancia de reforzar en las regiones la calidad de la educación superior:

“No entiendo cómo un joven desde Florencia tiene que marchar hasta Bogotá, por ejemplo, para pedir más recursos. Eso es lo que hay que replantear y esta ley de competencias nos permite avanzar en esa dirección”.

Afirmó que hay que darle a los departamentos y a los municipios una mayor autonomía para que poco a poco asuman más competencias, y que, al estar más cerca de los ciudadanos, podrán ellos mismos proponer mejores políticas públicas y de gobierno para sus propios territorios.

Sí a la propuesta de los gobernadores

Consultado sobre la posición de la Federación Nacional de Departamentos, que ha insistido en que los territorios funcionen como una “bisagra” entre lo local y lo nacional, Uscátegui fue enfático: su bancada respalda esa idea. Eso sí, puso una condición: a cambio de mayor autonomía y más recursos, exigió “altos niveles de transparencia y eficiencia” en el manejo de ese dinero por parte de las regiones.

También señaló que uno de los temas pendientes es replantear el sistema de categorización municipal, que hoy agrupa a la mayoría de los municipios del país en las categorías más bajas (cuarta, quinta y sexta), lo que en la práctica, según comenta, impide diferenciar realmente las necesidades de cada territorio.

El plazo: el proyecto debería radicarse en agosto

Con la mira puesta en que la ley quede aprobada para enero de 2027, Uscátegui fue claro sobre los tiempos: el gobierno de Abelardo de la Espriella tendría que radicar su propuesta en agosto e incluso podría pedir mensaje de urgencia para agilizar el trámite en el Congreso.

De cara a la posesión del nuevo presidente, que ha causado revuelo por la propuesta de hacerse fuera de Bogotá, Uscátegui ve con buenos ojos que la administración entrante inicie con una agenda regional y pidió que ese enfoque se mantenga. Además, recordó las quejas de varios alcaldes y gobernadores que le afirmaron haber sido “plantados” en reuniones con el gobierno saliente, y pidió que ese tipo de episodios no se repitan.

(Lea también: ¿Por qué es importante definir competencias entre los diferentes niveles de gobierno? Asfixia que tiene en vilo estabilidad económica)

“Son los alcaldes y los gobernadores quienes están llamados a gobernar el mundo, porque las grandes discusiones en realidad hoy se están abordando desde lo local y no desde un escritorio lejano y frío en una ciudad capital”, concluyó Uscátegui citando al polítologo estadounidense Benjamin Barber.

El encuentro en el Cubo de Colsubsidio, a las 11:30 a. m., reunió al presidente electo, Jorge Rey —gobernador de Cundinamarca— y los alcaldes de los 116 municipios que integran ese departamento. Allí, el mandatario enfatizó un mensaje de unidad asegurando que “las elecciones pasaron” y que ahora es “el presidente de todos los pueblos de Colombia, incluyendo los 116 municipios de Cundinamarca”, sin distinción ni cuentas de cobro por los resultados electorales. Insistió en que el centralismo bogotano ha mantenido alejados a varios municipios cercanos a la capital, comparándolos con regiones remotas del país en cuanto a atención del gobierno central.

La reunión contó también con la gerente para las regiones, Valerie Lafaurie, así como con Rodrigo Lara, ministro designado del Interior, y Jaime Andrés Beltrán, futuro ministro de Vivienda. Dentro del evento, el presidente electo anunció que Soacha será parte del frente de seguridad nacional, junto con las principales ciudades, lo cual, de acuerdo con el gobernador Rey, será clave para combatir delitos como extorsión, hurto en diferentes modalidades y otras problemáticas que afectan tanto a Bogotá como a municipios vecinos.

Durante este espacio se conocieron nuevos nombramientos para el gabinete: Sandra Bessudo fue elegida como directora de Parques Nacionales, Ricardo Ayerbe estará a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y Marco Acosta asumirá la presidencia del Fondo Nacional del Ahorro. Así mismo, el ministro designado del Interior aclaró que el proceso de elección del Contralor General de la República es independiente y planteó condiciones específicas al oficialismo y partidos aliados para apoyar a un candidato: no permitir acuerdos con el Pacto Histórico y buscar el perfil idóneo a partir del consenso pensando en el interés nacional.

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¿Cómo impactarán los nuevos nombramientos en el gabinete del presidente electo?

Los nuevos nombramientos incluyen personas como Sandra Bessudo, Ricardo Ayerbe y Marco Acosta, quienes asumirán cargos clave en Parques Nacionales, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Fondo Nacional del Ahorro, respectivamente. Estas designaciones fueron anunciadas durante el empalme regional en Cundinamarca y muestran cómo el presidente electo está conformando su equipo de gobierno para enfrentar retos en distintas áreas, desde la preservación ambiental hasta la infraestructura y el manejo de fondos de ahorro.

¿Qué significa el centralismo bogotano en la relación entre el gobierno nacional y los municipios de Cundinamarca?

El centralismo bogotano, como lo expresó el presidente electo, hace referencia a la concentración de decisiones y recursos en la capital del país, situación que ha llevado a que incluso municipios cercanos a Bogotá experimenten dificultades similares a aquellas de regiones distantes. Esto resalta la importancia de las políticas de descentralización y la búsqueda de una mayor equidad en la atención a todos los territorios del Estado.

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal protagonizó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) el señalamiento contra el presidente electo debido a la remodelación de la sede que tiene prevista en Barranquilla.

Uno de los detalles que salió a relucir en la edificación es que tiene detalles similares a los del espacio presidencial de Estados Unidos, lo que llevó a una fuerte crítica por parte de la congresista del pacto Histórico.

“Seremos en hazmerreír del mundo por 4 años. Aquí la versión de la Casa Blanca en ‘drywall’ para que el megalómano Abelardo teletrabaje desde Barranquilla. Estarán orgullosos sus votantes”, afirmó en su publicación.

El mensaje, en el que sumó la foto de la sede de De la Espriella en Barranquilla, tuvo reacciones encontradas, pero una buena parte se convirtieron en burlas en contra de Gustavo Petro, líder del partido al que ella pertenece.

“Hazmerreír hemos sido en estos 4 años con este payaso de Petro”, le respondió una de las personas que contraatacó en ese señalamiento al remarcar las debilidades del actual Gobierno.

Incluso, hubo quien fue más allá al responderle a ‘Mafe’ Carrascal para cuestionar con dureza la gestión de la actual administración, al poner sobre la mesa los viajes al exterior que llevó a cabo bajo su mandato.

“Aunque el Gobierno Petro dio mucha risa, fue el ‘hazmellorar’ para millones de familias que irremediablemente lo padecieron. Qué bueno hubiera sido si se le hubiera dado por teletrabajar durante esos 300 días que estuvo fuera del país en los 84 paseos que se dio por el mundo”, indicó otro usuario.

La controversia surge a pocos días de que De la Espriella se posesione como nuevo presidente el próximo viernes 7 de agosto, en una ceremonia que se llevará a cabo en Cali.

Cabe recordar que en un seguimiento le enumeraron 90 escándalos al Gobierno Petro en el periodo como jefe de Estado, con algunos casos que están bajo la lupa de las autoridades.

Incluso, hubo quien sacó a relucir los encuentros ministeriales que el mandatario aprovechó para compartir por medio de la televisión nacional desde el año pasado, en una medida poco habitual.

“Hemos sido el hazmerreír por 4 años gracias a los grandiosos consejos de ministros que dejaron más memes que resultados, y sí, estamos orgullosos de nuestro presidente Abelardo de la Espriella”, contestó una persona.

Así, en medio de cuestionamientos, la congresista acabó en el ojo del huracán por las respuestas a una dura pulla que lanzó sobre las adecuaciones y obras en el Batallón Paraíso de Barranquilla.

¿Quién es ‘Mafe’ Carrascal?

María Fernanda Carrascal Rojas, conocida popularmente como Mafe Carrascal, es una destacada internacionalista, activista social y política colombiana nacida en la ciudad de Bogotá en 1990.

La dirigente realiza su labor legislativa como representante a la Cámara por Bogotá, dignidad conquistada mediante la coalición política Pacto Histórico para el periodo constitucional correspondiente.

Carrascal cursó sus estudios profesionales en Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario y posteriormente completó una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos.

Antes de asumir su curul en el Congreso, la congresista promovió diversas iniciativas ciudadanas, lideró colectivos digitales de opinión y ejerció la vocería de varios movimientos sociales.

Durante su trayectoria previa en el sector público, la activista se desempeñó como asesora de comunicaciones en diversas entidades distritales y nacionales dentro del territorio colombiano.

En su ejercicio parlamentario dentro de la Comisión Séptima, la legisladora enfoca sus esfuerzos en la discusión de proyectos laborales, garantías sociales e igualdad de género.

Asimismo, la representante asumió un rol protagónico durante los debates del Capitolio Nacional al desempeñarse como ponente de la importante reforma laboral impulsada en el país.

Su agenda legislativa promueve constantemente la dignificación de los trabajadores domésticos, el reconocimiento laboral de médicos residentes y la protección integral de las mujeres rurales.

Paralelamente, la congresista participa activamente en la Comisión Accidental por Bogotá, desde donde efectúa control político riguroso sobre los proyectos estratégicos de la capital colombiana.

Su labor combina la movilización social en plataformas digitales con el trabajo parlamentario directo, fortaleciendo la participación ciudadana y el acceso equitativo a derechos fundamentales.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades y organizaciones que trabajan en la prevención es la forma en la que operan las redes criminales. Las falsas ofertas de empleo, estudio o viajes, difundidas principalmente a través de redes sociales y plataformas digitales, se han convertido en una de las estrategias más frecuentes para engañar a las víctimas.

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A nivel internacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que cerca del 70 % de las personas afectadas fueron captadas mediante este tipo de promesas falsas, lo que muestra cómo los delincuentes aprovechan cada vez más los canales digitales para identificar y contactar posibles víctimas.

Falsas ofertas de trabajo y estudio siguen atrapando a víctimas de trata en Colombia

Frente a este panorama, organizaciones como la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) adelantan iniciativas enfocadas en la prevención. Roberto Obando, director general de PADF Colombia, explicó que el objetivo es fortalecer las capacidades de las comunidades y de las instituciones para identificar riesgos y activar rutas de protección antes de que las personas sean captadas por estas redes.

Uno de esos programas es MERA (Mujeres Echando Raíces), una iniciativa enfocada en prevenir las violencias basadas en género. Gracias a este proyecto, 693 mujeres fueron identificadas como potenciales beneficiarias, 266 participaron en jornadas de sensibilización y 108 culminaron un proceso de formación sobre prevención, derechos y mecanismos de protección.

La organización también impulsa el proyecto Child Protection Compact (CPC), dirigido a prevenir el reclutamiento ilícito de niñas, niños y adolescentes, una práctica que puede convertirse en una modalidad de trata cuando tiene fines de explotación. Con esta estrategia se impactó a 295.420 personas mediante campañas de prevención, mientras 1.419 funcionarios y líderes comunitarios recibieron capacitación para detectar estos riesgos. Además, 72 menores accedieron a atención especializada bajo un modelo de cuidado informado sobre el trauma.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, PADF hizo un llamado a fortalecer la prevención y la denuncia. La organización insistió en que reconocer las señales de alerta, verificar las ofertas de empleo o estudio y acudir a los canales oficiales puede marcar la diferencia para evitar que más personas caigan en manos de organizaciones dedicadas a este delito.

Castañeda sostuvo que la Mesa Directiva del Congreso, a cargo de reglamentar la convocatoria, excedió sus competencias. Argumentó que, aunque al Congreso le corresponde ponderar los criterios de selección, esta atribución no incluye la potestad para crear nuevos requisitos, modificar los establecidos o exigir documentos no previstos por la ley. Un punto central de la controversia fue la exigencia de presentar la convalidación en Colombia de los títulos obtenidos en el exterior. Según Castañeda, este requisito puede operar como una inhabilidad 'de hecho', debido a la duración del trámite ante el Ministerio de Educación Nacional, que puede prolongarse varias semanas o meses y dificultar el cumplimiento dentro de los plazos previstos.

No obstante, el Consejo de Estado señaló que, en la etapa actual, no existen elementos suficientes para constatar la supuesta irregularidad, pues el demandante no identificó la norma específica que regiría dicho requisito de convalidación. Otro aspecto impugnado fue la valoración de los títulos académicos: Castañeda criticó que el reglamento otorga más puntaje a repetir especializaciones que a obtener un segundo doctorado y que la experiencia docente solo tiene reconocimiento si está relacionada con seis áreas específicas, lo cual, argumentó, no está contemplado en la ley.

El tribunal recordó que la Ley 1904 de 2018 otorga a la Mesa Directiva del Congreso la facultad de organizar técnicamente el sistema de evaluación y definir la ponderación de los criterios de selección. Así, la Sala concluyó que, por el momento, no hay evidencia de una vulneración manifiesta de las normas superiores que justifique suspender el proceso de convocatoria. Esta clase de medida cautelar, como aclaró el alto tribunal, solo procede cuando la infracción resulta evidente al comparar el acto administrativo con el marco legal vigente.

Finalmente, el Consejo de Estado enfatizó que los debates sobre los requisitos documentales y la ponderación de la experiencia docente requieren de un análisis de fondo y una valoración probatoria completa, cuestiones que solo podrán resolverse en la sentencia definitiva. Mientras tanto, el proceso para elegir contralor continúa, y el Congreso ha programado la sesión plenaria para el 12 de agosto, fecha en la que se espera la elección del nuevo jefe del organismo de control fiscal.

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¿Por qué el Consejo de Estado negó la suspensión provisional de la convocatoria para elegir contralor?

El Consejo de Estado negó la suspensión provisional porque, tras analizar los argumentos del demandante, concluyó que no existían pruebas claras de una vulneración directa a una norma superior. De acuerdo con la Sala, para adoptar una medida cautelar de este tipo, es necesario que la infracción del ordenamiento jurídico sea evidente. Sin embargo, en este caso, los reclamos presentados por Julio César Castañeda Acosta requerían un mayor análisis y una valoración probatoria que solo se dará en el transcurso del proceso y en la sentencia definitiva.

¿Qué requisitos son cuestionados en la convocatoria para elegir contralor general de la República?

Entre los requisitos cuestionados se encuentran la convalidación en Colombia de títulos académicos obtenidos en el exterior y la valoración que otorga puntos adicionales por repetir especializaciones, mientras que estudios como un segundo doctorado no suman puntaje. Además, se criticó que la experiencia docente solo sea reconocida si está vinculada a seis áreas específicas, excluyendo otras disciplinas. El Consejo de Estado afirmó que estos temas deberán ser discutidos de fondo en la sentencia y no ameritan, por ahora, la suspensión provisional del proceso.

Según información del Noticiero 90 Minutos, para el viernes 31 de julio de 2026, las autoridades locales han señalado que la restricción aplica exclusivamente para aquellos vehículos cuyas placas terminan en los números 7 y 8. El horario de pico y placa es estricto y se extiende desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., abarcando todas las franjas de mayor tráfico, incluyendo la mañana, el mediodía y la tarde. De esta manera, la Alcaldía busca reducir significativamente la cantidad de coches en circulación durante las horas de mayor demanda y, con ello, prevenir embotellamientos y altos niveles de polución.

La Secretaría de Movilidad de Cali ha dejado claro que el incumplimiento de esta reglamentación acarrea serias consecuencias económicas para los infractores. De acuerdo con la misma fuente, quienes sean sorprendidos circulando durante el horario restringido deberán afrontar una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Además, la norma contempla la posibilidad de inmovilización del vehículo, una medida que impacta directamente en la cotidianidad de los conductores afectados.

Sin embargo, hay excepciones que permiten ciertas flexibilidades en la aplicación de la restricción. Están exentos los automóviles híbridos, eléctricos y los destinados a servicios de emergencia o seguridad. Para los ciudadanos que, por razones justificadas, requieren transitar sin límites, existe la opción de pagar la denominada Tasa por Congestión, que les permite estar excluidos temporalmente de la restricción. Así, el pico y placa en Cali combina enfoques de control y alternativas para garantizar la movilidad esencial y prioritaria.

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¿Cuál es el horario del pico y placa en Cali para el viernes 31 de julio de 2026?

El horario del pico y placa para esa fecha inicia a las 6:00 a. m. y finaliza a las 7:00 p. m., cubriendo todas las horas pico y extendiéndose durante todo el día para los vehículos particulares cuyas placas terminan en 7 y 8, de acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos.

¿Qué sucede si un conductor incumple la restricción del pico y placa en Cali?

El conductor que incumpla la restricción será sancionado con una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y podría enfrentar la inmovilización de su vehículo, según lo indicado por la Secretaría de Movilidad de Cali.

Arizabaleta, que integraba la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes —órgano encargado de investigar al presidente por el llamado fuero presidencial—, deberá presentarse a indagatoria. Se le atribuyen posibles delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto, en hechos ocurridos justamente en el ejercicio de su fuero parlamentario. Según la Corte Suprema, existen declaraciones y evidencias sobre posibles “presiones burocráticas que llegaron a convertirse en extorsión” por parte de la exrepresentante.

El auto que firmó Arizabaleta buscaba la suspensión de Gustavo Petro porque existía una investigación contra él por presunta intervención indebida en política. Sin embargo, la polémica surgió porque la orden coincidió con los días previos a las elecciones presidenciales y se malinterpretó como una medida de suspensión inmediata del mandatario. Tal procedimiento no tiene soporte legal, pues, según la Constitución colombiana, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no está habilitada para efectuar una suspensión de estas características sobre el presidente: esa competencia la tiene el Senado y solo después de ciertos pasos legales.

El Espectador precisa que, aunque la ley colombiana permite suspensiones provisionales a servidores públicos en casos de faltas disciplinarias —siempre bajo orden de la Procuraduría—, el presidente queda exceptuado de esa facultad hasta tanto no medie una acusación formal aprobada por la plenaria de la Cámara. En ese evento, el caso pasa al Senado, donde sí podría contemplarse una suspensión temporal, una vez el Senado admita públicamente la acusación formulada.

La decisión de Arizabaleta, aunque no afectó la continuidad de Petro en la presidencia, sí acarrea consecuencias personales para ella: fue suspendida temporalmente por la Procuraduría en el marco de otra investigación disciplinaria y ahora se enfrenta a una investigación formal de la Corte Suprema de Justicia. Esta última indagación ocurre aunque Arizabaleta ya no ocupa una curul, pues los hechos bajo investigación sucedieron cuando ostentaba fuero especial por ser congresista.

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¿Por qué la Comisión de Acusaciones no puede suspender al presidente de Colombia?

Según El Espectador, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tiene la función de investigar al presidente basándose en su fuero presidencial, pero carece de potestad para suspenderlo de manera provisional o inmediata. Solo después de que la plenaria de la Cámara apruebe una acusación formal, el expediente pasa al Senado, que es la única instancia con la facultad de suspender temporalmente al jefe de Estado, únicamente si se admite públicamente la acusación. No existe una norma en la Constitución que autorice a la Comisión de Acusaciones a aplicar suspensiones de esa naturaleza.

¿Qué delitos investiga la Corte Suprema contra Gloria Elena Arizabaleta Corral?

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación formal por presunta concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto contra Gloria Elena Arizabaleta Corral. Estos delitos estarían relacionados con la expedición del auto para suspender al presidente Petro y supuestas “presiones burocráticas” que, según el alto tribunal, se habrían convertido en extorsión durante su ejercicio como congresista en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

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En su cuenta de X, el presidente electo escribió sobre el hallazgo sin vida de la bebé que esperaba Potosí: “Defiendo la vida, defiendo a la mujer y considero que los niños son sagrados. Quienes cometieron esta barbarie no merecen llamarse humanos”.

Defiendo la vida, defiendo a la mujer y considero que los niños son sagrados.

Quienes cometieron esta barbarie no merecen llamarse humanos.

Hoy mismo, en el Consejo de Ministros designados, daré la instrucción para que mi Gobierno abandere el endurecimiento de las penas para… https://t.co/vb0r5LuB6S

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 30, 2026

A su vez, el mandatario electo aseguró que buscará un cambio en la justicia para endurecer las penas contra quienes cometan crímenes contra los menores de edad.

“Hoy mismo, en el Consejo de Ministros designados, daré la instrucción para que mi Gobierno abandere el endurecimiento de las penas para asesinos y abusadores de niños, de manera que se garantice no solo una pronta justicia, sino también que no vuelvan a ver la libertad mientras vivan. El cuidado y la prevención, por supuesto, deben ser la prioridad, y eso incluye la pena más severa como mecanismo disuasorio”.

Durante el encuentro, varias de las iniciativas expuestas ya cuentan con estudios y viabilidad técnica, lo que significa que están listas para pasar a la fase de ejecución apenas se aseguren los recursos y se logre una articulación institucional eficaz. El mejoramiento de vías rurales apareció como uno de los principales temas de la agenda. De acuerdo con la Gobernación, Cundinamarca tiene proyectos en fase III para intervenir 206 kilómetros de corredores que conectan las zonas campesinas productivas con áreas urbanas y principales rutas nacionales.

Otros puntos destacados fueron la ampliación de sistemas de transporte masivo, el fortalecimiento del acceso a los servicios de salud y la mejora de los servicios públicos en la región. Así mismo, los dirigentes pidieron respaldo nacional para enfrentar desafíos de seguridad. En este campo, uno de los anuncios clave fue la posible incorporación de Soacha al frente de seguridad nacional propuesto por el gobierno entrante, iniciativa que, según palabras del gobernador Rey, se recibió “con beneplácito” porque permitiría combatir la extorsión y los hurtos en la zona que conecta Bogotá con Soacha. También se conoció una propuesta de bloques especiales de seguridad urbana, aunque no se detallaron aspectos como su financiación o fechas de implementación.

Además, el equipo del presidente electo presentó la idea de un programa, de alcance nacional, para el fomento del emprendimiento rural, dirigido a municipios con menos de 30.000 habitantes. Esta propuesta busca generar más oportunidades económicas en los territorios que suelen tener menor acceso a recursos.

El manejo de recursos provenientes de concesiones viales fue otro tema relevante, ya que Cundinamarca alberga 17 concesiones, el mayor número en el país. El gobernador solicitó que estos fondos se transformen en más obras para las regiones beneficiadas y se mejore el proceso de reversión de vías cuando terminan los contratos, así como ejecutar medidas rápidas para atender necesidades urgentes de los municipios.

Al final de la jornada, la Gobernación destacó que la reunión trazó una primera hoja de ruta con el Gobierno Nacional que viene y reafirmó la importancia de fortalecer la descentralización, construyendo decisiones públicas desde los territorios y reconociendo la capacidad local para aportar soluciones al desarrollo regional.

¿Cuáles son los principales proyectos que Cundinamarca presentó al presidente electo Abelardo de la Espriella?

Los proyectos centrales incluyen el mejoramiento de 206 kilómetros de vías rurales con estudios y diseños en fase III, la ampliación de sistemas de transporte masivo, mejorar el acceso a los servicios de salud y fortalecer la seguridad, especialmente con la inclusión de Soacha en el frente de seguridad nacional. También hay propuestas para el emprendimiento rural y una gestión más eficiente de los recursos obtenidos por concesiones viales, tal como informó la Gobernación de Cundinamarca.

¿Qué significa la reversión de vías en el contexto de las concesiones viales en Cundinamarca?

La reversión de vías se refiere al proceso mediante el cual, una vez finaliza el contrato de una concesión vial, la administración y el mantenimiento de la carretera pasan de manos privadas al control del Estado o la entidad pública correspondiente. En Cundinamarca, el gobernador pidió fortalecer este proceso para asegurar que las inversiones regresen directamente a obras que beneficien a la comunidad local.

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Según información del Ministerio, más de 11.000 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional vigilarán tanto Cali como su área metropolitana. Este contingente incluye uniformados especializados en áreas clave como antiexplosivos, operaciones especiales, tránsito y transporte, turismo, unidades motorizadas y aéreas, vigilancia, artillería, evacuación aeromédica y operaciones fluviales. Además, la vigilancia aérea estará garantizada por helicópteros y aviones del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que sobrevolarán la ciudad para reaccionar oportunamente frente a cualquier eventualidad. Drones serán empleados en vigilancia estratégica y, como parte de las medidas, el uso de drones privados ha sido prohibido en Cali y en municipios priorizados, bajo supervisión directa de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Las autoridades también han fortalecido los dispositivos de inteligencia militar y policial. Según la gobernadora Toro, hay un Puesto de Mando Unificado en funcionamiento y se desplegaron refuerzos de la Tercera Brigada con puntos de control en los principales accesos a la ciudad, buscando blindar las entradas y salidas de Cali. El alcance del operativo abarca otros municipios, incluidos Palmira, Tuluá, Buenaventura, Candelaria, Florida, Pradera, Yumbo, Jamundí y Dagua. Entre las acciones acordadas, se dispuso una recompensa de hasta COP 500 millones por información sobre amenazas, vehículos o drones sospechosos.

Con el objetivo de reducir riesgos, se implementarán restricciones al transporte de combustible en galones y se aplicará ley seca desde el día anterior al acto. Todo el plan, según la ministra Verbel López, busca garantizar la seguridad antes, durante y después de la histórica jornada.

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¿Cuáles son las medidas de seguridad implementadas para la posesión presidencial en Cali?

Las medidas incluyen el despliegue de más de 11.000 uniformados, vigilancia interdisciplinaria en tierra, aire y agua, uso de sistemas antidrones, prohibición del sobrevuelo de drones privados, refuerzos en entradas y salidas de Cali, presencia en municipios prioritarios, restricción al transporte de combustible y ley seca desde la víspera del evento, según información citada de El Espectador y el Ministerio de Defensa.

¿Por qué se prohíbe el uso de drones durante la posesión presidencial?

La prohibición del sobrevuelo de drones en Cali y municipios priorizados responde a la necesidad de crear un escudo de seguridad y prevenir posibles riesgos o amenazas tecnológicas durante la posesión presidencial. Esta restricción, bajo vigilancia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, busca evitar interferencias e incidentes durante el operativo especial de seguridad.

El traslado de la escultura, que fue donada por Botero el 24 de septiembre de 2016, momentos antes de la firma del Acuerdo de Paz, estuvo a cargo de funcionarios de la Presidencia y expertos conservadores. La pieza, hecha en bronce, de 70 centímetros de altura, pintada de blanco y con un pico dorado, es representativa del estilo voluminoso del artista y simboliza el respaldo al proceso de paz, según las palabras de su autor, quien quiso expresar “apoyo y solidaridad con este proceso que les brindará un futuro de esperanza e ilusión a todos los colombianos”.

El proceso de desmontaje fue minucioso, requirió la intervención de al menos seis personas, quienes se encargaron de proteger la escultura antes de empacarla y trasladarla al museo. Durante los últimos años, “la paloma de la paz” fue un referente para los funcionarios de la Casa de Nariño, y, de acuerdo con El Espectador, su partida fue sentida por muchos de ellos, pues para algunos simbolizaba el centro del trabajo político y la memoria de lo vivido.

La salida de esta obra forma parte de las actividades habituales en cada transición de gobierno. A pocos días del cambio de mando, se observa el desalojo de oficinas y remoción de fotografías clave de la administración saliente, así como el traslado de otros objetos simbólicos, como el sombrero de Carlos Pizarro, entregado a su hija María José Pizarro, y la sotana del sacerdote Camilo Torres, enviada a la Universidad Nacional.

De acuerdo con lo publicado, Abelardo de la Espriella no utilizará la Casa de Nariño como sede principal. Bogotá no será el centro de su administración, y planea usar oficinas alternas en Medellín, Cali y principalmente Barranquilla, y en la capital hará reuniones ocasionales en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería.

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¿Por qué se trasladó “la paloma de la paz” de Fernando Botero al Museo Nacional?

De acuerdo con El Espectador, el traslado de “la paloma de la paz” responde a la tradición de reubicar símbolos y piezas representativas durante la transición entre gobiernos, retomando el protocolo seguido también cuando terminó el mandato de Juan Manuel Santos. La obra regresa al Museo Nacional, lugar donde ya había sido resguardada anteriormente, tras permanecer en la Casa de Nariño durante la administración saliente de Gustavo Petro.

¿Cuál es el significado de la escultura “la paloma de la paz” en la historia política reciente de Colombia?

Según el propio Fernando Botero, citado por El Espectador, “la paloma de la paz” expresa solidaridad y respaldo al Acuerdo de Paz que prometía esperanza para el pueblo colombiano. Desde su donación en 2016, esta escultura ha sido símbolo de reconciliación y ha acompañado episodios clave de los últimos gobiernos, convirtiéndose en un referente de la voluntad de superar el conflicto armado colombiano.

Según la inspección realizada, los dos puntos intervenidos correspondían uno a la venta de pescado y otro a la venta de gallina, ambos situados sobre la calle 24A Sur con carrera 6. Las autoridades detectaron graves deficiencias en el manejo de los alimentos, luego de que la Subred Centro Oriente emitiera un concepto sanitario negativo. Entre los incumplimientos observados se destacaron situaciones preocupantes como la contaminación cruzada de productos, la exposición directa de los alimentos al ambiente, y la carencia de sistemas apropiados de almacenamiento y cadena de frío. Además, los manipuladores no contaban con la dotación exigida y usaban utensilios oxidados, canastas y bolsas plásticas para guardar la mercancía. También se evidenció la falta de puntos de lavado de manos y de sistemas de limpieza y desinfección de los utensilios requeridos para este tipo de actividad comercial.

Ante el panorama encontrado, la autoridad sanitaria notificó a los responsables de los puestos que no podrían seguir comercializando sus productos bajo esas condiciones, ya que representaban un riesgo importante para los consumidores. Los mismos vendedores accedieron de manera voluntaria a retirar tanto los alimentos como sus estructuras de venta, en concordancia con las recomendaciones de las autoridades.

La alcaldía local de San Cristóbal reiteró su compromiso con la vigilancia y el control sanitario, señalando que continuará con la programación de operativos en distintos puntos de la localidad, para asegurar que la venta de alimentos en el espacio público cumpla con las condiciones higiénicas mínimas que exige la protección de la salud de los habitantes.

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¿Por qué es tan importante el control sanitario en la venta de productos cárnicos en el espacio público?

El control sanitario en la venta de productos cárnicos es fundamental porque evita prácticas que pueden provocar enfermedades graves en la población. De acuerdo con el concepto técnico emitido por la Subred Centro Oriente, la manipulación inadecuada de estos alimentos puede poner en peligro la salud de los consumidores, especialmente por problemas como la contaminación cruzada y la falta de cadena de frío.

¿Qué condiciones mínimas debe cumplir la venta de alimentos según las autoridades sanitarias?

Según la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, toda venta de alimentos debe garantizar la ausencia de exposición directa de los productos, almacenar adecuadamente la mercancía, asegurar la cadena de frío y contar con sistemas para el lavado de manos y limpieza de utensilios, entre otros requerimientos esenciales para cuidar la salud pública.

Para apoyar a las víctimas y prevenir nuevos casos, el Ministerio del Interior ha dispuesto la Línea Gratuita Nacional Anti-Trata (018000 522020), disponible las 24 horas del día, todos los días de la semana. Esta línea brinda orientación, asesoría y permite a la ciudadanía informar posibles incidentes o realizar consultas relacionadas con la trata de personas, ofreciendo así un canal directo de apoyo y denuncia de acuerdo con lo reportado oficialmente. Además del servicio telefónico, también es posible enviar información y evidencias por medio del correo lineatratadepersonas@mininterior.gov.co, donde profesionales interdisciplinarios analizan cada caso en detalle para activar posibles rutas de atención.

Las funciones de la línea incluyen atender denuncias, orientar a la ciudadanía sobre la identificación del delito y sus variables, y resolver dudas que puedan representar un riesgo para las personas, según explicó el Ministerio del Interior. Una modalidad que reciben con frecuencia es la denuncia de ofertas laborales dudosas, pues este tipo de engaños es usado con frecuencia por redes delictivas para captar víctimas mediante falsas promesas de empleo tanto en Colombia como en el extranjero.

Cuando se detecta un posible caso de trata, la información se traslada al Centro Operativo Anti-Trata, encargado de coordinar acciones con instituciones competentes para brindar ayuda inmediata y establecer medidas de protección. Si el caso no corresponde directamente a este delito, el servicio canaliza la atención hacia otras líneas estatales como la Línea Púrpura (155) de la Policía Nacional, la línea 120 del Ministerio del Trabajo, la 144 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar rápidamente, pues ese acto puede ser clave para proteger a una víctima y evitar que más personas caigan en manos de delincuentes.

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¿Cómo se puede denunciar un caso de trata de personas en Colombia?

Usted puede denunciar posibles casos llamando a la Línea Gratuita Nacional Anti-Trata (018000 522020) del Ministerio del Interior, escribiendo al correo electrónico lineatratadepersonas@mininterior.gov.co o acudiendo a cualquier autoridad competente. Este servicio funciona todo el día, todos los días, y permite recibir orientación, asesoría y canalizar la información hacia organismos encargados de investigar y proteger a las víctimas.

¿Qué modalidades de trata de personas existen en Colombia?

De acuerdo con la información oficial, en Colombia la trata de personas puede darse a través de diversas modalidades, incluyendo explotación sexual, trabajos forzados, mendicidad ajena, matrimonio servil, y extracción de órganos, entre otras formas. Cada una implica diferentes métodos de engaño o coerción, profundizando el daño sobre los derechos humanos de las víctimas.

En horas pico, el trayecto que normalmente conecta Ibagué y Cajamarca en poco más de una hora puede prolongarse hasta cuatro horas. El principal motivo son las largas filas de vehículos que se forman en torno al paso controlado por las autoridades. Dada la magnitud de la congestión, tanto la Secretaría de Tránsito del Tolima como los propios conductores recomiendan alternativas para quienes pretenden reducir sus tiempos de desplazamiento.

De acuerdo con la información oficial, una de las rutas sugeridas para vehículos particulares es el corredor Armero – Líbano – Murillo – Manizales. Esta vía permite alcanzar el Eje Cafetero sin necesidad de transitar por el punto específico afectado por el derrumbe. Sin embargo, la ruta atraviesa áreas de alta montaña, donde se aplican restricciones ambientales y controles específicos, por lo que es esencial conducir con especial precaución y prestar atención a las medidas vigentes en diferentes tramos.

Para el transporte de carga pesada, la Secretaría de Tránsito sugiere el corredor Honda – Mariquita – Fresno – Padua – Manizales. Aunque este recorrido implica sumar hasta 173 kilómetros adicionales respecto al habitual, hoy es una de las pocas opciones viables que evitan el tramo restringido en Cajamarca. No obstante, los transportadores señalan que esta alternativa eleva los costos logísticos entre un 25 % y un 40 %, ya que incrementa tanto el consumo de combustible como los tiempos de viaje. Esto, de acuerdo con expertos citados en el texto, representa una afectación para toda la cadena productiva que depende del corredor entre Bogotá y el puerto de Buenaventura.

Tomar una ruta alterna o permanecer en la vía principal depende en gran parte de la situación puntual del tráfico. Cuando la congestión es masiva, muchos prefieren optar por una mayor distancia para evitar largas horas detenidos, mientras que, en momentos de poca congestión, el tiempo invertido podría ser similar. El Invías continúa con el monitoreo permanente del talud, manteniendo la restricción de paso hasta que culminen los trabajos de recuperación total del corredor. La recomendación general es planear los viajes, consultar el estado de la vía y evaluar alternativas según la congestión reportada.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas alternas recomendadas tras el derrumbe en Cajamarca Tolima?

Según la Secretaría de Tránsito del Tolima, para vehículos particulares se recomienda tomar el corredor Armero – Líbano – Murillo – Manizales, mientras que para el transporte de carga la opción sugerida es Honda – Mariquita – Fresno – Padua – Manizales. Estas rutas permiten llegar al Eje Cafetero y continuar hacia el occidente del país, evitando la zona afectada por el derrumbe.

¿Qué efectos tiene la restricción vial en Cajamarca sobre los costos logísticos y de transporte?

El uso de rutas alternas frente a la vía restringida en Cajamarca implica sumar hasta 173 kilómetros adicionales, lo cual incrementa el consumo de combustible, eleva los tiempos de viaje y aumenta los costos logísticos entre un 25 % y un 40 %, afectando no solo a los transportadores sino a los sectores productivos que dependen del corredor entre Bogotá y Buenaventura.

El principal cierre afecta la avenida calle 85, en el tramo comprendido entre la carrera 13 y la avenida carrera 15. Este cerramiento es total y abarca también la ciclorruta que normalmente funciona sobre este trayecto. La medida comienza a las 4:00 a. m. del 1 de agosto y se mantendrá hasta las 3:00 p. m. del 2 de agosto, permitiendo así la instalación, realización y posterior desmonte del evento, según la SDM.

Para quienes transiten en sentido occidente-oriente por la avenida calle 85, las alternativas recomendadas incluyen tomar la avenida carrera 15 hacia el norte y luego conectar con la calle 90 o la avenida calle 92 hacia el oriente, siguiendo lo indicado en el mapa 1 presentado por las autoridades. Quienes circulan por la autopista Norte y desean tomar la avenida calle 85 al oriente, deberán continuar al norte por la autopista y emplear igualmente la calle 90 o la avenida calle 92 para retomar su recorrido. En tanto, los usuarios de la avenida carrera 15, que transiten de sur a norte y tengan como destino la avenida calle 85 al oriente, pueden optar por la calle 74, la calle 80 o la calle 82 como rutas de acceso alternativas, tal como señala el mapa 2 de la SDM.

Por otra parte, quienes deban movilizarse en sentido oriente-occidente por la avenida calle 85 deben usar la carrera 10 al norte y luego enlazar con la calle 86 al occidente, la avenida carrera 11 al sur y finalmente la calle 78 al occidente, de acuerdo con el mapa 3. Las personas que utilizan la avenida carrera 7 o la avenida carrera 11 en sentido norte-sur y buscan llegar desde la avenida calle 85 al occidente, deben continuar al sur por sus respectivas avenidas y desviarse por la calle 78 al occidente. Igualmente, los que circulan por la carrera 9 en sentido sur-norte, deben tomar la calle 78 al occidente como ruta alterna.

La Secretaría Distrital de Movilidad recomienda a residentes y visitantes planear sus desplazamientos teniendo en cuenta estas modificaciones temporales, con el fin de evitar contratiempos en la movilidad durante el desarrollo del evento.

¿Cuáles son los desvíos viales por Red Bull Moto Urbano 2026 en Bogotá?

Los desvíos incluyen rutas específicas para cada sentido del tráfico afectado por el cierre de la avenida calle 85. Entre las opciones, se encuentran tomar la avenida carrera 15, la autopista Norte, la calle 90, la avenida calle 92, la carrera 10, la avenida carrera 11, la calle 78, la calle 74, la calle 80 y la calle 82, según los mapas detallados proporcionados por la SDM. Las alternativas varían según el origen y el destino de los usuarios, asegurando diferentes opciones según el sentido en el que se movilizan.

¿En qué horario serán los cierres viales por el evento de motos en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el cierre total de la avenida calle 85 entre carrera 13 y avenida carrera 15 será desde las 4:00 a. m. del 1 de agosto hasta las 3:00 p. m. del 2 de agosto de 2026. Esto permite garantizar la logística necesaria para el montaje, realización y desmontaje de ‘Red Bull Moto Urbano’ en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Consejo de Estado señaló, de acuerdo con el mismo medio, que la Resolución 0478 obligaba al personal a laborar durante los días no hábiles indicados sin reconocerles, en compensación, el pago de horas extras o remuneraciones adicionales, aun si el trabajo desarrollado no sobrepasaba la jornada semanal máxima permitida por ley. La decisión enfatizó que cualquier actividad realizada en días inhábiles debe compensarse conforme lo dispone el marco legal vigente y no puede desconocer derechos laborales fundamentales, como el pago de horas extraordinarias.

La medida cautelar fue decretada por el magistrado ponente William Barrera Muñoz, quien consideró urgente intervenir para evitar que la Resolución 0478 surtiera plenos efectos antes de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Si se hubiese seguido el trámite ordinario, la controversia quedaría sin objeto pues la regulación se derogaría automáticamente unos días antes del cambio de gobierno.

Esta suspensión responde a una acción presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) el 10 de julio de 2026, argumentando que el empalme presidencial —la labor de rendición de cuentas y transmisión de información institucional— no justifica ampliaciones extraordinarias de los periodos de trabajo, menos aún sin el respectivo reconocimiento de horas y pagos por trabajo adicional. El Consejo de Estado, además, subrayó que el Dapre argumentó su decisión en razones generales como la importancia del empalme, sin demostrar una situación de emergencia o una necesidad excepcional que justificara tal medida. Así, la decisión reafirma la necesidad de respetar los derechos de los servidores públicos y seguir lo señalado por las normas laborales vigentes.

¿Por qué el Consejo de Estado suspendió la Resolución 0478 del Dapre en Colombia?

El Consejo de Estado suspendió dicha resolución porque contradecía el Decreto-Ley 1042 de 1978 sobre la jornada laboral de los funcionarios públicos, ya que obligaba a trabajar en días no hábiles sin compensación o pago adicional, lo que vulnera derechos reconocidos por la ley.

¿Cuál es el objetivo del empalme presidencial y por qué no justifica ampliar la jornada laboral?

De acuerdo con la Fundación para el Estado de Derecho, el empalme presidencial consiste en rendición de cuentas y transmisión de información institucional; no demanda la ampliación extraordinaria de tiempos de trabajo ni actuaciones contractuales o administrativas fuera de los márgenes habituales, especialmente sin la respectiva remuneración.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

🔴 #77MasacresEn2026

📆 Fecha: 30/07/2026
📍 Lugar: Silvia, Cauca.
👥 N.º de víctimas: 3 personas

➡️Tres personas, ciclistas, que se desplazaban por la vía entre los municipios de Silvia y Totoró, en el departamento del Cauca, fueron asesinadas cuando un grupo armado las… pic.twitter.com/XgfvnkFUSA

— INDEPAZ (@Indepaz) July 30, 2026

(Vea también: Extraños detalles de masacre en Soacha, con dos menores incluidos: casa aislada y sin responsables)

Las víctimas y la escena

Las autoridades continúan verificando la identidad de las víctimas y las circunstancias exactas en que ocurrió el triple homicidio. Tras conocerse el hecho, autoridades indígenas de la zona y comunidades campesinas se desplazaron al lugar para apoyar la inspección judicial y avanzar en las primeras diligencias. Hasta el momento no se ha establecido con claridad quiénes serían los responsables ni cuál habría sido el móvil del ataque.

Masacre número 77

El caso elevó a 77 la cifra de masacres registradas en Colombia en lo corrido de 2026, según el monitoreo citado de INDEPAZ. La violencia en Cauca vuelve así a quedar en el centro de la preocupación nacional, en un departamento donde se mantienen alertas por presencia de grupos armados y por la vulnerabilidad de la población civil.

(Lea también: Aplazaron la indagatoria contra Uribe por masacres en Antioquia; tendrá que esperar buen tiempo)

Violencia en Cauca

El departamento del Cauca ha sido uno de los más golpeados por hechos armados en 2026, con múltiples masacres y ataques que han afectado tanto zonas rurales como corredores viales estratégicos. La presencia de grupos armados ilegales y la disputa territorial siguen alimentando un escenario de alto riesgo para comunidades campesinas, indígenas y población civil.

El triple homicidio en Silvia se suma a ese panorama y vuelve a poner en evidencia la persistencia de la violencia en una de las regiones más sensibles del país. Mientras avanza la investigación, la prioridad es esclarecer quiénes ejecutaron el ataque y por qué eligieron ese corredor vial.

Entre los identificados están alias ‘Productor’ o el Flaco Vargas, alias ‘el Negro de la Noche’; Luis Alejandro Burbano Arcos, alias el ‘Facetoso’; Alfredo o el ‘Manicetazo’, la facción conocida como ‘Vegaorfa’ o alias ‘Calamarca’, correspondiente a Alexander Díaz Mendoza, también conocido como alias ‘Talancán’, además de una comisión integrada por alias ‘Darío Gutiérrez’, ‘Cristian’, ‘Alexis Rocha’ y alias ‘Sergio Carvajal’.

El mandatario electo fue enfático al señalar que su gobierno no contempla ningún proceso de paz con estos grupos si no hay sometimiento real a la ley.

“Aquí no va a haber falso proceso de paz”, afirmó, y agregó que quienes no se sometan serán dados de baja por la Fuerza Pública, la cual contará con todo el respaldo de la Presidencia de la República.

El mensaje incluyó una advertencia directa dirigida a un miembro identificado como el mayor Lizaza Gómez, a quien el presidente electo se refirió de forma figurada para anticipar que su situación se complicará bajo el nuevo gobierno. “Luego no digan que no se lo advertimos”, señaló.

(Vea también: De la Espriella anuncia 3 nombramientos cruciales para su gobierno: estos son los cargos que retumban)

El mandatario electo subrayó que, a partir del 7 de agosto, fecha en que asumirá la presidencia, el país retomará el orden y la autoridad en favor de la ciudadanía que vive en condiciones de legalidad. Su discurso marcó una postura de línea dura frente a los grupos armados que operan en el territorio nacional.

“Entonces están a tiempo para someterse a la ley y evitar caer bajo las leyes y las balas de la Fuerza Pública, que hará su labor y será respaldada por el presidente de la República, porque aquí el 7 de agosto vuelve la autoridad para darles orden”, sentenció De la Espriella.

Esta es la grabación:

 

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¿Qué ocurrirá con los diálogos de paz con el ELN bajo el nuevo gobierno?

De acuerdo con las declaraciones del presidente electo, su administración no avalará procesos de paz que considere falsos o que no impliquen un sometimiento efectivo a la justicia por parte de los grupos armados.

La postura oficial apunta a priorizar la acción de la Fuerza Pública contra quienes no se entreguen dentro del plazo establecido.

En el encuentro participaron organismos expertos como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Palmira, la Secretaría de Salud y la Dirección de Planeación Municipal, además de representantes de empresas como REFINAL y Pollos al Galpón, junto con organizaciones ciudadanas. De acuerdo con autoridades ambientales consultadas, los olores desagradables no pueden ser atribuidos únicamente a Candelaria ni a una empresa específica, dado que se trata de una problemática regional y de origen múltiple, asociada con varias actividades que se desarrollan en diferentes municipios del Valle del Cauca.

El DAGMA informó que la percepción ciudadana se ha documentado a través de cerca de 4.000 encuestas, cuyas respuestas evidencian la presencia de olores en una zona amplia del departamento. Según esta entidad, las actuales condiciones de variabilidad climática —especialmente la escasez de lluvias— están intensificando la permanencia y la dispersión de estos compuestos en el ambiente.

Por su parte, la CVC comunicó que, en el caso de la empresa REFINAL, seguirán vigentes las medidas ambientales establecidas hasta tanto la compañía entregue un Plan de Acción Ambiental que satisfaga los requerimientos de la autoridad. Entre los compromisos asumidos destaca la creación del PMU, desde el cual se articularán acciones de contingencia y seguimiento permanente, integrando el trabajo de las autoridades, el sector empresarial y representantes de la comunidad, con el fin de aportar soluciones coordinadas frente a la situación de olores ofensivos que inquieta al Valle del Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se presentan olores ofensivos en varios municipios del Valle del Cauca?

Las autoridades ambientales concluyeron que los olores ofensivos tienen un origen regional y multicausal, ya que no se derivan de una sola actividad o empresa. Distintas actividades productivas en diversos municipios, sumadas a condiciones climáticas como la falta de lluvias, contribuyen a la dispersión y permanencia de los olores en zonas amplias del Valle del Cauca.

¿Cuál es la función del Puesto de Mando Unificado (PMU) en la gestión de olores ofensivos?

El Puesto de Mando Unificado se encargará de coordinar las acciones de las autoridades, las empresas y la comunidad, implementar planes de contingencia y hacer seguimiento a la situación. Además, permitirá articular esfuerzos entre los diferentes actores para buscar soluciones eficaces frente a la problemática de los olores ofensivos en la región.

Esta citación hace parte de las actuaciones adelantadas por el ente investigador para conocer más detalles sobre las acusaciones expuestas por Rodríguez, quien en las últimas semanas ha denunciado públicamente presuntos actos de persecución, amenazas e irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos.

Vea también: “Me intentaron envenenar”: aterradoras revelaciones de Angie Rodríguez con su denuncia en Fiscalía

Fiscalía escuchará nuevas denuncias de Angie Rodríguez contra Gustavo Petro

La exfuncionaria también acudió el pasado 29 de julio a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes junto con su equipo jurídico. Allí presentó una denuncia contra el mandatario por presuntas amenazas, presiones indebidas y posibles irregularidades en el manejo de recursos del Estado.

Durante una entrevista con Noticias RCN, Rodríguez defendió su decisión de acudir a las autoridades y aseguró: “Nadie está por encima de la Constitución y las leyes y eso involucra al presidente de la República“. Además, afirmó que el jefe de Estado habría impulsado acciones para afectar su reputación.

Vea también: Petro sí buscaría asilo fuera de Colombia tan pronto deje el poder: “Muy seguramente”

Por su parte, el abogado de la exdirectora del Dapre, Wilson Ruiz, explicó que las denuncias también incluyen un presunto caso de peculado por aplicación oficial diferente. Según indicó, recursos del Fondo de Adaptación habrían intentado trasladarse al Ministerio de Hacienda, lo que, a su juicio, habría afectado proyectos destinados a la región de La Mojana.

Con esta nueva diligencia, la Fiscalía busca recopilar más elementos sobre los hechos denunciados y determinar si existen fundamentos para avanzar en las investigaciones correspondientes. El caso ha cobrado relevancia en medio del ambiente político que vive el país durante el proceso de transición presidencial.

Entre los más recientes destacan Sandra Besudo como directora de Parques Nacionales Naturales, Ricardo Ayerbe al frente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Marco Acosta como presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), tres designaciones consideradas estratégicas para las áreas ambiental, de infraestructura y vivienda.

A estos anuncios se suma la posibilidad de que Olga Lucía Zuluaga sea la nueva ministra de Salud. Según reveló Julio Sánchez Cristo, la médica oriunda del Eje Cafetero sería la elegida para liderar una de las carteras más sensibles del país, aunque el nombramiento aún no ha sido oficializado por el presidente electo.

Zuluaga es médica, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector salud y posee una maestría en Gerencia de Sistemas de Salud.

Además, fue directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), lo que le ha permitido adquirir experiencia en la administración de hospitales públicos y en la gestión del sistema sanitario.

Con estas designaciones, el gabinete de De la Espriella sigue tomando forma. Hasta el momento ya se han confirmado oficialmente 16 ministerios, mientras que algunas carteras y otros cargos de alto nivel aún permanecen en evaluación antes del inicio del nuevo gobierno.

Estas labores, según explicó el Invías, resultan esenciales para evitar nuevos desprendimientos y garantizar la seguridad de miles de vehículos que a diario transitan entre el centro y el occidente colombiano. La importancia estratégica de la vía Ibagué – Cajamarca – Alto de La Línea – Calarcá radica en que conecta el corazón del país con el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y el puerto de Buenaventura. De acuerdo con transportadores consultados, el 70 % de la carga que circula entre el interior y el Pacífico colombiano depende del funcionamiento de este corredor, lo que significa que cualquier restricción no solo afecta la movilidad, sino que incrementa costos logísticos y genera congestiones.

Después del deslizamiento, las autoridades implementaron controles de paso alternado, permitiendo la circulación en ambos sentidos de manera regulada. Sin embargo, persisten largas filas y prolongados tiempos de espera, en especial para camiones y buses intermunicipales, sobre todo en horas pico. Ante esto, la Policía de Tránsito pidió a los conductores consultar las condiciones de la vía antes de salir y obedecer las recomendaciones del equipo humano que permanece en la zona.

Además, la emergencia ocasionó inconformidad entre habitantes del sector. En varias oportunidades, la comunidad protestó exigiendo acciones definitivas para mitigar el riesgo. Como respuesta, se efectuaron reuniones entre el Invías, la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Cajamarca y los residentes, acordando acelerar las obras y mantener una comunicación constante sobre los avances. Mientras tanto, las autoridades reiteran la importancia de planear los viajes con anticipación, sobre todo en puentes festivos y fines de semana, momentos en los que incrementa el tráfico vehicular. El Invías ha determinado continuar con un monitoreo riguroso de los taludes y no descarta nuevas medidas si las precipitaciones incrementan el peligro.

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¿Por qué está restringido el paso en la vía Cajamarca – Calarcá y cuánto tiempo durará?

La vía Cajamarca – Calarcá experimenta paso controlado a un solo carril debido a un importante deslizamiento de tierra que obligó a intervenir para estabilizar los taludes y evitar nuevos movimientos. El Instituto Nacional de Vías (Invías) prevé que el tránsito restringido se mantenga durante aproximadamente tres meses, tiempo que tardarán las labores de estabilización, limpieza y construcción de obras de contención y drenaje, de acuerdo con lo señalado en sus evaluaciones técnicas.

¿Qué acciones está tomando el Invías para evitar más derrumbes en el corredor entre Tolima y Quindío?

El Invías ha implementado varias acciones, como la conformación del talud, obras de drenaje, instalación de estructuras de contención y manejo de aguas. Todas estas intervenciones tienen el propósito de evitar futuros deslizamientos, asegurar la estabilidad de la vía y brindar condiciones de seguridad para los miles de usuarios que la transitan diariamente entre Tolima, Quindío y otros puntos clave del transporte nacional.

Vea también: Revelan mentiras que hay detrás del crimen de María Camila Potosí, la joven embarazada hallada muerta

De acuerdo con ese medio, el informe de Medicina Legal concluyó que María Camila Potosí falleció como consecuencia de múltiples lesiones causadas con arma blanca, un hallazgo que ahora hace parte del material probatorio dentro de la investigación que se adelanta.

#ATENCIÓN | Noticias RCN pudo confirmar que el dictamen de necropsia de María Camila Potosí revela que murió producto de múltiples lesiones por arma blanca.

— Noticias RCN (@NoticiasRCN) July 30, 2026

Cabe mencionar que el CTI de la Fiscalía también reportó en las últimas horas que hallaron el cuerpo sin vida del que sería el bebé de María Camila Potosí. De acuerdo con los agentes,  los restos de la víctima, que tenía 8 meses de gestación, se encontraron en una zona boscosa de la capital vallecaucana.

El crimen de la joven causó indignación en el país luego de que desapareciera el pasado 16 de julio y, días después, su cuerpo fuera encontrado en una zona rural de Cali sin su bebé. Desde entonces, la Fiscalía ha avanzado en la identificación de los presuntos responsables y ya fueron capturadas cinco personas que, según las autoridades, habrían participado en distintos momentos del caso.

Los trabajos programados tienen lugar entre la calle 72 P y la calle 73, en el tramo que va de la carrera 26 G3 hasta la carrera 27 E. Así mismo, se verán afectados los sectores que corresponden a la calle 72 hasta la calle 73, entre la carrera 27 G hasta la carrera 28 J, y desde la calle 73 hasta la Transversal 103, en la zona comprendida entre la Diagonal 26 G9 y la carrera 26 P. Dentro de estas áreas se encuentran los barrios Marroquín I, II y III, Los Lagos, Omar Torrijos y El Poblado III.

El rango horario de la afectación irá desde las 7:00 a.m. hasta las 11:30 p.m., lapso durante el cual los residentes experimentarán baja presión en el suministro de agua. Emcali, consciente de la relevancia de garantizar el acceso al agua durante tantas horas, estableció que "se dispondrá de carrotanque en la zona afectada para abastecimiento de agua", lo que permitirá mitigar los efectos negativos para los habitantes durante la jornada.

Esta intervención, de acuerdo con la información provista, tiene como objetivo central el mejoramiento en la calidad del servicio que reciben los usuarios. Tal como lo manifestó la fuente: "Este es un trabajo que se realiza con el propósito de mejorar la calidad del servicio a los usuarios".

¿Cuáles barrios de Cali tendrán baja presión de agua el 31 de julio?

Según información oficial de Emcali y Noticiero 90 Minutos, los barrios que experimentarán baja presión de agua son Marroquín I, II y III, Los Lagos, Omar Torrijos y El Poblado III, durante más de 15 horas, como resultado del cambio de una válvula en la red de distribución.

¿Por qué Emcali hará trabajos en la red de distribución de agua potable este viernes?

La Gerencia de Acueducto de Emcali informó que la intervención busca reemplazar una válvula no operativa, lo que permitirá el mejoramiento de la calidad en el suministro de agua para los usuarios de las zonas afectadas. Esto garantizará un servicio más eficiente en el futuro.

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En esta ocasión, la lista de candidatos finalistas —que ya presentaron sus propuestas ante el Senado y la Cámara— está conformada por figuras de gran trayectoria en el sector público. Entre los nombres que más suenan están Carlos Mario Zuluaga, exvicecontralor con el respaldo del presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda; Andrés Castro, actual personero de Bogotá; Luis Enrique Abadía, reconocido por obtener altos puntajes tanto en las entrevistas como en los exámenes previos; y Jorge Eliécer Laverde, quien se desempeña como secretario de la Comisión Sexta. Aunque en algún momento se consideró a Ana Elena Monsalvo, integrante del equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella, su candidatura no ha logrado gran respaldo entre las bancadas.

El grupo de postulados también incluye a Rosalba Jazmín Cabrales Romero, Karol González Mora, Amanda Panosso Madrid, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez y Diana Carolina Torres García. Todos han compartido sus propuestas para dirigir la Contraloría General, pero la decisión final respecto a quién estará al frente de este órgano fiscal está ahora en manos de las bancadas políticas.

Según información de El Espectador, hasta el momento ninguna colectividad política ni el propio gobierno entrante se ha inclinado oficialmente por alguno de los postulados. La administración de Abelardo de la Espriella, cuyo ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, ha insistido en la importancia de elegir “gente buena”, sostiene que buscan un funcionario independiente y no alguien que represente directamente los intereses del Ejecutivo. Lara afirmó que desean un perfil ajeno a presiones políticas: “No necesitamos órganos de control de bolsillo, necesitamos gente buena que llegue allí”.

El contexto del relevo en la Contraloría coincide con el inminente inicio del gobierno de De la Espriella, cuyo gabinete será posesionado pocos días antes de la votación en el Congreso. El nuevo mandatario ha manifestado que su relación con el Legislativo será de respeto, aunque enfatizó que fortalecerá la expedición de decretos para ejercer su administración. Así, se define un panorama de expectativa tanto para el Ejecutivo como para el Congreso, pues la elección del contralor marcará el inicio de una nueva etapa de control fiscal en el país.

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¿Quiénes son los principales candidatos para ser contralor en Colombia?

Entre los postulados con mayor respaldo en el Congreso figuran Carlos Mario Zuluaga, Andrés Castro, Luis Enrique Abadía y Jorge Eliécer Laverde, todos con experiencia en el sector público y puntuaciones destacadas en entrevistas y exámenes, según lo informó El Espectador.

¿Qué funciones desempeña la Contraloría General en Colombia?

La Contraloría General es el órgano encargado de ejercer el control fiscal, es decir, la vigilancia de los recursos públicos y la garantía de que estos se ejecuten conforme a la ley, resguardando el patrimonio del Estado.

(Vea también: Curiosa decisión de Abelardo de la Espriella para el fin de semana antes de su posesión, ¿qué hará?)

De acuerdo con lo informado por el mandatario electo, la iniciativa beneficiará a más de 70.000 jóvenes rurales en distintas regiones del país, quienes accederán a programas de formación, acompañamiento técnico y herramientas para impulsar proyectos productivos.

El anuncio hace parte de las primeras medidas que De la Espriella ha dado a conocer antes de asumir oficialmente la Presidencia de la República.

 

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¿En qué se invertirán los 85,2 millones  de dólares anunciados por De la Espriella?

Según explicó el presidente electo, los recursos del convenio con el Fida estarán dirigidos a fortalecer las capacidades de los jóvenes vinculados al sector agropecuario.

Entre las líneas de trabajo previstas se encuentran:

• Capacitación en buenas prácticas agrícolas.
• Formación en emprendimiento rural.
• Educación en planificación financiera.
• Acceso a mecanismos de crédito.
• Estructuración de proyectos productivos.
• Apoyo para la comercialización de las cosechas.

Con estas acciones, el Gobierno busca impulsar el relevo generacional en el campo y brindar mayores oportunidades económicas a la población joven que desarrolla actividades agrícolas.

Más de 70.000 jóvenes rurales serían beneficiados

La meta del convenio es llegar a más de 70.000 jóvenes rurales en todo el territorio nacional, quienes recibirán herramientas para mejorar la productividad de sus iniciativas y facilitar su acceso a oportunidades de financiación y comercialización.

Aunque el acuerdo será suscrito durante la primera semana de agosto, según el anuncio hecho por De la Espriella, la expectativa del nuevo gobierno es que los recursos permitan fortalecer el emprendimiento rural y crear mejores condiciones para que miles de jóvenes permanezcan en el campo y desarrollen proyectos sostenibles.

En palabras del propio funcionario: “Esas personas que por una u otra razón no han podido declarar el ICA en algún año tienen una sanción muy alta del 20 %. La vamos a reducir al 5 % y también tendremos una reducción temporal por las sanciones impuestas actualmente hasta del 80 %”. Dichas declaraciones, citadas por 90 Minutos, subrayan el interés del distrito en ofrecer alivios económicos y una oportunidad real de regularización para contribuyentes rezagados.

Otro componente clave es la eliminación del cobro de estampillas en 61 trámites ciudadanos, con el fin de reducir tanto costos como tiempos para los habitantes de Cali. Un ejemplo concreto, de acuerdo con Jhon Quinchua, es que estudiantes que soliciten certificados escolares ya no deberán pagar estampillas para dichos documentos. Este tipo de medidas buscan hacer los trámites más accesibles y menos onerosos para la ciudadanía.

Dentro de la estrategia de incentivos, también se incluirá el mecanismo de obra por impuestos. Este permitirá que contribuyentes, especialmente empresas, ejecuten directamente obras estratégicas para la ciudad, y que puedan abonar hasta el 50 % del impuesto de industria y comercio o predial a través de esa modalidad.

En paralelo, el Concejo distrital de Cali estudia una modificación del impuesto predial para que la tarifa tenga en cuenta tanto el estrato socioeconómico como el avalúo catastral del inmueble. Esta modificación, según explicó el director de Hacienda, haría el cobro más equitativo y ajustado a la realidad económica de cada propiedad. Incluso, algunos predios podrían tener una tarifa de 0 x 1000 y quedar exentos del pago, si la propuesta obtiene aprobación.

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¿Cuáles son los principales cambios en el sistema tributario que propone el distrito de Cali?

El distrito de Cali plantea una reducción permanente de la sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio del 20 % al 5 %, descuentos temporales de hasta el 80 % para quienes regularicen sus deudas, eliminación del cobro de estampillas en 61 trámites y la incorporación del mecanismo de obra por impuestos, según datos oficiales citados por 90 Minutos.

¿Cómo afectará la modificación del impuesto predial a los propietarios en Cali?

La modificación busca que la tarifa del impuesto predial se base tanto en el estrato socioeconómico como en el avalúo catastral del inmueble, lo que permitirá mayor equidad y, en algunos casos, posibles exenciones para predios de bajo valor, de acuerdo con las declaraciones del director de Hacienda de Cali.

El reconocimiento se entregó en la categoría municipal dentro del eje “Entidades Promotoras de Conocimiento”, a raíz de la experiencia titulada “Dosquebradas, territorio de valor para las ciudadanías”. Bajo la dirección del alcalde Roberto Jiménez Naranjo, la administración municipal desarrolló un modelo de gestión que se basa en la articulación de sus dependencias, la organización cuidadosa de los procesos internos, el fortalecimiento de los sistemas de control y un énfasis en convertir el conocimiento en una herramienta clave para tomar decisiones más acertadas. Esta estrategia permitió mejorar de forma significativa la capacidad de respuesta institucional, logrando resultados palpables para la ciudadanía.

Según el reporte, Dosquebradas alcanzó 93,5 puntos en el índice de desempeño institucional, lo que le permitió ubicarse como la mejor alcaldía del Eje Cafetero y la novena entre 85 municipios que integran su grupo par. El resultado más notable se dio en el componente de Gestión del Conocimiento y la Innovación, donde la administración obtuvo una calificación perfecta de 100 puntos. Este puntaje refleja un compromiso evidente con la modernización, la búsqueda constante de mejores prácticas y la adaptación a nuevas formas de gestión pública.

Recibir esta Mención de Honor implica mucho más que un simple galardón simbólico; es el reconocimiento nacional a una transformación interna en la administración municipal. La distinción valida un trabajo orientado a la eficiencia, la transparencia y la obtención de resultados que benefician a todos los habitantes de Dosquebradas. Además, posiciona al municipio como ejemplo en el uso estratégico del conocimiento para convertir los esfuerzos administrativos en valor público efectivo, consolidando a la administración local como una organización que aprende y avanza hacia la excelencia.

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¿Por qué Dosquebradas recibió una Mención de Honor en el Premio Nacional de Alta Gerencia?

Dosquebradas obtuvo una Mención de Honor debido a la experiencia “Dosquebradas, territorio de valor para las ciudadanías”, implementada por la administración local bajo el liderazgo de Roberto Jiménez Naranjo. Esta gestión se destacó por articular dependencias, organizar procesos, fortalecer controles internos y emplear el conocimiento como herramienta central para la toma de decisiones y la eficiencia institucional, todo lo cual fue validado por el Gobierno Nacional tras evaluar los resultados reportados en el FURAG.

¿Qué significa recibir 100 puntos en Gestión del Conocimiento e Innovación?

Obtener 100 puntos en el componente de Gestión del Conocimiento e Innovación indica que la administración de Dosquebradas alcanzó la puntuación máxima en este ámbito, destacándose por promover prácticas que facilitan la adquisición, organización y uso del conocimiento, así como por impulsar la aplicación de nuevas ideas y métodos dentro de la gestión pública. Esto demuestra capacidad para innovar y asegurar que los aprendizajes institucionales se traduzcan en beneficios para la comunidad.

La Nevera Sonora ha celebrado su primer año al aire en julio de 2026. Bajo la conducción de Andrés Salazar y Carolina Rodríguez ‘Mange’, el programa ha ofrecido una combinación de entrevistas, reportajes, actuaciones en vivo, análisis y contenidos digitales exclusivos. Salazar explicó a Portal Bogotá que lograr materializar el proyecto tal como se soñó, con una propuesta responsable y bien posicionada, fue gracias a un equipo profesional y capacitado. Entre sus aportes más destacados se encuentra ser un espacio renovado y fresco que permite a la audiencia aprender y descubrir sobre la industria musical de Colombia y Latinoamérica, además de brindar visibilidad a artistas, disqueras y otros agentes culturales.

El programa busca regresar a la esencia de la televisión musical, rememorando su época dorada de los años 2000 pero con lenguajes modernos. Esto implica ofrecer videoclips, rescatar la importancia del audiovisual y contar historias que raramente se exploraban en los medios convencionales o en redes sociales. Según Salazar, la recepción por parte de la industria ha sido positiva, ya que hacía falta un espacio donde se abordaran temas como la legislación musical o el significado de ser fan, además de la promoción habitual de artistas y eventos.

‘La Nevera Sesiones’ es uno de los formatos derivados del programa, donde músicos interpretan en vivo en diferentes espacios de Bogotá, como tiendas de barrio o estaciones de Transmilenio, enfrentando condiciones reales de la ciudad. El apoyo de la Secretaría de Cultura y la productora Ojo por Ojo fue fundamental para su realización.

Para Andrés Salazar, trabajar junto a Carolina Rodríguez ‘Mange’ ha sido clave para conectar con nuevas audiencias, especialmente la generación Z. Entre los sueños para el siguiente año, se encuentran invitados de talla comercial y alternativa como Juanes, J. Balvin, Rubén Blades o Rosalía, aunque ya han contado con artistas como María Vega, Jorge Drexler y Monsieur Periné.

Finalmente, Salazar resaltó el compromiso de ‘La Nevera Sonora’ con una comunicación honesta y profunda sobre la música como motor cultural, social y político en la ciudad.

¿Cómo ha impactado ‘La Nevera Sonora’ en la industria musical de Bogotá en su primer año?

Según los comentarios de Andrés Salazar recogidos por Portal Bogotá, el impacto de ‘La Nevera Sonora’ ha sido muy positivo. La industria musical ha valorado la existencia de un espacio que va más allá de la promoción de artistas y eventos para abrir debates sobre temas relevantes como la legislación musical y la relación de la ciudad con sus sonidos.

¿Qué es ‘La Nevera Sesiones’ y cómo fue desarrollada dentro del programa?

‘La Nevera Sesiones’ es un formato surgido de ‘La Nevera Sonora’ que presenta actuaciones musicales en vivo en espacios cotidianos de Bogotá. Esta propuesta busca conectar el entorno urbano real con la música, llevando la producción a condiciones auténticas y espontáneas, con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la productora Ojo por Ojo.

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La historia de María Camila Potosí, joven de 21 años y madre en gestación, tomó un giro inesperado el pasado 16 de julio. Ese día, Potosí salió de una cita médica relacionada con su embarazo y, desde entonces, no volvió a ser vista. Cuatro días después, su cuerpo fue encontrado a orillas del río Meléndez, en el sur de Cali, con signos claros de violencia. Posteriormente, el Instituto de Medicina Legal reveló que la bebé estaba ausente del vientre de la mujer, lo que agravó la indignación pública y movilizó a las autoridades y a la ciudadanía en una búsqueda frenética para encontrarla.

La presión social y mediática aumentó ante la falta de información oficial sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el hallazgo de Alahia y el lugar donde fue encontrada. Mientras tanto, horas previas a la confirmación de la muerte de la niña, la Policía Nacional y la Fiscalía informaron sobre la captura de cinco individuos presuntamente implicados en el feminicidio de Potosí. Entre los detenidos figura una mujer identificada por la investigación como la última persona vista con la joven antes de su desaparición. El grupo enfrenta varios cargos, entre ellos feminicidio agravado, secuestro, desaparición forzada y ocultamiento de elementos materiales probatorios, según los reportes de las autoridades competentes.

Actualmente, las entidades responsables continúan con las pesquisas para esclarecer los detalles alrededor de la muerte de la recién nacida y dilucidar cuál fue la participación de cada uno de los capturados en estos hechos. Se espera que la Fiscalía General de la Nación emita próximamente una declaración oficial con información adicional sobre el avance de la investigación y los pasos a seguir en el proceso judicial.

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¿Qué pasó con la bebé de María Camila Potosí en Cali?

De acuerdo con El País de Cali, la bebé, identificada como Alahia, fue hallada sin vida luego de una búsqueda que mantuvo en alerta a la sociedad. La menor desapareció tras el asesinato de su madre en el sur de Cali, lo que impulsó una intensa labor investigativa y movilizó al país en espera de novedades.

¿Cuáles son los cargos que enfrentan los capturados por el feminicidio de María Camila Potosí?

Según la información entregada por la Policía Nacional y la Fiscalía, los cinco detenidos enfrentan cargos por feminicidio agravado, secuestro, desaparición forzada y ocultamiento de elementos materiales probatorios. La investigación busca establecer su responsabilidad tanto en la desaparición y muerte de María Camila Potosí como en el destino de su hija.

Inicialmente, se tenía previsto que este plan entrara en vigor el jueves 30 de julio desde las 7:00 a.m. No obstante, un recorrido realizado en la zona evidenció que el inicio podría retrasarse debido a las labores pendientes de demarcación y adecuación de señalización vial. En este sentido, las autoridades señalaron que la fecha definitiva será anunciada una vez finalicen dichos trabajos, garantizando así la seguridad de los conductores y peatones involucrados en este importante corredor vial.

Según explicó el secretario de Infraestructura del departamento, Frank Alexander Ramírez, el plan de manejo de tránsito tendrá una duración aproximada de tres meses. Durante este periodo, se llevará a cabo un desvío entre el parque Akuática y el sector de Chontaduro, trasladando la circulación de vehículos desde la calzada existente hacia la nueva vía construida, que ya cuenta con su primera capa de asfalto. Este desvío, que abarca cerca de dos kilómetros tras el cruce del puente de Pance, permitirá a las autoridades trabajar en la instalación del sistema de drenaje de aguas lluvias, una infraestructura esencial para mejorar el manejo de aguas durante la temporada de lluvias y garantizar la durabilidad de la vía.

La ampliación de la avenida Cañasgordas no solo prevé una doble calzada, sino también iluminación y mejores condiciones para la movilidad y seguridad de quienes transitan diariamente entre Cali y Jamundí. Mientras inicia formalmente el desvío, la Gobernación recomendó a los conductores atender la señalización establecida, seguir las indicaciones del personal de tránsito presente en el área y organizar sus desplazamientos con tiempo suficiente para evitar inconvenientes durante el avance de las obras.

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¿Cuál es el propósito del plan de manejo de tránsito en la avenida Cañasgordas?

El objetivo principal del plan de manejo de tránsito en la avenida Cañasgordas es permitir que las obras de ampliación de la vía, especialmente la construcción de la segunda calzada y del sistema de drenaje, puedan ejecutarse de manera segura y eficiente, manteniendo la movilidad en este importante corredor vial entre Cali y Jamundí.

¿Cómo funcionará el desvío vehicular entre el parque Akuática y Chontaduro por las obras en la avenida Cañasgordas?

El desvío vehicular contemplado por las autoridades permitirá que los conductores se desplacen por la nueva calzada asfaltada entre el parque Akuática y la zona de Chontaduro, mientras la calzada tradicional recibe intervenciones. Este ajuste temporal tendrá una duración aproximada de tres meses, garantizando la circulación sin mayores contratiempos en tanto finalizan las obras.

En el marco de los diálogos impulsados por la Paz Total con Comuneros del Sur, la hoja de ruta contempla no solo la entrega de armas y explosivos sino también acciones humanitarias, como la facilitación de hallazgos de personas reportadas como desaparecidas y el reemplazo de cultivos ilícitos por alternativas legales. Todos estos esfuerzos se concentran en Mallama, Nariño, una región en la que la ZUT fue aprobada tras un proceso de consulta previa con comunidades indígenas, señala El Espectador.

Para el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, el mensaje es directo. Como expresó al diario, considera que "Nariño es el norte de la paz para el país" gracias a los avances obtenidos a través de los Diálogos Regionales de Paz. Escobar insiste en que recae sobre el nuevo gobierno la responsabilidad de construir un marco legal que proporcione garantías de seguridad y una salida estable para 400 hombres que llegarán a la ZUT, permitiéndoles dejar atrás la vida armada y aliviar así el dolor sufrido por las comunidades nariñenses.

El mandatario local espera que, tras la posesión de Abelardo de la Espriella, se tramite una ley de orden público que habilite la entrada de los 2000 miembros armado a la ZUT y se establezcan las bases jurídicas para su sometimiento. Considera posible “una victoria temprana para el siguiente gobierno” si se aprovechan estos avances.

El proceso ha evolucionado durante 2024 y muestra un hito en abril, cuando Comuneros del Sur, tras su separación del ELN, entregaron 585 artefactos explosivos, como minas, morteros y granadas. La presencia del presidente Petro en la zona subrayó la importancia de este paso, pues ordenó de inmediato la destrucción del material. El gobernador Escobar enfatiza que los diálogos han dado “resultados concretos” y espera que, en los próximos seis meses, la nueva administración establezca las condiciones legales para posibilitar la dejación de armas de varios centenares de combatientes.

¿Qué es una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el proceso de paz de Nariño?

Una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) es un territorio autorizado específicamente para albergar temporalmente a exintegrantes de grupos armados que participan en procesos de paz. Según El Espectador, en Mallama, Nariño se habilitó una ZUT por consulta previa con comunidades indígenas, con el fin de facilitar la transición de 400 integrantes de Comuneros del Sur hacia la legalidad y su reincorporación, acompañada de garantías de seguridad.

¿Cuál ha sido el papel del gobernador de Nariño en la política de Paz Total?

El gobernador Luis Alfonso Escobar se ha consolidado como un actor central en el proceso, defendiendo la estrategia de Paz Total y pidiendo al nuevo gobierno que garantice un marco jurídico para el sometimiento de los grupos armados. Según afirmó a El Espectador, considera que Nariño es ejemplo nacional y que, con el apoyo de la administración entrante, se podrán consolidar los logros alcanzados mediante los diálogos regionales y la creación de zonas de paz en el departamento.

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La muerte de Dilan Cruz ha sido catalogada por el nuevo pliego como una grave violación a los derechos humanos, otorgándole así el carácter de imprescriptible, es decir, que el caso no podrá archivarse antes de que exista una resolución definitiva. Esta medida ha sido celebrada como un avance por la defensa de las víctimas, aunque también advierten que podría extender aún más la duración del proceso judicial.

Desde la muerte de Dilan, su familia ha persistido en la búsqueda de justicia en tres frentes: penal, disciplinario y contencioso administrativo. Geraldine Cruz, hermana de Dilan, expresó en diálogo con El Espectador el cansancio emocional que implica revivir la tragedia constante en cada audiencia y trámite judicial. Geraldine matizó, además, que pese al avance en el proceso disciplinario y la sentencia contra la Nación, la demora de la Fiscalía en la investigación penal mantiene el dolor y la herida de la familia. Subrayó la necesidad de asignar responsabilidades penales claras para que se cierre este ciclo de sufrimiento.

La hermana de la víctima también hizo un llamado público a los miembros de la fuerza pública para que situaciones similares no se repitan y exhortó a que se respete la protesta pacífica como derecho ciudadano. Sostuvo que reconocer oficialmente lo ocurrido, como señaló recientemente el Tribunal Superior de Cundinamarca, es una obligación del Estado frente a la sociedad, que debe ir acompañada de medidas concretas para evitar nuevas violaciones de derechos humanos.

Por último, Geraldine insistió en que la investigación penal lleva casi siete años sin avances decisivos, e indicó que tanto el capitán Cubillos como su superior Néstor Raúl Cepeda Cifuentes, quien habría dado la orden durante la protesta, deben recibir una condena ejemplar. Mientras tanto, la familia Cruz mantiene esperanzas en la justicia y rechaza la idea de abandonar la lucha, pues hacerlo implicaría aceptar la impunidad.

¿Por qué la Procuraduría volvió a formular cargos contra el capitán Manuel Cubillos Rodríguez en el caso Dilan Cruz?

La Procuraduría General de la Nación presentó un nuevo pliego de cargos contra el capitán Manuel Cubillos Rodríguez debido a que la sanción anterior, que había impuesto una multa, fue anulada por un error en el proceso disciplinario. Con base en la información de El Espectador, el nuevo pliego califica la muerte de Dilan Cruz como una grave violación a los derechos humanos, lo que implicó la necesidad de reiniciar el juicio disciplinario.

¿Qué significa que el homicidio de Dilan Cruz sea declarado imprescriptible por la Procuraduría?

La declaratoria de imprescriptibilidad, de acuerdo con el nuevo pliego de cargos conocido por El Espectador, implica que el caso de Dilan Cruz no podrá ser archivado por el paso del tiempo y deberá resolverse de fondo antes de concluir. Esta decisión busca evitar la impunidad en graves violaciones a los derechos humanos.

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(Vea también: ¿Quién es la mujer que llevó a María Camila Potosí en moto? Así habría conocido a víctima)

Así lo reportó Blu Radio a través de su cuenta oficial en X, señalando que ahora será el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses la entidad encargada de confirmar la plena identidad del menor mediante los análisis correspondientes.

#Atención El CTI de la Fiscalía confirmó el hallazgo de los restos que podrían corresponder al bebé de la víctima María Camila Potosí. Será ahora Medicina Legal la entidad encargada de confirmar la plena identidad del menor en este caso. #VocesySonidos

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 30, 2026

Según la información difundida por la cadena radial, el CTI dio a conocer el descubrimiento de estos restos, aunque hasta el momento no se han entregado detalles públicos adicionales sobre el lugar exacto del hallazgo, las condiciones en que fueron encontrados o las circunstancias que rodearon su localización.

La confirmación de la identidad queda en manos de Medicina Legal, que deberá realizar las pruebas científicas necesarias, incluyendo eventualmente análisis de ADN, para determinar si efectivamente se trata de la bebé que María Camila esperaba y a quien planeaba llamar Alahia.

Este anuncio representa un giro relevante en una investigación que desde el inicio ha despertado profunda conmoción en Cali y en todo el país. María Camila Potosí Gómez desapareció el 16 de julio en el sector de Polvorines, en el suroccidente de Cali. Ese día había salido hacia un control médico relacionado con su embarazo de aproximadamente 36 semanas.

Cámaras de seguridad la captaron por última vez subiendo como parrillera a una motocicleta conducida por otra mujer, quien se convirtió en persona de interés para las autoridades.

Cuatro días después, el 20 de julio, su cuerpo sin vida fue hallado a orillas del río Meléndez, en el kilómetro 3 de la vía que conduce al corregimiento de La Buitrera. El cadáver presentaba signos de tortura, múltiples heridas causadas con arma cortopunzante, estaba amarrado de pies y manos y envuelto en sábanas.

La familia de la víctima informó posteriormente que, de acuerdo con lo que les comunicaron tras la necropsia, la bebé no se encontraba en el vientre de María Camila. Este elemento transformó el caso: de un homicidio se pasó a investigar también la posible extracción y desaparición del bebé.

Desde entonces, las autoridades manejaron dos hipótesis principales: que la bebé no hubiera sobrevivido o que pudiera estar con vida. La Policía Metropolitana de Cali y el CTI activaron búsquedas, incluyendo operativos en la zona del río Meléndez, y se ofreció una recompensa que llegó a los 200 millones de pesos por información que permitiera dar con los responsables del crimen y con el paradero de la menor.

El hallazgo de los restos, aunque aún pendiente de confirmación definitiva por parte de Medicina Legal, cierra en parte una de las grandes interrogantes que han rodeado este crimen.

Uno de los puntos centrales fue el avance del proceso para otorgar personería jurídica al movimiento que llevó a Abelardo de la Espriella a la presidencia. Ortiz detalló que la solicitud ya superó una fase interna de revisión y está pronta a ser evaluada completamente por la Sala Plena del CNE. Según sus palabras, después de que algunos magistrados solicitaran la rotación del expediente para estudiarlo a profundidad, dicha etapa concluyó y, de acuerdo con los tiempos reglamentarios, la decisión podría tomarse en la próxima sesión ordinaria.

Frente a las dudas acerca de la transparencia en los recientes comicios presidenciales, Ortiz enfatizó que tanto esa elección como la legislativa estuvieron sometidas a fuertes controles y auditorías coordinadas entre el CNE y la Registraduría. Sostuvo que el resultado reflejó fielmente la voluntad popular, aunque admitió que siempre habrá inconformes, quienes deben utilizar recursos legales y no recurrir a la descalificación pública. Comparó estas reacciones con lo que sucede en el fútbol, donde a veces se culpa al árbitro cuando no se obtiene el resultado esperado.

En cuanto a las próximas elecciones regionales, el presidente del CNE hizo un llamado especial para que los candidatos respeten los límites y reglas de financiación. Recordó que la violación de topes o la recepción de recursos prohibidos puede acarrear investigaciones y la posible nulidad de la elección, como ya ha ocurrido en casos anteriores. Destacó también la necesidad de avanzar en la modernización de las normas electorales, señalando que si bien el Código Electoral actual es funcional, sería ideal ajustarlo al marco constitucional vigente.

Ortiz compartió además su historia personal: creció en un entorno campesino en la vereda Santa Teresa, trabajó en el campo y vendió productos agrícolas antes de culminar el bachillerato y estudiar Derecho. Posteriormente, ejerció la docencia universitaria por más de veinte años y, finalmente, asumió la presidencia del principal órgano electoral del país. Aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes, animándolos a persistir en el estudio y no renunciar a sus sueños, recordando que su propio camino desde la ruralidad hasta la dirección del CNE fue posible gracias al esfuerzo y la preparación.

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¿Cuál es el proceso para que un movimiento político obtenga personería jurídica según el CNE?

De acuerdo con lo explicado por Benjamín Ortiz al medio El Nuevo Día, el proceso implica la presentación de la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral, seguida de una revisión interna y rotación del expediente entre magistrados para su estudio detallado. Una vez culminada esta etapa y verificándose el cumplimiento de los tiempos reglamentarios, el asunto es definido en Sala Plena, donde se decide el reconocimiento de la personería jurídica.

¿Qué recomendaciones da el CNE para candidatos en las elecciones regionales sobre la financiación de campañas?

Según Benjamín Ortiz, el presidente del Consejo Nacional Electoral, los candidatos deben respetar las normas legales sobre financiación, evitar superar los topes permitidos y abstenerse de recibir dinero de origen prohibido. Afirma que infringir estas reglas puede conducir tanto a investigaciones administrativas como a la nulidad de la elección, recordando casos en los que la autoridad ya ha impuesto sanciones por tales prácticas irregulares.

Según los planteamientos del senador Barreto, la explotación ilegal está provocando problemas como la deforestación, la contaminación de fuentes hídricas y la pérdida de biodiversidad. Además, advirtió sobre la presencia de organizaciones criminales que se aprovechan de la riqueza de los recursos naturales en el territorio. La gravedad del panorama motivó el llamado a una respuesta estatal urgente, que atienda las necesidades del municipio y mitigue los daños ya ocasionados.

Barreto dio especial relevancia al impacto social, señalando que la minería ilegal no solo genera un “desastre ambiental” sino que agrava los problemas de seguridad y convivencia en Ataco. El congresista pidió a la Defensoría del Pueblo que mantenga un seguimiento constante en el municipio, considerando el riesgo para el desarrollo y la tranquilidad de sus habitantes.

En términos económicos, Barreto remarcó que la crisis afecta a uno de los principales municipios cafeteros del sur del Tolima. De acuerdo con el senador, la población empieza a preferir el trabajo en actividades mineras ilegales en detrimento de la tradicional labor en el cultivo de café, debilitando el tejido productivo local y poniendo en riesgo una de las bases económicas de la región.

Ante esas preocupaciones, Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, reconoció que la entidad ha constatado la vulneración tanto de los derechos de las comunidades como de la naturaleza. Marín Ortiz destacó el compromiso institucional de coordinar acciones con autoridades judiciales, ambientales y de seguridad. Por su parte, Barreto insistió en la revisión de la legislación vigente para facilitar respuestas más eficaces y proteger tanto el municipio de Ataco como el Tolima.

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¿Cuál es el impacto de la minería ilegal en Ataco, Tolima, según la Defensoría del Pueblo?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo y el senador Santiago Barreto Triana, la minería ilegal en Ataco tiene consecuencias graves en el ámbito ambiental y social. Se han identificado problemas como deforestación, contaminación de fuentes de agua y pérdida de biodiversidad, además de fortalecer redes criminales y deteriorar la convivencia y seguridad en la región.

¿Cómo afecta la minería ilegal a la economía cafetera en el sur del Tolima?

Según la información presentada por el senador Barreto, la preferencia de la población por trabajos en minería ilegal impacta negativamente la economía cafetera, que es central en el sur del Tolima. Esto debilita la producción de café, un renglón clave para el municipio de Ataco, y pone en riesgo el sustento de muchas familias de la región.

La reacción de Marco Hincapié no se hizo esperar. El congresista resaltó que esta sentencia resulta coherente con las denuncias que él ha venido presentando desde hace varios años en relación con la administración de Hurtado. De acuerdo con Hincapié, el fallo judicial respalda su postura y sus alertas sobre presuntas irregularidades. Así lo expresó en su declaración: "Hoy la justicia nos da la razón. Dijimos hace dos meses que el peor alcalde de la historia de Ibagué se había aliado junto con el candidato presidencial del narcotráfico y por eso nos entutelaron. El día de ayer una jueza de la República nos garantizó nuestros derechos políticos y nuestras libertades ciudadanas para podernos expresar".

Hincapié, además, aprovechó para contrastar su propia situación judicial con la del exalcalde, subrayando: "Tengo cero investigaciones, ni una sola investigación por corrupción. Y esta semana un juez de la República lo declaró culpable por usar el estadio Manuel Murillo Toro para una fiesta de cumpleaños".

El representante también recordó el proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra Andrés Hurtado por posibles irregularidades en el contrato del puente de la calle 60 de Ibagué. Según Hincapié, desde el año 2023 venía advirtiendo sobre deficiencias en la planeación y posibles hechos de corrupción en ese proyecto de infraestructura. Uno de los puntos que destaca es el desembolso de un anticipo superior a 1.928 millones de pesos, equivalente al 65 % del valor de la interventoría, cuando el avance físico del puente era solo del 5,67 %. Sin embargo, este proceso aún no ha finalizado y no hay una decisión judicial de fondo sobre la responsabilidad de Hurtado en este caso.

Es importante precisar que la condena en firme contra Andrés Hurtado corresponde exclusivamente al caso del estadio Manuel Murillo Toro y no incluye el proceso del puente, que continúa en investigación.

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¿Por qué condenaron al exalcalde Andrés Hurtado por el uso del estadio Manuel Murillo Toro?

La condena contra Andrés Hurtado se produjo porque utilizó el estadio Manuel Murillo Toro, un bien público, para la fiesta de cumpleaños de su hijo en marzo de 2021, según lo confirmó el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Ibagué. Este hecho fue tipificado como peculado por uso, lo que implica emplear recursos públicos para un beneficio personal.

¿Qué avances tiene el proceso judicial contra Andrés Hurtado por el puente de la calle 60 en Ibagué?

El proceso penal que la Fiscalía General de la Nación adelanta contra Andrés Hurtado por presuntas irregularidades en el contrato del puente de la calle 60 aún continúa en etapa judicial. El caso involucra posibles actos de corrupción y falta de planeación, especialmente por la entrega de un anticipo mayor al avance de obra. No existe todavía una decisión de fondo frente a la responsabilidad del exmandatario en este proceso.

La víctima fue identificada como Jhon Jairo Rodríguez Choperena, conocido entre familiares y amigos como ‘El mono’. Aunque recibió atención médica y fue trasladado a un hospital de mayor complejidad, falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

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De acuerdo con la información divulgada por medios locales, el hecho se registró durante la última semana de julio, cuando Rodríguez se encontraba dentro de un corral de cerdos cumpliendo con sus labores habituales.

Las primeras versiones indican que, por circunstancias que aún son investigadas, el hombre cayó al interior del corral. En ese momento, uno de los animales lo atacó y le ocasionó múltiples mordeduras en diferentes partes del cuerpo.

Personas que se encontraban cerca escucharon los gritos de auxilio y acudieron rápidamente al lugar. Tras rescatarlo, lo trasladaron a un centro asistencial del municipio, donde recibió atención de urgencia.

Debido a la gravedad de las heridas, el adulto mayor fue remitido posteriormente a un hospital de Montería, donde permaneció bajo observación médica mientras los especialistas intentaban estabilizarlo. Pese a los esfuerzos del personal de salud, Rodríguez falleció horas después como consecuencia de las lesiones sufridas durante el ataque.

Las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente continúan siendo materia de investigación. Según la información preliminar, una de las hipótesis que analizan las autoridades es que una de las mordeduras hubiera comprometido una arteria principal, provocando una hemorragia que habría desencadenado el fatal desenlace. Sin embargo, esa versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

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El cuerpo fue puesto a disposición de Medicina Legal, entidad encargada de adelantar los procedimientos forenses que permitirán establecer con precisión la causa de la muerte.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso ha causado conmoción entre los habitantes de Planeta Rica, donde la víctima era conocida por su trabajo en la zona rural.

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El encuentro tendrá lugar después de una intensa jornada de trabajo programada para este jueves 30 de julio. Según informó el equipo de comunicaciones del mandatario electo, durante la mañana De la Espriella continuará liderando las sesiones de empalme territorial y, posteriormente, encabezará un Consejo de Ministros con el gabinete que lo acompañará desde el próximo 7 de agosto.

Sin embargo, uno de los eventos que más ha llamado la atención es el retiro espiritual que reunirá por primera vez a todo el equipo de Gobierno.

De acuerdo con el comunicado oficial, el encuentro congregará a ministros, asesores y demás funcionarios designados con el propósito de fortalecer la unidad del gabinete antes del inicio de la nueva administración.

“Este fin de semana, el presidente electo se trasladará a Barranquilla para liderar un retiro espiritual con la totalidad de los ministros, asesores y funcionarios designados hasta el momento”, señaló el documento.

Desde el equipo de De la Espriella explicaron que el objetivo del encuentro va más allá de una actividad protocolaria y busca convertirse en un espacio de reflexión antes de asumir el poder.

“El encuentro, que reunirá por primera vez al equipo completo del Gobierno de la Patria Milagro, será un espacio de reflexión, unidad y preparación espiritual antes de asumir la responsabilidad histórica de gobernar a Colombia“, indicó la comunicación.

Asimismo, el presidente electo considera que esta actividad refleja los principios que buscará imprimirle a su administración.

“Para el presidente electo, este retiro no es un acto protocolario: es la expresión más clara de los valores que orientarán su Gobierno. La Patria Milagro se construye con fe, con equipo y con la convicción de que gobernar bien exige no solo capacidad técnica, sino también humildad, propósito compartido y la guía de Dios”, agregó el comunicado.

Mientras tanto, los integrantes del gabinete ya comenzaron a trabajar en las prioridades de cada cartera. Uno de ellos fue el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín, quien aseguró que el nuevo Gobierno ya avanza en conversaciones para fortalecer las relaciones comerciales del país.

El futuro funcionario afirmó que se están revisando acuerdos con países como El Salvador, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, además de mantener contactos con Chile, Ecuador, Bolivia y Perú para ampliar las oportunidades comerciales de Colombia.

También anunció que uno de los objetivos será reactivar las relaciones económicas con Japón, proceso que, según explicó, permanece estancado desde hace 14 años. Gómez Amín aseguró que en agosto viajará a ese país para avanzar en una agenda que permita impulsar las exportaciones y atraer mayor inversión extranjera.

El retiro espiritual y la primera reunión formal del gabinete se desarrollarán apenas una semana antes de la ceremonia de posesión presidencial, prevista para el próximo 7 de agosto, cuando Abelardo de la Espriella asumirá oficialmente la Presidencia de la República.

La diversificación en la oferta ha sido clave para este auge. Hoy en día, el Tolima no solo invita a quienes desean relajarse, sino también a quienes buscan actividades de senderismo, avistamiento de aves, montañismo y ciclomontañismo, así como recorridos por la historia, la música y el patrimonio cultural. Bajo la estrategia "Tolima, Corazón de los Andes", la región organiza sus productos en torno a la naturaleza, la cultura y el entretenimiento. El objetivo es captar turistas durante todo el año y no limitarse a las temporadas tradicionales.

El crecimiento de nuevos municipios como destinos turísticos es otro aspecto destacado. Murillo se ha consolidado como punto de acceso a paisajes de alta montaña, el Parque Nacional Natural Los Nevados y el emblemático Bosque de Palma de Cera. Prado sigue en auge por su embalse, Mariquita por su patrimonio histórico y Ambalema por su arquitectura colonial. Asimismo, Cajamarca, Santa Isabel, Villahermosa, Roncesvalles, Cunday y Ortega impulsan experiencias en ecoturismo y turismo rural, diversificando aún más el panorama regional.

La cultura y los eventos también han desempeñado un papel fundamental. Según la Gobernación del Tolima, en 2026, el Festival Folclórico Colombiano atrajo a más de 502.000 visitantes y movió más de 220.000 millones de pesos en la economía regional. Festivales gastronómicos, ferias y celebraciones tradicionales permiten que el turismo se distribuya hacia diferentes municipios, ampliando el beneficio económico.

El turismo de naturaleza ha crecido notablemente en sitios como el Nevado del Tolima, el Cañón del Combeima y el Embalse de Prado. El aumento de visitantes ha favorecido emprendimientos rurales, hospedajes alternativos como el glamping y recorridos ecológicos. Además, la mayor presencia del Tolima en eventos como la Vitrina Turística de ANATO 2026, en la que participaron 33 empresas locales y generaron negocios por más de 4.600 millones de pesos, ha fortalecido el posicionamiento del departamento como destino emergente.

A pesar de estos avances, el desarrollo turístico trae desafíos. La Gobernación trabaja en proyectos para conservar los ecosistemas, gestionar residuos y fortalecer el turismo comunitario, buscando que el crecimiento económico se logre de manera sostenible y no comprometa los recursos naturales que hacen único al Tolima.

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¿Por qué el turismo de naturaleza ha crecido tanto en el Tolima?

El crecimiento del turismo de naturaleza en el Tolima responde al desarrollo de nuevos destinos y actividades en entornos al aire libre como senderismo, avistamiento de aves y recorridos ecológicos en lugares emblemáticos como el Nevado del Tolima y el Cañón del Combeima. Este cambio hace parte de la estrategia "Tolima, Corazón de los Andes", que busca atraer visitantes interesados en experiencias sostenibles y diferenciadas, fortaleciendo emprendimientos rurales y opciones de hospedaje alternativas.

¿Cómo ha beneficiado la llegada de turistas a la economía del Tolima?

El aumento de visitantes ha dinamizado sectores como hoteles, restaurantes, transporte, artesanías y producción rural. Según la Gobernación del Tolima, el turismo se ha convertido en uno de los motores del desarrollo regional, generando empleo, promoviendo la inversión y fortaleciendo la cadena económica en todo el departamento gracias al impacto de eventos y la diversificación de destinos.

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La medida, oficializada por la Oficina del Presidente, busca endurecer las sanciones contra quienes, según el Gobierno, atenten contra la Nación argentina o promuevan conductas consideradas incompatibles con el orden público.

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 30, 2026

¿Qué cambia con el nuevo decreto de Milei?

Uno de los principales cambios es que las autoridades podrán impedir el ingreso o iniciar procesos de expulsión contra extranjeros que incurran en determinadas conductas.

Entre las nuevas causales incluidas en el decreto están:

• Promover o incitar discursos de odio, discriminación o violencia dirigidos contra el pueblo argentino por razones de nacionalidad.
• Agraviar o ultrajar los símbolos patrios, como la bandera, el escudo o el himno nacional.
• Revocar permisos de residencia a extranjeros que, aun viviendo en Argentina, incurran en esas conductas.

Desde la Casa Rosada defendieron la decisión asegurando que “la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable” y que quienes ataquen a la República Argentina “no son bienvenidos en el país”.

¿Cuándo entrará en vigencia la medida de Milei?

Según informó el Gobierno, el Decreto de Necesidad y Urgencia comenzará a regir desde el 31 de julio de 2026.

Como ocurre con este tipo de normas, el texto deberá ser enviado posteriormente a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso argentino, que analizará su validez y abrirá un debate político y jurídico sobre el alcance de la reforma.

La decisión ya empezó a provocar reacciones entre distintos sectores, pues mientras el oficialismo sostiene que busca fortalecer la protección del Estado y de los símbolos nacionales, desde la oposición y organizaciones de derechos humanos anticipan cuestionamientos sobre el impacto que podría tener la medida en materia de libertades y derechos de los migrantes.

La Fiscalía confirmó que las capturas fueron realizadas este 30 de julio en una operación conjunta con la Policía Nacional. Los procedimientos se llevaron a cabo mediante allanamientos en Cali y en el municipio de Tuluá, donde además fueron incautados varios teléfonos celulares y una motocicleta que ahora harán parte del material probatorio del proceso.

De acuerdo con información conocida por fuentes de la Policía Metropolitana de Cali y divulgada por EL TIEMPO, una de las capturadas es Yulieth Ángulo, señalada de haber participado directamente en los hechos. El diario El País de Cali indicó que se trata de la mujer que aparece en las cámaras de seguridad conduciendo la motocicleta en la que María Camila fue vista por última vez antes de desaparecer.

Junto a ella también fueron capturados cuatro hombres identificados con los alias de Nilson, Edu, Kevin y JJ, quienes ahora deberán responder ante la justicia por su presunta participación en el crimen.

La captura de Yulieth representa una noticia importante para la familia de María Camila, que desde el principio expresó serias dudas sobre sus versiones. El padre de la joven, Alexander Potosí, aseguró en una entrevista con el pódcast Más Allá del Silencio que la mujer entregó relatos contradictorios sobre lo ocurrido el día de la desaparición.

“Realmente estamos seguros por las inconsistencias que ella habla. Más que todo, a los familiares de mi hija les dice que la dejó en el puesto de salud. Pero las versiones de las cámaras muestran un lapso de aproximadamente 13 minutos en otro lugar. Hay muchas inconsistencias en las versiones de ella”, afirmó.

Según relató, la familia incluso se reunió con Yulieth en la estación de Policía de Meléndez un día después de la desaparición y desde ese momento percibieron una actitud nerviosa y evasiva que aumentó las sospechas sobre su comportamiento.

Las investigaciones también permitieron establecer que María Camila y Yulieth se conocieron mientras participaban en un programa de atención para madres gestantes. La secretaria de Bienestar Social de Cali, Nigeria Rentería, explicó que ambas asistían a una estrategia institucional dirigida a mujeres embarazadas.

Esa cercanía hizo que Yulieth ganara la confianza de María Camila e incluso llegara a compartir con algunos de sus familiares. Sin embargo, tras conocerse el crimen, surgieron dudas sobre el supuesto embarazo de la hoy capturada, una hipótesis que también ha sido mencionada por personas cercanas al caso.

El proceso judicial tomó aún más relevancia después de que la necropsia revelara que la bebé que esperaba María Camila no estaba en su vientre al momento del hallazgo del cuerpo. Ese resultado llevó a que la investigación también se enfocara en establecer el paradero de la recién nacida.

Tras los operativos, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que “fueron capturados cinco responsables por el asesinato de María Camila” y reiteró que el trabajo de las autoridades continuará hasta esclarecer completamente el caso y encontrar a la bebé, cuyo paradero sigue siendo uno de los mayores interrogantes de la investigación.

Aranda señaló que el proyecto de modernización del sistema semafórico ya presenta avances importantes, pero recalcó que el contrato vigente contempla el funcionamiento de los semáforos viejos en paralelo. Así, se busca evitar que algún cruce quede sin iluminación o señalización, situación que podría agravar la congestión en las principales vías de la ciudad. "Muchas personas preguntan por qué siguen ahí, y es porque hacen parte del proyecto. Hasta que no queden totalmente instaladas y operando las 39 intersecciones semafóricas no se retiran los anteriores", explicó Aranda, dando claridad sobre el proceso escalonado que se está implementando.

En sus declaraciones, la alcaldesa añadió que el desmonte de los equipos anteriores está previsto para comenzar en las próximas semanas. Aunque no precisó una fecha específica para la finalización, aseguró que la fase de levantamiento de semáforos anticuados se encuentra próxima a iniciarse. Al comparar la tecnología de los nuevos aparatos con los equipos previos, Aranda destacó la eficiencia y el tamaño de la infraestructura modernizada, enfatizando que los semáforos antiguos eran ya obsoletos frente a los dispositivos que hoy se están instalando.

Finalmente, recordó que el proyecto de modernización semafórica forma parte de las inversiones ejecutadas por el Sistema Estratégico de Transporte Público, lo que refuerza la apuesta de la administración por optimizar la movilidad urbana. Así, hasta que la instalación y puesta en funcionamiento de las 39 intersecciones previstas no esté totalmente finalizada, los semáforos tradicionales seguirán siendo parte del paisaje vial de Ibagué.

¿Por qué los semáforos antiguos siguen instalados en Ibagué?

Según declaraciones de la alcaldesa Johana Aranda, los semáforos antiguos permanecen en las calles mientras la modernización avanza para evitar que queden intersecciones sin servicio. El retiro solo se hará cuando las 39 nuevas intersecciones estén completamente instaladas y en funcionamiento, garantizando así que no haya interrupciones en el sistema vial de Ibagué.

¿Cuándo comenzará el retiro de los viejos semáforos en Ibagué?

De acuerdo con lo informado por la alcaldesa, el desmonte de los semáforos ancestrales está programado para las próximas semanas. Aunque no se entregó una fecha exacta, la funcionaria confirmó que el proceso comenzará una vez termine la instalación y operación de la nueva infraestructura en todas las intersecciones contempladas en el proyecto.

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Según los avances del proceso judicial divulgados por el ente acusador, se identificaron dos escenas distintas. En la primera, los hoy procesados supuestamente entregaron una suma de dinero a un ciudadano. Posteriormente, se reportó que también habrían ofrecido y entregado una suma no especificada de dinero a dos jóvenes, todo con el objetivo de favorecer la candidatura de Moscoso Bonilla al concejo municipal de San Luis. La Fiscalía General de la Nación puntualizó que Moscoso Bonilla asumiría el rol de contactar a los votantes en el parque central, mientras que González Peña —su esposa— sería la encargada de materializar la entrega del efectivo a quienes aceptaban votar a favor.

El caso está a cargo de un fiscal de la Seccional Tolima, quien formalizó la imputación del delito de corrupción de sufragante a ambos involucrados. De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal de Colombia, dicho delito contempla penas de cuatro a ocho años de prisión y multas que oscilan entre 200 y 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes sean hallados responsables. A pesar de las pruebas recopiladas por la Fiscalía, tanto Moscoso Bonilla como González Peña no aceptaron los cargos imputados por el organismo judicial. El proceso continúa, acompañado del seguimiento por parte de las autoridades para esclarecer el alcance de los hechos y determinar la responsabilidad individual de los procesados.

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¿Qué significa el delito de corrupción de sufragante en Colombia?

El delito de corrupción de sufragante, según el artículo 390 del Código Penal colombiano, consiste en ofrecer, entregar o prometer dádivas, dinero o cualquier beneficio para que una persona vote de determinada manera o incluso se abstenga de votar. Es un delito que busca proteger la transparencia y libertad en los procesos electorales y está penado con prisión y multas.

¿Cuál es la posible condena por corrupción de sufragante según la ley colombiana?

La condena por corrupción de sufragante en Colombia puede variar entre cuatro y ocho años de prisión. Además, el responsable podría recibir multas que van desde 200 hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo establecido por el artículo 390 del Código Penal, siempre que se confirme la culpabilidad tras un proceso judicial.

Olga Lucía Alfonso Iannini, directora general de Cortolima, destacó que la distinción se otorga por una trayectoria dedicada a estrechar los vínculos entre la academia y la gestión ambiental en la región. Según afirmó Alfonso Iannini, bajo la rectoría de Mejía Patiño, la Universidad del Tolima consolidó una visión institucional en la que la investigación, la formación educativa y la proyección social se convirtieron en pilares para la conservación del patrimonio natural y el impulso de modelos sostenibles para el Tolima.

Durante los últimos años, la colaboración entre la universidad y Cortolima ha impulsado importantes iniciativas de investigación y extensión ambiental. Entre los proyectos realizados en conjunto se encuentran la Ruta Expedición Arcoíris, Páramo Vital, la Evaluación Regional del Agua y el Sistema de Monitoreo Hídrico del Tolima. También sobresale el trabajo junto al Hospital Veterinario de la universidad, enfocado en la atención y rehabilitación de fauna silvestre. Estas acciones han permitido robustecer la conservación de la biodiversidad y el desarrollo del conocimiento científico en el departamento, evidenciando que una alianza efectiva entre la academia y las instituciones ambientales puede tener resultados de gran impacto, de acuerdo con Cortolima.

Por su parte, Omar Mejía Patiño expresó que la distinción es el resultado de un esfuerzo colectivo, reconociendo en sus palabras a profesores, estudiantes, funcionarios y el equipo directivo de la universidad. Insistió en que la articulación institucional ha sido esencial para el éxito de los objetivos comunes en temas ambientales. Finalmente, el rector señaló que, si bien existen retos por superar, existe confianza en la continuidad del trabajo conjunto y de los proyectos que dan respuesta a los desafíos ambientales presentes y futuros en el Tolima.

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¿Por qué fue reconocido el rector de la Universidad del Tolima por Cortolima?

El rector Omar Mejía Patiño recibió la Medalla al Mérito Ambiental Raúl Echeverry Echeverry que otorga la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) por su liderazgo de una gestión enfocada en fortalecer la relación entre la universidad y la protección de los recursos naturales. El reconocimiento se basa en los logros de la Universidad del Tolima en investigación, educación ambiental y proyectos para la conservación del patrimonio natural y el desarrollo sostenible en el departamento.

¿Qué proyectos ambientales destacados ha desarrollado la Universidad del Tolima junto a Cortolima?

Entre los proyectos ambientales más relevantes desarrollados por la Universidad del Tolima en alianza con Cortolima figuran la Ruta Expedición Arcoíris, el proyecto Páramo Vital, la Evaluación Regional del Agua y el Sistema de Monitoreo Hídrico del Tolima. Así mismo, la colaboración con el Hospital Veterinario ha permitido atender y rehabilitar fauna silvestre, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad regional y la generación de conocimiento científico.

El eje del suministro es el río Combeima, que desciende desde el Parque Nacional Natural Los Nevados atravesando el cañón homónimo. De acuerdo con el IBAL, la cuenca del Combeima es históricamente la principal proveedora del agua tratada en la planta de La Pola. Sin embargo, en temporadas de lluvias intensas, la turbiedad del río aumenta por los sedimentos que llegan desde afluentes como Las Perlas y Quebrada Seca, lo que puede causar suspensiones temporales del servicio mientras se restablecen las condiciones óptimas de captación.

Para compensar estas variaciones y evitar interrupciones prolongadas, el sistema de acueducto recurre a fuentes complementarias, especialmente las quebradas Cay y Chembe. La primera, ubicada dentro de la misma cuenca, aporta agua adicional a La Pola, mientras que Chembe abastece la planta que lleva el mismo nombre y distribuye el recurso en sectores específicos como la comuna 7, según el IBAL. Esta diversificación de fuentes es clave para la provisión estable.

La necesidad de fortalecer la seguridad hídrica condujo a la creación del denominado Acueducto Complementario, que integra el río Cocora como fuente alterna de abastecimiento. Este sistema, de acuerdo con información de la empresa, permite disminuir la dependencia absoluta del Combeima y ha resultado fundamental durante emergencias recientes, cuando el apoyo del Cocora, junto a Cay y Chembe, permitió mantener el servicio activo en casi toda la ciudad.

El proceso de potabilización es riguroso. El agua recolectada se dirige a plantas como La Pola, Boquerón o Chembe, donde pasa por una serie de etapas —coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección— destinadas a eliminar sedimentos, material orgánico y agentes patógenos. Una vez tratada, se almacena en tanques desde donde es distribuida mediante nueve distritos hidráulicos, ajustando la entrega a la topografía y distribución geográfica.

El abastecimiento de Ibagué está directamente vinculado al estado de conservación de las cuencas circundantes. Por esta razón, tanto el IBAL como las autoridades ambientales implementan estrategias de protección, restauración y monitoreo en estas zonas, conscientes de que la seguridad en el suministro depende de la salud de los afluentes principales.

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¿Cuáles son las principales fuentes de agua que abastecen a Ibagué?

Ibagué recibe agua principalmente del río Combeima, junto con fuentes complementarias como las quebradas Cay y Chembe. Además, el Acueducto Complementario integra al río Cocora como respaldo para garantizar el suministro durante emergencias o condiciones adversas, según información del IBAL.

¿Por qué pueden presentarse cortes de agua potable en Ibagué?

Los cortes o bajas presiones en el agua potable suelen ocurrir debido al aumento de turbiedad en el río Combeima, especialmente durante temporadas lluviosas. Cuando los sedimentos impiden el tratamiento seguro del agua, el IBAL suspende temporalmente la captación y recurre a otras fuentes mientras se restablecen las condiciones óptimas.

El objetivo principal de este nuevo formato fue ampliar el alcance de la rendición de cuentas y facilitar que un mayor número de personas, tanto dentro como fuera de Ibagué, pudiera conocer los resultados alcanzados por la administración local durante los primeros meses de 2026. De acuerdo con la secretaria de Planeación, Daniela Cabrera, la decisión de apostar por una rendición de cuentas virtual surgió de la necesidad de incluir a públicos diversos y no limitarse a la asistencia presencial. Cabrera señaló: “Hacer una rendición de cuentas virtual nos ha permitido llegar a diferentes personas en distintas partes del mundo. Incorporamos plataformas como Facebook, TikTok, Instagram, Twitch y Kick para que jóvenes, niños y adultos pudieran conectarse, en lugar de realizar un evento presencial con una asistencia limitada”.

Este giro hacia la virtualidad reflejó un interés de la Alcaldía de Ibagué por responder a las demandas de transparencia y comunicación continua de la ciudadanía, especialmente en una era marcada por el uso extendido de herramientas digitales. Además, permitió recoger opiniones y observaciones de sectores poblacionales que antes no tenían fácil acceso a estos espacios.

Por su parte, la alcaldesa Johana Aranda explicó que la rendición de cuentas ha evolucionado durante su gestión. Para Aranda, este ejercicio va más allá de una obligación establecida por la ley; constituye un compromiso directo con los habitantes que eligieron a su equipo de gobierno, así como con aquellos que apoyan y también con quienes critican la administración. “Más que una obligación legal, es un deber con los ciudadanos que nos eligieron, con quienes respaldan nuestro trabajo y también con quienes hacen observaciones sobre la administración. Aquí estamos para dar la cara”, afirmó la mandataria.

En suma, el ejercicio permitió a la Alcaldía de Ibagué innovar en su forma de interactuar con la ciudadanía y demostrar que la rendición de cuentas puede adaptarse para ser más incluyente y efectiva, usando las herramientas tecnológicas para reforzar la relación entre la administración y la comunidad.

¿Cómo funcionó la rendición de cuentas virtual de la Alcaldía de Ibagué en 2026?

La rendición de cuentas de la Alcaldía de Ibagué se desarrolló a través de una transmisión en vivo desde distintos puntos de la ciudad y fue compartida por plataformas digitales como Facebook, TikTok, Instagram, Twitch y Kick. Este formato permitió que personas de diferentes edades y lugares, tanto residentes como quienes se encuentran fuera de la ciudad, pudieran participar y conocer los avances del gobierno municipal.

¿Por qué la Alcaldía de Ibagué decidió hacer la rendición de cuentas a través de redes sociales?

La decisión de utilizar redes sociales para este ejercicio respondió a la intención de llegar a un público más amplio y diverso, evitando la limitación de un evento presencial. La secretaria de Planeación señaló que usar varias plataformas permitió la participación de jóvenes, niños y adultos y facilitó que la información fuera accesible desde cualquier parte del mundo, promoviendo mayor inclusión y transparencia.

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(Vea también:  ¿Qué pasaría si se cierra La Línea? Alertan por riesgo para el abastecimiento y la economía del país)

La preocupación no surge de la nada. A pocos kilómetros existe un antecedente que todavía recuerdan los tolimenses: Gualanday, un municipio cuya economía cambió radicalmente cuando el desarrollo vial desvió el flujo vehicular que durante décadas sostuvo buena parte de su comercio.

El caso Gualanday: cuando una obra benefició al país, pero golpeó a un pueblo

Con la construcción de la doble calzada y el viaducto, miles de vehículos dejaron de atravesar Gualanday. El resultado fue inmediato para restaurantes, cafeterías, ventas de frutas, estaciones de servicio, talleres y pequeños negocios que dependían de los viajeros.

Aunque el municipio logró reinventarse apostándole al turismo y a otros sectores, la transformación económica fue profunda y obligó a cientos de comerciantes a buscar nuevas formas de subsistir.

Cajamarca tiene una ventaja, pero también un riesgo mayor

A diferencia de Gualanday, Cajamarca no vive únicamente del tráfico de paso. Su fortaleza está en el campo.

Conocida como una de las principales despensas agrícolas del país, desde este municipio salen diariamente más de 1.400 toneladas de alimentos, entre arracacha, fríjol, frutas y hortalizas que abastecen mercados como Bogotá, Ibagué, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Por eso, el mayor riesgo no sería únicamente perder clientes en restaurantes o estaciones de servicio. El verdadero problema aparecería si una afectación prolongada o una modificación definitiva del corredor incrementa los tiempos y los costos del transporte, reduciendo la rentabilidad de los agricultores y dificultando la salida de las cosechas.

La emergencia obliga a pensar más allá del derrumbe

Mientras la Gobernación del Tolima, Invías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo trabajan para atender la emergencia en el sector de Calle Larga, el caso también deja una reflexión sobre el futuro del corredor.

El país necesita una vía segura y eficiente entre el centro y el puerto de Buenaventura, pero esa solución también deberá considerar el impacto que tendría sobre municipios como Cajamarca, cuya economía depende tanto del comercio generado por el tránsito vehicular como de una logística eficiente para movilizar su producción agrícola.

La experiencia de Gualanday demuestra que una gran obra puede impulsar la competitividad nacional, pero también transformar para siempre la realidad económica de las poblaciones que crecieron alrededor de una de las carreteras más importantes de Colombia.

Originalmente, las autoridades informaron que el semáforo ubicado en el barrio Topacio dejaría de funcionar, siendo trasladada la regulación del tráfico a la nueva intersección de El Salado. Esta decisión buscaba mejorar la movilidad y la seguridad vial, atendiendo a las inquietudes que durante meses habían manifestado los habitantes del sector. Sin embargo, la promesa oficial no se ha materializado, lo que ha mantenido viva la inconformidad entre los residentes.

El contexto de movilidad se transformó con la reciente pavimentación de la avenida Ambalá. De acuerdo con la información disponible, la obra convirtió este corredor en la principal vía de acceso y salida hacia la comuna Siete y el norte de Ibagué, incrementando de forma notoria el flujo de vehículos. Este aumento ha provocado que la necesidad del semáforo sea aún más apremiante, especialmente durante las horas pico, según manifiestan tanto conductores como habitantes de la zona.

Frente a la persistencia de la problemática, la Secretaría de Movilidad se pronunció nuevamente. Consultado por medios locales, Camilo Martínez, secretario de Movilidad, afirmó que la instalación del semáforo estaría cerca de concretarse. En palabras del funcionario: "Espero en menos de un mes ya tenerlo puesto". Así lo señaló en respuesta a las consultas sobre el estado actual del proyecto.

La comunidad mantiene la esperanza de que este nuevo plazo se cumpla, pues el aumento del tráfico en la zona ha obligado a que agentes de tránsito estén de manera constante regulando el paso vehicular. La atención se centra ahora en la posibilidad real de que El Salado cuente, por fin, con el semáforo prometido y con una regulación vial que garantice seguridad y fluidez para todos los actores que transitan por este sector.

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¿Por qué ha tomado tanto tiempo la instalación del semáforo en El Salado?

Según la información disponible, la instalación del semáforo ha enfrentado retrasos a pesar de haber sido anunciada en septiembre de 2025. Las autoridades habían decidido trasladar la regulación del tráfico a este cruce debido a la preocupación de los residentes por los riesgos de accidentes. Sin embargo, un año después, la obra no ha iniciado. Factores como la transformación en la movilidad tras la pavimentación de la avenida Ambalá y la priorización de otros puntos pueden haber incidido en la postergación, aunque no se detallan razones específicas en la información suministrada.

¿Cuándo estaría listo el semáforo en la intersección de la calle 103 con carrera Quinta?

De acuerdo con declaraciones del secretario de Movilidad, Camilo Martínez, el semáforo prometido estaría próximo a instalarse, y él espera que "en menos de un mes ya tenerlo puesto". La expectativa de los habitantes y conductores de la zona ahora recae en que este nuevo plazo se cumpla efectivamente, ante el incremento sostenido de vehículos y la necesidad urgente de mejorar la regulación del tráfico en ese punto estratégico del sector El Salado, en Ibagué.

Petro también destacó las dificultades que conllevaría un cambio de gobierno próximo, pues según indicó, la falta de un puente adecuado de empalme entre administraciones podría demorar la ejecución o continuidad de los planes diseñados para enfrentar el incremento de temperaturas. Según el jefe de Estado, la interrupción del flujo de recursos afecta la preparación y, por ende, incrementa la vulnerabilidad de la población ante la emergencia climática, especialmente en los meses de diciembre a marzo. De acuerdo con el pronunciamiento presidencial, recogido por el mismo medio, “lo que se pone en peligro es la vida humana en el periodo diciembre-marzo y lo que sospecho es que se ha hecho por negocios”. Además, Petro manifestó que tanto algunos magistrados como sectores del país no dimensionan todavía la gravedad de los efectos de la crisis climática.

En su crítica, el presidente aseguró que el fallo del Consejo de Estado desconoce los conceptos científicos presentados y que el criterio utilizado —presumir que los patrones climáticos son previsibles— es, a su juicio, erróneo. Petro insistió en que la ley debe interpretar la imprevisibilidad del clima basándose en la evidencia científica y no en planteamientos subjetivos. Por último, el mandatario dejó constancia pública de los esfuerzos de su gobierno para preparar al país ante el fenómeno de El Niño y advirtió sobre las consecuencias que la suspensión de los recursos podría tener, señalando que esta decisión frenó inversiones clave en obras y medidas de prevención que buscaban minimizar el impacto del fenómeno en sectores estratégicos como el suministro de agua y la producción agrícola.

¿Por qué el presidente Gustavo Petro critica el fallo del Consejo de Estado sobre los recursos para el fenómeno de El Niño?

El presidente Gustavo Petro critica el fallo del Consejo de Estado porque considera que interrumpe el financiamiento necesario para ejecutar obras preventivas vitales frente al fenómeno de El Niño. Según Petro, la medida pone en peligro la vida de los colombianos al detener acciones clave para abastecimiento de agua y seguridad alimentaria, desconociendo los conceptos científicos entregados a la justicia.

¿Qué consecuencias podría traer la suspensión anticipada de recursos para enfrentar el fenómeno de El Niño en Colombia?

La suspensión anticipada de recursos podría retrasar obras y medidas de prevención claves para reducir el impacto del fenómeno de El Niño en Colombia, como la protección del suministro de agua, el apoyo a la producción agrícola y otros sectores. Según el presidente, esto aumentaría la vulnerabilidad ante una eventual emergencia climática durante la temporada prevista.

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El procedimiento fue confirmado por Quintero, quien indicó que el individuo señalado debe responder por más de 8 millones de pesos en multas relacionadas exclusivamente con ese Spark, además de aproximadamente 36 millones por comparendos de otros vehículos registrados a su nombre. El cabildante dejó en evidencia dudas sobre la legalidad de la adquisición de los vehículos. La noticia causó celebraciones en distintos sectores, que ven en este acto una respuesta contundente frente a comportamientos que ponen en peligro la seguridad vial.

De acuerdo con el reporte, la inmovilización se realizó luego de un proceso de vigilancia exhaustiva, pues las autoridades hicieron seguimiento a la identidad y movimientos del automotor después de que las imágenes de la imprudencia circularan ampliamente por internet. Durante la diligencia, la persona al volante aseguró no ser quien condujo el Spark sobre el puente peatonal, versión que las autoridades actualmente verifican. El informe final con las causas del procedimiento y la liquidación exacta de los comparendos pendientes será entregado en las próximas horas por la inspección de tránsito de Cajicá.

El episodio que detonó la investigación ocurrió el pasado 20 de julio de 2026, cuando se viralizó un video que retrataba al Spark cruzando la estructura peatonal ubicada en la Avenida Carrera 68 con Avenida Calle 26, en el occidente de Bogotá. Dentro de los aspectos que más indignaron, figuraron la premeditación—pues las placas estaban cubiertas para evitar detección por cámaras y había múltiples ángulos de grabación—y la aparente omisión de la Policía que patrullaba la zona sin advertir la infracción. Funcionarios como el alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente del Concejo, Humberto Amín, se pronunciaron condenando los hechos, solicitando colaboración ciudadana y exigiendo castigos ejemplares. A raíz de las denuncias, la Secretaría de Movilidad y la Policía iniciaron una búsqueda especializada, la cual finalizó con la inmovilización del vehículo implicado en Cajicá.

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¿Por qué fue inmovilizado el Chevrolet Spark azul en Cajicá?

El Chevrolet Spark azul fue inmovilizado tras un operativo de la Policía y autoridades de tránsito debido a sus repetidas infracciones, entre ellas la arriesgada maniobra de intentar cruzar un puente peatonal en Bogotá, tal como lo reportaron medios y autoridades locales. Además, el vehículo acumulaba multas superiores a 8 millones de pesos, lo cual motivó su detención e incautación en Cajicá.

¿Cuál fue la reacción de las autoridades y ciudadanos al video viral del Spark azul en el puente peatonal?

El video donde el Chevrolet Spark azul cruzaba un puente peatonal en Bogotá desató indignación entre ciudadanos, concejales y funcionarios como el alcalde Carlos Fernando Galán. La premeditación, ocultamiento de placas y la producción del contenido para redes sociales incrementaron el rechazo, motivo por el cual las autoridades anunciaron medidas rápidas y sanciones ejemplares.

Carlos Rincón, pareja sentimental de Yulieth Angulo, y su hermana Karina Rincón revelaron detalles inéditos sobre las horas previas y posteriores a la desaparición de María Camila. Sus testimonios permiten reconstruir una historia marcada por engaños, versiones cambiantes y evidencias que terminaron debilitando la defensa de la mujer.

(Lea también: Capturan a 5 personas por el crimen de María Camila Potosí, la joven embarazada hallada muerta)

Según relataron, Yulieth sostuvo durante varios meses que estaba embarazada. Incluso aseguró haber sufrido pérdidas médicas y complicaciones relacionadas con su supuesto estado de gestación. Sin embargo, con el paso de los días, familiares y personas cercanas comenzaron a notar inconsistencias en sus relatos, lo que despertó sospechas sobre la veracidad de sus afirmaciones.

Carlos Rincón explicó que muchas de las historias que escuchó de su pareja terminaron siendo falsas. A medida que avanzaban las investigaciones, las autoridades empezaron a recopilar pruebas que contradecían las versiones entregadas por Yulieth. Entre ellas se encuentran grabaciones de llamadas, testimonios de personas cercanas y otros elementos que fueron fundamentales para reconstruir los hechos.

Uno de los hallazgos que marcó un punto de quiebre en la investigación fue la aparición de una sandalia en el solar de la vivienda relacionada con el caso. Este elemento llamó la atención de los investigadores y fortaleció la hipótesis de que en ese lugar pudieron ocurrir hechos determinantes para esclarecer la muerte de María Camila.

Karina Rincón también narró cómo vivió la angustia de descubrir que muchas de las versiones entregadas por su hermana no coincidían con la realidad. Asegura que, con el paso de los días, comprendió que las explicaciones de Yulieth cambiaban constantemente y que varias de ellas no podían sostenerse frente a las pruebas recolectadas por las autoridades.

Las contradicciones, sumadas a las evidencias materiales y los testimonios obtenidos durante la investigación, terminaron ubicando a Yulieth Angulo en el centro del proceso judicial que busca esclarecer uno de los casos más impactantes registrados recientemente en Cali.

(Vea también: “Ha sido muy duro”: padres de María Camila Potosí dieron duro relato del escabroso crimen)

Mientras la justicia avanza en el esclarecimiento de los hechos, los familiares de María Camila continúan exigiendo verdad y una condena ejemplar para los responsables. Los testimonios de Carlos y Karina Rincón aportan una nueva perspectiva sobre un caso que mantiene en vilo al país y que sigue dejando interrogantes sobre cómo una cadena de mentiras terminó rodeando una tragedia que acabó con la vida de una joven que esperaba convertirse en madre.

El impacto entre ambos vehículos fue de tal magnitud que dejó como saldo dos personas lesionadas, quienes requirieron atención médica inmediata. De acuerdo con los reportes recopilados, las víctimas del accidente fueron trasladadas a Asotrauma, un centro asistencial de la ciudad. Todavía no se tienen detalles acerca de la gravedad de las lesiones sufridas por los involucrados ni se ha informado públicamente sobre su identidad, lo que mantiene en suspenso información clave sobre el estado de salud de los afectados.

En cuanto a las causas del siniestro, se maneja una primera hipótesis basada en el testimonio de testigos y las indagaciones iniciales en la escena. Se presume que la colisión pudo haberse originado cuando el camión tipo turbo ingresó al cruce de la carrera primera con calle 26, aparentemente sin respetar el espacio al que tenía derecho el otro vehículo. Sin embargo, las autoridades responsables de tránsito enfatizan que esta versión aún debe ser comprobada. Por el momento, se desconoce si alguno de los conductores cometió una infracción previa al accidente o si hubo otras circunstancias que contribuyeron a que ocurriera el choque.

La verificación de los hechos corresponde a los organismos de tránsito, los cuales buscan determinar con exactitud lo sucedido mediante la revisión del sitio, la toma de declaraciones y el análisis de cámaras de seguridad, si las hubiese. El desenlace de la investigación será fundamental para esclarecer las eventuales responsabilidades y conocer si se trató de una imprudencia, un error humano o de un evento casual en la circulación vial.

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¿Cuál fue la causa del accidente entre el taxi y el camión turbo en Ibagué?

Según versiones preliminares, la causa principal podría haber sido que el camión tipo turbo ingresó al cruce sin respetar el espacio correspondiente al taxi. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada, pues las autoridades de tránsito continúan investigando para establecer si hubo alguna infracción por parte de los conductores involucrados o si existieron otros factores que originaran el accidente.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de los lesionados en el accidente de la carrera primera con calle 26?

Hasta el momento, solo se ha informado que dos personas resultaron lesionadas y fueron remitidas al centro asistencial Asotrauma para recibir atención médica. No se han dado a conocer detalles sobre la gravedad de las heridas ni la identidad de las víctimas, por lo que se está a la espera de un reporte oficial que amplíe esta información.

De acuerdo con información oficial de la Dijín, este individuo estuvo durante 10 años coordinando actividades ilícitas desde su residencia en Riohacha, extendiendo el dominio de la estructura criminal sobre múltiples departamentos del país. Entre sus zonas de mayor actividad, las autoridades identificaron Bolívar, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Huila, Caquetá, Casanare, Valle del Cauca, Cesar y Norte de Santander. Durante la investigación se determinó que alias “León” instrumentalizó a más de 150 mujeres, algunas de ellas menores de edad, forzándolas a ejercer la prostitución bajo estrictos controles y amenazas. Esta coerción se manifestó en la imposición de condiciones severas, como la obligación de entregar el 50 % de los ingresos obtenidos por su actividad, así como la restricción de su movilidad y libertad personal.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, detalló que la captación de víctimas se efectuaba mediante el uso de catálogos digitales difundidos en páginas web, redes sociales y grupos de mensajería instantánea. Alias “León” aprovechaba la vulnerabilidad económica y social de las mujeres, trasladándolas después a hoteles y hostales de diferentes regiones, donde eran sometidas a un control riguroso. Además, según las autoridades, el sindicado ya registraba antecedentes penales por presuntos vínculos con grupos armados organizados y ejercía una subordinación total sobre las víctimas, monitoreando sus actividades y obligándolas a convivir en condiciones precarias.

Tras su captura, alias “León” fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación, que le imputó los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y concierto para delinquir. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, dictando su reclusión en un centro carcelario.

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¿Cómo operaba la red de trata de personas desmantelada en Riohacha?

La organización coordinada por alias “León” captaba a mujeres en situación de vulnerabilidad, las ofrecía a través de catálogos digitales en plataformas y grupos de mensajería, y luego las trasladaba a hoteles y hostales de diferentes regiones de Colombia, donde las sometía a control estricto, les exigía entregar la mitad de sus ingresos y restringía su libertad de movimiento, todo bajo amenazas y coerción.

¿Qué delitos enfrenta alias “León” tras su captura en La Guajira?

Según la información oficial, alias “León” fue imputado por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y concierto para delinquir, y fue sometido a medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, decisión adoptada por un juez de control de garantías tras ser presentado ante la Fiscalía General de la Nación.

Por ahora, el evento se encuentra bajo la coordinación directa de la Cancillería y el gobierno entrante, a la espera de la invitación formal para oficializar los detalles del acto. El área administrativa del Legislativo será la encargada de presentar un informe acerca de los avances y necesidades logísticas para garantizar el correcto desarrollo de la sesión, información que fue confirmada por el propio Henríquez en diálogo con medios.

La seguridad es otro de los temas cruciales en la planeación de la jornada. Este miércoles, el recién designado ministro de Defensa, Jorge Mora, sostuvo una reunión con Alejandro Eder, alcalde de Cali. Según palabras del mandatario local publicadas en redes sociales, el propósito fue “articular la agenda de seguridad que requiere Cali y el Valle del Cauca”. Entre las medidas que se están considerando se encuentra la imposición de una ley seca a partir del 6 de agosto, así como la restricción del uso de drones en los alrededores de la Arena USC, recinto escogido para la posesión y que cuenta con capacidad para cerca de 2.500 asistentes.

Está confirmada la asistencia de figuras internacionales destacadas, como los presidentes Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay y Daniel Noboa de Ecuador, así como el rey Felipe VI de España. Se espera, además, la presencia de otros jefes de Estado, incluidos Rodrigo Paz de Bolivia, José Antonio Kast de Chile y Keiko Fujimori de Perú. También circula el nombre de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, como posible invitado. Es importante señalar que la bancada del Pacto Histórico anunció públicamente que no participará en la ceremonia y, en su lugar, convocó movilizaciones pacíficas para ese mismo día.

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¿Por qué la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realizará en Cali?

La decisión de realizar la posesión presidencial en Cali fue aprobada tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes, de acuerdo con reportes citados por El Espectador. Esta determinación responde a la solicitud del presidente electo y busca dar un giro a la tradición del evento en Bogotá, lo que implica una organización logística especial y medidas de seguridad reforzadas para la capital vallecaucana.

¿Quiénes han confirmado su asistencia a la posesión presidencial en Cali?

Según la información recopilada por El Espectador, han confirmado su participación los presidentes de Argentina (Javier Milei), Paraguay (Santiago Peña), Ecuador (Daniel Noboa) y el rey Felipe VI de España. Se espera, además, a otros mandatarios y dignatarios de la región. Al margen de esta celebración protocolaria, se anticipan ausencias notorias como la del Pacto Histórico, que convocó a movilizaciones pacíficas para el 7 de agosto.

La casa del representante a la Cámara Ariel Rodríguez sufrió fuertes daños después de que en la noche del miércoles 29 de julio una persona lanzó dos granadas en un conjunto residencial del sector de La Floresta, en el municipio de Los Patios (Norte de Santander).

Este es el video revelado por la cuenta de X (antes conocido como Twitter) de Extra Colombia en donde las cámaras captaron el momento del ataque en contra de la propiedad del congresista.

Este es el momento exacto en el que un hombre que se movilizaba en motocicleta lanzó una granada contra la vivienda del representante a la Cámara Ariel Rodríguez Beltrán.

El ataque ocurrió en un conjunto residencial del sector de La Floresta y dejó únicamente daños materiales.… pic.twitter.com/zxpfYfnlC6

— VÍCTOR LÓPEZ AROCA (@ExtraNoticiasCo) July 30, 2026

Las autoridades nacionales e instituciones judiciales iniciaron investigaciones inmediatas para esclarecer las causas del ataque a Rodríguez y capturar a los responsables materiales.

Lo cierto es que la cuenta de X de La FM mostró cómo quedó la vivienda de Rodríguez, que no estaba al momento del ataque, con los daños materiales que se presentaron.

Asimismo, hubo un parte de tranquilidad luego de que se confirmó que ninguno de los familiares del representante a la Cámara presentes en ese momento sufrieron heridas.

A pesar de las intimidaciones y situaciones de orden público, el legislador ratificó su compromiso de continuar trabajando por los habitantes del departamento.

¿Quién es el congresista Ariel Rodríguez?

Luis Ariel Francisco Rodríguez Beltrán es un político colombiano que se desempeña como representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander.

El congresista pertenece al Partido Liberal Colombiano y logró su curul en el Congreso de la República para el periodo legislativo de 2026 a 2030.

Su elección ocurrió en los comicios legislativos celebrados el 8 de marzo de 2026, donde obtuvo más de 53.000 votos de los ciudadanos de su región.

El dirigente asumió oficialmente sus funciones parlamentarias el 20 de julio de 2026, fecha en que inició la nueva legislatura en el país.

En el Capitolio Nacional, el representante integra la Comisión Séptima Constitucional Permanente, enfocada en temas de salud, trabajo, vivienda y seguridad social.

Antes de llegar al ámbito legislativo nacional, Rodríguez consolidó una trayectoria política constante dentro de la administración pública de su departamento natal.

El líder político ejerció inicialmente como concejal y posteriormente se desempeñó como diputado en la Asamblea Departamental de Norte de Santander durante 2024 y 2025.

Desde esos cargos regionales impulsó proyectos comunitarios, debates de control político y propuestas orientadas al desarrollo socioeconómico de los municipios fronterizos.

Su amplio respaldo popular en las urnas consolidó su liderazgo dentro del Partido Liberal en el oriente colombiano durante las pasadas contiendas electorales.

El parlamentario enfoca su agenda legislativa en la promoción del empleo regional formal, la mejora continua de los servicios públicos domiciliarios e infraestructura vial regional.

Asimismo, impulsa importantes iniciativas legislativas destinadas a fortalecer la productividad agrícola local, la inclusión social efectiva y las amplias oportunidades educativas para la juventud nortesantandereana.

Su constante presencia en la Cámara de Representantes fortalece enormemente la vocería regional de su territorio natal ante todas las instancias gubernamentales del nivel central del país.

Así lo dejó ver Angie Rodríguez, que desde el fin de semana pasado hizo públicas algunas de las prácticas que se llevaron a cabo dentro del gobierno, como la contratación y el poder que se dio a las hermanas Guerrero y Gabriela Muñoz, exfuncionaria de la Aerocivil y quien, presuntamente, intervino en decisiones clave, pese a ocupar un cargo auxiliar.

Más allá de las denuncias, la misma Angie Rodríguez aseguró hoy en La FM, que Gustavo Petro tendría planes de buscar asilo en otro país luego de dejar el poder. “Muy seguramente”, afirmó la funcionaria, que enfatizó en que si Petro logra protección diplomática en otro país, las denuncias penales se mantendrán en curso.

Sobre el tema también se refirió Manuel Villanueva, conjuez del Tribunal Superior de Bogotá, que estuvo con Angie Rodríguez en la entrevista con ese medio radial. Según dice, dichos procesos en contra del saliente presidente seguirán, así logre asilo fuera.

“Si la Comisión de Acusaciones funciona, porque ellos actúan como la Fiscalía, como los dueños de la acción penal para encausarlo, acusarlo y llevarlo ante la Corte Suprema de Justicia, que es un juez, si ellos siguen funcionando, él no tendría por qué haber ninguna alteración al proceso, así él esté asilado en otro país”, afirmó Villanueva a ese medio.

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Rodríguez, además, afirmó con contundencia que las determinaciones sobre el futuro del jefe de Estado estarían motivadas por las complejas investigaciones judiciales e institucionales que pesan sobre su entorno más cercano y sobre la financiación de la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño.

Según la funcinaria, la posibilidad de un traslado fuera del país responde al temor de afrontar procesos ante la justicia nacional e internacional sin el fuero ni la protección que le otorga el ejercicio del cargo.

Estas aseveraciones han desatado reacciones encontradas sobre el futuro de Petro. Por un lado, sectores de la oposición han respaldado la hipótesis argumentando que el incremento de los expedientes en entes de control y los constantes roces del mandatario con altas cortes y la Fiscalía prefiguran un escenario jurídicamente complejo para Petro tras la entrega del mandato.

Por el contrario, voceros e integrantes de la bancada oficialista han desestimado de plano estas declaraciones, calificándolas como una narrativa especulativa de la derecha para desgastar la imagen del presidente en sus últimos días de gobierno.

En medio de este escenario, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, reveló que solicitó formalmente los contratos de prestación de servicios de la Aerocivil en formato Excel y de manera completa para realizar un análisis frente a las alertas recibidas. No obstante, la funcionaria denunció que la entidad le entregó “un PDF incompleto y donde usted no puede comparar”.

La jefe de la cartera calificó esta situación como “una falta de respeto como ministra” y advirtió que tomará todas las acciones necesarias debido a que “a mí no se me puede ocultar información”.

Por su parte, la Aeronáutica Civil emitió un comunicado asegurando que su gestión se fundamenta en el respeto irrestricto a los principios de transparencia, responsabilidad fiscal y estricto apego a la legalidad. La entidad afirmó que reconoce el trabajo de los organismos de control y que cualquier requerimiento será atendido con celeridad y total apertura.

Asimismo, la institución informó que puso en marcha una revisión exhaustiva de los procesos cuestionados para verificar su cumplimiento normativo y garantizar la entrega de la documentación requerida por las autoridades. En el mismo pronunciamiento, la Aerocivil destacó el aval obtenido para el CONPES aeroportuario —aclarando que no implica disponibilidad inmediata de caja ni adjudicación directa, pues las etapas de contratación iniciarán desde el 7 de agosto—, así como ahorros superiores a 24.042 millones de pesos en la Bolsa Mercantil y la entrega de obras en el aeropuerto de Santiago de Tolú.

Gabriela Muñoz, estudiante de Derecho y creadora de contenido que trabajó como Auxiliar Grado 0 en la Aerocivil mediante la Resolución 01224 de mayo de 2025, respondió enérgicamente tras ser señalada por Angie Rodríguez de haber manejado la entidad “a su antojo”. A través de su cuenta de X, Muñoz anunció acciones judiciales para defender su buen nombre, honra y trayectoria.

La exfuncionaria rechazó categóricamente las afirmaciones falsas y lo que calificó como violencia basada en género, señalando que se inventan historias sobre su familia y se confunden valores contractuales. Finalmente, invitó a quienes tengan pruebas de algún hecho ilícito a presentarlas ante la Fiscalía General de la Nación.

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El origen: una reforma que ya está aprobada, pero condicionada

Todo partió desde diciembre de 2024, cuando el Congreso aprobó el Acto Legislativo 03 de 2024, que reformó el SGP, el mecanismo por el cual la Nación transfiere recursos a las regiones, para elevar esa participación del 20 % al 39,5 % de los ingresos corrientes de la nación. Para lo anterior estableció un plazo de hasta 12 años.

De acuerdo con la revista Cambio, esa reforma constitucional no fue de iniciativa del Gobierno sino del propio Congreso, y contó con un respaldo parlamentario amplio porque beneficiaba directamente a los territorios.

Es importante indicar que, en materia de destinaciones, el 96 % de recursos del SGP, de acuerdo con lo establecido en la Ley 715 de 2001 y la Ley 1176 de 2007, se destina de la siguiente manera: 58,5 % a educación, 24,5 % a salud y 5,4 % a agua potable y saneamiento básico, mientras que el 11,6 % restante queda para propósito general. El 4% restante corresponde a asignaciones de Propósito General, compuesto por las asignaciones a resguardos indígenas, municipios ribereños, PAE y Fonpet.

Sin embargo, el acto legislativo dejó una condición de fondo: ese aumento en las transferencias de recursos no puede empezar a regir hasta que el Congreso apruebe una ley orgánica que defina las competencias (la Ley de Competencias) y que establezca con precisión cuáles tareas seguirán en manos del Gobierno central y cuáles pasarán a departamentos y municipios.

Qué proponía el proyecto del Gobierno Petro

El texto radicado por el Ejecutivo fue construido por el Departamento Nacional de Planeación junto con los ministerios del Interior, Hacienda, Educación, Salud y Vivienda, el Dane, la Función Pública, la Comisión de Regulación de Agua Potable y la Misión de Descentralización. Según el Ministerio de Vivienda, la formulación incluyó más de 150 mesas técnicas de trabajo, y antes de su radicación surtió un proceso de consulta previa con pueblos indígenas que se protocolizó en agosto de 2025.

El entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que la reforma implicaba cerca de $ 50 billones adicionales para las regiones durante los próximos 12 años. El borrador de Proyecto de Ley de Competencias, de 201 artículos, se sustentaba en principios como el cierre de brechas regionales, la autonomía territorial, la sostenibilidad fiscal, la participación ciudadana y el reconocimiento del agua como un bien común.

El proyecto también buscaba fijar criterios de distribución que priorizaran a los territorios más rezagados, considerando variables como población, condiciones socioeconómicas, componentes ambientales y capacidades institucionales de cada entidad territorial.

Pese a la ambición del proyecto, distintos sectores señalaron desde el inicio que el articulado no resolvía el problema que le da nombre a la Ley. La Silla Vacía tituló uno de sus análisis advirtiendo que la ley “hace de todo, menos definir competencias”, en referencia a que el texto presentado por el Gobierno Petro se concentraba en cómo se financian sectores como salud y educación, pero dejaba en un segundo plano la definición clara de qué nivel de gobierno asumía cada responsabilidad.

Esa lectura fue compartida por representantes de los territorios. Voceros de la Federación Colombiana de Municipios advirtieron durante las audiencias en el Congreso que el proyecto podría incluso desorganizar las competencias existentes, al no fijar criterios claros y mantener fondos donde los recursos quedarían concentrados en la Nación. En particular en los sectores Educación, Salud y Agua Potable.

Otro cuestionamiento vino de la capacidad de los municipios para asumir nuevas funciones: un delegado de Fedemunicipios alertó que más de 400 municipios no cuentan con la capacidad institucional ni financiera para hacerse cargo de las competencias que el proyecto pretende transferirles.

Lo que proponen los gobernadores: el modelo de la FND

Previo a la radicación del proyecto del Gobierno en el Congreso, la Federación Nacional de Departamentos (FND) presentó su propia propuesta para la Ley de Competencias, la cual fue entregada al entonces ministro del Interior en el marco de la Cumbre de Gobernadores ‘Turismo y Agroindustria, Oportunidades para las Regiones’, realizada en Casanare en abril del 2025. El documento planteaba un reparto de responsabilidades organizado en tres niveles, con la Nación en el centro y los departamentos y municipios distribuidos alrededor, representando lo que la FND llamó las “competencias de gasto”.

Según ese esquema, a la Nación le correspondería mantener la estabilidad macroeconómica, definir las políticas de redistribución del ingreso, prestar los servicios de alcance nacional, ejercer la rectoría, regulación y formulación de políticas públicas, y encargarse del monitoreo, seguimiento y control de los recursos del SGP.

Para los departamentos, la FND proponía un rol de bisagra entre el Estado y los municipios: la provisión de bienes y servicios de alcance estrictamente regional, la articulación y planificación regional, la cofinanciación, concurrencia y subsidiariedad frente a los proyectos municipales, la asistencia técnica a las administraciones locales y la promoción del desarrollo económico regional.

Con esta propuesta, la FND ha insistido en que cualquier ley de competencias debe partir de un criterio de “descentralización asimétrica”, es decir, que reconozca que no todos los departamentos y municipios tienen las mismas capacidades fiscales, técnicas e institucionales para asumir nuevas funciones, y que las competencias asignadas deben ir siempre acompañadas de las transferencias de los recursos correspondientes, en cumplimiento del mandato constitucional contenido en los Artículos 356 y 357.

¿Qué pasó con el proyecto?

Pese a la urgencia planteada por el Gobierno, el proyecto no logró superar los debates necesarios antes de que terminara la legislatura 2025-2026, cuyo periodo culminó el 20 de junio de 2026.

Esto significa que será el nuevo Congreso, que se instaló el pasado 20 de julio, el que deberá retomar la discusión, con apenas unos meses de margen: según lo pactado en la reforma al SGP, la Ley de Competencias debe quedar aprobada antes de enero de 2027 para que el nuevo esquema de transferencias entre en vigencia.

Lo que dice el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella ha respaldado públicamente la necesidad de la Ley de Competencias, pero con un giro: no continuar el trámite actual, sino reemplazarlo.

En abril de 2026, durante la Cumbre de Gobernadores de la FND, el entonces candidato prometió “compromiso total para que esa ley se articule y se implemente cuanto antes” y afirmó que “no puede ser que se asignen obligaciones sin presupuesto”, según registró El Tiempo.

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Esa promesa se endureció en junio, cuando su página oficial de campaña publicó declaraciones de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, en entrevista con Noticias Caracol: “Eso [el proyecto] hay que retirarlo y volver a presentar una buena ley de competencias que profundice la descentralización territorial y fiscal”, para dar paso a uno que ligue la transferencia de funciones a las regiones con una reducción obligatoria del Estado central.

“Si yo logro eso, logro un equilibrio fiscal. Si no logro eso, voy a multiplicar por dos o más el déficit fiscal”, acotó Restrepo. La propuesta plantea que esa transferencia sea gradual y esté condicionada a la capacidad de gestión de cada territorio.

Atentos a esta grave denuncia:
Después de ordenarse su liquidación, el 19 de junio, el @MinIgualdad_Col “En Liquidación” siguió firmando contratos multimillonarios, en contra del mismo Decreto que ordenó acabarlo. Un prevaricato enorme.

Faltando menos de un mes para su… pic.twitter.com/ZmoEiBJenz

— Melquisedec Torres (@Melquisedec70) July 30, 2026

De acuerdo con la denuncia, el Decreto 626 del 19 de junio de 2026, mediante el cual se ordenó la liquidación de la cartera, establece de manera clara en su artículo 4 que, a partir de su publicación, la entidad no podría iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social. Asimismo, determina que conservaría su capacidad jurídica únicamente para expedir actos, realizar operaciones, convenios y celebrar los contratos estrictamente necesarios para su proceso de liquidación. Sin embargo, los registros apuntan a compromisos millonarios suscritos tanto en los días previos como posteriores a dicha orden.

Antes de que se oficializara la medida el pasado 19 de junio, la entidad firmó seis contratos que suman un total de 82.090.806.413, enfocados principalmente en programas sociales, infraestructura y atención a comunidades vulnerables.

(Nota: La fecha de firma del contrato INV VM 006 2026 no registra en el documento fuente).

La controversia escala al detallar los compromisos adquiridos posterior al 19 de junio de 2026. A pesar de las restricciones legales del decreto de cierre, se formalizaron dos contratos adicionales que ascienden a $31.271.441.681.

• EGA 033 ICD 008 (01/07/2026): Por un valor de $30.275.999.986, destinado a contratar una Empresa de Servicios Temporales (EST) que preste el servicio de suministro y administración de personal en misión para apoyar las actividades del Programa Nacional Jóvenes en Paz entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2026.
• Convocatoria Abierta INV VM 007 2026 (10/07/2026): Por un valor de $995.441.695, enfocado en contratar la recuperación y conservación de zonas productivas pesqueras en los municipios de Quibdó (Ciénaga de Sanceno) y Medio Atrato (Ciénaga la Grande de Boté) en el departamento del Chocó.

Toda esta contratación se ejecutó a través del mecanismo del Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (FonIgualdad), cuya plataforma web de información se encuentra inoperante, elevando las alertas sobre la transparencia en el manejo de los recursos. Con estos ocho contratos analizados, el monto total comprometido asciende a $113.362.248.715.

El abogado de Caicedo, Luis Carlos Torregrosa, confirmó que interpondrá los recursos de apelación y casación, además de presentar tres solicitudes de nulidad, al considerar que existen presuntas irregularidades que comprometen la validez del proceso.

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La decisión se conoce horas después de que la juez del caso condenara al exmandatario. Sin embargo, determinó que no será privado de la libertad mientras la sentencia no quede debidamente ejecutoriada, por lo que Caicedo continuará en libertad durante las siguientes etapas del proceso.

“Lo primero que debemos destacar es que la juez profirió un fallo de primera instancia respecto del cual caben los recursos de apelación y el recurso extraordinario de casación. Lo segundo es que la juez determinó no privar de la libertad al doctor Carlos Eduardo Caicedo hasta tanto la decisión quede debidamente ejecutoriada”, afirmó Torregrosa.

El defensor insistió en que la condena será controvertida porque, a su juicio, el exgobernador no tenía competencia sobre el manejo presupuestal ni contractual de la entidad involucrada. “Debemos señalar que el doctor Carlos Eduardo Caicedo no tiene funciones presupuestales, financieras, ni mucho menos en contratación. Mal puede el doctor Caicedo responder por delitos de celebración indebida de contratos o de peculado”, manifestó.

Torregosa también cuestionó que otras personas que participaron directamente en la ejecución del contrato no hayan sido condenadas dentro del mismo proceso. “Incluso extraña que ni los contratistas, interventores ni gerentes de la ESE hayan sido condenados por los hechos por los cuales hoy se condenó al doctor Carlos Eduardo Caicedo”, sostuvo.

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El abogado agregó que Caicedo ha comparecido ante la justicia cada vez que ha sido requerido y continuará ejerciendo su derecho a la defensa mediante los recursos previstos en la ley. Con este anuncio, el proceso entra ahora en una nueva etapa judicial. El Tribunal Superior de Bogotá deberá resolver el recurso de apelación y, de mantenerse la condena, la defensa acudirá al recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Paralelamente, el despacho judicial deberá pronunciarse sobre las tres solicitudes de nulidad anunciadas por el equipo jurídico del exgobernador.

Mientras esos recursos son estudiados por la justicia, la condena de primera instancia aún no queda en firme y Carlos Caicedo permanecerá en libertad.

El hallazgo se produjo el martes 28 de julio, hacia las 11:30 de la mañana, cuando las autoridades confirmaron la presencia de los tres cuerpos en el inmueble, entre los cuales se encuentran dos menores de edad. La escena fue asegurada de inmediato por unidades de la Policía Metropolitana de Soacha para permitir el ingreso de los investigadores judiciales y preservar los elementos materiales probatorios.

De acuerdo con el reporte preliminar, las tres víctimas presentaban impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, motivo por el cual el caso fue catalogado desde el primer momento como un triple homicidio. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas, ni han confirmado si existía algún vínculo familiar, laboral o personal entre ellas, así como tampoco el tiempo estimado de fallecimiento previo al hallazgo.

Tras el reporte, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) ingresaron al sitio para adelantar la inspección técnica, la fijación fotográfica de la escena y la búsqueda de evidencias balísticas. Paralelamente, los equipos de inteligencia iniciaron labores de vecindario y entrevistas con habitantes del sector para establecer si se escucharon detonaciones o se registraron movimientos sospechosos de personas o vehículos en las horas previas.

Las pesquisas enfrentan los desafíos propios de las zonas rurales, como la dispersión de las viviendas y la limitación de sistemas de videovigilancia cercanos. Los investigadores forenses determinarán a través de las necropsias de Medicina Legal y los análisis balísticos la trayectoria de los proyectiles y si el crimen ocurrió en el lugar del hallazgo o si los cuerpos fueron trasladados posteriormente.

Por ahora, la investigación permanece abierta en etapa de recolección de pruebas sin reportes de capturas ni personas vinculadas formalmente.

La versión fue revelada por la periodista Darcy Quinn en La FM, donde aseguró que Vesga sería la persona elegida para asumir la cartera. Aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial, de concretarse el nombramiento, el gabinete quedaría prácticamente completo y solo faltaría definir quién dirigirá el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

No se trata de un nombre desconocido en el debate público. Durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, Ana María Vesga estuvo al frente de Acemi, el gremio que agrupa a las principales EPS del régimen contributivo y a las empresas de medicina prepagada, desde donde se convirtió en una de las principales contradictores de la reforma a la salud impulsada por el Ejecutivo.

Desde esa posición, cuestionó varios de los pilares del proyecto gubernamental, defendió el papel de las EPS dentro del sistema y alertó en repetidas ocasiones sobre los riesgos financieros que, según el gremio, enfrentaba el sector. También mantuvo diferencias con el Gobierno por el cálculo y ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), recurso fundamental para financiar la atención de los pacientes.

Su voz fue una de las más visibles durante el intenso debate que se vivió en el país alrededor del futuro del sistema de salud. Mientras el Gobierno Petro insistía en transformar el modelo y reducir el protagonismo de las EPS, Acemi, bajo el liderazgo de Vesga, defendía la necesidad de mantener el esquema de aseguramiento.

Precisamente por eso, su eventual llegada al Ministerio de Salud sería interpretada como un giro importante frente a la orientación que tuvo esta cartera en los últimos años y como una señal de respaldo a las EPS y a los actores tradicionales del sistema.

Darcy Quinn destacó la trayectoria de la dirigente y aseguró que se trata de una de las personas más reconocidas del sector.

“Es una mujer que también estuvo en la Cámara Farmacéutica, es abogada de la Universidad de los Andes, una de las mujeres más valientes que ha dado una de las grandes batallas en este sistema de salud”, afirmó la periodista.

Quinn también señaló que el nombramiento enviaría un mensaje claro sobre el rumbo que podría tomar la política sanitaria del nuevo gobierno.

“Sería un mensaje también, ¿no? Se busca un poco fortalecer las EPS como las mediadoras del sistema de salud”, comentó.

Ana María Vesga es abogada de la Universidad de los Andes y cuenta con estudios en Alta Dirección y Liderazgo Estratégico. Antes de llegar a Acemi ocupó cargos en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), donde dirigió la Cámara de la Industria Farmacéutica y posteriormente fue vicepresidenta del gremio.

A lo largo de su carrera ha trabajado en temas relacionados con aseguramiento en salud, políticas públicas y funcionamiento del sistema, lo que la ha convertido en una de las personas con mayor conocimiento técnico sobre el sector.

Si finalmente es designada ministra, Ana María Vesga pasaría de ser una de las principales críticas de la política de salud del gobierno Petro a convertirse en la responsable de liderar una nueva etapa para uno de los sectores más sensibles y debatidos del país.