Roa, en su calidad de gerente de campaña durante el periodo electoral en cuestión, era el responsable de supervisar todos los ingresos que llegaban a las cuentas oficiales del movimiento que respaldó la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia. En sus pesquisas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció que el equipo de trabajo de Petro superó los topes legales para la financiación de campañas, es decir, ingresó a la campaña más dinero del que permite la normatividad vigente en Colombia. Como resultado, el CNE sancionó tanto a Roa como a la tesorera y la contadora de la campaña con una multa conjunta que supera los 6.000 millones de pesos colombianos.

El proceso penal que adelanta la Fiscalía se concentra en determinar si Roa fue responsable no solo de sobrepasar estos límites, sino también de omitir la rendición de cuentas sobre importantes donaciones recibidas durante la contienda electoral. El ente investigador estima que, bajo la responsabilidad de Roa, los aportes habrían superado los montos permitidos en al menos 1.664 millones de pesos y que ciertos movimientos y recursos no fueron registrados de manera adecuada.

No obstante, Roa ha declarado públicamente su inocencia y sostuvo, incluso al momento de dejar su cargo como presidente de la petrolera estatal el pasado 30 de julio, que las entidades de control estarían interpretando erróneamente varias cifras y movimientos financieros en el proceso en su contra. Según sus palabras, “no se violaron los topes. Hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”.

¿Cuál es el motivo del llamado a juicio contra Ricardo Roa relacionado con la campaña de Gustavo Petro?

El llamado a juicio de Ricardo Roa está fundado en la presunta violación de los límites de financiación de campañas electorales, durante su gestión como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. De acuerdo con la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral, hubo un sobrepaso de los topes legales y posible omisión en la rendición de cuentas.

¿Qué significa sobrepasar los topes de financiación en una campaña electoral?

Superar los topes de financiación en una campaña electoral implica que la campaña recibe más dinero del que la ley permite, lo que puede distorsionar la equidad en la contienda y está sujeto a sanciones legales. El Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía investigan estos casos para garantizar la transparencia en los procesos democráticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El perfil del detenido revela la magnitud de la investigación: de acuerdo con la Dijín, Boedhoe contaba con una sentencia condenatoria en firme de 12 años de prisión por tráfico de drogas. Está señalado además de liderar una estructura transnacional dedicada a enviar cocaína desde Colombia hacia distintos países de Europa, principalmente Francia, España y Países Bajos. El modus operandi de esta red consistía en emplear ‘correos humanos’, es decir, personas que transportaban la droga escondida en su organismo o equipaje, utilizando vuelos comerciales para el traslado internacional de sustancias ilícitas.

Las investigaciones internacionales permitieron establecer que Boedhoe residía en Colombia desde el año 2015. Según información recabada por las autoridades, se habría establecido en el país con el propósito de consolidar alianzas estratégicas con organizaciones narcotraficantes locales, facilitando así la coordinación y ejecución de envíos internacionales de cocaína. Tras su captura en Medellín, Boedhoe fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en espera de los trámites judiciales requeridos para su extradición a la justicia europea.

De acuerdo con El Espectador y fuentes oficiales de la Dijín, este caso refleja la importancia de la cooperación internacional entre cuerpos policiales y judiciales para desarticular redes criminales de alcance global.

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¿Por qué fue capturado Eldrich Boedhoe en Medellín?

Eldrich Boedhoe fue capturado en Medellín debido a que tenía una condena vigente por tráfico de drogas y estaba señalado como líder de una red transnacional que enviaba cocaína desde Colombia hacia países europeos. Las autoridades contaban con una circular roja de la Interpol en su contra, lo que permitió que la Dijín, junto a agencias de Francia y Estados Unidos, ejecutara un operativo exitoso para su aprehensión, según información oficial recogida por El Espectador.

¿Qué es una circular roja de la Interpol y cómo influye en capturas internacionales?

Una circular roja es un requerimiento emitido por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para solicitar la localización y detención preventiva de personas buscadas con miras a su extradición. Este mecanismo facilita la colaboración de fuerzas de seguridad de distintos países, como en el caso de Eldrich Boedhoe, al permitir que esté registrado como fugitivo de alta prioridad entre los miembros de Interpol.

De acuerdo con lo investigado por la Fiscalía y confirmado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro habría recibido ingresos monetarios superiores a los permitidos. Según el CNE, este exceso llevó a que se impusieran sanciones económicas tanto a Ricardo Roa como a la tesorera y la contadora de la campaña: una multa colectiva superior a los 6.000 millones de pesos colombianos. La responsabilidad de Roa se centra en que era el encargado de controlar y vigilar el flujo de recursos a las cuentas de la organización política que promovió la candidatura de Petro a la Casa de Nariño.

Ricardo Roa dejó el cargo de presidente de Ecopetrol el pasado 30 de julio y, hasta su salida, sostuvo su inocencia frente a las acusaciones, señalando que, en su criterio, no hubo violación de los topes de financiación. Roa argumentó públicamente que las cifras presentadas por los entes de control, incluida la Fiscalía, habían sido interpretadas de manera errónea y que existían recursos contabilizados de forma indebida. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que la campaña de Petro habría recibido por encima de 1.664 millones de pesos más de lo permitido y que, además, Roa habría omitido reportar adecuadamente donaciones millonarias, lo que constituye otra posible irregularidad en el manejo de los fondos de la campaña.

La citación de Ricardo Roa a la audiencia reaviva el debate sobre la transparencia en la financiación de campañas políticas en Colombia y el papel de los controles institucionales, representado por entes como el CNE y la Fiscalía.

¿Por qué Ricardo Roa fue sancionado junto con la tesorera y la contadora por el CNE?

Ricardo Roa, en su rol de gerente de la campaña de Gustavo Petro, fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a que, según este ente, tanto él como la tesorera y la contadora permitieron que la campaña superara los límites legales de financiación establecidos por la ley. En consecuencia, los tres deben responder solidariamente por una multa de más de 6.000 millones de pesos, al considerarse que se infringieron las normas sobre recursos en campañas electorales.

¿Qué significa sobrepasar los topes de financiación en una campaña electoral en Colombia?

Sobrepasar los topes de financiación en una campaña electoral implica que la organización política recibe aportes monetarios que exceden el límite máximo permitido por la ley para ese proceso. Esta regulación busca asegurar la transparencia y evitar la influencia indebida de recursos ilícitos o desbalanceados en los resultados electorales, siendo motivo de sanciones administrativas y penales, como quedó evidenciado en el caso de Ricardo Roa y la campaña ‘Petro Presidente’.

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Como respuesta, el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora anunció la reorganización de la campaña militar y policial Esparta, orientada a bloquear corredores utilizados por los grupos armados y fortalecer la integración entre inteligencia y judicialización. Sin embargo, voces como la de Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina de Crisis Group, consultadas por El Espectador, advirtieron que la falta de previsión sobre las consecuencias podría romper la confianza de las comunidades con el Estado.

La reciente “neutralización” de figuras como Naín Andrés Pérez, alias “Bendito Menor”, jefe de un frente de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), marca un avance visible para el gobierno, que reporta la muerte de dos de sus diez “objetivos de alto valor” en los primeros noventa días de mandato. Sin embargo, informes de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y de expertos citados por El Espectador advierten que el poder de las ACSN, consolidado desde 2020, no se limita a su capacidad armada, sino que abarca mecanismos de gobernanza criminal en Magdalena, Cesar y La Guajira, regulando la vida de las comunidades y controlando rentas ilícitas como la extorsión. Por eso, los analistas insisten en que solo una presencia estatal sostenida lograría transformar la estructura de estos grupos.

El debate cobra mayor complejidad ante denuncias de que, según Medicina Legal, seis menores murieron en bombardeos durante el primer mes de la nueva administración, desatando la decisión judicial de suspender ataques aéreos en zonas con posible presencia de menores reclutados. Además, la actuación pública del presidente en episodios como el de “Bendito Menor”, donde mostró cuerpos durante declaraciones oficiales, motivó un fuerte llamado de atención de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien subrayó que la estrategia estatal no debe perder de vista principios constitucionales ni deshumanizar ni a víctimas ni a adversarios.

Así, la política de seguridad enfrenta el reto de lograr resultados tangibles en materia de control territorial y protección a la población, sin que ello signifique caer en una carrera de demostraciones de fuerza que puedan afectar los derechos fundamentales de las comunidades más afectadas por el conflicto.

¿Cuál es el riesgo de fortalecer solo la ofensiva militar en Catatumbo y La Guajira?

Según la Fundación Ideas para la Paz y expertos consultados por El Espectador, reforzar únicamente el componente ofensivo sin una presencia estatal integral podría fragmentar las organizaciones criminales y desplazar la violencia, sin resolver los problemas de control social y gobernanza criminal en las regiones, lo que prolonga el ciclo de inseguridad.

¿Por qué se cuestiona la exhibición pública de bajas en operaciones militares?

La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que exponer cuerpos en declaraciones públicas normaliza la muerte y puede deshumanizar tanto a adversarios como a quienes detentan el poder, recordando que en Colombia esa práctica ha derivado en graves violaciones como las ejecuciones extrajudiciales, investigadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, fue tajante en su respuesta, afirmando que equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas es “una triste equivocación” y que “esa equivalencia no corresponde”. Aunque Lara reconoció el papel fundamental de la Defensoría del Pueblo en la protección de víctimas y derechos humanos en el país, defendió la obligación constitucional del Estado de combatir a quienes ejercen el terror, utilizando medios como drones y prácticas que afectan gravemente a la población, recurriendo incluso al reclutamiento de menores.

La discusión se dio en un contexto marcado por la transición hacia el fin de la política que Lara denominó como la ‘Paz Total’ y la necesidad, señalada tanto por el gobierno como por la Defensoría, de proteger a la población civil en medio de los conflictos armados y la criminalidad organizada. Marín insistió en que lo relevante no es poner en duda la legitimidad de las acciones de la Fuerza Pública, sino cuestionar la manera en que los resultados se comunican y el riesgo de banalizar la muerte en los mensajes institucionales. Para la defensora, “la privación del derecho a la vida no puede ser arbitraria”, y debe analizarse dentro de los límites que imponen la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente en un país que ha atravesado décadas de conflictos armados.

En respuesta, la Defensoría reiteró la disposición para trabajar en alianza interinstitucional, enfocándose en los retos que plantea la expansión territorial de grupos armados, el desplazamiento forzado y la protección de los derechos humanos, siempre exigiendo que los derechos fundamentales, especialmente el respeto por la dignidad incluso en la muerte, sean preservados. La funcionaria enfatizó que, aunque sean legales y en ocasiones necesarias, las operaciones militares que involucran muertes no deben considerarse deseables ni convertirse en motivo de exhibición o demostración de poder.

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¿Por qué la defensora del Pueblo criticó la exhibición de cadáveres en operaciones militares?

La defensora Marín señaló que utilizar los cuerpos sin vida de personas abatidas en operativos como parte de las comunicaciones oficiales contribuye a normalizar la muerte y banalizar la dignidad humana. Considera que la representación pública del poder no debe incluir la muestra de cadáveres, pues la vida y el respeto hacia los muertos son principios fundamentales del Estado de Derecho y del marco constitucional.

¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y por qué es importante en este debate?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que regulan los conflictos armados, limitando los métodos y medios de guerra y protegiendo a las víctimas. Es relevante en este contexto porque, según la defensora, el Estado debe actuar dentro de estos límites incluso en situaciones de guerra, asegurando que la protección de la vida y la dignidad humana no se vean afectadas por la violencia.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Ricardo Roa era el encargado de supervisar los recursos que ingresaban a las cuentas de la organización que impulsó a Gustavo Petro a la presidencia. El Consejo Nacional Electoral (CNE) identificó que el equipo de campaña habría recibido más dinero del autorizado por la ley, lo cual constituye una infracción grave de la normatividad electoral en Colombia. Por este motivo, el CNE sancionó a Roa junto a la tesorera y la contadora de la campaña, imponiéndoles una multa superior a 6.000 millones de pesos colombianos, que deberán pagar de manera conjunta.

Simultáneamente a la sanción administrativa, la Fiscalía avanza en el proceso penal contra Roa por las mismas irregularidades. El órgano investigador señala que, como gerente de campaña, habría excedido los límites de financiación establecidos por la ley en al menos 1.664 millones de pesos colombianos. Adicionalmente, se argumenta que Roa habría omitido reportar importantes donaciones que ingresaron a la campaña presidencial.

Ante las acusaciones, Ricardo Roa, quien renunció a la presidencia de Ecopetrol el pasado 30 de julio, insiste en su inocencia. Con respecto a la información presentada por la Fiscalía y otros entes de control, Roa sostiene que existe una interpretación incorrecta de las cifras y asegura que “no se violaron los topes”, sino que hubo recursos contabilizados de manera indebida.

El proceso contra Ricardo Roa pone de relieve la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la financiación de campañas electorales, temas centrales para la democracia y la confianza pública en las instituciones.

¿Cuáles son las acusaciones específicas de la Fiscalía contra Ricardo Roa por el caso de la campaña Petro Presidente?

La Fiscalía acusa al exgerente de campaña Ricardo Roa de haber sobrepasado los límites legales de financiación, con un margen de al menos 1.664 millones de pesos colombianos, y de omitir la rendición de cuentas sobre importantes donaciones, lo que habría constituido una violación directa a las normas electorales del país.

¿Qué sanciones impuso el Consejo Nacional Electoral en este caso y quiénes deben responder?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una multa superior a 6.000 millones de pesos colombianos a Ricardo Roa, así como a la tesorera y la contadora de la campaña Petro Presidente, por superar los topes permitidos de financiación durante la campaña de 2022. Estas personas deberán responder solidariamente por el pago de la sanción.

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En respuesta, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, comunicó la reestructuración de la campaña militar y policial denominada Esparta, enfocada en bloquear rutas de tráfico de armas y combatientes, y en centralizar esfuerzos de inteligencia y judicialización. Sin embargo, expertos citados por El Espectador advierten sobre el riesgo de que operaciones sin prever consecuencias puedan deteriorar la relación con las comunidades afectadas.

El ataque, que causó la muerte del capitán Marco David Pirajón Montezuma y de los soldados Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Marrugo Manjarrez, generó la reacción directa del presidente, quien prometió que esas muertes no quedarían impunes y resaltó la promesa de hacer caer sobre los responsables la fuerza legítima del Estado.

La estrategia militar reforzada también se refleja en golpes recientes contra cabecillas de grupos armados. En Riohacha murió Naín Andrés Pérez, alias “Bendito Menor”, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), durante una operación conjunta. Este resultado forma parte de la lista de objetivos de “alto valor” que el gobierno espera neutralizar en sus primeros meses. Las ACSN, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), desarrollaron estructuras de control local, gobernanza criminal y resistieron la intromisión de otros grupos armados, especialmente en Magdalena, Cesar y La Guajira.

No obstante, para investigadores como Lerber Dimas y especialistas de la FIP, eliminar líderes armados no garantiza el desmantelamiento de estas organizaciones, pues pueden surgir nuevas disputas y riesgos para la comunidad. Así, las ofensivas requieren un acompañamiento estatal persistente enfocado en la justicia, servicios públicos y protección a los civiles, señalan voces desde la Defensoría del Pueblo y otras instituciones, que también cuestionan la exposición mediática de cadáveres en operativos y el impacto colateral en menores reclutados, según datos de Medicina Legal.

Para la defensora del Pueblo Iris Marín, la clave está en no perder la humanidad en el combate al crimen: el éxito no debe medirse en muertes, sino en derechos garantizados y vidas resguardadas.

¿Qué impacto tienen las ofensivas militares contra grupos armados en la seguridad de Catatumbo?

Las ofensivas militares recientes en Catatumbo han generado golpes directos a estructuras armadas como el ELN, pero las fuentes citadas por El Espectador y la Fundación Ideas para la Paz advierten que sin una presencia estatal sostenida, dichas operaciones pueden fragmentar bandas criminales, provocar disputas internas y desplazar la violencia, sin resolver los problemas de inseguridad que afectan a la población civil.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo critica la estrategia de medir el éxito militar por el número de bajas?

La Defensoría del Pueblo, a través de Iris Marín, sostiene que medir el éxito militar por el conteo de bajas puede deshumanizar el conflicto, exponer a civiles a mayores riesgos y derivar en violaciones de derechos, como ejecuciones extrajudiciales. Para la entidad, la seguridad se evalúa en derechos protegidos y en la reducción del peligro para la población, no únicamente en cifras de muertes de presuntos criminales.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió resaltando el trabajo de la Defensoría en la protección de víctimas y derechos humanos. No obstante, rechazó lo que calificó como una “triste equivocación” por parte de Marín, argumentando que equiparar al Estado con bandas narcoterroristas representa una comparación injusta. Lara defendió que el Estado cumple la obligación constitucional de combatir a quienes ejercen el terror y hasta reclutan menores para la guerra, por lo que considera indispensable que la Defensoría refuerce su apoyo en esta labor.

El debate no es nuevo. Desde el pasado 6 de septiembre, la defensora ha advertido sobre los riesgos de que el Estado ingrese en una lógica de competencia con grupos ilegales, buscando demostrar quién ejerce mayor crueldad. Marín subrayó que “el Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel” y que enfrentarse a los grupos armados debe realizarse siempre dentro de los límites que marcan la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), conforme destaca El Espectador.

En la última respuesta, Iris Marín insistió en que se debe analizar la proporcionalidad, necesidad y razonabilidad de cada acción estatal, porque incluso en contextos de guerra existen limitaciones éticas y jurídicas. Recalcó que la protección a la vida es prioritaria y que los muertos deben ser tratados dignamente, sin convertir las bajas en “trofeos” ni en símbolos de poder. Marín reiteró la disposición de la Defensoría a trabajar en conjunto para prevenir vulneraciones y mejorar la protección de la población, enfatizando la importancia de la colaboración institucional frente a la criminalidad organizada y los riesgos para los derechos humanos en Colombia.

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¿Por qué la Defensoría del Pueblo critica la exhibición de cuerpos en comunicados oficiales?

La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, sostiene que la exhibición de cuerpos en anuncios públicos normaliza la violencia y banaliza el respeto por la dignidad humana. Marín enfatizó que la muerte no debe utilizarse como instrumento de poder ni escenografía para demostrar autoridad estatal, y remarcó que, aunque la legítima defensa del Estado sea necesaria, debe comunicarse de forma ética y respetuosa.

¿Cuáles son los límites que impone el Derecho Internacional Humanitario (DIH) al Estado en la guerra?

De acuerdo con la información citada por El Espectador, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) exige que el Estado actúe siempre bajo los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Incluso en contextos armados, la privación de la vida no puede ser arbitraria y las bajas deben ser tratadas con respeto y dignidad, evitando que se usen como elementos de propaganda o demostraciones de poder.

Según la Fiscalía, Roa tenía bajo su responsabilidad la supervisión de todos los recursos económicos que ingresaban a las cuentas oficiales de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia. La investigación sostiene que, durante su gestión, se habrían superado los topes legales permitidos para las campañas electorales. Esa versión también fue corroborada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que estableció que el equipo de la campaña sobrepasó los montos máximos de financiación, ingresando a las cuentas más dinero del autorizado por la normatividad vigente.

Como consecuencia de estos hallazgos, el CNE impuso una sanción económica a Ricardo Roa, junto a la tesorera y a la contadora de la misma campaña presidencial. La multa supera los 6.000 millones de pesos colombianos, monto que deberá ser pagado entre los tres responsables. Paralelamente, la Fiscalía inició un proceso penal contra Roa debido a las mismas anomalías detectadas en los informes financieros de la campaña.

Ricardo Roa renunció a su cargo en Ecopetrol el pasado 30 de julio y, hasta la fecha, ha mantenido su inocencia en todas sus declaraciones públicas. Según él, las cifras presentadas en los procesos en su contra habrían sido malinterpretadas y contienen errores. Ha afirmado que “no se violaron los topes. Hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”.

Sin embargo, la Fiscalía insiste en que Roa, como gerente de la campaña presidencial, sobrepasó el monto máximo de financiación en al menos 1.664 millones de pesos colombianos y omitió reportar millonarias donaciones, lo que fortalece la tesis de violación de topes establecidos por la ley para los gastos de campaña.

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¿Por qué la Fiscalía investiga a Ricardo Roa por los topes de campaña de Petro?

La Fiscalía investiga a Ricardo Roa debido a supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Se le acusa de haber permitido que se excedieran los límites legales de gasto para campañas electorales y por la omisión en el reporte de millonarias donaciones, según determina el Consejo Nacional Electoral y el ente investigador.

¿Qué significa ‘violar los topes de gastos en campañas electorales’ en Colombia?

En Colombia, ‘violar los topes de gastos en campañas electorales’ significa sobrepasar los límites de financiación establecidos por la ley para las campañas políticas. Estos topes buscan garantizar la transparencia y la igualdad en las contiendas electorales; superarlos constituye delito y puede acarrear sanciones económicas y procesos judiciales, como ocurre en el caso de Ricardo Roa.

La respuesta oficial no tardó. De acuerdo con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, se reorganizó la campaña Esparta, bloqueando corredores usados por grupos armados y articulando inteligencia y judicialización. Elizabeth Dickinson, de Crisis Group, advirtió en El Espectador que la ofensiva puede deteriorar el vínculo con las comunidades si no se anticipan represalias, recordando los riesgos de aumentar la presión militar sin protección civil sostenida.

La muerte de Naín Andrés Pérez, alias ‘Bendito Menor’, comandante crucial de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), refleja otra faceta de la estrategia gubernamental. Este golpe se suma al dado en agosto al jefe disidente alias “El Ruso”. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), las ACSN, aunque menos numerosas que otros grupos, consolidaron en los últimos años una estructura criminal y de control territorial fuerte en Magdalena, Cesar y La Guajira, fundamentada en extorsión y gobernanza ilegal. Sin embargo, la FIP y expertos como Lerber Dimas apuntan a que atacar militarmente su cúpula no basta para deshabilitar el control y que podría abrirse una nueva disputa interna, perpetuando la violencia contra las comunidades.

Las operaciones aéreas del gobierno también desataron controversias. Según Medicina Legal, seis menores fallecieron en bombardeos recientes, reavivando el debate sobre el reclutamiento infantil y el uso de la fuerza. Dos jueces han ordenado suspender bombardeos en zonas con presencia de niños reclutados. La defensora del Pueblo, Iris Marín, recalcó la importancia de no deshumanizar al adversario ni hacer de la muerte un espectáculo público. De acuerdo con El Espectador, insistió en que el Estado debe proteger derechos y no reducir la seguridad a cifras de bajas. Finalmente, el desafío para el gobierno sigue siendo evitar que el control estatal desaparezca tras los operativos y que la seguridad se asiente no sólo en la fuerza, sino en la garantía de derechos y la presencia institucional real.

¿Qué impacto real tiene la muerte de cabecillas de organizaciones armadas como ‘Bendito Menor’ en la seguridad territorial?

La eliminación de líderes de grupos armados suele medir el éxito inmediato de la estrategia militar, como sucedió con la muerte de ‘Bendito Menor’. Sin embargo, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y expertos citados por El Espectador, estos golpes no garantizan por sí solos la desarticulación de las organizaciones ni el retorno seguro del Estado, ya que pueden provocar reacomodamientos internos y nuevas disputas violentas.

¿Por qué ha sido polémico el uso de bombardeos en zonas de reclutamiento infantil en Colombia?

El debate surge porque, de acuerdo con Medicina Legal y reportes de El Espectador, seis menores han muerto durante ataques aéreos en los primeros meses de gestión de Abelardo de la Espriella. Esto ha llevado a decisiones judiciales que prohíben temporalmente bombardeos en áreas donde se sospecha la presencia de niños reclutados, resaltando la demanda de priorizar la protección de la infancia en el conflicto armado.

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El pasado 6 de septiembre, Iris Marín le solicitó al presidente De la Espriella abstenerse de usar imágenes de cuerpos de personas muertas en operaciones militares como parte de los anuncios oficiales del Gobierno. Explicó que “las imágenes y las palabras de quienes representan el poder público importan”, y subrayó el peligro de normalizar la exposición de los cuerpos en declaraciones oficiales, pues podría convertir la muerte en un símbolo de poder y autoridad, según lo reportado ese día.

Rodrigo Lara, en respuesta, reconoció la labor de la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos humanos pero lamentó lo que considera un error conceptual de Marín. Defendió que "el Estado cumple un deber constitucional de combatir a los criminales que ejercen el terror", aludiendo a escenarios donde los grupos armados incursionan con estrategias de violencia, reclutan niños y controlan grandes zonas del país. Para Lara, equiparar al Estado con estos grupos es una comparación inadecuada.

El Gobierno aclaró que continuará aplicando la ley, sin dejar de enfatizar la importancia de la lucha institucional y la colaboración necesaria con la Defensoría. Marín, por su parte, insistió en mantener el diálogo y el seguimiento de alertas tempranas en zonas prioritarias, recalcando que la protección de los civiles y el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) son irrenunciables. Citó que, aunque los operativos militares pueden ser legales y en ocasiones indispensables, debe prevalecer el respeto por la vida y la dignidad, y agregó que incluso en la guerra existen límites claros que el Estado no debe sobrepasar.

La discusión subraya una preocupación de fondo: la manera en que el Estado comunica el uso legítimo de la fuerza y los riesgos de banalizar la violencia mediante la exposición pública de los muertos. Para la Defensoría, el deber estatal radica en enfrentar a los grupos armados dentro de los límites constitucionales, garantizando siempre el trato digno aún de quienes mueren en combate.

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¿Por qué la Defensoría del Pueblo critica la forma en que el Gobierno exhibe los resultados de operaciones militares?

La Defensoría del Pueblo, a través de Iris Marín, sostiene que el uso de imágenes de personas muertas en anuncios oficiales contribuye a normalizar la muerte y a convertirla en una exhibición de poder. Para la entidad, esta práctica puede banalizar el respeto por la dignidad humana y distorsionar el deber estatal de proteger la vida, incluso en el contexto de operaciones militares legítimas.

¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y cómo se relaciona con las operaciones militares en Colombia?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que regulan la conducta de los conflictos armados con el objetivo de limitar sus efectos y proteger a las personas que no participan en las hostilidades. Según la Defensoría del Pueblo, las operaciones militares en Colombia deben llevarse a cabo dentro del marco constitucional y del DIH, garantizando los derechos humanos y el trato digno incluso de quienes mueren durante los enfrentamientos.

Boedhoe tenía una condena en firme de 12 años de prisión por tráfico de drogas. Además, era señalado como supuesto líder de una red transnacional dedicada al envío de cocaína desde Colombia hacia diferentes países de Europa, específicamente Francia, España y Países Bajos. La modalidad con la que su organización realizaba los envíos consistía en el uso de correos humanos, es decir, personas que transportan la droga en vuelos comerciales, ocultándola en su equipaje o, en ocasiones, en el interior de su cuerpo.

Las autoridades establecieron, de acuerdo con la investigación de la Dijín, que Boedhoe residía en Colombia desde 2015. Se presume que durante su estadía en el país logró consolidar alianzas con organizaciones narcotraficantes locales y coordinar complejos envíos internacionales de estupefacientes hacia Europa.

El operativo que permitió su captura fue posible gracias a la colaboración entre diferentes organismos internacionales, demostrando la importancia de la cooperación transnacional para enfrentar el crimen organizado. Tras su detención, Boedhoe fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Ahora, se encuentra a la espera del proceso para ser entregado formalmente a la justicia europea, donde deberá cumplir la condena impuesta y responder ante las acusaciones en su contra.

Para más detalles sobre este caso y temas de justicia, seguridad y derechos humanos, puede consultarse la sección judicial de El Espectador, fuente de la información presentada.

¿Quién es Eldrich Boedhoe y por qué era buscado por la justicia europea?

Eldrich Boedhoe es un ciudadano neerlandés condenado a 12 años de prisión por delitos relacionados con tráfico de drogas. Según la Dijín, era investigado por supuestamente liderar una red criminal que enviaba cocaína desde Colombia a varios países europeos, utilizando correos humanos en vuelos comerciales. Su captura en Medellín fue resultado de una colaboración internacional y responde a una orden de detención emitida por la justicia de Europa.

¿Qué es una circular roja de la Interpol y cuál es su función en capturas internacionales?

Una circular roja de la Interpol es un aviso internacional solicitado por la justicia de un país miembro, con el objetivo de localizar y detener provisionalmente a una persona buscada, a la espera de un proceso de extradición. Sirve como herramienta clave en la cooperación policial internacional, facilitando que personas acusadas o condenadas en un país puedan ser aprehendidas en otros países y puestas a disposición de la justicia correspondiente.

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De acuerdo con la información recopilada por la Fiscalía, Roa, quien en ese entonces ejercía como gerente de la campaña, habría permitido que la organización política recibiera recursos por encima de lo permitido por la legislación electoral, lo cual constituye una falta grave dentro del proceso democrático. El organismo sostiene que Roa tenía la responsabilidad de vigilar y controlar todo el flujo de dinero que ingresó a favor de la candidatura presidencial que finalmente llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) respaldó las investigaciones, al determinar que el equipo de Petro recibió más fondos que los autorizados legalmente. Por esta razón, el CNE impuso una sanción a Ricardo Roa, así como a la tesorera y la contadora de la campaña, quienes deberán pagar de forma conjunta una multa que supera los 6.000 millones de pesos colombianos. Esta sanción administrativa es paralela al proceso penal que adelanta la Fiscalía, profundizando la controversia alrededor de la financiación de campañas políticas en el país.

A pesar de las acusaciones, Roa sostiene su inocencia y asegura que las cifras analizadas tanto por la Fiscalía como por el CNE han sido “malinterpretadas” y presentan errores en los cálculos. Según Roa, “no se violaron los topes”, sino que existieron “movimientos y recursos contabilizados indebidamente”. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que el monto excedido ascendió, como mínimo, a 1.664 millones de pesos y que habría omisiones en la rendición de cuentas sobre aportes significativos que beneficiaron la campaña presidencial.

La audiencia de octubre será crucial para dilucidar si estos hechos constituyen una violación penal y administrativa, y marcará un precedente sobre la vigilancia de ingresos durante procesos electorales en Colombia.

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¿Por qué la Fiscalía investiga a Ricardo Roa por los gastos de la campaña Petro Presidente?

La Fiscalía investiga a Ricardo Roa porque, según la información conocida del organismo y del Consejo Nacional Electoral (CNE), durante su gestión como gerente de la campaña de Gustavo Petro en 2022 se habrían superado los límites permitidos legalmente para ingresos en campañas. Además, se señala que habría omitido la obligación de reportar ciertas donaciones millonarias, situación que podría configurar una violación a la normatividad electoral vigente.

¿Cuál es el impacto de superar los topes de financiación en campañas electorales en Colombia?

Superar los topes de financiación en campañas implica sanciones administrativas, como multas, y procesos penales, dependiendo de la gravedad de la irregularidad. En este caso, el Consejo Nacional Electoral sancionó a los responsables con una multa de más de 6.000 millones de pesos y la Fiscalía adelanta un proceso penal contra Roa, lo que muestra el alcance legal e institucional de este tipo de faltas en el sistema electoral colombiano.

El ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora anunció ajustes en la campaña militar y policial Esparta, intensificando el bloqueo de rutas cruciales utilizadas para el tráfico ilegal de armas y personal armado, así como la instalación de dos centros de coordinación de inteligencia y judicialización. La directora adjunta para América Latina de Crisis Group, Elizabeth Dickinson, advirtió a El Espectador que estas operaciones pueden romper la confianza de las comunidades si no se prevén represalias y repercusiones.

En paralelo a la crisis en Catatumbo, las fuerzas militares han obtenido resultados operativos relevantes. Recientemente, informaron la muerte de Naín Andrés Pérez, alias “Bendito Menor”, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), durante un operativo en Riohacha. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha documentado que las ACSN han construido una fuerte influencia territorial en Magdalena, Cesar y La Guajira, regulando aspectos de la vida comunitaria e imponiendo rentas ilegales como la extorsión.

No obstante, la Defensoría del Pueblo y la FIP han subrayado que la reducción del poder de estos grupos requiere algo más que operaciones armadas. Javier Flórez, de la FIP, enfatizó que aumentar el pie de fuerza no necesariamente se traduce en mayor seguridad y advirtió sobre la fragmentación criminal y el desplazamiento de economías ilícitas. Otro aspecto crítico es la muerte de menores en bombardeos, según Medicina Legal, lo que ha derivado en restricciones judiciales a las operaciones militares en zonas donde hay presencia de niños reclutados.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó el uso de la muerte como herramienta de exhibición de autoridad y llamó a que la respuesta estatal esté regida por la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario. Afirmó que la seguridad auténtica se debería medir en derechos garantizados y vidas protegidas, no en el número de bajas. Así, el foco del debate recae en si la estrategia del Estado está siendo suficiente y adecuada para transformar el territorio sin cruzar límites éticos o legales definidos.

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¿Qué impacto tuvo la muerte de “Bendito Menor” en las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?

La eliminación de “Bendito Menor”, jefe de un frente de las ACSN, fue un golpe importante al liderazgo armado de la organización, según información de El Espectador y la Fundación Ideas para la Paz. Sin embargo, no implica necesariamente el desmantelamiento de su influencia territorial, pues la ACSN mantiene estructuras profundas en la Sierra Nevada y el control de rentas ilegales. Especialistas alertan que pueden ocurrir reacomodamientos internos y nuevas disputas por el poder que perpetúan la violencia en la región.

¿Cuáles son los riesgos de una estrategia militar ofensiva sin presencia estatal sostenida en Catatumbo?

Los expertos consultados por El Espectador y la Defensoría del Pueblo advierten que, sin una presencia estatal permanente, las ofensivas militares pueden fragmentar los grupos armados y desplazar la violencia, pero no garantizan seguridad a largo plazo. En ausencia de justicia, servicios públicos y protección institucional, las regiones pueden quedar expuestas a reacomodamientos criminales y ciclos reiterativos de violencia, afectando especialmente a las comunidades locales.

Por su parte, el ministro Lara, aunque reconoció el trabajo de la Defensoría en la protección de víctimas y derechos humanos, reprochó enfáticamente lo que considera un error de Marín por “equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad”. De acuerdo con Lara, el Estado cumple un deber constitucional al combatir a quienes actúan con violencia en amplias zonas de Colombia y resaltó que buscan aliados como la Defensoría para enfrentar el terrorismo, el reclutamiento de menores y la barbarie. Lara recordó además el abandono de políticas previas como la de “Paz Total”, asegurando que esa estrategia permitió que poblaciones enteras quedaran sometidas al dominio criminal.

En respuesta, Marín insistió en la importancia de reflexionar sobre la manera en que se comunican los resultados operacionales y reafirmó la disposición de la Defensoría a trabajar en el seguimiento de alertas tempranas en zonas prioritarias. Subrayó que la alianza institucional es clave para afrontar el uso de drones, el reclutamiento forzado, la expansión territorial de grupos armados, el confinamiento y el desplazamiento, así como otros crímenes asociados. Marín fue clara en que el Estado “no puede dejarse llevar por una competencia cruel” y recordó que su función es proteger a la población dentro de la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), sin convertir la muerte en símbolo de poder. La funcionaria recalcó que la vida debe mantenerse como prioridad y que, aunque las operaciones legales de la Fuerza Pública sean a veces necesarias, nunca deben banalizar la dignidad de las personas ni la gravedad de la muerte.

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¿Por qué la Defensoría del Pueblo cuestionó la exhibición de cuerpos fallecidos en operaciones militares?

La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín, cuestionó la exhibición de cuerpos fallecidos en operaciones militares porque considera que este tipo de prácticas normaliza la muerte como parte del discurso público y convierte los cadáveres en una demostración de autoridad. Según sus declaraciones, el uso de imágenes y la manera de comunicar los resultados importan, y el respeto por la dignidad humana debe mantenerse incluso en situaciones de guerra o conflicto armado.

¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario (DIH) mencionado por la defensora Marín?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados en las personas. Protege a quienes no participan en las hostilidades y restringe los métodos y medios de guerra. La defensora Marín hizo referencia a este marco legal para enfatizar que, aun en escenarios de guerra, existen límites claros para proteger la dignidad y la vida, y que el Estado debe cumplir con estos principios en sus acciones militares.

Contra Boedhoe pesa una condena en firme de 12 años de prisión, dictada por delitos de tráfico de drogas. De acuerdo con la Dijín, se le señala como líder de una estructura criminal transnacional dedicada a enviar cocaína desde Colombia hacia Francia, España y Países Bajos. Esta organización, con Boedhoe presuntamente a la cabeza, utilizaba correos humanos —personas encargadas de transportar droga en su equipaje o incluso dentro de su cuerpo— para el tráfico internacional, aprovechando vuelos comerciales como principal medio de traslado.

El proceso investigativo arrojó que Boedhoe se habría radicado en Colombia desde el año 2015. Durante este período, se estima que reforzó alianzas con redes narcotraficantes locales y consolidó la coordinación de envíos ilícitos al exterior. La captura fue posible gracias al flujo de información y la cooperación entre agencias internacionales, lo que llevó a que Boedhoe fuera detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Actualmente, permanece en espera de su entrega formal a las autoridades judiciales europeas, en cumplimiento de los tratados de extradición vigentes.

Según los datos suministrados en el reporte de la Dijín, este caso ilustra cómo el crimen organizado trasciende fronteras y requiere de articulación efectiva entre distintos países y organismos policiales para lograr resultados exitosos en la lucha contra el narcotráfico internacional.

¿Por qué fue capturado Eldrich Boedhoe y qué delitos le imputan?

De acuerdo con la Dijín, Eldrich Boedhoe fue capturado por tener una condena en firme de 12 años de prisión por tráfico de drogas y por supuestamente liderar una red transnacional que enviaba cocaína desde Colombia hacia varios países europeos, utilizando personas como correos humanos en vuelos comerciales.

¿Qué es una circular roja de la Interpol y para qué se utiliza?

La circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) es una solicitud internacional de localización y detención preventiva dirigida a las fuerzas de policía de sus países miembros, para asegurar la captura de personas con orden judicial vigente mientras se tramita su extradición.

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El centro de la investigación de la Fiscalía radica en la presunta violación de los topes legales de financiación de campañas, un límite económico que la ley colombiana impone para evitar la concentración indebida de recursos y garantizar la transparencia electoral. Según la Fiscalía, Roa, en calidad de gerente de la campaña, habría permitido que ingresaran fondos por encima de los límites permitidos, situación que también fue detectada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El CNE, máximo órgano de control en materia electoral, concluyó que el equipo de trabajo de Gustavo Petro recibió ingresos por montos superiores a los autorizados, lo que desencadenó sanciones administrativas contra Roa y otros responsables financieros de la campaña.

La sanción impuesta por el CNE incluye una multa superior a los 6.000 millones de pesos colombianos, suma que deberán pagar Roa, la tesorera y la contadora de la campaña. Paralelamente, la Fiscalía avanza en el proceso penal, enfocándose en la responsabilidad directa de Roa sobre el presunto exceso en los recursos ingresados —estiman un sobrepaso de al menos 1.664 millones de pesos— y, además, le acusan de no rendir cuentas adecuadamente frente a donaciones millonarias recibidas durante la contienda.

Tras dejar su cargo en Ecopetrol el pasado 30 de julio, Roa se ha mantenido firme en su posición de inocencia. Señala que las cifras mencionadas por la Fiscalía y los organismos de control han sido interpretadas de forma equivocada y que, según sus palabras recogidas por El Espectador, “no se violaron los topes” sino que “hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”. Hasta el momento, las autoridades mantienen la acusación y continúan recabando pruebas para esclarecer si hubo o no un incumplimiento de la ley electoral en la pasada campaña presidencial.

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¿Cuándo será la audiencia contra Ricardo Roa por el caso de los topes electorales de la campaña Petro Presidente?

La audiencia en la que la Fiscalía llamará a juicio a Ricardo Roa está programada para el 30 de octubre a las 2:00 p. m., y se realizará de forma virtual, según la información presentada por El Espectador. En esta diligencia, Roa deberá responder por las acusaciones de presunta violación de los límites de gastos en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

¿Por qué fue multado Ricardo Roa por el Consejo Nacional Electoral y de qué lo acusa la Fiscalía?

Ricardo Roa fue multado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) junto con la tesorera y la contadora de la campaña porque, según ese órgano, las cuentas de la campaña Petro Presidente excedieron los topes de financiación permitidos por la ley, con una multa conjunta superior a 6.000 millones de pesos. La Fiscalía lo acusa formalmente de haber permitido la entrada de recursos por encima de lo legalmente aceptado y de no reportar adecuadamente donaciones millonarias a la campaña.

En respuesta a la escalada, el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora anunció la reorganización de la campaña militar y policial llamada Esparta. Según El Espectador, la estrategia consiste en bloquear corredores utilizados por grupos ilegales y crear centros de inteligencia y judicialización, aunque expertos como Elizabeth Dickinson, de Crisis Group, advierten sobre el riesgo de perder la confianza de la comunidad con acciones que no calculen las consecuencias para la población.

Entre los fallecidos en Catatumbo se encuentran el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Marrugo Manjarrez. El ejecutivo enfatizó en sus redes sociales que “sus muertes no quedarán impunes”. Además, otra operación militar relevante fue la muerte de Naín Andrés Pérez, alias “Bendito Menor”, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), quien murió durante una acción conjunta del Ejército y la Policía. Este grupo, con raíces profundas en la sierra, ha consolidado una estructura criminal fuerte en diversas regiones, regulando aspectos de la vida comunitaria e imponiendo su gobernanza sobre rentas ilegales, especialmente la extorsión, como ha documentado la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

La ofensiva estatal, aunque celebra golpes contra capos, enfrenta críticas sobre su alcance y posibles consecuencias. La Defensoría del Pueblo respalda la nueva estrategia, pero insiste en la necesidad de intervenciones estructurales y de largo plazo que ofrezcan justicia, servicios y protección real a las comunidades. Además, la muerte de menores en bombardeos ha reavivado el debate sobre los límites de la fuerza usada por el Gobierno. Iris Marín, defensora del Pueblo, recordó la importancia de evitar prácticas de deshumanización y regresar a una política de seguridad que mide su éxito en garantizar derechos y salvar vidas, no solo en contar bajas de líderes criminales.

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¿Cuál es el impacto de la estrategia militar en la seguridad del Catatumbo y la Sierra Nevada?

La estrategia militar reciente ha permitido golpear a figuras clave de estructuras armadas y bloquear corredores estratégicos; sin embargo, según análisis de la FIP, el control territorial y el bienestar comunitario requieren de una presencia estatal más duradera y comprensiva, pues los golpes militares por sí solos no logran desmontar la injerencia criminal ni proteger plenamente a la población.

¿Qué papel cumple la Defensoría del Pueblo en los debates sobre seguridad y derechos humanos?

La Defensoría del Pueblo juega un rol fundamental al advertir sobre los riesgos humanitarios de la estrategia militar, defender la protección de los derechos humanos y exigir al gobierno que el respeto a la población civil y la justicia sean ejes centrales de cualquier política de seguridad.

La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar y provino del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien resaltó la labor de la Defensoría en la protección de víctimas y derechos humanos, pero lamentó lo que llamó “una triste equivocación: equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad”. Lara defendió el accionar militar señalando que “el Estado cumple un deber constitucional de combatir a los criminales que ejercen el terror en amplias zonas del país”, y subrayó la importancia de la colaboración de la Defensoría para enfrentar amenazas como el reclutamiento de menores y el uso de drones por parte de grupos ilegales.

En este contexto, Marín insistió en que su llamado no desconoce el deber estatal de enfrentar a estos grupos ni cuestiona la legitimidad de las operaciones de la Fuerza Pública, pero sí la manera en que se comunica a la opinión pública. Añadió que en todo caso la privación del derecho a la vida debe ser analizada bajo parámetros de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, dados los límites incluso en el marco del conflicto armado.

La defensora reiteró que los muertos deben ser respetados y tratados dignamente, recordando que aunque en escenarios de conflicto las bajas pueden resultar inevitables y legales, la protección de la vida debe ser prioritaria en el ordenamiento jurídico, tal como lo exige la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Este choque institucional revela la complejidad de comunicar la violencia en un país que ha atravesado décadas de conflicto armado, enfrentando el riesgo de normalizar imágenes y discursos que despojan a la muerte de su gravedad para la sociedad.

¿Por qué la defensora del Pueblo pidió al presidente dejar de exhibir los cuerpos de combatientes muertos?

Iris Marín, defensora del Pueblo, solicitó al presidente Abelardo de la Espriella evitar la exhibición pública de los cuerpos de individuos muertos en operaciones militares, argumentando que normalizar estas imágenes en los anuncios oficiales convierte la muerte en un espectáculo y un instrumento de demostración de poder, lo cual desvirtúa el respeto por la dignidad humana, según información de El Espectador.

¿Cuál es la posición del Gobierno frente a las críticas sobre la exhibición de resultados en operaciones militares?

El Gobierno, a través del ministro del Interior Rodrigo Lara, defendió la presentación pública de los resultados de operaciones contra grupos armados alegando que cumplen un deber constitucional. Lara rechazó cualquier comparación entre el Estado y los grupos armados ilegales y afirmó que la divulgación de estos logros de la Fuerza Pública responde a la necesidad de combatir el terrorismo, según lo citado en El Espectador.

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Según los reportes oficiales, Boedhoe no era un actor menor dentro de esta red criminal. Contaba con una sentencia condenatoria en firme de 12 años por tráfico de drogas y era señalado como el líder de una estructura cuyo objetivo principal era el envío de cocaína desde Colombia hacia destinos en Francia, España y Países Bajos. Las autoridades detallaron que los envíos ilícitos se realizaban utilizando “correos humanos” —personas que transportan drogas en vuelos comerciales—, un método muy utilizado por las redes internacionales dada la dificultad de detección entre el flujo masivo de pasajeros.

La investigación señala que el ciudadano neerlandés residía en Colombia desde 2015. Presuntamente, llegó al país con el objetivo de establecer y consolidar alianzas con organizaciones locales de tráfico de drogas. Desde allí, coordinaba la logística para exportar grandes remesas de estupefacientes hacia Europa. Su captura, de acuerdo con la Dijín, marca un avance significativo para desmantelar este tipo de estructuras, que se nutren de la colaboración entre actores nacionales y extranjeros, usando el territorio colombiano como plataforma para el narcotráfico de alcance mundial.

En la actualidad, Eldrich Boedhoe permanece bajo custodia de la Fiscalía en Colombia, a la espera de su extradición a Europa, donde deberá responder ante las autoridades judiciales por los delitos que se le imputan. El procedimiento pone de manifiesto el trabajo articulado de fuerzas internacionales para combatir delitos de alto impacto y el uso de Colombia como punto neurálgico para redes globales de criminalidad.

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¿Cómo fue la captura de Eldrich Boedhoe en Medellín y qué autoridades participaron?

La captura de Eldrich Boedhoe se realizó en Medellín, Antioquia, luego de una operación conjunta entre la Dijín de la Policía Nacional de Colombia, el Servicio de Seguridad Interior (SSI) de Francia y agentes del Servicio de Marshalls de los Estados Unidos. Esta colaboración internacional permitió dar con el paradero del ciudadano neerlandés, quien era requerido por autoridades europeas mediante una circular roja de Interpol.

¿Por qué Eldrich Boedhoe era buscado internacionalmente por las autoridades?

Según la información oficial de la Dijín, Boedhoe tenía una condena en firme de 12 años de prisión por tráfico de drogas y estaba señalado como el líder de una organización transnacional dedicada a enviar cocaína desde Colombia a países europeos como Francia, España y Países Bajos. Las investigaciones indicaron que utilizaba “correos humanos” para el transporte de drogas en vuelos comerciales, lo que lo convirtió en un objetivo prioritario para las autoridades internacionales.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, Roa, en calidad de gerente de la campaña Petro Presidente, tenía bajo su supervisión la totalidad de los recursos que ingresaban a las cuentas del movimiento político que finalmente llevó a Petro a la Casa de Nariño. Las pesquisas del ente acusador sugieren que los montos recolectados y utilizados en la contienda electoral excedieron ampliamente los límites establecidos por la legislación colombiana para la financiación de campañas, una infracción que pone en tela de juicio la transparencia y legalidad del proceso electoral de 2022.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que el equipo liderado por Roa sobrepasó los topes de financiación definidos por la ley. Como consecuencia de esto, el CNE impuso una sanción económica tanto a Roa como a la tesorera y a la contadora de la campaña, con una multa conjunta que supera los 6.000 millones de pesos colombianos, suma que deberá ser cancelada por los tres responsables señalados por la autoridad electoral. Es importante recordar que Roa ocupó la presidencia de Ecopetrol hasta el pasado 30 de julio, fecha en la que decidió abandonar su cargo tras el avance de las investigaciones en su contra.

Frente a las acusaciones, Roa se ha declarado inocente y ha afirmado públicamente que los organismos de control y la Fiscalía han malinterpretado y contabilizado de forma equivocada los recursos utilizados en la campaña. Según sus declaraciones, “no se violaron los topes. Hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Roa habría sobrepasado los montos máximos de financiación permitidos por al menos 1.664 millones de pesos y omitido la declaración de millonarias donaciones. El caso seguirá su curso judicial, mientras los organismos de control y justicia determinan la responsabilidad individual de los involucrados.

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¿Por qué el Consejo Nacional Electoral sancionó a Ricardo Roa y a su equipo de campaña?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una multa superior a 6.000 millones de pesos a Ricardo Roa, junto con la tesorera y la contadora de la campaña presidencial de Gustavo Petro, tras comprobar que se superaron los topes legales de financiación durante las elecciones de 2022. Según los reportes del CNE, al ingresar más dinero del permitido por la ley, se violaron las normas diseñadas para garantizar transparencia en el proceso electoral.

¿Qué significa violar los topes de financiación en una campaña electoral?

En el contexto de las campañas electorales, violar los topes de financiación implica exceder los montos máximos de dinero establecidos por la ley para recaudar y gastar. Esta limitación busca evitar influencias indebidas y asegurar condiciones equitativas entre los candidatos. Según la Fiscalía, Ricardo Roa habría superado estos montos en al menos 1.664 millones de pesos y omitido informar sobre importantes donaciones recibidas.

La respuesta estatal a estos hechos fue inmediata. El ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora detalló la reorganización de la campaña Esparta, enfocada en bloquear corredores estratégicos para armas y hombres, y en la integración de esfuerzos de inteligencia y judicialización. Sin embargo, Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina de Crisis Group, advirtió a El Espectador sobre los peligros de implementar tales operaciones sin prever represalias, pues podrían deteriorar la relación con las comunidades.

El ataque en Catatumbo no fue el único resultado de la ofensiva militar. El pasado 4 de septiembre, el Ejército y la Policía informaron la muerte en La Guajira de Naín Andrés Pérez, alias “Bendito Menor”, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Se trata del segundo de los diez “objetivos de alto valor” que De la Espriella se propuso “neutralizar” en sus primeros 90 días. Sin embargo, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sostiene que, aunque este tipo de golpes puede fragmentar a las ACSN, solo una presencia estatal sostenida evitaría su reconfiguración y el regreso de la violencia a las comunidades.

Además, la Defensoría del Pueblo y expertos citados por El Espectador subrayan que el éxito militar debe traducirse en justicia, servicios públicos y protección local. La muerte de seis menores de edad durante bombardeos presidenciales abrió una controversia por posibles excesos, con jueces ordenando suspender operaciones donde haya riesgos de reclutamiento infantil. Este debate se intensificó tras la difusión de imágenes presidenciales mostrando cadáveres de los operativos, lo que para Iris Marín, defensora del Pueblo, deshumaniza tanto a víctimas como al propio Estado.

Como concluyó Marín, la seguridad va más allá de eliminar líderes armados: debe medirse por garantías de derechos y vidas salvadas para la población civil. En síntesis, la estrategia de De la Espriella enfrenta la prueba de lograr mayor seguridad sin sacrificar los principios del Estado de Derecho.

¿Qué significa la campaña militar y policial Esparta en la estrategia de seguridad del gobierno?

La campaña Esparta, según explicó el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora a El Espectador, consiste en reorganizar operaciones para bloquear corredores frecuentados por grupos armados y centralizar la inteligencia y judicialización, con la finalidad de debilitar el movimiento de armas y hombres. Este esquema busca un control territorial más efectivo, aunque diversos analistas advierten sobre el riesgo de desconfianza y represalias en las comunidades si no se acompaña de una presencia estatal permanente.

¿Por qué la muerte de alias “Bendito Menor” no garantiza la desarticulación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?

De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la desaparición de un líder como “Bendito Menor” fragmenta pero no elimina el poder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, pues la organización ha construido una autoridad territorial y redes de control social difíciles de erradicar solo con acciones armadas. La FIP señala que, sin una política estatal integral y sostenida, otros miembros pueden ocupar ese vacío, perpetuando el ciclo de violencia en la región.

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Lara insistió en la necesidad de que la Defensoría colabore en la lucha contra grupos armados responsables de crímenes graves como el uso de drones, el reclutamiento de menores y el desplazamiento forzado, prácticas habituales de organizaciones criminales en el país. Asimismo, el funcionario remarcó que el gobierno seguirá haciendo cumplir la ley y defendió el fin de la política de ‘Paz Total’, señalando que antes se entregaron comunidades “a la tiranía del terror”. A pesar de los roces, Marín respondió reafirmando la disposición de la entidad para trabajar conjuntamente en el seguimiento de alertas tempranas en zonas priorizadas y enfatizó la importancia de la colaboración institucional en el manejo de la crisis humanitaria, el conflicto armado y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

La defensora del Pueblo fue clara al recalcar que, aunque las operaciones militares pueden ser legales y hasta necesarias frente a crímenes atroces, la manera en que se comunican estos hechos debe salvaguardar la dignidad de las víctimas. Sostuvo que la privación de la vida requiere de criterios estrictos de razonabilidad y proporcionalidad y subrayó que incluso en la guerra existen límites legales y éticos. Marín concluyó que el Estado debe anteponer la protección de la vida, respetando tanto las normas constitucionales como el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y que exhibir cuerpos como trofeos vulnera estos principios fundamentales.

¿Por qué está criticando la defensora del Pueblo la forma en la que el Gobierno exhibe los resultados militares?

Iris Marín critica que el Gobierno use imágenes de cuerpos sin vida en sus anuncios públicos para mostrar resultados operativos, alegando que esto normaliza la muerte como demostración de autoridad y vulnera la dignidad de las víctimas, según planteó en su pronunciamiento del 6 de septiembre.

¿Qué postura sostiene el Gobierno frente a las observaciones de la Defensoría sobre derechos humanos y exhibición de cuerpos?

El Gobierno, a través del ministro Rodrigo Lara, rechaza la equiparación con grupos armados y sostiene que cumple su deber constitucional al combatir el crimen, defendiendo la comunicación abierta de sus operaciones mientras insiste en la colaboración con la Defensoría para proteger a la población y mantener el respeto por la ley.

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La Fiscalía ha centrado sus investigaciones en el papel de Roa como responsable de controlar el flujo financiero de la campaña presidencial. De acuerdo con lo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha documentado, durante la gerencia de Roa se superaron los topes establecidos para el financiamiento electoral. Esto significa que fueron recibidos recursos que excedieron lo permitido por la legislación colombiana, lo que generó la apertura de procesos sancionatorios y penales en su contra.

El CNE, entidad encargada de la vigilancia de los procesos electorales y sus recursos en Colombia, verificó que el equipo de la campaña de Petro recibió dinero por encima de los límites, lo que llevó a que Roa, junto con la tesorera y la contadora de la campaña, fuera sancionado con una multa superior a los 6.000 millones de pesos colombianos. Dicha suma debe ser asumida de manera conjunta entre las tres personas.

A pesar de las acusaciones en su contra, Ricardo Roa ha sostenido públicamente su inocencia. En sus declaraciones, ha argumentado que las cifras presentadas tanto por la Fiscalía como por los órganos de control han sido malinterpretadas o presentan errores. Según Roa, “no se violaron los topes. Hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que Roa habría superado los montos máximos de financiación en al menos 1.664 millones de pesos y, además, habría omitido reportar millonarias donaciones recibidas por la campaña de Gustavo Petro.

El proceso legal que enfrenta Roa se desarrolla paralelo a las sanciones administrativas ya impuestas por el CNE y busca esclarecer si efectivamente existieron faltas a la normativa electoral. El desenlace de este caso será clave para el futuro político y judicial de los involucrados.

¿Cuál es la fecha de la audiencia judicial contra Ricardo Roa por el caso de los topes electorales?

La audiencia citada por la Fiscalía contra Ricardo Roa, exgerente de la campaña de Gustavo Petro y expresidente de Ecopetrol, está programada para el 30 de octubre a las 2:00 p. m. y se realizará de forma virtual. Allí el ente acusador expondrá los cargos relacionados con la posible violación de los límites de gastos permitidos en campañas electorales en el año 2022.

¿Por qué el Consejo Nacional Electoral sancionó a Ricardo Roa y otros miembros de la campaña Petro Presidente?

El Consejo Nacional Electoral, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de las normas en procesos electorales, determinó que se superaron los topes de financiación en la campaña ‘Petro Presidente’. Por eso, sancionó a Ricardo Roa, la tesorera y la contadora de la campaña con una multa de más de 6.000 millones de pesos, debido a que la campaña habría recibido montos superiores a los permitidos por la ley electoral.

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Ante esta coyuntura, el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora comunicó la reorganización de la campaña Esparta, que busca bloquear rutas de movilización de armas y hombres, integrando esfuerzos de inteligencia y judicialización. Sin embargo, Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina de Crisis Group, advirtió en declaraciones recogidas por El Espectador que operaciones militares sin considerar su impacto social pueden romper la confianza con las comunidades.

Un aspecto clave de la política del gobierno ha sido la ofensiva contra la cúpula de organizaciones armadas. En su primer mes, esta estrategia logró la muerte de Naín Andrés Pérez, alias ‘Bendito Menor’, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en una operación en Riohacha, y previamente la de alias “el Ruso”, cabecilla de las disidencias de “Iván Mordisco”. Sin embargo, de acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el control territorial de grupos como las ACSN no depende solo de sus cabecillas, pues estas estructuras han afianzado redes ilegales y sistemas de coerción en Magdalena, Cesar y La Guajira, resistiendo incluso al Clan del Golfo.

La FIP advierte que estas ofensivas pueden fragmentar las organizaciones, pero sin una presencia estatal duradera el peligro de volver a la violencia permanece. Tras el operativo en el que murió ‘Bendito Menor’, Lerber Dimas, investigador del conflicto, prevé un posible reacomodamiento criminal y un riesgo renovado para la población.

Paralelamente, la Defensoría del Pueblo ha subrayado los límites de la estrategia militar. Iris Marín, defensora del Pueblo, recordó la necesidad de no deshumanizar al adversario ni utilizar la muerte como símbolo de autoridad, mencionando además el riesgo de que la política de “bajas” derive en abusos como las ejecuciones extrajudiciales investigadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El principal desafío, coinciden las fuentes citadas, es reducir la capacidad de daño y control de los grupos armados, no solo eliminar a sus líderes. La pregunta de fondo es si la actual estrategia puede transformar la realidad en regiones históricamente controladas por actores ilegales, sin sacrificar garantías ni derechos civiles.

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¿Cuál fue el impacto de la muerte de “Bendito Menor” en las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?

La muerte de “Bendito Menor”, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), constituyó un golpe significativo para esta organización criminal, pero no implicó una desarticulación de su estructura ni de su capacidad de control territorial. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, el poder de las ACSN se basa en años de presencia en regiones como Magdalena, Cesar y La Guajira, y depende de su arquitectura criminal y su dominio sobre economías ilegales. La ausencia de una presencia estatal sostenida tras estos golpes puede facilitar el reacomodamiento de otros mandos y mantener el riesgo de violencia para la población.

¿Qué críticas ha recibido la estrategia militar del gobierno de Abelardo de la Espriella en zonas como Catatumbo?

Según la defensora del Pueblo, Iris Marín, y la Fundación Ideas para la Paz, la estrategia militar del gobierno de Abelardo de la Espriella ha sido cuestionada por centrar sus esfuerzos en la eliminación de cabecillas, sin garantizar una intervención integral que proteja los derechos civiles y transforme los problemas estructurales. La preocupación principal radica en que estas ofensivas pueden resultar insuficientes si no se acompaña de acción institucional sostenible, aumentando el riesgo de fragmentación criminal, desplazamiento de economías ilegales y nuevas oleadas de violencia en zonas históricamente afectadas.

Rodrigo Lara, ministro del Interior, respondió resaltando el papel de la Defensoría en la protección de víctimas y derechos humanos, pero calificó como una “triste equivocación” equiparar al Estado con las bandas criminales. Para Lara, el Estado cumple con su deber constitucional enfrentando a quienes ejercen violencia y terror. En su opinión, la participación de la Defensoría es clave para combatir delitos como el uso de drones para ataques, el reclutamiento de menores y otras acciones de grupos armados que atemorizan amplias zonas del país.

En respuesta, Marín reiteró la necesidad de repensar la forma en que se comunican los resultados de los operativos. Sostuvo que la colaboración institucional es fundamental para enfrentar fenómenos como la expansión de la criminalidad, el confinamiento, el desplazamiento forzado y, en general, las graves violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Recordó que a pesar de que muchas de estas acciones son legales desde la perspectiva oficial, la protección de la vida sigue siendo un principio prioritario en el marco jurídico colombiano. Insistió en que “la privación del derecho a la vida no puede ser arbitraria” y que toda acción debe ser analizada por su razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Como señaló la Defensoría, aunque Colombia ha lidiado con décadas de conflicto armado, es inusual ver a un presidente “caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”. El llamado de Marín es a respetar la dignidad humana incluso en el marco de la guerra y a mantener límites claros en la confrontación con los actores armados, sin utilizar la muerte como demostración de poder estatal.

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¿Por qué la Defensoría del Pueblo critica la exhibición de muertos en operaciones militares?

La defensora del Pueblo, Iris Marín, sostiene que la exhibición de cuerpos en anuncios oficiales normaliza la muerte y convierte a las víctimas en parte de la escenografía del poder, lo cual considera contrario a la ética pública. Según su postura expresada en El Espectador, este tipo de comunicación puede banalizar la dignidad humana y generar competencia entre el Estado y los grupos armados en la demostración de poder por medio del miedo y la crueldad.

¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y cómo se relaciona con este debate?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a quienes no participan directamente en las hostilidades y regulando los métodos de guerra. En este contexto, la Defensoría del Pueblo remarca que aunque las fuerzas estatales enfrenten a grupos armados, deben hacerlo respetando la dignidad humana y evitando acciones que puedan ser percibidas como arbitrarias o desproporcionadas, en línea con las exigencias del DIH.

La información oficial indica que Boedhoe contaba con una condena en firme de 12 años de prisión por tráfico de drogas, según la Dijín. Además, el capturado es señalado como presunto líder de una estructura transnacional dedicada al envío de cocaína desde Colombia hacia Europa, específicamente a Francia, España y los Países Bajos. Las autoridades detallaron que las operaciones ilegales se realizaban por medio de 'correos humanos', es decir, personas que transportaban drogas ocultas en el cuerpo o el equipaje en vuelos comerciales.

Las pesquisas indican que Boedhoe se había radicado en Colombia desde el año 2015. Según los investigadores, su permanencia en territorio colombiano tendría como objetivo consolidar alianzas estratégicas con otras organizaciones narcotraficantes presentes en el país y coordinar los envíos internacionales de estupefacientes. La captura de Boedhoe constituye un golpe relevante para las autoridades, teniendo en cuenta la red internacional que presuntamente lideraba.

Luego de su detención, Boedhoe fue dejado a disposición de la Fiscalía colombiana y está a la espera del proceso de extradición para ser entregado a la justicia europea, que busca que cumpla su condena. Todo este operativo ha contado con la cooperación de agencias reconocidas, entre ellas la Interpol, el Servicio de Seguridad Interior de Francia y el Servicio de Marshalls de Estados Unidos, lo que demuestra el nivel de coordinación internacional en temas de lucha contra el narcotráfico.

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¿Quién es Eldrich Boedhoe y por qué las autoridades europeas lo buscaban?

Eldrich Boedhoe es un ciudadano de los Países Bajos que fue condenado a 12 años de prisión por tráfico de drogas. De acuerdo con la Dijín, era investigado por supuestamente liderar una red de narcotráfico dedicada a enviar cocaína desde Colombia a varios países europeos. Su detención era prioritaria para las autoridades europeas debido a su papel dentro de una estructura transnacional.

¿Cómo fue la captura de Eldrich Boedhoe en Medellín y qué agencias participaron?

La captura de Eldrich Boedhoe se realizó en Medellín, Antioquia, según informó la Dijín de la Policía Nacional. El operativo contó con la colaboración del Servicio de Seguridad Interior de Francia y el Servicio de Marshalls de Estados Unidos. La acción se enmarca en un esfuerzo internacional para combatir redes de narcotráfico que operan entre Colombia y Europa.

De acuerdo con la Fiscalía, Roa tenía la responsabilidad de supervisar y controlar el flujo de dinero hacia las cuentas de la organización política de Petro. El Consejo Nacional Electoral (CNE), máxima autoridad en temas electorales, concluyó que el equipo de trabajo del exmandatario no cumplió los límites establecidos, permitiendo que ingresaran recursos por encima de lo autorizado. Esta transgresión de la normativa electoral originó una sanción pecuniaria para Roa y dos miembros más del equipo financiero, quienes deberán abonar de manera conjunta más de 6.000 millones de pesos colombianos (COP).

La decisión del Consejo Nacional Electoral se suma al proceso penal que adelanta la Fiscalía contra Roa por los mismos hechos. Pese a las acusaciones, Roa ha mantenido su inocencia, argumentando públicamente que las cifras presentadas por las autoridades investigativas han sido interpretadas de forma errónea y contienen inconsistencias. “No se violaron los topes. Hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”, expresó en sus declaraciones poco después de dejar Ecopetrol el pasado 30 de julio.

Sin embargo, la posición oficial de la Fiscalía contradice sus afirmaciones: sostiene que Roa y su equipo habrían superado los montos máximos por al menos 1.664 millones de pesos colombianos, además de no reportar millonarias donaciones, una omisión que agrava la supuesta falta. Así, la audiencia del 30 de octubre se convierte en un punto decisivo para delimitar responsabilidades y aclarar el alcance real de las presuntas irregularidades en la campaña de Gustavo Petro, un tema que ha captado la atención nacional y plantea interrogantes sobre la financiación política en el país.

¿Cuál es la acusación puntual contra Ricardo Roa por la Fiscalía?

La acusación puntual de la Fiscalía General de la Nación contra Ricardo Roa es la violación de los topes legales de gasto en campañas electorales, específicamente al presuntamente superar los límites permitidos para la financiación e ingreso de dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, y omitir reportar ciertos recursos y donaciones.

¿Qué significa que se hayan “superado los topes electorales” en una campaña?

Superar los topes electorales en una campaña política implica que el monto total de dinero recibido y/o gastado por la organización excede el límite máximo autorizado por la ley. Según el Consejo Nacional Electoral, este acto representa una infracción grave, ya que busca evitar ventajas indebidas y garantizar la transparencia en la contienda electoral.

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De acuerdo con la información recopilada por la Secretaría Distrital de Gobierno, la movilización inició cerca de la Universidad Nacional, en la calle 26 con carrera 33, y culminó en la sede regional del ICBF en la localidad de Teusaquillo. Al transitar hacia esa dirección, se registró el bloqueo de uno de los carriles, lo que obligó a TransMilenio a implementar desvíos temporales en las rutas zonales del sector. En el punto de llegada, algunos manifestantes usaron crayones y pintura en aerosol para dejar mensajes en el edificio y en cámaras de seguridad, conforme informaron los gestores de diálogo.

Las autoridades, mediante el Puesto de Mando Unificado y la colaboración de la Policía Nacional junto a la Policía de Infancia y Adolescencia, respondieron para mantener el orden. Según los reportes, no se presentaron heridos ni capturados durante la jornada. El colectivo Resistencia Chiquita figuró como uno de los principales convocantes, y los equipos de diálogo se centraron en verificar la presencia y condiciones de posibles adolescentes participantes.

Carolina Restrepo Cañavera, directora del ICBF, compartió imágenes de los daños y afirmó que la entidad actuaría judicialmente para identificar responsables, además de reparar los daños en la fachada. Indicó que se investigará si adultos o actores políticos promovieron o financiaron la movilización, aunque, hasta el momento, el ICBF no ha presentado pruebas públicas sobre esa hipótesis ni ha identificado formalmente a responsables directos.

En cuanto al origen de la controversia, la discusión se detonó cuando una comunicación interna de la Regional Huila fue conocida, en la que se pedía emplear “niños y adolescentes”, sin mencionar a las niñas. Posteriormente, la dirección nacional explicó que su postura es priorizar “niñez” al considerar que abarca niñas y niños, aunque la Defensoría del Pueblo solicitó claridad sobre la política lingüística vigente. El ICBF respondió que no excluirá a las niñas de su lenguaje ni de sus programas, y que formalizará su respuesta ante la Defensoría.

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¿Por qué se originó la protesta en el ICBF de Bogotá por el cambio de lenguaje institucional?

La protesta surgió como respuesta a la directriz de la Regional Huila del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para referirse solo a “niños y adolescentes” y a la decisión de la dirección nacional de priorizar el término “niñez”, lo que generó inquietud sobre la posible exclusión del género femenino en la comunicación institucional. Esta polémica motivó la manifestación “Marcha las niñas resisten” frente a la sede regional de Bogotá.

¿Qué acciones anunció el ICBF tras la manifestación y los daños en su sede de Bogotá?

La directora del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, aseguró que la entidad reparará los daños ocasionados en la fachada y las cámaras de seguridad, y que interpondrá acciones judiciales para individualizar a quienes resulten responsables de la intervención. Además, señaló que se investigará una posible financiación o promoción del acto por parte de adultos o actores políticos, aunque no se han divulgado pruebas al respecto.

La emergencia se produjo apenas tres días después de la posesión de De la Espriella, cuando un terremoto de magnitud 7,4 golpeó a Colombia, poniendo en jaque a la población y a un equipo de Gobierno recién nombrado. Aunque el temblor solo duró menos de dos minutos, sus consecuencias representan un desafío de largo plazo para el Gobierno, que deberá gestionar las afectaciones durante meses o incluso años.

La cita en Chocó es particularmente relevante, pues buena parte de los recursos y la capacidad operativa para la reconstrucción dependen de los acuerdos y el respaldo del sector económico. De acuerdo con la información, la presencia de figuras como Alejandro Santo Domingo de Valorem, Jaime y Gabriel Gilinski del Grupo Gilinski, Luis Carlos Sarmiento del Grupo Aval, Fuad Char de Olímpica, Juan Carlos Mora de Bancolombia, César Caicedo de Colombina, Miguel Cortés del Grupo Bolívar, Christian Daes de Tecnoglass, Carlos Julio y Antonio Ardila de la Organización Ardila Lülle y David Vélez de Nubank, otorga legitimidad y respaldo concreto a los planes oficiales.

Esta cita es la segunda que se lleva a cabo en torno a la emergencia y evidencia la urgencia con la que el presidente De la Espriella busca articular al Gobierno con los grandes actores del poder económico. El despliegue de ayudas fue el eje central de la reunión, siendo fundamental la armonía y el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y los principales conglomerados empresariales. Tal como indica el contexto, las decisiones y compromisos que se tomen en este espacio serán determinantes para la hoja de ruta de la reconstrucción nacional.

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¿Quiénes son los empresarios convocados por Abelardo de la Espriella para la reconstrucción tras el terremoto?

Los empresarios convocados por el presidente Abelardo de la Espriella son líderes de los principales grupos económicos del país. Entre ellos están Alejandro Santo Domingo (Valorem), Jaime y Gabriel Gilinski (Grupo Gilinski), Luis Carlos Sarmiento (Grupo Aval), Fuad Char (Olímpica), Juan Carlos Mora (Bancolombia), César Caicedo (Colombina), Miguel Cortés (Grupo Bolívar), Christian Daes (Tecnoglass), Carlos Julio y Antonio Ardila (Organización Ardila Lülle) y David Vélez (Nubank).

¿Por qué es importante la alianza entre el Gobierno y los ‘cacaos’ para la reconstrucción de Colombia tras el terremoto?

La alianza entre el Gobierno y los denominados ‘cacaos’, es decir, los empresarios más influyentes, es clave porque sus recursos y experiencia permiten acelerar y fortalecer la respuesta ante la crisis. Los acuerdos logrados en estas reuniones proporcionan los instrumentos necesarios para que el Gobierno pueda avanzar en la recuperación y la reconstrucción nacional después de un desastre de gran magnitud.

Aunque la Corte Suprema de Justicia absolvió a Plazas Vega en diciembre de 2015 por la desaparición de dos personas, existen otros fallos y múltiples voces de expertos que sostienen la supuesta responsabilidad del coronel en los sucesos conocidos como el holocausto del Palacio de Justicia. Entre quienes han investigado, se destaca Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, también asesinado durante esos días. Gaona, actualmente embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declaró que “las voces del pasado saben qué le ocurrió” a su padre, sosteniendo que las pruebas están disponibles.

El rol de Plazas Vega, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, fue central en los mandos operativos que retuvieron el control del edificio. El oficial, al frente de la Escuela de Caballería, dirigió la operación militar y comandó la entrada de tanques al Palacio. La intervención fue documentada en grabaciones audiovisuales y testimonios de sobrevivientes y militares, muchos de los cuales relataron el manejo que recibieron quienes salieron con vida del sitio, en particular, el traslado de algunos sobrevivientes a la Casa del Florero y a unidades militares al mando de Plazas Vega.

En 2010, el Juzgado Tercero Especializado de Bogotá condenó a Plazas Vega a 30 años de prisión por la desaparición forzada de varios civiles y una combatiente del M-19, aunque la Corte Suprema luego absolvió al coronel por insuficiencia probatoria. Existen declaraciones, como la de la magistrada Patricia Salazar, quien en su salvamento de voto señaló múltiples indicios que vinculan a Plazas Vega y otros oficiales con la eliminación de secuestradores y el trato a los sospechosos de ser guerrilleros.

Por su parte, familiares de víctimas como Irma Franco y Carlos Rodríguez han manifestado inconformidad ante la falta de responsables claros, pese a que diversas investigaciones institucionales e internacionales reconocen la desaparición de quienes estuvieron bajo custodia estatal. Las demandas actuales buscan esclarecer la verdad y la responsabilidad en uno de los episodios más oscuros de la historia colombiana reciente.

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¿Cuál es el rol de Alfonso Plazas Vega en el caso del Palacio de Justicia?

Alfonso Plazas Vega fue señalado como uno de los principales responsables en la operación militar que retomó el control del Palacio de Justicia durante la toma del M-19 en noviembre de 1985. Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, Plazas Vega comandó la Escuela de Caballería y dirigió el ingreso de los tanques al Palacio, participando activamente en la identificación, interrogatorio y traslado de sobrevivientes bajo custodia militar.

¿Por qué la justicia colombiana absolvió a Plazas Vega de las desapariciones forzadas?

La Corte Suprema de Justicia de Colombia absolvió a Alfonso Plazas Vega en 2015 principalmente por falta de pruebas directas que lo vincularan con los casos de desaparición forzada. Aunque existieron indicios y testimonios, la Sala concluyó que no había evidencia suficiente para mantener la sentencia, a pesar de las objeciones expresadas por la magistrada Patricia Salazar y por las víctimas.

De acuerdo con las declaraciones del presidente, la intención es equilibrar el acceso de los ciudadanos al porte de armas, argumentando que “durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes”. Según el mandatario, esto responde a la necesidad de que “la gente decente no pueda defenderse”, mientras el crimen se fortalece en armamento. Las cifras oficiales compartidas en el anuncio subrayan la problemática: entre enero y septiembre, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con delitos y otra parte significativa vinculada a grupos armados como las disidencias, el Clan del Golfo y el Eln. Los datos reflejan además la incautación de 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros solo en el contexto de las disidencias.

No obstante, de la Espriella enfatizó que no se trata de habilitar el “porte indiscriminado”. El control estatal se mantiene: persisten los requisitos como permiso vigente expedido por autoridad militar, edad mínima de 25 años, antecedentes limpios, certificado médico y pruebas de aptitud psicofísica, así como conocimiento teórico sobre el manejo de armas. Lo que sí se elimina es la obligación de solicitar un documento adicional cada año para quienes ya cuentan con permiso actualizado.

El decreto advierte, además, que este levantamiento no constituye una autorización general ni cambia el monopolio estatal estipulado en el artículo 223 de la Constitución Política. Los permisos individuales continúan siendo sujetos de vigilancia, y se restringen o revocan cuando estén vencidos, suspendidos o cuando violen restricciones legales o judiciales. El Ministerio de Defensa, encabezado por Jorge Mora, junto al Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, deberá garantizar “sistemas de registro, control, verificación, auditoría y seguimiento” ante la restauración de los permisos vigentes.

La normativa recalca finalmente que las autoridades podrán suspender de nuevo estos permisos, en casos donde la seguridad nacional o el orden público así lo requieran, de acuerdo con los argumentos del decreto.

¿Cuáles son los requisitos para portar armas tras el decreto firmado por Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con el decreto presentado, los requisitos incluyen contar con un permiso expedido por la autoridad militar, tener como mínimo 25 años, no registrar antecedentes judiciales, aprobar un certificado médico, acreditar aptitud psicofísica y demostrar conocimiento teórico sobre armas. La novedad es que, si ya se posee permiso al día, no es necesario solicitar un documento adicional anual.

¿El levantamiento de la suspensión implica que cualquier ciudadano podrá portar armas libremente?

No. El decreto firmado por el presidente Abelardo de la Espriella no concede una autorización general para portar armas. El monopolio estatal sigue vigente y los permisos individuales continúan siendo necesarios, bajo los controles ya establecidos y sujetos a suspensión o revocatoria ante situaciones legales o de orden público.

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Soto puntualizó que, tras revisar la gestión anterior, se han identificado más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad no ha sido plenamente justificada y que, además, se concentran en periodo de campaña electoral, lo que abre la puerta a nuevas indagaciones. Así mismo, se señaló la existencia de donaciones realizadas durante el primer semestre de 2026, sin que hasta el momento se haya esclarecido quiénes son los beneficiarios finales, y nombramientos cuyo cumplimiento de requisitos legales permanecen bajo investigación. El vocero enfatizó que las evidencias encontradas podrán tener consecuencias fiscales, disciplinarias o penales, y serán presentadas ante las autoridades pertinentes para determinar responsabilidades y tomar medidas en conformidad con la ley.

En relación con otros temas de interés nacional, Miller Soto abordó el impacto negativo del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario y describió las iniciativas promovidas en respuesta a esta emergencia. Destacó la implementación del programa Forrajes Milagro, desarrollado por el Ministerio de Agricultura junto con Agrosavia, orientado a garantizar la producción de heno y silos en las regiones más golpeadas para asegurar la alimentación del ganado. Además, informó sobre el acceso a financiamiento a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), mediante el Combo Milagro de Riego, que incluye tecnología para el suministro de agua y condiciones favorables como tasas subsidiadas, plazos de hasta diez años y beneficios de capitalización rural, con el objetivo de respaldar a campesinos y productores colombianos.

¿En qué consiste la auditoría forense que adelanta el gobierno de Abelardo de la Espriella sobre la administración de Gustavo Petro?

La auditoría forense impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella es una revisión técnica y detallada de las finanzas y contratos gestionados durante la administración de Gustavo Petro. Esta auditoría, según el vocero Miller Soto y Prosperidad Social, implica analizar cuentas, revisar contratos y rastrear movimientos de dinero público con el fin de esclarecer el destino de aproximadamente un billón de pesos colombianos y determinar si existen irregularidades.

¿Qué acciones tomó el gobierno frente a la afectación del sector agropecuario por el fenómeno de El Niño?

Ante las consecuencias del fenómeno de El Niño en el campo colombiano, el gobierno implementó programas como Forrajes Milagro para producir alimentos destinados al ganado. Además, a través de Finagro, puso en marcha el Combo Milagro de Riego, que ofrece facilidades de financiamiento y tecnologías de suministro hídrico con condiciones especiales para apoyar tanto a campesinos como a productores afectados.

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Según explicó De la Espriella, durante años se le impuso una serie de restricciones a ciudadanos que cumplen con la ley, mientras que las actividades delictivas continuaron armándose de manera ilegal. Citó como soporte los datos de la Fuerza Pública, revelando que entre el 1° de enero y el 3 de septiembre se incautaron 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban vinculadas con delitos. Además, se especificó que 980 de estas armas tenían vínculos con disidencias armadas, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el Eln. Dentro del antimaterial incautado a las disidencias, se hallaron 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros, lo que para el mandatario evidencia la magnitud del armamento en manos de estructuras criminales.

Aunque la medida culmina con la suspensión generalizada y facilita la vigencia de permisos individuales, no elimina los controles estrictos. La obtención o renovación del porte de armas seguirá exigiendo requisitos como permiso expedido por autoridad militar, mayoría de edad mínima de 25 años, no tener antecedentes judiciales, aprobación de exámenes médicos y pruebas de aptitud psicofísica, y el debido conocimiento teórico sobre el manejo de armas. Según el decreto citado por El Espectador, los permisos vencidos, suspendidos, revocados o limitados solo a la tenencia —y no al porte— no serán válidos.

La disposición ordena al Ministerio de Defensa y demás autoridades militares reforzar los sistemas de registro y control, manteniendo la trazabilidad y seguimiento de los permisos vigentes. La normativa también prevé que, en caso de cambios en las condiciones de seguridad nacional o pública, las autoridades pueden volver a imponer restricciones tanto generales como individuales, según corresponda.

¿Qué es el porte de armas y cómo se diferencia de la tenencia?

El porte de armas es la autorización legal para que una persona lleve consigo un arma de fuego en lugares públicos, bajo ciertos requisitos y condiciones establecidas por la ley. Por su parte, la tenencia hace referencia al permiso solo para poseer el arma en una propiedad privada, sin poder transportarla ni portarla en espacios públicos.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el permiso de porte de armas en Colombia tras el nuevo decreto?

De acuerdo con el decreto firmado por el presidente De la Espriella, el porte de armas requerirá un permiso expedido por autoridad militar, edad mínima de 25 años, no presentar antecedentes judiciales, contar con certificado médico y demostrar aptitud psicofísica, además de tener conocimiento teórico en el manejo de armas de fuego.

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Según lo mencionado por Miller Soto, la auditoría forense también ha puesto en evidencia la existencia de más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad no ha sido comprobada, especialmente concentrados en el periodo de la campaña electoral. Además, se identificaron donaciones realizadas en el primer semestre de 2026 sin que existan beneficiarios finales claros y varios nombramientos en los que, actualmente, se investiga si cumplen con los requisitos legales establecidos. Soto puntualizó que todas estas situaciones están siendo evaluadas cuidadosamente y que los resultados con incidencia en materia fiscal, disciplinaria o penal serán remitidos a las autoridades competentes, asegurando que “los responsables respondan y asuman las consecuencias”.

El vocero subrayó que, aunque la investigación se encuentra en proceso de verificación y se respetará el debido proceso, la administración de De la Espriella no tiene como política encubrir ni minimizar ninguna alerta relacionada con actos de corrupción, comprometiéndose a dar transparencia a cada hallazgo.

En paralelo, Soto también abordó el impacto del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario y las acciones oficiales frente a esta emergencia. Informó que, a través del Ministerio de Agricultura y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), se puso en marcha el programa Forrajes Milagro para producir heno y silos destinados a las regiones más afectadas, garantizando así alimento para el ganado. Adicionalmente, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) habilitó el plan Combo Milagro de Riego, que incluye opciones de financiación preferente con incentivos para dotar a los campesinos de infraestructura como pozos profundos, motobombas sumergibles y sistemas de distribución de agua.

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¿En qué consiste la auditoría forense sobre la administración de Gustavo Petro?

La auditoría forense impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella implica una revisión detallada de contratos, cuentas y movimientos financieros de la gestión anterior. Se busca determinar la legalidad y trazabilidad de aproximadamente 1 billón de pesos en instrumentos financieros, identificar contratos de servicios presuntamente innecesarios y aclarar donaciones y nombramientos sospechosos, según declaraciones de Miller Soto.

¿Qué es el programa Forrajes Milagro y cómo apoya a los campesinos afectados por El Niño?

De acuerdo con Miller Soto, Forrajes Milagro es un programa desarrollado por el Ministerio de Agricultura y Agrosavia para producir heno y silos en las zonas más golpeadas por el fenómeno de El Niño, garantizando alimento para el ganado. Además, el plan Combo Milagro de Riego permite a los productores acceder a herramientas de riego y financiamiento con condiciones ventajosas, fortaleciendo así la seguridad alimentaria y la resiliencia rural frente a la sequía.

El presidente De la Espriella argumentó su decisión con base en cifras de incautaciones presentadas por la Fuerza Pública. Entre el 1º de enero y el 3 de septiembre, las autoridades decomisaron 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estuvieron relacionadas directamente con actividades delictivas. Adicionalmente, señaló que 980 armas estaban vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al Ejército de Liberación Nacional (Eln). También se destacaron las 380 unidades de fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros encontradas entre las armas asociadas a disidencias. De acuerdo con el mandatario, “ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”, pero subrayó que no se trata de permitir el “porte indiscriminado”.

El documento oficial deja claro que el levantamiento de la suspensión general no constituye una autorización masiva para portar armas ni afecta el monopolio estatal de las mismas, establecido según el artículo 223 de la Constitución. En cambio, restablece la vigencia para los permisos individuales que ya existen y para los nuevos que se tramiten, siempre y cuando no medie restricción específica. Para obtener o mantener el permiso de porte, se exigen condiciones como acreditar un permiso vigente expedido por autoridad militar, contar con al menos 25 años de edad, tener antecedentes limpios, aprobar evaluaciones médicas y psicofísicas, y demostrar conocimiento teórico sobre armas.

En cuanto a los límites, las armas cuyo permiso esté vencido, suspendido, cancelado o revocado, así como aquellas sujetas a decomiso o medidas judiciales, quedan expresamente fuera de la posibilidad de ser portadas. Además, quienes únicamente tengan permiso de tenencia y no de porte, tampoco podrán salir con el arma. El Ministerio de Defensa, encabezado por Jorge Mora, será el encargado de coordinar con las autoridades militares para asegurar que el levantamiento de la suspensión se aplique de acuerdo con las directrices legales y administrativas, manteniendo la trazabilidad y auditoría estricta de los permisos. Finalmente, el decreto resalta que las autoridades podrán volver a imponer restricciones o suspensiones generales o individuales, si las situaciones de seguridad así lo exigen.

¿Qué requisitos debe cumplir una persona para portar un arma tras el levantamiento de la suspensión?

Ahora que se ha levantado la suspensión general, sigue siendo obligatorio cumplir con diferentes requisitos, como tener un permiso vigente expedido por una autoridad militar, ser mayor de 25 años, no tener antecedentes judiciales, aprobar exámenes médicos y demostrar aptitud psicofísica y conocimiento sobre armas. Solo quienes cumplan todas estas condiciones y no tengan restricciones individuales podrán portar armas legalmente.

¿Cuándo no es válido el permiso de porte de armas en Colombia?

El permiso de porte de armas pierde validez cuando está vencido, ha sido suspendido o cancelado individualmente, o si el arma fue decomisada, tiene medidas judiciales o administrativas, o existe alguna restricción legal o judicial. Además, el permiso de tenencia no otorga derecho al porte fuera del lugar autorizado.

Soto precisó que la revisión técnica reveló la existencia de más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad real no está verificada. Llama la atención que la mayor parte de estos contratos se concentraron en la época de campaña electoral, lo que abre interrogantes sobre su motivación y justificación. Asimismo, se identificaron donaciones efectuadas en el primer semestre de 2026 sin una claridad específica sobre quiénes serían los beneficiarios finales, además de nombramientos sobre los que pesan dudas acerca del cumplimiento de los requisitos legales correspondientes. Todo este conjunto de situaciones es objeto de investigación en este momento.

El vocero hizo énfasis en que cualquier hallazgo de posibles irregularidades con impacto fiscal, disciplinario o penal será inmediatamente remitido a las autoridades competentes. De esta manera, quienes resulten responsables deberán responder frente a la ley y enfrentar las consecuencias establecidas. Soto enfatizó: “Este gobierno no va a encubrir, no va a minimizar y no va a engavetar una sola alerta de corrupción”, subrayando el compromiso de la actual administración con la transparencia y el debido proceso.

Paralelamente, Soto también abordó los retos ocasionados por el fenómeno de El Niño, especialmente en el sector agropecuario. El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), puso en marcha el programa Forrajes Milagro, destinado a la producción de heno y silos para asegurar el alimento del ganado en las zonas más afectadas. Además, mediante el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), se habilitó la línea de financiación Combo Milagro de Riego, que brinda acceso a pozos profundos, motobombas, paneles solares y sistemas de distribución de agua, con condiciones favorables como plazos de hasta diez años, periodos de gracia, tasas subsidiadas y un incentivo de capitalización de hasta el 30 % para productores rurales.

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¿En qué consiste la auditoría forense a la administración de Gustavo Petro?

La auditoría forense emprendida por el gobierno de Abelardo de la Espriella examina en detalle cuentas, contratos y movimientos del dinero público en la administración pasada. Se busca esclarecer el destino de cerca de un billón de pesos detectados en instrumentos como fiducias y convenios, revisando posibles irregularidades en contratos y donaciones, según el vocero Miller Soto.

¿Qué acciones toma el gobierno frente al impacto de El Niño en el sector agropecuario?

De acuerdo con lo expresado por Miller Soto, el gobierno implementó el programa Forrajes Milagro y el Combo Milagro de Riego, que aportan soluciones como producción de forraje y financiamiento de sistemas tecnológicos para riego, garantizando apoyo a campesinos y productores afectados por el fenómeno de El Niño.

De acuerdo con el propio presidente Abelardo de la Espriella, la razón detrás de este cambio es el desequilibrio percibido entre ciudadanos respetuosos de la ley y criminales armados ilegalmente. En palabras del presidente, "durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes". Según cifras expuestas por el mandatario, entre el 1º de enero y el 3 de septiembre, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos. Además, 980 armas fueron ligadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al Eln. Particularmente, se incautaron 380 fusiles y 65 morteros de calibre 60 milímetros vinculados con las disidencias.

Pese a levantar la restricción general, el Estado mantendrá las facultades de control sobre quién puede portar armas. Así, solo podrán portar armas quienes cuenten con un permiso vigente expedido por la autoridad militar competente, sean mayores de 25 años, no cuenten con antecedentes penales, hayan aprobado exámenes médicos y de aptitud psicofísica, y tengan el conocimiento teórico necesario. No se hará extensiva la autorización si el permiso ha vencido, ha sido suspendido, revocado, cancelado o si el arma ha sido objeto de medidas judiciales o decomiso. El decreto puntualiza que el levantamiento de la suspensión general no significa autorización automática para todos ni modifica el monopolio estatal sobre las armas establecido en el artículo 223 de la Constitución Política.

El Ministerio de Defensa, dirigido por Jorge Mora, está encargado de impartir las directrices necesarias a las autoridades militares para restablecer la vigencia de los permisos amparados por la ley. Al mismo tiempo, las autoridades deberán asegurar la trazabilidad, verificación y seguimiento de cada permiso otorgado. Finalmente, el decreto deja constancia de que las autoridades podrán, en cualquier momento, volver a imponer restricciones generales o individuales si las condiciones de seguridad nacional o pública así lo ameritan.

¿Qué requisitos exige actualmente la ley para portar armas en Colombia?

La legislación colombiana establece que solo pueden portar armas quienes cuenten con un permiso vigente otorgado por la autoridad militar, sean mayores de 25 años, no tengan antecedentes, aprueben evaluación médica y de aptitud psicofísica, y acrediten conocimientos teóricos. También es indispensable no tener permisos vencidos ni armas sujetas a restricciones judiciales o administrativas.

¿El nuevo decreto permite el porte libre de armas para cualquier ciudadano?

No. El decreto solo elimina la suspensión general, pero mantiene intactos los requisitos y controles. No constituye una autorización libre ni exime de los trámites o verificaciones de las autoridades competentes, por lo que portar un arma sigue siendo un privilegio sujeto a regulación estricta.

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Miller Soto expuso que el análisis técnico efectuado a la administración de Petro evidenció una serie de irregularidades, entre ellas, la existencia de más de 900 contratos de prestación de servicios sin una necesidad justificada, la mayoría concentrados en el período de la campaña electoral. Además, se identificaron donaciones realizadas en el primer semestre de 2026 que aún no tienen beneficiarios finales claramente definidos. A esto se suman nombramientos cuyos requisitos legales ahora son sujetos de verificación. Soto recalcó que cada hallazgo que tenga implicaciones fiscales, disciplinarias o penales será entregado a las autoridades competentes para que aquellos responsables enfrenten las respectivas consecuencias legales, dejando claro que el gobierno de De la Espriella no tolerará ni permitirá la ocultación de posibles actos de corrupción, respetando siempre el debido proceso.

En otro frente, el vocero presidencial destacó las medidas en marcha para combatir el impacto del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario. Explicó que, a través del Ministerio de Agricultura y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), se implementó el programa Forrajes Milagro, orientado a garantizar alimento para el ganado en las zonas más afectadas mediante la producción de heno y silos. Igualmente, señaló que con el apoyo del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), se habilitó el plan Combo Milagro de Riego. Este programa proporciona créditos con plazos largos, tasas subsidiadas, gracia y hasta un 30 % de incentivo, permitiendo así a los productores rurales acceder a sistemas de riego modernos y reforzar la capitalización de sus actividades agrícolas y ganaderas.

¿Por qué el gobierno de De la Espriella realiza una auditoría forense a la administración de Gustavo Petro?

De acuerdo con la información proporcionada por el vocero Miller Soto, el análisis busca esclarecer el manejo de recursos públicos y detectar posibles irregularidades, como fondos pendientes de legalización, contratos sin justificación y donaciones sin beneficiarios identificados, todo con el fin de que cualquier hallazgo con incidencia fiscal, disciplinaria o penal sea puesto en conocimiento de las autoridades.

¿Qué acciones está tomando el gobierno frente a las consecuencias del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario?

El gobierno, según explicó su vocero, está implementando programas como Forrajes Milagro y el Combo Milagro de Riego, que se desarrollan a través de entidades como el Ministerio de Agricultura, Agrosavia y Finagro, para garantizar alimentos para el ganado y facilitar el acceso de los productores a sistemas de riego y financiamiento favorable.

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De acuerdo con lo explicado por el presidente De la Espriella, la razón de estos cambios radica en el desequilibrio actual: “Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes”. El mandatario fue enfático en que no es justo que “los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”. Respaldando sus argumentos, expuso que entre el 1º de enero y el 3 de septiembre la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego. De ese total, 14.179 estaban vinculadas a delitos, según cifras oficiales. Además, puntualizó que 980 armas fueron asociadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al Eln, destacando también la incautación de 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 mm solo en manos de disidencias.

Pese a los cambios, las autoridades reiteraron que no se autoriza el porte indiscriminado y que se conservarán los controles estrictos. Las personas que ya contaban con permisos vigentes para porte de armas verán simplificados algunos trámites, ya que no deberán gestionar un permiso adicional cada año. Sin embargo, los permisos siguen sujetos a requisitos como edad mínima de 25 años, antecedentes limpios, certificación médica y pruebas psicofísicas. Los permisos no tendrán validez si están vencidos, revocados o ligados a armas decomisadas u objeto de decisiones judiciales. La directiva ordena al Ministerio de Defensa, encabezado por Jorge Mora, que asegure el control y trazabilidad de los permisos y mantenga sistemas de verificación y seguimiento.

El decreto enfatiza que, aunque se levanta la suspensión general, el monopolio estatal sobre las armas permanece y el Estado puede establecer nuevas restricciones según necesidades de seguridad. Fuentes de esta información provienen del anuncio presidencial y documentos oficiales citados en El Espectador.

¿Qué implica el levantamiento de la suspensión del permiso de porte de armas en Colombia?

El levantamiento de la suspensión permite a ciudadanos con permisos vigentes portar armas sin tener que realizar un nuevo trámite extraordinario cada año; sin embargo, sigue existiendo un control riguroso estatal sobre la expedición, vigencia y requisitos de dichos permisos. No se trata de una autorización general, pues el marco legal y los controles permanecen según el decreto 2035 de 1993.

¿Cuáles son los requisitos para portar armas legalmente según la normativa colombiana?

Según lo estipulado en el nuevo decreto y normas vigentes, solo puede portar armas quien cuente con un permiso expedido por la autoridad militar, tenga al menos 25 años, no registre antecedentes penales, acredite aptitud psicofísica a través de certificaciones y mantenga actualizado su permiso. Los permisos vencidos o revocados pierden su validez de manera inmediata.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

De acuerdo con lo expuesto por Soto, se ha identificado la existencia de alrededor de 1 billón de pesos colombianos en fiducias, convenios y otros esquemas fiscales que requieren aclaración o legalización, como resultado de las investigaciones en curso. Esta auditoría ha llegado hasta la verificación de más de 900 contratos de prestación de servicios, cuyas necesidades reales no han sido ratificadas, en especial porque estuvieron concentrados en el periodo de campaña electoral, así como donaciones efectuadas durante el primer semestre de 2026, respecto a las que no se han encontrado beneficiarios finales con la debida claridad.

Soto recalcó que se están estudiando también los nombramientos realizados en ese tiempo, dado que existen dudas sobre el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para los cargos. Insistió en que cualquier hallazgo con posibles implicaciones fiscales, disciplinarias o penales será canalizado hacia las autoridades correspondientes, garantizando que quienes resulten responsables se vean abocados a las consecuencias legales establecidas. Asimismo, el vocero reiteró el compromiso del gobierno actual con la transparencia, subrayando que no se encubrirá, minimizará ni archivará ninguna alerta relacionada con posibles irregularidades o corrupción.

En otro frente, Miller Soto abordó la situación generada por el fenómeno climático de El Niño, el cual ha impactado negativamente el sector agropecuario. El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y la corporación Agrosavia, respondió con la implementación del programa Forrajes Milagro, que está orientado a asegurar la producción de heno y silos en las regiones más golpeadas, salvaguardando así el alimento del ganado. Además, mediante la entidad Finagro se habilitó el Combo Milagro de Riego, que consiste en facilidades financieras de hasta diez años, periodos de gracia, tasas subsidiadas y un incentivo de capitalización rural que puede alcanzar el 30 %, junto con tecnología como pozos profundos y sistemas de riego eficientes, facilitando que los campesinos mantengan su actividad productiva pese a las adversidades climáticas.

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¿Qué es una auditoría forense y cómo se aplica en la revisión del gobierno anterior?

Una auditoría forense es una investigación especializada orientada a identificar, documentar y esclarecer posibles irregularidades administrativas y financieras. En el contexto del proceso anunciado por el gobierno de De la Espriella, consiste en revisar contratos, cuentas y movimientos de recursos públicos para detectar inconsistencias, legalidad y eventuales actos de corrupción. Así, se busca garantizar que los responsables de posibles anomalías respondan ante las autoridades.

¿Cuáles son las medidas del gobierno frente a El Niño y cómo apoya al sector agropecuario?

Frente a las afectaciones de El Niño, el gobierno impulsó iniciativas como el programa Forrajes Milagro, destinado a la producción de alimento para el ganado en zonas críticas. Además, a través de Finagro, se facilitaron sistemas de riego y acceso a financiación con condiciones favorables, incluyendo periodos de gracia y subsidios, para que los campesinos y productores puedan sostener su labor y proteger su producción frente al fenómeno climático.

El presidente de la Espriella justificó su decisión indicando que, en su opinión, "durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar". A su juicio, "no hay derecho de que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse".

Para respaldar esta postura, el mandatario citó cifras del periodo comprendido entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre, cuando la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego; de estas, 14.179 estaban vinculadas con delitos y centenas más aparecen ligadas a grupos armados ilegales, incluyendo 980 al margen de disidencias, 551 relacionadas con el Clan del Golfo y 339 con el Eln. Además, la incautación de 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros muestra el poder de fuego existente entre actores ilegales.

Sin embargo, el decreto no implica una autorización libre para portar armas. Tal como se aclara en el documento oficial firmado el martes, el “levantamiento de la suspensión general no constituye una autorización general para el porte de armas de fuego, ni modifica el monopolio estatal establecido en el artículo 223 de la Constitución Política”. Los permisos individuales siguen condicionados a requisitos específicos: contar con autorización expedida por autoridad militar, tener al menos 25 años, no registrar antecedentes, superar un examen médico y de aptitud psicofísica, además de acreditar conocimientos teóricos sobre armas. Por ende, quien tenga un permiso vigente no deberá realizar trámites adicionalmente, pero los controles se mantienen.

La normativa deja por fuera los permisos vencidos, suspendidos o revocados, así como los decomisados o con restricciones legales o judiciales. Corresponderá al Ministerio de Defensa, liderado por Jorge Mora, coordinar la aplicación de las directrices administrativas, técnicas y operativas para hacer efectivo el levantamiento, mientras que las autoridades militares deberán mantener los sistemas de control y vigilancia sobre permisos vigentes. El decreto deja abierta la posibilidad de futuras suspensiones si la situación de orden público lo exige.

¿Qué cambia para los ciudadanos con el levantamiento de la suspensión del porte de armas?

Con esta medida, los ciudadanos que cuenten con un permiso vigente ya no necesitan tramitar un documento adicional para portar armas, siempre que cumplan todos los requisitos establecidos por la normatividad vigente. El porte libre sigue estando restringido, pues solo aplica para quienes mantengan sus permisos en regla y cumplan con las condiciones legales y administrativas determinadas por el Estado.

¿Cuál es el marco legal que regula el porte de armas en Colombia?

El marco legal vigente para el porte de armas en Colombia es el decreto 2035 de 1993, que establece los requisitos, controles y procedimientos para la autorización estatal del porte y tenencia de armas. A pesar del levantamiento de la suspensión general, la regulación estatal y el monopolio del Estado sobre las armas, según el artículo 223 de la Constitución Política, siguen plenamente vigentes.

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De la misma manera, el vocero explicó que la revisión técnica arrojó hallazgos relevantes, entre ellos más de 900 contratos de prestación de servicios sin justificación de necesidad, cuya aprobación coincidió con el periodo de campaña electoral. También se identificaron donaciones en el primer semestre de 2026 sin beneficiarios finales identificados y nombramientos bajo sospecha, ya que los requisitos legales para estos aún se encuentran bajo análisis. Soto fue enfático al señalar que cualquier indicio con impacto fiscal, disciplinario o penal será entregado a las autoridades competentes, para que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus acciones.

El avance de esta investigación, de acuerdo con lo informado por Soto y fuentes recogidas por El Espectador, se orienta bajo el respeto al debido proceso y con el compromiso de no encubrir ni minimizar ninguna alerta de corrupción que se detecte durante el proceso. Además, enfatizó que el gobierno actual se compromete a no "engavetar" las alertas, subrayando una política de transparencia frente a posibles irregularidades.

Adicionalmente, Soto se refirió al impacto del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario, explicando las medidas adoptadas por el gobierno para mitigar sus efectos. Citó el programa Forrajes Milagro, implementado por el Ministerio de Agricultura y Agrosavia, que busca garantizar alimento para el ganado en las zonas más afectadas. Asimismo, mencionó que, a través de Finagro —entidad financiera de apoyo al sector rural—, se habilitó el Combo Milagro de Riego, que facilita infraestructura hídrica y financiamiento para los campesinos, con incentivos de hasta el 30 % en capitalización rural.

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¿Qué irregularidades encontró la auditoría forense al gobierno de Gustavo Petro?

La auditoría forense adelantada por la actual administración evidenció posibles anomalías, como la existencia de más de 900 contratos de prestación de servicios sin necesidad comprobada y concentrados en época electoral, donaciones sin claridad sobre sus beneficiarios y recursos en instrumentos como fiducias por un valor aproximado de COP 1 billón, pendientes de ser esclarecidos o legalizados, según información de la Presidencia citada por El Espectador.

¿Qué medidas implementó el gobierno frente a los efectos del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario?

El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Agrosavia y Finagro, puso en marcha programas como Forrajes Milagro y el Combo Milagro de Riego para sustentar al sector agropecuario. Estas iniciativas incluyen la producción de alimento para el ganado y financiamiento de infraestructura de riego, con plazos extendidos y subsidios, dirigidos especialmente a campesinos de las zonas más afectadas.

Sin embargo, es clave aclarar que este cambio no significa que portar un arma sea ahora un derecho amplio disponible para cualquier persona. El Estado continúa siendo la autoridad que controla y determina el otorgamiento de permisos individuales, manteniendo un estricto régimen de vigilancia y permisos. De acuerdo con lo explicado por el presidente, durante mucho tiempo las restricciones se aplicaban sobre ciudadanos que cumplían la ley, mientras que los grupos criminales continuaban armándose por fuera de la ley. Para él, esto representa una injusticia que debía corregirse, enfatizando que "no hay derecho de que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse".

Datos suministrados por el jefe de Estado muestran la magnitud de las armas incautadas: entre el 1 de enero y el 3 de septiembre, la Fuerza Pública confiscó un total de 15.700 armas de fuego, de las cuales más de 14.000 estaban relacionadas con delitos. Además, se explica que muchos de estos decomisos estuvieron ligados a estructuras criminales como las disidencias, el Clan del Golfo y el Eln, subrayando la gravedad del problema de armamento ilegal.

El documento firmado aclara que el levantamiento de la suspensión “no constituye una autorización general para el porte de armas de fuego, ni modifica el monopolio estatal establecido en el artículo 223 de la Constitución Política”. Se restituyen los permisos individuales vigentes, siempre que estos no tengan impedimentos legales. Los requisitos actuales siguen incluídos: autorización militar, edad mínima de 25 años, antecedentes limpios, certificación médica y conocimientos sobre manejo de armas. Lo que cambia es que quienes ya tenían permiso vigente no necesitarán solicitar un aval adicional anual como hacían antes.

También se especifica que el permiso no será válido para armas con permisos vencidos, suspendidos, cancelados o que hayan sido decomisadas. Esta decisión instruye al Ministerio de Defensa, dirigido por Jorge Mora, y a otras autoridades, fortalecer el control, registro y seguimiento sobre los permisos reconocidos. Finalmente, el propio decreto deja abierta la puerta a que, en circunstancias excepcionales de seguridad nacional, se pueda restituir una suspensión general.

¿Qué requisitos se mantienen para portar armas tras el decreto de De la Espriella?

El permiso para portar armas no se otorga de forma general. Se mantiene vigente la exigencia de cumplir con requisitos estrictos: tener un permiso otorgado por autoridad militar, ser mayor de 25 años, aprobar pruebas médicas y psicofísicas, no contar con antecedentes y acreditar conocimientos teóricos sobre el manejo de armas.

¿Qué implica el artículo 223 de la Constitución Política sobre el monopolio estatal de las armas?

El artículo 223 de la Constitución Política establece que el Estado es el único autorizado para poseer y controlar armas de fuego. El decreto reafirma este principio al señalar que, a pesar del levantamiento de la suspensión general, sigue prohibido el porte indiscriminado y solo quienes tengan permisos individuales pueden portar armas bajo los controles estatales.

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Según lo expuesto por el vocero presidencial, las labores incluyen la apertura de cuentas, la revisión detallada de contratos y el seguimiento riguroso de la ruta del dinero público. En el marco de estas investigaciones, han identificado aproximadamente COP 1 billón de pesos alojados en instrumentos como fiducias, convenios y otras figuras financieras que requieren aclaración o procesos de legalización. Esta información proviene de la vigilancia y revisión técnica que está en marcha, según aseguró Soto.

Miller Soto también advirtió que la auditoría reveló más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad no ha sido verificada, concentrados en plena campaña electoral. A esto se suma el hallazgo de donaciones realizadas durante el primer semestre de 2026, sin que exista claridad sobre los beneficiarios finales, así como la existencia de nombramientos cuyas condiciones legales están siendo objeto de investigación. El portavoz subrayó que cualquier hallazgo con incidencia fiscal, disciplinaria o penal será remitido a las autoridades competentes para que los responsables enfrenten las consecuencias respectivas, reafirmando el compromiso de la administración vigente con la transparencia y el respeto al debido proceso.

En cuanto a la respuesta gubernamental frente a la situación provocada por el fenómeno de El Niño, Soto detalló que el Ministerio de Agricultura y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia) pusieron en marcha el programa Forrajes Milagro, con el fin de asegurar la producción de heno y silos en las zonas del país más afectadas, garantizando así la alimentación del ganado. Además, a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), se habilitó el Combo Milagro de Riego, una línea de financiación que cubre la instalación de pozos profundos, motobombas, paneles solares y sistemas de distribución de agua con condiciones preferenciales, como plazos de hasta diez años, periodos de gracia, tasas subsidiadas y un incentivo a la capitalización rural, cubriendo hasta el 30% de la inversión inicial.

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¿En qué consiste la auditoría forense al gobierno de Gustavo Petro?

La auditoría forense impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella está orientada a revisar a fondo los movimientos financieros y contratos realizados durante la administración de Gustavo Petro. El proceso, liderado por Prosperidad Social según declaraciones oficiales, busca identificar y aclarar recursos públicos no justificados, como el billón de pesos en fiducias y convenios encontrados, así como contratos y donaciones bajo sospecha de irregularidades.

¿Qué es el programa Forrajes Milagro y a quiénes beneficia?

De acuerdo con el vocero Miller Soto, el programa Forrajes Milagro, implementado por el Ministerio de Agricultura y Agrosavia, está destinado a producir heno y silos en zonas del país severamente afectadas por el fenómeno de El Niño. Este programa busca asegurar alimentos para el ganado y ofrecer respaldo directo a los pequeños y medianos productores agropecuarios, ayudando a mantener su capacidad de producción pese a las dificultades climáticas.

El presidente argumentó que la política de restricción perjudicaba a los ciudadanos respetuosos de la ley, mientras los delincuentes seguían accediendo a armas de manera ilegal. En palabras de De la Espriella, “no hay derecho de que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”. Además, presentó cifras para contextualizar el problema: entre el primero de enero y el tres de septiembre, la Fuerza Pública decomisó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban vinculadas con delitos. A esto se suma la incautación de 980 armas con nexos a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al Ejército de Liberación Nacional (Eln), incluyendo 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros, solo entre las disidencias.

Pese al levantamiento de la suspensión, el Estado mantiene controles rigurosos como la vigencia del permiso expedido por autoridad militar, edad mínima de 25 años, antecedentes limpios y la aprobación de certificados médicos y pruebas psicofísicas. Según el decreto, el fin de la suspensión generaliza no constituye una autorización libre, ni modifica el control estatal del porte y tenencia de armas establecido en el artículo 223 de la Constitución Política.

El Ministerio de Defensa, liderado por Jorge Mora, junto con el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, deberá implementar directrices para restablecer el ejercicio de los permisos vigentes e intensificar la trazabilidad y auditoría. El decreto enfatiza que aún se pueden emitir medidas individuales de suspensión de permisos, cuando la seguridad nacional o el orden público lo exijan.

¿Quiénes pueden portar armas en Colombia tras el nuevo decreto de De la Espriella?

Bajo la reciente normativa, solo pueden portar armas quienes tengan un permiso individual vigente, sin antecedentes negativos, y que cumplan requisitos como edad mínima de 25 años, certificado médico y prueba psicofísica. Los permisos vencidos, cancelados, revocados o con restricciones judiciales, así como permisos sólo para tenencia, siguen sin permitir el porte.

¿Qué significa el monopolio estatal de armas según la Constitución Política de Colombia?

El monopolio estatal de armas, como lo establece el artículo 223 de la Constitución Política, significa que la fabricación, importación, exportación y comercialización de armas solo pueden hacerse bajo control y autorización del Estado, quien regula y supervisa estrictamente el porte y la tenencia de armamento por parte de los ciudadanos.

De acuerdo con las declaraciones recogidas, este análisis incluye la revisión exhaustiva de cuentas, investigación minuciosa sobre contratos, así como el seguimiento puntual al manejo del dinero estatal. Hasta el momento, según el gobierno actual, las pesquisas han identificado cerca de COP 1 billón depositado en fiducias, convenios y otros mecanismos financieros cuya legalidad y destino aún deben aclararse o regularizarse. tales hallazgos forman parte de un proceso institucional enfocado en determinar responsabilidades y ordenar el uso de los recursos.

Al detallar los primeros resultados de la auditoría, Soto explicó: “La revisión técnica también expuso más de 900 contratos de prestación de servicios sin necesidad verificada —concentrados en plena campaña electoral—, donaciones del primer semestre de 2026 sin beneficiarios finales claros y nombramientos cuyos requisitos legales están bajo investigación”. Según el vocero, si se detecta alguna irregularidad con validez fiscal, disciplinaria o penal, toda la información respectiva será remitida a las autoridades pertinentes para que se tomen las acciones que corresponden conforme al debido proceso.

Asimismo, Soto subrayó que, pese a que la investigación sigue en fase de verificación, la administración de Abelardo de la Espriella “no va a encubrir, no va a minimizar y no va a engavetar una sola alerta de corrupción”, destacando el interés gubernamental en actuar con transparencia. El enfoque central es mantener la integridad institucional y entregar cada hallazgo relevante a los entes de control.

Por otro lado, el funcionario también mencionó el impacto del fenómeno climático de El Niño sobre el sector agropecuario. Explicó que, como respuesta, el Ministerio de Agricultura y Agrosavia pusieron en marcha el programa Forrajes Milagro, orientado a producir alimento para el ganado en las zonas más damnificadas. Igualmente, a través de la financiación de Finagro, se habilitó el Combo Milagro de Riego, proporcionando desde pozos profundos hasta sistemas solares para garantizar el suministro de agua y el respaldo financiero a campesinos y productores.

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¿Cuáles son las principales irregularidades halladas en la auditoría forense al gobierno de Gustavo Petro?

De acuerdo con Miller Soto, vocero de la presidencia, la auditoría forense identificó contrataciones de prestación de servicios sin justificación verificable realizadas durante la campaña electoral, donaciones efectuadas sin claridad sobre los beneficiarios finales y nombramientos bajo sospecha de no cumplir los requisitos legales. Además, se reportan recursos públicos en fiducias y otros convenios que aún requieren ser esclarecidos o regularizados.

¿Qué medidas está tomando el gobierno de Abelardo de la Espriella para apoyar al sector agropecuario afectado por El Niño?

El gobierno actual implementó el programa Forrajes Milagro, dirigido a la producción de heno y silos, y habilitó a través de Finagro el Combo Milagro de Riego, que incluye acceso a sistemas de agua y financiación favorable. Estas acciones buscan garantizar la seguridad alimentaria del ganado y brindar respaldo económico a campesinos y productores en las zonas afectadas.

De acuerdo con las declaraciones de De la Espriella, recogidas por El Espectador, la medida responde a la percepción de que los ciudadanos que cumplen con la ley han sido restringidos, mientras que los delincuentes continúan accediendo a armas de forma ilegal. El presidente afirmó: “no hay derecho de que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”. Para sustentar su posición, citó cifras oficiales sobre incautaciones de armas entre enero y septiembre de este año: la Fuerza Pública decomisó 15.700 armas; de estas, 14.179 estaban relacionadas con delitos, y 980 estaban asociadas a grupos armados ilegales como las disidencias, el Clan del Golfo y el Eln. Entre estas se incluyen, según el mandatario, 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros relacionados solo con disidencias.

Pese al levantamiento de la suspensión, De la Espriella fue claro en señalar que no se permite el “porte indiscriminado” de armas; se mantienen controles, requisitos y permisos. No se habilita una autorización general para toda la ciudadanía, ni se altera el monopolio estatal de las armas, establecido por el artículo 223 de la Constitución Política. Solo podrán portar armas quienes cuenten con un permiso vigente y no tengan restricciones particulares, como permisos suspendidos, cancelados o armas decomisadas.

El decreto detalla que, para obtener o mantener el permiso de porte, los ciudadanos deben cumplir condiciones como ser mayores de 25 años, no tener antecedentes, acreditar aptitud médica y psicológica, y aprobar pruebas teóricas. Una novedad es que quienes ya tengan su permiso vigente no necesitarán tramitar un documento adicional, como se exigía anteriormente.

Finalmente, el Ministerio de Defensa, según lo estipulado en el documento, debe impartir directrices para hacer efectivo el levantamiento de la suspensión y mantener sistemas de control, verificación y registro de permisos de armas. No obstante, el decreto aclara que, si el contexto lo exige, podrían restablecerse medidas de suspensión por razones de seguridad nacional o pública.

¿Qué requisitos debe cumplir una persona para portar armas tras el nuevo decreto de De la Espriella?

Para portar armas en el país tras el levantamiento de la suspensión general, los ciudadanos deben cumplir con requisitos como contar con un permiso vigente expedido por la autoridad militar, ser mayores de 25 años, no tener antecedentes judiciales, aprobar exámenes médicos y psicofísicos, así como pruebas de conocimientos teóricos. Si ya tenían permiso al día, no se les exigirá un trámite adicional, siempre y cuando no exista suspensión o revocatoria individual.

¿Qué diferencia hay entre tenencia y porte de armas en la normativa colombiana?

La tenencia de armas significa que una persona puede tener el arma registrada en su domicilio o lugar autorizado, pero no puede trasladarla ni portarla en espacios públicos. El porte, en cambio, permite llevar el arma consigo fuera de ese lugar específico. El nuevo decreto solo afecta a los permisos de porte para quienes ya cumplan los requisitos legales y tengan permisos vigentes.

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Soto precisó que la investigación técnica reveló más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad no ha sido verificada y que se concentraron en el periodo de campaña electoral. Además, salieron a la luz donaciones realizadas durante el primer semestre de 2026, para las cuales no existen beneficiarios finales identificados con claridad. Igualmente, se evaluó la legalidad de nombramientos hechos en ese mismo periodo, ya que los requisitos exigidos por la normativa están siendo objeto de revisión. Soto subrayó que todos los hallazgos que tengan incidencia fiscal, disciplinaria o penal serán entregados a las autoridades correspondientes, para que los responsables afronten las consecuencias que correspondan. El vocero fue tajante al afirmar que el nuevo gobierno no encubrirá, minimizará ni dejará sin control ninguna alerta de posible corrupción derivada de estas auditorías.

En otro frente, Soto se refirió a las dificultades que atraviesa el sector agropecuario a causa del fenómeno de El Niño. Ante esta situación, afirmó que “a través del Ministerio de Agricultura y Agrosavia, se puso en marcha el programa Forrajes Milagro para producir heno y silos en las zonas más afectadas, asegurando alimento para el ganado”. De igual manera, destacó que Finagro ha habilitado la financiación del Combo Milagro de Riego, un paquete que incluye la construcción de pozos profundos, la instalación de motobombas sumergibles, paneles solares y sistemas de distribución de agua, con condiciones especiales de crédito que ofrecen plazos de hasta diez años, periodos de gracia y tasas subsidiadas, así como incentivos a la capitalización rural de hasta el 30 %. Con estas acciones, el Gobierno busca que los campesinos y productores se mantengan activos en sus actividades y el Estado respalde efectivamente su trabajo en el campo.

¿Cuáles son los hallazgos principales de la auditoría a la administración de Gustavo Petro?

De acuerdo con Miller Soto, vocero presidencial, la auditoría ha identificado alrededor de COP 1 billón en instrumentos financieros pendientes de aclaración, más de 900 contratos de prestación de servicios sin necesidades verificadas, donaciones del primer semestre de 2026 sin beneficiarios claros y nombramientos cuya legalidad se encuentra bajo investigación.

¿Qué acciones ha tomado el Gobierno ante el impacto del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario?

Según explicó el vocero, el Gobierno impulsó el programa Forrajes Milagro para asegurar alimento al ganado y habilitó el Combo Milagro de Riego, que suma apoyo financiero y tecnológico, permitiendo que productores rurales cuenten con herramientas para enfrentar los efectos de El Niño y seguir trabajando la tierra.

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El control estatal sobre el porte de armas permanece en rigor bajo el decreto 2035 de 1993, el cual sigue siendo la base normativa para regular este tema. En palabras del presidente, recogidas en su reciente declaración, “durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar”, enfatizó. Añadió que “no hay derecho de que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”, reflejando su postura sobre la seguridad ciudadana.

Según cifras presentadas por el mandatario, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de este año, la Fuerza Pública decomisó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas directamente con delitos. Además, 980 armas tenían vínculo con grupos disidentes, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el Eln. Entre las armas asociadas a disidencias se hallaron 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros. De acuerdo con el presidente, “ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”.

No obstante, la abolición de la suspensión general no significa “porte indiscriminado”; continúan vigentes los controles, requisitos y permisos otorgados por la autoridad competente. El decreto deja claro que el levantamiento “no constituye una autorización general para el porte de armas de fuego, ni modifica el monopolio estatal establecido en el artículo 223 de la Constitución Política”. Los permisos individuales vigentes siguen siendo válidos siempre que no exista medida legal o administrativa que los impida. Entre los requisitos para portar un arma se mantienen: ser mayor de 25 años, no tener antecedentes penales, contar con un certificado médico y demostrar aptitud psicofísica y conocimientos teóricos. Los permisos vencidos, suspendidos o revocados, así como aquellas armas sujetas a medidas judiciales o administrativas, seguirán prohibidos.

El Ministerio de Defensa, liderado por Jorge Mora, deberá ajustar las directrices para que las autoridades militares den cumplimiento a la nueva disposición, manteniendo controles y sistemas de registro, trazabilidad y verificación sobre los permisos. El decreto reitera que las autoridades pueden volver a imponer restricciones si cambian las circunstancias de seguridad.

¿Qué implica para los ciudadanos el levantamiento de la suspensión general del porte de armas?

El levantamiento de la suspensión general permite que los ciudadanos con permisos vigentes no deban realizar trámites adicionales para portar su arma. Sin embargo, no autoriza el porte irrestricto, ya que deben cumplirse una serie de requisitos y estar sujetos a constante vigilancia estatal, según lo detallado en el decreto firmado por De la Espriella.

¿Cuáles son los requisitos para obtener un permiso de porte de armas en Colombia?

De acuerdo con el marco vigente, los ciudadanos deben tener más de 25 años, no registrar antecedentes, presentar certificado médico, demostrar aptitud psicofísica y conocimiento teórico, y contar con permiso expedido por la autoridad militar competente. Si el permiso está vencido o revocado, no podrá usarse para portar armas.

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El funcionario precisó que estos hallazgos surgen de investigaciones internas y que la revisión técnica permitió descubrir más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad no fue comprobada, muchos de ellos suscritos en el contexto de la campaña electoral. Además, se detectaron donaciones registradas en el primer semestre de 2026 sin claridad en torno a quiénes serían sus beneficiarios finales y también nombramientos cuyos requisitos legales están en revisión. Soto puntualizó que todo lo que implique incidencia fiscal, disciplinaria o penal será remitido a las autoridades pertinentes, con el compromiso de que los responsables respondan ante las consecuencias establecidas por la ley.

El énfasis del actual gobierno, reiteró el vocero, está en la transparencia y la cero tolerancia frente a conductas irregulares; no se encubrirá ni minimizará ninguna alerta de corrupción mientras avance la etapa de verificación, donde se respeta el debido proceso. De acuerdo con los reportes citados, se encontraron contratos de gran cuantía asignados durante la campaña presidencial, así como recursos en fideicomisos y una multiplicación inusual de contratos en un periodo muy específico.

En paralelo, Soto informó sobre las acciones frente a las afectaciones provocadas por el fenómeno de El Niño en el sector agropecuario. El Gobierno puso en marcha con el Ministerio de Agricultura y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia) el programa Forrajes Milagro, dirigido a la producción de heno y silos para asegurar el alimento del ganado en las regiones más golpeadas. Además, a través de Financiera de Desarrollo Agropecuario (Finagro), se habilitó la financiación para el "Combo Milagro de Riego", un paquete que incluye perforación de pozos, motobombas, paneles solares y sistemas de distribución de agua, con condiciones financieras favorables para pequeños productores.

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¿Qué es una auditoría forense y por qué se está aplicando a la administración de Gustavo Petro?

Una auditoría forense es un examen exhaustivo de documentos y operaciones financieras orientado a detectar posibles irregularidades, fraudes o mal uso de los recursos públicos. En este caso, según información presentada por la Presidencia, el proceso busca esclarecer el destino y legalidad de contratos, convenios y donaciones ejecutados durante el mandato de Gustavo Petro, con el fin de transparentar la gestión pública y remitir a las autoridades cualquier evidencia de posibles delitos.

¿Qué acciones ha tomado el gobierno de Abelardo de la Espriella frente al fenómeno de El Niño y sus impactos en el sector agropecuario?

El gobierno, de acuerdo con la información compartida por la vocería oficial, implementó el programa Forrajes Milagro para la producción de insumos ganaderos y facilitó financiación a través de Finagro con el Combo Milagro de Riego. Estas medidas buscan asegurar la alimentación del ganado y la viabilidad productiva de los campesinos frente a los desafíos causados por el fenómeno de El Niño, contando con incentivos y créditos blandos para fortalecer la economía rural.

Las reacciones de solidaridad hacia Carol Borda no se hicieron esperar y miembros de diferentes bancadas, entre ellos la senadora Jennifer Pedraza, se manifestaron en defensa de la representante. Pedraza, aunque reconoció tener diferencias ideológicas con Borda, manifestó su rechazo a la “violencia detrás de la descalificación por ser una congresista joven” e hizo un llamado explícito a un pronunciamiento por parte del Pacto Histórico. Un gesto similar vino de la representante Laura Beltrán, quien desde el propio movimiento, sostuvo que “usar la infantilización para un debate, es desconocer las luchas históricas que hemos dado las mujeres”. Beltrán insistió que el debate político debe centrarse en ideas y no en el descrédito personal, mucho menos cuando se trata de mujeres que han tenido que abrirse camino en medio de ataques reiterados y señalamientos, incluso sobre cuestiones personales como el cuerpo.

Otras voces, como la del senador Enrique Gómez, recordaron que “el respeto no tiene género, pero el machismo sí tiene formas muy reconocibles”, señalando que las diferencias políticas nunca justifican el irrespeto ni los calificativos que buscan disminuir la participación femenina. Inclusive, la senadora Andrea Padilla se dirigió directamente a Ocampo, pidiéndole que rectifique y ofrezca disculpas por un acto que, según ella, “degrada el debate público”. De acuerdo con todos estos testimonios recogidos por El Espectador, el episodio trasciende un simple enfrentamiento parlamentario y se inscribe en el marco de las luchas por la igualdad de género y el respeto en la política colombiana.

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¿Por qué fue catalogada como misógina la intervención del senador Alejandro Ocampo contra Carol Borda?

La intervención del senador Alejandro Ocampo fue catalogada como misógina porque, según los testimonios publicados por El Espectador, su actitud y comentarios buscaron desacreditar y minimizar a la representante Carol Borda, recurriendo a expresiones como “niña” y calificándola de “mentirosa”. Estas palabras fueron vistas como intentos de infantilizar y disminuir a una mujer por su participación activa en el Congreso, lo que fue interpretado como una forma de violencia de género y no como un simple desacuerdo político.

¿Qué significa infantilización en el contexto de los debates políticos?

La infantilización, según lo explicado en el artículo y citado por congresistas como Laura Beltrán, hace referencia a tratar a una mujer adulta como si fuera incapaz de tomar decisiones o expone sus ideas con madurez, utilizando expresiones que la disminuyen, como llamarla “niña”. Este fenómeno en los debates políticos niega la autoridad y autonomía de la interlocutora, perpetuando actitudes machistas y socavando la igualdad en los escenarios de deliberación pública.

Ante este contexto, la mujer transformó el trauma y el dolor personal en una misión colectiva. Inspirada por el sufrimiento de otras mujeres –viudas, madres que perdieron a sus hijos, esposas y familias–, dedicó sus esfuerzos a acompañarlas y defender su oficio frente a la violencia, la muerte y el olvido. De acuerdo con sus palabras, desconocía el término 'lideresa'; simplemente empezó a estar presente para esas mujeres, visibilizando causas y acompañándolas en sus luchas. La defensa de los derechos humanos se amplió, además, a un compromiso con la naturaleza y el territorio, pues constató cómo las fuentes hídricas, especialmente el río Magdalena, se contaminaban cada vez más. Esto la llevó a definir su labor: proteger no solo a las personas sino también a quienes no tienen voz, como la naturaleza.

El camino de defensa no estuvo exento de graves dificultades. Según la defensora, el mayor reto ha sido el estigma y el riesgo que involucra levantar la voz, sobre todo siendo una mujer pescadora. Luego de denunciar hechos de corrupción y acompañar a familias víctimas de la violencia, fue objeto de persecución, amenazas y tres atentados en su contra. Estas agresiones la forzaron a desplazarse en dos ocasiones, perdiendo su arraigo en la comunidad. La persecución por sus denuncias ejemplifica los peligros que enfrentan quienes protegen los derechos humanos y luchan contra la corrupción, enfrentando tanto riesgos personales como el desarraigo social.

¿Qué factores impulsaron la labor de esta defensora de derechos humanos y medio ambiente?

La labor de la defensora estuvo motivada principalmente por experiencias personales trágicas: el asesinato de su hermano y de su padre de crianza. Estos hechos, sumados a la indiferencia institucional y a la necesidad de acompañar a otras víctimas, la llevaron a convertirse en lideresa comunitaria y ambientalista. Además, la creciente contaminación de los ríos y fuentes hídricas reforzó su compromiso con el medio ambiente.

¿Cuáles son los principales riesgos que han enfrentado las mujeres defensoras en contextos similares?

Según el testimonio, las mujeres que alzan la voz, especialmente aquellas vinculadas a oficios como la pesca, son objeto de persecución, amenazas y estigmatización. En el caso narrado, la defensora ha sufrido tres atentados y desplazamientos forzados, lo que muestra los graves riesgos personales y familiares a los que se exponen quienes defienden derechos humanos y medio ambiente en territorios afectados por la violencia y la corrupción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El movimiento telúrico ocurrió a la 1:03 a. m. y tuvo una profundidad de 42 kilómetros, según el Boletín Actualizado 1 publicado por la entidad. Hasta el momento, el reporte suministrado no incluye información sobre daños o personas afectadas por este evento sísmico.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-09, 01:03 hora local Magnitud 3.6. Profundidad 42 km, Sipí – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/1k28hmdUv5

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 9, 2026

¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 3,6 en Sipí?

El movimiento sísmico también fue percibido en Jamundí, Valle del Cauca, donde algunos ciudadanos señalaron que se sintió con fuerza. En el sur de Cali también hubo personas que reportaron haberlo percibido.

Uno de los testimonios corresponde a una persona ubicada en un octavo piso de un edificio de 10 niveles en el sur de Cali, quien indicó que sintió el movimiento. Sin embargo, otros habitantes de esa misma zona señalaron que no percibieron el temblor.

Los reportes ciudadanos muestran que la percepción del sismo fue diferente entre quienes se encontraban en Cali y Jamundí, algo que puede variar según la ubicación y las condiciones del lugar donde se encuentre cada persona.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Las personas que sientan un movimiento telúrico pueden reportarlo mediante el formulario Sismo Sentido, habilitado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). La información permite a la entidad conocer en qué lugares fue percibido el evento y cuáles fueron sus efectos.

Al ingresar al formulario, el ciudadano debe seleccionar el sismo que percibió y proporcionar datos como la fecha, la hora y el lugar donde se encontraba. También puede indicar su departamento, municipio, centro poblado y una dirección aproximada.

El reporte incluye preguntas sobre la intensidad percibida, la reacción de las personas y los movimientos observados en edificios, habitaciones, muebles, puertas, ventanas u otros objetos. También permite informar si hubo daños en la construcción o algún efecto sobre el entorno.

La entidad explica que estos testimonios ayudan a evaluar la intensidad del sismo en diferentes zonas y a conocer sus efectos pocos minutos después del evento. Los datos recopilados tienen fines de evaluación e investigación sobre la actividad sísmica del país.

La situación se originó durante un control preventivo que agentes del Departamento de Policía Tolima, junto con la Seccional de Tránsito y Transporte, ejecutaban en el kilómetro 90 de la vía, sector conocido como Las Brujas. Durante la verificación habitual del flujo vehicular, algunos usuarios de la carretera detectaron movimientos irregulares y alertaron a los uniformados. Los conductores informaron sobre una persona sospechosa, que, según su testimonio, lanzaba elementos contundentes hacia vehículos de carga desde uno de los costados de la carretera. Ante el aviso, la patrulla policial se desplazó de inmediato hasta el kilómetro 88, sector San Lorenzo, donde corroboraron la información recibida.

En el lugar señalado, los agentes hallaron al joven justo en el momento en que, presuntamente, incendiaba la vegetación que bordea la carretera. La detención se realizó en flagrancia, es decir, mientras el acto presuntamente delictivo se desarrollaba, evitando así posibles consecuencias para el tránsito vehicular y sin reportar heridos en el acto, según las autoridades. Esta intervención fue confirmada por el coronel Ferney Martín Romero, comandante del Departamento de Policía Tolima, quien también precisó que el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía 65 Local de Venadillo para responder por el delito de incendio. Hasta el cierre del reporte, el implicado permanecía en audiencia virtual, donde la autoridad judicial evaluaría su situación jurídica.

Por su parte, la Policía Nacional reiteró que rechaza de forma categórica cualquier acción que ponga en riesgo el medio ambiente, los recursos naturales y la seguridad de las personas que transitan por las vías del Tolima. La institución hizo un llamado a la comunidad para que continúe colaborando, reportando cualquier hecho sospechoso o delictivo mediante la línea 123 o ante la patrulla más cercana, garantizando absoluta reserva en la identidad de los denunciantes.

¿Por qué fue capturado un hombre en flagrancia en Armero Guayabal, Tolima?

De acuerdo con el Departamento de Policía Tolima, el hombre fue sorprendido presuntamente prendiendo fuego a la capa vegetal al borde de la carretera, durante un operativo de control en el sector San Lorenzo. Su detención se produjo tras la alerta de varios conductores, quienes reportaron comportamientos sospechosos y riesgos a la seguridad vial, por lo que se procedió con la captura en flagrancia y la imputación del delito de incendio.

¿Qué delito enfrenta el capturado en el operativo policial en el norte de Tolima?

El capturado en el operativo realizado por la Policía Nacional debe responder judicialmente por el delito de incendio, según confirmó el coronel Ferney Martín Romero, comandante del Departamento de Policía Tolima. El caso fue remitido a la Fiscalía 65 Local de Venadillo, donde la autoridad correspondiente definirá su situación jurídica en una audiencia virtual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD) intervino en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, instancia donde se evaluaron tanto las capacidades locales de respuesta como los escenarios de riesgo más probables para la comunidad. Durante este análisis, tuvo especial relevancia el Plan de Contingencia Departamental, un instrumento que revisa las emergencias registradas entre 2020 y 2026. En dicho estudio, Soacha figura como uno de los municipios de mayor vulnerabilidad frente a emergencias recurrentes, principalmente originadas por incendios forestales y problemas de abastecimiento de agua.

Como parte de las conclusiones y acuerdos, el departamento y el municipio decidieron fortalecer la coordinación entre los cuerpos de bomberos, tanto voluntarios como oficiales, y promover la puesta en marcha de Planes Comunales de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel local. Asimismo, se priorizó el desarrollo de medidas orientadas a la reducción y mitigación de riesgos para consolidar un plan específico frente a la variabilidad climática asociada a El Niño. De acuerdo con los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se espera una reducción significativa de las lluvias en Cundinamarca en los próximos meses, lo que incrementa el riesgo de nuevos incendios.

Además de los incendios reportados, Soacha enfrentó en el mismo periodo seis eventos derivados de las lluvias, de los cuales tres correspondieron a movimientos en masa y tres a inundaciones, evidenciando la complejidad y diversidad de los retos ambientales del municipio.

Las autoridades enfatizan que la articulación de capacidades y la anticipación de los escenarios de emergencia permitirán una mejor respuesta ante los desafíos ambientales y climáticos que enfrenta Soacha y la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las causas de los incendios forestales en Soacha durante 2026?

De acuerdo con el análisis presentado en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y la referencia al Plan de Contingencia Departamental, la principal causa de los incendios en Soacha está relacionada con la susceptibilidad que aumenta durante el fenómeno de El Niño, debido a la disminución de lluvias y el clima más seco. Estos factores naturales facilitan la propagación de las llamas en coberturas vegetales.

¿Qué acciones acordaron la Gobernación de Cundinamarca y Soacha frente a los riesgos ambientales?

La Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Soacha decidieron coordinar los cuerpos de bomberos, impulsar planes comunales de gestión del riesgo, desarrollar medidas de reducción y mitigación de emergencias e implementar un plan específico de preparación ante el fenómeno de El Niño, anticipándose a los posibles escenarios de riesgo identificados en la zona.

(Vea también: Escalofriantes detalles y misterio del hallazgo de Michel Dahiana: “Es imposible que llegara sola”)

De acuerdo con El Tiempo, el hallazgo ocurrió hacia las 7:35 de la mañana, en inmediaciones de la transversal 18H Bis con calle 10. La Red de Apoyo de la institución alertó a la zona de atención centro sobre la presencia del cadáver.

Al llegar al punto señalado, los uniformados verificaron la condición de la persona y procedieron a asegurar el lugar. Después, funcionarios del CTI de la Fiscalía asumieron la inspección técnica del cuerpo como parte de las diligencias correspondientes.

Cuerpo hallado en Soacha aún no ha sido identificado

Por ahora, las autoridades no han podido establecer la identidad de la persona encontrada en El Danubio. Tampoco se ha determinado si se trata de un hombre o una mujer.

Otro de los interrogantes está relacionado con la causa de muerte. El reporte oficial señala que todavía no se conoce si la persona murió por una lesión ocasionada con arma de fuego, un objeto cortopunzante o por causas naturales.

Mientras avanzan las diligencias, los investigadores revisan las cámaras de seguridad instaladas en la zona con el propósito de reconstruir lo ocurrido. Además, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, habría un testigo que podría aportar datos sobre el caso.

Cifras de homicidios en Cundinamarca y muertes violentas

El hallazgo ocurre en un contexto en el que Cundinamarca registró una reducción de los homicidios durante el primer semestre de 2026. Según cifras de la Gobernación, en ese periodo se contabilizaron 90 homicidios, 17 menos frente a los registrados durante los primeros seis meses de 2025.

A nivel nacional, en cambio, los homicidios presentaron un incremento del 2,2 % durante el mismo periodo, de acuerdo con los datos citados por la Gobernación de Cundinamarca.

Por su parte, las cifras de Medicina Legal correspondientes a junio de 2026 muestran que en el país se registraron 15.860 muertes violentas. De ese total, 7.389 correspondieron a homicidios, 4.860 a muertes en accidentes de tránsito, 2.275 a muertes accidentales y 1.326 a suicidios.

(Vea también: Max Henríquez lanzó fuerte alerta por septiembre en Colombia: “Lo que viene es muy grave”)

Enríquez llamó especialmente la atención sobre Bogotá, Villavicencio y Leticia, territorios que, según explicó, registraron condiciones de sequía durante el fuerte episodio de El Niño de aquella época. Su advertencia apunta a la necesidad de observar cómo evoluciona el fenómeno durante los próximos meses.

El llamado ocurre en un momento en el que las autoridades meteorológicas mantienen un seguimiento especial sobre las condiciones del Pacífico. El Ideam informó en agosto que las condiciones asociadas con El Niño continúan fortaleciéndose y estimó como escenario más probable una intensidad muy fuerte entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

La situación genera interés porque El Niño puede modificar los patrones habituales de precipitación en distintas zonas del país. Históricamente, el fenómeno se ha relacionado con menores lluvias, temperaturas más altas y mayor presión sobre el recurso hídrico, aunque sus efectos no son iguales en todo el territorio.

En el Niño fuerte del 2.015-2.016 hubo sequía simultanea en Leticia, Villavicencio y Bogotá, porque es desde la selva del Amazonas desde donde vienen la humedad y las lluvias que caen en los llanos y en la Sabana. Ojo con ésto, que se puede repetir, de pronto peor pic.twitter.com/brxaDL1oc2

— Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 8, 2026

El antecedente del  fenómeno de El Niño 2015-2016

El episodio que recordó Enríquez fue uno de los eventos de El Niño más fuertes de las últimas décadas. En sus reportes de ese periodo, la citada entidad documentó déficits importantes de precipitación en amplias zonas de Colombia, especialmente en regiones como la Andina y la Caribe.

Para la región Andina, los registros muestran anomalías negativas de precipitación durante distintos meses del episodio 2015-2016. En contraste, el comportamiento en la Orinoquía y la Amazonía fue más variable, una diferencia que resulta importante al analizar los efectos del fenómeno sobre cada territorio.

Precisamente por esas diferencias regionales, la advertencia no significa que Bogotá, los Llanos y la Amazonía vayan a enfrentar necesariamente las mismas condiciones que hace una década. El comportamiento dependerá de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas y de otros factores que influyen en las lluvias.

Qué podría pasar con las lluvias en los próximos meses

El escenario actual merece atención porque el Ideam mantiene activo el monitoreo de El Niño y advierte sobre posibles impactos relacionados con menos precipitaciones, temperaturas elevadas y presión sobre el agua disponible. El instituto también señala que uno de los riesgos asociados al fenómeno es el aumento de la amenaza de incendios.

En ese contexto, el recuerdo del periodo 2015-2016 funciona como un antecedente para entender lo que podría ocurrir si las condiciones actuales se mantienen o se intensifican. Sin embargo, será el seguimiento de los próximos meses el que permita establecer con mayor precisión qué regiones registrarán déficits de lluvia y qué tan fuertes podrían ser.

La advertencia de Enríquez pone así el foco en un aspecto que podría tener impacto directo en el abastecimiento de agua, las actividades agropecuarias y las condiciones ambientales de varias zonas del país, mientras las autoridades continúan evaluando la evolución del fenómeno.

Al intentar ingresar a la página oficial de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, el servidor dejó de responder debido al alto flujo de personas que buscaron tramitar, consultar o renovar sus salvoconductos de manera simultánea.

Ante la desinformación y el incremento masivo de consultas, el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos de las Fuerzas Militares emitió un comunicado oficial aclarando el alcance real de la medida.

El Ejército Nacional precisó que el levantamiento de la suspensión no constituye una venta libre ni una flexibilización automática para que cualquier ciudadano compre o porte un arma de fuego.

“Esto no significa que todo el mundo vaya a poder acceder a comprar un arma o a tener un permiso del Estado”, precisaron las autoridades militares. La norma elimina únicamente el trámite del permiso especial o adicional que se exigía desde la administración del expresidente Juan Manuel Santos para movilizar el arma en vehículos o en la vía pública.

El presidente De La Espriella también se refirió a la medida señalando que la decisión busca permitir la legítima defensa frente a la delincuencia, pero aclaró que la medida no representa un cheque en blanco.

“No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”, afirmó el mandatario, quien citó cifras oficiales señalando que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre la fuerza pública ha incautado 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban vinculadas a delitos.

Requisitos vigentes y estado de los salvoconductos

Las Fuerzas Militares explicaron que los ciudadanos que tengan su salvoconducto o permiso de porte vigente podrán movilizar sus armas sin necesidad del salvoconducto especial. Sin embargo, quienes tengan el documento vencido deberán agendar la validación y actualización en las sedes o instalaciones militares autorizadas.

Para acceder a un permiso de porte de armas de fuego en Colombia, las autoridades recordaron que se mantienen sin modificación las siguientes exigencias legales:

• Tener una edad mínima de 25 años.
• Contar con la aprobación de exámenes de aptitud psicofísica y certificados médicos.
• Demostrar conocimientos teóricos y prácticos sobre el manejo de armas.
• Carecer de antecedentes penales o judiciales.
• Obtener la aprobación final tras la verificación del expediente por parte de las autoridades militares.

La expedición del decreto generó de inmediato opiniones divididas en el Congreso de la República entre congresistas que apoyan la medida como un factor disuasivo contra la criminalidad y sectores que advierten sobre los riesgos de trasladar a la ciudadanía la responsabilidad de la seguridad.

(Vea también: [Video] “Se volvió loco” el comentario jocoso de Marco Rubio que le sacó risas a De la Espriella)

La primera dama colombiana contó en una publicación en Instagram algunos detalles del encuentro, que tuvo dos momentos: una conversación sobre las familias afectadas por el terremoto y una visita a uno de los lugares más representativos de la cultura barranquillera.

El plan terminó con una parada en el Museo del Carnaval de Barranquilla, espacio en el que las visitantes pudieron acercarse a una de las expresiones culturales más importantes de la ciudad.

 

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Ana Lucía Pineda habló con Jeanette Rubio sobre las familias afectadas por el terremoto

De acuerdo con lo contado por Ana Lucía Pineda, durante el encuentro con Jeanette Rubio hablaron sobre la situación que atraviesan las familias afectadas por el terremoto y sobre las acciones que se han desarrollado para acompañarlas.

La conversación estuvo relacionada con la campaña ‘Colombia, Un Solo Corazón’, iniciativa que, según explicó Pineda, permitió reunir esfuerzos de colombianos y extranjeros para brindar apoyo a las personas que más lo necesitaban después de la emergencia.

El tema cobró especial relevancia durante la visita, pues la situación de las comunidades afectadas ha requerido atención y solidaridad más allá de los primeros días posteriores al desastre.

Pineda destacó precisamente ese componente de unión y generosidad que, a su juicio, dejó la campaña, al señalar que sirvió para mostrar cómo diferentes personas se sumaron para acompañar a las familias damnificadas.

Así, el encuentro entre ambas no se limitó a un protocolo de bienvenida, sino que incluyó una conversación sobre una de las situaciones sociales que ha marcado la agenda reciente del país.

Jeanette Rubio conoció el Museo del Carnaval de Barranquilla

Después de conversar sobre la situación de las familias afectadas, Ana Lucía Pineda y Jeanette Rubio tuvieron un plan mucho más relacionado con la cultura de la ciudad.

Las dos visitaron el Museo del Carnaval de Barranquilla, acompañadas por Katia Nule, gestora social de Barranquilla.

El lugar fue escogido como escenario para mostrar parte de las tradiciones que identifican a la capital del Atlántico y que tienen en el Carnaval una de sus principales expresiones.

Pineda destacó que el museo permite exaltar la cultura, las tradiciones y el patrimonio que representan a Colombia, además de mostrar elementos asociados con la alegría, la creatividad y la identidad del país.

La visita también permitió darle un componente cultural a la agenda de los acompañantes de Rubio durante su paso por Barranquilla, ciudad que recibió al funcionario estadounidense en medio de una jornada marcada principalmente por asuntos de seguridad, cooperación y relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

Aunque la agenda del secretario de Estado estuvo concentrada en reuniones y asuntos de gobierno, el recorrido de sus acompañantes permitió mostrar otra cara de la visita internacional.

Un recorrido por la cultura colombiana durante la visita de Rubio

El paso de Jeanette Rubio por el Museo del Carnaval se convirtió así en uno de los momentos más distendidos de la jornada.

La publicación de Ana Lucía Pineda puso el foco en el encuentro entre ambas y en la posibilidad de compartir un espacio cultural durante una visita que, en el caso de Marco Rubio, estuvo marcada por asuntos de alto nivel entre los dos países.

El Museo del Carnaval es, además, un escenario especialmente representativo para una actividad de este tipo, debido al peso que tiene la celebración barranquillera dentro de la identidad cultural de Colombia.

Pineda aprovechó la publicación para resaltar precisamente esa dimensión. Más que entregar detalles políticos sobre la visita, su mensaje mostró el componente humano y cultural que también acompañó la llegada de la delegación estadounidense.

El encuentro tuvo entonces dos caras: primero, una conversación relacionada con las familias que siguen enfrentando las consecuencias del terremoto y el trabajo de solidaridad desarrollado mediante ‘Colombia, Un Solo Corazón’; después, un recorrido por una expresión cultural que busca representar parte de la identidad del país.

De esta manera, Jeanette Rubio tuvo una agenda diferente durante la visita de Marco Rubio a Colombia y conoció, de la mano de Ana Lucía Pineda y Katia Nule, uno de los espacios culturales más reconocidos de Barranquilla.

(Vea también: Ecopetrol sacó a hija de exministro de Petro: se ganaba 54 millones de pesos)

Name Correa había ingresado a la empresa el 10 de marzo de 2025 y trabajó durante poco más de un año y cinco meses como analista de apoyo comercial, según la información conocida sobre su trayectoria en la compañía.

¿Quién es José Enrique Name Correa?

José Enrique Name Correa es hijo del exsenador José David Name, dirigente del Partido de la U y uno de los políticos más reconocidos de la región Caribe.

Durante su paso por Ecopetrol estuvo vinculado a la filial de ‘trading’ de la empresa en Estados Unidos, donde apoyaba labores relacionadas con conciliación de operaciones, elaboración de reportes de posición y riesgo, validación de transacciones y seguimiento de información para las áreas comerciales.

¿Cuál era el cargo que ocupaba en Ecopetrol?

De acuerdo con la información divulgada sobre su contrato, Name Correa ocupaba el cargo de analista de apoyo comercial.

Entre sus funciones estaban la conciliación de operaciones en los sistemas de trading, la elaboración de reportes diarios de resultados y riesgos, la validación de transacciones físicas y financieras, así como la preparación de informes mediante herramientas de análisis de datos.

Según la información conocida, el costo anual asociado a su vinculación estaba entre 113.000 y 130.000 dólares, cifra que incluía salario, prestaciones, beneficios laborales y otros costos asumidos por la empresa.

La salida se suma a otros movimientos en Ecopetrol

La desvinculación de José Enrique Name Correa ocurre en medio de varios cambios recientes dentro de Ecopetrol.

Semana señala que distintas versiones conocidas públicamente han señalado cuestionamientos sobre el perfil profesional de Name Correa para el cargo que ocupaba en la filial de trading. Sin embargo, hasta el momento Ecopetrol no ha informado oficialmente si esa fue una de las razones que motivó su salida.

Tampoco la empresa ha emitido un pronunciamiento público detallando las causas específicas de esta desvinculación. Eso sí, Semana señala que José David Name fue aliado de Petro.

(Vea también: “Una nueva era”: Marco Rubio dio pistas de lo que firmó con De la Espriella en vista a Colombia)

La solicitud fue planteada por el mandatario colombiano durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Barranquilla. Allí, De la Espriella pidió estudiar la posibilidad de restablecer la sede consular que durante años funcionó en la ciudad y sostuvo que el Gobierno colombiano asumiría los recursos necesarios para su construcción.

¿Qué dijo Alejandro Char sobre el consulado de EE. UU. en Barranquilla?

Tras la intervención del presidente, el alcalde Alejandro Char expresó públicamente su respaldo a la propuesta.

“Señor presidente, usted lo ha dicho todo. Cuente con Barranquilla y con nosotros para sacar adelante esta petición. Estamos listos para apoyar en todo lo que sea necesario”, afirmó el mandatario distrital.

Con ese mensaje, Char respaldó la iniciativa de recuperar una representación diplomática estadounidense en Barranquilla, una petición que desde hace años han impulsado distintos sectores de la región Caribe.

¿Por qué De la Espriella pidió reabrir el consulado?

Durante su encuentro con Marco Rubio, De la Espriella recordó que Barranquilla contó con un consulado de Estados Unidos antes de que esa representación se concentrara en Bogotá.

Por esa razón, pidió al funcionario estadounidense estudiar la posibilidad de reabrir la sede y aseguró que el Gobierno colombiano está dispuesto a aportar los recursos para hacer realidad el proyecto.

“Necesitamos que se estudie esa posibilidad… esperamos pronto tener aquí, en Curramba la Bella, el consulado americano”, expresó el presidente.

La propuesta, según explicó, beneficiaría no solo a Barranquilla, sino también al departamento del Atlántico y a los habitantes de toda la región Caribe, que actualmente deben desplazarse a Bogotá para realizar la mayoría de trámites consulares.

Gobernador Eduardo Verano también respaldó la iniciativa

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, se sumó al llamado y aseguró que la reapertura del consulado fortalecería la relación entre Colombia y Estados Unidos desde la región Caribe.

El mandatario departamental afirmó que el Atlántico reúne condiciones estratégicas para atraer inversión estadounidense gracias a su ubicación geográfica, conectividad, talento humano y vocación empresarial.

Además, sostuvo que la cooperación entre ambas naciones podría ampliarse hacia sectores como los centros de datos, la infraestructura tecnológica y el desarrollo de proyectos vinculados con inteligencia artificial.

Durante la visita de Rubio, Verano también entregó un obsequio elaborado por Artesanías del Atlántico al secretario de Estado y a su esposa, Jeanette Rubio, como símbolo de la identidad cultural de la región.

Con el respaldo del alcalde de Barranquilla y del gobernador del Atlántico, la propuesta del presidente De la Espriella ganó impulso político, aunque la eventual reapertura del consulado dependerá de la evaluación y decisión que adopte el Gobierno de Estados Unidos.

Ortega deberá cumplir una pena de 76 meses de prisión, es decir, seis años y cuatro meses. Además, tendrá una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo y deberá pagar una multa de 29,77 salarios mínimos legales mensuales vigentes, suma que supera los 52 millones de pesos.

El caso se remonta a 2017, cuando el abogado publicó en X varios mensajes contra María Antonia García de la Torre. Algunas de esas publicaciones hicieron referencia al exjefe paramilitar Carlos Castaño y contenían llamados a tomar acciones violentas contra la periodista.

Ese mismo año, Ortega también lanzó mensajes amenazantes contra Daniel Samper Ospina. En sus publicaciones el condenado utilizó calificativos contra el periodista y aseguró que hacían falta grupos paramilitares como las AUC para “calmarlo”, en alusión a la violencia.

En 2018, el objetivo de sus publicaciones fue el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como ‘Matador’. Ortega lo calificó de “canalla” y escribió que hacía falta Carlos Castaño para matarlo.

Para la Corte Suprema, esas publicaciones tenían la capacidad de provocar alarma y zozobra, por lo que sí configuraron el delito de amenazas agravado. Así las cosas, el alto tribunal dejó en firme el fallo emitido en 2021 por un juzgado penal de Bogotá, después de revisar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

Finalmente, la suspensión condicional de la pena fue negada, aunque Ortega recibió el beneficio de prisión domiciliaria. Por eso, ahora deberá permanecer en el inmueble dispuesto para cumplir su condena.

(Vea también: “Una nueva era”: Marco Rubio dio pistas de lo que firmó con De la Espriella en vista a Colombia)

Rubio señaló que la permanencia de estructuras del Eln al otro lado de la frontera no puede continuar y planteó la necesidad de abordar esta situación como parte de la cooperación en materia de seguridad entre los países de la región. La advertencia ocurre mientras Washington y el Gobierno colombiano buscan fortalecer sus acciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilegales.

La posición del funcionario estadounidense cobra relevancia por la actividad que el Eln mantiene en zonas fronterizas con Colombia. El grupo armado tiene presencia histórica en sectores de ambos lados de la frontera, una situación que ha sido señalada durante años como uno de los factores que complican la seguridad en el Catatumbo y otras áreas limítrofes.

 “Eso va a tomar un tiempo resolverlo. Pero sin duda hay que enfrentarse a esa amenaza. Esa amenaza como existe en este momento no puede seguir. Tiene que buscar solución y tiene que ser rápido”, indicó Rubio.

Rubio y la nueva agenda de seguridad con Colombia

La declaración del secretario de Estado se produjo durante su visita a Colombia, donde sostuvo reuniones con el presidente Abelardo de la Espriella. Ambos gobiernos acordaron profundizar la cooperación en seguridad, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas ilegales.

El tema adquiere especial importancia después de los recientes ataques atribuidos al Eln en Norte de Santander. Uno de ellos ocurrió en Ocaña, donde un ataque con drones contra una instalación militar dejó tres uniformados muertos y varios heridos, según reportes de autoridades colombianas.

“Imagínese usted si hay una banda criminal operando de un territorio al otro lado de una frontera, entran a su país, cometen delitos, asesinatos, ataques, y después regresan y se esconden en otro país. Eso no es sostenible”, agregó la mano derecha de Trump.

La situación en la frontera también forma parte de las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos, debido a la presencia de grupos armados y redes vinculadas al narcotráfico. Por ello, la administración estadounidense busca ampliar la cooperación con Colombia y otros gobiernos de la región para enfrentar estas estructuras.

“Eso hay que enfrentarse a eso. Obviamente lo queremos hacer de manera de cooperación y eso se ha discutido y se seguirá discutiendo”, agregó el funcionario estadounidense.

La advertencia de Rubio se suma así a una agenda bilateral que incluye seguridad, lucha contra las drogas y control de las organizaciones criminales. Su visita continuará por Ecuador y Perú, países con los que Washington también busca fortalecer la cooperación regional.

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Al ser abordado por periodistas mientras caminaba a subirse en la camioneta que lo trasladaría al Hotel Marriott, donde cumpliría otro encuentro esta vez con empleados de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, el alto funcionario norte americano aseguró sentirse encantado con la ciudad e incluso su clima cálido.

“Se parece a Miami esta humedad y el calor caribeño, eso me encanta”, afirmó el funcionario estadounidense.

El secretario de Estado agregó que esta era su primera visita a Barranquilla y dejó abierta la posibilidad de regresar en próximas oportunidades.

“Primera vez que visito acá. No la conozco, pero ahora la conozco. Tengo que regresar muchas veces”, dijo Rubio.

Tras su visita a Barranquilla, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no descartó regresar a la capital del Atlántico en otro momento. El alto funcionario estadounidense dijo sentirse encantado con la ciudad, a la que comparó en su clima con Miami. #VocesySonidos pic.twitter.com/gTBRNhdotk

— Blu Caribe (@BLUCaribe) September 8, 2026

La extensa agenda del Secretario de Estado durante este martes en la capital del Atlántico, termina con una comida junto a su esposa, en la casa del presidente Abelardo de la Espriella, en lagos de Caujaral, un exclusivo sector ubicado en la vía que de Barranquilla conduce a Puerto Colombia, cerca de Sabanilla.

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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, fueron los primeros en recibir al secretario de Estados de los Estados Unidos, Marco Rubio, junto con su esposa en medio de su histórica llegada a la capital del Atlántico para sostener reuniones con el presidente Abelardo De La Espriella.

Ambos mandatarios lograron hablar un par de minutos con el alto funcionario estadounidense y la principal petición fue la necesidad de reabrir una Agencia Consular de los Estados Unidos en Barranquilla.

“Fue una importante reunión de alto nivel que se realizó aquí en Barranquilla con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Creo que es una oportunidad histórica; nunca más creo que vayamos a tener la oportunidad de hablar con el segundo al mando del Gobierno de Estados Unidos”, expresó por su parte el gobernador Verano.

(Vea también: Revelan qué va a pasar con cuerpo del ‘Bendito menor’; Medicina Legal terminó análisis)

De acuerdo con la entidad, las fotografías que circulan en plataformas digitales no fueron tomadas en ninguna de sus sedes. La aclaración surgió luego de que varias publicaciones afirmaran que las imágenes habrían sido captadas mientras el cuerpo permanecía bajo custodia del instituto, según El Tiempo.

¿Qué dijo Medicina Legal sobre las fotos de alias ‘Bendito menor’?

En un pronunciamiento conocido este martes, Medicina Legal aseguró que desarrolla todos sus procedimientos bajo estrictos protocolos técnicos, éticos y de confidencialidad.

La entidad afirmó que protege la información forense y garantiza el respeto por los cuerpos que permanecen bajo su custodia, por lo que negó que las imágenes divulgadas en redes sociales hayan sido tomadas en sus instalaciones.

Además, rechazó de manera categórica la difusión de fotografías de personas fallecidas al considerar que este tipo de publicaciones vulnera la dignidad humana, afecta la privacidad de las víctimas y causa un impacto adicional para sus familiares y seres queridos.

Medicina Legal pidió no compartir este tipo de imágenes

Tras finalizar las labores de identificación forense, los cuerpos fueron trasladados para los procedimientos correspondientes. Posteriormente, comenzaron a circular imágenes sensibles en redes sociales que algunos usuarios atribuyeron a Medicina Legal.

Frente a esa situación, la entidad reiteró que mantiene protocolos de confidencialidad durante sus actuaciones y pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación abstenerse de compartir fotografías de personas fallecidas.

El instituto insistió en que el respeto por la dignidad de las víctimas debe prevalecer, independientemente de las circunstancias en las que haya ocurrido su muerte, e hizo un llamado para evitar la difusión de este tipo de contenidos.

La medida se dio tras una investigación adelantada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, mecanismo que permite a Estados Unidos evaluar prácticas comerciales de otros países que puedan afectar sus intereses económicos.

En este caso, la administración estadounidense concluyó que Colombia no ha adoptado ni implementado de manera efectiva mecanismos suficientes para prohibir la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

El nuevo escenario comercial se convirtió en uno de los asuntos abordados durante la visita a Colombia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Tras las reuniones que sostuvo con el presidente Abelardo de la Espriella, el funcionario se refirió al futuro de los aranceles y a las conversaciones que ambos gobiernos mantienen para alcanzar un acuerdo bilateral.

Rubio explicó que el proceso requiere avanzar dentro de un marco jurídico específico y señaló que existe disposición de ambas partes para buscar una salida. “Es un proceso legal complejo. Se tiene el deseo de llegar a un acuerdo con Colombia cuanto antes. El embajador Greer ha estado trabajando con las autoridades de Colombia”, afirmó.

El secretario de Estado también entregó detalles sobre el estado de las negociaciones y aseguró que las conversaciones entre los dos países continúan. Según explicó, ya se han desarrollado dos rondas de diálogo, en las que se han registrado avances, aunque todavía no existe un anuncio definitivo sobre un eventual acuerdo.

“Las negociaciones creo que marchan bien y espero tener buenas noticias pronto. En ese sentido, una vez que se pueda llegar a un acuerdo, pero esa es la forma del acuerdo 302. Hay que llegar a un acuerdo bilateral y estamos comprometidos a hacer eso”, manifestó Rubio.

El funcionario estadounidense agregó que los equipos de ambos gobiernos permanecen en contacto y que el proceso continuará durante los próximos días. “Las conversaciones ya están en curso. Ha habido dos rondas de conversaciones y se ha progresado. No hay ningún anuncio en este momento, pero espero que sea pronto”, sostuvo.

La posición expresada por Rubio deja abierta la posibilidad de que Colombia y Estados Unidos alcancen un entendimiento que permita revisar las condiciones comerciales actualmente vigentes. Sin embargo, mientras las negociaciones continúen y no se concrete un acuerdo, las medidas arancelarias anunciadas por Washington seguirán teniendo efectos sobre los productos colombianos alcanzados por la disposición.

Finalmente, el secretario de Estado señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene interés en avanzar hacia una solución negociada. “El presidente Trump tiene el deseo de llegar a un acuerdo”, concluyó.

Se trata del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a quien le reclaman porque viajó con su familia a una playa de Santa Marta, pocos días después de haber ocurrido el terremoto que afectó varias regiones del país.

Aunque Beltrán ofreció disculpas y aseguró que siguió virtualmente conectado a reuniones y asignaciones por la emergencia, también afirmó que debía atender un compromiso familiar adquirido previamente.

El debate de moción de censura fue citado para este miércoles 9 de septiembre a las 2:00 de la tarde, momento a partir del cual se escucharán las razones que expondrán los congresistas y el ministro tendrá la palabra para defenderse y responder el cuestionario.

Después de la plenaria donde se exponen los argumentos la mesa directiva deberá definir fecha para la siguiente plenaria, donde se desarrollará la votación.

El asunto ha causado una conversación polarizada en torno a la pertinencia de citar a un debate por esa causa, que no implicaría acciones penales, aunque en cuanto a formalismos haya razones, pero en el fondo de todo esto está el debate político.

(Vea también: Incendio forestal en Cerro Gordo sigue activo y moviliza operaciones terrestres y aéreas para proteger zonas pobladas)

La conflagración se presenta en la zona rural del corregimiento y, de acuerdo con reportes conocidos sobre la emergencia, uno de los puntos críticos se encuentra en inmediaciones de la finca Altamira, a unos 500 metros de la planta de Cemex. El comportamiento del fuego mantiene la preocupación entre quienes permanecen en sectores cercanos.

El mayor Fernando Vélez, comandante de la Defensa Civil, señaló que más de 150 personas participan en las labores para contener el incendio. La emergencia ocurre en un departamento que durante las últimas semanas ha enfrentado varios incendios forestales.

En Tolima, los organismos de socorro han tenido que mantener despliegues en distintos municipios debido a la cantidad de focos activos y a las dificultades para controlar las llamas en sectores rurales.

#Tolima | Un incendio forestal de grandes proporciones amenaza con alcanzar la planta de Cemex en Payandé, Tolima. Más de 150 personas trabajan para sofocar la conflagración, según el mayor Fernando Vélez, comandante de la Defensa Civil.https://t.co/qVSnCpbdgu pic.twitter.com/FQR2vqBy4T

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 9, 2026

Bomberos y comunidad apoyan las labores de control de incendio en Payandé

En Payandé, los equipos de emergencia trabajan para contener el avance del fuego mientras se monitorea su comportamiento. En las primeras jornadas de atención también fueron reportados vehículos y unidades de bomberos provenientes de Ibagué para reforzar las labores en el terreno.

La cercanía con la planta de Cemex aumenta la atención sobre esta emergencia, debido a que la zona hace parte del área de influencia de las operaciones mineras y de producción de cemento de la compañía en Payandé. La ANLA mantiene seguimiento ambiental al proyecto de explotación de calizas que Cemex desarrolla en este corregimiento de San Luis.

#Tolima | 🚨 Una emergencia por incendio forestal se registra en la finca Altamira, en el corregimiento de Payandé, aproximadamente 500 metros antes de la planta de Cemex. Según la comunidad, las llamas avanzan hacia zonas donde se encuentran varias viviendas.

🔥 Los habitantes… pic.twitter.com/YujjNFsPJH

— El ⭕lfato (@Elolfato) September 7, 2026

Por ahora, los organismos de socorro mantienen el operativo concentrado en evitar que el incendio siga avanzando. Las condiciones del terreno y la extensión de la zona afectada son algunos de los factores que dificultan las labores de control, mientras las autoridades permanecen atentas a cualquier cambio en el comportamiento de las llamas.

De la Espriella defendió públicamente el decreto argumentando que “no hay derecho que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”. Este enfoque, según él, atendía una deuda pendiente con quienes respetan la ley, pues antes, incluso contando con el permiso individual para portar armas, no era posible llevarlas consigo en espacios públicos sin una autorización adicional, resultado de una suspensión general aplicada en todo el país. Ahora, con el Decreto 1368, esa restricción queda eliminada y se restablece la vigencia de los permisos ya expedidos, mientras las autoridades militares están obligadas a tomar las medidas necesarias para activar de nuevo esos permisos.

La medida ha abierto debates profundos sobre su impacto en la seguridad nacional. Analistas en temas de seguridad y conflicto han destacado la trascendencia de esta decisión en un contexto complejo como el que vive actualmente Colombia. Aunque el decreto no permite que cualquier persona salga armada a la calle —solo beneficia a quienes tienen permiso vigente—, se interpreta como una señal clara del gobierno hacia el fortalecimiento de la defensa personal y la confianza en los ciudadanos responsables. Sin embargo, la polémica también se sostiene en la preocupación de expertos que advierten sobre las implicaciones que podría tener en una coyuntura donde el control de armas ilegales sigue siendo uno de los mayores retos para el gobierno.

Según información referenciada en El Espectador, la reactivación de los permisos obliga a las fuerzas militares a reglamentar nuevamente los procedimientos para el porte legal y a vigilar de cerca que no se presenten abusos. Por ahora, la discusión queda abierta mientras el país analiza los efectos inmediatos y a mediano plazo de este viraje en la política de seguridad nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dice el Decreto 1368 sobre el porte de armas en Colombia?

El Decreto 1368, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, elimina la suspensión general de los permisos para portar armas en Colombia. Esto significa que las personas que ya tenían un permiso de porte vigente pueden volver a utilizarlo sin solicitar la autorización especial requerida durante la restricción, según información publicada por El Espectador.

¿Quiénes pueden portar armas legalmente en Colombia tras la firma del Decreto 1368?

Tras la firma del Decreto 1368, únicamente pueden portar armas aquellas personas que cuenten con un permiso de porte vigente. No se trata de una autorización generalizada para toda la población, sino de la reactivación de los permisos legales previamente otorgados, siempre bajo el control de las autoridades militares.

Figuras de distintas bancadas se pronunciaron en defensa de Carol Borda y exigieron un pronunciamiento claro por parte del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro. La senadora Jennifer Pedraza fue enfática al señalar que, aunque mantiene profundas diferencias ideológicas con Borda, nunca justificará la violencia ni la descalificación por razones de juventud o género. Pedraza expresó su solidaridad y rechazo a lo que consideró actitudes machistas, solicitando una respuesta institucional del Pacto Histórico.

Desde el mismo movimiento, la representante Laura Beltrán subrayó la importancia de defender principios y condenar acciones que, a su juicio, reproducen dinámicas de infantilización hacia las mujeres, incluso cuando no comparten posiciones políticas. Beltrán señaló que ha debatido tanto interna como externamente la relevancia de abordar temas de género en el partido y resaltó la necesidad de condenar ataques que ninguna mujer debería enfrentar en el escenario político.

El senador Enrique Gómez, por su parte, rechazó el trato recibido por Borda y enfatizó que diferencias políticas no pueden ser excusa para faltar al respeto, especialmente en un contexto donde los apelativos buscan menospreciar a las mujeres. A estos señalamientos se sumaron muestras de solidaridad de otros congresistas, como Daniel Briceño y la senadora Andrea Padilla, quien instó directamente a Ocampo a ofrecer disculpas, recalcando el esfuerzo que implica para las mujeres abrirse espacio en el debate público.

Hasta el momento, Alejandro Ocampo no se ha pronunciado de manera pública sobre los hechos ni ha presentado una disculpa oficial.

¿Qué ocurrió entre Alejandro Ocampo y Carol Borda en el Congreso?

Durante un debate sobre el Fondo Milagro, el senador Alejandro Ocampo calificó a la representante Carol Borda de mentirosa y la llamó “niña”. Esto fue interpretado como una actitud misógina e infantilista, lo que desencadenó reacciones de solidaridad hacia Borda y solicitudes de un pronunciamiento oficial del Pacto Histórico.

¿Por qué se considera misógina la actitud del senador Alejandro Ocampo?

Lo que generó las críticas fue que, en vez de responder a los argumentos de Carol Borda, Ocampo recurrió a términos que buscan minimizarla por su condición de mujer y juventud. Diversas voces señalaron que estas actitudes reproducen formas de machismo al descalificar a mujeres en espacios de poder político.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La primera etapa tras el sismo movilizó a toda la nación en una respuesta urgente para buscar sobrevivientes, remover escombros, distribuir alimentos y organizar albergues. Una vez superada esa emergencia inicial, se presentan nuevos desafíos, especialmente en el campo educativo. Según el Ministerio, la prioridad presente debe centrarse en permitir el regreso de los estudiantes a un entorno escolar, incluso si este debe ser provisorio. La escuela no solo constituye un espacio de aprendizaje, sino también un lugar esencial para la protección, la alimentación y el acompañamiento social de las nuevas generaciones.

La situación es particularmente crítica para la niñez y la adolescencia. La interrupción de la rutina escolar afecta su bienestar físico y emocional, y las exposiciones derivadas del desplazamiento o la falta de acceso a la escuela incrementan riesgos como la deserción, el reclutamiento por grupos armados y la explotación sexual. Además, en ausencia de la escuela, los estudiantes pueden terminar aislados, recurriendo a dispositivos electrónicos como única compañía, justo en un momento de alta vulnerabilidad donde requieren apoyo presencial y comunitario.

Especialmente preocupante es el caso de los más pequeños, quienes necesitan mayor protección. Los entornos de albergues o espacios con hacinamiento aumentan la exposición al abuso sexual, el maltrato y la negligencia, incluso si se trata de espacios compartidos con personas conocidas.

Por eso, diversas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se destaca Red PaPaz, han puesto a disposición del Gobierno su experiencia, recursos y equipos de trabajo en terreno, con la meta de que los estudiantes retornen a clases presenciales antes del 29 de septiembre, fecha que marca cincuenta días desde el sismo. Señalan que una escuela temporal, lejos de ser una solución de menor valor, representa el principal espacio de estabilidad, protección y esperanza en medio de la emergencia. Asimismo, subrayan la importancia de que toda inversión del sector educativo priorice condiciones seguras para la presencialidad, siguiendo el aprendizaje de la pandemia sobre la necesidad de la educación presencial, especialmente cuando las familias enfrentan la reconstrucción de sus vidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas sedes educativas resultaron gravemente afectadas por el terremoto según el Ministerio de Educación Nacional?

Según el Ministerio de Educación Nacional, 3.891 sedes educativas fueron perjudicadas por el terremoto del 10 de agosto, de las cuales 811 presentaron daños críticos. Esta magnitud impacta directamente a 1,2 millones de estudiantes, cuya educación y protección integral están en riesgo.

¿Por qué es importante regresar a clases presenciales luego de una emergencia como un terremoto?

El regreso a clases presenciales es fundamental porque la escuela, además de garantizar el aprendizaje, proporciona protección, alimentación escolar y apoyo emocional. La ausencia prolongada de la rutina educativa expone a la niñez y la adolescencia a riesgos como la deserción escolar, el reclutamiento forzado y la explotación, según lo destacan organizaciones de la sociedad civil como Red PaPaz.

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Rubio aseguró que el gobierno de Estados Unidos tiene una postura de respetar la soberanía colombiana y que no puede hacer un avance militar sin permiso de la administración de turno. No obstante, no se cerró a la idea y dijo que es posible analizarla.

“Esto es territorio soberano colombiano, nosotros no podemos abrir una base militar, tienen que invitarnos a hacerlo. Hay que estudiar si eso es factible. En muchos casos son bases que tenemos en común, así que si eso se propone, tendrá que ser con las autoridades colombianas y que nos hayan pedido eso”, aseguró el secretario de Estado durante una atención a medios.

El miembro del gabinete de Trump agregó que esta idea también dependerá de un análisis de poner una base militar en Colombia y si es conveniente para Estados Unidos. Eso sí, confirmó que su país cooperará con el Gobierno de De la Espriella para confrontar grupos terroristas y criminales como el Eln o las diversas estructuras de las disidencias de las Farc.

Además, Rubio ve posibles alianzas triples entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela para hacer frente a las guerrillas y otras estructuras delincuenciales que se esconden entre la frontera de los últimos países mencionados.

Su reconocimiento nacional llegó con el título de Defensora del Año, otorgado en el Premio Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, para Velásquez Briceño, este camino no nació de la búsqueda de liderazgo, sino de la respuesta a una profunda herida personal: a los 14 años, perdió a su único hermano varón, de tan solo cinco años, tras un asesinato perpetrado por la entonces organización armada conocida como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Según sus propias palabras para El Espectador, el dolor se amplificó por la "indiferencia y el silencio institucional". Tres años después, la tragedia se repitió: Gabriel Torres Oquendo, su padre de crianza y pescador artesanal, fue asesinado en la misma región del Magdalena Medio y su cuerpo arrojado al río Magdalena, siendo finalmente enterrado como un N. N. (sigla para ‘No Nombrado’, es decir, sin identificar).

Ese cúmulo de pérdidas impulsó a Velásquez Briceño a transformar su dolor en acompañamiento de otras mujeres que, tras la violencia, quedaron viudas, perdieron hijos o esposos, o encontraron a sus seres queridos en el río, e incluso a quienes nunca lograron hallarlos. Su trabajo trascendió poco a poco el apoyo comunitario para incorporar la protección a la naturaleza y al territorio, pues como ella misma afirma, la defensa de los derechos humanos también involucra luchar por quienes no tienen voz: “la naturaleza y el territorio”. De ese modo, el reconocimiento que hoy recibe es solo parte de un proceso de resistencia y persistencia, que ella misma invita a continuar, al advertir que no abandonará su lucha.

¿Quién es Yuly Andrea Velásquez Briceño y por qué fue premiada como Defensora del Año?

Yuly Andrea Velásquez Briceño es una líder social nacida entre Puerto Casabe y Barrancabermeja, marcada por experiencias de violencia familiar y un firme compromiso en la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. Su papel como presidenta de Fedepesan y su apoyo a víctimas la llevaron a recibir el premio Defensora del Año en el Premio Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo con El Espectador.

¿Qué significa ser reconocido como N. N. y por qué es relevante en la historia de Velásquez?

La sigla N. N. se usa para referirse a personas ‘No Nombradas’ o sin identificar al momento de ser halladas y enterradas. En el contexto de Velásquez Briceño, su padre de crianza fue asesinado y arrojado al río Magdalena, y finalmente fue sepultado como un N. N., lo que evidencia la gravedad de la violencia y la desatención institucional que enfrentaron estas comunidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Movice denunció públicamente ante la comunidad nacional e internacional que estos líderes recibieron un mensaje de texto, supuestamente enviado por un integrante del Clan del Golfo, también identificado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). El contenido del mensaje los declara como objetivo militar y les impone un ultimátum de 73 horas para abandonar el territorio. Esta amenaza ha intensificado el ambiente de incertidumbre y temor en Montes de María, una zona históricamente afectada por la violencia y el desplazamiento.

En un comunicado, el Movice enfatizó que "quienes hoy están siendo amenazados son personas que han decidido permanecer en sus territorios, organizarse y defender la vida, la tierra, la memoria y los derechos de las víctimas de crímenes de Estado". Según el movimiento, silenciar a estos líderes es también un intento de frenar los procesos organizativos que las comunidades han forjado durante años. Además de la denuncia, el Movice exigió acciones inmediatas por parte del Gobierno Nacional, la Unidad Nacional de Protección y las autoridades competentes para proteger no solo a los líderes, sino también a sus familias y comunidades. Esta exigencia se extiende a la Fiscalía General de la Nación, a la que piden investigar el origen de las amenazas y dar con los responsables.

Al finalizar su pronunciamiento, el Movice instó a las organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos, organismos internacionales y a la sociedad colombiana a rodear y respaldar a los liderazgos amenazados, de modo que puedan continuar su labor sin miedo a la persecución, estigmatización o nuevas amenazas.

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¿Quiénes son los líderes sociales amenazados en Montes de María y qué acciones se están exigiendo para su protección?

Los líderes sociales amenazados en Montes de María son Argemiro Lara, Lácides Palme, Leder, Candelaria Barrios, José Marrugo, Osvaldo Contreras y Andrés Narváez, todos reconocidos por su defensa de los derechos humanos y de los territorios. Según el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), se ha solicitado al Gobierno Nacional, la Unidad Nacional de Protección y a la Fiscalía General de la Nación que tomen medidas inmediatas de protección, investiguen las amenazas y fortalezcan las garantías de seguridad para estos y otros líderes sociales.

¿Qué es el Clan del Golfo y cómo se relaciona con las amenazas recibidas por los líderes sociales?

El Clan del Golfo, también denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), es mencionado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado como el presunto autor de las amenazas enviadas a líderes en Montes de María. A través de un mensaje de texto, el grupo ilegal declaró como objetivos militares a los defensores y les exigió salir del territorio en 73 horas, lo que ha provocado alarma en las comunidades y presión sobre las autoridades para que brinden protección efectiva.

Durante sus declaraciones, Rubio explicó que Trump estaría interesado en encontrarse con el presidente colombiano, especialmente por la relación que ambos han construido desde que De la Espriella llegó a la Casa de Nariño. “Al presidente (Trump) le encantaría (…) El presidente de Colombia ha hecho una promesa, de que no iba a viajar al extranjero, así que tuviese que traer al presidente Trump a Colombia”, afirmó el funcionario estadounidense.

#Atención “Al presidente le encantaría (…) El presidente de Colombia ha hecho una promesa, de que no iba a viajar al extranjero, así que tuviese que traer al presidente Trump a Colombia”, dijo Marco Rubio, secretario de Estado, sobre un posible encuentro entre los presidentes… pic.twitter.com/J2yj3x3iMD

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 8, 2026

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El secretario de Estado también habló de la relación personal entre los dos mandatarios y contó que Trump tiene especial admiración por De la Espriella. “El presidente es un fanático del ‘Tigre’, como él le dice, y quisiera reunirse con él. (…) Todo es posible, no está programado hasta este momento, pero ya han hablado por teléfono un par de veces, y sé que el presidente está muy entusiasmado con su elección y con lo que esto puede representar para nuestras relaciones con los países”, señaló.

Por ahora, no existe una fecha oficial ni una agenda confirmada para una visita de Trump a Colombia. Sin embargo, las declaraciones de Rubio abren una posibilidad que podría convertirse en uno de los próximos acontecimientos de mayor peso en la relación entre Bogotá y Washington.

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La eventual visita también llegaría después de una reunión de alto nivel entre De la Espriella y Rubio en Barranquilla, donde ambos gobiernos abordaron seguridad, lucha contra el narcotráfico, comercio, energía y cooperación bilateral. En ese encuentro, Colombia y Estados Unidos además suscribieron memorandos de entendimiento sobre minerales críticos y cooperación nuclear civil.

Así, la posibilidad de que Trump llegue a Colombia queda planteada como un siguiente paso en una relación que los dos gobiernos buscan fortalecer. Por ahora, la invitación está en el aire y la fecha, si llega a concretarse, todavía es una incógnita.

“Los últimos 4 años han sido una aberración entre los gobiernos, pero esto es algo que va a cambiar”, sostuvo el representante de la diplomacia estadounidense tras concluir su encuentro con el presidente Abelardo De La Espriella.

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Críticas al gobierno Petro de Marco Rubio

De acuerdo con lo expresado por Rubio en la capital del Atlántico, la actual administración colombiana recibió un panorama complejo en materia de gestión y seguridad pública.

“Desafortunadamente, este gobierno ha heredado una serie de desastres, malas decisiones que se hicieron. Ustedes están enfrentando los errores de los últimos 4 años y tienen que arreglar eso”, aseveró.

El secretario de Estado añadió que este escenario se sumó a las afectaciones por el reciente terremoto, aunque enfatizó en que existen oportunidades para recomponer la agenda conjunta.

En sus declaraciones, Rubio también resaltó que la obligación principal de cualquier Ejecutivo es garantizar la seguridad de la ciudadanía y celebró los avances en esa materia.

Asimismo, expresó su satisfacción por regresar al territorio nacional y proyectó un cambio positivo en el trabajo coordinado entre Washington y Bogotá.

“Me encanta estar en un país que ha sido nuestro aliado más fuerte en la región durante muchos años, y esperamos no solamente restaurar eso, pero también crear una época dorada de relación entre nuestros dos países”, concluyó.

El documento establece un marco de cooperación para asuntos relacionados con la exploración, procesamiento y comercio de minerales considerados importantes para las cadenas de suministro. Entre ellos aparecen las tierras raras, un grupo de 17 elementos químicos, además del litio, cobre y tungsteno.

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El punto clave es que el memorando no significa que Estados Unidos obtenga derechos sobre los recursos colombianos. Cada país conserva la soberanía sobre sus minerales y el acuerdo tampoco garantiza inversiones específicas ni autoriza la explotación de determinados yacimientos.

#Atención El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el canciller colombiano, Omar Bula, firmaron dos memorandos de entendimiento en materia de cooperación estratégica civil en materia nuclear y para el aseguramiento de las cadenas de suministro en la minería de… pic.twitter.com/3bOrEx7CnF

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 8, 2026

¿Por qué entonces resulta relevante? De acuerdo con El Tiempo, Washington busca reducir su dependencia de China en estos mercados. Durante 2025, China concentró cerca del 80 por ciento de la producción mundial de tungsteno, mientras que en las tierras raras tuvo alrededor del 60 por ciento de la minería y cerca del 90 por ciento de la separación y refinación en 2024.

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Así las cosas, Estados Unidos viene impulsando acuerdos similares con distintos países para diversificar esas cadenas de suministro, consideradas fundamentales para sectores como la tecnología, la defensa y la transición energética.

El medio también señaló que los acuerdos conocidos con otros países muestran que estos memorandos pueden incluir cooperación técnica, promoción de inversiones, agilización de permisos y mecanismos para proteger los mercados. El pacto con Australia, por ejemplo, contempló compromisos financieros por al menos 1.000 millones de dólares en proyectos de cada país.

Por ahora, el acuerdo colombiano funciona como una declaración de intenciones y no como un contrato de explotación. Cualquier proyecto concreto deberá pasar posteriormente por las normas, autoridades y procesos correspondientes en Colombia y Estados Unidos.

Si bien hubo claridad en que el trabajo va encaminado de manera bilateral para combatir los problemas de seguridad y migración, el presidente de Colombia soltó una solicitud que reconoció es de su interés.

“Hay un tema que me toca el corazón y se lo dije al secretario, usted sabe que aquí [Barranquilla] hace años tuvimos un consulado. Pues le pido de corazón, como hijo de esta región, que nos abra un consulado de los Estados Unidos en Barranquilla, la capital alterna de Colombia, y el Gobierno colombiano se compromete a poner la sede. Necesitamos que se estudie esa posibilidad, querido secretario porque es un anhelo de muchos años”, indicó el mandatario.

De hecho, De la Espriella insistió en esa alternativa para que el gobierno estadounidense considere esa solicitud en la que fue enfático y que impactaría al norte del territorio colombiano.

“Primero hubo consulado en Barranquilla y luego en Bogotá y después nos quitaron el de Barranquilla, así que las cosas tienen que volver al orden primigenio y esperamos volver a tener aquí, en curramba la bella, en Barranquilla, el consulado americano”, remarcó.

Vale la pena aclarar que el presidente colombiano y el Secretario de Estado se conocen desde antes de que el reciente ganador de las elecciones llegara a la política nacional, según contó el antes congresista estadounidense.

Incluso, Abelardo de la Espriella y Marco Rubio tuvieron un cálido abrazo como saludo en la llegada a Barranquilla, lo que confirma que su relación tiene una solidez personal antes de estos cargos gubernamentales.

¿Para qué sirve un consulado y qué requisitos debe cumplir?

Un consulado sirve como representación administrativa oficial de un Estado en el extranjero para proteger los derechos e intereses de sus ciudadanos residentes en el territorio receptor.

Esta oficina consular tramita pasaportes, visados de ingreso, registros civiles, notariados, legalizaciones de documentos y asistencia de emergencia a compatriotas detenidos o afectados por desastres naturales.

Asimismo, la sede diplomaticoadministrativa fomenta activamente el desarrollo del intercambio comercial, económico, cultural y científico entre la nación representada y las comunidades locales donde opera.

Para establecer un consulado formal, los gobiernos deben cumplir condiciones jurídicas estrictas estipuladas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

El requisito primordial exige el consentimiento mutuo expreso entre el Estado que envía la delegación y el Estado receptor que albergará la infraestructura diplomática correspondiente.

Ambas naciones firmantes deben definir de común acuerdo la sede física consular, su clasificación administrativa y la circunscripción territorial exacta asignada para sus funciones legales.

Posteriormente, el país emisor nombra al jefe de la oficina consular mediante la expedición formal de una Carta Patente firmada por las autoridades competentes del Ejecutivo.

Finalmente, el gobierno receptor debe otorgar la autorización oficial denominada Exequátur, documento indispensable que faculta legalmente al cónsul para ejercer sus labores en dicha jurisdicción.

La apertura requiere instalaciones físicas con las garantías de seguridad pertinentes y el nombramiento de personal calificado que goce de las inmunidades consulares estipuladas internacionales.

Esta oficina actúa como puente institucional permanente para coordinar la movilidad internacional de ciudadanos y respaldar el cumplimiento directo de los acuerdos bilaterales de migración.

Las dos administraciones monitorean constantemente la efectividad operativa del consulado instalado para garantizar una atención fluida a los usuarios que solicitan los trámites legales.

Queda sobre la mesa si Estados Unidos avanza con la solicitud de Abelardo de la Espriella para que Barranquilla tenga un consulado, lo que sería un paso clave en el territorio colombiano.

Desde el sector financiero, Asobancaria y Colombia Fintech han solicitado que se mantenga la tarifa actual de 14 por mil, argumentando que una mayor carga tributaria podría redundar en créditos más costosos y en un posible traslado de operaciones hacia municipios con impuestos más bajos, afectando la competitividad de la ciudad. Los gremios sostienen que esto generaría efectos sobre los hogares, empresas y emprendedores, e incluso alertan sobre impactos en el empleo y la base tributaria local. Sin embargo, no presentaron cálculos concretos sobre el incremento de tasas de interés o el volumen de operaciones que migrarían de la ciudad.

La Secretaría Distrital de Hacienda respondió que el sector financiero actualmente tributa por debajo del promedio de la mayoría de actividades económicas en Bogotá, con una tarifa efectiva de ICA del 6,6 % frente al 9,9 % general. Además, la entidad recordó que el ICA pagado puede deducirse en su totalidad del impuesto de renta nacional, según lo dispuesto en el artículo 115 del Estatuto Tributario. También comparó la tarifa propuesta para Bogotá con la de otras capitales, como Barranquilla y Tunja (30 por mil) y Cali (25 por mil), donde no se ha registrado disminución en el recaudo, aunque el comunicado no ofrece detalles sobre las series históricas correspondientes.

Respecto a los temores sobre el encarecimiento del crédito, Hacienda informó que las condiciones financieras solicitadas a bancos para créditos hipotecarios no dependen de la ciudad sino del comportamiento crediticio del cliente. Sin embargo, no se revelaron detalles del banco consultado ni características del producto ejemplificado. Además, la entidad aseguró que la obligación de tributar en Bogotá está determinada por criterios legales de territorialidad, por lo que las entidades financieras no tendrían libertad discrecional para trasladar operaciones con el fin de pagar menos impuestos en otros municipios.

Un aspecto adicional del debate involucra los pagos digitales procesados por la infraestructura pública Bre-B. Aunque Colombia Fintech solicitó que se aclare el alcance de las retenciones de ICA sobre estas operaciones, la Secretaría de Hacienda aseguró que el proyecto elimina la retención para pequeños comercios en pagos con tarjetas, pero no especificó si esto incluye transferencias mediante Bre-B. El desenlace de este tema dependerá del texto final aprobado en el Concejo.

El incremento del ICA financiero es solo uno de los apartados de la reforma, que también prevé modificaciones en otras actividades económicas, alumbrado público inteligente y alivios para morosos. En este momento, el futuro de la medida depende del debate y sanción del Concejo de Bogotá.

¿Qué efectos podría tener el aumento del ICA financiero en Bogotá para los usuarios de servicios bancarios?

El posible aumento del ICA financiero en Bogotá podría traducirse, según advierten Asobancaria y Colombia Fintech, en un encarecimiento de los productos bancarios como créditos, afectando a hogares y empresas. Sin embargo, tanto los gremios como la Secretaría de Hacienda no entregaron cifras precisas ni estudios detallados que cuantifiquen este impacto en las tasas de interés o en los costos finales para el usuario.

¿Qué es Bre-B y por qué es relevante en la discusión sobre retenciones del ICA?

Bre-B es una infraestructura pública diseñada para facilitar pagos inmediatos de manera digital. Su relevancia en la discusión radica en que Colombia Fintech solicitó claridad sobre si las retenciones del ICA propuestas afectarían las operaciones realizadas a través de esta plataforma, especialmente para pequeños comercios, pues esto podría impactar el uso de medios electrónicos y el avance hacia la formalización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El plan, según lo informado, contempla la construcción de una infraestructura médica de más de 15.000 metros cuadrados, con una inversión superior a los 135.000 millones de pesos. Este dinero se destinará no solo a levantar el edificio, sino también a dotarlo de tecnología médica, equipos y mobiliario necesarios para la atención de sus usuarios. El proyecto representa una apuesta significativa por modernizar y fortalecer el sistema de salud de la Policía Nacional en la región.

De acuerdo con la información oficial, la nueva clínica ofrecerá servicios esenciales como urgencias, cirugía, hospitalización, laboratorios clínicos, apoyo diagnóstico y rehabilitación física. Estos servicios permitirán atender a más de 30.000 usuarios del Sistema de Salud de la Policía Nacional, una población conformada principalmente por policías activos, veteranos y sus familias, que ahora podrán acceder a una atención médica más cercana y especializada. Además, la operación de la clínica estará a cargo de cerca de 300 funcionarios, cifra que refleja la magnitud de la prestación de servicios prevista. Cabe destacar que la clínica también recibirá pacientes remitidos desde otras regiones, lo que la convertirá en un referente de salud policial a nivel nacional.

Durante la ceremonia oficial de entrega, la alcaldesa Johana Aranda no ocultó su satisfacción y enfatizó la importancia social del proyecto, al manifestar: “Me emociona profundamente pensar en lo que este lugar va a significar. Detrás de cada policía hay una familia que merece ser protegida. Cuidar a quienes nos cuidan es una manera de construir seguridad”. Con estas palabras, resaltó el valor que tiene proteger la salud de los uniformados y sus familias, un aspecto fundamental para fortalecer la seguridad en Ibagué y el Tolima.

¿Cuáles serán los servicios principales de la nueva clínica de la Policía en Ibagué?

La clínica ofrecerá servicios integrales de salud, como urgencias, cirugía, hospitalización, laboratorios clínicos, apoyo diagnóstico y rehabilitación física, de acuerdo con la información publicada oficialmente por la alcaldía. Estos servicios están destinados a los miembros del Sistema de Salud de la Policía Nacional y sus familias.

¿Quiénes podrán acceder a la atención médica en la nueva clínica de la Policía en Ibagué?

La atención estará dirigida a los más de 30.000 usuarios del Sistema de Salud de la Policía Nacional, lo que incluye policías activos, pensionados, sus familias y, eventualmente, pacientes que sean remitidos desde otras regiones del país, de acuerdo con la información proporcionada por la alcaldía y el Concejo Municipal.

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Entre los puntos centrales del acuerdo figuran el intercambio de información, el uso de herramientas biométricas para la identificación de personas requeridas, el desmantelamiento de redes de tráfico de migrantes y el fortalecimiento de los controles fronterizos.

El mandatario colombiano fue enfático al señalar que la posición de su país no es contraria a la migración como fenómeno, sino a su modalidad irregular. “No estamos en contra de la migración, estamos en contra de la migración ilegal, que es ciertamente un tema que a mí me toca el corazón”, afirmó de la Espriella durante su intervención junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

(Vea también: ¿Qué es el “plan patriota siglo XXI” que propuso De la Espriella a EE. UU.? Es muy ambicioso)

En el mismo acto, el jefe de Estado destacó que la política exterior del país parte de principios de soberanía, autonomía y pragmatismo, y que esos valores son compatibles con el fortalecimiento del vínculo bilateral.

“Colombia se relaciona con el mundo desde sus propios intereses nacionales, con soberanía, autonomía, pragmatismo y visión de largo plazo. Y en eso estamos perfectamente conectados con los Estados Unidos”, sostuvo.

¿Qué implica el uso de herramientas biométricas en el acuerdo migratorio Colombia-EE.UU.?

La biometría permitirá identificar con mayor precisión a personas requeridas por autoridades y facilitar el cruce de datos entre ambos países para desarticular redes de tráfico de migrantes. Esta tecnología es considerada uno de los pilares del nuevo esquema de cooperación, pues fortalece la capacidad de respuesta en puntos fronterizos con información verificable y en tiempo real.

Esta es la intervención de Rubio y de De la Espriella ante medios de comunicación:

No obstante, su carrera militar también está marcada por cuestionamientos serios. De acuerdo con investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Zuluaga López figura en informes relacionados con una ejecución extrajudicial perpetrada el 14 de abril de 2004 en Ortega, Tolima, en la que fue asesinado el líder indígena José Rubiel Malambo, quien posteriormente fue presentado como baja en combate. Para ese momento, Zuluaga López era comandante de la Regional de Inteligencia Militar número 5 (RIME 5), donde su unidad produjo documentos que vinculaban a integrantes de la Unión Patriótica (UP), sindicalistas y líderes sociales con la guerrilla de las Farc, lo que facilitó persecuciones y asesinatos. Según las declaraciones ante la JEP de dos soldados implicados en el crimen, Zuluaga habría participado en una reunión donde se impartieron instrucciones específicas para dar con Malambo y sus acompañantes.

La JEP señaló que listas entregadas por la RIME 5, comandada por Zuluaga, sirvieron para que grupos paramilitares identificaran objetivos de asesinato, incluyendo militantes de la UP. A pesar de estos acusaciones, Zuluaga, consultado por Caracol Radio en 2024, afirmó haber actuado siempre bajo la ley y aseguró tener la conciencia tranquila, dispuesto a responder ante cualquier requerimiento de la justicia.

La trayectoria del oficial no solo se asocia a estos episodios. Como segundo comandante de la Escuela de Inteligencia Charry Solano y director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec), Zuluaga también estuvo involucrado en el escándalo de la “Operación Andrómeda” en 2014, una central de inteligencia militar cubierta bajo fachada, donde se indagó si se había excedido el marco de la ley en la interceptación de comunicaciones de opositores políticos y negociadores del proceso de paz en La Habana. Zuluaga fue relevado mientras avanzaban las investigaciones sobre la legalidad de estas actividades, aunque siempre negó cualquier responsabilidad en hechos irregulares.

En suma, la hoja de vida de Zuluaga López lo muestra como uno de los militares más formados en inteligencia, aunque no exenta de controversias judiciales y éticas que siguen sin resolver ante la justicia.

¿Quién es el general retirado Jorge Andrés Zuluaga López y cuál ha sido su papel en la inteligencia militar de Colombia?

Jorge Andrés Zuluaga López es un general en retiro del Ejército colombiano con extensa experiencia en inteligencia militar, destacando como comandante de la Regional de Inteligencia Militar No. 5, segundo comandante de la Escuela de Inteligencia Charry Solano y director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército. Lideró la participación en la Operación Jaque y fue asesor militar ante la Organización de Estados Americanos en Estados Unidos, pero su carrera se ha visto empañada por investigaciones judiciales sobre ejecuciones extrajudiciales y presuntas actividades de inteligencia ilegal.

¿Por qué la JEP investiga a Zuluaga López y qué significa una “ejecución extrajudicial”?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investiga al general retirado Zuluaga debido a su presunta participación en una ejecución extrajudicial ocurrida en 2004, cuando era comandante de RIME 5, en la que fue asesinado un líder indígena y presentado falsamente como baja en combate. Una ejecución extrajudicial es el asesinato de una persona cometido por agentes del Estado sin el cumplimiento de garantías legales ni el debido proceso, generalmente ocultándolo como muerte legítima o en combate.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

(Vea también: Estos son los acuerdos que lograron De la Espriella y Rubio durante visita en Barranquilla)

Durante su intervención, el mandatario aseguró que Colombia quiere recuperar el papel de principal aliado de seguridad de Estados Unidos en la región y reiteró que su Gobierno está dispuesto a destinar recursos propios para sacar adelante el proyecto, aunque espera el respaldo de Washington para fortalecer las capacidades operativas del país.

¿Qué es el “plan patriota siglo XXI” que propuso De la Espriella?

De acuerdo con lo expuesto por el presidente, el “plan patriota siglo XXI” busca actualizar la capacidad militar de Colombia para responder a las amenazas que enfrenta el país en la actualidad.

En su discurso explicó que los desafíos del siglo XXI requieren herramientas distintas a las de décadas anteriores y, por esa razón, propuso una estrategia conjunta con Estados Unidos para fortalecer la defensa nacional.

“Las amenazas del siglo XXI exigen nuevas capacidades”, afirmó De la Espriella al presentar la iniciativa ante Marco Rubio.

El mandatario agregó que Colombia quiere consolidarse nuevamente como el principal socio de seguridad hemisférica de Estados Unidos en Suramérica y construir una cooperación basada en compromisos verificables por ambas partes.

¿Qué contempla el “plan patriota siglo XXI”?

Según explicó el jefe de Estado, la iniciativa incluye una modernización integral de las Fuerzas Militares y de los organismos de seguridad.

Entre los componentes mencionados se encuentran:

• Modernización de aviones.
• Fortalecimiento de radares.
• Incorporación de drones.
• Sistemas antidrones.
• Modernización de helicópteros.
• Defensa aérea.
• Inteligencia estratégica.
• Ciberdefensa.
• Fortalecimiento de fuerzas especiales.
• Mantenimiento y recuperación de la capacidad operativa.

De la Espriella sostuvo que Colombia pondrá recursos para ejecutar estas inversiones, pero espera contar con el respaldo de Estados Unidos para desarrollar estas capacidades.

¿Qué anunció De la Espriella sobre el narcotráfico y la seguridad?

Durante su intervención, el mandatario también planteó un endurecimiento de la estrategia contra el narcotráfico.

En ese sentido, afirmó que su Gobierno buscará atacar toda la cadena del negocio ilegal, desde los cultivos ilícitos hasta las redes internacionales de lavado de activos.

Además, anunció que retomará la fumigación de cultivos ilícitos y que las autoridades concentrarán sus esfuerzos en destruir laboratorios, perseguir a los cabecillas de las organizaciones criminales y afectar sus finanzas.

De la Espriella señaló igualmente que Colombia asumirá metas anuales e indicadores verificables para demostrar avances en la lucha contra el narcotráfico y destacó la puesta en marcha del programa Escudo de las Américas, cuya sede estará en Medellín.

Finalmente, lanzó una advertencia contra las organizaciones criminales al asegurar que quienes no se sometan a la justicia serán enfrentados por la Fuerza Pública “como en derecho corresponde”, insistiendo en que su Gobierno mantendrá una política de confrontación directa contra el crimen organizado.

De acuerdo con los datos proporcionados por la organización, el taller ‘Cuerpo Origen’ busca propiciar un proceso de reconciliación y reivindicación personal a partir del movimiento. La metodología propuesta se enfoca en una ruta pedagógica que abarca diferentes etapas: abrir, respirar, centrar, fortalecer, escuchar e integrar. A través de estas fases, las y los participantes podrán profundizar en la presencia corporal, entendiendo el cuerpo como un lugar de confianza, consciencia y cuidado, más allá de los estándares de rendimiento o belleza.

El espacio también incorpora prácticas de movimiento, técnicas de respiración, ejercicios de fortalecimiento y momentos de meditación. Estas actividades tienen como propósito devolver la dignidad al cuerpo y promover una visión más amable y consciente de sí mismo o sí misma, alejándose de la presión por cumplir moldes estéticos o funcionales. Otro aspecto fundamental del taller es el desarrollo de la sensibilidad y la escucha atenta, permitiendo recuperar la capacidad de sentir y confiar en la inteligencia corporal.

La conducción del taller estará a cargo de Catalina Olaya, quien ha dedicado su vida profesional y personal a explorar las artes escénicas y las prácticas corporales. Su perfil destaca por una formación diversa, que abarca estudios en Economía y Antropología Social, combinados con experiencia en gimnasia artística, música, canto lírico, teatro, danza, Taiji Quan, Pilates y yoga.

El evento forma parte de las diversas iniciativas de Idartes para promover el acceso libre a la cultura y el bienestar en Bogotá, ofreciendo actividades gratuitas para quienes buscan espacios de encuentro y transformación personal. La invitación está abierta para la comunidad interesada en habitar el cuerpo con mayor conciencia, tal como lo promueve Idartes en su agenda cultural.

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¿Cómo inscribirse en el taller ‘Cuerpo Origen’ en la Casona de la Danza de Bogotá?

Para acceder al taller ‘Cuerpo Origen’ es necesario realizar una inscripción previa. La entrada es gratuita pero, de acuerdo con Idartes, solo podrán participar quienes se registren anticipadamente a través del enlace oficial facilitado por la entidad. El cupo es limitado y la inscripción es esencial para asegurar la participación en las sesiones.

¿Cuál es el enfoque del taller ‘Cuerpo Origen’ y qué beneficios propone para los asistentes?

El taller ‘Cuerpo Origen’ está orientado a favorecer la reconciliación con el cuerpo mediante prácticas que incluyen movimiento, respiración y meditación. Se aleja de la búsqueda del rendimiento o la estética y prioriza el autoconocimiento, la dignidad corporal y la escucha interna como bases para el bienestar y la presencia consciente, de acuerdo con la información oficial de Idartes.

Esta es la primera visita oficial con la actual administración en territorio colombiano, por lo que hay interés general por el resultado del encuentro entre ambos países en esta nueva etapa.

Lo cierto es que salió a flote un llamativo regalo que la pareja sentimental de la mano derecha de Donald Trump recibió de parte del Museo del Carnaval en Barranquilla, un detalle colorido del que hay foto.

Rubio llegó al mencionado lugar con la compañía de Ana Lucía Pineda, primera dama de la Presidencia, y en ese recorrido se les unió Katia Nule, primera dama de Barranquilla.

El diario El Heraldo indicó que también vieron múltiples elementos del carnaval como vestidos de las reinas, coronas, fotos y elaboraciones de artesanos y hacedores del tradicional evento barranquillero.

“Estamos muy complacidos con la visita de Jeanette Rubio y de Ana Lucía, nuestra primera dama de Colombia. Estaban interesadas en conocer el museo, esta obra de arte, este ícono de nuestra ciudad”, aseguró Nule.

El periodista Efraín Hernández, de Caracol Radio, mostró a través de la cuenta de X (antes conocido como Twitter) de esa emisora colombiana la imagen de lo que parece ser un plato y varios portavasos alusivos a la fiesta carnavalera de la capital del Atlántico.

Este es el detalle que le entregaron a Jeanette Rubio, esposa de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, tras su visita al Museo del Carnaval en Barranquilla. @Efrain_HS https://t.co/qVSnCpbdgu pic.twitter.com/xcY43AMcXH

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 8, 2026

La curiosidad del recuerdo que se lleva la esposa de Marco Rubio tiene una huella especial, precisamente por las raíces colombianas que ella tiene y que ahora revive en esta visita al país.

“Estuvimos visitando los tres pisos y explicándoles qué hay en cada piso, qué significa el Carnaval de Barranquilla para nosotros los barranquilleros, qué joyas tenemos aquí, nuestros hacedores, todas las personas que hacen parte del Carnaval y, por supuesto, las reinas del Carnaval”, afirmó la primera dama de Barranquilla, replicada por El Heraldo. Agregó: “Quedaron encantadas con el Museo del Carnaval”.

De hecho, Jeanette Rubio expresó la gratitud por esa oportunidad para conocer detalles locales en un recorrido especial, en el marco del encuentro de su esposo con el presidente colombiano.

“Gracias por compartir la increíble belleza, la alegría y la rica tradición del Carnaval de Barranquilla. Tu pasión y tu talento son verdaderamente inspiradores. Es un honor rendir homenaje a este extraordinario hogar de la cultura y la herencia cultural”, aseveró.

Incluso, la esposa del funcionario recibió una invitación especial para que regrese a Barranquilla, con la recomendación de que lo haga cerca a la realización del tradicional carnaval.

El encuentro entre Estados Unidos y Colombia tiene un foco claro en fortalecer la seguridad regional, de acuerdo con lo que dio a conocer el propio funcionario luego de la primera reunión con el mandatario.

Jeannete Rubio es una filántropa y exanimadora estadounidense de ascendencia colombiana, reconocida públicamente por ser la esposa de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos.

Nació en Miami, Florida, en 1973. Es hija de padres colombianos; su padre, Luis Ernesto Dousdebes, era oriundo de Bogotá, y su madre, María Elena Giraldo, nació en Cali.

Conoció a Marco Rubio durante su adolescencia en Miami y se casaron en 1998. Tienen cuatro hijos: Amanda, Daniella, Anthony y Dominick.

Estudió diseño de modas, trabajó en el sector bancario y formó parte del equipo de animación de los Miami Dolphins en la década de 1990.

Ha mantenido históricamente un perfil reservado respecto a la política de partido, enfocando su trabajo en causas sociales. Ha liderado proyectos filantrópicos como la Bramania Foundation e integrado el Consejo Estatal contra la Trata de Personas en Florida.

Según las directrices informadas por el DNP, el RUI se nutre de la combinación de diversas fuentes de datos, con lo que busca estimar de manera más precisa tanto los ingresos como las condiciones socioeconómicas de cada familia. Pese a los temores que han surgido, las autoridades han reiterado que no es obligatorio solicitar una nueva encuesta si ya se cuenta con una registrada a través del Sisbén, pues el traspaso de plataforma tecnológica no exige que los ciudadanos repitan el trámite. De este modo, quienes ya están registrados en Sisbén mantendrán su permanencia en el sistema durante esta transición.

La actualización de datos en el RUI sí es ineludible en dos situaciones específicas: cuando la información del hogar se encuentra desactualizada y ya no representa la situación real del núcleo familiar, o cuando se produce un cambio de residencia. Dependiendo del tipo de mudanza, existen procedimientos diferenciados. Si el nuevo domicilio se encuentra dentro del mismo municipio, la actualización de datos debe gestionarse por los canales dispuestos por el Sisbén local. En el caso de que el traslado sea entre municipios diferentes, la solicitud de la encuesta debe dirigirse a la administración del Sisbén del nuevo municipio.

Es clave señalar, de acuerdo con la explicación oficial, que el hecho de pertenecer al RUI no equivale a la entrega automática de un subsidio estatal; el sistema funciona como un instrumento de medición para caracterizar la situación económica de la población, lo que permite una distribución más justa y transparente de los apoyos sociales. Por esta razón, se exhorta a los ciudadanos a reportar cualquier cambio relevante en su situación socioeconómica o de domicilio ante la respectiva oficina del Sisbén o mediante los canales virtuales autorizados, garantizando así que la información registrada responda con exactitud a su realidad y facilitando la correcta asignación de los beneficios que ofrecen los programas sociales.

¿Cuáles son los requisitos para actualizar los datos del Sisbén al registro universal de ingresos?

Para actualizar la información en el registro universal de ingresos, solo es obligatorio hacerlo en dos casos: si la situación socioeconómica del hogar cambia de manera relevante respecto a la información registrada, o si hay un cambio de residencia. En ambos escenarios, la actualización se gestiona en la oficina del Sisbén local o por medios virtuales, según establecen las directrices del departamento nacional de planeación.

¿El traspaso del Sisbén al RUI implica perder los beneficios sociales existentes?

No, el traspaso del Sisbén al RUI no supone la pérdida automática de ningún beneficio social. De acuerdo con la información oficial, el sistema de RUI continúa reconociendo los registros previamente realizados en Sisbén y solo exige nuevas encuestas en situaciones puntuales como desactualización de datos o cambio de residencia.

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Rubio aterrizó cerca de la 1:00 p. m. en la zona de vuelos privados del aeropuerto Ernesto Cortissoz, cuya operación fue suspendida temporalmente como parte del protocolo de seguridad dispuesto para la llegada de la delegación estadounidense. Posteriormente, el funcionario se trasladó en helicóptero hasta el Batallón Paraíso, sede alterna de la Presidencia en Barranquilla.

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Allí fue recibido por De la Espriella y la primera dama, Ana Lucía Pineda, en una ceremonia que incluyó honores militares. El encuentro comenzó en horas de la tarde y reunió a las delegaciones de Colombia y Estados Unidos alrededor de una agenda con varios asuntos sensibles para la relación bilateral.

Anuncios que dejó la reunión entre Marco Rubio y Abelardo de la Espriella

Entre los temas previstos estuvieron la cooperación en seguridad, la lucha contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y la delincuencia transnacional. También estuvieron sobre la mesa la innovación, el intercambio comercial y las posibilidades de ampliar los vínculos económicos entre ambos países.

La reunión también dejó la firma de dos memorandos de entendimiento que amplían la cooperación bilateral en sectores estratégicos. Los acuerdos están enfocados en el aseguramiento de las cadenas de suministro de energía, minerales críticos y tierras raras, así como en fortalecer la cooperación estratégica y civil entre ambos países en materia nuclear.

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Por su parte, Marco Rubio señaló que todavía hay un amplio camino de trabajo conjunto entre ambos países. El funcionario sostuvo que el Gobierno colombiano recibió una situación compleja, marcada por decisiones que calificó como equivocadas durante los últimos cuatro años, además de las consecuencias de un terremoto que describió como trágico.

“Desafortunadamente, este gobierno ha heredado una serie de desastres, malas decisiones que se hicieron”, agregó.

De la Espriella también se refirió a los retos de su Gobierno ante el terremoto del pasado 10 de agosto y resaltó la cooperación de EE. UU. en este aspecto. El mandatario colombiano destacó que Estados Unidos ha aportado hasta ahora 26,5 millones de dólares en asistencia humanitaria y ha brindado apoyo frente a los incendios que afectan al Tolima. Según señaló, ningún otro país ha respaldado a Colombia en la misma medida y, por eso, planteó avanzar de la ayuda durante la emergencia hacia una asociación estratégica de largo plazo.

La visita tuvo además un componente político especial. Se trata del primer viaje de un funcionario de alto rango de la Administración de Donald Trump a Colombia desde la llegada de De la Espriella a la Presidencia, hace un mes. Antes del encuentro, Rubio calificó al mandatario colombiano como un aliado de Estados Unidos.

El canciller Omar Bula aseguró que la reunión abre una nueva etapa en el vínculo con Washington y señaló que Colombia buscará defender sus intereses bajo principios de “respeto mutuo, la soberanía y la defensa”. Según el ministro, el Gobierno llevará tres prioridades: cooperación en seguridad contra el narcotráfico, fortalecimiento del intercambio comercial y defensa de los “valores compartidos”.

El funcionario explicó su propuesta durante su intervención en las Comisiones Económicas del Congreso: “No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo. Campesinos, despectivos. Aquí vamos a elevar el estatus a los que producen los alimentos del país. ¿Oyeron? Empresarios del campo”.

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Dangond también anunció una reducción de 10.000 contratos que, bajo su evaluación, no serían necesarios y representarían más de $ 560.000 millones. La intención, explicó el ministro, es dirigir esos recursos hacia inversiones relacionadas directamente con el sector rural.

Entre las prioridades de la nueva administración aparecen los pozos profundos y la mecanización para pequeños productores. Estas medidas cobrarían especial importancia ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño, con temperaturas que, según las proyecciones mencionadas por el ministro, podrían llegar a los 38 grados y estar acompañadas de menos lluvias.

#Política | El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, aseguró ante las Comisiones Económicas del Congreso que el término campesino “es despectivo”, por lo que se les llamará “pequeños empresarios”.

Vía: @jimmyavilahttps://t.co/qRQodC5OyZ pic.twitter.com/irkili2rx8

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 8, 2026

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Sobre el estado de la entidad que recibió, Dangond utilizó una particular comparación: “Recibimos el Ministerio de Agricultura en sala de urgencias y lo que vamos a hacer en 2027 es normalizar el paciente”. Además, anunció una revisión del seguro agropecuario y una investigación sobre su funcionamiento.

Otro de los puntos que puso sobre la mesa fue la compra y adjudicación de tierras. El ministro aseguró que encontró obligaciones pendientes cercanas a $1,4 billones y cuestionó el mecanismo empleado para adquirir predios y luego entregarlos a comunidades rurales.

De acuerdo con Albert Ortíz, docente de la Universidad del Valle y miembro de la Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica, las edificaciones de esa época suelen tener problemas significativos en sus elementos no estructurales, como particiones y muros divisorios fabricados con materiales frágiles, aunque fortificados en concreto. Esta debilidad puede traducirse en daños considerables ante eventos sísmicos, pues la flexibilidad excesiva de estas estructuras facilita afectaciones que, en su momento de construcción, no fueron previstas bajo los parámetros de amenaza sísmica vigente.

Ortíz enfatizó que la emergencia evidenció la urgente necesidad de actualizar y reforzar no solo viviendas, sino también inmuebles comerciales e industriales de la ciudad. Según el experto, motivos económicos y logísticos han retrasado las intervenciones requeridas, pero el reciente movimiento telúrico demostró la magnitud del problema: “lo que pasó con este sismo es que desnudó una gran cantidad de necesidades de actualización y de reforzamiento de estructuras residenciales, comerciales, industriales, que no se han hecho por diferentes razones, motivos económicos, motivos de logística, etc”, explicó.

En este contexto, Ortíz es enfático en señalar la importancia de una política pública conjunta que involucre propietarios, instituciones, sector privado y academia. Propone una estrategia de ciudad basada en el conocimiento técnico actual, viendo el sismo reciente como una oportunidad para tomar medidas coordinadas que reduzcan el riesgo sísmico y aseguren la integridad de quienes habitan y trabajan en Cali.

¿Por qué las edificaciones construidas entre 1980 y 2000 en Cali son más vulnerables frente a los sismos?

Las edificaciones levantadas entre las décadas de 1980 y 2000 en Cali presentan mayor vulnerabilidad frente a los sismos porque, de acuerdo con el análisis de la Universidad del Valle, fueron construidas bajo normativas que no contemplaban la intensidad sísmica actual de la ciudad. Esto ha resultado en estructuras con elementos no estructurales, como muros y particiones, hechos con materiales frágiles, lo que las hace susceptibles a daños severos durante movimientos telúricos intensos.

¿En qué consiste una política pública para reducir el riesgo sísmico en Cali?

Una política pública orientada a reducir el riesgo sísmico en Cali, según indica Albert Ortíz, debe coordinar acciones entre propietarios, instituciones, empresas y la academia. El objetivo es desarrollar intervenciones técnicas justificadas que refuercen las edificaciones existentes, utilizando el conocimiento adquirido a partir de eventos recientes para definir prioridades y estrategias destinadas a prevenir tragedias futuras.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un comunicado en el que especificó la motivación de la visita del funcionario del Gobierno Trump a territorio colombiano.

“Las administraciones de Trump y De la Espriella están revitalizando la amistad bicentenaria entre Estados Unidos y Colombia para devolverla al lugar que le corresponde: el eje central de la seguridad y la cooperación económica en nuestra región”, indicó en primera instancia.

Lo cierto es que el encuentro no pretende simplemente un saludo diplomático, sino que quedó sobre la mesa cuáles son las intenciones de ambas partes para fortalecerse.

“Más allá de ofrecer promesas vagas, nuestro compromiso económico se centra en inversiones directas que mejoran la vida cotidiana y generan empleo formal para el pueblo colombiano. A través del próximo Diálogo Bilateral de Prosperidad, estamos canalizando inversión del sector privado estadounidense hacia la infraestructura energética, logística y de transporte de Colombia”, indicó.

En esa misma línea, se planteó la manera en la que los estadounidenses darán un respaldo frente a uno de los retos naturales que tiene el Gobierno de De la Espriella en los próximos meses.

“Las empresas estadounidenses que operan en el país están ampliando activamente la oferta de empleos bien remunerados, lo que brinda una alternativa económica clara frente a las economías informales e ilícitas explotadas por redes criminales, al tiempo que ayudan a Colombia a afrontar los desafíos derivados del fenómeno de El Niño“, señaló.

Uno de los aspectos determinantes en el que ambos países coinciden también queda sobre la mesa para la reunión entre Rubio y el presidente colombiano en Barranquilla.

“Complementamos estas herramientas económicas con apoyo directo en materia de seguridad. La asistencia de Estados Unidos —que incluye capacitación, equipamiento y apoyo operativo— ayuda a las autoridades colombianas a consolidar el control territorial en zonas históricamente dominadas por grupos narcoterroristas que siembran el terror en comunidades de Colombia, Estados Unidos y toda la región”, advirtió.

De igual manera, luego de la tragedia por el sismo de 7.4 en el territorio colombiano, se recordó el respaldo previsto para destacar la colaboración entre ambas partes.

“Estados Unidos responde presente porque eso es lo que hacen los verdaderos aliados. Tras el devastador terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto, la administración Trump proporcionó de inmediato más de 27 millones de dólares en ayuda de emergencia”, remarcó el Departamento de Estado.

El remate del comunicado dejó en evidencia que el Gobierno Trump va en la misma línea que De la Espriella frente a la situación migratoria, aspecto en el que el mandatario profundizó en las últimas semanas.

“Asimismo, la nueva postura de Colombia respecto a la seguridad fronteriza y el freno a la inmigración ilegal sirve de modelo para la cooperación regional. Las alianzas que ahora se gestan en Ecuador y Perú se basan en un modelo cuya eficacia Colombia ha contribuido a demostrar a lo largo de dos décadas”, sentenció.

Cabe recordar que la llegada de Marco Rubio a Colombia es parte de una gira regional desde el 8 hasta el 10 de septiembre, en la que se da un paso determinante de cara a la política de Estados Unidos con esta zona del continente americano.

Este es un cambio significativo luego de las diferencias marcadas que hubo entre Trump y Gustavo Petro, lo que llevó a momentos de tensión entre ambos líderes y que obligó a un intenso trabajo diplomático para recuperar los diálogos entre los gobiernos de ambos países.

Esta es la publicación en la que se divulgó en comunicado del Departamento de Estado:

This week, @SecRubio will travel to Barranquilla, Quito, and Lima to highlight a clear, actionable commitment on behalf of President Donald Trump and the American people: the United States delivers. pic.twitter.com/x6QRVtkpPb

— Department of State (@StateDept) September 8, 2026

El proceso gira en torno a un contrato por 32 millones de dólares para el mantenimiento de la flotilla de helicópteros Mi-17, de fabricación rusa, del Ejército colombiano. Este contrato fue adjudicado de manera directa a la empresa estadounidense Vertol Systems el 31 de diciembre de 2024. De acuerdo con la Fiscalía, la evaluación realizada a la propuesta de Vertol señalaba que dicha compañía no cumplía con los requisitos técnicos ni contaba con la experiencia necesaria, sin embargo, se le permitió ganar el proceso. El año siguiente, el Ministerio de Defensa sancionó a Vertol por incumplimientos contractuales con una multa de 33.700 millones de pesos colombianos.

La investigación señala que Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, junto a Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie, vinculados a Vertol, habrían coordinado un plan para favorecer la adjudicación del contrato. Según la Fiscalía, entre septiembre y octubre de 2024 estos contratistas lograron concertar con diversos servidores públicos del Ministerio de Defensa, quienes facilitaron un esquema ilegal para direccionar los términos del proceso contractual.

Particularmente, el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte habría insistido en varias ocasiones al representante de Vertol para que se presentara a la licitación e, incluso, habría extendido plazos y flexibilizado requisitos a su favor. Por su parte, Diego Alejandro Manrique Cabezas, aliado con Rincón Ricaurte, habría implementado un requisito económico a la medida de la firma. Finalmente, la participación de Hugo Alejandro Mora Tamayo habría sido crucial para adaptar los requisitos de contratación y asegurar que Vertol resultara beneficiada, aún sabiendo que la empresa carecía de capacidades y experiencia.

Tras ganar el contrato, Vertol incumplió nuevamente en 2025 al no presentar las pólizas exigidas, solicitar prórrogas y modificar los pagos para recibir un anticipo de más de 69.000 millones de pesos. Esta conducta derivó en una nueva sanción por parte del Ministerio de Defensa. Ahora, los tres exfuncionarios deben responder por presuntos delitos como interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública y peculado por apropiación. El caso también avanza contra el exviceministro Suárez Soto y otros implicados, con una próxima audiencia de acusación.

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¿Cuáles son los cargos que la Fiscalía imputó a los exfuncionarios del Ministerio de Defensa?

La Fiscalía imputó a los exfuncionarios del Ministerio de Defensa los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública y peculado por apropiación, todo en conexión con la adjudicación irregular del contrato a la empresa Vertol Systems.

¿Por qué fue sancionada la empresa Vertol Systems tras obtener el contrato para helicópteros Mi-17?

Vertol Systems fue sancionada por el Ministerio de Defensa debido a incumplimientos en el desarrollo del contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17. La empresa no aportó las pólizas requeridas, solicitó prórrogas y cambios en las condiciones de pago para recibir un anticipo millonario, lo cual derivó en la imposición de una millonaria multa.

Con el respaldo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), la administración local dispuso brigadas especializadas para realizar un inventario presencial, vivienda por vivienda, en las zonas más afectadas. Según directrices de la UNGRD, este censo presencial es la única manera válida de determinar el estado de habitabilidad de cada inmueble y de establecer si la estructura es considerada habitable, no habitable, averiada o dañada. Este procedimiento es clave para poder tomar decisiones técnicas y evitar interpretaciones subjetivas sobre la gravedad de los daños sufridos.

Frente a la inquietud frecuente sobre los stickers de habitabilidad que se adhieren en las fachadas, la alcaldía y la UNGRD aclaran que cualquier propietario insatisfecho con el dictamen recibido puede controvertir la decisión. Para iniciar este proceso, debe presentar un dictamen elaborado por ingenieros estructurales o patólogos certificados, en el cual se expongan los fundamentos técnicos sobre la condición del inmueble. Además, si los dueños realizan, de forma voluntaria, las mejoras estructurales recomendadas tras la primera inspección, pueden solicitar una actualización de la clasificación asignada.

En lo relacionado con los apoyos económicos y humanitarios, la inclusión en el Registro Único de Familias en Emergencia no garantiza automáticamente todos los beneficios financieros. Según lo estipulado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, los subsidios temporales de vivienda solo se otorgarán a quienes estén inscritos en el Registro Único de Damnificados (RUD) y posean dictamen técnico de inhabitabilidad o destrucción total de la vivienda. Sin embargo, la ayuda humanitaria básica, como kits de alimentos y de higiene, sí está asegurada para todas las personas registradas en la base de datos de damnificados.

Finalmente, las autoridades exhortan a la ciudadanía a confirmar la identidad de los funcionarios municipales encargados del censo. Todos deben portar prendas oficiales que los distingan, lo cual es crucial para prevenir suplantaciones o robos. Se recomienda reportar cualquier anomalía a los canales oficiales para proteger la seguridad colectiva.

¿Cómo se puede impugnar el sticker de habitabilidad si no se está de acuerdo?

Si un propietario considera incorrecta la clasificación de su vivienda según el sticker de habitabilidad, tiene derecho a presentar un informe técnico privado elaborado por ingenieros estructurales o patólogos debidamente certificados. Este dictamen debe detallar las razones por las cuales se solicita un cambio en la clasificación, permitiendo que la administración municipal reevalúe la condición del inmueble y tome una decisión actualizada basada en fundamentos técnicos.

¿Qué requisitos se deben cumplir para recibir apoyo económico por daño en vivienda en Cali?

De acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, solo los ciudadanos registrados en el Registro Único de Damnificados (RUD) y cuyas viviendas hayan sido catalogadas como no habitables o totalmente destruidas mediante dictamen técnico, podrán acceder al auxilio económico temporal para vivienda. El simple registro en el listado de familias en emergencia no otorga automáticamente este beneficio, aunque sí permite el acceso a ayuda humanitaria básica.

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De acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Movilidad, la actual rotación del pico y placa empezó a regir el 1 de julio. El horario de restricción para este semestre es de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., de manera continua. La rotación establecida dicta que los lunes corresponde a los vehículos con placas terminadas en 9 y 0; los martes a las terminadas en 1 y 2; los miércoles, 3 y 4; los jueves, 5 y 6; y los viernes, 7 y 8. Es importante destacar que, entre el 1 y el 3 de julio, la Secretaría implementó una etapa pedagógica antes de iniciar la imposición de comparendos desde el 6 de julio, conforme lo anunció la entidad en sus canales oficiales.

Un punto relevante para los conductores es que el denominado “pico y placa solidario”, modalidad que permitía excepciones mediante contribuciones económicas durante la emergencia provocada por el sismo, dejó de estar vigente. Así lo explicó Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad Distrital, argumentando que, tras avances en la reconstrucción y mejoramiento de la ciudad, las restricciones se normalizaron y hoy operan con el esquema clásico de dos dígitos por día.

Por otro lado, la Secretaría de Movilidad confirmó que la ciudad ha reducido sustancialmente el número de cierres viales implementados tras el terremoto. Inicialmente se establecieron 52 puntos bloqueados, pero en la actualidad solo se mantienen 12, concentrados principalmente en sectores como las inmediaciones de la Plaza de Toros, la intersección de la carrera 44 con la calle Novena y algunos puntos neurálgicos del centro. Entre las novedades figura la reapertura de la calle Quinta, uno de los corredores más emblemáticos y utilizados de Cali, cuya habilitación fue aprobada por la Secretaría de Riesgos tras evaluaciones técnicas para garantizar la seguridad vial.

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¿Cuál es el horario actual del pico y placa en Cali para septiembre de 2026?

El horario del pico y placa para Cali, según la Secretaría de Movilidad, es de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. de manera continua. Esta disposición rige para los vehículos particulares y se mantiene activa de lunes a viernes, según la rotación semanal que indica los dos últimos dígitos de la placa restringidos cada día.

¿En qué consiste el pico y placa solidario y por qué ya no se aplica en Cali?

El 'pico y placa solidario' era una medida especial que permitía a los conductores eximirse de la restricción a cambio de una contribución económica, adoptada inicialmente tras el terremoto. Según el secretario de Movilidad, Sergio Javier Moncayo, esta excepción ya no aplica porque la ciudad ha avanzado en la reconstrucción y la movilidad volvió al esquema tradicional de dos dígitos por día.

“Antioqueños: las Farc de ‘Calarcá’ siguen sembrando terror”, manifestó Rendón en un mensaje en el que se refirió directamente a las intimidaciones contra los alcaldes de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos. Según indicó, la estructura también pretende declarar como “objetivo militar” a ciudadanos, líderes y servidores públicos.

(Vea también: “‘Iván Mordisco’ no va a sobrevivir a este Gobierno”: ministro de Defensa advirtió al criminal)

El gobernador expresó su respaldo a los mandatarios locales y aseguró que no pueden enfrentar solos las amenazas de los grupos criminales. “Los alcaldes no están solos: toda la capacidad del Estado debe rodearlos y garantizar que puedan gobernar sin intimidaciones de criminales”, afirmó.

Rendón aprovechó su pronunciamiento para hacer un llamado directo al Gobierno Nacional y pedir mayor respaldo para las autoridades de los municipios amenazados. El mandatario de Antioquia insistió en la necesidad de reforzar las acciones de seguridad para proteger tanto a los alcaldes como a las demás personas que han sido objeto de intimidaciones.

Finalmente, el gobernador pidió una ofensiva contra todas las organizaciones criminales que operan y amenazan a la población en el departamento. “Sin importar el brazalete con el que pretendan justificar sus delitos”, concluyó Rendón, al exigir que se neutralicen los grupos armados responsables de sembrar miedo entre las comunidades antioqueñas.

Antioqueños: las Farc de Calarcá siguen sembrando terror. Esta vez, señalan directamente a los alcaldes de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos, y pretenden declarar “objetivo militar” a ciudadanos, líderes y servidores públicos.

Los Alcaldes no están solos:…

— Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 7, 2026

Según información compartida por la UNGRD, la idea es que este ejercicio permita anticiparse a la ocurrencia de un desastre, validando las estrategias, protocolos y mecanismos de decisión de distintos actores sociales. Como lo señaló Tamayo, “las emergencias que hemos vivido recientemente en Colombia nos recuerdan una lección fundamental: prepararnos es anticiparnos a la ocurrencia de un desastre”. Este énfasis en la prevención se traduce en un simulacro dirigido no solo a entidades públicas y privadas, sino también a empresas, organizaciones sociales, instituciones educativas y familias, con el fin de revisar cómo se están gestionando las comunicaciones, la coordinación y las estrategias de autoprotección.

La Circular 79 del 31 de agosto de este año, citada en el comunicado oficial, establece que cada entidad territorial podrá seleccionar el escenario y las capacidades a evaluar, siempre teniendo en cuenta los riesgos específicos, las responsabilidades propias y las necesidades de preparación. El ejercicio dará inicio a las 10:00 de la mañana y tiene como objetivo evaluar las medidas existentes y establecer si se requiere mejorar algún aspecto.

De acuerdo con la agenda informada, hacia las 2:00 de la tarde del mismo día, las alcaldías y gobernaciones deberán ejecutar una simulación adicional. Esta parte del simulacro está destinada a validar lo que se denominan las Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias (ETRE), comprobando la adecuada coordinación, la toma de decisiones, la circulación de información y la activación de capacidades institucionales. David Santiago Tamayo enfatizó que el ejercicio irá mucho más allá de una evacuación tradicional, subrayando: “buscamos validar, decidir y mejorar. Vamos a evaluar nuestros planes, protocolos, mecanismos de coordinación y nuestra capacidad para tomar decisiones ante una emergencia”.

¿Qué es el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias y quiénes participan en Colombia?

El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias es una jornada planificada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que moviliza a entidades públicas, privadas, organizaciones comunitarias, instituciones educativas, familias y la ciudadanía en general. Su propósito es fortalecer la preparación y la respuesta frente a emergencias en el país, permitiendo verificar y mejorar las estrategias de prevención y reacción.

¿Cómo se organiza y evalúa el simulacro nacional según la UNGRD?

De acuerdo con la información divulgada por la UNGRD, cada entidad territorial escoge el escenario de riesgo y las capacidades que desea evaluar, conforme a sus particularidades. El simulacro incluye ejercicios de preparación, autoprotección, comunicación y coordinación; además, las alcaldías y gobernaciones tienen la tarea de simular respuestas institucionales mediante las Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias (ETRE) para comprobar procesos de toma de decisiones y gestión de información.

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El relato de Zapata inicia con los incidentes derivados de un accidente sufrido mientras trabajaba en el campo. Tras recibir un golpe en la garganta, comenzó a solicitar atención médica a su Entidad Promotora de Salud (EPS). Sin embargo, de acuerdo con su relato, el acceso a los servicios de salud fue complicado, lo que le obligó a buscar alternativas. Finalmente, recibió atención médica en el Hospital Federico Lleras Acosta, centro al que llegó luego de sortear obstáculos para recibir la atención requerida por parte de su EPS. Posteriormente, le diagnosticaron cáncer en la garganta, lo que agravó aún más su estado y su urgencia por recibir atención oportuna.

Sumado a la problemática sanitaria, Zapata resaltó el contexto familiar en el que vive. De acuerdo con sus declaraciones, es padre de dos hijos, de los cuales uno tiene una discapacidad. La otra menor, según mencionó, adelanta estudios y ha mostrado avances positivos. En medio de estas circunstancias, aseguró que las limitaciones económicas han empeorado: debe pagar arriendo y, según manifestó, le resulta difícil cubrir las necesidades alimentarias de sus hijos. "Necesito plata para el arriendo, necesito comida para mis hijos”, afirmó el hombre, en un llamado directo al presidente.

Además, Zapata manifestó que recientemente fue desalojado de la vivienda donde residía. Señaló que el procedimiento contó con la participación de integrantes de la Policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), un inspector y funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El tolimense también indicó que es víctima de desplazamiento desde 2010 y que las circunstancias actuales lo han llevado a sentirse nuevamente desplazado.

Dentro de su testimonio, explicó que requiere dispositivos médicos instalados y procedimientos especializados pendientes. Expresó especial preocupación al indicar que una cita médica importante solo le fue asignada hasta el 21 de octubre, lo que dilata la atención que necesita. Por eso, hizo un llamado al mandatario nacional para que agilice las cirugías requeridas y le brinde ayuda directa con gastos básicos, como vivienda y alimentación. “Quiero que usted ponga la mano en el corazón”, solicitó Zapata en su mensaje final.

¿Por qué Omar Zapata solicita ayuda al presidente Abelardo De La Espriella?

Omar Zapata pidió ayuda al presidente debido a la combinación de problemas médicos graves, dificultades en el acceso al sistema de salud, desalojo y una situación económica precaria que afecta especialmente a sus hijos. Aseguró sentirse revictimizado y desplazado nuevamente por la falta de soluciones integrales y urgentes a sus necesidades.

¿Qué instituciones participaron en el desalojo de Omar Zapata?

De acuerdo con el relato de Omar Zapata, en el desalojo de su vivienda participaron efectivos de la Policía, miembros del Esmad, un inspector y funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes estuvieron presentes durante el procedimiento.

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La incertidumbre y la preocupación han llevado a la familia a hacer pública su situación, solicitando de manera urgente la colaboración de la comunidad para poder ubicarlo. El apoyo ciudadano resulta fundamental en este tipo de casos, teniendo en cuenta que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ayudar a definir el lugar donde se encuentra el joven. De acuerdo con lo manifestado por sus seres queridos, continúan expectantes, esperando algún indicio o información certera sobre su situación actual.

Como parte de este llamado, los familiares de Juan Ramiro Díaz Rojas pidieron a quienes puedan haberlo visto, o tengan alguna información relevante, que se comuniquen directamente al número 320 706 4114. Destacaron que toda noticia o pista recibida puede ser crucial en la tarea de búsqueda. Además, enfatizaron la importancia de compartir la información sobre la desaparición en redes sociales y diferentes espacios de comunicación, con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda y sensibilizar a la mayor cantidad de personas posible.

El caso de Díaz Rojas se suma a otros episodios similares en los que la colaboración de la ciudadanía ha sido decisiva. En situaciones como esta, la difusión masiva puede hacer la diferencia para las familias que mantienen la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos. Los allegados de Juan Ramiro insisten en la importancia de unir esfuerzos para encontrarlo y agradecen a quienes ya han colaborado con información y apoyo en este difícil momento.

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¿Qué hacer si conoce el paradero de Juan Ramiro Díaz Rojas?

Si usted cuenta con información sobre la ubicación de Juan Ramiro Díaz Rojas, debe comunicarse de inmediato al número 320 706 4114. Según lo informado por sus familiares, cualquier dato es fundamental para la búsqueda y pueden ayudar a que la familia lo localice lo antes posible.

¿Por qué es importante compartir la información sobre la desaparición de Juan Ramiro Díaz Rojas?

Compartir la información sobre la desaparición de Juan Ramiro Díaz Rojas puede extender el alcance de la búsqueda y aumentar las posibilidades de que alguien que haya visto al joven aporte datos relevantes. La familia considera vital la solidaridad de la comunidad y la difusión responsable para reunir información y lograr resultados positivos.

La mayoría de las viviendas colapsaron o recibieron daños severos, lo que implicó que varias familias perdieran tanto sus hogares como gran parte de su patrimonio. No solo las casas resultaron perjudicadas, sino también los negocios que sustentaban la economía local. Jorge Torres, uno de los damnificados, compartió que, ante la destrucción total de la panadería familiar, el sustento diario de la familia quedó comprometido. En sus palabras: “Toca volver a levantar siquiera este pedacito acá donde era el negocio para subsistir. Nosotros vivíamos de esto, de la panadería. Hay que armar siquiera esto, hay que habilitar el negocio para tener el sustento de cada día”.

La emergencia también agudizó otros problemas, como el difícil acceso a la zona debido al estado de las vías rurales, lo que complicó la atención y el ingreso de ayuda. Además, el sismo provocó la interrupción temporal de varios servicios básicos, lo que incrementó la vulnerabilidad de los habitantes de La Florida, quienes quedaron a la espera de asistencia humanitaria para cubrir sus necesidades inmediatas, según se reportó en la información recopilada sobre la crisis.

Un caso representativo es el de María Torres, quien expresó la tristeza de ver su hogar demolido. Relató: “Fue un momento fuerte para todos porque estamos acostumbrados a estar todos juntos. De un momento a otro, ver demoler las propiedades, ver confusión de la gente y ver personas que se tenían que ir porque no tienen dónde vivir. Es bastante complicado”. Este testimonio evidencia el golpe emocional y social causado por la pérdida de viviendas y espacios compartidos, fundamentales para la identidad y los recuerdos colectivos de la comunidad.

En medio de la adversidad, los habitantes de La Florida han iniciado con sus propios medios la reconstrucción de viviendas y negocios, buscando recuperar sus espacios y actividades usuales. No se lamentan víctimas fatales, pero sí la profunda ausencia que dejaron las casas, al perderse también una parte esencial de la historia e identidad de este corregimiento.

¿Cuáles fueron los principales daños que dejó el sismo en el corregimiento de La Florida?

El sismo en el corregimiento de La Florida, en Versalles, causó daños en cerca del 90 % de la infraestructura de la zona, incluyendo el colapso total o parcial de viviendas y afectaciones severas en locales comerciales. Además, se presentaron interrupciones en servicios y dificultades de acceso, lo que complicó la atención inmediata a las familias damnificadas.

¿Cómo están enfrentando los habitantes de La Florida el proceso de reconstrucción después del terremoto?

De acuerdo con testimonios de los habitantes, como los de Jorge y María Torres, la comunidad inició la reconstrucción de viviendas y negocios con sus propios recursos. La población enfrenta el reto de recuperar su patrimonio y rutinas a pesar de la destrucción, la falta de servicios y las condiciones difíciles de acceso por las vías rurales afectadas.

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La controversia gira en torno al presunto delito de revelación de secreto. Las pesquisas fueron motivadas por los comentarios que hizo el entonces ministro Jaramillo durante un Consejo de Ministros celebrado en febrero, en el que compartió públicamente detalles sensibles sobre el cuadro clínico y la atención recibida por Kevin Acosta tras un accidente.

Durante su intervención en el mencionado Consejo, Jaramillo explicó que Kevin padecía hemofilia y que había sufrido una caída mientras montaba bicicleta, actividad que, según el exministro, debía ser restringida en pacientes con dicha enfermedad debido al alto riesgo de traumatismos. El relato aportado por Jaramillo detalló que el menor fue hospitalizado entre el 7 y el 9 de enero en el departamento del Huila; posteriormente fue trasladado en avioneta hasta Bogotá, donde fue ingresado al Hospital La Misericordia. La familia de Kevin Acosta ha manifestado su inconformidad por la atención recibida, señalando posibles fallas en el manejo médico durante el proceso de atención al menor.

En su declaración, Jaramillo subrayó la importancia de investigar a profundidad los hechos que causaron el fallecimiento de Kevin y resaltó la necesidad de esperar los resultados oficiales de la autopsia, puntualizando: "Ningún niño se puede morir por negligencia, ni médica, ni porque le falte un medicamento".

Este caso pone en el centro del debate la protección de los datos médicos y la responsabilidad de los funcionarios públicos al comunicar información sobre ciudadanos, especialmente en situaciones tan delicadas como la muerte de un menor.

¿Por qué la Fiscalía investiga a Guillermo Alfonso Jaramillo por la historia clínica de Kevin Acosta?

La Fiscalía General de la Nación inició la investigación contra el exministro Jaramillo por presunta revelación de secreto, ya que él divulgó detalles de la historia clínica y la atención médica recibida por Kevin Acosta durante un Consejo de Ministros. Este caso llamó la atención sobre la protección de la información confidencial de los pacientes y la obligación de los funcionarios de mantener la reserva de datos personales.

¿Qué significa el delito de revelación de secreto en Colombia?

El delito de revelación de secreto consiste en divulgar información que debe permanecer reservada, como datos de historia clínica. En Colombia, difundir información médica sin permiso o justificación puede considerarse un delito, especialmente cuando involucra menores o información sensible, como sucedió en el caso de Kevin Acosta según la investigación citada por la Fiscalía.

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Desde hace varios años, el Gobierno mantenía vigente una suspensión general que impedía a los titulares de permisos de porte ejercer ese derecho, salvo que tramitaran una autorización especial e individual ante la autoridad militar competente.

Con el nuevo decreto, esa autorización especial adicional desaparece. En la práctica, quienes cuenten con un permiso de porte de armas de fuego vigente y sin restricciones individuales —es decir, sin suspensión, cancelación, revocatoria, vencimiento o alguna prohibición legal o judicial— podrán ejercer el porte sin necesidad de trámites adicionales.

(Vea también: Sale a la luz nuevo lío en Gobierno Petro por millonario déficit en armamento del Ejército)

Lo que el decreto aclara que no significa

El propio texto es explícito en marcar los límites de la medida, no crea nuevos derechos ni amplía el universo de personas autorizadas a portar armas, tampoco constituye una autorización general para el porte de armas de fuego.

En otras palabras, el decreto no abre la puerta a nuevos permisos, sino que el Gobierno elimina un trámite extra que existía desde 2018 para poder portar un arma de fuego, pero solo para quienes ya tenían su permiso de porte vigente y en regla.

(Lea también: Colombia modifica requisitos para porte de armas: qué cambia con el decreto 1368 firmado por De la Espriella)

Antes, tener el permiso no bastaba — había que pedir además una autorización especial ante la autoridad militar para poder portar el arma.

Ahora, si el permiso está vigente y sin problemas (no vencido, no suspendido, no cancelado), se puede portar directamente, sin ese paso adicional.

Lo que sigue igual son los requisitos para obtener un permiso no cambian, no hay más personas autorizadas a portar armas que antes y las autoridades mantienen intactas sus facultades para suspender, cancelar o decomisar.

El fallo, cuyo ponente fue el magistrado Felipe Alirio Solarte Maya, revocó una orden anterior de rectificación. Esta orden, que había sido emitida por un juzgado, exigía que el entonces presidente Gustavo Petro se retractara públicamente por algunos de sus comentarios. En ese momento, las afirmaciones estaban dirigidas tanto hacia De la Espriella como al sistema electoral, incluyendo observaciones críticas sobre el software empleado en los comicios y el proceso en general.

El origen de este litigio se enmarca en una tutela presentada por Ramiro Bejarano, en la que se argumentaba que Petro, a través de sus pronunciamientos, pudo haber vulnerado varios derechos de los ciudadanos, especialmente en lo relacionado con la integridad del proceso electoral. Bejarano afirmó en su momento que los comentarios del exmandatario ponían en peligro la paz, la convivencia y la participación ciudadana, dimensiones esenciales para el funcionamiento democrático.

Sin embargo, según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no existieron elementos suficientes para determinar que los comentarios de Petro transgredieran los derechos fundamentales de Abelardo de la Espriella o de la ciudadanía. El tribunal concluyó que, en el marco del debate político, es legítimo que actores públicos expresen opiniones sobre el funcionamiento del sistema electoral, siempre que no se vulneren derechos ajenos ni se ponga en riesgo el orden democrático.

Esta decisión, de acuerdo con lo informado, refuerza la importancia de la libertad de expresión dentro del ejercicio político en Colombia y aclara los límites entre la crítica legítima y la afectación de derechos fundamentales en el contexto electoral.

¿Por qué el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de Gustavo Petro?

El Tribunal falló a favor de Gustavo Petro porque determinó que sus comentarios sobre Abelardo de la Espriella y el sistema electoral constituían el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sin que esto supusiera una vulneración de derechos fundamentales ni una amenaza al funcionamiento democrático, según lo informado en la decisión.

¿Qué argumentos se usaron para buscar la rectificación de Gustavo Petro?

La tutela presentada por Ramiro Bejarano señalaba que Petro, con sus comentarios sobre la integridad electoral, ponía en riesgo la paz, la convivencia y la participación ciudadana. Se argumentó que tales manifestaciones vulneraban derechos de la ciudadanía, pero el tribunal finalmente no encontró prueba de que se diera una afectación real a estos derechos fundamentales.

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En este contexto, Penagos aseguró que la cantidad de personas de nacionalidades centroamericanas que acuden a estas redes “crece de una manera desproporcional”. Sobre esto, indicó que la Registraduría mantiene una constante colaboración con la Fiscalía General de la Nación para enfrentar estos delitos y anular cédulas de ciudadanía y pasaportes colombianos obtenidos de manera fraudulenta.

En cuanto a las acciones implementadas, el registrador explicó que durante este año se invirtieron 20 mil millones de pesos colombianos en la transformación del registro civil y en el fortalecimiento del gobierno de datos como una medida para mejorar las condiciones de seguridad en la expedición de los documentos de identidad. Según Penagos, el deterioro reputacional de estos documentos podría llevar a situaciones graves, pues las autoridades de otros países podrían verse obligadas a imponer restricciones, como la exigencia de visas adicionales para los ciudadanos colombianos. Por esta razón, enfatizó la necesidad de “proteger mucho ese documento”.

Pese a la relevancia que se le ha dado al asunto, Penagos recalcó que no se contemplaron recursos adicionales para esta problemática en el presupuesto de 2027. Aunque para la etapa de inscripción de proyectos de inversión se solicitaron 102 mil millones de pesos, finalmente estos recursos no fueron incluidos en la iniciativa presentada ante el Congreso. Una situación similar ocurrió con las solicitudes para fortalecer los procesos del sistema de identificación nacional y el sistema de gestión documental de la Registraduría.

No obstante, sí se mantuvo una asignación presupuestal para el “mantenimiento y la sostenibilidad de la solución integral de registro civil e identificación”, destinada a asegurar la expedición de documentos de identidad a los colombianos. Para este año, fueron asignados 195 mil millones de pesos, pero para el año siguiente la cifra disminuiría a 180 mil millones. Además, a partir del 1 de enero de 2027, la Registraduría asumirá el manejo de los recursos asignados al Consejo Nacional Electoral, tras una decisión de la Corte Constitucional que le retiró al CNE la facultad de administrar su propio presupuesto.

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¿Por qué está aumentando la falsificación de documentos colombianos?

La falsificación de documentos colombianos está aumentando principalmente debido al interés de ciudadanos centroamericanos en buscar redes criminales que les permitan suplantar identidad y migrar hacia Europa. Así lo advirtió el registrador Hernán Penagos en el Congreso, al mencionar que este fenómeno crece de forma desproporcionada y se ha convertido en una amenaza significativa para la seguridad y reputación de los documentos de identidad colombianos.

¿Qué impacto tendría el deterioro de la reputación de la cédula y el pasaporte colombiano?

De acuerdo con Hernán Penagos, el deterioro reputacional de la cédula de ciudadanía y el pasaporte colombiano podría traer “serias dificultades” para los ciudadanos del país. Entre las consecuencias, apuntó que otras naciones se verían en la obligación de imponer requisitos más estrictos, como el aumento en la exigencia de visas, lo que complicaría la movilidad internacional de los colombianos.

El incendio fue reportado en horas de la mañana del 6 de septiembre. Inicialmente, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatapé atendió la emergencia, pero las dificultades para acceder al foco de las llamas requirieron el apoyo de refuerzos, quienes llegaron al lugar a bordo de una lancha proporcionada por la Policía Nacional. Hacia las 11:00 a.m., organismos de emergencia adicionales se sumaron a las labores, y sobre las 2:00 p.m., ya participaban más de 27 personas pertenecientes a la Policía Nacional, Bomberos Voluntarios, Ejército, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y otros entes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Gracias a este esfuerzo articulado, las llamas pudieron ser controladas durante la misma mañana, evitando así una tragedia mayor o la propagación hacia zonas residenciales.

De acuerdo con el informe entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la situación de Guatapé se suma a una ola continua de incendios forestales que, para ese mismo día, mantenía 14 incendios activos en cuatro departamentos del país: siete en Tolima, cinco en Cauca, uno en Norte de Santander y otro en Valle del Cauca. Aparte de estos, había dos incendios que ya habían sido controlados, por lo que la vigilancia sobre diversos departamentos era constante. La UNGRD también informó que, ante la magnitud de las emergencias, se reunió con los miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a fin de coordinar el despliegue de recursos técnicos, operativos y logísticos para controlar el fuego.

De este modo, el caso de Guatapé no solo evidencia la capacidad de respuesta y coordinación interinstitucional, sino también el desafío nacional que representan los incendios forestales y la importancia de mantener la alerta y el monitoreo permanente en diferentes regiones, como lo destacaron tanto las autoridades locales como la UNGRD.

¿Cuántas hectáreas de bosque consumió el incendio en Guatapé?

Según el Departamento de Policía Antioquia y fuentes oficiales citadas en el reporte, el incendio en Guatapé consumió aproximadamente 5,1 hectáreas de bosque, lo que equivale a casi 52.000 metros cuadrados, sin que se presentaran víctimas ni daños en las viviendas.

¿Qué organismos participaron en el control del incendio en Guatapé?

La atención de la emergencia en Guatapé fue posible gracias a la colaboración de la Policía Nacional, el cuerpo de Bomberos Voluntarios local, el Ejército, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y otros organismos articulados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, como lo informó la UNGRD.

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Todos los ciudadanos, sin importar su edad, pueden solicitar el pasaporte siempre que cumplan con los requisitos determinados por la Cancillería. Además de ser el documento de identificación internacional, el pasaporte colombiano habilita a su titular para movilizarse hacia distintos destinos y, en algunos casos, acceder a beneficios como la exención de visas, dependiendo del país de destino. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, este proceso está regulado y supervisado por autoridades oficiales para garantizar su autenticidad y seguridad.

Existen varias modalidades de pasaporte según las necesidades del usuario. El pasaporte ordinario contiene 32 páginas, es de color azul y tiene una vigencia de 10 años. Por otro lado, el pasaporte ejecutivo, pensado para quienes viajan de forma frecuente, cuenta con 48 páginas y la misma duración. Adicionalmente, existen documentos diseñados para eventos particulares, como el pasaporte de emergencia, el fronterizo y el exento, todos con condiciones y periodos de vigencia diferenciados.

Estos documentos incorporan avanzadas medidas de seguridad, como tecnología biométrica y un chip electrónico, así como una página de datos en policarbonato que busca reducir los riesgos de falsificación. La Cancillería de Colombia enfatiza que estos estándares buscan proteger la identidad de los viajeros y facilitar su reconocimiento en el extranjero.

En cuanto a los precios, en Bogotá el pasaporte ordinario tiene un valor de $116.600, más un impuesto de timbre de $79.000, para un total de $195.600. El ejecutivo cuesta $335.400 y el de emergencia $201.000. En otras ciudades, debe sumarse el impuesto departamental. Los ciudadanos que presenten certificado electoral acceden a un descuento del 10%.

Para solicitar el pasaporte, los mayores de edad deben presentarse con la cédula original y asistir personalmente para la toma de fotografía, huellas y firma. En casos de renovación, se debe llevar el pasaporte anterior. Los menores de edad deben realizar el proceso electrónico y acudir acompañados de sus padres o representantes legales. El pago se puede hacer por PSE, Banco GNB Sudameris o con tarjetas Visa y Mastercard autorizadas. Se aclara que no se recibe dinero a través de Nequi, Daviplata ni tarjetas Codensa.

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¿Cuáles son los requisitos para sacar el pasaporte colombiano en 2026?

Para 2026, los requisitos básicos para tramitar el pasaporte colombiano incluyen la presencia personal del solicitante con la cédula original (o tarjeta de identidad para menores), la toma de fotografía, huellas y firma en el sitio autorizado. En caso de renovación se debe entregar el pasaporte anterior. Si el titular es menor de edad, el trámite se hace electrónicamente y requiere la presencia de al menos uno de los padres o representante legal.

¿Qué diferencias existen entre el pasaporte ordinario y el ejecutivo en Colombia?

La principal diferencia entre el pasaporte ordinario y el ejecutivo radica en la cantidad de páginas (32 frente a 48 respectivamente), su coste y el perfil del usuario al que van dirigidos. Mientras el ordinario está dirigido al público general, el ejecutivo es recomendado para quienes viajan de manera frecuente y requieren mayor espacio para sellos o visados, manteniendo ambos una vigencia de 10 años.

Antes de la expedición del decreto, los ciudadanos interesados en portar armas no solo debían contar con un permiso individual, sino además tramitar una autorización especial. Según se indica en el decreto 1368, ahora basta con un permiso vigente expedido por la autoridad militar competente; en otras palabras, elimina la segunda autorización, pero mantiene los controles y requisitos legales. Especifica, además, que los permisos serán válidos únicamente para las armas amparadas expresamente en el documento y dentro de los límites que el propio permiso establezca. No obstante, resalta que el decreto no modifica los requisitos para portar armas ni crea derechos nuevos en la materia: la facultad continúa siendo discrecional de la autoridad competente y las condiciones previas se mantienen intactas.

En lo referente a la vigilancia y control, el decreto de De la Espriella puntualiza que las autoridades militares y el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos ejercerán la administración y registro de los permisos, así como auditoría y verificación de los mismos. Al mismo tiempo, la Policía Nacional será responsable del control operativo cotidiano respecto al porte de armas. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa, según el mismo texto legal, será la instancia encargada de expedir las directrices necesarias para que la medida se aplique de manera efectiva, incluyendo la actualización y diferenciación de los registros de permisos vigentes y los no válidos.

¿Qué requisitos debe cumplir un ciudadano para portar armas en Colombia con el nuevo decreto?

El decreto 1368 establece que únicamente los ciudadanos que cuenten con un permiso vigente, expedido por la autoridad militar competente, pueden portar armas de fuego. No elimina los requisitos previos, sino que suprime la exigencia de una autorización adicional. Además, resalta que el permiso debe estar dentro de los límites y condiciones preestablecidas y aplicará solo para las armas que figuren específicamente en el mismo documento.

¿Quiénes están excluidos de portar armas bajo el decreto 1368 en Colombia?

De acuerdo con el decreto, quedan excluidos de esta disposición quienes tengan permisos vencidos, suspendidos, cancelados o revocados, así como aquellos cuyo permiso autorice únicamente la tenencia y no el porte. Igualmente, están cobijados por la exclusión las armas decomisadas o sujetas a medidas judiciales o administrativas, y las personas que enfrenten prohibiciones legales o judiciales.

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Su llegada se da para participar en una reunión clave sobre el futuro de la relación bilateral entre ambos países.

Esta es la gorra que siempre lleva Char:

¡Barranquilla recupera los territorios que siempre le pertenecieron! Ahora vamos a llevar a Villa Campestre, el corredor universitario y Ciudad Mallorquín #AOtroNivel.

Con las dos sentencias del Consejo de Estado y el informe técnico del @igaccolombia se confirma que estos… pic.twitter.com/thD0nDVz3i

— Alejandro Char (@AlejandroChar) September 3, 2026

Uno de los momentos que llamó la atención durante su arribo fue el recibimiento del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien acompañó la llegada del funcionario estadounidense a la ciudad.

El encuentro tuvo además un detalle particular: Char mantuvo puesta durante todo el momento una gorra alusiva a Barranquilla. La prenda tenía la palabra “Barranquilla” en azul y, debajo, “Alcaldía de Barranquilla” en gris, un elemento que resaltó durante el recibimiento.

La reunión principal se desarrollará en el Batallón Paraíso, sede alterna de la Presidencia en Barranquilla, con la participación del canciller Omar Bula Escobar, la embajadora María Consuelo Araújo y el embajador Mauricio Gaona.

El canciller señaló que la conversación estará concentrada en seguridad, comercio y valores democráticos compartidos.

👉🏼👀 Barranquilla recibe a Marco Rubio. El secretario de Estado de Estados Unidos llegó a Colombia y tendrá un encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella, en el que se esperan anuncios sobre seguridad, comercio y cooperación entre los dos países. pic.twitter.com/d0Zt2RUryj

— Pulzo (@pulzo) September 8, 2026

La agenda también contempla cooperación contra el narcoterrorismo, apoyo estadounidense frente al terremoto que afectó al país, asuntos comerciales, aranceles, energía e inversiones.

La visita es presentada por el Gobierno colombiano como una oportunidad para reconstruir y fortalecer la alianza estratégica con Estados Unidos.

El alto funcionario estadounidense fue recibido con honores militares por el canciller colombiano, Omar Bula, y la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo.

👉🏼👀 Barranquilla recibe a Marco Rubio. El secretario de Estado de Estados Unidos llegó a Colombia y tendrá un encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella, en el que se esperan anuncios sobre seguridad, comercio y cooperación entre los dos países. pic.twitter.com/d0Zt2RUryj

— Pulzo (@pulzo) September 8, 2026

Tras su llegada a Barranquilla, Rubio se trasladó para cumplir su encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella, en una reunión considerada de alto nivel entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

El mandatario recibió al secretario de Estado y ambos se saludaron calurosamente antes de iniciar la agenda oficial.

Durante el encuentro se prevé que los dos gobiernos aborden asuntos prioritarios de la relación bilateral, entre ellos la seguridad regional, la lucha contra el narcotráfico y el apoyo de Washington a Colombia para enfrentar las consecuencias del fuerte terremoto registrado recientemente en el país.

🇺🇸🇨🇴 #MinutoAMinuto | El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a la sede alterna de la Presidencia de la República, en Barranquilla.

Fue recibido con honores y, posteriormente, en las escalinatas, por el presidente Abelardo de la Espriella y su esposa, Ana… pic.twitter.com/Hh2WEEK5eI

— La FM (@lafm) September 8, 2026

La visita de Rubio hace parte de una gira por Latinoamérica que también incluye Ecuador y Perú, con el objetivo de fortalecer los vínculos políticos de Estados Unidos con la región.

La reunión con De La Espriella será clave para conocer las prioridades de la nueva relación entre Bogotá y Washington.

La derogatoria elimina la suspensión general, pero la tenencia y porte de armas seguirá sujeta a controles estrictos, requisitos y permisos otorgados por las autoridades competentes. Así, solo quienes cuenten con un permiso vigente expedido por la autoridad militar y cumplan con requisitos como acreditar mayoría de edad (25 años mínimo), certificado médico y aptitud psicofísica, así como no registrar antecedentes, podrán portar armas. Además, el decreto determina que el levantamiento de la suspensión general no equivale a autorización general y no modifica el monopolio estatal sobre las armas estipulado en el artículo 223 de la Constitución Política. Los permisos individuales vigentes continuarán en efecto, siempre que no exista medida que impida su ejercicio.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa, encabezado por Jorge Mora, deberá impartir directrices administrativas y operativas a las autoridades militares para garantizar la eficacia de los permisos y el seguimiento a los sistemas de registro, control, trazabilidad y auditoría. Permanecen excluidos del porte quienes tengan permisos vencidos, suspendidos, cancelados o las armas objeto de decomiso, medida judicial o administrativa, o tengan un permiso exclusivo de tenencia. Finalmente, el decreto advierte que las autoridades conservan la facultad de suspender el porte en casos concretos donde la seguridad nacional y el orden público así lo exijan.

¿Qué requisitos se deben cumplir para portar armas tras la derogatoria del decreto?

Según el nuevo marco normativo, solo podrán portar armas quienes tengan permisos vigentes expedidos por la autoridad militar, acrediten una edad mínima de 25 años, no tengan antecedentes, y aprueben exámenes médicos y de aptitud psicofísica, sumado a conocimientos teóricos comprobados.

¿El levantamiento de la suspensión general autoriza el porte libre de armas en Colombia?

No. Aunque se deroga la suspensión general, el porte de armas continúa restringido a quienes cumplan con los permisos y requisitos legales. El monopolio estatal en el control de armas y las restricciones parciales permanecen intactos, de acuerdo con lo señalado en el texto del decreto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La operación se desencadenó como resultado de labores de policía judicial ordenadas y supervisadas por uniformados adscritos a la Estación de Policía de El Espinal. Durante los registros practicados, las autoridades decomisaron una pistola de arma traumática, seis cartuchos de munición de diferentes calibres y varias sustancias estupefacientes. Entre estas sobresalieron 100 dosis de base de coca y 60 dosis de anfetamina, pruebas materiales que refuerzan las hipótesis de tráfico de drogas ilegales.

En el procedimiento también fueron incautados $2,4 millones en efectivo, así como otros $60 millones en billetes de aparente falsedad, los cuales quedaron bajo custodia para comprobaciones periciales. Igualmente, los uniformados encontraron seis teléfonos celulares, un dron y uniformes de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, objetos que, de acuerdo con las fuentes policiales, serán clave en las indagaciones para determinar el alcance de las actividades de los implicados.

Los dos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 49 Seccional de Ibagué y deberán responder por delitos relacionados con armas y municiones, tráfico de estupefacientes, tráfico de moneda falsa y uso ilegal de uniformes e insignias. Además, la Policía investiga si estos sujetos estarían relacionados con estructuras delincuenciales y si desde Ibagué pretendían ampliar operaciones ilícitas hacia otros municipios como El Espinal, El Guamo y San Luis.

Una de las principales líneas investigativas es la referente a los uniformes militares decomisados, pues se intenta esclarecer si habrían sido utilizados para suplantar a integrantes de grupos armados o estructuras criminales. La Policía señaló también que los capturados tendrían antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego y tráfico de sustancias ilícitas. Finalmente, su situación jurídica se definirá en las audiencias que corresponden.

¿Qué delitos enfrentarán los capturados en el operativo policial de Ibagué?

De acuerdo con las autoridades, los implicados deberán responder por delitos como porte de armas y municiones, tráfico de estupefacientes, utilización ilegal de uniformes y tráfico de moneda falsa. Todos estos cargos corresponden a acciones evidenciadas durante el operativo y a los materiales incautados en los registros de las viviendas intervenidas.

¿Por qué es relevante el hallazgo de uniformes militares en este tipo de operativos?

La importancia de encontrar uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares radica en que estos elementos pueden ser utilizados para perpetrar delitos mientras se suplanta a integrantes legítimos de organismos oficiales, lo que puede facilitar el accionar de bandas criminales y aumentar el riesgo para la seguridad pública.

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La comunidad expresó profunda preocupación ante la carencia de asistencia inmediata a los damnificados. Según el relato de quienes vivieron de cerca la emergencia, no solo se perdieron los inmuebles y enseres, sino que existen afectados que requieren atención en salud y acompañamiento psicológico ante la pérdida. Estas circunstancias motivaron a la población local a solicitar el respaldo del alcalde de Coyaima, así como de la Gobernación del Tolima, el Gobierno Nacional y la Defensa Civil, instituciones clave en la atención humanitaria y en la recuperación ante desastres.

El llamado de la comunidad —presentado ante estas entidades— busca garantizar ayuda material y humana. Se expresó la urgencia de que los organismos brinden alternativas para la reconstrucción de las viviendas y la recuperación de los mínimos vitales para que las familias perjudicadas retomen sus vidas. En este contexto, la situación de Yolanda Yara y su madre representa la cruda realidad de quienes lo han perdido todo. Ambas mujeres, que hasta antes del hecho sostenían su hogar mediante un emprendimiento, ahora atraviesan dificultades severas para reconstruir el techo familiar y cubrir sus necesidades básicas.

Familiares y vecinos resaltaron la importancia de la solidaridad, canalizando donaciones y apoyo material como formas concretas de respaldo. También invitaron a difundir la situación entre otras personas, a la espera de que las autoridades lleguen con una respuesta institucional. La comunidad pidió poner en inmediata marcha acciones de ayuda humanitaria, enfatizando el daño a poblaciones vulnerables como los adultos mayores y emprendedores rurales, para que ninguna familia quede desprotegida frente a la emergencia.

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¿Qué apoyo han solicitado los afectados por el incendio en la vereda Buenavista en Coyaima?

Los habitantes perjudicados por el incendio pidieron ayuda al alcalde de Coyaima, la Gobernación del Tolima, el Gobierno Nacional y la Defensa Civil. Solicitaron atención en salud, acompañamiento y ayudas materiales, especialmente para reconstruir las viviendas afectadas y reestablecer condiciones dignas de vida para las familias damnificadas.

¿Cómo pueden ayudar a Yolanda Yara y su madre tras perder su vivienda en el incendio?

Según los familiares y habitantes de la zona, cualquier aporte puede marcar la diferencia. Dentro de las alternativas propuestas están la realización de donaciones, contribuciones materiales y el compartir la situación de Yolanda Yara y su madre para motivar la solidaridad. Estas ayudas buscan que ambas mujeres puedan comenzar de nuevo mientras esperan la intervención formal de las autoridades.

La reunión se hará en el Batallón Paraíso, sede alterna de la Presidencia de la República en Barranquilla. Al encuentro asistirán también el canciller Omar Bula Escobar, la embajadora María Consuelo Araújo y el embajador Mauricio Gaona.

Bula Escobar calificó el encuentro como el inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica entre Colombia y Estados Unidos.

Según el canciller, la conversación se concentrará en tres ejes centrales: seguridad, comercio y valores democráticos compartidos.

La delegación colombiana llega con una hoja de ruta basada en el respeto mutuo, la soberanía y la defensa de los intereses nacionales.

La bienvenida para Marco Rubio en el aeropuerto de #Barranquilla, #Colombia pic.twitter.com/knIHERHOAB

— Eric Martin (@EMPosts) September 8, 2026

 

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Entre los temas prioritarios de la visita de Rubio a Colombia está el fortalecimiento de la cooperación conjunta contra el narcoterrorismo en la región latinoamericana.

Colombia anunció recientemente su adhesión a la Coalición Contra los Carteles de las Américas, alianza operativa impulsada por Washington.

También se discutirá el apoyo económico de Estados Unidos frente al terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026.

Ese sismo dejó 331 personas fallecidas en el occidente y centro del país, según cifras oficiales reportadas por medios internacionales.

Washington ya anunció un total de 26,5 millones de dólares destinados a atender la emergencia humanitaria generada por el terremoto.

De la Espriella planteará además la posible suspensión temporal de aranceles estadounidenses, actualmente fijados en 12,5 % para productos colombianos.

La agenda contempla igualmente conversaciones sobre energía nuclear civil, minerales críticos e inversiones bilaterales entre ambos gobiernos.

Antes de viajar, Rubio adelantó que buscará fortalecer la presencia de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental.

El senador Iván Cepeda advirtió que la visita busca sellar compromisos de intervención y condicionar la soberanía colombiana. Incluso, vinculó el anuncio humanitario con una posible agenda energética, relacionada con la explotación intensificada de hidrocarburos.

El congresista cuestionó si Colombia terminaría convertida en una reserva petrolera y energética para intereses estadounidenses.

En contraste, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, respaldó públicamente la visita como una señal política positiva.

Lacouture consideró que el encuentro refuerza los buenos vientos que atraviesa actualmente la relación bilateral entre ambos países.

La agenda comercial coincide con una investigación abierta desde marzo de 2026 por la oficina comercial estadounidense.

Esa pesquisa revisa países sin medidas que prohíban importaciones vinculadas a trabajo forzoso, según Asocolflores.

Laura Valdivieso, presidenta del gremio exportador de flores, explicó previamente el contexto de esa investigación comercial.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, calificó a Estados Unidos como un extraordinario aliado de Colombia.

Lara destacó que ambos países comparten valores democráticos y combaten enemigos comunes vinculados al narcoterrorismo.

Barranquilla activó un operativo especial de seguridad, movilidad y atención en salud debido a la magnitud del encuentro diplomático.

La Policía Nacional y las Fuerzas Militares definieron un esquema robusto de protección, con apoyo directo del Distrito.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, pidió aprovechar la visita para solicitar la apertura de un consulado estadounidense en la ciudad.

Según Verano, esa sede diplomática facilitaría trámites consulares y fortalecería los vínculos económicos entre la región Caribe y Estados Unidos.

La visita ocurre apenas un mes después de la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella en Colombia.

Según medios internacionales, se trata del primer encuentro de este nivel en territorio colombiano en cuatro años.

Tras su paso por Barranquilla, Rubio continuará su gira regional viajando hacia Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa.

La visita cierra posteriormente en Perú, donde el funcionario estadounidense se reunirá con la mandataria Keiko Fujimori.

Este viaje corresponde al cuarto recorrido de Rubio por Latinoamérica durante su gestión como secretario de Estado.

Analistas señalan que Washington busca frenar la creciente influencia de China dentro de la región suramericana.

En conjunto, la jornada en Barranquilla busca sentar las bases de una relación renovada entre Bogotá y Washington.

Nacida en Miami (Florida), Jeanette Dousdebes posee profundas raíces colombianas, ya que sus padres —María Elena Giraldo y Luis Ernesto Dousdebes— emigraron desde el país suramericano hacia Estados Unidos antes de su nacimiento. A lo largo de la dilatada carrera política de su esposo, Dousdebes ha optado por mantener un perfil marcadamente discreto, evitando protagonismos innecesarios, aunque su rol como soporte fundamental en las decisiones del jefe de la diplomacia estadounidense ha sido innegable de acuerdo con diversos círculos políticos de Washington.

Antes de consolidar su rol institucional y familiar como madre de sus cuatro hijos, Dousdebes cursó estudios en diseño de moda e integró el grupo de animadoras de los Miami Dolphins. Asimismo, en los últimos años ha enfocado sus esfuerzos en causas filantrópicas y de activismo social, destacándose por su participación en iniciativas contra la trata de personas en el estado de Florida. Su arribo a Colombia en esta comitiva oficial aporta un matiz particular a la delegación norteamericana, conectando de manera directa su herencia cultural con los actuales puentes diplomáticos de la Casa Blanca.

#AHORA | Llega a Colombia el secretario de Estado Marco Rubio.

Lo acompaña su esposa, la colombiana Jeanette Dousdebes. pic.twitter.com/9xKCyh19Wc

— Orlando Avendaño (@OrlvndoA) September 8, 2026

La visita de la pareja se enmarca en un momento de alta tensión y retos estructurales para Colombia. La agenda oficial que adelanta Marco Rubio contempla discusiones fundamentales con el Ejecutivo nacional, entre las que sobresalen el costoso panorama de la reconstrucción tras el devastador terremoto que golpeó al país —tasada en unos 9.600 millones de dólares—, la revisión de los paquetes de asistencia en seguridad y el álgido debate sobre los aranceles de la Sección 301 solicitados por el gobierno de De la Espriella para aliviar la economía nacional.

 

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Mientras Rubio sostiene reuniones decisivas para definir el alcance del respaldo estadounidense frente a la crisis, la presencia de Jeanette Dousdebes añade un componente de atención mediática sobre la delegación extranjera, recordando las múltiples facetas y conexiones personales que convergen en las más altas esferas de la diplomacia hemisférica.

Según versiones recogidas por El Tiempo, una broker inmobiliaria vinculada a una de las propiedades sería quien le estaría ofreciendo los inmuebles.

La situación generó preocupación entre algunos residentes del conjunto, debido a que Petro continúa incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos.

Algunos vecinos consideran que una eventual compra podría generar riesgos para la comunidad y hasta han planteado acciones legales. También circula la versión de que la vivienda sería adquirida a nombre de una persona allegada al exmandatario.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) aclaró que la casa que fue incautada tras el asesinato del peluquero Mauricio Leal no es una de las propiedades visitadas, pues actualmente se encuentra en arriendo.

Un experto en trámites ante la Ofac explicó que una operación realizada mediante el sistema bancario y notarial generaría una alerta si el comprador está incluido en dicha lista.

Petro, por su parte, defendió su derecho a buscar una vivienda y aseguró que podría pagarla con recursos provenientes de su pensión, libros, conferencias y otras actividades.

El exmandatario también sostuvo que las sanciones de la Ofac no le impiden a los colombianos hacer negocios con él.

Entre los servicios afectados por el cierre de la calle 53B bis, TransMilenio detalló que las rutas SE14 (Diana Turbay Cultivos – Engativá Centro), A605 y H605 (Polo – Arborizadora Alta), A002 (San Luis – Estación Movistar Arena) y A003 (Estación Universidad Nacional) modificarán sus trayectos habituales. Por otra parte, la ruta 97 (Rincón de Venecia – Galerías) tendrá afectaciones por el cierre de la transversal 28. Estos cambios fueron informados también a través de la red social X (antes Twitter), donde la autoridad de transporte insistió en la importancia de planear con anticipación los recorridos durante la fecha del evento deportivo.

Asimismo, TransMilenio recomendó a sus usuarios recargar previamente la tarjeta de pago electrónico TuLlave. Este instrumento, además de facilitar el ingreso y los transbordos gratuitos entre rutas del sistema, ofrece beneficios adicionales como la posibilidad de realizar hasta dos viajes a crédito al día y la recuperación del saldo en caso de pérdida, siempre y cuando el usuario haya personalizado su tarjeta. El llamado es especialmente relevante considerando el incremento de la demanda por la asistencia al partido y los desvíos temporales en la operación de las rutas.

La información fue corroborada a través del portal oficial de TransMilenio y los canales institucionales de la ciudad de Bogotá, que reiteran la importancia de consultar los canales oficiales ante cualquier eventualidad en la movilidad, particularmente en jornadas de eventos que impactan el transporte público y la circulación vial.

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¿Qué rutas de TransMilenio tendrán desvíos por el partido Santa Fe vs. Vasco da Gama?

Durante el partido entre Santa Fe y Vasco da Gama en el estadio El Campín, las rutas de TransMiZonal afectadas por cierres son SE14, A605, H605, A002, A003 por la calle 53B bis, y la ruta 97 por la transversal 28, según informó TransMilenio. Es clave que los usuarios consulten los recorridos actualizados antes de salir, para evitar contratiempos y llegar puntuales a su destino.

¿Cuáles son los beneficios de personalizar la tarjeta TuLlave de TransMilenio?

De acuerdo con la información de TransMilenio, al personalizar la tarjeta TuLlave el usuario accede a transbordos sin costo adicional, puede hacer hasta dos viajes a crédito diariamente y tiene la opción de recuperar el saldo en caso de pérdida, un respaldo importante para los desplazamientos en jornadas de alta demanda como los días de partidos de fútbol.

Con la entrada en vigor de este decreto, el Gobierno modifica una restricción que durante años impidió a la mayoría de ciudadanos portar armas de fuego de manera legal. Según lo recogido en la normativa, los ciudadanos que cumplan con los requisitos exigidos podrán acceder a los permisos, mientras las autoridades seguirán implementando controles sobre las personas y la circulación de armas.

El decreto especifica que será responsabilidad de las autoridades militares adoptar medidas para levantar la suspensión general y restablecer los permisos individuales vigentes. No obstante, el presidente de la Espriella hizo énfasis en que este cambio no implica un porte indiscriminado de armas, aclarando que aún siguen vigentes los requerimientos y regulaciones del caso, evitando así que cualquier persona pueda portar un arma sin las debidas autorizaciones.

La decisión del Gobierno se fundamentó utilizando cifras oficiales de la Fuerza Pública. Entre el 1 de enero y el 3 de septiembre se incautaron 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 tendrían relación directa con hechos delictivos. El reporte también detalla que 980 de estas armas estarían asociadas con disidencias de grupos armados, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De manera particular, dentro de las armas ligadas a grupos disidentes se encontraron “380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros”, explicó el mandatario. Con estos argumentos, el presidente defendió el nuevo enfoque, señalando la paradoja de que los grupos criminales mantienen acceso a armamento, mientras las restricciones afectaban a quienes buscaban permisos legales.

A pesar del levantamiento de la suspensión general, los requisitos para portar armas se mantienen rigurosos. Para obtener el permiso es necesario tener uno vigente expedido por la autoridad militar, portar únicamente el arma autorizada en ese permiso, tener como mínimo 25 años, carecer de antecedentes, y aprobar una evaluación médica y de aptitud psicofísica. Es obligatorio también demostrar conocimientos teóricos relacionados con el uso del arma. De la Espriella insistió que este decreto “no significa que cualquier ciudadano pueda portar un arma libremente”, sino que permite reactivar los permisos individuales, siempre y cuando se cumplan con todas las exigencias legales.

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¿Qué implica el levantamiento de la suspensión del porte de armas en Colombia?

El levantamiento de la suspensión significa que los permisos individuales vigentes para portar armas de fuego en Colombia recuperan su eficacia y validez, permitiendo a quienes cumplen con los requisitos portar armas de manera legal, pero bajo estrictos controles y supervisión por parte de las autoridades militares.

¿Cuáles son los requisitos para obtener un permiso de porte de armas en Colombia?

Para obtener el permiso, se debe contar con un documento vigente expedido por la autoridad militar, ser mayor de 25 años, no registrar antecedentes judiciales, portar únicamente el arma autorizada, aprobar una certificación médica y psicofísica, y demostrar conocimientos teóricos sobre el manejo de armas.

Este simulacro se distinguirá de ejercicios anteriores por su exigencia y alcance. De acuerdo con información publicada por 90minutos.co, la iniciativa no solo se enfocará en evacuar edificaciones, sino que pondrá el énfasis en validar, tomar decisiones críticas y fortalecer los protocolos existentes. La idea principal es evaluar la capacidad de reacción y coordinación no solo de las personas, sino también de las instituciones, lo que abarca desde organismos oficiales hasta familias y empresas de todo el territorio.

El ejercicio tendrá una estructura dividida en dos grandes momentos. A las 10:00 a.m., el foco estará en la participación comunitaria e institucional. En este segmento, entidades públicas, empresas privadas, organizaciones sociales, comunidades y familias deberán ejecutar activamente sus rutas de evacuación y las primeras medidas de autoprotección. Esto asegura que todos los actores involucrados conozcan los pasos adecuados frente a una alerta real. Posteriormente, a las 2:00 p.m., viene la evaluación gubernamental. En esta fase, alcaldías y gobernaciones revisarán en detalle la eficacia de sus estrategias territoriales de respuesta, permitiendo así medir la eficiencia de los comités locales destinados a la gestión del riesgo y atención de emergencias complejas.

Es importante resaltar que, según la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali y lo mencionado en otras fuentes como la cuenta oficial @RiesgoCali, se ha confirmado la integración detallada de la región al ejercicio. El compromiso regional garantiza una mayor coordinación y masividad en la participación, permitiendo evaluar de manera realista la capacidad de respuesta colectiva ante situaciones de crisis.

Revisar anticipadamente los planes familiares o corporativos de emergencia y cumplir de manera rigurosa con los horarios establecidos fortalecerá la protección de la vida y la seguridad ciudadana. Participar de forma consciente en los simulacros es clave para que Colombia esté preparada ante cualquier eventualidad, de acuerdo con la UNGRD.

¿Cuándo será el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 en Colombia?

El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), está programado para el miércoles 21 de octubre. Este evento tendrá dos jornadas estratégicas: la primera a las 10:00 a.m. para la comunidad en general y la segunda a las 2:00 p.m. para las instituciones gubernamentales, según información oficial divulgada por 90minutos.co y la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali.

¿Cómo se estructura el Simulacro Nacional de Emergencias y qué protocolos se evaluarán?

El simulacro está dividido en dos fases: una dirigida a la participación activa de comunidades y empresas en la mañana, y otra centrada en la evaluación de los protocolos de respuesta de alcaldías y gobernaciones en la tarde. Se pondrán a prueba los planes de contingencia, la coordinación interinstitucional y la capacidad técnica para decisiones rápidas, priorizando mejoras en los protocolos existentes, como explicó la UNGRD.

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Aunque muchas personas la confunden con una medusa, la fragata portuguesa es un organismo marino que flota en el agua y se reconoce por su apariencia azulada o violácea. Su mayor riesgo está en los tentáculos, que pueden causar dolor fuerte, ardor y lesiones al entrar en contacto con la piel.

(Vea también: Prohibieron los paseos de olla y fogatas en departamento de Colombia; hay varias sanciones)

La principal recomendación de las autoridades es no tocarla, incluso si se encuentra sobre la arena o parece muerta. También pidieron evitar el ingreso al mar en las zonas donde se observe su presencia y reportar cualquier avistamiento a salvavidas, autoridades marítimas o ambientales.

En caso de contacto, la orientación es salir del agua de inmediato, no frotar ni rascar la zona afectada, retirar los restos con pinzas, guantes o un objeto rígido y lavar únicamente con agua de mar o suero fisiológico.

Si la persona presenta dolor intenso, mareo, vómito, malestar general o dificultad para respirar, debe acudir a un centro asistencial. La Dirección General Marítima recordó que esta especie, también conocida como agua mala o botella azul, ha sido observada en diferentes playas del Caribe colombiano.

De acuerdo con la organización, estos materiales provienen de donaciones en especie hechas por Estados Unidos. Además, la ayuda internacional se refuerza con una asignación de 5 millones de dólares por parte del gobierno estadounidense, a través de la Bureau of Disaster and Humanitarian Response (DHR, Oficina de Respuesta a Desastres y Asistencia Humanitaria). Este aporte permitirá atender necesidades de 30.000 personas damnificadas en los cinco departamentos mencionados, con acciones humanitarias que se extenderán hasta febrero de 2027.

Entre las acciones contempladas, la OIM destaca la entrega de subsidios de arriendo temporal para 1.100 familias que han perdido su vivienda, así como el acompañamiento técnico en la gestión de 20 alojamientos colectivos. Las personas afectadas en estos albergues tendrán acceso a brigadas médicas móviles, y ocho hospitales de la región serán beneficiados con el suministro de insumos y equipos biomédicos, fortaleciendo así la respuesta sanitaria.

María Oliveira, coordinadora del programa de emergencias de la OIM en Colombia, señaló para El País Cali que una de las prioridades es llegar a las zonas rurales más alejadas y de difícil acceso. “En veredas dispersas y riberas aisladas por los daños viales, habitan comunidades con vulnerabilidades preexistentes. Llegar a tiempo a estas zonas de difícil acceso va más allá de entregar asistencia: es mitigar riesgos de salud pública, proteger la dignidad y acompañar a las familias hacia una recuperación temprana y sostenible”, afirmó Oliveira.

La estrategia de distribución de la OIM prioriza las áreas rurales de 30 municipios vulnerables, coordinando esfuerzos con la Cruz Roja Colombiana, World Vision y las administraciones locales para asegurar que la asistencia llegue a quienes más la necesitan. Además, la OIM mantiene su apoyo a los comités locales de gestión del riesgo mientras monitorea las necesidades de protección en estas comunidades.

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¿Cuáles municipios reciben ayuda humanitaria de la OIM en el Eje Cafetero y Pacífico?

La OIM prioriza la entrega de ayudas en zonas rurales de 30 municipios ubicados en Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Chocó. Entre ellos están Pereira, Manizales, Armenia, Buenaventura y municipios de difícil acceso como Quinchía, Mistrató y Alto Baudó, todos seleccionados por su vulnerabilidad frente a las recientes emergencias.

¿Qué es la Bureau of Disaster and Humanitarian Response (DHR) y cómo financia la ayuda humanitaria en Colombia?

La Bureau of Disaster and Humanitarian Response (DHR) es la Oficina de Respuesta a Desastres y Asistencia Humanitaria del gobierno de Estados Unidos. En este caso, ha asignado 5 millones de dólares a la OIM para financiar subsidios de arriendo temporal, gestión de alojamientos, brigadas médicas y donaciones de equipos médicos en cinco departamentos afectados de Colombia.

De acuerdo con los reportes de los residentes conocidos por El Tiempo, el exmandatario no habría visitado una, sino tres propiedades de alta gama acompañado por una broker inmobiliaria. Sin embargo, la reacción de la comunidad no se hizo esperar: varios propietarios advirtieron que concretar una transacción de este tipo podría arrastrar al conjunto a sanciones internacionales debido a la inclusión de Petro en la temida lista Ofac (lista Clinton). “Me parece preocupante que esté el interés particular sobre el bienestar de la comunidad”, se lee en uno de los chats, donde incluso se plantea interponer una acción de tutela y se cuestiona cómo se justificaría el pago en efectivo que exigiría la operación.

De, hecho, fue el periódico El Tiempo el encargado de mostrar fotos de las casas que visitó Petro en La Calera. En dichas imágenes se logra ver que las viviendas son de dos pisos, con vista hacia el lago y con un área bastante amplia, en uno de los sectores más exclusivos de La Sabana de Bogotá. 

Ante el revuelo, expertos jurídicos como el penalista Luis Valero advirtieron que, si bien la banca filtra estas alertas automáticamente, para el Departamento del Tesoro de EE. UU. este tipo de maniobras podrían interpretarse como “una especie de trampa a las sanciones”. Por su parte, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) aclaró que la famosa casa vinculada al caso de Mauricio Leal —también ubicada en la zona— actualmente se encuentra solo en arriendo y no entre las opciones de venta, según el citado diario. 

En la orilla opuesta, el exjefe de Estado rompió el silencio a través de sus redes sociales para lanzar una dura defensa, tildando los cuestionamientos de persecución para afectar su tranquilidad y su derecho a la pensión. “Se nota que el objetivo es destruir a una persona”, señaló Petro, argumentando que las restricciones de la lista Ofac solo aplican para ciudadanos y empresas estadounidenses, por lo que cualquier colombiano podría negociar con él sin contratiempos legales.

Pese a los descargos del exmandatario y a que su pensión no tendría bloqueos directos, el pulso financiero revela un escenario cuesta arriba: cualquier adquisición exigirá transacciones en efectivo y un blindaje legal extremo que hoy tiene en pie de guerra a todo un vecindario de la sabana bogotana.