(Vea también: Andrea Petro denuncia filtración de grabaciones privadas de Gustavo Petro y pide investigar el uso de material confidencial)

En el mensaje, Petro aseguró que Rodríguez estaba autorizada para retirar su salario y cubrir sus gastos personales, debido a que no puede utilizar sus tarjetas bancarias desde que fue incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

Según su versión, durante los últimos cuatro meses la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) habría dejado intacto el dinero de su sueldo y asumido esos pagos con recursos propios. Por eso, sostuvo que la transferencia publicada corresponde a la devolución de esos gastos y al pago de la deuda que tenía con ella.

“Aquí está la prueba de la devolución y el pago de mi deuda”, escribió el exmandatario al compartir el comprobante bancario.

Sin embargo, el pronunciamiento no se limitó a explicar el movimiento de dinero. Petro también cuestionó a Noticias RCN y al empresario Carlos Ardila, a quien señaló de manipular la información sobre el caso.

Sigue RCN manipulando a una enferma que debería ser protegida. Desde que me metieron a la lista ofac no puedo usar mis tarjetas de del banco.

Angie quedo autorizada a sacar mi sueldo del banco. En los últimos 4 meses dejó mi sueldo intacto y pagó mi gastos corrientes, dijo que con su dinero.

Aquí esta la prueba de la devolución y el pago de mi deuda.

Sigan manipulando señor Carlos Ardila a una persona bajo consumo de medicamentos psicóticos.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 11, 2026

Petro lanzó señalamientos contra Angie Rodríguez

En la misma publicación, el expresidente se refirió a la situación de salud de Rodríguez y utilizó expresiones descalificadoras para cuestionar las declaraciones que ha entregado a los medios de comunicación.

“Sigue RCN manipulando a una enferma que debería ser protegida”, escribió. Al final del mensaje volvió a mencionar el supuesto consumo de medicamentos psicóticos y pidió que dejaran de utilizar a la exfuncionaria en medio de la controversia.

Sus afirmaciones sobre la salud de Rodríguez hacen parte de los señalamientos publicados por Petro y no constituyen, por sí mismas, una valoración médica independiente.

¿Qué había dicho Angie Rodríguez sobre la deuda de Petro?

La respuesta del expresidente se produjo después de que Noticias RCN divulgara que Rodríguez estaría recopilando facturas, comprobantes bancarios, conversaciones y otros documentos para respaldar una reclamación que superaría los 200 millones de pesos.

Según la versión de la exdirectora del Dapre, ella habría asumido gastos relacionados con desplazamientos de Petro, entre ellos tiquetes, alojamiento y viáticos. Para cubrirlos, habría utilizado recursos de sus ingresos y solicitado préstamos que todavía tendría pendientes.

El informe también reveló que Rodríguez recibió una consignación de 120 millones de pesos cuyo origen buscaba establecer. De acuerdo con Noticias RCN, la exfuncionaria habría elevado solicitudes ante el banco, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Superintendencia Financiera para conocer quién ordenó la transferencia.

Así, mientras Rodríguez prepara los soportes de los gastos que asegura haber asumido, Petro sostiene que ya saldó la obligación y publicó un comprobante para respaldar su versión. Las dos explicaciones dejan en el centro de la controversia los movimientos de dinero entre ambos y el origen de los recursos involucrados.

La iniciativa ‘Guau al Parque’ surge como una respuesta a la necesidad de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la tenencia responsable de animales de compañía, especialmente perros y gatos. Durante este evento, los asistentes podrán acceder de manera gratuita a servicios fundamentales como vacunación antirrábica, así como participar en actividades lúdico-recreativas que buscan fortalecer el vínculo entre cuidadores y sus mascotas.

De acuerdo con información publicada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), estos encuentros también funcionan como espacios de sensibilización, en los que se abordan aspectos clave para garantizar una convivencia responsable en los hogares donde conviven varias especies. Además, se promueve la adopción de buenas prácticas dentro de los hogares interesados en brindar una vida saludable y segura a los animales.

La jornada contará con el respaldo de entidades distritales como la Secretaría Distrital de Salud (SDS), encargada de llevar a cabo las vacunaciones, y el IDRD, que apoya las actividades recreativas y pedagógicas. El objetivo principal es acercar los servicios y recursos de la administración a las comunidades, facilitando mayor acceso a la protección animal en las distintas localidades de Bogotá.

Todas las actividades programadas para ‘Guau al Parque’ están diseñadas para fomentar la educación, la recreación y el cuidado integral de perros y gatos. Quienes deseen conocer más detalles pueden consultar directamente con el IDPYBA a través de su publicación en la red social Instagram, según lo informado por la entidad.

Este enfoque refuerza el papel activo de los cuidadores de animales en la ciudad, mostrando cómo la articulación de diferentes entidades distritales contribuye a consolidar una Bogotá más inclusiva y amigable para los seres sintientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios gratuitos ofrece la jornada ‘Guau al Parque’ en Bogotá?

La jornada ‘Guau al Parque’, según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), ofrece vacunación antirrábica, actividades lúdico-recreativas y espacios de sensibilización sobre la tenencia responsable de mascotas, todo de manera gratuita. Estas actividades buscan apoyar directamente a los cuidadores de perros y gatos de la ciudad.

¿Cuál es el objetivo de la iniciativa ‘Guau al Parque’ del IDPYBA?

La principal meta de la iniciativa ‘Guau al Parque’, de acuerdo con la información del IDPYBA, es promover la tenencia responsable en hogares con animales de compañía, asegurar su bienestar y acercar los servicios distritales a más comunidades. Además, busca sensibilizar y educar sobre la importancia de brindar un entorno seguro y saludable para perros y gatos en Bogotá.

La raíz de la controversia está en la Resolución 1589 del 2 de octubre, firmada por Estrada, que modificó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del ICANH. Esta resolución amplió los requisitos de formación académica para ocho cargos directivos, permitiendo que abogados aspiraran a estos puestos e incluyó, en seis de ellos, a profesionales en Administración o Economía. Esta flexibilización de perfiles contrastó con los anteriores requisitos orientados principalmente a áreas como antropología, arqueología, historia, sociología y comunicación social.

Según lo expresado por el ICANH en el texto de la resolución, la institución defendió los cambios argumentando que las responsabilidades de estos cargos incluyen la gestión de recursos públicos, toma de decisiones estratégicas y la expedición de actos administrativos, lo que demanda competencias adicionales en gestión jurídica y financiera, más allá del conocimiento tradicional en las áreas de estudio de la entidad.

Uno de los nombramientos que suscitó mayor debate fue el de José Hernán Muriel, abogado designado como subdirector de Investigación y Producción Científica. Esta dependencia tiene bajo su responsabilidad la coordinación y dirección de investigaciones en antropología, arqueología e historia. El texto de la resolución justifica que, pese a que estas disciplinas constituyen el núcleo del ICANH, el subdirector técnico debe combinar funciones de investigación con tareas de dirección, administración y protección jurídica y económica del patrimonio cultural de la nación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue revocada la designación de Camilo Noguera Pardo en el ICANH?

La designación de Camilo Noguera Pardo como director del ICANH fue revocada debido a que, junto con el director encargado Javier Estrada, modificó el manual de funciones de la entidad sin conocimiento de la ministra de Cultura, acción que el presidente Abelardo De la Espriella consideró contraria a las directrices del gobierno y perjudicial para la transparencia en la administración pública.

¿Qué cambios se hicieron al manual de funciones del ICANH según la Resolución 1589?

La Resolución 1589 amplió los perfiles profesionales habilitados para aspirar a ocho cargos directivos en el ICANH, permitiendo la postulación de abogados y, en seis puestos, de profesionales en Administración o Economía, mientras que antes solo se admitían disciplinas como antropología, arqueología, historia, sociología y comunicación social.

(Vea también: “No me arrepiento de nada”: Angie Rodríguez abrió redes sociales y lanzó mensaje sobre sus denuncias)

La exfuncionaria sostiene que habría asumido gastos por cuenta del entonces mandatario que todavía no le habrían sido reembolsados y que superarían los 200 millones de pesos.

Dicha información fue divulgada por Noticias RCN, que indicó que el equipo jurídico de Rodríguez estaría preparando un expediente con facturas, comprobantes de transacciones, documentos y conversaciones para respaldar lo que ella ha señalado. Ese material sería presentado ante las autoridades.

El asunto tendría relación con distintos desplazamientos que, según la versión de la exdirectora del Dapre, Petro le habría pedido ayudar a financiar. Entre los pagos mencionados aparecen tiquetes, alojamiento, viáticos y otros costos asociados con esos viajes.

La situación habría llevado a Rodríguez a utilizar parte de sus ingresos y a solicitar préstamos para cubrir los compromisos. Según lo publicado por Noticias RCN, también habría recurrido a recursos provenientes de su salario, viáticos y comisiones en dólares.

La suma pendiente, de acuerdo con la información que estaría recopilando su defensa, superaría los 200 millones de pesos. Por ahora, se trata de una reclamación atribuida a la exfuncionaria, cuya documentación buscaría sustentar ante las autoridades.

¿Por qué Angie Rodríguez recibió consignación de $120 millones?

A la presunta deuda se suma un movimiento bancario que habría despertado inquietud en Rodríguez. Según Noticias RCN, la exfuncionaria recibió una consignación de 120 millones de pesos cuyo origen no habría podido identificar y en la que tampoco aparecía un remitente reconocido.

Luego de advertir sobre la transferencia, habría presentado solicitudes ante el banco, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Superintendencia Financiera. El propósito sería conocer quién ordenó el envío del dinero y establecer las circunstancias en las que llegó a su cuenta.

La exdirectora del Dapre sostiene que no habría utilizado esos recursos y estaría dejando constancia de las gestiones adelantadas para aclarar el movimiento. Su defensa también buscaría documentar las actuaciones relacionadas con esa consignación.

¿Por qué le preocupa a Angie Rodríguez el origen del dinero?

La inquietud de Rodríguez estaría relacionada con las posibles interpretaciones que podría tener esa transferencia si no se establece de dónde salió. Según la información divulgada por Noticias RCN, teme que el movimiento pueda ser utilizado para formular señalamientos en su contra, entre ellos un supuesto pago de coimas o enriquecimiento ilícito.

Por esa razón, su equipo jurídico estaría recopilando los documentos que permitan reconstruir el recorrido de los recursos y demostrar cuál ha sido su actuación frente a ellos.

Tanto la presunta deuda como la consignación deberán ser esclarecidas con los soportes correspondientes. Las autoridades competentes tendrán que verificar las transacciones y revisar la documentación para determinar el origen de los recursos y si existe alguna responsabilidad relacionada con estos hechos.

(Vea también: Revelan las regiones de Colombia donde un terremoto tendría menor impacto; solo hay dos)

El boletín actualizado de la entidad señala que el temblor ocurrió a las 12:22 a. m., hora local, y alcanzó una magnitud de 2,7. El reporte también clasifica su profundidad como superficial, aunque no precisa una cifra exacta en kilómetros.

La información hace parte del monitoreo permanente que adelanta la Red Sismológica Nacional para identificar los movimientos que ocurren en el territorio colombiano y establecer sus características.

¿Cómo reportar si sintió el temblor?

Quienes hayan percibido el movimiento pueden ingresar a la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano y completar el formulario correspondiente al evento.

El reporte ciudadano ayuda a identificar las zonas en las que se sintió el sismo y las características de esa percepción. Para consultar los datos oficiales y las actualizaciones, se recomienda acudir a los canales del SGC.

(Vea también: Usuarios de EPS Sanitas, atentos por cambio de farmacia; ¿dónde reclamar medicamentos?)

Dicha operación quedó a cargo del Servicio Farmacéutico Colsubsidio, que asumió la entrega de los medicamentos de los usuarios de Sanitas tras la salida de Cruz Verde. Sin embargo, durante los primeros días del nuevo esquema se presentaron problemas de atención y congestión en varias sedes de la capital.

Los reclamos de los pacientes también motivaron inspecciones de las autoridades sanitarias. En una revisión a dos establecimientos de Colsubsidio, la Secretaría Distrital de Salud encontró tiempos de espera de hasta seis horas en uno de los puntos y de aproximadamente tres horas en otro. La entidad distrital también advirtió que no estaban funcionando todas las ventanillas disponibles para atender a los usuarios.

El panorama llevó a que las autoridades exigieran respuestas a la EPS y al gestor farmacéutico, mientras los afiliados continúan a la espera de sus tratamientos. A las dificultades para acceder a los medicamentos se suman las preocupaciones por la continuidad de las fórmulas y la atención de pacientes que necesitan tratamientos permanentes.

Medida cautelar de Supersalud a EPS Sanitas por entrega de medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar a EPS Sanitas para que adopte y ejecute de manera inmediata todas las acciones necesarias que eviten poner en riesgo los tratamientos médicos y su continuidad.

La instrucción busca que la entidad garantice la entrega oportuna y completa de los medicamentos, especialmente en los casos considerados de riesgo vital y en aquellos usuarios que requieren protección reforzada. Entre estos últimos se encuentran niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes, pacientes con cáncer, VIH y personas trasplantadas o diagnosticadas con enfermedades huérfanas.

La Supersalud también advirtió sobre las dificultades relacionadas con la entrega incompleta de medicamentos y las condiciones de acceso y atención en los puntos del gestor farmacéutico. Por ello, la vigilancia se concentra en que las medidas adoptadas permitan superar los problemas operativos y evitar interrupciones en los tratamientos de los afiliados.

¿Qué medidas anunció Sanitas para entregar medicamentos en Bogotá?

En medio de este panorama, EPS Sanitas comunicó una serie de ajustes temporales para mejorar la atención durante noviembre. Uno de los principales cambios es la ampliación de horarios en 19 de las 29 sedes de dispensación de Bogotá, que comenzarán a atender desde las 6:00 de la mañana.

La entidad también informó que reforzó el personal de atención y habilitó cajas rápidas para tramitar fórmulas de hasta dos medicamentos. A esto se suma el aumento de la capacidad de entrega a domicilio, servicio que los afiliados pueden solicitar a través de la página medicamentoscolsubsidio.com.co/inicio.

Otro de los anuncios está relacionado con la vigencia de las fórmulas médicas. Sanitas extendió hasta el 30 de noviembre las órdenes que vencían en cualquier fecha de este mes. Además, recomendó a los usuarios que todavía tengan medicamentos disponibles y cuenten con una fórmula vigente esperar un tiempo prudencial antes de acudir a reclamarlos, mientras se estabiliza la operación.

Estas son las 19 sedes de Colsubsidio que tendrán apertura desde las 6:00 a. m.:

• Kennedy Central: calle 40 sur n.º 73D-41.
• Clínica Roma: carrera 80 n.º 53-20 sur, local 3.
• Puente Aranda: calle 13 n.º 62-82.
• Clínica Colombia: calle 23 n.º 66-46, entrada 2, edificio de consultorios de la Clínica Universitaria Colombia.
• Floresta: avenida calle 100 n.º 67-26.
• Restrepo: carrera 24 n.º 18-61 sur, piso 2.
• Colsubsidio Calle 26: calle 27 n.º 25-45, local 3.
• Teusaquillo: carrera 17 n.º 36-74, piso 1.
• Chapinero Calle 53: carrera 13 n.º 53-31.
• Quintaparedes: carrera 44A n.º 24-11.
• Fontibón: carrera 99 n.º 18A-18.
• Pontevedra: avenida calle 116 n.º 71B-04.
• Navarra: carrera 45 n.º 100-90.
• Mazurén: calle 152 n.º 53A-05, local 3.
• Toberín: calle 163A n.º 21-89.
• Portal Norte: avenida carrera 45 n.º 176-31, piso 1.
• Santa Bárbara: avenida 19 n.º 123-82.
• Usaquén: calle 120A n.º 7-14.
• Cedritos: calle 140 n.º 7C-50.

Sanitas recomendó a los afiliados acudir a los puntos de dispensación a partir del horario establecido para cada sede, con el fin de evitar filas antes de la apertura. También aseguró que los medicamentos que deben entregar están contratados con Colsubsidio, por lo que, según la EPS, no hay desabastecimiento de esos productos.

En el balance de la operación desde el 1 de noviembre hasta la fecha de su comunicado, la entidad reportó 226.078 medicamentos entregados, 119.116 fórmulas dispensadas y 4.317 domicilios realizados. La efectividad de entrega, según sus cifras, se ubicó en el 88%.

La EPS señaló que continuará reforzando su capacidad operativa para estabilizar la atención en los puntos de dispensación y garantizar la continuidad de los tratamientos de sus afiliados.

(Vea también: De la Espriella firmó bomba que lanzaron a disidencias de ‘Calarcá’ y mensaje que puso llamó atención)

A través de una publicación en su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que dio la autorización desde las primeras horas del día y anticipó que entregará detalles de la operación este miércoles, una vez se consoliden y verifiquen los resultados.

“Hoy, desde tempranas horas, autoricé un bombardeo contra un objetivo de una estructura narcoterrorista. La operación se ejecutó esta noche, exactamente a las 10:17 p. m.”, escribió De la Espriella.

El mandatario no reveló, por ahora, en qué región del país se desarrolló la acción militar ni cuál fue la organización armada contra la que estuvo dirigida. Tampoco entregó un balance de personas muertas, capturadas o material incautado.

Este es su anuncio:

¡NO VAMOS A DETENER LA OFENSIVA CONTRA EL NARCOTERRORISMO!

Hoy, desde tempranas horas, autoricé un bombardeo contra un objetivo de una estructura narcoterrorista. La operación se ejecutó esta noche, exactamente a las 10:17 p. m.

Mañana informaré al país, una vez consolidados y verificados los resultados, en qué región se desarrolló la operación, contra qué grupo narcoterrorista estuvo dirigida y cuál fue el resultado respecto del objetivo.

¡NO VAMOS A PARAR! Seguiremos empleando todas las capacidades legítimas del Estado para enfrentar al narcoterrorismo, proteger a los colombianos y recuperar la seguridad de nuestra patria.

Cada ataque del narcoterrorismo contra nuestros policías, soldados y ciudadanos, será contestado por el gobierno con una letalidad nunca antes vista.

¡NUESTRA RESPUESTA SEGUIRÁ SIENDO FIRME Y CONTUNDENTE!

¡Bienvenidos a la Patria Milagro!

¡Firme por la Patria!

¡Que viva Cristo Rey!

(A.D.L.E) 🇨🇴 🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 11, 2026

Abelardo de la Espriella anticipó detalles del bombardeo

En su mensaje, el presidente explicó que informará al país sobre tres aspectos centrales de la operación: la región en la que se llevó a cabo, el grupo narcoterrorista al que pertenecía el objetivo y el resultado del ataque.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que De la Espriella reiteró que su Gobierno mantendrá la ofensiva militar contra las organizaciones criminales.

“¡No vamos a parar! Seguiremos empleando todas las capacidades legítimas del Estado para enfrentar al narcoterrorismo, proteger a los colombianos y recuperar la seguridad de nuestra patria”, manifestó.

Otro detalle que llamó la atención fue la firma de la bomba que se lanzó. De la Espriella publicó la foto del momento en el que escribía en el misil. La imagen alcanza a mostrar: “Bienvanidos…”

De la Espriella habló de una respuesta más letal contra el narcoterrorismo

El jefe de Estado también lanzó una advertencia a las organizaciones armadas ilegales y aseguró que los ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y la población civil tendrán una respuesta contundente por parte de su administración.

“Cada ataque del narcoterrorismo contra nuestros policías, soldados y ciudadanos, será contestado por el gobierno con una letalidad nunca antes vista”, afirmó.

Finalmente, reiteró que su Gobierno mantendrá la estrategia de confrontación contra esas estructuras y cerró su publicación con la frase que ha acompañado varios de sus mensajes: “¡Bienvenidos a la patria milagro!”.

El caso se reportó en la vereda Naranjal, donde el menor de edad, identificado como Matías Gutiérrez, cayó en un pozo de agua que estaba siendo construido en una vivienda del sector al momento que se encontraba al cuidado de un familiar.

De acuerdo con la información entregada por Jhon Jairo García, comandante del Cuerpo de Bomberos de Amalfi, fueron los propios habitantes de la vereda quienes reaccionaron ante la emergencia y lograron sacar al pequeño del lugar.

Cuando los organismos de socorro se desplazaban hacia la zona para atender la situación, la comunidad ya había iniciado el traslado del niño hacia el casco urbano del municipio.

“La misma comunidad nos llama y nos informan que ya habían encontrado el niño lamentablemente sin vida. Ya el Cuerpo de Bomberos se dispone de nuevo a cambiar de los planes, ya es hacer el traslado del niño, del menor que ya se encontraba sin vida, para hacer el traslado del sector de la vereda Naranjal al municipio”, indicó.

Pese a los esfuerzos de los habitantes, el menor fue recuperado sin signos vitales y posteriormente entregado al hospital local El Carmen, donde quedó a disposición de los procedimientos correspondientes.

Por ahora, está pendiente establecer dónde se practicarán las inspecciones forenses, pues las autoridades deberán definir si estas diligencias se adelantan en el mismo centro asistencial o si el cuerpo es trasladado a Medicina Legal en Medellín.

(Vea también: Por qué Petro sale de X y se va para WhatsApp: apuntan a “fría jugada calculada” que hay detrás)

En su nueva publicación, el presidente pidió a los periodistas revisar las fechas de las grabaciones antes de sacar conclusiones sobre su contenido. Según planteó, algunos de los registros tendrían cerca de ocho años, un detalle que considera fundamental para entender el contexto en el que fueron realizados.

“¿Un vídeo de hace aproximadamente ocho años es prueba?”, escribió Petro, antes de lanzar otro cuestionamiento dirigido a los medios tradicionales del país: «¿Qué es lo que está haciendo la prensa tradicional colombiana en medio de su odio?”.

El mandatario insistió en que las fechas de los registros deben ser examinadas antes de utilizarlos para respaldar señalamientos. Con ese argumento, puso en duda el valor que se les ha dado a las imágenes dentro de la discusión pública y criticó la manera en que algunos medios han presentado el material.

La controversia por los videos y los señalamientos contra el Gobierno

Las declaraciones de Petro se producen en medio de la polémica relacionada con Deicy Jiménez, quien ha hecho señalamientos sobre presuntos ofrecimientos de contratos a cambio de favores sexuales durante el Gobierno.

El presidente ha rechazado las acusaciones y ha cuestionado la difusión de grabaciones relacionadas con el caso. Su más reciente pronunciamiento apunta precisamente a la antigüedad de esos registros y a la necesidad de establecer cuándo fueron realizados antes de atribuirles un significado.

La discusión también ha puesto nuevamente sobre la mesa el enfrentamiento entre Petro y varios medios de comunicación, a los que el mandatario ha cuestionado por la forma en que cubren las controversias que involucran a su administración.

Así, aunque el presidente había anunciado que WhatsApp tendría mayor protagonismo en sus comunicaciones, volvió a X para responder a la polémica y dirigir un nuevo cuestionamiento a la prensa tradicional colombiana.

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Duque es el fundador de la Comercializadora Internacional Empaquetadora del Norte S.A.S. BIC. La empresa vende aceites vegetales y se conoce por operar bajo el modelo de sociedad de Beneficio e Interés Colectivo. Entre sus proyectos más visibles está Refinorte, un complejo agroindustrial para refinar aceites comestibles que se planea construir en El Zulia y que, según lo anunciado, generaría unos 2.500 empleos. Blu Radio conoció además que existirían denuncias de personas que invirtieron en el proyecto y que aseguran haber sido víctimas de una presunta estafa.

También preside la Corporación de Empresarios e Industriales de Norte de Santander (Corpoindustrial). Desde allí ha participado en debates sobre desarrollo empresarial, seguridad, formalización y economía de frontera. En Cúcuta se le conoce además por Arduvi, un restaurante y café que abrió en 2022 como proyecto de inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual, física y con síndrome de Down. De esa iniciativa nació la Fundación Arduvi.

Fuentes consultadas por Blu Radio señalan que parte de su fortuna estaría presuntamente ligada a nexos con sectores del chavismo. Esas mismas fuentes lo relacionan, de manera presunta, con grupos guerrilleros.

Cabe recordar que el nombre del empresario ya había aparecido en la campaña electoral, en un video que se hizo viral en redes sociales. En la grabación aparecían el veedor ciudadano José Botello y alias Richard, señalado de ser financiador de las disidencias de las Farc que delinquen en el Catatumbo. En la conversación se mencionaba que se habrían enviado 200 millones de pesos para la campaña de Botello al Senado, y que ese dinero se entregaría a través de Duque. Botello ha rechazado esas afirmaciones y ha dicho que el video es un montaje. Hasta el momento, las autoridades no han indicado si ese episodio tiene relación con su captura.

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Reacciones en la región

En un comunicado, Corpoindustrial confirmó que su presidente enfrenta una situación legal, pero sostuvo que se trata “de un malentendido que esperamos pueda esclarecerse prontamente, confiando en que las circunstancias serán debidamente aclaradas y se conocerá la realidad de los hechos”.

Por su parte, la Comercializadora Internacional Empaquetadora del Norte S.A.S. BIC, empresa fundada por Duque, también emitió un comunicado. En él destacó “la calidad humana, los principios y la trayectoria intachable” del empresario, aseguró que las circunstancias se aclararán conforme a los procedimientos correspondientes y reiteró su respeto por las autoridades y el debido proceso. “No condenemos a nadie antes de conocer la verdad”, concluye el documento.

Hasta ahora, la Fiscalía no se ha pronunciado oficialmente sobre los cargos que se le imputarían ni los hechos relacionados a la captura.

La ministra destacó que la cifra aprobada representa "una cuarta parte de los recursos internacionales que logró para Cultura el gobierno anterior durante 48 meses". En cifras globales, según un documento citado por el Ministerio, entre 2022 y 2026 se administraron 2.488.281 dólares para la cultura mediante recursos de cooperación internacional. Estos fueron distribuidos en 17 proyectos, financiados por 12 cooperantes internacionales. Al comparar los periodos, la administración actual alcanzó un promedio mensual de 178.455 dólares durante sus primeros tres meses, frente a los 51.839 dólares que se promediaron mensualmente en el gobierno anterior entre 2022 y 2026.

Entre los cooperantes que hicieron posible la financiación de estos cuatro proyectos durante la actual gestión se encuentran el British Council, la Embajada de Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio (ALIPH). A pesar de este impulso, persisten preocupaciones en el sector, ya que, según información de El Espectador, 62 bibliotecas públicas siguen cerradas luego del terremoto, situación que no fue incluida en el balance del Ministerio y que mantiene la incertidumbre entre quienes dependen de estos espacios culturales.

Más allá de la recuperación patrimonial, uno de los proyectos apoyados por Estados Unidos contempla acciones de formación para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, una problemática relevante en contextos de emergencia. Finalmente, el Ministerio de Cultura también informó sobre la reactivación de relaciones de cooperación cultural con Estados Unidos, Israel, Suiza y Reino Unido, con el objetivo de ampliar el intercambio, la asistencia técnica y diversificar las fuentes de apoyo internacional para fortalecer el sector cultural.

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¿Cuáles son los proyectos financiados con cooperación internacional para la recuperación del patrimonio cultural?

Según información suministrada por el Ministerio de Cultura, en los primeros tres meses del gobierno de Abelardo De La Espriella se aprobaron cuatro proyectos específicos orientados a la recuperación y protección del patrimonio cultural dañado por el terremoto del 10 de agosto. El respaldo de entidades como el British Council, la Embajada de Estados Unidos, la Unesco y ALIPH fue clave para financiar estas iniciativas, que priorizan tanto la restauración material como la formación para la protección de bienes culturales.

¿Por qué siguen cerradas 62 bibliotecas públicas después del terremoto?

De acuerdo con El Espectador, 62 bibliotecas públicas del país permanecen cerradas tres meses después del terremoto, lo que ha generado incertidumbre dentro del sector cultural. Aunque los recientes recursos gestionados por el Ministerio de Cultura están enfocados en otros aspectos de la recuperación patrimonial, la situación de las bibliotecas evidencia desafíos pendientes en la restauración y reapertura de estos espacios fundamentales para las comunidades.

Esta solicitud surge como parte del proceso de verificación del régimen de condicionalidad que deben mantener quienes firmaron el acuerdo de paz en calidad de comparecientes, entre ellos Sandra Ramírez. Dicha condición implica que deben cumplir estrictos compromisos legales y de verdad ante el sistema de justicia transicional. En el mismo documento, firmado por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, la JEP exige que se clarifique si Ramírez está actualmente sujeta a investigaciones, actuaciones procesales o si existe cualquier información que la relacione con el magnicidio. Además, pide que, en caso de haber una relación formal o investigativa, se informe sobre la naturaleza y estado del proceso, así como que se envíen copias de los documentos pertinentes, bajo las reservas legales que regulan este tipo de diligencias.

En torno al crimen de Miguel Uribe Turbay, ya se encuentra bajo investigación otro compareciente de la JEP: Kendry Téllez Álvarez, conocido como “Yako” dentro de las disidencias asociadas al grupo de “Iván Márquez”. De acuerdo con la información suministrada, la JEP revocó su beneficio de libertad condicional el 26 de octubre, a raíz de una orden de captura expedida por la Fiscalía por su presunta participación en el asesinato. Sin embargo, Téllez lleva más de un año y ocho meses sin ser ubicado, incluso para su propio abogado.

La decisión de quitarle la libertad condicional a alias “Yako”, pero sin expulsarlo del Sistema Integral para la Paz —tal como lo había solicitado la Procuraduría—, fue firmada por los magistrados Diana María Vega Laguna y Pedro Julio Mahecha Ávila, integrantes de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP. Esta determinación obedece a que no se ha comprobado plenamente que Téllez haga parte de las disidencias de las Farc, según lo expuesto por la jurisdicción transicional.

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¿Cuál es el papel actual de la Jurisdicción Especial para la Paz en el seguimiento de casos como el de Sandra Ramírez?

La Jurisdicción Especial para la Paz se encarga de vigilar el cumplimiento de los compromisos asumidos por quienes firmaron el acuerdo de paz, como Sandra Ramírez. Su función central es verificar que estos comparecientes mantengan condiciones legales y aporten a la verdad sobre hechos relevantes, solicitando y analizando información ante posibles nuevas investigaciones o vínculos con actividades ilícitas según la información oficial trasladada por instancias como la Corte Suprema de Justicia.

¿Por qué la JEP no ha expulsado a “Yako” del Sistema Integral para la Paz tras revocarle la libertad condicional?

La JEP tomó la decisión de revocar el beneficio de libertad condicional de Kendry Téllez Álvarez, alias “Yako”, ya que existe una orden de captura por su supuesta participación en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, no fue expulsado del Sistema Integral para la Paz porque, según la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP, aún no se ha comprobado de manera suficiente que “Yako” pertenezca a las disidencias de las Farc, elemento necesario para proceder con la expulsión.

El ambiente político tampoco ha cambiado mucho en otros aspectos: la polarización, visible tanto en el estrecho resultado del plebiscito como en las recientes elecciones presidenciales, se mantiene como el telón de fondo de la vida nacional. Esta continuidad en la división política fue destacada durante el foro, donde varios de los protagonistas del proceso de paz compartieron sus perspectivas. Entre ellos estuvieron el expresidente Juan Manuel Santos; el general retirado y exvicepresidente Óscar Naranjo, quien fue negociador del acuerdo; Danilo Rojas, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo; Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (ONU); y diferentes voceros que representaron a las víctimas del conflicto armado.

Durante este espacio para la reflexión, el expresidente Santos hizo énfasis al comparar el actual contexto político con el que vivía el país una década atrás. En sus palabras, señaló, con tono de desacuerdo político, que el mandatario en el poder, Abelardo de la Espriella, representa una nación que ha cambiado considerablemente desde la firma del acuerdo. La intervención de los protagonistas en este foro se convierte en una especie de radiografía que permite apreciar, en contraste, cómo han evolucionado las dinámicas políticas, institucionales y sociales en Colombia desde 2016.

Datos compartidos durante el foro evidencian la trascendencia de observar el estado actual del país a través de quienes tuvieron roles clave en la construcción del acuerdo firmado en La Habana. Así, las reflexiones propuestas por El Espectador y la Universidad del Rosario ofrecen una mirada comparativa indispensable para quienes buscan comprender los profundos cambios que han ocurrido desde aquel icónico 24 de noviembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha cambiado la polarización política en Colombia desde la firma del acuerdo de paz?

La polarización política en Colombia, de acuerdo con lo discutido en el foro respaldado por El Espectador, se mantiene como un fenómeno persistente. Tanto el margen ajustado del plebiscito para refrendar el acuerdo de paz en 2016 como los resultados cerrados en recientes elecciones presidenciales reflejan que las divisiones sociales y políticas siguen siendo parte del día a día nacional. Los protagonistas del proceso de paz consideran este elemento una constante en la historia reciente del país.

¿Qué papel ha tenido la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el seguimiento del acuerdo firmado en 2016?

Según lo compartido por Danilo Rojas, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta institución fue creada a partir del acuerdo de paz de 2016 para abordar delitos relacionados con el conflicto armado. Su función principal es ofrecer verdad, justicia y reparación, aunque la desfinanciación y los recortes han dificultado la acción de instituciones como la JEP para cumplir plenamente con sus responsabilidades trazadas en el pacto firmado en el Teatro Colón.

Las primeras investigaciones indican que los explosivos se habrían instalado en la planta de máquinas del complejo energético. De acuerdo con el Ejército, este tipo de ataques atenta directamente contra la infraestructura energética y pone en riesgo tanto la seguridad como la tranquilidad de la población de la región. En respuesta a estos hechos, tropas de la Tercera Brigada del Ejército han permanecido desplegadas en las inmediaciones de la hidroeléctrica, dedicándose a tareas de seguridad y verificación de los daños ocasionados durante la acción violenta.

Hasta el momento, y de acuerdo con el reporte oficial, la acción no provocó lesiones en el personal ni fallecimientos, limitándose a causar únicamente daños materiales en la infraestructura de la central. No obstante, el ambiente de incertidumbre se ha incrementado en las comunidades rurales cercanas por la amenaza latente contra servicios estratégicos y la multiplicación de hechos similares en la región. Las autoridades han solicitado el apoyo ciudadano, invitando a la población a reportar cualquier actividad sospechosa o información que conduzca a ubicar a los responsables a través de la Línea 107.

Por su parte, Celsia, empresa responsable de la operación de la central hidroeléctrica de Amaime, también se pronunció. Señaló que, tras la emergencia, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y emergencia en coordinación con entidades competentes, entre ellas el Ejército y el cuerpo de bomberos, para evaluar el alcance de los daños y avanzar en la pronta recuperación de la operatividad del complejo. Según la compañía, la zona fue asegurada para garantizar la seguridad tanto del personal de la empresa como de las comunidades vecinas.

De acuerdo con el llamado de las autoridades, el trabajo conjunto entre instituciones, ciudadanía y empresa privada resulta fundamental para enfrentar este tipo de amenazas que comprometen la seguridad regional y la prestación de servicios estratégicos.

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¿Quién fue responsable del ataque a la central hidroeléctrica de Amaime en Palmira?

De acuerdo con la información proporcionada por la Tercera División del Ejército, el ataque con explosivos a la central hidroeléctrica de Amaime fue atribuido preliminarmente al grupo armado organizado residual estructura Adán Izquierdo. Esta organización habría colocado los explosivos en la planta de máquinas, buscando afectar la infraestructura energética de la región y con ello, la seguridad de la población.

¿Cuáles fueron las consecuencias del atentado en la central hidroeléctrica de Amaime?

Según reportes oficiales del Ejército y el pronunciamiento de Celsia, empresa operadora de la central, el ataque produjo daños materiales en la infraestructura, pero no dejó personas heridas ni víctimas mortales. Se activaron protocolos de seguridad y emergencia para atender la situación y buscar la pronta recuperación operacional del complejo, mientras que el Ejército y los bomberos trabajaron en la atención y aseguramiento del área afectada.

Castro Flórez ejercerá de forma interina las funciones de dirección del Icfes sin dejar de lado sus obligaciones actuales como directora de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media, dentro del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media. Su nueva función surge en un contexto de revisión interna. Según explicó la ministra Hoyos, se identificaron situaciones que requieren una evaluación rigurosa de las actividades y la misión institucional del Icfes. Por eso, se espera que Castro entregue un balance a nivel nacional y se asegure de la correcta aplicación de las pruebas censales, consideradas esenciales para orientar y tomar decisiones que mejoren la calidad educativa.

El Ministerio de Educación detalló la experiencia profesional de Maribel Castro, quien acumula dos décadas de trabajo como directiva docente. Ha ejercido roles clave como líder de Evaluación en la Secretaría de Educación de Barranquilla durante cuatro años, subsecretaria de Desarrollo Educativo de la Gobernación del Atlántico por cinco años y secretaria de Educación del Atlántico durante otro año. Asimismo, fue consultora de proyectos educativos tanto en el ámbito nacional como internacional. En su posición actual dentro del ministerio, ha priorizado el fortalecimiento de la calidad educativa y los resultados de aprendizaje.

La llegada de Castro ocurre solo un día después de la salida de Elizabeth Blandón, quien había asumido el cargo de directora general desde el 2 de agosto de 2023, durante el gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con la información de la página del Icfes citada por El Espectador, Blandón buscaba consolidar a la institución como referente en evaluación educativa en América Latina y avanzar en su transformación digital. Uno de sus objetivos principales era la implementación de pruebas de Estado en formato electrónico y una colaboración estrecha con la comunidad educativa y las autoridades sectoriales.

¿Por qué fue necesario el cambio de dirección en el Icfes?

El relevo en la dirección del Icfes se dio luego de que, según El Espectador, el presidente Abelardo de la Espriella declarara insubsistente a Elizabeth Blandón Bermúdez. La ministra de Educación Nacional argumentó que es preciso revisar el funcionamiento del Icfes, hacer seguimiento a sus actuaciones y reflexionar sobre su misión institucional.

¿Qué funciones asumirá Maribel Castro Flórez como directora encargada del Icfes?

Maribel Castro Flórez se hará cargo temporalmente de la dirección del Icfes, asegurando el cumplimiento de las pruebas censales y presentando un balance sobre el funcionamiento de la entidad, sin dejar de ejercer su labor como directora de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media del Viceministerio de Educación. También deberá enfocarse en la misión de fortalecer la educación en Colombia según lo expuesto por el Ministerio de Educación Nacional.

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“Decidí, por obvias razones, abrir las redes sociales. Los invito a seguirme. Deben tenerme un poquito de paciencia, iré poco a poco aprendiendo”, dijo Rodríguez en el video. además, aprovechó el mensaje para insistir en los señalamientos que ha expuesto desde su salida del Gobierno.

Entre esos asuntos mencionó presuntas anomalías en la contratación y en la selección de funcionarios durante la administración Petro. También ha hablado de una supuesta “red de mujeres” vinculada, según sus denuncias, con la prostitución dentro del Ejecutivo. 

Este será un espacio para seguir siendo escudera de la verdad, con la misma firmeza de siempre.

Síganme 💪🏽 https://t.co/kzwHCdoanl

— Angie Lizeth Rodríguez Fajardo (@Angier_1992) November 10, 2026

Rodríguez sostuvo que no se arrepiente de exponer esas situaciones y afirmó que, mientras recibía ataques, recopilaba pruebas. “Me estaba enfrentando al poder. (…) no me arrepiento de nada”, manifestó. Aseguró que entregó el material probatorio a la justicia y que tiene más información por divulgar.

La exfuncionaria dijo que busca abrir conversaciones sobre asuntos de interés nacional que deben conocer en otros países. “Guardar silencio nunca fue una opción y menos para mí”, expresó. 

La apertura de sus cuentas ocurre tras una decisión judicial sobre Laura Sarabia. Un juzgado de Bogotá ordenó a Rodríguez retractarse de afirmaciones contra la exembajadora, al proteger sus derechos a la honra y al buen nombre. La disputa surgió por declaraciones en las que Rodríguez afirmó que Sarabia habría chantajeado a Petro y tendría material comprometedor. La abogada Lina Sandoval, representante de Sarabia, confirmó la orden.

La convocatoria, orientada a profesionales colombianos que ingresen por primera vez a uno de los 27 doctorados priorizados, utiliza la figura de crédito educativo condonable: se financia la totalidad de la formación, y si se cumplen las condiciones, incluido obtener el título en el plazo previsto, se puede condonar hasta el 100 %. Según Atenea, esta decisión de ampliar el plazo responde a solicitudes de aspirantes y universidades, dadas las diferencias en los calendarios de admisión. El proceso está planteado para que los seleccionados inicien estudios en el primer semestre de 2027.

Entre los requisitos definidos están: ser profesional colombiano, contar con admisión (primera matrícula) a uno de los programas habilitados, presentar una carta o certificación oficial de admisión, una propuesta de investigación alineada con una demanda territorial de Bogotá o Cundinamarca, una carta de motivación y diligenciar el formulario de Atenea adjuntando todos los soportes. Solamente se permite una postulación por aspirante. Entre las temáticas prioritarias se encuentran biodiversidad y servicios ecosistémicos, soberanía alimentaria, energías sostenibles, salud y bienestar, prevención de violencias, y ordenamiento territorial y convergencia regional. Quienes ya tienen doctorado, han estado matriculados en un doctorado en los dos semestres anteriores o reciben apoyo de Minciencias o el Sistema General de Regalías para ese nivel, no pueden participar.

La distribución de cupos se da entre siete universidades: Universidad Nacional de Colombia (39 cupos), Universidad El Bosque (10), Universidad de La Sabana (10), Universidad Distrital Francisco José de Caldas (7), Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (7), Pontificia Universidad Javeriana (5) y Universidad de los Andes (3). Los campos incluyen ingeniería, ciencias biomédicas, biotecnología, estadística, física, química y más.

El apoyo cubre 100 % de matrícula, sostenimiento mensual de 4,5 millones de pesos, apoyo a la investigación por hasta 45 millones y un único desembolso para movilidad internacional. No genera intereses y, de acuerdo con el reglamento de Atenea, la condonación máxima es del 100 %, aunque puede ser parcial si sólo se avalan productos de investigación.

Para inscribirse es necesario revisar los programas, ingresar al micrositio oficial de Atenea, llenar el formulario y cargar los documentos requeridos. El cronograma señala publicación de requisitos el 23 de noviembre, divulgación de resultados el 16 de diciembre y legalización de créditos hasta el 22 de enero de 2027.

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¿Cuál es el plazo exacto para inscribirse a las becas de doctorado en Bogotá de Atenea?

La fecha límite para postularse a la convocatoria de becas de doctorado en Bogotá, según la Agencia Atenea, es el martes 17 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. Después de ese momento no será posible modificar información ni adjuntar documentos en la postulacíón registrada.

¿Qué requisitos se deben cumplir para aspirar a los créditos condonables del proyecto Roberto Zarama?

De acuerdo con Atenea, es fundamental ser profesional colombiano, tener admisión por primera vez en alguno de los 27 programas priorizados, contar con una carta oficial de la universidad, proponer un proyecto de investigación pertinente, presentar carta de motivación y cargar todos los documentos en el formulario. No pueden aplicar quienes ya tengan doctorado, hayan cursado doctorados en los dos semestres anteriores o reciban apoyo nacional para doctorado.

El proceso inició en 2024, cuando Arleth Carolina fue reportada como desaparecida en Barranquilla. Un giro positivo llegó a comienzos de noviembre, gracias a una familiar que, tras recibir una foto, logró ubicarla con vida en Bogotá. Su madre viajó desde el Atlántico para reencontrarse con ella. De acuerdo con su testimonio, Arleth reconoció a sus allegados y compartió junto a ellos unas horas, aunque expresó su deseo de no regresar a casa en ese momento. Familiares informaron que la docente se alojaba en establecimientos de hospedaje con pagos diarios y que, posteriormente, al intentar localizarla en el mismo sitio, ya no estaba presente, lo que llevó a la madre a quedarse en Bogotá en espera de nuevas oportunidades de contacto.

Leida Castillo y otros familiares han solicitado públicamente que Arleth Carolina reciba valoración médica, psicológica y psiquiátrica debido a cambios observados en su conducta y a la dificultad para convencerla de acudir voluntariamente a un centro de salud. No obstante, hasta el momento no se conoce ningún diagnóstico médico emitido ni pronunciamiento oficial por parte de entidades de salud, la Fiscalía o la Policía sobre una posible atención, hospitalización o las circunstancias detrás de su reciente ausencia del hospedaje. Las actuaciones legales y los procedimientos médicos, especialmente con adultos, deben salvaguardar su privacidad, autonomía y dignidad, a menos que alguna autoridad determine que existe una excepción avalada por ley.

Pese a la alegría inicial de saber que Arleth Carolina está con vida, muchas preguntas permanecen abiertas: aún no se esclarecen los motivos de su desaparición, los sitios donde estuvo durante este periodo ni las causas del distanciamiento respecto a sus seres queridos. Aunque la familia ha afirmado que buscó ayuda de entidades, no hay información pública sobre documentos o avances institucionales en la investigación del caso. Por ahora, la confirmación oficial se limita al hallazgo con vida de la docente, su contacto con familiares y la declaración de su madre sobre la nueva pérdida de comunicación. Cualquier dato adicional sobre su estado de salud o la existencia de atención profesional solamente podrá ser corroborado por la familia o autoridades competentes, garantizando el derecho de Arleth Carolina a la intimidad.

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¿Qué pasó con Arleth Carolina Álvarez Castillo tras ser encontrada en Bogotá?

Después de un reencuentro breve con su madre y otros familiares en Bogotá, Arleth Carolina Álvarez Castillo volvió a perder contacto con ellos al no ser hallada nuevamente en su hospedaje. No existe hasta ahora información oficial sobre su paradero, atención médica o condiciones de salud, según lo relatado por la familia en entrevistas y reportajes.

¿Por qué la familia de Arleth Carolina solicita valoración médica y psicológica?

La familia de Arleth Carolina ha pedido que se le realicen exámenes médicos y psicológicos por los cambios observados en su comportamiento y por la dificultad para llevarla voluntariamente a un centro de salud. La solicitud responde a la preocupación por su bienestar, aunque hasta este momento no hay un diagnóstico público ni confirmación de atención de parte de entidades oficiales.

A través de un comunicado, la Casa de Nariño informó que Pineda aceptó una invitación de Keiko Sofía Fujimori Higuchi, presidenta de Perú, para asistir a la ceremonia de recibimiento del sumo pontífice, programada para el próximo 11 de noviembre de 2026 en el Palacio de Gobierno de Lima.

La invitación, de acuerdo con el documento oficial, hace parte de una convocatoria dirigida a los jefes de Estado de América Latina. En ese contexto, la primera dama acompañará el acto protocolario en representación de Colombia.

Uno de los puntos que la Presidencia quiso dejar claros fue la financiación del desplazamiento. Según el comunicado, el viaje será cubierto con recursos propios de Ana Lucía Pineda, por lo que no implicará gastos para el Estado colombiano ni comprometerá dinero del presupuesto nacional.

Comunicado de Prensa https://t.co/vI0umemum2

— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) November 11, 2026

Presidencia explicó el propósito del viaje de la primera dama 

El Gobierno también señaló que la participación de la primera dama busca contribuir al acercamiento entre los países de la región, en medio de un encuentro que combina aspectos diplomáticos y religiosos.

En el comunicado, la Presidencia destacó que este tipo de espacios representan una oportunidad para fortalecer los vínculos de amistad y fraternidad entre los pueblos latinoamericanos.

La ceremonia del 11 de noviembre tendrá como protagonista al papa León XIV, quien será recibido en el Palacio de Gobierno de la capital peruana.

(Le puede interesar: Exponen traición que tumbó a alias ‘Kevin Masacre’, señalado sucesor de ‘Bendito Menor’ en Guajira)

La información sobre su detención fue divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella en X, antes Twitter, quien aseguró que el procedimiento fue desarrollado por el Gaula. Según el reporte, el hombre estaría relacionado con una serie de hechos violentos utilizados para intimidar a comerciantes y habitantes de la capital de La Guajira.

De acuerdo con los señalamientos, ‘Danielito’ habría participado en ataques contra viviendas y establecimientos comerciales mediante disparos, una modalidad que presuntamente utilizaban para generar temor entre sus víctimas y presionarlas.

Además, el capturado es investigado por su posible participación en el asesinato de un tendero, ocurrido el pasado 16 de junio. Por ahora, la información divulgada no precisa las circunstancias en las que se habría cometido este homicidio.

¡OTRO GOLPE CONTRA LAS ESTRUCTURAS CRIMINALES QUE SIEMBRAN TERROR A LA GUAJIRA!

En desarrollo de una operación del GAULA, fue capturado alias ‘Danielito’, integrante de ‘Los JJ’ y ‘Fresno Nueva Generación’, señalado de sembrar miedo en Riohacha con disparos contra viviendas y… pic.twitter.com/NPcEjHYokX

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 10, 2026

(Lea también: Jefe de ‘Bendito menor’ expone la complicada relación con el criminal: “Era difícil de controlar”)

Alias ‘Danielito’ habría asumido control de redes tras muerte de ‘Bendito Menor’

Otro de los elementos señalados por el presidente tiene que ver con el papel que habría asumido alias ‘Danielito’ dentro de las actividades ilegales en Riohacha.

Según la información entregada sobre el operativo, después de la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias ‘Nain’ o ‘Bendito Menor’, el hombre habría asumido el control de redes de microtráfico y extorsión en el municipio.

La captura también se conoce después de que, en septiembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella advirtiera sobre las acciones de otros presuntos integrantes de las estructuras criminales que habrían buscado ocupar los espacios dejados por ‘Bendito Menor’.

En ese momento, el mandatario aseguró que las autoridades tenían identificados a varios hombres que pretendían continuar con el control territorial y las intimidaciones contra la población de La Guajira. En ese momento dijo que quienes siguieran el ejemplo de ‘Naim’ “Terminará como él”.

“Los tenemos identificados para sacarlos del mercado delictivo”, manifestó entonces.

La muerte de alias ‘Bendito Menor’ se produjo durante un operativo de la Policía Nacional en Riohacha, el 4 de septiembre de 2026. El hombre era señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y jefe del frente Javier Cáceres.

En su mensaje, Andrea Petro expresó su alarma ante el hecho de que la intimidad de una persona, en este caso su padre, sea convertida en un instrumento para avanzar intereses particulares o colectivos, señalando que semejante situación representa un atentado a la confianza personal. "La intimidad no puede convertirse en un arma, ni la confianza en una trampa", puntualizó la hija del presidente, dejando en evidencia su inconformidad con la forma en que habría sido obtenido y luego usado el material audiovisual.

La exposición de estos hechos ha llevado a Andrea Petro a exigir investigaciones exhaustivas respecto a la apropiación y divulgación del contenido privado del mandatario. Solicitó, además, que se respete en el proceso el debido proceso y señaló la importancia de proteger los derechos fundamentales involucrados en el caso, específicamente aquellos relacionados con las conversaciones privadas que, según sus palabras, pudieron haber sido vulnerados.

En su pronunciamiento, Andrea Petro recalcó: "Ninguna denuncia otorga licencia para vulnerar la dignidad ajena. La justicia debe garantizar los derechos de todos, sin excepciones". De acuerdo con la información proporcionada, estas aseveraciones aumentan la presión sobre las autoridades y también sobre quienes han estado involucrados en la obtención y uso del material privado.

Así, la polémica en torno al presidente Gustavo Petro dejó de centrarse exclusivamente en el contenido de los videos y ha pasado a abarcar la discusión sobre la legitimidad de los métodos usados para su obtención, los posibles abusos a la privacidad y los límites frente a la publicación de conversaciones de carácter personal. Este capítulo plantea una serie de reflexiones sobre los alcances y riesgos de la exposición mediática en el contexto de la política colombiana.

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¿Por qué la hija de Gustavo Petro critica la grabación de conversaciones privadas?

La hija del presidente Petro, Andrea Petro, criticó la grabación de conversaciones privadas porque considera que registrar y mantener contenido confidencial de manera oculta representa un acto grave. Según sus declaraciones citadas en X, expuso que este material puede ser utilizado para presionar, manipular y dañar la confianza, por lo cual pidió investigaciones y respeto por los derechos fundamentales implicados en estos hechos.

¿Cuáles son los derechos que podrían vulnerarse al grabar y divulgar material privado?

De acuerdo con Andrea Petro, al grabar y divulgar material privado de un individuo, podrían vulnerarse derechos fundamentales, especialmente los relacionados con la privacidad y la dignidad. Ella subrayó en su pronunciamiento que el respeto a la intimidad es crucial y que ninguna denuncia debería justificar la exposición ni el uso indebido de información confidencial.

El protagonista de la denuncia es Álvaro Jany Barbosa, quien publicó un video en sus redes sociales para mostrar lo que encontró frente a las instalaciones de la Dirección de Tránsito del municipio. El empresario cuestionó que su vehículo siguiera circulando y que no hubiera ingresado al parqueadero autorizado.

“Acá vemos el vehículo que se lo trajeron andando, no está ingresado a los patios, está simplemente parqueado afuera de la dirección de tránsito, no sé cómo habrá sido el procedimiento”, sostuvo Barbosa en la grabación.

Las imágenes muestran a un agente sentado en el puesto del conductor mientras el automóvil permanece estacionado frente a la sede de la entidad. La situación llamó la atención del empresario, quien también aseguró que el funcionario había pasado anteriormente junto a él mientras conducía el carro.

“Ahí vemos que está el agente de tránsito dentro del vehículo, no sé, esperando. Vamos a ver si también vuelve y me saluda. Vamos a saludarlo así como él nos saludó y pasó pitándonos con el vehículo… Aquí vemos el procedimiento un poquito pues fuera de lo ordinario, creo yo”, manifestó.

El empresario Álvaro Jany Barbosa denunció presuntas irregularidades en la inmovilización de su vehículo en Girón, Santander, al grabar a un agente conduciéndolo. La Dirección de Tránsito Municipal no ha entregado un reporte oficial del caso. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/Ue13VkyTTj

— Revista Semana (@RevistaSemana) November 10, 2026

Empresario pidió explicaciones por el procedimiento

Según las reglas de inmovilización, los vehículos deben ser sellados y trasladados en una grúa autorizada hasta los patios correspondientes, mientras se adelantan los trámites administrativos.

La denuncia despertó cuestionamientos entre usuarios de redes sociales sobre la custodia de los automóviles inmovilizados y la actuación de los agentes encargados de estos procedimientos.

“No sé quién habrá autorizado este procedimiento del vehículo”, agregó Barbosa. 

Hasta el momento, la Dirección de Tránsito de Girón no había entregado una explicación oficial sobre lo sucedido ni sobre las razones por las que el automóvil fue conducido por un funcionario.

De acuerdo con los reportes preliminares, los artefactos explosivos, transportados y arrojados mediante drones, impactaron sobre la planta de máquinas de la central hidroeléctrica. El uso de estas aeronaves no tripuladas para atacar objetivos estratégicos ha despertado inquietudes entre las autoridades locales y nacionales, quienes observan con preocupación la sofisticación de este tipo de acciones como una amenaza para la seguridad de la infraestructura pública en Colombia.

Frente a este panorama, hay alivio temporal entre la comunidad y los organismos de socorro, ya que, por el momento, no se reportan personas heridas ni víctimas fatales entre la población civil ni en las fuerzas de seguridad que mantenían presencia en el lugar. Además, se confirmó que el evento no ocasionó interrupciones en el suministro eléctrico, de modo que el servicio continúa prestándose con normalidad, tal como registran los datos del informe inicial.

Después del incidente, unidades del Batallón de Ingenieros número 3 Coronel Agustín Codazzi acudieron para reforzar la seguridad en la zona y apoyar las investigaciones. La ubicación de la hidroeléctrica, a unos 40 minutos del centro de Palmira, implica una respuesta coordinada para establecer los detalles y la magnitud de los daños causados por el ataque. Las autoridades trabajan en esclarecer las circunstancias exactas del suceso y en identificar a los responsables de esta acción violenta.

Este ataque reabre el debate público en torno a la vulnerabilidad de infraestructuras esenciales del país y resalta el desafío creciente que representa el uso de drones cargados con explosivos en actos violentos. Aunque aún falta un pronunciamiento oficial sobre los móviles y posibles responsables, la expectativa de la comunidad y de las autoridades está centrada en recibir claridad sobre los alcances de este atentado y en fortalecer la protección de estos puntos estratégicos.

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¿Por qué fue atacada la Central Hidroeléctrica de Amaime desde drones con explosivos?

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los motivos detrás del ataque a la Central Hidroeléctrica de Amaime ni sobre los posibles responsables. La información disponible únicamente confirma que se utilizó la modalidad de lanzamiento de explosivos mediante drones, dejando en evidencia la preocupación por la seguridad de infraestructuras estratégicas en el país.

¿Qué daños ocasionó el ataque con drones a la hidroeléctrica de Amaime en Palmira?

De acuerdo con los reportes preliminares, el ataque no ha dejado personas heridas ni ha provocado víctimas fatales y no se han reportado interrupciones en el suministro de energía eléctrica. Las autoridades todavía trabajan en verificar el alcance real de los daños ocasionados por los explosivos lanzados sobre la planta de máquinas.

La denuncia detalla que desde la llegada de Quintero a Cómbita su seguridad y la de su familia se ha visto comprometida por distintas situaciones. Una de ellas, según el reporte, son llamadas recibidas desde el 5 de noviembre por individuos que intentaron hacerse pasar por funcionarios judiciales. Por ejemplo, uno de estos hombres se presentó como Andrés Sanguinetti, supuesto funcionario del Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín; sin embargo, la verificación del número reveló que correspondía a otra persona. Señala también que, días posteriores, otra llamada formuló exigencias económicas utilizando la expresión “ocho galones” para referirse, en clave, a cerca de 8 millones de pesos, monto que debía pagarse a cambio de un informe de arraigo necesario para el proceso judicial. Frente a la negativa de la esposa de Quintero de hacer pagos, las amenazas directas de muerte no tardaron en llegar, extendiéndose incluso al abogado defensor.

En el escrito, la defensa de Quintero afirma que hay rumores consistentes entre personas privadas de la libertad en Cómbita sobre la planeación de un atentado. Igualmente, denuncia que el traslado de Quintero Calle a dicha cárcel representó una omisión en la evaluación de riesgos, exponiéndolo innecesariamente. Argumenta que trasladarlo sin una valoración previa significa dejarlo en condición vulnerable, lo que podría traer consecuencias irreparables y situaría al Estado en una responsabilidad especial por su deber como garante de la vida de las personas privadas de la libertad.

Respecto a la situación jurídica, Quintero fue formalmente vinculado a una investigación en septiembre, relacionada con el presunto direccionamiento irregular de seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos. Inicialmente fue beneficiado con detención domiciliaria, pero el 30 de octubre, esta fue revocada y se ordenó su traslado a prisión en respuesta a un recurso presentado por la Fiscalía. De acuerdo con esa entidad, Quintero habría liderado, sin firmar contratos directamente, una estructura para beneficiar al Cuerpo de Bomberos, mediante acuerdos que contemplaban comisiones ilegales sobre proyectos adjudicados por un valor de 17.656 millones de pesos, principalmente durante la pandemia de covid-19.

¿Por qué razones fue trasladado Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita?

El traslado de Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita se produjo luego de que la detención domiciliaria que le había sido concedida fuera revocada por un juez penal del circuito de Medellín. Según la información expuesta por la Fiscalía General de la Nación y compilada en El Espectador, el cambio de medida obedeció a la solicitud de la Procuraduría y la representación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, motivadas por el riesgo de que Quintero obstaculizara el proceso o eludiera a la justicia.

¿En qué consisten los contratos irregulares que involucran a Miguel Quintero?

De acuerdo con la Fiscalía, los contratos bajo investigación corresponden a la entrega de elementos de protección y kits de bioseguridad durante la pandemia de covid-19, suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Se señala que se desviaron más de 2.400 millones de pesos mediante comisiones ilegales y que Miguel Quintero, sin firmar los contratos, habría ordenado a otros funcionarios adjudicarlos como parte de un supuesto "acuerdo de favorecimiento".

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(Vea también: “Ella votó por Petro”; “Deje la inquina”: agarrón entre María Jimena Duzán y Vicky Dávila)

En un video publicado en sus redes sociales, la comunicadora comenzó señalando que las dos mujeres tienen todo el derecho de defender, querer y respetar a su papá. Sin embargo, manifestó que, por tratarse de sus hijas, prefería abordar el asunto desde el contenido del documento y las investigaciones que rodean al exmandatario.

“Creo que todos los escándalos que han rodeado a Gustavo Petro al final han terminado afectando, convirtiendo en víctimas también a personas alrededor suyo como Sofía y Antonella”, expresó.

La periodista se detuvo en uno de los apartados de la carta en el que las hermanas aseguraron que la vida pública y privada de su padre ha estado sometida a un escrutinio minucioso y que, pese a ello, nunca se ha comprobado ningún hecho de corrupción.

Frente a esa afirmación, Dávila planteó un cuestionamiento sobre el avance de las investigaciones que han rodeado al exmandatario.

Acá, el video de la periodista:

Los escándalos de Petro que recordó Vicky Dávila

La comunicadora enumeró varios episodios que, desde su perspectiva, todavía necesitan explicaciones y resultados judiciales.

Entre ellos mencionó el caso de las bolsas de dinero que fueron registradas en videos relacionados con el entorno de la campaña presidencial de Petro. También recordó los denominados petrovideos, investigación periodística que ella hizo en revista Semana y en la que se conocieron conversaciones sobre el llamado pacto de La Picota y las estrategias de campaña.

A esa lista agregó el proceso contra Nicolás Petro, hijo mayor del exmandatario, quien enfrenta un juicio por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

También hizo referencia al escándalo por el caso de la niñera de Laura Sarabia, los audios del entonces embajador Armando Benedetti, en los que se mencionaban 15.000 millones de pesos relacionados con la campaña presidencial, y las declaraciones de Aida Merlano.

La periodista igualmente mencionó el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y otros cuestionamientos que, según sostuvo, deberían tener resultados en las investigaciones.

“Todo esto, ¿dónde están los resultados de esas investigaciones?”, preguntó.

Vicky Dávila habló de Deicy Jiménez y pidió investigar a Petro

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la denuncia de Deicy Jiménez, quien aseguró que habría existido una red de mujeres que recibían beneficios contractuales con entidades del Estado a cambio de favores sexuales para Gustavo Petro.

Dávila consideró que el testimonio de Jiménez debe ser investigado y que las autoridades tienen que establecer qué ocurrió. En ese sentido, mencionó que existen videos, conversaciones y contratos que, según la denunciante, respaldarían sus señalamientos.

La periodista también cuestionó que se ponga el foco en la actividad que desempeñaba Jiménez como modelo webcam, en lugar de concentrarse en el fondo de la denuncia.

“¿Estamos juzgando a Deicy Jiménez o estamos tratando de identificar si de verdad Gustavo Petro usó dineros públicos para obtener favores sexuales?”, planteó.

Finalmente, Dávila reiteró que su cuestionamiento no estaba dirigido contra Sofía y Antonella, a quienes manifestó su respeto, sino contra la necesidad de esclarecer las denuncias que involucran a su padre.

“Esta carta de las hijas del expresidente, muy respetable, pero creo que la discusión política hay que sacarla de allí y ponerla en manos de la justicia”, concluyó.

Jenča subrayó que tanto la comunidad internacional como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han invertido ya 600 millones de dólares en el sostenimiento de la misión y el acompañamiento al proceso. No obstante, recalcó que la responsabilidad principal de cumplir con lo acordado recae sobre el Estado colombiano, a pesar del acompañamiento y apoyo externo. Esta postura se conoce en momentos de revisión crítica de los logros y desafíos tras una década de la firma del Acuerdo de Paz.

El foro contó también con la participación de Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y ganador del premio Nobel de Paz por su papel en el proceso que desembocó en la firma con las Farc. Santos aprovechó el evento para cuestionar la estrategia de seguridad implementada por el presidente Abelardo de la Espriella. Según Santos, la situación actual del país resulta inquietante, ya que considera que el presidente "se pasea entre cadáveres". Esta declaración surge tras las acciones recientes, en las que De la Espriella firmó una bomba que precedió a la llamada “Operación Noah”. Durante la operación, se produjo el séptimo bombardeo bajo su mandato, dirigido contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc en Tibú, municipio del departamento de Norte de Santander.

En su intervención, Santos manifestó su preocupación por la violencia persistente en el contexto del décimo aniversario del acuerdo, resaltando la contradicción entre los ideales de paz que se buscaron y la realidad de los acontecimientos actuales bajo la administración de De la Espriella.

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¿Qué papel ha tenido la ONU en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia?

De acuerdo con Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, la comunidad internacional y la ONU han brindado un apoyo consistente al proceso de paz, representado tanto en respaldo político como en la inversión de 600 millones de dólares durante los últimos años. Sin embargo, Jenča enfatizó que la principal responsabilidad de la implementación corresponde al Estado colombiano.

¿En qué consiste la “Operación Noah” ordenada por el presidente De la Espriella?

La “Operación Noah” es una acción militar reciente autorizada por el presidente Abelardo de la Espriella. Incluyó el séptimo bombardeo bajo su gobierno, dirigido específicamente a combatir al Frente 33 de las disidencias de las Farc en la zona rural de Tibú, Norte de Santander. Esta operación ha generado críticas, como las expresadas por el expresidente Juan Manuel Santos en el foro sobre el Acuerdo de Paz.

En cuanto a la vivienda, la magnitud del daño ha sido profunda: 105 mil familias resultaron damnificadas, entre ellas más de 7 mil perdieron completamente sus casas y 26 mil viviendas quedaron inhabitables. Sobre los recursos asignados, Gustavo Adolfo Roa, secretario de Vivienda y Hábitat del Valle, explicó que se han enfocado 30.000 millones de pesos para mejoramiento de vivienda y 20.000 millones de pesos para el desarrollo de prototipos de vivienda nueva. Según datos de la Gobernación, ya se han entregado materiales de construcción a 4 mil personas y se han terminado 500 mejoramientos de vivienda; para los próximos tres meses se prevé culminar la entrega de estos apoyos y entregar 1.400 viviendas nuevas. Por otra parte, la Asamblea Departamental aprobó alivios tributarios y la exoneración del impuesto vehicular de 2027 para quienes perdieron sus vehículos, bajo cumplimento de requisitos como la cancelación de matrícula.

Respecto a la educación, la crisis dejó 512 instituciones educativas colapsadas. La Gobernación ha establecido alrededor de 500 albergues escolares, que actualmente albergan a cerca de 15.000 estudiantes. Además, varios colegios han adoptado clases virtuales y sistemas de alternancia mientras se completan las obras de recuperación. La gobernación, en conjunto con el Ministerio de Educación y entidades privadas, está al frente de la reconstrucción estructural: la meta es financiar la recuperación de cerca de 60 instituciones con recursos públicos y 50 con inversión privada, conforme lo informó Dilian Francisca Toro, gobernadora del departamento.

En la esfera económica, el impacto fue severo: el 94% de las empresas censadas reportaron algún tipo de daño, el 28% no opera y el 42% funciona parcialmente, siendo el comercio el sector más golpeado. La estrategia de reactivación incluye la entrega de 9 mil créditos condonables y 20 mil millones de pesos destinados a la reconstrucción de locales. Además, se concederán 1.800 créditos condonables para pequeños emprendedores de siete municipios, Buenaventura y Cali. El área agrícola tampoco se libró de las afectaciones: 1.221 hectáreas dañadas, 129.348 animales impactados (con una tasa de mortalidad del 54%) y apoyos directos a productores cafeteros y agrícolas.

De acuerdo con la información oficial, el proceso continúa y el objetivo es devolver la tranquilidad y nuevas oportunidades a las familias afectadas, acompañando con medidas estructurales y ayudas directas.

¿Cuáles son las ayudas para las familias damnificadas por el terremoto en el Valle del Cauca?

Las ayudas incluyen asignación de recursos para el mejoramiento y reconstrucción de viviendas, entrega de materiales de construcción, apoyo económico a familias que han perdido sus hogares, y exoneración del impuesto vehicular para quienes perdieron vehículos, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la Gobernación del Valle del Cauca.

¿Cómo avanza la recuperación de la educación en el departamento tras el terremoto?

El proceso educativo se recupera a través de la implementación de albergues escolares temporales, clases virtuales y alternancia, así como planes para reconstruir al menos 110 instituciones educativas con recursos tanto públicos como privados, según lo reportado oficialmente.

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El accidente no solo causó daños materiales, sino que también provocó una fuerte discusión entre los conductores, tal como lo reportó la persona que grabó el incidente. La confrontación entre los involucrados en plena vía pública estuvo a punto de convertirse en una pelea física, lo que agravó la alteración del orden en el lugar de los hechos. Ante la situación, fue necesaria la intervención de las autoridades para evitar que la disputa escalara y garantizar la seguridad de los presentes.

Una vez ocurrido el siniestro, unidades de la Policía, agentes de tránsito y personal de ambulancias acudieron al lugar para controlar la emergencia y prestar la atención necesaria. De acuerdo con los relatos mencionados, la emergencia también causó una significativa congestión vehicular en este concurrido sector de Ibagué, mientras las autoridades se encargaban de adelantar las verificaciones iniciales y asistir a las partes involucradas.

Según la transmisión en redes sociales, las personas implicadas en el accidente aparentemente no sufrieron heridas de gravedad. Sin embargo, recae en las autoridades competentes la responsabilidad de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades. Como parte del procedimiento, se contempla la recolección de fotografías y otras pruebas materiales que permitan aclarar las circunstancias exactas del choque. Todos estos elementos serán cruciales para tomar decisiones y avanzar en el proceso de investigación, según lo reportado en las fuentes consultadas.

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¿Cuáles fueron las causas y consecuencias del accidente de tránsito en Ibagué?

El accidente ocurrió cuando una volqueta doble troque impactó a una motocicleta NKD, arrastrándola varios metros y dejando visibles huellas de fricción en el pavimento, según registros de video citado en redes sociales. De acuerdo con los datos proporcionados, la consecuencia inmediata fue una confrontación entre los conductores, intervención de las autoridades y congestión vehicular en el sector, aunque no se reportaron heridas de gravedad.

¿Cómo actuaron las autoridades tras el choque entre volqueta y motocicleta en Ibagué?

Luego del accidente, acudieron unidades de Policía, agentes de tránsito y personal de ambulancias, quienes controlaron la emergencia y asistieron a los involucrados. De acuerdo con lo reportado, las autoridades se ocuparon de adelantar verificaciones, recolectar pruebas materiales y mantener el orden público, acciones fundamentales para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El eje central del proyecto es la construcción del Centro de Investigación, Innovación y Transferencia Farmacéutica, conocido por sus siglas como Citfarma. Este espacio tiene como objetivo impulsar el desarrollo científico, la innovación y el fortalecimiento de capacidades estratégicas para Colombia en el ámbito farmacéutico. La creación de Citfarma responde de manera directa a una solicitud reiterada de la comunidad universitaria, motivada por la situación actual del edificio de Farmacia. Las condiciones de deterioro de esta infraestructura obligaron a un cierre parcial hace dos años, lo que impactó negativamente tanto en los laboratorios como en los proyectos de investigación y en las actividades académicas.

Durante el anuncio, la ministra Hoyos enfatizó que la iniciativa busca ir más allá de la simple construcción de un nuevo edificio, pues pretende consolidar espacios de encuentro comunitario y fortalecer la educación pública en el país. En la misma línea, el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, resaltó que la decisión representa una respuesta esperada durante una década para enfrentar las dificultades de infraestructura que han afectado el área de los laboratorios de Farmacia.

De acuerdo con la información suministrada, el inicio de las obras está previsto para 2027. Con la puesta en marcha de Citfarma, se espera lograr una mayor conexión entre el conocimiento científico y las necesidades del país. Además, se busca promover la autonomía farmacéutica y aportar al bienestar de la población colombiana a través del fortalecimiento de la investigación y la innovación en este sector.

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¿Cuándo comenzará la construcción del Centro de Investigación, Innovación y Transferencia Farmacéutica en la Universidad Nacional?

Según lo comunicado durante la sesión número 20 del Consejo Superior Universitario y citado por la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, se prevé que las obras del centro Citfarma comiencen en 2027, dando respuesta a una solicitud de larga data por parte de la comunidad universitaria.

¿Por qué era necesario construir Citfarma en la Universidad Nacional de Colombia?

La necesidad de construir Citfarma surge debido al deterioro del edificio de Farmacia de la Universidad Nacional, que causó un cierre parcial hace dos años y afectó actividades académicas y de investigación, situación que motivó una solicitud reiterada de la comunidad universitaria para mejorar la infraestructura y fortalecer la investigación en el área farmacéutica.

El ataque ocurrió este martes 10 de agosto, cuando dos hombres armados ingresaron a las instalaciones de la planta y ubicaron un artefacto explosivo que posteriormente detonaron, de acuerdo con información divulgada por El Tiempo. La explosión causó graves afectaciones en la infraestructura de la central, que cuenta con una capacidad de generación de 19,9 megavatios.

Ataque con explosivos contra Central Hidroeléctrica de Amaime, zona rural de Palmira. Las detonaciones provocaron un incendio y daños estructurales. No hay personas heridas ni fallecidas.

Celsia rechazó el atentado, El Ejército aseguró la zona y bomberos atienden la emergencia. https://t.co/asP1eQK2X7

— Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) November 10, 2026

Pese a la magnitud de los daños, la compañía confirmó que no hubo trabajadores ni civiles heridos o fallecidos. La situación activó los protocolos de emergencia y seguridad para atender lo sucedido y evitar nuevos riesgos en la zona.

Tras la detonación, tropas del Ejército Nacional acordonaron el perímetro de la hidroeléctrica para verificar que no hubiera otros artefactos explosivos. Entretanto, unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia estructural y los equipos técnicos comenzaron la evaluación de las afectaciones.

Celsia manifestó su preocupación por un ataque contra una infraestructura que cumple un papel importante en el respaldo eléctrico del país y que, además, puso en riesgo la integridad de sus colaboradores.

Por ahora, las autoridades buscan establecer quiénes estuvieron detrás de la acción y cuáles fueron sus motivaciones. Los especialistas de la empresa trabajan en determinar el alcance de los daños y las condiciones necesarias para recuperar la operación de la central en el menor tiempo posible.

La hidroeléctrica Amaime tiene una capacidad instalada de 19,9 megavatios, por lo que las afectaciones también despiertan preocupación por las consecuencias que podría tener la interrupción de sus actividades.

Esta percepción desfavorable se refuerza por el retraso en una de las labores más relevantes para transformar la imagen y funcionalidad de la zona: la recuperación del espacio público y de la malla vial. De acuerdo con la interventoría, las diferentes tareas de construcción avanzan en general a buen ritmo. Hasta la fecha, se registra una ejecución física del 81 %, una cifra ligeramente inferior al 87 % que estaba programado en el cronograma. La evaluación abarca un total de 597 Unidades de Ejecución, con la mayoría presentando progresos importantes dentro de lo estipulado en el contrato.

Entre los frentes de obra con mayores avances se destacan las estructuras complementarias, que alcanzan el 99,36 %; el material rodante, con un avance del 95,96 %; el patio taller, con el 95,10 %; y el viaducto, que llega al 93,02 %. Sin embargo, subsisten rezagos en otras áreas como los sistemas y equipos, cuya ejecución llega al 43,49 % frente al 54 % previsto, así como en las estaciones y edificios, con un progreso del 49,26 % respecto a un 64 % que debía completarse.

El retraso más notorio, sin embargo, corresponde al frente dedicado a la modernización del espacio público y la malla vial. Según lo establecido en el contrato, esta labor incluye la renovación de 1,3 millones de metros cuadrados, una tarea fundamental tanto para la integración urbanística como para la percepción y el bienestar de quienes usarán las nuevas infraestructuras.

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¿Cuánto ha avanzado la Primera Línea del Metro de Bogotá según cifras oficiales?

De acuerdo con la interventoría citada en el artículo, la Primera Línea del Metro de Bogotá presenta una ejecución física del 81 % en general, aunque esta cifra se encuentra por debajo del 87 % programado inicialmente. Se han identificado frentes de obra con avances superiores al 90 %, destacando estructuras complementarias, material rodante, patio taller y viaducto; no obstante, áreas como el sistema y equipos, además de las estaciones y edificios, evidencian ligeros retrasos en relación con los planes originales.

¿Por qué preocupa el retraso en la renovación de la malla vial y el espacio público del metro?

El retraso en la renovación de la malla vial y el espacio público preocupa porque afecta directamente la percepción de la megaobra y el entorno de los ciudadanos. Aunque el viaducto y otras estructuras presentan avances significativos, el cumplimiento pendiente en la restauración de calles y áreas peatonales dificulta la integración urbana y mantiene el desorden, deterioro y mala imagen en los alrededores, según los datos reportados por la interventoría.

El proceso inició el 2 de noviembre, momento desde el cual los jóvenes se hallaban alojados en el barrio Altico. Tras la alerta ciudadana, la Policía llegó a los hoteles señalados y encontró a los adolescentes en varias habitaciones. Tal como informó la Presidencia, su rescate incluyó la incautación de vehículos, celulares y memorias USB, evidencias actualmente bajo análisis judicial. Los testimonios brindados por los menores, reseñados en el reporte oficial, afirmaron que su traslado no era voluntario y que habían sido víctimas de reclutamiento.

Las investigaciones atribuyen la movilización de estos jóvenes al frente Franco Benavides de las disidencias de las FARC, identificado por las autoridades como facción relacionada con alias Iván Mordisco. Según declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, el operativo impidió su entrega a dicha organización armada en Guaviare. El reporte inicial de Presidencia indicó que ocho presuntos miembros de ese grupo fueron capturados, aunque la Fiscalía precisó posteriormente que cuatro hombres fueron judicializados como presuntos coordinadores del traslado, imputados por el delito de reclutamiento ilícito. Estas personas no aceptaron los cargos y se les impuso medida de aseguramiento intramural; sin embargo, no existe información pública concreta sobre la situación procesal de los otros cuatro detenidos, lo que marca una diferencia entre los balances oficiales.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el país enfrenta una problemática creciente: entre 2024 y julio de 2026, se registraron 1.173 casos de reclutamiento de menores, aunque la cifra podría ser mayor por falta de reportes. En la misma línea, Unicef advirtió que en Colombia un menor es reclutado cada 22 horas y que este delito tuvo un incremento del 300 % entre 2019 y 2024.

Para reportar situaciones similares, la línea gratuita 141 del ICBF atiende denuncias y solicitudes de orientación sobre vulneraciones de los derechos de menores, disponible las 24 horas. En casos urgentes, se puede llamar también a la línea 123.

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¿Cómo denuncian los ciudadanos el reclutamiento de menores en Colombia?

En Colombia, la principal vía para reportar posibles casos de reclutamiento de menores es la línea gratuita 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que está disponible a toda hora para recibir denuncias, brindar orientación y atender emergencias relacionadas con la niñez. Además, la línea 123 funciona como alternativa para emergencias inmediatas.

¿Qué significa el delito de reclutamiento ilícito en el contexto colombiano?

El delito de reclutamiento ilícito consiste, de acuerdo con la imputación realizada por la Fiscalía en este caso, en captar, trasladar o forzar a menores de edad para integrarlos a estructuras armadas ilegales. Este delito vulnera gravemente los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, tal como señalan la Defensoría del Pueblo y Unicef, y conlleva una investigación y judicialización especializada en el país.

Durante la actividad, los participantes abordarán el yoga desde una metodología progresiva. Según Idartes, el taller se enfocará en la comprensión anatómica de las posturas, partiendo de la estructura ósea para promover un alineamiento correcto. El propósito central de este método radica en que cada persona aprenda a encontrar una posición corporal estable, que disminuya tensiones musculares innecesarias y favorezca una respiración natural y continua. El estudio detallado de las posturas permitirá que los asistentes comprendan cómo ensamblar y desarmar las asanas –nombre en sánscrito para las posturas de yoga– apoyándose en la observación de los huesos y el eje corporal.

El desarrollo del taller también incluirá un recorrido por las transiciones entre posturas, permitiendo identificar los cambios en el eje del cuerpo y la apertura de las articulaciones. De esa forma, el objetivo es que cada persona logre enlazar las asanas en una secuencia dinámica y armónica, similar a una coreografía guiada por la respiración y la conciencia corporal. Esta integración favorece un fluir continuo en la práctica, reduciendo el esfuerzo innecesario y profundizando la conexión mente-cuerpo en cada movimiento, dentro del espacio patrimonial que ofrece el Museo Nacional de Colombia.

La actividad estará dirigida por Alejandra Cuéllar Hilarión, maestra en artes escénicas con énfasis en danza contemporánea de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital, y formada en Teacher Training Yoga Vaisnava Academy. Cuéllar Hilarión suma experiencia como artista formadora, bailarina, coreógrafa e instructora de yoga, lo que, según Idartes, garantiza un acompañamiento idóneo y especializado para los asistentes al evento.

Para quienes desean participar, la dirección es carrera Séptima # 28-66, en Bogotá. La invitación es abierta y gratuita, hasta que se complete la capacidad del lugar, permitiendo así el acceso al público interesado en esta propuesta de bienestar y movimiento consciente.

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¿En qué consiste el taller de yoga que ofrece Idartes en el Museo Nacional de Bogotá?

De acuerdo con información oficial de Idartes, el taller está diseñado para profundizar en la práctica del yoga a través de un enfoque progresivo que estudia el alineamiento a partir de la estructura ósea. Además, busca integrar las transiciones entre posturas, permitiendo que cada participante logre una secuencia dinámica y fluida, con orientación directa de una instructora experimentada.

¿Quién dirige el taller de yoga de Idartes y qué experiencia tiene?

Según los datos de Idartes, la encargada del taller es Alejandra Cuéllar Hilarión, quien cuenta con formación en artes escénicas, énfasis en danza contemporánea, y tiene un Teacher Training en Yoga por la Vaisnava Academy. Su trayectoria incluye experiencia como bailarina, coreógrafa, artista formadora e instructora, lo que respalda la solvencia de la actividad programada.

(Le puede interesar: Nuevos hallazgos al caso Valeria Márquez: revelan quién habría ordenado el feminicidio)

La detención ocurrió el domingo 8 de noviembre en un restaurante de Zapopan, en el estado de Jalisco. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, el operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina, con apoyo de otras instituciones federales y autoridades de Michoacán.

Según el reporte oficial, los agentes llegaron al establecimiento luego de labores de inteligencia que permitieron ubicar a integrantes de una presunta estructura criminal. Cuando los uniformados se aproximaron al lugar, habrían recibido disparos de los sospechosos, lo que desencadenó un enfrentamiento armado.

Durante el intercambio resultaron heridos Rafael Álvarez Ayala y un integrante de la Marina. El presunto cabecilla recibió atención médica en el sitio y luego fue trasladado a un hospital bajo custodia. En el mismo procedimiento fueron detenidas otras 19 personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades para establecer su posible responsabilidad.

La captura de ‘R2’ también llamó la atención por su relación familiar con Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias ‘R1’, detenido en julio de 2026. Tras esa aprehensión, Rafael habría asumido el liderazgo de la estructura conocida como ‘Los Rs’, con presencia en Jalisco y Michoacán.

(Lea también: Novedad en asesinato de la ‘tiktoker’ Valeria Márquez pone a familiar como cerebro del crimen)

¿Qué se sabe del caso de Valeria Márquez?

El asesinato de la creadora de contenido ocurrió el 13 de mayo de 2025. La joven se encontraba transmitiendo desde su establecimiento de belleza, en el municipio de Zapopan, cuando un hombre llegó al lugar y le disparó. El ataque quedó registrado durante la emisión en directo.

Las investigaciones apuntaron a un posible vínculo entre el crimen y una relación sentimental que la ‘influencer’ habría tenido con Francisco, hijo de alias ‘R1’. En julio de 2026, el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, señaló que el hijo del detenido habría ordenado el feminicidio y que las autoridades lo estaban buscando.

Aunque la captura de ‘R2’ representa un nuevo movimiento en las investigaciones contra esa estructura criminal, las autoridades deberán establecer cuál habría sido su participación concreta en el homicidio de Márquez. Por ahora, su detención no constituye una declaración de responsabilidad judicial por ese caso.

El operativo también se relaciona con otras investigaciones por homicidios y actividades delictivas atribuidas a la célula, entre ellas el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El análisis detalla que las bibliotecas municipales fueron las más perjudicadas, con 81 de las 101 evaluadas afectadas. Además, se registran daños en 12 bibliotecas rurales, cuatro ubicadas en resguardos indígenas, tres departamentales y una perteneciente a un consejo comunitario. El informe, según la información proporcionada por la Biblioteca Nacional, fue elaborado antes de la llegada de Julia Daza a la dirección de la institución el 1 de octubre. De acuerdo con una fuente anónima citada en el documento, aunque este reporte fue compartido durante su empalme, Daza habría optado por no hacer comentarios al respecto.

En cuanto a la gravedad de los daños, dos bibliotecas colapsaron completamente, ubicadas respectivamente en Chocó y Quindío. Otras ocho sufrieron colapsos parciales, concentrándose principalmente en Valle del Cauca, Chocó y Risaralda. Según el propio informe, Valle del Cauca representa el departamento más afectado: de 38 bibliotecas con estado registrado, 30 permanecen cerradas. La problemática también se extiende a Chocó, Caldas, Risaralda, Antioquia, Quindío y Cauca, todos con bibliotecas cerradas o con graves afectaciones.

El colectivo Medio Pan y un Libro manifestó en redes sociales que cada número representa una comunidad privada de su espacio para el encuentro y aprendizaje. Tatiana Barajas, mediadora de lectura y miembro del colectivo, explicó que existía la intención de acompañar a las bibliotecas para obtener un diagnóstico más detallado sobre el estado real de estos espacios. Ante el panorama, el colectivo exigió a la Biblioteca Nacional y al Ministerio de las Culturas diagnósticos actualizados, planes de recuperación concretos y acompañamiento técnico y financiero, con el objetivo de salvaguardar el acceso de infancias y comunidades a los servicios bibliotecarios.

La situación de las bibliotecas públicas se tensionó aún más tras la renuncia de Sandra Suescún como coordinadora de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, un cargo que había ocupado durante 14 años. Según la página de la Biblioteca Nacional, Suescún cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector, en campos vinculados a la lectura y la gestión de bibliotecas públicas y escolares. La salida de Suescún despierta preocupaciones adicionales en un contexto en el que la actual administración ha sido objeto de críticas por su gestión y por la falta de experiencia de sus directivos.

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¿Cuántas bibliotecas públicas siguen cerradas en Colombia tras el terremoto?

De acuerdo con el informe de la Biblioteca Nacional de Colombia y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, 62 bibliotecas públicas permanecen cerradas a raíz de los daños ocasionados por el terremoto del 10 de agosto.

¿Cuáles fueron los departamentos más afectados por el sismo según la Red Nacional de Bibliotecas Públicas?

Según datos del informe, el departamento con mayor número de bibliotecas cerradas es Valle del Cauca, con 30 de 38 cerradas, seguido por Chocó, Caldas, Risaralda, Antioquia, Quindío y Cauca, que reportan varios recintos fuera de servicio debido a los daños sufridos.

El senador Enrique Gómez aseguró que la decisión del exmandatario de trasladar su canal prioritario desde X hacia WhatsApp obedece a una maniobra política premeditada para evadir la confrontación directa con la opinión ciudadana.

Según el congresista de oposición, la maniobra encubre fines netamente electorales y publicitarios bajo un falso argumento de censura ideológica en las redes sociales tradicionales. “Esto no es un triunfo, es otra fría jugada calculada”, apuntó desde su cuenta en X, antes Twitter.

Para el legislador, la determinación del dirigente de izquierda responde a un análisis de penetración digital cuantitativa y control de audiencias.

Sostuvo que el motivo de fondo detrás de este viraje comunicativo es “estrictamente matemática y estratégica”. Para eso señaló un dato clave: “X solo llega al 38,6 % de la población, mientras que WhatsApp alcanza al 93,1 %”.

El senador Gómez remarcó que las herramientas de mensajería instantánea evitan cualquier interacción crítica de la audiencia en los contenidos emitidos.

“Además, hábilmente ni menciona que en los canales la comunicación es unidireccional. Es decir, que los ciudadanos no pueden refutar, desmentir u opinar en sus publicaciones”, aseveró.

Frente a este formato cerrado, el parlamentario alertó sobre los peligros de restringir la retroalimentación informativa en las plataformas digitales contemporáneas.

“Ojo: los canales no son el problema (yo mismo tengo uno), pero no nos dejemos engañar por sus triquiñuelas ni le celebremos la huida al debate”, sentenció Gómez.

El pronunciamiento del senador respondió a la declaración pública con la que el exmandatario oficializó su distanciamiento de la plataforma administrada por Elon Musk.

Petro justificó su decisión de irse de X alegando la existencia de supuestas trabas operativas contra sus tesis institucionales y un sesgo doctrinario en la red.

Denunció la presencia de “restricciones” y acusó a la plataforma de mantener una “afinidad a la extrema derecha con algoritmos que expanden el odio que la razón y la democracia”.

Bajo esa justificación, el expresidente comunicó el cambio de eje digital a través de su propio perfil oficial.

“Dadas las restricciones que pone X a la irradiación del pensamiento progresista, y su afinidad a la extrema derecha con algoritmos que expanden el odio q la razón y la democracia, he decididó dejar de utilizar X como cuenta principal en las redes y pasara a ser cuenta comlementaria. Empiezo a hacer crecer mi canal por Whassap que pasará a ser mi cuenta principal y personal. De 9,1 millones paso a 600.000 pero creo que aun disminuya mi ausencia ayudo más a la democracia desde redes”, indicó.

Este martes 10 de noviembre de 2026, el dirigente divulgó formalmente el enlace de acceso comunitario, dando inicio a su nueva estrategia de difusión en medios digitales.

¿Cuáles son las diferencias entre una cuenta de X y un canal de WhatsApp?

La arquitectura digital que separa a una cuenta de la red social X de un canal de WhatsApp define formas radicalmente opuestas de interacción comunitaria en los entornos virtuales contemporáneos.

La plataforma X opera mediante un modelo abierto de comunicación bidireccional. Cualquier usuario registrado puede responder publicaciones, citar mensajes ajenos, abrir hilos de discusión y debatir públicamente con los creadores de contenido.

Por el contrario, el canal de WhatsApp funciona como una herramienta de difusión estrictamente unidireccional. En este espacio, únicamente los administradores autorizados poseen facultades operativas para redactar y transmitir informaciones a las audiencias suscritas.

Los seguidores de un canal no pueden publicar textos de respuesta directa ni entablar conversaciones abiertas en el hilo informativo. Su participación queda limitada exclusivamente a reaccionar mediante emoticonos predeterminados o participar en sondeos rápidos.

El algoritmo de distribución representa otra divergencia técnica esencial entre ambos sistemas digitales. En X, los algoritmos jerarquizan el contenido visible según tendencias globales, interacciones virales y polarización temática en el muro principal.

En cambio, WhatsApp entrega los mensajes en estricto orden cronológico dentro de la pestaña Novedades, sin alterar artificialmente la visibilidad de los comunicados emitidos por los gestores.

La privacidad de los datos personales exhibe igualmente contrastes notorios en su diseño operativo. Mientras en X los seguidores quedan expuestos públicamente ante cualquier observador, en WhatsApp los números telefónicos permanecen completamente ocultos.

Ni los administradores ni los integrantes de la comunidad pueden visualizar la identidad telefónica de los demás miembros, garantizando un entorno anónimo frente al resto de los suscriptores.

Mientras X fomenta la confrontación y la discusión en tiempo real, los canales de WhatsApp priorizan la emisión de boletines cerrados sin derecho a réplica inmediata.

Comprender estas distinciones técnicas permite a las figuras públicas seleccionar la plataforma adecuada según sus propósitos de retroalimentación o difusión informativa.

La magnitud del accidente motivó el despliegue de varias ambulancias, que se dirigieron al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia médica al conductor de la motocicleta. Hasta el momento, la información preliminar manejada por medios locales señala que no existe confirmación sobre la afectación a otras personas más allá del motociclista involucrado; tampoco se ha suministrado un reporte oficial sobre el estado de salud del conductor, cuestión que mantiene a las autoridades y a los familiares a la espera de detalles más precisos.

El motivo exacto que desencadenó el choque entre la motocicleta y la buseta, así como las circunstancias previas a la colisión, siguen siendo materia de verificación por parte de los entes encargados. El siniestro, además de causar traumatismo en la movilidad de la zona, evidencia la preocupación latente sobre la seguridad vial en Ibagué. La falta de un comunicado oficial hasta ahora subraya la incertidumbre frente a la evolución del caso y la suerte del conductor involucrado.

El accidente refuerza la necesidad de prestar atención continua al tema de los siniestros viales en la capital tolimense. Se espera que en los próximos días las autoridades ofrezcan una versión más concreta sobre las causas del accidente y el estado del motociclista, aportando claridad sobre cómo ocurrió el incidente y si existieron otros afectados. Por el momento, la prioridad permanece en el seguimiento al estado de salud del motociclista accidentado y las investigaciones para esclarecer los hechos.

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¿Cuál es el estado de salud del motociclista involucrado en el accidente de Ibagué?

De acuerdo con la información proporcionada por los primeros reportes, aún no se ha entregado un parte oficial sobre el estado de salud del conductor de la motocicleta. Las autoridades no han emitido detalles adicionales que permitan conocer con certeza la condición actual de la persona involucrada en el siniestro vial.

¿Qué provocó el accidente entre la motocicleta y la buseta en el sur de Ibagué?

Hasta el momento, las circunstancias exactas que llevaron al choque entre la motocicleta y la buseta están bajo investigación. No se ha confirmado el motivo que originó el incidente, ya que las autoridades continúan verificando los hechos para establecer cómo terminó el motociclista debajo del vehículo de transporte público.

La implementación del Pico y Placa en Cali incluye una etapa pedagógica y una de control. Según publicaciones recientes de la Secretaría de Movilidad en redes sociales, desde el 1 de julio se realizará la etapa pedagógica para socializar la rotación y las nuevas normas, en tanto que los comparendos y sanciones económicas empezarán a aplicarse desde el 6 de julio. Se recalca la importancia de consultar diariamente la rotación antes de salir de casa, ya que el desconocimiento de la medida no exime de responsabilidad y las multas establecidas por infracción a la norma ascienden a 15 días de salario mínimo diario legal vigente (SMDLV). Además, el vehículo podría ser inmovilizado.

Existen grupos excepcionados de la medida, según la normatividad vigente divulgada por la Secretaría de Movilidad: motocicletas, vehículos de emergencia, oficiales, diplomáticos y consulares, así como aquellos destinados a personas con discapacidad, vehículos híbridos y eléctricos, entre otras categorías especiales que define el reglamento local. No obstante, para quienes requieran transitar durante los horarios de restricción, la Secretaría tramita alternativas como la llamada tasa por congestión, permitiendo así mayor flexibilidad bajo determinadas condiciones.

Con la continuidad de esta regulación, la Alcaldía de Cali reitera el llamado a la responsabilidad ciudadana y al cumplimiento de las disposiciones, recomendando informarse oportunamente sobre las excepciones y horarios específicos, lo cual puede consultarse en los canales oficiales de la dependencia.

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¿Cuáles son las excepciones del Pico y Placa en Cali?

La normativa de Cali contempla excepciones al Pico y Placa para ciertos vehículos, entre ellos motocicletas, autos oficiales, de emergencia, diplomáticos, consulares, vehículos a servicio de personas con discapacidad, además de híbridos y eléctricos, según información suministrada por la Secretaría de Movilidad.

¿De cuánto es la multa por infringir el Pico y Placa en Cali?

La Secretaría de Movilidad de Cali indica que quienes sean sorprendidos infringiendo el Pico y Placa deberán pagar una multa equivalente a 15 días de salario mínimo diario legal vigente (SMDLV), y además podrían enfrentar la inmovilización de su vehículo.

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Según información oficial, la emergencia se registró en un inmueble que operaba como una fábrica artesanal de pólvora en la vereda Salinas, donde como consecuencia de la detonación fallecieron dos personas.

Tras la inspección del lugar por parte de organismos de rescate y la Policía, las autoridades confirmaron el deceso de dos hombres con quemaduras en diferentes partes del cuerpo: John Freddy Muñoz Guerra, de 47 años de edad; e Iván Darío Bedoya Tamayo, de 60 años. Este último reconocido ampliamente por la comunidad como presidente de Obras Públicas y miembro de la Junta de Acción Comunal.

#Atención I Las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos personas tras la explosión de una polvorearia en la vereda Salinas del municipio de Caldas, Antioquia. Se investiga la situación sobre qué ocasionó la emergencia. pic.twitter.com/jESiVC7doo

— Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) November 10, 2026

Alejandra Castaño, secretaria de Infraestructura de esta localidad del sur del Valle de Aburrá, se refirió a las acciones desplegadas para atender la situación que no dejó otras personas heridas.

“Se atiende la situación, encontramos dos personas fallecidas. Se convoca al grupo de gestión del riesgo, Alcaldía Municipal, Bomberos, Policía y Tránsito. Se deja la situación en competencia de la Policía Nacional”, indicó la funcionaria.

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Ahora, serán las autoridades judiciales las que determinen las causas que derivaron en la explosión y las condiciones en las que allí se almacenaba este material explosivo.

Ya a finales de 2024 en esta misma vereda se había registrado una situación similar con una polvorería que dejó dos personas lesionadas y al menos ocho viviendas con afectaciones.

A través de su cuenta de X, el mandatario destacó la llegada de Murgas a la dirección del gremio y le deseó éxitos en la responsabilidad que asumirá. La dirigente se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo desde la fundación de la Andi, en 1944.

“Felicitaciones a Luz Stella Murgas, presidenta de la Andi. Le deseo muchos éxitos en esta importante responsabilidad. Colombia necesita un sector empresarial fuerte, que impulse la inversión, genere empleo y contribuya al crecimiento económico de nuestra Nación”, escribió De la Espriella.

Felicitaciones a @luzstellamurgas, presidenta de la ANDI.

Le deseo muchos éxitos en esta importante responsabilidad. Colombia necesita un sector empresarial fuerte, que impulse la inversión, genere empleo y contribuya al crecimiento económico de nuestra Nación.

Confío en que, trabajando juntos, el sector público y el privado podremos construir un país de mayores oportunidades y prosperidad para todos los colombianos.

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 10, 2026

En su pronunciamiento, el jefe de Estado también hizo énfasis en la necesidad de que el sector público y el privado trabajen de manera coordinada para impulsar el desarrollo económico del país.

“Confío en que, trabajando juntos, el sector público y el privado podremos construir un país de mayores oportunidades y prosperidad para todos los colombianos. ¡Firme por la Patria!”, agregó.

La nueva presidenta llega al cargo después de dirigir la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), organización que lideraba desde 2021. Es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario de esa misma institución.

Su elección se produjo luego de la salida de Bruce Mac Master, quien estuvo cerca de 13 años al frente de la Andi. Murgas fue seleccionada por la Junta de Dirección General del gremio, después de un proceso de evaluación de candidatos.

Entre los principales desafíos de su gestión estarán representar al empresariado colombiano, impulsar la inversión y la competitividad, promover el empleo formal y fortalecer los canales de diálogo con el Gobierno.

El mensaje de De la Espriella se suma a las primeras reacciones institucionales frente a este nombramiento, que marca un cambio histórico en uno de los gremios empresariales más importantes del país.

Las posiciones de Hincapié no solo se enfocaron en la oposición política local; también extendió sus críticas al Gobierno nacional y departamental. El representante cuestionó al presidente Abelardo De la Espriella y al ministro de Defensa, señalando que, luego del ataque ocurrido en Planadas, ninguno de los dos ha visitado el sur del departamento tras más de diez días de los hechos violentos. Además, puso bajo la lupa un supuesto recorte superior a 321.000 millones de pesos en el presupuesto departamental proyectado para 2027, apuntando a una deficiente atención a las emergencias provenientes de incendios forestales y la inseguridad.

Por otro lado, Adriana Matiz, gobernadora del Tolima, también se vio mencionada en el debate. Hincapié objetó el anuncio de 20 proyectos priorizados para ejecución en 2026, asegurando que, al indagar sobre los detalles, la Gobernación no tenía claridad en torno a su contenido y el Departamento Nacional de Planeación tampoco contaba con información sobre la procedencia de esas iniciativas. Este reclamo refleja un ambiente político tenso y el traslado del conflicto sobre la minería ilegal y la inseguridad hacia un enfrentamiento abierto entre sectores políticos. El contexto se amplió aún más durante la sesión, donde se discutió la difícil situación de los departamentos de Tolima, Antioquia y Santander, poniendo especial atención a la minería ilegal, sus consecuencias ambientales y la pérdida de control territorial en el sur tolimense. La convocatoria fue realizada por Miguel Ángel Barreto y cinco congresistas más, e incluyó a autoridades nacionales, organismos ambientales y entidades de seguridad, según lo documentado en la sesión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto de la minería ilegal en el sur del Tolima según el debate del Senado?

Durante el debate, se destacó que la minería ilegal ha generado una crisis de seguridad, un deterioro significativo de las condiciones sociales y la pérdida de control territorial en el sur del Tolima, según los señalamientos expuestos por Marco Hincapié y otros congresistas. Estas consecuencias han sido motivo de enfrentamiento político y preocupación por parte de diversas autoridades convocadas a la sesión.

¿Por qué hay enfrentamientos políticos en Tolima relacionados con la inseguridad y la asignación presupuestal?

El debate mostró que los enfrentamientos políticos en el Tolima derivan de las acusaciones de responsabilidad frente al avance de la inseguridad, la minería ilegal y los recortes presupuestales, con sectores como el barretismo y la actual administración departamental señalados por la oposición debido a la supuesta falta de gestión, claridad en proyectos y respuesta a las emergencias, evidenciando divisiones profundas entre los actores políticos de la región.

Ante esta situación, el Ministerio de Educación entregó un balance sobre la recuperación en estos primeros tres meses, indicando la destinación de COP 337 mil millones para priorizar la reconstrucción de 225 sedes educativas y 11 instituciones de educación superior. De acuerdo con el ministerio, estos recursos representan el primer avance en la recuperación de la infraestructura escolar. En consonancia, señalaron que ya se han intervenido cinco sedes en el departamento de Caldas y que han recibido apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el cual redireccionó USD 48 millones para priorizar la reconstrucción, especialmente en las zonas de Chocó y Risaralda.

El ministerio también informó sobre la implementación de asistencias técnicas en los territorios, basadas en el mecanismo de Obras por Impuestos para la Reconstrucción. Esta estrategia busca integrar al sector privado y sumar recursos y capacidades destinados a reconstruir la infraestructura dañada. En cuanto a las universidades públicas afectadas, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) recibió una habilitación temporal para intervenir en estas instituciones, mientras que se examinaron acciones para responder a los daños específicos en la Universidad Nacional de Colombia, en sus sedes de Manizales y Palmira.

No obstante, la Defensoría del Pueblo advirtió que persisten dificultades importantes para atender y recuperar a las comunidades afectadas, sobre todo por las barreras en el acceso al registro de damnificados. La entidad enfatizó que la falta de una ruta clara para nuevos registros o la corrección de inconsistencias puede dejar a familias sin acceso a ayudas. El subsidio de arrendamiento, fijado en COP 1.050.000 mensuales durante tres meses para los afectados, resulta insuficiente, dada la extensión de los plazos de reconstrucción y la escasez de vivienda adecuada, situación que ha forzado a algunas familias a retornar a zonas inseguras.

En el área educativa, la Defensoría denunció que no todos los estudiantes han podido regresar a clases presenciales ni cuentan con instalaciones seguras. Además, existen retrasos en la asignación de recursos y problemas en la implementación del Programa de Alimentación Escolar, siendo frecuentes los alimentos en mal estado y las entregas incompletas. Finalmente, resaltó la brecha financiera: de los COP 58,29 billones que se requieren para la recuperación, solamente COP 8,21 billones están asegurados, quedando una diferencia de COP 50,08 billones por financiar.

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¿Qué acciones ha tomado el gobierno para recuperar la educación tras el terremoto en Colombia?

El gobierno, mediante el Ministerio de Educación y con apoyo de entidades internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), ha priorizado la destinación de recursos para intervenir sedes educativas y universidades afectadas, ejecutando inversiones y articulando estrategias como Obras por Impuestos. Se han intervenido varias sedes y se avanzan gestiones para asegurar espacios seguros y restablecer el servicio educativo.

¿Cuál es la brecha financiera en la reconstrucción tras el terremoto según la Defensoría del Pueblo?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto requiere COP 58,29 billones, pero solo se han identificado COP 8,21 billones en recursos. Esto deja una brecha de COP 50,08 billones aún por financiar, lo que dificulta avanzar en la recuperación integral de infraestructura y atención a las comunidades.

En el primero de los casos, la víctima es Gellis Julieth Rambao Martínez, quien resultó gravemente herida a bala, mientras cumplía su turno en un supermercado del barrio Rebolo.

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La mujer estaba atendiendo en la caja, cuando un hombre ingresó al lugar con un arma oculta, caminó entre los estantes fingiendo ser un cliente y, después de ocho minutos dando vueltas, fue directo hacia la víctima y le disparó ahí mismo frente a los demás compradores y trabajadores.

El atacante alcanzó a huir en una moto, en la que lo esperaba un cómplice; sin embargo, las cámaras de seguridad del supermercado lo grabaron dentro del lugar y, gracias a estas imágenes, su rostro está siendo difundido por las autoridades para que la comunidad se una a su búsqueda y poder llevarlo ante la justicia.

El hombre es delgado, cabello negro, tez trigueña y, al momento del ataque, vestía un buzo azul claro, un jean oscuro y tenis negros. Llama la atención que, pese al grave hecho que cometió, nunca cubrió su rostro ni se preocupó por evadir las cámaras.

De acuerdo con lo reportado, la acción de Matador no solo se limitó a esa escena puntual capturada durante la operación militar. El caricaturista realizó una recopilación de otras ocasiones en las que, según él, el presidente De La Espriella ha hecho uso de vestimenta y elementos característicos de instituciones de seguridad del Estado y de las Fuerzas Militares. En su publicación, Matador resaltó con sarcasmo cómo la imagen del mandatario parece una “puesta en escena” que se repite con frecuencia, trayendo a colación ejemplos como el disfraz de escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), celador de conjunto, miembro del comando Jungla, agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y hasta piloto de la Fuerza Aérea. Para Matador, la más reciente prenda, la boina, le habría conferido un cierto aire al icónico personaje cinematográfico Rambo.

No obstante, la crítica del caricaturista fue más allá al finalizar su mensaje con una frase contundente que elevó el tono del debate: “En el fondo, lo que quiere es disfrazarse de hombre”. Esta declaración, citada en el reporte, se convirtió en el punto más álgido del comentario y en el aspecto que más eco provocó entre los usuarios de la red. Según se ha documentado, no es la primera vez que Matador y De La Espriella cruzan señalamientos en público; distintos episodios recientes muestran que sus enfrentamientos y la imagen pública del mandatario son objeto de análisis y controversia en las redes sociales, donde la opinión política y la sátira se entremezclan de forma constante.

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¿Por qué Matador criticó a Abelardo De La Espriella por su vestimenta?

Matador cuestionó a Abelardo De La Espriella porque, según el caricaturista, el mandatario utiliza de manera repetida prendas y elementos asociados a organismos de seguridad, lo que en su opinión es parte de una “puesta en escena”. A través de una frase sarcástica, Matador sugirió que detrás de esta actitud estaría un intento de proyectar cierta imagen personal, lo que generó debate en redes sociales.

¿Qué significa ESMAD y por qué se menciona en la crítica?

ESMAD es la sigla del Escuadrón Móvil Antidisturbios, una fuerza perteneciente a la Policía Nacional destinada a controlar el orden público durante protestas y disturbios. Matador mencionó al ESMAD como ejemplo de los diferentes personajes de seguridad en los que, según él, De La Espriella se ha "disfrazado", para enfatizar la reiteración de estas apariciones en su imagen pública.

Tercer Canal destacó que esta amenaza no debe ser vista como un hecho aislado. El medio subrayó que el episodio ocurre en un contexto donde otros medios de comunicación en Colombia han sido blanco de amenazas y alertas similares. En su pronunciamiento, Tercer Canal reafirmó públicamente su decisión de continuar con su labor informativa, pese a los intentos de intimidación. La denuncia se produce después de que Caracol Televisión experimentara la evacuación preventiva de sus instalaciones en Bogotá, tras recibir una alerta de posible amenaza, y Caracol Radio y RCN también se vieran envueltos en advertencias de la misma índole.

De acuerdo con información de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía fue alertado sobre un posible plan del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dirigido contra las sedes tanto de Caracol como de RCN. No obstante, la FLIP aclaró que, hasta el momento, no se ha encontrado ninguna relación directa entre esos planes y la llamada intimidatoria recibida por Tercer Canal.

Estos hechos han provocado reacciones de rechazo por parte de varias instituciones y organizaciones. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han expresado su preocupación y solicitaron que se adelanten las acciones de investigación necesarias. Así mismo, la FLIP pidió aplicar medidas de protección para los periodistas y trabajadores afectados mientras avanza el esclarecimiento de los hechos. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las intimidaciones y solicitó garantías para que el periodismo se ejerza de manera libre y segura. También la Embajada de Estados Unidos en Colombia manifestó respaldo y solidaridad con los medios implicados y sus equipos de trabajo. En medio de esta coyuntura, Tercer Canal agradeció el respaldo de la audiencia y recalcó su compromiso de seguir informando.

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¿Qué respondió la Fiscalía a la denuncia del Tercer Canal por amenazas?

Tercer Canal informó que, tras recibir la llamada intimidatoria, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, en la información divulgada no se detalla ninguna respuesta específica de la Fiscalía sobre el avance de las investigaciones o medidas adoptadas. El medio solo señaló que ha solicitado que las autoridades agilicen las indagaciones para identificar a los responsables.

¿Qué significa FLIP y cuál es su papel frente a las amenazas a medios en Colombia?

FLIP corresponde a la Fundación para la Libertad de Prensa. Su papel, como se menciona en el texto, es monitorear y divulgar alertas sobre amenazas a la prensa en Colombia, además de solicitar medidas de protección para los periodistas y trabajadores de medios afectados mientras se esclarecen estos hechos.

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A través de su cuenta de X, el funcionario destacó que Murgas se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de uno de los principales gremios empresariales del país. También aprovechó el mensaje para plantear algunas de las prioridades que, desde su cartera, esperan impulsar con el acompañamiento de las compañías.

“¡Felicitaciones a Luz Stella Murgas por su designación como nueva presidenta de la Andi! Su llegada marca un hito histórico al convertirse en la primera mujer en liderar este importante gremio empresarial”, escribió Gómez Amín.

En el mismo pronunciamiento, el ministro manifestó la disposición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para trabajar articuladamente con los empresarios en asuntos como la inversión, la competitividad, el empleo y el crecimiento económico.

“Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reiteramos nuestra disposición de trabajar articuladamente con el sector empresarial para impulsar la inversión, la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento de Colombia”, agregó.

El funcionario cerró su publicación con una frase relacionada con el lema del Gobierno: “¡La Patria Milagro se construye entre todos!”.

¡Felicitaciones a @luzstellamurgas por su designación como nueva presidenta de la @ANDI_Colombia!

Su llegada marca un hito histórico al convertirse en la primera mujer en liderar este importante gremio empresarial.

Desde el @MincomercioCo reiteramos nuestra disposición de trabajar articuladamente con el sector empresarial para impulsar la inversión, la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento de Colombia.

¡La Patria Milagro se construye entre todos!

— Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) November 10, 2026

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Luz Stella Murgas tendrá varios retos al frente de la Andi

La nueva presidenta fue elegida por la Junta de Dirección General de la Andi, luego de que la comisión encargada del proceso de selección presentara su informe sobre los candidatos. Con su llegada, sucederá a Bruce Mac Master, quien estuvo al frente de la organización durante cerca de 13 años.

Murgas se desempeñaba como presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), cargo que ocupaba desde 2021. Es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario de esa institución. Además, cuenta con experiencia en el sector minero-energético, donde trabajó en empresas como Ecopetrol y en la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Entre los desafíos que asumirá está fortalecer la competitividad y la productividad del país, promover la inversión y contribuir a la creación de empleo formal. También tendrá la responsabilidad de representar los intereses del empresariado y defender principios como la libertad de empresa, la institucionalidad y el desarrollo sostenible.

Otro de los puntos centrales de su gestión será mantener los canales de diálogo entre el sector público y el privado, en un escenario en el que la relación entre el Gobierno y los empresarios será clave para discutir las condiciones económicas y las oportunidades de crecimiento en Colombia.

El foro fue escenario de un análisis profundo sobre el comportamiento de la infraestructura caleña frente a la emergencia, la confusión que enfrentan los ciudadanos acerca de la habitabilidad de los edificios y la urgencia de establecer rutas claras de ingeniería que protejan vidas ante futuros sismos. Uno de los hallazgos más inquietantes surgió durante la presentación de Sergio Castañeda, investigador en riesgo sísmico, quien reveló que la red de acelerógrafos de Cali, esencial para medir la sacudida del terreno y orientar planes de prevención, llevaba tres años sin operar cuando ocurrió el sismo. De acuerdo con lo expuesto, esta red se instaló en 2003 tras el estudio de microzonificación sísmica de 2002 junto a Ingeominas, y aunque registró eventos como el sismo de Pizarro en 2004, la falta de controles y el descuido institucional provocaron que Cali no contara con datos científicos clave en la reciente emergencia.

Los acelerógrafos, tal como explicó Castañeda, no solo miden la aceleración del terreno, sino que permiten identificar las zonas de mayor riesgo. Pese a que la inactividad de la red no se debió a falta de recursos, la crítica fue directa a la administración municipal y se propuso no solo reactivar los equipos, sino aumentar su número.

En relación con la evaluación post-terremoto, Albert Ortiz, director de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Universidad del Valle, precisó que la asignación de stickers rojos en los inmuebles no significa una demolición inmediata, sino una alerta sobre posibles peligros, principalmente por elementos sueltos; los colapsos se concentraron en edificaciones antiguas con sistemas flexibles y construcción entre 1970 y 2000. Ortiz recalcó que la demolición debe ser el último recurso, optando primero por inspecciones y estudios rigurosos.

El experto internacional Méndez Galindo advirtió sobre la vulnerabilidad de edificios de varias décadas y enfatizó la importancia de evitar la inacción administrativa. Subrayó la necesidad de rehabilitar los inmuebles antiguos y robustecer sus estructuras, recordando experiencias como la de Turquía en 2023. Finalmente, el proceso de recuperación depende ahora de la acción conjunta de autoridades, copropiedades y propietarios, quienes deberán seguir rutas técnicas estrictas para preservar tanto la seguridad como el patrimonio caleño.

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¿Cuál es la importancia de los acelerógrafos para la prevención de desastres en Cali?

Los acelerógrafos son vitales para medir la aceleración real del terreno durante un sismo. Proporcionan información esencial para ingenieros y autoridades, permitiendo identificar las zonas de mayor sacudida y priorizar los estudios de vulnerabilidad y reforzamiento estructural de edificaciones. Así, su correcta operación facilita respuestas fundamentadas ante emergencias y mejora la prevención de desastres.

¿Qué significa recibir un sticker rojo en una edificación tras un terremoto?

La asignación de un sticker rojo en un inmueble indica riesgo para la integridad física de los ocupantes, pero no implica necesariamente un colapso inminente ni una orden de demolición inmediata. Muchas veces estas alertas se deben a la presencia de elementos no estructurales sueltos, por lo que requieren inspecciones detalladas y estudios de vulnerabilidad antes de considerar intervenciones drásticas.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP vinculó a nueve exintegrantes de la Armada Nacional y a dos exintegrantes de la Policía Nacional a un patrón de violencia en Montes de María y el Canal del Dique, en la región Caribe, donde 32 masacres tuvieron lugar entre 1999 y 2001. Según la investigación liderada por la magistrada María del Pilar Valencia García, a los comparecientes se les atribuye responsabilidad en 284 asesinatos y 107 casos de violencias basadas en género, violencia sexual y agresiones contra mujeres, niñas y población campesina, estigmatizada como colaboradora de las antiguas Farc.

La JEP determinó que las masacres no fueron hechos aislados. Por el contrario, hicieron parte de un entramado criminal donde existieron acuerdos, coordinación y colaboración entre paramilitares y ciertos miembros de la fuerza pública, quienes facilitaron desplazamientos, compartieron información y omitieron actuar frente a los crímenes. Incluso, los campesinos y sus formas de organización comunitaria fueron tomados como criterios para seleccionar víctimas, lo que llevó al vaciamiento territorial y al desplazamiento masivo de la población.

Se comprobó, además, que las violencias sexuales y de género no fueron conductas marginales, sino herramientas de castigo, humillación y control social, afectando de manera particular a mujeres, niñas y la comunidad LGBTIQ+. La responsabilidad individual también salpica a Gregorio García Raigosa, Jorge Tadeo Castañeda Garzón y Jaime Alberto Navarro Ferrero por hechos relacionados a las masacres de Capaca, El Salado y Macayepo.

La JEP ordenó la instalación de dos mesas técnicas: una para revisar la reparación a víctimas de violencia sexual y otra para la búsqueda e identificación digna de personas desaparecidas en el conflicto. Además, se activaron rutas de protección y reconocimiento para las mujeres buscadoras, quienes han sufrido amenazas y revictimizaciones.

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¿Qué responsabilidades les imputa la JEP a los exintegrantes de la fuerza pública por las masacres en Montes de María?

La Jurisdicción Especial para la Paz señaló a nueve exintegrantes de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional como máximos responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, específicamente por su rol en 32 masacres entre 1999 y 2001. De acuerdo con la investigación citada por la JEP, se les atribuye responsabilidad en 284 asesinatos y 107 casos de violencia sexual y de género, dentro de un entramado de colaboración con estructuras paramilitares.

¿En qué consistieron las violencias basadas en género documentadas por la JEP en el conflicto armado en Montes de María?

Según la JEP, las violencias basadas en género y reproductivas no fueron hechos menores ni accidentales; formaron parte de una estrategia sistemática para castigar y disciplinar a las comunidades. Las agresiones sexuales y otros actos de violencia sirvieron para transmitir terror, humillar y controlar socialmente a las víctimas, especialmente mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTIQ+.

De acuerdo con Tercer Canal, la intimidación directa ocurrió el 9 de noviembre, a través de una llamada telefónica en la que se advirtió explícitamente: "Les toca callarse a los del Tercer Canal, o nos los vamos a llevar a todos?". Esta declaración resalta el nivel de riesgo que enfrentan quienes trabajan en medios independientes y la persistencia de amenazas en el entorno mediático del país. Al referirse a la denuncia presentada ante la Fiscalía, Tercer Canal manifestó la urgencia de que se tomen medidas adecuadas para identificar a los responsables y proteger tanto la libertad de prensa como la integridad de los comunicadores.

El contexto de la amenaza coincide con una serie de incidentes similares que han afectado a otros medios de comunicación en los últimos días. Tercer Canal aseguró que el caso se suma a “actos intimidatorios contra diversos medios” y recordó la vulnerabilidad que afrontan los periodistas en Colombia. En fechas cercanas al incidente contra Tercer Canal, Caracol Radio reportó haber recibido alertas de las autoridades por la posibilidad de un atentado contra Caracol Televisión, la empresa radial y otros medios. Esto llevó a que la emisora implementara medidas de prevención en coordinación con organismos de seguridad responsables, atendiendo las recomendaciones oficiales para reducir el riesgo.

Según lo publicado, el incremento de amenazas a reporteros y empresas informativas evidencia una situación preocupante que requiere atención de parte de la institucionalidad y de los órganos de justicia. La cobertura y seguimiento de estos casos se pueden consultar en la sección Judicial del diario El Espectador, que profundiza sobre justicia, seguridad y derechos humanos en el país.

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¿Por qué el equipo de periodistas de Tercer Canal fue amenazado, según la denuncia pública?

Según la denuncia divulgada por Tercer Canal, la amenaza se materializó mediante una llamada donde se exigió que el medio "callara", lo que el portal considera parte de actos intimidatorios generalizados que enfrentan periodistas colombianos. Esta situación demuestra el alto nivel de riesgo al que están expuestos los equipos periodísticos por su labor informativa, de acuerdo con el comunicado oficial.

¿Qué medidas han tomado los medios de comunicación tras las amenazas recibidas?

De acuerdo con la información compartida, los medios afectados, como Tercer Canal y Caracol Televisión, han presentado denuncias ante la Fiscalía y han implementado medidas preventivas en coordinación con autoridades encargadas de la seguridad. Adicionalmente, han fortalecido su cooperación con instituciones para proteger a su personal y garantizar la continuidad de su labor periodística bajo circunstancias de riesgo.

El edificio Marisol fue uno de los más afectados por el sismo, causando una crisis que impactó no solo a sus habitantes sino a toda la comunidad circundante. Para sobrellevar la pérdida colectiva y evitar que el duelo se viva de forma solitaria, surgió este espacio de memoria que busca integrar a todos los perjudicados por el desastre, no solo del edificio Marisol sino de otros sectores de la ciudad. Durante el homenaje, el testimonio de Patricia Valencia, una damnificada, evidenció la intensidad del desastre. "Yo solamente me prendí y le pedí a Dios que parara... confiando en que los otros temblores anteriormente pasaban muy rápido... cuando salí, alrededor del barrio, todo destrozado, me dio mucha tristeza, en shock", relata, mostrando el impacto emocional que aún persiste.

Mientras los habitantes afectados esperan respuestas y soluciones definitivas, distintas fundaciones y organizaciones humanitarias han mantenido su apoyo. Según la directora de alianzas de la organización Techo Colombia, Alexandra García, ya han entregado cincuenta viviendas en zonas de alta vulnerabilidad. La fundación, que en principio brindó ayudas comunitarias, actualmente avanza con la reconstrucción de viviendas como parte de una segunda fase de intervención. García enfatiza que la fundación se dirige allí donde las comunidades tienen más dificultades para recuperarse por sí solas.

Así, tres meses después del sismo, la memoria de las víctimas y la solidaridad de la comunidad se mantienen vivas. Los retos persisten, pero la reconstrucción y el apoyo colectivo avanzan, alimentados por la dignidad y la resiliencia de quienes no se rinden frente a la tragedia.

¿Cómo avanza la reconstrucción después del terremoto en Cali?

Después del terremoto del 10 de agosto, de acuerdo con la información reportada por Noticiero 90 Minutos, la reconstrucción se ha enfocado en atender a los sectores más vulnerables de la ciudad. Fundaciones como Techo Colombia han entregado cincuenta viviendas y continúan con labores de reconstrucción, priorizando lugares donde las comunidades no pueden recuperarse de manera autónoma. Además, las ayudas humanitarias no han cesado y hay acciones en marcha para apoyar a los damnificados.

¿Qué tipo de apoyo han recibido los damnificados del edificio Marisol tras el sismo?

Según Noticiero 90 Minutos, los damnificados del edificio Marisol han contado con apoyo emocional y humanitario por parte de la comunidad, rescatistas, voluntarios y organizaciones como la clínica CME, que ofreció atención médica especializada. Además, fundaciones como Techo Colombia han entregado ayudas comunitarias y están enfocadas actualmente en la reconstrucción de viviendas, aportando soluciones concretas a quienes resultaron más afectados.

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La independencia de Cartagena no fue un acto aislado ni limitado a las decisiones de dirigentes. De acuerdo con 90 Minutos, destaca la intervención decidida de los habitantes del barrio Getsemaní. Estos ciudadanos, con la convicción de obtener la separación definitiva de la Corona española, protagonizaron una movilización que no solo exigía, sino que presionaba activamente por el cambio. Dentro de este grupo resalta el liderazgo de Pedro Romero, quien, al frente de los llamados Lanceros de Getsemaní, reunió a artesanos, milicias pardas y personas de diversos orígenes populares para marcar la diferencia en un momento crítico.

El 11 de noviembre de 1811, según la misma fuente, los habitantes de Getsemaní marcharon armados hacia el lugar en donde sesionaba la Junta de Gobierno. Esta acción contundente generó la presión decisiva para que los miembros de la Junta firmaran el Acta de Independencia, logrando así la declaración que convertiría a Cartagena en un Estado libre, soberano e independiente. La participación de estos sectores populares se vuelve, así, un referente crucial dentro de este proceso: los hechos muestran que la independencia no se comprende sin el impulso y la presencia activa de quienes no pertenecían a las élites tradicionales.

El recuerdo de aquel acontecimiento sigue vivo. Conforme a lo señalado por 90 Minutos, la conmemoración de la independencia en noviembre trasciende una simple fecha del calendario. Representa el reconocimiento colectivo a todos los que lucharon por la libertad de la ciudad. Fiestas, música, desfiles y expresiones culturales renuevan cada año el lazo de Cartagena con su propia historia de resistencia y orgullo. Así, la independencia no solo celebra una nueva identidad política, sino que también honra la memoria de los sectores populares que hicieron posible esta transformación fundamental.

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¿Por qué la independencia de Cartagena se celebra específicamente el 11 de noviembre?

La celebración ocurre cada año el 11 de noviembre porque en esa fecha, en 1811, Cartagena declaró su independencia absoluta de la Corona española. Según 90 Minutos, este día simboliza el momento en que la Junta de Gobierno, presionada por la movilización de los habitantes de Getsemaní, firmó el Acta de Independencia, estableciendo la ciudad como un Estado libre y soberano.

¿Quiénes fueron los Lanceros de Getsemaní y qué papel tuvieron en la independencia de Cartagena?

Los Lanceros de Getsemaní formaron un grupo integrado por habitantes del barrio Getsemaní, artesanos y milicias pardas, liderados por Pedro Romero. De acuerdo con la información de 90 Minutos, estas personas participaron activamente el 11 de noviembre de 1811, marchando armados y presionando a la Junta de Gobierno para lograr la firma del Acta de Independencia. Su papel fue fundamental para consolidar la separación definitiva de Cartagena respecto de España.

La joven actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Asotrauma de Ibagué, conectada a equipos de soporte vital. Según los reportes, Eliana perdió uno de sus riñones y sufrió lesiones de consideración en la zona abdominal. El personal médico mantiene una estricta vigilancia sobre su evolución y ha considerado la posibilidad de someterla a otra intervención quirúrgica en los próximos días. Esta operación, que podría realizarse entre martes y miércoles, tiene como objetivo mejorar sus condiciones de salud, aunque implica ciertos riesgos debido a la fragilidad en la que se encuentra la joven. Tal como relatan personas cercanas a la familia, para llevar a cabo el procedimiento sería necesario retirar temporalmente el soporte vital, una circunstancia que aumenta la preocupación entre sus allegados.

Entretanto, el apoyo de la comunidad ha sido fundamental para la familia Tocora Grisales. Amigos, conocidos y seres queridos han organizado una velatón este martes a las 6:30 de la tarde frente a la Clínica Asotrauma de Ibagué. El objetivo es acompañar simbólicamente a Eliana en este difícil momento y brindar solidaridad a sus familiares, quienes no se apartan de su lado mientras esperan nuevas noticias sobre su recuperación. Toda la información ha sido recopilada de acuerdo con los datos disponibles sobre el caso del accidente y la situación de salud de la joven.

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¿Cuál es el estado de salud de Eliana Tocora Grisales tras el accidente en Ibagué?

Eliana Tocora Grisales se encuentra en estado crítico, conectada a equipos de soporte vital en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Asotrauma. Tras perder uno de sus riñones y sufrir graves lesiones abdominales, su salud es seguida de cerca por el cuerpo médico, que contempla una intervención quirúrgica para intentar mejorar su situación.

¿Por qué la próxima cirugía de Eliana Tocora Grisales genera preocupación en su familia?

La cirugía propuesta para Eliana genera preocupación entre sus allegados debido a que, por su grave estado, podría implicar el retiro temporal del soporte vital al que está conectada. Esto representa un riesgo considerable y, ante la incertidumbre sobre su respuesta, la familia permanece a la espera de la decisión médica y de su evolución.

La dimensión del impacto se refleja en los datos del Registro Único de Damnificados, citados por la Defensoría y referenciados con corte al 3 de noviembre, que contabilizan a 363.791 familias afectadas y 776.119 viviendas declaradas inhabitables. Asimismo, datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al 27 de octubre, indican que el sismo dejó un balance de 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas.

Uno de los principales problemas identificados por la Defensoría radica en el acceso al registro de damnificados. Según la entidad, no existe actualmente una ruta definida para nuevos registros, para corregir inconsistencias o para reportar daños que hayan surgido posteriormente. Esto implica que muchas familias podrían quedar excluidas de recibir ayuda, ya que la inscripción en dicho registro es obligatoria para acceder a los apoyos.

En cuanto a las ayudas, la Defensoría reclama que el subsidio de arrendamiento otorgado, correspondiente a 1.050.000 pesos colombianos mensuales por tres meses, resulta insuficiente, pues el proceso de reconstrucción puede extenderse entre 12 y 18 meses. Además, la escasez de viviendas disponibles ha obligado a algunas familias a regresar a lugares inseguros y en malas condiciones.

El sistema de salud también enfrenta serias dificultades. La Defensoría reportó reducciones en la capacidad de atención, demoras en las consultas especializadas, entrega tardía de medicamentos y retrasos en autorizaciones. Por ejemplo, el hospital La Misericordia de Calarcá, en Quindío, continúa funcionando pese a tener daños estructurales y operar con la mitad de su capacidad. En Risaralda, se presentaron retrasos y suspensiones de servicios, afectando especialmente a los afiliados de la Nueva Empresa Promotora de Salud (EPS).

El sector educativo atraviesa un panorama igual de crítico. Muchos estudiantes no han podido regresar a clases presenciales, y quienes asisten lo hacen en instalaciones consideradas inseguras. La Defensoría advierte además sobre problemas en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, donde han detectado alimentos en mal estado, entregas incompletas y demoras.

En lo relacionado con la financiación de la recuperación, la Defensoría observó una brecha de 50,08 billones de pesos, pues de los 58,29 billones necesarios, solo se han identificado 8,21 billones en recursos iniciales. La única fuente confirmada con cronograma corresponde a una adición al presupuesto nacional a través de un crédito con el Banco Mundial. Sobre el Fondo Milagro, diseñado para centralizar recursos de asistencia y reconstrucción, existen dificultades de coordinación con otras entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

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¿Cuáles son los principales retos en la recuperación tras el terremoto según la Defensoría?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los mayores retos incluyen la falta de una ruta clara para el registro de damnificados, la insuficiencia de subsidios, pocas viviendas disponibles, demoras en la atención en salud, dificultades en el acceso educativo y una brecha significativa de financiación para enfrentar la crisis.

¿Qué funciones cumple el Fondo Milagro y por qué enfrenta dificultades en su operación?

El Fondo Milagro fue creado para concentrar y administrar recursos dirigidos a la asistencia humanitaria, la reconstrucción y la reactivación económica de las zonas afectadas. Sin embargo, enfrenta problemas de articulación con el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y otras instancias, lo que dificulta la ejecución y el flujo de recursos.

De acuerdo con el reporte de la entidad, el epicentro se ubicó en inmediaciones de Charalá, a 7 kilómetros de distancia.

También se identificaron otros municipios cercanos, como Encino, ubicado a 10 kilómetros, y Ocamonte, a 13 kilómetros del punto donde se originó el evento.

El organismo registró el fenómeno mediante seis estaciones de monitoreo y clasificó el reporte con estatus automático.

Entre los datos técnicos del movimiento se encuentran una latitud de 6,22 grados y una longitud de -73,14 grados.

Por su magnitud de 2,4 y su profundidad de 135 kilómetros, se trató de un evento sísmico de baja intensidad.

El SGC incluyó las coordenadas y el mapa de localización para identificar con mayor precisión el punto del territorio santandereano donde ocurrió el movimiento. La información corresponde al registro inicial publicado por la entidad.

La intervención de Aranda se dio a conocer el martes 10 de noviembre durante el balance del Bloque Operativo de Seguridad Urbana (BOSUR), estrategia que articuló el esfuerzo de más de 500 uniformados. Esta operación permitió realizar 30 diligencias de allanamiento y registro en diferentes puntos de la capital del Tolima, según el reporte oficial.

El llamado de la mandataria fue uno de los momentos más destacados de la jornada, donde no solo se reiteró la postura institucional frente al crimen, sino que también se divulgaron cifras clave sobre los resultados. De acuerdo con la información entregada, los operativos dejaron 89 personas capturadas: 51 en flagrancia, es decir, sorprendidas en el momento del delito, y 38 mediante orden judicial. Entre los capturados figuran 25 presuntamente vinculados con homicidios, 23 relacionados con tráfico de estupefacientes y 17 con casos de hurto. Además, hubo capturas por otros delitos como lesiones personales, porte ilegal de armas, feminicidio, concierto para delinquir y extorsión.

En cuanto a los decomisos, la Administración Municipal reportó la incautación de 18.441 dosis de marihuana, 3.700 de cocaína, 4.720 de bazuco y 65 de tusi. Al balance también se sumaron tres armas de fuego, cuatro pistolas traumáticas, 12 cartuchos, la incautación de un vehículo, una motocicleta y 36 celulares, así como el decomiso de 14 millones de pesos en efectivo. Se reportó, además, la recuperación de seis motocicletas que habían sido hurtadas.

De acuerdo con Aranda, estos resultados reflejan un trabajo conjunto de la Alcaldía, la Fiscalía, la Policía, las Fuerzas Militares, Migración Colombia y el Ministerio Público. El objetivo, explicó la Administración, es desmantelar estructuras criminales, combatir el tráfico de drogas y disminuir la violencia en la ciudad, en una clara apuesta por la seguridad ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas fueron capturadas y por qué delitos en Ibagué?

En el balance presentado por la Administración Municipal de Ibagué se informó que 89 personas fueron capturadas durante los operativos de seguridad; 51 en flagrancia y 38 a través de órdenes judiciales. Entre los delitos más recurrentes están homicidio, tráfico de estupefacientes y hurto, además de casos por lesiones personales, porte ilegal de armas, feminicidio, concierto para delinquir y extorsión.

¿Qué es el Bloque Operativo de Seguridad Urbana (BOSUR) y cuál fue su resultado?

El Bloque Operativo de Seguridad Urbana (BOSUR) es una estrategia coordinada que involucra a más de 500 uniformados, orientada a combatir el crimen en Ibagué. Según el balance divulgado, permitió la ejecución de 30 allanamientos, la captura de 89 personas, la incautación de grandes cantidades de drogas, armas, vehículos y dinero en efectivo, así como la recuperación de motocicletas robadas.

El foro, titulado "A diez años del Acuerdo de Paz: balance, implementación y perspectivas", contó además con la presencia de figuras destacadas como el general retirado Óscar Naranjo y la defensora del Pueblo, Iris Marín. Durante el encuentro, Marín enfatizó lo señalado por Santos, y advirtió que "la guerra es un daño en el sistema" y que no se debe celebrar el número de bajas presentadas en combate, haciendo un llamado a replantear la manera en la que se conciben los logros en materia de seguridad nacional. De acuerdo con lo expuesto en el evento, la celebración de las muertes en combate plantea un serio debate ético y político, especialmente a la luz de la historia reciente y las heridas provocadas durante el conflicto armado.

Pastor Alape, integrante del proceso de paz y panelista invitado, no asistió al foro porque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no autorizó su participación. Sin embargo, envió un mensaje en el que defendió el trabajo de la justicia transicional y afirmó que “el mío es un testimonio de que la justicia funciona”. Esta reflexión sirvió para destacar la relevancia de la justicia especial creada tras la firma del acuerdo como un mecanismo legítimo para enfrentar los crímenes cometidos durante décadas de violencia.

Santos recordó que, desde su llegada a la dirección de las Fuerzas Militares en 2010, buscó cambiar la concepción del éxito militar. Según explicó, se trataba de pasar de medir los triunfos por la cantidad de bajas, como ocurrió durante el fenómeno de los llamados falsos positivos, a valorar más las desmovilizaciones y capturas. Esta transformación institucional fue presentada como uno de los principales retos y logros en la ruta hacia la paz.

Pese a las críticas y cuestionamientos, el gobierno De la Espriella ha mantenido una posición distante frente a los resultados del Acuerdo de Paz que Santos firmó en representación del Estado colombiano. Sectores críticos consideran que los temas en discusión, como las operaciones militares y la justicia, siguen vigentes y plantean desafíos de cara al futuro del país.

¿Por qué Juan Manuel Santos critica la estrategia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella?

Según lo expuesto por Santos durante el evento de la Universidad del Rosario, su crítica se fundamenta en la preocupación por un modelo de seguridad que prioriza los resultados militares en términos de bajas enemigas, repitiendo prácticas del pasado que relacionan el éxito con el número de cadáveres, en vez de centrar los esfuerzos en procesos de paz, desmovilización y la protección de la vida.

¿Qué papel cumple la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el proceso colombiano?

La Jurisdicción Especial para la Paz, mencionada por Pastor Alape, es un mecanismo de justicia transicional surgido tras el Acuerdo de Paz firmado por Santos. Su función es investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, buscando así verdad, reparación y justicia para las víctimas.

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Elizabeth Blandón Bermúdez es economista, egresada de la Universidad de Medellín, y su nombramiento como directora general del Icfes fue oficializado mediante el Decreto 1284 del 2 de agosto de 2023. Posteriormente, se posesionó en el cargo ante el presidente Gustavo Petro, también en agosto de ese año. Según lo consignado en el portal de la entidad, Blandón llegó con el objetivo de "posicionar a la institución como líder en la evaluación de la educación en América Latina y de fortalecer su proceso de transformación digital", lo que incluía la consolidación de pruebas de Estado en modalidad electrónica y la cooperación con actores del sector educativo.

Tras la salida de Blandón, el gobierno de Abelardo de la Espriella designó como directora encargada a Maribel Cristina Castro, quien se desempeñaba como directora técnica en el interior de la entidad. Es importante señalar que Blandón era una de las últimas funcionarias de alto rango nombradas en la administración de Gustavo Petro. Incluso, la entidad destacó en sus redes sociales que una de sus más recientes intervenciones públicas ocurrió a principios de noviembre, cuando participó, como directora del ICFES, en un evento realizado en Bogotá enfocado en la búsqueda de soluciones innovadoras para transformar el Estado.

Por ahora, el futuro de la dirección general del ICFES permanece pendiente y no se ha oficializado quién asumirá de manera definitiva. La noticia se encuentra en desarrollo, según indicó El Espectador.

¿Quién es Elizabeth Blandón Bermúdez y cuál era su objetivo como directora del Icfes?

Elizabeth Blandón Bermúdez es economista de la Universidad de Medellín y fue nombrada directora general del Icfes en agosto de 2023. Según la página oficial de la entidad, su objetivo principal era fortalecer la transformación digital del instituto, consolidar la aplicación de pruebas de Estado en modalidad electrónica y posicionar al Icfes como referente latinoamericano en la evaluación educativa.

¿Qué implica una declaración de insubsistencia en la función pública de Colombia?

La declaración de insubsistencia es una figura administrativa en la función pública colombiana que permite remover a un funcionario de su cargo sin que necesariamente existan causas disciplinarias. En el caso de Elizabeth Blandón Bermúdez, esta declaratoria significó su cese inmediato de la dirección del Icfes, de acuerdo con información de El Espectador.

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Petro manifestó su inconformidad con el funcionamiento actual de X, propiedad del empresario Elon Musk. Según detalló el propio exmandatario, considera que los algoritmos de la plataforma favorecen el contenido de la extrema derecha y dificultan la difusión de posturas políticas distintas a esta tendencia. De manera textual expresó: "Dadas las restricciones que pone X a la irradiación del pensamiento progresista, y su afinidad a la extrema derecha con algoritmos que expanden el odio a la razón y la democracia, he decidido dejar de utilizar X como cuenta principal en las redes y pasará a ser cuenta complementaria".

Pese a ello, Petro aclaró que no cerrará su perfil en X, sino que dejará de priorizarlo mientras traslada su comunicación hacia su canal de WhatsApp. El dirigente busca que este canal sea ahora su principal espacio para enviar mensajes y tener contacto con sus seguidores, impulsando a su comunidad a migrar junto con él. Este paso implica, sin embargo, una reducción significativa en la audiencia a la que puede llegar directamente: mientras en X cuenta con aproximadamente 9,1 millones de seguidores, en WhatsApp la cifra ronda los 600.000 usuarios, según el propio Petro en la misma publicación.

Aun así, el exmandatario considera que, pese a llegar a una audiencia menor, puede tener un aporte más efectivo al debate democrático desde su nuevo canal principal. Así lo explicó en su mensaje: "Empiezo a hacer crecer mi canal por WhatsApp que pasará a ser mi cuenta principal y personal. De 9,1 millones paso a 600.000, pero creo que, aunque disminuya mi audiencia, ayudo más a la democracia desde redes".

Esta decisión ocurre mientras Petro se encuentra en el centro de diferentes controversias, aunque el foco de su anuncio y los motivos expuestos por él se centran exclusivamente en su desacuerdo con las dinámicas internas de X, según manifestó en sus propias palabras.

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¿Por qué Gustavo Petro deja de usar X como canal principal y elige WhatsApp?

Gustavo Petro explicó que considera que los algoritmos de X, propiedad de Elon Musk, restringen la difusión de pensamientos progresistas y favorecen contenido de extrema derecha, lo que, en su opinión, obstaculiza el debate democrático. Por ello, decidió dejar de priorizar X como canal de comunicación y optó por fortalecer su canal de WhatsApp, aunque implica llegar a una comunidad considerablemente menor.

¿Cuántos seguidores tiene Gustavo Petro en WhatsApp y X?

Según el propio Gustavo Petro, mientras en X cuenta con aproximadamente 9,1 millones de seguidores, su canal de WhatsApp tiene alrededor de 600.000 usuarios. Aunque la diferencia es amplia, Petro considera que desde WhatsApp puede contribuir de manera más directa al debate y la comunicación con sus seguidores.

De acuerdo con las explicaciones publicadas por Casa Macondo, la orden de inspección judicial tiene como objetivo revisar documentos y comunicaciones que respaldan alguna de las investigaciones periodísticas del medio, aunque todavía no han sido informados con claridad sobre cuál publicación en específico se relaciona con la diligencia. El procedimiento fue autorizado el 28 de agosto por Laura Milena Fuentes Cerquera, funcionaria de la Fiscalía, quien firmó la orden de Policía Judicial para dar inicio a la revisión.

El medio precisó que la investigación que originó dicha medida está relacionada con presuntas calumnias en contra del abogado Francisco Bernate. Sin embargo, Casa Macondo afirmó que este abogado nunca ha sido mencionado en sus informes. Además, la Fiscalía indicó que el objetivo de la visita es verificar la veracidad de cierta información, así como recoger correos electrónicos, documentos de respaldo y otras comunicaciones.

Casa Macondo advirtió que, aunque la orden expresa que no se exigirá revelar la identidad de las fuentes protegidas, sí busca acceder a materiales esenciales del trabajo periodístico. El medio sostiene que incluso sin exigir nombres, los documentos y comunicaciones solicitados podrían permitir, indirectamente, identificar a quienes han brindado información. Por tal motivo, Casa Macondo solicitó a la Fiscalía explicar cómo esta actuación concilia con la protección constitucional de la reserva periodística en Colombia.

Otro aspecto relevante es que la diligencia contradice una directiva interna de la Fiscalía misma, que señala la importancia de proteger el secreto profesional de los periodistas. En concreto, la Directiva 003 de 2023 instruye a los funcionarios del ente investigador a no ordenar inspecciones ni otras actividades que pongan en riesgo el secreto periodístico.

Ante este panorama, la Flip pidió oficialmente la revisión de la orden judicial. En su pronunciamiento, destacó la gravedad de que la Fiscalía acceda a información que podría estar protegida y exhortó a que los requerimientos susceptibles de violar la reserva profesional se suspendan de inmediato.

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¿Por qué la Flip considera preocupante la orden de inspección judicial a Casa Macondo?

La Flip advirtió que el alcance de esta orden judicial resulta especialmente grave porque permite a la Fiscalía revisar materiales usados en el ejercicio periodístico, poniendo en riesgo la reserva profesional y la confidencialidad de las fuentes. Según la Flip, aunque no se pida revelar nombres, la revisión de correos y documentos puede permitir identificar indirectamente el origen de la información, vulnerando derechos protegidos por la constitución.

¿Qué establece la Directiva 003 de 2023 de la Fiscalía sobre el secreto periodístico?

De acuerdo con Casa Macondo, la Directiva 003 de 2023 de la Fiscalía dispone que los funcionarios deben abstenerse de ordenar diligencias como allanamientos e inspecciones a medios de comunicación si estas ponen en peligro el secreto profesional de los periodistas. Esta norma busca salvaguardar la confidencialidad y el ejercicio libre de la prensa.

La disputa legal involucra dos graves acusaciones que sacudieron al entorno presidencial: que Sarabia habría facilitado y organizado encuentros sexuales del mandatario y que habría chantajeado al entonces presidente Gustavo Petro.

Frente a la orden que impone modificar sus testimonios públicos, Rodríguez ratificó que posee elementos probatorios contundentes para sustentar cada palabra y confirmó que interpondrá una impugnación contra la sentencia emitida. Así lo indicó Darcy Quinn en La FM.

La determinación adoptada prolonga el choque mediático e institucional entre dos figuras que ejercieron despachos de alto rango y notable cercanía durante el mandato del entonces presidente Gustavo Petro en el país.

El escenario evidencia las persistentes divisiones que sacuden al círculo del anterior gobierno, alimentando un debate sobre el alcance ético y penal de las revelaciones formuladas por antiguos colaboradores de confianza.

En contraste, Sarabia rechazó categóricamente cualquier vínculo con los episodios relatados, sosteniendo un desconocimiento absoluto de las conductas irregulares atribuidas en los señalamientos promovidos por la exfuncionaria en diversos medios informativos.

Los especialistas advierten que este conflicto acarreará derivaciones jurídicas adicionales, condicionadas a los recursos interpuestos y a las medidas coercitivas que adopten los magistrados para forzar el cumplimiento del fallo judicial.

Rodríguez aseveró públicamente que Sarabia presuntamente facilitaba y coordinaba encuentros íntimos para el mandatario Gustavo Petro durante los periodos de mayor actividad institucional en el palacio gubernamental.

Asimismo, la excolaboradora afirmó que la alta funcionaria ejercía presiones indebidas y presuntos chantajes directos contra el propio jefe de Estado para consolidar su permanencia institucional.

Estas incriminaciones generaron un terremoto mediático inmediato, llevando a que los apoderados legales de Sarabia interpusieran acciones de tutela exigiendo la inmediata rectificación de tales señalamientos públicos.

Los tribunales distritales acogieron parcialmente las pretensiones de la defensa, ordenando a Rodríguez retractarse formalmente de sus imputaciones por carecer de soporte probatorio sumario en el expediente.

¿Qué pasa si alguien no se retracta ante orden de un juez en Colombia?

Desobedecer la orden de rectificación emitida por un juez de la República en Colombia desencadena severas consecuencias legales que abarcan desde sanciones económicas hasta la privación efectiva de la libertad.

Cuando una persona rehúsa corregir afirmaciones lesivas tuteladas por la justicia, la parte afectada activa de inmediato un incidente de desacato ante el mismo despacho que emitió el fallo.

El Decreto 2591 de 1991 establece en su artículo 52 que el desacato a una providencia judicial castiga la renuencia con arresto de hasta seis meses y multas de veinte salarios mínimos.

El trámite incidental exige evaluar la intencionalidad de la omisión. Si el juzgado comprueba negligencia injustificada, impone la privación de la libertad en estación policial y la sanción dineraria respectiva.

Dicha determinación sancionatoria no admite recurso de apelación ordinario, aunque el superior jerárquico revisa obligatoriamente la legalidad de la medida a través del grado jurisdiccional de consulta en tres días.

Paralelamente, la persistencia en la negativa habilita la apertura de un proceso penal ante la Fiscalía General de la Nación bajo el delito de fraude a resolución judicial.

El Código Penal colombiano castiga este comportamiento delictivo con penas de prisión que oscilan entre uno y cuatro años, aumentando si el autor ejerce funciones públicas en el Estado.

Asimismo, la desatención del mandato judicial faculta a la víctima para promover demandas de responsabilidad civil extracontractual, reclamando indemnizaciones económicas tasadas por los perjuicios morales y materiales causados.

El infractor debe tener presente que pagar la multa o cumplir el arresto correccional no extingue la obligación primordial de rectificar la información inexacta divulgada previamente.

La orden de protección constitucional permanece vigente hasta que la persona enmiende sus declaraciones con el mismo despliegue e impacto público que tuvieron los señalamientos originales lesivos.

De este modo, el sistema legal colombiano protege la honra y el buen nombre ciudadano frente a quienes desacatan determinaciones judiciales vinculantes y definitivas.

Mary Luz Herrán expresó que, al reflexionar sobre los acontecimientos, llegó a la conclusión de que quizá se equivocó al mantener distancia con su exesposo tras su llegada al poder. Indicó que, cuando retomaron el contacto, sus conversaciones se limitaron a temas políticos y admitió: “Quizá debí escucharlo más”. La exesposa del expresidente señaló la importancia de acompañar a una persona no solo mediante la defensa pública, sino también a través de la escucha y la presencia, y reconoció sentir cierta responsabilidad por no haber mantenido ese acercamiento, aunque en su momento esto no lo consideró necesario.

Durante el periodo en que Gustavo Petro estuvo en el Gobierno, Herrán aseguró que evitó buscar reuniones directas con él o solicitar beneficios personales. Enfatizó que no recibió contratos y que la comunicación sobre asuntos familiares se realizó mediante su hijo, Andrés Gustavo. Además, destacó su labor en diversas regiones del país, escuchando a comunidades y acompañando asociaciones que buscaban acercarse a funcionarios estatales.

No obstante, Herrán confesó un aspecto doloroso de su relación: no recibir el apoyo de Petro cuando lo necesitó en su carrera política como mujer. Señaló que, durante ese tiempo, el expresidente estuvo rodeado por diversas mujeres a quienes calificó como “aduladoras, falsas e hipócritas”, atribuyéndoles cierta responsabilidad en decisiones políticas equivocadas. A pesar de sus críticas, manifestó que apoyó a Petro y desea que sea una figura familiar presente.

Respecto a la situación política actual del exmandatario, Herrán advirtió que Petro enfrenta cuestionamientos incluso dentro del Pacto Histórico, mencionando que “incluso algunos sectores… no quieren verlo cerca”. Aunque defendió el derecho a criticar errores y contradicciones, pidió no ignorar la trayectoria del expresidente. También mostró esperanza de que las denuncias se aclaren y se conozca la verdad sobre los hechos controvertidos. Por último, criticó duramente a personas cercanas a Petro, a quienes describió como “vampiros” motivados por intereses personales y económicos.

Las declaraciones de Mary Luz Herrán surgen en un contexto de intensos debates públicos por las acusaciones presentadas por Deicy Jiménez, quien señaló a Petro por una posible relación y un presunto intercambio de favores sexuales por contratos estatales, según la información del artículo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo Mary Luz Herrán sobre su relación con Gustavo Petro y el apoyo durante su carrera política?

Mary Luz Herrán aseguró que, durante el Gobierno de Petro, no buscó reuniones para beneficio propio ni recibió contratos, y la comunicación familiar se hizo a través de su hijo. Sin embargo, confesó que le dolió no recibir respaldo del exmandatario cuando lo necesitó en su vida política como mujer, y criticó el entorno político que rodeó a Petro durante ese periodo.

¿Cuál es la posición de Mary Luz Herrán frente a las acusaciones contra Gustavo Petro relacionadas con Deicy Jiménez?

Herrán manifestó que, aunque reconoce que Petro puede ser criticado por sus errores y contradicciones, considera importante no desconocer su trayectoria. Expresó su deseo de que se esclarezcan las denuncias que han generado controversia en la opinión pública, y pidió que se conozca la verdad sobre estos hechos.

Según información confirmada por El Espectador, el Partido Liberal será la fuerza política con mayor asignación para este periodo, con una suma de 5.306 millones de pesos colombianos (COP). El partido de oposición Pacto Histórico ocupa el segundo lugar, con una asignación de 5.038 millones de pesos. El Partido Conservador recibirá 4.538 millones y el Centro Democrático 4.414 millones, siendo estos los partidos que más recursos recibirán, solo superados por el Partido Liberal y el Pacto Histórico, ambos por encima de los 5.000 millones de pesos.

La Resolución 4353 de 2026 también introdujo advertencias para algunas colectividades que mantienen su personería jurídica en estado ‘condicionado’, como el Partido Ecologista Colombiano, el Partido Oxígeno, el Partido La Fuerza y Esperanza Democrática. El CNE notificó que estos partidos solo podrán acceder a los recursos de funcionamiento hasta el momento en que se resuelva de manera definitiva su situación jurídica y quede en firme la decisión correspondiente.

Adicionalmente, el documento establece que de la asignación de cada partido se deben descontar los montos correspondientes a sanciones impuestas previamente, además de un descuento obligatorio del 1 % que se destina a la contratación del Sistema de Auditoría Externa, un mecanismo para vigilar la utilización de los recursos.

Para recibir estos fondos, los partidos deben presentar ante el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales los libros donde detallan ingresos y gastos anuales, junto con sus declaraciones de patrimonio, ingresos y egresos, todo a través del Portal Cuentas Claras. Los pagos se realizan en dos tramos: el primero, del 50 %, tras la ejecución administrativa y entrega de documentos; el resto únicamente después de la revisión y certificación de la información suministrada.

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¿Qué es la Resolución 4353 de 2026 del Consejo Nacional Electoral y qué determina?

La Resolución 4353 de 2026, expedida por el Consejo Nacional Electoral, es el acto administrativo que define cómo serán distribuidos los recursos públicos entre los partidos políticos colombianos con personería jurídica para su funcionamiento, teniendo en cuenta resultados electorales y representación de mujeres y jóvenes en las corporaciones públicas.

¿Qué partidos políticos reciben más recursos públicos según el CNE en 2026?

De acuerdo con información presentada por El Espectador, el Partido Liberal es la colectividad que más recursos recibirá, superando los 5.306 millones de pesos, seguido del Pacto Histórico, que recibirá 5.038 millones de pesos, mientras que el Partido Conservador y el Centro Democrático ocupan los siguientes lugares en la lista.

Blandón Ramírez había sido nombrada en la dirección técnica y ejecutiva del Icfes en agosto del año 2023 durante la administración del expresidente Gustavo Petro, acumulando una trayectoria superior a los 25 años dentro del servicio público. Antes de asumir la conducción del organismo evaluador, la profesional desempeñó responsabilidades de alta gerencia administrativa, entre las que destacan sus pasos como viceministra encargada de Economía Digital y directora de Gobierno Digital en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, además de encabezar la Dirección de Planeación del SENA y la Dirección de Innovación y Desarrollo en la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con el periódico.

A pesar de la trascendencia del cargo para el calendario académico y la logística de las pruebas estatales en el territorio nacional, el instituto se encuentra temporalmente sin dirección asignada. Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha hecho pública la hoja de vida de quien asumirá la titularidad del despacho, mientras se completan los trámites de empalme y la designación oficial de su reemplazo en los próximos días, según el rotativo.

Valencia expresó su inquietud ante la posibilidad de que organismos estatales, como la DNI, hayan sido empleados para incidir en procesos políticos y electorales. En palabras suyas, “espantoso saber que el Gobierno tenía la Dirección de Inteligencia incidiendo sobre las elecciones”, reflejando así la gravedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer lo sucedido. Además, la dirigente anticipó que solicitará la inclusión del partido Centro Democrático como parte interesada en las investigaciones, bajo el argumento de que también podría haber sido eventualmente afectado por estas irregularidades.

Las pesquisas actuales están centradas, entre otros puntos, en la captura de Carlos Andrés Oyola Tovar, quien según las autoridades habría estado vinculado laboralmente con la DNI. Oyola fue aprehendido en Neiva y enfrenta investigaciones por presuntos delitos como concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, falsedad material en documento público y fraude procesal. Un aspecto clave que se investiga es la creación supuestamente ilegal de una copia espejo del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia (SICC), lo cual compromete la seguridad informativa de la entidad.

De acuerdo con lo informado, las autoridades deberán determinar si hubo acciones ilícitas dentro de la DNI, identificar a los posibles responsables y confirmar si la información recogida tuvo algún impacto en el marco electoral, particularmente con miras a las elecciones presidenciales de 2026. El proceso continúa abierto y mantiene en alerta tanto a figuras políticas como a instituciones encargadas de la transparencia democrática. Por ahora, Paloma Valencia busca ser tenida en cuenta oficialmente en la indagación para acceder a la información relevante y velar por la claridad de los hechos.

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¿Por qué Paloma Valencia pidió ser reconocida como víctima en el caso de la Dirección Nacional de Inteligencia?

Paloma Valencia solicitó ante la justicia su reconocimiento como víctima en el caso que investiga presuntas actividades de espionaje y manipulación de información electoral por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según lo revelado por Noticias Caracol, ella considera que las actuaciones señaladas pudieron haber afectado tanto su campaña como el partido Centro Democrático, por lo que busca participar formalmente en las averiguaciones y conocer el alcance de lo ocurrido.

¿Qué es el Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia (SICC) y por qué es relevante en esta investigación?

El Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia, conocido como SICC, es una plataforma que se utiliza para el almacenamiento y manejo de datos sensibles relacionados con funciones de inteligencia y contrainteligencia. La supuesta creación de una copia espejo de este sistema, según la investigación, es un hecho relevante porque compromete la integridad y el buen uso de la información estatal, aspecto que está ahora bajo indagación judicial.

Elizabeth Blandón Bermúdez, economista egresada de la Universidad de Medellín, fue designada en este cargo durante el gobierno de Gustavo Petro. Su nombramiento quedó definido mediante el decreto 1284 del 2 de agosto de 2023, y asumió funciones ese mismo mes luego de oficializar su posesión frente al entonces presidente, según la información publicada. Durante su corto periodo al frente del Icfes, Blandón encabezó esta entidad clave que se encarga de evaluar la calidad de la educación en Colombia, aunque los detalles de su gestión no fueron especificados en el reporte.

La salida de la funcionaria se dio a conocer el martes 10 de noviembre, pero aún no se han publicado las razones exactas que llevaron al gobierno de De La Espriella a cesar el nombramiento de Blandón. Hasta el momento, la Presidencia no ha revelado la hoja de vida de quien pueda sucederla en el cargo, ni ha informado sobre la persona que estará encargada de la dirección mientras se define el futuro del Icfes.

Este movimiento se suma a otras modificaciones que el Gobierno nacional ha ido implementando en diversas entidades desde que Abelardo De La Espriella llegó a la presidencia. El número de cambios en cargos directivos refleja una tendencia constante de transformaciones en la administración pública, cuya motivación específica en el caso de Blandón permanece sin dilucidar según la información disponible.

El proceso de relevo dentro del Icfes continúa y se espera que en los próximos días la opinión pública conozca nuevos detalles acerca de la persona encargada y del futuro nombramiento en la dirección de la entidad.

¿Por qué fue declarada insubsistente Elizabeth Blandón como directora del Icfes?

La información divulgada señala que Elizabeth Blandón Bermúdez fue declarada insubsistente por decisión del presidente Abelardo De La Espriella, pero no se han dado a conocer las razones específicas de su salida. Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha emitido un comunicado público que explique los motivos exactos detrás de la declaratoria de insubsistencia de la directora del Icfes.

¿Quién asumirá la dirección del Icfes tras la salida de Elizabeth Blandón?

Por ahora, aún no hay una persona designada oficialmente para reemplazar a Elizabeth Blandón en la dirección del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. La Presidencia no ha publicado hojas de vida ni información sobre posibles encargados, por lo que se espera que en los próximos días se confirme quién dirigirá la entidad de manera provisional o definitiva.

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El crimen ocurrió hacia las 6:00 de la tarde en la carrera 6B con calle 33B. Según la información preliminar recopilada por las autoridades, la mujer se encontraba en ese sector cuando fue abordada por el hombre, quien presuntamente sacó un arma y le disparó en varias oportunidades. Dos de los impactos la alcanzaron en la cabeza y murió en el lugar.

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Después del ataque, el señalado agresor se habría provocado una lesión a sí mismo. Sin embargo, los uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla que llegaron tras el llamado de la comunidad lograron capturarlo y trasladarlo a un centro asistencial.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver que habría sido utilizado en el homicidio. Torrenegra Moreno fue llevado al Paso Simón Bolívar, donde permanece bajo atención médica. De acuerdo con el reporte policial, su estado de salud es estable.

Las primeras indagaciones indican que Shirley Patricia Payares y el presunto responsable mantuvieron una relación sentimental durante aproximadamente seis años. Además, el hombre registra una anotación judicial relacionada con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

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Por ahora, las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido y establecer si existían antecedentes de violencia o denuncias entre la víctima y el capturado. También deberán determinar las circunstancias que rodearon el ataque, mientras el caso es investigado bajo la hipótesis de un posible feminicidio.

De acuerdo con los datos entregados por sus familiares, la menor salió de la institución educativa, ubicada en el barrio del mismo nombre, aproximadamente a la 1:00 p. m. Desde entonces, no ha llegado a su vivienda ni se ha podido establecer dónde se encuentra.

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Uno de los elementos que intenta esclarecer la familia es un posible servicio de transporte solicitado mediante la aplicación InDrive. Según la información conocida por sus allegados, la adolescente habría pedido un vehículo a través de la plataforma alrededor de la 1:30 p. m. para trasladarse hasta su casa. Sin embargo, se desconoce si llegó a abordar el automóvil y qué ocurrió durante el recorrido.

La preocupación aumentó cuando sus familiares intentaron comunicarse con ella y encontraron que su celular estaba apagado. También señalaron que los contactos del dispositivo presuntamente habrían sido eliminados, un hecho que todavía debe ser verificado.

Ante la falta de noticias, sus allegados comenzaron a compartir fotografías y mensajes en redes sociales para conseguir información que permita localizarla. Quienes tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse al 300 663 1561, número suministrado por la familia, o reportar cualquier información a la línea de emergencias 123.

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Sonia Sanjuan y Kelly Acosta también siguen desaparecidas

El caso de Isabela se conoce mientras continúa la búsqueda de Sonia Margarita Sanjuan Peñaranda, de 41 años, y Kelly Johana Acosta Restrepo, de 43, quienes desaparecieron el viernes 6 de noviembre en el norte de Barranquilla.

Las dos mujeres fueron vistas por última vez ese día, hacia las 8:54 de la mañana, en un establecimiento comercial ubicado en la carrera 53 con calle 86, según los registros de cámaras de seguridad.

De acuerdo con la información suministrada, Kelly trabaja en el Congreso de la República, mientras que Sonia se desempeña como administradora de una tienda Miniso. Sus familiares han pedido colaboración para establecer qué ocurrió después de que ambas fueran vistas juntas. Entre las preguntas que buscan resolver también está el paradero del vehículo en el que se movilizaban.

Uno de los momentos más destacados del encuentro fue la conversación directa con Barba Chivo, también conocido como ‘Costeño’ y señalado como hombre de confianza de alias Andrey Avendaño. Según indicó De La Espriella, Barba Chivo era cabecilla de una de las comisiones de la estructura 33, fracción alineada con el mando de alias Calarcá. El presidente le recordó públicamente los señalamientos que pesan en su contra, enfatizando el uso de drones con los que, según las autoridades, se realizaron ataques contra miembros de la Fuerza Pública y civiles: "Este bandido operaba drones, con esos drones asesinaron soldados, policías, gente indefensa", expresó De La Espriella, citado en el video según la información compartida.

Durante el encuentro, el jefe de Estado le preguntó al detenido sobre sus sensaciones al estar privado de la libertad, en alusión a las víctimas de secuestros y violencia por parte de la organización: "¿Cómo se siente estar de ese lado en donde ustedes han tenido los secuestrados? ¿Dónde le han hecho tanto daño a la gente?", dijo. El gesto de Barba Chivo, cabizbajo y sin responder, fue interpretado por De La Espriella como miedo y terror. "Terror, pánico, el mismo que siente la gente cuando ustedes sacan los drones, cuando vuelan pueblos, cuando secuestran personas, cuando extorsionan" manifestó, insistiendo en que los acusados deben responder ante la justicia.

La operación NOAH dejó un saldo de seis capturados y cuatro muertos, de acuerdo con la información oficial. Alias Barba Chivo fue uno de los sobrevivientes del bombardeo y quedó bajo la custodia de las autoridades. De La Espriella advirtió que las acciones contra dicha organización continuarán y que la Fuerza Pública mantiene la presión sobre sus integrantes. El video de la confrontación fue difundido por el propio presidente en su cuenta de X, junto a un mensaje reafirmando el éxito de la ofensiva y la captura de uno de los cabecillas.

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¿Quién es alias Barba Chivo y cuál ha sido su papel en la estructura 33?

Alias Barba Chivo, también llamado ‘Costeño’, es señalado como uno de los hombres de confianza de alias Andrey Avendaño y cabecilla de una comisión de la estructura 33, una fracción que actúa bajo la facción de alias Calarcá dentro de las disidencias de las Farc. Según las autoridades, Barba Chivo habría operado drones en ataques dirigidos contra la Fuerza Pública y civiles, lo que lo convierte en uno de los principales objetivos de la operación NOAH.

¿Qué resultados dejó la operación NOAH contra disidencias de las Farc en Tibú?

De acuerdo con el balance oficial divulgado tras la ofensiva militar en zona rural de Tibú, la operación NOAH resultó en la captura de seis personas, entre ellas alias Barba Chivo, y la muerte de cuatro presuntos integrantes de la estructura 33. El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que estas acciones se mantendrán para seguir enfrentando a esa organización armada ilegal.

Si bien es inevitable que esto suceda en medio de la realidad, resulta pertinente poner la lupa en algunas situaciones que parecen insólitas y sobre las que a la vez resulta práctico poner en el radar.

Quien escribe, como afectado de primera mano, replica esta información como parte de un servicio en el que más de una persona puede estar perdida, pero también a la espera de saber qué viene en este panorama de incertidumbre.

Uno de los temas más delicados gira alrededor de los servicios públicos, ya que a pesar de los anuncios que se hicieron durante los primeros días es determinante tomar acciones para evitarse dolores de cabeza.

Cabe recordar que una de las medidas fue ofrecer un alivio como parte de la emergencia del terremoto, tema en el que el presidente Abelardo de la Espriella fue enfático como apoyo para los estratos 1, 2 y 3.

Lo cierto es que Pulzo consultó en el caso de los prestadores de Dosquebradas y se encontró con una solicitud especial de parte de las diferentes empresas para los usuarios, caso que seguramente se replica en el resto de ciudades y municipios afectados.

La recomendación es clave ya que desafortunadamente se registró la facturación en los diferentes casos y, aunque está congelado, es necesario llevar a cabo la aclaración en cada caso.

El llamado de las compañías es para que los usuarios se presenten para llevar a cabo la suspensión o la cancelación de contrato, en los casos en los que la vivienda esté inhabilitada.

Otro punto a tener en cuenta es que la suspensión solo aplica a un tiempo determinado, por lo que si pasa un año se puede renovar el cobro en cuestión. Eso es clave para decidir qué se quiere hacer.

De hecho, hay una confusión que se ha difundido entre los funcionarios y los usuarios sobre el supuesto cobro del cargo fijo, que para el caso no aplica debido a la legislación colombiana.

Es importante tener en cuenta el artículo 3 de la Ley 1506 de 2012, donde se dispone que los suscriptores o usuarios cuyos inmuebles se encuentren, como consecuencia del desastre, en condiciones que imposibiliten la prestación del servicio, no serán objeto de facturación o cobro por ningún concepto hasta que se restablezcan las condiciones necesarias para su prestación segura.

La norma indica que esta medida responde a la imposibilidad material de prestar el servicio y es independiente del subsidio excepcional y de la condición de usuario perteneciente a un estrato subsidiable de conformidad con la Ley 1506 de 2012.

En medio de las respuestas poco claras de las autoridades ante el terremoto, Pulzo confirmó con las tres empresas prestadoras de servicios públicos (energía, agua y gas) que esta legislación aplica.

Por esa razón, las compañías insisten en que los usuarios se acerquen para llevar a cabo los derechos de petición para hacer las correcciones de los respectivos casos, ya que por sí mismos no se hacen debido a la automatización de los sistemas.

Uno de los temas que parece incómodo y para algunos inverosímil es el de las realidades en cada una de las copropiedades que resultaron completamente afectadas por el movimiento sísmico.

Por esa razón, es importante aclarar que los propietarios de apartamentos destruidos deben pagar la administración así el bien haya quedado demolido, ya que la legislación colombiana lo indica de esta manera.

Cabe remarcar que a pesar de que algunos tienen pólizas de seguro que cubren cierto tiempo de ese pago, esto no aplica hasta que no se ejecute la afectación correspondiente de ese servicio.

Además, por más indignante que parezca, ese cobro es permanente porque las personas son parte de esa copropiedad, lo que también les da derechos y deberes sobre las zonas comunes.

Asimismo, a la espera de saber cómo funciona el Fondo Milagro, una de las grandes dudas pendientes gira alrededor del pago del impuesto predial de los próximos años para las viviendas que quedaron inhabitables y hasta demolidas.

Pulzo consultó por medio de un derecho de petición al tema, pero todavía no hay respuesta sobre si se debe llevar a cabo, si el cobro es por el mismo precio que tenía antes del terremoto o si existe alguna clase de nueva decisión.

Lo llamativo es que el silencio sobre un tema que parecería más que evidente se suma entre los enredos insólitos que vive más de uno de los miles de damnificados que no solo quedó en medio de los escombros sino con un montón de dudas aún sin resolver.

Las autoridades han manifestado que continúan buscando soluciones efectivas para controlar la emergencia y establecer criterios claros sobre cuáles espacios requieren intervención y, sobre todo, cómo deben realizarse las reparaciones de manera apropiada para garantizar la seguridad de quienes viven en el sector. En este sentido, actualmente se desarrolla una fase de revisión exhaustiva de las estructuras en las etapas 1 y 2 de Chiminangos. Según información de la Secretaría de Gestión del Riesgo y la organización Propacífico, esta etapa de evaluación es crucial para determinar qué adecuaciones se deben hacer afin de asegurar que las construcciones cumplan con las normas vigentes y puedan ser entregadas en el tiempo estimado.

El proceso de evaluación y reparación toma tiempo. Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, indicó que "los estudios se pueden demorar de 1 a 3 meses, dependiendo de cuál es la profundidad o qué es lo que se requiere, de acuerdo al estudio ya entregado por Prosa por Propacífico, y los arreglos podrán tomar otros 2 o 3 meses". Este cronograma, de acuerdo con lo citado por 90 Minutos, refleja la complejidad del daño y la necesidad de revisar minuciosamente la estabilidad de las edificaciones afectadas. Las imágenes divulgadas por el medio dan cuenta de escaleras colapsadas y muros deteriorados, lo que obliga a un trabajo cuidadoso y coordinado para definir los nuevos diseños estructurales.

De manera paralela, la Secretaría de Gestión del Riesgo coordina acciones con empresas de servicios públicos, enfocadas en restablecer el suministro de gas en el menor tiempo posible. La entidad subraya la importancia de este servicio y la disposición de contar con criterios técnicos sólidos, que serán discutidos en una mesa técnica para tomar decisiones que no impacten de manera negativa a la comunidad. Por ahora, la situación sigue siendo monitoreada de cerca, mientras ingenieros y autoridades buscan la mejor alternativa para la recuperación de Chiminangos.

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¿Qué avances se han logrado en la reparación de las edificaciones de Chiminangos tras el sismo?

Según la información suministrada por la Secretaría de Gestión del Riesgo y Propacífico, actualmente se desarrolla una fase de revisión detallada de las edificaciones en Chiminangos. Los estudios para determinar el daño estructural pueden durar de 1 a 3 meses y, una vez definidos los requisitos técnicos, los trabajos de arreglo podrían tomar hasta otros 2 o 3 meses adicionales. El proceso avanza, pero persisten riesgos hasta que concluyan estas intervenciones.

¿Por qué fue necesario suspender el servicio de gas en Chiminangos y cuándo se restablecerá?

La suspensión del gas en Chiminangos se debió a los graves daños estructurales registrados tras el sismo, que pusieron en riesgo la seguridad de los habitantes. Las autoridades, en coordinación con las empresas de servicios públicos, trabajan para evaluar cuándo y cómo restablecer el suministro, priorizando la integridad de la comunidad. Se espera que el servicio retorne una vez finalicen las reparaciones estructurales y se verifique la seguridad de las instalaciones.

La operación, bautizada como "Noah", dejó como resultado la muerte de cuatro presuntos disidentes y la captura de seis personas. En el balance, que fue divulgado en las redes sociales del presidente, se reiteró la importancia de destacar a este capturado por su impacto dentro de las disidencias. Alias "Barba Chivo", también conocido como "Costeño", fue señalado por el mandatario como jefe de comisión y persona de confianza de Andrey Avendaño, pieza clave en la estructura del frente 33 de las disidencias de las Farc. De acuerdo con De la Espriella, "Barba Chivo" ha participado en actividades ilícitas durante aproximadamente 11 años, liderando enfrentamientos en el municipio de Tibú y convirtiéndose en el primer cabecilla de narcoterrorismo que logra sobrevivir a una de estas ofensivas aéreas, aunque finalmente no pudo evadir a la fuerza pública.

Según declaraciones del Ejecutivo, se le atribuyen numerosos crímenes, entre ellos homicidio de líderes sociales, uso de drones con explosivos, actividades de extorsión, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado. En el operativo fueron confiscados siete fusiles y 15 granadas diseñadas para drones, además de afectar la infraestructura del grupo armado al destruir tres campamentos con capacidad para albergar cerca de 35 integrantes de las disidencias de alias “Calarcá”. El presidente remarcó que seguirá manteniendo la presión militar contra estos grupos hasta recuperar el control territorial.

Desde el inicio del actual gobierno, que comenzó el 7 de agosto, se estableció una ofensiva clara: ejecutar entre 12 y 15 bombardeos contra grupos armados en los primeros 100 días de mandato. Hasta la fecha, se registran siete operaciones de este tipo, de acuerdo con información revelada por El Espectador y el propio presidente en sus canales oficiales.

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¿Quién es alias "Barba Chivo" y qué papel tenía dentro de las disidencias?

Alias "Barba Chivo", conocido también como "Costeño", es señalado como jefe de comisión y hombre de confianza de Andrey Avendaño, importante líder del frente 33 de las disidencias de las Farc. De acuerdo con declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, este individuo lideró confrontaciones armadas en Tibú durante cerca de 11 años y se le atribuyen delitos como asesinatos de líderes sociales, ataques con drones explosivos, extorsión, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado, según la información proporcionada por el Ejecutivo.

¿Cuáles fueron los resultados y objetivos de la operación "Noah" contra el frente 33?

La operación "Noah", informada oficialmente por el presidente, consistió en un bombardeo y acción militar que dejó como saldo cuatro presuntos disidentes muertos y seis capturados, incluyendo a alias "Barba Chivo". Además, permitió el decomiso de siete fusiles, 15 granadas para drones y la destrucción de tres campamentos con capacidad para 35 miembros de las disidencias. El objetivo, según el mandatario, es debilitar a los grupos armados y recuperar el control de las regiones afectadas por estas organizaciones criminales.

La familia Santo Domingo, a través de la Fundación Santo Domingo, Valorem y sus empresas vinculadas, presentó una donación dirigida a la atención de damnificados y a la reconstrucción. Su aporte responde a una trayectoria filantrópica que se originó en 1960, con la fundación establecida en Barranquilla bajo el apellido familiar. Desde entonces, han impulsado proyectos de vivienda, educación y desarrollo social, beneficiando a múltiples comunidades. La ayuda en esta ocasión reafirma que el compromiso de la familia va mucho más allá de las emergencias coyunturales.

Del mismo modo, Luis Carlos Sarmiento Angulo y Fanny Gutiérrez de Sarmiento ofrecieron apoyo para atender la emergencia y promover la reconstrucción. Entre sus logros se destaca el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer, una iniciativa que fortalece la atención médica y la investigación en el país. Según el artículo, este proyecto familiar ha tenido un impacto relevante en la salud nacional.

La Organización Corona, con raíces en la familia Echavarría Olózaga, anunció aportes económicos, materiales de construcción y programas sociales enfocados en recuperar hogares y fortalecer comunidades. Su herramienta institucional principal es la Fundación Corona, establecida en 1963 y reconocida por fortalecer la movilidad social y la creación de oportunidades, de acuerdo con lo expuesto en el texto.

La filantropía en Colombia también tiene otros protagonistas, como la Fundación Carvajal, en el Valle del Cauca, con experiencia desde 1961; la Fundación Fraternidad Medellín, que nació en Antioquia en 1957 impulsada por Santiago Mejía Olarte y que hoy lidera, junto a la familia Mejía Correa, la reconstrucción de infraestructuras educativas; y la Fundación Luker en Caldas, aliada de la familia Restrepo, responsable de dotar al hospital universitario de la región con cubículos neonatales y de apoyar la educación y la alimentación local.

Estas iniciativas demuestran que las raíces de la filantropía en Colombia se sostienen sobre trayectorias familiares, convicciones profundas y organizaciones que han logrado adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. Según el artículo, la riqueza de Colombia también se expresa en esta tradición de generosidad, visible en cada escuela reabierta, en los hospitales fortalecidos y en cada oportunidad renovada para quienes lo han perdido todo.

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¿Qué impacto ha tenido la filantropía familiar en la reconstrucción tras el terremoto en Colombia?

De acuerdo con la información ofrecida, la filantropía familiar ha tenido un papel crucial en la reconstrucción después del terremoto, con acciones concretas y ayudas que van desde la donación de recursos para infraestructura hasta programas de acompañamiento social. Este compromiso, gestado durante décadas en instituciones como Fundación Santo Domingo, Fundación Corona y Fundación Carvajal, demostró su vigencia con respuestas inmediatas y de largo plazo.

¿Cuáles son las principales fundaciones mencionadas y cuál ha sido su trayectoria en Colombia?

Según el artículo, las principales fundaciones mencionadas son la Fundación Santo Domingo, Fundación Corona, Fundación Carvajal, Fundación Fraternidad Medellín y Fundación Luker. Cada una ha desarrollado una labor constante en vivienda, educación, salud y desarrollo social. La mayoría de ellas nacieron entre 1957 y 1963, producto de la visión filantrópica de familias empresariales, y han permanecido renovando su compromiso con el país.

En respuesta a la llamada, cuatro integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Rafael acudieron a la zona del balneario provistos de equipos de buceo, chalecos salvavidas y otras herramientas de protección. De acuerdo con el reporte citado, las labores de búsqueda se vieron complicadas por la profundidad y la amplitud del afluente, lo que exigió a los rescatistas realizar hasta tres inmersiones en aguas del río antes de lograr ubicar el cuerpo sin vida del adolescente. La complejidad de las maniobras evidencia el nivel de riesgo al que estos equipos se enfrentan en situaciones de rescate similares.

Una vez hallado el cuerpo, los bomberos coordinaron con la Policía Nacional las acciones necesarias para extraer al joven del agua y trasladarlo a la morgue municipal. Las autoridades locales han empezado el proceso de investigación para esclarecer en qué circunstancias precisas ocurrió la emergencia. Según los reportes iniciales, el caso se trataría de una muerte por inmersión, aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles adicionales acerca de lo sucedido y la identidad completa del menor no ha sido confirmada oficialmente.

El balneario El Castillito, en el Oriente antioqueño, es conocido como uno de los lugares visitados por residentes y turistas que llegan al municipio de San Rafael. La tragedia, que hoy es materia de investigación, ha puesto nuevamente en el centro de la atención pública la seguridad en escenarios naturales.

¿Qué ocurrió con el adolescente en el balneario El Castillito, San Rafael?

De acuerdo con los organismos de socorro y la Policía Nacional, el adolescente desapareció luego de ingresar al río y no ser visto durante aproximadamente 40 minutos. El cuerpo fue hallado tras tres inmersiones de los bomberos voluntarios, en una operación dificultada por las condiciones del afluente. Las autoridades investigan las circunstancias de la muerte, presumiblemente por inmersión.

¿Por qué fue difícil rescatar al adolescente en el río de San Rafael, Antioquia?

La búsqueda se complicó por la profundidad y amplitud del río en el balneario El Castillito, lo que obligó a los bomberos a realizar hasta tres inmersiones para localizar el cuerpo. Estas condiciones naturales dificultan las maniobras de los equipos de rescate y aumentan el riesgo de este tipo de operaciones.

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La medida responde al crecimiento sostenido de las acciones de tutela en el sistema de salud, en medio de las dificultades para suministrar medicamentos e insumos y las afectaciones al flujo de recursos del sector.

Entre las principales acciones se encuentra el fortalecimiento de la gestión de notificaciones judiciales, la agilización de los servicios reclamados por los usuarios y una mayor capacidad de respuesta ante los despachos judiciales.

Además, se implementará una ruta especial para garantizar la prestación efectiva de los servicios ordenados por los jueces.

Este mecanismo contará con recursos destinados tanto a la atención de los pacientes como al pago de la red prestadora de servicios de salud.

La entidad también vinculará nuevas capacidades y servicios especializados para apoyar la defensa judicial y mejorar la identificación y autorización de las atenciones requeridas.

Nueva EPS aseguró que el objetivo es optimizar sus procesos internos, cumplir los términos establecidos por la justicia y lograr que las órdenes de tutela se traduzcan en servicios efectivos para sus afiliados.

La entidad reiteró que continuará destinando recursos y fortaleciendo su gestión para garantizar el derecho fundamental a la salud.

Uno de los aspectos más destacados de esta recuperación es el retorno de varias especies de fauna, con especial énfasis en las aves. Estas han vuelto a utilizar los territorios en torno al río como zonas de alimentación, refugio y anidación, hecho que, según la CAR, evidencia una reconexión progresiva de la biodiversidad local. Proteger la vida silvestre y restaurar los ecosistemas naturales figura entre los objetivos centrales de este tipo de proyectos.

Un hito técnico relevante es la implementación de un biofiltro en el área multifuncional Canoas–Indumil, diseñado para tratar aguas con alta carga orgánica. La CAR ha reportado logros tempranos en la mejora de la calidad del agua, reflejados en la disminución de compuestos como nitrógeno y fósforo. Estos avances resaltan el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) para complementar la infraestructura convencional de saneamiento, aunando esfuerzos de ingeniería con elementos ecológicos.

Las áreas multifuncionales—concebidas para cumplir distintas funciones—fomentan la conectividad ecológica entre el río, los humedales y los bosques de ribera. Según Manuel González Malagón, subdirector general de Administración del FIAB e Infraestructura Ambiental en la CAR, este modelo innovador combina infraestructura verde como humedales restaurados, vegetación nativa y biofiltros, con obras hidráulicas tradicionales. El propósito es lograr un equilibrio entre la protección frente a inundaciones y la recuperación ambiental del territorio, reafirmando así el carácter sostenible de la estrategia.

De acuerdo con las expectativas de la CAR, para el cierre del año las áreas multifuncionales deberían alcanzar un alto grado de estabilización ecológica. Esto se traduciría en una vegetación más consolidada, hábitats fortalecidos y mayor diversidad biológica, así como en el mejor desempeño del biofiltro en Canoas–Indumil. González Malagón subraya que este es un modelo pionero en el país, respaldado técnica y financieramente por el Banco Mundial, y adaptado a partir de experiencias exitosas en ríos europeos, especialmente en Francia, donde la recuperación de meandros ha sido clave en la mejora ambiental de las cuencas.

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¿Cuáles son los avances en la recuperación ecológica del río Bogotá según la CAR?

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) destaca el retorno de especies de fauna, principalmente aves, como uno de los avances significativos en la recuperación ecológica del río Bogotá. Además, la mejora de la calidad del agua gracias a la instalación de un biofiltro en Canoas–Indumil refleja el éxito de las soluciones basadas en la naturaleza implementadas en el megaproyecto.

¿Qué funciones cumplen las áreas multifuncionales en el proyecto del río Bogotá?

Las áreas multifuncionales están diseñadas para fortalecer la conectividad ecológica entre el río, humedales y bosques de ribera. Según la CAR, también ayudan a mejorar la calidad del agua, mitigar riesgos de inundación y aumentar la biodiversidad mediante la integración de infraestructura verde y soluciones ambientales innovadoras.

"Nocturnos. Archivo de la noche" reúne más de 230 piezas que incluyen fotografías, manuscritos, películas, periódicos, grabados, mapas y libros pertenecientes a las colecciones de la Biblioteca Nacional. Según el texto curatorial elaborado por Ximena Gama, la muestra no considera al archivo como un grupo estático de documentos, sino como un espacio dinámico en el que las imágenes adquieren nuevos significados con cada encuentro y reflexión de los visitantes.

Una de las secciones que, de acuerdo con El Espectador, podría resultar incómoda para la dirección se titula "La horrible noche". En ese segmento se destacan documentos y obras que abordan episodios controvertidos de la historia política y social colombiana, incluyendo el Acuerdo de Paz de 2016. Esta sensibilidad por ciertos contenidos ya había sido relevante en el Museo Nacional, donde se ordenó el retiro de piezas relacionadas con el proceso de paz. En el mismo apartado se encuentran referencias al himno nacional, el libro 'La casa grande' de Álvaro Cepeda Samudio —sobre la masacre de las bananeras—, y trabajos sobre el Palacio de Justicia y Armero. Estas piezas reconstruyen la historia colombiana desde la literatura, el periodismo y la fotografía.

Otra sala explora aspectos festivos y de celebración nocturna, además de reunir memorias de la población LGBTIQ+, zona considerada sensible por la dirección, aunque, como se aclara en la exposición, existe un aviso que advierte a los visitantes sobre estos contenidos y señala la necesidad de acompañamiento adulto cuando asistan niños.

El planteamiento de "Nocturnos" propone la noche no solo como un tema, sino como una perspectiva para leer el archivo, a partir de la inestabilidad de las certezas y nuevas asociaciones entre los materiales. La exposición involucra obras de artistas invitados y piezas prestadas por el Museo Nacional, y busca abrir el archivo a nuevas lecturas y fricciones, sin aspirar a un relato único o lineal.

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¿Por qué fue solicitado el desmontaje anticipado de la exposición ‘Nocturnos. Archivo de la noche’ en la Biblioteca Nacional?

De acuerdo con El Espectador, la decisión de solicitar el retiro anticipado de la exposición habría surgido por la incomodidad de la dirección frente a algunos apartados considerados sensibles, como los que abordan el conflicto político y social, el Acuerdo de Paz y la memoria de la población LGBTIQ+. A pesar de los avisos sobre los contenidos sensibles, la solicitud formal fue elevada al Ministerio de Cultura por Julia Cristina Daza Noguera.

¿Qué temas y piezas destacadas aborda la exposición ‘Nocturnos. Archivo de la noche’?

La exposición reúne más de 230 piezas de las colecciones de la Biblioteca Nacional, integrando documentos, fotografías, libros y obras sobre episodios claves de la historia de Colombia como la masacre de las bananeras, el Palacio de Justicia y el Acuerdo de Paz, así como memorias de la población LGBTIQ+. El planteamiento curatorial destaca la noche como una forma de leer y cuestionar el archivo más allá de clasificaciones tradicionales.

Sin embargo, recientemente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aclaró el alcance de las restricciones relativas a esta obra. En un auto fechado el 30 de octubre de 2026 y notificado el 9 de noviembre, el Tribunal resolvió solicitudes de aclaración y determinó que no existen órdenes de suspensión ni modificación del trazado vigente. Así, tanto la Gobernación de Cundinamarca como la Alcaldía de Chía respaldaron el fallo, celebrando la posibilidad de que el concesionario retome los trabajos, lo que podría ocurrir a partir del martes 10 de noviembre, de acuerdo con el gobernador Jorge Emilio Rey.

Según la Alcaldía de Chía, las obras cuentan con presunción de legalidad y pueden ejecutarse, ya que la sentencia inicial no reconoce de manera definitiva el cuerpo de agua en San Jacinto como un humedal y tampoco exige modificar licencias ambientales ni el trazado actual. Pese a este avance, el Tribunal otorgó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) seis meses para profundizar los estudios sobre dicho cuerpo de agua, utilizando como insumo investigaciones realizadas por el Instituto Humboldt. Esto significa que, si bien la obra continúa, la discusión ambiental persiste.

El origen de la controversia se remonta a la licencia ambiental otorgada en 2018 y a la medida cautelar de suspensión de obras decretada en marzo de 2021, motivada por advertencias de comunidades y ambientalistas sobre el posible impacto en un humedal no declarado. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) había modificado la licencia para ajustar el trazado, pero los cambios no fueron suficientes hasta el reciente fallo judicial.

Finalmente, las autoridades departamentales deberán gestionar los permisos para los intercambiadores viales que articularán la Troncal con importantes vías departamentales. Así, mientras la vía recobra impulso, el debate ambiental sobre el cuerpo de agua de San Jacinto aún requiere una definición técnica clara.

¿Por qué la Troncal de los Andes estuvo frenada tanto tiempo?

La Troncal de los Andes permaneció detenida debido a una medida cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esta acción judicial respondía a preocupaciones ambientales sobre el posible impacto de la obra en un cuerpo de agua ubicado en el predio San Jacinto, señalado por comunidades y organizaciones ambientales como un posible humedal no declarado. Solo recientemente, tras varias aclaraciones judiciales y ajustes en la licencia ambiental, se despejó el camino para retomar la construcción.

¿Qué es un humedal y por qué es importante en la construcción vial?

Un humedal es un ecosistema donde el suelo permanece saturado de agua durante parte del año, lo que genera condiciones particulares que permiten el desarrollo de flora y fauna específicas. Estos ecosistemas son claves para la regulación hídrica y la conservación ambiental. En el contexto de la Troncal de los Andes, la posible presencia de un humedal en el predio San Jacinto fue motivo de debate, pues cualquier intervención sobre este tipo de ecosistema implica posibles afectaciones ambientales que deben ser cuidadosamente evaluadas antes de avanzar con proyectos de infraestructura.

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Las declaraciones de Valencia cobraron mayor relevancia luego de las revelaciones dado a conocer por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Este medio reportó sobre un informe reservado de 26 páginas, elaborado por funcionarios de la propia DNI de la administración anterior, en el que se contemplan acciones controvertidas: desde la instalación de micrófonos y sistemas de posicionamiento global (GPS) en vehículos de expresidentes, hasta la operación de una casa clandestina de inteligencia ubicada en cercanías de la Embajada de Estados Unidos. El informe también revela sospechas de espionaje con tecnología de origen ruso y la existencia de un hacker cuya presunta tarea era alterar resultados de las elecciones presidenciales recientes.

En este contexto de inquietud institucional, se produjo la captura de Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas y exempleado de la DNI durante el gobierno Petro. Según la investigación periodística de Noticias Caracol, Oyola habría encabezado una red dedicada a ejecutar ataques informáticos contra la Registraduría Nacional, con el objetivo de modificar los resultados de las votaciones del 21 de junio.

Las denuncias impulsaron reacciones desde distintos frentes. El vicepresidente José Manuel Restrepo exhortó a los organismos de control a iniciar una “investigación de fondo y actuaciones contra los responsables directos e indirectos”, advirtiendo que lo ocurrido podría considerarse un “ataque a la democracia”. Por su parte, la Contraloría General de la República, bajo la dirección de Jorge Laverde, dispuso una revisión prioritaria de cinco contratos firmados por la DNI en la administración anterior, motivada por presuntas fallas técnicas, posibles incumplimientos y sobrecostos en la adquisición de tecnología y equipos.

Pese al revuelo político, la voz de la oposición también se oyó. El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, argumentó que intentos por poner en duda la transparencia del proceso electoral surgen “en la medida en que aumenta la ilegitimidad del gobierno actual y de De la Espriella”. Cepeda resaltó que organismos electorales, entre ellos la Registraduría, han descartado escenarios de intrusión informática o hackeo en los resultados de las elecciones presidenciales.

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¿En qué consisten las acusaciones de infiltración en la campaña presidencial de Paloma Valencia?

Las acusaciones hechas por Paloma Valencia señalan la presunta infiltración de su campaña presidencial por parte del gobierno Petro, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). De acuerdo con la excandidata, estos hechos involucrarían la utilización de mecanismos de vigilancia y seguimiento ilegítimo, aunque no se detallan las técnicas específicas ni los resultados concretos de la supuesta infiltración según lo reportado por Noticias Caracol y otros actores políticos mencionados.

¿Qué es la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y cuál fue su papel en las recientes controversias?

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) es el organismo estatal encargado de labores de inteligencia y contrainteligencia en Colombia. Según las revelaciones investigadas por Noticias Caracol, varios funcionarios de la anterior administración habrían incurrido en acciones irregulares como la instalación de dispositivos de micrófono y GPS en vehículos de expresidentes, espionaje con tecnología foránea y la supuesta manipulación informática de resultados electorales, hechos que ahora son objeto de revisión por organismos de control y judiciales.

La gravedad de las heridas obligó a un traslado inmediato al Hospital Federico Lleras Acosta en Ibagué, donde la joven fue intervenida quirúrgicamente e ingresó a cuidados intensivos. De acuerdo con los testimonios recogidos, la adolescente permanece intubada y bajo vigilancia médica especializada mientras se le practican procedimientos adicionales para drenar líquidos acumulados como consecuencia de las lesiones.

Diversas versiones apuntan a que la relación entre la víctima y el presunto agresor ya presentaba antecedentes de conflictos. Según declaraciones de la madre, la adolescente habría sido víctima de episodios anteriores de violencia física y verbal dentro de la misma relación. Sin embargo, estas informaciones sobre posibles enfrentamientos previos aún no han sido confirmadas por las autoridades y se encuentran bajo proceso de verificación. La madre ha manifestado su preocupación por falta de avances en la investigación y señaló que tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía, no ha recibido información sobre el paradero del joven implicado ni sobre el desarrollo del proceso.

Además de enfrentar la angustiante situación médica, la familia ha tenido que hacer frente a dificultades económicas y de logística. La madre relató que, junto a su hijo de 18 años, se turnan para acompañar a la paciente, lo que implica gastos de transporte, permanencia y la necesidad de insumos básicos como pañales desechables y artículos de aseo para la hospitalización. La mujer, quien cría sola a sus hijos tras superar un episodio de cáncer, reiteró la urgencia de apoyo por parte de la comunidad y las instituciones, insistiendo en el esclarecimiento del ataque y la protección de su hija.

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¿Cuáles son los antecedentes de violencia en la relación de la adolescente atacada en Tolima?

La madre de la víctima indicó que su hija había enfrentado episodios tanto de violencia física como verbal con el joven señalado como agresor, lo que sugiere que existían conflictos previos dentro de la relación. No obstante, estas versiones no han sido confirmadas por las autoridades y forman parte de las hipótesis actualmente bajo investigación.

¿Qué apoyo necesita la familia de la adolescente agredida en Ibagué?

La familia enfrenta dificultades económicas y logísticas desde el ingreso hospitalario de la menor. La madre expresó la necesidad de ayuda con pañales desechables, artículos de aseo y gastos relacionados con el transporte y la permanencia en la ciudad, mientras acompaña a su hija durante la recuperación.

La reciente operación, denominada “Noah”, tuvo como objetivo el frente 33 de las disidencias de las Farc, localizadas principalmente en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, bajo el mando de alias “Calarcá”, según la información proporcionada. El saldo de la ofensiva fue de cuatro presuntos disidentes muertos y seis personas capturadas. Entre los aprehendidos se encuentra alias “Barba Chivo”, señalado como uno de los hombres de confianza de alias “Andrey Avendaño”, quien sería uno de los jefes principales de esa organización armada.

Tras el operativo militar, el presidente enfrentó públicamente a alias “Barba Chivo”, asegurando con firmeza que lo enviará a la cárcel “para que se pudra” y que “pague por el daño que ha hecho”. Este tipo de intervenciones directas y expuestas ante medios se ha vuelto una constante durante los bombardeos ordenados en lo que va del gobierno. De la Espriella ha intervenido personalmente en cada uno de los siete operativos realizados hasta la fecha, utilizando frecuentemente la radio para dar instrucciones al Ministerio de Defensa y dejando mensajes escritos en las bombas empleados en los ataques. Así, su administración ha construido una narrativa de confrontación militar y “mano dura” frente a las estructuras criminales.

El pasado 7 de agosto, el presidente anunció que para los primeros 100 días de gestión, que concluirán el próximo 14 de noviembre, estaba previsto efectuar entre 12 y una cantidad aún no detallada de operativos de esta naturaleza. Esta estrategia y puesta en escena ha sido central en la identidad de su gobierno y en el mensaje dirigido tanto a las organizaciones armadas ilegales como a la opinión pública.

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¿Quién es Abelardo de la Espriella y cuál ha sido su enfoque de seguridad durante su gobierno?

Abelardo de la Espriella, en su rol presidencial, se ha destacado por un enfoque de mano dura contra los grupos armados ilegales, según la información citada. Ha liderado intervenciones directas en operaciones militares, firmando bombas y enfrentando públicamente a los capturados, buscando así construir una imagen de combate decidido y activo contra disidencias como las del frente 33 de las Farc en el Catatumbo.

¿A qué se refiere el término “mano dura” en el contexto del gobierno de Abelardo de la Espriella?

La expresión “mano dura” en el contexto del actual gobierno se refiere a una política de confrontación militar constante y decidida contra organizaciones armadas. Según lo mencionado, esto se evidencia en las órdenes directas de bombardeos, mensajes simbólicos y la promesa presidencial de responder con operativos contundentes por cada atentado que ocurra en el país.

El primero de los casos ocurrió en una de las sedes de un supermercado, en el barrio Rebolo, suroriente de Barranquilla. Allí una mujer llamada Gellis Julieth Rambao Martínez estaba haciendo sus funciones de cajera, cuando se le acercó un desconocido fingiendo ser un cliente y le disparó.

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El sicario huyó de inmediato en una motocicleta AX4 de color negro, en la que era esperado por su cómplice. Por su parte, Rambao Martínez fue llevada con urgencia hacia un centro asistencial en el barrio Simón Bolívar, donde según se reporta su estado de salud es estable.

Pasados solo 40 minutos, en otro punto de Barranquilla, en el barrio El Limón, una mujer identificada como Shirley Patricia Payares Díaz, de 43 años, fue asesinada a manos de su pareja sentimental. El presunto responsable llamado Édgar José Torrenegra Moreno, de 49 años, la abordó en plena calle y le propinó varios disparos. Luego, de acuerdo a los reportes, intentó dispararse con su arma, pero terminó siendo capturado por la Policía.

Shirley Patricia falleció de inmediato en el lugar de los hechos por la gravedad de dos disparos que recibió en su cabeza. Su expareja, está fuera de peligro.

Los hechos despertaron la preocupación del Movimiento Amplio Social de Mujeres, desde donde se está solicitando al Gobierno Nacional activar de manera urgente las medidas de emergencia por violencia de género en el Atlántico, ante el número de homicidios registrados este año.

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Dice Ruth Pareja, integrante del movimiento, que ya son 65 las mujeres asesinadas y pidió al gobernador del Atlántico convocar esta misma semana un consejo de seguridad con enfoque de género, en el que participen las autoridades y las organizaciones sociales.

“El gobernador, como primera autoridad del departamento, le corresponde también una activación territorial de emergencia y es convocar de manera urgente en esta misma semana el Consejo de Seguridad con enfoque de género indudablemente con las organizaciones sociales que son los que vamos a monitorear qué está pasando con estos asesinatos de mujeres”, indicó Ruth Pareja.

Édgar José tenía en su poder un revólver de fabricación industrial que fue incautado por las autoridades.

El cuerpo de Bernate fue encontrado específicamente en la zona de La Chamba, una región ubicada dentro de la jurisdicción de El Guamo. De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver fue divisado entre una acumulación de troncos y ramas sobre el afluente, situación que llevó a que los organismos de emergencia y las autoridades se desplazaran rápidamente hasta el lugar para atender el caso y recuperar el cuerpo.

Rafael Bernate era conocido en El Guamo principalmente por su oficio de vendedor de carne en la plaza de mercado del municipio. Su desaparición comenzó a ser notoria cuando, el sábado 7 de noviembre, dejó su casa al mediodía para hacer unas compras y no regresó, hecho que alertó a sus seres queridos tras perder todo contacto con él desde ese momento.

Tan pronto se supo de su desaparición, los familiares, allegados y los organismos de socorro iniciaron la búsqueda, que se prolongó por varios días hasta el hallazgo definitivo del cuerpo. Entre las entidades que participaron en los operativos estuvieron el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional y personal de criminalística, quienes llevaron a cabo las labores de recuperación del cuerpo y las inspecciones técnicas requeridas por el protocolo.

Por ahora, de acuerdo con los informes de los organismos oficiales, no se conocen las circunstancias exactas en las que Rafael Bernate terminó en el río ni las causas precisas de su muerte. Las autoridades señalaron que estos aspectos solo podrán esclarecerse una vez concluyan los procedimientos forenses y las investigaciones respectivas.

La trágica noticia ha suscitado conmoción y tristeza entre los habitantes de El Guamo, donde ‘Mojico’ era un personaje ampliamente identificado por su trabajo y su presencia frecuente en la plaza de mercado local.

¿Cómo fue la desaparición y posterior hallazgo de Rafael Bernate en El Guamo?

Según los informes obtenidos por las autoridades y el registro de lo sucedido, Rafael Bernate desapareció después de salir de su vivienda al mediodía del 7 de noviembre para efectuar unas compras. Tras varios días de intensa búsqueda por parte de sus allegados y los organismos de socorro, su cuerpo fue encontrado sin vida el 10 de noviembre, en el sector de La Chamba, atrapado entre troncos y ramas en el río Magdalena.

¿Qué entidades participaron en la búsqueda y recuperación de Rafael Bernate?

En la búsqueda y recuperación del cuerpo de Rafael Bernate estuvieron presentes entidades como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional y equipos de criminalística, que se encargaron tanto del operativo de búsqueda como del procedimiento técnico y forense posterior al hallazgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Uno de los mecanismos clave para la organización de los apoyos es el Registro Único de Damnificados (RUD), donde están priorizadas cerca de 21.000 familias. Desde el 3 de noviembre, estos hogares comenzaron a recibir los pagos pendientes gestionados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la administración local, para estos auxilios se asignaron $36.700 millones, distribuidos entre dos cortes de beneficiarios: 10.000 hogares recibieron el segundo pago de $1.050.000, mientras que unos 11.000 hogares recibieron $2.100.000, correspondientes a dos meses de apoyo económico. El alcalde anunció que el tercer pago, a cargo del Gobierno Nacional, llegaría en los siguientes días.

En cuanto a la vivienda, unas 700 familias que perdieron totalmente sus hogares, ya sea por colapsos o demolición de edificaciones, son la mayor prioridad, de acuerdo con las autoridades. Hasta la fecha, se han entregado 15 viviendas nuevas y 150 bonos del Fondo Milagro por $157 millones de pesos cada uno para la compra de vivienda. Adicionalmente, a través del Fondo Cali Somos Todos, se otorgaron 200 bonos de $50 millones cada uno y recursos para reparar viviendas. Paralelamente, se están diseñando proyectos habitacionales para quienes no pueden retornar a sus hogares originales.

La atención humanitaria también incluyó la entrega de 677,99 toneladas de ayudas, entre mercados, kits de higiene, elementos de cocina y artículos de descanso, distribuidos tanto en áreas urbanas como rurales. Para reforzar la seguridad alimentaria, la Alcaldía, en alianza con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), dispuso un programa de tarjetas de asistencia, financiado con un millón de dólares aportado por cada entidad, que beneficiará a 20.750 familias, permitiéndoles adquirir alimentos en comercios autorizados. Además, la Federación Colombiana de Fútbol destinará recursos recaudados durante un encuentro deportivo para fortalecer ese respaldo.

En el frente de la infraestructura, la Alcaldía y el sector privado avanzan en la recuperación de sedes educativas, habiéndose intervenido 90 de las 338 escuelas afectadas, y priorizando casos como el de la IE Nuevo Latir. Todo esto ocurre mientras continúan evaluando y demoliendo edificaciones en condiciones críticas, con 85 inmuebles autorizados para demolición y otros miles caracterizados técnicamente mediante el protocolo ATC-20.

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¿Qué es el Registro Único de Damnificados (RUD) y cómo acceden las familias en Cali?

El Registro Único de Damnificados (RUD) es el mecanismo oficial a través del cual las familias afectadas por el terremoto pueden ser priorizadas para recibir ayudas económicas y habitacionales. Según la información de la Alcaldía de Cali, cerca de 21.000 hogares están inscritos en este registro, lo que facilita la entrega de los diferentes apoyos gestionados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

¿Cómo funcionan las tarjetas de asistencia del Programa Mundial de Alimentos en Cali?

Las tarjetas de asistencia del Programa Mundial de Alimentos (PMA) son una estrategia implementada por la Alcaldía de Cali y el PMA para permitir que más de 20.000 familias damnificadas adquieran alimentos en establecimientos comerciales. Cada entidad aportó un millón de dólares para financiar este programa, facilitando así el cubrimiento de las necesidades alimentarias básicas de los hogares afectados por el terremoto.

El Ministerio de Ciencia no nació al azar. Surgió tras décadas de esfuerzos conjuntos de universidades, investigadores, academias y diversos gobiernos, que culminaron con la Ley 1951 de 2019, la cual le dio vida. Posteriormente, con la Ley 2162 de 2021, el Congreso fortaleció la estructura y funciones del ministerio, ajustándose a una decisión de la Corte Constitucional. No obstante, desde su creación, el ministerio enfrentó una paradoja: se elevó su rango institucional sin otorgarle recursos adicionales sobre el antiguo Colciencias para su personal y funcionamiento, como detalla ACCEFYN. Desde entonces, ha debido trabajar en medio de restricciones de presupuesto e incertidumbre sobre la continuidad de sus programas, lo cual dificulta separar dificultades inherentes a la gestión de los problemas de insuficiencia financiera o de coordinación institucional.

La diferencia entre ciencia y educación, aunque complementarias, es clara: la educación forma ciudadanos y difunde conocimientos ya existentes, mientras que la investigación científica se dedica a crear nuevos saberes y tecnologías, transformando procesos que afectan sectores tan diversos como la salud, energía, biodiversidad o gestión de riesgos. Su integración o reorganización, por tanto, requiere analizar cómo se mantendrá la rectoría y cohesión de la política científica nacional para articular sectores con necesidades distintas.

La academia no desconoce la importancia de mejorar la eficiencia estatal y reconoce que el Ministerio de Ciencia requiere ajustes administrativos y una mejor articulación con la innovación regional. Sin embargo, cualquier fusión debe compararse con alternativas como simplificar procedimientos o eliminar duplicidades, sopesando los posibles ahorros frente a los costos de transición. ACCEFYN propone establecer una Mesa Técnica Académica de Respuesta Inmediata, con expertos de distintas especialidades, para elaborar informes técnicos y jurídicos sobre la reorganización y alternativas de eficiencia, y así informar mejor el trámite legislativo. La continuidad y solidez de la ciencia requieren evaluaciones profundas, pues modificar estructuras puede acarrear consecuencias duraderas sobre las capacidades nacionales.

¿Qué implicaciones tendría fusionar el Ministerio de Ciencia con el Ministerio de Educación?

De acuerdo con ACCEFYN, una eventual fusión puede afectar la rectoría y la capacidad de articular la política científica con distintos sectores. Si bien la educación y la ciencia están relacionadas, tienen responsabilidades distintas: la educación difunde conocimiento y la ciencia lo genera. Por eso, cualquier reorganización debe examinar cómo mantener la transversalidad de la ciencia y su capacidad de responder a retos de múltiples sectores.

¿Cuáles son los principales retos presupuestales del Ministerio de Ciencia en Colombia?

Según la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el Ministerio de Ciencia, desde su inicio, no recibió partidas adicionales para gastos administrativos o de personal en comparación con el antiguo Colciencias. Esto ha condicionado su desempeño, pues ha debido operar con recursos limitados y enfrentar incertidumbres para la continuidad de programas y proyectos, lo que pone en evidencia la necesidad de distinguir entre problemas de gestión, falta de fondos y desafíos institucionales.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Según la información disponible, el accidente involucró un tractocamión tipo niñera, un microbús de servicio público y una motocicleta. Estos datos fueron confirmados a medida que las autoridades avanzaban en la investigación para esclarecer las causas del siniestro, cuyas circunstancias exactas aún no han sido determinadas. De las seis personas que murieron, la identidad de dos sigue pendiente, y los principales reportes indican que una de las víctimas fue una mujer que falleció después de haber sido trasladada a un centro asistencial en el municipio de Dagua, aunque su nombre aún no ha sido revelado.

El impacto del choque dejó también un saldo de siete personas heridas, quienes fueron evacuadas a centros médicos para atender sus lesiones. Entre los lesionados figura José Manuel López, motociclista implicado en el accidente. Las otras personas heridas permanecen en proceso de recuperación. En contraste, el conductor del tractocamión, Wilmer Eduardo Rodríguez Rodríguez, salió ileso del accidente. Este detalle, sumado al carácter múltiple del choque, deja entrever la complejidad de los hechos que desembocaron en una tragedia de grandes proporciones.

Mientras las familias de las víctimas enfrentan el dolor de la pérdida y las autoridades continúan el proceso de identificación de los fallecidos, sigue la tarea de esclarecer cómo se produjo este aparatoso siniestro, el cual mantiene en alerta tanto a los habitantes de la zona como a los viajeros que transitan por este importante corredor vial.

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¿Cuáles fueron las causas del accidente de tránsito en la vía Buenaventura-Buga?

Hasta el momento, la información oficial indica que las circunstancias exactas del accidente permanecen en investigación. El choque, que involucró un tractocamión tipo niñera, un microbús y una motocicleta, aún no tiene causas plenamente esclarecidas según los reportes de las autoridades.

¿Quiénes han sido identificados entre las víctimas del accidente en el túnel 6 de El Naranjo?

De acuerdo con los reportes citados, ya fueron identificados Luis Felipe Domínguez (conductor del microbús), Jaime Rodallega Mosquera (pasajero), Isabela Vallecilla Cuero (bebé de 20 meses) y su madre Yelani Cuero. Las demás víctimas mortales aún no han sido plenamente identificadas por las autoridades.

Este tema llevó nuevamente al debate público las condiciones del sistema energético de Colombia. El país no enfrenta, por ahora, riesgo de un corte generalizado de la magnitud señalada en las redes. Sin embargo, enfrenta desafíos para asegurar el abastecimiento de energía en el periodo 2026-2027, los cuales son motivo de seguimiento por parte de las autoridades y expertos del sector. A estos desafíos se suman factores como una eventual disminución de lluvias, el aumento de consumo y los posibles obstáculos en la generación eléctrica. Así lo señala la información disponible, que invita a mirar con atención los próximos meses, aunque descarta un apagón inmediato y de duración prolongada.

De acuerdo con declaraciones de Juan Carlos Morales, gerente general de XM, empresa responsable de operar el sistema eléctrico, Colombia enfrentó una situación crítica los días 28 y 29 de septiembre. Durante esas fechas, la capacidad eléctrica disponible estuvo cerca de no cubrir la demanda nacional, especialmente cerca de las 7:00 de la noche, cuando baja la generación solar y aumenta el consumo. Morales explicó que, para prevenir una emergencia, es vital contar con reservas suficientes en los embalses y garantizar la operatividad de las plantas generadoras, ya que se prevé un fenómeno de El Niño fuerte durante el periodo de diciembre a marzo, que podría reducir la disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica.

En medio de las versiones que circulan, se mencionan cinco ciudades colombianas que podrían ser vulnerables ante una eventual crisis eléctrica: Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Medellín y Quibdó. Estas ciudades presentan retos particulares por su alta demanda energética, concentración de actividades industriales y comerciales o condiciones geográficas. Sin embargo, de acuerdo con la información consultada, XM no ha emitido una alerta oficial señalando de forma expresa que estas ciudades estén próximas a sufrir un apagón generalizado.

Para mitigar riesgos en caso de una emergencia, se recomienda que la ciudadanía esté preparada con elementos básicos para las primeras 72 horas y procure reducir el consumo eléctrico, especialmente en las horas pico. En todo caso, no existe en este momento evidencia ni orden oficial de racionamiento o apagón nacional. La vigilancia sobre el sistema eléctrico se mantiene, atenta a los factores climáticos y técnicos que inciden en el suministro.

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¿Es real el apagón mundial de 72 horas en Colombia?

No hay información oficial ni reportes de autoridades energéticas que respalden el rumor sobre un apagón mundial de 72 horas en Colombia. Según XM y fuentes citadas en el texto, no existe una alerta o una fecha establecida para un corte eléctrico de ese tipo; el único seguimiento oficial se da sobre el comportamiento de la demanda y la capacidad del sistema eléctrico nacional.

¿Cuáles son las recomendaciones ante una emergencia energética en Colombia?

Se sugiere estar preparados con suministros esenciales para al menos 72 horas: linterna, baterías, batería portátil, agua potable, alimentos no perecederos y medicamentos habituales. También es recomendable usar responsablemente la energía y evitar el consumo en las horas de mayor demanda, entre las 6:00 de la tarde y 9:00 de la noche, según las orientaciones mencionadas en el texto.

(Le interesa: ¿Qué clase de objetivo es un peaje dentro del cual y en torno al cual solo hay civiles?)

Si bien el Ejército de Colombia anunció hace un año que pondría en funcionamiento su primer Batallón de Aeronaves No Tripuladas (BANOT), para atacar y defenderse de los grupos armados ilegales que utilizan esta tecnología, los registros parecieran mostrar una ventaja para los ilegales: desde el primer ataque de este tipo, que se registró en julio de 2023 en Puerto Guzmán (Putumayo), la Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha reportado un incremento en ese tipo de acciones: 119 ataques en el año 2024, un registro que subió a 277 en el l2025, y a 351 hasta el 2 de noviembre de 2026.

Previsible cambio radical en correlación de fuerzas

Frente a esos reportes, las naves del Ejército, basadas en Tolemaida, dotadas de tecnología como inteligencia artificial y capaces de atacar desde el aire a organizaciones dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal, no parecen mostrar resultados que permitan inclinar la balanza a favor del Estado. Las fuerzas oficiales también utilizan sistemas portátiles de guerra electrónica e inhibidores (como el fusil antidrones SkyWiper y pistolas electromagnéticas). Pero las acciones aéreas más determinantes contra los grupos ilegales siguen a cargo de los aviones que bombardean áreas campamentarias, como los Super Tucano y los Kfir.

En ese contexto, el país sigue esperando la entrada en acción de los tres drones MQ-9A Reaper prestados por Estados Unidos. Aunque esas aeronaves son empleadas en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) contra organizaciones armadas ilegales y redes de narcotráfico, también se les conoce en algunos contextos como ‘ángeles de la muerte’ por el tipo de armas que portan. Cuando ese poderoso conjunto de capacidades quede dispuesto en los cielos colombianos, quizá la historia de la lucha contra la delincuencia organizada comience ahora sí a cambiar.

Las tres aeronaves llegaron desarmadas al fuerte de Tolemaida, en donde están siendo ensambladas y sometidas a procedimientos de verificación técnica, instalación y preparación para el servicio e incorporación progresiva a las operaciones, asegura el portal especializado Defensa.com. “El proceso inicial será determinante. Antes de declarar plenamente operativos los Reaper, Colombia deberá asegurar personal especializado, mantenimiento, enlaces de comunicaciones, procedimientos de mando y control, y una doctrina clara para convertir los datos recogidos en decisiones efectivas”, añade. Por eso, la cooperación con Estados Unidos facilitará esa transición.

Los reportes indican que, en una primera etapa, las aeronaves podrían ser controladas desde territorio estadounidense, mientras las tripulaciones colombianas reciben instrucción y el país desarrolla su capacidad operativa. Ya en el curso de las operaciones, los MQ-9A Reaper podrán participar en misiones prolongadas de vigilancia, empleando sus sensores electroópticos e infrarrojos, radares y sistemas de comunicaciones que permiten detectar, seguir y caracterizar objetivos desde gran altitud.

Defensa.com considera que, para Colombia, esa capacidad puede transformar la forma en que se enfrentan el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas y la presencia de grupos armados organizados. En otras palabras, es previsible un cambio radical en la correlación de fuerzas. “En lugar de depender exclusivamente de patrullas terrestres, aeronaves tripuladas o informaciones fragmentadas, las Fuerzas Militares podrán contar con una imagen más continua y precisa de los corredores y zonas de interés”, asegura.

No se trata únicamente de transferir equipo

“El valor principal estará en la anticipación”, sostiene, y explica que un sistema MQ-9A puede observar movimientos de embarcaciones, vehículos, pistas clandestinas, campamentos o rutas logísticas durante largos períodos. Esa información permite orientar mejor las operaciones, reducir riesgos para las tropas y aumentar la probabilidad de intervenir en el momento adecuado. Y remarca que, aunque el MQ-9A es conocido internacionalmente por su capacidad de llevar armamento, la información disponible sobre la entrega a Colombia indica que las aeronaves serán destinadas a labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

Según ese medio, la utilidad inmediata para Colombia de los MQ-9A no radica en una capacidad ofensiva, sino en la posibilidad de construir una mejor comprensión del entorno operacional: quién se mueve, por dónde, cuándo y con qué apoyo logístico. “En un país con geografía compleja, selvas extensas, fronteras porosas y actores ilegales que aprovechan la cobertura territorial, la vigilancia persistente es una ventaja sustancial”, sostiene.

“El Reaper podrá apoyar la identificación de corredores de narcotráfico, el seguimiento de estructuras criminales y la detección temprana de actividades ilegales. También podrá contribuir a proteger comunidades, infraestructura crítica y fuerzas públicas al anticipar amenazas antes de que se materialicen”.

Advierte, eso sí, que no se trata únicamente de transferir equipo: implica compartir estándares operativos, entrenamiento, mantenimiento y procedimientos de inteligencia. Eso hace ver todavía un poco lejos la entrada en acción de esos portentos tecnológicos.

“El Reaper será tan valioso como la estructura que lo respalde. Colombia deberá integrar la información generada por los drones con sus unidades terrestres, navales, policiales y de inteligencia”, insiste Defebnsa.com. “La clave no será solamente ver más, sino decidir mejor y actuar con mayor precisión. Eso exige analistas capacitados, enlaces seguros, protocolos de empleo de la fuerza y mecanismos para proteger la información sensible. También requiere mantener la aeronavegabilidad, disponibilidad y sostenibilidad del sistema a lo largo del tiempo, especialmente si Colombia decidiera incorporarlos definitivamente”.

Después del choque, las heridas que recibió la joven, sobre todo en una de sus piernas, fueron de tal gravedad que requirieron atención médica inmediata. Inicialmente, los equipos de emergencia la trasladaron al hospital Santa Lucía, en Cajamarca, pero dada la delicadeza de su condición, fue remitida de urgencia al hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué. Allí, profesionales en salud la sometieron a distintos procedimientos médicos en un esfuerzo por estabilizarla y salvarle la vida, pero lamentablemente Wendy no resistió la gravedad de las lesiones.

Durante las horas posteriores al accidente, sus familiares y allegados mantuvieron la esperanza de una recuperación. Sin embargo, el martes se confirmó su deceso, lo que generó profundo dolor entre quienes la conocían. El desenlace de este caso volvió a poner de manifiesto los riesgos que enfrentan los motociclistas, especialmente en situaciones donde se ven involucrados varios tipos de vehículos de gran tamaño.

Respecto a cómo ocurrieron los hechos, una de las primeras versiones sostiene que el bus de servicio público habría hecho una maniobra en reversa sin advertir la presencia de la motocicleta. No obstante, hasta el momento esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente. Por ello, autoridades de tránsito están a cargo de esclarecer las circunstancias precisas del choque y establecer la posible responsabilidad de los conductores involucrados.

Los habitantes de Cajamarca y familiares de Wendy lamentan profundamente este trágico suceso, mientras se mantienen atentos a los resultados de la investigación oficial sobre el accidente que cobró la vida de la joven motociclista.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las causas del accidente de Wendy Saavedra en Cajamarca?

Hasta el momento, una de las primeras hipótesis sobre el accidente indica que el bus de servicio público podría haber realizado una maniobra en reversa sin advertir la presencia de la motocicleta donde se movilizaba Wendy Saavedra. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada y las investigaciones continúan bajo la responsabilidad de las autoridades de tránsito, quienes serán las encargadas de determinar lo sucedido y las posibles responsabilidades.

¿Qué lesiones sufrió Wendy Saavedra tras el accidente de tránsito?

De acuerdo con la información reportada, Wendy Saavedra sufrió heridas graves, principalmente en una de sus piernas, lo que obligó a su traslado urgente desde el hospital Santa Lucía en Cajamarca hasta el hospital Federico Lleras Acosta en Ibagué. A pesar de los esfuerzos médicos, las consecuencias de las lesiones condujeron a su lamentable fallecimiento al día siguiente del accidente.

(Vea también: Colapsó edificio en Pereira, afectado por terremoto; aclaran que no hubo personas atrapadas)

De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno Nacional, la reconstrucción de viviendas podría costar entre 19 y 23 billones de pesos. Además, más de 201.000 viviendas resultaron averiadas y 36.000 fueron destruidas. Estas cifras reflejan la magnitud del desafío que enfrenta el país para atender a las familias afectadas.

Detrás de esos números hay personas que deben recuperar mucho más que una estructura física: sus espacios cotidianos, sus pertenencias y la tranquilidad de contar con un lugar propio. Para algunas, esto significa reparar los daños de sus casas; para otras, encontrar una nueva vivienda y recuperar parte del patrimonio que construyeron durante años.

En ese contexto, contar con alternativas para financiar las reparaciones, adquirir otro inmueble o atender las afectaciones mediante los seguros puede contribuir a que los hogares avancen en su proceso de recuperación.

Alternativas de financiación y atención para recuperar los hogares afectados

Con el propósito de acompañar a las personas afectadas, hay casos como el de Davivienda, que dispuso alternativas de financiación para quienes necesitan reparar su vivienda o adquirir otra.

Para la compra de vivienda nueva o usada, la entidad ofrece opciones de crédito hipotecario o leasing habitacional. Estas incluyen inmuebles VIP, VIS y superiores a VIS, con tasas preferenciales desde el 8 % E. A. o UVR + 2, y montos de hasta 500 millones de pesos. Estas medidas están dirigidas a las personas afectadas en los municipios contemplados en el programa.

Por otra parte, quienes necesitan reparar sus viviendas también pueden acceder a una línea especial de financiación de Davivienda, con una tasa desde el 8 % E. A. y un plazo de hasta 15 años. Este crédito no cobra avalúo ni estudio de títulos.

Para quienes buscan adquirir otra vivienda, también está disponible la posibilidad de consultar en Ciencuadras.com inmuebles de constructores aliados en las zonas afectadas.

La recuperación de un hogar también puede depender de la cobertura de un seguro. Por eso, Seguros Bolívar habilitó un proceso de reclamación 100 % digital para los clientes de Davivienda afectados por la emergencia que cuentan con una póliza de hogar de la compañía.

Esta herramienta ofrece atención prioritaria e incorpora inteligencia artificial para hacer una clasificación inicial de los daños y agilizar su evaluación. Los casos considerados severos, como las pérdidas totales, reciben atención preferencial.

Hay que anotar que a la fecha, se han desembolsado e indemnizado 67.500 de pesos millones a personas afectadas por la emergencia. Estos recursos buscan atender de manera rápida a los clientes que sufrieron daños en sus viviendas y, especialmente, a quienes enfrentaron afectaciones totales que requieren una solución habitacional.

Reconstruir a Colombia, una manera de recuperar proyectos de vida

La recuperación después de una emergencia de esta magnitud no ocurre de un día para otro. Reparar una vivienda, encontrar otro lugar para vivir y reorganizar la economía familiar son procesos que toman tiempo y requieren respuestas distintas según la situación de cada hogar.

Por eso, reconstruir significa también recuperar las condiciones para retomar la vida cotidiana y avanzar hacia una nueva estabilidad. Las cifras permiten dimensionar los daños que dejó la emergencia, mientras que las alternativas de financiación y los procesos de atención de seguros representan herramientas para que algunas familias puedan avanzar en ese camino.

Detrás de cada vivienda afectada hay una historia y un proyecto de vida que sus habitantes buscan recuperar. Acompañar ese proceso implica reconocer que las necesidades son diferentes y que volver a tener un hogar también es un paso fundamental para reconstruir el futuro.

Entre los hallazgos más graves contenidos en el expediente se destaca la presunta orden de asignar vehículos de seguridad a expresidentes y exvicepresidentes —una labor que ordinariamente compete a la Unidad Nacional de Protección (UNP)— para instalarles micrófonos y dispositivos de rastreo GPS desde la agencia de inteligencia. Asimismo, el informe documentó la operación de una casa clandestina utilizada como sede operativa sin registro oficial, la remoción injustificada de funcionarios de carrera y, de manera central, la contratación de un ingeniero de sistemas para coordinar una red destinada a alterar el software y los resultados de la Registraduría Nacional de la Segunda Vuelta presidencial del pasado 21 de junio.

Ante la magnitud de las revelaciones que apuntaban a inclinar la balanza en favor de la candidatura de Iván Cepeda, el congresista Daniel Briceño arremetió contra el dirigente político a través de un pronunciamiento público. “Iván Cepeda es tan malo que ni con todo el poder del Estado, contratistas, recursos públicos, el voto fusil, con toda la política tradicional, los Torres y con un hacker desde el DNI listo para manipular el software de la Registraduría pudo ganar”, sentenció el cabildante. Las nuevas evidencias ya se encuentran bajo la lupa de las autoridades competentes para determinar las responsabilidades penales y disciplinarias del caso.

La propuesta busca modificar una determinación adoptada por la corporación el pasado 12 de agosto, la cual fue aprobada con una holgada mayoría de 73 votos a favor y 11 en contra. Dicha autorización facultó a Petro a realizar desplazamientos internacionales durante el año posterior al término de su mandato, con la única exigencia formal de notificar con antelación al Senado las fechas y destinos de sus itinerarios. No obstante, el senador promovente sostuvo que las circunstancias institucionales cambiaron significativamente tras la acumulación de 335 denuncias penales y disciplinarias relacionadas con presuntas irregularidades en el anterior Gobierno, manifestando su temor a una eventual evasión de la justicia comparable con otros casos de connotación nacional.

Desde el ámbito jurídico, la controversia pone a prueba el alcance del artículo 196 de la Constitución Política de Colombia, norma que exige el aval previo del Senado para que un jefe de Estado saliente abandone el país durante el año siguiente a la finalización de sus funciones. A pesar de fijar la restricción, el texto constitucional no contempla de manera implícita ni regula un procedimiento específico para revocar una autorización general que ya fue ratificada por el pleno legislativo, lo que genera incertidumbre sobre el sustento procesal que requeriría la plenaria para anular su propia decisión.

Mientras la Secretaría General del Senado compila los antecedentes de la votación y los reportes de desplazamiento entregados por el exjefe de Estado, las bancadas mantienen opiniones divididas. Sectores como el representado por el senador liberal Héctor Olimpo Espinosa han advertido que retirar el permiso basándose únicamente en denuncias preliminares sentaría un precedente riesgoso para futuros exmandatarios, por lo que la iniciativa de Rodríguez dependerá de los apoyos políticos que logre consolidar durante el debate.

El desarrollo de los acontecimientos fue informado por la congresista del Pacto Histórico, quien precisó que el Juzgado 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá amparó su derecho fundamental de petición, exigiendo al Comando General de las Fuerzas Militares, a través del DCCAE, una respuesta clara y de fondo sobre la situación jurídica del arma en cuestión. Según Carrascal, el objetivo de la petición es saber si el arma porta un registro válido, si cuenta con permiso vigente y si pertenece al mandatario o si, por el contrario, es un bien del Estado.

En un video difundido en sus redes sociales, Mafe Carrascal explicó que la ausencia de respuesta por parte de la autoridad llevó a que recurriera nuevamente a la justicia, en el marco de sus funciones de control político. De acuerdo con sus declaraciones, las preguntas centrales buscaban dilucidar si el presidente de la Espriella está cumpliendo la normativa legal al portar dicha arma.

El fallo judicial establece que el DCCAE dispone de 48 horas para entregar una respuesta concreta y respaldada a los interrogantes planteados por la congresista. Carrascal, además, advirtió públicamente que espera el cumplimiento estricto de ese término, y manifestó que, de no recibir la información solicitada, acudirá a otros mecanismos judiciales para exigir la entrega obligatoria de estos datos.

Este caso pone en evidencia la importancia de la transparencia y la rapidez en la respuesta estatal a solicitudes de interés público, especialmente cuando involucran figuras presidenciales y temas de seguridad nacional, como el porte y la tenencia de armas.

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¿Qué órgano debe responder sobre la legalidad del arma que porta Abelardo de la Espriella?

La entidad responsable de otorgar respuesta sobre la situación legal del arma que porta Abelardo de la Espriella es el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE), el cual depende del Comando General de las Fuerzas Militares. Así lo ordenó el Juzgado 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, al fallar una tutela a favor de la representante Mafe Carrascal.

¿Cuánto tiempo tiene el DCCAE para responder a la petición sobre el arma del presidente?

Según el fallo judicial conocido y mencionado por la representante Mafe Carrascal, el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos tiene un plazo de 48 horas para responder de fondo a los interrogantes planteados sobre la situación jurídica, el permiso y la titularidad del arma que porta Abelardo de la Espriella.

La persona investigada es Adriyojana Lugo Camacho, quien ocupó ese cargo y fue vinculada a hechos relacionados con el contrato 649 de 2019. Este contrato contemplaba la edificación de 1.170 unidades sanitarias distribuidas en 47 veredas del municipio, con una inversión superior a 21.550 millones de pesos provenientes de regalías. Sin embargo, según la investigación, las obras quedaron inconclusas y se detectó un posible detrimento patrimonial que supera los 499 millones de pesos. Estos fondos, de acuerdo con la Fiscalía, habrían sido desembolsados sin la debida justificación.

El ente acusador señaló que Lugo Camacho habría elaborado los estudios previos de dos contratos de interventoría estableciendo cláusulas que limitarían la participación a un solo proponente. Participó también como miembro del comité evaluador que recomendó adjudicar esos contratos, sumando en total más de 1.061 millones de pesos. Además, la investigación indica que, en su rol como supervisora, permitió la continuidad de las obras sin el acompañamiento técnico requerido por la interventoría.

Otro asunto bajo examen es su posible vinculación con el acta de suspensión contractual firmada en agosto de 2024. Según la Fiscalía, este documento lleva la firma del representante de la interventoría, aunque existirían dudas sobre su presencia en la reunión que dio origen al acta; la situación abre cuestionamientos sobre la autenticidad y transparencia del proceso.

Lugo Camacho se presentó voluntariamente ante la SIJIN de la Policía Nacional en Neiva, Huila, para atender la orden judicial en su contra. Posteriormente, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. Aunque ella no aceptó los cargos, un juez ordenó medida de aseguramiento domiciliario en su residencia en Neiva. La Fiscalía impugnó esta decisión, mientras sigue en curso la investigación sobre la posible participación de otros funcionarios, un exalcalde y contratistas.

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¿Cuáles son los delitos que enfrenta la exsecretaria de Planeación e Infraestructura de Ataco?

La Fiscalía imputó a Adriyojana Lugo Camacho los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público, todos relacionados con la adjudicación y supervisión de un proyecto de construcción de unidades sanitarias financiado con regalías.

¿Qué implica la medida de aseguramiento domiciliario y por qué fue impuesta en este caso?

La medida de aseguramiento domiciliario restringe la libertad de la exfuncionaria, obligándola a permanecer en su residencia mientras avanza el proceso. Esta determinación fue tomada debido a la gravedad de los hechos investigados y la posible afectación de recursos públicos, aunque la Fiscalía apeló la decisión solicitando medidas más severas.

De acuerdo con los organizadores, la atención se brindará en un consultorio a cielo abierto, montado sobre la vía pública frente a la clínica, donde participarán más de 50 profesionales de la salud. Los servicios disponibles incluyen medicina general, medicina familiar, cirugías, atención odontológica a través de unidades móviles, ecografías y tratamiento de algología, que corresponde a la especialidad médica dedicada al manejo del dolor, tanto agudo como crónico. Además, se habilitará un punto especial para la atención veterinaria de animales de compañía que también resultaron afectados por el sismo.

Dentro de la programación se contempla la actividad de memoria ‘Siembra de Vida’, en homenaje a las víctimas y damnificados del terremoto. Asimismo, especialistas en salud mental ofrecerán conferencias abiertas dirigidas a fortalecer la resiliencia comunitaria y facilitar herramientas para la gestión del duelo y el manejo de crisis emocionales. Durante la jornada, también se reconocerá la labor de rescatistas, brigadistas y equipos de apoyo que participaron durante las labores de búsqueda, rescate y atención de los heridos tras la emergencia.

Esta campaña surge como una respuesta a la complicada situación dejada por el evento sísmico, el cual provocó el colapso de varias edificaciones, entre ellas el edificio Mirasol, donde cinco personas perdieron la vida bajo los escombros. Desde entonces, se han identificado necesidades puntuales de atención para personas con traumatismos, dolores persistentes, episodios de ansiedad, pánico y casos de tratamientos médicos interrumpidos a raíz del desastre.

La organización de la jornada está liderada por Wilian Angulo, vocalista de Herencia de Timbiquí; Lorena Vargas, propietaria de la IPS CIME; y Marisol Valderrama y Javier Ramírez, propietarios del restaurante La Bohéme. De acuerdo con los testimonios recogidos en la emergencia, estos líderes se conocieron durante las labores de búsqueda en el edificio Mirasol y a partir de su experiencia colectiva decidieron coordinar la consecución de insumos, equipos médicos y profesionales voluntarios para llevar a cabo esta iniciativa solidaria.

Con esta jornada, los organizadores esperan aportar a la descongestión del sistema de salud local, facilitar el acceso a la atención especializada y garantizar apoyo emocional efectivo a quienes más lo necesitan tras el terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrece la jornada médica y psicológica gratuita en Cali para afectados por el terremoto?

La jornada ofrece medicina general, medicina familiar, cirugías, odontología con unidades móviles, ecografías, atención de algología enfocada en el manejo del dolor, y servicios veterinarios para animales de compañía. Además, contará con apoyo psicológico y conferencias sobre resiliencia y gestión emocional.

¿Quiénes lideran y cómo se coordinó la campaña solidaria para los damnificados del terremoto en Cali?

La campaña es liderada por Wilian Angulo, Lorena Vargas, Marisol Valderrama y Javier Ramírez. Su experiencia conjunta durante las labores de rescate tras el sismo fue clave para unir esfuerzos, reunir recursos, convocar profesionales voluntarios y coordinar la logística de esta atención masiva.

Según los datos proporcionados por Emcali, una de las labores principales de este martes será el cierre por optimización de redes de distribución de agua potable en el sector conocido como Plan Parcial - El Capricho, específicamente en la carrera 122 con calle 48, zona de expansión al sur de la ciudad. Los trabajos implicarán la suspensión del servicio de agua potable en esa zona, medida que se mantendrá desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche del mismo día, afectando así a los residentes durante unas 12 horas.

Emcali también indicó que aparte de El Capricho, otros sectores que se verán impactados por cortes temporales del servicio son: El Troncal (carrera 8 A #34 - 25), Cañaveralejo - Seguros Patria (carrera 62 A con calle 7), Chiminangos I (carrera 1 B Bis #63 - 40), Olímpico (carrera 34 entre calle 12 y calle 12A), El Cedro (calle 6 A #26 - 68), Arboledas (carrera 2 B #7 Oeste 10) y Terrón Colorado (avenida 5 Oeste #30 - 61). Estos barrios y sectores tendrán que adaptarse a la falta de agua durante el lapso indicado, mientras se desarrollan los procedimientos de mejora en la infraestructura hídrica.

De acuerdo con la entidad, estas maniobras resultan necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la red de acueducto y prevenir interrupciones mayores a futuro. Los residentes y usuarios de los servicios de Emcali en las zonas mencionadas están llamados a tomar precauciones, almacenando agua con anticipación y limitando actividades que dependan del suministro continuo durante el periodo señalado.

La información ha sido confirmada y difundida por Emcali, que recomienda a la comunidad mantenerse atenta a los comunicados oficiales para eventuales actualizaciones o cambios en los horarios y zonas afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Cali tendrán cortes de agua este martes según Emcali?

De acuerdo con la información difundida por Emcali, los barrios que tendrán suspensión temporal del suministro de agua este martes incluyen Plan Parcial - El Capricho, El Troncal, Cañaveralejo - Seguros Patria, Chiminangos I, Olímpico, El Cedro, Arboledas y Terrón Colorado. Los residentes deben estar atentos a los horarios establecidos y almacenar el recurso suficiente para afrontar la jornada de mantenimiento.

¿Por qué Emcali realiza trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto?

Según Emcali, los trabajos de reparación y mantenimiento se deben a la necesidad de reponer válvulas y optimizar las redes de distribución de agua potable, prácticas que contribuyen a mejorar la calidad y continuidad del servicio. Estas labores preventivas buscan anticiparse a posibles fallas significativas y asegurar el buen estado de la infraestructura de acueducto en los diferentes sectores de Cali.

El proceso judicial tiene origen en declaraciones de Rodríguez durante entrevistas otorgadas a medios de comunicación, incluyendo un diálogo con el periodista Daniel Samper Ospina. En esos espacios, Rodríguez señaló a Sarabia de supuestamente facilitar encuentros sexuales para Gustavo Petro, presidente de Colombia, y de poseer material audiovisual de índole privada que, según Rodríguez, habría usado para presionar y conservar su lugar dentro del Gobierno. De acuerdo con los datos expuestos en el fallo, tales afirmaciones se presentaron como hechos concretos, aunque no había pruebas que las sustentaran, situación que llevó al juzgado a proteger los derechos de Sarabia.

El fallo del Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá amparó los derechos de Sarabia, exigiendo a Rodríguez la firma de un texto de rectificación y la lectura íntegra del mismo en video. El plazo dado es de 48 horas desde la notificación, permitiendo a Rodríguez realizar el video sin mostrar el rostro y con apoyo técnico. El objeto de la rectificación son las declaraciones sobre la presunta organización de encuentros sexuales para el presidente Petro y el supuesto uso de información privada con fines de chantaje o manipulación de cargos en el Gobierno, siempre según la información dada por el juzgado.

Tras el fallo, Sarabia manifestó su confianza en su equipo jurídico y reiteró en sus redes que no permitirá la difusión de acusaciones sin fundamento. Su abogada, Lina Sandoval Echavarría, enfatizó que el juez concedió la tutela porque Rodríguez presentó como ciertos hechos para los que no existen pruebas. Cabe destacar que la decisión judicial puede ser apelada, lo que abre la posibilidad de un nuevo desarrollo en el caso. En tanto, Rodríguez debe acatar la orden en los términos definidos por el juzgado, manteniendo vigente el debate sobre las tensiones entre la libertad de expresión y el respeto al buen nombre en el ámbito público colombiano.

¿Por qué el juzgado ordenó la rectificación de Angie Rodríguez a favor de Laura Sarabia?

El juzgado ordenó la rectificación porque consideró que Angie Rodríguez presentó a los medios afirmaciones graves sobre Laura Sarabia como hechos ciertos, pero sin contar con pruebas que las respaldaran. Estas acusaciones, referidas a posibles encuentros sexuales y al supuesto uso de información personal para presionar dentro del Gobierno, vulneraban los derechos fundamentales de Sarabia, en especial su honra y buen nombre, según la decisión detallada en el fallo.

¿Qué implica una acción de tutela en Colombia y cómo protege derechos como la honra y el buen nombre?

Una acción de tutela en Colombia es un mecanismo judicial de protección inmediata que permite a cualquier persona solicitar ante un juez la protección de derechos fundamentales que considere amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de particulares. En este caso, el juzgado determinó que las declaraciones de Angie Rodríguez atentaron contra la honra y el buen nombre de Laura Sarabia, y por esa razón ordenó una rectificación pública, garantizando así la restauración de dichos derechos.

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Nuevos elementos probatorios salieron a la luz en el marco de las investigaciones contra el expresidente Gustavo Petro por el escándalo conocido como los ‘Sexocontratos‘, luego de que se revelara material audiovisual que comprueba el uso de perfiles falsos en redes sociales para mantener comunicación con Deicy Jiménez, la funcionaria que denunció presuntos hechos de corrupción y manipulación institucional.

De acuerdo con la información divulgada por la periodista Darcy Quinn, un nuevo video muestra al exmandatario en una videollamada y chateando con Jiménez a través de una cuenta de Facebook registrada bajo el nombre falso de Andrés Maldonado Beltrán. En el material audiovisual, el exjefe de Estado emite comentarios de tinte sexual, realiza cumplidos e incluso le solicita a la mujer ponerse de pie mientras conversaban sobre la posibilidad de concretar un encuentro personal, quedando en evidencia la identidad falsa al finalizar la transmisión.

Este expediente ya se encuentra formalmente en poder de la Corte Suprema de Justicia, corporación que lidera las indagaciones en contra del exmandatario tras escuchar la versión de la denunciante. Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes adelantan indagaciones disciplinarias y penales para esclarecer si se incurrió en delitos asociados al uso del poder estatal y la asignación irregular de contratos. Como parte del proceso, la defensa entregó el dispositivo móvil de Jiménez a los investigadores para realizar extracciones forenses y garantizar la trazabilidad de la evidencia digital.

 

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El uso de cuentas ficticias se suma a una lista de perfiles que, según las pesquisas, el exmandatario habría empleado durante años para interactuar con la denunciante, entre los cuales figuran nombres como Michel Focault, Mihail Bukharin, Penser Lesujet y Altheaïs Monteluz. Ante los cuestionamientos emitidos por sectores afines al petrismo, la abogada defensora Dina Luz Malo ratificó la autenticidad de los hallazgos, señalando que las diligencias se adelantan con el respaldo de peritos informáticos para salvaguardar la rigurosidad de las pruebas aportadas ante las altas instancias judiciales.

El programa ofrece un esquema de financiación basado en créditos educativos condonables hasta en un 100 %, siempre que los seleccionados cumplan las condiciones establecidas en el reglamento. Según datos de Atenea, el apoyo económico abarca la totalidad del valor de la matrícula de los estudios doctorales, recursos de $27 millones por semestre para sostenimiento, hasta $45 millones para el desarrollo de los proyectos investigativos y más de $7,6 millones destinados a movilidad internacional. Un aspecto relevante de este modelo de financiación es la tasa de interés del 0 % sobre el capital desembolsado, hecho que favorece el acceso y permanencia de los beneficiarios en los programas de doctorado.

La convocatoria contempla 81 créditos educativos condonables, distribuidos entre 27 programas doctorales que se imparten en siete universidades: Universidad Nacional de Colombia, Universidad de La Sabana, Universidad El Bosque, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Cada universidad participa con programas específicos alineados con áreas consideradas estratégicas para el desarrollo de Bogotá-Región, lo que refuerza el impacto social y académico de la iniciativa.

El proceso de inscripción se realiza únicamente a través de los canales oficiales de Atenea. Los aspirantes deben, en primer lugar, elegir una de las universidades y un programa doctorado entre los priorizados, gestionar su admisión y preparar una propuesta de investigación acorde con los lineamientos de la convocatoria. También deberán reunir documentos como una carta de motivación y los soportes requeridos, diligenciar el formulario de postulación, enviarlo antes de la fecha de cierre y finalmente consultar los resultados a través de los canales oficiales. Una vez seleccionados, deberán completar el proceso de legalización del crédito con Colfuturo para iniciar sus estudios en el primer semestre de 2027.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Proyecto Roberto Zarama y sus becas para doctorado?

Para acceder al Proyecto Roberto Zarama, los profesionales deben haber sido admitidos en uno de los programas doctorales priorizados por alguna de las universidades participantes, presentar una propuesta investigativa acorde con las demandas territoriales, reunir toda la documentación exigida y completar la postulación dentro del plazo indicado. Solo así podrán optar por uno de los 81 créditos educativos condonables, cuya financiación cubre matrícula, sostenimiento, investigación y movilidad internacional, según los detalles provistos por Atenea.

¿Qué significa que los créditos educativos del Proyecto Roberto Zarama sean “condonables hasta en un 100 %”?

Que los créditos educativos sean "condonables hasta en un 100 %" implica que los beneficiarios pueden ver eximida la obligación de devolver la totalidad del dinero prestado, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el programa. Esto convierte la ayuda económica en una beca total, si el estudiante demuestra el cumplimiento de las condiciones fijadas por la convocatoria, de acuerdo con la información publicada por la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea).

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Entre los capturados sobresalen tres personas identificadas con los alias de Eddy, Franyer y Franklin. Según el reporte emitido, alias ‘Eddy’ sería el presunto segundo cabecilla de escuadra dentro de la organización. Por otro lado, ‘Franyer’ es presentado como un presunto sicario, mientras que ‘Franklin’ estaría involucrado en la operación de drones y otras actividades delictivas para la estructura armada. No se entregaron mayores datos sobre la identidad ni el papel del cuarto capturado, ya que la información pública hasta el momento no lo permite.

Durante el procedimiento se incautaron elementos clave para el funcionamiento de este grupo armado. Entre el material decomisado se cuentan armas, municiones, 938 metros de cordón detonante y cinco kilogramos de pentolita, un explosivo que suele emplearse en la fabricación de artefactos caseros y minas antipersonales, lo que evidencia la capacidad operativa con la que contaba la Estructura 33 en la región.

El presidente de la Espriella también aprovechó para informar sobre dos operaciones adicionales adelantadas en otras zonas del país. En Uribia, La Guajira, las tropas de la Fuerza Pública enfrentaron al Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, decomisando cuatro armas largas, cuatro proveedores y 103 cartuchos. Por su parte, en Suárez, Cauca, una operación conjunta del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana permitió la recuperación humanitaria de un menor que habría sido reclutado ilegalmente por la estructura Jaime Martínez, así como la evacuación de tres familiares que se encontraban bajo amenaza.

Al sintetizar los resultados de estas acciones, el mandatario destacó la labor de la Fuerza Pública y enfatizó que estas operaciones buscan debilitar a los grupos armados ilegales y proteger a los ciudadanos. Finalmente, envió un mensaje contundente: “A las organizaciones narcoterroristas les advierto: ¡Tienen los días contados!... Los vamos a perseguir, a desmantelar sus estructuras y a llevarlos ante la justicia”.

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¿Quiénes son los capturados en Tibú Norte de Santander y cuáles eran sus roles dentro de la Estructura 33?

De acuerdo con el reporte citado por el presidente Abelardo de la Espriella y divulgado por Noticias Caracol, entre los capturados se encuentran tres identificados como alias ‘Eddy’, quien sería el segundo cabecilla de escuadra; alias ‘Franyer’, presunto sicario del grupo; y alias ‘Franklin’, responsable de operar drones y otras acciones criminales. No se ofrecieron detalles sobre la identidad del cuarto capturado ni se especificó su función dentro de la organización.

¿Qué elementos fueron incautados durante las operaciones contra las disidencias de las Farc y otros grupos armados?

Durante el operativo realizado en Tibú, las autoridades decomisaron armas, municiones, 938 metros de cordón detonante y cinco kilogramos de pentolita, material explosivo utilizado en la fabricación de artefactos. Adicionalmente, en operaciones en Uribia y Suárez, se incautaron armas largas, proveedores y cartuchos, así como se logró la recuperación y evacuación de menores y familiares en situación de riesgo.

En el reporte divulgado, se identificó entre los capturados a tres personas con los alias de Eddy, Franyer y Franklin. Las autoridades asignan diferentes roles a cada uno: Eddy habría actuado como segundo cabecilla de escuadra; Franyer, como presunto sicario, y Franklin, señalado por presuntamente manejar drones y participar en otras acciones criminales. Sobre la cuarta persona capturada, no se revelaron detalles adicionales sobre su identidad o su papel específico dentro de la organización armada, lo que deja aún interrogantes en la información entregada.

Durante el procedimiento las autoridades incautaron armas, municiones, 938 metros de cordón detonante y cinco kilogramos de pentolita. Este último es un compuesto químico frecuentemente utilizado en la fabricación de artefactos explosivos. Tales incautaciones, según el reporte de la Fuerza Pública, están vinculadas a las operaciones y capacidades logísticas de la estructura intervenida.

De acuerdo con la publicación del presidente, se presentaron también otras dos operaciones relevantes en el país. En Uribia, La Guajira, las tropas se enfrentaron al Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y lograron incautar cuatro armas largas, cuatro proveedores y 103 cartuchos. En el municipio de Suárez, Cauca, una operación humanitaria conjunta entre el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana permitió la recuperación de un menor de edad presuntamente reclutado por la estructura Jaime Martínez, así como la evacuación de tres familiares que, según las autoridades, se encontraban amenazados.

El presidente De la Espriella concluyó resaltando la labor de la Fuerza Pública, afirmando que estas intervenciones buscan afectar la operatividad de los grupos armados y garantizar la protección de la ciudadanía. En su mensaje, lanzó una advertencia directa a las organizaciones ilegales, asegurando que serán perseguidas y que sus estructuras serán desmanteladas.

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¿Por qué fueron capturados los presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en Tibú?

Fueron capturados debido a su presunta pertenencia a la Estructura 33 de las disidencias de las Farc y por estar involucrados en diferentes roles dentro del grupo, como cabecilla, sicario y operador de drones, además de estar asociados con actividades criminales, posesión de explosivos y armas, de acuerdo con la información entregada por el presidente Abelardo de la Espriella y divulgada por Noticias Caracol.

¿Qué significa pentolita y para qué se utiliza en conflictos armados?

Pentolita es un compuesto explosivo que, según el reporte del operativo en Tibú, fue incautado junto con otros materiales bélicos. Su uso principal en conflictos armados es la fabricación de artefactos explosivos, lo que permite a los grupos armados aumentar su capacidad de ataque y sabotaje, según la información publicada en el reporte oficial de las autoridades.

Dentro del plan impulsado por el Ministerio se encuentra la exigencia de que los inspectores realicen una declaración de conflictos de interés antes de adelantar cualquier inspección. Este mecanismo permitirá detectar y actuar frente a situaciones que puedan afectar la objetividad del funcionario durante su labor en empresas o frente a personas vigiladas. Así mismo, se fortalecerá el seguimiento a los expedientes mediante herramientas de trazabilidad, lo que permitirá controlar las actuaciones administrativas y supervisar el desarrollo de los procesos para minimizar irregularidades.

Para garantizar que quienes deseen denunciar posibles faltas encuentren protección, el Ministerio plantea mecanismos para amparar la identidad de los denunciantes, beneficiando tanto a trabajadores como a empleadores. Así, se espera facilitar la comunicación de casos en los que se presenten solicitudes indebidas de dinero, beneficios o cualquier comportamiento que ponga en duda la legalidad de una inspección.

Adicionalmente, según las disposiciones de la cartera, se prohíbe que los sujetos vigilados financien los gastos de movilidad, alojamiento o permanencia de los inspectores, buscando evitar cualquier relación que comprometa la independencia de los funcionarios. Otra medida relevante es la suscripción de un Acuerdo de Imparcialidad e Independencia Técnica entre sindicatos y empleadores, donde se formalizan compromisos para que las inspecciones respondan solo a criterios legales y técnicos, alejadas de interferencias externas.

En el evento de la Subcomisión de Análisis y Seguimiento de Decretos y Leyes, el Ministerio formalizó la firma de este acuerdo y presentó también una carta de derechos y deberes dirigida a quienes reciben inspecciones, estableciendo las reglas y condiciones de estos procedimientos. Un punto insistente de la cartera es que todas las actuaciones de inspección laboral son gratuitas, y cualquier solicitud irregular de pagos o beneficios debe ser denunciada. Con esto, las instituciones buscan consolidar la confianza pública en el sistema de inspección, asegurando total transparencia y legitimidad en la protección de los derechos laborales en el país.

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¿Cuáles son las medidas del Ministerio del Trabajo para prevenir la corrupción en las inspecciones laborales?

El Ministerio del Trabajo propuso estrategias como la declaración de conflictos de interés, la protección de denunciantes, el control sobre los gastos de los inspectores y el fortalecimiento del seguimiento a expedientes, todo con el propósito de asegurar la independencia, la transparencia y el cumplimiento de la ley en las inspecciones laborales.

¿Qué implica la trazabilidad en los procesos de inspección laboral?

La trazabilidad consiste en contar con herramientas que permiten monitorear el desarrollo y seguimiento de los expedientes relacionados con las inspecciones laborales, para garantizar que no existan actos irregulares y que las actuaciones administrativas se realicen dentro del marco legal y bajo supervisión adecuada.

(Vea también: De la Espriella firmó bomba que lanzaron a disidencias de ‘Calarcá’ y mensaje que puso llamó atención)

La intervención, denominada Operación NOAH, se desarrolló en zona rural de Tibú, en la región del Catatumbo. El operativo estuvo dirigido contra integrantes de la estructura 33, perteneciente a la facción de alias ‘Calarcá’, y contó con la participación del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.

A través de su cuenta de X, De la Espriella aseguró que la acción militar dejó seis personas capturadas y cuatro integrantes de ese grupo muertos durante las operaciones. También informó sobre la incautación de armamento y explosivos destinados, según su reporte, a ataques con drones.

Uno de los aspectos que destacó el mandatario fue la captura de un hombre que, de acuerdo con las autoridades, ocupaba un lugar de confianza dentro de esa estructura. Se trata de alias ‘Barba Chivo’, también conocido como ‘Costeño’, a quien presentó en el video difundido desde Cúcuta.

El presidente sostuvo que este hombre había sobrevivido a un bombardeo de las Fuerzas Militares, pero fue detenido posteriormente. Además, anunció que mantendrá la ofensiva contra las estructuras vinculadas a alias ‘Calarcá’ en el Catatumbo.

¿Quién es alias ‘Barba Chivo’, capturado en la Operación NOAH?

Según el mensaje de De la Espriella, alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’ sería uno de los hombres de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’ y estaría al frente de una comisión de la estructura 33.

El mandatario afirmó que el detenido llevaba 11 años en actividades criminales y lo señaló de participar en asesinatos de líderes sociales, ataques con drones explosivos contra integrantes de la Fuerza Pública, extorsiones, reclutamiento de menores y desplazamientos forzados de comunidades.

Estos señalamientos fueron expuestos por el jefe de Estado al anunciar la captura. El hombre quedó en poder de las autoridades, que deberán avanzar en los procedimientos judiciales correspondientes.

¿Qué resultados dejó la operación contra las disidencias de Calarcá?

En el balance divulgado por el presidente se reportaron seis capturados y cuatro personas muertas durante el desarrollo de las operaciones militares. De esta manera, el Gobierno presentó el resultado como diez integrantes de la estructura fuera de combate.

Además, De la Espriella informó que las tropas incautaron siete fusiles y 15 granadas para drones. También aseguró que fueron afectadas tres áreas campamentarias que tendrían capacidad para albergar aproximadamente a 35 integrantes de esa organización armada.

(Vea también: Revelan las primeras identidades de fallecidos en el accidente de la vía Cali-Buenaventura)

Dicho vehículo de transporte intermunicipal pertenecía a la empresa Expreso Palmira y cubría la ruta entre Buenaventura y Cali. La fuerza del impacto dejó la buseta prácticamente destruida y obligó a los organismos de socorro a intervenir para auxiliar a los ocupantes que quedaron atrapados.

Según el reporte de las autoridades de tránsito citado por Noticias Caracol, tres personas murieron en el lugar y una cuarta falleció posteriormente en un centro asistencial de Dagua. Entre las víctimas se encuentran Luis Felipe Domínguez, conductor del microbús; el pasajero Jaime Rodallega Mosquera y una bebé de 20 meses. La identidad de la cuarta persona fallecida no había sido establecida en los primeros reportes.

Los siete heridos fueron trasladados a centros médicos de Dagua y Buenaventura. Entre ellos se encontraba el conductor de la motocicleta involucrada en el siniestro, según la información publicada por La Kalle.

Mientras avanzaban las labores de atención y el levantamiento de información en el lugar, las autoridades comenzaron a reconstruir las circunstancias en las que se produjo el choque. En ese proceso se conoció una primera hipótesis sobre la posible maniobra que habría desencadenado la tragedia.

Atención, grave accidente en vía Buga Buenaventura… Bus se estrella contra camión tipo niñera… De momento reportan 6 personas fallecidas…

https://t.co/Yak2qhiqAj https://t.co/Kb6mY2LQUR

— FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA (@PachoRodriG) November 9, 2026

¿Qué hipótesis hay sobre el accidente en vía Buga-Buenaventura?

Según informó El Tiempo, la principal hipótesis apunta a que el conductor del tractocamión tipo niñera habría intentado adelantar a otro vehículo dentro del túnel y, durante esa maniobra, invadió el carril contrario por el que circulaba el microbús de Expreso Palmira.

Esta posible invasión de carril habría provocado el choque con el vehículo de servicio público y la motocicleta que también transitaba por ese tramo de la carretera. La hipótesis coincide con la información preliminar conocida por otros medios, entre ellos Semana, que también reportó que las investigaciones apuntan a una posible imprudencia vial.

Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido de manera definitiva cómo ocurrió la colisión. El teniente coronel Justo Alejandro Rivero Cubides, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca, señaló, en declaraciones recogidas por Noticias Caracol, que la hipótesis inicial continúa bajo investigación y que los uniformados adelantan las actuaciones para esclarecer las circunstancias exactas.

¿Qué pasó con la movilidad en la vía Buga-Buenaventura?

El accidente obligó a cerrar el corredor vial mientras los organismos de emergencia atendían a los afectados y las autoridades adelantaban las labores correspondientes dentro del túnel. La situación afectó la conexión entre Buga, Cali y el puerto de Buenaventura.

Según los reportes sobre la emergencia, posteriormente se habilitó el paso de vehículos de manera controlada, mientras se retiraban los automotores involucrados y se adelantaban las labores para recuperar la circulación.

(Vea también: “Me gusta”: Petro respondió a video en el que le manda besos a Deicy Jiménez)

Además, cuestionó las condiciones que, a su juicio, impone la plataforma para la difusión de ideas progresistas. También señaló que considera que X tiene afinidad con sectores de extrema derecha y que sus algoritmos favorecen la circulación de mensajes de odio por encima de la razón y la democracia.

A partir de esos reparos, Petro aseguró que dejará de utilizar esa red social como su cuenta principal. Sin embargo, aclaró que no abandonará por completo su perfil, sino que pasará a manejarlo como un espacio complementario dentro de su estrategia de comunicación.

Dadas las restricciones que pone X a la irradiación del pensamiento progresista, y su afinidad a la extrema derecha con algoritmos que expanden el odio q la razón y la democracia, he decididó dejar de utilizar X como cuenta principal en las redes y pasara a ser cuenta comlementaria

Empiezo a hacer crecer mi canal por Whassap que pasará a ser mi cuenta principal y personal.

De 9,1 millones paso a 600.000 pero creo que ayudo más a la ⁿdemocracia desde redes.
https://t.co/ffKxxa4zeh

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 10, 2026

¿Qué red social usará Gustavo Petro como principal?

En su lugar, anunció que comenzará a impulsar su canal de WhatsApp, que se convertirá en su principal medio de comunicación personal. Con este movimiento, busca trasladar parte de la audiencia que ha construido durante años en X hacia una plataforma en la que espera mantener el contacto directo con sus seguidores.

El cambio también implica una diferencia importante en el tamaño de la comunidad que lo acompañará en ese canal. Petro reconoció que pasará de una audiencia de 9,1 millones de seguidores en X a cerca de 600.000 en WhatsApp, aunque sostuvo que considera que desde allí puede contribuir más a la democracia.

“Empiezo a hacer crecer mi canal por WhatsApp, que pasará a ser mi cuenta principal y personal. De 9,1 millones paso a 600.000, pero creo que ayudo más a la ⁿdemocracia desde redes”, indicó el mandatario.

La decisión no supone el cierre de su cuenta en esa red social. Petro indicó que seguirá utilizándola, pero con un papel secundario frente al canal de WhatsApp, que desde ahora tendrá prioridad en su comunicación personal.

Con este anuncio, el exmandatario plantea una reorganización de su presencia digital y acepta reducir el número de seguidores a los que llega directamente, al menos en términos de la comunidad que ha reunido en X.

El pronunciamiento se conoció mediante la Sentencia T-348 de 2026, en la que la corporación estudió una tutela presentada por una gestora social del municipio de Arauca contra un creador de contenido que publicó mensajes sobre ella en Facebook. El caso fue analizado por la Sala Cuarta de Revisión, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González.

La accionante, Stephany Dayana Ortiz Tafur, cuestionó varias publicaciones realizadas por Cristian Camilo Paredes Forero, en las que se hacían referencias a su cuerpo, apariencia física, posibles procedimientos estéticos y vida privada. También se difundían comentarios sobre el papel que, según el autor de los mensajes, debía desempeñar como mujer.

La mujer consideró que estas expresiones afectaban sus derechos fundamentales, pues trasladaban las discusiones sobre su actividad pública hacia aspectos de su vida personal y su apariencia. Por ello, acudió a la acción de tutela para solicitar protección frente a los contenidos que consideraba ofensivos y discriminatorios.

Al revisar el expediente, la Corte encontró que no todas las publicaciones podían recibir el mismo tratamiento constitucional. Por un lado, reconoció que las opiniones y cuestionamientos relacionados con la gestión de la administración municipal estaban protegidos por la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a ejercer control sobre los asuntos públicos. Sin embargo, concluyó que los mensajes dirigidos a presuntamente sexualizar, cosificar y desacreditar a la mujer por razones asociadas a su género superaban los límites de esas garantías.

¿Por qué la Corte Constitucional consideró que hubo violencia de género digital?

Uno de los aspectos centrales de la sentencia fue establecer la diferencia entre las críticas relacionadas con el desempeño público de una persona y los ataques que utilizan estereotipos de género para afectar su imagen y participación en la sociedad.

“Debido a su visibilidad pública como gestora social, las críticas sobre asuntos de interés general estaban amparadas por la libertad de expresión y la participación política. Sin embargo, la Sala concluyó que otras publicaciones constituyeron violencia de género digital porque sexualizaban, cosificaban, instrumentalizaban, minimizaban, desacreditaban o descalificaban a la accionante con fundamento en estereotipos de género”, explicó la Corte.

En el caso estudiado, la Corte encontró que algunas publicaciones se concentraban en la apariencia física de la gestora social, en supuestas cirugías estéticas y en comentarios de naturaleza sexual. También identificó expresiones relacionadas con el papel que debería cumplir una mujer en la sociedad, vinculándolo con actividades domésticas y labores de cuidado. “Se determinó que estos contenidos desplazaron el debate sobre la labor de la mujer y convirtieron su cuerpo y sus características personales en objeto de ataques”, agregó la sentencia. La sentencia también señaló que la violencia de género puede presentarse mediante publicaciones que, examinadas de manera individual, no necesariamente contienen expresiones explícitas de agresión. Por esta razón, los jueces deben revisar el contexto, la reiteración de los mensajes y los estereotipos que pueden estar detrás de ellos.

Los ataques digitales pueden limitar la participación de las mujeres en espacios públicos

Otro de los puntos abordados en la Sentencia T-348 de 2026 fue el efecto que puede tener la violencia digital sobre las mujeres que participan en escenarios políticos, sociales o profesionales. La Sala determinó que “la aludida conducta adquiere una dimensión adicional cuando pretende afectar a una mujer que ejerce su libertad de expresión, participa en asuntos de interés público o desarrolla una actividad profesional visible, pues en tales casos el ataque puede tener como efecto no solo menoscabar sus derechos individuales, sino también limitar su presencia, reconocimiento y capacidad de intervención y representatividad. Además, configura expresiones que generan escenarios de participación pública inseguros para las mujeres”.

Después de revisar las pruebas y establecer que se habían presentado actos de violencia de género digital, la Corte decidió revocar la sentencia de segunda instancia, que había negado la tutela, y conceder la protección solicitada por Stephany Dayana Ortiz Tafur, “a una vida libre de violencias, a la igualdad y no discriminación, a la imagen, a la integridad, a la dignidad humana y a la intimidad personal y familiar”.

Como parte de las medidas, el ente ordenó a Cristian Camilo Paredes Forero retirar de sus cuentas de Facebook las publicaciones identificadas en el expediente como actos de violencia de género digital. La instrucción también incluye la eliminación de otros contenidos que tengan características similares y en los que se haga referencia a la accionante de manera sexualizada, estereotipada o degradante.

Adicionalmente, el creador de contenido deberá abstenerse de realizar nuevas publicaciones que la instrumentalicen, sexualicen, desacrediten o degraden mediante estereotipos de género. La Corte también dispuso que el accionado publique disculpas dirigidas a la gestora social en sus dos cuentas de Facebook, medida que deberá cumplirse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia.

Por último, otra de las obligaciones consiste en que participe y complete una capacitación sobre igualdad de género y violencia contra las mujeres en espacios digitales. A esto se suma la obligación de que publique y difunda dicha sentencia en sus cuentas de Facebook.

(Le puede interesar: “Sarabia le clonó el celular a Petro”: explosiva revelación sobre secretos del expresidente)

Sandoval explicó que el juez consideró que Rodríguez presentó esas acusaciones como hechos ciertos sin contar con elementos que les dieran respaldo. “Angie Rodríguez sobrepasó el límite de las opiniones políticas al hacer acusaciones muy graves sin ningún sustento, y el juzgado respalda nuestra postura”, afirmó la abogada.

La representante jurídica de Sarabia precisó que las dos afirmaciones objeto de la decisión judicial están relacionadas, por una parte, con la supuesta organización de encuentros sexuales para el presidente y, por otra, con la presunta tenencia de videos íntimos o información privada de Petro que habría utilizado para chantajearlo y mantenerse u obtener cargos públicos

¿Qué deberá hacer Angie Rodríguez para rectificarse?

De acuerdo con Sandoval, el fallo de tutela establece los términos concretos en los que Angie Rodríguez deberá retractarse públicamente. La decisión incluye dos párrafos redactados por el juzgado, en los que se precisa el contenido de la rectificación que deberá realizar.

(Lea también: Llaman a declarar a Sarabia y Angie Rodríguez por supuestos contratos a cambio de favores de Petro)

La abogada indicó que Rodríguez tendrá que publicar la retractación en sus redes sociales, habilitar un enlace para descargar el documento y firmar una carta en la que reconozca que no le constan los hechos ni cuenta con fundamento suficiente para haber realizado esas afirmaciones.

Además, explicó que el juzgado solicitó de oficio a los medios de comunicación que difundieron los señalamientos que publiquen el video de rectificación una vez esté disponible. Esta medida busca que la retractación tenga un alcance similar al de las acusaciones que dieron origen a la acción judicial.

Denuncia contra Angie Rodríguez y posibles consecuencias por desacato

Durante la entrevista, Sandoval confirmó que Laura Sarabia ya presentó una denuncia ante la Fiscalía por estos mismos hechos. Según explicó, la decisión de tutela representa un respaldo a la posición que sostendrán ante las autoridades penales, aunque aseguró que están dispuestos a controvertir cualquier elemento probatorio que pueda aparecer.

“Lo cierto es que esas afirmaciones las hizo sin ningún sustento. Incluso, en la respuesta que le dio al juzgado, dice que escuchó esos hechos de terceros, pero el juzgado es muy preciso en advertir que eso es incorrecto”, señaló la abogada.

Sobre los pasos que siguen en el proceso, Sandoval explicó que Angie Rodríguez tendría un plazo de tres días para impugnar la decisión. Si no presenta ese recurso o si un juez de segunda instancia confirma el fallo, deberá cumplir con la rectificación en los términos establecidos.

La jurista también advirtió que un eventual incumplimiento podría dar lugar a un incidente de desacato. “Puede existir una orden de arresto, pero eso ya lo veremos más adelante”, manifestó, al explicar las posibles consecuencias de no acatar la orden judicial.

Laura Sarabia prepara pruebas para entregar a la Fiscalía

Otro de los puntos abordados por la abogada tiene que ver con las pruebas que prepara la defensa para controvertir los señalamientos sobre el supuesto acceso de Laura Sarabia a información privada del presidente Gustavo Petro.

Sandoval aseguró que ya comenzaron a recopilar evidencias digitales que próximamente serán entregadas a la Fiscalía. Según indicó, ese material demostraría que la exfuncionaria nunca tuvo acceso a computadores, correos electrónicos, celulares ni otros dispositivos del entonces mandatario.

“Laura nunca tuvo acceso a videos, fotos ni información privada del presidente Gustavo Petro”, sostuvo la apoderada, quien manifestó que tiene tranquilidad frente a la defensa jurídica de su representada y confía en que los elementos recopilados respaldarán su versión.

Asimismo, se refirió a los cuestionamientos relacionados con las hojas de vida y aseguró que Sarabia no tuvo conocimiento de esos documentos. Según explicó, para el momento de los hechos a los que se hace referencia, su representada ya no estaba en el Dapre ni en la jefatura, por lo que no hacía parte del círculo central del Gobierno.

Abogada defiende el buen nombre y la honra de Laura Sarabia

Sandoval también insistió en que la acción de tutela busca proteger los derechos fundamentales de Laura Sarabia, especialmente su buen nombre y su honra. Reconoció que su representada ha sido objeto de cuestionamientos públicos por su paso por el Gobierno, pero advirtió que eso no significa que haya perdido sus garantías constitucionales.

“Un funcionario público, así haya sido funcionario público y así haya sido cuestionado, no quiere decir que no tenga derecho al buen nombre, a la presunción de inocencia ni a la honra”, expresó.

Finalmente, la abogada defendió que la discusión pública y las opiniones políticas tienen un lugar legítimo en los medios de comunicación, pero señaló que deben existir límites cuando se presentan acusaciones graves sin respaldo.

Frente a los demás señalamientos que han circulado sobre la exfuncionaria, Sandoval aseguró que no existe siquiera un indicio que permita vincularla con esos hechos y retó a quienes tengan pruebas a presentarlas ante la Fiscalía. “Si tienen alguna prueba o algún indicio de que ella participó o supo de alguna de estas cosas, que lo presenten ante la Fiscalía. Nosotros allá nos defendemos también con todo el gusto”, concluyó.

(Vea también: Caracol Televisión se pronunció por amenazas contra sus instalaciones y envió mensaje a otros medios)

Dicha representación diplomática rechazó las intimidaciones y manifestó su respaldo a los periodistas y trabajadores afectados, en medio de las alertas que involucraron a Caracol Televisión, Caracol Radio y RCN.

A través de un mensaje público, la sede diplomática expresó su rechazo categórico a cualquier amenaza de violencia contra empresas periodísticas y reiteró que la libertad de prensa y de expresión son principios fundamentales para el funcionamiento de una democracia.

“Estados Unidos reafirma su apoyo a la libertad de prensa y a la libertad de expresión —un pilar democrático fundamental que une a nuestras naciones”, señaló la Embajada, que también expresó su solidaridad con quienes resultaron afectados por las intimidaciones.

El pronunciamiento se conoció después de que varias empresas de comunicación recibieran advertencias sobre posibles ataques contra sus instalaciones en Bogotá. La situación llevó a activar protocolos de seguridad y a evacuar preventivamente la sede de Caracol Televisión y las instalaciones de Caracol Radio.

La Embajada de EE. UU. rechaza categóricamente las amenazas de violencia contra medios de comunicación ocurridas el pasado fin de semana, y expresa su solidaridad con los periodistas y trabajadores de los medios afectados.
 
Estados Unidos reafirma su apoyo a la libertad de prensa y a la libertad de expresión —un pilar democrático fundamental que une a nuestras naciones.
 
Los ciudadanos de nuestro hemisferio merecen vivir sin miedo. Las organizaciones terroristas solo traen violencia, extorsión y destrucción.

— US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) November 10, 2026

¿Qué pasó con las amenazas contra Caracol Televisión, Caracol Radio y RCN?

Las alertas se conocieron durante la noche del sábado 7 de noviembre, cuando Caracol Televisión recibió información de las autoridades sobre un posible atentado contra sus instalaciones. Ante el riesgo advertido, se recomendó evacuar el edificio ubicado en el barrio La Floresta, en Bogotá, mientras se adelantaban las verificaciones de seguridad.

Horas después, Caracol Radio informó que también había recibido una advertencia sobre posibles ataques contra su sede y otros medios de comunicación. RCN igualmente apareció mencionado entre los posibles objetivos de las amenazas.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades y las alertas de inteligencia mencionadas posteriormente por el presidente Abelardo de la Espriella, el posible plan estaría relacionado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El mandatario ordenó reforzar la protección de Caracol Televisión, RCN y la revista Semana, así como la seguridad de sus periodistas, trabajadores y familias.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, tras las revisiones realizadas en las instalaciones de Caracol Televisión, no encontró explosivos en el lugar. Sin embargo, las advertencias motivaron que se mantuvieran las medidas preventivas mientras avanzaban las actuaciones correspondientes.

Estados Unidos rechazó la violencia contra los medios de comunicación

En su mensaje, la Embajada también hizo referencia al impacto que tienen las organizaciones terroristas en la seguridad de los ciudadanos y en la estabilidad de los países.

“Los ciudadanos de nuestro hemisferio merecen vivir sin miedo. Las organizaciones terroristas solo traen violencia, extorsión y destrucción”, manifestó la representación diplomática.

Con este pronunciamiento, Estados Unidos se sumó a las voces nacionales e internacionales que han rechazado las intimidaciones contra los medios colombianos y han pedido garantías para que periodistas y demás trabajadores puedan ejercer sus labores sin amenazas.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia también expresaron su preocupación por lo ocurrido y solicitaron que se investigue el origen de las advertencias y se garantice la protección de las personas involucradas.

En ese crucial momento, varios vehículos que circulaban por la transitada avenida habrían detenido su marcha para darle paso al adulto mayor. Sin embargo, y según lo que se ha divulgado, el conductor de una moto Suzuki —un joven de alrededor de 28 años— no habría hecho lo propio. Fue así como el motociclista, al no frenar, terminó arrollando a Camilo López Barón, causándole lesiones de gravedad.

La situación se tornó crítica tras el impacto. El adulto mayor fue auxiliado rápidamente y llevado inicialmente a la USI (Unidad de Salud Integral) de El Jordán. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser remitido a la clínica Asotrauma, donde luchó por su vida durante varias horas. Finalmente, según lo reportado, falleció hacia las 11:00 de la noche.

La motocicleta involucrada en los hechos fue identificada con las placas JPR 95G. Tras el accidente, la familia de Camilo López Barón buscó establecer comunicación con el motociclista para adelantar los trámites y procedimientos asociados al caso. Según su testimonio, recibieron un número telefónico, pero no obtuvieron respuesta hasta el momento.

La comunidad del barrio Jordán siente profundamente la partida de Camilo López Barón, un sastre cuya labor y amabilidad dejaron huella entre sus vecinos. Su muerte resalta lo vulnerable que puede ser una salida cotidiana cuando no se observa el debido cuidado en las vías, y expone la importancia de la prudencia tanto para peatones como para conductores.

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¿Cómo fue el accidente en el que murió el sastre Camilo López Barón en Ibagué?

El accidente se produjo cuando Camilo López Barón intentaba cruzar la avenida Guabinal tras comprar pan. Aunque algunos conductores detuvieron sus vehículos para cederle el paso, el motociclista de una Suzuki continuó su recorrido y lo atropelló. Posteriormente, López Barón fue trasladado a centros médicos, pero falleció a causa de la gravedad de sus heridas.

¿Cuál era la labor de Camilo López Barón y por qué era reconocido en Ibagué?

Camilo López Barón era un sastre reconocido y muy apreciado en el barrio Jordán, donde tenía su propio negocio. Su trabajo y cortesía lo hicieron una figura querida en la comunidad, lo que hace que su pérdida sea aún más sentida por sus vecinos y clientes.

La revisión fue liderada por el magistrado Héctor Carvajal, con el apoyo de sus colegas Jorge Enrique Ibáñez y Miguel Polo, y se centró específicamente en la sentencia SU-020 de 2022. Con esa sentencia, la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional respecto a las garantías de seguridad para quienes firmaron el Acuerdo Final de Paz y se encuentran en proceso de reincorporación. Tras una evaluación exhaustiva, los magistrados concluyeron que, a pesar de las reiteradas advertencias y órdenes impartidas previamente al Ejecutivo, sigue existiendo, en sus palabras, una “violación masiva y sistemática” de los derechos fundamentales de esta población.

El alto tribunal señaló que las medidas tomadas por el Estado resultan esencialmente formales, careciendo de la eficacia necesaria para garantizar el funcionamiento adecuado de las instancias e instituciones encargadas de velar por el cumplimiento del Acuerdo de Paz y la protección de los excombatientes. Por tal motivo, la Corte recordó explícitamente al presidente De la Espriella que los compromisos en materia de paz deben observarse en su totalidad, sin que la ideología política del gobernante pueda ser una excusa para limitar su alcance o incidencia. Además, dictó órdenes concretas orientadas a asegurar el funcionamiento continuo y efectivo de las entidades responsables de proteger a la población en proceso de reincorporación.

En este sentido, la postura de la Corte Constitucional refuerza la exigencia de que los deberes estatales se cumplan de manera real y no solo formal, y exige acciones eficaces para garantizar la seguridad y los derechos de quienes apostaron por la paz y dejaron las armas.

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¿Qué dijo la Corte Constitucional sobre el incumplimiento de los acuerdos de paz con excombatientes?

La Corte Constitucional afirmó que el incumplimiento de las obligaciones de protección y garantías para los excombatientes de las extintas Farc es sistemático y persiste desde hace años. Además, resaltó que, bajo el actual gobierno de Abelardo de la Espriella, la problemática ha aumentado por decisiones oficiales que han limitado los avances en el cumplimiento de los acuerdos, manteniéndose una “violación masiva y sistemática” de derechos.

¿Qué es un Estado de Cosas Inconstitucional y por qué la Corte lo declaró en este caso?

Un Estado de Cosas Inconstitucional es una figura jurídica que declara la existencia de una vulneración sistemática y masiva de derechos fundamentales que el Estado no ha solucionado a pesar de diagnósticos y órdenes previas. En este caso, la Corte Constitucional lo declaró respecto al componente de garantías de seguridad de los excombatientes en proceso de reincorporación, debido a que las acciones estatales han sido insuficientes para proteger sus derechos.

En su exposición, Gaona sostuvo que el Gobierno nacional y una gran parte de la ciudadanía no son contrarios a la paz, pero sí se oponen a la impunidad. Añadió también que existen "falsas narrativas" sobre los supuestos beneficios del acuerdo, argumentando que no representa un modelo aplicable ni siquiera para Colombia, dadas las cifras de violencia y victimización posteriores a la firma. La sesión coincidió con la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU, dirigida por Miroslav Jenca, y con una modificación solicitada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que dejó fuera las funciones de verificación de la Reforma Rural Integral.

Los académicos señalan omisiones en la evaluación de Gaona respecto a excombatientes y reincidencias, así como en la comparación con acuerdos anteriores, como el realizado con el M-19 en 1990. Además, enfatizan que una valoración justa debe considerar tanto limitaciones como logros. Subrayan la responsabilidad del Estado en la reparación a las víctimas, más allá de la proveniencia de los victimarios, y advierten sobre la complejidad y lentitud de los procesos de reparación y administración de bienes incautados a las Farc.

En cuanto a los datos de violencia presentados por el embajador, los firmantes solicitan claridad, señalando que no todas las masacres, asesinatos y secuestros posteriores al acuerdo pueden vincularse al conflicto armado. Uno de los temas centrales es la Justicia Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de justicia restaurativa innovador dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuya función va más allá de resultados “punitivos” y ha logrado avances significativos en reconocimiento de responsabilidades y búsqueda de personas desaparecidas.

Finalmente, los investigadores sostienen que varias deficiencias señaladas por Gaona reflejan dificultades previas y problemas en la implementación del acuerdo, documentados tanto por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz como por la Procuraduría. Invitan a sostener un debate público fundamentado en evidencia y reconocimiento equilibrado de logros y limitaciones, sin renunciar a la crítica, pero evitando representaciones parciales del proceso de paz colombiano.

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¿Qué logros y limitaciones ha tenido la JEP desde la firma del Acuerdo de Paz?

De acuerdo con los académicos, la Justicia Especial para la Paz (JEP) ha permitido avances importantes como el reconocimiento de responsabilidad de integrantes de la Fuerza Pública en casos de ejecuciones extrajudiciales y la resolución de miles de expedientes archivados o sin resolver en la justicia ordinaria. A pesar de estos logros, los investigadores reconocen que el modelo tiene imperfecciones, dada la magnitud de las victimizaciones, y requiere evaluación crítica constante.

¿Cuál es el papel del Estado en la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia?

Según la carta citada por El Espectador, la reparación a las víctimas es una obligación del Estado, independientemente de quién haya perpetrado los crímenes. Los investigadores señalan que la reparación integral implica procesos largos y complejos, especialmente en la administración de bienes relacionados con el conflicto, y que esta deuda histórica ha sido reconocida por la Corte Constitucional en sentencias recientes.

La respuesta de Petro incluyó un cuestionamiento sobre la antigüedad del video. El presidente hizo énfasis en la falta de audio en los materiales divulgados y llamó la atención para que se esclarezca la fecha exacta en la que estos fueron grabados, sugiriendo que ese dato podría modificar la percepción pública sobre el caso. En sus palabras: "Algún verdadero periodista debería preguntar, de acuerdo a lo que observa: y ¿esos vídeos sin voz de qué año son?". Asimismo, afirmó que conocer ese detalle podría desmoronar "toda una narrativa mentirosa de la prensa que ya lleva dos semanas, y hasta todo un proceso judicial". Finalmente, cerró planteando interrogantes sobre su límite de tolerancia ante la situación: "¿Hasta cuándo aguantaré?".

Todo esto salió a la luz después de que la periodista Darcy Quinn presentara la grabación en la que, según se observa, Petro y Deicy Jiménez entablan una videollamada. En el material, se escuchan frases como "Estás linda" y "Párate". Al terminar la comunicación, se lee el mensaje: "Chévere. Me hacía falta verte". Este contenido no llegó aislado: se suma a otras conversaciones y acusaciones que Jiménez ha hecho públicas sobre el aparente uso de diferentes perfiles para establecer contacto con ella. Las denuncias incluyen alegatos sobre posibles negociaciones o favores sexuales a cambio de contratos estatales, asuntos que siguen bajo la lupa de las autoridades competentes.

En todo momento, la postura de Petro ha consistido en restar validez a las afirmaciones sin pruebas concretas sobre el contexto y la fecha de los vídeos, poniendo en duda la narrativa que ha circulado en los medios durante las últimas semanas.

¿De qué trata el video filtrado de Gustavo Petro y quién es Deicy Jiménez?

El video filtrado, presentado por la periodista Darcy Quinn, muestra a Gustavo Petro en una presunta videollamada con Deicy Jiménez. Durante la conversación, se observan gestos de afecto y frases dirigidas a la mujer. Jiménez ha denunciado que hubo contacto mediante diferentes perfiles y ha señalado supuestos favores sexuales a cambio de contratos estatales, hechos que están siendo revisados por las autoridades.

¿Por qué Gustavo Petro cuestiona la fecha y el contexto de los videos sin audio?

Gustavo Petro ha puesto en duda la veracidad e interpretación de los videos al destacar que no tienen audio y no se conoce la fecha exacta en la que fueron grabados. De acuerdo con su declaración, conocer cuándo se realizaron estos videos podría cambiar completamente la narrativa mediática y judicial que se ha desarrollado alrededor de las acusaciones, insistiendo en la importancia del contexto y la temporalidad para entender el caso.

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El padre de Nicolás reconstruyó minuciosamente los movimientos del carro, que había sido adquirido para que padre e hijo pudieran contribuir a los gastos familiares. Los registros muestran que el automóvil se desplazó por varias zonas de Bosa y Soacha, deteniéndose varias horas en el sector de San Mateo. Con esta información, Álvaro visitó establecimientos, buscó videos de seguridad y pidió testimonio a residentes, en una investigación sin descanso en busca de cualquier pista sobre el paradero de su hijo.

El recorrido del vehículo los llevó a diferentes barrios, como Bosa San José, Potreritos y Catalina. En este último, una mujer aseguró reconocer a un joven similar a Nicolás, aunque esa versión no ha sido confirmada ni integrada oficialmente a la investigación. Álvaro también solicitó la revisión de cámaras de videovigilancia, pero denuncia falta de acceso a la información oficial y transparencia en el análisis del material recolectado por las autoridades.

Pese a los esfuerzos, la búsqueda solo logró recuperar el automóvil, que fue hallado en Bosa San José cuando era manejado por un hombre y acompañado por una mujer, quienes hoy enfrentan procesos judiciales, de acuerdo con El Espectador. No obstante, hasta ahora, ninguno de estos procedimientos ha dado luz sobre el destino de Nicolás. El padre, inmerso en la búsqueda y afectado en lo económico y lo emocional, cuestiona la falta de acompañamiento institucional y denuncia haber sido víctima de falsas pistas y estafas ante la desesperación.

A casi un año de la desaparición, la justicia mantiene abiertos dos procesos con cuatro personas investigadas, pero la familia reclama la falta de resultados y claridad sobre los hechos. En palabras de Álvaro, el desgaste ha sido tal que su vida y la de su esposa cambiaron para siempre, pero la esperanza de encontrar a Nicolás continúa inalterable.

¿Cuál es el estado actual de la investigación sobre la desaparición de Nicolás Bernate?

Según El Espectador, actualmente existen dos procesos judiciales en curso por la desaparición de Nicolás Bernate, con cuatro personas investigadas. Dos de ellas están en juicio, proceso actualmente suspendido porque uno de los acusados se quedó sin defensor. El segundo proceso involucra a otras dos personas, pero no se han divulgado más detalles. Hasta el momento, ninguna de las indagaciones ha permitido establecer qué ocurrió con Nicolás ni su paradero.

¿Qué significa la diabetes tipo 2 y cómo afecta la búsqueda de familiares desaparecidos?

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que afecta la capacidad del cuerpo para regular el azúcar en sangre. En el caso de Álvaro Bernate, padre de Nicolás, el impacto emocional y el desgaste físico causado por la búsqueda constante han dificultado el manejo de su condición, aumentando los riesgos para su salud y generando aún más dificultades en medio de la incertidumbre.

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Por el momento, no se conocen detalles sobre el modo en que se desarrollaron los hechos ni tampoco se ha establecido cuál podría haber sido el motivo del ataque que terminó con la vida de la víctima. La información oficial indica que las investigaciones continúan y las autoridades buscan respuestas que permitan entender el contexto de esta muerte violenta en San Antonio. No se ha presentado información adicional sobre posibles antecedentes, móvil o identidad de la persona capturada, tampoco sobre la relación con la víctima o sobre si existieron amenazas previas.

La Alcaldía de San Antonio reaccionó ante el fallecimiento de Reinoso Olaya emitiendo un comunicado público en el que expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos del fallecido. En su mensaje, la administración municipal manifestó: “En estos momentos de tristeza, expresamos nuestro abrazo solidario y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, deseándoles fortaleza y serenidad para afrontar esta irreparable pérdida”. Este gesto busca ofrecer apoyo a los allegados y reconocer la gravedad de la situación que enluta al municipio.

Mientras la comunidad espera resultados de la investigación, prevalece la incertidumbre sobre las causas del hecho y se mantiene la expectativa frente a las acciones judiciales que determinarán la responsabilidad de la persona capturada. La muerte de Reinoso Olaya evidencia preocupación social y la necesidad de avanzar en el esclarecimiento del caso.

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¿Qué se sabe hasta ahora sobre la muerte de Alex Mauricio Reinoso Olaya en San Antonio?

Hasta el momento, se ha confirmado que Alex Mauricio Reinoso Olaya falleció en un acto violento y que las autoridades capturaron a una persona presuntamente implicada, quien permanece en la estación de Policía local mientras avanzan las pesquisas judiciales. No se conocen los detalles ni los motivos del incidente, por lo que la investigación continúa según reportó la Alcaldía de San Antonio.

¿Cuál es la reacción de la Alcaldía de San Antonio ante el presunto homicidio?

Luego de conocerse la muerte de Reinoso Olaya, la Alcaldía de San Antonio emitió un mensaje oficial manifestando su solidaridad y enviando condolencias a la familia, amigos y allegados de la víctima, resaltando el acompañamiento y fortaleza necesarios para afrontar esta pérdida, de acuerdo con lo expresado públicamente.

El caso, que se remonta a noviembre de 2024, es caracterizado por una compleja trama, donde la víctima habría sido objeto de represalias tras una supuesta conducta sexual en redes sociales con la hija de Katherine Sotelo Torres, quien fue la que realizó las acusaciones en un principio. En el desarrollo judicial, la Fiscalía detalló que la víctima fue sometida a castigos físicos y psicológicos. De acuerdo con la investigación citada por El Espectador, Juan Felipe Rincón sufrió lesiones contundentes y quemaduras en cabeza, espalda y extremidades, así como hemorragia subaracnoidea, una forma de sangrado en la parte exterior del cerebro, y numerosos hematomas. A pesar de la gravedad del ataque, todavía no se ha identificado a la persona que efectuó el disparo que acabó con la vida del joven.

Al inicio de la investigación, la atención se centró en Camilo Sotelo, señalado inicialmente como el presunto autor del homicidio; sin embargo, el proceso no logró demostrar que él hubiera disparado el arma, pues se estableció que la pistola que tenía era 'hechiza', es decir, artesanal, y se desarmó en medio de los hechos violentos. Paralelo a este proceso, la Fiscalía siguió otra línea de investigación en la que sostiene que la víctima fue contactada a través de perfiles falsos en redes sociales y llevada bajo engaños al lugar de los hechos usando a una adolescente, bajo el supuesto de robarle el celular. Fue allí donde habría sido interceptado y agredido por varias personas.

Por su parte, la defensa ha argumentado que las imputaciones son desproporcionadas, en especial la de tortura y uso de menores, señalando que, según las pruebas, la adolescente habría participado de manera voluntaria y que las conductas atribuidas a sus defendidos no necesariamente encajan en los tipos penales imputados. En los próximos días, la Fiscalía y la defensa presentarán sus pruebas y será el juez quien determine cuáles serán admitidas en la audiencia preparatoria.

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¿Cuáles son los delitos imputados en el caso Juan Felipe Rincón?

De acuerdo con la información de El Espectador, la Fiscalía imputó a los procesados cargos por tortura, uso de menores para la comisión de delitos, alteración y ocultamiento de elementos probatorios y soborno a testigos dentro de la actuación penal. Estos delitos involucran desde conductas de violencia física y psicológica, hasta posibles intentos de manipular la investigación y el uso de menores en la ejecución de los hechos.

¿Qué significa hemorragia subaracnoidea en contextos judiciales?

La hemorragia subaracnoidea se refiere a un sangrado que ocurre en el espacio entre el cerebro y el tejido que lo recubre, llamado espacio subaracnoideo. En contextos judiciales como el caso de Juan Felipe Rincón, esta lesión es relevante porque evidencia un nivel severo de violencia durante la agresión, lo que puede influir en la calificación jurídica de los hechos y en las responsabilidades penales.

Benavides enfatizó el compromiso de la entidad con el manejo transparente de los recursos públicos. En un video divulgado por los canales oficiales del ministerio, subrayó la importancia de que los fondos destinados a la ciencia y la tecnología beneficien a la comunidad científica y a los jóvenes, además de contribuir con soluciones a los problemas del país. "Cada peso merece cuidado… No vamos a permitir que se engañe al país para acceder a esos contratos. Y cuando encontremos irregularidades vamos a actuar y a denunciarlas", manifestó la ministra.

Esta denuncia puntual sobre la falsificación de documentos no está aislada. Se suma a una serie de irregularidades señaladas recientemente por la actual ministra. A principios de mes, Benavides reveló otros hechos relacionados con el funcionamiento interno de la entidad durante el gobierno anterior, como la existencia de 32.300 almuerzos proporcionados sin ningún registro de sus destinatarios y precios notoriamente elevados que carecían de justificación. De acuerdo con lo declarado por la funcionaria, estos y otros hallazgos corresponden al período comprendido entre noviembre de 2024 y julio de 2026 y comprometen recursos que superan los COP 9.800 millones.

El Ministerio detalló que, en el marco de estas anomalías, se identificaron inconsistencias en los soportes presentados para justificar la ejecución de actividades y servicios, así como pagos de eventos supuestamente organizados para miles de personas, sin evidencia tangible de que realmente se hubieran realizado o que existiera la infraestructura adecuada para ello. Todos estos informes fueron remitidos ya a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía para que revisen la existencia de posibles responsables en el manejo de los recursos observados.

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¿Qué consecuencias puede tener la falsificación de títulos académicos en entidades públicas?

La falsificación de títulos académicos podría derivar en consecuencias penales y administrativas para quienes presentan documentación fraudulenta al momento de ser contratados, así como comprometer la transparencia y la confianza en la gestión de la entidad, según lo señalado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

¿Cómo están actuando las autoridades frente a irregularidades en el Ministerio de Ciencia?

Según lo informado por la ministra Claudia Benavides Salazar, los hallazgos de presuntas irregularidades ya se pusieron en conocimiento de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, entidades encargadas de determinar la existencia de responsabilidades y, en su caso, sancionar a los implicados conforme a la ley.

Según lo documentado por la JEP, los crímenes de lesa humanidad y de guerra incluyen violaciones, esclavitud sexual, persecución, asesinatos y tortura —tipificados como crímenes que no pueden recibir amnistía judicial por su gravedad—. El organismo identificó a los imputados como responsables de estructuras como el Bloque Sur, Bloque Oriental, Bloque Noroccidental, Comando Conjunto Central y Comando Conjunto de Occidente. Entre ellos figuran alias “Fabián Ramírez” y “Martín Corena”, así como “Albeiro Córdoba”, “Alberto Pitufo”, “Arquímedes”, “Isaías Trujillo”, “Anderson” o “Carranza”, “Marlon”, “Donald”, “Javier Guzmán” o “Chugo” y “Ricardo el Pija”.

La decisión se apoya en testimonios de 743 víctimas, 80 informes de organizaciones civiles y versiones de 54 comparecientes. Según cifras de la JEP, 573 de las víctimas son mujeres, incluidas 18 mujeres trans, y 81 son hombres, seis de ellos hombres trans. Además, 272 personas eran menores de edad al momento de los hechos.

El trabajo de la Sala permitió establecer que estos delitos no fueron aislados, sino que respondieron a patrones sistemáticos, entre los que destaca la violencia sexual cometida contra niñas, adolescentes, mujeres y personas con orientaciones o identidades de género diversas. En un caso documentado, un joven gay de 18 años relató ante la JEP haber sido agredido sexualmente en dos ocasiones bajo el pretexto de “enseñarle a ser hombre”.

Pese a que las Farc establecieron normas internas contra estas agresiones, la JEP señaló que tales disposiciones resultaron ineficaces frente a los casos ocurridos. La entidad subrayó también que la mayoría de los victimarios materiales de estos delitos murieron en el conflicto, pero los superiores conservan responsabilidad por acción u omisión.

En el ámbito judicial, la JEP advirtió que el 91 % de los 2.222 procesos ordinarios nacionales por violencia sexual y de género atribuidos a las Farc no llegaron a juicio, y el 78 % no superó las etapas preliminares. Ninguno de los imputados había estado en prisión por estos hechos. Ahora, los excomandantes tienen 20 días hábiles para reconocer o rechazar los cargos; si admiten responsabilidad y aportan a la verdad, podrían recibir sanciones restaurativas —como restricciones de libertad, pero no prisión—, de lo contrario enfrentarán un juicio ordinario con posibles penas de hasta 20 años.

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¿Cuáles son los crímenes de lesa humanidad y de guerra que la JEP imputa a excomandantes de las Farc?

La JEP les atribuye a los excomandantes de las Farc crímenes de guerra como violaciones, violencia sexual, esclavitud sexual, homicidio, tortura, tratos crueles y desplazamiento de civiles, así como crímenes de lesa humanidad incluyendo persecución, asesinato, tortura y deportación forzada, de acuerdo con lo documentado por el tribunal en el Subcaso 01 del Caso 11.

¿Por qué estos crímenes no pueden ser perdonados judicialmente según la JEP?

La JEP indicó que los crímenes imputados —como violación, violencia sexual, esclavitud sexual, persecución y asesinato— tienen tal gravedad y naturaleza que, según normas nacionales e internacionales, no pueden recibir amnistía ni perdón judicial, por lo que los responsables deben ser investigados, juzgados y sancionados.

“Me gusta. Ahora los besos se criminalizan, pero son fundamentales, nunca hay que dejar de darlos”, escribió Petro en respuesta al corte del video. El jefe de Estado agregó que los besos deben darse a quien los merezca y los acepte, o incluso a todo el mundo en general. Cerró esa parte de su mensaje con una expresión: “Besos a la humanidad y a la vida”.

Sin embargo, la reacción del mandatario no se limitó a la escena del beso. Petro también puso en duda la antigüedad de las imágenes y cuestionó que los fragmentos difundidos no tengan sonido. En ese sentido, pidió que algún periodista investigue de qué año son las grabaciones.

“¿Y esos videos sin voz de qué año son?”, preguntó el presidente, quien sostuvo que conocer la fecha podría cambiar la interpretación que se ha hecho del material audiovisual.

El nuevo material fue divulgado por la periodista Darcy Quinn, quien aseguró que la grabación está en poder de la Fiscalía y que mostraría que Petro se comunicaba con Jiménez utilizando el nombre de Andrés Maldonado Beltrán. En el video se observa una conversación de tono personal entre ambos, en la que también hay intercambios durante una videollamada. 

Me gusta.

Ahora los besos se criminalizan pero son fundamentales, nunca hay dejar de darlos, siempre que se den a quien se lo merece y que los acepte, o se den a todo el mundo en general. besos a la humanidad y a la Vida.

Algún verdadero periodista debería preguntar, de acuerdo a lo que observa: y ¿esos vídeos sin voz de que año son?

Creo que solo la fecha desplomaria toda una narrativa mentirosa de la prensa que ya lleva dos semanas, y hasta todo un proceso judicial.

¿Hasta cuándo aguantaré?

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 10, 2026

Petro insistió en que la fecha de las imágenes sería determinante para entender el contexto de lo ocurrido. “Creo que solo la fecha desplomaría toda una narrativa mentirosa de la prensa que ya lleva dos semanas, y hasta todo un proceso judicial”, manifestó.

Finalmente, el mandatario cuestionó la presión que, según él, ha enfrentado por este escándalo y cerró su publicación con una pregunta: “¿Hasta cuándo aguantaré?”.

La divulgación del video se suma a la controversia por las denuncias de Deicy Jiménez y a las investigaciones que adelanta la Fiscalía para esclarecer los hechos relacionados con las comunicaciones y los presuntos perfiles falsos.