El ente fiscal ha logrado hasta la fecha la detención formal de dos personas implicadas en el hecho contra el exalcalde de Yopal, registrándose además en el expediente videollamadas desde recintos carcelarios y múltiples alias.

La investigación penal cobró impulso decisivo luego de conocerse la declaración libre presentada ante la Fiscalía General de la Nación por el menor de 17 años que disparó contra el exmandatario el pasado 29 de septiembre. Así la replicó El Tiempo.

En la fecha señalada, Torres compartía amistosamente con varios allegados dentro del predio rural La Selvita, espacio donde preparaban chorizos al momento de la sorpresiva incursión armada.

La versión del joven sicario, que aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, da cuenta de la ruta que él siguió para cometer el crimen.

El sicario inició su desplazamiento geográfico saliendo desde la región del Eje Cafetero con rumbo hacia los Llanos Orientales, haciendo escalas intermedias estratégicas en la capital Bogotá y posteriormente en Tunja.

El dossier judicial documenta comunicaciones telefónicas originadas desde centros penitenciarios, así como la conformación de una red orientada al tráfico de estupefacientes por parte del menor y su cómplice.

En esta estructura participaba activamente Eduard Daniel Martínez Pinzón, alias ‘Llanero’, identificado como el segundo sospechoso capturado por este homicidio que conmocionó profundamente a los habitantes de Yopal.

Entre las revelaciones de lo dicho por el menor está que la “vuelta” para matar a John ‘Calzones’ se pactó en 30 millones de pesos: 10 millones los iba a recibir él, otros 10 iban para alias Llanero y el resto se lo quedaría un hombre preso en la cárcel de Duitama, quien también orquestó el asesinato.

Pese al trato económico concertado, a las billeteras digitales del menor y de su acompañante solo les depositaron la suma de 400.000 pesos en la plataforma Nequi para costear traslados en Casanare.

El autor material relató a las autoridades que permanecía en el municipio de Riosucio, Caldas, cuando un pariente privado de la libertad en el centro carcelario de Cómbita le ordenó viajar a Tunja a montar un expendio de drogas.

Con el dinero enviado para los pasajes, arribó primero a Bogotá, donde un sujeto apodado ‘Sicario’ le transmitió las coordenadas necesarias para coordinar sus desplazamientos dentro del perímetro urbano capitalino.

El procesado pernoctó en la localidad de Suba Rincón antes de trasladarse hacia Tunja para instalarse temporalmente en el barrio Cojines del Zaque.

En el transcurso de las actuaciones hizo aparición el alias ‘Mara’, sujeto que contactó el 15 de septiembre a ‘Llanero’ con el propósito de enviar a la dupla hacia Villanueva para recolectar armamento.

‘Mara’ les hizo una videollamada para decirles que había una “vuelta” para “cascar” a un “man” en Yopal, por la que estaban pagando 30 millones.

Para cometer el atentado, los delincuentes consiguieron un vehículo en Paz de Ariporo, lugar donde ‘Llanero’ habría ultimado al campesino Bernabé Jiménez el 28 de septiembre para despojarlo de su motocicleta.

La noche previa al ataque, los agresores pernoctaron en Morichal, sitio donde una mujer apodada ‘La Hembra’ les ratificó las indicaciones de ubicación para consumar la agresión al día siguiente.

Al llegar en la mañana al predio La Selvita, el menor conversó inicialmente con la víctima sobre vehículos, recibiendo como respuesta de Torres la sugerencia de consultar las redes sociales.

Ante la presencia de numerosos testigos, ‘Llanero’ insistió en ejecutar la acción planificada, aproximándose al exalcalde para entablar diálogo mientras el menor disparaba su arma de fuego contra la humanidad del líder.

Durante la huida posterior, la motocicleta volcó en la carretera, obligando a los atacantes a correr en rumbos opuestos, escenario donde las autoridades lograron interceptar y capturar al menor infractor.

La fiscal seccional Erika Alejandra Figueroa encabeza las diligencias del caso, sumando a las pruebas técnicas las declaraciones presenciales brindadas por un hombre y una mujer que presenciaron los hechos.

Posteriormente, efectivos policiales arrestaron a ‘Llanero’ en el barrio Los Lanceros de Tunja durante un operativo donde incautaron sustancias alucinógenas y detuvieron a una mujer en condición de flagrancia.

La fiscal Figueroa imputó formalmente al detenido por homicidio agravado, cargo que no fue aceptado, disponiéndose su reclusión preventiva en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en los juzgados.

El homicidio ocurrió el viernes 16 de octubre y motivó el rechazo de la Administración municipal, que anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables. La Policía Metropolitana de Soacha desplegó equipos de investigación e inteligencia para esclarecer el caso.

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Además de su labor como expresidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Villa Sandra, Ramírez Molina defendía un terreno ubicado en el sector de Villa Sofía, que, según la información suministrada, pretendía convertir en un parque ecológico y una reserva forestal.

De acuerdo con denuncias de la comunidad, la lideresa habría recibido amenazas para que abandonara el predio. Los vecinos también señalaron que el lugar sufrió un incendio días antes del homicidio, el cual presuntamente habría sido provocado.

Caracol Radio reportó que, según testimonios de la comunidad, la mujer habría sido objeto de amenazas e intimidaciones y que días antes del crimen se habría presentado un incendio en un predio de su propiedad. Sin embargo, las circunstancias de estos hechos y su posible relación con el asesinato deben ser establecidas por las autoridades.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que el homicidio esté relacionado con su defensa del terreno o con su actividad como lideresa social. Esa es una de las líneas que deberán esclarecer las investigaciones.

 

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Tras conocerse el asesinato, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, rechazó el crimen y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que contribuya a identificar y capturar a los responsables.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Soacha dispuso un equipo investigativo para recopilar información y establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Las autoridades buscan determinar quiénes participaron en el homicidio y cuáles fueron los motivos. Por ahora, no se han divulgado resultados concluyentes sobre el móvil del crimen.

Durante años, Lucero Ramírez trabajó por el bienestar de los habitantes de Villa Sandra y otros sectores de Altos de Cazucá. Entre sus gestiones estaban la búsqueda de mejores condiciones de vivienda, el acceso a servicios públicos, el mejoramiento de las vías y el acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad.

Su labor también incluyó iniciativas de educación ambiental y apoyo a personas que necesitaban ayuda para conseguir alimentos o medicamentos, según información publicada por El Espectador a partir de datos entregados por la Alcaldía de Soacha.

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Ahora, tras su muerte, habitantes del sector piden justicia y que se proteja el terreno que ella defendía, con la esperanza de que pueda convertirse en el parque ecológico que proyectaba y que el espacio sea recordado como parte de su legado.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad espera que se esclarezcan las circunstancias del homicidio y se determine si existió alguna relación entre las amenazas denunciadas y el ataque que acabó con la vida de la lideresa.

Los presidentes del Senado, Honorio Henríquez, representante del partido Centro Democrático, y de la Cámara, Nicolás Barguil, del Partido Conservador, han dejado claro que intentarán acelerar la discusión y aprobación del presupuesto en las plenarias de cada corporación. El texto ya superó el filtro de las comisiones correspondientes, por lo que solo resta la votación definitiva en los próximos dos días. De no lograrse un acuerdo antes de finalizar el 20 de octubre, la responsabilidad de expedir el presupuesto recaerá directamente en la Casa de Nariño, sede del ejecutivo nacional, según lo estipulan los procedimientos legislativos.

Fuentes del Ejecutivo han señalado que la posibilidad de que el presupuesto sea aprobado por decreto no incomoda totalmente en Palacio. Esta vía permitiría al gobierno asignar partidas presupuestales bajo su propio enfoque y evitar así las modificaciones surgidas del debate parlamentario, que muchas veces conduce a ajustes y concesiones. Sin embargo, existe incertidumbre en algunos despachos oficiales respecto a qué versión del presupuesto tendría mayor respaldo jurídico en tal escenario. Esta inquietud revela tensiones sobre la legitimidad y las implicaciones legales del proceso.

No es la única decisión clave que se tomará en estos días: el Ejecutivo también debe definir las iniciativas oficiales que aún no han sido presentadas para discusión en el Capitolio. La gestión de la agenda legislativa y la proyección de los recursos del Estado se entrelazan en un momento de máxima relevancia política. Todas estas discusiones se dan en medio de estrategias específicas del presidente De la Espriella, quien recientemente ha evidenciado diferencias internas en sindicatos, según información adicional proporcionada por este medio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se sabrá si el Presupuesto General 2027 se aprueba por el Congreso o por decreto?

La decisión sobre si el Presupuesto General de 2027 será aprobado en el Congreso o expedido por decreto se tomará al finalizar el 20 de octubre. Esto depende de si los debates finales prosperan en las plenarias del Senado y la Cámara en el plazo mencionado, de acuerdo con las fuentes oficiales consultadas.

¿Qué significa "expedir el presupuesto por decreto" en Colombia?

Expedir el presupuesto por decreto implica que la Casa de Nariño, es decir, el Ejecutivo, asume la facultad de aprobar el Presupuesto General directamente, sin necesidad de la aprobación del Congreso. Esto ocurre si el trámite legislativo no culmina a tiempo y permite que el Gobierno defina las partidas presupuestales conforme a su propia visión.

La reaparición mediática de la exmandataria, materializada a través de una extensa entrevista concedida a Noticias RCN, no se habría producido desde el exterior ni desde una locación clandestina, sino desde la comodidad de su domicilio habitual. Concretamente, las indagaciones adelantadas permitieron establecer que la conversación periodística se llevó a cabo en la mañana del pasado sábado 17 de octubre en su casa ubicada en el sector de Santa Ana, en el municipio de Chía, Cundinamarca, a escasos minutos del norte de Bogotá.

Este enclave residencial en la sabana bogotana se mantendría como el punto central desde el cual Alcocer y su equipo jurídico estructurarían la estrategia de defensa frente a los frentes procesales abiertos por presunto interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y los cuestionados manejos burocráticos que salpican al entorno del anterior Ejecutivo. La elección de esta locación para romper el silencio mediático buscaría despejar las especulaciones sobre un exilio anticipado o una huida precipitada ante el escrutinio de los órganos de control.

¿A qué iba a las cárceles? ¿Por qué Eva Ferrer la traicionó? ¿Qué piensa hoy de Petro? ¿Por qué la obsesión de darle ciudadanía exprés a los catalanes? ¿En qué va su caso con la lista OFAC?

Desde su casa en Santa Ana de Chía, Verónica Alcocer responde. Hoy 7pm en @NoticiasRCN https://t.co/hrspkLuWnt

— José Manuel Acevedo (@JoseMAcevedo) October 18, 2026

Analistas del acontecer político advierten que la permanencia de la exprimera dama en su residencia de Chía no la eximiría del riguroso escrutinio probatorio que adelantan los investigadores nacionales e internacionales, quienes continúan analizando los flujos financieros y las redes de influencia destapadas en los últimos meses. Si bien la defensa jurídica ha insistido en que cada uno de su movimientos se ajustaría a la legalidad, el ente acusador mantendría abiertos los frentes de indagación para determinar si existieron responsabilidades individuales en las irregularidades denunciadas.

Mientras se agendan las próximas diligencias virtuales ante los estrados judiciales y se evalúan las repercusiones de los testimonios clave que comprometen a excolaboradores del gobierno saliente, la exprimera dama permanecería atenta a los requerimientos formales desde su propiedad sabanera. Por su parte, la ciudadanía y los veedores económicos se mantendrán a la expectativa de si las autoridades competentes adoptarán medidas adicionales o si el proceso continuará su curso con Alcocer respondiendo desde el territorio nacional, cerrando por el momento la puerta a las teorías sobre una salida internacional.

Entre los datos más impactantes ventilados por Tarazona se encuentra una nueva línea que vincularía a un descendiente del exjefe guerrillero con la coordinación material de los hechos. Al respecto, la entrevistada indicó: “Resulta que en Vaupés o en Guainía, no estoy segura, pero en uno de estos dos lugares, hay una mina ilegal que está a cargo de un personaje que se llama Enrique Marulanda. Enrique Marulanda es el hijo de crianza de Sandra Ramírez, la excongresista, y es hijo biológico de alias Tirofijo. Él es el encargado de custodiar y gerenciar esa mina ilegal. Que le pertenece a ‘John 40’, que hace parte de la ‘Segunda Marquetalia’”. Según su testimonio, la información recibida sugeriría que dicho personaje habría participado en la orden operativa del atentado.

Ante la pregunta de si la nueva evidencia modificaría las hipótesis sobre los autores intelectuales, Tarazona enfatizó que la estructura de la ‘Segunda Marquetalia’ habría actuado como el vehículo ejecutor, destacando además la presunta injerencia de dineros ilícitos provenientes de fuentes externas. Sobre este punto, la entrevistada señaló: “La Fiscalía recibió a finales de la semana pasada esta información, me la enviaron, la leí y, evidentemente, cuando a mí me dicen que la orden salió del Congreso y me están diciendo que el hijo de ‘Tirofijo’ es hijo de crianza de Sandra Ramírez, quien hizo parte del Congreso como senadora, pues me parece que este rompecabezas empieza a tomar una forma distinta”.

Asimismo, la pareja del fallecido dirigente político apuntó contra el contexto político y electoral que antecedió al crimen, sugiriendo que la eliminación de Uribe Turbay habría obedecido a intereses de sectores que buscaban apartarlo de la contienda democrática. Pese a la complejidad del entramado y a los cruces de señalamientos con distintos actores institucionales, la defensa y el círculo cercano de la familia reiteraron su confianza en que la colaboración internacional y las indagaciones técnicas en curso terminen por desmontar la impunidad en torno al caso.

De acuerdo con Ferrer, el poder de la exprimera dama durante la administración de Gustavo Petro se reflejaba en su capacidad para supuestamente direccionar nombramientos y contratos, además de mencionar múltiples viajes oficiales entre Colombia y Venezuela, presuntamente con fines ilícitos. En uno de esos trayectos, la exfuncionaria afirmó que Alcocer habría traído al país una considerable suma de dinero, aunque nunca precisó la fecha exacta. Sí existe registro, según Semana, de un viaje de Alcocer a Caracas en enero de 2023, relacionado oficialmente con un proyecto sobre el sistema orquestal venezolano.

Alcocer respondió que los encuentros con Ferrer se limitaban al ámbito laboral y que nunca mantuvieron una relación cercana. Rechazó los señalamientos sobre la supuesta manipulación de contratos y cargos, asegurando disponer de pruebas que desmienten dichas acusaciones. Sobre los viajes, afirmó que los dos trayectos que hizo a Venezuela estuvieron documentados públicamente y negó haber transportado maletas con dinero o drogas. También señaló que cada ingreso al avión oficial estaba sometido a estrictos protocolos de seguridad, lo cual descarta las versiones de Ferrer.

Por la gravedad de las acusaciones, la Procuraduría General de la Nación citó a Ferrer a declarar sobre los presuntos actos de corrupción mencionados en sus declaraciones, convocatoria a la que también fueron llamados otros exfuncionarios y personas cercanas al entorno de la familia Petro Alcocer. Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones y ha citado a Ferrer en varias ocasiones para que aporte pruebas sobre lo expresado. No obstante, la exconsejera no se ha presentado, argumentando preocupaciones relacionadas con su seguridad.

Finalmente, Alcocer subrayó el impacto personal de los señalamientos, destacando las afectaciones no solo a su imagen sino a la de toda su familia. Insistió en su inocencia y lamentó el alcance de las acusaciones en su entorno privado y público.

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¿Qué pruebas existen sobre las acusaciones contra Verónica Alcocer y qué ha dicho la Fiscalía?

De acuerdo con la información publicada por Semana y El Espectador, hasta el momento Eva Ferrer no ha presentado pruebas que respalden sus señalamientos contra Verónica Alcocer. La Fiscalía General de la Nación ha citado a Ferrer en repetidas ocasiones para que declare y aporte evidencia, pero ella no se ha presentado alegando motivos de seguridad. La investigación sigue abierta y están pendientes nuevas comparecencias bajo juramento de personas mencionadas en los testimonios, incluyendo exfuncionarios y allegados a la familia Petro Alcocer.

¿Cuál fue el propósito oficial del viaje de Verónica Alcocer a Venezuela?

Según explicó Verónica Alcocer en entrevistas recogidas por RCN y Semana, el viaje oficial que realizó a Venezuela tuvo como objetivo conocer de primera mano el sistema orquestal del país vecino, con miras a desarrollar en Colombia un proyecto similar de orquestas. Alcocer indicó que su agenda estuvo plenamente documentada y fue pública desde el inicio, en compañía de funcionarios del gobierno colombiano.

En esa misma intervención, De la Espriella comunicó que el gobierno tiene previsto para el 30 de noviembre la expedición de un decreto que establecerá las líneas de base del archipiélago, decisión que será registrada en las cartas náuticas oficiales de Colombia. Según lo expresado, esta medida constituye un "acto de soberanía" con el que se establecerán, con la precisión que exige el derecho internacional, los territorios que le pertenecen al Estado colombiano. El mandatario subrayó que Colombia ejercerá plenamente su derecho a navegar y sobrevolar el área, conforme a lo que estipula el derecho del mar, y que, aunque se buscarán acuerdos bilaterales con Estados vecinos, no cederá territorio ni abandonará a los pescadores locales. Resaltó también el respaldo de la Armada Nacional para la defensa de la soberanía en caso de violaciones a la ley en el mar por parte de otros actores.

La posición del presidente está respaldada por el fallo más reciente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, emitido el 13 de julio de 2023. En esa sentencia, el tribunal favoreció a Colombia en la demanda interpuesta por Nicaragua, determinando que "no puede extenderse la plataforma continental que se sobreponga sobre otro Estado". Managua pretendía aumentar su plataforma continental más allá de los límites definidos por tratados internacionales, objetivo que la CIJ no avaló, ratificando así la soberanía colombiana, según la información de El Espectador.

Como parte de esta política de defensa integral del territorio, De la Espriella anunció el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública en el área y la transformación de San Andrés en un ‘hub’ marítimo y logístico. El mandatario explicó que para ejercer plenamente la soberanía es necesario contar con instituciones presentes y una marina fortalecida. Dentro de las acciones administrativas programadas, destaca la reglamentación del Registro Único Colombiano de Naves y Artefactos Navales, así como un procedimiento especial para embarcaciones de recreo con San Andrés como puerto de registro. El objetivo, manifestó, es atraer mayor actividad naviera a la región, mejorar la conectividad e incentivar empleo e inversión local, al tiempo que se fortalece la bandera colombiana en el Caribe.

Durante su reciente visita a las islas, De la Espriella también se refirió a la lucha contra la corrupción, haciendo advertencias puntuales a figuras políticas locales que rechazaron las imputaciones de irregularidad en la contratación pública, tal como reseña El Espectador.

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¿Qué significa el decreto de líneas de base en San Andrés y por qué es relevante para Colombia?

El decreto de líneas de base anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella tiene como finalidad definir y publicar, en cartas náuticas oficiales, los límites precisos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esto constituye un acto de soberanía, ya que establece el perímetro sobre el cual Colombia ejerce derechos marítimos y refuerza su posición frente a disputas internacionales como la sostenida con Nicaragua, de acuerdo con lo informado por El Espectador.

¿Cuál fue el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la disputa marítima entre Colombia y Nicaragua?

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, falló el 13 de julio de 2023 a favor de Colombia frente a la demanda de Nicaragua sobre la extensión de su plataforma continental. El tribunal determinó que Nicaragua no podía sobreponer su plataforma sobre la de Colombia, ratificando así la soberanía colombiana sobre el espacio marítimo que rodea San Andrés y Providencia, según reportó El Espectador.

Las jornadas de protesta comenzaron de manera pacífica, con la participación de individuos de diversas edades, quienes expresaron preocupación por lo que consideran un acto de censura y desconocimiento de procesos sociales y de memoria histórica. No obstante, la situación se tornó tensa hacia la tarde. Según El Espectador, la intervención de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi, anteriormente conocida como Undmo) fue notoria alrededor de las 6:33 p. m., cuando una tanqueta utilizó chorros de agua para dispersar a los manifestantes. En medio de ese operativo, algunos asistentes respondieron lanzando piedras, mientras los uniformados emplearon aturdidoras para restaurar el orden. Media hora después, las autoridades lograron restablecer la calma, aunque la presencia policial continuó en las inmediaciones.

La tensión se reactivó el domingo cerca de las 3:30 p. m., nuevamente con el uso de tanquetas y enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, según dieron cuenta videos de testigos. Este panorama derivó en un pronunciamiento del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien aseguró en su cuenta en X que la intervención fue coordinada con la Alcaldía de Bogotá y estaba orientada a salvaguardar la protesta pacífica y también los derechos de las personas no involucradas. Lara precisó que, tras el cierre de la ciclovía, la carrera Séptima resultó completamente bloqueada, por lo que la Policía dialogó y pidió liberar la vía para restablecer la movilidad.

A pesar de lo anterior, Iris Marín, defensora del Pueblo, cuestionó el proceder de la fuerza pública. De acuerdo con su declaración, la protesta mantuvo en gran medida su carácter pacífico y recordó el criterio de la Corte Constitucional, según el cual la ocupación del espacio público puede formar parte legítima de la protesta, sin que esto implique perder su carácter pacífico. Marín manifestó inquietud por la utilización de Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), incluido el uso de tanquetas, calificando la respuesta como desproporcionada. Por su parte, la ONG Temblores denunció irregularidades en capturas y traslados de manifestantes, señalando acoso y falta de distancia por parte de las autoridades. La Secretaría de Gobierno anunció que para la semana del 19 al 24 de octubre se programaron ocho manifestaciones, dos de ellas en el propio Museo Nacional.

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¿Por qué se retiraron las obras del Museo Nacional relacionadas con movimientos sociales?

Las 30 piezas fueron retiradas por orden del presidente Abelardo de la Espriella, quien las calificó como una "oda al terrorismo", instruyendo a la ministra de Cultura, Paola Holguín, a quitar dichas obras. Estas piezas hacían parte de la reivindicación del movimiento feminista, la comunidad LGBTIQ+ y campañas políticas de figuras como Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, y ahora permanecen en las reservas del museo, según información de El Espectador.

¿Qué críticas surgieron por la intervención policial en las protestas del Museo Nacional?

La Defensoría del Pueblo y la ONG Temblores manifestaron preocupación por lo que consideraron un uso desproporcionado de la fuerza pública, específicamente el despliegue de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Señalaron que la protesta se mantuvo mayoritariamente pacífica y que la ocupación de espacios públicos es, según la Corte Constitucional, parte legítima del derecho a la protesta.

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Durante su alocución, el mandatario anunció que el próximo 30 de noviembre de 2026, fecha en la que se celebra el cumpleaños de San Andrés, su Gobierno firmará y expedirá un decreto sobre las líneas de base del archipiélago, que también será publicado en las cartas náuticas oficiales de Colombia.

La intervención incluyó otros anuncios relacionados con el registro de embarcaciones, el fortalecimiento de la bandera colombiana, la protección de los pescadores y los arrecifes, y la cooperación contra el crimen en el mar.

Decreto para San Andrés y anuncio sobre soberanía marítima

Uno de los anuncios centrales fue la expedición del decreto de líneas de base del archipiélago. De acuerdo con el presidente, la medida permitirá establecer mediante coordenadas los referentes geográficos que se utilizarán para medir los espacios marítimos correspondientes a Colombia.

“Vamos a medir, cartografiar y publicar lo que es nuestro”, afirmó De la Espriella al explicar la decisión. También señaló que el territorio arrecifal hace parte integral del territorio colombiano y que el decreto será publicado en las cartas náuticas oficiales.

El mandatario sostuvo que la soberanía colombiana sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y las demás islas del archipiélago está respaldada, según su interpretación, por el artículo 101 de la Constitución Política y el tratado de 1928, además de referirse a la Corte Internacional de Justicia.

“Colombia ejerce soberanía plena”, manifestó, al insistir en que su Gobierno defenderá los derechos del país en los espacios marítimos que le corresponden.

El alcance jurídico y geográfico concreto del decreto dependerá de su texto definitivo, las coordenadas que establezca y las normas aplicables. El anuncio, por sí solo, no permite concluir que se modifiquen automáticamente las delimitaciones marítimas reconocidas o que queden resueltas eventuales controversias internacionales.

De la Espriella quiere convertir a San Andrés en un centro marítimo

El segundo frente anunciado por el presidente apunta a la economía del archipiélago. De la Espriella aseguró que su Gobierno buscará convertir a San Andrés en un hub marítimo y logístico del Caribe insular, con el propósito de atraer actividad naviera, mejorar la conexión regional y generar inversión y empleo.

Como parte de esa estrategia, anunció medidas para incentivar que más embarcaciones que actualmente operan con registros extranjeros adopten la bandera colombiana.

El mandatario indicó que impartió instrucciones para acelerar la reglamentación del Registro Único Colombiano de Naves y Artefactos Navales y crear un procedimiento especial para embarcaciones de recreo que tengan a San Andrés como puerto de registro, siempre que cumplan los requisitos legales.

Según lo expuesto en la alocución, el trámite será electrónico y podrá iniciarse desde cualquier capitanía de puerto del país. La propuesta busca reducir la burocracia, facilitar el registro y mantener controles sobre las embarcaciones.

De la Espriella sostuvo que una mayor cantidad de naves registradas en San Andrés podría impulsar servicios de mantenimiento, contratación de tripulaciones, actividad portuaria y turismo náutico, con efectos sobre el empleo local.

Advertencia a quienes afecten a los pescadores

En su intervención, el presidente también se refirió a la seguridad en el mar y a la protección de los pescadores colombianos. Aseguró que la Armada Nacional estará disponible para actuar dentro del marco de la Constitución y la ley.

“Colombia no cede una milla náutica, no cede un arrecife y no abandona a sus pescadores”, expresó el mandatario, quien advirtió que su Gobierno no permitirá actividades ilegales en los espacios marítimos correspondientes al país.

De la Espriella mencionó específicamente la piratería, a la que calificó como un problema que afecta a los pescadores, y sostuvo que quienes infrinjan la ley encontrarán la respuesta de las autoridades navales.

También anunció que el Gobierno trabajará en la implementación de mecanismos de búsqueda y salvamento, la protección de los arrecifes y una cooperación articulada contra el crimen.

Con estos anuncios, el Ejecutivo plantea una estrategia que combina la definición de referentes geográficos marítimos, el fortalecimiento de los registros navales, el impulso a la economía de San Andrés y el control de las actividades en el mar. Varias de las medidas, sin embargo, dependerán de la expedición de normas, su reglamentación y su posterior implementación.

La situación de Orrego coincide con su salida de Caracol Televisión en marzo de 2026, en medio de investigaciones internas por conductas similares. Su abogada, Julieth Natali Fiallo Gualdrón, ha señalado la importancia de esclarecer públicamente las circunstancias que motivaron estos señalamientos. Las denuncias se difundieron ampliamente bajo los movimientos en redes sociales #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, espacios donde se ha visibilizado la problemática del acoso en medios de comunicación.

En otra diligencia clave, la Fiscalía presentará una nueva imputación a José Roberto Prieto Uribe, exgerente de campaña presidencial de Juan Manuel Santos, por hechos relacionados con el escándalo Odebrecht. Según El Espectador, se le investiga por el presunto delito de lavado de activos derivado de la construcción de un puente en Plato, Magdalena, y vinculado a contratos del proyecto Ruta del Sol 3. La audiencia está citada para el martes a las 9:00 a.m., y responde a hallazgos del Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía.

El viernes 23 de octubre a las 8:00 a.m., Daniel Garcés Carabalí, quien fuera embajador en Ghana, enfrentará una audiencia de acusación por presunta violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de un hijo menor. El Espectador reporta que las conductas investigadas habrían afectado a su exesposa, Beatriz Niño Endara, durante una década, incluyendo violencia física, psicológica, económica y sexual.

En materia de justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) culminará el proceso contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, acusado de ejecutorias extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, en Antioquia entre 2004 y 2005. De acuerdo con la información reseñada, es el primer exmilitar en Antioquia en enfrentar juicio ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP por estos delitos. Finalmente, la Sala Plena de la JEP elegirá el 20 de octubre al sucesor de Alejandro Ramelli en la presidencia, para el periodo 2026-2028, en medio de debates sobre el presupuesto y las reformas a esta jurisdicción.

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¿Cuáles son los cargos imputados a Ricardo Orrego y qué significa el delito de acto sexual violento?

Ricardo Orrego enfrenta cargos por acoso sexual y acto sexual violento, debido a denuncias de cinco periodistas sobre hechos sucedidos mientras trabajaba en Caracol Televisión. El delito de acto sexual violento se refiere a la realización de actividades sexuales contra la voluntad de la víctima, usando fuerza o intimidación.

¿Cuál es la relevancia de la elección del nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

La elección del nuevo presidente de la JEP es clave porque definirá el liderazgo y la orientación de la justicia transicional durante los próximos dos años, en un momento en que enfrenta discusiones sobre presupuesto y cambios en sus funciones, decisiones que pueden influir en procesos cruciales para la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

La funcionaria precisó que el llamado involucra a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, quienes deberían ejercer herramientas legales como el "poder preferente" y el "control excepcional", mecanismos previstos para situaciones en las que el control local resulta insuficiente. Lombana insistió en la necesidad de conformar un grupo especial de investigación que actúe fuera de la isla, recopile los diferentes hechos denunciados y les dé la celeridad que la comunidad y el país demandan. De acuerdo con sus declaraciones, existe un entramado donde la corrupción financia campañas electorales a cambio de favores en contratación pública, con el objetivo de apoderarse de las gobernaciones y alcaldías, desplazando el interés ciudadano por intereses particulares de grupos políticos y contratistas. Esta situación, en palabras de Lombana, concluye con la captura de los organismos de control, lo que impide el avance de las denuncias y cierra el ciclo de impunidad.

El anuncio de la Secretaría de Transparencia coincidió con la visita del presidente De la Espriella al archipiélago y su llamado de atención a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y a la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz (Partido Liberal) por supuestos manejos irregulares en contratación pública. El mandatario fue enfático en advertir que no permitirá actos irregulares y que actuará con firmeza. Tanto Ordóñez como Jay-Pang rechazaron cualquier nexo con hechos de corrupción y negaron movilizar a sus seguidores en contra de la intervención de la Superintendencia de Salud en el hospital departamental. Especialmente Jay-Pang solicitó al presidente que adelante cualquier investigación que considere necesaria y sostuvo que no existe evidencia que la relacione con las acusaciones.

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¿Por qué el gobierno solicitó la intervención de los órganos de control en San Andrés?

De acuerdo con lo explicado por la secretaria de Transparencia, Cristina Lombana, la solicitud al gobierno busca proteger las investigaciones sobre corrupción de presiones e influencias locales que, según se indica, han limitado el avance real de los procesos y han afectado la eficacia del control interno. El objetivo es centralizar las pesquisas en Bogotá para garantizar imparcialidad y reunir todos los hechos dispersos en un solo grupo especial.

¿Cómo funciona el ‘modus operandi’ de la corrupción en la contratación pública según el gobierno?

Según Lombana, el ‘modus operandi’ en San Andrés inicia con la financiación de campañas políticas a través de recursos obtenidos por actores corruptos, quienes luego aseguran contratos públicos como recompensa. Así, las gobernaciones y alcaldías terminan bajo control de estos grupos, quienes incluso logran injerencia en los órganos de control, frenando denuncias e investigaciones.

(Vea también: Presidente De la Espriella anuncia día clave para San Andrés y su futuro: “Será el 30 de noviembre”)

“Mira, nuestro matrimonio se acaba el 10 de agosto de 2026”, afirmó Alcocer durante la conversación, en la que también habló de los años que dedicó a intentar mantener su relación y de la cordialidad que, según ella, existe actualmente entre ambos.

La declaración llamó la atención por la precisión con la que señaló el día, el mes y el año. La entrevistada explicó que luchó durante casi 25 años por conservar su matrimonio, mantener unida a su familia y sacar adelante a sus hijos.

“Luché por mantener una familia, la unidad, los hijos, como muchas mujeres lo hacemos. Pero finalmente terminó el matrimonio el 10 de agosto de 2026”, expresó.

Aunque reconoció que la relación sentimental llegó a su fin, Alcocer insistió en que conserva un vínculo cordial con Petro.

Qué dijo Verónica Alcocer sobre Gustavo Petro

Durante la entrevista con RCN, Alcocer también respondió cómo ve actualmente al presidente, con quien compartió cerca de 25 años de vida en pareja.

Su respuesta estuvo lejos de una crítica o un señalamiento. Por el contrario, destacó cualidades personales del mandatario y el vínculo que los une como padres.

“Un buen padre, un buen ser humano. Tengo muy buena relación con él, la vamos a tener todo el tiempo porque tenemos hijos en común, que es lo más grande y maravilloso que nos ha quedado”, afirmó.

En la misma respuesta, agregó que lo admira y lo valora, y reiteró que ambos mantienen una buena relación.

Las palabras de Alcocer muestran que, al menos en su versión pública, el final del matrimonio no implica una ruptura absoluta del vínculo personal con Petro.

Verónica Alcocer descartó tener resentimiento contra Petro

Otro de los momentos destacados de la conversación se produjo cuando le preguntaron a Alcocer si sentía dolor o resentimiento por el final de la relación.

Su respuesta fue enfática: “Absolutamente no. Absolutamente no”.

La entrevistada reflexionó sobre la manera en que las parejas pueden afrontar una separación después de compartir buena parte de sus vidas. Según explicó, el fin de una relación sentimental no significa que las personas deban convertirse en enemigas.

“Las relaciones personales llegan a un fin, pero las relaciones humanas siguen”, sostuvo.

Alcocer también recordó las dificultades económicas que atravesaron durante su vida en pareja y aseguró que lograron salir adelante juntos en diferentes momentos.

A partir de esa experiencia, defendió la importancia de conservar el respeto y evitar que una separación se convierta en una disputa marcada por el odio.

“Debemos ser ejemplo de amor, de unidad y no de división y de odio”, manifestó durante la entrevista.

La fecha que coincide con la salida de Petro de la Presidencia

El 10 de agosto de 2026 es el día que Alcocer identificó como el final de su matrimonio con Petro. La fecha coincide con el cambio de Gobierno mencionado en el contexto de esta historia, lo que añade un elemento de interés a su declaración.

Sin embargo, es importante distinguir entre la fecha que ella señaló como el fin de su matrimonio y la fecha de cualquier trámite o formalización legal. La declaración entregada en la entrevista no permite establecer, por sí sola, cuándo se completaron esos procedimientos.

Las dudas sobre la relación entre ambos venían de años atrás. Durante 2023 y 2024, sus apariciones conjuntas disminuyeron y Alcocer redujo su presencia en la agenda pública de Bogotá, mientras pasaba más tiempo en el exterior y en la región Caribe. Esa situación alimentó especulaciones sobre su vida privada.

En octubre de 2025, Petro confirmó públicamente que su relación sentimental con Alcocer había terminado hacía años y afirmó que se encontraba sentimentalmente separado. Posteriormente, se hizo pública la formalización legal de su divorcio tras cerca de 26 años de matrimonio, de acuerdo con el contexto suministrado.

Uno de los hechos más recientes ocurrió el 5 de octubre, cuando tropas del Ejército Nacional encontraron y destruyeron dos artefactos explosivos instalados en la escuela de la vereda La Palma, en Cajibío, Cauca. Según el Ejército, estos explosivos habrían sido colocados por integrantes de la estructura Jaime Martínez, asociada a las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Los artefactos fueron detectados por un padre de familia, quien alertó de inmediato a las autoridades. Este hecho representaba una amenaza directa para los aproximadamente 25 estudiantes que asisten diariamente a la institución, así como para los docentes y el personal educativo.

Otra situación que evidencia la vulnerabilidad de la educación en zonas afectadas por el conflicto armado tuvo lugar el 23 de septiembre en El Tambo, Cauca. En esta ocasión, enfrentamientos entre el Ejército y disidencias de las Farc obligaron a estudiantes y familias a resguardarse por horas dentro de las instalaciones escolares, según confirmó Luis Fernando Vergara, personero municipal. Las autoridades se vieron obligadas a organizar un consejo extraordinario de seguridad para atender la emergencia y buscar soluciones frente a este tipo de riesgos en la zona rural.

A estos casos se suma el episodio registrado en mayo en el Valle del Cauca, donde más de 3.400 estudiantes de Timba, Robles, Potrerito, San Antonio, Villa Colombia y La Liberia, en Jamundí, tuvieron que suspender clases tras el aumento de ataques con drones cargados de explosivos dirigidos a la fuerza pública. Luz Lozano, rectora de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, manifestó la preocupación de la comunidad, señalando que los ataques no se limitan a instalaciones policiales sino que afectan iglesias, centros de salud, escuelas y parques.

Entre julio de 2023 y julio de este año, se verificaron 70 ataques que incluyeron daños en escuelas, amenazas y ataques directos a docentes, especialmente en los departamentos de Cauca, Arauca y Norte de Santander, según Unicef. Además, hubo 92 reportes de uso militar de escuelas, donde estos espacios fueron empleados como bases de operaciones, depósitos de armas y puntos de reclutamiento, afectando gravemente a la población estudiantil.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las consecuencias para los niños por el uso militar de escuelas en Colombia, según Unicef?

De acuerdo con Unicef, el uso militar de escuelas y los ataques a estos espacios en Colombia han afectado a cerca de 21.700 menores durante los últimos tres años. Entre las consecuencias se encuentran la interrupción de actividades educativas, la exposición al peligro físico, el impacto emocional de vivir en zonas de conflicto y la pérdida de espacios seguros para el desarrollo y bienestar de los estudiantes.

¿En qué regiones de Colombia se han concentrado los ataques y el uso militar de escuelas, según los reportes?

Según los reportes verificados por Unicef, los casos de ataques y uso militar de escuelas se han presentado principalmente en departamentos como Cauca, Arauca, Norte de Santander, Chocó y Antioquia. Estas regiones han experimentado mayores niveles de violencia y presencia de grupos armados ilegales, lo que ha incrementado la vulnerabilidad de las instituciones educativas y de los estudiantes.

(Vea también: ¿Verónica Alcócer mintió en RCN? Versión no cuadra sobre cómo y cuándo se separó de Petro)

El mandatario aseguró que el decreto se publicará en las cartas náuticas oficiales de Colombia y que incluirá coordenadas para representar los límites correspondientes. Con este anuncio, el Gobierno busca formalizar su posición sobre los espacios marítimos del archipiélago y reafirmar la soberanía colombiana sobre las áreas que considera parte de su territorio.

“El 30 de noviembre he dispuesto, ese día, que es el cumpleaños de San Andrés, este Gobierno que presido firmará y expedirá el decreto de líneas de base del archipiélago y lo publicará en las cartas náuticas oficiales de Colombia”, afirmó el jefe de Estado.

La fecha anunciada será clave para conocer el alcance del decreto, las coordenadas que contendrá y la manera en que el Gobierno pretende incorporar esa delimitación a la cartografía náutica oficial.

¿Qué anunció De la Espriella sobre San Andrés?

Durante su intervención, el presidente señaló que el territorio arrecifal del archipiélago forma parte integral del territorio colombiano y explicó que la medida estará acompañada de información cartográfica.

“Se trata de un acto de soberanía, porque vamos a medir, cartografiar y publicar lo que es nuestro”, manifestó.

Las líneas de base son referencias geográficas utilizadas para medir la extensión de los espacios marítimos de un Estado. A partir de ellas se determinan zonas marítimas conforme a las reglas aplicables del derecho internacional del mar.

Por eso, el anuncio no se limita a la publicación de un mapa: el contenido del decreto y las coordenadas que incluya serán elementos centrales para entender su alcance jurídico y geográfico.

No obstante, la expedición de un decreto nacional no significa, por sí sola, que queden resueltas eventuales controversias de delimitación marítima con otros Estados. Para establecer sus efectos concretos será necesario conocer el texto definitivo y examinar su contenido frente al marco jurídico aplicable.

De la Espriella habló de pesca, exploración e investigación marítima

En la misma alocución, el presidente se refirió a las actividades que se desarrollan en los espacios marítimos que Colombia considera bajo su soberanía.

“Colombia ejerce soberanía plena. […] En los espacios marítimos que corresponden a Colombia, nadie pesca, nadie explora y nadie investiga sin el permiso de la República”, afirmó.

La declaración plantea la posición del Gobierno frente al control de actividades económicas y científicas en esas zonas. Sin embargo, las facultades concretas de Colombia dependen del espacio marítimo del que se trate y de las normas nacionales e internacionales aplicables.

El decreto anunciado para el 30 de noviembre permitirá conocer con mayor precisión cómo se traducirá la decisión presidencial en las cartas náuticas oficiales y qué coordenadas utilizará el Ejecutivo para establecer las líneas de base del archipiélago.

Por ahora, el anuncio fija una fecha y describe el propósito general de la medida, pero no incluye el texto del decreto ni sus coordenadas. Esos elementos serán necesarios para evaluar su alcance.

Al abordar los cuestionamientos sobre su patrimonio y los supuestos despilfarros que le endilga Eva Ferrer, Alcocer aseveró textualmente: “Quiero ser reiterativa, pero cada una de esas preguntas son pertinentes, por supuesto, pero conllevan al cúmulo de cuestionamientos mentirosos que lo que han hecho es ponerme entredicho, que aparezca como corrupta, ladrona, no es cierto, claro que no es cierto”. Asimismo, la exmandataria defendió la legalidad de sus ingresos pasados y presentes, señalando: “De lo que han vivido siempre las familias presidenciales y adicional a eso mi esposo en ese momento, Gustavo Petro, me pasaba una mesada para mis gastos personales y con eso vivía. Ahora vivo del acuerdo de divorcio al que llegamos por mutuo acuerdo y en buenos términos”.

No obstante, el punto más álgido de su alocución recayó en la cronología exacta de su ruptura matrimonial, un aspecto clave para dilucidar responsabilidades patrimoniales y fiscales. Alcocer afirmó categóricamente ante las cámaras: “Nuestro matrimonio se acaba el 10 de agosto de 2026. Más de 20 años luché por mi relación, mi familia, la unidad, los hijos, pero finalmente terminó el matrimonio y te vuelvo a rectificar: tenemos una buena y cordial relación. Es un buen padre, buen ser humano, tenemos buena relación con él, lo admiro, lo valoro y eso es todo lo que tengo que decir”.

El problema técnico y argumentativo de esta declaración radicaría en que la separación de la pareja no constituía un secreto de Estado reciente, sino un hecho confirmado con antelación por el propio Gustavo Petro. El 25 de octubre de 2025, en medio de la controversia producida por su inclusión en la llamada lista Clinton, el entonces jefe de Estado sorprendió a la opinión pública al manifestar de manera tajante: “Verónica Alcocer está separada de mí hace años, la perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral”.

La brecha temporal entre ambas versiones gubernamentales —mientras Petro aseguró en 2025 que estaban separados “hace años”, Alcocer fijó el fin del matrimonio en agosto de 2026— alteraría la consistencia del relato defensivo de la exmandataria ante el ente acusador. Analistas y veedores jurídicos advierten que la imprecisión en las fechas no sería un detalle menor, pues la delimitación exacta de los patrimonios y la convivencia conyugal resulta indispensable para los investigadores que rastrean posibles enriquecimientos injustificados o contratos cruzados.

No obstante, según fuentes de la organización política de izquierda consultadas por ese medio, Petro descartó, durante una reunión con parte del comité directivo, volver a presentarse como candidato a la alcaldía capitalina. En el encuentro, llevado a cabo en Bogotá, el exmandatario comunicó que su enfoque estará en la reorganización interna del movimiento antes que en regresar a ese puesto, decisión que fue bien recibida entre quienes buscan participar en las elecciones regionales. Varios nombres aparecen ahora en la lista de precandidatos a la Alcaldía de Bogotá, entre ellos la exsenadora María José Pizarro, la exministra Susana Muhammad, el exconcejal Carlos Carillo, el excongresista Gustavo Bolívar y el exdirector de RTVC Hollman Morris. También se ha mencionado a la exalcaldesa Claudia López, quien recientemente superó diferencias con Petro.

En medio de este panorama, se suman los debates al interior del Pacto Histórico sobre la manera en que seleccionarán sus cartas para las elecciones. Las fuentes explicaron a El Espectador que el mecanismo sugerido es la realización de consultas para definir las candidaturas en las principales ciudades. Una arista adicional es la convocatoria a un congreso propio del Pacto Histórico, cuya autorización fue solicitada al Consejo Nacional Electoral (CNE). Esa instancia funcionaría como una plataforma para discutir y afinar la estrategia de la izquierda de cara a 2027.

De igual modo, se discute el sistema más adecuado para definir la representatividad de los delegados al mencionado congreso. Algunas voces proponen que esta sea proporcional a los votos obtenidos por el Pacto en la última elección presidencial, mientras otras plantean la elaboración de listas que reflejen el respaldo recibido por cada sector. En paralelo, la movilización ciudadana y la consulta a las bases se consolidan como elementos clave en la hoja de ruta política de la izquierda, tal como subrayaron los senadores Alberto Benavides y Gabriel Becerra en declaraciones recogidas por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los principales precandidatos del Pacto Histórico para la Alcaldía de Bogotá?

De acuerdo con la información de El Espectador, los perfiles destacados que se perfilan como precandidatos dentro del Pacto Histórico para la Alcaldía de Bogotá incluyen a la exsenadora María José Pizarro, la exministra Susana Muhammad, el exconcejal Carlos Carillo, el excongresista Gustavo Bolívar y el exdirector de RTVC Hollman Morris, así como la exalcaldesa Claudia López.

¿Cómo se organizarán las consultas internas del Pacto Histórico para definir candidaturas en 2027?

Según El Espectador, el Pacto Histórico diseñará un mecanismo de consultas para que los aspirantes a cargos en las próximas elecciones sean escogidos de manera participativa. Además, se debate cómo seleccionar a los delegados para el próximo congreso del movimiento, barajando opciones como representatividad según votos regionales obtenidos en la pasada elección presidencial o mediante listas respaldadas por la militancia.

Las condiciones meteorológicas adversas, caracterizadas principalmente por la mezcla de precipitaciones y vientos de alta velocidad, habrían sido las responsables de desestabilizar el árbol que terminó desplomándose y bloqueando parcialmente la carretera. Todos estos detalles fueron confirmados por las autoridades y por testigos del suceso, quienes participaron en la atención inicial del accidente.

A pesar del dramatismo de la situación, sobre todo por el tamaño del árbol y el impacto directo contra la carrocería del vehículo, los ocupantes consiguieron salir por sus propios medios. La información suministrada indica que resultaron ilesos, demostrando suerte y serenidad en medio de la emergencia. La rápida reacción de los presentes y la integridad de los ocupantes permitieron que el evento no concluyera en tragedia, hecho que fue destacado tanto por los testigos como por las fuentes oficiales.

Frente a la magnitud del incidente, conductores frecuentes de la vía y habitantes del sector aprovecharon para reiterar su llamado a los organismos de socorro y a la administración municipal. El objetivo principal de esta solicitud es que se prioricen labores de mantenimiento preventivo y poda de árboles en las zonas viales del municipio. Para los residentes de Agustín Codazzi, este tipo de situaciones ponen de manifiesto la importancia de estar preparados, especialmente en épocas de lluvia persistente y vientos intensos, condiciones habituales en la temporada invernal.

El hecho evidencia una problemática recurrente de infraestructura verde y seguridad vial en varias localidades del departamento del Cesar, donde la falta de intervención oportuna puede desencadenar emergencias de características similares. El evento subraya, además, la relevancia de articular respuestas entre las comunidades, las autoridades y los equipos de rescate, de acuerdo con lo expresado por los afectados y testigos directos.

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¿Qué ocurrió en Agustín Codazzi con el árbol que cayó sobre un vehículo?

En Agustín Codazzi, un árbol de gran tamaño se desplomó sobre un vehículo que transitaba por una de las vías del municipio. El hecho sucedió el domingo 18 de octubre, durante una fuerte tormenta acompañada de vientos, y aunque el accidente fue aparatoso, todos los ocupantes salieron ilesos, de acuerdo con lo reportado por las autoridades y los testigos.

¿Por qué es importante la poda de árboles en época de lluvias en Cesar?

La poda de árboles es fundamental durante la temporada de lluvias en el departamento de Cesar, según lo señalado por habitantes y conductores, porque ayuda a prevenir accidentes como el ocurrido en Agustín Codazzi. La falta de mantenimiento incrementa el riesgo de que árboles debilitados por el agua y el viento caigan sobre vías y vehículos, con posibles consecuencias graves para la seguridad de la comunidad.

Asimismo, la exesposa del expresidente Gustavo Petro reconoció el alcance del respaldo logístico que le brindó a la extranjera al admitir: “La relación de Eva y mía era profesional, esa relación arranca con la idea de que ella participara en la construcción de un empoderamiento de la mujer en la sociedad y gracias a ese diálogo es que ella resulta en Colombia y yo la hospedo varios meses en mi casa”. No obstante, analistas y organismos de control examinarían si dicha cercanía profesional habría trascendido hacia esferas de injerencia burocrática y contractual en entidades estratégicas del Estado.

De igual manera, la exprimera dama se refirió a los cuestionados ingresos a recintos penitenciarios del país, señalamientos que han levantado suspicacias en sectores políticos y veedurías ciudadanas. Al respecto, Alcocer aseveró que su presencia en dichos establecimientos obedeció a una labor estrictamente mística y asistencial: “Yo me dediqué a muchísimas obras que quizá nunca gente vio, que era acompañar a gente en hospitales. A las cárceles iba porque me encantaba escuchar, dar una mano, porque iba a ungir a los presos, el don de la unción existe”. Frente a las especulaciones sobre supuestas reuniones clandestinas con perfiles de alta peligrosidad, la exmandataria enfatizó que cada desplazamiento se habría ajustado a la normativa penitenciaria: “Nunca jamás, siempre fue documentado bajo la legalidad con todos los requisitos que pedía el Inpec, la gran mayoría fue con mujeres, allí iba yo”.

A pesar de la defensa pública basada en el asistencialismo espiritual y la cooperación social, sectores jurídicos advierten que las declaraciones textuales de la exprimera dama contrastarían con los indicios documentales que recopilaría el ente acusador en torno a redes transnacionales de influencia. Mientras los estrados judiciales resuelven la controversia procesal y se evalúan las repercusiones de los testimonios clave, la confrontación entre los descargos institucionales de la defensa y los hallazgos de la fiscalía continuará marcando la agenda política nacional.

(Vea también: Verónica Alcocer se destapa sobre el viaje a Venezuela por el que la señalan de traficar droga)

“Yo nunca jamás he autorizado ni a Manel, ni a personas cercanas, ni a personas conocidas, ni desconocidas a hablar de mí”, afirmó al ser consultada sobre el tema.

Alcocer insistió en que cada persona debe asumir las consecuencias de sus actuaciones y se desmarcó de cualquier gestión que terceros hubieran realizado por cuenta propia.

“Mira, cada uno tiene que asumir las consecuencias de sus actuaciones. Yo no meto las manos al fuego por nadie, estoy metiendo las manos por mí”, señaló durante la conversación.

Alcocer niega haber pedido contratos o cargos

En la entrevista, la exprimera dama rechazó que hubiera autorizado a otras personas a solicitar beneficios o intervenir ante entidades estatales en su nombre.

Según explicó, nunca dio permiso para que alguien pidiera contratos, puestos u otras ventajas alegando representarla. Sus declaraciones se producen en medio de cuestionamientos sobre presuntas gestiones de personas cercanas a ella y el uso de su nombre en asuntos relacionados con el Estado.

La exprimera dama también cuestionó la imagen que, según ella, se ha construido sobre su influencia durante el mandato de Petro.

“Se ha construido el relato de que yo soy la poderosa y casi que no había presidente”, expresó, antes de negar que tuviera las atribuciones que le han sido señaladas.

¿Quién tomaba las decisiones en el Gobierno Petro, según Alcocer?

Alcocer afirmó que las decisiones relacionadas con la contratación, la desvinculación de funcionarios y los cambios administrativos correspondían al entonces presidente Gustavo Petro.

“Quien toma decisiones y quien tomó decisiones de contratar, de desvincular, de cambiar era el señor presidente de la República, como compete. Yo no tenía esa competencia, nunca fue cierto”, sostuvo.

Con esa respuesta, la exprimera dama buscó marcar una diferencia entre su papel y las responsabilidades formales de quienes ocupaban cargos con capacidad de decisión dentro del Gobierno.

Sus declaraciones constituyen su versión frente a los señalamientos. La afirmación de que no autorizó gestiones en su nombre no establece, por sí sola, qué actuaciones pudieron haber realizado terceros ni si estas fueron objeto de verificación por parte de las autoridades.

“Cada uno tiene que asumir las consecuencias de sus actuaciones”

La referencia a Manel Grau fue uno de los puntos de la conversación, en la que Alcocer reiteró que no respondería por las actuaciones de otras personas.

“Yo no meto las manos al fuego por nadie, estoy metiendo las manos por mí”, insistió.

La exprimera dama mantuvo así su negativa a haber autorizado a terceros a actuar en su nombre y defendió que las decisiones administrativas del Gobierno no estaban dentro de sus competencias.

“Porque no me parecía relevante entrar en temas de tú me dices y tú me atacas y yo te ataco, esa es una dinámica que se ha construido con la cual no estoy de acuerdo. Me parecía que a través de los abogados, haciendo comunicados, podía tener unas claridades sobre mí. Hoy es diferente porque esto escaló y me parece importante que yo salga a aclarar”, manifestó la exprimera dama durante su intervención en el medio nacional.

Al abordar específicamente su cercanía con Ferrer, Alcocer matizó el nivel de confianza que existía entre ambas, precisando que, aunque compartían círculos y afinidades, la extranjera nunca formó parte de su círculo íntimo más reservado. “Eva Ferrer no era una persona de confianza mía, era una persona cercana y me generaba algo de tranquilidad porque teníamos amigos en común”, señaló Alcocer, explicando los antecedentes de un vínculo que rápidamente pasó del plano social al cooperativo.

Según relató la exprimera dama, la relación profesional y de trabajo conjunto arrancó con el propósito específico de impulsar iniciativas enfocadas en el empoderamiento de la mujer en la sociedad colombiana. “La relación de Eva y mía era profesional, esa relación arranca con la idea de que ella participara en la construcción de un empoderamiento de la mujer en la sociedad y gracias a ese diálogo es que ella resulta en Colombia y yo la hospedo varios meses en mi casa”, confesó Alcocer, confirmando el alto grado de hospitalidad y respaldo logístico que le brindó a la ciudadana española en su llegada al país.

Las declaraciones de Alcocer se producen mientras los organismos de control avanzan en la recopilación de pruebas, testimonios y auditorías sobre presuntas redes de influencia y contratación irregular en entidades estatales. Mientras la defensa de la exprimera dama insiste en su disposición de colaborar con la justicia para desvirtuar los graves señalamientos lanzados por Ferrer, la española dice que tiene las pruebas suficientes para enlodar a Alcocer en sus señalamientos. 

Este encuentro se desarrolló utilizando el formato conocido como side by side, modalidad en la que artistas profesionales y estudiantes interpretan juntos, compartiendo conocimientos sobre repertorio, ensamble, técnica y criterios de interpretación musical. Para los participantes, cuyas edades oscilan entre los 13 y los 17 años, la experiencia representó la posibilidad de enriquecer sus competencias musicales y, al mismo tiempo, dialogar con perspectivas y enfoques globales en el arte orquestal.

La visita de la Filarmónica de Berlín a Colombia, en el marco de su gira por Nueva York y Suramérica, tuvo especial relevancia, ya que esta agrupación llegó luego de 25 años sin recorrer la región, según resaltó la Filarmónica de Bogotá. Más allá del concierto, el evento permitió poner en evidencia la misión pedagógica y social que sostiene el sistema de orquestas de la ciudad.

En ese sentido, la Orquesta Filarmónica Prejuvenil forma parte de la estructura de la Filarmónica de Bogotá, cuyos procesos incluyen diversos niveles y grupos de formación musical. Este sistema genera espacios para que niños, niñas y jóvenes afiancen sus destrezas y puedan acceder a experiencias de intercambio artístico como la mencionada jornada. Dicho propósito se refuerza con el Programa de Formación Musical de la Filarmónica de Bogotá que, desde 2013, ha conseguido beneficiar a 289.583 personas de las diferentes localidades, ampliando la cobertura y el acceso a la educación musical.

Un ejemplo de este impacto lo protagoniza Camila Guerrero Acosta, de 16 años, seleccionada para participar en una producción audiovisual de EuroArts Music International GmbH, empresa encargada de documentar la gira latinoamericana de la Filarmónica de Berlín. Su historia, reseñada por la misma Filarmónica, es testimonio del alcance internacional que pueden lograr las iniciativas formativas impulsadas en Bogotá.

Con actividades como esta, la Filarmónica de Bogotá consolida su papel no solo como orquesta sino como un sistema artístico y pedagógico que promueve el desarrollo y la visibilidad del talento joven a través de vivencias directas con referentes musicales mundiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el formato side by side en la educación musical?

El formato side by side es una metodología de aprendizaje en la que músicos jóvenes o en formación tocan junto a profesionales experimentados, permitiendo la trasmisión directa de conocimientos técnicos, criterios interpretativos y habilidades de ensamble orquestal. De acuerdo con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, esta experiencia es clave para fortalecer el crecimiento musical y ampliar los horizontes artísticos de los estudiantes.

¿Cómo apoya la Filarmónica de Bogotá la formación musical de jóvenes?

Según cifras publicadas por la Filarmónica de Bogotá, su sistema de agrupaciones y el Programa de Formación Musical han beneficiado desde 2013 a 289.583 niñas, niños y jóvenes en Bogotá. A través de diferentes grupos y actividades, la institución fomenta el acceso a la educación musical, ofrece oportunidades para la práctica orquestal y ayuda al desarrollo de nuevo talento en la ciudad.

(Vea también: “Tiene a mi familia fracturada”: suegra de Benedetti hace dura revelación sobre el exministro de Petro)

“Es una total mentira. Yo jamás en mi vida, jamás en mi vida he tenido nada que ver con drogas, ni con tráfico, ni con ninguna otra cosa”, afirmó Alcocer al referirse a las acusaciones que hizo pública Eva Ferrer, quien durante años fue su amiga cercana y asesora.

La controversia surgió después de que Ferrer señalara a Alcocer de presuntamente haber utilizado aeronaves oficiales para transportar estupefacientes a Venezuela y regresar a Colombia con dinero en efectivo. Entre sus afirmaciones, mencionó un supuesto traslado de 2,5 millones de dólares, que, según su versión, habrían sido destinados a financiar una campaña política.

Alcocer negó esas acusaciones y aseguró que se han difundido versiones falsas sobre sus desplazamientos. Durante la entrevista, también mostró un documento con el que busca respaldar su explicación.

¿Para qué viajó Verónica Alcocer a Venezuela?

Al explicar el motivo de su visita, la exprimera dama sostuvo que su interés era conocer el sistema orquestal venezolano, reconocido internacionalmente por su trabajo musical con niños y jóvenes.

“El propósito de ese viaje era cumplir una agenda en Venezuela para conocer de primera mano el sistema orquestal de Venezuela, que es tan famoso a nivel mundial para niños y jóvenes”, explicó en Noticias RCN.

Según Alcocer, el interés también estaba relacionado con una iniciativa que Gustavo Petro había contemplado durante su etapa como alcalde de Bogotá y que buscaba retomar posteriormente.

“Es un sistema público que Gustavo Petro en algún momento desde la alcaldía quiso implementar y quería volver a retomar el caso para ver si se podía volver a implementar aquí”, añadió.

De esta manera, Alcocer presentó una explicación centrada en una agenda cultural y en la posibilidad de conocer un modelo público de formación musical que pudiera servir como referencia para Colombia.

¿Qué dijo sobre las acusaciones de Eva Ferrer?

Los señalamientos contra Alcocer fueron formulados por Eva Ferrer, quien hizo parte de su círculo cercano durante años y también ocupó un cargo como consejera presidencial durante el Gobierno de Gustavo Petro.

En declaraciones públicas, Ferrer aseguró que en viajes a Venezuela se habrían transportado drogas y dinero en aeronaves oficiales. También mencionó presuntas irregularidades relacionadas con recursos y personas del entorno de la exprimera dama.

Esas afirmaciones constituyen señalamientos que deben ser esclarecidos por las autoridades y no equivalen, por sí mismos, a una responsabilidad penal demostrada.

Alcocer rechazó las versiones y cuestionó las razones por las que, según ella, se han difundido relatos que considera mentirosos.

“Han hecho cualquier cantidad de relatos mentirosos, no sé con qué intención”, afirmó durante la entrevista.

La situación ha elevado la presión sobre las comunidades del corregimiento Huisitó en El Tambo (Cauca). Allí, habitantes denunciaron ante El Espectador que grupos armados han ingresado a sus viviendas, agrediendo a personas y acusándolas de ocultar información sobre el paradero de alias “Paciencia”. La comunidad, en medio del temor, pidió intervención urgente de las autoridades. Además, la organización ha comenzado operativos casa por casa, buscando no solo a alias “Paciencia” y su pareja, sino también una posible parte del dinero sustraído que podría estar escondido en ese territorio.

De acuerdo con testimonios recogidos por el diario, los miembros de la estructura, a falta de respuestas, instalaron retenes y están revisando celulares, en busca de cualquier indicio que ayude a dar con quienes huyeron y con los recursos perdidos. Estas acciones, sumadas a la denuncia sobre la instalación de un cilindro bomba en la entrada del municipio, han intensificado el confinamiento y la zozobra entre los habitantes, pues tanto civiles como miembros de la Fuerza Pública se ven obligados a evitar estos desplazamientos por seguridad.

En el trasfondo de este episodio está la trayectoria de alias “Paciencia”, quien, de acuerdo con El Espectador, ingresó a la estructura en 2021 y ascendió rápidamente, primero como miembro raso y luego como responsable financiero y segundo jefe. Se le atribuye participación en ataques contra el Ejército Nacional y en atentados en la vía Panamericana. La información cita su vinculación en acciones de alto impacto durante 2025 y 2026, incluyendo el secuestro del soldado Víctor Hugo Yepes García y la muerte del soldado Idel José Torres Herrera. Además, tras la salida de líderes como alias “Kevin” y alias “Jovany”, la organización ha experimentado desarticulación y pérdida de cohesión, lo que ha permitido a otras estructuras como la Jaime Martínez ganar protagonismo.

Todo este escenario evidencia no solo la fractura interna, sino también el impacto del desfalco económico en la capacidad operativa y de control territorial de la estructura Carlos Patiño, con consecuencias directas sobre la seguridad y vida cotidiana de las comunidades de Cauca.

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¿Quién era alias “Paciencia” en la estructura Carlos Patiño?

Alias “Paciencia” inició su recorrido en la estructura Carlos Patiño en 2021 como integrante de la compañía Fray León, en zona rural de El Tambo. Tiempo después, asumió el manejo de los recursos financieros y avanzó hasta llegar a ser el segundo jefe. Participó en ataques contra fuerzas militares y tenía bajo su responsabilidad millonarios fondos de la organización, según reseñó El Espectador.

¿Qué consecuencias tiene la fuga de alias “Paciencia” y el robo de COP 10.000 millones en Cauca?

De acuerdo con El Espectador, la desaparición de alias “Paciencia” y la presunta pérdida de 10.000 millones de pesos colombianos representa un duro golpe financiero para la estructura Carlos Patiño. Estos fondos estaban destinados a pagar a los integrantes y a financiar operaciones criminales, lo que puede aumentar las tensiones internas y afectar la seguridad en la región de Cauca.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos habrían ocurrido durante los últimos dos meses, en un punto estratégico: el paradero de una ruta utilizada por múltiples barrios de Soacha. Las víctimas, que diariamente dependían de su actividad para subsistir, eran interceptadas por personas que primero les solicitaban los números telefónicos de otros conductores. Más adelante, estos transportadores recibían llamadas en las que supuestos integrantes de un grupo delincuencial les exigían sumas de dinero semanales, que oscilaban entre 22.000 y 50.000 pesos colombianos por vehículo. El mensaje era claro: quien no pagara, no podría continuar con su labor.

La intervención de la Policía Nacional resultó decisiva, logrando la captura de la mujer y la aprehensión de los dos menores justo en el momento en que, según el reporte oficial, recibían un monto total de 300.000 pesos. Uno de los adolescentes, conforme a la investigación adelantada, tenía el papel de vigilar los movimientos de los conductores y asegurarse de que los pagos exigidos fueran entregados puntualmente.

Los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación permitieron a un fiscal de la Seccional Cundinamarca imputarles el delito de extorsión agravada. Sin embargo, ninguno de los procesados aceptó los cargos presentados. Mientras Yisseth Daniela De Diego Zarate quedó bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario, los dos menores permanecerán en internamiento preventivo mientras avanza el proceso judicial.

Este caso pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el sector del transporte público frente a prácticas ilícitas y deja en evidencia la intervención de menores en acciones delictivas cuya repercusión afecta directamente la seguridad y el derecho al trabajo de la comunidad.

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¿Cómo funcionaba la red de extorsión a conductores en Soacha, Cundinamarca?

La red señalada operaba desde el paradero de una ruta de transporte público, donde los presuntos extorsionistas abordaban a los conductores para obtener información de otros colegas. Posteriormente, contactaban a las víctimas por teléfono haciéndose pasar por miembros de un grupo criminal, exigiendo pagos semanales a cambio de permitirles trabajar. Los cobros variaban entre 22.000 y 50.000 pesos, y se ejercía presión constante para garantizar la recolección del dinero.

¿Qué significa extorsión agravada y cómo se aplicó en este caso en Soacha?

Extorsión agravada es un delito que se configura cuando se emplean medios o circunstancias que incrementan la gravedad de la amenaza, como el uso de menores o la pertenencia a categorías protegidas. En Soacha, la imputación se realizó bajo esta figura porque los hechos incluyeron la participación de adolescentes y la afectación a un grupo amplio de víctimas vulnerables, según informó la Fiscalía General de la Nación.

La movilización reunió a unas 300 personas de diversas edades y colectivos. Las pancartas compartían mensajes claros y contundentes como “Entre menos historia, menos memoria”, “La historia de Colombia es Queer” y “Con censura no hay cultura”. Miembros de la comunidad LGBTIQ+, organizaciones feministas y políticos de la oposición, como la congresista María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico, estuvieron presentes. Carrascal anunció minutos antes de la intervención policial que presentará una demanda contra el decreto que modifica los protocolos de la Fuerza Pública en las protestas sociales.

El Espectador acompañó el primer día de la manifestación, en la que participaron cerca de 500 personas. Según testigos, hacia las 6:33 p. m. una tanqueta comenzó a actuar para dispersar la multitud y, en los siguientes 30 minutos, la situación se tensó aún más con la llegada de más agentes y el uso de aturdidoras. El orden público volvió cerca de las 7:30 p. m., aunque la presencia policial se mantuvo en el lugar.

Las 30 obras desmontadas corresponden a las salas “Hacer sociedad”, “Memoria y Nación” y “Fuerza, fe y sustancia” del Museo Nacional. Entre las piezas retiradas se encuentran un brazalete de cuero de la Alianza Democrática M-19, un impreso de 1986 de la Unión Patriótica a favor de Jaime Pardo Leal, afiches de las candidaturas de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, y “Minería” de Antonio Caro. Elementos simbólicos como el “Balígrafo”, pluma hecha con un casquillo de bala usada para firmar el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, y el tarjetón de la séptima papeleta que promovió la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, también fueron retirados. Entre las piezas referentes a la diversidad sexual figuran una fotografía de Germán Humberto Rincón Perfetti de la marcha LGBT de 2004, así como la cartilla “Cuerpos en prisión, mentes en acción”. Del feminismo se desmontaron, entre otras, un afiche de la Casa de la Mujer para la Jornada Internacional de No Violencia contra la Mujer, de 1989, y un manifiesto de 1978 del Encuentro Nacional de Mujeres en Cali. El Espectador confirmó, al visitar el lugar, que efectivamente las piezas habían sido retiradas y conversó con asistentes sobre el impacto de la decisión.

El retiro fue ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella a través de la ministra de Cultura, Paola Holguín, quien defendió la decisión bajo el argumento de ser una “oda al terrorismo”. Esta medida originó la citación de control político en el Congreso a la ministra, quien, según la senadora Jennifer Pedraza, debe responder por situaciones como presunta censura, inconsistencias en su hoja de vida y nombramientos cuestionados en su cartera.

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¿Por qué retiraron las obras LGBTIQ+, feministas y políticas del Museo Nacional?

Según El Espectador, la decisión de retirar las 30 piezas se tomó por orden del presidente Abelardo de la Espriella y ejecutada por la ministra de Cultura, Paola Holguín. La medida obedeció al criterio presidencial de que las obras representaban una “oda al terrorismo”. Esto provocó el rechazo de diversos colectivos y la oposición política, que consideran que la remoción de estas piezas limita la memoria y diversidad cultural del país.

¿Cuáles obras y objetos históricos fueron retirados del Museo Nacional durante la protesta?

De acuerdo con los reportes confirmados por El Espectador, entre las piezas retiras se encuentran el “Balígrafo”, instrumento usado para firmar el Acuerdo de Paz con las FARC, el tarjetón de la séptima papeleta que promovió la Asamblea Constituyente de 1991, afiches de campañas de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, elementos relacionados con el movimiento LGBTIQ+ y documentos del feminismo, como la cartilla “Cuerpos en prisión, mentes en acción” y el manifiesto de 1978 del Encuentro Nacional de Mujeres en Cali.

El detonante de la polémica ha sido la remoción de piezas relacionadas con la comunidad LGBTIQ+, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016, temas sensibles en la historia reciente del país. La preocupación, amplificada por sectores políticos y culturales, se ha centrado en el posible intento de reescribir o eliminar aspectos fundamentales de la memoria colectiva. Ni la ministra ni el presidente se han referido expresamente al tema, aunque el mandatario, al término de una visita a la cartera de Cultura, indicó que instruyó para que "toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos", lo cual, según De la Espriella, constituye "apología al terrorismo". Estas afirmaciones evidencian la división existente alrededor de lo que ciertos sectores consideran una "lucha abierta y total contra el 'wokismo'", entendiendo este término como la imposición de luchas sociales y de diversidad en ámbitos educativos y culturales.

Otro aspecto discutido en el Congreso es la hoja de vida de Holguín, ya que, según la senadora, la ministra no posee el título de magíster en Estudios Políticos que figuraba como parte de su perfil. Un documento de la Universidad Pontificia Bolivariana y la propia Holguín confirmaron que, aunque cursó la maestría y aprobó las materias y el trabajo de grado, no se graduó oficialmente. Así lo informó Holguín ante los cuestionamientos públicos.

El expresidente Juan Manuel Santos también reaccionó, afirmando que "la historia y la memoria de un país no se borran", sino que deben protegerse para favorecer la unidad. Mientras tanto, voces del sector cultural abogan por mantener la independencia de los museos, instando al Ejecutivo a no interferir en su actuar. Esta controversia continúa generando debate sobre la protección de la memoria, el acceso a la cultura y la transparencia en el sector público.

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¿Por qué fue citada la ministra de Cultura, Paola Holguín, al Congreso?

La ministra Paola Holguín será citada a un debate de control político en el Congreso a raíz de varias polémicas, entre ellas el retiro de obras relacionadas con la comunidad LGBTIQ+, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016 en el Museo Nacional. Además, la senadora Jennifer Pedraza cuestionó la veracidad de los datos en la hoja de vida de la ministra, los nombramientos en su cartera y las convocatorias suspendidas, asuntos que requieren aclaración ante el país, según informó El Espectador.

¿Qué significa el término 'wokismo' en el contexto del debate político y cultural?

En este contexto, 'wokismo' se refiere a una corriente que, según críticas citadas en el debate, prioriza la lucha contra las desigualdades sociales, la inclusión en el lenguaje y la memoria histórica de grupos diversos. El término ha sido usado por opositores para señalar lo que consideran imposiciones ideológicas en educación y cultura, y ha sido mencionado por el actual Gobierno como algo que se combate abiertamente según declaraciones recogidas por El Espectador.

Según EL PILÓN, los hechos transcurrieron rápidamente cuando los jóvenes cesarenses, al parecer, se opusieron al robo. Esta reacción provocó que los delincuentes accionaran sus armas de fuego, causándoles heridas de gravedad a ambos. Minutos después del asalto, Roberto, uno de los hermanos, falleció en el lugar de los hechos debido a la complejidad de las lesiones. Por su parte, Elvis resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un centro médico en Albania, donde permanece bajo observación y en estado delicado.

EL PILÓN también informó que Roberto, la víctima fatal, había prestado el servicio militar antes de radicarse en La Guajira para trabajar junto a su hermano. Estos datos refuerzan la versión de que ambos tenían un propósito laboral al momento de los hechos, lo que añade aún más dramatismo a las circunstancias del ataque.

Tras conocer lo ocurrido, personal de criminalística llegó al lugar para realizar la inspección técnica del cadáver y recolectar los elementos materiales de prueba. Las autoridades correspondientes asumieron la investigación con el objetivo de esclarecer los detalles de este acto violento y avanzar en la identificación y captura de los responsables. Este crimen conmocionó a los habitantes de la región, quienes esperan justicia y respuestas prontas frente a este lamentable caso.

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¿Qué se sabe sobre los responsables del ataque a los hermanos Daza Mendoza en La Guajira?

Hasta el momento, de acuerdo con la información suministrada por el reporte policial y la reseña de EL PILÓN, las autoridades están adelantando las investigaciones para lograr la identificación y captura de los sujetos responsables del ataque. No se han revelado más detalles sobre la identidad de los agresores.

¿Por qué los hermanos Daza Mendoza estaban en la zona rural de Albania, La Guajira?

Según EL PILÓN, Roberto y Elvis Daza Mendoza, oriundos de Aguas Blancas, Valledupar, se encontraban en la zona rural de Albania, La Guajira, debido a su trabajo en una empresa de la región. Ambos hermanos habían decidido laborar juntos luego de que Roberto finalizara su servicio militar.

El motivo principal de esta protesta es la orden expedida por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, para retirar alrededor de 30 piezas y obras de la exhibición permanente del Museo Nacional de Colombia. A esto se suma la reiterada presencia de discursos religiosos en escenarios públicos oficiales. En palabras del colectivo, estas decisiones representan un retroceso respecto a los avances históricos en materia de derechos fundamentales, afectando de manera particular a las mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y población LGBTIQ+. El documento presentado evidencia que altos funcionarios estatales han intentado instaurar sus convicciones religiosas como lineamiento político, utilizando canales institucionales para emitir mensajes de carácter confesional y de adoctrinamiento político, en detrimento de la pluralidad y la neutralidad exigibles al Estado.

El manifiesto recuerda, además, los daños históricos derivados de la confusión entre Estado y religión, citando episodios como las guerras civiles del siglo XIX y la violencia partidista del siglo XX en Colombia. En el marco educativo, los firmantes critican que el Ministerio de Educación dedique esfuerzos a “problemas imaginarios” en lugar de enfrentar retos como la desigualdad y el uso responsable de las redes sociales y la inteligencia artificial en menores. Para el sector cultural y de las artes, el mensaje es claro: "¡La cultura no se recorta, se apoya!". El texto apoya sus argumentos con versos de Octavio Paz y las ideas de la filósofa Adela Cortina, que advierten sobre el peligro de eliminar la diversidad y el debate democrático.

Las exigencias planteadas al Gobierno son concretas: garantizar el carácter laico de la educación pública, respetar la pluralidad de ideas dentro del espacio estatal, proteger la libertad religiosa sin imposiciones dogmáticas y suspender el uso de recursos públicos para ofrecer clases de “moral” institucional, tareas que, según el manifiesto, no corresponden a entidades como el Instituto Caro y Cuervo. Además, el grupo se compromete a ejercer una vigilancia activa contra la censura de autores, libros, ideologías y corrientes filosóficas o políticas.

El listado de firmantes incluye a destacados periodistas, académicos, artistas y exfuncionarios, quienes con su respaldo confieren legitimidad a la petición. El detonante de la controversia fue la remoción de unas 30 piezas de las salas permanentes ‘Hacer sociedad’, ‘Fuerza, fe y sustancia’ y ‘Memoria y nación’ del Museo Nacional, bajo el argumento de evitar hacer apología al terrorismo. Entre las obras desmontadas estaban grabados, material audiovisual, afiches de la Constituyente de 1991, así como testimonios de luchas feministas y LGBTIQ+, lo que llevó a masivas protestas ciudadanas y un llamado a no censurar la memoria ni la historia cultural, de acuerdo con reportes de El Espectador y otras fuentes citadas en el manifiesto.

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¿Por qué la comunidad cultural rechaza el retiro de obras del Museo Nacional de Colombia?

La comunidad cultural rechaza el retiro de obras del Museo Nacional debido a que considera que esta acción representa una censura a la diversidad de visiones y memorias colectivas del país. Además, perciben la medida como una intervención que rompe procesos de investigación curatorial e impide el debate y la pluralidad fundamentales en una nación democrática, según se expresa en el manifiesto citado por El Espectador.

¿Cuáles son las principales demandas de los firmantes del manifiesto por la diversidad cultural en Colombia?

Los firmantes del manifiesto exigen al Gobierno cuatro acciones principales: garantizar el carácter laico de la educación pública, respetar la pluralidad de ideas e imponer neutralidad institucional, proteger el ejercicio libre de cultos evitando dogmas estatales y detener el uso de fondos públicos para impartir lecciones de moral. Estas demandas buscan preservar la neutralidad del Estado y defender la libertad de pensamiento, según el texto del manifiesto.

La tormenta política estalló a raíz de la intervención forzosa por un año ordenada el pasado 16 de octubre por la Superintendencia Nacional de Salud, medida adoptada debido al reiterado incumplimiento de planes de mejoramiento desde 2022, el cierre de 13 de los 59 servicios habilitados y la precaria planta de personal que contaba con un solo cirujano general. Aunque la gobernadora Ordóñez y la congresista Jay-Pang le habían manifestado al Ejecutivo estar conformes con la medida, el primer mandatario descubrió maniobras subterráneas para obstaculizar el proceso. “Ayer me dijeron que estaban tranquilas con la intervención del hospital y se fueron allá a atravesarse”, sentenció De La Espriella durante su visita oficial.

Las advertencias del mandatario escalaron rápidamente hacia el terreno contractual y ambiental. Dirigiéndose con severidad a las lideresas insulares, el presidente reveló que su administración tiene mapeadas todas las irregularidades que operan en la isla. “Estoy enterado de los negocios de su marido. Estoy enterado de Coralina. Estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir”, advirtió, señalando directamente que el esposo de la representante Elizabeth Jay-Pang estaría detrás de los hilos de la contratación de la Gobernación departamental. Las alarmas también se encendieron sobre la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina), autoridad ambiental señalada de desviar su misión técnica hacia intereses burocráticos y clientelistas, según informó La FM. 

Ante este panorama de presunto desangre fiscal, el Ejecutivo lanzó una advertencia categórica sobre el manejo de los presupuestos venideros. El jefe de Estado aseguró que los dineros enviados desde el nivel central tendrán un blindaje absoluto y una fiscalización implacable para evitar que caigan en manos de redes de corrupción. “Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar. Pero no crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otro gobierno… A este archipiélago no se lo van a volver a robar en mi administración”, recalcó enfáticamente.

Paralelamente a las indagaciones fiscales y penales anunciadas en el archipiélago, el paquete de medidas gubernamentales incluyó un plan de choque en salud para atender a más de 4.900 pacientes represados, inversiones de 15.082 millones de pesos en vivienda raizal para Providencia, 20.341 millones para agua potable y 10.000 millones destinados al proyecto turístico “Isla Milagro” a través de Fontur y aliados estratégicos. Mientras los organismos de control alistan auditorías exprés para examinar la contratación local y el manejo de Coralina, ni la gobernadora Girley Ordóñez —quien asumió el mandato en julio de 2026 tras las elecciones atípicas— ni la veterana congresista liberal Elizabeth Jay-Pang han emitido respuestas oficiales, refugiándose en un profundo hermetismo frente al terremoto político que sacude las islas.

La imputación no solo incluye a cuadros guerrilleros de base, sino también a tres miembros que formaron parte del último secretariado de las Farc, lo que implica responsabilidades en la cadena de mando de la antigua organización armada. El magistrado Juan José Cantillo Pushaina, encargado de la ponencia, detalló en entrevista con El Espectador que la guerra en estas regiones, además de causar un alto número de víctimas mortales, tuvo un impacto profundo en la sostenibilidad y la autonomía de los pueblos indígenas. Cantillo enfatizó que se abrió una herida “en el territorio y en la naturaleza” cuyos efectos se mantendrán vigentes mientras no se logre una justicia efectiva.

La decisión es inédita en la justicia colombiana por varias razones. Según la información proporcionada, la JEP reconoció la amplia gama de crímenes cometidos: persecución sistemática, exterminio, ataques a bienes civiles, graves daños al medio ambiente y ataques contra lugares de especial protección. Estos hechos muestran cómo las comunidades indígenas no se vieron únicamente afectadas en su integridad física, sino también en su sostenibilidad cultural, ambiental y territorial, elementos fundamentales para su supervivencia como pueblos diferenciados. Las consecuencias, señala el magistrado, trascienden lo humano y se reflejan en un daño perdurable al entorno natural y la autonomía de estos grupos.

Al imputar formalmente estos hechos, la JEP marca un precedente relevante en el tratamiento de los crímenes contra comunidades históricamente marginadas y en la búsqueda de un reconocimiento pleno de sus derechos dentro de los procesos de justicia transicional en Colombia.

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¿Qué crímenes reconoce la JEP en contra de los pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía?

La JEP reconoce en su imputación crímenes como persecución, exterminio, ataques a bienes civiles, daños graves al medio ambiente y ataques contra lugares de especial protección, todos ellos cometidos durante el conflicto armado contra los pueblos indígenas Korebajü, Siona, Nükak, Hitnü y Jiw, de acuerdo con El Espectador.

¿Por qué esta decisión de la JEP es considerada inédita para la justicia colombiana?

La decisión es inédita porque, según El Espectador, representa el reconocimiento judicial de una multiplicidad de delitos contra comunidades indígenas específicas, destacando el impacto más allá de lo físico y afectando profundamente la autonomía, sostenibilidad y el entorno natural de estos pueblos, algo que la justicia colombiana no había abordado con tal profundidad antes.

Pese a que Gustavo Petro no tomó la palabra desde la tarima durante las movilizaciones, otras figuras destacadas de la izquierda que actualmente ocupan curules en el Congreso sí aprovecharon la ocasión para expresar sus puntos de vista. Estos discursos se enmarcaron en el contexto del próximo congreso del Pacto Histórico, evento para el que ya se están debatiendo temas internos de alta relevancia. Uno de los focos de discusión gira en torno a la manera como se deberían escoger los delegados que representarán a las distintas tendencias dentro de la colectividad. Esto implica un debate abierto sobre la representatividad y la inclusión de voces nuevas que aspiran a obtener candidaturas de cara a los próximos comicios territoriales.

La discusión sobre tendencias y liderazgos no solo define el futuro organizativo del Pacto Histórico, sino que también refleja la intención de la colectividad de fortalecer su posición en el escenario político de cara a las elecciones regionales de 2027. En ese sentido, el pronunciamiento de De la Espriella al insistir en el respeto a la protesta pacífica, pero llamando la atención sobre las minorías que buscan interrumpir la vida cotidiana, marca una postura oficial frente a la movilización social y sus límites.

Todo este panorama fue objeto de análisis en el programa La Mesa Redonda de El Espectador, donde se profundizó en el significado político de las marchas, las respuestas del Gobierno y las disputas internas que se viven actualmente en el seno del Pacto Histórico.

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¿Por qué Gustavo Petro fue designado líder provisional del Pacto Histórico?

La designación provisional de Gustavo Petro como líder del Pacto Histórico surgió a partir de una decisión unánime dentro de la colectividad política, en un contexto de reorganización interna y previo a la celebración de su primer congreso. La intención es que Petro, como figura emblemática, guíe la dirección del movimiento mientras se define la estructura formal y representativa para los siguientes años.

¿Qué debates afectan la elección de delegados dentro del Pacto Histórico?

Uno de los principales debates gira en torno a la representatividad de los futuros delegados en el congreso del Pacto Histórico. Las distintas tendencias y corrientes buscan definir cómo estarán representadas en dicho encuentro y también quiénes podrán postularse como candidatos para las elecciones territoriales, lo que ya genera discusión interna y muestra distintas posiciones entre sus miembros.

En las imágenes se puede ver claramente la preocupación de los habitantes y testigos. Una persona señala la morada, identificándola como la vivienda de don Abel, y destaca las graves afectaciones que dejó el choque del camión. “Vean cómo le quedó la casa al señor”, menciona quien graba, expresión que muestra la sorpresa y el desasosiego entre los presentes ante el inesperado suceso. Además, el testigo menciona que estaba lloviendo en ese instante, aunque no existe una confirmación oficial sobre si esta condición fue determinante en el accidente registrado en esta importante vía del departamento de Tolima.

El camión involucrado en el accidente porta las placas UQA 241, que están registradas en Mosquera. Así lo revela la información proporcionada junto con el material audiovisual divulgado por testigos. Hasta el momento, no hay detalles precisos sobre cómo perdió el control el conductor o cuál fue la causa exacta que llevó al vehículo a terminar contra la vivienda. De acuerdo con el mismo video, la voz que narra los hechos indica que, aparentemente, no se presentaron personas lesionadas a raíz del choque. Sin embargo, se enfatiza que estas declaraciones provienen de testimonios y no forman parte de un informe oficial, por lo que el balance concreto de afectados requiere la confirmación de las autoridades competentes. Así, el accidente, que tuvo lugar en un corredor vial relevante de Tolima, deja interrogantes sobre la seguridad en el sector y el estado final de quienes presenciaron este incidente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa del accidente del camión en la vía a Cajamarca?

Hasta el momento no se conoce la causa confirmada del accidente, según los registros en video mencionados. Aunque un testigo señaló que llovía en el momento del choque, no hay información oficial que indique si las condiciones climáticas influyeron en el hecho. Los detalles sobre cómo el camión terminó contra la vivienda y si hubo otras variables relacionadas no han sido aclarados por las autoridades.

¿Hubo personas lesionadas en el accidente del camión contra la casa en Curalito?

De acuerdo con testimonios recogidos en el mismo video del accidente, no se reportaron personas lesionadas. No obstante, hasta la fecha, no existe un informe oficial que confirme esta versión o dé un balance definitivo sobre posibles afectados a raíz del siniestro. Se espera el pronunciamiento de las autoridades para esclarecer este aspecto.

De acuerdo con la información proporcionada, a pesar de lo aparatoso del incidente, no se registraron fallecidos. Las autoridades siguen presentes en el lugar del siniestro, coordinando las labores de atención y seguridad necesarias para salvaguardar la integridad de los transeúntes y conductores que circulan habitualmente por esta importante vía. El reporte señala que la movilidad se vio alterada, pues fue necesario restringir el tránsito a un solo carril. Esta medida preventiva se mantendrá hasta que llegue una grúa encargada de retirar el automóvil accidentado, con el fin de evitar mayores complicaciones en la circulación.

Las labores de las autoridades no solo se limitan al manejo del flujo vehicular. Los agentes de tránsito, según lo destacado en el informe, se encuentran evaluando las condiciones del conductor involucrado en el accidente. En este sentido, se busca establecer si existió algún factor como el consumo de alcohol que pudiera haber influido en el siniestro; sin embargo, hasta ahora, este aspecto sigue sin confirmación oficial.

Ante la situación, las autoridades han hecho un llamado a los conductores que circulan entre Ibagué y el Cañón del Combeima para que sigan estrictamente las recomendaciones de seguridad. Se ha enfatizado en la importancia de reducir la velocidad, mantener una distancia adecuada entre vehículos y evitar acciones riesgosas al volante. Se espera que, una vez culminen las maniobras de retiro del automotor, el tránsito en la zona vuelva a la normalidad y se reduzca el riesgo de nuevos incidentes.

Este accidente evidencia la necesidad de tener cautela en las carreteras y resalta el papel fundamental de los organismos encargados del tránsito para prevenir y atender emergencias, garantizando la seguridad de quienes hacen uso de los corredores viales de la región.

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¿Cómo está la movilidad en la vía al Cañón del Combeima tras el accidente?

Según lo reportado por El Nuevo Día, actualmente la movilidad en la vía al Cañón del Combeima se encuentra restringida a un solo carril, lo que ha generado demoras y exige a los conductores transitar con precaución. Las autoridades esperan restablecer la circulación normal tan pronto como se logre el retiro del vehículo volcado.

¿Por qué se verifican las condiciones del conductor después de un accidente de tránsito?

Como explica El Nuevo Día, la verificación de las condiciones del conductor tras un accidente es un proceso estándar realizado por las autoridades para establecer posibles causas del siniestro, como la presencia de alcohol o factores que puedan comprometer la seguridad en la vía. Este procedimiento ayuda a esclarecer responsabilidades y prevenir situaciones similares en el futuro.

Una vez que los secuestradores lograron retener a la persona, se pusieron en contacto con la familia mediante mensajes de WhatsApp. En esas comunicaciones, emplearon métodos de intimidación para exigir el pago de una considerable suma de dinero que, de acuerdo con sus amenazas, garantizaría la seguridad y liberación del ciudadano. La presión sobre la familia creció rápidamente, acentuando el sentimiento de angustia mientras aguardaban alguna respuesta sobre el bienestar de su ser querido.

Pese a la presión ejercida sobre los familiares, la extorsión económica no logró concretarse. Cuando la situación salió a la luz, tropas del Gaula Militar de la Décima Brigada Blindada desplegaron una operación en la zona señalada. Estas acciones incluyeron el acordonamiento del área alrededor del cementerio, lo que generó una presión significativa sobre los captores. Según El Pilón, los criminales, al verse acorralados por el despliegue de las autoridades, decidieron desistir de sus intenciones y abandonaron a la víctima en el sector, lo que permitió a los uniformados ubicarla y ponerla a salvo.

Después de la liberación, el ciudadano fue acompañado de inmediato por efectivos militares hasta su residencia. El reencuentro con sus allegados estuvo lleno de emoción y alivio tras vivir varias horas de incertidumbre. Mientras tanto, las autoridades anunciaron el inicio de investigaciones orientadas a identificar, localizar y capturar a los responsables del secuestro, así como a determinar la relación directa de estos individuos con la organización criminal referida.

La institución militar recalcó la importancia de que la comunidad denuncie cualquier llamada sospechosa o exigencia económica a través de la línea gratuita 147, buscando evitar que más ciudadanos sean víctimas de la modalidad conocida como el ‘falso servicio’.

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¿Qué se sabe de la relación entre los secuestradores y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)?

Las autoridades se encuentran adelantando investigaciones para esclarecer la verdadera vinculación de los secuestradores con la estructura criminal conocida como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Hasta el momento, solo se sabe que los responsables se identificaron como supuestos miembros de dicha organización, pero no se ha confirmado con certeza su pertenencia a ese grupo.

¿Cómo funciona la modalidad de secuestro conocida como ‘falso servicio’ en Valledupar?

La modalidad de ‘falso servicio’ consiste en contactar a una posible víctima a través de una llamada telefónica con el pretexto de ofrecerle un trabajo o solicitar sus servicios. Al acudir al lugar indicado, la persona es interceptada y privada de la libertad, mientras los delincuentes exigen dinero a cambio de su liberación, una modalidad que se ha venido evidenciando en la región según información citada por El Pilón.

Según datos proporcionados en el informe, hasta el momento en que se publicó la información el paso vehicular por el puente seguía restringido. Los habitantes de la zona se han visto obligados a improvisar soluciones temporales, como el uso de una placa metálica, que únicamente permite el paso de motocicletas, evidenciando la afectación significativa para el transporte y la economía local.

En este contexto, pocas horas antes del atentado, tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional reportaron la recuperación de un vehículo cisterna que, al parecer, había sido hurtado por integrantes de este mismo grupo armado. El vehículo transportaba más de 11.000 galones de combustible, que de acuerdo con la institución militar, podrían estar vinculados al sostenimiento de economías ilegales, especialmente las relacionadas con los cultivos de coca. Soldados del Grupo de Caballería Liviano 8, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ejecutaron operaciones de verificación en el sector con el objetivo de descartar nuevas amenazas contra la población y la infraestructura.

En respuesta a estos hechos, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, expresó su rechazo categórico al ataque, calificándolo como “un acto cobarde e indignante que busca aterrorizar a las comunidades”, y añadió que “es inaceptable el desprecio de estos criminales por la población civil”. La cartera de Defensa aseguró que desplegarán todas las capacidades institucionales para prevenir hechos similares, restaurar la movilidad y garantizar la protección de los habitantes de Cauca. Asimismo, se comprometieron a buscar a los responsables del atentado hasta que respondan ante la justicia.

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¿Quién es alias ‘Iván Mordisco’ y cuál es su papel en las disidencias de las Farc?

Alias ‘Iván Mordisco’ es mencionado como el cabecilla de la estructura Jaime Martínez, una facción de las disidencias de las Farc que, según información oficial, estaría detrás del reciente atentado en el puente La Teta. Su papel es clave en la dirección de acciones armadas que afectan a la población civil en el norte del Cauca.

¿Cómo afecta la restricción del puente La Teta a las comunidades en Santander de Quilichao?

La restricción del paso sobre el puente La Teta obliga a los habitantes a usar soluciones improvisadas para la movilidad, como una placa metálica que solo permite el tránsito de motocicletas, lo que limita el transporte de personas y bienes, genera dificultades económicas y altera la vida diaria de más de 200 familias en la región.

Girley Ordóñez Bowie asumió las riendas del departamento con tan solo 35 años de edad tras imponerse en las elecciones atípicas de julio de 2026 con el 64,04 por ciento de los votos (10.874 sufragios), avalada por una coalición del Partido Liberal y el Pacto Histórico tras la salida de Nicolás Gallardo. Nacida en la comunidad raizal, es profesional en Negocios Internacionales y posee una maestría en Gobierno y Gestión Pública. Su experiencia laboral incluye pasos técnicos por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina) y labores como instructora de emprendimiento rural. Sin embargo, su rostro se hizo familiar para los isleños desde la pantalla del canal regional Teleislas, donde laboró como presentadora comunitaria, plataforma que le abrió el camino hacia la Asamblea Departamental y, finalmente, al Palacio de los Corales.

Por su parte, la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz cuenta con una dilatada y consolidada carrera institucional en las islas. Nacida el 4 de agosto de 1960, esta comunicadora social y periodista es egresada de la Universidad Autónoma del Caribe y ostenta un robusto perfil académico que incluye especializaciones en Gestión Pública (ESAP), Administración Financiera (EAN) y Gestión Ambiental, además de una maestría en Medioambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia (sede Caribe).

La hoja de vida de Jay-Pang abarca cargos clave como jefa de prensa de la Gobernación, secretaria de Turismo en 1995, directora de la Red de Solidaridad Social y directora ejecutiva de Fenalco en el archipiélago. Asimismo, lideró la dirección regional del SENA en San Andrés durante 14 años consecutivos (2000-2014). Militante activa del Partido Liberal, la congresista encadena actualmente su tercer periodo sucesivo en la Cámara de Representantes (2018-2022 y 2026-2030), ratificándose como una de las maquinarias electorales más estables de la región insular.

Ambas dirigentes enfrentan ahora el escrutinio de los organismos de control tras los señalamientos del Ejecutivo sobre la gestión de recursos públicos y ambientales. No obstante, sus perfiles sintetizan el liderazgo femenino del archipiélago, combinando la renovación generacional de Ordóñez en la administración departamental con la vasta experiencia legislativa y gremial de Jay-Pang.

La información preliminar no establece aún las razones del enfrentamiento que terminó con este homicidio. Algunas versiones hablan de cerca de diez heridas en el cuerpo de la víctima, aunque ese dato no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades. Lo que sí informaron de manera formal fue la captura, en situación de flagrancia, de un hombre de 36 años, señalado como presunto autor del ataque.

El reporte policial compartido especifica que la persona capturada cuenta con tres anotaciones judiciales previas como indiciado por lesiones personales. Es importante precisar que tener anotaciones judiciales significa estar vinculado a investigaciones, pero no equivale a condenas ni a responsabilidades judiciales de carácter definitivo dentro de este proceso. En este punto, la investigación sigue abierta y pendiente de resultados que permitan esclarecer las circunstancias y motivaciones del crimen.

Asimismo, se conoció de manera extraoficial sobre los alias de ‘Vaca’ y ‘Perra’, presuntamente relacionados con el conflicto que terminó en tragedia; sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de su participación. Las autoridades deberán determinar cuál fue el origen exacto de la confrontación, quiénes intervinieron realmente y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

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¿Quién fue Luis Antonio Buitrago Nieto y en qué circunstancias perdió la vida?

Luis Antonio Buitrago Nieto era un hombre de 35 años que falleció tras ser atacado con arma cortopunzante en el parqueadero de Multifamiliares El Tejar, en el sur de Ibagué. El hecho ocurrió en horas de la madrugada y, pese a los esfuerzos médicos tras su traslado a la Unidad de Salud de Ibagué, sede Ricaurte, las graves lesiones le causaron la muerte. Las causas del enfrentamiento que llevó a este homicidio todavía no han sido esclarecidas oficialmente.

¿Qué significa tener anotaciones judiciales como indiciado y esto implica que una persona es culpable?

Tener anotaciones judiciales como indiciado significa que una persona ha estado vinculada a investigaciones previas por hechos posiblemente delictivos, en este caso, lesiones personales. Sin embargo, estas anotaciones no representan una condena judicial ni establecen culpabilidad; simplemente indican que la persona ha sido objeto de procesos investigativos, y se requiere que la justicia determine su responsabilidad o inocencia.

De acuerdo con el testimonio registrado, el mandatario afirmó ante las funcionarias: "Quiero que sepan que estoy enterado de todo lo que está pasando en la isla y no lo voy a seguir tolerando". Insistió en que conocía detalles sobre presuntas actividades del esposo de Jay-Pang y asuntos relacionados con Coralina, una entidad local. También sostuvo que la destinación de recursos por parte del gobierno estaría protegida para evitar cualquier mal uso. Comunicó que su administración no permitirá prácticas que, según él, han sido habituales con otros gobiernos.

Según el relato, de la Espriella acusó a Ordóñez y Jay-Pang de haber incitado manifestaciones contra la intervención del Hospital Departamental de San Andrés, disposición tomada por la Superintendencia de Salud. En respuesta, las señaladas rechazaron cualquier acusación sobre manejo irregular de recursos o sobre el supuesto envío de personas para protestar. En el caso de Jay-Pang, ella solicitó que se investigaran los señalamientos y expresó confianza en no ser hallada responsable de las acusaciones planteadas.

El presidente ha sostenido una postura de crítica frente a otros mandatarios regionales. En ocasiones anteriores, de acuerdo con El Espectador, llamó la atención al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, advirtiendo que ningún gobernador o alcalde puede adelantar negociaciones, acuerdos o contactos no autorizados con grupos armados. Asimismo, hizo señalamientos similares contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, quien enfrenta investigaciones en la Corte Suprema de Justicia por posibles vínculos con grupos paramilitares. Ambos funcionarios negaron rotundamente las acusaciones, incluso Acuña argumentó que el presidente intentaba perfilarlo negativamente.

Actualmente, de la Espriella continúa sus recorridos en varias regiones de Colombia, dentro del proceso impulsado para estructurar el Plan Nacional de Desarrollo.

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¿Qué dijo el presidente Abelardo de la Espriella sobre la gobernadora de San Andrés y la representante Jay-Pang?

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó públicamente que tenía conocimiento de supuestas actividades irregulares en la isla de San Andrés, señalando específicamente a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y a la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz. Según relató El Espectador, las acusó de estar implicadas en manejos indebidos de recursos, de tener nexos a través del esposo de Jay-Pang en la contratación de la Gobernación y de incitar protestas contra la intervención estatal en el hospital local. Ambas funcionarias negaron todas las acusaciones y solicitaron que se realizaran las investigaciones correspondientes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades locales ante los señalamientos del presidente?

Tanto la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie como la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz rechazaron los señalamientos hechos por Abelardo de la Espriella. En el diálogo, defendieron su gestión y negaron cualquier tipo de relación con irregularidades en el manejo de recursos o con la supuesta organización de protestas en contra de la Superintendencia de Salud. Jay-Pang, de hecho, pidió que se adelantaran investigaciones para esclarecer los hechos y sostuvo que no encontrarían pruebas en su contra.

Según lo informado, la intervención presidencial estuvo marcada por una serie de reclamos hacia las funcionarias por el manejo que han dado a la crisis hospitalaria. El hospital atraviesa serias dificultades financieras, reporta escasez de insumos y observa demoras en los pagos al personal médico, lo que ha motivado protestas ciudadanas. De acuerdo con lo documentado, las funcionarias explicaron que solicitaron acompañamiento del Ministerio de Salud para afrontar la situación. Sin embargo, el presidente mantuvo una postura crítica frente a la administración local e hizo énfasis en la necesidad de un control riguroso sobre el destino de los fondos asignados a la región.

En un momento que elevó el tono de la reunión, De La Espriella señaló expresamente a Elizabeth Jay-Pang Díaz por supuestos negocios irregulares de su esposo y mencionó sus conocimientos sobre Coralina. De manera clara, el mandatario declaró: "Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir". Es importante subrayar, como lo indica la información reportada, que estos señalamientos fueron realizados por el presidente y, según lo documentado, no constituyen una prueba de responsabilidad penal o administrativa.

El presidente aseguró además que los recursos públicos que llegan al archipiélago estarán sometidos a estricta vigilancia institucional y que no permitirá que se presenten irregularidades. De acuerdo con sus palabras, "no confundan la cortesía institucional con la complicidad, porque no es mi caso". Finalmente, anunció su intención de revisar a fondo las finanzas departamentales para esclarecer el uso y destino de los fondos estatales asignados a San Andrés. Tanto la gobernadora como la representante reiteraron su interés en buscar acompañamiento institucional y defendieron la intervención estatal del centro asistencial.

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¿Qué problemas enfrenta el hospital departamental de San Andrés?

El hospital departamental de San Andrés enfrenta dificultades financieras, escasez de insumos y retrasos en los pagos al personal médico. Estas problemáticas han motivado protestas ciudadanas, según lo resaltado en el encuentro entre el presidente Abelardo De La Espriella y las autoridades del archipiélago.

¿Qué es Coralina y por qué fue mencionada en el enfrentamiento?

Coralina es la entidad regional encargada de los temas ambientales en San Andrés. Fue mencionada durante el cruce de palabras porque el presidente De La Espriella afirmó tener conocimiento sobre situaciones irregulares relacionadas con esta entidad, aunque las declaraciones constituyen solo señalamientos y no pruebas, de acuerdo con la información disponible.

“Voy a presentar a la Fiscalía todo lo que requiera, incluyendo la evidencia pertinente”, advirtió Reyes a su salida de las instalaciones judiciales, encendiendo nuevamente el ventilador sobre supuestas prácticas de clientelismo e injerencia burocrática. La ampliación de esta declaración cayó en el entorno político, desatando una inmediata y airada reacción por parte de Adelina Covo a través de sus canales digitales.

La dirigente política arremetió con dureza contra el exfuncionario, a quien descalificó públicamente y tildó de “paracaidista” sin méritos que ha ocupado altas dignidades del Estado. “No sé qué busca el tal señor Taxman conmigo (nombre robado a George Harrison). Por lo pronto le respondo que no tengo nada que ver con el tal Benedetti, que, por cierto, tiene a mi familia completamente fracturada”, escribió Covo en su cuenta oficial de X, reconociendo un distanciamiento profundo con el exembajador a raíz de su relación con su hija, Adelina Covo Guerrero.

El núcleo de la controversia se remonta a los señalamientos formulados por Reyes, quien reveló que en el pasado recibió a Covo en su despacho acompañada por Nicolás Petro, hijo del expresidente Gustavo Petro. Según el testimonio del exdirector de la Dian, en dicho encuentro le fue entregado un sobre de manila con hojas de vida destinadas a cooptar las gerencias aduaneras en la costa Caribe. “La señora Adelina Covo estaba en sus cinco sentidos cuando con Nicolás Petro me pidió las aduanas de Barranquilla y Cartagena para los recomendados de Armando Benedetti”, aseveró Reyes en su momento, destacando que sus directrices chocaban frontalmente con estas pretensiones.

Por su parte, Covo ha negado categóricamente haber intercedido por puestos públicos y devolvió los ataques calificando a Reyes de “payaso” por la gestión desempeñada en el gabinete. Mientras la Fiscalía avanza en la recolección de entrevistas y documentos para determinar si existió tráfico de influencias, el choque político entre el exjefe tributario y la influyente familia cartagenera promete nuevos capítulos en los estrados judiciales.

El trágico accidente involucró a una motocicleta conducida por Tapia y otro vehículo, contra el cual se produjo una colisión violenta. El impacto fue tan severo que los dos ocupantes de la moto quedaron tendidos sobre la vía. Testigos que transitaban por la zona acudieron rápidamente para prestar auxilio y solicitaron una ambulancia, lo que permitió trasladar a ambos heridos con vida a un centro asistencial. Lamentablemente, el estado de Tapia era crítico y, a pesar de los esfuerzos médicos, no pudo sobrevivir.

El otro motociclista implicado en el hecho fue identificado como Fabián Rivera. Según la información proporcionada, Rivera permanece bajo estricta observación médica en Valledupar luego de haber sido sometido a una cirugía por las graves fracturas que sufrió en distintas partes de su cuerpo. El pronóstico para Rivera sigue siendo reservado debido a la magnitud de sus lesiones.

La muerte de Tapia ha generado profundo dolor entre los habitantes del sector rural, pues tanto él como Rivera eran conocidos por su trabajo en predios agrícolas y por ser padres de familia. Los hijos de ambos asisten a la Escuela Rural Mixta de Los Corazones, donde la noticia ha causado gran pesar. EL PILÓN destacó que Rigoberto Tapia deja tres hijos inconsolables tras su fallecimiento.

Mientras tanto, las autoridades de tránsito del municipio continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer la dinámica del accidente y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados. Estos procedimientos buscan brindar claridad y justicia a las familias afectadas por este lamentable hecho.

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¿Qué detalles se conocen sobre el accidente fatal en la vía Río Seco–Valledupar?

El accidente se presentó la mañana del jueves en la entrada del corregimiento de Los Corazones. La motocicleta donde se movilizaba Rigoberto Tapia colisionó con otro vehículo, dejando a los dos ocupantes de la moto gravemente heridos. Ambos fueron trasladados de urgencia, pero Tapia falleció horas después. La otra víctima, Fabián Rivera, sigue hospitalizada y bajo observación médica, de acuerdo con información de EL PILÓN.

¿Qué investigaciones adelantan las autoridades de tránsito tras el accidente en Valledupar?

Las autoridades de tránsito del municipio se encuentran recopilando información y reconstruyendo el accidente para establecer exactamente cómo sucedieron los hechos. Su trabajo incluye determinar el grado de responsabilidad de cada conductor implicado en el siniestro, según informó EL PILÓN.

Las sesiones de este taller, que se llevarán a cabo el martes 20, el jueves 22 y el sábado 24 de octubre de 2026, están diseñadas para que los asistentes profundicen en la escucha y percepción corporal. De acuerdo con los organizadores, el propósito es explorar lo que ocurre en el cuerpo durante el descanso y cómo esos estados pueden derivar en formas originales de expresión. La propuesta metodológica se configura desde un enfoque fenomenológico y somático, lo que implica abordar el cuerpo y sus sensaciones sin buscar necesariamente una interpretación de los sueños, sino más bien, identificar las huellas que los mismos dejan en la corporalidad y en la manera de moverse.

Las actividades estarán lideradas por Julián Marroquín, reconocido bailarín de danza contemporánea y maestro en educación somática. Su experiencia integra la práctica dancística, la pedagogía corporal y el estudio de los vínculos entre cuerpo, memoria y sensibilidad. Bajo su guía, los talleres proponen una apertura a la sensibilidad, permitiendo que los participantes conecten con sus propios procesos internos y descubran movimientos inspirados en la pausa y el sueño.

Las tres jornadas están programadas en la Casona de la Danza de Bogotá, ubicada en la carrera Primera #17-01. Los horarios son martes 20 y jueves 22 de octubre a las 4:00 p. m., y sábado 24 de octubre a las 2:00 p. m. Como requisito principal, se solicita a cada participante llevar una almohada o cojín cilíndrico —o en su defecto, uno mediano o pequeño— para acompañar los ejercicios de exploración corporal.

La propuesta es ideal para quienes se interesan en la danza contemporánea, la conexión entre cuerpo y creatividad, y las posibilidades de expresión que se abren incluso en los momentos de descanso. Así, el taller se presenta como una oportunidad para escuchar el cuerpo y descubrir nuevas visiones de movimiento, todo bajo el acompañamiento de expertos en el área.

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¿Qué es la exploración somática y cómo se aplica en la danza contemporánea?

La exploración somática es un enfoque que promueve la conciencia corporal a través de la percepción interna de movimientos y sensaciones, sin centrarse en la apariencia externa. En la danza contemporánea, se utiliza para conectar al bailarín con sus propias experiencias y memoria corporal, permitiendo que el movimiento surja desde el sentir interno más que desde patrones preestablecidos. Según lo compartido en el comunicado de Idartes y la Casona de la Danza de Bogotá, este taller usa ese método para que los participantes exploren la relación entre descanso, sueño y creatividad a través del cuerpo.

¿Cómo puede el descanso convertirse en una experiencia creativa según la propuesta de Idartes?

De acuerdo con la información expuesta por Idartes y la Casona de la Danza de Bogotá, el descanso es visto como una fuente de creatividad y sensibilidad. Lejos de su tradicional interpretación como simple pausa, el taller plantea que tanto el sueño como el reposo pueden dejar huellas en el cuerpo, generando movimientos y posibilidades expresivas únicas. Así, el descanso se resignifica como una experiencia activa, capaz de inspirar y transformar la manera en la que nos comunicamos corporalmente.

De acuerdo con las autoridades, el caso generó preocupación en la comunidad, ya que el hecho se produjo en pleno centro de la capital tolimense, una zona acostumbrada a recibir considerable afluencia de personas a distintas horas del día y la noche. Las primeras reacciones se centraron en esclarecer los hechos previos al ataque y entender el contexto en el que ocurrió esta agresión, mientras crecía la expectativa por identificar a los responsables.

En el avance de las investigaciones, la policía informó la captura de Yurisned Oyola, de 39 años, oriunda del municipio de Rovira, Tolima, señalada como presunta autora del ataque. Según las versiones oficiales, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades para enfrentar el proceso judicial respectivo y responder por su posible participación en los hechos que rodearon la muerte de Ever Feged Martínez. Sin embargo, no se han publicado detalles concretos sobre las causas que originaron la agresión, ni el vínculo, si alguno, entre la capturada y la víctima.

Por ahora, la incertidumbre sobre el motivo detrás de este violento homicidio persiste. Las autoridades continúan con las pesquisas para desentrañar lo ocurrido y determinar las responsabilidades, al tiempo que familiares y ciudadanos aguardan por respuestas claras de las instancias judiciales encargadas del caso.

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¿Qué se sabe de la mujer capturada tras el homicidio en Ibagué?

La persona capturada por el homicidio es Yurisned Oyola, una mujer de 39 años, nacida en el municipio de Rovira, Tolima. De acuerdo con la información proporcionada, ella deberá comparecer ante las autoridades mientras avanza el proceso judicial para esclarecer su presunta responsabilidad en el caso. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre su relación con la víctima ni los motivos que mediaron la agresión.

¿Dónde y cómo ocurrió el asesinato de Ever Feged Martínez en Ibagué?

El asesinato de Ever Feged Martínez tuvo lugar en las inmediaciones de la carrera Primera con calle 15, en el centro de Ibagué. Según los datos oficiales, Martínez fue herido con un arma cortopunzante y la lesión afectó el corazón, lo que requirió su traslado inmediato al hospital Federico Lleras Acosta en el barrio La Francia. Pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de la herida.

El encuentro ocurrió en la sede de la Base Naval de San Andrés, después del saludo protocolario del presidente a integrantes de la Armada Nacional. Allí, De La Espriella cuestionó a las funcionarias por las protestas y bloqueos relacionados con la intervención del hospital, entidad que atraviesa una crisis por falta de recursos, insumos y retrasos en los pagos al personal médico.

Tenso momento entre Abelardo De La Espriella, la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez, y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz: “Estoy enterado de los negocios de su marido y no lo voy a permitir”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/H8pi1wdX7t

— Revista Semana (@RevistaSemana) October 18, 2026

En medio del reclamo, el presidente hizo señalamientos sobre presuntas irregularidades en la contratación y mencionó directamente al esposo de la representante. “Ayer me dijeron que estaban tranquilas con la intervención del hospital y se fueron allá a atravesarse. (…) Quiero que sepan que estoy enterado de lo que está pasando en la isla y no lo voy a seguir tolerando. Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir”, afirmó.

Las declaraciones provocaron un intercambio en el que la gobernadora y la representante intentaron explicar su posición frente a la intervención del centro asistencial. Ambas señalaron que habían solicitado acompañamiento del Ministerio de Salud para atender la crisis, pero el presidente mantuvo su postura y aseguró que los recursos enviados al archipiélago tendrán vigilancia institucional.

“Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar. Pero no crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otros gobiernos, doctora. No, no, no. Tengo toda la información y tengo todo claro. No confundan la cortesía institucional con la complicidad, porque no es mi caso”, sentenció De La Espriella. 

El cruce también estuvo marcado por la defensa que hizo De La Espriella de la intervención del hospital. El mandatario sostuvo que la medida busca enfrentar problemas que, según sus declaraciones, se habrían extendido durante varios años en la administración de la entidad. 

“Este Gobierno no tolera la corrupción, venga de donde venga. Y la voy a combatir con todas las armas de la democracia. Yo no soy un presidente como los demás. Yo enfrento la corrupción, que es un cáncer de Colombia. (…) Mandamos a intervenir el hospital porque llevan años robándose el hospital y ustedes mandaron a su gente a atravesarse. Les voy a pedir que no se atraviesen a eso porque yo lo voy a hacer, quieran ustedes o no”, advirtió. 

Finalmente, el presidente anunció que las autoridades revisarán las finanzas del departamento y sostuvo que su administración buscará determinar qué ha ocurrido con los recursos destinados al archipiélago.

De acuerdo con el relato, al encuentro asistieron delegados del Gobierno, incluidos el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez. Torres sostiene que estas figuras oficiales habrían presionado a los desmovilizados Saúl Severini, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, conocido como ‘Martín Llanos’, para que declararan en contra de tres figuras: el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el entonces presidente Abelardo de la Espriella y el fallecido Germán Vargas Lleras. La propuesta consistía en ofrecer beneficios judiciales en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la promesa de libertad a cambio de estos testimonios, los cuales incluso iban a ser transmitidos en vivo por RTVC, el canal público.

No obstante, la denuncia describe que este intento no prosperó debido a la resistencia de un bloque mayoritario de exparamilitares encabezado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y Fredy Rendón, llamado ‘El Alemán’, quienes se negaron a respaldar la estrategia política. El fracaso del plan contrasta con la versión oficial que el Gobierno presentó al finalizar la cumbre. De acuerdo con un reporte de EL PILÓN, durante la clausura el ambiente estuvo marcado por riguroso hermetismo, hasta que el 24 de octubre Benedetti y Rodríguez afirmaron públicamente que el único objetivo de la mesa técnica era “terminar el ciclo del acuerdo de Ralito”, así como avanzar en los procesos de verdad, reparación y búsqueda de personas desaparecidas.

Las cámaras documentaron además el momento en el que los gestores de paz firmaron compromisos oficiales y ‘Jorge 40’ pidió perdón a las víctimas, un acto que, según la reciente denuncia, se dio después de que él rechazara participar en el plan electoral. Tras la frustración de los supuestos señalamientos políticos, la mesa de diálogo con los exparamilitares no volvió a ser convocada por el gobierno, marcando un abrupto cierre a las conversaciones.

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¿Qué sucedió realmente en la cumbre de exparamilitares en Valledupar según las denuncias de Melquisedec Torres?

La denuncia presentada por Melquisedec Torres sostiene que la cumbre fue el escenario de un intento de manipulación política por parte de altos funcionarios del gobierno, quienes habrían buscado presionar a exparamilitares para que declararan en contra de líderes opositores, a cambio de beneficios judiciales. Sin embargo, la estrategia habría fracasado debido a la negativa de figuras clave como ‘Jorge 40’ y ‘El Alemán’, pese a que públicamente el gobierno afirmó que el encuentro tenía fines exclusivamente relacionados con la paz y la búsqueda de la verdad.

¿Qué beneficios se ofrecieron a los exparamilitares en la cumbre de Valledupar?

De acuerdo con la investigación citada, los beneficios ofrecidos a algunos exparamilitares incluían ventajas en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la posibilidad de recobrar la libertad, siempre que accedieran a declarar en contra de figuras políticas de la oposición. Este punto fue negado oficialmente por el gobierno, que aseguró que los acuerdos buscaban únicamente avanzar en temas de justicia, reparación y verdad para las víctimas del conflicto.

De acuerdo con la resolución publicada, se establece una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en la vía regulada. Esta restricción busca evitar incidentes y minimizar el impacto ambiental que podría producir la circulación acelerada, por lo que los conductores deberán tomar medidas adicionales de precaución en sus desplazamientos. Además, se prohíbe el paso de vehículos con capacidad superior a 3,4 toneladas, así como de aquellos que transporten a más de 19 pasajeros. Esta decisión responde directamente a la necesidad de reducir los riesgos viales y de proteger la fragilidad del ecosistema circundante, especialmente en una zona reconocida por su importancia ambiental.

La razón principal de esta unificación radica en el cumplimiento de los mandatos judiciales establecidos en la Sentencia STL10716-2020, vinculados a la protección del Parque Nacional Natural Los Nevados. Con la nueva resolución, la regulación de movilidad se articula en los dos departamentos, extendiéndose formalmente al tramo correspondiente a Caldas, además del sector que tradicionalmente cubría el Tolima. Esto permite que las disposiciones tengan un alcance integral y no fragmentado entre ambas jurisdicciones.

El secretario de Tránsito y Transporte del Tolima, Mario Alberto Tovar Lucuara, resaltó que el cambio clave está en la inclusión formal del tramo de Caldas dentro de la normativa. Las autoridades, citadas por la Gobernación del Tolima, piden a residentes y turistas acatar las nuevas reglas, participar activamente en la conservación ambiental y velar por la seguridad vial al circular en la zona. Asimismo, recomiendan consultar los canales oficiales de tránsito para verificar la rotación de placas vigente, las fechas concretas y las condiciones precisas para usar el corredor.

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¿Cuáles son las restricciones actuales para vehículos en la vía Murillo-Manizales?

Las restricciones actuales incluyen la rotación de placas, una velocidad máxima permitida de 30 kilómetros por hora, la prohibición de circulación para vehículos que superen las 3,4 toneladas de peso y la restricción para aquellos que transporten más de 19 pasajeros, según información de la Gobernación del Tolima y la Resolución 20263040042595.

¿Por qué se implementó un pico y placa ambiental en el Parque Nacional Natural Los Nevados?

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la implementación del pico y placa ambiental responde a mandatos judiciales para proteger el ecosistema frágil del Parque Nacional Natural Los Nevados, siguiendo los lineamientos de la Sentencia STL10716-2020 y coordinando las restricciones en ambos departamentos involucrados.

Este espacio académico y de creación se concibe como una oportunidad para quienes desean ahondar en las técnicas del ballet y convertirlas en herramientas para narrar historias o transmitir emociones. Además, se abre la posibilidad de que los asistentes participen en ejercicios de creación colectiva, enfocándose no solo en el desarrollo técnico sino también en el valor expresivo del cuerpo y la interacción entre los participantes.

La dirección del taller estará a cargo de Nathaly Montaño, reconocida como maestra en Danza y Dirección Coreográfica y egresada con distinción meritoria de la Corporación Universitaria CENDA. Con una trayectoria profesional de más de diez años que abarca labores como bailarina, coreógrafa, docente universitaria e investigadora en el campo del movimiento, Montaño introduce un enfoque integral en el proceso de formación.

La estructura del taller comprende tres fases principales: la primera dedicada al fortalecimiento de la técnica de ballet; la segunda, orientada a explorar referentes clásicos del repertorio; y finalmente, un ejercicio creativo en el que cada participante podrá aportar ideas para construir conjuntamente una propuesta artística original. En palabras de los organizadores, el énfasis se sitúa en el uso de la pantomima, la calidad del movimiento y el reconocimiento mutuo, entendiendo el ballet como un lenguaje de conexión entre quienes comparten el escenario.

De esta forma, ‘Creando mundos desde el Ballet’ ofrece a los artistas la posibilidad de profundizar en esta disciplina, compartir su experiencia y abrirse a nuevas posibilidades en compañía de otros. Es una invitación a quienes tengan experiencia a sumarse y descubrir cómo la técnica y la imaginación pueden unirse en creaciones colectivas y originales. Este evento cuenta con el respaldo de Idartes y la Casona de la Danza de Bogotá, tal como lo destacan las fuentes principales.

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¿Cuándo y dónde es el taller ‘Creando mundos desde el Ballet’ en Bogotá?

El taller ‘Creando mundos desde el Ballet’ se desarrollará el martes 20, miércoles 21 y sábado 24 de octubre de 2026 en la sede de la Casona de la Danza de Bogotá, ubicada en la carrera Primera #17-01, según información de Idartes y la programación oficial del evento.

¿Qué significa pantomima en el ballet y cómo se emplea en este taller?

La pantomima en el ballet es una técnica que utiliza gestos codificados y expresivos para narrar historias o transmitir emociones sin necesidad de palabras. En este taller, la pantomima se empleará como parte fundamental del proceso creativo, permitiendo a los participantes explorar nuevas formas de expresión y profundizar en la comunicación escénica colectiva.

En su relato, Sarmiento explicó que conoció al hombre hace un par de meses y destacó su amabilidad, su carisma y su fe. Sin embargo, aseguró que la situación de calle y los problemas de salud que presenta han complicado sus condiciones de vida. Por eso, pidió que la historia llegue a personas que puedan ayudarlo a encontrar un techo y recibir la atención que necesita.

El testimonio de don Gilbert también permitió conocer las circunstancias que lo llevaron a dormir a la intemperie. El adulto mayor, quien se identificó como Iser Mantilla y aseguró haber nacido el 5 de abril de 1943, contó que no consigue empleo y que sus ingresos son insuficientes para pagar un arriendo.

 

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Según relató, recibe una ayuda económica de 150.000 pesos destinada a adultos mayores y depende, además, de la colaboración de otras personas y de trabajos ocasionales para conseguir el sustento diario. Entre esas actividades, mencionó la recolección y venta de chatarra.

Don Gilbert explicó que anteriormente pagaba por un pequeño espacio donde guardaba sus pertenencias y su ropa, pero tuvo que entregarlo porque ya no podía sostener ese gasto. Desde entonces, pasa las noches en diferentes lugares de la ciudad, buscando refugio de las condiciones climáticas.

En uno de los episodios que recordó, contó que estaba acostado bajo el alero de un establecimiento cuando comenzó a llover durante la madrugada. La situación lo obligó a recoger sus cosas y salir a buscar otro sitio para resguardarse.

Pese a las dificultades, sus palabras estuvieron marcadas por un mensaje dirigido a sus seres queridos. El hombre expresó que sigue amando a sus hijos, hermanos y nietas, y que desea que todos estén bien, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde su último contacto.

“Yo los sigo amando siempre”, manifestó al hablar de sus hijos. También les envió bendiciones a sus nietas y a sus hermanos, a quienes recordó con cariño.

La petición de Sarmiento busca que la historia llegue a los familiares de don Gilbert o a personas que conozcan alternativas para brindarle apoyo. Su objetivo es que el adulto mayor pueda acceder a un lugar donde descansar con tranquilidad y afrontar esta etapa de su vida en condiciones más dignas.

Quienes conozcan a don Gilbert o puedan aportar información para ubicar a sus familiares pueden prestar atención al llamado difundido por Sarmiento y ayudar a que llegue a las personas indicadas.

Todo inició el 28 de diciembre de 2005, cuando la Gobernación de Arauca firmó un contrato por COP 740 millones con el Fondo Mixto de Cultura de Arauca, destinado a instaurar una cátedra regional en las instituciones educativas del departamento. Más adelante, el gobernador Acosta Bernal firmó otro contrato con Onésimo Javier Díaz Macualo por COP 59.232.000 para ejercer la interventoría del proyecto, es decir, la vigilancia sobre la ejecución del acuerdo. Sin embargo, según el contrato inicial, esa función le correspondía al secretario de Educación o su delegado. La controversia giró en torno a la ausencia de un estudio previo que justificara la contratación de un externo para esta tarea, una omisión descubierta por un informe del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en junio de 2007 y posteriormente confirmada en una inspección a los archivos de la Gobernación.

Durante el proceso judicial, la defensa argumentó que la justificación estaba documentada dentro del programa educativo, pero la Corte Suprema enfatizó que cada contrato requería su propia motivación específica. Incluso la presentación tardía de una supuesta fotografía del estudio justificativo no logró convencer al alto tribunal por dudas sobre su autenticidad. En consecuencia, la Sala Especial de Primera Instancia había condenado a Acosta Bernal a más de seis años de cárcel y a 83 meses de inhabilitación para cargos públicos. No obstante, en la revisión en segunda instancia, la Corte consideró que si bien hubo negligencia al no hacer una verificación exhaustiva de los documentos, esto no constituía suficiente prueba para demostrar que el exgobernador conocía la irregularidad y, aun así, decidió proceder. La sentencia dejó claro que omitir la revisión no equivale necesariamente a actuar con dolo, es decir, con la intención de infringir la ley.

El alto tribunal advirtió que, aunque el contrato siguió siendo irregular, no se probó que Acosta Bernal actuó con el conocimiento y voluntad requeridos para atribuirle responsabilidad penal. Así, ordenó su libertad en este proceso y la cancelación de registros en su contra, reiterando que los funcionarios deben ejercer control y vigilancia rigurosos, pero solo pueden ser condenados por dolo probado.

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¿Por qué la Corte Suprema absolvió al exgobernador de Arauca en el caso de la interventoría del proyecto educativo?

La Corte Suprema absolvió a Julio Enrique Acosta Bernal porque, según los magistrados, no había pruebas suficientes de que el exgobernador conociera la irregularidad específica en la contratación de la interventoría. Aunque el contrato carecía de la justificación formal requerida, la Corte consideró que una verificación insuficiente podría deberse a negligencia o desatención, pero no necesariamente a una intención de infringir la ley. Por eso, no se pudo probar su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable.

¿Qué implica el fallo de la Corte Suprema sobre los requisitos para condenar a un funcionario por contratos irregulares?

El fallo de la Corte Suprema implica que, para condenar penalmente a un funcionario por celebrar contratos sin cumplimiento de requisitos legales, la Fiscalía debe demostrar que el funcionario conocía la irregularidad y decidió continuar con el proceso a pesar de ello. Es decir, se requiere la comprobación de dolo, no solo la existencia de errores, omisiones o una revisión superficial de documentos. Esta distinción define hasta dónde llega la responsabilidad penal de los gobernantes que firman contratos revisados previamente por sus asesores y funcionarios.

De acuerdo con el reporte, se cuestiona la transparencia en la adjudicación del contrato, en parte debido a que algunos oferentes alegan falta de garantías en la competencia. Según afirman estos actores, ciertos requisitos habrían favorecido de manera indirecta a una firma en específico, lo que pone en tela de juicio la equidad del proceso. Además, El Espectador resalta que algunos análisis internos apuntan a que la compañía adjudicataria contaba con información privilegiada, lo que pudo otorgarle una ventaja significativa frente a otros competidores.

Por su parte, representantes oficiales mencionados por El Espectador aseguran que el proceso se llevó a cabo conforme a los lineamientos legales correspondientes. En defensa del contrato, enfatizan que se trata de una obra prioritaria para mejorar la movilidad de la región y que los recursos asignados serán monitoreados para evitar irregularidades. No obstante, grupos de veeduría civil y algunos concejales insisten en la necesidad de una auditoría externa, considerando la trascendencia de los recursos públicos involucrados y la posibilidad de establecer responsabilidades en caso de detectarse anomalías.

La controversia no solo ha puesto bajo la lupa a la empresa constructora, sino también a las entidades estatales encargadas de la reglamentación y control del proceso. De acuerdo con lo señalado en el artículo, la comunidad pide mayor acceso a la información y claridad sobre los criterios utilizados durante la evaluación de las propuestas. Mientras tanto, el desarrollo de la obra continúa en medio del debate público y la exigencia de mayor transparencia.

Este episodio evidencia la importancia de la vigilancia ciudadana en la contratación de obras públicas y la relevancia de procedimientos que garanticen condiciones equitativas y claras para todos los aspirantes. El caso sigue abierto, y tanto la empresa contratista como las autoridades competentes deberán responder ante los cuestionamientos planteados, en aras de restaurar la confianza en las instituciones responsables de la infraestructura nacional.

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¿Por qué se cuestiona la transparencia en la adjudicación de contratos de infraestructura vial?

El cuestionamiento surge a partir de denuncias sobre posibles irregularidades en la competencia y sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos, que según algunos actores habrían favorecido a una empresa específica. De acuerdo con El Espectador, se argumenta que existieron condiciones ventajosas y posibles accesos a información prioritaria que afectaron la igualdad de oportunidades durante el proceso.

¿Qué significa auditoría externa en la supervisión de contratos públicos?

Una auditoría externa consiste en una revisión e investigación independiente realizada por un tercero ajeno a la entidad contratante. Como menciona El Espectador, grupos de veeduría civil y algunos concejales solicitan este tipo de control para asegurar que los recursos públicos se gestionen correctamente y descartar irregularidades en la contratación.

Frente a la gravedad de los hechos, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se trasladó hasta la provincia de García Rovira para liderar un consejo extraordinario de seguridad en compañía de la alta cúpula de la Policía y del Ejército Nacional. Durante la reunión técnica, el mandatario departamental confirmó que las autoridades ya avanzan en la identificación de los responsables de la incursión armada y anunció la entrega de una millonaria bolsa de recompensas para dar con su paradero. “Sabemos quiénes son los bandidos. Tenemos una información preliminar de dónde viven, de qué hacen, de cómo se relacionan y vamos a ofrecer una recompensa importante para que la comunidad nos dé información para capturarlos”, sentenció Díaz.

Por su parte, directivos de la Cooperativa de Transportadores Simón Bolívar Limitada (Concorde) denunciaron que la compañía viene siendo blanco de un acoso sistemático por parte de la guerrilla del ELN mediante exigencias de dinero para permitir la libre circulación por este corredor vial nacional. Ricardo Andrés Rodríguez Novoa, representante de la empresa afectada, reveló que en lo corrido del año la compañía ha sufrido la incineración de cuatro autobuses y un ataque a bala contra otro automotor al que no alcanzaron a prenderle fuego. Sumado a esto, las directivas confirmaron el rapto reciente de uno de sus colaboradores, quien permaneció retenido bajo amenazas de muerte durante el fin de semana previo.

El vehículo atacado cubría la ruta comercial entre Bogotá y Cúcuta cuando fue bloqueado en la calzada por los delincuentes, quienes rompieron a la fuerza los cristales para propagar las llamas con mayor rapidez. Ante esta crítica coyuntura de orden público, la gerencia de la transportadora elevó un angustioso llamado al presidente Abelardo De La Espriella para que ordene el despliegue militar permanente en la Troncal del Norte, con el fin de proteger las vidas de las tripulaciones y evitar el colapso operativo del transporte de pasajeros en el oriente colombiano.

Al llegar al sitio, los bomberos encontraron que la menor tenía sus extremidades inferiores atrapadas entre la estructura del automóvil. El equipo de socorristas rápidamente intervino con técnicas especializadas de extracción vehicular, procedimientos que permitieron liberar a la niña sin comprometer su integridad física. Posteriormente, una vez culminadas las maniobras de rescate, la menor fue puesta bajo la atención de las unidades médicas presentes en la emergencia, quienes se encargaron de continuar con el manejo inicial de las lesiones.

Además de la menor, otra persona resultó lesionada como consecuencia del siniestro. Ambas víctimas fueron trasladadas en ambulancia a un centro asistencial en Girardot para recibir atención médica especializada. Según la información brindada por los Bomberos Voluntarios de Melgar, hasta el momento del cierre del informe, no había confirmación oficial sobre el estado de salud de los afectados ni sobre las causas precisas que dieron origen al accidente. Algunas de las dudas permanecen abiertas, ya que las circunstancias que llevaron a la colisión no habían sido establecidas en ese momento de acuerdo con las autoridades presentes en el sitio.

Los organismos de atención de emergencias aprovecharon el incidente para hacer un llamado a la comunidad sobre la importancia de mantener conductas responsables al conducir, recordando la necesidad de respetar las señales de tránsito, moderar la velocidad y permanecer atentos a las condiciones del corredor vial. Tales recomendaciones se reiteran especialmente tras hechos como este, donde la lives de los ocupantes de un vehículo pueden verse en riesgo de manera inesperada. La información presentada proviene del reporte oficial de los Bomberos Voluntarios de Melgar, según los detalles documentados hasta el cierre de la emergencia.

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¿Cómo fue atendido el accidente en la variante Bogotá-Melgar según los Bomberos Voluntarios de Melgar?

De acuerdo con el reporte oficial de los Bomberos Voluntarios de Melgar, el accidente fue atendido a las 7:31 a. m. luego de recibir la alerta y desplazar cuatro unidades al sector Melgar-Boquerón. Allí, realizaron maniobras técnicas de extracción vehicular para liberar a una menor que quedó atrapada dentro del automóvil, antes de trasladarla, junto a otra persona herida, a un centro asistencial en Girardot.

¿Cuál fue el estado de las personas lesionadas en el accidente en Melgar?

Según la información entregada por los Bomberos Voluntarios de Melgar, hasta el cierre de la emergencia no había confirmación oficial sobre el estado de salud de las personas lesionadas, incluyendo a la menor y a la otra persona trasladada al centro asistencial de Girardot. Las autoridades no han informado las causas exactas del accidente hasta el momento.

Según información de Emdupar, desde las 3:30 a.m. el personal técnico inició labores para estabilizar el sistema, enfrentando las consecuencias directas de las lluvias. La suspensión general impactó a todos los usuarios del acueducto, quienes debieron adaptar su rutina a la falta del servicio mientras avanzaban los trabajos de recuperación.

Emdupar comunicó que la normalización en la distribución de agua se está llevando a cabo paulatinamente en los diferentes barrios de Valledupar. La entidad proyectó, con base en su diagnóstico, que entre las 10:00 a.m. y las 12:00 del mediodía se alcanzaría una reactivación superior al 80 % de la cobertura en toda la ciudad. Este proceso de restablecimiento responde a los esfuerzos por controlar la alta concentración de sedimentos y a la necesidad de salvaguardar la integridad de la red, así como la calidad del líquido distribuido a la población.

La situación reportada este domingo no es aislada. Emdupar reconoció que los cortes de agua asociados a las lluvias han sido un fenómeno repetitivo en Valledupar, principalmente cuando se presentan precipitaciones persistentes en la cuenca alta. En estos casos, la recomendación técnica consiste en suspender temporalmente la captación para evitar daños mayores en la infraestructura y garantizar que el proceso de potabilización no se vea comprometido.

Finalmente, la empresa atribuyó la intensidad y frecuencia de estas lluvias al fenómeno climático conocido como ‘El Niño’. A través de su comunicado, Emdupar subrayó que siguen adoptando medidas y ajustes operativos en la planta de tratamiento con el fin de estabilizar el servicio y minimizar las afectaciones ocasionadas por esta temporada climática.

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¿Por qué el acueducto de Valledupar suspende el suministro de agua durante las lluvias?

La suspensión del servicio de acueducto en Valledupar ocurre durante fuertes lluvias porque el aumento de sedimentos en el agua obliga a Emdupar a detener la captación para evitar daños en la red y proteger el proceso de potabilización, de acuerdo con el comunicado oficial de la entidad.

¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño al servicio de agua en Valledupar?

Según Emdupar, el fenómeno de El Niño está relacionado con la intensidad y frecuencia de las lluvias que provocan el aumento de turbiedad y los cortes de agua, lo que obliga a implementar ajustes operativos en la planta de tratamiento para estabilizar la prestación del servicio.

Los datos del Sistema de Información Nacional de Educación Básica (Sineb), divulgados por el Ministerio de Educación, indican que 271.492 estudiantes dejaron de asistir a las instituciones educativas durante el último año. Esta cantidad equivale al 3,2 por ciento de la matrícula reportada para ese periodo.

El panorama afecta principalmente a los establecimientos oficiales. Según detalló El Tiempo, 236.146 estudiantes desertaron de colegios públicos, donde la tasa llegó al 3,39 por ciento. En las instituciones privadas, el registro fue de 35.346 menores, con una tasa del 2,33 por ciento.

Aunque la cifra nacional representa el nivel más bajo de los últimos cinco años, el acumulado sigue siendo preocupante, pues 1.616.303 menores abandonaron sus estudios durante ese periodo, después de que 2022 y 2023 registraran algunos de los índices más altos de deserción de las últimas dos décadas.

Las diferencias regionales también llaman la atención. Guainía encabeza la lista de departamentos con mayor deserción, con una tasa del 6,95 por ciento. Le siguen Caquetá, Putumayo, Arauca y Amazonas. En contraste, San Andrés, Atlántico, Chocó, Nariño y Bogotá presentan porcentajes inferiores.

El problema también se refleja en el paso de los estudiantes hacia los últimos grados escolares. La cohorte que cursaba sexto en 2020 estaba integrada por 919.176 alumnos, pero en 2025 ese mismo grupo registró 521.301 estudiantes en grado once. La diferencia fue de 397.875 alumnos, equivalente al 43,3 por ciento de la matrícula inicial.

A esto se suma la cobertura limitada en educación media. El indicador cerró en 49,95 por ciento en 2025, por debajo del 50,85 por ciento registrado en 2023. Esto significa que aproximadamente la mitad de los jóvenes de 15 y 16 años está escolarizada en ese nivel.

Entre las causas de abandono, los expertos consultados por El Tiempo mencionaron las dificultades económicas, el embarazo adolescente y los entornos vulnerables. Sin embargo, también destacaron los problemas de aprendizaje como un factor clave.

Todo inició con el desbordamiento de una alcantarilla, previamente denunciada por habitantes del sector. Esta presentó un rebosamiento completo durante el aguacero, lo que fue registrado en video. Una vez pasado el periodo de lluvias, la problemática se agravó cuando otros dos puntos cercanos también comenzaron a expulsar aguas residuales, lo que hizo que las tres alcantarillas simularan el funcionamiento de fuentes, pero con líquidos potencialmente contaminados, justo en plena vía pública.

De acuerdo con El Pilón, la acumulación de agua y la expulsión de residuos por las alcantarillas terminaron afectando la movilidad en este concurrido tramo de Valledupar, una zona por donde diariamente se movilizan motociclistas, conductores y peatones. La escena evidenciada en el video provocó inquietud, no solo por los problemas de tránsito, sino también por el riesgo sanitario que representa la exposición a aguas residuales, especialmente en circunstancias de lluvias intensas que ya han generado conflictos similares en distintos sectores de la ciudad.

Las quejas recogidas en el reporte señalan que no se trata de una situación aislada, sino de un problema recurrente: las lluvias han dejado al descubierto fallas en el sistema de alcantarillado y en el drenaje de aguas lluvias. Esto obliga a las comunidades afectadas y a los actores viales a transitar en condiciones que pueden considerarse peligrosas, tal como quedó registrado en la grabación compartida por El Pilón en sus canales digitales.

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¿Por qué se rebosaron varias alcantarillas en Valledupar durante las lluvias?

Según lo informado por El Pilón, el rebosamiento de varias alcantarillas en la avenida Simón Bolívar se produjo tras un fuerte aguacero. Inicialmente, una sola estructura fue la afectada, pero con el paso de las precipitaciones el desbordamiento alcanzó otros dos puntos cercanos, sumándose así al problema original. Aunque el reporte no especifica las razones técnicas, sí indica que este tipo de hechos suele relacionarse con la acumulación de agua y posibles fallas en el sistema de alcantarillado durante eventos climáticos intensos.

¿Qué riesgos genera el rebosamiento de alcantarillas para peatones y conductores?

De acuerdo con el reporte de El Pilón, el rebosamiento de aguas residuales en vías concurridas, como la avenida Simón Bolívar en Valledupar, afecta directamente la movilidad de peatones y conductores, incrementando el peligro de accidentes y exponiendo a la población a posibles riesgos sanitarios, debido al contacto con aguas contaminadas. Además, este tipo de incidentes puede dificultar la circulación normal y aumentar la preocupación en sectores que ya reportan problemas similares.

El desglose de los compromisos financieros muestra que 818,81 billones de pesos corresponden a deuda interna, lo que representa el 76,6 por ciento del total, mientras que 249,52 billones de pesos equivalen a la deuda externa, que abarca el 23,4 por ciento restante. Dentro de la deuda interna, el rubro predominante está conformado por TES clase B de largo plazo, los cuales suman 748,01 billones de pesos y abarcan el 91,4 por ciento de las obligaciones internas. Por su parte, la aparente disminución de la deuda externa frente al cierre de 2025 obedeció exclusivamente a la caída en la cotización del dólar, un factor que reduce el valor nominal en pesos de los compromisos internacionales mas no el monto real adeudado.

Esta pesada carga fiscal se traduce de inmediato en un encarecimiento de la vida cotidiana para los ciudadanos. Al gastar más de lo que recauda, el Estado se ve obligado a competir por liquidez en el mercado, elevando las tasas de interés, encareciendo los créditos de vivienda y consumo, presionando la inflación al alza y frenando la contratación formal de trabajadores. Según las proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), el déficit fiscal podría trepar hasta el 9,4 por ciento en 2027, al tiempo que el cupo de endeudamiento anual fue dejado por el gobierno saliente saturado hasta el 97 por ciento cuando restaba la mitad del año.

Ante este panorama crítico, la Contraloría emitió múltiples alertas y abrió una observación con presunta incidencia disciplinaria en contra del exministro de Hacienda Germán Ávila por el manejo acelerado del endeudamiento. Las advertencias señalan que de cada 100 pesos de gasto público, 23 se destinaban al pago exclusivo de obligaciones. Para superar la crisis, analistas como el profesor David Pérez-Reyna apuntan a que el saneamiento financiero exigirá una estrategia combinada de recortes drásticos del gasto público y reformas tributarias estructurales, tales como reducir el impuesto de renta a las empresas y ampliar la base del IVA compensada mediante transferencias directas a los hogares más vulnerables.

La causa avanzó tras la denuncia de la víctima y la posterior intervención de la Comisaría de Familia, la Estación de Policía de Cajamarca y la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), todas ellas en coordinación directa con la Fiscalía General de la Nación. Estas entidades fueron determinantes en la obtención de la orden de captura para Misael Paredes Báez y en la presentación consistente del caso ante el sistema judicial. La condena se dictó por el Juez Promiscuo Municipal de Cajamarca, quien dispuso el cumplimiento de la pena en el establecimiento carcelario que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

De acuerdo con el registro oficial de las autoridades municipales, este caso representa la cuarta condena por violencia intrafamiliar emitida en Cajamarca durante 2026. Esta cifra refleja una problemática latente y preocupante dentro de la comunidad, reiterando la importancia de que los hechos de agresión contra mujeres u otros integrantes del hogar se denuncien de manera oportuna, para activar la respuesta institucional y la protección de las víctimas. Los informes de las autoridades y las decisiones judiciales evidencian el compromiso de la justicia local para sancionar y prevenir la repetición de este tipo de delitos.

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¿Cuáles son las autoridades que participaron en la captura por violencia intrafamiliar en Cajamarca?

En la investigación y captura de Misael Paredes Báez intervinieron la Comisaría de Familia, la Estación de Policía de Cajamarca, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Fiscalía General de la Nación. Estas entidades trabajaron de manera coordinada para esclarecer los hechos y gestionar la orden de captura correspondiente.

¿Cuántas personas han sido condenadas por violencia intrafamiliar en Cajamarca durante 2026?

Según el balance presentado por las autoridades locales, con esta sentencia ya son cuatro las personas condenadas por violencia intrafamiliar en Cajamarca durante 2026, un dato que pone en evidencia la persistencia del problema y la respuesta penal frente a conductas cometidas en el entorno familiar.

El episodio comenzó el 11 de octubre de 2026, cuando González cuestionó el destino de las ayudas destinadas a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias ciudades del país el 10 de agosto. En esa publicación, el caricaturista escribió: “Bueno ratita… ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica (sic)”.

El mensaje desató críticas por la manera en que se refirió a la esposa del presidente Abelardo de la Espriella. Sin embargo, el caricaturista no se ha retractado y volvió a abordar la controversia mediante una referencia cinematográfica.

¿Valió la pena este trino? https://t.co/vu4aewnTS3

— matador 🇪🇭 (@Matador000) October 18, 2026

En su más reciente publicación, citó un diálogo de la película Golpe bajo: el juego final, protagonizada por Adam Sandler. “¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo (sic)”, fue el fragmento que compartió. Luego, planteó directamente la pregunta: “¿Valió la pena este trino? (sic)”.

La publicación dividió las opiniones de los usuarios: algunos respaldaron sus cuestionamientos sobre las ayudas, mientras otros reprocharon sus expresiones contra Pineda, según el diario.

Rechazo y proceso judicial contra ‘Matador’

El Gobierno nacional calificó el comentario de misógino y denigrante, y solicitó a la Fiscalía examinar si podría constituir un delito. La investigación preliminar busca establecer si hubo injuria agravada.

Además, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, describió a ‘Matador’ como la “caricatura del hombre machista”, mientras el vicepresidente José Manuel Restrepo calificó sus declaraciones de “asco” y “desafortunadas”, según el medio.

Finalmente, el caricaturista defendió sus expresiones en declaraciones públicas y sostuvo que buscaba llamar la atención sobre el sufrimiento de las familias damnificadas y la falta de soluciones para quienes perdieron sus hogares.

La cartera laboral, dirigida por Natalia López, argumentó que las modificaciones no buscan suprimir derechos consolidados de los trabajadores, puesto que estos encuentran su blindaje en la Constitución, el marco legal y la reciente reforma laboral de 2025 (Ley 2466). Según la postura oficial, el propósito fundamental consiste en sanear la reglamentación para ajustarla estricta y únicamente a las competencias constitucionales del Gobierno, evitando la imposición de obligaciones o sanciones carentes de respaldo legal. “Ordenar la regulación laboral no es retroceder, es darles a los derechos de los trabajadores una base que nadie pueda tumbar”, expresó la entidad a través de un comunicado oficial.

Entre los cambios más destacados figura el Decreto 581 de junio de 2026 sobre tercerización ilegal, el cual será derogado bajo el argumento de haber fijado multas extralegales y duplicado disposiciones previamente anuladas por el Consejo de Estado. No obstante, el Ministerio aclaró que la prohibición de la tercerización fraudulenta sigue plenamente vigente por mandato de la legislación laboral. De igual forma, se proyecta tumbar el Decreto 992 sobre pactos colectivos para retornar al procedimiento contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo, manteniendo la restricción de celebrar dichos acuerdos cuando un sindicato agrupe a más de la tercera parte de la planta de personal.

En el flanco de la economía digital, el Decreto 991 sobre repartidores de plataformas sufrirá modificaciones para fijar las cotizaciones a seguridad social sobre el 40 por ciento de los ingresos reales del trabajador, en estricto cumplimiento de la ley, disipando la exigencia de usar el salario mínimo como base fija cuando dicho porcentaje resulte inferior. Adicionalmente, el borrador estipula que tales obligaciones operarán solo doce meses después de que el Ministerio de Salud certifique la viabilidad de los ajustes tecnológicos requeridos, una respuesta parcial a las demandas de gremios como Alianza In, que agrupa a plataformas como Rappi y DiDi.

La medida ha desatado una intensa fricción institucional con las centrales obreras. Previamente, el Comando Nacional Unitario exigió frenar la modificación de estas normativas concertadas, advirtiendo un presunto retroceso en la protección social. Con un historial de mesas técnicas desarrolladas en octubre dentro de la Comisión Permanente de Concertación, el pulso regulatorio se trasladará ahora al análisis definitivo de los comentarios que se reciban en las próximas semanas para definir el texto definitivo de las disposiciones. 

Sin embargo, la aparente certeza sobre este nombramiento dio paso a una confusión administrativa. Los periodistas de El Espectador encontraron al consultar bases de datos oficiales que Zuluaga figura inscrito como aspirante al puesto de ministro de Relaciones Exteriores, cargo que en la actualidad ocupa Ómar Bula. Ante el desconcierto, el medio consultó a instancias gubernamentales competentes, las cuales reconocieron que la información errada se debió a un fallo en el proceso de radicación de documentos. A pesar de la explicación, hasta la tarde del viernes señalado, no se había realizado ninguna corrección o ajuste en los listados oficiales, lo que deja abierto el interrogante sobre la transparencia y exactitud de los procesos en el servicio diplomático nacional.

Paralelamente, el panorama político interno sigue bajo la influencia de Gustavo Petro, exmandatario nacional, quien fortalece su posición como principal referente de la izquierda. Petro fue ratificado una vez más como líder indiscutible del Pacto Histórico, principal fuerza progresista del país que agrupa a 69 congresistas. Según El Espectador, el dirigente ha instado nuevamente a sus seguidores a impulsar la agenda constituyente, una narrativa que marcó sus cuatro años de gobierno pero que jamás logró concretarse en la reforma a la Constitución por esa vía. El intento, retomado ahora en medio de la campaña regional, apunta a potenciar, entre otras cosas, el poder del movimiento en las instituciones democráticas.

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¿Qué ocurrió con el nombramiento diplomático de Juan Guillermo Zuluaga?

De acuerdo con El Espectador, el nombramiento de Juan Guillermo Zuluaga como embajador de Colombia en Brasil se vio envuelto en una confusión, ya que aparecía en las bases oficiales como aspirante al puesto de ministro de Relaciones Exteriores. Según las fuentes consultadas por el diario, esto se debió a un error en la radicación de documentos, sin que hasta la tarde del viernes se hubiera hecho la corrección pertinente.

¿Cuál es la agenda política que impulsa Gustavo Petro desde el Pacto Histórico?

Según la información de El Espectador, Gustavo Petro ha sido ratificado como el principal dirigente del Pacto Histórico y ha reactivado la narrativa constituyente buscando fortalecer su liderazgo e incidir, a través de una asamblea constituyente, en el rumbo político del país, incluso luego de no concretar ese objetivo durante su mandato presidencial.

La motocicleta involucrada no generó, según los datos disponibles, lesiones en el conductor, de acuerdo con el mismo reporte preliminar. Este tipo de incidentes viales, usuales en cruces concurridos como el de Miramar, encendió las alertas de la comunidad sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y mantener la precaución, tanto para peatones como para conductores en sectores de alto flujo vehicular.

Tras el accidente, las autoridades se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia, quedando en manos de la Policía y los agentes de tránsito la responsabilidad de adelantar las indagaciones y definir las circunstancias exactas en las que se produjo el atropello. Por el momento, no se cuenta con datos confirmados sobre la identidad del hombre lesionado ni sobre los motivos precisos que desencadenaron el choque, lo que subraya la importancia de la labor de las autoridades para esclarecer los hechos y evitar nuevas situaciones similares en la zona.

Se espera que en las próximas horas la información recopilada permita esclarecer cómo se produjo el siniestro y precisar detalles sobre las condiciones del cruce, el flujo vehicular y el posible descuido de las normas que pudieron haber influido en el accidente. Mientras tanto, se recomienda a quienes transiten por el sector del barrio Miramar en Ibagué tomar precauciones adicionales, atendiendo las recomendaciones de las autoridades.

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¿Cuál es el estado de salud del hombre atropellado en el barrio Miramar de Ibagué?

Según los reportes preliminares mencionados en El Nuevo Día, la víctima fue trasladada en ambulancia a un centro médico, donde está siendo valorada por múltiples laceraciones, una posible fractura en la pierna derecha y lesiones en el tobillo. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado un diagnóstico definitivo sobre la gravedad de sus heridas.

¿Qué acciones tomarán las autoridades tras el accidente vial en el barrio Miramar?

De acuerdo con la información recogida en el reporte, la Policía y los agentes de tránsito acudirán al sitio para recopilar datos que permitan esclarecer las causas del accidente. Su trabajo será fundamental para determinar cómo ocurrió el atropello y establecer las responsabilidades correspondientes en este siniestro.

La manifestación fue motivada por el retiro de obras que abordaban temáticas como los derechos de la comunidad LGBTIQ+, luchas feministas y campañas políticas relevantes para Colombia, incluyendo las figuras de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro. Más de 500 personas, según El Espectador, acudieron a expresar su inconformidad ante lo que consideran una medida motivada por razones ideológicas y una amenaza a la diversidad cultural.

El pronunciamiento de los museos de arte moderno de Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Medellín alertó sobre el riesgo de decidir desde el Gobierno qué historias mostrar según afinidades políticas, insistiendo en la importancia de que los museos lideren el encuentro y el diálogo a través de las diferencias. Para estas instituciones, el silencio impuesto sobre determinadas obras podría considerarse una forma de violencia contra el pluralismo y la memoria.

Las piezas retiradas integraban salas clave como “Hacer sociedad”, “Fuerza, fe y sustancia” y “Memoria y nación”, en las que se exploraban acontecimientos determinantes como la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Para los críticos, la decisión afecta la posibilidad de acceder a relatos fundamentales de la historia colombiana reciente. Opiniones recogidas por El Espectador incluyen el testimonio de un profesor universitario arrepentido de su apoyo electoral inicial a De la Espriella, así como el de Dayana Fuentes, ciudadana preocupada tanto por la memoria colectiva como por el uso de recursos públicos en las exposiciones.

El despliegue del Esmad vino precedido de una transición institucional, pues si bien durante los últimos años las protestas eran controladas por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), la reciente creación de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) reincorporó al Esmad, tras un decreto firmado por la Policía Nacional.

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¿Por qué se retiraron las obras del Museo Nacional y qué impacto tiene en la memoria histórica?

El retiro de alrededor de 30 piezas del Museo Nacional, ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella, hizo referencia a temáticas de la población LGBTIQ+, luchas feministas y episodios políticos claves como la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Según el pronunciamiento de museos consultados por El Espectador, esta medida puede afectar la pluralidad narrativa, restringiendo el acceso a diferentes relatos y poniendo en riesgo la labor de los museos como espacios para la construcción de memoria colectiva y reflexión crítica sobre la historia nacional.

¿Qué es el Esmad y por qué intervino en las protestas frente al Museo Nacional?

El Esmad, Escuadrón Móvil Antidisturbios, es una unidad de la Policía Nacional de Colombia especializada en el control de disturbios y multitudes. De acuerdo con El Espectador, la intervención frente al Museo Nacional se debió al escalamiento de la protesta originada por el retiro de obras, que incluyó bloqueos viales y lanzamiento de objetos. El Esmad aplicó medidas como el uso de tanquetas de agua y aturdidores para recuperar el orden público tras la escalada del plantón.

De acuerdo con la información recibida por la Defensoría, encabezada por Iris Marín, la protesta se había desarrollado en un ambiente de tranquilidad y sin alteraciones, lo que enmarcaba el ejercicio de los asistentes dentro del derecho legítimo a expresar desacuerdo con las medidas tomadas por el Gobierno respecto a las obras removidas. Sin embargo, en horas de la tarde, específicamente a las 6:33 p. m., quienes se encontraban en el plantón informaron que un vehículo tipo tanqueta comenzó a emplear chorros de agua con la intención de disolver a los manifestantes que bloqueaban la carrera Séptima.

Ante este escenario, la Defensoría expresó que la presencia del Esmad y el uso de dispositivos antidisturbios como el lanzaguas resultaban desproporcionados si se consideraba el carácter pacífico de la protesta. Además, la entidad advirtió que la simple cercanía de estos dispositivos puede incrementar la tensión y potencialmente escalar la conflictividad, por lo que subrayó la necesidad de prevenir tales situaciones.

Aunque el Decreto 1525 de 2026, suscrito por Abelardo de la Espriella, sí permite la proximidad de la Fuerza Pública en estos contextos, la Defensoría insistió en que su aplicación debe evaluarse caso por caso. Dicho decreto, firmado el 13 de octubre, establece nuevos marcos en los que la Policía puede actuar durante manifestaciones. Ese mismo día, la Policía Nacional formalizó el reemplazo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) por la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), reincorporando así las funciones del Esmad. Cabe recordar que la Undmo había sido creada por una orden de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de proteger la protesta pacífica y los derechos de la ciudadanía respecto al uso de la fuerza.

La Defensoría evocó la doctrina de la Corte Constitucional, resaltando que acciones como la ocupación del espacio público y el bloqueo de vías son formas legítimas del derecho a la protesta y que, por sí solas, no justifican la intervención de la Fuerza Pública. Por ello, exhortó a las autoridades a salvaguardar el ejercicio pacífico de la protesta y buscar alternativas para gestionar la movilidad sin caer en confrontaciones.

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¿Por qué intervino el Esmad en la protesta frente al Museo Nacional el 17 de octubre?

La intervención del Esmad en la protesta frente al Museo Nacional obedeció a la presencia de personas bloqueando la carrera Séptima, lo que llevó al uso de una tanqueta para dispersarlos. Pese a que la manifestación era de carácter pacífico, la intervención se fundamentó en las disposiciones del Decreto 1525 de 2026, que permite la cercanía de la Fuerza Pública en manifestaciones, aunque la Defensoría del Pueblo cuestionó la proporcionalidad de la medida, de acuerdo con información citada por El Espectador.

¿Qué argumentos dio la Defensoría del Pueblo sobre el derecho a la protesta pacífica?

Ante las recientes actuaciones del Esmad, la Defensoría del Pueblo argumentó que tanto la ocupación del espacio público como la obstrucción de vías pueden considerarse parte del ejercicio legítimo de la protesta. Según la Corte Constitucional, estas acciones no eliminan el carácter pacífico de una manifestación ni son razón suficiente para una intervención policial. La recomendación de la Defensoría es manejar la movilidad con alternativas y evitar confrontaciones innecesarias.

La declaración de los museos de arte moderno de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Roldanillo y Tolima —dirigida públicamente a la ministra de Cultura— sostiene que el retiro de las obras responde a criterios ideológicos y vulnera la misión educativa de los museos. Enfatizan que, aunque las exposiciones pueden revisarse, estos procesos deben hacerse mediante argumentos curatoriales, investigación y participación de las comunidades representadas. Los museos advierten que la imposición de discursos únicos o el silenciamiento de comunidades constituye una forma de violencia simbólica. En vez de eso, aseguran que los museos deben ser espacios plurales que permitan el entendimiento y la convivencia de distintas memorias, contribuyendo de forma activa a la construcción de paz.

Por su parte, ICOM Colombia, representante nacional del Consejo Internacional de Museos, manifestó en un comunicado fechado el 17 de octubre de 2026 su inquietud sobre el retiro de los objetos, hecho que tuvo lugar el 15 de octubre. Aunque reconoce que el Museo Nacional siguió los protocolos y cuidados estipulados en la gestión museal y el Código de Ética del organismo, considera que la decisión ministerial constituye un antecedente negativo, comprometiendo la integridad y autonomía de los museos. ICOM Colombia advierte que entre las piezas retiradas había materiales vinculados a movimientos feministas y LGBTIQ+, lo que, desde su perspectiva, vulnera principios de participación inclusiva y no discriminación establecidos en su Código de Ética.

De manera paralela, la Red Latinoamericana de Historia Pública, por medio de su manifiesto “La memoria no se desmonta, la historia no se censura”, denunció posibles instrucciones políticas tras el retiro y exigió a las autoridades explicaciones públicas sobre los procedimientos aplicados y el destino de los objetos. Académicos y expertos subrayan que el Museo Nacional es una institución de servicio público y no un instrumento de los gobiernos de turno. Finalmente, diversos sectores han convocado a clases a la calle, que buscan abrir diálogos públicos frente al mismo museo, en defensa de la memoria y la pluralidad de relatos.

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¿Por qué los museos y expertos rechazan el retiro de piezas del Museo Nacional de Colombia?

Los museos y expertos rechazan el retiro de piezas del Museo Nacional porque consideran que atenta contra la pluralidad de narrativas históricas, impone visiones únicas e ignora los procedimientos profesionales y curatoriales. Según El Espectador y las declaraciones de ICOM Colombia, las piezas retiradas representan luchas sociales, derechos humanos y hechos históricos relevantes. Para investigadores, instituciones y organismos internacionales, esta decisión compromete la autonomía institucional y puede interpretarse como una forma de censura y violencia simbólica.

¿Qué implica el Código de Ética del Consejo Internacional de Museos (ICOM) frente a la autonomía museal?

El Código de Ética del Consejo Internacional de Museos (ICOM) establece que los museos deben mantener su integridad y autonomía frente a presiones externas, especialmente de origen político. ICOM Colombia destacó que la remoción de piezas relacionadas con movimientos feministas y LGBTIQ+ contraviene los principios sobre inclusión, no discriminación y función educativa. El organismo recalca que las decisiones sobre colecciones y exposiciones deben basarse en argumentos curatoriales y en la participación de las comunidades representadas, no en afinidades políticas.

(Vea también: Esmad intervino frente al Museo Nacional durante protesta por obras retiradas; usaron cañones de agua)

La protesta se hizo para expresar inconformidad con la decisión del Gobierno nacional de retirar alrededor de 30 obras del museo, relacionadas con los derechos de la población LGBTIQ+, las luchas feministas, campañas políticas y el Acuerdo de Paz de 2016.

A través de su cuenta de X, Marín cuestionó la necesidad y proporcionalidad del operativo policial ante las características de la manifestación. Advirtió que la cercanía de estos dispositivos puede generar tensiones y provocar una escalada de la confrontación.

“La proximidad de estos dispositivos puede generar tensiones y provocar una escalada de la conflictividad que debe prevenirse”, señaló la Defensora.

Su pronunciamiento puso el foco en la actuación de la Fuerza Pública durante las protestas y en la necesidad de garantizar el derecho a la manifestación pacífica, incluso cuando se presentan afectaciones a la movilidad.

Hoy, desde el mediodía, cerca de 500 personas se manifestaron frente al Museo Nacional, en Bogotá. Han ejercido legítimamente su derecho a expresar su inconformidad con las decisiones del Gobierno nacional sobre las obras removidas del Museo.

A esta hora el reporte indica que la manifestación ha transcurrido de manera pacífica.

A propósito de las discusiones sostenidas en las instancias de coordinación con la Policía Nacional, tanto hoy como el miércoles pasado, no sobra recordar que la Corte Constitucional ha reconocido que la ocupación del espacio público y la obstrucción de vías pueden hacer parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta, cuyo carácter pacífico no se pierde por las afectaciones a la movilidad.

Estas afectaciones, por sí solas, no justifican la intervención de la Fuerza Pública ni la disolución de una manifestación.

Expresamos nuestra preocupación por el excesivo despliegue de Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), incluido un vehículo lanza agua, cuya presencia consideramos innecesaria y desproporcionada frente al carácter pacífico de la manifestación. La proximidad de estos dispositivos puede generar tensiones y provocar una escalada de la conflictividad que debe prevenirse.

Si bien el Decreto 1525 de 2026 permite dicha proximidad, esta debe evaluarse en función de la necesidad y el contexto.

Hacemos un llamado a las autoridades a respetar plenamente el derecho a la protesta pacífica, a no abordarlo como un riesgo de orden público, a adoptar alternativas para gestionar la movilidad —como de hecho se ha hecho hoy en Bogotá— y a evitar actuaciones policivas que puedan provocar confrontaciones.

@Bogota
@policia
@mindefensa
@MinInterior

— Iris Marín Ortiz (@MarnIris) October 17, 2026

Qué dijo la Defensora sobre la presencia del ESMAD

Iris Marín sostuvo que el carácter pacífico de una manifestación no desaparece automáticamente porque los participantes ocupen el espacio público o generen obstrucciones en las vías.

Para respaldar su posición, hizo referencia a decisiones de la Corte Constitucional sobre el derecho a la protesta y afirmó que las afectaciones a la movilidad, por sí solas, no justifican la intervención de la Fuerza Pública ni la disolución de una concentración.

La funcionaria también cuestionó el despliegue de los escuadrones antidisturbios y del vehículo lanza agua. Aunque reconoció que el Decreto 1525 de 2026 permite la proximidad de estos dispositivos, indicó que su utilización debe evaluarse de acuerdo con las circunstancias y las necesidades de cada situación.

En ese sentido, pidió a las autoridades evitar actuaciones policiales que puedan aumentar la tensión y derivar en enfrentamientos.

La protesta por las obras retiradas del Museo Nacional

La movilización en Bogotá se originó en el desacuerdo con el retiro de alrededor de 30 obras vinculadas con distintas causas sociales y políticas. Entre los temas mencionados están los derechos LGBTIQ+, las luchas feministas, las campañas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, y el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

La controversia se enmarca en las discusiones sobre la decisión del Gobierno nacional de retirar estas piezas de la exposición del Museo Nacional.

Según el balance divulgado por Marín, la jornada había transcurrido de forma pacífica al momento de su publicación. La Defensora también indicó que, durante las conversaciones de coordinación con la Policía Nacional, realizadas ese día y el miércoles anterior, se había discutido la actuación de las autoridades frente a la movilización.

El llamado de Iris Marín a las autoridades

La Defensora pidió que las manifestaciones no sean tratadas automáticamente como una amenaza al orden público y que se prioricen alternativas para gestionar las dificultades de movilidad.

Su llamado se concentró en tres puntos:

• Respetar el derecho a la protesta pacífica, incluso cuando se produzcan afectaciones a la circulación.
• Evaluar la necesidad del despliegue policial, de acuerdo con las condiciones concretas de cada manifestación.
• Evitar actuaciones que puedan provocar confrontaciones y aumentar la conflictividad.

Marín señaló que en Bogotá se habían implementado alternativas para gestionar la movilidad durante la jornada y pidió mantener ese tipo de medidas en lugar de recurrir a acciones que puedan intensificar las tensiones.

Raquel Garavito Chapal, presidenta ejecutiva de la Federación Colombiana de Empresas de Seguridad (FedeSeguridad), declaró a El Espectador que el gremio respalda las recientes decisiones del Gobierno Nacional. El sector agrupa compañías que generan cerca de 400.000 empleos según cifras oficiales, y representa aproximadamente el 1,3 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual equivale a 21 billones de pesos colombianos. FedeSeguridad, con una trayectoria de 14 años, reúne tanto a empresas nacionales como multinacionales dedicadas a la vigilancia privada, el transporte de valores, monitoreo y servicios de escolta.

Garavito Chapal identifica una preocupación fundamental: la existencia de empresas que actúan ilegalmente bajo la fachada de compañías de vigilancia. Estas entidades carecen del registro necesario, ignoran los procedimientos exigidos para el manejo de armas o emplean personal sin las debidas acreditaciones, lo que afecta a las organizaciones formales. En 2025, las autoridades detectaron una red de compañías que, presuntamente, facilitaba armas y documentación a grupos armados ilegales, una situación que motivó a FedeSeguridad a insistir en la importancia de robustecer la acción estatal.

La líder gremial subrayó la urgencia de fortalecer la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Esta entidad, según FedeSeguridad, prioriza actualmente la tramitación de licencias sobre la supervisión y el control efectivo del sector. Además, se resaltó la necesidad de agilizar trámites y mejorar los procesos de control previo, pues el 60 % de las empresas cerradas por ilegalidad en el gobierno anterior habían obtenido licencias durante la misma administración.

Respecto a las más de 62.000 armas vinculadas a empresas de vigilancia inactivas, Garavito explicó que en Colombia las armas son de propiedad estatal y deben permanecer bajo custodia si el permiso no está vigente, siguiendo normas claras. Por otro lado, la falta de recursos y la planta congelada desde 2007 dificultan la modernización de la Superintendencia, la cual aún depende de procesos manuales y presenta trámites duplicados.

FedeSeguridad propone mejorar la interoperabilidad con la fuerza pública. Si bien dejan claro que no buscan suplantar el rol de instituciones como la Policía o el Ejército, sugieren que el sector privado apoye tareas específicas, dado el déficit actual de personal en estas entidades.

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¿Cuáles son los principales problemas de supervisión en las empresas de vigilancia privada en Colombia?

De acuerdo con las declaraciones de FedeSeguridad citadas por El Espectador, los principales inconvenientes radican en la existencia de empresas ilegales que operan sin cumplir los requisitos de registro, control de armas y capacitación del personal. Además, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada afronta dificultades por trámites excesivos y una planta laboral congelada desde hace años, lo que limita el control efectivo sobre las compañías.

¿Qué papel propone FedeSeguridad para la seguridad privada frente a la fuerza pública?

Según Raquel Garavito Chapal, FedeSeguridad no pretende reemplazar a la fuerza pública sino respaldarla en funciones específicas. La idea es que la seguridad privada pueda colaborar en tareas puntuales, especialmente ante el déficit de personal en entidades estatales, manteniendo siempre la responsabilidad principal de la seguridad urbana en manos de la Policía y el Ejército.

En respuesta a estos acontecimientos, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el ambiente de temor que afecta a las comunidades locales. La entidad recalcó que, en la última semana, los habitantes han sufrido afectaciones directas en viviendas y entornos cercanos, y que los ataques han resultado en tres miembros heridos de la Fuerza Pública. Además, la Defensoría denunció que estos hechos ponen en alto riesgo la vida y seguridad de la población civil, generando daños materiales y forzando la reubicación de una institución educativa para salvaguardar a los estudiantes ante el peligro inminente.

Los días recientes se han caracterizado por medidas de emergencia, como el toque de queda impuesto por la Alcaldía de Teruel la noche del 16 de octubre. Esta medida, que restringió la movilidad desde las 7:30 p. m. hasta las 9:00 a. m. del día siguiente, respondió a la amenaza que significó la presencia de un artefacto explosivo en el parque principal Simón Bolívar. Solo tras la intervención de técnicos especializados, se pudo controlar la situación. Esa misma noche, la estación de Policía de Íquira también fue hostigada por hombres armados, elevando aún más los niveles de tensión en la población.

El uso de drones con explosivos no es un evento aislado. Por ejemplo, el 15 de octubre, la estación de Policía de Palermo fue impactada por este tipo de ataque, el cual dejó dos uniformados heridos y daños en la estructura del lugar. Previamente, la estación de Aipe, el 5 de octubre, también resultó afectada por un artefacto lanzado desde un dron, aunque allí solo se reportaron daños materiales, según confirmación del alcalde Luis Ángel Ramírez Vargas.

La Defensoría del Pueblo ya había emitido la Alerta Temprana número 16 de 2026, advirtiendo sobre el grave riesgo de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), derivadas de la expansión de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (Emc), lideradas por alias “Iván Mordisco”. Esta alerta aplica especialmente para los municipios más directamente afectados por la ola de violencia. La entidad pidió a los grupos armados abstenerse de involucrar a la población civil y exigió a las autoridades, junto con las personerías municipales, activar rutas de protección y atención, así como tomar medidas urgentes de prevención en defensa de la ciudadanía.

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¿Por qué aumentaron los ataques con drones en Huila y cuáles son sus consecuencias?

De acuerdo con la información de El Espectador, el incremento de ataques con drones en Huila ha tenido fuertes repercusiones en la seguridad de la región y ha impactado directamente tanto en la Fuerza Pública como en la población civil. Las consecuencias han incluido daños materiales en instalaciones policiales, heridos entre los uniformados y la reubicación de instituciones educativas, además de un clima generalizado de temor y la adopción de medidas extraordinarias como toques de queda.

¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y por qué se menciona en este contexto?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados protegiendo a las personas que no participan directamente en las hostilidades y restringiendo los medios y métodos de guerra. En este caso, la Defensoría del Pueblo mencionó el DIH porque la expansión y las acciones armadas de las disidencias podrían implicar graves infracciones a estos principios, ya que los ataques ponen en peligro a civiles y a bienes protegidos como escuelas.

Al frente de la Dirección de Asuntos Religiosos se encuentra Isaura Yaneth Parejo Buelvas, abogada especializada en derecho administrativo y gerencia estratégica de negocios. De acuerdo con información oficial sobre su experiencia laboral, Parejo ha ejercido como representante legal de la Fundación Valorart desde 2008 y ha sido coordinadora de procesos en la Diócesis de Santa Marta desde ese año hasta la actualidad. En su rol público, ha sostenido encuentros con líderes religiosos y representantes internacionales para fortalecer el trabajo de la dependencia.

Un ejemplo de estas gestiones fue su presencia en la Cumbre Nacional Uniendo Propósitos, organizada por la Confederación Evangélica de Colombia (Cedecol), la cual representa cerca de 9.000 iglesias y organizaciones cristianas evangélicas. Además, Parejo concretó reuniones con la funcionaria Marguerite Benson, de la Embajada de los Estados Unidos, para tratar temas relacionados con los derechos de las comunidades de fe y avanzar en posibles colaboraciones. Según reportes del Ministerio del Interior, también tuvo un encuentro con la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter), entidad financiera, enfocado en el seguimiento a 59 iniciativas que benefician a 32.944 personas, con el fin de fortalecer el aporte social de las organizaciones religiosas en sus comunidades.

La Dirección de Asuntos Religiosos es un actor clave en la representación de las comunidades de fe, al ser la dependencia encargada de otorgar personerías jurídicas y coordinar el diálogo entre sectores religiosos, sociales y estatales. El marco legal de sus funciones se encuentra estipulado en el decreto ley 2893 de 2011, que establece la importancia de promover el diálogo interreligioso y político tanto a nivel nacional como internacional. Según lo presentado por el ministro Lara ante el Congreso, el presupuesto de inversión previsto para el 2026 es de 1.500 millones de pesos colombianos (COP), pero la proyección para 2027 sería de solo 512 millones de COP, aunque los gastos de funcionamiento se mantendrán en 1.884 millones de COP.

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¿Cuál es la función principal de la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior?

De acuerdo con la información expuesta, la principal función de la Dirección de Asuntos Religiosos es coordinar, junto con otras instancias competentes, acciones para promover el diálogo interreligioso y político, además de tramitar las personerías jurídicas que permiten a las comunidades de fe operar formalmente en el país, según lo establece el decreto ley 2893 de 2011.

¿Cómo afecta la reducción presupuestal a las comunidades religiosas registradas en el Ministerio del Interior?

Según los datos suministrados por el ministro Rodrigo Lara, la reducción casi a la mitad del presupuesto de inversión para 2027 podría limitar las capacidades de la Dirección de Asuntos Religiosos para acompañar, coordinar y fortalecer el trabajo social de las más de 12.400 comunidades religiosas registradas en Colombia.

El crimen de Lucero ha provocado profundo dolor e indignación entre los habitantes del sector y las autoridades locales, quienes han exigido que el caso no quede impune. Según Julián Sánchez Perico, alcalde de Soacha, Lucero sobresalía por su carácter valiente y su constante disposición para gestionar acciones y proyectos a favor de las familias más necesitadas. Sánchez Perico resaltó particularmente el compromiso de la líder con la lucha por la vivienda digna: gestionaba materiales de construcción, promovía la legalización de predios y velaba por el mejoramiento del entorno barrial a través de reclamos ante entidades municipales y departamentales.

La labor comunitaria de Lucero trascendía lo físico; acompañaba a personas con problemas de salud y brindaba apoyo social con alimentos y medicamentos a quienes enfrentaban situaciones económicas críticas. En sectores como Altos de la Florida y Altos de Cazucá, impulsó procesos de educación ambiental, respaldó a madres cabeza de hogar y se implicó de manera directa en la resolución de problemáticas cotidianas.

Pese a su edad, Lucero mantuvo un activismo en favor del barrio Villa Sandra, orientándose en los últimos tiempos a gestionar la mejora de servicios públicos y la construcción de una placa huella —una estructura que facilita el tránsito peatonal— en la vía de acceso al colegio Nueva América, una demanda barrial que consideraba prioritaria. De acuerdo con la Alcaldía de Soacha, esta clase de iniciativas construyeron una huella indeleble en la comunidad, que hoy lamenta su asesinato y teme por la continuidad de los procesos sociales que lideraba.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Soacha, Lucero Ramírez fue asesinada mediante un ataque con arma de fuego en su barrio. Como respuesta, la Alcaldía ofreció hasta 50 millones de pesos como recompensa por información que permita capturar a los responsables. Por ahora, las autoridades no han esclarecido los móviles del ataque ni han reportado capturas, mientras la comunidad de Altos de Cazucá pidió justicia y protección para quienes promueven procesos sociales en el territorio. La información ha sido confirmada por El Espectador y las declaraciones oficiales del alcalde Julián Sánchez Perico y el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Jorge Alberto Delgado Montoya.

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¿Quién era Lucero Ramírez Molina y cuál fue su impacto en Soacha?

Lucero Ramírez Molina fue una líder social emblemática en Soacha, Cundinamarca, reconocida por su labor comunitaria en Villa Sandra y otros sectores vulnerables como Altos de la Florida y Altos de Cazucá. Su trabajo se centró en gestionar oportunidades de vivienda, mejoramiento de vías y acceso a servicios públicos, así como en el acompañamiento social a familias con necesidades urgentes, según destacó el alcalde Julián Sánchez Perico en El Espectador.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la investigación del asesinato de Lucero Ramírez?

Según la Policía Metropolitana de Soacha, la líder social fue asesinada con arma de fuego en Villa Sandra. Las autoridades municipales han ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información del caso. Aunque despliegan equipos de investigación, hasta el momento no hay detalles sobre los motivos ni capturas relacionadas, tal como reportó El Espectador.

La acción, resultado de un trabajo coordinado entre las Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía, fue liderada por el Batallón de Acción Directa y Reconocimiento 11, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido 11, y contó con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana. De acuerdo con datos recogidos por El Espectador, las labores de inteligencia permitieron no solo la ubicación y captura de “Junior Rojas”, sino que habrían evidenciado también tensiones internas y pérdida de cohesión en la organización, la cual hace parte del Bloque Jorge Suárez Briceño.

Sobre la trayectoria criminal de alias “Junior Rojas”, las autoridades indican que tendría un historial de cerca de seis años en estructuras armadas. Habría ingresado al grupo Jhon Linares en el año 2020, dentro del área financiera, y en 2026 habría asumido funciones de mayor responsabilidad dentro de la estructura Marco Aurelio Buendía. Los informes oficiales lo vinculan presuntamente con el cobro de extorsiones, la adquisición de armamento ilegal, presiones a la población civil y posibles actividades de reclutamiento y traslado de menores de edad a otras áreas dominadas por el grupo. Además, señalan su posible participación en el atentado con explosivos perpetrado en septiembre en Puerto Chorizo, Vistahermosa, que resultó en dos soldados heridos.

Durante el operativo, una mujer falleció en el enfrentamiento armado. De acuerdo con información preliminar citada por El Espectador, se trataría de la compañera sentimental de “Junior Rojas”, también presunta integrante de la estructura criminal. Además, se incautaron dos fusiles, dos pistolas, tres granadas, varios proveedores, más de 270 cartuchos de diferentes calibres, equipos de comunicaciones y panfletos supuestamente destinados a actividades de extorsión.

La operación representa un golpe a la estructura Marco Aurelio Buendía y revela, según los mismos reportes, un escenario de debilidad interna dentro de las disidencias que podría impactar su funcionamiento en la región.

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¿Quiénes conforman la estructura Marco Aurelio Buendía en las disidencias de las Farc?

La estructura Marco Aurelio Buendía es una facción dentro de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias “Calarcá”, que estaría dedicada a acciones criminales como extorsión, compra de armas ilegales y presunto reclutamiento de menores, según información de El Espectador citada en la investigación de las autoridades. Alias “Junior Rojas” era el segundo jefe de finanzas, encargado de coordinar recursos y apoyar las operaciones del grupo.

¿Qué significa el término “disidencias de las Farc”?

El término “disidencias de las Farc” hace referencia a grupos armados que se apartaron del proceso de desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), continuando con actividades ilegales y estructuras armadas, como se observa en las operaciones realizadas en Meta reportadas por El Espectador.

Adicionalmente, Matador volvió a poner en tela de juicio el manejo de los dineros recolectados para los afectados por el terremoto al escribir: “¿Y la plata de los damnificados qué?”, acompañando su duda con un comentario irónico sobre el destino de esos recursos. Estas críticas no han sido aisladas; desde el inicio de la polémica, Matador ha manifestado preocupaciones sobre la trasparencia en el uso de las donaciones, lo que ha desencadenado una respuesta de diferentes personalidades y entidades. Resulta relevante destacar que la firma De La Espriella Lawyers anunció la toma de acciones legales contra el caricaturista, mientras tanto, distintos sectores han manifestado su rechazo a sus comentarios.

Por su parte, Ana Lucía Pineda defendió, en conversación con Vicky Dávila según lo informado por Revista Semana, las gestiones de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas. Resaltó que los fondos permanecen en la organización y que, por determinación de la junta directiva, no se destinaron para las ayudas humanitarias iniciales. El enfoque, aclaró, es emplearlos en una segunda etapa dirigida a la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo. Además, informó que realizaron una auditoría con apoyo de la firma PricewaterhouseCoopers, con el objetivo de asegurar la claridad en el trámite de los proyectos y la rendición de cuentas al público.

La primera dama reiteró el llamado a erradicar el uso de discursos ofensivos, en especial contra mujeres, y subrayó su compromiso de continuar trabajando en las labores de rehabilitación. A pesar de las reiteradas acusaciones de Matador, hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes sobre el manejo indebido de los recursos; cualquier señalamiento debe ser siempre soportado en los documentos y registros oficiales.

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¿Cuál fue la respuesta de la primera dama sobre el manejo de las donaciones para damnificados?

Durante la entrevista con Vicky Dávila, Ana Lucía Pineda afirmó que los recursos para los damnificados siguen en la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, según lo informado por Revista Semana. Detalló que no se emplearon para las ayudas iniciales por decisión de la junta directiva, sino que serán destinados a la fase de reconstrucción. También mencionó la contratación de la firma PricewaterhouseCoopers para la auditoría de los proyectos.

¿Por qué Matador critica la entrevista de Vicky Dávila a la primera dama?

Matador expresó en su cuenta de X que, a su juicio, la periodista Vicky Dávila habría cambiado de postura frente al presidente Abelardo De La Espriella. Además, mostró desacuerdo con las preguntas y el enfoque de la entrevista, empleando términos descalificadores dirigidos a la primera dama y reiterando dudas sobre el uso de los fondos donados.

Durante una inspección realizada por cabildantes de diferentes bancadas, entre ellos Juan David Quintero del Nuevo Liberalismo, se constató que la gramilla no había sido entregada en óptimas condiciones pese al cronograma de trabajos acordado anteriormente. Según lo revelado por Quintero, el grupo musical BTS habría realizado un pago adicional de US$900.000 —equivalente a casi COP 2.800 millones— específicamente por el mantenimiento de la grama, aparte del contrato de arrendamiento habitual. Sin embargo, el concejal cuestionó que estos recursos no se reflejaron en la calidad final del campo de juego y señaló que uno de los contratistas de Sencia solo pagó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) COP 488 millones en especie por el uso del Parque La Florida.

La situación fue expuesta ante Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, empresa operadora del escenario, quien confirmó que el alquiler del estadio para el evento mencionado involucró pagos superiores a los US$900.000. No obstante, Hoyos no presentó un desglose detallado de estos valores y argumentó que todas las actividades realizadas en el estadio incluyen costos destinados al mantenimiento del terreno y la infraestructura. Más tarde, por medio de la red social X, Sencia reiteró que los ingresos de este tipo de eventos, incluido el contrato con el organizador Páramo, tienen como finalidad salvaguardar el estado del estadio y asegurar su operatividad.

Ante la falta de información concreta, el concejal Quintero solicitó a Sencia la entrega del contrato correspondiente para esclarecer el flujo de los recursos y confirmar si efectivamente hubo un pago adicional por el estado de la grama. Entre tanto, la Contraloría distrital inició una indagación preliminar sobre las obligaciones contractuales de mantenimiento y la Personería, por su parte, tomó acciones preventivas para esclarecer posibles responsabilidades disciplinarias. Por el momento, solo el concierto de Fonseca, previsto para el 24 de octubre, fue reubicado en otro escenario tras los inconvenientes. Sencia, por su parte, aseguró que la cancha estaría lista y en buen estado para el partido entre Millonarios y Jaguares.

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¿Cuánto pagó BTS por el uso y mantenimiento de la grama en El Campín?

Según denuncias del concejal Juan David Quintero, BTS pagó un monto adicional de US$900.000 (alrededor de COP 2.800 millones) específicamente destinado al mantenimiento de la grama del estadio El Campín, monto que se suma al contrato de arrendamiento estándar. Sin embargo, la empresa Sencia afirmó que los pagos realizados fueron incluso superiores, aunque no presentó un desglose preciso de los valores, y señaló que estos recursos tienen como propósito asegurar el buen estado de la infraestructura del estadio.

¿Qué acciones están tomando las autoridades frente a los pagos y el estado de la gramilla de El Campín?

La Contraloría de Bogotá inició una indagación preliminar sobre las obligaciones contractuales de mantenimiento de la gramilla y la disponibilidad del estadio. Por su parte, la Personería lanzó acciones preventivas para determinar posibles responsabilidades disciplinarias. Además, el Concejo de Bogotá, a través de debates de control político, ejerce vigilancia sobre el cumplimiento de los contratos y el manejo de los recursos invertidos en la recuperación de la cancha después del evento de BTS.

La expectativa por este articulado aumentó cuando, de forma paralela, la llamada ley de acogimiento sí llegó a las manos de los congresistas, acompañada por los ministros Rodrigo Lara (relaciones del Interior) e Iván Cancino (cartera de Justicia). Ambos funcionarios detallaron que esta iniciativa tiene como meta principal ofrecer un marco legal que permita no solo el desmantelamiento y desarme de grupos armados, sino también su acogida en procesos jurídicos, en los que las víctimas ocupan el primer plano. Lo han manifestado claramente: no se trata de negociaciones políticas, sino de procedimientos legales estrictos, en los que los diálogos se darán exclusivamente a través de representantes jurídicos y no de interlocutores políticos.

Según reportó Caracol Radio, el texto del estatuto abarca 116 páginas y, tras el filtro del Consejo de Política Criminal, volverá a ser examinado por la Casa de Nariño antes de recibir la firma definitiva del presidente De la Espriella y su secretario jurídico, Andrés Barreto. Varias voces en el Congreso, como la de Honorio Henríquez, presidente legislativo del Centro Democrático, han expresado respaldo total a la iniciativa, que es vista como "urgente e inaplazable" para afrontar el crimen organizado y fortalecer las herramientas estatales. Más de 180 congresistas conforman la coalición mayoritaria, lo que augura réditos en la aprobación de los cuatro debates reglamentarios.

Pese a este respaldo, la propuesta enfrenta resistencia. Referentes del Pacto Histórico han cuestionado que el presidente reciba facultades extraordinarias, especialmente para implementar el cargo de Alto Comisionado contra el Terrorismo, que sumaría una nueva figura al esquema gubernamental. Otro de los puntos álgidos es el que faculta al mandatario para diseñar la "acción de aprehensión preventiva abreviada", innovación orientada a transferir rápidamente bienes de organizaciones terroristas al Estado, y también regular el control de criptoactivos.

Sin embargo, donde se encendieron más alarmas fue en el apartado sobre acuerdos con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos. El borrador contempla retirar personerías jurídicas a organizaciones vinculadas a personas incluidas en la "lista Clinton", donde figura Gustavo Petro, exmandatario y actual líder del sector afectado, lo que suma un ingrediente adicional de controversia.

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¿Cuáles son los puntos clave y controvertidos del estatuto antiterrorista propuesto por el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El estatuto antiterrorista plantea, entre otros aspectos, procesos rápidos de transferencia de bienes ligados a grupos terroristas al Estado, el respaldo legal para el desmantelamiento y acogida de estructuras delincuenciales y la creación de la figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo. Sin embargo, suscita controversia la entrega de facultades extraordinarias al presidente y la relación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, así como la posibilidad de cancelar personerías jurídicas a organizaciones vinculadas a personas listadas por esa entidad.

¿Qué es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y cuál es su papel en el estatuto antiterrorista?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de aplicar sanciones económicas y comerciales. En el contexto del estatuto, el gobierno contempla la cooperación e intercambio de información con esta entidad, abriendo la puerta a sanciones contra organizaciones con relaciones con personas en la "lista Clinton", lo que podría llevar a la cancelación de personerías jurídicas en Colombia para quienes resulten involucrados.

Las declaraciones de Sarabia llegan en un contexto de tensión generado por denuncias sobre presuntas irregularidades y manejos internos en el Gobierno. Durante la conversación, la exfuncionaria fue indagada respecto a su vínculo con Verónica Alcocer, sobre rumores de ingresos de bolsas con dinero en efectivo a la residencia presidencial y ante las graves acusaciones impulsadas por Angie Rodríguez, también exdirectora del DAPRE.

Sobre su relación con Verónica Alcocer, Sarabia clarificó que el contacto se gestó durante la campaña presidencial de 2022, describiendo una relación cordial pero distante, basada principalmente en asuntos familiares y no en colaboraciones de gobierno. De igual manera, negó que su reincorporación al Ejecutivo hubiera sido gestionada por la entonces primera dama; según contó, la decisión fue producto de una conversación directa con el presidente Gustavo Petro.

Acerca de los señalamientos hechos por Eva Ferrer, examiga de Alcocer, sobre supuestas bolsas con grandes sumas de dinero ingresando a la Casa de Nariño, Sarabia fue tajante al rechazar haber visto o sabido de ese tipo de situaciones. Indicó que sus funciones le exigían atención al despacho presidencial, pero que no tenía injerencia ni conocimiento sobre los Objetos que ingresaban en la residencia privada del mandatario. También sostuvo que corresponde a quienes hacen las afirmaciones, como Ferrer, respaldarlas ante las autoridades competentes.

Por otra parte, al enfrentar las declaraciones de Angie Rodríguez sobre una presunta red de prostitución en Palacio, Sarabia afirmó no haber sido testigo de ninguna estructura así ni tener pruebas que respalden esa versión. Recordó además haber coincidido en persona con Rodríguez solo en tres ocasiones durante los cuatro años del Gobierno anterior, e hizo un llamado para que se identifiquen a las mujeres mencionadas y se verifique la veracidad de las acusaciones.

Sarabia también aclaró su papel frente a las ausencias públicas de Gustavo Petro, explicando que la responsabilidad de atender a los asistentes y cumplir la agenda institucional recaía en ella cuando el presidente debía ausentarse. Aseguró que la agenda presidencial siempre estuvo disponible para la consulta pública.

Las intervenciones de Sarabia evidencian la compleja dinámica interna vivida durante la anterior administración. Mientras siguen las versiones contrapuestas y nuevas acusaciones, la exfuncionaria insiste en la necesidad de aportar pruebas y que sea la justicia quien determine eventuales responsabilidades. Datos y declaraciones recogidos en la entrevista con La FM y reportados en medios nacionales refuerzan el llamado a la verificación y esclarecimiento de los señalamientos todavía en espera de certezas oficiales.

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¿Cuáles fueron las principales aclaraciones de Laura Sarabia sobre las acusaciones en su contra?

Laura Sarabia negó de forma categórica haber visto el ingreso de bolsas con dinero a la Casa de Nariño y descartó haber sido testigo de una presunta red de prostitución en el Palacio. También aclaró que su relación con Verónica Alcocer fue cordial y esporádica, y que su regreso al Gobierno solo fue gestionado con Gustavo Petro. Sostuvo que quienes hacen los señalamientos deben presentar pruebas ante las autoridades.

¿Qué funciones tenía Laura Sarabia como directora del DAPRE y cómo respondió sobre la agenda presidencial?

Como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Laura Sarabia se encargaba del despacho presidencial y de coordinar la agenda institucional. En la entrevista, explicó que, ante las ausencias públicas de Gustavo Petro, le correspondía atender los eventos y que la programación del mandatario era consultable de manera pública. Reafirmó que esas eran responsabilidades inherentes a su cargo.

En Valledupar, el circuito Guatapurí 3 será el principal foco de intervención, pues están programadas suspensiones entre las 7:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Los barrios afectados incluyen Garupal en sus cuatro etapas, El Amparo en la calle 9C entre las carreras 19E y 22, Iracal, Eneal, Las Flores, La Popa, Villa Concha, 5 de Enero, 20 de Julio y Brisas de La Popa. También se verán impactados los sectores que comprenden desde las carreras 19A a 23 entre las calles 9 y 16 y de las carreras 28 a 37 entre las calles 7A y 11B, abarcando además transversales y diagonales 12 a 28 del sector Eneal y la avenida La Popa. Además, se incluyen espacios públicos relevantes como la glorieta de La Monja y los parques Garupal y Garupal Cuarta Etapa, así como los Cerros del Batallón La Popa.

De igual manera, en la zona urbana, específicamente en Los Cortijos entre las carreras 19 y 19C y desde la calle 8 hasta la 11, los habitantes y quienes estén en las áreas próximas al Coliseo Cubierto enfrentan una interrupción focal temprana, de 7:00 a 7:30 de la mañana. Dicho sector, junto con Ichagua, Los Músicos, Villa Mónica y otras áreas de Los Cortijos y El Amparo, experimentarán suspensiones intermitentes durante el día. Se resalta que, en parte del sector de Los Cortijos y cerca al Coliseo Cubierto, la interrupción se repetirá entre las 2:30 y las 3:00 de la tarde.

En el municipio de El Copey, el circuito Salvación 2 estará sin servicio desde las 6:20 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, tanto en áreas urbanas como rurales. Entre los barrios urbanos afectados figuran 27 de Abril, San Carlos, Centro, urbanización Villa Liliana, Las Delicias, La Esperanza y Villas del Cesar; y en zona rural, Alejandría, El Rosario, Cuatro Esquinas, El Diamante y otros. De acuerdo con Energua, también se ejecutarán labores en La Jagua del Pilar (La Guajira) y Manaure (Cesar), específicamente en la zona rural de La Jagua del Pilar y en San Antonio de Manaure, por medio del circuito Balcón del Cesar 1, entre las 7:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde.

Energua recomendó a los usuarios verificar los horarios y sectores programados, y les exhortó a planificar sus actividades para evitar contratiempos. Según la empresa, las acciones incluyen mantenimiento y adecuación de redes, cambio de postes, reemplazo de componentes y otras medidas preventivas, labores que requieren la suspensión momentánea del servicio para preservar la seguridad de los equipos técnicos y de la comunidad.

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¿Cuáles barrios de Valledupar tendrán suspensión de energía este lunes según Energua?

De acuerdo con la programación de Energua, los principales barrios de Valledupar donde se suspenderá el suministro eléctrico este lunes son Garupal (en todas sus etapas), El Amparo, Iracal, Eneal, Las Flores, La Popa, Villa Concha, 5 de Enero, 20 de Julio, Brisas de La Popa, Ichagua, Los Músicos, Villa Mónica y Los Cortijos. Las áreas cercanas al Coliseo Cubierto también están incluidas en las interrupciones, así como sectores comprendidos entre las carreras 19A y 23, 28 a 37 y varias calles y avenidas del sector Eneal y La Popa.

¿Por qué Energua realiza mantenimiento eléctrico y suspende el servicio temporalmente?

Energua indicó que las suspensiones de energía se deben a labores de mantenimiento preventivo y adecuación de la infraestructura eléctrica, como el cambio de postes, adecuación de redes y reemplazo de componentes. Estas acciones, que requieren interrupciones temporales para garantizar la seguridad de los técnicos y usuarios, buscan fortalecer el sistema eléctrico y prevenir posibles fallas o emergencias en el suministro futuro.

La ofensiva jurídica del exoficial despegó tras conocerse reportes concretos de inteligencia clandestina que habrían utilizado de manera irregular los recursos, plataformas y aparatos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para vigilar sus movimientos, interceptar sus comunicaciones y fiscalizar sus datos privados. Vargas fundamentó sus sospechas en una entrevista concedida por el entonces presidente Petro al periodista Daniel Coronell, espacio en el cual el exmandatario admitió una abierta animadversión al señalar públicamente y sin ambages que lo tenía “entre ojos”, frase interpretada como la constatación directriz de una vigilancia estatal sistemática.

“El general Vargas es un héroe de Colombia, un hombre que ha dedicado su vida al servicio de la Patria, a la defensa de nuestras instituciones y a la lucha frontal contra el crimen organizado”, sentenció Duque en su misiva digital, en la que rechazó de plano los señalamientos contra el oficial que condujo los destinos de la institución policial entre los años 2020 y 2022. El exmandatario cerró filas afirmando con vehemencia que la sociedad colombiana le debe gratitud y respeto perenne a quienes han entregado su existencia para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la preservación del orden constitucional en el territorio nacional.

Paralelamente, el equipo jurídico del general en retiro afina los detalles del expediente que será radicado ante las autoridades competentes para que se investiguen de manera exhaustiva conductas punibles que abarcan desde el abuso de autoridad y el peculado por aplicación oficial diferente hasta el presunto concierto para delinquir. Esta confrontación abre un nuevo y tenso frente de debate político e institucional entre figuras clave de la administración pasada y los altos mandos que lideraron las fuerzas del orden, poniendo bajo la lupa el uso operativo de las capacidades estatales de inteligencia. Las próximas semanas serán determinantes para definir el rumbo de las investigaciones judiciales en los estrados.

Gustavo Petro, en su mensaje público, hizo referencia expresa a las décadas de vínculo y a los ideales compartidos con Chinchilla. En una publicación, recordó: “Acaba de morir uno de mis amigos más entrañables. Fundador conmigo de la lucha progresista en Zipaquirá desde 1974”. Además, despidió a su amigo con una frase cargada de emotividad: “Hasta pronto Bernardo Chinchilla, nos encontraremos entre las estrellas. Ad Astra”. El testimonio de Petro evidencia la dimensión personal y política que tuvo la relación entre ambos, la cual estuvo marcada desde los primeros años de activismo progresista en ese municipio.

Bernardo Héctor Chinchilla Gutiérrez, desde su papel como personero municipal de Zipaquirá, estuvo directamente implicado en la vida pública local. La Personería, entidad a la que representaba, tiene como funciones centrales promover y defender los derechos de la ciudadanía, supervisar la gestión pública municipal y velar por la protección del interés general. Así, Chinchilla trabajó en la defensa de las garantías ciudadanas en el municipio y en la vigilancia de las acciones institucionales.

El fallecimiento de Chinchilla enluta a su familia, amigos y colegas, así como a todos aquellos que interactuaron con él en las distintas etapas de su vida profesional y personal. Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible, no se han divulgado detalles acerca de las circunstancias exactas de su muerte.

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¿Qué funciones cumple un personero municipal en Colombia?

El personero municipal en Colombia es el encargado de promover y defender los derechos ciudadanos en su municipio. Sus funciones principales incluyen vigilar la gestión pública, proteger el interés general y supervisar el correcto funcionamiento de las instituciones locales, de acuerdo con lo indicado en el texto.

¿Cuál fue el vínculo entre Gustavo Petro y Bernardo Chinchilla en Zipaquirá?

Según lo expresado por Gustavo Petro, ambos compartieron una amistad de décadas, unida desde 1974 por el trabajo conjunto en la construcción de la lucha progresista en Zipaquirá. Petro recalcó públicamente la relevancia de esa relación tanto en el plano personal como político.

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, del partido Centro Democrático, manifestó sus condolencias a la familia del escolta fallecido y enfatizó que "la violencia no puede seguir sembrando miedo" en las regiones de Colombia. Henríquez, al igual que otros miembros del Congreso, insistió en la necesidad de esclarecer los hechos y de llevar rápidamente ante la justicia a los responsables.

De acuerdo con declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Lara, existió comunicación inmediata con el director de la UNP, Didier Blanco, quien confirmó el refuerzo del esquema de protección para Ramírez. Lara subrayó que el gobierno mantiene un "compromiso inquebrantable de defender la democracia contra todas las expresiones terroristas del país".

El senador Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, quien trabajó de cerca con Ramírez, también repudió lo ocurrido, asegurando que los debates políticos deben darse desde las ideas y no mediante la violencia. Informó que ya avanzan las denuncias ante la Fiscalía, con el propósito de capturar tanto a los sicarios como a quienes ordenaron el ataque.

Integrantes de otros movimientos tampoco tardaron en pronunciarse. Entre ellos, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y la senadora María Lucía Villalba, del Nuevo Liberalismo, quienes insistieron en la urgencia de acelerar las investigaciones y de aplicar justicia. Por su parte, Alejandro Eder, alcalde de Cali, solicitó a las autoridades actuar con “rigor y celeridad” para esclarecer el crimen y proteger la tranquilidad de la región.

Además, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo revelaron su preocupación y recordaron que esa zona enfrenta un escenario de violencia, advirtiendo sobre homicidios selectivos, desapariciones forzadas y amenazas contra líderes sociales. De acuerdo con las entidades, esta semana se emitió una alerta temprana por la gravedad de la situación en el suroccidente colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Unidad Nacional de Protección (UNP) y cuál es su función principal?

La Unidad Nacional de Protección, mencionada frecuentemente en el caso del atentado, es la entidad encargada de garantizar la seguridad de personas que, por su rol en la función pública o por su liderazgo social, enfrentan amenazas en Colombia. En este caso, la UNP era responsable de la protección del exalcalde de Jamundí a través de un esquema que incluyó al escolta fallecido, Felipe López Gutiérrez.

¿Cómo respondieron las autoridades y líderes políticos tras el atentado al exalcalde de Jamundí?

Tras el ataque, diversas figuras del gobierno y del Congreso como el presidente Abelardo de la Espriella y el presidente del Congreso Honorio Henríquez, así como ministros, senadores y autoridades locales, condenaron el hecho y exigieron investigaciones rápidas y rigurosas. Todas las voces coincidieron en la exigencia de justicia y en la urgencia de frenar la escalada violenta que afecta a las regiones del país.

De acuerdo con el relato entregado por el congresista del partido Alianza Verde, el exalcalde se encontraba en una heladería de propiedad familiar despachando domicilios cuando ocurrió la incursión armada. Una diferencia de microsegundos resultó determinante para evitar una tragedia mayor. Según explicó Sánchez, Ramírez se levantó de la mesa segundos antes de que el sicario irrumpiera en el local buscando dispararle. Al escuchar las detonaciones, el exmandatario logró refugiarse y agacharse a tiempo, impidiendo que el atacante lo ubicara y obligándolo a huir del sitio de manera apresurada.

Pese a que el exalcalde logró ponerse a salvo y reunirse con su familia bajo estrictas medidas de protección, el saldo fatal del atentado recayó sobre su esquema de seguridad. Felipe López, un abnegado escolta oriundo del municipio caucano de Santander de Quilichao y quien acompañaba a Ramírez desde hace dos años, no sobrevivió al impacto de la agresión criminal. El senador Sánchez expresó un profundo dolor por la pérdida de un padre y esposo, lamentando que la sevicia de los violentos siga cobrando vidas inocentes y dejando familias destrozadas en las regiones del país.

Frente a la gravedad de los hechos, las reacciones desde el nivel central no se hicieron esperar. El parlamentario confirmó que ya se instauraron las denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación para dar tanto con los autores materiales como con los determinantes intelectuales de la incursión armada. Asimismo, se conoció que el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, estableció comunicación directa con Andrés Felipe Ramírez para coordinar un despliegue integral de la fuerza pública y de las capacidades especializadas de inteligencia con el fin de esclarecer el crimen con total prontitud.

El congresista fue enfático en rechazar el uso de las armas como herramienta de controversia en el escenario público, señalando que la democracia se construye a partir del debate de ideas y no mediante la intimidación violenta. Las autoridades mantienen operativos desplegados en la zona mientras la opinión pública y los distintos sectores políticos exigen respuestas contundentes para garantizar la seguridad de los líderes sociales y exmandatarios en medio de la compleja situación de orden público que atraviesa el departamento del Valle del Cauca.

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Tras la ocurrencia del temblor, el Servicio Geológico Colombiano invitó a los habitantes de la región a participar activamente en la recopilación de información a través de su plataforma de evaluación de intensidades. Estos reportes ciudadanos son fundamentales para que la entidad determine el alcance y la percepción del sismo en diferentes áreas del territorio. Hasta ahora, no se ha confirmado el grado de percepción en otros municipios cercanos, situación que mantiene a las autoridades y la comunidad a la expectativa de nuevos datos.

En respuesta a la continua actividad sísmica que se ha venido registrando en Chaparral, el SGC instaló recientemente un sismógrafo en el municipio. Esta herramienta permitirá mejorar la detección y el monitoreo de los movimientos telúricos que afectan la región. El alcalde Helver González Mora declaró que la administración local permanece atenta al informe oficial de la entidad y destacó que, en las últimas jornadas, se ha registrado una disminución tanto en la frecuencia como en la intensidad de los sismos. Mientras se desarrolla el seguimiento técnico, las autoridades han reiterado el llamado a la tranquilidad y recalcan la importancia de seguir únicamente las recomendaciones oficiales.

El balance más reciente del SGC, publicado el 1 de octubre, revela que entre el 20 y el 30 de septiembre se detectaron más de 1.100 temblores de magnitud superior a 2,0 en Chaparral. Esto evidencia un periodo de actividad sísmica significativa en la región. No obstante, el SGC aclara que la aparición de un nuevo sismo no permite predecir futuros temblores ni anticipar la evolución de la actividad sísmica, subrayando la necesidad de consultar sus canales oficiales para estar al tanto de cualquier novedad.

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¿Cuál fue la magnitud y profundidad del último sismo reportado en Chaparral según el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el sismo que afectó a Chaparral tuvo una magnitud de 3,2 y una profundidad superficial. Estos datos fueron difundidos por medio del boletín oficial correspondiente al evento, sin que hasta ahora se haya informado sobre afectaciones materiales o personas lesionadas en la zona.

¿Cuántos sismos ha registrado el Servicio Geológico Colombiano recientemente en Chaparral, Tolima?

Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano publicado el 1 de octubre, entre el 20 y el 30 de septiembre se identificaron más de 1.100 temblores con magnitud superior a 2,0 en el municipio de Chaparral, Tolima, lo que demuestra una actividad sísmica considerable en ese lapso.

Por el momento, la información oficial sobre la identidad de los fallecidos permanece sin confirmar. No obstante, entre los primeros detalles que han trascendido se mencionó que uno de los fallecidos podría ser oriundo del departamento de Boyacá. Pese a ello, no se cuenta aún con datos concluyentes sobre la identidad de ninguna de las víctimas. Las autoridades deberán adelantar las diligencias judiciales correspondientes tanto para verificar quiénes eran los afectados como para establecer el contexto y los detalles en que se presentaron los homicidios.

Adicionalmente, un elemento que ha surgido en torno a estos crímenes es la presunta existencia de un panfleto relacionado con los hechos violentos. Sobre este material, aún no hay claridad respecto a su autenticidad, contenido ni posible conexión directa con los asesinatos. Por ello, las autoridades están en la tarea de verificar su procedencia y de qué manera podría estar involucrado en el caso.

De forma preliminar, se ha sugerido que los homicidios podrían tener alguna relación con la actividad minera que se realiza en la región, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial de esta hipótesis. Las pesquisas se mantienen abiertas y aún no se puede establecer un vínculo comprobado entre la minería y los crímenes.

Las autoridades, entonces, deberán determinar si los hechos reportados en La Planicie y en Mendarco guardan relación entre sí, además de esclarecer posibles móviles y la participación de otras personas. Se espera que en próximas horas se entregue información formal sobre la investigación, la identificación de las personas fallecidas y los procesos judiciales en marcha en esta zona de Tolima.

¿Quiénes eran las víctimas de los homicidios en Chaparral, Tolima?

Al cierre de la información conocida, las identidades de las tres personas asesinadas en zona rural de Chaparral no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades. Solo se ha planteado, de manera inicial, que una de ellas sería originaria del departamento de Boyacá, pero la identidad de cada víctima y los datos de sus antecedentes siguen pendientes de verificación.

¿Qué relación podría tener la minería con los asesinatos reportados en Chaparral?

La posibilidad de un vínculo entre los asesinatos y la minería en la región de Chaparral ha sido mencionada solo como una hipótesis preliminar. Sin embargo, no existe confirmación oficial de esta relación y, hasta el momento, no se dispone de información concluyente sobre la conexión directa entre la actividad minera y los hechos violentos.

Uno de los anuncios de mayor trascendencia operativa se dio en el sector salud, donde la Superintendencia Nacional de Salud asumió de manera inmediata el control administrativo total del Hospital Departamental de San Andrés. La medida busca intervenir de urgencia a más de 4.900 pacientes que registraban procedimientos quirúrgicos o consultas especializadas pendientes, mientras se avanza en un 35 % del abastecimiento de insumos médicos. De igual forma, el Ejecutivo proyectó la edificación de dos nuevos centros asistenciales de alta complejidad tanto para San Andrés como para Providencia.

En el renglón de infraestructura vial y portuaria, el presidente confirmó que el próximo 30 de octubre entrará en funcionamiento la nueva torre de control del aeropuerto de San Andrés, proyecto que contó con un presupuesto de 17.800 millones de pesos, al tiempo que se destinaron 10.100 millones de pesos para avanzar en la torre de control de Providencia. Para potenciar el flujo turístico, que alcanza los 2,5 millones de visitantes al año, el mandatario indicó que se buscará un operador privado que asuma la modernización integral de la terminal aérea sanandresana.

Finalmente, tras la realización de un consejo de seguridad por la preocupante cifra de 24 homicidios en la región durante el primer semestre, De La Espriella ordenó una ofensiva militar y policial con el incremento del pie de fuerza y tecnología de videovigilancia. El plan de choque estará enfocado en desmantelar las redes de microtráfico, extorsión, narcotráfico y cobros ilegales bajo la modalidad de ‘gota a gota’. “¡Pero a los bandidos que tienen azotadas nuestras islas, se les acabó la fiesta! Los vamos a perseguir con toda la fuerza de la ley”, sentenció el mandatario, quien se comprometió a regresar en un mes a supervisar los avances.

Según el relato entregado, el dinero reunido por alias ‘John 40’ tendría origen en operaciones de narcotráfico y minería ilegal situadas en la frontera colombo-venezolana. Específicamente, se señala que parte de los recursos procederían de una mina en Barrancominas, Guainía, de donde se extraen oro y coltán. También se indica que esta operación financiera habría sido detalladamente planeada para sustentar el asesinato del senador y precandidato presidencial. De acuerdo con testigos, en declaraciones anteriores, otros integrantes como Simeón Pérez Marroquín, alias ‘el Viejo’ o ‘la Firma’, hablaron de $1.000 millones destinados a logística y a la estructura de sicarios, y $600 millones más para sobornos y maniobras orientadas a desviar las investigaciones. No obstante, estos montos forman parte de versiones recabadas y aún no han sido confirmados plenamente en un proceso judicial.

El avance de la indagación señala, además, que la coordinación de la operación criminal habría involucrado encuentros en diferentes puntos de Colombia y Venezuela. La fuente describe reuniones en Villavicencio (Meta), Carurú (Vaupés) y en un campamento localizado en territorio venezolano. A estos encuentros habrían asistido miembros de la Segunda Marquetalia, incluyendo a Iván Márquez, alias ‘John 40’, alias ‘el Viejo’ y José Manuel Sierra Sabogal, alias ‘el Zarco Aldinever’. El objetivo habría sido concertar desplazamientos, contactos clave, así como la entrega de dinero.

Un dato relevante es la mención de una presunta amenaza contra el expresidente César Gaviria Trujillo, que también surge de las declaraciones aportadas a la Fiscalía. Según este señalamiento, Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yaco’, habría entablado contactos con la Segunda Marquetalia para articular un posible plan en su contra. Esta línea de investigación también está bajo análisis y carece, hasta ahora, de confirmación judicial.

La Fiscalía continúa evaluando cada detalle y profundizando en la identificación de los autores intelectuales del asesinato de Miguel Uribe Turbay, el origen de los recursos y la eventual participación de otros implicados en la organización del crimen.

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¿Quién es alias ‘John 40’ y cuál habría sido su papel en el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

Alias ‘John 40’, cuyo nombre es Géner García Molina, es señalado por una persona vinculada a la Segunda Marquetalia como el presunto encargado de reunir $5.000 millones para financiar el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Su vinculación aún está siendo analizada por la Fiscalía y no se ha establecido judicialmente su responsabilidad.

¿Cómo se habrían financiado las operaciones para el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

Según las versiones aportadas a la Fiscalía, los recursos para la operación habrían provenido de actividades de narcotráfico y minería ilegal, incluyendo la extracción de oro y coltán en Barrancominas, Guainía, cerca de la frontera con Venezuela. Aun así, los detalles exactos dependen de la verificación judicial en curso.

Más allá de su importancia religiosa, el sendero de Monserrate representa un reto físico y un espacio para contemplar la ciudad. El ascenso permite a quienes suben disfrutar de una de las vistas más completas y privilegiadas de Bogotá, mientras toman pausas para admirar el paisaje capitalino. De acuerdo con el IDRD, el horario habitual de acceso al sendero es de 5:00 a. m. a 1:00 p. m., excepto los martes, cuando permanece cerrado para realizar labores de mantenimiento. Es indispensable que quienes deseen realizar el ascenso tengan en cuenta varias recomendaciones: vestir ropa cómoda y calzado apropiado, hidratarse durante el recorrido y usar bloqueador solar. Adicionalmente, no se recomienda consumir alimentos durante el trayecto y es importante seguir las instrucciones de las autoridades presentes.

Al tratarse de una actividad demandante, el IDRD hace énfasis en que el ascenso es sugerido únicamente para personas mayores de 14 años. Está contraindicado, según la entidad, para mujeres embarazadas, personas con afecciones cardíacas, con enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión, hipotensión, glicemia alterada, quienes dependan de oxígeno y personas con movilidad reducida. Tampoco se aconseja subir bajo los efectos de alcohol o sustancias psicoactivas. Otro punto relevante es la ausencia de baños públicos en el sendero, ya que no cuenta con la infraestructura necesaria para acueducto y alcantarillado.

Para quienes desean complementar su experiencia, se recomienda consultar canales oficiales para conocer horarios y detalles adicionales sobre la basílica, las eucaristías, así como el funcionamiento del teleférico y el funicular. El encuentro entre lo físico, lo espiritual y lo natural convierte este recorrido en una experiencia significativa para muchos habitantes y visitantes de Bogotá.

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¿Cuál es el horario recomendado para subir el sendero de Monserrate en Bogotá?

De acuerdo con la información del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el horario habitual para el ascenso al cerro de Monserrate es de 5:00 a. m. a 1:00 p. m., con la excepción de los martes, cuando el sendero permanece cerrado por mantenimiento. Es importante respetar este horario para una mejor experiencia y seguridad.

¿Cuáles son las recomendaciones y restricciones para subir el sendero de Monserrate?

Según el IDRD, se aconseja vestir ropa y calzado cómodos, hidratarse, usar bloqueador solar y no consumir alimentos durante el recorrido. El ascenso está recomendado para personas mayores de 14 años, y debe evitarse por parte de mujeres embarazadas, personas con afecciones cardíacas, enfermedades respiratorias, condiciones de glicemia o presión arterial, movilidad reducida o quienes estén bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas. No existen baños públicos en el sendero debido a la falta de servicios de acueducto y alcantarillado.

La discusión, según los datos reportados, suele verse obstruida por dos argumentos principales. El primero indica que, dentro de la ciudad ya consolidada, es casi imposible ubicar terrenos de grandes dimensiones que resulten apropiados para levantar una infraestructura deportiva de este nivel. Se estima que para un estadio moderno se requieren al menos diez o quince hectáreas de superficie, conectividad adecuada y condiciones listas para un proyecto de esta magnitud. El segundo argumento apunta a supuestas restricciones normativas, específicamente relacionadas con el Plan de Ordenamiento Territorial, conocido como POT. Sobre este punto, la información disponible señala que, si bien es complejo encontrar espacios disponibles, no existe una prohibición expresa en el POT que impida la construcción de un nuevo estadio de fútbol en Bogotá.

Al revisar el marco normativo, se expone que el artículo 173 del Decreto 555 de 2021 facilita la localización de "equipamientos" —dentro de los cuales se incluyen los estadios— en cualquier área de actividad urbana, siempre que cumplan las condiciones técnicas relativas a implantación, accesibilidad, gestión de riesgos y medio ambiente. Las únicas actividades excluidas expresamente son cementerios, hornos crematorios y plantas de beneficio. Además, la Resolución 1054 de 2022 determina que los equipamientos de las categorías cultura, recreación y deporte, como los estadios de más de 15.000 metros cuadrados, tienen viabilidad bajo la normativa actual, siempre que respeten los lineamientos específicos de construcción que establece la misma legislación urbana.

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¿El Plan de Ordenamiento Territorial prohíbe hacer estadios de fútbol en Bogotá?

De acuerdo con la información reportada, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no contiene una prohibición explícita ni literal sobre la construcción de estadios de fútbol en Bogotá. El Decreto 555 de 2021, en su artículo 173, indica que los equipamientos —como los estadios— pueden ubicarse en cualquier suelo urbano, siempre y cuando se cumplan requisitos de implantación, accesibilidad, gestión de riesgos y sostenibilidad ambiental.

¿Cuáles son las principales dificultades para que Millonarios y Santa Fe tengan estadio propio?

Según los datos proporcionados, la principal dificultad radica en hallar terrenos de gran tamaño, adecuados y bien ubicados dentro de la Bogotá actual, que permitan construir un estadio moderno. Se requieren entre diez y quince hectáreas listas para edificar, algo excepcional en una ciudad consolidada. La confusión sobre posibles restricciones legales del POT también ha dificultado el avance de este debate, aunque la norma vigente no impide la edificación de nuevos estadios si se cumplen los lineamientos establecidos.

El origen de esta controversia remonta al jueves 15 de octubre, cuando fueron retiradas de las salas museográficas varias piezas que daban testimonio de las luchas feministas, de la población LGBTIQ+, del conflicto armado colombiano, así como de las campañas presidenciales de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016. Según lo reportó El Espectador, estas acciones desencadenaron una fuerte discusión pública en torno al manejo de la memoria histórica y al rol de la institucionalidad cultural.

#Bogotá | Siguen llegando personas al plantón en el Museo Nacional. Exigen que el arte y la libertad de expresión se respeten al interior del museo.

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— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 17, 2026

Ese mismo día, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró haber dado directrices a la ministra de Cultura, Paola Holguín, para que “toda esa oda al terrorismo, en la que aparecen Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos”. El debate no tardó en escalar a distintos sectores, desde defensores de derechos humanos hasta expertos vinculados al museo.

Andrés Góngora, antiguo curador del Museo Nacional, señaló que las piezas eliminadas hacían parte de exposiciones permanentes, desarrolladas durante años de investigación y bajo rigurosos procedimientos curatoriales. Para él, el retiro pone en riesgo la narrativa histórica de las colecciones y desatiende los criterios establecidos para cualquier intervención museográfica.

La ministra Paola Holguín salió al paso de las críticas, defendiendo la decisión gubernamental. En palabras publicadas el viernes 16 de octubre, argumentó que el Museo Nacional no debe prestarse para adoctrinamientos políticos ni para visiones distorsionadas del pasado. Añadió que no se puede permitir la apología al delito ni la revictimización, subrayando la obligación de preservar los derechos de las víctimas y evitar la exposición de menores a contenidos sensibles, aunque sin precisar el motivo específico de la remoción de las piezas.

Holguín concluyó que el Ministerio analiza y rediseña actualmente la política museográfica y curatorial a su cargo, en aras de proteger e investigar el patrimonio cultural, histórico y artístico del país. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho público el futuro de las piezas retiradas o si serán reintegradas a las salas del Museo Nacional.

¿Por qué se retiraron las piezas relacionadas con los movimientos sociales del Museo Nacional?

Las piezas que hacían referencia a temas como feminismo, la población LGBTIQ+, el conflicto armado y figuras como Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro fueron retiradas tras una instrucción directa del presidente Abelardo de la Espriella, quien consideró que estos elementos representaban una “oda al terrorismo”. Según la ministra de Cultura, Paola Holguín, el objetivo del retiro es evitar que el museo se convierta en un espacio de adoctrinamiento político o difusión de versiones sesgadas, así como proteger a las víctimas y a menores de edad ante material que considera sensible.

¿Cuál es el impacto de retirar piezas históricas en la memoria colectiva según los expertos?

De acuerdo con Andrés Góngora, antiguo curador del Museo Nacional, extraer piezas consolidadas mediante procesos curatoriales afecta negativamente la narrativa de las exposiciones permanentes y vulnera procedimientos establecidos. Esta decisión puede alterar la representación de la memoria colectiva, ya que los objetos retirados eran resultado de años de investigación para reflejar hechos y luchas significativas en la historia reciente del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En total, 30 obras fueron retiradas de las salas "Hacer sociedad", "Memoria y Nación" y "Fuerza, fe y sustancia". Actualmente, estas piezas se encuentran guardadas en las reservas del museo. Entre los elementos desmontados destacan un brazalete de la Alianza Democrática M-19, un impreso electoral de 1986 de la Unión Patriótica en apoyo a Jaime Pardo Leal, afiches de las candidaturas de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, así como la obra ‘Minería’ del artista Antonio Caro. Otra pieza relevante, también retirada, fue el "Balígrafo", una pluma hecha con un casquillo de bala utilizada para la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016. Además, fue retirado el tarjetón de la séptima papeleta, documento fundamental para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

El desmonte afectó igualmente piezas emblemáticas para las memorias LGBTIQ+, como una fotografía de Germán Humberto Rincón Perfetti de la marcha LGBT de 2004, así como la cartilla ‘Cuerpos en prisión, mentes en acción’ de 2015. Del movimiento feminista salieron también el afiche de la Casa de la Mujer de 1989 y el manifiesto de 1978 del Encuentro Nacional de Mujeres en Cali, enfocado en derechos reproductivos y la denuncia de la esterilización forzada, como pudo corroborar El Espectador tras conversar con asistentes al museo.

En respuesta, Isabelita Mercado, consejera para las Víctimas, Paz y Reconciliación en Bogotá, expresó desde su cuenta en X un rechazo firme a la decisión, afirmando que "hacer memoria es un ejercicio vivo". Destacó la importancia de la exposición ‘¿Qué es terca esperanza?’, actualmente abierta en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, con 100 piezas dedicadas a la reflexión sobre el conflicto armado y la resistencia social. Mercado subrayó que la responsabilidad sobre la memoria país no recae únicamente en las víctimas, sino que involucra a toda la sociedad y a las instituciones.

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¿Por qué fueron retiradas 30 piezas del Museo Nacional y qué contenían?

Las 30 piezas fueron retiradas por orden del presidente Abelardo de la Espriella, quien consideró que contenían mensajes que se interpretaban como una "oda al terrorismo", de acuerdo con El Magazín Cultural de El Espectador. Entre los objetos desmontados se encontraban elementos clave de la historia política, feminista y de derechos LGBTIQ+ del país, como el "Balígrafo" del proceso de paz y el tarjetón de la séptima papeleta.

¿Dónde se conserva la memoria de los movimientos sociales tras el retiro de obras del Museo Nacional?

Luego del retiro, la consejera Isabelita Mercado señaló que la exposición permanente ‘¿Qué es terca esperanza?’ en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, continúa como un espacio fundamental para la preservación de la memoria sobre el conflicto armado y la resistencia social, con más de 100 piezas que celebran las luchas feministas, LGBTIQ+ y políticas en Colombia.

El origen de esta controversia remonta al jueves 15 de octubre, cuando fueron retiradas de las salas museográficas varias piezas que daban testimonio de las luchas feministas, de la población LGBTIQ+, del conflicto armado colombiano, así como de las campañas presidenciales de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016. Según lo reportó El Espectador, estas acciones desencadenaron una fuerte discusión pública en torno al manejo de la memoria histórica y al rol de la institucionalidad cultural.

Ese mismo día, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró haber dado directrices a la ministra de Cultura, Paola Holguín, para que “toda esa oda al terrorismo, en la que aparecen Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos”. El debate no tardó en escalar a distintos sectores, desde defensores de derechos humanos hasta expertos vinculados al museo.

Andrés Góngora, antiguo curador del Museo Nacional, señaló que las piezas eliminadas hacían parte de exposiciones permanentes, desarrolladas durante años de investigación y bajo rigurosos procedimientos curatoriales. Para él, el retiro pone en riesgo la narrativa histórica de las colecciones y desatiende los criterios establecidos para cualquier intervención museográfica.

La ministra Paola Holguín salió al paso de las críticas, defendiendo la decisión gubernamental. En palabras publicadas el viernes 16 de octubre, argumentó que el Museo Nacional no debe prestarse para adoctrinamientos políticos ni para visiones distorsionadas del pasado. Añadió que no se puede permitir la apología al delito ni la revictimización, subrayando la obligación de preservar los derechos de las víctimas y evitar la exposición de menores a contenidos sensibles, aunque sin precisar el motivo específico de la remoción de las piezas.

Holguín concluyó que el Ministerio analiza y rediseña actualmente la política museográfica y curatorial a su cargo, en aras de proteger e investigar el patrimonio cultural, histórico y artístico del país. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho público el futuro de las piezas retiradas o si serán reintegradas a las salas del Museo Nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se retiraron las piezas relacionadas con los movimientos sociales del Museo Nacional?

Las piezas que hacían referencia a temas como feminismo, la población LGBTIQ+, el conflicto armado y figuras como Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro fueron retiradas tras una instrucción directa del presidente Abelardo de la Espriella, quien consideró que estos elementos representaban una "oda al terrorismo". Según la ministra de Cultura, Paola Holguín, el objetivo del retiro es evitar que el museo se convierta en un espacio de adoctrinamiento político o difusión de versiones sesgadas, así como proteger a las víctimas y a menores de edad ante material que considera sensible.

¿Cuál es el impacto de retirar piezas históricas en la memoria colectiva según los expertos?

De acuerdo con Andrés Góngora, antiguo curador del Museo Nacional, extraer piezas consolidadas mediante procesos curatoriales afecta negativamente la narrativa de las exposiciones permanentes y vulnera procedimientos establecidos. Esta decisión puede alterar la representación de la memoria colectiva, ya que los objetos retirados eran resultado de años de investigación para reflejar hechos y luchas significativas en la historia reciente del país.

El evento de homenaje se realizó durante la quinta edición del Festival del Cuarto Mosquetero, con la presencia de más de 100 personas, entre familiares, colegas y miembros de la comunidad. Estuvieron presentes figuras como Daniel Chaparro Díaz, hijo del periodista, Marisol Cano —periodista que colaboró en la investigación de la vida de Chaparro—, D’Mar Córdoba Salamanca, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, y Sofía Jaramillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Córdoba destacó en su discurso los riesgos inherentes al periodismo en Colombia, mientras Jaramillo subrayó que las familias de las víctimas, junto a la Flip y la Sociedad Interamericana de Prensa, llevaron el caso ante la CIDH como parte del esfuerzo para evitar el olvido y exigir justicia.

A pesar de estos actos simbólicos, tanto la Flip como los familiares recalcaron que la verdadera reparación aún está lejos de completarse. El Estado colombiano reconoció el 23 de abril de 2025 su responsabilidad por no proteger las vidas de los comunicadores y por la falta de esclarecimiento del crimen, comprometiéndose a una solución amistosa que incluye varias medidas: realización de murales, indemnizaciones y la producción de contenidos audiovisuales como un documental y un videopódcast con el apoyo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje). Sin embargo, según la Flip, persisten retrasos como la suspensión del pago de estímulos culturales, lo que debilita el alcance reparador de las acciones acordadas.

En el cierre del homenaje, Daniel Chaparro Díaz evocó con palabras profundamente personales lo que ha significado este largo camino de duelo, memoria y búsqueda de justicia, reiterando que la poesía y el periodismo de su padre aún viven en quienes siguen recordando y sembrando su legado.

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¿Cuál es el significado de la reparación ordenada por la CIDH en el caso de Julio Daniel Chaparro?

La reparación ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en este caso implica una serie de acciones que buscan resarcir a las familias de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres Navas, así como preservar la memoria y dignidad de los periodistas asesinados. Estas medidas incluyen homenajes públicos, indemnizaciones, realización de murales y la producción de contenidos audiovisuales sobre su vida y labor, además del reconocimiento del Estado colombiano de su responsabilidad en la protección fallida y la impunidad en el crimen.

¿Por qué el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en el asesinato de Julio Daniel Chaparro?

El Estado colombiano reconoció su responsabilidad en este caso al aceptar que no protegió adecuadamente la vida de los periodistas y que no hizo lo suficiente para esclarecer su asesinato ni para garantizar justicia y reparación integral a sus familias. Este reconocimiento, formalizado el 23 de abril de 2025 según El Espectador, representa un compromiso para implementar medidas de restauración histórica, simbólica y material, aunque todavía persisten pendientes y demoras en su cumplimiento.

El detonante de esta ofensiva jurídica se originó el pasado 15 de octubre de 2026, fecha en la que Vargas hizo pública su profunda preocupación tras conocerse reportes que evidenciarían actividades de vigilancia clandestina desplegadas en su contra. Según explicó el exdirector de la institución policial, dichas actuaciones no solo vulneraron su privacidad, sino que habrían implicado la utilización indebida de recursos, aparatos estatales y personal de inteligencia para rastrear sus movimientos y datos de carácter reservado mientras el gobierno del entonces mandatario ejercía el poder ejecutivo en el país.

Para fundamentar sus sospechas, el general en retiro trajo a colación una reciente entrevista concedida por el exmandatario Gustavo Petro al periodista Daniel Coronell. De acuerdo con la interpretación del exoficial, una frase en particular pronunciada por el expresidente, en la que habría admitido que lo tenía “entre ojos”, constituiría un indicio público que respaldaría las presuntas operaciones de vigilancia ejecutadas en su contra. Con base en estos elementos, Vargas indicó que ya se encuentra trabajando junto a su equipo de asesores jurídicos para estructurar el expediente penal que permita identificar, procesar y llevar ante la justicia a los responsables directos e indirectos de estos actos.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA https://t.co/9E86JwFiya

— Jorge Luis Vargas (@ElGeneralVargas) October 15, 2026

La trayectoria del general (r) comprende un extenso recorrido operativo y académico que incluye su paso por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijín), la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y la comandancia de la Policía Metropolitana de Bogotá, además de su formación como administrador de empresas y administrador policial. Su hoja de vida también registra especializaciones en inteligencia estratégica cursadas en instituciones internacionales como la Universidad Charles Sturt en Australia y programas de alta gerencia en la Universidad de los Andes. Tras finalizar su ciclo al frente de la institución en los últimos años del gobierno de Iván Duque, el oficial pasó a retiro, desde donde ahora emprende esta batalla legal para esclarecer los alcances de la presunta vigilancia de la que asegura haber sido víctima.

En otro frente judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó delitos de guerra y lesa humanidad a diez exintegrantes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), miembros de los bloques Sur y Oriental. Según El Espectador, estos delitos fueron cometidos entre 1996 y 2016 contra los pueblos indígenas Nükak, Korebajü, Siona, Hitnü y Jiw en regiones de la Amazonía y la Orinoquía. La JEP documentó 96 conductas criminales, incluyendo asesinatos, desapariciones, desplazamientos y uso de minas antipersonal, acciones que amenazaron la supervivencia física y cultural de comunidades enteras.

La lucha contra la corrupción siguió dando de qué hablar. Los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quedaron en libertad provisional por vencimiento de términos tras una decisión de la Corte Suprema. No obstante, seguirán vinculados a la investigación sobre presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Por otra parte, la Dirección Nacional de Bomberos fue objeto de inspección por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), tras denuncias del Ministerio del Interior sobre posibles anomalías contractuales bajo el mandato de Gustavo Petro.

En materia de derechos, la Corte Constitucional ordenó disculpas públicas al director y productora de la película ‘Noviembre’ por la representación del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado durante la toma al Palacio de Justicia, y exigió aclarar en la promoción que se trata de una obra de ficción. Además, Eva Ferrer fue citada por la Procuraduría tras denunciar supuestos hechos de corrupción en los que mencionó a Verónica Alcocer, y la Fiscalía realizó operativos en Barranquilla que resultaron en 72 capturas por diversos delitos, según reportes oficiales.

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¿Qué condena enfrenta el exmagistrado Leonidas Bustos por el cartel de la toga?

De acuerdo con la información de El Espectador, la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena de diez años y un día de prisión para José Leonidas Bustos por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio relacionados con el cartel de la toga. Además, ordenó gestionar su extradición desde Canadá.

¿Qué conductas criminales imputó la JEP a exintegrantes de las Farc por crímenes contra pueblos indígenas?

Según el reporte de El Espectador, la JEP atribuyó 96 conductas criminales a diez antiguos miembros de las Farc, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos, uso de minas antipersonal y daños al medio ambiente, todas dirigidas contra cinco pueblos indígenas entre 1996 y 2016.

Según el análisis presentado, la misión de un museo es, ante todo, abrir espacios para el debate, la interrogación y la visibilización de distintas formas en que la sociedad ha sido forjada. Restringir el acceso a determinados relatos o censurar ciertas expresiones bajo argumentos políticos y morales, como lo sugiere el retiro de estas 30 piezas, limita la oportunidad de comprender la diversidad y complejidad de la experiencia colectiva. Esta preocupación se acrecienta ante decisiones unilaterales de quienes ostentan temporalmente el poder, pues ningún gobierno, partido o persona debería definir por cuenta propia qué fragmentos de la memoria nacional permanecen visibles y cuáles desaparecen.

El texto de El Espectador subraya que no se trata de idealizar el rol de los museos ni de negar la necesidad de revisar o transformar estas instituciones. Se reconoce que existen posturas polarizantes y que ciertas corrientes ideológicas pueden generar tensiones dentro del ámbito cultural. Sin embargo, la solución no es suprimir relatos y voces alternas; antes bien, esto perpetúa una lógica de exclusión. El testimonio de las luchas feministas, de la diversidad sexual y de género, de las víctimas de violencia política y de los procesos de paz, resultan indispensables, incluso cuando confrontan visiones instaladas o incomodan creencias arraigadas.

El Consejo Internacional de Museos (ICOM, por su sigla en inglés) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) defienden, de acuerdo con la misma fuente, la independencia de los museos y su rol como espacios de diálogo y aprendizaje público. Allí deben coexistir posturas opuestas y debates sobre los derechos sociales, pues ocultar historias incómodas equivale a renunciar al conocimiento y al derecho de una sociedad a comprender su compleja identidad. Por eso, los autores del pronunciamiento piden el regreso de las obras retiradas, resaltando que omitir testimonios críticos no protege la historia del país, sino que impide entenderla.

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¿Por qué es importante la independencia de los museos en Colombia?

La independencia de los museos en Colombia garantiza que estas instituciones puedan cumplir su función de resguardar y mostrar la diversidad de experiencias y memorias del país, evitando que intereses políticos o personales dicten lo que debe recordarse u olvidarse. Así, los museos se consolidan como espacios legítimos de diálogo social y reflexión colectiva.

¿Qué papel cumplen las luchas feministas y la diversidad en la memoria histórica de Colombia?

Las luchas feministas y la reivindicación de la diversidad sexual y de género, según El Espectador, son elementos inseparables de la memoria histórica colombiana. Documentarlas en museos reconoce su contribución en la construcción de derechos y permite reconocer cómo estos movimientos han transformado la sociedad a lo largo del tiempo.

Según datos del Ministerio de Educación, hay más de 8 millones de cupos disponibles en el ámbito nacional, cubriendo desde educación inicial —a partir de los tres años de edad— hasta media, que finaliza en grado 11. El proceso para solicitar un cupo requiere que la familia se acerque a la institución educativa más cercana o a la secretaría de educación correspondiente, indicando el grado de interés. Entre los documentos obligatorios figuran copia del documento de identificación del estudiante y del acudiente, certificado de aprobación o promoción del grado cursado y certificado de notas si se trata de un traslado. Luego de presentar los documentos, se asigna el colegio disponible y es fundamental confirmar que el trámite quedó concluido y el menor esté registrado en el sistema.

Para la matrícula de niños entre 3 y 5 años, lo primero es preguntar en la secretaría de educación cuáles instituciones ofrecen prejardín, jardín y transición. Allí, se solicitan documentos como registro civil o documento de identificación vigente, certificado de afiliación a seguridad social, soporte de asistencia a valoración integral en salud con el esquema de vacunación acorde a la edad y copia del carnet de vacunación. El Ministerio de Educación aclara que la ausencia de alguno de estos papeles no implica la negación del cupo, pues la institución educativa puede ayudar a conseguirlos.

En el caso de estudiantes migrantes, es indispensable presentar un documento que demuestre estatus migratorio regular —como visa, cédula de extranjería o Permiso por Protección Temporal (PPT)—. Si se encuentra en condición irregular, se puede usar el Número Establecido por la Secretaría-SIMAT (NES). La institución cuenta con 30 días para realizar la inscripción. Posteriormente, el acudiente debe aportar certificados de estudios legalizados. Si no los tiene, se aplica una prueba diagnóstica para ubicar al estudiante en el grado correspondiente. El Ministerio de Educación también señala que los estudiantes migrantes venezolanos pueden beneficiarse de programas como alimentación y transporte escolar.

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¿Cuáles son los documentos requeridos para la matrícula escolar en Colombia?

Los documentos exigidos para la matrícula dependen de la edad y situación del estudiante. Para estudiantes nacionales, se solicita copia del documento de identidad del niño y del acudiente, certificado de grado aprobado y notas en caso de traslado. Para preescolar, además de la identificación, se necesita soporte de afiliación a seguridad social y registro de vacunación. En migrantes, son clave los papeles que acrediten estatus regular y, en su defecto, procedimientos alternativos como el Número Establecido por la Secretaría-SIMAT.

¿Qué significa el Número Establecido por la Secretaría-SIMAT (NES) en el proceso de matrícula escolar?

El Número Establecido por la Secretaría-SIMAT (NES) es una alternativa que se otorga a estudiantes migrantes en condición irregular para poder acceder al proceso de matrícula escolar. Este número permite iniciar los trámites aún si el menor no cuenta con documentos oficiales de identificación migratoria, facilitando así su ingreso al sistema educativo.

El ambiente en el barrio Artex refleja incertidumbre y dolor. Los habitantes conservan imágenes impactantes que circularon en redes sociales: Juan Esteban tirado boca abajo en el suelo, con un morral lleno de premios pensados para la fiesta. Los registros muestran el caos que se desató en el sector conocido como La Playa, en la avenida Oriental, donde la tragedia oscureció un día que estaba destinado a la alegría. De acuerdo con la información disponible, Urán fue confundido con uno de los delincuentes que habían robado a un hombre que acababa de retirar más de 20 millones de pesos colombianos en un banco cercano.

Un agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que pasaba por la zona en ese momento, intervino disparando para evitar el asalto. Fue en esa circunstancia en la que Juan Esteban Urán recibió el tiro por la espalda. Las consecuencias de ese disparo desencadenaron indignación y dudas entre los vecinos y la familia de la víctima, quienes aún no reciben explicaciones formales sobre la responsabilidad ni el verdadero origen de los hechos. Videos y testimonios se distribuyeron entre medios de comunicación y en internet, ampliando la presión sobre las autoridades.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha entregado respuestas concluyentes. Se desconoce con claridad de dónde provino el disparo letal, así como la base para los señalamientos contra Urán de un supuesto robo. La comunidad insiste en obtener justicia, comprensión y memoria para quien fuera un líder barrial, cuya vida se apagó en medio de confusión e injusticia.

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¿Quién era Juan Esteban Urán Cano y por qué fue confundido con un ladrón?

Juan Esteban Urán Cano era presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Artex en Itagüí, Antioquia. Él salió a comprar regalos para un bingo comunitario y terminó herido mortalmente, tras ser confundido con uno de los supuestos delincuentes que robaron a un hombre que había retirado dinero de un banco, según las imágenes y testimonios citados en las redes sociales y medios de comunicación.

¿Qué responsabilidades se le atribuyen al CTI en la muerte de Juan Esteban Urán?

La información indica que un agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) disparó para evitar el robo y, en esa intervención, Juan Esteban Urán resultó herido por la espalda. Hasta el momento, la comunidad exige respuestas sobre la responsabilidad de este agente y espera que la Fiscalía aclare el hecho, ya que persisten dudas acerca de la procedencia del disparo y la verdadera participación de Urán en el incidente.

El detonante principal del litigio gira en torno a la cuota alimentaria provisional fijada en 37 millones de pesos mensuales mediante el Auto 070 del 29 de mayo de 2026, dictado por Amín Francisco Sanabria Aislant, comisario de la Comisaría de Familia Permanente Turno 1 de Cartagena. Mientras los argumentos de respaldo a la medida apuntan a garantizar el sostenimiento integral del menor, la defensa de Botero califica la cifra como desproporcionada frente a los cálculos iniciales presentados inicialmente por su expareja, los cuales rondaban los 5,4 millones de pesos mensuales en gastos básicos.

Ante este panorama, el equipo jurídico del empresario ha reportado pagos parciales que ascienden a cerca de 9,2 millones de pesos mensuales —discriminados entre transferencias directas, aportes a medicina prepagada y el canon de administración del inmueble donde residen el menor y su madre—. Con estos soportes, los abogados buscan que la justicia evalúe la proporcionalidad de la obligación alimentaria frente a la capacidad económica real de ambos progenitores.

Sin embargo, el conflicto escaló a raíz de las medidas cautelares impuestas. El pasado 11 de octubre de 2026 se hizo efectiva la inscripción de Botero en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), una sanción que acarrea consecuencias directas como la prohibición de salir del país y la restricción de trámites migratorios ante Migración Colombia. Desde la perspectiva del empresario, esta medida afecta de manera directa el desarrollo de sus actividades profesionales en el exterior.

Adicionalmente, la defensa ha cuestionado presuntas irregularidades procesales, denunciando que durante cerca de cinco meses no se ha llevado a cabo la audiencia programada y que se habrían ignorado recursos de objeción y recusación presentados en contra del comisario Sanabria ante la Secretaría del Interior de Cartagena. Por esta razón, interpusieron una acción de tutela radicada bajo el número 13001-40-03-002-2026-001059-00 ante el Juzgado Segundo Civil de Cartagena, buscando la protección de los derechos fundamentales al debido proceso.

Mientras el proceso avanza en los estrados judiciales, el caso refleja las tensiones recurrentes en los procesos de familia en el país, donde las discusiones sobre visitas, cuotas provisionales y medidas drásticas como el REDAM continúan generando intensos debates jurídicos sobre los límites de las autoridades locales y las garantías procesales de las partes involucradas.

Tras el crimen, la Alcaldía de Jamundí y la Gobernación del Valle del Cauca anunciaron una recompensa de 150 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar a los responsables materiales e intelectuales. La administración municipal aportará 50 millones de pesos, mientras que el gobierno departamental dispuso otros 100 millones.

Vea también: Apareció (entre lágrimas) exalcalde de Jamundí luego de atentado y habló de escolta: “Dio su vida”

La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, explicó que distintas entidades se articularon para atender la emergencia y avanzar en las pesquisas. La mandataria señaló: “De manera inmediata, se realizó un despliegue institucional, donde nuestra fuerza pública, Policía, Gaula, Sijín, Inteligencia policial, Alcaldía Municipal de Jamundí, en articulación con la Gobernación del Valle del Cauca, atendimos la situación”.

Uno de los elementos que podría ayudar a reconstruir lo ocurrido son las grabaciones y los datos recopilados por los investigadores. La alcaldesa confirmó, en declaraciones citadas por El Tiempo: “Ya la policía judicial tiene algunos videos e información relevante recopilada de los hechos“. Con ese material, las autoridades esperan avanzar en la identificación de quienes participaron en el ataque.

Mientras continúa la investigación, la protección del exalcalde también se convirtió en una prioridad. Castillo indicó que “la Policía en este momento le está brindando protección mientras que la UNP le asigna el personal de protección nuevamente”. La medida busca mantener el acompañamiento de Ramírez mientras se define la continuidad de su esquema de seguridad.

Por ahora, las autoridades mantienen las labores investigativas para establecer cómo se planeó el atentado y quiénes estarían detrás del crimen. La recompensa de 150 millones de pesos busca incentivar la colaboración ciudadana y facilitar información que conduzca a los responsables.

Según los reportes, cinco hombres encapuchados, portando armas, detuvieron el vehículo, obligaron tanto al conductor como a los pasajeros a descender para, posteriormente, incendiar el automotor. Pese a la gravedad del ataque, no se han reportado personas heridas, como lo confirmó el mayor Douglas Arenas, director de Seguridad y Convivencia de Santander. Sin embargo, el incidente ha puesto nuevamente en evidencia la situación de seguridad en esta zona estratégica del nororiente colombiano.

En entrevista con Canal TRO, el mayor Arenas explicó que el páramo del Almorzadero se ha consolidado como un punto crucial porque sirve de paso para quienes transitan entre departamentos y favorece tanto las economías legales como ilegales. El funcionario agregó que debido a sus límites con Arauca y Norte de Santander, la movilidad en el área es aprovechada por organizaciones delincuenciales, y señaló que, según las versiones iniciales, integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) habrían sido los responsables de esa acción violenta.

Las autoridades han solicitado una reacción inmediata de la Fuerza Pública, buscando la identificación y captura de los responsables del ataque. “No podemos permitir que estos bandidos sigan intimidando a la población civil”, expresó el funcionario, quien también instó a la comunidad a colaborar aportando información relevante para la investigación.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció el cierre total de la Troncal del Norte, en el sector entre Cerrito y Cúcuta, específicamente a la altura del punto de referencia PR 58+0300, en la salida del municipio de Cerrito. La entidad también advirtió que no hay rutas alternas activas y que equipos trabajan para reabrir la vía cuanto antes. Los usuarios deben consultar los informes oficiales antes de planificar cualquier desplazamiento por este corredor.

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¿Qué pasó con el bus incinerado en el páramo del Almorzadero, Santander?

El bus de servicio público, afiliado a la empresa Concorde y que cubría la ruta Bogotá-Cúcuta, fue interceptado por cinco hombres armados y encapuchados, quienes obligaron a los pasajeros y al conductor a bajar antes de incendiar el vehículo en un tramo de la Troncal del Norte. Según reportes de Noticias Caracol y declaraciones del mayor Douglas Arenas a Canal TRO, no hubo personas heridas y las autoridades trabajan en identificar a los responsables.

¿Por qué la Troncal del Norte permanece cerrada tras el ataque al bus en Cerro del Almorzadero?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Troncal del Norte está cerrada en el sector Cerrito-Cúcuta, a la altura del punto PR 58+0300, debido a la incineración del bus. No se cuenta con rutas alternas activas, mientras personal especializado realiza labores para habilitar nuevamente el paso vehicular y garantizar la seguridad en la zona.

El presidente Abelardo de La Espriella utilizó su cuenta de X para expresar su rechazo al atentado y anunciar medidas inmediatas. "He ordenado a la Policía Nacional desplegar todas sus capacidades para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales, en coordinación con la Fiscalía. Este crimen no quedará impune", afirmó el mandatario, mostrando su determinación de esclarecer lo sucedido y ofrecer justicia.

Además, la Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín Ortíz, expuso la gravedad del ambiente en Jamundí. En un comunicado, la entidad señaló que el municipio vive una crisis producto del conflicto armado. Tal como lo confirmó la Defensoría, esta semana fue emitida la Alerta Temprana 023 de 2026, debido a los riesgos a los que se expone la comunidad, incluyendo homicidios selectivos, desapariciones forzadas, amenazas y ataques a líderes sociales. La Defensoría instó a la Fiscalía General de la Nación a avanzar en la investigación y pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP Colombia) mantener y evaluar las medidas necesarias para salvaguardar la vida de quienes ejercen actividades políticas.

Después del atentado, Andrés Felipe Ramírez reapareció en sus redes sociales, confirmando que salió ileso y expresó: “Estoy vivo de milagro. Dios es muy generoso y también a una persona que dio su vida por mí”, refiriéndose a su escolta fallecido. Por su parte, el senador Duvalier Sánchez, quien se había reunido con Ramírez horas antes y lo identificó como parte de su equipo político y fórmula a la Cámara en las elecciones pasadas, rechazó en redes sociales el ataque y lamentó la muerte del escolta.

Para más información sobre justicia, seguridad y derechos humanos, según El Espectador, estos temas son vitales en el contexto actual de Jamundí, donde la violencia persiste como una amenaza constante para quienes lideran procesos sociales y políticos.

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¿Qué motivó el atentado contra Andrés Felipe Ramírez en Jamundí?

El atentado contra el exalcalde Andrés Felipe Ramírez se enmarca en un contexto de violencia relacionado con el conflicto armado que afecta a Jamundí, donde los líderes políticos y sociales han sido blanco de ataques, homicidios selectivos y amenazas, según la Alerta Temprana 023 de 2026 emitida por la Defensoría del Pueblo.

¿Qué medidas están tomando las autoridades tras el atentado sicarial en Jamundí?

Tras el atentado sicarial, el presidente Abelardo de La Espriella ordenó a la Policía Nacional y la Fiscalía investigar para identificar y capturar a los responsables. Asimismo, la Defensoría del Pueblo instó a la Fiscalía a avanzar en las investigaciones y pidió a la Unidad Nacional de Protección que garantice la seguridad de líderes políticos en la zona.

La noticia del Nobel sorprendió a Pillay cuando participaba en una conferencia en el Tribunal de Núremberg, Alemania, espacio emblemático por sus juicios históricos contra el nazismo. La jurista narró, de acuerdo con El Espectador, que el anuncio le llegó por una tercera persona, reacción que interpretó como una broma, antes de bromear ella misma sobre compartir el premio. La trayectoria de Pillay está marcada por hitos pioneros: fue la primera mujer no blanca en abrir un despacho jurídico en Sudáfrica y se forjó como defensora de activistas opuestos al apartheid, lo que cimentó su compromiso global con la justicia.

Su perfil internacional se consolidó cuando asumió la presidencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. En ese cargo, fue clave en el reconocimiento jurídico de la violencia sexual como crimen de guerra, y participó en la histórica sentencia a cadena perpetua para el primer ministro de Ruanda por genocidio. Durante su carrera, también se desempeñó como jueza en la Corte Penal Internacional de La Haya y en la Corte Internacional de Justicia. Su llegada como Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, entre 2008 y 2014, facilitó su visita a Colombia.

En 2008, de acuerdo con reportes de la Comisión de la Verdad citados por El Espectador, Colombia vivía un momento álgido en el conflicto armado, marcado por acciones militares contra la exguerrilla de las FARC y el escándalo de los falsos positivos: ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas militares, que, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dejaron 7.837 víctimas entre 1990 y 2016. Pillay calificó entonces estos hechos como "atroces" y saludó la destitución de altos oficiales, aunque organizaciones como el Equipo Nizkor cuestionaron la impunidad persistente en esos casos.

En su regreso en el año 2013, Pillay visitó comunidades de víctimas, asistió a la entrega de tierras simbólicas en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y recibió las llaves de la ciudad de manos del entonces alcalde Gustavo Petro. Su presencia remarcó la importancia del diálogo directo con la sociedad civil y las víctimas, resaltando el valor de su testimonio y la necesidad de una vigilancia a los derechos humanos sin interferencias políticas.

La propia Pillay, en recientes declaraciones a Caracol Radio, expresó el impacto personal de recibir la llave de Bogotá y su deseo de regresar algún día. Con su nombre inscrito como la mujer número 21 ganadora del Nobel de Paz, la ciudad reitera, con esa distinción, el valor de quienes han dedicado su vida a luchar contra la impunidad de los crímenes más graves del mundo.

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¿Qué significan los falsos positivos en el contexto de Colombia?

Los falsos positivos se refieren, de acuerdo con informes de la Jurisdicción Especial para la Paz, a ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares en Colombia, presentando a civiles asesinados como guerrilleros muertos en combate. Entre 1990 y 2016, se documentaron 7.837 víctimas, convirtiéndose en uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos en la historia reciente del país.

¿Por qué Navi Pillay recibió las llaves de la ciudad de Bogotá?

Navanethem Pillay recibió las llaves de la ciudad de Bogotá como reconocimiento a su labor internacional en la defensa de los derechos humanos, durante una visita marcada por su cercanía con las víctimas colombianas. Este honor, concedido por la Alcaldía en una ceremonia en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, simbolizó la gratitud de la capital hacia personalidades comprometidas con la justicia y la paz, en sintonía con momentos clave del contexto colombiano.

En Soacha, municipio vecino a la capital, el hecho más lamentable fue la confirmación del fallecimiento de un motociclista, según información del alcalde Julián Sánchez Perico. Además, otras dos personas sufrieron lesiones de consideración y debieron ser llevadas a centros médicos para recibir atención. Mientras tanto, en Funza, un vendaval causó la caída de postes, cables eléctricos y árboles, evidenciando el poder y peligro de estas tormentas de corta duración.

Otro de los municipios afectados fue Cota, particularmente el sector del cerro Manjuy, en donde cuatro familias reportaron daños en los techos de sus viviendas y serias filtraciones de agua; estos incidentes han puesto en evidencia la vulnerabilidad de las construcciones ante fenómenos atmosféricos extremos. Por otro lado, en Lenguazaque, la emergencia estuvo relacionada con una inundación, evento que fue atendido de manera conjunta por el cuerpo de Bomberos y personal de la Alcaldía.

Según la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, entre el 1 y el 13 de octubre ya se habían reportado 16 situaciones de emergencia relacionadas con las lluvias, lo que evidencia la frecuencia e intensidad de estos fenómenos en la actualidad.

A pesar de que se prevé que el fin de semana se mantenga un clima mayormente seco, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) advirtió que en Bogotá aún existe la probabilidad de lloviznas dispersas. La capital, de acuerdo con los análisis de las autoridades, es cada vez más vulnerable al cambio climático, contexto que demanda mayor monitoreo y prevención. En consecuencia, Bogotá mantiene activo su Puesto de Mando Unificado (PMU), herramienta destinada a la vigilancia permanente de la segunda temporada de lluvias, según lo manifestó el director del Idiger, Guillermo Escobar.

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¿Qué daños causaron las lluvias recientes en Soacha y otros municipios de Cundinamarca?

Las recientes lluvias causaron múltiples emergencias en Cundinamarca. En Soacha, las situaciones más graves incluyeron el fallecimiento de un motociclista y dos personas más heridas. Funza registró caída de postes, cables y árboles debido a un vendaval. En Cota, cuatro familias sufrieron daños en techos y filtraciones en sus viviendas; mientras tanto, en Lenguazaque, se reportó una inundación que obligó a la intervención de bomberos y personal de la Alcaldía.

¿Cuántas emergencias se han reportado por lluvias en Cundinamarca en octubre?

De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, entre el 1 y el 13 de octubre se han reportado 16 emergencias en el departamento relacionadas con las lluvias. Este dato refleja la gravedad y la frecuencia de los fenómenos climáticos extremos que se han presentado en la región durante este período.

La controversia, alimentada por constantes rumores en redes sociales que la señalaban de presuntos beneficios económicos, fue desmentida de plano por Pineda al ser indagada de forma directa sobre su remuneración. “Como primera dama ni siquiera tengo sueldo”, aseveró con contundencia, agregando que desde el primer día en que asumió el rol protocolario en la Casa de Nariño dejó claro que no solicitaría ningún estipendio público para el desarrollo de sus tareas sociales en las distintas regiones del país.

 

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Asimismo, la primera dama se refirió a los requerimientos de información que han llegado a las oficinas del Ejecutivo preguntando si ha solicitado recursos estatales para financiar sus desplazamientos. Pineda explicó que todos los viajes y actividades que realiza, tanto a nivel nacional como internacional, son costeados directamente con su patrimonio familiar y recursos propios. “Le han enviado muchos derechos de petición al Dapre preguntando si he pedido viáticos, si he pedido recursos del Gobierno para mis actividades, para los viajes que he realizado a favor de Colombia. Ni siquiera lo he hecho porque no necesito hacerlo y no lo voy a hacer durante el gobierno”, enfatizó.

En esa misma línea, la esposa del mandatario recordó que antes de la llegada de su cónyuge a la presidencia, trabajó durante más de 18 años a su lado en la firma de abogados familiar, espacio donde aprendió a construir su patrimonio personal de forma transparente. Pineda concluyó asegurando que no llegó a la administración pública a apropiarse de recursos ajenos y reiteró que el dinero invertido en sus desplazamientos oficiales proviene de su propio trabajo, lo cual le permite actuar con independencia y transparencia ante la opinión pública.

Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron el 8 de abril de 2026, en el Pabellón 1 del establecimiento. Según los informes preliminares, durante esa jornada se llevó a cabo una parranda vallenata al interior de la cárcel, evento en el que miembros del personal de guardia no reportaron novedades ni anotaron los ingresos y salidas en las planillas. Infobae da cuenta de las inconsistencias detectadas en los registros de acceso, situación que originó la intervención de la Procuraduría.

Entre los funcionarios que deberán responder disciplinariamente está el teniente Fabián Leandro León Rodríguez, quien era el director encargado del penal en ese momento. Junto a él, fueron llamados los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz, así como el inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia, el inspector Eduardo Parra Ceballes y el dragoneante Juan Diego Ospina Morales.

El proceso disciplinario se extiende con una indagación complementaria contra Raúl Torres Romero y la dragoneante Katherin Vanessa Baquero Henao, quienes elaboraron un informe justificando la ausencia de planillas, argumentando fallas técnicas en la red del Inpec y en la plataforma digital Sisipec 1. La Procuraduría busca determinar la veracidad de estas explicaciones dentro de la investigación.

En el marco de este caso, los dragoneantes Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Goez David aceptaron su responsabilidad acogiéndose a la figura de confesión, lo que permitió a la Procuraduría consolidar el material probatorio y cerrar la fase previa del proceso.

Al trascender el ámbito disciplinario, la Procuraduría compulsó copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que verifique si los tenientes León Rodríguez, Fracica Sarmiento y Ciprián Díaz incurrieron en conductas punibles conforme a la ley. Por su parte, el cantante Nelson Velásquez explicó que su presentación se dio como un compromiso profesional, aclarando que confiaba en la autorización y la gestión de seguridad proporcionadas por el penal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los funcionarios del Inpec investigados por la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí?

Según la información confirmada por la Procuraduría General de la Nación, los funcionarios investigados son: los tenientes Fabián Leandro León Rodríguez, Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz, el inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia, el inspector Eduardo Parra Ceballes y el dragoneante Juan Diego Ospina Morales. Dos más, Raúl Torres Romero y la dragoneante Katherin Vanessa Baquero Henao, también son objeto de indagación dentro del proceso.

¿Qué es la plataforma Sisipec 1 mencionada en el proceso contra funcionarios del Inpec?

Sisipec 1 es una plataforma digital utilizada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para el registro de control y novedades dentro de los establecimientos carcelarios. En este caso, algunos funcionarios investigados justificaron la ausencia de planillas en el penal alegando supuestas fallas en dicha plataforma, argumento que es evaluado por la Procuraduría dentro del proceso disciplinario.

La detonación ocurrió hacia las 8:10 a. m., cuando desconocidos activaron un artefacto explosivo al paso de los uniformados. La explosión causó alarma entre los habitantes y su estruendo se escuchó en sectores del norte de la ciudad, como La Flora y El Bosque.

Vea también: Ataque con explosivos en la variante sur de Popayán deja dos civiles heridos y activa recompensa por información

La carga habría sido instalada en un poste ubicado en el corregimiento de Montebello, una zona rural que conecta con el cerro tutelar de Cali. Las circunstancias exactas del ataque y la identidad de los responsables todavía son materia de investigación por parte de las autoridades.

#Cali | Se registra una segunda explosión en cercanías al corregimiento de Montebello, en Cali, cuando personal antiexplosivos llegaba a verificar el lugar de un primer ataque contra una patrulla de la Policía. De manera preliminar, se reporta un tercer uniformado lesionado. https://t.co/dbFdTzrLr1

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 17, 2026

Entre los afectados hay un subintendente, un intendente y un patrullero, quienes sufrieron heridas por esquirlas tras el impacto y la onda expansiva. Los tres recibieron atención médica de urgencia en el lugar y posteriormente fueron trasladados a centros asistenciales de la capital del Valle del Cauca.

La información preliminar indica que los uniformados se encuentran fuera de peligro, aunque permanecen bajo valoración médica y reciben atención especializada. Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre la evolución de sus lesiones.

Frente a lo ocurrido, la Policía Metropolitana de Cali rechazó el ataque y anunció que adelanta las investigaciones para identificar a los responsables materiales e intelectuales. La institución también pidió colaboración ciudadana para esclarecer los hechos y recordó que las personas con información pueden comunicarse con la línea de emergencias 123, con reserva de su identidad.

El atentado se suma a otros episodios de violencia contra integrantes de la Fuerza Pública en Cali durante las últimas semanas. Las autoridades buscan reforzar las acciones de seguridad y avanzar en las pesquisas para establecer quiénes están detrás de este nuevo ataque.

Según El Nuevo Día, la feria no solo atrajo a universidades reconocidas como la Universidad del Tolima, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Cooperativa de Colombia y Uniminuto, sino que también sumó instituciones de diferentes regiones de Colombia. Alternativas como la Universidad Católica Luis Amigó, la Universidad Santiago de Cali y la Universidad Autónoma de Manizales formaron parte de la nutrida oferta. Incluso, la Armada Nacional de Colombia participó, presentando programas de formación y desarrollo profesional.

Ángela María Reyes Moulin, asesora comercial de El Nuevo Día, resaltó la dinámica positiva obtenida tanto de los expositores como de las instituciones educativas asistentes. "Estamos de verdad muy, muy contentos en el tema de participación de universidades. Y en el tema de participación de colegios, también muy satisfechos", manifestó Reyes durante el encuentro. De acuerdo con el balance de la organización, participaron agrupaciones de 32 instituciones educativas, superando los dos mil estudiantes, además de otros jóvenes que acudieron por su cuenta.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de explorar una oferta académica amplia, consultar beneficios institucionales y averiguar distintas opciones de financiación, aspectos esenciales para quienes buscan proyectos de vida sostenibles tras terminar la secundaria. Reyes explicó que muchos estudiantes se mostraron gratamente sorprendidos por la posibilidad de encontrar tanto la universidad ideal como información para que sus padres consideren alternativas de financiación.

La logística de Expouniversidades implicó meses de preparación y coordinación, especialmente tras un cambio de fecha debido a una emergencia sísmica. El Colegio Champagnat facilitó la reprogramación del espacio, permitiendo cumplir con la asistencia prevista y mantener la tradición. Reyes valoró el compromiso de los colegios y universidades que participan año tras año, subrayando la importancia de estos espacios para ayudar a los jóvenes a comprender y decidir sobre su futuro académico.

Finalmente, El Nuevo Día proyectó que la feria continuará en 2027, buscando fortalecer aún más la experiencia y la participación de los colegios de Ibagué y otros municipios. Con el lema “Tu futuro más cerca”, Expouniversidades sigue siendo un puente esencial para que los estudiantes de la región se informen y preparen para el tránsito a la educación superior.

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¿Qué instituciones de educación superior participaron en Expouniversidades 2026 en Ibagué?

Durante Expouniversidades 2026, de acuerdo con El Nuevo Día, participaron 30 instituciones de educación superior, entre universidades públicas y privadas, así como institutos de idiomas y entidades de formación técnica. Entre las destacadas estuvieron la Universidad del Tolima, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Cooperativa de Colombia, Uniminuto, la Universidad Católica Luis Amigó, la Universidad Santiago de Cali y la Universidad Autónoma de Manizales. Además, la Armada Nacional de Colombia también ofreció alternativas de formación y proyección profesional.

¿Cuáles son los beneficios de asistir a la feria Expouniversidades en Ibagué?

Según El Nuevo Día, asistir a Expouniversidades permite a los estudiantes conocer una amplia oferta académica y resolver inquietudes directamente con los representantes de las instituciones. Además, pueden informarse sobre beneficios institucionales, opciones de financiación para costear estudios universitarios y comparar alternativas formativas antes de graduarse, lo que facilita una mejor toma de decisiones sobre su futuro profesional.

El momento de mayor tensión mediática se dio cuando le pidieron definir en una sola palabra al exmandatario Gustavo Petro. Sin dudarlo un segundo y con un gesto de tajante desdén, Pineda sentenció: “Pasado”. La misma suerte corrió el senador opositor Iván Cepeda, a quien la esposa del jefe de Estado calificó de idéntica manera, añadiendo con severidad que prefiere no gastar palabras en figuras que, según su criterio, representan una etapa superada y dañina para la historia reciente del país.

La arremetida no se detuvo ahí. Al ser cuestionada por la ex primera dama Verónica Alcocer y los recientes escándalos que la han rodeado en la opinión pública, Pineda se limitó a responder de forma fría y distante: “La que fue la primera dama, solo eso”. Acto seguido, sugirió que deben ser los entes de control y las autoridades judiciales los encargados de determinar si la exfuncionaria debe responder penalmente por las irregularidades que se le cuestionan tras su paso por el Palacio de San Carlos.

Por último, al referirse al bloque político de la izquierda petrista en general, la esposa del mandatario los acusó de demagogia y falta de gestión en los territorios, resumiendo su accionar como “oposición: muchas palabras y pocos hechos”. Con esta batería de dardos venenosos, Ana Lucía Pineda reafirma su papel como una figura de choque dentro del oficialismo, demostrando que no teme saltar al ruedo de la confrontación política para defender la gestión de su esposo y marcar distancia absoluta frente a sus antecesores.

La función especial de ‘Circo de las Maravillas’ tendrá lugar el domingo 18 de octubre de 2026 a las 3:00 p. m., en el Centro Cultural Compartir, ubicado en Sumapaz La Pilona 10, dentro de la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La entrada será completamente gratuita para el público, permitiendo que personas de diferentes edades y contextos puedan acceder a este evento sin barreras económicas, de acuerdo con la información presentada en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá.

La trama sigue a Mercurio y Pingüino, dos amigos que acuden al circo con entusiasmo y altas expectativas. Sin embargo, su llegada se ve empañada cuando descubren que las puertas del espectáculo están cerradas. Este hecho marca el inicio de una serie de situaciones inesperadas, pues Mercurio, desanimado, decide irse a casa, hasta que nota la ausencia de su compañero, quien se pierde entre las carpas. De ahí en adelante, la historia se construye alrededor de la búsqueda y el reencuentro, atravesada por la colaboración de diversos personajes que se cruzan en el camino de los protagonistas.

La obra no solo se enfoca en el entretenimiento, sino que invita a reflexionar sobre la importancia de las relaciones y los lazos afectivos. De acuerdo con la información difundida en la agenda cultural de Bogotá, ‘Circo de las Maravillas’ se apoya en las artes escénicas para transmitir valores como la solidaridad, el sentido de pertenencia y la capacidad de afrontar las dificultades a través de la unión y la imaginación colectiva. Así, se convierte en una oportunidad para fortalecer los vínculos familiares y celebrar el arte como motor de transformación social.

La invitación es a vivir esta experiencia cultural, dejarse sorprender por una puesta en escena que convoca a la creatividad y a conectar con las emociones en un espacio pensado para toda la familia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se presenta ‘Circo de las Maravillas’ en Bogotá?

‘Circo de las Maravillas’ será presentado el domingo 18 de octubre de 2026 a las 3:00 p. m., en el Centro Cultural Compartir, en Sumapaz La Pilona 10, localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Según la agenda cultural de la ciudad, la entrada es completamente gratuita.

¿Cuál es la historia principal de la obra ‘Circo de las Maravillas’?

La obra presenta la historia de dos amigos, Mercurio y Pingüino, quienes llegan al circo buscando diversión, pero se enfrentan a puertas cerradas y la desaparición de Pingüino. En la búsqueda, ambos aprenden sobre la amistad, la solidaridad y el verdadero valor de la esperanza, según la información oficial de la Alcaldía de Bogotá.

De acuerdo con el medio citado, el expediente no se limitaría a las grabaciones y declaraciones recientes de Eva Ferrer, antigua asesora y cercana a Alcocer. Fuentes de la Fiscalía le indicaron al periódico que desde hace meses se recopila información sobre una decena de personas, incluidos cinco extranjeros, y que podrían incorporarse otras conductas a la investigación.

Verónica Alcocer y los contratos de Ecopetrol: qué investiga la Fiscalía

Uno de los focos está en Ecopetrol y en supuestas presiones para favorecer negocios. Bayron Triana, exvicepresidente de energías para la transición de la petrolera, afirmó que recibió presiones desde la Casa de Nariño para acelerar una compra directa de gas por una suma millonaria, a través de la oficina de la empresa en Houston, poco antes del cierre del gobierno Petro. Fuentes cercanas a la compañía relacionaron ese negocio con ciudadanos catalanes cercanos al entorno de Alcocer.

El periódico también recordó una denuncia trasladada a la Fiscalía en diciembre de 2024 por el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Según publicó El Tiempo, el documento mencionaba supuestas presiones de Nicolás Alcocer, hijo adoptivo de Petro, y de Ricardo Roa, entonces presidente de Ecopetrol, para favorecer a terceros en contratos de energía vinculados con la hidroeléctrica de Urrá, en Córdoba. Ambos señalados negaron las acusaciones.

Otro capítulo corresponde a las declaraciones de Ferrer sobre presuntos viajes a Venezuela y el supuesto traslado de 2,5 millones de dólares en efectivo. Según el diario, la española también lanzó señalamientos relacionados con posibles movimientos de drogas y negocios de armas, pero no presentó pruebas públicas que respaldaran esas afirmaciones. Por ello, estas versiones deben entenderse como acusaciones pendientes de verificación.

Las declaraciones también salpicaron a Manel Grau, Xavier Vendrell, Mario Fernández Alcocer y Agmeth Scaf. De acuerdo con El Tiempo, Scaf negó los señalamientos y aseguró que nunca participó en esos viajes ni se apropió de dinero. El abogado de Fernández Alcocer también rechazó las acusaciones y sostuvo que su defendido nunca estuvo en Venezuela.

Por su parte, El Tiempo informó que Grau anunció acciones legales contra Ferrer por considerar falsas y calumniosas sus declaraciones. Además, fuentes federales citadas por el periódico señalaron que el FBI adelanta verificaciones sobre los señalamientos contra cuatro extranjeros en Colombia, Venezuela y España. La indagación busca esclarecer los hechos, pero las acusaciones aún deben ser corroboradas por las autoridades.

Tras el accidente, Dayana fue trasladada de inmediato a la clínica Medicadiz, específicamente en el sector de La Samaria, donde los médicos debieron internarla en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la severidad de sus lesiones. Durante esos días, sus familiares, colegas y ciudadanos se unieron en cadenas de oración, a la espera de noticias alentadoras sobre su estado de salud. No obstante, pese a los esfuerzos del personal médico y a la solidaridad expresada por quienes seguían su recuperación, la periodista falleció el 17 de octubre de 2025.

Días después del accidente, el caso volvió a captar la atención pública debido a la difusión de un video que mostraba las circunstancias que antecedieron la tragedia. Según las imágenes, el taxi permanecía detenido sobre la vía, enfrente de unas bodegas cerca del Parque Deportivo, aparentemente sin las luces estacionarias activadas. Además, se evidencia que en el momento de la colisión había lluvias, lo que habría dificultado la visibilidad y las condiciones de la carretera.

El conductor del taxi, según su propia versión citada en la información disponible, explicó que detuvo el vehículo por la necesidad de limpiar el vidrio, empañado por la lluvia. Relató que, mientras lo hacía, sintió un impacto en la parte trasera del automotor y que, al descender, presenció la magnitud de los hechos.

Más allá del dolor causado por su ausencia, Dayana se había consolidado como una figura valiosa en el periodismo de Tolima por su cercanía con la comunidad y su trabajo al presentar noticias en video. En marzo de 2025, la Asociación Tolimense de Locutores le otorgó el Micrófono de Oro en reconocimiento a su profesionalismo y compromiso. Su partida dejó una huella entre colegas y ciudadanos, quienes recordaron su generosidad y pasión por la profesión. Un año después, su legado sigue vivo en el gremio periodístico de Ibagué.

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¿Quién era Dayana Patricia Trujillo Guayabo y cuál fue su legado en el periodismo tolimense?

Dayana Patricia Trujillo Guayabo era una periodista reconocida en Ibagué por su forma empática y profesional de presentar informaciones, especialmente en video. Según la información, en marzo de 2025 recibió el Micrófono de Oro de la Asociación Tolimense de Locutores, lo que evidencia su prestigio en la región. Su capacidad para conectar con las personas y el compromiso en su labor periodística fueron resaltados por sus compañeros y ciudadanos, quienes lamentaron profundamente su pérdida.

¿Cómo ocurrieron los hechos del accidente de tránsito donde falleció Dayana Patricia Trujillo?

El accidente que le causó la muerte sucedió la madrugada del 14 de octubre de 2025, cuando Dayana se movilizaba en motocicleta por la vía al aeropuerto Perales, en Ibagué. De acuerdo con los datos reportados, la moto chocó contra un taxi detenido en la carretera, que estaba aparentemente sin luces estacionarias y bajo una intensa lluvia. El conductor del taxi indicó que se detuvo para limpiar el vidrio empañado por la lluvia, lo que desencadenó la tragedia.

Tras sobrevivir al ataque, Andrés Felipe Ramírez reapareció en sus redes sociales y compartió un mensaje en el que expresó: “Estoy vivo de milagro. Dios es muy generoso y también a una persona que dio su vida por mí”. Con ello, Ramírez puso en primer plano el sacrificio de su escolta, quien falleció en un centro médico por los impactos de bala recibidos mientras cumplía su labor de protección. En su pronunciamiento, además, extendió un mensaje de solidaridad a la familia de López Gutiérrez: “Quiero darle un saludo muy especial a su familia, a su esposa, a sus hijas, a su hijo, a sus hermanos, a su madre, a todas las personas con los que compartimos con él. Una persona ejemplar, un gran profesional, una persona amorosa de su familia y de su comunidad. Este país no puede perpetuar la violencia como la forma para resolver los conflictos”, aseguró Ramírez.

De acuerdo con el senador Duvalier Sánchez, quien se había reunido con Ramírez horas antes del atentado, el exalcalde hacía parte de su equipo político y fue su fórmula para la Cámara en el Valle del Cauca en las recientes elecciones legislativas. Sánchez denunció en sus redes sociales la gravedad de la situación: “Andrés Felipe Ramírez, amigo mío, fórmula a la Cámara de Representantes, ha sufrido un atentado sicarial, después de que sostuvimos una reunión conmigo… su escolta fue herido y lo que me informan las autoridades es que perdió la vida, que fue asesinado por estos sicarios, así que espero que el país sepa de lo que está pasando acá en Jamundí con el equipo nuestro”, declaró el senador.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro, condenó el atentado y lamentó el homicidio del escolta de la UNP, manifestando su rechazo a estos hechos. Toro anunció una recompensa dirigida a quienes puedan aportar información que permita la captura de los responsables, reiterando que “en el Valle del Cauca no vamos a tolerar que la criminalidad pretenda imponerse”. Así, las autoridades y líderes regionales han coincidido en exigir justicia y rechazar la violencia en el municipio.

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¿Qué medidas tomaron las autoridades tras el atentado al exalcalde de Jamundí?

Las autoridades, representadas por la gobernadora Dilian Francisco Toro, anunciaron el ofrecimiento de una recompensa por información que permita dar con los responsables del atentado sicarial contra Andrés Felipe Ramírez. Además, manifestaron de manera enfática el rechazo a la criminalidad en el Valle del Cauca y ofrecieron solidaridad a la familia del escolta asesinado, solicitando a la población colaborar con la justicia.

¿Quién era Felipe López Gutiérrez y cuál era su función como escolta del exalcalde Ramírez?

Felipe López Gutiérrez era el miembro del esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para proteger al exalcalde Andrés Felipe Ramírez. López Gutiérrez, descrito por Ramírez como un profesional ejemplar, cumplió la función de escolta y perdió la vida en cumplimiento de su deber, protegiendo al exalcalde durante el atentado ocurrido en Jamundí.

La nueva resolución de la Policía describe cómo estará conformada la UNADI. Según el documento citado, la unidad incluirá el Subcomando de la Unidad Nacional Antidisturbios (SUNAD), el Grupo de Seguimiento Operacional (GUSOP), las Regionales Antidisturbios (RADIS) y el Esmad como responsable de las acciones operativas en campo. Este esquema reafirma la misión de la Policía de intervenir, especialmente en situaciones en que las capacidades regulares sean insuficientes, como motines, disturbios, asonadas o acontecimientos violentos o delictivos que impacten la convivencia y la seguridad ciudadana. Además de su tarea de intervención, la resolución señala que la Unidad Nacional Antidisturbios debe coordinar y asesorar a otras unidades policiales y mantener seguimiento sobre las operaciones realizadas.

No obstante, el texto dispone que la UNADI continúe con funciones de diálogo y acercamiento a la comunidad, ratificando la necesidad de cumplir las normas y protocolos vigentes para el uso de la fuerza. Este principio apunta a que, más allá del cambio de nombre y del retorno del Esmad como estructura formal, la atención a los derechos y garantías de quienes protestan debe ser observada. Asimismo, la Policía dispone de un plazo de 90 días para ajustar la estructura administrativa y materializar la nueva unidad, según dispone la resolución consultada.

El restablecimiento del Esmad en la estructura policial reaviva el debate público sobre cómo se manejan las manifestaciones en Colombia. Aunque la normativa actual enfatiza el restablecimiento del orden público, no es posible anticipar si ello supondrá cambios sustanciales en la práctica, hasta que los protocolos sean implementados. El seguimiento a las futuras intervenciones será determinante para valorar el impacto real de la UNADI y el renovado Esmad en la gestión de la protesta social.

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¿Cuáles son los componentes y funciones principales de la Unidad Nacional Antidisturbios en Colombia?

La Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI) está compuesta por el Subcomando de la Unidad Nacional Antidisturbios (SUNAD), el Grupo de Seguimiento Operacional (GUSOP), las Regionales Antidisturbios (RADIS) y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Sus funciones incluyen intervenir en situaciones de alteración del orden público, coordinar acciones con otras unidades policiales, asesorar en operaciones, y mantener un enfoque de diálogo y cumplimiento de la normatividad sobre el uso de la fuerza.

¿Qué implica el retorno del Esmad para el manejo de las protestas en Colombia?

El regreso de la denominación Esmad dentro de la estructura policial implica una reorganización que enfatiza tanto el control operativo de disturbios como la continuidad de funciones orientadas al diálogo. Sin embargo, de acuerdo con la resolución citada, solo la aplicación práctica de la nueva estructura y protocolos permitirá determinar si habrá cambios en la manera de abordar las manifestaciones y la protesta social en el país.

Durante la reunión celebrada en Ibagué el 16 de octubre, Matiz subrayó que el enfoque de su presentación era proponer una visión de desarrollo integral, más allá de una lista de necesidades. Señaló: “No venimos a presentar una lista de necesidades, sino a proponer una visión de desarrollo para nuestros departamentos y para Colombia”. La mandataria expuso que los proyectos priorizados buscan mejorar la movilidad de carga, conectar zonas productivas con los mercados e impulsar la infraestructura logística y turística. En su intervención, detalló que la doble calzada Ibagué-Cajamarca servirá para conectar el centro del país con el principal puerto colombiano en el Pacífico, mientras que el corredor férreo Buenaventura-La Dorada fortalecerá la competitividad logística del país.

Otro proyecto relevante, según la información presentada, es el Corredor Logístico Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Tolima Centro (CLATT), que pretende articular iniciativas de agroindustria, tecnología y transporte. Además, la mandataria destacó la necesidad de consolidar una plataforma logística y la Central de Abastos en Ibagué, así como el corredor vial Pacífico-Orinoquía, un trazado de 1.490 kilómetros que integraría a cinco departamentos.

Matiz también pidió que la seguridad sea un eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo, ante la afectación que causan la extorsión y la presencia de grupos armados ilegales en la región. Solicitó fortalecer la Fuerza Pública, dotar de tecnología y capacidad operativa a la Policía y recuperar la presencia de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra). La gobernadora insistió, además, en la necesidad de que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) agilice y financie los proyectos represados esperando aprobación.

Otro tema central fue la inclusión del capítulo Caminos para el Milagro, enfocado en mejoramiento y mantenimiento de vías rurales para facilitar el tránsito de productos agrícolas. La mandataria pidió también apoyo ante los incendios forestales que afectaron a miles de familias, resaltando la importancia de fortalecer la atención de emergencias y preservar la cordillera de los Andes, esencial para el suministro de agua y los ecosistemas. Todas estas propuestas, según Matiz, requieren inclusión en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y dependerán de la decisión y financiación del Gobierno Nacional.

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¿Cuáles son los siete proyectos de infraestructura prioritarios para Tolima que solicitó Adriana Matiz?

Las siete propuestas que la gobernadora Adriana Matiz presentó incluyen la doble calzada Ibagué-Cajamarca; el corredor férreo Buenaventura-La Dorada; el Corredor Logístico Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Tolima Centro (CLATT); una plataforma logística y la Central de Abastos de Ibagué; el corredor vial Pacífico-Orinoquía; y la modernización tanto del aeropuerto Perales de Ibagué como del Santiago Vila de Flandes. Todas buscan mejorar conectividad, impulsar la economía local y fortalecer el potencial logístico y turístico del departamento, según la información expuesta en el encuentro.

¿Por qué la seguridad es un eje central en las propuestas de desarrollo para Tolima?

La gobernadora Adriana Matiz argumentó que la seguridad es fundamental para el crecimiento y atracción de inversión en la región. Debido a los problemas de extorsión y la presencia de grupos armados ilegales que afectan a comerciantes, transportadores y campesinos, pidió fortalecer la Fuerza Pública, dotar de mayores capacidades tecnológicas a la Policía y que retorne la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra). Matiz sostiene que sin seguridad no es posible avanzar en proyectos de desarrollo ni garantizar el bienestar de la población.

Al ser indagada sobre las arremetidas verbales del caricaturista, Pineda no ocultó su indignación y rechazó de plano que esta clase de comportamientos sean catalogados como libertad de prensa o humor gráfico. “Siento lástima por una persona que tenga que utilizar a una mujer para ser vista, para ser escuchada, para hacerse visible. Creo que nosotras, las mujeres, merecemos respeto. Ese no es el camino ni tampoco el ejemplo para un señor que dice ser caricaturista y que es padre de familia”, afirmó con contundencia la primera dama, enfatizando en que las agresiones no han logrado intimidarla en el desarrollo de sus labores sociales.

Así mismo, la esposa del mandatario hizo un llamado urgente a la rama judicial para que siente un precedente legal definitivo frente a la violencia de género ejercida en entornos digitales y medios masivos. Al comparar el escenario con los procesos judiciales que terminaron en condenas por ataques racistas y denigrantes contra otras figuras públicas del país, Pineda insistió en que la impunidad abre la puerta para que las agresiones verbales se perpetúen de manera sistemática. “Eso no puede ser caricatura, eso ni nombre tiene, pero sí debe merecer un castigo. Si no, ¿cuál es el ejemplo que vamos a dejarle a la sociedad?”, cuestionó.

Finalmente, Ana Lucía Pineda extendió un mensaje de solidaridad a las mujeres que han sido objeto de burlas o descalificaciones por su aspecto físico o rol público, exhortándolas a alzar la voz y radicar las denuncias correspondientes ante los entes de control. Sostuvo que defender la dignidad femenina trasciende las corrientes ideológicas y que no permitirá que los señalamientos en redes detengan su agenda de trabajo institucional de la mano con el Gobierno Nacional en las distintas regiones del país.

La Fiscalía enfatizó que, aunque se hallaron indicios de rituales de brujería y santería, este dato solo forma parte del contexto investigativo y no necesariamente interviene en los procedimientos judiciales. Además, el operativo permitió descubrir otros mecanismos usados por estas redes delictivas, entre ellos la utilización de talleres de motocicletas y otros establecimientos comerciales como puntos para el ocultamiento de armas y almacenamiento de drogas. Las autoridades también investigan cómo las motocicletas habrían sido usadas para ataques sicariales y la manera en que las funciones dentro de las bandas se distribuyen para vigilar zonas cruciales y proteger puntos de expendio.

Durante la operación realizada en La Dorada, se ejecutaron diez allanamientos, logrando la captura de nueve personas. Adicionalmente, cuatro individuos fueron notificados sobre nuevos procesos judiciales, estando ya detenidos en cárceles de Cómbita (Boyacá), Girardot (Cundinamarca) y La Dorada (Caldas). Entre ellas, figuran alias ‘Manolo’ y alias ‘Pichón’, señalados presuntamente como cabecillas de ‘La Contra’. Entre los elementos incautados destacan 23 celulares, 53 tarjetas SIM, un arma de fuego, dinero en efectivo, insumos para dosificación de drogas y cuadernos que, según la Fiscalía, pueden estar relacionados con préstamos informales conocidos como ‘gota a gota’.

Los hechos que la Fiscalía indaga incluyen el homicidio de una mujer embarazada, ocurrido el 21 de abril en las inmediaciones del sector Caño Lavapatas. Este caso se configura como una pieza clave para determinar la relación entre los recientes hechos violentos y el enfrentamiento entre las dos estructuras delictivas. Los implicados podrán afrontar cargos por delitos como homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, amenazas y porte ilegal de armas de fuego, según lo que se determine en cada caso. Asimismo, los investigadores indagan si la organización ‘La Línea’ mantiene conexiones con redes criminales en el norte del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué organizaciones criminales están involucradas en los operativos de La Dorada y el norte del Tolima?

Las organizaciones bajo investigación son ‘La Línea’ y ‘La Contra’, ambas señaladas por las autoridades debido a su presunta participación en homicidios y tráfico local de drogas. ‘La Línea’ además tendría posibles operaciones fuera de La Dorada, en municipios del norte del Tolima, según destacó la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué es el ‘gota a gota’ en el contexto de las investigaciones por narcotráfico?

El ‘gota a gota’ es una modalidad de préstamo informal mencionada en la información incautada durante los operativos. Según la fiscalía, estos préstamos suelen ser manejados por redes ilegales y pueden estar ligados al financiamiento de actividades delictivas, como el tráfico de drogas y la operación de puntos de expendio en zonas urbanas.

El episodio tuvo como telón de fondo el debate sobre la IVE, asunto que nuevamente llegó al Congreso y que provocó intervenciones de distintos sectores. En medio de la audiencia, Carrascal sostuvo que la Ley Quinta le permitía a ella y a la ciudadanía participar en este tipo de espacios, por lo que rechazó las solicitudes para que dejara de intervenir.

La situación subió de tono después de la intervención de la congresista Alejandra Omaña, quien se pronunció a favor del aborto. Posteriormente, según lo ocurrido durante la audiencia, hizo presencia en el recinto el senador Germán Rodríguez, integrante del partido Salvación Nacional.

Absolutamente vergonzoso lo que sucedió en la audiencia en donde se reabrió el debate sobre la IVE.

Este pais infortunadamente vuelve a hablar de discusiones cerradas sobre los cuerpos de las personas gestantes, de las mujeres.

Pero es lamentable que hasta para llevar estas discusiones desconozcan la voz de la oposición e intenten amedrentarnos con un señor cuyo único trabajo parece ser el de “acosar” y perseguir dentro de las instalaciones del Congreso.

A mis compañeras las respetan. Y no voy a permitir que nadie acose a la senadora @aleomanao ni a ninguna mujer.

— Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) October 16, 2026

La aparición de Rodríguez se produjo además en medio de una controversia previa con Omaña, pues ambos congresistas ya habían protagonizado un intercambio de señalamientos en redes sociales. En ese contexto, el episodio durante la audiencia volvió a ponerlos en el centro de la discusión.

Carrascal reaccionó a la presencia del senador y pidió que fuera retirado del recinto. Durante el momento de tensión, la congresista se refirió a Rodríguez como “acosador”, expresión que también utilizó posteriormente al contar su versión de lo ocurrido en su cuenta de X.

“Absolutamente vergonzoso lo que sucedió en la audiencia en donde se reabrió el debate sobre la IVE”, escribió Carrascal. La congresista cuestionó que el Congreso volviera a discutir sobre los cuerpos de las personas gestantes y aseguró que se estaba desconociendo la voz de la oposición.

En su publicación, Carrascal también afirmó que se intentaba “amedrentarnos” con la presencia de un hombre cuyo “único trabajo parece ser el de ‘acosar’ y perseguir dentro de las instalaciones del Congreso”. Además, manifestó su respaldo a Omaña y a las demás mujeres que participan en el Legislativo.

“Y no voy a permitir que nadie acose a la senadora Alejandra Omaña ni a ninguna mujer”, agregó Carrascal en su mensaje.

De esta manera, el debate sobre la IVE terminó acompañado de un nuevo enfrentamiento entre congresistas. Por ahora, las expresiones de Carrascal corresponden a su versión y señalamiento sobre lo ocurrido, mientras que el episodio quedó registrado en medio de una audiencia que volvió a poner el aborto en el centro de la discusión política.

De acuerdo con la información difundida por Sánchez, el ataque ocurrió poco después de que ambos terminaran una reunión de carácter político en Jamundí. Terminada la cita, hombres armados atacaron a Ramírez y a su equipo de seguridad. En el desarrollo del atentado, el escolta Felipe López recibió tres impactos de bala mientras buscaba repeler el ataque. A pesar de recibir asistencia tras el atentado, se confirmó su muerte a causa de las heridas. Las circunstancias específicas que rodearon los hechos, incluyendo la identidad y motivaciones de los responsables, permanecen bajo investigación, según fuentes citadas en los pronunciamientos oficiales.

El senador Duvalier Sánchez, a través de sus canales de comunicación oficiales, expresó su pesar por lo sucedido e hizo un llamado para que el país se informe y tome conciencia de la situación de seguridad que afecta tanto a líderes políticos como a sus equipos en Jamundí. Sánchez relató: “Quiero informar al país que me dirijo a Jamundí, el exalcalde Andrés Felipe Ramírez, amigo mío... ha sufrido un atentado sicarial (...) su escolta fue herido y lo que me informan las autoridades es que perdió la vida, que fue asesinado por estos sicarios, así que espero que el país sepa lo que está pasando acá en Jamundí con el equipo nuestro”.

Ramírez ocupó el cargo de alcalde de Jamundí entre 2020 y 2023, periodo en el que, según la información proporcionada, la situación del orden público en las zonas rurales del municipio estuvo marcada por la presencia de grupos armados ilegales. El contexto tenso y peligroso en el municipio sirve de telón de fondo para este atentado, que ahora pone el foco en la seguridad de exmandatarios locales y de quienes desempeñaron funciones públicas en escenarios complejos.

Las autoridades locales ya se encuentran realizando las investigaciones que permitirán esclarecer los detalles del atentado y dar con los responsables, mientras la comunidad política y social de Jamundí permanece atenta al desarrollo de los hechos y a las medidas que se tomarán para reforzar la protección de líderes sociales y exfuncionarios.

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¿Quién fue la víctima fatal del atentado contra Andrés Felipe Ramírez?

La víctima fatal fue Felipe López, miembro del esquema de protección del exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez. De acuerdo con la información reportada, López recibió tres disparos durante el intento de repeler el ataque armado y, aunque fue auxiliado, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

¿Cuál fue el contexto de seguridad en Jamundí durante la alcaldía de Andrés Felipe Ramírez?

Durante el periodo de 2020 a 2023 en que Andrés Felipe Ramírez fue alcalde, el orden público en las zonas rurales de Jamundí estuvo afectado por la presencia de grupos armados ilegales, según la información contenida en el reporte. Esta situación de inseguridad marcó el escenario en el que tuvo lugar el reciente atentado.

(Vea también: Viuda de Miguel Uribe Turbay afirma que el asesinato fue financiado desde Venezuela y la orden salió del Congreso)

Los datos provendrían de una persona vinculada a la Segunda Marquetalia que busca beneficios judiciales y que habría entregado información sobre la estructura detrás del asesinato. Su versión añade detalles a la declaración de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘el Viejo’ o ‘la Firma’, quien ya había señalado a esa disidencia de las Farc como responsable de ordenar el ataque.

De acuerdo con la nueva información publicada por el citado medio, el supuesto plan habría involucrado reuniones en territorio colombiano y venezolano, contactos entre mandos de la organización y recursos procedentes de actividades ilegales. La Fiscalía analiza estos elementos para avanzar en la identificación de quienes habrían ordenado y financiado el crimen.

El caso también abrió nuevas líneas de investigación por la presunta intención de atentar contra el expresidente César Gaviria. A esto se suman las declaraciones de Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, quien ha pedido que se investiguen los mensajes que recibió sobre posibles responsables intelectuales del homicidio.

Presunto rol de ‘John 40’ en crimen de Miguel Uribe Turbay

Según la versión recogida por Semana, Géner García Molina, alias ‘John 40’, habría reunido los recursos destinados al asesinato del entonces senador y precandidato presidencial. El hombre es señalado como uno de los principales lugartenientes de Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia.

La información entregada a las autoridades plantea que el monto total habría ascendido a $5.000 millones. De esa suma, alrededor de $1.000 millones se habrían destinado a la logística y a la estructura de sicarios que, según la investigación, estaba bajo el mando de Élder José Arteaga, alias ‘Chipi’ o ‘el Costeño’. Otros $600 millones habrían sido contemplados para presuntos sobornos y maniobras encaminadas a desviar las pesquisas.

El testimonio también señala que parte del dinero habría provenido de actividades de narcotráfico y minería ilegal en la frontera con Venezuela. Entre los lugares mencionados figura una mina de oro y coltán ubicada en Barrancominas, Guainía, que presuntamente estaría bajo el control de ‘John 40’.

Estas afirmaciones hacen parte de la información aportada por una fuente y deberán contrastarse con las demás pruebas del expediente. La investigación busca establecer la procedencia de los recursos y el papel que habría desempeñado cada integrante de la organización.

Las reuniones que habrían servido para coordinar el crimen

Otro de los elementos incluidos en el reporte son los supuestos encuentros en los que se habría discutido la operación contra Miguel Uribe Turbay. Según la información conocida por Semana, las reuniones se habrían desarrollado entre Villavicencio, en Meta, y Carurú, en Vaupés, además de un campamento ubicado en Venezuela.

En esos encuentros habrían participado integrantes de la Segunda Marquetalia, entre ellos Iván Márquez, ‘John 40’, José Manuel Sierra Sabogal, alias ‘el Zarco Aldinever’, y otros mandos de esa organización. La versión indica que la decisión de ejecutar el homicidio habría sido discutida en una reunión de los principales jefes del grupo.

El reporte también menciona a dos hermanos de ‘John 40’, quienes presuntamente habrían intervenido en contactos con alias ‘el Viejo’ para coordinar desplazamientos y encuentros relacionados con el plan. La información entregada a la Fiscalía busca precisar cómo se habría conectado la dirección de la estructura armada con quienes participaron en la ejecución del ataque.

La posible amenaza contra el expresidente César Gaviria

La nueva información también incluye una alerta sobre un presunto plan para atentar contra César Gaviria Trujillo, expresidente de Colombia. En ese punto aparece mencionado Kendry Téllez Álvarez, conocido como alias ‘Yaco’, a quien la fuente relaciona con posibles preparativos para ese ataque.

Según el reporte, ‘Yaco’ habría tenido contactos con integrantes de la Segunda Marquetalia y se habría desplazado en ocasiones hacia Venezuela. Las autoridades buscan establecer la veracidad de esos señalamientos y determinar si existe una amenaza concreta contra el exmandatario.

El nombre de Téllez también había aparecido en declaraciones previas relacionadas con el asesinato de Uribe Turbay. Sin embargo, los señalamientos sobre una posible acción contra Gaviria corresponden a una línea adicional que requiere verificación judicial.

De acuerdo con el SGC, esta agencia es la responsable de monitorear la actividad sísmica del territorio y poner a disposición del público información actualizada sobre eventos de este tipo. Con el objetivo de reunir testimonios directos de la ciudadanía, el Servicio Geológico Colombiano invitó a las personas que hubieran percibido el temblor a reportarlo a través de la plataforma Sismos Sentidos. Esta herramienta digital permite recopilar información cualitativa acerca de la manera en que los habitantes experimentaron el sismo en diferentes regiones del país, algo que contribuye no solo a la validación técnica del evento, sino también a fortalecer el conocimiento sobre el impacto real de la actividad sísmica.

La importancia de que los ciudadanos reporten su experiencia reside en que estos testimonios complementan los datos instrumentales y ayudan al SGC a comprender la distribución geográfica de los temblores sentidos. El reporte puede realizarse ingresando al portal oficial de Sismos Sentidos del SGC, donde cada persona tiene la posibilidad de responder preguntas sobre la intensidad con la que sintió el movimiento y los efectos observados en su entorno. Esta dinámica es fundamental para lograr una respuesta más rápida y precisa ante eventos sísmicos y para elaborar mapas de intensidad que sean fieles a lo percibido por la población.

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¿Cómo reportar un sismo sentido al Servicio Geológico Colombiano?

Para reportar que usted ha sentido un sismo en Colombia, debe ingresar al portal oficial Sismos Sentidos del Servicio Geológico Colombiano. Allí puede completar un formulario donde describe de qué manera experimentó el movimiento, proporcionando información relevante que ayudará a la entidad a mapear cómo se sintió el temblor en distintas zonas.

¿Qué significa la profundidad de un sismo y por qué es importante?

La profundidad de un sismo indica la distancia desde la superficie terrestre hasta el punto en el que se origina el movimiento telúrico. Según el dato del SGC en este caso, el sismo tuvo una profundidad de 130 kilómetros. Esta característica es clave, ya que los sismos más profundos suelen sentirse en áreas más extensas, aunque con menor fuerza en superficie, lo que puede influir en el impacto que tiene sobre las personas y las edificaciones.

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Así lo señala un informe conocido por la revista Semana, que describe movimientos atribuidos a Silvana Guerrero, alias ‘la Profe’, quien lanzó recientemente amenazas contra el presidente Abelardo de la Espriella; Javier Alonso Velosa, alias ‘Jhon Mechas’, y Carlos Eduardo García Téllez, alias ‘Andrey’.

Según fuentes militares citadas por el medio, los tres estarían alternando sus desplazamientos entre sectores del Catatumbo y zonas del lado venezolano de la frontera. El cambio de ubicación se produciría en medio de la presión de la Fuerza Pública sobre sus estructuras, incluidos operativos coordinados con agencias estadounidenses.

Uno de los episodios que habría incidido en estos movimientos ocurrió el 15 de septiembre, cuando una operación en zona rural de Convención, Norte de Santander, permitió rescatar a ocho personas que permanecían secuestradas por el Eln. De acuerdo con la información publicada, el operativo afectó el entorno en el que se movía Guerrero y llevó a las autoridades a rastrear sus desplazamientos en la región fronteriza.

🇨🇴 | Silvana Guerrero, del grupo guerrillero ELN, amenazó al presidente Abelardo De La Espriella sobre las recientes operaciones del ejército en áreas controladas por los rebeldes.

En el video, los combatientes mostraron sus armas, incluyendo carabinas estilo M4 y rifles AK.

El ELN es uno de los grupos guerrilleros de izquierda más antiguos de Colombia y aún controla territorio en varias regiones, incluidas áreas cercanas a la frontera con Ecuador. https://t.co/cpeb1VINZv

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 17, 2026

Los movimientos de Silvana Guerrero en la frontera con Venezuela

Silvana Guerrero, señalada como una de las cabecillas políticas del Frente de Guerra Oriental del Eln, habría abandonado sus refugios habituales en el Catatumbo después del operativo de rescate. Fuentes de inteligencia citadas por Semana indicaron que se estaría desplazando entre alojamientos temporales en la zona de Río de Oro y otros puntos cercanos a la frontera.

El reporte sostiene que Guerrero se movería acompañada por un grupo de hombres armados y evitaría permanecer más de un día en un mismo lugar. También habría restringido el uso de teléfonos celulares entre sus acompañantes y recurriría a intermediarios para transmitir mensajes, medidas que, según las fuentes, buscarían dificultar su ubicación.

La publicación menciona además un sector conocido como El Paso, en Venezuela, como uno de los lugares frecuentados por integrantes de estas estructuras. Las autoridades buscan precisar el alcance de esos desplazamientos y establecer qué redes les permitirían mantenerse en la zona limítrofe.

Jhon Mechas y Andrey, bajo presión por las operaciones en el Catatumbo

Los movimientos atribuidos a Javier Alonso Velosa, alias ‘Jhon Mechas’, y Carlos Eduardo García Téllez, alias ‘Andrey’, estarían relacionados con la ofensiva contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, que opera en el Catatumbo. Ambos son señalados como cabecillas de esa estructura, vinculada a los enfrentamientos por el control territorial en Norte de Santander.

Según el informe citado por Semana, un bombardeo reciente en zona rural de Tibú estuvo dirigido contra Andrey, quien habría logrado escapar. En el lugar, las tropas encontraron municiones de fabricación venezolana, un hallazgo que las autoridades consideran relevante para establecer cómo se abastecen estos grupos armados.

El medio también señala que las disidencias habrían reforzado su presencia en la región con la llegada de más integrantes desde otros departamentos. La disputa por el control del Catatumbo involucra al Eln y al frente 33, mientras las autoridades mantienen operaciones contra sus estructuras.

Tensiones internas y cambios en el mando del Eln

El reporte de inteligencia también describe posibles problemas de liderazgo dentro del Eln en Norte de Santander. Según documentos y fuentes militares citados por Semana, algunos integrantes de la guerrilla habrían expresado inconformidad con sus superiores por mantenerse alejados de los enfrentamientos mientras otros miembros de las filas quedaban expuestos a las operaciones de la Fuerza Pública.

Ante ese panorama, otros mandos tendrían que asumir un papel más activo en las acciones de la organización. El documento apunta a que las presiones militares y las tensiones internas podrían estar afectando la capacidad de los cabecillas para conservar el control de sus unidades.

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Dicho documento advierte sobre una posible presencia de estas estructuras en entre 12 y 16 países europeos, donde buscarían fortalecer sus negocios ilegales y establecer contactos con organizaciones criminales de otros países.

La información señala que estas organizaciones ya no dependerían únicamente del envío de drogas desde Colombia, sino que intentarían intervenir en etapas posteriores de la distribución en territorio europeo. Los investigadores también examinan posibles inversiones en actividades comerciales para dar apariencia legal a recursos provenientes de economías ilícitas.

El informe se conoce después de que una investigación del medio británico The Guardian abordara la expansión de redes criminales latinoamericanas en Europa. A partir de esos antecedentes, las autoridades colombianas estarían cruzando información con agencias internacionales para determinar el alcance de las operaciones atribuidas a los grupos armados.

Los países europeos bajo seguimiento de inteligencia

Entre los países mencionados en el documento aparecen España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Francia y Alemania, además de Rumania, Croacia, Eslovaquia y Bulgaria. Las autoridades buscan establecer qué integrantes de las estructuras colombianas estarían operando en esos territorios y cuáles serían sus funciones dentro de las redes investigadas.

El reporte también identifica puertos como Amberes, en Bélgica; Róterdam, en Países Bajos; y Valencia y Vigo, en España, que serían relevantes para el movimiento y la distribución de cocaína. Según el análisis, las organizaciones estarían intentando intervenir de manera más directa en la recepción y comercialización de la droga, en lugar de limitarse a entregarla a intermediarios internacionales.

La ruta logística descrita comenzaría en zonas de producción y laboratorios clandestinos en Colombia, continuaría por corredores marítimos y puntos de tránsito en Ecuador, Brasil y África Occidental, y tendría como destino distintos puertos europeos. No obstante, el informe advierte que todavía se adelantan verificaciones para precisar la operación de estas redes en cada lugar.

La posible búsqueda de armamento y tecnología

Otro de los puntos que preocupa a los organismos de inteligencia es la presunta intención de estas estructuras de conseguir tecnología y equipos militares fuera del país. El documento menciona posibles gestiones para adquirir armamento sofisticado, explosivos y drones militarizados, que podrían ser utilizados contra la Fuerza Pública en Colombia.

En ese contexto, Rumania, Croacia y Eslovaquia aparecen bajo especial atención por su posible relevancia en el abastecimiento ilegal de material bélico. Las autoridades investigan si las rutas de Europa oriental podrían estar vinculadas con el traslado de esos elementos hacia Colombia.

El análisis también advierte sobre el uso potencial de herramientas tecnológicas para ocultar comunicaciones, proteger a los integrantes de las redes y dificultar el seguimiento de sus movimientos. Estas hipótesis forman parte de las líneas de investigación que buscan establecer cómo estarían cambiando las capacidades de las organizaciones criminales.