La Administración Municipal lamentó profundamente la pérdida de Manrique Rubio. A través de un pronunciamiento, el ente gubernamental expresó condolencias y manifestó su solidaridad tanto a la familia como a los amigos y compañeros de servicio del subintendente, en un acto que busca acompañar a quienes compartieron con él su labor diaria y reconocer su importancia dentro de la institución.

Según la información preliminar conocida hasta el momento, Manrique Rubio habría presentado algunos quebrantos de salud antes de su fallecimiento. No obstante, es importante resaltar que, hasta la fecha de este reporte, no se han dado a conocer detalles oficiales acerca de las causas específicas de su deceso. Las autoridades aún no han divulgado un parte médico ni han confirmado las razones precisas de su muerte, por lo que la expectativa entre sus colegas y la comunidad permanece vigente en espera de nuevos comunicados.

El impacto de esta noticia se siente especialmente en el seno de la Policía de Ibagué, dado que el subintendente era parte del esquema de seguridad de una figura pública tan relevante como la alcaldesa Johana Aranda. Además, el fallecimiento ha captado la atención de la ciudadanía, pues representa una pérdida para la institución policial de la región. Se prevé que en los próximos días las autoridades entreguen más información una vez avance el proceso de esclarecimiento y se confirme la naturaleza de los hechos.

La cobertura de este caso, de acuerdo con la información entregada en el reporte inicial, se mantiene en desarrollo. Por el momento, prevalece el respeto hacia la memoria del uniformado y la prudencia frente a la especulación sobre las circunstancias que rodearon su muerte, hasta tanto las instituciones competentes confirmen los datos oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué murió el subintendente Miguel Augusto Manrique Rubio, de la Policía Metropolitana de Ibagué?

Hasta ahora, no existen detalles oficiales disponibles sobre la causa de la muerte del subintendente Miguel Augusto Manrique Rubio. Aunque se menciona que habría presentado quebrantos de salud, ninguna autoridad ha confirmado información concluyente, por lo cual se espera un pronunciamiento más claro de los voceros policiales o médicos.

¿Cuál era el papel de Miguel Augusto Manrique Rubio en la seguridad de la alcaldesa de Ibagué?

De acuerdo con la información suministrada, el subintendente Manrique Rubio integraba el esquema de seguridad de la alcaldesa Johana Aranda. Esto implica que formaba parte del equipo responsable de velar por la protección y el resguardo personal de la mandataria local en sus actividades públicas y privadas.

Durante su alocución nocturna, el jefe de Estado enfatizó que el 98 % de las manifestaciones transcurrió de manera ordenada, subrayando que desde el primer día de su administración se ha impartido una directriz inflexible: “La protesta pacífica se respeta, se protege y se garantiza“. El mandatario reiteró que la democracia colombiana ampara el derecho de quienes optaron por marchar, señalando que esa es la esencia del sistema institucional que su gobierno defenderá permanentemente en las diferentes regiones del país.

“Es una pequeña minoría la que quiere parar a Colombia, las marchas pacíficas siempre serán bienvenidas”, dijo el mandatario.

Sin embargo, el pronunciamiento presidencial también marcó una línea roja inquebrantable frente a los desmanes y las vías de hecho, haciendo uso formal del recién expedido Decreto 1525, normativa que modifica el Decreto 003 de 2021. Esta reglamentación redefinió los protocolos de intervención de la Fuerza Pública, estableciendo un acompañamiento policial a una distancia preventiva de cuatro metros respecto a los manifestantes, al tiempo que endureció los criterios para clasificar conductas violentas como el lanzamiento de objetos, los daños a la infraestructura pública o privada, el porte de armas o artefactos explosivos y la retención no voluntaria de personas.

 

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El articulado del Decreto 1525 estipula además que las autoridades están facultadas para hacer uso de la fuerza legítima de manera directa e individual contra los responsables de actos vandálicos, sin necesidad de agotar previamente todas las fases de diálogo institucional cuando se vulneran de forma flagrante los derechos de terceros. Bajo esta premisa, De La Espriella fue enfático en señalar que la administración central velará con la misma intensidad por el derecho de millones de colombianos que decidieron continuar con sus labores cotidianas, garantizando la libre circulación, la actividad comercial y la tranquilidad pública.

“Porque tan legítimo es el derecho a manifestarse como el derecho de millones de colombianos a trabajar, movilizarse libremente y vivir en tranquilidad”, expresó el jefe de Estado, recordando que la violencia y los intentos de bloquear el país no tendrán cabida bajo su mandato. Con este balance y la implementación estricta del nuevo marco normativo de protesta, el Ejecutivo busca equilibrar las garantías constitucionales de la movilización ciudadana con la protección del orden público y la productividad nacional.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades locales y los organismos de socorro que atendieron la emergencia, el vehículo de transporte intermunicipal se desplazaba con decenas de pasajeros a bordo cuando fue interceptado por cuatro sujetos fuertemente armados. Los delincuentes, en su intento por cometer un asalto en la vía, abrieron fuego indiscriminadamente contra el automotor para obligar al conductor a detener la marcha. Ante la inminente amenaza contra la vida de los ocupantes, el conductor maniobró bruscamente para esquivar el ataque, perdiendo el control del vehículo de servicio público, el cual terminó volcado aparatosamente sobre la vía Panamericana.

El impacto de la tragedia cobró de manera inmediata la vida de cuatro personas: dos mujeres, un hombre y un menor de edad cuyas identidades aún no han sido reveladas oficialmente por los peritos forenses, mientras se adelantan las labores de identificación en la morgue local. Por otra parte, la magnitud de la emergencia movilizó una red masiva de ambulancias, bomberos y personal médico de los hospitales cercanos para evacuar a los 56 heridos, quienes presentan múltiples traumas y contusiones, siendo remitidos de urgencia a centros asistenciales de Popayán y municipios aledaños.

🚨 #Atención | Tragedia en la Vía Panamericana: 4 muertos (dos mujeres, un hombre y un menor) y 56 heridos deja el volcamiento de un bus en Timbío, Cauca.
Hipótesis señala que 4 hombres armados dispararon al vehículo para asaltarlo; el conductor intentó evitar el robo y perdió el control.
Fuerza Pública adelanta operativos en la zona.

— Miller Fernando Arias (@millerfdoarias) October 15, 2026

Tras conocerse los hechos, la Fuerza Pública desplegó un fuerte operativo de control territorial y patrullajes en el corredor vial entre Rosas y Timbío con el fin de dar con el paradero de los cuatro antisociales responsables del intento de asalto armado. La vía Panamericana permaneció con restricciones temporales de movilidad mientras las unidades de tránsito realizaban las diligencias de levantamiento de los cuerpos, la remoción del vehículo siniestrado y las indagaciones técnicas necesarias para esclarecer con total certeza las circunstancias exactas del accidente.

Este nuevo hecho de violencia e inseguridad en las carreteras del Cauca reabre el debate sobre el control militar y policial en los ejes viales nacionales, donde los transportadores y pasajeros continúan expuestos a la acción criminal de delincuentes que instrumentalizan las vías para cometer atracos masivos, poniendo en riesgo la vida de ciudadanos inocentes en medio de trayectos cotidianos.

Durante su alocución nocturna, el jefe de Estado enfatizó que el 98 % de las manifestaciones transcurrió de manera ordenada, subrayando que desde el primer día de su administración se ha impartido una directriz inflexible: “La protesta pacífica se respeta, se protege y se garantiza“. El mandatario reiteró que la democracia colombiana ampara el derecho de quienes optaron por marchar, señalando que esa es la esencia del sistema institucional que su gobierno defenderá permanentemente en las diferentes regiones del país.

“Es una pequeña minoría la que quiere parar a Colombia, las marchas pacíficas siempre serán bienvenidas”, dijo el mandatario.

Sin embargo, el pronunciamiento presidencial también marcó una línea roja inquebrantable frente a los desmanes y las vías de hecho, haciendo uso formal del recién expedido Decreto 1525, normativa que modifica el Decreto 003 de 2021. Esta reglamentación redefinió los protocolos de intervención de la Fuerza Pública, estableciendo un acompañamiento policial a una distancia preventiva de cuatro metros respecto a los manifestantes, al tiempo que endureció los criterios para clasificar conductas violentas como el lanzamiento de objetos, los daños a la infraestructura pública o privada, el porte de armas o artefactos explosivos y la retención no voluntaria de personas.

 

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El articulado del Decreto 1525 estipula además que las autoridades están facultadas para hacer uso de la fuerza legítima de manera directa e individual contra los responsables de actos vandálicos, sin necesidad de agotar previamente todas las fases de diálogo institucional cuando se vulneran de forma flagrante los derechos de terceros. Bajo esta premisa, De La Espriella fue enfático en señalar que la administración central velará con la misma intensidad por el derecho de millones de colombianos que decidieron continuar con sus labores cotidianas, garantizando la libre circulación, la actividad comercial y la tranquilidad pública.

“Porque tan legítimo es el derecho a manifestarse como el derecho de millones de colombianos a trabajar, movilizarse libremente y vivir en tranquilidad”, expresó el jefe de Estado, recordando que la violencia y los intentos de bloquear el país no tendrán cabida bajo su mandato. Con este balance y la implementación estricta del nuevo marco normativo de protesta, el Ejecutivo busca equilibrar las garantías constitucionales de la movilización ciudadana con la protección del orden público y la productividad nacional.

(Vea también: “Pacíficas”: Gobierno entregó balance de las marchas y reportó seis capturas en el país)

Dicha cifra fue entregada por la empresa que registró interrupciones y cambios en el servicio mientras avanzaban las movilizaciones en diferentes sectores de la capital. Entre los corredores afectados estuvieron la carrera Séptima, la carrera Décima, el Eje Ambiental, la NQS y el Portal Américas, donde los cierres obligaron a modificar la operación habitual.

El impacto también quedó reflejado en los daños materiales. Con corte a las 5:00 p. m., la empresa reportó dos buses troncales vandalizados, afectaciones en las estaciones Bicentenario, Perdomo y San Diego, además de dos paraderos zonales ubicados en la calle 45, entre carreras 13 y 14.

Aunque las protestas transcurrieron sin enfrentamientos durante buena parte del día, la situación cambió hacia la noche en el centro de Bogotá. Cerca de las 7:00 p. m. se presentaron choques entre manifestantes y la fuerza pública en el sector del Parque de los Periodistas, lo que llevó a nuevos cierres en estaciones del sistema.

⏰ #TMAhora (9:26p.m.)

📍Troncal Caracas
❌Cerrada estación Temporal Calle 22.

📍Carrera 10
❌Cerradas nuevamente estaciones San Diego, Nieves y San Victorino.

📍Eje Ambiental
❌Continúan cerradas estaciones Museo de Oro, Aguas, Universidades.

📍San Mateo
❌🚍 Continúa suspendida la ruta circular San Mateo debido a inundaciones en el sector.

— TransMilenio (@TransMilenio) October 15, 2026

¿Qué daños sufrió Transmilenio durante protestas en Bogotá?

El balance de daños materiales incluyó dos buses troncales vandalizados, tres estaciones afectadas y dos paraderos del componente zonal con daños, según la información publicada por El Tiempo. Los puntos afectados fueron las estaciones Bicentenario, Perdomo y San Diego.

A estas afectaciones se sumaron los cierres temporales de estaciones en el centro de Bogotá. En la troncal de la carrera Décima, San Diego, Las Nieves y San Victorino suspendieron el servicio durante la jornada. En el Eje Ambiental también cerraron Museo del Oro, Aguas y Universidades, en medio de los problemas de seguridad registrados en el sector.

Las restricciones alteraron los desplazamientos de los pasajeros y obligaron a modificar la operación en distintos corredores. Mientras avanzaba la jornada, el sistema implementó desvíos para algunas rutas zonales y ajustó sus recorridos ante las dificultades de movilidad.

Transmilenio informó posteriormente que las estaciones cerradas habían retomado la operación y que se levantaron los desvíos de las rutas zonales. Sin embargo, la recuperación del servicio también implicaba normalizar los tiempos de recorrido afectados por los bloqueos.

Más de 430.000 pasajeros tuvieron dificultades para movilizarse

El número de usuarios afectados muestra la dimensión que tuvieron las interrupciones en una ciudad donde Transmilenio es uno de los principales medios de transporte. Los cierres en vías y estaciones incidieron en los desplazamientos de quienes se dirigían a sus trabajos, centros de estudio y otros destinos durante la jornada.

La normalización del servicio permitió recuperar la operación en los puntos que habían tenido restricciones, aunque los retrasos acumulados durante las protestas también incidieron en los recorridos.

(Vea también: Dan a conocer zonas de Colombia con mayor riesgo de terremoto; SGC habló de varios departamentos)

El primero fue reportado a la 1:39 a. m. en Carmen del Darién (Curbaradó), Chocó. El temblor tuvo una magnitud de 2,8 y fue clasificado como superficial, es decir, se originó a menos de 30 kilómetros de profundidad, según la información publicada por el SGC.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-15, 02:43 hora local Magnitud 3.3. Profundidad 148 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/FHv7a1qvOX

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 15, 2026

Poco más de una hora después, a las 2:43 a. m., se registró un segundo sismo con epicentro en Los Santos, Santander. Este evento alcanzó una magnitud de 3,3 y tuvo una profundidad de 148 kilómetros, por lo que se produjo a una distancia considerablemente mayor bajo la superficie terrestre.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-15, 01:39 hora local Magnitud 2.8. Profundidad superficial, Carmen del Darién (Curbaradó) – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/0LekBq82Aq

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 15, 2026

¿Por qué importa la profundidad de un sismo?

La profundidad es uno de los factores que influye en la forma en que las personas pueden percibir un movimiento telúrico. En términos generales, los sismos superficiales pueden sentirse con mayor intensidad cerca de su epicentro, aunque la percepción también depende de la magnitud, las condiciones del terreno y las características de las edificaciones.

En cambio, cuando un movimiento ocurre a mayor profundidad, las ondas sísmicas recorren más distancia antes de llegar a la superficie. Esto puede influir en cómo se distribuye el movimiento, aunque no permite determinar por sí solo si un temblor será perceptible o causará afectaciones.

¿Cómo y por qué reportar un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano cuenta con el formulario Sismo Sentido, mediante el cual las personas pueden informar si percibieron un movimiento telúrico y describir lo que experimentaron en el lugar donde se encontraban.

Estos reportes ciudadanos complementan la información instrumental y ayudan a la entidad a conocer cómo se percibió el evento en distintas zonas. El formulario está disponible en el portal oficial del SGC: https://sismosentido.sgc.gov.co/.

Durante la jornada, se registraron seis acciones por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), también conocido como Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). Según el pronunciamiento oficial citado por El Espectador, estas intervenciones tuvieron lugar en Bogotá e Ibagué, con dos procedimientos en cada ciudad, y en Popayán y Medellín, donde hubo una intervención en cada capital. En cuanto a las detenciones, la Presidencia informó de seis capturas por actos de vandalismo: tres en Montería, dos en Ibagué y una en Pasto. El informe detalló que las detenciones se produjeron principalmente por daños a infraestructuras públicas, señalando ataques a estaciones y un bus del sistema Transmilenio, aunque no se reportaron personas privadas de la libertad en Bogotá en ese momento.

El jefe de Estado reiteró que las autoridades actuarán con determinación frente a episodios de violencia: “Las marchas pacíficas siempre serán bienvenidas, pero habrá cero tolerancia contra el terrorismo urbano, contra el caos y la violencia. No lo vamos a permitir”, enfatizó. El ministro de Defensa, Jorge Mora, acompañó a De la Espriella en la presentación del balance y destacó que el comportamiento tranquilo en la mayoría de ciudades fue resultado del trabajo de la Fuerza Pública.

La convocatoria a las protestas se promovió desde sectores de izquierda y organizaciones sindicales. El expresidente Gustavo Petro contribuyó a la difusión y asistió a la Plaza de Bolívar en Bogotá, donde fue fotografiado con simpatizantes, aunque no intervino desde la tarima habilitada para discursos. Según El Espectador, este evento se dio tras 68 días de mandato del presidente de la Espriella, con movilizaciones en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Tunja e Ibagué, en el marco de las iniciativas del movimiento Pacto Histórico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales incidentes en las marchas lideradas por la izquierda contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con el informe oficial difundido por el presidente Abelardo de la Espriella, los incidentes destacados durante la jornada de protestas estuvieron relacionados con actos de vandalismo en varias ciudades. Se presentaron intervenciones del Esmad (Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden) en Bogotá, Ibagué, Popayán y Medellín, relacionadas principalmente con ataques a infraestructuras públicas, como estaciones y un bus del sistema de transporte Transmilenio.

¿Qué papel tuvo el Esmad durante las protestas convocadas por la izquierda el 14 de octubre?

Según la información divulgada por el Gobierno y publicada por El Espectador, el Esmad desempeñó un papel de control en las zonas donde se registraron disturbios. Intervino en seis ocasiones, actuando como medida de contención ante los actos de vandalismo y contribuyendo a que el 98 % de las protestas se desarrollaran pacíficamente en todo el país.

(Vea también: Primera reacción de Gabriela Muñoz al quedar sin esquema de seguridad: salió disgustada y dejó vainazo)

Dicha escena provocó comentarios de usuarios que cuestionaron su presencia en la movilización y señalaron que algunos participantes estarían aprovechando las marchas para ganar visibilidad política.

La joven compartió un mensaje en sus redes sociales en el que explicó las razones por las que decidió salir a las calles. En su publicación, defendió la protección del territorio, la soberanía nacional y el papel de las nuevas generaciones en la defensa de los recursos naturales.

“Hoy marcho por la tierra que me vio nacer, por las generaciones que vienen y por la dignidad de un pueblo que jamás debería tener que arrodillarse para vivir en paz”, escribió Muñoz.

En el mismo mensaje, sostuvo que las juventudes tienen la responsabilidad de proteger el país y no permitir que sus recursos se conviertan en objeto de intereses particulares. “Nuestra naturaleza, nuestra soberanía y nuestra dignidad no se negocian”, agregó.

Sin embargo, la imagen de la pancarta terminó por desplazar parte de la atención sobre sus declaraciones. Varios usuarios centraron sus comentarios en el hecho de que el cartel incluyera su rostro y relacionaron ese gesto con una posible búsqueda de reconocimiento personal y protagonismo político.

Hoy marcho por la tierra que me vio nacer, por las generaciones que vienen y por la dignidad de un pueblo que jamás debería tener que arrodillarse para vivir en paz. Las juventudes no heredamos esta tierra para venderla, sino para cuidarla, defenderla y hacerla respetar. Nuestra naturaleza, nuestra soberanía y nuestra dignidad no se negocian. 🇨🇴❤️‍🔥

— Gabriela Muñoz Olaya (@gabymunozz_) October 14, 2026

Las críticas a Gabriela Muñoz por llevar una pancarta con su rostro

Entre las reacciones que circularon en redes sociales hubo mensajes que cuestionaron el propósito de la pancarta y la forma en que algunos participantes se presentan durante las movilizaciones.

Hoy se marchó por todo aquello que Gabriela representa.

Volvieron la política en un show de likes.

Luego preguntan por que el pacto dejó de tener el respaldo de antaño.

— Cristhian López Contreras (@Cristhian_ALo) October 15, 2026

Otro comentario relacionó la escena con la exposición en redes sociales y la búsqueda de reconocimiento. “Volvieron la política en un show de likes. Luego preguntan por qué el Pacto dejó de tener el respaldo de antaño”, escribió un usuario, en una crítica que vinculó el episodio con el desgaste de ese sector político.

También hubo mensajes más duros contra Muñoz. Uno de ellos cuestionó que llevara una pancarta con su propia imagen y calificó la acción como una forma de llamar la atención. Se trata de opiniones de usuarios, no de hechos comprobados sobre las motivaciones de la joven.

La cabeza de lista al concejo de Bogotá de @petrogustavo se vende como una lideresa social que ha enfrentado por años las desigualdades de la sociedad colombiana.

Ah no, esta Gabriela Muñoz la que presuntamente tenía un aparato burocrático en la Aero civil y cuya madre orgullosa metía mano en los nombramientos del DNI.

Vergüenza salir a marchar con semejantes personajes.

Por poquito y llevaba. Juliana Guerrero también.

— Andres Celis Parra (@AndresCelP) October 15, 2026

Las críticas se extendieron a la presencia de figuras políticas y creadores de contenido en las movilizaciones. Para algunos comentaristas, la participación de personas con aspiraciones electorales puede convertir las protestas en escenarios de promoción personal, en lugar de mantener el foco en las reivindicaciones de los manifestantes.

(Vea también: Revelan las regiones de Colombia donde un terremoto tendría menor impacto; solo hay dos)

El primer sismo ocurrió a las 10:29 p. m., con una magnitud de 2,9. El SGC ubicó el epicentro en el municipio de San Agustín, en el departamento del Huila, y clasificó su profundidad como superficial.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-14, 22:29 hora local Magnitud 2.9. Profundidad superficial, San Agustín – Huila, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/M44wMhOFeX

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 15, 2026

Poco después, a las 10:40 p. m., se registró el segundo temblor, esta vez en Riosucio, Chocó. El evento alcanzó una magnitud de 2,7 y también fue reportado con profundidad superficial.

Los dos registros corresponden a eventos distintos, ocurridos con una diferencia de 11 minutos y en departamentos diferentes. Hasta el momento, la información suministrada no permite establecer si fueron percibidos por habitantes de las zonas cercanas.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-14, 22:40 hora local Magnitud 2.7. Profundidad superficial, Riosucio – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/oVO5CuTPud

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 15, 2026

¿Cómo reportar si sintió alguno de los temblores?

Las personas que hayan percibido alguno de los movimientos pueden ingresar al portal oficial de Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano y buscar el evento correspondiente.

Los reportes ciudadanos ayudan al SGC a evaluar cómo se percibió un sismo en diferentes localidades y a complementar la información instrumental con observaciones de la comunidad.

(Le puede interesar: “Yo no me quiero morir”: niño suplica ayuda al presidente con mensaje que conmueve a Colombia)

Según la información, Lucas permaneció hospitalizado durante 45 días, tiempo en el que recibió atención especializada, rehabilitación y seguimiento médico permanente. Durante ese periodo, los profesionales de salud monitorearon la evolución del menor tras la intervención quirúrgica, considerada una de las etapas más importantes dentro del manejo de pacientes pediátricos con determinadas malformaciones cardíacas.

Un proceso médico que se extendió por más de un mes

De acuerdo con el comunicado, la recuperación de Lucas avanzó de manera favorable durante las semanas posteriores a la cirugía. Los equipos médicos realizaron controles constantes para evaluar la adaptación de su organismo después del procedimiento y verificar la respuesta al tratamiento establecido.

El hospital informó que actualmente el niño tolera la alimentación por vía oral y ha logrado reducir significativamente el requerimiento de oxígeno suplementario. De hecho, la indicación médica es que continúe utilizándolo únicamente durante las horas de sueño mientras avanza el proceso de recuperación desde su hogar. La salida del centro asistencial representa un paso importante dentro de su tratamiento, aunque el seguimiento médico continuará durante los próximos meses mediante consultas y controles especializados.

(Lea también: Lucas Murillo volvió a aparecer después de cirugía de corazón y tiene una meta)

Pese a haber recibido el alta, el proceso de recuperación de Lucas aún no concluye. El centro hospitalario indica que el niño deberá continuar con tratamiento anticoagulante formulado por los especialistas, además de cumplir con sesiones de rehabilitación y controles ambulatorios a cargo de los equipos de cardiología y cirugía cardiovascular pediátrica.

Estos seguimientos médicos buscan verificar que la evolución continúe siendo favorable y detectar de manera temprana cualquier complicación asociada a su condición cardíaca. El caso de Lucas había despertado atención en distintos sectores debido a la complejidad de su diagnóstico y a los desafíos que afrontó para llegar al procedimiento quirúrgico.

Durante los últimos meses, familiares, conocidos y miembros de su comunidad siguieron de cerca la evolución del menor, compartiendo mensajes de apoyo y esperanza mientras permanecía bajo observación médica.

Las imágenes conocidas tras su salida muestran al niño acompañado por sus familiares y personal de salud, en medio de una despedida simbólica luego de varias semanas de tratamiento. Aunque la atención ahora se centra en su recuperación en casa, la familia deberá mantener las recomendaciones entregadas por los especialistas para garantizar que el proceso continúe desarrollándose sin contratiempos.

La entrega del alta médica marca el inicio de una nueva etapa para Lucas, quien podrá regresar a su entorno familiar después de permanecer cerca de mes y medio bajo cuidados hospitalarios. Si bien todavía deberá asistir a controles periódicos y seguir estrictamente las indicaciones médicas, el balance presentado por los profesionales de salud es positivo tras la intervención realizada para tratar su cardiopatía congénita.

Por ahora, el menor continuará su recuperación fuera del hospital, acompañado por su familia y bajo supervisión médica especializada, en una historia que ha sido seguida con expectativa por quienes conocieron su caso y celebran ahora un avance significativo en su estado de salud.

En declaraciones al canal regional Telecaribe, Pineda aseguró que los dineros recibidos están registrados en las cuentas de la fundación Colombia Luz y Sonrisas, entidad que preside y que participó en la gestión de los aportes destinados a los damnificados.

La primera dama sostuvo que cuenta con la documentación necesaria para explicar el manejo de los recursos y aseguró que a más tardar el viernes 16 de octubre publicará la información de dicha rendición de cuentas.

“Tengo mi rendición de cuentas de la fundación y ahí reposan todos los dineros de las donaciones que recibimos durante la campaña”, afirmó Pineda.

La publicación permitirá consultar los datos que la entidad presente sobre los recursos recibidos y su destinación. Con este anuncio, la primera dama busca responder a las dudas que han surgido sobre la campaña solidaria y ofrecer información de acceso público acerca del manejo de los aportes.

¿Qué pasará con el dinero recogido por la fundación de primera dama?

Pineda también explicó que, junto con la junta directiva de la fundación, decidió reservar el dinero para la segunda etapa del plan de atención, enfocada en la reconstrucción de viviendas para las familias que perdieron sus hogares durante el movimiento sísmico.

Según manifestó, la intención es que las soluciones habitacionales cumplan los requisitos técnicos y legales correspondientes. La primera dama argumentó que reconstruir no consiste únicamente en levantar una vivienda nueva en el mismo lugar, sino en garantizar condiciones adecuadas para quienes resultaron afectados.

“Este tiempo lo he dedicado a trabajar por los damnificados”, dijo la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien aseguró que, pese a los ataques en su contra, las mentiras no van a derrumbar la verdad. En TeleCaribe, anunció que hará una rendición de cuentas.

📷: Video TeleCaribe https://t.co/PO0hMZpocp

— Revista Semana (@RevistaSemana) October 15, 2026

La polémica por los recursos para los damnificados del terremoto

Los cuestionamientos sobre las donaciones aumentaron en medio de las críticas difundidas en redes sociales, entre ellas las del caricaturista conocido como Matador. Las publicaciones pusieron en el centro de la discusión el destino del dinero recaudado para atender a las personas afectadas por el terremoto.

Pineda respondió que los ataques no cambian su compromiso con las comunidades damnificadas y defendió la legalidad de sus actuaciones. “Una mentira no va a derrumbar la verdad”, manifestó durante la conversación con el medio regional.

La controversia también se relaciona con la necesidad de precisar el monto total de los aportes y el uso previsto para cada rubro. En ese contexto, la publicación anunciada para el viernes será un elemento importante para conocer los datos que entregue la fundación y contrastarlos con las inquietudes planteadas públicamente.

Mientras tanto, Pineda mantiene que los recursos están reservados para la etapa de reconstrucción y que el proceso debe cumplir las condiciones legales y técnicas necesarias para atender a las familias que perdieron sus viviendas.

De acuerdo con el reporte oficial, las intervenciones policiales ocurrieron en Bogotá, Ibagué, Popayán y Medellín. Por su parte, las capturas se registraron en Montería, Pasto e Ibagué, ciudades en las que las autoridades reportaron procedimientos durante la jornada de protestas.

Al cierre de las movilizaciones, De la Espriella también entregó cifras sobre la participación ciudadana. “Al cierre de esta jornada, el consolidado nacional registra un total de 62.000 ciudadanos movilizados. Una cifra que representa una proporción muy pequeña de la población colombiana, pero cuyos derechos y garantías merecen todo el respeto del Estado”, afirmó el mandatario.

#POLÍTICA El Presidente Abelardo de la Espriella (@DELAESPRIELLA) entregó un balance positivo de las movilizaciones presentadas en gran parte del país y aseguró que el 98 % de las marchas transcurrieron de manera pacífica.

“Al cierre de esta jornada, el consolidado nacional registra un total de 62.000 ciudadanos movilizados. Una cifra que representa una proporción muy pequeña de la población colombiana, pero cuyos derechos y garantías merecen todo el respeto del Estado”.

https://t.co/v2vIVVHFXe

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 15, 2026

El balance del Gobierno destaca que la mayoría de las marchas se desarrollaron sin alteraciones, aunque también hubo procedimientos policiales y capturas en diferentes regiones del país. Las cifras fueron presentadas por el presidente y el ministro de Defensa tras las manifestaciones de este miércoles.

Por ahora, el reporte oficial incluye el número de personas capturadas, las intervenciones de la Policía antidisturbios y la cantidad estimada de ciudadanos que participaron en las movilizaciones. No se detallaron en la información suministrada los motivos específicos de cada captura ni las circunstancias particulares de las intervenciones.

Los beneficiarios podrán acceder durante un periodo de hasta un año a Coursera mediante una gestión a cargo de Colnodo. La oferta incluye programas enfocados en competencias digitales y un nuevo Certificado Profesional de Inteligencia Artificial de Google.

¿Qué becas ofrece el Gobierno de Colombia en 2026?

El programa de inteligencia artificial está compuesto por ocho módulos y busca acercar estos conocimientos a personas interesadas en fortalecer su perfil laboral. Cabe mencionar que no es necesario contar con experiencia previa en tecnología ni con un título universitario para acceder a esta formación.

Los aspirantes deben tener mínimo 18 años, vivir en Colombia, contar con conexión a internet y disponer de un computador para desarrollar las actividades virtuales. La convocatoria está dirigida especialmente a quienes buscan ampliar sus conocimientos digitales.

La estrategia también contempla una prioridad para habitantes de algunas zonas afectadas por el terremoto mencionado en el anuncio. Entre los departamentos incluidos están Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

Para quienes quieran postularse, el proceso está a cargo de Colnodo. Los interesados deben ingresar al sitio oficial de esta organización, buscar la convocatoria de becas de Google y seguir las instrucciones indicadas para completar la inscripción.

Las postulaciones están disponibles desde el 13 de octubre de 2026 y permanecerán abiertas hasta que se agoten los cupos. La notificación para las personas inscritas comenzará el 26 de octubre.

La convocatoria representa una alternativa para quienes buscan capacitación en áreas relacionadas con inteligencia artificial y competencias digitales sin asumir el costo de un programa universitario. Así mismo, recomiendan revisar las condiciones vigentes antes de enviar la postulación, especialmente porque los cupos son limitados.

(Vea también: Joven fue asesinado en Ibagué mientras ingresaba su motocicleta a una vivienda; autoridades investigan el caso)

Según informó Blu Radio, el hombre fue identificado como Diego Acevedo Garzón, dragoneante adscrito a la cárcel Palogordo, ubicada en ese municipio santandereano. Además de su trabajo en el centro penitenciario, era propietario del establecimiento comercial en el que ocurrió el ataque.

Tras recibir los disparos, el funcionario quedó gravemente herido y fue trasladado hacia el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga. No obstante, su estado de salud se complicó durante el recorrido y falleció antes de llegar al centro asistencial.

#Atención Fue asesinado con arma de fuego Diego Acevedo Garzón, dragoneante adscrito a la cárcel Palogordo de Girón, Santander.

El funcionario fue atacado hacia las 8:30 p. m. de este miércoles 14 de octubre, mientras se encontraba en el restaurante Sabor Argentino, en el sector de Caneyes. Gravemente herido, fue trasladado hacia el Hospital Universitario de Santander (HUS), pero falleció durante el desplazamiento.

Las autoridades verifican los móviles del homicidio del funcionario, quien también era propietario del restaurante.

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 15, 2026

Investigan por muerte de dragoneante en Girón

Por ahora, las circunstancias que rodearon el ataque siguen bajo verificación de las autoridades, que buscan establecer qué motivó la agresión contra el dragoneante. Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente si el crimen estaría relacionado con su trabajo en la cárcel Palogordo o con su actividad como propietario del restaurante.

La investigación también deberá esclarecer cómo se produjo el ataque e identificar a los responsables. Entre tanto, se espera que las diligencias permitan establecer las circunstancias del homicidio ocurrido en el sector de Caneyes.

(Vea también: Dan hipótesis y líneas de investigación sobre muerte de Ayelén Sofía; familia hizo petición)

Albeiro Páez, padre de la joven de 16 años, se refirió al caso en declaraciones a Noticias RCN y pidió prudencia frente a las versiones que circularon durante los meses de búsqueda. Para él, algunos de esos comentarios alimentaron falsas expectativas y dificultaron el proceso que atravesaba su familia mientras intentaba encontrarla.

El cuerpo fue encontrado el 22 de abril de 2026 en una zona rural de Sopó, Cundinamarca, después de que un ciudadano alertara a las autoridades sobre su presencia en ese lugar. Sin embargo, la identificación por parte de Medicina Legal y la notificación oficial a sus familiares se conocieron en octubre, más de 14 meses después de la desaparición.

Durante ese tiempo, sus seres queridos recibieron información sobre supuestos avistamientos de Ayelén en distintas ciudades del país. Su padre incluso viajó a Medellín con la esperanza de encontrarla, siguiendo los reportes que le llegaban mientras continuaba la búsqueda.

Ahora, tras conocer el desenlace, Albeiro sostiene que los indicios que conoce apuntarían a que su hija habría muerto pocos días después de desaparecer. Esa es su interpretación de lo ocurrido, pero no constituye una conclusión oficial de la investigación judicial.

¿Por qué el padre de Ayelén Sofía cree que habría muerto pocos días después de desaparecer?

Durante la búsqueda, Albeiro recibió mensajes de personas que aseguraban haber visto a la adolescente en lugares como San Bernardo, Caucasia y Medellín. Cada información abría la posibilidad de encontrarla, por lo que el hombre decidió desplazarse a algunos de esos sitios para comprobar si su hija estaba allí.

“Que la vieron en San Bernardo, que la vieron en Caucasia, que la vieron en Medellín. Yo estuve en Medellín meses buscándola”, relató el padre, según la entrevista citada por La Kalle.

Sin embargo, esos reportes no permitieron establecer dónde estaba Ayelén ni confirmar que hubiera permanecido con vida durante los meses posteriores a su desaparición. La identificación de sus restos en Sopó cambió el rumbo de la búsqueda y dejó como prioridad esclarecer qué ocurrió durante ese periodo.

A partir de los indicios conocidos, Albeiro considera que su hija habría fallecido poco después de que se perdiera su rastro. La hipótesis contradice las versiones que recibió sobre supuestos avistamientos posteriores, pero todavía se necesitan pruebas y resultados de las diligencias judiciales para establecer una cronología de los hechos.

Por ahora, las autoridades no han confirmado públicamente la fecha exacta de la muerte ni las circunstancias en las que ocurrió. Por eso, la interpretación del padre debe mantenerse diferenciada de los resultados que arroje la investigación.

El llamado del padre de Ayelén Sofía para frenar los rumores

Además de referirse a lo que cree que pudo suceder con su hija, Albeiro cuestionó los comentarios que circularon mientras la familia intentaba localizarla. Según contó, algunas personas la señalaban por supuestos comportamientos relacionados con el consumo de drogas o aseguraban que se encontraba en situaciones que no habían sido comprobadas.

El padre pidió que esas versiones no se presenten como hechos ciertos sin pruebas que las respalden. Para la familia, recibir información sobre posibles lugares en los que estaría la joven alimentaba la esperanza de encontrarla, pero los comentarios sin fundamento también aumentaban la incertidumbre.

Su petición cobra relevancia ahora que se confirmó la identidad de Ayelén. Aunque la búsqueda terminó con el hallazgo de sus restos, todavía falta esclarecer qué ocurrió con ella y determinar si otras personas tuvieron alguna participación en los hechos.

¿Qué falta por esclarecer en el caso de Ayelén Sofía Páez?

La investigación debe establecer las circunstancias de la muerte de la adolescente y reconstruir lo ocurrido desde su desaparición en Bogotá. La confirmación de su identidad por parte de Medicina Legal permitió resolver una de las principales incógnitas, pero no responde por sí sola cómo murió ni cuándo sucedieron los hechos.

También será necesario contrastar los testimonios y las pistas recopiladas durante los meses de búsqueda para determinar cuáles aportan información verificable al expediente. Los supuestos avistamientos, por ejemplo, no permiten concluir que Ayelén estuviera en las ciudades mencionadas sin elementos que confirmen esos reportes.

Mientras avanzan las diligencias, la familia espera conocer la verdad sobre lo ocurrido. La hipótesis planteada por Albeiro apunta a que la adolescente habría muerto pocos días después de desaparecer, pero esa posibilidad sigue pendiente de esclarecimiento oficial.

Las acciones fueron lideradas por tropas del Batallón de Infantería de Selva 24, que hace parte de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, en coordinación con la Policía Nacional. El Ejército Nacional destacó estos resultados como un golpe contra la estructura Martín Villa, enmarcando la operación en el contexto del Plan de Campaña Ayacucho Plus. Además, gracias a la información proporcionada por uno de los sometidos, las autoridades localizaron un depósito ilegal que contenía 304 cartuchos calibre 5,56 milímetros, tres proveedores metálicos para treinta cartuchos cada uno, un chaleco multipropósito, un dispositivo explosivo improvisado y material propagandístico vinculado a la organización armada.

De acuerdo con el procedimiento, los tres hombres quedaron bajo disposición de la autoridad competente, donde podrán acceder a beneficios previstos para quienes se someten a la justicia siendo miembros de grupos armados. Asimismo, el personal médico del Ejército Nacional verificó el estado de salud de los sometidos, cumpliendo con los protocolos estipulados para este tipo de situaciones.

Este hecho forma parte de una serie de operativos sostenidos contra las disidencias bajo el liderazgo de alias “Iván Mordisco” en la región amazónica. Por ejemplo, en una acción previa ocurrida el 8 de octubre en Mitú, Vaupés, cinco presuntos miembros de esta organización fueron capturados en flagrancia mientras transportaban más de una tonelada de marihuana. Esa operación involucró tropas del Batallón de Infantería de Selva 30 y el Batallón de Inteligencia Militar 4, reforzando la ofensiva estatal contra el tráfico de estupefacientes y las fuentes de financiación de los grupos armados organizados. Todo lo incautado, que incluye una tonelada de droga, lanchas metálicas tipo voladora y un motor fuera de borda, fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Según informes del Ejército Nacional y la Defensoría del Pueblo, estas disidencias, específicamente la estructura primera Armando Ríos del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, tienen una importante presencia en la región y mantienen un control hegemónico bajo el Estado Mayor Central (Emc) liderado por alias “Iván Mordisco”.

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¿Cómo fue el sometimiento a la justicia de presuntos miembros de las disidencias de las Farc en Calamar?

En Calamar, Guaviare, tres personas presuntamente pertenecientes a las disidencias de las Farc lideradas por alias “Iván Mordisco” se presentaron voluntariamente ante miembros del Ejército Nacional y la Policía Nacional. Uno de ellos entregó un fusil M4 y municiones, mientras los otros aportaron elementos como un monocular de visión nocturna y brújulas. Posteriormente, con su colaboración, las autoridades hallaron un depósito ilegal con armamento y material propagandístico. Los sometidos quedaron bajo autoridad competente, pudiendo aspirar a los beneficios legales previstos para miembros de grupos armados que acceden a la justicia.

¿Qué significa Emc en el contexto de las disidencias de las Farc?

Emc corresponde a Estado Mayor Central, sigla empleada para referirse al órgano de mando centralizado de una facción específica de las disidencias de las Farc. Este grupo, según información del Ejército Nacional y la Defensoría del Pueblo, es liderado por alias "Iván Mordisco" y configura una de las organizaciones armadas con mayor presencia y control en la región amazónica de Colombia.

La cita fue ampliamente promovida en redes sociales y canales digitales controlados por la oposición, especialmente los asociados a la figura de Gustavo Petro. De acuerdo con los datos mencionados en el texto, desde el movimiento político Pacto Histórico se anticipó, incluso con 24 horas de anterioridad, que la jornada terminaría con una intervención pública del exmandatario para los asistentes. Sin embargo, esta intervención nunca ocurrió, a pesar de que Petro llegó al lugar de encuentro y permaneció en la Plaza de Bolívar, donde se concentró la mayor parte de sus seguidores, algunos de los cuales lo esperaban desde el mediodía bajo la lluvia.

El presidente Abelardo de la Espriella llevaba 68 días en el cargo el día de las protestas. Esta coincidencia fue señalada por algunos de los movimientos que impulsaron la movilización, dándole mayor visibilidad en los espacios digitales de la oposición. No obstante, la ausencia de incidentes mayúsculos en las calles y la decisión de Petro de no hablar en la tarima a pesar de estar presente generaron interrogantes entre quienes lo acompañaron en el centro de Bogotá.

La razón del silencio público de Gustavo Petro sigue siendo desconocida. Según la información citada, el exmandatario únicamente aprovechó el momento para grabar videos y tomar fotografías en medio de la lluvia, que luego difundió en sus cuentas personales en redes sociales. No hubo explicación clara sobre su negativa a dirigirse directamente a los manifestantes, a pesar de que se había anunciado previamente que lo haría. Al finalizar la jornada, hacia las 5:00 p. m., se disipó toda posibilidad de una intervención, dejando a los asistentes sin las palabras esperadas del líder de la izquierda.

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¿Por qué Gustavo Petro no habló en la tarima durante las protestas del 14 de octubre?

Hasta el cierre de la jornada no se ofreció una razón oficial sobre la decisión de Gustavo Petro de no dirigirse a los manifestantes desde la tarima, a pesar de que había sido anunciado previamente y estuvo presente en el lugar. El motivo de su silencio permanece desconocido, según la información disponible en la cobertura del evento.

¿Cómo transcurrieron las marchas convocadas contra el gobierno de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con los datos presentados, las marchas del 14 de octubre organizadas por sectores de izquierda y algunos sindicatos se desarrollaron de manera pacífica en Bogotá y otras ciudades, sin alteraciones de orden público. La movilización fue relevante en redes sociales y concluyó sin incidentes ni el discurso esperado de Gustavo Petro.

Según expresó Aranda, “hay que entender que el nuevo decreto establece que no se permite ningún acto que genere un atentado contra la infraestructura pública, actividades de vandalismo y mucho menos que se presenten disturbios que afecten a los ciudadanos”. Estas declaraciones fueron conocidas después de los hechos de tensión que surgieron en las cercanías del parque Manuel Murillo Toro, específicamente frente a la Gobernación del Tolima, donde la intervención de la fuerza pública se caracterizó por el uso de gases lacrimógenos con el fin de dispersar a los manifestantes.

Los acontecimientos ocurridos en ese punto neurálgico de Ibagué pusieron en evidencia el debate sobre la forma en que las autoridades gestionan las movilizaciones ciudadanas. Las medidas adoptadas por la fuerza pública, que incluyeron recursos disuasivos como el gas lacrimógeno, generaron interrogantes en torno al manejo de la protesta y a los límites que se establecen tanto para los participantes como para los mismos agentes de orden.

El pronunciamiento de la mandataria concentra la atención en las disposiciones concretas del decreto, resaltando la importancia de diferenciar entre el derecho legítimo a la manifestación pacífica y aquellas conductas que terminan por suscitar desórdenes o por dañar bienes públicos. La necesidad de mantener la tranquilidad y proteger la infraestructura parece ser el eje del mensaje transmitido por la alcaldesa, quien pone de relieve la responsabilidad colectiva para prevenir hechos que, además de poner en riesgo la seguridad ciudadana, podrían acarrear sanciones en el marco legal estipulado por el Gobierno Nacional.

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¿Qué medidas contempla el decreto nacional para las manifestaciones en Ibagué?

El decreto al que hizo referencia la alcaldesa Johana Aranda restringe actos que constituyan atentados contra infraestructura pública, actividades que puedan ser consideradas vandalismo y la ocurrencia de disturbios durante las protestas. Según las declaraciones, la normativa tiene como objetivo mantener el orden y proteger tanto los bienes públicos como la integridad de los ciudadanos durante las movilizaciones.

¿Cómo fue la actuación de la fuerza pública durante las protestas en el parque Manuel Murillo Toro?

Durante los disturbios cerca del parque Manuel Murillo Toro, frente a la Gobernación del Tolima, la intervención de la fuerza pública incluyó el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Esta actuación ha sido objeto de cuestionamiento, dado que puso en discusión la adecuada gestión de las movilizaciones y el equilibrio entre el control del orden público y el respeto al derecho a la protesta.

El ambiente estuvo rodeado de tensión, con denuncias recurrentes sobre posible uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y reportes de personas detenidas durante las movilizaciones. Estas circunstancias llevaron a un debate público sobre la gestión de las protestas sociales y el proceder institucional frente a manifestaciones ciudadanas en espacios públicos. De acuerdo con los hechos relatados, las acciones policiales fueron duramente cuestionadas por distintos sectores, quienes exigieron explicaciones sobre el alcance de la intervención y el respeto por los derechos de los manifestantes.

En ese contexto, se conoció el pronunciamiento del expresidente Gustavo Petro, quien reaccionó ante los acontecimientos ocurridos ese día. Mediante una publicación, Petro escribió: “Si empieza la represión de la policía entonces debe comenzar la resistencia popular. Siempre la paz primero”. De acuerdo con su mensaje, el expresidente enfatizó la importancia de mantener la paz como principio fundamental, aunque señaló que una eventual represión policial podría originar respuestas desde la ciudadanía. Su declaración puso de manifiesto la necesidad de garantizar canales de diálogo y de privilegiar soluciones pacíficas ante situaciones de conflicto en las calles.

La jornada, entonces, recuerda la importancia del manejo adecuado de las protestas y de que las autoridades privilegien la búsqueda de acuerdos sobre el uso de la fuerza. Las imágenes vividas en Ibagué ese 14 de octubre vuelven a poner sobre el tapete el debate sobre el papel estatal en la gestión de la protesta social y la obligación de velar por los derechos fundamentales de quienes participan en manifestaciones públicas. La reiteración del exmandatario sobre la prioridad de la paz resalta la necesidad de que las soluciones pacíficas y el diálogo sean siempre el camino preferido en el tratamiento de este tipo de situaciones.

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¿Qué sucedió durante las protestas en el parque Manuel Murillo Toro, en Ibagué?

Durante las protestas del miércoles 14 de octubre en las inmediaciones del parque Manuel Murillo Toro, se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), que usó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Hubo tensión, denuncias de posible uso excesivo de la fuerza y varios reportes de personas detenidas, lo que generó cuestionamientos sobre el manejo de la protesta por parte de las autoridades.

¿Qué opina Gustavo Petro sobre la actuación policial en las protestas de Ibagué?

Gustavo Petro se pronunció afirmando que ante una represión policial debe haber resistencia popular, pero subrayó que la paz es la prioridad. Su mensaje puso de relieve la importancia de buscar alternativas pacíficas ante el conflicto y la necesidad de que las respuestas institucionales privilegien el diálogo antes que el uso de la fuerza en el manejo de movilizaciones sociales.

De acuerdo con la versión relatada por una compañera suya, tras este incidente varios uniformados la sujetaron por el cuello, la lanzaron al suelo y la retiraron del sitio. Posteriormente, quienes la acompañaban señalaron que perdieron comunicación con ella, además de notar la ausencia de su celular, generando preocupación sobre su situación y el procedimiento seguido durante la detención. Tales afirmaciones corresponden a los relatos de quienes presenciaron los hechos en el parque y acompañaron la manifestación.

Varias horas después del suceso, la comunidad universitaria, junto con integrantes del equipo jurídico del representante Marco Hincapié, docentes y colectivos sociales, acudió a la Fiscalía de Ibagué para acompañar y velar por los derechos de la estudiante. Según se indicó en una declaración pública, una abogada de la Defensoría del Pueblo ofreció apoyo legal con el fin de garantizar que los derechos de Tafur fueran respetados durante todo el procedimiento. El grupo de acompañamiento calificó la detención como arbitraria y expresó dudas sobre la forma en que la fuerza pública actuó frente a la protesta. Además, informaron que se preveía la realización de una audiencia de imputación de cargos al día siguiente; no obstante, al cierre de la información permanece pendiente un reporte oficial que precise de manera exacta la situación jurídica de Tafur.

Los hechos se dieron durante una convocatoria realizada el 14 de octubre, en la que estudiantes y otros ciudadanos se agruparon en el emblemático parque Manuel Murillo Toro, frente a la Gobernación del Tolima. Según los testimonios recogidos, la movilización transcurría de manera pacífica cuando hizo presencia la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), fuerza conocida anteriormente como Esmad. Su intervención tensionó el ambiente, derivando en el uso de gases lacrimógenos y la dispersión de los manifestantes; algunos decidieron abandonar el lugar para evitar confrontaciones mayores. Al mismo tiempo, la presencia policial se reforzó con sobrevuelos de helicópteros en la zona céntrica de Ibagué.

Ante estos acontecimientos, compañeros y representantes de colectivos sociales han pedido claridad sobre las circunstancias de la detención e información sobre el estado y situación legal de Paula Alejandra Tafur. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento definitivo sobre el balance de detenidos ni sobre las acciones individuales durante las protestas. Por ahora, la información disponible proviene de testimonios directos y del acompañamiento jurídico recibido, quedando a la espera de un informe oficial que precise los hechos que rodearon la detención de la estudiante.

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¿Qué se sabe de la detención de Paula Alejandra Tafur en Ibagué?

La detención de Paula Alejandra Tafur en el parque Manuel Murillo Toro generó preocupación entre estudiantes y colectivos sociales, quienes afirman que la joven fue arrestada tras, presuntamente, golpear sin intención una motocicleta de la Policía mientras tomaba fotografías de la movilización. Por ahora, la información disponible proviene de testimonios de testigos y el acompañamiento jurídico brindado por la Defensoría del Pueblo, pues no se cuenta con un reporte oficial sobre su situación jurídica.

¿Qué es la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y cuál fue su papel en la protesta de Ibagué?

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocida como Esmad, es una fuerza policial encargada de intervenir en manifestaciones públicas. Según los testimonios citados en el lugar, su llegada a la protesta en Ibagué incrementó la tensión, provocando el uso de gases lacrimógenos, enfrentamientos y el retiro de varios manifestantes de la zona.

De acuerdo con datos del DANE registrados en la GEIH, la entidad documenta cuántas personas entre 10 y 17 años se declaran solteras, casadas o en unión libre. A partir de estos datos oficiales, la Fundación PLAN, una organización que acumula más de seis décadas trabajando en la promoción de los derechos de la niñez y la igualdad de género, construyó la investigación titulada ‘Crecer demasiado pronto’, presentada el miércoles 14 de octubre. El informe centra su atención en un dato contundente: entre 2022 y 2025, 6.206 niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años en Colombia dijeron estar en una situación diferente a “soltera” o “soltero”; es decir, reconocieron estar casados o vivir en unión libre.

Este número representa una tendencia alarmante: según la Fundación PLAN, el registro evidencia que 5 de cada 100 menores en ese rango de edad han ingresado a alguna forma de matrimonio o unión infantil, temprana o forzada. Este fenómeno, detectado y cuantificado gracias a la pregunta sobre estado civil de la encuesta del DANE, permite dimensionar la gravedad de una problemática que, según los resultados del informe, se está expandiendo en el país y afecta el ejercicio pleno de derechos de la niñez y la adolescencia, en especial en situaciones de vulnerabilidad extrema.

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¿Cuántos menores de edad están en matrimonios o uniones forzadas en Colombia según el DANE?

De acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE y la investigación de la Fundación PLAN, entre 2022 y 2025, se registraron 6.206 niñas, niños y adolescentes entre 10 y 17 años que afirmaron estar casados o en unión libre, lo que equivale a 5 de cada 100 menores en ese rango de edad en Colombia.

¿Qué significa la sigla MUITF y por qué es relevante para la niñez en Colombia?

La sigla MUITF corresponde a “matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas”. Esta problemática es relevante porque implica que niñas, niños o adolescentes ingresan a relaciones formales sin que se respeten sus derechos o su capacidad de decidir libremente, afectando su desarrollo y bienestar, tal como lo advierte la Fundación PLAN en su informe apoyado en datos del DANE.

(Vea también: 🔴 EN VIVO Marchas en Bogotá ya afectan servicio de Transmilenio: así avanzan en varios puntos)

En las imágenes publicadas en sus redes sociales, aparece con un radio de comunicaciones en la mano y frente a pantallas que muestran imágenes de cámaras de seguridad. Las escenas corresponden a una sala de monitoreo desde la que, según la publicación, estuvo atento a los reportes sobre las protestas en diferentes puntos del país.

Las imágenes llamaron la atención por la manera en que el jefe de Estado dejó ver los recursos tecnológicos y de comunicación empleados para mantenerse informado durante una jornada de movilizaciones contra su administración.

Así apareció De la Espriella siguiendo las marchas del 14 de octubre

En las imágenes compartidas en redes sociales, De la Espriella aparece en un espacio equipado con pantallas de monitoreo y sistemas de comunicación. El mandatario sostiene un radio mientras observa los reportes visuales disponibles en la sala.

 

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La publicación permite ver parte de la infraestructura utilizada para conocer lo que ocurría durante las manifestaciones. El registro se conoció durante una jornada en la que distintos sectores salieron a las calles para expresar su rechazo a las políticas del Gobierno nacional.

Uno de los elementos que sobresale en las fotografías es el uso de un radio de comunicaciones, herramienta que permite recibir reportes operativos, junto con las pantallas que muestran imágenes de cámaras de seguridad.

Durante la jornada se reportaron manifestaciones en diferentes ciudades. En Medellín, las autoridades ordenaron intervenir una concentración en inmediaciones de la Universidad de Antioquia tras denunciar bloqueos y lanzamiento de objetos. En Ibagué, por su parte, se reportaron disturbios luego de la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

La polémica comenzó luego de que la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) cuestionara públicamente la razón detrás de la presencia de agentes armados en puntos estratégicos del edificio legislativo, justo en el horario en el que miles de ciudadanos se movilizaban en el centro de Bogotá. Según la carta que sustentó la autorización, la Secretaría del Senado recibió el pedido de permitir el ingreso y ubicación de dos integrantes de la Fuerza Pública, con el objetivo de salvaguardar la integridad del exmandatario Gustavo Francisco Petro Urrego. Esta petición fue oficializada 24 horas antes de la jornada y validada posteriormente por el presidente del Senado, quien aclaró en plena sesión del Congreso: “el decreto 1066 de 2015 brinda garantías de seguridad a presidentes y expresidentes de la República”.

Sin embargo, los señalamientos no se detuvieron allí. Representantes como Gabriel Becerra y Gustavo Bolívar criticaron la medida, alegando que intimidaba a una movilización “alegre y pacífica”, según palabras de Bolívar, evocando incluso la Masacre de las Bananeras. Las respuestas de la oposición circularon principalmente en redes sociales, donde cuestionaron si estas acciones eran coherentes con el nuevo decreto sobre la Fuerza Pública y la protesta social, recientemente firmado y ya demandado por varios sectores, según información de El Espectador.

Pese a la controversia generada, la jornada de manifestaciones se llevó a cabo sin incidentes reportados, concluyendo cerca de las cinco de la tarde. El expresidente Petro, quien no habló desde tarima, caminó entre los manifestantes, acompañado de su esquema de seguridad, mientras el gobierno nacional, encabezado por el presidente De la Espriella, verificaba el desarrollo de la protesta desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Casa de Nariño.

¿Por qué hubo francotiradores de la Fuerza Pública durante las marchas en el Capitolio?

Los francotiradores de la Fuerza Pública estuvieron presentes en la terraza del Capitolio debido a una solicitud formal del equipo de seguridad de Gustavo Petro, expresidente de Colombia y principal convocante de la jornada de movilización. Según la carta revelada por el presidente del Senado, la petición buscaba garantizar la integridad física de Petro durante su presencia en la movilización, y la autorización se sustentó en el decreto 1066 de 2015, que ampara la seguridad de exmandatarios.

¿Cuál es el nuevo decreto sobre la Fuerza Pública y protesta social en Colombia?

El nuevo decreto reglamenta la actuación de la Fuerza Pública en escenarios de protesta social en Colombia. Aunque la normativa fue firmada recientemente y generó diversas críticas y demandas, especialmente desde sectores de la oposición, su aplicación quedó bajo escrutinio público tras la jornada de manifestaciones, según reporta El Espectador. El decreto busca definir el alcance y límites de la fuerza estatal durante movilizaciones, tema central de debate en la coyuntura política actual.

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Según explicó Pineda, los dineros recaudados no hicieron parte del “Fondo Milagro” impulsado por el Gobierno, sino que se destinarán específicamente a la reconstrucción de viviendas para los perjudicados del desastre. Recalcó, citando su decisión junto a la junta directiva, que las donaciones no serán desembolsadas hasta que avance a la siguiente etapa del proceso, que incluye la publicación de una rendición de cuentas. Pineda advirtió que debe “regirse bajo la ley” y anticipó que la información correspondiente sería publicada en el sitio web de la fundación el viernes 16 de octubre.

Las medidas tomadas por la primera dama han sido objeto de cuestionamientos, especialmente por parte de sectores de oposición como el senador Alejandro Ocampo, miembro del Pacto Histórico, quien solicitó información sobre los montos recaudados y puso en duda la claridad en la administración de los fondos. Pese a estas críticas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) certificó que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas se encuentra registrada formalmente en el Régimen Tributario Especial, otorgando así respaldo legal a la entidad. Paralelamente, Pineda enfrentó ataques personales y misóginos en redes sociales, lo que motivó respaldo de miembros del Gobierno, como el ministro de Interior, Rodrigo Lara.

En lo que respecta al Fondo Milagro, fuentes de El Espectador precisaron que este será gestionado como un patrimonio autónomo, separado del presupuesto del Ministerio de Hacienda, administrado por Fiducoldex. Esta estructura legal permite recibir aportes de diversas fuentes y designa a la fiduciaria como responsable de las operaciones financieras, la gestión contractual y la contabilidad del fondo.

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¿Qué pasos está tomando la primera dama para gestionar y rendir cuentas de las donaciones por el terremoto del 10 de agosto?

Ana Lucía Pineda ha decidido que los fondos recolectados mediante la campaña solidaria “Colombia un solo corazón” permanezcan en las cuentas de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas hasta llegar a una segunda fase, que incluye una rendición de cuentas pública. Según información de Telecaribe y El Espectador, esta rendición será publicada en la página web de la organización, siguiendo las disposiciones legales vigentes y asegurando la transparencia del proceso.

¿Cómo funciona el Fondo Milagro creado para atender a los afectados por el sismo en Colombia?

El Fondo Milagro opera como un patrimonio autónomo, lo que significa que está separado del presupuesto oficial del Ministerio de Hacienda. De acuerdo con El Espectador, está gestionado por Fiducoldex, entidad encargada de administrar los recursos, ejecutar los contratos y rendir cuentas, recibiendo donaciones y aportes tanto públicos como privados para atender las necesidades de los damnificados.

La alta asistencia se reflejó en una ocupación del 91 % del aforo total disponible, lo que evidencia un interés significativo de la ciudadanía y visitantes nacionales e internacionales. El Festival de este año giró en torno a la concordia como tema principal, aspecto que se materializó al congregar a más de 1.000 artistas provenientes de 16 países. España fue el País Invitado de Honor y su participación, según la organización, contribuyó a fortalecer los lazos culturales y la cooperación artística con Colombia. Además, a este intercambio artístico se sumaron directores, investigadores, críticos, periodistas y expertos de más de 30 nacionalidades, aportando a la diversidad y riqueza del evento.

Uno de los principales aportes del FIMSAC, de acuerdo con los organizadores, es evidenciar que el patrimonio no se limita a lo que se conserva físicamente, sino que se amplía con experiencias vividas, compartidas y resignificadas mediante la cultura. Marianna Piotrowska, directora de la Corporación Cultural InterColombia, destacó que quien asiste a un concierto en una iglesia histórica, recorre un espacio patrimonial y explora una tradición espiritual, se convierte en parte activa del turismo cultural, transformando el patrimonio en una experiencia dinámica y significativa.

El impacto económico del Festival fue señalado, aunque sin cifras detalladas, ya que los organizadores aseguraron que sectores como el hotelero, gastronómico, de transporte y comercial se beneficiaron del flujo de visitantes. De acuerdo con estimaciones oficiales, los asistentes que vinieron del extranjero o de otras ciudades permanecieron en promedio cuatro noches en Bogotá, con un gasto aproximado de 1.200 dólares estadounidenses por estadía.

Finalmente, el Festival también permitió a los asistentes redescubrir Bogotá desde perspectivas diferentes, recorriendo templos, teatros y demás espacios patrimoniales en una vivencia cultural única, como consta en los reportes de la organización.

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¿Cuál es el impacto del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá en la economía y el turismo cultural de la ciudad?

Según la información oficial del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá, el movimiento de visitantes que asistieron al evento benefició sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio. Aunque no se detallaron cifras exactas sobre el aporte económico, la organización estima que los visitantes nacionales e internacionales permanecieron en promedio cuatro noches en Bogotá y gastaron alrededor de 1.200 dólares estadounidenses por estadía.

¿Qué significa patrimonio vivo en el contexto del Festival Internacional de Música Sacra?

La organización del Festival resalta que el patrimonio vivo no es solo aquello que se conserva materialmente, sino también lo que es habitado, compartido y resignificado mediante la cultura. Esta visión implica que eventos como el Festival transforman los espacios patrimoniales de Bogotá en escenarios dinámicos donde el público puede experimentar y reinterpretar las tradiciones, haciendo del patrimonio una experiencia activa y actual.

En medio de la confusión tras el choque, una de las versiones preliminares indica que uno de los motociclistas involucrados en el siniestro habría desobedecido la señal de pare, lo que presuntamente desencadenó el enfrentamiento entre los vehículos. Sin embargo, hasta el momento, las circunstancias exactas que provocaron el accidente no han sido confirmadas y corresponde a las autoridades esclarecer lo sucedido mediante los procedimientos y peritajes correspondientes.

La respuesta inmediata de los organismos de socorro permitió que una ambulancia llegara a tiempo para asistir a los implicados en el accidente. Durante la valoración inicial, se evidenció que uno de los jóvenes tenía una lesión grave en una de sus extremidades, mientras que el otro motociclista también fue reportado como herido de gravedad. Ambos afectados fueron trasladados a la clínica Asotrauma, aunque las autoridades todavía no han confirmado oficialmente su ingreso ni han emitido un reporte detallado sobre su estado de salud actual.

Por el momento, la información disponible revela que los vehículos involucrados en el accidente corresponden a motocicletas identificadas con las placas TWX82E y PSL12H. Sin embargo, aún no se conocen detalles específicos sobre la identidad de los lesionados, ya que las autoridades no han emitido un informe oficial sobre los antecedentes ni sobre la mecánica precisa del choque. Se mantiene la expectativa por un pronunciamiento oficial que entregue mayor claridad sobre el incidente y sobre la evolución médica de los afectados.

Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes entreguen información adicional que permita precisar cómo ocurrieron los hechos, identificar a los conductores y definir el estado de salud de los heridos, contribuyendo así a la tranquilidad y la certeza para la comunidad.

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¿Cuál fue la causa del accidente entre los motociclistas en Ambalá, Ibagué?

Según versiones preliminares citadas en el reporte de la noche del miércoles 14 de septiembre, se señala que uno de los motociclistas habría ignorado una señal de pare, lo que presuntamente desencadenó el choque. No obstante, la causa exacta aún no ha sido confirmada y corresponde a las autoridades esclarecer el hecho tras las respectivas investigaciones.

¿Cuál es el estado de salud de los motociclistas accidentados en Ambalá?

De acuerdo con la información proporcionada, ambos motociclistas resultaron gravemente heridos y fueron atendidos inicialmente en el lugar por personal médico. Posteriormente, fueron trasladados a la clínica Asotrauma. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el ingreso ni han entregado un reporte oficial sobre la condición actual de los lesionados.

Según la Defensoría, los organizadores de la protesta ejercen su “legítimo derecho constitucional”, el cual les otorga la facultad de manifestarse, expresar inconformidades y visibilizar reclamos. La entidad alertó que el decreto califica como protestas violentas hechos que no necesariamente lo son, ya que muchas acciones, aunque afecten derechos de terceros, corresponden al carácter disruptivo inherente a la manifestación social. Como ejemplos mencionó la obstrucción de vías o la suspensión de servicios, situaciones que pueden generar molestias, pero no significan violencia.

Para apoyar esa interpretación, la Defensoría citó al Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que diferencia la violencia del ejercicio pacífico de la protesta; aclara que actos como empujones o interrupciones del tráfico no constituyen por sí mismos conductas violentas.

Otro aspecto que preocupa a la entidad es la reducción de la fase de diálogo y mediación que, con la nueva normativa, podría quedar limitada, favoreciendo el uso prematuro de la fuerza. En el comunicado, advirtió que la simple presencia de gestores de convivencia no significa agotar la mediación y que este cambio incrementaría las tensiones sociales.

Estas preocupaciones coinciden con los reparos de congresistas de oposición, quienes han promovido demandas de nulidad y acciones de tutela contra el decreto. Sostienen que el diálogo, lejos de ser un deber, se convierte en una opción, ampliando los motivos de intervención frente a bloqueos.

La Defensoría enfatizó que las movilizaciones no representan problemas de orden público ni de terrorismo, por lo que la respuesta institucional debe privilegiar la garantía del derecho a la protesta, sin importar el gobierno ni los motivos ciudadanos. Recordó que la autoridad debe actuar bajo límites constitucionales, garantizando derechos, usando el uso de la fuerza solo como último recurso y promoviendo alternativas menos perjudiciales para la ciudadanía.

En cuanto a la judicialización de los manifestantes, la Defensoría remarcó la importancia del debido proceso y la individualización de responsabilidades, en especial respecto a detenidos extranjeros, para quienes la expulsión debe ser excepcional y acorde con garantías constitucionales.

La entidad reiteró el llamado a la responsabilidad tanto de organizadores como participantes, invitándoles a mantener protestas pacíficas, facilitar los servicios esenciales y evitar que la discusión pública se enfoque en actos de violencia, lo que puede tergiversar el mensaje de la protesta. Durante la jornada, la Defensoría acompañará las movilizaciones, supervisará la actuación de las autoridades y promoverá la protección de los derechos humanos.

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¿Qué establece el Decreto 1525 sobre la actuación de la Fuerza Pública en protestas?

De acuerdo con la información de El Espectador, el Decreto 1525 de 2026 regula cómo debe actuar la Fuerza Pública ante manifestaciones sociales. Entre los principales reparos, la Defensoría del Pueblo argumenta que el decreto amplía la definición de protesta violenta e intenta reducir la importancia del diálogo y la mediación. Esto podría llevar a un uso más rápido de la fuerza, ante actos que tradicionalmente no han sido considerados violentos, como bloqueos o interrupciones de servicios, y que forman parte del carácter disruptivo de la protesta social.

¿Por qué es importante el debido proceso durante las detenciones en protestas sociales?

La Defensoría del Pueblo subraya que, en el contexto de las movilizaciones, es fundamental respetar el debido proceso para evitar vulneraciones a los derechos de los manifestantes. Especialmente en el caso de extranjeros, advierte que su nacionalidad no puede usarse como motivo para ignorar sus garantías, y que la expulsión debe ser excepcional y no una reacción automática ante la detención. Cualquier medida debe estar justificada, ser individualizada y respetar tanto el marco constitucional como las obligaciones internacionales del Estado.

Durante la reunión, realizada el martes 13 de octubre, participaron representantes de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía, así como el jefe de la Oficina Asesora de Política Social, Juan Carlos Mindiola García. En la mesa de discusión se abordaron no solo las acciones de prevención y las cifras reportadas, sino también las dificultades operativas de las comisarías de familia, instituciones clave para la atención y protección de víctimas.

Los municipios que concentraron la mayor cantidad de notificaciones fueron Valledupar con 619 casos, Aguachica con 184, Agustín Codazzi con 111, La Jagua de Ibirico con 94 y El Paso con 78. En cuanto a la clasificación de los hechos, el balance indica que la violencia física fue la más reportada (935 casos), seguida por la sexual (597), la psicológica (166) y situaciones de negligencia o abandono (36).

La información suministrada muestra que 1.366 casos corresponden a mujeres, lo que representa el 78,8 % del total. Asimismo, el grupo de 10 a 14 años reportó 417 casos, evidenciando una alta incidencia en menores de edad. Este panorama llevó al llamado de Mindiola García para fortalecer la coordinación entre instituciones y la atención tanto en zonas urbanas como rurales.

El desarrollo de estrategias preventivas sobresale entre las demandas. La gobernadora Elvia Milena Sanjuán pidió priorizar la prevención en la lucha contra la violencia intrafamiliar. Entre las propuestas, se incluyó reforzar las labores de los equipos de los Planes de Intervenciones Colectivas (PIC) en diferentes territorios y vincular a la academia, específicamente a estudiantes y egresados de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) de Curumaní. Para concretar estas iniciativas, se proyectó una próxima reunión con las instituciones implicadas, aunque al cierre de la nota aún quedaban pendientes los detalles de su implementación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los municipios con más casos de violencia intrafamiliar en Cesar?

Según cifras presentadas durante el III Consejo Departamental de Política Social, Valledupar es el municipio con más notificaciones de violencia intrafamiliar, con 619 casos, seguido por Aguachica (184), Agustín Codazzi (111), La Jagua de Ibirico (94) y El Paso (78).

¿Qué acciones de prevención contra la violencia intrafamiliar plantea el departamento del Cesar?

De acuerdo con Juan Carlos Mindiola García, se busca reforzar el trabajo de los Planes de Intervenciones Colectivas (PIC) en territorios rurales y urbanos, así como articular acciones con la academia a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) en Curumaní. Estas estrategias buscan mejorar la prevención y la atención integral a las víctimas.

El proyecto de ley para el acogimiento de los actores armados ilegales generó expectativas en el ámbito político y social de acuerdo con algunos puntos centrales, como la devolución de bienes, la reducción de penas y el tratamiento jurídico diferenciado. Sin embargo, según el artículo, el eje central que concentra las mayores discusiones vuelve a ser la extradición. Esta condición, destaca la publicación, ha sido un obstáculo recurrente para gobiernos anteriores que intentaron dar solución al conflicto armado mediante alternativas legales. La inclusión de la extradición como una exigencia para los sometidos, especialmente en casos donde existan órdenes de captura internacionales, se percibe como uno de los elementos menos atractivos para los grupos criminales.

Magistrados, abogados, exministros y analistas expertos en la materia han señalado los numerosos retos a los que se enfrenta el gobierno si el Congreso aprueba el proyecto en los términos actuales. Uno de los mayores desafíos radica en que los grupos armados ilegales acepten someterse bajo unas condiciones que comprometen la entrega de bienes, rutas utilizadas para actividades ilícitas, laboratorios de producción ilegal y la posibilidad de ser extraditados. Jorge Iván Cuervo, quien se desempeñó como ministro de Justicia en el gobierno de Gustavo Petro, expresó su escepticismo respecto a los incentivos del proyecto, afirmando que “no veo incentivos para la desmovilización”. Este análisis resalta la dificultad de atraer la colaboración de los principales actores ilegales bajo una política que prioriza la “mano dura” y limita la flexibilidad negociadora.

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¿Cuáles son las condiciones del proyecto de ley de sometimiento presentado por Abelardo de la Espriella?

El proyecto de ley prioriza el sometimiento total de los grupos armados ilegales, exigiendo la entrega de bienes, rutas y laboratorios dedicados a actividades ilícitas. Además, incluye la extradición para quienes tengan órdenes de captura en otros países. Según se explica en el texto, la propuesta se caracteriza por su escasa flexibilidad, diferenciándose de iniciativas anteriores que ofrecían condiciones más negociadas.

¿Por qué la extradición representa un obstáculo para el sometimiento de grupos armados ilegales?

La extradición ha sido uno de los principales tropiezos en intentos anteriores de resolver el conflicto armado, ya que obliga a los integrantes de grupos criminales, con órdenes internacionales activas, a afrontar procesos judiciales fuera del país una vez se someten a la justicia. De acuerdo con lo citado en el artículo, este factor disminuye los incentivos para que dichos grupos acepten acogerse a las medidas propuestas por el gobierno.

El ataque afectó a integrantes del Batallón de Ingenieros Militares n.º 15, general Julio Londoño Londoño. Los uniformados fueron atacados mediante aeronaves no tripuladas equipadas con dispositivos explosivos. 

En un comunicado, el Ejército explicó cómo ocurrió el hecho y a quién atribuye inicialmente la acción. “En la tarde del 14 de octubre del 2026, tropas del Batallón de Ingenieros Militares n.º 15 GR. Julio Londoño Londoño fueron objeto de ataque indiscriminado con aeronaves no tripuladas equipadas con dispositivos explosivos, en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. De acuerdo con información preliminar, el ataque sería atribuido al frente Ernesto Che Guevara del grupo armado organizado ELN”, indicó la institución. 

La afectación a los uniformados obligó a activar los protocolos de atención médica. El Ejército precisó que los nueve militares recibieron primeros auxilios y que después serían evacuados a Medellín, donde tendrían acceso a servicios médicos especializados. 

La institución también rechazó el uso de drones con explosivos en acciones contra sus integrantes. “Rechazamos esta acción criminal que demuestra una vez más el uso indiscriminado de aeronaves no tripuladas cargadas con dispositivos explosivos, las cuales vulneran los derechos humanos e infringen las normas del derecho internacional humanitario”, manifestó el Ejército. 

Por ahora, la prioridad de las autoridades es la atención de los nueve uniformados heridos y el seguimiento a lo ocurrido en San José del Palmar.

Tras el ataque, los militares recibieron atención médica primaria en el área y se anunció su evacuación hacia Medellín para recibir cuidados especializados. En el mismo pronunciamiento, la brigada condenó con firmeza el uso reiterado de aeronaves no tripuladas, conocidas como drones, cargadas con explosivos. Señaló que estos atentados vulneran los derechos humanos y transgreden lo establecido por el Derecho Internacional Humanitario, conocido por su sigla DIH.

La institución militar enfatizó que continuará con las operaciones en la región para contrarrestar este tipo de ataques, agregando que se incrementarán las acciones ofensivas con el objetivo de localizar y detener a los responsables directos.

Este evento forma parte de un fenómeno en franco aumento en Colombia. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en el país ocurre un ataque con drones cada 20 horas, lo que evidencia cómo las organizaciones armadas han transformado esta tecnología de uso comercial en un recurso bélico asequible y difícil de neutralizar hasta el momento. Datos de la Fuerza Pública indican que desde 2023 hasta el 1 de octubre de 2026 se han registrado 716 ataques de este tipo, de los cuales 318 pertenecen al presente año, alcanzando un máximo en agosto.

La mayoría de las acciones (71 %) se concentran en los departamentos de Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander. Un 95 % han sido adjudicadas a dos grupos principales: Estado Mayor Central (Emc), con el 72 %, y el Eln, con el 23 %. Ejemplo de la capacidad destructiva de estos dispositivos se evidenció cuando tres drones kamikaze del Bloque Occidental Jacobo Arenas impactaron el radar aeronáutico 3D de Candelaria (Valle del Cauca), equipo clave para la seguridad aérea. Además, el pasado 5 de octubre se reportó un ataque similar contra una estación de policía en Aguachica, Cesar.

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¿Por qué los ataques con drones en Colombia han aumentado en los últimos años?

Los ataques con drones se han incrementado en Colombia debido a que los grupos armados han encontrado en esta tecnología una alternativa económica y efectiva para llevar a cabo acciones ofensivas. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz y datos de la Fuerza Pública, entre 2023 y 2026 la frecuencia de estos ataques ha crecido, reflejando una adaptación tecnológica que el Estado aún no ha logrado contrarrestar completamente.

¿Qué organizaciones están detrás de la mayoría de los ataques con drones en Colombia?

La mayoría de los ataques con drones en Colombia, según cifras de la Fuerza Pública, son atribuidos al Estado Mayor Central (Emc) y al Ejército de Liberación Nacional (Eln). Estas dos organizaciones son responsables del 95 % de los eventos registrados, liderando el uso de drones con fines ofensivos en las zonas más afectadas del país.

(Vea también: Bogotá no se libra de los aguaceros: Ideam explicó hasta cuándo seguirían las lluvias)

Videos y reportes ciudadanos difundidos en redes sociales evidenciaron calles cubiertas de agua, vehículos con dificultades para avanzar y conductores afectados por las precipitaciones. Noticias Caracol también reportó inundaciones en la Autopista Sur y en diferentes barrios de Soacha tras el aguacero.

Entre los sectores mencionados en los reportes ciudadanos están:

• Quintanares
• Julio Rincón
• Compartir
• Zona industrial de Cazucá
• La Capilla

Videos muestran inundaciones en Soacha y afectaciones en la Autopista Sur

Uno de los puntos reportados con dificultades de movilidad está en la Autopista Sur, a la altura de la estación Terreros de Transmilenio. Allí, la acumulación de agua complicó el tránsito vehicular y dejó automotores represados, según los reportes conocidos durante la tarde.

La situación preocupa a quienes utilizan diariamente este corredor para desplazarse entre Soacha y Bogotá, especialmente durante las horas de mayor circulación.

Las imágenes compartidas por ciudadanos muestran la magnitud de las inundaciones y las dificultades que enfrentaron los conductores para transitar por algunos tramos.

#Colombia | Debido a las fuertes lluvias es complejo el panorama en el municipio de Soacha, Cundinamarca. La autopista sur y varios barrios se encuentran inundados tras el fuerte aguacero registrado en la tarde de este miércoles.

Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/F8gBz2QpY9

— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 14, 2026

#Soacha | En una avenida torrencial se convirtieron las calles principales de los barrios Zona industrial Cazuca y La Capilla en Soacha. Decenas de vehículos se encuentran represados en la Autopista Sur por las inundaciones que se presentan en la zona.

Vía: @Nia_Maldonadoo
https://t.co/woHMRjVE2M

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 14, 2026

Un conductor quedó atrapado en medio de las inundaciones

Las afectaciones también se registraron en Quintanares y Julio Rincón, cerca del colegio Julio César Turbay.

De acuerdo con un reporte difundido por Periodismo Público, un conductor quedó atrapado dentro de su vehículo debido al nivel del agua acumulada en una de las calles del sector.

El hombre vivió momentos de angustia, pero logró salir del automotor. La situación refleja los riesgos que pueden enfrentar los conductores cuando las precipitaciones provocan acumulaciones importantes de agua en las vías.

Vecinos de la zona también reportaron dificultades para movilizarse por las calles inundadas.

Durante las protestas, la intervención de las autoridades estuvo marcada por el uso de gases lacrimógenos y otros implementos destinados a disolver manifestaciones, lo que generó controversia. El cabildante cuestionó que estos métodos se emplearan en un contexto en el que, según su versión, los participantes estaban expresando motivos legítimos para la movilización mediante actividades artísticas, musicales y consignas alusivas a sus exigencias. Para Zambrano, estas acciones contribuyeron a crear “un ánimo de terror, de deslegitimidad”, buscando justificar un uso que calificó como desproporcionado de la fuerza estatal.

El concejal resaltó que la violencia registrada durante el desarrollo de la marcha desviaba la atención pública de los reclamos de fondo de los manifestantes. “La protesta pacífica es un derecho fundamental. No puede convertirse en motivo de represión”, enfatizó Zambrano de acuerdo con El Nuevo Día. Por ello, insistió en que las autoridades deben priorizar la protección de quienes protestan de manera pacífica y evitar respuestas estatales que puedan ser percibidas como represivas.

Finalizados los hechos, Zambrano hizo un llamado a la alcaldesa de Ibagué y al Gobierno Nacional para que tomen medidas tendientes a permitir el ejercicio pleno de la protesta, evitando la repetición de situaciones similares en el futuro. A la fecha de las declaraciones, continuaban pendientes los balances oficiales sobre la cantidad de personas detenidas, las circunstancias en que se realizaron los procedimientos policiales y la existencia de posibles lesionados, tal como señaló El Nuevo Día. Las denuncias sobre el trato a algunos manifestantes estaban siendo evaluadas, por lo que las autoridades no habían entregado información oficial al respecto.

En definitiva, la posición del concejal Andrés Zambrano se centró en la urgencia de garantizar los derechos de quienes se manifiestan y en evitar que la fuerza institucional se adopte como la única respuesta ante las movilizaciones sociales.

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¿Por qué el concejal Andrés Zambrano criticó la intervención de la fuerza pública en las protestas de Ibagué?

El concejal Andrés Zambrano criticó la actuación de la fuerza pública porque consideró que el uso de gases lacrimógenos y otros elementos antidisturbios fue desproporcionado, especialmente en un contexto de protesta donde predominaban actividades artísticas, musicales y consignas pacíficas. Según Zambrano, acciones como estas pueden promover una percepción de terror y deslegitimidad, y desviar la atención de los reclamos legítimos de los manifestantes.

¿Qué medidas pidió el concejal para proteger la protesta pacífica en Ibagué?

De acuerdo con El Nuevo Día, Andrés Zambrano pidió a la Alcaldía y al Gobierno Nacional implementar medidas que garanticen el derecho fundamental a la protesta pacífica. Además, solicitó que se evite la repetición de episodios similares y exigió a las autoridades proteger a quienes se manifiestan sin violencia, recalcando que la represión no debe convertirse en la respuesta estatal ante la movilización social.

Entre los opositores más activos al decreto figura la senadora Jennifer Pedraza, quien anunció ante el Consejo de Estado una demanda en la que califica el texto de “regresivo e inconstitucional”. Según Pedraza, solo el Congreso podría restringir el derecho a la protesta a través de una ley estatutaria, en línea con el artículo 37 de la Constitución. Pedraza también criticó la consulta previa de solo siete días y la ausencia de convocatoria a la Mesa Nacional de Garantías, órgano utilizado para concertar la norma anterior, el Decreto 003 de 2021, expedido tras una orden de la Corte Suprema de Justicia. Considera que el nuevo decreto debilita el diálogo y permite omitirlo incluso ante protestas pacíficas si implican bloqueos, lo cual permitiría la disolución de manifestaciones no violentas.

Por parte del Pacto Histórico, representantes como Laura Daniela Beltrán ("Lalis"), Daniel Monroy y el vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, también promovieron acciones legales, indicando que el decreto abre la puerta a restricciones arbitrarias y otorga a las autoridades herramientas para intervenir en marchas alegando afectaciones al trabajo, la salud o la movilidad. Ocampo explicó que la Corte Constitucional ha dejado claro que las restricciones solo se pueden imponer bajo condiciones estrictas de gravedad y necesidad, condiciones que, según él, el decreto desatiende.

El texto del decreto establece un sistema de cinco niveles de respuesta —desde la gestión preventiva hasta el restablecimiento del orden policial— pero permite que las autoridades omitan el diálogo cuando haya hechos violentos o el diálogo previo se haya agotado. Entre los casos que permiten saltar etapas están el empleo de armas, agresiones a civiles y ataques a la infraestructura. El ministro Lara defendió la decisión como una regulación “garantista”, argumentando que las protestas pacíficas seguirán protegidas, pero no se permitirá el “terrorismo urbano”, según declaraciones oficiales.

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¿Qué cambia con el Decreto 1525 sobre el derecho a la protesta en Colombia?

El Decreto 1525 introduce nuevas reglas que permiten a las autoridades intervenir de manera inmediata en protestas cuando ocurra violencia o cuando se haya agotado el diálogo, según el texto citado por El Espectador. El cambio principal es que las etapas de diálogo y mediación pueden omitirse bajo ciertas circunstancias, lo que genera preocupación entre opositores que temen una limitación arbitraria de las manifestaciones pacíficas.

¿Por qué los congresistas consideran inconstitucional el Decreto 1525 para la protesta social?

De acuerdo con los legisladores citados en El Espectador, el decreto sería inconstitucional porque restringe derechos fundamentales mediante un acto administrativo y no a través de una ley estatutaria creada por el Congreso, como exige el artículo 152 de la Constitución. Sostienen que solo el legislativo tiene el poder de regular limitaciones a derechos como la protesta.

Los resultados del sondeo muestran que Fernando Borja acumuló 1.160 votos, lo que representa el 37 % de la votación total. Muy cerca, Guillermo Alfonso Jaramillo obtuvo 1.103 votos, equivalentes al 35 %. Detrás de ambos, Óscar Barreto se ubicó en la tercera posición al alcanzar el 13 % con 379 votos, seguido de Carlos Edward Osorio, quien sumó 201 votos y una representación del 7 % en el total de respuestas registradas.

En posiciones menores quedaron Andrés Hurtado, quien recibió 116 votos para un 3 %; la opción ‘Otro’ también obtuvo 75 votos, representando otro 3 % de las preferencias. Giovanny Molina se destacó con 34 votos, que equivalen al 2 %. Llama la atención que Ricardo Orozco aparece en la última posición, con un 0 % de las menciones en el sondeo realizado por El Nuevo Día.

El ejercicio de consulta resulta significativo como un termómetro de opinión entre la audiencia del medio, pues permite observar cómo se perfilan los candidatos en la percepción digital del electorado. Sin embargo, El Nuevo Día aclara que estos datos no pueden considerarse, por sí solos, como una tendencia electoral definitiva. Más bien, sus cifras aportan insumos para comprender mejor la distribución de la preferencia entre varios posibles candidatos en un momento específico y dentro del universo que participa de los sondeos en línea realizados por este tipo de medios.

Cabe recordar que las cifras y porcentajes citados corresponden únicamente a las respuestas recibidas en este sondeo específico, por lo que no pueden interpretarse, según advierte la publicación original, como predicción del resultado de las elecciones reales, ni extrapolarse como una medición representativa del universo electoral del Tolima.

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¿Quién lidera la intención de voto en el sondeo para la Gobernación del Tolima según El Nuevo Día?

De acuerdo con el sondeo realizado por El Nuevo Día, el candidato que encabeza la intención de voto es Fernando Borja, con el 37 % de los votos de los lectores que participaron, seguido muy de cerca por Guillermo Alfonso Jaramillo, quien recibió el 35 %.

¿Puede considerarse este sondeo de El Nuevo Día como una tendencia electoral para la Gobernación del Tolima?

El Nuevo Día aclara en su publicación que los datos presentados no deben entenderse como una tendencia electoral definitiva ni una predicción del resultado electoral, ya que el sondeo se limita a las opiniones de los lectores que participaron y no refleja necesariamente la totalidad de la población votante del Tolima.

La investigación surge a partir de una visita administrativa realizada por la Dirección de Reacción Inmediata de la Contraloría, la cual incluyó una inspección del campo de juego y revisión de los documentos entregados por Sencia y el IDRD. El objetivo primordial es identificar si existieron irregularidades de carácter fiscal que afecten el patrimonio público, especialmente a raíz de los costos asociados al deterioro de la cancha y a la inhabilidad del estadio para acoger los partidos programados.

El alcance de la indagación abarca la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión firmado en el año 2024, que exige la disponibilidad del estadio para eventos deportivos y el adecuado estado de la gramilla. Además, se analizarán los procedimientos de supervisión por parte del IDRD y la interventoría correspondiente, buscando sustentar el correcto uso de los recursos públicos destinados a pagos y mantenimientos.

Por otra parte, la Contraloría llevará a cabo una auditoría de cumplimiento sobre la gestión del contrato de asociación público-privada (APP) de El Campín, sumada a la revisión del modelo financiero, las contraprestaciones económicas y los ingresos derivados de eventos distintos al fútbol, como conciertos. Esta auditoría está incluida en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal de 2026 y revisará la actuación del IDRD desde la planeación hasta la transición de la fase de construcción, evaluando si las decisiones administrativas han beneficiado los intereses del Distrito.

Simultáneamente, la Personería de Bogotá, bajo la dirección del personero Andrés Castro, desplegó una acción preventiva para determinar si existieron posibles faltas disciplinarias ligadas al manejo de la APP de El Campín y el contrato con Sencia. El director del IDRD, Daniel García, confirmó que se estudian acciones penales y disciplinarias por un presunto incumplimiento contractual tras los conciertos realizados en el escenario, específicamente los de BTS.

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¿Por qué la Contraloría investiga el estado de la gramilla del estadio El Campín?

La Contraloría de Bogotá investiga el estado de la gramilla del estadio El Campín para establecer si el deterioro del césped y la indisponibilidad del escenario generaron daños al patrimonio público, así como para verificar el cumplimiento del contrato de concesión por parte de la empresa Sencia y la supervisión institucional que ejerce el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

¿Qué implica una indagación preliminar de la Contraloría en contratos públicos?

Una indagación preliminar de la Contraloría corresponde a la etapa inicial de investigación en la que se revisan hechos y documentos, sin atribuir responsables aún, para determinar si existen indicios de irregularidades fiscales. A partir de estos hallazgos, el organismo podrá ampliar el alcance de la investigación o tomar medidas adicionales según los resultados obtenidos.

Este cierre responde a la necesidad de instalar la estructura metálica de la plataforma y la cubierta de la estación. Además, contempla el ensamble e izaje –es decir, el levantamiento y colocación mediante grúas– de las pasarelas que conectarán los edificios de acceso con la nave central de la estación. También está previsto montar vigas tipo U y vigas cajón, elementos claves en la estabilidad y funcionamiento del paso elevado. La maniobra requiere de grúas de gran capacidad, cuyo brazo operará sobre este concurrido corredor vial, por lo que se prioriza la seguridad tanto de los trabajadores como de conductores y peatones.

Mientras se desarrollan estas maniobras, los vehículos que transiten en sentido occidente–oriente deberán desplazarse utilizando el contraflujo habilitado sobre el puente vehicular norte. Las autoridades y responsables de la obra recomiendan a los conductores mantenerse atentos a la señalización instalada en el área y seguir las indicaciones del personal dispuesto en la zona, para evitar contratiempos y garantizar la seguridad colectiva durante el cierre parcial.

De acuerdo con la información oficial, a septiembre de 2026 la construcción de la Línea 1 del Metro había alcanzado un avance del 83,73 %, consolidando el progreso de una de las obras de infraestructura más esperadas en Bogotá. Además, quienes tengan inquietudes o requieran orientación sobre el desarrollo de los trabajos en este sector pueden acudir a la oficina de atención al ciudadano ubicada en la calle 26 sur No. 68I-12/18, o establecer contacto mediante el correo electrónico socialtramo3@metro1.com.co, canales dispuestos para garantizar una comunicación directa con la ciudadanía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el cierre del puente sur de la avenida Primero de Mayo con avenida 68 por obras del metro?

El cierre total del puente sur responde a la instalación de estructuras y pasarelas esenciales para la estación 7 de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Durante la noche y madrugada señaladas, se ejecutarán maniobras que requieren grúas de gran tamaño, por lo que los vehículos deberán usar el contraflujo habilitado en el puente vehicular norte y obedecer la señalización y recomendaciones del personal de la obra.

¿Qué es el izaje de pasarelas y por qué es necesario en la construcción del metro de Bogotá?

El término "izaje" significa levantar y colocar estructuras pesadas mediante maquinaria especializada, como grúas. En este caso, el izaje de las pasarelas es fundamental para conectar los edificios de acceso con la nave central de la estación 7, garantizando la funcionalidad y el acceso adecuado para los usuarios del futuro sistema de metro.

La propuesta comenzó en 2024, en un contexto crítico para Bogotá, donde la ciudad enfrentó una drástica disminución de los niveles de su sistema de abastecimiento Chingaza. Esta situación obligó a la implementación de un racionamiento de agua y, ante esa coyuntura, la EAAB decidió ir más allá de los simples boletines técnicos. La gerencia apostó por una estrategia de comunicación que motivara a los ciudadanos a transformar y conservar hábitos de consumo responsable, remarcando que el ahorro debe ser una práctica sostenida en el tiempo y no solo una respuesta pasajera frente a emergencias.

Según la gerente general Natasha Avendaño, ser finalista representa un respaldo al esfuerzo de la empresa por promover una mejor relación de la ciudadanía con el recurso hídrico. La campaña, difundida a través de la prensa escrita, llegó a más de 300.000 lectores con consejos prácticos y directos para el uso racional del agua. La pieza gráfica incluyó un código QR, lo que permitió enlazar contenido impreso con recursos digitales, como el jingle de la campaña. De acuerdo con los datos reportados por la EAAB, tales acciones contribuyeron a un ajuste significativo en el comportamiento del consumo durante el racionamiento: Bogotá bajó el promedio de consumo de 17,62 metros cúbicos por segundo a 16,24 metros cúbicos por segundo, y, al finalizar la medida, se mantuvo en 17,18 metros cúbicos por segundo, por debajo de los 18,1 metros cúbicos por segundo que se proyectaban.

Esta nominación se suma a otros reconocimientos conquistados por la EAAB en versiones anteriores de los Premios Corresponsables, como el obtenido en 2021 por la campaña ‘Que Llueva Conciencia’ en redes sociales, y diversas menciones con proyectos relacionados a cultura de integridad y buenas prácticas ambientales. Los XVII Premios Corresponsables son impulsados por la Fundación Corresponsables de España y se enfocan en destacar iniciativas de Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Comunicación Responsable en la región. El anuncio de los ganadores está programado para el 3 de noviembre de 2026 en Barcelona.

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¿Cómo impactó la campaña ‘Con Renacua, cuidamos el agua para cuidar de ti’ en el consumo de agua en Bogotá?

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la estrategia comunicativa logró disminuir el consumo promedio de agua durante el periodo de racionamiento, pasando de 17,62 m³/s a 16,24 m³/s, y manteniéndose luego en 17,18 m³/s, niveles por debajo de los 18,1 m³/s proyectados inicialmente para la ciudad.

¿Qué son los Premios Corresponsables y qué buscan reconocer?

Según la información oficial, los Premios Corresponsables, organizados por la Fundación Corresponsables de España, buscan destacar y reconocer iniciativas relacionadas con la Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Comunicación Responsable en Iberoamérica, premiando campañas y proyectos que incentiven buenas prácticas empresariales y sociales en la región.

El caso ha generado conmoción en la comunidad, ya que el ataque fue violento: Martínez recibió cinco impactos de bala. Según lo informado, aunque se han dado algunas versiones de forma extraoficial sobre una posible relación de este asesinato con actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes, las autoridades insisten en que se trata, por ahora, de una hipótesis no confirmada y que no se puede dar por definitiva acerca del móvil del crimen.

Uno de los puntos que llama la atención de la investigación, reseñado por El Nuevo Día, es que Martínez registraba más de 19 anotaciones en su historial por distintos delitos, entre los que se incluyen tráfico de estupefacientes, porte de armas y extorsión. Esta información, aunque reportada, deberá ser verificada con los registros oficiales correspondientes para establecer con claridad su relevancia en el marco de la investigación.

Mientras avanza el proceso, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación, sin descartar ninguna hipótesis sobre las razones detrás de este homicidio ocurrido en Acacías. La comunidad y los familiares de la víctima esperan que se esclarezcan los hechos y se identifique a los responsables. La información oficial sobre avances y resultados continuará siendo indispensable para entender lo sucedido y determinar si el asesinato se relaciona con antecedentes judiciales de la víctima o responde a dinámicas distintas en la zona.

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¿Quién era Cristian Fernando Martínez y cuáles eran los antecedentes que tenía?

Cristian Fernando Martínez, oriundo del Tolima, era un hombre de 35 años que fue asesinado en Acacías, Meta. De acuerdo con información de El Nuevo Día, Martínez tenía más de 19 anotaciones por delitos como tráfico de estupefacientes, porte de armas y extorsión; sin embargo, las autoridades aún deben verificar oficialmente estos antecedentes y su posible relación con el crimen.

¿Qué se sabe sobre el homicidio en Acacías y cuáles son las hipótesis que investigan las autoridades?

El homicidio de Cristian Fernando Martínez ocurrió en la madrugada del miércoles 14 de octubre, en un predio sobre el corredor vial de la vereda Cola de Pato, en Acacías, Meta. Según El Nuevo Día, hasta ahora no se han aclarado públicamente las circunstancias del ataque ni la identidad de los responsables. Aunque se menciona de forma extraoficial una posible relación con el tráfico de estupefacientes, las autoridades no han confirmado esta hipótesis y mantienen abiertas otras líneas de investigación.

De acuerdo con el medio citado, Feria Buitrago fue notificado hace 24 horas de la decisión que pone fin a su permanencia en la Policía. El dato se conoce mientras su nombre continúa relacionado con el escándalo que rodeó las pruebas de polígrafo a Meza.

El retiro de Carlos Alberto Feria Buitrago ocurre mientras el coronel enfrenta un proceso judicial relacionado con el caso del polígrafo practicado a la exniñera del hijo de Laura Sarabia. El oficial ya fue imputado por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal, según la información conocida sobre el expediente.

A esto se suma una discusión sobre la jurisdicción que debe llevar su proceso. Actualmente se analiza un posible conflicto de competencias para determinar si el caso de Feria debe continuar en la justicia ordinaria o pasar a la justicia penal militar, una decisión que definirá el escenario judicial en el que seguirá su investigación.

Antes de conocerse su salida de la institución, Feria ocupaba un cargo relacionado directamente con la formación de uniformados. En agosto pasado había sido designado como director de la Escuela de Protección de la Policía Nacional, dependencia encargada de preparar al personal que presta servicios de protección a personas, instalaciones y misiones especiales de la institución.

Su salida de la Policía, por tanto, se conoce mientras el proceso judicial en su contra continúa pendiente de definiciones sobre la jurisdicción competente.

Durante la plenaria de este miércoles 14 de octubre, Henríquez aseguró que la presencia de los uniformados respondió a una petición del equipo de seguridad del expresidente Gustavo Petro. La solicitud habría llegado a la Secretaría del Senado durante la tarde del martes, pocas horas antes del inicio de las movilizaciones.

De acuerdo con la explicación del presidente del Senado, la petición fue acogida con el propósito de reforzar las condiciones de seguridad del exmandatario durante los actos programados en la Plaza de Bolívar. En ese lugar se concentraron sectores de la oposición y organizaciones gremiales que participaron en la jornada de protestas.

El presidente del Senado, Honorio Henriquez, aclaró que la presencia de uniformados portando armas en el techo del Capitolio Nacional fue una medida que adoptó el Congreso por solicitud del equipo de seguridad del expresidente Gustavo Petro.

Henriquez manifestó que la petición llegó a la Secretaria del Senado en la tarde del martes, horas antes de dar inicio a las protestas, y fue acogida para garantizar su seguridad durante los actos que concentraron a sectores de la oposición y de organizaciones gremiales en la Plaza de Bolívar.

🔴 Siga en vivo las marchas de este 14 de octubre 👉https://t.co/Oico0UAf67

— El Espectador (@elespectador) October 14, 2026

La presencia de uniformados armados en los puntos elevados alrededor de la Plaza de Bolívar también provocó preguntas entre congresistas. El representante a la Cámara Gabriel Becerra cuestionó públicamente la presencia de lo que calificó como francotiradores en edificios altos del sector.

“Abelardo de la Espriella, MinDefensa y MinInterior, ¿Qué hacen militares con fusiles encima del Capitolio”, escribió Becerra, dirigiéndose al presidente de la República y a los ministros de Defensa e Interior.

#Política | El representante a la Cámara Gabriel Becerra cuestionó la presencia de francotiradores en los edificios altos de la Plaza de Bolívar en Bogotá. “Abelardo de la Espriella, MinDefensa y MinInterior, ¿Qué hacen militares con fusiles encima del Capitolio”

Vía: @jimmyavila
https://t.co/woHMRjVE2M

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 14, 2026

Cabe mencionar que el expresidente llegó a la Plaza de Bolívar en la tarde de este miércoles, acompañado de su esquema de seguridad. A través de sus redes sociales expresó: “Así se responde a la adversidad,  on dignidad, con ganas de ganar otra vez, sin miedo. Es la vida la compañera y no la muerte”.

(Vea también: Bogotanos sufren por protestas: más de 365.000 usuarios de Transmilenio han sido afectados)

De acuerdo con Caracol Radio, los uniformados utilizaron gases lacrimógenos y se escucharon detonaciones que serían de bombas aturdidoras durante el procedimiento. La situación derivó en confrontaciones físicas y verbales en este sector de la capital del Tolima.

#Ibagué | La UNDMO intervino el final de la movilización en el centro de Ibagué con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras. Hay tensión en el centro de la ciudad por disturbios. https://t.co/VFl9u8jB5Z

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 14, 2026

Así fue la intervención de la UNDMO en Ibagué

Según el reporte del medio radial, hacia las 2:20 p. m. todavía permanecían decenas de personas en el parque Manuel Murillo Toro, después de participar en la movilización que recorrió la carrera Quinta.

Hasta allí llegaron efectivos de la UNDMO y otras unidades de la Policía Nacional, que rodearon a los manifestantes. Durante varios minutos, uniformados y ciudadanos permanecieron frente a frente, hasta que la tensión escaló y se produjo la intervención.

Los gases lacrimógenos fueron utilizados para despejar la concentración, mientras que durante el procedimiento se escucharon detonaciones que, según Caracol Radio, serían de bombas aturdidoras.

Manifestantes denunciaron presuntas retenciones arbitrarias

En medio de los hechos, algunos manifestantes denunciaron en redes sociales presuntas retenciones arbitrarias y agresiones por parte de integrantes de la fuerza pública.

Ibagué, escenario de tensión durante la jornada nacional de protestas

Los hechos ocurrieron durante la jornada nacional de movilizaciones convocada por sectores de la oposición y organizaciones sociales contra las decisiones del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

En Ibagué, la marcha avanzó por la carrera Quinta y tenía previsto finalizar en el parque Murillo Toro. Durante la mañana, la movilización había comenzado sin alteraciones del orden público, según el reporte de Caracol Radio sobre el desarrollo de las protestas.

Según Diego Fernando Guzmán, secretario de Educación municipal, más de 80 barrios y más de 300 cuadras han sido intervenidos con mejoras en la red vial. Esto busca no solo facilitar la movilidad, sino también mejorar el acceso de los ciudadanos a diferentes sectores urbanos y rurales. Entre los barrios beneficiados figuran Alaska, Santa Bárbara, San Carlos, La Floresta, El Limonar, Rincón de Piedra Pintada, Villa Marlén, Los Parrales y otros. Además, obras como la recuperación de las canchas Marte y Maracaná y la intervención con placa huella en el sector de Calambeo —clave para el transporte agrícola rural— hacen parte de la agenda.

También se mencionó la avenida 103, un proyecto vial de cerca de 1.500 metros que uniría la glorieta del aeropuerto Perales con Nuevo Tolima. Aunque el presidente de la cartera educativa explicó que el trazado ya está definido y contempla financiación con recursos de valorización, la obra aún no ha concluido. La programación de octubre suma además la entrega de vías en 25 barrios, dos polideportivos y 14 salones comunales.

En educación, Guzmán y Lorena Ballesteros, directora de Cobertura Educativa, presentaron dos proyectos clave para este mes: obras complementarias en la Institución Educativa Técnica Ciudad Luz, con una inversión de 750 millones de pesos, que incluyen rampas, escaleras y cerramiento; y la intervención integral de la Institución Educativa José Antonio Ricaurte, con recursos superiores a los 20.000 millones de pesos. Además, se gestionan fondos ante el Ministerio de Educación Nacional por más de 2.000 millones de pesos para atender los daños de Amina Melendro y Simón Bolívar tras actividad sísmica. A futuro, se planea ampliar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), fortalecer la inclusión y reducir la deserción.

El componente festivo arrancó con el Festival de las Artes y el Festival Internacional del Libro. De acuerdo con la programación relatada por El Nuevo Día, otros eventos destacados incluyeron orquestas tropicales, la Serenata a Ibagué y partidos deportivos gratuitos en el estadio Manuel Murillo Toro. El 14 de octubre, aniversario oficial, se entregó el mural ‘Guardianes de mi Tierra’, se celebró una eucaristía en la catedral y se realizaron conciertos en la Plaza de Bolívar.

La fiesta continúa el resto del mes con el encuentro ‘Ibagué para el mundo’, el Encuentro de Bandas Sinfónicas ‘Ignacio Camacho Toscano’, el Festival Vallenato, el Zonas Sur Fest y el festival ‘Ibagué Ciudad Rock’, que contará con agrupaciones como Kraken y Doctor Krápula. Están agendados además el Primer Encuentro Internacional de Centros Culturales y Museos Panópticos, torneos deportivos y celebraciones para el Día de los Niños.

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¿Cuáles son las principales obras de infraestructura que se están ejecutando en Ibagué durante su aniversario?

Durante la celebración de los 476 años, la Alcaldía de Ibagué ha priorizado obras viales en más de 80 barrios y 300 cuadras, la recuperación de escenarios deportivos como las canchas Marte y Maracaná, y proyectos como la avenida 103 y la intervención en el sector rural de Calambeo. Así lo indicaron voceros como el secretario de Educación y la directora de Cobertura Educativa durante una entrevista con El Nuevo Día.

¿Qué proyectos educativos están incluidos en la agenda de Ibagué para octubre?

Entre los proyectos mencionados por funcionarios municipales están la entrega de obras en la Institución Educativa Técnica Ciudad Luz, con una inversión de 750 millones de pesos, y la intervención integral de la Institución Educativa José Antonio Ricaurte, que supera los 20.000 millones de pesos. Además, la Alcaldía gestiona recursos para reparar daños en colegios afectados por sismos y proyecta fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la inclusión educativa.

La concentración dio inicio a las 9 a. m. en la plazoleta del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sede administrativa. Desde este lugar, cientos de maestros caminaron portando pancartas y gritando consignas con el fin de exigir cambios significativos en varias áreas. Entre los principales reclamos se destacó la necesidad de mejorar de forma sustancial la atención en salud a la que acceden tanto ellos como sus familias. Los educadores también pidieron salvaguardar sus prestaciones sociales y demandaron que se garanticen mayores recursos para el sector educativo público, especialmente en aspectos como infraestructura, aseo, vigilancia y transporte escolar.

Jorge Luis Rivero Larios, presidente de Aducesar, remarcó que una de las principales inconformidades tiene que ver con la deficiente atención médica en la región. El gremio igualmente mostró su rechazo a proyectos legislativos que, en palabras de sus voceros, "abran paso a la privatización o participación de privados en la educación oficial". En el marco de la movilización, los docentes solicitaron también un aumento al presupuesto del Programa de Alimentación Escolar (PAE), reclamando una cobertura integral para los beneficiarios.

Durante la marcha, los voceros sindicales manifestaron: “Marchamos en defensa de la educación pública y los derechos logrados por los educadores. Requerimos respuestas definitivas ante las demoras en citas médicas y procedimientos en la red prestadora”.

El desarrollo habitual de las clases en los colegios oficiales se vio alterado por la movilización. Aducesar autorizó suspender parcialmente las actividades académicas a partir de las 9:00 a. m., para permitir la participación de los docentes en la marcha. Pese a esto, algunos rectores, de acuerdo con la directiva del Ministerio de Educación, optaron por continuar la jornada en modalidad de media jornada. El sindicato aclaró que las horas no dictadas serán reprogramadas y recuperadas en los próximos días, siguiendo los calendarios institucionales.

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¿Cuáles fueron las principales exigencias de los docentes durante la marcha en Valledupar y Cesar?

Las demandas principales de los educadores estuvieron centradas en la mejora del modelo de salud del magisterio, el refuerzo de la protección de sus prestaciones sociales y la exigencia de mayores recursos para la infraestructura educativa. También rechazaron la posibilidad de privatización en la educación oficial y solicitaron una mayor financiación para servicios de aseo, vigilancia, transporte escolar y la ampliación de la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE), de acuerdo con la información suministrada por Aducesar.

¿Qué impacto tuvo la marcha de docentes en las actividades académicas de los colegios oficiales del Cesar?

La movilización llevó a la suspensión parcial de clases desde las 9:00 a. m., lo que generó incertidumbre acerca de la continuidad académica. Sin embargo, algunos rectores continuaron con las clases en media jornada, conforme a la orientación del Ministerio de Educación. Las horas no impartidas durante la protesta deberán ser reprogramadas y recuperadas en los próximos días por decisión del sindicato y de acuerdo con los calendarios institucionales.

Durante la presentación, el ministro Iván Cancino enfatizó que una de las prioridades de la política criminal actual es someter a los delincuentes utilizando herramientas jurídicas y privilegiando siempre las vías legales y pacíficas. El documento defiende el enfoque de eliminar cualquier reconocimiento político a criminales y dejar de usar figuras como la de “gestor de paz”, que cobraron notoriedad durante el mandato de Gustavo Petro. Este posicionamiento fue bien recibido por aliados del Ejecutivo, quienes consideran que representa un cambio necesario y contundente en el combate contra organizaciones criminales.

Honorio Henríquez, presidente del Senado, afirmó que se trata de una “herramienta necesaria”, indicando que la discusión tendrá celeridad, dada la urgencia con la que fue presentado el proyecto. La propuesta permitirá que tanto Senado como Cámara sesionen conjuntamente, agilizando la toma de decisiones. Por su parte, el senador Hernán Cadavid expresó preocupación ante posibles beneficios excesivos como los que, según él, se otorgaron durante la implementación de la llamada “paz total”, y destacó la importancia de que la política criminal no devenga en negociaciones políticas. El representante Julio César Triana también manifestó su apoyo, resaltando que se pone fin a la lógica de premiar a quienes delinquen.

No obstante, la oposición, especialmente desde el Pacto Histórico, mantiene sus reservas. Para Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social, el texto abre la posibilidad de otorgar beneficios a reclutadores de menores, y criticó las rebajas de penas propuestas, asegurando que ni la ley ‘Justicia y paz’ llegó tan lejos. La exministra Ángela María Buitrago advirtió, además, que el proyecto no diferencia entre Grupos Armados Organizados (GAO) y otras estructuras criminales de alto impacto, lo que considera un vacío relevante en el enfoque presentado.

El texto principal establece, entre otras condiciones, que la interlocución con grupos ilegales se haga por medio de abogados, limita el escenario de negociación y establece compromisos claros para quienes busquen acceder a beneficios y rebajas de penas, que oscilarán entre un 30 % y un 50 %, según el rol criminal. La modificación propuesta se aplica a la Ley 418 de 1997, instrumento que ha guiado por casi tres décadas los procesos de paz en Colombia y cuya vigencia está próxima a expirar. Por ahora, el Congreso tendrá que pronunciarse en las siguientes semanas sobre el futuro de esta nueva política de sometimiento criminal.

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¿Cómo funcionará el nuevo modelo de sometimiento de grupos criminales en Colombia?

El nuevo modelo, planteado por el gobierno de Abelardo de la Espriella y presentado en el Congreso, propone que los miembros de grupos criminales se sometan a la justicia bajo condiciones establecidas en 22 artículos. Incluye procesos de interlocución por medio de abogados, limitación de escenarios y compromisos específicos para acceder a rebajas de penas, que pueden ir del 30% al 50%, según la responsabilidad dentro del grupo ilegal. Además, desaparece cualquier reconocimiento político a estos grupos y reemplaza figuras como la de “gestor de paz”.

¿Qué diferencia hay entre un Grupo Armado Organizado (GAO) y una estructura criminal de alto impacto?

Según lo expresado por Ángela María Buitrago, exministra de Justicia citada en El Espectador, es clave distinguir entre un GAO y una estructura criminal de alto impacto. Un GAO es una organización armada que opera con cierta estructura y jerarquía, mientras que una estructura de alto impacto puede involucrar actividades criminales complejas sin necesariamente tener la misma organización militar. Ella advierte que el proyecto actual no distingue entre ambas, lo que representa un desafío serio para su aplicación y efectividad.

El director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, William Rozo, explicó que, aunque El Niño suele asociarse con reducción de lluvias, no excluye episodios intensos que puedan desencadenar emergencias. De acuerdo con Ideam, aunque las acumulaciones de lluvia se proyectan por debajo de los promedios históricos, el periodo de fin de año trae condiciones propicias para precipitaciones fuertes en varias zonas del país.

En la vereda Barital, en Medina, el represamiento de una quebrada provocó una avenida torrencial que afectó una vivienda, obligando al traslado de una familia de tres personas —una de ellas con discapacidad— hacia el casco urbano, con apoyo del Cuerpo de Bomberos y familiares. En la vereda Chiapas, también de Medina, un deslizamiento de tierra generó riesgo para cinco familias y perjudicó la movilidad, según el reporte preliminar, requiriendo intervención con maquinaria amarilla. En Madrid, varias zonas sufrieron inundaciones e intervenciones de la Alcaldía, Bomberos y Defensa Civil, aunque al cierre del informe no se tenía una cifra consolidada de las familias afectadas ni el total de los daños.

Venecia enfrentó caída de material sobre las vías por lluvias, aunque los pasos hacia San Antonio, Pandi y Cabrera fueron habilitados presto, mientras persistía la vigilancia sobre la quebrada La Chorrera por aumento de caudal. La vía Sibaté–Fusagasugá fue cerrada el 13 de octubre luego de un deslizamiento a 400 metros del peaje San Miguel, sin afectar a personas o vehículos gracias a la acción rápida de los Bomberos Voluntarios de Fusagasugá. Actualmente, el paso es controlado y continúan los trabajos de remoción del material, indicó el gobernador Jorge Emilio Rey, quien recomendó precaución a los conductores y evitar las cercanías de ríos o quebradas tras lluvias intensas. Las autoridades insisten en mantener canales de comunicación abiertos y la identificación de puntos críticos mientras avanzan las evaluaciones de daños.

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¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta las lluvias en Cundinamarca?

El fenómeno de El Niño es una variación climática caracterizada por el aumento de la temperatura superficial del mar en el océano Pacífico, lo que modifica los patrones de lluvia en diferentes regiones. En Cundinamarca, según la información del Ideam, El Niño suele disminuir las precipitaciones, aunque no descarta la ocurrencia de lluvias intensas que pueden provocar emergencias como inundaciones o deslizamientos.

¿Cuáles han sido los municipios más afectados por las lluvias en Cundinamarca recientemente?

De acuerdo con el balance oficial citado, los municipios de Medina, Madrid, Fusagasugá, Subachoque, El Rosal, Tocaima, Cajicá y Gachancipá han registrado emergencias por lluvias, como inundaciones, vendavales y deslizamientos entre el 1 y el 13 de octubre, siendo Medina y Madrid dos de los más afectados en incidentes recientes.

En esta novena edición, la feria reunirá a más de 100 emprendimientos de distintos sectores productivos, desde gastronomía artesanal hasta velas y otros artículos elaborados por caleños. El horario del evento irá de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., brindando una vitrina variada para que los visitantes puedan descubrir productos y servicios innovadores. Tal como explicó Claudia Pérez, organizadora de la iniciativa, este proyecto surgió no solo con el propósito de dinamizar la economía informal, sino también para promover la protección del medio ambiente y el cuidado del parque Senderos, en articulación con más de 500 empresarios y emprendedores de la comuna 2 y de otras zonas de Cali.

La cita en el parque Senderos estará marcada no solo por la actividad comercial, sino también por un componente espiritual que busca fortalecer el ánimo colectivo. La jornada empezará con una eucaristía presidida por el sacerdote Joaquín Gómez, párroco del barrio La Flora y director del Banco de Alimentos de Cali, quien dedicará esta misa a la fe y la esperanza tras los recientes desafíos que ha vivido la ciudad, siempre de acuerdo con la fuente mencionada.

De la mano de la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, se pretende incentivar la asistencia al evento y resaltar la importancia de estos espacios como motor para la generación de ingresos y la recuperación social. Figuras como Ayaini Ayala, cocinera ancestral del Pacífico, destacan que la feria ha significado una oportunidad para mostrar su trabajo y conectar con nuevos clientes, convirtiendo cada emprendimiento en una apuesta por la esperanza y la resiliencia de la comunidad. Los organizadores invitan a las familias a sumarse y a respaldar el comercio local.

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¿Cuáles son los horarios y la ubicación de la feria de emprendedores al parque en Cali?

La feria Emprendedores al Parque se llevará a cabo el domingo 18 de octubre en el parque Senderos, localizado en la avenida 4BN con calle 58, al norte de Cali. El evento estará abierto al público desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., permitiendo a los visitantes acceder durante toda la jornada a las propuestas de emprendimiento local.

¿Qué actividades y productos se pueden encontrar en la feria Emprendedores al Parque de Cali?

En la feria participarán más de 100 emprendimientos con una oferta que incluye gastronomía, velas y artículos elaborados por los emprendedores caleños. Además de la venta de productos, la jornada iniciará con una eucaristía dedicada a la fe y la esperanza, reforzando el propósito de recuperación y apoyo mutuo entre los asistentes.

De acuerdo con información reportada por El Nuevo Día, los hechos ocurrieron cuando dos hombres, quienes llegaron al establecimiento en motocicleta, dispararon directamente contra Sánchez, cuyo deceso fue confirmado en el mismo lugar tras el ataque. Este acto ha generado inquietud entre los habitantes, dada la forma en la que se perpetró y la fuga de los responsables, pues hasta el momento no se conocen datos oficiales sobre la identidad de los agresores ni los móviles que los habrían llevado a cometer este crimen.

Las autoridades locales trabajan intensamente para esclarecer el homicidio y dar con los responsables. Sin embargo, según el reporte preliminar recogido por El Nuevo Día, hasta ahora no existen versiones oficiales que aporten detalles adicionales sobre la identidad de los atacantes o si han sido identificados por las fuerzas de seguridad. Este hermetismo responde a la fase inicial de las investigaciones, en la que se buscan pruebas que permitan esclarecer el crimen y entender el trasfondo de este acto violento.

Mientras avanza el proceso investigativo, los habitantes de Honda exigen resultados que permitan recuperar la seguridad en la zona y evitar que hechos similares se repitan. La recolección de información y las labores judiciarias serán determinantes, pues como lo señala El Nuevo Día, aún persisten múltiples interrogantes sobre las circunstancias del asesinato y el motivo que llevó a los agresores a atentar contra ‘Chiva’.

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¿Qué se sabe hasta ahora sobre el asesinato de Jhon Sánchez, alias ‘Chiva’, en Honda?

Según la información suministrada por El Nuevo Día, hasta el momento se conoce que la víctima fue atacada dentro de un taller cercano a la terminal de transportes de Honda. Dos hombres en motocicleta realizaron los disparos y huyeron del sitio. Aún no han sido identificados los responsables ni se ha establecido el móvil, ya que las autoridades se encuentran en proceso de investigación.

¿Cuáles son los retos para esclarecer el homicidio y evitar impunidad en casos como este en Honda, Tolima?

El principal reto identificado por El Nuevo Día es el avance de la investigación ante la escasa información disponible al momento. Las autoridades deben trabajar en la recolección de pruebas, testimonios y material que permita no solo identificar a los autores materiales, sino también determinar las causas del homicidio. La pronta esclarecimiento del caso es crucial para evitar la sensación de impunidad entre la comunidad.

Este control de movilidad se estableció en la ciudad desde el primero de julio y estará en marcha durante todo el segundo semestre del año. El esquema consiste en una rotación diaria de los dígitos entre lunes y viernes, de modo que cada día de la semana corresponde a un par distinto de números de placa, lo que exige atención permanente por parte de los conductores. En su comunicación oficial publicada el 26 de junio de 2026, la Secretaría de Movilidad de Cali enfatizó que entre el 1 y el 3 de julio se llevó a cabo una etapa pedagógica para que los conductores se familiarizaran con la medida, y que desde el 6 de julio comenzaron a imponerse los comparendos.

El cumplimiento de esta restricción es fundamental para evitar sanciones. Según la normativa, quienes circulen durante las horas restringidas exponiéndose a la infracción pueden recibir una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), además del riesgo de inmovilización del vehículo por parte de las autoridades. Es importante recalcar que la medida aplica únicamente sobre los vehículos de servicio particular, por lo que no todos los automotores están sujetos a la normativa.

Existen excepciones claras dentro de la regulación. Motocicletas, vehículos eléctricos e híbridos debidamente parametrizados, así como vehículos de carga cuya capacidad sea igual o superior a cinco toneladas y aquellos destinados a servicios especiales, se encuentran exentos de la medida. También aplica la excepción a vehículos oficiales, diplomáticos, consulares, de emergencia y aquellos destinados al transporte de personas con movilidad reducida, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos. Por esto, se recomienda a los ciudadanos verificar si su vehículo se encuentra dentro de los mencionados grupos antes de planear su desplazamiento.

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¿Cuál es el horario del pico y placa en Cali para el jueves 15 de octubre?

Según la Secretaría de Movilidad de Cali, el pico y placa para este jueves 15 de octubre afecta a los vehículos cuyas placas terminan en 5 y 6. La restricción está vigente desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, sin interrupciones a lo largo del día, en todo el perímetro urbano de la ciudad.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en Cali?

La normativa señala que las motocicletas, los vehículos eléctricos e híbridos correctamente registrados, vehículos de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas, vehículos oficiales, diplomáticos, consulares, de emergencia y aquellos que transportan personas con movilidad reducida pueden circular sin restricción, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

En las imágenes se puede observar al helicóptero desplazándose a una altura considerablemente baja, lo cual resalta aún más la escena y agrava la intriga de quienes presenciaron el momento. Normalmente, los vuelos de helicópteros en áreas urbanas suelen estar justificados por operaciones oficiales, tareas de vigilancia, atención de emergencias o ejercicio privados claramente identificados. Sin embargo, en este caso, la falta de información oficial amplifica la incertidumbre en la opinión pública local.

De acuerdo con lo reportado hasta el momento, las autoridades no han precisado a qué entidad, empresa privada o propietario particular corresponde el helicóptero. Tampoco se ha dado a conocer si la aeronave respondía a una operación programada, una emergencia, actividades de seguridad o eventos particulares. Según el registro visual y los testimonios recogidos, es evidente el desconcierto entre quienes fueron testigos, pues no existió ningún anuncio previo ni posterior que esclareciera la naturaleza del vuelo o los motivos detrás de su ruta por el centro de Ibagué.

En este contexto, la expectativa persiste y las preguntas sobre el sobrevuelo permanecen sin respuesta. Los ciudadanos de Ibagué aguardan información que permita identificar al responsable del helicóptero y comprender las razones que justificaron su desplazamiento inusualmente bajo en un sector tan concurrido. Mientras tanto, el video continúa circulando y alimentando la conversación en distintos espacios. Como señala la información más reciente, esta es una noticia en desarrollo y se espera que en los próximos días se aclaren tanto la identidad del helicóptero como los motivos de su paso por la ciudad.

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¿De quién era el helicóptero que sobrevoló el centro de Ibagué?

Hasta ahora, no se ha confirmado a quién pertenece la aeronave ni se han especificado los motivos del vuelo. De acuerdo con lo reportado, las autoridades todavía no han divulgado detalles sobre el propietario o la entidad responsable del helicóptero. La comunidad sigue esperando declaraciones oficiales que permitan esclarecer la situación.

¿Por qué un helicóptero volaba tan bajo en Ibagué?

La razón detrás del vuelo a baja altura sobre el centro de Ibagué aún no se ha esclarecido. Las imágenes suscitaron preguntas entre los habitantes, pero hasta el momento no se ha informado si se trató de una operación oficial, un vuelo privado o cualquier otra circunstancia especial. La incertidumbre continúa y se espera pronunciamiento de las autoridades.

Según lo detallado en la entrevista, Pineda explicó que todas las donaciones recolectadas durante la campaña 'Colombia, un solo corazón' se encuentran resguardadas en las cuentas oficiales de la fundación. Recalcó que, siguiendo la iniciativa propia y la decisión unánime de la junta directiva, esos recursos no serán utilizados hasta que se inicie la segunda fase del proyecto, la cual está destinada a la reconstrucción de viviendas para las familias que lo perdieron todo a causa del sismo. Destacó que la reconstrucción debe hacerse de manera responsable y no se trata únicamente de regresar una vivienda al sitio donde estuvo la anterior, por lo que la fundación se encuentra en proceso de planificación antes de emplear los fondos. Anunció además que el jueves 15 de octubre se llevará a cabo una reunión clave sobre el tema y prometió que, a más tardar el viernes 16 de octubre, se publicará la información detallada sobre los recursos en el sitio web de la organización, permitiendo así la consulta ciudadana.

Pese al compromiso expresado, hasta el momento la fundación no ha presentado un balance oficial con el total recaudado; sin embargo, sí emitió un comunicado confirmando su pertenencia al Régimen Tributario Especial, conocido como RTE, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Este régimen otorga la posibilidad de recibir donaciones cumpliendo la normativa nacional. Así, la fundación reafirmó su apego a la legalidad y transparencia. Por su lado, la DIAN ratificó que la entidad cuenta con un Registro Único Tributario (RUT) vigente y recalcó que, al pertenecer al régimen especial, puede otorgar a los donantes certificados para beneficios tributarios, los cuales están condicionados por la ley colombiana vigente.

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¿Qué dice la DIAN sobre las donaciones a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas?

De acuerdo con la información citada, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) indicó que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas está registrada en el Régimen Tributario Especial y posee Registro Único Tributario vigente, lo que le permite recibir donaciones legalmente en Colombia. Además, la DIAN explicó que las organizaciones en este régimen pueden emitir certificados para los donantes, quienes acceden a determinados beneficios tributarios bajo las condiciones que exige la normativa.

¿Cuándo publicará la Fundación Colombia Luz y Sonrisas el informe de donaciones del terremoto?

Según anunció Ana Lucía Pineda en el programa del canal Telecaribe, la información sobre la gestión de donaciones y el uso de los recursos estará disponible en el sitio web oficial de la organización a más tardar el viernes 16 de octubre, tras una reunión prevista para el 15 de octubre. Así, los ciudadanos podrán consultar detalles sobre el manejo financiero relacionado con la campaña para los damnificados del terremoto.

El rector, Luis Guillermo Ramírez López, ha solicitado que se priorice, por parte de las autoridades, una evaluación técnica de las instalaciones. Según las cifras oficiales de la Secretaría de Educación, de las 338 sedes educativas existentes en Cali, 246 presentaron daños luego del sismo. De ese total, 180 tuvieron afectaciones leves, 64 moderadas y 8 graves, por lo que estas últimas permanecen cerradas. Aunque el 24 de agosto la presencialidad se reanudó para la mayor parte del sistema educativo –el 95 % de los estudiantes regresó a clases–, el caso del colegio Antonio José Camacho sigue sin una solución definitiva.

En medio de la emergencia, la institución apoyó la alternancia en otras de sus sedes: Marco Fidel Suárez, República del Perú y Olga Lucía Lloreda. Esta medida busca mantener la continuidad académica, aunque familias y estudiantes se enfrentan a nuevas dificultades. Algunas familias no cuentan con acceso a dispositivos tecnológicos ni a conexión a internet, lo que limita el aprovechamiento de clases virtuales. Además, existe incertidumbre sobre el futuro del plantel principal, lo que ha llevado a algunos padres a contemplar el traslado de sus hijos a otros colegios, una decisión que no todos pueden tomar fácilmente y que podría llevar a la deserción escolar de quienes no logren una alternativa.

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, la comunidad educativa insiste en que solo un diagnóstico técnico especializado podrá definir el estado real de la infraestructura y orientar las reparaciones que se requieren antes de reabrir la sede principal. Mientras tanto, la expectativa y la preocupación se mantienen entre docentes, estudiantes y padres, quienes aguardan una respuesta concreta de la Alcaldía de Cali y de la Secretaría de Educación sobre el retorno seguro a clases presenciales en el lugar.

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¿Cuáles son los daños en la Institución Educativa Técnico Industrial Antonio José Camacho tras el terremoto?

La sede principal de la institución presenta grietas y afectaciones en su infraestructura a raíz del terremoto ocurrido el 10 de agosto. Estos daños son lo suficientemente serios como para haber obligado la suspensión de clases presenciales, mientras se espera una evaluación técnica que determine las reparaciones necesarias. Las afectaciones han impactado gravemente la operación regular de la institución, según datos compartidos por la Secretaría de Educación y Noticiero 90 Minutos.

¿Qué opciones tienen los estudiantes de Antonio José Camacho mientras se repara la sede principal?

Actualmente, la institución desarrolla clases bajo el modelo de alternancia en otras sedes como Marco Fidel Suárez, República del Perú y Olga Lucía Lloreda. Sin embargo, las condiciones de conectividad y acceso a dispositivos siguen siendo un reto para muchas familias. Algunos padres consideran trasladar a sus hijos a otros colegios, aunque no todos pueden hacerlo fácilmente, lo que podría afectar la continuidad educativa de algunos estudiantes.

Uno de los relatos recogidos señala un caso particular que llamó la atención de los asistentes. Según este testimonio, una de las manifestantes se encontraba tomando fotografías cuando ocurrió un incidente con una motocicleta de la Policía. Justo después, “varios uniformados la sujetaron del cuello y se la llevaron”, narró la persona que presenció el hecho. El testimonio añade que, inicialmente, se logró mantener la comunicación con la mujer retenida; sin embargo, poco después se perdió el contacto, aparentemente porque los uniformados “le quitaron el celular”. Esta pérdida de comunicación generó preocupación entre quienes la conocían y mantenían comunicación constante, dejando en el aire preguntas sobre el paradero y el trato recibido durante la detención.

En medio de los procedimientos policiales y la marcada tensión, otros manifestantes intentaron oponerse a que los uniformados se llevaran a los detenidos. Las personas en el lugar buscaban impedir los traslados y obtener información clara sobre la situación legal y física de sus compañeros retenidos. La reacción de la multitud ocurrió mientras continuaban los disturbios, con el ambiente cada vez más caldeado debido a la falta de datos concretos sobre los procesos que adelantaba la Policía.

Según lo reportado, hasta ahora se reconoce que varias personas han sido detenidas en el marco de estas protestas en Ibagué. Sin embargo, permanece sin confirmación oficial la cantidad exacta de personas afectadas, sus identidades y los motivos precisos detrás de cada procedimiento. De igual manera, no se ha logrado establecer si quienes fueron detenidos permanecen en la Gobernación del Tolima o si posteriormente fueron llevados a otra dependencia policial o judicial, información que sigue pendiente de actualización.

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¿Cuántas personas fueron detenidas durante las protestas en Ibagué?

Hasta el momento, no existe una cifra oficial sobre el número total de personas detenidas durante las jornadas de protesta en Ibagué. Los reportes conocidos solo confirman que varias personas fueron llevadas a las instalaciones de la Gobernación del Tolima, sin que se haya divulgado información exacta sobre la cantidad ni las identidades de quienes permanecen privados de la libertad.

¿Por qué preocupa la falta de información sobre los detenidos en Ibagué?

La preocupación radica en la ausencia de datos claros acerca del estado y el paradero de los detenidos, lo que incrementa la angustia entre familiares, amigos y manifestantes. La falta de comunicación, sumada a testimonios sobre posibles incidentes durante las detenciones, refuerza el temor de vulneraciones en los derechos de quienes participaron en la movilización.

Según lo informado, las confrontaciones se intensificaron luego de la marcha convocada en la ciudad. En medio de la protesta, se produjo la intervención de la fuerza pública, que empleó gases lacrimógenos con el propósito de dispersar a los manifestantes. Por otra parte, también se reportó el lanzamiento de papas bomba, lo que agravó la sensación de inseguridad y provocó preocupación generalizada entre quienes transitaban por el sector en ese momento. De acuerdo con la información disponible, estas acciones generaron un ambiente tenso y obligaron a muchos ciudadanos a buscar rutas alternas.

La atención de las autoridades estuvo centrada en la actuación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), que es el nuevo nombre del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Este grupo de la Policía Nacional intervino con el fin de controlar las alteraciones del orden público, en un contexto donde todavía no se tienen datos oficiales respecto a personas lesionadas o a otras afectaciones derivadas de los enfrentamientos. Se espera un pronunciamiento oficial para esclarecer las causas que originaron estos disturbios y dar un parte claro sobre el balance de los incidentes.

Ante la situación, a la ciudadanía se le recomendó transitar con precaución por los alrededores de la Gobernación del Tolima. Las indicaciones sugieren tomar rutas alternas siempre que sea posible, hasta que las autoridades logren normalizar la situación y se recupere la calma en el sector. Los hechos continúan en desarrollo y se aguardaba un informe detallado de las autoridades sobre las consecuencias y el balance final de esta jornada de movilización social en Ibagué.

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¿Qué causó los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional en Ibagué?

Los enfrentamientos comenzaron tras una marcha social en el centro de Ibagué, especialmente en los alrededores de la Gobernación del Tolima. Según los reportes, los hechos se desencadenaron cuando intervino la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocida como Esmad, con el objetivo de controlar las alteraciones del orden público.

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades para quienes estaban en el centro de Ibagué durante los disturbios?

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía transitar con precaución por el centro de Ibagué, particularmente en las inmediaciones de la Gobernación del Tolima, y en la medida de lo posible optar por rutas alternas hasta que la situación se normalizara y disminuyeran los enfrentamientos.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por El Espectador, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha señalado la necesidad de redistribuir parte de los recursos asignados a estas entidades en favor de otras instituciones del Estado. A pesar de ello, desde la administración aseguran que este reacomodo no representa una desfinanciación de los organismos encargados de cumplir el Acuerdo de Paz. Sin embargo, la propuesta implica recortes importantes: el presupuesto general de 2027, proyectado en COP 634,9 billones, prevé una reducción de COP 170.000 millones para la JEP y de alrededor de COP 16.000 millones para la UBPD.

Santos, en una visita a las instalaciones de la UBPD en Bogotá, enfatizó la importancia de continuar el trabajo de esa entidad, resaltando que en la última década se han recuperado al menos 6.000 cuerpos de personas desaparecidas, se han identificado plenamente unos 800, y se ha hallado con vida a más de 640 personas que antes se consideraban desaparecidas por motivos relacionados con el conflicto armado. El exmandatario remarcó ante los funcionarios de la UBPD que "hacen una labor de reparación invaluable", pidiendo al gobierno que considere el impacto de reducir recursos justo cuando, a su juicio, las entidades están mostrando resultados concretos.

A juicio del expresidente, y como reporta El Espectador, cuando finaliza una guerra lo prioritario debe ser la reparación de las víctimas y la reconciliación social. Por ello, insistió en la importancia de no debilitar financieramente a la UBPD, advirtiendo que sin los recursos adecuados sería imposible mantener la continuidad de un trabajo considerado fundamental para la justicia y la memoria histórica en Colombia. La aprobación del presupuesto se discute actualmente en el Congreso y tiene plazo hasta el 20 de octubre; de no lograrse, el Ejecutivo podría implementarlo mediante decreto.

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¿Qué impacto tendría el recorte presupuestal en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas?

El recorte de COP 16.000 millones planteado para la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas podría afectar de manera significativa las labores de recuperación, identificación y localización de personas desaparecidas durante el conflicto armado, según las advertencias de Juan Manuel Santos. El expresidente señala que esta tarea contribuye directa y valiosamente a la reparación de las víctimas y a la reconciliación en el país.

¿Cuáles han sido los principales logros de la UBPD tras el Acuerdo de Paz?

Según cifras mencionadas por Juan Manuel Santos y citadas por El Espectador, en los últimos diez años la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha recuperado al menos 6.000 cuerpos, identificado plenamente a unos 800 y encontrado más de 640 personas vivas que habían sido dadas por desaparecidas debido al conflicto armado. Estas cifras reflejan los avances en la tarea de reparación y esclarecimiento de la verdad en Colombia.

Durante el desarrollo de la protesta, agentes de la autoridad intervinieron desplegando una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), un grupo especializado de la Policía Nacional de Colombia para el control de disturbios y manifestaciones públicas. Testigos observaron, además, el uso de gases lacrimógenos como parte del intento por dispersar a los manifestantes e intentar normalizar el flujo habitual en esta zona céntrica de Ibagué. La utilización de estos métodos represivos impactó de manera significativa el curso previsto de la jornada de protesta y alteró la tranquilidad de los asistentes y transeúntes del sector.

Según información preliminar, en medio de la intervención policial se habrían producido varias capturas de manifestantes. Sin embargo, hasta el momento no existe claridad sobre la cifra oficial de personas detenidas, así como las circunstancias específicas de cada captura. De igual manera, no se ha informado con precisión si hubo heridos durante los disturbios, manteniendo la comunidad a la expectativa de datos confirmados por las autoridades.

La movilización hace parte de una jornada nacional de protestas convocada por organizaciones sindicales, docentes, estudiantes y otros sectores sociales. El objetivo de esta convocatoria era expresar el rechazo colectivo a ciertas decisiones tomadas por el Gobierno nacional, tal como lo señalaron los organizadores citados en los reportes. En Ibagué, los manifestantes iniciaron sus actividades desde la mañana y se desplazaron por la carrera Quinta hasta el parque Manuel Murillo Toro. Allí planeaban realizar un plantón ante la sede de la Gobernación del Tolima.

Entre las motivaciones de los manifestantes sobresalen la oposición a recortes presupuestales, la defensa de la educación pública, el reclamo por mejores condiciones laborales del magisterio y la exigencia de garantías para el ejercicio de la protesta social. La convocatoria en Ibagué recibió respaldo de varios sectores sindicales y educativos del departamento, quienes anunciaron su presencia y participación en las actividades programadas.

Esta situación, aún en proceso de esclarecimiento, sigue siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades, que se espera entreguen un pronunciamiento oficial con el balance final de los disturbios ocurridos ese miércoles en el parque Murillo Toro.

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¿Cuál fue la causa de los disturbios en la protesta de Ibagué?

La causa directa de los disturbios en la protesta de Ibagué fue la intervención de la fuerza pública, que incluyó la presencia de una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes en el entorno del parque Murillo Toro. Esto alteró la marcha y llevó a una confrontación entre participantes y autoridades, según lo informado en los reportes del evento.

¿Por qué protestaron los ciudadanos en Ibagué el 14 de octubre?

Los ciudadanos de Ibagué protestaron como parte de una jornada nacional que buscaba expresar el rechazo a decisiones del Gobierno nacional. Entre las principales razones de la convocatoria estaban la defensa de la educación pública, el desacuerdo con recortes presupuestales, la exigencia de mejores condiciones laborales para el magisterio y el reclamo de garantías para el derecho a la protesta social. Así lo indicaron los organizadores y participantes que respaldaron la movilización.

De acuerdo con la información inicial consultada a través de El Nuevo Día, el operativo había comenzado con un allanamiento a una residencia en la que se presumía que ‘Chorizo’ se encontraba refugiado. Ante la presencia policial, el hombre habría escapado por el techo, obligando a los agentes a seguir el rastro entre techos y domicilios vecinos, lo que generó una amplia movilización en el sector. Durante las horas que duró el despliegue policial, la comunidad fue testigo del esfuerzo de las autoridades para dar con el paradero del hombre buscado.

Según la policía, alias ‘Chorizo’ es un hombre de aproximadamente 45 años que actualmente enfrenta una investigación por homicidio. Además de este señalamiento principal, también existen versiones sobre su posible vinculación con delitos adicionales, tales como tráfico de estupefacientes y hurto, aunque la información confirmada se concentra en el proceso relacionado con el homicidio. Esta situación lo mantenía como objetivo prioritario de las autoridades locales de Ibagué.

En el desarrollo del procedimiento, la figura de su padre, conocido como alias ‘El Pecoso’, cobró notoriedad. Se informa que permaneció casi tres horas frente a la vivienda mientras se adelantaba el operativo, lo que evidencia la tensión vivida tanto por la familia como por el entorno durante este proceso.

Después de entregarse, alias ‘Chorizo’ fue trasladado a las instalaciones de la policía y se esperaba, de acuerdo con lo reportado, que posteriormente fuera presentado ante la Fiscalía General de la Nación para el avance del proceso judicial correspondiente. El operativo, que inició en las primeras horas del miércoles, dejó en claro la capacidad de respuesta de la policía y la importancia de la coordinación con entidades investigativas como la Sijín en casos de alta peligrosidad.

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¿Por qué era buscado alias ‘Chorizo’ por la Policía de Ibagué?

Alias ‘Chorizo’ era buscado principalmente por estar vinculado a una investigación por homicidio, según información suministrada por la Policía Metropolitana y reportada por El Nuevo Día. Además, existen referencias a posibles conexiones con delitos como tráfico de estupefacientes y hurto, aunque la acusación principal que motiva el procedimiento judicial es el caso de homicidio.

¿Cómo fue el operativo de captura de alias ‘Chorizo’ en el barrio Combeima?

El operativo inició con un allanamiento a una vivienda en el barrio Combeima, donde los uniformados pensaban que se encontraba ‘Chorizo’. Tras escapar supuestamente por el techo, la búsqueda se extendió por casas y tejados cercanos. Finalmente, después de varias horas de rastreo y en presencia de su padre conocido como alias ‘El Pecoso’, ‘Chorizo’ decidió entregarse y fue puesto a disposición de la Sijín para avanzar en el proceso judicial.

De acuerdo con el abogado Daniel Solarte, representante de las víctimas y miembro de la firma Solarte Abogados, el ente acusador notificó a su equipo sobre los avances, enfatizando que aunque el material hallado sugiere una posible conexión de Rojas con el hecho, aún falta determinar con certeza su pertenencia. El hecho resulta relevante para el desarrollo judicial, pues podría reforzar la acusación y agravar la situación procesal del investigado.

Un aspecto que encendió las alarmas se relaciona con la denuncia de que Rojas Lares, desde el centro penitenciario de Cómbita, habría contactado a la hermana de Ana Lucía por teléfono para presionarla e intentar modificar su testimonio. Según Solarte, esta acción fue reportada a la Fiscalía, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), al Ministerio de Justicia y a la Presidencia de la República. Como consecuencia, las autoridades penitenciarias encontraron un teléfono celular presuntamente empleado en estas comunicaciones, iniciaron un proceso disciplinario contra el procesado y evaluaron su traslado a un lugar que garantice la no interferencia en la investigación.

Frente a la gravedad de los hechos imputados, la representación de las víctimas estima que, en caso de una condena, José Rojas Lares podría enfrentar una pena de hasta 60 años de prisión, si se comprueban todas las conductas punibles en su contra. El caso sigue su curso con la espera de la fecha para la audiencia donde la Fiscalía expondrá su nueva imputación, clave para las siguientes etapas del proceso.

El caso tuvo su origen el 14 de septiembre de 2026, cuando Ana Lucía fue reportada como desaparecida en Mosquera. Su cuerpo fue hallado al día siguiente en Ciudad Bolívar. El accionar de las autoridades, incluyendo la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa, permitió identificar y capturar rápidamente al presunto responsable, impulsando el avance de la investigación forense y judicial.

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¿Qué delitos enfrenta el principal sospechoso en el caso Ana Lucía González Mendoza?

De acuerdo con la información revelada por El Espectador y el abogado Daniel Solarte, José Rojas Lares enfrenta cargos por el asesinato de Ana Lucía González Mendoza y está en proceso una nueva imputación por acceso carnal violento. Esto se suma a la sospecha inicial de feminicidio, ampliando el espectro de delitos que podría afrontar en el contexto judicial de este caso.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras las denuncias de intimidación en prisión?

Luego de conocerse que Rojas Lares habría contactado a la hermana de la víctima desde prisión para presionarla en su testimonio, la representación de víctimas informó a la Fiscalía, al Inpec, al Ministerio de Justicia y a la Presidencia. Las autoridades encontraron un teléfono celular en poder del procesado, iniciaron un proceso disciplinario y consideraron su traslado a un recinto con mayores controles, además de activar la protección a la familiar afectada.

Entre julio de 2023 y julio de 2026, Unicef identificó 70 ataques, entre los que se evidencian daños en 31 escuelas, 24 amenazas contra maestros y 11 casos de agresión directa contra docentes. Cauca, Arauca y Norte de Santander lideran la estadística de departamentos con mayor incidencia de este tipo de violencia, sumando en total 79 casos. Otros departamentos como Chocó, Antioquia, Nariño, Putumayo, Meta, Valle del Cauca, Caquetá, Guaviare, Huila, Bolívar, Cesar, Córdoba, Risaralda y Vaupés también han sido escenario de estos hechos, según la información de Unicef obtenida por El Espectador.

Además de los ataques, Unicef ha documentado 92 eventos de utilización militar de escuelas, principalmente en Arauca, Chocó, Cauca, Norte de Santander y Antioquia. Estas instituciones han sido transformadas en cuarteles, depósitos de armamento, puestos de mando, e incluso escenarios para propaganda y reclutamiento, dejando a su paso profundas afectaciones en la vida escolar y comunitaria. Según Unicef, cerca de 21.700 menores se han visto afectados de manera directa por estas acciones, lo que refleja la gravedad de la situación.

La entidad manifestó su “gran preocupación por el aumento de las graves violaciones que se cometen contra la niñez, y contra bienes civiles como las escuelas, en el marco del conflicto armado en Colombia”. También recordó, de acuerdo con el derecho nacional e internacional, la obligación de proteger los centros educativos y bienes civiles en todo momento. Frente a esta situación, Unicef hizo un llamado urgente a todas las partes del conflicto para cesar los ataques y solicitó la implementación de acciones de protección en las regiones más vulnerables.

Paola Franchi, jefa del área de protección de la niñez en Unicef Colombia, enfatizó el daño múltiple y duradero que ocasiona la violencia contra escuelas y maestros, afectando no solo la educación, sino también derechos como la protección, el juego, la participación y el desarrollo de aptitudes. Franchi resaltó la importancia de acelerar la ejecución del plan de acción nacional relativo a la Declaración sobre Escuelas Seguras, instando a que las escuelas sean respetadas y protegidas sin excepción.

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¿Cuáles son los departamentos más afectados por ataques a escuelas según Unicef?

De acuerdo con Unicef, los departamentos con mayor número de ataques y uso militar de escuelas son Cauca, Arauca y Norte de Santander, seguidos por Chocó y Antioquia. Estas regiones concentran la mayor parte de los 163 casos verificados, lo que evidencia la presencia y persistencia del conflicto armado en dichos territorios.

¿Qué es la Declaración sobre Escuelas Seguras y cuál es su importancia en Colombia?

La Declaración sobre Escuelas Seguras es un compromiso internacional que busca proteger los centros educativos en contextos de conflicto armado. Su aplicación en Colombia es clave, ya que garantiza la protección del derecho a la educación y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, evitando que las escuelas sean usadas para fines militares o atacadas por grupos armados.

En la víspera de la movilización, el presidente oficializó el decreto 1525 de 2026, una normativa que regula los procedimientos para la protesta social y la intervención de la Fuerza Pública. El decreto ha sido fuertemente cuestionado por la oposición, que alega que la medida limita el derecho constitucional a la protesta y debería haber pasado por el Congreso. Según reporta El Espectador, desde la oposición se anunció la presentación de una demanda ante el Consejo de Estado y una tutela para suspender la aplicación del decreto, argumentando su inconstitucionalidad. Por su parte, la Casa de Nariño defendió que la decisión no restringe las movilizaciones pacíficas, reiterando que no se vulneran derechos fundamentales. El presidente aseguró en redes sociales: "¡El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz!"

En ciudades como Bogotá, las marchas fueron marcadas por momentos de concentración bajo la lluvia y el granizo, mientras grupos de sindicalistas, profesores y estudiantes continuaban su avance hacia la Plaza de Bolívar. Figuras de la oposición como Gustavo Petro, Iván Cepeda y Wilson Arias participaron activamente y criticaron tanto los recortes presupuestales como el reciente estatuto antiterrorista, además de rechazar el nuevo decreto. En Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez instruyó a la fuerza pública para permitir el desarrollo de la protesta sin permitir hechos de violencia. Del mismo modo, en Cali y Bucaramanga, las marchas transcurrieron en calma, bajo la vigilancia de los puestos de mando unificado dispuestos por las autoridades locales.

No todos los sindicatos llamaron abiertamente a la movilización. La Confederación General de Trabajadores (CGT) optó por el diálogo institucional, aunque una facción minoritaria sí se sumó a la jornada. En paralelo, desde la Presidencia se pidió a los servidores públicos mantener la normalidad en sus actividades laborales para garantizar la prestación de los servicios al público.

Durante la mañana y el mediodía, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) se fortaleció en puntos estratégicos, como el Congreso, para acompañar el desarrollo de las marchas, tal como lo establece el reciente decreto promulgado.

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¿Qué dice el decreto 1525 de 2026 sobre la regulación de la protesta social?

De acuerdo con información oficial divulgada por la Casa de Nariño, el decreto 1525 de 2026 establece parámetros para regular tanto las movilizaciones sociales como la actuación de la Fuerza Pública. El Ejecutivo sostiene que el objetivo central es proteger el derecho a la protesta pacífica y diferenciarlo de actos de violencia o vandalismo. Sin embargo, para la oposición, la medida coarta la manifestación social, pues consideran que las regulaciones de este tipo deben pasar por el Congreso y no ser expedidas por decreto.

¿Qué es la UNDMO en el contexto de las protestas en Colombia?

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) es el organismo encargado de acompañar y controlar el desarrollo de manifestaciones y protestas públicas. Según lo establecido en el reciente decreto y como se evidenció el 14 de octubre, la UNDMO tuvo presencia en lugares estratégicos como el Congreso y puntos de movilización para monitorear, dialogar y mantener el orden sin interferir en las movilizaciones pacíficas.

Tarazona aseguró en la entrevista que una de las líneas de investigación consideraría el magnicidio como un crimen de Estado. En su diálogo con la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón, señaló que existen elementos probatorios que apuntan a la posibilidad de que la orden pudiera provenir del Gobierno Nacional. Además, desestimó la hipótesis principal que ha manejado la Fiscalía, la cual responsabiliza a la Segunda Marquetalia —la disidencia de las Farc comandada por alias "Iván Márquez"— como determinadora del crimen. Para Tarazona, este grupo ilegal habría tenido solo un rol material y no de planificación o determinación. Explicó que la información entregada a la Fiscalía, junto con los debidos protocolos, indica que la verdadera orden partió del Congreso de la República, manteniendo bajo reserva la identidad de la persona que le advirtió sobre el riesgo al que estaban expuestos los precandidatos del Centro Democrático.

La viuda también manifestó su preocupación por la falta de avances en la investigación contra Augusto Rodríguez, exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a quien señaló por presunta negligencia en la protección de Uribe Turbay. Aunque la audiencia de imputación contra Rodríguez fue solicitada y retirada por la Fiscalía en 2025, Tarazona insiste en la importancia de profundizar esa investigación para aclarar qué pudo ocurrir.

El presidente Abelardo de la Espriella, durante el primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, reiteró el compromiso del Gobierno Nacional para esclarecer el magnicidio y castigar a quienes dieron la orden, no solo a los responsables materiales. Según El Espectador, la Fiscalía ha avanzado en identificar y judicializar a los autores materiales, entre ellos miembros de la organización "Plata o Plomo", como Elder Arteaga Hernández, alias "Chipi", y Simeón Pérez Marroquín, alias "el Viejo", acusado de trabajar como enlace con la Segunda Marquetalia.

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¿Quiénes son los principales señalados en el caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay?

De acuerdo con la información expuesta, la investigación de la Fiscalía ha identificado y judicializado a miembros de la organización criminal "Plata o Plomo", como Elder Arteaga Hernández, alias "Chipi", y Simeón Pérez Marroquín, alias "el Viejo". Además, la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc liderada por alias "Iván Márquez", ha sido mencionada en el expediente, así como posibles implicaciones políticas provenientes del Congreso, según lo manifestado por la viuda del senador.

¿Qué es la Segunda Marquetalia y cuál ha sido su papel en el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

La Segunda Marquetalia es una disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), dirigida por alias "Iván Márquez". Según la versión oficial de la Fiscalía, esta agrupación habría estado vinculada como determinadora del crimen. Sin embargo, María Claudia Tarazona sostiene que su rol habría sido estrictamente material, sin ser la mente detrás del magnicidio, contexto que aún está bajo investigación según Noticias Caracol y El Espectador.

La información fue divulgada por el periodista Juan Esteban Silva, corresponsal en Washington, mediante una publicación en la red social X.

Según Silva, el Departamento de Estado estadounidense le confirmó que conoce las denuncias, que cobraron relevancia después de una entrevista de Eva Ferrer, exasesora presidencial, con Vicky Dávila, publicada por la revista Semana.

En ella, Ferrer aseguró que Alcocer habría realizado varios viajes a Venezuela en los que presuntamente se transportaba droga y dinero.

Ferrer afirmó que existían fotografías de la ex primera dama descendiendo de un avión con maletas grises y sostuvo que esos desplazamientos se manejaban bajo estricta confidencialidad.

También señaló que Carolina Plata habría coordinado los vuelos y que los viajes no se limitaron a una sola ocasión.

Silva agregó que el Departamento de Estado recordó que Alcocer fue incluida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) en octubre de 2025, bajo la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con sanciones a personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito mundial de drogas. Según el periodista, la sanción continúa vigente.

Por ahora, las declaraciones sobre el supuesto transporte de narcóticos corresponden a denuncias atribuidas a Ferrer y no constituyen, por sí mismas, una prueba judicial de los hechos.

En el documento, Henríquez precisa que, en su calidad como presidente del Senado, pide de manera respetuosa que la Fiscalía lleve a cabo todas las diligencias necesarias para corroborar la información y continuar con las líneas de investigación pertinentes, garantizando el debido proceso y la reserva legal. Según Noticias Caracol, las afirmaciones de Tarazona apuntan a que la orden para el magnicidio partió desde el Congreso de la República, mientras que los recursos económicos para llevarlo a cabo habrían provenido, según ella, desde Venezuela. Tarazona aseguró que esta información ya reposa en la Fiscalía, respaldada por todos los protocolos requeridos.

Tarazona insiste en que no basta con responsabilizar a la Segunda Marquetalia (grupo ilegal que, según ella, solo sería parte del hecho material del crimen) y reclama conocer el trasfondo que llevó al asesinato de Uribe Turbay. Considera que la participación del grupo armado es solo un aspecto del caso y que el autor intelectual aún debe establecerse. Además, subraya la importancia de agilizar los procesos y particulariza en la relevancia de esclarecer el papel de alias Araña, líder de los Comandos de Frontera, extraditado recientemente a Estados Unidos.

De acuerdo con lo consignado en el documento enviado por Henríquez, debe esclarecerse sin ambigüedades quién ordenó, planificó y financió el crimen, asegurando que, si entre los responsables hay algún miembro del Congreso, le deberá caer "todo el peso de la ley". Asimismo, el presidente Abelardo de la Espriella, en un homenaje reciente, reiteró que el asesinato constituye un “crimen de Estado” y garantizó que el caso no quedará impune. Argumentó que la investigación no puede limitarse a los autores materiales, ya que aún resta conocer quiénes ordenaron el ataque y por qué motivos.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay sigue siendo un asunto de máxima prioridad para las instituciones y figuras políticas mencionadas en este caso. Según información de El Espectador, la investigación ha supuesto la captura de nueve personas y la condena de Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, quien admitió ser el enlace entre la Segunda Marquetalia y la organización “Plata o Plomo”, encargada de la logística y ejecución del atentado.

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¿Qué reveló María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, manifestó en entrevista con Noticias Caracol que la orden para el magnicidio habría salido desde el Congreso de la República y que los recursos para perpetrarlo provinieron de Venezuela. Afirmó que esta información ya está en manos de la Fiscalía, la cual debe continuar con las investigaciones para esclarecer completamente el crimen.

¿Quiénes han sido capturados y cuáles son los avances en la investigación del asesinato?

Según El Espectador, hasta la fecha han sido capturadas nueve personas por su presunta vinculación con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Entre estos, Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, fue condenado a 22 años de prisión tras reconocer su papel como enlace entre la Segunda Marquetalia y la organización “Plata o Plomo”, encargada de planear y ejecutar el atentado. La pesquisa aún busca identificar y responsabilizar al autor intelectual del crimen.

El movimiento telúrico tuvo como referencia la zona de Medio San Juan, cerca de Andagoya, y ocurrió a la 1:05 de la tarde, hora local.

De acuerdo con la información preliminar, el temblor tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a los 70 kilómetros. Esta característica hace parte de los datos técnicos utilizados para describir el evento sísmico.

El reporte del SGC indicó que el movimiento fue localizado en las coordenadas de latitud 4,67 grados y longitud -76,89 grados. Para establecer sus características, el sistema registró información de nueve estaciones de monitoreo.

Entre los municipios cercanos al epicentro se encuentran Sipí, ubicado a 27 kilómetros; Nóvita, a 44 kilómetros, y Medio San Juan, a 52 kilómetros, todos en el departamento del Chocó.

El evento aparece con estatus automático en el sistema de información sísmica, por lo que los datos corresponden al registro generado por los mecanismos de detección y procesamiento del organismo.

Hasta la información suministrada no se reportan datos sobre personas afectadas, daños materiales o consecuencias derivadas del movimiento telúrico.

La magnitud de 2,9 corresponde a un sismo de baja intensidad, aunque la percepción del temblor puede variar según la distancia al epicentro y las condiciones del terreno.

Bolaños Pastrana ya se encontraba privado de la libertad en la cárcel La Picota, en Bogotá, cumpliendo una medida de aseguramiento en el marco de esta investigación. La controversia surgió en abril de este año, cuando emergió el escándalo en el que fue nombrado como protagonista desde las primeras etapas de las pesquisas.

Al principio, las investigaciones sobre Bolaños Pastrana estaban centradas en el direccionamiento irregular de 78 contratos financiados con regalías. No obstante, la reciente decisión permitió ampliar dicha imputación a 23 contratos adicionales, quedando bajo observación un total de 101 convenios cuyo valor conjunto asciende a 496.000 millones de pesos, de acuerdo con lo reportado por la Fiscalía. El delito por el que será procesado es el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el cual implica omitir los procedimientos establecidos para la contratación pública. El exrepresentante de Aremca no aceptó los cargos que le fueron imputados.

El ente investigador, según datos de El Espectador, sostiene que Bolaños Pastrana ejercía amplio control sobre las decisiones contractuales en Aremca entre 2022 y 2023. Sus órdenes habrían permitido elegir directamente a los contratistas y modificar los cargos directivos, usando como sustento el manual interno de la asociación y evitando realizar licitaciones públicas o concursos, como exige la normativa vigente para el manejo de dineros públicos. Entre los contratos mencionados están proyectos de ganadería en Montelíbano, producción agrícola en Puerto Libertador y construcción de un complejo deportivo en Uribia, así como pavimentaciones, obras turísticas y dotación escolar en diversos departamentos.

Detrás de estos procesos se halló la utilización del esquema asociativo de municipios, una figura jurídica creada para gestionar proyectos en conjunto entre localidades. Sin embargo, Aremca, lejos de lograr el beneficio colectivo prometido, habría desviado al menos 3.200 millones de pesos a intereses privados. La Fiscalía también investiga a otros diez presuntos implicados, de los cuales nueve están bajo medida preventiva, tras identificar advertencias de la Contraloría y el Departamento Nacional de Planeación sobre anomalías en estos convenios.

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¿Cuál es el monto total de contratos investigados en el caso Aremca y qué irregularidades señala la Fiscalía?

El monto total de los 101 contratos bajo investigación en el caso Aremca alcanza los 496.000 millones de pesos. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las principales irregularidades detectadas son el direccionamiento de contratos, la selección directa sin concursos públicos y el uso del manual interno de Aremca para evitar procedimientos legales, todo ello con el presunto resultado de desviar fondos públicos destinados a obras y servicios en varias regiones.

¿Qué es el esquema asociativo de municipios y cómo fue usado en el caso Aremca?

El esquema asociativo de municipios es una figura jurídica utilizada para que varias localidades colaboren y gestionen de forma conjunta proyectos y recursos. En el caso Aremca, según El Espectador, esta herramienta habría sido utilizada para concentrar la adjudicación de contratos en la asociación, permitiendo que sus directivos, en vez de velar por el interés público, desviaran recursos y favorecieran intereses particulares.

Según el senador, la pretensión del jefe de Estado es acabar con el diálogo que, en el gobierno pasado, se convirtió una manera de hacer que la protesta social fuera pacífica y sin problemas.

“En nuestro gobierno no hubo un solo caso de un muchacho que perdiera un ojo por un cilindro de gas lacrimógeno o muerto por un disparo de la policía. Eso ocurría en el gobierno de Duque. Entonces, que la historia nos quiere devolver a ese momento en el cual el miedo termina convirtiéndose en la forma en la cual la fuerza pública actúa de una manera totalmente arbitraria”, señaló Cepeda a medios de comunicación.

Sin referirse a los escándalos recientes del gobierno de Gustavo Petro, ni los testimonios de Eva Ferrer sobre presunta corrupción y tráfico de drogas en la anterior administración, el excandidato presidencial convocó a la población a salir a las calles sin temor.

“La gente va a salir a protestar pacíficamente, como lo estamos haciendo, para demostrar que no nos atemoriza ni sus gritos (los del presidente) ni sus ademanes ni su puesta en escena con un arma al cinto, nada de eso”, exclamó.

(Vea también: EN VIVO Marchas en Bogotá ya afectan servicio de Transmilenio: así avanzan en varios puntos)

El senador cerró su mensaje recordando que Colombia tiene una larga tradición de movilización social ante la vulneración de derechos. “Aquí somos un país que está acostumbrado a que la gente se moviliza cuando violan sus derechos, y lo vamos a hacer”, concluyó.

Medidas que tomó el presidente De la Espriella para las protestas del 14 de octubre

Horas antes de las protestas de hoy, el jefe de Estado expidió un decreto en el que regula las protestas en Colombia y el actuar de la Fuerza Pública en eventuales ataques, aprovechando el escenario de los manifestantes.

Se trata del Decreto 1525 de 2026, una norma que modifica y adiciona disposiciones del Decreto 003 de 2021, relacionado con la actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas y la protección del derecho a la protesta pacífica.

“En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero ¡no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos!”, manifestó De la Espriella.

El congresista no dudó en calificar el mandato de De la Espriella como "mafioso", alegando que responde a intereses políticos que, en su concepto, ponen en riesgo los avances democráticos y los derechos sociales alcanzados en Colombia. Las declaraciones de Cepeda se producen en un contexto de confrontación política marcada entre el Ejecutivo y la oposición, mostrando la agudeza del debate sobre el rumbo del país.

Según manifestó Cepeda, las razones que motivaron a cientos de personas a salir a las calles son múltiples. Mencionó que los manifestantes están decididos a no permitir que sus derechos sean vulnerados. En palabras del congresista, “no vamos a permitir que se violen los derechos y se pisoteen los derechos de la gente”, enfatizando la determinación de quienes apoyan la protesta.

Asimismo, Cepeda se pronunció a favor del carácter pacífico de las movilizaciones y reiteró que la oposición no abandonará la defensa de lo que considera conquistas sociales. Aseguró que no van a dejar que les “vapuleen, maltraten o arrebaten” lo que han logrado hasta el momento. Antes de concluir su intervención, envió un mensaje directo a De la Espriella, presentándose como jefe de oposición y ratificando su compromiso de confrontar políticamente al jefe de Estado, en medio de las crecientes movilizaciones convocadas en rechazo a las medidas del gobierno y a la forma como se ha gestionado la protesta social.

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¿Por qué Iván Cepeda acusa al gobierno de Abelardo de la Espriella de favorecer sectores vinculados con narcotráfico y paramilitarismo?

Iván Cepeda afirmó durante las protestas que el actual gobierno favorece, en su opinión, a sectores que estarían relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo. El congresista considera que estas acciones del Ejecutivo ponen en riesgo los logros democráticos y sociales de la nación, y que por ello es necesario que la ciudadanía defienda sus derechos a través de la movilización social, según declaraciones referenciadas en el artículo original.

¿Cuál es el mensaje principal de Iván Cepeda frente a las protestas contra el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El principal mensaje de Iván Cepeda es que la ciudadanía no debe permitir que sus derechos sean vulnerados, y que la movilización pacífica es fundamental para defender las conquistas sociales. Cepeda ratificó su rol como jefe de oposición y expresó su determinación de confrontar políticamente al gobierno, insistiendo en que la oposición no renunciará a reclamar sus derechos ni aceptará retrocesos en materia social y democrática.

Estas directrices se publican en el marco de unas marchas convocadas por opositores al gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre los colectivos que llamaron a la jornada de protestas se encuentran el Pacto Histórico, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). De acuerdo con El Espectador, las movilizaciones se desarrollan en varias ciudades y, hasta el momento, la Fuerza Pública no ha informado incidentes en el orden público.

Este mismo miércoles, se pondrá en vigencia un decreto presidencial que regulará las protestas. El texto, firmado la noche anterior por el presidente De la Espriella, establece la presencia constante de la policía durante las marchas, con uniformados ubicados a cuatro metros de distancia de los manifestantes. El decreto fue presentado por el Gobierno como una medida para asegurar el desarrollo pacífico de la protesta y la protección de todos los participantes, así como de quienes no formen parte de las movilizaciones.

Mientras avanzan las marchas, desde el Ejecutivo se ha reconocido la postura de los sindicatos que decidieron no unirse a las movilizaciones. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, elogió la decisión de la Confederación General del Trabajo (CGT) y destacó su independencia y apuesta por el diálogo en el marco del Plan de Desarrollo, todavía en fase de formulación. Así lo reafirmó Jorge Iván Diez Vélez, quien lidera la CGT, al confirmar que las discusiones de los trabajadores se mantienen dentro de los canales institucionales considerados legítimos para resolver sus inquietudes.

Por su parte, el presidente De la Espriella también resaltó la actitud del Sindicato Nacional de Trabajadores y Procuradores Judiciales (Sintraprojudiciales), valorando su defensa de la institucionalidad y el derecho al trabajo. El mandatario recalcó que, si bien la protesta pacífica constituye un derecho, no debe utilizarse como pretexto para bloquear el país ni afectar a la población o la prestación de servicios esenciales.

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¿Cuáles son los lineamientos para los servidores públicos durante las manifestaciones del 14 de octubre?

De acuerdo con la circular del Dapre, los servidores públicos deben presentarse normalmente en sus lugares de trabajo y cumplir con el horario habitual, siguiendo las instrucciones particulares que dictamine cada entidad. Además, las instituciones están llamadas a adoptar medidas que faciliten el acceso del personal y garanticen la atención ciudadana, bajo advertencia de sanciones para quienes incumplan.

¿Qué regula el nuevo decreto sobre protestas firmado por el presidente De la Espriella?

Según El Espectador, el decreto establece que durante las protestas estará presente permanentemente la Policía Nacional, con uniformados situados a una distancia de cuatro metros de los manifestantes. La finalidad de este dispositivo es salvaguardar el derecho a la protesta pacífica y asegurar la protección tanto de quienes participan en las manifestaciones como de la población ajena a las mismas.

Acompañado por el alto funcionario del despacho encargado de tramitar los expedientes, identificado en el registro oficial como el doctor Barreto, el jefe de Estado hizo un balance contundente sobre el ritmo que ha tomado la administración en esta materia. Durante los primeros sesenta y siete días de mandato, el Ejecutivo ha acumulado un total de 131 procesos de extradición gestionados y evaluados bajo estrictos estándares de celeridad jurídica, evidenciando un cambio radical frente a los rezagos y la parálisis institucional heredada de periodos anteriores.

“Todas estaban congeladas, todas estaban paradas, no pasaba nada. Esto era tierra de nadie no solamente para los bandidos de aquí en Colombia, sino para los bandidos de otras latitudes que terminaban refugiados en Colombia o que delinquían afuera y pensaban que iban a quedar impunes”, sentenció De La Espriella durante su intervención oficial, reiterando que la figura de la cooperación internacional constituye una herramienta intransable para desarticular las grandes estructuras del narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

 

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El reporte audiovisual ratificó que la firma simultánea de estos once expedientes refuerza el compromiso del Ejecutivo por acelerar las solicitudes pendientes de tribunales extranjeros, especialmente de Estados Unidos. La medida se produce en medio de una compleja coyuntura de orden público marcada por marchas sindicales en la capital, donde la administración busca proyectar firmeza y resultados tangibles en materia de seguridad ciudadana y justicia penal.

Esta trascendental medida financiera fue confirmada por el Ministerio de Educación Nacional para otorgar un respiro económico a las personas que costearon sus estudios mediante financiamiento estatal.

El plan institucional está estructurado en dos estrategias principales: la reducción directa en las tasas de interés y auxilios especiales para los educadores afectados por el sismo de agosto.

Para el primer componente, la entidad desembolsará de forma directa una suma cercana a los 52.000 millones de pesos provenientes de sus fondos oficiales.

Dicha asignación presupuestal permitirá mitigar los intereses de los créditos de cerca de 170.000 alumnos universitarios que actualmente pagan cuotas y habían perdido el subsidio.

La segunda estrategia beneficia a 3.827 docentes y directivos docentes que adelantan programas de posgrado y cuyas obligaciones financieras serán condonadas tras la emergencia sísmica registrada.

En este grupo focalizado, los alivios abarcan un monto de cartera cercano a los 9.829 millones de pesos, tramitados a través de condonaciones y soluciones alternativas.

El seguimiento detallado a esta población reveló que los 9.830 millones de pesos en deudas están distribuidos técnicamente en 11 fondos que administra el Icetex.

El esquema contempla tres mecanismos de aplicación inmediata. El primero otorga la congelación total del pago de cuotas durante doce meses, frenando intereses futuros y perdonando los saldos pendientes.

La segunda alternativa dispone la condonación definitiva para las obligaciones que registren más de 360 días de mora, clasificándolas como cuentas irrecuperables dentro del sistema.

Como tercer mecanismo, la institución procederá a condonar la totalidad del crédito educativo a los usuarios graduados que cumplan con los parámetros reglamentarios.

Las disposiciones de Icetex cobijan a los beneficiarios residentes en Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

Con esta intervención estatal, la entidad busca garantizar la continuidad laboral y la estabilidad social de miles de profesionales en las dieciséis regiones seleccionadas.

En Plato, Magdalena, las intervenciones impactarán principalmente áreas rurales. La primera suspensión tendrá lugar en el conocido Circuito Nueva Granada 2 entre las 9:55 de la mañana y las 2:00 de la tarde. Este corte afectará el sector de El Progreso, Nueva Granada, concretamente en la calle 7 entre las carreras 12A y 13. Posteriormente, se realizará una segunda interrupción eléctrica en el Circuito Nueva Granada, cuyo inicio está previsto para las 2:15 de la tarde y finalizará a las 6:00 p. m. En esta ocasión, la suspensión abarcará el sector comprendido en el kilómetro 69 de la vía que une Ariguaní, El Difícil y Nueva Granada.

Por su parte, en Valledupar, Cesar, la programación se concentra en el Circuito Guatapurí 1, donde la interrupción del servicio se extenderá desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Los barrios afectados por los trabajos serán San Vicente, particularmente en la calle 14 entre carreras 17 y 19, y en la carrera 17 entre calles 14 y 15. Igualmente, en el barrio Alfonso López, la suspensión impactará la calle 14 entre carreras 15 y 16, de acuerdo con lo detallado por Energua.

Las labores en el municipio de El Paso, Cesar, están previstas en el Circuito La Loma 4. El servicio de energía se suspenderá entre las 9:45 de la mañana y las 3:30 de la tarde. El corte afectará sectores rurales del municipio, en especial el área de La Loma, puntualmente en la carrera 21 entre calles 12A y 13.

Energua ha recomendado a los habitantes de los sectores programados tomar precauciones durante los períodos sin energía, sugiriendo proteger los equipos eléctricos y organizar sus actividades para evitar contratiempos mientras persistan las labores en la red eléctrica.

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¿Cuáles sectores de Valledupar se quedarán sin energía el 15 de octubre por labores de Energua?

Los sectores de Valledupar que experimentarán cortes de energía eléctrica el 15 de octubre, según la información de Energua, corresponden al Circuito Guatapurí 1. Entre las 7:00 de la mañana y las 3:30 de la tarde, estarán sin servicio los barrios San Vicente (calle 14 entre carreras 17 y 19, y carrera 17 entre calles 14 y 15) así como Alfonso López (calle 14 entre carreras 15 y 16).

¿Por qué se producen los cortes de energía programados por Energua y qué recomendaciones se deben seguir?

De acuerdo con Energua, los cortes de energía programados tienen como objetivo efectuar labores de mantenimiento y trabajos en la infraestructura de la red eléctrica, para mejorar la confiabilidad y eficiencia del servicio. La recomendación principal para los usuarios de los sectores afectados es proteger los equipos eléctricos y planificar sus actividades, procurando evitar inconvenientes mientras se llevan a cabo las intervenciones técnicas.

Según la información disponible, la movilización fue convocada por agrupaciones sindicales, docentes, estudiantes y otros sectores, quienes recorrieron arterias importantes como la carrera Quinta hasta llegar al parque Murillo Toro. El propósito de la jornada era visibilizar la inconformidad frente a algunas medidas implementadas por el Gobierno nacional y respaldar diferentes reivindicaciones sociales.

Sin embargo, la aparición de grafitis a lo largo del recorrido ha reavivado un debate recurrente: ¿cómo equilibrar el derecho legítimo a la protesta con la protección de los bienes públicos y privados? El registro de estas intervenciones artísticas o simbólicas en muros y fachadas plantea la necesidad de distinguir entre actos de manifestación y acciones que pueden configurar daños a la propiedad.

La controversia también se extiende hacia la responsabilidad colectiva frente a los espacios compartidos en Ibagué. De acuerdo con el texto, si bien la protesta pacífica es reconocida como un derecho fundamental, las posibles afectaciones sobre el patrimonio urbano requieren una evaluación cuidadosa basada en los hechos constatados, los sectores intervenidos y las circunstancias específicas en las que ocurrieron. Por ahora, no se cuenta con información independiente que permita determinar con claridad cuáles puntos exactos resultaron afectados, la magnitud de los daños o las eventuales acciones que hayan sido emprendidas por las autoridades para identificar a los responsables.

El caso, por tanto, permanece abierto y a la espera de que autoridades o registros adicionales permitan profundizar en los hechos. Por el momento, según lo reportado, la jornada deja interrogantes sobre los límites de la protesta y la corresponsabilidad en el uso del espacio público en una ciudad donde el debate sobre la convivencia y la expresión social sigue activo.

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¿Qué consecuencias podría tener la aparición de grafitis durante protestas en Ibagué?

De acuerdo con la información presentada, los grafitis surgidos durante la jornada de protesta han motivado un debate sobre el uso responsable del espacio público y los posibles daños a bienes municipales o privados. En este contexto, cualquier intervención no autorizada puede derivar en actuaciones de las autoridades para determinar responsabilidades, aunque aún no se tiene claridad sobre los hechos específicos ni se ha confirmado la magnitud de los mismos.

¿Cómo se garantiza el derecho a la protesta sin afectar el espacio público en Ibagué?

La discusión reportada en el texto destaca la importancia de preservar el carácter pacífico de la protesta y distinguir entre expresiones legítimas y conductas que puedan afectar los bienes urbanos. Aunque la legislación reconoce el derecho a la manifestación, corresponde a los organizadores y participantes evitar daños a la propiedad, priorizando la convivencia y respetando los espacios compartidos de la ciudad.

Testigos reportaron que la víctima se hallaba utilizando su teléfono cuando el motorizado aprovechó la distracción para arrebatárselo y proceder con la fuga, tomando la carrera Tercera y posteriormente la calle 10, transitando en dirección contraria. Ante la alarma generada, la Policía Metropolitana se desplazó rápidamente hasta el lugar, brindando atención a la mujer y recolectando información esencial para iniciar la búsqueda del sospechoso. Conforme al reporte de El Nuevo Día, durante la transmisión de los hechos circuló información sobre la posible retención de un individuo vinculado con el robo, aunque las autoridades aclararon que su participación en el hecho aún debía ser verificada a través de los procedimientos correspondientes.

Paralelamente, ciudadanos que presenciaron el hurto intentaron detener al motociclista en pleno escape, sin lograr capturarlo en ese momento. La rápida reacción policial permitió activar operativos para dar con el paradero del responsable y avanzar en la atención de la víctima.

La seguidilla de hurtos preocupa a los ibaguereños, pues no es un caso aislado. De acuerdo con El Nuevo Día, en las últimas semanas se presentaron varios incidentes similares: el 5 de septiembre, hombres armados atracaron un local de venta de celulares en el sector Protecho-Topacio, sustrayendo equipos, dinero y joyas. Semanas después, ocurrieron dos robos de celulares en diferentes barrios, y el 8 de octubre, la comunidad tomó la justicia por mano propia al perseguir y agredir a un presunto delincuente, quemando su motocicleta cerca del Hospital San Francisco antes de la intervención policial.

Estos episodios, documentados por El Nuevo Día, reflejan la creciente inseguridad que enfrentan comerciantes, trabajadores y ciudadanos en la capital tolimense, quienes expresan su preocupación ante la frecuencia de hurtos en distintos sectores y horarios.

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¿Cómo ocurrió el robo de celular en el centro de Ibagué el 14 de octubre?

El robo de celular ocurrió el miércoles 14 de octubre, cuando una mujer usaba su teléfono cerca de la calle 10, entre carreras Tercera y Cuarta, en pleno centro de Ibagué. Un hombre en motocicleta se le acercó, le arrebató el celular y huyó por varias vías en contravía mientras peatones y conductores trataban de comprender la situación. La Policía Metropolitana acudió rápidamente, aunque la identidad del responsable aún debía ser verificada, según información de El Nuevo Día.

¿Qué otros robos recientes han generado preocupación en Ibagué?

La preocupación en Ibagué ha aumentado a raíz de varios robos sucedidos en semanas recientes. Según El Nuevo Día, el 5 y 25 de septiembre y el 26 y 29 del mismo mes se reportaron robos de celulares en diferentes sectores, incluyendo un asalto armado y casos en los que los delincuentes utilizaron motocicleta para huir. Además, el 8 de octubre se presentó un episodio de justicia por mano propia, donde la comunidad retuvo y agredió a un presunto ladrón, reflejando el cansancio frente a la inseguridad.

A través de un contundente comunicado firmado por su presidente nacional, Luis Alberto Castañeda Hernández, la organización sindical rechazó la convocatoria de paro, calificándola como un intento de manipulación partidista articulado por figuras que pertenecieron a la anterior administración. “Rechazamos totalmente las marchas de este 14 de octubre. Como servidores de la justicia y custodios de la legalidad, no podemos callar ni ser cómplices de jornadas que solo buscan la parálisis del país, el caos en la movilidad y el saboteo al acceso de los ciudadanos a los servicios del Estado”, aseveró el gremio, pidiendo a la ciudadanía no dejarse instrumentalizar por agendas políticas e incoherentes.

El pronunciamiento no solo distanció a los procuradores judiciales de las protestas promovidas por el petrismo, sino que ratificó un respaldo explícito a las medidas de contención del actual mandatario. “Respaldamos en su totalidad las políticas públicas y el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y las medidas que tome el 14 de octubre para el control de dichas marchas”, concluyó el documento, marcando una postura de defensa institucional desde los despachos judiciales.

La postura de Sintraprojudiciales fue celebrada públicamente por el presidente Abelardo De La Espriella a través de sus canales oficiales. En una publicación difundida en su cuenta de X, el mandatario destacó la valentía de los servidores públicos al priorizar la productividad nacional sobre las vías de hecho. “Agradezco a Sintraprojudiciales por su pronunciamiento firme y valiente en defensa de la institucionalidad, el orden y el derecho de los colombianos a trabajar. Colombia no puede seguir siendo rehén de quienes pretenden paralizarla. La protesta pacífica es un derecho, pero jamás puede convertirse en excusa para bloquear el país, afectar a millones de ciudadanos o impedir el funcionamiento de los servicios públicos”, expresó el jefe de Estado, cerrando su mensaje con la consigna “¡A Colombia la sacamos adelante trabajando, no paralizándola!”

Uno de los aspectos más críticos es la vivienda. María del Mar Mozo, secretaria de Vivienda Social y Hábitat de Cali, aseguró que más de 8.000 viviendas resultaron con afectaciones, de las cuales 3.000 fueron declaradas no habitables. Además, la Secretaría ha recibido 14.000 reportes de afectaciones y ha ejecutado aproximadamente 5.000 visitas técnicas. La funcionaria subrayó la importancia de los estudios técnicos de segunda fase, esenciales para determinar cuáles edificaciones deben ser demolidas, cuáles pueden fortalecerse estructuralmente y cuáles requieren mejoramientos, siempre priorizando la seguridad de los ocupantes. Sin embargo, la evaluación avanza lentamente debido a la escasez de profesionales especializados en el diagnóstico estructural.

En cuanto a la intervención empresarial, María Isabel Ulloa, directora de Propacífico, destacó que empresas locales han colaborado con recursos y apoyo logístico, permitiendo que personas afectadas pudieran salir de los albergues y alojarse temporalmente en hoteles, en tanto accedían a subsidios. El sector privado planea invertir $220.000 millones en cuatro años para recuperar infraestructuras educativas y de salud en Cali y en otros municipios como Buenaventura, Roldanillo y El Cairo, con un enfoque especial en el retorno seguro de niños a las aulas y en mitigar la presión sobre la red hospitalaria.

Mabel Lara, gerente de Proyectos Estratégicos de la Alcaldía, resaltó la articulación entre gremios, ciudadanía y empresas para responder a la emergencia. El ocho de septiembre llegaron 700 toneladas de ayudas y la Secretaría de Desarrollo Económico destinó $10.300 millones a la reactivación de micronegocios. Sin embargo, la funcionaria advirtió que casi 22.000 hogares aún no tienen certidumbre sobre su futuro habitacional y que se requieren cerca de 20 toneladas diarias de alimentos para cubrir necesidades básicas.

El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, anunció que 45.000 familias están registradas como damnificadas y 21.000 cumplen los requisitos para recibir apoyo económico; de esas, 9.200 familias ya han recibido algún pago. En infraestructura, se inspeccionaron 5.700 edificaciones y se tiene un reporte de 66 a demoler. Por otro lado, 144 personas siguen alojadas en hoteles a la espera del desembolso de ayudas.

Walter Cotte, coordinador de emergencias de la Cruz Roja del Valle, afirmó que la organización, junto a la Alcaldía, mantiene campañas de salud, apoyo psicosocial y entrega de kits alimentarios, además de proyectos de prevención y gestión del riesgo comunitario para fortalecer la preparación ante futuras emergencias.

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¿Cómo avanza la reconstrucción de viviendas en Cali tras el terremoto?

La reconstrucción de viviendas continúa siendo un proceso en desarrollo. De acuerdo con la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Cali, se han identificado más de 8.000 viviendas afectadas y cerca de 3.000 no se consideran habitables. El avance depende de estudios técnicos que definirán si las viviendas deben demolerse, reforzarse o mejorarse, y aunque el proceso es lento por la falta de personal especializado, la ruta de intervención se establecerá con base en resultados comprobados.

¿Qué ayudas humanitarias y económicas reciben las familias damnificadas en Cali?

Las familias damnificadas reciben ayudas humanitarias como alojamiento temporal, kits alimentarios y apoyo psicosocial, canalizadas por la Alcaldía, el sector empresarial y organizaciones como la Cruz Roja. Además, se han destinado recursos económicos para la reactivación de micronegocios y subsidios para quienes cumplen los requisitos. No obstante, hay una demanda alta y aún miles de familias esperan apoyo y una solución habitacional estable.

Las autoridades han logrado que ocho de los fugitivos se entregaran de manera voluntaria hasta el momento, pero aún persisten operativos de búsqueda para intentar reincorporar a los otros evadidos. Según El Espectador, entre los fugados se encuentran personas con diferentes perfiles, algunos de ellos relacionados con estructuras de crimen organizado, mientras que otros pertenecen a la delincuencia común. Es relevante destacar, por ejemplo, la presencia de individuos señalados por las autoridades como alias “Mongolo” dentro del grupo de evadidos.

Para analizar el impacto de esta fuga, El Espectador consultó a Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte e investigador del conflicto. Trejos consideró que esta acción no solo expone debilidades operacionales, sino que también deja en evidencia “una profunda falta de capacidad institucional en cuanto a la garantía del servicio de seguridad ciudadana por parte de las autoridades distritales de Santa Marta, que no tuvieron la capacidad de prevenir este hecho o revertirlo de manera rápida”. El especialista recalca que la mezcla de perfiles dentro del grupo de fugados añade un contexto más complejo a la situación, pues combina riesgos asociados tanto al crimen organizado como a la delincuencia común.

Toda esta situación ocurre en medio de un clima de preocupación por la presión represiva luego del paro armado convocado por la ACSN, que evidenció las capacidades de inestabilidad sobre territorios estratégicos y pone el foco en la efectividad de los dispositivos de seguridad y de las autoridades en Santa Marta.

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¿Cómo ocurrió la fuga de presos en el Centro de Detención Transitoria de Santa Marta?

La fuga se produjo cuando uno de los internos notificó a los custodios que tenía problemas de salud, lo que llevó a los encargados a abrir una reja para suministrarle acetaminofén. En ese preciso momento, los demás detenidos se amotinaron y aprovecharon la oportunidad para escapar, según el reporte citado por El Espectador.

¿Quiénes están entre los fugados y por qué es grave esta situación para la seguridad?

Entre los fugados hay delincuentes con vínculos a organizaciones de crimen organizado y otros relacionados con la delincuencia común, incluyendo a personas señaladas como alias “Mongolo”. La mezcla de perfiles entre quienes se evadieron representa un desafío adicional para las autoridades, pues aumenta el riesgo tanto de delitos comunes como de actividades coordinadas por estructuras criminales, de acuerdo con el análisis presentado por El Espectador.

La intención es tomar reacción inmediata frente a disturbios, con lo que los agentes de la  Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocida como Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) asumen un papel determinante en estas jornadas.

Por esa razón es que no pasó desapercibido un video que pronto se hizo viral en el que es posible observar a hombres uniformados con un particular mensaje previo al arranque de estas movilizaciones.

Cabe recordar que las protestas se van a llevar a cabo a nivel nacional en las principales ciudades del país, con organizaciones como Fecode como los actores más destacados en este día.

El video de los agentes de la UNDMO (antes Esmad) dice “ya volvimos”, donde se observa a cinco de ellos caminando y uno, el que sostiene la cámara, sonriente frente a ese mensaje.

“Creo que ya puede decirse que la suerte está de regreso. Ya volvimos, ‘baby’, carajo, volvimos. Hemos vuelto, clásico. De vuelta, de vuelta”, se escucha en el audio que es viral en TikTok y que fue usado para este caso.

Cabe recordar que ese es un fragmento de la película ‘¿Qué pasó ayer?’, en donde los personajes celebran que alcanzan un avance importante después de las adversidades propias de la trama.

De igual manera, resulta útil aclarar que no se conoce la ubicación de los agentes que publicaron el video que se ha difundido por medio de las redes sociales con ese mensaje.

Lo cierto es que, debido a la concentración de personas que están previstas para las manifestaciones, se espera que haya afectación en la movilidad en varios puntos claves de Bogotá.

Hasta el momento no hay ninguna clase de reacción oficial sobre ese video que surgió después de que se confirmó la determinación por parte del Gobierno frente a las protestas a nivel nacional.

¿En qué consiste decreto del Gobierno frente a las protestas en Colombia?

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el 13 de octubre de 2026 el Decreto 1525, sobre protesta social.

La norma se titula ‘Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado’.

También busca proteger el derecho a la protesta pacífica ciudadana, según el texto oficial divulgado por el Gobierno.

El decreto modifica y adiciona disposiciones al Decreto 003 de 2021, conocido como el Estatuto de la Protesta.

Entró en vigor el miércoles 14 de octubre, día de la primera movilización nacional contra el actual Gobierno.

Esas marchas fueron convocadas por sectores sindicales, políticos y organizaciones cercanas al expresidente Gustavo Petro.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, confirmó la aplicación inmediata de la norma antes de las marchas.

Lara aseguró que el decreto es “garantista y democrático”, pese a críticas desde sectores de oposición.

La norma establece que la obstrucción vial, por sí sola, no cambia el carácter pacífico de una manifestación.

Define además conductas consideradas violentas: agresiones físicas, lanzamiento de objetos peligrosos y retención de personas.

También prohíbe explícitamente la utilización de menores de edad dentro de las movilizaciones sociales.

El decreto formaliza cinco niveles progresivos para la actuación institucional durante cualquier manifestación pública.

El primer nivel corresponde a gestores de convivencia municipales, encargados del acompañamiento inicial a los manifestantes.

Le sigue el diálogo directo con quienes protestan, buscando evitar la escalada de tensiones iniciales.

El tercer nivel corresponde a una instancia formal de mediación entre autoridades y representantes de la movilización.

Si persisten hechos violentos, el alcalde puede ordenar disuasión desde un Puesto de Mando Unificado.

Como último recurso, interviene la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, conocida como UNDMO.

Esa unidad reemplazó anteriormente al antiguo Esmad, dentro de un proceso de reforma policial previo.

Según el decreto, la UNDMO solo puede actuar tras agotarse las etapas anteriores de diálogo y disuasión.

El Gobierno insiste en que la mediación sigue siendo la regla general, no la intervención policial inmediata.

El decreto también contempla corredores humanitarios para garantizar la movilidad de servicios esenciales durante las protestas.

Voces de oposición cuestionaron la norma, calificándola como un intento de criminalizar la protesta social legítima.

El Gobierno respondió que busca proteger a manifestantes pacíficos frente a posibles infiltrados violentos.

El listado identifica a los colegios según categorías que van de D1 a D10, siendo D1 la más alta, y calificaciones relacionadas con sus certificaciones y acreditaciones nacionales e internacionales.

En la categoría D1 quedaron siete instituciones: Colegio Boston Internacional, de Barranquilla; Colegio Bilingüe Diana Oese, de Cali; Colegio Nuevo Cambridge, de Girón; Colegio Angloamericano, de Bogotá; Colegio Bilingüe Divino Niño, de Bucaramanga; Gimnasio Contemporáneo, de Armenia, y Liceo Campo David, de Bogotá. Además, 25 colegios alcanzaron la categoría D2.

Por su parte, 12 instituciones obtuvieron la calificación máxima, AAA+++. Entre ellas están el Gimnasio Alessandro Volta y el Colegio Los Nogales, de Bogotá; el Colegio Montessori, de Medellín; el Colegio Alemán, de Cali; el Colegio Marymount, de Puerto Colombia, y el Colegio Rochester, de Chía.

El ranking no se basa en los resultados de las pruebas Saber 11. Sin embargo, los datos de 2025 muestran diferencias importantes en el desempeño académico.

El promedio nacional fue de 262,7 puntos sobre 500, mientras que los 100 colegios con mejores resultados promediaron 365,3 puntos.

El Gimnasio Contemporáneo, de Armenia, encabezó esa clasificación con 396,5 puntos, seguido del Colegio Bilingüe Diana Oese, de Cali, con 394,6, y el Gimnasio Calibio, de Popayán, con 391,4. En contraste, Chocó concentró 47 de las 100 instituciones con menores resultados.

Desde las primeras horas de la mañana, se evidenció una importante concentración de personas portando carteles, coreando consignas, tocando instrumentos y acompañando la manifestación con música. El recorrido definido partió del punto de encuentro hacia el Parque de las Banderas, localizado en el sur de la ciudad, atravesando así el corazón de Cali por el reconocido corredor de la Calle 5. De acuerdo con el mismo medio, la marcha avanzó con acompañamiento permanente de las autoridades locales y la activa presencia de distintos gremios vinculados al sector trabajador, confirmando el carácter plural del evento.

Para las 9:30 a. m., la columna de manifestantes había comenzado a movilizarse por la ruta establecida, mientras miembros de las fuerzas de seguridad supervisaban el desarrollo pacífico de la movilización. Esta presencia oficial se planteó, según la información publicada, como medida preventiva para garantizar tanto el derecho a la protesta como la seguridad ciudadana durante el trayecto. La convocatoria involucró a sectores con demandas diversas, reflejando la complejidad del actual clima social y político en la ciudad de Cali.

Debido a la masiva participación, las autoridades comunicaron posibles afectaciones en la movilidad a lo largo de la Calle 5, principal arteria afectada por la manifestación. Como respuesta a esta situación, se recomendó a los conductores tomar vías alternativas para desplazarse hacia el sur de la ciudad, utilizando corredores como la Avenida 3N, la Calle 13N, la Avenida 8N, la Avenida 4N, la Avenida 1N, la Carrera 4 y la Avenida Circunvalar, rutas propuestas para minimizar el impacto vehicular en la zona de influencia de la marcha.

La cobertura de Noticiero 90 Minutos destaca que la jornada es noticia en desarrollo, en la medida en que continúa avanzando la marcha y evolucionan los acontecimientos en el terreno. De esta manera, Cali vuelve a ubicarse como referente nacional del ejercicio democrático en las calles, en un contexto marcado por la convergencia de diversas agendas sociales y políticas.

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¿Por qué se realizan movilizaciones sociales en Cali hoy?

De acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos, la movilización social que se lleva a cabo hoy en Cali fue convocada por sectores de la oposición, sindicatos, docentes y organizaciones políticas. La marcha surge como expresión de distintas exigencias y demandas de estos grupos hacia las autoridades, buscando visibilizar sus inquietudes y ejercer el derecho a la protesta en un espacio público.

¿Cuáles vías de Cali están afectadas por las marchas del 14 de octubre?

Según lo informado por Noticiero 90 Minutos, la principal vía afectada por las marchas de este 14 de octubre en Cali es la Calle 5, especialmente en el tramo que conecta el centro de la ciudad con el sur, donde se encuentra el Parque de las Banderas. Las autoridades recomendaron rutas alternas como la Avenida 3N, Calle 13N, Avenida 8N, Avenida 4N, Avenida 1N, Carrera 4 y la Avenida Circunvalar, buscando reducir congestiones en el área del evento.

El proceso busca otorgar hasta 81 créditos condonables, cubriendo 27 programas doctorales de siete universidades aliadas: Universidad Nacional de Colombia, Universidad de La Sabana, Universidad El Bosque, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estas instituciones ponen a disposición su capacidad académica para fortalecer la formación de talento en áreas alineadas con retos estratégicos de la región.

Quienes resulten beneficiados recibirán un respaldo integral, que comprende el cubrimiento total de la matrícula durante la duración oficial del programa de doctorado, sostenimiento semestral de 27 millones de pesos, hasta 45 millones para el desarrollo de investigaciones, y una asignación única de más de 7,6 millones para movilidad internacional. Los créditos otorgados tendrán una tasa de interés del 0 % sobre el capital desembolsado. Todo esto, según lo informa la propia Agencia Atenea.

Las personas interesadas deben preparar su postulación desde ahora, pues la Agencia aún no ha anunciado el cronograma oficial, pero el proceso requiere gestionar anticipadamente la admisión universitaria, paso imprescindible para participar, conforme recalca el director de Atenea, Víctor Saavedra. El proceso completo implica seis pasos: escoger la universidad y programa, lograr la admisión, formular una propuesta de investigación acorde a las demandas territoriales de Bogotá y Cundinamarca, postularse cuando Atenea abra oficialmente la convocatoria, consultar los resultados y, finalmente, legalizar el crédito para empezar estudios de doctorado en 2027.

Las líneas temáticas priorizadas incluyen economía circular, transición energética y salud, abarcando investigaciones que respondan a temas como ordenamiento territorial, conservación de biodiversidad, construcción de paz, seguridad sanitaria, soberanía alimentaria y uso de energías sostenibles, siempre buscando soluciones que aporten a la calidad de vida y desarrollo sostenible territorial.

Según la Agencia Atenea, toda la información oficial, universidades y cupos pueden consultarse directamente en su sitio web. Se enfatiza en comenzar el proceso de admisión previo a la apertura del cronograma, pues solo quienes hayan sido admitidos en una de las universidades aliadas podrán postularse cuando la convocatoria esté habilitada.

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¿Cuáles son los requisitos para acceder a la convocatoria 'Roberto Zarama' de la Agencia Atenea?

De acuerdo con la información oficial de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), quienes deseen acceder a la convocatoria deben, antes de postularse, ser admitidos en uno de los programas doctorales priorizados de las siete universidades aliadas. Además, es necesario presentar una propuesta de investigación alineada con las demandas territoriales de Bogotá y Cundinamarca y adjuntar la carta o certificación de admisión al momento de la postulación, siguiendo los pasos detallados por la Agencia.

¿Qué significa que los créditos educativos sean condonables y con 0 % de interés en esta convocatoria?

En el contexto de la convocatoria 'Roberto Zarama', un crédito educativo condonable implica que los beneficiarios podrán no pagar el saldo del crédito si cumplen con ciertos requisitos, como los logros en investigación estipulados por la Agencia Atenea. Además, el 0 % de interés significa que no se cobrarán intereses sobre el dinero desembolsado, lo que facilita a los beneficiarios enfocarse en su formación e investigación sin una carga financiera adicional.

En el documento, Alcocer rechazó de manera directa los señalamientos de Ferrer, argumentando que estaban fundamentados en relatos de terceros y no en hechos presenciados personalmente. Expresó públicamente su disposición plena para cooperar con las autoridades, resaltando su interés en "que se esclarezcan con absoluta rigurosidad" los hechos ventilados por los medios.

Frente al asunto de los viajes a Venezuela, la exprimera dama puntualizó que, durante el tiempo en que desempeñó labores protocolarias, viajó únicamente en dos ocasiones a ese país. Detalló que el primer viaje fue el 31 de enero de 2023 como parte de una delegación oficial, y el segundo el 18 de noviembre de 2023, acompañando al entonces presidente Gustavo Petro. Alcocer fue enfática al afirmar: “No realicé ningún otro desplazamiento a ese país, ni siquiera a título personal.” Asimismo, manifestó que dichos viajes cuentan con registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual de acceso público, elementos con los cuales, según ella, se puede verificar plenamente tanto las actividades como los asistentes.

Por otra parte, Alcocer pidió a la Fiscalía General de la Nación que informe si existe una nueva investigación penal en su contra con motivo de las afirmaciones presentadas el 9 de octubre, solicitando datos específicos sobre número de radicación y despacho a cargo, en caso de haberla. Además, recordó que ya había acudido antes a esa entidad por señalamientos anteriores y mencionó que su equipo jurídico continúa recopilando información para ponerla a disposición de las autoridades. Será esa institución la responsable de verificar el fundamento de las acusaciones y cualquier posible responsabilidad derivada.

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¿Cuántos viajes hizo Verónica Alcocer a Venezuela durante su periodo como primera dama?

De acuerdo con la propia Verónica Alcocer, solo realizó dos viajes a Venezuela mientras cumplía funciones protocolares en calidad de primera dama. Según su declaración formal y los registros institucionales disponibles, el primero de ellos fue el 31 de enero de 2023, como integrante de una delegación oficial, y el segundo, el 18 de noviembre de 2023, acompañando al entonces presidente Gustavo Petro.

¿Cuáles son las acusaciones que Eva Ferrer hizo contra Verónica Alcocer y cómo las respondió ella?

Eva Ferrer, quien trabajó como asesora para Alcocer, la acusó en una entrevista con la revista Semana de haber participado en supuestos traslados de drogas hacia Venezuela en aviones oficiales y del retorno de sumas de dinero a Colombia, específicamente 2,5 millones de dólares. Alcocer calificó estas afirmaciones como infundadas, aclarando que están basadas en relatos indirectos y no en hechos comprobados, y reiteró su disposición para cooperar con la justicia para esclarecer estos señalamientos.

El derecho de petición, fechado el 13 de octubre, manifiesta el interés de Alcocer por aclarar las acusaciones en su contra. Según el documento, ella fue primera dama y realizó dos viajes oficiales a Venezuela; el primero el 31 de enero de 2023 como parte de una delegación y el segundo el 18 de noviembre de 2023, acompañando al presidente de la República. Alcocer aseguró que no realizó otros desplazamientos, ni siquiera personales, y sostiene que existen registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual que respaldan sus declaraciones.

Alcocer expresó confianza en que comparar estos documentos y los testimonios de los participantes de los viajes permitirá desvirtuar las acusaciones y dejar en claro que no participó en conductas irregulares. La relevancia de la petición surgió luego de que la Procuraduría General de la Nación citara a Eva Ferrer para dar información sobre los presuntos actos de corrupción que mencionó públicamente, señalando la implicación de varios servidores públicos en el caso. Según El Espectador, también deberán declarar otras figuras relacionadas con el Gobierno, como Carmen Caballero, Angie Rodríguez (exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre), Concepción Baracaldo (exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF), Guillermo Reyes (exministro de Transporte) e Ingrid Carolina Plata Navas.

Las declaraciones de Ferrer fueron hechas en una entrevista con la revista Semana, en la que señaló a Alcocer de supuestamente aprovechar su cargo para actividades ilícitas entre Colombia y Venezuela, como transporte de drogas, armas y dinero, y de influir en la asignación de cargos y contratos estatales. También mencionó potenciales financistas no reportados de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Tras la publicación de la entrevista, el expresidente Petro acusó al medio de difamación y anunció una denuncia legal, solicitando una rectificación.

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¿Qué declaró Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer y cuáles fueron las consecuencias?

Eva Ferrer, exasesora y exconsejera del Gobierno, aseguró en una entrevista con la revista Semana que Verónica Alcocer habría utilizado su cargo como primera dama para transportar drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela, además de intervenir en la asignación de cargos estatales. Estas declaraciones derivaron en distintas citaciones judiciales tanto para Ferrer como para otros exfuncionarios y motivaron acciones legales por parte de la familia Petro Alcocer.

¿Qué es el Dapre y por qué está relacionado con este caso?

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, conocido por la sigla Dapre, es un organismo encargado de apoyar la gestión administrativa y política de la Presidencia. En este caso, la exdirectora de esa entidad, Angie Rodríguez, fue citada a declarar como parte de la indagación sobre las denuncias de corrupción mencionadas por Ferrer.

La propuesta une dos proyectos musicales bajo la dirección del músico, compositor y productor Eblis Álvarez, complementados por la intervención visual en tiempo real de Mateo Rivano. Las imágenes, generadas por el artista bogotano, se proyectarán sobre la superficie del domo gracias a tecnología ‘fulldome’, creando una experiencia inmersiva que fusiona sonido e imagen en simultáneo. El evento se enmarca dentro de la filosofía del Festival NO Convencional, que este año se presenta con la consigna "Espectáculos atípicos en tiempos inesperados", invitando tanto a residentes como a visitantes a explorar presentaciones que desdibujan los límites tradicionales de las artes.

Meridian Brothers, liderada por Eblis Álvarez, es célebre por mezclar ritmos como la cumbia, salsa y vallenato con elementos de electrónica, psicodelia y exploración sonora, logrando un sello inesperado y atractivo. Por otro lado, Chúpame el Dedo nació en 2013 tras una invitación de la Haus der Kulturen der Welt de Berlín, con Álvarez y el baterista Pedro Ojeda al frente, cruzando la música tropical con géneros extremos del metal y un tono humorístico tanto en el escenario como en la música. El primer registro del grupo fue lanzado en vivo, acompañado de ilustraciones de Mateo Rivano.

Este último, artista plástico y escultor con formación en Florencia, Italia, ha expuesto en reconocidos escenarios internacionales y su obra abarca escultura, pintura, vídeo y animación. Su conexión con la música es profunda, habiendo realizado piezas visuales para diversos proyectos y desempeñándose también como DJ y coleccionista.

El Festival NO Convencional se extiende de septiembre a diciembre de 2026 en Bogotá e incluye música, cine, danza y artes vivas, buscando nuevas formas de interacción con el público y los espacios, de acuerdo con Idartes. El Planetario, ubicado en calle 26b #5-93, será epicentro de una programación que estimula el diálogo entre distintas expresiones artísticas.

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¿Quiénes son los artistas que se presentan en el Festival NO Convencional en el Planetario de Bogotá?

El Festival NO Convencional presenta en el Planetario de Bogotá a Meridian Brothers y Chúpame el Dedo, agrupaciones lideradas por Eblis Álvarez, junto al artista bogotano Mateo Rivano. Álvarez fusiona géneros tropicales con experimentación y electrónica, mientras que Chúpame el Dedo aporta una mezcla de música tropical y metal, con un enfoque humorístico. Por su parte, Mateo Rivano es un artista visual, escultor y DJ, encargado de la parte visual del espectáculo.

¿En qué consiste la experiencia ‘fulldome’ que se usará en el concierto en el Planetario de Bogotá?

La experiencia ‘fulldome’ implica la proyección de imágenes en tiempo real sobre toda la superficie curva del domo, sumergiendo al público en una atmósfera visual creada a la par con la música en vivo. En este caso, Mateo Rivano estará a cargo de las creaciones visuales que acompañarán las interpretaciones de Meridian Brothers y Chúpame el Dedo, potenciando la conexión entre imagen y sonido en una propuesta verdaderamente inmersiva.

El problema, según lo relatado en el video de la denuncia, tiene origen en el deterioro de las tuberías vinculadas al sistema de manejo de aguas residuales. Según el denunciante, "esas tuberías están rotas y constantemente se filtra absolutamente toda el agua negra, acumulándose, como se pueden dar cuenta, acumulándose en todo este sector, generando muy malos olores, dejando en evidencia el poco mantenimiento que están teniendo las entidades relacionadas con el tema de manejo de aguas en Valledupar". Este señalamiento destaca la aparente falta de mantenimiento preventivo por parte de las entidades responsables de la gestión de aguas de la ciudad.

La situación alcanza un nivel de gravedad adicional debido a la presencia de adultos mayores y personas con enfermedades viviendo en las inmediaciones del manjol afectado. El denunciante hizo énfasis en la necesidad urgente de que las autoridades tomen medidas para evitar que el problema se agrave y surjan enfermedades asociadas con el contacto y la exposición permanentes a las aguas negras. Citando sus palabras: "En esta zona viven ancianos, viven personas con enfermedades y parece que son indolentes frente a esta situación".

Otra consecuencia directa del rebosamiento del manjol es el deterioro físico de la infraestructura vial. El denunciante denunció que "la carretera se está hundiendo, si se puede dar cuenta, eso se está hundiendo, en cualquier momento eso se va a erosionar completamente y va a quedar un hueco en donde van a salir con más, con mayor caudal o con mayor volumen las aguas negras de esta zona". Esto implica riesgos no solo para la salud, sino también para la movilidad y seguridad vial en el sector.

En síntesis, la reiterada filtración de aguas negras, la generación de malos olores, los riesgos a la salud pública y el daño a la infraestructura convierten este caso en un llamado de atención que la comunidad dirige a las entidades competentes, solicitando acciones concretas para resolver una problemática que, según la denuncia recogida por EL PILÓN, ya se extiende por ocho años.

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¿Por qué el manjol rebosado en Valledupar preocupa tanto a la comunidad?

El manjol rebosado en la carrera 12 con calle 9C ha causado molestias constantes debido a los malos olores y la acumulación de aguas negras, situación agravada porque en la zona residen adultos mayores y personas con enfermedades. Además, según la denuncia ciudadana citada por EL PILÓN, la filtración ha provocado el hundimiento de la vía, lo que pone en riesgo tanto la salud como la seguridad de quienes transitan por este sector.

¿Cuáles son los riesgos de salud asociados al rebosamiento de aguas negras?

De acuerdo con el denunciante recogido por EL PILÓN, el contacto con aguas negras genera condiciones que pueden favorecer la aparición de enfermedades. Las personas más vulnerables en la zona, como adultos mayores y quienes ya presentan problemas de salud, corren un riesgo mayor, por lo que la exposición constante a este tipo de contaminación hace urgente la intervención de las entidades responsables del manejo de aguas en Valledupar.

Durante la suspensión, estudiantes de Medicina y Cirugía expresaron públicamente su preocupación ante la falta de información sobre los escenarios dispuestos para continuar con su formación, la necesidad de firmar nuevos convenios, y la programación de las rotaciones que cada periodo académico exige. De acuerdo con el medio 90 Minutos, más de 200 estudiantes completaron 63 días sin prácticas clínicas, lo que generó protestas y solicitudes claras de comunicación y organización por parte de la universidad. Entre las inquietudes específicas se incluyeron la necesidad de confirmar el convenio con la Clínica Cali y la aprobación pendiente de tres rotaciones programadas en la Fundación Valle del Lili.

Para responder a estos retos, la universidad dispuso el uso de varios centros asistenciales como escenarios alternativos para la reanudación de actividades clínicas, incluyendo la Clínica Cali, Carlos Carmona e Isaías Duarte Cancino, junto a instituciones con convenios previos como el propio HUV, el Hospital Psiquiátrico, la Empresa Social del Estado (ESE) Ladera y la ESE Norte, según explicó Velasco. Estas nuevas alternativas buscan asegurar que los estudiantes puedan continuar con sus procesos formativos en ambientes adecuados mientras se normaliza la situación del hospital principal.

El director también señaló que la fecha de regreso se fijó considerando las peticiones de los estudiantes foráneos, quienes requerían tiempo para organizar su regreso a la ciudad de Cali y encontrar alojamiento. Además, señaló que los nuevos espacios de práctica requerirán jornadas de inducción tanto para estudiantes como para docentes, y aseguró que ya están listas las pólizas de responsabilidad y la documentación para las afiliaciones a las administradoras de riesgos laborales, conocidas como ARL.

En cuanto al HUV, Velasco afirmó que la universidad sigue en conversaciones para permitir el retorno progresivo de los estudiantes a áreas específicas, empezando por prácticas en pediatría, endocrinología de adultos e infectología pediátrica. Así, la Univalle busca garantizar la continuidad de la formación médica, a pesar de los retrasos ocasionados por el terremoto y el consecuente cierre temporal de su hospital universitario.

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¿Cuándo retoman los estudiantes de Medicina de la Universidad del Valle sus prácticas clínicas?

De acuerdo con lo informado por la Universidad del Valle y el director de la Escuela de Medicina, los estudiantes de cuarto y quinto año reanudan sus prácticas clínicas el lunes 19 de octubre, luego de un periodo de suspensión de más de dos meses debido a daños estructurales en el Hospital Universitario del Valle tras el terremoto del 10 de agosto.

¿Cuáles son los nuevos escenarios para las prácticas clínicas en Medicina en Univalle?

Según las autoridades universitarias, las prácticas clínicas no se realizarán exclusivamente en el Hospital Universitario del Valle. Los estudiantes realizarán sus actividades en centros asistenciales como la Clínica Cali, Carlos Carmona e Isaías Duarte Cancino, y también en instituciones con convenios previos, tales como el Hospital Psiquiátrico, la ESE Ladera y la ESE Norte. Esta medida busca facilitar la continuidad de la formación ante la emergencia por el terremoto.

La situación amenaza la continuidad de los servicios de este centro especializado, que este año ha atendido a 2.837 pacientes provenientes de 139 municipios del país.

La gerente de la clínica, Claudia María Calle, se reunió con la ministra de Salud, Ana María Vesga, para buscar soluciones.

Durante el encuentro, solicitó al Gobierno un giro urgente de al menos $ 50.000 millones en un plazo inferior a dos semanas para garantizar la operación y reducir los riesgos en la atención médica.

La institución también enfrenta cuentas pendientes con proveedores por $ 32.430 millones.

Aunque mantiene al día los salarios de sus 180 trabajadores, el 60 % de las obligaciones con proveedores supera los 90 días de mora. Además, hace 15 días tuvo que cerrar su Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), una decisión que afectó a cerca de 400 pacientes.

Calle advirtió que la situación se volvió inmanejable y explicó que la clínica incluso ha recurrido a créditos bancarios para pagar la nómina.

Según datos de la Secretaría de Salud de Antioquia, las deudas de las EPS con la red hospitalaria del departamento alcanzaron $ 16,7 billones en junio de 2026, con Nueva EPS como una de las principales responsables de la cartera acumulada.

El presidente De la Espriella se pronunció a través de sus redes sociales afirmando: "¡El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz! A los ciudadanos que protestan pacíficamente, todas las garantías. A los violentos, todo el peso de la ley, con respeto por el debido proceso. ¡Se acabó la guachafita! ¡La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera!". Esta declaración deja ver la postura oficial, que asegura garantizar el derecho a la protesta, pero establece un margen claro frente a los desmanes.

Desde el Congreso, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, apoyó la normativa al considerarla "necesaria", mientras que su copartidario Daniel Briceño sostuvo que el decreto protege las manifestaciones pacíficas e interviene el vandalismo y los abusos. De acuerdo con Briceño, quienes protestan pacíficamente no deben tener temor ante el decreto, ya que su objetivo se basa en controlar actos violentos durante las protestas.

En contraste, diferentes voces de la oposición han expresado críticas argumentando que el decreto podría ser inconstitucional. La senadora Jennifer Pedraza (Dignidad & Compromiso) señaló que altera un derecho fundamental, el de la protesta, que solo puede regularse mediante ley estatutaria, en vez de un decreto ejecutivo. Laura Beltrán y Daniel Monroy (Pacto Histórico) comunicaron que interpondrán acciones legales para suspender los efectos del decreto, argumentando que ponderar el derecho a la protesta con los de trabajo y salud es arbitrario.

A su vez, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) manifestó su rechazo, argumentando que los bloqueos en vías y otras formas de interrupción son expresiones legítimas de la protesta social, no actos de violencia, y que el decreto favorece métodos represivos al permitir la intervención policial sin agotar las etapas previas de diálogo. La CUT citó estándares internacionales de derechos humanos reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionando la proporcionalidad de las nuevas medidas.

El decreto establece lineamientos específicos: permite a la Fuerza Pública individualizar manifestantes que incurran en violencia o vandalismo, obliga a la policía a mantener una distancia de cuatro metros durante las manifestaciones y prevé la actuación en casos de porte de armas o daños a la infraestructura. Según el decreto, estos procedimientos buscan proteger tanto a manifestantes pacíficos como a personas externas a las protestas, incluidas autoridades, personal médico y periodistas.

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¿Qué principales cambios introduce el decreto sobre la intervención de la Fuerza Pública en protestas?

El decreto firmado por el gobierno de Abelardo de la Espriella establece protocolos para que la Fuerza Pública individualice a quienes promuevan violencia o vandalismo, permite el acompañamiento policial a una distancia de cuatro metros y autoriza la intervención en casos de porte de armas, retención de personas o daños a bienes públicos y privados. De acuerdo con declaraciones de autoridades y la difusión del contenido por El Espectador, la normativa busca equilibrar la protección del derecho a la protesta con el control de posibles disturbios.

¿Por qué sectores políticos y sindicatos se oponen al decreto sobre las protestas?

Senadores y representantes de la oposición, así como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cuestionan el decreto argumentando que modifica un derecho fundamental por medio de un acto ejecutivo y no mediante una ley estatutaria, lo que consideran inconstitucional. Además, según la CUT, las nuevas reglas permitirían acciones represivas y autoritarias por parte de la Fuerza Pública, ya que facilitan la disolución de manifestaciones sin agotar completamente el diálogo, postura compartida por organizaciones sociales y sindicales.

En el derecho de petición, Alcocer enfatizó su disposición total a rendir cuentas y solicitó que los entes de control indaguen con lupa los registros del Estado. “Quiero reiterar que no solo estoy dispuesta a que se investigue, sino que tengo el interés de que se esclarezca con rigurosidad. Durante el tiempo que desarrollé actividades protocolarias como primera dama viajé a Venezuela en dos oportunidades: el 31 de enero de 2023 como parte de una delegación y el 18 de noviembre de 2023 en compañía del presidente. No hice ningún otro viaje ni siquiera a título personal. Ambas visitas cuentan con registros institucionales y material audiovisual de acceso público. Tengo la tranquilidad de que en el contraste de estos documentos se permitirá desvirtuar las afirmaciones divulgadas”, sostuvo la ex primera dama en su comunicación formal.

 

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El pronunciamiento de Alcocer busca frenar el impacto del testimonio que Ferrer concedió a la revista Semana, en el que aseguró que desde la Casa de Nariño se habrían coordinado vuelos a Venezuela para transportar sumas superiores a los 2,5 millones de dólares en efectivo, además de señalar la existencia de supuestas fotografías donde la exprimera dama descendía de aviones oficiales con equipaje que contendría estupefacientes. En esas mismas declaraciones, Ferrer salpicó a figuras del entorno petrista como el empresario catalán Manel Grau, el excongresista Agmeth Escaf y el primo de Alcocer, Mario Fernández Alcocer, acusándolos de presuntas presiones e interferencias en la nómina de entidades públicas como el ICBF, ProColombia y Ecopetrol.

Paralelamente al recurso radicado por Alcocer, la respuesta en los tribunales comenzó a moverse desde el flanco de sus allegados. El empresario Manel Grau confirmó que interpondrá demandas penales y acciones civiles contra Eva Ferrer por los delitos de injuria y calumnia, tildando sus relatos de calumniosos e inventados. Con el derecho de petición sobre la mesa y los registros de vuelo bajo la revisión de la Fiscalía, la disputa legal entre las excolaboradoras entra en una fase decisiva de verificación de pruebas documentales.

Para el comunicador, la credibilidad de ambas denunciantes es absoluta, destacando que ninguna de las dos sostiene intereses particulares o beneficios políticos tras destapar el funcionamiento interno de la Casa de Nariño. “Yo le creo tanto a la señora Ferrer como a Angie Rodríguez. Lo que están haciendo es exponiendo su vida, a que las maten, así como suena. Les creo al cien por ciento”, aseveró Zuleta durante la transmisión, subrayando el enorme riesgo personal que asumen al señalar presuntas estructuras al margen de la ley operando en las altas esferas del poder.

Zuleta argumentó además que las versiones entregadas por Ferrer y Rodríguez coinciden rigurosamente con datos e informes que él ya había recibido previamente a través de fuentes reservadas vinculadas al entorno presidencial y al esquema de seguridad del exmandatario Gustavo Petro. Según explicó el analista, estos insumos le permiten concluir que los señalamientos no corresponden a especulaciones infundadas, sino a hechos con sustento real que deben ser auditados por la justicia.

Frente al tratamiento institucional del caso, el periodista le hizo un enérgico llamado a la Fiscalía General de la Nación para que acelere las indagaciones correspondientes y determine las responsabilidades penales e individuales. Asimismo, enfatizó que debe existir una sanción de carácter político sobre el expresidente Petro como cabeza del Ejecutivo de la época, cuestionando fuertemente la estrategia de la defensa de anunciar acciones legales contra el medio de comunicación que difundió la entrevista en lugar de refutar los contenidos. Zuleta concluyó que dichas denuncias penales difícilmente prosperarán porque la Casa de Nariño es consciente de que las denunciantes guardan las evidencias probatorias de lo afirmado.

La nueva víctima mortal fue identificada como Ajay Bhathaga, un ciudadano británico de 50 años, oriundo de Londres y radicado desde hace décadas en los Estados Unidos. Bhathaga era un reconocido especialista en oncología, destacado profesionalmente por su labor en tratamientos contra el cáncer de próstata mediante terapias de radiación de baja dosis. El pasado domingo, el médico oncólogo se encontraba disfrutando de uno de los siete escenarios dispuestos en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, epicentro que congregó a más de 90.000 asistentes durante los dos días que duró el festival, de acuerdo con el periódico. 

En medio de la masiva aglomeración, el especialista de raíces asiáticas comenzó a presentar graves complicaciones de salud derivadas de una aparente sobredosis. Ante la emergencia, los equipos de asistencia trasladaron de urgencia al ciudadano inglés hacia la Clínica El Rosario, ubicada en el exclusivo sector de El Tesoro, donde ingresó directamente a la unidad de cuidados intensivos para recibir atención médica especializada. A pesar de los esfuerzos del personal asistencial por estabilizarlo, el médico permaneció internado durante varias horas hasta que se produjo su deceso entre las 5:00 y las 6:00 de la tarde del lunes 12 de octubre, según el rotativo. 

Los reportes preliminares entregados por las autoridades y los centros médico-legales revelaron que los exámenes toxicológicos practicados al oncólogo arrojaron resultados positivos para múltiples sustancias psicoactivas, destacando la presencia de cocaína, anfetaminas y alcohol en su organismo. Este trágico suceso se suma al de Ismael Gerardo Méndez Huertas, el joven costarricense de 23 años cuya muerte se registró en la madrugada del pasado sábado en el Hospital Pablo Tobón Uribe, tras ser evacuado del festival con fallas respiratorias agudas asociadas también a una sobredosis. La magnitud de ambas tragedias ha encendido las alarmas institucionales en Medellín sobre el control de sustancias y los riesgos asociados al consumo desmedido en macroeventos de entretenimiento global.

Según el relato compartido, el hurto se habría producido en el momento en que la mujer se disponía a descender del vehículo. En ese instante, otra mujer la sujetó con fuerza de los brazos, generando la confusión necesaria para que otras personas, aparentemente cómplices, aprovecharan y le sacaran del bolso el celular, junto con dinero en efectivo. Estos hechos habrían ocurrido en cuestión de segundos, evidenciando la organización de quienes participaron en el ilícito.

La situación de peligro no terminó ahí. De acuerdo con el testimonio recogido, una vez que los presuntos responsables bajaron de la buseta, la víctima intentó seguirlos, probablemente con la esperanza de recuperar sus objetos o de identificar a quienes la asaltaron. Sin embargo, recibió amenazas a distancia con un cuchillo, lo que disuadió cualquier intento de acercamiento y aumentó su estado de vulnerabilidad. La gravedad del episodio dejó a la mujer profundamente afectada, al punto de sentir temor de volver a salir de su casa.

El familiar de la afectada confirmó que ya se interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes. No obstante, la información disponible hasta el momento no precisa si existen personas identificadas, capturas o avances en la investigación de este caso. El desconocimiento de estos detalles refleja una sensación de incertidumbre e impotencia para las víctimas y sus allegados.

Este lamentable hecho se suma a las preocupaciones existentes sobre la seguridad en el transporte público. Se recomienda extremar las precauciones, mantener los bolsos cerrados y cerca del cuerpo y prestar atención al subir o bajar de las busetas. Además, ante una situación de riesgo, lo más importante es priorizar la seguridad personal y reportar todo hecho delictivo a las autoridades.

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¿Cómo denunciar un hurto en el transporte público en Ibagué?

Para denunciar un hurto en el transporte público en Ibagué, la víctima o sus familiares deben presentar la denuncia ante las autoridades competentes, como la Policía Nacional o la Fiscalía. De acuerdo con lo informado en este caso, corresponde a las autoridades iniciar la investigación a partir de la denuncia, aunque por ahora no hay detalles sobre identificaciones o capturas.

¿Qué medidas de seguridad se recomiendan en busetas de Ibagué?

Entre las recomendaciones de seguridad en busetas de Ibagué está mantener los bolsos cerrados y cerca del cuerpo, estar atentos al entorno en especial al momento de subir y bajar, y evitar confrontar a personas que podrían estar armadas. En situaciones de riesgo, la prioridad es la integridad personal y reportar los hechos a las autoridades de inmediato.

El decreto especifica que, si desde el inicio de una concentración se detecta el porte o uso de armas, explosivos, artefactos peligrosos, o si ocurren retenciones de personas contra su voluntad, agresiones físicas o daños a la infraestructura, la intervención de la Policía podrá darse sin agotar todos los niveles previos de actuación. En estos escenarios, la justificación debe ser objetiva y verificable, y la decisión debe quedar respaldada en el acta del Puesto de Mando Unificado (PMU). Esto se realiza sin menoscabo de las garantías para quienes participan de manera pacífica, enfatizando que la verificación de comportamientos debe ser concreta y focalizada, sin caer en generalizaciones sobre los convocantes, los discursos, los rostros cubiertos o el carácter mismo de la protesta.

El decreto también introduce el principio de equilibrio constitucional, orientado a salvaguardar la coexistencia entre el derecho a la protesta y derechos como la vida, la salud, la movilidad, la educación y la prestación de servicios públicos esenciales. Bajo esta premisa, las autoridades deben sopesar sus decisiones, evaluando cuándo las afectaciones a otros derechos resultan desproporcionadas o generan una imposibilidad para su ejercicio.

Además, la nueva normativa robustecerá la planeación de las movilizaciones. Alcaldías y gobernaciones deberán contar con un Plan de Manejo de Tránsito y Movilidad Alternativa, detallando rutas críticas, vías alternas y mecanismos de señalización para la comunidad. Estos planes se activarán automáticamente si se identifica una obstrucción vial, incluso sin anuncio previo.

Se crean los denominados corredores solidarios, cuyo objetivo es asegurar el tránsito de ambulancias, socorristas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad y el transporte de medicamentos y alimentos perecederos. Se suman medidas preventivas para proteger infraestructuras consideradas prioritarias, como hospitales, acueductos, servicios de energía y transporte público, así como la coordinación permanente de los Puestos de Mando Unificado antes, durante y después de las marchas.

El ministerio del interior tendrá un sistema de alertas tempranas para situaciones de conflictividad social, obligando a las autoridades a conformar mesas de diálogo en caso de alerta y a documentar los acuerdos en un sistema público. La normativa prohíbe emplear estas alertas para actividades de inteligencia contra manifestantes.

Este miércoles 14 de octubre, diferentes sectores sociales, entre ellos Fecode, centrales obreras y comunidades indígenas, se movilizarán rechazando anuncios gubernamentales sobre reformas laborales, pensionales y otros cambios económicos, evidenciando las tensiones que rodean la aplicación del nuevo decreto, de acuerdo con la información publicada en El Pilón.

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¿Cuáles son los cambios clave del decreto 1525 sobre el manejo de protestas en Colombia?

El decreto 1525 establece que la policía puede intervenir sin agotar todos los niveles de actuación cuando se presenten situaciones graves y verificables, como el uso de armas o daños a la infraestructura, siempre dejando constancia en el acta del Puesto de Mando Unificado. Además, refuerza la protección de derechos de quienes se manifiestan pacíficamente, exige planes de tránsito y movilidad por parte de las autoridades y crea corredores solidarios para garantizar el tránsito de servicios y grupos vulnerables.

¿Qué es el Puesto de Mando Unificado (PMU) en las marchas y cuál es su función según el nuevo decreto?

El Puesto de Mando Unificado, de acuerdo con la normativa, es una instancia que debe operar antes, durante y después de las manifestaciones. Coordina la respuesta institucional, documenta decisiones, verifica rutas de evacuación y corredores solidarios, y facilita la atención a heridos y personas detenidas. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo tienen acceso a las actas y bitácoras generadas por el PMU para asegurar la transparencia de las actuaciones.

El padre de la menor, Albeiro Páez, habló con Citytv este miércoles 14 de octubre sobre la notificación que recibió de las autoridades y el momento en que fue llamado para reconocer el cuerpo de su hija. Según su testimonio, la familia conoció la noticia hace aproximadamente ocho días, aunque el hallazgo se habría producido varios meses antes.

(Lea también: Ella era Luz, la mototaxista que estaba desaparecida y apareció sin vida: la última vez la vieron con un hombre)

“A nosotros nos notifican hace ocho días. Hace ocho días que me llamaron para reconocer el cuerpo de mi hija”, relató Páez al medio de comunicación.

De acuerdo con lo que conoce el padre de la adolescente, una persona que se encontraba en una zona rural de Sopó, Cundinamarca, habría encontrado el cuerpo el pasado 22 de abril. Sin embargo, Albeiro aseguró que todavía desconoce las circunstancias en las que murió su hija y por qué la notificación a la familia se produjo tiempo después del hallazgo.

“Todo indica que la persona que la encontró era una persona que estaba en la zona de Sopó, en una zona selvática y fue a hacer una necesidad fisiológica y ahí encontraron el cuerpo, el 22 de abril”, explicó en entrevista con Citytv.

El padre manifestó su desconcierto frente al tiempo transcurrido entre el hallazgo y la comunicación oficial. No obstante, las circunstancias del caso continúan bajo investigación, por lo que aún no hay conclusiones confirmadas sobre lo sucedido.

Durante los meses de búsqueda, la familia recorrió diferentes lugares con la esperanza de encontrar a Ayelén. Según contó Albeiro, incluso viajó a Medellín tras recibir información sobre posibles sitios en los que la adolescente habría sido vista. También recibió reportes de personas que aseguraban haberla observado en sectores de Bogotá, pero ninguna de esas pistas permitió establecer su paradero.

“Pues ese es un tema que uno no entiende: ¿Cómo que se desaparece una persona y hasta 14 meses después aparece?, pues apareció sin vida, lo que no queríamos, pero pues gracias a Dios apareció”, expresó.

Padre de Ayelén recordó cómo era su hija

En medio del dolor por la noticia, Albeiro Páez recordó la personalidad de la adolescente y el papel que tenía dentro de su familia. La describió como una joven alegre, espontánea y capaz de cambiar el ánimo de quienes la rodeaban.

“Ella era una persona alegre, la que nos estabilizaba toda la familia. Ella era una persona que todo el tiempo tenía algo como para hacer diferente”, manifestó al canal.

También aprovechó la entrevista para enviar un mensaje a otros padres de familia, a quienes invitó a expresarles cariño a sus hijos y a dedicarles tiempo mientras tienen la oportunidad de hacerlo.

“Se les olvida abrazar a sus hijos, se les olvida muchas cosas. Si están en este momento de tiempo, háganlo”, dijo.

El padre cerró ese mensaje con palabras sobre el duelo que atraviesa tras la pérdida de su hija y la esperanza de encontrar fortaleza para afrontar lo ocurrido.

“Yo tengo a mi hija ya en el cielo y pues quisiera estar al lado de ella. No se puede ya, ya es un angelito más y todo se lo estoy entregando en manos de Dios que nos dé la fortaleza”, expresó.

Hermana de Ayelén pidió no difundir información sin confirmar

Valentina Páez, hermana de la adolescente, también se pronunció a través de sus redes sociales. En sus publicaciones confirmó que Ayelén fue encontrada sin vida y recordó que el caso sigue bajo investigación, por lo que pidió a los usuarios abstenerse de compartir versiones que no hayan sido verificadas.

“Por favor, por respeto a la memoria de mi hermana, a nosotros como familia y al proceso que aún continúa, absténgase de informarse erróneamente”, escribió.

La joven explicó que, por ahora, la familia no divulgará detalles sobre las evidencias que puedan conocer durante el desarrollo de las diligencias judiciales. Según indicó, buscan evitar interferencias en el trabajo de los investigadores y permitir que el proceso avance mientras sus allegados asimilan la noticia.

“Primeramente, como bien sabemos, mi hermana apareció sin vida, las causas aún se desconocen, está en proceso de investigación”, señaló Valentina en otro mensaje.

Además, precisó que no tienen previsto realizar, por el momento, un acto simbólico y que cualquier actualización será compartida a través de sus canales personales, cuando las condiciones del proceso lo permitan.

La hermana de Ayelén también agradeció a las personas que acompañaron a la familia durante los meses de búsqueda. De acuerdo con su relato, recibieron apoyo emocional y económico, especialmente para su madre, Claudia, quien estuvo al frente de las gestiones para encontrar a la adolescente.

“Un agradecimiento, completamente gratitud de parte de mi familia, porque todo momento nos sentimos acompañados”, expresó.

Sin embargo, pidió que ese acompañamiento esté acompañado de respeto por la intimidad de sus allegados durante el duelo.

“Por favor se abstengan de hacer comentarios, de difundir información, de preguntar dónde, cómo, por qué, por respeto a la memoria de mi hermana”, solicitó.

(Vea también: Revelan último video con vida de Ayelén Sofía, adolescente que llevaba 14 meses desaparecida)

¿Qué se sabe de la investigación por la muerte de Ayelén Sofía Páez?

Jimmy Erazo, abogado que representa a la familia, también se refirió al caso en una entrevista con Citytv. El jurista explicó que la madre de la adolescente recibió la comunicación oficial de la Fiscalía después de que las autoridades localizaran el cuerpo en una población cercana a Bogotá.

No obstante, debido a que se trata de una investigación judicial en curso y el caso involucra a una menor de edad, la información disponible es limitada.

Por ahora, las causas y las circunstancias de la muerte de Ayelén Sofía Páez no han sido esclarecidas públicamente. Su familia pidió esperar los resultados de las actuaciones judiciales y evitar especulaciones que puedan afectar tanto la memoria de la adolescente como el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con los hechos registrados, Andrés Molina Carvajal, representante del Partido Liberal, fue escogido como presidente con 18 votos a favor y estuvo acompañado por su padre, el exgobernador Hernando Molina Araújo, junto a su familia. En el mismo acto, José Alberto Morillo recibió la confianza de 19 concejales, convirtiéndose en el segundo vicepresidente de la corporación. La verdadera disputa surgió, sin embargo, en la elección del primer vicepresidente, un cargo regulado por la Ley 1909 de 2018, conocida como Estatuto de la Oposición, y por la Sentencia C-018 de 2018 de la Corte Constitucional, normas que buscan asegurar la participación de partidos no mayoritarios en los órganos directivos.

El concejal Carlos Escorcia Bornacelli, del partido En Marcha, denunció presuntas irregularidades en el proceso: días antes, el voto secreto según él había sido descartado, pero en la elección se aprobó por mayoría, generando suspicacias. La propuesta para que la votación fuera reservada fue presentada por Yesith Triana y respaldada por 14 concejales. Finalmente, Ronald Castillejo, identificado con un movimiento declarado en oposición, alcanzó 11 votos, superando a Escorcia, quien solo obtuvo 5, mientras dos concejales votaron en blanco.

La controversia central giró en torno a quién debía ocupar la primera vicepresidencia, pues Escorcia argumentó que algunos partidos se declaran en oposición únicamente para acceder a cargos, no por convicción política. "Aquí el problema radica en que se declaran en oposición para ocupar la mesa directiva, no para hacer una verdadera oposición, y eso es antiético", sostuvo en plenaria. Por su parte, Wilber Hinojosa –concejal con larga trayectoria– defendió la elección secreta amparándose en el reglamento interno, subrayando que la definición de cargos se da por mayoría democrática.

En medio de la controversia, el concejal Ronald Castillejo, electo primer vicepresidente, reiteró su compromiso de garantizar los derechos de la oposición en la corporación y defendió la independencia de su postura política, pese a sus relaciones anteriores tanto con la coalición como con la oposición. Otras voces, como la de Jesús Perpiñán, recordaron el impacto negativo de los vaivenes políticos sobre la confianza ciudadana en el cabildo.

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¿Qué dice la Ley 1909 de 2018 o Estatuto de la Oposición sobre las mesas directivas en el Concejo?

La Ley 1909 de 2018, conocida como Estatuto de la Oposición, establece mecanismos para que los partidos que no hacen parte de la mayoría o coalición de gobierno tengan participación en los órganos directivos de las corporaciones públicas, como las mesas directivas de los concejos. Según lo debatido en la sesión descrita por El Pilón, este norma fue uno de los puntos clave en la disputa por la primera vicepresidencia, evidenciando diferencias en su interpretación sobre quién puede o no considerarse legítimamente en oposición para ser elegido en ese cargo.

¿Por qué genera polémica el voto secreto en la elección de la mesa directiva del Concejo de Valledupar?

El mecanismo de voto secreto fue centro del debate, ya que, según lo expresado por concejales como Carlos Escorcia, contradijo acuerdos previos sobre la transparencia del proceso. De acuerdo con el reglamento interno citado por el concejal Wilber Hinojosa, el voto reservado se encuentra autorizado, pero su uso inesperado despertó reclamos sobre la falta de claridad y posible manipulación en la elección, lo que a su vez suma inquietudes sobre la legitimidad de los resultados y la representatividad de quienes integran la mesa directiva.

En las décadas de 1950 y 1960, la ruta Mirolindo–La Pola se consolidó como opción fundamental para los estudiantes de la Universidad del Tolima, ubicada en el barrio Santa Helena. Según se recuerda en los testimonios recopilados, los buses descendían por la carrera Quinta hasta los galpones universitarios, daban la vuelta en el llamado ‘muro de los lamentos’ y retornaban por la carrera Cuarta hacia Mirolindo. Esta dinámica cotidiana dejó registros de personajes como ‘Mechas’, un conductor conocido por su carácter impredecible, y don Justo Rozo, quien se ganó el aprecio de los pasajeros gracias a sus saludos y a los viajes amenizados con música clásica.

La expansión urbana llevó también a la creación de empresas que transformaron el servicio de transporte. Velotax, fundada el 13 de abril de 1953 por Pedro Pablo Contreras Jiménez, marcó el inicio de una era en que las cooperativas jugaron un papel clave, luego ampliaron su alcance hasta el transporte intermunicipal. Entre 1953 y 1955 surgió la Flota Andrés López de Galarza (Logalarza), fundada por Luis Emilio Espitia Fierro y otros once transportadores, que inició operaciones con cinco buses de la reconocida carrocería Blue Bird. Más adelante, en 1963, surgió la Cooperativa de Transportadores del Servicio Urbano del Tolima (Cotrautol), la cual comenzó a operar con 80 vehículos que cubrían rutas en distintos puntos de la ciudad y eran fácilmente identificables por sus colores rojo y marfil.

La Cooperativa Tolimense de Transportes (Cotoltran) fue fundada el 24 de septiembre de 1964 por veinte propietarios de taxis y, en 1966, obtuvo la autorización necesaria para ofrecer el servicio de taxis colectivos con camionetas Skoda que conectaban el centro con barrios del sur. Con la aprobación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intra) en 1973, Cotoltran habilitó el servicio de busetas en recorridos clave, y luego amplió su flota y cobertura hasta convertirse, en 1998, en Expreso Ibagué.

El crecimiento poblacional motivó, en 1983, que el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Tolima formulara dos ambiciosos proyectos de transporte masivo: la ‘trolización de Ibagué’, que proponía utilizar trolebuses eléctricos conectados a una red aérea mediante un intercambio de café con la Unión Soviética; y un premetro de superficie que aprovecharía la línea férrea de la avenida Ferrocarril. Ninguno de estos proyectos se concretó, pero dejaron huella en la memoria colectiva. Para 1980, el sistema de transporte público de Ibagué contaba ya con 223 buses, 122 busetas y 64 microbuses distribuidos en 20 rutas que articulaban la vida urbana alrededor de la plaza de Bolívar. Así, la historia del transporte colectivo es también la historia del crecimiento y la identidad de la ciudad.

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¿Cómo evolucionaron las principales empresas de transporte colectivo en Ibagué?

De acuerdo con información del texto, empresas como Velotax, Cotrautol, Logalarza y Cotoltran surgieron y se desarrollaron en respuesta al crecimiento urbano, expandiendo gradualmente sus servicios a medida que crecían las necesidades de movilidad en la ciudad. Velotax y Logalarza iniciaron con rutas urbanas, Cotrautol amplió cobertura con buses de mayor capacidad y Cotoltran, que luego se llamó Expreso Ibagué, diversificó su flota y rutas para atender una ciudad cada día más extensa.

¿Por qué no se implementaron los proyectos de transporte masivo en Ibagué durante los años 80?

Según el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Tolima, en 1983 se propusieron dos proyectos para enfrentar la creciente demanda de movilidad: la trolización con trolebuses eléctricos y un premetro sobre la línea férrea de la avenida Ferrocarril. Sin embargo, ambos proyectos no alcanzaron a ser ejecutados, aunque el texto no especifica las razones exactas que impidieron su concreción.

El punto de partida de esta controversia fueron las afirmaciones de Angie Rodríguez, también exdirectora del DAPRE, quien aseguró que mientras estaba en su cargo, fue testigo de la presencia de una red de mujeres jóvenes con fuerte influencia en las decisiones administrativas del Gobierno de Gustavo Petro. Según Rodríguez, estos presuntos hechos involucraban desde nombramientos, hasta contratos, e incluso intermediarios dedicados expresamente a captar mujeres jóvenes para el entorno presidencial.

Ante tal escenario, Sarabia manifestó públicamente que desconoce cualquier actividad de ese tipo. Aseguró que, como funcionaria pública, su deber en caso de conocer de la comisión de delitos sería denunciarlos, pero puntualizó: “Uno como funcionario público, cuando conoce la comisión de delitos, debe denunciarlo. Yo hablar de red de prostitución o de eso, la verdad, no lo voy a hacer, porque yo no tengo pruebas”. También enfatizó no conocer a las mujeres señaladas y solicitó que si hay información concreta, se revelen los nombres para que las autoridades puedan investigar de manera precisa.

Por su parte, Rodríguez sostiene que sí tiene sustento para sus declaraciones y que ya ha presentado denuncias sobre lo relatado. No obstante, hasta el momento, el simple hecho de hacer públicos los señalamientos no equivale a una confirmación judicial ni a la verificación definitiva de la existencia de esta supuesta red. Así, el tema continúa en una especie de limbo mediático, a la espera de que las autoridades determinen si existen pruebas fehacientes que sustenten las graves denuncias.

En tanto, la discusión sigue viva y bajo observación, marcada por las divergencias entre las versiones de ambas exfuncionarias y el impacto político que esto puede acarrear en el entorno del gobierno de Gustavo Petro. La resolución dependerá, en última instancia, de las investigaciones oficiales y del esclarecimiento que aporten las autoridades competentes.

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¿Qué pruebas existen sobre la supuesta red de prostitución en la Casa de Nariño?

Hasta el momento no se han presentado pruebas concretas ante la opinión pública o la justicia que confirmen la existencia de una red de prostitución en la Casa de Nariño. De acuerdo con las declaraciones de Laura Sarabia, ella no tiene conocimiento o evidencia sobre tal estructura y recalca que cualquier funcionario está obligado a denunciar si tiene pruebas, lo cual en este caso no ocurrió. Angie Rodríguez, quien hizo las denuncias iniciales, afirmó poseer información y haber presentado denuncias, pero esto no es sinónimo de confirmación judicial, quedando el tema sujeto a futuras investigaciones.

¿Qué es el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y cuál era su función en este caso?

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) es la entidad encargada de coordinar la administración interna y externa de la Presidencia en Colombia, gestionando temas administrativos y de personal. Tanto Laura Sarabia como Angie Rodríguez ocuparon su dirección en distintos momentos. Las denuncias sobre la presunta red de prostitución surgieron en el contexto de las funciones del DAPRE, pues se relacionan con acusaciones sobre influencias en contratos y nombramientos dentro de la institución durante el actual gobierno.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por María Claudia Tarazona, el mensaje previo al crimen contenía tanto nombres como fotografías, e incluía advertencias sobre ataques no solo contra Miguel Uribe Turbay, sino también hacia otros precandidatos del partido Centro Democrático. Un aspecto relevante de su testimonio es que se mencionaba que los fondos para financiar este atentado habrían provenido de Venezuela. Tarazona remarcó que todo esto fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, recalcando únicamente su papel como transmisora de la información, que ahora corresponde cotejar y validar a la Fiscalía.

Dentro del relato, la viuda añadió que existe la presunción de que un congresista perteneciente al partido Comunes podría estar implicado en el caso. Sin embargo, subrayó que corresponde a la investigación judicial establecer si existen pruebas o elementos fundados que respalden tal hipótesis. En esa misma línea, dejó claro que su denuncia ante la Fiscalía no constituye una prueba por sí sola contra ninguna persona específica, sino que está en curso el proceso para determinar responsabilidades con base en pruebas.

Tarazona igualmente fue enfática al pedir que se abra una nueva línea de indagación para rastrear el origen de la información recibida y avanzar en la identificación de los posibles autores intelectuales. En sus palabras, “estamos esperando que se abra esta línea de investigación, que la Fiscalía corrobore de dónde salió esta información”.

Miguel Uribe Turbay murió luego de un atentado ocurrido el 7 de junio de 2025, falleciendo el 11 de agosto de ese año en Bogotá. Las recientes declaraciones de su esposa reavivan el debate sobre quién ordenó el crimen, y la sociedad espera que las autoridades judiciales esclarezcan los hechos con base en pruebas verificadas, como lo establece la legislación colombiana.

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¿Qué información entregó María Claudia Tarazona sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

De acuerdo con la propia María Claudia Tarazona en entrevista con Noticias Caracol, ella proporcionó a la Fiscalía General de la Nación información que incluía nombres, fotografías y advertencias sobre posibles ataques a Miguel Uribe Turbay y otros miembros del Centro Democrático. Además, mencionó que dicha información apuntaba a que la orden del crimen habría salido del Congreso de la República y que los recursos para ese atentado habrían sido originados desde Venezuela.

¿Por qué se señala al Congreso de la República en el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

La viuda de Miguel Uribe Turbay aseguró que, según la información que recibió y entregó a la Fiscalía, la orden para el magnicidio habría provenido del Congreso de la República. No obstante, aclaró que estas afirmaciones forman parte de una denuncia que necesita ser investigada por las autoridades competentes para establecer si existen elementos de prueba que sostengan esa acusación.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario, la captura se llevó a cabo en Santa Rosa de Osos, municipio al que habría llegado el sospechoso después de los hechos. El hombre fue identificado como Wilber Alonso García Muñoz, quien ya había sido reconocido previamente por habitantes de La Unión, según la información publicada por El Tiempo.

La investigación también permitió establecer que el señalado tiene antecedentes judiciales por tentativa de extorsión agravada y homicidio, relacionados con hechos ocurridos hace aproximadamente 10 años. Estos registros fueron conocidos durante las averiguaciones periodísticas sobre el hombre capturado.

(Vea también: Tragedia en base militar: soldado de 18 años peleó con un compañero, le disparó y lo asesinó)

Rendón explicó que el sospechoso habría intentado escapar para evitar ser ubicado por las autoridades. Sin embargo, las cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo que presuntamente utilizó durante los hechos, mientras que las labores investigativas condujeron a su localización en Santa Rosa de Osos.

El gobernador ya había calificado el caso como prioritario el pasado 9 de octubre y exigido que el responsable respondiera ante la justicia. También informó que la Secretaría de las Mujeres acompañaba a la víctima y a su familia con atención psicosocial y orientación jurídica tras la agresión.

Tras confirmar la captura, Rendón reiteró su rechazo a lo ocurrido y manifestó que espera una condena máxima y ejemplar. El procedimiento representa un avance en la investigación, aunque la responsabilidad penal del hombre señalado deberá establecerse dentro del proceso judicial.

Fue capturado en Santa Rosa de Osos Wilber Alonso García Muñoz, el sujeto señalado de abusar sexualmente de una mujer de 83 años en La Unión.

Intentó huir para evadir a las autoridades, pero las cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo usado en los hechos y el… pic.twitter.com/VkquThJPyN

— Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 14, 2026

Las reacciones a este nuevo marco no se hicieron esperar. Iván Cepeda, senador y figura del Pacto Histórico, expresó su preocupación respecto a que estas nuevas reglas sobre el orden público puedan categorizar expresiones legítimas de protesta social como actos terroristas, señalando el riesgo de que el Estatuto Antiterrorista derive en prácticas antidemocráticas. No obstante, desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió el decreto resaltando su carácter “garantista” y mencionó que su construcción fue resultado de un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia de 2021. Esta sentencia ordenó precisar las instrucciones que restringen o deben restringir el uso de la Fuerza Pública ante protestas ciudadanas, discusión enriquecida con aportes de organizaciones sociales y una nueva definición de violencia.

En un contexto de aguda polarización, el gobierno de la Espriella ha acusado en numerosas ocasiones a la administración Petro de corrupción y de haber dejado al país en medio de una crisis fiscal y de seguridad. La oposición, por su parte, critica recientes nombramientos dentro del gabinete, señalando falta de mérito en los nuevos funcionarios. Para el Pacto Histórico y sus aliados, esta es la oportunidad clave para medir su capacidad de movilización ahora desde la orilla opositora, un campo en el que Petro demostró gran destreza en el pasado, convocando a la sociedad para defenderse de supuestas injerencias extranjeras o bloqueos institucionales.

La jornada plantea una doble prueba para el gobierno de la Espriella: gestionar la protesta garantizando derechos y responder a una oposición que buscará hacer sentir su voz en las calles, todo bajo la lupa de la nueva regulación de la protesta social.

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¿Cuáles son las principales críticas al nuevo decreto sobre la Fuerza Pública en protestas?

De acuerdo con El Espectador, la principal crítica divulgada por opositores como Iván Cepeda es el posible riesgo de que se considere la protesta social como terrorismo, bajo la nueva regulación. Cepeda advierte que este decreto podría abrir la puerta a la estigmatización de la protesta, propiciando prácticas contrarias a la democracia y afectando derechos fundamentales si no se implementa de manera adecuada.

¿Qué es un Puesto de Mando Unificado (PMU) y cuál es su rol en las manifestaciones?

Según información del ministro del Interior, Rodrigo Lara, el Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por el presidente Abelardo de la Espriella tiene la tarea de monitorear todas las manifestaciones previstas. El PMU es una instancia que reúne a diferentes entidades para coordinar acciones y garantizar el seguimiento en tiempo real de las movilizaciones, atendiendo emergencias o incidentes y promoviendo la protección tanto de manifestantes como de la ciudadanía en general.

Según lo informó el gobernador de Cundinamarca, la emergencia no ocasionó personas lesionadas ni vehículos atrapados, circunstancia que facilitó la labor inicial de los cuerpos de socorro. Sin embargo, dadas las condiciones del terreno y el riesgo latente de nuevos movimientos, las autoridades decidieron mantener cerrada la vía mientras se adelantan las acciones necesarias para garantizar la seguridad.

El primer equipo en llegar al sitio fue el de los Bomberos Voluntarios de Fusagasugá, quienes evaluaron la magnitud del deslizamiento y el impacto de las lluvias sobre la estabilidad del eje vial. Estas acciones hacen parte de los protocolos habituales ante eventos de esta naturaleza, donde la prioridad se centra en comprobar la seguridad tanto de los socorristas como de los ciudadanos de la región. Posteriormente, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca asumirá la labor de remover el material acumulado, trabajo que solo podrá iniciarse una vez se constate que la zona no representa peligro adicional para el personal y la maquinaria.

Entretanto, las autoridades recomendaron a los conductores buscar rutas alternas para evitar congestiones y seguir con atención las indicaciones impartidas por los organismos de emergencia. Aunque se han desplegado los operativos correspondientes, hasta el momento no se ha dado a conocer una hora estimada para la reapertura del tramo afectado, lo que prolonga la incertidumbre entre quienes necesitan movilizarse entre Sibaté y Fusagasugá. La recomendación principal es mantener la prudencia y la paciencia mientras se restablecen las condiciones de seguridad sobre la carretera.

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¿Por qué se cerró la vía entre Sibaté y Fusagasugá en Cundinamarca?

La vía Sibaté–Fusagasugá fue cerrada debido a un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias intensas, lo que representó un peligro para los conductores y motivó la intervención de los organismos de emergencia, según información brindada por el gobernador de Cundinamarca.

¿Qué entidades atendieron la emergencia en la vía Sibaté–Fusagasugá?

La atención inicial al deslizamiento fue realizada por los Bomberos Voluntarios de Fusagasugá, quienes evaluaron la seguridad del terreno, mientras que el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca tiene la responsabilidad de remover el material y habilitar de nuevo la carretera cuando las condiciones permitan intervenir la zona sin riesgos adicionales.

De acuerdo con la información recopilada, la Fiscalía General de la Nación abrió dos líneas de investigación principales para esclarecer los hechos. Una de las hipótesis apunta a una posible desaparición forzada, mientras que la otra indaga un presunto homicidio. El interés de las autoridades radica en reconstruir los últimos momentos de Ayelén Sofía y en identificar si hubo personas implicadas en el caso.

El seguimiento del caso fue riguroso. Registros de cámaras de seguridad resultaron clave en la indagación, ya que permitieron identificar algunos de los movimientos de la joven en sus últimas horas conocidas. Uno de esos videos muestra a Ayelén Sofía caminando sola, a las 3:11 de la madrugada del 10 de agosto de 2025, luciendo la misma ropa con la que había salido de su casa. Posteriormente, otro registro la ubicó minutos después en el barrio Rubí, zona perteneciente a la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, según información recolectada por la Fiscalía y las autoridades investigativas.

En la búsqueda participaron múltiples actores. Además de los investigadores oficiales, familiares y voluntarios realizaron incontables esfuerzos durante meses, desplegando operativos en diferentes sectores del sur de la ciudad y en las inmediaciones del río Tunjuelito. El caso incluso motivó la emisión de una circular amarilla de Interpol, mecanismo de alerta internacional para casos de personas desaparecidas.

Con la reciente identificación del cuerpo en Sopó, el proceso entra en una fase decisiva. Ahora la Fiscalía se enfrenta al desafío de esclarecer, con base en los elementos recolectados, las circunstancias precisas en las que falleció Ayelén Sofía Páez y determinar si existen responsables directos. Mientras avanza la investigación, su familia mantiene la esperanza de que, finalmente, se conozca la verdad sobre los hechos.

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¿Cuáles son las hipótesis de la Fiscalía sobre el caso de Ayelén Sofía Páez?

La Fiscalía General de la Nación estableció dos posibles líneas de investigación para el caso: una relacionada con la desaparición forzada y otra que apunta a un posible homicidio. Ambas tienen como propósito reconstruir los hechos antes y después de la desaparición de Ayelén Sofía, basándose en registros de cámaras y testimonios, con el fin de esclarecer si existieron personas implicadas o circunstancias externas que hayan afectado su integridad.

¿Qué significa una circular amarilla de Interpol y cómo se usa en estos casos?

La circular amarilla de Interpol es una notificación internacional emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal, utilizada para localizar a personas desaparecidas, especialmente menores de edad. En el caso de Ayelén Sofía Páez, esta circular permitió que autoridades de diferentes países estuvieran alertas y colaboraran en la búsqueda, facilitando la movilización de recursos para intentar dar con su paradero.

La jornada representa el primer pulso de la oposición en las calles durante el actual Gobierno, en un escenario marcado por las protestas que protagonizaron las manifestaciones de 2021.

Ante esta convocatoria, el Gobierno expidió el Decreto 1525, una normativa que busca garantizar el derecho a la protesta pacífica y sancionar los actos violentos. Entre sus principales disposiciones, permite la intervención de la Fuerza Pública cuando los manifestantes porten armas y establece restricciones a los bloqueos.

Además, contempla el seguimiento de las movilizaciones mediante un Puesto de Mando Unificado (PMU), con representantes de los gobiernos nacional y locales.

Petro, uno de los principales promotores de la jornada, pidió que las marchas sean multitudinarias, pero completamente pacíficas. Sin embargo, el decreto ha generado críticas entre sectores de izquierda, que consideran que podría afectar el derecho a la protesta.

Desde el Gobierno, De La Espriella sostiene que la medida busca distinguir a quienes se manifiestan pacíficamente de quienes cometen actos vandálicos o atentan contra ciudadanos, bienes públicos y miembros de la Fuerza Pública.

El mandatario aseguró que garantizará todas las condiciones para las manifestaciones pacíficas, mientras que los responsables de hechos violentos enfrentarán las sanciones correspondientes.

Felipe Zuleta criticó a Gustavo Petro

El panelista de Blu Radio señaló la ironía de que el expresidente mande a marchar a solo dos meses de haber entregado el cargo.

“Va a marchar por las mismas malas decisiones que él tomó. Eso es una cosa de la poesía política. Petro le echa la culpa de la desgracia del país a López Pumarejo. ¡Hágame el favor!”, sentenció.

Apenas dos meses después de entregar el cargo, Gustavo Petro vuelve a convocar a sus seguidores a las calles y se pone al frente de una jornada de movilizaciones contra el Gobierno de Abelardo De La Espriella. El exmandatario pidió que las marchas de este 14 de octubre sean multitudinarias, pero pacíficas, en medio de las críticas al decreto que regula las protestas. Con esta convocatoria, Petro busca mantener su presencia en el escenario político nacional desde la oposición.

El detonante inicial de la discusión giró en torno al origen de la crisis actual y la pertinencia de las protestas. Durante la transmisión, Ospina cuestionó la legitimidad de las movilizaciones al señalar que, si bien existen inconformidades legítimas frente al sistema, los problemas actuales hunden sus raíces en desajustes arrastrados desde administraciones previas que las centrales obreras respaldaron sin convocar paros masivos en su momento. La respuesta de Pardo no se hizo esperar; el dirigente sindical descalificó el planteamiento del periodista acusando al medio de emitir juicios de valor y eludiendo las críticas mediante una invitación a revisar los informes públicos de empalme sobre el Fomag y la Fiduprevisora ante los órganos de control.

El tono de la conversación escaló rápidamente cuando el debate se trasladó al terreno de la imparcialidad periodística y los respaldos políticos al petrismo. Ante los señalamientos de sesgo, Ospina aclaró enfáticamente su postura neutral al recordar que no defiende partidos políticos y que sectores sindicales entregaron aportes e infraestructura a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Este señalamiento provocó una reacción airada del vocero de Fecode, quien increpó directamente al comunicador cuestionando la naturaleza de la entrevista y lanzando un ataque personal al asegurar que no ejerce la labor periodística con objetividad.

Lejos de amedrentarse ante el cuestionamiento, el comunicador de Blu Radio ripostó recordando los hallazgos y decisiones formales emitidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de Estado sobre las irregularidades en la financiación política. “Esta es una entrevista y puedo hacer las preguntas que quiera. Con todo respeto pero usted a estas alturas de mi vida no me va a enseñar a hacer periodista”, sentenció Ospina al defender su rigor profesional basado en hechos probados y fallos institucionales verificables. El tenso episodio refleja el clima de polarización extrema que antecede a las marchas de este miércoles, donde los portavoces sindicales buscan blindar al Ejecutivo mientras los medios de comunicación y la opinión pública exigen rendición de cuentas sobre los verdaderos detonantes de la crisis institucional y económica del país.

En ese contexto, el fiscal designado de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Sánchez Verú una serie de cargos: homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, lesiones personales, y hurto calificado y agravado. A estos se suma el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Pese a los señalamientos, Sánchez Verú no aceptó los cargos y permanece privado de la libertad en un establecimiento carcelario, en condición de condenado por hechos anteriores, según reportó la Fiscalía.

La víctima, Nelson Medina Muñoz, era conocido en el municipio de Gigante por su labor como pescador artesanal y su liderazgo comunitario. Era integrante activo de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico en la represa El Quimbo (Asoquimbo) y de la Asociación de Pescadores de Puerto Seco. Su trabajo se enfocaba principalmente en organizar plantones y manifestaciones contra los proyectos hidroeléctricos en la región, buscando presionar al Estado para que respondiera a las demandas de las comunidades cuyos derechos se veían afectados por estas iniciativas.

La información aquí desarrollada proviene de la Fiscalía General de la Nación y del periódico El Espectador.

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¿Cuál es la acusación que enfrenta Jhon Eduardo Sánchez Verú por el caso de Nelson Medina Muñoz?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Sánchez Verú fue imputado por su presunta participación en el asesinato de Nelson Medina Muñoz y también enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa, lesiones personales, hurto calificado y agravado, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

¿Quién era Nelson Medina Muñoz y por qué era reconocido en Gigante, Huila?

Nelson Medina Muñoz era un pescador artesanal y líder campesino en el municipio de Gigante. Era miembro destacado de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico en la represa El Quimbo (Asoquimbo) y de la Asociación de Pescadores de Puerto Seco, y encabezó protestas para exigir la protección de los derechos de las comunidades impactadas por estos proyectos.

En el desarrollo de los hechos, uno de los hombres murió en el lugar del ataque, mientras el otro fue trasladado de urgencia por miembros de la Policía Nacional al Hospital San Rafael. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el segundo hombre falleció minutos después de su ingreso al centro asistencial. Según informaciones preliminares, citadas en reportes locales, una de las víctimas fue identificada como Harvy Vera Gómez, de 42 años. La identidad de la segunda persona no había sido confirmada oficialmente al momento de difundirse estos detalles.

Durante la inspección de la escena, las autoridades hallaron varias municiones que están siendo analizadas como parte de la investigación. Entre las hipótesis que el equipo de policía judicial estudia, se encuentra la posibilidad de un ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales. Así mismo, se investiga un posible vínculo entre las víctimas y grupos armados ilegales, aunque estas versiones aún no han sido confirmadas de manera oficial y no permiten establecer, por el momento, el móvil exacto del crimen. La información sobre las cifras acumuladas de homicidios en el municipio, mencionada en versiones locales, necesita corroboración antes de consolidarse como balance real, según los mecanismos oficiales de información.

El doble homicidio ha provocado nuevamente preocupación entre los habitantes de El Espinal, en un contexto caracterizado por la presencia de otros hechos violentos recientes, de acuerdo con reportes locales. Mientras tanto, las autoridades continúan recabando elementos que ayuden a esclarecer este suceso y lograr la identificación completa de las víctimas, así como la captura de los responsables.

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¿Qué se sabe sobre las hipótesis del doble homicidio en El Espinal?

Según las primeras informaciones citadas por fuentes locales, las autoridades barajan como principales hipótesis del doble homicidio un posible ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales y una posible relación de las víctimas con grupos armados ilegales. Sin embargo, hasta ahora ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente, por lo que la investigación judicial continúa para esclarecer los hechos.

¿Quiénes eran las víctimas del ataque armado en El Espinal, Tolima?

De acuerdo con los reportes disponibles, solo se ha logrado identificar a una de las víctimas como Harvy Vera Gómez, de 42 años. La identidad del segundo hombre no había sido confirmada oficialmente al momento de la última actualización. Las circunstancias exactas del ataque siguen bajo investigación por parte de la policía judicial.

Para mitigar los posibles inconvenientes en la circulación vehicular generados por la marcha, la Secretaría de Movilidad ha recomendado a los conductores considerar rutas alternas como la Avenida 3N, la Calle 13N, la Avenida 8N, la Avenida 4N, la Avenida 1N, la Carrera 4 y la Avenida Circunvalar. Estas vías funcionan como alternativas al paso por la Calle 5 y permitirían rodear la zona afectada por la movilización. El llamado de las autoridades es claro: salir con anticipación y consultar las indicaciones de tránsito para evitar contratiempos en los desplazamientos habituales.

El desarrollo de esta marcha en Cali refleja la importancia de mantener canales de comunicación entre ciudadanía y autoridades, además de la relevancia de planificar adecuadamente los movimientos urbanos en jornadas donde se presentan manifestaciones. No solo se ve involucrado el flujo vehicular, sino también la organización de actividades cotidianas de quienes transitan o habitan en los puntos que atraviesa la marcha. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, quienes se desplacen durante el tiempo de la manifestación deben consultar información actualizada y seguir las indicaciones para minimizar las afectaciones y garantizar la seguridad vial tanto para manifestantes como para conductores y peatones.

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¿Cuál es el recorrido exacto de la marcha en Cali el 14 de octubre?

El recorrido de la marcha parte de la Plazoleta Jairo Varela y avanza por la Calle 5 hasta llegar al Parque de las Banderas. Esta información fue divulgada por la Secretaría de Movilidad, la cual también señaló que la marcha recorrerá el trayecto desde el centro hacia el sur de la ciudad, impactando la movilidad en ese sector.

¿Qué rutas alternas recomienda la Secretaría de Movilidad de Cali durante la marcha?

Las rutas alternas sugeridas por la Secretaría de Movilidad incluyen la Avenida 3N, la Calle 13N, la Avenida 8N, la Avenida 4N, la Avenida 1N, la Carrera 4 y la Avenida Circunvalar. Estas opciones están destinadas a evitar la congestión en la Calle 5 y a facilitar los desplazamientos durante la marcha.

Según lo expuesto por la esposa de la víctima ante las cámaras del medio televisivo, los informes recolectados y entregados bajo estrictos protocolos a la Fiscalía General de la Nación contienen datos escalofriantes. Una fuente reservada hizo llegar la información de manera anticipada al trágico suceso, advirtiendo que no solo Miguel Uribe, sino posiblemente otros precandidatos afines al Centro Democrático, figuraban en una lista de objetivos a ser eliminados. El reporte anónimo también advertía que los recursos financieros para financiar la operación criminal habrían tenido como punto de origen a Venezuela, consolidando un complot transnacional.

“La información que yo recibí, que fui a la Fiscalía, que la entregué con todos los protocolos debidos, es que la orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”, aseveró Tarazona con firmeza durante la transmisión en vivo de Noticias Caracol. La viuda enfatizó que el dossier probatorio incluye nombres propios, registros fotográficos y datos precisos que ya se encuentran bajo el análisis de un grupo especializado del ente acusador, a la espera de que se abra formalmente una línea de indagación profunda sobre las personas que ocupaban curules en el Legislativo en ese momento.

“La orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”: María Claudia Tarazona sobre línea de investigación en crimen de Miguel Uribe Turbay.

Vea la entrevista en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZMSXQ https://t.co/NShzqe8LMR

— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 14, 2026

El señalamiento adquiere un matiz político explosivo al recordar el mapa de fuerzas que integraba el Parlamento durante el periodo de los hechos, donde hacían presencia pública militantes y representantes vinculados a sectores como el partido Comunes. Ante esta realidad, Tarazona cuestionó la necesidad de esclarecer si congresistas o excongresistas tuvieron un rol directo en la planificación o complicidad del atentado, recordando que la fiscal general y los investigadores judiciales tienen la obligación institucional de verificar la veracidad de estos testimonios.

“Estamos esperando que se abra esta línea de investigación, que la Fiscalía corrobore de dónde salió esta información”, recalcó la entrevistada, agregando que en los próximos días sostendrá nuevas reuniones con el equipo jurídico y los fiscales a cargo para evaluar los avances procesales. El clamor por justicia de la familia Uribe Tarazona pone contra las cuerdas a las instituciones judiciales, exigiendo resultados concretos que permitan desmantelar la red de determinadores intelectuales de un magnicidio que conmocionó los cimientos de la democracia colombiana

De acuerdo con la entidad, las tareas incluirán la reposición de válvulas y maniobras técnicas de optimización de las redes. Este tipo de intervenciones suelen ser parte del mantenimiento preventivo para mejorar la calidad y continuidad del servicio, reducir pérdidas de agua y anticipar posibles fallas que puedan afectar a un mayor número de usuarios en el futuro. En esta ocasión, la jornada de trabajos tendrá un impacto directo en los barrios Portales, Guacandá y Fray Peña, ubicados en el área urbana del municipio de Yumbo, específicamente en la calle 15 hasta la calle 16, y desde la carrera 1 hasta la carrera 6 N, de acuerdo con información oficial de Emcali.

La suspensión del suministro de agua potable está programada desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche de este miércoles, tiempo durante el cual la comunidad de los sectores mencionados debería tomar medidas preventivas para su abastecimiento. Como parte del plan de contingencia, Emcali dispuso el envío de un carrotanque para garantizar el suministro a la población afectada durante el tiempo que duren las intervenciones técnicas.

La empresa informó por medio de su cuenta oficial en la red social X (antes conocida como Twitter) que estos trabajos también incluirán acciones para la modernización de la red de energía en algunos sectores, aunque el foco principal permanece en las tareas de acueducto. Así, la compañía reiteró la necesidad de estas labores y agradeció la comprensión de los usuarios por las molestias temporales que puede ocasionar la suspensión, reafirmando su compromiso con la mejora de la infraestructura y la prestación eficiente del servicio de agua potable.

Este tipo de comunicados y medidas de contingencia responden a la importancia estratégica de las redes de acueducto, cuya operación eficiente es vital para la vida cotidiana y la salud pública de la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspende el servicio de agua en algunos barrios de Cali y Yumbo?

La suspensión del servicio de agua es consecuencia de trabajos programados que tienen como objetivo la reparación, reposición de válvulas y optimización de las redes de acueducto. De acuerdo con Emcali, estas labores son necesarias para garantizar el funcionamiento continuo y seguro del sistema de agua potable en la ciudad y sectores aledaños.

¿Qué medidas ha dispuesto Emcali para los barrios afectados durante la suspensión del servicio?

Con el fin de mitigar las afectaciones a la comunidad, Emcali anunció que enviará un carrotanque para abastecer de agua a los barrios impactados mientras duran los trabajos. Así, la empresa procura asegurar el acceso básico al agua potable a los habitantes de Portales, Guacandá y Fray Peña, en el municipio de Yumbo.

Según lo expuesto por Bedoya Cárdenas, la suspensión no obedece a reclamos ni incumplimientos propias de la Gobernación del Tolima. Más bien, se trata de una actividad sindical promovida por el magisterio con carácter nacional, es decir, no solo involucra al departamento del Tolima, sino que está enmarcada en una convocatoria que se extiende a todo el país. Esta jornada busca que los docentes puedan participar en las manifestaciones y que lo hagan bajo el amparo del permiso legal correspondiente solicitado para estos casos.

El funcionario aclaró que la protesta está direccionada hacia el Gobierno Nacional. Las diferencias y solicitudes que motivan esta movilización, por tanto, responden a asuntos de alcance nacional en los que, hasta el momento, la administración departamental no tiene responsabilidad directa. “Esta es una actividad sindical que están moviendo las familias sindicales no solo en el departamento, sino en todo el país”, destacó Bedoya, enfatizando la naturaleza nacional del llamado y la legitimidad del permiso concedido para la suspensión temporal de las clases presenciales.

La medida cobija únicamente la jornada del 14 de octubre y corresponde a la necesidad de garantizar la participación de los docentes del Tolima en las actividades sindicales previstas. La Secretaría de Educación departamental, siguiendo las disposiciones legales y respondiendo a la dinámica sindical, optó por avalar la suspensión para respetar tanto los derechos laborales de los maestros como las normas que rigen el sector educativo.

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¿Por qué se suspendieron las clases en colegios del Tolima el 14 de octubre?

La suspensión de clases presenciales el 14 de octubre en el Tolima fue confirmada por la Secretaría de Educación departamental, como respuesta a la convocatoria nacional de movilizaciones sindicales del magisterio. Según Andrés Felipe Bedoya Cárdenas, secretario de Educación, la medida permite la participación legal de los docentes en estas actividades y no se debe a incumplimientos del gobierno departamental, sino a diferencias del sector educativo con el Gobierno Nacional.

¿La suspensión de clases en Tolima afecta a todas las instituciones educativas?

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Educación del Tolima, la suspensión de la jornada académica presencial durante el 14 de octubre aplica a toda la prestación presencial del servicio público educativo en el departamento. Esto implica que todas las instituciones educativas oficiales se vieron cobijadas por la medida durante esa fecha específica, permitiendo la participación de los docentes en las movilizaciones sindicales.

El decreto, publicado en el Diario Oficial, cobra especial relevancia al coincidir con las movilizaciones convocadas para el 14 de octubre. Según la norma, la Policía Nacional debe actuar bajo cinco niveles: prevención y facilitación, diálogo directo, mediación, disuasión y restablecimiento del orden. Aunque este protocolo busca que cada nivel se ejecute de manera secuencial, se permite a los uniformados intervenir sin agotar todos los pasos si la situación lo requiere. Estas intervenciones deben documentarse y quedar consignadas en las actas del Puesto de Mando Unificado (PMU).

En lo referente a bloqueos de vías, el Decreto 1525 plantea que la disolución de una manifestación por causar obstrucciones será una medida excepcional. Solo se podrá ordenar esa disolución cuando la afectación al flujo sea considerada grave y sostenida, y no haya otra alternativa menos restrictiva para los derechos fundamentales de reunión y manifestación pacífica. Para decidir sobre la posible intervención, la autoridad debe evaluar aspectos como el tiempo que lleva el bloqueo, la existencia de rutas alternas y cualquier efecto sobre el tránsito de vehículos de emergencia.

Dentro de las obligaciones, la norma exige habilitar corredores solidarios para garantizar el paso de ambulancias, organismos de socorro, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes, menores de edad y el transporte de medicamentos, insumos hospitalarios y alimentos perecederos. De igual manera, el decreto mantiene la prohibición del uso de armas de fuego por parte de los uniformados que atiendan estas situaciones y la exclusión de las Fuerzas Militares en las intervenciones. El objetivo, según lo consignado, es proteger la manifestación pacífica y procurar que cualquier uso de la fuerza sea justificado, documentado y proporcional.

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¿Cuáles son los cinco niveles de actuación institucional según el Decreto 1525?

El Decreto 1525 establece que las autoridades deben seguir cinco etapas para su intervención en protestas: prevención y facilitación, diálogo directo, mediación, disuasión y restablecimiento del orden. Si bien la secuencia es la recomendada, la norma permite intervenir de inmediato si la situación lo exige, siempre con la obligación de documentar la decisión en el acta del Puesto de Mando Unificado (PMU).

¿Qué implica el concepto de ‘corredores solidarios’ durante protestas según el Decreto 1525?

‘Corredores solidarios’ se refiere a rutas que deben habilitarse en manifestaciones o bloqueos, permitiendo el paso de vehículos y personas que transportan ambulancias, insumos y medicamentos, así como grupos con necesidades especiales como personas con discapacidad y adultos mayores. El propósito es asegurar el acceso a servicios vitales y el respeto a derechos durante el ejercicio de la protesta.

Abelardo de la Espriella alcanzó la presidencia de Colombia tras conseguir más de 12,9 millones de votos, con una campaña centrada en la idea de gobernar con "los nunca", es decir, ciudadanos alejados de la burocracia estatal. No obstante, en la práctica, la designación en el servicio exterior parece mantener el patrón de los mandatarios anteriores. De acuerdo con la investigación de El Espectador, muchos de los nuevos movimientos en embajadas relevantes siguen vinculando a individuos que representan esa política tradicional que el propio Ejecutivo denomina como "los de siempre".

Uno de los ejemplos recientes de esta tendencia es el nombramiento en la embajada de Colombia en Italia. Alberto Rafael Cepeda Sarabia, cuya experiencia se sitúa en el sector empresarial de la costa Caribe colombiana, asumirá próximamente la dirección de la sede diplomática en Roma. Más allá de su perfil profesional, destaca su parentesco con Efraín José Cepeda Sarabia, actual presidente del Partido Conservador. Este último ha ostentado una curul en el Congreso durante más de tres décadas de manera consecutiva, también representando a su colectividad.

En este panorama, el intento de romper con prácticas tradicionales dentro del servicio diplomático colombiano parece enfrentarse, de nuevo, a la influencia de familias y figuras políticas con largos trayectos en el Legislativo y otros espacios de poder. Así, el discurso de cambio y apertura a nuevos liderazgos contrasta con la realidad de los nombramientos, especialmente en cargos tan estratégicos como el de embajador en Italia.

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¿Quién es Alberto Rafael Cepeda Sarabia, nuevo embajador de Colombia en Italia?

Alberto Rafael Cepeda Sarabia es una figura con experiencia en el sector empresarial de la costa Caribe colombiana. Según El Espectador, Cepeda Sarabia fue nombrado como próximo embajador de Colombia en Roma y tiene además un vínculo familiar directo con Efraín José Cepeda Sarabia, presidente del Partido Conservador y congresista con más de treinta años en el Legislativo.

¿Por qué se habla de la ‘clase política tradicional’ en el servicio diplomático colombiano?

El término ‘clase política tradicional’ hace referencia a figuras y familias que han ocupado cargos de relevancia en la política y la administración pública durante largos períodos. De acuerdo con El Espectador, a pesar de las promesas de varios presidentes de renovar el cuerpo diplomático, persiste la costumbre de nombrar a personas de esta clase en embajadas clave, lo que perpetúa su influencia en el servicio exterior colombiano.

Este hecho causó indignación entre habitantes, gestores culturales y visitantes debido al gran valor histórico y simbólico de este conjunto escultórico, que rinde homenaje a figuras relevantes en las gestas independentistas de Cartagena. Además, la obra integra el patrimonio urbano de Getsemaní, reconocido por su riqueza cultural y su alto atractivo para el turismo, como señaló Noticias Caracol. La preocupación se agudizó porque la pieza ya había sido sometida a mantenimiento y restauración, lo que incrementa el malestar por los daños sufridos.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, confirmó —también según Noticias Caracol— que, tras una solicitud de colaboración ciudadana, la mujer fue identificada. El mandatario distrital informó a través de sus redes sociales que la responsable vive en Barranquilla, aunque prefirió no revelar su nombre públicamente. La actitud asumida por la turista después de los hechos aumentó el rechazo ciudadano, ya que hasta el momento no habría mostrado disposición de hacerse cargo de la restauración del monumento. De hecho, Turbay Paz criticó que, en lugar de asumir el hecho, la implicada habría utilizado recursos para contratar más de dos mil cuentas falsas —conocidas como “boots”— para influir en redes sociales, según identificó su equipo de ciberseguridad.

Las reacciones en redes respaldaron el llamado de las autoridades a fortalecer la cultura ciudadana y el respeto por los bienes patrimoniales, especialmente en zonas turísticas concurridas. El alcalde enfatizó que se espera la reparación del daño y que “uno llega a un destino turístico a disfrutar y no a destruir el mobiliario urbano ni los monumentos”. La respuesta ciudadana refleja la importancia de proteger y valorar los espacios públicos históricos para las actuales y futuras generaciones.

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¿Qué consecuencias legales puede tener dañar bienes patrimoniales en Cartagena?

De acuerdo con lo informado por el alcalde de Cartagena en Noticias Caracol, dañar esculturas que hacen parte del patrimonio urbano puede resultar en llamados formales de las autoridades para que el responsable asuma la restauración y repare el daño ocasionado. Además, existen expectativas ciudadanas de que se refuercen las sanciones y la cultura de respeto hacia los bienes históricos en lugares turísticos como Getsemaní.

¿Por qué es importante el respeto al patrimonio en lugares turísticos como Getsemaní?

El respeto por el patrimonio urbano, según lo discutido tras la caída de la escultura, es esencial para preservar la historia y la identidad de barrios como Getsemaní. Este tipo de espacios acogen monumentos y obras que narran capítulos importantes de la independencia y cultura local, y su cuidado fortalece el sentido de pertenencia, la experiencia de los visitantes y la imagen de la ciudad a nivel nacional e internacional.

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Según informó El Universal, el operativo estuvo a cargo de unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Cartagena, que ubicaron al sospechoso luego de labores de seguimiento.

El procedimiento permitió hacer efectiva una orden judicial en su contra por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado, según la información entregada por las autoridades.

La investigación se concentra en varios episodios registrados en inmediaciones del humedal Juan Amarillo, también conocido como Tibabuyes, uno de los principales ecosistemas de Bogotá. Los investigadores buscan establecer la posible relación entre los casos y determinar si el detenido estaría vinculado con otros hechos similares.

De acuerdo con la información policial, el hombre presuntamente abordaba a mujeres en sectores apartados de esta localidad y las intimidaba con un arma de fuego. Después, las habría llevado a zonas boscosas cercanas al humedal Juan Amarillo, donde, según las indagaciones, les quitaba sus pertenencias y las agredía sexualmente.

¿Qué sigue en  proceso contra capturado por abusos en humedal Juan Amarillo?

Luego de la captura en Turbaco, el hombre quedó a disposición de la autoridad judicial competente, ante la que deberá responder por los delitos asociados con la orden de detención. Mientras avanzan las diligencias, las autoridades buscan esclarecer los casos y establecer si existen más víctimas.

El coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, afirmó que “la protección de la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres es una prioridad para la Policía Nacional”. También indicó que las labores investigativas y operativas continuarán para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

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Tras la identificación de su cuerpo en una zona rural de Sopó, Cundinamarca, la Fiscalía busca establecer qué ocurrió durante los 14 meses en los que no se conoció su paradero.

El caso está bajo la atención de dos despachos del ente acusador, que trabajan de manera coordinada para esclarecer tanto las circunstancias de la desaparición como las de la muerte de la joven. Así lo explicó la representación judicial de la familia en declaraciones recogidas por medios como El Tiempo y Blu Radio.

La confirmación de la identidad por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal permitió establecer que el cuerpo encontrado en Sopó correspondía a Ayelén. Sin embargo, el hallazgo no resolvió los interrogantes sobre cómo llegó hasta ese lugar, qué sucedió después de que perdió contacto con su familia y si hubo participación de otras personas.

Por ahora, no se ha divulgado una conclusión definitiva sobre la causa de muerte. La representación de víctimas indicó que están pendientes nuevos análisis periciales para contar con más elementos científicos que ayuden a reconstruir los hechos.

Petición de la familia de Ayelén Sofía

Según informó El Tiempo, la primera línea e hipótesis está relacionada con una posible desaparición forzada. Los investigadores buscan establecer qué ocurrió desde el 9 de agosto de 2025, cuando la adolescente salió de su vivienda en Bogotá y no regresó, hasta el momento en que fue encontrada.

La segunda investigación se concentra en el presunto homicidio, con el propósito de esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si existió responsabilidad penal de terceros. Esta línea requiere establecer qué sucedió con la joven y reunir pruebas que permitan sustentar las conclusiones de las autoridades.

De acuerdo con la información difundida por citado medio, el abogado de la familia de la víctima pide que se unifiquen las dos líneas de investigación para facilitar el avance del caso.

Uno de los asuntos pendientes es el resultado de nuevos estudios forenses. Estos análisis podrían aportar información sobre la causa de muerte y la eventual presencia de signos de violencia, aspectos que todavía no cuentan con una conclusión pública definitiva.

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De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, la vía permanecerá completamente cerrada en la noche de este martes 13 de octubre, y se espera que las acciones de remoción de escombros comiencen en la madrugada del miércoles 14 de octubre.

Derrumbe vía Sibaté – Fusagasugá

En horas de la tarde de este martes, la Gestión del Riesgo de Cundinamarca anunció la caída de rocas y tierra en el sector San Miguel, a aproximadamente 400 metros del peaje, jurisdicción de Sibaté, bloqueando ambos carriles de la vía, obligando al cierre de este corredor vial.

De acuerdo con la entidad, ya se encuentran haciendo seguimiento de la emergencia junto con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) y los Bomberos.

Según los primeros reportes de los bomberos de Cundinamarca, el hecho no dejó personas lesionadas ni vehículos atrapados entre la tierra caída.

Hasta el momento, se desconoce la hora en la que se podría dar apertura al corredor vial, por lo que se recomienda tomar vías alternas y evitar el acercamiento a la zona afectada, pues las lluvias podrían generar caída de material.

Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron un deslizamiento de tierra en la vía Sibaté–Fusagasugá, a 400 metros del peaje San Miguel, en jurisdicción del municipio de Sibaté. Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas ni vehículos atrapados.

En el lugar trabajan los Bomberos Voluntarios de Fusagasugá. La vía permanecerá cerrada durante la noche de hoy. Mañana desde la madrugada se iniciarán las labores seguras de remoción de escombros por parte del @ICCUGOB .

Recomendamos a los conductores tomar vías alternas y atender las indicaciones de las autoridades.

— Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) October 14, 2026

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El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, confirmó lo ocurrido y rechazó el ataque registrado en la comuna Seis del distrito. Tras la detonación, organismos de emergencia y autoridades se desplazaron al sector para atender a los afectados y verificar las condiciones de seguridad.

Según la información publicada por Vanguardia, una mujer sufrió lesiones en las piernas y la espalda, mientras que un hombre presentó heridas en las piernas. Ambos fueron trasladados a la Clínica Magdalena para recibir atención médica.

La adolescente, por su parte, fue remitida al Hospital Regional del Magdalena Medio debido al aturdimiento que le produjo la onda explosiva. El reporte conocido indica que no presentaba heridas. Ninguna de las tres personas afectadas se encontraba en estado de gravedad.

El hecho motivó el rechazo del mandatario local, quien anunció medidas adicionales de seguridad mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias de la detonación y determinar quiénes estarían detrás de lo ocurrido.

#SANTANDER El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez (@Jsvasquezg) informó que un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación fue detonado en inmediaciones del colegio Camilo Torres Restrepo. Dos adultos resultaron heridos y una menor fue remitida al Hospital Regional por aturdimiento consecuencia de la onda explosiva.

https://t.co/v2vIVVHFXe

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 14, 2026

Alcalde de Barrancabermeja anunció recompensa de hasta $50 millones

Tras el ataque, Jonathan Vásquez anunció la activación de un plan candado y el despliegue de unidades de la Policía, el Ejército y la Armada para reforzar la seguridad en Barrancabermeja.

Además, el mandatario informó que, en coordinación con la Gobernación de Santander, se ofrecerá una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y ubicar a los responsables de la detonación.

“¡No vamos a permitir que la violencia y el miedo se apoderen de Barrancabermeja!”, expresó el alcalde en su pronunciamiento, citado por Vanguardia.

Mientras tanto, las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes en el lugar de los hechos. La investigación busca establecer cómo ocurrió la detonación y quiénes serían los responsables.

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La grabación volvió a cobrar importancia tras conocerse la identificación de la joven, quien tenía 16 años cuando su familia perdió contacto con ella. El registro, divulgado por Citytv y retomado por La Kalle, permite ubicarla en un punto de la capital después de que sus allegados reportaran su desaparición, aunque no aclara qué ocurrió posteriormente.

Ayelén había desaparecido el 9 de agosto de 2025, cuando se preparaba para presentar las pruebas Saber 11. Su familia contó que ese día compartió con ellos y estuvo estudiando antes de salir de la vivienda para comprar algo en una tienda. Sin embargo, no regresó y tampoco asistió al examen que tenía previsto presentar al día siguiente.

La búsqueda se extendió durante aproximadamente 14 meses. La confirmación de Medicina Legal permitió establecer el paradero de la adolescente, pero todavía hay preguntas sobre sus últimos movimientos, las circunstancias de su muerte y las personas que podrían tener información relevante para esclarecer el caso.

⚠️ Se cumplen dos semanas en las que no se sabe nada de Ayelén Sofía Páez Oliveros, una joven de 16 años que desapareció en Bogotá justo antes de presentar el Icfes. Jennifer Rodríguez le cuenta los detalles en el video.

🎬 Realización: Jerson Cruz. https://t.co/FQw4L3dSNC

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 29, 2025

Qué muestra el último video conocido de Ayelén Sofía

La grabación de seguridad corresponde a la madrugada del 10 de agosto de 2025, alrededor de las 3:30 a. m. En las imágenes se observa a una joven caminando por la avenida Primero de Mayo, en Bogotá, vestida con prendas similares a las descritas en el cartel de búsqueda.

Según la información publicada por El Tiempo y La Kalle, la adolescente llevaba un jean azul y una chaqueta negra. En el tramo captado por la cámara aparece sola y camina rápidamente. La descripción difundida entonces también señalaba que parecía desorientada y que no llevaba el bolso negro mencionado entre los elementos asociados a su desaparición.

El registro fue una pista importante porque permitió establecer que Ayelén había sido vista en ese sector durante la madrugada siguiente al día en que su familia perdió contacto con ella. No obstante, las imágenes no muestran qué ruta tomó después, si se encontró con alguien o dónde estuvo durante los meses posteriores.

Por esa razón, el video no permite reconstruir por sí solo todo lo ocurrido. Su importancia está en que documenta uno de los últimos momentos conocidos de la adolescente en Bogotá, antes de que su paradero permaneciera sin esclarecer durante más de un año.

La última vez que su familia vio a Ayelén

Claudia Oliveros, madre de la joven, relató a Citytv que el 9 de agosto de 2025 estuvieron juntos durante buena parte del día. Según su testimonio, Ayelén se había dedicado a estudiar para el Icfes y salió de la casa para hacer una compra.

“Estuvo con nosotros todo el día, desayunamos, almorzamos. Estuvo estudiando todo el día para el Icfes. Simplemente, en un momento salió a comprar algo en la tienda y no volvió. No se presentó al Icfes. No tuvimos más noticias de ella”, contó Oliveros.

El cartel de búsqueda ubicaba la última vez que fue vista por sus familiares el 9 de agosto, hacia las 5:00 p. m., en inmediaciones de la calle 67 con carrera Séptima, en la localidad de Chapinero. La grabación de la avenida Primero de Mayo corresponde a otro momento: varias horas después, durante la madrugada del día siguiente.

La diferencia entre ambos registros ayuda a establecer una cronología de los últimos movimientos conocidos de Ayelén, pero no explica cómo llegó de un punto a otro ni qué pasó después de la grabación.

Jaramillo Carbonell no cuenta con antecedentes en la diplomacia pública. Según la hoja de vida publicada en la página de Presidencia y citada por El Espectador, su experiencia está basada en el sector privado, con especial énfasis en la fiduciaria inmobiliaria, y se ha desempeñado como miembro de la junta directiva de Alianza Fiduciaria, una firma radicada en Barranquilla. En cuanto a formación, registra un pregrado en Administración de Negocios y Gestión, lo que marca una diferencia frente a otros encargados del servicio exterior con formación académica o trayectoria diplomática más extensa.

La confirmación de Jaramillo se presenta en un contexto donde, según datos de Migración Panamá, Colombia constituye el segundo país en flujo de ingreso a Panamá, registrando en septiembre la entrada de 44.229 colombianos. De esta manera, el nuevo embajador asume el reto de responder desde la capacidad institucional a las necesidades inmediatas de estos ciudadanos en el país centroamericano.

A la par, el Gobierno oficializó también a Adela María Maestre Cuello como viceministra de Relaciones Exteriores, bajo la coordinación de Omar Bula. Maestre Cuello tiene experiencia diplomática como exembajadora en Paraguay y cónsul general en Santiago de Chile, además de haber formado parte del cuerpo diplomático durante el periodo de María Ángela Holguín en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre sus responsabilidades destacan suplir ausencias temporales del ministro, la coordinación general del Ministerio y la asesoría en la formulación y seguimiento de la política exterior.

Según El Espectador, los movimientos en Cancillería se complementan con otras designaciones, como la postulación de Alberto Rafael Cepeda Sarabia a la embajada de Italia y la de Juan Carlos Vélez Uribe en Ecuador, este último con el beneplácito del gobierno ecuatoriano. También se menciona a Carlos Chavarro, exsenador y exsecretario de la Comisión Segunda en 2025, perfilado para asumir un cargo diplomático.

Mientras tanto, Omar Bula lidera una agenda diplomática en Israel, marcando un proceso de reconstrucción de las relaciones bilaterales bajo la nueva administración de la Espriella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los nuevos diplomáticos nombrados por el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

Entre las figuras más recientes anunciadas están Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell, quien asume la embajada en Panamá, y Adela María Maestre Cuello, designada como viceministra de Relaciones Exteriores. A ellos se suman Alberto Rafael Cepeda Sarabia como embajador designado en Italia y Juan Carlos Vélez Uribe en Ecuador, según las confirmaciones y reportes de El Espectador.

¿Cuál es el impacto del nombramiento de Edgardo Jaramillo en la embajada de Panamá en medio de la crisis humanitaria?

El nombramiento de Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell ocurre en un contexto crítico tras el terremoto de Panamá, donde el flujo de ciudadanos colombianos es significativo. Su papel como embajador será clave para dirigir la atención a los connacionales afectados y fortalecer la capacidad institucional en la crisis, de acuerdo con la información de El Espectador y datos de Migración Panamá.

Vea también: Revelan las regiones de Colombia donde un terremoto tendría menor impacto; solo hay dos)

De acuerdo con el boletín del SGC, el evento ocurrió a las 9:55 p. m., hora local. La profundidad reportada permite clasificarlo como un sismo intermedio, pues su foco se ubicó a más de 70 kilómetros bajo la superficie terrestre. Según indicó un usuario en redes sociales “se sintió suave en Floridablanca”.

Los Santos es una zona de Santander reconocida por su actividad sísmica. Allí se han registrado numerosos movimientos telúricos, incluidos eventos que han sido percibidos en otras regiones del país.

Este sismo se presentó horas después de otro movimiento de mayor magnitud en el mismo municipio. A las 4:24 p. m., el SGC reportó un temblor de magnitud 5,0 y una profundidad de 149 kilómetros, que fue sentido en varias ciudades colombianas.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-13, 21:55 hora local Magnitud 3.7. Profundidad 147 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/PyMv2vHXH1

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 14, 2026