El funcionario calificó esta acción como un “nuevo ataque terrorista” y agradeció que, a pesar de la violencia del hecho, no se registraron víctimas fatales. Según Esquivel, la rápida respuesta de la Fuerza Pública incluyó el despliegue inmediato de refuerzos del Ejército Nacional y de la Fuerza URANO. Al mismo tiempo, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) y se puso en marcha el llamado ‘plan candado’ en las principales vías del municipio para encontrar a los responsables, tal como informó Radio Guatapurí.

En la información entregada por el gobierno departamental se indicó que el ataque sería una represalia violenta de grupos armados ilegales que operan en la zona, producto de recientes acciones de la Fuerza Pública contra sus redes y fuentes ilícitas de financiación, entre ellas el hurto de hidrocarburos. Esquivel aseguró que “cada vez que hay golpes certeros contra ellos, reaccionan atacando con drones”, dejando claro que las operaciones militares y policiales en Pelaya y la región continuarán sin detenerse.

Sin embargo, este acontecimiento vuelve a poner en evidencia las falencias en protección tecnológica que presentan varias estaciones de Policía en municipios vulnerables del Cesar. Según explicó Esquivel, la estación de Pelaya no cuenta con detectores antidrones, pese a los antecedentes violentos en la zona. Detalló que, hasta el momento, solo seis equipos de aproximadamente 60 previstos han sido entregados, y estos se han asignado a puntos críticos como Río de Oro. Además, subrayó que la solución definitiva debería incluir, además de detectores, inhibidores y sistemas de neutralización especializada, reclamando mayor celeridad al Gobierno nacional para cumplir con la entrega de estos dispositivos ya que, según sus declaraciones, los plazos establecidos para tal fin ya se encuentran vencidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos policías resultaron heridos en el ataque con drones en Pelaya según las autoridades?

Según declaraciones del secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, a Radio Guatapurí, en el ataque con drones registrado en Pelaya resultaron heridos seis uniformados, dos de ellos con heridas de extrema gravedad.

¿La estación de Policía de Pelaya cuenta con tecnología antidrones frente a estos ataques?

De acuerdo con la información suministrada por Eduardo Esquivel, la estación de Policía de Pelaya no dispone de detectores antidrones. Aunque el departamento ha recibido algunos dispositivos, estos han sido asignados a otros puntos críticos, y Esquivel insistió en la necesidad de que todas las estaciones cuenten con sistemas de detección, inhibición y neutralización para mitigar estos riesgos.

(Vea también: “Inepta”: guantazo del papá del Colmenares a la Fiscalía, luego de absolución de Laura Moreno)

De acuerdo con lo revelado en el material difundido, fue precisamente ese trabajo de inteligencia comunicacional el que permitió a los investigadores atar cabos. En una de las llamadas, un hombre identificado como ‘Juanpi’ (Juan Valderrama)  pregunta con nerviosismo qué debe hacer y cómo manejar las preguntas de las autoridades. Su interlocutora le responde:

“Naturalidad. Tú y yo, pues, sobre todo, tú no tienes tampoco nada que ver. Yo tampoco, yo vi las cosas, pero yo tampoco tengo nada que ver en eso. Sabes, con naturalidad, lo que te pregunten lo respondes y ya. O sea, no le pongas tanto tiza a las cosas”.

En otro segmento, el mismo hombre admite su preocupación por lo que las autoridades pudieran saber: “Ellos saben toda la verdad, ¿cierto? Todo. Ellos saben todo. Ellos saben”.

La conversación evidencia el temor compartido entre quienes figuraban en la órbita del caso y la necesidad de coordinar sus relatos antes de ser interrogados.

Otra  llamada resulta especialmente reveladora: Carlos habla con su hermana momentos después de enterarse de la captura de Laura Moreno y la mujer le pregunta si las autoridades habrían actuado porque se enteraron de que Laura tenía planes de salir del país.

“Sí, yo creo que porque justo ahorita cuando ella se va, que en 2 días se va”, responde el interlocutor, antes de advertirle a Carlos que no salga.

Según el análisis presentado en el audio, la Fiscalía consideró que estas interceptaciones, sumadas a otras evidencias, eran suficientes para dictar órdenes de captura. El 7 de octubre de 2011, exactamente un año después de la muerte de Colmenares, Laura Moreno y Jessy Quintero fueron detenidas en Bogotá.

 

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¿Cuál fue el resultado del proceso judicial contra los implicados en el caso Colmenares?

Tras años de juicio, Laura Moreno y Jessy Quintero fueron condenadas en 2019 por el delito de omisión de socorro. Sin embargo, la condena por homicidio nunca prosperó por falta de pruebas suficientes, lo que dejó a la familia Colmenares y a gran parte de la opinión pública con la sensación de que la verdad completa jamás salió a la luz.

(Vea también: Dicen cómo es la vida de Laura Moreno y Jessy Quintero tras caso Colmenares; su abogado lo contó)

¿Qué papel jugaron las interceptaciones telefónicas en la investigación del caso Colmenares?

Las llamadas captadas por la Fiscalía fueron determinantes para relacionar a los sospechosos con los hechos y para identificar posibles intentos de coordinar versiones. Esas grabaciones se convirtieron en prueba dentro del proceso y su contenido fue presentado ante los jueces como parte del acervo probatorio que sustentó las órdenes de captura.

El punto de partida para esta propuesta es el estigma que recae sobre el liderazgo femenino. De acuerdo con datos aportados por la Fundación Corona Rosa, a menudo las mujeres que defienden derechos o representan intereses colectivos son vistas como problemáticas o demasiado insistentes, en vez de ser reconocidas como agentes que promueven el bienestar de comunidades completas. Frente a ese panorama, el proyecto incorpora una campaña orientada a rechazar la estigmatización y fomentar el reconocimiento de las lideresas. Además, prevé procesos formativos en liderazgo, prevención de violencias, autocuidado, cultura de paz, diálogo social y concertación comunitaria.

Nimia Rosa Vega Murgas, directora ejecutiva de la Fundación Corona Rosa, explicó que se trata de ir más allá de los encuentros y reuniones. “La confianza no se construye únicamente abriendo espacios de reunión. Se construye cuando las personas se sienten escuchadas, cuando existe respeto y cuando los compromisos se convierten en acciones. Queremos que las lideresas encuentren instituciones dispuestas a dialogar y que las instituciones reconozcan en ellas a mujeres capaces de construir soluciones”, manifestó Vega Murgas.

El programa pretende también establecer espacios de intercambio entre las lideresas, las organizaciones comunitarias y los representantes institucionales, para escuchar, identificar necesidades y edificar acuerdos colectivos. Aunque hay 40 participantes directas, se calcula que la propuesta impactará de manera indirecta a unas 220 personas, incluyendo jóvenes, familias y miembros de las comunidades involucradas. Entre las acciones previstas se encuentran mesas de diálogo con actores institucionales, actividades pedagógicas para visibilizar los aportes de las lideresas y la construcción de acuerdos comunitarios para fortalecer la convivencia pacífica.

Al consolidar redes comunitarias de mujeres, la Fundación Corona Rosa y el Ministerio del Interior buscan no solo reconocimiento, sino también condiciones reales para una participación activa en la construcción de paz territorial. Como concluyó Vega Murgas, “una lideresa no debería tener que guardar silencio para ser respetada”.

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¿Qué es el programa ‘Tejemos Confianza y Vida’ y a quién beneficia?

El programa ‘Tejemos Confianza y Vida: Redes de Mujeres para la Seguridad Pacífica y la Paz Territorial’ es una iniciativa impulsada por la Fundación Corona Rosa junto con el Ministerio del Interior. Busca fortalecer el liderazgo femenino mediante formación, diálogo y reconocimiento público, priorizando a 40 mujeres lideresas y de base comunitaria, con un impacto proyectado de 220 personas entre familiares y miembros de sus comunidades.

¿Cuáles son las acciones para combatir la estigmatización de las mujeres lideresas?

El programa contempla una campaña de desestigmatización, procesos formativos en liderazgo, prevención de violencias, autocuidado, cultura de paz y diálogo social. Además, prevé mesas de diálogo con actores institucionales y actividades pedagógicas que visibilicen el aporte de las lideresas, en busca de acuerdos participativos que reconozcan su papel en la convivencia y la construcción de paz.

El origen del colapso presupuestal se centra en una inconsistencia detectada en el trámite del artículo 65 del proyecto. Según se estableció, una proposición modificatoria de dicho apartado fue incorporada al texto final como si contara con el aval de la Plenaria del Senado, pese a que nunca fue sometida a votación en esa corporación. Dado que la Cámara de Representantes había aprobado una versión divergente, el ordenamiento jurídico exigía adelantar un proceso de conciliación para unificar los textos antes de que venciera el plazo legal, procedimiento que se omitió por completo, según informó Semana.

Ante este panorama, las reacciones de los congresistas no se hicieron esperar, apuntando responsabilidades tanto al equipo jurídico del Ministerio de Hacienda como a la falta de rigurosidad de los ponentes. El representante liberal Octavio Cardona cuestionó severamente la labor jurídica gubernamental al señalar: “¿Dónde queda la responsabilidad de los abogados del MinHacienda? Se pierde el trabajo de Cámara y del Senado por falta de cuidado y rigor de funcionarios del Gobierno”.

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa recriminó el manejo del trámite legislativo y advirtió sobre las deficiencias en el seguimiento de una iniciativa tan sensible para las finanzas estatales: “Es insólito lo sucedido con una ley importante como lo es PGN”, afirmó, añadiendo que el episodio evidencia fallas procedimentales graves, como el intento de otorgar competencias al Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante una ley temporal sin naturaleza orgánica, lo que resumió lapidariamente con la frase “todo mal”.

En la misma línea intervino el senador del partido de la U, Antonio Correa, quien criticó el afán gobiernista por entregar resultados apresurados: “Le dije al Gobierno, escuchen, debatamos, concertemos! Por correr a entregarle una victoria al gobernante, como si fuésemos un apéndice del Ejecutivo. Hicieron las cosas mal de fondo y de forma. El país necesita una reforma política seria donde los elegidos por el pueblo le cumplan al pueblo y no al del lapicero”.

Con este escenario de nulidad procedimental, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se enfrenta a la compleja tarea de expedir el presupuesto mediante decreto, replicando los montos aprobados en las comisiones económicas conjuntas o ajustándose a los márgenes legales permitidos. La crisis no solo sepulta semanas de intenso debate parlamentario, sino que reabre el debate nacional sobre la necesidad de blindar los controles jurídicos en el Congreso para evitar que errores de trámite pongan en jaque la gobernabilidad fiscal del país.

El contundente pronunciamiento de Rodríguez se produjo apenas un día después de que la Procuraduría General de la Nación abriera formalmente una investigación disciplinaria en su contra y en contra del exministro del Interior, Armando Benedetti. La actuación del Ministerio Público, asumida por la delegada Patricia Carrillo tras la publicación de reportes periodísticos, busca esclarecer si los dos exaltos funcionarios utilizaron la cumbre efectuada en octubre de 2025 en Valledupar con excomandantes de las AUC —como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40’) y Carlos Mario Jiménez (‘Macaco’)— para presionar falsos testimonios que salpicaran a figuras de la oposición, entre ellos Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y el hoy presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

Lejos de intimidarse o matizar el alcance de sus versiones ante el expediente disciplinario en curso, Rodríguez ratificó la veracidad de lo dicho a las autoridades judiciales y al periodismo de investigación. En el comunicado difundido por Caracol Radio, la exdirectora del Dapre defendió su postura de destapar las presuntas irregularidades que atestiguó desde las altas esferas del Ejecutivo, manifestando categóricamente: “No me retracto de ninguna de las denuncias ni declaraciones que he realizado públicamente”.

En el mismo documento, la exgerente del Fondo de Adaptación reveló detalles estremecedores sobre el ambiente de coacción e intimidación en el que se vio envuelta antes de hacer públicas sus denuncias. Según su testimonio, el propio exmandatario la amenazaba constantemente advirtiéndole que “nadie le creería” y sugiriéndole que se encontraba bajo estricta vigilancia. La exfuncionaria relató además haber sido víctima de advertencias sobre un supuesto “plan B”, amenazas de encarcelamiento y presiones psicológicas continuas orientadas a doblegar su voluntad e impedir que la verdad sobre las reuniones en la capital del Cesar saliera a la luz.

Finalmente, Rodríguez vinculó las recientes actuaciones e investigaciones disciplinarias a una estrategia orquestada para desacreditar su testimonio y restar validez a sus aportes a la justicia. “Yo viví lo que considero trampas e intentos de desprestigiarme, pero no me arrepiento de haber denunciado”, sentenció la exdirectora, reiterando que deja la resolución de estos graves hechos en manos de los organismos de control y las autoridades competentes, mientras adopta medidas extremas de autocuidado para salvaguardar su vida y la de su círculo familiar más cercano.

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La acción judicial contempla presuntas conductas de peculado, concierto para delinquir, injuria y calumnia agravadas, además de una posible violación de datos personales. Los hechos deberán ser examinados por las autoridades, pues la presentación de una denuncia no significa que los delitos mencionados estén demostrados.

El anuncio se conoce en medio del enfrentamiento público entre Petro y Rodríguez, quien ha hecho declaraciones sobre supuestas irregularidades durante el Gobierno y sobre la relación del mandatario con otras personas de su entorno.

Los señalamientos de Angie Rodríguez contra Gustavo Petro

Uno de los episodios más recientes de la controversia se relaciona con las afirmaciones de Rodríguez sobre Laura Sarabia, exdirectora del Dapre, excanciller y exembajadora de Colombia en el Reino Unido. La exfuncionaria aseguró que Sarabia habría chantajeado a Petro para conseguir el nombramiento diplomático y sostuvo que tendría fotografías y videos relacionados con la vida privada del entonces mandatario.

Rodríguez afirmó que vio ese material en un computador y aseguró que Sarabia tenía información con la que, según su versión, podía presionar al expresidente. También sostuvo que la exfuncionaria habría concentrado poder dentro del Gobierno hasta el punto de controlar el acceso al mandatario. Según su relato, los ministros tenían dificultades para comunicarse directamente con Petro y Sarabia actuaba como intermediaria en asuntos de alto nivel.

La exdirectora del Dapre también señaló a Verónica Alcocer, exprimera dama, al afirmar que habría tenido cercanía con Sarabia en decisiones relacionadas con nombramientos y contratación. Además, sostuvo que ambas habrían intervenido para apartar a Armando Benedetti del círculo presidencial porque lo consideraban una amenaza. Estas afirmaciones hacen parte de la versión de Rodríguez y requieren verificación por parte de las autoridades.

Otro de los asuntos que puso sobre la mesa está relacionado con las intervenciones a las EPS. Rodríguez aseguró que, cuando trabajaba como asesora del entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, conoció situaciones en las que, según ella, las instrucciones sobre la Superintendencia Nacional de Salud y los interventores provenían de la Casa de Nariño. En ese contexto, mencionó a Sarabia y al exsuperintendente Luis Carlos Leal, y pidió que se esclareciera quién impartía las órdenes y cómo se tomaban esas decisiones.

Frente a las acusaciones relacionadas con Sarabia, Petro anunció que acudiría a la justicia y negó que hubiera existido un crimen entre ambos. Sarabia, por su parte, pidió que los señalamientos se lleven ante las autoridades con pruebas y sostuvo que corresponde a la justicia determinar si hubo conductas ilícitas.

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En una entrevista con Daniel Samper Ospina, Rodríguez afirmó que conoció material que, según dijo, estaría en poder de Sarabia. La exdirectora sostuvo que ese contenido habría sido utilizado para ejercer presión sobre Petro, aunque no presentó públicamente las imágenes ni los videos mencionados en sus declaraciones.

“Yo sí vi en un computador fotos y videos. Laura tiene todo”, afirmó Rodríguez al referirse al supuesto material. La exfuncionaria vinculó esas imágenes con lo que describió como una red de mujeres alrededor del presidente y habló de una vida personal que, según sus palabras, estaba marcada por excesos.

“El presidente desafortunadamente tenía una vida de excesos, una vida loca, lo que ustedes cubrían en los medios como ‘agenda privada’”, declaró durante la conversación. Sus afirmaciones apuntan a presuntas situaciones personales del mandatario y al supuesto conocimiento que Sarabia tendría de ellas.

Angie Rodríguez le envió mensaje a Laura Sarabia y le pidió que hablara

Durante la entrevista, Rodríguez también se dirigió directamente a la exfuncionaria y la invitó a pronunciarse sobre los hechos que ella asegura conocer. En su mensaje, insistió en que Sarabia tendría información sobre la vida privada del mandatario y que, según su versión, habría aprovechado ese conocimiento para presionarlo.

“Laura, usted quiere darle un ejemplo de honestidad al país, la invito a que hable, porque usted más que nadie sabe que no estoy diciendo mentiras. Y usted se aprovechó para sacar toda la información”, manifestó Rodríguez.

La exdirectora del Dapre relacionó esos señalamientos con un supuesto chantaje al presidente. También sostuvo que el material al que se refería incluiría imágenes de Petro con mujeres, aunque no expuso públicamente las fotografías o los videos ni presentó en la entrevista pruebas que permitieran verificar sus afirmaciones.

Las declaraciones se suman a los señalamientos que Rodríguez ha hecho sobre el supuesto papel de Sarabia en el entorno presidencial. En una entrevista con Caracol Radio, la exdirectora del Dapre afirmó que la presión habría estado relacionada con el nombramiento de Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido.

Durante el análisis, se evidenció que el texto aprobado en el Senado podría haber sido modificado posteriormente en la Cámara de Representantes sin que existiera un proceso de conciliación, situación que pondría en riesgo la validez jurídica del presupuesto. De acuerdo con reportes de El Espectador, asesores jurídicos de ambas corporaciones y del Ejecutivo están revisando las actas de los debates. Varios funcionarios consultados indicaron que, efectivamente, en el Senado se habría aprobado el texto del presupuesto sin votar la proposición relacionada con el artículo 65, pero que esta sí fue incluida y avalada en la Cámara. Esto habría provocado que los plenarios de ambas cámaras terminaran votando versiones distintas del articulado, un error de trámite grave que podría considerarse un vicio de inconstitucionalidad.

Figuras políticas como la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, advirtieron sobre la existencia de este vicio y anunciaron posibles acciones legales. Mientras tanto, fuentes del Ejecutivo señalaron que, como consecuencia de este error, el presidente Abelardo de la Espriella tendría que expedir el presupuesto vía decreto, una medida respaldada por la facultad de traslado presupuestal otorgada tras la aprobación en comisiones. También el secretario del Senado, Diego González, aclaró que la mencionada proposición nunca fue votada en el Senado, y el senador Carlos Meisel precisó que esta situación no invalida todo el proceso, pues lo aprobado en el primer debate en comisiones sigue en pie.

El artículo 65, objeto de la polémica, está relacionado con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y fue propuesto en el Senado por Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático. Esta controversia ha desencadenado debates políticos tanto en el gabinete como en las bancadas del Congreso, y expone la complejidad y riesgos de los procedimientos legislativos en temas clave para el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue polémico el artículo 65 del presupuesto en Colombia en 2023?

La polémica por el artículo 65 surgió porque la proposición referente a este tema, vinculada al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, no fue votada en el Senado pero sí en la Cámara de Representantes, según explicó El Espectador. Esto llevó a que las cámaras aprobaran textos distintos del presupuesto, generando cuestionamientos sobre la constitucionalidad y validez del proceso.

¿Qué consecuencias tiene que el presupuesto de Colombia se expida por decreto?

De acuerdo con fuentes citadas por El Espectador, el presupuesto podría ser expedido por decreto debido al vicio de trámite detectado. Esto implica que el presidente asume la facultad de definir el presupuesto directamente, basándose en el articulado avalado en comisiones, lo que podría aumentar la tensión política y abrir espacios para demandas o cuestionamientos por parte de la oposición.

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Las maniobras de rescate se extendieron durante más de cuatro días debido a la inundación de la bocamina, una condición que dificultó las tareas para llegar hasta el trabajador y recuperar su cuerpo.

Dicha emergencia movilizó a diferentes organismos de socorro y entidades encargadas de la seguridad minera, que mantuvieron las labores en el yacimiento para intentar localizar al trabajador atrapado.

En el operativo participaron la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Policía Nacional, la Cruz Roja y los Bomberos Voluntarios de Ubaté, junto con la empresa operadora Sociedad MyM S.A.S.

¿Cómo fue el rescate del minero atrapado en Cucunubá?

Las labores se concentraron en la mina de carbón La Gallinacera, ubicada en jurisdicción de Cucunubá, donde la inundación de la entrada subterránea complicó el acceso a la zona en la que permanecía Malaver.

Durante las 103 horas de operación, los equipos de rescate adelantaron maniobras para superar las condiciones que impedían llegar hasta el trabajador. La recuperación del cuerpo se concretó después de varios días de esfuerzos coordinados entre las entidades participantes.

La presencia de organismos de socorro y personal vinculado a la operación minera permitió mantener las labores hasta encontrar al trabajador. Sin embargo, el desenlace fue fatal y el cuerpo fue recuperado sin vida.

¿Qué entidades participaron en la emergencia minera?

La operación contó con la intervención de la Agencia Nacional de Minería, encargada de asuntos relacionados con la actividad minera en el país, además de la Policía Nacional, la Cruz Roja y los Bomberos Voluntarios de Ubaté.

También participó la Sociedad MyM S.A.S., empresa operadora de la mina, en las tareas relacionadas con la emergencia.

El caso vuelve a poner la atención sobre los riesgos que enfrentan los trabajadores de las minas subterráneas, especialmente cuando se presentan inundaciones que dificultan el ingreso y las labores de recuperación.

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La joven llegó a la capital del Valle del Cauca el jueves 8 de octubre. Ese día le envió a su hermana una fotografía que confirmaba su llegada y le explicó que debía esperar hasta las 3:00 de la tarde para ingresar al alojamiento en el que se quedaría. Sin embargo, no les indicó el nombre ni la dirección exacta del lugar.

De acuerdo con sus familiares, María Alejandra había viajado para trabajar como modelo de protocolo en eventos de mercadeo. Aunque acostumbraba desplazarse por compromisos profesionales, sus allegados aseguran que no conocían con precisión qué empresa la había contratado en esta ocasión ni quiénes serían sus contactos durante la estadía.

¿Cuál fue el último rastro de María Alejandra Molina?

La última conversación que Natalia recuerda con su hermana ocurrió el domingo 11 de octubre, alrededor de las 6:53 p. m. Después de recibir el mensaje, le contestó, pero no obtuvo una nueva respuesta. Al día siguiente intentó comunicarse otra vez y advirtió que los mensajes ya no llegaban al teléfono de la joven.

A partir de ese momento, sus familiares comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos mediante fotografías y registros bancarios. Entre los datos que examinan figura una transacción de 172.000 pesos, registrada el domingo a las 6:41 p. m., que, según una amiga citada por El Tiempo, podría estar relacionada con el pago de un alojamiento mediante Airbnb. No se ha confirmado que ese movimiento corresponda al lugar donde se hospedaba la modelo.

Las imágenes que María Alejandra envió desde Cali tampoco han permitido identificar el establecimiento. Su hermana ha revisado habitaciones y opciones de hospedaje que se parecen a las fotografías, pero todavía no ha logrado establecer una coincidencia. La familia busca que las autoridades obtengan información que permita verificar la ubicación del alojamiento y reconstruir los movimientos de la joven.

¿Qué otras pistas busca aclarar la familia?

Otro elemento que despierta interrogantes es el lugar en el que María Alejandra habría pasado esos días. Una amiga de la joven manifestó que, por ciertos detalles visibles en una de las fotografías, sospecha que podría tratarse de un apartamento turístico y no de un hotel convencional. Sin embargo, esa apreciación no confirma qué tipo de alojamiento utilizó ni cuál era su dirección.

Los allegados también intentan identificar a las personas que la contrataron y conocer los compromisos laborales que tenía previstos en Cali. Hasta ahora, según la información publicada, no cuentan con datos suficientes para establecer qué empresa estaba detrás de la oferta o con quién debía encontrarse durante esos días.

La familia presentó una denuncia y espera que las autoridades avancen en las verificaciones necesarias. Entre sus solicitudes están revisar registros de seguridad, comunicaciones y posibles movimientos de transporte que ayuden a determinar qué ocurrió después del último contacto con la modelo. Sus familiares también han expresado temor de que pudiera haber salido del país, aunque no hay información confirmada que respalde esa hipótesis.

A pesar de la declaración tajante del presidente, recalcando que no se considerará un canje humanitario y que “la única salida es la captura o la entrega incondicional de estos secuestrados”, hasta el momento no se ha establecido un plan concreto para determinar el paradero de las víctimas, facilitar su liberación y judicializar a los responsables del delito. Estas declaraciones surgen en un contexto en el que la administración de De la Espriella reportó, el 28 de septiembre, una disminución notable en los delitos considerados de alto impacto durante el primer mes de gestión del actual gobierno.

Las cifras presentadas por el presidente indican que, en agosto de 2026, los casos de secuestro experimentaron una caída del 79 % en comparación con los reportados en agosto de 2025. Además, los delitos de extorsión disminuyeron en un 62 %, mientras que las masacres tuvieron una reducción del 58 %, según información del gobierno. Las declaraciones de De la Espriella y las acciones adoptadas han generado reacciones entre las familias de los secuestrados, quienes han hecho un llamado directo al mandatario para que escuche sus solicitudes y avance en la búsqueda de sus seres queridos, de acuerdo con información publicada en El Espectador. Sin embargo, la ausencia de un plan oficial concreto y público para afrontar la situación sigue generando incertidumbre sobre las próximas etapas en la lucha contra el secuestro y la violencia ejercida por los grupos narcoterroristas en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la posición del presidente Abelardo De la Espriella frente al canje humanitario para los secuestrados en Colombia?

El presidente Abelardo De la Espriella descarta la posibilidad de un canje humanitario para los secuestrados y enfatiza que la única alternativa válida, según sus declaraciones, es la captura de los responsables o la entrega incondicional de los secuestrados, tal como se informó en los comunicados difundidos por el gobierno.

¿Cómo han evolucionado los delitos de secuestro y extorsión en el primer mes de gobierno de De la Espriella?

Durante el primer mes de gestión del presidente De la Espriella, el gobierno reportó una significativa disminución en los delitos de alto impacto. Según datos oficiales, el secuestro redujo su incidencia en un 79 %, la extorsión disminuyó un 62 % y las masacres un 58 % entre agosto de 2025 y agosto de 2026.

Las imágenes difundidas después del siniestro permiten dimensionar la fuerza del impacto. El vehículo gris quedó con la parte inferior expuesta y presentó daños considerables en diferentes zonas de la carrocería.

El registro audiovisual muestra que la defensa delantera quedó parcialmente desprendida, mientras el capó terminó con fuertes deformaciones. También se observan afectaciones en las puertas y ventanas del automóvil, que quedó en una posición que dificultó el paso de otros vehículos.

#CUNDINAMARCA. Se presenta siniestro vial en la vía Bogotá – La Vega en el sector de El Rosal. Al parecer el conductor de un vehículo tipo automóvil pierde el control del mismo y terminó volcado. Afortunadamente, no se reportan víctimas fatales. https://t.co/7AyGBhT6FT

— Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 20, 2026

Otro detalle que llamó la atención fue la presencia de humo que comenzó a salir del automóvil después del impacto. El carro terminó atravesado entre el separador y parte de la calzada, situación que contribuyó a las dificultades para circular por este corredor de Cundinamarca.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 14, en el tramo comprendido entre Madrid y El Rosal. El siniestro provocó largas filas de vehículos en ambos sentidos de la vía Bogotá-La Vega, por lo que se recomendó a los conductores transitar con precaución y contemplar mayores tiempos de desplazamiento.

Al lugar también llegaron organismos de socorro y unidades de tránsito para atender la emergencia. Los ocupantes del vehículo fueron valorados por personal médico después del accidente.

Hasta el momento, la información disponible no establece cuántas personas resultaron afectadas ni cuál es su estado de salud. Tampoco se conocen con precisión las circunstancias que provocaron el volcamiento. 

Sin embargo, no se trata de un libre acceso. A partir de 2016, durante la presidencia de Juan Manuel Santos y en el contexto del proceso de paz, se implementó la suspensión de nuevos permisos para portar armas. Esta medida hizo parte de ocho iniciativas enfocadas en la Seguridad Ciudadana que buscaban favorecer una mayor protección y convivencia, y fue extendida en los siguientes periodos presidenciales bajo el mandato de Iván Duque y Gustavo Petro. A pesar de la suspensión, existen excepciones que siempre se han mantenido vigentes. Por ejemplo, las empresas de seguridad privada, reguladas por la Superintendencia de Vigilancia, las compañías que transportan valores o divisas, escoltas, así como la reserva activa y los veteranos de las fuerzas del orden, han continuado con la posibilidad de portar armas bajo regulación estatal.

Por esta razón, no es correcto afirmar que las decisiones presidenciales relacionadas con este asunto sean ilegales o carezcan de soporte jurídico. El presidente tiene la capacidad de mantener, modificar o suspender los decretos que rigen las medidas de seguridad, como lo estipula el marco legal vigente.

Uno de los resultados destacables de estas restricciones legales y otras medidas de Seguridad Ciudadana fue la consecución de una de las tasas de homicidio más bajas en la historia reciente del país. No obstante, a la fecha el trámite para la adquisición de un arma de fuego se mantiene igual: debe gestionarse ante el Departamento Nacional de Control de Municiones y Armas, cumpliendo requisitos como exámenes médicos y psicosociales, revisión de antecedentes, visita domiciliaria, pruebas de aptitud y justificación válida de la necesidad del arma.

Es fundamental aclarar que la posesión de un permiso para portar armas no le otorga a nadie inmunidad frente a la justicia por delitos que puedan perpetrarse empleando dichas armas. La existencia del permiso tampoco autoriza a disparar, ni siquiera en defensa personal, sin que se inicie una investigación criminal al respecto.

De acuerdo con estudios de la Universidad de Boston y el Alto Centro de Investigación de Seguridad de Brasil, flexibilizar el acceso a armas no se traduce en una reducción de la criminalidad; por el contrario, en los primeros años, los índices de violencia pueden aumentar entre un 22 % y un 28 %, principalmente en conflictos entre ciudadanos, más que en acciones dirigidas contra delincuentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede tramitar un permiso para portar armas de fuego en Colombia?

El trámite para obtener un permiso de armas de fuego en Colombia, según la normatividad vigente, debe hacerse ante el Departamento Nacional de Control de Municiones y Armas. El proceso involucra exámenes médicos, una evaluación psicosocial, revisión de antecedentes legales, visita domiciliaria, pruebas de aptitud y una justificación detallada de la necesidad del arma.

¿Qué impacto tuvo la suspensión de permisos de armas en la seguridad ciudadana en Colombia?

Según el artículo, la suspensión de nuevos permisos de armas, junto con otras medidas en Seguridad Ciudadana implementadas desde 2016, coincidió con una reducción histórica en la tasa de homicidios en Colombia. Sin embargo, investigaciones recientes indican que flexibilizar el acceso a armas puede aumentar la violencia entre ciudadanos, en vez de disminuir la criminalidad.

De acuerdo con la información proporcionada, el proceso involucra a familias provenientes de varios corregimientos de Valledupar y de municipios vecinos como Astrea y Bosconia. La decisión de levantar el plantón se tomó el martes 20 de octubre, esto después de un encuentro con representantes de las autoridades regionales. Bernarda Márquez Gómez, una lideresa de las víctimas, relató que durante la reunión les comunicaron la apertura de una ruta de gestión y les ofrecieron explicaciones detalladas sobre cómo avanzaría el proceso relacionado con sus necesidades habitacionales. Márquez Gómez explicó que las entidades competentes en materia de vivienda participarían en la solución y señaló: “Nos dijeron que les diéramos 20 días para darnos la respuesta”.

Esta solicitud motivó a los manifestantes a retirarse del lugar pacíficamente. Según la lideresa, “a las 2 de la tarde nosotros hablamos con la gente, la reunimos”, y tras explicarles lo conversado con las autoridades, los representantes recogieron los residuos y dejaron limpio el espacio en el que habían pasado la noche, mostrando una actitud cívica y de respeto. Los participantes de este proceso regresaron a sus hogares, atentos ahora al cumplimiento del nuevo compromiso.

La protesta tenía su origen en diferentes reclamos que van más allá de la vivienda, incluyendo la búsqueda de oportunidades para generar ingresos y el pedido de protección a los líderes sociales, quienes han sufrido amenazas y riesgos por su rol en la defensa de los derechos de las víctimas. Las familias afectadas señalan que llevan 11 años esperando que el Estado les repare y reconozca sus derechos tras los hechos de violencia. Por ahora, aunque el retiro de la protesta permitió abrir una ruta de gestión, este paso todavía no representa una solución definitiva, sino la esperanza en que, en el plazo prometido, las autoridades puedan finalmente ofrecer alternativas concretas y efectivas para quienes siguen esperando justicia y reparación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué peticiones principales hicieron las víctimas del conflicto armado frente a la Gobernación del Cesar?

Las víctimas del conflicto armado solicitaron principalmente soluciones relacionadas con el acceso a vivienda digna, la generación de ingresos y medidas de protección para los líderes sociales. Estas exigencias fueron el motivo central del plantón realizado en Valledupar y son el resultado de una espera de 11 años por la reparación de sus derechos, según información dada a conocer por los propios manifestantes y líderes.

¿Cuánto tiempo pidieron las autoridades para responder a las peticiones de las víctimas y qué pasos seguirán?

De acuerdo con el relato de Bernarda Márquez Gómez, las autoridades solicitaron específicamente un plazo de 20 días para dar una respuesta formal a las peticiones presentadas durante la protesta. En ese lapso, se comprometieron a realizar gestiones con las entidades responsables en materia de vivienda y a definir la ruta de atención adecuada para atender los reclamos de las familias afectadas.

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Los primeros mensajes llegaron el 16 de abril de 2025, desde un número desconocido. En ellos, el remitente le pidió a la senadora extremar las medidas de seguridad y mantenerse protegida con su esquema de escoltas.

Cinco días después, el 21 de abril, la misma persona volvió a contactar a la congresista. Según la publicación de Noticias RCN, le solicitó una llamada y, al no conseguirla, le pidió que respondiera por escrito para transmitirle información que consideraba urgente.

En uno de esos mensajes, el informante mencionó a Luis Alberto Albán Urbano, conocido como alias ‘Marcos Calarcá’, y aseguró que estaría organizándose un grupo de ocho hombres para ejecutar un atentado. También sostuvo que la instrucción criminal habría salido del Senado, una afirmación que debe ser verificada por las autoridades.

¿Qué decían los chats sobre el plan para atentar contra Miguel Uribe?

Uno de los mensajes divulgados por Noticias RCN contenía una advertencia directa sobre el supuesto plan criminal. El remitente justificó su insistencia al asegurar que la información provenía de alguien cercano a la organización señalada.

“Me lo dijo una fuente muy fiel y muy cercana a ellos, yo le creo 100 por ciento”, escribió la persona, según la transcripción publicada por el medio.

En otra parte de la conversación, el informante afirmó que la orden habría salido del Senado y explicó por qué decidió contactar a la congresista: “No puedo permitir que les llegue a pasar algo sin antes avisarle, por eso le digo para que extreme sus medidas de seguridad”.

La advertencia no se limitaba a Miguel Uribe Turbay. En los mensajes también se mencionaba a otros dirigentes políticos, entre ellos Álvaro Uribe Vélez y la propia congresista. En un oficio posterior, la senadora puso en conocimiento de la Fiscalía otra información sobre un presunto atentado contra el expresidente y contra ella, que el informante relacionaba con el Clan del Golfo.

“Él me dice que la orden salió del Senado (…) Yo a ustedes los quiero mucho a usted a la doctora Paola y al doctor Miguel Uribe, no puedo permitir que les llegue a pasar algo sin antes avisarle, por eso le digo para que extreme sus medidas de seguridad”, se lee en la conversación, según el citado medio.

¿Qué pasó con los mensajes el día del atentado?

El 7 de junio de 2025, día en que Miguel Uribe Turbay fue atacado a tiros durante una actividad política en Bogotá, la fuente volvió a escribirle a la senadora. En ese mensaje cuestionó dónde se encontraba el esquema de seguridad del entonces senador y precandidato presidencial al momento de la agresión.

Posteriormente, el 16 de junio de 2025, la congresista radicó un oficio dirigido a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en el que expuso el contenido de las conversaciones y solicitó que se investigara la información recibida.

Ese documento también incluyó la advertencia sobre un posible atentado contra Álvaro Uribe Vélez y la senadora, que presuntamente estaría relacionado con el Clan del Golfo, según lo manifestado por el informante.

¿Qué investiga la Fiscalía sobre los chats?

De acuerdo con Noticias RCN, el grupo de fiscales especializados que trabaja en el caso del magnicidio de Miguel Uribe adelanta verificaciones sobre el contenido de los mensajes y ya tiene ubicada a la persona que contactó a la congresista. El objetivo es que rinda entrevista y permita corroborar la información suministrada.

Por ahora, las afirmaciones contenidas en las conversaciones deben entenderse como señalamientos pendientes de comprobación judicial. La mención de personas en los mensajes no demuestra por sí misma su participación en la planeación u orden del crimen.

La investigación deberá establecer la credibilidad de la fuente, el alcance de las advertencias y si existían datos verificables sobre el plan criminal antes del ataque. También tendrá que determinar qué información llegó a las autoridades y qué actuaciones se adelantaron frente a las alertas recibidas.

En el mensaje publicado en su cuenta oficial, el presidente De la Espriella resaltó la necesidad de que los centros penitenciarios dejen de ser espacios donde los criminales burlan la justicia y persisten en sus delitos. Según información proporcionada por el Inpec a El Espectador, los reclusos trasladados fueron enviados a establecimientos con pabellones de nivel uno de seguridad, lo que implica mayores controles internos y medidas más estrictas de vigilancia.

Por otro lado, en el municipio de Girón, Santander, las autoridades incautaron una tarjeta SIM, 5,58 gramos de lo que se presume es una sustancia vegetal, una batería y un cable de datos. El presidente enfatizó en otro trino que su instrucción es clara: las cárceles deben ser espacios exclusivos para la ejecución de condenas y no para actividades ilícitas.

El pasado 19 de octubre, el presidente también emitió una orden dirigida al Inpec para trasladar a jefes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y de las disidencias de las Farc recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Arauca. El objetivo es enviarlos a centros de máxima seguridad en otras regiones del país, como medida urgente tras un consejo de seguridad debido a la situación de orden público reportada en Arauca. De acuerdo con De la Espriella, la directriz fue comunicada al director del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez, y abarca también otros objetivos considerados de alto impacto.

"Ninguno de estos bandidos de las Farc o del Eln que delinquen aquí se va a quedar en Arauca, y tampoco los extorsionistas, porque siguen delinquiendo desde las cárceles," afirmó el presidente, enfatizando que los traslados debían ejecutarse de forma inmediata.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella ordenó trasladar presos a otras cárceles en Colombia?

De acuerdo con los mensajes oficiales y la información compartida por Inpec a El Espectador, el presidente Abelardo de la Espriella busca impedir que las cárceles sirvan como centros desde donde se planean y ejecutan delitos, incluso mientras los reclusos cumplen sus condenas. Por eso ordenó los traslados hacia penales con mayor nivel de seguridad en varios departamentos.

¿Qué son los pabellones nivel uno de seguridad a los que fueron trasladados los presos?

Los pabellones nivel uno de seguridad en los establecimientos penitenciarios, de acuerdo con lo reportado por el Inpec y citado por El Espectador, son espacios donde se aplican controles estrictos y una vigilancia reforzada. Esto busca evitar que los internos participen en nuevas actividades delictivas desde el interior de las cárceles.

El calendario electoral para estos comicios también está próximo a ser presentado. En palabras del registrador Penagos, "en octubre estamos presentando a Colombia el calendario electoral para las elecciones locales, es decir, alcaldes, gobernadores, concejales, asambleas y juntas administradoras locales, ya estamos trabajando, poniendo a punto todo el sistema electoral para estas elecciones". La organización y planificación de estos comicios es fundamental, ya que la elección de mandatarios y representantes locales tiene un impacto profundo en la dinámica política nacional.

Adicionalmente, la Registraduría ha venido realizando otras labores relevantes para la preparación de las elecciones. Penagos participó en una comisión de debates presidenciales de Funicar, donde señaló la importancia de discutir si estos debates requieren de una reglamentación específica y si podría establecerse como una obligación legal o constitucional para fortalecer el derecho a la información de la ciudadanía. Asimismo, advirtió sobre el creciente número de partidos políticos en Colombia; mientras que en 2009 se contabilizaban cerca de 16 partidos, la cifra aumentó a aproximadamente 45 para el periodo 2016-2024. Este fenómeno plantea retos para el sistema electoral y la representatividad política, situación que, según Penagos, debería ser objeto de debate para posibles reformas.

Las elecciones que se avecinan serán también una prueba para el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien estrena personería jurídica con el partido Defensores de la Patria. Su desempeño en las urnas pondrá en evidencia la acogida de su gestión, especialmente frente a partidos tradicionales como el Centro Democrático, y las alianzas o tensiones con otros actores políticos, en particular con las colectividades en el Congreso. Esto resulta clave en un contexto en el que el presidente, si bien contó con apoyo mayoritario para su elección, ha tomado distancia de los partidos tradicionales, generando dinámicas nuevas en el espectro político.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara la Misión de Observación Electoral para las elecciones regionales de 2027?

La Misión de Observación Electoral, encabezada por Alejandra Barrios, inicia su labor con la instalación oficial en la Registraduría y la participación de sus 34 delegaciones regionales. Durante este evento, se presentan análisis sobre comicios anteriores, lo que permite entender mejor la conformación política del país y prever posibles retos para el proceso electoral de 2027, según la información proporcionada por la MOE.

¿Cuál es el impacto del aumento de partidos políticos en el sistema electoral colombiano?

Según lo advertido por el registrador Hernán Penagos, el crecimiento del número de partidos, que han pasado de alrededor de 16 en 2009 a unos 45 para el periodo 2016-2024, representa un desafío significativo para la eficacia y representatividad del sistema político. Este escenario plantea la necesidad de debatir reformas que permitan fortalecer la estructura del sistema electoral en Colombia.

Félix Valera, secretario de Gobierno, explicó que la elección del escenario de vendaval no es casual. Según el funcionario, profesionales de la Oficina de Gestión del Riesgo analizaron las amenazas que enfrenta el municipio, especialmente durante la temporada de lluvias. Como precedente, Valera recordó un hecho del año anterior en el que un vendaval provocó la caída de 48 árboles en distintas zonas del municipio. A raíz de ese incidente, se intensificaron las labores en conjunto con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y la concesión a cargo del arbolado, orientadas a identificar e intervenir los árboles que representan peligro para la población.

El simulacro servirá para revisar específicamente la coordinación entre los organismos de emergencia y para ensayar las decisiones que deberían adoptarse frente a múltiples puntos afectados. Valera fue enfático al señalar que se busca medir "la capacidad de respuesta institucional, la coordinación entre los organismos de emergencia, la priorización de las acciones y la toma de decisiones". Los resultados de esta jornada se sistematizarán en una matriz y serán remitidos al nivel nacional. De acuerdo con el secretario, la valoración de esta experiencia permitirá determinar debilidades y establecer acciones de mejora para enfrentar emergencias reales.

El simulacro de la tarde será totalmente diferente al ejercicio programado para las 10:00 de la mañana, cuando entidades públicas, empresas privadas y comunidades implementarán sus propios planes de emergencia en escenarios ajustados a sus riesgos particulares. Según el informe más reciente aportado por Valera, hasta el momento hay 170 participantes inscritos en el simulacro general: 149 entidades y 21 comunidades, entre ellas una junta de acción comunal de Los Corazones y 20 conjuntos residenciales.

Tiler Tamayo, jefa de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo, señaló a EL PILÓN que en comparación con el año 2025, cuando se registraron 119 inscritos, este año se alcanzó un total de 170. Esto representa un incremento del 42,9%, es decir, 51 inscritos adicionales entre entidades públicas, privadas y comunidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un simulacro nacional de respuesta a emergencias en Valledupar?

Un simulacro nacional de respuesta a emergencias en Valledupar es una actividad organizada por las autoridades locales para ensayar y evaluar la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia, entidades públicas, empresas privadas y comunidades ante situaciones de amenaza. En esta ocasión, el ejercicio se enfoca en un escenario de vendaval con caída de árboles, permitiendo medir la coordinación, la implementación de los planes de emergencia y la toma de decisiones frente a eventos similares que podrían ocurrir en la realidad.

¿Cuáles son los objetivos principales del simulacro de vendaval en Valledupar?

De acuerdo con lo expresado por las autoridades municipales, los objetivos del simulacro son evaluar la capacidad de respuesta institucional, la coordinación entre los organismos de emergencia, la priorización de las acciones y la toma de decisiones en escenarios de desastre. Los resultados obtenidos servirán para identificar debilidades y proponer mejoras en los protocolos de atención ante emergencias, preparando así tanto a funcionarios como a la comunidad para afrontar eventos reales.

La posible llegada de Hinojosa a la Asamblea supone un reto para los actuales diputados del partido Conservador, José Mario Rodríguez y Fawzi Muvdi, pues en las elecciones regionales rápidamente se configurará una competencia interna por las curules. Según información de EL PILÓN, además de Hinojosa, se contemplan otros nombres que podrían sumarse a la contienda, como los concejales José Ávila Díaz, André Molina Carvajal y José Alberto Morillo, quienes también suenan como aspirantes a la Asamblea Departamental. Esta multiplicidad de figuras evidencia el interés y la dinámica interna del partido por consolidar liderazgos y proyección regional.

Hinojosa llegó al Concejo de Valledupar en 2016 y, de completar su periodo hasta 2027, sumaría tres mandatos consecutivos en la corporación. Uno de los aspectos que más destaca de su trayectoria es el respaldo recibido en las zonas rurales de Valledupar. De hecho, en las más recientes elecciones locales, se consolidó como el concejal más votado, consolidando así un capital político relevante en territorios alejados del casco urbano y dando cuenta de su capacidad para conectar con diferentes sectores sociales. Esto podría ser clave en su búsqueda por llegar a la Asamblea Departamental, ya que requiere conquistar votos a nivel de todo el Cesar y no solo centrarse en Valledupar.

Con estos movimientos políticos anticipados, el partido Conservador en el Cesar se prepara para un proceso electoral complejo, donde la renovación y la competencia serán protagonistas. El futuro de Hinojosa y los otros precandidatos estará determinado, en gran parte, por la capacidad de movilización que logren consolidar en los meses previos a la contienda electoral, así como por su trayectoria y los apoyos que consigan al interior del partido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Wilber Hinojosa y cuál es su trayectoria política?

Wilber Hinojosa es concejal de Valledupar por el partido Conservador, cargo al que llegó en 2016 y que mantendrá hasta 2027, completando tres periodos. Según EL PILÓN, ha desarrollado su capital político principalmente en la zona rural de Valledupar y en las últimas elecciones fue el concejal más votado, lo que resalta su influencia y solidez electoral en el municipio.

¿Qué implicaciones tiene que Wilber Hinojosa aspire a la Asamblea Departamental del Cesar?

De acuerdo con la información de EL PILÓN, la aspiración de Hinojosa a la Asamblea Departamental incrementa la competencia interna dentro del partido Conservador por las curules, enfrentando a los actuales diputados José Mario Rodríguez y Fawzi Muvdi, y sumando más candidatos como José Ávila Díaz, André Molina Carvajal y José Alberto Morillo. Este escenario podría transformar la dinámica política departamental, fomentando la renovación de liderazgos.

(Vea también: Revelan las regiones de Colombia donde un terremoto tendría menor impacto; solo hay dos)

El evento sísmico ocurrió a las 6:57 p. m., hora local, y fue clasificado con profundidad superficial menor a 2430 kilómetros, de acuerdo con los datos reportados por la entidad.

Dabeiba está ubicado en el occidente de Antioquia, una zona del departamento donde el monitoreo sísmico permite identificar las características de los movimientos telúricos registrados.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-20, 18:57 hora local Magnitud 2.9. Profundidad superficial, Dabeiba – Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/jUIJykVJVS

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 21, 2026

¿Cómo y para qué reportar un temblor en Colombia?

Las personas que hayan sentido el movimiento telúrico pueden registrar su experiencia en la plataforma Sismo Sentido, habilitada por el Servicio Geológico Colombiano. El formulario está disponible en sismosentido.sgc.gov.co.

Para completar el reporte, deben ingresar a la plataforma, responder las preguntas sobre su experiencia y señalar las condiciones en las que percibieron el temblor, según las opciones disponibles en el formulario.

Esta información le permite al SGC conocer en qué lugares se sintió el sismo y cómo lo percibieron las personas. Los testimonios complementan los registros instrumentales y contribuyen al análisis de las características del evento sísmico.

Expertos consultados y citados en los reportes subrayan que la historia de la educación sexual en Colombia revela que el desmontaje de una política no depende únicamente de la emisión de un decreto o resolución. De acuerdo con Diego Arbeláez, quien formó parte del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) creado durante el gobierno de Álvaro Uribe, lo que realmente afecta la implementación es la falta de acompañamiento y recursos para los programas. “Una política realmente no se desmonta con una resolución, porque ya hay una capacidad instalada importante en las regiones y en las mismas instituciones educativas”, explicó Arbeláez. El golpe, agrega, ocurre cuando las personas encargadas de ejecutar los proyectos pierden el respaldo institucional y presupuestal necesario para funcionar.

La experiencia con el PESCC, considerado como el plan más ambicioso de educación sexual en la historia reciente del país, evidencia los riesgos de la desarticulación por vías indirectas. Según Arbeláez, entre 2011 y 2013 el grupo técnico que lideraba el PESCC fue desintegrado y los fondos asignados fueron reorientados a otras prioridades, debilitando así la política pese a la ausencia de una derogatoria oficial.

En este escenario, el rumbo de la educación sexual y reproductiva en Colombia depende tanto de decisiones normativas como del compromiso institucional, de acuerdo con las fuentes mencionadas en el texto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el gobierno de Abelardo de la Espriella pidió derogar la política de educación sexual y reproductiva?

El gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Educación encabezado por Ilva Myriam Hoyos, solicitó a la Presidencia que se tomaran acciones urgentes para derogar la política nacional de educación sexual y reproductiva, argumentando la necesidad de “contener sus efectos”. La solicitud refleja desacuerdos con los lineamientos fijados en la administración anterior, sin que hasta el momento se haya formalizado esa derogación.

¿Qué impacto tiene la eliminación del acompañamiento y recursos en la educación sexual en Colombia?

De acuerdo con Diego Arbeláez, exintegrante del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, el mayor impacto negativo ocurre cuando los programas pierden respaldo y financiación, ya que esto limita su operatividad y desintegra los equipos técnicos. Así sucedió anteriormente con la implementación del PESCC, mostrando que la falta de apoyo institucional puede debilitar la educación sexual incluso sin derogaciones formales.

La investigación se da poco tiempo después de que el mal estado del campo obligara a cancelar el partido entre Millonarios y Once Caldas, un hecho que llevó al alcalde Carlos Fernando Galán a calificar como “inaceptable” la condición de la gramilla. Además, el mandatario solicitó una revisión sobre posibles incumplimientos contractuales del concesionario del estadio. En respuesta a la actuación disciplinaria, representantes del IDRD le dijeron a El Espectador que ven el seguimiento de los organismos de control como parte de los procedimientos regulares y se manifestaron dispuestos a entregar la información requerida. Aclararon también que la apertura de la investigación no significa por sí sola que haya responsabilidad disciplinaria establecida para los funcionarios involucrados.

En medio de las demandas de mayor rigor, el IDRD anunció nuevas acciones para asegurar la disponibilidad de El Campín para eventos deportivos luego del concierto previsto para el 31 de octubre. El Instituto, a través de comunicación con el Consorcio C.C.A., responsable de la interventoría de la APP, pidió reforzar el control técnico, operacional, legal y financiero antes, durante y después del espectáculo musical. Esto incluye la exigencia a Sencia de presentar, dentro del día hábil posterior al requerimiento, un plan detallado sobre los horarios de montaje y desmontaje, protección de la gramilla, límites de cargas permitidas y plazo de disponibilidad del estadio para actividades futbolísticas.

Entre las disposiciones destaca la exigencia de documentar el estado del césped con actas, evidencias fotográficas y reportes técnicos antes del montaje y repetir la inspección una vez terminado el desmontaje. Dichos informes, que deben entregarse al IDRD en los siguientes dos días hábiles, servirán para detectar daños potenciales, permitiendo tomar decisiones contractuales si se comprueban incumplimientos. Aunque el contrato de concesión contempla la realización de conciertos y eventos culturales, el IDRD reiteró a El Espectador que la prioridad debe ser mantener El Campín apto para el fútbol profesional. Por tanto, el concierto del 31 de octubre será una prueba decisiva para los nuevos controles y la vigilancia sobre el concesionario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las nuevas medidas del IDRD para proteger la gramilla de El Campín durante conciertos?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dispuso que la interventoría exija a Sencia un plan detallado con horarios de montaje y desmontaje, sistemas de protección de la gramilla, cargas máximas permitidas y fecha de disponibilidad del estadio. Además, se realizarán inspecciones y registros técnicos antes y después del evento para identificar daños y definir acciones contractuales si es necesario.

¿Por qué la Personería de Bogotá investiga al IDRD y sus directivos por el estadio El Campín?

De acuerdo con El Espectador, la Personería abrió una investigación disciplinaria por presunto déficit en la vigilancia al mantenimiento del estadio, en medio de cuestionamientos sobre el estado de la gramilla que llevaron a la cancelación de un partido importante. El proceso busca establecer si hubo omisiones por parte de los funcionarios del IDRD en el seguimiento y control a las obligaciones del concesionario.

(Le puede interesar: “Deshonran la memoria de los afectados”: ministra de Cultura responde a protestas en Museo Nacional)

De acuerdo con las declaraciones difundidas por La Silla Vacía, Bohórquez fue categórico al señalar la gravedad del acto: “Haber quitado al compañero Bernardo Jaramillo del Museo Nacional es una seria provocación”. Para él, la figura del líder político asesinado en 1990 representa un símbolo de democracia, paz y resistencia civil, y su exclusión de un espacio público de memoria constituye un retroceso.

El congresista también cuestionó directamente la coherencia del ministro Lara, precisamente por pertenecer al Gobierno que ordenó el retiro de todas estas piezas.

“Si usted como liberal le parece quitar a Bernardo Jaramillo, que no estuvo en ningún grupo armado… él habló de paz, habló incluso hasta contra el armamento, el secuestro, la voladura de oleoductos… todo eso lo tenemos en nuestra historia, pero lo quitaron”.

Por su parte, Lara Restrepo reconoció en la grabación algo sobre Jaramillo Ossa: “Sí, fue un gran hombre”.

 

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Bohórquez fue más allá y emplazó directamente al ministro del Interior a dar respuestas concretas sobre el destino de las piezas retiradas: “Esas piezas quitaron, ¿cuál va a ser el tratamiento? ¿Qué va a pasar? ¿Van a guardarse? ¿Las van a desaparecer?”.

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Bohórquez lamentó además que la falta de canales de comunicación fluidos con el Gobierno haya obligado a plantear estas preguntas en el espacio público.

La situación, según advirtió, está afectando la confianza en el proceso de diálogo: “Como no hay diálogo con ustedes, queríamos saber qué va a pasar con eso”, recalcó.

¿Por qué es relevante la figura de Bernardo Jaramillo en el debate político colombiano?

Bernardo Jaramillo Ossa fue candidato presidencial de la Unión Patriótica y uno de los líderes políticos más destacados de la izquierda colombiana antes de su asesinato en 1990. Su discurso en ciudades como Ibagué y sus posiciones contra la violencia armada lo convirtieron en un referente histórico de la paz, razón por la cual su presencia en espacios de memoria pública tiene una carga simbólica profunda para sectores políticos y sociales del país.

¿Qué implicaciones tiene retirar piezas de un museo nacional en términos de memoria histórica?

Los museos nacionales son custodios de la memoria colectiva de un país, y la exclusión de figuras o materiales relacionados con episodios del conflicto puede interpretarse como una forma de silenciamiento histórico. En Colombia, donde la disputa por la narrativa del pasado reciente sigue vigente, decisiones de este tipo suelen despertar reacciones políticas inmediatas y encender el debate sobre quién tiene el derecho de definir qué se recuerda y qué se omite.

(Vea también: Luces y sombras que proyectan las declaraciones de la ex primera dama Verónica Alcocer) 

En una publicación en su cuenta de X, este martes 20 de octubre, Benedetti relacionó los salarios que Sarabia habría devengado como jefa de despacho presidencial, directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), directora del Dapre, canciller y embajadora de Colombia en el Reino Unido.

Sobre Laura Sarabia:

Entre el 7 de agosto de 2022 y el 2 de junio de 2023, Laura Sarabia habría devengado 224 millones como jefa de gabinete y posteriormente del despacho de la presidencia.

Entre el 4 de septiembre de 2023 y el 22 de febrero de 2024, habría devengado 141 millones como directora del Departamento para la Prosperidad Social:

Entre el 23 de febrero de 2024 y el 28 de enero de 2025, habría devengado 302 millones como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Entre el 29 de enero y el 3 de julio de 2025, habría devengado 148 millones como ministra de Relaciones Exteriores de Colombia.

Entre el 14 de octubre de 2025 y el 31 de julio de 2026, habría devengado 446 millones como embajadora de Colombia en el Reino Unido.

La remuneración ordinaria estimada de los cinco cargos suman 1.263 millones y, por concepto global de primas adicionales, prestaciones y liquidaciones de todos los cargos, una suma aproximada de 315 millones, para un total aproximado de ingresos de 1578 millones.

El nivel de vida que muestra en público no corresponde a sus ingresos. Hay rumores de que logró una gran fortuna y que justamente por esta razón está siendo indagada por la Fiscalía General de la Nación por un presunto enriquecimiento ilícito.

Cuando la conocí a la niña con sueños, de verdad tenía sueños, pero creo que ni ella se imaginó que llegaría tan “lejos”. Era muy joven y con muy bajo perfil para ocupar cargos directivos. Ojalá su “éxito” hubiera ocurrido por sus méritos y desempeño y no por su alianza con Verónica.

En fin…. este será un asunto que decida la justicia. Pero lo que yo sí puedo dar fe es su pobre condición humana:
desleal, desagradecida y oportunista y arribista. Una persona, como dirían los viejos: “ de mala condición”.

— Angela Benedetti (@AngelaBenedet) October 20, 2026

Según el cálculo divulgado por la exembajadora, Sarabia habría recibido 224 millones de pesos entre agosto de 2022 y junio de 2023, cuando estuvo al frente del despacho presidencial.

A esa suma agregó 141 millones de pesos por su paso por el DPS, 302 millones  de pesos como directora del Dapre, 148 millones de pesos durante su gestión como ministra de Relaciones Exteriores y 446 millones de pesos por su trabajo como embajadora en el Reino Unido.

Los cinco montos suman unos 1.263 millones de pesos. Benedetti también estimó en 315 millones de pesos los ingresos adicionales por primas, prestaciones y liquidaciones, aunque las cifras corresponden a su cálculo y no constituyen, por sí solas, una verificación independiente de los pagos efectivamente recibidos por Sarabia.

Ángela Benedetti cuestionó el estilo de vida de Laura Sarabia

Más allá de los ingresos, Benedetti cuestionó el nivel de vida que, a su juicio, muestra públicamente Sarabia y planteó dudas sobre el origen de su patrimonio.

“El nivel de vida que muestra en público no corresponde a sus ingresos”, escribió la exembajadora, quien también mencionó rumores sobre una supuesta fortuna y afirmó que, por esa razón, Sarabia estaría siendo indagada por la Fiscalía General de la Nación por presunto enriquecimiento ilícito.

La exembajadora también lanzó críticas personales contra Sarabia y cuestionó la forma en que llegó a ocupar cargos de alto nivel en el Ejecutivo. En su mensaje, hizo referencia a la cercanía de la exfuncionaria con Verónica Alcocer y expresó dudas sobre si su ascenso obedeció a sus méritos profesionales.

Benedetti cerró esa parte de su publicación con una referencia a la justicia y aseguró que será esta la que determine lo que corresponda frente a los cuestionamientos planteados.

No es la primera vez que Ángela Benedetti critica a Laura Sarabia

Las diferencias entre ambas no son nuevas. Cuando Sarabia dejó el Ministerio de Relaciones Exteriores en julio de 2025, en medio de la controversia por el proceso de contratación para la expedición de pasaportes, Benedetti también cuestionó públicamente su salida.

En aquella ocasión, la exembajadora preguntó si Petro había despedido a Sarabia o si ella había renunciado espontáneamente. “Para mí, es la primera. Más bien, Laura desautorizó a su jefe. ¿No?”, escribió entonces.

Benedetti remató aquella publicación con otra crítica a la exfuncionaria: “Laura Sarabia no es sensata”.

La institución argumenta que respetar los nombres tradicionales es una garantía para la preservación de los valores culturales asociados a estos bienes patrimoniales. Tal como lo explicó el canciller Bula, mantener esas denominaciones es también una manera de transmitir la historia a nuevas generaciones y de honrar la trayectoria del Palacio de San Carlos, donde han ocurrido eventos significativos para el país.

Este acto ocurre después de que el presidente De la Espriella anunciara públicamente una “contrarrevolución cultural”, cuyo propósito, según sus declaraciones, es fortalecer la identidad colombiana, proteger el patrimonio y emprender una lucha frontal contra el “wokismo”. Desde su perspectiva, esa corriente busca transformar los fundamentos morales, culturales y sociales occidentales, y propone, en su reemplazo, un nuevo modelo fundamentado en colectivos y grupos orientados hacia el relativismo moral. El mandatario puntualizó que, para su gobierno, la cultura no debe ser empleada como instrumento de ideología, indicando que el estado debe impedir que los espacios culturales sean influenciados por el “socialcomunismo ateo” y otras ideologías opuestas a los supuestos valores fundamentales del país.

Además de la restauración del nombre tradicional en la Cancillería, la administración De la Espriella ordenó el retiro de varias obras del Museo Nacional vinculadas a la memoria histórica, incluyendo fotografías de líderes políticos como Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro, así como piezas sobre luchas feministas y de la población LGBTIQ. Este hecho generó protestas por parte de diversos sectores de la sociedad. Según el editorial de El Espectador, publicado el 20 de octubre, la exclusión de estas obras revela una visión limitada y selectiva de la historia nacional, alertando sobre el peligro de imponer una única perspectiva moral e ideológica en detrimento de la libertad y pluralidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Cancillería decidió volver al nombre Patio de los Novios en el Palacio de San Carlos?

La Cancillería, por orden del canciller Omar Bula y del presidente Abelardo de la Espriella, decidió restaurar el nombre tradicional, Patio de los Novios, argumentando que la preservación de las denominaciones históricas es fundamental para proteger los valores culturales y la memoria institucional. Según declaraciones de la Cancillería recogidas en El Espectador, este espacio había sido conocido con ese nombre desde 1992 y la administración actual busca respetar ese legado frente a los cambios realizados en el gobierno anterior.

¿Qué motivó el retiro de obras del Museo Nacional durante el gobierno De la Espriella?

El retiro de obras relacionadas con la memoria histórica, como fotografías de líderes políticos y piezas sobre feminismo y diversidad sexual, fue motivado por la decisión del presidente De la Espriella de combatir al “wokismo” y fortalecer una visión tradicional de la cultura nacional. El editorial de El Espectador señala que esta medida responde a una estrategia que busca controlar la narrativa cultural para impedir, según el gobierno, la influencia de ideologías que consideran contrarias a los valores fundamentales de Colombia.

Trump también aseguró que América del Sur está experimentando una transformación política que, desde su perspectiva, favorece a los sectores conservadores. El mandatario estadounidense afirmó que la región se está convirtiendo en un lugar distinto y que ese cambio avanza de manera positiva.

El comentario más llamativo estuvo dirigido a De La Espriella. Al respecto, Trump destacó al presidente colombiano con palabras que relacionó con su personalidad y con la cercanía que, de acuerdo con sus declaraciones, existe entre ambos dirigentes.

“Sabes, le llaman El Tigre por una razón, ¿verdad? Porque es duro, es un chico duro, pero siempre fue grande para Trump”, afirmó el mandatario estadounidense.

#Mundo| A menos de una semana de las elecciones en Brasil, el presidente Donald Trump aseguró que Suramérica está dando un giro político a la derecha y nuevamente elogió al presidente Abelardo de la Espriella.

“Sudamérica era liderada por la izquierda y ahora está girando a la derecha, es un lugar diferente y está prosperando. Respaldé a muchas personas, a todos los que apoyé ganaron incluyendo el nuevo presidente de Colombia quien es excelente, El Tigre, es un tipo duro. No lo conocía, pero me caía bien, si me aprecian los aprecio”, dijo Trump.

Vía @EddyMosquera0

https://t.co/woHMRjVE2M

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2026

La declaración también refleja la afinidad política que Trump dice tener con el jefe de Estado colombiano. El presidente estadounidense aseguró que había identificado algo especial en De La Espriella, aunque el texto no precisa cuándo surgió esa impresión ni detalla otras palabras del encuentro.

Trump habló del giro conservador en Sudamérica

Más allá del elogio personal, Trump presentó a Sudamérica como una región que estaría dejando atrás la predominancia de gobiernos de izquierda para dar paso a liderazgos de derecha y propuestas conservadoras.

En esa lectura política, el republicano sostuvo que varios movimientos que ha respaldado en procesos electorales de la región han conseguido victorias importantes. Trump considera que esos resultados están modificando el equilibrio político del continente en un periodo relativamente corto.

El mandatario estadounidense también vinculó esa transformación con resultados que considera favorables en asuntos económicos y de orden público. Sin embargo, las declaraciones citadas corresponden a su interpretación de la situación regional y no incluyen cifras ni indicadores que permitan medir esos resultados.

Fernando Escobar, el dirigente de Cenaprov que administra dicho parqueadero y tiene cuatro décadas de experiencia en la organización, no estaba presente cuando ocurrió la agresión. “Llamaron a contarme”, relató Escobar, quien explicó que, al regresar, observó los impactos de bala en la caseta y concluyó que “no fue una advertencia. Tiraron a matar”. La llegada inmediata del comandante del CAI del barrio y de miembros del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), luego de la alerta a la Policía, pone en evidencia la seriedad de la situación y el intento de las autoridades por controlar el hecho.

Minutos después del ataque, Escobar recibió una llamada de un hombre que se identificó como Pedrito Satanás. Esta persona le exigió una suma millonaria –200 millones de pesos colombianos– a cambio de no atentar contra su familia, mencionando incluso a su esposa e hijas y amenazando con “picarlos”, según el testimonio directo de la víctima. Además, Escobar reportó haber recibido un video mostrando el asesinato de un taxista en Soacha, elemento que buscaba aumentar la presión y el temor sobre su familia.

Sin embargo, según la Policía, existe la posibilidad de que el supuesto extorsionista haya adoptado el alias de Pedrito Satanás –que correspondería originalmente a un sujeto capturado en Estados Unidos y catalogado como segundo al mando de los Satanás en Bogotá– con el objetivo de confundir y dificultar las investigaciones. Las fuentes policiales citadas explican que en estas redes delictivas es común reciclar apodos, una estrategia dirigida a entorpecer la acción de la justicia y proteger a los verdaderos responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Fernando Escobar y cuál es su papel en Cenaprov tras el atentado en Bosa?

Fernando Escobar es dirigente de la Central Nacional Provivienda (Cenaprov), organización a la que ha pertenecido durante 40 años. Está encargado del parqueadero que fue blanco del ataque armado y, aunque no estaba presente durante los hechos, ha asumido el seguimiento de la situación, trabajando de la mano con las autoridades luego de recibir amenazas directas contra su familia.

¿Qué hacen las bandas al reutilizar apodos como ‘Pedrito Satanás’ en casos de extorsión?

Según información de la Policía compartida en el texto, los grupos delictivos suelen reutilizar alias de líderes capturados o reconocidos, como ‘Pedrito Satanás’, para confundir tanto a las víctimas como a los investigadores, dificultando así la identificación de los verdaderos responsables y entorpeciendo las acciones judiciales.

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El incidente dejó al automóvil involucrado con sus llantas mirando arriba y prácticamente en pérdida total, ya que sufrió graves destrozos.

En imágenes, el vehículo gris quedó con gran parte de su defensa delantera desprendida, además de quedar con el capó aplastado, y sus ventanas y puertas rotas.

#CUNDINAMARCA. Se presenta siniestro vial en la vía Bogotá – La Vega en el sector de El Rosal. Al parecer el conductor de un vehículo tipo automóvil pierde el control del mismo y terminó volcado. Afortunadamente, no se reportan víctimas fatales. https://t.co/7AyGBhT6FT

— Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 20, 2026

Además, el carro quedó botando humo por los daños que sufrió.

El carro quedó entre el separador y parte de la vía del sector de El Rosal. Allí, se presentó congestión vehicular por ambos carriles debido al accidente, por lo que hubo largas filas de vehículos.

Pese a la gravedad del accidente, las autoridades no reportaron víctimas fatales.

Una de las voces más activas en este debate ha sido la senadora Carolina Corcho, miembro del Pacto Histórico, quien informó sobre su intención de recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De acuerdo con lo señalado por Corcho, su acción buscará proteger los derechos de “las madres buscadoras y de los damnificados” afectados por ajustes en el presupuesto, además de denunciar lo que considera un “recorte arbitrario y sin justificación técnica” en la inversión destinada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Corcho también alertó sobre el traslado de recursos hacia el Fondo Milagro, creado para cubrir gastos de reconstrucción tras el terremoto, e insistió en que se trata de una acción “peligrosa”.

Esta movilización política no es aislada. De acuerdo con El Espectador, se trata del segundo llamado de la oposición para protestar contra las decisiones del gobierno, después de una primera jornada de manifestaciones realizada en la Plaza de Bolívar el 14 de octubre. Desde el Pacto Histórico se ha definido la protesta social como la principal herramienta para construir su alternativa política frente al gobierno actual, marcando una línea estratégica de cara a las elecciones regionales de 2027.

En respuesta, el presidente Abelardo de la Espriella agradeció públicamente al Congreso por la aprobación del presupuesto y destacó la "determinación" y el "patriotismo" de quienes apoyaron su propuesta, subrayando la importancia del compromiso colectivo para el futuro del país.

Pese a los mensajes institucionales, la polémica persiste debido al enfoque del presupuesto, en especial por la reducción de recursos a las instituciones surgidas del Acuerdo de Paz. Según la información presentada, Antioquia y Valle del Cauca figuran entre las regiones más impactadas, con recortes de 600.000 millones y 200.000 millones respectivamente.

Esta controversia llevó a la senadora Corcho a anunciar una acción popular ante el Tribunal contencioso administrativo, para exigir el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales del Estado y denunciar una supuesta extralimitación de funciones por parte del Congreso. El trasfondo de la discusión reside en la intención del gobierno de orientar recursos de entidades asociadas a la paz, hacia otras prioridades consideradas urgentes. Todo este escenario ha intensificado la organización de la oposición, que avanza en su preparación hacia la contienda electoral venidera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la oposición critica el presupuesto general de la nación 2027 en Colombia?

La principal crítica de la oposición es la disminución de los recursos para entidades vinculadas al proceso de paz y la asignación de fondos hacia otras áreas, en particular el Fondo Milagro. Según la senadora Carolina Corcho, esto representa un recorte sin justificación técnica que afecta a víctimas y sectores vulnerables. Además, algunos departamentos como Antioquia y Valle del Cauca fueron señalados por sufrir recortes importantes en el presupuesto asignado.

¿Qué acciones legales están emprendiendo contra el presupuesto de 2027?

La senadora Carolina Corcho anunció medidas cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y una acción popular en el Tribunal contencioso administrativo. Estas acciones buscan que el Estado cumpla los compromisos establecidos y se declare la no exequibilidad del presupuesto aprobado, en particular aquellos aspectos considerados una extralimitación de funciones por parte del Congreso.

Este suceso ha generado una profunda consternación no solo en la familia, sino en toda la comunidad indígena arhuaca. El Gobierno del Pueblo Arhuaco manifestó públicamente su solidaridad con los padres de Sanny, Nelson Ener Torres y Lirias Gutiérrez, y con el resto de la comunidad afectada por la tragedia. Así mismo, se activó un protocolo de acompañamiento y apoyo integral para brindar respaldo emocional y logístico a los familiares.

En medio de la conmoción, las autoridades tradicionales del pueblo arhuaco hicieron un llamado a las instituciones responsables, entre ellas la Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Cruz Roja Colombiana, para trabajar en conjunto. El objetivo es fortalecer la prevención, la atención a las emergencias y la adecuada gestión del riesgo en zonas habitadas por poblaciones indígenas.

Este trágico caso resalta, una vez más, los peligros que enfrentan diariamente los habitantes de zonas rurales y comunidades indígenas, especialmente durante la temporada de lluvias. Las condiciones geográficas, la cercanía a ríos y quebradas, así como la dificultad de acceso, aumentan los riesgos en las actividades cotidianas. Por ello, las autoridades tradicionales reiteraron la importancia de que los habitantes de resguardos y veredas lleven a cabo medidas de precaución, evitando transitar o trabajar en laderas inestables y manteniéndose alejados de fuentes hídricas peligrosas. Recomendaron, además, prestar atención a las advertencias y consejos de los organismos de socorro.

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¿Qué recomendaciones hacen las autoridades indígenas para evitar accidentes en temporada de lluvias?

Las autoridades indígenas, citadas en la información, recomiendan extremar las precauciones durante la temporada de lluvias. Entre las sugerencias destacan evitar transitar o realizar labores en laderas inestables, mantenerse alejados de fuentes hídricas peligrosas y seguir las recomendaciones preventivas emitidas por los organismos de socorro, para minimizar los riesgos asociados con las condiciones climáticas y geográficas de sus territorios.

¿Qué es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y cuál fue su papel en este caso?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es una entidad mencionada por las autoridades tradicionales arhuacas entre los organismos llamados a articular acciones de prevención y atención de emergencias en territorios indígenas. En este caso, la UNGRD fue invitada a participar en el fortalecimiento de estrategias para la gestión del riesgo, junto con otras instituciones territoriales y de socorro.

La víctima mortal fue identificada como Mario Rafael Tapia Pineda, de 21 años, oriundo de Zambrano, Bolívar, quien había residido durante varios años en Bosconia. Según confirmaron los investigadores citados en la información, Tapia Pineda falleció en el mismo sitio debido a la gravedad de las heridas sufridas por impactos de bala.

En el ataque también resultó herida su esposa, Ángela María Muñoz Acuña, de 22 años, natural de El Copey, Cesar. La joven recibió rápidamente asistencia y fue trasladada de urgencia a la Clínica Sinais Vitais de Bosconia. Allí permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos, también conocida como UCI, con pronóstico reservado dada la delicada situación de salud que le dejaron las heridas.

La investigación inicial, llevada a cabo por el personal de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, apunta a que dos sujetos desconocidos que viajaban en motocicleta irrumpieron de manera violenta en la finca y dispararon directamente contra la pareja. Mientras los peritos judiciales desarrollaban la inspección técnica al cadáver, encontraron en el lugar un panfleto sobre el cuerpo de Tapia Pineda con la frase manuscrita: "Por Pachenca – Jíbaro".

Este hallazgo ha desencadenado nuevas líneas de investigación, ya que las autoridades buscan determinar la autenticidad del mensaje y establecer si existe una relación entre el contenido del panfleto y el homicidio. Por el momento, el cuerpo de Mario Rafael Tapia Pineda fue trasladado a Medicina Legal y la recolección de pruebas continúa enfocada en esclarecer los móviles del crimen, el origen del escrito y la identificación de los responsables.

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¿Qué significa UCI y cuál es su función en casos de emergencia como el ataque en Bosconia?

La sigla UCI significa "Unidad de Cuidados Intensivos". Se trata de un área especializada dentro de los hospitales dedicada al monitoreo, tratamiento y atención permanente de pacientes en estado crítico o con complicaciones graves, como en el caso de Ángela María Muñoz Acuña después del ataque en Bosconia.

¿Qué investigan las autoridades tras el hallazgo del panfleto en el crimen de Bosconia, Cesar?

Tras el hallazgo del panfleto con el mensaje "Por Pachenca – Jíbaro", las autoridades investigan tanto la autenticidad del escrito como su posible conexión con el homicidio, además de buscar esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables del ataque armado ocurrido en la finca El Pedregalito.

La apertura de este proceso disciplinario tiene su origen en varios encuentros que, de acuerdo con las declaraciones de Rodríguez, tuvieron lugar en octubre de 2025. La exdirectora del Dapre reconoció, según informó Semana, que fue instruida para coordinar reuniones con antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estructura armada ilegal que existió en anteriores décadas. El objetivo de estos encuentros habría sido obtener declaraciones comprometedoras contra reconocidos dirigentes políticos en medio de la campaña presidencial.

En su versión, Rodríguez mencionó nombres como Álvaro Uribe Vélez, Abelardo De la Espriella y Germán Vargas Lleras, sobre quienes se buscaban señalamientos por parte de los exparamilitares. Además, afirmó que participó en la organización de un encuentro al que presuntamente asistieron Salvatore Mancuso y los excomandantes conocidos como alias El Alemán, Jorge 40 y alias Macaco, todos antiguos jefes de las AUC. Sin embargo, siempre según el testimonio de Rodríguez divulgado por Semana, algunos de estos exparamilitares habrían rechazado la posibilidad de prestar declaraciones con esos fines políticos.

La Procuraduría lo que intenta determinar es hasta qué punto Rodríguez y Benedetti tenían conocimiento, participaron o autorizaron las supuestas actuaciones, y si estas podrían convertirse en faltas disciplinarias. No obstante, la entidad resaltó que abrir la investigación no constituye una sanción ni una declaración de responsabilidad, sino que busca establecer la verdad de los hechos señalados.

Patricia Carrillo Blanco, funcionaria ponente del caso, comunicó el 20 de octubre que los elementos de la denuncia también fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación, que los examina a través de un equipo especializado para esclarecer lo sucedido y, en caso de ser necesario, tomar decisiones en el ámbito penal.

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¿Qué es el ‘Pacto de Valledupar’ y por qué involucra a exjefes paramilitares?

El ‘Pacto de Valledupar’ hace referencia a presuntas reuniones entre altos funcionarios del gobierno y antiguos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia para, supuestamente, obtener acusaciones contra figuras políticas a cambio de beneficios jurídicos y carcelarios. La información conocida surge del procedimiento disciplinario abierto por la Procuraduría General de la Nación y de las declaraciones divulgadas por la revista Semana.

¿Cuáles son las implicaciones de la investigación disciplinaria contra Angie Rodríguez y Armando Benedetti?

La investigación disciplinaria busca esclarecer si Angie Rodríguez y Armando Benedetti participaron o tuvieron conocimiento de los hechos denunciados en torno al ‘Pacto de Valledupar’. Según comunicó la Procuraduría, la apertura de la investigación aún no implica responsabilidad alguna, sino que tiene como objetivo comprobar la veracidad de las acusaciones y determinar si existieron faltas disciplinarias.

La actuación ocurrió el pasado 31 de agosto, fecha en la que se abrió una noticia criminal en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, según la información divulgada por Caracol Radio. 

Con la compulsa de copias, el ente investigador puso los hechos en conocimiento de la comisión de la Cámara que tiene entre sus funciones examinar las actuaciones de altos funcionarios y expresidentes, para que determine si hay motivos para adelantar una investigación dentro de sus competencias.

#ATENCIÓN | La @FiscaliaCol compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue al expresidente Gustavo Petro (@petrogustavo), por el denominado ‘Pacto de Valledupar’. Esto ocurrió el pasado 31 de agosto, fecha en la que se abrió una noticia criminal en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Vía: @JennyAngaritaG

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2026

El procedimiento no equivale a una condena ni significa que se haya establecido la responsabilidad de Petro. La compulsa de copias permite que la autoridad competente conozca los hechos y evalúe si corresponde iniciar las actuaciones pertinentes.

Por ahora, la información compartida señala la apertura de la noticia criminal y el envío de la documentación a la Cámara. Para establecer el alcance de la indagación, será necesario conocer los hechos concretos que sustentan el caso del llamado ‘Pacto de Valledupar’ y las eventuales decisiones que adopte la comisión.

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La senadora Carolina Corcho anunció que la colectividad acudirá a instancias nacionales e internacionales para cuestionar los cambios presupuestales, especialmente los relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La congresista también señaló que buscarán medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en defensa de las madres buscadoras y de las personas afectadas por los recortes que, según denunció, comprometerían recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz.

El anuncio se produjo después de una extensa jornada legislativa que terminó en la madrugada del martes 20 de octubre, cuando la Cámara de Representantes aprobó el proyecto que ya había recibido el aval del Senado.

Pacto Histórico cuestiona recorte presupuestal a la JEP

Uno de los principales puntos de controversia es la reducción de recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz, organismo creado a partir del Acuerdo de Paz de 2016 para investigar y juzgar los crímenes más graves relacionados con el conflicto armado.

El presupuesto aprobado contempla una reducción de 181.400 millones de pesos para la JEP. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el ajuste incluye una disminución inicial de 170.000 millones de pesos y otra de 11.400 millones de pesos, cuyos recursos se trasladan al Ministerio de Defensa.

Desde el Pacto Histórico, Corcho calificó la decisión como un recorte arbitrario y cuestionó la forma en que se modificaron las partidas destinadas a las instituciones vinculadas con la implementación del acuerdo.

La senadora sostuvo que las decisiones presupuestales podrían afectar compromisos nacionales e internacionales relacionados con los derechos de las víctimas, entre ellas las madres buscadoras y las personas damnificadas.

El Gobierno, por su parte, ha defendido el presupuesto y sostiene que los ajustes a la JEP no afectarán el funcionamiento de la entidad ni el cumplimiento de sus funciones misionales.

Carolina Corcho anunció acciones jurídicas contra el presupuesto

Además de acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Corcho anunció que promoverán una acción popular ante la jurisdicción contencioso-administrativa para cuestionar la aprobación del presupuesto.

La congresista argumentó que durante el trámite legislativo se habrían presentado irregularidades y cuestionó las facultades utilizadas por los congresistas para introducir modificaciones relacionadas con los recursos de las instituciones surgidas del Acuerdo de Paz.

Las acciones anunciadas buscan que las autoridades competentes examinen la legalidad de las decisiones adoptadas durante el trámite presupuestal. Sin embargo, las objeciones planteadas por la oposición no significan, por sí solas, que se haya declarado la inconstitucionalidad del presupuesto o que su aprobación haya sido anulada.

Desde la bancada del Pacto Histórico, en conjunto y unidad con las Madres buscadoras, las víctimas y los damnificados denunciamos los graves vicios de inconstitucionalidad del presupuesto aprobado. 

Alertamos sobre el recorte arbitrario y sin justificación técnica del 80% del presupuesto de inversión de la JEP un golpe bajo que busca la impunidad y constituye una venganza directa contra quienes han sufrido el conflicto y contra los acuerdos de paz, así como el peligroso traslado de recursos al opaco Fondo Milagro operado por @ABDELAESPRIELLA.

No nos quedaremos de brazos cruzados: interpondremos acciones, pediremos medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en defensa de las madres buscadoras y de los damnificados, y de la mano del movimiento social masivo, convocamos al Paro Cívico Nacional en Noviembre. 

La fuerza de la gente en las calles es la que detendrá esta injusticia.

#PresupuestoDeMiseria #CarolinaCorcho #PactoHistorico #JEP #ParoNacional #FondoMilagro

— Carolina Corcho (@carolinacorcho) October 20, 2026

Pacto Histórico prepara nuevas movilizaciones contra De la Espriella

El partido también anunció que mantendrá las movilizaciones como mecanismo de oposición al Gobierno. La colectividad ya había participado en la jornada de protestas del pasado 14 de octubre y ahora busca impulsar nuevas manifestaciones.

Según los anuncios divulgados este martes, la próxima movilización está prevista para el 24 de noviembre, en medio de los cuestionamientos al presupuesto y de las diferencias políticas con la administración de De la Espriella.

La oposición también ha expresado preocupación por la distribución territorial de los recursos de inversión. En el debate se mencionaron reducciones para departamentos como Antioquia y Valle del Cauca, aunque esas cifras deben contrastarse con las partidas definitivas aprobadas para cada región.

Por su parte, el presidente celebró la aprobación del presupuesto y agradeció a los congresistas que respaldaron el proyecto.

“Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. A los senadores y representantes a la Cámara que votaron a favor, mi reconocimiento especial por su patriotismo y determinación”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

Los empresarios del transporte intermunicipal de pasajeros solicitan al Gobierno Nacional incluir en el Plan Nacional de Desarrollo medidas concretas para renovar la flota, formar nuevos conductores, reducir los costos operativos y eliminar las barreras administrativas que afectan la prestación del servicio en Colombia.

“Movilizamos entre 130 y 135 millones de pasajeros al año, por lo que el país debe tener una política de transporte que reconozca las particularidades del sector y garantice las condiciones para su sostenibilidad y modernización”, afirmaron los transportadores en comunicado de Aditt.

Una de las principales preocupaciones es la antigüedad del parque automotor: el 38 % de los vehículos supera los 15 años de servicio. Para acelerar su renovación, los empresarios proponen crear un programa de incentivos económicos que reconozca entre el 15 % y el 30 % del valor comercial de los buses retirados, bajo determinadas condiciones, y ampliar la exención del IVA, sin limitarla a propietarios de máximo dos automotores.

Los beneficios aplicarían a pequeños propietarios, cooperativas y empresas habilitadas que adquieran vehículos con tecnologías más limpias, como diésel Euro VI o superior, gas natural vehicular dedicado, electricidad o hidrógeno. Asimismo, plantean financiar el 100 % de los costos de formación y obtención de licencias C1, C2 y C3, con prioridad para los jóvenes.

La iniciativa busca facilitar el ingreso de nuevos conductores y responder al déficit proyectado de más de 28.000 profesionales, asociado a las dificultades para atraer personal al sector.

Los empresarios también solicitan articular el transporte intermunicipal con la expansión de los trenes de cercanías y los sistemas integrados de transporte masivo, garantizando la continuidad de las rutas y frecuencias legalmente autorizadas.

Actualmente, el sector conecta a más de 1.000 municipios y facilita el acceso al empleo, la educación, la salud y el turismo. Además, el 82 % de las rutas interdepartamentales y de larga distancia conecta municipios de categorías cuarta, quinta y sexta con las principales metrópolis regionales.

Los transportadores reiteran su llamado al Gobierno Nacional para convertir estas propuestas en medidas concretas, con financiación, reglas claras y coordinación institucional que permitan modernizar el sector y garantizar la sostenibilidad del transporte intermunicipal de pasajeros.

¿Qué es Aditt en Colombia?

La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal constituye uno de los gremios más importantes de la industria de movilidad de pasajeros en Colombia.

La organización privada sin ánimo de lucro representa activamente a más de cien compañías transportadoras que conectan rutas en los 32 departamentos del territorio nacional.

Fundada jurídicamente en marzo de 1989, la entidad nació con el propósito de defender los intereses de pequeñas y medianas empresas frente a las autoridades estatales.

El gremio impulsó hitos regulatorios fundamentales para la legislación nacional, participando en la formulación de la Ley 105 de 1993 y la Ley 336 de 1996.

Estas normativas promovieron la libertad de horarios y tarifas, fomentando un marco de competitividad entre las diferentes empresas habilitadas para operar transporte público por carretera.

Actualmente, la institución actúa como vocero unificado ante el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y el Congreso en debates sobre seguridad y políticas públicas.

La entidad presta servicios permanentes de capacitación, asesoría jurídica, actualización normativa y soporte económico a sus afiliados para impulsar la formalización del sector vehicular.

Adicionalmente, sus directivas gestionan estrategias para garantizar la continuidad operativa ante problemas de orden público, costos de combustibles y peajes en los corredores viales.

El trabajo coordinado de la asociación busca elevar los estándares de calidad en la prestación del servicio para más de cien millones de usuarios anuales.

A través de sus programas de formación empresarial, fortalece el desarrollo técnico de conductores y directivos, contribuyendo modernización logística de las terminales del país.

Su liderazgo ratifica el compromiso con la libre movilidad, el progreso regional, la equidad de mercado y el fortalecimiento de la infraestructura vial colombiana.

“Apoyamos la firmeza del presidente Abelardo de la Espriella para que la verdad acerca del asesinato de mi hijo Miguel Uribe Turbay no se quede en la ejecución del crimen”, señalaron en el comunicado.

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En el documento, los firmantes también destacaron una pregunta que, según ellos, debe tener respuesta dentro del proceso judicial: “¿Quién dio la orden de matarlo?”.

El mensaje incluyó una acusación contra el anterior ejecutivo. “Colombia y el mundo tienen que conocer la verdad sobre este crimen de Estado con la complicidad del gobierno de Petro”, afirmaron.

Se trata de un señalamiento de los firmantes que deberá ser contrastado por las autoridades; no constituye una conclusión judicial sobre la responsabilidad de funcionarios o integrantes de esa administración.

#Política | “Colombia y el mundo tienen que conocer la verdad sobre este crimen de Estado”, señaló Miguel Uribe Londoño en un comunicado con el que respaldó el compromiso del presidente Abelardo de la Espriella por establecer los autores materiales e intelectuales del magnicidio.… pic.twitter.com/njZcSS5X0Q

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2026

¿Qué dijo De La Espriella sobre la investigación?

El pronunciamiento de la familia se conoce después de que De La Espriella asegurara, el pasado 7 de octubre, que el asesinato de Miguel Uribe Turbay no quedará impune durante su Gobierno. En un acto en homenaje al dirigente político, el mandatario sostuvo que todavía es necesario esclarecer quién ordenó el crimen, más allá de las personas que participaron directamente en su ejecución.

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Fiscalía busca establecer quién ordenó el asesinato

La investigación ha tenido avances en la identificación y judicialización de personas presuntamente involucradas en el atentado, pero las autoridades siguen examinando posibles responsabilidades intelectuales y financieras.

El 19 de octubre, el Ministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía profundizar las pesquisas y verificar información reciente entregada por María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay. La petición incluye establecer quién habría ordenado y financiado el crimen, además de comprobar la autenticidad y veracidad de los elementos aportados.

En su mensaje, Uribe Londoño y Jaramillo Hoyos también defendieron el legado del dirigente asesinado: “Mataron a mi hijo Miguel, pero nunca podrán matar ni sus principios ni sus valores. Su legado vivirá para siempre en el corazón de los colombianos”.

La autoría intelectual del magnicidio continúa bajo investigación y deberá esclarecerse con pruebas dentro del proceso judicial.

El informe contiene una reconstrucción cronológica del desplazamiento del 31 de enero de 2023, además de una revisión de aspectos físicos y técnicos relacionados con la comisión que acompañó a Alcocer. Entre los elementos analizados aparece incluso el bolso de mano que llevaba durante el viaje.

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La defensa también cuestionó las declaraciones de Eva Ferrer sobre un supuesto ingreso de US $ 2,5 millones en efectivo desde Venezuela hacia Colombia, así como señalamientos relacionados con presunto tráfico de armas y drogas. El abogado Ricardo Gaviria citó la versión de Manuel Grau Pujadas, quien habría calificado esas afirmaciones como falsas.

“El informe adjunto corresponde a un avance de las labores de investigación adelantadas por la defensa y aborda, entre otros aspectos: La verificación directa de la fuente de información invocada públicamente por la señora EVA FERRER GALCERÁN, señor MANEL GRAU PUJADAS, quien, al ser consultado directamente, respondió que la afirmación según la cual había sostenido con ella una conversación en la que le informó sobre el supuesto ingreso a Colombia de USD 2,5 millones en efectivo desde Venezuela por parte de la primera dama ‘(…) Es totalmente falso, una calumnia’; una reconstrucción cronológica del viaje oficial del 31 de enero de 2023 a Venezuela, a partir de registros audiovisuales divulgados en Colombia y Venezuela”, se lee en el documento.

#ATENCIÓN | La defensa de Verónica Alcocer presentó ante la @FiscaliaCol un informe preliminar con los detalles técnicos y físicos del viaje que realizó la exprimera dama a Venezuela el 31 de enero de 2023.

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Vía @JennyAngaritaG
https://t.co/qVSnCpbL62 https://t.co/yxyPkIHyKq

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2026

El informe también señala que Jorge Ignacio Zorro, Clara Inés Leyva Durán y Pilar Leyva Durán, quienes hicieron parte de la comisión oficial, están dispuestos a atender eventuales requerimientos de la Fiscalía. Estas personas podrían aportar información sobre la planeación y el desarrollo del viaje.

“En el desarrollo de estas labores se estableció contacto con el ex Ministro JORGE IGNACIO ZORRO SÁNCHEZ, CLARA INÉS LEYVA DURÁN y PILAR LEYVA DURÁN, participantes de la comisión oficial, quienes han manifestado su disposición a atender eventuales requerimientos de la Fiscalía y explicar lo ocurrido durante el desplazamiento”, señala el informe.

Otro de los puntos incluidos corresponde al análisis del equipaje y de las condiciones logísticas del desplazamiento. La defensa aportó información sobre “el objeto cultural de la visita, el análisis del equipaje observable, incluido el bolso de mano que portaba mi representada”.

También se incluyeron “las estimaciones preliminares de peso, volumen y plausibilidad logística frente a los señalamientos sobre estupefacientes y USD 2,5 millones en efectivo; y vi) el examen del marco normativo de seguridad aplicable a las aeronaves de Estado, particularmente el RACAE 16O”, según el documento.

Mientras la defensa presentó este informe, la Fiscalía mantiene abierta la indagación. Cabe mencionar que Eva Ferrer fue citada nuevamente para entregar su declaración juramentada el 21 de octubre, a las 9:00 de la mañana, mediante una diligencia virtual.

El abogado de Ferrer aseguró que ella entregará las supuestas pruebas que tiene contra Alcocer y que se ratificará en sus señalamientos, además de aportar detalles que podrían ampliar la investigación.

De acuerdo con la CVC, los recursos recaudados por la sobretasa ambiental representan más del 50 % de los ingresos corrientes de la entidad y cubren cerca de la mitad de su inversión total en el Valle del Cauca. El director general, Marco Antonio Suárez, expresó su preocupación por la posibilidad de que el nuevo esquema afecte la financiación de proyectos ambientales, debido a que este sistema ha posibilitado tradicionalmente distribuir inversiones tanto en Cali como en otros municipios del departamento. Suárez también advirtió que la aplicación del modelo podría aumentar el valor del impuesto predial hasta en un 40 %.

Por otro lado, el director de la AMSO, Alexander Durán, explicó que la sobretasa ambiental está contemplada como una fuente directa de financiación para las áreas metropolitanas, y aseguró que los recursos obtenidos se reinvertirán exclusivamente en los territorios de la AMSO. Para ejemplificar el impacto económico, Durán mencionó que el cambio en la tarifa sería de 1,5 a 2 por mil sobre el avalúo catastral, lo que para un inmueble con un pago anual de 10 millones de pesos en predial solo supondría un incremento de 5.000 pesos al año. El funcionario defendió el modelo metropolitano y señaló que la iniciativa fue respaldada a través de un proceso de participación ciudadana.

La controversia también tiene una arista legal y de legitimidad. La CVC cuestiona el proceso de conformación del área metropolitana al argumentar que hubo falencias en la consulta previa a las comunidades étnicas, así como en la robustez técnica y operativa de la AMSO para manejar asuntos ambientales. Según Suárez, la nueva entidad aún no está preparada para asumir esas tareas, poniendo como respaldo los 72 años de experiencia acumulada de la CVC. Además, la CVC llama la atención sobre la baja participación electoral en la consulta popular que dio origen a la AMSO, indicando que fue inferior al 10 % del censo electoral.

Ante este panorama, el debate sigue abierto, girando en torno al costo para los contribuyentes, la capacidad institucional y la forma en la cual se distribuirán los recursos ambientales entre Cali y el resto del Valle del Cauca.

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¿Cuál sería el impacto de la sobretasa ambiental en el impuesto predial de Cali?

Según información presentada por la CVC, la implementación del nuevo esquema de sobretasa ambiental podría elevar el cobro del impuesto predial en aproximadamente un 40 %. Sin embargo, la AMSO argumenta que el aumento real sería de 0,5 por mil sobre el avalúo catastral, lo que representaría un incremento de 5.000 pesos anuales para predios cuyo impuesto predial es de 10 millones de pesos.

¿Qué cuestionamientos existen sobre la conformación y capacidad de la AMSO?

La CVC ha expresado dudas sobre la legalidad y robustez de la AMSO, señalando posibles irregularidades en la consulta previa a comunidades étnicas y la capacidad técnica para asumir competencias ambientales. También enfatiza que la participación electoral en la consulta popular que legitimó la creación de la AMSO fue inferior al 10 % del censo electoral, lo que pone en entredicho el respaldo ciudadano real del proceso.

La acción del Ministerio Público surge a raíz de una entrevista publicada por Semana, en la que Angie Rodríguez revela detalles de un supuesto plan originado desde la Presidencia de la República. De acuerdo con su testimonio, la estrategia buscaba vincular a De la Espriella, al expresidente Uribe y al fallecido exvicepresidente Vargas Lleras con organizaciones paramilitares, todo esto en el contexto de la campaña presidencial de 2025. La exdirectora del Dapre afirma que la instrucción llegaba directamente del entonces presidente Gustavo Petro y del ministro Benedetti, en busca de organizar un evento con exjefes paramilitares en Valledupar, bajo la apariencia de cerrar el llamado Pacto de Ralito. No obstante, Rodríguez insiste en que el objetivo real era enlodar a los mencionados políticos.

La investigación disciplinaria fue formalizada un día después de que el ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitara a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que se investigaran penalmente las presuntas reuniones en Valledupar, encuentros que habrían tenido lugar durante octubre de 2025. Esta solicitud se basa también en una columna escrita por Melquisedec Torres, titulada “El Pacto de Valledupar”, publicada en El Colombiano. En el texto se describen eventos entre el 22 y 24 de octubre, en los que habrían sido identificados tres exjefes paramilitares –Alfonso Severini Caballero, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, alias “Martín Llanos”– como testigos claves.

La información oficial indica que, según el columnista, se plantearon posibles ofrecimientos de beneficios judiciales, incluyendo el ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pronta libertad o mejores condiciones de reclusión para familiares, pero finalmente estos exjefes no aceptaron participar. Reforzando la gravedad de este caso, el abogado Juan Carlos Villamizar, defensor del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, señaló a Caracol Radio haber sido testigo en algunas de estas reuniones.

Por ahora, la Procuraduría avanzará en la recolección de pruebas para determinar si existen fundamentos para llevar a juicio disciplinario a los exfuncionarios involucrados. Tanto Benedetti como Rodríguez tienen derecho a presentar su versión de los hechos, ya sea por escrito o de manera presencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el caso conocido como “Pacto Valledupar” y por qué involucra a exjefes paramilitares?

El “Pacto Valledupar” hace referencia a un supuesto plan, según la Procuraduría y declaraciones recogidas por Semana y El Colombiano, para involucrar a destacados políticos con organizaciones paramilitares a través de testimonios de exjefes de estos grupos, utilizando reuniones y ofrecimientos de beneficios judiciales. La presunta manipulación tenía por objetivo afectar la imagen de Abelardo De la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras en medio de la contienda presidencial.

¿Qué acciones ha tomado la Procuraduría frente a las denuncias sobre el “Pacto Valledupar”?

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y designó procuradores encargados de recolectar pruebas. Los investigados podrán dar su versión de los hechos. Este proceso busca determinar si existen méritos suficientes para iniciar un juicio disciplinario contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez por las presuntas acciones denunciadas.

Hoy en día, las redes delictivas emplean cédulas totalmente auténticas pertenecientes a personas fallecidas para concretar transacciones comerciales e institucionales de manera fraudulenta.

Esta preocupante realidad quedó al descubierto luego de la publicación de un exhaustivo informe elaborado por la firma tecnológica AUCO, experta en validación digital.

La compañía, que procesa mensualmente más de 250.000 comprobaciones de identidad para múltiples sectores de la economía, detectó una alarmante recurrencia de este fenómeno.

De acuerdo con sus registros analíticos, aproximadamente 1.500 cédulas pertenecientes a ciudadanos fallecidos son ingresadas cada mes en procesos de validación y firma.

Esta preocupante estadística equivale a cerca de 50 intentos diarios de suplantación, superando dos casos por hora en los sistemas de autenticación digital.

Los datos proyectados por los analistas sugieren que cerca de 18.000 cédulas de personas difuntas podrían estar utilizándose al año para cerrar operaciones ilegales.

“Estamos viendo documentos reales de personas fallecidas que alguien intenta utilizar para pedir préstamos, financiar productos o firmar contratos. Como la cédula es auténtica, una revisión visual puede no detectar nada extraño”, explicó Santiago Montoya, CEO de AUCO y autor del informe.

El directivo remarcó que las estructuras criminales también acuden al hurto de documentos físicos, la adulteración fotográfica y el uso no autorizado de identidades.

Frente a este escenario, la Registraduría Nacional ha reiterado la urgencia de tramitar las defunciones de forma oportuna para proceder con el reporte correspondiente.

La entidad oficial informó que durante el año 2025 anuló 105 documentos por falsa identidad, mientras que hasta agosto de 2026 canceló 83 adicionales.

Ante estas vulnerabilidades del sistema comercial, el representante de AUCO fue enfático en la necesidad de transformar los procedimientos habituales: “mirar una cédula y comprobar que ‘parece original’ ya no alcanza”.

El experto sugiere implementar análisis biométricos, verificación facial con prueba de vida activa, consultas cruzadas en plataformas oficiales y canales alternativos de confirmación.

Las incidencias por suplantación no se limitan al sector bancario; también impactan significativamente a constructoras, inmobiliarias, firmas de venta directa, microcréditos y telecomunicaciones.

Cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio revelan que desde 2020 se han radicado más de 40.316 denuncias asociadas a la suplantación de identidad.

Adicionalmente, el mecanismo SIC Facilita atendió 13.983 Reclamaciones por casos similares, destacándose que 11.365 solicitudes correspondieron puntualmente a empresas prestadoras de telefonía e internet.

El panorama normativo dará un giro drástico con la entrada en vigor de la Ley Estatutaria 2573 de 2026, fijada para el 19 de noviembre.

La nueva legislación exigirá a las entidades comerciales demostrar con pruebas razonables los protocolos aplicados para verificar la identidad de sus clientes habituales.

Aquellas corporaciones que no acrediten las comprobaciones debidas tendrán que suspender cobros, revertir calificaciones negativas en centrales de riesgo y asumir las pérdidas económicas.

“Si la empresa no guardó evidencia de cómo validó la identidad, después no tendrá con qué demostrar que la operación fue legítima”, señaló Montoya.

Para blindar sus procedimientos, las organizaciones deberán preservar las imágenes del documento, registros de ubicación IP, comprobaciones biométricas y la fecha exacta del trámite.

¿Cómo saber si una cédula en Colombia es de alguien muerto?

Verificar la validez jurídica de un documento de identidad en Colombia constituye un paso fundamental para prevenir estafas, fraudes y suplantaciones de personas fallecidas.

Cualquier ciudadano o entidad empresarial puede constatar gratuitamente el estado legal de un documento de identificación nacional mediante el portal oficial de la entidad registradora.

El procedimiento virtual requiere ingresar el número del documento en la herramienta de consulta de certificados de vigencia habilitada por la autoridad electoral.

El aplicativo del Archivo Nacional de Identificación arroja de forma inmediata el resultado actualizado sobre la condición administrativa de la persona consultada.

Si el titular ha fallecido y la defunción fue debidamente reportada, el sistema genera la leyenda identificatoria que confirma la cédula cancelada por muerte.

Adicionalmente, las organizaciones privadas y del sector financiero pueden conectar sus sistemas tecnológicos a las bases de datos de la administración estatal.

Este enlace técnico permite validar automáticamente la autenticidad del documento y contrastar los datos en tiempo real antes de autorizar transacciones comerciales.

Las autoridades nacionales recomiendan verificar el certificado de vigencia para evitar el uso indebido de identidades extintas en contratos, créditos o trámites notariales.

En caso de detectar irregularidades o inconsistencias en los registros, las personas afectadas deben notificar de inmediato las anomalías ante las instancias judiciales.

La Fiscalía precisó que el presunto responsable será presentado ante un juez de control de garantías. Este individuo enfrentará cargos por el delito de amenazas agravadas, relacionados con situaciones ocurridas el 18 de octubre pasado. En relación con estos hechos, el organismo judicial indicó que la Dirección Especializada para los Delitos Informáticos recopila evidencia técnica que apunta a que el mensaje intimidante fue enviado mediante una cuenta anónima de la red social Instagram. En aquel mensaje, se incluían declaraciones que atentaban contra la vida de la primera dama y de su familia, situación que rápidamente fue denunciada y puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

Este caso no representa la única investigación en curso por posibles ataques a Ana Lucía Pineda en plataformas digitales. La Fiscalía también abrió una indagación el 13 de octubre contra el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido en el medio como Matador, tras una serie de publicaciones que hacía referencia a la primera dama. Según la información proporcionada por la Fiscalía, el caso podría configurar violencia contra la esposa del presidente Abelardo De la Espriella y, por ende, la investigación ha sido asumida por una fiscal del Grupo de Violencias Basadas en Género, quien indaga por el presunto delito de injuria agravada.

Las publicaciones de Matador desataron una fuerte reacción del Gobierno nacional, que condenó los señalamientos hechos en redes sociales, donde se refirió a Pineda con términos despectivos y discriminatorios, estableciendo que tales comentarios representan formas de animalización y ataques misóginos. Por estos motivos, el Gobierno solicitó a la Fiscalía determinar si verdaderamente se configura una infracción o delito penal. Además, la firma de abogados De la Espriella Lawyers decidió iniciar acciones legales contra Matador, ya que consideran que se trata de una agresión directa a la primera dama. La firma también declaró, según lo publicado, su rechazo total a cualquier expresión que atente contra la dignidad humana y, particularmente, a aquellas que recurren a la violencia simbólica contra las mujeres.

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¿En qué consiste el delito de amenazas agravadas por el que fue imputado el capturado?

El delito de amenazas agravadas implica enviar mensajes o realizar acciones que ponen en peligro la integridad o la vida de una persona, con agravantes cuando se utiliza tecnología o existen factores que incrementan la gravedad de la intimidación. Según la Fiscalía General de la Nación, el acusado utilizó una cuenta anónima de Instagram para amenazar a la primera dama y su familia, lo que constituye una conducta delictiva especialmente grave.

¿Cómo respondió el Gobierno y la firma De la Espriella Lawyers a las publicaciones del caricaturista Matador?

El Gobierno rechazó de manera contundente las expresiones utilizadas por el caricaturista Matador en redes sociales hacia la primera dama, calificando sus comentarios como ofensivos, discriminatorios y misóginos. Por su parte, la firma de abogados De la Espriella Lawyers también condenó estos actos y emprendió acciones legales, argumentando que las publicaciones constituyen un ataque a la dignidad y una forma de violencia simbólica contra las mujeres.

En el comunicado, se recuerda la relevancia de los principios consagrados en la Constitución de 1991: soberanía nacional, integridad territorial, autodeterminación de los pueblos, respeto al derecho internacional, solución pacífica de las controversias, protección del medio ambiente e integración regional latinoamericana y caribeña. A juicio del Centro Político, preservar estos principios es esencial para la democracia y el desarrollo del país.

Se traza una comparación entre la política exterior del exmandatario Gustavo Petro y la actual gestión. Según el documento, la última administración se caracterizó por el “ideologismo extremo, falta de coherencia y profesionalismo” y críticas puntuales sobre “nombramientos que omitieron la meritocracia y debilitaron el servicio exterior”. No obstante, advierten que la nueva administración no debe caer en esos mismos errores y sugieren actuar con mayor equilibrio y profesionalismo.

El Centro Político respalda el multilateralismo y destaca la importancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para el país, señalando que la reforma de estas entidades sería necesaria para hacerlas más representativas. En cuanto a la eventual salida de Colombia de la CPI, señalan que mantener vínculos con este organismo es fundamental para la lucha contra la impunidad y la credibilidad nacional en derechos humanos, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial de retiro.

Sobre la relación con Estados Unidos, el grupo propone mantener una alianza fuerte pero con cautela, resaltando que la preferencia por Washington no puede suplantar la autonomía de Colombia. Critican que la adhesión al "Escudo de las Américas" pone en riesgo esa independencia y recomiendan imparcialidad frente a la política interna estadounidense.

En el caso de China, el comunicado considera que la salida de la Franja y la Ruta debería basarse en razones claras, pues la relación con ese país es clave para el comercio y las inversiones. También, respecto a la relación con Israel y la decisión de trasladar la embajada a Jerusalén, subrayan el desacuerdo del Consejo de Seguridad de la ONU y el alejamiento de la tradición diplomática colombiana.

Finalmente, el Centro Político plantea fomentar la cooperación Sur-Sur, considerando el protagonismo creciente de Asia, África y el denominado Sur Global, e impulsa la diversificación de las relaciones exteriores en todos los ámbitos posibles.

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¿Cuáles son los principales cuestionamientos del Centro Político sobre la política exterior del gobierno De la Espriella?

El Centro Político planteó ocho cuestionamientos al gobierno de Abelardo de la Espriella, enfatizando la importancia de mantener los principios constitucionales en la política exterior, la necesidad de autonomía frente a Estados Unidos, la relevancia de conservar vínculos con la Corte Penal Internacional y la prudencia ante el retiro de la iniciativa china de la Franja y la Ruta. El grupo también criticó el posible traslado de la embajada a Jerusalén y destacó la urgencia de diversificar relaciones internacionales, según información de El Espectador.

¿Por qué es relevante para Colombia mantener vínculos con la Corte Penal Internacional (CPI)?

De acuerdo con el documento citado por El Espectador, para un país con una historia marcada por la violencia y millones de víctimas, los lazos con la CPI son cruciales en la lucha contra la impunidad de graves crímenes y para sostener una política de derechos humanos basada en principios universales. El mantener estas relaciones refuerza la credibilidad internacional de Colombia en esta materia.

(Vea también: De la Espriella increpó a dirigentes de Arauca por dinero de las regalías: “Se lo robaron”)

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario informó que el cargamento tenía como destino los Países Bajos, en Europa, y aprovechó el resultado para presentar un balance de la lucha contra el narcotráfico durante los primeros 75 días de su Gobierno.

“¡Golpe contundente al narcotráfico! La Policía Nacional acaba de lograr la mayor incautación de cocaína en el puerto de Cartagena de los últimos 10 años: 7,6 toneladas que tenían como destino los Países Bajos, en Europa”, escribió el jefe de Estado.

El operativo fue adelantado por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en el marco de la Estrategia Esmeralda. La incautación representa un golpe a las redes dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

¡Golpe contundente al narcotráfico!

La Policía Nacional acaba de lograr la mayor incautación de cocaína en el puerto de Cartagena de los últimos 10 años: 7,6 toneladas que tenían como destino los Países Bajos, en Europa.

En tan solo 75 días de Gobierno, nuestra Fuerza Pública ha incautado 132 toneladas de cocaína, valoradas en 6.108 millones de dólares.

¡No hay tregua contra el narcoterrorismo! Cada dosis que impedimos que llegue a las calles salva vidas, y cada dólar que les arrebatamos debilita sus estructuras criminales. Porque el dinero del narcotráfico es el combustible que alimenta todas las formas de violencia.

¡Esto es apenas el comienzo de la Patria Milagro!

¡Firme por la Patria!
¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 20, 2026

Así fue la incautación de 7,6 toneladas de cocaína en Cartagena

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, el cargamento estaba compuesto por más de 7,6 toneladas de clorhidrato de cocaína. La droga se encontraba mezclada con panela pulverizada, un método que presuntamente buscaba dificultar su detección durante los controles portuarios. Hasta en cocos estaba camuflada, según se ve en el video.

La operación permitió evitar que el estupefaciente saliera del país rumbo al mercado europeo. Según el reporte oficial, el decomiso también afectó las finanzas de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

La Presidencia informó que el valor de la droga incautada superaría los 42.000 millones de pesos en las estimaciones relacionadas con el impacto económico del operativo.

De la Espriella entregó balance de incautaciones en sus primeros 75 días

Además de destacar el resultado en Cartagena, De la Espriella aseguró que la Fuerza Pública ha incautado 132 toneladas de cocaína durante los primeros 75 días de su administración.

Según el mandatario, esos cargamentos tendrían un valor estimado de 6.108 millones de dólares, cifra que presentó como parte del impacto económico de las operaciones contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

“En tan solo 75 días de Gobierno, nuestra Fuerza Pública ha incautado 132 toneladas de cocaína, valoradas en 6.108 millones de dólares”, afirmó el presidente.

Presidente reiteró su ofensiva contra las redes del narcotráfico

En su mensaje, De la Espriella defendió la estrategia de su Gobierno contra el tráfico de estupefacientes y sostuvo que las incautaciones no solo impiden la distribución de drogas, sino que también afectan los recursos de las organizaciones criminales.

“¡No hay tregua contra el narcoterrorismo! Cada dosis que impedimos que llegue a las calles salva vidas, y cada dólar que les arrebatamos debilita sus estructuras criminales. Porque el dinero del narcotráfico es el combustible que alimenta todas las formas de violencia”, escribió.

El mandatario cerró su publicación con una referencia a su proyecto de Gobierno: “¡Esto es apenas el comienzo de la Patria Milagro!”. 

La captura está relacionada con un homicidio ocurrido el 29 de marzo de 2022, en un apartamento ubicado en la avenida 33 con carrera 65, barrio Belén (Medellín). De acuerdo con la investigación, después de asesinar a la víctima dentro de una vivienda, los responsables envolvieron el cuerpo en bolsas plásticas y lo introdujeron en el baúl de un vehículo que posteriormente fue abandonado en inmediaciones del sector de Belén La Mota.

“Durante 4 años, nuestros investigadores recolectaron y analizaron elementos materiales probatorios, los cuales permitieron reconstruir este hecho. Alias el abuelo habría sido el integrante del bloque central Bolívar de las autodefensas y posteriormente habría desarrollado actividades criminales bajo lineamientos del Clan del Golfo”, aseguró el coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

(Vea también: De la Espriella apuntó a Benedetti por ‘Pacto de Valledupar’: “Ni perdón ni olvido para ese criminal”)

Las autoridades establecieron que el capturado habría pertenecido al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas y se habría desmovilizado en 2008. Sin embargo, la investigación señala que presuntamente habría continuado vinculado a actividades criminales en Medellín, bajo las órdenes del Clan del Golfo.

Además, registra antecedentes por homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y falsedad en documento.

“Otro capturado por homicidio agravado y por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. En un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fue capturado por orden judicial”, destacó a su turno el secretario de Seguridad, Manuel Villa.

María Alejandra Solano reside en el barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, al sur de Bogotá. Sus compromisos laborales en Cali habían sido planeados previamente. Según la información revelada, la modelo informó a su familia al momento de arribar a la ciudad, pero abruptamente cortó toda comunicación. Desde entonces, su teléfono permanece apagado y las redes sociales donde solía compartir información con regularidad no han vuelto a registrar actividad. Personas cercanas, citadas por El Espectador, insisten en que este comportamiento es inusual, pues era una persona atenta que mantenía contacto frecuente con su entorno familiar y social.

Una de las principales incógnitas se centra en las primeras horas después de su llegada a Cali. Nadie ha podido determinar a ciencia cierta cuál fue su desplazamiento exacto por los distintos barrios o sectores de la ciudad. Además, tampoco existen indicios concretos sobre personas con quienes podría haberse reunido antes de perder toda comunicación. Tal situación llevó a sus seres queridos a activar una cadena de búsqueda. Han difundido su fotografía y mensajes en redes sociales solicitando cualquier información, una labor en la que también participan compañeros de trabajo y personas del gremio del modelaje bogotano.

Frente a la falta de respuestas, la familia solicitó apoyo a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de esclarecer las circunstancias en las que María Alejandra desapareció. Entre sus pedidos están la revisión de cámaras de seguridad de lugares que podría haber transitado y el análisis de las llamadas telefónicas recientes. Hasta la fecha, un grupo especial, de acuerdo con El Espectador, asumió las investigaciones y evalúa todos los datos que se han logrado recopilar. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no se cuenta con información confirmada que permita saber qué ocurrió después de su arribo a Cali.

La búsqueda sigue activa, tanto en Bogotá como en Cali, mientras la familia espera que pronto puedan esclarecerse los hechos y se conozca el paradero de María Alejandra Solano.

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¿Qué se sabe sobre la desaparición de María Alejandra Solano en Cali?

Lo que se conoce, de acuerdo con El Espectador, es que María Alejandra Solano llegó a Cali y confirmó su arribo el 11 de octubre. Desde entonces, perdió contacto con sus familiares y amigos. Ni su celular ni sus redes sociales han registrado actividad posterior, lo que generó preocupación en su entorno. Hasta el momento, no hay información suficiente sobre los lugares que visitó o las personas que vio tras su llegada, y las autoridades mantienen la investigación abierta.

¿Qué acciones han solicitado los familiares de María Alejandra Solano tras su desaparición?

La familia de María Alejandra ha pedido a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación la pronta revisión de cámaras de seguridad en sectores clave y la verificación de las últimas llamadas de la joven. Estas diligencias buscan encontrar pistas útiles que permitan reconstruir los movimientos y el paradero de la modelo luego de su llegada a la ciudad de Cali.

(Vea también: Le llegó la mala hora a Petro por movida que hubo en el Congreso por el presunto pacto con exparas)

La declaración se produjo durante una entrevista con el programa ‘El Debate’, de Semana, en la que Leyva también habló sobre la situación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las controversias alrededor de su funcionamiento.

Al ser consultado por el panorama que vislumbra para Petro, el excanciller mencionó la existencia de denuncias y pesquisas que, según afirmó, se estarían adelantando en territorio estadounidense.

“No me sorprendería que terminara preso”, manifestó Leyva, quien fue canciller durante el Gobierno de Petro y posteriormente se convirtió en uno de sus críticos.

Acá, esas declaraciones:

Álvaro Leyva habló de pesquisas contra Gustavo Petro en Estados Unidos

Durante la entrevista, Leyva sostuvo que en Estados Unidos se adelantan actuaciones relacionadas con presuntos delitos que podrían involucrar al expresidente colombiano.

“Hay denuncias allá que se están adelantando con delitos cometidos frente a normas positivas de los Estados Unidos de América”, afirmó el exministro.

Sin embargo, no precisó cuáles serían esos delitos, qué autoridades estarían al frente de las pesquisas ni si existe alguna actuación judicial formal contra Petro que pueda derivar en una acusación penal.

El propio Leyva reconoció que anticipar ese desenlace implicaba especular sobre lo que podría ocurrir.

“Eso está sucediendo en el mundo y creo que vamos a ver circunstancias que puedan suscitar sorpresas. En el mundo ya hay antecedentes. Eso es hacer futurismo, esperemos a ver”, agregó.

Por ahora, sus declaraciones no permiten concluir que exista una acusación formal contra Petro en Estados Unidos ni que el expresidente enfrente una condena o una orden de captura en ese país.

La ruptura entre Álvaro Leyva y Gustavo Petro

Las declaraciones del excanciller se producen después de la ruptura política entre ambos, quienes fueron aliados. Leyva dejó el Ministerio de Relaciones Exteriores en 2024. Posteriormente, sus diferencias con Petro se hicieron públicas, especialmente en abril de 2025, cuando divulgó una carta en la que lanzó fuertes señalamientos contra el entonces mandatario.

En esa misiva, el exministro afirmó que había observado comportamientos que, según su interpretación, estarían relacionados con un supuesto problema de consumo de drogas por parte de Petro durante un viaje oficial a París, Francia, en octubre de 2023.

Esas afirmaciones no fueron acompañadas de pruebas que demostraran el supuesto consumo. Petro rechazó los señalamientos y respondió públicamente que había sido calumniado.

El expresidente sostuvo que durante su estancia en París estuvo con su hija y sus nietos, y cuestionó la versión presentada por quien había sido uno de sus colaboradores.

El edificio Contranal, ubicado en la carrera 42 con calle 7, fue evacuado a causa del riesgo que representa su estado estructural tras el sismo. Sin embargo, a pesar de las restricciones para ingresar, los propietarios señalan que personas ajenas han logrado entrar en repetidas ocasiones para llevarse objetos de valor. De acuerdo con Elizabeth Zuluaga, administradora y propietaria de uno de los apartamentos, los intrusos han logrado sacar neveras, lavadoras, televisores, ventiladores, joyas y ropa. Como relató Zuluaga, algunos de los residentes han intentado recuperar sus pertenencias, pero el temor por el estado del edificio les impide hacerlo de manera segura.

Claudia Amaya, quien también es propietaria de un apartamento en Contranal, expresó su frustración ante la situación: "Estamos esperando la viabilidad para poder sacar nuestras cosas, pero al ladrón no se le ha caído el edificio y sí pudo venir a sacar las cosas por encima de la reja". A su vez, los residentes advierten que los saqueos pueden causar además otros riesgos, como cortocircuitos o un eventual colapso del inmueble en una situación crítica.

En este contexto, las familias hacen un llamado urgente a la Administración Distrital y al Consejo Distrital de Gestión del Riesgo para que agilicen la demolición y tomen medidas inmediatas que permitan proteger el edificio mientras ocurre la intervención. El retraso incrementa el miedo de perder no solo sus hogares sino los objetos que les han costado años construir y reunir.

No solo los habitantes se ven impactados por esta crisis; los comercios ubicados cerca del edificio tuvieron que desalojar por el peligro, lo que ha traído graves consecuencias económicas para la zona. En medio de la espera, las familias inician procesos ante las aseguradoras con la esperanza de reconstruir su vida después de haber perdido su casa y la tranquilidad.

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¿Por qué las familias del edificio Contranal en Cali piden acelerar la demolición?

Las familias solicitan la agilización de la demolición porque la demora ha dado pie a numerosos saqueos de sus apartamentos y temen perder los bienes materiales que aún permanecen en el interior. Además, hay preocupación por el riesgo que representa el edificio tanto para quienes intentan sustraer pertenencias como para los comercios y residentes aledaños, según las declaraciones recogidas por 90 Minutos.

¿Qué consecuencias traen los saqueos en edificios afectados por terremotos?

De acuerdo con los testimonios de los propietarios en el edificio Contranal, los saqueos no solo dejan pérdidas materiales, sino que pueden provocar situaciones de mayor riesgo, como cortocircuitos o el colapso estructural del inmueble durante la sustracción de objetos. Esta problemática también agrava el daño emocional de quienes han perdido sus viviendas y dificulta el proceso de recuperación para toda la comunidad.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres realizó una visita y, tras una inspección, declaró el uso restringido de la vivienda y la catalogó como no habitable, de acuerdo con lo descrito por los propios afectados. Sin embargo, Henry Betancourt, propietario del hogar, manifestó que tras esa intervención no han recibido nuevas evaluaciones ni información adicional de las autoridades. En palabras textuales a 90 Minutos, Henry expresó: "Nos consideramos revictimizados porque el terremoto nos causa la primera sensación de victimización y luego el sistema nos abandona y nos deja al margen".

La situación económica es otro de los grandes desafíos para los Betancourt Torres. Rocío del Pilar Torres Sánchez, esposa de Henry, relató que solo la demolición de la casa implicaría un gasto cercano a los 50 millones de pesos, sin contar los permisos oficiales requeridos. Por eso, hacen un llamado a las autoridades y a otras instituciones para que los asesoren en las rutas de apoyo, los subsidios disponibles o los aportes económicos que les permitan recuperar y reconstruir su vivienda. A pesar de estar inscritos en el sistema para damnificados, hasta el momento no han obtenido respuesta acerca del subsidio de ayuda, según información trasladada a 90 Minutos.

La adversidad se agrava para las hijas de la familia, quienes tienen discapacidad visual y auditiva. Tras el terremoto, la familia tuvo que separarse y buscar refugio en casas de familiares, con la esperanza de reunirse pronto. En la actualidad, viven en la casa prestada de una amiga, pero deberán desocuparla a finales de noviembre. María Paula Betancourt Torres explicó a 90 Minutos que adaptarse a una vivienda ajena ha implicado modificar rutinas y enfrentar retos de convivencia. También señaló que el costo de los arriendos dificulta encontrar un lugar más amplio, adecuado para toda la familia y su perro. Por ello, solicitan que las autoridades revisen el tema de los alquileres, cuya demanda aumentó tras la emergencia.

Mientras esperan respuestas institucionales, la familia sigue buscando alternativas para acceder a ayudas, avanzar en los trámites y conseguir el acompañamiento que requieren para no perder el patrimonio que representa su hogar.

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¿Cuál es la situación actual de la familia Betancourt Torres tras el terremoto del 10 de agosto de 2026?

La familia Betancourt Torres se enfrenta a la inhabitalidad de su vivienda por graves daños estructurales. Aunque han recibido una inspección oficial y la vivienda fue declarada no habitable, no han tenido respuesta sobre nuevas evaluaciones ni sobre el subsidio solicitado. Actualmente viven temporalmente en la casa prestada de una amiga y necesitan encontrar una solución segura antes de fin de noviembre.

¿Qué apoyo solicita la familia damnificada del barrio Vipasa y cuáles son sus principales dificultades?

La familia solicita orientación y ayuda económica para cubrir los altos costos de demolición y reconstrucción, además de acompañamiento para acceder a subsidios y rutas institucionales de apoyo. Sus principales dificultades incluyen la falta de respuesta estatal, las barreras económicas, la urgencia de encontrar una vivienda adecuada, y los retos adicionales que implica la discapacidad de sus hijas.

(Vea también: “Igual de criminal que ellos”: De la Espriella advirtió a gobernador y alcaldes de Arauca que apoyen a grupos armados)

Durante una jornada del programa gubernamental ‘El Milagro de las Regiones’, del lunes 19 de octubre, el mandatario cuestionó que, pese a los cerca de 4 billones de pesos que, según sus declaraciones, han ingresado al departamento por ese concepto, no se evidencien obras ni avances suficientes para la población.

“Señor gobernador y alcaldes, desde el año 2012 el departamento ha recibido cerca de $ 4 billones en regalías. No se ven esas regalías en obras, tampoco se ve el progreso”, manifestó el jefe de Estado.

El reclamo subió de tono cuando De la Espriella puso en duda el destino de esos recursos y lanzó una acusación directa durante el encuentro con los dirigentes regionales.

El presidente Abelardo De La Espriella cuestionó al gobernador de Arauca y a los alcaldes de la región: “Desde el año 2012, el departamento ha recibido cerca de $ 4 billones en regalías. No se ven esas regalías en obras, tampoco se ve el progreso”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/pHBjZDW3cY

— Revista Semana (@RevistaSemana) October 20, 2026

De La Espriella cuestionó el destino de 4 billones de pesos en regalías

“¿Saben por qué esta tierra se ha mantenido en pie? No es por los políticos, es por el araucano trabajador y patriota. Aquí ha llegado mucho dinero, pero ese dinero no se ve reflejado. ¿Qué pasó con ese dinero? No hay otra explicación, se lo robaron”, afirmó el presidente.

Con esas palabras, el mandatario cuestionó a las autoridades territoriales por la falta de resultados que, a su juicio, deberían verse después de más de una década de ingresos por regalías.

Las declaraciones se produjeron durante una agenda de trabajo en Arauca, en la que el Gobierno nacional abordó asuntos relacionados con la seguridad y las necesidades de la región.

(Le puede interesar: Procuraduría pone contra pared a Benedetti y Angie Rodríguez por caso de Gobierno Petro con exparas)

Según informó la revista Semana, la denuncia se apoya en declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez; el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, y el abogado Juan Carlos Villamizar, quienes han hablado sobre lo ocurrido durante las reuniones en Valledupar.

La representante a la Cámara Carol Borda explicó que buscan establecer si existió una instrucción directa de Petro para promover señalamientos contra Abelardo De La Espriella, actual presidente de Colombia; el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, fallecido.

“Los espacios institucionales no pueden usarse para perseguir rivales políticos ni alterar las reglas del juego democrático”, manifestó Borda al anunciar la acción judicial.

(Lea también: De la Espriella apuntó a Benedetti por ‘Pacto de Valledupar’: “Ni perdón ni olvido para ese criminal”)

¿Qué se sabe del pacto de Valledupar?

La controversia gira en torno a encuentros celebrados en octubre de 2025 con antiguos integrantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). De acuerdo con las versiones que motivaron la denuncia, en esas reuniones se habría planteado la posibilidad de que los excomandantes hicieran declaraciones sobre los tres dirigentes políticos.

Villamizar, abogado y asesor de Mancuso, afirmó que desde el Gobierno se habría solicitado a los antiguos jefes paramilitares hablar sobre esas figuras. Según su versión, los excomandantes se negaron a hacerlo. Estas afirmaciones deberán ser examinadas por las autoridades y no constituyen, por sí solas, una prueba de responsabilidad del expresidente.

¿Qué respondió Gustavo Petro?

Petro ha negado haber ordenado presiones para que los exparamilitares declararan contra sus adversarios. En una publicación en X, compartió un comunicado firmado tras una reunión oficial y sostuvo que el propósito era avanzar en el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y la devolución de bienes.

El exmandatario también defendió que los encuentros estaban relacionados con el proceso de paz y la justicia restaurativa.

Con la denuncia, Salvación Nacional busca que la Comisión de Acusación determine si hubo irregularidades y establezca posibles responsabilidades. La investigación deberá contrastar las declaraciones conocidas con los documentos y demás pruebas disponibles.

La situación comenzó a preocuparle cuando una compañera le avisó sobre la cuenta y descubrió que también difundían fotografías de su sobrina de dos años. El hombre, además, publicaba historias ficticias sobre la periodista y aseguraba que coordinaba los colores de la ropa que ella usaría durante sus cubrimientos en el Congreso.

En su relato, un conocido contactó al administrador de la cuenta y este afirmó que había visto a Tavera en el Congreso y que pretendía acercarse a ella. La periodista decidió acudir a la Fiscalía: “Me tengo que ir a la Fiscalía... Yo no quiero encontrarme a esta persona jamás en el Congreso y tengo que ir a denunciar.”

La periodista Carolina Tavera denuncia un caso de acoso digital: un fan pasó de un amor ficticio por redes sociales a amenazarla de muerte. https://t.co/qgaOP46e33

— La Red Caracol (@LaRedCaracol) October 17, 2026

Tras revisar los antecedentes del sujeto, la periodista encontró que decía trabajar como camarógrafo, aunque medios mencionados en su perfil negaron cualquier vínculo. Así mismo, aparecían cinco expedientes abiertos en la Fiscalía y el hombre había ingresado al Congreso durante ese año.

La situación empeoró después de que Tavera publicara un video para aclarar que no tenía ninguna relación con el hombre. Recibió amenazas contra su vida y mensajes en los que el sujeto decía conocer su dirección, horarios y desplazamientos.

La periodista dejó de regresar a su vivienda y buscó refugio en hoteles y casas de allegados. Las amenazas también mencionaron a familiares. Cinco días antes de la entrevista, presentó su renuncia.

“Me dejó sin trabajo, me dejó sin casa, estoy sin vida social, estoy afectada emocionalmente, tengo miedo a salir a la calle”, expresó Tavera. 

La comunicadora también cuestionó la respuesta de las autoridades. “El nivel de estrés no es la situación que pase, que ya estresa de entrada, sino es cómo soluciono si ya no siento el apoyo del Estado para que me ayude a mejorar esas situaciones”, dijo. 

Finalmente, Tavera explicó por qué decidió contar públicamente su experiencia: “Aquí hay una mujer que quiere alzar la voz y que está miedosa y que está nerviosa (…) tengo que hablar porque no sé en qué momento me pase esto y al menos hay que dejar un precedente”, señaló. 

Durante el año 2026, la entidad concentró sus esfuerzos y recursos en Bosa, destinando más de 1.700 millones de pesos para intervenir las viviendas de 440 familias, con un impacto directo en aproximadamente 1.764 personas. Esta inversión busca garantizar que los hogares cuenten con condiciones habitacionales dignas, adaptadas a sus necesidades y que fortalezcan su entorno social y personal, según datos proporcionados por la CVP.

Además de las obras físicas, la CVP organizó una jornada especial en la localidad de Suba, donde se otorgaron diplomas de reconocimiento a familias participantes del programa Mejora Tu Casa en barrios como Bilbao, Lisboa, San Carlos, San Pedro, Villa Cindy, Santa Rita y Santa Cecilia. Estas familias ya cuentan con el subsidio de mejoramiento asignado por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), lo que respalda y asegura la continuidad del proceso de intervención en sus hogares.

En palabras de Juan Carlos Fernández, director general de la CVP, “en Bosa y Suba estamos acompañando dos momentos importantes de Mejora Tu Casa, ver cómo los mejoramientos transforman las viviendas y orientar a las familias que están en camino de lograrlo. Con estas acciones demostramos que el alcalde Carlos Fernando Galán sí cumple, trabajando para que más familias bogotanas cuenten con viviendas adecuadas". El funcionario subrayó la importancia de que cada familia conozca los beneficios y las etapas del programa, además de recibir orientación y acompañamiento institucional.

Estos encuentros también han facilitado la socialización de los alcances del proyecto, los derechos y deberes de los beneficiarios y los canales de atención disponibles para resolver inquietudes. La relación constante entre familias, la CVP y los equipos ejecutores refuerza el compromiso de transformar la calidad de vida en Bogotá a través del trabajo conjunto y la escucha activa de la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder al programa Mejora Tu Casa de la Caja de la Vivienda Popular en Bogotá?

Para participar en el programa Mejora Tu Casa, las familias deben estar vinculadas a los procesos respaldados por la Caja de la Vivienda Popular y contar con la asignación del subsidio de mejoramiento por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat. Según la información oficial, hay etapas claras para el inicio de las obras y numerosos canales de atención que permiten resolver dudas y orientar a los beneficiarios en cada paso.

¿Cuáles son los beneficios de los mejoramientos de vivienda realizados por la CVP en Bogotá?

De acuerdo con la CVP, los principales beneficios son la transformación de viviendas en espacios más seguros, funcionales y adaptados a las necesidades cotidianas. Las intervenciones también fortalecen la comunicación entre familias, autoridades y equipos ejecutores, asegurando acompañamiento y atención durante todo el proceso de mejoramiento habitacional.

Ortiz señaló que la idea de que las capacidades y oportunidades obligan a trabajar sin descanso debe revaluarse. Citando su propia experiencia y el ambiente competitivo de egresar de una de las universidades más reconocidas del país, sostuvo que la libertad radica en decidir cuáles luchas asumir, cuándo detenerse y en aceptar también los errores y las frustraciones propias del camino. Propuso la autocompasión como una herramienta necesaria para enfrentar derrotas y proyectos inconclusos, evitando que cada fracaso se convierta en una condena personal.

Además de la reflexión individual, el discurso tuvo un marcado enfoque social. Ortiz conectó su mensaje con la persistente violencia en Colombia, mencionando cifras expuestas por el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre al menos ocho conflictos armados internos y datos presentados en su discurso, provenientes de Naciones Unidas, que advierten sobre más de 630.000 personas impactadas por la violencia solamente en el primer semestre de 2026. Para el joven abogado, esta realidad exige que los egresados asuman un compromiso con la paz y la justicia, rechazando la indiferencia, el estigma y la venganza como formas de respuesta al conflicto. A la vez, defendió la importancia de proteger la memoria histórica y de ejercer la vida profesional con humildad, solidaridad y respeto por las diferencias.

Ortiz culminó su intervención expresando su deseo de paz, tanto para sus compañeros como para el país, destacando que el éxito pasa también por el cuidado de los vínculos personales y por asumir la responsabilidad colectiva como ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el mensaje principal del discurso de Santiago Ortiz García en la Universidad de Los Andes?

El eje del mensaje de Santiago Ortiz García fue cuestionar la presión social basada en la búsqueda constante del éxito entendido como acumulación de prestigio, dinero y logros, invitando a sus compañeros a redefinir el éxito personal y profesional. Propuso valorar la paz, el autocuidado, la compasión frente a los fracasos y, especialmente, el compromiso activo con la transformación social y la construcción de una Colombia en paz.

¿Qué cifras sobre violencia en Colombia mencionó el discurso de Santiago Ortiz García?

Durante su intervención, Santiago Ortiz García citó datos del Comité Internacional de la Cruz Roja que hablan de al menos ocho conflictos armados internos en el país. Además, mencionó cifras humanitarias de Naciones Unidas señalando que, en el primer semestre de 2026, más de 630.000 personas se vieron afectadas por el aumento de la violencia, resaltando así la urgencia de mantener el compromiso de los nuevos profesionales con la paz y la justicia social.

(Vea también: Primera dama despejó secretos detrás del radio que usa el presidente De la Espriella: “Conectado”)

De acuerdo con la entidad, los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre y estarían relacionados con un mensaje intimidatorio publicado desde una cuenta anónima de Instagram. El contenido habría incluido amenazas contra la vida y la integridad de la esposa del presidente de la República y de sus familiares.

La detención se produjo durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada por la Policía Nacional en un inmueble de la capital de Risaralda. El hombre será presentado ante un juez penal de control de garantías, mientras la investigación continúa.

#Noticia🔴 | La Fiscalía General de la Nación identificó y capturó al hombre que sería el responsable de amenazar por medios informáticos a la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre.

La detención se llevó a cabo durante un operativo de registro y allanamiento realizado por la Policía Nacional en Pereira. En el lugar fueron incautados un computador y un celular, que serán sometidos a análisis para avanzar en la investigación.

— Canal TRO (@CanalTRO) October 20, 2026

Allanamiento en Pereira permitió incautar un computador y un celular

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un computador y un teléfono celular que, según la Fiscalía, contienen información relevante para avanzar en la investigación.

Los dispositivos serán objeto de las verificaciones correspondientes dentro de las actividades investigativas. La evidencia técnica recopilada hasta el momento habría permitido identificar al hombre que presuntamente publicó el mensaje intimidatorio desde un perfil anónimo en Instagram.

La Fiscalía señaló que la publicación fue rastreada hasta un perfil situado en Pereira, Risaralda. Sin embargo, no entregó detalles adicionales sobre el contenido íntegro del mensaje ni informó si habría otras personas involucradas en los hechos.

Fiscalía imputará amenaza agravada al detenido

Tras la captura, un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos Informáticos presentará al hombre ante un juez penal de control de garantías. Durante la diligencia, le imputará el delito de amenaza agravada, según informó el ente investigador.

Esta actuación judicial permitirá comunicarle formalmente los hechos que se le atribuyen y la calificación jurídica que plantea la Fiscalía.

La investigación comenzó después de que las amenazas fueran denunciadas y puestas en conocimiento de las autoridades. A partir de ese momento, se adelantaron labores para identificar el origen de la publicación y establecer quién estaría detrás del mensaje.

Entre las principales decisiones tomadas durante el proceso, destaca que la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad responsable de la organización electoral y la identificación ciudadana, recibió para 2027 una asignación de 6,1 billones de pesos, lo que representa una disminución frente al presupuesto de 6,9 billones otorgado en el año anterior. En particular, el programa de “Identificación y Registro del Estado Civil de la Población” perdió 100.000 millones de pesos entre la primera y la segunda ronda de debates. Sin embargo, para compensar el recorte y asegurar los procesos clave como cedulación y actualización del censo electoral, el Ministerio de Hacienda destinó recursos adicionales, según detalló El Espectador.

En lo jurídico, el Consejo Nacional Electoral (CNE), que fue dotado de autonomía presupuestal en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, vio revocada esa característica por decisión de la Corte Constitucional, lo que genera incertidumbre sobre su manejo financiero. A pesar de ello, se estableció que hasta que no se expida la Ley Orgánica correspondiente, el CNE contará con una sección presupuestal independiente. Juan Felipe Lemos, presidente del CNE, expresó su inconformidad con la asignación de 1,3 billones de pesos para 2027, alegando que no cubre con suficiencia las funciones institucionales del organismo.

Por su parte, el Ministerio del Interior, bajo el liderazgo de Rodrigo Lara, experimentó solo una leve reducción en su rubro presupuestal frente al año anterior, pasando de 4,5 a 4,4 billones de pesos. Contrario a la tendencia general, el Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de la política exterior del gobierno de la administración De la Espriella, prácticamente duplicó su presupuesto, pasando de 1 billón a 2 billones para 2027, según el reporte de El Espectador. Esta redistribución financiera responde a nuevas prioridades trazadas desde el Ejecutivo y evidencia el peso que tendrán los preparativos y la realización de las elecciones regionales en la agenda nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios presenta el Presupuesto General de la Nación para el año 2027 respecto a las elecciones regionales?

El presupuesto aprobado muestra una reducción significativa en los recursos asignados a la Registraduría, el Ministerio del Interior y el Consejo Nacional Electoral en comparación con el año anterior. Aunque estas entidades son claves para la organización de las elecciones regionales, las autoridades aseguran que los recursos esenciales para los comicios están garantizados. Esto, según El Espectador, pone en evidencia la necesidad de un manejo más eficiente y ajustado de los fondos públicos en un contexto electoral.

¿Qué significa la autonomía presupuestal del Consejo Nacional Electoral y por qué fue eliminada?

La autonomía presupuestal implica que una entidad puede gestionar sus propios recursos sin depender de la aprobación directa de otras instancias gubernamentales. En el caso del Consejo Nacional Electoral, esta capacidad le fue otorgada por el Plan Nacional de Desarrollo, pero la Corte Constitucional anuló los artículos pertinentes, dejando al CNE sin dicha autonomía. Hasta que no se expida una nueva Ley Orgánica, el CNE tendrá una sección presupuestal independiente, pero su presupuesto dependerá de las asignaciones hechas por el Congreso y el Ejecutivo.

Entre los puntos clave de la solicitud de la defensora se encuentra la preocupación por el posible cambio de nombre del espacio dedicado a Miguel Ángel Díaz. Según el comunicado, Marín pide que se informe si esta modificación se efectuó y, de ser así, que se expongan los fundamentos que motivaron la decisión y si los familiares de Díaz fueron notificados o consultados con anterioridad. En palabras de la Defensoría del Pueblo: "Desde la Defensoría del Pueblo haremos seguimiento a las respuestas del Ministerio y evaluaremos las actuaciones adicionales que correspondan para proteger la libertad de expresión, los derechos culturales y la memoria histórica". El comunicado resalta la importancia de preservar la memoria histórica y facilitar el acceso a la cultura, reconociendo la pluralidad de voces y experiencias: "Ninguna expresión artística o memoria colectiva debe ser excluida por razones políticas o ideológicas", señala la entidad.

Este debate se da en un contexto legal relevante. En días recientes, el juzgado 24 de familia de Bogotá emitió una orden para que el Museo Nacional de Colombia conserve en condiciones técnicas adecuadas las piezas que fueron retiradas de las exposiciones objeto de controversia. El fallo también establece que el Museo debe abstenerse de destruir, trasladar, dar de baja o alterar estas obras, mientras se toma una decisión definitiva sobre el caso. También instruye a la institución a no intervenir ni retirar otras obras por su contenido, salvo que existan actos administrativos que lo justifiquen. Finalmente, el juzgado requiere que, en un término de 24 horas, se entregue un informe detallado con el listado completo de las piezas retiradas, su estado y ubicación actual, así como la dependencia responsable del retiro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron retiradas piezas del Museo Nacional?

La Defensoría del Pueblo solicitó explicaciones al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes sobre los fundamentos jurídicos, técnicos y administrativos detrás del retiro de estas piezas del Museo Nacional. El objetivo es esclarecer si las decisiones relacionadas con estas obras se fundamentaron en criterios claros y si las condiciones de conservación de las piezas fueron adecuadas.

¿Qué consecuencias legales tiene la orden del juzgado sobre las piezas retiradas?

El juzgado 24 de familia de Bogotá ordenó al Museo Nacional conservar las piezas retiradas en condiciones técnicas apropiadas, prohibiendo su destrucción, traslado o alteración mientras se resuelve el pleito. Además, exige un informe detallado sobre el estado y ubicación actual de las obras retiradas, reforzando el control sobre su preservación durante el proceso.

Entre los aspectos señalados por el alto tribunal se encuentran las sanciones penales, el congelamiento de bienes y la imposición de restricciones sin un debido proceso. De acuerdo con lo expuesto en el documento, es esencial modificar las partes del proyecto relacionadas con los efectos penales y patrimoniales del Registro de organizaciones terroristas, la acción de aprehensión de bienes, la concesión de facultades extraordinarias y el principio de proporcionalidad en la clasificación de nuevos delitos.

Una de las mayores preocupaciones que recoge la Corte se centra en la creación de la figura del Alto Comisionado. Según el alto tribunal, esta figura podría invadir competencias que corresponden estrictamente a la rama judicial. El concepto advierte de manera específica: “Su principal debilidad jurídica es hacer depender consecuencias penales y patrimoniales severas de un registro administrativo y diseñar tipos penales amplios o incompletos, en tensión con los principios de ultima ratio, lesividad y proporcionalidad”, una postura citada de El Tiempo.

Sobre el Registro de organizaciones terroristas, el juicio de la Corte Suprema es claro: este registro no puede jamás sustituir la prueba del delito ni la responsabilidad personal. La inclusión de una persona en el registro administrativo, enfatiza la Corte, no constituye de por sí prueba de responsabilidad penal o prueba automática de pertenencia, autoría o participación en delitos de terrorismo, ni permite presumir la intención subjetiva de cometer tales delitos.

También es motivo de advertencia la regulación sobre las garantías del registro. El documento señala falta de claridad respecto a la notificación del acto de inclusión y la ausencia de acceso a las razones esenciales de la decisión. Muchas veces, según advierte la Corte Suprema, las motivaciones pueden estar respaldadas en anexos clasificados o informes de inteligencia que no tienen valor probatorio en procedimientos judiciales. Así, el tribunal destaca la necesidad de exigir información objetiva, verificable y suficiente para tomar tales decisiones.

Finalmente, la Corte considera valioso que el proyecto integre temas como las redes de apoyo, nuevas tecnologías y financiación del terrorismo. No obstante, reafirma que la constitucionalidad de la propuesta depende de ajustes en el tratamiento legal de los registros, las facultades extraordinarias y la proporcionalidad de los tipos penales sugeridos.

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¿Cuáles son las principales preocupaciones de la Corte Suprema sobre el estatuto antiterrorista?

De acuerdo con el documento conocido por El Tiempo, la Corte Suprema de Justicia expresó inquietudes sobre las sanciones penales, el congelamiento de bienes y la imposición de restricciones sin un debido proceso dentro del proyecto del estatuto antiterrorista del gobierno De la Espriella. También destacó problemas sobre el Registro de organizaciones terroristas, la figura del Alto Comisionado y la falta de garantías en la notificación y acceso a la información esencial del registro.

¿Por qué el Registro de organizaciones terroristas no puede ser prueba de responsabilidad penal?

Según lo planteado por la Corte Suprema, la inclusión en un registro administrativo no reemplaza la necesidad de pruebas para demostrar un delito. Ingresar a dicho registro no equivale, por sí solo, a demostrar responsabilidad penal, autoría o participación en un delito de terrorismo; tampoco permite presumir intenciones delictivas, ya que la ley exige pruebas objetivas y verificables para establecer responsabilidad ante la justicia.

El presidente De la Espriella informó en un video: “Compatriotas, la Policía Nacional ha dado un golpe histórico al narcoterrorismo. 7,6 toneladas de cocaína incautadas en el puerto de Cartagena que iban con destino a Holanda. La mayor incautación en los últimos diez años”. Este resultado, según mencionó el mandatario, fue posible gracias a la coordinación entre autoridades nacionales y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Destacó que este tipo de logros son fruto de la cooperación internacional y la decisión política de atacar el problema del narcotráfico, al que calificó como “el peor cáncer que tiene Colombia”.

Durante su intervención, el presidente enfatizó en la necesidad de “empezar a fumigar” los cultivos de coca. Según su planteamiento, la lucha contra el narcotráfico no puede reducirse únicamente a la incautación de droga; es fundamental, dijo, combatir el origen del negocio, que son los cultivos ilícitos y todo el circuito económico ilegal que se desarrolla en torno a ellos.

La magnitud de esta operación se evidencia en las cifras mencionadas por De la Espriella: el cargamento decomisado tendría un valor de 43.000 millones de pesos en Colombia, mientras que en Holanda el monto supera los 200 millones de dólares. Además, señaló que esta incautación representa unas 75 millones de dosis de cocaína, las cuales, según el presidente, no llegarán a afectar a niños y jóvenes. Refiriéndose al contexto de su administración, De la Espriella resaltó que en los primeros 75 días de su gobierno la fuerza pública ha decomisado 132 toneladas de cocaína, valoradas en 6.108 millones de dólares, lo que equivale a 19,28 billones de pesos colombianos. Para el mandatario, “cada dosis que impedimos que llegue a las calles salva vidas, y cada dólar que les arrebatamos debilita sus estructuras criminales”, resaltando que el dinero proveniente del narcotráfico es el motor financiero de la violencia en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto vale la cocaína incautada en Cartagena y cuál era su destino?

De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, el cargamento de 7,6 toneladas de cocaína incautado en el puerto de Cartagena tenía un valor aproximado de 43.000 millones de pesos en Colombia y, tras su llegada a Holanda, superaría los 200 millones de dólares. El destino final de esta droga eran los Países Bajos, en Europa.

¿Por qué el presidente de Colombia insiste en la fumigación de cultivos de coca?

El presidente Abelardo de la Espriella sostiene que combatir solo el tráfico de cocaína es insuficiente. Según su declaración, es “absolutamente necesario empezar a fumigar” los cultivos de coca, ya que sin atacar la raíz del problema, que son los cultivos ilícitos y la economía ilegal asociada, el narcotráfico seguirá siendo una amenaza para el país.

El ente de control busca establecer si ambos funcionarios conocieron o participaron en un presunto plan para que exjefes paramilitares señalaran a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, según replicó Noticias RCN sobre el documento que oficializó la medida.

#ATENCIÓN | La Procuraduría abre investigación disciplinaria contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez por los distintos señalamientos del ‘Pacto de Valledupar’. https://t.co/LBXGvl9pCg

— Noticias RCN (@NoticiasRCN) October 20, 2026

Las indagaciones apuntan a determinar posibles señalamientos sobre vínculos con esas organizaciones criminales durante la contienda electoral de 2026.

El proceso examina minuciosamente lo sucedido en la mesa de diálogo social realizada en Valledupar en octubre de 2025.

Dicho encuentro se desarrolló en el marco de las iniciativas de paz impulsadas por la administración del entonces mandatario Gustavo Petro.

El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso soltó detalles sobre las reuniones confidenciales sostenidas con delegados oficiales durante el denominado Pacto de Valledupar en el gobierno de Gustavo Petro.

Según sus declaraciones, voceros del Ejecutivo solicitaron a los antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia acusar públicamente a los tres mencionados dirigentes de la oposición política.

Las revelaciones indican que la petición buscaba incriminar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, al exprocurador Alejandro Ordóñez y al excandidato presidencial Germán Vargas Lleras antes de las elecciones.

Mancuso afirmó que los delegados gubernamentales condicionales la continuidad del proceso de paz a la entrega de testimonios incriminatorios contra estos líderes de la derecha colombiana.

Sin embargo, el antiguo jefe paramilitar aseguró que la totalidad de los excomandantes reunidos rechazó enfáticamente la propuesta realizada por los emisarios de la administración nacional.

El exlíder de las AUC explicó que la negativa unánime causó un profundo malestar entre las partes, provocando la ruptura inmediata de la mesa de negociación en la capital cesarense.

Estas declaraciones coincidieron con los testimonios entregados ante las autoridades judiciales por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Angie Rodríguez.

La exfuncionaria confirmó la existencia de las presiones institucionales dirigidas a instrumentalizar el proceso de paz con fines estrictamente electorales y políticos durante dicha coyuntura.

Ante la gravedad de las acusaciones, la Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones disciplinarias para establecer las responsabilidades de los altos funcionarios salpicados.

Igualmente, la Fiscalía General de la Nación inició las indagaciones correspondientes para verificar la veracidad de los hechos denunciados por el exjefe paramilitar en los estrados.

El caso desató una intensa controversia política en el país sobre el uso ético de las instituciones estatales y los procesos de paz en coyunturas electorales.

Analistas y sectores sociales exigen celeridad a los organismos de control para esclarecer el alcance de los compromisos buscados en las reuniones confidenciales celebradas en Valledupar.

Las autoridades judiciales continúan acopiando material probatorio y testimonios para determinar si existieron faltas disciplinarias o conductas punibles por parte de los antiguos delegados gubernamentales.

La rotación de las placas restringidas obedece al esquema semanal definido por la autoridad de tránsito. Según la Secretaría de Movilidad de Cali, la distribución es la siguiente: los lunes corresponde a placas terminadas en 9 y 0, los martes a 1 y 2, los miércoles a 3 y 4, los jueves a 5 y 6, y finalmente los viernes a 7 y 8. Es importante precisar que esta normativa rige únicamente de lunes a viernes, ya que durante los sábados, domingos y días festivos la restricción no aplica para los vehículos particulares.

Además, la actual rotación tuvo su inicio en julio, tal como comunicó la Secretaría de Movilidad de Cali. Entre el 1 y el 3 de dicho mes se llevó a cabo una etapa pedagógica, y a partir del 6 de julio comenzaron a imponerse comparendos a quienes incumplan la medida. Por eso, revisar la rotación antes de salir de casa no solo es una recomendación práctica, sino también una forma de prevenir sanciones económicas y la posible inmovilización del vehículo.

La normativa contempla algunas excepciones, por lo que los conductores deben verificar si su situación corresponde a alguna de ellas antes de circular en los horarios restringidos. Cumplir con las restricciones establecidas, según Noticiero 90 Minutos y la Secretaría de Movilidad de Cali, es fundamental tanto para evitar multas como para contribuir al ordenamiento vial de la ciudad durante el segundo semestre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué placas tienen restricción de pico y placa en Cali este miércoles?

Este miércoles en Cali, la medida de pico y placa aplica para los vehículos particulares cuyas placas terminan en los números 3 y 4, según la rotación determinada por la Secretaría de Movilidad de Cali y recogida por Noticiero 90 Minutos. La restricción opera desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.

¿Cuáles son las sanciones por incumplir el pico y placa en Cali?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad de Cali, circular durante el horario restringido puede acarrear la imposición de un comparendo y la posible inmovilización del vehículo. Por esta razón, resulta relevante consultar cada día la rotación vigente y cumplir con la medida.

El presidente de Colombia y la cúpula militar no salieron del consejo de seguridad durante varias horas hasta descartar la presencia de explosivos, según La Fm le atribuyó a altas fuentes debido a la amenaza de un carrobomba del Eln, entre Tame y Arauca.

La cumbre extraordinaria tuvo como sede oficial las dependencias tácticas de la Brigada 18, adscrita a la Octava División del Ejército Nacional.

En este recinto se reunieron ministros, altos mandos militares y policiales, junto a gobernantes locales, buscando estructurar planes efectivos contra la delincuencia organizada y las guerrillas.

La movilización de los altos mandos hacia la capital araucana comenzó desde muy temprano, respondiendo a la instrucción directa impartida por el jefe de Estado.

Entre los integrantes del gabinete gubernamental presentes destacaron el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora; el de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán; y el de Ambiente, Fabio Arjona.

A la cita en Arauca, donde De la Espriella dio un regaño, asistió el comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez Aparicio, junto al general José Bertulfo Soto, comandante del Ejército Nacional.

Completaron la delegación el general Juan Jaime Martínez Ossa, de la Fuerza Aérea; el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, de la Armada; y el general Alejandro Barrera, director policial.

Hacia las 10:00 a.m., el presidente Abelardo De la Espriella ingresó a la base militar para encabezar la reunión con la cúpula de la Fuerza Pública.

Mientras avanzaban las discusiones estratégicas, los organismos de inteligencia detectaron un peligro inminente que activó los protocolos de protección en toda la zona.

Un informe de seguridad detalló que insurgentes del Eln atravesaron un camión sobre la arteria vial en la vereda Flor Amarillo.

El reporte señala que integrantes del Eln abandonaron un camión en el sector de Flor Amarillo, un punto entre Tame y Arauca, donde se desarrollaba el consejo.

Para encarar la contingencia, la Octava División envió contingentes especializados en desactivación de artefactos letales hasta el sitio del hallazgo.

Las maniobras de inspección se prolongaron por dos horas, obligando al mandatario, ministros y mandos a permanecer preventivamente en la instalación militar.

Pese a contar con medios de evacuación aérea para el presidente y la cúpula, “decidieron quedarse para verificar directamente la situación”.

Concluida la revisión técnica, los uniformados comprobaron que el automotor carecía de cargas explosivas y procedieron a retirarlo del corredor vial.

El nuevo esquema de seguridad aprobado centrará sus esfuerzos operacionales en contener las acciones delictivas del Eln y blindar la frontera con Venezuela.

La estrategia contempla una campaña militar y policial para articular la inteligencia entre Ejército, FAC, Armada, Policía y la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades descartaron por el momento la llegada de una Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), pero garantizaron un despliegue especial en puntos clave.

Adicionalmente, las tropas de la Primera Brigada, con sede en Boyacá, apoyarán las operaciones de vigilancia en los corredores estratégicos de Arauca.

Las acciones sobre el límite internacional buscarán identificar trochas ilegales empleadas para el contrabando de droga, hidrocarburos y el escape de criminales hacia Venezuela.

Al término de la reunión, la cartera de Defensa reportó una reducción del 56,3 % en homicidios y del 71 % en ataques a la Fuerza Pública en 70 días.

Asimismo, el Gobierno fijó como prioridades de neutralización a alias ‘Dumar’, del Frente Domingo Laín del Eln, y alias ‘Franklin’ o ‘Mata amarrados’, de disidencias de las Farc.

El Ministerio de Defensa confirmó que intensificará los operativos en territorio araucano para capturar a estos cabecillas y devolver la tranquilidad a la población.

Frente al debate sobre la reforma pensional, Zuleta expuso su propuesta de contrarreforma, insistiendo en la urgencia de modificar ciertos aspectos del sistema actual para garantizar la estabilidad financiera y el bienestar de futuros pensionados. Para la congresista, las reformas planteadas hasta el momento no han solucionado las preocupaciones de fondo, por lo que propone otra ruta para responder a la gravedad del problema y evitar que los más vulnerables sean los más afectados.

La senadora también hizo hincapié en la urgente necesidad de levantar las restricciones ambientales vigentes en el departamento del Cesar, particularmente aquellas que dificultan la producción de energía termoeléctrica. Zuleta argumenta que, sin estas limitaciones, la región contaría con más herramientas para impulsar su desarrollo económico y garantizar la seguridad energética, aspectos que, según ella, son prioritarios para el bienestar de la población local.

En el marco político, Zuleta detalló que el Centro Democrático ya se encuentra trabajando en la preparación y fortalecimiento de sus bases con miras a las elecciones territoriales de 2027. La congresista resaltó la importancia de la organización y del trabajo de base para garantizar una representación efectiva en cargos públicos regionales, así como la ejecución de proyectos que respondan a las necesidades de las comunidades, de acuerdo con lo conversado en la entrevista realizada por EL PILÓN.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales retos estructurales que enfrenta el Cesar según Claudia Margarita Zuleta?

De acuerdo con la entrevista citada por EL PILÓN, la senadora Claudia Margarita Zuleta identifica varios retos estructurales en el Cesar, como la necesidad de fortalecer la gestión pública, superar restricciones que frenan el desarrollo energético y adaptar las políticas sociales para responder a las necesidades reales de la población.

¿Qué propuestas tiene Claudia Margarita Zuleta sobre la reforma pensional y el desarrollo energético en el Cesar?

Según la información recogida por EL PILÓN, Claudia Margarita Zuleta propone una contrarreforma pensional que responda a las deficiencias del sistema actual y urge levantar algunas restricciones ambientales para favorecer la producción de energía termoeléctrica, buscando así fortalecer tanto el bienestar social como el desarrollo económico regional.

Rojas reemplazará a Alejandro Ramelli y asumirá la representación de esta jurisdicción, creada a partir del Acuerdo de Paz de 2016.

Rojas es abogado de la Universidad Libre y cuenta con especializaciones, maestría y doctorado en Derecho de la Universidad Nacional, además de estudios en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante. Su trayectoria incluye experiencia académica, trabajo en derechos humanos y cargos públicos.

Fue consultor de organismos como la ONU y el Consejo Noruego para los Refugiados, dirigió la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y fue magistrado y presidente del Consejo de Estado.

Actualmente integra la Sección de Apelación de la JEP. Entre las decisiones relevantes que ha respaldado está la permanencia del exparamilitar Salvatore Mancuso en esa jurisdicción, determinación que motivó una recusación de la Procuraduría.

Rojas ya había aspirado a la presidencia del tribunal en 2024, cuando perdió frente a Ramelli. En esta elección compitió con otros magistrados, entre ellos Camilo Suárez y Reinere de los Ángeles Jaramillo.

Las imágenes muestran a un hombre no identificado que es seguido por los dos empleados de seguridad que empujan los carritos en un supermercado, a pesar de que no es su labor oficial.

Precisamente, la revelación sobre esas acciones que causaron la reacción general de los usuarios desembocaron en un anuncio de la entidad en cuestión por esos espacios digitales.

De esa manera, la respuesta llegó el martes 20 de octubre por medio de la cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter) con la clara indisposición por esas publicaciones.

“Ante las recientes denuncias en redes sociales sobre un presunto mal uso de medidas de protección por parte de un beneficiario, la Unidad Nacional de Protección informa que no tolerará estas prácticas y reitera que los esquemas de protección son asignados para salvaguardar vidas y son financiados con recursos públicos”, indicó en la primera parte de su mensaje.

De hecho, el presidente Abelardo de la Espriella había cuestionado a esquemas de la UNP recientemente, al punto de plantear el desmonte en algunos casos en los que se ofrece este apoyo.

De ahí, la UNP remarcó cuáles son las acciones correspondientes que tiene previsto para asumir frente al caso en cuestión y otro tipo de situaciones que quedaron bajo lupa de la entidad.

“Ante estas presuntas irregularidades, se adelantará un riguroso proceso administrativo sancionatorio y se notificará a la empresa contratista para las acciones disciplinarias a que haya lugar contra el personal de protección”, aseveró.

Cabe aclarar que si bien para el caso la Unidad Nacional de Protección no hizo ninguna referencia a la persona que recibe el beneficio de seguridad, sentenció con una advertencia contundente.

“Los recursos del Estado se respetan. La protección es un compromiso con la vida”, concluyó frente a un caso que no pasó desapercibido luego de que lo expusieron en redes sociales.

Este es el video en el que acabó en evidencia el uso de los miembros de seguridad para empujar carritos, lo que reduce su margen de reacción en una eventual situación de riesgo.

 

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La Unidad Nacional de Protección asigna esquemas de seguridad exclusivamente a ciudadanos pertenecientes a grupos poblacionales específicos que afrontan un riesgo extraordinario o extremo acreditado.

Entre los beneficiarios se encuentran dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas, periodistas, servidores públicos, magistrados y víctimas del conflicto armado interno.

Asimismo, la entidad brinda protección a firmantes de paz, reclamantes de tierras, miembros de la Misión Médica y dirigentes de grupos étnicos constituidos legalmente.

La asignación de las medidas materiales depende de una evaluación técnica realizada por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas del programa.

Para identificar correctamente a los agentes de protección en servicio, los ciudadanos deben observar distintos distintivos institucionales oficiales exigidos por la normatividad nacional.

La Unidad Nacional de Protección administra millonarios recursos públicos destinados a garantizar la seguridad física de ciudadanos e integrantes de poblaciones vulnerables con riesgo elevado.

Un esquema de seguridad promedio en Colombia le representa al Estado un desembolso mensual superior a los 45 millones de pesos por cada beneficiario asignado.

El presupuesto individual varía según la cantidad de personal de escolta asignado, los vehículos utilizados, el tipo de blindaje, el combustible y los peajes requeridos.

En cuanto al talento humano, cada hombre de protección o escolta asignado genera un costo aproximado de 13,8 millones de pesos mensuales a la entidad.

Por su parte, el arrendamiento y mantenimiento de una camioneta blindada de alto nivel representa una erogación mensual cercana a los 17,9 millones de pesos.

Adicionalmente, un vehículo convencional sin blindaje representa para la institución un costo estimado de 8 millones de pesos por cada mes de operación.

Los esquemas de mayor envergadura y complejidad logística, como los asignados a altos dignatarios o excombatientes, pueden superar los 335 millones de pesos mensuales.

Estas cifras corresponden a la contratación de personal, la logística vehicular, los viáticos, los chalecos antibalas, el armamento de dotación y los equipos de radiocomunicación.

El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona ubicada cerca del municipio de Los Santos, una de las áreas del país con frecuente actividad sísmica.

De acuerdo con el reporte, el sismo ocurrió a las 10:14 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 129 kilómetros. La localización del evento fue establecida en las coordenadas 6,81° de latitud y -73,14° de longitud.

El municipio de Los Santos fue identificado como el más cercano al punto del movimiento, a una distancia aproximada de 7 kilómetros.

También aparecen como poblaciones cercanas Jordán, ubicado a 10 kilómetros, y Zapatoca, a unos 14 kilómetros del epicentro.

El registro fue obtenido a partir de nueve estaciones de monitoreo y aparece con estatus automático dentro de la información publicada por el SGC.

El evento presentó un RMS de 0,6 segundos y un gap de 137 grados.

Por su magnitud relativamente baja y su considerable profundidad, el movimiento fue de intensidad reducida. El reporte permite conocer las características y ubicación del sismo registrado durante la mañana de este martes en Santander.

La JEP es reconocida por ser el mecanismo judicial derivado del Acuerdo de Paz de 2016, con el mandato de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos en el conflicto armado colombiano. El presidente de la JEP asume la tarea de coordinar, dirigir y representar a esta jurisdicción transicional, cuya estabilidad institucional enfrenta retos como la reducción significativa de su presupuesto, que para 2027 asciende a 181.000 millones de pesos colombianos, tema que aún debe ser definido en el Congreso de la República. Además, enfrenta el desafío del diálogo pendiente con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, con el que hasta la fecha no ha logrado concertaciones necesarias para el funcionamiento adecuado de la justicia transicional.

Danilo Rojas Betancourth, además de haber sido candidato a la presidencia de la JEP en dos ocasiones anteriores, integra el Tribunal para la Paz, específicamente en la Sección de Apelaciones, considerada la última instancia dentro de la jurisdicción transicional. Su trayectoria profesional es amplia. Nació en San Antonio, Tolima, es abogado de la Universidad Libre, con especializaciones en instituciones jurídico-políticas y derecho público. Realizó una maestría y un doctorado en derecho en la Universidad Nacional de Colombia. En su recorrido profesional, ha trabajado como consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en el Consejo Noruego para los Refugiados (CNR).

Asimismo, tuvo a su cargo la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango y ejerció como consejero de Estado, cargo que presidió en 2016. Durante su tiempo en la JEP, Rojas Betancourth ha defendido reiteradamente el carácter fundamental de la entidad y sus competencias dentro del marco del cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los retos que enfrenta Danilo Rojas Betancourth como nuevo presidente de la JEP?

Danilo Rojas Betancourth deberá sortear desafíos como la reducción del presupuesto de la JEP, que en 2027 se proyecta en 181.000 millones de pesos colombianos, y la falta de diálogo hasta el momento con el gobierno actual de Abelardo de la Espriella. También tendrá la responsabilidad de coordinar el funcionamiento de la justicia transicional, especialmente en tiempos de incertidumbre institucional, según El Espectador.

¿Qué significa la Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz y cuál es su función?

La Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz, donde actualmente ejerce Danilo Rojas, es la instancia encargada de resolver los recursos contra sentencias de primera instancia en la JEP, permitiendo el cierre jurídico definitivo de los expedientes dentro de la justicia transicional, tal como explicó El Espectador.

Durante el procedimiento, Balanta habría sido sometido a golpes e impactos repetidos con un dispositivo Taser, incluso una vez dentro de la estación de policía. Permaneció allí cerca de 20 minutos, presentando dificultades para respirar y dolor en el pecho, además de solicitar atención médica, la cual, de acuerdo a lo indagado, no fue atendida de inmediato. La necropsia concluyó que Balanta tenía lesiones compatibles con el uso de un dispositivo de conducción eléctrica, algunas contusiones adicionales y otras marcas físicas. El dictamen de Medicina Legal estableció como causa de muerte una arritmia cardíaca asociada al uso del dispositivo, aunque el análisis histopatológico advirtió que sus hallazgos no permiten demostrar por sí solos que las descargas eléctricas fueran la causa directa del fallecimiento.

Ya suman cinco los uniformados investigados por el caso, y recientemente se realizó una nueva captura relacionada. Entre los procesados destacan el patrullero Johathan Alexánder Giraldo, señalado de haber activado en varias oportunidades el Taser contra Balanta, junto a los patrulleros Santiago Vargas Romero y Nahumer Hernando Vergel, el subintendente Henar Tapiero Tique y el mayor Roque Correa Yáñez. La audiencia de legalización de capturas y allanamientos inició ante el Juzgado 02 Penal de Control de Garantías. Sin embargo, en una decisión relevante, el juez acogió la petición de la Fiscalía y declaró reservada la audiencia en la etapa de legalización, con el fin de proteger la integridad de la investigación, dado que se presentarán datos de potenciales implicados adicionales y pruebas audiovisuales sensibles.

Se prevé que la audiencia retome su carácter público en el momento en que se formalice la imputación de cargos, entre los que se cuentan homicidio agravado, tortura agravada y falsedad ideológica en documento público, de acuerdo con El Espectador. Por lo pronto, la vinculación de los policías no significa una condena, ya que la responsabilidad individual deberá determinarse a lo largo del proceso penal.

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¿Qué cargos enfrentan los policías implicados en el caso Donovan Balanta?

De acuerdo con información reportada por El Espectador, los policías vinculados a la muerte de Donovan Balanta enfrentan cargos por homicidio agravado, tortura agravada y falsedad ideológica en documento público. La acusación será formalizada en audiencia, una vez esta vuelva a ser pública.

¿Por qué se declaró reservada la audiencia en el caso Donovan Balanta?

El juez de control de garantías, a solicitud de la Fiscalía, declaró reservada la audiencia durante las etapas de legalización de capturas y allanamientos. El motivo, según el representante del ente acusador citado por El Espectador, es que se presentarán pruebas audiovisuales y detalles sobre nuevos presuntos implicados cuya divulgación podría afectar el curso correcto de la investigación.

Las denuncias que surgieron en torno a estos encuentros se centran en presuntos ofrecimientos de beneficios jurídicos y carcelarios a los exjefes paramilitares a cambio de declaraciones dirigidas contra figuras de la oposición, hechos que están siendo objeto de investigaciones oficiales. De acuerdo con el documento revelado por La FM, el Estado se comprometió a estudiar la revisión de la extradición de algunos exparamilitares, mejorar sus condiciones carcelarias y analizar la excarcelación de quienes aún permanecen privados de la libertad. También se contempló la creación de colonias agrícolas, una figura de resocialización orientada a que antiguos integrantes de la AUC realicen actividades productivas que favorezcan a las comunidades, aunque no se detalló cómo serían implementadas, financiadas ni sus condiciones de acceso.

La declaración, fechada el 24 de octubre de 2025, detalló los mecanismos legales que serían examinados, entre ellos la reubicación en centros penitenciarios, el ejercicio de actividades de los gestores de paz desde la cárcel y la acumulación jurídica de penas. No obstante, el texto aclaró que ninguna de estas alternativas constituía una decisión definitiva ni suponía la concesión automática de los beneficios. Adicionalmente, el acuerdo instó a revisar los bienes entregados y por entregar por parte de los excombatientes, su destino y el manejo de las pruebas, incluyendo la organización de archivos judiciales, académicos y políticos relacionados con las AUC y el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En cuanto a los siguientes pasos, el documento exigió a los gestores de paz actualizar en un plazo de diez días hábiles sus planes de trabajo para identificar las acciones necesarias para la puesta en marcha de los compromisos pactados en Valledupar.

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¿Qué es el Pacto de Valledupar y quiénes participaron en sus reuniones?

El Pacto de Valledupar es el nombre dado a una serie de reuniones celebradas en octubre de 2025 en las que participaron excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, con figuras como Salvatore Mancuso y Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, en busca de avanzar hacia el cierre del proceso conocido como Ralito.

¿Qué propuestas y compromisos quedaron consignados en el documento del Pacto de Valledupar?

El documento revelado detalla propuestas como la revisión de la extradición y condiciones carcelarias de los exparamilitares, la creación de colonias agrícolas para su resocialización y la revisión de bienes entregados o por entregar, así como la necesidad de actualizar planes de trabajo para implementar los compromisos alcanzados.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las actuaciones de De Roux se ajustaron a las normas establecidas en el derecho canónico, es decir, el conjunto de normas jurídicas y disciplinarias que regulan la organización y funcionamiento de la Iglesia católica, especialmente en lo relacionado con sus miembros y los procedimientos internos. La entidad argumentó que, en el momento de los hechos, el sacerdote activó los mecanismos canónicos que estaban previstos ante situaciones como la investigada, lo que para el ente acusador excluye la existencia de una falta penal en su conducta.

Durante la audiencia, el juez subrayó que no existía evidencia de que De Roux hubiera incumplido algún deber funcional, religioso o institucional. Según destacó, tampoco se pudo concluir que las acciones u omisiones del sacerdote pudieran transformarse en un comportamiento de tipo penal. "No se puede presumir que tenía una posición de garante de una persecución penal", manifestó el despacho, citando directamente lo discutido en la diligencia.

La determinación judicial aclara que la preclusión de este proceso no significa que los hechos de abuso sexual no hayan ocurrido, sino que en relación con la conducta de Francisco de Roux no se configuró el presunto delito de encubrimiento. El fallo resalta que De Roux, en calidad de sacerdote provincial, activó los mecanismos institucionales en el marco del derecho canónico, lo que derivó en la imposición de sanciones eclesiásticas. Además, la valoración global de las actuaciones y la prescripción de la investigación permitieron concluir que la conducta atribuida al sacerdote carecía de tipicidad penal.

La decisión refuerza la importancia de analizar cada caso dentro de su contexto jurídico, diferenciando entre las acciones tomadas de acuerdo a normas internas, como el derecho canónico, y las exigencias de la normatividad penal colombiana, siempre bajo la observación de un juez de conocimiento y del ente acusador.

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¿Por qué se archivó la investigación contra el padre Francisco de Roux?

La investigación fue archivada porque, según el juzgado 54 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, el padre Francisco de Roux actuó siguiendo las normas del derecho canónico. Se concluyó que su conducta, al activar los mecanismos eclesiásticos pertinentes, no representó un incumplimiento penal ni un encubrimiento según los parámetros jurídicos colombianos.

¿Qué es el derecho canónico y cómo influyó en el caso del padre De Roux?

El derecho canónico es el conjunto de normas jurídicas que rige la organización y procedimientos internos de la Iglesia católica. En este caso, influyó al determinar que De Roux, actuando como sacerdote provincial, aplicó las medidas requeridas por estas normas ante los hechos investigados, lo cual fue decisivo para considerar que no hubo conducta punible atribuible a él en materia penal.

Este proyecto contempla la integración de vivienda, comercio y servicios en una zona con un potencial edificable aproximado de 87.000 metros cuadrados. Su localización en pleno Centro Internacional y junto al futuro nodo de integración del sistema de transporte de la capital posiciona a Metro 26 como un eje fundamental para la articulación urbana. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía de Bogotá, el desarrollo se vinculará de forma directa a la Primera Línea del Metro de Bogotá, el sistema TransMilenio y el Regiotram de Occidente. Esta conexión busca potenciar el acceso a la movilidad y aprovechar al máximo el predio urbano para garantizar su revitalización.

Carlos Felipe Reyes, gerente general de RenoBo, afirmó: "Esta será la oportunidad para que las principales empresas del sector conozcan el Proyecto Metro 26, exploren posibilidades de participación y evalúen su potencial de desarrollo e inversión. Buscamos transformar el corazón de Bogotá con mejores opciones de vivienda, comercio y servicios, aprovechando una ubicación estratégica y su conexión con los principales sistemas de transporte de la ciudad".

En la jornada, RenoBo no solo socializará el alcance arquitectónico y urbano de Metro 26, sino que dará a conocer el modelo de negocio propuesto. Este modelo prevé la vinculación de un socio desarrollador e inversionista, quien participará activamente en la estructuración y ejecución del proyecto, sumando un ventaja adicional: el suelo listo para desarrollar o ready to build, considerado un activo estratégico al reducir tiempos y riesgos.

El Proyecto Metro 26 ha sido planeado dentro del marco del Plan Parcial Estación Metro 26, un instrumento diseñado para una intervención integral sobre un área de 9,3 hectáreas. Según la administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, la intención es consolidar un modelo de gestión del suelo que impulse la colaboración entre el sector público y privado, dinamice la inversión inmobiliaria y acelere la revitalización del centro de la ciudad.

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¿Qué es el Proyecto Metro 26 en Bogotá y cuál es su objetivo principal?

El Proyecto Metro 26 es una iniciativa impulsada por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), cuya meta es integrar vivienda, comercio y servicios en una zona estratégica del centro de la ciudad, articulada con los principales sistemas de transporte, según la Alcaldía de Bogotá. Su objetivo principal es fomentar la renovación urbana y facilitar la inversión conjunta entre sectores público y privado para revitalizar el corazón de Bogotá.

¿En qué consiste el modelo de negocio del Proyecto Metro 26 en Bogotá?

De acuerdo con RenoBo, el modelo de negocio del Proyecto Metro 26 incluye la participación de un socio desarrollador e inversionista en la estructuración y ejecución del proyecto. Uno de sus componentes clave es el suelo "ready to build", o listo para desarrollar, lo que significa que el terreno está listo para ser intervenido desde el punto de vista técnico y normativo, agilizando así el proceso de construcción y reduciendo los riesgos para futuros inversionistas.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades y fuentes castrenses, los acontecimientos se registraron en la madrugada de este martes, momentos en los que un pelotón perteneciente a la Brigada de Atención de Desastres se alistaba para cumplir una misión urgente de apoyo. Los uniformados tenían previsto desplazarse hacia el municipio de Villa de Leyva con el propósito de colaborar en las labores orientadas a sofocar un incendio forestal que ya había sido controlado en un 90 por ciento la noche anterior, pero que requería liquidación total con apoyo aéreo.

Las primeras hipótesis sobre el origen de la confrontación apuntan a un cruce de palabras derivado de instrucciones operativas. Según reveló una fuente militar a los medios de comunicación, “al parecer, todo comenzó con una orden dada por el sargento, que fue respondida de manera airada por el soldado y, en medio de una refriega, este último accionó su fusil contra su superior y contra otro de sus compañeros; después, al ver lo que había hecho, se disparó”.

El reporte oficial y las indagaciones preliminares señalan que el soldado profesional Edwin Malabet Collante disparó por la espalda a su superior, el sargento segundo Héctor Hernando Lozano Burgos, quien falleció de manera instantánea. En medio de la balacera dentro de la guarnición, un proyectil alcanzó al soldado profesional Luis Alberto Barrios Carmona, hiriéndolo en el dedo meñique del pie derecho, y también lesionó a un canino que integraba el mismo grupo operativo. Tras perpetrar el ataque, el agresor accionó su arma de dotación contra sí mismo y se quitó la vida.

Tras conocerse la emergencia, la unidad militar experimentó un intenso despliegue de ambulancias y vehículos oficiales que generó gran revuelo entre los habitantes y el personal de turno. El hermetismo institucional prevaleció durante las primeras horas de la mañana, mientras los mandos superiores tomaban el control de la situación y notificaban a los organismos judiciales competentes para iniciar las diligencias de rigor.

Horas más tarde, el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional emitió un comunicado oficial en el que confirmó los lamentables hechos: “En las instalaciones del Batallón de Artillería N.° 1, ubicado en Sogamoso, Boyacá, se presentó un suceso con arma de fuego que dejó como resultado el fallecimiento de dos integrantes de la institución, además de un militar lesionado y un canino herido”. Asimismo, la institución castrense puntualizó: “En el hecho se habría visto involucrado un soldado profesional, quien accionó su arma de dotación contra un suboficial, ocasionando además lesiones a un soldado y a un canino. Posteriormente, se habría quitado la vida”.

Ante la conmoción generada por este episodio al interior de las filas castrenses, el Ejército Nacional dispuso de un equipo interdisciplinario de acompañamiento psicológico y social para brindar soporte a los familiares del sargento Lozano Burgos y del soldado Malabet Collante. Entre tanto, el soldado herido y el canino reciben atención médica especializada, al tiempo que las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la trágica riña continúan bajo una rigurosa investigación penal y disciplinaria a cargo de las autoridades competentes.

Los salones de baile impulsados por Idartes destacan por su carácter gratuito y su enfoque en la inclusión, ya que están dirigidos a personas de todas las edades dispuestas a explorar la danza social. Quienes asisten a estos encuentros pueden dejarse llevar no solo por géneros como el tango —protagonista de 'Susurros de Bandoneón'—, sino también por la salsa, bachata, merengue y bailes tradicionales representativos de distintas regiones como el Caribe, el Pacífico y la zona andina. Según Idartes, el objetivo va más allá de la simple actividad física, pues estos espacios buscan fomentar el bienestar emocional, fortalecer el tejido social e integrar a la ciudadanía por medio de la música y el movimiento.

El evento será realizado el viernes 23 de octubre de 2026, en una franja horaria de 5:00 a 7:00 de la tarde, dentro de las instalaciones del CEFE Chapinero, específicamente en el Ágora, piso 6, con dirección en la calle 82 No. 11 – 69. La entrada es totalmente libre y se asignará hasta que se complete el aforo disponible, asegurando así que más personas puedan tener acceso a la experiencia sin costo alguno.

Participar en 'Susurros de Bandoneón' no solo permite disfrutar del baile y la música en vivo, sino que también abre la posibilidad de conectarse con otras personas, aprender de profesionales y fortalecer la identidad cultural bogotana. En definitiva, es una apuesta por la cultura y la integración comunitaria que sigue encontrando espacios vitales en la capital colombiana, como lo demuestra la agenda cultural que promueve Idartes.

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¿Cómo puede participar en los salones de baile gratis de Idartes en Bogotá?

Es posible participar en los salones de baile organizados por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) simplemente asistiendo al lugar y hora indicados para cada evento, como en el caso de 'Susurros de Bandoneón' en el CEFE Chapinero, donde la entrada es libre hasta completar el aforo, según lo señalado en la información oficial.

¿Qué beneficios ofrecen los salones de baile para la integración y el bienestar en Bogotá?

De acuerdo con Idartes, los salones de baile, además de facilitar la actividad física, aportan al bienestar emocional, la integración comunitaria y el fortalecimiento del tejido social, brindando espacios compartidos para la danza y la cultura en la capital.

La acusación formal de la Fiscalía incluye los delitos de homicidio agravado y tortura agravada. La investigación busca esclarecer la posible responsabilidad de los policías en las agresiones sufridas por Balanta el 20 de septiembre, cuando, después de ser reducido y esposado durante el procedimiento, fue trasladado a la Estación de Policía de Cazucá. Según los datos recopilados por El Espectador, Balanta fue víctima de golpes y recibió múltiples descargas con un dispositivo Taser, incluso ya estando dentro de la estación. Permanece documentado que, durante cerca de 20 minutos, presentó dificultades respiratorias, dolor en el pecho y solicitó atención médica, la cual no habría sido brindada a tiempo, de acuerdo con la investigación oficial.

El informe de necropsia realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal identificó lesiones compatibles con el empleo de un dispositivo de conducción eléctrica, así como hematomas y otras lesiones. Si bien Medicina Legal estableció como causa de muerte una arritmia cardíaca asociada al uso del dispositivo, el estudio histopatológico aclaró que sus hallazgos no permiten determinar una relación causal directa entre las descargas eléctricas y el deceso.

Los hechos se desencadenaron tras una discusión vecinal en el barrio Caracolí. Testigos afirmaron que uno de los policías emitió comentarios racistas, incluyendo la frase: “Estoy acostumbrado a matar negros guerrilleros en el Chocó”. Durante la intervención, José Luis Guerrero recibió descargas eléctricas y fue capturado. Donovan Balanta, quien se encontraba en el lugar, habría lanzado un objeto contra los uniformados antes de intentar huir. Posteriormente, fue alcanzado, presuntamente golpeado y sometido a descargas eléctricas incluso después de estar esposado. La actuación de los mandos policiales también está bajo investigación, ya que, según la reconstrucción de los hechos, el mayor al mando habría intervenido para detener el uso del Taser pero no ordenó el traslado inmediato de Balanta a un centro médico. Finalmente, Balanta fue llevado al hospital tras perder el conocimiento, donde falleció horas después.

Con la detención de este quinto policía, la Fiscalía continúa con el proceso judicial, centrado en esclarecer la responsabilidad de cada uno de los involucrados y en determinar la gravedad de los hechos, en un caso que ha captado la atención pública por el contexto de abuso de autoridad y racismo denunciados.

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¿Cuál fue la causa de muerte de Donovan Balanta según Medicina Legal?

El Instituto Nacional de Medicina Legal consignó como causa de muerte una arritmia cardíaca asociada al uso de un dispositivo de conducción eléctrica. No obstante, el informe histopatológico señaló que los hallazgos obtenidos no permiten establecer por sí mismos una relación causal directa entre las descargas eléctricas aplicadas y el fallecimiento de Donovan Balanta.

¿Por qué la Fiscalía imputa homicidio agravado y tortura agravada a los policías implicados?

De acuerdo con El Espectador, la Fiscalía fundamenta la imputación de homicidio agravado y tortura agravada en las presuntas agresiones físicas y el uso de un dispositivo eléctrico (Taser) contra Donovan Balanta, sumado a la posible demora en la atención médica. La fiscalía busca determinar la responsabilidad individual de los funcionarios en las circunstancias que rodearon la muerte del líder comunitario tras el procedimiento policial.

El encuentro contó con la asistencia de reconocidos parlamentarios como Enrique Gómez (Salvación Nacional), Hernán Cadavid (Centro Democrático) y James Mosquera (Citrep). Esta cita se dio después de conocerse la primera ponencia, respaldada por firmas de miembros del Senado y la Cámara, una señal de que el debate legislativo avanzará con celeridad al portar mensaje de urgencia.

De acuerdo con declaraciones de Cadavid, el trámite del proyecto busca definir dos puntos centrales: la eliminación de la política de “paz total” y el establecimiento de condiciones para el sometimiento de personas y grupos criminales, sin que se establezcan beneficios desproporcionados fuera de los estrictamente legales. Esta línea sustituiría modelos anteriores basados en amplias concesiones.

El documento presentado redujo el articulado original de 28 a 22 artículos, detallando también un cambio fundamental en la terminología: el “rol de liderazgo” cambió por “rol de mando”. Se establecieron límites estrictos sobre cómo evaluar posibles rebajas y beneficios, que solo estarán disponibles para quienes no hayan ejercido dicho rol de mando dentro de las estructuras criminales.

Los ponentes puntualizaron en el texto que los máximos cabecillas enfrentarán una pena mínima de diez años, y que los mecanismos de control para acreditar los miembros de organizaciones criminales serán más rigurosos bajo este nuevo marco jurídico. Según explicaron los ministros Cancino y Rodrigo Lara (Interior), el fin último es instaurar un marco legal que facilite el desmonte, desarme y sometimiento, excluyendo cualquier negociación de índole política. Por eso, toda interlocución será a través de abogados, los espacios de diálogo estarán limitados y la víctima será el eje del proceso. Los beneficios y rebajas de pena oscilarán entre el 30 % y el 50 %, dependiendo de la función criminal del solicitante.

Por ahora, la comunidad política y la opinión pública continúan a la espera del estatuto antiterrorista, un documento extenso que, después de recibir observaciones del Consejo de Política Criminal, regresó a la Casa de Nariño para la última revisión antes de ser radicado en el Congreso, reportó Caracol Radio.

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¿En qué consiste el proyecto de ley de sometimiento discutido por el Congreso?

El proyecto de ley de sometimiento discutido por el Congreso busca establecer un marco legal para que grupos y personas vinculadas a estructuras criminales se acojan voluntariamente a la justicia. Este proceso descarta negociaciones con tintes políticos y limita los beneficios a rebajas de pena exclusivamente legales, dependiendo del rol que haya tenido cada integrante dentro de la organización. Fuentes citadas como El Espectador y Caracol Radio detallan que se eliminan beneficios excesivos y se impone una pena mínima obligatoria para cabecillas.

¿Por qué es relevante la eliminación de la “paz total” en el nuevo proyecto de sometimiento?

La eliminación de la “paz total” resulta relevante porque marca una ruptura con el enfoque anterior, al dejar de lado concesiones amplias e introducir condiciones más estrictas para el sometimiento a la justicia. Según lo expuesto en la reunión y reportado por El Espectador, esto responde a la intención de evitar negociaciones políticas y garantizar que los beneficios otorgados se limiten a lo estrictamente legal, priorizando siempre a las víctimas en el proceso.

Este marco legal se hace más estricto cuando los conductores realizan acciones que pueden generar distracciones al volante, como encender un cigarrillo, cometer maniobras no autorizadas o ignorar normas de tránsito. En esos casos, el conductor corre el riesgo de no concentrarse en la conducción y de provocar accidentes o infracciones. En cuanto a los vehículos de servicio público, el Código Nacional de Policía y Convivencia afirma, en su artículo 26, que existen restricciones específicas para el comportamiento dentro del transporte público, vehículos escolares o aquellos que transportan sustancias peligrosas o inflamables. Fumar en este contexto está estrictamente prohibido.

Las autoridades pueden imponer sanciones si detectan que el conductor está cometiendo una imprudencia, por ejemplo, si enciende un cigarrillo y, al hacerlo, suelta el volante, manipula cenizas, o llega a perder el control del vehículo. Incluso las empresas transportadoras tienen la obligación de llevar un registro de todas las infracciones de sus empleados, conforme al artículo 93 del citado Código de Tránsito; si omiten este control, también pueden recibir sanciones de las autoridades.

La sanción por fumar mientras se maneja no es menor. El infractor puede enfrentarse a una multa equivalente a 10 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), suma que asciende a $583.635,00 pesos según la referencia dada por 90minutos.co. Además del pago de esta multa, la persona debe cumplir de manera obligatoria con un curso de seguridad vial, buscando así concienciar sobre los riesgos implicados y fomentar mejores hábitos de conducción.

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¿Cuál es la multa por fumar mientras conduce un vehículo de servicio público en Colombia?

De acuerdo con lo informado, la multa por fumar al volante dentro de un vehículo de servicio público en Colombia corresponde a 10 salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que equivale a $583.635,00 pesos. Además de pagar esta suma, el conductor sancionado debe asistir obligatoriamente a un curso de seguridad vial.

¿Qué prohíbe exactamente la ley colombiana sobre fumar en el transporte público?

La legislación colombiana, según el Código Nacional de Policía y Convivencia, prohíbe fumar en vehículos de servicio público, transporte escolar y en aquellos que movilizan sustancias inflamables o peligrosas. Esta restricción se impone para evitar distracciones y proteger la vida e integridad tanto de los pasajeros como de otras personas en la vía.

Ninguna autoridad reveló el nombre del propietario del vehículo, a pesar de que medios locales y del exterior registraron la estrellada de una camioneta Cybertruck Tesla, de cerca de 700 millones de pesos, en la vía que conduce de Rionegro a Llanogrande (Antioquia).

Los reportes iniciales confirmaron que el siniestro ocurrió el pasado lunes, 19 de octubre, a las 7:30 de la mañana, provocando cortes de energía tras impactar la infraestructura.

Además, que la camioneta quedó incrustada en un poste de la luz, afectando la red eléctrica de la zona. De hecho, no aparecen multas impuestas por el accidente.

Frente al secretismo que rodeó las primeras investigaciones viales, las pesquisas periodísticas de El Tiempo lograron precisar la identidad del conductor y los antecedentes del automotor comercializado.

Así, se estableció que el propietario de la lujosa camioneta es un venezolano, de 27 años, nacido en el municipio de Piar, estado Bolívar.

Los registros públicos revelan antecedentes de infracciones por exceso de velocidad cometidas previamente por el ciudadano extranjero en la capital antioqueña.

De hecho, en julio pasado le impusieron un fotocomparendo por ir a alta velocidad en la zona de El Poblado, en Medellín. Se trata de Anderson José Osuna Castillo quien se presenta como un comerciante del sector de la seguridad.

El empresario venezolano figura como titular absoluto de una firma constituida recientemente en territorio nacional para prestar servicios de vigilancia privada.

Asimismo, se indicó que Osuna aparece como socio único y controlante de Pretorium Wolf Protection SAS., creada en diciembre de 2025 en Medellín con un capital de 2 millones de pesos e ingresos por 187 millones de pesos.

Asimismo, trascendieron publicaciones digitales que vincularon la procedencia del vehículo Tesla con un sorteo promovido por un reconocido creador de contenido digital.

Autoridades locales dijeron que en redes hay un video, fechado el 15 de agosto de 2025, en donde se asegura que Osuna se ganó el lujoso vehículo en una rifa.

“De aquellos días haciendo seguridad para @westcol a hoy, recibiendo el Cybertruck que él mismo rifó, la vida tiene formas mágicas de recompensar el esfuerzo, y tú eres la prueba viva de que todo lo que uno da, vuelve multiplicado”, señaló una persona sobre el comerciante venezolano.

Al ser consultado por el siniestro, el propio comerciante ofreció pormenores sobre su condición física y descartó el consumo de bebidas embriagantes en conversación con El Tiempo. De hecho, Anderson José Osuna Castillo empezó por asegurar que cree que el vehículo sufrió pérdida total.

“Estoy bien. Tengo algunos moretones producto del impacto. No fue producto del alcohol. Las autoridades de tránsito me hicieron todas las pruebas y todo salió negativo”, dijo en la charla.

El conductor argumentó que la fatiga acumulada luego un extenso viaje internacional provocó un despiste momentáneo mientras manejaba por el corredor vial y desembocó en el accidente de tránsito.

Y agregó: “Fue producto del cansancio. Venía llegando hace una semana de Turquía, estaba muy cansado y me relajé. Tuve un microsueño. Pero alcancé a reaccionar o hubiese sido más grave”.

Respecto a la manera como adquirió el vehículo, Osuna prefirió mantener reserva sobre su entorno personal, aunque terminó admitiendo la relación del carro con el influenciador.

Cuando se le preguntó si era cierto que se había ganado el carro en una rifa, primero se negó a contestar.

Luego, manifestó que, en efecto, el carro había sido del influenciador Westcol: “Son temas de mi vida privada”.

Sin embargo, el mencionado medio de comunicación confirmó que la empresa de Osuna le ha prestado seguridad a Westcol y a una de sus empresas.

El gobernador Escobar destacó que la mayoría de las víctimas eran mujeres cabeza de familia, responsables de llevar el sustento a sus hogares. Además, manifestó preocupación por las condiciones de informalidad en las que se desarrolla la minería artesanal en la región. Sobre la emergencia, Escobar advirtió en sus comunicaciones oficiales en la red social X que todavía podrían existir personas atrapadas bajo los escombros. Las labores de rescate se vieron complicadas por la difícil geografía del sector, ya que la mina no cuenta con vías de acceso terrestre. Esto obligó a los organismos de socorro a depender de rutas fluviales y aeronaves para llegar al lugar del incidente y evacuar a los heridos. La propia comunidad apoyó las acciones de rescate mientras las autoridades y equipos especializados lograban acceder a la zona.

Frente al riesgo constante que enfrentan las comunidades mineras, el gobernador reiteró la urgencia de acelerar la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala. Escobar señaló que en Nariño existen 181 solicitudes para declarar áreas de reserva especial minera. Varias de ellas llevan más de dos décadas en espera ante la Agencia Nacional de Minería. Para Escobar, avanzar en estos procesos permitiría que las familias dedicadas a la extracción de oro cuenten con regulaciones técnicas y ambientales que disminuyan los riesgos a los que se exponen. Finalmente, la tragedia de Iscuandé trajo a la memoria otro derrumbe sucedido en agosto en Policarpa, en el mismo departamento, donde murieron doce personas también ligadas a la minería artesanal, según reportes recogidos por Noticiero 90 Minutos.

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¿Cómo afectó el derrumbe en Santa Bárbara de Iscuandé a las mujeres cabeza de familia de la zona?

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, aseguró que la mayoría de las víctimas del derrumbe eran mujeres cabeza de familia, quienes dependían de la minería artesanal para mantener a sus hogares. Su fallecimiento deja a varias familias de la región en una situación aún más vulnerable y evidencia el importante rol económico y social que desempeñan estas mujeres en las comunidades mineras.

¿Qué significa minería artesanal de oro y cuáles son los riesgos asociados?

La minería artesanal de oro corresponde a la extracción de oro en pequeña escala, generalmente sin equipos industriales ni formalización legal ni técnica. Esta actividad se realiza con métodos manuales y rudimentarios, lo que expone a los trabajadores a altos riesgos, como deslizamientos de tierra y accidentes fatales, especialmente en zonas sin infraestructura adecuada, como ocurrió en Santa Bárbara de Iscuandé.

El crimen ocurrió después de que Jaime Esteban asistiera a una fiesta de Halloween el 31 de octubre, en el bar Before Club, ubicado en la localidad de Chapinero. Un año después de lo sucedido, la familia sigue esperando, según relató Jaramillo, alguna señal de arrepentimiento por parte de Juan Carlos Suárez y Ricardo Rafael González, quienes fueron condenados a 37 años de prisión por el asesinato del universitario, de 20 años.

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“De lo único que me he dado cuenta es que no tienen ningún arrepentimiento, no han mostrado sino cinismo y un cinismo repugnante, una crueldad, una dureza que realmente me sorprende”, afirmó la madre durante la entrevista. Para ella, la ausencia de una muestra de arrepentimiento hace aún más difícil afrontar la pérdida y comprender cómo ocurrió un ataque de esa magnitud.

David Moreno también se refirió a la posibilidad de perdonar a los condenados y sostuvo que resulta complicado hacerlo cuando, a su juicio, no han demostrado comprender la gravedad de lo sucedido. El hermano de Jaime Esteban aseguró que durante algunas audiencias los ha visto reírse y mantener una actitud distante frente a la familia. “Buscar perdonar a alguien así, es muy complicado buscar perdonar a alguien que no ha dado una muestra de entendimiento”, expresó.

Mónica Jaramillo, por su parte, recordó la violencia de la agresión y señaló que las pruebas presentadas durante el proceso permitieron conocer la gravedad de las lesiones que sufrió su hijo. Según manifestó, el joven fue atacado a puños y patadas, sin que estuviera armado. La madre calificó lo ocurrido como un acto de crueldad y aseguró que el daño causado fue irreversible.

La mujer también sostuvo que los videos y testimonios conocidos durante el proceso respaldaron su convicción sobre la responsabilidad de los dos condenados. Además, cuestionó que, después de la golpiza, no le hubieran prestado asistencia médica a su hijo. “Yo daría lo que fuera para volver a tener a mi hijo. Cuestiono mucho por qué estas personas ni siquiera le dieron una oportunidad y una atención médica”, manifestó con dolor.

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Uno de los recuerdos que más la atormentan, según relató, es que Jaime Esteban quedó tendido en la calle después de la agresión y no volvió a despertar. “Lo dejaron en un lago hemático, botado. Y se fueron tranquilos como si nada hubiese pasado, demostrando todo el desprecio por la vida humana”, dijo Jaramillo. Aunque la condena contra los responsables representa un avance judicial para la familia, la madre y el hermano del joven aseguraron que el dolor por su ausencia continúa y que, hasta ahora, no han encontrado razones para perdonar a quienes le quitaron la vida.

El espectáculo que se presentará ha dado de qué hablar en diferentes escenarios: se trata de la historia de un viejo titiritero de plaza, sus personajes y su singular Teatro de la Bicicleta. Esta obra utiliza una combinación de máscaras, objetos, sombras y música en vivo, recorriendo emociones que van desde la melancolía hasta el humor y la farsa popular. Su duración aproximada es de 45 minutos y está dirigida tanto al público adulto como a niñas, niños y sus acompañantes, promoviendo así la integración intergeneracional por medio de las artes escénicas.

Según la información oficial, Berretín de Trapo ha sido reconocida con el Premio de Dramaturgia para Títeres y ha logrado una destacada participación, siendo seleccionada en más de 20 festivales internacionales. Este respaldo evidencia la calidad y alcance del montaje, así como su capacidad de conectar con audiencias diversas a nivel global.

La propuesta hace parte de una agenda cultural más amplia en Bogotá, que ese mismo mes incluye otras actividades como la obra ‘Burlesca’, también dentro del Festival Internacional de Títeres Manuelucho, y eventos de arte urbano y emprendimiento en Hip Hop al Parque. Así, la ciudad sigue fortaleciendo espacios gratuitos donde la cultura se convierte en un puente de encuentro para toda la ciudadanía.

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¿Qué es el Festival Internacional de Títeres Manuelucho y qué actividades incluye?

El Festival Internacional de Títeres Manuelucho es un evento que reúne propuestas destacadas del teatro de títeres en Bogotá, con funciones dirigidas a públicos de todas las edades. Incluye obras galardonadas, espectáculos para familias y niños, como la obra Berretín de Trapo, y otras puestas en escena como ‘Burlesca’, así como actividades relacionadas con el arte y la cultura en diferentes espacios de la ciudad.

¿Cómo asistir gratis al espectáculo de títeres ‘Berretín de Trapo’ en la Casa de la Cultura de Fontibón?

Para asistir de manera gratuita a Berretín de Trapo, usted debe acercarse el 23 de octubre de 2026 a la Casa de la Cultura de Fontibón, ubicada en la calle 17A No. 99-53. La entrada es libre hasta completar el aforo, por lo que se recomienda llegar puntual para asegurar el acceso al evento.

En medio de la polémica, el exconcejal Jhon Díaz Carpio, quien denunció el contrato ante la opinión pública, utilizó su cuenta de X para criticar la falta de transparencia en el proceso. Díaz recordó que ya habían pasado ocho días desde que el alcalde anunció la petición del informe, pero el contenido aún no se había hecho público. Entre los bienes vendidos a precios cuestionablemente bajos figuró una camioneta Prado, transferida por solo 2.500.000 pesos. Díaz resaltó que, según el Acta 001, existía interés en agilizar la transacción, e indicó que el Concejo municipal autorizó la venta una vez el negocio ya había sido adjudicado.

En respuesta a las inquietudes, Keyner Sanmartín, apoderado del alcalde Orozco, explicó que el informe no se divulgará porque hará parte de una investigación penal. Según argumentó el abogado, la ley reserva la indagación penal y permite proteger información que, de ser divulgada, podría afectar el debido proceso y el trabajo de la justicia. Añadió que corresponde a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría decidir si se presentan responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales, mientras que la Alcaldía colaborará plenamente en la investigación.

De acuerdo con los documentos revisados por EL PILÓN, los bienes vendidos incluyeron una excavadora hidráulica John Deere por 5.155.000 pesos, una motoniveladora de la misma marca por 5.022.000 pesos y una retroexcavadora valorada en 3.850.000 pesos. El lote de maquinaria se completó con un vibrocompactador JCB por 2.185.000 pesos y un minicargador John Deere por 840.000 pesos. Por su parte, los vehículos livianos, en su mayoría de marcas reconocidas como Toyota, Nissan, Chevrolet y Mazda, se vendieron en rangos de precios entre 240.000 y 3.000.000 pesos, lo que llamó la atención por los montos considerablemente bajos.

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¿Por qué la Alcaldía de Valledupar no publica el informe sobre la venta de los 33 bienes?

La Alcaldía de Valledupar decidió no hacer público el informe técnico sobre la venta de los 33 bienes, porque, según su apoderado Keyner Sanmartín, el documento será parte de una investigación penal. De acuerdo con la explicación, la ley establece la reserva de información en procesos penales para proteger el debido proceso, evitar interferencias en la investigación y resguardar a las personas involucradas.

¿Cuáles fueron los precios de los vehículos y maquinaria vendidos por la Alcaldía de Valledupar?

Según los documentos investigados por EL PILÓN, el municipio de Valledupar vendió equipo pesado como una excavadora hidráulica John Deere en 5.155.000 pesos y una motoniveladora por 5.022.000 pesos. Los vehículos livianos, entre ellos automóviles Toyota, Nissan, Chevrolet y Mazda, se vendieron en precios que oscilaron entre 240.000 y 3.000.000 pesos, notoriamente por debajo de su valor comercial estimado.

La trastienda logística para el traslado de figuras como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40’), Edward Cobos, Rodrigo Pérez, Carlos Mario Jiménez (‘Macaco’) y Fredy Rendón Herrera fue articulada directamente por el Inpec tras directrices del Ejecutivo. Por parte del Gobierno, la mesa estuvo encabezada por la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez, y su asesor Víctor de Currea-Lugo, acompañados por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el director nacional de Inteligencia, Jorge Lemus. Aunque el trasfondo oficial apuntaba a finiquitar el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, la reapertura de estos acercamientos en pleno calendario electoral levantó serias sospechas sobre presuntas intenciones de manipular testimonios judiciales contra líderes de la oposición como Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.

El texto de la declaración conjunta, fundamentado en la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025 que reactivó la condición de gestores de paz para 16 exjefes paramilitares, detalla en sus apartados iniciales las intenciones de las partes. En uno de sus puntos centrales, el manifiesto consigna textualmente: “Reconocemos la voluntad de paz de las partes hacia un mejor país. En este sentido, los Gestores de Paz reiteran su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación, para garantizar el valor supremo de la no repetición y la reparación integral de las víctimas”. Asimismo, el documento admite que la cumbre en la capital del Cesar constituía únicamente la fase inicial de una ruta más amplia: “Reconocemos, igualmente, que estos días de trabajo son un punto de partida hacia un proceso, cuya meta fundamental es el cierre del proceso de paz entre el Estado colombiano y las extintas Autodefensas Unidas de Colombia”.

 

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Uno de los acápites más relevantes del escrito aborda el tratamiento de las confesiones y la memoria histórica del conflicto armado. La declaración fija una postura sobre las intervenciones previas de los excombatientes al señalar que “La verdad de la participación de las Autodefensas en el conflicto armado ya ha sido ampliamente dicha y corresponde a la Mesa Técnica la organización, sistematización y divulgación de la información ya disponible”. Este aspecto resulta clave dentro del expediente, pues varios de los excomandantes manifestaron posteriormente que se negaron a reabrir juicios o emitir nuevos señalamientos sin sustento probatorio, argumentando que toda su versión había sido entregada exhaustivamente ante los tribunales de Justicia y Paz.

Mientras las autoridades judiciales entran a evaluar si durante estas aproximaciones se incurrió en conductas irregulares o uso indebido de los recursos del Estado con fines electorales, la revelación del documento formaliza la existencia de una hoja de ruta que intentó redefinir la relación entre el Estado y los antiguos mandos del paramilitarismo. La Fiscalía General de la Nación deberá determinar hasta qué punto las actuaciones de los altos funcionarios se ajustaron al marco legal de la ‘paz total’ o si sobrepasaron las atribuciones institucionales en la búsqueda de réditos políticos.

Se trata de un ciudadano que puso a los dos escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección para llevar carritos en un reconocido supermercado en Colombia, hecho que acabó en un material que la cuenta de Instagram de Aburrá Press replicó.

 

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Si bien no es claro en qué zona del país sucedió esto, el empleo de esquemas de seguridad de la entidad para tareas domésticas como empujar carritos de mercado contraviene el marco legal colombiano.

La normativa estipula que el personal de escoltas tiene la función exclusiva de salvaguardar la vida, integridad y libertad de los ciudadanos beneficiarios en situación de riesgo extremo.

El Decreto 1066 de 2015 del Ministerio del Interior reglamenta el funcionamiento del programa de protección y prohíbe el uso indebido de las medidas asignadas.

La regulación determina expresamente que obligar al personal de seguridad a realizar labores de servicio doméstico o diligencias personales ajenas a la protección constituye una falta sancionable.

Estas actuaciones distraen la atención táctica de los agentes, reducen su capacidad de reacción profesional ante posibles amenazas y comprometen la eficacia operativa de los esquemas.

Adicionalmente, destinar escoltas estatales o contratados con fondos públicos para cargar compras degrada la dignidad laboral de los trabajadores y distorsiona el sentido asistencial del servicio público.

La Unidad Nacional de Protección invierte millonarios recursos presupuestales del Estado colombiano para evaluar riesgos, financiar vehículos blindados y contratar personal calificado.

Por este motivo, la desviación de estos recursos toward tareas privadas indefendibles impacta negativamente la transparencia institucional y vulnera la confianza ciudadana.

El protocolo oficial establece que el mal uso reiterado de las medidas asignadas faculta a las autoridades a iniciar procesos sancionatorios para suspender o retirar los esquemas.

Igualmente, los organismos de control estatal, como la Procuraduría General de la Nación, adelantan investigaciones disciplinarias contra aquellos funcionarios o esquemas que transgreden los reglamentos operativos.

La ciudadanía exige rigor en el empleo de las garantías de seguridad financiadas con los impuestos del país, evitando privilegios o excesos personales injustificados.

¿A quiénes se les asigna escoltas de la UNP y cómo identificarlos?

La Unidad Nacional de Protección asigna esquemas de seguridad exclusivamente a ciudadanos pertenecientes a grupos poblacionales específicos que afrontan un riesgo extraordinario o extremo acreditado.

Entre los beneficiarios se encuentran dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas, periodistas, servidores públicos, magistrados y víctimas del conflicto armado interno.

Asimismo, la entidad brinda protección a firmantes de paz, reclamantes de tierras, miembros de la Misión Médica y dirigentes de grupos étnicos constituidos legalmente.

La asignación de las medidas materiales depende de una evaluación técnica realizada por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas del programa.

Para identificar correctamente a los agentes de protección en servicio, los ciudadanos deben observar distintos distintivos institucionales oficiales exigidos por la normatividad nacional.

Los escoltas portan una tarjeta de identificación o carné institucional visible con sus datos personales, fotografía reciente, logotipo oficial y firma de la entidad.

Adicionalmente, el personal cuenta con chalecos antibalas dotados con el escudo de la Unidad Nacional de Protección y chalecos reflectivos en operativos viales.

El armamento de dotación, los equipos de comunicación y los vehículos blindados o convencionales cuentan con registros y salvoconductos oficiales vigentes para operar.

Los esquemas de seguridad también están integrados en ocasiones por personal contratado mediante uniones temporales de vigilancia privada avaladas por la Superintendencia de Vigilancia.

Estos escoltas privados deben presentar la identificación de la empresa prestadora junto con el carné que los acredita como prestadores asignados a la entidad pública.

Verificar el carné oficial y contrastar los datos con la línea telefónica institucional de atención al ciudadano evita posibles suplantaciones por parte de delincuentes.

La abuela de la menor contó que la niña acostumbraba dormir con su mascota y que, al notar que el animal no estaba en el lugar habitual, decidió salir a buscarlo. “Ella duerme con su gatito y como que no vio el gatito y abrió la ventana del cuarto donde duerme la mamá y por ahí salió”, relató la mujer al explicar lo que habría ocurrido antes del accidente.

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Según la versión conocida, la menor habría llegado hasta el área donde se encontraba el poste señalado por los vecinos. La oscuridad y la humedad del suelo son factores que habrían incidido en el accidente, aunque las circunstancias exactas en las que ocurrió la descarga eléctrica deberán ser establecidas.

Tras la muerte de la niña, los habitantes de Caribe Verde expresaron su preocupación e indignación, pues aseguran que el problema ya había sido advertido entre tres y cuatro meses atrás. Jhon Saleve, residente del sector, afirmó que las anomalías en el lugar no eran recientes y que la situación ya se había denunciado. “Yo ya tenía como más de tres o cuatro meses. Ya eso estaba denunciado, pero tú sabes que aparece una anomalía, aparece otra”, manifestó.

Ante lo sucedido, los vecinos pidieron que se inspeccionen las instalaciones cercanas al poste para determinar si existen fallas eléctricas o estructurales que representen un peligro para la comunidad. También esperan que se adopten las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad y evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

Según la investigación judicial, los hechos iniciaron en la vía pública, donde los capturados habrían interceptado a un cobrador de préstamos y lo despojaron de la motocicleta que utilizaba para cumplir sus funciones laborales. Posteriormente, y siempre de acuerdo con las pesquisas, los detenidos contactaron de manera directa al propietario del negocio de préstamos. A través de reiteradas llamadas telefónicas y mensajes con tono amenazante, en los que atribuyeron ser parte de la estructura delincuencial “La Mafia Vallenata”, supuestamente exigieron 4.500.000 pesos colombianos como condición indispensable para devolver el vehículo sustraído. Además, estos mensajes contenían amenazas directas contra la vida del comerciante en caso de no cumplir con el pago exigido, junto a la promesa de un permiso para que el prestatario pudiera operar en la zona sin represalias.

Frente a la gravedad de las amenazas, el comerciante afectado optó por denunciar la extorsión ante el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), unidad de la Policía especializada en combatir el secuestro y la extorsión. De acuerdo con la información recolectada, los agentes organizaron una entrega controlada del dinero en las cercanías del complejo deportivo La Gota Fría. Allí, uniformados de la Policía sorprendieron y capturaron a los dos hombres cuando estos, presuntamente, recibían el paquete que simulaba contener la suma exigida.

La Fiscalía Séptima Local, que hace parte de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), fue la encargada de presentar a Manrique Martínez y Nieves Beltrán ante el juez de control de garantías. En la audiencia se les imputó el delito de extorsión agravada, por lo que permanecerán privados de la libertad mientras se desarrolla el proceso penal en su contra. La responsabilidad de los procesados será definida en etapas judiciales posteriores, según lo previsto por las autoridades competentes.

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¿Qué significa extorsión agravada según la Fiscalía en Colombia?

En el contexto presentado por la Fiscalía Séptima Local, extorsión agravada se refiere a un delito que va más allá de la extorsión simple, pues implica el uso de amenazas severas o la participación de organizaciones delictivas, como se indica en el caso al atribuirse los procesados pertenencia a “La Mafia Vallenata” y amenazar la vida de la víctima. La agravación surge de factores como el peligro para la integridad o la vida.

¿Cómo actuó el Gaula en la captura de los presuntos extorsionistas en Valledupar?

El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) respondió a la denuncia del comerciante afectado, coordinando una entrega controlada en un lugar acordado con los presuntos responsables. En esta operación participaron agentes antiextorsión y uniformados de la Policía, quienes detuvieron a los sospechosos en flagrancia mientras recibían el paquete que simulaba contener el dinero exigido en la extorsión.

El reporte señala una tendencia hacia la disminución de lluvias en regiones como la Orinoquía y la Amazonía, así como periodos de tiempo seco en varios puntos del país.

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Cabe recordar que octubre forma parte de la segunda temporada de fuertes lluvias en Colombia, con foco en las regiones Andina y Pacífica. Por ello, no se descartan aguaceros dispersos, especialmente durante las tardes.

¿Dónde podría haber fuertes lluvias en Colombia?

• Región Andina y Sabana de Bogotá: Persistirá un comportamiento mixto. Se anticipan mañanas secas o de nubosidad variable, seguidas de precipitaciones de intensidad moderada a fuerte durante las tardes en sectores de Cundinamarca, Antioquia, los Santanderes y el Eje Cafetero. En Bogotá se prevén episodios de lluvia vespertina
• Región Pacífica: Mantendrá los mayores niveles de inestabilidad y humedad, con tormentas eléctricas frecuentes en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño
• Región Caribe: Predominará el tiempo seco y las altas temperaturas en amplias zonas del norte, aunque no se descartan posibles lluvias moderadas
• Orinoquía y Amazonía: Presentará una reducción paulatina de las precipitaciones con respecto a días anteriores, abriendo paso a jornadas secas

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Sobre el fin de las fuertes lluvias en Colombia, el Ideam proyecta que las temperaturas continuarán elevadas en los valles interandinos y en zonas de las regiones Caribe y Orinoquía.

La investigación sostiene que, en varias ocasiones, Orrego presuntamente mantuvo contacto físico no consentido con las implicadas y les envió mensajes de carácter sexual a través de redes sociales. Por estas conductas, un fiscal especializado imputó al periodista los delitos de acto sexual violento y acoso sexual, bajo las figuras de concurso homogéneo y sucesivo, y concurso heterogéneo. Durante la audiencia de imputación, el procesado no aceptó los cargos, por lo cual el caso queda sujeto a la valoración judicial de pruebas y testimonios durante el avance del proceso, tal y como lo señala la Fiscalía.

El caso de Orrego es uno de los que investiga el Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de violencias basadas en género en medios de comunicación. Este grupo fue creado específicamente para atender denuncias relacionadas con acoso sexual, acoso laboral y otras formas de violencia contra mujeres dentro de estos espacios laborales. De acuerdo con la Fiscalía, este tipo de investigaciones buscan garantizar que las denuncias recibidas sean tratadas con la seriedad y respaldo institucional que exigen tanto las víctimas como la sociedad.

Ricardo Orrego se pronunció públicamente luego de varios meses de silencio, reconociendo el fuerte impacto que el proceso ha tenido en su entorno personal y profesional. "No puedo negar que el impacto en nuestras vidas ha sido muy fuerte. Esta situación ha alterado la tranquilidad de mi hogar, ha significado el final de un ciclo en mi trabajo y ha puesto a prueba mi reputación profesional", señaló Orrego. También pidió perdón a su familia por las consecuencias derivadas del proceso, manifestando su decisión de no utilizar las redes sociales para defender su posición y optar por llevar su defensa ante los estrados judiciales. Orrego expresó además que comprende la atención social sobre el caso y reiteró la importancia de una investigación responsable que permita el esclarecimiento de los hechos.

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¿Cuáles son los delitos que la Fiscalía imputó a Ricardo Orrego y en qué consisten?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Ricardo Orrego fue imputado por los delitos de acto sexual violento y acoso sexual, bajo las modalidades de concurso homogéneo y sucesivo, así como concurso heterogéneo. El acto sexual violento involucra conductas en las que se produce un contacto físico de carácter sexual sin el consentimiento de la víctima, mientras que el acoso sexual se refiere a mensajes o comportamientos de naturaleza sexual no consentidos. La imputación responde a la presunta comisión de estos hechos contra cinco mujeres en contexto laboral.

¿Quiénes son las presuntas víctimas en el caso contra Ricardo Orrego según la Fiscalía?

Según la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, las presuntas víctimas en el caso de Ricardo Orrego son cinco mujeres que trabajaron o tuvieron algún vínculo laboral con él en los medios de comunicación. Entre ellas se identifican tres periodistas, una practicante y una estudiante universitaria, quienes, según la investigación, habrían experimentado distintas formas de violencia basada en género entre 2012 y 2024.

La solicitud de preclusión fue presentada por la Fiscalía en favor del padre tras advertir que no hay pruebas de favorecimiento, reveló Semana, al replicar la decisión en este caso.

El organismo investigador agilizó las diligencias pertinentes y estableció la improcedencia de continuar con las indagaciones, acudiendo ante el estrado judicial correspondiente para presentar el material recaudado.

Las pruebas recolectadas demostraron que las determinaciones asumidas en su momento por el religioso se ajustaron a los requerimientos normativos del derecho canónico.

Durante la audiencia pública, la representación de la Fiscalía argumentó con firmeza ante el administrador de justicia la falta de méritos para mantener activa la causa.

Tras valorar de manera exhaustiva el acervo probatorio expuesto, el juzgador ratificó la pertinencia del pedido institucional, dictando la terminación del expediente a favor del investigado.

“No se evidencia el incumplimiento de un deber funcional, religioso, institucional o que el mismo pueda transformarse en un comportamiento de tipo penal, pues para ello inequívocamente, es indispensable demostrar, verificar y validar que la conducta reunía en el caso de Francisco; esa conclusión permite explicar por qué entonces sí activó los derechos canónicos, pero no se puede llegar a presumir que tenía una posición de garante de una persecución penal”, dijo el juez.

La resolución judicial dejó en claro que la conducta examinada no constituye infracción al ordenamiento penal colombiano.

Los elementos acopiados en la fase investigativa acreditaron que Francisco de Roux inició las acciones disciplinarias necesarias para esclarecer los acontecimientos reportados, conforme a los parámetros eclesiásticos.

“Tampoco sería adecuado afirmar que esa actuación canónica demuestra necesariamente la ausencia de dolo; lo que permite sostener es que constituye un elemento objetivo relevante para valorar el comportamiento en conjunto con las circunstancias mencionadas y desde luego, en síntesis, el despacho considera que el juicio de la ecuación típica debe adecuarse sobre el comportamiento del padre Francisco y no exclusivamente sobre aquello que dejó de hacer”, advirtió el despacho.

La determinación de dar por terminado este asunto no desestima la ocurrencia de los hechos que involucran a otro presbítero.

Sencillamente ratifica que la imputación por supuesto encubrimiento carece de sustento fáctico, pues se activaron los protocolos correspondientes en el marco institucional.

“Bajo ese contexto, la actuación acredita que en su condición de sacerdote provincial activó los mecanismos institucionales que se encuentran previstos en el derecho canónico y que derivaron en esa imposición de sanciones eclesiásticas. Apreciando en conjunto esas circunstancias con la prescripción de la investigación, permite establecer la atipicidad de la conducta”, dijo el juez.

El fallo de preclusión cobró firmeza jurídica absoluta al no registrarse recursos ni apelaciones por parte de los intervinientes en el proceso.

De esta manera, la causa penal queda clausurada de forma concluyente en los estrados judiciales.

Esta decisión pone fin a la controversia legal surgida en torno a las competencias y actuaciones del alto dignatario religioso frente a la justicia ordinaria.

Asimismo, sienta un precedente relevante respecto a la articulación entre el derecho canónico y la legislación penal en investigaciones sobre el clero.

¿Quién es Francisco de Roux?

Francisco de Roux Rengifo es un reconocido sacerdote jesuita, economista y filósofo colombiano que ha dedicado su trayectoria al trabajo comunitario y la paz.

Nacido en Cali en 1943, de Roux adelantó estudios de Filosofía en la Universidad Javeriana y completó un doctorado en Economía en la Universidad de París.

A lo largo de su trayectoria profesional, el religioso lideró el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, promoviendo iniciativas de diálogo social territorial.

Entre 2008 y 2014, el sacerdote ejerció el cargo de Superior Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, coordinando la labor eclesiástica nacional.

Posteriormente, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad designó a Francisco de Roux como su presidente para liderar la investigación sobre el conflicto armado.

Bajo su dirección, el organismo extrajudicial elaboró el Informe Final entregado en 2022, documento que consolidó los testimonios de miles de víctimas colombianas.

Su labor humanitaria le ha valido múltiples reconocimientos internacionales, destacándolo como una figura clave en la construcción de reconciliación en el país.

Recientemente, la justicia ordinaria precluyó una investigación en su contra tras verificar que actuó bajo los parámetros establecidos por el derecho canónico.

Actualmente, Francisco de Roux continúa participando en espacios académicos y de debate público, promoviendo el diálogo intersectorial y la defensa de los derechos humanos.

Su liderazgo ético lo consolida como un referente imprescindible para entender la historia reciente y los procesos de paz en el territorio nacional.

Según lo comunicado por Carlos Amaya, el desafío principal radicaba en la complejidad del terreno, situación que motivó la solicitud de un helicóptero especializado y personal entrenado en Chile para apoyar las operaciones terrestres. Además, el gobernador señaló que solicitó ayuda adicional al alcalde de Tunja y al cuerpo de bomberos de esa ciudad, sumándose a los efectivos de Villa de Leyva. En medio de la emergencia, Amaya fue enfático en pedir celeridad a las autoridades investigativas para determinar con prontitud las causas del incidente, resaltando la necesidad de esclarecer el origen de este suceso cuanto antes.

Durante la atención a la emergencia, el director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo se desplazó hacia la zona impactada para coordinar las labores y evaluar la situación de primera mano. Las autoridades y equipos de socorro ejecutaron un sobrevuelo temprano para conocer la magnitud de la afectación y orientar la estrategia de respuesta. Este esfuerzo conjunto permitió que, horas después, el incendio fuera totalmente controlado, según confirmó públicamente el gobernador Amaya.

En declaraciones posteriores, el gobernador expresó su agradecimiento a los cuerpos de bomberos de Villa de Leyva y Tunja, así como a la comunidad, por su trabajo inmediato y eficaz, el cual resultó fundamental para superar la emergencia. Si bien la situación fue contenida, Amaya reiteró la importancia de avanzar velozmente en las investigaciones, con el objetivo de prevenir futuros riesgos y hallar las razones que desencadenaron este hecho en el municipio.

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¿Qué originó el incendio forestal en Villa de Leyva según las autoridades?

Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido la causa específica del incendio forestal en Villa de Leyva, según los reportes citados por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Se ha solicitado celeridad en las investigaciones para determinar el origen del fuego, pero la información disponible aún no permite identificar el factor desencadenante, y el proceso de indagación continúa.

¿Cómo actuaron las autoridades y cuerpos de socorro ante el incendio en Villa de Leyva?

De acuerdo con el gobernador Carlos Amaya, la reacción fue inmediata: se gestionó el apoyo de un helicóptero especializado, se movilizó personal entrenado y se solicitó la colaboración de los cuerpos de bomberos de Villa de Leyva y Tunja. El trabajo conjunto y la coordinación eficiente permitieron controlar el incendio en su totalidad, destacándose el sobrevuelo realizado para evaluar los daños y guiar las acciones necesarias.

El caso se registró durante la madrugada de este martes y permanece bajo investigación para establecer qué ocurrió dentro de las instalaciones militares. Las autoridades buscan reconstruir la secuencia de los disparos y determinar qué circunstancias precedieron al ataque contra el suboficial, así como las razones que habrían desencadenado el episodio.

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Según la información divulgada por el Comando de Ingenieros del Ejército y recopilada por El Tiempo, el presunto responsable sería un soldado profesional que habría accionado su arma contra uno de sus superiores. Hasta el momento, la institución no ha revelado las identidades de los dos militares fallecidos.

A través de un comunicado, el Ejército señaló que “las circunstancias de lo ocurrido son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”. La institución activó los protocolos correspondientes y dispuso la atención médica para las personas lesionadas, incluido el soldado que sobrevivió al episodio. El perro que resultó herido también hace parte de los afectados por la situación.

Finalmente, el Ejército informó que dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a los familiares de los dos uniformados fallecidos. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades deberán esclarecer cómo sucedieron los hechos, identificar las posibles causas y establecer las responsabilidades correspondientes.

Efraín Antonio Pérez Meza, quien hace parte de la junta de acción comunal y el comité de obras del sector, enfatizó en la necesidad de obtener material de relleno limpio para que el lote pueda ser usado con seguridad, especialmente por los niños y jóvenes que desean jugar fútbol. "Lo que deseamos es que nos ayuden con un relleno limpio, para que los niños no se vayan a estropear cuando estén jugando fútbol", afirmó Pérez Meza, destacando la preocupación por la seguridad de los menores.

Paralelamente, la comunidad ha tomado la iniciativa de gestionar la instalación de dos arcos de fútbol en el terreno, solicitando permisos temporales a algunos propietarios de los predios y reuniendo contribuciones económicas para comprar los tubos necesarios. De acuerdo con los vecinos, la colaboración institucional, en especial de la entidad Inder, es fundamental para dotar el espacio de implementos deportivos y asegurar su adecuado uso.

Para evitar que este sitio vuelva a convertirse en punto de disposición irregular de residuos, los habitantes consideran clave mantener actividades deportivas que refuercen la apropiación del lugar por parte de los jóvenes. Sin embargo, advirtieron que cualquier aprovechamiento del lote está sujeto a los acuerdos alcanzados con los propietarios y podría finalizar si estos deciden vender o construir en el terreno.

En ese sentido, tanto la junta de acción comunal, presidida por Natalia Isabel Gullo, como los vecinos, han solicitado la intervención de la Alcaldía de Valledupar para gestionar la nivelación del lote y el apoyo a la iniciativa recreativa. Gullo subrayó la importancia de contar con espacios de recreación en el barrio y explicó que la organización comunal legalmente constituida en 2025 busca visibilizar estas necesidades ante las instituciones pertinentes. El objetivo central de la propuesta es que el lote deje de ser un foco de contaminación y, mientras legalmente sea posible, se convierta en un lugar para el disfrute y desarrollo de la comunidad.

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¿Cómo buscan los habitantes de Villa Concha transformar un botadero en espacio recreativo?

Los residentes de Villa Concha están trabajando juntos para convertir un antiguo botadero de basuras en un espacio deportivo para los niños y jóvenes. Para ello, han limpiado el terreno con el apoyo de Interaseo, buscan material de relleno para su nivelación y gestionan acuerdos con propietarios para instalar arcos de fútbol. Así aspiran a que el lugar sea adecuado y seguro para actividades recreativas, evitando que vuelva a convertirse en un punto de disposición irregular de residuos.

¿Qué apoyo institucional solicita la comunidad de Villa Concha para el lote?

La comunidad solicita a la Alcaldía de Valledupar el préstamo de maquinaria pesada y material de relleno, así como el acompañamiento de la entidad Inder para dotar el espacio de elementos deportivos. Además, piden respaldo para formalizar su uso temporal como espacio de recreación, todo dentro del marco legal y con la coordinación necesaria para asegurar la seguridad y el bienestar de los menores del barrio.

Inicialmente, el proceso judicial no trajo respuestas satisfactorias para la familia ni para quienes los acompañaron. El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos, en una primera instancia, absolvió a todos los procesados por el múltiple homicidio. Sin embargo, las víctimas, junto con el apoyo de la Fiscalía, decidieron apelar esta decisión. De acuerdo con información publicada por El Espectador, fue el Tribunal Superior de Sincelejo el que finalmente cambió el rumbo del caso. El pasado 22 de septiembre, el Tribunal condenó a 27 años de prisión a William Martínez Santamaría, exdirector de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre). Según la sentencia, Martínez fue el responsable de ordenar la masacre con el objetivo de apoderarse ilegalmente de las tierras de la familia Mercado, ejecutando este plan con la participación de otros tres hombres.

La sentencia representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos de las víctimas. No obstante, la noticia también ha traído una nueva preocupación para quienes participaron activamente en el proceso judicial. La abogada Yessika Hoyos Morales, miembro del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), relató a El Espectador que tanto ella como otras personas han recibido amenazas de muerte tras la condena. Según Hoyos Morales, el 18 de octubre recibió un mensaje en su WhatsApp de un número desconocido, en el que se advertía que "si William llega a pisar un día de cárcel, pues que compremos los cajones". Este tipo de intimidaciones ahora afecta no solo a la familia Mercado, sino también a los abogados y defensores de derechos humanos que han acompañado este proceso.

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¿Quién es William Martínez Santamaría y por qué fue condenado en Sucre?

William Martínez Santamaría fue condenado por el Tribunal Superior de Sincelejo a 27 años de prisión. Según la sentencia, fue el exdirector de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre) y se le responsabilizó de haber ordenado el asesinato de tres hermanos de la familia Mercado para apoderarse de sus tierras. Esta decisión cambió el curso del caso, que en primera instancia no había dado un fallo condenatorio.

¿Qué es el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar)?

El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo, conocido como Cajar, es un grupo de abogados dedicado a la defensa de los derechos humanos. En el contexto del caso de la familia Mercado, la abogada Yessika Hoyos Morales, integrante de Cajar, acompañó el proceso judicial y ha sido víctima de amenazas a raíz de la condena contra William Martínez Santamaría.

El caso se registró durante la madrugada de este martes y permanece bajo investigación para establecer qué ocurrió dentro de las instalaciones militares. Las autoridades buscan reconstruir la secuencia de los disparos y determinar qué circunstancias precedieron al ataque contra el suboficial, así como las razones que habrían desencadenado el episodio.

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Según la información divulgada por el Comando de Ingenieros del Ejército y recopilada por El Tiempo, el presunto responsable sería un soldado profesional que habría accionado su arma contra uno de sus superiores. Hasta el momento, la institución no ha revelado las identidades de los dos militares fallecidos.

A través de un comunicado, el Ejército señaló que “las circunstancias de lo ocurrido son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”. La institución activó los protocolos correspondientes y dispuso la atención médica para las personas lesionadas, incluido el soldado que sobrevivió al episodio. El perro que resultó herido también hace parte de los afectados por la situación.

Finalmente, el Ejército informó que dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a los familiares de los dos uniformados fallecidos. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades deberán esclarecer cómo sucedieron los hechos, identificar las posibles causas y establecer las responsabilidades correspondientes.

La mina La Gallinacera está ubicada en el manto 7, bajo el título minero 1926T. Según la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Servicio de Salvamento Minero, responsables de las labores subterráneas, las condiciones de seguridad y la evaluación ambiental son factores fundamentales que determinan el ritmo de avance en el rescate. El procedimiento continúa apoyado por la empresa operadora Sociedad MyM S.A.S., así como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, la Policía Nacional y la Alcaldía de Cucunubá, que hacen un monitoreo constante del desarrollo de la emergencia.

Los reportes oficiales indican que, además del bombeo constante de agua al interior de la mina, se llevan a cabo revisiones periódicas de la maquinaria y se analizan las condiciones ambientales dentro de la bocamina. La presencia de agua y la seguridad estructural son los principales obstáculos a los que se enfrentan los rescatistas. Aunque las operaciones no se han detenido en ningún momento, hasta ahora no se ha definido una fecha límite para culminar el proceso de extracción de agua ni para avanzar hacia nuevas etapas de la búsqueda.

El primer comunicado del PMU, emitido después del incidente registrado el 16 de octubre, ya advertía sobre la necesidad de actuar con precaución y de consultar únicamente información verificada, evitando así especulaciones alrededor del caso. Las autoridades insisten en que la prioridad es salvaguardar la vida tanto del trabajador atrapado como de quienes participan en las labores de rescate, reiterando el llamado a la prudencia y a la consulta de fuentes oficiales para conocer cualquier novedad.

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¿Cuáles son los pasos que siguen las autoridades en el rescate de un minero atrapado en la mina La Gallinacera?

Las autoridades, lideradas por la Agencia Nacional de Minería y el Servicio de Salvamento Minero, continúan con el bombeo de agua como primer paso para garantizar el acceso seguro. Paralelamente, realizan inspecciones técnicas en la maquinaria y monitorean el ambiente en el interior de la bocamina, antes de proceder con la búsqueda directa del trabajador. La coordinación del Puesto de Mando Unificado, con apoyo de entidades locales, garantiza una supervisión constante de las condiciones en la zona.

¿Qué implica el trabajo del Puesto de Mando Unificado (PMU) en emergencias mineras?

El Puesto de Mando Unificado es una entidad de coordinación que integra a diferentes organismos y autoridades para supervisar y dirigir las acciones en una emergencia minera. De acuerdo con los reportes citados, el PMU en Cucunubá involucra a la ANM, bomberos, Policía Nacional y la alcaldía local, quienes monitorean la situación, dirigen las operaciones y garantizan que se sigan los protocolos de seguridad establecidos.

El hecho ocurrió en la mañana del jueves 15 de octubre en el barrio El Remanso, específicamente en la carrera 63A con calle 51. Según el reporte conocido por las autoridades, una llamada a la línea de emergencias 123 alertó sobre la presencia de un conductor de taxi herido dentro de su vehículo. Cuando los organismos de atención llegaron al lugar, encontraron al hombre con lesiones ocasionadas por arma de fuego.

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De acuerdo con la información recopilada en la etapa inicial de la investigación, el conductor habría sido abordado por dos personas que se desplazaban en motocicleta. La principal línea de investigación señala que los agresores intentaron despojarlo de sus pertenencias y, en medio de la situación, le dispararon. Sin embargo, las autoridades continúan recopilando evidencia para establecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos y cuál fue el móvil del crimen.

Según relató El Colombiano, una versión obtenida a partir de testimonios de habitantes del sector indica que el taxista acababa de dejar a una pasajera cuando habría sido seguido por una motocicleta. Minutos después se produjo el ataque armado que terminó con su vida. Las versiones preliminares coinciden en que los presuntos responsables eran dos hombres que se movilizaban en una misma motocicleta. Tras los disparos, el conductor perdió el control del vehículo y el taxi terminó estrellándose contra una estructura ubicada cerca de un parque del sector. No obstante, los investigadores intentan determinar si el choque fue consecuencia directa de las heridas que recibió la víctima o si existieron otros factores involucrados.

La situación generó alarma entre los residentes del barrio El Remanso, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones. Los primeros uniformados que llegaron a la zona acordonaron el lugar para permitir el trabajo de los agentes judiciales encargados de recolectar pruebas y avanzar en la reconstrucción de los hechos.

Aunque la principal hipótesis apunta a un intento de robo, la investigación sigue abierta y no se descartan otras posibilidades. Medios regionales han señalado que los organismos judiciales también analizan si el homicidio podría tener relación con otras circunstancias, por lo que la revisión de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios serán clave para esclarecer el caso. Por ahora, las autoridades trabajan para identificar plenamente a los responsables, establecer la ruta que tomaron tras huir del lugar y determinar qué ocurrió en los minutos previos al ataque. La información disponible indica que los agresores escaparon inmediatamente después de disparar contra el conductor.

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El homicidio ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad de los taxistas en el Valle de Aburrá, especialmente frente a hechos violentos que ocurren durante la jornada laboral. Mientras continúa la investigación, familiares, compañeros de trabajo y miembros del gremio esperan que las autoridades logren esclarecer lo sucedido y capturar a los responsables.

El hombre relató para el especial de El Tiempo sobre la tragedia que llegó hacia el mediodía, después de navegar durante casi dos horas por el río Iscuandé desde la cabecera municipal. El fuerte sol acompañó el recorrido, pero al enterarse de la emergencia decidió dirigirse a la mina, donde trabajaban algunos de sus amigos del Consejo Comunitario Cuenca Río Iscuandé.

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Al llegar, se encontró con una escena de angustia. “La gente no sabía qué hacer, unos lloraban, otros gritaban, otros corrían a buscar a sus familiares que estaban sepultados; miraba cómo algunos sacaban la tierra desesperados hasta con sus propias manos”, recordó. En la zona ya operaba una retroexcavadora para remover el material y buscar a los mineros atrapados.

Según le informaron al testigo, unos 42 trabajadores se encontraban en el lugar cuando se produjo el deslizamiento. Allí, las labores para extraer el oro se hacían de forma manual: algunos mineros encendían motobombas, mientras otros retiraban piedras y tierra para avanzar en las excavaciones. El colapso de una parte de la mina a cielo abierto provocó la caída de una gran cantidad de material que sepultó a quienes trabajaban en ese momento.

En medio de la emergencia, el testigo y tres amigos ayudaron a trasladar en una lancha rápida a uno de los heridos que se encontraba en grave estado hasta Guapi, en el Cauca. Otros trabajadores fueron llevados a Tumaco. El balance reportado por las autoridades señalaba siete mineros heridos, cuatro de ellos en estado grave, que necesitaban ser trasladados a un centro médico de mayor complejidad. La Gobernación de Nariño adelantaba gestiones con el Ejército para facilitar su transporte en helicóptero.

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La tragedia dejó 14 personas muertas, de las cuales 12 eran mujeres, y golpeó a familias enteras de Iscuandé. “Esta tragedia enluta a todo el pueblo de Iscuandé; es que hay familias enteras que la sufrieron porque murieron el papá, la mamá y el hijo; esta minería artesanal aquí une a todo un núcleo familiar”, expresó el hombre. Tras cumplirse 24 horas del derrumbe, las autoridades y los organismos de socorro determinaron cerrar las labores de búsqueda. Para entonces, 13 cuerpos estaban en la cabecera municipal y otro había sido trasladado a Guapi, donde vivía su familia.

En Bogotá, la iniciativa se traducirá en un plantón pacífico frente a la Biblioteca Nacional de Colombia. El alcance de la movilización busca expandirse a distintas regiones del país, donde se realizarán actividades como lecturas públicas, concentraciones, expresiones artísticas y plantones en diversos espacios, incluyendo bibliotecas, librerías, plazas públicas, escuelas y también en territorios rurales. La jornada involucra a distintos actores sociales que trabajan en el campo de la cultura.

La convocatoria surge en medio de cuestionamientos hacia la gestión de Julia Cristina Daza Noguera, quien asumió recientemente el cargo de directora de la Biblioteca Nacional. Según ha reportado El Espectador, funcionarios de la institución han presentado denuncias por dificultades en la comunicación e incluso malos tratos, así como por el posible desconocimiento de la directora sobre sectores clave como el editorial y la gestión patrimonial. Frente a estas denuncias, el Ministerio de las Culturas ha manifestado que Daza cumple formalmente los requisitos requeridos para ocupar dicho cargo.

Este ambiente de movilización no es aislado: se suma a recientes protestas generadas por decisiones del Gobierno sobre otros espacios culturales, como el retiro de 30 piezas del Museo Nacional que estaban relacionadas con la historia de la población LGBTIQ+, luchas feministas, el Acuerdo de Paz firmado en 2016 y la memoria política nacional, bajo la orden del presidente Abelardo de la Espriella.

La manifestación del jueves tiene como meta visibilizar la importancia de mantener políticas relacionadas con la lectura y la escritura, así como fortalecer entidades y programas como las Bibliotecas Rurales Itinerantes (BRI), la Red Relata, el Plan LEOB y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Los organizadores solicitan atención a las necesidades de bibliotecas comunitarias, populares e itinerantes y de librerías independientes, donde se siente que la defensa de estos espacios es crucial para el ecosistema del libro y la lectura. También piden condiciones dignas para la escuela de mediación LEO y los tutores GSB, en pro de la continuidad de estas iniciativas.

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¿Por qué se están realizando movilizaciones para defender las bibliotecas públicas en Colombia?

La movilización surge para proteger los derechos culturales y asegurar la permanencia de programas que promueven la lectura, la escritura y la oralidad. Se busca llamar la atención sobre la importancia de las bibliotecas públicas, rurales, comunitarias y de otras iniciativas culturales ante posibles amenazas a su continuidad. Además, el contexto actual de denuncias internas sobre la dirección de la Biblioteca Nacional y recientes decisiones gubernamentales sobre espacios culturales refuerza la urgencia de estas acciones, según información publicada por El Espectador.

¿Qué son las Bibliotecas Rurales Itinerantes (BRI) y cuál es su importancia en la movilización?

Las Bibliotecas Rurales Itinerantes (BRI) son iniciativas que llevan libros, actividades lectoras y culturales a territorios rurales, permitiendo el acceso a la lectura en comunidades apartadas. Los convocantes de la movilización consideran crucial garantizar la existencia y continuidad de estos programas, pues ofrecen oportunidades de formación y acceso cultural a poblaciones que no cuentan con bibliotecas fijas.

De acuerdo con lo revelado por El Espectador, la denuncia se fundamenta principalmente en declaraciones públicas recientes emitidas por Salvatore Mancuso, Angie Rodríguez y Juan Carlos Villamizar. Según la bancada, estos testimonios plantean dudas sobre la posible instrumentalización de espacios institucionales destinados a la paz y reconciliación, para supuestos fines político-electorales. La solicitud ante la Comisión de Acusaciones es clara: indagar si se usaron de manera inadecuada recursos públicos, personal, medios oficiales o hubo manipulación de competencias del gobierno para perseguir estos objetivos.

El documento de la denuncia cuenta con la firma de los senadores Enrique Gómez, Germán Rodríguez y Sara Castellanos, así como la representante Carol Borda. Entre las exigencias está que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) entregue toda la documentación vinculada con la organización y desarrollo de los encuentros con los exjefes paramilitares durante 2025. Esto incluye agendas, memorandos, actas, el listado de asistentes, y cualquier información que permita esclarecer el rol y las funciones de los delegados estatales presentes en dichas reuniones.

En medio del debate, otros congresistas del oficialismo han apoyado el avance de investigaciones sobre las declaraciones de la exdirectora del Dapre y de Salvatore Mancuso. Adicionalmente, el senador Hernán Cadavid pidió a la Fiscalía investigar tanto a Mancuso como "la responsabilidad de Armando Benedetti, ministro del Interior que coordinó esos diálogos".

Frente a las acusaciones, tanto Gustavo Petro como su exministro del Interior, Armando Benedetti, han rechazado enérgicamente los señalamientos. Petro afirmó que no acepta que se le atribuyan hechos de tal gravedad "sin que exista una sola prueba" y explicó que el proceso de diálogo fue reglamentado públicamente, con el fin de avanzar en la verdad, reparación y cierre del proceso de paz. Benedetti, por su parte, se defendió en sus redes sociales, calificando el hecho como un perfilamiento grave y anunció acciones legales para proteger su nombre, mientras alertaba sobre el retiro de su esquema de protección, sugiriendo que podría estar directamente relacionado con su postura pública.

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¿Por qué fue denunciado Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones?

Gustavo Petro fue denunciado por la bancada de Salvación Nacional ante la Comisión de Acusaciones debido a presuntas órdenes o autorizaciones para promover declaraciones públicas en contra de Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, aprovechando espacios institucionales de paz que, según la denuncia, podrían haberse utilizado con fines políticos o electorales. Sin embargo, Petro niega haber impartido alguna instrucción de ese tipo.

¿Qué es el Dapre y cuál es su papel en la investigación mencionada?

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) es la dependencia encargada de coordinar asuntos administrativos y logísticos de la Presidencia. En esta investigación, se le solicitó entregar toda la documentación sobre la convocatoria y desarrollo de reuniones con exjefes paramilitares, para determinar si existió alguna irregularidad o abuso de funciones en estos encuentros.

Según el expediente judicial citado, los hechos giran alrededor de las exigencias económicas millonarias que Camilo Tarquino habría formulado al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus. Tales exigencias estaban supuestamente ligadas a la promesa de realizar gestiones judiciales favorables en procesos que estaban en curso contra el exgobernador, relacionados con investigaciones de corrupción y con la desaparición forzada de una persona. Esta situación se desarrolló durante el mandato de Lyons Muskus, comprendido entre los años 2012 y 2015.

En 2014, Alejandro Lyons Muskus enfrentaba múltiples investigaciones penales, entre ellas por la presunta apropiación de recursos públicos derivados de regalías, así como por la desaparición y posterior muerte de Jairo Alberto Zapa Pérez. Las investigaciones y todo el escándalo que se desató captaron la atención nacional, afectando la imagen del entonces gobernador. Ante dicho panorama, Lyons Muskus decidió buscar la intervención de Tarquino, quien, tras su salida de la Corte Suprema en 2012, se dedicaba a ejercer como abogado litigante. Según la Corte, Lyons Muskus pretendía que Tarquino aprovechara sus fuertes vínculos con magistrados de la alta corte y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación para influir en el desarrollo de los procesos legales en su contra.

Vale mencionar que estos hechos forman parte de uno de los mayores fiascos recientes de la justicia colombiana, pues el denominado cartel de la toga evidenció cómo, desde el círculo más cercano al poder judicial, se habrían ofrecido favores a cambio de sobornos de grandes cantidades de dinero. Con este fallo, la Corte no solo reafirma la condena contra Tarquino, sino que también envía un mensaje sobre la vigilancia y el castigo frente a prácticas corruptas en el ámbito más alto de la justicia colombiana.

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¿Por qué fue condenado Camilo Tarquino en el caso del cartel de la toga?

Camilo Tarquino fue condenado por el delito de concusión, ya que, de acuerdo con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia, exigió sumas millonarias al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, a cambio de supuestas gestiones judiciales a su favor en investigaciones relacionadas con corrupción y desaparición forzada.

¿Qué es el delito de concusión según la Corte Suprema de Justicia?

El delito de concusión, según los hechos expuestos por la Corte Suprema de Justicia, consiste en que un funcionario público o exfuncionario, aprovechando su cargo o influencias, exige dinero u otros beneficios indebidos a particulares a cambio de realizar acciones oficiales, en este caso, gestiones judiciales supuestamente favorables.

Un colapso de tierra en un yacimiento de oro a cielo abierto acabó con la vida de 12 mujeres mineras y dos hombres; además, hirió a otras siete personas. El trágico suceso ocurrió hacia las 8:30 de la mañana, en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, en el momento cuando cerca de 30 trabajadores se encontraban realizando labores de extracción artesanal.

La fuerza del colapso sepultó a los mineros bajo toneladas de lodo, arena y piedras, obligando a los sobrevivientes y pobladores a iniciar desesperadas labores de rescate con sus propias manos.

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El balance oficial entregado por las autoridades locales confirmó la muerte de 14 mineros, revelando un dato impactante sobre la composición de los trabajadores en la zona: 12 de las víctimas mortales eran mujeres dedicadas al barequeo y a la extracción artesanal de oro. De los cuerpos recuperados por los equipos de socorro y la comunidad, 13 fueron trasladados hacia el casco urbano de Iscuandé, mientras que uno más fue evacuado de manera directa hacia el municipio de Guapi por ser oriundo de esa localidad vecina.

Asimismo, se estableció que entre los fallecidos y afectados figuran ciudadanos provenientes de los departamentos de Cauca y Chocó, quienes habían viajado a la zona en busca de sustento diario. A este doloroso panorama se suman siete personas heridas, de las cuales cuatro se encuentran en estado extremadamente crítico como consecuencia de la severidad del impacto del material de arrastre sobre sus cuerpos. Esta tragedia representa el segundo episodio mortal de este tipo en tan solo dos meses en la región, sumándose a los 12 mineros que perecieron previamente en el municipio de Policarpa y elevando a 26 la cifra de vidas perdidas por la informalidad minera en Nariño.

Las inhóspitas condiciones de la zona y la odisea de evacuación

La emergencia dejó al descubierto las extremas dificultades geográficas que caracterizan a las zonas rurales del Pacífico Nariñense. La mina donde ocurrió el siniestro carece por completo de vías de acceso terrestre, lo que transformó el traslado de los heridos en una angustiosa carrera contra el tiempo.

Las víctimas debieron ser transportadas inicialmente en motocarros y lanchas a través de los ríos locales, en un trayecto fluvial y marítimo que puede demorar entre tres y cuatro horas para alcanzar el punto de atención médica más cercano. A la falta de infraestructura vial se suman los riesgos climáticos asociados a la variabilidad del fenómeno de El Niño, el cual ha desestabilizado los terrenos e incrementado el peligro en las labores de excavación.

El delicado estado de salud de los cuatro heridos más graves —entre los que se encuentran dos mujeres— hace que el transporte por río resulte sumamente riesgoso, requiriéndose asistencia aérea de urgencia.

El pronunciamiento del Gobernador de Nariño

Ante la gravedad de los acontecimientos, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, se trasladó al municipio de Tumaco para coordinar las operaciones de socorro y hacer un vehemente llamado al Gobierno Nacional. El mandatario enfatizó la urgencia de contar con apoyo aéreo para salvar a los lesionados: “Aquí lo complejo de esta zona es que no hay vías de acceso terrestre y por lo tanto lo que hemos solicitado a la Fuerza Aérea Colombiana es la posibilidad de que los cuatro heridos que hay, de los cuales dos de ellas son mujeres, se puedan trasladar hacia Tumaco o hacia Pasto”.

Escobar visibilizó la dura realidad social y laboral que rodea la tragedia, subrayando que “12 de las 14 personas muertas son mujeres que practican la minería artesanal”, e insistió en que las comunidades acuden a estas zonas movidas por la necesidad económica y la tradición: “La gente sale y debe trabajar legítimamente porque ancestralmente siempre han trabajado esta minería artesanal y la pequeña minería”.

Finalmente, el Gobernador cuestionó duramente la burocracia central que frena la seguridad minera en la región, señalando que “tenemos más de 180 solicitudes de títulos mineros desde hace más de 25 años y avanza esto de manera muy reducida, hay demasiadas trabas”. Por ello, urgió a la Agencia Nacional Minera a agilizar la formalización: “Lo que nosotros hemos planteado al Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional Minera es acelerar la formalización minera para que esta explotación sea técnicamente y ambientalmente muy bien manejada”.

“Entonces espero que la condena sea larga para ellos y que no haya perdón ni rebaja de condena”, afirmó la mujer. Su pronunciamiento se conoció después de que la Fiscalía ordenara capturar a cuatro integrantes de la Policía Nacional por su presunta relación con los hechos ocurridos en el barrio Caracolí, en Soacha, Cundinamarca. Entre los detenidos hay un mayor, un subintendente y dos patrulleros.

Durante la entrevista, Paz también cuestionó la versión que relacionaba lo ocurrido con una riña. Según sostuvo, su hijo estaba llegando al lugar cuando se encontró con la intervención policial. “Eso no era ninguna riña”, dijo, antes de preguntar dónde estaban las otras personas que supuestamente habrían participado en el enfrentamiento. La madre considera que las autoridades deben aclarar las circunstancias en las que se produjo la muerte.

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La mujer, además, pidió que la investigación no se limite a los uniformados que ya fueron capturados. A su juicio, otros policías que habrían estado relacionados con el procedimiento también deben ser investigados. La Fiscalía y Medicina Legal establecieron, según el reporte de Blu Radio, que Balanta murió después de una golpiza que presuntamente recibió durante la actuación policial. El caso continúa bajo investigación y las responsabilidades individuales deberán determinarse en el proceso judicial.

Más allá de sus reclamos ante la justicia, Marleny Paz relató cómo la pérdida de su hijo ha cambiado la vida de la familia. Según el informe de Blu Radio, la habitación de Donovan permanece intacta: su madre no ha querido mover sus pertenencias ni destender la cama. La motocicleta que él utilizaba también continúa estacionada en la casa de su hermana, donde acostumbraba dejarla.

Paz recordó, además, que el día de los hechos había preparado el almuerzo para su hijo y que la comida quedó servida cuando recibió la noticia de lo ocurrido. El impacto también alcanzó a los hijos de Donovan: uno de ellos, según el relato publicado, quería ingresar a la Policía Nacional, pero cambió de opinión después de la muerte de su padre.

La madre también expresó que siente dificultades para reclamar justicia por su situación económica y por pertenecer a una comunidad afrodescendiente, pues considera que se enfrenta a una institución con mayores recursos. “Donovan no se merecía esa muerte”, manifestó. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, su familia insiste en que se esclarezca lo sucedido, se investigue a todos los posibles implicados y se establezcan las responsabilidades por la muerte del hombre.

Los asesinos de Jaime Esteban Moreno, Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz, ya fueron condenados por un juez tras casi un año del crimen del joven estudiante de la Universidad de Los Andes. Camilo Rincón, abogado de la familia de la víctima, habló con Noticias Caracol tras conocerse la sentencia de 37 años y seis meses y señaló que la decisión judicial “es un bálsamo que recibe la familia Moreno Jaramillo con el sentido del fallo de carácter condenatorio por el homicidio a título de dolo, en circunstancias de agravación”. El defensor sostuvo que al juez le solicitó una condena de 550 meses, lo que traduce 45 años y 10 meses sin ningún tipo de beneficio.

Juan Carlos Suárez intentó responsabilizar del crimen a Ricardo González, según abogado

El juez del caso, indicó el abogado, “desestimó cualquier tipo de argumentación por parte de la defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz y de Ricardo Rafael González Castro. Desestimó cualquier posibilidad de que esto se hubiese transformado o hubiesen querido parecer un homicidio preterintencional. También aniquiló la única prueba con la que Juan Carlos Suárez Ortiz pretendió endilgarle su responsabilidad únicamente a Ricardo Rafael González Castro. También desestimó que aquí no se trataba de quién fue el que aquí propinó la patada mortal o el golpe mortal. Aquí hubo unos golpes consecutivos, unos golpes contundentes.

(Vea también: Gestos de implicados en muerte de Jaime E. Moreno luego de condena; tuvieron actitudes distintas)

Así fue precisamente también como lo acreditó el testigo directo que fue Juan David Cárdenas y también el médico patólogo que hizo la necropsia. Jaime Esteban no muere por un solo golpe, Jaime Esteban muere por una continuidad de golpes mortales que de manera deliberada Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro tomaron esa decisión de acabar con la vida de una persona que no tuvo ni siquiera la intención de defenderse”.

Según la investigación, en la madrugada del 31 de octubre de 2025, Jaime Esteban Moreno Jaramillo se encontraba compartiendo en un establecimiento comercial junto a su amigo Juan David. Al salir del lugar, ambos decidieron dirigirse a un Oxxo, ya que no encontraban un servicio de transporte por plataforma para regresar a su vivienda. Fue en ese momento cuando, presuntamente, se produjo el primer encuentro con Juan Carlos Suárez Ortiz, quien golpeó, amenó, intimidó e insultó a Jaime Esteban. Con el propósito de evitar la confrontación, los dos amigos continuaron su recorrido por la calle 64 en dirección a la carrera 15. Sin embargo, según la acusación, nuevamente fueron interceptados por Suárez Ortiz, quien actuó de manera violenta contra la víctima.

Ante la agresión, Juan David intentó defender a Jaime Esteban y logró bloquear uno de los ataques. No obstante, segundos después ocurrió el hecho que quedó registrado en videos ampliamente difundidos: una patada sorpresiva por la espalda que hizo caer a Jaime Esteban Moreno Jaramillo al suelo. Desde ese momento, la víctima no volvió a incorporarse. La Fiscalía sostiene que, mientras Jaime Esteban permanecía tendido en el piso, gravemente herido y expulsando sangre por la boca, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro aprovecharon el estado de indefensión en el que se encontraba para continuar la agresión. De acuerdo con el ente acusador, los ataques incluyeron múltiples patadas dirigidas a zonas vitales como el cráneo y el tórax, acciones que, según la hipótesis de la acusación, evidencian la intención de acabar con su vida de manera violenta y despiadada.

Paola Fernández, nombrada en caso Jaime Esteban Moreno

Finalmente, sobre Paola Fernández, quien es señalada como instigadora de estos hechos, el abogado indicó que ella “también fue mencionada no solamente en el juicio, sino también en la diligencia de hoy aquí en Paloquemao. Paola Fernández sigue siendo buscada por la Fiscalía, por la Policía, por la Interpol. Esperemos y confiamos que una vez termine este proceso penal podamos nosotros avanzar con la declaración de persona ausente, con la colaboración de la Fiscalía, claramente, y poder llevar a juicio a Paola Fernández mientras que se logre su captura”.

En su concepto final, la Procuraduría indicó que, al cierre de inscripciones el 26 de noviembre de 2025, el candidato solo podía acreditar 4 años, 10 meses y 26 días en docencia universitaria. Los verificadores descartaron un certificado laboral expedido por UPARSISTEM, dado que esa entidad se dedica únicamente a programas de formación para el trabajo y desarrollo humano, y no se considera institución de educación superior bajo la regulación colombiana. Con esto, la experiencia presentada por Echavarría resultó insuficiente para el cumplimiento del requisito exigido.

El mismo documento del ente de control fue enfático al señalar una errada actuación por parte del Tribunal de Garantías Electorales de la UPC, ente encargado del proceso electoral. Según la Procuraduría, este tribunal habría incurrido en falsa y falta de motivación al expedir el Acuerdo 009 de 2025, que habilitó la candidatura de Echavarría Gil después de un rechazo inicial. El argumento es que dicho acto no explicó cómo se realizó el cálculo del tiempo de experiencia, ni aclaró la validez de las certificaciones aportadas.

Sin embargo, el Ministerio Público desestimó otros señalamientos presentados durante el proceso. Por un lado, consideró que la sesión realizada el 9 de marzo, que duró apenas ocho minutos y en la que participaron cinco consejeros, no fue irregular. Por otro lado, concluyó que no existió un conflicto de intereses en la participación del consejero Marlon José Bastidas, a pesar de que este había sido suplente de Echavarría en la representación docente. Asimismo, aclaró que Echavarría Gil no estaba inhabilitado por tiempos, dado que la restricción de un año prevista en la ley solo aplica cuando se trata de contratos de prestación de servicios y no en casos de nombramientos legales y reglamentarios como la rectoría.

Por ahora, el Consejo de Estado mantiene suspendido a Echavarría Gil, mientras se prepara para emitir una sentencia anticipada, de acuerdo con la Procuraduría, lo que indica que no se practicarán nuevas pruebas y se decidirá con base en los documentos existentes.

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¿Por qué la Procuraduría solicitó la nulidad de la designación de Guillermo Echavarría como rector de la UPC?

La Procuraduría General de la Nación argumentó que Guillermo Echavarría Gil no cumplía el requisito de cinco años de experiencia académica en educación superior exigido para el cargo de rector, sumando únicamente 4 años, 10 meses y 26 días, y que una certificación de UPARSISTEM presentada como soporte no era válida por no tratarse de una institución de educación superior, según el análisis realizado y expuesto en el concepto final remitido al Consejo de Estado.

¿Qué significa experiencia académica en educación superior para el cargo de rector?

Según el análisis de la Procuraduría, la experiencia académica en educación superior implica haber trabajado durante un tiempo específico —en este caso, cinco años— exclusivamente en instituciones que ofrezcan programas universitarios o tecnológicos avalados por la normativa colombiana; las actividades en entidades que solo imparten formación para el trabajo y desarrollo humano, como UPARSISTEM, no se consideran experiencia de educación superior.

Los asesinos de Jaime Esteban Moreno, Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz, ya fueron condenados por un juez tras casi un año del crimen del joven estudiante de la Universidad de Los Andes. Camilo Rincón, abogado de la familia de la víctima, habló con Noticias Caracol tras conocerse la sentencia de 37 años y seis meses y señaló que la decisión judicial “es un bálsamo que recibe la familia Moreno Jaramillo con el sentido del fallo de carácter condenatorio por el homicidio a título de dolo, en circunstancias de agravación”. El defensor sostuvo que al juez le solicitó una condena de 550 meses, lo que traduce 45 años y 10 meses sin ningún tipo de beneficio.

Juan Carlos Suárez intentó responsabilizar del crimen a Ricardo González, según abogado

El juez del caso, indicó el abogado, “desestimó cualquier tipo de argumentación por parte de la defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz y de Ricardo Rafael González Castro. Desestimó cualquier posibilidad de que esto se hubiese transformado o hubiesen querido parecer un homicidio preterintencional. También aniquiló la única prueba con la que Juan Carlos Suárez Ortiz pretendió endilgarle su responsabilidad únicamente a Ricardo Rafael González Castro. También desestimó que aquí no se trataba de quién fue el que aquí propinó la patada mortal o el golpe mortal. Aquí hubo unos golpes consecutivos, unos golpes contundentes.

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Así fue precisamente también como lo acreditó el testigo directo que fue Juan David Cárdenas y también el médico patólogo que hizo la necropsia. Jaime Esteban no muere por un solo golpe, Jaime Esteban muere por una continuidad de golpes mortales que de manera deliberada Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro tomaron esa decisión de acabar con la vida de una persona que no tuvo ni siquiera la intención de defenderse”.

Según la investigación, en la madrugada del 31 de octubre de 2025, Jaime Esteban Moreno Jaramillo se encontraba compartiendo en un establecimiento comercial junto a su amigo Juan David. Al salir del lugar, ambos decidieron dirigirse a un Oxxo, ya que no encontraban un servicio de transporte por plataforma para regresar a su vivienda. Fue en ese momento cuando, presuntamente, se produjo el primer encuentro con Juan Carlos Suárez Ortiz, quien golpeó, amenó, intimidó e insultó a Jaime Esteban. Con el propósito de evitar la confrontación, los dos amigos continuaron su recorrido por la calle 64 en dirección a la carrera 15. Sin embargo, según la acusación, nuevamente fueron interceptados por Suárez Ortiz, quien actuó de manera violenta contra la víctima.

Ante la agresión, Juan David intentó defender a Jaime Esteban y logró bloquear uno de los ataques. No obstante, segundos después ocurrió el hecho que quedó registrado en videos ampliamente difundidos: una patada sorpresiva por la espalda que hizo caer a Jaime Esteban Moreno Jaramillo al suelo. Desde ese momento, la víctima no volvió a incorporarse. La Fiscalía sostiene que, mientras Jaime Esteban permanecía tendido en el piso, gravemente herido y expulsando sangre por la boca, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro aprovecharon el estado de indefensión en el que se encontraba para continuar la agresión. De acuerdo con el ente acusador, los ataques incluyeron múltiples patadas dirigidas a zonas vitales como el cráneo y el tórax, acciones que, según la hipótesis de la acusación, evidencian la intención de acabar con su vida de manera violenta y despiadada.

Paola Fernández, nombrada en caso Jaime Esteban Moreno

Finalmente, sobre Paola Fernández, quien es señalada como instigadora de estos hechos, el abogado indicó que ella “también fue mencionada no solamente en el juicio, sino también en la diligencia de hoy aquí en Paloquemao. Paola Fernández sigue siendo buscada por la Fiscalía, por la Policía, por la Interpol. Esperemos y confiamos que una vez termine este proceso penal podamos nosotros avanzar con la declaración de persona ausente, con la colaboración de la Fiscalía, claramente, y poder llevar a juicio a Paola Fernández mientras que se logre su captura”.

La nueva normativa impone obligaciones específicas para el personal que opera las rutas. En primer lugar, los conductores, además de contar con la licencia de conducción acorde a la categoría del vehículo, deberán acreditar obligatoriamente una certificación de competencias laborales en la modalidad de servicio especial, la cual será expedida por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) o por instituciones debidamente habilitadas para tal fin. Asimismo, las empresas transportadoras o las instituciones educativas que presten el servicio por cuenta propia deberán garantizar capacitaciones periódicas obligatorias en áreas críticas como seguridad vial, primeros auxilios, manejo defensivo, prevención de riesgos, gestión del comportamiento infantil y adolescente, protocolos de evacuación y cultura de servicio, de acuerdo con el citado medio.

De igual manera, el decreto regula de forma estricta la figura del adulto acompañante, estableciendo que su presencia a bordo será obligatoria durante todo el trayecto, salvo en los vehículos que transporten exclusivamente a estudiantes de educación superior. Esta persona deberá acreditar cualificación en seguridad vial, tránsito y primeros auxilios, y su ubicación dentro del automotor deberá ser estrictamente en una silla cercana a la puerta para supervisar de manera permanente el orden, así como el ascenso y descenso seguro de los menores. En el caso de transportar a estudiantes en condición de discapacidad, el acompañante deberá poseer una formación específica que garantice su atención integral especializada, según el informe periodístico.

Frente a los cambios operativos en las inmediaciones de los colegios, la normativa precisa que las paradas finales deberán ubicarse preferiblemente dentro de las instalaciones de las instituciones educativas. Cuando esto no sea factible, los puntos de descenso deberán garantizar un acceso seguro sobre el costado derecho en el sentido de la marcha, implementando señalización temporal o requiriendo la presencia de agentes de la Policía si el descenso se realiza al costado opuesto de la vía. Las autoridades reiteraron que los procedimientos de bajada y subida deben ser vigilados rigurosamente por un adulto mayor de edad, asegurando que las puertas se utilicen de forma ordenada. Con estas medidas, el Ejecutivo busca cerrar vacíos normativos y elevar los estándares de protección vial en los trayectos escolares de todo el territorio nacional, de acuerdo con el citado diario.

En materia de vivienda, uno de los frentes más avanzados es el desarrollo habitacional en la manzana 167, espacio comprendido entre las carreras 13 y 14 y las calles 13 y 13A. Según la Secretaría de Vivienda, el objetivo es entregar apartamentos subsidiados a familias vulnerables, incluyendo damnificados por el reciente terremoto, asegurando así un techo digno y acceso a servicios públicos y transporte. Tal como destacó la Alcaldía de Cali, esta iniciativa garantiza condiciones de seguridad y bienestar a sectores tradicionalmente afectados por la precariedad de su entorno.

La renovación no se limita a la vivienda; también se incluye la construcción de un parque urbano pensado para fomentar el encuentro ciudadano y la recreación. Este espacio estará ubicado en las manzanas 169 y 170, entre las calles 13 y 13A y las carreras 12 y 13, y servirá como un nuevo pulmón verde para el centro de Cali, una apuesta por el esparcimiento familiar y la recuperación ambiental. Ciudad Paraíso, delimitado por las calles 12 y 15 y las carreras 10 y 15, integra barrios históricos como El Calvario, Sucre y San Pascual, sectores que durante años han requerido acciones sostenidas de renovación urbana.

Las labores de demolición de predios en desuso y en riesgo representan otra fase clave. De acuerdo con la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana (EDRU), en conjunto con otras entidades distritales, ya culminó la demolición de siete predios, acción finalizada el 19 de octubre. Paralelamente, se avanza junto a la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres en la demolición preventiva de estructuras peligrosas; hasta la fecha, se han derribado cinco de las 21 edificaciones identificadas. Mauricio Bonilla Guerrero, gerente de la EDRU, resaltó la importancia de cumplir los plazos para que la oferta institucional llegue de manera oportuna a la comunidad.

La Alcaldía asegura que cada etapa sigue un Plan de Gestión Social junto al Fideicomiso Derivado San Pascual, que busca una atención integral a las familias afectadas, con apoyos como subsidios de arriendo temporal y planes de traslado para comercios. El proceso avanza con el retiro de escombros y nuevos acuerdos prediales en la manzana 170, sostenido en el acompañamiento permanente de la administración distrital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales proyectos de renovación urbana en Ciudad Paraíso, Cali?

La renovación de Ciudad Paraíso en Cali se centra en la construcción de viviendas subsidiadas para familias vulnerables y damnificadas, así como en la creación de un importante parque urbano en las manzanas 169 y 170. Además, se llevan a cabo demoliciones preventivas y procesos de gestión social para transformar la zona y mejorar la calidad de vida, de acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Cali y la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana.

¿En qué consiste el Plan de Gestión Social durante las obras de renovación en Ciudad Paraíso?

El Plan de Gestión Social implementado en Ciudad Paraíso busca atender de forma personalizada a los propietarios y familias afectadas por las obras, incluyendo procesos de enajenación voluntaria, avalúos comerciales y trámites jurídicos. Asimismo, contempla subsidios de arriendo temporal y ayuda para la reubicación de comercios, con el acompañamiento de entidades como el Fideicomiso Derivado San Pascual, según información oficial de la Alcaldía de Cali.

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En su diálogo con José Manuel Acevedo, director del informativo, Alcocer respondió sobre su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero las declaraciones de la ex primera dama entran en contradicción con lo que ha dicho el Departamento del Tesoro. “Yo solicité la revisión de mi caso particular, e inmediatamente me dijeron que sí. Que retomaban, que recibían mi caso y están en el proceso de revisión. Pero mi caso es independiente del de Gustavo [Petro]”, dijo.

Influencia de Alcocer en campaña de Petro

Ante una solicitud de información de NTN24, el Departamento del Tesoro situó nuevamente a Alcocer bajo escrutinio internacional y confirmó que permanece incluida en la lista de sanciones OFAC. “Verónica del Socorro Alcocer García fue incluida en la lista OFAC en virtud de la orden ejecutiva 14-059 por haber proporcionado o intentar proporcionar apoyo financiero, material tecnológico o bienes y servicios en apoyo de Gustavo Petro”, informó el Departamento del Tesoro.

“¿Qué tanta influencia tuvo en la campaña de su exesposo Gustavo Petro?”, preguntó Acevedo, y la respuesta de Alcocer fue dubitativa: “¿Yo influía en la campaña? No, yo no influía”. Sin embargo, esta afirmación choca con la de una persona que conoció muy de cerca la campaña: Laura Sarabia, que le dijo a la periodista Darcy Quinn: “Verónica Alcocer es una persona que tuvo mucha importancia en la campaña del presidente”.

En la entrevista, Alcocer también dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, está desinformado. “Yo estoy segura que desconoce la verdad. Estoy segura que lo han malinformado. Que ojalá nos dé la oportunidad, en algún momento me dé la oportunidad de tener un diálogo abierto y sincero para esclarecer estos hechos”, dijo. Pero Rubio ha sido contundente cuando le preguntan por la inclusión de Petro, Alcocer, Nicolás Petro y el exministro Armando Benedetti en la Lista OFAC. “Por alguna razón están ahí”, ha dicho.

Además, la oficina de Rubio ya había publicado un comunicado en el que aseguran que están bien informados de las acusaciones contra Alcocer. “Estamos al tanto de los reportes que señalan que Verónica Alcocer usó un avión oficial para transportar narcóticos a Venezuela y regresar con 2,5 millones de dólares. El 24 de octubre de 2025 la OFAC incluyó a Alcocer en su lista de sancionados, de conformidad con la Orden Ejecutiva que se dirige contra personas extranjeras implicadas en el tráfico ilícito de drogas a escala mundial”.

La negada amistad con Eva Ferrer

Otro punto clave de la entrevista fue cuando Alcocer negó tener una relación personal con Eva Ferrer, su exconsejera y quien ahora la acusa de haber encabezado una red de narcotráfico y tráfico de armas y desvío de capitales usando aviones oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana.

“Eva Ferrer no era una persona de confianza mía, no era una persona cercana y me generaba algo de tranquilidad porque teníamos amigos en común. La relación de Eva y mía era profesional”, aseguró Alcocer, y explicó que esa relación comenzó con la idea de que ella participara “en la construcción de un empoderamiento de la mujer, visibilización de las mujeres en la sociedad”.

“Gracias a ese momento y a ese diálogo es que ella resuelve venir a Colombia y yo la hospedo por varios meses en mi casa”, agregó Alcocer, pero en cambio de esclarecer, oscurece. Aunque la ex primera dama goza plenamente de la presunción de que dice la verdad, el sentido común rechaza la idea de que a una desconocida con la que apenas se mantiene una estricta relación profesional se le aloje por un tiempo tan prolongado en la casa privada de quien sería su jefa.

Por otra parte, resultan incontestables las imágenes que circulan profusamente por redes sociales en las que se ve a Alcocer y Ferrer en niveles de proximidad que superan lo estrictamente profesional. Esas imágenes hablan de un estrecho vínculo que se rompió entre las dos mujeres a las que hoy el país les exige que presenten las pruebas de lo que afirman. Hasta ahora, solo han anunciado esas pruebas.

De acuerdo con la información oficial emitida por la entidad, las indagaciones revelaron que varios contratistas habrían radicado planillas que certificaban supuestos aportes a salud y pensión los cuales, en la práctica, no se habrían efectuado. Dichos documentos fueron incorporados de manera sistemática dentro de las cuentas de cobro y posteriormente avalados por los supervisores de los contratos, quienes tenían la obligación legal de verificar su autenticidad antes de autorizar las transferencias de recursos públicos.

Frente a la gravedad de este escenario operativo, la entidad advirtió que la situación trasciende un simple error administrativo, señalando textualmente en su reporte: “No se trata de una inconsistencia menor. La acreditación de los aportes al Sistema de Seguridad Social es un control esencial en la ejecución contractual. Si los hechos son corroborados, podrían comprometer la responsabilidad de quienes presentaron los soportes y de quienes tenían el deber de verificarlos”. Asimismo, el documento subraya que las presuntas fallas de control no recaen únicamente en el comportamiento de los particulares, sino también en las omisiones de la supervisión contractual, cuya labor era garantizar la idoneidad de los documentos presentados.

Como respuesta directa a estas anomalías, la gerencia de RTVC, en cabeza de Ángela María Mora Soto, ordenó una auditoría exhaustiva y transversal que abarca la revisión detallada de todas las planillas, los soportes de cobro, las certificaciones de supervisión y las aprobaciones de pago emitidas entre 2023 y 2026, con el fin de dimensionar el impacto financiero y legal de lo ocurrido.

Ante el alcance de los hallazgos documentados, la actual dirección ratificó que toda la información probatoria será trasladada de manera inmediata a los organismos de control competentes, incluyendo la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para que inicien las investigaciones disciplinarias, fiscales y penales a que haya lugar. Con esta decisión, la gerencia reafirma su directriz institucional bajo la premisa clara de “revisar la casa por dentro, corregir los controles que fallaron y acudir a todas las instancias legales” para salvaguardar los recursos del Estado.

Según el reporte publicado por Noticiero 90 Minutos, los barrios que se verán impactados por la suspensión del servicio de agua son El Bosque, en la calle 47A con avenida 6N; San Marino, en la carrera 7J # 68-01; San Antonio, en la carrera 4 # 1-75; y Terrón Colorado, en la avenida 6 Oeste # 15-63. Emcali no especificó la duración de la interrupción, pero recomendó a los habitantes de estos sectores tomar las precauciones necesarias para abastecerse de agua y afrontar la contingencia de la mejor manera posible.

La medida responde a la necesidad de mantener en condiciones óptimas el sistema de acueducto, fundamental para el suministro de agua potable en Cali. Esta labor, aunque afecta de forma temporal a los barrios mencionados, es necesaria para prevenir fallas mayores y asegurar la calidad del servicio en el futuro. En casos previos, estas intervenciones han requerido la cooperación de la ciudadanía, que suele ser informada con antelación para que pueda prepararse ante la eventualidad.

Noticiero 90 Minutos señala que estas acciones de mantenimiento forman parte del compromiso de la empresa con la modernización y el buen funcionamiento de la red de acueducto. La empresa insiste en la importancia de estas intervenciones, al margen de las molestias que puedan causar por el tiempo que dure la suspensión del servicio en los sectores afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali que tendrán cortes de agua este martes?

Los barrios de Cali que experimentarán suspensión del suministro de agua potable este martes, según la información de Noticiero 90 Minutos y Emcali, son El Bosque, San Marino, San Antonio y Terrón Colorado. La empresa recomienda a los residentes de estas zonas tomar las medidas necesarias para enfrentar la interrupción temporal del servicio.

¿Por qué Emcali realiza trabajos de mantenimiento en la red de acueducto?

Emcali realiza trabajos de mantenimiento y reemplazo de elementos como válvulas en la red de acueducto con el objetivo de optimizar la infraestructura y garantizar un servicio de agua potable eficiente. Estas maniobras técnicas son necesarias para prevenir problemas mayores y asegurar la continuidad y calidad del suministro en Cali, a pesar de que puedan causar molestias temporales.

El episodio que desató una ola de reacciones y burlas en redes sociales como X, Instagram y Threads se originó en plena sesión de la corporación. Mientras defendía con vehemencia la gestión adelantada durante el anterior gobierno en relación con las manifestaciones contra la represión de la Fuerza Pública, la cabildante cometió un lapsus al emplear un pretérito inexistente en lugar de la forma correcta del verbo disminuir. En los extractos audiovisuales difundidos ampliamente por usuarios y opositores políticos, se le escucha manifestar textualmente: “Si usted va a decir que soy terrorista por defender a los colombianos y colombianas lo voy a seguir haciendo, durante el gobierno de Gustavo Petro se ‘disminujo'”.

Lo de María Fernanda Carrascal y su ya célebre “disminujo” es el reflejo perfecto de una clase política que corre más rápido para hablar ante las cámaras que para abrir un libro. https://t.co/BweJ6fqlaE

— 🅂🄴🄱🄰🅂_🄺🅄🄷🄽 (@atomarporqlo) October 20, 2026

Más allá de la controversia gramatical, la congresista afronta un frente judicial y disciplinario de mayor gravedad. La Procuraduría General de la Nación dio apertura formal a una investigación disciplinaria para esclarecer su presunta responsabilidad en la utilización de una menor de edad durante las protestas ciudadanas y sindicales desarrolladas el pasado miércoles 14 de octubre de 2026 en Bogotá.

El origen de esta actuación se remonta a la queja interpuesta por el concejal Santiago Perdomo Montoya ante la Comisión de Ética del Congreso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el propio Ministerio Público. Según los informes y registros audiovisuales aportados en la denuncia, la parlamentaria participó activamente en las marchas y apareció sobre una tarima acompañada por una niña de aproximadamente siete años frente a los manifestantes. En los videos se observa a la cabildante hablar al oído de la menor, tras lo cual esta procede a emitir consignas ante el micrófono, incluyendo una expresión soez dirigida directamente contra el presidente de la República. El denunciante advirtió que la exposición pública de la menor y la circulación masiva de su imagen vulneraron sus derechos fundamentales e identidad, hechos frente a los cuales la legislativa no ha emitido un pronunciamiento explicativo detallado.

Con el inicio formal de este expediente probatorio, la Procuraduría evaluará los elementos materiales y testimoniales necesarios para determinar si la congresista incurrió en faltas disciplinarias por la presunta instrumentalización de la menor. Mientras los estrados de control avanzan en la recolección de pruebas, la congresista continúa en el centro del debate político nacional, lidiando tanto con el escrutinio digital derivado de su reciente lapsus semántico como con las exigencias legales de rendir cuentas ante los entes disciplinarios.

De acuerdo con las revelaciones entregadas a Semana por la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, la orden directa provino de la propia jefatura del Estado. La exfuncionaria, encargada de la logística y custodia de las actas durante las sesiones con los exparas, ratificó ante la Fiscalía que el objetivo real distaba de la reconciliación institucional: “Gustavo Petro me dio la orden y era que teníamos que hacer el cierre de la negociación de Ralito con el pretexto de su política de paz total. Obviamente creí, en su momento, de manera ingenua que ese era el propósito. Después me enteré de que el enfoque era otro”. Según su testimonio, días antes del encuentro en una casa campestre cercana al río Guatapurí, el entonces mandatario le exigió direccionar las declaraciones de los exjefes de las AUC hacia la implicación directa de Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras.

El encuentro, que reunió a 11 excomandantes paramilitares como Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez (‘Macaco’), Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40’) y Fredy Rendón Herrera (‘El Alemán’), estuvo marcado por la tensión. Al plantearse la solicitud gubernamental, la reacción inicial de los excombatientes fue de rotundo rechazo. Una de las fuentes consultadas por el medio precisó: “Dije que prefería retirarme y levantarme”, al considerar que las verdades ya habían sido entregadas a los estrados de Justicia y Paz. Ante la negativa, Rodríguez optó por reorientar la mesa hacia propuestas de reparación a las víctimas y ubicación de fosas comunes, postura que generó la fuerte molestia del entonces presidente vía telefónica, quien le advirtió sobre consecuencias administrativas si no secundaba la directriz inicial.

La reunión comenzó a fracturarse de manera definitiva cuando confluyeron varios factores imprevistos. Por un lado, la presencia sorpresiva del entonces director de RTVC, Hollman Morris, y las intervuciones de asesores cercanos al Ejecutivo levantaron suspicacias entre los exparamilitares, quienes sintieron que querían utilizarlos como “idiotas útiles” para una jugada política. Por otro lado, un hecho coyuntural terminó por sepultar la sesión: en pleno desarrollo de la jornada, al entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, le notificaron vía telefónica su inclusión en la lista Ofac, lo que provocó su retiro inmediato del recinto y facilitó que los exjefes de las AUC abandonaran las instalaciones tras exigir la suspensión de las deliberaciones.

La versión de la exdirectora del Dapre fue plenamente corroborada por tres exjefes paramilitares que participaron en la cumbre de Valledupar. Uno de ellos aportó un detalle adicional sobre la logística de retorno a Bogotá al asegurar que, en el mismo vuelo oficial de traslado, se encontraba el hoy senador Iván Cepeda. Paralelamente, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso revalidó las denuncias a través de un video difundido en redes sociales, donde sentenció públicamente: “Delegados del gobierno de Gustavo Petro nos pidieron a los excomandantes de las Autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”. Con estas revelaciones, el expediente sobre el ‘Pacto de Valledupar’ pasa a convertirse en una de las pruebas más delicadas que la justicia ordinaria deberá investigar para esclarecer los límites del poder y el uso de los procesos de paz.

De acuerdo con lo informado por Noticias Caracol, el proceso de investigación reveló que el exmandatario habría recurrido a miembros de este grupo delincuencial con el propósito de amedrentar y presionar a contratistas para obtener pagos millonarios. Estas exigencias económicas, que ascendieron hasta cerca de 3.000 millones de pesos, estaban orientadas a permitir que los afectados continuaran sus labores comerciales sin mayores interferencias y, sobre todo, a salvaguardar la integridad de sus familias frente a la amenaza de represalias.

La investigación ha causado un fuerte impacto en San Andrés, ya que los individuos afectados serían contratistas de la misma Gobernación. La Fiscalía, al momento de divulgar avances sobre el caso, afirmó haber documentado a por lo menos dos víctimas dentro de este proceso judicial, quienes habrían sido sometidas a presiones y amenazas por el grupo criminal presuntamente vinculado al exgobernador. Entre los hechos más delicados que fundamentan la investigación figura la retención de un familiar de una de las víctimas. Este episodio habría sido utilizado como herramienta de presión para forzar la entrega del dinero solicitado bajo amenaza, configurando así el delito de secuestro extorsivo.

Como resultado de las pruebas materiales obtenidas por los organismos judiciales, se expidió la orden de captura contra Hawkins Sjorgreen, quien enfrentará ahora el proceso penal correspondiente. Según la información oficial recogida por Noticias Caracol, el caso queda en manos de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y la fiscal del Gaula, quienes presentarán cargos por extorsión agravada y secuestro extorsivo ante un juez de control de garantías.

Este caso representa uno de los episodios judiciales más representativos en la región, considerando la gravedad de las acusaciones y la relevancia política del detenido. La investigación sigue en curso, y, conforme se desarrollen las audiencias y diligencias judiciales, se darán a conocer nuevos detalles que permitan esclarecer la responsabilidad penal de los señalados en estos hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué delitos se le imputan al exgobernador Everth Julio Hawkins Sjorgreen en el caso de San Andrés?

El exgobernador Everth Julio Hawkins Sjorgreen deberá responder ante la justicia por los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo. Ambos cargos hacen referencia a conductas especialmente graves en el Código Penal colombiano y fueron imputados tras la investigación de la Fiscalía, que lo señala de exigir dinero a través de amenazas y de la retención de un familiar de una víctima, según lo informado por Noticias Caracol.

¿Cómo operaba la presunta red de extorsión según lo revelado por la Fiscalía?

La Fiscalía sostiene que Hawkins habría utilizado a integrantes de la estructura delincuencial ‘Las Salsas Mexicanas’ para intimidar a contratistas de la Gobernación de San Andrés, exigiendo millonarias sumas de dinero bajo amenazas de posibles ataques a las víctimas o sus familiares. Entre las estrategias empleadas estaría el secuestro, usado como mecanismo de presión. Toda la información ha sido confirmada a través de los hallazgos recopilados durante la investigación según Noticias Caracol.

(Vea también: Gobierno presenta ante el Congreso nuevo presupuesto general por 634,9 billones para 2026 y genera debate político en Colombia)

La sesión de la Cámara fue citada nuevamente para las 12:10 a. m. de este martes 20 de octubre, luego de una jornada extensa en la que los congresistas debatieron el articulado y las proposiciones presentadas.

Al reanudarse la plenaria, la corporación optó por acoger el texto que había aprobado previamente el Senado en una votación que cerró hacia las 3: 45 a. m, según puntualizó Caracol Radio.

Con la decisión de las dos plenarias, el proyecto supera sus votaciones en el Congreso. Sin embargo, todavía queda pendiente el proceso de conciliación entre Senado y Cámara, que debe revisar las versiones aprobadas y establecer el texto definitivo de la iniciativa antes de que concluya el trámite legislativo.

¿En qué se distribuirá el presupuesto de 2027?

Los $634,9 billones aprobados corresponden a los recursos previstos para financiar el funcionamiento del Estado, atender el servicio de la deuda pública y respaldar la inversión durante la vigencia fiscal de 2027.

La distribución contempla cerca de $393,25 billones para funcionamiento, $147,07 billones para el pago de la deuda y $94,63 billones para inversión. Esta última partida financiará programas y proyectos estatales, mientras que los recursos de funcionamiento cubrirán las obligaciones de las entidades públicas.

Uno de los cambios que marcó la discusión fue el recorte de $170.000 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aprobado durante el trámite presupuestal. De esa suma, $30.000 millones corresponden a funcionamiento y $140.000 millones a inversión. Los recursos liberados se redistribuirían, principalmente, entre la justicia ordinaria y otros sectores, incluido el deporte.

El monto y la distribución de los recursos estuvieron en el centro de la discusión legislativa, en medio de las presiones sobre las finanzas públicas y las decisiones que deberá tomar el Gobierno para atender sus compromisos el próximo año.

(Vea también: Pánico en caravana fúnebre por ataque a tiros que terminó en grave accidente e incendio)

La noche del lunes 19 de octubre terminó en tragedia en una carretera del Valle del Cauca. Un accidente que involucró a tres vehículos dejó tres personas muertas y una más gravemente herida en el corredor vial que conecta a Palmaseca con El Cerrito, a la altura de Palmira.

El siniestro ocurrió en el tramo que comunica al corregimiento de Palmaseca con el distrito de Rozo. Según los primeros reportes conocidos por Semana, en el choque estuvieron involucrados un automóvil particular y dos motocicletas. La fuerza del impacto provocó que tres personas perdieran la vida en el lugar.

La emergencia movilizó a unidades de los Bomberos Voluntarios y a agentes de tránsito de Palmira, quienes llegaron para atender a los afectados y asegurar el área. La persona que sobrevivió al choque sufrió heridas de gravedad y fue trasladada a una clínica de Cali para recibir atención médica.

Accidente en la vía Palmaseca.~ Rozo en Palmira

Tres personas fallecidas una más herida llevada a Cali

Involucradas dos motos y un vehículo. https://t.co/1Hz8JE5t9i

— Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) October 20, 2026

Autoridades investigan las causas del accidente en Palmira

Tras la atención inicial, personal judicial y de criminalística adelantó la inspección del lugar y las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos. Al momento del reporte, las identidades de las tres víctimas aún estaban pendientes de confirmación oficial.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Palmira inició las verificaciones para establecer cómo ocurrió la colisión y cuáles fueron los factores que incidieron en el accidente. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del choque y las posibles responsabilidades.

El caso se presentó en una vía que conecta varios sectores del centro del Valle del Cauca y que registra tránsito intermunicipal. Por ahora, la información divulgada sobre el siniestro no establece una causa definitiva ni permite atribuir responsabilidad a alguno de los conductores.

El señalamiento se centra en el posible papel de Marulanda dentro de una estructura relacionada con la Segunda Marquetalia, disidencia de las antiguas Farc. Tarazona sostuvo que el hombre estaría encargado de administrar y custodiar una mina ilegal que pertenecería a Géner García Molina, conocido como alias ‘John 40’, uno de los cabecillas de esa organización.

La viuda de Uribe precisó que la mina estaría ubicada en Vaupés o Guainía, aunque reconoció que no tenía certeza sobre cuál de los dos departamentos. Según su versión, la información recibida abrió una nueva posibilidad para esclarecer cómo se habría coordinado la ejecución del atentado contra su esposo, ocurrido en Bogotá en junio de 2025.

¿Quién es el hijo de ‘Tirofijo’ mencionado en la investigación?

El nombre de Alberto Cruz Lobo, alias ‘Enrique Marulanda’, volvió a aparecer en el debate público por los señalamientos de Tarazona, en una entrevista para el periódico El Tiempo.

Según ella, Marulanda habría intervenido en la coordinación de la orden material del crimen y tendría relación con una mina ilegal atribuida a alias ‘John 40’, integrante de la Segunda Marquetalia. La información hace parte de lo que Tarazona aseguró haber entregado a la Fiscalía y está pendiente de verificación judicial.

Alberto Cruz Lobo el hijito de Griselda Lobo, tiene el siguiente prontuario el angelito:
-Concierto para delinquir agravado
-Rebelión
-Narcotráfico
-Extorsiones
-Reclutamiento forzado de menores
-Homicidios selectivos

Su madrecita debe estar muy orgullosa 🤢🤮 https://t.co/PQYI1Ru5mI

— 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) December 11, 2025

Para entender quién es el hombre mencionado por Tarazona, hay que remontarse a su vínculo familiar con Manuel Marulanda Vélez, conocido como ‘Tirofijo’, fundador y máximo jefe histórico de las Farc.

Su historia también está ligada a Sandra Ramírez, quien fue compañera sentimental de ‘Tirofijo’ durante más de tres décadas y posteriormente llegó al Senado por el partido Comunes.

La relación con Ramírez comenzó cuando él era niño. En abril de 1989, Alberto, de nueve años, llegó con sus hermanos Mario y Pablo a Casa Verde, en Meta, donde permanecía su padre.

Los menores habían sido trasladados después de que su madre advirtiera que estaban siendo vigilados. Ramírez se hizo cargo de su crianza y la de sus hermanos; durante ese periodo les enseñó a leer y escribir y les dio su apellido. Así, Alberto pasó a ser conocido también como Alberto Cruz Lobo.

Su vida estuvo marcada por la presencia de las Farc. Ya en la edad adulta, se incorporó a la organización y estuvo vinculado al Bloque Oriental, que tuvo como comandante a Jorge Briceño Suárez, alias ‘Mono Jojoy’.

Años después participó en el proceso de paz entre la guerrilla y el Gobierno de Juan Manuel Santos. Tras la firma del acuerdo de 2016, se instaló en Mesetas, Meta, donde hizo parte de los espacios creados por antiguos combatientes para organizar su reincorporación a la vida civil.

La aparición pública de su alias volvió a llamar la atención en julio de 2022, cuando fue mencionado en un comunicado de la Segunda Marquetalia, disidencia integrada por Iván Márquez y otros antiguos mandos que abandonaron el acuerdo de paz. Esa referencia permitió relacionar nuevamente su nombre con una estructura armada surgida después de la desmovilización de las Farc.

¿Qué dijo María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe?

En la entrevista con El Tiempo, Tarazona afirmó que Marulanda habría impartido y coordinado la orden material para ejecutar el asesinato. La viuda hizo una distinción entre esa presunta función y la autoría intelectual, cuya determinación corresponde a la investigación judicial.

Según su relato, la Segunda Marquetalia habría intervenido en la preparación y ejecución del atentado, con participación de otros integrantes de esa organización. También mencionó a alias ‘Zarco Aldinever’ e Iván Márquez dentro de la cadena que, según la información que dijo conocer, habría conectado a los responsables con quienes ejecutaron el crimen.

Tarazona agregó que parte de los recursos utilizados habría salido de Venezuela y que la estructura criminal habría contratado a los encargados de ejecutar el ataque.

En su versión, alias ‘el Viejo’, señalado como coordinador de la red en Bogotá, habría declarado que recibió el encargo y el dinero de integrantes de esa organización. Esas afirmaciones deben ser contrastadas dentro del proceso judicial.

¿Qué falta por esclarecer en el caso de Miguel Uribe Turbay?

La información sobre Enrique Marulanda abre interrogantes sobre la posible cadena de coordinación del asesinato de Miguel Uribe Turbay, pero los señalamientos divulgados no equivalen a una decisión judicial sobre su responsabilidad. La Fiscalía deberá verificar los datos aportados, establecer si existen elementos materiales que los respalden y determinar el papel que habría tenido cada persona mencionada.

El caso sigue bajo investigación para establecer quiénes planearon el atentado, cómo se financiaron sus responsables y qué vínculos existieron entre quienes presuntamente impartieron las órdenes y quienes participaron en la ejecución. La versión entregada por Tarazona representa una nueva línea de indagación, no una conclusión definitiva sobre los autores intelectuales del crimen.

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La entidad entregó detalles preliminares sobre las condiciones en las que operaba la mina y advirtió que, según la información recopilada hasta el momento, el sitio no cumplía con los requisitos exigidos para desarrollar actividades extractivas.

“Se presenta una emergencia en una mina en el municipio de Gámeza, Boyacá, que deja a un trabajador minero fallecido. A esta hora funcionarios de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Nobsa adelantan labores en el lugar para recuperar el cuerpo del trabajador”, escribió la entidad en su cuenta de X.

Según el reporte de la Agencia Nacional de Minería, la explotación donde ocurrió el hecho funcionaba de manera ilegal y no contaba con las condiciones necesarias para operar. La entidad no entregó, en su comunicación inicial, detalles sobre las circunstancias específicas que llevaron a la muerte del trabajador.

La emergencia vuelve a poner la atención sobre los riesgos asociados con las explotaciones que operan por fuera de los requisitos legales y de seguridad. En estos casos, la ausencia de condiciones adecuadas puede exponer a los trabajadores a peligros durante sus labores.

🚨 ATENCIÓN, EMERGENCIA MINERA EN GÁMEZA, BOYACÁ

A esta hora se atiende una emergencia minera en el municipio de Gámeza, Boyacá, que deja lamentablemente a un trabajador minero fallecido.

Funcionarios de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Nobsa adelantan labores en el lugar para recuperar el cuerpo del trabajador.

De acuerdo con la información preliminar, la mina no cumplía con las condiciones requeridas para operar y desarrollaba actividades de manera ilegal.

Reiteramos el llamado a no ingresar ni realizar actividades en explotaciones mineras ilegales o que no cuenten con las condiciones de seguridad necesarias.

— Agencia Nacional de Minería (@ANMColombia) October 20, 2026

Agencia Nacional de Minería hizo llamado tras la muerte del trabajador

Tras reportar el fallecimiento, la ANM pidió a la ciudadanía no ingresar ni desarrollar actividades en minas ilegales o que no cuenten con las medidas de seguridad necesarias.

La entidad reiteró que las explotaciones deben cumplir las condiciones exigidas para operar, con el fin de reducir los riesgos para quienes trabajan en ellas. Por ahora, el reporte sobre lo ocurrido en Gámeza corresponde a información preliminar y no se han divulgado más detalles sobre las causas de la emergencia.