La cifra fue revelada este martes 29 de septiembre por Didier Fabián Blanco Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), durante una sesión del Congreso en la que se discutieron asuntos relacionados con los esquemas de seguridad de la entidad.

“Juliana Guerrero: 739 millones de pesos costó el esquema de Juliana entre marzo de 2025 y septiembre de 2026”, señaló Blanco durante su intervención.

La cifra corresponde al periodo comprendido entre marzo de 2025 y septiembre de 2026, es decir, alrededor de un año y medio de protección estatal.

🔴 $739 millones costo entre marzo de 2025 y septiembre de 2026 el esquema de seguridad de Juliana Guerrero
Así lo informó el director de la UNP, Didier Blanco. pic.twitter.com/eC6SK38PhT

— Focus Noticias (@focusnoticia) September 29, 2026

¿Qué pasó con el esquema de Juliana Guerrero?

La protección de Guerrero había sido asignada durante la administración anterior de la UNP. En marzo de 2025, la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez, solicitó que la joven fuera incluida en el programa de prevención y protección de la entidad.

El esquema terminó en medio de las controversias que rodearon a Guerrero. A finales de agosto de 2026, la UNP ordenó retirar las medidas de protección que tenía la joven, decisión que podía ser apelada por ella.

Además, la Procuraduría abrió una indagación relacionada con la asignación y permanencia de este esquema. El organismo pidió a la UNP y al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) entregar los estudios y actas que sustentaron la decisión de proteger a Guerrero.

Guerrero quedó en el centro de una investigación después de que se conociera que los títulos de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria que aparecían en su hoja de vida no correspondían a estudios que hubiera cursado en la Fundación Universitaria San José.

En septiembre de 2026, la joven reconoció su participación en los hechos investigados dentro de un acuerdo con la Fiscalía. El caso está relacionado con los documentos que presentó para acreditar su formación académica durante el proceso que la llevó a ser considerada para el cargo de viceministra de las Juventudes.

El costo de su esquema de seguridad se conoce ahora, semanas después de que la UNP decidiera retirarle las medidas de protección y mientras la Procuraduría revisa cómo fueron asignadas.

UNP también reveló cuánto protege a otras personas

Durante la misma intervención, Blanco explicó que la UNP tiene alrededor de 12.000 personas protegidas, pero aclaró que esa cifra no significa que cada una tenga un vehículo blindado o un grupo de escoltas.

Según explicó, una medida de protección puede consistir, por ejemplo, en un chaleco blindado, un medio de comunicación, dos hombres de protección o un subsidio de transporte.

El funcionario también mencionó el esquema de Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, quien cuenta con seis vehículos blindados y 16 hombres de protección. Según Blanco, Londoño solicitó una extensión de las medidas, pero después del estudio correspondiente esa petición fue negada.

Torres fue atacado en la mañana de este martes en una zona rural de Yopal, Casanare. De acuerdo con información conocida por El Tiempo, hasta el lugar llegaron dos hombres en una motocicleta. Uno de ellos descendió con el argumento de que iba a comprar carne y, segundos después, sacó un revólver y disparó contra el exalcalde.

El ataque le causó tres heridas en el tórax, el abdomen y el brazo izquierdo. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, posteriormente se confirmó su muerte.

En medio de las labores posteriores al atentado, las autoridades recuperaron la motocicleta que, presuntamente, utilizaron los responsables del ataque.

El dato que llamó la atención de los investigadores es que el vehículo aparece registrado a nombre de Bernabé Jiménez, residente de Paz de Ariporo, quien fue asesinado el 28 de septiembre, es decir, apenas un día antes del homicidio de ‘John Calzones’.

De acuerdo con la información preliminar citada por El Tiempo, el crimen de Jiménez estaría relacionado con el hurto de la motocicleta.

Ese detalle abrió una nueva línea de investigación para la Sijín de Casanare, pues ahora las autoridades buscan establecer qué ocurrió entre el homicidio de Jiménez, el robo de la moto y el posterior ataque contra Torres, que parecieran haber sido ejecutadas por la misma operación criminal.

Un adolescente fue aprehendido por el crimen

Por el atentado contra Torres fue aprehendido un adolescente de 17 años, oriundo de Armenia, Quindío, quien es señalado como presunto responsable del ataque.

Según la información conocida por El Tiempo, el menor habría llegado a la zona acompañado por otro hombre. Mientras uno de los ocupantes habría bajado de la moto para acercarse al lugar con el supuesto propósito de comprar carne, segundos después habría sacado un arma y disparado.

Durante la reacción de las autoridades, el adolescente fue aprehendido, mientras que el segundo hombre logró escapar y es buscado por los investigadores.

La captura del menor permitió avanzar en las primeras pesquisas, pero todavía falta establecer quién habría ordenado el ataque y cuál habría sido el motivo.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a un hombre recluido en la cárcel de Cómbita. También se revisan posibles disputas relacionadas con bienes que habrían pertenecido a personas vinculadas con el narcotráfico, así como negocios de tierras y venta de lotes asociados con proyectos de urbanismo ilegal.

Además, las autoridades revisan los movimientos recientes de Torres en escenarios políticos. Sin embargo, hasta ahora no existe una conclusión oficial sobre el móvil del asesinato.

Mientras avanzan esas investigaciones, el homicidio de Bernabé Jiménez adquiere especial importancia para esclarecer cómo llegó la motocicleta hasta las manos de los presuntos sicarios y si su asesinato fue el primer episodio de una cadena criminal que terminó con la muerte de ‘John Calzones’.

De acuerdo con los primeros reportes entregados por las autoridades, el ataque contra Torres tuvo lugar en la finca La Selvita, situada en zona rural del municipio de Yopal. Después de los disparos, el exalcalde fue llevado en situación crítica hasta el centro asistencial, mientras se desplegaba un operativo de búsqueda para dar con el paradero de los responsables. En medio del desarrollo de estas acciones, las autoridades informaron la aprehensión de uno de los presuntos involucrados. Según la información divulgada, se trataría de un menor de edad, aunque por el momento se mantienen bajo investigación varios detalles sobre su participación específica en los hechos y sobre el contexto en el que ocurrió la agresión. Por otro lado, un segundo sospechoso logró escapar del sitio y actualmente es buscado por los cuerpos de seguridad.

Frente a la gravedad del caso, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, declaró que se están adelantando operativos para ubicar a todos los implicados y esclarecer en profundidad lo sucedido. Como medida para incentivar la colaboración de la ciudadanía, la Gobernación anunció una recompensa de 50 millones de pesos destinada a recibir información que ayude a esclarecer el episodio y a identificar plenamente a los responsables. Mientras tanto, las indagaciones continúan enfocadas en determinar tanto la identidad de los participantes como los motivos detrás del ataque. Para esto, los investigadores analizan los elementos recolectados durante el operativo e intentan reconstruir la cronología completa de lo que ocurrió antes y después del atentado.

La muerte de ‘Jhon Calzones’ ha generado conmoción en la región y mantiene en alerta a las autoridades, que subrayan la importancia de esclarecer los móviles y el trasfondo de este violento crimen.

¿Qué se sabe sobre los responsables del ataque a Jhon Jairo Torres en Yopal?

Hasta el momento, según los reportes de las autoridades citados por el gobernador de Casanare, uno de los presuntos responsables del ataque ha sido aprehendido y se trataría de un menor de edad. Un segundo sospechoso habría escapado y permanece prófugo, mientras las investigaciones avanzan para esclarecer su identidad y participación en los hechos.

¿Por qué ofrecen recompensa en el caso del asesinato de Jhon Jairo Torres?

La Gobernación de Casanare anunció una recompensa de 50 millones de pesos con el objetivo de obtener información que permita identificar y capturar a todas las personas involucradas en el ataque. Este tipo de incentivos busca fomentar la colaboración ciudadana y agilizar la investigación de hechos violentos como el ocurrido en la finca La Selvita.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El proceso se sustentó en los resultados de una inspección judicial llevada a cabo a fines de agosto en los citados municipios, de acuerdo con lo ordenado en el Auto 1017 de 2026. Esa visita se enfocó en comprobar avances respecto al denominado tercer Objetivo Constitucional Mínimo, relacionado con la salud de la niñez wayuu. Sin embargo, según la Sala, la realidad muestra una fragmentación grave de la afiliación al sistema de salud; en una misma comunidad conviven menores afiliados a distintas Empresas Promotoras de Salud (EPS), sin coordinación entre ellas. Esta situación hace que niños con diagnósticos de desnutrición aguda, infección respiratoria aguda (IRA) o enfermedad diarreica aguda (EDA) no reciban el seguimiento ni el tratamiento adecuado, al quedar atrapados en barreras de acceso impuestas por las aseguradoras.

Datos oficiales del Instituto Nacional de Salud (INS), citados por la Corte Constitucional, muestran que en lo corrido de 2026 se han registrado 49 muertes de menores de cinco años por causas prevenibles. Los reportes provienen de varias entidades entre las que se encuentran Anas Wayuu EPSI, Dusakawi EPSI, CCF EPS Familiar de Colombia y otras, con cifras preocupantes. A esto se suman graves carencias en la llegada de brigadas médicas a zonas rurales dispersas, problemas de acceso por vías en mal estado y la inoperancia de los centros de salud locales, elementos que, según el alto tribunal, dejan como única alternativa la atención extramural e intercultural para garantizar el derecho a la salud.

Un aspecto señalado como especialmente grave es la crisis de salud mental detectada en Maicao, con denuncias sobre afectaciones psicosociales y posibles suicidios de niños y adolescentes en comunidades como La Pista, Cantawamana y Majayupana. La escasez de agua, las temperaturas extremas, el aislamiento geográfico y la falta de documentación agravan el panorama.

Ante este escenario, la Corte Constitucional ordenó, entre otras medidas, activar respuestas psicosociales inmediatas, establecer esquemas transitorios de atención médica en zonas rurales, fortalecer la identificación civil de menores y exigir a los organismos de control un seguimiento estricto de todas las órdenes. Estas acciones deben implementarse en plazos estrictos por entidades como el Ministerio de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las administraciones locales, a quienes se demanda un enfoque intercultural y una rendición de informes periódica.

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¿Cuáles son las órdenes principales emitidas por la Corte Constitucional para proteger a los niños wayuu en La Guajira?

La Corte Constitucional ordenó la activación inmediata de respuestas psicosociales para la niñez wayuu, la organización de brigadas médicas en zonas rurales dispersas, la puesta en marcha de esquemas de identificación civil y la integración de las EPS al Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP). Además, exigió informes periódicos y la traducción de la providencia al wayuunaiki, asegurando así el respeto a la interculturalidad.

¿Qué significa IRA y por qué es un factor de riesgo para los niños wayuu?

IRA corresponde a las siglas de infección respiratoria aguda, una afección frecuente que, cuando no es atendida oportunamente, puede poner en riesgo la vida de los menores. En el caso de los niños wayuu, la falta de seguimiento médico adecuado y las barreras de acceso al sistema de salud contribuyen a que la IRA y otras enfermedades prevenibles sean causas recurrentes de mortalidad infantil.

La controversia tomó fuerza cuando los congresistas del Centro Democrático Pedro Alejandro Murcia Lamprea, Manuel Alexander Pérez y Jonathan Fernando Pineda confrontaron a Blanco en pleno debate de control político. Murcia Lamprea cuestionó de entrada los mensajes pasados de Blanco, señalando: "Yo no soy de los de siempre y soy del Centro Democrático", y sugirió que sería importante que ese tipo de expresiones no se repitieran ahora que Blanco ocupa un cargo público. Además, el representante cuestionó otras declaraciones sobre el medio La Silla Vacía.

Por su parte, el congresista Jonathan Pineda manifestó que los comentarios de Blanco resultaban lamentables y le solicitó claridad acerca de si aún pensaba lo mismo sobre el Centro Democrático. Según los registros, Blanco escribió en campaña mensajes como: "Salieron fresas los del Centro Democrático, dizque 'no nos ataquen', va a tocar no decirles nada porque con los tibios u badulaques que se volvieron, terminan votando por Cepeda... Y no es chiste. Periodicazo por tibio".

Ante la presión y cuestionamientos, Blanco aseguró que, desde su labor en la UNP, sus decisiones serán independientes de posturas ideológicas. En sus palabras, indicó que su trabajo en la Unidad Nacional de Protección se basa en proteger vidas humanas sin distinción de pensamiento político, recordando que la instrucción presidencial es clara en ese sentido. Finalmente, Blanco ofreció disculpas, aclarando que esos comentarios eran propios del contexto de campaña y que no reflejan su posición, ni personal ni profesional. Subrayó la importancia de su papel en la UNP y manifestó su respeto por todos aquellos a quienes pudo haber ofendido.

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¿Por qué Didier Blanco pidió disculpas al Centro Democrático?

Didier Blanco pidió disculpas al Centro Democrático porque, durante la campaña presidencial, difundió comentarios ofensivos contra esa colectividad en sus redes sociales, llamando "fresas" y "tibios" a sus integrantes y sugiriendo que podrían apoyar a otro político rival, Iván Cepeda. Al ser confrontado en la Comisión Segunda Cámara, Blanco aclaró que lamentaba esas expresiones, pues eran propias del contexto electoral y no representan su postura actual ni su labor profesional como director de la Unidad Nacional de Protección.

¿Qué funciones tiene la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Colombia?

La Unidad Nacional de Protección (UNP) en Colombia es una entidad encargada de salvaguardar la vida e integridad de personas que están en situación de riesgo debido a sus actividades políticas, sociales o públicas. De acuerdo con Didier Blanco, la misión institucional es proteger vidas humanas sin tomar partido en disputas ideológicas o partidistas, aplicando protocolos de protección a quienes enfrentan amenazas debido a su labor pública o política.

El municipio de Chaparral fue identificado como el epicentro de la mayor parte de los sismos registrados. Allí se presentaron 1.004 movimientos sísmicos, con magnitudes que oscilaron entre 2,0 y 4,5. Este número representa la gran mayoría de los eventos detallados en el documento, situando a Chaparral como el principal foco de la actividad sísmica reportada durante el análisis realizado por la Gobernación.

Además de Chaparral, otros municipios también reportaron movimientos telúricos, aunque en cantidades significativamente menores. De acuerdo con el mismo informe, en San Antonio se reportaron 30 sismos con magnitudes desde 2,0 hasta 2,7. En Rioblanco, la cifra fue de 4 sismos, todos con una magnitud de 2,7. Prado registró dos eventos, con magnitudes de 2,1 y 2,7. Roncesvalles y Ortega tuvieron dos movimientos cada uno, mientras que Rovira, Natagaima, Purificación, Suárez y Espinal informaron un solo sismo en cada caso.

El sismo de mayor intensidad que reporta el documento fue de 4,5, dentro del período analizado. Estos registros forman parte del monitoreo que se realiza en la región para comprender la actividad sísmica y ofrecen información detallada tanto del número de eventos como de las magnitudes mínima y máxima que se presentaron en cada municipio entre el 20 y el 29 de septiembre.

La información citada proviene del consolidado de actividad sísmica divulgado oficialmente por la Gobernación del Tolima y constituye una base relevante para futuras evaluaciones sobre el comportamiento sísmico del departamento.

¿Por qué Chaparral fue el municipio con mayor número de sismos registrados en Tolima?

De acuerdo con el informe publicado por la Gobernación del Tolima, Chaparral concentró 1.004 del total de 1.049 sismos reportados durante el periodo analizado. Aunque el texto no explica las causas, estos datos muestran que Chaparral fue el principal foco de actividad sísmica, con magnitudes entre 2,0 y 4,5.

¿Qué significa que los sismos reportados sean clasificados como superficiales?

El informe de la Gobernación del Tolima indica que todos los sismos fueron calificados como superficiales, lo que representa que ocurrieron cerca de la superficie terrestre. Generalmente, este tipo de actividad sísmica es más perceptible para la población debido a su poca profundidad.

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De acuerdo con la información entregada a Noticias Caracol por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, Torres sufrió heridas en el tórax y el abdomen, además de lesiones que comprometieron algunos órganos y no sobrevivió. El mandatario señaló que el exalcalde recibió tres impactos de bala, mientras otras versiones reportan cuatro heridas por arma de fuego.

(Vea también: Aterrador hallazgo dentro de vivienda en Bogotá; buscan a pareja de mujer encontrada sin vida)

La investigación también permitió establecer que en el lugar fue aprehendido un menor de edad, quien sería uno de los presuntos responsables del ataque. Las autoridades encontraron además un revólver y una motocicleta, elementos que fueron incautados y quedaron a disposición de la investigación para establecer qué ocurrió.

Las primeras versiones indican que dos hombres habrían ingresado a la finca La Selvita, donde se encontraba Torres. El exalcalde habría sido interceptado y atacado a tiros a corta distancia. Posteriormente, los presuntos responsables intentaron escapar en la motocicleta, pero el vehículo habría presentado una falla mecánica que facilitó la interceptación de uno de ellos.

Mientras uno de los sospechosos fue aprehendido, el otro habría logrado escapar y es buscado por las autoridades. La Gobernación de Casanare anunció una recompensa de 50 millones de pesos para obtener información que permita ubicar a los demás involucrados y establecer quiénes estarían detrás del atentado.

El ataque sicarial se registró en la finca La Selvita, situada en el sector de La Guafilla, donde el exmandatario se encontraba cuando fue sorprendido por el atacante. Torres recibió al menos cuatro impactos de proyectil de arma de fuego directamente en el pecho, lo que le ocasionó heridas de extrema gravedad que obligaron a su traslado de urgencia hacia el centro asistencial.

Pese a los esfuerzos del personal médico y a permanecer varias horas bajo pronóstico reservado bajo estricta observación en la sala de reanimación y la UCI, Torres no logró resistir la gravedad de los daños internos causados por los proyectiles y se confirmó su deceso en el transcurso del día.

Por este crimen, la Policía Nacional confirmó la captura de una persona señalada como presunta responsable material del ataque armado. Entre tanto, equipos especializados de la Sijín y la Fiscalía General de la Nación asumieron las diligencias investigativas para establecer los móviles exactos del homicidio, esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si existen otros determinadores o implicados en el atentado que enluta a la región.

De acuerdo con la información entregada a Noticias Caracol por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, Torres sufrió heridas en el tórax y el abdomen, además de lesiones que comprometieron algunos órganos. El mandatario señaló que el exalcalde recibió tres impactos de bala, mientras otras versiones reportan cuatro heridas por arma de fuego.

(Vea también: Aterrador hallazgo dentro de vivienda en Bogotá; buscan a pareja de mujer encontrada sin vida)

La investigación también permitió establecer que en el lugar fue aprehendido un menor de edad, quien sería uno de los presuntos responsables del ataque. Las autoridades encontraron además un revólver y una motocicleta, elementos que fueron incautados y quedaron a disposición de la investigación para establecer qué ocurrió.

Las primeras versiones indican que dos hombres habrían ingresado a la finca La Selvita, donde se encontraba Torres. El exalcalde habría sido interceptado y atacado a tiros a corta distancia. Posteriormente, los presuntos responsables intentaron escapar en la motocicleta, pero el vehículo habría presentado una falla mecánica que facilitó la interceptación de uno de ellos.

Mientras uno de los sospechosos fue aprehendido, el otro habría logrado escapar y es buscado por las autoridades. La Gobernación de Casanare anunció una recompensa de 50 millones de pesos para obtener información que permita ubicar a los demás involucrados y establecer quiénes estarían detrás del atentado.

La defensa técnica de Geovany Andrés Rojas plantea una estrategia centrada en un acuerdo negociado con la justicia norteamericana para evitar un juicio prolongado.

El jurista Eduardo X. Pereira busca controvertir la evidencia inicial presentada mientras estructura un mecanismo de colaboración que aporte datos clave a cambio de reducciones punitivas.

“Andrés, desde hace mucho tiempo, ha manifestado su decisión de resolver su situación judicial con las autoridades, tanto colombianas como extranjeras. Para esa solución siempre se ha planteado un mecanismo negociado, que no implique un desgaste para la administración de justicia. En ningún momento se ha pretendido debatir en juicio su responsabilidad penal”, le dijo la defensa judicial de alias ‘Araña’ a El Tiempo en publicación del pasado 28 de septiembre.

Los representantes legales sostienen que el exjefe disidente mantiene firme la disposición de negociar directamente con los fiscales estadounidenses para cerrar la causa de forma acordada.

En la primera comparecencia, el abogado presentó la postura inicial de no culpabilidad para garantizar el tiempo procesal necesario en la revisión profunda del material probatorio.

“Fue una audiencia formal y seria, sin espectáculo. Presentamos una declaración de no culpable, como es su derecho, mientras revisamos cuidadosamente el caso y nos preparamos para analizar y controvertir la evidencia del Gobierno”, explicó.

Pereira lidera este trabajo junto con el bufete que acompañó al procesado durante su detención preventiva previa en territorio colombiano.

La firma legal resalta la experiencia del litigante, señalando que “ha representado con éxito a numerosos clientes acusados de asesinato y ha logrado el sobreseimiento total de sus casos mediante la aplicación de la ley de defensa propia”.

La estrategia jurídica busca mitigar los riesgos derivados de una condena severa en un juicio oral ordinario mediante el diálogo oportuno con las autoridades norteamericanas.

Este planteamiento defensivo se produce luego de la declaración hecha por Rojas el pasado 28 de septiembre ante el magistrado Steve B. Chu de la Corte del Distrito Sur de California.

El antiguo líder de los Comandos de la Frontera afronta cargos graves por narcoterrorismo e imputaciones por conspiración internacional para la distribución masiva de cocaína.

El Gobierno colombiano autorizó y ejecutó la entrega en extradición de alias ‘Araña’ el pasado 25 de septiembre, tras un año y medio de reclusión bajo la custodia de Interpol.

El Ejecutivo nacional completó los trámites administrativos requeridos para remitir al jefe de la organización armada a responder ante la justicia federal en California.

La primera sesión judicial consistió en una audiencia preliminar equivalente a la formulación de imputación dentro del marco penal colombiano para vincular al acusado.

El equipo defensor destacó la seriedad técnica del juzgado, la preservación de la presunción de inocencia y la ausencia total de dinámicas con impacto mediático.

Dicha conducta procesal contrasta con la entrega inicial en Colombia, donde el presidente Abelardo De La Espriella lo “humilló” en público, según denunció la firma jurídica.

Las investigaciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional fundamentan la acusación, señalando que la estructura se lucró mediante la producción coquera en el suroeste nacional.

“Esta zona es una de las principales regiones productoras de cocaína de Colombia, con una influencia significativa en la cadena de suministro mundial de esta droga. Rojas (alias ‘Araña’) se identificó como un líder de alto rango de Comandos de la Frontera, posando con armas y combatientes fuertemente armados en redes sociales y en entrevistas con medios de comunicación en nombre del grupo terrorista”, explica el Departamento de Justicia en línea.

En la vista pública se garantizó el derecho al silencio y se le notificó la magnitud de las penas vigentes en el país norteamericano.

Los delitos de narcotráfico conllevan condenas que van desde 10 años mínimos obligatorios hasta presidio perpetuo en instalaciones penitenciarias de máxima seguridad.

Asimismo, las imputaciones por narcoterrorismo establecen castigos que parten de 20 años de prisión y pueden ascender igualmente hasta la cadena perpetua.

Rojas permanecerá bajo reclusión en un centro carcelario de San Diego mientras la corte prepara la documentación requerida para formalizar el juicio o la negociación.

Uno de los casos más preocupantes es el de una fuga de agua en el barrio Granada, que lleva un mes sin ser resuelta, de acuerdo con la denuncia de los propios habitantes y reportada por 90 Minutos. A pesar de los múltiples reportes a Emcali, la empresa municipal encargada de servicios públicos, el daño persiste y ha agravado el desperdicio de agua; esto ocurre en plena coyuntura del fenómeno de El Niño, un evento climático que reduce la disponibilidad de recursos hídricos. Además, los vecinos afrontan baja presión en sus hogares y conflictos de convivencia relacionados con la emergencia.

En el ámbito económico, el noticiero informó que sigue en recuperación la actividad comercial tras el terremoto que afectó recientemente a la ciudad. Según datos presentados por 90 Minutos, cerca de 1.840 negocios permanecen cerrados y más de 18.600 empleos están siendo afectados o en riesgo. En respuesta, una colaboración entre la Alcaldía de Cali, la Cámara de Comercio y la Fundación WWB Colombia destinó una bolsa de 10.300 millones de pesos para apoyar la reapertura y reactivación de más de 1.200 negocios golpeados por la crisis.

Las secuelas estructurales del sismo también obligaron a ampliar la lista de edificaciones que serán demolidas, incluyendo viviendas que por su estado no pueden ser reparadas o mejoradas, como informó el noticiero en esta segunda fase de intervención.

En el frente de la seguridad, de acuerdo con 90 Minutos, más de 100 personas fueron detenidas en Cali durante recientes operativos ordenados por el presidente de la República. Sin embargo, los homicidios continúan, lo que motivó a varios concejales de Cali a pronunciarse sobre el plan de choque contra la delincuencia, cuestionando su alcance y efectividad.

La agenda informativa incluyó, además, iniciativas de carácter cultural y social, como el conversatorio ‘Palabras creadoras de cultura’ realizado en la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), que propuso una reflexión sobre el papel de la lengua en la identidad y la memoria colectiva. Finalmente, se anunció la Feria Quiero Vivienda, liderada por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), que invita a los ciudadanos a explorar oportunidades de vivienda con entrada libre y bonos solidarios.

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¿Qué impacto ha tenido el fenómeno de El Niño en Cali según el noticiero 90 Minutos?

El noticiero 90 Minutos señala que el fenómeno de El Niño ha provocado una disminución en la disponibilidad de agua en Cali, agravando problemas como la fuga en el barrio Granada y la baja presión en los hogares. Este contexto hace aún más urgente la reparación de daños y el uso responsable del recurso hídrico.

¿Qué instituciones participan en el apoyo a comerciantes afectados tras el terremoto en Cali?

Según el noticiero 90 Minutos, la Alcaldía de Cali, la Cámara de Comercio y la Fundación WWB Colombia forman una alianza para destinar 10.300 millones de pesos que buscan facilitar la reapertura y recuperación de más de 1.200 establecimientos perjudicados por el sismo, priorizando la recuperación del empleo y el tejido económico local.

Para la jornada del miércoles 30 de septiembre, la Secretaría de Movilidad informa que continúa la rotación establecida a mitad de año. Según la entidad, la restricción aplica para todos los vehículos particulares cuyas placas terminen en 3 y 4. El horario de esta medida mantiene su franja habitual, operando desde las 6:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. El incumplimiento de esta disposición puede derivar en sanciones económicas equivalentes a 15 días del salario mínimo legal vigente (SMDLV), una multa significativa que aplica también a automóviles provenientes de otros municipios que ingresan a la ciudad durante el periodo de restricción. Así lo confirmó la Secretaría de Movilidad de Cali en su canal oficial de X (antes Twitter), haciendo énfasis en la importancia de verificar el calendario rotativo y estar pendientes de anuncios oficiales para evitar comparendos.

Adicionalmente, la situación del tráfico en Cali también se encuentra impactada por los arreglos de infraestructura tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. La Secretaría de Movilidad señala que existen diversos cierres temporales en varios puntos de la ciudad para permitir avances en las obras de reparación y reconstrucción de edificios y calles afectados. Un ejemplo concreto se observa en la avenida Roosevelt con carrera 39, donde se habilitó el doble sentido en el tráfico local hasta el punto donde se encuentra el cierre. De igual manera, la doble circulación se mantiene desde la calle 9 hacia el occidente, adaptando el flujo para permitir el acceso seguro a las zonas en reparación.

Las autoridades advierten que estos cierres y cambios de sentido se conservarán por un periodo estimado entre 4 y 6 meses, lapso necesario para asegurar la accesibilidad y seguridad de los ciudadanos mientras avanza la recuperación de la ciudad afectada por el sismo.

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¿Cuándo inicia la rotación del pico y placa en Cali en el segundo semestre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, la nueva rotación del pico y placa para el segundo semestre de 2026 comienza el 1 de julio, incluyendo una etapa pedagógica del 1 al 3 de julio. Los comparendos y sanciones económicas se empiezan a aplicar a partir del 6 de julio, por lo que es fundamental consultar el calendario oficial y acatar las disposiciones actualizadas.

¿Por cuánto tiempo estarán vigentes los cierres viales por obras tras el terremoto en Cali?

Según información de la Secretaría de Movilidad, los cierres temporales y modificaciones en los sentidos viales debido a las obras de reconstrucción en Cali se mantendrán entre 4 y 6 meses. Este período es necesario para concluir las intervenciones en infraestructura y asegurar la movilidad y seguridad de los ciudadanos afectados por el terremoto del 10 de agosto.

La CAR explicó que la mina operaba bajo condiciones irregulares, pues desde antes ya se le había negado la renovación de la licencia ambiental. Según las autoridades, la solicitud de renovación fue rechazada por el órgano ambiental debido a "las serias afectaciones ambientales derivadas de la explotación intensiva y antitécnica" en ese sitio. Como consecuencia, además de negar el permiso, se ordenó la implementación de un plan de cierre para la cantera, incluyendo acciones específicas para reconformar el terreno y brindar estabilidad, con el objetivo de evitar fenómenos de remoción en masa. Así lo señaló el subdirector de Autoridad Ambiental de la CAR, Bryan Guillermo Martínez, quien añadió que la prioridad era garantizar la estabilidad del suelo, afectado por las operaciones ilícitas.

No obstante, los responsables de la mina ignoraron las disposiciones emitidas y continuaron explotando los recursos en contravención de la normatividad vigente. La presencia de maquinaria pesada e imágenes registradas por drones documentaron la magnitud del daño ambiental, como las 'cicatrices' dejadas en el paisaje y las raíces expuestas de los árboles, resultado de la tala y la remoción intensiva del bosque altoandino.

La operación en terreno fue encabezada por la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental de la CAR, contando con la colaboración del Grupo de Caballería Mediano No. 13 del Ejército, el equipo de contrainteligencia de la Fuerza Aérea y efectivos de la Policía Nacional. En el operativo, fueron capturadas dos personas quienes, según las autoridades, se encontraban en flagrancia realizando estas actividades prohibidas. Al cierre de la diligencia, los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por delitos ambientales agravados por el incumplimiento reiterado ante las órdenes de cierre y recuperación.

En palabras del subdirector de la CAR, el contexto actual de probable intensificación del fenómeno de El Niño hace todavía más delicada la intervención sobre suelos, pues el riesgo ambiental se agrava y puede afectar de manera transversal otros recursos naturales.

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¿Por qué fue negada la licencia ambiental en la mina de Chocontá?

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) negó la renovación de la licencia ambiental para la mina de Chocontá debido a las graves afectaciones ambientales causadas por la explotación intensiva y antitécnica en la zona. Esta decisión se basó en la evidencia de daños en el bosque altoandino, la alteración del suelo y la ineficiencia de las medidas de mitigación propuestas por los responsables, lo que llevó a ordenar un cierre definitivo de las operaciones y la implementación de acciones de recuperación ambiental.

¿Qué consecuencias enfrentan quienes realizan minería ilegal en Bogotá-Región?

De acuerdo con la información oficial, las personas encontradas realizando actividades de minería ilegal, como sucedió en Chocontá, pueden enfrentar sanciones administrativas y penales en Colombia. Las consecuencias incluyen multas económicas e incluso procesos judiciales por delitos ambientales, especialmente cuando hay reincidencia o se demuestra el incumplimiento de órdenes de cierre. En este caso, dos personas fueron capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por delitos ambientales.

Un panorama crítico se registra a esta hora en las carreteras del departamento del Tolima tras presentarse un aparatoso accidente de tránsito que involucró a tres vehículos de carga pesada y provocó el cierre total de la vía que comunica a las ciudades de Ibagué con Honda.

El siniestro vial tuvo lugar específicamente en el sector conocido como Miravalle, ubicado en el tramo que conecta a los municipios de Alvarado y Venadillo. De acuerdo con los reportes oficiales preliminares y la información recopilada en el lugar de los hechos, la colisión múltiple se produjo entre una tractomula y dos camiones, generando un impacto de proporciones mayores que dejó a los automotores completamente descontrolados y atravesados sobre la carpeta asfáltica, bloqueando de lado a lado la movilidad en ambos carriles.

Las impactantes imágenes difundidas desde la zona del siniestro muestran la magnitud de la emergencia. La parte trasera del remolque de la tractomula, de carrocería roja, quedó posicionada en sentido transversal, obstruyendo por completo el paso vehicular. A su vez, los otros dos vehículos implicados —uno de ellos un camión de estacas con la cabina blanca severamente destruida tras el impacto frontal, y un automotor de carga de cabina verde aparcado al margen del barranco— evidencian la brutalidad del choque, que dejó autopartes esparcidas y la estructura de las carrocerías completamente retorcidas contra la vegetación de la zona.

Accidente en vía Ibagué – Honda. Choque entre tres vehículos de carga, una tractomula y dos camiones, se registró en el sector Miravalle, entre los municipios de Alvarado–Venadillo, Tolima.

Los automotores quedaron atravesados sobre la carretera, provocando el cierre total. Se… pic.twitter.com/dUXsXIN9UD

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 25, 2026

De inmediato, unidades de tránsito, ambulancias y organismos de socorro se desplazaron hasta el sitio para atender a los posibles afectados, evaluar la magnitud de los daños y coordinar las labores de remoción de los vehículos pesados, una tarea compleja debido al tamaño de los automotores y a la carga que transportaban.

El cierre total de este importante corredor vial ha provocado kilométricas filas de vehículos represados, afectando a transportadores de carga, pasajeros y particulares que transitan habitualmente por esta zona del centro-norte del Tolima. Las autoridades de tránsito hicieron un llamado urgente a los conductores para que eviten transitar por el sector, tomen rutas alternas mientras se adelantan las labores de limpieza de la vía y extremen las medidas de precaución ante las difíciles condiciones de movilidad que persisten en la región. Se espera que en las próximas horas, una vez concluyan las labores de peritaje y grúas, se restablezca paulatinamente el paso vehicular.

‘La Lumbre’ cuenta la historia de una familia, los Santacruz, estructurada en tres generaciones atravesadas por el reclutamiento forzado y el duelo inconcluso, una situación que refleja el peso de las víctimas y la memoria en muchos hogares colombianos. En lugar de ofrecer una mirada exclusivamente documental o histórica, la obra se adentra en la intimidad del hogar para explorar cómo el temor se instala, se transmite y se convierte en un legado involuntario. Además, invita al espectador a cuestionar los relatos de orden, seguridad y progreso que muchas veces funcionan como mecanismos para esquivar la realidad de la violencia cotidiana.

De acuerdo con la información del evento, la interpretación estará a cargo de estudiantes de teatro musical de la Universidad del Rosario en colaboración con la MISI Facultad de Creación. Este espacio, gestionado por el CEFE Chapinero, busca consolidarse como un punto de encuentro cultural donde diferentes expresiones artísticas se presentan para estimular la reflexión social y la sensibilidad colectiva.

Además, en el contexto de la agenda cultural de octubre, el evento hace parte de una serie de actividades gratuitas que promueven el acceso a la cultura y ofrecen alternativas para compartir en familia, con espectáculos que exploran temas contemporáneos y de interés social desde el arte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la trama principal de la obra musical ‘La Lumbre’ presentada en Bogotá?

‘La Lumbre’ centra su relato en la familia Santacruz, compuesta por tres generaciones marcadas por el reclutamiento forzado y el duelo no resuelto. A través de la vivencia en el hogar, la obra cuestiona cómo el miedo se convierte en herencia y cómo la comunidad prefiere narrativas de orden y seguridad para ocultar la amenaza real, según lo informado por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

¿Cuándo y dónde se realizará la obra ‘La Lumbre’ en el CEFE Chapinero de Bogotá?

La presentación de ‘La Lumbre’ está programada para el viernes 2 de octubre de 2026, a las 6:30 p. m., en el teatro urbano del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69. El ingreso será libre hasta completar aforo, como lo anunciaron los organizadores en la agenda de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

En su versión oficial, Muñoz explicó que la diligencia legal busca que ofrezca una declaración e indagatoria sobre su papel y el de su administración en torno a dicho contrato. El funcionario no dudó en expresar de cara a los ciudadanos su disposición a asumir esa responsabilidad y enfrentar el procedimiento. “Siempre he estado y estaré listo para dar cuenta de cada una de mis actuaciones y de las de mi gobierno”, puntualizó Muñoz en el comunicado citado por el portal El Nuevo Día.

El contexto institucional resalta que este proceso no solo involucra a Muñoz sino también a anteriores autoridades municipales, como se documenta en recientes detenciones sorpresivas que han afectado a quienes han ocupado el cargo de alcalde en Ataco, una noticia que también reportó la prensa regional. En este sentido, el alcalde remarcó su confianza en la labor de la justicia colombiana, manifestando que espera una revisión minuciosa e imparcial de las pruebas para poder esclarecer los hechos relacionados con la ejecución del contrato de las unidades sanitarias. Esta actitud pone de manifiesto la apuesta del mandatario por mantener transparencia y legalidad ante la ciudadanía.

Durante su pronunciamiento, Muñoz reiteró haber actuado bajo parámetros legales y éticos, y recalcó que está completamente preparado para afrontar el proceso judicial que se avecina. Además, aprovechó la oportunidad para agradecer las múltiples muestras de apoyo y solidaridad que ha recibido por parte de los habitantes de Ataco, quienes han estado atentos a la evolución del caso. El respaldo ciudadano y el compromiso del funcionario reflejan la importancia de este episodio para la administración local y la comunidad.

¿Cuál es el contexto judicial que enfrenta el alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz?

De acuerdo con la información que compartió el propio alcalde, el proceso judicial está ligado a un contrato sobre unidades sanitarias firmado en la administración anterior. La Fiscalía General de la Nación citó a Muñoz para que rinda declaración e indagatoria sobre estos hechos, con el objetivo de esclarecer si hubo algún tipo de irregularidad en la ejecución de dicho contrato.

¿Cómo ha respondido el alcalde de Ataco ante la diligencia de la Fiscalía?

El alcalde Muñoz se mostró abierto al escrutinio, asegurando que está dispuesto a entregar todas las explicaciones necesarias sobre su gestión. Sostuvo que ha obrado bajo la ley y la ética, y manifestó su confianza en la imparcialidad de la justicia, al tiempo que agradeció el respaldo de la población de Ataco durante este proceso judicial.

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La noticia ha generado una alta expectativa y conmoción en Ataco y sus alrededores. De acuerdo con la versión conocida, tanto Héctor Fabio Muñoz como Miller Aldana fueron capturados directamente en el municipio y posteriormente estarían siendo trasladados bajo custodia en helicóptero. Su destino sería la Unidad Anticorrupción, instancia responsable en el país de tramitar los procesos judiciales asociados a actos de corrupción, especialmente cuando estos comprometen a funcionarios de relevancia política o institucional.

Por el momento, no se ha hecho pública información oficial sobre las pruebas u otros detalles relevantes acerca de la investigación. Tampoco hay confirmación sobre los cargos específicos que enfrentarían ni sobre la situación jurídica que se les podría aplicar en el marco de este proceso. La comunidad local y regional permanece atenta a las declaraciones que puedan emitir las autoridades y la entrega de detalles formales sobre esta noticia, dado el impacto que tiene para la gestión administrativa y política en Tolima.

Se espera que en las próximas horas las autoridades judiciales confirmen el motivo de las capturas, el avance de la investigación y el tratamiento procesal que se aplicará, por tratarse de dos figuras de alto perfil vinculadas al manejo de la administración municipal. Por ahora, esta es una noticia en desarrollo cuyos detalles serán ampliados en función de los reportes oficiales que se produzcan.

¿Por qué capturaron al alcalde Héctor Fabio Muñoz y al exalcalde Miller Aldana en Ataco?

De acuerdo con la información preliminar, la captura de ambos funcionarios estaría asociada a una investigación por presuntos delitos contra la administración pública. No obstante, hasta el momento no se han oficializado los delitos exactos ni los hechos que motivaron el procedimiento, por lo que se espera una ampliación de detalles por parte de las autoridades.

¿Qué es la Dijín y qué papel tuvo en las capturas en Ataco, Tolima?

La Dijín, o Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, es una unidad encargada de investigaciones especiales. Según los datos entregados, esta institución habría desarrollado el operativo de captura de los dos exfuncionarios en Ataco, Tolima, y estaría a cargo del traslado y puesta a disposición ante la Unidad Anticorrupción.

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Según el general Cesar Augusto Martínez Páez, comandante de la Segunda División del Ejército, alias "El Pollo" es investigado por su posible participación en una serie de crímenes, entre los que se destacan acciones armadas, desplazamientos forzados, secuestros, intimidaciones y confrontaciones con otros grupos armados ilegales en el Catatumbo, región marcada por conflictos entre distintas estructuras como las disidencias de "Calarcá" y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). De acuerdo con las autoridades, alias "El Pollo" llevaba más de cuatro años en el interior de la estructura, ascendiendo rápidamente hasta liderar tareas de intimidación y desplazamiento, así como ataques con drones explosivos y la retención de habitantes en corregimientos de Tibú, específicamente Pacheli y Versalles.

Uno de los casos más dolorosos ligados a alias "El Pollo" es el homicidio de Mónica Liseth Beltrán, niña de 13 años que habría sido reclutada a la fuerza y luego asesinada. La familia de la menor denunció ante la Asociación Nacional de Víctimas que fue secuestrada en abril de 2026 por hombres armados que ingresaron a su casa en el sector Villas del Río, Tibú. Su padre, Ramón Darío Beltrán, solo logró una comunicación por videollamada durante el cautiverio, y posteriormente recibió llamadas anónimas y un video que confirmaban su muerte. No existen versiones oficiales definitivas sobre las circunstancias del crimen; algunas hipótesis señalan que habría sido ultimada al intentar huir o en retaliación a la fuga de otros menores. El cuerpo fue recuperado por la inspección de Policía en la zona rural de Tibú, según información brindada por el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas a El Espectador.

¿Quién es alias "El Pollo" y por qué fue capturado en Tibú?

Alias "El Pollo" es señalado como jefe de comisión en la subestructura Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de la estructura 33 de las disidencias de alias "Calarcá". Su captura fue posible gracias a una operación conjunta de fuerzas militares y policiales, debido a su presunta implicación en delitos como homicidio, reclutamiento forzado, desplazamientos y ataques violentos, especialmente en el contexto del Catatumbo.

¿Cuál fue el papel de alias "El Pollo" en el caso del asesinato de Mónica Liseth Beltrán?

Las autoridades indican que alias "El Pollo" estaría vinculado al secuestro y asesinato de Mónica Liseth Beltrán, niña de 13 años reclutada a la fuerza en Tibú. El caso, denunciado por su familia y difundido por la Asociación Nacional de Víctimas, refleja el impacto de la violencia de grupos armados en la región y la gravedad del reclutamiento de menores en zonas de conflicto.

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Bajo la palabra “Asedio”, el congresista del Pacto Histórico alertó que agencias y sectores interesados habrían reactivado un plan que anteriormente no pudieron concretar en su contra. Según lo expresado por Cepeda en su cuenta oficial de X, existiría un entramado orientado a fabricar falsos testimonios con el único propósito de vincularlo de forma irregular a actividades ilícitas y promover de esta manera un proceso judicial en su contra en territorio estadounidense. El legislador fue más allá al señalar que estas acciones no son aisladas, sino que responden a una campaña sistemática desplegada también en plataformas digitales para minar su imagen pública y la de otros dirigentes del movimiento.

Las repercusiones de este supuesto montaje, según el congresista, buscan fracturar la unidad de su colectividad. “Quieren aniquilar física, judicial y moralmente a quienes dirigimos el Pacto Histórico”, sentenció el senador en su pronunciamiento, añadiendo que detrás de estas maniobras se esconde una Clara intención de debilitar políticamente al sector progresista. Pese al panorama adverso descrito, Cepeda aseguró de manera tajante que ni su dignidad, ni sus convicciones éticas ni su trayectoria pública podrán ser destruidas por estas prácticas, cerrando su mensaje con una firme defensa de su labor: «Lo mío es el poder de la verdad».

Las graves declaraciones del senador cobran especial relevancia al coincidir temporalmente con una drástica determinación del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El pasado lunes 28 de septiembre, la administración del presidente Donald Trump anunció oficialmente la revocatoria y restricción de visas para el empresario Euclides Antonio Torres Romero y la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú —integrante del Pacto Histórico y presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS)—, así como para sus núcleos familiares directos. Esta medida forma parte de la iniciativa geopolítica denominada «Escudo de las Américas», un mecanismo con el que Washington busca sancionar a ciudadanos de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú señalados de socavar la gobernanza democrática mediante presuntos actos de corrupción o narcotráfico.

La ofensiva migratoria de la potencia norteamericana no solo ha sacudido el tablero político colombiano, sino que ha alcanzado a un nutrido grupo de funcionarios, exfuncionarios, jueces, fiscales y empresarios de la región. Entre los nombres destacados en la lista de sancionados figura incluso el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, junto con otros ciudadanos de Perú y Ecuador. Mientras el gobierno estadounidense endurece su política de control regional bajo los nuevos lineamientos, en Colombia las repercusiones políticas continúan escalando, situando a figuras visibles como Iván Cepeda en el centro de un agitado debate sobre seguridad jurídica, presiones internacionales y la polarización del escenario electoral actual.

El encuentro contempla la visita del expresidente Gustavo Petro, el exministro de Educación Daniel Rojas y la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Andrea Vargas; sin embargo, en una resolución firmada por el rector Leyton Barrios, la universidad advierte que esta actividad “no cuenta con las autorizaciones, planes de contingencia, pólizas ni permisos reglamentarios requeridos”, lo que, según sus directivos, aumenta la posibilidad de que se registren posibles alteraciones dentro del campus universitario.

(Vea también: Le volvieron a hacer el feo a Petro en conjunto de La Calera: se supo quién le aceptó vivir ahí)

Dice el rector que el riesgo es superior, debido a la tensión que hay por el proceso electoral que hoy cursa en la universidad para, entre otros, escoger a los representantes estudiantiles ante el Consejo Superior.

De hecho, Petro llega a acompañar al joven candidato Marcos Mercado, lo que ha generado malestar entre varios sectores de la comunidad universitaria que critican el apoyo de “actores externos”, como el expresidente, “con el ánimo de incidir en el proceso democrático de los estudiantes”.

Así las cosas, las clases y labores administrativas se realizarán de manera virtual o remota este martes, y retornarán a la presencialidad el miércoles, 30 de septiembre.

La Ungrd, entidad estatal encargada de atender situaciones de desastre, informó que la contención del incendio requirió el trabajo conjunto de 12 cuerpos de bomberos, respaldados por la Defensa Civil, la Policía de Colombia, el Ejército Nacional y la Cruz Roja. Adicionalmente, se sumaron grupos de scouts y miembros de la comunidad local, quienes aportaron durante las labores para extinguir las llamas. Como parte del operativo, participaron seis helicópteros: uno de la Fuerza Aérea Colombiana, otro de la Policía, uno más del Ejército y tres contratados por la Gobernación de Boyacá. La articulación de todos estos recursos resultó clave para controlar el fuego, que venía avanzando por varias hectáreas de territorio boyacense.

El balance preliminar, entregado por la Gobernación de Boyacá, indica que la emergencia dejó una afectación estimada en 1.480 hectáreas, de las cuales 1.180 corresponden al área protegida del Santuario, señalando la magnitud del daño ambiental provocado. A pesar de la exitosa gestión para controlar la emergencia, el reto no ha terminado; la Ungrd anunció que los equipos de atención permanecerán por 48 horas en la zona, realizando lo que llamaron una "guardia de cenizas". Esta vigilancia consiste en revisar y monitorear los focos de humo o posibles reactivaciones, antes de declarar el incendio como completamente liquidado.

Los reportes de la Ungrd respaldan la información brindada por los organismos en el terreno, lo cual permite confirmar el avance positivo tras la emergencia en una de las zonas ambientales más representativas de Boyacá. El proceso de seguimiento durante las próximas horas será fundamental para asegurar que la situación se mantenga bajo control y evitar complicaciones futuras, especialmente en áreas naturales afectadas.

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¿Cuáles fueron las entidades que participaron en el control del incendio en Villa de Leyva?

En la emergencia participaron 12 cuerpos de bomberos, la Defensa Civil, la Policía de Colombia, el Ejército Nacional, la Cruz Roja, grupos de scouts y la comunidad local, además del apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía, el Ejército y la Gobernación de Boyacá, según reportó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

¿Qué significa ‘guardia de cenizas’ en el contexto de un incendio forestal?

La ‘guardia de cenizas’ hace referencia al periodo de 48 horas en el que los equipos permanecen vigilando la zona afectada, revisando puntos que aún pueden humear para evitar la reactivación del incendio antes de declarar el control total y su liquidación definitiva, según lo explicó la Ungrd.

La zona afectada está comprendida entre la calle 25 y la calle 42, y entre la carrera 28 Este y la carrera 53 Este. Entre los barrios que experimentarán la suspensión del servicio se encuentran Bella Vista, Bella Vista Alta, Jaime Garzón, Los Pinos de Cazucá y San Rafael de Soacha, según precisó la EAAB. Estos cortes buscan atender el daño estructural presentado en la red principal que abastece de agua potable a este sector, una situación que, según la EAAB, requiere intervenciones técnicas especializadas para garantizar la seguridad y posterior restablecimiento del servicio.

Ante la magnitud de la afectación y en busca de mitigar las molestias que enfrentan los habitantes de estos barrios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dispuso la circulación de carrotanques que suministrarán agua potable durante el tiempo que dure la suspensión. Estos vehículos podrán ser solicitados a través de la línea de atención Acualínea 116. De acuerdo con la entidad, la atención prioritaria será para hospitales, clínicas y sitios donde se concentra un mayor número de personas, reconociendo la importancia de estos lugares para la salud y el bienestar de la comunidad. La información sobre la contingencia ha sido publicada también en las cuentas oficiales de la EAAB en redes sociales, como parte de la estrategia de comunicación con la ciudadanía.

Frente a este imprevisto, la EAAB agradeció la comprensión de quienes resultan afectados y reiteró que trabaja para restablecer completamente el servicio en el menor tiempo posible. Mientras tanto, recomendó a los habitantes tomar las precauciones necesarias y aprovechar el recurso suministrado por los carrotanques durante estos dos días de corte.

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¿Cuáles barrios de Soacha tendrán corte de agua por el daño en la tubería de Ciudadela Sucre?

La suspensión programada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá afecta los barrios Bella Vista, Bella Vista Alta, Jaime Garzón, Los Pinos de Cazucá y San Rafael de Soacha. El corte comprende el sector entre las calles 25 y 42, y las carreras 28 Este y 53 Este, de acuerdo con la información oficial proporcionada por la EAAB.

¿Cómo pueden los habitantes de Soacha solicitar agua potable durante el corte temporal?

Durante el tiempo en que no haya servicio, los residentes de los barrios afectados pueden solicitar agua potable suministrada por carrotanques a través de la Acualínea 116, línea de atención dispuesta por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Este apoyo prioriza hospitales, clínicas y sitios con alta concentración de personas, según lo indicó la entidad.

Palencia había viajado hasta el municipio para disfrutar de la programación del evento, que contaba con las presentaciones de Jhonny Rivera y Nelson Velásquez. Sin embargo, en medio de la jornada sufrió una emergencia que preocupó entre los asistentes.

(Vea también: Hombre que murió al caer de hotel en Santa Marta dijo últimas palabras; hizo una pregunta)

Según las versiones preliminares conocidas entre algunas personas que estaban en el lugar, el hombre se encontraba consumiendo un chorizozo cuando habría sufrido un episodio de atragantamiento. Al perder el conocimiento, fue auxiliado por quienes se encontraban cerca y posteriormente trasladado a un centro médico.

José Elver Palencia fue llevado al Hospital San Vicente de Paúl de Garzón, donde recibió atención médica. Pese a las maniobras del personal de salud, el hombre habría llegado al centro asistencial sin signos vitales.

Durante los procedimientos de reanimación, al parecer, los médicos encontraron una cantidad considerable de contenido alimenticio en sus vías respiratorias, situación que estaría relacionada con la hipótesis de un atragantamiento. Sin embargo, las circunstancias exactas de su fallecimiento deberán ser determinadas mediante las verificaciones médicas correspondientes.

La programación comienza con el conversatorio “Habilidades y profesiones en tiempos de inteligencia artificial”, un espacio donde panelistas vinculados a proyectos como Bogotá Científica – Atenea, AWS y la Alianza Cuántica Colombiana analizan juntos los retos de la formación laboral y educativa en la era de la inteligencia artificial. Moderado por Nelson Vera, del Ecosistema de Inteligencia Artificial Urbana de Bogotá, el evento busca orientar a quienes quieren saber qué estudiar en este contexto cambiante. La entrada es libre, pero requiere inscripción previa.

El arte y el humor también tienen un lugar especial con “Impro clown: Choque Atómico”, una competencia entre seis payasos organizada por Átomos Teatro donde se exploran conceptos científicos a partir de la improvisación y la participación activa del público. En la misma línea de unir ciencia y comunidad, “Minga por la huerta” invita a personas de todas las edades a una siembra grupal para conmemorar el Día Nacional de las Aves, incentivando también el manejo responsable de residuos orgánicos.

Para los amantes de la biodiversidad, el “October Big Day” y el intercambio de experiencias posteriores ofrecen una inmersión en la observación de aves, en conexión con el conteo global del Laboratorio de Ornitología de Cornell. El contenido ambiental continúa con siembras de árboles y talleres de arqueobotánica, este último organizado junto a la Universidad Externado de Colombia para acercar a los visitantes al análisis de restos vegetales y su relación con culturas antiguas.

El cine, la música y la tecnología también son protagonistas. La proyección de la película infantil ‘Mukira’, seguida de una experiencia en torno a bosques y niebla, y el foro sobre agujeros negros en el Cine Domo, permiten a los asistentes sumergirse en nuevas formas de entender la ciencia. El lanzamiento del videojuego ‘Chagra Rol’, desarrollado por Solaris Games, introduce la economía circular y la educación ambiental de modo interactivo.

La programación culmina con espacios inclusivos y sensoriales como la proyección de ‘Mi Bestia’ acompañada de un taller de Biodanza, y la 5.ª edición del festival de cine inclusivo We Cam Fest, que destaca la accesibilidad con subtítulos, Lengua de Señas Colombiana y audiodescripción.

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¿Qué actividades culturales y científicas ofrece Maloka Bogotá en octubre de 2026?

Durante octubre de 2026, Maloka Bogotá propone una agenda con conversatorios sobre inteligencia artificial, improvisación teatral con contenido científico, jornadas ambientales como siembras y avistamientos de aves, talleres de arqueobotánica, proyecciones de cine, foros de astronomía, presentaciones de videojuegos y festivales de cine inclusivo. La mayoría de las actividades tienen entrada libre, con algunas que requieren inscripción previa y otras que ofrecen boletería.

¿Cómo puedo inscribirme o conseguir entradas para los eventos en Maloka durante octubre de 2026?

La inscripción a los eventos se realiza a través de formularios en línea dispuestos por los organizadores y, en el caso de algunos espectáculos específicos, la boletería está disponible en plataformas como Tu Boleta. Todas las actividades requieren registro previo y cuentan con cupos limitados, por lo que es recomendable consultar y asegurar su entrada anticipadamente de acuerdo con la información publicada por Maloka Bogotá.

Las autoridades desplegaron un plan candado en la zona para intentar capturar a los responsables del homicidio. Por su parte, funcionarios del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del lugar, pero hasta el momento no han logrado establecer oficialmente ni el móvil del crimen ni la identidad de los autores materiales. Este caso se suma a otros episodios de violencia que, de acuerdo con reportes oficiales, marcaron la vida de Wendy Dayana Torres en el pasado.

En mayo de 2020, Torres fue capturada junto a Jhonny Anderson Aguirre Muñoz, alias ‘Zaga’, tras una agresión con arma blanca contra Cristian Camilo Monroy en el sector de ‘El Hueco’, barrio La Estación. Según los reportes dados a conocer entonces, el ataque ocurrió cuando Monroy presuntamente se negó a entregarles $5.000. El hombre sufrió heridas en un brazo y el pecho, y fue trasladado al Hospital Federico Lleras Acosta. Posteriormente, un juez ordenó medida de aseguramiento dentro del proceso por tentativa de homicidio.

A estos antecedentes se suma una denuncia adicional de 2020, en la que se señalaba a Wendy y ‘Zaga’ por supuestamente herir en dos ocasiones a una mujer identificada como Carolina Campos Ramírez, incluso llegando a ingresar a su vivienda en uno de los ataques. Semanas después de haber sido capturada, Torres logró escapar en junio de 2020 de un CAI de Ibagué, aprovechando un descuido de los uniformados. Este escape provocó un operativo de búsqueda, mientras seguía vinculada al proceso por la agresión en La Estación.

Cinco años después, el nombre de Wendy Dayana Torres vuelve a aparecer en la crónica judicial, aunque esta vez como víctima. Las autoridades trabajan ahora en esclarecer los motivos detrás de este crimen, tratando de establecer si existe alguna relación entre el homicidio en Jardín Santander y los episodios violentos ocurridos años atrás.

¿Cuál fue el recorrido judicial de Wendy Dayana Torres antes de su asesinato en Ibagué?

Wendy Dayana Torres estuvo involucrada en distintos episodios judiciales en 2020, incluyendo una captura junto a alias ‘Zaga’ tras un ataque con arma blanca, proceso en el que recibió medida de aseguramiento y posteriormente protagonizó una fuga de un CAI, permaneciendo vinculada al caso hasta su homicidio en 2023.

¿Qué detalles se conocen del asesinato de Wendy Dayana Torres en el barrio Jardín Santander?

El asesinato de Wendy Dayana Torres ocurrió al mediodía, cuando fue atacada a tiros por hombres en motocicleta cerca del CAI Jardín Santander. La Policía y el CTI investigan los hechos; hasta ahora se desconoce el móvil y los autores del crimen.

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El accidente dejó a la mascota con lesiones que requieren atención veterinaria y un proceso de recuperación. Su familia ahora enfrenta los gastos derivados del tratamiento y busca apoyo para poder continuar con los cuidados que necesita.

 

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De acuerdo con la información conocida sobre el caso, Arya permanece en recuperación y sus allegados tienen la esperanza de que pueda volver a caminar, correr y jugar como antes del accidente. Para lograrlo, necesita continuar con el proceso médico y los cuidados correspondientes.

(Vea también: Policía realiza operativo en vivienda de “FerRx750” en Ibagué por investigación sobre presuntas falsas visas)

Los dueños del establecimiento contaron que el conductor responsable se está haciendo cargo que todos los gastos relaciones a su recuperación, pero son muy altos. Ante esta situación, la familia hizo un llamado a la solidaridad de quienes quieran aportar a la recuperación de la perrita. La intención es reunir recursos que permitan cubrir los gastos veterinarios que se han generado después del atropellamiento.

También contaron que Arya ha evolucionado favorablemente, pero sigue hospitalizada en la Universidad del Tolima. La mascota ya dio sus primeros pasos con ayuda y mantiene la esperanza de volver a caminar.

 

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Cabe recordar que el exdiputado y su expareja, Day Vásquez, fueron detenidos el 29 de julio de 2023 por agentes del CTI de la Fiscalía. La tesis inicial planteada por el entonces fiscal del caso, Mario Burgos, apuntaba a que Nicolás Petro se habría apropiado de cerca de 1.053 millones de pesos provenientes de empresarios costeños como Gabriel Hilsaca, dineros que supuestamente estaban destinados a la campaña presidencial de su padre pero que terminaron siendo gastados en lujos personales. Aunque en un principio se barajó la posibilidad de un acuerdo de colaboración con la justicia, este se vino abajo con el paso de los meses.

Tras la salida de Burgos, el expediente quedó en manos de la fiscal Lucy Laborde, quien intentó incorporar a la etapa probatoria cerca de dos millones de evidencias con el fin de debatirlas en el estrado. Entre los elementos más codiciados y comprometedores figuraba el teléfono celular de Day Vásquez, clave fundamental por los chats en los que supuestamente se evidenciaba el manejo irregular de los recursos. Sin embargo, en medio de cuestionamientos y controversias internas, Laborde dejó el caso y su despacho fue asumido por otro investigador.

Al referirse al estado del proceso, la fiscal general Luz Adriana Camargo señaló recientemente en diálogo con este medio: “Cuando llegué a la Fiscalía ese caso ya estaba en juicio, y los casos en juicio son casos de los jueces. Los fiscales somos litigantes en los juicios, no dirigimos las investigaciones”. Asimismo, añadió sobre la complejidad técnica y operativa: “Es un caso que se tramita con una lentitud pasmosa, y que tiene que ver con las dinámicas incorporadas a prácticas de fiscales y prácticas judiciales. Decía la fiscal Laborde que tenía tres millones de evidencias en contra de Nicolás Petro. Imagínese lo que nos demoramos introduciendo tres millones de evidencias en una audiencia preparatoria”.

Actualmente, el expediente se encuentra estancado a la espera de definiciones de fondo. Hace más de dos meses, el juez Hugo Carbonó, a cargo del Juzgado 2 Especializado de Barranquilla, emitió su veredicto sobre cuáles pruebas eran admisibles para el juicio y cuáles no; sin embargo, las partes interpusieron recursos de apelación. Ante este panorama, la decisión final sobre cerca de 800 pruebas apeladas recae ahora sobre el Tribunal Superior de Barranquilla, específicamente en el despacho del magistrado Demóstenes Camargo, el cual recibió el expediente en junio sin que hasta la fecha se conozca un fallo que destrabe el caso.

Para colmo de males, las tensiones procesales han dejado coletazos disciplinarios. Debido a presuntas actuaciones irregulares durante las audiencias, el juez Carbonó compulsó copias para investigar disciplinariamente tanto a la exfiscal Lucy Laborde como al abogado defensor del procesado, el penalista Alejandro Carranza, dejando el futuro del polémico juicio en un limbo jurídico absoluto.

El Centro de Innovación y Transformación Circular, iniciativa de la Alcaldía de Cali, es el eje de la estrategia para fortalecer la gestión y el aprovechamiento de los residuos generados tras el evento sísmico. Esta labor no solo busca tratar los residuos, sino reincorporarlos al ciclo productivo mediante procesos de transformación, evitando así que sean considerados solamente material desechable. De esta manera, se busca darles un nuevo uso como insumos en el sector de la construcción, apoyando la recuperación de Cali.

Para la correcta operación de este nuevo punto de acopio, la UAESP trabaja de manera articulada con las secretarías de Infraestructura y Movilidad, garantizando las condiciones técnicas y operativas adecuadas para el ingreso, disposición y evacuación de residuos. Esto considera aspectos como la demarcación vial y la habilitación de rutas para volquetas y chanas, vehículos encargados del transporte de los materiales.

El Corbatín reemplazará gradualmente al punto de acopio actualmente ubicado en la calle 5 con carrera 50, el cual permanece activo y funciona bajo protocolos ambientales establecidos. De acuerdo con Hernández, el nuevo predio contará con todas las condiciones logísticas para cumplir con su propósito y facilitar el flujo de residuos desde su origen hasta su transformación final.

Este enfoque integral permitirá que el proceso de recuperación de Cali tras el sismo incluya un componente de economía circular y sostenibilidad, beneficiando no solo a la administración pública sino también a la comunidad y a los actores productivos vinculados con el aprovechamiento de los materiales resultantes.

¿Cómo funcionará El Corbatín como centro de transformación de residuos en Cali?

El Corbatín recibirá exclusivamente residuos provenientes de demoliciones autorizadas tras el sismo del 10 de agosto y se encargará de su transformación. De aquí saldrán eco-materiales reutilizables en la reconstrucción urbana, todo bajo la supervisión del Consejo de Gestión del Riesgo y la coordinación de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

¿Qué significa RCD y cuál es su importancia en la reconstrucción tras el sismo en Cali?

RCD se refiere a residuos de construcción y demolición. Estos materiales son los desechos generados al demoler o construir edificaciones. Aprovecharlos, en vez de descartarlos, permite reincorporarlos al ciclo productivo y contribuir con materiales ecológicos a la reconstrucción tras el sismo en Cali.

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El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 151 kilómetros, por lo que se trató de un evento de origen profundo.

El SGC indicó que el temblor ocurrió a las 8:46:58 de la mañana, hora local, y tuvo como coordenadas 6,78° de latitud y -73,14° de longitud. El epicentro fue localizado cerca del municipio de Los Santos, Santander, a unos 5 kilómetros de distancia.

Entre los municipios más cercanos también aparecen Jordán, ubicado a 8 kilómetros, y Villanueva, a 13 kilómetros del punto donde se originó el evento.

El reporte fue elaborado con información de 45 estaciones de monitoreo y figura con estatus manual dentro del registro del SGC.

El evento presentó un RMS de 0,5 segundos y un gap de 61 grados, parámetros utilizados por la entidad para evaluar la calidad de la información sísmica registrada.

Por su baja magnitud y su considerable profundidad, el movimiento fue de intensidad reducida. El SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en esta zona del país, una de las regiones con frecuente registro de temblores en Colombia.

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El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, confirmó el atentado a través de un pronunciamiento en el que informó que la Policía le notificó sobre la captura del presunto responsable del ataque, quien, según los primeros reportes, sería un menor de edad.

“Elevamos nuestras oraciones a Dios por la pronta recuperación de John Jairo y pedimos fortaleza para su familia en este difícil momento”, manifestó el mandatario departamental.

¿Quién es John Jairo Torres, alias John ‘Calzones’?

John Jairo Torres es una figura reconocida de la política de Casanare. Su apodo, ‘John Calzones’, surgió de su actividad empresarial antes de ingresar a la política, cuando tenía un negocio de ropa interior femenina.

En 2015 fue elegido alcalde de Yopal, con 24.515 votos, en medio de una campaña que tuvo amplia repercusión nacional. En ese momento, Torres se encontraba recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá, a donde había ingresado el 14 de octubre de ese año, por un proceso judicial relacionado con la urbanización ilegal y el fraude.

Posteriormente, recuperó su libertad y asumió la Alcaldía de Yopal en 2016. Sin embargo, en 2017 su elección fue suspendida como consecuencia de su situación judicial, por lo que su periodo al frente de la administración municipal se vio interrumpido.

Los antecedentes judiciales de John ‘Calzones’

El exmandatario fue investigado y condenado por su participación en un negocio de urbanización ilegal. El proceso estaba relacionado con la parcelación y venta de cerca de 10.000 lotes en un terreno de aproximadamente 140 hectáreas, que había sido incautado en 2012 por el Estado colombiano a un narcotraficante.

De acuerdo con las investigaciones, los terrenos habrían sido comercializados a familias de bajos recursos, un caso que también tuvo repercusiones durante su campaña política y posterior elección como alcalde.

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Por ahora, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del atentado, establecer los móviles del ataque y determinar la responsabilidad del capturado.

Se espera que, una vez se conozca la evolución de su estado de salud, el Hospital Regional de la Orinoquía entregue un nuevo parte médico sobre el exalcalde de Yopal.

El material fue posteriormente difundido a través de plataformas digitales, lo que facilitó que las autoridades tuvieran conocimiento del caso y comenzaran a recolectar pruebas fundamentales para comprender cómo ocurrieron los hechos y quiénes estarían vinculados. De acuerdo con lo narrado en la audiencia, el celular robado se convirtió en una pista esencial para la Fiscalía General de la Nación, que de inmediato inició una investigación para rastrear el origen y el entorno en el que se produjeron los archivos.

La Fiscalía y los investigadores lograron ubicar el celular en el barrio Eduardo Santos, en Cali. Allí, dieron con una mujer que estaría relacionada con los hechos investigados. Según lo que consta en el proceso, en la vivienda donde se encontraba la mujer, dos de sus hijos, ambos mayores de edad, reconocieron a la menor que aparecía en los archivos mencionados. Los familiares también le revelaron a las autoridades presuntos episodios previos de violencia sucedidos en el propio hogar, aportando así elementos adicionales para la investigación.

La Fiscalía General de la Nación reunió diferentes pruebas y presentó el caso formalmente ante un juez. Durante la audiencia de imputación, el ente acusador detalló las evidencias recopiladas y atribuyó a la mujer delitos que tienen relación con violencia sexual en contra de la menor. Las autoridades, además, desarrollan una nueva línea de indagación para establecer si el material sido compartido a terceras personas, ya fuera por redes sociales u otros canales digitales.

Esta última fase de la investigación busca esclarecer si podría tratarse de un caso aislado o si existe una red más amplia de producción y difusión de material de explotación sexual infantil, así como determinar la posible existencia de otras víctimas. Mientras avanza el proceso judicial, la mujer permanece en prisión preventiva, en tanto su culpabilidad será establecida por los jueces competentes.

Por último, las autoridades reiteraron la necesidad de denunciar cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes, y recordaron que la difusión de este tipo de material solo contribuye a la revictimización.

¿Qué delitos investigó la Fiscalía tras el hallazgo del celular robado en Cali?

La Fiscalía General de la Nación investigó delitos asociados con la violencia sexual contra una menor tras encontrar material comprometedor en el celular robado en Cali. La investigación también indaga si hubo distribución de dicho material y si existe una posible red de explotación sexual infantil.

¿Por qué es importante evitar la difusión de material con víctimas menores de edad?

La difusión de material que involucra a menores de edad no solo agrava el daño sufrido por las víctimas, causando revictimización, sino que también constituye un delito y entorpece las investigaciones judiciales, según lo recalcado por las autoridades en este caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Según estableció la Fiscalía General de la Nación, las pruebas dan cuenta de que el joven vigiló previamente a Peláez Yepes y avisó al grupo delincuencial conocido como ‘El Mesa’, activo en el norte del Valle de Aburrá, sobre el momento indicado para retenerlo. Por estos hechos, el menor permanece privado de la libertad y enfrenta cargos por el delito de desaparición forzada agravada. En este caso también han sido judicializados Juan Fernando Tobón Correa, alias ‘Paisa’; Weimar Alexander Castillo, alias ‘300’; y Willington Ortiz Muñoz, alias ‘Willy’; igualmente se procesó a otro menor que aceptó su implicación en lo ocurrido.

Andrés Camilo Peláez Yepes trabajaba como ingeniero ambiental, liderando uno de los proyectos de reforestación en la zona de Hidroituango, con el objetivo de preservar el ecosistema. La firma Williams Sale Partnership (WSP), empleadora de Peláez, reportó su desaparición ese mismo 4 de abril, después de que Luis Miguel Calisto, coordinador de ingenieros, no lograra encontrarlo en el hotel donde se alojaba. Inicialmente, las autoridades manejaron hipótesis como un posible suicidio en el río o un secuestro, pero ninguna llamada o petición de rescate surgió, descartando la hipótesis de secuestro y confirmando el carácter de desaparición forzada.

De acuerdo con avances del proceso, la Fiscalía señaló que el ingeniero habría sido interceptado, intimidado con armas de fuego, agredido, obligado a subir a un vehículo y posteriormente trasladado a una vivienda, donde fue amarrado. Testimonios de otros procesados indican que Peláez fue asesinado, sepultado y, meses después, su cuerpo fue exhumado para ser arrojado al río San Andrés.

El camino judicial ha estado marcado por demoras y obstáculos, como describió Claudia Yepes Upegui, madre del ingeniero, en diálogo con El Espectador. Su mayor sufrimiento es “aprender a vivir con la incertidumbre de no saber qué pasó con mi hijo”, junto a la angustia y el desgaste emocional y familiar que implica buscar respuesta a la pregunta que la acompaña día tras día: ¿dónde está Andrés Camilo?

¿Quiénes están vinculados al caso del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes?

De acuerdo con la información de El Espectador, al caso se han vinculado judicialmente a varios adultos, entre ellos Juan Fernando Tobón Correa (alias ‘Paisa’), Weimar Alexander Castillo (alias ‘300’) y Willington Ortiz Muñoz (alias ‘Willy’), así como dos menores de edad, quienes aceptaron participación en los hechos relacionados con la desaparición forzada del ingeniero.

¿Qué significa desaparición forzada agravada y por qué se aplica en este caso?

La desaparición forzada agravada, según explica la Fiscalía, ocurre cuando una persona es privada de su libertad y se desconoce su paradero, generalmente por agentes o grupos organizados. En el caso de Andrés Camilo Peláez Yepes, esta tipificación se usa porque fue retenido de manera violenta, sin contacto posterior ni exigencia de rescate, y su paradero sigue sin esclarecerse de manera formal.

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En una ceremonia cargada de emoción, María vio a su hijo, Mateo Ricardo Lozano, recibir el título de licenciado en Ciencias Sociales. Para ella, ese diploma tenía un significado profundo, pues simbolizaba no solo la culminación de los estudios de Mateo, sino también la fuerza colectiva de una familia que ha superado grandes desafíos en su historia.

La historia familiar está marcada por el desplazamiento. Más de 15 años atrás, María y su núcleo familiar tuvieron que abandonar su municipio de origen, para buscar nuevas oportunidades en Ibagué. En el barrio La Gaviota encontraron un espacio para rehacer su hogar y María optó por un trabajo en servicios generales, asumiendo la responsabilidad económica y la tarea de brindar estabilidad a sus hijos.

Los obstáculos no se hicieron esperar. Jornadas extensas y un salario limitado definieron buena parte de su cotidianidad. Sin embargo, como ella misma expresó: “Es un orgullo para uno de mamá poder que los hijos cambien un poquito este método de buscar trabajo en lo que toque, sino en lo que uno estudia, en lo que uno se preparó”. Su prioridad siempre fue que sus hijos accedieran a la educación y tuvieran más opciones que las que ella había tenido.

El orgullo de María se desbordó durante la ceremonia. Reviviendo los sacrificios y el trayecto recorrido, sintió el impulso de gritarle a su hijo lo orgullosa que estaba: “Quería como pararme y gritar y decirle que eres el mejor”. Compartió ese sentimiento en redes sociales con el mensaje: “¿Dónde estará la señora de servicios generales? Pues graduando a mi hijo de licenciado”, una frase que se viralizó y fue replicada por muchos usuarios.

Mateo Ricardo Lozano no solo obtuvo el título de licenciado en Ciencias Sociales, sino que también se formó como enfermero. Según él mismo contó, ese logro fue posible gracias al acompañamiento familiar y al acceso a la educación pública: “Este título ha sido muy importante para mí porque permite que personas que venimos del campo, como nosotros, podamos tener acceso a una educación”. María resume el sentido de todos estos esfuerzos con una frase que abraza su historia: “Detrás de la señora que barre hay un futuro de unos hijos”.

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¿Cómo logró María Cuéllar que su hijo se graduara como licenciado en Ciencias Sociales?

María Cuéllar, tras haber sido desplazada con su familia y radicarse en Ibagué, trabajó durante años en servicios generales para sostener económicamente a su hogar. Su esfuerzo y dedicación permitieron que su hijo, Mateo Ricardo Lozano, tuviera la oportunidad de terminar sus estudios, accediendo a la educación pública y, finalmente, graduándose en la Universidad del Tolima como licenciado en Ciencias Sociales.

¿Qué representa para la familia de María Cuéllar el título universitario de su hijo?

El título de Mateo tiene un profundo significado para la familia de María Cuéllar. Representa la culminación de años de sacrificio, resiliencia y la posibilidad de que las nuevas generaciones accedan a mejores oportunidades. Para María, va más allá de un logro académico individual: es la realización del anhelo de construir un futuro mejor para sus hijos, tras haber superado el desplazamiento y las dificultades económicas.

La noticia ha estado marcada por un mensaje que la víctima publicó en redes sociales esa mañana, horas antes del crimen: “Lunes, desde tempranito con las bendiciones de Dios”. Para sus familiares, el mensaje representa ahora un recuerdo doloroso, cargado de simbolismo tras el trágico desenlace. Según recogen medios regionales, allegados de Wendy han compartido esa publicación como una muestra del ánimo positivo con el que ella solía iniciar la semana, sin imaginar que sería la última vez que expresaría ese tipo de pensamientos en público.

El caso está siendo investigado por las autoridades, quienes han analizado varias hipótesis para esclarecer el motivo detrás del asesinato. De acuerdo con información proporcionada por el coronel Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, Wendy registraba cuatro anotaciones judiciales en calidad de indiciada, es decir, había sido relacionada como sospechosa en diferentes hechos delictivos, aunque aún no se confirma si estos antecedentes tienen relación directa con su muerte. Además, se conoció que el presunto agresor tomó el celular de la víctima antes de huir del lugar, lo que abrió la posibilidad de un robo, aunque también se contempla un supuesto ajuste de cuentas, hipótesis que por ahora no tiene confirmación oficial.

Las cámaras de seguridad instaladas en el sector Jardín Santander se encuentran bajo análisis para reconstruir los últimos momentos de Wendy y así identificar al responsable o los responsables del ataque. Actualmente, los hechos siguen en investigación, mientras la comunidad y la familia de Wendy esperan respuestas sobre este caso que conmocionó a Ibagué.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el asesinato de Wendy Dayana Torres en el Jardín Santander de Ibagué?

De acuerdo con reportes de la Policía Metropolitana de Ibagué, Wendy fue asesinada tras recibir disparos de un hombre que la interceptó en la vía pública. El autor huyó llevándose el celular de la víctima, lo que ha llevado a investigar tanto un posible robo como un ajuste de cuentas. Sin embargo, no se ha confirmado la causa real del crimen, mientras las autoridades revisan antecedentes judiciales de Wendy y el material de cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.

¿Por qué mencionan “anotaciones judiciales” en el caso de Wendy Dayana Torres?

El término “anotaciones judiciales” hace referencia a los registros en los que una persona aparece como indiciada o presunta implicada en procesos penales. En el caso de Wendy, la Policía informó que tenía cuatro anotaciones como sospechosa de diferentes delitos, información que está siendo analizada para determinar si podría estar relacionada con el motivo de su asesinato.

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(Ver también: Hipopótamos en Colombia: proponen santuario en Hacienda Nápoles y rechazan sacrificio como solución)

En las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, se observa al ejemplar, conocido como ‘Pepe’, salir de la vegetación y acercarse a la persona que graba, quien retrocede rápidamente ante la presencia del enorme mamífero.

#OPINE. Un campesino se llevó tremendo susto al encontrarse cara a cara con “Pepe”, un hipopótamo que permanece bajo monitoreo en zona rural de Pto/Boyacá (Boyacá) evidenciando la creciente presencia de estos animales en el Magdalena Medio y la necesidad de mantener precauciones. pic.twitter.com/s7P5ehvyrS

— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 29, 2026

El registro volvió a poner sobre la mesa los riesgos que representa la expansión de los hipopótamos en el Magdalena Medio, una región en la que estos animales, originarios de África, se han establecido y reproducido fuera de su hábitat natural. Aunque el encuentro no muestra un ataque, sí evidencia una situación que puede poner en peligro a quienes viven y trabajan en las zonas rurales donde se desplazan.

¿Por qué hay hipopótamos sueltos en Colombia?

La presencia de estos animales en el país se remonta a la década de 1980, cuando Pablo Escobar llevó cuatro hipopótamos a la Hacienda Nápoles, en Antioquia, como parte de su colección privada de animales exóticos.

Tras la muerte de Escobar, en 1993, los ejemplares permanecieron en la zona y comenzaron a reproducirse. Con el paso de los años, algunos se desplazaron por los ríos y otros cuerpos de agua del Magdalena Medio, lo que facilitó su establecimiento en nuevos territorios.

La ausencia de depredadores naturales que controlen su población, sumada a las condiciones favorables para su reproducción y supervivencia, permitió que la especie se expandiera. Por eso, los hipopótamos que hoy se encuentran en libertad no son animales que pertenezcan naturalmente a los ecosistemas colombianos.

El Ministerio de Ambiente los reconoce como una especie exótica invasora, debido a su capacidad para establecerse, reproducirse y dispersarse, con consecuencias para la biodiversidad y las comunidades que habitan en las zonas afectadas.

¿Los hipopótamos son agresivos y qué riesgo representan para los campesinos?

Aunque suelen permanecer en el agua durante buena parte del día y salen a tierra para alimentarse, los hipopótamos pueden reaccionar de manera agresiva cuando perciben una amenaza, cuando alguien se acerca demasiado o cuando consideran que su territorio está en peligro.

Por eso, encontrarse con uno de estos animales en un camino rural, cerca de una finca o en las orillas de un río puede convertirse en una situación peligrosa. Su gran tamaño y fuerza hacen que un encuentro cercano represente un riesgo considerable, incluso si el animal no ha mostrado inicialmente un comportamiento agresivo.

Para los campesinos, pescadores y demás habitantes del Magdalena Medio, la presencia de hipopótamos puede afectar actividades cotidianas como caminar por senderos, desplazarse entre sus viviendas y fincas o movilizarse por los ríos. También se han documentado afectaciones relacionadas con el tránsito de estos animales, el bloqueo de caminos y los ataques a embarcaciones.

El Ministerio de Ambiente recomienda evitar acercamientos, no intentar perseguirlos ni capturarlos y reportar su presencia a las autoridades ambientales. También aconseja mantenerse alejados de los lugares en los que se haya detectado su presencia.

El impacto de los hipopótamos en el ecosistema colombiano

El problema no se limita a la seguridad de las personas. La expansión de los hipopótamos también genera preocupación por sus efectos sobre los ecosistemas del Magdalena Medio, donde comparten espacios con especies nativas.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, su presencia puede afectar a animales como el manatí, la nutria, el chigüiro y distintas especies de peces que forman parte de la biodiversidad local y del sustento de algunas comunidades.

Además, sus recorridos pueden modificar la vegetación, el suelo y las riberas de los cuerpos de agua. Sus desechos también alteran las condiciones del agua y pueden modificar los procesos ecológicos de estos ambientes.

Se trata de un problema complejo: mientras los hipopótamos son animales silvestres que deben ser tratados bajo criterios de bienestar animal, su presencia fuera de su área natural puede generar consecuencias ambientales y sociales que requieren medidas de control.

¿Qué está haciendo Colombia para controlar a los hipopótamos?

El Gobierno nacional puso en marcha en 2026 un plan para frenar la expansión de esta especie invasora y reducir progresivamente su población. La estrategia contempla acciones de manejo, entre ellas el traslado de ejemplares cuando sea viable y la eutanasia como alternativa en los casos en que no sea posible reubicarlos.

El programa cuenta con la participación de autoridades ambientales como Corpoboyacá, Cornare, Corantioquia y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), encargadas de adelantar labores de seguimiento y control en sus respectivas jurisdicciones.

En el Magdalena Medio boyacense, Corpoboyacá también ha desarrollado monitoreos de fauna silvestre y actividades de sensibilización con las comunidades, con el propósito de conocer la distribución de los hipopótamos y prevenir accidentes.

(Ver también: Hipopótamos siguen sin control en Colombia y el Gobierno ya empezó plan para vigilarlos)

Mientras avanzan estas medidas, el video del encuentro con ‘Pepe’ recuerda que la presencia de estos animales ya hace parte de la realidad de varias zonas rurales de Colombia. Para quienes viven allí, la expansión de una especie que no pertenece a estos ecosistemas representa un desafío que involucra tanto la protección de la biodiversidad como la seguridad de las comunidades.

En primer lugar, el Gobierno liderado por Abelardo De La Espriella emitió un decreto significativo: la competencia para tramitar tutelas (mecanismos de amparo constitucional para proteger derechos fundamentales) dirigidas contra la Presidencia regresará al Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo en el país. Así, las acciones judiciales que se interpongan en contra de la Presidencia volverán a ser revisadas en primera instancia por esta alta corte, centralizando allí los procesos y devolviendo esa facultad tras un periodo de cambios en la jurisdicción aplicable.

En el ámbito educativo y regional, se registra un avance histórico para Jamundí. Por primera vez, este municipio contará con un campus universitario, situado en el sector conocido como Parque Natura. La primera etapa del proyecto contempla infraestructura clave como vías de acceso, un edificio administrativo, una cancha múltiple y una subestación eléctrica, marcando un salto en la oferta académica y de servicios para la juventud local.

En materia ambiental, el Valle del Cauca incrementó su porcentaje de territorio protegido con la declaración oficial de más de 2.500 hectáreas como nuevas áreas protegidas. De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Ambiente, estas zonas se encuentran en los municipios de Bugalagrande, Andalucía, Tuluá y en el distrito de Buenaventura. Esta medida eleva al 33 % la proporción de territorio protegido en el departamento, lo que beneficia ecosistemas de agua dulce y la preservación de al menos 135 especies de aves en lugares como Venado Verde, así como a comunidades afrodescendientes.

En cuanto al suministro de agua, Jorge Sánchez, gerente de Acuavalle —la empresa que administra el servicio en 33 municipios—, aseguró que no se contempla un racionamiento en el corto plazo. Según indicó, cuentan con reservas suficientes para garantizar el servicio a más de 256.000 usuarios, esto a pesar de los desafíos que representa el fenómeno de El Niño, que suele reducir las fuentes hídricas.

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¿Por qué el Consejo de Estado retoma la competencia sobre tutelas contra la Presidencia?

El regreso de la competencia al Consejo de Estado permite que esta alta corte sea, nuevamente, la encargada de analizar y fallar en primera instancia las tutelas interpuestas contra la Presidencia de la República, según lo establece el reciente decreto del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Este cambio busca centralizar la revisión de estos amparos constitucionales y restablecer procedimientos que habían sido modificados en años recientes.

¿Qué impacto tienen las nuevas áreas protegidas en el Valle del Cauca?

Con la declaración de más de 2.500 hectáreas como áreas protegidas, el Valle del Cauca alcanza un 33 % de su territorio bajo protección ambiental. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, esto favorece la conservación de ecosistemas de agua dulce, protege la biodiversidad (incluidas más de 135 especies de aves) y resalta el papel de las comunidades afrodescendientes en la región, consolidando un avance relevante para la sostenibilidad y la inclusión social.

Luego de 32 años, ‘El Pilón’ continúa siendo un actor central en la memoria regional, un concepto que fue resaltado en los testimonios de líderes gremiales, académicos y periodistas que ofrecieron su visión sobre el impacto del medio. Según Aquiles Hernández Saurith, presidente del Círculo de Periodistas de Valledupar (CPV) para el periodo 2026-2027, este diario es la “universidad del periodismo local”, destacando su aporte en la formación de varias generaciones de profesionales. Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez, presidente de la Asamblea Departamental del Cesar en 2026, también lo considera la cuna de muchos periodistas, acompañando procesos de transformación territorial durante tres décadas.

Para Gelca Patricia Gutiérrez Barranco, rectora de la Fundación Universitaria del Área Andina en Valledupar, ‘El Pilón’ sobrepasa la función noticiosa y se convierte en voz y testigo de la memoria colectiva. Su archivo documenta episodios fundamentales, desde el robo al Banco de la República hasta la historia del Festival de la Leyenda Vallenata. Así, el periódico es un puente entre generaciones, cultura y territorio, según sus lectores y líderes académicos y políticos consultados.

El tránsito del periódico impreso a las plataformas digitales ha sido un reto significativo. Como señaló José Luis Urón Márquez, presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, esto ha permitido ampliar la audiencia más allá de las fronteras iniciales. Sin embargo, ese crecimiento exige mayor responsabilidad, un rigor periodístico constante y la fidelidad a su origen, aspectos que resalta el concejal Jesús Alberto Perpiñán Cárdenas. Según la más reciente medición del Panel de Opinión 2026 de Cifras & Conceptos, ‘El Pilón’ alcanzó el primer lugar entre líderes de opinión consultados en el Cesar, evidencia de su vigencia y credibilidad, aunque el desafío es no perder la cercanía con los jóvenes y mantener el arraigo en la región, como advierte Gelca Gutiérrez.

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¿Qué impacto ha tenido ‘El Pilón’ en la formación de periodistas regionales en el Cesar?

El periódico ‘El Pilón’ ha sido descrito como la “universidad del periodismo local” por figuras como Aquiles Hernández Saurith, presidente del Círculo de Periodistas de Valledupar (CPV), resaltando su papel en la formación de periodistas. Muchos profesionales originarios o radicados en la región consideran al medio como el principal espacio donde se han nutrido sus carreras, aportando desde la reportería, la investigación y el análisis de la realidad local.

¿Cómo ha influido la transición de ‘El Pilón’ a plataformas digitales en su relación con las nuevas generaciones?

Según testimonios recogidos en el aniversario, el paso del periódico impreso a plataformas digitales ha sido fundamental para mantener y ampliar el alcance de ‘El Pilón’. Sin embargo, ese cambio plantea el reto de captar la atención de los públicos jóvenes sin perder la esencia que dio origen al medio. De acuerdo con líderes como Gelca Patricia Gutiérrez Barranco, el desafío está en adaptar los contenidos y conservar la cercanía con las nuevas audiencias, equilibrando innovación y tradición regional.

En su misiva, el exsenador enfatiza su inocencia y argumenta que la empresa criminal que saqueó los recursos de la Ungrd buscó desviar la atención de los "verdaderos responsables y dimensiones" del caso, utilizándolo como chivo expiatorio mediante testigos y pruebas que califica de falsas. Además, recalca que su trayectoria legislativa de más de 15 años, principalmente en representación de la Alianza Verde, siempre estuvo marcada por la oposición al Gobierno anterior y sus reformas. Esta postura, según menciona, fue clara tanto en sus votaciones como en su presencia durante las discusiones clave.

De acuerdo con las acusaciones referidas en el texto, se señala a Name de haber recibido coimas, estimadas en 3.000 millones de pesos colombianos, a cambio de favorecer la aprobación de la reforma pensional en el Congreso. Además, otros testimonios implican que dicho dinero habría servido para incidir en la elección de un magistrado de la Corte Constitucional. Name se defiende afirmando haber presentado pruebas y testimonios recientes que demostrarían la existencia de un entramado dirigido por otros actores, a quienes califica como delincuentes confesos y personas aún no identificadas.

Por último, el exsenador insiste en que no buscará obtener beneficios judiciales, pues, según él, no ha cometido ninguna conducta ilícita. Señala que "mi proceder le consta a quienes me conocen", y recalca su papel en frenar planes totalitarios en el pasado. La decisión de su futuro político y judicial está ahora en manos de los jueces y del avance del proceso de apelación.

¿Por qué está implicado Iván Name en el escándalo de la Ungrd?

Iván Name es implicado debido a que, según la acusación, habría recibido 3.000 millones de pesos de recursos públicos de la Ungrd para agilizar la aprobación de la reforma pensional y posiblemente financiar la campaña al Concejo de Bogotá de su hija. El dinero habría sido entregado en octubre de 2023 a través de figuras cercanas al Gobierno y de la Ungrd, como lo detalla el expediente citado en el texto.

¿Qué significa muerte política en el contexto del Congreso colombiano?

'Muerte política' alude a la pérdida total y permanente de los derechos políticos de un funcionario, como la inhabilidad para ejercer cargos públicos o ser elegido. En este caso, el Consejo de Estado dictó esta sanción sobre Iván Name, impidiéndole participar en actividades políticas o legislativas mientras el fallo esté en vigor.

La medida que comenzará esta misma semana afectaría a unos 2.100 usuarios de la entidad en el municipio.

La gerente del hospital, Samanda Ávila, explicó que el problema se agravó desde la intervención de Nueva EPS en 2025 y que durante abril, mayo y septiembre de este año el centro asistencial no recibió recursos por los servicios prestados a pacientes de los regímenes subsidiado y contributivo.

La deuda representa cerca de la mitad del presupuesto anual del hospital, estimado en $3.000 millones, lo que dificulta cubrir los costos de operación, adquirir insumos y garantizar el funcionamiento durante los últimos meses de 2026.

Aunque el hospital asegura que hasta ahora ha podido pagar los salarios de sus trabajadores, acumula casi tres meses de retrasos con proveedores de medicamentos, oxígeno, material médico-quirúrgico y combustible.

La gerente señaló que los constantes cambios de interventor en Nueva EPS han retrasado las decisiones y la posibilidad de establecer acuerdos de pago.

El hospital pidió intervención del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud. Por ahora, no existe un acuerdo y existe preocupación por el pago de la próxima nómina.

(Le interesa: Cómo explicar que Trump mantenga a Colombia en lista negra, pero saque a Venezuela)

Aunque en la medida que anunció del gobierno estadounidense de revocarles las visas a 27 funcionarios o exfuncionarios el país más afectado fue Bolivia (el fiscal general de ese país se quedó sin el permiso de ingreso a Estados Unidos), el caso de Colombia es llamativo porque los dos perjudicados, la senadora de izquierda Martha Peralta Epieyú y al empresario Euclides Antonio Torres Romero, hacen parte de una lista que el 11 de junio pasado le envió el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella al subsecretario de Estado, Christopher Landau, también conocido como el quita visas.

En Colombia, Peralta Epieyú, integrante del partido Pacto Histórico y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), es investigada por delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio dentro del caso de corrupción de la UNGRD, y Torres Romero ha siso mencionado en diferentes ocasiones por presuntas financiaciones con campañas y sectores del petrismo, especialmente con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y el posterior gobierno del Pacto Histórico.

Grave señalamiento de Estados Unidos

Hasta ahora, ni Peralta Epieyú ni Torres Romero han sido hallados culpables en el país, y gozan de la legítima presunción de inocencia. Pero en la esfera estadounidense, que normalmente está bien documentada e informada, a estos dos colombianos los cubre ahora una pesada sombra definida por la manera en que el Departamento de Estado presentó su decisión: “Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos”. El señalamiento es grave.

“Esta política restringe las visas para ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, precisa el Departamento de Estado. “Atentar contra un gobierno democráticamente elegido constituye una amenaza para la seguridad y el estado de derecho en las Américas y no será tolerado. Este es un mecanismo permanente que permite a Estados Unidos actuar con rapidez, en coordinación con sus socios, a medida que se acumulan pruebas”.

Pero sobre las personas a las que Estados Unidos les revoca la visa pesa como la espada de Damocles otro serio riesgo: la inclusión en la lista Clinton. En Colombia, en octubre del año pasado, se combinaron esos dos castigos —que no siempre están necesariamente asociados— en los casos del expresidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro, y el exministro del Interior Armando Benedetti.

Benedetti ha calificado como “demoledora” esa medida por la cual ha dicho que está “devastado”. Más allá de calificarla como “injusta”, de asegurar que nunca ha “entrado a la casa de un solo narcotraficante” y de sostener que lo incluyeron por defender la dignidad de Petro, el hecho concreto es que le bloquearon sus tarjetas de crédito y cuentas bancarias, además del grave daño reputacional para él y su familia.

Un escenario así para un empresario como Euclides Torres sería simplemente catastrófico. Aunque se esfuerza por mantener un bajo perfil, de él se sabe que puede tener más de 50 empresas en un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública. Se le conoce, entre otros apelativos, como el zar de los permios de tránsito en Colombia. Y su grupo político está prendiendo motores para la campaña con miras a las elecciones del año entrante, en las que se disputan con el clan Char la gobernación del Atlántico y varias alcaldías.

Mientras el Torres Romero guarda hermético silencio, la senadora Peralta dijo que se enteró a través de redes sociales y medios de comunicación, pues el gobierno estadounidense no le ha notificado de ninguna sanción en su contra: “Hasta ahora, no he recibido una comunicación oficial ni conozco los motivos”, dijo, y aseguró que iniciará las acciones institucionales y administrativas ante la Cancillería y las autoridades estadounidenses para conocer en detalle la decisión y saber “de manera formal cuáles fueron los argumentos para dicha decisión”.

En su carta a Landau, De la Espriella aseguró que los líderes políticos, funcionarios y clanes de la región Caribe que le presentaba deberían ser tenidos “en el radar” por presunta compra de votos en la campaña presidencial. El subsecretario de Estado parece haber tenido en cuenta a dos: Peralta Epieyú y Torres Romero.

Pero en su lista De la Espriella también relacionó otros nombres: Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Felipe Hernández, Rafael Martínez, Antonio Correa, Fernando Niño, Iván Vargas, Andrea Vargas, Eduardo Pulgar, Agmeth Scaf, Juan Carlos Muñiz, Pedro Flórez, el clan de los hermanos Calle, Mario Fernández, Karime Cotes, Rafael Macea, Luis Ramiro Ricardo, Carlos Felipe Quintero, Johana Osorio, Musa Besaile y Luis Fernando Lobo.

(Lea también: Nueva norma para los celulares en colegios públicos y privados de Bogotá genera polémica)

Ese debate entró en una nueva etapa con la Resolución 20260905 “(Re)conectarnos para aprender”, mediante la cual Bogotá estableció reglas para el uso de celulares y otros dispositivos con pantalla en colegios oficiales y privados de la ciudad. La medida fue construida después de un proceso de participación en el que intervinieron más de 98.000 personas.

La discusión, sin embargo, no termina con establecer límites. La Corporación Universitaria Iberoamericana (IBERO) considera que el principal desafío ahora será la manera en que los colegios implementen las nuevas reglas, especialmente para evitar que la regulación termine afectando a estudiantes que necesitan estos dispositivos por razones de salud, discapacidad o accesibilidad.

¿Qué cambiará con las nuevas reglas sobre uso de celulares en colegios?

La resolución establece como regla general que los celulares no podrán utilizarse durante la jornada escolar, tanto en las clases como durante los descansos. Los dispositivos deberán permanecer guardados, en silencio y fuera de la vista de los estudiantes. La medida aplica a los miembros de la comunidad educativa de colegios oficiales y privados que ofrecen educación inicial, básica y media.

Esto no significa que la tecnología desaparezca de las aulas. La normativa contempla, por ejemplo, que desde octavo grado los celulares puedan utilizarse con fines pedagógicos cuando exista una actividad previamente definida, orientada por el docente y relacionada con objetivos de aprendizaje. Ningún estudiante, además, estará obligado a llevar un celular propio para participar en actividades académicas.

También existen excepciones. La regulación contempla situaciones relacionadas con salud, emergencias, educación inclusiva, accesibilidad y ajustes razonables para estudiantes con discapacidad. Estas excepciones buscan evitar que la restricción se convierta en una barrera para quienes utilizan un dispositivo como herramienta de apoyo.

La regulación también establece límites para otros dispositivos con pantalla, como computadores y tabletas, dependiendo de la edad. En educación inicial se priorizan actividades sin pantallas; en primaria se establece hasta una hora acumulada de exposición pedagógica, mientras que para sexto y séptimo el límite llega a dos horas. En octavo a undécimo no se fija un límite de tiempo para el uso pedagógico, siempre bajo criterios establecidos por el colegio.

Uno de los próximos pasos será responsabilidad directa de cada institución educativa. Los colegios tendrán seis meses para actualizar su Manual de Convivencia o Pacto de Corresponsabilidad y definir, de manera participativa y teniendo en cuenta su propio contexto, cómo aplicarán las nuevas disposiciones. La Secretaría de Educación acompañará este proceso.

(Puede interesarle: Nuevo decreto cambia el calendario escolar de más de un millón de estudiantes en Colombia)

Precisamente, este periodo es el que la IBERO considera fundamental. La institución sostiene que la discusión no debería limitarse a determinar si los celulares deben estar permitidos o prohibidos, sino a establecer cómo enseñar a los estudiantes a utilizarlos de manera responsable.

“La tecnología no es el enemigo del aprendizaje; el problema es el uso sin propósito. Bogotá dio un paso necesario, pero una regla sola no educa. Nuestro llamado es a que estos seis meses no se usen para redactar una prohibición, sino para diseñar una pedagogía que permita enseñarles a los estudiantes a decidir cuándo, para qué y con qué límites usar una pantalla”, afirmó Leidi Zamudio, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la IBERO.

Para la institución educativa, uno de los principales retos estará en aplicar correctamente las excepciones previstas para estudiantes con discapacidad, necesidades de salud o requerimientos de accesibilidad.

La resolución contempla precisamente excepciones por salud, discapacidad y ajustes razonables articulados con el PIAR, el Plan Individual de Ajustes Razonables. La IBERO advierte que su aplicación será determinante para que la restricción del uso de celulares no termine afectando a estudiantes para quienes el dispositivo representa una herramienta de inclusión.

La preocupación también está relacionada con la formación de los docentes. La IBERO plantea que no bastará con establecer una regla si profesores y directivos no cuentan con herramientas para acompañar a los estudiantes en el desarrollo de hábitos digitales.

En esa línea, la institución destaca el Decreto 0769 de 2026, que reglamenta la Ley 2489 de 2025 y establece un esquema de corresponsabilidad entre Estado, plataformas, colegios y familias. Para la IBERO, ese principio debería traducirse en formación concreta y no solamente en nuevas obligaciones.

¿Qué papel tendrán los padres de familia en el uso del celular?

La nueva regulación también lleva la discusión fuera de los colegios. Bogotá plantea que las familias tienen un papel fundamental en la construcción de hábitos digitales saludables, por lo que los colegios y la Secretaría de Educación promoverán orientaciones a través de las Escuelas de Padres, Madres de Familia y Cuidadores. Allí se abordarán temas como el uso responsable de celulares y pantallas y la definición de límites en el hogar.

Para la IBERO, este punto será determinante. Su análisis advierte que limitar el uso del celular durante aproximadamente seis horas de jornada escolar puede tener un efecto limitado si en casa no existen acuerdos sobre el uso de estos dispositivos: “Sobre todo, a hacerlo sin dejar por fuera a quienes más nos necesitan: los estudiantes con discapacidad y aquellos para quienes un dispositivo es una herramienta de inclusión, no de distracción”, señaló Zamudio.

La Secretaría de Educación señala que la política busca proteger los tiempos destinados al aprendizaje, el descanso y la convivencia. La resolución fue construida a partir de un proceso participativo que involucró a más de 98.000 integrantes de la comunidad educativa.

Durante ese proceso, la Secretaría encontró que el 87 % de los estudiantes consultados tenía celular propio desde los 10 años y que el 82 % de los docentes observaba que los estudiantes utilizaban los dispositivos durante las clases para jugar u otras actividades. Además, en los foros educativos realizados en la ciudad, el 62,3 % de los participantes señaló que el uso del celular generaba dificultades de atención y concentración.

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La discusión, por tanto, entra ahora en una fase distinta. Ya no se trata únicamente de decidir si los celulares tienen lugar en los colegios, sino de establecer cuándo, para qué y bajo qué condiciones pueden utilizarse, especialmente teniendo en cuenta las diferencias entre edades y las necesidades particulares de cada estudiante.

La Secretaría de Educación realizará una evaluación después del primer año de implementación para analizar los resultados de las medidas y definir mecanismos e indicadores de seguimiento.

El primero de los incidentes sucedió frente a la clínica Avidanti, donde tuvo lugar un triple choque que involucró una camioneta Honda WR-V, un automóvil blanco y otro vehículo, aparentemente un Kia Picanto de color gris. Según la información reportada, estos automotores permanecieron en la vía mientras los equipos atendían la situación y desplegaban señalización para evitar mayores inconvenientes. La presencia de los vehículos obstaculizando la calzada exigió a los conductores circular con extrema precaución y generó retrasos significativos en la zona.

Paralelamente, otro accidente se registró en la avenida Pedro Tafur, exactamente en el cruce con la vía que lleva al aeropuerto. Este hecho provocó una congestión vehicular considerable, exacerbando aún más la compleja situación de movilidad en la capital tolimense. Los dos accidentes, ocurridos en horas pico de la mañana, hicieron que fluyera con dificultad el tránsito de quienes debían moverse por estos sectores.

Pese al despliegue de atención por parte de autoridades y demás equipos en la escena, hasta el momento no se ha emitido información oficial sobre posibles personas lesionadas o sobre las causas precisas de los hechos. El silencio sobre lesiones alimenta la incertidumbre entre la ciudadanía, que permanece atenta a noticias sobre posibles víctimas y sobre cómo se podrá restablecer la normalidad en los corredores viales de Ibagué.

La comunidad conductora expresó su preocupación debido al impacto de estos accidentes sobre los tiempos de desplazamiento y la seguridad vial en la ciudad. De acuerdo con El Nuevo Día, se mantiene la expectativa por las acciones de las autoridades para resolver las congestiones y prevenir nuevos incidentes en estas transitadas vías.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ocurrieron los recientes accidentes de tránsito que afectaron la movilidad en Ibagué?

Los más recientes accidentes de tránsito que complicaron la movilidad en Ibagué tuvieron lugar frente a la clínica Avidanti, con un triple choque, y en la avenida Pedro Tafur, en el cruce con la vía al aeropuerto. Estos puntos son fundamentales para la circulación diaria en la ciudad, lo que explica el alto nivel de congestión experimentado.

¿Hay información sobre personas heridas en los choques de la clínica Avidanti y la avenida Pedro Tafur?

Hasta el momento, de acuerdo con la información de El Nuevo Día, no existe reporte oficial sobre personas lesionadas en los dos accidentes ocurridos este 29 de septiembre en Ibagué. Las causas de los choques y el estado de los implicados continúan bajo investigación, a la espera de pronunciamientos por parte de las autoridades.

El motivo de la orden judicial en su contra está vinculado a hechos que, según la investigación, ocurrieron el 6 de octubre de 2025. Con base en la información recopilada por la Policía, la mujer habría trasladado a una adolescente hasta un conjunto residencial en el sector de Arboleda Campestre, donde presuntamente la esperaba un hombre. Las autoridades detallaron que, según las pruebas reunidas, el hombre habría entregado a la implicada la suma de $500.000 para sostener relaciones sexuales con la menor. La investigación indica que la mujer le habría comunicado a la adolescente las condiciones del acuerdo antes de conducirla al lugar del encuentro.

Según la información proporcionada por la Policía, la capturada cuenta con 11 anotaciones judiciales previas relacionadas con delitos como concierto para delinquir, lesiones personales, hurto y proxenetismo con menor de edad. Es importante aclarar que estas anotaciones corresponden a registros judiciales y no constituyen necesariamente una condena; son antecedentes que forman parte del expediente del proceso.

Después de la detención, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía 64 Seccional de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Ibagué. Finalizadas las audiencias preliminares, un juez de la República ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para la procesada, medida que permanecerá vigente mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Las autoridades reiteraron su llamado a la comunidad para que denuncie cualquier situación que atente contra los derechos o la integridad de niños, niñas y adolescentes, con el fin de prevenir hechos similares y garantizar la protección de la infancia y la adolescencia.

¿Por qué fue capturada la mujer en Ibagué por proxenetismo?

La detención de la mujer en Ibagué se basó en una orden judicial por el delito de proxenetismo con menor de edad, emitida luego de que las autoridades reunieran pruebas de que habría llevado a una adolescente a encontrarse con un hombre que, según la investigación, pagó para mantener relaciones sexuales con ella. Los hechos sucedieron en octubre de 2025, de acuerdo con la Policía y la Fiscalía de Ibagué.

¿Qué sucede tras una captura por proxenetismo con menor de edad en Colombia?

Después de una captura por proxenetismo con menor de edad en Colombia, como ocurrió en este caso, la persona es puesta a disposición de la Fiscalía y enfrentará audiencias preliminares ante un juez. El proceso puede derivar en una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras se adelanta el juicio, tal como se confirmó en la información proporcionada por las autoridades en Ibagué.

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De acuerdo con información suministrada por la pronosticadora Adriana María Montealegre Cabrera, de la sede del IDEAM en Cali, esta situación se encuadra dentro de la variabilidad típica del fenómeno de El Niño. Como explicó la experta, el fenómeno de El Niño no implica la ausencia completa de lluvias, sino más bien una disminución en los acumulados de precipitación respecto a los promedios históricos. Es decir, aunque se experimente esta condición climatológica, el país puede registrar lluvias considerables, especialmente durante la segunda temporada de lluvias del año, etapa característica en buena parte de la región andina y otras zonas del país.

Montealegre detalló que la presencia de la onda tropical No. 52 aumenta la nubosidad y las precipitaciones en regiones del norte, centro y occidente de Colombia. Junto con la influencia de esta onda tropical, se han identificado otros factores determinantes como la existencia de una zona de baja presión sobre el Golfo de Urabá y la convergencia de humedad en la atmósfera, lo que facilita la formación de lluvias y tormentas eléctricas.

La pronosticadora aclaró que para que se desarrollen tormentas eléctricas se requiere una combinación entre la humedad disponible y el aporte de energía producto del calentamiento diurno de la superficie. En los últimos días, ambas condiciones se han presentado, favoreciendo así la actividad meteorológica registrada. El IDEAM, consciente de estos escenarios, realiza un monitoreo continuo y emite alertas con el fin de informar tanto a la comunidad como a las autoridades locales sobre posibles eventos adversos, permitiendo adoptar medidas preventivas. Por lo tanto, la población debe estar atenta a los comunicados oficiales, ya que se espera que las lluvias continúen impactando diferentes regiones del país durante los próximos días.

¿Por qué el fenómeno de El Niño no elimina completamente las lluvias en Colombia?

Según el IDEAM, el fenómeno de El Niño no significa ausencia total de lluvias en Colombia, sino una reducción en los acumulados de precipitación en comparación con los valores históricos. Esto se debe a la variabilidad natural del clima y a que existen temporadas, como la segunda temporada de lluvias, donde los promedios pueden incrementarse, pese a la presencia de El Niño.

¿Qué es una onda tropical y cómo afecta el clima en Colombia?

Una onda tropical es un sistema atmosférico que, al avanzar sobre el territorio, favorece el aumento de la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica. En este caso, la onda tropical No. 52 está intensificando las precipitaciones y estimulando tormentas eléctricas, en conjunto con otros sistemas atmosféricos presentes sobre Colombia.

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Durante su intervención en el espacio radial, Zuleta no dudó en señalar que las recientes decisiones internacionales podrían escalar de nivel y traer consecuencias peores para los implicados. “La verdad es que podrían incluirlos en la Lista Ofac por corrupción. Martha Peralta puede volver a París, a ella le gusta mucho. Puede volver al mismo apartamento con vista a la torre Eiffel”, expresó el comunicador con evidente sarcasmo, desatando una ola de reacciones.

Esta postura sintoniza directamente con el sorpresivo anuncio emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual confirmó la revocatoria de visas a dos figuras clave asociadas al círculo de influencia del expresidente Gustavo Petro: el empresario Euclides Torres y la senadora Martha Peralta. A través de un comunicado oficial, las autoridades norteamericanas enfatizaron que la medida busca defender la gobernanza democrática y sancionar de manera drástica la corrupción transnacional bajo los lineamientos actuales de la administración estadounidense.

El caso de la congresista Martha Peralta llama poderosamente la atención en los pasillos judiciales y políticos, debido a que es una de las pocas figuras vinculadas indirectamente al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que hasta el momento no enfrenta medidas formales por parte de la Fiscalía General de la Nación o la Corte Suprema de Justicia. Para amplios sectores de la opinión pública, Peralta se ha convertido en el símbolo de los cuestionamientos por el presunto desvío de recursos destinados a mitigar las necesidades básicas en el departamento de La Guajira, incluyendo el polémico episodio de los carrotanques.

Por otro lado, la situación de Euclides Torres reviste una enorme gravedad política y económica. Torres es señalado de haber sido uno de los principales financiadores de las actividades proselitistas del exmandatario Gustavo Petro, destacándose su aporte económico para la realización del denominado evento de la “P” en la ciudad de Barranquilla, previo al inicio oficial de la contienda presidencial de 2022. Dichas revelaciones salieron a la luz pública durante los interrogatorios adelantados por la Fiscalía con Nicolás Petro, antecedentes que posteriormente habrían tenido correspondencia a través de contratos preferenciales en sectores clave como la transición energética, la instalación de paneles solares y la regulación de transporte.

Analistas políticos advierten que esta ofensiva internacional no ocurre en el vacío, sino que guarda estrecha concordancia con la estrategia impulsada por el actual gobierno de Abelardo De La Espriella. La administración ha desplegado una serie de golpes frontales contra la estructura de poder de los Torres en el Atlántico, comenzando por la reforma al código de tránsito para desmantelar monopolios y abaratar costos en multas y revisiones técnico-mecánicas. A esto se suma el reciente respaldo del Ejecutivo en la disputa limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia por el codiciado corredor universitario y Villa Campestre.

Definir que esta zona tributaria pase formalmente a manos de Barranquilla significaría un revés financiero devastador para Puerto Colombia, principal bastión político de los Torres, reduciendo drásticamente su categoría fiscal de segundo a quinto nivel y limitando de manera considerable su capacidad de maniobra y financiación política. De esta manera, el cerco judicial, político y económico en torno al clan familiar se estrecha cada vez más, reconfigurando por completo el mapa de poder en el Caribe colombiano.

El accidente se registró luego de una colisión frontal entre la buseta y un vehículo de carga tipo turbo, en las inmediaciones del Centro Agropecuario La Granja del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Según la información, el impacto dejó a Andrea Giselle con múltiples lesiones, lo que obligó a que fuera trasladada de urgencia al Hospital San Rafael de El Espinal. Aunque los profesionales de la salud hicieron todo lo posible por salvarla, la joven finalmente falleció en el centro hospitalario.

Con la muerte de la auxiliar de ruta escolar, ya son dos las víctimas mortales reportadas que se movilizaban en la buseta implicada. Por otro lado, el conductor del vehículo tipo turbo también sufrió heridas graves; debido a la magnitud del choque, quedó atrapado en el interior de la cabina y requirió ser rescatado por socorristas antes de recibir atención médica.

Actualmente, las autoridades de tránsito continúan con el proceso de inspección en la zona para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. La investigación busca determinar no solo la mecánica del accidente, sino también las posibles causas que originaron el fuerte choque entre ambos automotores, en una vía reconocida por su tráfico entre Chicoral y El Espinal. Así, la comunidad permanece atenta a los avances del caso y a las conclusiones oficiales que puedan traer respuestas y claridad sobre este doloroso episodio.

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¿Qué se sabe sobre el accidente en la vía entre Chicoral y El Espinal?

El accidente ocurrió la mañana del 28 de septiembre, cuando una buseta y un vehículo tipo turbo colisionaron de frente cerca del Centro Agropecuario La Granja del SENA. Como resultado, fallecieron Alejandro Céspedes, conductor de la buseta, y Andrea Giselle Bocanegra Torres, auxiliar de ruta escolar. El conductor del vehículo de carga resultó gravemente herido y fue rescatado antes de ser trasladado para atención médica. Las investigaciones continúan para esclarecer los detalles del siniestro.

¿Quién era Andrea Giselle Bocanegra Torres y qué función cumplía en la buseta accidentada?

Andrea Giselle Bocanegra Torres era residente en la vereda Guasimal de El Espinal, madre de dos menores y trabajadora como auxiliar de ruta escolar. En el momento del accidente, acompañaba al conductor de la buseta, Alejandro Céspedes, desempeñando su labor dentro del vehículo cuando se produjo la colisión que le costó la vida.

Según datos de Emcali, la Gerencia de Acueducto es la encargada de coordinar estas maniobras técnicas, que incluyen la reposición de válvulas y optimización de redes. Uno de los principales barrios afectados será Alfonso Barberena, donde el suministro de agua será suspendido desde las 9:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. en la zona comprendida entre la calle 33 E y la calle 34, y entre la carrera 25 y la carrera 27.

Además, se difundió un listado con los demás barrios que experimentarán cortes de agua por las maniobras de Emcali en este mismo día. Entre las áreas afectadas, se encuentran Alfonso López (carrera 7 D3 # 81 – 03), Ciudad Paraíso (calle 11 # 12 – 00), Eucarístico (calle 6 # 36 – 02), Parque Industrial (vía a Candelaria, kilómetros 2.5), El Lido (calle 3 # 43 – 08), El Bosque (avenida 8 N # 48 – 06), Cañaveralejo (diagonal 51 # 14 oeste 242), Aguacatal (avenida 15 oeste # 7 – 20) y Tequendama (calle 5 A # 41 – 20). La suspensión afectará a los habitantes y empresas ubicadas en estas direcciones de referencia, quienes deberán tomar precauciones para enfrentar el corte temporal del suministro.

Emcali recomendó a los usuarios de estas zonas que, en la medida de lo posible, almacenen agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de suspensión. Según información de Noticiero 90 Minutos, estas interrupciones hacen parte de una planeación periódica para mantener y optimizar las redes de distribución en la ciudad.

La compañía no detalló la duración exacta del corte para cada uno de los barrios fuera del caso de Alfonso Barberena, pero se infiere por la programación que las maniobras pueden extenderse hasta por doce horas. Emcali subraya que estas acciones buscan mejorar el servicio y garantizar una infraestructura más segura para todos los usuarios.

¿Cuáles son los barrios de Cali que estarán sin agua por mantenimiento de Emcali?

De acuerdo con la información oficial de Emcali publicada por Noticiero 90 Minutos, los barrios afectados por la suspensión programada del servicio de agua este martes son Alfonso Barberena, Alfonso López, Ciudad Paraíso, Eucarístico, Parque Industrial, El Lido, El Bosque, Cañaveralejo, Aguacatal y Tequendama, con cortes que podrían extenderse hasta por doce horas en algunos casos.

¿Por qué Emcali realiza cortes de agua en Cali y qué significa la optimización de redes?

Emcali explicó que la suspensión temporal del servicio responde a trabajos de reposición de válvulas y optimización de redes, lo cual implica la renovación y mejoramiento de la infraestructura encargada de distribuir el agua potable; estos trabajos buscan asegurar un suministro más confiable y eficiente para los usuarios en el futuro.

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La situación ha tenido una repercusión directa en el servicio eléctrico, ya que, tras el accidente, se interrumpió el suministro de energía en los municipios de Alvarado y Piedras, así como en diferentes sectores de la zona rural de Ibagué. Según lo reportado, varios circuitos resultaron afectados tras el impacto, dejando a numerosas familias y comercios sin energía mientras los equipos de atención de emergencias avanzan en la solución del incidente.

Pese a la gravedad del suceso, la vía Ibagué-Alvarado no ha sido cerrada completamente. Hasta ahora, el corredor permanece habilitado, aunque solo se permite el tránsito por un carril. Personal de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) ya está en el lugar adelantando las labores necesarias para restablecer la movilidad de manera segura y permitir la circulación controlada mientras se supera la emergencia eléctrica.

Un aspecto que ha generado especial alerta es que el vehículo accidentado transportaba gas natural, lo que representa un riesgo adicional en la zona. Las autoridades han hecho un llamado urgente a los conductores que transiten por este tramo para que extremen las medidas de precaución, ya que continúan las labores de atención y existe peligro potencial en el ambiente. Además, se espera la pronta presencia tanto de los organismos de tránsito como de técnicos de Celsia, la empresa encargada del servicio de energía en la región, con el fin de agilizar el restablecimiento del suministro eléctrico y asegurar el área afectada.

Por el momento, se mantiene la recomendación a todos los usuarios de esta carretera para que circulen con cautela, especialmente mientras solo está habilitado un carril y continúan los trabajos para normalizar tanto el tráfico como el servicio eléctrico.

¿Por qué el accidente en la vía Ibagué–Alvarado dejó sin energía a varios municipios?

El accidente causó la caída de redes eléctricas, lo que afectó varios circuitos y provocó la interrupción del servicio en Alvarado, Piedras y zonas rurales de Ibagué, de acuerdo con información oficial. El impacto del vehículo contra un árbol fue lo que desencadenó el colapso de la infraestructura eléctrica en el sector.

¿Qué medidas se están tomando tras el accidente de la tractomula con gas natural en Ibagué?

Actualmente, la Agencia Nacional de Infraestructura realiza labores de atención en el lugar, el tránsito está habilitado únicamente en un carril y se ha pedido precaución a los conductores. Se espera la llegada de las autoridades de tránsito y del personal de Celsia para trabajar en la reparación de las redes eléctricas y restablecer el servicio lo antes posible.

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El autor del hurto consiguió desbloquear el ‘smartphone’ y halló en la galería imágenes y grabaciones de contenido sexual que involucraban a la dueña del aparato con una menor de tan solo nueve años. El material resultó ser de naturaleza abusiva.

Conmocionado por lo visto, el ladrón difundió los videos en plataformas digitales como mecanismo de repudio y alerta social. Esta difusión posibilitó que la Fiscalía General de la Nación recopilara las evidencias e iniciara pesquisa por agresiones sexuales a menores.

Los investigadores siguieron la señal del equipo robado hasta el barrio Eduardo Santos en Cali. En ese lugar ubicaron la residencia de la mujer que figuraba en las grabaciones y ejecutaron su aprehensión por los hechos expuestos públicamente con el presunto abuso a menor de edad.

Durante el registro de la propiedad, dos hijos de mayor edad de la mujer reconocieron a la menor de los videos como su hermana. Los jóvenes también manifestaron que su progenitora los habría agredido físicamente en múltiples ocasiones dentro de la casa.

El material analizado por la Fiscalía tiene varios videos, donde la mujer obliga a su hija a que tenga relaciones íntimas de tipo oral, posteriormente ella hace lo mismo con la menor, por lo que en la imputación de cargos se le formuló acceso carnal violento, según indicó Semana.

La fiscal 122 seccional Cali, Ana Yensy Salgado Fiscal, expuso durante la audiencia de formulación de cargos todas las evidencias reunidas contra la mujer. Las pruebas comprenden múltiples grabaciones que registran los abusos sexuales repetidos contra la menor.

Las autoridades indagan además si este material hallado en el móvil robado se distribuía y comerciaba en plataformas virtuales o redes sociales. Esta línea de pesquisa podría incrementar sustancialmente los cargos criminales contra la detenida.

Ariel Emilio Cortés, director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, reveló que durante 2025 se registraron cerca de 16.000 casos de delitos sexuales contra menores de 17 años en el país.

Las cifras muestran, además, una marcada diferencia entre las víctimas. De acuerdo con el funcionario, aproximadamente el 80 % corresponde a mujeres, mientras que los hombres representan cerca del 20 % de los casos.

Este episodio demuestra cómo la delincuencia habitual puede revelar crímenes mucho más atroces escondidos en aparatos electrónicos. La tecnología posibilita tanto la ejecución de ilícitos como su posterior hallazgo por entidades judiciales.

La Fiscalía sostiene abierta la pesquisa para establecer si existen más afectados o si el contenido fue mercadeado. El procedimiento legal prosigue mientras la mujer permanece recluida en un centro penitenciario de Cali.

¿Qué hacer si se halla material delictivo en un celular en Colombia?

El hallazgo fortuito de archivos ilegales, evidencias cibernéticas o contenidos sospechosos en un dispositivo móvil exige actuar con cautela y celeridad.

La primera instrucción fundamental consiste en evitar manipular, reenviar, descargar o borrar cualquier archivo almacenado dentro del teléfono móvil encontrado.

Alterar los registros digitales puede modificar los metadatos de los archivos y entorpecer las posteriores investigaciones forenses de los peritos judiciales.

Si el celular está encendido, conserve el equipo en ese estado y evite ingresar contraseñas o patrones de bloqueo para mantener la cadena de custodia.

Acuda de inmediato ante la Fiscalía General de la Nación para poner en conocimiento los hechos mediante una denuncia verbal o escrita.

Asimismo, la Policía Nacional dispone del Centro Cibernético Policial y la plataforma virtual CAI Virtual para reportar delitos informáticos o contenidos ilícitos.

Al entregar el dispositivo a los investigadores, manifieste detalladamente cómo, cuándo y bajo qué circunstancias llegó el teléfono a sus manos.

Los ciudadanos también pueden acudir a las instalaciones de la Sijín o el CTI para entregar físicamente el aparato electrónico hallado.

Bajo ninguna circunstancia intente chantajear, confrontar a los involucrados ni divulgar las imágenes o documentos alojados en la memoria del dispositivo.

Difundir material delictivo, especialmente contenido relativo a menores de edad o pornografía infantil, constituye un delito grave contemplado en el Código Penal.

Conserve el comprobante oficial de la denuncia realizada ante los organismos competentes para proteger su responsabilidad jurídica personal durante el proceso penal.

Actuar con responsabilidad ciudadana facilita el trabajo de los peritos forenses y contribuye eficazmente al esclarecimiento de conductas punibles en Colombia.

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Las autoridades autorizaron su traslado inmediato hacia Lorica, donde fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y está a la espera de su judicialización.

Basado en el relato de la Policía, Mary Luz Martínez, de 47 años, estaba en el interior de su vivienda cuando, al parecer, fue sorprendida por el ingreso de Vicente González, quien con cuchillo en mano le habría propinado heridas en su tórax derecho. Por eso, al verla caer al suelo decidió marcharse del lugar con rapidez.

Como si fuera poco, la víctima llegó sin signos vitales hasta el hospital San Vicente de Paúl de Lorica, donde manifestaron no contar con ambulancias para agilizar su llegada hasta el lugar.

Acto seguido, el alcalde de Lorica, Carlos Manzur, rechazó el vil asesinato, envió por redes sociales sus condolencias a la familia afectada y pidió la celeridad de las autoridades para que el episodio no quede en impunidad.

“Rechazamos de manera categórica el feminicidio del que fue víctima Marí Luz Martínez Hernández. Expresamos nuestro respaldo a la Policía Nacional y a los demás organismos que adelantan la búsqueda del presunto agresor, y reiteramos nuestra disposición de trabajar de la mano con las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades a que haya lugar”, dijo inicialmente.

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“Desde la Administración Municipal extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, y hacemos un llamado a la sociedad a rechazar toda forma de violencia contra las mujeres”, agregó.

El alcalde Manzur hizo un llamado a que “no podemos normalizar ni guardar silencio frente a la violencia contra las mujeres”: “Si conoces un caso de violencia o una mujer está en riesgo, denuncia. Actuar a tiempo puede salvar una vida. Sigamos construyendo un municipio donde todas las mujeres puedan vivir seguras y libres de violencia”.

La comitiva de alto nivel estuvo impulsada por la directora general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Isadora Fernández Posada; el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Gónima Díaz-Granados; y el director de Gestión Corporativa del Inpec, Andrés Barney. Tras la inspección, las entidades emitirán reportes directos al Ejecutivo, que mantiene la firme directriz de culminar la edificación en lo que resta del año para integrarla de lleno en su nueva estrategia de seguridad.

Según conoció este medio, la orden presidencial apunta a destrabar todos los pormenores contractuales y jurídicos con las autoridades locales y regionales. Desde la Uspec recalcaron que “este trabajo territorial permite materializar los compromisos establecidos para destrabar el proceso de construcción y avanzar hacia la culminación de una infraestructura que aportará 1.974 nuevos cupos al sistema penitenciario y carcelario”.

El centro de reclusión, bautizado bajo el nombre de Renacer, arrastra una larga historia de retrasos, pues lleva pendiente en el Magdalena por más de seis años. El proyecto original era considerablemente más ambicioso: en abril de 2021, el entonces ministro de Justicia, Wilson Ruiz, estimaba que la megacárcel albergaría a unos 3.500 reclusos, proyectándose como la de mayor capacidad en toda la región Caribe. No obstante, con el paso de los años, las cifras oficiales se ajustaron hasta los 1.974 cupos que se mantienen en la actualidad.

Además del avance en los bloques y zonas de reclusión, uno de los grandes dolores de cabeza evaluados en la reciente jornada fue la vía de acceso al establecimiento, especialmente el trayecto comprendido entre el desvío de la Ruta del Sol y Estación Villa. Ante este obstáculo logístico, la Gobernación del Magdalena ya puso en marcha los estudios preliminares para determinar las alternativas técnicas de mejoramiento. «Estos estudios permitirán avanzar hacia la definición de las intervenciones necesarias y fortalecer la articulación con el Ministerio de Transporte, Invías, el municipio y las demás entidades competentes, para establecer responsabilidades, recursos y tiempos», indicó la administración departamental.

El camino de esta obra no ha estado exento de tropiezos institucionales. El proyecto permaneció suspendido entre diciembre de 2022 y 2023 por graves problemas de orden público y fallas en las carreteras. En ese mismo periodo, la Contraloría Delegada para el Sector Justicia lanzó una alerta roja por la posible pérdida de recursos debido a deficiencias en los estudios de la red eléctrica externa. El organismo advirtió que las paradas prolongadas generaban “una alta posibilidad de que se requiera la inversión de mayores recursos a los inicialmente presupuestados… por cuenta del deterioro de los materiales y equipos instalados y no instalados en la obra”.

La presión jurídica también ha jugado un papel determinante en el devenir del proyecto. En 2026, la Corte Constitucional emitió un auto implementando un control estricto —mensual en fase de obra y trimestral en operación— para combatir los retrasos administrativos y proteger la dignidad humana de los futuros reclusos. Gracias a estas órdenes judiciales, se desbloquearon recursos fundamentales que hoy permiten al nuevo gobierno empujar con fuerza la finalización de una obra clave para oxigenar el sistema penitenciario en el Caribe colombiano.

El joven fue identificado como Rodolfo Morales de 20 años, residente de la vereda Los Medios, en el municipio de San Rafael, según información reportada por Mi Oriente con base en datos entregados por autoridades locales.

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De acuerdo con los reportes preliminares, Morales se encontraba realizando uno de los recorridos cuando ingresó a un afluente ubicado en inmediaciones de la cascada Velo de la Novia. Posteriormente, no habría vuelto a salir a la superficie.

Tras conocerse la emergencia, integrantes del Cuerpo de Bomberos de Alejandría se desplazaron hasta el lugar para adelantar las labores de búsqueda y rescate. Según informó El Colombiano, fue necesario solicitar apoyo especializado para realizar las labores subacuáticas. Después de varias horas de búsqueda, los organismos de socorro localizaron y recuperaron el cuerpo sin vida de Morales durante la tarde del domingo.

Por ahora, las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho deberán ser establecidas por las autoridades.

Este lunes 28 de septiembre, el Comité Organizador del Trail Running ‘El Paso del Arriero’ emitió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento de Morales durante la actividad. La organización expresó sus condolencias a los familiares y personas cercanas al participante y aseguró que el caso será objeto de la investigación correspondiente.

Asimismo, manifestó su disposición para entregar la información que sea requerida por las autoridades y contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido. El comité también hizo énfasis en que serán las autoridades competentes las encargadas de establecer las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de la investigación.

¿Cómo estaba planteada la carrera?

La información publicada previamente en la página oficial del evento indica que la competencia contemplaba recorridos de 2K, 5K, 10K y 15K, con diferentes categorías de edad.

Las pruebas de 10K y 15K estaban dirigidas a participantes entre los 17 y 70 años, mientras que las categorías de menor distancia tenían otros rangos establecidos. Todas las competencias tenían previsto comenzar a las 6:00 de la mañana.

El reglamento también advertía sobre diferentes riesgos relacionados con el trail running, entre ellos caídas, lesiones, deshidratación, cambios repentinos del clima y las características propias de terrenos naturales, como barro, piedras, raíces y pendientes.

Entre las condiciones mencionadas también estaban los pasos por ríos, situación que tomó relevancia después de la emergencia registrada durante la jornada.

La Alcaldía de Alejandría había promocionado previamente la actividad como una travesía por diferentes escenarios naturales del municipio. En una publicación realizada en mayo, la administración municipal destacó los caminos, bosques y cascadas que formarían parte de los recorridos.

Por su parte, la página oficial del evento explicaba que la competencia buscaba conectar el deporte con la historia de los antiguos caminos utilizados por los arrieros para atravesar las montañas y transportar mercancías.

De ahí surgió el concepto de ‘El Paso del Arriero’, presentado por la organización como algo más que una carrera de trail running.

Después de conocerse la muerte de Morales, Leidy Tatiana Cartagena Valderrama, quien aseguró haber asistido a la jornada para acompañar a tres amigos que participaban en la competencia, publicó un mensaje en Facebook acompañado de una fotografía junto al joven.

Cartagena señaló que dos de sus amigos regresaron a casa, mientras que Morales falleció durante la actividad.

En su publicación manifestó preocupación por las condiciones de seguridad que deben existir en competencias desarrolladas en escenarios naturales y planteó la necesidad de evaluar diferentes situaciones de riesgo cuando los recorridos incluyen ríos u otros obstáculos.

También hizo referencia a versiones atribuidas a algunos participantes, según las cuales una persona habría ingresado al río y posteriormente no habría vuelto a salir.

La mujer pidió revisar aspectos relacionados con los cruces en balsa, la capacidad de estos espacios y la atención de situaciones que involucren a personas que no sepan nadar. No obstante, aclaró que su intención no era señalar o responsabilizar a una persona o entidad específica.

Su llamado estuvo dirigido a la Alcaldía de Alejandría, los organizadores, organismos de socorro y participantes, con el propósito de fortalecer los protocolos de seguridad y la comunicación durante este tipo de eventos.

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En las redes sociales de Morales quedaron registros de su participación en diferentes actividades deportivas. Una de sus publicaciones más recientes corresponde a 2025, cuando participó en ‘Corre por el Agua’, experiencia que describió como una oportunidad para compartir con amigos y motivarse mutuamente.

“Más que una carrera, es compartir con amigos, aquellos que darán lo mejor y te motivan a dar lo mejor… Una experiencia más y de las más bonitas”, escribió en aquella ocasión.

Tras conocerse su muerte, varias personas han dejado mensajes de solidaridad en sus redes sociales. Por ahora, las autoridades deberán establecer qué ocurrió exactamente durante la competencia y determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento del participante.

Ante este panorama que ya acapara la agenda nacional, las reacciones desde la orilla de la oposición no se hicieron esperar. Una de las voces más incisivas y directas fue la de la exsenadora María Fernanda Cabal, quien aprovechó la coyuntura para lanzar duros cuestionamientos a través de sus redes sociales, poniendo bajo la lupa las condiciones financieras y contractuales que rodean esta misteriosa mudanza. La excongresista señaló tajantemente que «a Petro no lo quieren ni de vecino», avivando un debate nacional sobre la coherencia, la transparencia y los privilegios en los actos de figuras públicas de alto nivel.

El meollo de la controversia, según los datos ventilados en el informe radial que retomó la dirigente política, radica en la titularidad del inmueble en cuestión. De acuerdo con los datos expuestos, la casa pertenece a Diana Marcela Morales, quien se desempeñó como ministra de Comercio durante la administración del exmandatario. Si bien la exfuncionaria ha salido a explicar públicamente que el inmueble le fue prestado al líder político, los detalles económicos y jurídicos del lugar despiertan todo tipo de suspicacias en la opinión pública y entre los sectores más críticos del petrismo.

Entre los elementos que más llaman la atención y que alimentan las dudas de la oposición figuran la situación legal del predio. Según los reportes, la propiedad se encuentra actualmente bajo una hipoteca, un factor que choca fuertemente con la narrativa de un supuesto préstamo gratuito. Además, se estima que el valor del canon de arrendamiento para una casa de similares características en ese exclusivo conjunto residencial puede llegar a los 15 millones de pesos mensuales, una cifra astronómica que incrementa los interrogantes sobre la viabilidad y legalidad aparente de la operación inmobiliaria.

Cabal cerró su fuerte pronunciamiento con una frase lapidaria que resume la postura de los sectores críticos frente a los recientes acontecimientos: “¿Hospedaje gratis en una casa hipotecada? Eso despierta suspicacias. Petro, uno cosecha lo que siembra”. Con estas declaraciones, el debate sobre las redes de apoyo político y los costosos movimientos residenciales de los líderes del país vuelve a instalarse en el centro de la discusión pública, a la espera de mayores aclaraciones por parte de los implicados.

A Petro no lo quieren ni de vecino.
Cuenta Felipe Zuleta que, muy calladito, empezó a trastearse a Bosques del Encenillo, en La Calera. Los propietarios ya manifestaron su preocupación. No es la primera vez.
La casa pertenece a Diana Marcela Morales, exministra de Comercio de… https://t.co/Z3V0tvQAON

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 28, 2026

(Vea también: “Se puede repetir”: Max Enríquez alerta por dura situación que viene para Bogotá y otras zonas)

A través de una publicación en X, Henríquez señaló que Buenaventura y la costa Pacífica de Cauca y Nariño registraban núcleos de nubosidad asociados con lluvias. Según su explicación, estas condiciones podrían evolucionar posteriormente hacia un sistema de baja presión frente a la costa, sobre el océano Pacífico.

El meteorólogo también se refirió a las condiciones con las que amaneció la región Andina. De acuerdo con su reporte, gran parte de esta zona presentaba un cielo despejado y sol brillante durante las primeras horas del día.

Sin embargo, Henríquez señaló que ese panorama podría cambiar durante la tarde y favorecer la aparición de tormentas en diferentes sectores de la región Andina.

Buenaventura, la costa pacífica caucana y nariñense tienen núcleos de nubes de lluvia, los cuales más tarde formarán un sistema de baja presión frente a la costa, sobre el mar. Toda la región andina amanece despejada y con un sol brillante que promete tormentas en la tarde pic.twitter.com/Zg1bjrFKZC

— Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 29, 2026

¿Qué pasará con el clima de Barranquilla, según Max Henríquez?

Henríquez ya había llamado la atención sobre las condiciones de tormenta en Barranquilla y otros puntos del Caribe colombiano, donde advirtió sobre fuertes vientos y estructuras nubosas asociadas con tiempo severo.

En una de sus publicaciones, el meteorólogo señaló que una tormenta eléctrica sobre Barranquilla podía incluso favorecer la aparición de un tornado, aunque se trataba de una posibilidad y no de la confirmación de que este fenómeno fuera a ocurrir.

“La secuencia de la formación del grande cumulonimbus sobre Barranquilla. Es intensa esa nube y causa estragos con el vendaval y posible tornado. En caso de tornado: ¿qué pueden hacer las personas? No hay ningún plan de acción, ni de vigilancia de este tipo de fenómenos peligrosos”, indicó el experto.

Esta advertencia sirve como antecedente para el pronóstico más reciente, en el que Henríquez volvió a llamar la atención sobre las condiciones atmosféricas y la posibilidad de vientos extremos en la capital del Atlántico.

(Vea también: “La gente no quiere dormir en sus casas”: Chaparral vive noches de angustia por los sismos)

El movimiento tuvo una profundidad de 47 kilómetros, por lo que se trató de un evento de profundidad intermedia. La referencia del sismo corresponde al municipio de Istmina, en el departamento del Chocó.

El registro se suma a la actividad sísmica que durante las últimas semanas se ha concentrado en distintos puntos de Chocó. El SGC distingue en esta zona las réplicas asociadas al sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto y un enjambre sísmico localizado principalmente en inmediaciones de Istmina, Medio San Juan, Sipí y el Litoral del San Juan.

Según el más reciente balance del SGC, el enjambre sísmico presenta eventos con profundidades entre 30 y 70 kilómetros. La actividad corresponde a una de las zonas que el organismo científico mantiene bajo seguimiento dentro de la secuencia sísmica registrada en el departamento.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-28, 23:28 hora local Magnitud 3.2. Profundidad 47 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/XvQWvrdOc9

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 29, 2026

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Las personas que sientan un sismo pueden reportarlo mediante el formulario Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Allí pueden indicar dónde estaban, qué tan fuerte percibieron el movimiento y si observaron efectos en objetos, edificaciones o el entorno.

La información permite al SGC conocer cómo se sintió el sismo en diferentes lugares y estimar su intensidad, por lo que los reportes ciudadanos aportan al análisis de estos eventos.

Es importante tener en cuenta que Sismo Sentido sirve para registrar la percepción y los efectos del movimiento, pero el SGC no es la entidad encargada de atender emergencias o determinar oficialmente los daños. Para situaciones de emergencia, la atención corresponde a los organismos de gestión del riesgo.

Durante el procedimiento las autoridades incautaron al detenido una pistola junto con 12 cartuchos. El hombre es señalado de participar en el reclutamiento forzado y posterior asesinato de Mónica Liseth Beltrán, una menor que había sido llevada contra su voluntad a las filas de un grupo armado.

Las autoridades relacionan a alias ‘Pollo’ con la denominada Estructura 33 de las disidencias de las Farc, organización señalada de participar en el reclutamiento ilícito de menores en esta zona del país. El Ministerio de Defensa destacó la captura como un golpe contra esa estructura.

El caso de Mónica comenzó el pasado 2 de abril, cuando hombres armados llegaron hasta una vivienda del sector Villas del Río, en Tibú, donde se encontraba la adolescente junto con su padre, Ramón Darío Beltrán. Los hombres se la llevaron por la fuerza y desde entonces su familia vivió meses de incertidumbre.

El padre de la menor mantuvo llamados públicos para que quienes la tenían retenida respetaran su vida y permitieran su regreso. Durante el tiempo que permaneció bajo el poder del grupo armado, la comunicación con sus familiares fue prácticamente inexistente y solo habría ocurrido una breve videollamada.

El desenlace llegó meses después. Durante el fin de semana previo al 21 de septiembre, Ramón Darío recibió dos llamadas de personas que le informaron que su hija había muerto. Inicialmente, quienes se comunicaron con él no le habrían explicado dónde ni cómo ocurrió el fallecimiento.

Posteriormente, se conoció que Mónica habría intentado escapar junto con otros tres menores de edad que también estaban en poder de las disidencias. Los otros jóvenes habrían conseguido huir, pero la adolescente no logró salir y posteriormente habría sido asesinada, en un hecho que las autoridades investigan como una represalia.

Mónica cursaba séptimo grado cuando fue reclutada y era la quinta de siete hermanos. Su familia pasó cerca de seis meses esperando su regreso, mientras su padre insistía en que le permitieran volver a casa.

La captura de alias Pollo hace parte de las acciones de las autoridades contra las estructuras armadas señaladas de reclutar menores en el Catatumbo. El detenido deberá responder ante la justicia por los hechos que se le atribuyen.

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La reducción de la condena no obedeció a un cambio en la calificación del crimen. El Tribunal mantuvo la responsabilidad por feminicidio agravado y también confirmó la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante 20 años.

La Fiscalía General de la Nación explicó que el Tribunal acogió una solicitud planteada durante el proceso y excluyó la condena por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, debido a que Ricci García contaba con el permiso correspondiente.

A este aspecto se sumó una modificación en la forma de establecer la pena por el feminicidio agravado.

¿Por qué bajó la condena?

El abogado Luis Hernán Valero, representante de la familia de Luz Mery Tristán, explicó a Noticias Caracol que la modificación de la pena tuvo un componente técnico relacionado con la tasación de la condena.

Según Valero, en la primera instancia se había establecido la pena en 525 meses (43 años y 9 meses), mientras que el Tribunal consideró que debía partirse del mínimo previsto para el delito, correspondiente a 500 meses (41 años y 8 meses).

Valero señaló que el artículo 61 del Código Penal establece los parámetros que deben tener en cuenta los jueces para determinar la pena. De acuerdo con su explicación, el juzgador de primera instancia había partido de los 525 meses, mientras que el Tribunal consideró que debía utilizar como punto de partida los 500 meses.El abogado también aclaró que la modificación no significó que se cambiara el delito por el cual fue condenado Ricci García. “El delito sigue siendo el mismo. Feminicidio agravado”, manifestó Valero.

Tribunal confirmó el feminicidio agravado

La decisión de segunda instancia mantuvo la responsabilidad de Ricci García por el feminicidio agravado de Luz Mery Tristán. De acuerdo con la Fiscalía, durante la investigación se acreditó que la deportista fue sometida por su pareja a un ciclo de violencia sistemático.

La entidad señaló que Ricci García ejerció violencia física, verbal y psicológica contra Tristán, motivado por los celos, antes de causarle la muerte con un arma de fuego en la residencia de la pareja, ubicada en la comuna 19 de Cali, sobre la vía que conduce al cerro de Cristo Rey.

Después de los hechos, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Metropolitana de Cali llegaron a la vivienda. Allí encontraron al hombre con un arma de fuego en la mano y el cuerpo de la víctima en una de las habitaciones.

¿Qué dijo el abogado de la familia de Luz Mery Tristán?

En conversación con este medio, Luis Hernán Valero aseguró que la familia recibió con tranquilidad la confirmación de la condena por feminicidio agravado. “Lo más importante es que se demostró que el señor Ricci mató con toda la intención, poniendo a Luz Mery en estado de indefensión”, afirmó el abogado.

También señaló que durante el proceso se estableció que la deportista había sido sometida durante varios años a violencia física y psíquica. Sobre la reducción de la pena, Valero indicó que la representación de las víctimas y la Fiscalía buscaban que Ricci García fuera condenado por feminicidio agravado, objetivo que, según explicó, se mantuvo con la decisión del Tribunal Superior de Cali.

¿Habrá recursos contra la decisión?

La Fiscalía informó que contra la decisión del Tribunal Superior de Cali proceden los recursos de ley. Por su parte, el abogado de la familia señaló que la representación de las víctimas no buscaría controvertir la reducción de la pena, pues consideró que el objetivo central del proceso era lograr la condena por feminicidio agravado.

Además, explicó que permanece pendiente un incidente de reparación para las víctimas, trámite mediante el cual la representación de la familia buscará ejercer el derecho a la reparación.

El descubrimiento

Entre los hallazgos más relevantes resalta una grieta de 75 kilómetros de longitud que atraviesa completamente la corteza de la tierra oceánica en proceso de hundimiento. Las imágenes permitieron identificar grandes fracturas dentro de la placa tectónica y una zona de aproximadamente 75 kilómetros en la que distintas partes presentan comportamientos sísmicos diferentes.

El estudio, dirigido por un geólogo de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU), muestra que cada fragmento tarda varios millones de años en soltarse. A lo largo de la fisura de 75 kilómetros, algunas secciones todavía producen actividad sísmica, mientras que otras están en silencio.

¿Qué es la zona de Cascadia?

La zona de subducción de Cascadia es una franja oceánica ubicada frente a las costas del noroeste del Pacífico, entre Estados Unidos y Canadá. Es conocida por su actividad tectónica y por su capacidad para generar grandes terremotos y tsunamis de gran magnitud.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), existe un 15% de probabilidad para un megaterremoto de magnitud cercana a 9 en los siguientes 50 años en Cascadia. Los geólogos advierten un elevado riesgo de que ocurra un sismo superior a magnitud 8 en los próximos 50 años debido a la tensión acumulada entre la placa de Juan de Fuca y la placa norteamericana.

Lo que implica el hallazgo

La principal aclaración de los investigadores es que el descubrimiento no representa una nueva alerta sísmica inmediata para Cascadia. La fractura de 75 kilómetros forma parte de un proceso geológico extremadamente lento y no apareció repentinamente.

El hallazgo no significa que se haya abierto repentinamente una grieta bajo el océano ni constituye una señal de que vaya a producirse un gran terremoto en el corto plazo. Se trata de un proceso geológico que avanza durante millones de años.

El riesgo sísmico

Según el estudio, la zona de subducción de Cascadia mantiene su capacidad de generar terremotos y tsunamis de gran magnitud. El descubrimiento no altera las predicciones a corto plazo: la región sigue siendo capaz de generar grandes terremotos y tsunamis.

Los investigadores analizan ahora si las nuevas fracturas pueden modificar la manera en que se comportan o se propagan futuras rupturas sísmicas. Sin embargo, el estudio no establece que el descubrimiento implique un aumento inmediato del peligro para la población.

La importancia científica

El trabajo publicado en Science Advances mostró por primera vez la desintegración progresiva de una zona de subducción frente a las costas de Estados Unidos y Canadá. Es un avance que aporta pistas sobre la evolución geológica de esa región y sus amenazas sísmicas.

Este descubrimiento no solo proporciona una nueva perspectiva sobre los fragmentos de placas antiguos, sino que también podría afinar la comprensión científica sobre el comportamiento de los terremotos en la región del Pacífico Noroeste.

Los científicos están investigando cómo estas nuevas fracturas podrían influir en futuros terremotos en la región. Aunque la aparición de nuevas grietas modifica la comprensión del sistema tectónico, en el corto plazo el riesgo sísmico para el noroeste del Pacífico sigue siendo considerable.

La región de Cascadia tiene capacidad para generar terremotos de gran magnitud, así como tsunamis. De acuerdo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la altura del tsunami podría alcanzar entre 9 y 12 metros de altura en caso de un megaterremoto.

(Vea también: “Corruptos que socavan gobiernos”: duro mensaje de EE. UU. a aliados de Petro que dejó sin visa)

El mandatario respondió a la publicación de la cuenta en español del Departamento de Estado, que anunció medidas contra personas a las que Washington señala de estar involucradas en corrupción y de “socavar los gobiernos elegidos democráticamente”.

En Colombia, las restricciones alcanzaron al empresario Euclides Torres y a la senadora Martha Peralta, además de sus familiares directos. Estados Unidos incluyó la decisión dentro de la iniciativa denominada Escudo de las Américas.

De la Espriella respaldó la ofensiva de Estados Unidos

El presidente aseguró que la lucha contra la corrupción hace parte de los asuntos en los que Colombia y Estados Unidos trabajan de manera conjunta.

“La seguridad del hemisferio tiene varias aristas en las que los gobiernos aliados trabajamos unidos por el bien de nuestros pueblos”, escribió De la Espriella.

Luego calificó la corrupción como “cáncer de la Patria” y afirmó que ambos gobiernos están comprometidos con combatirla.

El mandatario también lanzó un mensaje contra quienes, según sus palabras, han defraudado al Estado y señaló que estas personas no deberían continuar disfrutando de los recursos obtenidos de manera irregular ni movilizándose libremente por otros países.

“Los inescrupulosos que defraudan al pueblo no pueden seguir disfrutando de sus pillajes, moviéndose libremente por el continente ni paseando con sus familias”, afirmó.

La declaración se produjo horas después de que Washington anunciara las restricciones de visa para ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú como parte del llamado Escudo de las Américas.

La seguridad del hemisferio tiene varias aristas en las que los gobiernos aliados trabajamos unidos por el bien de nuestros pueblos.

La lucha contra la corrupción, cáncer de la Patria, es una bandera con la que estamos comprometidos los gobiernos de Colombia y de los Estados… https://t.co/4Qus7Njeu6

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 28, 2026

“La lucha apenas empieza”

Pero la parte que abre un nuevo escenario está al final del mensaje del presidente.

De la Espriella aseguró que las acciones contra personas señaladas por corrupción podrían aumentar tanto en número como en el tipo de medidas administrativas utilizadas.

“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas”, afirmó.

El mandatario mencionó además a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como otra herramienta para combatir la corrupción y cerrar espacios a la impunidad.

“La lista de la OFAC es otro camino para cerrarle la puerta a la impunidad y combatir la corrupción”, agregó.

La referencia resulta relevante porque una eventual inclusión en listas de OFAC corresponde a un mecanismo distinto de las restricciones migratorias. Las medidas de visa anunciadas este lunes fueron comunicadas por el Departamento de Estado, mientras que OFAC pertenece al Departamento del Tesoro y administra programas de sanciones económicas.

El presidente De la Espriella confirmó el desarrollo y los resultados de la operación, detallando que fue ejecutada gracias a la participación articulada de las instituciones militares y de inteligencia. Además, el mandatario señaló directamente a Guzmán González por su presunta implicación en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. “Este criminal está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. No dejaré de exigir que se establezca toda la verdad sobre ese crimen”, expresó el presidente a través de su cuenta de X.

Según información suministrada por el Ejército, la diligencia en que cayó alias “Robinson Gutiérrez” se llevó a cabo haciendo uso de capacidades especiales y apoyo de inteligencia policial, mientras se le buscaba como objetivo militar del Estado Mayor Central, órgano de mando de las disidencias de las FARC. La institución explicó que la estructura criminal ubicada en Río Blanco tenía como propósito consolidar control en regiones estratégicas entre los departamentos de Huila, Caquetá y Meta. El plan de consolidación se basaba en prácticas ilícitas como la extorsión, el secuestro y el reclutamiento de menores, con la intención de convertir esa zona en un corredor estratégico que facilitaría la expansión criminal hacia Cundinamarca.

En relación con la operación, se destaca el señalamiento a alias “Robinson Gutiérrez” como jefe de finanzas de la organización criminal, lo que lo ubicaba como una figura clave en la obtención de recursos a través de actividades delictivas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué papel cumplía alias “Robinson Gutiérrez” en la Segunda Marquetalia?

Según información oficial citada en el operativo, Miguel Orlando Guzmán González, conocido como alias “Robinson Gutiérrez”, era el jefe de finanzas de la Segunda Marquetalia, responsable de la administración y obtención de recursos ilegales mediante acciones como extorsión, secuestro y reclutamiento forzado de menores.

¿Cuál era la importancia estratégica del corredor entre Huila, Caquetá y Meta para la Segunda Marquetalia?

De acuerdo con el Ejército Nacional, la estructura comandada por Guzmán González buscaba consolidarse en zonas de Huila, Caquetá y Meta, considerados estratégicos para ampliar la influencia del grupo criminal hacia Cundinamarca. El control de ese corredor facilitaba operaciones ilícitas y fortalecía su estructura territorial.

Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta fueron capturadas el domingo 27 de septiembre en una vivienda de Sabana de Torres, Santander, en un operativo en el que participaron la Policía, la Fiscalía, el Ejército y el FBI. Ambas eran requeridas por autoridades ecuatorianas dentro del denominado ‘Caso Blanqueo Fito’.

Según la reconstrucción citada por el rotativo, las dos mujeres habrían ingresado a Colombia caminando desde Venezuela, aproximadamente seis meses antes de su captura. Desde entonces pasaron por Cali, Medellín, Bogotá y Bucaramanga, donde se hospedaban en hoteles y viviendas de renta corta.

Una de las claves para mantener ocultas sus identidades habría sido una cédula colombiana a nombre de Paola Zapata Ruiz. De acuerdo con un investigador de la Dijín citado en la investigación, madre e hija presuntamente se turnaban el documento para realizar algunos de sus movimientos por el país.

La estrategia también incluía evitar que ambas fueran vistas juntas. Según la información entregada por el investigador, procuraban no salir al mismo tiempo y evitaban hacerlo durante el día, mientras cambiaban de lugar de alojamiento. Su último desplazamiento habría sido desde Bucaramanga hasta Sabana de Torres, donde finalmente fueron ubicadas.

Durante el operativo en el inmueble, las autoridades encontraron 27 millones de pesos en efectivo, 2.500 dólares, celulares y radios de comunicación. Los investigadores también verifican si las mujeres adquirieron bienes durante el tiempo que permanecieron en Colombia.

El caso está relacionado con las investigaciones que adelanta la justicia ecuatoriana contra personas cercanas a la estructura de ‘Los Choneros’. La Fiscalía de Ecuador vincula a Inda Peñarrieta con empresas y movimientos patrimoniales que son objeto de investigación por presunto lavado de activos.

Por su parte, Michelle Jamileth Macías había mostrado en redes sociales viajes y actividades comerciales. Las autoridades investigan si esos movimientos guardan relación con recursos atribuidos al entorno de alias ‘Fito’. Esa investigación permanece abierta y las autoridades todavía buscan establecer qué actividades desarrollaron las dos mujeres durante su permanencia en Colombia.

El recorrido que reconstruyeron los investigadores

La ruta conocida hasta ahora incluye el ingreso desde Venezuela y desplazamientos posteriores por Cali, Medellín, Bogotá y Bucaramanga. El último trayecto llevó a las dos mujeres hasta Sabana de Torres, donde fueron capturadas.

El uso de la cédula atribuida a Paola Zapata Ruiz es ahora uno de los elementos que buscan esclarecer los investigadores, especialmente para determinar qué trámites, desplazamientos o posibles adquisiciones pudieron hacerse con ese documento durante su permanencia en el país.

La falla operativa tuvo un impacto inmediato y generó la salida de servicio de la línea de transmisión encargada de alimentar las subestaciones de toda la franja territorial mencionada. Esto significa que tanto la cabecera municipal como sus corregimientos y veredas quedaron sin fluido eléctrico, afectando directamente la cotidianidad de sus habitantes y el funcionamiento básico de la infraestructura local.

Tras el incidente, unidades del Cuerpo de Bomberos se desplazaron a la subestación, acompañadas por cuadrillas de operarios y personal de seguridad física. Su tarea inicial fue contener las llamas del transformador, así como acordonar el perímetro para prevenir riesgos adicionales. De acuerdo con el informe de Energua, las labores técnicas de reparación no pueden comenzar hasta que el incendio sea completamente sofocado y se verifique que existen condiciones seguras en el patio de la subestación. Esta verificación es fundamental para evitar accidentes eléctricos graves y garantizar la seguridad de quienes estarán a cargo de solucionar la falla.

Como acción inmediata, la empresa diseñó un plan de contingencia: una vez controlada la emergencia, los técnicos iniciarán transferencias de carga para energizar parcialmente los circuitos en sectores prioritarios. Esta medida busca restituir de forma paulatina el servicio eléctrico, especialmente en los lugares con mayor necesidad. Mientras tanto, los gremios de la región y la comunidad siguen a la espera de nuevos reportes que aclaren el tiempo estimado para una normalización completa del suministro. Por el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas durante la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué provocó la emergencia eléctrica en el departamento del Cesar?

La emergencia eléctrica en el departamento del Cesar fue causada por una falla operativa en el transformador 1 de la subestación Codazzi, el cual opera a 110 kV. Según el reporte de la empresa Energua, la apertura intempestiva provocó un incendio en el equipo, generando la salida de servicio de la línea de transmisión principal y dejando a varios municipios y corregimientos sin energía eléctrica.

¿Cuándo se restablecerá el servicio eléctrico en Agustín Codazzi y municipios vecinos?

Hasta el momento, no existe un tiempo exacto de restablecimiento total, ya que las labores de reparación dependen de la extinción completa del incendio y de que se certifiquen las condiciones mínimas de seguridad. Después, técnicos de Energua procederán gradualmente a energizar circuitos prioritarios y a normalizar el suministro eléctrico, informando a la comunidad en cada etapa del proceso.

(Vea también: Gobierno ordena a EPS acelerar citas y tratamientos para pacientes con estas enfermedades)

La modificación fue anunciada por la EPS como parte de una estrategia con la que busca fortalecer su red de atención y mejorar la respuesta a sus afiliados. Sin embargo, el principal cambio para los usuarios será identificar cuál será el nuevo punto encargado de entregar sus medicamentos.

Sanitas indicó que los afiliados podrán consultar la información actualizada sobre el operador, las direcciones y los horarios de atención a través de sus canales oficiales.

¿Qué cambia para los usuarios de EPS Sanitas?

A partir del 31 de octubre de 2026, la dispensación de medicamentos de EPS Sanitas en Bogotá ya no estará a cargo del anterior prestador.

Esto significa que los afiliados deberán verificar cuál es el nuevo gestor farmacéutico asignado antes de acudir a reclamar sus medicamentos, especialmente quienes tengan tratamientos periódicos y estén acostumbrados a utilizar determinados puntos de atención.

La EPS habilitó en su página web un espacio para consultar la información relacionada con el cambio. Allí se podrán revisar los datos del nuevo dispensador, las direcciones de los establecimientos, los horarios de atención y otras novedades relacionadas con la red farmacéutica.

¿Dónde consultar el nuevo dispensador de medicamentos?

EPS Sanitas informó que los usuarios pueden consultar directamente en su sitio web cuál será el nuevo gestor farmacéutico y cuáles son los puntos disponibles para la entrega de medicamentos.

La recomendación para los afiliados es revisar esta información antes de desplazarse a un establecimiento, con el fin de confirmar la dirección y el horario correspondiente.

La consulta se encuentra en el portal de EPS Sanitas, dentro del apartado destinado a los gestores farmacéuticos. Allí la entidad publicará la información necesaria para que los usuarios conozcan la nueva red de dispensación.

Además, Sanitas recordó que cuenta con otros canales oficiales para resolver dudas y recibir orientación sobre casos particulares.

Canales de atención de EPS Sanitas

Los afiliados que tengan preguntas relacionadas con el cambio de operador pueden acudir a los canales de atención dispuestos por la EPS. Entre ellos está la aplicación móvil EPS Sanitas, mediante la cual los usuarios pueden hacer consultas relacionadas con sus servicios.

También está disponible Ana María, el chatbot de Sanitas en WhatsApp, a través del número 320 255 0525, para recibir orientación.

La tutela estaba dirigida contra las resoluciones 348 y 349 de agosto de 2026, así como otras expedidas durante la administración de Abelardo de la Espriella. Estas normas ordenaron desmontar tres mesas de diálogo, parte del proceso de paz total, que involucraban a grupos armados como las disidencias de las FARC, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las propias ACSN. Los accionantes reclamaron la protección al debido proceso, defensa, buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica, libertad personal, igualdad, acceso a la justicia y paz, argumentando que el Gobierno habría desconocido estos derechos al modificar su participación en los espacios de diálogo.

Sin embargo, en su fallo, el juzgado determinó que no existió una vulneración autónoma a la confianza legítima, buena fe ni seguridad jurídica. De acuerdo con los documentos referenciados por El Espectador, la Resolución 190 de 2025 había reconocido de manera explícita la representación de miembros de las ACSN en el denominado Espacio de Conversación Sociojurídico, estableciendo expresa y limitadamente la duración de ese reconocimiento. Otras resoluciones, como la 210 y la 251, condicionaron la continuidad y beneficios de la participación a resultados verificables y comprobables, lo que sobre la base de la evidencia excluye una expectativa de permanencia indefinida. El despacho también dejó claro que no se acreditó trato desigual hacia los accionantes ni impedimentos para el acceso a la justicia, pues habían podido recurrir a instancias judiciales y conservan recursos legales para impugnar actos administrativos.

Además, el juzgado desvinculó del trámite a entidades como el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), tras concluir que no se probó ninguna actuación de estas instituciones como causa de los presuntos perjuicios. Finalmente, enfatizó que temas de libertad personal de los hermanos están sujetos a procedimientos de extradición y órdenes de captura existentes, sin que las decisiones reclamadas sean, por sí solas, arbitrarias desde una perspectiva constitucional.

¿Por qué el Juzgado 70 Administrativo de Bogotá negó la tutela a Fredy y Carmen Evelio Castillo Carrillo?

El juzgado concluyó que no se demostraron vulneraciones autónomas a los derechos fundamentales alegados. Las resoluciones del Gobierno establecieron expresamente condiciones y duración para la participación de los representantes de las ACSN en espacios de diálogo y condicionaron los beneficios a resultados verificables; además, los tutelantes mantenían acceso ordinario a instancias jurídicas.

¿Qué papel jugaron las resoluciones 348 y 349 de 2026 en el conflicto entre el Gobierno y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?

Las resoluciones 348 y 349 del 28 de agosto de 2026 ordenaron el desmonte de mesas de diálogo entre el Gobierno nacional y grupos armados, incluida la ACSN, lo que desencadenó la acción de tutela por parte de los Castillo Carrillo, quienes consideraron vulnerados sus derechos fundamentales ante la terminación de estos espacios de conversación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Vea también: Revelan secretos de megaoperativos que De la Espriella lanzó en Santa Marta y Cali: duros relatos)

De acuerdo con El Tiempo, la víctima mortal fue identificada como Carlos Jahibeth Sánchez Barbosa, natural de Ocaña, Norte de Santander. El hombre sufrió graves lesiones y murió como consecuencia de la caída, mientras que su esposa, Yomaira Alberni Gelvis, de 40 años, sobrevivió y recibió atención de los organismos de emergencia. Posteriormente, fue trasladada a la Clínica El Prado.

El hecho ocurrió en el edificio El Velero, ubicado en inmediaciones de la calle 6 con carrera 2, en uno de los sectores turísticos de Santa Marta. Según los reportes conocidos, los dos se encontraban en un apartamento del inmueble antes de terminar en el exterior del edificio.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias de la caída. Entre las primeras versiones aparece una posible discusión entre la pareja, pero esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente y deberá ser establecida o descartada a partir de las pruebas recopiladas.

Investigan si hubo pelea entre pareja que cayó de hotel en Santa Marta

La Policía Metropolitana de Santa Marta y la Fiscalía adelantan entrevistas y buscan registros de cámaras de seguridad que permitan reconstruir los minutos previos al hecho. El objetivo es determinar qué sucedió dentro del apartamento y cómo se produjo la caída de la pareja.

Otro elemento que hace parte de la investigación es la presencia de una menor de edad dentro del apartamento. De acuerdo con los reportes, se trataría de una hija de Yomaira Alberni, por lo que las autoridades también buscan establecer dónde se encontraba la niña cuando ocurrieron los hechos.

Por ahora, no existe una versión oficial que permita determinar si se trató de un accidente o si una pelea entre la pareja desató la tragedia. Los investigadores esperan esclarecer el caso mediante testimonios, registros de seguridad y demás elementos recopilados.

La convocatoria partió de ambas cabezas ministeriales y se inscribe en una estrategia más amplia que otras carteras vienen aplicando desde hace semanas. De acuerdo con información de El Espectador, esta metodología ha sido replicada por los responsables de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán; Ambiente, Fabio Arjona; Transporte, Elsa Noguera; Deporte, Juliana Gutiérrez; Agricultura, Indalecio Dangond; y Salud, Ana María Vesga, quienes han conversado con colectividades como el Centro Democrático, el Partido de la U y los conservadores. Cada encuentro busca alinear los intereses de los partidos con las iniciativas del Gobierno Nacional, en medio de la discusión por el presupuesto de 2027.

Este acercamiento entre los ministros y los partidos oficialistas ocurre en un contexto de tensión en la coalición de Gobierno. El Centro Democrático, bancada uribista, respondió a las críticas del senador Enrique Gómez, cercano al presidente Abelardo de la Espriella, con un comunicado que rechazó "las constantes descalificaciones y la actitud displicente" del director de Salvación Nacional. La posición del partido fue clara: "No existe interés alguno en construir coaliciones con quienes, desde una visión sectaria, insisten en dividir a los colombianos entre buenos y malos".

Actualmente, todas las colectividades mencionadas conforman la bancada gobiernista, que reúne a más de 180 congresistas, sumando la fuerza suficiente para aprobar proyectos fundamentales, como quedó evidenciado con la aprobación inicial del articulado del presupuesto general en las comisiones económicas. Sin embargo, el proceso aún debe culminar su trámite en las plenarias, donde las explicaciones de los ministros sobre sus solicitudes presupuestales serán clave para afianzar los apoyos.

En paralelo, el ministro del Interior ha citado a las Comisiones Primeras tanto del Senado como de Cámara para presentar lo que denomina su "ABC legislativo", en el cual sobresalen proyectos enfocados en aumentar la transparencia de los congresistas y dotar de mayores competencias a las regiones. Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, anticipó iniciativas que delinearán la nueva política de seguridad del Gobierno de la Espriella, tales como la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. Estas propuestas prohíben mesas de diálogo y el estatus político a grupos criminales, ofrecen rebajas de penas y establecen condenas en centros penitenciarios sin devolución de bienes ilícitos.

¿Por qué el Gobierno cita a la bancada liberal y otros partidos en el contexto del presupuesto 2027?

El Gobierno cita a la bancada liberal y a otros partidos aliados para presentar sus prioridades legislativas y asegurar el respaldo necesario en la discusión del presupuesto de 2027. Estos encuentros, reportados por El Espectador, buscan afianzar alianzas y obtener claridad frente a las inquietudes de los congresistas, con el fin de garantizar la aprobación de los recursos que necesita cada cartera.

¿Qué es la ley de sometimiento planteada por el Gobierno y cuáles son sus principales puntos?

La ley de sometimiento anunciada por el ministro de Justicia es una iniciativa que busca establecer condiciones para que los grupos criminales se acojan al sistema judicial, excluyendo el reconocimiento de estatus político y la negociación de mesas de diálogo. El proyecto contempla rebajas de pena entre el 30 % y el 50 %, condenas obligatorias en centros penitenciarios y la no devolución de bienes obtenidos ilegalmente, según lo expresado en información oficial recogida por El Espectador.

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Esta modificación introduce tres reglas principales para determinar los casos en que será el Consejo de Estado quien asuma el conocimiento inicial. La primera se refiere a tutelas instauradas por actuaciones u omisiones cometidas por el presidente en ejercicio de sus funciones constitucionales. La segunda prevé que el mismo órgano será competente cuando la tutela incluye, además del presidente, a otras autoridades públicas o particulares. Por último, en casos donde los hechos estén relacionados con competencias asignadas al jefe de Estado por el artículo 189 de la Constitución Política, el Consejo de Estado también conocerá en primera instancia del proceso.

No obstante, la norma aclara que existe una excepción relevante: si la tutela está relacionada con la política de drogas o con programas de erradicación de cultivos ilícitos, el trámite se mantiene en los jueces del circuito. Así lo especifica el decreto, que señala textualmente que las acciones de tutela contra autoridades nacionales, programas, planes o estrategias del gobierno respecto a la erradicación de cultivos ilícitos seguirán siendo competencia de los jueces del circuito para su conocimiento inicial.

El documento también recuerda, en consonancia con la Sentencia C-284 de 2014, que toda la jurisdicción judicial integra funcionalmente la jurisdicción constitucional cuando conoce tutelas, sin importar su adscripción. Además, El Espectador señala que la razón detrás del decreto no responde a dudas sobre la idoneidad de los jueces de circuito, ni supone que el Consejo de Estado tenga competencia constitucional exclusiva en tutelas contra el presidente.

Por último, el decreto distingue entre competencia y reparto, aclaración realizada por la Corte Constitucional. El reparto, menciona el documento oficial citado por El Espectador, se hará considerando únicamente los sujetos señalados en la acción, sin previa valoración sobre legitimación o fondo.

¿Por qué se realizó el cambio en el trámite de tutelas contra el presidente?

Según lo reportado por El Espectador, el ajuste normativo busca unificar criterios en la asignación de tutelas dirigidas contra el presidente, estableciendo lineamientos claros sobre cuándo el Consejo de Estado debe conocerlas en primera instancia, sin que esto implique cuestionar las capacidades de los jueces del circuito.

¿Cuándo seguirá siendo competente el juez del circuito para tutelas relacionadas con el Gobierno?

De acuerdo con el nuevo decreto, los jueces del circuito seguirán conociendo en primera instancia de tutelas vinculadas a política de drogas y erradicación de cultivos ilícitos, así como de acciones dirigidas contra otras autoridades públicas nacionales en estos temas.

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Rodríguez advirtió sobre una falta de financiación para los programas sociales en el actual y siguiente año, señalando directamente que el gobierno anterior, encabezado por Gustavo Petro, solo usó recursos restantes provenientes del año 2024 para cubrir necesidades inmediatas. Según Rodríguez, esta situación se reflejó en el bajo cumplimiento de las metas: “una ejecución entre el 5 % y el 12 % de lo inicialmente comprometido con las comunidades”. Por este motivo, ordenó una auditoría rigurosa de los 24 programas sociales alojados en el Fondo para la Igualdad (FonIgualdad).

En el avance de la liquidación, Rodríguez también afirmó que fueron "recuperados" 60.000 millones de pesos colombianos (COP), cifra a la que se suman otros 20.000 millones anunciados previamente, producto de un seguimiento minucioso a las transferencias de funcionamiento dirigidas al FonIgualdad. Estos ahorros se han materializado en traslados presupuestales que ya aseguran la disponibilidad de 17.000 millones de pesos y la disposición de otros 43.000 millones para su incorporación futura.

El plan de liquidación ordenado por Abelardo de la Espriella, actual presidente, detalla que la supresión del Ministerio debe ser clara y ordenada, con especial atención a la reasignación de funciones, recursos y responsabilidades para evitar interrupciones o vacíos en la garantía de derechos fundamentales. No obstante, se reconoció que en la administración previa no hubo una ruta establecida para este proceso, lo que podría dejar desatendidos programas y recursos clave. Por ello, se solicitó el apoyo de los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia para culminar la liquidación.

El trámite aún está en marcha y contará con un año de plazo, según el decreto presidencial. Se prevé que los viceministerios y programas sociales vinculados sean transferidos tanto al Ministerio del Interior, dirigido por Rodrigo Lara, como al Departamento de Prosperidad Social, encabezado por Sandra Suárez.

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¿Cómo avanza la liquidación del Ministerio de Igualdad y quiénes son responsables del proceso?

El proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad está en marcha bajo la dirección del liquidador John Milton Rodríguez, quien ha recortado más de la mitad de los cargos y priorizado la auditoría de los programas sociales. La liquidación fue ordenada por Abelardo de la Espriella y requiere el apoyo de los ministerios de Interior, Hacienda y Justicia, con un plazo de un año para transferir funciones y recursos de forma ordenada.

¿Por qué hay polémica con la financiación de los programas sociales del Ministerio de Igualdad?

De acuerdo con John Milton Rodríguez, el gobierno de Gustavo Petro no dejó recursos suficientes para los programas sociales del Ministerio de Igualdad más allá de 2024, lo que ha derivado en bajos niveles de ejecución y la necesidad de auditorías para determinar su estado real. Esto ha suscitado preocupación sobre la continuidad de políticas dirigidas a grupos de especial protección constitucional.

La medida está contemplada en la Ley 2635 de 2026, aprobada por el Congreso como parte de las disposiciones destinadas a reforzar la protección de ciclistas y peatones en las vías del país.

La norma modifica disposiciones del artículo 60 de la Ley 769 de 2002, relacionadas con la responsabilidad de los conductores al momento de adelantar o cruzar de una calzada o carril a otro. La nueva regulación establece condiciones específicas para estas maniobras.

Entre ellas, está la obligación de anunciar el adelantamiento mediante las luces direccionales y otras señales, además de efectuarlo sin poner en riesgo a los demás actores viales. También se establece que los vehículos deben mantener una distancia de al menos 1,50 metros al adelantar ciclistas y usuarios de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana.

El incumplimiento de estas disposiciones puede traer consecuencias económicas. Quienes desconozcan las nuevas reglas pueden recibir un comparendo tipo D, equivalente a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Pero la sanción cambia de manera drástica cuando el adelantamiento termina en un hecho grave. Si el conductor no respeta la distancia de 1,50 metros y termina ocasionando lesiones o la muerte de un ciclista, la licencia de conducción puede quedar suspendida durante 10 años.

La medida pone el foco en una maniobra cotidiana que ahora tendrá consecuencias mucho más severas cuando implique daños a un ciclista. Para los conductores, respetar la distancia establecida se convierte así en una obligación clave para evitar sanciones y proteger a quienes se movilizan sobre dos ruedas.

La confirmación del fallo mantiene la responsabilidad de Ricci García por el crimen, modificando únicamente el alcance de la sentencia inicial: el delito relacionado con el porte o tenencia ilegal de armas fue retirado debido a que el condenado tenía permiso para portar el arma empleada en el asesinato, según comunicó la Fiscalía. Por lo tanto, la pena quedó fijada en 41 años y 5 meses de prisión, junto con una inhabilidad de 20 años para ejercer derechos y funciones públicas.

La noche de los hechos, el crimen sucedió en una vivienda del sector de El Mameyal, en la vía hacia el cerro de Cristo Rey, dentro de la comuna 19 de la capital vallecaucana. De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, vecinos reportaron una fuerte discusión seguida de varios disparos. Cuando las autoridades ingresaron al lugar, encontraron a Luz Mery Tristán sin vida, dentro de una habitación, con una herida causada por arma de fuego. Los análisis forenses y la inspección de la escena, donde había impactos de bala en la puerta de la habitación, permitieron concluir que la muerte había sido ocasionada por un proyectil de arma de fuego.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó pruebas que describían una relación marcada por violencia física, verbal y psicológica, así como episodios de celos. Estos elementos llevaron a la justicia a calificar el hecho como un feminicidio agravado. Asimismo, la investigación descartó la posibilidad de que la muerte hubiera resultado de un accidente o fuera autoinfligida. Ricci García permaneció en el lugar hasta la llegada de las autoridades y fue capturado en el marco de la investigación.

Luz Mery Tristán fue una figura emblemática en el patinaje colombiano, al ser la primera mujer en alcanzar un título mundial y luego dedicarse a la formación de nuevas generaciones. Su asesinato, ocurrido el 5 de agosto de 2023, conmocionó a Cali y al país, y la confirmación de la condena representa el cierre de una etapa en este proceso judicial, aunque aún podrían interponerse recursos adicionales.

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¿Por qué fue retirado el cargo de porte ilegal de armas en el caso de Andrés Gustavo Ricci García?

El cargo por porte o tenencia ilegal de armas fue retirado en la sentencia de segunda instancia porque, conforme a lo informado por la Fiscalía, Andrés Gustavo Ricci García tenía autorización para portar el arma utilizada en el crimen. Por tal razón, el Tribunal Superior de Cali decidió mantener la condena únicamente por feminicidio agravado y ajustar la pena en consecuencia.

¿Qué significa feminicidio agravado según la justicia colombiana?

Feminicidio agravado se refiere al asesinato de una mujer bajo circunstancias particularmente graves, como cuando hay antecedentes de violencia física, verbal o psicológica por parte de quien comete el crimen, así como comportamientos asociados a los celos. En este caso, la justicia determinó que la muerte de Luz Mery Tristán fue el resultado de un ciclo de violencia en el contexto de una relación íntima, lo que permitió calificar el hecho bajo esta figura penal.

En la primera instancia, el juez penal Óscar Castrillón León había hallado a Ricci García responsable tanto del feminicidio agravado como de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, blandiendo una condena ejemplar. No obstante, el tribunal superior optó por excluir la condena por el segundo delito, pues durante el proceso la Fiscalía demostró que el empresario contaba con el permiso correspondiente para portar armas. Por ello, la pena quedó enfocada exclusivamente en el feminicidio agravado de Luz Mery Tristán.

La investigación y el proceso judicial sacaron a la luz el ciclo de violencia que Ricci García ejerció contra Luz Mery Tristán. Según El Espectador, los testimonios de familiares y allegados aportados al tribunal describieron una relación marcada por los celos extremos y actitudes machistas del empresario, quien agredía física, verbal y psicológicamente a la patinadora antes de matarla en su vivienda de Cali. Testimonios clave, como el de Victoria Tristán Gil—hermana de la víctima—y Valentina Valencia Tristán—hija de la patinadora—relataron la transformación de Luz Mery, quien pasó a aislarse, cambiar su número de teléfono y modificar su comportamiento por temor a provocar a Ricci García.

El expediente incluyó, además, pruebas periciales que corroboraron las agresiones continuas. Según el fallo judicial, el perito de Medicina Legal concluyó que la víctima, antes de su muerte, recibió un fuerte golpe en el párpado derecho y presentaba otros moretones en la mano izquierda. Estos hallazgos, sumados a evidencias como restricciones impuestas a Luz Mery, vigilancia constante y aislamiento de su círculo social, permitieron al juez descartar la hipótesis de accidente sostenida por Ricci García. El fallo fue contundente al señalar que existió una atmósfera de hostigamiento y control que desencadenó en un feminicidio motivado por celos y posesividad.

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¿Por qué fue condenando Andrés Gustavo Ricci García por feminicidio agravado en el caso de Luz Mery Tristán?

Ricci García fue condenado porque las investigaciones y los testimonios comprobaron un patrón de violencia física, verbal y psicológica contra Luz Mery Tristán, motivado por celos y actitudes controladoras. Las pruebas evidenciaron que sometió a la patinadora a una relación de abuso que culminó en su muerte, lo que constituye feminicidio agravado según lo determinado por el Tribunal Superior de Cali y reportado por El Espectador.

¿Qué significa feminicidio agravado según la justicia colombiana?

El feminicidio agravado es el asesinato de una mujer perpetrado por motivos de género, donde existen circunstancias que agravan el crimen, como antecedentes de violencia de pareja o actos de extrema crueldad. El caso de Luz Mery Tristán ejemplificó estos aspectos según el fallo judicial: hubo un ciclo de abuso que incluyó agresiones previas, control de la víctima y violencia motivada por celos.

Ante la trayectoria del ciclón y las condiciones climáticas que se presentan en la región, El Tiempo consultó al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para establecer si Polo podría tener algún efecto sobre Colombia.

La respuesta de la entidad fue clara: el huracán Polo no tendrá incidencia en el territorio colombiano. De acuerdo con la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del Ideam, los gráficos de monitoreo no muestran que el fenómeno vaya a provocar lluvias o emergencias asociadas con su paso por el país.

¿Qué pasó con el huracán Polo en México?

El huracán Polo alcanzó categoría 3 y provocó fuertes precipitaciones en sectores del oeste de México. Uno de los hechos más graves ocurrió en el estado de Jalisco, donde una vivienda con cuatro integrantes de una familia fue arrastrada por un arroyo en la comunidad de La Cuesta, municipio de Talpa.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que dos menores murieron como consecuencia de la emergencia, mientras que otras tres personas permanecían desaparecidas.

México también mantiene la vigilancia sobre el comportamiento del sistema y sus posibles efectos en zonas como Baja California Sur y Sonora, de acuerdo con la información citada por el diario.

Aunque el huracán no representa una amenaza para Colombia, el Ideam mantiene activo el seguimiento de la temporada de ciclones tropicales de 2026 y fortaleció la preparación territorial, especialmente en la región Caribe.

¿Qué recomienda el Ideam durante un ciclón?

El Tiempo explicó que, aunque Polo no tendrá efectos directos sobre Colombia, las autoridades mantienen recomendaciones generales para la población ante la eventual llegada o influencia de otros sistemas tropicales.

Entre las principales medidas está buscar refugio durante las condiciones de riesgo y evitar permanecer en zonas abiertas cuando se presenten tormentas.

También se recomienda no ubicarse debajo de árboles ni cerca de estructuras metálicas altas, debido al riesgo que pueden representar durante una tormenta eléctrica.

El Ideam igualmente aconseja suspender actividades deportivas o cualquier otra actividad que se desarrolle al aire libre cuando se presenten tempestades.

Por ahora, el monitoreo de Polo no muestra una afectación prevista para Colombia. Sin embargo, la vigilancia de la temporada de ciclones tropicales continúa, especialmente en las zonas del Caribe que pueden estar expuestas a otros fenómenos meteorológicos.

El padre del senador, Miguel Uribe Londoño, fue más allá. En su cuenta de X responsabilizó de forma directa al expresidente Gustavo Petro, asegurando que este sabía del riesgo inminente para su hijo y que incluso se habría retirado protección con la supuesta complicidad del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). En entrevista con La FM, el padre de la víctima recalcó que "Robinson participó en la parte financiera, en el movimiento del dinero", detallando su presunta implicación. La Fiscalía, de acuerdo con datos de marzo pasado, habría emitido siete órdenes de captura contra jefes de la Segunda Marquetalia por su presunta relación con la autoría del crimen.

Se suma a este panorama la persistente polémica sobre una posible infiltración en el esquema de seguridad del senador asesinado. María Claudia Tarazona, según documentó El Espectador, informó a la Fiscalía desde el inicio de la investigación que sospechaba de una filtración de información sensible del entorno cercano de seguridad de Uribe Turbay, e incluso advirtió sobre un contacto guardado como "escolta del senador" en el celular de Élder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, cerebro logístico del crimen. La información fue respaldada por la declaración de un joven venezolano, alias "Churco", quien alegó que los datos que permitieron el ataque provenían de miembros del propio esquema de seguridad. Sin embargo, el padre del senador negó contundentemente esta versión, calificándola de infundada y parte de una supuesta cortina de humo.

La Fiscalía afirmó que no ha descartado ninguna línea de investigación, aunque señaló que las declaraciones del testigo adolescente presentaban contradicciones. Mientras tanto, la familia Uribe Turbay y su entorno cercano continúan solicitando avances, reclamando que se esclarezca el funcionamiento de las redes que permitieron el crimen y el papel de los distintos actores implicados.

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¿Quién era alias "Robinson Gutiérrez" y cuál era su vínculo con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay?

Alias "Robinson Gutiérrez", cuyo nombre real era Miguel Orlando Guzmán, era señalado integrante de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc comandada por "Iván Márquez". Según las autoridades y las declaraciones de Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Gutiérrez habría participado en la financiación y manejo de recursos logísticos que facilitaron el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La Fiscalía había emitido órdenes de captura contra varios jefes de este grupo, incluyéndolo a él, por su presunta responsabilidad directa en el crimen.

¿Qué versiones existen sobre una posible infiltración en el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay?

Existen dos versiones enfrentadas. María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, ha sostenido desde el inicio que el esquema de seguridad del senador pudo haber sido infiltrado, con pistas como la aparición de un contacto telefónico guardado como "escolta del senador" en el celular de un autor material del crimen. Sin embargo, Miguel Uribe Londoño, padre del senador, refutó esta hipótesis y afirmó que no existen pruebas contundentes de la participación de escoltas en la filtración. La Fiscalía, por su parte, aseguró seguir investigando todas las líneas, aunque encontró inconsistencias en los testimonios presentados.

Durante su intervención, De La Espriella profundizó en la situación de seguridad, resaltando, según reportes gubernamentales, que en agosto de 2026, comparado con agosto de 2025, el país experimentó caídas relevantes en los principales delitos: el secuestro disminuyó en 79 %, la extorsión en 62 % y las masacres en 58 %. El presidente sustentó estos datos como parte del balance de su primer mes de Gobierno, aclarando que corresponden a una comparación mensual específica.

Adicionalmente, la Operación Iron en Cali fue señalada como un logro, destacando la participación de más de 1.200 miembros del Ejército y la Policía en un operativo que impactó siete estructuras delincuenciales, con 85 capturas, según la última actualización. Simultáneamente, informó sobre ofensivas en la región Caribe contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), operación que dejó 23 capturados, varios patrullajes y la recuperación de la movilidad entre Santa Marta y Riohacha. Asimismo, anunció una recompensa sustancial por información que permita ubicar a Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’.

La extradición de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, cabecilla de los Comandos de Frontera, efectuada el 25 de septiembre a pedido de la justicia de Estados Unidos, fue otro de los hitos destacados, así como la crítica a la condición de gestor de paz que ostentó durante el gobierno anterior.

En materia judicial, De La Espriella pidió que la justicia considere, bajo lo previsto en el Código Penal, negociaciones con procesados por corrupción que ayuden a esclarecer la responsabilidad de otros involucrados, enfatizando que la potestad de conceder beneficios reside exclusivamente en las autoridades judiciales.

Finalmente, la recuperación educativa tras el terremoto del 10 de agosto fue parte del balance, con un reporte de cobertura educativa restablecida para el 99,3 % de los estudiantes afectados. El presidente defendió la protesta pacífica universitaria, pero rechazó los actos de violencia. Cerró su intervención mencionando la participación del vicepresidente en la Asamblea General de Naciones Unidas.

¿Qué implica que Colombia dialogue con el FMI sobre su crisis fiscal?

De acuerdo con Presidencia, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como medida para enfrentar la situación fiscal actual, catalogada como la peor en la historia del país. Esto significa que el Gobierno busca explorar alternativas técnicas y financieras, pero no implica aún la toma de un préstamo, ya que el proceso se encuentra en una fase preliminar de análisis y opciones.

¿Cuáles son los resultados de seguridad destacados por Abelardo De La Espriella en su primer mes?

Según el balance oficial presentado por la Presidencia, los indicadores de seguridad en Colombia durante agosto de 2026, frente a los de agosto de 2025, muestran disminuciones en secuestros, extorsiones y masacres. Estos resultados, junto con las operaciones en Cali y la región Caribe, forman parte de los principales logros de su primer mes de gobierno en materia de lucha contra el crimen organizado y la violencia.

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De acuerdo con lo informado por la Presidencia, estos operativos cuentan con la participación de aproximadamente 2.500 efectivos de la Fuerza Pública, desplegados con patrullajes, controles viales y respaldo aéreo. Entre los cabecillas que son blanco de las autoridades además de ‘Pinocho’, se encuentran alias ‘200’ y Orlando Pérez Ortega, alias ‘Patilizo’. Cabe señalar que en los procedimientos realizados fueron incautados cocaína, munición, teléfonos celulares, panfletos de carácter intimidatorio y una suma mayor a $29 millones en efectivo. Entre las personas capturadas figura Yolima Johana Murgas Guzmán, señalada como compañera sentimental de ‘Pinocho’.

El reporte oficial resalta que la ofensiva se intensificó luego de la operación del 21 de septiembre contra José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, identificado por el Gobierno como segundo al mando y encargado de las finanzas de la estructura armada. En ese procedimiento, según la Presidencia, murieron siete integrantes de las ACSN y tres más fueron capturados. Además, dos días más tarde, el presidente ordenó el traslado de 76 personas privadas de la libertad, presuntamente con nexos con el grupo, a cárceles de máxima seguridad de Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico.

La preocupación por la expansión de las ACSN no solo se ha centrado en Magdalena y La Guajira, sino también en el Cesar. Así lo señala la Alerta Temprana 020-25, emitida el 2 de diciembre de 2025 por la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre el riesgo presente en municipios como Bosconia, El Copey, El Paso, Pueblo Bello y Valledupar, en relación con los intereses del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las propias ACSN sobre territorios estratégicos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, aunque han circulado mensajes y panfletos en estos municipios, autoridades locales y organismos de inteligencia han descartado amenazas directas y han identificado algunos comunicados como falsos, aunque solicitan mantener la vigilancia ante cualquier novedad.

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¿Qué significa ACSN y cuál es su presencia en Magdalena, La Guajira y Cesar?

ACSN corresponde a Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una estructura armada que, según la Defensoría del Pueblo y reportes del Gobierno, mantiene redes de control y riesgo en municipios de Magdalena, La Guajira y Cesar, como lo señalan los operativos y la Alerta Temprana 020-25, especialmente en zonas estratégicas de la Sierra Nevada de Santa Marta y áreas de influencia.

¿Por qué las autoridades ofrecen recompensa por alias ‘Pinocho’ y quiénes han sido capturados?

La recompensa por alias ‘Pinocho’ responde a su papel como principal cabecilla buscado de las ACSN y la importancia de desarticular la estructura criminal. Según la Presidencia y declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella, hasta ahora han sido capturadas 23 personas, incluyendo allegados y roles clave dentro del grupo, con el objetivo de debilitar sus mandos y finanzas en la región.

En el proceso, la jueza precisó que Castillo hablaba desde su propia vivencia, y explicó —de acuerdo con el expediente— que para mantener el cargo de calumnia era necesario probar que Castillo sabía que sus afirmaciones sobre el acoso sexual eran falsas y, aun así, optó por hacerlas públicas para afectar a Morris. Al no encontrar ese sustento probatorio y descartar que las amenazas estuvieran atribuidas directamente al exconcejal, la jueza cerró el caso en casi su totalidad. Según lo expresado en El Espectador, la fiscal general Luz Adriana Camargo ya había anticipado la importancia del caso por tratarse de un ejemplo de las dificultades que enfrentan periodistas a la hora de denunciar violencia de género y acoso en ambientes laborales tóxicos, y la facilidad con la que pueden ser procesados penalmente.

El caso tomó otra dimensión por el escrache, término jurídico —incluido en sentencias de la Corte Constitucional citadas por el juzgado—, que se reconoce como una forma de denuncia pública para exponer violencias de género, amparada por la libertad de expresión. De acuerdo con la jueza Ortiz Rassa, cuyas conclusiones recoge El Espectador, no se le puede exigir a una mujer que hace pública su historia los mismos requisitos de veracidad que a un periodista o a un tercero. Aunque la relación laboral de Castillo con Morris no fue formal, el juzgado aceptó que existía un vínculo de apoyo y voluntariado que la inserta en el entorno político del exconcejal.

Sin embargo, la acusación por calumnia relacionada con el supuesto atropellamiento seguirá en juicio, dado que implica hechos concretos e inconsistencias en el relato de Castillo que solo pueden aclararse en un juzgado.

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¿Por qué fue eximida Lina Marcela Castillo de los cargos por injuria y calumnia en su denuncia contra Hollman Morris?

Lina Marcela Castillo fue eximida de los cargos de injuria y calumnia porque la jueza consideró que sus denuncias públicas sobre acoso sexual se basaban en experiencias personales y no había pruebas de que ella supiera que fueran falsas. Además, sus declaraciones están protegidas bajo el derecho fundamental a la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de denuncias sobre violencia de género, según sentencias recientes de la Corte Constitucional referenciadas por la jueza Ortiz Rassa.

¿Qué es el escrache y por qué fue relevante en el caso de Lina Marcela Castillo?

El escrache, de acuerdo con sentencias de la Corte Constitucional, es una forma de denuncia pública en la que una persona expone situaciones de violencia basadas en género para alertar a la sociedad. En el caso de Castillo, el escrache fue relevante porque la jueza señaló que quienes hacen este tipo de denuncias no deben cumplir los mismos estándares de veracidad o imparcialidad que periodistas o terceros, brindando protección reforzada a la libertad de expresión de las víctimas.

De acuerdo con el manual de funciones de la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría Regional de Instrucción es responsable de desarrollar actuaciones disciplinarias dentro de su correspondiente circunscripción territorial. El procurador regional, además, tiene la labor de dirigir todos los trámites de su dependencia y debe conocer las investigaciones disciplinarias hasta etapas relevantes, como la notificación del pliego de cargos o la eventual decisión de archivo de los procesos. Este cargo es de libre nombramiento y remoción, lo que significa que la autoridad competente puede designar o separar a la persona en cualquier momento según las necesidades del servicio.

En cuanto a su formación y experiencia, Mosquera Galvis es abogado egresado de la Universidad Santo Tomás, con especialización en Responsabilidad y Daño Resarcible. Se destaca su paso por la dirección de la Territorial Cesar-La Guajira de la Unidad para las Víctimas, donde lideró procesos de atención y reparación para personas afectadas por hechos violentos en ambos departamentos, posición a la que accedió en julio de 2019. Antes de eso, fue secretario de Gobierno del municipio de Pailitas, trabajó en el sector privado y también fungió como asesor de la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado Gestoras de Paz.

La trayectoria de Mosquera también incluye participación política. En 2018 aspiró a la Cámara de Representantes por Cesar como candidato del partido Centro Democrático. Posteriormente, en diciembre de 2025, figuró al comienzo como cabeza de lista cerrada del mismo partido para las elecciones legislativas de 2026, aunque poco después fue retirado tras una reorganización interna de la colectividad.

La llegada de Mosquera a la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar supone su retorno al sector público, donde se encargará de orientar la fase de instrucción en los procesos disciplinarios bajo la competencia de la Procuraduría en esa región.

¿Cuáles son las funciones principales de la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar?

La Procuraduría Regional de Instrucción tiene la responsabilidad de adelantar actuaciones disciplinarias en su territorio, dirigir los trámites de la oficina y conocer las investigaciones hasta fases fundamentales como la notificación del pliego de cargos o el archivo del caso, según lo establece el manual de funciones de la Procuraduría General de la Nación.

¿Qué experiencia profesional tiene Víctor Hugo Mosquera Galvis antes de asumir como procurador Regional de Instrucción?

Mosquera Galvis es abogado y especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible; ha sido director de la Unidad para las Víctimas Territorial Cesar-La Guajira, secretario de Gobierno de Pailitas y asesor de una asociación de mujeres víctimas del conflicto armado. Además, tuvo participación política como candidato y cabeza de lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes.

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(Vea también: Tres temblores sacudieron la noche de este jueves; primer sacudón fue “durísimo y largo”)

La obra fue presentada por la Gobernación del Chocó como una intervención destinada a fortalecer la conectividad aérea del municipio y dar mejores condiciones para el desarrollo de su actividad turística.

La primera etapa del proyecto incluyó la construcción de la terminal de pasajeros y el cerramiento perimetral de seguridad del aeropuerto.

Los recursos utilizados para esta fase provienen del Sistema General de Regalías, específicamente de la Asignación para la Inversión Regional del 40 %.

Así quedó la nueva terminal del aeropuerto de Bahía Solano

La infraestructura entregada corresponde al denominado lado tierra del aeropuerto, es decir, el área destinada a los procesos de atención y circulación de pasajeros antes y después de su paso por las zonas de control.

La nueva edificación tiene un nivel y fue construida con una estructura de acero y cubierta liviana. El proyecto también contempló cimentación profunda y rampas peatonales para facilitar el acceso. A esto se suma el cerramiento perimetral de seguridad incluido en esta primera etapa.

La Gobernación del Chocó señaló que la intervención busca mejorar las condiciones de quienes llegan y salen de Bahía Solano por vía aérea, en una zona cuya actividad económica tiene una fuerte relación con el turismo.

El municipio es reconocido por sus playas, selva, biodiversidad y actividades relacionadas con la naturaleza, por lo que la conectividad representa uno de los elementos relevantes para la llegada de visitantes.

Turismo y economía, entre las apuestas de la obra en Chocó

La administración departamental sostiene que la nueva terminal puede favorecer a diferentes sectores que dependen de la llegada de turistas al municipio.

Entre ellos están hoteles y otros establecimientos de alojamiento, restaurantes, guías turísticos, transportadores, lancheros, artesanos y emprendimientos locales.

La Gobernación presentó la intervención bajo el concepto ‘Alas Doradas del Pacífico’, con el que busca asociar la nueva infraestructura con los atractivos naturales y culturales de Bahía Solano.

La apuesta es que una infraestructura aeroportuaria con mejores condiciones contribuya a fortalecer la conexión del municipio con otros lugares y facilite el movimiento de visitantes.

La obra hace parte de una inversión departamental respaldada con recursos del Sistema General de Regalías.

Segunda etapa tendrá otros $ 12.478 millones

La intervención del aeropuerto no termina con la entrega de esta primera etapa.

La Gobernación informó que existe una segunda etapa, cuyo proyecto tiene un valor de 12.478 millones de pesos, destinada a la construcción de una base de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI).

Con esta infraestructura, la Gobernación del Chocó busca mejorar la operación aeroportuaria y fortalecer una de las principales puertas de entrada para quienes visitan Bahía Solano, municipio que tiene en el turismo uno de sus principales motores económicos.

La Supersalud también calcula una tasa de reclamaciones con base en los afiliados al sistema: Cesar reportó 170,1 reclamos por cada 10.000 afiliados y Valledupar, 183 por cada 10.000 para el mismo periodo. Es importante aclarar que este registro no incluye los reclamos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) indígenas, por lo que el total podría ser mayor. Aunque estas cifras evidencian la magnitud de la dificultad, la Superintendencia advierte que los datos no corresponden al total de pacientes en el denominado Plan de Choque, ya que varias reclamaciones pueden estar relacionadas a una sola persona y no todas estaban pendientes al inicio de la estrategia del Gobierno.

A nivel nacional, el Ministerio de Salud informó el 22 de septiembre que la primera fase del Plan de Choque afecta a 1.069.196 usuarios: más de 700.000 esperan medicamentos y otros 300.000 procedimientos médicos. Las EPS como Dusakawi, Famisanar, Nueva EPS, Coosalud y Asmet Salud han sido llamadas a identificar estos pendientes, gestionar los casos y garantizar la atención efectiva, es decir, no basta con autorizar sino con que la entrega de medicamentos o la realización de procedimientos sea comprobable. Ese mismo día, Supersalud lideró en Cesar una mesa técnica con prestadores y autoridades departamentales para revisar el manejo de deudas, cartera y pagos directos entre EPS e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Entre los asistentes estuvieron la secretaria de Salud del Cesar y el Hospital Regional José David Padilla Villafañe.

En cuanto a la financiación, el ministerio estableció un mecanismo especial de compra de cartera con 0 % de interés y un año de gracia dirigido a las EPS, limitado a las atenciones de la primera fase. Sin embargo, la deuda estimada solo con las 28 Empresas Sociales del Estado (ESE) públicas supera los $380.000 millones, cifra relevante para la región y que no contempla obligaciones con IPS privadas. Expertos y gremios del sector, como la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (UNIPS), insisten en diferenciar el monitoreo de los casos focalizados de la gestión del total de la deuda del sistema. La trazabilidad en el pago, la atención efectiva y el cierre de cada caso siguen siendo el mayor desafío para autoridades y prestadores de salud en el departamento.

¿Cuántos reclamos de salud se han presentado en el Cesar y Valledupar durante 2026?

Según el consolidado de la Superintendencia Nacional de Salud, entre enero y agosto de 2026 el departamento del Cesar sumó 20.222 reclamos en salud, de los cuales 9.192 corresponden a la ciudad de Valledupar. Solo en el mes de agosto, en Cesar se reportaron 2.252 nuevos casos y en Valledupar, 1.026 más.

¿Qué mecanismos propone el Gobierno para solucionar los reclamos en salud y el manejo de la deuda de las EPS?

El Ministerio de Salud, junto a la Supersalud y ADRES, implementó un plan de seguimiento que involucra mesas técnicas y un mecanismo especial de compra de cartera con 0 % de interés y un año de gracia. Este mecanismo está dirigido al manejo de pendientes relacionados con medicamentos y procedimientos priorizados en la primera fase. Asimismo, se exige trazabilidad y evidencia de atención efectiva, mientras gremios como UNIPS piden no mezclar la gestión de pacientes focalizados con el manejo global de la deuda del sistema.

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A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Tarazona agradeció al jefe de Estado por el resultado de la operación y relacionó el avance con la búsqueda de justicia por el crimen que terminó con la vida de su esposo.

“Gracias, presidente Abelardo. Con su determinación y voluntad, pronto se hará justicia por Miguel, Alejandro y toda la familia”, escribió la viuda.

El mensaje se conoció después del operativo adelantado en la vereda El Cadillo, zona rural de Tello, Huila, donde participaron el Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea. De acuerdo con lo informado por De La Espriella, alias ‘Robinson Gutiérrez’ murió durante la acción y otras tres personas fueron capturadas.

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¿Qué relación tendría alias ‘Robinson’ con el crimen?

El mandatario señaló a ‘Robinson Gutiérrez’ como cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia. Además, aseguró que el hombre estaba implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el papel que se le atribuye a ‘Robinson’ dentro del crimen estaría relacionado con la logística de financiamiento. Su muerte ocurre mientras las autoridades continúan investigando los distintos niveles de participación en el asesinato.

De La Espriella también manifestó que no dejará de exigir que se conozca toda la verdad sobre el crimen. En su reporte inicial, indicó que el resultado era preliminar y que la información continuaba en proceso de verificación.

La operación también fue presentada por el Gobierno como un golpe contra la estructura de la Segunda Marquetalia, a la que se le atribuyen actividades como extorsiones, amenazas contra campesinos y reclutamiento de menores en Huila y Caquetá.

Padre de Miguel Uribe pidió saber quién dio la orden

Después de conocerse la muerte de alias ‘Robinson’, Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, también reaccionó y señaló que todavía queda pendiente establecer quién estuvo detrás de la orden del crimen.

En declaraciones a Citytv, el padre de Miguel Uribe Turbay diferenció entre quienes habrían participado directamente en el ataque y quienes habrían determinado su ejecución.

“¿Quién dio la orden?”, preguntó Uribe Londoño durante la entrevista, al insistir en que todavía no se ha establecido públicamente y de manera probada quién o quiénes habrían impartido la instrucción.

El padre del senador también afirmó que alias Robinson habría participado en el movimiento de recursos relacionados con el asesinato. Esa afirmación corresponde a su versión sobre la investigación y deberá ser contrastada con las conclusiones de las autoridades judiciales.

Uribe Londoño, además, cuestionó el manejo que, según él, tuvo información de inteligencia durante el Gobierno anterior y lanzó señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro. Esas afirmaciones hacen parte de sus declaraciones y no constituyen por sí mismas conclusiones judiciales.

En otro pronunciamiento, el padre de Miguel Uribe Turbay agradeció a De La Espriella y a los integrantes de la fuerza pública que participaron en el operativo. También le pidió al mandatario mantener el compromiso de esclarecer quién ordenó el asesinato de su hijo.

La investigación, por ahora, continúa sobre los distintos actores que habrían participado en el crimen, incluido el papel que las autoridades atribuyen a alias Robinson.

De acuerdo con lo informado, De La Espriella defendió su decisión y argumentó que, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es parte de su deber liderar personalmente las acciones de respuesta ante amenazas de criminalidad. El mandatario destacó que no se mantendrá al margen en situaciones que representen un peligro para los ciudadanos, en especial, después del despliegue de seguridad realizado por su Gobierno luego de la muerte de alias ‘Cholo’.

Según la alocución presidencial del domingo 27 de septiembre, el presidente enfatizó en que la Constitución le otorga la facultad de emplear la “fuerza legítima” del Estado como respuesta directa a los grupos delincuenciales. Reiteró que asumirá la conducción de los operativos que sean necesarios para preservar la seguridad, subrayando que su presencia armada responde a un deber constitucional y no a un acto temerario.

De La Espriella también cuestionó a quienes, según él, difunden narrativas que favorecen a las organizaciones criminales, e hizo un llamado a la responsabilidad al comunicar estos hechos. Insistió en que continuará al frente de los operativos como máxima autoridad militar del país, ya que considera impostergable la defensa de los ciudadanos ante amenazas de criminalidad, siempre dentro de los parámetros permitidos por la Constitución y la ley.

Las declaraciones del presidente tuvieron lugar pocos días después de que el Gobierno implementó un amplio dispositivo de seguridad tanto en Santa Marta como en otras zonas del Caribe colombiano, tras nuevas acciones y amenazas vinculadas a las ACSN. En palabras de De La Espriella, “lo haré portando y usando, de ser necesario y conforme a la Constitución y la ley, las armas legítimas de la República”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué causó controversia que el presidente De La Espriella portara un arma durante patrullajes?

La controversia se generó porque no es habitual que un presidente colombiano participe directamente en patrullajes armado. La imagen de Abelardo De La Espriella con un arma en el cinto durante recorridos de seguridad fue cuestionada en sectores políticos y entre ciudadanos, quienes consideraron inusual ver al jefe de Estado asumir de manera tan directa tareas operativas junto a la Fuerza Pública.

¿Qué significa “fuerza legítima” según la Constitución colombiana y cómo la mencionó el presidente?

El término “fuerza legítima” hace referencia al derecho que tiene el Estado para emplear el uso de la fuerza, siempre que sea regulado y amparado por la Constitución y la ley. El presidente De La Espriella utilizó este concepto para justificar su accionar, señalando que responderá a los grupos delincuenciales mediante la fuerza que la Carta Magna le permite como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

En sus declaraciones, Zambrano afirmó que expuso en la publicación la cercanía política entre Hurtado y la alcaldesa Aranda, además de señalar supuestas investigaciones judiciales en curso contra el exalcalde. El concejal también mencionó el papel de Carolina Hurtado, esposa del exalcalde, a quien le atribuyó un rol visible y activo en la campaña electoral de Aranda. Según sus palabras, existió apoyo de varios integrantes del equipo de gobierno local de esa época para impulsar el proceso electoral en cuestión.

Zambrano insistió en que no permitirá que estas presiones frenen su labor política. Ratificó su intención de continuar con sus posturas críticas desde su posición en el Concejo de Ibagué y fue enfático al manifestar: “No nos van a censurar ni nos van a callar”, reafirmando su compromiso con la defensa de los intereses de los habitantes de la capital del Tolima.

Esta controversia no es nueva en el panorama político local. En 2024, de acuerdo con información publicada, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagué emitió un fallo en segunda instancia que ordenó al exalcalde Hurtado retractarse públicamente de anteriores afirmaciones hechas contra Zambrano. Según la decisión judicial, tales declaraciones vulneraban los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra del concejal, estableciendo así un antecedente en la relación entre ambos funcionarios.

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¿Por qué Andrés Zambrano afirma que Andrés Hurtado intenta censurarlo?

Andrés Zambrano sostiene que la solicitud formal del exalcalde Andrés Hurtado, en la que le pide retractarse y retirar un video publicado en redes sociales, constituye un intento de censura. Según Zambrano, ese video cuestionaba la relación política entre Hurtado y la actual alcaldesa, además de señalar investigaciones judiciales, por lo que eliminar ese contenido atentaría contra su derecho a expresar críticas y a ejercer control político.

¿Cuál es el antecedente judicial entre Andrés Hurtado y Andrés Zambrano?

El antecedente judicial entre ambos data de 2024, cuando el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagué ordenó a Andrés Hurtado retractarse públicamente de afirmaciones que habría realizado contra Zambrano. El tribunal consideró que tales afirmaciones vulneraron los derechos al buen nombre y honra del concejal, creando un precedente en el enfrentamiento entre ambos actores políticos.

La infraestructura penitenciaria abrirá sus puertas luego de los recientes avances logrados por la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, junto al Ejecutivo nacional.

“¡Cuando hay liderazgo, hay resultados! Por más de 6 años, la comunidad esperó la terminación del centro penitenciario. Hoy, gracias a la determinación del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, este proyecto por fin será una realidad”, aseguró la gobernante departamental.

A través de su cuenta personal de X, la dirigente regional confirmó la asignación de presupuestos requeridos para culminar completamente las obras del penal. Incluso, reveló fotos del sitio.

¡Cuando hay liderazgo, hay resultados!

Por más de 6 años, la comunidad esperó la terminación del Centro Penitenciario. Hoy, gracias a la determinación del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, este proyecto por fin será una realidad.

No solo se estableció la fecha… pic.twitter.com/Km3Fz0gOMx

— Margarita Guerra (@mmarguiguerra) September 27, 2026

Paralelamente, Guerra detalló la hoja de ruta institucional desarrollada para asegurar la pronta puesta en servicio de este recinto de reclusión.

La mandataria regional explicó que la culminación del proyecto responde a una labor persistente e interinstitucional desarrollada desde el comienzo de su administración departamental.

Inicialmente, la gobernadora de Magdalena expuso esta dificultad al ministro de Justicia, Iván Cancino, durante la jornada de su posesión oficial en el cargo gubernamental.

Más adelante, las autoridades hicieron una mesa técnica con el viceministro de Justicia, Carlos Eduardo Gónima Díaz-Granados, para evaluar las alternativas operativas disponibles.

El viernes anterior, la dirigente envió la solicitud formal al jefe de Estado para asegurar el respaldo definitivo a la infraestructura carcelaria regional.

Posteriormente, este sábado la mandataria inspeccionó el complejo penitenciario junto a su gabinete y al viceministro Gónima Díaz-Granados para acordar la fecha inaugural.

Finalmente, la gobernante confirmó que en los próximos días anunciará públicamente el día exacto de la apertura oficial de la cárcel.

Por otra parte, el pasado 14 de septiembre el presidente De La Espriella dio inicio al plan para edificar diez megacárceles en la geografía colombiana.

En esa fecha el jefe de Estado encabezó un encuentro en la sede de su Gobierno en Barranquilla junto a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y el ministro de Justicia, Iván Cancino.

Dicha cumbre directiva buscó trazar alternativas técnicas enfocadas en acelerar la construcción de los nuevos complejos carcelarios diseñados para el país.

¿Cuántas cárceles hay en Colombia?

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) administra actualmente 126 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional en todo el país.

Estos centros, conocidos como ERON, se distribuyen en 28 de los 32 departamentos del territorio colombiano.

Según cifras del propio INPEC, esos establecimientos se organizan bajo seis direcciones regionales que cubren distintas zonas geográficas.

Las regionales son central, occidente, norte, oriente, noroeste y Viejo Caldas, cada una con centros de reclusión asignados.

Además de los ERON nacionales, existen otros establecimientos administrados por entidades territoriales o por la Fuerza Pública.

Las cárceles departamentales, municipales y distritales suman 2.946 centros adicionales, según registros de la Fundación Acción Interna.

Los establecimientos de la Fuerza Pública, destinados a otros propósitos, alcanzan 430 espacios según la misma fuente.

Dentro del sistema nacional, existen también seis establecimientos exclusivos para reclusión de mujeres privadas de la libertad.

El director general del INPEC explicó recientemente que la capacidad instalada nacional ronda los 82.000 cupos disponibles.

Sin embargo, la población carcelaria actual supera esa capacidad, generando un hacinamiento cercano al 28 por ciento.

Esto representa una sobrepoblación aproximada de 22.000 personas privadas de la libertad dentro del sistema penitenciario nacional.

Solo dos cárceles del país tienen clasificación oficial de máxima seguridad, según informó El Tiempo previamente.

Esos establecimientos corresponden a las penitenciarías de Cómbita, en Boyacá, y Valledupar, en el departamento del Cesar.

Otras prisiones cuentan con pabellones especiales de máxima seguridad, aunque no ostentan esa categoría a nivel institucional.

En la última década, el INPEC cerró doce establecimientos penitenciarios, sin que ello redujera significativamente la capacidad nacional instalada.

Actualmente, 85 establecimientos tienen capacidad para menos de 500 cupos, según reportes técnicos publicados por la entidad.

El sistema penitenciario colombiano continúa enfrentando desafíos estructurales relacionados con infraestructura antigua y sobrepoblación carcelaria persistente.

Los quince establecimientos con mayor capacidad concentran actualmente el 54,4 por ciento de los cupos disponibles en el país.

En el mensaje público, la colectividad uribista resaltó su papel dentro del panorama político nacional, afirmando haber sido “la principal fuerza de renovación política en Colombia”. De acuerdo con el comunicado citado, el partido ha enfocado sus acciones en la defensa de la seguridad, el fomento de la inversión privada, el impulso de la economía fraterna, la gestión de políticas sociales y la austeridad estatal. Asimismo, subrayó el trabajo realizado en formación y promoción de nuevos liderazgos en diferentes regiones, lo que se ha traducido en una renovación sustancial dentro de sus representantes parlamentarios.

Las críticas de Enrique Gómez y Salvación Nacional no son nuevas. Desde la campaña presidencial han existido señalamientos donde se ha calificado a Uribe de “socialdemócrata” y se han marcado diferencias de fondo en temas como el rol y tamaño del Estado y el manejo de los impuestos. Frente a esos comentarios, el Centro Democrático sostiene que desconocen los hechos y resultados de las administraciones uribistas y niega que exista un “crecimiento desaforado del Estado” durante sus gobiernos.

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, también salió en defensa del expresidente Uribe, destacando su firmeza en defensa de la seguridad, la cohesión social y la confianza inversionista, y desestimando los ataques de quienes, en sus palabras, no comprenden su liderazgo. El debate entre las dos colectividades ocurre en un contexto de disputa por espacios dentro de la derecha, especialmente ante las elecciones regionales. Actualmente, Salvación Nacional cuenta con cinco curules en el Congreso, mientras el Centro Democrático tiene una presencia mayoritaria con 17 senadores y 30 representantes. La posibilidad de fusiones políticas entre Salvación Nacional, Defensores de la Patria y Creemos evidencia los movimientos internos que anticipan una fuerte competencia electoral.

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¿Cuál es el origen del conflicto entre el Centro Democrático y Salvación Nacional?

El conflicto ha surgido principalmente a partir de críticas de Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, quien ha lanzado señalamientos hacia Álvaro Uribe y el Centro Democrático durante la campaña presidencial y en el Congreso. Gómez ha calificado al expresidente de “socialdemócrata” y ha cuestionado temas centrales como el manejo del Estado y los impuestos, generando una respuesta contundente del grupo uribista, que rechaza dichas afirmaciones como alejadas de la realidad y defiende su gestión histórica.

¿Qué significa la ‘renovación política’ que menciona el Centro Democrático en su comunicado?

En el contexto del comunicado, el Centro Democrático se refiere a ‘renovación política’ como los esfuerzos realizados en la formación y promoción de nuevos liderazgos en las regiones, logrando así una actualización continua de sus representantes en el Legislativo. Esto implica un relevo generacional y una diversificación de perfiles que buscan fortalecer la presencia y la identidad del partido en el panorama político nacional.

Residentes de Pueblo Nuevo, consultados tras lo ocurrido, manifestaron su inquietud ante la reiteración de este tipo de delitos. Según relataron, estos incidentes no son aislados, ya que en los últimos meses se han presentado varios robos en la zona. Esta situación ha aumentado la sensación de inseguridad entre quienes habitan el sector y ha dado pie a una preocupación creciente por el nivel de vulnerabilidad en el que se sienten.

La comunidad de Pueblo Nuevo demanda que el caso sea investigado de manera eficaz y transparente para esclarecer los hechos y determinar quiénes fueron los responsables del robo que afectó a Diego Gutiérrez y a su familia. La reiterada presencia de delincuentes y la falta de respuestas efectivas han llevado a los habitantes a insistir en que es necesario tomar medidas que permitan garantizar la seguridad en la región. Hasta el momento, no se han reportado capturas ni avances oficiales en la investigación.

La percepción de inseguridad, reforzada por eventos como este, sigue siendo un tema de preocupación para los pobladores rurales, quienes sienten que la respuesta institucional ha sido insuficiente. La espera por resultados concretos y por una acción decidida de las autoridades ha llevado a que la comunidad permanezca alerta ante nuevos hechos que puedan vulnerar su tranquilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación de seguridad en la vereda Pueblo Nuevo de Guamo?

La vereda Pueblo Nuevo, en la zona rural de Guamo, enfrenta una creciente preocupación por varios robos reportados en los últimos meses. Vecinos indican que los hechos no son casos aislados, lo que aumenta la sensación de vulnerabilidad y exige respuestas de las autoridades para mejorar la seguridad en el sector.

¿Por qué es relevante el caso del tamalero Diego Gutiérrez en la zona?

El robo a Diego Gutiérrez, conocido tamalero de Pueblo Nuevo, ha tenido impacto en la comunidad por la visibilidad del afectado y porque el hecho ocurrió durante una reunión familiar significativa. Este caso resalta el temor de los habitantes y refuerza su llamado para que se investigue y se tomen medidas que protejan a los residentes.

La captura ocurrió en Sabana de Torres y fue confirmada por el presidente Abelardo De La Espriella. Las dos mujeres son esposa e hija de alias ‘Fito’, quien fue extraditado a Estados Unidos y es señalado como uno de los principales líderes de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros.

En medio de la atención que provocó la captura, volvió a circular una publicación que Michelle había compartido después de la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, quien murió en una operación en La Guajira.

Curiosa publicación que hizo Michell Macías, hija del poderoso narcotraficante ecuatoriano alias Fito, capitana en las últimas horas en Santander. La publicación corresponde al día en que fue asesinado Bendito Menor, a quien agradece la hospitalidad con su padre, hoy preso en… pic.twitter.com/AQnY4Vf8tR

— Diana Saray – EnLaDiana (@DianaSaray) September 28, 2026

La hija de alias Fito publicó en su cuenta de X una fotografía en la que aparecían su padre y Bendito Menor dentro de un vehículo. En la imagen, el colombiano sostenía una caja llena de dólares mientras vestía una camiseta negra, y alias ‘Fito’ aparecía con un buzo azul.

Michelle acompañó la fotografía con un mensaje dedicado al jefe criminal colombiano: “Eterno, mi amigo Bendito Menor. Gracias por haberle dado la mano a mi papá cuando estuvo contigo. Descansa en paz”.

Tras conocerse la captura de Michelle, la publicación volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, especialmente por la relación que evidencia entre integrantes de estructuras criminales de distintos países.

#Internacionales #Colombia
Otros videos de la captura de la esposa y la hija de alias “Fito” en el departamento de Santander durante un operativo conjunto entre la Policía del Ecuador, con apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas colombianas además del FBI. pic.twitter.com/601GI5WgZf

— Minuto & Medio (@MinMedio) September 28, 2026

Cabe mencionar que las dos mujeres son requeridas por la justicia ecuatoriana por el delito de lavado de activos. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reaccionó a la operación y destacó la coordinación entre las autoridades de ambos países.

Noboa escribió en X: “Ellas están llamadas a juicio por lavado de activos para Los Choneros. El dinero que compra armas, paga sicarios y sostiene extorsiones. Es la estructura con la que aterrorizan a las familias ecuatorianas”.

Finalmente, las autoridades adelantan el proceso correspondiente para trasladar a las dos mujeres hacia Ecuador, donde deberán responder ante la justicia por los señalamientos que pesan en su contra.

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Este año, el escenario deportivo tendrá lugar en Anapoima, a tan solo 2 horas de Bogotá. En esta ocasión se realizarán cinco carreras repartidas en dos días: el sábado 21 se correrá en horas de la tarde en un circuito iluminado, y el día domingo 22, los corredores iniciaran en la madrugada su recorrido de 21K.

Luego del éxito de las dos últimas ediciones de la carrera, la primera, en Zipaquira, y la segunda, en Girardot, la entidad territorial anunció este año su tercera edición en Anapoima con un video recreativo en el que un par de tenis toman vida propia y realizan el recorrido, llamando la atención de más corredores, entre ellos el propio gobernador Jorge Rey, e invitando a todos los interesados a inscribirse.

 

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“Es la única Media Maratón impulsada por un gobierno y lo que pretende es seguir promoviendo la marca región: Cundinamarca, la Leyenda del Dorado Vive. Es un evento donde tenemos múltiples experiencias y este 21 y 22 de noviembre tendremos nuestra Media Maratón. El 30% de las inscripciones irán para las víctimas o damnificados del terremoto del 10 de agosto”, comentó el gobernador Rey en la apertura oficial de inscripciones

¿Cuáles son las modalidades que habrá en la Media Maratón de Cundinamarca 2026?

• Cinco kilométros familiar: se realizará el sábado 21 de noviembre a partir de las 7:00 p. m. y contará con el circuito iluminado. Iniciará en la carrera 5 entre calles 14 y 15. Contará con tres puntos de hidratación y los niños podrán participar desde los 8 años en adelante con la compañía de un acudiente.
• Cinco kilométros Silla de ruedas: se realizará el sábado 21 de noviembre a partir de las 5:00 p. m. y es la única categoría para personas en silla de ruedas. La salida será en la carrera 5 entre calles 14 y 15. La edad mínima para participar es de 18 años en adelante. Contará con tres puntos de hidratación.
• Diez kilométros: se realizará el domingo 22 de noviembre a partir de las 8:30 a. m. y la salida será en la carrera 5 entre calles 14 y 15. El tiempo límite para completar el circuito será de 2 horas, contará con cinco puntos de hidratación y la edad mínima para participar es a partir de los 18 años.
• Media maratón: se realizará el domingo 22 de noviembre a partir de las 5:30 a. m., iniciará en la carrera 5 entre calles 14 y 15, recorriendo la vía que conduce de Anapoima a La Mesa. El tiempo límite para finalizar el circuito es de tres horas y contará con nueve puntos de hidratación. La edad mínima para participar es de 18 años.
• Canicross con mascota: se correrán 3 kilométros y se realizará el sábado 21 de noviembre a partir de las 6:00 p. m., iniciará en la carrera 5 entre calles 14 y 15. Los interesados en participar en esta modalidad deberán llevar con su mascota un arnés de tiro, línea amortiguadora y cinturón. Mascotas permitidas desde 1 año, con carné de vacunación vigente. No se permiten collares de ahorque ni correas rígidas. Los menores a partir de los 12 años pueden participar con su mascota y un adulto responsable. Habrá dos puntos de hidratación y bebedero canino.

Para inscripciones y más información acerca de la carrera y los recorridos disponibles, puede consultarlo en la página oficial de la Gobernación de Cundinamarca.

¿Cuánto cuesta inscribirse en la Media Maratón de Cundinamarca 2026?

Para los interesados en inscribirse a esta tercera edición de la Media Maratón de Cundinamarca y que se realizará en Anapoima, hay una tarifa única de $ 80.000 para todas las distancias. No es reembolsable. La puede adquirir en la página oficial de la Gobernación de Cundinamarca.

¿Qué incluye la inscripción?

• Camiseta oficial: tela técnica, tallaje unisex y femenino.
• Número y chip: cronometraje electrónico con tiempo neto.
• Medalla finisher: al cruzar la meta, en todas sus modalidades.
• Servicios en ruta: hidratación, atención médica y guardarropa.

El cupo se asegura con el pago, no con el formulario.

Alojamiento, gastronomía y el municipio

Para la competencia, Anapoima cuenta con una amplia oferta de alojamiento, con más de 30 hoteles, hospedajes y establecimientos turísticos, además de fincas y casas de recreo disponibles para los visitantes. La jornada también contará con una oferta comercial y gastronómica que permitirá a participantes y acompañantes disfrutar de los productos, servicios y restaurantes que hacen parte de la actividad turística del municipio.

Todos los servicios podrán ser consultados en la Guía del Atleta, que se encuentra habilitada en la página del evento y la aplicación de la competencia.

Anapoima, ubicado en la provincia del Tequendama, es uno de los principales destinos turísticos y de descanso de Cundinamarca, reconocido por su clima cálido y seco, con temperaturas promedio entre 24 °C y 28 °C.

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El municipio se encuentra aproximadamente a dos horas de Bogotá y cuenta con conexión por las principales vías de acceso desde la capital, especialmente a través de Soacha y La Mesa.

La emergencia movilizó a los organismos de socorro hasta el lugar del accidente, donde se confirmó el fallecimiento de tres personas. De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, el impacto entre los vehículos habría ocurrido durante las primeras horas de la mañana, aunque las autoridades continúan recopilando información para establecer con exactitud cómo se produjo el choque.

El accidente generó la atención de los organismos de emergencia, que llegaron al sector para atender a las personas afectadas por la colisión.

¿Qué se sabe del accidente en la vía Cali-Puerto Tejada?

Según el reporte preliminar, el siniestro ocurrió en el corredor vial que conecta a Cali con Puerto Tejada, específicamente en el sector de El Hormiguero.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, estuvieron involucradas dos motocicletas y un vehículo. La fuerte colisión dejó como saldo tres personas fallecidas, quienes, según la información disponible hasta el momento, perdieron la vida en el lugar de los hechos.

Integrantes de los Bomberos Voluntarios llegaron al sitio para atender la emergencia y prestar los primeros auxilios a algunas de las personas afectadas. Por ahora, no se han establecido públicamente todos los detalles relacionados con las víctimas, las condiciones en las que se movilizaban los vehículos ni la secuencia exacta de los acontecimientos.

Las autoridades adelantan las labores correspondientes para reconstruir lo ocurrido y determinar qué circunstancias rodearon el accidente de tránsito. Uno de los aspectos que permanece bajo investigación es la posible causa de la colisión entre las dos motocicletas y el vehículo. Entre las hipótesis que deberán ser verificadas se encuentran una posible imprudencia en la vía y el exceso de velocidad. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita establecer que alguno de estos factores haya provocado el siniestro.

El accidente también ha puesto la atención sobre las condiciones del corredor vial en el sector de El Hormiguero, donde usuarios en redes sociales han señalado diferentes dificultades para quienes transitan por la zona.

Entre los aspectos mencionados se encuentran la escasez de iluminación, los daños en la capa asfáltica y lo angosto de la vía para el tránsito vehicular.

El primer hecho se presentó en las primeras horas del día en la rotonda de la Variante Sur, zona bajo jurisdicción de Ciénaga. Allí, Soto González fue abordado por varios sujetos que le propinaron heridas con armas blancas y lo agredieron con golpes y objetos contundentes. Pese a que fue auxiliado y trasladado de inmediato a la ESE Hospital San Cristóbal de Ciénaga, las lesiones resultaron mortales y el hombre perdió la vida en el centro médico.

Mientras la familia de las víctimas en Valledupar intentaba comprender lo sucedido, surgía la incertidumbre por el paradero de Cindy Natalys Peña Mendoza, quien había sido vista por última vez junto a su compañero sentimental y se encontraba desaparecida. Posteriormente, la Policía Metropolitana de Santa Marta informó sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en la Vía Alterna al Puerto, específicamente en el sector Los Alcatraces. Al realizar la inspección, las autoridades confirmaron que se trataba de Peña Mendoza. El cuerpo presentaba muestras claras de violencia y heridas provocadas con arma de fuego, según los detalles conocidos del caso.

Las investigaciones, a cargo de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, buscan determinar tanto la relación entre ambos homicidios como las circunstancias en las que ocurrieron. Entre las hipótesis, se analiza si Peña Mendoza fue trasladada desde el lugar donde fue atacado Soto González y si los responsables de ambos crímenes son los mismos. Las autoridades avanzan con la recopilación de información y el análisis de cámaras de seguridad en los corredores viales que conectan Ciénaga y Santa Marta, con la meta de esclarecer lo sucedido.

Por ahora, los cuerpos serán trasladados a Valledupar para su sepelio, mientras sus familiares mantienen la esperanza de que la verdad salga a la luz y que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia.

¿Qué avances han logrado las autoridades sobre el caso de la pareja de Valledupar asesinada entre Ciénaga y Santa Marta?

Las autoridades, incluido el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y la Sijín, continúan adelantando las diligencias para esclarecer las circunstancias y establecer la posible relación entre ambos homicidios. De acuerdo con la información revelada, se encuentran analizando cámaras de seguridad y realizando investigaciones en los corredores entre Ciénaga y Santa Marta para identificar a los responsables.

¿Qué líneas de investigación siguen en los homicidios de Andy Soto y Cindy Peña?

Según los reportes conocidos, las autoridades manejan varias hipótesis, entre ellas si Cindy Natalys Peña Mendoza fue trasladada desde el sitio del ataque inicial hasta el lugar donde apareció su cuerpo y si los homicidas de ambos casos serían los mismos. Las investigaciones incorporan el análisis de movimientos en las rutas viales y la búsqueda de pruebas materiales que permitan reconstruir los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Según los reportes de las autoridades, el ataque se desarrolló con el uso de drones cargados de explosivos y ráfagas de armas de largo alcance. En el operativo participaron estructuras de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), las cuales operan activamente en esa región. El Comando del Ejército Nacional informó, tras estos hechos, que integrantes del grupo armado se llevaron el cuerpo del soldado fallecido, lo que generó una búsqueda orientada a recuperarlo.

La recuperación se concretó este lunes en el corregimiento de Huisitó, dentro de la jurisdicción de El Tambo. Allí, el frente Carlos Patiño—identificado como parte del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas de las Farc-Ep (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia—Ejército del Pueblo)—realizó la entrega oficial del cuerpo a una delegación del CICR. Durante el procedimiento estuvieron presentes miembros de la comunidad local y representantes del grupo armado. Uno de estos últimos leyó un comunicado en el cual se expresó que devolver el cuerpo era, según su declaración, un "acto de respeto hacia el militar fallecido", con el objetivo de que este pudiera ser trasladado a sus familiares y así ser despedido adecuadamente.

Mientras las autoridades desarrollan los protocolos requeridos para el traslado, en Valencia de Jesús los allegados del soldado mantienen la esperanza de su llegada. Torres Herrera conservaba una relación cercana con su tierra natal, donde transcurría sus periodos de descanso en compañía de su pareja sentimental y sus hijos. El retorno del cuerpo permite ahora a su familia y a la comunidad llevar a cabo los actos fúnebres y los honores militares en su memoria.

¿Quién era Ídel José Torres Herrera y cuál fue su papel en el conflicto de Cauca?

Ídel José Torres Herrera era un soldado profesional originario del corregimiento de Valencia de Jesús, en Valledupar. Según la información suministrada, permanecía en esa región durante sus descansos familiares. Torres Herrera cayó durante enfrentamientos violentos en la zona rural de El Tambo, Cauca, en un operativo en el que el Ejército Nacional fue atacado por disidencias armadas que emplearon drones explosivos y armas de largo alcance.

¿Por qué el CICR intervino en la entrega del cuerpo de Ídel José Torres Herrera?

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) participó como intermediario en la entrega del cuerpo debido a su labor humanitaria y neutral, que facilita este tipo de procesos en contextos de conflicto armado. En este caso, el CICR recibió formalmente el cuerpo del soldado en el corregimiento de Huisitó, según lo estipulado por los procedimientos internacionales para la restitución digna a la familia, desarrollándose en presencia de la comunidad y de los integrantes del grupo armado del frente Carlos Patiño.

La víctima mortal fue identificada como Alejandro Taborda, conductor de la buseta. De acuerdo con los primeros testimonios reunidos por esta redacción, fue él quien falleció en el acto a causa de la fuerza del impacto, pues, según el relato de un testigo, quedó atrapado entre el volante y los asientos posteriores. Esta apreciación la aportó una persona que presenció la colisión y que, en sus palabras entregadas a este medio, aseguró que “fue que el de la buseta invadió el carril”, sugiriendo que la buseta pudo haber invadido el espacio opuesto en la vía y provocado el choque frontal.

Como resultado del accidente, el conductor del camión también sufrió lesiones graves. El siniestro obligó a movilizar equipos de emergencia para su traslado inmediato a un centro médico, donde lucha por su vida. Además, una joven que acompañaba a Alejandro Taborda en la buseta permanece bajo atención hospitalaria por la gravedad de sus heridas, lo que eleva la lista de afectados a tres personas: una fallecida y dos en delicado estado de salud.

El choque dejó daños materiales considerables, sobre todo en la parte delantera de la buseta, que quedó destruida tras el fuerte golpe, como mencionó el testigo. La reconstrucción detallada de los hechos y la responsabilidad en este siniestro aún deben ser determinadas por las autoridades encargadas, quienes analizarán la versión inicial entregada por quienes presenciaron el desafortunado evento. Por ahora, la hipótesis sobre la invasión de carril por parte de la buseta es una apreciación preliminar y será contrastada con el informe oficial, para clarificar cómo sucedió exactamente el accidente fatal.

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¿Quién era Alejandro Taborda, el conductor fallecido en el accidente en la vía Chicoral - El Espinal?

Alejandro Taborda era el joven que manejaba la buseta involucrada en el accidente. De acuerdo con la información aportada por un testigo, él quedó atrapado entre el volante y los asientos, lo que causó su muerte de forma inmediata.

¿Qué se sabe sobre las causas del choque entre la buseta y el camión en Chicoral?

Según la versión preliminar entregada por un testigo, la buseta habría invadido el carril contrario, lo que provocó el choque frontal con el camión. Sin embargo, esta información debe ser verificada por las autoridades con base en las evidencias y los informes oficiales.

La alcaldía señala que la suspensión de estos eventos multitudinarios tiene el objetivo de evitar grandes concentraciones de personas, lo que podría dificultar la reacción y protección ciudadana frente a alguna emergencia originada por la actividad sísmica. Al mismo tiempo, se busca reducir factores de riesgo y facilitar el trabajo efectivo de las autoridades y organismos de socorro, manteniendo todos los protocolos de atención activados para garantizar respuesta inmediata si la situación lo requiere.

Junto con la cancelación de las festividades, se establecieron medidas extraordinarias para el fin de semana siguiente. Las autoridades ordenaron el cierre obligatorio de los establecimientos comerciales a partir de las 11:00 de la noche, horario en el que inicia, además, la Ley Seca. Esto implica la prohibición de consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y también la implementación de restricciones sobre los niveles de ruido dentro de las viviendas. La razón de estas restricciones, de acuerdo con la Alcaldía, es facilitar la percepción temprana de cualquier señal o alerta relacionada con movimientos sísmicos por parte de los residentes.

La administración municipal enfatizó que estas acciones no buscan aumentar la preocupación de los habitantes, sino más bien permitir que el personal de salud, organismos de socorro y la Policía estén listos y con condiciones óptimas para atender cualquier eventualidad. Finalmente, recomendaron a la población mantener la calma, contar con un kit de emergencias preparado y consultar únicamente información que provenga de fuentes oficiales, mientras continúe el monitoreo minucioso de la actividad sísmica en la zona.

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¿Por qué se cancelaron las Ferias y Fiestas en Roncesvalles Tolima en 2026?

La cancelación de las Ferias y Fiestas en Roncesvalles para el año 2026 fue definida por la Alcaldía con fundamento en la preocupación por el enjambre sísmico activo en el sur del Tolima. La medida busca evitar aglomeraciones y minimizar riesgos ante posibles emergencias, garantizando así la seguridad de los participantes y la efectividad de los protocolos de atención, tal como lo dispuso el Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

¿Qué es la Ley Seca y cómo se aplica durante la alerta sísmica en Roncesvalles?

La Ley Seca significa la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. En el contexto de la alerta sísmica en Roncesvalles, la medida se aplica a partir de las 11:00 de la noche durante el fin de semana, junto a restricciones de ruido y cierre temprano de establecimientos, con el fin de facilitar la reacción ante cualquier emergencia relacionada con la actividad sísmica.

En el Senado, será la Comisión Primera la que tendrá uno de los temas más sensibles de la agenda: la discusión del proyecto que busca "establecer una revisión automática judicial para miembros de la fuerza pública sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz". El proyecto, respaldado por el partido Centro Democrático, propone que el Tribunal Superior Militar y Policial sea el encargado de esta revisión, lo que podría confirmar, modificar o revocar las decisiones iniciales sobre los uniformados sancionados.

Otro proyecto que llegará a la Comisión Primera busca modificar la Constitución para incluir entre las funciones del Senado la atribución de "autorizar al Gobierno para declarar la suspensión o ruptura de relaciones con otros Estados". En la ponencia, se menciona la decisión, tomada el 24 de mayo de 2024, por el entonces presidente Gustavo Petro, quien resolvió cortar relaciones internacionales de manera unilateral, sin consulta previa a otras instancias estatales ni evaluación institucional de los efectos en temas económicos, comerciales o de seguridad.

Por su parte, la Comisión Accidental Bicameral para el Seguimiento y Acompañamiento a la Atención de los damnificados del terremoto en San José del Palmar, Chocó, tiene cita con varios altos funcionarios, entre ellos Miguel Gómez (ministro de Hacienda), Paola Holguín (ministra de Cultura) y Juan Camilo Ostos (director de Invías), para evaluar la respuesta institucional a la emergencia.

En la Cámara de Representantes, están programados varios debates de control político. Uno de los más destacados será la presentación de Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ante la Comisión Segunda, para exponer las necesidades presupuestales de la entidad con miras a 2027. Además, la situación de la crisis energética en La Guajira será motivo de informe y análisis, así como la reanudación de la aspersión con glifosato, tema que abordarán ministros de Defensa, Justicia, Ambiente y Salud, convocados a la Comisión Quinta, según la misma fuente.

¿Cuáles son los proyectos legislativos que presentará el gobierno de Abelardo de la Espriella en el Congreso?

El gobierno de Abelardo de la Espriella llevará al Congreso varios proyectos, entre ellos una iniciativa para la revisión judicial automática de sanciones impuestas a miembros de la fuerza pública por la Jurisdicción Especial para la Paz y otra reforma constitucional que busca otorgar al Senado la atribución de autorizar rupturas o suspensiones de relaciones estatales.

¿Qué entidades rendirán cuentas sobre el presupuesto y qué temas serán tratados en las comisiones?

Funcionarios de entidades como la Unidad Nacional de Protección, Colpensiones, Ministerios de Hacienda, Cultura, Minas, Vivienda, entre otros, asistirán al Congreso para debatir el presupuesto, responder inquietudes sobre la crisis energética en La Guajira, atender emergencias por desastres naturales y explicar la reactivación de la aspersión con glifosato.

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La importancia de la Autopista Sur radica en su función como eje de conexión vital: diariamente, miles de personas que residen en Soacha y trabajan o estudian en Bogotá transitan por allí, junto a vehículos de carga pesada y viajeros que enlazan la capital con Cundinamarca y otras regiones. Este tránsito mixto de automóviles, motocicletas, buses y camiones comparte espacio con pasos peatonales y cruces urbanos, incrementando los riesgos, especialmente en los tramos donde se puede alcanzar alta velocidad. Factores como maniobras peligrosas, distracciones, cruces indebidos y el exceso de velocidad destacan como detonantes de los siniestros, pero también surge la necesidad de revisar aspectos de la infraestructura, señalización e iluminación.

La experiencia en el corredor indica que, aunque se logre reducir la cantidad de choques, ello no garantiza menores consecuencias fatales. En los cinco años estudiados, se evitaron más de 650 incidentes, pero la cifra de fallecidos creció, marcando el desafío de no solo reducir la frecuencia, sino la gravedad de los hechos que sí ocurren. Para enfrentar este contexto, se requieren acciones integrales: mejorar la infraestructura, reforzar los controles de tránsito, identificar los puntos más peligrosos y aplicar campañas pedagógicas.

La tendencia en la Autopista Sur se refleja también en Bogotá. Según El Espectador, entre enero y abril de 2026 se produjeron 230 muertes por siniestros viales en la capital, un 20 % más que en el mismo periodo del año anterior. Motociclistas y peatones lideran las estadísticas de víctimas fatales, siendo el grupo más golpeado los hombres adultos y los jóvenes motorizados. Los análisis oficiales muestran que el 71 % de estas muertes ocurre en vías principales y, en el 62 % de los casos, hay una motocicleta involucrada.

Las acciones para disminuir la letalidad del corredor deben ser conjuntas entre Soacha y Bogotá, priorizando la vida sobre la mera reducción de incidentes y asegurando la protección de quienes están más expuestos en una autopista que trasciende límites administrativos.

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¿Por qué aumentaron las muertes en accidentes de tránsito en la Autopista Sur pese a la reducción de siniestros?

La principal explicación, según datos de El Espectador, es que aunque bajó el número total de accidentes, la proporción de hechos graves se mantuvo o creció. Esto podría estar relacionado con factores persistentes como el exceso de velocidad, maniobras riesgosas, cruces indebidos y debilidades en infraestructura que afectan especialmente a los actores vulnerables. Por eso, el descenso en choques no significa automáticamente menos víctimas mortales.

¿Cuáles son los factores que más inciden en accidentes fatales en la Autopista Sur y Bogotá?

De acuerdo con las cifras recogidas, el exceso de velocidad, la circulación peligrosamente entre vehículos y la presencia de motocicletas en vías principales sobresalen como los principales factores. Además, problemas de señalización, iluminación y cruces deficientes agravan la vulnerabilidad de peatones y motociclistas, que concentran la mayor parte de las muertes reportadas en los últimos años.

Las conversaciones se remontan a febrero de 2023 y dan indicios, según lo publicado por Cambio, de la influencia ejercida desde la Presidencia para promover la llegada de López a cargos directivos. En un principio, Fernández habría gestionado la designación de López en la Superintendencia de Economía Solidaria, aunque finalmente el nombramiento fue revocado en abril de ese año. Más adelante, López asumió la dirección de la Ungrd el 28 de febrero de 2023, en un cargo que dependía directamente de la confianza del presidente y su círculo más cercano.

Otra serie de chats corresponde a diciembre de 2023, luego de la posesión de Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, el 15 de ese mes. Destaca una conversación del 20 de diciembre, después de que la Contraloría ratificara una suspensión provisional contra López, en la que ambos concertaron un encuentro, aparentemente en el despacho del magistrado. El 28 de diciembre, Fernández insistió en una nueva reunión enviando el mensaje "Veámonos en Presidencia", aunque no tuvo respuesta.

En enero de 2024, según la revista Cambio, Fernández y López habrían planeado otro encuentro, esta vez en el apartamento de Irma Solangel Torres Vega, exsocia del magistrado. Igualmente, hay indicios en los chats de una relación cercana entre Fernández y el expresidente Gustavo Petro, reflejada en mensajes como "El PRE confía en ti, mucho juicio", enviados el 16 de enero.

Pese a estas revelaciones, la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, en entrevista con El Espectador, afirmó que los chats no constituyen prueba suficiente de delito ni justifican abrir una nueva investigación contra el magistrado Fernández. Según la fiscal, se trata de "chats descontextualizados" y el equipo a cargo del caso no encuentra mérito para impulsar una acción judicial.

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¿Qué información revelan los chats entre Vladimir Fernández y Olmedo López sobre la Ungrd?

Según la revista Cambio, los chats muestran cómo Fernández habría gestionado, durante su paso por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el nombramiento de López en cargos clave como la dirección de la Ungrd. Además, tras convertirse en magistrado, Fernández mantuvo contacto con López en momentos críticos de la investigación por corrupción, lo que ha levantado sospechas sobre la posible influencia y alcance de estas reuniones.

¿Por qué la Fiscalía considera insuficiente la evidencia de los chats para investigar a Vladimir Fernández?

La fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón declaró a El Espectador que las conversaciones no constituyen pruebas de delito ni justificación suficiente para abrir una investigación formal contra Fernández. La posición de la Fiscalía se basa en que los chats, considerados descontextualizados, no demuestran participación directa en actos de corrupción sino, a lo sumo, gestiones administrativas sobre nombramientos dentro del gobierno.

La congresista afirmó que se enteró de la medida “por parte de los medios de comunicación y las redes sociales”, por lo que anunció que acudirá a diferentes instancias para obtener una explicación formal.

“Iniciaré las acciones institucionales y administrativas pertinentes ante la Cancillería, ante la Embajada y ante el mismo gobierno de Estados Unidos”, manifestó Peralta en un mensaje dirigido a sus seguidores.

La senadora Martha Peralta se refirió a la cancelación de su visa y solicitó explicaciones a Estados Unidos. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/mLBjHZa6Vj

— Revista Semana (@RevistaSemana) September 28, 2026

La senadora agregó que su intención es que las autoridades le informen directamente cuáles fueron los argumentos utilizados para revocar su visa. “Que se me informe de manera formal cuáles fueron los argumentos para dicha decisión”, pidió.

Peralta también relacionó la decisión con lo que calificó como una “persecución mediática, judicial, en redes sociales de bodegas”, situación que, según afirmó, ha tenido que soportar por sus posiciones políticas.

“Esto no es aislado a toda la persecución mediática, judicial, en redes sociales de bodegas que hemos tenido que soportar por pensar distinto y estar ocupando un lugar en la política”, sostuvo la congresista.

La reacción se conoce después de que trascendiera la revocación de visas a Peralta, al representante Euclides Torres y otras personas cercanas al presidente Gustavo Petro. 

Pese a la decisión, la senadora aseguró que continuará con su actividad política y su trabajo en Colombia. “Mi compromiso es con Colombia, es con La Guajira, es con las comunidades que represento, y sobre eso no va a haber ninguna interrupción”, afirmó.

Finalmente, Peralta aseguró que también buscará defender su reputación frente a los cuestionamientos. “Vamos a seguir trabajando y eso sí, vamos a seguir también defendiendo nuestro buen nombre”, concluyó.

En la buseta también viajaba una joven, quien resultó gravemente herida tras el impacto y debió ser trasladada de forma prioritaria para recibir atención médica. Por el otro lado, el conductor del camión involucrado quedó atrapado entre las partes metálicas del automotor y requirió la intervención de los organismos de socorro para su rescate; luego fue llevado a un centro asistencial para recibir tratamiento, según información recogida por El Nuevo Día.

El accidente causó daños considerables en ambos vehículos, evidencia del fuerte choque registrado. Las consecuencias fueron inmediatas: la muerte de Alejandro Céspedes y heridas de gravedad para los otros implicados. Según indicaron fuentes del hecho, la emergencia movilizó varias ambulancias, organismos de socorro y autoridades de tránsito, que atendieron a los heridos y adelantaron las tareas necesarias en el lugar, incluyendo la inspección del sitio de los hechos y la recopilación de información para esclarecer las causas del siniestro vial.

Mientras avanzan las diligencias para determinar la responsabilidad y los motivos que llevaron a este choque, las autoridades de tránsito se mantienen en el lugar realizando la inspección y recabando datos claves sobre el accidente. La situación generó además importantes afectaciones en la movilidad sobre ese corredor vial durante el tiempo que duró la atención de la emergencia, complicando el tránsito y generando retrasos para los demás conductores que circulaban por la zona, tal como lo reportó El Nuevo Día.

Este lamentable hecho vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad en las vías y la importancia de esclarecer lo ocurrido para tomar medidas que prevengan siniestros similares en el futuro.

¿Qué se sabe sobre el accidente en la vía entre Chicoral y El Espinal?

De acuerdo con la información recopilada por El Nuevo Día, el accidente ocurrió en la mañana del 28 de septiembre y tuvo como víctima fatal al conductor de una buseta, Alejandro Céspedes; además, dejó gravemente herida a una joven que viajaba con él y lesionado al conductor del camión con el que colisionaron. Las autoridades investigan las circunstancias del choque y mantienen presencia en el sitio para esclarecer los hechos.

¿Cómo atendieron las autoridades la emergencia del accidente cerca del Centro Agropecuario La Granja del SENA?

Ambulancias, organismos de socorro y autoridades de tránsito acudieron al lugar para socorrer a los heridos, rescatar a las personas atrapadas y realizar las inspecciones necesarias. También se llevaron a cabo labores para recuperar la movilidad en el sector, mientras se investigan las causas del siniestro vial.

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El fallo de primera instancia fue emitido por la jueza tercera penal del circuito especializado de Medellín, Claudia Castro. En su análisis, la jueza concluyó que desde el DAS, Narváez transmitió a las AUC información recolectada mediante interceptaciones telefónicas contra la congresista, sobre sus diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta información llegó a las autodefensas, que concretaron el secuestro. La sentencia enfatiza que Narváez indujo, promovió y determinó el secuestro ejecutado bajo la dirección de Carlos Castaño Gil, con quien mantenía una relación tanto ideológica como operativa.

El proceso evidencia la grave estigmatización sufrida por Córdoba, señalada incluso públicamente por Castaño como la "tesorera internacional del Eln". De acuerdo con la jueza Castro, esa persecución política, tanto desde el Estado como desde estructuras armadas ilegales, generó riesgos para la vida, integridad física y dignidad de la senadora y su familia, produciendo miedo y terror. Por su parte, Narváez argumentó en su defensa que no existieron testigos directos y que las pruebas en su contra eran indirectas. Sin embargo, la Fiscalía, a través de su Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, destacó pruebas de reuniones y entregas de información de Narváez a Castaño con el fin de justificar la retención y posible asesinato de Córdoba.

El secuestro se produjo el 21 de mayo de 1999, cuando hombres disfrazados con uniformes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía interceptaron a Córdoba tras una cita médica en Medellín. Los responsables, pertenecientes a la banda La Terraza, la llevaron hasta un campamento del Bloque Central Bolívar en Córdoba. Fue liberada el 3 de junio de ese año. Los hermanos Castaño justificaron el plagio alegando vínculos de Córdoba con la guerrilla.

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¿Por qué fue condenado José Miguel Narváez por el secuestro de Piedad Córdoba?

José Miguel Narváez fue condenado porque, según la justicia, entregó información ilegalmente obtenida a grupos paramilitares y planificó el secuestro de la senadora Piedad Córdoba. La condena se sostiene en las pruebas de su participación activa en la instigación del hecho, su papel como ideólogo dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia, y su uso de la doctrina del "enemigo interno" para justificar la persecución política, de acuerdo con lo fallado por la jueza y confirmado por el Tribunal Superior de Medellín.

¿Cómo influyó la doctrina del "enemigo interno" en el caso del secuestro de Piedad Córdoba?

La doctrina del "enemigo interno" fue utilizada como justificación por el DAS y paramilitares para perseguir y atacar a quienes consideraban opositores, como en el caso de Piedad Córdoba. De acuerdo con la decisión judicial citada por El Espectador, esta visión facilitó la estigmatización y ataques sistemáticos a líderes sociales y políticos, lo que agravó la vulnerabilidad y riesgos para Córdoba y su entorno.

Las acciones emprendidas surgen tras el terremoto en la región y buscan no solamente la recuperación, sino abrir una nueva etapa de desarrollo económico y social para la población chocoana, según lo destacado por las instituciones involucradas. Entre los corredores priorizados resalta el eje Quibdó–Ánimas–Nóvita, en el cual el Instituto Nacional de Vías (Invías) acelera labores en el tramo Quibdó–Ánimas. Sin embargo, los 24 kilómetros entre Ánimas y Nóvita, clasificados como vía departamental, resultaron especialmente afectados por el sismo: allí se identificaron daños en dos puentes, dos box culverts (estructuras de drenaje bajo la vía) y cinco puntos críticos, dificultando el tránsito, especialmente en temporada de lluvias. La CCI se ocupa de gestionar recursos privados para desarrollar los estudios y diseños necesarios para recuperar esta conexión.

Más allá de este corredor, el Plan Marshall impulsará estudios y diseños en las conexiones San José del Palmar–El Cairo, fundamental para vincular el norte del Valle del Cauca, y en la ruta Istmina–Puerto Meluk, clave para facilitar la salida del departamento hacia el mar. Por otro lado, la Gobernación del Chocó concluyó las obras del aeropuerto José Celestino Mutis, mientras que la Aeronáutica Civil tiene el desafío de finalizar intervenciones del 'lado aire', necesarias para consolidar el turismo regional. Además, la conexión hacia el Darién-Urabá, que recibirá intervención bajo el esquema de Obras por Impuestos, permitirá acercar la producción agrícola chocoana al Urabá antioqueño, abriendo oportunidades para el sector agropecuario y mejorando la integración regional.

¿Cuáles son los corredores viales priorizados en el Plan Marshall para el Chocó?

El Plan Marshall contempla la intervención en cinco corredores viales prioritarios, entre los que se cuentan Quibdó–Ánimas–Nóvita, San José del Palmar–El Cairo, e Istmina–Puerto Meluk, además de la vía hacia el Darién-Urabá. Estas rutas buscan mejorar la conexión interna y externa del Chocó tanto para el transporte cotidiano como para el impulso de sectores productivos y turísticos.

¿Qué incluye la rehabilitación del aeropuerto José Celestino Mutis en Bahía Solano?

Las obras en el aeropuerto José Celestino Mutis ya presentan avances, con la terminación de intervenciones bajo responsabilidad de la Gobernación. Ahora corresponde a la Aeronáutica Civil culminar el desarrollo del 'lado aire', es decir, la infraestructura relacionada con operaciones aéreas, lo que fortalecerá este terminal como entrada principal del turismo al Chocó.

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La voz de alarma la emitió el representante Daniel Briceño, miembro del Centro Democrático, quien a través de redes sociales denunció que la Comisión lleva ya dos años de total parálisis. De acuerdo con él, existen más de 2.400 investigaciones represadas, lo que podría desembocar en impunidad para numerosos casos de interés público. El congresista, identificado por su cercanía al uribismo, describió la situación actual de la Cámara como “lamentable”, subrayando la urgencia para que los órganos administrativos del Congreso y el gobierno Nacional actúen frente a la falta de recursos que aqueja esa sala.

Briceño sostiene que la razón principal de la inactividad es la ausencia de presupuesto suficiente. Incluso, no ha sido posible trasladar expedientes, a pesar de los recientes cambios en la composición de la Comisión, lo que dificulta aún más el avance de los procesos judiciales. En este sentido, pidió públicamente tanto a la Dirección Administrativa de la Cámara como al Ministerio de Hacienda, en cabeza de Miguel Gómez Martínez, destinar los fondos adecuados para permitir el normal funcionamiento de la célula.

El llamado a la acción también fue reiterado por Carlos Cuenca, presidente de la Comisión de Acusaciones y representante del partido Cambio Radical. En una carta oficial, solicitó que se asignen los recursos presupuestales con el fin de garantizar el trámite oportuno de los procesos constitucionales y legales a cargo de este organismo. Entre los casos más destacados se encuentran investigaciones al expresidente Petro, como la posible superación de topes en su campaña de 2022, así como expedientes relacionados con el expresidente Uribe y presuntos vínculos con paramilitares. El estancamiento de estos casos, indica Briceño, debilita la capacidad de control político y de justicia dentro del sistema institucional colombiano.

¿Por qué está paralizada la Comisión de Acusaciones de la Cámara?

La Comisión de Acusaciones permanece inactiva debido a la falta de recursos presupuestales, situación que ha impedido el avance de investigaciones y el trámite de expedientes. Según lo dicho por los representantes Daniel Briceño y Carlos Cuenca, la insuficiencia financiera ha creado un atasco que mantiene suspendidas más de 2.400 investigaciones, poniendo en riesgo la función de control político y judiciario de este órgano.

¿Cuál es el papel de la Comisión de Acusaciones frente a los procesos contra presidentes y exmandatarios?

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es el único órgano autorizado para adelantar investigaciones y eventuales sanciones contra el presidente de la República, expresidentes y magistrados de las altas cortes. Su labor es clave para la vigilancia institucional y la transparencia política, ya que asume casos tan relevantes como las denuncias recientes contra el presidente De la Espriella, el expresidente Petro y el expresidente Uribe.

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De acuerdo con los reportes disponibles, Wendy Dayana había salido del sector de Hato de la Virgen y caminaba por la vía pública cuando fue interceptada. El agresor se acercó y, en un acto repentino, le disparó directamente en la zona del corazón, ocasionando su muerte en el mismo lugar. Lo anterior ha sido confirmado por las primeras revisiones realizadas por las autoridades en el escenario del crimen.

Tras el ataque, una de las primeras versiones sugiere que al cuerpo de Wendy Dayana le habrían sustraído el teléfono celular. Esta información ha llevado a los investigadores del caso a considerar el hurto como una de las posibles motivaciones del homicidio, aunque este hecho aún debe ser comprobado de manera formal por las autoridades encargadas, conforme avancen las pesquisas.

En el lugar de los hechos se presentaron los servicios de emergencia, y una ambulancia atendió el llamado por la vida de la víctima. No obstante, cuando los paramédicos llegaron, se percataron de que la mujer ya no mostraba signos vitales. Unidades de Criminalística acudieron posteriormente para llevar a cabo la inspección técnica de la escena y el levantamiento del cuerpo, labores fundamentales en la recolección de pruebas periciales para la investigación.

Actualmente, el caso permanece bajo investigación. Las autoridades han enfocado sus esfuerzos en la revisión de las cámaras de seguridad ubicadas en el sector, con la esperanza de identificar al responsable del ataque. El análisis de los videos podría ser clave no solo para determinar la identidad del atacante, sino también para comprender la ruta de huida y las circunstancias que rodearon el crimen.

Hasta el momento, se espera que el estudio detallado de las grabaciones y demás elementos recolectados por las autoridades permita esclarecer por completo las causas del asesinato de Wendy Dayana y establecer la responsabilidad de los implicados.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades sobre el asesinato de Wendy Dayana en Ibagué?

Las autoridades consideran el hurto como una de las principales hipótesis del crimen, dado que una de las primeras versiones indica que a Wendy Dayana le habrían quitado su teléfono celular tras el ataque. Sin embargo, la investigación sigue en curso y será el análisis de las pruebas e imágenes recopiladas lo que permitirá confirmar o descartar esta posibilidad.

¿Cómo avanzan las investigaciones del caso Wendy Dayana, según las primeras versiones oficiales?

De acuerdo con la información proporcionada hasta el momento, las pesquisas han incluido la inspección del cuerpo y la escena por parte de Criminalística, así como la revisión de las cámaras de seguridad en el sector. Las autoridades esperan que el análisis de estos materiales permita identificar al responsable y establecer el móvil del asesinato de Wendy Dayana.

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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo un llamado este lunes para asegurar la financiación necesaria para garantizar la labor continuada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en Colombia.

La declaración de la ONU coincidió con los debates del Presupuesto General de la Nación para 2027, propuesta que proyecta un recorte presupuestal de 170.000 millones de pesos al Sistema Integral para la Paz.

Luego de superar la primera votación en las comisiones económicas del Congreso, la iniciativa legislativa avanzará hacia su discusión definitiva en las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes.

Frente a este escenario financiero, la organización subrayó el desempeño trascendental de la Jurisdicción Especial para la Paz junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en los procesos de reparación.

Asimismo, Türk valoró la apuesta del país en materia de justicia restaurativa, calificando estos mecanismos derivados del Acuerdo de Paz como piezas clave en la protección de los derechos de las víctimas del conflicto.

“Es fundamental que el Sistema, en el que tanto se ha invertido, continúe implementándose”, afirmó el Alto Comisionado.

Adicionalmente, el máximo representante de los derechos humanos en las Naciones Unidas reconoció los avances tangibles logrados en las labores restaurativas que actualmente se ejecutan dentro del territorio nacional.

Türk calificó las medidas restaurativas relacionadas con el conflicto armado que ya están en marcha como “un logro mundial para la justicia transicional“.

Entre las iniciativas destacadas sobresale el trabajo coordinado en el cementerio San Antonio de Padua, situado en Pitalito, Huila, donde excombatientes de las Farc-EP colaboran junto a exintegrantes del Ejército Nacional.

Esta labor conjunta busca ubicar y recuperar los restos de ciudadanos desaparecidos para facilitar su posterior identificación genocida y permitir la entrega digna a sus respectivos núcleos familiares.

Naciones Unidas enfatizó que estas acciones comunitarias se enmarcan en las sanciones restaurativas definidas por la arquitectura institucional de la justicia transicional colombiana.

Según la visión de Türk, la cooperación activa entre antiguos contendientes militares constituye un aporte invalidable para sanar a las familias damnificadas y revelar la verdad histórica del enfrentamiento armado.

“Las medidas restaurativas sin precedentes en Colombia, relacionadas con el conflicto, que ya están en marcha, son un logro mundial para la justicia transicional”, señaló.

Finalmente, el alto funcionario internacional advirtió que estas acciones no deben verse como iniciativas aisladas, sino como pilares esenciales de un sistema integral que requiere recursos constantes para sostenerse.

¿Qué propone Gobierno De la Espriella con la JEP y la UBPD?

El Gobierno De La Espriella plantea una reestructuración fiscal del Sistema Integral para la Paz en Colombia, que impacta de forma directa sus finanzas.

Dentro del proyecto del Presupuesto General de la Nación, la administración central propone una disminución de 170.000 millones de pesos para estas instituciones de justicia transicional.

Esta reducción presupuestal afecta las partidas asignadas a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

La propuesta gubernamental busca optimizar el gasto público del Estado, reorientando recursos hacia otras prioridades económicas y proyectos de inversión social e infraestructura nacional.

Frente a la JEP, el Ejecutivo promueve acelerar el cierre gradual de los macrocasos judiciales para evitar la prolongación indefinida de las investigaciones y los procesos penales.

El Gobierno sostiene que la entidad debe concentrar sus esfuerzos en emitir sentencias definitivas sobre los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

En cuanto a la UBPD, la administración plantea integrar sus esfuerzos operativos con otras dependencias estatales para evitar la duplicidad de funciones en la búsqueda de personas.

Las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron inicialmente estos ajustes financieros, enviando el debate legislativo hacia las plenarias de Senado y Cámara.

Diversos organismos internacionales y defensores de derechos humanos insisten en garantizar fondos suficientes para asegurar los derechos a la verdad, justicia y reparación.

El debate parlamentario sobre la financiación estatal definirá el alcance operativo de estos organismos durante los próximos años de gestión gubernamental en el país.

Según explicó Cárdenas, las llamas avanzan por debajo de la capa vegetal inerte situada bajo los árboles del bosque andino. Este comportamiento dificulta el control del incendio, ya que los métodos tradicionales, como el apoyo aéreo, no han resultado eficaces. Por este motivo, las labores de los organismos de socorro se concentran en tierra, con trabajos que incluyen tareas de excavación, enfriamiento, contención y la liquidación de los focos restantes. El equipo técnico debe intervenir directamente en el terreno, una situación que complica y retrasa el proceso de control total.

Mientras tanto, en otros municipios del Tolima también se adelantan acciones para enfrentar los efectos de los incendios forestales recientes y sus consecuencias. En Coyaima, las lluvias de los últimos días permitieron sofocar completamente los incendios y no se reportan emergencias activas. Según el alcalde Luis Orlando Ortiz Caicedo, se destacó el esfuerzo de los Bomberos Voluntarios y las comunidades durante la crisis. Ahora, las autoridades locales trabajan en la evaluación de pérdidas y en la entrega de ayudas a familias afectadas, incluyendo mercados, abonos, silo y melaza para ganaderos, mientras se gestionan apoyos adicionales ante el Gobierno Nacional.

En Ataco, el alcalde Héctor Fabio Muñoz informó que gracias a las lluvias recientes y el apoyo de organismos de socorro se logró liquidar los cinco focos de incendio que afectaban al municipio. Sin embargo, la emergencia dejó serias afectaciones en el sector agropecuario: más de 350 propietarios de fincas reportaron daños en cultivos de café, cacao, plátano y los pastos para ganadería. La administración municipal continúa caracterizando las propiedades afectadas para dimensionar el impacto y buscar nuevas ayudas.

El reporte departamental señala además que en Prado solo persisten dos focos “prácticamente liquidados” y se espera cerrar la emergencia pronto. Por su parte, en Carmen de Apicalá y Cunday hay dos incendios activos bajo control, de acuerdo con Gestión del Riesgo. Las autoridades mantienen el monitoreo constante para evitar que nuevas condiciones climáticas reaviven las emergencias en la región.

¿Cómo avanza el control de los incendios forestales en el Tolima actualmente?

De acuerdo con los reportes de Gestión del Riesgo del Tolima, el control de los incendios avanzó de manera positiva en la última semana, especialmente gracias a las lluvias recientes. Aunque persisten focos activos en Carmen de Apicalá y Cunday, no representan por ahora un riesgo mayor, mientras que en Prado y Ataco la emergencia está prácticamente controlada o bajo monitoreo permanente.

¿Cuáles son los principales daños reportados por los incendios en los municipios afectados?

Según informaron los alcaldes y la dirección de Gestión del Riesgo, los daños se concentran especialmente en el sector agropecuario, con más de 350 propietarios afectados en Ataco, principalmente en cultivos de café, cacao, plátano y pastos para ganadería. Además, en Coyaima la Alcaldía aún evalúa las pérdidas y avanza en la entrega de ayudas dirigidas a productores rurales y familias damnificadas.

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El enfoque de la gobernación es implementar el mecanismo de Obras por Impuestos, que permite a los contribuyentes apoyar de manera directa el cierre de brechas sociales y económicas mediante la ejecución de proyectos con alto impacto en el territorio. Este mecanismo, clave en la estrategia de reconstrucción, facilita que las empresas aporten no solo recursos monetarios a través de donaciones, sino también mediante la materialización de obras que contribuyan al desarrollo social y económico.

Dilian Francisca Toro explicó ante los empresarios los procedimientos para facilitar el desarrollo de estos proyectos. Señaló que la gobernación cuenta con un equipo especial encargado de diseñar las iniciativas y asumir la gestión ante entidades nacionales como la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y Planeación Nacional. El objetivo es hacer que la participación empresarial sea más ágil y menos engorrosa, dado que muchos empresarios se ven desanimados frente a los procesos burocráticos.

César Caicedo, presidente ejecutivo de Colombina, destacó la importancia de acelerar los trámites relacionados con el mecanismo de Obras por Impuestos, apoyándose en el decreto 1389 del 2026 expedido por el gobierno nacional, que agiliza la formalización de estos procesos. Según Caicedo, es vital que los recursos lleguen de manera eficiente y directa a los damnificados para lograr una reconstrucción rápida y efectiva. Tanto las instituciones educativas como las de salud están contempladas dentro de los proyectos a financiar por parte del sector privado, con la intención de cubrir las necesidades más urgentes del departamento.

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¿Cómo funciona el mecanismo de Obras por Impuestos en la reconstrucción del Valle?

El mecanismo de Obras por Impuestos permite a los contribuyentes invertir directamente en proyectos sociales y de infraestructura, siendo descontados estos aportes de su carga tributaria. En el caso del Valle del Cauca, la gobernación organizará y facilitará el proceso junto a la ANDI y otros empresarios para ejecutar proyectos que atiendan la reconstrucción de viviendas, colegios y hospitales afectados por el desastre.

¿Qué sectores serán priorizados en la reconstrucción del Valle del Cauca tras el terremoto?

De acuerdo con la información proporcionada, la reconstrucción priorizará áreas fuertemente afectadas como Buenaventura, especialmente en lo referente a viviendas, además de instituciones educativas y de salud. Algunos sectores requieren, incluso, la reubicación total de sus habitantes dada la magnitud de los daños.

De acuerdo con la información conocida, el incidente se originó cuando varios animales bajo el cuidado de Rafael Martínez salieron de las cocheras, probablemente alterados por las difíciles condiciones climáticas que se presentaban en ese momento. Martínez salió de su vivienda con la intención de recuperar a los cerdos y regresarlos al sitio habitual donde permanecían.

Durante este intento, uno de los animales más grandes del lugar, un marrano padrón que, según los datos entregados, tenía un peso aproximado de 18 arrobas (unidad de medida equivalente a 11,5 kilogramos en el contexto colombiano), atacó al hombre y le produjo una herida profunda en una de sus piernas. Según la información reportada, la mordedura llegó a comprometer una arteria, lo que generó una considerable pérdida de sangre.

Ante la gravedad de la situación, los familiares de Rafael Martínez acudieron para prestarle auxilio y posteriormente lo trasladaron al Hospital San José de Mariquita. Sin embargo, al llegar al centro asistencial, Martínez ya no presentaba signos vitales. Un factor que pudo haber influido en el desenlace fue la distancia entre la finca y el casco urbano, ya que la vereda San Diego está ubicada a más de 30 minutos de la cabecera municipal, lo que dificultó el acceso rápido a atención médica.

El fallecimiento de Rafael Martínez causó profunda tristeza en la zona rural de Mariquita, donde era apreciado por su labor en la crianza de cerdos y donde se le reconocía como un ejemplo dentro de la comunidad campesina.

¿Cómo fue el accidente que causó la muerte del porcicultor en Mariquita, Tolima?

El accidente se produjo cuando Rafael Martínez intentó regresar a sus cerdos a la cochera durante una tormenta. Uno de los animales, un marrano padrón de considerable peso, lo atacó, mordiéndolo en la pierna y comprometiendo una arteria, lo que originó una hemorragia fatal. Los familiares lo llevaron al hospital, pero llegó sin signos vitales.

¿Por qué la distancia entre la vereda San Diego y el hospital afectó el desenlace del accidente?

Según lo conocido, la finca de Rafael Martínez está ubicada en la vereda San Diego, a más de 30 minutos del centro urbano de Mariquita. Esta distancia dificultó que el campesino pudiera recibir atención médica inmediata, lo que habría afectado sus posibilidades de sobrevivir tras la grave herida sufrida.

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En dicha intervención institucional, el jefe de Estado advirtió la severidad de la crisis fiscal, atribuyó el bache presupuestal a la gestión anterior y responsabilizó a la paz total del deterioro del orden público.

Frente a la intención gubernamental de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para solventar los compromisos financieros, el dirigente opositor rechazó enérgicamente la estrategia planeada.

El exmandatario y dirigente del Pacto Histórico acudió a su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) para responder con dureza, con delicados señalamientos de entrada.

“Endeudar al pueblo para pagarle la deuda a los ricos es una megacorrupción estafadora de toda la nación. El corrupto es usted, señor Abelardo, presidente ilegítimo”, empezó diciendo en su publicación.

Adicionalmente, luego de que el presidente cuestionó al Gobierno Petro por la crisis fiscal, el exmandatario defendió los indicadores económicos registrados bajo su periodo constitucional al frente de la Casa de Nariño, rechazando los señalamientos del actual jefe de Estado.

“La economía de Colombia creció hasta el 3,5 por ciento anual en mi gobierno, no por el narcotráfico, no sea ignorante. Los dineros de la cocaína se quedan en el extranjero”, enfatizó Petro.

De igual manera, el exmandatario advirtió que el rumbo adoptado por la actual administración desencadenará una profunda recesión en el territorio patrio.

“Cambia usted la narrativa porque sabe que va a llevar al país al abismo económico, como hizo Argentina, en donde Milei, su amigo y consejero de extrema derecha, entregó el país al Fondo Monetario Internacional y el resultado fue convertir a la rica Argentina en un país con mucho más pobres que Colombia”, puntualizó.

Respecto a las imputaciones sobre irregularidades administrativas lanzadas por el mandatario nacional, Petro argumentó que despidió de su administración a cualquier colaborador cuestionado.

“Usted metió a todos los corruptos que hubo en el gobierno Duque, como Char y a todos los familiares y socios de narcotraficantes”, arremetió contra la nómina oficial.

Petro cerró su mensaje con señalamientos contra el mandatario al afirmar que hay insultos y calumnias de su parte, por lo que soltó un último argumento sobre la actual administración.

“Le aconsejo, no acabe con la paz, no lleve a Colombia a la guerra y no destruya las bases del crecimiento económico encontrado, suba el salario mínimo por encima de la inflación y la canasta mínima real de subsistencia, mantenga el gasto social y cóbreles a los ricos los impuestos que corresponden, no entregue a Colombia al FMI, y logrará mejores resultados que los que yo logré”, finalizó.

Este mensaje llega después de que Petro subió el tono contra De la Espriella con una publicación de madrugada el pasado domingo 27 de septiembre, donde incluso soltó palabras insultantes.

Para este caso incluso tildó de “excusa de estafador” a la alocución presidencial, con lo que deja clara su postura frente al actual mandatario de Colombia.

Cabe recordar que Petro y De la Espriella han expresado públicamente sus diferencias personales, pero esta actitud en la que se usan calificativos de ese calibre es parte de un nuevo capítulo por parte del exmandatario.

De hecho, el nuevo Gobierno Nacional ha frenado algunos de los pasos previstos por la anterior administración, con lo que es clara también la respuesta del ‘Tigre’ para este caso.

Queda por ver si este es apenas un momento de tensión que llega a bajarse un poco o si es un nuevo capítulo en el que el tono entre ambos líderes políticos llega a un paso distinto.

Las autoridades ecuatorianas las requieren dentro de una investigación por lavado de activos y ambas son señaladas de hacer parte del círculo cercano de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, identificado como cabecilla de la organización criminal Los Choneros. Antes de llegar a Sabana de Torres, las dos mujeres habrían pasado por Bucaramanga y Medellín.

En el caso de Michelle, la investigación está relacionada con el proceso denominado ‘Blanqueo Fito’, que analiza movimientos financieros y operaciones de presunto lavado de activos que superarían los 25,8 millones de dólares. En marzo de este año, un juez llamó a juicio a 17 personas vinculadas con este expediente.

Dentro de las pesquisas, las autoridades también pusieron la lupa sobre al menos cuatro empresas que, presuntamente, habrían sido utilizadas para justificar movimientos de dinero y darles apariencia de legalidad. Además, según la investigación, las dos mujeres habrían buscado establecer alianzas con organizaciones delincuenciales en Colombia para actividades relacionadas con tráfico de armas, drogas y lavado de activos.

La captura fue ejecutada por tropas del Gaula Militar Chicamocha de la Quinta Brigada, con apoyo de la Dijín, la Fiscalía, el FBI y la Policía de Ecuador. El operativo se produjo después de un seguimiento en Sabana de Torres y, según fuentes militares, el intercambio de información entre las diferentes agencias permitió ubicar a las dos mujeres.

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¿Quién es la ‘influencer’ capturada en Santander?

‘Queen Michelle’, de 23 años, también es conocida por su actividad en redes sociales. La joven cuenta con 27,6 millones de seguidores en TikTok, plataforma en la que suele publicar videos cantando, bailando y siguiendo tendencias. También ha compartido covers de música popular y canciones propias a través de YouTube.

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Tras conocerse la captura, volvieron a circular videos que anteriormente habían causado polémica, en los que la joven aparecía mostrando fajos de dólares. Michelle, además, fue víctima de un secuestro en noviembre de 2021, cuando salía de un spa, y permaneció cinco días privada de la libertad. Ahora, las autoridades colombianas y ecuatorianas buscan avanzar en el proceso y establecer las conexiones, bienes y redes de apoyo relacionadas con la investigación.

En respuesta a la intervención de la vivienda y a la circulación de múltiples versiones en medios y redes sociales, el influencer apareció en sus propias redes sociales para aclarar la situación. “Acá nunca ha habido nada ilegal, acá todo está 100% legal”, manifestó durante un video. En esa misma intervención, el ibaguereño enfatizó que su éxito económico deriva de actividades legítimas y del esfuerzo familiar, negando cualquier acusación infundada acerca de su fortuna: “Nosotros no somos personas millonarias, somos personas echadas para adelante, personas que venimos de abajo”.

El allanamiento, realizado días atrás y reportado por El Nuevo Día, incluyó además la incautación de objetos que, según informaron preliminarmente las autoridades, podrían estar vinculados a prácticas esotéricas. No obstante, durante el procedimiento no se presentaron capturas y se recalcó que los elementos seguirán siendo analizados dentro del proceso judicial respectivo.

A pesar de los rumores que circularon luego del operativo, el propio ‘FerRx750’ desmintió varias versiones que tildó de “prensa amarillista” e insistió en que muchas informaciones divulgadas “no son” ciertas. Además, reconoció estar formalmente vinculado a un proceso de investigación, pero reiteró que no existe hasta ahora ninguna decisión judicial en su contra. En sus palabras: “Hasta el momento estamos vinculados a un proceso, el cual hasta que no se diga lo contrario somos inocentes. Aquí todo está legal”.

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¿Por qué fue allanada la casa del influencer ‘FerRx750’ en Ibagué?

De acuerdo con lo reportado por El Nuevo Día, la vivienda fue allanada por autoridades que buscaban elementos relacionados con presuntas falsas visas. Durante el procedimiento, las autoridades hallaron dinero, computadores y objetos vinculados tanto al proceso investigativo como a posibles prácticas esotéricas. No se efectuaron capturas y la investigación sigue en curso.

¿Qué respondió el influencer ‘FerRx750’ tras el allanamiento en su vivienda en Ibagué?

El creador de contenido afirmó, mediante un video en redes sociales, que todo en su domicilio es legal y negó rotundamente cualquier vinculación con actividades ilícitas. Asimismo, cuestionó versiones amarillistas difundidas en medios y reclamó la presunción de inocencia, aclarando que, aunque está vinculado a un proceso, no existe decisión judicial en su contra hasta el momento.

Según información oficial difundida por la Secretaría de Movilidad de Cali a través de sus redes sociales, la nueva rotación del Pico y Placa arrancó el 1 de julio de 2026 y contempló una primera etapa pedagógica hasta el 3 de julio. A partir del 6 de julio, se empezaron a imponer comparendos a quienes incumplen la norma. Es importante recordar que la sanción económica por violar la restricción se encuentra definida en el inciso C del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito Terrestre. Para 2026, la multa asciende a $875.452,50, cifra que corresponde a quince salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). El llamado de las autoridades es a cumplir la medida para evitar sanciones económicas que afectan el bolsillo de los infractores.

No todos los vehículos están obligados a cumplir el Pico y Placa, y existen varias excepciones específicas. Los vehículos de emergencia y organismos de socorro, como Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y ambulancias, están exentos. También lo están aquellos vehículos oficiales, diplomáticos y consulares, los que transportan personas con discapacidad debidamente acreditadas, así como los vehículos híbridos o eléctricos, los de carga de cinco toneladas o más, los automotores que han pagado la tasa por congestión y todas las motocicletas.

Para quienes, pese a la restricción, necesiten circular con sus vehículos particulares durante el Pico y Placa, Cali mantiene habilitada la posibilidad de pagar la tasa por congestión. Este pago puede realizarse de manera semestral ($2’920.000), mensual ($486.000) o diaria ($122.000), según la necesidad de cada propietario. Es fundamental que este pago se efectúe antes de las 5:00 p.m. del día hábil anterior al deseo de circular para que sea válido, tal como recuerda la Secretaría de Movilidad. La gestión debe hacerse de forma virtual y anticipada.

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¿Cuáles son los vehículos exentos del Pico y Placa en Cali 2026?

De acuerdo con la Alcaldía de Cali, están exentos del Pico y Placa los vehículos de emergencia y socorro, oficiales, diplomáticos y consulares, los carros adaptados para transporte de personas con discapacidad y debidamente acreditados, híbridos y eléctricos, vehículos de carga iguales o superiores a cinco toneladas, automotores con tasa por congestión pagada y las motocicletas.

¿Qué es la tasa por congestión y cómo se paga en Cali?

La tasa por congestión es una alternativa habilitada en Cali que permite a los propietarios de vehículos particulares circular durante el Pico y Placa previo pago de un valor definido para 2026. Puede cancelarse de forma semestral, mensual o diaria y debe realizarse antes de las 5:00 p.m. del día hábil anterior a la circulación, gestionándose mediante la página web oficial de la Secretaría de Movilidad.

La Policía Metropolitana de Ibagué respondió de inmediato con la activación del conocido plan candado, una estrategia utilizada para restringir la salida y el ingreso en sectores determinados y así intentar ubicar a los responsables del crimen. Durante los primeros minutos, la incertidumbre dominó el ambiente, pues algunos testigos pensaron que podía tratarse de un accidente. Sin embargo, la inspección de la escena descartó esta posibilidad al confirmarse que la mujer presentaba heridas causadas por impactos de arma de fuego, de acuerdo con los reportes iniciales recogidos por las autoridades.

Según información preliminar, la víctima vestía ropa deportiva rosada y portaba algunos elementos personales al momento del ataque. Aunque en el barrio empezó a circular el rumor de que se trataría de una mujer conocida con el alias de “Wendy, La Flaca”, hasta el cierre de la jornada no se ha confirmado oficialmente la identidad de la fallecida. Por ahora, las autoridades se mantienen cautelosas y recalcan que serán las pruebas forenses y documentales las que permitirán determinar con exactitud quién era la víctima.

El equipo de criminalística llegó al lugar para realizar la inspección técnica y recoger evidencias. Estas incluyen el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios para establecer la secuencia exacta de los hechos. Asimismo, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que ayude en el desarrollo de la investigación. Por ahora, el principal reto de las autoridades es esclarecer las circunstancias del asesinato en el Jardín Santander y capturar a los responsables, manteniendo abierta la invitación para la colaboración de los vecinos del sector.

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¿Qué se sabe sobre el asesinato en el Jardín Santander de Ibagué?

La información confirmada indica que una mujer fue asesinada con arma de fuego este lunes cerca del CAI del Jardín Santander, en la comuna 8 de Ibagué. La identidad de la víctima aún no ha sido certificada oficialmente, aunque en el sector circula la versión de que se trataría de una persona conocida como “Wendy, La Flaca”. Las autoridades siguen recolectando pruebas y revisando cámaras de seguridad para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

¿Qué es el plan candado que implementó la Policía en el caso de Ibagué?

El plan candado es una estrategia policial que busca restringir el movimiento en un área específica luego de un hecho delictivo, con el fin de evitar la fuga de los responsables y facilitar su localización. En el asesinato ocurrido cerca del Jardín Santander, la Policía lo activó de inmediato para tratar de capturar a quienes perpetraron el ataque.

Uno de los temas centrales de la discusión sería el uso de drones con explosivos, artefactos que han sido utilizados para atacar tanto a integrantes como instalaciones de la Fuerza Pública. Esta modalidad de ataque llevó tanto al Gobierno Nacional como a las autoridades locales del Cesar a tomar decisiones urgentes para reforzar la capacidad de respuesta y protección en la zona.

Dentro de las medidas adoptadas, Aguachica ha pasado a ser el epicentro del denominado Plan Urano, la estrategia integral que articula acciones entre la Policía Nacional, el Ejército y diversas instituciones con el propósito de hacer frente a la crisis de seguridad en el sur del Cesar. Según el balance presentado por la Policía el pasado 21 de septiembre, se anunció la llegada de 60 uniformados adicionales a Aguachica, así como un aumento en la cantidad de equipos antidrones operando en el municipio y alrededores.

El Plan Urano aborda, además, delitos vinculados al tráfico y apoderamiento ilegal de hidrocarburos, y apuesta por fortalecer la coordinación entre los miembros de la Fuerza Pública en los principales corredores que comunican el sur del Cesar con regiones estratégicas como el sur de Bolívar y el Catatumbo. Asimismo, durante las más recientes reuniones, se planteó la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica de seguridad, lo que incluye la instalación de nuevas cámaras, la ampliación de centros de comando y la adquisición de herramientas avanzadas para el monitoreo.

La eventual visita presidencial también abriría un espacio para que las autoridades territoriales y representantes de los sectores productivos de la región expresen sus inquietudes relacionadas con la seguridad, la movilidad y la presencia institucional en los municipios de la zona sur del departamento.

¿Qué es el Plan Urano y cómo busca mejorar la seguridad en el sur del Cesar?

El Plan Urano es una estrategia coordinada en la que participan la Policía Nacional, el Ejército y otras instituciones con el fin de enfrentar la situación de inseguridad que afecta al sur del Cesar. Esta estrategia prioriza el despliegue de uniformados, el fortalecimiento de los recursos tecnológicos como equipos antidrones, y acciones contra delitos como el tráfico ilegal de hidrocarburos. Además, promueve una mayor coordinación en los corredores de conexión regional y la modernización de la infraestructura de seguridad.

¿Por qué el uso de drones con explosivos preocupa a las autoridades en el sur del Cesar?

El uso de drones con explosivos preocupa a las autoridades porque representa una amenaza tecnológica y logística difícil de anticipar y neutralizar. Estos dispositivos han sido empleados en ataques directos a personal e instalaciones de la Fuerza Pública, lo que ha exigido reforzar la seguridad, incrementar la presencia de uniformados y dotar la zona de equipos específicos para su detección y neutralización.

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De acuerdo con el comunicado oficial de la institución, la confrontación involucró a la Fuerza de Despliegue Rápido Número Cuatro, que se encontraba en operaciones militares cuando fue atacada por miembros de dicha estructura armada ilegal. Durante los enfrentamientos, las tropas fueron blanco de ataques con drones y armas de largo alcance, contexto que permitió a los atacantes sustraer el cuerpo del soldado. Posteriormente, el Ejército informó en la red social X que, a pesar de los esfuerzos por recuperar a Torres Herrera, las condiciones meteorológicas adversas han dificultado el ingreso del apoyo aéreo necesario para dicha labor.

Las autoridades subrayaron que este tipo de hechos no solo vulneran el respeto a la dignidad de quienes mueren en confrontaciones armadas, sino que también impiden el normal desarrollo de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, principal entidad judicial del país. Además, enfatizaron que la retención injustificada del cuerpo multiplica el sufrimiento de la familia del soldado, quien merece poder despedirlo de manera digna.

El comunicado también hace referencia a la intervención solicitada de organizaciones humanitarias, como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que fue convocado para mediar en la recuperación y entrega del cuerpo. Asimismo, requirieron la participación activa de la Defensoría del Pueblo y otras entidades civiles con el fin de garantizar el respeto por la memoria de la víctima y la dignidad del proceso.

Por último, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez Aparicio, expresó públicamente solidaridad con la familia de Torres Herrera y exigió que se permita el retorno inmediato del cuerpo. "Su familia merece despedirlo, honrar su memoria y darle sepultura", declaró, según reportó El Espectador.

¿Quién es la estructura Carlos Patiño mencionada en el caso del soldado Torres Herrera?

La estructura Carlos Patiño es un grupo que hace parte de las disidencias de las Farc, específicamente bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, y fue señalada por el Ejército Nacional como responsable de la muerte y posterior robo del cuerpo del soldado profesional Idel José Torres Herrera en El Tambo, Cauca, según información de El Espectador.

¿Cuál es el papel del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la recuperación de los cuerpos en zonas de conflicto?

De acuerdo con el comunicado del Ejército Nacional citado por El Espectador, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fue solicitado para mediar en la devolución del cuerpo del soldado, buscando garantizar un proceso humanitario que respete la dignidad de la víctima y brinde tranquilidad a su familia.

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En un comunicado, Pizarro fue enfática al declarar: "No permitiré que se me pretenda vincular impunemente con hechos en los que no tuve participación ni conocimiento alguno". Según su versión, y sustentada legalmente, los vicepresidentes del Senado tienen la labor de suplir al presidente de la corporación en sus ausencias, conforme al reglamento. Ella subrayó que esa fue exactamente la tarea que desempeñó, por ejemplo durante la tramitación de la reforma pensional, un proceso en el que, de acuerdo con sus palabras, hubo frecuentes demoras, obstáculos para lograr quórum y múltiples aplazamientos por motivos ajenos a su voluntad.

Pizarro explicó que todas sus intervenciones como parte de la Mesa Directiva, y en especial las sesiones que presidió, están documentadas en las actas y registros oficiales de la corporación. Por esta razón, pidió que cualquier evaluación sobre su conducta se base en estos documentos y no en interpretaciones externas ni en el fallo judicial relacionado exclusivamente con Name. Incluso puntualizó: que el fallo judicial revise sesiones presididas por ella no la hace responsable de los actos por los que el exsenador fue sancionado.

El escándalo de la Ungrd involucra el supuesto pago de COP 3.000 millones a Name, entregados entre el 12 y 13 de octubre de 2023, recursos que habrían salido del contrato de los carrotanques de La Guajira y entregados por intermedio de la funcionaria Sandra Ortiz. El proceso judicial que derivó en la pérdida de investidura de Name fue impulsado por una demanda liderada por Juan Carlos Calderón España, de la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados, quien alegó tráfico de influencias. Pizarro cerró su pronunciamiento pidiendo claridad a las autoridades respecto a estos hechos y reiteró que su nombre no puede ser involucrado sin fundamento judicial ni documental.

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¿Por qué María José Pizarro fue mencionada en el caso de Iván Name y la Ungrd?

María José Pizarro fue mencionada debido a su papel como primera vicepresidenta del Senado, cargo que la obligaba a suplir ausencias del presidente, en este caso Iván Name, especialmente durante la discusión de la reforma pensional. Sin embargo, Pizarro remarcó que su función fue meramente institucional y conforme a lo establecido legalmente, por lo que rechazó cualquier inferencia que la vincule con irregularidades del exsenador Name dentro del escándalo de la Ungrd.

¿Qué significa la "muerte política" decretada al exsenador Iván Name?

La "muerte política" en este contexto hace referencia a la pérdida de investidura, es decir, la sanción por la cual un congresista, en este caso Iván Name, queda inhabilitado para ejercer cargos públicos. Esta decisión fue tomada por el Consejo de Estado tras comprobar la causal de tráfico de influencias, según los hechos investigados relacionados con el caso de corrupción de la Ungrd y la entrega de fondos provenientes de contratos estatales.

De acuerdo con la información, la Sala Plena de la Corte revisó cinco puntos fundamentales: el trámite de la ley en el Congreso, el impacto fiscal que representa esta medida, el respeto a la diversidad cultural, las competencias de las distintas comisiones legislativas y los derechos ciudadanos relacionados con el trabajo y la posibilidad de escoger una profesión u oficio. Frente a todos estos cuestionamientos, la Corte determinó que la Ley 2385 de 2024 sí cumple con los requisitos legales y puede continuar rigiendo en el sistema jurídico colombiano. La ponencia que guió el debate fue elaborada por el magistrado Vladimir Fernández Andrade, quien incorporó argumentos que ya habían sido analizados en la Sentencia C-374 de 2025, pero también abordó aspectos nuevos.

Un aspecto clave de la norma es el periodo de transición de tres años, durante el cual las actividades taurinas podrán seguir realizándose bajo condiciones estrictas de bienestar y protección animal, según lo exige la ley. Según lo establecido, la fecha límite para la prohibición total es el 22 de julio de 2027, momento en el que desaparecen legalmente las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas en todo el país. Durante este periodo, además, las autoridades locales tienen prohibido emplear recursos públicos para construir, adecuar o financiar este tipo de eventos.

La ley no solo regula la eliminación de las prácticas taurinas, sino que también contempla acciones de reconversión económica y laboral para las personas que dependen directamente de esta actividad. Los espacios públicos que solían usarse para espectáculos taurinos serán destinados a funciones culturales, recreativas, deportivas o artísticas cuando la prohibición comience a aplicar. Otro punto relevante es que las corralejas, los toros coleados y las peleas de gallos no se ven afectados por esta decisión actual: las excepciones para esas actividades ya habían sido retiradas por la Corte en 2025, pero la medida de prohibición también tiene un periodo de transición de tres años.

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¿Cuándo quedarán prohibidas las corridas de toros en Colombia según la Ley 2385 de 2024?

La Ley 2385 de 2024 establece que la prohibición total de corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas en Colombia comenzará a regir a partir del 22 de julio de 2027, luego de un periodo de transición de tres años definido para la adaptación y reconversión de quienes dependen de estas prácticas, como lo ratificó la Corte Constitucional en la Sentencia C-312 de 2026.

¿Qué sucede con las personas que trabajan en actividades taurinas según la Ley 2385 de 2024?

La legislación incluye medidas de reconversión económica y laboral para quienes dependen directamente de la actividad taurina. Esto significa que el Estado y las autoridades locales deberán facilitar la transición de los trabajadores afectados hacia otros sectores, y los escenarios destinados históricamente a estos eventos serán utilizados para actividades culturales, lúdicas, deportivas y artísticas tras la entrada en vigor de la prohibición.

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:55 p. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros. El epicentro fue localizado en las coordenadas 3,86° de latitud y -75,64° de longitud.

El evento fue registrado y analizado de manera manual por el SGC, con información recopilada a través de 36 estaciones de monitoreo. El reporte técnico indicó un RMS de 0,8 segundos y un gap de 39 grados.

Entre los municipios más cercanos al punto donde se produjo el sismo se encuentran Roncesvalles, ubicado a 18 kilómetros; San Antonio, a 19 kilómetros, y Chaparral, a 23 kilómetros.

Por su baja magnitud, el movimiento fue de intensidad reducida. El reporte del SGC corresponde a la información técnica disponible sobre el evento registrado durante el mediodía de este lunes.

El sismo tuvo como hora de referencia las 5:55 p. m. en tiempo UTC, equivalente a las 12:55 p. m. en Colombia. Hasta el momento, el registro corresponde a un evento sísmico localizado en el Tolima, sin que la información suministrada reporte daños asociados al movimiento.

Según la investigación oficial citada por la Fiscalía, durante años se recurrió a personas y compañías de diferentes sectores económicos para "ocultar, transformar y administrar los activos identificados, darles apariencia de legalidad y sustraerlos del control de las autoridades". Entre los sectores mencionados se encuentran el inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar. El objetivo, según el ente investigador, era aparentemente legitimar estos recursos y dificultar su rastreo por parte de las autoridades judiciales.

Las diligencias para la ocupación de los bienes se realizaron bajo la coordinación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo del Ejército Nacional, en varias ciudades y municipios: Bogotá, Cali, Jamundí y Tuluá (Valle del Cauca), y Sonsón (Antioquia). Los activos incautados incluyen apartamentos, parqueaderos, oficinas, locales comerciales, garajes, lotes, sociedades y establecimientos dedicados al comercio. Vale la pena destacar la inclusión de la hacienda La Porcelana, ubicada en Sonsón, con una extensión de 1.083 hectáreas, como parte de esta operación judicial.

“Pacho Herrera” fue una de las figuras prominentes del narcotráfico en Colombia, quien se entregó a la justicia en 1996, motivado, según sus palabras, por la intención de contribuir al país y resolver su situación judicial. No obstante, su historia terminó violentamente en 1998: estando preso en Palmira, Valle del Cauca, fue asesinado por Rafael Ángel Uribe, quien se infiltró en la cárcel haciéndose pasar por abogado. La disputa con Pablo Escobar marcó parte de su carrera; incluso, en 1990 sobrevivió a un ataque perpetrado por hombres del Cartel de Medellín, suceso en el que murieron 17 personas. Se presume también que colaboró con Los Pepes durante la ofensiva contra Escobar.

¿Por qué la Fiscalía ocupó bienes asociados a “Pacho Herrera” y cuáles fueron las ciudades más afectadas?

La Fiscalía General de la Nación ocupó estos bienes porque estarían vinculados a un presunto grupo de testaferros encargado de ocultar y administrar activos del narcotraficante “Pacho Herrera”. Las ciudades donde se llevaron a cabo las principales diligencias fueron Bogotá, Cali, Jamundí, Tuluá y Sonsón, siguiendo la estrategia de atacar el patrimonio ilícito para combatir estructuras criminales.

¿Qué significa extinción del derecho de dominio en Colombia?

La extinción del derecho de dominio es una figura jurídica mediante la cual el Estado toma posesión de bienes que fueron adquiridos o utilizados de manera ilícita. Según la Fiscalía, esta herramienta permite sustraer del comercio bienes relacionados con actividades ilegales, tal como se vio en el caso de los activos presuntamente ligados a “Pacho Herrera”.

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Carlos Morón, rector del campus Valledupar, destacó en la apertura la relevancia de estos programas para la cualificación de los profesionales de la región, al subrayar que se trata de "ofertas muy pertinentes para la región como son Energías Renovables, Enfermería en Cuidado Crítico y la Maestría en Bioética". Morón señaló que estas iniciativas buscan responder de manera directa a las necesidades actuales y futuras tanto del país como del Cesar, permitiendo que más personas tengan acceso a formación avanzada acorde a las exigencias actuales.

Durante el evento participaron expertos como Giovanna Angulo, Martha Cecilia Socarrás, Olga Hernández y Leidys Rivero Fuentes en un panel académico, junto a la intervención virtual del ingeniero Andrés Alfonso Campo Rivera. Los diferentes programas cuentan con su respectivo respaldo normativo por parte del Ministerio de Educación y se enfocan en áreas estratégicas.

La Maestría en Bioética, respaldada por la Resolución 012390 y registrada en el SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior), propone una perspectiva transdisciplinaria sobre los dilemas científicos y jurídicos actuales. El programa, que combina un 64 % de presencialidad y un 36 % de virtualidad, está dirigido a profesionales de derecho, salud e ingenierías, y prepara a sus graduados para integrar comités de ética, evaluar riesgos en investigación y liderar políticas públicas relacionadas con sostenibilidad y bioseguridad.

Por su parte, la Especialización en Energías Renovables, aprobada mediante la resolución 0251629, prepara profesionales para enfrentar la crisis climática con tecnologías limpias. Este posgrado presencial se desarrolla en el campus Valledupar a lo largo de dos semestres, con un plan de estudios centrado en energía solar, eólica y bioenergía, dirigido a ingenieros, administradores y líderes del sector interesados en proyectos sostenibles para reducir la huella de carbono.

Finalmente, la Especialización en Enfermería en Cuidado Crítico, avalada por la resolución 011064, busca fortalecer las habilidades del personal de salud en las unidades de cuidados intensivos. En dos semestres presenciales, el programa enfatiza la actualización científica, el manejo de tecnologías biomédicas y el acompañamiento humano y ético, tanto para pacientes críticos como para sus familias.

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¿Cuáles son los nuevos posgrados ofrecidos por la UDES y para quiénes están dirigidos?

La Universidad de Santander (UDES) lanzó tres programas de posgrado: la Maestría en Bioética, la Especialización en Energías Renovables y la Especialización en Enfermería en Cuidado Crítico. Cada uno se dirige a perfiles profesionales específicos: la Maestría en Bioética es para profesionales de derecho, salud e ingenierías; la de Energías Renovables para ingenieros, administradores y líderes de proyectos sostenibles; y la de Enfermería en Cuidado Crítico está especialmente diseñada para personal asistencial de salud que labora en unidades de cuidados intensivos.

¿Qué acreditaciones y avales respaldan la calidad de los nuevos posgrados de la UDES?

De acuerdo con lo anunciado por la UDES, los tres nuevos posgrados cuentan con la acreditación internacional EQUAA (Education Quality Accreditation Agency) y el aval del Ministerio de Educación Nacional. Además, cada uno está respaldado por resoluciones específicas y el registro ante el SNIES, lo que garantiza el cumplimiento de estándares de calidad y la validez oficial de los títulos otorgados.