La salida llama la atención porque el funcionario llevaba poco más de dos meses en el cargo. Cabe mencionar que Sánchez Arango había asumido la dirección el 31 de agosto de 2026, después de ser designado por el Gobierno Nacional.

Antes de llegar a esa posición, el abogado había sido una de las fichas importantes de De la Espriella durante el proceso de empalme del sector salud. También tuvo experiencia en la Contraloría General de la República, donde ocupó diferentes cargos relacionados con el control de los recursos públicos. 

Su salida se produce en una entidad estratégica para el funcionamiento del sistema de salud colombiano, pues tiene a su cargo la administración y distribución del dinero destinado a financiar la atención de los pacientes y los giros a los diferentes actores del sector. 

Por ahora, no se conocen públicamente las razones que motivaron la decisión. Sin embargo, de acuerdo con la información adicional sobre el relevo, la viceministra Marcela Brun asumirá la dirección de manera encargada. Además, todavía estaban pendientes los detalles oficiales sobre el cambio y la transición en la entidad.

El movimiento se suma a los ajustes que ha tenido la administración de De la Espriella y despierta preguntas sobre los motivos de la salida de un funcionario que llevaba apenas unas semanas al frente de una de las entidades financieras más importantes del sector salud. 

En Bogotá, el alcance de esta práctica resulta evidente. Solo en 2024 se contabilizaron 26.372 acciones de tutela relacionadas con el derecho a la salud, posicionando a la ciudad entre las cifras más altas del país. Cada caso representa una solicitud individual que merece atención; sin embargo, el problema surge cuando la atención prestada de manera preferencial bajo orden judicial afecta el cronograma de quienes aguardaban su turno en la lista de espera. Es decir, adelantar el turno de un paciente puede conllevar que muchos otros sean postergados, sobre todo en un contexto donde no se ampliaron los recursos para responder a la nueva demanda.

El artículo utiliza un ejemplo concreto para ilustrar la magnitud del desafío: si un especialista tiene capacidad para atender mil pacientes en un mes, es decir, cerca de 33 cada día, y todos esos pacientes deciden interponer acciones de tutela para ser atendidos en solo cinco días, el médico debería llevar a cabo 200 consultas diarias. Esto sería materialmente irrealizable, salvo que se cuente con cinco profesionales adicionales, algo que no sería inmediato considerando el tiempo necesario para formarlos. Este caso hipotético revela cómo la acción de tutela puede distorsionar la gestión de citas y servicios dentro del sistema de salud.

Más allá del impacto en la programación, el texto advierte que la utilización masiva de tutelas puede desencadenar un mercado alterno donde se prioriza la atención judicializada, lo que genera efectos negativos sobre las finanzas del sistema. Según El Espectador, cuando la capacidad no crece al mismo ritmo que la demanda, la presión por atender casos inmediatos propicia el aumento de precios y pone en riesgo la sostenibilidad financiera, afectando especialmente a quienes no pueden cubrir sobrecostos y dejando a muchos fuera del servicio al inflarse los precios.

El artículo concluye que la solución no es limitar el derecho a la tutela, sino abordar las causas de su uso excesivo e introducir criterios técnicos reconocidos y transparentes para priorizar la atención y administrar las listas de espera. Solo así puede garantizarse un equilibrio justo entre los derechos individuales y colectivos, evitando que las decisiones judiciales terminen perjudicando, desafortunadamente, a quienes más necesitan el servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las consecuencias negativas del uso excesivo de tutelas en el sistema de salud colombiano?

El uso excesivo de tutelas en salud, según los datos de El Espectador, desarticula las listas de espera y obliga a priorizar casos por orden judicial sin nuevas capacidades, desplazando recursos y retrasando la atención de otros pacientes. Además, ejerce presión sobre las finanzas del sistema, provoca aumentos injustificados en los precios y puede excluir a quienes no pueden pagar sobrecostos, perjudicando la sostenibilidad del sistema a mediano y largo plazo.

¿Por qué existen listas de espera en el sistema de salud colombiano?

Las listas de espera existen porque la capacidad de atención, en términos de médicos, camas y equipos, es limitada, como explica El Espectador. Estas listas buscan organizar la prestación de servicios de acuerdo con la disponibilidad real, asegurando que los recursos se asignen de forma equitativa y ordenada ante la demanda que, en muchas ocasiones, supera ampliamente lo que el sistema puede proporcionar en el momento.

Según el mandatario, las autoridades interceptaron una embarcación tipo Go-Fast que transportaba las armas ocultas en un doble fondo. El operativo dejó como resultado la incautación de 104 armas de fuego, entre ellas 69 fusiles, 30 pistolas, tres lanzagranadas y dos ametralladoras.

¡HACE 45 AÑOS NO SE REGISTRABA UNA INCAUTACIÓN DE ARMAS DE ESTA MAGNITUD EN EL CARIBE COLOMBIANO!

¡104 ARMAS DE FUEGO INCAUTADAS Y 5 CAPTURADOS!

Nuestra Armada Nacional, a través de la Fuerza Naval del Caribe, en una operación de interdicción marítima realizada el 4 de… pic.twitter.com/MEgMfG8qzw

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 5, 2026

También fueron decomisados 96 proveedores, municiones de diferentes calibres, 6.960 dólares y 23.569 lempiras hondureños.

En el procedimiento fueron capturadas cinco personas: cuatro colombianos y un ciudadano hondureño. Además, la embarcación utilizada para transportar el armamento fue inmovilizada.

De acuerdo con información de inteligencia citada por De La Espriella, el arsenal tendría como destino a la estructura criminal Los Conquistadores de la Sierra.

El presidente aseguró que su Gobierno continuará persiguiendo a las organizaciones delincuenciales, golpeando sus finanzas y desmantelando sus rutas de abastecimiento de armas.

Finalmente, reconoció el trabajo de la Armada y la Policía Nacional y reiteró que no dará tregua a las estructuras criminales que operan en el país.

Santos, galardonado con el Premio Nobel de la Paz, ya había hecho referencia a la postura del diplomático Gaona. En respuesta a un editorial de El Espectador, el exmandatario expresó: “totalmente de acuerdo”, respaldando la afirmación del medio de que “decir que no es modelo es no conocer los procesos de paz”. Gaona replicó asegurando que sus palabras ante la ONU estaban siendo tergiversadas, y recalcó que Colombia obtuvo respaldo pleno con 15 votos a favor en el Consejo de Seguridad para modificar el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016.

Durante su gira internacional para conmemorar los diez años de negociaciones en La Habana, Juan Manuel Santos ha compartido su experiencia sobre el proceso de paz en varios países. En ese contexto, el exmandatario enfatizó que la posición del actual gobierno responde a “razones ideológicas y políticas que no tienen ninguna lógica y van en contra del sentido común”. Por su parte, el embajador Gaona sostuvo ante la ONU: “el Acuerdo firmado en 2016 no es un modelo para nuestro mundo”.

Las posturas divididas en torno al proceso han suscitado debates entre figuras relevantes, como Humberto De la Calle, quien resaltó que aunque el acuerdo logró la dejación de armas de la guerrilla más poderosa, los grupos que continuaron delinquiendo no alteran el resultado. Además, De la Calle indicó que se compara injustamente con los problemas de la llamada 'paz total' impulsada por otro gobierno.

Abelardo de la Espriella, presidente actual, ratificó el respaldo a su diplomático, destacando la aprobación unánime del Consejo de Seguridad sobre la propuesta de su gobierno en relación con la misión de verificación. Afirmó que Colombia precisa una paz que cuente con seguridad, justicia, instituciones fuertes y la presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional. Así, el debate sobre el valor, modelo y aplicación del Acuerdo de Paz de 2016 sigue generando intensos cuestionamientos en el ámbito nacional e internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el embajador de Colombia ante la ONU dijo que el Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo?

De acuerdo con las declaraciones del embajador Mauricio Gaona, ante la Organización de las Naciones Unidas, su posición se basa en que el Acuerdo de Paz de 2016 no encaja como modelo universal, pues considera que cada realidad nacional es diferente. Gaona argumentó que ha habido interpretaciones incorrectas de su postura, pero destacó el respaldo unánime que obtuvo Colombia para modificar la misión de verificación del Acuerdo, reafirmando que su enfoque pretende adaptar el proceso a las necesidades actuales del país.

¿Qué efectos tiene la postura del gobierno de Abelardo de la Espriella sobre el Acuerdo de Paz?

La posición del gobierno de Abelardo de la Espriella ha desencadenado tanto críticas como apoyos en diferentes sectores. Según comentarios recogidos de figuras como Juan Manuel Santos y Humberto De la Calle, el actual gobierno estaría intentando restarle legitimidad al acuerdo, motivado principalmente por razones políticas e ideológicas. Esta postura mantiene activo el debate sobre el impacto y la continuidad de la implementación del Acuerdo de Paz, así como sobre los mecanismos de verificación internacional de sus compromisos.

El movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Tesalia y ocurrió a las 10:33 de la mañana, hora local.

De acuerdo con la información oficial, el evento tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. Esta característica permite identificar que el movimiento se originó a poca distancia de la superficie terrestre.

El reporte del SGC señala que el temblor fue localizado en las coordenadas 2.62° de latitud y -75.66° de longitud.

Para establecer sus características, el organismo contó con información de 34 estaciones de monitoreo y clasificó el registro con estatus manual.

Entre los municipios más cercanos al epicentro se encuentran Íquira, ubicado a 4 kilómetros; Yaguará, a 17 kilómetros, y Teruel, también a 17 kilómetros, todos en el departamento del Huila.

El movimiento ocurrió a las 3:33 de la tarde en horario UTC. El informe técnico también reportó un RMS de 0,6 segundos y un GAP de 54 grados, parámetros utilizados para evaluar la calidad de la localización del evento sísmico.

El caso salió a la luz luego de que miembros de un equipo de fútbol de la Facultad de Relaciones Internacionales denunciaran públicamente que se habían sustraído computadores, celulares, tabletas y dinero en efectivo que dejaron en los camerinos durante el encuentro deportivo. Si bien algunas afectadas calcularon las pérdidas en alrededor de 60 millones de pesos, la institución no confirmó oficialmente esa cifra, manteniendo reserva sobre el monto exacto.

Las críticas sobre la seguridad no tardaron en aparecer. De acuerdo con las declaraciones difundidas por las estudiantes, la falta de control de acceso a las instalaciones fue determinante; incluso una de ellas señaló mediante un video en redes sociales que no se estaba solicitando el carné de identificación para el ingreso al campus, lo que facilitó la entrada de personas externas o ajenas a la universidad.

En respuesta, la Javeriana expresó por medio de un comunicado su respaldo a las siete estudiantes, indicando que se facilitará el acompañamiento en la presentación de denuncias individuales ante las autoridades. La universidad también interpondrá una denuncia adicional y activará el proceso de reclamación de la póliza correspondiente que ampara estos incidentes, buscando cubrir el impacto de lo ocurrido.

Como medida inmediata de mejora, la institución informó que trabajará en conjunto con las autoridades para obtener información relevante sobre el caso y para afianzar la investigación en curso. Para atender las inquietudes y necesidades específicas de las afectadas, se habilitó una línea directa de comunicación con Luis Felipe Zuluaga, director de Recursos Físicos.

Considerando las preocupaciones sobre la seguridad, la Javeriana revisará sus protocolos y controles de acceso, en especial durante actividades nocturnas, para identificar aspectos susceptibles de ajuste y reforzar la protección de los espacios deportivos. Según el pronunciamiento institucional, la seguridad del entorno educativo es una prioridad. Aunque en un primer momento se habló de al menos diez afectadas, la universidad corroboró siete casos confirmados. Hasta el momento, no se han reportado capturas ni detalles oficiales sobre la manera en que los responsables ingresaron al área de vestidores. El desarrollo de la investigación y la revisión de las medidas de seguridad serán determinantes en la prevención futura de este tipo de incidentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones implementó la Universidad Javeriana tras el robo en los vestidores femeninos?

La universidad anunció acompañamiento legal a las siete estudiantes para la presentación de las denuncias, interpondrá una denuncia institucional, gestionará la reclamación del seguro por hurto y trabajará junto a las autoridades para clarificar el caso. Además, habilitó un canal directo con el director de Recursos Físicos para atender a las afectadas y revisará los protocolos de acceso a las instalaciones deportivas.

¿Qué medidas de seguridad evalúa la Universidad Javeriana tras el hurto?

La institución informó que revisará los procedimientos y controles de ingreso a los espacios deportivos, principalmente durante actividades nocturnas, para determinar cuáles requieren ajustes. El objetivo principal es fortalecer la seguridad y evitar futuros incidentes en el campus.

De ahí, se conoció que sobre el mediodía del jueves 5 de noviembre de 2026 se presentó el arribo de esa mujer al búnker de la Fiscalía General de la Nación para exponer uno de los elementos claves.

Cabe recordar que ella aseguró que el líder del Pacto Histórico le ofreció contratos con entidades como forma de pago presuntamente por la prestación de servicios íntimos para él.

Esas declaraciones salieron a flote el pasado domingo 25 de octubre de 2026 en medio de la sorpresa general, entre los detractores del exmandatario y quienes cuestionan los mencionados señalamientos.

Incluso, Vanessa de la Torre señaló a Petro por olor “putrefacto” en un episodio con el que se plantea un comportamiento por parte del entonces presidente de Colombia, tema que ahora es parte del debate.

De ahí, Caracol Radio indicó que Jiménez le entrega el celular a la Fiscalía para la extracción forense del dispositivo y advirtió que “se estima que la diligencia durará cuatro horas”, aunque para el caso no se tiene claro en qué momento finalizaría.

El análisis de este material como probatorio contra Petro busca que la Corte Suprema tenga elementos para la revisión del caso que ya está bajo su potestad para responder a los señalamientos de la mencionada mujer.

Cabe recordar que la senadora María José Pizano también fue mencionada por la joven dentro de todo el proceso de los contratos, como una de las personas que estuvo a cargo de una de las entidades en esa época.

Días atrás, el supervisor de dos contratos de Jiménez reconoció que la tuvo a cargo, aunque para el caso en cuestión aclaró que no supo cómo se presentó la contratación de ella.

Los resultados que surjan del mencionado proceso clave van a servir para avanzar o no en la investigación de uno de los señalamientos más controversiales contra un mandatario.

¿Cómo es una extracción forense de un celular?

La extracción forense de un teléfono móvil constituye uno de los procedimientos técnicos más determinantes dentro de las investigaciones judiciales modernas para recopilar pruebas digitales legalmente válidas.

El proceso inicia estrictamente en el lugar de los hechos mediante el aislamiento físico y electromagnético del equipo incautado para bloquear cualquier comunicación inalámbrica remota.

Los peritos depositan el terminal dentro de bolsas de Faraday especializadas, impidiendo la recepción de llamadas, mensajes de texto o comandos de borrado remoto vía internet.

Posteriormente, el personal forense traslada el artefacto al laboratorio oficial garantizando el riguroso registro documental de la cadena de custodia para evitar impugnaciones procesales posteriores.

Una vez en el laboratorio especializado, los ingenieros conectan el teléfono apagado o desbloqueado a estaciones de trabajo forenses certificadas mediante cables de datos blindados.

Los expertos seleccionan entre tres metodologías técnicas de extracción según el estado operativo del teléfono, el nivel de cifrado y el sistema operativo involucrado.

La extracción manual permite visualizar y registrar fotográficamente los elementos directamente visibles en pantalla, siendo el método más básico pero menos exhaustivo del análisis.

La modalidad lógica utiliza los comandos del fabricante para copiar archivos del sistema, registros de llamadas, listas de contactos, galerías multimedia y bases de mensajería instantánea.

Por su parte, la extracción física realiza un volcado binario directo de los chips de memoria flash, logrando recuperar registros borrados y fragmentos de información oculta.

Durante cada volcado digital, el software forense genera automáticamente una función algorítmica de comprobación denominada valor hash para blindar la integridad del contenido original extraído.

Esa firma criptográfica irrepetible asegura ante los jueces que ningún funcionario modificó, eliminó o implantó archivos durante el análisis técnico de los elementos materiales probatorios.

Finalmente, los especialistas procesan los datos brutos, elaboran un informe técnico pericial estructurado y entregan las conclusiones detalladas a los fiscales del caso penal correspondiente.

En su publicación, Matador usó expresiones provocadoras y comparaciones para referirse a Dávila, llegando incluso a llamarla «la primera moza de la nación». Este calificativo, acompañado de otras frases, elevó el tono de la discusión y centró la atención en el estilo y la posición de la periodista dentro del escenario político y mediático colombiano. Al continuar su mensaje, Matador hizo referencia a supuestos comportamientos de celos, afirmando: «Solo falta que le eche aceite de batería a la pintura del carro del man», en respuesta directa a una publicación de Vicky Dávila. Posteriormente, remató con una apreciación aún más personal: «Yo he conocido mujeres tóxicas… y luego está Vicky», lo cual acentuó el carácter confrontativo de su intervención.

La publicación no pasó desapercibida en redes sociales. De acuerdo con la información recogida, los comentarios de Matador se suman a una ola de discusiones marcadas por la polarización y la crítica personal en X, especialmente cuando están relacionados con temas de alta sensibilidad política como el escándalo que rodea a Gustavo Petro. El uso de calificativos personales y comparaciones directas desvió parte de la controversia hacia Dávila, alejando el foco de la discusión sobre el video implicado y centrándolo en disputas de carácter mediático y personal entre figuras públicas.

Este episodio demuestra cómo el debate político colombiano en las redes sociales suele desenvolverse en un marco de confrontaciones agudas, donde los límites entre la crítica al contenido y la descalificación personal pueden difuminarse con facilidad. Según lo reportado, la intervención de Matador provocó una multiplicidad de reacciones entre usuarios, acentuando aún más las divisiones que ya existen en el ambiente digital y mediático del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Matador criticó a Vicky Dávila en X durante la polémica de Gustavo Petro?

Matador dirigió fuertes críticas a Vicky Dávila en X a raíz de la polémica generada por la difusión de un video relacionado con el presidente Gustavo Petro. Usando comentarios personales y comparaciones provocadoras, Matador puso en tela de juicio la actitud de la periodista frente a la situación del mandatario, lo que desató una nueva ola de controversia y discusión en las redes sociales, de acuerdo con la información presentada originalmente.

¿Cuál fue la reacción en redes sociales tras las palabras de Matador contra Vicky Dávila?

De acuerdo con lo reportado, los mensajes de Matador rápidamente generaron reacciones y conversación en X, reflejando el ambiente de polarización y confrontación que suele caracterizar los debates políticos en Colombia. Las palabras del caricaturista desviaron momentáneamente la atención del video de Petro hacia la figura de Vicky Dávila, mostrando cómo, en este tipo de polémicas, el foco puede pasar de una discusión de fondo a enfrentamientos personales entre figuras mediáticas.

El siniestro ocurrió sobre las 9:20 de la mañana de este jueves 5 de noviembre, en el kilómetro 98+650, en jurisdicción de Bojacá. Según el reporte conocido por el medio mencionado, el automotor, de placas IXN435, se desplazaba en sentido Mosquera-La Mesa y tenía como destino el municipio de Girardot.

La hipótesis preliminar de las autoridades señala que el bus habría presentado daños en el mecanismo de frenado mientras recorría ese corredor vial. La situación habría complicado el control del vehículo cuando el conductor llegó a una curva, momento en el que salió de la carretera y terminó volcado sobre uno de sus costados.

(Vea también: Inmovilizaron lujoso Corvette, por chocar otro carro, y lo que le encontraron a su dueño es grave)

El bus, de color azul y perteneciente a Capillas de la Fe, transportaba a seis ocupantes, además del conductor, identificado como José Armando Rojas, de 42 años. También llevaba un féretro con los restos de Israel Malagón Wilches, cuyo traslado tenía como destino Girardot.

Como consecuencia del volcamiento, seis personas resultaron lesionadas. Entre ellas se encuentran un menor de 11 años y una mujer de 81 años. El conductor, por su parte, salió ileso, de acuerdo con la información entregada por las fuentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca.

Por ahora, la falla en los frenos es la hipótesis inicial sobre lo ocurrido y deberá ser establecida mediante las investigaciones correspondientes. Las autoridades tendrán que determinar las condiciones mecánicas del bus y las circunstancias exactas en las que perdió el control antes de salirse de la vía.

#Cundinamarca | Un bus de la funeraria Capillas de la Fe se volcó en la vía Mosquera – La Mesa, dejando a seis personas heridas, entre ellos un menor de edad y una adulta mayor. La vía se encuentra cerrada en un carril.

Vía: @Nia_Maldonadoohttps://t.co/qRQodC6mox pic.twitter.com/weK9w51oct

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

En entrevista con el programa Bajo Sospecha, la madre lanzó un llamado directo al presidente de la República y al director de la Policía Nacional para que la reciban y le den respuestas.

(Lea también: Mamá de Laura Valentina Lozano revela qué encontraron en la escena donde murió su hija: “Hubo sevicia”)

De acuerdo con la versión oficial, Mateus falleció tras inhalar monóxido de carbono en una estación de gasolina en Sibaté, Cundinamarca. Sin embargo, su familia rechaza esa explicación.

“Yo estoy segura que él no se metió allá a inhalar monóxido de carbono. Él estaba haciendo curso de ascenso, amaba su institución, él ya llevaba 10 años y ya sabía los peligros a los que se estaba enfrentando”, señaló Sandra en la entrevista.

Su hija también detalló las irregularidades que encontraron desde el primer momento. Cuando reclamaron las pertenencias del patrullero, el teléfono celular les fue entregado con retraso y con señales evidentes de alteración.

“Me doy cuenta que han eliminado mensajes, que se encuentran también llamadas a las horas que él ya no se encontraba”, reveló. Además, al recuperar el dispositivo tras entregarlo a la Fiscalía, advirtieron que el WhatsApp y los correos electrónicos habían sido borrados por completo.

La ropa de Mateus también causó sospechas. Según la hermana del patrullero, las prendas fueron entregadas con un nivel de humedad inusual: “Parecía que la hubiesen metido en un balde y la hubieran sacado así escurriendo agua”. A eso se suma que el cuerpo presentaba golpes visibles durante la velación que no quedaron consignados en los documentos oficiales, y que el informe forense reportó líquido hemático en el abdomen, el cerebro y los riñones, hallazgos incompatibles, según la familia, con una intoxicación por monóxido de carbono.

Sandra, la madre de Edwin,  asegura que la institución nunca la contactó directamente para notificarle el fallecimiento. Se enteró por una cadena de llamadas que pasó por un compañero de trabajo de su hijo, su yerno y una hermana.

“No fue directamente de la Policía”, precisó. El llamado ahora va dirigido a las más altas esferas: “Si el mensaje le llega al presidente, a Abelardo de La Espriella , que él es padre también, que por favor me escuche, que me reciba, porque yo soy la mamá de un patrullero de la Policía Nacional de Colombia y quiero una explicación”.

(Vea también: “Este dolor es por siempre”: madre de joven barbero asesinado por defender a mujer en Bogotá pide justicia)

¿Por qué la familia de Edwin Mateus sospecha de manipulación en la investigación?

Además de las evidencias físicas y digitales alteradas, la familia interpuso derechos de petición después de que las autoridades intentaron archivar el caso en menos de dos años. Gracias a una apelación, el proceso sigue abierto, pero la familia denuncia que ha tenido que recurrir a acciones de tutela para acceder a información básica de Medicina Legal y la Fiscalía.

¿Qué papel tiene el compañero de turno de Edwin Mateus esa noche?

El patrullero que compartía servicio con Mateus nunca se acercó a la familia ni a la funeraria, y los intentos por contactarlo han resultado infructuosos. La hermana de Edwin acudió personalmente hasta la estación de Sibaté para buscarlo y le informaron que ya no estaba allí. La familia cree que esa persona podría tener información clave para esclarecer lo ocurrido.

Uno de los momentos destacados de esta agenda es la novena edición del Festival de la Familia, programada para el domingo 8 de noviembre en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio. El encuentro, según la información difundida, está diseñado como una jornada para estimular la integración, la diversión y el encuentro entre los habitantes de Cali. El evento se desarrollará de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. y proyecta recibir a más de 4.000 personas, incluyendo cerca de 2.200 niños. La oferta recreativa estará compuesta por más de 35 actividades, entre ellas juegos inflables, espectáculos artísticos y estaciones con juegos tradicionales, como sapo, parqués y dominó.

Además de las actividades lúdicas, el festival vinculará los 11 programas institucionales de la Secretaría del Deporte y la Recreación, junto con los 10 componentes de la estrategia ‘Cali Juega’. El acceso a todo el evento será libre y gratuito, sujeto a registro previo en la plataforma digital oficial.

Por otra parte, el Estadio Olímpico Pascual Guerrero también se encuentra bajo una fase intensiva de mejoras. De acuerdo con el medio citado, las adecuaciones buscan preparar el escenario para el partido entre la selección Colombia masculina de mayores y Chile, correspondiente a la fecha FIFA, y pautado para el viernes 13 de noviembre a las 7:00 p.m. Este partido significa el regreso de “La tricolor” al Pascual Guerrero tras 27 años de ausencia. El estadio, además, es sede de equipos como América de Cali, Boca Juniors y Atlético FC.

La administración distrital, bajo la orientación del alcalde Alejandro Eder y el secretario Alexander Camacho, emprendió obras como resane de grietas en la tribuna occidental, reparación de la lona en la tribuna norte y reacondicionamiento de camerinos. También se están reemplazando 400 sillas y realizando trabajos en ascensores, sistemas de aire acondicionado, iluminación y gramilla, todo para alcanzar los estándares requeridos a nivel internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades incluye el Festival de la Familia en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio?

El Festival de la Familia, que se llevará a cabo en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, contempla más de 35 ofertas de entretenimiento, como módulos de inflables, espectáculos artísticos en tarima y estaciones de juegos tradicionales, entre ellos sapo, parqués y dominó. El evento vincula programas institucionales y la estrategia “Cali Juega”, permitiendo la participación libre con registro previo.

¿Qué intervenciones se han realizado en el estadio Pascual Guerrero tras el sismo del 10 de agosto?

Después del sismo registrado el 10 de agosto, el estadio Pascual Guerrero ha sido objeto de obras de resane en la tribuna occidental, reparación de la lona en la tribuna norte, reacondicionamiento de camerinos y reemplazo de 400 sillas. Además, se realizan mantenimientos en ascensores, sistemas de aire acondicionado, iluminación y gramilla para cumplir estándares internacionales.

Actualmente, destacan las intervenciones en los colegios Marice Sinisterra y Julio Caicedo y Tellez, donde la inversión conjunta alcanza los $128.575.605. De acuerdo con la información proporcionada por Noticiero 90 Minutos, estos fondos no solo se emplean en la reconstrucción estructural, sino también en la creación de áreas como salas de lectura, en un esfuerzo por recuperar y fortalecer el ambiente académico tras los daños generados por el sismo.

La situación era especialmente crítica en la sede Francisco de Paula Santander de la institución Julio Caicedo y Tellez. Allí, según relata Fabiola Cortés Arango, coordinadora de la sede, la comunidad educativa debió adoptar la modalidad ‘Pico y salón’, alternando grupos de estudiantes debido a la falta de aulas en condiciones adecuadas. Cortés Arango señala que "en un tiempo récord se logró hacer el trabajo de demolición y reconstrucción de esas aulas, que estaban afectando gravemente y muy sensiblemente a la población estudiantil".

La intervención ya ha permitido que aproximadamente 710 estudiantes de las instituciones beneficiadas tengan acceso a mejores instalaciones. Sin embargo, la estrategia ‘Modo Esperanza’ no se detiene ahí. Está previsto intervenir la sede Ana María Vernaza de la Institución Educativa Siete de Agosto, con otra inversión de $71.424.395, buscando beneficiar a más de mil estudiantes en total.

Este esfuerzo conjunto entre entidades públicas y privadas responde al impacto profundo de la emergencia y evidencia la importancia de la reconstrucción educativa para el bienestar de miles de familias de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué instituciones educativas se están restaurando con la campaña ‘Modo Esperanza’ tras el terremoto?

De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos, en esta fase de la campaña ‘Modo Esperanza’ se intervienen las instituciones educativas Marice Sinisterra y Julio Caicedo y Tellez, así como la sede Ana María Vernaza de la Institución Educativa Siete de Agosto. Se realizan inversiones destinadas a reconstruir y mejorar la infraestructura y a crear espacios especializados como salas de lectura.

¿Cuántos estudiantes se benefician de la reconstrucción de colegios después del terremoto en la ciudad?

En la actualidad, las intervenciones benefician a cerca de 710 estudiantes de distintas edades en Marice Sinisterra y Julio Caicedo y Tellez. Además, la futura intervención en la sede Ana María Vernaza está proyectada para favorecer a más de mil estudiantes, lo que evidencia el alcance y el impacto de la estrategia.

Sin embargo, en su ponencia de archivo, Nieto Loaiza subraya que no es viable que el Congreso otorgue este tipo de facultades extraordinarias sin una solicitud precisa y sin ambigüedad por parte del Gobierno Nacional. El senador enfatiza que la petición debe ser clara y específica para cumplir con los preceptos constitucionales. Además, advierte que el Ejecutivo ya ha solicitado este tipo de facultades en proyectos de ley propios, como el de ajuste fiscal que será debatido pronto en el Capitolio. En ese proyecto, como señala El Espectador, el artículo 7 propose otorgar al Ejecutivo la autoridad para crear, suprimir, fusionar, reorganizar o reestructurar carteras y entidades estatales, evitando así la duplicidad legislativa sobre una misma temática y en un mismo periodo.

La iniciativa también proponía al presidente modificar la naturaleza jurídica de las entidades, redefinir sus funciones y estructura, y trasladar competencias según lo considerara necesario, aunque sin generar nuevas funciones. Si el Congreso aprueba el proyecto de ajuste fiscal, De la Espriella podría suprimir, fusionar o modificar organismos estatales de diversa índole, incluidas superintendencias y agencias, siempre y cuando se justifique la creación de nuevas entidades para reemplazar funciones esenciales y con una vigencia de hasta seis meses. En línea con la búsqueda de austeridad, Correa y Caicedo propusieron además reducir en 50% las Unidades de Trabajo Legislativo. El alcance de estos cambios será objeto de intenso debate dentro del Congreso en las próximas semanas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles serían los cambios en la administración pública si se aprueba el proyecto de ajuste fiscal de De la Espriella?

Si el Congreso aprueba el proyecto de ajuste fiscal del presidente Abelardo de la Espriella, el mandatario podría fusionar, suprimir, crear o reorganizar ministerios y otras entidades estatales mediante decretos con fuerza de ley, en busca de un Estado más eficiente y menos costoso durante un periodo limitado de seis meses, según El Espectador.

¿Qué significa que el presidente tenga facultades extraordinarias para reorganizar entidades públicas?

Contar con facultades extraordinarias implica que el presidente recibiría autorización legislativa para modificar, mediante decretos que tengan fuerza de ley y por un tiempo determinado, la estructura, funciones y naturaleza jurídica de entidades del Estado, sin requerir cada vez la aprobación del Congreso, concentrando temporalmente el poder de reorganizar la administración pública, de acuerdo con lo informado por El Espectador.

El presupuesto de la entidad para 2027 se estableció en 181.400 millones de pesos, una cifra que plantea retos importantes en la operación y el desarrollo de sus tareas judiciales. Danilo Rojas Betancourth, durante su acto de posesión, anticipó que serán necesarios ajustes administrativos ante las restricciones económicas. Algunas de las medidas consideradas incluyen la entrega del edificio principal que ocupa la entidad y la posible reducción en los esquemas de seguridad, todo ello con miras a utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles.

La JEP, según lo indicado en los reportes oficiales, se encuentra en un momento decisivo: mientras la Sala de Justicia avanza hacia el cierre de las investigaciones, el Tribunal para la Paz se prepara para afrontar la etapa más exigente de los juicios. Todo esto ocurre en el contexto de relaciones complejas para establecer diálogo con el gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella.

Sobre el perfil del nuevo presidente de la JEP, hay que destacar su preparación académica y su recorrido profesional en la rama judicial, la academia y organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo Noruego para los Refugiados. Rojas también se desempeñó como director del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional y ha ocupado cargos de relevancia en el Consejo de Estado, llegando a la presidencia de ese organismo en 2016. Dentro de la JEP, asumió como vicepresidente de la Sección de Apelación en 2018 y esta vez fue elegido presidente por 23 votos frente a otras candidaturas, en la primera ronda de votación realizada en octubre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales retos presupuestales que enfrenta la JEP con Danilo Rojas Betancourth?

La Jurisdicción Especial para la Paz enfrenta restricciones económicas severas, con un presupuesto de 181.400 millones de pesos para 2027, lo que obliga a considerar medidas de ahorro como la entrega del edificio principal y la reducción de esquemas de seguridad. Estos ajustes podrían influir en la capacidad operativa y en la seguridad del personal, un tema relevante dado su papel en los procesos de justicia transicional.

¿Qué perfil académico y profesional tiene Danilo Rojas Betancourth, presidente de la JEP?

Danilo Rojas Betancourth es abogado con especialización, maestría y doctorado en Derecho de la Universidad Nacional, además de formación en Derecho Administrativo y Argumentación Jurídica. Ha trabajado en entidades internacionales y nacionales de derechos humanos y ha ocupado importantes cargos en la rama judicial de Colombia, como consejero y presidente del Consejo de Estado antes de llegar a la presidencia de la JEP.

De acuerdo con las indagaciones periodísticas, se han documentado cinco contratos obtenidos por la joven de 27 años, natural de Sevilla (Valle), en entidades como el Ministerio del Interior —cuando la cartera era liderada por Armando Benedetti—, la Superintendencia de Vigilancia y el Senado de la República, periodo este último que coincidió con la gestión en la primera vicepresidencia de la corporación por parte de la senadora María José Pizarro.

A los chats y al video de 54 segundos difundidos recientemente se sumaron imágenes que habían permanecido inadvertidas y que evidencian el acceso de Jiménez a zonas restringidas del Congreso. Una de las fotografías data del 6 de marzo de 2022 y muestra a la joven, vestida de negro, ubicada en uno de los atriles contiguos a la mesa directiva del Senado. Para esa época, la excontratista ostentaba un vínculo contractual en la división de recursos humanos de la Cámara alta por un valor de 9 millones de pesos, mientras Gustavo Petro ejercía simultáneamente como congresista.

Ante este hallazgo, las autoridades solicitarán al funcionario que ordenó dicha contratación que explique cómo llegó la hoja de vida de Jiménez a la corporación, teniendo en cuenta sus antecedentes laborales previos en plataformas de contenido para adultos. En la misma fecha, los registros gráficos la ubican en el patio Rafael Núñez —el espacio que separa el Capitolio de la Casa de Nariño—, así como subiendo las escalinatas del legislativo.

Las evidencias fotográficas también abarcan registros posteriores fuera del entorno estrictamente institucional, incluyendo imágenes de una terraza en el centro de Bogotá fechada el 11 de noviembre de 2024 —cuando ya había culminado su paso como contratista del Senado—, además de postales en escenarios campestres montando a caballo de paso fino y a bordo de una cuatrimoto junto a camionetas de alta gama. Con estos elementos, la justicia busca esclarecer el grado de acceso y la trazabilidad de los contratos adjudicados a la excontratista.

Estas son las fotos

De acuerdo con los detalles proporcionados, la línea de emergencias 123 recibió el reporte y permitió la reacción tanto de uniformados de la Policía Metropolitana como de grupos de rescate. Estos organismos realizaron una valoración inicial de la víctima en el lugar antes de su traslado hasta una entidad de salud, donde permanece estable y bajo observación médica, de acuerdo con la Alcaldía.

Gracias a las primeras indagaciones relacionadas con la identidad del hombre, se supo que había salido el lunes 2 de noviembre del hogar de paso Mi Jesús. Aunque la investigación sigue en curso, una de las principales hipótesis apunta a que el adulto mayor habría sido atacado por dos personas, quienes, con el aparente objetivo de robarle sus pertenencias, lo ataron y condujeron hasta el lote donde finalmente fue encontrado. Esta versión hace parte de las líneas de investigación y no ha sido confirmada en su totalidad por las autoridades correspondientes.

Las actuaciones de la Policía Nacional se concentran en esclarecer las circunstancias que rodean el caso e identificar a los responsables de la agresión. Para ello, se lleva a cabo la revisión de cámaras de seguridad instaladas en la zona, así como la toma de declaraciones a testigos y habitantes del sector. Mientras tanto, la Alcaldía de Manizales anunció que, tras la recuperación médica de la víctima, se realizará un acompañamiento psicosocial y se gestionará su eventual ingreso a un hogar de bienestar para personas mayores. Este caso ha puesto sobre la mesa la preocupación por la vulnerabilidad a la que están expuestos muchos adultos mayores y la necesidad de reforzar acciones de protección para esta población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas anunció la Alcaldía de Manizales para proteger al adulto mayor agredido?

La Alcaldía de Manizales comunicó que, tras recibir el alta médica, el adulto mayor contará con acompañamiento psicosocial. Además, se gestionará su ingreso a un hogar de bienestar para personas mayores, con el propósito de proteger su integridad y bienestar luego de la agresión sufrida, según datos entregados por la entidad.

¿Cuál es la principal hipótesis sobre el caso del adulto mayor encontrado atado en Manizales?

De acuerdo con la información difundida, la principal hipótesis que exploran las autoridades señala que el hombre habría sido interceptado por dos personas que intentaron robarle sus pertenencias. Estas personas lo habrían atado y dejado en el terreno donde finalmente fue hallado. Esta versión está sujeta a investigación y no ha sido confirmada oficialmente.

La solicitud de información por parte de la Procuraduría permitió establecer que no existen actuaciones disciplinarias sobre Monterrey y Estambul; sin embargo, sí se adelantaba una pesquisa respecto al consulado en Tijuana. El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció que se investigaban aspectos como la habilitación financiera, la operatividad de la sede, el arrendamiento del inmueble y los compromisos sin respaldo presupuestal, así como pagos de salarios sin que se evidenciara la prestación efectiva del servicio. De acuerdo con la investigación de la Unidad Investigativa de Caracol Radio, el consulado en Tijuana fue creado hace dos años durante el gobierno de Gustavo Petro, aunque nunca ha contado con una sede física ni ha prestado servicios, a pesar de mantener una cónsul provisional hasta el 30 de octubre.

En ese periodo, el Estado destinó más de USD 153.000 a la abogada Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, quien recibió USD 14.700 mensuales y pagos adicionales relacionados con su traslado y menaje doméstico. A pesar de estos desembolsos, la oficina nunca abrió operaciones y, de hecho, existe una deuda por el arrendamiento del inmueble, sobre la cual la embajada en México recibió un requerimiento formal el 30 de septiembre. Ante la falta de respuesta de la cónsul y pendientes económicos con proveedores de servicios contratados para la etapa de adecuación, Pabón renunció el 30 de octubre.

El origen del consulado se remonta al Decreto 1405 expedido el 22 de noviembre de 2024 por el entonces canciller Luis Gilberto Murillo, que también autorizaba la creación de consulados en Monterrey y Tuxtla Gutiérrez. No obstante, la sede en Tijuana sigue sin operar, lo que ha derivado en sobrecarga para el consulado en Ciudad de México y cuestionamientos sobre la autenticidad de los estudios previos y la asignación de recursos. Por la gravedad de los hallazgos, la Cancillería, bajo la gestión de Omar Bula, informó a la Fiscalía y la Procuraduría sobre todas las actuaciones relacionadas con el caso.

¿Cuáles son las presuntas irregularidades detectadas en la apertura del Consulado de Colombia en Tijuana?

De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Investigativa de Caracol Radio, las principales irregularidades incluyen pagos de salarios y viáticos sin prestación efectiva del servicio, arrendamiento de un inmueble sin respaldo presupuestal y la inexistencia de una sede operativa a pesar de los desembolsos hechos. Además, existen deudas pendientes por adecuación de infraestructura y obligaciones económicas sin liquidar.

¿Por qué el Consulado de Tijuana no llegó a operar pese a su creación formal?

Aunque el Decreto 1405 de noviembre de 2024 autorizó la apertura del consulado, investigaciones periodísticas y comunicados oficiales muestran que nunca funcionó de manera efectiva. No se estableció físicamente ni prestó servicios, persistieron dudas sobre la existencia de estudios previos y disponibilidad de presupuesto, y las actuaciones administrativas fueron objeto de denuncias y alertas, lo que terminó por frenar su operación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En su llamado, la CUT invitó de manera abierta no solo a sus miembros, sino también a otros sindicatos, estudiantes, campesinos, organizaciones políticas y una diversidad de sectores sociales para que participen en las movilizaciones. El sindicato argumenta que la reforma tributaria propuesta contiene elementos especialmente polémicos para la clase trabajadora y los hogares de menores ingresos. De acuerdo con el documento difundido y citado por los medios, el principal punto de discordia es la aplicación de un IVA (impuesto al valor agregado) del 19 % a los alimentos y productos básicos, lo que encarecería significativamente la canasta familiar. Además, el proyecto contempla un aumento en los impuestos sobre la renta de trabajo y la cotización al sistema de salud hasta un 8 %.

La CUT cuestiona que, al tiempo que se elevan estos tributos, el Gobierno prevé aplicar reducciones tributarias que, según la organización, beneficiarían a los sectores con mayor capital. Además de los temas fiscales, el sindicato denuncia el riesgo de que se otorguen facultades especiales al presidente para reestructurar el Estado. Según sus estimaciones, esto podría conllevar la eliminación de hasta 700.000 empleos públicos y facilitar la privatización de empresas estatales como Ecopetrol, Cenit y Grupo Bicentenario.

Por otra parte, la central obrera rechaza posibles cambios en los acuerdos de paz, advierte lo que considera restricciones impuestas a la movilización social y denuncia el posible desmonte de derechos laborales y sociales adquiridos bajo el gobierno de Gustavo Petro. En su comunicado, la CUT afirma que la protesta del 19 de noviembre será la continuidad de las marchas realizadas el 14 de octubre y hace un llamado a fortalecer la oposición “en las calles” bajo la consigna “¡Democracia o fascismo!”. La discusión en torno a la reforma tributaria se presenta como un eje central de confrontación entre el gobierno y diferentes sectores sociales.

¿Cuáles son los puntos centrales que motivan el paro nacional del 19 de noviembre según la CUT?

De acuerdo con la información divulgada por la CUT, los principales motivos del paro son el rechazo al IVA del 19 % para alimentos y productos básicos, el aumento de impuestos a las rentas de trabajo, la subida de la cotización a salud al 8 %, la posible masiva eliminación de empleos públicos y la eventual privatización de empresas estatales. Además, la CUT se opone a reformas que, en su criterio, pondrían en riesgo conquistas laborales y sociales.

¿Qué implica la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Abelardo de la Espriella según la CUT?

Según la Central Unitaria de Trabajadores, el proyecto de reforma tributaria contempla un incremento del IVA al 19 % para alimentos y bienes básicos, mayores exigencias fiscales sobre rentas de trabajo y el aumento de la cotización a salud. La CUT sostiene que la iniciativa beneficiaría principalmente a los grandes capitales y pone en riesgo empleos estatales y derechos sociales, generando un ambiente de tensión y protesta social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Las aprehensiones se llevaron a cabo durante la madrugada de este jueves 5 de noviembre, en el marco de la Operación Iron 2.0, una estrategia de seguridad desarrollada en Cali y municipios cercanos para combatir diferentes estructuras delincuenciales.

(Lea también: Aparecen nuevas fotos de Yulieth, mujer señalada de desaparecer a María Camila Potosí, en Cali)

El caso de María Camila causó indignación debido a las circunstancias en las que ocurrió el crimen: la joven fue asesinada y, presuntamente, los responsables le extrajeron de manera violenta a su bebé, cuyos restos fueron encontrados posteriormente.

¿Qué se sabe de los siete implicados en el crimen?

Antes de las recientes capturas, cinco personas ya tenían medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta participación en el secuestro y homicidio de la joven.

Los procesados fueron identificados como Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Sus capturas se llevaron a cabo en Cali y Tuluá.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, los señalados habrían tenido diferentes funciones dentro del plan criminal.

Según las autoridades, Yulieth Cecilia Angulo habría coordinado el hecho junto con otros dos implicados. Las cámaras de seguridad del sector la habrían registrado transportando en una motocicleta a María Camila, momento desde el cual se perdió el rastro de la joven.

Por su parte, Nitzon Stiven Mondragón, conocido como alias Nitson, fue señalado de presuntamente pertenecer a la estructura delincuencial ‘Los Santa’, organización con presencia en la Comuna 18 de Cali y relacionada con actividades como el microtráfico y los homicidios selectivos.

Entre tanto, Edwin García Zuluaga, alias ‘Edu’, y Kevin Alexis López Orozco, alias ‘Kevin’, habrían participado directamente en el asesinato y en la extracción de la bebé que estaba por nacer.

Finalmente, Juan José Narváez Rodríguez, conocido como alias ‘JJ’, habría intervenido en acciones para ocultar lo ocurrido, entre ellas el traslado y abandono del cuerpo de la víctima en inmediaciones del río Meléndez.

Las autoridades no han suministrado en la información conocida los nombres de las dos personas capturadas durante la más reciente operación.

Así ocurrió la desaparición de María Camila Potosí

Los hechos se remontan al 16 de julio de 2026, cuando María Camila, quien cursaba el octavo mes de embarazo, fue vista por última vez en el sector de Los Polvorines, en la Comuna 18, al sur de Cali.

Cuatro días después, el 20 de julio, su cuerpo fue encontrado a orillas del río Meléndez. La joven estaba amarrada, tenía heridas ocasionadas con arma blanca y había sido envuelta en sábanas.

La búsqueda continuó para establecer el paradero de su hija. El 30 de julio, las autoridades localizaron los restos de la bebé, luego de que uno de los detenidos entregara información sobre el lugar donde había sido abandonada. La familia había decidido llamarla Alahia.

Una de las principales líneas de investigación apunta a que el asesinato habría sido planeado para sostener un engaño sentimental. Según las autoridades, Yulieth Cecilia Angulo habría fingido estar embarazada para hacerle creer a su pareja que esperaba un hijo suyo. Esa situación, presuntamente, le habría permitido acercarse a María Camila durante los controles prenatales de un programa de asistencia para mujeres gestantes y ganarse su confianza.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se refirió a las nuevas capturas y aseguró que se cumplió el compromiso de encontrar a todas las personas señaladas por este crimen.

“Como lo dijimos en su momento, no íbamos a descansar hasta capturarlos a todos, pues ya capturamos a todos los responsables de ese homicidio”, afirmó el mandatario.

Operación Iron 2.0 deja más de 100 capturados

Las detenciones relacionadas con el caso de María Camila hacen parte de los resultados de la segunda fase de la Operación Iron, una ofensiva contra las estructuras criminales que operan en Cali y municipios cercanos.

De acuerdo con el balance entregado por la Alcaldía, el despliegue contó con más de 2.000 integrantes de la Fuerza Pública y organismos de investigación, entre ellos 1.781 policías y 265 soldados del Ejército Nacional, además de personal de la Fiscalía.

(Vea también: El último mensaje que envió mujer embarazada que fue hallada sin vida: hay pistas claves)

Durante las intervenciones, que se extendieron por ocho comunas y 14 barrios, se realizaron 140 diligencias de registro y allanamiento. El resultado preliminar reportado fue de más de 100 capturas y la desarticulación de 11 organizaciones delincuenciales.

Según el alcalde Eder, las estructuras intervenidas estarían relacionadas con delitos como hurto, homicidio, extorsión y microtráfico.

El mandatario aseguró que las acciones de seguridad continuarán y que la administración distrital mantendrá el trabajo conjunto con las autoridades nacionales para combatir las organizaciones criminales que afectan a la ciudad.

Según el cronograma oficial presentado por el registrador nacional, Hernán Penagos, en estas elecciones estarán en juego los cargos de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales. Como dato relevante ofrecido por la entidad, se estima que alrededor de 120.000 candidatos formalizarán su inscripción para disputar estos puestos en todo el territorio nacional.

El calendario electoral comenzó el 31 de octubre de 2026 con la apertura de registro para ciudadanos que necesitan actualizar su lugar de votación tras un cambio de residencia, y el registro de comités que respaldan candidaturas a través de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales o que promueven el voto en blanco. La fecha límite para realizar cambios en los puestos de votación se extenderá hasta el 31 de agosto de 2027, mientras que el censo electoral definitivo será conformado y publicado el 30 de septiembre de ese mismo año.

Por su parte, los aspirantes a cargos públicos deberán prestar especial atención al periodo de inscripción de candidaturas. Este proceso se abrirá el 30 de junio de 2027, fecha que coincide también con el plazo para registrar los comités inscriptores. La inscripción de candidatos y listas cerrará el 31 de julio de 2027, mismo día en que vence el plazo para entregar las firmas de respaldo de quienes se presentan a través de grupos significativos de ciudadanos. Además, el calendario prevé la fecha del 16 de octubre de 2027 como límite para el sorteo y publicación de las listas de jurados de votación. Finalmente, el 31 de octubre de 2027 tendrá lugar la jornada electoral en la que se definirán las nuevas autoridades locales y regionales.

Con esta hoja de ruta, la Registraduría Nacional del Estado Civil brinda claridad a partidos políticos, aspirantes y ciudadanía sobre los procedimientos y tiempos clave de cara a los comicios, permitiendo una adecuada organización y preparación para garantizar la transparencia y eficacia del proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo serán las elecciones regionales de 2027 en Colombia?

Las elecciones regionales de 2027 en Colombia se llevarán a cabo el domingo 31 de octubre de 2027. En esta jornada se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, de acuerdo con el cronograma oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

¿Cuáles son los plazos para la inscripción de candidatos en las elecciones territoriales 2027?

El periodo para la inscripción de candidatos y listas en las elecciones territoriales de 2027 iniciará el 30 de junio y finalizará el 31 de julio de 2027. En ese mismo lapso deberá entregarse la documentación y las firmas requeridas para quienes buscan aval por grupos significativos de ciudadanos, según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Entre los afectados se encuentran un menor de edad y una adulta mayor. Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre la identidad de los lesionados ni sobre las circunstancias que provocaron el volcamiento del vehículo.

(Vea también: Tragedia: padres e hija murieron en grave accidente de tránsito entre motos y camión)

La emergencia obligó a restringir la movilidad en este corredor vial, pues uno de los carriles permanece cerrado mientras se atiende la situación. La medida puede ocasionar demoras para los conductores que transitan por el sector.

Las autoridades deberán establecer qué ocurrió y avanzar en la atención de las personas heridas. Por ahora, se recomienda a los viajeros tener en cuenta la afectación vial al desplazarse entre Mosquera y La Mesa.

#Cundinamarca | Un bus de la funeraria Capillas de la Fe se volcó en la vía Mosquera – La Mesa, dejando a seis personas heridas, entre ellos un menor de edad y una adulta mayor. La vía se encuentra cerrada en un carril.

Vía: @Nia_Maldonadoohttps://t.co/qRQodC6mox pic.twitter.com/weK9w51oct

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

La gestión del magistrado Rojas Betancourth y la magistrada Vega Laguna comienza en un momento especialmente difícil para la JEP. Este tribunal enfrenta no solo fuertes críticas a su desempeño y la dificultad en las conversaciones con el gobierno de Abelardo de la Espriella, sino recortes financieros significativos: el presupuesto para 2027 se estableció en COP 181.400 millones. Además, un proyecto de reforma constitucional plantea reducir el tiempo de existencia del tribunal a diez años, poniendo en entredicho su continuidad. En su discurso de posesión, Rojas Betancourth anticipó cambios inminentes, como la posible entrega del edificio central y reducciones en los esquemas de seguridad.

Rojas Betancourth llega al cargo con una trayectoria de cerca de cuatro décadas. Nacido en San Antonio (Tolima), estudió Derecho en la Universidad Libre y se formó en Derecho, Derecho Administrativo y Argumentación Jurídica en varias universidades de renombre, dentro y fuera del país. Su carrera incluye experiencias en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Fue director nacional de derechos humanos y ocupó cargos en el Consejo de Estado, llegando a presidirlo en 2016. En la JEP, estaba vinculado desde 2018 como vicepresidente de la Sección de Apelación y esta vez fue elegido presidente en la primera ronda de votación, obteniendo 23 votos.

Por su parte, Diana María Vega Laguna, nacida en Neiva (Huila), ha dedicado dos décadas a la academia y la Rama Judicial. Formada en la Universidad Nacional, fue docente de Derecho Público y trabajó en la Procuraduría, la Fiscalía y el Consejo de Estado, desempeñándose como magistrada suplente en la JEP antes de ser elegida vicepresidenta tras tres rondas de votación.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la JEP con la llegada de Danilo Rojas Betancourth?

La Jurisdicción Especial para la Paz enfrenta, bajo la presidencia de Rojas Betancourth, dificultades presupuestales graves con recursos limitados a COP 181.400 millones para 2027, cuestionamientos a su labor y la amenaza de una reducción de su vigencia a diez años, todo en un entorno de finalización de investigaciones clave y la entrada a una fase de juicios fundamentales.

¿Quién es Diana María Vega Laguna, nueva vicepresidenta de la JEP?

Diana María Vega Laguna es una abogada con unos 20 años de experiencia judicial y académica, nacida en Neiva y formada en la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido docente de Derecho Público más de una década, con trabajo en entes clave como la Procuraduría, la Fiscalía y la JEP, donde primero fue magistrada suplente y asumió la vicepresidencia tras ser elegida en tres rondas de votación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La importancia de este informe radica en el monitoreo permanente de la actividad sísmica que realiza el SGC, institución encargada de registrar y analizar los eventos sísmicos que ocurren en el territorio nacional. Al reportar este movimiento, el SGC reiteró su invitación a la ciudadanía para participar activamente en la plataforma de Sismo Sentido, donde las personas pueden registrar su experiencia sobre cómo percibieron el temblor.

Hasta el momento, según el boletín publicado, no se ha reportado ninguna afectación material ni personas heridas o lesionadas como consecuencia de este temblor en Tesalia, Huila. El reporte oficial se centra en la localización, la magnitud y la profundidad del movimiento telúrico, subrayando que la situación está siendo monitoreada por las autoridades competentes.

Además, el SGC recordó a los habitantes del Huila y de Colombia en general que la información aportada por quienes perciben los temblores es esencial para fortalecer el monitoreo y la respuesta ante este tipo de fenómenos. Por esta razón, invitó a los ciudadanos que sintieron el sismo a ingresar en la plataforma oficial (sismosentido.sgc.gov.co) y registrar allí los detalles de su experiencia a través del formulario correspondiente.

Así, la colaboración entre instituciones especializadas como el SGC y la sociedad civil resulta esencial para mantener informado al país sobre la actividad sísmica y minimizar riesgos mediante la recolección y el análisis de datos en tiempo real.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del temblor reportado en Huila el 5 de noviembre de 2026?

De acuerdo con el boletín del Servicio Geológico Colombiano, el temblor tuvo como epicentro el municipio de Tesalia, ubicado en el departamento del Huila. Este dato fue confirmado por el reporte oficial difundido la mañana del suceso.

¿Cuál es la magnitud y la profundidad del temblor ocurrido en Huila según el SGC?

Según el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento sísmico que se presentó en Huila el 5 de noviembre de 2026 alcanzó una magnitud de 3.1 y se registró con una profundidad superficial, lo que significa que tuvo un origen poco profundo en la corteza terrestre.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por el presidente y recogidas en medios como El Nuevo Día, Petro dirigió duras críticas contra aquellas personas y sectores políticos que han reproducido las imágenes. Se preguntó si la difusión de ese video puede considerarse periodismo y cuestionó el morbo mediático al preguntar: "¿Nos creen ingenuos? ¿Nos creen pendejos?". Además, hizo un llamado a proteger a la testigo y a quienes están participando en el proceso judicial, subrayando la importancia de la reserva y el debido proceso en este tipo de situaciones.

El presidente aprovechó el escenario para desviar la atención hacia una ley discutida en el Congreso, de la que mencionó incluye una reducción de penas para quienes han participado en narcotráfico. Criticó los beneficios de esta norma y advirtió que, en su opinión, no debería superar el examen de constitucionalidad. Según Petro, el escándalo generado por la difusión del video podría estar ocultando la discusión pública acerca de dicha ley, mostrando así su preocupación sobre la manipulación mediática y el enfoque informativo.

Finalmente, Petro confirmó que instruyó a su abogado para presentar una demanda ante las autoridades competentes, marcando así el inicio de una acción legal frente a la controversia. Además, reafirmó que respetará las directrices impuestas por el magistrado encargado del caso, y que no responderá a través de videos o medios similares, sino a través de los conductos establecidos por la justicia. Con este pronunciamiento, el presidente llevó la disputa del debate mediático al ámbito judicial y político, dejando abierta la discusión sobre los límites de la información y la protección de las personas vinculadas al Gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gustavo Petro anunció una demanda tras la difusión del polémico video?

El presidente Gustavo Petro anunció una demanda debido a que considera que la publicación del video representa un ataque sin pruebas verificadas ni contexto judicial, ya que la autenticidad y el contenido de las imágenes no han sido examinados formalmente. Según aclaró, busca que la discusión se aborde en instancias legales y de acuerdo con la reserva judicial pertinente, en vez del escenario mediático, y proteger así a las personas involucradas en el proceso.

¿Qué afirmó Petro sobre la relación entre el video polémico y la ley de reducción de penas para narcotraficantes?

Gustavo Petro sugirió que la polémica alrededor del video podría estar distrayendo la atención pública de una ley recientemente debatida en el Congreso, la cual contempla beneficios como la reducción de penas para narcotraficantes. El mandatario cuestionó la legitimidad de dicha ley y afirmó que ningún video debería ocultar un debate tan relevante para el país, expresando su desacuerdo frente a los beneficios que otorga a quienes han cometido delitos de tráfico de drogas.

Vanessa de la Torre puso sobre la mesa en la emisión matutina de La FM de este jueves 5 de noviembre de 2026 un episodio inédito en el que relató un momento que ahora tomaría mayor pertinencia.

“Pensaba que es parte de su vida privada”, aseguró en primera instancia antes de referirse a un homenaje al M-19 en el que según ella se afirmó que Petro “no llegó porque estaba con una gripa horrible”.

Lo cierto es que la comunicadora ofreció otros detalles de lo que supuestamente se encontró al día siguiente, en una escena en la que se refirió al líder del Pacto Histórico.

“Me encuentro al [entonces] presidente a las 3 de la tarde y usted no sabe el estado en el que estaba el mandatario en ese momento. No se podía sostener, olía putrefacto, acompañado de un montón de viejas y un montón de gente. Todos esos esquemas de seguridad obviamente protegiéndolo y yo me los salté, me acerqué y lo saludé. Le dije: ‘Presidente, cómo siguió’. Él contestó: ‘¿De qué?’. Le dije: ‘No dizque tenía una gripa horrible’, a lo que replicó: ‘Ah, no, aquí me mejoré un poquito'”, contó De la Torre.

Esta declaración queda sobre la mesa en el contexto del video en el que presuntamente aparece Petro con Deicy Jiménez, en medio de un escándalo por señalamientos sobre contratos para pagos de servicios íntimos. De ahí, la periodista apuntó contra el exmandatario.

“Ese día dije: ‘Este señor está podrido por dentro y es absolutamente sórdido y absolutamente decrépito’. Pero como estábamos en la onda de que hay que respetarle la vida privada a la gente, pues dije: ‘Es la vida privada de él, son las 3 de la tarde, no cumplió su agenda del viernes'”, afirmó.

El relato llevó a una conclusión acerca de la gestión que tuvo el líder del Pacto Histórico como jefe de Estado en Colombia entre 2022 y 2026, con el marco de las múltiples controversias durante su periodo.

“A mí me preocupa muchísimo que durante los últimos 4 años hayamos estado en manos de un señor tan sórdido y tan desajustado. Y volviendo a lo que decimos con Santiago [Ángel], pero con absoluta certeza de que esos mensajes que mandó a las 2 de la mañana los hizo borracho. La pelea en la cual nos estaba metiendo, las decisiones que tomó”, criticó y sentenció: “¿Usted le soltaría sus hijos a un señor así?”.

Las afirmaciones sobre el supuesto estado de Petro todavía no tienen respuesta por parte del exmandatario, que ahora está en el ojo del huracán por el caso con Deicy Jiménez.

Inaudito 🇨🇴

Vanessa de la Torre @vanedelatorre rompe el silencio y cuenta que cuando en un evento Petro se excuso que estaba enfermo en realidad estaba era ebrio y que olía putrefacto

Tienen que escuchar esto 👇 https://t.co/N41yv8TgXN

— Luis Rincón Arguello 🇨🇴 (@Rincon001A) November 5, 2026

¿Cuál es la polémica de Gustavo Petro y Deicy Jiménez?

La controversia política y judicial que involucra a Gustavo Petro y Deicy Jiménez desató un intenso debate nacional sobre la contratación estatal en Colombia.

El caso estalló cuando la mujer denunció públicamente que círculos políticos entregaban puestos oficiales y órdenes de prestación de servicios a cambio de favores íntimos.

Según su relato público, este supuesto esquema de retribuciones laborales comenzó durante la época en que el dirigente ejercía funciones como congresista en el Capitolio Nacional.

La denunciante afirmó que diversos intermediarios gestionaban vinculaciones burocráticas condicionadas al otorgamiento de encuentros íntimos, extendiendo además sus señalamientos a figuras como la excongresista María José Pizarro.

Asimismo, salieron a relucir convenios estatales recientes suscritos por la testigo en dependencias como el Ministerio del Interior, donde laboró como apoyo a la gestión.

Exfuncionarios de esa cartera confirmaron la legalidad de dichos acuerdos, justificando la incorporación de la contratista en la evidente carencia de personal de planta.

Frente a la gravedad de los testimonios, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió una denuncia formal para indagar lo ocurrido.

El alto tribunal designó al magistrado instructor Javier Fernando Fonseca para revisar la solidez de las evidencias y evaluar posibles versiones libres de los involucrados.

De manera simultánea, la Fiscalía General de la Nación inició actuaciones preliminares para verificar los documentos contractuales y contrastar las declaraciones entregadas por los testigos.

Por su parte, el expresidente Petro rechazó tajantemente las acusaciones, afirmando que jamás entregó cargos a cambio de favores personales ni incurrió en delitos sexuales.

El dirigente y sus defensores calificaron los señalamientos como un montaje difamatorio diseñado para vulnerar su imagen pública y la de su movimiento político.

Fonseca fue enfática en su mensaje e insistió en que el video no constituye prueba de los señalamientos sobre supuestos pagos de servicios sexuales a cambio de contratos. En su publicación, citada en el material consultado, expresó: "El video íntimo publicado por Deisy Jiménez sólo prueba una relación afectiva entre un hombre y una mujer. No es ninguna prueba de que le pagaran sexo con contratos…". Su declaración refuerza la idea de que no se puede establecer una relación directa entre el material divulgado y las acusaciones de irregularidades contractuales dirigidas contra Petro.

Las palabras de Fonseca, dadas las circunstancias y la repercusión pública del caso, posicionaron de nuevo el tema en la agenda mediática y política. Además, ponen en tela de juicio la utilización de pruebas de carácter íntimo para fundamentar señalamientos de corrupción o conducta indebida, especialmente cuando no existen pruebas independientes y verificables que respalden tales acusaciones. La postura de Fonseca, de acuerdo con las reacciones recogidas en la red social, se suma a un debate mucho más amplio en el que convergen opiniones divididas y donde la discusión sobre la legitimidad y relevancia de estas evidencias persiste.

Así, la controversia no solo implica cuestiones sobre la vida privada de figuras públicas como el presidente Gustavo Petro, sino también el manejo de la información y la base sobre la que se sustentan denuncias de alto impacto. Lo cierto es que, según la declaración de Fonseca y la información proporcionada, el video en cuestión por sí solo no demuestra las acusaciones ligadas a supuestos pagos por servicios sexuales, permaneciendo como parte de un debate más extenso sobre la ética en la divulgación de material personal y su papel en investigaciones públicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo María Paula Fonseca Gómez sobre el video de Gustavo Petro y cuál fue su argumento principal?

María Paula Fonseca Gómez afirmó públicamente que el video íntimo divulgado por Deisy Jiménez únicamente da cuenta de una relación afectiva entre dos personas, descartando que el material pueda usarse como prueba de supuestos pagos por servicios sexuales mediante contratos. Según su publicación en la red social X, Fonseca consideró que las interpretaciones sobre el video como una muestra de irregularidades carecen de sustento.

¿El video publicado por Deisy Jiménez representa prueba de pagos a cambio de contratos, según la información disponible?

Según la información expuesta por María Paula Fonseca Gómez, el video no constituye evidencia de pagos a cambio de contratos. La posición de Fonseca, recogida en la misma fuente, subraya que la grabación solo refleja una relación afectiva y no respalda las acusaciones de posibles irregularidades contractuales o pagos por servicios sexuales.

Testigos señalaron que, aunque la zona estaba bloqueada y custodiada con mallas de seguridad debido a afectaciones previas, el desplome del muro no pudo evitarse. Inmediatamente tras el incidente, se identificaron daños materiales considerables. Los postes de energía quedaron torcidos, provocando riesgos para las personas que transiten cerca; por tal motivo, las autoridades han solicitado a la comunidad evitar la zona y circular con máxima precaución hasta que se terminen las labores de limpieza y reparación.

Es relevante destacar que, conforme lo informado por Noticiero 90 Minutos, no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales como consecuencia del colapso, lo que ha sido un alivio para la ciudadanía de Sucre y sus alrededores. Por ahora, se han iniciado las reparaciones inmediatas de la red de alumbrado público y las conexiones de telecomunicaciones. Según el mismo medio, la luz ya fue restablecida en el barrio, aunque todavía permanece pendiente la recolección de los escombros y la retirada de los postes dañados; a la fecha de la publicación, tampoco se había despejado en su totalidad el cableado afectado.

Las autoridades mantienen cerrada la vía y aconsejan prudencia en el sector mientras se concluyen las tareas necesarias para garantizar la seguridad. El reporte, avalado únicamente por Noticiero 90 Minutos, no da cuenta de un plazo de reapertura, por lo que la comunidad sigue a la expectativa de una solución definitiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué colapsó el muro en el barrio Sucre de Cali?

El colapso se dio mientras trabajadores adelantaban labores de remoción de escombros en el antiguo predio de una fábrica de sombreros. La pared cedió y provocó afectaciones en postes y cableado, según informó Noticiero 90 Minutos. Aunque la zona estaba cerrada por seguridad debido a afectaciones previas, el desplome ocurrió en medio de los trabajos autorizados.

¿Qué daños causó el colapso del muro en el sector Sucre?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, el incidente ocasionó daños materiales significativos, especialmente en postes del alumbrado público y acometidas de telecomunicaciones, algunos de los cuales quedaron torcidos y representaron un peligro para la comunidad. Aunque la electricidad ya se restableció, continúan pendientes la recolección de escombros y el retiro de los postes afectados.

La orden fue impartida por el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, que adelanta la verificación de la denuncia. Jiménez confirmó que acudirá junto con su nueva abogada, Dina Luz Malo, para entregar voluntariamente el dispositivo y permitir que los investigadores accedan a la información que considera relevante para su declaración juramentada.

(Vea también: “En bañera drogado y a punto de morir”: panelista de Blu dice que Deicy Jiménez tendría listo otro video de Petro)

Deicy Jiménez, una mujer de 26 años que fue contratista del Estado durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, acusó al expresidente de ofrecerle contratos públicos a cambio de relaciones íntimas. Este martes, ha publicado un video íntimo en el que se escucha la voz del… pic.twitter.com/t7snmkgEgj

— EL INFORMÁNTE CÓRDOBA 👁️🕵🏼‍♂️ (@elinformanteCor) November 5, 2026

Durante el procedimiento, los expertos del CTI llevarán a cabo una extracción forense de los archivos almacenados en el teléfono, incluidos videos, fotografías, conversaciones de WhatsApp y mensajes de texto. El objetivo es incorporar esos elementos al expediente y establecer si aportan información que permita corroborar los hechos relatados por la denunciante. La nueva defensa de Jiménez fue asumida por Malo después de que el abogado anterior, Felipe Caballero, renunciara por motivos de seguridad.

En paralelo, la Fiscalía General de la Nación citó a declarar al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Andrés Ríos Puerta. La diligencia quedó programada para el martes 10 de noviembre y busca que el funcionario amplíe sus afirmaciones y entregue los elementos de prueba que aseguró tener sobre la presunta instrumentalización de mujeres mediante contratos de prestación de servicios durante el gobierno de Petro.

Ríos hizo pública su denuncia el pasado 21 de octubre, durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado. En esa sesión afirmó que 48 mujeres habrían sido vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios para, según sus palabras, “Amarrarlas e instrumentalizarlas”. También sostuvo que algunas de ellas estarían dispuestas a contar lo que supuestamente ocurrió y cuestionó el uso que se habría dado a la Casa de Nariño durante la administración anterior.

Por su parte, Jiménez aseguró que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, a través de una plataforma para adultos. En su denuncia afirmó que habría hecho parte de una red de entre 30 y 40 mujeres que, según su versión, recibían contratos en distintas entidades estatales a cambio de silencio, compañía en fiestas y encuentros sexuales. También señaló que el exmandatario supuestamente le pedía comprar cocaína y llevársela. Estas afirmaciones hacen parte de su testimonio y todavía deben ser verificadas por las autoridades.

(Lea también: “¿Nos creen pendejos?”: Petro soltó explosivo mensaje por video de Deicy Jiménez y habló de narcos)

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema asumió parte de la indagación porque algunos de los hechos denunciados se remontarían a 2019, cuando Petro ocupaba una curul en el Senado. De manera paralela, la Fiscalía adelanta sus propias actuaciones para establecer si existieron irregularidades en la contratación pública y posibles responsabilidades penales.

La revelación se conoce días después de que Jiménez divulgara un video en sus redes sociales para demostrar su cercanía con el exjefe de Estado ante las negativas de personas de su círculo cercano. Adicionalmente, se conoció que Rodríguez y Jiménez sostuvieron una reunión previa en la cual acordaron llevar una defensa conjunta al percatarse de que sus versiones se complementan. De acuerdo con la información ventilada por el medio radial, Rodríguez ubicó a Jiménez entre sus contactos tras recordar que era una de las mujeres para las que el entonces presidente le había solicitado gestionar un cargo o contrato público.

No obstante, el material probatorio más delicado radica en la existencia de un segundo chat que aún no ha sido divulgado públicamente. Según lo conocido, Petro le habría solicitado la hoja de vida directamente a la joven y, posteriormente, la directora de una entidad se comunicó con ella para concretar un nuevo acuerdo laboral. En medio de dichas gestiones, el exmandatario le habría exigido un encuentro íntimo al que la bachiller se negó, tras lo cual la funcionaria encargada le comunicó horas más tarde que el contrato no se firmaría. Ante este panorama, la Fiscalía le ha pedido a Jiménez abstenerse de filtrar detalles privados del proceso para no entorpecer las pesquisas, mientras que la entrega formal de las evidencias se realizará a través de su nueva abogada, luego de la renuncia de su anterior apoderado.

🆘🇨🇴ATENCIÓN

Darcy Quinn destapa la prueba reina: ¡la justicia tiene el chat donde el propio Petro ordena contratar a su examante Daisy Jiménez en MinInterior con sus propias faltas de ortografía: “Esta persona necesita que la tengan allí en el contrato mi interior”!

Y OJO: Daisy y Angie Rodríguez se unieron para exponer la red de puestos y contratos estatales, mientras el exabogado de Daisy huyó del caso por nexos con el gobierno. https://t.co/d64kOT3sfO

— Mónica Saade (@MonicaSaadeX) November 5, 2026

Frente a las posibles consecuencias penales, el exfiscal general Francisco Barbosa analizó los escenarios jurídicos derivados de estas pruebas. Según explicó, el primer chat sobre la hoja de vida enviada al DAPRE podría configurar un presunto tráfico de influencias de servidor público, tipificado si se comprueba que Petro usó su jerarquía de manera indebida ante otro funcionario, sin que sea requisito indispensable que él firmara el documento. Asimismo, mencionó la posible ocurrencia de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en caso de haberse omitido trámites esenciales.

Sobre el segundo chat, en caso de ser validado legalmente por los investigadores, Barbosa advirtió que se tipificaría un delito de acoso sexual por el uso de la posición de poder para presionar relaciones no consentidas bajo la amenaza de retirar un contrato. Adicionalmente, indicó que podría configurarse concusión, figura descrita cuando un servidor público exige dinero o “cualquier otra utilidad”, que en este evento equivaldría a un beneficio de carácter sexual. Con estos elementos, la responsabilidad penal del exmandatario queda bajo el escrutinio definitivo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

La respuesta no tardó en llegar. De acuerdo con El Espectador, el abogado Alejandro Carranza, representante de Petro, emitió un comunicado indicando que el video divulgado carece de fecha, lugar y origen verificable. Carranza enfatizó que “su autenticidad, su integridad, su fecha, su contexto y su alcance deben establecerse dentro del proceso, mediante peritaje y con garantías para todas las partes”. Insistió en que el fragmento difundido no constituye una prueba mientras no sea sometido al análisis judicial correspondiente. Aunque el comunicado de la defensa no negó explícitamente que Petro fuera la persona en el video, reafirmó que el exmandatario “niega haber condicionado o entregado contratos públicos a cambio de favores sexuales”. Además, Carranza advirtió que no debatirán en público lo que debe resolverse en los estrados judiciales y remarcó que “aun si se estableciera todo eso, en esas imágenes no aparece un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”.

La investigación por estos hechos fue asumida por la Fiscalía el 23 de octubre, y días después la Procuraduría abrió una indagación previa sobre posibles irregularidades relacionadas con funcionarios del Congreso, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio del Interior y otras entidades. El abogado de Jiménez renunció por razones de seguridad y, poco después, salió a la luz el video. Según la defensa de Petro, corresponde a las autoridades determinar si existe una estrategia orientada a instaurar un juicio mediático antes que judicial. En todo caso, pidieron a las autoridades adoptar medidas de protección para la testigo y quienes estén implicados en el proceso, rechazando cualquier forma de presión o amenaza.

En redes sociales, Gustavo Petro reiteró su postura. Señaló que “los juicios mediáticos llegan siempre antes que los de los tribunales” y afirmó que nunca usó un contrato estatal para obtener favores personales. Además, destacó que el video divulgado no fue examinado por peritos especializados ni por jueces, y que las pruebas deberían entregarse ante la justicia, no divulgarse públicamente.

¿Cuál es el avance de la investigación sobre las denuncias contra Gustavo Petro?

De acuerdo con El Espectador, la Fiscalía abrió formalmente una investigación tras las declaraciones de Deicy Jiménez sobre supuestos pagos de favores sexuales mediante contratos. La Procuraduría también inició una indagación previa para identificar responsables disciplinarios en entidades públicas. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la Procuraduría enfatizan que el análisis de los hechos y la valoración de las pruebas corresponden exclusivamente a la autoridad judicial competente.

¿Qué es un contrato de prestación de servicios y cómo se relaciona con la denuncia?

En el contexto de esta denuncia, un contrato de prestación de servicios es un acuerdo suscrito entre una persona y una entidad pública para desarrollar tareas específicas por un tiempo determinado. Según la acusación de Jiménez citada por Semana y El Espectador, estos contratos habrían sido usados para presuntamente pagar favores sexuales, aunque hasta el momento, la defensa de Petro niega cualquier uso indebido de estos instrumentos y sostiene que debe esclarecerse todo ante la justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

A partir de la difusión del material y de las reacciones institucionales, El Tiempo identificó cuatro datos centrales que configuran el panorama actual del proceso. En primer lugar, a pesar de que personas del círculo cercano a Petro intentaron descalificar a la joven asegurando que no correspondía a su perfil, el exmandatario no ha desvirtuado su relación personal con la excontratista.

En segundo lugar, en los comunicados emitidos, el exjefe de Estado tampoco ha negado de manera directa los cinco contratos que Jiménez obtuvo en dependencias como el Ministerio del Interior, el Senado —durante la gestión de María José Pizarro—, la Superintendencia de Vigilancia y un acuerdo proyectado en el Dapre. No obstante, el exmandatario defendió la legalidad de los nombramientos al señalar que nunca usó un contrato del Estado para obtener favores de nadie y que las mujeres que trabajaron en su gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, mientras que chats filtrados y reportes periodísticos internacionales señalan que una de las certificaciones utilizadas para su vinculación habría carecido de autorización oficial.

Como tercer dato clave, ante la circulación masiva del metraje, Petro advirtió que el contenido no ha sido examinado por peritos ni valorado por un juez, cuestionando el origen y el contexto exacto de la grabación y exigiendo un análisis riguroso de tiempo, modo y lugar para determinar su cargo y el nexo contractual vigente en ese momento con la bachiller.

Finalmente, como cuarto punto, allegados a Jiménez indicaron a El Tiempo que el teléfono celular visible en el registro audiovisual contiene pruebas adicionales, por lo que copias espejo de seguridad ya fueron recopiladas para ser entregadas a las autoridades competentes, complementadas con testimonios de terceros vinculados a la administración anterior —entre ellos Angie Rodríguez—, quienes apuntan a la existencia de un presunto patrón de conducta en las designaciones de la misma naturaleza.

Mientras la defensa y los denunciantes aportan los elementos probatorios a la justicia, el caso avanza para determinar si la adjudicación de los recursos oficiales estuvo comprometida por intereses particulares o si los acuerdos contractuales se ajustaron a los requisitos legales establecidos.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de octubre, específicamente en el barrio Bella Suiza de Ibagué. La investigación señala que esa noche el hombre habría asfixiado a Alba Pérez, provocando su muerte al tomarla por el cuello. Al llegar las autoridades al lugar, hallaron a la víctima ya sin signos vitales, y al agresor con lesiones hechas, aparentemente, con un arma cortopunzante. Las dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica debido a la gravedad de la situación.

Después de recibir el alta médica, el hombre fue capturado tras una orden judicial. La Fiscalía destacó que ya tenía en su poder material probatorio suficiente y evidencia física que lo vincularían como presunto autor del feminicidio de Pérez, quien tenía la misma edad que el procesado. De acuerdo con la Fiscalía, los registros en el caso apuntan a que la relación sentimental de la pareja, que se extendió por casi tres años, estuvo marcada por conductas de control, episodios de violencia física y psicológica por parte del presunto agresor. Las mismas investigaciones precisan que la pareja había terminado su relación días antes del ataque fatal, un elemento que resulta central para la comprensión de los hechos y que refuerza la gravedad de la acusación.

El procesado no aceptó los cargos imputados durante la diligencia realizada por una fiscal adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata de la Seccional Tolima. Por el momento, deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario, mientras prosiguen las fases del proceso judicial. Este hecho ha puesto nuevamente sobre la mesa la problemática de las violencias ocultas en relaciones sentimentales y la importancia de esclarecer los detalles en torno a tragedias como la sucedida con Alba Pérez, cuyo caso aún sigue bajo minucioso estudio de las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los antecedentes de violencia entre Alba Pérez y su pareja según la Fiscalía?

De acuerdo con la Fiscalía, la relación sentimental entre Alba Pérez y el procesado, que duró cerca de tres años, estuvo marcada por presuntas conductas de control, violencia física y psicológica ejercidas por él. Esta información, recogida en el marco de la investigación judicial, fue clave para sustentar la acusación de feminicidio agravado ante las autoridades.

¿Por qué el caso de feminicidio de Alba Pérez en Ibagué es relevante para la justicia?

La relevancia del caso radica en su capacidad para visibilizar las violencias que pueden sobrevenir dentro del contexto de relaciones personales y los retos que enfrenten las autoridades para investigarlas y sancionarlas correctamente. Según la información suministrada por la Fiscalía, este crimen puso de relieve las consecuencias trágicas de episodios de violencia no denunciados y la importancia de adelantar procesos judiciales rigurosos y respetuosos de los derechos de las víctimas.

Uno de los aspectos que ha despertado mayor atención es que el nombre de alias ‘Cristóbal Pérez’ aparece vinculado a investigaciones por la posible planeación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, exsenador, perpetrado el 7 de junio de 2025 en un acto político en Bogotá. Las autoridades buscan precisar qué papel habría jugado esta organización armada en dicho crimen, ya que la Segunda Marquetalia figura en indagaciones alrededor del caso.

De acuerdo con fuentes de inteligencia citadas por las autoridades, Castillo Duarte había permanecido cerca de nueve años dentro de estructuras criminales. Su historial incluye el control de finanzas ilegales y el liderazgo de comisiones armadas en las regiones de Huila y Caquetá. Ha sido señalado como un actor estratégico en la articulación de redes de extorsión que afectan a comerciantes, ganaderos, agricultores, transportadores, asociaciones campesinas y contratistas de obra pública. Según información reproducida por medios nacionales, estas prácticas habrían representado una fuente de ingresos estimada en 1.000 millones de pesos mensuales para la estructura Teófilo Forero.

A lo largo de su trayectoria, entre 2020 y 2021, habría hecho parte de la comisión armada Fernando Díaz y luego pasó a la estructura Teófilo Forero. En 2024, tras la muerte de alias ‘Edwin Marín’ en operaciones militares, asumió el liderazgo principal de la columna. Posteriormente, en 2026, con la llegada de alias ‘Mario’ o ‘Doble Cero’, asumió el rol de segundo cabecilla.

Entre los delitos que pesan sobre alias ‘Cristóbal Pérez’ están su presunta participación en el homicidio de tres personas en Villa Hermosa, Florencia (Caquetá), en el marco de conflictos armados entre organizaciones ilegales. También se le atribuye la orden de asesinar a alias ‘Hernán Cuéllar’, la supuesta responsabilidad en la incineración de una ambulancia en Hobo, Huila, y varios delitos como concierto para delinquir, homicidio, terrorismo, extorsión y uso irregular de uniformes e insignias. Las autoridades lo consideran un golpe significativo a la estructura criminal cuya fortaleza financiera aún debe ser desmontada en las investigaciones en curso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Wilmer Castillo Duarte, alias ‘Cristóbal Pérez’, y cuál era su papel en la estructura Teófilo Forero?

Wilmer Castillo Duarte, conocido como alias ‘Cristóbal Pérez’, habría sido el segundo cabecilla de la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia. Según información de inteligencia oficial, tenía cerca de nueve años en la organización, donde se encargó principalmente del manejo de comisiones armadas y finanzas ilegales, coordinando redes de extorsión y asumiendo roles de liderazgo tras bajas estratégicas dentro del grupo.

¿Por qué es clave la captura de alias ‘Cristóbal Pérez’ en las investigaciones por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

La detención de alias ‘Cristóbal Pérez’ reviste gran importancia debido a que es señalado de participar en la planeación del magnicidio del exsenador Miguel Uribe Turbay ocurrido en Bogotá. Las autoridades buscan determinar qué relación tuvo la estructura Teófilo Forero y este cabecilla en ese hecho, por lo que su captura permitiría avanzar en el esclarecimiento y judicialización del crimen.

(Le interesa: María Corina Machado en Venezuela aprieta a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez)

El hecho de que con el paso de los días no se haya confirmado la muerte de Luz Amanda Payares, alias ‘Silvana Guerrero’, cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del Eln, que presumiblemente se encontraba en el lugar, incrementa las versiones de que la arremetida, ejecutada, según las crecientes versiones, por Estados Unidos con drones, no consiguió su objetivo. Ese objetivo pudo haber sido señalado por el régimen venezolano para satisfacer, en apariencia, los requerimientos de Washington de combatir al grupo armado.

Entre las bajas del Eln, hasta lo que se conoce hoy, no hay un perfil significativo. Las primeras informaciones difundidas por El Nacional daban cuenta de que el hecho violento habría cobrado la vida del hijo de un comisario rural de la zona de Puerto Páez, municipio Pedro Camejo.

Venezolanos, colombianos y mexicanos

Ese diario, citando redes sociales y publicaciones de otros medios y periodistas, sostuvo que en el lugar se encontraron documentos de identidad a nombre de Jesús Javier Brugal Carrero y Juan Carlos Guerrero Márquez; y licencias de conducir venezolanas de Jesús Javier Brugal Carrero, Wilden Luis Solórzano Camacho y Gabriel Carlos Brugal, por lo que se presume que estas serían las identidades de algunos de los fallecidos.

También informó que en la morgue del barrio Luis Herrera, en San Fernando de Apure, se encontraban los cuerpos de Luis Alexander Solórzano Camacho, Juan Carlos Guerrero Martínez, Jesús Javier Bruzual Camacho, Luis Alexander Sorzano Camacho, Juan Carlos Gutiérrez, Olimar Moraima Martínez Solórzano y Nelson Magallanes. Los cuerpos estuvieron “custodiados por funcionarios fuertemente armados”, aseguró en ese momento.

Según fuentes consultadas por ese medio en la morgue, entre los fallecidos había dos venezolanos, dos colombianos y cuatro mexicanos. Si bien se desconocen sus edades, el material audiovisual filtrado sobre el ataque y los mensajes publicados por familiares de las víctimas en redes sociales coinciden en que la mayoría eran hombres jóvenes, de menos de 40 años, “y estarían vinculados con el ELN”.

La ausencia de una figura significativa entre las bajas del Eln hacen ver desproporcionado ese ataque. El hecho de que el campamento fuera un centro de acopio de estupefacientes del Eln, según información recabada por la ONG FundaRedes y testimonios de fuentes del municipio Pedro Camejo, no justificaría la dimensión de la letal e inédita acción. Salvo información que aún se desconozca, el bombardeo no parece haber conseguido un objetivo estratégico o táctico, que son los que debe perseguir semejante potencia de fuego.

La cúpula del Eln sigue intacta

Eso fue lo que ocurrió en las minas de oro del estado Bolívar, en territorio venezolano, con el bombardeo ejecutado por Estados Unidos en el que fue abatido Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, principal cabecilla de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. La caída de un cabecilla siempre dará mayor justificación a un bombardeo, aunque ese tipo de ataques también obedecen a la necesidad militar de, entre otros objetivos, desviar, interrumpir, retardar, desorganizar o destruir por completo el potencial militar del enemigo, sus líneas de suministro, infraestructura crítica o campamentos base.

Por lo que se conoce hasta ahora, el campamento atacado el viernes pasado en Venezuela no era una infraestructura crítica o de base del Eln, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Colombia, el 22 de octubre pasado, cuando las Fuerzas Militares lanzaron la operación Onix en zona rural de El Tambo (Cauca), un bombardeo en el que murieron 10 integrantes del frente ‘José María Becerra’ del Eln, entre ellos, quienes respondían a los alias de ‘Marcos Pacífico’ y ‘Ochenta’ o ‘Murillo’, dos comandantes del orden regional o mandos medios de esa guerrilla.

Pero ni en Colombia ni en Venezuela se ha conseguido afectar a ninguno de los objetivos de alto valor estratégico del Eln, como Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’, comandante en jefe de esa guerrilla; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’, segundo al mando y jefe político; Aníbal Giraldo, alias ‘Pablito’, encargado de las operaciones armadas del grupo; Rafael Sierra, alias ‘Ramiro Vargas’, miembro del COCE encargado de los asuntos internacionales; o Jaime Galvis Rivera, alias ‘Ariel’, comandante responsable de las finanzas de la organización.

En cambio, no se puede olvidar que mediante bombardeos fue como se consiguió debilitar a las Farc. Su máximo jefe, Guillermo León Sáenz, alias ‘Alfonso Cano’, fue abatido en su campamento en Morales, Cauca, en la operación Odiseo, en noviembre de 2011. Aunque sobrevivió al impacto inicial, cayó después en el despliegue terrestre de las fuerzas especiales. Un año antes había muerto Víctor Julio Suárez Rojas, alias ‘Mono Jojoy’, jefe del Bloque Oriental, por un bombardeo a su campamento en la sierra de La Macarena (Meta). Y en 2008 cayó el segundo al mando de esa guerrilla, Luis Edgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’, en un bombardeo estratégico contra su campamento en Santa Rosa de Sucumbíos, Ecuador.

Si bien son múltiples y válidos los bombardeos que no alcanzan semejantes metas, el que ocurrió en Venezuela el viernes pasado, y que finalmente habría dejado 23 muertos y múltiples heridos, arroja serias dudas por el verdadero propósito que pudo haber tenido: ordenado por un régimen que ha acogido por años al Eln y las disidencias de las Farc, solo parece haber afectado a guerrilleros rasos y a algunos familiares y colaboradores. No deja indicios ciertos de haber buscado una afectación real, estratégica, que dañara la cúpula del Eln, que sigue intacta.

Uno de los elementos más sensibles en torno a su arresto se relaciona con las investigaciones por el magnicidio del exsenador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 durante un acto político en Bogotá. Las autoridades buscan esclarecer el posible vínculo entre alias ‘Cristóbal Pérez’, la estructura Teófilo Forero y este crimen, subrayando la gravedad del caso y el contexto en que operan organizaciones armadas en Colombia.

Según datos de inteligencia citados por las propias fuerzas del orden, Castillo Duarte ha estado vinculado por cerca de nueve años a la Segunda Marquetalia. Durante ese periodo, ascendió en los niveles de mando, asumiendo tareas como la dirección de comisiones armadas y el control de finanzas ilegales en territorios como Huila y Caquetá. Entre 2020 y 2021, hizo parte de la comisión armada Fernando Díaz y luego migró a la estructura Teófilo Forero. En 2024, tras la muerte de alias ‘Edwin Marín’, habría asumido la jefatura, hasta que en 2026 pasó a ser el segundo al mando tras la llegada de alias ‘Mario’ o ‘Doble Cero’.

Las investigaciones descritas por las autoridades lo señalan como uno de los principales articuladores de redes de extorsión que afectan a comerciantes, ganaderos, transportadores y asociaciones campesinas. Estas acciones ilegales representarían ingresos superiores a los 1.000 millones de pesos mensuales para la estructura armada, un dato relevante citado en medios nacionales con base en reportes de inteligencia. Entre los hechos que se le atribuyen están el homicidio de tres personas en Florencia, Caquetá, en medio de disputas entre organizaciones delictivas. También se le acusa de ordenar el asesinato de alias ‘Hernán Cuéllar’ y de disponer la quema de una ambulancia ligada al proyecto vial Ruta al Sur, utilizada como método de intimidación en exigencias extorsivas.

Alias ‘Cristóbal Pérez’ era solicitado por delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio, terrorismo, extorsión, utilización ilegal de uniformes e insignias y tráfico de armas. Además, según los reportes, poseía conocimientos técnicos en la fabricación y uso de artefactos explosivos. De acuerdo con las autoridades, su detención afecta la capacidad de mando y financiamiento ilícito de la organización, y las investigaciones sobre su posible responsabilidad en el crimen del exsenador Uribe Turbay seguirán su curso judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era alias ‘Cristóbal Pérez’ y cuál fue su papel en la Segunda Marquetalia?

Alias ‘Cristóbal Pérez’, cuyo nombre real es Wilmer Castillo Duarte, fue considerado durante varios años uno de los principales cabecillas de la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia. Según las autoridades, además de desempeñar funciones de mando militar, participaba activamente en las finanzas ilegales de la organización y era clave en actividades de extorsión y violencia en departamentos como Huila y Caquetá. Su trayectoria incluyó la dirección de comisiones armadas y asumir la jefatura en momentos clave, según los reportes oficiales.

¿Qué delitos le atribuyen y por qué es relevante su captura para las autoridades?

A alias ‘Cristóbal Pérez’ se le atribuyen delitos como homicidio, concierto para delinquir agravado, terrorismo, extorsión, uso ilegal de uniformes, y tráfico de armas. Su captura es calificada por las autoridades como un golpe significativo a la estructura de mando y las finanzas de la columna Teófilo Forero, ya que era uno de los líderes encargados de coordinar acciones violentas y redes de extorsión que sostenían económicamente a la organización armada.

La denuncia presentada indica que, mientras esperaban la comida, un individuo desconocido se acercó a la mesa, sacó un arma y, en medio de la confusión, disparó. Alexis Bejarano pensó que el ataque iba en su contra y, en ese momento, arrojó el morral donde llevaba el dinero antes de salir corriendo en busca de refugio. No obstante, el disparo impactó al comprador, quien fue trasladado y permanece hospitalizado en la clínica Medicadiz, conforme a la narración recopilada.

Nathalie Bejarano señaló que, después del asalto, surgió inquietud por el destino del dinero. Según lo que le informaron empleados del restaurante, unas cámaras de seguridad revelarían que detrás de la mesa de los afectados se sentó una pareja y que una persona recogió el morral tras la huida de Alexis. Esa persona, supuestamente, entró a la parte trasera del local y salió sin el bolso, aunque la familia aclara que no han visto las grabaciones ni saben si esta información está avalada por los investigadores.

En cuanto al proceso investigativo, Nathalie también manifestó molestias sobre el trato recibido, ya que su hermano percibió que algunos funcionarios de la Sijín, la Seccional de Investigación Judicial y Criminal, lo señalaron de posible autorrobo. Él reiteró que solo lanzó el morral al escuchar el disparo, temiendo por su vida. La familia denuncia no haber podido acceder a los videos ni conocer si el dinero fue recuperado, aunque un funcionario de la Fiscalía les habría indicado que el bolso apareció. Se desconoce si los $50 millones fueron encontrados y cómo ocurrió el robo, y piden claridad sobre lo sucedido y una investigación rigurosa para determinar la autoría y planeación del asalto. Todo esto, según lo expuesto por la familia a medios como El Nuevo Día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con los $50 millones robados en Ibagué según la familia de la víctima?

La familia de Alexis Bejarano explica que no tiene certeza sobre el destino del dinero, ya que aunque un funcionario de la Fiscalía informó que el bolso apareció, desconocen si fue recuperada la suma de $50 millones. Además, no han tenido acceso a las grabaciones ni a información clara de los investigadores, lo que mantiene la incertidumbre sobre si el dinero fue hallado o no.

¿Por qué la familia del afectado en el fleteo de Ibagué cuestiona la investigación de la Sijín?

De acuerdo con Nathalie Bejarano, algunos miembros de la Sijín sugirieron que Alexis podría haberse autorrobado el dinero por haber salido corriendo con el morral tras el disparo. Sin embargo, él sostiene que arrojó el bolso por temor a ser atacado. Además, la familia reclama no haber recibido información clara ni acceso a videos de seguridad, lo que genera desconfianza sobre la gestión investigativa hasta ahora.

La convocatoria tiene como propósito manifestar el rechazo a las medidas económicas y sociales impulsadas por el Gobierno De la Espriella, especialmente a las disposiciones incluidas en el proyecto de Ley de Rescate Económico, cuya radicación ha generado cuestionamientos entre diferentes organizaciones sociales.

(Vea también: Estos trabajadores perderán casi $ 1’000.000 por ajuste en nueva Ley de Rescate del Gobierno)

Los promotores de la jornada sostienen que las propuestas contempladas en esta iniciativa podrían afectar los ingresos de los trabajadores, incrementar los gastos de los hogares y modificar las condiciones laborales de distintos sectores de la población.

Uno de los principales motivos de inconformidad está relacionado con los cambios en el impuesto al valor agregado (IVA). La propuesta contempla elevar del 5 % al 19 % la tarifa aplicable a determinados productos de consumo.

A esto se suma el incremento de los aportes a salud para algunos empleados, cuya cotización pasaría del 4 % al 8 %, una modificación que, según los convocantes, tendría un impacto directo en el ingreso disponible de los trabajadores.

Las organizaciones también expresan su desacuerdo con las medidas relacionadas con la reducción de las plantas de personal, las restricciones a la contratación estatal y las facultades que se otorgarían al Ejecutivo para fusionar, reorganizar o suprimir entidades públicas.

(Lea también: Dura noticia para quienes tienen prepagada en Colombia: Gobierno confirmó cuánto subiría de precio)

A su juicio, estas disposiciones podrían repercutir en la generación de empleo y en la continuidad de los servicios que prestan las instituciones del Estado.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con la distribución del Presupuesto General de la Nación. Por ahora, no se han divulgado los puntos de concentración ni los recorridos que tendrán las manifestaciones en las diferentes ciudades.

Para periodistas y panelistas de esa misma emisora, la senadora María José Pizarro enfrenta preguntas sin respuesta luego de que se conociera que, en 2023, cuando ejercía como vicepresidenta del Senado de la República, le otorgó un contrato a Deicy Jiménez, la mujer que protagoniza el reciente escándalo que sacude al gobierno Petro.

“¿Y por qué María José Pizarro le dio, casualidad de casualidades, un contrato a la put… de Gustavo Petro?”, cuestionó Néstor Morales, en Blu.

A su turno, Ricardo Ospina recordó que de la exsenadora Pizarro solo un trino respecto al escándalo y data del 26 de octubre de 2026. “Jamás conectaré con esta situación como la que se insinúa. He defendido los derechos de las mujeres no de palabra, sino como una causa de vida”, dijo en su momento la exsenadora.

Ante esto, los periodistas enfatizan en que la información sobre la contratación a Jiménez reposa en registros de entidades públicas. Sin embargo, el trino de Pizarro no aclara los motivos por los que fue vinculada la mujer a algún contrato con el Congreso.

(Vea también: “Sucio sería confirmar que pagó por eso”: Néstor Morales, sobre el video privado de Petro con Deicy Jiménez)

Además de la mencionada, hasta el momento no hay ninguna declaración pública, ni rueda de prensa, ni entrevista de la excongresista al respecto.

Así mismo, la coincidencia entre el vínculo contractual y el perfil de Jiménez desató críticas sobre la coherencia entre el discurso público de Pizarro y sus decisiones administrativas. Voces críticas cuestionaron si la contratación respondió a criterios técnicos o a otro tipo de consideraciones que la senadora aún no ha explicado.

“¿La contratación de Deicy Jiménez es parte de la defensa de los derechos de las mujeres? A ver si aquí caen una cantidad de caretas, de máscaras, de esos disfraces de feminismo de día y en la noche estaban en esto”, agregó Morales, en Blu Radio.

¿Qué contrato le otorgó María José Pizarro a Deicy Jiménez en el Senado?

De acuerdo con la información divulgada, Pizarro le entregó un contrato a Deicy Jiménez en 2023, cuando ocupaba la vicepresidencia del Senado de la República. Los detalles de ese vínculo están consignados en registros de entidades públicas, aunque la senadora no ha ofrecido hasta ahora ninguna explicación sobre los términos ni los criterios de esa contratación.

¿Por qué es relevante el silencio de Pizarro en este escándalo?

Pizarro es una de las voces más reconocidas del Congreso en temas de derechos de las mujeres, lo que convierte su mutismo en un elemento central del debate. El contraste entre su activismo público y la ausencia de explicaciones sobre la contratación alimenta las dudas de quienes exigen rendición de cuentas a los funcionarios que administraron recursos del Estado durante ese período.

El cruce de opiniones se desató cuando Luis Ernesto Gómez argumentó que el material audiovisual aportado recientemente no modifica el núcleo de la discusión legal: “El video que se reveló no trae nada nuevo a la discusión. Aquí el punto central al margen de la intimidad del expresidente a la que tiene todo derecho. Si el señor con sus propios recursos decide contratar a una modelo webcam, acá la discusión son los contratos”. Para el panelista, aunque la vida personal de un individuo pueda ser reprochable en el ámbito moral, la esfera íntima —incluyendo relaciones sentimentales o infidelidades— debe mantenerse al margen del escrutinio punitivo, centrando la investigación estrictamente en la existencia de un posible abuso de poder.

Frente a esta postura, Néstor Morales replicó con vehemencia que la magnitud de los hechos de la vida privada de un jefe de Estado trasciende la privacidad cuando interfiere con sus obligaciones institucionales. “Yo como ciudadano tengo derecho a saber si el expresidente Gustavo Petro tiene relaciones […] si mete droga, claro que es importante, a ver si somos capaces de quitarnos la máscara de que esto hace parte de la vida privada […] Si el señor mete droga, tomaba decisiones políticas bajo esos efectos, nosotros tenemos derecho a saber”, sentenció el periodista, cuestionando si los electores no habrían cambiado su percepción de haber conocido estos antecedentes de desorden y consumo.

La réplica de Gómez no se hizo esperar al insistir en que los señalamientos sobre la presunta toma de decisiones bajo los efectos de sustancias o la utilización de la nómina oficial para fiestas corresponden a conductas punibles y de interés general, pero insistió en salvaguardar el principio de respeto a la dignidad humana. “Todo lo que acaba de describir es abuso de poder, no de la vida privada del presidente. En eso estamos de acuerdo, lo que en mi opinión merecen todos los seres humanos en parte de su dignidad es respeto por su vida privada, con quién se acueste y si le es infiel a su esposa o no, eso es problema de él”, concluyó.

El debate radial refleja la polarización de criterios que genera el caso en la opinión pública nacional, donde convergen dos orillas: una que exige total transparencia sobre los hábitos personales de los líderes políticos al considerar que afectan su gobernabilidad, y otra que delimita la intimidad como un derecho inalienable, condicionando la investigación penal únicamente a la comprobación de delitos de corrupción y contratación irregular.

El proyecto plantea reformas al Código General del Proceso y a la Ley 906 de 2004, enfocado en otorgar nuevas herramientas judiciales para contrarrestar el acoso judicial. De acuerdo con el representante Becerra, el texto describe y define el acoso litigioso, permitiendo a los jueces emitir sentencias anticipadas que pongan fin a demandas infundadas o reiteradas, consideradas como intentos de censurar asuntos de interés público sin respaldo probatorio suficiente o a través de conductas temerarias. En caso de comprobarse el abuso del sistema, la parte responsable deberá pagar las costas procesales y una multa correspondiente a 30 salarios mínimos mensuales, además de facultar a la Fiscalía para archivar actuaciones penales consideradas dentro de este tipo de acoso.

La propuesta tiene antecedentes en el Congreso colombiano. En 2021, Rodrigo Lara presentó un proyecto similar sustentado en las leyes anti-SLAPP (siglas en inglés de ‘Strategic Lawsuit Against Public Participation’, demandas estratégicas para obstruir la participación pública) que existen en regiones como Europa, Norteamérica y Australia. Estas leyes buscan proteger el ejercicio de la libertad de expresión y la denuncia de irregularidades, tanto por parte de la prensa como de otros actores sociales.

Aunque el texto ya había sido presentado en el pasado, incluso durante la legislatura anterior a cargo de los mismos promotores, no pudo avanzar por cuestiones de trámite legislativo. Según destacó Bejarano, la iniciativa podría ser crucial para periodistas locales, comunitarios y para mujeres y personas defensoras de derechos que carecen de respaldo institucional o recursos económicos, pues ofrecería garantías en contextos de denuncia y protección de derechos fundamentales.

De tener éxito en su tránsito por el Congreso, la ley se aplicaría desde la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y podría imponer sanciones económicas a quienes sean identificados como promotores del acoso litigioso. Pedraza destacó que esto pondría un tope y una barrera frente a quienes recurren a grandes bufetes de abogados con la intención de intimidar y silenciar a quienes defienden la opinión pública o denuncian irregularidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el proyecto de ley anti-cepo radicado en el Congreso de la República?

El proyecto de ley anti-cepo busca cambiar el Código General del Proceso y la Ley 906 de 2004 para fortalecer la protección de periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos que sean víctimas de acoso judicial. Propone que los jueces puedan identificar y frenar la utilización indebida del sistema judicial para censurar o silenciar opiniones, mediante sentencias anticipadas y multas económicas.

¿Qué significa el término acoso litigioso según la propuesta presentada?

De acuerdo con lo señalado en el texto del proyecto y citado por El Espectador, acoso litigioso es cualquier acción promovida en la justicia con el fin de censurar debates de interés público, sin pruebas válidas o de forma temeraria, utilizando el sistema legal para intimidar o silenciar expresiones legítimas. Esta definición permitiría a los jueces intervenir desde el inicio de los procesos para detectar y sancionar tales conductas.

Finalmente, la persecución terminó cuando los uniformados lograron interceptar al individuo en el mismo barrio San José, concretando su captura y controlando así la situación. Aunque el procedimiento estuvo marcado por la reacción inmediata de las autoridades y la colaboración espontánea de un ciudadano, hasta el momento no se conocen detalles sobre la identidad del detenido ni las circunstancias posteriores a la detención. Según el reporte, lo único confirmado es que todo el episodio se originó por el supuesto robo de un celular, sin que haya trascendido información adicional sobre el proceso judicial o la recuperación del aparato.

Este nuevo caso pone de relieve el problema recurrente del hurto de celulares en las calles de Ibagué y cómo la actuación policial, sumada en ocasiones al involucramiento de la ciudadanía, permite responder de manera contundente ante este tipo de situaciones. El hecho, registrado en video, reaviva la preocupación por la seguridad en la ciudad y evidencia que la respuesta de las autoridades sigue siendo clave para controlar hechos de este tipo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la persecución policial en el barrio San José de Ibagué por el presunto robo de un celular?

La persecución comenzó luego de que un hombre presuntamente robara un celular y emprendiera la huida en una de las vías principales del sector. Policías reaccionaron de inmediato, iniciando el seguimiento hasta que lograron interceptar al sospechoso en el barrio San José, todo ello bajo la mirada y grabación de un ciudadano en motocicleta. Gracias a esta colaboración, el operativo quedó registrado en video, documentando la intensidad del momento.

¿Cuál es la situación de los robos de celulares en Ibagué según el caso registrado en video?

El caso del barrio San José evidencia una preocupación constante por los robos de celulares en Ibagué. Aunque los detalles específicos de este operativo señalan la eficacia de la reacción policial y la atención ciudadana, la recurrente aparición de estos hechos en videos muestra que la inseguridad sigue presente y genera inquietud en la población.

De acuerdo con el reporte preliminar citado por El Nuevo Día, a pesar de lo aparatoso del accidente y el estado en el que se encontró el vehículo, el conductor logró salir ileso. No se registraron personas heridas, lo que representó un alivio tanto para las autoridades como para los testigos del suceso. Sin embargo, los daños materiales fueron evidentes, sumándose así a los riesgos que a menudo enfrentan quienes transitan por esta importante vía del país.

El incidente también tuvo repercusiones sobre la movilidad en la carretera Ibagué-Cajamarca. Los reportes confirmaron que, debido a los trabajos desplegados para atender la emergencia y por la posición en la que quedó el automotor, la circulación quedó restringida a un solo carril. Como consecuencia, se presentó congestión vehicular y demoras para los viajeros que debían atravesar ese tramo. Las autoridades, conscientes de la importancia de mantener la seguridad en el sector de La Gallina, recomendaron a los conductores reducir la velocidad y atender las indicaciones para evitar nuevos percances mientras se normalizaba el flujo vehicular.

Finalmente, el accidente, aunque no dejó víctimas, sirve como recordatorio de los peligros que pueden surgir en las carreteras y de la obligación que tienen los conductores de ser prudentes al volante, un mensaje reiterado en cada temporada de alto flujo vehicular y que cobra vigencia en situaciones como esta.

¿Cómo afectó el accidente el tránsito en la vía Ibagué-Cajamarca?

De acuerdo con la información reportada por El Nuevo Día, el accidente en el sector de La Gallina obligó a habilitar el paso únicamente por un carril. Esto generó tráfico lento y congestión, complicando la movilidad para quienes debían desplazarse por esta ruta y ocasionando demoras en los desplazamientos durante la atención de la emergencia.

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades tras el accidente en la vía Ibagué-Cajamarca?

Luego de atender el siniestro, las autoridades sugirieron a los conductores que transiten por el sector de La Gallina conducir con precaución, reducir la velocidad y estar atentos a las indicaciones de movilidad, enfatizando la importancia de la prudencia al conducir para evitar nuevos incidentes en uno de los corredores viales más transitados de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Durante la madrugada del martes, se presentó uno de los episodios sísmicos más intensos de las últimas semanas, afectando principalmente a estructuras tradicionales compuestas de adobe y guadua, materiales que quedaron expuestos tras la caída de partes de los muros. Mabel Lozano, habitante del barrio La Loma, relató que el primer gran estruendo se sintió a las 2:48 de la mañana, seguido de otro movimiento aún más fuerte a las 4:00 a. m., momento en el que muchos vecinos decidieron evacuar sus viviendas ante el miedo y la incertidumbre.

El impacto no solo se reflejó en propiedades antiguas; incluso edificaciones recientes, como una de tres pisos, sufrieron daños sobre sus muros internos. Las autoridades en Chaparral, según Noticias Caracol, han trabajado de manera preventiva para minimizar riesgos y evitar que las paredes de ciertas terrazas comprometan la seguridad de las construcciones contiguas.

La seguidilla de temblores ha alterado la cotidianidad del municipio. Martha Morales, habitante afectada, compartió que desde el 20 de septiembre la vida cambió radicalmente: los sismos se repitieron con una frecuencia de hasta cada cinco minutos durante casi cuatro días, impidiendo el descanso nocturno y diurno de las familias. Este episodio llevó a que la comunidad empezara a replantear el estado estructural de sus hogares y la importancia de la prevención ante desastres.

El barrio Versalles tiene su propio reflejo de esta emergencia en la historia de don Carlos, un hombre de 68 años que perdió buena parte de su casa como consecuencia del temblor. Él hizo un llamado público, a través de Noticias Caracol, solicitando apoyo para reconstruir su vivienda ante la inseguridad de pasar la noche dentro de lo poco que quedó en pie.

Según datos de la Alcaldía de Chaparral, el reciente sismo dejó cerca de 100 edificaciones afectadas solo en la zona urbana y se han contabilizado al menos 2.136 movimientos sísmicos desde septiembre. La comunidad permanece atenta y preocupada, mientras busca soluciones y ayuda para reconstruir su vida cotidiana en medio de la incertidumbre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas viviendas han sido afectadas por los sismos en Chaparral, Tolima?

De acuerdo con datos de la Alcaldía, el más reciente episodio sísmico dejó alrededor de 100 edificaciones afectadas en la parte urbana del municipio de Chaparral. Además, hasta la fecha, se han registrado un total de 2.136 movimientos sísmicos, una situación que ha puesto en alerta a la comunidad y exigido acciones de prevención y reparación.

¿Por qué las casas en Chaparral, Tolima, sufrieron daños durante los recientes temblores?

Las viviendas de Chaparral, especialmente aquellas de construcción antigua con materiales como adobe y guadua, resultaron vulnerables ante la intensa actividad sísmica iniciada en septiembre. El último temblor expuso la fragilidad de estas estructuras, ya que era habitual que no tuvieran columnas o vigas de refuerzo, generando mayor riesgo de colapso y afectaciones estructurales serias.

De acuerdo con el reporte, uno de los cierres programados se realizará en el barrio La Flora, comprendido desde la avenida 3 norte hasta la avenida 3 bis norte y desde la calle 57 norte hasta la calle 60 norte, en la comuna 2. Allí, el servicio de agua potable estará suspendido desde las 8:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, periodo en el que se desarrollarán los trabajos de empates en la red de distribución.

Además, otro de los sectores afectados será Alfonso Barberena, específicamente en la calle 33 F, calle 33 H y calle 34, desde la carrera 24 B hasta la carrera 24 D, además de algunas transversales y carreras adyacentes. En este punto, la interrupción del suministro de agua está prevista desde las 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Estas acciones forman parte de las labores de optimización de la red de distribución, encaminadas a mantener una adecuada infraestructura en el interior del sistema hídrico de la ciudad.

La información recopilada por el Noticiero 90 Minutos también menciona otros barrios en los que se presentarán cortes del servicio durante la jornada. Entre estos se encuentran Marroquín II, Unión de Vivienda Popular, San Judas, José Holguín Garcés, Granada, Chiminangos y El Troncal, cuyos residentes deberán planificar su consumo con antelación y tomar las precauciones necesarias ante la extensión de las interrupciones, que en algunos casos superarán las 12 horas.

La comunicación oficial recalca la importancia de estos trabajos para la mejora sostenida de la red de acueducto y recomienda a los habitantes de las zonas afectadas mantenerse atentos a los avisos de Emcali, a fin de mitigar inconvenientes mientras se reestablece el servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles serán los horarios y barrios afectados por el corte de agua en Cali?

De acuerdo con información del Noticiero 90 Minutos, los barrios afectados por los cortes de agua este jueves en Cali incluyen La Flora y Alfonso Barberena, con suspensiones desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. y 9:00 p.m. respectivamente. También se verán impactados Marroquín II, Unión de Vivienda Popular, San Judas, José Holguín Garcés, Granada, Chiminangos y El Troncal, por lo que se recomienda prepararse ante interrupciones de hasta más de 12 horas.

¿Por qué Emcali realiza trabajos de mantenimiento en las redes de acueducto?

Según lo informado por el Noticiero 90 Minutos, Emcali realiza estos trabajos para llevar a cabo la reposición de válvulas y la optimización de las redes de distribución de agua potable. Estas labores buscan mantener y mejorar la calidad del servicio, así como asegurar una infraestructura adecuada para el suministro en la ciudad de Cali.

La sede universitaria, cuya planificación se extendió durante más de un año y medio, contó con una inversión superior a los 10 millones de pesos, recursos aportados por el Ministerio de Educación Nacional. En total, fueron edificados más de 1.400 metros cuadrados, distribuidos en aulas, laboratorios y espacios con capacidad para 783 estudiantes nuevos. Según palabras del rector de la Universidad del Valle, Guillermo Murillo, el proyecto tiene como objetivo proyectar una presencia educativa robusta en la región, evitando así que los jóvenes deban migrar a otras ciudades para acceder a la formación profesional. Además, el rector destacó que ya se ofrecen ocho programas académicos y se espera recibir más de 1200 estudiantes, impactando significativamente la ampliación de la cobertura en el Eje Cafetero.

El edificio incluye laboratorios, salas de cómputo con tecnología actualizada, auditorio y un área de urbanismo de 1084 metros cuadrados, elementos que garantizan condiciones adecuadas para la formación integral de los estudiantes. Tanto la comunidad universitaria como las autoridades locales resaltaron que esta iniciativa responde directamente a las dificultades enfrentadas tras el terremoto, actuando no solo como apoyo en la reconstrucción física, sino como símbolo de esperanza. Ilva Miriam Hoyos, ministra de Educación, enfatizó que esto fue posible gracias a la colaboración de instituciones nacionales, regionales y locales, además de la participación activa de la comunidad.

El propósito a futuro es seguir ampliando la oferta educativa, incorporando nuevas facultades y beneficiando tanto a Sevilla como a otros municipios del Eje Cafetero, consolidando la educación superior como motor de desarrollo y resiliencia en la región.

¿Cuáles son las características de la nueva sede de la Universidad del Valle en Sevilla?

La sede cuenta con más de 1.400 metros cuadrados construidos, incluyendo aulas, laboratorios, salas de cómputo con equipos modernos, un auditorio y un área urbanizada de 1084 metros cuadrados. Tiene capacidad para 783 estudiantes y ofrece ocho programas académicos, permitiendo ampliar el acceso a la educación superior en la región, según información proporcionada por la Universidad del Valle y el Ministerio de Educación Nacional.

¿Qué beneficios trae la nueva sede de Univalle para la reactivación económica y social del norte del Valle del Cauca?

La apertura de la sede contribuye a la reactivación económica al ofrecer oportunidades educativas en la región, evitando que los jóvenes migren a otras ciudades y facilitando la reconstrucción social tras el terremoto. Además, iniciativas como los créditos condonables de Valle INN y Fonder apoyan directamente a los afectados, generando soluciones en vivienda y negocios, de acuerdo con declaraciones de la gobernación del Valle del Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El hallazgo movilizó a unidades de la Policía Nacional y a personal de atención de emergencias, que acudieron al lugar para auxiliarlo y gestionar su traslado a un centro médico. De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Manizales, la institución recibió una llamada a través de la línea de emergencias 123, aproximadamente a las 10:10 de la mañana, en la que alertaban sobre la presencia de una persona mayor cerca de las instalaciones educativas.

(Lea también: Adulto mayor resultó herido tras ser atropellado en la avenida Quinta de Ibagué frente a un colegio)

Según la información inicial, el hombre tenía ataduras en sus extremidades. Tras conocer el caso, una patrulla de vigilancia del sector se desplazó hasta el sitio y coordinó la atención médica. El adulto mayor fue llevado a un centro asistencial, donde quedó bajo valoración de los profesionales de la salud para determinar las lesiones que presentaba y establecer su gravedad. La información preliminar también señala que el hombre tenía golpes en el rostro y signos de maltrato. Sin embargo, hasta el momento no se ha entregado un diagnóstico médico que permita conocer con precisión su estado de salud ni las consecuencias de las lesiones.

¿Dónde encontraron al adulto mayor amarrado en Manizales?

El hallazgo se produjo en un lote baldío situado en la parte posterior del colegio INEM, en Manizales. Se trata de un sector cercano al espacio donde tradicionalmente se desarrollan las Fondas y Arrierías durante la Feria de Manizales. Las circunstancias en las que el hombre llegó hasta ese terreno todavía son materia de investigación, así como tampoco se ha establecido cuánto tiempo permaneció en el lugar ni quiénes estarían detrás de lo sucedido.

La presencia del adulto mayor fue advertida por ciudadanos, quienes dieron aviso a las autoridades mediante la línea 123. A partir de esa comunicación se activó la respuesta de la Policía y se coordinó la asistencia para evitar que la persona permaneciera sin atención. En el procedimiento también participaron integrantes del grupo de rescate BYR, quienes prestaron ayuda inicial antes de que el hombre fuera trasladado para recibir atención médica. Según los reportes conocidos, inicialmente fue llevado al centro de salud del barrio San Cayetano.

Luego de atender la emergencia, la Policía Nacional puso en marcha las labores investigativas para determinar qué ocurrió con el adulto mayor y establecer si fue víctima de una agresión. La institución informó que personal de la SIJIN adelanta la recolección de elementos que permitan reconstruir lo sucedido. Entre las actividades previstas se encuentra la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores y la recopilación de información mediante labores de vecindario. Por ahora, las autoridades no han confirmado la identidad de los responsables ni han informado sobre capturas relacionadas con este caso.

(Lea también: Conductor le habría partido el brazo a mujer de 86 años en Bogotá: discusión sería por parqueadero)

En su pronunciamiento, la institución también confirmó que logró establecer comunicación con un familiar del adulto mayor, quien quedó pendiente de los procedimientos médicos y judiciales correspondientes. No obstante, la Policía no entregó detalles adicionales sobre la identidad del hombre ni sobre las circunstancias personales que rodearon el caso.

No alcanzaron a llegar muy lejos. Decidieron detenerse en el restaurante Palos Verdes para almorzar, quizá sin advertir que alguien estaba observando sus movimientos. De acuerdo con los relatos familiares, un hombre que rondaba reiteradamente la zona se acercó, esta vez armado, y los amenazó. La reacción fue inmediata: el vendedor, que custodiaba el bolso con el dinero, huyó con el objetivo de proteger el efectivo. En la persecución, escuchó un disparo y, en un intento por resguardar su integridad, lanzó el morral. El proyectil impactó al comprador, hiriéndolo gravemente en el tórax y poniendo en riesgo su vida. Según información recogida, el hombre fue trasladado de urgencia a la Clínica Medicalis, donde el parte médico inicial indicaba compromiso pulmonar.

La escena no concluyó allí. Cuando el vendedor retornó al restaurante con presencia de las autoridades, el bolso con 50 millones de pesos había desaparecido. Testimonios entregados a los familiares por parte de trabajadores del restaurante señalan que las cámaras de vigilancia mostrarían a una pareja cercana recogiendo el bolso y huyendo en un vehículo. Además, durante el asalto, también hurtaron los bolsos personales del comprador y del abogado que lo acompañaba.

En medio del desconcierto, la familia enfrentó una nueva preocupación: Natalie Bejarano, hermana del vendedor, denunció que agentes de la Sijín—Seccional de Investigación Judicial y Criminal—manejaron inicialmente la hipótesis de un supuesto “autorrobo”, versión que los allegados rechazaron tajantemente, alegando transparencia en todas las gestiones. Frente a esto, exigieron acceder a los videos de seguridad y que se esclarezca quiénes se llevaron el dinero, resaltando que la compraventa era legítima y que el efectivo serviría para pagar deudas personales. Actualmente, la Sijín y la Fiscalía General de la Nación adelantan las investigaciones. La identidad de los responsables sigue sin establecerse, los 50 millones de pesos no han sido recuperados y una de las víctimas enfrenta un delicado estado de salud mientras espera justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo sucedió el fleteo tras la venta de una casa en Ibagué y qué se sabe sobre los responsables?

El fleteo ocurrió cuando las víctimas, tras retirar 50 millones de pesos producto de la venta de una vivienda familiar y formalizar el proceso en la Notaría Séptima de Ibagué, hicieron una parada en el restaurante Palos Verdes. Allí, una persona armada los abordó y, en medio de la huida, se produjo un disparo que hirió de gravedad al comprador. Posteriormente, el bolso con el dinero desapareció y cámaras habrían registrado a una pareja recogiendo el dinero y escapando del sitio. Hasta el momento, según información de los familiares y empleados del restaurante, las autoridades no han identificado a los responsables.

¿Por qué la familia rechaza la versión de supuesto 'autorrobo' en el caso del fleteo en Ibagué?

La familia desmiente la hipótesis planteada inicialmente por la Sijín de un “autorrobo”, asegurando que el proceso de venta de la casa fue completamente legal y documentado. Según la denuncia de Natalie Bejarano, hermana del vendedor, piden que se revisen las grabaciones del restaurante para aclarar la ruta del dinero y exigen transparencia en la investigación, pues los fondos estaban destinados a saldar deudas personales y no existen motivos para que se simulara un robo.

(Lea también: General (r) William Rincón habló de dudas en el asesinato de su hijo y señaló a generales que estarían involucrados)

Yeraldine junto a expareja sentimental.

 “Me golpeó tanto que quedé inconsciente”, relató al recordar el momento en que su novio le impidió salir. Cuando recuperó parcialmente el conocimiento, se encontraba en una cama y luego se dio cuenta de que él la había abusado mientras estaba inconsciente.

Lo que comenzó como un intento de poner fin a una relación se convirtió, en un periodo de violencia física, sexual y psicológica en el que temía que su pareja cumpliera las amenazas de matarla.

“Fueron 120 veces las que abusó de mí en un transcurso de 20 días”, afirmó.

Durante los días de cautiverio, el hombre la intimidaba con lo que llamaba el “beso frío”, una expresión que utilizaba para amenazarla con una pistola.

“El beso frío es la boca de la pistola con la boca mía o la boca de una persona y se le dice beso frío porque es el beso a la muerte”, explicó.

El 22 de mayo de 2022, Yeraldine encontró una oportunidad para escapar. Según narró, su pareja estaba cerca de la puerta, con parte del cuerpo hacia la calle y de espaldas a ella. En ese momento, decidió actuar. Lo empujó con fuerza y ambos cayeron hacia el exterior de la vivienda. Aseguró que se encontraba debilitada, descalza y con poca ropa. Sin embargo, logró levantarse y su agresor, según su relato, huyó del lugar.

(Lea también: “Ha sido muy duro”: padres de María Camila Potosí dieron duro relato del escabroso crimen)

En medio de la confusión, un hombre le facilitó un teléfono para que llamara a la Policía de Itagüí, Antioquia. Hoy el ex novio cumple una condena de 22 años de prisión por acceso carnal violento, secuestro simple y maltrato familiar agravado.

(Lea también: “Me lo entregaron en un cajón”: madre de patrullero que murió misteriosamente habló de dudas en el caso)

De acuerdo con el reporte policial, Ramírez habría tenido diferencias previas con el presunto agresor. Después de un primer altercado, el joven buscó a su mejor amigo para contarle lo sucedido. Posteriormente, los dos se dirigieron a encontrar al hombre con quien había tenido la discusión, lo que derivó en una nueva confrontación.

En medio de ese encuentro, el señalado habría sacado un arma cortopunzante y atacado a Ramírez. El joven fue auxiliado y trasladado al hospital San Rafael de Itagüí, pero ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Tras conocer el homicidio, unidades de la Policía iniciaron la búsqueda del presunto responsable, quien habría escapado del lugar. El seguimiento a través de cámaras de seguridad permitió ubicarlo y capturarlo cerca de la Central Mayorista.

“Lamentamos esta noticia. Una persona pierde la vida y uno la libertad por hechos de intolerancia. Hacemos un llamado a la comunidad a respetar la vida, a la resiliencia y a no mezclar bebidas alcohólicas con armas cortopunzantes”. sostuvo el secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro.

Durante el procedimiento, las autoridades inmovilizaron la motocicleta en la que se movilizaba y encontraron en su poder un arma cortopunzante que, según la investigación, habría sido utilizada en el ataque. El elemento fue incautado como material probatorio en el proceso judicial contra el señalado agresor.

(Vea también: Ley de sometimiento en Colombia: nueva norma busca limitar beneficios y fortalecer control estatal sobre estructuras criminales)

El mandatario aseguró que la nueva norma cambia el rumbo de la política de seguridad y que los integrantes de estructuras ilegales deberán responder por sus delitos.

“¡Se acabó la falsa paz! ¡En Colombia los criminales se someten a la justicia, no el Estado a los criminales!”, escribió De la Espriella en su cuenta de X, al referirse a la entrada en vigencia de la disposición.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado sostuvo que la ley pone fin a lo que considera privilegios y concesiones otorgados durante años a los responsables de actividades criminales. También enumeró las obligaciones que, según explicó, deberán asumir quienes busquen acogerse a los mecanismos previstos en la norma.

“¡El que delinquió tiene que pagar! Tendrá que confesar sus crímenes, reparar a sus víctimas, entregar hasta el último peso de sus fortunas ilegales y responder ante la justicia”, manifestó el mandatario.

De la Espriella insistió en que su administración no permitirá que los grupos criminales obtengan beneficios sin cumplir las condiciones establecidas. En ese sentido, defendió la autoridad del Estado y presentó la nueva legislación como una herramienta para avanzar en el desmantelamiento de esas estructuras.

“¡Aquí no habrá impunidad ni premios para los criminales!”, agregó en el mensaje, en el que también expuso su postura sobre la relación entre seguridad y construcción de paz.

“La paz verdadera no se construye arrodillando al Estado ante los delincuentes. Se consigue con autoridad, justicia y el cumplimiento de las leyes de la República”, concluyó.

¡SE ACABÓ LA FALSA PAZ! ¡EN COLOMBIA LOS CRIMINALES SE SOMETEN A LA JUSTICIA, NO EL ESTADO A LOS CRIMINALES!

Con la Ley de Sometimiento ponemos fin a los privilegios, las concesiones y la impunidad con la que durante años se ha pretendido premiar a los bandidos.

¡EL QUE DELINQUIÓ TIENE QUE PAGAR! Tendrá que confesar sus crímenes, reparar a sus víctimas, entregar hasta el último peso de sus fortunas ilegales y responder ante la justicia.

¡AQUÍ NO HABRÁ IMPUNIDAD NI PREMIOS PARA LOS CRIMINALES!

La paz verdadera no se construye arrodillando al Estado ante los delincuentes. Se consigue con autoridad, justicia y el cumplimiento de las leyes de la República.

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 5, 2026

De la Espriella firmó la ley junto al ministro de Justicia

La sanción presidencial se realizó después de que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran el mismo texto, con lo que se completó el trámite legislativo. En el acto de firma, De la Espriella estuvo acompañado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, y el secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto.

Según informó Noticias Caracol, la iniciativa se convirtió en la primera ley aprobada durante el Gobierno de De la Espriella. El trámite en el Congreso se extendió durante varias semanas y tuvo una jornada decisiva el 3 de noviembre, cuando las plenarias de ambas cámaras avanzaron con la aprobación del articulado.

La norma quedó identificada como Ley 2640 del 4 de noviembre de 2026. Con ella se modifica y prorroga la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, y se establece un marco jurídico para facilitar el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento de organizaciones criminales de alto impacto.

¿Qué establece la Ley de Sometimiento?

Uno de los puntos centrales de la legislación es que las organizaciones criminales no recibirán reconocimiento de estatus político ni podrán negociar acuerdos políticos con el Gobierno. El mecanismo está dirigido a que sus integrantes se sometan a la justicia bajo condiciones verificables y entreguen información que permita debilitar sus estructuras.

El texto contempla rebajas de hasta el 50 % de la pena para integrantes que no hayan ejercido funciones de mando y de hasta el 30 % para quienes hayan ocupado posiciones de dirección. Estos beneficios están condicionados al cumplimiento de compromisos relacionados con la verdad, la reparación de las víctimas y la contribución al desmantelamiento de las organizaciones.

Además, la ley establece que los procesos no implicarán la suspensión de órdenes de captura ni de solicitudes de extradición. Las penas privativas de la libertad deberán cumplirse en establecimientos administrados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Entre las obligaciones previstas también figuran la entrega de bienes y recursos de origen ilegal, información sobre personas desaparecidas y la liberación de personas secuestradas o víctimas de trata. La legislación incorpora restricciones para quienes hayan participado en el reclutamiento de menores de edad.

(Vea también: Video de Deicy Jiménez reactiva investigaciones y controversia por denuncias de ‘sexo contratos’ contra Gustavo Petro)

A través de un mensaje en su cuenta de X, el exmandatario rechazó los señalamientos, cuestionó la difusión de las imágenes y anunció que acudirá a las autoridades para responder por lo que calificó como un nuevo ataque en su contra.

Petro aseguró que este episodio se suma a otros cuestionamientos que ha enfrentado durante su trayectoria política y manifestó que no piensa resolver la controversia mediante discusiones en redes sociales, sino ante los jueces.

“He pasado buena parte de mi vida enfrentando juicios y ataques por denunciar la violencia y la corrupción. Desde que la política se trasladó a las redes, esos ataques no cesan, y los juicios mediáticos llegan siempre antes que los de los tribunales. Este es uno más, y lo enfrentaré como los demás: ante los jueces y con la verdad”, afirmó el exmandatario.

Uno de los puntos centrales de su pronunciamiento fue la acusación relacionada con la supuesta entrega de contratos públicos a cambio de favores sexuales. Frente a ese señalamiento, Petro negó haber utilizado recursos o decisiones del Estado con ese propósito y defendió la trayectoria de las mujeres que hicieron parte de su administración.

“Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”, sostuvo.

He pasado buena parte de mi vida enfrentando juicios y ataques por denunciar la violencia y la corrupción.

Desde que la política se trasladó a las redes, esos ataques no cesan, y los juicios mediáticos llegan siempre antes que los de los tribunales.

Este es uno más, y lo enfrentaré como los demás: ante los jueces y con la verdad.

Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme.

Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez.

Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad.

Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno. Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares.

El magistrado ordenó reserva y yo la cumplo. No voy a responder en un video lo que debo responder en un expediente.

Nadie debe sufrir daño por denunciar, ni por declarar, ni por defenderse. Pido a las autoridades que protejan a la testigo y a todas las personas que intervienen en este proceso.

Y a quienes hoy reproducen imágenes de la supuesta intimidad de las personas para ganar una discusión política, creando cortinas de humo les pregunto si eso es periodismo o es otra cosa.

La verdad no necesita linchamientos.

¿Nos creen ingenuos? ¿Nos creen pendejos?

Mientras las redes se ocupan de la supuesta vida íntima de las personas, el gobierno firmó la ley que rebaja las penas a los narcotraficantes. Beneficios para quienes llenaron de sangre a Colombia, más impuestos para los pobres y los trabajadores asalariados, y más privilegios para los más ricos.

Ningún video va a ocultar eso, ni la intimidad de nadie va a detener la indignación popular. Esa ley no pasará el examen de la Constitución.

He dado instrucciones a mi abogado para que acuda ante las autoridades con este nuevo ataque y para que mañana mismo quede radicada la demanda contra la ley de sometimiento o más bien, de alcahutamiento de narcos

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 5, 2026

¿Qué dijo Petro sobre el video de Deicy Jiménez?

El expresidente también puso en duda que la grabación pueda considerarse una prueba de las acusaciones, pues, según indicó, todavía no ha sido sometida a un análisis técnico ni evaluada por un juez. Cuestionó, además, que se desconozcan datos como la fecha, el lugar y las circunstancias en las que fue registrada.

“Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad. Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno. Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares”, manifestó Petro.

En esa misma línea, el exmandatario señaló que respetará la reserva ordenada dentro del proceso y descartó responder públicamente mediante otro video. Según explicó, su posición frente a los señalamientos será expuesta ante las instancias judiciales.

“El magistrado ordenó reserva y yo la cumplo. No voy a responder en un video lo que debo responder en un expediente”, escribió en su cuenta de X.

Petro pidió protección para Deicy Jiménez y las personas involucradas

En su pronunciamiento, Petro también se refirió a las garantías de seguridad de Jiménez, quien ha manifestado preocupación por su integridad y la de sus familiares. El expresidente pidió a las autoridades proteger a la mujer y a quienes participan en las actuaciones judiciales, independientemente de la posición que tengan frente a las acusaciones.

“Nadie debe sufrir daño por denunciar, ni por declarar, ni por defenderse. Pido a las autoridades que protejan a la testigo y a todas las personas que intervienen en este proceso”, expresó.

El mensaje también incluyó cuestionamientos a quienes han difundido las imágenes del encuentro privado. Petro criticó que se utilice ese material para alimentar la discusión política y preguntó por el papel de los medios de comunicación en la circulación de contenidos relacionados con la intimidad de las personas.

“Y a quienes hoy reproducen imágenes de la supuesta intimidad de las personas para ganar una discusión política, creando cortinas de humo, les pregunto si eso es periodismo o es otra cosa. La verdad no necesita linchamientos. ¿Nos creen ingenuos? ¿Nos creen pendejos?”, cuestionó.

Deicy Jiménez publica hoy un video en el que se besa con el ex presidente Gustavo Petro

El punto es que ella denunció que le dieron más de 100 millones de pesos en contratos como pago “por servicios sexuales”.

Los contratos existen. Ahora, la prueba de que tuvo un vínculo íntimo con Petro también.

— Sebastián Nohra (@SebastianNohra) November 5, 2026

Petro vinculó la polémica con la ley de sometimiento

El exmandatario aprovechó su publicación para cuestionar la ley de sometimiento firmada por el Gobierno y relacionó la discusión alrededor del video con los beneficios penales que, según su lectura, contempla esa norma para los narcotraficantes. También criticó sus efectos tributarios y aseguró que la controversia sobre su vida privada no desviará la atención de ese debate.

“Mientras las redes se ocupan de la supuesta vida íntima de las personas, el gobierno firmó la ley que rebaja las penas a los narcotraficantes. Beneficios para quienes llenaron de sangre a Colombia, más impuestos para los pobres y los trabajadores asalariados, y más privilegios para los más ricos”, afirmó.

Petro agregó que considera que la norma no superará el examen constitucional y aseguró que buscará llevarla ante la justicia. En ese contexto, anunció dos actuaciones por medio de su defensa: acudir a las autoridades por la difusión del material y presentar una demanda contra la ley.

“Ningún video va a ocultar eso, ni la intimidad de nadie va a detener la indignación popular. Esa ley no pasará el examen de la Constitución”, advirtió.

Finalmente, el expresidente confirmó que ya dio instrucciones a su abogado para actuar frente a la publicación de Jiménez y anticipó la presentación de una acción judicial contra la norma.

“He dado instrucciones a mi abogado para que acuda ante las autoridades con este nuevo ataque y para que mañana mismo quede radicada la demanda contra la ley de sometimiento o más bien, de alcahueteo de narcos”, concluyó.

(Vea también: Video de Deicy Jiménez reactiva investigaciones y controversia por denuncias de ‘sexo contratos’ contra Gustavo Petro)

De esa manera, el jurista anunció que el exmandatario responderá ante las autoridades y cuestionó que la grabación sea presentada como una prueba de las acusaciones.

«El expresidente Gustavo Petro niega haber condicionado o entregado contratos públicos a cambio de favores sexuales. Responderá a ese señalamiento ante la autoridad judicial competente, con respeto por su independencia y por la reserva de la actuación, como lo dispuso el magistrado», señaló Carranza en el comunicado divulgado el 4 de noviembre.

La defensa también se refirió directamente al material audiovisual que Jiménez publicó en sus redes sociales. Según el abogado, antes de establecer su valor dentro del proceso es necesario verificar aspectos como la fecha, el lugar en el que fue grabado, su origen y el contexto en el que se produjo.

«Un fragmento sin fecha, sin lugar y sin origen verificado, publicado en redes por la testigo antes de ser entregado a la autoridad y replicado en minutos por periodistas y comentaristas, no es una prueba», afirmó.

En ese sentido, Carranza sostuvo que la autenticidad y la integridad de la grabación deben establecerse dentro de la investigación, mediante un peritaje y con garantías para todas las partes. También dejó claro que la defensa no entrará a discutir públicamente el contenido de las imágenes.

Sin embargo, uno de los apartes más contundentes del pronunciamiento se refiere a lo que, según el abogado, no aparece en el video: «Y aun si se estableciera todo eso, en esas imágenes no aparece un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno».

Con esa afirmación, la defensa cuestionó que la grabación pueda demostrar por sí sola la presunta entrega de contratos públicos a cambio de favores sexuales. El argumento de Carranza apunta a que una eventual evidencia de encuentros entre Jiménez y Petro no acredita automáticamente las conductas que ella atribuye al exmandatario.

#JUSTICIA El abogado del expresidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, se pronunció sobre el video publicado por Deicy Jiménez. Aseguró que aún si se estableciera su autenticidad, contexto y alcance, en el video “no aparece un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”.
La defensa señala que no convertirá el caso en un debate de redes ni dará validez “a lo que solo la justicia puede valorar”.

https://t.co/v2vIVVHFXe

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

Carranza cuestionó la difusión del video antes de su entrega a la Fiscalía

El abogado también hizo referencia a los acontecimientos de los últimos días y a la forma en que se conoció el material audiovisual. En el comunicado mencionó que la diligencia que Deicy Jiménez tenía prevista ante la Fiscalía no se realizó, que su entonces abogado renunció a la representación y que posteriormente apareció el video en redes sociales.

Sobre esa secuencia, Carranza planteó que las autoridades deben establecer si hubo una estrategia para trasladar la discusión del escenario judicial a la opinión pública.

«Si detrás de esa secuencia hay una estrategia para sustituir a los jueces por la opinión pública, corresponde a las autoridades establecerlo, y la defensa aportará lo que conozca», indicó.

La defensa agregó que no anticipará conclusiones sobre la grabación ni discutirá la vida privada de las personas involucradas. También manifestó su respaldo a que las autoridades evalúen los riesgos y adopten medidas de protección para Jiménez y quienes participan en el proceso.

«Rechazamos cualquier amenaza, hostigamiento o presión indebida, venga de donde venga», expresó el documento.

Deicy Jiménez entregaría el video a la Fiscalía

La publicación de la grabación reactivó la controversia por los señalamientos de Jiménez, quien sostiene que habría recibido contratos estatales a cambio de favores sexuales y personales. La mujer presentó el video como respaldo de su versión sobre el vínculo que habría tenido con Petro y manifestó públicamente que confía en la justicia.

Deicy Jiménez publica hoy un video en el que se besa con el ex presidente Gustavo Petro

El punto es que ella denunció que le dieron más de 100 millones de pesos en contratos como pago “por servicios sexuales”.

Los contratos existen. Ahora, la prueba de que tuvo un vínculo íntimo con Petro también.

— Sebastián Nohra (@SebastianNohra) November 5, 2026

La nueva abogada de Jiménez, Dina Luz Malo Andrade, confirmó que el material sería entregado a la Fiscalía el 5 de noviembre para que sea incorporado a la investigación y valorado por las autoridades. La jurista también pidió garantías de seguridad para su representada y su familia.

De esta manera, las dos partes fijaron posiciones frente a la grabación: mientras Jiménez busca que sea examinada como parte del material que respalda sus declaraciones, la defensa de Petro insiste en que su autenticidad, contexto y alcance deben establecerse dentro del proceso judicial y que el video no demuestra la existencia de contratos, pagos o decisiones oficiales.

(Vea también: JEP imputa a 11 excomandantes de las Farc por crímenes graves de los Bloques Caribe y Magdalena Medio en el norte de Colombia)

Uno de los hallazgos más graves corresponde a 62 menores que fueron fusilados por supuestas faltas o comportamientos que sus superiores consideraban sancionables, según recogió Caracol Radio.

De acuerdo con la emisora, entre los motivos registrados aparecen situaciones tan cotidianas como comer una panela o un chocolate sin autorización, fumar un cigarrillo, ponerle sal al café o quedarse dormido durante un turno de guardia.

Los testimonios también describen castigos contra quienes intentaban comunicarse con sus familiares o manifestaban su intención de abandonar el grupo armado y regresar a sus hogares. Otros menores habrían sido ejecutados por negarse a participar en actos de violencia extrema, como torturar a personas secuestradas, o por denunciar abusos sexuales cometidos por comandantes.

La información fue recopilada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP mediante 214 entrevistas a víctimas de reclutamiento. En esos relatos también se describieron jornadas y tareas que superaban las capacidades físicas de los menores, así como privaciones de comida y sueño utilizadas como castigo cuando no cumplían con entrenamientos de manejo de armas y explosivos.

En el marco de esta investigación, la jurisdicción llamó a nueve antiguos integrantes de las Farc a reconocer su máxima responsabilidad por los crímenes documentados contra los menores que fueron incorporados de manera forzada a la organización.

Por comer panela sin permiso, echarle sal al café, estar desmoralizados o intentar contactar a sus familias, las Farc fusiló a menores de edad. La JEP documentó 62 ejecuciones. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/jtpgDMnc7V

— Revista Semana (@RevistaSemana) November 4, 2026

Torturas, ejecuciones y violencia contra niñas reclutadas

La JEP identificó dos patrones de violencia dentro de los hechos investigados. En el primero encontró elementos para determinar que al menos 104 víctimas fueron sometidas a torturas y otras 28 recibieron tratos crueles. Además, documentó 208 casos de condenas y ejecuciones que se habrían cometido sin un juicio previo o sin las garantías indispensables.

El segundo patrón está relacionado con las violencias reproductivas. La Sala de Reconocimiento documentó 218 víctimas y un total de 356 hechos, debido a que algunas mujeres y niñas sufrieron más de una agresión durante su permanencia en las filas de las Farc.

De ese conjunto, 313 hechos ocurrieron cuando las víctimas todavía eran niñas. Entre las prácticas identificadas figuran la anticoncepción forzada, los abortos impuestos, los maltratos relacionados con esos procedimientos y la entrega forzada de recién nacidos a terceras personas. La investigación también registró dos asesinatos de bebés.

Los nueve exintegrantes de las Farc llamados por la JEP

Los antiguos integrantes de la guerrilla que fueron llamados a reconocer su responsabilidad son Rodolfo Restrepo Ruiz, conocido como ‘Víctor Tirado’; Fabián Ramírez Cabrera, alias ‘Fabián Ramírez’, quien hizo parte del Estado Mayor y del Comando de Dirección del Bloque Sur; y Floresmiro Burbano, conocido como ‘Martín Corena’.

La lista también incluye a Darío Lee Díaz, alias ‘Robledo’ o ‘Tatareto’; Ángel Alberto García Sánchez, conocido como ‘Hernán Benítez’; Luis Óscar Úsuga Restrepo, alias ‘Isaías Trujillo’ o ‘El Viejo’; y Jesús Mario Arenas Rojas, conocido como ‘Marcos’ o ‘Marcos Urbano’.

Completan el grupo Edgar López Gómez, alias ‘Pacho Chino’ o ‘Francisco González’, y Abelardo Caicedo Colorado, conocido como ‘Solís Almedia’.

Los nueve comparecientes cuentan con un plazo de 20 días hábiles para aceptar o rechazar los delitos que les atribuyó la JEP. Si alguno no reconoce su responsabilidad, el expediente correspondiente podrá pasar a la Unidad de Investigación y Acusación de la jurisdicción, que se encarga de adelantar los procesos judiciales.

En caso de llegar a juicio y ser declarados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, según el procedimiento previsto para quienes no aceptan los cargos.

Tras conocerse el hecho, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y los mecanismos de coordinación interinstitucional para localizar a la subteniente y procurar su liberación. Según el comunicado emitido por el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional participan en las labores de búsqueda. La institución ha solicitado colaboración de la ciudadanía y ha puesto a disposición la línea gratuita nacional 147 y un número de celular, garantizando absoluta confidencialidad para quienes aporten información relevante.

El Ejército condenó el secuestro y expresó que se trata de una grave violación de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad, la vida, la integridad y la dignidad humana. Este rechazo fue reiterado por el mayor general José Bertulfo Soto, comandante del Ejército Nacional, quien a través de la red social X manifestó su solidaridad con la familia de la subteniente Pantoja Hernández y destacó el acompañamiento institucional en medio de esta situación.

No se trata de un hecho aislado. En Arauca, otros secuestros han sido atribuidos al Eln, como los de Rodrigo López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Ambos fueron secuestrados hace 17 meses por miembros del Frente de Guerra Oriental del Eln cuando se desplazaban por razones de trabajo hacia Fortul. Meses después, el grupo armado anunció un “juicio revolucionario” contra ellos y otros agentes policiales retenidos, argumentando que desempeñaban labores de espionaje y sentenciándolos a prisión bajo sus propios términos.

La persistencia del secuestro como acción por parte del Eln, así como los condicionamientos exigidos para la liberación de sus víctimas, perpetúan la incertidumbre en las regiones más afectadas y mantienen una constante presión sobre las autoridades y las familias de los retenidos. Así lo demuestran también secuestros posteriores en Norte de Santander, donde el mismo grupo ha privado de la libertad tanto a funcionarios públicos como a civiles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es María Camila Pantoja Hernández y cuál es la situación actual de su secuestro en Arauca?

María Camila Pantoja Hernández es una subteniente del Ejército Nacional secuestrada en Saravena, Arauca, por supuestos integrantes del Eln. Las autoridades han desplegado protocolos de búsqueda y mantienen una coordinación entre fuerzas militares y de policía para ubicar a la oficial, solicitando la colaboración de la ciudadanía, aunque hasta ahora no se ha informado sobre su liberación.

¿Por qué se relaciona al Frente Domingo Laín Saénz del Eln con varios secuestros recientes en Arauca y Norte de Santander?

De acuerdo con información de El Espectador, el Frente Domingo Laín Saénz del Ejército de Liberación Nacional (Eln) ha sido señalado de estar implicado en el secuestro de la subteniente Pantoja Hernández y de otros funcionarios en Arauca, como miembros del CTI. También se les atribuye el plagio de varias personas en Norte de Santander, evidenciando una operación sistemática en estas regiones.

(Vea también: Alianza entre Angie Rodríguez y Deicy Jiménez reaviva controversia por denuncias sobre contratos públicos en Colombia)

Dichas imágenes, que habrían sido tomadas en el centro de Bogotá, fueron difundidas junto con preguntas sobre su presencia cerca del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y la Casa de Nariño.

El material fue publicado por Al Punto, medio que aseguró haber recibido las fotografías de un ciudadano. Según la información que acompañó la publicación, los registros corresponderían al martes 3 de noviembre, fecha en la que Jiménez tenía programada una diligencia ante la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con Al Punto, las fotografías tienen registros de las 2:36 y 2:38 de la tarde, pocos minutos después de la hora prevista para la diligencia judicial, fijada para las 2:30 p. m. En una de ellas aparece una mujer vestida de negro, con una bufanda clara, frente a una edificación; en otra se observa a dos hombres junto a una camioneta blanca.

El medio señaló que el ciudadano que remitió el material identificó a la mujer como Deicy Jiménez y aseguró que las imágenes fueron tomadas en inmediaciones de las sedes del Gobierno Nacional. Sin embargo, no se ha establecido públicamente quién captó las fotografías ni se ha confirmado de manera independiente la identidad de la persona que aparece en ellas.

🚨 ¡EXCLUSIVA de @AlPuntoCol!

¿Qué hacía Deicy Jiménez el 3 de noviembre a pocos metros del DAPRE y de la Casa de Nariño?

Ese mismo día, a las 2:30 p. m., tenía una citación para rendir declaración ante la Fiscalía General de la Nación, diligencia a la que, según lo conocido por los colombianos, no asistió. Sin embargo, a Al Punto llegaron fotografías en las que se le puede ver en pleno centro de Bogotá, muy cerca de las sedes del Gobierno Nacional.

¿A quién visitaba? ¿Con quién se reunió? ¿Su presencia en ese sector tenía alguna relación con la declaración que debía rendir ante la Fiscalía? ¿Buscaba algún tipo de orientación sobre lo que debía declarar en relación con el presidente Gustavo Petro @petrogustavo?

Son interrogantes que merecen respuestas.

Estas fotografías fueron enviadas a nuestro medio alternativo @AlPuntoCol.

— Stefany Ostios 🌻 (@TefaOstios) November 4, 2026

Abogada de Deicy Jiménez denunció seguimientos y pidió protección

La circulación de las imágenes coincidió con una denuncia presentada por Dina Luz Malo Andrade, nueva representante legal de Jiménez, quien asumió su defensa después de que el abogado Andrés Felipe Caballero se apartara del caso por motivos de seguridad personal.

En declaraciones recogidas por Noticias RCN, la abogada manifestó que su representada habría sido seguida y fotografiada por personas que no han sido identificadas mientras realizaba actividades de su vida cotidiana. Según el comunicado, las imágenes posteriormente comenzaron a circular públicamente.

Malo Andrade pidió la intervención de la Fiscalía, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP) para establecer quiénes estarían detrás de esos hechos y determinar si existió alguna instrucción para seguir y registrar los movimientos de la mujer.

“Ninguna víctima está obligada a explicar dónde se encuentra y qué hace en el territorio nacional; lo que sí debe esclarecerse es quién la sigue, quién la fotografía y por orden de quién”, señaló la abogada, según reprodujo Noticias RCN.

La defensora también advirtió que Jiménez habría recibido amenazas y recordó que su anterior abogado manifestó preocupaciones relacionadas con su seguridad al anunciar su renuncia. Por esa razón, solicitó que se adopten medidas para proteger la integridad de su representada.

Deicy Jiménez no asistió a citación de la Fiscalía del 3 de noviembre

Otro elemento que rodea la controversia es la diligencia que Jiménez tenía programada ante la Fiscalía para el martes 3 de noviembre, a las 2:30 de la tarde. La mujer debía entregar su versión dentro de las investigaciones relacionadas con las presuntas irregularidades en la contratación estatal durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, la declaración no se llevó a cabo. La Silla Vacía informó que Andrés Felipe Caballero renunció a la representación legal ese mismo día y explicó que su decisión obedecía a motivos de seguridad personal. El medio también indicó que todavía no había una nueva fecha para escuchar a Jiménez.

La coincidencia entre la citación judicial y los horarios registrados en las fotografías fue precisamente uno de los aspectos destacados por Al Punto. No obstante, hasta ahora no hay información que permita establecer si la presencia de la mujer en ese sector tenía alguna relación con la diligencia o con una eventual reunión en alguna dependencia estatal.

La decisión fue anunciada mediante un comunicado en el que la jurista confirmó que asumió la defensa de Jiménez en calidad de víctima y que llevará el caso ante las instancias correspondientes. El material audiovisual, que la mujer divulgó en sus redes sociales el miércoles, será puesto a disposición de las autoridades para que sea examinado conforme a la ley.

#Noticia | La abogada Dina Luz Malo asume la defensa de Deicy Jiménes, en la denuncia presentada en contra del expresidente Gustavo Petro. https://t.co/spspotqWOp

— Noticias RCN (@NoticiasRCN) November 5, 2026

En el video se observa a Petro junto a Jiménez y al exmandatario dándole un beso. La mujer presentó las imágenes como respaldo de sus declaraciones sobre la relación que aseguró haber sostenido con él y acompañó la publicación con una advertencia sobre su seguridad y la de sus familiares.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, escribió Jiménez en la publicación, según informó Pulzo.

Ahora, con la llegada de su nueva abogada, el video tendrá un trámite dentro de la investigación. Malo Andrade confirmó expresamente: “Confirmo la existencia del video divulgado por mi representada, el cual será puesto a disposición de las autoridades mañana, 5 de noviembre, para que sea incorporado a la investigación y valorado conforme a la ley”.

Abogada pidió investigar quién sigue y fotografía a Deicy Jiménez

El comunicado también puso sobre la mesa otra preocupación de la defensa. Malo Andrade denunció que el pasado 3 de noviembre personas que todavía no han sido identificadas siguieron a su representada y la fotografiaron mientras adelantaba actividades cotidianas. Según la jurista, esas imágenes terminaron difundidas posteriormente.

Por esa razón, solicitó a la Fiscalía, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección que identifiquen a los responsables del seguimiento y establezcan quién habría ordenado esas acciones. También pidió medidas urgentes para proteger la seguridad y la intimidad de Jiménez.

La abogada explicó que su representada ya cuenta con un esquema de protección debido a las amenazas que ha recibido. Además, pidió garantías para ella misma, pues recordó que el anterior abogado de Jiménez, Pipe Caballero, renunció a su representación por las intimidaciones que habría recibido.

“Su anterior apoderado, el abogado Pipe Caballero, renunció a causa de las amenazas recibidas”, señaló Malo Andrade, quien advirtió que la intimidación contra quienes representan a una víctima no puede convertirse en una herramienta para silenciarla.

¿Qué denunció Deicy Jiménez contra Petro?

La controversia tomó fuerza después de que Jiménez contara en una entrevista que habría sostenido encuentros íntimos con el entonces presidente y que, según su versión, existía una presunta red de mujeres que recibían contratos estatales a cambio de esos encuentros.

La mujer también aseguró que tenía fotografías, videos y conversaciones para respaldar sus señalamientos. La publicación de la grabación con Petro fue uno de los elementos que decidió mostrar públicamente.

Con la nueva representación legal, el caso entra en otra etapa: la entrega del video a las autoridades y la solicitud de medidas de protección para la denunciante y su abogada. La defensa insiste en que el material debe ser valorado dentro de la investigación y bajo las garantías del debido proceso.

(Le puede interesar: A Lafaurie le habrían hecho el feo desde Gobierno; dijo que ministro lo sacó de reunión)

Al respecto, el ministro señaló que tiene “una obligación irrenunciable: defender los recursos públicos y proteger cada peso de nuestros ganaderos y productores de leche”. Esta revisión técnica busca examinar con rigor cómo se han recaudado, administrado e invertido los recursos de las cuotas de fomento ganadero y lechero.

Durante el proceso se investigarán posibles sobrecostos, pagos injustificados, gastos sin soporte, conflictos de interés y cualquier desviación de su destinación legal. Desde el Ministerio se aclaró:

“No partimos de acusaciones, partimos de una obligación: conocer la verdad”, al tiempo que se advirtió que, de encontrarse irregularidades, se actuará “con toda la contundencia de la ley” para recuperar los recursos comprometidos y trasladar los hallazgos a las autoridades competentes.

(Lea también: “Me raquetearon”: Lafaurie da su versión del agarrón en reunión con el ministro de Agricultura)

Asimismo, el jefe de la cartera fue enfático al señalar: “En este Ministerio no habrá recursos intocables, contratos inmunes ni administraciones por encima del control”.

El propósito central de esta auditoría es garantizar que “el dinero de fomento se traduzca en oportunidades, en crecimiento y en bienestar para quienes sostienen nuestra ganadería”, al recordar que “los recursos de fomento no pertenecen a quienes los administran, pertenecen al sector y deben servir exclusivamente para fortalecerlo”.

La víctima fue identificada como Piro Antonio Oquendo Cova, de 63 años, quien se movilizaba en una motocicleta junto a sus dos nietas. El hombre había salido a recogerlas del colegio María Montessori hacia las 2:00 de la tarde, cuando ocurrió la emergencia.

El accidente tuvo lugar en la calle 74 con carrera 20, en el barrio Los Cedros. De acuerdo con las autoridades, el adulto mayor intentó cruzar el arroyo, pero perdió el control de la motocicleta y terminó arrastrado por la fuerza del agua.

“Al intentar cruzar un arroyo, perdió el control del vehículo y fue arrastrado por la fuerte corriente”, señalaron las autoridades. 

🚨😱 ¡DIOS SANTO! ¡JÓVENES DESAFÍAN LA MUERTE EN PLENO ARROYO EN SOLEDAD, ATLÁNTICO!

¡Imágenes que causan angustia! Varios jóvenes fueron captados exponiendo sus vidas en medio de la fuerte corriente de un arroyo durante el torrencial aguacero registrado la tarde de este miércoles en Soledad, Atlántico.

Lo más estremecedor es que esta peligrosa escena ocurrió prácticamente a la misma hora en que otro arroyo del municipio arrastraba a un abuelo y a su nieta de apenas 6 años, en una emergencia que terminó en tragedia: el adulto mayor fue encontrado sin vida y la pequeña continúa desaparecida.

Mientras una familia vive una pesadilla buscando a su niña, otros jóvenes parecen no medir el enorme peligro que representan estas corrientes de agua.

⚠️ ¡UNA IMPRUDENCIA PUEDE COSTARLES LA VIDA! Los arroyos crecidos no son un juego. Nunca se acerquen ni intenten desafiar la fuerza del agua.

#Soledad #Atlántico #Arroyos #Lluvias #ÚltimaHora

— Primero Barranquilla (@primeronoticiaa) November 5, 2026

La emergencia también dejó a una de las menores rescatada por habitantes del sector. La niña, identificada como Diana, fue auxiliada por personas que estaban cerca del lugar y trasladada a la Clínica Los Almendros, donde recibió atención médica.

La otra pequeña, de apenas tres años, continúa desaparecida. Los organismos de socorro mantienen desplegados sus equipos en la zona para dar con su paradero.

La Alcaldía de Soledad confirmó la muerte de Oquendo mediante un comunicado en el que expresó su solidaridad con los familiares y aseguró que los equipos de búsqueda continúan en el terreno.

“La Alcaldía de Soledad confirma el hallazgo sin vida del señor Ciro Oquendo, arrastrado por la creciente súbita del arroyo El Salao durante el fuerte aguacero registrado este miércoles”, indicó la administración municipal. 

La tragedia ocurrió en medio de las fuertes lluvias que provocaron el aumento repentino del caudal del arroyo. Mientras una familia enfrenta la pérdida del adulto mayor y espera noticias sobre la niña desaparecida, las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate. 

(Vea también: Nuevo ataque con explosivos en El Estrecho, Cauca, deja un civil muerto y dos heridos; investigan a disidencias)

De acuerdo con la Décima Octava Brigada, la oficial habría sido abordada por dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta. Según información de inteligencia militar, el hecho habría sido perpetrado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln), específicamente del Frente Domingo Laín Sáenz.

Las circunstancias en las que ocurrió el secuestro son materia de investigación. Una vez conocida la situación, el Ejército activó los protocolos de búsqueda y los mecanismos de coordinación con otras instituciones para establecer el paradero de la uniformada.

De la Espriella exigió liberación de la subteniente y lanzó advertencia al Eln

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el secuestro de la oficial y exigió al grupo armado su liberación inmediata. A través de una publicación en sus redes sociales, rechazó el hecho y advirtió que su Gobierno no permitirá que el secuestro sea utilizado para intimidar a la Fuerza Pública.

“¡Al Eln le advierto: se equivocaron de Gobierno!” No vamos a permitir que sigan utilizando el secuestro para intimidar a nuestra Fuerza Pública y desafiar la autoridad del Estado”, escribió el mandatario.

De la Espriella también aseguró que ordenó desplegar todas las capacidades del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional para encontrar a María Camila Pantoja Hernández y conseguir su regreso sana y salva.

Además, exigió a los responsables respetar la vida y la integridad de la subteniente y permitir su liberación inmediata, sin condiciones.

“¡Con nuestros héroes no se mete nadie!”, concluyó el presidente en su pronunciamiento.

¡EXIJO LA LIBERACIÓN INMEDIATA DE NUESTRA SUBTENIENTE MARÍA CAMILA PANTOJA HERNÁNDEZ!

Condeno y rechazo categóricamente el cobarde secuestro de nuestra oficial del Ejército Nacional en Saravena, Arauca, a manos de terroristas del ELN, Frente Domingo Laín Sáenz.

Según información de inteligencia militar, dos criminales armados que se movilizaban en motocicleta habrían interceptado a nuestra subteniente.

¡AL ELN LE ADVIERTO: SE EQUIVOCARON DE GOBIERNO! No vamos a permitir que sigan utilizando el secuestro para intimidar a nuestra Fuerza Pública y desafiar la autoridad del Estado.

He ordenado desplegar todas las capacidades de nuestro Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional para encontrarla y lograr su regreso sana y salva.

A estos criminales les exigimos que respeten su vida e integridad y la liberen de inmediato, sin condiciones.

¡CON NUESTROS HÉROES NO SE METE NADIE!

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 5, 2026

Ejército y Policía adelantan búsqueda de la subteniente secuestrada

Por su parte, la Décima Octava Brigada informó que, en coordinación con la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, adelanta acciones para dar con el paradero de la oficial.

La institución también hizo un llamado a los habitantes de Saravena y de otras zonas de Arauca para que suministren cualquier información que contribuya a ubicar a la subteniente.

Para ello, habilitó la línea gratuita nacional 147 y el número celular 313 297 1482. El Ejército indicó que garantizará absoluta reserva a las personas que colaboren con información.

Mientras avanzan las labores de búsqueda, las autoridades mantienen activos los mecanismos de coordinación para conseguir la liberación de María Camila Pantoja Hernández.

Durante la audiencia se puso sobre la mesa la difícil situación de quienes permanecen por largos periodos en estaciones de Policía y en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), instalaciones planeadas solo para detenciones de corta duración. Según se evidenció, las autoridades no han logrado avanzar de manera significativa en la implementación de las directrices de la Corte Constitucional, lo que impide garantizar adecuadamente los derechos de quienes están detenidos. Este escenario complica aún más el acceso a condiciones mínimas de dignidad y legalidad.

Uno de los datos más alarmantes fue aportado por el propio magistrado Ibáñez, quien reveló cifras preocupantes sobre la sobreocupación en los centros de detención transitoria, de acuerdo con información de la Policía Nacional. Hasta el 24 de agosto de 2026, existían 18.824 personas en estos lugares, mientras que la capacidad oficial es de solo 9.686. Esto significa una sobreocupación de 9.138 personas y un índice de hacinamiento del 94,34 %. El magistrado señaló además que 17.292 de estos detenidos han permanecido más allá del tiempo legal permitido en estos espacios, lo que acentúa la gravedad de la crisis y el incumplimiento de disposiciones judiciales.

El diagnóstico general presentado ante la Corte dejó claro que los problemas no se limitan a la falta de espacio físico, sino que también incluyen graves carencias en temas de salud, alimentación y resocialización. La crisis, persistente por más de una década, sigue exigiendo respuestas urgentes de las autoridades para devolver la dignidad y los derechos a miles de personas privadas de la libertad, mientras los organismos de control y la justicia constitucional mantienen la vigilancia sobre el cumplimiento efectivo de sus decisiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la cifra de hacinamiento en los centros de detención transitoria en Colombia?

De acuerdo con datos expuestos por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez durante una audiencia de la Corte Constitucional, los centros de detención transitoria en Colombia presentan un índice de hacinamiento del 94,34 %, con una sobreocupación de 9.138 personas frente a la capacidad oficial.

¿Qué significa Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el contexto carcelario de Colombia?

La figura de Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) es una declaración de la Corte Constitucional que reconoce una violación masiva y sistemática de derechos fundamentales, como ocurre en el sistema carcelario colombiano, y obliga a las autoridades a tomar medidas urgentes y coordinadas para superar la crisis.

(Le puede interesar: Foto de Deicy Jiménez y Angie Rodríguez destapó alianza contra Gustavo Petro)

En el documento, fechado el 4 de noviembre de 2026, Malo confirmó que asumió la representación de Jiménez, quien presentó una denuncia ante las autoridades contra el mandatario por presuntos hechos de abuso.

La abogada aseguró que el 3 de noviembre personas que todavía no han sido identificadas siguieron a su representada y la fotografiaron mientras adelantaba actividades cotidianas. Según indicó, esas imágenes circularon posteriormente.

Por esa razón, solicitó a la Fiscalía, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección que adelanten las acciones necesarias para identificar a quienes estarían detrás de los seguimientos y de la difusión de las fotografías. También pidió medidas para proteger la seguridad y la intimidad de Jiménez.

Abogada aseguró que también recibió amenazas

Otro de los puntos del comunicado tiene que ver con las intimidaciones que, según la jurista, ha recibido su representada. Malo señaló que Jiménez cuenta actualmente con un esquema de protección y pidió que cualquier situación que ponga en riesgo su integridad sea investigada, especialmente si pudiera estar relacionada con la denuncia contra Petro.

Además, mencionó que el anterior apoderado de la mujer, el abogado Andrés Felipe Caballero, renunció a su representación debido a las amenazas que habría recibido.

Ante ese antecedente, la nueva defensora solicitó medidas de protección para ella y advirtió que las intimidaciones contra quienes representan a una víctima no deben convertirse en una forma de impedir que avance un proceso judicial.

Dávila también se refirió al caso en su publicación y sostuvo que Jiménez y su familia no pueden quedar desprotegidas.

La abogada Dina Luz Malo, apoderada de Deicy Jiménez, denuncia seguimientos contra Deicy, y amenazas, contra ella y su familia.

La abogada confirma que el video en el que se ve Petro con Deicy será entregado a la Fiscalía.

A Deicy, este país, la justicia y el gobierno no pueden dejarla sola.

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 5, 2026

(Lea también: Hermana de Benedetti soltó chasco que habría tenido Petro en un hotel: “La habitación olía horrible”)

Video será entregado a la Fiscalía

En el comunicado, Malo confirmó la existencia del video divulgado por su representada y anunció que lo pondrá a disposición de la Fiscalía este jueves 5 de noviembre, para que sea incorporado a la investigación y examinado conforme a la ley.

La abogada indicó que su actuación se desarrollará ante las autoridades competentes y con respeto por el debido proceso y las garantías de todas las personas involucradas.

Por ahora, las afirmaciones sobre los seguimientos y las amenazas corresponden a lo expuesto por la representante de Jiménez en el comunicado. Será responsabilidad de las autoridades establecer las circunstancias de esos hechos y avanzar en las verificaciones relacionadas con la denuncia.

El arranque del proyecto se dará con un plan piloto en los municipios de Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco. De acuerdo con la información, estos territorios han sido priorizados por su condición de municipios PDET, que presentan serias brechas de desigualdad social y altos desafíos frente a las violencias de género. El desarrollo del piloto permitirá validar y ajustar la ruta de atención psicojurídica, medir la efectividad de las estrategias para descentralizar los servicios y reconfigurar protocolos antes de llevar el modelo al resto del departamento del Tolima.

En esta apuesta, la Universidad Cooperativa de Colombia cumple un papel técnico y académico relevante. Este aliado aportará su experiencia en asesoría legal con perspectiva de género, investigación aplicada y formación permanente a los equipos de la Secretaría de la Mujer. De manera específica, a través del Consultorio Jurídico Violeta de la UCC, se ofrecerá orientación psicosocial y asesoría jurídica gratuita a mujeres y a personas con diversas identidades de género que sean víctimas de violencia, fortaleciendo así la atención integral.

El proyecto tiene como eje fundamental la descentralización operativa con la estrategia "Casa a la Vereda / al Barrio". Esto consiste en el desplazamiento periódico de duplas de psicólogos y abogados hacia las áreas rurales y corregimientos más apartados, garantizando el acceso a la oferta institucional y complementando servicios como la Línea de atención Valiente. Al mismo tiempo, la prevención involucra a los hombres mediante "Escuelas de Corresponsabilidad en el cuidado", donde se desarrollan talleres sobre nuevas masculinidades y deconstrucción de estereotipos. Esta apuesta reconoce que la erradicación de la violencia de género es un asunto de seguridad ciudadana.

Otra innovación, según la Secretaría de la Mujer, será el trabajo conjunto en una red de 17 Casas de la Mujer, conectadas digitalmente y apoyadas por las alcaldías y lideresas sociales. En el mediano plazo, la iniciativa incluye la conformación de 12 Círculos de Liderazgo y Transformación Social y la formación de 30 lideresas territoriales que replicarán su aprendizaje a otros 300 lideresas comunitarias, consolidando así una capacidad instalada en las subregiones del departamento.

¿Cómo funcionará la estrategia Casa a la Vereda / al Barrio en la prevención de violencia de género en Tolima?

La estrategia "Casa a la Vereda / al Barrio" consiste en el desplazamiento regular de duplas de psicólogos y abogados a zonas rurales y corregimientos distantes para acercar los servicios institucionales a las comunidades. Este modelo busca asegurar que mujeres y personas con identidades de género diversas puedan acceder a orientación psicojurídica y apoyo psicosocial sin tener que trasladarse largas distancias.

¿Qué papel cumple la Universidad Cooperativa de Colombia en la implementación del proyecto Valientes?

La Universidad Cooperativa de Colombia aporta asesoría legal con enfoque de género, apoya procesos de investigación aplicada y promueve la formación continua de equipos de la Secretaría de la Mujer. Mediante el Consultorio Jurídico Violeta de la UCC, se ofrece orientación gratuita, atendiendo a mujeres y a personas con identidades de género diversas víctimas de violencia, asegurando así una atención especializada y efectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Vea también: Exponen video de agarrón entre 2 congresistas del mismo partido: Daniel Briceño llegó a separarlos)

La controversia surgió durante la discusión de la Ley de Sometimiento, cuando Carrascal llamó la atención del congresista del Centro Democrático por, según ella, evitar el contacto visual durante sus intervenciones. El momento quedó registrado en video y posteriormente circuló en redes sociales, donde despertó comentarios y reacciones de los usuarios.

“Ponente Briceño, es una pregunta para usted. Necesito ver al ponente, que poco me sostiene la mirada, nunca”, manifestó la representante durante la sesión del Congreso del lunes 2 de noviembre.

Ante el reclamo, Briceño respondió que sí estaba dispuesto a mirarla y continuó con su intervención sobre el proyecto de ley. Sin embargo, el intercambio no terminó allí, pues Carrascal también cuestionó la manera en que se estaba desarrollando la discusión y el tratamiento que, a su juicio, había recibido en plataformas digitales.

El episodio tomó fuerza en internet, donde comenzaron a circular publicaciones y montajes que presentaban el cruce entre los dos congresistas en tono de burla. Parte de esos comentarios giraron alrededor de una supuesta atracción de Carrascal hacia Briceño, interpretación que la representante también rechazó.

Mientras unos se dedican a las bobadas en el Congreso nosotros trabajamos en temas de verdad.

No nos distraen. https://t.co/TnW97C4j1a

— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) November 5, 2026

Daniel Briceño explicó por qué no se presta para provocaciones en el Congreso

En una entrevista con el programa ‘El Debate’, de Semana, el representante por Bogotá fue consultado sobre los reclamos de su colega y explicó cómo entiende el trato con los demás integrantes del Legislativo, incluso cuando pertenecen a sectores políticos contrarios.

“Yo simplemente tengo un trato muy respetuoso con todos mis compañeros aquí en el Congreso de la República, incluso los compañeros de oposición. Yo trato de dar debates de fondo”, aseguró.

Frente al señalamiento específico sobre la mirada, Briceño insistió en que no evita mirar a sus interlocutores y cuestionó la intención que, según él, hay detrás de algunas intervenciones de Carrascal.

“Yo siempre miro a los ojos a mis colegas, siempre miro a los ojos cuando hablo, porque pues siempre hablo por la verdad, pero pues ella quiere que uno le preste atención a todo y cada uno de los actos que quiere generar, o actos que quiere montar en el Congreso, cosa a la que no me voy a prestar”, expresó en el espacio periodístico.

El congresista también se refirió a las acusaciones de Carrascal sobre un supuesto uso de cuentas automatizadas y redes coordinadas para promover comentarios en su contra. Al respecto, negó tener bots o estructuras internacionales dedicadas a difundir ese tipo de mensajes.

“Ella dice que yo tengo unos bots y unas máquinas internacionales que están vendiendo la narrativa de que ella está enamorada de mí (…) Pero esa es una de las narrativas que no la impongo yo, literalmente creo que ella por sus actos es la que recibe este tipo de comentarios en redes sociales”, sostuvo.

Briceño también respondió por comentarios que hizo sobre Carrascal

Durante la conversación con Semana, el representante fue interrogado por unas declaraciones anteriores en las que se refirió a Carrascal en términos relacionados con su apariencia física, durante una entrevista informal realizada fuera del recinto legislativo.

Briceño defendió que ese comentario se produjo en un escenario distinto al de las discusiones parlamentarias y marcó una diferencia entre las conversaciones informales y el trabajo que, a su juicio, debe desarrollarse en el Congreso.

“Eso fue una entrevista X. Y si usted se da cuenta, Diego, estas entrevistas que le hacen a usted todo el tiempo, donde le preguntan cosas triviales de la vida, pues se hizo por fuera del recinto. Además, yo sí trato de que dentro del recinto, en donde se dan los debates, pues uno simplemente hable de los debates de fondo de las cosas”, explicó.

El representante también amplió sus críticas a la manera en que algunos integrantes del Pacto Histórico participan en las discusiones legislativas. Según dijo, ciertos sectores recurren a confrontaciones y descalificaciones que terminan convertidas en contenidos para redes sociales.

“Hay mucha gente del Pacto Histórico que trata, a través del show, de la descalificación y demás… están todo el tiempo confrontando y generando clips virales para redes sociales”, afirmó.

Finalmente, Briceño sostuvo que su bancada debe mantener una postura diferente frente a ese tipo de episodios y concentrarse en las discusiones de los proyectos legislativos.

“Es un escenario donde ellos buscan la confrontación permanente, la provocación. No hay otro instrumento que tengan para guardar vigencia. Y nosotros tenemos que marcar una diferencia con un debate serio y no dejarnos atrapar de eso”, concluyó.

Esta publicación surge después de una entrevista concedida por Jiménez a la revista Semana, donde ella relató que habría conocido a Gustavo Petro cuando él era senador, en 2019. Ahí, según su testimonio, habrían surgido encuentros personales y, posteriormente, una relación más cercana. En esa misma conversación, Jiménez expresó que Petro, posteriormente presidente, habría facilitado su inclusión en contratos con entidades estatales. Añadió que conocía de otras mujeres en circunstancias similares y habló de una supuesta red que podría involucrar entre 30 y 40 personas. Semana publicó además registros de conversaciones y documentos contractuales que Jiménez aportó como parte de su historia; sin embargo, como aclara la revista, esos documentos no evidencian de forma directa que tales contratos hayan sido el resultado de favores sexuales.

El nuevo video pone en primer plano la necesidad de analizar con rigurosidad tanto el contenido como la procedencia y alcance de dichas pruebas, pues su impacto ahora depende de la verificación que logren las autoridades competentes. De acuerdo con Semana, la publicación del video y el material escrito hacen parte de los elementos puestos a consideración de la opinión pública, aunque su valor probatorio necesitará ser establecido mediante análisis minuciosos.

Por su parte, Gustavo Petro negó categóricamente haber concedido contratos como resultado de relaciones personales y calificó los señalamientos como infundados. A raíz de la controversia, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría han comenzado investigaciones para determinar si existen irregularidades. El escándalo, por tanto, no solo involucra denuncias personales, sino que ha dado lugar a acciones de control y eventuales consecuencias políticas y judiciales. El desarrollo de los procesos investigativos determinará la autenticidad de las acusaciones, el contexto real del video y los documentos revelados por Jiménez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué evidencias ha aportado Deicy Jiménez en el caso de los ‘sexo contratos’?

Deicy Jiménez presentó, según Semana, una serie de registros que incluyen un video, conversaciones y documentos de contratos relacionados con sus afirmaciones sobre una supuesta relación íntima y la obtención de beneficios laborales. No obstante, estos elementos aún deben ser verificados por las autoridades y, hasta el momento, no demuestran por sí solos que los contratos fueran otorgados como parte de un intercambio de favores sexuales, de acuerdo con el análisis del medio.

¿Cómo han respondido las autoridades y Gustavo Petro ante las denuncias de Deicy Jiménez?

Gustavo Petro negó rotundamente haber concedido contratos a cambio de favores personales, y tanto la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría han abierto investigaciones para esclarecer las denuncias. Estas actuaciones buscan establecer si existieron irregularidades y determinar la validez de las pruebas presentadas en el contexto de la controversia política.

La interrupción inicial ocurrió alrededor del mediodía y se extendió durante aproximadamente una hora y media, hasta las dos de la tarde. Posteriormente, cerca de las cuatro, se presentó una nueva pérdida total de visualización. Esta situación afectó la operación no solo en El Dorado, sino también en aeropuertos como el José María Córdova, en Rionegro, cerca de Medellín, donde se reportaron cancelaciones y demoras. LATAM y el aeropuerto de Rionegro confirmaron ocho vuelos cancelados y veintiséis demorados por esta causa, mientras que Avianca advirtió a sus pasajeros que podría haber reprogramaciones y cambios en los itinerarios.

La Aeronáutica Civil, autoridad encargada de la regulación aérea, respondió movilizando un equipo especializado de controladores para restablecer y cargar nuevamente los planes de vuelo afectados, asegurando la recuperación paulatina de la estabilidad operacional. Al mismo tiempo, el personal de Control de Tránsito Aéreo (ATC, por sus siglas en inglés) y los equipos técnicos mantuvieron un monitoreo continuo sobre el desarrollo de las operaciones. En su más reciente comunicado, la Aeronáutica Civil afirmó que las operaciones aéreas en El Dorado avanzan hacia la normalidad tras haber superado la anomalía técnica en los sistemas radar.

A pesar de estos anuncios, muchos viajeros y aerolíneas aún enfrentan incertidumbre debido a las reprogramaciones y retrasos, pues las causas específicas del incidente no han sido divulgadas por la entidad responsable. En este escenario, la recomendación general sigue siendo consultar con las aerolíneas para obtener la información actualizada sobre los vuelos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué causó la falla en los radares del aeropuerto El Dorado de Bogotá?

Hasta el momento, la Aeronáutica Civil no ha dado a conocer las causas concretas de la falla que provocó el apagado de las pantallas de visualización radar en el aeropuerto El Dorado. La entidad se ha limitado a informar que la novedad técnica fue superada y que los equipos técnicos continúan monitoreando la operación aérea, pero no ha proporcionado detalles sobre lo que originó el evento.

¿Cuántos vuelos fueron afectados por la falla en los radares del aeropuerto El Dorado?

De acuerdo con datos de LATAM y el aeropuerto José María Córdova de Rionegro reportados por El Espectador, la contingencia provocó al menos ocho cancelaciones de vuelos en cada terminal y veintiséis demoras adicionales en Rionegro. Avianca también advirtió posibles cambios en sus itinerarios, recomendando a sus pasajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales de las aerolíneas.

El trámite legislativo de la ley fue intenso y estuvo marcado por la rapidez con la que actuaron el Senado y la Cámara de Representantes, que sesionaron casi simultáneamente para aprobar el documento presentado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Solo faltaba la firma presidencial para que la ley fuera una realidad legal. La nueva normativa impone lineamientos estrictos a los actores armados: exige la suscripción de actas colectivas e individuales con plena identificación, y la entrega de personas secuestradas, víctimas de trata de personas, niños y niñas reclutados, así como información que permita dar con el paradero de personas desaparecidas, detalló El Espectador.

La ley establece beneficios limitados, como la reducción de penas, pero a cambio de la entrega de bienes, armas y rutas ilegales. Además, aclara que no se suspenderán órdenes de captura ni solicitudes de extradición de quienes se sometan. La ley también define que los miembros de grupos ilegales en prisión podrán acogerse al proceso de sometimiento, exceptuando a quienes estén condenados por reclutamiento de menores.

En cuanto al tratamiento penal diferenciado, la ley contempla una rebaja hasta del 50 % en las penas, dependiendo de la colaboración en verdad, reparación a víctimas y desmantelamiento de estructuras criminales. No obstante, quienes sean condenados por reclutamiento ilícito quedan excluidos de estos beneficios. Si tras la entrada en vigor de la norma se comete el delito de reclutamiento de menores, el beneficio se reduce sustancialmente: máximo 10 % de rebaja si se ejerció mando y hasta 30 % para otros roles.

El trámite estuvo rodeado de controversia y tensión, con opiniones divididas en el Congreso. Por ejemplo, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, subrayó la transparencia del debate y la firmeza frente a la criminalidad; mientras tanto, el representante Gabriel Becerra criticó el proceso por supuestas arbitrariedades y la exclusión de las víctimas, según El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué establece la Ley de sometimiento sancionada por el presidente Abelardo de la Espriella?

La Ley 2640 de 2026 fija condiciones estrictas para que los grupos armados ilegales puedan acogerse al sometimiento: identificación plena de sus miembros, entrega de víctimas, bienes y rutas ilegales, y colaboración en la búsqueda de desaparecidos. A cambio, establece beneficios limitados como rebajas de penas, pero excluye a quienes hayan sido condenados por delitos graves como el reclutamiento de menores.

¿Quiénes quedan excluidos de los beneficios de la Ley de sometimiento en Colombia?

De acuerdo con lo aprobado, las personas condenadas por el delito de reclutamiento ilícito de menores no podrán acceder a los principales beneficios de la ley, como reducción significativa de penas. Además, la normativa estipula que no se suspenderán órdenes de captura ni solicitudes de extradición para quienes decidan acogerse al proceso, garantizando un enfoque más rígido frente a la criminalidad.

El encuentro se conoció este miércoles 4 de noviembre y representa un nuevo capítulo en una controversia que sigue sumando elementos.

La fotografía tiene especial relevancia por los papeles que cada una ha tenido en esta historia. Rodríguez fue una de las funcionarias que ocupó un cargo de confianza dentro de la Casa de Nariño y posteriormente expuso presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos, la contratación y posibles abusos de poder durante el gobierno Petro.

#EnDesarrollo Angie Rodríguez y Deicy Jiménez se reunieron para unificar una estrategia jurídica en medio de los procesos y las denuncias por presuntas irregularidades durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, relacionadas con la contratación, el manejo de recursos, entre otros temas. #VocesySonidos

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 4, 2026

Jiménez, por su parte, hizo señalamientos sobre una supuesta red de mujeres que habría recibido contratos públicos a cambio de favores sexuales. En una entrevista con Semana aseguró que conoció a Petro en 2019 y que habría recibido contratos estatales en medio de la relación que describió. Estas afirmaciones son materia de verificación por parte de las autoridades.

La reunión se produjo, además, el mismo día en que Jiménez publicó un video en sus redes sociales en el que aparece junto al expresidente Gustavo Petro, quien la besa. La mujer presentó esas imágenes como respaldo de sus declaraciones y acompañó la publicación con una advertencia sobre su seguridad y la de sus familiares.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, escribió Jiménez. 

El acercamiento entre las dos mujeres también ocurre en medio de las actuaciones de la Fiscalía por las presuntas irregularidades en la contratación de mujeres durante el anterior gobierno. El ente investigador anunció que escucharía a Rodríguez, a la exdirectora del Dapre Laura Sarabia y a Jiménez dentro de las indagaciones.

Sin embargo, la diligencia prevista para el 3 de noviembre con Jiménez no se llevó a cabo, luego de que su abogado, Andrés Felipe Caballero, renunciara a su representación por motivos de seguridad.

(Vea también: Descarado hallazgo en Halloween: encontraron agujas y tornillos en dulces entregados a niños)

De acuerdo con los datos publicados por la administración distrital, los perros fueron los animales más mencionados en las respuestas de los ciudadanos, con 90 registros. En segundo lugar aparecieron las aves, con 23, mientras que los gatos ocuparon el tercer puesto, con nueve respuestas.

El formulario de acceso público permitió recopilar información sobre el tipo de animal afectado, la localidad en la que ocurrió el hecho, la hora y las consecuencias observadas por los ciudadanos.

Miedo, estrés e intentos de huida: así afectó la pólvora a los animales

Entre las consecuencias reportadas, el miedo o estrés provocado por las explosiones encabezó la lista, con 125 respuestas. Los intentos de huida ocuparon el segundo lugar, con 96, mientras que la contaminación del entorno de los animales apareció en el tercer puesto, con 83 registros.

Estos datos muestran algunas de las situaciones que los ciudadanos identificaron durante las celebraciones, cuando el ruido de los artefactos pirotécnicos puede alterar el comportamiento de los animales y generarles episodios de temor.

La noche fue el periodo en el que se concentraron más reportes, específicamente entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m. La madrugada, entre las 12:00 a. m. y las 5:59 a. m., apareció como la segunda franja horaria con más afectaciones.

Bosa, San Cristóbal y Kennedy concentraron reportes por pólvora en Bogotá

En cuanto a la distribución geográfica, Bosa fue la localidad con más respuestas en el formulario, con 28. San Cristóbal ocupó el segundo lugar, con 20, y Kennedy quedó en la tercera posición, con 17.

Uno de los datos que llamó la atención del balance distrital es que el 77 % de los casos reportados por los ciudadanos no fue denunciado ante la línea 123 de emergencias.

La administración distrital recordó la campaña ‘La Pólvora Explota mis Sentidos’, con la que busca despertar conciencia sobre las consecuencias del uso de estos elementos para los animales.

Los resultados corresponden a los reportes recopilados mediante el formulario ciudadano y permiten identificar las afectaciones percibidas durante las celebraciones de Halloween en Bogotá.

Durante la jornada, las personas interesadas podrán conocer directamente las historias de vida de los animales que están en proceso de recuperación física y emocional. Según el IDPYBA, adoptar es un compromiso a largo plazo que implica responsabilidad, tiempo, recursos y dedicación, ya que estos animales han atravesado experiencias difíciles y requieren un proceso de adaptación en un entorno amoroso y estable.

Entre los requisitos establecidos por el IDPYBA para poder llevar a cabo la adopción se destaca la necesidad de que toda la familia esté de acuerdo y plenamente convencida de integrar un animal en su hogar. La persona que realice la adopción debe ser mayor de edad y presentar la fotocopia de su cédula, un recibo de servicio público y material visual (fotos o videos) del sitio donde habitará el animal, permitiendo así verificar que el entorno sea adecuado.

Adicionalmente, se recomienda que los interesados dispongan de tiempo suficiente para conocer a su posible nuevo compañero, participar en la entrevista con el equipo de adopciones, completar la documentación necesaria y recibir indicaciones sobre aspectos de comportamiento. En el caso de adopción de gatos, es indispensable llevar un guacal o morral específico para su transporte, estando prohibido el uso de cajas, mochilas o elementos improvisados. Para quienes opten por un perro, deberán portar correa y pechera; si el animal requiere manejo especial, se exigirá bozal y experiencia previa en su cuidado.

El IDPYBA invita a todos los ciudadanos a informarse y asistir a esta jornada, donde se promueve la adopción responsable y se hace hincapié en el compromiso de ofrecer bienestar integral a todos los animales rescatados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para adoptar un perro o gato con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá?

De acuerdo con el IDPYBA, para adoptar un perro o gato es esencial que toda la familia esté completamente segura de su decisión. La persona adoptante debe ser mayor de edad y presentar fotocopia de su cédula, un recibo de servicio público y fotos o videos del lugar donde vivirá el animal. Además, se recomienda disponer de tiempo para el proceso de entrevista, diligenciamiento de documentos y escuchar las recomendaciones del equipo de adopciones.

¿Dónde y cuándo será la jornada de adopción de animales en Bogotá este 2026?

La jornada de adopción se realizará el sábado 7 de noviembre de 2026, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., en el Centro Comercial Gran Estación II, ubicado en la avenida carrera 60 #24 09, en la localidad de Teusaquillo, según información suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDPYBA.

De acuerdo con lo expresado en El Espectador, la ley llega después de múltiples procesos de negociación que, en opinión del senador, no lograron concretar ni una sola desmovilización efectiva, y, en su lugar, derivaron en medidas como la suspensión de órdenes de captura y extradición. Con este nuevo enfoque, la meta es evitar que las flexibilizaciones legales terminen por ceder el control estatal a estructuras delincuenciales, y garantizar que cualquier beneficio previsto tenga como condición el real desmonte de las organizaciones ilegales.

Uno de los componentes esenciales de la ley de sometimiento, expuesto por Cadavid, es la diferenciación en el acceso a beneficios jurídicos, dependiendo del rol dentro de la organización: tanto cabecillas como integrantes de base podrán acogerse, pero bajo distintos parámetros. Además, se establecen límites claros, excluyendo de beneficios a quienes recluten menores de 14 años y reduciendo los beneficios para quienes recluten adolescentes entre 14 y 18 años. También se resalta la importancia de la protección especial para las víctimas de estos delitos.

Sobre la efectividad de la ley, Cadavid advirtió que su funcionamiento estará ligado a una política de seguridad capaz de presionar realmente a las estructuras criminales, de modo que el sometimiento se convierta en su mejor o única alternativa. Sin esta presión, comentó, las normas de beneficio terminan siendo aprovechadas solo para fortalecer las redes ilegales, como sucedió en el ciclo anterior.

En cuanto a la reparación de las víctimas, la ley incluye la realización de incidentes de reparación integral dentro de los procesos penales, y contempla la protección a víctimas desde la legislación vigente en Colombia, permitiendo que quienes sufrieron daños por parte de grupos sometidos sean cobijados por las normas ya existentes, según explicó Cadavid a El Espectador.

El debate también tocó la inclusión de quienes hayan cometido lavado de activos o testaferrato. Inicialmente se pensó en permitir el acceso a libertad condicional tras un año de pena, pero tras la discusión parlamentaria el plazo se amplió primero a tres y, finalmente, quedó en seis años, en comparación con los cinco años actualmente vigentes bajo aceptación de cargos. Cadavid subrayó el carácter autónomo de las decisiones finales adoptadas por el Congreso de la República.

¿Cómo impacta la ley de sometimiento a las estructuras criminales en Colombia?

De acuerdo con lo explicado en El Espectador por el senador Cadavid, la ley de sometimiento busca que la desarticulación de grupos criminales se dé bajo parámetros estrictos, excluyendo del acceso a beneficios a quienes incurran en delitos graves como el reclutamiento de menores. El impacto dependerá en gran medida de la efectividad de la política de seguridad, pues solo así los grupos encontrarán en el sometimiento una alternativa viable frente a la respuesta del Estado.

¿Qué beneficios y exclusiones contempla la ley de sometimiento para los delincuentes?

Según la entrevista citada por El Espectador, la ley diferencia los beneficios para dirigentes y bases de los grupos sometidos, estableciendo restricciones claras: no habrá beneficios para quienes recluten menores de 14 años y los beneficios serán menores si el reclutamiento es de adolescentes entre 14 y 18 años. Además, se fijó un tiempo de cumplimiento de pena para acceder a libertad condicional en los casos de lavado de activos y testaferrato, que quedó en seis años tras el trámite en el Congreso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Vea también: Hermana de Benedetti soltó chasco que habría tenido Petro en un hotel: “La habitación olía horrible”)

La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que Jiménez explicó por qué decidió divulgar el registro y lanzó una advertencia relacionada con su seguridad y la de sus familiares.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, escribió.

La publicación se conoce en medio de la controversia que desataron las denuncias de Jiménez contra el exmandatario, relacionadas con supuestos encuentros íntimos y la presunta entrega de contratos estatales.

En su mensaje, Deicy Jiménez pidió protección a las autoridades para ella y su familia, manifestó que confía en que se hará justicia y advirtió que responsabilizará a Gustavo Petro si algo llega a sucederles.

Este es el video:

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Deicy Jiménez (@deicyjimenez_)

¿Qué denunció Deicy Jiménez contra Gustavo Petro?

El nombre de Deicy Jiménez tomó relevancia nacional después de una entrevista que concedió a la revista Semana, en la que aseguró que conoció a Petro en 2019 y que habría recibido contratos con entidades estatales en medio de la relación que describió.

Según su testimonio, habría existido una red de entre 30 y 40 mujeres que mantenían encuentros con el entonces presidente y que, presuntamente, recibían contratos públicos. También afirmó que el exmandatario le habría pedido comprar y transportar sustancias estupefacientes.

Jiménez sostuvo que tenía fotografías, videos y conversaciones para respaldar sus declaraciones. Parte de ese material fue entregado a la periodista Vicky Dávila, quien publicó la entrevista.

Los señalamientos generaron reacciones institucionales y llevaron a que las autoridades comenzaran actuaciones para establecer si existieron irregularidades en la contratación pública durante el anterior Gobierno.

La grabación fue divulgada este miércoles y motivó un pronunciamiento del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, que pidió abrir una investigación disciplinaria contra la funcionaria. La corporación cuestionó que una representante de la justicia se presentara en esas condiciones ante un despacho judicial.

“Absolutamente lamentable presentarse a una audiencia en estas condiciones. Tenemos la certeza, que si se tratara del abogado defensor, ya estaría suspendido”, señaló el Colegio de Abogados Penalistas en una publicación en redes sociales.

#ATENCIÓN | El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia (@CPenalistas), denunció que en una audiencia en Arserma (Caldas), apareció una fiscal en aparente estado de embriaguez en medio de una audiencia pública.

Vía: @JennyAngaritaG https://t.co/2OAB6lZVk9

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 4, 2026

Sin embargo, la funcionaria rechazó los señalamientos cuando fue contactada por El Colombiano. “Eso no fue así, por qué no pasan la audiencia completa. Eso es una tema mediático”, respondió Uribe, quien cuestionó que se difundiera el fragmento de la diligencia sin mostrarla en su totalidad.

La audiencia tuvo lugar en julio pasado ante un juzgado promiscuo de Anserma, Caldas. Además, fuentes de la Fiscalía confirmaron que la Dirección Seccional de ese departamento compulsó copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que examine la actuación de la funcionaria.

La decisión se tomó el 21 de julio y dio paso a la apertura de un radicado en esa corporación, que deberá establecer si existen motivos para atribuirle alguna responsabilidad disciplinaria.

La controversia también puso nuevamente en circulación el nombre de una fiscal con trayectoria en investigaciones contra estructuras criminales. Según reconstruyó El Colombiano, Uribe trabajó durante varios años en Cali y lideró procesos de alto impacto relacionados con el narcotráfico y redes de secuestro extorsivo.

Uno de los casos más conocidos fue la investigación que permitió capturar en mayo de 2019 a Greilyn Fernando Varón, alias Martín Bala Jr., señalado de controlar redes de sicariato y negocios ilegales del Cartel del Norte del Valle.

El Colombiano también recordó su participación en el desmantelamiento de una red de secuestro extorsivo en Cali en la que habrían intervenido integrantes corruptos del Gaula Élite de la Policía. En ese proceso, Uribe investigó el secuestro de un comerciante y la participación de uniformados que habrían utilizado vehículos oficiales para simular una captura.

La carrera de la fiscal también estuvo marcada por el escándalo de los llamados ‘narcofiscales’. De acuerdo con El Colombiano, Uribe denunció presuntas irregularidades de funcionarios judiciales y terminó siendo reconocida como víctima de un montaje en su contra. Los fiscales Iván Aguirre y Ana Victoria Nieto fueron señalados de participar en esa trama.

Aguirre fue condenado en julio de 2026 a ocho años y tres meses de prisión por cohecho, según el recuento del periódico. Tras esos episodios, Uribe fue trasladada a Caldas por motivos de seguridad.

Ahora, el video de la audiencia virtual y la investigación disciplinaria vuelven a poner a la funcionaria en el centro de la controversia. El proceso deberá establecer si su comportamiento durante la diligencia amerita alguna sanción.

La figura de Angie Rodríguez es clave en este contexto. Hasta hace poco, ocupaba uno de los cargos más cercanos al círculo presidencial y por eso mismo su acercamiento a Deicy Jiménez ha sido tomado como un hecho relevante por la opinión pública, especialmente teniendo en cuenta la gravedad y el alcance de las denuncias lideradas por Jiménez. Según estas denuncias, existiría una estructura en el Gobierno anterior donde miembros cercanos al poder habrían gestionado contratos estatales a cambio de favores personales, situación que requiere una profunda aclaración por parte de las autoridades.

La postura de Rodríguez, al declarar que apoyará a Jiménez en el objetivo de encontrar respuestas y esclarecer los hechos, sugiere que el caso seguirá generando reacciones y preguntas en distintos sectores. Por ahora, la veracidad de los señalamientos continúa bajo evaluación y ninguna de las acusaciones puede considerarse establecida sin el debido proceso. Sin embargo, el solo hecho de que dos figuras, una de ellas con experiencia en la administración del Estado, unan fuerzas en medio de señalamientos tan graves ha puesto bajo la lupa las relaciones entre la política, la contratación estatal y la exposición de posibles irregularidades.

Este episodio se suma a una seguidilla de debates sobre la transparencia y el manejo del poder en Colombia, dejando en evidencia que la política nacional seguirá enfrentando momentos de tensión mientras se esclarecen los acontecimientos denunciados. La declaración y la nueva alianza entre Rodríguez y Jiménez abren un nuevo capítulo en una situación que, hasta ahora, sigue siendo materia de investigación y amplio debate público.

¿Quién es Angie Rodríguez y por qué su alianza con Deicy Jiménez causa polémica en Colombia?

Angie Rodríguez fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), uno de los cargos de mayor confianza en el Gobierno nacional. Su reunión y alianza con Deicy Jiménez, la denunciante de un presunto entramado de contratos a cambio de favores sexuales, generan polémica porque Rodríguez pasó de formar parte del círculo de la Presidencia a respaldar públicamente acusaciones que salpican al expresidente Gustavo Petro y figuras cercanas al poder.

¿En qué consisten las denuncias de Deicy Jiménez sobre contratos públicos en el Gobierno Petro?

Deicy Jiménez ha denunciado la existencia de un supuesto entramado dentro del Gobierno Petro en el que se habrían otorgado contratos públicos a cambio de favores sexuales. Según lo expuesto, estas acusaciones involucran a personas cercanas al poder y han despertado fuertes cuestionamientos sobre transparencia y abuso en la contratación estatal, aunque hasta ahora las autoridades no han confirmado la veracidad de estos señalamientos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En respuesta al llamado de la comunidad, miembros de la Policía llegaron al sitio para verificar la situación. Una vez en el lugar, los uniformados intentaron en varias ocasiones comunicarse con el ciudadano. Al ver que no respondía, se acercaron al vehículo y comprobaron que el hombre ya no tenía signos vitales. Este triste descubrimiento tomó por sorpresa tanto a los transeúntes como a quienes hicieron el reporte inicial, dado que no imaginaban la gravedad de la escena.

El hallazgo se dio en un sector concurrido de la capital tolimense, lo que causó inquietud entre quienes estaban en el área y presenciaron el trabajo preliminar de las autoridades. De acuerdo con información recogida por El Nuevo Día, en el lugar no se observaron señales físicas de violencia sobre el cuerpo del hombre en condición de calle. Por ahora, no se descarta que la muerte haya ocurrido por causas naturales. Sin embargo, esta hipótesis tendrá que ser verificada una vez concluyan los procedimientos legales y forenses correspondientes.

Actualmente, la Policía adelanta las investigaciones necesarias para establecer el tiempo aproximado que el hombre llevaba dentro del vehículo, así como las circunstancias específicas que rodearon su fallecimiento. Mientras tanto, varios interrogantes permanecen sin respuesta, lo que incrementa la preocupación y el desconcierto en la zona. La escena deja un profundo impacto entre los habitantes de Ibagué, quienes se enfrentan a esta lamentable pérdida ocurrida en espacios públicos, con la incertidumbre de conocer las razones detrás del deceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la posible causa de muerte del hombre hallado en Ibagué?

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por El Nuevo Día, el cuerpo del hombre no exhibía signos visibles de violencia, lo que llevó a considerar como posible causa del fallecimiento un evento de origen natural. Sin embargo, la causa definitiva solo podrá establecerse tras los exámenes forenses correspondientes.

¿Qué investigaciones realiza la Policía sobre el caso del hombre encontrado muerto en un vehículo en Ibagué?

Las autoridades están llevando a cabo indagaciones para esclarecer tanto las circunstancias en las que ocurrió la muerte como el tiempo que el hombre permaneció dentro del vehículo. Además, la Policía busca identificar cualquier factor adicional que pueda explicar esta dolorosa situación y disipar las dudas que rodean el caso.

La ley, discutida y aprobada por el Congreso a una velocidad notable –en la noche del 3 de noviembre–, establece beneficios judiciales a quienes decidan entregar bienes, armamento y rutas empleadas en actividades ilícitas. Entre los principales beneficios, de acuerdo con la información discutida, se ofrecen ciertas rebajas en las penas. Sin embargo, los grupos interesados no contarán con la suspensión de órdenes de captura ni con la garantía de que no sean solicitados en extradición, aspectos que representan obstáculos significativos al momento de decidirse a someterse a la justicia.

Este cambio normativo llega después de que el proyecto fuera radicado ante el Congreso el 13 de octubre, y su rápida tramitación se explica por el inminente vencimiento de la Ley 418 de 1997, que fija las bases de la política de orden público y cuya vigencia expiraba el 4 de noviembre. Los legisladores, al aprobar la medida con 95 votos en la Cámara de Representantes y 57 en el Senado, sumaron algunas modificaciones al texto propuesto originalmente, pero manteniendo la línea central de someter, no dialogar.

Expertos en conflicto y seguridad citados en el debate han advertido sobre las dudas en la viabilidad de la ley, fundamentalmente por la falta de incentivos suficientemente atractivos y por el anuncio del gobierno De la Espriella de enfrentar a quienes no se sometan con todo el peso de la estrategia estatal de seguridad, una política que marca distancia con los intentos de diálogo y reconocimiento anteriores. La nueva normativa, con 30 artículos, responde así a la urgencia estatal de tener vigente un marco legal que regule la relación con los actores armados ilegales y cierra definitivamente la vía a una salida negociada como la promovida durante la administración Petro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cambios de la ley de sometimiento aprobada en el Congreso frente a la ‘paz total’?

La ley de sometimiento establece que los grupos armados ilegales solo podrán acogerse a beneficios judiciales bajo ciertas condiciones, como la entrega de bienes y rutas ilegales, pero sin posibilidades de negociar o recibir reconocimiento político. Se aparta de la ‘paz total’ impulsada por el gobierno Petro, que sí contemplaba el diálogo y el incentivo político, y mantiene las órdenes de captura y extradición activas para quienes opten por el sometimiento.

¿Qué significa que no haya suspensión de órdenes de captura ni de solicitudes de extradición en la nueva ley?

La permanencia de las órdenes de captura y las solicitudes de extradición significa que quienes se sometan a la nueva ley no quedan protegidos frente a detenciones nacionales o internacionales, lo que reduce los incentivos para los grupos criminales de acogerse al proceso judicial. Esto implica una diferencia importante respecto a otros procesos donde dichas garantías sí eran parte de los acuerdos de sometimiento.

Con este paso, el mandatario le puso su firma a una de las principales apuestas de su administración en materia de seguridad y justicia. La normativa establece las reglas bajo las cuales los integrantes de organizaciones criminales podrán entregarse a las autoridades y acceder a un tratamiento penal diferenciado, siempre que cumplan una serie de compromisos con el Estado.

La iniciativa había superado su último trámite legislativo el martes 3 de noviembre. En la Cámara de Representantes obtuvo 95 votos a favor y 10 en contra, mientras que en el Senado recibió 57 respaldos y 24 votos negativos. 

#ATENCIÓN | El presidente Abelardo de la Espriella firmó el proyecto de Ley de sometimiento. Ya quedó oficializada y numerada la ley 2640.

Vía: @lausaavedram
https://t.co/qRQodC5OyZ https://t.co/9OhEE2vs5t

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

Uno de los puntos centrales de la nueva ley son las reducciones de penas. Los integrantes de base de las estructuras criminales podrán aspirar a una rebaja de hasta el 50 %, mientras que para los cabecillas el beneficio será de hasta el 30 %. Además, quienes hayan ejercido funciones de mando deberán cumplir una pena mínima de 10 años.

Sin embargo, los beneficios no serán automáticos. Quienes busquen acogerse tendrán que cumplir las condiciones establecidas, entre ellas entregar las armas y los bienes obtenidos mediante actividades ilegales, aportar información para esclarecer delitos y contribuir a la reparación de las víctimas.

La normativa también establece restricciones para quienes hayan participado en delitos como el reclutamiento de menores, cuyos responsables quedaron excluidos de estos beneficios. Asimismo, quienes accedan al mecanismo deberán cumplir sus condenas en establecimientos penitenciarios administrados por el Inpec.

Otro de los cambios importantes es que la ley no contempla negociaciones políticas con las organizaciones criminales ni les reconoce un estatus político. La apuesta del Gobierno es que estos grupos abandonen las actividades ilegales y se sometan a la justicia ordinaria bajo las condiciones fijadas por el Estado.

La abogada Paola Andrea Onzaga Franco, quien cuenta con una maestría en Ciudadanía y Derechos Humanos, asume la dirección de la ARN, entidad responsable de la reincorporación y reintegración de excombatientes y personas desmovilizadas. De acuerdo con lo informado, Onzaga posee experiencia previa en el sector público, específicamente durante el mandato del expresidente Iván Duque. Allí, ejerció como asesora y directora técnica encargada de la Dirección de Justicia Formal en el Ministerio de Justicia bajo la gestión de Wilson Orjuela Ruiz, y también asesoró al Viceministerio de Promoción de Justicia. Más recientemente, ha actuado como directora y representante legal de la fundación Mujeres Exitosas Latam, mostrando una trayectoria centrada en la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad.

En el frente diplomático, Rosa Amalia Zuluaga Cano será la nueva embajadora ante Naciones Unidas en Suiza. Zuluaga es comunicadora social y tiene una maestría en Artes Liberales. Su experiencia incluye haber sido secretaria privada en la Gobernación de Antioquia bajo el mandato de Guillermo Gaviria Correa, además de ocupar cargos diplomáticos como embajadora adjunta y ministra plenipotenciaria ante la ONU en Nueva York. También se ha desempeñado como cónsul encargada y vicecónsul en Boston, Estados Unidos, y trabajó en la unidad de trabajo legislativo durante los últimos meses de la legislatura 2017-2018.

La llegada de Zuluaga Cano ocurre en medio de la controversia originada por declaraciones del embajador colombiano ante la ONU en Nueva York, Mauricio Gaona. Durante una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Gaona expresó críticas al Acuerdo de Paz de 2016, argumentando que no representa un modelo para todos los sectores de Colombia debido a los hechos violentos ocurridos tras su firma. Estas palabras han generado debates entre defensores y críticos de lo pactado entre el Estado y la extinta guerrilla de las Farc. A pesar de las controversias, el presidente De la Espriella respaldó a su embajador y celebró la aprobación, sin votos en contra ni abstenciones, de la propuesta del gobierno para modificar el mandato de la Misión de Verificación del acuerdo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Paola Andrea Onzaga Franco y cuál es su trayectoria para liderar la ARN?

Paola Andrea Onzaga Franco es abogada con estudios de posgrado en Ciudadanía y Derechos Humanos. Ha trabajado en el sector público asesorando y liderando equipos en el Ministerio de Justicia durante el gobierno del expresidente Iván Duque, bajo la gestión de Wilson Orjuela Ruiz. Además, fue directora y representante legal de la fundación Mujeres Exitosas Latam, mostrando experiencia en derechos humanos y reincorporación de excombatientes.

¿Por qué es relevante el nombramiento de Rosa Amalia Zuluaga Cano como embajadora ante Naciones Unidas en Suiza?

El nombramiento de Rosa Amalia Zuluaga Cano se da en medio de tensiones políticas por las fuertes opiniones del embajador colombiano ante la ONU en Nueva York frente al Acuerdo de Paz de 2016. Zuluaga aporta experiencia diplomática y en asuntos públicos, lo que resulta estratégico para representar a Colombia en el escenario internacional durante un momento crítico para la implementación y revisión de los acuerdos de paz.

(Le puede interesar: Filtran declaraciones de Ferrer contra Alcocer en Fiscalía; reveló ostentosos gastos en viajes)

La exfuncionaria explicó que se encontraba con una mujer, amiga de Petro y de Verónica Alcocer, cuando esta recibió la comunicación. Según su relato, la persona estaba preocupada porque el hotel no permitía que el hoy presidente saliera del establecimiento sin cancelar el valor pendiente.

“Ella se angustia porque me dice que no tenía plata para pagar esa cuenta”, recordó Benedetti durante la conversación. Ante la situación, aseguró que se ofreció a prestar el dinero y acompañó a su conocida hasta el lugar.

En el desplazamiento también participaron un hombre y un conductor. Al llegar, según contó, encontraron a la gerente del hotel molesta por las condiciones en las que supuestamente había quedado la habitación que ocupó Petro.

“Yo no sé a qué se refería ella con muy mal estado; yo no quise subir hasta la habitación”, afirmó la exembajadora.

#Colombia | La polémica anécdota de Gustavo Petro en una habitación de hotel en Bogotá.

Ángela Benedetti, exembajadora de Colombia en Panamá y hermana del exministro del Interior Armando Benedetti, hizo una revelación inédita sobre una sórdida anécdota que involucra al expresidente Gustavo Petro.

Según contó, tuvo que ayudar al exmandatario con el pago de una multa que le impuso el hotel y que triplicaba el valor de las dos noches de alojamiento, debido al mal estado en que había quedado la habitación.

Uno de sus acompañantes aseguró que la habitación también olía a drogas.

🎥 Esta y otras revelaciones sobre el entorno de Petro en la entrevista completa que encuentras en n mi canal de YouTube, ¿Qué pasó con lo que pasó?

— Patricia Janiot (@patriciajaniot) November 3, 2026

(Lea también: “Tú y tu gente son capaces de todo”: abogado que defendía a Deicy Jiménez culpó a Petro por su renuncia)

¿Qué encontraron en la habitación de Gustavo Petro?

Benedetti explicó que su amigo y el otro hombre que los acompañaba fueron quienes ingresaron al dormitorio. De acuerdo con lo que posteriormente le contaron, el estado del lugar habría motivado un cobro adicional al valor de las dos noches de alojamiento.

La exfuncionaria señaló que, además de la cuenta, el hotel pretendía cobrar una multa que, según su versión, triplicaba el costo de las dos noches.

También relató lo que le habría contado su acompañante sobre las condiciones del espacio: “Dice mi amigo que la habitación olía a drogas, que todo estaba en muy mal estado y que olía horrible”.

La afirmación sobre el supuesto olor corresponde al relato que Benedetti atribuyó a la persona que ingresó a la habitación. Ella aclaró que no estuvo allí y que, por tanto, no presenció directamente lo que habría ocurrido en el dormitorio.

Benedetti cuestionó decisiones de Petro

Durante la entrevista con Janiot, la exembajadora insistió en que el episodio tuvo lugar pocos días antes de que Petro fuera elegido presidente de Colombia, en junio de 2022.

A partir de esa experiencia, planteó un cuestionamiento sobre el comportamiento del entonces candidato y las decisiones que pudo haber tomado en determinadas circunstancias.

“Yo siempre me he hecho la pregunta de cuántas decisiones tomó Petro no estando en sus cinco sentidos”, expresó.

Hasta ahora, el relato presentado por Ángela Benedetti corresponde a su testimonio en la entrevista. En la conversación no se aportaron elementos independientes que permitan establecer qué ocurrió dentro de la habitación ni confirmar las circunstancias del cobro que describió.

La principal molestia, según el gremio, radica en la falta de trayectoria de Noguera Pardo dentro del ámbito de la investigación propia del Instituto. Él es abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda, cuenta con una maestría en investigación universitaria y formación doctoral en bioética. Durante la administración del expresidente Iván Duque, sirvió como asesor del alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, y aunque en su hoja de vida figura experiencia como docente, no existen registros de trabajos vinculados con las líneas misionales del ICANH.

Este perfil contrasta con el de Alhena Caicedo Fernández, quien lideró la institución entre 2022 y 2026 y es reconocida antropóloga, con maestrías en antropología, etnología y cine documental social y cultural, además de un doctorado en antropología social y etnología, lo que reforzaba el vínculo del ICANH con las ciencias humanas y la investigación académica de alto nivel.

Frente a esta situación, los profesionales que preparan la manifestación para el viernes 6 de noviembre frente a la sede del ICANH en La Candelaria han expresado su inquietud por el futuro de la institución. En la convocatoria, piden “garantías para ejercer estas profesiones en un entorno que reconozca la experticia conseguida tras años de investigación coherente”, y consideran que el instituto está en riesgo si se aparta la dirección de las manos de expertos con conocimiento acumulado.

El rechazo se ha hecho sentir también en una petición publicada en la plataforma Change.org, que hasta el momento ha recolectado más de 3,600 firmas verificadas. Según el comunicado difundido, la sociedad científica colombiana cuenta con numerosos profesionales formados en universidades nacionales y extranjeras, con maestrías y doctorados, experiencia y conocimiento para liderar el ICANH, como lo ha demostrado durante los casi 85 años de historia de la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el nombramiento de Camilo Noguera Pardo en el ICANH ha generado tanta controversia?

El nombramiento de Camilo Noguera Pardo al frente del ICANH ha generado controversia porque, según afirman profesionales del sector y el texto de la convocatoria, no tiene formación ni experiencia en antropología, historia o arqueología, disciplinas que considera esenciales para dirigir la entidad. La preocupación de la comunidad científica se centra en la posibilidad de que esto afecte la misión del instituto y desmotive la experticia de quienes han dedicado años de estudio e investigación en el área.

¿Qué significa la sigla ICANH y cuál es el papel de esta entidad en Colombia?

ICANH corresponde a Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Según lo consignado en la fuente de El Espectador, esta entidad se dedica a la investigación, protección y promoción del patrimonio material e inmaterial de Colombia, trabajo que requiere conocimientos específicos en disciplinas como la antropología, la arqueología y la historia.

Este hecho violento, que ocurrió en plena vía Panamericana, trascendió rápidamente los límites del corregimiento y se convirtió en un nuevo recordatorio del drama que vive la población civil en esta región. Según la información disponible en el artículo, la explosión provocó daños considerables tanto en viviendas como en establecimientos comerciales de El Estrecho. Así, la muerte de Felipe Joaquí Rivera se suma a la larga lista de vidas que el conflicto ha truncado, impactando el núcleo familiar y social local.

En este contexto, la comunidad de El Estrecho es descrita como laboriosa y resiliente. Sin embargo, el atentado reforzó el clima de miedo y desamparo que se vive en diversas zonas del Cauca, donde la violencia irrumpe sin previo aviso y cobra víctimas que suelen estar lejos de los intereses del conflicto armado. La historia de Felipe lleva a reflexionar sobre el permanente riesgo al que se ven expuestos tantos jóvenes que, como él, intentan salir adelante y aportar positivamente a su entorno, pero terminan convertidos en cifras de la tragedia nacional.

Familiares, amigos y habitantes de la comunidad ahora exigen garantías reales para vivir sin temor, lamentando profundamente la pérdida de un joven que representaba el espíritu luchador y el anhelo de progreso de la región. De acuerdo con la información compartida, la vida de Felipe Joaquí Rivera terminó abruptamente, dejando un doloroso vacío y la urgencia de que este tipo de hechos no se normalicen ni sean olvidados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Felipe Joaquí Rivera y por qué su muerte conmocionó al departamento del Cauca?

Felipe Joaquí Rivera era un joven peluquero de El Estrecho, municipio de Patía, reconocido por su dedicación al trabajo y sus deseos de superación. Su muerte generó conmoción en el Cauca porque simbolizaba el esfuerzo cotidiano de muchos jóvenes de la región y evidencia, según el artículo, el impacto devastador de la violencia sobre las familias y comunidades que buscan vivir en paz.

¿Cómo afectó el atentado con explosivos a la comunidad de El Estrecho?

El atentado causó destrucción en viviendas y establecimientos comerciales de El Estrecho, una localidad conocida por el trabajo de sus habitantes. De acuerdo con el artículo, la violencia generó nuevamente miedo y tristeza en la zona, mostrando cómo los ataques armados afectan la vida cotidiana, la economía local y la esperanza de quienes no participan en el conflicto armado.

Entre quienes tuvieron que salir de su territorio se encuentran niñas, niños, mujeres, personas mayores y autoridades tradicionales. De acuerdo con información suministrada por la Defensoría del Pueblo, en los primeros días la comunidad desplazada permaneció en Jurubirá, una población afrodescendiente de la zona. Posteriormente, el 3 de noviembre, el grupo logró trasladarse hasta la cabecera municipal de Nuquí, donde permanece refugiada en el coliseo local.

Esta emergencia humanitaria ocurrió poco después de que la Defensoría del Pueblo emitiera una alerta sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en el área, mediante un oficio relacionado con la Alerta Temprana número 9 de 2024. El pronunciamiento oficial se produjo luego del hallazgo de dos personas asesinadas y el posible secuestro de una tercera en la región de Villa Nueva. Una de las víctimas identificadas fue Ramiro Forastero, líder indígena y exgobernador del territorio de Villa Nueva Jurubidá. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Ramiro Forastero y su hijo Elmer fueron secuestrados el 24 de octubre y sus cuerpos aparecieron cuatro días más tarde.

Indepaz registró el caso de Ramiro Forastero como el asesinato número 132 de un líder social en el año en curso, un dato preocupante que resalta el creciente riesgo para las comunidades indígenas de la región. Estos hechos violentos habrían sido la causa del desplazamiento de las cerca de 500 personas del pueblo Emberá Dobidá. Además, la Defensoría del Pueblo alertó que en el interior del territorio el ambiente de inseguridad se mantiene y podría provocar una nueva ola de desplazamiento, especialmente en la comunidad de Puerto Indio, compuesta por unas 300 personas, que contempla abandonar su territorio por temor a la violencia.

La Defensoría insistió en la necesidad de que las autoridades nacionales, departamentales y municipales actúen de manera coordinada para atender a la población desplazada, solicitando medidas urgentes como la provisión de alimentos, agua potable, atención en salud y alojamiento temporal digno, con un enfoque particular en las necesidades étnicas y diferenciadas.

¿Por qué fue desplazada la comunidad indígena de Villa Nueva en Nuquí, Chocó?

La comunidad de Villa Nueva fue desplazada debido al temor provocado por la presencia y los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, especialmente el Eln y el Clan del Golfo. Según la Defensoría del Pueblo, la situación de inseguridad surgió tras varios asesinatos, incluido el del líder Ramiro Forastero, y la posibilidad de secuestros en el área, lo que llevó a los habitantes a abandonar sus hogares para resguardar su vida.

¿Qué medidas pide la Defensoría del Pueblo frente al desplazamiento en Chocó?

La Defensoría solicitó acción conjunta de autoridades nacionales, departamentales y municipales para garantizar atención humanitaria inmediata. Esto incluye alimentación, agua potable, salud y alojamiento digno, así como protección especial y actividades preventivas específicas para comunidades indígenas y afrodescendientes en riesgo. Además, promovió el fortalecimiento de rutas de atención para víctimas de desplazamiento forzado y la coordinación de transporte seguro cuando las condiciones lo permitan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación señaló que todo ocurrió mientras el auxiliar de Policía implicado se encontraba cumpliendo funciones de seguridad en calidad de centinela, específicamente en la garita Apolo 2. Durante ese turno, se presentó una manipulación indebida del arma de dotación. El disparo no solo fue accidental, sino resultado directo del incumplimiento de protocolos y reglas estrictas de manejo de armas de fuego impartidas en la institución. Uno de los puntos centrales fue el no cumplimiento de la orden de no portar cartucho en la recámara, evitar desenfundar o manipular el arma sin necesidad real de servicio y mantener el dedo fuera del gatillo si no había intención legítima de disparar, como detalló la resolución judicial citada por la Justicia Penal Militar.

El juzgado, tras aceptar los cargos y al valorar el material probatorio correspondiente, decretó una pena de 16 meses de prisión para el auxiliar procesado. Este tiempo equivale a un año y cuatro meses de privación de la libertad. Además, el fallo incluyó una sanción económica: el pago de una multa fijada en 13,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que supera los 23 millones de pesos colombianos. Junto con estas medidas, el condenado fue privado por dos años del derecho a la tenencia y porte de armas, reafirmando la gravedad del descuido en el manejo de armamento institucional.

La autoridad judicial dejó claro que el uniformado fue hallado responsable como autor y bajo el título de culpa, es decir, por negligencia y no por intención de causar la muerte de su compañero. Este caso pone en evidencia la importancia del cumplimiento estricto de las medidas de seguridad en el interior de los organismos armados, para prevenir tragedias derivadas de descuidos o desconocimiento de los protocolos establecidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenado el auxiliar de Policía en el caso de la Escuela de Policía Antonio Nariño?

El auxiliar de Policía fue condenado porque, de acuerdo con la Justicia Penal Militar, manipuló de forma indebida su arma de dotación mientras ejercía funciones de centinela, lo que provocó un disparo accidental que causó la muerte del uniformado Miguel Ángel González Herrera. La sentencia señaló el incumplimiento de normas establecidas para el manejo seguro de armas, concluyendo su responsabilidad penal como autor del homicidio culposo.

¿Qué significa el delito de homicidio culposo según la justicia militar?

Homicidio culposo, según la justicia militar, es el acto de causar la muerte a otra persona sin intención, pero como consecuencia de una conducta imprudente o negligente. En este contexto, implica que el responsable no tuvo la voluntad de matar, pero incumplió reglamentos o protocolos de seguridad, siendo declarado responsable por los resultados de su descuido.

A través de un pronunciamiento publicado en sus canales oficiales, la Fiscalía General de la Nación informó que compulsó copias y ordenó actividades de policía judicial para rastrear el origen de las filtraciones. Las verificaciones también buscan identificar a los posibles responsables y determinar si hay lugar a investigaciones disciplinarias y penales.

#ATENCIÓN | La @FiscaliaCol compulso copias para investigar quién está filtrando información reservada de los procesos de envenenamiento con talio, en el que está siendo investigada Zulma Guzmán, quien permanece en el Reino Unido. También buscan establecer quien está detrás de las filtraciones de las declaraciones de Eva Ferrer en la indagación contra Verónica Alcocer, exprimera dama.

Vía: @JennyAngaritaG
https://t.co/woHMRjWbSk

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 4, 2026

El caso tiene especial relevancia porque Guzmán permanece en el Reino Unido, mientras avanza la investigación por el envenenamiento con talio. La entidad no precisó quién estaría divulgando el material reservado ni señaló a alguna persona como responsable de estas filtraciones.

Sin embargo, este no es el único expediente que está bajo revisión por la misma situación. La Fiscalía también busca establecer quién ha filtrado información de las declaraciones de Eva Ferrer Galcerán, exconsejera presidencial para la Reconciliación, dentro de la indagación contra Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia.

La entidad advirtió que la divulgación no autorizada de información sometida a reserva legal puede afectar el debido proceso, comprometer el desarrollo de las investigaciones y poner en riesgo la integridad de los testigos, además de vulnerar el buen nombre de las víctimas.

Desde la mañana, las plenarias de Senado y Cámara continuaron el análisis del articulado. El Senado fue el primero en avanzar, aprobando los 30 artículos con 57 votos a favor y 27 en contra. Uno de los debates centrales giró alrededor de la eliminación del artículo 25, que contemplaba facultades especiales de contratación y permitía usar gastos reservados a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), adscrito al Ministerio del Interior. Este aspecto fue cuestionado por varios parlamentarios por el riesgo de ‘contratación paralela’, y su eliminación respondía a preocupaciones defendidas anteriormente por el exministro Rodrigo Lara, según detalló El Espectador.

Para agilizar la aprobación, el gobierno implementó el modelo “espejo”, con discusiones simultáneas en ambas cámaras para evitar retrasos que pudieran postergar la entrada en vigencia de la ley, cuyo plazo de sanción era el 4 de noviembre. Esta estrategia ya había presentado fallas en el pasado, como con el Presupuesto General 2027. Sin embargo, el gobierno contó esta vez con la supervisión de asesores del Ministerio de Justicia y la presencia de figuras como Fabio Valencia Cossio, quien, aunque no tiene contrato con la administración de la Espriella, ha sido clave para el diálogo entre Ejecutivo y Congreso.

Durante la votación, la prioridad del Ejecutivo fue mantener el quórum necesario para avanzar, algo que no estuvo exento de tensiones internas y reproches en bloques como el Pacto Histórico. El manejo del quórum evitó que la oposición pudiera frenar la aprobación de artículos clave y derivó en fuertes discusiones internas, sobre todo cuando la Cámara aceptó el texto del Senado para el artículo 2, enfocado en la protección de la protesta social. Así, aunque la ley representa una consolidación de la política de seguridad del gobierno, también evidenció las divisiones y debilidades de la oposición, de acuerdo con El Espectador.

¿Cómo se logró aprobar la ley de sometimiento en el Congreso y cuál fue la estrategia utilizada?

La aprobación de la ley de sometimiento en el Congreso se alcanzó mediante el uso de un modelo denominado “espejo”, que permitió que tanto Senado como Cámara discutieran y aprobaran el mismo texto de forma simultánea. De esta manera, se evitó el proceso de conciliación que podría haber demorado la entrada en vigor de la ley. Además, el gobierno priorizó mantener quórum suficiente y contar con la intermediación de figuras experimentadas, según explicó El Espectador.

¿Qué es el Fonsecon y por qué generó debate durante la aprobación de la ley de sometimiento?

El Fonsecon es el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, una entidad adscrita al Ministerio del Interior. El artículo 25 del proyecto de ley proponía darle al Fonsecon facultades especiales de contratación y permitir el uso de gastos reservados. Esto generó debate en el Congreso porque, de acuerdo con El Espectador, se temía que pudiera abrir la puerta a una ‘contratación paralela’, razón por la que finalmente este artículo fue eliminado del texto aprobado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

De acuerdo con la información proporcionada por la Aerocivil, el incidente se originó por "una falla en los sistemas de visualización de radares", instrumentos clave en el seguimiento de aviones en tráfico, ya que permiten identificar posición, velocidad y otros datos que garantizan la seguridad en el espacio aéreo. Esta interrupción obligó a la entidad a tomar medidas especiales, como la reprogramación de vuelos y la implementación de procesos manuales para el control del tráfico, afectando los itinerarios establecidos. LATAM, una de las aerolíneas afectadas, reportó a Caracol Radio la cancelación de ocho vuelos como resultado directo de la contingencia, mientras usuarios en plataformas digitales advertían de demoras significativas y cambios de última hora en los horarios.

La Aerocivil precisó que, tras detectar esta anomalía, se activaron de inmediato los protocolos técnicos y operacionales con el objetivo de salvaguardar la seguridad aérea y reducir el impacto sobre los pasajeros. Destacan la asignación de un equipo especializado de controladores aéreos, quienes restablecieron y recargaron los planes de vuelo afectados, según explicó la entidad.

Pese a que los sistemas recuperaron la estabilidad operacional, los equipos de controladores aéreos y técnicos mantienen un monitoreo continuo para asegurar un comportamiento adecuado de las operaciones. La incidencia no solo impactó el flujo en Bogotá, sino que alcanzó también otras zonas del país; en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Medellín), inicialmente se implementó una medida preventiva de separación ampliada entre las aeronaves, que se levantó una vez se restableció el sistema y la normalidad operacional retornó a la terminal, según lo sostuvo la Aeronáutica Civil.

Frente a estos hechos, la recomendación para los pasajeros ha sido mantenerse informados en contacto directo con sus respectivas aerolíneas para consultar el estado actualizado de sus vuelos ante cualquier cambio de último minuto provocado por este tipo de contingencias, puntualizó la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se presentaron retrasos y cancelaciones de vuelos en el aeropuerto El Dorado?

Los retrasos y cancelaciones reportados por viajeros y aerolíneas ocurrieron debido a una falla técnica en los sistemas de visualización radar, que son fundamentales para el seguimiento y control del tráfico aéreo en tiempo real. De acuerdo con la Aerocivil, esta anomalía obligó a implementar protocolos especiales y, hasta que fue superada, alteró los horarios, lo que llevó a la cancelación de vuelos y a la necesidad de que los pasajeros verificaran el estado de sus trayectos con las aerolíneas.

¿Qué medidas implementó la Aeronáutica Civil tras la falla de radar en El Dorado?

Según la Aerocivil, después de detectar la falla en los radares, la entidad activó protocolos técnicos y operacionales para garantizar la seguridad aérea y mitigar los efectos sobre los pasajeros. Entre las acciones principales estuvo el despliegue de un equipo especializado de controladores aéreos, encargados de restablecer y recargar los planes de vuelo afectados. Además, se mantuvo un monitoreo constante y se recomendó a los viajeros estar en comunicación con sus aerolíneas.

En su publicación, el senador enfatizó el sufrimiento de la población, atribuyendo estos hechos a las consecuencias de las decisiones tomadas por un gobierno nacional anterior, al que reprochó la ausencia de políticas eficaces que garantizaran la seguridad y la gobernabilidad en la región. Según el mensaje divulgado, Barreto afirmó: "Es doloroso lo que vive el sur del Tolima. Hoy sufrimos las consecuencias de un pasado Gobierno Nacional que abandonó los territorios y permitió que los grupos armados recuperaran el control". Esta reflexión fue recogida por medios como El Nuevo Día, quienes han seguido de cerca la preocupación por el orden público en el departamento.

La idea central que Barreto propuso a De la Espriella consiste en una intervención que no solo contemple el refuerzo de las medidas de seguridad, sino que, además, incluya inversión social dirigida a los habitantes de la zona. Dentro de esta propuesta, sobresale el pedido específico de que regrese el Batallón de Operaciones Terrestres número 18 al municipio de Planadas, considerado un componente estratégico para restaurar la presencia estatal y atender las preocupaciones en materia de seguridad de la comunidad local.

Así, el mensaje del senador subraya la urgencia de que un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella asuma compromisos concretos, uniendo esfuerzos entre lo militar y lo social, con el objetivo de recuperar el control institucional y brindar soluciones a la población del sur del Tolima.

¿En qué consiste la propuesta de Óscar Barreto para mejorar la seguridad en el sur del Tolima?

La propuesta de Óscar Barreto se basa en impulsar una intervención integral que combine la presencia de fuerzas de seguridad, mediante el regreso del Batallón de Operaciones Terrestres número 18 al municipio de Planadas, junto con inversiones sociales. Barreto considera prioritario restaurar la seguridad y la gobernabilidad en la región, afectados por el control de grupos armados debido al abandono institucional, según sus declaraciones en X citadas por El Nuevo Día.

¿Qué es el Batallón de Operaciones Terrestres N.º 18 y por qué su regreso es importante para Planadas?

El Batallón de Operaciones Terrestres N.º 18 es una unidad militar cuya presencia representa el apoyo estatal en temas de seguridad y control del territorio. Según lo expuesto por Óscar Barreto, el regreso de este batallón a Planadas se considera esencial para recuperar la seguridad y reducir la influencia de grupos armados en la zona, uno de los puntos clave en la estrategia propuesta para mejorar el orden público en el sur del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La discusión subió de tono después de una pregunta que Lafaurie le habría hecho al funcionario. La respuesta del ministro fue tajante: “No, no, usted no me viene a mí a preguntar. Tú aquí no vas a venir a manejar como manejabas antes (haciendo referencia a su paso por el viceministerio de Agricultura)”, se escucha en el audio divulgado por Semana.

Ante esa contestación, Lafaurie le pidió respeto. Sin embargo, el ministro continuó con sus reclamos y mencionó una supuesta “campaña contra el presidente de la República y el ministro en las redes sociales, adelantada supuestamente por José Félix”, de acuerdo con el contenido conocido por Semana.

El momento más tenso llegó cuando Dangond le exigió al dirigente gremial que abandonara el recinto si no estaba dispuesto a respetar las reglas de la reunión. “Si usted no va a respetar las reglas, se retira de aquí, se retira de aquí y me respeta. Aquí no va a hacer lo que se le da la gana y lo que ha hecho con su gremio. Se retira de aquí… me hacen el favor y lo acompañan”, dijo el ministro, según el audio publicado por Semana.

Después de esa intervención, la conversación se interrumpió y la sesión se levantó de inmediato. El episodio tuvo como telón de fondo las diferencias por la administración del Fondo Nacional del Ganado y el manejo de Fedegán, asuntos que estaban sobre la mesa durante el encuentro.

Tras conocerse el audio, Lafaurie habló con Semana sobre lo ocurrido y anunció que presentará una queja disciplinaria ante la Procuraduría. Su argumento es que el ministro lo sacó de una entidad pública, por lo que llevará el caso ante ese organismo de control. La decisión, según explicó, responde a lo sucedido.

En este proceso, ha sido fundamental la asistencia de la Comisión Técnica Nacional Intersectorial en Salud Ambiental (Conasa), junto con los aportes del Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Nacional de Salud (INS). Esta articulación de entidades estatales permite construir una hoja de ruta consensuada que elude esfuerzos desarticulados y garantiza la alineación con los requerimientos normativos existentes.

La administración distrital se encuentra en fase de elaboración de un acto administrativo que formalizará la adopción de la nueva guía metodológica, con la expectativa de que su implementación esté en marcha antes del cierre de 2026. Esta meta refleja el compromiso de adelantar acciones preventivas y de control en el marco de un modelo de gestión intersectorial, en el que las autoridades sanitarias y ambientales convienen directrices claras para la contención y el manejo adecuado del caracol gigante africano.

Expertos internacionales han analizado la expansión de esta especie y han señalado limitaciones en las metodologías tradicionales de control. Sus recomendaciones principales giran en torno al fortalecimiento de los sistemas de monitoreo, tanto genético como geográfico; la estandarización estricta de protocolos operativos; y la promoción de campañas educativas permanentes orientadas hacia la comunidad, instituciones educativas y el sector agrario.

Por esta razón, las entidades públicas, gremios agropecuarios, instituciones académicas y la población en general han sido llamados a sumarse a las líneas de acción en materia de prevención, vigilancia y manejo seguro propuestas por las autoridades. El objetivo es garantizar la protección del entorno y preservar la salud colectiva mediante una participación activa y coordinada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el propósito de la guía metodológica para el manejo del caracol gigante africano en Cali?

La guía metodológica busca establecer procedimientos técnicos y coordinados que permitan a las autoridades distritales, sectoriales y comunitarias actuar de manera efectiva frente a la presencia del caracol gigante africano, priorizando la prevención, la vigilancia y la respuesta interinstitucional en cumplimiento de la normatividad.

¿Por qué es importante el modelo de gestión intersectorial propuesto para controlar el caracol gigante africano?

El modelo de gestión intersectorial es relevante porque promueve la colaboración entre diferentes organismos gubernamentales, sectores productivos y la sociedad, superando iniciativas aisladas y asegurando una respuesta integral que protege el entorno natural y la salud pública frente a los riesgos asociados a esta especie invasora.

Este año, la premiación contempla 20 categorías que reflejan la diversidad de campos en los que los veteranos y reservistas contribuyen una vez concluye su vida activa en las Fuerzas Armadas. Entre estos campos se incluyen la literatura, el periodismo, el deporte, el emprendimiento, la labor social, la salud, el medio ambiente, el liderazgo, la presencia en redes sociales y la acción internacional, lo que muestra la amplitud de escenarios en los que estos ciudadanos continúan dejando huella.

Dentro de los nominados en la categoría Escritores de Libros sobresalen nombres como el sargento mayor Luis Emel López, el sargento primero Jaime Fonseca, el mayor Samael Vera, el mayor Germán Alberto Bermúdez, el intendente John Jairo López y el capitán Óscar Eugenio Díaz. Cada uno ha llevado sus experiencias y conocimientos al ámbito literario, compartiendo relatos y reflexiones que permiten entender mejor la realidad de quienes han servido a Colombia.

En la categoría Columnistas de Opinión, tanto el sargento primero Jaime Fonseca como el mayor Germán Alberto Bermúdez han recibido nominaciones, reconociéndolos por su papel en el análisis crítico y el aporte al debate público. Los Premios VetRes, en suma, tienen como objetivo central visibilizar la experiencia y el compromiso social de estos hombres y mujeres, quienes siguen contribuyendo activamente en distintos escenarios, reafirmando su dedicación al país una vez cumplido su ciclo en las Fuerzas Armadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los nominados a los Premios VetRes 2026 en la categoría Escritores de Libros?

En la edición 2026 de los Premios VetRes, los nominados en la categoría Escritores de Libros son el sargento mayor Luis Emel López, el sargento primero Jaime Fonseca, el mayor Samael Vera, el mayor Germán Alberto Bermúdez, el intendente John Jairo López y el capitán Óscar Eugenio Díaz. Sus trabajos literarios han sido reconocidos por representar las vivencias y aprendizajes de los veteranos y reservistas en Colombia.

¿Qué buscan resaltar los Premios VetRes 2026 en Colombia?

De acuerdo con la organización, los Premios VetRes 2026 buscan resaltar las historias de servicio, compromiso y liderazgo de los veteranos y reservistas de Colombia. El objetivo es visibilizar la manera en que estos ciudadanos, tras su vida activa en las Fuerzas Armadas, contribuyen en distintos sectores como literatura, deporte, emprendimiento y acción social, fortaleciendo así el desarrollo del país.

La Policía informó que, después del ataque, unidades especializadas en investigación criminal y antiexplosivos fueron desplegadas con el apoyo del Ejército Nacional para verificar el área y descartar la existencia de otros explosivos. Aunque aún no se ha confirmado la autoría del atentado, El Espectador reporta que en la zona tienen presencia disidencias de las FARC comandadas por alias ‘Iván Mordisco’.

El impacto fue registrado en videos que circularon en redes sociales, donde se aprecian viviendas destruidas y escenas de dolor; la comunidad cubrió el cuerpo del fallecido con un trapo rojo y una tapa de icopor, y solicitó insistentemente una sábana blanca para cubrirlo por completo. Desde su cuenta en la red social X, el presidente Abelardo de la Espriella expresó su rechazo, lamentó la pérdida de vidas inocentes y aseguró que los autores serán buscados y capturados. De la Espriella afirmó también que no se cederá ante la intimidación ni el terrorismo en la región y que todas las capacidades de la fuerza pública han sido puestas a disposición para capturar a los responsables.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, lamentó el ataque en el que murió el hijo de un funcionario de la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao; instó a las autoridades a esclarecer los hechos y proteger de manera inmediata a los habitantes del área, debido a los daños humanos y materiales reportados.

Este atentado es el más reciente dentro de una escalada de violencia en Cauca. Solo tres días antes, el 1 de noviembre, una motocicleta cargada con explosivos causó daños en un centro de salud y viviendas en Balboa, dejando cinco heridos. El Ejército desplegó entonces tropas de la Brigada 29 para asegurar la zona. Los ataques han sido atribuidos preliminarmente a la estructura Carlos Patiño, también bajo la órbita de las disidencias de ‘Iván Mordisco’. Antes, el 31 de octubre, una motocicleta bomba destruyó nuevamente el peaje El Mango en la vía Panamericana, causando daños materiales y lesiones leves a dos trabajadoras. Este episodio se suma a otro ataque previo el 12 de octubre en el mismo lugar.

De acuerdo con los reportes oficiales consultados por El Espectador, la escalada violenta en Cauca representa una grave amenaza para la seguridad de la población civil y de la fuerza pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los presuntos responsables de los ataques recientes en Cauca?

De acuerdo con la información de El Espectador y reportes de la Policía y el Ejército, los principales sospechosos detrás de los recientes atentados en Cauca son las disidencias de las FARC comandadas por alias ‘Iván Mordisco’, particularmente la estructura Carlos Patiño, señalada preliminarmente en varios de los ataques con explosivos.

¿Cómo afectan estos atentados terroristas a la comunidad de Cauca y qué medidas han tomado las autoridades?

Estos atentados han producido víctimas mortales y heridos, además de la destrucción de viviendas, comercios e infraestructura pública, lo que aumenta la vulnerabilidad y temor en la población de Cauca. En respuesta, la Policía y el Ejército han desplegado unidades especializadas en investigación, antiexplosivos y control territorial para proteger a la comunidad y buscar a los responsables, según la información divulgada por El Espectador.

El reciente auto de imputación de la JEP, anunciado el 4 de noviembre por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, identificó a nueve excomandantes regionales de las Farc, señalados como presuntos responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos contra niños y niñas. Esta acción judicial forma parte del caso 07, dedicado a la investigación del reclutamiento de menores por parte del grupo armado y complementa las imputaciones previas contra exintegrantes del secretariado nacional.

La investigación se centró en dos patrones criminales claros: por un lado, castigos, malos tratos, tortura y ejecuciones extrajudiciales contra menores bajo un riguroso régimen disciplinario y, por otro lado, actos de violencia reproductiva principalmente sufridos por niñas. El alcance del reclutamiento, que según la JEP registró por lo menos 18.677 víctimas entre 1971 y 2016, fue nacional, con excepción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

De acuerdo con los datos recopilados, la disciplina dentro de las filas de las Farc estuvo marcada por un control opresivo sobre cada aspecto cotidiano de los menores reclutados, donde la desobediencia se pagaba, en muchos casos, con penas extremas. Entre las prácticas documentadas hubo fusilamientos, torturas, asignación de trabajos forzosos y participación forzada en operaciones armadas, incluidos secuestros y actos violentos.

Respecto a la violencia reproductiva, la JEP documentó políticas estrictas dentro de la guerrilla para impedir la maternidad o paternidad, con obligatorio uso de anticonceptivos, abortos forzados, separación de madres e hijos y casos límite como el asesinato de bebés nacidos en ese contexto.

Un aspecto relevante es la violencia especialmente dirigida a niñas y niños indígenas —de pueblos como Hitnü, Koreguaje y Cubeo— quienes sufrieron tratos diferenciados y fueron forzados a labores de alto riesgo, aprovechando sus características culturales y físicas.

Este extenso informe de la JEP narra el horror, el sufrimiento y la sistematicidad de los crímenes en el interior de esa organización durante décadas, haciendo énfasis en la eliminación de toda autonomía, las amenazas constantes y la imposición permanente del miedo para garantizar la obediencia absoluta de los menores reclutados, quienes no tenían realmente opción de salirse de esas condiciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los crímenes documentados por la JEP en el caso del reclutamiento de menores por las Farc?

De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, los crímenes documentados incluyen tortura, tratos crueles y degradantes, ejecuciones y juicios sin garantías, violencia reproductiva, abortos forzados, asesinatos de bebés, condenas extrajudiciales, trabajos forzosos y uso de menores en operaciones militares y secuestros. Además, se reportan malos tratos físicos y psicológicos con el objetivo de obtener obediencia absoluta y eliminar el disenso.

¿Qué significa violencia reproductiva según los hallazgos de la JEP?

Según lo expuesto en el auto de la JEP, la violencia reproductiva se refiere a la imposición de una política interna de control reproductivo sobre las niñas reclutadas, que incluyó el uso obligatorio de anticonceptivos, abortos forzados, prohibición de la maternidad y paternidad, la entrega forzada de hijos a terceros y, en ocasiones, el asesinato de recién nacidos, todo bajo coerción y sin consentimiento de las víctimas.

(Vea también: Identifican a conductor de Transmilenio que fue baleado en Bogotá; tiene 66 años)

La agresión causó momentos de pánico entre quienes se encontraban en el lugar y obligó a los vigilantes a intervenir para controlar la situación.

Video muestra ataque de paciente a trabajadoras de hospital en Turbo

En las imágenes divulgadas por Telemedellín se observa cómo la mujer se acerca a una funcionaria que estaba en el área de recepción y la ataca con un elemento cortopunzante.

La trabajadora intenta defenderse y quitarle el arma, pero la agresión continúa. Otras empleadas que estaban en el lugar también resultan alcanzadas por la paciente.

En medio del episodio, dos enfermeras intentan contener a la mujer utilizando las sillas de su puesto de trabajo, mientras otros usuarios corren por los pasillos para ponerse a salvo.

El ataque se prolongó por poco más de un minuto, hasta que llegaron los vigilantes y lograron reducir a la paciente y quitarle el arma. El balance fue de tres trabajadoras lesionadas en diferentes partes del cuerpo.

Hospital Francisco Valderrama explicó qué atención puede ofrecer

Tras lo ocurrido, el Hospital Francisco Valderrama explicó que no cuenta con habilitación para ofrecer hospitalización psiquiátrica, aunque sí puede recibir pacientes por urgencias, valorarlos y estabilizarlos.

La institución señaló que, cuando una persona requiere internación especializada, debe gestionar su traslado a otro centro asistencial que cuente con los servicios correspondientes.

Por esta razón, sus directivas hicieron un llamado a las EPS y a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) para que agilicen las autorizaciones y remisiones de pacientes que necesitan atención especializada en salud mental.

Aunque no se ha confirmado un diagnóstico de la mujer involucrada en la agresión, el pronunciamiento del hospital puso sobre la mesa las dificultades que pueden enfrentar las instituciones que no cuentan con servicios de hospitalización psiquiátrica.

La apuesta institucional, de acuerdo con información de la Alcaldía, ha incluido acciones adicionales como la entrega de kits de aseo, ropa, raciones de alimentación y el acompañamiento institucional. Estas medidas buscan fortalecer las posibilidades de inclusión social de los habitantes de calle, brindando alternativas que les permitan reconstruir sus proyectos de vida en el interior de un entorno más estable y con apoyo.

Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social Comunitario de Ibagué, enfatizó que la meta principal de la estrategia es crear espacios y oportunidades reales para que esta población pueda transformar sus circunstancias mediante el acompañamiento integral y la reunificación familiar. De acuerdo con Aristizábal, el esfuerzo se concentra en ofrecer opciones que eviten el círculo de exclusión y marginalidad.

Además, la campaña tiene un componente importante de sensibilización hacia la ciudadanía. La administración invita a los ciudadanos a abstenerse de entregar dinero en la calle y, en vez de ello, sumarse al respaldo de los procesos institucionales que brindan atención y oportunidades a los habitantes de calle. Así, se busca disminuir la dependencia de la limosna y promover el acceso a programas que permiten una verdadera inclusión social, según lo manifestado por la Administración Municipal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la estrategia ‘No des limosna, da oportunidades’ en Ibagué?

La estrategia ‘No des limosna, da oportunidades’, impulsada por la Alcaldía de Ibagué mediante la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, se enfoca en ofrecer atención integral a los habitantes de calle, priorizando el ingreso a procesos de resocialización, la reunificación familiar y el acompañamiento social. Además, invita a la ciudadanía a no entregar dinero de forma individual, sino a apoyar iniciativas institucionales que contribuyan a la verdadera inclusión social.

¿Cuántos habitantes de calle fueron atendidos en Ibagué durante 2026 y qué acciones incluyó la atención?

Durante 2026, se atendió a 823 habitantes de calle en Ibagué, según datos de la Administración Municipal. Las acciones incluyeron el ingreso a fundaciones especializadas, retornos asistidos a ciudades de origen, la entrega de kits y alimentos, y el fortalecimiento del acompañamiento institucional orientado a la inclusión social y la recuperación de vínculos familiares.

La reciente actualización del portafolio establece seis líneas de estímulos específicas, las cuales abarcan distintos campos relevantes para la juventud. Entre estas áreas se encuentran el arte, la cultura, el deporte, el emprendimiento y la inclusión, así como incentivos destinados a robustecer el trabajo tanto del Consejo Municipal de Juventudes como de la Plataforma Municipal de Juventudes. Esta nueva estructura ha sido diseñada para que jóvenes con intereses y perfiles diversos encuentren respaldo, promoviendo así un impacto positivo en el tejido social y cultural de Ibagué.

El objetivo principal de la modificación radica en mejorar la distribución de los recursos y multiplicar las posibilidades de acceso para los jóvenes. De acuerdo con Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social Comunitario, la intención es que un mayor número de jóvenes logre fortalecer sus competencias, llevar a la práctica sus ideas innovadoras y participar en espacios que contribuyan al crecimiento y desarrollo de la ciudad. Así, se fomenta un ambiente propicio para que la juventud sea protagonista activa en la transformación de su entorno.

Esta decisión institucional evidencia el compromiso de la Administración Municipal por consolidar el apoyo a los procesos juveniles, dando reconocimiento al talento y liderazgo de quienes se perfilan como el futuro de la sociedad ibaguereña. La inclusión de líneas de estímulo más precisas y abarcadoras responde a las necesidades actuales de la juventud local, procurando que su participación tenga un impacto real y sostenido en la dinámica social y cultural de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las nuevas líneas de estímulos incluidos en el Portafolio Municipal de Estímulos para Jóvenes de Ibagué?

Las seis líneas de estímulos que se integran en la actualización del Portafolio Municipal de Estímulos para Jóvenes de Ibagué comprenden áreas como arte, cultura, deporte, emprendimiento e inclusión. Además, esta reforma incluye incentivos para el fortalecimiento del Consejo Municipal de Juventudes y la Plataforma Municipal de Juventudes, buscando así abarcar diferentes intereses y necesidades dentro de la juventud ibaguereña.

¿Cómo beneficia a los jóvenes de Ibagué la actualización del Portafolio Municipal de Estímulos?

La actualización del Portafolio Municipal de Estímulos tiene como objetivo central ampliar el acceso y optimizar la asignación de recursos para los jóvenes. Esto les permite fortalecer sus capacidades, dar vida a sus ideas y contar con espacios de participación activa en el desarrollo de la ciudad, de acuerdo con lo explicado por la secretaria de Desarrollo Social Comunitario, Claudia Aristizábal.

Con la posesión de Ordóñez, el Gobierno busca enfrentar un desafío importante: negociar en el Congreso la ley de ajuste fiscal. Esta iniciativa, que llega después de la reciente aprobación de la ley de sometimiento, pretende estabilizar las finanzas públicas. Sin embargo, la medida ha despertado preocupación en varios sectores debido a la posibilidad de que implique un aumento de impuestos sobre productos de la canasta familiar, una situación que impactaría directamente en la economía de muchos ciudadanos, de acuerdo con lo mencionado por Noticiero 90 Minutos.

La designación de Viviane Morales representa también un giro en la política de paz del Gobierno. Según información de la Casa de Nariño, bajo el liderazgo de Morales se dejará atrás la política de "paz total" que caracterizó el mandato anterior y se dará prioridad a la seguridad, la autoridad institucional y la aplicación rigurosa de la ley de sometimiento. El Ejecutivo sostuvo que la verdadera paz debe basarse en la justicia, el cumplimiento estricto de la ley y la reparación efectiva a las víctimas.

Este nuevo enfoque tiene como objetivo consolidar la presencia del Estado en el territorio nacional y reforzar una agenda de corte conservador en los principales asuntos públicos. En este contexto, tanto la ciudadanía como los sectores productivos tendrán que estar atentos a los próximos debates parlamentarios, pues allí se definirá el alcance de estas políticas y sus posibles efectos sobre la vida cotidiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué retos enfrenta Alejandro Ordóñez como ministro del Interior en la negociación de la ley de ajuste fiscal?

El reto principal para Alejandro Ordóñez será convencer al Congreso de aprobar la ley de ajuste fiscal, una norma pensada para dar estabilidad a las finanzas estatales tras la ley de sometimiento. Esto implica superar la desconfianza de diferentes sectores, que temen aumentos de impuestos en productos de consumo básico, lo que podría generar tensiones sociales y económicas en el país.

¿En qué consiste el cambio en la política de paz con Viviane Morales como alta comisionada?

Con la llegada de Viviane Morales como alta comisionada para la paz, el Gobierno deja atrás la estrategia de "paz total" y orienta sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de la seguridad, la autoridad institucional y la aplicación efectiva de nuevas leyes. Se resalta que la paz, según el Ejecutivo, debe estar fundamentada en la justicia y en la reparación para las víctimas.

En la reunión, la Administración local expresó su disposición para respaldar y acompañar la puesta en marcha de estos proyectos, subrayando la importancia del trabajo conjunto. Estas acciones reflejan una política institucional abierta a escuchar ideas frescas y considerarlas en la toma de decisiones. Además, el encuentro no solo sirvió para socializar propuestas, sino que permitió resolver dudas, establecer compromisos entre las partes y dar continuidad a los acercamientos que, de acuerdo con la información, se vienen realizando desde mayo. Esta agenda de trabajo tiene como fin afianzar los canales de comunicación entre el Consejo Municipal de Juventud y la Alcaldía, así como garantizar que las inquietudes y visiones de los jóvenes sean tomadas en cuenta.

Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social Comunitario de Ibagué, reiteró el respaldo institucional a los consejeros, destacando especialmente la importancia de contar con escenarios en los que las ideas de la juventud puedan transformarse en oportunidades reales para el crecimiento de la ciudad. Por su parte, desde la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud se reafirmó el compromiso de promover un diálogo permanente con esta instancia representativa. El objetivo es claro: que las propuestas y perspectivas de las nuevas generaciones tengan un verdadero espacio en la creación y ejecución de iniciativas orientadas al desarrollo integral de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué funciones cumple el Consejo Municipal de Juventud en Ibagué?

El Consejo Municipal de Juventud de Ibagué es una instancia que representa a los jóvenes de la ciudad, con la tarea de acercar sus inquietudes y propuestas a las autoridades locales. Este organismo promueve la participación activa de las nuevas generaciones en la construcción de políticas públicas y colabora en la creación de proyectos que aportan al desarrollo municipal.

¿Cómo apoya la Alcaldía de Ibagué la participación juvenil en las decisiones de ciudad?

La Alcaldía de Ibagué respalda la participación juvenil facilitando espacios de diálogo y concertación con el Consejo Municipal de Juventud. A través de reuniones, acompañamiento institucional y compromisos concretos, la administración fomenta la inclusión de las ideas y propuestas de los jóvenes en la planificación y ejecución de iniciativas para el desarrollo local.

La dependencia diplomática fue establecida mediante el Decreto 1405 del 22 de noviembre de 2024, cuando Luis Gilberto Murillo era ministro de Relaciones Exteriores. Sin embargo, casi dos años después, la Embajada de Colombia en México informó que recibió un requerimiento de pago por el arriendo de la oficina 202, ubicada en el edificio Torela Corporativo de la Zona Dorada de Tijuana, sin tener conocimiento previo de ese compromiso, según el informe periodístico. La Dirección Administrativa y Financiera de la Cancillería corroboró, al día siguiente de la notificación, que existía dicho contrato, pero advirtió que no había una partida presupuestal asignada para cubrir esa obligación. El monto concreto de la deuda no se ha publicado hasta el momento.

La funcionaria designada para encabezar el consulado fue Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, quien ocupó el cargo de manera provisional desde el 20 de enero hasta el 30 de octubre de 2026. Durante ese tiempo, recibió más de US$153.000, y se sumaron US$20.338 en viáticos y transporte de menaje doméstico. Aparte del costo del arriendo, un oficio interno del 17 de agosto advirtió sobre pasivos pendientes con un arquitecto para la adecuación del local, así como con proveedores del diseño gráfico y la imagen institucional. La Embajada solicitó a Pabón información sobre el contrato y las gestiones realizadas, pero no obtuvo respuesta, según Caracol Radio.

La responsabilidad de la apertura recae, de acuerdo con el exministro Luis Gilberto Murillo, en la necesidad de estudios previos y disponibilidad presupuestal. La Cancillería declaró que no hay evidencia de un estudio administrativo previo en este caso. Rosa Villavicencio, entonces canciller, defendió el nombramiento anticipado de Pabón, alegando que debía encargarse de los preparativos administrativos. Además, el nombramiento de Pabón estaba bajo controversia desde un caso previo en Calgary, Canadá, donde su designación como cónsul fue anulada en 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, señalando que había funcionarios de carrera disponibles para esa posición.

Finalmente, la Cancillería remitió el caso a la Fiscalía y la Procuraduría el 27 de agosto, y el Gobierno canceló la apertura de la sede. Pabón renunció el 30 de octubre, y los cerca de 1.500 colombianos que residen en Tijuana y Baja California siguen dependiendo del consulado en Ciudad de México para sus trámites, a más de 2.700 kilómetros de distancia. El Estado colombiano debe ahora clarificar el valor definitivo de la deuda asumida por una oficina que jamás atendió público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto dinero se gastó en el consulado de Colombia en Tijuana sin abrirse?

Según la Unidad Investigativa de Caracol Radio, la cónsul provisional Maryory Ecinedth Pabón Gavilán recibió más de US$153.000 durante su periodo en el cargo, además de US$20.338 dirigidos a viáticos y el traslado de menaje doméstico. Adicionalmente, se generaron pagos por arriendo y obligaciones con proveedores, aunque el valor exacto de la deuda por el alquiler no se ha dado a conocer de manera oficial.

¿Por qué se canceló la apertura del consulado de Colombia en Tijuana?

La apertura fue cancelada luego de descubrirse compromisos económicos sin respaldo presupuestal y tras revelarse que no existía un estudio administrativo previo ni una asignación de recursos clara. A raíz de la controversia, la Cancillería trasladó el caso a la Fiscalía y la Procuraduría y la funcionaria designada presentó su renuncia, según la investigación de Caracol Radio.

Durante el debate, la oposición intentó archivar la iniciativa, pero la votación no le favoreció, siendo negada por 21 votos contra 15. Posteriormente, la ponencia fue aprobada por 21 votos a favor y 4 en contra. En el marco de la discusión, la representante Laura Beltrán, del Pacto Histórico, manifestó que la propuesta pretendía “criminalizar la protesta social”, planteando así uno de los puntos de mayor controversia en torno a la ley. Según el texto presentado, el ocultamiento de identidad se define como el uso intencional de “prendas, máscaras, pasamontañas elementos u otros medios similares destinados a impedir o dificultar la identificación de una persona con ocasión a la comisión de acto vandálico”.

Por su parte, el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, aclaró que el articulado no criminaliza la protesta pacífica ni prohíbe el simple uso de capuchas, sino que penaliza a quienes se escudan en el anonimato para delinquir y vandalizar. Frente a esto, Gabriel Becerra, también de la oposición, insistió en que el debate sobre la protesta social no debe reducirse al uso de capuchas, sino que exige una discusión más amplia sobre las garantías a los manifestantes.

El nuevo delito que plantea el proyecto se incorporaría a la Ley 599 de 2000 bajo el nombre de “acto vandálico mediante el ocultamiento de identidad”. Quien incurra en esta conducta se enfrentaría a penas que oscilan entre 54 y 96 meses de prisión, además de multas entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para José Gregorio Orjuela, del Centro Democrático, el uso de capuchas en las protestas es una herramienta para delinquir, por lo que ve justificada la creación de este tipo penal. El documento aprobado también busca modificar el artículo 353A de la misma ley, aumentando las sanciones a quienes obstruyan vías públicas y, con ello, perjudiquen derechos fundamentales como la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el trabajo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué contempla la ley anticapuchos sobre el ocultamiento de identidad en protestas?

La ley anticapuchos, según lo aprobado en la Comisión Primera de la Cámara, establece como delito el ocultamiento deliberado de la identidad —mediante prendas, máscaras o pasamontañas— para facilitar actos vandálicos en manifestaciones públicas. Así, se pretende sancionar penalmente a quienes cometan delitos amparados en el anonimato, sin prohibir el uso de esos elementos per se si no hay delito.

¿Cómo afecta la ley anticapuchos a la protesta social y cuáles son las penas propuestas?

El debate señala posturas divergentes sobre el impacto de la ley en la protesta social; mientras la oposición sostiene que podría criminalizar la movilización, los impulsores aseguran que solo penaliza acciones delictivas acompañadas de ocultamiento de identidad. Las penas contemplan prisión de 54 a 96 meses y multas de 50 a 200 salarios mínimos legales vigentes para quienes sean hallados responsables bajo este nuevo delito.

Esta clase maestra propone un acercamiento detallado al lenguaje corporal y a la expresión artística del joropo, una de las manifestaciones dancísticas más representativas de la cultura colombiana. De acuerdo con Idartes, los asistentes tendrán la oportunidad de explorar tanto los elementos técnicos y rítmicos como las tradiciones que definen el joropo, utilizándolos como punto de partida para la composición coreográfica. A partir de este reconocimiento, el espacio buscará crear un diálogo creativo entre el joropo y la danza contemporánea, poniendo en juego nuevas formas de movimiento y fusión entre ambas técnicas. El objetivo es abrir posibilidades expresivas que permitan tanto a bailarines expertos como a personas interesadas en la danza descubrir sinergias entre el folclore y el lenguaje contemporáneo.

La dirección de la clase estará a cargo de Jhoan Camilo Peña, quien ha sido bailarín de la Compañía de Danza Orkéseos durante 10 años y ha realizado distintos proyectos de creación e investigación en el campo dancístico, y de Laura Sofía Velasco, bailarina con 18 años de trayectoria en diversos proyectos artísticos y abogada que ha destacado por su pasión en promover la riqueza cultural del país. Ambos guiarán este proceso de exploración y aprendizaje, orientando a los participantes en un espacio que resalta la importancia de la danza como herramienta de encuentro y experimentación colectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse gratis en la clase maestra 'Joropo y Contacto' del Festival Danza en la Ciudad?

Quienes deseen asistir a la clase maestra “Joropo y Contacto” deben inscribirse de manera anticipada, ya que el cupo está sujeto a inscripción previa. La entrada es gratuita, pero solo quienes completen el registro podrán participar en esta experiencia organizada por Idartes y la Casona de la Danza, dentro del marco del XIX Festival Danza en la Ciudad – Tejiendo movimiento.

¿En qué consiste la exploración de joropo y danza contemporánea propuesta en la clase maestra?

La actividad se enfoca en un acercamiento práctico y creativo al joropo, permitiendo a los asistentes adentrarse en sus aspectos técnicos, rítmicos y tradicionales. Según Idartes, la exploración busca establecer un diálogo entre el joropo y la danza contemporánea, fomentando la experimentación con nuevos movimientos, formas de expresión y posibles fusiones entre estas dos técnicas dancísticas.

La investigación judicial apunta a que la Segunda Marquetalia tendría presuntos nexos con la planificación y ejecución del asesinato del senador, ocurrido el 7 de junio de 2025, mientras Uribe Turbay realizaba un acto político en Bogotá. La captura de Castillo Duarte es calificada como un paso relevante para esclarecer las responsabilidades de quienes integran dicha organización, una de las más activas en actividades ilegales en el sur del país. Según las autoridades, el detenido había dedicado cerca de nueve años al interior de la estructura armada, cumpliendo roles en la dirección de comisiones armadas y control financiero en zonas limítrofes de Huila y Caquetá.

El Espectador detalla que Castillo Duarte estaría implicado en diversas acciones delictivas, entre ellas la articulación de redes de extorsión dirigidas a comerciantes, ganaderos, agricultores, transportadores y contratistas de obras públicas, ingresos que alcanzarían, según inteligencia militar, cerca de 1.000 millones de pesos colombianos mensuales para la estructura criminal. La trayectoria de Castillo Duarte dentro del grupo incluyó el liderazgo de la comisión armada Fernando Díaz y, tras la muerte de alias “Edwin Marín”, habría asumido la jefatura principal antes de ser designado como segundo al mando.

Las autoridades atribuyen a alias “Cristóbal Pérez” participación en homicidios, incineración de una ambulancia relacionada con el proyecto vial Ruta al Sur e intimidaciones contra la población civil. Junto con estas acusaciones, enfrenta órdenes de captura por delitos como homicidio, concierto para delinquir agravado, terrorismo y extorsión, además de manejo clandestino de armas y explosivos.

El general Erik Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, resaltó que esta captura representa un golpe estratégico a la estructura de mando y financiamiento ilegal de la Segunda Marquetalia. Además, vinculó este avance a los esfuerzos de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), enfocada en debilitar organizaciones criminales y proteger a la ciudadanía.

¿Quién es Wilmer Castillo Duarte, alias “Cristóbal Pérez”, y cuál era su rol en la Segunda Marquetalia?

Wilmer Castillo Duarte, alias “Cristóbal Pérez”, es señalado por las autoridades como el segundo jefe de la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc. Durante cerca de nueve años, habría dirigido comisiones armadas, manejado finanzas ilegales y articulado redes de extorsión en zonas de Huila y Caquetá, además de ser acusado de múltiples homicidios y otros delitos según El Espectador.

¿Cómo está vinculada la Segunda Marquetalia al magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

La Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc al mando de alias “Iván Márquez”, es investigada por presunta participación en la planeación y ejecución del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025. De acuerdo con fuentes citadas por El Espectador, la captura de Castillo Duarte busca esclarecer la responsabilidad de esta organización en el crimen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La velación se realizará en Prevenir, un establecimiento ubicado frente a la Iglesia Alianza, un punto de encuentro emblemático para quienes desean expresar su pesar por la tragedia. Posteriormente, la ceremonia de las exequias fue confirmada para las 11:00 de la mañana en la Parroquia Inmaculado Corazón de María. Según información proporcionada por los familiares y medios locales, se espera una amplia asistencia de amigos, parientes y ciudadanos que han sentido como propia la pérdida de estas cuatro personas.

Este acto colectivo refleja la unión y la resiliencia de un pueblo que, pese a la adversidad, ha encontrado en el acompañamiento y la compasión una manera de sobrellevar el dolor. Las familias Sánchez Olaya, Bustos, Forero y Ramírez han sido las más directamente afectadas, enfrentando no solo la ausencia de sus seres amados, sino también la tarea de mantener viva su memoria ante el impacto que dejó el atentado. Las exequias no solo representan un momento de despedida, sino también una oportunidad para que la comunidad de Planadas haga una pausa, rinda homenaje a las víctimas y reconozca el valor del apoyo colectivo en la superación de situaciones dolorosas.

En medio del luto, la invitación a la comunidad no solo busca consuelo, sino también fortalecer los lazos de solidaridad. Así, Planadas se prepara este jueves para unirse en un acto de memoria y acompañamiento, arropando a los hogares que más sufren y reafirmando la importancia de estar presentes en los momentos más difíciles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde serán las exequias de las víctimas del atentado en Planadas?

Las exequias están programadas para el jueves 5 de noviembre a las 11:00 de la mañana en la Parroquia Inmaculado Corazón de María, en Planadas, Tolima. Antes de la ceremonia religiosa, la velación se realiza en Prevenir, frente a la Iglesia Alianza, permitiendo que amigos y familiares se reúnan para honrar la memoria de las víctimas.

¿Quiénes fueron las víctimas del atentado en Planadas, Tolima?

Según la información de los familiares y medios locales, las personas fallecidas durante el atentado ocurrido el 1 de noviembre en Planadas son Jhoseth Yamith Sánchez Olaya, Lauren María Sánchez Ramírez, Juliana Andrea Olaya Bustos y Duver Arlex Forero Sandoval. Sus familias han invitado a la comunidad a acompañarlas en las honras fúnebres y compartir este momento de profundo dolor.

Alejandro contó que fue la madre de Ana María quien lo llamó durante las primeras horas de la mañana para informarle lo ocurrido. “Es complicado decir lo que uno siente ahorita desde que me enteré. Es una noticia muy dura, tanto para mí como para nosotros la familia”, expresó al recordar la llamada. Después de conocer la noticia, comenzó a consultar redes sociales y medios de comunicación para encontrar información sobre el siniestro.

(Vea también: Ana María, la bogotana que murió en avioneta en Estados Unidos: ¿de qué trabajaba?)

El padre también recordó que la última conversación con su hija ocurrió el jueves anterior al accidente. En ese contacto, Ana María le contó que estaba contenta y que se encontraba de viaje. “Papá, estoy contenta, estoy bien, estoy viajando”, le dijo. Él respondió con alegría al escucharla y le manifestó que le parecía muy bien que estuviera disfrutando de esa experiencia.

Aunque no hablaban todos los días, Alejandro explicó que acostumbraban comunicarse cada dos jornadas. En esas conversaciones, la joven le compartía detalles de su vida y le preguntaba por su estado de salud. Cuando él también quería saber cómo se encontraba ella, Ana María le transmitía tranquilidad. “Me decía que estaba muy bien, que estaba tranquila y feliz”, recordó.

Al describir a su hija, el hombre la presentó como una persona responsable y dedicada a sus estudios. Aseguró que estuvo pendiente de su formación desde el colegio hasta la universidad y que siempre procuró respaldar sus decisiones. Ana María era ingeniera biomédica, aunque en Estados Unidos se desempeñaba como niñera, según la información conocida sobre su vida.

Uno de los episodios que más destacó fue la decisión de la joven de trasladarse a vivir con su madre en Estados Unidos, casi dos años antes del accidente. Alejandro reconoció que la distancia fue difícil para él, pero entendió que su hija quería construir un camino propio y decidió apoyarla. “Yo no la iba a estancar. Le dije: Hágale, siga para adelante, y ahí estaba firme con ella siempre”, relató.

(Lea también: Revelan la identidad de la piloto que se escucha gritar en jet que se estrelló en EE.UU.)

El padre aseguró que su mayor deseo era verla tranquila y satisfecha con la vida que había elegido, sin importar si trabajaba o no en el campo de su profesión. La muerte de Ana María ocurrió en el accidente de un avión privado Learjet 60 en el condado de Palm Beach, Florida. La joven colombiana hacía parte de las personas que viajaban en la aeronave, cuyo siniestro es materia de investigación por parte de las autoridades estadounidenses.

La iniciativa busca crear el delito de “acto vandálico” para castigar a quienes oculten su identidad durante una manifestación y cometan actos vandálicos. El articulado contempla penas de 54 a 96 meses de prisión y multas de 50 a 200 salarios mínimos. 

El proyecto establece agravantes. “Además, la pena aumenta entre la mitad y dos terceras partes cuando se utilicen elementos peligrosos o cuando el ataque afecte lugares especialmente protegidos, como colegios, hospitales, organismos de socorro, bienes culturales o servicios públicos esenciales”, señala el articulado. 

Julio César Triana, representante de Cambio Radical y uno de los autores, aclaró que la propuesta no busca prohibir las capuchas en las marchas. La sanción se aplicaría a quienes usen ese elemento para cometer actos vandálicos, no a quienes cubran su rostro durante una protesta pacífica.

Triana afirmó que comerciantes y propietarios afectados por daños podrían beneficiarse, pues las autoridades adelantarían las actuaciones sin que las víctimas tengan que presentar una denuncia. 

Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático y coautor del proyecto, defendió las movilizaciones sin violencia ni capuchas. Al respecto, el congresista aseguró haber participado y liderado marchas pacíficas en las que no necesitó recurrir a esos elementos.

Desde el petrismo cuestionaron la iniciativa por considerar que podría ir en contra de la Constitución. Sus representantes recordaron que, según la Corte, cubrirse el rostro con una capucha no constituye por sí solo un delito. Algunos congresistas dijeron haber marchado con el rostro cubierto e incluso exhibieron capuchas durante el debate. 

La oposición presentó una ponencia para archivar el proyecto, respaldada por 15 congresistas. Sin embargo, 21 votaron en contra de esa propuesta y permitieron que siguiera la discusión del articulado. 

Además de las sanciones por actos vandálicos, el texto plantea penas de 54 a 96 meses de cárcel, multas de 50 a 200 salarios mínimos e inhabilidad para ejercer cargos públicos a quienes obstruyan vías y afecten el orden público. El proyecto deberá superar ahora su segundo debate en la Plenaria de la Cámara. 

La explosión ocurrió este miércoles 4 de noviembre de 2026 y dejó, de manera preliminar, una persona fallecida y varios heridos. La víctima fue identificada como Felipe Joaquín Rivera, un barbero que se encontraba en el sector cuando ocurrió la detonación.

El material audiovisual, compartido por la cuenta de X @elcontrastenoti, muestra la magnitud de la explosión y el momento en que la zona queda cubierta por una nube de humo. La detonación también afectó viviendas, establecimientos comerciales y vehículos que estaban cerca del lugar.

🚨💥 ¡IMÁGENES IMPACTANTES! ASÍ FUE EL MOMENTO EXACTO DE LA EXPLOSIÓN DE UNA VOLQUETA BOMBA EN EL CAUCA.

Este es el instante en que una volqueta cargada con cilindros y artefactos explosivos fue accionada en el corregimiento de El Estrecho, municipio de El Patía, al sur del Cauca, sobre la vía Panamericana.

El atentado, que habría estado dirigido contra la subestación de Policía del sector, dejó como saldo preliminar una persona fallecida y al menos seis heridas. La onda explosiva también ocasionó graves daños en viviendas, establecimientos comerciales y vehículos.

La intervención de las autoridades y las alertas sobre el vehículo permitieron detectar la amenaza antes de que pudiera acercarse más a las instalaciones policiales. Sin embargo, la detonación terminó causando una tragedia.

La vía Panamericana permanece afectada por esta emergencia mientras avanzan las labores de atención e investigación.

⚠️ IMÁGENES DEL MOMENTO DE LA EXPLOSIÓN.

#Cauca #ElPatía #ElEstrecho #VíaPanamericana #AtentadoTerrorista

— El Contraste (@elcontrastenoti) November 4, 2026

¿Cómo ocurrió el atentado en El Patía, Cauca?

De acuerdo con información conocida por las autoridades, la volqueta no habría alcanzado a llegar hasta la subestación policial. Las alertas de conductores que transitaban por la vía Panamericana y los controles de la fuerza pública permitieron advertir sobre el vehículo sospechoso. Ante esa situación, los responsables habrían activado los explosivos antes de llegar al objetivo.

El estallido se registró aproximadamente a las 11:20 de la mañana y provocó afectaciones en un sector comercial del corregimiento. Según Blu Radio, la detonación ocurrió frente a establecimientos de barbería y dejó heridas a dos mujeres adultas mayores, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial.

En cuanto al balance de víctimas, los primeros reportes hablaron de un fallecido y al menos tres heridos, aunque otras actualizaciones elevaron a seis el número de personas lesionadas.

Disidencias de las Farc estarían detrás del ataque

Las autoridades investigan la posible participación de la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc, que tiene presencia en esta zona del departamento. Sin embargo, la responsabilidad del grupo armado todavía es materia de investigación.

Tras la detonación, la vía Panamericana tuvo que ser cerrada temporalmente mientras los organismos de emergencia atendían a los afectados y las autoridades verificaban las condiciones de seguridad del sector.

El atentado vuelve a poner la atención sobre la situación de orden público en el Cauca, donde las comunidades han quedado expuestas a ataques contra instalaciones de la fuerza pública y sectores habitados por civiles.

Restrepo, a su vez, enfatizó que empresarios españoles resaltaron el potencial de la nación en sectores estratégicos como energía, minerales críticos y agroindustria, destacando la capacidad productiva existente para atraer nuevos capitales. El vicepresidente informó que, hasta ese momento, habría más de 400 empresarios interesados en invertir en Colombia, algo que, de acuerdo con sus declaraciones, derivaría en empleo, educación, mayores oportunidades y bienestar para la población, con especial atención a los sectores más vulnerables del país. En el Encuentro Empresarial Iberoamericano, llevado a cabo ante más de 2.000 participantes de más de 40 naciones, Restrepo entregó un mensaje de confianza en el talento y la resiliencia colombiana, asegurando la recuperación de la confianza internacional bajo el liderazgo del presidente Abelardo De la Espriella.

Adicionalmente, la Vicepresidencia anunció que Madrid será sede de una Milagro Week en marzo de 2027, una estrategia ideada para generar inversión extranjera y presentar proyectos productivos ante mercados internacionales, cuya primera edición tendrá lugar en Nueva York próximamente. A la agenda oficial también asistieron el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; el presidente de ProColombia, Samuel Bluman; y el embajador designado ante la Unión Europea, Juan Gonzalo Ospina.

Sin embargo, la presencia de la delegación del gobierno De la Espriella estuvo permeada por la expectativa en torno al beneplácito de Carlos Felipe Mejía como embajador en España, una nominación controversial marcada por críticas desde sectores de la izquierda española, que pidieron al presidente de ese país, Pedro Sánchez, no avalar el nombramiento. Según lo publicado por El Espectador, Mejía ha expresado en sus redes sociales apoyo al partido Vox y ha lanzado críticas directas contra el ejecutivo español, por lo que existen dudas sobre si finalmente recibirá la aceptación oficial. Ante una posible negativa, ya se estarían evaluando alternativas para ese rol diplomático.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Misión Crecer y cuáles son sus objetivos principales para Colombia?

La Misión Crecer es una estrategia del gobierno colombiano que busca lograr un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) del 6 % anual. Su finalidad es atraer inversión extranjera, reforzar sectores estratégicos como energía, agroindustria y minerales críticos, y fomentar el empleo y el desarrollo en Colombia, de acuerdo con lo expuesto por representantes oficiales durante la agenda en España.

¿Por qué ha sido controversial el nombramiento de Carlos Felipe Mejía como embajador en España?

El nombramiento de Carlos Felipe Mejía ha generado polémica porque sectores de la izquierda española han cuestionado sus posturas políticas y su apoyo público al partido Vox, así como críticas directas al gobierno de Pedro Sánchez. Según El Espectador, estas razones han llevado a que se solicite al ejecutivo español no aprobar su designación, y el gobierno colombiano estaría valorando reemplazos si no recibe el beneplácito.

Según explicó Char, la captura se produjo por el presunto delito de contaminación ambiental, contemplado en el artículo 334 del Código Penal. La Administración Distrital trabaja junto con la Policía en un equipo encargado de detectar estas prácticas y actuar contra quienes sean señalados de afectar el entorno urbano mediante la disposición inadecuada de desechos.

El anuncio fue hecho por el alcalde a través de su cuenta en la red social X, donde advirtió que habrá medidas contra las personas que arrojen residuos en diferentes sectores de Barranquilla. “La @PoliciaBquilla capturó a la primera persona por arrojar basura en nuestra ciudad. ¡Vamos a ser estrictos con quienes se dediquen a estas prácticas que tanto daño nos hacen!”, escribió.

(Vea también: “Están asustados”: De la Espriella encaró a delincuentes y los hizo temblar con orden de cárcel)

El mandatario también explicó que la acumulación de desperdicios no solo afecta la limpieza de la ciudad, sino que puede convertirse en un problema durante las temporadas de lluvia. De acuerdo con su advertencia, los residuos abandonados en las calles pueden llegar a los sistemas de drenaje y obstruir el paso del agua en canales y arroyos.

“Estos desechos terminan taponando nuestros arroyos y pueden provocar emergencias que ponen en riesgo a nuestra gente. No podemos permitir que unos pocos atenten contra nuestro medio ambiente. ¡Cuidar a Barranquilla es un compromiso de todos, todos los días!”, agregó Char en su publicación.

Por ahora, las autoridades no han divulgado la identidad de la persona capturada, el punto exacto donde ocurrió el procedimiento ni las circunstancias en las que fue sorprendida. La detención fue presentada por la Alcaldía como parte de las acciones para prevenir la contaminación y reducir la acumulación de residuos en el espacio público. Será el proceso judicial el que determine la eventual responsabilidad de la persona señalada.

Durante una entrevista con Semana, aseguró que el apoyo nacional ha sido excepcional y que la ciudad no ha quedado desamparada desde que ocurrió la tragedia.

Eder explicó que, mediante el Fondo Milagro, se identificaron 155 familias especialmente afectadas por el sismo, entre ellas allegados de las víctimas mortales y hogares vulnerables que perdieron sus viviendas.

Estas familias recibieron una bonificación de $159 millones para atender sus necesidades habitacionales.

Además, hace dos semanas comenzó el trabajo conjunto para financiar las demoliciones de estructuras afectadas. Según el mandatario, hasta el momento se han realizado 20 intervenciones.

El alcalde reconoció que el Fondo Milagro tuvo que ponerse en funcionamiento rápidamente, pero aseguró que está operando bien y que existe una comunicación efectiva con el Gobierno nacional.

También destacó el trabajo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), encargada de entregar ayudas humanitarias que ya comenzaron a distribuirse.

Finalmente, Eder señaló que supervisa y autoriza cada pago y procedimiento para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos destinados a la reconstrucción de Cali.

Durante la audiencia, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez precisó que, a pesar de que la tasa de hacinamiento ha disminuido en los últimos tres años, todavía permanece en niveles críticos. Actualmente, el sistema penitenciario tiene capacidad para 9.686 personas, pero alberga a 18.824, lo que representa una sobreocupación de 9.138 internos y una tasa de hacinamiento del 94,34 %. Si bien la cifra resulta alarmante, representa una reducción en comparación con años previos, cuando este indicador llegó a superar el 134 %, de acuerdo con la información presentada por la Corte Constitucional.

El jefe de la cartera de Justicia explicó, además, que el gobierno busca financiar los nuevos centros penitenciarios acudiendo a la venta de activos improductivos del Estado. Según expresó Cancino, ya se ha iniciado un inventario de estos bienes y se está articulando el trabajo con el Ministerio de Hacienda para avanzar en esta iniciativa. Precisó también que varias de las obras penitenciarias ya estaban en marcha desde gobiernos anteriores, pero el actual gobierno planea culminarlas y entregar las pendientes. Cancino anunció que la cárcel de Riohacha será inaugurada antes de terminar noviembre, mientras que la cárcel de La Sabana estará lista incluso antes de lo previsto.

En cuanto al tema de seguridad y control en los centros penitenciarios, Cancino resaltó que el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha coordinado “megaoperativos” para combatir hechos irregulares al interior de las cárceles. El ministro enfatizó que entre los objetivos del gobierno está erradicar la necesidad de este tipo de intervenciones mediante el fortalecimiento institucional y la tolerancia cero frente a la corrupción. También recalcó que cualquier acto irregular conocido será objeto de los procedimientos administrativos y judiciales necesarios, respetando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto es el hacinamiento actual en las cárceles del país?

De acuerdo con datos presentados por la Corte Constitucional, la tasa de hacinamiento actual en el sistema penitenciario nacional es del 94,34 %. Esto significa que, aunque se han visto mejoras con respecto a años anteriores, la sobreocupación todavía representa una problemática grave dentro de los centros de reclusión.

¿Cómo planea el gobierno financiar la construcción de nuevas cárceles en Colombia?

Según explicó el ministro de Justicia, Iván Cancino, la financiación de nuevas cárceles está prevista mediante la venta de activos improductivos de la Nación. Para ello, se comenzó un inventario de estos bienes en articulación con el Ministerio de Hacienda, con el fin de recaudar los recursos necesarios para la construcción de los nuevos centros penitenciarios.

En la historia de más de un siglo de la entidad, Castillo habría sido la primera mujer en asumir la Presidencia Ejecutiva en propiedad. Sin embargo, optó por dar un paso al costado, evitando así mayor desgaste y posibles divisiones entre los empresarios de la región. La Cámara de Comercio de Ibagué expuso que recibió formalmente la carta en la que Castillo presentó su desistimiento, en la que también manifestó gratitud por el proceso adelantado y el respaldo recibido de parte de la Junta Directiva.

Frente a esta coyuntura, la representación legal y administrativa de la Cámara de Comercio de Ibagué quedará en manos del director administrativo y financiero, quien seguirá actuando en calidad de encargado hasta tanto se adopte una decisión definitiva sobre la nueva dirección ejecutiva de la institución. La entidad, por tanto, deberá continuar con el proceso para escoger a la persona que asumirá de manera formal la Presidencia Ejecutiva, rol clave en el desarrollo económico y empresarial del Tolima.

Victoria Castillo, en palabras textuales recogidas en el comunicado, recordó que fue convocada por la Junta Directiva considerando su trayectoria y los resultados obtenidos en el concurso de méritos realizado en 2024 por el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA). Señaló que “no llegó a buscar un cargo ni a dividir a los empresarios”, sino a aportar experiencia y servicio desde cualquier escenario. Añadió, además, que deja pasar la oportunidad sin resentimientos y que ninguna ambición personal puede estar por encima de la unidad que requiere el Tolima en este momento.

De este modo, la Cámara de Comercio de Ibagué mantendrá una dirección encargada hasta elegir y posesionar a la persona que asumirá de forma definitiva el liderazgo de la institución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Victoria Castillo González renunció a la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Ibagué?

Victoria Castillo González renunció a la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Ibagué para priorizar la estabilidad institucional y la unidad empresarial del departamento, según informó en un comunicado oficial. Explicó que su decisión obedeció al interés de evitar cualquier división entre los empresarios y expresó que su objetivo siempre ha sido servir a Ibagué y al Tolima, más allá de aspiraciones personales.

¿Cuándo fue seleccionada Victoria Castillo para la presidencia de la Cámara de Comercio de Ibagué?

Victoria Castillo fue seleccionada por unanimidad por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué el 27 de octubre. Sin embargo, pese a esta decisión, posteriormente decidió desistir de asumir el cargo, como fue confirmado en un comunicado formal de la entidad.

En la declaración oficial, De La Espriella lamentó profundamente la pérdida de un civil inocente, así como las lesiones sufridas por las dos mujeres, subrayando el sufrimiento de sus familias y criticando que la violencia afecte tanto a los uniformados como a la población civil. Destacó que se trata de un acto criminal que debe ser rechazado por el conjunto de la sociedad, resaltando la importancia de una reacción firme frente a este tipo de hechos.

El mandatario dispuso el despliegue de capacidades de la Fuerza Pública para ubicar e identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque, insistiendo en que el Estado responderá con “toda la capacidad” y la fuerza de la ley. De La Espriella fue aún más contundente al asegurar que en el Cauca no habrá espacio para la impunidad ni refugio para los terroristas. En ese sentido, enfatizó en que la intención de intimidar a los policías y a las comunidades no tendrá éxito.

Finalmente, sostuvo que el terrorismo no doblegará a la región del Cauca y reiteró la promesa de luchar contra los responsables hasta que se recupere la tranquilidad de los ciudadanos. El mensaje es un llamado a la unidad y a la resistencia de los caucanos, quienes han sufrido directamente las consecuencias de este ataque violento.

¿Qué ocurrió en el ataque a la Subestación de Policía de El Estrecho, Cauca?

El atentado con explosivos en la Subestación de Policía de El Estrecho, en El Patía, Cauca, dejó como consecuencia un civil muerto y dos mujeres heridas. De acuerdo con la información citada, el ataque tuvo un fuerte impacto en la comunidad, provocando dolor entre los familiares de las víctimas y rechazo en el país.

¿Cuál fue la reacción de Abelardo De La Espriella tras el atentado en El Patía?

Abelardo De La Espriella condenó el atentado, prometió identificar y capturar a los responsables y aseguró que no habrá refugio ni impunidad para los terroristas. Además, dispuso un despliegue de la Fuerza Pública para actuar frente a los autores del ataque y manifestó que el terrorismo no doblegará al Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La normativa establece que la restricción aplicará de manera continua desde las 06:00 a. m. hasta las 07:00 p. m., es decir, durante trece horas en las vías de Cali. Es fundamental que los conductores, tanto residentes como visitantes, sean conscientes de los horarios y los números de placa afectados, ya que la desatención de la norma puede implicar sanciones económicas significativas.

Según información proporcionada por la Secretaría de Movilidad de Cali y citada en diferentes canales oficiales, entre las excepciones contempladas se incluyen motocicletas, vehículos de emergencia, carros oficiales y diplomáticos, además de automotores eléctricos, híbridos y aquellos que estén especialmente adaptados para personas con discapacidad. Así mismo, quienes tengan necesidades específicas de movilidad pueden acogerse al mecanismo de pago de la tasa por congestión, una alternativa diseñada para permitir la circulación libre a cambio de un pago estipulado por la administración municipal.

La Secretaría de Movilidad enfatiza la importancia de respetar la normativa vigente, subrayando que circular por las vías públicas en horario restringido puede acarrear una sanción equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), así como la posible inmovilización del vehículo por parte de las autoridades competentes. La normativa vigente ha establecido etapas pedagógicas previas al inicio de la aplicación de comparendos, lo que permite que la ciudadanía se adapte a los cambios y conozca en detalle el funcionamiento de la medida.

Con la entrada en vigor de la nueva rotación de pico y placa a partir del 1 de julio, la Secretaría de Movilidad recomienda a los ciudadanos consultar fuentes oficiales para mantenerse informados sobre los cambios semestrales y evitar contratiempos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, entre los vehículos exentos se encuentran motocicletas, automóviles de emergencia, oficiales y diplomáticos, así como eléctricos, híbridos y aquellos adaptados para personas con discapacidad. También pueden circular libremente quienes hayan pagado la tasa por congestión. Es importante consultar la normatividad específica vigente para conocer todos los detalles de las excepciones.

¿Cuál es la sanción por incumplir el pico y placa en Cali?

Quienes sean sorprendidos circulando durante el horario prohibido pueden enfrentarse a una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), sumado a la posible inmovilización del vehículo por parte de las autoridades de tránsito, como lo estipula la Secretaría de Movilidad de Cali.

En la denuncia, la empresa solicita también que se tomen medidas contra Estephany Méndez, vocera de Sinergia, así como contra Sofía Garcés y Nicolás Ibargüen, influenciadores que, según el documento legal, amplificaron públicamente los señalamientos. Estos hechos se enmarcarían en los presuntos delitos de injuria agravada y calumnia agravada. Además, la denuncia acusa a Brin Daniel Quiroz Murillo de constreñimiento ilegal, ya que habría amenazado con impulsar un boicot sistemático y permanente hacia los productos de Ramo si la compañía no asumía el compromiso público de eliminar el uso de jaulas en batería en la producción de huevos. El documento presentado a la Fiscalía argumenta que todas estas afirmaciones habrían perjudicado el nombre y la reputación comercial de Ramo, atribuyéndole conductas con posibles consecuencias penales.

Por otro lado, Ramo afirma que las acusaciones de maltrato animal realizadas en su contra contrastan con las certificaciones e inspecciones efectuadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad que habría hallado resultados favorables en temas de bioseguridad y bienestar animal en la granja proveedora. Según confirmó el despacho de Jaime Granados a El Espectador, ya se llevó a cabo una primera reunión entre las partes ante la Fiscalía, en la cual no se alcanzó ningún acuerdo, por lo que la empresa indicó que continuará con las acciones legales necesarias.

Desde 2025, Sinergia Animal Colombia ha presentado denuncias contra Ramo en sus redes sociales, señalando un supuesto maltrato a las gallinas ponedoras, que, según sus afirmaciones, vivirían en hacinamiento y condiciones insalubres. La organización no se ha pronunciado hasta ahora sobre la denuncia presentada por Ramo ante la Fiscalía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos principales de la denuncia de Ramo contra Sinergia Animal Colombia?

La denuncia de Ramo se enfoca en la supuesta difusión masiva de afirmaciones que, según la empresa, afectan su reputación al asociarla con maltrato animal. La compañía solicita investigar a líderes y voceros de Sinergia Animal Colombia, influenciadores y un supuesto caso de constreñimiento ilegal, argumentando que las acciones emprendidas en redes sociales y otros medios han dañado su buen nombre y actividad comercial.

¿Qué significa el delito de constreñimiento ilegal en el contexto de la denuncia de Ramo?

En el marco de este caso, el delito de constreñimiento ilegal se refiere a la acusación contra Brin Daniel Quiroz Murillo, quien supuestamente habría amenazado con impulsar un boicot total y sistemático contra Ramo si la empresa no se comprometía a eliminar las jaulas en batería en la producción de sus huevos. Este delito implica presionar para obtener una conducta bajo amenazas.

El movimiento telúrico ocurrió a las 9:38:50 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 147 kilómetros.

De acuerdo con la información oficial, el epicentro se localizó en las coordenadas 6,82° de latitud norte y -73,12° de longitud, a 7 kilómetros de Los Santos. Otros municipios cercanos fueron Jordán, ubicado a 10 kilómetros, y Zapatoca, a 16 kilómetros.

El evento fue registrado por 26 estaciones de monitoreo y su información fue revisada mediante un proceso de verificación manual del Servicio Geológico Colombiano.

El reporte también indicó un RMS de 0,5 segundos y un GAP de 94 grados, parámetros técnicos utilizados para evaluar la precisión de la localización del sismo.

Aunque la magnitud fue de 3,1, el movimiento se presentó en una zona reconocida por su actividad sísmica, conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga, donde se producen numerosos temblores debido a las características geológicas de la región.

El informe del SGC contiene los datos de ubicación, profundidad y magnitud del evento, sin incluir información sobre daños materiales o personas afectadas.

De acuerdo con la investigación, entre el 11 y 15 de noviembre de 2024, Brenez Vanegas viajó a Florida, Estados Unidos, con la tarea de inspeccionar las condiciones para que Vertol Systems renovara su Certificado de Funcionamiento y solicitara nuevas capacidades. El objetivo principal de la visita era examinar si la empresa estaba habilitada para llevar a cabo el overhaul —término técnico que hace referencia a reparaciones mayores— en helicópteros, incluyendo los MI-17 de procedencia rusa. Tras su inspección, el inspector determinó la existencia de 19 no conformidades, señalando en particular que Vertol Systems no estaba en condiciones de realizar mantenimientos a aeronaves de gran tamaño, requisito elemental para el contrato. Él también era consciente, según la Fiscalía, de que el fabricante de los helicópteros había advertido a la Aerocivil sobre la falta de apoyo técnico y capacitaciones hacia Vertol.

No obstante, ese mismo 20 de noviembre, Brenez Vanegas emitió un segundo informe con concepto técnico favorable, incluyendo la capacidad de overhaul, pese a que las inconsistencias detectadas no habían sido subsanadas. Su reporte habría inducido en error a otros funcionarios, quienes cinco días después, el 26 de noviembre de 2024, otorgaron el Certificado de Funcionamiento que permitió a la empresa adjudicarse el contrato.

Esta investigación se conecta con un eje mayor: la Fiscalía ha imputado a varios exfuncionarios del sector Defensa, entre ellos al exviceministro Luis Edmundo Suárez Soto, a quienes se les atribuye supuestamente direccionar el proceso contractual de forma indebida a favor de Vertol. El contrato, suscrito el 31 de diciembre de 2024, fue sancionado por el Ministerio de Defensa en 2025 debido a incumplimientos, como la falta de experiencia técnica comprobada, cambios requeridos por Vertol en las condiciones de pago, retrasos y problemas con las pólizas.

En esa línea, las pesquisas indican que servidores públicos y contratistas habrían flexibilizado requisitos y acelerado trámites decisivos, como la certificación de Aerocivil, para beneficiar a Vertol. Suárez Soto, que tampoco aceptó cargos, se enfrenta a delitos como peculado por apropiación, tráfico de influencias y abuso de función pública, entre otros.

Disclaimer: Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Juan Enrique Brenez Vanegas y por qué la Fiscalía le imputó cargos?

Juan Enrique Brenez Vanegas es el inspector de Seguridad Operacional de la Aerocivil a quien la Fiscalía General de la Nación acusó por supuestas irregularidades al certificar a Vertol Systems, la empresa que obtuvo el contrato de mantenimiento de helicópteros MI-17. La Fiscalía lo acusa por fraude procesal y falsedad ideológica, señalando que, tras identificar deficiencias en la empresa, facilitó un informe favorable sin que estas fueran corregidas.

¿Qué significa 'overhaul' y por qué es clave en el contrato de los helicópteros MI-17?

El término 'overhaul' se refiere a la realización de reparaciones mayores o generales en aeronaves, como los helicópteros MI-17, y es uno de los requisitos técnicos fundamentales para la ejecución de labores de mantenimiento contempladas en el contrato con Vertol Systems, según el reporte de la Fiscalía.

El trasfondo de esta situación se relaciona con el retraso en la apertura de la mencionada sala infantil. De acuerdo con testimonios recogidos por El Espectador, funcionarios de la Biblioteca Nacional (que prefirieron mantener su anonimato) señalaron que la directora de la institución, Julia Cristina Daza Noguera, ha retrasado la inauguración argumentando la necesidad de realizar una curaduría "exhaustiva" de los materiales seleccionados para la sala. Aunque la selección de los libros se había realizado mediante un comité con participación de asociaciones especializadas en literatura infantil y miembros de la biblioteca, la apertura no se ha dado mientras la directora revisa personalmente la lista, lo que ha generado preocupación e incertidumbre sobre sus intenciones con esta revisión.

Tatiana Barajas, mediadora de lectura y miembro del equipo de acompañamiento territorial a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y Bibliotecas Rurales Itinerantes, calificó la situación como "muy grave". Según Barajas, las áreas de la biblioteca solían ofrecer información sobre procesos y decisiones, pero actualmente solo la directora es vocera y no ha brindado claridad acerca de cuándo se hará la esperada apertura, a pesar de que la sala ya estaría lista para funcionar. Barajas resaltó la importancia de esta sala como una garantía del derecho a la cultura y a la educación para niñas, niños y adolescentes, derechos respaldados por el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1098 de 2006, que reconocen la educación, la recreación, el juego y la participación cultural.

La convocatoria resalta que este plantón no solo busca visibilizar la demanda de apertura, sino que podría derivar en acciones jurídicas para exigir transparencia sobre la dotación de la sala y asegurar su apertura. Según Barajas, la pérdida de derechos culturales es uno de los primeros síntomas de las violencias estructurales, en particular en lugares donde las bibliotecas enfrentan dificultades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se ha retrasado la apertura de la sala infantil en la Biblioteca Nacional?

El retraso en la apertura de la sala infantil de la Biblioteca Nacional se debe a la decisión de la directora Julia Cristina Daza Noguera de realizar una revisión exhaustiva y personal de la lista de libros seleccionados para la sala. Aunque el proceso de selección fue concertado entre asociaciones especializadas y expertos de la biblioteca, la directora no ha autorizado la apertura hasta concluir su curaduría, generando incertidumbre y preocupaciones entre funcionarios y mediadores de lectura, como lo documentó El Espectador.

¿Cuáles son los derechos de niños y niñas que se reclaman con la apertura de la sala infantil en la Biblioteca Nacional?

La convocatoria al plantón cita el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 30 de la Ley 1098 de 2006 para reivindicar los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Estos incluyen el acceso a la educación, la cultura, la recreación, el juego y la participación en la vida cultural y las artes, considerados esenciales para garantizar su pleno desarrollo y expresión, tal como sostienen los organizadores del plantón y fuentes como Tatiana Barajas.

El papel de Ordóñez será clave en las negociaciones entre el Ejecutivo y las comisiones económicas, una tarea que cobra relevancia ante la cautela demostrada por partidos de oposición y algunos oficialistas, como el Centro Democrático, quienes muestran preocupación por el posible incremento de impuestos a la canasta familiar. De acuerdo con El Espectador, la gestión de este funcionario será determinante para avanzar en la agenda económica del gobierno De la Espriella.

Por su parte, Viviane Morales, quien había dejado el Ministerio de Educación por motivos personales, asume un rol central en el área de la paz, con un enfoque diferente al del gobierno anterior. La nueva línea oficial se aleja de la "paz total" promovida por Gustavo Petro, recalcando en su comunicación que la paz, según esta administración, debe traducirse en justicia, autoridad, seguridad y reparación efectiva a las víctimas, reafirmando que “la falsa paz no será una política permanente de Estado”.

En cuanto al perfil de Alejandro Ordóñez, El Espectador recuerda que su carrera inició como concejal y que escaló posiciones en la rama judicial, destacándose como magistrado y presidente del Consejo de Estado antes de su paso por la Procuraduría General, donde su reelección fue anulada por irregularidades. Fue protagonista de decisiones que generaron controversia, como la destitución de Gustavo Petro cuando era alcalde, que llevó al país ante instancias internacionales. Su actividad política posterior incluyó encabezar la campaña por el “No” en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz y su aspiración presidencial en 2018. En sus palabras, la nueva administración busca “recuperar el control del territorio” y fortalecer la seguridad desde una postura conservadora y cercana a credos religiosos, cuestionando organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es relevante la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior para el gobierno de Abelardo de la Espriella?

La posesión de Alejandro Ordóñez marca un cambio estratégico en el gabinete, pues será el encargado principal de consolidar acuerdos en el Congreso para leyes fundamentales como la de ajuste fiscal, en un contexto donde existe prevención frente a posibles alzas de impuestos. Su experiencia y perfil conservador influyen notablemente en la dirección política que busca el gobierno De la Espriella, con mayor énfasis en orden, justicia y autoridad.

¿Qué diferencias existen entre la política de paz de Viviane Morales y la “paz total” del gobierno anterior?

De acuerdo con la información de El Espectador, la nueva política encabezada por Viviane Morales deja atrás el enfoque de “paz total”, apostando en cambio por un esquema que resalta la justicia, la institucionalidad y la seguridad como condiciones indispensables. El gobierno De la Espriella aclara que no respaldará una paz “falsa” y priorizará la reparación y el cumplimiento efectivo de la ley para ofrecer seguridad real a la población.

La medida quedó consignada en la Circular Externa 10 de 2026, expedida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), que busca fortalecer las políticas de austeridad y evitar gastos innecesarios.

El documento prohíbe destinar presupuesto oficial a fiestas, banquetes, agasajos y eventos cuya finalidad sea exclusivamente recreativa.

También impide que las entidades realicen contrataciones, convenios o compras para financiar estas actividades, incluso cuando se intente justificar el gasto mediante contratos de logística, bienestar, comunicaciones o eventos institucionales.

La decisión también establece condiciones para los funcionarios públicos y contratistas.

Las actividades de integración que se organicen durante diciembre deberán ser voluntarias, por lo que ninguna entidad podrá exigir asistencia ni imponer cuotas o aportes económicos para financiar las celebraciones.

Además, los representantes legales y responsables de ordenar gastos deberán reforzar los controles presupuestales y administrativos para garantizar que los recursos se utilicen en el cumplimiento de las funciones institucionales y la atención del interés general.

La circular no elimina todas las celebraciones navideñas, pero sí limita su financiación con dinero público y exige respetar las obligaciones legales y contractuales previamente adquiridas.