(Vea también: De la Espriella firmó bomba que lanzaron a disidencias de ‘Calarcá’ y mensaje que puso llamó atención)

La intervención, denominada Operación NOAH, se desarrolló en zona rural de Tibú, en la región del Catatumbo. El operativo estuvo dirigido contra integrantes de la estructura 33, perteneciente a la facción de alias ‘Calarcá’, y contó con la participación del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.

A través de su cuenta de X, De la Espriella aseguró que la acción militar dejó seis personas capturadas y cuatro integrantes de ese grupo muertos durante las operaciones. También informó sobre la incautación de armamento y explosivos destinados, según su reporte, a ataques con drones.

Uno de los aspectos que destacó el mandatario fue la captura de un hombre que, de acuerdo con las autoridades, ocupaba un lugar de confianza dentro de esa estructura. Se trata de alias ‘Barba Chivo’, también conocido como ‘Costeño’, a quien presentó en el video difundido desde Cúcuta.

El presidente sostuvo que este hombre había sobrevivido a un bombardeo de las Fuerzas Militares, pero fue detenido posteriormente. Además, anunció que mantendrá la ofensiva contra las estructuras vinculadas a alias ‘Calarcá’ en el Catatumbo.

¿Quién es alias ‘Barba Chivo’, capturado en la Operación NOAH?

Según el mensaje de De la Espriella, alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’ sería uno de los hombres de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’ y estaría al frente de una comisión de la estructura 33.

El mandatario afirmó que el detenido llevaba 11 años en actividades criminales y lo señaló de participar en asesinatos de líderes sociales, ataques con drones explosivos contra integrantes de la Fuerza Pública, extorsiones, reclutamiento de menores y desplazamientos forzados de comunidades.

Estos señalamientos fueron expuestos por el jefe de Estado al anunciar la captura. El hombre quedó en poder de las autoridades, que deberán avanzar en los procedimientos judiciales correspondientes.

¿Qué resultados dejó la operación contra las disidencias de Calarcá?

En el balance divulgado por el presidente se reportaron seis capturados y cuatro personas muertas durante el desarrollo de las operaciones militares. De esta manera, el Gobierno presentó el resultado como diez integrantes de la estructura fuera de combate.

Además, De la Espriella informó que las tropas incautaron siete fusiles y 15 granadas para drones. También aseguró que fueron afectadas tres áreas campamentarias que tendrían capacidad para albergar aproximadamente a 35 integrantes de esa organización armada.

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Dicho vehículo de transporte intermunicipal pertenecía a la empresa Expreso Palmira y cubría la ruta entre Buenaventura y Cali. La fuerza del impacto dejó la buseta prácticamente destruida y obligó a los organismos de socorro a intervenir para auxiliar a los ocupantes que quedaron atrapados.

Según el reporte de las autoridades de tránsito citado por Noticias Caracol, tres personas murieron en el lugar y una cuarta falleció posteriormente en un centro asistencial de Dagua. Entre las víctimas se encuentran Luis Felipe Domínguez, conductor del microbús; el pasajero Jaime Rodallega Mosquera y una bebé de 20 meses. La identidad de la cuarta persona fallecida no había sido establecida en los primeros reportes.

Los siete heridos fueron trasladados a centros médicos de Dagua y Buenaventura. Entre ellos se encontraba el conductor de la motocicleta involucrada en el siniestro, según la información publicada por La Kalle.

Mientras avanzaban las labores de atención y el levantamiento de información en el lugar, las autoridades comenzaron a reconstruir las circunstancias en las que se produjo el choque. En ese proceso se conoció una primera hipótesis sobre la posible maniobra que habría desencadenado la tragedia.

Atención, grave accidente en vía Buga Buenaventura… Bus se estrella contra camión tipo niñera… De momento reportan 6 personas fallecidas…

https://t.co/Yak2qhiqAj https://t.co/Kb6mY2LQUR

— FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA (@PachoRodriG) November 9, 2026

¿Qué hipótesis hay sobre el accidente en vía Buga-Buenaventura?

Según informó El Tiempo, la principal hipótesis apunta a que el conductor del tractocamión tipo niñera habría intentado adelantar a otro vehículo dentro del túnel y, durante esa maniobra, invadió el carril contrario por el que circulaba el microbús de Expreso Palmira.

Esta posible invasión de carril habría provocado el choque con el vehículo de servicio público y la motocicleta que también transitaba por ese tramo de la carretera. La hipótesis coincide con la información preliminar conocida por otros medios, entre ellos Semana, que también reportó que las investigaciones apuntan a una posible imprudencia vial.

Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido de manera definitiva cómo ocurrió la colisión. El teniente coronel Justo Alejandro Rivero Cubides, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca, señaló, en declaraciones recogidas por Noticias Caracol, que la hipótesis inicial continúa bajo investigación y que los uniformados adelantan las actuaciones para esclarecer las circunstancias exactas.

¿Qué pasó con la movilidad en la vía Buga-Buenaventura?

El accidente obligó a cerrar el corredor vial mientras los organismos de emergencia atendían a los afectados y las autoridades adelantaban las labores correspondientes dentro del túnel. La situación afectó la conexión entre Buga, Cali y el puerto de Buenaventura.

Según los reportes sobre la emergencia, posteriormente se habilitó el paso de vehículos de manera controlada, mientras se retiraban los automotores involucrados y se adelantaban las labores para recuperar la circulación.

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Además, cuestionó las condiciones que, a su juicio, impone la plataforma para la difusión de ideas progresistas. También señaló que considera que X tiene afinidad con sectores de extrema derecha y que sus algoritmos favorecen la circulación de mensajes de odio por encima de la razón y la democracia.

A partir de esos reparos, Petro aseguró que dejará de utilizar esa red social como su cuenta principal. Sin embargo, aclaró que no abandonará por completo su perfil, sino que pasará a manejarlo como un espacio complementario dentro de su estrategia de comunicación.

Dadas las restricciones que pone X a la irradiación del pensamiento progresista, y su afinidad a la extrema derecha con algoritmos que expanden el odio q la razón y la democracia, he decididó dejar de utilizar X como cuenta principal en las redes y pasara a ser cuenta comlementaria

Empiezo a hacer crecer mi canal por Whassap que pasará a ser mi cuenta principal y personal.

De 9,1 millones paso a 600.000 pero creo que ayudo más a la ⁿdemocracia desde redes.
https://t.co/ffKxxa4zeh

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 10, 2026

¿Qué red social usará Gustavo Petro como principal?

En su lugar, anunció que comenzará a impulsar su canal de WhatsApp, que se convertirá en su principal medio de comunicación personal. Con este movimiento, busca trasladar parte de la audiencia que ha construido durante años en X hacia una plataforma en la que espera mantener el contacto directo con sus seguidores.

El cambio también implica una diferencia importante en el tamaño de la comunidad que lo acompañará en ese canal. Petro reconoció que pasará de una audiencia de 9,1 millones de seguidores en X a cerca de 600.000 en WhatsApp, aunque sostuvo que considera que desde allí puede contribuir más a la democracia.

“Empiezo a hacer crecer mi canal por WhatsApp, que pasará a ser mi cuenta principal y personal. De 9,1 millones paso a 600.000, pero creo que ayudo más a la ⁿdemocracia desde redes”, indicó el mandatario.

La decisión no supone el cierre de su cuenta en esa red social. Petro indicó que seguirá utilizándola, pero con un papel secundario frente al canal de WhatsApp, que desde ahora tendrá prioridad en su comunicación personal.

Con este anuncio, el exmandatario plantea una reorganización de su presencia digital y acepta reducir el número de seguidores a los que llega directamente, al menos en términos de la comunidad que ha reunido en X.

El pronunciamiento se conoció mediante la Sentencia T-348 de 2026, en la que la corporación estudió una tutela presentada por una gestora social del municipio de Arauca contra un creador de contenido que publicó mensajes sobre ella en Facebook. El caso fue analizado por la Sala Cuarta de Revisión, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González.

La accionante, Stephany Dayana Ortiz Tafur, cuestionó varias publicaciones realizadas por Cristian Camilo Paredes Forero, en las que se hacían referencias a su cuerpo, apariencia física, posibles procedimientos estéticos y vida privada. También se difundían comentarios sobre el papel que, según el autor de los mensajes, debía desempeñar como mujer.

La mujer consideró que estas expresiones afectaban sus derechos fundamentales, pues trasladaban las discusiones sobre su actividad pública hacia aspectos de su vida personal y su apariencia. Por ello, acudió a la acción de tutela para solicitar protección frente a los contenidos que consideraba ofensivos y discriminatorios.

Al revisar el expediente, la Corte encontró que no todas las publicaciones podían recibir el mismo tratamiento constitucional. Por un lado, reconoció que las opiniones y cuestionamientos relacionados con la gestión de la administración municipal estaban protegidos por la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a ejercer control sobre los asuntos públicos. Sin embargo, concluyó que los mensajes dirigidos a presuntamente sexualizar, cosificar y desacreditar a la mujer por razones asociadas a su género superaban los límites de esas garantías.

¿Por qué la Corte Constitucional consideró que hubo violencia de género digital?

Uno de los aspectos centrales de la sentencia fue establecer la diferencia entre las críticas relacionadas con el desempeño público de una persona y los ataques que utilizan estereotipos de género para afectar su imagen y participación en la sociedad.

“Debido a su visibilidad pública como gestora social, las críticas sobre asuntos de interés general estaban amparadas por la libertad de expresión y la participación política. Sin embargo, la Sala concluyó que otras publicaciones constituyeron violencia de género digital porque sexualizaban, cosificaban, instrumentalizaban, minimizaban, desacreditaban o descalificaban a la accionante con fundamento en estereotipos de género”, explicó la Corte.

En el caso estudiado, la Corte encontró que algunas publicaciones se concentraban en la apariencia física de la gestora social, en supuestas cirugías estéticas y en comentarios de naturaleza sexual. También identificó expresiones relacionadas con el papel que debería cumplir una mujer en la sociedad, vinculándolo con actividades domésticas y labores de cuidado. “Se determinó que estos contenidos desplazaron el debate sobre la labor de la mujer y convirtieron su cuerpo y sus características personales en objeto de ataques”, agregó la sentencia. La sentencia también señaló que la violencia de género puede presentarse mediante publicaciones que, examinadas de manera individual, no necesariamente contienen expresiones explícitas de agresión. Por esta razón, los jueces deben revisar el contexto, la reiteración de los mensajes y los estereotipos que pueden estar detrás de ellos.

Los ataques digitales pueden limitar la participación de las mujeres en espacios públicos

Otro de los puntos abordados en la Sentencia T-348 de 2026 fue el efecto que puede tener la violencia digital sobre las mujeres que participan en escenarios políticos, sociales o profesionales. La Sala determinó que “la aludida conducta adquiere una dimensión adicional cuando pretende afectar a una mujer que ejerce su libertad de expresión, participa en asuntos de interés público o desarrolla una actividad profesional visible, pues en tales casos el ataque puede tener como efecto no solo menoscabar sus derechos individuales, sino también limitar su presencia, reconocimiento y capacidad de intervención y representatividad. Además, configura expresiones que generan escenarios de participación pública inseguros para las mujeres”.

Después de revisar las pruebas y establecer que se habían presentado actos de violencia de género digital, la Corte decidió revocar la sentencia de segunda instancia, que había negado la tutela, y conceder la protección solicitada por Stephany Dayana Ortiz Tafur, “a una vida libre de violencias, a la igualdad y no discriminación, a la imagen, a la integridad, a la dignidad humana y a la intimidad personal y familiar”.

Como parte de las medidas, el ente ordenó a Cristian Camilo Paredes Forero retirar de sus cuentas de Facebook las publicaciones identificadas en el expediente como actos de violencia de género digital. La instrucción también incluye la eliminación de otros contenidos que tengan características similares y en los que se haga referencia a la accionante de manera sexualizada, estereotipada o degradante.

Adicionalmente, el creador de contenido deberá abstenerse de realizar nuevas publicaciones que la instrumentalicen, sexualicen, desacrediten o degraden mediante estereotipos de género. La Corte también dispuso que el accionado publique disculpas dirigidas a la gestora social en sus dos cuentas de Facebook, medida que deberá cumplirse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia.

Por último, otra de las obligaciones consiste en que participe y complete una capacitación sobre igualdad de género y violencia contra las mujeres en espacios digitales. A esto se suma la obligación de que publique y difunda dicha sentencia en sus cuentas de Facebook.

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Sandoval explicó que el juez consideró que Rodríguez presentó esas acusaciones como hechos ciertos sin contar con elementos que les dieran respaldo. “Angie Rodríguez sobrepasó el límite de las opiniones políticas al hacer acusaciones muy graves sin ningún sustento, y el juzgado respalda nuestra postura”, afirmó la abogada.

La representante jurídica de Sarabia precisó que las dos afirmaciones objeto de la decisión judicial están relacionadas, por una parte, con la supuesta organización de encuentros sexuales para el presidente y, por otra, con la presunta tenencia de videos íntimos o información privada de Petro que habría utilizado para chantajearlo y mantenerse u obtener cargos públicos

¿Qué deberá hacer Angie Rodríguez para rectificarse?

De acuerdo con Sandoval, el fallo de tutela establece los términos concretos en los que Angie Rodríguez deberá retractarse públicamente. La decisión incluye dos párrafos redactados por el juzgado, en los que se precisa el contenido de la rectificación que deberá realizar.

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La abogada indicó que Rodríguez tendrá que publicar la retractación en sus redes sociales, habilitar un enlace para descargar el documento y firmar una carta en la que reconozca que no le constan los hechos ni cuenta con fundamento suficiente para haber realizado esas afirmaciones.

Además, explicó que el juzgado solicitó de oficio a los medios de comunicación que difundieron los señalamientos que publiquen el video de rectificación una vez esté disponible. Esta medida busca que la retractación tenga un alcance similar al de las acusaciones que dieron origen a la acción judicial.

Denuncia contra Angie Rodríguez y posibles consecuencias por desacato

Durante la entrevista, Sandoval confirmó que Laura Sarabia ya presentó una denuncia ante la Fiscalía por estos mismos hechos. Según explicó, la decisión de tutela representa un respaldo a la posición que sostendrán ante las autoridades penales, aunque aseguró que están dispuestos a controvertir cualquier elemento probatorio que pueda aparecer.

“Lo cierto es que esas afirmaciones las hizo sin ningún sustento. Incluso, en la respuesta que le dio al juzgado, dice que escuchó esos hechos de terceros, pero el juzgado es muy preciso en advertir que eso es incorrecto”, señaló la abogada.

Sobre los pasos que siguen en el proceso, Sandoval explicó que Angie Rodríguez tendría un plazo de tres días para impugnar la decisión. Si no presenta ese recurso o si un juez de segunda instancia confirma el fallo, deberá cumplir con la rectificación en los términos establecidos.

La jurista también advirtió que un eventual incumplimiento podría dar lugar a un incidente de desacato. “Puede existir una orden de arresto, pero eso ya lo veremos más adelante”, manifestó, al explicar las posibles consecuencias de no acatar la orden judicial.

Laura Sarabia prepara pruebas para entregar a la Fiscalía

Otro de los puntos abordados por la abogada tiene que ver con las pruebas que prepara la defensa para controvertir los señalamientos sobre el supuesto acceso de Laura Sarabia a información privada del presidente Gustavo Petro.

Sandoval aseguró que ya comenzaron a recopilar evidencias digitales que próximamente serán entregadas a la Fiscalía. Según indicó, ese material demostraría que la exfuncionaria nunca tuvo acceso a computadores, correos electrónicos, celulares ni otros dispositivos del entonces mandatario.

“Laura nunca tuvo acceso a videos, fotos ni información privada del presidente Gustavo Petro”, sostuvo la apoderada, quien manifestó que tiene tranquilidad frente a la defensa jurídica de su representada y confía en que los elementos recopilados respaldarán su versión.

Asimismo, se refirió a los cuestionamientos relacionados con las hojas de vida y aseguró que Sarabia no tuvo conocimiento de esos documentos. Según explicó, para el momento de los hechos a los que se hace referencia, su representada ya no estaba en el Dapre ni en la jefatura, por lo que no hacía parte del círculo central del Gobierno.

Abogada defiende el buen nombre y la honra de Laura Sarabia

Sandoval también insistió en que la acción de tutela busca proteger los derechos fundamentales de Laura Sarabia, especialmente su buen nombre y su honra. Reconoció que su representada ha sido objeto de cuestionamientos públicos por su paso por el Gobierno, pero advirtió que eso no significa que haya perdido sus garantías constitucionales.

“Un funcionario público, así haya sido funcionario público y así haya sido cuestionado, no quiere decir que no tenga derecho al buen nombre, a la presunción de inocencia ni a la honra”, expresó.

Finalmente, la abogada defendió que la discusión pública y las opiniones políticas tienen un lugar legítimo en los medios de comunicación, pero señaló que deben existir límites cuando se presentan acusaciones graves sin respaldo.

Frente a los demás señalamientos que han circulado sobre la exfuncionaria, Sandoval aseguró que no existe siquiera un indicio que permita vincularla con esos hechos y retó a quienes tengan pruebas a presentarlas ante la Fiscalía. “Si tienen alguna prueba o algún indicio de que ella participó o supo de alguna de estas cosas, que lo presenten ante la Fiscalía. Nosotros allá nos defendemos también con todo el gusto”, concluyó.

(Vea también: Caracol Televisión se pronunció por amenazas contra sus instalaciones y envió mensaje a otros medios)

Dicha representación diplomática rechazó las intimidaciones y manifestó su respaldo a los periodistas y trabajadores afectados, en medio de las alertas que involucraron a Caracol Televisión, Caracol Radio y RCN.

A través de un mensaje público, la sede diplomática expresó su rechazo categórico a cualquier amenaza de violencia contra empresas periodísticas y reiteró que la libertad de prensa y de expresión son principios fundamentales para el funcionamiento de una democracia.

“Estados Unidos reafirma su apoyo a la libertad de prensa y a la libertad de expresión —un pilar democrático fundamental que une a nuestras naciones”, señaló la Embajada, que también expresó su solidaridad con quienes resultaron afectados por las intimidaciones.

El pronunciamiento se conoció después de que varias empresas de comunicación recibieran advertencias sobre posibles ataques contra sus instalaciones en Bogotá. La situación llevó a activar protocolos de seguridad y a evacuar preventivamente la sede de Caracol Televisión y las instalaciones de Caracol Radio.

La Embajada de EE. UU. rechaza categóricamente las amenazas de violencia contra medios de comunicación ocurridas el pasado fin de semana, y expresa su solidaridad con los periodistas y trabajadores de los medios afectados.
 
Estados Unidos reafirma su apoyo a la libertad de prensa y a la libertad de expresión —un pilar democrático fundamental que une a nuestras naciones.
 
Los ciudadanos de nuestro hemisferio merecen vivir sin miedo. Las organizaciones terroristas solo traen violencia, extorsión y destrucción.

— US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) November 10, 2026

¿Qué pasó con las amenazas contra Caracol Televisión, Caracol Radio y RCN?

Las alertas se conocieron durante la noche del sábado 7 de noviembre, cuando Caracol Televisión recibió información de las autoridades sobre un posible atentado contra sus instalaciones. Ante el riesgo advertido, se recomendó evacuar el edificio ubicado en el barrio La Floresta, en Bogotá, mientras se adelantaban las verificaciones de seguridad.

Horas después, Caracol Radio informó que también había recibido una advertencia sobre posibles ataques contra su sede y otros medios de comunicación. RCN igualmente apareció mencionado entre los posibles objetivos de las amenazas.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades y las alertas de inteligencia mencionadas posteriormente por el presidente Abelardo de la Espriella, el posible plan estaría relacionado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El mandatario ordenó reforzar la protección de Caracol Televisión, RCN y la revista Semana, así como la seguridad de sus periodistas, trabajadores y familias.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, tras las revisiones realizadas en las instalaciones de Caracol Televisión, no encontró explosivos en el lugar. Sin embargo, las advertencias motivaron que se mantuvieran las medidas preventivas mientras avanzaban las actuaciones correspondientes.

Estados Unidos rechazó la violencia contra los medios de comunicación

En su mensaje, la Embajada también hizo referencia al impacto que tienen las organizaciones terroristas en la seguridad de los ciudadanos y en la estabilidad de los países.

“Los ciudadanos de nuestro hemisferio merecen vivir sin miedo. Las organizaciones terroristas solo traen violencia, extorsión y destrucción”, manifestó la representación diplomática.

Con este pronunciamiento, Estados Unidos se sumó a las voces nacionales e internacionales que han rechazado las intimidaciones contra los medios colombianos y han pedido garantías para que periodistas y demás trabajadores puedan ejercer sus labores sin amenazas.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia también expresaron su preocupación por lo ocurrido y solicitaron que se investigue el origen de las advertencias y se garantice la protección de las personas involucradas.

En ese crucial momento, varios vehículos que circulaban por la transitada avenida habrían detenido su marcha para darle paso al adulto mayor. Sin embargo, y según lo que se ha divulgado, el conductor de una moto Suzuki —un joven de alrededor de 28 años— no habría hecho lo propio. Fue así como el motociclista, al no frenar, terminó arrollando a Camilo López Barón, causándole lesiones de gravedad.

La situación se tornó crítica tras el impacto. El adulto mayor fue auxiliado rápidamente y llevado inicialmente a la USI (Unidad de Salud Integral) de El Jordán. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser remitido a la clínica Asotrauma, donde luchó por su vida durante varias horas. Finalmente, según lo reportado, falleció hacia las 11:00 de la noche.

La motocicleta involucrada en los hechos fue identificada con las placas JPR 95G. Tras el accidente, la familia de Camilo López Barón buscó establecer comunicación con el motociclista para adelantar los trámites y procedimientos asociados al caso. Según su testimonio, recibieron un número telefónico, pero no obtuvieron respuesta hasta el momento.

La comunidad del barrio Jordán siente profundamente la partida de Camilo López Barón, un sastre cuya labor y amabilidad dejaron huella entre sus vecinos. Su muerte resalta lo vulnerable que puede ser una salida cotidiana cuando no se observa el debido cuidado en las vías, y expone la importancia de la prudencia tanto para peatones como para conductores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el accidente en el que murió el sastre Camilo López Barón en Ibagué?

El accidente se produjo cuando Camilo López Barón intentaba cruzar la avenida Guabinal tras comprar pan. Aunque algunos conductores detuvieron sus vehículos para cederle el paso, el motociclista de una Suzuki continuó su recorrido y lo atropelló. Posteriormente, López Barón fue trasladado a centros médicos, pero falleció a causa de la gravedad de sus heridas.

¿Cuál era la labor de Camilo López Barón y por qué era reconocido en Ibagué?

Camilo López Barón era un sastre reconocido y muy apreciado en el barrio Jordán, donde tenía su propio negocio. Su trabajo y cortesía lo hicieron una figura querida en la comunidad, lo que hace que su pérdida sea aún más sentida por sus vecinos y clientes.

La revisión fue liderada por el magistrado Héctor Carvajal, con el apoyo de sus colegas Jorge Enrique Ibáñez y Miguel Polo, y se centró específicamente en la sentencia SU-020 de 2022. Con esa sentencia, la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional respecto a las garantías de seguridad para quienes firmaron el Acuerdo Final de Paz y se encuentran en proceso de reincorporación. Tras una evaluación exhaustiva, los magistrados concluyeron que, a pesar de las reiteradas advertencias y órdenes impartidas previamente al Ejecutivo, sigue existiendo, en sus palabras, una “violación masiva y sistemática” de los derechos fundamentales de esta población.

El alto tribunal señaló que las medidas tomadas por el Estado resultan esencialmente formales, careciendo de la eficacia necesaria para garantizar el funcionamiento adecuado de las instancias e instituciones encargadas de velar por el cumplimiento del Acuerdo de Paz y la protección de los excombatientes. Por tal motivo, la Corte recordó explícitamente al presidente De la Espriella que los compromisos en materia de paz deben observarse en su totalidad, sin que la ideología política del gobernante pueda ser una excusa para limitar su alcance o incidencia. Además, dictó órdenes concretas orientadas a asegurar el funcionamiento continuo y efectivo de las entidades responsables de proteger a la población en proceso de reincorporación.

En este sentido, la postura de la Corte Constitucional refuerza la exigencia de que los deberes estatales se cumplan de manera real y no solo formal, y exige acciones eficaces para garantizar la seguridad y los derechos de quienes apostaron por la paz y dejaron las armas.

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¿Qué dijo la Corte Constitucional sobre el incumplimiento de los acuerdos de paz con excombatientes?

La Corte Constitucional afirmó que el incumplimiento de las obligaciones de protección y garantías para los excombatientes de las extintas Farc es sistemático y persiste desde hace años. Además, resaltó que, bajo el actual gobierno de Abelardo de la Espriella, la problemática ha aumentado por decisiones oficiales que han limitado los avances en el cumplimiento de los acuerdos, manteniéndose una “violación masiva y sistemática” de derechos.

¿Qué es un Estado de Cosas Inconstitucional y por qué la Corte lo declaró en este caso?

Un Estado de Cosas Inconstitucional es una figura jurídica que declara la existencia de una vulneración sistemática y masiva de derechos fundamentales que el Estado no ha solucionado a pesar de diagnósticos y órdenes previas. En este caso, la Corte Constitucional lo declaró respecto al componente de garantías de seguridad de los excombatientes en proceso de reincorporación, debido a que las acciones estatales han sido insuficientes para proteger sus derechos.

En su exposición, Gaona sostuvo que el Gobierno nacional y una gran parte de la ciudadanía no son contrarios a la paz, pero sí se oponen a la impunidad. Añadió también que existen "falsas narrativas" sobre los supuestos beneficios del acuerdo, argumentando que no representa un modelo aplicable ni siquiera para Colombia, dadas las cifras de violencia y victimización posteriores a la firma. La sesión coincidió con la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU, dirigida por Miroslav Jenca, y con una modificación solicitada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que dejó fuera las funciones de verificación de la Reforma Rural Integral.

Los académicos señalan omisiones en la evaluación de Gaona respecto a excombatientes y reincidencias, así como en la comparación con acuerdos anteriores, como el realizado con el M-19 en 1990. Además, enfatizan que una valoración justa debe considerar tanto limitaciones como logros. Subrayan la responsabilidad del Estado en la reparación a las víctimas, más allá de la proveniencia de los victimarios, y advierten sobre la complejidad y lentitud de los procesos de reparación y administración de bienes incautados a las Farc.

En cuanto a los datos de violencia presentados por el embajador, los firmantes solicitan claridad, señalando que no todas las masacres, asesinatos y secuestros posteriores al acuerdo pueden vincularse al conflicto armado. Uno de los temas centrales es la Justicia Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de justicia restaurativa innovador dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuya función va más allá de resultados “punitivos” y ha logrado avances significativos en reconocimiento de responsabilidades y búsqueda de personas desaparecidas.

Finalmente, los investigadores sostienen que varias deficiencias señaladas por Gaona reflejan dificultades previas y problemas en la implementación del acuerdo, documentados tanto por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz como por la Procuraduría. Invitan a sostener un debate público fundamentado en evidencia y reconocimiento equilibrado de logros y limitaciones, sin renunciar a la crítica, pero evitando representaciones parciales del proceso de paz colombiano.

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¿Qué logros y limitaciones ha tenido la JEP desde la firma del Acuerdo de Paz?

De acuerdo con los académicos, la Justicia Especial para la Paz (JEP) ha permitido avances importantes como el reconocimiento de responsabilidad de integrantes de la Fuerza Pública en casos de ejecuciones extrajudiciales y la resolución de miles de expedientes archivados o sin resolver en la justicia ordinaria. A pesar de estos logros, los investigadores reconocen que el modelo tiene imperfecciones, dada la magnitud de las victimizaciones, y requiere evaluación crítica constante.

¿Cuál es el papel del Estado en la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia?

Según la carta citada por El Espectador, la reparación a las víctimas es una obligación del Estado, independientemente de quién haya perpetrado los crímenes. Los investigadores señalan que la reparación integral implica procesos largos y complejos, especialmente en la administración de bienes relacionados con el conflicto, y que esta deuda histórica ha sido reconocida por la Corte Constitucional en sentencias recientes.

La respuesta de Petro incluyó un cuestionamiento sobre la antigüedad del video. El presidente hizo énfasis en la falta de audio en los materiales divulgados y llamó la atención para que se esclarezca la fecha exacta en la que estos fueron grabados, sugiriendo que ese dato podría modificar la percepción pública sobre el caso. En sus palabras: "Algún verdadero periodista debería preguntar, de acuerdo a lo que observa: y ¿esos vídeos sin voz de qué año son?". Asimismo, afirmó que conocer ese detalle podría desmoronar "toda una narrativa mentirosa de la prensa que ya lleva dos semanas, y hasta todo un proceso judicial". Finalmente, cerró planteando interrogantes sobre su límite de tolerancia ante la situación: "¿Hasta cuándo aguantaré?".

Todo esto salió a la luz después de que la periodista Darcy Quinn presentara la grabación en la que, según se observa, Petro y Deicy Jiménez entablan una videollamada. En el material, se escuchan frases como "Estás linda" y "Párate". Al terminar la comunicación, se lee el mensaje: "Chévere. Me hacía falta verte". Este contenido no llegó aislado: se suma a otras conversaciones y acusaciones que Jiménez ha hecho públicas sobre el aparente uso de diferentes perfiles para establecer contacto con ella. Las denuncias incluyen alegatos sobre posibles negociaciones o favores sexuales a cambio de contratos estatales, asuntos que siguen bajo la lupa de las autoridades competentes.

En todo momento, la postura de Petro ha consistido en restar validez a las afirmaciones sin pruebas concretas sobre el contexto y la fecha de los vídeos, poniendo en duda la narrativa que ha circulado en los medios durante las últimas semanas.

¿De qué trata el video filtrado de Gustavo Petro y quién es Deicy Jiménez?

El video filtrado, presentado por la periodista Darcy Quinn, muestra a Gustavo Petro en una presunta videollamada con Deicy Jiménez. Durante la conversación, se observan gestos de afecto y frases dirigidas a la mujer. Jiménez ha denunciado que hubo contacto mediante diferentes perfiles y ha señalado supuestos favores sexuales a cambio de contratos estatales, hechos que están siendo revisados por las autoridades.

¿Por qué Gustavo Petro cuestiona la fecha y el contexto de los videos sin audio?

Gustavo Petro ha puesto en duda la veracidad e interpretación de los videos al destacar que no tienen audio y no se conoce la fecha exacta en la que fueron grabados. De acuerdo con su declaración, conocer cuándo se realizaron estos videos podría cambiar completamente la narrativa mediática y judicial que se ha desarrollado alrededor de las acusaciones, insistiendo en la importancia del contexto y la temporalidad para entender el caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El padre de Nicolás reconstruyó minuciosamente los movimientos del carro, que había sido adquirido para que padre e hijo pudieran contribuir a los gastos familiares. Los registros muestran que el automóvil se desplazó por varias zonas de Bosa y Soacha, deteniéndose varias horas en el sector de San Mateo. Con esta información, Álvaro visitó establecimientos, buscó videos de seguridad y pidió testimonio a residentes, en una investigación sin descanso en busca de cualquier pista sobre el paradero de su hijo.

El recorrido del vehículo los llevó a diferentes barrios, como Bosa San José, Potreritos y Catalina. En este último, una mujer aseguró reconocer a un joven similar a Nicolás, aunque esa versión no ha sido confirmada ni integrada oficialmente a la investigación. Álvaro también solicitó la revisión de cámaras de videovigilancia, pero denuncia falta de acceso a la información oficial y transparencia en el análisis del material recolectado por las autoridades.

Pese a los esfuerzos, la búsqueda solo logró recuperar el automóvil, que fue hallado en Bosa San José cuando era manejado por un hombre y acompañado por una mujer, quienes hoy enfrentan procesos judiciales, de acuerdo con El Espectador. No obstante, hasta ahora, ninguno de estos procedimientos ha dado luz sobre el destino de Nicolás. El padre, inmerso en la búsqueda y afectado en lo económico y lo emocional, cuestiona la falta de acompañamiento institucional y denuncia haber sido víctima de falsas pistas y estafas ante la desesperación.

A casi un año de la desaparición, la justicia mantiene abiertos dos procesos con cuatro personas investigadas, pero la familia reclama la falta de resultados y claridad sobre los hechos. En palabras de Álvaro, el desgaste ha sido tal que su vida y la de su esposa cambiaron para siempre, pero la esperanza de encontrar a Nicolás continúa inalterable.

¿Cuál es el estado actual de la investigación sobre la desaparición de Nicolás Bernate?

Según El Espectador, actualmente existen dos procesos judiciales en curso por la desaparición de Nicolás Bernate, con cuatro personas investigadas. Dos de ellas están en juicio, proceso actualmente suspendido porque uno de los acusados se quedó sin defensor. El segundo proceso involucra a otras dos personas, pero no se han divulgado más detalles. Hasta el momento, ninguna de las indagaciones ha permitido establecer qué ocurrió con Nicolás ni su paradero.

¿Qué significa la diabetes tipo 2 y cómo afecta la búsqueda de familiares desaparecidos?

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que afecta la capacidad del cuerpo para regular el azúcar en sangre. En el caso de Álvaro Bernate, padre de Nicolás, el impacto emocional y el desgaste físico causado por la búsqueda constante han dificultado el manejo de su condición, aumentando los riesgos para su salud y generando aún más dificultades en medio de la incertidumbre.

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Por el momento, no se conocen detalles sobre el modo en que se desarrollaron los hechos ni tampoco se ha establecido cuál podría haber sido el motivo del ataque que terminó con la vida de la víctima. La información oficial indica que las investigaciones continúan y las autoridades buscan respuestas que permitan entender el contexto de esta muerte violenta en San Antonio. No se ha presentado información adicional sobre posibles antecedentes, móvil o identidad de la persona capturada, tampoco sobre la relación con la víctima o sobre si existieron amenazas previas.

La Alcaldía de San Antonio reaccionó ante el fallecimiento de Reinoso Olaya emitiendo un comunicado público en el que expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos del fallecido. En su mensaje, la administración municipal manifestó: “En estos momentos de tristeza, expresamos nuestro abrazo solidario y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, deseándoles fortaleza y serenidad para afrontar esta irreparable pérdida”. Este gesto busca ofrecer apoyo a los allegados y reconocer la gravedad de la situación que enluta al municipio.

Mientras la comunidad espera resultados de la investigación, prevalece la incertidumbre sobre las causas del hecho y se mantiene la expectativa frente a las acciones judiciales que determinarán la responsabilidad de la persona capturada. La muerte de Reinoso Olaya evidencia preocupación social y la necesidad de avanzar en el esclarecimiento del caso.

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¿Qué se sabe hasta ahora sobre la muerte de Alex Mauricio Reinoso Olaya en San Antonio?

Hasta el momento, se ha confirmado que Alex Mauricio Reinoso Olaya falleció en un acto violento y que las autoridades capturaron a una persona presuntamente implicada, quien permanece en la estación de Policía local mientras avanzan las pesquisas judiciales. No se conocen los detalles ni los motivos del incidente, por lo que la investigación continúa según reportó la Alcaldía de San Antonio.

¿Cuál es la reacción de la Alcaldía de San Antonio ante el presunto homicidio?

Luego de conocerse la muerte de Reinoso Olaya, la Alcaldía de San Antonio emitió un mensaje oficial manifestando su solidaridad y enviando condolencias a la familia, amigos y allegados de la víctima, resaltando el acompañamiento y fortaleza necesarios para afrontar esta pérdida, de acuerdo con lo expresado públicamente.

El caso, que se remonta a noviembre de 2024, es caracterizado por una compleja trama, donde la víctima habría sido objeto de represalias tras una supuesta conducta sexual en redes sociales con la hija de Katherine Sotelo Torres, quien fue la que realizó las acusaciones en un principio. En el desarrollo judicial, la Fiscalía detalló que la víctima fue sometida a castigos físicos y psicológicos. De acuerdo con la investigación citada por El Espectador, Juan Felipe Rincón sufrió lesiones contundentes y quemaduras en cabeza, espalda y extremidades, así como hemorragia subaracnoidea, una forma de sangrado en la parte exterior del cerebro, y numerosos hematomas. A pesar de la gravedad del ataque, todavía no se ha identificado a la persona que efectuó el disparo que acabó con la vida del joven.

Al inicio de la investigación, la atención se centró en Camilo Sotelo, señalado inicialmente como el presunto autor del homicidio; sin embargo, el proceso no logró demostrar que él hubiera disparado el arma, pues se estableció que la pistola que tenía era 'hechiza', es decir, artesanal, y se desarmó en medio de los hechos violentos. Paralelo a este proceso, la Fiscalía siguió otra línea de investigación en la que sostiene que la víctima fue contactada a través de perfiles falsos en redes sociales y llevada bajo engaños al lugar de los hechos usando a una adolescente, bajo el supuesto de robarle el celular. Fue allí donde habría sido interceptado y agredido por varias personas.

Por su parte, la defensa ha argumentado que las imputaciones son desproporcionadas, en especial la de tortura y uso de menores, señalando que, según las pruebas, la adolescente habría participado de manera voluntaria y que las conductas atribuidas a sus defendidos no necesariamente encajan en los tipos penales imputados. En los próximos días, la Fiscalía y la defensa presentarán sus pruebas y será el juez quien determine cuáles serán admitidas en la audiencia preparatoria.

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¿Cuáles son los delitos imputados en el caso Juan Felipe Rincón?

De acuerdo con la información de El Espectador, la Fiscalía imputó a los procesados cargos por tortura, uso de menores para la comisión de delitos, alteración y ocultamiento de elementos probatorios y soborno a testigos dentro de la actuación penal. Estos delitos involucran desde conductas de violencia física y psicológica, hasta posibles intentos de manipular la investigación y el uso de menores en la ejecución de los hechos.

¿Qué significa hemorragia subaracnoidea en contextos judiciales?

La hemorragia subaracnoidea se refiere a un sangrado que ocurre en el espacio entre el cerebro y el tejido que lo recubre, llamado espacio subaracnoideo. En contextos judiciales como el caso de Juan Felipe Rincón, esta lesión es relevante porque evidencia un nivel severo de violencia durante la agresión, lo que puede influir en la calificación jurídica de los hechos y en las responsabilidades penales.

Benavides enfatizó el compromiso de la entidad con el manejo transparente de los recursos públicos. En un video divulgado por los canales oficiales del ministerio, subrayó la importancia de que los fondos destinados a la ciencia y la tecnología beneficien a la comunidad científica y a los jóvenes, además de contribuir con soluciones a los problemas del país. "Cada peso merece cuidado… No vamos a permitir que se engañe al país para acceder a esos contratos. Y cuando encontremos irregularidades vamos a actuar y a denunciarlas", manifestó la ministra.

Esta denuncia puntual sobre la falsificación de documentos no está aislada. Se suma a una serie de irregularidades señaladas recientemente por la actual ministra. A principios de mes, Benavides reveló otros hechos relacionados con el funcionamiento interno de la entidad durante el gobierno anterior, como la existencia de 32.300 almuerzos proporcionados sin ningún registro de sus destinatarios y precios notoriamente elevados que carecían de justificación. De acuerdo con lo declarado por la funcionaria, estos y otros hallazgos corresponden al período comprendido entre noviembre de 2024 y julio de 2026 y comprometen recursos que superan los COP 9.800 millones.

El Ministerio detalló que, en el marco de estas anomalías, se identificaron inconsistencias en los soportes presentados para justificar la ejecución de actividades y servicios, así como pagos de eventos supuestamente organizados para miles de personas, sin evidencia tangible de que realmente se hubieran realizado o que existiera la infraestructura adecuada para ello. Todos estos informes fueron remitidos ya a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía para que revisen la existencia de posibles responsables en el manejo de los recursos observados.

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¿Qué consecuencias puede tener la falsificación de títulos académicos en entidades públicas?

La falsificación de títulos académicos podría derivar en consecuencias penales y administrativas para quienes presentan documentación fraudulenta al momento de ser contratados, así como comprometer la transparencia y la confianza en la gestión de la entidad, según lo señalado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

¿Cómo están actuando las autoridades frente a irregularidades en el Ministerio de Ciencia?

Según lo informado por la ministra Claudia Benavides Salazar, los hallazgos de presuntas irregularidades ya se pusieron en conocimiento de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, entidades encargadas de determinar la existencia de responsabilidades y, en su caso, sancionar a los implicados conforme a la ley.

Según lo documentado por la JEP, los crímenes de lesa humanidad y de guerra incluyen violaciones, esclavitud sexual, persecución, asesinatos y tortura —tipificados como crímenes que no pueden recibir amnistía judicial por su gravedad—. El organismo identificó a los imputados como responsables de estructuras como el Bloque Sur, Bloque Oriental, Bloque Noroccidental, Comando Conjunto Central y Comando Conjunto de Occidente. Entre ellos figuran alias “Fabián Ramírez” y “Martín Corena”, así como “Albeiro Córdoba”, “Alberto Pitufo”, “Arquímedes”, “Isaías Trujillo”, “Anderson” o “Carranza”, “Marlon”, “Donald”, “Javier Guzmán” o “Chugo” y “Ricardo el Pija”.

La decisión se apoya en testimonios de 743 víctimas, 80 informes de organizaciones civiles y versiones de 54 comparecientes. Según cifras de la JEP, 573 de las víctimas son mujeres, incluidas 18 mujeres trans, y 81 son hombres, seis de ellos hombres trans. Además, 272 personas eran menores de edad al momento de los hechos.

El trabajo de la Sala permitió establecer que estos delitos no fueron aislados, sino que respondieron a patrones sistemáticos, entre los que destaca la violencia sexual cometida contra niñas, adolescentes, mujeres y personas con orientaciones o identidades de género diversas. En un caso documentado, un joven gay de 18 años relató ante la JEP haber sido agredido sexualmente en dos ocasiones bajo el pretexto de “enseñarle a ser hombre”.

Pese a que las Farc establecieron normas internas contra estas agresiones, la JEP señaló que tales disposiciones resultaron ineficaces frente a los casos ocurridos. La entidad subrayó también que la mayoría de los victimarios materiales de estos delitos murieron en el conflicto, pero los superiores conservan responsabilidad por acción u omisión.

En el ámbito judicial, la JEP advirtió que el 91 % de los 2.222 procesos ordinarios nacionales por violencia sexual y de género atribuidos a las Farc no llegaron a juicio, y el 78 % no superó las etapas preliminares. Ninguno de los imputados había estado en prisión por estos hechos. Ahora, los excomandantes tienen 20 días hábiles para reconocer o rechazar los cargos; si admiten responsabilidad y aportan a la verdad, podrían recibir sanciones restaurativas —como restricciones de libertad, pero no prisión—, de lo contrario enfrentarán un juicio ordinario con posibles penas de hasta 20 años.

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¿Cuáles son los crímenes de lesa humanidad y de guerra que la JEP imputa a excomandantes de las Farc?

La JEP les atribuye a los excomandantes de las Farc crímenes de guerra como violaciones, violencia sexual, esclavitud sexual, homicidio, tortura, tratos crueles y desplazamiento de civiles, así como crímenes de lesa humanidad incluyendo persecución, asesinato, tortura y deportación forzada, de acuerdo con lo documentado por el tribunal en el Subcaso 01 del Caso 11.

¿Por qué estos crímenes no pueden ser perdonados judicialmente según la JEP?

La JEP indicó que los crímenes imputados —como violación, violencia sexual, esclavitud sexual, persecución y asesinato— tienen tal gravedad y naturaleza que, según normas nacionales e internacionales, no pueden recibir amnistía ni perdón judicial, por lo que los responsables deben ser investigados, juzgados y sancionados.

“Me gusta. Ahora los besos se criminalizan, pero son fundamentales, nunca hay que dejar de darlos”, escribió Petro en respuesta al corte del video. El jefe de Estado agregó que los besos deben darse a quien los merezca y los acepte, o incluso a todo el mundo en general. Cerró esa parte de su mensaje con una expresión: “Besos a la humanidad y a la vida”.

Sin embargo, la reacción del mandatario no se limitó a la escena del beso. Petro también puso en duda la antigüedad de las imágenes y cuestionó que los fragmentos difundidos no tengan sonido. En ese sentido, pidió que algún periodista investigue de qué año son las grabaciones.

“¿Y esos videos sin voz de qué año son?”, preguntó el presidente, quien sostuvo que conocer la fecha podría cambiar la interpretación que se ha hecho del material audiovisual.

El nuevo material fue divulgado por la periodista Darcy Quinn, quien aseguró que la grabación está en poder de la Fiscalía y que mostraría que Petro se comunicaba con Jiménez utilizando el nombre de Andrés Maldonado Beltrán. En el video se observa una conversación de tono personal entre ambos, en la que también hay intercambios durante una videollamada. 

Me gusta.

Ahora los besos se criminalizan pero son fundamentales, nunca hay dejar de darlos, siempre que se den a quien se lo merece y que los acepte, o se den a todo el mundo en general. besos a la humanidad y a la Vida.

Algún verdadero periodista debería preguntar, de acuerdo a lo que observa: y ¿esos vídeos sin voz de que año son?

Creo que solo la fecha desplomaria toda una narrativa mentirosa de la prensa que ya lleva dos semanas, y hasta todo un proceso judicial.

¿Hasta cuándo aguantaré?

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 10, 2026

Petro insistió en que la fecha de las imágenes sería determinante para entender el contexto de lo ocurrido. “Creo que solo la fecha desplomaría toda una narrativa mentirosa de la prensa que ya lleva dos semanas, y hasta todo un proceso judicial”, manifestó.

Finalmente, el mandatario cuestionó la presión que, según él, ha enfrentado por este escándalo y cerró su publicación con una pregunta: “¿Hasta cuándo aguantaré?”.

La divulgación del video se suma a la controversia por las denuncias de Deicy Jiménez y a las investigaciones que adelanta la Fiscalía para esclarecer los hechos relacionados con las comunicaciones y los presuntos perfiles falsos. 

De acuerdo con la información conocida, Jiménez argumentó que no podrá acudir a la citación prevista para este martes. Por esa razón, el organismo judicial reprogramó la diligencia para el próximo viernes 13 de noviembre, cuando se espera que pueda entregar su declaración ante las autoridades.

#JUSTICIA | Deicy Jiménez solicitó cambiar la fecha de su declaración ante la @FiscaliaCol, tras argumentar que no podrá asistir a la citación prevista para este martes 10 de noviembre. Por esta razón, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia reprogramó la diligencia para el próximo viernes 13 de noviembre.

Vía: @JennyAngaritaG

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 9, 2026

El cambio de fecha se conoce en medio de las actuaciones judiciales relacionadas con las denuncias que involucran a Jiménez y al presidente Gustavo Petro. Su testimonio es uno de los asuntos que han concentrado la atención pública por las investigaciones y controversias que rodean este caso.

Por ahora, la nueva fecha establecida por la Fiscalía es el viernes 13 de noviembre. La diligencia permitirá avanzar en la recepción de la declaración de Jiménez, mientras las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, recopilados en el lugar de los hechos, el taxi habría efectuado un giro prohibido, acción que habría desencadenado el accidente. La gravedad de la colisión no solo generó daños visibles en ambos vehículos, sino que también puso en evidencia la vulnerabilidad de quienes transitan en motocicleta. Tras el choque, personal de emergencias atendió al motociclista lesionado y brindó la atención inicial correspondiente, mientras los agentes de tránsito adelantaban las primeras verificaciones sobre lo ocurrido.

Las investigaciones actualmente buscan esclarecer el desarrollo exacto de los hechos, especialmente para determinar si la maniobra efectuada por el conductor del taxi incidió de forma directa en el accidente. Las autoridades en el lugar, según lo conocido en el reporte, han señalado que la reconstrucción de la escena será fundamental para esclarecer responsabilidades y entender las circunstancias previas al choque.

Este siniestro evidencia una vez más los riesgos latentes en las vías urbanas, donde el incumplimiento de las normas de tránsito puede desencadenar situaciones lamentables. A pesar de que la lesión del motociclista ha sido descrita como grave —con la posibilidad de una fractura en la rodilla—, las fuentes consultadas no han confirmado oficialmente el diagnóstico exacto, subrayando la necesidad de esperar los informes médicos definitivos.

El proceso de investigación continúa y las autoridades analizan todos los elementos disponibles para esclarecer los hechos y definir las responsabilidades de los involucrados.

¿Cuál fue la causa del accidente de tránsito entre el taxi y la motocicleta en Ibagué?

Según la información recopilada en el lugar de los hechos y de acuerdo con los reportes de tránsito, el accidente se habría producido porque el taxi de placas WOZ-267 realizó un giro prohibido, lo que desencadenó la colisión con la motocicleta Honda. Sin embargo, la investigación oficial aún debe establecer con certeza cómo se originó el choque y confirmar la responsabilidad de cada conductor.

¿Qué lesiones sufrió el motociclista tras el accidente en la avenida Mirolindo?

Las fuentes consultadas señalaron que el motociclista resultó con una lesión de gravedad en una de sus rodillas y fue atendido tras el accidente. Aunque se habla de una posible fractura de rodilla, los reportes oficiales aclaran que este diagnóstico aún no ha sido confirmado y se esperan los resultados médicos para precisar la magnitud de la lesión.

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El fallo le da 48 horas a Rodríguez, desde que recibe la notificación, para firmar la retractación y grabar un video en el que lea el texto establecido por el juzgado. Puede hacerlo sin mostrar el rostro y con ayuda técnica. La controversia surgió luego de que Rodríguez hiciera las declaraciones en una entrevista con el periodista Daniel Samper Ospina, en la que incluso mencionó supuestas pruebas, como fotos y videos. Sarabia respondió cuestionando el silencio anterior de Rodríguez sobre los hechos. La defensa de la excanciller recalcó en El Espectador que el fallo reafirma el respeto obligatorio al buen nombre y la honra: las acusaciones públicas, subrayó, deben tener sustento probatorio. La abogada aclaró que la orden judicial no limita el derecho a la crítica ciudadana, pero sí distingue entre cuestionar la gestión de un funcionario y atribuirle hechos graves sin evidencia.

Los señalamientos de Rodríguez se unen a los de Deicy Jiménez, excontratista del gobierno Petro, quien en entrevista con Semana habló de una presunta red de entre 30 y 40 mujeres contratadas por el Estado para encuentros sexuales y afirmó que Petro, cuando era senador, le pidió comprar droga. Jiménez publicó, días después, un video como supuesta prueba y responsabilizó públicamente a Petro si algo le sucedía a ella o su familia.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó una inspección judicial para revisar los contratos de Jiménez en el Congreso, mientras que la Fiscalía abrió una investigación el 23 de octubre sobre presuntas irregularidades en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y otras entidades. El caso involucra lo divulgado por Angie Rodríguez y lo afirmado por Jiménez. Paralelamente, la Procuraduría inició una indagación por posible acoso y violencia de género en relación con contratos estatales. Tanto Rodríguez como Sarabia serán citadas a declarar por la Fiscalía.

Sobre el video de Jiménez, el abogado de Petro, Alejandro Carranza, afirmó que no es una prueba hasta que se establezca su autenticidad, integridad y contexto por vía pericial. La defensa del expresidente indicó que Petro responderá ante la justicia y reiteró que jamás condicionó contratos públicos a favores sexuales.

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¿Por qué Angie Rodríguez debe retractarse por las afirmaciones contra Laura Sarabia?

Angie Rodríguez está obligada a retractarse porque, según el juzgado, sus declaraciones contra Laura Sarabia carecen de pruebas suficientes y afectan los derechos fundamentales de la exfuncionaria al buen nombre y la honra. La acción de tutela presentada por la abogada Lina Sandoval Echavarría consiguió que el juez reconociera la importancia de rectificar acusaciones públicas graves cuando no están debidamente sustentadas.

¿Qué avances existen en la investigación sobre supuestos contratos irregulares relacionados con el caso Petro?

La investigación ha avanzado con la apertura de una noticia criminal por parte de la Fiscalía, que indaga presuntas irregularidades en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y otras entidades, incluyendo la revisión de contratos y declaraciones de involucrados como Deicy Jiménez y Angie Rodríguez. Además, la Corte Suprema y la Procuraduría han iniciado acciones relacionadas con contratos estatales y posibles delitos de acoso y violencia de género, aunque no se ha confirmado la autenticidad de las pruebas presentadas.

El panorama interno del Pacto Histórico apunta a fomentar alianzas únicamente con actores políticos que compartan sus lineamientos programáticos y que estén dispuestos a respaldar su rol de oposición frente al actual Ejecutivo. No obstante, en un evento celebrado en Antioquia, Petro ofreció una alianza estratégica a nivel local, "municipio por municipio", a cambio de que el oficialismo no aprobara ciertos puntos clave de la ley de ajuste fiscal presentada por la administración de De la Espriella. Esta estrategia formaba parte de un bloque de oposición al actual Gobierno, pero fue rechazada tajantemente por las principales cabezas del Centro Democrático, incluido su presidente Gabriel Vallejo y el congresista Daniel Briceño, según reportes de El Espectador.

Al interior del Congreso, se ha observado que tanto la oposición (petrismo) como el oficialismo (uribismo) en ocasiones han coincidido en apoyar candidatos para cargos clave, como la presidencia del Senado. Ejemplo de esto fue el respaldo conjunto a la candidatura de Honorio Henríquez, superando al aspirante del Gobierno. Sin embargo, tales coincidencias han provocado llamados de atención internos, especialmente cuando sectores del Pacto Histórico facilitaron el quórum necesario para tramitar la ley de sometimiento, una iniciativa presentada por el Centro Democrático.

Frente a la próxima contienda electoral regional, el oficialismo ahora incluye dos nuevos partidos de derecha: el Partido Demócrata Colombiano, anteriormente Liga de gobernantes anticorrupción, y Defensores de la Patria, plataforma fundada por el presidente De la Espriella tras su triunfo electoral. Según declaraciones del mandatario, su partido enfrentará directamente a las fuerzas opositoras en las urnas, consolidando así una línea oficialista reacia a cualquier tipo de coalición con sectores del Pacto Histórico o afines a Petro.

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¿Por qué el Partido Conservador y el Centro Democrático rechazan alianzas con el Pacto Histórico para las elecciones de 2027?

Ambos partidos han dejado claro, según documentación de El Espectador, que sus criterios para establecer alianzas excluyen a cualquier fuerza política que no haya apoyado la gestión y candidatura del presidente Abelardo de la Espriella. Como líderes del oficialismo, consideran inadecuado asociarse con bloques opositores, como el Pacto Histórico, para las próximas elecciones regionales en un contexto de fuertes diferencias programáticas y estratégicas.

¿Cuál es la estrategia del Pacto Histórico frente a la negativa de alianzas de los partidos oficialistas?

El Pacto Histórico, liderado por Gustavo Petro, busca concentrarse en alianzas locales solo con movimientos que compartan sus posiciones programáticas y su oposición al actual Gobierno, apostando a una construcción política que privilegie la coherencia ideológica sobre alianzas meramente electorales, según reporta El Espectador.

En Ibagué, capital del Tolima, así como en otros municipios cercanos, residentes manifestaron haber sentido el movimiento telúrico durante la tarde del lunes. Reportes ciudadanos señalaron que la percepción del sismo se extendió a diferentes poblaciones del sur del departamento, aunque no se reportaron mayores incidentes ni afectaciones graves derivadas de este fenómeno natural.

La información oficial proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano fue clave para determinar la localización precisa del epicentro y aclarar detalles técnicos sobre la magnitud y la profundidad del evento. La clasificación de 'profundidad superficial' implica que el sismo ocurrió poco profundo bajo la corteza terrestre, lo que suele traducirse en una mayor percepción del mismo por parte de la población cercana al epicentro.

Estos episodios sísmicos son monitoreados de forma permanente por el SGC, que se encarga de informar oportunamente a las autoridades y a la ciudadanía sobre los eventos detectados en territorio nacional. En este caso, la pronta publicación del boletín y la confirmación de la magnitud y ubicación del temblor permitieron brindar tranquilidad a los habitantes de la región afectados por la inquietud suscitada ante el movimiento telúrico.

De acuerdo con la información recopilada, no se tienen registros de daños materiales significativos o afectaciones a la infraestructura en Chaparral, Ibagué ni en las poblaciones cercanas.

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¿Qué significa que un sismo tenga profundidad superficial, según el Servicio Geológico Colombiano?

La profundidad superficial, de acuerdo con lo señalado por el Servicio Geológico Colombiano, indica que el sismo ocurrió a menos de 30 kilómetros bajo la superficie terrestre. Esto implica que los temblores en esta categoría suelen sentirse con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro, debido a la proximidad del punto de origen del movimiento respecto de la superficie.

¿En qué municipios de Tolima se sintió el sismo de magnitud 3.3 reportado por el Servicio Geológico Colombiano?

El sismo de magnitud 3.3 percibido este 9 de noviembre fue sentido especialmente en Ibagué, la capital tolimense, y en otras poblaciones del sur del departamento de Tolima, como fue reportado por diversos habitantes y confirmado por las autoridades mediante el boletín del Servicio Geológico Colombiano.

El material expone cómo se destacaba una comunicación simultánea: videollamada y chat, siendo el detalle que la cuenta usada en la plataforma no lleva el nombre de Petro, sino el de otra persona, hecho que ha sido resaltado por los testimonios de la propia Jiménez. Según la mujer, no era la primera vez que el exmandatario utilizaba identidades alternas para continuar el contacto. En otras capturas de chat que ella hizo públicas, figuran nombres como Michel Foucault, Mihail Bukharin, Altheais Monteluz y Penser Lesujet. De acuerdo con la versión de Jiménez, Petro utilizaba perfiles con estos y otros nombres para comunicarse, en medio de una relación cuya dimensión privada se entrelazó, según ha denunciado, con gestiones relacionadas con contratos en entidades del Estado.

El nombre Michel Foucault especialmente ha llamado la atención, ya que corresponde al de un reconocido filósofo francés. No obstante, con la reciente grabación dada a conocer por Darcy Quinn, un nuevo perfil —Andrés Maldonado Beltrán— se suma al listado de identidades que, según la denunciante, habría usado Petro para este tipo de contacto.

Estas revelaciones se insertan en el contexto de las denuncias que ha hecho Jiménez sobre la presunta existencia de intercambio de favores sexuales por vínculos o contratos estatales. La mujer ha afirmado que, durante los años en que Petro ocupó cargos públicos, existieron relaciones contractuales con dependencias del Gobierno y el Congreso, ligadas, según su versión, a ese vínculo personal.

No obstante, la sola existencia de las grabaciones y chats no es suficiente prueba para confirmar la totalidad de las denuncias. Como han señalado los reportes, la atribución de las cuentas y la autenticidad del material divulgados están bajo la revisión de las autoridades competentes, quienes deben verificar su veracidad como parte del proceso de investigación. Por lo pronto, el nuevo video deja en evidencia el uso de una cuenta de nombre distinto al de Petro para mantener una comunicación cercana con Jiménez.

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¿Qué nombres de Facebook utilizaba Gustavo Petro para comunicarse con Deicy Jiménez?

De acuerdo con las revelaciones expuestas por Deicy Jiménez y citadas en la grabación divulgada por Darcy Quinn, Gustavo Petro utilizaba varias identidades en Facebook para mantener comunicación con ella. Entre los nombres que aparecen en las conversaciones se encuentran Michel Foucault, Mihail Bukharin, Altheais Monteluz, Penser Lesujet y Andrés Maldonado Beltrán. Jiménez aseguró que estas cuentas se empleaban para sostener tanto diálogo personal como supuestas gestiones contractuales con el Estado.

¿Qué implica la denuncia de Deicy Jiménez sobre contratos en el Estado y favores sexuales?

Las denuncias de Deicy Jiménez implican presuntos intercambios de favores sexuales a cambio de vinculaciones o contratos en entidades estatales. Según su versión, estas situaciones sucedieron durante los años en que Gustavo Petro ocupó cargos públicos y estarían relacionadas con dependencias del Gobierno y el Congreso. Sin embargo, la autenticidad de las pruebas y las imputaciones están bajo investigación de las autoridades y las grabaciones divulgadas no prueban por sí mismas los hechos denunciados.

Elena Calle García, directora de Seguridad de Ibagué, afirmó que se han intensificado los controles para atender la preocupación de la comunidad. Calle García recalcó que los negocios pueden ofrecer opciones de entretenimiento siempre y cuando sus actividades no perturben el bienestar de quienes habitan en las proximidades. En palabras de la funcionaria: "Queremos que los ibaguereños puedan disfrutar de estos espacios, pero sin afectar el descanso de quienes viven alrededor. La diversión de unos no puede convertirse en la molestia de otros".

De acuerdo con la misma fuente, estas intervenciones no se limitan a una sola área de la ciudad, sino que continuarán en varias zonas para garantizar que los comercios cumplan con las disposiciones acerca del ruido. Con la campaña 'Bajémosle tres rayitas al volumen, a la intolerancia y al desorden', las autoridades buscan hacer un llamado tanto a comerciantes como a ciudadanos sobre la importancia de la convivencia. Calle García sentenció que permanecerán en las calles y realizarán los controles necesarios para impedir que el ruido excesivo altere la tranquilidad familiar.

La Administración municipal también instó a quienes regentan estos negocios a revisar cuidadosamente el volumen de sus equipos de sonido y a tomar medidas preventivas para reducir las molestias que puedan causarse a los vecinos. La iniciativa representa un esfuerzo para que tanto la actividad comercial como los momentos de descanso puedan coexistir en armonía, propiciando una mejor convivencia en los barrios de Ibagué.

¿Por qué las autoridades de Ibagué realizan operativos de control al ruido en bares y tiendas?

Las autoridades llevan a cabo estos operativos con el fin de asegurar que los bares, tiendas y establecimientos respeten las normas sobre emisión de ruido, evitando así que las actividades comerciales perjudiquen el descanso de los vecinos. Esta labor incluye visitas de inspección y campañas de sensibilización, con el objetivo de proteger la calidad de vida y la tranquilidad de los residentes, de acuerdo con información de la Administración municipal.

¿Qué significa la campaña 'Bajémosle tres rayitas al volumen, a la intolerancia y al desorden' en Ibagué?

La campaña 'Bajémosle tres rayitas al volumen, a la intolerancia y al desorden' es un mensaje utilizado por las autoridades para generar conciencia entre comerciantes y ciudadanos sobre la necesidad de reducir el ruido, promover la tolerancia y evitar el desorden, favoreciendo así la convivencia en los barrios. La intención principal es equilibrar el derecho al entretenimiento con el derecho al descanso de los habitantes.

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Según la información citada, el senador Rodríguez manifestó que, el martes 10 de noviembre, presentará ante la plenaria del Senado la solicitud formal de revocatoria, argumentando que "día a día salen nuevas pruebas de corrupción y contratos que lo señalan directamente; varias ya en manos de la justicia". En palabras del senador, si se le sigue permitiendo a Petro salir del país siendo investigado, no se estaría actuando con prudencia desde el Congreso, sino con complicidad frente a las investigaciones en curso.

Dentro de las acciones anunciadas, Germán Rodríguez solicitó también que le sea entregada la minuta detallada de los desplazamientos del expresidente en los últimos meses. Específicamente, pidió información sobre las "fechas de radicación, destinos y periodos informados" de los viajes realizados. Adicionalmente, solicitó que se le notifique si existen otras solicitudes presentadas de revisión, modificación o revocatoria sobre la autorización inicialmente otorgada por el Congreso.

El permiso para que Petro Urrego saliera del país fue aprobado el 12 de agosto en la plenaria del Senado, con un respaldo amplio de 73 votos a favor y 11 en contra. Según la carta enviada por el exmandatario el 10 de agosto al Capitolio, la solicitud respondía a compromisos tanto políticos como académicos y la autorización tendría vigencia de un año. Sin embargo, la cámara alta condicionó la salida a la entrega de información detallada sobre los viajes: debía definir fechas y destinos en cada ocasión en la que saliera del país.

Este proceso, de acuerdo con El Espectador, se suma al tenso ambiente político que ha caracterizado las discusiones en el Congreso y pone en el debate nacional la vigilancia a los permisos concedidos a exfuncionarios y su relación con actuales investigaciones judiciales.

¿Por qué el Senado aprobaría o revocaría permisos de salida del país a expresidentes en Colombia?

El Senado tiene la potestad de otorgar o revocar permisos de salida del país a exmandatarios como Gustavo Petro Urrego porque estos deben responder ante la justicia cuando hay polémicas o investigaciones en curso. Según El Espectador, el permiso fue aprobado bajo condiciones estrictas, pero ante nuevos señalamientos, el Senado puede considerar necesario limitar la movilidad internacional para asegurar la presencia de estos funcionarios ante las autoridades nacionales.

¿Qué implica la revocatoria del permiso para Gustavo Petro Urrego?

Si se revoca el permiso, Gustavo Petro Urrego estaría obligado a permanecer en Colombia de forma permanente durante el periodo que se establezca y no podría cumplir compromisos en el exterior. Como señala El Espectador, esto aseguraría que el exmandatario esté disponible para responder a cualquier requerimiento de las autoridades relacionado con las investigaciones en curso o polémicas recientes.

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En el proceso de valoración que realizó el equipo del IDPYBA, se encontraron numerosas deficiencias en el entorno y cuidado del canino. El informe técnico concluyó que el perro sufría graves problemas de higiene y que su pelaje estaba severamente enredado, lo cual representa una condición inadecuada que puede acarrear complicaciones médicas. Además, se detectó la ausencia de registros o evidencia que probaran que había recibido atención veterinaria adecuada, elemento fundamental para la protección animal.

Tras el concepto técnico desfavorable emitido por el equipo especializado del instituto, la persona responsable del perro optó por entregar de forma voluntaria el animal a las autoridades de protección. Según el reporte oficial, el documento de valoración será enviado a las autoridades competentes para adelantar el proceso que corresponda en este tipo de casos, asegurando así transparencia y un seguimiento institucional. Este procedimiento subraya la importancia del cumplimiento de las normas sobre bienestar animal en Bogotá.

Actualmente, el perro se encuentra bajo la guarda y atención del IDPYBA, recibiendo el cuidado veterinario necesario para su recuperación. La entidad hizo hincapié en que en Bogotá todos los animales merecen atención, respeto y una vida digna, recordando a la ciudadanía la posibilidad de denunciar posibles casos de abuso. Para ello, están disponibles canales directos como la línea de emergencias 123, el correo institucional del instituto, atención presencial en el edificio Residencias Tequendama y el sistema virtual “Bogotá Te Escucha”, donde se pueden adjuntar pruebas visuales como fotos o videos.

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¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal en Bogotá?

La denuncia de maltrato animal en Bogotá puede hacerse a través de la línea de emergencias 123, el correo proteccionanimal@animalesbog.gov.co, la atención presencial en la sede del IDPYBA o el sistema “Bogotá Te Escucha”, donde la ciudadanía puede adjuntar pruebas. Todas estas opciones están destinadas a facilitar reportes y así proteger a los animales afectados.

¿Qué hace el IDPYBA cuando recibe un reporte de maltrato animal?

Cuando el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) recibe un reporte, realiza una inspección para valorar el estado del animal. Si identifica condiciones inadecuadas, realiza un informe técnico, y puede proceder a retirar el animal mediante entrega voluntaria o por órdenes de autoridad, para llevarlo a un entorno seguro y bajo atención veterinaria.

Atención …este es el video en poder de la @FiscaliaCol que prueba que @petrogustavo usaba perfiles falsos para comunicarse con Deicy Jiménez y otras ..en este caso usaba el nombre de Andrés Maldonado Beltrán …aquí el video completo 👇🏻👇🏻👇🏻 @lafm https://t.co/YkJCSAIIOd

— Darcy Quinn (@darcyquinnr) November 9, 2026

La conversación habría incluido mensajes de tono personal y sugerente. En uno de los intercambios, el hombre que se identificaba como Andrés Maldonado Beltrán le escribió a Deicy Jiménez: “Estás linda”. Después, le pidió: “Párate”, y continuó con una frase que llamó la atención dentro de la conversación: “Te voy a poner a hacer las cosas que haces”.

La joven se negó a la petición y respondió: “No lo voy a hacer. Me da pena”. Sin embargo, el interlocutor insistió con otra pregunta: “¿Por qué a otros sí y a mí no?”. Más adelante, tras una videollamada, Petro le manifestó: “Bueno, mejor personalmente. Te veo rozagante. Linda”.

Vea también: Deicy Jiménez aclaró si existe relación de trans que dice ser “víctima” de Petro: “Conoce mi historia”

Después de despedirse y colgar la llamada, el expresidente le escribió: “Chévere. Me hacía falta verte”, a lo que Jiménez contestó: “Ahh qué lindo”.

La importancia de esta conversación está en que se suma a los elementos que buscan establecer cómo se comunicaba Petro con la joven y qué identidades habría utilizado para hacerlo. Según los pantallazos conocidos por Semana, el expresidente habría empleado otros nombres en Facebook, entre ellos Altheais Monteluz, Mihail Bukharin, Michel Foucault y Penser Lesujet.

El material también se conoce en medio de las denuncias de Jiménez sobre un supuesto intercambio de favores sexuales por contratos en entidades estatales. La mujer ha señalado que esos acuerdos estarían relacionados con el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia.

Otro de los elementos que ha puesto bajo la lupa a Petro es una conversación con Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, en la que, según la información divulgada, el entonces presidente habría solicitado “mantener” a Jiménez en el Ministerio del Interior en diciembre de 2025.

Las afirmaciones del actual ministro tomaron mayor relevancia luego del ataque con drones y tatucos explosivos perpetrado contra el cantón militar de Santa Rosa, ubicado en el sur de Bolívar, el 7 de noviembre. Las autoridades atribuyeron este hecho al Ejército de Liberación Nacional (Eln), el cual ocasionó la muerte de tres soldados y heridas a 47 militares, según reportó El Espectador.

Tras esta agresión, el Ministerio de Defensa reveló que la exviceministra para la Estrategia y Planeación, Angélica Verbel, junto con el exministro Pedro Sánchez, realizaron varios viajes oficiales a países como India, República Checa, Turquía, Qatar, Londres, Washington y Nueva York. El objetivo declarado era buscar tecnología que permitiera hacer frente a la amenaza de los drones. No obstante, el ministro Mora manifestó que estos desplazamientos no aportaron ninguna solución efectiva, ya que la negociación propuesta incluso contemplaba empresas extranjeras que no cumplían los requisitos técnicos necesarios según los estándares del propio comité estructurador.

El jefe de la cartera de Defensa enfatizó la falta de respaldo presupuestal real en el proyecto. Afirmó que, aunque se anunció una asignación inicial de COP 800.000 millones para la primera etapa, no se aseguró ningún recurso para su ejecución en 2026. Mora calificó este actuar como negligente y responsable de la pérdida de vidas en el terreno.

Finalmente, Mora aseguró que el gobierno de Abelardo de la Espriella no frenó ni canceló contratos ya que, en la práctica, no existía ningún proyecto operativo en ejecución. La nueva administración recibió lo que él describió como un “cascarón vacío”, por lo que debieron intervenir con un plan de choque financiado de manera transparente y comenzar a proveer a las tropas de herramientas reales. Además, están estructurando un CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) para lograr financiamiento continuo y promoviendo una ley para regular la importación y uso de drones en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el proyecto Escudo Nacional Antidrones y por qué ha sido criticado?

El proyecto Escudo Nacional Antidrones es una iniciativa anunciada en el gobierno anterior con el objetivo de contar con un sistema integral capaces de detectar y neutralizar amenazas provenientes del uso indebido de drones. La crítica principal, según el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora, radica en que dicho proyecto fue presentado sin estructura técnica, sin financiamiento asegurado y sin viabilidad, además de que las gestiones diplomáticas y oficiales no arrojaron soluciones reales a la amenaza creciente que representan los drones en escenarios de conflicto.

¿Cómo afectó la falta de estructura del proyecto antidrones a la seguridad militar en Colombia?

De acuerdo con el actual Ministerio de Defensa, la carencia de un proyecto bien delineado y financiado dejó a las tropas desprotegidas ante ataques como el registrado en Santa Rosa, Bolívar, que terminó con tres soldados muertos y decenas de heridos. La falta de anticipación y de herramientas tecnológicas idóneas fue señalada como un factor que contribuyó directamente a la vulnerabilidad de las fuerzas militares frente a las nuevas modalidades de ataque empleadas por grupos armados ilegales.

Consultado, durante un diálogo concedido a la revista Semana, sobre las apariciones del gobernante interpelando a sospechosos capturados en redadas policiales, el líder natural del Centro Democrático optó por la cautela, priorizando el análisis estratégico sobre los operativos oficiales.

“Yo soy prudente y en eso solo me refiero a un tema: la determinación que ha tenido el presidente de recuperar la seguridad y Dios quiera que tenga éxito”, contestó de manera tajante.

El exmandatario alertó acerca del recrudecimiento del conflicto interno, rememorando el reciente hostigamiento con drones ejecutado en el departamento de Bolívar, hecho criminal donde perdieron la vida tres uniformados militares en actos de servicio.

En su balance, Uribe pidió valorar que la administración de De La Espriella apenas acumula un trimestre en la Casa de Nariño, heredando un panorama de violencia sumamente complejo derivado del mandato anterior.

“Esperemos que con la voluntad de él, con su determinación, con el apoyo de Estados Unidos y de Israel, se pueda mejorar”, manifestó acerca del nuevo rumbo.

El dirigente de la colectividad opositora desestimó categóricamente los reclamos de sectores contradictores, desvirtuando que los acuerdos militares bilaterales con potencias extranjeras configuren una vulneración a la autonomía e independencia del territorio colombiano.

Para Uribe, las estructuras terroristas arrebataron progresivamente el dominio institucional en apartadas zonas rurales de la geografía patria, justificando plenamente el concurso y asesoramiento de naciones aliadas frente a las amenazas armadas persistentes.

“Que nos ayude EE. UU. o Israel no es perder la soberanía”, señaló acerca del manejo en las relaciones internacionales.

El antiguo jefe de Estado remarcó que las alianzas estratégicas internacionales buscan devolver la tranquilidad a los ciudadanos mediante la aplicación de medidas contundentes orientadas a restablecer la presencia integral de la Fuerza Pública.

“Lo que se está haciendo es que, a través de la seguridad, nos ayuden a recuperar la soberanía para el Estado colombiano, para nuestra democracia”, remarcó.

La declaración ratifica la convergencia programática entre Uribe y el actual Gobierno Nacional frente a la lucha frontal contra las organizaciones criminales en Colombia.

¿A qué delincuentes ha encarado Abelardo de la Espriella?

El mandatario Abelardo De La Espriella convirtió la expresión “Bienvenido a la Patria Milagro” en su sello discursivo al confrontar personalmente a señalados delincuentes capturados por la Fuerza Pública.

Durante la denominada Operación Blindaje 360 desarrollada en Barranquilla, el jefe de Estado encaró a Edgardo David Viloria Barrios, conocido en las investigaciones policiales con el alias de ‘Ñoño’.

El gobernante recriminó al detenido por acumular 13 años de trayectoria criminal dedicada al robo, el secuestro y la extorsión de comerciantes, notificándole su aprehensión con la controvertida frase.

En esa misma jornada operativa, el presidente confirmó la recaptura de Julio Rivera González, alias ‘Julito’, sindicado de liderar cerca de veinte actos violentos y perpetrar un atroz feminicidio.

De La Espriella reiteró la consigna institucional frente a Rivera González, enfatizando que el Gobierno perseguirá sin descanso a los cabecillas armados que siembran terror en los barrios populares colombianos.

La controversial frase también resonó en el centro de Cali durante la Operación Iron, desplegada en horas de la madrugada para recuperar inmuebles tomados por bandas del narcotráfico urbano.

Allí, el presidente sorprendió a un presunto dinamizador delictivo dentro de su propia residencia, advirtiéndole que el Estado retomará el control territorial para beneficio de los trabajadores y comerciantes caleños.

Asimismo, el mandatario empleó la fórmula retórica al confirmar la judicialización de un joven capturado por amenazar de muerte a la primera dama Ana Lucía Pineda mediante redes sociales anónimas.

Estas intervenciones mediáticas provocan intensos debates ciudadanos sobre la sobreexposición de los operativos militares, frente a quienes defienden la necesidad de ejercer autoridad directa sobre la criminalidad organizada.

La frase continúa consolidándose como el principal símbolo comunicativo del actual Ejecutivo en su estrategia para proyectar firmeza institucional y recuperar la seguridad en las calles del país.

Este martes, la restricción aplica para los vehículos particulares cuyas placas finalizan en los números 1 y 2. Quienes posean automóviles con estos dígitos deberán estar atentos, ya que solo podrán movilizarse como excepción en determinados casos, o deberán buscar alternativas de transporte para evitar sanciones. La medida de pico y placa rige desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. de forma continua, es decir, no hay una pausa durante el día. Por ello, los conductores que se vean afectados deben programar sus viajes fuera de este horario o considerar otras opciones de movilidad.

Según la Secretaría de Movilidad de Cali, existen algunas excepciones en la norma. Motocicletas, vehículos de emergencia, carros oficiales, diplomáticos, consulares, automóviles destinados al transporte de personas con discapacidad, así como híbridos y eléctricos, no están sujetos a esta restricción. Otras categorías podrían ser contempladas por la reglamentación vigente, dependiendo de las disposiciones específicas.

Además, la entidad ofrece diversas alternativas para los conductores que necesiten movilizarse durante el horario de pico y placa. Una de estas es la tasa por congestión, siempre que corresponda de acuerdo con los lineamientos establecidos. Para consultar en detalle las posibles excepciones o alternativas, se recomienda acudir a los canales oficiales dispuestos por la Secretaría de Movilidad.

En otro comunicado publicado en la cuenta oficial de la Secretaría de Movilidad de Cali en la red social X (antes Twitter), se recuerda que a partir del 1 de julio inicia la nueva rotación del pico y placa para el segundo semestre de 2026. Los primeros días serán de pedagogía, y desde el 6 de julio comenzarán los comparendos para quienes incumplan la norma.

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¿Cuáles son las placas que tienen pico y placa en Cali este martes?

Según la información de la Secretaría de Movilidad de Cali, la restricción corresponde a los carros particulares cuyas placas finalizan en 1 y 2. Estos vehículos no pueden circular en la ciudad entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m., salvo que se encuentren dentro de las excepciones definidas por las autoridades.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en Cali?

Tienen excepción del pico y placa en Cali las motocicletas, vehículos de emergencia, autos oficiales, diplomáticos y consulares, automotores para personas con discapacidad, así como los carros híbridos y eléctricos. Otras categorías de excepción pueden estar definidas en la normativa local vigente.

El procedimiento más relevante tuvo lugar en el corregimiento de Payandé, jurisdicción de San Luis. En este punto, los funcionarios del GOAT decomisaron un total de 1.010 cajetillas de cigarrillos que no cumplían con los requisitos legales para ser comercializados en el país. La operación representa un importante golpe a la venta ilegal de este tipo de productos, que según las autoridades, afecta tanto las finanzas del departamento como la salud de los consumidores.

A estos resultados se sumó otra importante incautación en el municipio de Anzoátegui, donde los controles realizados permitieron identificar y sacar del mercado 10 botellas de licor que portaban estampillas falsas, lo que evidencia la presencia de productos adulterados o de contrabando en circulación. Según el GOAT, los operativos se intensificarán en todo el Tolima, especialmente durante la temporada decembrina, cuando suelen aumentar las compras y las celebraciones, haciéndose más atractivo el mercado de productos ilegales para los grupos dedicados al contrabando.

La comercialización de cigarrillos y licores de contrabando no solo constituye evasión de los impuestos departamentales, sino que también supone un riesgo considerable para la salud de los ciudadanos. Los productos de dudosa procedencia y fabricación representan un peligro, ya que no cuentan con los controles de calidad exigidos por la ley.

Por ello, el GOAT hizo un llamado a la ciudadanía para que revise cuidadosamente las estampillas de los licores que adquiere y prefiera siempre negocios autorizados. Además, se anunció que las autoridades intensificarán la vigilancia en establecimientos comerciales y otros puntos de venta, con el objetivo de proteger tanto los recursos públicos como el bienestar de los habitantes de la región.

No se puede olvidar que los impuestos recaudados por la venta legal de cigarrillos y licores son destinados a sectores fundamentales como salud, educación y deporte. De acuerdo con el GOAT, la venta ilegal de estos productos afecta directamente la financiación de dichos servicios, generando un impacto negativo en la comunidad tolimense.

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¿Por qué es peligrosa la venta de cigarrillos y licores de contrabando en Tolima?

La venta de estos productos representa no solo una evasión tributaria que perjudica recursos clave para sectores como salud, educación y deporte, sino que también pone en riesgo la vida de los consumidores, ya que suelen ser artículos de origen desconocido, sin controles sanitarios y con posibles alteraciones que pueden afectar gravemente la salud.

¿Cómo identifican las autoridades las botellas de licor con estampillas falsas?

Durante los controles, las autoridades inspeccionan las estampillas presentes en las botellas de licor para detectar irregularidades. Estas pueden incluir falsificaciones, alteraciones o la ausencia de las marcas oficiales que avalan la comercialización del producto, permitiendo así su incautación y evitando que lleguen al consumidor final.

(Ver también: [Video] Mujer habría confundido los pedales y terminó estrellada contra la fachada de un D1)

El siniestro ocurrió a la altura del túnel 6, conocido como El Naranjo, en el kilómetro 55 de la carretera. Allí colisionaron un bus intermunicipal de la empresa Expreso Palmira y un camión tipo niñera, utilizado para transportar vehículos.

La magnitud del impacto quedó registrada en imágenes que circulan desde el lugar de la emergencia. En ellas se observa el bus con buena parte de su estructura destruida, mientras los organismos de socorro y las autoridades adelantan las labores de atención y rescate.

#HCHInternacionales | Un grave accidente en la vía a Buenaventura se registró en el túnel 6, sector El Naranjo. Una buseta de la empresa Expreso Palmira, una moto y una tractomula tipo niñera están involucradas en el hecho ocurrido en el tramo Loboguerrero-Buenaventura.
Las autoridades informaron preliminarmente que entre cuatro y seis personas habrían muerto en este siniestro ocurrido este 9 de noviembre.
FP

— HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) November 9, 2026

🚨 FATAL ACCIDENTE EN LA VÍA BUGA–BUENAVENTURA

Un grave accidente de tránsito se registró en el túnel 6, sector El Naranjo (PR 55), sobre la vía que comunica a Buga con Buenaventura, donde una buseta y un camión colisionaron violentamente. https://t.co/F1mI1wnBC1

— ALEJO El Verseador 🇨🇴 (@El_verseador) November 9, 2026

¿Cuántas personas murieron en el accidente de la vía Cali-Buenaventura?

Las primeras informaciones sobre la tragedia han presentado cifras diferentes respecto al número de víctimas. Caracol Radio reportó inicialmente tres personas fallecidas y cuatro heridas, mientras otros reportes posteriores hablaron de un balance mayor. Por eso, se espera que las autoridades entreguen un consolidado oficial que permita establecer cuántas personas perdieron la vida y cuántas resultaron lesionadas.

También se conoció que el bus había salido de la Terminal de Transportes de Buenaventura con seis pasajeros registrados. Sin embargo, existe la posibilidad de que durante el recorrido se hayan subido más personas, por lo que todavía se busca establecer cuántos ocupantes viajaban en el vehículo al momento de la colisión.

(Ver también: Al menos 15 heridos dejó aparatoso accidente con volcamiento de bus en Medellín)

Por ahora, la vía permanece cerrada completamente mientras avanzan los procedimientos de atención, rescate e investigación para determinar las causas del accidente. Las autoridades también trabajan en la identificación de las demás personas que pudieron resultar afectadas por esta tragedia.

La ley de ajuste fiscal, principal apuesta del Ejecutivo, se caracteriza por un sustancial componente tributario. Su propuesta consiste en modificar o suprimir beneficios fiscales, lo que implicaría un aumento significativo del IVA del 5 % al 19 % en diversos productos de la canasta básica. Esto incluye alimentos como granos, café, frutas, verduras y también gasolina, servicios digitales, suscripciones y la medicina prepagada. Esta idea ha encontrado gran resistencia entre los congresistas, según lo detallado en fuentes como El Espectador, lo que ha llevado al Centro Democrático a plantear una ley alternativa discutida en una reciente reunión con el Gobierno y las Comisiones Económicas en Barranquilla. La alternativa de ese partido busca reducir el número de ministerios de 18 a seis, reestructurar o eliminar 48 entidades estatales y no gravar temas como internet, café, planes de medicina prepagada, maquinaria agrícola ni fertilizantes.

En paralelo, sobresale la “ley antimermelada”, radicada por el exministro Rodrigo Lara, que plantea nuevas reglas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este proyecto apunta a regular el cabildeo en el Congreso y estipula que los congresistas declaren sus potenciales conflictos de interés. Además, busca modificar varios artículos de la Constitución para que los congresistas tengan un régimen de declaración pública sobre sus intereses y se establezca un registro formal de los proyectos de inversión que impulsan en beneficio de sus regiones; ni los legisladores ni sus financiadores podrán obtener beneficios directos de estas iniciativas, quienes, según el articulado, deberán abstenerse de intervenir en los contratos derivados.

La agenda legislativa también contempla la ley antitrámites, avalada en primer debate. Esta busca simplificar los procedimientos para ciudadanos y empresas al relacionarse con el Estado, facilitando trámites como abrir una empresa o pedir permisos urbanísticos. Finalmente, se espera la presentación del estatuto antiterrorista, que definiría los parámetros para combatir estructuras criminales y permite que grupos armados ilegales sean catalogados como terroristas. Esto facultaría al Ejecutivo para intensificar acciones armadas contra estas organizaciones bajo la justificación legal de su nueva categorización, abriendo la puerta incluso a bombardeos como parte del combate frontal contra la criminalidad.

¿En qué consiste la ley de ajuste fiscal propuesta por el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

La ley de ajuste fiscal, según la información expuesta por El Espectador, plantea modificar y eliminar beneficios tributarios, incrementando el IVA del 5 % al 19 % sobre productos de consumo básico, servicios digitales, suscripciones y medicina prepagada. El objetivo principal es fortalecer la recaudación estatal, pero la propuesta ha enfrentado resistencia tanto por su impacto en la economía familiar como por la oposición política que plantea alternativas menos gravosas.

¿Qué busca la ley antimermelada y cómo regularía el cabildeo en el Congreso?

La ley antimermelada, impulsada por Rodrigo Lara, propone establecer nuevos controles para las relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo, regulando la actividad de cabildeo y exigiendo a los congresistas la declaración pública de sus intereses y posibles conflictos. Plantea un registro de las iniciativas de inversión y busca garantizar que ni los parlamentarios ni sus financiadores se beneficien de las partidas gestionadas, promoviendo mayor transparencia y responsabilidad en el manejo del presupuesto nacional.

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(Le puede interesar: Presidente de Colombia ordena refuerzo militar tras ataque con explosivos a peaje de Villa Rica en la vía Panamericana, Cauca)

En las imágenes, compartidas a través de las redes sociales del mandatario, se observa cómo varios uniformados le ofrecen la posibilidad de dejar su firma en uno de los artefactos que sería utilizado en una operación militar. “El honor de firmar esta bomba, la cual será utilizada en la siguiente operación que tengamos de orden público”, le expresaron.

De la Espriella reaccionó con entusiasmo ante la propuesta y respondió: “¡Qué maravilla!”. Uno de los integrantes de la fuerza pública añadió que el mensaje sería entregado con “460 kilogramos de democracia”.

El jefe de Estado también escribió una frase sobre el artefacto: “Bienvenidos a la patria, milagro, terroristas”. La inscripción acompañó la preparación de la bomba que posteriormente fue empleada en el operativo contra integrantes del frente 33 de las disidencias, pertenecientes a la facción de alias ‘Calarcá’.

¡AUTORICÉ UN BOMBARDEO CONTRA LOS NARCOTERRORISTAS DE LA ESTRUCTURA 33 DE LA FACCIÓN DE CALARCÁ! ¡EN COLOMBIA LA AUTORIDAD SE RESPETA!

En una contundente operación militar que autoricé en zona rural de Tibú, Norte de Santander, nuestro Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana golpearon a esta estructura criminal que pretende sembrar el terror y controlar a sangre y fuego el Catatumbo.

¡EL RESULTADO ES CONTUNDENTE: 6 CAPTURADOS Y 4 MUERTOS EN DESARROLLO DE OPERACIONES MILITARES!

Entre los capturados está alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, máximo cabecilla de la estructura 33. Este criminal llevaba cerca de 11 años delinquiendo y liderando confrontaciones armadas en Tibú.

¡ES EL PRIMER CABECILLA NARCOTERRORISTA QUE SOBREVIVE A UNO DE LOS BOMBARDEOS QUE HE AUTORIZADO, PERO NO LOGRÓ ESCAPAR DE NUESTRA FUERZA PÚBLICA!

En la operación NOAH también incautamos 7 fusiles y 15 granadas para drones, y afectamos tres áreas campamentarias con capacidad para albergar aproximadamente 35 integrantes de esta organización criminal.

¡A CALARCÁ Y A SUS ESTRUCTURAS CRIMINALES LES ADVIERTO: NO VAMOS A PERMITIR QUE SIGAN CONVIRTIENDO EL CATATUMBO EN SU REFUGIO DEL TERROR!

He dado la orden de mantener la ofensiva militar, golpear sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y recuperar el control de cada territorio que pretenden someter.

¡CADA DÍA ESTAMOS MÁS CERCA DE TODOS AQUELLOS QUE ATENTAN CONTRA LA VIDA Y LA TRANQUILIDAD DE LOS COLOMBIANOS Y DE QUIENES ATACAN A NUESTRA FUERZA PÚBLICA! LOS VAMOS A PERSEGUIR HASTA LLEVARLOS ANTE LA JUSTICIA.

¡SE LES ACABÓ LA GUACHAFITA! ¡NO HABRÁ TREGUA CONTRA EL NARCOTERRORISMO!

¡Bienvenidos a la Patria Milagro!

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 9, 2026

(Lea también: De la Espriella ordenó reforzar seguridad de Caracol, RCN y Semana por amenazas del Eln: “Libertad de prensa es sagrada”)

¿Qué resultados dejó el bombardeo contra disidencias de Calarcá?

De acuerdo con el balance entregado por el mandatario, la operación militar, denominada Noah, dejó cuatro integrantes de esa estructura muertos y seis capturados. Entre estos últimos estaría alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, señalado cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, máximo jefe del frente 33.

Según De la Espriella, el hombre llevaba cerca de 11 años vinculado a actividades criminales y encabezaba confrontaciones armadas en Tibú.

El presidente también informó sobre la incautación de siete fusiles y 15 granadas para drones. Además, aseguró que durante la intervención fueron afectadas tres zonas de campamento que tendrían capacidad para albergar aproximadamente a 35 integrantes de esa organización.

“¡Es el primer cabecilla narcoterrorista que sobrevive a uno de los bombardeos que he autorizado, pero no logró escapar de nuestra fuerza pública!”, afirmó el mandatario al referirse a la captura de alias ‘Barba Chivo’.

Finalmente, De la Espriella ordenó mantener la ofensiva militar contra las estructuras de Calarcá y advirtió que las operaciones continuarán en el Catatumbo para recuperar el control territorial.

La decisión judicial se refiere a declaraciones relacionadas con supuestos encuentros de contenido sexual para el presidente Gustavo Petro y el presunto uso de información íntima para presionarlo, chantajearlo y obtener o conservar cargos. El despacho encontró que las afirmaciones propias de Rodríguez sobre esos asuntos afectaron los derechos de Sarabia.

Pero la orden no se queda en reconocer la vulneración de esos derechos. El juez también estableció un plazo para que Rodríguez cumpla con la retractación.

De acuerdo con el segundo punto del fallo, la exdirectora del Dapre deberá, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, firmar el texto de retractación que aparece en la providencia y leerlo íntegramente, con su propia voz, en una grabación de video. El documento precisa que podrá hacerlo sin mostrar su rostro y con asistencia técnica.

Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre. Hoy la justicia me dio la razón y ordenó la retractación.

Gracias, infinitas gracias a @SandovalLina.

— Laura Sarabia (@laurisarabia) November 9, 2026

Tras conocerse la decisión, la abogada de Sarabia publicó un mensaje en el que destacó el alcance del fallo y cuestionó las acusaciones sin fundamento: “No todo vale en el debate público. Acusar sin fundamento tiene consecuencias y nadie está por encima de la ley”.

La propia Laura Sarabia también reaccionó. “Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre. Hoy la justicia me dio la razón y ordenó la retractación. Gracias, infinitas gracias a Lina Sandoval”, escribió.

El periodista Jacobo Solano aseguró que el exmandatario “estaría pensando en iniciar un tratamiento para salir de la droga y el alcohol”, información que publicó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

“La situación que afronta el presidente Gustavo Petro es muy complicada en varios frentes, pero lo que más preocupa es su vida personal, que está quedando expuesta y en la que, al parecer, ha llegado la hora de tomar decisiones según me informa una fuente de alto crédito. El tema pasa más allá de lo político: sus vicios cada día lo tienen más acorralado y dependiente de otras personas. Si bien es un asunto que hace parte de su vida privada, es ahora cuando debe afrontar esta crisis y tomar el toro por los cuernos”, indicó.

El comunicador aseveró que sus hijas Antonella y Sofía habrían incidido para esa determinación, a su vez de que presentó cuáles eran los lugares planteados para el presunto tratamiento.

“Exploraron varias opciones como México y España, pero todo indica que será en Cuba, donde existen altos estándares para estos procesos, y sus hijas serían parte fundamental en esta recuperación. Petro sabe que tocó fondo y que es desde ahí desde donde tiene que levantarse para recuperar su vida, a sus hijas y no terminar de dilapidar el capital político que aún le queda. Sobre Cuba había dudas por la crisis que vive el país y por una posible intervención de EE. UU., pero todo se habría despejado tras los giros en la política estadounidense que le puso freno a Trump en muchos aspectos, entre ellos una posible invasión a Cuba”, señaló.

Lo cierto es que Petro, que recibió el rechazo de Álvaro Uribe a una posible alianza, respondió de manera tajante a la publicación de Solano desde su cuenta personal en la mencionada red social.

“Le sugeriría a este periodista deje de hablar ‘macumba’. Ni por la cabeza necesito ningún tratamiento de este tipo”, aseguró en la primera parte de su mensaje.

Al tiempo que replicó la información del comunicador, apuntó al presidente Abelardo de la Espriella y a Angie Rodríguez en su respuesta para descartar cualquier clase de complicación adictiva.

“Lo que estamos viendo es hasta sonde es la gravedad de la situación sicótica de Angie [Rodríguez] y si su enfermedad podría tener efectos degenerativos y hasta donde la prensa y Abelardo [de la Espriella] han sido capaces de utilizar en su ataque personas completamente en vulnerabilidad psíquica hacia mí. Le exijo se retractación oficial por este medio y en el mismo espacio”, sentenció.

Cabe remarcar que no es la primera vez que Jacobo Solano se refiere el círculo petrista, aunque para esta ocasión se encontró con la respuesta por parte del líder del Pacto Histórico.

El detalle no es menor si se tiene en cuenta que hasta el momento Petro no había hecho ninguna clase de referencia al asunto, a pesar de que en las últimas semanas se le ha puesto en tela de juicio.

Una de las personas que mencionó el supuesto consumo de estupefacientes por parte del exmandatario fue Deicy Rodríguez, mujer que sorprendió con diferentes señalamientos sobre contratos durante su gobierno.

De hecho, ese es uno de los puntos que en la actualidad es parte de la investigación por parte de las autoridades, entre ellas, Corte Suprema de Justicia.

Ahora, el presunto consumo de drogas de Petro tiene un nuevo capítulo con la respuesta del propio expresidente de Colombia para referirse directamente al caso.

Según las primeras versiones recogidas por las autoridades, la confrontación puede haberse originado en diferencias previas entre Ángela Camila y una adolescente de 16 años, quienes presuntamente habían discutido semanas antes del incidente fatal. Sin embargo, este antecedente aún debe ser verificado por los investigadores, quienes buscan precisar si estas diferencias están realmente relacionadas con el asesinato.

La Policía Metropolitana comunicó que el procedimiento policial permitió la captura de dos personas señaladas como presuntas responsables del crimen: un hombre de 21 años y una adolescente de 16, quienes son hermanos. El adulto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que la menor quedó bajo la responsabilidad del sistema de justicia penal para adolescentes. Las diligencias actuales buscan aclarar la participación de cada uno durante la pelea y establecer cómo ocurrieron exactamente los hechos, labor que recae sobre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Durante el ataque también resultó herida Natalia Vidal Chico, de 24 años, amiga de la víctima, quien, de acuerdo con lo relatado por las autoridades, habría intentado defender a Ángela Camila. Natalia fue llevada a la Unidad de Salud Integral (USI) del barrio Ricaurte, donde se le practicaron varias suturas, y luego fue dada de alta. Su testimonio es clave para reconstruir el inicio y desarrollo de la riña, ya que presenció el hecho directamente.

El asesinato de Ángela Camila Fernández Romero ha causado conmoción no solo por la brutalidad del crimen, sino por las circunstancias personales de la víctima, quien era madre de una niña pequeña. Sus familiares y allegados exigen justicia y piden que se aclare lo sucedido. Por ahora, la investigación continúa para establecer si los conflictos previos influyeron en la fatal confrontación y cuál fue la responsabilidad individual de los hermanos señalados.

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¿Qué se sabe sobre los capturados por el crimen de Ángela Camila Fernández en Ibagué?

Hasta el momento, las autoridades de Ibagué han confirmado la captura de dos hermanos, un hombre de 21 años y una adolescente de 16, por su presunta implicación en el homicidio de Ángela Camila Fernández Romero. Mientras el primero fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la menor quedó bajo custodia del sistema de justicia penal para adolescentes. Se investiga cuál fue el papel de cada uno durante el ataque.

¿Por qué se originó la riña que terminó en el homicidio de Ángela Camila en Ibagué?

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana, una posible causa del conflicto sería una diferencia previa entre la víctima y la adolescente de 16 años, quienes habrían discutido semanas antes. Sin embargo, este antecedente debe ser confirmado por los investigadores, que buscan establecer si esta situación fue determinante para la riña y el fatal desenlace.

El contexto de fondo refiere a las demandas de la Comisión de Acusación, que había solicitado la remisión del expediente para investigar a Uribe Vélez, alegando su fuero constitucional por haber sido presidente de la República entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010. De acuerdo con la misiva enviada por el congresista Carlos Alberto Cuenca Chaux, presidente de la Comisión, la hipótesis de investigación estaría relacionada con el delito de concierto para delinquir y su presunta relación con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, posteriormente conocido como Bloque Metro. Se argumentaba que, como los hechos materia de indagación se habrían extendido hasta 2003, correspondería a la Comisión de Acusación asumir el caso.

No obstante, la Fiscalía respondió que los hechos por los cuales se investiga a Uribe Vélez tuvieron lugar antes de sus funciones como presidente, específicamente durante su periodo como gobernador de Antioquia. Por tanto, y conforme a la Ley 600 de 2000, el órgano investigador enfatizó su competencia para mantener las pesquisas. La Fiscalía también precisó que las conductas indagadas están relacionadas con la presunta conformación de grupos paramilitares en San Roque y las masacres de El Aro y La Granja, además del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Todos estos acontecimientos habrían ocurrido antes de que Uribe llegara a la presidencia, lo que refuerza la posición de la Fiscalía.

La reacción de la Corte Constitucional, inhibiéndose respecto al conflicto de competencias, deja en firme que la Fiscalía continuará a cargo de la instrucción y del desarrollo posterior de la investigación contra Uribe Vélez, como indica la ponencia de Meneses. Según El Espectador, este caso sigue siendo uno de los más relevantes en la historia reciente de la justicia colombiana por el impacto de los hechos investigados y la trascendencia de las figuras implicadas.

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¿Por qué la Corte Constitucional decidió inhibirse en el conflicto por la investigación contra Álvaro Uribe?

La Corte Constitucional se inhibió de resolver el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, argumentando problemas de configuración de los requisitos normativos y objetivos. Esta inhibición implica que no hubo un pronunciamiento de fondo, lo cual mantiene la investigación en manos de la Fiscalía, como lo venía solicitando ese ente según los informes citados por El Espectador.

¿Qué significa el fuero constitucional en investigaciones a expresidentes en Colombia?

El fuero constitucional es una garantía legal que determina qué autoridad debe investigar y juzgar a altos funcionarios, como presidentes, durante y después de su mandato. En el caso de Álvaro Uribe Vélez, la Comisión de Acusación planteaba que poseía ese fuero por hechos cometidos durante su presidencia, pero finalmente la Fiscalía argumentó que la investigación se refiere a hechos de su periodo como gobernador, donde dicho fuero no aplica de la misma manera.

(Le puede interesar: “Eso nunca ha existido”: Álvaro Uribe frenó en seco propuesta de Petro de posible alianza)

La conversación salió a relucir cuando Uribe se refirió a sus propias ideas políticas y económicas. Según relató, en aquel encuentro el padre de De la Espriella le manifestó que no se sentía representado por las divisiones partidistas tradicionales, sino por una visión liberal clásica, con un componente humanista.

“Yo me encontré una vez con el papá del doctor Abelardo, que es mi amigo personal, es un hombre inteligente y culto. Y me dijo: ‘Nosotros somos ajenos al concepto derecha-izquierda. Nosotros tenemos un sentido liberal clásico‘”, recordó el exmandatario, en declaraciones recogidas por Semana este lunes 9 de noviembre.

Uribe explicó que esa postura coincide con algunos de los principios que ha defendido durante su trayectoria política, entre ellos la seguridad, la inversión privada, un Estado pequeño y la relación entre el crecimiento empresarial y la política social.

(Lea también: Petro le tiró guiño a Uribe: le propuso alianza en Antioquia contra impuestos de De la Espriella)

¿Qué piensa Álvaro Uribe sobre el liberalismo clásico?

En la entrevista, el expresidente también expuso su concepto de “economía fraterna”, una idea con la que busca diferenciarse tanto de lo que calificó como una izquierda del odio como de una derecha de la exclusión.

Para ilustrar su planteamiento, sostuvo que prefiere que los recursos se inviertan en las empresas y se destinen al pago de salarios antes que terminen en impuestos. A su juicio, el bienestar de empresarios y trabajadores debe entenderse como una relación complementaria y no como intereses enfrentados.

“Yo creo en la economía fraterna. No lo entiende la izquierda del odio y no lo entiende la derecha de la exclusión”, afirmó Uribe durante el espacio periodístico.

El exmandatario también explicó que, mientras el liberalismo clásico plantea una tensión entre el individuo y el Estado, el socialismo clásico le da mayor protagonismo al aparato estatal. Sin embargo, consideró que actualmente el debate debería centrarse en la relación entre empresarios y trabajadores frente al Estado.

Al final, Uribe insistió en que comparte esa visión con el padre de Abelardo de la Espriella y pidió que lo ubiquen en esa misma corriente ideológica: “Ubíqueme con el papá de Abelardo”, concluyó.

El ‘Trabajo Comunitario’ comprende más de 800 actividades desplegadas en diferentes barrios y sectores de Cali, incluyendo puntos como Ciudad Paraíso, El Calvario, el oriente y la reconocida avenida Sexta. El impacto de estas acciones no se limita únicamente a la mejora estética, sino que ha influido también en la conducta ciudadana frente a las normas establecidas por el Código de Policía. De acuerdo con declaraciones de Luis Eduardo Varela Gutiérrez, subsecretario de Acceso a Servicios de Justicia, “hemos tenido una serie de actividades que nos han permitido llegar a los barrios con el equipo de trabajo comunitario, pero sobre todo permitir que estas personas que han participado en el programa en un 90% no han vuelto a reincidir en medidas correctivas del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

La Secretaría de Deporte y Recreación se ha sumado a esta iniciativa, facilitando procesos de recuperación de espacios deportivos y recreativos, así como la promoción de su uso adecuado por parte de la ciudadanía. Según el observatorio de seguridad citado por 90 Minutos, después de la aplicación del programa, se ha logrado que el 96% de los infractores no reincidan en comportamientos contrarios a la convivencia.

Esta estrategia arrancó en noviembre del 2024, convirtiendo tareas que tradicionalmente se percibían como sanción en oportunidades de aportar de manera positiva al entorno y a la comunidad. Así, las infracciones y actitudes contrarias a la convivencia se transforman en acciones valiosas para la ciudad y sus habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el programa ‘Trabajo Comunitario’ que se aplica en Cali?

El programa ‘Trabajo Comunitario’ es una estrategia que convierte las sanciones por infracciones al Código de Policía en actividades de recuperación y embellecimiento del espacio público. Las personas que incurrieron en comportamientos contrarios a la convivencia deben cumplir jornadas en beneficio de la ciudad, como limpieza y mantenimiento de parques y calles, en lugar de asistir a cursos pedagógicos tradicionales.

¿Cuál ha sido el impacto del trabajo comunitario en la reincidencia de infractores en Cali?

De acuerdo con datos publicados por 90 Minutos y citando el observatorio de seguridad y autoridades como Luis Eduardo Varela Gutiérrez, el programa ha tenido un impacto significativo, ya que el 96% de quienes participaron no han reincidido en infracciones al Código de Policía, contribuyendo así a la mejora de la convivencia ciudadana.

A raíz de la gravedad de las lesiones, la menor fue remitida de inmediato a Ibagué, donde permanece intubada y bajo cuidados especializados. El personal médico ha debido practicarle una cirugía urgente, y según su madre, continúa sometida a procedimientos para drenar líquidos acumulados en su cuerpo. La gravedad de su estado mantiene a la familia en una constante situación de angustia, pues la recuperación de la joven es incierta y depende del avance de los tratamientos que recibe en el centro hospitalario.

Frente a los hechos, la madre de la adolescente interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía el sábado siguiente al ataque. Sin embargo, según declaró, hasta el momento no ha sido informada sobre el desarrollo de la investigación ni el paradero del presunto responsable. La situación de incertidumbre la llevó a hacer un llamado público para que cualquier persona que tenga información sobre el paradero del señalado agresor la entregue a las autoridades, con el fin de que se pueda esclarecer lo ocurrido y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

La difícil situación se agrava debido a las condiciones personales de la familia. La madre, quien se encuentra a cargo de sus hijos tras haber enfrentado una enfermedad como el cáncer, señala que los gastos asociados al transporte, pañales desechables y artículos de higiene indispensables para la hospitalización de su hija representan una carga económica que supera sus posibilidades. Por esto, solicita apoyo tanto de las autoridades como de la comunidad para poder acompañar a su hija en este proceso y garantizar que reciba la atención y la justicia que requiere.

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¿Cuál es el estado actual de la adolescente atacada en Anzoátegui y qué dice la familia?

Según la información suministrada por la madre a medios de comunicación, la joven permanece en estado grave, intubada y recibiendo atención médica especializada en el hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, después de haber sido sometida a una cirugía tras recibir múltiples heridas con arma blanca. La familia atraviesa una situación económica y emocional difícil mientras acompaña a la adolescente en su recuperación.

¿Cómo avanza la investigación sobre el ataque a la menor en Anzoátegui?

De acuerdo con el testimonio de la madre, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía el sábado posterior al ataque, pero hasta el momento no han recibido información sobre avances en la investigación ni sobre el paradero del presunto responsable. La familia pide a las autoridades diligencia en el esclarecimiento de los hechos y hace un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier dato relevante.

En su intervención, Petro no solo habló de unidad, sino también de coordinar a ambos partidos en el Congreso frente a las políticas económicas y laborales que impulsa la actual administración. Entre esos temas, puso sobre la mesa los eventuales impuestos a productos de la canasta familiar, mencionando la importancia de que sectores tradicionalmente opuestos unieran fuerzas cuando los intereses nacionales lo requirieran. El trasfondo de la propuesta era reunir a opositores al Gobierno, incluso a quienes antes mantenían posturas ideológicas diferentes, en agendas puntuales.

Sin embargo, la reacción del líder del uribismo fue tajante. Álvaro Uribe, en declaraciones concedidas a Caracol Radio, descartó de plano que el Centro Democrático contemple siquiera la posibilidad de explorar una alianza política o electoral con el Pacto Histórico. Uribe aclaró que dicho acuerdo “nunca ha existido” y que el tema no hace parte de la agenda de su partido. Enfatizó que actualmente el Centro Democrático es partido de Gobierno, recordando el respaldo brindado a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial.

Uribe también aprovechó para marcar distancia frente a las iniciativas económicas del Pacto Histórico, argumentando que su colectividad promueve el fortalecimiento del sector privado y la reducción de impuestos, en contraste con la visión de mayor intervención estatal defendida por el movimiento de Petro. Aunque el expresidente dejó una puerta abierta a la concertación en puntos específicos, la posibilidad de una alianza política ha sido, por el momento, descartada.

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¿Por qué Gustavo Petro propuso una alianza política con Álvaro Uribe?

Según las declaraciones hechas por Gustavo Petro en el Primer Gran Encuentro Somos Resistencia, la propuesta de alianza tenía como principal fin construir un frente político capaz de defender la Constitución y oponerse a las medidas e iniciativas del Gobierno actual. Petro subrayó que, en temas de interés nacional como reformas económicas y nuevos impuestos, era posible que partidos con visiones diferentes encontraran puntos de coincidencia y pudieran trabajar juntos, al menos en aspectos puntuales.

¿Cuáles fueron los argumentos de Álvaro Uribe para rechazar el acuerdo con el Pacto Histórico?

De acuerdo con lo expuesto por Álvaro Uribe en entrevistas para medios como Caracol Radio, el principal argumento para rechazar la oferta de alianza política fue que su partido actualmente forma parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella y que apoyar al actual presidente ha sido una postura clara desde la segunda vuelta electoral. Uribe enfatizó, además, las profundas diferencias entre la visión económica del Centro Democrático y la del Pacto Histórico, aunque no cerró la puerta a discutir acuerdos en temas concretos dentro del Congreso.

Este bombardeo se produce cuando se acerca el cumplimiento de los primeros 100 días del gobierno de De la Espriella, periodo en el cual el presidente había anunciado la realización de entre 12 y 15 bombardeos contra organizaciones armadas. Sin embargo, según el conteo de El Espectador, solo se han registrado siete operaciones de este tipo desde el 7 de agosto, fecha en la que comenzó su mandato.

El primer bombardeo tuvo lugar el 11 de agosto y estuvo dirigido a estructuras del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en áreas rurales de Tibú y San Calixto, también en Norte de Santander. Según los datos iniciales, dos miembros del Eln fallecieron en ese operativo, pero el Instituto Nacional de Medicina Legal después confirmó que uno de los muertos era un menor de 16 años. Esta situación se repetiría en operaciones posteriores, generando controversias sobre la presencia de menores en campamentos de grupos armados.

El segundo ataque, realizado el 27 de agosto bajo el nombre de Operación Amón, se concentró en campamentos del Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc. En esa ocasión el gobierno reportó diez disidentes muertos, aunque Medicina Legal aseguró que también había menores entre los fallecidos.

El tercer bombardeo se conoció como Operación Azarías y se llevó a cabo el 30 de agosto, esta vez contra las disidencias bajo el control de alias “Iván Mordisco”. Las autoridades confirmaron que la acción resultó en la muerte de 20 personas, cinco capturados y la recuperación de dos menores de edad. Entre los muertos se encontraba alias “Tigre” o “Pintado”, quien era el principal comandante de la estructura Carolina Ramírez.

A la fecha, las operaciones siguientes han alternado objetivos: el cuarto bombardeo fue el 10 de octubre, nuevamente dirigido al frente 33, con saldo de cuatro muertos, incluyendo otra menor de 16 años. El 22 de octubre, el objetivo fue el Eln, registrando nueve muertos. El sexto bombardeo, el 28 de octubre, tuvo como blanco una estructura del Clan del Golfo en Chocó, con un resultado preliminar de seis muertos y un capturado, aunque el resto de los fallecidos no fue localizado según el reporte oficial.

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¿Cuáles han sido las consecuencias de los bombardeos ordenados por Abelardo de la Espriella?

Los bombardeos han dejado como consecuencia la muerte de varios integrantes de grupos armados ilegales, según cifras reportadas por el Gobierno y confirmadas en algunos casos por Medicina Legal. Sin embargo, en varias operaciones se ha constatado la presencia de menores de edad entre los fallecidos, lo que ha generado debates públicos sobre la protección de derechos de niños y adolescentes involucrados en ese tipo de estructuras armadas.

¿Por qué los bombardeos en el gobierno de Abelardo de la Espriella han generado controversia?

La principal polémica ha surgido debido a la confirmación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal de la presencia de menores de edad entre las víctimas de los bombardeos. Este hecho ha suscitado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la necesidad de adoptar protocolos más estrictos que garanticen la protección de niños, niñas y adolescentes en este tipo de operaciones militares.

Los hechos se registraron durante la mañana de este lunes 9 de noviembre, horas antes de la llegada del mandatario a la capital de Boyacá. En videos difundidos en redes sociales se observa la presencia de uniformados y los enfrentamientos con algunos manifestantes. La situación fue reportada por usuarios de X. 

Uno de ellos fue Jorge Suárez, quien aseguró que estudiantes de la UPTC comenzaron los disturbios cerca del acceso a Los Rosales y relacionó la protesta con la visita presidencial. Sin embargo, esa descripción corresponde a su publicación y no a una conclusión oficial sobre los motivos o la actuación de los manifestantes.

#ATENCIÓN 🚨 Momentos de tensión y alteración del orden público se registran a las afueras del Centro de Convenciones de Tunja, luego de enfrentamientos entre integrantes del ESMAD y estudiantes de la UPTC que manifestaban su rechazo ante la presencia de Abelardo De La Espriella. https://t.co/FEfh8oiEhP

— Colombia Oscura – Horus (@horusperegrinus) November 9, 2026

Por su parte, Mauricio Vanegas señaló en la misma red social que el Esmad intervino la manifestación de estudiantes que expresaban su rechazo a la presencia de De la Espriella en Tunja. Otra cuenta reportó momentos de tensión y alteraciones del orden público en las afueras del Centro de Convenciones.

La protesta se desarrolló en el lugar donde el presidente tenía previsto cumplir parte de su agenda en Boyacá. La intervención policial quedó registrada en varios videos que comenzaron a circular durante la jornada.

Hasta el momento la Policía de Tunja no ha entregado un balance oficial sobre lo ocurrido. Tampoco se conocían cifras confirmadas de personas lesionadas, capturadas o daños materiales relacionados con los disturbios.

De acuerdo con la información suministrada, uno de los avances más notables se presenta en el puente sobre el río Pance, correspondiente al primer frente de obra, que ya llega a un 84 % de ejecución y ha finalizado la etapa de cimentación profunda, lo que constituye un hito fundamental para la estructura. Por otra parte, los trabajos en la segunda calzada en el sector de Cali, correspondientes al segundo frente, reportan un progreso del 87 %.

El tercer frente de trabajo se concentra en la construcción del puente sobre el río Jamundí, cuya ejecución se sitúa en un 86 %. En el mismo municipio de Jamundí, la segunda calzada ya tiene un 75 % de avance, mostrando uniformidad en el desarrollo de las obras civiles. Un elemento adicional a destacar es la labor de instalación y traslado de redes secas y de iluminación, que alcanza un 23 %, aspecto que es esencial para el funcionamiento integral de la nueva vía.

Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle, señaló que en el sector del puente Pance se han izado dos de las cinco vigas necesarias y se ha logrado habilitar cerca de tres kilómetros en el Frente 4, que conecta Alfaguara con Cali. Esto permitirá iniciar los trabajos hidráulicos en la calzada antigua y, a la vez, avanzar significativamente hacia la culminación de la doble calzada.

La intervención sobre la avenida Cañasgordas busca impactar de forma positiva la movilidad y la conectividad vial en el sur del Valle del Cauca. El ritmo de avance y la articulación entre los diferentes actores involucrados han sido elementos clave para superar las expectativas fijadas en el cronograma oficial, según los reportes oficiales de la Gobernación del Valle.

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¿Cuál es el avance más destacado en las obras de la segunda calzada de la avenida Cañasgordas?

De acuerdo con la Gobernación del Valle, el avance más destacado se observa en el puente sobre el río Pance, que alcanza un 84 % de ejecución. Esta estructura ya completó la etapa de cimentación profunda, lo cual es fundamental para el progreso global del proyecto vial.

¿Qué impacto tendrá la doble calzada de la avenida Cañasgordas en la movilidad del sur del Valle del Cauca?

Según los reportes oficiales, la construcción de la doble calzada busca mejorar la movilidad y la conexión vial en el sur del departamento, beneficiando tanto a conductores como a las comunidades del área de influencia, gracias a la optimización de los procesos y la coordinación entre los distintos actores responsables del proyecto.

El saldo preliminar de la tragedia indica que seis personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas, aunque las cifras finales aún no han sido confirmadas por las autoridades competentes. Entre los fallecidos se encuentran adultos y una menor de edad. Además, se reporta el deceso del conductor de la buseta que, según los primeros reportes de la Terminal de Transportes de Buenaventura, había salido con seis pasajeros. Sin embargo, se advierte la posibilidad de que el vehículo hubiese recogido más usuarios durante su trayecto, incrementando la dificultad para establecer con precisión el número de personas afectadas hasta que finalicen las labores de verificación e identificación.

Este accidente originó la interrupción total del flujo vehicular en la carretera Buga-Buenaventura. De acuerdo con la información recogida, unidades de la Policía de Tránsito, ambulancias y personal de atención de emergencias trabajaron intensamente en las tareas de rescate y evacuación de los heridos, así como en el retiro de los vehículos implicados. Las investigaciones sobre las causas que derivaron en este choque múltiple siguen en curso, mientras las autoridades redoblan esfuerzos por esclarecer los hechos. Entre tanto, la situación deja en luto a varias familias y paraliza temporalmente una arteria vital para el transporte tanto de pasajeros como de mercancías entre el occidente colombiano y el puerto de Buenaventura.

El saldo definitivo de heridos y la identificación de todas las víctimas permanecen pendientes de confirmación, mientras la región afronta el impacto emocional y logístico que representa esta tragedia.

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¿Qué vehículos estuvieron involucrados en el accidente del túnel Los Naranjos?

En el accidente ocurrido al interior del túnel Los Naranjos estuvieron involucrados una buseta de transporte intermunicipal de Expreso Palmira, un vehículo de carga tipo niñera y dos motocicletas, según la información proporcionada por la concesión vial y relatada por los organismos de emergencia que atendieron la emergencia.

¿Cómo afectó el accidente la movilidad en la vía Cali-Buenaventura?

El accidente obligó al cierre total de la carretera en el tramo Buga-Buenaventura durante varias horas, pues se requería el trabajo de la Policía de Tránsito y los organismos de atención para rescatar heridos, evacuar personas y retirar los vehículos involucrados, lo que paralizó uno de los corredores estratégicos del país para el transporte de pasajeros y mercancías.

A través de su cuenta de X, el mandatario planteó un acuerdo para defender la Constitución y enfrentar lo que calificó como el “narcofascismo” que gobierna a Colombia.

La propuesta recibió una respuesta pública del jefe del Centro Democrático, quien se pronunció durante varias entrevistas en la mañana del 9 de noviembre.

Uribe manifestó su preocupación por el futuro de las instituciones y aseguró que Colombia debe evitar los extremos políticos.

Recordó que durante el Gobierno de Petro sostuvo cuatro reuniones con el presidente, en las que expuso las posiciones de su partido, pero insistió en que nunca buscaron puestos ni acuerdos burocráticos.

El expresidente Uribe también dejó claras las diferencias ideológicas entre ambos sectores políticos.

Señaló que mientras el petrismo defiende un mayor protagonismo del Estado y más impuestos, el Centro Democrático apuesta por fortalecer la empresa privada, reducir la carga tributaria y ampliar la participación del sector privado en la economía.

Finalmente, Uribe destacó la importancia de las elecciones de 2027 y aseguró que le preocupa que la campaña termine convertida en una confrontación contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el Congreso.

Esto ha desatado reacciones inmediatas en diversos sectores políticos. El vicepresidente José Manuel Restrepo solicitó a las instituciones de control que realicen “una investigación de fondo y actuaciones contra los responsables directos e indirectos”. Restrepo subraya que este tipo de denuncias provoca “muchas dudas y preocupaciones de fondo sobre lo que quisieron lograr”, elevando el tono al caracterizarlas como un “ataque a la democracia”.

Al mismo tiempo, desde la oposición representada por el Pacto Histórico, el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda considera que estas informaciones buscan “descalificar el resultado electoral afirmando, sin sustento probatorio, que un funcionario de la DNI habría participado en un supuesto plan de manipulación electoral”. Cepeda insiste en que autoridades electorales, como la Registraduría, han rechazado la posibilidad de una intrusión informática o intento de hackeo en los resultados de las elecciones, reafirmando la legitimidad del proceso electoral. El congresista vincula la divulgación de este informe con campañas que procuran cuestionar la legalidad de la votación que permitió el triunfo electoral del Pacto Histórico y su propia candidatura.

Las reacciones cruzadas desde el gobierno actual de Abelardo de la Espriella y desde la oposición reflejan la tensión política y la relevancia de los organismos de control en esclarecer la veracidad de las acusaciones, siempre bajo el escrutinio de fuentes periodísticas reconocidas como Noticias Caracol.

¿Cuáles son las acusaciones contra la Dirección Nacional de Inteligencia según Noticias Caracol?

Noticias Caracol difundió un informe en el que se acusa a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de ordenar el uso de micrófonos y GPS en vehículos de expresidentes, instalar una casa clandestina de inteligencia cerca de la Embajada de Estados Unidos, emplear tecnología de origen ruso para espionaje e incluso, de encargar a un hacker la alteración de resultados electorales. Todas estas acusaciones se basan en un documento reservado de 26 páginas de la misma DNI.

¿Qué significa una “investigación de fondo” en casos de inteligencia estatal?

Una “investigación de fondo” implica analizar en detalle las acciones y decisiones tomadas dentro de la entidad señalada, en este caso la DNI. El objetivo es identificar responsables directos e indirectos y determinar si lo denunciado constituye violaciones a la ley o a la democracia, según el llamado del vicepresidente José Manuel Restrepo.

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Las investigaciones, lideradas por el órgano acusador, revelan que los hechos estarían relacionados con un ambicioso proyecto financiado a partir de recursos provenientes de regalías, aquellos fondos aportados para el desarrollo regional por la explotación de recursos naturales. El propósito central de este proyecto era la construcción de 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas del municipio de Ataco, lo que representaba un esfuerzo sustancial para mejorar la calidad de vida de la población rural de la zona.

Según informó la Fiscalía, en la posible red de corrupción no solo estaría implicada la exfuncionaria imputada, sino que también se investiga la participación de otros actores, entre ellos, funcionarios vigentes de la Alcaldía de Ataco, un exalcalde y diversos contratistas. De acuerdo con los detalles entregados por la institución, las maniobras habrían consistido en direccionar los procesos contractuales a favor de personas o empresas previamente determinadas, lo que comprometería la transparencia y legalidad de la gestión pública local.

El caso aún se encuentra en etapa de desarrollo y las autoridades continúan profundizando en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se han dado a conocer condenas, pero la imputación de cargos a la exsecretaria Lugo Camacho representa un avance relevante en el proceso judicial y un mensaje sobre el control de la corrupción en los recursos públicos. Toda la información aquí presentada se basa íntegramente en los datos oficiales revelados por la Fiscalía General de la Nación y la sección Judicial de El Espectador.

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¿De qué manera se habrían direccionado los contratos de obra y supervisión en Ataco, Tolima?

Según la Fiscalía General de la Nación, existió una posible red de corrupción en la que los procesos de adjudicación de dos contratos de obra y dos de interventoría, financiados con recursos de regalías, habrían sido manipulados para favorecer a ciertas personas o empresas en el municipio de Ataco, Tolima. Este patrón, de acuerdo con los investigadores, ponía en riesgo la transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados a obras de infraestructura.

¿Qué significa interventoría en el contexto de los contratos públicos en Colombia?

Interventoría es la función de supervisión y control sobre la ejecución de una obra, contrato o proyecto público, con el fin de verificar el cumplimiento de los términos acordados y garantizar que los recursos se utilicen de manera adecuada. En este caso, los contratos de interventoría tenían el propósito de vigilar la construcción de las 1.170 unidades sanitarias financiadas con regalías en Ataco.

La avanzada fue ejecutada por tropas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) junto con la Fuerza Aérea Colombiana. Mientras tanto, otras unidades militares avanzaban por tierra para verificar si había más personas fallecidas en el área tras el ataque. De acuerdo con el reporte entregado por el presidente, uno de los capturados sería alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, quien ha sido identificado como cabecilla de comisión y una de las personas de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’. La operación estuvo enfocada en un campamento perteneciente al Frente 33 de las disidencias, una estructura armada asociada con la facción de alias Calarcá y que, según el reporte, viene luchando por el control territorial en esta subregión.

Además de las detenciones y personas fallecidas, las autoridades incautaron siete fusiles y 15 granadas que estaban destinadas para uso en drones. Así mismo, se reportó la afectación de tres áreas campamentarias, cada una con capacidad aproximada para albergar a 35 integrantes de la organización, lo que pone en evidencia la magnitud de la estructura armada en la zona. Este bombardeo representa el séptimo ordenado por De la Espriella desde su llegada a la Presidencia y es la tercera vez que Norte de Santander es blanco de estas acciones militares, como lo señala La FM.

El presidente reiteró su decisión de mantener la ofensiva militar contra las estructuras ilegales e hizo una advertencia directa a la organización de alias Calarcá, manifestando que no permitirá que el Catatumbo se siga usando como refugio. Con este ataque, la estrategia de seguridad del Gobierno queda nuevamente en el centro del debate, ya que la administración insiste en intensificar los bombardeos con el objetivo de debilitar a las disidencias. La verdadera magnitud de este golpe militar será determinante para conocer el impacto real de la ofensiva en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado del país.

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¿Quién era alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’ capturado en el bombardeo en Catatumbo?

Alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’ es señalado como cabecilla de comisión de la estructura 33 de las disidencias de las Farc y persona de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, según la información entregada por el presidente Abelardo de la Espriella. Su captura, durante la ofensiva militar, fue reportada entre los resultados principales, y muestra la relevancia estratégica del operativo dirigido contra la facción de alias Calarcá.

¿Qué impacto tuvo el bombardeo en la estructura 33 de las disidencias de las Farc?

De acuerdo con los reportes conocidos por La FM y la información oficial, el bombardeo dejó un saldo de cuatro integrantes muertos, seis capturados, la incautación de armamento y granadas para drones, y la afectación de tres áreas campamentarias con capacidad para unos 35 integrantes cada una. Estos resultados evidencian la magnitud del golpe propinado a la estructura armada en la región del Catatumbo.

El movimiento telúrico ocurrió a las 8:57 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 142 kilómetros.

De acuerdo con la información oficial, el evento fue localizado en las coordenadas 6,82° de latitud y -72,95° de longitud.

Entre los municipios más cercanos al epicentro se encuentran Cepitá, ubicado a 8 kilómetros; San Andrés, a 11 kilómetros, y Guaca, a una distancia de 12 kilómetros.

El reporte del SGC indica que el movimiento fue detectado por nueve estaciones de monitoreo y aparece clasificado con estatus automático. Además, registró un RMS de 1,2 segundos y un gap de 137 grados, parámetros técnicos utilizados para establecer la localización del evento.

Por su magnitud de 2,7 y su profundidad de 142 kilómetros, se trató de un sismo de baja magnitud.

La información disponible corresponde al registro técnico del Servicio Geológico Colombiano y no incluye datos sobre afectaciones materiales o personas lesionadas.

La publicación, expuesta al público el pasado viernes bajo el título ‘Las mujeres de Petro’, destapó llamativos relatos testimoniales sobre presuntos comportamientos del hoy líder de la oposición antes de encabezar compromisos gubernamentales oficiales.

“Muchas de las mujeres coinciden en el uso de sustancias alucinógenas o psicotrópicas por parte del expresidente de la República. […] Angie Rodríguez sostiene que Petro usaba tusi; hay otras que dicen que él usaba otras sustancias”, aseveró.

El analista profundizó en torno a curiosas rutinas descritas por sus consultadas, señalando supuestos adhesivos oculares que el dirigente portaba con anterioridad a sus encuentros del gabinete ministerial.

“Dicen ellas que antes del expresidente entrar a algunos de los consejos de ministros, se ponía parches en los ojos”, contó.

De acuerdo con el relato del comunicador en Blu Radio, esas pausas privadas demandaban un lapso considerable de preparación que llamaba la atención de colaboradores inmediatos durante las jornadas de gobierno.

“Dicen que se demoraba en el baño entre 45 y 50 minutos antes de entrar al consejo de ministros, porque se ponía unos parchecitos en los ojos. Estos parchecitos, según he podido yo investigar, serían de LDS, aunque no sé exactamente si lo son”, relató.

El integrante radial subrayó que la concordancia de múltiples relatos recopilados fortalece la hipótesis planteada sobre el presunto consumo de estupefacientes por parte del exjefe de Estado.

Sumado a ello, Zuleta reveló que los testigos señalan presuntos registros audiovisuales capturados mediante el teléfono móvil personal del exmandatario durante reuniones sociales privadas.

“Él no siempre intervenía activamente en estas escenas, sino que las grababa y las tenía en su celular. Entonces eso es lo que relatan estas mujeres”, añadió.

El polémico libro reabre de este modo el debate político sobre la vida íntima de las figuras públicas en Colombia.

¿De qué trata  ‘Las mujeres de Petro’?

El libro ‘Las mujeres de Petro’, escrito por el periodista Felipe Zuleta Lleras y publicado por Editorial Planeta, aborda la vida íntima y el círculo femenino cercano a Gustavo Petro.

La obra reconstruye testimonios directos de exparejas, colaboradoras de gobierno, amigas y figuras políticas que influyeron decisivamente en el entorno del exmandatario a lo largo de su carrera pública.

El texto examina desde la figura de su madre hasta sus matrimonios con Mary Luz Herrán y Verónica Alcocer, excluyendo expresamente a sus hijas por respeto a su privacidad.

Asimismo, la investigación relata las dinámicas de poder que rodearon a funcionarias de alta confianza institucional durante su periodo presidencial, destacando figuras como Laura Sarabia y Angie Rodríguez.

El autor recopila señalamientos sobre reuniones sociales privadas, el presunto consumo de sustancias psicoactivas y supuestas prácticas de espionaje telefónico que habrían incidido en la toma de decisiones estatales.

Zuleta aclara que el propósito del libro no radica en un análisis de gestión ideológica, sino en dimensionar cómo los vínculos afectivos y personales impactaron el ejercicio del poder.

Las declaraciones recopiladas en la crónica editorial describen un clima de desconfianza, tensiones laborales agudas y temores constantes entre varias de las mujeres que integraron el esquema presidencial.

El relato periodístico aporta elementos testimoniales sobre episodios reservados de la Casa de Nariño, contrastando versiones de exfuncionarias con testimonios de escoltas e integrantes de seguridad del Estado.

La publicación causó un fuerte impacto político y mediático nacional, reabriendo debates sobre la frontera ética entre la vida privada de los gobernantes y el interés general de la ciudadanía.

La obra plantea un retrato humano sobre las complejidades personales del líder político colombiano, dejando bajo escrutinio público los testimonios que configuraron su círculo de mayor confianza personal.

El ambiente comenzó a tensionarse cuando los manifestantes, identificados como estudiantes de la UPTC, buscaron ingresar a las instalaciones donde se desarrollaba el acto presidencial. Este intento derivó en choques directos con la fuerza pública, generando momentos de enfrentamiento que fueron documentados y difundidos a través de videos en redes sociales. En las imágenes, era evidente el despliegue de uniformados intentando dispersar a quienes protestaban y contener la situación mediante el uso de agentes químicos.

El impacto de estos hechos no solo alteró el curso de la protesta, sino que además afectó la agenda institucional trazada para esa fecha. Varios alcaldes de municipios boyacenses, invitados a la reunión con el presidente De La Espriella, optaron por mantenerse fuera de las instalaciones hasta que se restablecieron las condiciones mínimas de seguridad, lo que modificó el normal desarrollo del evento.

Distintos usuarios de redes sociales expresaron sus opiniones respecto a los disturbios. Uno de ellos, identificado como Mauricio Vanegas, señaló que la intervención de las fuerzas policiales estuvo a cargo de una unidad conocida como ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). A su vez, Jorge Suárez, otro usuario, atribuyó la protesta a estudiantes de orientación política de izquierda dentro de la UPTC, aunque dicha calificación es exclusiva de su publicación y no corresponde a un informe oficial. Mientras tanto, la expectativa está puesta en el pronunciamiento de las autoridades respecto a posibles personas lesionadas, detenidas o daños materiales, tema sobre el que aún no hay un balance oficial publicado.

La visita presidencial a Tunja terminó marcada por un episodio de confrontación en el espacio público, abriendo interrogantes sobre las causas que motivaron la manifestación y las decisiones tomadas tanto por los manifestantes como por la fuerza pública, según la información contenida en los reportes y testimonios digitales revisados.

¿Por qué protestaron los estudiantes de la UPTC durante la visita del presidente De La Espriella en Tunja?

De acuerdo con la información citada, los estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) protestaron en las inmediaciones del Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja durante la visita del presidente Abelardo De La Espriella. La manifestación, que culminó en disturbios y uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía, estuvo directamente relacionada con la presencia del mandatario en la ciudad, aunque las razones específicas de la protesta no se detallan en el reporte.

¿Cuál fue la reacción de las autoridades frente a los disturbios en la visita presidencial a Tunja?

Según los datos aportados, la reacción de las autoridades fue intervenir con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y controlar los desórdenes ocurridos en las inmediaciones del evento presidencial. Esta respuesta, ejecutada por la Policía Nacional y mencionada por usuarios en redes sociales como la intervención del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), buscaba restablecer el orden, aunque todavía se aguarda un balance oficial sobre personas heridas, detenciones o daños materiales ocasionados.

De acuerdo con los reportes preliminares entregados desde la Terminal de Transportes de Buenaventura, el microbús afiliado a la empresa de transporte despachó inicialmente a seis pasajeros desde la terminal del puerto con destino hacia el interior del departamento. Sin embargo, las autoridades viales investigan si durante el trayecto sobre el corredor vial abordaron más usuarios antes de ingresar al túnel. Tras el fuerte impacto entre ambos vehículos pesados dentro del paso subterráneo, organismos de socorro e integrantes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional acudieron a la zona para atender a los heridos y adelantar las primeras diligencias de inspección técnica.

La violencia del choque provocó la destrucción de la parte delantera y lateral de la buseta, además de generar daños de consideración en la estructura del vehículo tipo niñera. Hasta el momento, las autoridades han confirmado la muerte de al menos una persona en el lugar de los hechos, mientras avanzan las labores para consolidar el balance definitivo de ocupantes lesionados y establecer con precisión las identidades de los afectados en la emergencia.

Debido a la magnitud del siniestro y a la ubicación de los automotores involucrados dentro de la infraestructura del túnel, la Policía de Carreteras ordenó el cierre total de la arteria vial que comunica a Buga y Cali con Buenaventura. La interrupción de la movilidad mantiene paralizado el flujo de transporte de carga, vehículos particulares y buses de servicio público en este estratégico corredor económico del Valle del Cauca.

#ValleDelCauca | 🚨 Un grave accidente de tránsito mantiene cerrada completamente la vía Buga–Buenaventura, a la altura del túnel 6, en el sector de El Naranjo, kilómetro 55.

⚠️ La Unión Vial Camino del Pacífico confirmó la suspensión del paso vehicular debido al siniestro, que afecta la movilidad en este importante corredor del Valle del Cauca.

🚌 Según información preliminar, un vehículo de transporte de pasajeros que había salido de Buenaventura con destino a Cali estaría involucrado en el accidente. Desde la terminal de transporte se informó que la unidad inició su recorrido con seis pasajeros a bordo.

🕯️ Los primeros reportes señalan que el conductor del vehículo, identificado preliminarmente como perteneciente a la empresa Metro, habría fallecido. Esta información está pendiente de confirmación oficial.

☎️ Para consultar el estado de la vía, están habilitadas las líneas 311 441 5479 y #180.

🔴 Noticia en desarrollo. Se espera que las autoridades entreguen un balance sobre las víctimas y las circunstancias del accidente

— Diario Occidente (@Diarioccidente) November 9, 2026

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar de los hechos por conductores y transportadores que transitaban por la zona, el accidente se habría desencadenado por una presunta imprudencia en las maniobras de adelantamiento dentro de la infraestructura subterránea. Las imágenes y videos grabados por testigos tras la colisión muestran la magnitud de los daños: el microbús de Expreso Palmira quedó completamente destruido, con el techo arrancado y la estructura reducida a retazos metálicos tras el impacto contra las paredes del túnel y la parte trasera del camión de carga.

El reporte, publicado el 24 de septiembre de 2026, estableció que en Colombia nacieron 441.537 bebés durante 2025, frente a los 453.901 registrados en 2024. Esto representa una reducción de 12.364 nacimientos, equivalente al 2,7 %. La disminución también se observó en la mayoría de los departamentos del Caribe, aunque no todos tuvieron variaciones de la misma magnitud.

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Córdoba encabezó las disminuciones entre los departamentos de la región, con una caída del 5,7 %. Sucre ocupó el segundo lugar, con una reducción del 5,3 %, mientras que Magdalena registró un descenso del 4,4 %. En los otros territorios, las variaciones fueron menores: Bolívar tuvo una disminución del 2,6 %, Cesar del 2,2 % y Atlántico del 1,9 %. Por su parte, San Andrés, Providencia y Santa Catalina presentó una caída del 9,2 %, la más pronunciada entre los territorios incluidos en la comparación.

El comportamiento de La Guajira fue diferente al del resto de la región. Este departamento registró un aumento del 0,9 % en los nacimientos frente al año anterior, convirtiéndose en el único de la región Caribe continental que tuvo un crecimiento en este indicador. A escala nacional también se presentaron incrementos en Guainía, Chocó, Quindío y Tolima, aunque la tendencia general del país siguió siendo descendente.

Las diferencias también aparecen cuando se analiza la cantidad promedio de hijos por mujer. Según el Dane, la tasa global de fecundidad en Colombia llegó a un hijo por mujer durante 2025, el nivel más bajo de la serie estadística presentada por la entidad. La Guajira, en contraste, alcanzó una tasa de 1,8 hijos por mujer, la segunda más alta del país, solamente superada por Vaupés, con 2,0. En Atlántico y Cesar el indicador fue de 1,1, mientras que Bolívar registró 1,3. Además, entre 2016 y 2025, Cesar y Sucre estuvieron entre los departamentos donde más disminuyó la fecundidad.

Estas cifras coinciden con las conclusiones de una investigación de Juliana Jaramillo-Echeverri y Adriana Sofía Rodríguez, publicada por el Banco de la República, que advierte que la reducción de la natalidad no ocurre de la misma manera en todo el territorio nacional. El estudio, que examinó el comportamiento de la fecundidad entre 1998 y 2024, encontró diferencias relacionadas con la edad de las madres, su nivel educativo, el acceso a servicios de salud y las condiciones sociales de los municipios. Uno de los datos más llamativos es que cerca del 20 % de los nacimientos analizados correspondió a madres de entre 10 y 19 años.

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Los investigadores también encontraron una relación entre el embarazo adolescente, la informalidad laboral y las necesidades básicas insatisfechas. En contraste, los municipios con mayores niveles de desarrollo económico registraron una menor incidencia de este fenómeno. El análisis advierte que la maternidad temprana no puede entenderse únicamente como una decisión individual, pues también está vinculada con las oportunidades educativas, laborales y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. A esto se suma que cada vez más mujeres aplazan la maternidad hasta edades adultas, aunque esa transformación tampoco avanza al mismo ritmo en todas las regiones.

De esta manera, los resultados del Dane muestran dos realidades para el Caribe colombiano: la mayoría de sus departamentos tiene menos nacimientos, pero todavía existen diferencias importantes en los indicadores de fecundidad y en las condiciones sociales de las mujeres. Por eso, la disminución de la natalidad no significa que hayan desaparecido problemas como el embarazo adolescente o las desigualdades en el acceso a educación y servicios de salud, desafíos que requieren respuestas distintas según las necesidades de cada territorio.

En su mensaje, Jiménez cuestionó las motivaciones detrás de la aparición pública de Prada y aclaró la verdadera naturaleza del conocimiento que esta posee sobre su caso particular. “No entiendo por qué hay personas empeñadas en sacar provecho de mi denuncia. Esta persona me conoció cuando yo tenía una relación con ese señor y conoce mi historia porque él llegó en una ocasión al estudio donde trabajábamos. Eso no significa que ella lo conozca ni que haya tenido relación alguna con él”, aseveró Jiménez en la plataforma digital. Asimismo, la mujer añadió que tuvo que apartar a Prada del entorno laboral debido a inconvenientes previos, señalando de manera contundente que “conocer mi historia no le da derecho de utilizarla para buscar protagonismo”.

La reacción de Jiménez surge luego de que Alison Prada difundiera un video en redes sociales afirmando estar cansada de guardar secretos desde 2016 —periodo en el que Petro finalizó su alcaldía en Bogotá y preparaba su aspiración presidencial para 2018— y presentándose como una “víctima más” relacionada con el exmandatario. Sin embargo, el relato de Prada careció de detalles específicos, fechas comprobables o denuncias formales ante las autoridades competentes, vacíos argumentales que debilitaron la veracidad de su testimonio.

Frente a esta situación, Deicy Jiménez advirtió que cuenta con los elementos probatorios necesarios para refutar la versión de la mujer trans y exigió mayor rigor y responsabilidad al abordar estos episodios. “No voy a permitir que tergiversen lo que viví. Las denuncias se hacen con responsabilidad, no con mentiras. Me conoce a mí, no a él. Tengo pruebas y testigos para desmentir esta falsa versión. La verdad no necesita protagonismo, necesitamos hechos”, concluyó.

El senador Iván Cepeda, reconocido por su papel de oposición, sostuvo de manera enfática que corresponde a las autoridades judiciales y organismos de investigación aclarar los hechos denunciados. De acuerdo con Cepeda, quienes integran el Pacto Histórico están obligados a defenderse ante la justicia, acudir ante las instancias competentes y responder con la verdad, siempre cumpliendo la ley. Cepeda declaró que Gustavo Petro Urrego está dispuesto a presentarse ante la justicia para responder por los hechos, postura que, según afirmó, debe ser compartida por todos los miembros de la colectividad. Además, en una intervención en Valledupar, Cepeda recordó que la izquierda no está “vacunada” contra situaciones de machismo y patriarcado, y que estas prácticas aún persisten al interior de la organización. Aunque no nombró directamente a Petro ni a Jiménez, enfatizó que las relaciones de dominación sobre las mujeres merecen una autocrítica profunda y honesta, sin justificaciones ni evasivas.

En esa línea, mujeres de la bancada del Pacto Histórico en el Congreso manifestaron en un comunicado que toda denuncia debe ser escuchada respetuosamente, y solicitaron que entidades como la Fiscalía, la Defensoría y la Unidad de Protección de Víctimas garanticen acompañamiento y seguridad a las partes implicadas. También recalcaron la importancia del respeto al debido proceso, subrayando que la justicia debe determinar las responsabilidades. Señalaron que el partido ha avanzado en la consolidación de políticas internas y protocolos de prevención para abordar y atender estos casos dentro de la organización.

En el contexto de la colectividad, existen posturas divergentes frente a las acusaciones: desde quienes consideran que se trata de una estrategia de desprestigio moral contra Petro y la izquierda, hasta quienes opinan que, tratándose de la vida personal del líder, no debería afectar el proyecto político. Sin embargo, es creciente la tendencia de integrantes que afirman que, si los señalamientos se demuestran, el expresidente debe responder ante la ley.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acusaciones contra Gustavo Petro dentro del Pacto Histórico?

De acuerdo con El Espectador, Deicy Jiménez acusó públicamente a Gustavo Petro de haber entregado contratos públicos a cambio de servicios sexuales. Esta situación generó distintas reacciones dentro del Pacto Histórico, cuyos líderes insisten en que la justicia debe investigar y determinar la verdad de los hechos, mientras la colectividad manifiesta su compromiso con el respeto debido y la igualdad de género.

¿Qué medidas ha tomado el Pacto Histórico ante las denuncias de Deicy Jiménez?

Según información del Congreso y de El Espectador, la bancada femenina del Pacto Histórico solicitó a la Fiscalía, la Defensoría y la Unidad de Protección de Víctimas brindar garantías de acompañamiento y seguridad. Además, recalcaron la necesidad de respetar el debido proceso y mencionaron avances en la formulación de políticas y protocolos internos para prevenir y atender casos similares dentro de la colectividad.

El vocero político del partido Salvación Nacional, el senador Germán Rodríguez, confirmó que este martes 10 de noviembre impulsará en la plenaria senatorial una moción urgente contra el exjefe de Estado.

Para el dirigente, el cuerpo colegiado tiene la obligación de reconsiderar la resolución fijada el pasado 12 de agosto de 2026, considerando los múltiples cuestionamientos éticos que salpican al exmandatario.

“Pediré ante el Congreso de la República revocar el permiso de salida del país del expresidente Gustavo Petro debido a la cantidad de denuncias por corrupción y se… contratos que lo involucran directamente a él y a su círculo más cercano. El Congreso de la República no puede ser su cómplice. Petro se va a volar del país y exigimos que le dé la cara a Colombia”, aseguró el senador, replicado por Blu Radio.

Con el objetivo de respaldar esta moción, el congresista remitió un requerimiento formal al secretario general del Senado, Diego González, exigiendo un informe detallado sobre la autorización previa.

Entre los documentos pedidos figuran el memorial radicado por Petro, el acuerdo parlamentario votado el 12 de agosto, el acta respectiva y las pautas restrictivas fijadas en dicha sesión.

Igualmente, Rodríguez demandó clarificar si Petro notificó desplazamientos foráneos a la Secretaría General, la Presidencia o la Mesa Directiva, detallando las fechas de entrega, los destinos visitados y los periodos informados.

La petición fiscalizadora indaga si terceros radicaron antes solicitudes dirigidas a modificar, anular o suspender el beneficio de movilidad internacional otorgado al dirigente de izquierda, especificando el curso de tales gestiones.

Por último, el legislador reclamó que la Secretaría General exponga ante los parlamentarios el consolidado histórico de la autorización durante la jornada del martes 10 de noviembre para definir la votación.

La deliberación parlamentaria abrirá un complejo debate jurídico sobre las facultades del Congreso frente a las libertades individuales de exmandatarios vinculados a indagaciones de los entes de control.

¿Cuáles son las denuncias de corrupción en contra de Gustavo Petro?

Las autoridades judiciales de Colombia adelantan indagaciones formales para esclarecer denuncias sobre presuntas irregularidades contractuales que vinculan de manera directa al expresidente Gustavo Petro.

El caso cobró notoriedad nacional tras las declaraciones rendidas por la excontratista Deicy Jiménez, quien aseguró que recibió vinculaciones laborales públicas a cambio de favores privados.

La denunciante afirmó que este esquema de prebendas operó mediante órdenes de prestación de servicios tramitadas en diversas entidades estatales durante los últimos periodos de gobierno.

Entre las dependencias mencionadas en los testimonios figuran dependencias del Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y despachos del Ejecutivo.

El Instituto Anticorrupción radicó una solicitud formal ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para establecer competencias e investigar los hechos denunciados.

El organismo civil solicitó verificar posibles delitos contra la administración pública, incluyendo cohecho, tráfico de influencias, concusión e interés indebido en la celebración de contratos.

Paralelamente, peritos de la Fiscalía General de la Nación realizaron extracciones forenses a dispositivos electrónicos para contrastar conversaciones, minutas y registros del sistema SECOP.

Los investigadores analizan la idoneidad técnica de los contratos asignados, los pagos desembolsados y los informes de supervisión laboral archivados en las plataformas públicas.

La Procuraduría General de la Nación abrió actuaciones preliminares para determinar si funcionarios de alto nivel incurrieron en faltas disciplinarias graves al tramitar estas vinculaciones.

Frente a la controversia mediática, Gustavo Petro rechazó tajantemente las acusaciones, calificándolas como una estrategia difamatoria orquestada por sectores opositores para desacreditar su imagen.

El exmandatario anunció la intervención de su equipo jurídico ante los estrados competentes para desestimar las versiones y demostrar la legalidad de sus actuaciones.

El expediente permanece bajo reserva sumarial mientras los tribunales evalúan las evidencias documentales para determinar si existen méritos penales contra los implicados.

El homicidio ocurrió el domingo 8 de noviembre de 2026, cuando el uniformado se encontraba de permiso y se movilizaba en un vehículo particular que presentó una falla mecánica. La situación obligó a los ocupantes a detenerse en ese sector, donde fueron abordados inicialmente por varios hombres que se ofrecieron a prestarles ayuda.

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Sin embargo, de acuerdo con la información preliminar de la Policía, los sujetos regresaron posteriormente armados y habrían intentado despojar a los ocupantes de sus pertenencias. En medio del episodio se produjo un intercambio de disparos en el que Castillo Cobos recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte.

Luego de lo ocurrido, unidades de la Policía llegaron al lugar y reaccionaron ante la situación. Durante el procedimiento, los uniformados interceptaron a varias personas que presuntamente intentaban escapar de la zona.

Según el reporte del Departamento de Policía Bolívar, entre los interceptados habría dos sospechosos señalados de participar directamente en el homicidio.

Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer la responsabilidad de cada uno de los involucrados y determinar cómo se desarrolló el ataque. Por ahora, la información oficial no precisa sus identidades ni entrega detalles sobre las armas que habrían sido utilizadas.

¿Quién era Fabio Enrique Castillo Cobos?

El subintendente estaba adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de El Carmen de Bolívar, donde desarrollaba labores relacionadas con la investigación de hechos delictivos.

Su muerte generó consternación entre sus compañeros y allegados. La Policía Nacional, a través del Departamento de Policía Bolívar, rechazó el crimen y expresó sus condolencias a los familiares del uniformado.

El caso también puso de nuevo la atención sobre los riesgos que enfrentan los integrantes de la fuerza pública fuera de sus actividades de servicio. Castillo Cobos estaba disfrutando de un permiso cuando ocurrió el episodio que terminó con su vida.

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La investigación tendrá que reconstruir qué ocurrió desde el momento en que el vehículo presentó la falla mecánica, quiénes se acercaron inicialmente a ofrecer ayuda y cómo se produjo el posterior intercambio de disparos.

Además, los investigadores deberán establecer la participación de las personas interceptadas y recopilar los elementos probatorios necesarios para avanzar en el proceso judicial.

Por ahora, la principal hipótesis entregada por la Policía apunta a un intento de hurto que terminó en el asesinato del subintendente. Las autoridades continúan con las actuaciones para identificar a todos los responsables y esclarecer los detalles del crimen.

El entorno rural donde ocurrieron los hechos, caracterizado por la presencia de pozos profundos aunque de extensión reducida, fue escenario de este lamentable incidente que impactó a la comunidad. Fueron personas del sector quienes, al percatarse de la situación, no dudaron en comunicarlo a las autoridades, permitiendo que se activara el protocolo pertinente para este tipo de emergencias.

Ante el llamado de emergencia, unidades de las autoridades judiciales se desplazaron al lugar para iniciar las investigaciones. El proceso incluyó la intervención del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, entidad encargada de la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo de la víctima. La actuación de los funcionarios buscó reunir las pruebas necesarias para esclarecer los hechos y determinar con precisión cómo se produjo la trágica muerte.

Hasta el momento, la hipótesis principal apunta a una caída accidental, pero las circunstancias exactas siguen siendo objeto de análisis por parte de las autoridades. Igualmente, se trabaja en la reconstrucción de los momentos previos al hallazgo de Javier García Noche, elemento esencial para esclarecer los detalles del caso.

El acontecimiento generó gran consternación en este sector de Melgar, resaltando la importancia de la rápida reacción de la comunidad y el seguimiento de las autoridades judiciales en el esclarecimiento de situaciones que afectan la tranquilidad en zonas rurales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la muerte de Javier García Noche en Melgar?

De acuerdo con la información proveniente de testigos y autoridades, Javier García Noche fue hallado sin vida dentro de un pozo en la vereda Yalí, Melgar. Las primeras hipótesis señalan que la posible causa habría sido una caída accidental tras departir con amigos, aunque las circunstancias todavía están bajo investigación judicial y no se descarta ninguna hipótesis.

¿Qué hace el CTI de la Fiscalía en casos como la muerte en un pozo?

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía es responsable de adelantar la inspección técnica del lugar de los hechos y el levantamiento del cuerpo. Este procedimiento bajo estándares jurídicos y técnicos facilita la recolección de pruebas iniciales clave para esclarecer si la muerte fue accidental u obedece a otras circunstancias.

“Eso nunca. Ese tema nunca ha existido” y “ese tema no va a entrar en el menú temático del Centro Democrático”, sentenció Uribe durante una intervención en Caracol Radio. En su discurso en Antioquia, Petro había propuesto articular el trabajo municipal y programático bajo condiciones específicas, tales como evitar votos en favor de impuestos a los alimentos, rechazar reducciones salariales y coordinar posturas en la Junta Directiva del Banco de la República para disminuir las tasas de interés de los créditos.

Frente a estos planteamientos, el expresidente recordó que su colectividad es actualmente el partido de gobierno más numeroso en el Congreso y respaldó firmemente la candidatura de Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta presidencial, tras la derrota de Paloma Valencia. Por esta razón, enfatizó que la prioridad institucional se centra en buscar acuerdos sobre las discrepancias tributarias dentro de la actual administración. “Nosotros somos partido de gobierno. Apoyamos al presidente Abelardo De La Espriella en segunda vuelta. Por ejemplo, frente a las discrepancias tributarias, nosotros queremos buscar un acuerdo”, aseveró Uribe, quien concluyó ratificando el respeto institucional por los derechos de todos los sectores políticos del país.

La comparecencia judicial en contra de Zulma Guzmán quedó frustrada luego de confirmarse su inasistencia virtual a la audiencia de formalización de cargos por el letal envenenamiento de dos menores en Bogotá.

La Fiscalía esperaba conectar a la sospechosa de manera virtual para acusarla formalmente, pero la sindicada continúa recluida en un centro hospitalario ubicado en Reino Unido.

La tragedia ocurrió en abril del año pasado mediante un envío a domicilio consistente en un recipiente con frambuesas congeladas entregado en la residencia de una de las afectadas.

El paquete arribó como un supuesto obsequio rotulado hacia otro destinatario; sin embargo, las niñas y otros acompañantes ingirieron los frutos durante una reunión familiar en el predio.

Las pericias forenses revelaron que la fruta contenía talio, una sustancia metálica imperceptible que desencadenó deterioros orgánicos fulminantes en los pacientes expuestos al peligroso químico suministrado en el postre.

A causa de las complejas complicaciones toxicológicas, las víctimas ingresaron de urgencia a la Fundación Santa Fe, instalación médica capitalina donde los especialistas no pudieron salvarles la existencia.

El reporte pericial confirmó que la ingesta fatal de talio causó el deceso de ambas menores y provocó afectaciones médicas graves a otras dos personas presentes durante el fatídico consumo.

Los agentes de Interpol localizaron posteriormente a la procesada en suelo inglés, luego de auxiliarla cuando saltó a las aguas del río Támesis en un confuso incidente de rescate.

Tras esa intervención policial, las autoridades internacionales remitieron a la investigada hacia una institución asistencial para atender su salud y garantizar el trámite de extradición requerido por Colombia.

La Fiscalía General postergó la formulación de cargos ante la ausencia de Guzmán en la sala virtual, dejando la diligencia a la espera de una nueva fecha judicial.

¿Cómo es el caso de Zulma Guzmán por muerte de niñas con talio?

El proceso penal contra Zulma Guzmán conmocionó al país tras revelarse los pormenores del envenenamiento con talio que cobró la vida de dos niñas en Bogotá.

Los hechos ocurrieron cuando un mensajero entregó un paquete con frambuesas congeladas en un apartamento residencial, presentado falsamente como un detalle familiar para los habitantes del inmueble.

Las menores de edad consumieron los frutos durante una reunión doméstica, desconociendo que el alimento contenía altas concentraciones del peligroso metal pesado, carente de olor perceptible.

Pocas horas después de la ingesta, las víctimas manifestaron dolores estomacales agudos, debilidad motriz extrema y fallas orgánicas múltiples que motivaron su traslado inmediato hacia centros asistenciales especializados.

Pese a los intensos esfuerzos médicos desplegados en la Fundación Santa Fe, ambas pacientes fallecieron como consecuencia directa de la severa toxicidad sistémica provocada por la sustancia química.

Otras dos personas adultas que compartieron la preparación repostera también sufrieron afectaciones clínicas considerables, logrando sobrevivir tras prolongados tratamientos de desintoxicación hospitalaria bajo vigilancia médica continua.

Las pesquisas de la Fiscalía General de la Nación individualizaron a Zulma Guzmán como la principal sospechosa de planear el envío mortal, vinculándola formalmente a la investigación penal.

Tras la tragedia, la presunta agresora viajó hacia territorio europeo para evadir los requerimientos judiciales, lo que motivó la expedición urgente de una circular roja de Interpol.

Las autoridades británicas localizaron a la sindicada en Londres luego de rescatarla en las aguas del río Támesis, internándola de inmediato en un centro asistencial bajo custodia.

El ente acusador colombiano formalizó la solicitud de extradición internacional para que la imputada comparezca ante los estrados capitalinos por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.

El despacho judicial correspondiente adelanta los trámites diplomáticos pertinentes con el Reino Unido para garantizar el juzgamiento de este lamentable crimen que sacudió la tranquilidad ciudadana.

La operación de las tropas permitió identificar la amenaza y desactivar oportunamente los artefactos explosivos, evitando así afectaciones a la integridad de los soldados y de los habitantes de este municipio antioqueño. El Ejército Nacional confirmó que lograron neutralizar las cargas explosivas instaladas sobre los animales, aunque no se precisó la cantidad exacta de mulas involucradas ni la estructura armada responsable de este suceso.

Este incidente se produce en un contexto de creciente violencia en el nordeste de Antioquia, donde recientes acciones armadas han puesto en alerta a la Fuerza Pública y a las comunidades. De acuerdo con la información citada por Infobae, entre las hipótesis iniciales se destaca la posible participación del frente 36 de las disidencias de las FARC, una estructura ilegal que opera bajo el mando de alias Calarcá en la región. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la autoría, y será responsabilidad de las autoridades determinar los responsables a través de las investigaciones correspondientes.

El uso de animales de carga para transportar explosivos no es completamente novedoso en Colombia. En diferentes regiones del país se han registrado ataques similares, en los que han sido utilizados burros, caballos y otros animales para ocultar y trasladar explosivos con el fin de atacar puestos militares o policiales. Un caso reciente ocurrió en julio de 2025, en Valdivia, Antioquia, donde se utilizó un burro cargado con explosivos que resultó en la muerte de un subteniente y dejó heridos a dos soldados.

Las operaciones militares continúan en la zona del nordeste antioqueño como parte de la estrategia para enfrentar este tipo de amenazas y brindar protección a las comunidades rurales. La persistencia de estos métodos evidencia los riesgos que enfrentan tanto la Fuerza Pública como la población, y la necesidad de mantener vigilancia permanente frente a las acciones de los grupos armados ilegales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaron las mulas con explosivos en Anorí, Antioquia?

Según información citada por Infobae y confirmada por el Ejército Nacional, las mulas habrían sido utilizadas para transportar minas antipersona, las cuales fueron instaladas sobre los animales y ubicadas en una carretera rural de Anorí. La acción oportuna de los soldados permitió identificar y desactivar los artefactos antes de que causaran daños, aunque no se detalló el número de animales involucrados ni se identificó plenamente a la estructura armada responsable.

¿Qué antecedentes existen sobre el uso de animales para transportar explosivos en Colombia?

El uso de animales como burros, caballos y mulas para transportar explosivos ha sido documentado en diferentes regiones del país. Un antecedente reciente señalado en el texto se registró en julio de 2025, en Valdivia, Antioquia, donde un ataque con un burro cargado de explosivos causó la muerte de un subteniente y lesiones a dos soldados, evidenciando la gravedad y reiteración de esta peligrosa modalidad en ataques contra la Fuerza Pública.

Esta versión de ‘De Borondo’ reunirá a más de 100 emprendedores que presentarán sus productos y proyectos innovadores, en conjunto con alrededor de 30 establecimientos comerciales y gastronómicos que hacen parte activa del sector y se suman a la agenda del evento. Según la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, esta iniciativa tiene como propósito impulsar el consumo local y ofrecer plataformas de visibilidad y oportunidad a quienes apuestan por el desarrollo económico de la ciudad desde el emprendimiento.

El evento no solo tendrá una muestra comercial de alto nivel; también contará con dos tarimas en simultáneo para espectáculos de DJs y músicos en vivo que animarán la jornada durante la tarde y la noche. Además, está previsto un espacio ‘pet-friendly’, es decir, una zona pensada para que los asistentes puedan disfrutar en compañía de sus mascotas, enriqueciendo así la experiencia para las familias y personas amantes de los animales.

En cuanto a la logística y la ubicación, el Parque El Peñón es el epicentro del encuentro y está conectado con vías relevantes como Avenida Colombia, así como las carreras 1, 2, 3, 3A, 4 Oeste y las calles 1 y 3 Oeste, lo que facilita la llegada de visitantes de diferentes zonas de Cali. La organización recalca la importancia de estos espacios para fortalecer la economía local y propiciar encuentros ciudadanos en lugares públicos tradicionales.

El impulso de la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Desarrollo Económico busca propagar una cultura de consumo responsable centrada en productos locales y la integración de la ciudadanía en propuestas que llenan de vida los espacios urbanos.

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¿En qué consiste la feria ‘De Borondo’ y qué actividades ofrece en el Parque El Peñón?

La feria ‘De Borondo’, según el Noticiero 90 Minutos y la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, involucra más de 100 emprendimientos locales y cerca de 30 negocios gastronómicos y comerciales del sector. Ofrece una muestra variada de productos, innovaciones, eventos musicales con DJs y artistas, así como zonas ‘pet-friendly’, todo en un ambiente al aire libre en el Parque El Peñón.

¿Cuándo y cómo se puede acceder al evento ‘De Borondo’ en Cali?

De acuerdo con la información proporcionada, el evento tendrá lugar el jueves 12 de noviembre, entre las 4:00 p. m. y las 11:00 p. m., en el Parque El Peñón. El acceso se facilita por vías como Avenida Colombia, Carrera 1 Oeste, Calle 1 Oeste y otras, permitiendo que tanto visitantes de la ciudad como locales puedan llegar sin inconvenientes.

Durante la grabación, Alison Prada señaló que conoció a Gustavo Petro en el marco de una transmisión virtual. No obstante, su testimonio no hace referencia a detalles específicos sobre las circunstancias ni explica situaciones concretas del supuesto encuentro. Tampoco se aclaran los hechos puntuales por los que se considera víctima. Esta falta de precisiones en su relato ha suscitado numerosas preguntas en redes sociales y encendido el debate público.

Un aspecto relevante de la declaración es el año en que habría sucedido el hecho: 2016. Según los hechos verificados en el texto, para ese momento Gustavo Petro ya no era alcalde de Bogotá, cargo que finalizó en diciembre de 2015. En esa etapa, Petro comenzaba a perfilar su candidatura para las elecciones presidenciales de 2018, periodo en el cual su actividad política se enfocaba en construir una presencia nacional más marcada.

Hasta este momento, ninguna fuente señala que exista una denuncia formal presentada ante las autoridades por los hechos mencionados por Alison Prada, ni se ha confirmado que haya una investigación abierta en relación con el asunto. De acuerdo con la información proveniente de la declaración publicada por Prada, la veracidad y los fundamentos de sus señalamientos aún no pueden ser verificados en detalle. Así, lo declarado por Alison Prada representa un nuevo episodio de controversia pública alrededor de Gustavo Petro y deja sobre la mesa interrogantes que requieren de mayor esclarecimiento y pruebas para ser esclarecidos.

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¿Qué dijo exactamente Alison Prada sobre Gustavo Petro en su video?

En su video, Alison Prada afirmó ser víctima del presidente Gustavo Petro y mencionó un supuesto encuentro ocurrido en 2016, durante unas transmisiones virtuales que realizaba para una página de internet. Sin embargo, no detalló en qué consistió ese encuentro ni cuáles serían los hechos por los que se considera víctima, manteniendo la declaración en términos generales y sin aportar pruebas adicionales en la grabación, de acuerdo con la información disponible.

¿Existe alguna denuncia formal o investigación por las declaraciones de Alison Prada?

Según lo que se conoce hasta ahora, no se ha presentado ninguna denuncia formal ante las autoridades ni se ha confirmado la existencia de una investigación abierta respecto a las afirmaciones de Alison Prada. La situación permanece en el terreno de las declaraciones públicas y las autoridades no han informado sobre averiguaciones en curso vinculadas a este caso, de acuerdo con las fuentes citadas en el texto.

El proceso de demolición no inicia con el desmonte físico de la edificación; según declaró Peñuela, involucra una serie de pasos técnicos y sociales, comenzando con la socialización del procedimiento con los dueños y vecinos contiguos, el retiro o “ahuyentamiento” de animales, así como desmontes controlados. Este enfoque busca minimizar riesgos para la comunidad y evitar daños a inmuebles cercanos.

En el contexto más amplio de la gestión del riesgo en la ciudad, Peñuela informó que a la fecha se han demolido ya 18 edificios, mientras que otros dos frentes de trabajo continúan activos. Asimismo, puntualizó que, de los 85 inmuebles cuya demolición fue aprobada, 65 aún están pendientes de intervención. La coordinación se mantiene con el Fondo Milagro, al tiempo que avanzan mesas técnicas para ajustar las instrucciones fiduciarias que permitan continuar con las demoliciones.

En cuanto al plazo, el secretario de Gestión del Riesgo estimó que la demolición de un edificio de gran tamaño podría tomar entre una y dos semanas. La meta de la Administración Distrital es alcanzar la intervención de la mayoría de estructuras aprobadas hacia diciembre. Es importante señalar que los 85 inmuebles incluyen tanto edificios como casas de menor tamaño e incluso conjuntos residenciales con varias torres. Los criterios de priorización se basan en el nivel de riesgo de desplome y la ubicación en vías o zonas concurridas; entre los conjuntos identificados destacan Colosal, Archinie, Coral, Laureles y Ana Pilar.

Respecto al costo, Peñuela subrayó que no hay un monto estándar, pues depende de factores como altura, condiciones del entorno y cercanía con otros inmuebles. Las intervenciones requieren maquinaria específica, equipos técnicos y consideraciones de seguridad, incluyendo seguros y protección para propiedades aledañas.

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¿Qué criterios establecen la prioridad para demoler edificios en Cali?

La Secretaría de Gestión del Riesgo prioriza los edificios para demolición según su riesgo de colapso y su ubicación, especialmente en vías principales o zonas de alto tráfico. De acuerdo con Ricardo Peñuela, se consideran factores como la presión estructural, el estado de las juntas, la cercanía a otras propiedades y la posible afectación de estas a raíz de un desplome o de los trabajos necesarios, así como la infraestructura urbana aledaña.

¿Por qué es diferente el costo de demoler un edificio frente a una casa pequeña?

El costo varía porque la demolición de un edificio alto requiere equipo y procedimientos especializados, además de un manejo técnico de seguridad e intervención en entorno urbano denso. Por su parte, una casa pequeña demanda menos maquinaria y generalmente implica riesgos menores para propiedades vecinas, de acuerdo con lo explicado por el secretario Ricardo Peñuela.

El presidente afirmó que estas expulsiones corresponden a extranjeros que “venían alterando la tranquilidad de Barranquilla y Cartagena”, acumulando en conjunto 152 medidas correctivas. Entre las conductas reportadas se incluyen porte de armas blancas, participación en riñas, consumo de estupefacientes e irrespeto a la Fuerza Pública. De la Espriella reiteró en sus declaraciones que este tipo de faltas constituye una amenaza para el orden y seguridad en las regiones donde ocurren.

Según lo reportado desde el Puente Internacional Tienditas, en la frontera con Venezuela, las operaciones realizadas entre el 7 de agosto y el 29 de octubre sumaron 812 procedimientos; 462 se relacionaron con asuntos de seguridad nacional, orden público o solicitudes de autoridades extranjeras y de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal). Posteriormente, entre esa fecha y el 8 de noviembre, el mandatario compartió siete nuevas operaciones que aportaron aproximadamente 189 deportaciones adicionales, consolidando así un total de alrededor de 1.001 deportaciones en tres meses.

Entre los casos destacados recientes, está el ocurrido el 2 de noviembre, cuando 44 ciudadanos hondureños fueron sorprendidos pescando ilegalmente en aguas de San Andrés. Fueron puestos a disposición de Migración Colombia y expulsados a su país, en una medida que según el presidente busca evitar ‘dilaciones o privilegios’. Asimismo, durante la Operación Némesis llevada a cabo en Cúcuta la madrugada del 4 de noviembre, se reportaron 109 capturas, 49 allanamientos y 32 expulsiones.

El 6 de noviembre, Migración Colombia, la Fuerza Pública y la Alcaldía de Bogotá efectuaron la expulsión de 80 extranjeros en diferentes localidades de la ciudad. Según el reporte, estos ciudadanos acumulaban más de 1.100 medidas correctivas, principalmente relacionadas con conductas que perturban la convivencia y, aunque la mayoría no contaba con condenas penales, solo tres habían cumplido alguna en Colombia.

En uno de los episodios fronterizos recientes, diez miembros de un grupo expulsado fueron capturados por las autoridades venezolanas por orden judicial vigente en dicho país. Estos ciudadanos fueron trasladados por la Fuerza Aérea hasta Cúcuta y entregados a las autoridades migratorias en el puente internacional Atanasio Girardot.

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¿Cuántos extranjeros han sido deportados en Colombia durante los últimos tres meses?

De acuerdo con cifras entregadas por la Presidencia y declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, desde el 7 de agosto hasta el 8 de noviembre se han deportado aproximadamente 1.001 ciudadanos extranjeros en todo el territorio nacional, como parte de una serie de operativos conjuntos entre Migración Colombia y las Fuerzas Militares.

¿Qué implican las medidas correctivas y cómo afectan las deportaciones de extranjeros en Colombia?

Las medidas correctivas, según lo informado, no equivalen a condenas penales, pero reflejan faltas reiteradas como porte de armas, consumo o distribución de sustancias psicoactivas, y falta de respeto a la autoridad. La acumulación de estas medidas es uno de los principales factores que motiva a Migración Colombia y a las autoridades locales a proceder con deportaciones o expulsiones de los extranjeros implicados.

La noche del mismo domingo 8 de noviembre, De la Espriella usó su cuenta oficial de X para expresar su rechazo al atentado, insistiendo en que “en la era del Tigre, el Estado no se arrodilla ante los criminales”. Según el mandatario, detrás de estos ataques existe la clara intención de infundir temor en la población civil y obstaculizar el libre tránsito entre Cali y Popayán, dos ciudades fundamentales para la conectividad de la región.

En consecuencia, el presidente ordenó el despliegue inmediato de la Fuerza Pública y entregó directrices precisas a los altos mandos militares y policiales: proteger a los habitantes, reforzar la seguridad de toda la zona y perseguir a los responsables del atentado. De la Espriella, en tono enfático, advirtió a las organizaciones narcoterroristas que “tienen los días contados” y que el gobierno no tolerará acciones encaminadas a consolidar el control de territorios por parte de criminales. Se comprometió además a responder a las acciones de grupos armados ilegales con todo el respaldo operativo de la Fuerza Pública.

De acuerdo con reportes de la Tercera División del Ejército, tropas del Grupo de Caballería Liviano N.° 8, pertenecientes a la Brigada 29, reaccionaron ante el ataque. Aunque una persona civil resultó herida de forma leve, no hubo afectaciones entre los uniformados. Preliminarmente, las autoridades apuntan a la estructura Jaime Martínez, liderada por alias Iván Mordisco, como posibles autores del atentado, aunque las investigaciones continúan para confirmar esta hipótesis. Es importante resaltar que este hecho se produjo apenas un día después de otro ataque similar contra el peaje de Mondomo, también en el Cauca, donde la violencia contra la infraestructura vial genera gran preocupación. El Ejército afirma que mantiene el despliegue de tropas para proteger a la población y asegurar la normalidad en el corredor vial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes serían los responsables del ataque al peaje de Villa Rica en Cauca?

Según información entregada por la Tercera División del Ejército Nacional, las primeras investigaciones apuntan a la estructura Jaime Martínez, vinculada a alias Iván Mordisco, como los presuntos responsables del ataque con explosivos al peaje de Villa Rica. Sin embargo, se recalca que esta es una hipótesis preliminar y que las autoridades continúan las investigaciones para determinar con certeza la autoría de estos hechos violentos.

¿Cómo reforzó el gobierno la seguridad en la vía Panamericana tras los atentados?

Después de los recientes ataques, incluido el atentado en el peaje de Villa Rica, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó el despliegue inmediato de la Fuerza Pública en el departamento del Cauca. Dio instrucciones directas a los mandos militares y policiales de proteger a la población, asegurar la infraestructura vial y avanzar en la localización de los responsables, con el objetivo de garantizar la seguridad en uno de los corredores más relevantes del suroccidente colombiano.

La coordinación de la operación recayó en la Policía, que contó con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aérea Colombiana, la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión, los Grupos de Operaciones Especiales y las Seccionales de Inteligencia Policial. Durante el desarrollo de la estrategia, fueron realizadas 29 diligencias de registro y allanamiento en puntos clave para desarticular las estructuras criminales.

Según el reporte oficial entregado por la Policía, 81 personas fueron detenidas por el delito de extorsión; otras 13, por hechos vinculados a secuestro, y 15 más por delitos adicionales. Estas detenciones, conforme a la información entregada por las autoridades, afectan directamente a estructuras reconocidas como el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y Los Costeños.

Dentro de los capturados figura un individuo señalado de intimidar y exigir sumas de dinero a miembros del sector del transporte, así como de estar implicado en conductas calificadas por las autoridades como terroristas. Entre los hechos que se le atribuyen, se destaca la incineración de un vehículo de servicio público en Yopal (Casanare) ocurrida el 30 de agosto de 2026. Las autoridades indicaron que este hombre se hacía pasar como integrante del frente 28 de las disidencias de las Farc (antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y marcaba como objetivo militar tanto a personas como a empresas.

Por otra parte, en Riohacha (La Guajira) fueron capturados en flagrancia dos presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, reconocidos por los alias ‘Chavalito’ y ‘115’. Estas personas deberán responder por delitos relativos a la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como al tráfico de estupefacientes. Según la Policía, desempeñaban actividades relacionadas con homicidios por encargo y extorsiones en la Troncal del Caribe.

El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, director de Antisecuestro y Antiextorsión, expresó al término de la operación: “Desde cualquier lugar donde pretendan delinquir o esconderse, los perseguiremos hasta llevarlos ante la justicia”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Operación Ópalo y contra quiénes estuvo dirigida en Colombia?

La Operación Ópalo es un operativo ejecutado por la Policía Nacional con el respaldo de entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aérea Colombiana. Esta estrategia se concentró en combatir estructuras criminales en varias regiones del país, donde integrantes del Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y Los Costeños figuran entre los principales implicados.

¿Cuáles fueron los delitos y capturas más relevantes tras la Operación Ópalo?

Tras la Operación Ópalo fueron capturadas 109 personas, 81 por extorsión, 13 por secuestro y 15 por otros delitos, atacando así diferentes formas de criminalidad. Entre los hechos destacados están la desarticulación de células dedicadas a extorsionar al sector transportador y la detención de individuos armados dedicados al sicariato y tráfico de drogas, especialmente en la Troncal del Caribe.

De acuerdo con la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, Oyola habría coordinado una red orientada a realizar ataques informáticos contra la Registraduría Nacional desde el organismo de inteligencia estatal, el cual se encontraba bajo la dirección de la administración del expresidente Gustavo Petro. El ingeniero, quien operaba adscrito al área de Contrainteligencia bajo la supervisión de la dirección general a cargo de Jorge Lemus, acumulaba una trayectoria previa en el sector público que incluyó contratos en la Contraloría General de la República entre 2022 y 2023, así como un paso por la unidad de trabajo legislativo del actual gobernador de Huila, Rodrigo Villalba Mosquera.

La captura del especialista en sistemas se concretó en las últimas horas en la ciudad de Neiva por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. No obstante, la aprehensión inicial no respondió directamente a las presuntas irregularidades cometidas al interior de la DNI, sino a un proceso judicial pendiente por delitos asociados a un aparente fraude en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que incluían cargos por acceso abusivo informático, falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.

Las indagaciones documentadas por los medios señalan que Oyola se encontraba requerido por la justicia desde semanas antes de los comicios presidenciales, operando presuntamente vinculado a la agencia de inteligencia mientras mantenía una orden de captura vigente. Hasta el momento, los intentos de comunicación con el exdirector de la entidad, Jorge Lemus, para obtener una respuesta institucional frente a los señalamientos de la red de hackeo no han obtenido contestación oficial.

La preocupación aumenta por los pronósticos que prevén una reducción de lluvias de hasta el 80 % en diciembre en algunas zonas, con temperaturas más altas y el agravamiento del fenómeno de El Niño. Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), esto significa una alerta constante en varios municipios, donde el riesgo de desabastecimiento de agua crece rápidamente. En su más reciente reporte, el Centro de Monitoreo Hidrológico y del Clima de la CAR indicó que cinco municipios se encuentran en alerta roja por el estrés hídrico: Caparrapí, El Colegio, Silvania, Vergara y Villeta. Otros municipios, como Cachipay, Facatativá, Apulo y Villagómez, están en alerta naranja, mientras que La Mesa, Anapoima, Anolaima, San Antonio del Tequendama, Buenavista, Caldas, Saboyá y San Miguel de Sema presentan alerta amarilla.

Particularmente, Viotá, Pulí y Puerto Salgar ya declararon calamidad pública por problemas de acceso al agua. La CAR está atenta al comportamiento de las fuentes hídricas, realizando seguimiento en 98 municipios de Cundinamarca, seis de Boyacá y la zona rural de Bogotá. Las proyecciones para el cierre de año anticipan menos lluvias y un incremento en la radiación solar y en las temperaturas, factores que complican aún más la situación. Carlos Emilio Gutiérrez, subdirector de Planeación y Gestión Ambiental de la CAR, advirtió que se espera la intensificación del fenómeno de El Niño a finales de noviembre, lo que prolongaría el déficit en las cuencas hidrográficas.

La entidad hace un llamado urgente a la ciudadanía para que adopte un uso eficiente del agua, especialmente en las zonas bajo advertencia. El comportamiento de las lluvias en las próximas semanas será crucial para definir el alcance de las restricciones y las dificultades de abastecimiento, justo cuando se acerca la fase más crítica del año en términos hídricos.

¿Qué municipios de Cundinamarca están en mayor riesgo de desabastecimiento de agua?

Según datos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) citados por El Espectador, Caparrapí, El Colegio, Silvania, Vergara y Villeta se encuentran en alerta roja. Estos municipios tienen un riesgo más alto de escasez de agua, mientras que otros como Cachipay, Facatativá, Apulo y Villagómez están en alerta naranja, y varios más en niveles de menor alerta.

¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño a la disponibilidad de agua en Cundinamarca?

El fenómeno de El Niño está relacionado con una disminución marcada de las lluvias y un aumento de las temperaturas. Según la CAR, esto provoca menos recarga de las fuentes hídricas y un incremento en el estrés sobre los sistemas de abastecimiento de agua, intensificando las dificultades durante la temporada seca y agudizando el riesgo de desabastecimiento.

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El texto surge cuando Reyes Posada se dispone a acercarse a sus ochenta años. Estupiñán, mediante un ejercicio llamado ‘arqueología de la memoria’, se propone escudriñar no solo las acciones y vivencias del protagonista, sino también sus pensamientos y las historias que dan cuenta de la Colombia contemporánea. Este empeño ha permitido reunir un material cercano y directo, valioso para quienes buscan comprender las raíces y transformaciones del territorio nacional.

Reyes Posada no solo ha sido observador de la historia: ha sido un testigo activo y conocedor de la compleja geografía colombiana, así como de los episodios y trayectorias del conflicto armado. Como señala la narración, su participación otorga al libro una riqueza especial, pues ofrece un análisis a través de sus recuerdos y permite transmitir memoria a nuevas generaciones. El relato se convierte, entonces, en un legado, ya que el testimonio fue recogido mientras Reyes Posada atravesaba su enfermedad final, lo que le otorga una urgencia y autenticidad particular.

En el prólogo del libro, escrito por Gustavo Duncan, se destaca el carácter temerario de Reyes Posada, quien ha logrado llegar a la vejez tras medio siglo de vida al límite en un contexto donde muchos no lo logran. Esta paradoja, presentada por Duncan, acentúa aún más el valor y singularidad del testimonio recogido.

Por su parte, Miguel Ángel Estupiñán, autor del libro, es un reconocido periodista y magíster en estudios literarios. Su carrera de quince años se ha enfocado en temas como la relación entre religión, Estado y sociedad, la paz y la memoria histórica. Desde su formación en la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia, Estupiñán ha trabajado en proyectos junto a organizaciones sociales y pueblos étnicos, aportando siempre su mirada reflexiva y crítica.

Según la información proporcionada en el texto, ‘Al otro lado del miedo’ invita a pensar en la importancia de conservar las voces y las memorias de quienes han vivido momentos clave en la historia del país, y a preguntarse hasta qué punto la sociedad es capaz de reconocer y valorar este patrimonio.

¿De qué trata el libro ‘Al otro lado del miedo’ de Miguel Ángel Estupiñán?

El libro ‘Al otro lado del miedo’ expone el testimonio y los recuerdos de Alejandro Reyes Posada, un pensador que ha dedicado su vida a analizar el conflicto armado colombiano. A partir de entrevistas y reflexiones directas, Miguel Ángel Estupiñán reconstruye la historia reciente del país enfocándose en las experiencias, ideas y legado de Reyes Posada, destacando la importancia de preservar la memoria de quienes han marcado su devenir.

¿Quién es Alejandro Reyes Posada y cuál es su importancia en el contexto colombiano?

Alejandro Reyes Posada es un intelectual colombiano conocido por su profundo conocimiento del territorio y del conflicto armado en el país. Su experiencia y cercanía con episodios clave de la violencia le conceden un lugar especial para interpretar la historia nacional, convirtiéndolo en una voz clave para comprender las transformaciones sociales y territoriales de Colombia, según se detalla en el libro reseñado.

El origen del incendio todavía es materia de investigación, pues hasta el momento no se conocen datos claros sobre cómo comenzó la conflagración ni las circunstancias exactas en las que perdieron la vida las dos personas –un hombre y una mujer– que estaban en el lugar donde se iniciaron las llamas. En medio de la atención del siniestro, las autoridades confirmaron el fallecimiento de ambas víctimas, dejando una escena dolorosa que generó gran conmoción en la comunidad local, según los reportes de El Nuevo Día.

La emergencia volvió a encender las alertas frente a los graves riesgos que enfrentan las personas que habitan cambuches o viviendas construidas con materiales improvisados. Estas estructuras, por su naturaleza, son más vulnerables ante emergencias como incendios, ya que su rápida y descontrolada combustión favorece la propagación de las llamas y complica las labores de rescate. Los testimonios recogidos por El Nuevo Día evidencian el miedo y la impotencia que vivieron los vecinos ante un fuego que se salió de control y amenazó con extenderse aún más en el sector.

La falta de información precisa sobre las causas y el desarrollo del incendio plantea la necesidad de que las autoridades investiguen a fondo el caso para determinar qué provocó el fuego y en qué condiciones se presentaron los fallecimientos. Mientras tanto, la ciudad de Ibagué enfrenta, una vez más, el desafío de atender las emergencias en contextos de alta vulnerabilidad social y estructural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ocurrió el incendio que dejó dos muertos en Ibagué?

El informe de El Nuevo Día señala que la tragedia se registró en la carrera 13 con calle 18, en una zona de Ibagué caracterizada por la presencia de viviendas precarias. Este lugar fue el epicentro del incendio que cobró dos vidas y afectó a otra vivienda vecina.

¿Por qué los cambuches son más vulnerables a incendios en Ibagué?

Según la información suministrada por El Nuevo Día, las viviendas tipo cambuche o hechas con materiales improvisados son propensas a incendios porque estos materiales arden con facilidad y el fuego puede propagarse rápidamente, dificultando la intervención y el rescate oportuno en caso de emergencia.

Según la información entregada por la Policía Tolima, el ataque con arma de fuego tuvo lugar aproximadamente a las 3:00 de la mañana. Brian Andrés Ballesteros resultó herido de gravedad y perdió la vida debido al impacto recibido. Una vez se alertó sobre esta situación, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se trasladaron al lugar de los hechos con el objeto de realizar los procedimientos judiciales iniciales, conocidos como actos urgentes. Paralelamente, un equipo de la Policía Judicial se encargó de iniciar las labores de investigación pertinentes para esclarecer cada aspecto relacionado con el crimen.

La noticia ha generado conmoción en Carmen de Apicalá, una comunidad que ha mostrado preocupación ante el hecho. Hasta el momento, según lo informado, no se conocen detalles concluyentes sobre los posibles móviles detrás del asesinato ni la identidad de los responsables. Por esta razón, las autoridades han hecho un llamado abierto a la ciudadanía, solicitando que cualquier persona que posea información relevante la comparta a través de la línea de emergencia 123. La Policía Tolima garantizó el manejo confidencial y reservado de todos los datos que se lleguen a entregar para facilitar las investigaciones en curso.

Este caso resalta la necesidad constante de la colaboración ciudadana en situaciones donde faltan pruebas claras y la reconstrucción de los hechos se convierte en un reto para los organismos judiciales. Aunque la investigación sigue en desarrollo, la sociedad espera resultados que ofrezcan justicia y tranquilidad. Toda la información presentada en este artículo proviene de los informes de medios locales y el reporte oficial de la Policía Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe del homicidio de Brian Andrés Ballesteros en Carmen de Apicalá?

Según el reporte de la Policía Tolima, Brian Andrés Ballesteros, de 23 años, murió tras recibir un disparo con arma de fuego alrededor de las 3:00 a. m. en el sector de Villa España, municipio de Carmen de Apicalá. Las autoridades realizaron los procedimientos judiciales iniciales y están investigando para determinar los responsables y los móviles del caso. La comunidad ha sido invitada a colaborar mediante la entrega de información relevante en la línea de emergencia 123.

¿Cómo adelantan las autoridades la investigación de homicidios en Tolima?

La Policía Judicial y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se encargan de los procedimientos iniciales, conocidos como actos urgentes, en la escena del crimen. Posteriormente, desarrollan labores investigativas para esclarecer las circunstancias, motivos y responsables del homicidio. La ciudadanía juega un papel clave al aportar datos, los cuales pueden marcar la diferencia en el avance de las investigaciones.

En medio de las discusiones que se tienen por la Ley de Rescate Fiscal, lo que antes lo dividía hoy, parece que los puede unir, y es evitar más impuestos para los colombianos.

El episodio ocurrió en Medellín, en donde de gorra de piloto, camisa azul, bufanda blanca y todo el tiempo de gafas negras, el expresidente Gustavo Petro habló durante 40 minutos en un evento privado denominado ‘Primer Gran Encuentro Somos Resistencia’, que se hizo en el Club Unión de Medellín.

(Vea también: Centro Democrático propone eliminar varios impuestos y reducir el tamaño del Estado)

Allí había expectativas para que se refiriera a las explosivas denuncias de Deicy Jiménez sobre sus encuentros sexuales con el expresidente a cambio de contratos, pues no fue así, lo que sí hubo fue una propuesta a uno de los hombres que le ha hecho mayor oposición, hablamos de Álvaro Uribe Vélez, a hacer coaliciones en los municipios de Antioquia entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático.

La idea no sólo para las elecciones territoriales 2027, sino que también invitó a que los congresistas de Uribe voten en contra el IVA en la reforma tributaria y no echar para atrás su reforma laboral.

“Por eso Uribe le propongo, en Antioquia podemos juntarnos municipio por municipio, programa por programa, pero que su bancada no vote ni un solo peso del impuesto a la comida de los colombianos, que no voten por la reducción del salario y la jornada de los trabajadores y porque pongan sus votos como nosotros en la Junta Directiva del Banco de la República para bajar sustancialmente la tasa de interés que se le cobra a cualquiera que vaya a pedir un crédito en un banco”, manifestó el exmandatario.

#Video Ex presidente @petrogustavo no se refirió a los "sexoscontratos", pero al rechazar la ley de rescate le propuso a @AlvaroUribeVel a que se una el @PactoCol y el @CeDemocratico, para votar en contra el IVA en la reforma tributaria que propone @ABDELAESPRIELLA. #MañanasBlu pic.twitter.com/2XExN9qwwf

— Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 9, 2026

Aunque todavía no se conoce una respuesta de Álvaro Uribe, hay que recordar que el Centro Democrático le presentó al gobierno De la Espriella un borrador de discusión de la Ley de Rescate, donde proponen no cobrar IVA a la canasta familiar.

En el evento, Gustavo Petro, que no es un asombro, dijo que todos los miembros del Pacto Histórico votaran negativo a la Ley de Rescate y quien no lo haga debe salir, porque se trata de un beneficio para los amigos del presidente Abelardo de la Espriella.

(Lea también: “Que convirtiera al Estado en un burdel”: mininterior arremetió contra Petro por caso Deicy Jiménez)

“El Pacto Histórico tiene que enfrentar esta situación, no sólo oponiéndose a la sinvergüencería de un gobierno narcotraficante que prefiere entregarle las tierras que le entregamos nosotros a los campesinos para producir comida a los viejos socios narcotraficantes del presidente Abelardo”, aseguró Petro.

Por último junto al ex embajador de Nicaragua durante su gobierno León Fredy Muñoz, el representante a la Cámara Alejandro Toro que sigue reafirmando su alianza con la gente de Daniel Quintero, la ex consejera de regiones Luz María Múnera, entre otros, invitaron a la marcha el próximo 19 de noviembre para protestar contra la reforma de rescate del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Esta diligencia representa la continuación de la audiencia que se inició el 29 de octubre pasado. En esa ocasión, el IDRD presentó los hechos en los que fundamenta el supuesto incumplimiento por parte de Sencia S.A.S., así como las obligaciones contractuales que podrían haberse visto vulneradas y una valoración preliminar de los daños causados en el marco del contrato de concesión para operar El Campín. Dicha concesión está enmarcada bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) número 2772 de 2024, cumpliendo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que vela por el respeto al debido proceso y los derechos de defensa y contradicción para las partes involucradas.

El proceso sancionatorio tiene como objetivo determinar si hubo o no incumplimientos contractuales durante la administración del estadio por parte de Sencia S.A.S. y, de ser el caso, establecer las medidas correspondientes. El carácter público de la audiencia está garantizado a través de acceso virtual, debido a las restricciones de aforo y organización del evento. Únicamente los sujetos procesales, sus representantes legales y el personal institucional estrictamente necesario podrán ingresar presencialmente al Salón Caracol, donde se realiza la diligencia.

El IDRD continúa con el seguimiento técnico y contractual de la concesión a través de interventoría y constantes requerimientos dirigidos al concesionario. El propósito de este monitoreo es asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, así como la protección y adecuado mantenimiento del estadio Nemesio Camacho El Campín, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de Bogotá. La entidad ha insistido en que la prioridad es el fútbol y el bienestar de los deportistas, clubes y aficionados de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el motivo de la audiencia pública contra Sencia S.A.S. en El Campín?

La audiencia pública tiene como objetivo principal analizar presuntos incumplimientos de Sencia S.A.S., empresa concesionaria responsable de la administración del estadio Nemesio Camacho El Campín. Según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, se han identificado hechos y obligaciones contractuales que podrían haber sido vulneradas, por lo que se busca determinar responsabilidades y posibles sanciones dentro del proceso iniciado bajo la norma de Asociación Público Privada número 2772 de 2024.

¿Cómo puede la ciudadanía seguir la audiencia pública sobre El Campín?

La audiencia será de carácter público y la ciudadanía interesada podrá seguirla de forma virtual, garantizando así la transparencia del proceso. Debido a limitaciones de aforo y organización, solo los sujetos procesales, sus representantes y el personal estrictamente necesario podrán estar presentes en el Salón Caracol, pero el acceso remoto está disponible para quienes deseen conocer el desarrollo de la diligencia.

De acuerdo con los reportes, el principal objetivo de la visita al sitio fue revisar el estado de la edificación y determinar los riesgos adicionales para las personas que transitan por el sector. En respuesta a este nuevo evento y como medida preventiva, las autoridades decidieron, en coordinación con la Secretaría de Movilidad, ampliar el perímetro de cerramiento en la zona. Con esto buscan limitar el acceso tanto de peatones como de conductores y así resguardar su integridad ante la posibilidad de futuros desprendimientos y el riesgo latente de un colapso mayor.

El antecedente inmediato es la decisión del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, que ya había aprobado la demolición del Hotel La Luna por el peligro que representa su estado actual. A raíz de ello, los propietarios del inmueble iniciaron mesas técnicas para preparar la ejecución de la demolición, la cual estará bajo su responsabilidad directa. Las autoridades anunciaron que se espera que los trabajos comenzarán la próxima semana, con el propósito de eliminar o reducir el riesgo presente en el sitio, conforme lo anticipó Ricardo Peñuela.

A pesar de la gravedad del incidente y del deterioro progresivo de la estructura, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas asociadas con este desprendimiento. La atención se mantiene centrada en la pronta intervención del lugar y la coordinación entre las dependencias municipales para minimizar el peligro para la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué será demolido el Hotel La Luna en Cali?

La demolición del Hotel La Luna en Cali fue autorizada por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo debido al colapso estructural del inmueble y los recientes desprendimientos de escombros, que han incrementado el peligro para la población en las inmediaciones, según declaraciones oficiales de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali.

¿Qué medidas ha tomado la Secretaría de Gestión del Riesgo tras el desprendimiento de escombros en el Hotel La Luna?

Luego del desprendimiento de escombros registrado en el Hotel La Luna, la Secretaría de Gestión del Riesgo acudió al sitio para evaluar la edificación y, junto con la Secretaría de Movilidad, amplió el perímetro de cerramiento. La medida busca proteger a peatones y conductores y restringir el acceso, mientras avanzan los preparativos para la demolición del inmueble colapsado.

La propuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella contempla una reorganización de la estructura estatal que reduciría de 209 a 104 las entidades públicas, mediante fusiones, eliminaciones y cambios administrativos.

El documento de 36 páginas, elaborado por Función Pública y en revisión de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, plantea mantener menos ministerios y entidades en general, añadió ese medio.

Además de los ministerios, los seis departamentos administrativos actuales pasarían a dos: Planeación Nacional, Inversión y Desarrollo; e Información, Estadística y Evidencia Pública, que concentrarían funciones del DNP y el DANE, respectivamente.

El borrador todavía está en revisión y deberá recibir los avales correspondientes antes de llegar al Congreso.

El objetivo central de esta reorganización es reducir el gasto de funcionamiento del Estado, disminuir la burocracia y evitar la duplicidad de funciones entre entidades públicas.

Con la eliminación y fusión de organismos, el Gobierno busca reducir costos administrativos, optimizar el uso de los recursos públicos y hacer más pequeña la estructura estatal. La propuesta se enmarca en el plan de ajuste fiscal de la administración de De la Espriella, que busca recortar el tamaño del aparato estatal y liberar recursos para otras prioridades del presupuesto nacional.

El hallazgo tuvo lugar el domingo 8 de noviembre, alrededor de las 10:30 de la mañana. En ese momento, familiares y autoridades encontraron el cuerpo sin vida de José Luis Quiroga. Las condiciones en las que se encontraba el cuerpo indicaban que llevaba fallecido entre tres y cuatro días. Si bien una de las principales hipótesis apunta a una muerte por causas naturales, será la necropsia realizada por Medicina Legal la que confirme la razón exacta del deceso.

El impacto de este acontecimiento no solo golpeó a la familia, sino también a la comunidad del conjunto Kundae. De acuerdo con el reporte de El Nuevo Día, la descomposición del cuerpo produjo olores intensos que afectaron a cerca de 88 familias que habitan el lugar. La situación fue tan crítica que algunos de los residentes decidieron abandonar temporalmente sus viviendas mientras se resolvía la emergencia.

Unidades de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se presentaron en el sitio para llevar a cabo el procedimiento de levantamiento del cadáver, el cual concluyó hacia las 6:30 de la tarde. Asimismo, la administración del conjunto informó que está coordinando con la familia de José Luis la intervención de una empresa especializada en limpieza forense y descontaminación biológica, para garantizar la desinfección completa del apartamento afectado.

La historia refleja no solo el desenlace doloroso de una familia tras días de incertidumbre, sino también la preocupación y el impacto que este tipo de situaciones puede tener en una comunidad. Todo el proceso, desde la búsqueda hasta la intervención de las autoridades y la posterior limpieza, quedó documentado en el seguimiento realizado por El Nuevo Día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió con José Luis Quiroga en Ibagué y cómo respondieron las autoridades?

José Luis Quiroga fue hallado sin vida en su apartamento del conjunto residencial Kundae en Ibagué, luego de que sus familiares pasaran varios días sin poder contactarlo. Tras solicitar la ayuda de la Policía y, con apoyo de la administración del lugar, llamar a un cerrajero, se descubrió el trágico desenlace. Las autoridades, incluyendo el CTI, realizaron el levantamiento del cuerpo y coordinaron las labores de limpieza y desinfección junto a la familia, de acuerdo con El Nuevo Día.

¿Cómo afecta un caso de muerte no detectada a una comunidad residencial?

De acuerdo con la información de El Nuevo Día, la descomposición del cuerpo de José Luis generó fuertes olores que afectaron a cerca de 88 familias en el conjunto residencial Kundae, llevando incluso a que algunos residentes abandonaran sus hogares temporalmente. Situaciones como esta pueden inquietar a la comunidad y requerir intervenciones especializadas en limpieza y descontaminación biológica para restablecer las condiciones normales del lugar.

De acuerdo con la información entregada por Emcali, los barrios que experimentarán la interrupción del servicio de agua potable son Chiminangos I, en la carrera 1 B Bis # 63 - 40; El Caney, en la calle 37 entre la carrera 85 y la carrera 85 A; Centenario, en la calle 8 # 1 - 00; Primero de Mayo, en la calle 13 C # 56 - 28; y Petecuy, en la carrera 2 # 75 - 58. Además, la suspensión también afectará la zona de Juan Pablo en Yumbo, ubicada en la calle 15 # 15 - 75; Villa del Sur, en la diagonal 28 C # 42 A 04; San Pedro, en la calle 8 # 6 - 79; Terrón Colorado, en la avenida 5 oeste # 30 - 61; y Arboledas, en la carrera 2 B # 7 oeste 10.

La empresa ha señalado que las obras de mantenimiento resultan imprescindibles para mantener la calidad del suministro de agua y evitar daños mayores en el futuro. No obstante, enfatiza la importancia de que las personas afectadas tomen medidas preventivas como almacenar agua con anticipación y hacer uso eficiente del recurso, ante la suspensión programada. Según la información difundida por Noticiero 90 Minutos, estas intervenciones continúan con el compromiso de Emcali de fortalecer la infraestructura hídrica y evitar emergencias causadas por posibles averías o fugas.

Este tipo de mantenimientos son habituales en la gestión de redes de acueducto y responden a la necesidad de reemplazar piezas como válvulas, que controlan el flujo de agua, así como de efectuar mejoras que permitan una distribución más eficiente y segura. La programación de cortes temporales generalmente se informa con antelación para reducir el impacto en la rutina de los habitantes y permitir que las familias y comercios tomen precauciones.

De este modo, la ciudadanía de Cali y sectores vecinos deben estar atentos a los comunicados de Emcali, dado que las labores de optimización de redes pueden repetirse mientras se ejecutan diferentes fases del plan de mantenimiento en la ciudad.

¿Cuáles barrios de Cali estarán sin agua por trabajos de Emcali?

Según la información entregada por Emcali y recogida por Noticiero 90 Minutos, los cortes de agua se realizarán en barrios como Chiminangos I, El Caney, Centenario, Primero de Mayo, Petecuy, Juan Pablo en Yumbo, Villa del Sur, San Pedro, Terrón Colorado y Arboledas. La suspensión se debe a labores de reparación y mantenimiento en la red de acueducto.

¿Por qué Emcali hace mantenimiento en las redes de acueducto de Cali?

De acuerdo con el reporte de Emcali, estos trabajos se llevan a cabo para reponer válvulas y optimizar la red de distribución de agua potable. La finalidad es prevenir daños mayores, mejorar la calidad del servicio y garantizar el abastecimiento de agua en buenas condiciones, beneficiando a toda la comunidad afectada por los cortes temporales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Según las primeras versiones, el ciudadano se encontraba en el lugar cuando fue atacado inesperadamente. La víctima, tras el suceso, fue auxiliada rápidamente y trasladada de urgencia hasta la Unidad de Salud de Ibagué (USI) del Sur, donde recibió primeros auxilios. Aunque se indicó de manera inicial que su estado era estable, hasta el momento no se ha emitido un informe oficial que permita conocer la gravedad precisa de las lesiones sufridas.

Este episodio reaviva una preocupación creciente por parte de la comunidad de Ricaurte, que siente cada vez mayor inquietud por los hechos que afectan la tranquilidad del sector. Como lo relata el medio citado, este no es un caso aislado. Recientemente, la Secretaría de Gobierno de Ibagué sostuvo una reunión extraordinaria con habitantes del barrio para escuchar sus denuncias y solicitudes. No obstante, el nuevo ataque demuestra que, pese al diálogo, la sensación de inseguridad se mantiene intacta y sin respuestas definitivas por parte de las autoridades.

Residentes y líderes locales insisten en la necesidad de mayor presencia de la Policía y de controles permanentes que garanticen la tranquilidad en el interior de la comunidad. El Nuevo Día señala que mientras persista la incertidumbre frente a los responsables y las circunstancias del ataque, la expectativa recae sobre un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Metropolitana de Ibagué, que permita esclarecer los hechos y llevar tranquilidad a la comunidad afectada.

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¿Qué sucedió en el barrio Ricaurte de Ibagué con el hombre herido por arma traumática?

En el barrio Ricaurte, sur de Ibagué, un hombre fue lesionado con un arma traumática en la noche del lunes, cerca de la calle 21 Sur. La víctima fue auxiliada y trasladada a la Unidad de Salud de Ibagué (USI) del Sur, mientras las autoridades investigan las circunstancias de la agresión. La población local mantiene la preocupación por la seguridad y espera un pronunciamiento de la Policía Metropolitana que permita esclarecer el caso.

¿Qué significa arma traumática y por qué se utiliza en estos hechos de violencia?

Un arma traumática es un tipo de arma diseñada para causar lesiones sin producir heridas letales, aunque igualmente puede generar daños significativos. Suele ser utilizada en hechos de violencia por su capacidad de intimidación y de causar lesiones que requieren atención médica, como ocurrió recientemente en el sur de Ibagué. Las investigaciones continúan para determinar la gravedad de las heridas y los responsables del ataque.

El Ejército Nacional confirmó la muerte de tres soldados durante un ataque con drones cargados de explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa, ubicado en el sur del departamento de Bolívar. El hecho fue denunciado por la institución a través de un pronunciamiento publicado en su cuenta oficial de X, en el que también se refirió a las circunstancias del atentado y a las consecuencias para los integrantes de la Fuerza Pública.

De acuerdo con la información divulgada por el Ejército, los artefactos aéreos fueron utilizados para atacar las instalaciones militares. Como resultado de la acción, tres uniformados perdieron la vida: el soldado profesional Jairo Lince Carvajal, el soldado Dilan Andrés Lozano León y el soldado Álvaro Pushaina. La institución militar manifestó su rechazo al ataque y señaló que el uso de drones con explosivos contra el cantón constituye una vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los derechos humanos. El pronunciamiento se conoció luego de que el Ejército reportara las consecuencias del ataque contra esta instalación militar del sur de Bolívar, una zona en la que las autoridades mantienen presencia por las condiciones de seguridad y el accionar de estructuras armadas ilegales.

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¿Quiénes eran los tres soldados asesinados en Santa Rosa del Sur?

Las víctimas del ataque fueron tres integrantes del Ejército Nacional que se desempeñaban como soldados profesionales. Sus nombres son:

• Jairo Lince Carvajal: fue uno de los tres militares que murió por cuenta de la explosión registrada en el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur.
• Dilan Andrés Lozano León: su nombre también fue incluido por el Ejército entre los uniformados fallecidos durante el atentado con drones.
• Álvaro Pushaina: fue el tercer soldado profesional que perdió la vida en el ataque contra la instalación militar.

Tras confirmar las muertes, el Ejército Nacional expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de los tres uniformados. La institución señaló que “su valentía, sacrificio y amor por la patria permanecerán siempre en nuestra memoria”. El atentado se registró en el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar. De acuerdo con información recogida por Noticias Caracol, los soldados se encontraban en el área del rancho, como se conoce dentro de las unidades militares al espacio destinado para preparar y consumir los alimentos.

Así ocurrió el ataque con drones contra el cantón militar

La comida había sido servida y varios uniformados compartían ese momento cuando comenzó el ataque. Los explosivos lanzados desde drones impactaron las instalaciones y provocaron daños en la cocina y otras zonas de la unidad. Las imágenes conocidas después de la explosión mostraron mesas, platos y restos de comida entre los escombros. Parte de la estructura quedó destruida y otros elementos de las instalaciones resultaron afectados por la onda explosiva.

Cuando se produjeron las detonaciones, los militares tuvieron que interrumpir sus actividades y buscar protección. Algunos se dirigieron hacia las trincheras, mientras que otros recibieron instrucciones de resguardarse en los búnkeres para evitar quedar expuestos a nuevas explosiones. El saldo fue de tres soldados muertos y cerca de 47 uniformados afectados. Varios de los heridos necesitaron atención especializada y fueron trasladados a diferentes centros médicos.

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Soldados heridos fueron trasladados a hospitales de Bucaramanga

Una parte de los militares afectados fue remitida al Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, donde ocho uniformados recibieron atención médica después del atentado. De acuerdo con el reporte entregado por el centro asistencial, dos de ellos ingresaron a la unidad de cuidados intensivos. Uno de los casos que generaba mayor preocupación era el de un soldado de 32 años que presentó complicaciones durante un procedimiento quirúrgico y permanecía con pronóstico reservado. Otros seis militares quedaron bajo observación médica. Algunos de los pacientes tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente debido a las lesiones que sufrieron durante las explosiones.

En medio de las investigaciones por el ataque, el Ministerio de Defensa señaló que el atentado estaría relacionado con una retaliación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por la captura de alias Carrito, “responsable de las finanzas ilegales y del flujo de recursos del Bloque Nororiental de esta organización criminal. La violencia contra nuestros uniformados constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (…) Desplegaremos todas las capacidades institucionales para identificar, ubicar y capturar a los responsables de esta atrocidad, y llevarlos ante la justicia. No habrá tregua en la búsqueda de quienes atentan contra la vida de nuestros soldados y la seguridad de los colombianos”, se lee en un comunicado.

El análisis de El Espectador profundizó en la conformación de los 102 equipos que sostienen las labores de fondo en el Senado. Al examinar los documentos oficiales, se revela cómo estas unidades no solo cumplen con tareas técnicas y administrativas, sino que, en muchos casos, se convierten en espacios donde confluyen intereses políticos y redes de parentesco. Es frecuente encontrar en las UTL a familiares de políticos, exalcaldes y exfuncionarios que han ocupado puestos clave en el Estado, lo que evidencia cómo la influencia de ciertas estructuras políticas supera la función estrictamente laboral para la que fueron contratados estos asesores.

Hace cuatro semanas, El Espectador ya había informado sobre la composición de las UTL en la Cámara de Representantes. En esa investigación, se encontró que una tendencia destacada era la presencia de miembros provenientes de dos departamentos: Norte de Santander y Santander. Esta característica parece mantenerse también en el Senado, donde persisten sólidos vínculos que conectan las oficinas de la cámara alta con la región del nororiente colombiano.

La conformación de las UTL permite comprender parte de la dinámica interna que regula el poder y las decisiones dentro del Congreso. Más allá de la fachada pública de los debates, detrás de cada proyecto de ley o posición política se encuentra el trabajo de estos equipos, cuya composición y origen reflejan los flujos de poder dentro de la rama legislativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto dinero reciben los congresistas colombianos para sus Unidades de Trabajo Legislativo?

De acuerdo con información de El Espectador, cada congresista colombiano recibe 87 millones de pesos colombianos mensuales para conformar su Unidad de Trabajo Legislativo, que puede estar integrada por hasta 10 personas de confianza.

¿De dónde provienen los integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo en el Senado?

Según lo revelado por El Espectador, las Unidades de Trabajo Legislativo del Senado incluyen a familiares de políticos, exalcaldes y exfuncionarios con experiencia en cargos estatales, muchos de ellos provenientes de las regiones de Norte de Santander y Santander, lo que muestra la presencia de redes políticas regionales en la conformación de estos equipos.

Al ser consultado sobre cómo ha transitado este tiempo sin su compañera de vida, el alto funcionario reconoció que el proceso ha sido extremadamente complejo. “Pues muy duro. Ella fue mi sostén en la vida pública, mi fortaleza y mi ejemplo de vida. Desde luego, esos episodios fueron muy duros. Para un cristiano, es un contraste la muerte, el dolor de la partida, pero la certeza del reencuentro”, expresó Ordóñez, destacando que la fe religiosa ha sido el único bálsamo capaz de brindarle fortaleza espiritual frente a la ausencia física de su ser querido.

Frente a los rumores que circularon en el país sobre su presunto retiro en un recinto monástico en Estados Unidos para llevar una vida de aislamiento, el ministro aclaró que su estancia en el exterior obedeció a una decisión familiar. La partida de su esposa coincidió con la obtención de la residencia en ese país por parte de su hija menor y su familia, quienes se instalaron en el estado de Kansas. “Ellos me dijeron: ‘¿Por qué no se va con nosotros?’. Ellos se fueron a vivir a un pequeño pueblo del estado de Kansas, a St. Marys. Ellos lo escogieron por la educación de sus hijos; allá hay una academia católica, educación tradicional y clásica. Y nos fuimos a vivir allá”, relató.

Ordóñez detalló que residía en un espacio contiguo a la vivienda de su familia, combinando la tranquilidad con labores familiares cercanas. En ese pequeño refugio, bautizado afectuosamente por sus hijas como “la ermita”, llevó una rutina de recogimiento y estudio mientras impartía clases a sus nietos. Esta etapa de tres años en el medio oeste estadounidense concluyó antes de su retorno a la primera línea de la política nacional y su asunción como jefe de la cartera política del Ejecutivo.

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En un informe de Los Informantes se presentaron detalles de los análisis físicos y del dictamen de necropsia que cuestionaron la versión inicial entregada por Carlos Mario Rodríguez Rosas, prometido de la mujer, quien sostuvo ante las autoridades que ella se había lanzado voluntariamente mientras él dormía.

La investigación señala que los hallazgos del cuerpo y la reconstrucción de la caída no corresponderían a un salto voluntario. De acuerdo con el estudio presentado por investigadores privados, la trayectoria sería compatible con una caída provocada por un tercero.

La necropsia reveló lesiones que no estarían relacionadas con la caída

Uno de los elementos centrales del caso fue el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal. Según en Los Informantes, los exámenes determinaron que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación.

El reporte también documentó lesiones en el cuello, los brazos y las muñecas, además de rastros debajo de las uñas. Estos hallazgos fueron considerados dentro de la investigación como posibles señales de defensa física antes de la caída.

La abogada de la familia, Elena Suárez, destacó en el informe periodístico la importancia de las evidencias encontradas en el cuerpo de Ana María Meza para reconstruir lo ocurrido.

La Fiscalía, por su parte, sostuvo durante las audiencias que la mujer habría sido agredida físicamente y sometida a maniobras de asfixia antes de caer desde el edificio.

La reconstrucción física cuestionó la versión inicial

La investigación también incluyó un análisis de física forense realizado por investigadores privados. Según explicó Yefrin Garavito, director del equipo, la reconstrucción permitió comparar la trayectoria de una caída directa con la de un salto voluntario.

El estudio presentado en Los Informantes concluyó que la posición y el recorrido del cuerpo serían compatibles con una caída provocada por una tercera persona.

Este elemento se sumó a los resultados de la necropsia y a otros indicios recopilados durante la investigación, que llevaron a las autoridades a considerar una hipótesis distinta a la inicialmente planteada.

Las inconsistencias que llamaron la atención de los investigadores

También se expusieron algunos hechos registrados después de la muerte de Ana María Meza.

Una residente del edificio relató que escuchó un fuerte golpe durante la madrugada del 25 de enero de 2026, fecha en la que ocurrió el fallecimiento. La publicación también señaló que la familia recibió la noticia varias horas después.

En el expediente, según el medio, se incluyeron llamadas realizadas por Rodríguez Rosas durante esa madrugada y la presunta alteración de la escena dentro del apartamento.

Estos elementos fueron incorporados a la investigación junto con las pruebas forenses y los testimonios recopilados por las autoridades.

Carlos Mario Rodríguez Rosas enfrenta un proceso por presunto feminicidio

El 27 de mayo de 2026, una jueza ordenó enviar a prisión a Carlos Mario Rodríguez Rosas mientras avanza el proceso judicial por la muerte de Ana María Meza.

La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento. El procesado no aceptó los cargos.

De acuerdo con lo emitido en Los Informantes, la investigación sostiene que Rodríguez Rosas habría agredido a la mujer, la habría sometido a maniobras de asfixia y posteriormente la habría arrojado desde el quinto piso del inmueble.

La responsabilidad penal del acusado deberá ser determinada por la justicia. El caso continúa en proceso judicial.

Marín también discutió sobre las responsabilidades de los exintegrantes de las Farc, el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los efectos de la polarización política respecto al proceso. Sus declaraciones coincidieron con la preparación del evento ‘10 años del acuerdo de paz. Audiencia defensorial. La paz se construye por la vida: un compromiso constitucional’, donde la Defensoría del Pueblo presentará su informe basado en fuentes oficiales, encuentros con víctimas y comunidades, y testimonios de firmantes de paz.

De acuerdo con Marín, el mayor pendiente es la igualdad territorial, principalmente en zonas rurales impactadas por la pobreza, la violencia y los cultivos ilícitos. Señaló que, a pesar de los avances y una disminución en la pobreza multidimensional en las 16 zonas focalizadas, la falta de una presencia estatal integral ha permitido que otros grupos armados ocupen el espacio dejado por las Farc. Como ejemplo, mencionó la situación en Cauca y la reducción de indicadores de violencia en los primeros años tras la firma, una tendencia que no se mantuvo posteriormente.

Sobre la deuda de las Farc con las víctimas, Marín reconoció que la mayoría de los exmiembros del secretariado dejó las armas y compareció ante la JEP; sin embargo, aún falta un reconocimiento pleno del daño infligido. Además, recalcó la importancia de las sanciones restaurativas y restrictivas de la JEP, que deben limitar ciertos derechos y reforzar acciones concretas de reparación. Subrayó que el debate sobre la efectividad de estas sanciones es legítimo, pero que debe centrarse en los resultados para las víctimas, no en argumentos administrativos.

Marín advirtió que cerca de 11.000 firmantes siguen en proceso de reincorporación y muchos enfrentan riesgo físico y dificultades socioeconómicas; más de 500 firmantes han sido asesinados en esta década. Finalmente, la defensora reflexionó sobre la polarización política, insistiendo en que el debate sobre el futuro del acuerdo debe enfocarse en cifras y en los resultados para las víctimas, y no quedar atrapado en posiciones políticas que dificultan avanzar hacia la consolidación de la paz en Colombia.

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¿Cuáles son las principales deudas del acuerdo de paz con las víctimas y las regiones afectadas?

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Noticias Caracol, la principal deuda es lograr el desarrollo territorial integral en las regiones rurales, cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural, y garantizar igualdad territorial. La falta de presencia efectiva del Estado ha facilitado que nuevos grupos armados controlen zonas antes dominadas por las Farc, lo que agrava los retos de seguridad y desarrollo en las zonas que fueron priorizadas por su fuerza histórica de pobreza, violencia y cultivos ilícitos.

¿Qué significa sanción restaurativa en el acuerdo de paz y cómo las aplica la JEP?

Una sanción restaurativa, según lo explicado por la defensora del Pueblo, implica una combinación de restricción efectiva de derechos (como limitaciones de movilidad) y acciones concretas orientadas a reparar a las víctimas y los territorios, como contribuir en la búsqueda de desaparecidos. La Jurisdicción Especial para la Paz otorga estas sanciones a quienes reconocen su responsabilidad y aportan verdad, pero el debate actual se centra en si estas sanciones generan suficiente satisfacción y reparación a las víctimas.

Su travesía vital cambió radicalmente cuando, hace cinco meses, ingresó al servicio sociosanitario en Kennedy, después de recibir el alta médica y no contar con una red familiar que garantizara su cuidado y bienestar. Luego de ese paso inicial, Oscar continuó su proceso en Gran Refugio, una unidad que, de acuerdo con información oficial citada en el texto, está pensada para atender de forma transitoria a personas mayores en situación de abandono hospitalario, es decir, que terminan su hospitalización sin tener redes de apoyo que puedan hacerse cargo de ellas.

Buena parte de la vida de Oscar se movió entre el trabajo como conductor de taxi, camión y labores de construcción. La exposición a distintos materiales habría deteriorado su salud respiratoria, obligándolo hoy a depender de oxígeno y cuidado médico constante. Cuando la salud ya no le permitió seguir trabajando tras el volante, Oscar buscó en el reciclaje una forma de sobrevivir, enfrentándose a nuevas dificultades en Bogotá, entre ellas, el distanciamiento familiar y la falta de vínculos afectivos fuertes.

La ausencia de su madre, a quien perdió a los ocho años, y el difícil entorno que siguió, lo han acompañado durante décadas y resurgen en actividades como las sesiones de estimulación sensorial en Gran Refugio, lideradas por profesionales como Jhon Alejandro Sánchez. Estos espacios ayudan a los adultos mayores a conectarse emocionalmente con su pasado y a encontrar en sus recuerdos una fuente de compañía y fortaleza.

Hoy, Oscar extraña la cercanía de su familia y la posibilidad de compartir con seres queridos. Sin embargo, mantiene viva la esperanza de una vida más independiente, impulsada por recuerdos como los paseos al río Aguas Claras y el contacto ocasional con personas significativas, como su cuñado, quien le obsequió el celular que usa para comunicarse y que simboliza uno de los escasos vínculos actuales. Aunque enfrenta dificultades, Oscar expresa su deseo de reincorporarse al trabajo y retomar el control de su vida, aspirando a recuperar su autonomía en este nuevo capítulo.

¿Qué es Gran Refugio y para qué sirve este servicio sociosanitario en Bogotá?

Gran Refugio es una unidad de atención transitoria en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Bogotá, diseñada para acoger a personas mayores que, tras recibir alta médica, no cuentan con familiares u otras redes de apoyo que garanticen su cuidado y bienestar. Este servicio, según el texto, ofrece alojamiento, alimentación, atención integral en salud y apoyo psicosocial a quienes más lo necesitan.

¿Cómo ayuda la estimulación sensorial a personas mayores como Oscar Bolaños?

La estimulación sensorial, liderada por especialistas como Jhon Alejandro Sánchez en Gran Refugio, consiste en ejercicios y actividades que buscan evocar recuerdos significativos en las personas mayores. Esto contribuye a que conecten emocionalmente con momentos valiosos de su vida, lo cual promueve su bienestar psicológico y emocional durante procesos de recuperación y acompañamiento.

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El 1 de noviembre, la comunidad indígena de Villanueva Jurubirá, en Nuquí, Chocó, vivió un hecho sin precedentes: 258 personas se desplazaron en canoas, empujados por el miedo y la violencia que se había instalado tras ocho días de confinamiento. De acuerdo con lo reportado, quedaron incomunicados y sin posibilidad de alertar a otras personas sobre la gravedad de su situación. La causa de este confinamiento se remonta al 24 de octubre, cuando, según el relato de una persona del municipio —citada bajo reserva de identidad por razones de seguridad en El Espectador—, miembros armados del grupo ilegal conocido como Clan del Golfo incursionaron en la zona.

En ese episodio, siete habitantes de la comunidad fueron secuestrados bajo la acusación de colaborar presuntamente con el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Entre ellos se encontraban el líder indígena Ramiro Forastero y su hijo Elmer Forastero. Cuatro días más tarde, el 28 de octubre, la comunidad halló los cuerpos sin vida de ambos, mientras los otros cinco aún permanecen desaparecidos. Durante el confinamiento, la comunidad debió enfrentar serias dificultades para acceder a alimentos, pues el Clan del Golfo les impidió pescar y les prohibió adentrarse en la selva a recoger frutos, situación que agudizó el sufrimiento al interior de la población. Además, según la fuente citada por El Espectador, los miembros del grupo armado destruyeron las antenas, intensificando la incomunicación.

Actualmente, estas 258 personas indígenas desplazadas se encuentran en el casco urbano, sin garantías ni condiciones seguras para retornar a su territorio ancestral. Este desplazamiento forzado representa el primero de toda una comunidad indígena en dicho municipio, un hecho que resalta la gravedad de la crisis humanitaria derivada de la disputa entre grupos armados ilegales, con consecuencias profundas en la vida de las comunidades originarias.

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¿Por qué se desplazaron los indígenas Emberá Dobidá de Villanueva Jurubirá?

Según lo relatado por una fuente a El Espectador, los indígenas Emberá Dobidá de Villanueva Jurubirá se desplazaron debido a amenazas y acciones violentas del Clan del Golfo, que incluyeron el secuestro de siete habitantes, la muerte de dos de ellos, el confinamiento, el impedimento de obtener alimentos y la destrucción de los medios de comunicación en la zona.

¿Qué significa confinamiento para una comunidad indígena y cómo les afecta?

El confinamiento, de acuerdo con lo ocurrido en Villanueva Jurubirá, implica la imposibilidad de que una comunidad indígena pueda salir de su territorio, acceder a medios de vida como la pesca o la recolección de frutos, y la incomunicación completa con el exterior, lo cual genera carencias severas, miedo y vulnerabilidad frente a la violencia.

(Vea también: Informe reservado señalaría supuesto plan para alterar elecciones a favor de Iván Cepeda)

La información fue revelada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que aseguró haber tenido acceso a un informe de empalme de 26 páginas, elaborado en julio de 2026 y dirigido al nuevo director de la agencia de inteligencia.

Según el documento, identificado como de distribución controlada, una fuente humana alertó sobre un supuesto plan para intervenir los automotores que serían asignados a los exmandatarios. La intención, de acuerdo con el análisis consignado en el informe, habría sido ejercer control de inteligencia sobre las personas protegidas.

El reporte también cuestiona la participación de la DNI en la asignación de esos vehículos, una función que, según el documento, habría sido incorporada mediante el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, expedido dos semanas antes de la segunda vuelta presidencial.

¿Cómo habría operado el supuesto plan de espionaje a expresidentes?

De acuerdo con la investigación de Noticias Caracol, el informe señala que la DNI habría buscado preparar los vehículos de los esquemas de seguridad con micrófonos y sistemas GPS.

El documento sostiene que la participación de una agencia de inteligencia en la asignación de automotores para la protección de expresidentes y exvicepresidentes no tendría una justificación técnica, a menos que existiera un interés de seguimiento y control sobre las personas protegidas.

Juan Carlos Restrepo, exconsejero de Seguridad Nacional y exinspector de la DNI, consultado por el medio, señaló que resulta difícil establecer la intención detrás de esas actuaciones. Sin embargo, advirtió que una eventual instalación de dispositivos de escucha o seguimiento en los vehículos de los exmandatarios estaría por fuera de las competencias de la entidad.

Noticias Caracol indicó que consultó a varios expresidentes sobre lo consignado en el informe, pero ninguno quiso pronunciarse públicamente. El medio también buscó a los dos últimos directores de la DNI durante el gobierno Petro, Rafael Guarín y Jorge Lemus, así como a la fiscal general Luz Adriana Camargo. Según la publicación, no obtuvo respuesta.

Otros hallazgos sobre la Dirección Nacional de Inteligencia

El informe de empalme conocido por Noticias Caracol no se limita al supuesto plan de vigilancia a expresidentes. También menciona una presunta casa de inteligencia clandestina ubicada cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Según el documento, esa vivienda habría funcionado como una sede operativa no registrada en los archivos oficiales de la DNI y habría sido desocupada después de las elecciones presidenciales.

Otro de los puntos señalados tiene que ver con dispositivos electrónicos que, presuntamente, habrían sido entregados a funcionarios de la agencia tras un viaje a Rusia para recibir capacitación del servicio secreto de ese país. El informe advierte sobre la posibilidad de que los equipos tuvieran un programa malicioso para acceder a información de la entidad.

La investigación también expone cuestionamientos a la compra de un helicóptero no tripulado por 9.000 millones de pesos. El documento señala fallas técnicas, posibles sobrecostos y un proceso sancionatorio por incumplimientos en las especificaciones del contrato.

Además, menciona adquisiciones de equipos tecnológicos que habrían presentado problemas de funcionamiento y contratos cuya ejecución habría tenido dificultades.

Noticias Caracol también reveló señalamientos sobre un hacker de la DNI

Otro apartado de la investigación se refiere a Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024 y que, según documentos internos citados por el medio, habría participado en actividades de acceso a bases de datos de entidades estatales.

El informe también le atribuiría un papel en una supuesta operación para afectar los resultados de las elecciones del 21 de junio de 2026 mediante ataques a la Registraduría. Según la publicación, para ese momento Oyola tenía una orden de captura emitida el 7 de mayo de ese año.

Noticias Caracol informó que Oyola fue capturado el viernes 6 de noviembre por el caso relacionado con el acceso informático a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). El medio agregó que, hasta su detención, continuaba vinculado a la DNI.

Los señalamientos sobre el supuesto espionaje a expresidentes, las adquisiciones de la entidad y las presuntas operaciones relacionadas con procesos electorales hacen parte de los documentos y testimonios conocidos por el medio. Su alcance y las posibles responsabilidades deberán ser establecidos por las autoridades competentes.

En entrevista con Pulzo, el congresista calificó de “impresentable” la situación y cuestionó que integrantes de ese movimiento político no hayan asumido una posición más contundente frente a los señalamientos. A su juicio, la controversia va más allá de la vida privada del jefe de Estado, pues involucra posibles beneficios contractuales y una eventual intervención del mandatario.

“El Pacto Histórico está en mora de pronunciarse sobre esa situación y tomar distancia del expresidente Petro”, manifestó Forero.

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El senador también se refirió a la filtración de un supuesto chat entre Angie Rodríguez, directora del Dapre, y Petro, que, según su interpretación, mostraría que el exmandatario habría intervenido para que Jiménez accediera a uno de sus contratos o consiguiera su renovación.

Forero sostuvo que, desde que se conocieron las primeras declaraciones de la mujer y la respuesta pública del expresidente, consideró que Petro no había aclarado dos asuntos centrales: la relación sentimental que habría tenido con Jiménez y los motivos por los que ella obtuvo contratos con entidades estatales.

Andrés Forero cuestionó postura de Iván Cepeda por caso Deicy Jiménez

El congresista también criticó las reacciones de algunos integrantes del Pacto Histórico. En particular, mencionó al senador Iván Cepeda, quien, según recordó Forero, inicialmente evitó pronunciarse sobre el tema cuando fue consultado por periodistas y posteriormente publicó un comunicado que calificó de “tibio”.

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Para el integrante del Centro Democrático, esa respuesta contrasta con la postura que, según él, han asumido sectores de izquierda frente a controversias que involucran a sus contradictores políticos.

Además, Forero advirtió que las denuncias podrían apuntar a algo más amplio que un caso individual. Jiménez ha hablado de una presunta red de mujeres que habría recibido beneficios contractuales por sus vínculos íntimos con Petro. El senador consideró que las autoridades deben establecer si hubo conductas con consecuencias penales, como un posible tráfico de influencias, aunque aclaró que no es abogado.

Finalmente, insistió en que el Pacto Histórico debe decidir si mantiene su respaldo al exmandatario o se distancia de los hechos denunciados. “Vamos a ver si la izquierda decide hundirse con el expresidente Petro o decide tomar distancia de él”, concluyó.

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Según la publicación, el informe recoge el testimonio de una fuente que relaciona a Oyola con un plan para modificar cifras de votación en favor de Iván Cepeda. En el documento también aparece el nombre del contratista Euclides Torres, señalado por la fuente como posible financiador de la operación.

La información se conoce después de la captura de Oyola en Neiva, el pasado 6 de noviembre, en medio de una investigación por la presunta extracción de información reservada de la DNI.

Muy atentos. Primicia de alto impacto.

Un documento de inteligencia al que he tenido acceso junto con el portal de noticias @ChivasYCronicas, revela el altísimo alcance de las tareas que iba a cumplir el funcionario de la DNI, Carlos Andrés Oyola con apoyo de un equipo cubano, ruso y venezolano. El fin, dice el documento, era “llevar a Iván Cepeda a una victoria dirigida y deslegitimar el proceso y forzar una ruptura institucional en caso de perder; la estrategia la coordina alias Aureliano desde la casa de Nariño, cuenta con influencia extranjera del G2 cubano…”

El hacker Oyola Tovar fue capturado el fin de semana en Neiva, luego de seis meses de estar huyendo; pese a ello aún figura como funcionario de la DNI.

El documento presenta información atribuida a una “fuente confiable” sobre un plan para desestabilizar la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026.

El núcleo de la operación recaería en Carlos Andrés Oyola Tova, ingeniero de sistemas vinculado a la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia), quien desde 2022 habría obtenido y escalado privilegios de acceso a los sistemas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, incluyendo el software de preconteo.

— Melquisedec Torres (@Melquisedec70) November 8, 2026

¿Qué dice el documento sobre el preconteo electoral?

De acuerdo con Chivas y Crónicas, el informe señala que Oyola tenía permisos de consulta en los sistemas de la Registraduría desde 2022 y que posteriormente habría ampliado sus niveles de acceso.

La fuente citada en el documento asegura que el funcionario podía consultar información del ‘software’ de preconteo y describe una estrategia que contemplaba modificar cifras de votación antes de la publicación de los resultados.

El reporte menciona posibles cambios en los registros de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Sin embargo, no hay confirmación de que el sistema haya sido intervenido o de que los resultados electorales hayan sufrido modificaciones.

La captura de Carlos Oyola

El funcionario fue detenido en Neiva el 6 de noviembre, según los reportes conocidos sobre el caso. La investigación está relacionada con la presunta extracción de información reservada del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia (SICC).

Las informaciones publicadas indican que Oyola habría tenido en un computador personal una copia de información de esa plataforma, cuyo acceso está restringido.

Las autoridades deberán establecer cómo obtuvo esos datos y si incurrió en alguna conducta delictiva. La información divulgada por Chivas y Crónicas incorpora otros señalamientos sobre su posible relación con actividades electorales, que también requieren verificación.

Otros detalles mencionados en la publicación

El informe también recoge referencias a posibles acercamientos a campañas presidenciales para obtener información sobre reuniones y estrategias políticas.

Entre los asuntos mencionados aparecen contactos con personas vinculadas a equipos de campaña y actividades de seguimiento. Estos elementos hacen parte del documento divulgado por el portal y no cuentan, hasta ahora, con una confirmación pública de las autoridades.

De acuerdo con la información publicada por el ICANH, la actualización del manual abrió la posibilidad de que abogados, administradores y economistas accedan a cargos tradicionalmente reservados a profesionales en antropología, historia, sociología y comunicación. En seis de los ocho puestos modificados, administradores y economistas también pueden postularse, mientras que el perfil jurídico ya es un requisito en todos ellos. Según los argumentos del instituto, la decisión se tomó por la necesidad de incorporar competencias jurídicas, de gestión y de viabilidad financiera, considerando que tales cargos implican responsabilidades estratégicas, manejo de recursos públicos y firma de actos administrativos.

La Subdirección de Investigación y Producción Científica es descrita como la dependencia responsable de la dirección, coordinación, ejecución y evaluación de proyectos en áreas como antropología, arqueología e historia, siempre siguiendo la política de investigación del ICANH. Sin embargo, la resolución aclara que el Subdirector Técnico no solo tiene funciones investigativas, sino también de dirección, administración y protección jurídica, así como de búsqueda de sostenibilidad económica para la producción científica y el patrimonio cultural del país.

Esta redefinición de roles ha recibido críticas de parte de gremios especializados y figuras del sector cultural. Según reporta El Espectador, el propio nombramiento del abogado Camilo Noguera Pardo como director del ICANH generó inconformidad entre antropólogos e historiadores, quienes señalaron la falta de experiencia en el área del nuevo directivo y la tendencia del gobierno de Abelardo de la Espriella a designar funcionarios sin formación específica en las disciplinas fundamentales para estas entidades. El historiador Orlando Deavila Pertuz también manifestó su preocupación a través de su cuenta en X, preguntándose por qué se considera normal asignar a personas ajenas a las ciencias sociales o humanidades en estos cargos, hecho que para él sería impensable en otros sectores como el judicial.

Las críticas a estos nombramientos, y a otros similares en instituciones culturales, han alimentado la percepción de un debilitamiento de la política cultural en el país, según lo documentado en El Espectador.

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¿Por qué se modificaron los requisitos de formación para los cargos directivos del ICANH?

De acuerdo con información del ICANH, la modificación de los requisitos de formación responde a la necesidad de sumar competencias jurídicas, de gestión y de viabilidad financiera, pues los cargos implican toma de decisiones estratégicas, manejo de recursos públicos y firma de actos administrativos, lo que para el instituto justifica la inclusión de profesionales como abogados, administradores y economistas en estos puestos.

¿Cuáles han sido las principales críticas a los recientes nombramientos en el ICANH?

Las principales críticas, reflejadas en medios como El Espectador, apuntan a la falta de experiencia en las áreas de antropología, historia y arqueología entre quienes han sido designados para ocupar cargos directivos, así como a la aparente tendencia del gobierno a nombrar funcionarios afines políticamente pero ajenos al conocimiento especializado que requiere el sector cultural y científico.

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De acuerdo con el mandatario, las personas acumulaban en conjunto 152 medidas correctivas por comportamientos que, según su pronunciamiento, afectaban la tranquilidad y la convivencia en esas dos ciudades.

Entre las conductas mencionadas por De la Espriella están el porte de armas blancas, las riñas, el consumo de estupefacientes y el irrespeto a integrantes de la Fuerza Pública.

El presidente aseguró que las expulsiones fueron posibles gracias a un trabajo coordinado entre Migración Colombia, la Policía Nacional, la Sijin, la Sipol, el Gaula, Interpol y las autoridades locales.

¡A LOS BANDIDOS QUE VIENEN A SEMBRAR EL CAOS LOS SACAMOS DE COLOMBIA!

¡En la era del Tigre, la autoridad se respeta y la ley se cumple!

Hemos expulsado del país a 33 ciudadanos extranjeros que venían alterando la tranquilidad de Barranquilla y Cartagena y que acumulaban 152 medidas correctivas por comportamientos como porte de armas blancas, riñas, consumo de estupefacientes e irrespeto a nuestra Fuerza Pública.

Gracias al trabajo articulado de Migración Colombia, la Policía Nacional, la SIJIN, la SIPOL, el GAULA, INTERPOL y las autoridades locales, seguimos recuperando el orden y la seguridad en nuestras ciudades.

¡A COLOMBIA SE VIENE A RESPETAR LA LEY, NO A DELINQUIR!

Que les quede claro: aquí nadie está por encima de la ley, ¡como que me llamo Abelardo de la Espriella!

Las puertas de nuestra Patria están abiertas para quienes vienen a trabajar y construir. Pero quienes pretendan sembrar el miedo y la violencia encontrarán un Estado que hace respetar la autoridad.

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 9, 2026

Las razones de la expulsión de los 33 extranjeros

En su mensaje, Abelardo de la Espriella sostuvo que los ciudadanos extranjeros habían protagonizado comportamientos contrarios a la convivencia en Barranquilla y Cartagena.

El jefe de Estado destacó que las 152 medidas correctivas estaban relacionadas con diferentes situaciones, entre ellas el porte de elementos cortopunzantes, los enfrentamientos entre personas, el consumo de sustancias psicoactivas y las faltas de respeto a las autoridades.

Sin embargo, el mandatario no detalló en su publicación la nacionalidad de los expulsados, la cantidad de personas intervenidas en cada ciudad ni las fechas exactas de los procedimientos.

De la Espriella habló de controles migratorios y seguridad

El presidente acompañó el anuncio con un mensaje dirigido a los extranjeros que llegan al país. Aseguró que Colombia mantiene sus puertas abiertas para quienes buscan trabajar y contribuir, pero advirtió que su Gobierno tomará medidas contra quienes incumplan la ley.

“¡A Colombia se viene a respetar la ley, no a delinquir!”, escribió De la Espriella, quien también destacó el papel de las autoridades migratorias y de la Fuerza Pública en estos procedimientos.

La publicación se conoce después de que el Gobierno informara sobre otras medidas de control migratorio. El 6 de noviembre, Migración Colombia reportó la expulsión de 80 ciudadanos extranjeros en Bogotá, quienes acumulaban más de 1.100 medidas correctivas.

En ese operativo, adelantado en 15 localidades de la capital, participaron Migración Colombia, la Policía Nacional, el Ejército y la Alcaldía de Bogotá. La entidad explicó que las decisiones migratorias se adoptaron tras consultar sus bases de datos y las de la Policía.

La Corte Suprema de Justicia, en su calidad de máxima autoridad judicial, manifestó su rechazo a cualquier acto de violencia que ponga en riesgo el trabajo periodístico. Según el alto tribunal, “reconoce y valora la libertad de expresión y el papel de los medios de comunicación y los periodistas en la construcción de la democracia y la lucha contra la injusticia”. A través de su comunicado oficial, la Corte resaltó que garantizar un periodismo libre y seguro es prioritario y debe estar protegido de cualquier tipo de presión o ataque. En su mensaje también insistió en que, históricamente, la humanidad ha aprendido a resolver diferencias por medio del diálogo y las instituciones, en vez de recurrir a la violencia.

El mensaje de la Corte fue enfático en que la justicia representa el compromiso de una sociedad con la protección de los derechos y libertades fundamentales. A su vez, envió un respaldo directo a periodistas, empleados y directivos de Noticias Caracol, RCN Televisión, RCN Radio, Caracol Radio y de otros medios nacionales, reconociendo la labor informativa y la responsabilidad de mantener actualizada a la ciudadanía en medio de un contexto desafiante. La Corte reiteró que el Estado y la sociedad deben trabajar por reemplazar la violencia por el diálogo y la solución pacífica de los conflictos.

En cuanto a los hechos, Caracol Televisión confirmó haber recibido información de las autoridades sobre un posible atentado planeado por actores ilegales, lo que llevó a adoptar controles internos y evacuar preventivamente sus instalaciones. Igualmente, Caracol Radio activó protocolos de seguridad tras recibir una advertencia. La Policía Metropolitana verificó que no había evidencia de explosivos en Caracol Televisión, aunque la alerta de seguridad provista por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) sigue bajo revisión.

Además de la postura de la Corte Suprema de Justicia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, y el procurador general, Gregorio Eljach, también expresaron su preocupación y pidieron que se esclarezca la situación, garantizando que el ejercicio periodístico permanezca libre, seguro y sin intimidaciones. Todos coincidieron en que proteger la prensa es una obligación estatal ineludible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas han tomado los medios de comunicación frente a las amenazas recientes en Colombia?

Los principales medios afectados, como Caracol Televisión y Caracol Radio, adoptaron de inmediato rigurosos protocolos internos de seguridad y, en el caso de Caracol Televisión, evacuaron preventivamente su sede. Toda acción se realizó en coordinación con autoridades, quienes continúan investigando el origen y veracidad de las amenazas.

¿Por qué es importante proteger la libertad de prensa ante amenazas, según la Corte Suprema de Justicia?

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, proteger la libertad de prensa es esencial para mantener la democracia y luchar contra la injusticia, ya que la violencia contra los medios busca silenciar voces fundamentales. El tribunal resalta la importancia del periodismo independiente y la necesidad de que la sociedad resuelva sus diferencias mediante el diálogo y las instituciones, en lugar de recurrir a la intimidación.

Según lo determinado por la Fiscalía, "Los Mimos" empleaban distintos métodos para llevar a cabo sus crímenes. Utilizaban conos de señalización, vehículos señuelo y armas de fuego, con el objetivo de simular puestos de control y así detener a los transportadores de carga en corredores viales estratégicos como los que comunican Natagaima y El Espinal, en el departamento de Tolima. Las autoridades capturaron a los principales sospechosos, quienes ahora enfrentan cargos ante el ente investigador.

Las denuncias recopiladas de agosto de 2024 a marzo de 2026, señalan varios episodios en los que los conductores fueron intimidados de manera violenta, trasladados a zonas boscosas y privados de su libertad mientras la banda hurtaba los vehículos, mercancías y pertenencias personales. En sus investigaciones, el ente investigador determinó que los delincuentes buscaban evitar cualquier intento de rastreo usando inhibidores de señal que bloqueaban los sistemas GPS de los automotores. Posteriormente, los vehículos eran llevados a Bogotá, desmantelados y las autopartes vendidas ilegalmente.

Uno de los casos más representativos, citado por la Fiscalía, ocurrió el 7 de agosto de 2024 en la carretera entre Neiva y Castilla, en el sector de Natagaima, donde un conductor y su hijo menor de edad estuvieron retenidos por tres horas mientras les quitaban tanto el vehículo como los objetos de valor. Las investigaciones y operativos efectuados por la Policía Nacional permitieron la captura de diez integrantes de la organización en Bogotá y Natagaima. Entre los capturados se encuentran Yamid Albeiro Ortiz Aguilar, alias "Vacatuca", identificado como presunto jefe de la banda, y William Arnulfo Matiz Díaz, alias "Lápiz", señalado como el encargado de coordinar la instalación de los retenes ilegales.

De acuerdo con la Fiscalía, otros miembros de la estructura eran responsables de identificar a las víctimas, ejecutar el secuestro, apropiarse de los bienes y participar en el desguace de los vehículos para el ocultamiento y posterior venta de las partes. Por estos hechos, la fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y secuestro simple. Sin embargo, ninguna de las diez personas capturadas aceptó los cargos. Para ocho de ellas, la medida preventiva será cumplida en prisión y dos más permanecerán en detención domiciliaria mientras transcurre el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los integrantes y cómo operaba la banda 'Los Mimos' en Tolima?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, "Los Mimos" es una organización criminal señalada de secuestrar camioneros y robar vehículos en corredores viales entre Natagaima y El Espinal, en Tolima. Sus integrantes simulaban retenes policiales usando conos, vehículos señuelo y armas de fuego, para interceptar a conductores. Después, empleaban inhibidores de señal para evitar la localización de los automotores, los cuales eran desmantelados y sus piezas vendidas en Bogotá. Entre los capturados están Yamid Albeiro Ortiz Aguilar, alias "Vacatuca", supuesto cabecilla, y William Arnulfo Matiz Díaz, alias "Lápiz", señalado coordinador de los retenes.

¿Qué delitos fueron imputados a los miembros de 'Los Mimos' y cuáles son las medidas de aseguramiento?

Según la información proporcionada por la Fiscalía, los diez detenidos enfrentarán cargos por concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y secuestro simple. El ente acusador determinó que ocho de los capturados cumplirán medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que dos podrán permanecer en sus lugares de residencia, aunque ninguno admitió responsabilidad en los hechos descritos.

(Vea también: [Video] “Al búnker”: gritos de horror, columnas de humo y escombros; momento exacto de ataque a cantón militar en Bolívar)

La Segunda División del Ejército informó que expertos antiexplosivos del equipo EOD fueron desplegados en el lugar para inspeccionar el material sospechoso.

La institución pidió a los ciudadanos evitar desplazamientos por ese corredor y mantener una distancia prudencial mientras avanzan los procedimientos de seguridad.

#ComunicaciónOficial || A esta hora, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 5 «General Hermógenes Maza» de la #Brigada30 se encuentran sobre la vía que comunica al municipio de Villa del Rosario con el corregimiento de Juan Frío.

El personal militar adelanta la verificación de un presunto artefacto explosivo de alto poder, el cual está siendo verificado por expertos antiexplosivos del equipo EOD.

Como medidas de prevención se solicita a la ciudadanía en general evitar desplazarse hacia esta zona y mantener una distancia prudencial del lugar mientras se adelantan los procedimientos de verificación y seguridad en el lugar.

Invitamos a la población a suministrar información a través de la #Línea107 contra el terrorismo.

— Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) November 8, 2026

Autoridades suspendieron la movilidad por el sector

De acuerdo con información publicada por Semana, las autoridades suspendieron la movilidad en la zona mientras se adelantan las verificaciones para desactivar los explosivos.

El medio reportó que habría una carga explosiva que presuntamente iba a ser detonada al paso de los uniformados. También señaló que el Eln sería el posible responsable, aunque esa atribución no ha sido confirmada oficialmente en el pronunciamiento militar citado.

#Atención #Cúcuta
🚨 A esta hora reportan cierre total de la vía que lleva del casco urbano del municipio de Villa del Rosario hacia el corregimiento de Juan Frío en zona rural.
Miembros del Ejército Nacional verifican el hallazgo de un artefacto explosivo sobre la vía.
#NoticiaEnDesarrollo

— Soy Charles Niño ® (@charlessradio) November 8, 2026

Ejército pidió información a través de la Línea 107

La institución invitó a la comunidad a suministrar información que permita prevenir hechos que pongan en riesgo a la población civil y a los integrantes de la Fuerza Pública.

Para ello, recordó que está habilitada la Línea 107 contra el terrorismo.

Mientras se desarrollan las labores de inspección, la recomendación para los ciudadanos es no acercarse al lugar ni intentar manipular objetos sospechosos.

Consultado por El Espectador, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que el proceso de toma de decisiones sobre temas como los apoyos internacionales o los nombramientos de jefes de misión diplomática corresponde principalmente al presidente de la República, previa consulta y discusión con el vicepresidente José Manuel Restrepo. La Cancillería enfatizó que todos los embajadores, incluso quienes ingresan por motivos políticos y no por carrera diplomática, completan una inducción para entender tanto las funciones del ministerio como los objetivos de sus misiones. Además, se reúne cada uno con el canciller para definir líneas de acción específicas y prioridades de gestión.

La cartera diplomática asegura que hay una comunicación constante y de doble vía con todas las misiones en el exterior, gestionada las 24 horas del día. Destacan la importancia que se da a los funcionarios de carrera diplomática y mencionan que, tras retos heredados de la administración previa, se trabaja en una reestructuración que se ajusta a las políticas oficiales de austeridad y que prevé más cambios internos el próximo año. El canciller Bula sigue siendo una de las figuras más cercanas al presidente y, a pesar de las críticas internas o de su perfil confrontativo, no se ha contemplado su salida del gabinete hasta el momento.

¿Por qué fue controversial el apoyo de Colombia a Estados Unidos en el caso del embargo a Cuba?

La controversia surgió porque el respaldo de Colombia a Estados Unidos en el embargo contra Cuba, planteado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, rompió con la tradición de gobiernos anteriores que habían mantenido otra postura. Esta decisión fue inesperada tanto para el cuerpo diplomático como para diversos observadores, pues ni siquiera las administraciones pasadas de Álvaro Uribe e Iván Duque habían respaldado esa política, de acuerdo con lo documentado por El Espectador.

¿Qué significa ser funcionario de carrera diplomática en Colombia?

Ser funcionario de carrera diplomática implica haber ingresado a la Cancillería colombiana a través de la Academia Diplomática y contar con formación y trayectoria específicas en relaciones internacionales. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, estos profesionales son valorados por su experiencia y conocimiento institucional, lo que diferencia sus nombramientos frente a los de carácter político, quienes requieren procesos de inducción para familiarizarse con el funcionamiento de la Cancillería y sus misiones en el exterior.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La solicitud toma mayor relevancia al coincidir con una suspensión del servicio programada para el sábado 7 de noviembre entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., dado que Enel debe realizar trabajos en la red eléctrica de Chuntame. Sin embargo, hasta el momento, la empresa no ha comunicado si este mantenimiento está relacionado con las demandas de la comunidad ni ha respondido públicamente sobre la viabilidad del cambio de transformador. En los documentos que acompañan la petición, los residentes explican que el transformador fue instalado cuando había entre siete y diez viviendas, pero que ahora estiman la presencia de más de 25 casas y un conjunto residencial que suma cerca de 80 unidades adicionales.

Los reclamos se sustentan en dos posibles causas: la insuficiencia del transformador ante el aumento de la demanda y posibles defectos técnicos en equipos asociados al conjunto residencial, aunque ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por Enel. La comunidad solicita un estudio exhaustivo de la demanda real, el balance de cargas, las distancias entre los inmuebles y un diagnóstico que determine si es necesario reemplazar el equipo actual.

El contexto de esta problemática también involucra a la administración municipal. Según información de El Espectador, pocos días antes se realizó una reunión entre la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, el Concejo Municipal y Enel, donde se discutieron los frecuentes cortes, el exceso de cableado y la lentitud en atender emergencias. Pese a esto, no se especificaron medidas o plazos concretos. Además, la Superintendencia de Servicios Públicos ha adelantado inspecciones y sanciones contra Enel en Cundinamarca por deficiencias similares, aunque nada de eso se ha dirigido puntualmente al caso de Chuntame.

¿Qué ha ocasionado los frecuentes cortes de luz en Santa Inés, Cajicá?

Los habitantes de Santa Inés sostienen que el crecimiento acelerado del número de viviendas y la llegada de un conjunto residencial excedieron la capacidad del transformador actual. A pesar de las revisiones hechas por cuadrillas técnicas, los problemas continúan durante picos de consumo, lo que lleva a la comunidad a sospechar de una insuficiencia en la infraestructura instalada, aunque esto aún no ha sido corroborado por Enel.

¿Cuáles son las principales peticiones de la comunidad de Chuntame a Enel Colombia?

La solicitud central de los habitantes pide a Enel Colombia que evalúe la demanda real de energía, revise el balance de cargas eléctricas, analice la ubicación del transformador y considere su reubicación o reemplazo con base en un diagnóstico técnico. Todo ello busca garantizar la continuidad del servicio y evitar riesgos para los usuarios que dependen de equipos médicos.

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La delegación estuvo encabezada por el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Felipe Lemus, del Partido de La U, acompañado de Silvio Carrasquilla (Liberal), Juan Carlos Wills (Conservador), José Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón (Mira) y Gersel Pérez (Cambio Radical). Los magistrados aprovecharon la coyuntura de las elecciones de medio término en Estados Unidos para realizar una labor de observación y mantener encuentros a puerta cerrada con altos funcionarios colombianos en ese país. Además, participaron en la ceremonia de los VI Premios Transparencia Electoral en la Florida International University, donde el Consejo Nacional Electoral fue reconocido en la categoría “Apertura a la Observación Electoral Nacional e Internacional”, una distinción que, según el propio tribunal, reafirma su apuesta institucional por la transparencia y la supervisión pública en la democracia colombiana.

En otro frente, la magistrada Cielo Rusinque, vinculada al Pacto Histórico, también estuvo en Estados Unidos, aunque por asuntos personales debido a su nacionalidad francesa y luego de renunciar a su visa americana. Rusinque aclaró que este acto constituyó un “gesto de dignidad y rechazo a una decisión arbitraria contra el Presidente de Colombia”, pero destacó que no implica abandonar su derecho a visitar ese país ni los lazos históricos entre ambas naciones.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral implementa el programa “Mujeres rumbo al poder”, liderado por Ana Jimena Bautista. Esta iniciativa comenzó en Tumaco, Nariño, y busca orientar a lideresas, precandidatas y ciudadanas sobre normas electorales y obstáculos legales, fortaleciendo así su ingreso en los espacios de representación. El programa recorrerá otros departamentos, como Cauca, Caquetá y Bolívar, enfocándose en educar y empoderar a mujeres sociales y comunitarias interesadas en la política.

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¿Qué temas abordó el Consejo Nacional Electoral en su visita a Estados Unidos?

Durante su visita a Estados Unidos, los magistrados del Consejo Nacional Electoral sostuvieron encuentros con autoridades colombianas en Washington D. C. para discutir asuntos relacionados con el tribunal electoral y participaron como observadores durante las elecciones de medio término, según El Espectador. También recibieron un reconocimiento internacional en la categoría de apertura y transparencia electoral, reafirmando el compromiso del tribunal con la democracia.

¿En qué consiste la iniciativa “Mujeres rumbo al poder” del Consejo Nacional Electoral?

La iniciativa “Mujeres rumbo al poder”, liderada por Ana Jimena Bautista, consiste en una serie de encuentros territoriales en los que se capacita a lideresas, precandidatas y ciudadanas interesadas en reglas, inhabilidades e incompatibilidades electorales. Según detalla el Consejo Nacional Electoral, busca brindar herramientas para que más mujeres puedan aspirar a cargos de elección popular en el marco de las próximas elecciones de 2027.

(Vea también: De la Espriella ordenó reforzar seguridad de Caracol, RCN y Semana por amenazas del Eln: “Libertad de prensa es sagrada”)

El mandatario hizo el anuncio este domingo 8 de noviembre, a través de su cuenta de X, donde aseguró que la guerra cambió y que los grupos armados utilizan drones como una nueva modalidad de ataque contra soldados y policías.

“En la Patria Milagro estamos trabajando para dotar a la Fuerza Pública de sistemas de defensa antidrones y de capacidades ofensivas mediante drones”, escribió.

De la Espriella reconoció que la situación económica del país representa un desafío para conseguir los recursos necesarios, pero aseguró que su administración hará los esfuerzos para adquirir la tecnología que necesitan las instituciones de seguridad.

“La seguridad y la vida de nuestros soldados, policías y ciudadanos son prioridad en mi gobierno”, agregó.

El jefe de Estado también expresó su solidaridad con las familias de los uniformados asesinados en Bolívar y prometió que sus muertes no quedarán impunes.

¡LA GUERRA CAMBIÓ Y HOY TAMBIÉN SE LIBRA CON DRONES!

Durante cuatro años, el gobierno anterior miró hacia otro lado y dejó desprotegidos a nuestros soldados y policías, sin las capacidades necesarias para enfrentar esta nueva modalidad de guerra utilizada por el narcoterrorismo.

En la Patria Milagro estamos trabajando para dotar a la Fuerza Pública de sistemas de defensa antidrones y de capacidades ofensivas mediante drones. Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para desarrollar y adquirir estas capacidades, pese a la dificilísima situación económica de nuestras finanzas públicas. La seguridad y la vida de nuestros soldados, policías y ciudadanos son prioridad en mi gobierno.

Lo haremos con responsabilidad, buscando los recursos y la tecnología necesarios para que nuestra Fuerza Pública tenga las herramientas que necesita para enfrentar esta amenaza.

El mitómano que gobernó Colombia dice que dejó todo listo para contratar un escudo antidrones. ¡MENTIRA!

Su ministro de Defensa y su viceministra viajaron por varios países, hicieron reuniones y gastaron cuantiosos recursos en viáticos, pero no concretaron nada. ¡Ni siquiera dejaron los estudios necesarios!

A las familias de nuestros héroes asesinados, les expreso mi solidaridad y les envío mis oraciones. ¡SU SANGRE NO QUEDARÁ IMPUNE!

Con la ayuda de Dios, el valor de nuestros soldados y policías y toda la capacidad legítima del Estado, vamos a enfrentar hasta derrotar ese cáncer del narcoterrorismo que tanto dolor y sangre le ha costado a Colombia.

¡NO VAMOS A DESCANSAR HASTA ERRADICAR ESA PLAGA DE NUESTRA PATRIA!

¡Bienvenidos a la Patria Milagro!

¡Firme por la Patria!

¡Que viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴 🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 8, 2026

De la Espriella acusó al Gobierno Petro de no dejar listo el escudo antidrones

En su publicación, el presidente también cuestionó la gestión de la administración de Gustavo Petro frente a la amenaza de los drones explosivos. De la Espriella aseguró que el Gobierno anterior dejó desprotegidos a los integrantes de la Fuerza Pública y negó que hubiera dejado listo el proceso para contratar un escudo antidrones.

“El mitómano que gobernó Colombia dice que dejó todo listo para contratar un escudo antidrones. ¡Mentira!”, escribió.

El mandatario también cuestionó los viajes internacionales de funcionarios del Ministerio de Defensa durante el gobierno anterior, al señalar que hubo reuniones y gastos de viáticos, pero no se concretó la adquisición. “¡Ni siquiera dejaron los estudios necesarios!”, añadió.

(Vea también: “Petro estuvo cerca de morir por una sobredosis”: la grave afirmación de María Jimena Duzán)

En un comunicado conjunto, las dos mujeres aseguraron que, como feministas, consideran necesario tomar en serio las denuncias de las mujeres y garantizar su protección.

“El linchamiento, la burla, la revictimización y la retórica misógina contra la denunciante deben ser rechazados”, manifestaron.

También solicitaron que las investigaciones avancen con celeridad y que las autoridades tengan en cuenta una perspectiva de género al analizar el caso.

El pronunciamiento se conoce en medio de las actuaciones judiciales relacionadas con las acusaciones de Jiménez, quien entregó su teléfono celular a las autoridades y ha sostenido que cuenta con elementos para respaldar sus señalamientos.

Sofía y Antonella Petro cuestionaron el uso político de las denuncias

Las hijas del expresidente también se refirieron al contexto político en el que se conocieron las acusaciones contra su padre. Como militantes de izquierda, afirmaron que pueden defender sus convicciones feministas y, al mismo tiempo, analizar el escenario político que rodea la denuncia.

En ese sentido, cuestionaron a los sectores que, según ellas, buscan instrumentalizar las causas feministas pese a que habitualmente desprecian las reivindicaciones de las mujeres y de la población LGBTIQ+.

“Por nuestra parte: no les seremos útiles”, escribieron.

Sofía y Antonella también defendieron el legado del Gobierno de su padre y aseguraron que no se sienten avergonzadas de haber respaldado ese proyecto político.

Sin embargo, reconocieron que dentro de la izquierda deben existir espacios de autocrítica y procesos internos frente a las denuncias. Añadieron que un movimiento político no puede reducirse a una sola persona y que sus ideas deben trascender a sus dirigentes.

Hijas de Petro expresaron confianza en que su padre comparecerá ante la justicia

En la parte final del comunicado, Sofía y Antonella hablaron directamente de su relación familiar con el expresidente.

“Como hijas, confiamos en que nuestro padre, como ya lo ha afirmado, comparecerá ante la justicia sin dilación. Esa respuesta le corresponde únicamente a él”, señalaron.

También afirmaron que han cuestionado en el ámbito familiar los comportamientos machistas de Petro y que continuarán defendiendo sus posiciones políticas y éticas.

Pese a ello, expresaron su confianza en la honestidad del exmandatario: “Confiamos en que Gustavo Petro no es un hombre corrupto y ha sido respetuoso con el erario”.

Las dos aclararon que, más allá de sus convicciones personales, corresponde a la justicia establecer la verdad sobre las acusaciones.

El expresidente ha negado haber entregado contratos estatales a cambio de favores sexuales y ha sostenido que enfrentará las denuncias ante las autoridades.

Gracias a que la víctima había presentado previamente la denuncia, los policías pudieron hacer la verificación correspondiente. Así, identificaron al hombre de 22 años que tenía la motocicleta y confirmaron que el vehículo figuraba como hurtado. De acuerdo con los reportes oficiales, el procedimiento permitió no solo la captura del responsable, sino también la recuperación del automotor. Además, la Secretaría de Seguridad de Bogotá destacó este caso en sus canales de comunicación e invitó a denunciar por medio de la Línea 123 cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia.

Este caso puntual se suma a las acciones que adelanta la Policía para contrarrestar el hurto de automotores en la capital colombiana. Según datos recogidos por la administración de la ciudad, hasta mediados de octubre de 2026 se habían recuperado 895 vehículos y 1.304 motocicletas en Bogotá, lo que evidencia la magnitud del problema y el esfuerzo institucional para enfrentarlo. El programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ insiste en que la denuncia es indispensable. Alertar oportunamente a las autoridades contribuye no solo a la recuperación de bienes materiales, sino también al fortalecimiento de la seguridad en el entorno urbano.

La recomendación para la ciudadanía es clara: si usted es víctima o testigo de un delito, recurra a la Línea de Emergencias 123. Este canal facilita las acciones de investigación, aplica sanciones y permite que Bogotá avance en la lucha para cerrarle el paso a la delincuencia, como subraya la campaña ‘Bogotá camina segura’.

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¿Cómo puede denunciar el robo de una motocicleta en Bogotá?

En Bogotá, si usted es víctima del robo de una motocicleta, debe presentar la denuncia de manera oportuna ante la Policía Nacional o usar la Línea de Emergencias 123. Este primer paso es esencial, ya que permite activar los procedimientos de verificación y recuperación, como quedó demostrado en el caso reportado en Tunjuelito, según información de la alcaldía de Bogotá.

¿Cuántas motocicletas robadas han sido recuperadas en Bogotá en 2026?

De acuerdo con datos oficiales mencionados por la administración de Bogotá, hasta mediados de octubre de 2026 se han recuperado 1.304 motocicletas en la ciudad, reflejando el impacto de la colaboración ciudadana y las estrategias policiales para enfrentar el hurto de vehículos.

El hecho ha impactado de manera significativa a los habitantes de la zona, quienes al percatarse de la magnitud del incendio manifestaron su preocupación y solicitaron el apoyo inmediato de las autoridades competentes. Según lo relatado, la emergencia generó una alarma general que motivó la movilización de los organismos de socorro, evidenciando la gravedad de la situación.

Frente a la complejidad del escenario, las autoridades han sido enfáticas en hacer un llamado urgente a la comunidad. Pidieron a la ciudadanía evitar acercarse al lugar donde se desarrolla la conflagración, resaltando que lo más importante en estos casos es facilitar el trabajo de los equipos de atención de emergencias. El objetivo es mantener la zona despejada para que el ingreso y las maniobras de los bomberos no se vean obstaculizadas. Además, se recomendó a los conductores tomar rutas alternas y acatar las indicaciones de los organismos de emergencia, ya que las vías principales del sector pueden encontrarse cerradas o restringidas por la atención del incendio.

Hasta el momento, no se ha difundido información oficial sobre posibles personas afectadas, pérdidas materiales o las causas que provocaron la emergencia. Las autoridades han señalado que la atención continúa en desarrollo y que en las próximas horas se conocerán detalles más precisos sobre el saldo de este incendio y las medidas adoptadas para mitigar sus consecuencias. Dichos reportes oficiales serán clave para entender el alcance real de esta emergencia que mantiene en vilo a la comunidad del sur de Ibagué.

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¿Cuál es la situación actual del incendio estructural en el barrio Eduardo Santos de Ibagué?

La emergencia en el barrio Eduardo Santos sigue en desarrollo. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué continúa atendiendo la conflagración y, hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas, daños materiales ni sobre el origen del incendio. Se espera que en las próximas horas, tras finalizar la atención, las autoridades entreguen detalles precisos y actualicen la información para la comunidad.

¿Qué medidas de prevención han recomendado las autoridades durante el incendio en Ibagué?

Las autoridades han recomendado de manera enfática evitar acercarse a la zona afectada, mantener despejado el perímetro para facilitar el trabajo de los organismos de socorro y, para los conductores, usar rutas alternas y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia. Estas medidas buscan garantizar la seguridad tanto de los habitantes como del personal que atiende la emergencia.

Caracol Televisión informó a la opinión pública, en una declaración emitida el 8 de noviembre, que las medidas preventivas fueron adoptadas luego de recibir información de las autoridades acerca de una posible amenaza a sus instalaciones. La empresa agradeció el respaldo de la Policía Nacional y expresó solidaridad a otros medios que también habrían sido advertidos sobre eventuales riesgos. El canal no mencionó el nombre de ninguna organización armada ni ofreció detalles sobre el contenido específico de la alerta, señalando que dicha información hace parte del sumario reservado de las autoridades y por lo tanto no puede divulgarse.

Estas afirmaciones coinciden con lo informado inicialmente por la Alcaldía de Bogotá. Según lo señalado, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación advirtió a diversos medios de comunicación, así como a la administración distrital, respecto a una posible amenaza terrorista dirigida contra Caracol Televisión. Tras la inspección realizada por la Policía Metropolitana la noche del 7 de noviembre, no se hallaron artefactos explosivos en la sede del canal.

En paralelo, Caracol Radio notificó que también recibió advertencias por parte de las autoridades sobre potenciales riesgos para sus instalaciones, así como para otras empresas periodísticas. La emisora tomó medidas de precaución en coordinación con los organismos de seguridad y, según su pronunciamiento, continuará informando mientras mantenga los protocolos de prevención activos. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hizo un llamado a mantener la protección de los medios hasta esclarecer el origen de la advertencia. Según testimonios comunicados por periodistas de Caracol Televisión, la alerta del CTI se refirió a una posible acción del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra sedes de Caracol y RCN, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada formalmente por Fiscalía, Policía ni la Alcaldía de Bogotá.

Las amenazas recientes se inscriben en un contexto de mayor riesgo para la prensa en Colombia. Datos de la FLIP señalan que entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2026 se registraron 150 agresiones contra periodistas, incluyendo amenazas y otras formas de violencia vinculadas principalmente con la cobertura electoral. El caso más cercano de un ataque físico fue la detonación de un artefacto explosivo frente a las instalaciones de RCN Radio, RCN Televisión y el diario La República en Cali, en noviembre de 2025. La FLIP definió este acto como un atentado directo contra el derecho ciudadano a recibir información. A pesar de las alarmas, hasta el momento las autoridades no reportan capturas, hallazgos de explosivos o atentados consumados relacionados con la nueva alerta a medios.

¿Por qué fueron evacuadas las instalaciones de Caracol Televisión y Caracol Radio?

Las sedes de Caracol Televisión y Caracol Radio en Bogotá fueron evacuadas y sometidas a estrictos protocolos de seguridad después de que las autoridades alertaron a los medios sobre una posible amenaza de grupos ilegales contra estas empresas. Según los comunicados oficiales, las acciones preventivas buscaban proteger a los trabajadores y garantizar la continuidad de operaciones mientras Policía y Fiscalía verificaban la información, sin que se hallaran explosivos o se confirmara la participación de una organización armada específica.

¿Cuáles fueron los antecedentes inmediatos de amenazas y ataques a medios en Colombia?

De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), entre enero y mayo de 2026 se reportaron 150 agresiones a periodistas en el país, contabilizando amenazas, obstrucciones y otras formas de violencia, especialmente durante la cobertura electoral. El antecedente más reciente y grave fue la detonación de un explosivo frente a las instalaciones de medios como RCN Radio, RCN Televisión y el diario La República en Cali, en noviembre de 2025, calificado por la FLIP como un ataque directo contra la libertad de prensa.

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(Vea también: “Petro estuvo cerca de morir por una sobredosis”: la grave afirmación de María Jimena Duzán)

La información fue publicada por El Colombiano, que identificó a Zawady como una mujer que habría mantenido una relación sentimental con Petro desde antes de la campaña presidencial de 2022. El medio citó a Ángela Benedetti, exembajadora y hermana del exministro Armando Benedetti, quien aseguró que ella era la novia del entonces candidato.

De acuerdo con esa investigación, el hermano de Zawady, Juan Manuel Masip Zawady, suscribió siete contratos que suman cerca de 291,7 millones de pesos. Por su parte, Martha Elena Zawady Rodríguez, identificada como prima de María Masip, obtuvo seis contratos por aproximadamente 232 millones de pesos.

En total, son 13 contratos que, según el consolidado publicado por El Colombiano, representan alrededor de 533 millones de pesos. Los registros citados por ese medio incluyen acuerdos con entidades como Colombia Compra Eficiente, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), RTVC, ENTerritorio, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Prosperidad Social.

La contratación de estos familiares ya había sido objeto de una publicación de Cambio en agosto de 2026, que también examinó la cercanía de Zawady con el círculo del entonces presidente.

Qué dijo Ángela Benedetti sobre María Masip Zawady y Verónica Alcocer

Uno de los elementos nuevos de la investigación de El Colombiano es el testimonio de Ángela Benedetti sobre la relación que habría existido entre Zawady y Petro durante la campaña presidencial.

“Petro andaba con María Zawady, era en ese momento la novia oficial”, afirmó Benedetti al medio.

La exembajadora también sostuvo que Verónica Alcocer, quien estaba casada con Petro durante la campaña y posteriormente fue primera dama, conocía esa situación.

Benedetti aseguró que, cuando llegó a la campaña, le informaron que el matrimonio entre Petro y Alcocer prácticamente no existía. También planteó que los celos de Alcocer no estaban relacionados necesariamente con que el candidato tuviera otras parejas, sino con la posibilidad de perder influencia y espacio político.

“Cuando yo llegué a la campaña me notificaron que ese matrimonio no existía. A mí me consta, digamos, que Petro no la soportaba. Como él iba a ganar, entonces ella no sé si trataba de reconquistarlo o tratando de aparentar que tenía un buen matrimonio, pero claramente ahí no había matrimonio”, cito el diario antioqueño.

El Colombiano agregó los testimonios de otras dos fuentes que estuvieron en la campaña de 2022. Una de ellas afirmó que Zawady se presentaba como novia e incluso esposa de Petro. Otra, vinculada al esquema de seguridad, aseguró que el candidato pagaba un apartamento en el norte de Bogotá en el que ella permanecía.

La conexión con Colombia Compra Eficiente y los nombramientos

La investigación también señala una posible influencia de Zawady en Colombia Compra Eficiente, entidad en la que su hermano obtuvo varios contratos durante el gobierno Petro. En ese contexto aparece Stalin Ballesteros, quien dirigió la agencia de compras públicas y fue profesor de Zawady, según las fuentes citadas por El Colombiano.

El medio señala que Ballesteros habría llegado a la dirección de la entidad con el respaldo de la mujer y que posteriormente nombró a Nohelia del Carmen Zawady Palacio, prima de María Masip, como subdirectora de Gestión Contractual.

Un documento publicado por la propia Colombia Compra Eficiente registra a Nohelia del Carmen Zawady Palacio en ese cargo, aunque ese registro, por sí solo, no demuestra que su nombramiento haya sido gestionado por María Masip.

La publicación también recuerda los audios divulgados por Daniel Coronell en mayo de 2025, en los que se escucha al entonces congresista David Racero conversar con Ballesteros sobre un posible intercambio de cargos públicos.

María Masip Zawady, por su parte, ya había sido consultada por Cambio en agosto de 2026 sobre los contratos de sus familiares. En esa oportunidad respondió que su hermano era un buen profesional y cuestionó que se publicaran informaciones que, a su juicio, eran falsas.

El IBAL, mediante un comunicado dirigido a la ciudadanía, explicó que la situación podría traducirse en bajas presiones e incluso suspensión del servicio de agua en algunos barrios durante la jornada, aunque por el momento no se proporcionó una lista detallada de las zonas susceptibles ni un tiempo estimado para la normalización completa del sistema. La alcaldía de Ibagué y la empresa hacen un llamado a los habitantes para que estén atentos a los medios y canales oficiales, recomendando almacenar agua en medida de lo posible y adoptar medidas preventivas hasta que se supere la contingencia.

Según el informe publicado, la empresa trabaja de manera continua a través de su equipo operativo con el objetivo de restablecer la captación y, así, recuperar la estabilidad del suministro de agua. Las labores de limpieza y mantenimiento en la bocatoma se desarrollan bajo condiciones adversas, debido al constante arrastre de lodo y piedras derivado de la intensidad de las lluvias en la región. Esta situación evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de acueducto cuando fenómenos naturales como las precipitaciones afectan las fuentes hídricas y la infraestructura que posibilita su aprovechamiento para el consumo humano.

Hasta el momento, la ciudadanía permanece en estado de alerta, siguiendo las recomendaciones del IBAL y esperando que la emergencia sea superada cuanto antes. Tanto el ente operador como las autoridades insisten en que la información sobre cualquier novedad será comunicada de manera oportuna a través de los canales oficiales, reiterando la importancia de que los usuarios estén preparados ante cualquier eventualidad relacionada con el suministro de agua potable.

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¿Cuáles son las causas de la suspensión del servicio de agua en Ibagué según el IBAL?

De acuerdo con el IBAL, la suspensión y las bajas presiones en el servicio de agua en Ibagué se deben al arrastre de material por las fuertes lluvias en la cuenca del río Combeima. La acumulación de lodo y piedras afectó la bocatoma principal del acueducto, dificultando la captación y el procesamiento del agua necesaria para abastecer la ciudad.

¿Qué recomendaciones dio el IBAL sobre el suministro de agua durante la emergencia?

El IBAL recomendó a los usuarios de Ibagué estar atentos a la información difundida por los canales oficiales de la empresa, tomar precauciones como almacenar agua y prepararse para posibles bajas presiones o interrupciones del servicio mientras se realizan las labores de recuperación en la bocatoma principal.

Las víctimas fueron identificadas como Morelhith Blanco Cisneros, conocida como alias ‘La More’, y la adolescente Yisbely Onnaly Blanco Cisneros. Según la información preliminar conocida por las autoridades, ambas habían salido de su vivienda para dirigirse a una fiesta que se realizaba cerca del lugar donde ocurrió el crimen.

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De acuerdo con el relato entregado por un allegado de las víctimas a las autoridades, el hecho se presentó hacia las 12:50 de la madrugada.

Cuando Morelhith y su hija caminaban por las inmediaciones de la iglesia Jesucristo el Señor Rey de Reyes, ubicada en la calle 62B con carrera 8A, fueron interceptadas por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Sin mediar palabra, los sujetos habrían disparado contra ambas mujeres y posteriormente escaparon. La agresión les causó heridas mortales y las dos fallecieron en el lugar, antes de recibir atención médica. Según el reporte preliminar, la mujer recibió un impacto de bala en la región temporal izquierda, mientras que la menor sufrió tres heridas en diferentes partes de la cabeza y el rostro.

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En medio de las primeras indagaciones sobre el doble homicidio, también surgió información relacionada con el entorno familiar de una de las víctimas.

De acuerdo con testimonios recopilados en el sector, el hijo de Morelhith Blanco sería conocido con el alias de ‘Omarcito’ y, presuntamente, tendría vínculos o estaría trabajando para alias ‘Negro Ober’. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y hace parte de las líneas de información que deberán ser verificadas por los investigadores. Por ahora, tampoco se conocen los motivos que habrían llevado a los responsables a cometer el ataque.

Unidades de Policía Judicial adelantan las labores correspondientes para establecer las circunstancias del crimen, identificar a los dos hombres que habrían participado en el hecho y lograr su captura.

Nuevas amenazas, que también tocaron a Caracol Radio y a otros medios, llevaron a que se activaran protocolos internos de seguridad y a que se fortaleciera la coordinación con las autoridades nacionales y locales. De acuerdo con la propia Caracol Televisión, el canal fue alertado por entidades oficiales sobre una supuesta intención de grupos ilegales de atentar contra sus instalaciones. Esto llevó a la rápida evacuación como medida preventiva y a la revisión de sus instalaciones por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, que poco después anunció que "al momento no hay evidencia de explosivos ni en las inmediaciones ni dentro de Caracol Televisión".

Por su parte, Caracol Radio, emisora perteneciente al grupo Prisa, confirmó que fue notificada sobre el riesgo de un posible atentado contra su sede. De inmediato, la emisora también puso en marcha todas las acciones necesarias para salvaguardar a su personal, actuando siempre en conjunto con las autoridades locales competentes. Las voces de apoyo y rechazo a las amenazas no se hicieron esperar en los diferentes escenarios políticos. Desde el Congreso, el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, calificó estas intimidaciones como ataques contra la democracia y la libertad de prensa, y enfatizó la importancia de no permitir que "el miedo se imponga en Colombia".

El respaldo desde las instituciones, sumado a la rápida reacción de las autoridades y los mismos medios, buscó enviar un mensaje de resistencia ante cualquier intento de intimidar al periodismo y acallar a los medios de comunicación colombianos, reafirmando su compromiso con la libertad de prensa y el derecho a informar.

¿Por qué el ELN amenazó a Caracol Televisión, RCN y Semana según el presidente De la Espriella?

El presidente Abelardo de la Espriella atribuyó las amenazas y posibles atentados contra las instalaciones de Caracol Televisión, RCN y Semana al Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con el mandatario, la inteligencia estatal había detectado alertas sobre eventuales acciones terroristas del ELN con el aparente objetivo de intimidar y silenciar al periodismo colombiano. La reacción del Estado fue reforzar la seguridad en los medios señalados para preservar su labor informativa.

¿Qué medidas de seguridad implementaron medios como Caracol Televisión tras las amenazas?

Tras ser informados por las autoridades sobre la posible amenaza de grupos ilegales, Caracol Televisión y otros medios como Caracol Radio activaron sus protocolos internos de seguridad. En el caso de Caracol Televisión, esto incluyó la evacuación preventiva de su sede y la coordinación inmediata con la Policía Metropolitana, que revisó las instalaciones y descartó la presencia de explosivos. Estas acciones buscaron prevenir cualquier riesgo para periodistas y trabajadores.

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(Vea también: De la Espriella ordenó reforzar seguridad de Caracol, RCN y Semana por amenazas del Eln: “Libertad de prensa es sagrada”)

En un comunicado dirigido a la opinión pública, el canal informó que recibió una advertencia de las autoridades y que, de inmediato, activó sus protocolos de seguridad para proteger a sus colaboradores y garantizar la continuidad de sus operaciones.

“Caracol Televisión informa que, tras recibir una alerta de las autoridades sobre una posible amenaza contra sus instalaciones, activó de inmediato sus protocolos de seguridad y adoptó las medidas preventivas necesarias para proteger a sus colaboradores y garantizar la continuidad de sus operaciones”, señaló en su comunicado.

La empresa también agradeció el acompañamiento de la Policía Nacional y de las demás autoridades, con quienes aseguró haber trabajado de manera coordinada en las verificaciones y las medidas de protección.

El mensaje de Caracol Televisión a los medios que también recibieron amenazas

En el mismo pronunciamiento, Caracol Televisión expresó su solidaridad con los demás medios de comunicación que también han sido objeto de amenazas. La compañía advirtió que cualquier intimidación contra un medio representa una amenaza para el ejercicio libre e independiente del periodismo y para el derecho de los ciudadanos a estar informados.

“Ninguna amenaza nos apartará de ese compromiso”, manifestó el canal, al reiterar que continuará informando con rigor, independencia y responsabilidad.

Caracol Televisión también reafirmó su confianza en las instituciones y en el trabajo de las autoridades, así como su determinación de continuar cumpliendo su responsabilidad con los colombianos.

¿Qué se sabe de la alerta contra Caracol y otros medios?

La alerta de seguridad se conoció durante la noche del sábado 7 de noviembre y obligó a evacuar las instalaciones de Caracol Televisión, ubicadas en el barrio La Floresta, en Bogotá.

Posteriormente, la Policía Metropolitana informó que no había encontrado evidencia de explosivos dentro ni en los alrededores de la sede. Sin embargo, las autoridades continuaron con las verificaciones frente a la información recibida.

La situación también involucró a Caracol Radio, que informó que recibió una advertencia sobre el riesgo de un posible atentado contra sus instalaciones y otros medios de comunicación.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) señaló que, según la información entregada a periodistas, el CTI de la Fiscalía recibió una alerta sobre un posible plan del Eln para atacar las sedes de Caracol y RCN.

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella anunció medidas para reforzar la protección de Caracol, RCN y la revista Semana, luego de las alertas de inteligencia sobre posibles atentados atribuidos al grupo armado.

Hasta ahora, corresponde a las autoridades establecer el origen y el alcance de las amenazas, así como identificar a los posibles responsables.

El jefe de Estado, por medio de su cuenta de X, declaró que impartió instrucciones claras para que el Estado utilice todos sus recursos con el propósito de impedir que los grupos armados pretendan intimidar al periodismo colombiano. En sus palabras, afirmó: "Ningún grupo narcoterrorista silenciará a los medios", y expresó su respaldo y solidaridad con los periodistas y trabajadores que estarían en riesgo por estas amenazas. De esta forma, la posición del presidente evidencia la preocupación institucional por la libertad de expresión y la protección a quienes desempeñan una labor esencial en la sociedad colombiana.

La respuesta gubernamental surgió luego de que Caracol Televisión recibiera información directa de las autoridades cerca de las 8:00 de la noche del sábado, advirtiendo sobre posibles planes de grupos ilegales para atacar las instalaciones del canal en Bogotá. Frente a esta situación, Caracol Televisión decidió evacuar preventivamente a sus trabajadores y poner en marcha los protocolos internos de emergencia y seguridad, priorizando la integridad de su equipo.

El ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, también se pronunció al respecto, indicando que el Gobierno realizará los despliegues operativos necesarios para evitar cualquier eventual ataque, así como esclarecer los hechos y dar con los autores. El funcionario aseguró: "Desplegaremos las capacidades necesarias para prevenir cualquier atentado, esclarecer estos hechos, identificar y capturar a los responsables", lo que dejó ver el compromiso en la respuesta ante este tipo de amenazas.

En paralelo, la Policía Metropolitana de Bogotá notificó que no se había hallado evidencia de explosivos ni en las instalaciones ni en los alrededores de Caracol Televisión. Mientras tanto, la Alcaldía de Bogotá confirmó que la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), proporcionó información relevante a las autoridades y pidió convocar el Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3) para analizar los detalles del caso. Con todos estos procedimientos y verificaciones, la alerta por amenazas continúa latente, poniendo en primer plano la discusión sobre la seguridad de los medios y de quienes ejercen el periodismo en Colombia.

¿Qué medidas de seguridad tomó el Gobierno ante las amenazas contra medios en Colombia?

De acuerdo con la información revelada, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó fortalecer la protección de Caracol Televisión, RCN y Semana. Además, instruyó el despliegue de todas las capacidades estatales, mientras que el ministro de Defensa anunció operativos para prevenir atentados e identificar a los responsables. La Policía Metropolitana y el CTI también participaron activamente en las acciones de respuesta.

¿Qué es el Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3) y cuál fue su función en esta alerta?

El Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3) fue convocado por solicitud de la Alcaldía de Bogotá, tras la alerta recibida. Su función consiste en analizar y coordinar la información proporcionada, en este caso por la Fiscalía y el CTI, para evaluar el nivel de riesgo y definir las acciones correspondientes ante amenazas a medios de comunicación.

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(Vea también: “Les advierto: no nos van a intimidar”: De la Espriella avisa a criminales luego de atentado a cantón militar en Bolívar)

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que impartió instrucciones para que las capacidades del Estado se concentren en proteger las instalaciones de los dos canales de televisión, así como a sus periodistas, trabajadores y familiares. También ordenó reforzar la seguridad de Semana.

“Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del Eln contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias”, escribió el jefe de Estado.

El anuncio se conoce en medio de las preocupaciones por la seguridad de los medios de comunicación, después de que Caracol Televisión tuviera que evacuar sus instalaciones en Bogotá durante la noche del sábado por una amenaza de bomba.

¡NO VAMOS A PERMITIR QUE EL NARCOTERRORISMO INTIMIDE AL PERIODISMO COLOMBIANO!

Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias.

He ordenado reforzar también la protección de SEMANA.

¡La libertad de prensa es sagrada y se respeta! Ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia.

¡AQUÍ NO GOBIERNA EL TERRORISMO! ¡AQUÍ IMPERA LA LEY Y LA AUTORIDAD DEL ESTADO!

Toda mi solidaridad con los periodistas de Colombia. No están solos.

¡Bienvenidos a la Patria Milagro!

¡Firme por la Patria!

¡Que viva Cristo Rey!

(A.D.L.E) 🇨🇴 🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 8, 2026

De la Espriella anunció medidas de protección para RCN, Caracol y Semana

En su pronunciamiento, el presidente hizo énfasis en que su Gobierno no permitirá que las amenazas de organizaciones armadas afecten el ejercicio periodístico en Colombia.

El mandatario también se refirió a la protección de la libertad de prensa y aseguró que los grupos ilegales no conseguirán silenciar a los medios de comunicación mediante intimidaciones o actos violentos.

“La libertad de prensa es sagrada y se respeta. Ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia”, manifestó De la Espriella.

Aunque el presidente mencionó alertas de inteligencia sobre posibles acciones del Eln contra RCN y Caracol Televisión, no entregó detalles adicionales sobre el origen de la información, las características de las amenazas ni las medidas operativas específicas que se implementarán.

En cuanto a Semana, el jefe de Estado señaló que también impartió instrucciones para reforzar su protección, aunque no precisó si la publicación de la revista fue objeto de una amenaza particular.

Caracol Televisión fue evacuado por amenaza de bomba en Bogotá

El pronunciamiento presidencial se produjo después de que Caracol Televisión activara sus protocolos de seguridad y evacuara sus instalaciones en Bogotá durante la noche del sábado 7 de noviembre.

La decisión se tomó luego de que el canal recibiera información de las autoridades sobre una posible amenaza contra sus instalaciones. La situación generó preocupación entre los trabajadores y motivó la intervención de los organismos de seguridad.

Caracol Radio también informó que recibió una alerta de las autoridades sobre un posible atentado contra sus instalaciones y otros medios de comunicación, por lo que activó los protocolos correspondientes para proteger a su personal.

El mensaje de De la Espriella contra las amenazas a la prensa

El mandatario cerró su publicación con un mensaje de respaldo a los periodistas colombianos y una advertencia a las organizaciones armadas que pretendan intimidar a los medios.

“¡Aquí no gobierna el terrorismo! ¡Aquí impera la ley y la autoridad del Estado!”, escribió el presidente, quien reiteró su solidaridad con los trabajadores de la prensa.

“¡Toda mi solidaridad con los periodistas de Colombia. No están solos!”, agregó.

La publicación también incluyó la frase “¡Bienvenidos a la Patria Milagro!”, con la que el jefe de Estado cerró su pronunciamiento de este domingo.

Por ahora, las alertas mencionadas por el presidente constituyen información de inteligencia sobre posibles atentados y no una confirmación de que se hayan ejecutado ataques contra las instalaciones de RCN o Caracol Televisión.

Según información dada a conocer por la Alcaldía de Suárez, tras el estallido, se emitió una alerta dirigida principalmente a quienes transitan por la vía, es decir, conductores, motociclistas y peatones. De acuerdo con el comunicado oficial –divulgado por órdenes del alcalde César Lizardo Cerón– la explosión habría causado daños estructurales en la carretera. Pese al impacto del artefacto explosivo, la administración municipal informó que no se presentaron personas lesionadas ni afectaciones de gravedad a la infraestructura cercana.

En medio de la incertidumbre, una de las mayores dudas gira en torno a la causa exacta de la detonación. De acuerdo con versiones difundidas por medios locales, no confirmadas oficialmente, existe la posibilidad de que la explosión se haya producido por la caída de un rayo en el área donde se encontraba el artefacto explosivo. Sin embargo, las autoridades no han ratificado esta hipótesis y la investigación sobre el origen continúa abierta, reforzando el ambiente de alerta entre la población.

Ante la gravedad de la situación, la Alcaldía de Suárez recomendó evitar acercamientos al sector afectado y, sobre todo, solicitó a la ciudadanía que no intente manipular paquetes, vehículos u objetos sospechosos en la vía pública, buscando preservar la seguridad de los habitantes. Además, en el comunicado emitido por la administración municipal se hizo énfasis en el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH), instando a la protección de la población civil y a garantizar la integridad de las comunidades de la zona, una petición que resalta la importancia de mantener la calma y actuar con responsabilidad en estos momentos críticos.

Por ahora, la prioridad es mantener el resguardo, reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades competentes y esperar los resultados oficiales de las investigaciones pertinentes. Aunque sigue sin haber claridad sobre la causa de la explosión en el corredor vial de Playa Rica, la atención se mantiene puesta sobre este punto estratégico del Cauca, en espera de respuestas y medidas adicionales de protección.

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¿Qué medidas de seguridad recomendó la Alcaldía de Suárez tras la explosión?

Después de la explosión, la Alcaldía de Suárez pidió a la comunidad evitar acercarse a la zona donde ocurrió la detonación, no manipular paquetes, vehículos u objetos sospechosos en el área pública y reportar de inmediato cualquier situación inusual a las autoridades. Estas recomendaciones buscan proteger la vida y la integridad de la población mientras se esclarecen las causas del incidente.

¿Cuál es el significado del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en este tipo de situaciones?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que busca proteger a las personas que no participan directamente en hostilidades y limitar los efectos de los conflictos armados. En situaciones como la vivida en Suárez, Cauca, el respeto por el DIH implica salvaguardar la población civil y evitar acciones que pongan en riesgo la vida o la seguridad de las comunidades.

(Vea también: “Que convirtiera al Estado en un burdel”: mininterior arremetió contra Petro por caso Deicy Jiménez)

En el texto, titulado “Se los dije”, Duzán aseguró que dos de las fuentes que consultó durante una investigación periodística le contaron que Petro estuvo cerca de morir por una sobredosis.

La afirmación hace parte de una serie de señalamientos que la columnista recordó sobre los presuntos problemas de adicción del exmandatario, asunto que, según explicó, investigó durante cerca de un año antes de publicar una primera columna sobre el tema en noviembre de 2023.

La investigación que Duzán publicó en 2023

La columnista recordó que el 5 de noviembre de 2023 publicó en Cambio una carta dirigida al entonces presidente, en la que expuso las versiones que había recibido sobre una posible adicción y las relacionó con las ausencias de Petro de algunos actos oficiales.

Según Duzán, durante esa investigación habló con personas que tenían acceso al círculo del mandatario. Aseguró que varias conocían la situación que ella investigaba, pero se negaban a entregar testimonios que pudieran ser publicados porque temían afectar el proyecto político del Gobierno.

En aquella columna, la periodista le pidió a Petro que aclarara si tenía algún problema de adicción. También planteó que, de ser ciertas las versiones, la situación podía tener consecuencias sobre el ejercicio de la Presidencia.

La publicación causó una respuesta del entonces jefe de Estado. “La única adicción que tengo es al café por las mañanas”, escribió Petro en su cuenta de X el 5 de noviembre de 2023.

Duzán volvió sobre sus denuncias en medio del escándalo que rodea a Petro

En su nueva columna, la periodista sostuvo que los acontecimientos recientes le dieron vigencia a las advertencias que había publicado tres años atrás. Para ello, relacionó sus señalamientos anteriores con las denuncias de Deicy Jiménez sobre una presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales.

Ese caso también involucra cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y la cercanía de Jiménez con Petro. El expresidente ha negado que hubiera intercambiado contratos por favores sexuales, mientras las autoridades adelantan actuaciones para establecer qué ocurrió.

Duzán planteó que la vida privada del exmandatario solo adquiere una dimensión de interés público cuando, según su versión, habría tenido consecuencias sobre el funcionamiento del Gobierno o involucrado recursos y cargos del Estado.

El material compartido por Petro, según lo publicado por él mismo, mostraba una interacción entre Char y Elder Dayán en el escenario durante los festejos por los 213 años de Barranquilla, que se celebraron en abril de 2026. La secuencia capta el momento en el que el mandatario se acerca efusivamente al cantante, saludándolo con varios besos en la mejilla. Esta escena, lejos de pasar desapercibida, generó múltiples interpretaciones en las redes sociales; algunos usuarios creyeron ver un intento de beso en la boca, mientras otros catalogaron el hecho como una simple muestra de afecto en un contexto de fiesta local.

Lo que potenció aún más la repercusión fue la frase con la que Petro acompañó el video: “Pueden besarse todo lo que quieran, siempre que no se vulneren derechos de los demás. Eso se llama Libertad. No es crimen besarse”. El expresidente no solo se refirió al derecho de expresar afecto, sino que aprovechó para canalizar el debate social hacia un terreno político, invitando a la ciudadanía a salir a las calles el 19 de noviembre, en una jornada de protesta contra los impuestos a la comida y en defensa del salario. La invitación de Petro incluyó el mensaje: “Invito a besarse en las calles, pero movilizándose en contra de los impuestos a la comida este 19 de noviembre. Por la comida, el salario y la Vida”.

De acuerdo con la información citada de redes sociales y recogida en diversos medios, este episodio reunió en una misma discusión a figuras tan representativas como Gustavo Petro, Alejandro Char y Elder Dayán. Así, un tema inicialmente ligado a una celebración local derivó en una reflexión pública sobre libertad, derechos y participación política, demostrando el impacto que pueden tener las publicaciones de figuras públicas en el debate nacional.

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¿Por qué Gustavo Petro utilizó el video de Alejandro Char y Elder Dayán para hablar de libertad?

De acuerdo con la publicación, Gustavo Petro usó el video como pretexto para reflexionar sobre las libertades individuales y las expresiones afectivas, señalando que los besos no son un crimen siempre y cuando no se vulneren los derechos de los demás. Así, su mensaje buscó conectar la polémica por el video con un llamado a la defensa de la libertad y la movilización política.

¿Cuál fue el llamado político que hizo Gustavo Petro respecto al 19 de noviembre?

Gustavo Petro acompañó su publicación con una convocatoria abierta a la ciudadanía para movilizarse el 19 de noviembre. Según el mensaje, el objetivo era protestar contra los impuestos a los alimentos y defender el salario, invitando a expresar el afecto en las calles como símbolo de libertad y resistencia ante las medidas económicas mencionadas.

En los datos expuestos por Quinn se menciona que, junto con la hoja de vida de Jiménez, otras siete personas allegadas al círculo conocido como ‘mariposas’ habrían enviado sus perfiles profesionales al hospital. No obstante, la información disponible hasta ahora no aclara si estos otros perfiles avanzaron en algún proceso de selección ni si fueron gestionados por algún funcionario en particular, lo que incrementa las dudas sobre las intenciones y el origen de estos envíos. Según lo reseñado por la periodista, la principal incógnita radica en identificar quién remitió los perfiles y si detrás de ellos existió algún interés por ubicar a estas personas en cargos dentro del hospital.

La situación ha resultado especialmente sensible por tratarse de personas vinculadas al entorno presidencial y porque pone en evidencia la necesidad de transparencia en la relación entre instituciones y figuras de poder. Aunque el simple trámite de recibir hojas de vida no implica una contratación automática ni necesariamente irregularidades, sí despierta inquietudes legítimas acerca de eventuales presiones, recomendados o favoritismos al interior de entidades estatales. La certificación oficial del hospital, mencionada en las publicaciones de Quinn, aporta un elemento clave al debate, pues si bien descarta la vinculación laboral de Jiménez, deja abiertas las preguntas sobre las otras hojas de vida y sobre posibles procesos de selección no explicitados.

En este contexto, la información hasta ahora confirmada por el Hospital San Juan de Dios y divulgada por Quinn no permite establecer con certeza la existencia de irregularidades, pero sigue alimentando el debate público sobre los límites entre lo institucional y lo político, especialmente en torno al presidente Gustavo Petro y su círculo cercano.

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¿Qué significan las ‘mariposas’ de Gustavo Petro mencionadas en el caso del Hospital San Juan de Dios?

En el contexto presentado por la periodista Darcy Quinn, las ‘mariposas’ de Gustavo Petro son un grupo de personas vinculadas al entorno cercano del mandatario, cuyas hojas de vida fueron enviadas al Hospital San Juan de Dios en busca de posibles cargos. La información divulgada no profundiza en la naturaleza del grupo ni en sus funciones específicas, pero el término ha sido usado para referirse a mujeres con presunta cercanía personal o profesional con el presidente.

¿Hubo alguna contratación en el Hospital San Juan de Dios de las ‘mariposas’ de Petro según la certificación divulgada?

Según la certificación del Hospital San Juan de Dios, presentada por la periodista Darcy Quinn, ninguna de las hojas de vida recibidas en el marco de este caso, incluyendo la de Deicy Jiménez, se tradujo en una contratación concreta dentro de la institución. El hospital aclaró explícitamente que, aunque recibió los perfiles este año, no se concretó la vinculación laboral de Jiménez, aunque no hay información sobre procesos con los otros nombres mencionados.

Para apoyar su argumento, Gaona utilizó cifras que sugieren un aumento en la cantidad de hombres en grupos armados ilegales, aumentando de 20.420 a 29.004 entre 2016 y 2026. Sin embargo, según señala el análisis, esas cifras no son equiparables sin el debido contexto, ya que omiten la existencia de otros grupos armados ajenos al proceso de paz, y no consideran factores como la aparición de disidencias y el crecimiento de organizaciones como el clan del Golfo, según datos del ministerio de Justicia. La Fundación Paz y Reconciliación (PARES) también resaltó que la falta de implementación del acuerdo en zonas previamente controladas por las FARC favoreció el surgimiento y fortalecimiento de nuevos grupos ilegales, revelando el impacto que tuvo la ausencia estatal.

Otra omisión crítica en el discurso oficial fue no aludir a los compromisos incumplidos por parte del Estado, especialmente en lo referente a la presencia institucional, la prestación de servicios y la respuesta oportuna a las necesidades regionales. Según la exposición realizada por la Comisión Colombiana de Juristas, representada en escenarios internacionales, el campesinado como sujeto de derechos requiere garantías internacionales, ya que cualquier medida que invisibilice este sector pone en riesgo lo pactado en materia de Reforma Rural Integral.

En el marco de los diálogos y reuniones internacionales, se advirtió sobre las acciones recurrentes del gobierno actual para debilitar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tanto en lo presupuestal como funcional. A pesar de los desafíos, los presentadores destacaron avances respaldados por fuentes como el DANE y el Instituto KROC, con logros en reincorporación de excombatientes, reducción de la pobreza en zonas PDET y avances en procesos legales de tierras. Sin embargo, se alertó sobre el impacto de intervenciones como el desmantelamiento de las emisoras de paz impulsadas por el gobierno.

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¿Por qué la falta de implementación del Acuerdo de Paz ha favorecido el aumento de violencia en Colombia?

La falta de implementación integral del Acuerdo de Paz, especialmente en temas como presencia estatal, servicios públicos y apoyo al desarrollo regional, ha permitido el avance de estructuras armadas ilegales en territorios antiguos de las FARC. Según PARES, esto hizo posible la aparición de nuevas organizaciones, fragmentación criminal y conflicto adicional, pues no solucionar las causas estructurales del conflicto abre espacio para que los actores violentos ocupen esos vacíos.

¿Cuál es el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz en el cumplimiento del acuerdo firmado por Colombia?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es la instancia judicial clave del sistema de justicia transicional contemplado en el Acuerdo de Paz. Ha procesado a miles de comparecientes y acreditado a decenas de miles de víctimas, según la Comisión Colombiana de Juristas. Los intentos del Gobierno de debilitar su funcionamiento y reducir su presupuesto atentan contra las respuestas de justicia que, por décadas, han sido reclamadas por las víctimas del conflicto armado.

Entre los elementos que hicieron saltar las alarmas estuvo el sobrevuelo de un dron sin autorización en los alrededores de la sede de Caracol Televisión. La empresa, mediante un comunicado, confirmó que había sido alertada por las autoridades sobre el posible atentado: “Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones”, afirmó la compañía. Esto llevó a la activación de protocolos de seguridad, priorizando la integridad de todas las personas presentes.

La Policía Metropolitana de Bogotá anunció que, en respuesta a la alerta, adelantaba las verificaciones necesarias para establecer la veracidad de la amenaza. Hasta ese momento, la institución aseguró que no se había hallado ningún artefacto explosivo en el edificio ni en las zonas cercanas: “Al momento no hay evidencia de explosivos en inmediaciones, o al interior de Caracol TV”, detalló la policía. Así mismo, aclararon que el helicóptero que algunas personas vieron sobrevolando la zona ejecutaba labores habituales de patrullaje, no relacionadas con la emergencia.

La alarma también llegó a Caracol Radio, medio que reportó la recepción de una amenaza similar dirigida a sus instalaciones y a otros medios de comunicación del país. Como respuesta, activaron sus propios protocolos de seguridad y exigieron garantías para el ejercicio periodístico. Los hechos evidencian, de acuerdo con lo reportado por los medios, recientes preocupaciones sobre la seguridad de periodistas y trabajadores de la prensa en Colombia, en un entorno donde informar puede implicar riesgos significativos.

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¿Por qué evacuaron las instalaciones de Caracol Televisión en Bogotá?

La evacuación de las instalaciones de Caracol Televisión en Bogotá se debió a una alerta emitida por las autoridades sobre la posible intención de grupos ilegales de atentar contra el canal, acompañada por el vuelo de un dron no autorizado cerca de la sede. Según el comunicado del canal y reportes de la Policía Metropolitana de Bogotá, la medida fue preventiva y buscaba garantizar la seguridad de periodistas, presentadores y trabajadores mientras se verificaba la situación.

¿Qué significa que un dron sobrevoló de manera no autorizada Caracol Televisión?

El informe sobre el sobrevuelo de un dron sin autorización indica que este dispositivo fue detectado en los alrededores del canal durante la noche de la emergencia. El uso de drones de manera no autorizada puede considerarse una amenaza de seguridad, ya que estos aparatos pueden emplearse para actividades de vigilancia, reconocimiento o incluso como vehículos para acciones ilegales, lo que llevó a que se activaran los protocolos de prevención y evacuación en la sede de Caracol Televisión.