De acuerdo con los resultados expuestos por el LEE, el tipo de acoso más común entre los adolescentes colombianos es la propagación de rumores. El 13,4 % de los participantes aseguró que otras personas difundieron rumores desagradables sobre ellos. Por otra parte, el ciberacoso —la intimidación o agresión a través de medios digitales— afecta al 3,6 % de los estudiantes. Sin embargo, es más común que quienes sufren ciberacoso también experimenten acoso presencial: el 3,2 % enfrenta ambas formas y solo el 0,3 % padece únicamente ataques virtuales. Las formas tradicionales, como burlas, amenazas y golpes, están por debajo del promedio observado por la OCDE. En total, el 9,7 % de los jóvenes viven alguna variante de acoso escolar semanalmente.

El informe del LEE también subraya la brecha entre la normativa y la realidad en las aulas, a pesar de que la Ley 1620 de 2013, que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, lleva más de diez años en vigencia. El análisis se basó en datos de 755.721 estudiantes de 90 sistemas educativos, con una muestra colombiana de 7.268 alumnos, representativos de 597.452 jóvenes en el sistema educativo nacional.

Los expertos del LEE definieron como víctimas frecuentes de acoso a quienes reportaron vivir estas situaciones mensualmente o más durante el último año, ya sea a través de comentarios desagradables, difusión de información sin consentimiento o agresiones directas. Colombia figura en el puesto 43 de 90 sistemas educativos, alineándose con el promedio global del 21 %. Frente a los países integrantes de la OCDE, ocupa el lugar 15 de 38, mientras que, comparada con América Latina, la tasa colombiana es menor al promedio regional, aunque los investigadores alertan que esto podría reflejar más bien un deterioro en otros países.

El entorno familiar y el ambiente en el aula fueron identificados como factores clave: el 24,4 % de quienes reciben poco apoyo familiar sufre acoso frecuente, frente al 16,8 % entre quienes cuentan con mayor respaldo. Además, el rezago escolar y la mala disciplina incrementan el riesgo. Como advirtió Omar Garzón, investigador del LEE, la prevención del acoso es fundamental para asegurar el derecho a la educación, más allá de la disciplina escolar. Entre las recomendaciones finales, el informe plantea la importancia de involucrar a las familias, aplicar encuestas periódicas y capacitar a los docentes para identificar y abordar estos casos de manera oportuna.

¿Cuáles son los principales tipos de acoso escolar en Colombia según el informe del LEE?

Según el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), el acoso basado en rumores es el tipo más frecuente en Colombia, seguido por el ciberacoso y las agresiones presenciales. La difusión de rumores desagradables afecta al 13,4 % de los estudiantes, mientras que el ciberacoso impacta al 3,6 %, la mayoría de veces acompañado del acoso presencial. Las formas tradicionales como burlas y golpes son menos comunes que en el promedio de la OCDE.

¿Cómo influye el entorno familiar y escolar en el riesgo de acoso escolar en Colombia?

El informe del LEE señala que estudiantes con poco apoyo familiar experimentan acoso con más frecuencia que aquellos con respaldo en casa. Además, quienes están rezagados académicamente o estudian en aulas con problemas de disciplina tienen mayor probabilidad de convertirse en víctimas. Estos hallazgos resaltan la importancia de fortalecer tanto el apoyo familiar como la convivencia en la escuela para prevenir y reducir el acoso.

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El comandante de la Policía del Valle del Cauca, coronel Amaury Aguilera, confirmó el triple homicidio y explicó que el ataque ocurrió en un sector semirrural de la población.

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“En la mañana de este 6 de noviembre se registra un hecho en la zona semirrural del municipio de Toro, dentro de una vivienda donde tres mujeres pierden la vida luego de un ataque con arma de fuego”, señaló el oficial.

¿Quiénes eran las tres mujeres asesinadas en Toro?

Las víctimas fueron identificadas como María del Carmen Gutiérrez Toro y sus hijas Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez y Sulisney Muñoz Gutiérrez.

Tras el crimen, unidades de la Policía Nacional, el Ejército y las autoridades municipales coordinaron acciones para avanzar en la investigación y establecer quiénes estarían detrás del ataque.

El coronel Aguilera indicó que se dispuso de personal especializado para adelantar labores de inteligencia y policía judicial, así como recolectar elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

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Ante la gravedad del triple homicidio, el alcalde de Toro, John Freddy Valencia, anunció una recompensa de hasta $10 millones para quienes entreguen información que contribuya a identificar y capturar a los responsables.

“Vamos a ofrecer hasta $10 millones de pesos por la información que nos den para la captura de estos individuos”, manifestó el mandatario local.

Por ahora, las autoridades no han establecido los móviles del ataque ni han informado sobre posibles sospechosos o capturas relacionadas con el caso.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que fueron asesinadas las tres mujeres y determinar quiénes participaron en el crimen.

Uno de los aspectos más singulares del sendero de Monserrate es la costumbre conocida como los ‘siete domingos al Señor de Monserrate’, donde los creyentes realizan varios ascensos pidiendo por salud, empleo y bienestar familiar. Además, quienes visitan este sendero tienen el privilegio de contemplar una vista panorámica de la ciudad, lo que se ha convertido en parte fundamental de la experiencia, combinando fe y deporte en un mismo recorrido.

El IDRD ha compartido una serie de recomendaciones para quienes deseen participar en la subida. Entre las más destacadas se encuentran no consumir comida durante el ascenso, usar ropa y calzado cómodo, emplear bloqueador solar y mantenerse hidratado respetando la distancia. También es importante atender a las recomendaciones de las autoridades, ascender por el lado derecho y evitar salirse por senderos no autorizados en caso de aglomeraciones. Este ascenso posee exigencia física considerable, por lo que se sugiere solo a personas mayores de 14 años, excluyendo a mujeres embarazadas y a quienes tengan afecciones cardíacas o respiratorias.

Una limitación relevante es la ausencia de baños públicos en el sendero, debido a la falta de infraestructura para acueducto y alcantarillado. El horario habitual de acceso es de 5:00 a. m. a 1:00 p. m., excepto los martes, día reservado para mantenimiento. Para detalles adicionales como horarios religiosos, teleférico o funicular, el portal oficial de Monserrate ofrece más información.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones del IDRD para subir el cerro de Monserrate en Bogotá?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) recomienda usar ropa cómoda, calzado adecuado, protector solar e hidratarse durante el recorrido. También sugiere no consumir alimentos mientras sube, permanecer a la derecha del sendero y seguir las instrucciones de las autoridades. El ascenso está dirigido principalmente a personas mayores de 14 años sin complicaciones cardíacas, respiratorias, ni mujeres embarazadas.

¿Qué experiencia ofrece el ascenso por el sendero de Monserrate y qué limitaciones presenta?

El sendero de Monserrate permite a visitantes disfrutar una mezcla de actividad física, tradición religiosa y panorámicas de Bogotá. No obstante, supone una exigencia física importante y carece de servicios básicos como baños públicos. El acceso se habilita de 5:00 a. m. a 1:00 p. m., menos los martes cuando hay mantenimiento.

(Vea también: Ordóñez salió a cobrar cuando destituyó a Petro: “Si me hubieran hecho caso, no estaríamos en la hecatombe”)

En entrevista con Semana, el funcionario fue consultado sobre el escándalo relacionado con la presunta existencia de una red de mujeres que, según el relato de Jiménez, habría prestado servicios sexuales a Petro a cambio de contratos con el Estado.

“Es el envilecimiento del poder, el envilecimiento de la autoridad. Lo último que nos faltaba, que convirtiera al Estado en un burdel”, respondió Ordóñez.

El ministro agregó que, a su juicio, el expresidente estaba haciendo “una pedagogía del mal ejemplo” y sostuvo que Colombia necesita una “restauración moral”.

“La hecatombe económica, social, política y moral ha llegado a tal punto que es menester una restauración moral”, manifestó durante la conversación con el medio.

Este es el momento de la declaraciónde Ordóñez:

El ministro vinculó el caso con la restauración moral que plantea De la Espriella

Ordóñez aprovechó su respuesta para respaldar el discurso del presidente Abelardo de la Espriella sobre la necesidad de recuperar principios y valores en el país.

“El presidente Abelardo de la Espriella lo ha dicho sin vergüenza, el presidente no tiene vergüenza de decir lo que piensa, de decir lo que hace, es un sinvergüenza en el buen sentido de la palabra”, afirmó.

Y agregó que, a su juicio, el país respaldó esa propuesta al elegir al actual mandatario: “Estamos ante una necesaria e inevitable restauración moral de la patria”.

Las declaraciones se conocen en medio de la controversia política y judicial que provocaron los señalamientos de Jiménez, quien aseguró que habría existido una relación entre favores sexuales y la asignación de contratos públicos durante el Gobierno anterior.

Estas percepciones no son hechos aislados. De acuerdo con el estudio Jóvenes en Sociedad 2026, elaborado por Cifras & Conceptos, la London School of Economics y fundaciones colombianas, las principales preocupaciones de los jóvenes incluyen el acceso a servicios de salud (51 %), la inseguridad (49 %), el desempleo (44 %) y las dificultades para ingresar a la educación superior (21 %). El informe, basado en encuestas a 3.221 personas de entre 18 y 32 años en 46 municipios, también expone desconfianza hacia la democracia colombiana: solo el 32 % expresa satisfacción con su funcionamiento.

El descontento tiene eco en el Congreso. Jennifer Pedraza, senadora del partido Dignidad y Compromiso y referente del movimiento estudiantil, resalta que los jóvenes encuentran en la precariedad del empleo, la migración y los posibles efectos de la inteligencia artificial sobre labores como las de los call centers —donde la mayoría son jóvenes, según la Asociación Colombiana de Tercerización de Procesos— razones para movilizarse. Pedraza insiste en que la falta de trabajo decente lleva incluso a la fuga de talento profesional. Por otro lado, para Carol Borda, representante a la Cámara por Bogotá del partido Salvación Nacional, las protestas en Europa deben ser un llamado de atención para evitar situaciones similares en Colombia.

En ese contexto, la discusión nacional se intensifica por propuestas legislativas que buscan regular la protesta social, como el proyecto “anticapuchos”, y por una nueva reforma fiscal que podría impactar a la clase media, evocando tensiones vividas durante el estallido social de 2021, según señala la información recogida.

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¿Cuáles son las principales preocupaciones de los jóvenes en Colombia según el estudio Jóvenes en Sociedad 2026?

Según el estudio Jóvenes en Sociedad 2026, las preocupaciones más destacadas entre los jóvenes colombianos son el acceso a los servicios de salud, la inseguridad, la falta de empleo y la dificultad para acceder a la educación superior. Los datos provienen de una investigación de Cifras & Conceptos, la London School of Economics y diversas fundaciones, basada en encuestas a jóvenes de 18 a 32 años en 46 municipios del país.

¿Qué opinan los congresistas colombianos sobre las protestas juveniles en Europa y su posible impacto en Colombia?

Diferentes congresistas colombianos tienen opiniones contrastantes sobre las protestas europeas. Jennifer Pedraza ve en estas movilizaciones una fuente de inspiración y advierte sobre problemáticas como el desempleo juvenil y la migración. Por el contrario, Carol Borda percibe estos movimientos como advertencia y enfatiza la necesidad de regular la protesta en Colombia para evitar episodios similares de alteración del orden público.

El mandatario subrayó su compromiso con la protección de Ríos y su familia, así como el respaldo a las medidas estatales para garantizar la seguridad del funcionario. En este contexto, además, manifestó su solidaridad y se sumó a las acciones del Ejecutivo para fortalecer la seguridad del director del Dapre. Según el propio presidente, las denuncias de Carlos Ríos sobre presuntos actos de corrupción, irregularidades y conductas inadmisibles desarrolladas al interior del Dapre en la administración pasada necesitan ser esclarecidas a fondo y sin contemplaciones. Entre los hechos revelados por Ríos está la denuncia acerca del supuesto uso indebido de 48 mujeres contratadas mediante órdenes de prestación de servicios, una situación que ha puesto bajo la lupa la transparencia de los procesos en esta entidad.

A raíz de estas acusaciones, la Fiscalía General inició una investigación preliminar y prevé citar a declarar a Laura Sarabia y Angie Rodríguez, exdirectoras del Dapre, junto a Ríos, tal como lo afirmó Miller Soto, vocero de la Presidencia. Asimismo, la Fiscalía tiene previsto llevar a cabo inspecciones detalladas a la entidad para revisar minuciosamente sus procesos de contratación, buscando esclarecer si existieron irregularidades de fondo. Mientras tanto, la situación de seguridad de Ríos se vio agravada por recientes incidentes: de acuerdo con Soto, autoridades encontraron a tres personas dentro de la residencia del funcionario, todas con antecedentes penales por homicidio y hurtos agravados. Además, otra persona sospechosa fue vista cerca de la escuela de los hijos de Ríos, lo que elevó aún más las alarmas sobre su riesgo.

Ante estos hechos, el presidente de la República dejó claro que no aceptará amenazas, intimidaciones ni silenciamientos frente a quienes denuncian la corrupción y sostuvo que el Estado respaldará a sus funcionarios en la denuncia de cualquier acto irregular. La investigación avanza bajo la supervisión de la Fiscalía, mientras la seguridad de Ríos y su familia sigue siendo un tema prioritario para el Gobierno Nacional.

¿Cuáles son las denuncias presentadas por Carlos Ríos ante el Senado sobre el Dapre?

De acuerdo con la intervención de Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, ante la Comisión Segunda del Senado, las denuncias están relacionadas principalmente con supuestas irregularidades contractuales que habrían tenido lugar durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Según lo citado por El Espectador, una de las denuncias más relevantes apunta a que 48 mujeres habrían sido vinculadas a través de órdenes de prestación de servicios con fines presuntamente irregulares, lo que llevó a que se iniciara una investigación preliminar de la Fiscalía.

¿Por qué la seguridad de Carlos Ríos y su familia está en riesgo tras sus denuncias?

Según el vocero presidencial Miller Soto, la seguridad de Carlos Ríos y su familia se volvió motivo de preocupación luego de que fueran detectadas personas con antecedentes por homicidio y hurtos dentro de la casa del director del Dapre, así como la presencia de un sospechoso en los alrededores del colegio de sus hijos. Estos hechos se presentaron después de que Ríos hiciera públicas sus denuncias sobre corrupción, lo cual generó la respuesta del presidente Abelardo de la Espriella, quien enfatizó en el compromiso estatal frente a la protección de los funcionarios públicos que denuncian irregularidades.

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En entrevista con Semana, la defensora se refirió a la existencia de otras posibles víctimas y explicó por qué no es conveniente revelar información sobre personas que eventualmente podrían estar involucradas en situaciones similares.

“Hay un derecho a la intimidad que tiene que ser respetado, hay un tema de reserva sobre las personas, que de pronto podrían estar vinculadas en situaciones similares a las que vivió Deicy”, señaló Malo.

Acá, la intervención de la abogada (18:49):

La abogada no confirmó cuántas mujeres podrían estar en esa situación ni entregó identidades. En cambio, hizo un llamado para que quienes consideren que vivieron hechos similares acudan a las autoridades y permitan que sus casos sean conocidos por las instancias correspondientes.

La declaración cobra relevancia porque la propia Deicy Jiménez había asegurado, en una entrevista con Vicky Dávila, que otras mujeres también habrían recibido contratos durante el Gobierno de Petro en circunstancias que relacionó con encuentros sexuales.

Abogada de Deicy Jiménez habló de las pruebas que entregan a la Corte Suprema

Dina Luz Malo también se refirió a las actuaciones que adelanta la defensa para respaldar las declaraciones de su representada.

Según explicó, Deicy Jiménez y su equipo jurídico participaron durante más de 15 horas en una diligencia en el búnker de la Fiscalía, relacionada con la extracción técnica y forense de la información de su teléfono celular, por orden de la Corte Suprema de Justicia.

El procedimiento buscaba garantizar la trazabilidad de la evidencia digital y poner a disposición de los investigadores información que podría resultar relevante para el proceso.

“Todos los señalamientos que ha realizado mi representada se hacen a través de soportes que van a ser puestos en manos de las autoridades que así lo requieran”, manifestó la abogada en la revista.

Malo insistió en que la intención de la defensa es que las declaraciones de Jiménez sean contrastadas con elementos probatorios y no se interpreten como simples afirmaciones sin sustento.

La información señala que Oleg y Vito serían requeridos por la Justicia de Estados Unidos debido a su presunta vinculación con delitos relacionados con el narcotráfico internacional. Además, las autoridades indicaron que ambos cumplían funciones de coordinación dentro de la organización criminal. Esta investigación de carácter internacional permitió también adelantar acciones judiciales contra otros presuntos integrantes de la estructura en diversos países y ciudades, como Estados Unidos, Perú, Bogotá y Milán (Italia). En esta última ciudad fue identificado el supuesto enlace internacional que facilitaba la articulación de la red criminal, según detallaron las autoridades citadas en el reporte de EFE.

Las investigaciones revelan que la organización habría establecido conexiones en varios países para coordinar el tráfico de cocaína, utilizando embarcaciones tipo velero como método principal para movilizar los cargamentos desde Suramérica. Cartagena y Barranquilla, de acuerdo con los datos recogidos, habrían sido puntos clave tanto en el apoyo logístico como en la coordinación de las actividades del grupo en la región del Caribe colombiano.

Respecto a la captura, en el caso puntual de Cartagena, uno de los ciudadanos rusos fue ubicado durante un operativo de verificación e inspección marítima, procedimiento que contó con la participación de unidades de Guardacostas y personal del CTI, de acuerdo con la información proporcionada por la Armada. Actualmente, ambos detenidos se encuentran a disposición de las autoridades competentes, quienes deberán adelantar los trámites judiciales respectivos para la posible extradición a Estados Unidos.

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¿Cuál es el rol de la Armada y el CTI en la captura de ciudadanos rusos implicados en narcotráfico?

La Armada de Colombia y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía desempeñaron tareas coordinadas para lograr la captura de los ciudadanos rusos señalados de traficar droga. La Armada participó en labores de inspección y verificación marítima —especialmente a través de sus unidades de Guardacostas— y el CTI aportó en la investigación judicial y en los procedimientos de detención, según informaron fuentes oficiales.

¿Cómo operaba la organización criminal vinculada al envío de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa?

De acuerdo con las investigaciones, la organización armaba rutas para enviar cargamentos de cocaína desde países suramericanos utilizando veleros, favoreciendo el tráfico hacia Estados Unidos y Europa. Cartagena y Barranquilla funcionaban como puntos logísticos y de coordinación en el Caribe colombiano, permitiendo así la articulación de actividades delictivas a nivel internacional.

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Después de viajar desde el Atlántico hasta la capital, la mujer pudo reencontrarse con la profesora, cuyo paradero era desconocido desde que salió de su vivienda en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla.

En declaraciones a La FM, Leida entregó algunos detalles sobre las condiciones en las que encontró a su hija y manifestó su tranquilidad por haber podido verla nuevamente.

“Estoy bien y contenta de haberla encontrado con vida. Está un poco delgada, pero Dios tiene el control”, expresó la madre, de acuerdo con el medio radial.

La familiar también había confirmado a Impacto News que Arleth fue localizada mientras deambulaba por las calles de Bogotá y que posteriormente recibió atención en un hospital de la capital.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Arleth Carolina?

Aunque su aparición representa un alivio para sus familiares, todavía hay información que permanece bajo reserva.

Por ahora, no se conocen detalles médicos sobre el estado de salud de la docente ni las circunstancias específicas en las que fue encontrada. Su madre ha optado por mantener la privacidad de estos aspectos mientras la acompaña en este proceso.

Tampoco se ha establecido públicamente qué ocurrió durante los más de dos años en los que Arleth permaneció fuera del contacto de sus familiares, ni cómo llegó desde Barranquilla hasta Bogotá.

La prioridad de Leida Castillo está ahora en acompañar a su hija después del reencuentro.

La búsqueda de la docente que terminó después de más de dos años

Arleth Carolina Álvarez Castillo desapareció el 22 de octubre de 2024, después de salir de su vivienda en el conjunto residencial Golondrina, ubicado en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla.

La docente, magíster en Educación, trabajaba en la Institución Educativa Cobateco, en el municipio de Sabanagrande, Atlántico. Durante el tiempo que permaneció desaparecida, sus familiares adelantaron campañas en redes sociales, recorridos por diferentes municipios y gestiones para intentar establecer su paradero.

Una de las jornadas más recordadas ocurrió en febrero de 2026, durante la Batalla de Flores del Recuerdo Sonia Osorio, en el Carnaval de Barranquilla. Allí, Leida recorrió el evento con un cartel que tenía la fotografía de su hija y pidió ayuda para encontrarla.

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De la Espriella destacó el resultado de la operación contra las redes de reclutamiento de menores en el país. De acuerdo con la información divulgada, los ocho capturados estarían vinculados con el Frente Franco Benavides y fueron detenidos por los delitos de reclutamiento ilícito y porte ilegal de armas de fuego.

Uno de los principales resultados del procedimiento fue impedir que los cuatro menores de edad fueran trasladados desde Soacha hasta el departamento del Guaviare, donde presuntamente serían entregados a integrantes de esta estructura armada ilegal.

Según el reporte, el operativo se desarrolló mediante un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que permitió la captura de las ocho personas señaladas.

De los ocho detenidos, cinco ya fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural, lo que significa que deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial, de acuerdo con la decisión adoptada por las autoridades judiciales.

Tras conocerse el resultado de la operación en Soacha, De la Espriella reconoció el trabajo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y aseguró que las acciones contra las estructuras dedicadas al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes continuarán.

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“¡EN COLOMBIA, CON NUESTROS NIÑOS NO SE METEN!”, expresó al presentar el balance del procedimiento. Asimismo, señaló que con esta intervención se logró afectar las redes utilizadas por las disidencias para incorporar menores de edad a sus filas.

“No vamos a permitir que sigan robándoles la infancia y el futuro a nuestros niños”, manifestó. Finalmente, reiteró que se mantendrán las acciones para perseguir a quienes estarían involucrados en el reclutamiento ilícito de menores y advirtió que buscarán que respondan ante la justicia.

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La declaración se produjo luego de que el director de Semana, Yesid Lancheros, le preguntara por los cuestionamientos que Petro hizo a su nombramiento en el Ministerio del Interior. El exmandatario recordó que Ordóñez fue quien ordenó su salida de la Alcaldía de Bogotá y manifestó que había que volverlo a derrotar.

Ante esa referencia, el ministro respondió: “Si me hubieran hecho caso, no estaríamos en la hecatombe que generó el anterior Gobierno”.

Cuando el periodista le pidió explicar a qué se refería, Ordóñez confirmó que hablaba de la decisión disciplinaria que tomó contra Petro en 2013. Además, aseguró que en aquel momento había advertido lo que podría ocurrir si el entonces alcalde continuaba en el cargo.

Ordóñez insistió en que hizo lo correcto con la destitución de Petro

Durante la entrevista, Lancheros le preguntó directamente al ministro si consideraba que había actuado correctamente al destituir al entonces mandatario distrital.

“Hice lo correcto. Los trámites judiciales posteriores consideraron que no era así, pero creo que las circunstancias actuales son diferentes”, respondió Ordóñez.

El funcionario insistió en que aquella decisión habría evitado lo que Colombia vivió durante la administración de Petro. También rechazó la interpretación según la cual la destitución terminó impulsando políticamente al exalcalde y contribuyó a su posterior llegada a la Presidencia.

“No es así. No voy a detenerme mucho en esos análisis de futurología”, manifestó.

La controversia se remonta al proceso disciplinario que adelantó la Procuraduría contra Petro por las decisiones que tomó para implementar un nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá. En diciembre de 2013, Ordóñez anunció la destitución e inhabilidad del entonces alcalde por 15 años.

En la misma entrevista, el ministro calificó el Gobierno Petro como una etapa en la que, según su interpretación, se pretendió someter al Estado y a la sociedad al crimen y al delito.

“Estuvimos a punto de saltar a ese vacío. Nos llevaron hasta allá”, afirmó.

Atentos. Va la primicia de El Vaticano y el gobierno de Colombia, según mis conversaciones con altas fuentes conectadas con la sede papal:
1. No hay posibilidad de que haya diálogos con el ELN en El Vaticano por dos razones: Petro no siguió recomendaciones que, en ese tema, le…

— Melquisedec Torres (@Melquisedec70) May 21, 2025

Una de las razones que habría complicado la relación fue la intención del presidente colombiano de llevar los diálogos de paz con el Eln a territorio vaticano. Según la información que Torres atribuyó a fuentes de alto nivel cercanas a la Santa Sede, el entorno del pontífice no veía con buenos ojos esa posibilidad, pues consideraba que los intentos de negociación con esa guerrilla ya habían fracasado en escenarios como La Habana y Caracas.

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El periodista también señaló que Petro no habría seguido las recomendaciones que el papa Francisco le entregó sobre ese proceso durante un encuentro en enero de 2024. Posteriormente, cuando el mandatario le habría planteado la posibilidad de adelantar conversaciones con el Eln en el Vaticano a León XIV, el nuevo pontífice habría guardado silencio, de acuerdo con las fuentes citadas por Torres.

Otro episodio que habría causado malestar en la Santa Sede fue la manera como el Gobierno colombiano comunicó los resultados de sus encuentros con el Papa. Según la versión publicada por el periodista, en el Vaticano generó incomodidad que Petro y la Cancillería afirmaran que el pontífice se había comprometido con determinados asuntos, cuando la dinámica de esas reuniones consiste principalmente en escuchar las solicitudes y analizarlas posteriormente.

“Ni con este Papa ni anteriores se generan compromisos inmediatos, estos se analizan y días o meses después se responde a los gobiernos”, fue la explicación que recibió Torres de sus fuentes. Esa diferencia en la interpretación de los encuentros habría contribuido al distanciamiento entre el Ejecutivo colombiano y el entorno papal.

En mayo de 2025, el periodista también aseguró que León XIV no visitaría Colombia ni el parque nacional natural Serranía de Chiribiquete durante el actual Gobierno y que un eventual viaje tendría que esperar hasta después de 2028. La gira anunciada para noviembre de 2026, con paradas en Uruguay, Argentina y Perú, coincide con ese escenario, aunque el Vaticano no ha señalado públicamente que las diferencias con Petro sean la razón para excluir a Colombia del recorrido.

La agenda oficial de este viaje fue anunciada por la Santa Sede e incluye diez ciudades de los tres países. El recorrido contempla encuentros con autoridades, actividades religiosas y visitas a comunidades, especialmente en Perú, donde León XIV desarrolló buena parte de su labor pastoral. Colombia, por ahora, no aparece entre los destinos de esta gira, mientras siguen vigentes los antecedentes que Torres dio a conocer sobre la relación entre el Gobierno y el Vaticano.

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Una de las primeras alertas surgió al momento de recibir las pertenencias del patrullero. Su hermana relató en entrevista con Bajo Sospecha que, tras insistir para que le entregaran el celular de Edwin, encontró señales evidentes de manipulación:

“Me dieron el teléfono de él y ahí es donde me doy cuenta que han eliminado mensajes, que se encuentran también llamadas a las horas que él ya no se encontraba, y pues esas empiezan a ser mis primeras dudas”.

La situación se agravó cuando el dispositivo fue entregado a la Fiscalía y devuelto posteriormente. “Me di cuenta que le habían eliminado el WhatsApp y me di cuenta de los correos también eliminados, porque todo estaba en vacío. La papelera estaba en vacío, los correos nuevos estaban vacíos, todo estaba limpio”, aseguró la hermana del patrullero, quien además identificó ingresos desde distintas ubicaciones al perfil institucional de Edwin en el sistema PSI de la Policía, incluso horas después de su fallecimiento.

La ropa del uniformado también generó sospechas. Según relató su hermana, las prendas fueron entregadas tardíamente y en un estado inexplicable: “Tenía entendido que él estaba con el impermeable y adicional pues si él estaba en un cuarto, pues no debía estar la ropa tan mojada porque parecía que la hubiesen metido en un balde y la hubieran sacado así escurriendo agua”.

En el velorio, familiares y asistentes notaron golpes visibles en el rostro del patrullero que no quedaron consignados en ningún documento oficial. La hermana también señaló que el informe médico registró líquido hemático en abdomen, cerebro y riñones, hallazgos que, según explicó, son incompatibles con una intoxicación por monóxido de carbono.

Sandra Forero, madre del patrullero, cuestionó además el movimiento del cuerpo antes de que se preservara la escena: “Si hay una persona que ya está sin vida, se deja quieto y se informa. No tenían por qué mover la escena ni manipular nada”.

La familia también intentó localizar al compañero que estuvo con Edwin esa noche, pero no ha sido posible. La Penal Militar, según denunciaron, no lo ha citado formalmente a declarar, y el proceso estuvo a punto de archivarse antes de cumplir dos años de investigación.

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¿Qué irregularidades encontró la familia del patrullero Edwin Mateus en su teléfono celular?

Al recibir el dispositivo, la hermana de Edwin detectó mensajes y llamadas eliminados correspondientes a horas posteriores a su muerte, así como accesos no autorizados a su perfil institucional desde distintas ubicaciones. Cuando el teléfono fue devuelto por la Fiscalía, toda la información había desaparecido, incluidos WhatsApp y correos electrónicos.

¿Por qué la familia del patrullero Edwin Mateus desconfía de la versión oficial sobre su muerte?

Además de los indicios de manipulación del celular y la ropa en estado inusual, la familia señala que el cuerpo presentaba golpes visibles no documentados y líquidos hemáticos en órganos internos, condiciones que consideran inconsistentes con una muerte por inhalación de monóxido de carbono. A esto se suma que la Policía no notificó directamente a los familiares y que el compañero presente esa noche nunca fue puesto a disposición para declarar.

En sus declaraciones, Hurtado puntualizó que los problemas principales surgieron cuando fue necesario tramitar permisos y autorizaciones frente a entidades nacionales y ambientales. Estas demoras administrativas se tradujeron en retrasos significativos para el inicio de la fase de construcción. Así lo manifestó él mismo al afirmar: "Espero que ese puente lo podamos construir, es que ese es un pendiente que tengo yo con Ibagué", reconociendo abiertamente la deuda aún existente con la ciudad.

Adicionalmente, Hurtado relató que los trabajos llegaron a iniciarse, pero que el avance se detuvo por decisiones tomadas tras su salida del cargo. En concreto, aseguró que la actual administración municipal, aquella que asumió después de 2023, optó por suspender la ejecución del puente. Sin embargo, sostuvo que los recursos asignados permanecen asegurados en una fiducia, como lo ha indicado la administración actual, tal como él enfatizó: "Toda la plata está en una fiducia, lo ha dicho la Administración Municipal y espero que ese puente lo podamos construir".

Durante la misma transmisión, Hurtado expresó que, en caso de lograr nuevamente la alcaldía, espera materializar finalmente ese proyecto, reiterando en varias oportunidades su compromiso: "Espero que esa obra la podamos construir, se los aseguro". Con esta postura, el exmandatario hizo público su interés por competir otra vez por la Alcaldía de Ibagué y aclaró que dejaría de lado sus intenciones anunciadas de buscar la Gobernación departamental, tal y como lo había mencionado antes. Según las declaraciones recogidas en la transmisión en vivo, Hurtado apunta a retomar la agenda local, con el claro propósito de saldar los compromisos que dejó pendientes, especialmente el del puente de la calle 60.

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¿Por qué no se terminó el puente de la calle 60 en Ibagué durante la administración de Andrés Hurtado?

Según lo manifestado por Andrés Fabián Hurtado durante una transmisión en vivo, la construcción del puente de la calle 60 no pudo concretarse debido a retrasos surgidos en trámites y permisos ante entidades nacionales y ambientales. Aunque los estudios, recursos y procesos contractuales ya se habían adelantado en su periodo, estas dificultades administrativas impidieron la ejecución total de la obra.

¿Qué pasará con los recursos del puente de la calle 60 según Hurtado y la administración actual?

Andrés Fabián Hurtado afirmó que los fondos designados para la construcción del puente de la calle 60 continúan existiendo en una fiducia, tal como también lo ha asegurado la actual administración municipal. Esto significa que el dinero permanece reservado para la obra, a la espera de que pueda reanudarse si se superan los obstáculos institucionales.

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Sin embargo, una investigación publicada por Semana detalla que la mayor de las hermanas Guerrero consiguió tres contratos por contratación directa entre el Ministerio del Interior y Colombia Compra Eficiente. Uno de ellos tenía el propósito de apoyar las acciones estatales dirigidas a responder a las necesidades de la población indígena de La Guajira.

Para ese momento, Verónica tenía 24 años. La revista .señala que su formación académica era de bachiller y que contaba con una experiencia laboral de pocos meses, acreditada por la Fundación Raíces Afro. A pesar de esa trayectoria, fue contratada para cumplir funciones relacionadas con la gestión pública y las políticas dirigidas a poblaciones vulnerables.

El vínculo con el Ministerio del Interior estaba conectado con las obligaciones fijadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017. En ese fallo, el alto tribunal declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de los derechos de las comunidades wayú, especialmente en asuntos esenciales como el agua potable, la alimentación y la salud.

La sentencia exigía que las instituciones estatales avanzaran en medidas concretas para atender esa situación. No obstante, la revisión del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) citado por Semana no permitió localizar un informe de gestión a nombre de Verónica Guerrero que demostrara las labores desarrolladas durante su vinculación. En contraste, sí se pudo establecer que recibió la totalidad de los pagos pactados.

La alerta sobre los recursos destinados a La Guajira

La situación de ese contrato aparece dentro de un balance más amplio sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales. Semana conoció una alerta del Viceministerio de Diálogo Social del Ministerio del Interior que advierte que los contratos celebrados durante la administración anterior para atender la Sentencia T-302 no consiguieron los objetivos establecidos.

El documento señala que las comunidades protegidas por la decisión judicial seguían sin recibir las garantías que debía proporcionar el Estado. También advierte sobre el manejo de los recursos destinados a esas obligaciones, cuyo monto fue estimado en cerca de 3.000 millones de pesos.

En ese contexto, el contrato de Verónica Guerrero quedó relacionado con una gestión que no cuenta con soportes documentales disponibles para acreditar su cumplimiento. La publicación no atribuye a la contratista la responsabilidad por la totalidad de los recursos cuestionados, sino que expone su vinculación dentro de los acuerdos revisados.

Los otros contratos de la hermana de Juliana Guerrero

Además del trabajo relacionado con La Guajira, Verónica Guerrero obtuvo dos contratos con Colombia Compra Eficiente en Gobierno Petro. Ambos estaban orientados a prestar apoyo en actividades administrativas, logísticas y de divulgación sobre los servicios de la Agencia Nacional de Contratación Pública.

El primero fue firmado el 7 de octubre de 2022, por seis millones de pesos y con un plazo de 85 días. El segundo llegó el 20 de febrero de 2023: tenía el mismo objeto contractual, pero su valor se acercaba a los 13 millones de pesos y su duración era de 182 días.

Al revisar esos acuerdos, Semana tampoco encontró informes de gestión que permitieran verificar las tareas que habría desarrollado la contratista. De esta manera, los tres vínculos identificados en la investigación tienen un punto en común por la ausencia de documentación que dé cuenta de las actividades realizadas por Verónica Guerrero durante la ejecución de los contratos.

Según el reporte, el ataque no dejó personas heridas, pero sí generó daños materiales en las instalaciones, afectando la infraestructura del peaje La Agustina. Hasta el momento, no se ha dado a conocer un balance específico de las afectaciones estructurales ni se han reportado víctimas fatales, resaltando la preocupación por los crecientes riesgos para la movilidad y la seguridad en este territorio. La forma en la que se llevó a cabo el atentado, con tecnología de dron, llama la atención no solo de ciudadanos sino también de las autoridades, que destacan el incremento y sofisticación de los métodos utilizados para perpetrar atentados en la región.

Versiones preliminares, según el mismo reporte, han apuntado a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como posibles responsables de este acto violento. Sin embargo, las autoridades deberán confirmar oficialmente quiénes estuvieron detrás de este nuevo ataque, así como las circunstancias exactas en las que se produjo. El contexto es especialmente delicado en el Cauca, departamento que ha sido escenario de múltiples ataques a la infraestructura y a la movilidad, lo que afecta la cotidianidad y la sensación de seguridad de sus habitantes.

Como resultado de este hecho, se ha recomendado a los conductores y viajeros que transiten por el corredor Popayán - Cali hacerlo con máximo cuidado y estar atentos a los reportes oficiales para evitar cualquier tipo de novedad o incidente en la vía. Las autoridades continúan con las labores de investigación para esclarecer completamente lo ocurrido y prevenir nuevos atentados en el sector, de acuerdo con el informe divulgado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se realizó el ataque con explosivos en el Cauca y qué impacto tuvo en la vía Popayán-Cali?

El atentado ocurrió mediante el uso de un dron, que sirvió para detonar explosivos a distancia exactamente en las instalaciones del peaje La Agustina, sobre la carretera Popayán-Cali. Aunque hasta el momento únicamente se han reportado daños materiales y no personas heridas, el impacto pone en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura y el riesgo permanente para la movilidad en el suroccidente colombiano.

¿Quiénes son los presuntos responsables del atentado en el peaje La Agustina y cuál es el contexto de seguridad en Cauca?

Según versiones preliminares citadas en el reporte, las disidencias de las FARC serían las posibles responsables del ataque, aunque las autoridades aún investigan para confirmar esta hipótesis. La región del Cauca ha sido escenario de diversos atentados contra la infraestructura y la seguridad en las principales vías, lo que ha obligado a las autoridades y viajeros a mantenerse vigilantes y atentos a nuevas alertas.

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El hecho fue rechazado por la concesionaria Nuevo Cauca S.A.S., que confirmó los daños materiales en las instalaciones del peaje y anunció que sus equipos técnicos adelantan una evaluación para establecer el alcance de las afectaciones.

El ataque se registró en el peaje Mondomo, ubicado en la vereda Cachimbal, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. La infraestructura se encuentra en el PR 60+900 del corredor vial.

La información preliminar señala que los responsables utilizaron drones para realizar el ataque con explosivos contra las instalaciones. Hasta el momento, no se reportan trabajadores, usuarios de la vía ni habitantes de la zona lesionados como consecuencia de este hecho.

A través de un comunicado la concesionaria. rechazó lo ocurrido y señaló que este tipo de acciones representan un riesgo para las personas que viven cerca de la infraestructura, los trabajadores de la concesión y quienes transitan por este corredor vial.

En el documento, la empresa calificó lo sucedido como un “ataque sistemático perpetrado contra el peaje Mondomo” y advirtió que los hechos violentos también afectan la movilidad, la economía y el desarrollo del departamento del Cauca.

Atentado con explosivos contra el peaje Mondomo en la vía Popayán – Santander de Quilichao, Cauca.

Utilizando drones, las disidencias de las Farc atacaron las instalaciones causando daños. No se reportan personas heridas. https://t.co/lwPILwKKQ7

— Oscar Solarte – Periodista (@oscar10solarte) November 7, 2026

En su pronunciamiento, Nuevo Cauca S.A.S. agradeció al Ejército Nacional por su presencia y acompañamiento en el sector. Asimismo, informó que solicitó mantener de manera permanente la presencia de la fuerza pública en las estaciones de peaje.

La concesionaria manifestó su preocupación por los continuos hostigamientos contra la infraestructura vial de la región y sostuvo que no se trata de hechos aislados.

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“Es evidente que no nos enfrentamos a hechos aislados, sino a una problemática sistemática, evidenciada en los continuos hostigamientos armados contra la infraestructura, una amenaza latente que vulnera a cualquier concesionario de la región”, indicó la empresa.

Se espera que próximamente las autoridades se pronuncien sobre lo ocurrido. Mientras, se mantiene el monitoreo en la zona por lo que se recomienda a los conductores no transitar por el lugar mientras se realizan las labores de verificación.

Según el reporte de la Policía Metropolitana citado en el mencionado artículo, las indagaciones preliminares señalan que la agresión pudo haberse originado por un acto de intolerancia que involucraría a la víctima y a dos personas: un hombre de 21 años y una adolescente de 16 años. Tanto el móvil como los detalles de la confrontación todavía están por esclarecer, y persisten varios interrogantes sobre cómo se desencadenaron los hechos.

La rápida reacción de las autoridades permitió capturar a los presuntos responsables. El hombre detenido fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, mientras que la menor de edad quedó bajo la supervisión del Centro Especializado para Adolescentes. Las diligencias judiciales están en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), organismo encargado de determinar la secuencia de lo sucedido, así como el nivel de implicación de cada uno de los detenidos. Este proceso se encuentra en desarrollo, y aún resta conocer la conclusión oficial sobre la responsabilidad penal de los involucrados.

En el mismo hecho resultó herida otra joven de 24 años, Natalia Vidal Chico, quien fue atendida en la Unidad de Salud de Ibagué del barrio Ricaurte. Ella necesitó varias suturas, pero fue dada de alta tras ser valorada por los médicos. La pérdida de Ángela Camila ha generado consternación entre sus familiares y la comunidad, especialmente porque se ha conocido que era madre de una niña pequeña. Mientras tanto, las autoridades sostienen la hipótesis de una discusión por intolerancia, aunque insisten en que la versión debe ser verificada antes de esclarecer plenamente el caso.

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¿Qué pasó en el caso de Ángela Camila Fernández en Ibagué?

Ángela Camila Fernández Romero fue atacada con un arma cortopunzante en el barrio Matallana, al sur de Ibagué, durante la noche del 6 de noviembre. Los primeros informes de la Policía Metropolitana indican que la agresión ocurrió en medio de un episodio de intolerancia en el que estuvieron involucrados un hombre de 21 años y una adolescente de 16 años, quienes ya fueron detenidos. Fernández Romero falleció luego de ser trasladada a un centro médico.

¿Cuál es la hipótesis principal que manejan las autoridades sobre el asesinato de Ángela Camila Fernández?

La Policía Metropolitana sostiene como hipótesis inicial que el crimen habría ocurrido por un hecho de intolerancia entre Ángela Camila Fernández y los dos detenidos. Sin embargo, las autoridades, junto al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), continúan investigando para esclarecer el móvil y confirmar la responsabilidad penal de los implicados.

En la defensa de Sarabia, su abogada Lina Sandoval Echavarría aclaró que su representada nunca tuvo acceso al dispositivo ni a las cuentas de correo o sistemas de almacenamiento utilizados por el exmandatario. Sandoval aseguró que “atribuir delitos sin presentar una sola prueba no solo es irresponsable frente a la opinión pública, sino que tiene consecuencias penales”. Por este motivo, la defensa llevará el caso ante la Fiscalía General de la Nación a través de una denuncia penal, buscando rectificar lo afirmado en el texto de Zuleta. Por su parte, Zuleta argumentó que respalda su testimonio en declaraciones de personas que conocieron la dinámica en la Casa de Nariño, aunque hasta la fecha las autoridades no han confirmado la información sobre la supuesta clonación.

Otra voz femenina que aparece en el libro y que decidió expresar su posición es Gabriela Muñoz, estudiante de Derecho, creadora de contenido y exempleada de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil). A través de un video en Instagram, Muñoz rechazó que su historia personal fuera incluida en la publicación para, según sus palabras, convertir la vida de las mujeres en un elemento de curiosidad y ventas. Muñoz manifestó que no ha leído el libro y que tampoco lo hará, pero sentenció que “mi historia la cuento yo”, defendiendo su derecho a narrar su propia vida.

De igual manera, Muñoz negó las insinuaciones sobre supuestos contratos otorgados a cambio de favores íntimos y aseguró que, de haber sido objeto de tal propuesta, ella misma la habría denunciado. Subrayó con firmeza: “mi dignidad, mi cuerpo y mis decisiones no están en venta”. Así, tanto Sarabia como Muñoz exigen respeto frente a su imagen pública y cuestionan el enfoque de la obra de Zuleta, la cual sigue siendo motivo de debate público y no ha demostrado sus aseveraciones ante instancias judiciales.

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¿Cuál es el motivo de la denuncia penal contra Felipe Zuleta por el libro 'Las mujeres de Petro'?

La denuncia penal contra Felipe Zuleta se basa en las acusaciones presentadas en su libro, donde señala a Laura Sarabia de haber estado involucrada en la supuesta clonación del teléfono de Gustavo Petro. Según la abogada de Sarabia, no existen pruebas para sustentar esa versión, por lo que consideran que se incurrió en una acusación grave sin fundamento, afectando la honra de la exfuncionaria.

¿Cómo respondió Gabriela Muñoz a su aparición en el libro 'Las mujeres de Petro'?

Gabriela Muñoz expresó su inconformidad por ser mencionada en el libro, criticando que se utilice la vida de las mujeres para alimentar el interés del público. Aclaró que no participó en actos irregulares y afirmó que su historia le corresponde únicamente a ella contarla, desmintiendo cualquier supuesto contrato condicionado a favores personales y reafirmando su integridad y autonomía.

De acuerdo con Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), este caso fue registrado como la masacre número 104 en Colombia en lo que va de 2026. La entidad explicó que la región de Toro se encuentra expuesta a riesgos relacionados con disputas de control territorial y economías ilegales, como el narcotráfico y el expendio de sustancias prohibidas. No obstante, la organización aclaró que, hasta el momento, no hay información suficiente para afirmar que estos factores tengan relación directa con el crimen ocurrido en la vivienda de las tres mujeres.

El hecho generó la rápida respuesta de las autoridades. El alcalde de Toro, John Freddy Valencia, anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien entregue datos que conduzcan a la identificación y ubicación de los responsables del múltiple homicidio. Tanto la Policía como la Fiscalía y entidades locales se encuentran adelantando labores de investigación para determinar cómo se desarrollaron los hechos y dar con los responsables. Aún no se han registrado capturas relacionadas con el caso, ni se han especificado las causas del ataque.

Este lamentable suceso ocurrió apenas un día después de otro episodio violento en el mismo municipio, donde dos personas murieron y una más resultó herida el jueves 5 de noviembre. Frente a esta coincidencia temporal y geográfica, las autoridades investigan si existe alguna conexión entre ambos hechos, aunque todavía no se ha confirmado relación alguna. Esta nueva masacre profundiza la preocupación de la comunidad y pone en evidencia la compleja situación de orden público que atraviesa Toro.

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¿Qué se sabe hasta ahora sobre la masacre de las tres mujeres en Toro, Valle?

Hasta el momento, la información oficial indica que hombres armados asesinaron a Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez, Sulisney Muñoz Gutiérrez y María del Carmen Gutiérrez Toro dentro de su hogar. Las autoridades adelantan investigaciones y han ofrecido una recompensa para quienes aporten información, pero todavía no se ha establecido el motivo del crimen ni se reportan capturas.

¿Cuál es el contexto de violencia en Toro según informó Indepaz?

Indepaz advirtió que Toro enfrenta riesgos ligados al control territorial por grupos armados y economías ilegales, especialmente narcotráfico y expendio de drogas. Sin embargo, aclaró que hasta ahora no se ha confirmado una relación entre estas condiciones y el asesinato de las tres mujeres.

Durante lo que va de 2026, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo encargado de la justicia transicional en Colombia, ha implementado dos acciones dirigidas a preservar y dignificar la memoria de las víctimas y sus parientes. La primera de estas medidas se hizo pública el 22 de abril, cuando la JEP decretó protección especial, por un año, para tres lugares profundamente asociados con los hechos de tortura y desaparición que ocurrieron después de la salida de personas del Palacio de Justicia. El objetivo principal es resignificar estos espacios en reconocimiento de la memoria histórica y el dolor de las familias.

Dicha medida cautelar ante la JEP fue solicitada por Helena Urán Bidegain, reconocida académica e hija de Carlos Horacio Urán, quien fuera magistrado auxiliar del Consejo de Estado y asesinado durante esos lamentables acontecimientos. Los lugares beneficiados con estas acciones son la Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte de Bogotá, así como el Cementerio del Sur y el Parque Villamayor. Entre ellos, la Casa del Florero tuvo un papel especialmente grave, pues durante el llamado "holocausto" fue utilizada por la Fuerza Pública como centro de interrogatorios, torturas y clasificación de víctimas, según decidió la JEP.

Estos esfuerzos hacen parte de una búsqueda más amplia de verdad, justicia y reparación, temas que aún permanecen abiertos para buena parte de la sociedad colombiana y, especialmente, para quienes no han logrado recuperar a sus familiares desaparecidos. La memoria y la dignificación de los afectados siguen siendo tareas pendientes en la agenda nacional, como lo dejan en claro tanto los informes oficiales del Centro Nacional de Memoria Histórica como las decisiones judiciales recientes.

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¿Cuántas víctimas dejó la toma del Palacio de Justicia según el Centro Nacional de Memoria Histórica?

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, el saldo de la toma y retoma del Palacio de Justicia fue de 94 personas muertas, incluyendo 11 magistrados, y al menos otras 12 personas oficialmente desaparecidas. Sin embargo, la cantidad real de víctimas podría ser mayor, pues aún existen familiares en búsqueda de sus desaparecidos.

¿Qué medidas ordenó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el Palacio de Justicia?

Durante 2026, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medidas cautelares para resignificar la Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte de Bogotá y el Cementerio del Sur y Parque Villamayor, como lugares asociados a la tortura y desaparición de personas tras el episodio del Palacio de Justicia, respondiendo así a solicitudes de víctimas y familiares que buscan reconocimiento y memoria.

La intervención afectará especialmente a quienes utilizan con frecuencia este corredor vial para desplazarse por el centro de la ciudad, obligando a los conductores a buscar rutas alternas durante el horario señalado. En respuesta a esta situación, la Secretaría de Movilidad recomendó a los ciudadanos planificar su ruta antes de salir, revisar otros caminos disponibles y acatar las directrices del personal presente en el sector. Según la información, agentes de tránsito estarán en el lugar para orientar a los vehículos y facilitar la circulación, además de prevenir posibles atascos durante las horas de la intervención.

Las autoridades han pedido a los ciudadanos evitar acercarse al punto de reparación mientras se desarrollan las labores del IBAL, esto para disminuir el riesgo de congestiones y permitir que los trabajos finalicen dentro del tiempo estipulado. El objetivo es garantizar tanto la seguridad de quienes transitan por esa zona del centro de Ibagué como la eficiencia en la ejecución de la reparación programada por la empresa de acueducto y alcantarillado.

De acuerdo con la información oficial, el cierre solo cubre el tramo específico de la carrera Octava entre las calles 11 y 12, descartando afectaciones en otras vías del centro de la ciudad. Los agentes de tránsito y el personal de la Secretaría de Movilidad serán los encargados de supervisar el desarrollo de la jornada y de canalizar adecuadamente el flujo vehicular por las rutas alternas. Así, la comunidad podrá ajustar sus movimientos cotidianos, minimizando el impacto de la medida mientras avanza la actividad programada por el IBAL.

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¿Por qué se cerrará la carrera Octava en el centro de Ibagué este sábado?

La carrera Octava, entre las calles 11 y 12, tendrá cierre total durante seis horas porque la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) realizará una reparación. Las labores buscan intervenir un punto específico del corredor vial para completar las tareas necesarias dentro del horario determinado.

¿Qué rutas alternas pueden tomar los conductores en Ibagué durante el cierre de la carrera Octava?

La Secretaría de Movilidad aconseja a los conductores revisar sus rutas antes de salir y seguir las instrucciones de los agentes de tránsito ubicados en el sector. Las vías alternas dependerán del recorrido de cada usuario, por lo que se recomienda consultar previamente los caminos disponibles para evitar la zona intervenida.

El foco de sus críticas estuvo en la gestión de recursos destinados a la emergencia. Matador cuestionó a la primera dama de la Nación por, según él, no haber presentado un informe sobre el destino de los fondos de su fundación. Además, aseguró que "ni un solo peso de esos dineros ha servido para aliviar el hambre o atender las necesidades de los damnificados". Como parte de su reclamo, expresó con sarcasmo que habría sido más provechoso reutilizar el plástico de tres vallas para construir un refugio temporal, subrayando así la falta de soluciones reales para quienes necesitan protección ante las lluvias.

Las críticas también involucraron a Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, y Roberto Jiménez, mandatario de Dosquebradas, a quienes Matador señaló por no pronunciarse ni defender de manera decidida a sus comunidades frente a la emergencia. El caricaturista remató su mensaje con una contundente frase: "¡Qué falta de pantalones! para defender a su propio pueblo".

Este llamado de atención vuelve a encender el debate sobre la gestión y responsabilidad de las autoridades en el manejo de situaciones de emergencia, así como la eficacia de las ayudas y la transparencia en el uso de los recursos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en una verificación realizada en septiembre, aún existen familias tanto en alojamientos formales como informales, y se identificaron diversas carencias relacionadas con las condiciones de habitabilidad, evidenciando que la crisis sigue sin resolverse totalmente.

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¿Qué dijo Matador sobre la primera dama y los fondos para los damnificados del terremoto en Pereira?

Matador cuestionó públicamente a la primera dama de la Nación por, según él, no haber presentado el informe que debía explicar el uso de los recursos de su fundación destinados a la atención de los damnificados del terremoto en Pereira. El caricaturista aseguró que, en su opinión, ningún peso de ese dinero ha llegado para ayudar a quienes lo necesitan, poniendo en duda la transparencia y eficacia en la distribución de las ayudas.

¿Por qué siguen en riesgo las familias afectadas por el terremoto en Pereira?

Según la información citada, tras 89 días del terremoto todavía hay familias en Pereira viviendo en albergues y carpas, mientras varias viviendas dañadas continúan sostenidas por estructuras provisionales como guaduas. La Defensoría del Pueblo informó que subsisten necesidades en las condiciones de habitabilidad, lo que demuestra que la emergencia no ha sido superada y los afectados siguen esperando soluciones definitivas de las autoridades.

En el caso de Ángela Camila, se supo que era madre de una niña pequeña, lo que ha sumido a su familia en la tristeza y deja a su hija sin la compañía de su madre. La noticia ha causado profundo impacto en la comunidad, especialmente entre quienes la conocían y la rodeaban diariamente.

Según los datos recopilados hasta el momento, la Policía Metropolitana de Ibagué está investigando el suceso, pero aún se desconoce con claridad cómo comenzó la riña y cuál fue el origen del ataque. Versiones preliminares sostienen que el conflicto pudo haber iniciado por diferencias entre personas conocidas en ese sector, aunque también circula la hipótesis de que pudo haber existido un intento de robo. Las autoridades, sin embargo, no han confirmado ninguna de estas versiones y continúan recogiendo información.

La magnitud de las heridas que sufrió Ángela Camila provocó que, pese a la asistencia que recibió en el centro de salud, no lograra sobrevivir. El hecho generó conmoción y llevó a varios jóvenes a reunirse en las inmediaciones de la USI del Ricaurte, en un intento por conocer detalles sobre la situación de las dos mujeres y sobre lo ocurrido en el barrio. Las indagaciones policiales siguen en curso, y los responsables de la agresión aún no han sido identificados o capturados.

Mientras tanto, la ausencia de respuestas oficiales sobre el motivo del enfrentamiento y la ausencia de detenciones mantiene en alerta a las familias y vecinos del sector, que esperan que las autoridades logren esclarecer este trágico episodio.

¿Cuál es la hipótesis de las autoridades sobre el ataque a Ángela Camila Fernández en Ibagué?

De acuerdo con la información obtenida por la Policía Metropolitana de Ibagué, existen dos hipótesis principales: una pelea entre personas conocidas del sector y un posible intento de robo. Sin embargo, hasta el momento ninguna de estas ha sido confirmada oficialmente y la investigación continúa para esclarecer lo ocurrido.

¿Qué atención médica recibió Natalia Vidal tras el ataque en el barrio Matallana de Ibagué?

Según los datos conocidos, Natalia Vidal fue trasladada a la Unidad de Salud de Ibagué (USI) del barrio Ricaurte, donde recibió atención inmediata y varias suturas por las lesiones sufridas. Posteriormente, fue dada de alta al encontrarse estable durante la valoración médica.

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De acuerdo con el propio acto administrativo, la entidad acogió las recomendaciones formuladas por el Consejo Técnico Consultivo (CTC), centradas en la licencia inicialmente concedida por la Resolución 2821 del 18 de diciembre de 2024, la cual fue modificada por la Resolución 406 del 7 de marzo de 2025. Según los antecedentes presentados en el documento, la ANLA había autorizado a Anadarko, identificada con el NIT 900.559.480-7, para realizar el proyecto denominado “Perforación Exploratoria de Hidrocarburos Costa Afuera en el Bloque COL-1, Caribe Colombiano”, en la zona económica exclusiva bajo la jurisdicción de las Capitanías de Puerto de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha.

En concreto, el Artículo Primero de la resolución dispone excluir del seguimiento tres obligaciones. La primera es el parágrafo primero del artículo vigésimo de la Resolución 2821, modificado por el artículo trigésimo primero de la Resolución 406, asociado con la aprobación previa de la ANLA sobre los Planes de Manejo Ambiental Específicos (PMAE). La segunda corresponde al parágrafo segundo del mismo artículo, vinculado a la solicitud de conceptos interinstitucionales respecto al seguimiento de planes de contingencia. La tercera obligación es el artículo vigésimo primero de la Resolución 2821, ajustado por el artículo trigésimo segundo de la Resolución 406, junto con sus parágrafos, donde se planteaba la conformación de un grupo de expertos encargado del seguimiento ambiental al proyecto.

Dicha exclusión se ordena "en el marco de la normativa ambiental vigente", siguiendo las orientaciones del CTC. Además, la resolución establece que, tras hacerse efectiva, las disposiciones mencionadas dejarán de aplicarse y no serán objeto de verificación. En el texto también se menciona que el director general de la ANLA fundamentó esta decisión en las facultades conferidas por el numeral 2 del artículo 10 del Decreto 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020, así como por las resoluciones 2938 del 27 de diciembre de 2024, 686 del 14 de abril de 2025 y 1036 del 13 de agosto de 2026 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La resolución contempla el derecho al recurso de reposición para el representante legal o apoderado de la sociedad afectada, según lo estipulado por los artículos 74, 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). El plazo previsto para presentar el recurso puede ser durante la notificación personal o hasta diez días después, dependiendo de la modalidad de notificación, ya sea por aviso, electrónica o publicación. Finalmente, el documento ordena difundir el contenido de la resolución en la Gaceta de la ANLA.

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¿Cuáles son las obligaciones excluidas por la ANLA en la licencia ambiental de Anadarko en el bloque COL-1?

Las obligaciones excluidas por la ANLA de acuerdo con la Resolución 002921 incluyen el pronunciamiento previo de la autoridad sobre los Planes de Manejo Ambiental Específicos (PMAE), la solicitud de conceptos interinstitucionales para el seguimiento de los planes de contingencia, y la conformación de un grupo de expertos responsables del seguimiento ambiental del proyecto, según se indica en los documentos oficiales citados.

¿Qué pasos debe seguir Anadarko si desea interponer un recurso contra la decisión de la ANLA?

Anadarko, a través de su representante legal o apoderado, puede interponer un recurso de reposición ante el director general de la ANLA. Este recurso debe hacerse por escrito y se puede presentar en el momento de la notificación personal o hasta diez días después de haberse notificado por aviso, correo electrónico o publicación, en conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

El registro de este movimiento telúrico generó especial atención por su horario, ya que ocurrió cuando faltaban pocos minutos para la medianoche. A pesar de la magnitud relativamente baja, el evento fue considerado relevante por el contexto de actividad sísmica constante que caracteriza a Colombia, uno de los países con mayor actividad en la región debido a la interacción de varias placas tectónicas. Hasta el momento de la publicación de la información, el SGC confirmó que no había reportes oficiales de personas heridas ni daños materiales derivados del temblor. Esta situación refleja que, aunque fue percibido por algunos ciudadanos, el impacto no trascendió a emergencias mayores según los boletines oficiales.

El SGC sigue siendo la máxima autoridad técnica para el monitoreo y la publicación de información sobre movimientos sísmicos en el territorio nacional. Para quienes hayan sentido el temblor, la entidad dispone de la herramienta Sismo Sentido, mediante la cual los colombianos pueden reportar su experiencia personal. Este sistema digital permite ingresar a la plataforma oficial del SGC y diligenciar un formulario con datos sobre la ubicación y la intensidad con la que se percibió el temblor. Dichos reportes ciudadanos son fundamentales, pues ayudan a los expertos a comprender el comportamiento de los sismos y a establecer patrones sobre cómo afectan a distintas regiones, al tiempo que fortalecen la cultura de prevención y alerta.

La recomendación de las autoridades, ante la constante posibilidad de nuevos movimientos sísmicos, es mantener la calma, consultar únicamente fuentes oficiales como el SGC y estar atentos a las indicaciones en materia de prevención y manejo de emergencias, reafirmando así la importancia de la información clara y oportuna para la seguridad de todos.

¿Dónde fue el epicentro del temblor en Colombia reportado por el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con el boletín oficial del Servicio Geológico Colombiano, el epicentro del temblor se ubicó en el municipio de Istmina, en el departamento de Chocó. El evento también ocurrió cerca del municipio de Sipí, situando su área de influencia principal en el occidente del país.

¿Cómo pueden los colombianos reportar un temblor al Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano dispone de la herramienta Sismo Sentido, una plataforma digital donde los ciudadanos pueden diligenciar información sobre la percepción de un movimiento sísmico. Quienes hayan sentido el temblor deben ingresar al sitio web oficial del SGC y completar el formulario con detalles de ubicación y cómo fue experimentado el evento.

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(Vea también: “Cínica, floja”: critican a fiscal Luz A. Camargo por guardar información del gobierno Petro)

Una investigación de Semana señala que, durante una reunión de directivas de la Fiscalía en junio de 2026, se habría transmitido la instrucción de modificar los delitos que enfrentaban los procesados, investigados por ataques contra Transmilenio y otros espacios públicos. La controversia también involucra una decisión posterior de la fiscal general que cambió el despacho encargado del expediente.

De acuerdo con la revista, en el encuentro participaron la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo; la coordinadora de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Zenaida de Jesús López; el director de la Unidad de Justicia Transicional, Juan Andrés Cano, y dos fiscales de la Seccional Bogotá.

Uno de los asistentes, cuya identidad no fue revelada en el artículo, aseguró que el mensaje transmitido en esa reunión era que Camargo no estaba conforme con la acusación por terrorismo. La propuesta habría consistido en cambiar ese delito por el de asonada, una modificación que podía alterar el alcance de la responsabilidad penal de los investigados.

Las fiscales que tenían a cargo el expediente se opusieron a esa posibilidad. De acuerdo con los testimonios recogidos por Semana, durante la misma reunión surgió otra alternativa: aplicar un principio de oportunidad, mecanismo que permite suspender o renunciar a la persecución penal bajo determinadas condiciones legales.

Ninguna de las dos propuestas consiguió el respaldo necesario en ese encuentro. Sin embargo, el expediente terminó en manos de otro grupo de fiscales mediante una resolución firmada posteriormente por Camargo.

¿Por qué señalan a Luz adriana Camargo de favorecer a miembros de primer línea?

El 16 de junio de 2026, la fiscal general expidió la Resolución 0171, con la que creó un grupo de tareas especiales dentro de la Unidad de Justicia Restaurativa y dispuso el traslado del caso de los 11 procesados. La decisión se produjo después de la reunión en la que, según los relatos conocidos por Semana, las fiscales se habían negado a modificar la imputación o avanzar con un principio de oportunidad.

La nueva asignación abrió la posibilidad de revisar integralmente las conductas atribuidas a los investigados y evaluar mecanismos de justicia restaurativa. La resolución, citada por El Espectador, justificó el cambio por la naturaleza de los hechos y la necesidad de armonizar la investigación penal con la protección del derecho a la protesta social.

Semana también reportó que la fiscal que había liderado la investigación fue retirada de la entidad semanas después, mientras que el director seccional fue trasladado. El medio recogió la versión de personas que relacionaron esos movimientos con la negativa a conceder beneficios a los procesados.

Los acuerdos que recibieron siete de los investigados

Después del traslado del expediente, la Fiscalía presentó acuerdos para los 11 integrantes de la primera línea. Según la información publicada por Semana, las negociaciones contemplaban penas de entre cinco y siete años de prisión. En algunos casos se retiró el delito de terrorismo y, en otros, se modificó el grado de participación de los procesados: pasaron de ser señalados como autores a responder como cómplices.

Uno de los aspectos cuestionados por las víctimas fue el contraste entre los hechos descritos en los documentos y la calificación jurídica propuesta. En los acuerdos se mencionan ataques con elementos explosivos contra buses, daños a estaciones de TransMilenio y amenazas con machetes a conductores y ciudadanos. Pese a esas descripciones, el ente acusador sostuvo que las conductas no cumplían los requisitos para configurar terrorismo en algunos de los casos.

La investigación había tomado más de dos años y había permitido reunir videos, interceptaciones y otros elementos probatorios. Sin embargo, las víctimas conocieron que los acuerdos serían presentados ante los jueces con apenas 12 horas de anticipación, un plazo que, según Semana, les dificultó examinar su contenido antes de la audiencia.

Finalmente, siete de los 11 procesados aceptaron los cargos incluidos en la negociación. La diligencia se desarrolló de manera reservada por solicitud de las defensas, decisión que generó reparos de TransMilenio y de la Universidad Nacional, reconocidos como víctimas dentro del proceso.

Ambas instituciones cuestionaron los términos de los acuerdos y acudieron a una acción de tutela para pedir que se conozcan sus alcances. El caso continúa bajo revisión judicial y las acusaciones sobre una posible intervención de la fiscal general en los cambios de la imputación corresponden, por ahora, a los testimonios y documentos expuestos en la investigación de Semana.

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El relato del fiscal, recogido por Blu Radio, describió la presunta intervención de varias personas que llegaron al lugar donde ocurrió el homicidio y participaron en las maniobras para retirar los restos y llevarlos hasta una zona boscosa de Cali.

La reconstrucción fue presentada durante la diligencia contra Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos, señalados de colaborar en el ocultamiento del cuerpo. Sin embargo, uno de los aspectos más impactantes de la exposición fue la descripción de cómo se habría organizado el desplazamiento durante la noche y las funciones que, según la Fiscalía, asumieron los involucrados.

“Usted, Moncayo Solano y Ochoa Ríos llegaron al lugar para prestar la ayuda correspondiente y proceder posteriormente a extraer el cuerpo sin vida. En compañía de otros dos sujetos, conocidos con los alias de ‘Mono’ y ‘Plátano’, quienes aún no han sido identificados dentro de este caso, procedieron a extraer el cuerpo sin vida de la bebé”, relató el fiscal durante la audiencia, según recogió Blu Radio.

El funcionario explicó que los implicados habrían esperado hasta altas horas de la noche para sacar los cuerpos del inmueble. La intención, de acuerdo con la reconstrucción expuesta en la diligencia, habría sido evitar que alguien advirtiera el movimiento mientras se preparaba el traslado.

“Ustedes verificaron que ya fueran altas horas de la noche y que el barrio y toda la cuadra estuvieran despejados. El cuerpo fue trasladado en un vehículo conducido por el ciudadano identificado como Juan José Narváez, mientras que ustedes, con otro sujeto conocido como ‘Marvin’, se encargaban de custodiar el automotor, movilizándose en dos motocicletas”, concluyó el fiscal.

El recorrido habría terminado en una zona boscosa cercana al río Meléndez, donde fue abandonado el cuerpo de María Camila. La Fiscalía sostiene que los dos hombres procesados participaron en ese desplazamiento, mientras que otros sujetos habrían cumplido funciones de apoyo y vigilancia. La citada emisora conoció los apartes de la intervención del fiscal durante la diligencia.

Llevaron el cuerpo a zona boscosa: Fiscalía sobre capturados por feminicidio de María Camila Potosí #HoyEnBlu #RecapBlu https://t.co/ouzTC7G8RZ

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 7, 2026

¿Cómo ocurrió captura de nuevos sospechosos en crimen de María Camila Potosí?

Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos fueron capturados el 5 de noviembre en procedimientos realizados en Cali y Jamundí, durante la operación Iron 2.0. La Fiscalía les imputó el delito de feminicidio agravado en calidad de cómplices, pero ninguno aceptó los cargos.

Un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso. La investigación busca establecer la responsabilidad individual de los señalados y esclarecer la participación de otros hombres mencionados durante la audiencia, entre ellos los conocidos con los alias de ‘Mono’, ‘Plátano’ y ‘Marvin’, quienes todavía no habían sido identificados, según informó Blu Radio.

¿Cómo ocurrió el asesinato de María Camila Potosí en Cali?

El crimen ocurrió el 16 de julio de 2026 en una vivienda del sector Alto de Polvorines, en el sur de Cali. Según la investigación, María Camila, de 21 años y con ocho meses de embarazo, llegó al inmueble acompañada de una mujer que presuntamente había ganado su confianza al fingir que también esperaba un bebé.

Una vez en la vivienda, la joven habría sido atacada con un arma cortopunzante. Después de causarle la muerte, los responsables le habrían extraído a su bebé mediante un procedimiento rudimentario, según la reconstrucción que la Fiscalía ha presentado en el proceso.

El cuerpo de María Camila fue encontrado el 20 de julio en el corregimiento La Buitrera, cerca del río Meléndez. Diez días después, las autoridades hallaron sin vida a la bebé en inmediaciones de ese mismo sector, de acuerdo con los reportes conocidos sobre el caso.

(Vea también: Revelan las regiones de Colombia donde un terremoto tendría menor impacto; solo hay dos)

De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el temblor ocurrió a las 11:52 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 37 kilómetros y cerca del municipio de Sipi.

El reporte técnico ubicó el epicentro en jurisdicción de Istmina, en el departamento del Chocó, una zona del occidente colombiano donde se han registrado otros movimientos sísmicos durante los últimos meses.

Aunque el evento fue reportado por el SGC, no se cuenta con información confirmada sobre posibles afectaciones o personas que hayan sentido el movimiento. Por esta razón, quienes lo hayan percibido pueden compartir su experiencia a través de la plataforma oficial de la entidad.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-11-06, 23:52 hora local Magnitud 3.1. Profundidad 37 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/aYVvFVs59C

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 7, 2026

¿Cómo reportar si sintió el temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano cuenta con la herramienta Sismo Sentido, un mecanismo mediante el cual los ciudadanos pueden informar si percibieron un movimiento telúrico y describir cómo lo experimentaron.

Para hacerlo, deben ingresar a https://sismosentido.sgc.gov.co/ y diligenciar el formulario con la ubicación en la que se encontraban cuando ocurrió el evento.

Estos reportes ayudan al SGC a recopilar información sobre la percepción de los movimientos sísmicos en diferentes municipios y regiones del país.

(Le puede interesar: Sicarios grabaron aterrador video en el que asesinan a tiros a taxista en Soacha: “¿Van a pagar o no?”)

La agresión ocurrió el sábado 31 de octubre, hacia las 6:00 de la tarde, en la Ciudadela Maiporé. Según la reconstrucción de los hechos conocida por medios de comunicación, un hombre llegó al lugar con un machete y acompañado de una menor de edad que llevaba un cuchillo. Allí comenzó a perseguir a varias personas que estaban en el conjunto residencial.

La situación desató momentos de pánico entre los habitantes. Algunos jóvenes corrieron para ponerse a salvo, mientras otros buscaron refugio en la caseta de vigilancia. El hombre habría golpeado con el machete los vidrios de ese espacio, en medio de la persecución que se extendió por diferentes zonas de la copropiedad.

Marlon terminó involucrado en medio de ese episodio de violencia. El joven estaba paseando a su perro cuando fue alcanzado por el agresor, quien le ocasionó varias heridas con el arma cortopunzante. La gravedad de las lesiones obligó a trasladarlo a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención especializada hasta que se confirmó su fallecimiento el 6 de noviembre.

La Kalle dio a conocer detalles de las primeras hipótesis sobre lo que habría desencadenado el ataque. Una de las versiones apunta a que el hombre habría llegado al conjunto residencial buscando venganza por una supuesta situación relacionada con su hija, aunque las primeras indagaciones señalarían que Marlon no tenía relación con ese asunto.

¿Por qué atacaron a Marlon Acosta en Soacha?

Una de las versiones que surgieron durante la reconstrucción del caso tiene que ver con una supuesta agresión contra la hija del hombre señalado de protagonizar el violento episodio.

Según los testimonios conocidos sobre lo ocurrido, el sujeto habría manifestado durante la persecución que estaba buscando a alguien por un hecho que involucraba a la menor de edad que lo acompañaba. Esa situación llevó a relacionar inicialmente el ataque con un posible conflicto de carácter pasional.

Sin embargo, las primeras indagaciones de la Policía Metropolitana de Soacha apuntarían a que Marlon no habría participado en el supuesto hecho que motivó la reacción del hombre. De esta manera, el joven habría terminado como víctima de una agresión que, según esa hipótesis, estaría dirigida contra otra persona.

Por ahora, esta versión hace parte de las líneas de investigación y las autoridades deberán establecer qué ocurrió antes de que el hombre llegara a la unidad residencial y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron la violencia.

En Soacha, Cundinamarca (Colombia), el 31 de octubre, un hombre armado con machete y una menor de edad con cuchillo protagonizaron un violento ataque en la Agrupación de Vivienda Jardín Maiporé, donde persiguieron y agredieron a varios jóvenes, dejando gravemente herido a Marlon Stiven Bonilla Acosta, quien permanece en UCI tras recibir múltiples machetazos.

La menor justificó la agresión alegando que buscaban a un sujeto porque la hija del atacante había sido víctima de violación, mientras también golpearon puertas y rompieron vidrios en el conjunto residencial, poniendo en riesgo a más residentes y trabajadores que huyeron del lugar. El desquiciado sujeto fue capturado en el lugar luego de recibir una paliza.

— Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) November 6, 2026

Video del ataque a Marlon Acosta quedó en cámaras de seguridad

Las cámaras de vigilancia de la Agrupación de Vivienda Jardín Maiporé registraron varios momentos del episodio que terminó con la muerte del joven de 21 años.

En las grabaciones se observa la persecución que se presentó dentro de la copropiedad y los intentos de varias personas por escapar del hombre que llevaba el machete. También quedó registrado el momento de tensión en la caseta de vigilancia, donde el señalado agresor habría golpeado los vidrios para intentar alcanzar a quienes buscaban protección.

Marlon aparece en medio de la situación cuando se encontraba con su perro. Allí fue alcanzado por el hombre, quien lo atacó en repetidas ocasiones. Las imágenes se convirtieron en un elemento relevante para reconstruir lo sucedido y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Capturaron al señalado agresor de Marlon Acosta

Tras el episodio, la Policía Metropolitana de Soacha intervino en la unidad residencial y capturó a Maicol David Gámez, señalado de estar involucrado en la agresión.

El caso tomó mayor gravedad después de confirmarse la muerte de Marlon, quien permaneció varios días hospitalizado por las heridas ocasionadas con el machete. El capturado quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras avanzan las actuaciones para establecer su responsabilidad.

Además de los registros de las cámaras de seguridad, los investigadores cuentan con testimonios de personas que presenciaron los hechos y con información sobre las circunstancias en las que se produjo la persecución.

La muerte del joven provocó preocupación entre los habitantes de Ciudadela Maiporé, pues el ataque involucró a varias personas y puso en riesgo a residentes y trabajadores de la unidad residencial. Las autoridades deberán esclarecer el motivo de la agresión y determinar cómo terminó Marlon en medio de un conflicto que, según las primeras hipótesis, no tendría relación con él.

Acerca del proceso de selección, de la Espriella explicó que participaron 25 funcionarios pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular, quienes fueron analizados de acuerdo con su trayectoria profesional, competencias, capacidad de liderazgo, habilidades para la negociación y resultados alcanzados. La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) reconoció el valor del enfoque en el mérito institucional, pero a su vez exhortó a los diplomáticos de carrera a no presentarse al concurso. Argumentaron que dicha convocatoria constituye un procedimiento que no se ajusta al estatuto de Carrera y que, por respeto y solidaridad hacia los funcionarios que ya ocupan esos cargos, deberían abstenerse de postularse.

Como reportó El Espectador, los nombramientos previos de la administración De la Espriella en sus primeros tres meses tenían como destinatarios a personas del sector empresarial y políticos tradicionales, tendencia que contrastaba con el mensaje de priorizar la carrera diplomática. El presidente confirmó a Patricia Cortés Ortiz como embajadora en Polonia, Assad José Jater Peña en Jamaica, Howell Ricardo Quimbaya Morales en Trinidad y Tobago, Samira Silva Yunes en Egipto, Claudia Patricia Granados en Dinamarca y María Ximena Espitia en Suecia. Asimismo, ratificó a diplomáticos de carrera para liderar las representaciones en Vietnam (Camila Polo), Canadá (Carlos Arturo Morales), Finlandia (Ruth Mery Cano) y Alemania (Yadir Salazar).

Por su parte, Unidiplo, entidad que agrupa a diplomáticos de carrera, destacó la importancia de abrir más puestos para estos funcionarios y recordó que aún existen varias embajadas que podrían ser lideradas por miembros de la carrera. Según sus datos, antes del 7 de agosto el 35 % de los embajadores eran de carrera, mientras que actualmente esa proporción ha descendido al 30 %. El mandatario concluyó que el verdadero valor de una embajada no está en la cantidad de eventos o reuniones, sino en los resultados concretos que logra para el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la diferencia entre embajadores de carrera y designaciones políticas en Colombia?

En Colombia, los embajadores de carrera son diplomáticos que ingresan mediante concurso y avanzan gracias a sus méritos y experiencia dentro del servicio exterior. Por otro lado, las designaciones políticas suelen recaer en personas cercanas al gobierno o sectores empresariales, quienes no siempre provienen de la carrera diplomática. Según El Espectador, la administración De la Espriella ha combinado ambos modelos, aunque las organizaciones diplomáticas han expresado su preocupación por la disminución de los cargos ocupados por diplomáticos de carrera.

¿Qué roles cumplen los embajadores y cónsules en el gobierno de De la Espriella?

De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, la misión de los embajadores y cónsules en su gobierno incluye defender los intereses nacionales, abrir mercados internacionales, atraer inversión extranjera y proteger a los colombianos en el extranjero. Además, se busca convertir las relaciones internacionales en oportunidades reales para la ciudadanía, midiendo el desempeño de las misiones por los resultados concretos que logran para el país.

(Vea también: “Contra el machismo y el patriarcado en las izquierdas”: Enigmático mensaje de Cepeda; ¿se aparta de Petro?)

El pronunciamiento se conoció después de que el pódcast ‘Huevos Revueltos con Política’, de La Silla Vacía, expusiera las estrategias que distintos sectores cercanos al petrismo habían utilizado para responder al escándalo.

En ese espacio, el periodista Juan David Pérez explicó que la primera reacción fue el silencio. Según su reportería, varios congresistas evitaron pronunciarse.

Uno de los episodios mencionados fue el del senador Iván Cepeda, quien se negó a responder preguntas sobre el video divulgado por Jiménez durante una rueda de prensa en el Congreso.

La segunda línea de defensa consistió en insistir en que el vínculo personal entre Petro y Jiménez pertenece a la intimidad del expresidente y que el video no demuestra, por sí solo, que hubiera contratos o pagos a cambio de favores sexuales.

La tercera fue presentar las denuncias como parte de una posible campaña política para afectar a Petro y desviar la atención de asuntos relacionados con el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Este es análisis de La Silla:

El comunicado del Pacto: investigar, respetar la presunción de inocencia y evitar una cortina de humo

En su pronunciamiento, las mujeres de la bancada del Pacto Histórico afirmaron que “toda denuncia merece ser escuchada con respeto” y solicitaron a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección adoptar las medidas necesarias para que Jiménez pueda acudir a la justicia con garantías de seguridad.

Al mismo tiempo, insistieron en que debe respetarse la presunción de inocencia de Petro y que corresponde a las autoridades establecer si existieron responsabilidades.

La colectividad también retomó el argumento de la cortina de humo. En el comunicado manifestó su preocupación por que el caso desvíe la atención de asuntos que, a su juicio, requieren discusión pública, entre ellos la ley de rescate fiscal y la ley de sometimiento.

Otra de las posiciones expresadas fue el rechazo al uso político de las denuncias. El pronunciamiento se conoció en medio de los cuestionamientos de sectores de la derecha a las posturas feministas de dirigentes cercanas al petrismo.

De esta manera, el Pacto buscó fijar una posición que combina el llamado a investigar las acusaciones con la defensa del debido proceso del expresidente.

María José Pizarro respondió a los señalamientos sobre Deicy Jiménez

El caso también alcanzó a María José Pizarro, quien fue mencionada por Jiménez al hablar de los contratos que habría tenido en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la entonces congresista.

Este viernes, Pizarro se refirió públicamente a esa versión y negó que Jiménez hubiera trabajado en su UTL. Según explicó, la mujer fue contratista de la Vicepresidencia del Senado, cumplió con las labores asignadas y no tenía conocimiento de una relación íntima entre ella y Petro.

(Vea también: María José Pizarro se desligó de Deicy Jiménez y aseguró que no trabajó con ella en el Congreso)

La exsenadora también indicó que acataría las instrucciones del magistrado encargado del asunto y que evitaría referirse a los hechos y las pruebas para no afectar el proceso.

Por ahora, la posición del Pacto Histórico combina varias líneas: guardar silencio en un primer momento, defender la intimidad y la presunción de inocencia de Petro, cuestionar el trasfondo político de las denuncias y pedir que el caso no desplace otros debates nacionales.

La salida de Sánchez Arango fue oficializada mediante el Decreto 1634 del 4 de noviembre de 2026, expedido por el Ministerio de Salud. Este documento estableció el retiro del funcionario, aunque no especificó las razones que motivaron la decisión del Gobierno. El hecho resulta llamativo, ya que Sánchez Arango fue una de las figuras clave seleccionadas por el presidente Abelardo De la Espriella durante el proceso de empalme del sector salud, y su nombramiento en la dirección de la ADRES se había formalizado el pasado 31 de agosto del mismo año, según lo confirmado por fuentes oficiales.

En medio de este panorama de cambios, el Ministerio de Salud anunció que Marcela Brun Vergara, actual viceministra de Protección Social, asumirá de forma encargada la dirección de la ADRES. Esta decisión tiene como objetivo asegurar la continuidad de las funciones básicas de la entidad, en especial la administración de los recursos y la realización de pagos a hospitales, clínicas y demás actores del sistema de salud, tarea imprescindible para el adecuado funcionamiento de la atención médica en el territorio nacional.

La ADRES, de acuerdo con la información disponible, desempeña un papel central en el sostenimiento financiero del sector al ser responsable de la gestión de los fondos públicos que respaldan la prestación de los servicios de salud en Colombia. El cambio en la dirección de la entidad se suma a otros movimientos administrativos que ha venido reportando el Gobierno de Abelardo De la Espriella durante los primeros meses de su mandato, reflejando un periodo de ajustes importantes en cargos de alto nivel.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue declarado insubsistente Iván Humberto Sánchez Arango en la ADRES?

Hasta el momento, el Decreto 1634 del 4 de noviembre de 2026 expedido por el Ministerio de Salud confirmó el retiro de Sánchez Arango, pero no detalló los motivos detrás de esta decisión. El documento oficial simplemente formalizó la salida sin proporcionar explicaciones sobre las causas que llevaron al Gobierno a declarar la insubsistencia del funcionario.

¿Qué funciones tiene la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)?

La ADRES es responsable de administrar y distribuir los recursos económicos que financian la atención médica en Colombia. Entre sus principales funciones destacan la gestión de los dineros públicos del sistema de salud y el manejo y giro de pagos a hospitales, clínicas y otros actores involucrados en la prestación de servicios de salud en el país.

La tutela presentada por Ortiz Tafur señalaba directamente a Cristian Camilo Paredes Forero, creador de contenido y activista digital, conocido públicamente por manifestar su oposición a la administración municipal liderada por el alcalde, Juan Alfredo Qüenza Ramos, esposo de la gestora social. Según consta en el proceso judicial, desde mayo de 2025, Paredes Forero habría desplegado una conducta que, a través de sus perfiles en Facebook, persistía en atacar la imagen de Ortiz Tafur. Más allá de cualquier debate político legítimo o discusiones en torno a la gestión pública, la Corte Constitucional fue clara al considerar inadmisibles los discursos que constituyen violencia de género contra las mujeres.

De acuerdo con el alto tribunal, “los discursos que constituyen violencia de género contra las mujeres no están protegidos por la libertad de expresión”. Además, resaltó que la cosificación —entendida como reducir a una persona a su cuerpo o a atributos físicos— es una de las formas más graves de violencia de género, en especial cuando convierte el cuerpo de la mujer en el centro de agresión, desplazando así el debate sobre las ideas o actuaciones públicas. Para la Corte Constitucional, esta forma de violencia impide que las mujeres puedan ejercer su labor desde el sector público sin verse expuestas a ataques que nada tienen que ver con su desempeño profesional, sino con estereotipos de género o juicios superficiales.

La decisión de la Corte establece así límites a la libertad de expresión cuando se atraviesa la frontera de la dignidad de las mujeres que son figuras públicas, recordando que toda crítica legítima debe estar fundada en hechos, gestiones o decisiones, y no en aspectos privados o físicos ajenos a la discusión pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el argumento de la Corte Constitucional frente a los ataques contra mujeres funcionarias en redes sociales?

La Corte Constitucional argumentó que los discursos que constituyen violencia de género hacia las mujeres no están protegidos por la libertad de expresión. Según el fallo, la cosificación y los ataques sobre el cuerpo de una funcionaria desvían la discusión de sus ideas o tareas públicas, y constituyen una forma particularmente grave de violencia que no tiene cabida en la deliberación democrática.

¿Qué significa cosificación del cuerpo en el contexto de violencia de género según la Corte Constitucional?

En este contexto, la Corte Constitucional entiende la cosificación como la acción de usar el cuerpo de una mujer como objeto de discusión, relegando su desempeño y opiniones. Esta práctica representa una manifestación seria de violencia de género, ya que desplaza el enfoque de los debates legítimos y convierte la corporalidad de la mujer en el blanco principal de la agresión.

En medio de los pollos, las autoridades hallaron dos fusiles calibre 5,56 milímetros, acompañados por cinco proveedores y un total de 351 cartuchos del mismo calibre. Además, se encontraron dos pistolas de calibre 9 milímetros, dos proveedores adicionales y 24 cartuchos. La requisa también permitió incautar tres cintelas, dos uniformes, cuatro brazaletes, dos chalecos tipo arnés, un teléfono celular y un radio marca Baofeng, todos elementos asociados a la operatividad y la comunicación en posibles actividades ilícitas. El camión, utilizado como medio para el traslado de este material, fue igualmente aprehendido por las autoridades como parte del procedimiento.

El detenido, junto con todo el material bélico y los elementos incautados, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, organismo encargado de avanzar en las investigaciones judiciales correspondientes sobre este caso. La incautación, de acuerdo con la información proporcionada por la dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, evidencia las estrategias utilizadas para el transporte ilegal de armas y la relevancia de los controles en las carreteras del país.

El coronel Edwin Correa Correa, quien lidera la dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, afirmó que no se permitirá el uso de las carreteras nacionales para actividades que pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Ratificó el compromiso de la institución con la realización de controles permanentes y la intervención oportuna para frenar cualquier expresión de delito, asegurando la protección de la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué armas y elementos incautó la Policía en el camión entre Popayán y La Portada?

La Policía encontró en el camión dos fusiles calibre 5,56 milímetros con cinco proveedores y 351 cartuchos; dos pistolas de calibre nueve milímetros con dos proveedores y 24 cartuchos; además de tres cintelas, dos uniformes, cuatro brazaletes, dos chalecos tipo arnés, un teléfono celular y un radio Baofeng. Todo esto estaba oculto entre pollos vivos.

¿Por qué la Policía inspeccionó el camión en la vía Popayán-La Portada?

El vehículo fue inspeccionado porque el conductor intentó evadir un puesto de control en la vía entre Popayán y La Portada, lo que alertó a las autoridades. Tras la detención, el registro permitió descubrir el arsenal y demás elementos que transportaba, según confirmó la dirección de Tránsito y Transporte de la Policía.

Los videos del encuentro, difundidos por El Tiempo, muestran el esperado momento entre ambas, luego de una búsqueda que mantuvo a la familia recorriendo diferentes lugares del Caribe colombiano y haciendo llamados públicos para conocer el paradero de la mujer.

La historia de Arleth había llamado la atención por la insistencia de su mamá, quien nunca abandonó la esperanza de encontrarla. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante el Carnaval de Barranquilla de 2026, cuando Leida apareció entre los asistentes a la Batalla de Flores del Recuerdo Sonia Osorio con un cartel que llevaba la fotografía de su hija.

Dos años de búsqueda y un reencuentro en Bogotá: la historia de Arleth Carolina Álvarez

La docente desapareció en Barranquilla hace dos años. Desde entonces, su madre no dejó de buscarla hasta encontrarla en la capital. Estas son las primeras imágenes de su reencuentro.
https://t.co/QncaBbCew9

#ArlethCarolinaÁlvarez #Barranquilla #Bogotá #Reencuentro #HistoriasDeVida

— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 7, 2026

En aquella ocasión, la mujer aprovechó la multitud para preguntar si alguien tenía información sobre la docente. Su imagen, sosteniendo el aviso en medio de una celebración llena de música y comparsas, se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la búsqueda.

La desaparición de Arleth ocurrió el 22 de octubre de 2024, cuando salió de su vivienda en el conjunto residencial Golondrina, en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla. Desde entonces, familiares y conocidos difundieron fotografías en redes sociales, acudieron a las autoridades y recorrieron distintos municipios para intentar encontrarla.

La mujer es magíster en Educación y trabajaba como docente en la Institución Educativa Cobateco, ubicada en Sabanagrande.

Su hallazgo se produjo recientemente en Bogotá, donde, según la información conocida sobre el caso, fue localizada mientras deambulaba por las calles. Al enterarse de la noticia, su madre viajó desde la región Caribe hasta la capital para encontrarse con ella. La Alcaldía de Malambo apoyó el desplazamiento de Leida con los tiquetes de avión.

Aunque las imágenes del reencuentro representan el desenlace esperado durante más de dos años por sus seres queridos, todavía hay preguntas sin resolver. No se han conocido públicamente detalles sobre las circunstancias en las que Arleth permaneció desaparecida ni sobre su estado de salud.

Por ahora, la prioridad de la familia es acompañarla y avanzar en los trámites necesarios para su regreso.

(Vea también: De la Espriella les habló duro a 80 extranjeros que expulsó del país: “Colombia no es refugio de criminales”)

De acuerdo con la información divulgada por el organismo internacional, más de 1.570 niños, niñas y adolescentes han sido afectados por el reclutamiento y la utilización en los últimos cinco años. Además, esta violación de los derechos de la infancia registró un incremento del 300 % entre 2019 y 2024.

El encuentro fue organizado por los gobiernos de Suecia y Canadá, junto con Unicef, con el propósito de movilizar compromisos y alianzas para enfrentar este delito. Durante la jornada se insistió en que la prevención debe convertirse en una prioridad de las políticas de seguridad, educación, justicia y desarrollo territorial.

Reclutamiento de menores en Colombia aumentó 300 % entre 2019 y 2024

La dimensión del problema quedó expuesta durante la conferencia, en la que participaron representantes del Gobierno Nacional y de Naciones Unidas. Entre ellos estuvo Vanessa Fraizer, secretaria general adjunta de la ONU y representante especial sobre niñez y conflictos armados.

La funcionaria insistió en que el reclutamiento infantil no es una consecuencia inevitable de la violencia y que existen mecanismos para impedir que los grupos armados involucren a menores en sus actividades.

“El reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes no es inevitable. Es prevenible. Y juntos tenemos la responsabilidad de garantizar que cada niño y niña en Colombia crezca seguro, protegido, educado y libre para desarrollar todo su potencial”, afirmó Fraizer.

En representación del Gobierno participaron el ministro de Justicia, Iván Cancino, y la viceministra de Asuntos Multilaterales, Daniella Restrepo. Ambos manifestaron el compromiso institucional de trabajar en la prevención, la desvinculación de menores que permanecen en poder de organizaciones armadas y la restitución de sus derechos.

Cancino señaló que impedir el reclutamiento y garantizar el regreso de quienes han sufrido esta situación son acciones fundamentales para romper los ciclos de violencia en el país.

“El reclutamiento no destruye únicamente el proyecto de vida de un niño, una familia o una comunidad: compromete el futuro de un país”, expresó el ministro.

Por su parte, Restrepo destacó la importancia de la cooperación internacional para fortalecer las medidas que permitan reducir este delito y garantizar la protección de los menores en las regiones afectadas por el conflicto.

Grupos armados utilizan herramientas digitales para reclutar menores

Uno de los asuntos que causó preocupación durante la conferencia fue el uso de herramientas digitales por parte de organizaciones armadas para identificar, contactar y atraer a niños, niñas y adolescentes.

Esta modalidad plantea nuevos desafíos para las autoridades, las familias, las instituciones educativas y las plataformas tecnológicas, pues las estrategias de captación también pueden desarrollarse en espacios digitales a los que los menores tienen acceso cotidiano.

Los participantes coincidieron en que enfrentar este fenómeno requiere compromisos de las empresas tecnológicas, programas de alfabetización digital y acompañamiento a las comunidades. También insistieron en la necesidad de ofrecer alternativas educativas y económicas a los jóvenes que viven en territorios afectados por la violencia.

La representante de Unicef en Colombia, Tanya Chapuisat, recordó que el país cuenta con instituciones, estrategias y normas para combatir el reclutamiento, pero advirtió sobre la importancia de fortalecer su implementación en las regiones donde los menores enfrentan mayores riesgos.

En la discusión también participaron jóvenes de diferentes territorios, quienes compartieron sus experiencias y propuestas para mejorar las acciones de prevención.

Jesús, de Arauca, y Giselle, de Buenaventura, hablaron en representación de un grupo de 18 jóvenes que se reunió antes de la conferencia para plantear iniciativas a los gobernantes y a la comunidad internacional.

“Queremos pedirles que sus compromisos también se conviertan en financiación de programas y políticas públicas enfocadas a cambiar esas realidades. Nada para nosotros, sin nosotros”, manifestaron.

Nuevo gobierno y Plan de Desarrollo, oportunidades para frenar el reclutamiento

La conferencia también puso sobre la mesa dos escenarios que podrían marcar el rumbo de las políticas de prevención en Colombia: el inicio de un nuevo gobierno y la discusión del Plan de Desarrollo.

Los participantes señalaron que ese proceso representa una oportunidad para establecer programas específicos, definir responsabilidades institucionales y garantizar recursos para atender a los menores que viven en zonas con presencia de grupos armados.

Entre las medidas planteadas se encuentran ampliar la presencia estatal en los territorios, fortalecer la educación, garantizar el acceso a servicios básicos y generar oportunidades económicas para los jóvenes.

Elizabeth Williams, embajadora de Canadá, sostuvo que la prevención debe comenzar antes de que los grupos armados logren acercarse a los menores y convencerlos de participar en el conflicto.

“La prevención del reclutamiento comienza mucho antes que un niño o niña sea cercado por un grupo armado, comienza cuando fortalecemos la educación, ampliamos oportunidades, escuchamos a los jóvenes y aseguramos que el Estado está presente donde más se necesita”, afirmó.

La representante diplomática también destacó la importancia de involucrar al sector privado y promover alianzas que permitan desarrollar oportunidades educativas y económicas en las comunidades más afectadas.

La embajadora de Suecia, Maria Cramér, coincidió en que la protección de la niñez requiere una respuesta colectiva y cooperación entre países, instituciones y organizaciones sociales.

La defensa de Uribe Vélez había presentado una nueva solicitud con la que pretendía habilitar la posibilidad de interponer un recurso judicial adicional, con la esperanza de tumbar la sentencia que lo condenó. Puntualmente, sus abogados acudieron a una tutela, que es un mecanismo judicial en Colombia utilizado para la protección de derechos fundamentales, con el objetivo de lograr que se revisara la negativa anterior a la presentación de un recurso de casación. La casación es un recurso extraordinario que busca que un tribunal superior corrija errores en las decisiones judiciales, pero en este caso, la Corte Suprema consideró que ya se había agotado la oportunidad procesal de discutir la condena por esos mecanismos.

Además, la defensa solicitó que se suspendiera la ejecución de la pena impuesta a Uribe Vélez mientras se resolvía la tutela. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que no existían fundamentos suficientes para acceder a esa suspensión, de acuerdo con los argumentos expuestos en su pronunciamiento. El tribunal explicó que la defensa ya había contado con la oportunidad de impugnar la sentencia inicial empleando los recursos establecidos por la ley y que no era viable abrir una alternativa jurídica para reexaminar el caso con base en los mismos argumentos.

De esta manera, con el rechazo a esta nueva solicitud, la sentencia dictada contra Santiago Uribe Vélez permanece vigente. El expediente será remitido a la Corte Constitucional, instancia que podría decidir si revisa o no la tutela, aunque ello no implica necesariamente que se abrirá una nueva discusión sobre el fallo. Esta decisión confirma la solidez del proceso adelantado por la justicia sobre los hechos relacionados con el accionar del grupo ‘Los 12 Apóstoles’ en Antioquia durante la década de los noventa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el argumento de la Corte Suprema para rechazar la solicitud de Santiago Uribe Vélez?

La Corte Suprema sostuvo que la defensa de Uribe Vélez ya había utilizado los recursos legales establecidos para controvertir la condena y advirtió que no era posible habilitar un nuevo mecanismo judicial para repetir la discusión sobre la sentencia, según los términos que expuso en la decisión.

¿Qué delitos le fueron atribuidos a Santiago Uribe Vélez en relación con ‘Los 12 Apóstoles’?

Santiago Uribe Vélez fue condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, en el contexto de las actividades perpetradas por el grupo paramilitar denominado ‘Los 12 Apóstoles’, que habría operado en el norte de Antioquia durante la década de los noventa.

Según lo reseñado por El Espectador, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda presentaron un informe ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para certificar el modelo de pasaportes defendido por el pasado Ejecutivo. Sin embargo, la Cancillería aportó un informe posterior, en el que afirma que el documento de Imprenta y Casa de la Moneda no contó con su aval. Incluso, Portugal sostuvo, a través de un informe conocido por el mismo medio, que el trabajo se desarrolló conjuntamente, pero que el Ministerio de Relaciones Exteriores optó por no firmarlo al final.

Por otra parte, el Ministerio del Interior ahora bajo el mando de Alejandro Ordóñez suma a María Lorena Cuellar como secretaria general. Cuellar ha ocupado cargos relevantes dentro del sector público: fue procuradora delegada para la contratación estatal y secretaria general de la Procuraduría General, experiencia coincidente con los años en los que Ordóñez lideró ese organismo. Más recientemente, trabajó como contratista en el Instituto de Desarrollo Urbano y en la Secretaría Jurídica Distrital.

La llegada de Ordóñez al Ministerio del Interior implica retos como impulsar una ley de ajuste fiscal con respaldo presidencial pero con panorama incierto de aprobación en el Congreso. Además, se enfrentará a decidir el futuro de iniciativas heredadas del exministro Lara, tales como la ley antimermelada y el estatuto antiterrorista, así como determinar la dirección del Plan Nacional de Desarrollo.

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¿Por qué es relevante el proceso judicial de la Imprenta Nacional sobre el modelo de pasaportes?

El proceso judicial que involucra a la Imprenta Nacional es importante porque la entidad se encuentra en el centro del debate sobre la legalidad y legitimidad del nuevo modelo de pasaportes introducido por la administración previa, con informes contradictorios entre instituciones estatales y entes internacionales, según información de El Espectador.

¿Qué antecedentes tiene María Lorena Cuellar en su trayectoria pública?

María Lorena Cuellar cuenta con experiencia relevante en el sector público, destacándose como procuradora delegada para la contratación estatal y secretaria general de la Procuraduría General, además de funciones en el Instituto de Desarrollo Urbano y la Secretaría Jurídica Distrital, según El Espectador.

Los hechos ocurrieron el 16 de julio en el sector Alto de Polvorines, en Cali. Según la Fiscalía, la víctima habría llegado al inmueble acompañada de otra mujer que logró ganarse su confianza al fingir también estar esperando un hijo. En ese domicilio, María Camila fue atacada con un arma cortopunzante y perdió la vida. Posteriormente, la misma fuente indicó que los agresores emplearon un método rudimentario para extraerle el bebé cuando ya tenía ocho meses de gestación.

La investigación señala que tras el homicidio, Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos habrían participado en el traslado del cuerpo sin vida de María Camila Potosí. El cuerpo fue subido a un vehículo, conducido por otra persona aún no identificada, y escoltado hasta una zona boscosa donde finalmente lo abandonaron en el río Meléndez. Los restos de la joven fueron hallados el 20 de julio en el corregimiento La Buitrera, mientras que diez días después, en el mismo sector, fue encontrado sin vida su bebé.

Las capturas de Moncayo Solano y Ochoa Ríos se llevaron a cabo el 5 de noviembre en diligencias realizadas en Cali y Jamundí. Ambos enfrentan cargos por feminicidio agravado en calidad de cómplices; sin embargo, ninguno aceptó su responsabilidad. Por decisión de un juez, los implicados deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. Además, en el caso están involucradas otras cinco personas: Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga.

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¿Cuál es el avance en el caso del feminicidio de María Camila Potosí en Cali?

De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la Nación, hasta el momento se han imputado cargos y capturado a siete personas por el feminicidio agravado de María Camila Potosí. Los presuntos implicados permanecerán detenidos en centros carcelarios mientras se adelantan las investigaciones y el proceso judicial correspondiente.

¿Qué significa feminicidio agravado según la Fiscalía General de la Nación?

El término feminicidio agravado hace referencia a la tipificación penal en la cual el asesinato de una mujer se comete bajo circunstancias de especial gravedad, como la violencia basada en género, el estado de embarazo de la víctima o la participación de varias personas en el crimen, según lo expuesto por la Fiscalía General de la Nación en casos como el de María Camila Potosí.

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A través de su cuenta de X, Cepeda publicó un mensaje titulado “Contra el machismo y el patriarcado en las izquierdas y el progresismo colombiano”, en el que invitó a sus seguidores a estar pendientes de una intervención que hará el próximo domingo desde Valledupar.

El pronunciamiento adquiere relevancia por el momento político en el que aparece, pues las acusaciones contra Petro han puesto bajo discusión la posición de las figuras y organizaciones del Pacto Histórico frente a las denuncias, la defensa de los derechos de las mujeres y la coherencia de sus postulados feministas.

Este es el mensaje de Cepeda:

CONTRA EL MACHISMO Y EL PATRIARCADO EN LAS IZQUIERDAS Y EL PROGRESISMO COLOMBIANO

Invito a seguir por redes sociales el discurso que pronunciaré el próximo domingo desde Valledupar, que será un llamado a la reflexión en la izquierda colombiana sobre el machismo y el patriarcado en nuestras organizaciones.

— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) November 6, 2026

Iván Cepeda anunció discurso contra el machismo en las izquierdas

“Invito a seguir por redes sociales el discurso que pronunciaré el próximo domingo desde Valledupar, que será un llamado a la reflexión en la izquierda colombiana sobre el machismo y el patriarcado en nuestras organizaciones”, escribió el senador.

La publicación no menciona directamente a Gustavo Petro ni hace referencia expresa a las denuncias de Deicy Jiménez. Sin embargo, el mensaje aparece en un momento en el que el comportamiento de los integrantes y dirigentes del progresismo está bajo escrutinio público por el escándalo que involucra al expresidente.

El señalamiento de Cepeda tiene un destinatario concreto: las propias organizaciones de izquierda. En lugar de limitar su reflexión a los problemas de machismo y discriminación en la sociedad, el congresista plantea que también deben examinarse las prácticas que pueden reproducirse dentro de sus estructuras políticas.

El senador tampoco anticipó cuáles serán los puntos específicos de su intervención ni si hará referencias a situaciones particulares. Por ahora, su anuncio está centrado en la necesidad de abrir una discusión interna sobre el patriarcado.

Denuncias contra Gustavo Petro pusieron al progresismo bajo presión

El anuncio de Cepeda se conoce después de que Deicy Jiménez hiciera públicas graves acusaciones contra Gustavo Petro, a quien señaló de haberle ofrecido contratos estatales a cambio de servicios sexuales. La mujer también habló de una supuesta red de mujeres que habría participado en ese esquema durante el gobierno anterior.

La controversia tomó mayor dimensión el 4 de noviembre, cuando Jiménez publicó un video en el que aparece junto al exmandatario en una situación de intimidad. La denunciante presentó la grabación como respaldo de sus afirmaciones, aunque el material, por sí solo, no demuestra que hubiera existido un intercambio de favores sexuales por contratos públicos.

Petro negó haber utilizado contratos del Estado para obtener favores sexuales y sostuvo que las mujeres que trabajaron durante su administración llegaron por sus capacidades y méritos. También cuestionó que el video fuera presentado como prueba sin que se hubieran establecido su fecha, origen, autenticidad y contexto mediante un análisis pericial.

En la misma ceremonia, la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera, recordó que en esos días del 6 y 7 de noviembre de 1985, el Palacio de Justicia fue escenario de una de las tragedias nacionales más dolorosas. Magistrados, empleados y ciudadanos perdieron la vida cumpliendo sus deberes. Meneses subrayó la importancia de aprender la lección dejada por los magistrados asesinados: permanecer fieles a la toga, la Constitución y a la misión judicial, incluso en circunstancias adversas, como forma de honrar su memoria y dignificar a las víctimas. Explicó que la memoria tiene dos dimensiones: una colectiva, que protege del olvido a toda la sociedad; y una individual, vinculada al respeto por la dignidad humana.

La presidenta resaltó el ejemplo de la magistrada Fanny González Franco, primera mujer en llegar a la Corte Suprema de Justicia, quien enfrentó resistencia en 1984 solo por ser mujer. Citó las palabras que González pronunció antes de morir, reflejando la dignidad y el compromiso con la justicia. Según registros del Centro Nacional de Memoria Histórica citados por El Espectador, la toma y retoma del Palacio de Justicia causaron al menos 94 muertes, incluidos once magistrados, y la desaparición de al menos doce personas, aunque las cifras podrían no estar completas. El objetivo del M-19, como indica la fuente, fue llevar a cabo un juicio político contra el presidente Belisario Betancur, al considerar incumplidos los acuerdos de paz y cese al fuego firmados en agosto de 1984. La tragedia permanece como una herida abierta: muchas familias siguen buscando a sus desaparecidos y exigiendo justicia.

¿Cuántas personas murieron y desaparecieron durante la toma del Palacio de Justicia?

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, en la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurridas el 6 y 7 de noviembre de 1985, murieron 94 personas, entre ellas once magistrados. Además, al menos doce personas se encuentran desaparecidas, aunque se advierte que estas cifras podrían no ser completas y varias familias todavía buscan a sus seres queridos.

¿Cuál era el objetivo del M-19 al tomar el Palacio de Justicia en 1985?

Según la información presentada por El Espectador, el propósito de la guerrilla del M-19 al tomar el Palacio de Justicia fue llevar a cabo un juicio político contra el entonces presidente Belisario Betancur, ya que consideraban que no estaba cumpliendo los Acuerdos de Cese al fuego y Diálogo Nacional firmados en agosto de 1984. Interpretaron esto como una traición a la construcción de la paz en Colombia.

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La confirmación llegó por cuenta de Leida, su madre, quien expresó su emoción con una frase que puso fin a meses de incertidumbre: “Apareció, estoy con ella”. La mujer fue localizada mientras deambulaba por las calles de la capital del país. Sin embargo, todavía no se conocen detalles sobre las condiciones en las que fue encontrada ni sobre lo que ocurrió durante el tiempo que permaneció desaparecida.

El hallazgo llevó a su madre a desplazarse hasta Bogotá para acompañarla y avanzar en los trámites necesarios para su regreso. La Alcaldía de Malambo apoyó el traslado de Leida con los tiquetes aéreos. “La alcaldesa me regaló los pasajes de avión para venir a Bogotá”, contó la mujer.

Una búsqueda que no se detuvo

Arleth Carolina desapareció el 22 de octubre de 2024, luego de salir de su vivienda en el conjunto residencial Golondrina, ubicado en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla. Desde ese momento, sus familiares y allegados emprendieron una búsqueda que incluyó campañas en redes sociales, recorridos por municipios del Caribe y llamados a las autoridades. 

La mujer es magíster en Educación y trabajaba como docente en la Institución Educativa Cobateco, en Sabanagrande. Su desaparición mantuvo a sus seres queridos en una constante incertidumbre, mientras su madre insistía en que no dejaría de buscarla hasta conocer su paradero.

Uno de los momentos más recordados de esa lucha ocurrió durante la Batalla de Flores del Recuerdo Sonia Osorio, en el Carnaval de Barranquilla de 2026. Allí, Leida recorrió la celebración con un cartel que llevaba la fotografía de su hija y preguntaba a los asistentes si alguien sabía dónde estaba.

En aquella ocasión, la madre manifestó que no tenía noticias de Arleth: “No he sabido nada de ella, no he tenido una llamada, una luz verde para saber que está bien”.

Ahora, con el hallazgo en Bogotá, la familia enfrenta una nueva etapa. Los detalles sobre el estado de salud de la docente y las circunstancias de su desaparición permanecen bajo reserva. Por el momento, la prioridad de sus seres queridos es acompañarla y concretar su regreso a casa.

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El perfil ya acumulaba 968 seguidores y tenía cerca de cinco fotografías tomadas de las publicaciones de la cuenta oficial de Jiménez. También aparecían videos de otras mujeres, algunos de ellos falsos o manipulados, y un enlace que dirigía a una cuenta de WhatsApp.

El rastreo adelantado por El Tiempo permitió establecer que la página fue creada en Facebook durante la noche del jueves 5 de noviembre. La cuenta continuaba activa al momento de la publicación de su reporte y había incorporado contenido relacionado con la denunciante y el exmandatario.

La aparición del perfil resulta relevante porque Jiménez ha utilizado sus canales oficiales para divulgar imágenes y otros materiales con los que busca respaldar su versión sobre la relación que habría mantenido con Petro y sus denuncias de presuntos contratos estatales a cambio de favores.

Por eso, uno de los puntos que se busca esclarecer es quién abrió la cuenta y con qué propósito publicó información que no correspondería a los canales auténticos de la mujer.

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Perfil falso apareció en medio de diligencia en la Fiscalía

El episodio se conoció mientras Jiménez avanzaba en sus actuaciones ante las autoridades. Según reportó El Tiempo, la denunciante había acudido a la Fiscalía el jueves 5 de noviembre y permaneció allí durante varias horas, hasta cerca de la medianoche.

En esa diligencia, y por solicitud de la Corte Suprema de Justicia, entregó su celular para que se extrajeran de manera técnica y forense fotografías, conversaciones y videos relacionados con el caso.

La publicación de la cuenta falsa también se suma a las alertas que Jiménez ha expresado por presuntos seguimientos ilegales y una posible suplantación de su identidad. No obstante, todavía no se ha establecido quién creó el perfil ni si existe una conexión entre esos hechos.

Al salir de la Fiscalía, la mujer dejó un mensaje en su cuenta oficial, en el que insistió en que su denuncia no debía desviarse hacia otros asuntos: “Yo le cumplo a mi país. Esto no se trata de si un señor xx o no. No desviemos el tema. Se trata de una red de la que decidí no hacer parte y de una verdad que merece ser denunciada”.

Mientras tanto, el origen de la cuenta y la autenticidad de los contenidos que difundió son asuntos que deberán ser esclarecidos.

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La aclaración llegó luego de que se conocieran versiones sobre la supuesta vinculación de Jiménez al equipo de la entonces congresista. En un mensaje publicado el viernes 6 de noviembre, Pizarro insistió en que la mujer prestó sus servicios en otra dependencia del Congreso, durante el periodo en el que ella ocupó la primera vicepresidencia de esa corporación.

“Deicy Jiménez jamás trabajó en mi UTL, fue contratada en la Vicepresidencia del Senado, tal y como lo manifiesto en el comunicado. Cumplió juiciosamente con las labores administrativas que le fueron asignadas en función de su perfil”, escribió.

La exsenadora también explicó que no entregará declaraciones sobre los hechos ni sobre los elementos que hacen parte de la investigación. Según manifestó, su intención es respetar la instrucción del magistrado y permitir que el proceso avance sin interferencias.

“Respeto y acato la orden del magistrado. No voy a referirme a los hechos ni a las pruebas, porque mi prioridad es que el proceso llegue a buen término”, señaló. Además, afirmó que confía en la justicia y que solicitó a la Corte Suprema de Justicia que la escuche para presentar su versión y atender los requerimientos que le hagan.

Deicy Jimenez jamás trabajo en mi UTL, fue contratada en la Vicepresidencia del Senado, tal y como lo manifiesto en el comunicado. Cumplió juiciosamente con las labores administrativas que le fueron asignadas en función de su perfil.

Respeto y acato la orden del magistrado. No voy a referirme a los hechos ni a las pruebas, porque mi prioridad es que el proceso llegue a buen término. Los medios no son jueces de Colombia. Me reafirmo en la confianza en la justicia, por eso he pedido ser escuchada por la Corte Suprema para presentar mi versión y atender en el ejercicio de la cualquier requerimiento.

— María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) November 6, 2026

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¿Qué dijo Deicy Jiménez sobre su contrato en el Senado?

La precisión de Pizarro se conoce en medio de las denuncias de Jiménez, quien ha hablado de una presunta dinámica en la que se habrían ofrecido contratos públicos a mujeres a cambio de encuentros íntimos con Petro. En su relato, la mujer mencionó su supuesta vinculación a la UTL de la entonces congresista.

El caso tomó mayor fuerza luego de que Jiménez divulgara un video en el que aparece junto al exmandatario en una situación íntima. La denunciante presentó las imágenes como respaldo de sus señalamientos, mientras Petro ha rechazado haber entregado contratos a cambio de relaciones sexuales.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió para estudio una denuncia relacionada con el caso, en la que aparecen mencionados Petro y Pizarro. La investigación deberá establecer el alcance de los hechos y las posibles responsabilidades, sin que las acusaciones constituyan por sí mismas una prueba de culpabilidad.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la investigación se centra en la contratación de un sistema tecnológico destinado a validar el ingreso de los aficionados a los estadios de fútbol. El proceso de indagación reveló suficientes elementos para considerar que existen posibles anomalías en la forma como se celebró dicho negocio. Los hallazgos llevaron a que las autoridades decidieran llevar a juicio a la exfuncionaria, abriendo así una nueva etapa judicial en la que será fundamental el examen detallado de las pruebas recolectadas.

La acusación incluye dos delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Según lo avanzado del caso, la respectiva revisión judicial deberá determinar si Urrutia incurrió o no en estas conductas. Es importante subrayar que una acusación formal no equivale a una condena, por lo cual la responsabilidad de la exministra se establecerá únicamente si un juez lo define con base en las evidencias presentadas.

María Isabel Urrutia, quien condujo el Ministerio del Deporte bajo la administración de Gustavo Petro, ahora deberá responder ante la justicia por estos hechos. Este proceso judicial no solo pone en el centro del debate los mecanismos de control en la contratación estatal, sino también la importancia de que los funcionarios públicos actúen conforme a los principios legales y éticos que rigen el ejercicio de sus funciones.

Según la Fiscalía General de la Nación, el avance del caso permitirá esclarecer los hechos y, en caso de haber responsabilidad, garantizar que se sancionen las conductas contrarias a la ley. Esta etapa del proceso es clave para establecer un precedente sobre la integridad en la contratación pública en Colombia.

¿De qué se acusa formalmente a María Isabel Urrutia en el caso del contrato del Ministerio del Deporte?

La acusación formal contra María Isabel Urrutia, de acuerdo con la información de la Fiscalía General de la Nación, es por presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público durante la celebración de un contrato tecnológico para los estadios de fútbol que supera los $4.950 millones.

¿Qué significa falsedad ideológica en documento público según la Fiscalía General de la Nación?

La falsedad ideológica en documento público, según la Fiscalía General de la Nación, implica que en un documento oficial se consignan datos o afirmaciones que no corresponden a la verdad, buscando posiblemente un beneficio indebido o eludir controles o requisitos legales durante la realización de trámites o contratos estatales.

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La iniciativa está dirigida a diferentes integrantes de la comunidad educativa y de la sociedad en general, con condiciones preferenciales para estudiantes, docentes, directivos, colaboradores y sus respectivos grupos familiares.

De acuerdo con la información divulgada por ambas instituciones, los beneficios buscan facilitar el ingreso a programas de pregrado y posgrado, con alternativas de formación para quienes desean actualizar sus conocimientos, adquirir nuevas competencias o avanzar en su desarrollo profesional.

La oferta académica incluye distintas áreas del conocimiento, entre ellas educación, empresa, ingeniería, salud, ciencias sociales, marketing, derecho y tecnología.

¿Qué se puede estudiar con los beneficios de FUNIR y UNIR?

Los interesados pueden consultar los programas disponibles en diferentes campos profesionales, con opciones que buscan responder a las necesidades de formación y actualización del mercado laboral.

Entre las áreas mencionadas por las instituciones se encuentran:

• Educación: alternativas para fortalecer la formación de docentes y profesionales del sector educativo.
• Empresa: programas relacionados con gestión, administración y desarrollo organizacional.
• Ingeniería y tecnología: formación vinculada con conocimientos técnicos y herramientas digitales.
• Salud: opciones académicas para ampliar conocimientos en el sector sanitario.
• Ciencias sociales y derecho: programas enfocados en el análisis social y el ámbito jurídico.
• Marketing: alternativas para desarrollar competencias en comunicación y estrategias comerciales.

La propuesta también contempla formación en otras disciplinas, por lo que cada aspirante puede consultar el catálogo académico y revisar qué programa se ajusta a sus intereses.

UNIR cuenta con una oferta de educación superior en modalidad online, una característica que permite a los estudiantes organizar sus actividades académicas de acuerdo con sus compromisos personales y laborales. Las condiciones específicas de cada programa deben consultarse directamente con la institución.

¿Cómo consultar los beneficios para estudiar en FUNIR y UNIR?

Las personas interesadas en conocer las condiciones preferenciales, los programas disponibles y los requisitos de ingreso pueden comunicarse con los asesores de las instituciones a través del número +57 317 257 8690.

FUNIR y UNIR señalaron que esta iniciativa hace parte de su propósito de acercar oportunidades de educación flexible y de calidad a diferentes sectores de la población, con alternativas para quienes buscan continuar su formación y fortalecer su trayectoria profesional.

La preocupación entre la comunidad aumentó porque la suspensión de las comunicaciones coincidió con un episodio violento registrado el viernes 6 de noviembre, cuando la estación de Policía local fue blanco de un ataque en el que, siguiendo reportes iniciales, se habrían utilizado drones y explosivos. Esta situación complicó aún más los intentos de las personas para contactar a sus familiares, pedir ayuda o simplemente mantenerse informados sobre el desarrollo del incidente y la respuesta de las autoridades.

De acuerdo con la información suministrada por Claro, las fluctuaciones en el suministro eléctrico impactaron de manera directa en el funcionamiento de la infraestructura responsable de asegurar la conectividad de los teléfonos móviles en Ataco. Apenas fue posible reparar el transformador dañado, el equipo técnico restableció la operación de los dispositivos de transmisión y con ello la cobertura de telefonía móvil para la zona urbana.

La empresa comunicó oficialmente la normalización del servicio, lo que permitió que los usuarios pudieran retomar sus actividades habituales de comunicación. Esta pronta intervención técnica fue fundamental para superar la emergencia y devolverles a los habitantes la posibilidad de hacer uso de los servicios de telecomunicaciones que, durante la contingencia, se habían visto interrumpidos por completo. Así, se restauró el contacto entre las personas y se aportó algo de tranquilidad en medio de los hechos preocupantes que afronta la localidad.

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¿Por qué se suspendió el servicio de telefonía móvil en Ataco?

El servicio de telefonía móvil en Ataco se suspendió debido a una falla en el suministro de energía. Según lo informado por Claro, las fluctuaciones eléctricas dañaron el transformador encargado de alimentar la estación base que brinda cobertura al casco urbano. Esta situación ocasionó que los habitantes permanecieran incomunicados durante varias horas.

¿Qué relación tuvo la caída de comunicaciones con los hechos de orden público en Ataco?

La interrupción de las comunicaciones coincidió con un ataque a la estación de Policía de Ataco, llevado a cabo el viernes 6 de noviembre. Según reportes preliminares entregados en el texto, en el ataque habrían sido utilizados drones y explosivos, lo que incrementó la preocupación de la población al dificultar la solicitud de ayuda y el intercambio de información en un momento crítico.

Entre las recomendaciones más destacadas, el Instituto sugiere que el decreto precise que todas las decisiones sobre el lugar donde se llevará a cabo la necropsia —así como otros procedimientos forenses— deben coordinarse de forma directa con Medicina Legal. Esta sugerencia obedece a las diversas capacidades entre sedes: no todas cuentan con equipos para casos complejos, muertes múltiples o cuerpos en condiciones especiales. Además, requieren la intervención de distintas disciplinas como patología, antropología, odontología, radiología, genética y toxicología, según indica el documento citado por El Espectador.

El Instituto enfatizó la importancia de que la coordinación inicie desde el primer conocimiento del suceso. Plantea que las sedes de abordaje, funcionarios y apoyos se organicen rápidamente y no esperen la llegada de los cuerpos para empezar la planificación técnica y operativa. Igualmente, Medicina Legal advirtió que remitir el caso a la sede geográficamente más cercana podría afectar la integridad del examen, la conservación de evidencias y la aplicación uniforme de protocolos forenses. Por eso, entre las sugerencias, propone que el decreto establezca explicitamente la coordinación entre las Fuerzas Militares y Medicina Legal antes de decidir a qué sede se remitirá el caso, respetando las competencias institucionales.

Otras recomendaciones abordan la manipulación y traslado de cuerpos. El Instituto señaló que deben quedar bajo preservación y no ser movilizados, salvo en situaciones estrictamente necesarias, como una urgencia humanitaria. Además, advierte sobre el plazo de 36 horas para informes ejecutivos previsto en la ley, aclarando que no refleja el tiempo real de las necropsias o análisis forenses y pide evitar malinterpretaciones que restrinjan la duración de estos estudios.

En cuanto al tratamiento de los cuerpos, Medicina Legal considera adecuada la norma que prohíbe condicionar la entrega a trámites funerarios o información familiar, aunque subraya que siempre se debe conservar la opción de procedimientos adicionales ordenados por autoridades competentes.

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¿Qué recomendaciones hizo Medicina Legal sobre el decreto de coordinación con la fuerza pública?

El Instituto Nacional de Medicina Legal recomendó fortalecer el decreto para que la coordinación y toma de decisiones sobre la necropsia y otros procedimientos forenses se realicen siempre de la mano con la entidad, considerando aspectos técnicos, de seguridad y operativos. Además, sugirió que no se traslade ni manipule el cuerpo salvo casos excepcionales y que la sede para abordar cada caso se decida mediante coordinación previa, no solo por cercanía geográfica.

¿Por qué alerta Medicina Legal sobre el plazo de 36 horas para el informe ejecutivo?

El Instituto indica que el plazo de 36 horas, tomado del artículo 205 de la Ley 906 de 2004, se refiere únicamente al informe policial y no cubre el tiempo que requieren las necropsias u otros procedimientos forenses. Por ello, piden que no se interprete como una limitación para los análisis técnicos, que pueden demandar más tiempo según la complejidad de cada caso.

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A través de su cuenta de X, el mandatario destacó el resultado de un operativo adelantado por Migración Colombia, la Policía Nacional, el Ejército y la Alcaldía Mayor de Bogotá, que incluyó intervenciones en 15 localidades de la capital.

“¡A nuestro país se viene a respetar la ley, no a burlarse de ella!”, escribió De la Espriella al referirse a la medida adoptada contra los ciudadanos extranjeros.

El jefe de Estado aseguró que había impartido una instrucción para evitar que quienes lleguen al territorio nacional con la intención de delinquir encuentren refugio en Colombia.

“En la era del Tigre, Colombia no es refugio de criminales”, agregó el mandatario en su pronunciamiento.

¡80 EXTRANJEROS QUE VINIERON A DELINQUIR A BOGOTÁ FUERON EXPULSADOS DE COLOMBIA!

¡A NUESTRO PAÍS SE VIENE A RESPETAR LA LEY, NO A BURLARSE DE ELLA!

He dado una instrucción clara: quienes vengan a Colombia a delinquir no pueden encontrar refugio en nuestro territorio.

En cumplimiento de esta directriz, Migración Colombia, nuestra Fuerza Pública y la Alcaldía de Bogotá adelantaron una intervención en 15 localidades de la capital, que permitió la expulsión de 80 ciudadanos extranjeros que acumulaban más de 1.100 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia y registraban antecedentes relacionados con diferentes conductas delictivas.

¡DIEZ DE ELLOS FUERON CAPTURADOS AL LLEGAR A VENEZUELA! Tenían órdenes de captura vigentes en ese país.

Entre las conductas registradas se encuentran hurto, tráfico de estupefacientes, extorsión, concierto para delinquir, porte de armas cortopunzantes, consumo de sustancias psicoactivas e irrespeto a la autoridad.

¡A COLOMBIA NO SE VIENE A DELINQUIR!

Nuestro país tiene las puertas abiertas para los extranjeros que llegan a trabajar honradamente, respetar nuestras leyes y aportar al progreso de nuestra nación. Pero a quienes pretendan utilizar nuestro territorio para delinquir les advierto: ¡EN LA ERA DEL TIGRE, COLOMBIA NO ES REFUGIO DE CRIMINALES!

Aquí se respeta la ley, se ejerce la autoridad y se protege a los colombianos.

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 6, 2026

De la Espriella se refirió a los 80 extranjeros expulsados de Bogotá

De acuerdo con el balance entregado por Migración Colombia, entre las personas expulsadas hay 74 hombres y seis mujeres, quienes acumulaban en conjunto más de 1.100 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la seguridad y la convivencia ciudadana.

Entre las conductas registradas por las autoridades aparecen el porte de armas y elementos cortopunzantes, el consumo, porte, distribución o comercialización de sustancias psicoactivas y el irrespeto a la autoridad.

La entidad también indicó que, según el Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, algunos de los ciudadanos tenían anotaciones judiciales relacionadas con conductas como hurto, tráfico de estupefacientes y extorsión.

Incluso, entre los expulsados había personas que acumulaban hasta 90 medidas correctivas.

El reporte oficial agregó que dos mujeres y un hombre fueron expulsados después de cumplir condenas por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y extorsión.

Diez extranjeros fueron capturados al llegar a Venezuela

Otro de los datos destacados por De la Espriella fue la captura de diez de las personas expulsadas, quienes tenían órdenes de captura vigentes en Venezuela por delitos cometidos en ese país.

Para completar el procedimiento, los 80 ciudadanos extranjeros fueron trasladados hasta la base militar de CATAM, en Bogotá. Allí abordaron un vuelo de apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana con destino a Cúcuta, Norte de Santander.

Posteriormente, fueron entregados a las autoridades migratorias en la zona de frontera, específicamente en el Puente Internacional Atanasio Girardot, donde se concretó la salida del territorio colombiano.

El director general de Migración Colombia, José Luis Castañeda, señaló que el Gobierno mantendrá la articulación con la Fuerza Pública y las autoridades locales para fortalecer los controles migratorios.

“Colombia tiene las puertas abiertas para los extranjeros que vienen a trabajar y hacer las cosas bien, pero aquellos que ingresan con intención de delinquir tendrán que enfrentar todo el peso de la ley”, manifestó el funcionario.

Por su parte, De la Espriella reiteró que su Gobierno mantendrá las medidas contra quienes utilicen el territorio nacional para cometer delitos.

“Nuestro país tiene las puertas abiertas para los extranjeros que llegan a trabajar honradamente, respetar nuestras leyes y aportar al progreso de nuestra nación”, expresó el presidente.

En esa importante reunión, estuvieron presentes figuras relevantes del ámbito educativo y gubernamental, tales como la ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos Castañeda; la gobernadora del Valle del Cauca y presidenta del Consejo Superior, Dilian Francisca Toro, y el rector, Guillermo Murillo Vargas. El encuentro se realizó poco tiempo después del acto inaugural del nuevo campus universitario en el municipio de Sevilla, lo cual refuerza la apuesta por la expansión y mejora de la universidad. Así lo reportó la propia Universidad del Valle.

Los recursos serán gestionados a través de 11 vigencias futuras, mecanismo que permite a la institución comprometer parte de su presupuesto proyectado para el año 2027. Según lo expuesto por la ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda, estas partidas se dirigirán a atender los daños sufridos en diferentes sedes y campus que integran la Univalle, garantizando así la seguridad y continuidad de sus actividades académicas.

Además de invertir en infraestructura, el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Valle adoptó medidas adicionales tras el terremoto, priorizando el bienestar y la permanencia de los estudiantes. Entre ellas, se incluyó una exención del 10 % en el valor de las matrículas de posgrado, exceptuando los posgrados médico-quirúrgicos, y la aprobación de entre 400 y 500 nuevos cupos para estudiantes afectados por el sismo. De acuerdo con el comunicado institucional, estas acciones buscan apoyar directamente a quienes más lo requieren, manteniendo su acceso y permanencia en la educación superior.

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¿Cómo se distribuirán los 40.000 millones para la reconstrucción de infraestructura en la Universidad del Valle?

La distribución de los 40.000 millones de pesos estará enfocada en las zonas de la Universidad del Valle que resultaron perjudicadas por el sismo, de acuerdo con lo aprobado en el Consejo Superior Universitario. Los recursos se administrarán mediante vigencias futuras que permiten comprometer presupuesto del año 2027, con prioridad en obras de recuperación y refuerzo de diferentes sedes y campus afectados.

¿Qué exenciones y cupos adicionales fueron otorgados a estudiantes de Univalle tras el terremoto?

Como parte de las medidas para apoyar a la comunidad estudiantil tras el sismo, la Universidad del Valle aprobó una exención del 10 % en las matrículas de programas de posgrado, excepto los médico-quirúrgicos, y ratificó la asignación de entre 400 y 500 cupos adicionales para estudiantes perjudicados por el terremoto, de acuerdo con el comunicado oficial de la entidad.

Esta alternativa fue definida en agosto, a partir de los estudios de demanda que se realizaron para la red ferroviaria pensada hacia el año 2052. Actualmente, tanto la Empresa Metro de Bogotá como la Financiera de Desarrollo Nacional desarrollan estudios de factibilidad e ingeniería. Estos permitirán determinar con mayor precisión los costos, las obras requeridas, la adquisición de predios, los riesgos asociados y, finalmente, el trazado definitivo. Solo después de estas etapas el proyecto podrá ser elevado a las instancias nacionales responsables de su aprobación.

La Línea 3 representaría el primer vínculo regional metro-ferroviario entre Bogotá y Soacha, involucrando la coordinación de la Empresa Metro, la Gobernación de Cundinamarca, la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y la Agencia Regional de Movilidad. Según los datos disponibles, el trazado tendrá no solo 18 estaciones, sino también un patio-taller con capacidad para 32 trenes y un ramal técnico adicional de 1,5 kilómetros para conectar la última estación con las instalaciones de mantenimiento. No obstante, como aclara la Empresa Metro, hasta ahora no se ha dado a conocer un mapa oficial estación por estación ni la localización definitiva de cada parada dentro de la propuesta seleccionada.

El cronograma técnico prevé que en mayo de 2027 se radique la solicitud de aval técnico ante el Ministerio de Transporte, tras lo cual se espera obtener el aval fiscal. En diciembre de 2027 se podría firmar el convenio de cofinanciación entre la Nación y las entidades involucradas; allí, la Nación asumiría el 70 % del financiamiento, mientras que Bogotá, Cundinamarca, Soacha y otras entidades cubrirían el 30 % restante. La licitación internacional solo se abrirá después de consolidar ese acuerdo financiero.

Por ahora, el contrato vigente, firmado a finales de 2024 con la Financiera de Desarrollo Nacional, cubre únicamente los estudios y diseños de factibilidad, no la construcción. Este acuerdo tiene una duración de tres años y un valor de $104.865 millones.

La motivación central del proyecto está respaldada por datos como los de la Encuesta de Movilidad de 2019, según la cual Soacha es el principal origen de los viajes hacia Bogotá, con 269.466 desplazamientos diarios, generalmente por trabajo y estudio. De acuerdo con la Región Metropolitana, el 57,2 % de los habitantes de Soacha que viajan a Bogotá dedican cerca de tres horas en cada trayecto. Por eso, la Línea 3 busca ser una solución de alta capacidad, aunque su demanda final, tiempos de viaje y fecha de inicio de obras dependen todavía de los estudios.

Este proyecto está diseñado para integrarse con las líneas 1, 2 y 4 del metro de Bogotá, además de Regiotram de Occidente y Regiotram del Norte, cada uno con cronogramas y fuentes de financiación independientes.

¿Cuál es el recorrido y cuáles serán las estaciones de la Línea 3 del Metro de Bogotá?

Hasta el momento, la Empresa Metro de Bogotá no ha publicado un mapa oficial con las estaciones exactas ni la ubicación detallada de cada parada en la Línea 3. La información más reciente indica que habrá 18 estaciones en total, de las cuales tres estarán en Soacha, y el trazado recorrerá cinco localidades de Bogotá. Sin embargo, la ubicación final dependerá de los resultados de los estudios de factibilidad e ingeniería actualmente en desarrollo.

¿Qué instituciones participan en la estructuración y financiación del Metro de Bogotá hacia Soacha?

De acuerdo con El Espectador, en el desarrollo y financiación de la Línea 3 están involucradas la Empresa Metro de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y la Agencia Regional de Movilidad. Además, la cofinanciación espera la participación mayoritaria de la Nación, que aportaría el 70 % de los recursos, mientras que las entidades regionales asumirían el 30 % restante.

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“No tengo ninguna relación con Deicy Jiménez ni conozco ni he escuchado sobre la instrumentalización de persona alguna para obtener favores”, afirmó. También manifestó que espera que las autoridades avancen en las investigaciones y esclarezcan lo ocurrido.

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Sin embargo, buena parte de su pronunciamiento estuvo dirigida a cuestionar los señalamientos que, según ella, han surgido por sus acercamientos políticos con Petro. Guerrero rechazó que esa circunstancia se utilice para hacer insinuaciones sobre su vida íntima o para presentarla como un instrumento de intereses ajenos.

La mujer sostuvo que ese tipo de narrativas desconoce la autonomía de las personas y resulta irrespetuoso con las mujeres. En ese sentido, insistió en que las relaciones personales pertenecen a la esfera privada y no deberían convertirse en motivos de persecución o cuestionamientos públicos.

Juliana Guerrero pidió respeto por su vida privada

En otro apartado de su declaración, Guerrero señaló que ocupar un cargo público o tener vínculos políticos no significa renunciar al derecho a la intimidad y a la dignidad personal.

“Ninguna persona debería atribuirse el derecho de escrutar, juzgar o instrumentalizar las relaciones personales de los demás”, expresó. También cuestionó que las garantías individuales puedan depender de las afinidades políticas de cada persona.

No tengo ninguna relación con Deicy Jiménez ni conozco ni he escuchado sobre la instrumentalización de persona alguna para obtener favores sexuales. Espero que sea la justicia quien avance y aclare toda esta situación.

Es absolutamente reprochable que, por el simple hecho de yo haber tenido algún acercamiento político con el expresidente @Petrogustavo, se pretenda reducir a las mujeres, incluyéndome, a insinuaciones sobre nuestra vida sexual o presentarnos como instrumentos de intereses ajenos. Esa narrativa es profundamente irrespetuosa y desconoce nuestra autonomía.

Ninguna persona debería atribuirse el derecho de escrutar, juzgar o instrumentalizar las relaciones personales de los demás, independientemente de la posición o cargo que ocupen o hayan ocupado. Las relaciones interpersonales hacen parte de la esfera privada y no pueden convertirse en mecanismos de persecución. El ejercicio de una función pública no implica renunciar al derecho a la intimidad ni a la dignidad personal.

Yo, por mi parte, he asumido las responsabilidades que me corresponden —que bastante dolor me han causado— y no permitiré que se siga vulnerando mi dignidad e intimidad ni que se utilice mi vida privada para intentar atribuirme actos que no me corresponden. Pido respeto por la intimidad, pues las garantías de todas las personas no pueden depender de sus afinidades políticas.

— JULIANA GUERRERO (@J_Guerrero_J) November 6, 2026

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Guerrero reconoció que ha asumido responsabilidades que le corresponden y que esa situación le ha causado dolor, aunque no precisó a cuáles se refería. Aseguró, además, que no permitirá que su vida privada se utilice para atribuirle actuaciones que, según manifestó, no le corresponden.

Su pronunciamiento se conoce en medio de la polémica que tomó fuerza luego de que Deicy Jiménez divulgara un video en el que aparece besando a Petro. La mujer ha presentado ese material en el contexto de sus señalamientos sobre presuntos intercambios de contratos públicos por favores íntimos.

El exmandatario ha rechazado esas acusaciones y ha negado que utilizara contratos estatales para obtener beneficios íntimos. Mientras tanto, las declaraciones de los involucrados y las denuncias deberán ser examinadas por las autoridades, que tendrán la tarea de establecer qué ocurrió.

El ataque ocurrió en una zona transitada, lo que aumentó la tensión en el vecindario. Según la información registrada, luego del atentado, ‘Popa’ fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde los médicos intentan salvarle la vida. Hasta la fecha, no se ha confirmado oficialmente su estado de salud más allá del delicado pronóstico ocasionado por las graves heridas.

La situación tuvo repercusiones adicionales, ya que otra persona que se encontraba cerca del lugar del ataque también resultó herida. Los reportes preliminares señalan que esta segunda víctima fue alcanzada por un proyectil que había rebotado. La identidad y el estado de salud de esta persona aún no se han confirmado, lo cual mantiene la incertidumbre y preocupación entre los residentes y familiares.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de este hecho violento. Aunque los primeros reportes apuntan a que se podría tratar de un ataque sicarial, las causas y los responsables aún no han sido establecidos. Los organismos competentes trabajan en la recolección de pruebas y testimonios, con el objetivo de dar claridad a lo sucedido, identificar a los agresores y determinar el motivo de la agresión que dejó a ‘Popa’ y a otra persona más en delicado estado de salud.

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¿Qué es un ataque sicarial y en qué consiste este tipo de agresiones?

Un ataque sicarial, según la información reportada, es un tipo de agresión en la que, generalmente, una o varias personas realizan un atentado armado contra un objetivo específico. En este caso, la modalidad incluyó el uso de una motocicleta y disparos dirigidos, lo cual caracteriza este tipo de ataques por su sorpresa y precisión.

¿Cuál es el estado de salud y la identidad de la segunda persona herida en el ataque en El Guamo?

Por ahora, no se ha confirmado la identidad ni el estado de salud de la segunda persona herida durante el ataque en El Guamo. La información difundida indica que esta persona fue alcanzada por un proyectil que rebotó, pero se espera que las autoridades brinden más detalles a medida que avance la investigación.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas presentaban heridas ocasionadas con arma de fuego. Las primeras versiones apuntan a que se trataría de una mujer y sus dos hijas, aunque esta información está pendiente de confirmación oficial.

El crimen ha causado preocupación en esta población vallecaucana, mientras se espera que las autoridades entreguen detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque y las posibles identidades de las víctimas.

Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre los responsables ni los móviles del triple homicidio.

De acuerdo con la información difundida por la entidad, la capoeira se presenta como mucho más que un simple combate físico. Es una disciplina que integra acrobacias, música y danza, donde el ritmo es fundamental y la comunidad se fortalece a través de la interacción y cooperación entre los participantes. A través de su práctica, la capoeira fomenta valores como la confianza, el trabajo en equipo y la resiliencia, siendo un vehículo de conexión profunda tanto con uno mismo como con otros. Esta actividad desafía el cuerpo y la mente, invitando a quienes participan a superar sus propios límites y a abrirse a nuevas formas de expresión física y cultural.

El evento convoca a bogotanos y residentes a vivir una experiencia única, en la que la energía y la libertad toman el centro de las acciones. Como destaca la organización en su invitación, la capoeira es una expresión artística que lleva siglos adaptándose a los contextos urbanos y transformando los espacios cotidianos en escenarios de autodescubrimiento. A través de esta clase gratuita, los asistentes tienen la posibilidad de fortalecer el cuerpo, descubrir las raíces de esta práctica y comprender cómo el arte ancestral puede integrarse en la dinámica moderna de la ciudad.

La convocatoria realizada por el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero refleja el compromiso de la Alcaldía de Bogotá por promover opciones de bienestar físico y emocional, integrando los saberes tradicionales con espacios de recreación accesibles para todos los ciudadanos. Este tipo de eventos busca hacer de la ciudad un lugar más inclusivo y diverso en sus ofertas culturales y deportivas, incentivando la participación activa de la comunidad.

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¿Dónde y cuándo será la clase gratis de capoeira en Bogotá en 2026?

La clase gratuita de capoeira anunciada por el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, en Bogotá, se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre de 2026, desde las 11:00 a. m. hasta las 12:00 del mediodía. El lugar de la actividad es la sala del gimnasio, situada en el sexto piso del CEFE Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69. El evento es de acceso libre para mayores de 18 años, hasta completar la capacidad del espacio.

¿Qué es la capoeira y qué beneficios ofrece según la Alcaldía de Bogotá?

La capoeira, de acuerdo con la información emanada por la Alcaldía de Bogotá, es un arte marcial afrobrasileño que combina acrobacias, danza y música, proporcionando una experiencia integradora y comunitaria. Se trata de una práctica que, además de ejercitar el cuerpo, promueve valores como la confianza, el trabajo colaborativo y la resiliencia, permitiendo el desarrollo personal y la conexión cultural de los participantes dentro de la vida urbana.

La administración municipal ha estructurado un plan logístico basado en desvíos asistidos e información preventiva para quienes se mueven en el área afectada. Según indicó Luis Fernando Escobar, subsecretario de Servicios de Movilidad de Cali, el recorrido de la carrera iniciará en la intersección de la carrera 10 con calle 22, tomando dirección oriente-occidente hasta llegar a la calle 12, en las inmediaciones de Ciudad Paraíso. Posteriormente, los atletas tomarán la carrera 11, volverán a enlazar con la carrera 10 y girarán hacia la calle 9, donde se realizará una restricción de tránsito limitada a un solo carril.

En lo que respecta al resto de los tramos críticos, la calle 25 tendrá intervención en solo uno de sus carriles, manteniendo abierto el tráfico en sentido norte-sur. La carrera 10, en el sector oriente-occidente, seguirá funcionando con normalidad para el paso vehicular, permitiendo cierta fluidez a pesar del evento.

Para quienes necesiten desplazarse hacia el centro de la ciudad, las autoridades de tránsito recomiendan tomar la carrera 15, cuyo carril en sentido occidente-oriente estará completamente habilitado. Esto permitirá a los vehículos provenientes del sur utilizar esta vía hasta la calle 22 y luego continuar por la carrera 11, siguiendo las indicaciones de los reguladores de tránsito. Por otro lado, quienes transiten por la carrera 10 en dirección occidente-oriente deben desviarse por las calles quinta o séptima y conectar con las carreras quinta o novena, según el destino final.

Para garantizar la seguridad y la movilidad, la Secretaría de Movilidad Distrital ha coordinado la presencia de cuarenta reguladores de tránsito y patrullas con agentes, quienes se encargarán de acompañar y orientar a los ciudadanos en los puntos de mayor congestión y cierre.

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¿Cuáles son los cierres viales y desvíos principales por la carrera ‘5K Ruta Paraíso’ en Cali?

Durante el desarrollo de la carrera ‘5K Ruta Paraíso’, los cierres principales afectarán la carrera 10 entre calles 22 y 12, así como tramos de la carrera 11 y la calle 9, donde solo uno de los carriles estará restringido. En la calle 25 también se intervendrá un único carril, manteniendo el paso en sentido norte-sur. Las autoridades han dispuesto rutas alternas como la carrera 15 y desvíos por las calles quinta o séptima, para que la ciudadanía pueda desplazarse sin mayores contratiempos.

¿Qué medidas de control implementó la Secretaría de Movilidad para la carrera atlética?

La Secretaría de Movilidad Distrital, de acuerdo con lo reportado por Noticiero 90 Minutos, dispuso cuarenta reguladores de tránsito y agentes en patrullas que estarán presentes durante todo el evento. Su función es organizar, verificar y guiar tanto a conductores como peatones en los puntos de cierre y desvío, facilitando el desarrollo ordenado de la carrera y la movilidad de quienes circulan por la zona afectada.

De acuerdo con Santos, gran parte de las comunidades en Colombia aún aguardan el cumplimiento efectivo de los compromisos pactados, considerando que la implementación del Acuerdo por parte de las dos administraciones más recientes “ha dejado mucho que desear”. Enfatizó en la necesidad de que la ciudadanía alce la voz para exigir que se respete lo acordado y remarcó que la paz debe mantenerse como una prioridad nacional.

Según El Espectador, el expresidente advirtió sobre el fortalecimiento de organizaciones disidentes y criminales desde la firma del Acuerdo de Paz. Señaló que estos grupos han expandido su presencia territorial en Colombia y cuentan con financiación proveniente del narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas, transformándose en mafias coordinadas que ya no responden a intereses políticos. De acuerdo con sus palabras, algunos rivales políticos han intentado argumentar que el resurgimiento de la violencia es consecuencia de lo pactado en 2016, pero Santos aseguró que la causa es opuesta: la “falta de voluntad política y de capacidad” de los gobiernos recientes ha evitado el cumplimiento integral, propiciando la crisis actual.

Durante la gira, que incluyó países como Reino Unido y España, Santos mantuvo la misma postura. En Barcelona, en el evento World in Progress, cuestionó las intervenciones del embajador colombiano ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona, ante el Consejo de Seguridad, sugiriendo que existe una política oficial para deslegitimar y “reescribir la historia” en torno al Acuerdo de Paz. En Londres, invitado por el Bar Council, Santos compartió reflexiones sobre la experiencia colombiana en la búsqueda de la paz y resaltó el reto de equilibrar justicia y estabilidad duradera.

De manera contundente, Santos expresó su preocupación por la reducción de los recursos asignados para la implementación del Acuerdo y criticó la polarización que rodea el tema, subrayando que “cumplir o no cumplir” lo pactado no debería ser motivo de debate en la actualidad.

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¿Qué desafíos enfrenta la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia según Juan Manuel Santos?

De acuerdo con Santos, los desafíos principales se relacionan con la falta de voluntad política y de capacidad de las administraciones posteriores a la firma del acuerdo. Además, la ampliación de organizaciones criminales, financiadas por actividades ilícitas, y la disminución de los recursos destinados a la implementación han dificultado el cumplimiento de lo pactado y generado mayor conflicto en el país.

¿Por qué algunos políticos buscan deslegitimar el Acuerdo de Paz en Colombia?

Según el expresidente, existen sectores políticos que, “en una cínica distorsión de la verdad”, intentan responsabilizar al Acuerdo de Paz del aumento de la violencia tras su firma. Santos argumenta que estas acciones buscan deslegitimar el acuerdo y atribuirle consecuencias negativas que, en realidad, provienen de la inacción gubernamental y la no implementación plena de las obligaciones constitucionales adquiridas.

La conferencia, organizada por los gobiernos de Suecia y Canadá junto con Unicef, reunió a figuras clave como el ministro de Justicia, Iván Cancino, y la viceministra de Asuntos Multilaterales, Daniella Restrepo. Cancino recalcó que “prevenir el reclutamiento y recibir de vuelta a quienes han sufrido es la forma más eficaz de romper el ciclo de la violencia en Colombia”, señalando la importancia de proteger a la niñez en todo momento. Los datos expuestos durante el evento reflejan la gravedad del panorama: en los últimos cinco años, más de 1.570 menores han sido impactados por el reclutamiento y la utilización en contextos armados.

Los participantes insistieron en que la prevención demanda una respuesta articulada entre el Estado, organizaciones sociales y la comunidad internacional. Además de fortalecer la protección en territorios afectados, se planteó la urgencia de garantizar educación y oportunidades para los jóvenes. Igualmente, se advirtió sobre los riesgos en entornos digitales, donde los grupos armados aprovechan herramientas tecnológicas para atraer a menores.

La Defensoría del Pueblo, como autoridad en la protección de derechos, ya ha alertado sobre el número de casos en Colombia: entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026 se identificaron 113 menores reclutados. Aunque señala una leve disminución respecto a años anteriores, la entidad advierte que esto no se traduce necesariamente en una reducción real de la problemática. De estos casos, el 58 % corresponde a niños y adolescentes, el 42 % a niñas y adolescentes; el 24 % está compuesto por niños indígenas y el 9 % por población afrocolombiana. El 67 % no pertenece a ningún grupo étnico identificado.

Según la misma fuente, el Estado Mayor Central (EMC) sería el grupo armado presuntamente más atacante, con el 26,5 % de los casos en 2026, seguido por el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (21,2 %) y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) con el 20,4 % de las denuncias.

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¿Cuántos niños son reclutados por grupos armados en Colombia según Unicef?

De acuerdo con los datos proporcionados durante la Conferencia de Alto Nivel sobre Prevención del Reclutamiento, Unicef señaló que en Colombia, cada 22 horas, un niño, niña o adolescente es reclutado por grupos armados. Además, en los últimos cinco años se han contabilizado más de 1.570 menores afectados por esta práctica.

¿Cuáles son los grupos armados que más reclutan menores en Colombia?

Según la información presentada por la Defensoría del Pueblo en el periodo de 2026, el Estado Mayor Central (EMC) es el grupo armado que presuntamente más menores recluta, con el 26,5 % de los casos reportados. Le siguen el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, con el 21,2 %, y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) con el 20,4 % de las denuncias.

Claro explicó que, por falla de energía en el municipio, se presentó daño de transformador de la estación base que da cobertura al casco urbano de Ataco, al tiempo que confirmó que ya se solucionó y en estos momentos el servicio esta arriba. También se han presentado descargas atmosféricas, pero ya aseguramos la energía en Ataco.

La afectación en las telecomunicaciones fue motivo de preocupación entre los habitantes de Ataco, quienes enfrentaron serias dificultades para conocer el estado de sus familiares y mantenerse informados sobre lo que sucede en diferentes sectores del municipio.

El hecho sucedió luego de un atentado ocurrido el viernes 6 de noviembre, en el cual se presume que los atacantes utilizaron drones, explosivos y ráfagas de disparos contra la estación de policía de Ataco. El impacto de este ataque también habría provocado daños en la biblioteca municipal.

En respuesta a la situación de violencia, se adoptaron medidas restrictivas en Ataco. Inicialmente, sólo se permitió la salida de los habitantes entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, para que pudieran abastecerse de alimentos y productos esenciales. Sin embargo, tras conocerse el nuevo ataque, esta autorización fue revocada y la población recibió la orden de permanecer recluida en sus viviendas para evitar riesgos ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos.

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¿Por qué se cayó la señal de Claro en Ataco durante el ataque?

Claro indicó que se presentó daño de transformador de la estación base que da cobertura al casco urbano de Ataco por falla de energía en el municipio, al tiempo que confirmó que ya se solucionó y en estos momentos el servicio esta arriba. También se han presentado descargas atmosféricas, pero ya aseguramos la energía en Ataco.

¿Qué medidas se tomaron para proteger a los habitantes de Ataco tras el atentado?

De acuerdo con los reportes, las autoridades restringieron inicialmente la movilidad de la población, permitiendo únicamente la salida de los habitantes para abastecerse entre las 9:00 a. m. y las 12:00 del mediodía. Después del nuevo ataque, se suspendió esta autorización y se pidió a los residentes que permanecieran en sus viviendas para evitar exponerse a posibles enfrentamientos en medio de la crisis de seguridad del municipio.

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No obstante, la reapertura podría ser temporal. Escobar Nieto advirtió que, de requerirse avanzar con una demolición aún pendiente en dicho sector, se ordenaría nuevamente su cierre. Las decisiones estarán condicionadas por los criterios de seguridad y el desarrollo de las intervenciones en curso, velando siempre por la integridad de los ciudadanos. De igual modo, en el centro de Cali se estudia la posibilidad de habilitar la circulación en la zona de la carrera Quinta, aunque se aclaró que el entorno de la Catedral mantendrá sus cerramientos para proteger a los transeúntes

Otro cambio destacado es la habilitación de la calle 11, entre carreras Sexta y Quinta, exclusivamente para motocicletas. Esta restricción, según las autoridades, busca regular el flujo vehicular en dicho tramo definiendo claramente los vehículos autorizados. Paralelamente, la Secretaría de Movilidad estudia posibles cierres preventivos en la calle 10, entre carreras Tercera y Cuarta, así como un cierre parcial en la carrera Tercera, entre calles Novena y 11. Esta última medida está relacionada con las condiciones de un establecimiento comercial considerado de riesgo de colapso.

En todos los casos, la entidad responsable continúa las gestiones para determinar qué restricciones resultan necesarias, evitando así situaciones que pongan en peligro la seguridad pública. Por ello, se recomienda a conductores, motociclistas y peatones mantenerse informados a través de los anuncios oficiales y tener en cuenta que los cambios pueden modificarse conforme avancen las obras y se desarrollen las demoliciones pendientes.

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¿Qué corredores viales de Cali tendrán modificaciones en la movilidad?

De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad, los corredores que sufrirán cambios son la carrera 56 entre calles Quinta y Primera, la calle 11 entre carreras Sexta y Quinta, así como la calle 10 entre carreras Tercera y Cuarta, y la carrera Tercera entre calles Novena y 11. Algunos de estos tramos estarán habilitados, mientras que otros podrían cerrarse preventivamente tras evaluaciones de seguridad.

¿Por qué se realizan cierres y restricciones en los corredores viales cerca a la Plaza de Toros en Cali?

Según explicó el subsecretario Luis Fernando Escobar Nieto, las medidas buscan proteger a peatones y conductores por riesgos relacionados con demoliciones pendientes y posibles colapsos de establecimientos cercanos. Así, los cierres y restricciones se fundamentan en salvaguardar la vida e integridad de las personas mientras avanzan las intervenciones y obras de prevención.

En los meses siguientes al terremoto, la fundación desarrolló la 'Donatón salsera', una estrategia enfocada en la recolección de insumos para comunidades rurales y vulnerables. Este programa culminó recientemente y logró recaudar 20 toneladas de ayudas, alcanzando a 90 familias que enfrentan condiciones difíciles. Este esfuerzo coordinado incluyó colaboración con líderes de las comunas 2, 7 y 14 de Cali, quienes facilitaron la logística para llevar los insumos a familias de las zonas de Darién y Yumbo, como señaló el reportaje de 90 Minutos.

De acuerdo con Mariluz Cruz, fundadora de Borondo por el Barrio, la 'Donatón salsera' se inspiró en eventos internacionales de recaudación de fondos y se materializó a través de jornadas culturales entre el 12 de agosto y el 30 de octubre. Durante estas actividades, la asistencia acudía a espectáculos de salsa y marimba, recibía comida típica como empanadas y marranitas, y en contraprestación donaban alimentos. La fundación organizó tres encuentros de este tipo, integrando el arte y la solidaridad comunitaria como pilares del proyecto.

Más allá de la donación material, la organización extiende su apoyo mediante atención psicológica y talleres de autocuidado y planeación, destinados a ayudar a damnificados de todas las edades. Ejemplo de esto son las intervenciones realizadas en barrios como 7 de Agosto, Marroquín 1, Marroquín 2 y el corregimiento de Darién, específicamente en la vereda Palo Negro. Además, la fundación proyecta un evento navideño para llegar a 200 niños del oriente de Cali, integrando novenas tradicionales y apoyos psicosociales, buscando mantener la cohesión e integración comunitaria ante la adversidad.

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¿Cómo funcionan las donatones salseras para ayudar a comunidades vulnerables del Valle del Cauca?

Las donatones salseras organizadas por Borondo por el Barrio combinan actividades culturales, como espectáculos de salsa y marimba, con jornadas de donación en las que los asistentes entregan alimentos a cambio de participar en el evento. Esta dinámica ha permitido recolectar insumos y movilizarlos hacia familias rurales y vulnerables afectadas tras el terremoto, logrando una participación activa de la comunidad tanto en la recaudación como en la entrega de ayudas, de acuerdo con el reporte de Noticiero 90 Minutos.

¿Qué tipo de apoyo psicosocial ofrece la Fundación Borondo por el Barrio a los damnificados?

La fundación no solo facilita la entrega de comida y ropa, sino que también brinda acompañamiento psicológico a afectados de todas las edades. Lo hace mediante talleres de autocuidado y planeación comunitaria, los cuales han sido implementados en varios barrios y corregimientos. Estos espacios buscan fortalecer la salud mental y la resiliencia de los habitantes, para enfrentar de manera integral las consecuencias del terremoto y promover el bienestar colectivo.

La acusación le atribuye los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. El caso gira alrededor de un sistema tecnológico que buscaba controlar el ingreso de aficionados a los estadios. 

La herramienta debía relacionar la cédula con la boleta y verificar los antecedentes de los aficionados para impedir la entrada de personas con restricciones vigentes. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Urrutia contrató directamente a Aldesarrollo, pese a que las reglas exigían garantizar la participación de varios oferentes. 

La Fiscalía acusó formalmente a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por presuntas irregularidades en un contrato superior a 4.950 millones de pesos para implementar un sistema de validación de ingreso a los estadios de fútbol. La acusación incluye los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 6, 2026

El convenio habría condicionado a Aldesarrollo a subcontratar a una persona particular, cuya participación, según la hipótesis de los investigadores, ya estaría acordada. Además, en la etapa previa no se habrían adelantado estudios de mercado ni procedimientos suficientes para establecer el precio y los costos del proyecto. 

La Fiscalía también señaló que la entonces ministra habría pasado por alto advertencias de los equipos técnico y jurídico del Ministerio del Deporte sobre fallas en el trámite. Aun así, el convenio quedó firmado el 30 de diciembre de 2022. 

A los cuestionamientos se suman presuntas inconsistencias en documentos oficiales. Según el ente acusador, los estudios previos y el acto administrativo que justificó la contratación habrían incluido información que no correspondía con la realidad. 

La acusación abre paso a la etapa de juicio, en la que se examinarán los elementos del caso y la defensa de la exfuncionaria. Por ahora, los cargos no equivalen a una condena ni establecen su responsabilidad penal. 

Guerrero subrayó que los señalamientos hacia su vida privada no tienen sustento y lamentó que se pretendan tejer insinuaciones debido a su cercanía política con Gustavo Petro. En sus propias palabras, afirmó: “No tengo ninguna relación con Deicy Jiménez ni conozco ni he escuchado sobre la instrumentalización de persona alguna para obtener favores sexuales. Espero que sea la justicia quien avance y aclare toda esta situación”. Así mismo, cuestionó que algunas narrativas tiendan a vincular a las mujeres que ejercen roles políticos cercanos al exmandatario con insinuaciones sobre su vida sexual o las presenten como instrumentos de terceros, calificando estas versiones como “profundamente irrespetuosas” y carentes de reconocimiento a su autonomía.

Juliana Guerrero enfatizó que su vida personal pertenece al ámbito privado y sostuvo que ejercer un cargo público no implica renunciar a los derechos de intimidad y dignidad. Subrayó que ha asumido las consecuencias de sus actos, las cuales le han producido “bastante dolor”, y rechazó que se intente vulnerar su dignidad usando aspectos personales para atribuirle responsabilidades ajenas.

En el trasfondo de este nuevo pronunciamiento pesa el antecedente judicial reciente de Guerrero. Según reportó SEMANA, la exfuncionaria aceptó responsabilidad en el caso de los títulos impuestos de forma irregular ante la Fundación Universitaria San José. En una audiencia, reconoció haber cometido fraude procesal al presentar información fraudulenta mediante el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) para aspirar a la viceministerio de Juventudes y entregó documentos ante el Ministerio de Igualdad.

Las declaraciones de Juliana Guerrero coinciden con el auge de las denuncias de Deicy Jiménez, quien habló de la existencia de una red de mujeres implicadas en la firma de contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el gobierno Petro. Ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, Jiménez entregó su testimonio y divulgó un video junto a Petro. Por ahora, las investigaciones continúan y solo la justicia podrá determinar el alcance y la veracidad de estas acusaciones, como han reiterado tanto las partes involucradas como los organismos consultados.

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¿Qué papel tuvo Juliana Guerrero en el caso de títulos irregulares ante la Fundación Universitaria San José?

Juliana Guerrero aceptó su responsabilidad ante la justicia por haber presentado documentos fraudulentos para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes, de acuerdo con información de SEMANA. En audiencia, reconoció que incurrió en fraude procesal al actualizar su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) y entregar estos datos al Ministerio de Igualdad.

¿Cuáles son las denuncias de Deicy Jiménez en el caso de contratos durante el gobierno Petro?

Deicy Jiménez denunció ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia la supuesta existencia de una red de mujeres vinculadas a contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro. Como parte de su testimonio, Jiménez entregó un video en el que aparece junto al expresidente, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Varios comerciantes resaltan que la recuperación del espacio público ha tenido efectos positivos en la economía local. De acuerdo con testimonios recogidos por 90 Minutos, la dinamización del sector ha permitido ampliar los equipos de trabajo en los negocios: establecimientos que antes contaban con dos o tres empleados, ahora llegan a tener entre 15 y 16 trabajadores. Así mismo, señalan que el incremento en la actividad turística y comercial, especialmente en horario nocturno, ha repercutido de forma favorable en los ingresos y ha dado nueva vida al territorio.

No obstante, el impulso económico y cultural contrasta con las inquietudes de quienes sienten que la transformación afecta la convivencia y el estilo de vida tradicional del barrio. Algunos residentes denuncian el aumento del ruido y la alteración del entorno, lo que ha generado molestias y dificultades para descansar durante la noche. Elizabeth Vélez, habitante del barrio Obrero, afirma que "no se puede dormir, toca cerrar con icopores o colchones, para que no entre ruido. Sin embargo, entra".

Líderes comunitarios, como Claudia Patricia Saénz de la Junta de Acción Comunal del barrio Obrero, también manifiestan preocupación por el riesgo de que las intervenciones urbanísticas modifiquen la identidad propia del sector: “El barrio Obrero es un pequeño pueblo y así queremos seguirlo siendo”, afirma, subrayando la importancia de mantener la esencia del barrio frente a los cambios.

Por su parte, la Secretaría de Cultura de Cali sostiene que el proyecto busca recuperar el espacio público, priorizando la movilidad peatonal y la seguridad de quienes transitan el sector. Julián Arteaga, secretario de Cultura, menciona que la propuesta contempla una semipeatonalización de las vías, pero reconoce la necesidad de concertar con los habitantes para lograr un equilibrio entre los beneficios de la transformación y la preservación de la identidad barrial. La autoridad local enfatiza que el proceso debe avanzar de manera concertada, ajustándose a las necesidades y costumbres de la comunidad.

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¿Cuáles son los principales cambios que ha traído la transformación del barrio Obrero?

La transformación del barrio Obrero se ha enfocado en la recuperación del espacio público y en dar prioridad a los peatones, según explicó la Secretaría de Cultura de Cali. Esto ha derivado en el aumento de la actividad comercial y turística, especialmente nocturna, permitiendo la ampliación de los equipos de trabajo en varios negocios. No obstante, estos cambios incluyen cierres viales y una mayor presencia de ruido, generando molestias entre los residentes que temen perder su calidad de vida y la esencia tradicional del barrio.

¿Por qué la semipeatonalización del barrio Obrero genera debate entre sus habitantes?

La semipeatonalización, que busca restringir ciertas vías para el tránsito de vehículos y priorizar el paso peatonal, ha suscitado debate porque algunos ven en ella una oportunidad para fortalecer la identidad cultural y dinamizar la economía, mientras que otros temen que modifique negativamente la vida diaria y la convivencia tradicional del barrio. Parte de la comunidad señala problemas como el ruido y la pérdida de espacios de parqueo, además de la preocupación por el posible cambio en la esencia y costumbres del barrio.

Para el ciclo actual, se dio inicio al octavo pago del año 2026 el miércoles 28 de octubre, de acuerdo con información oficial de Prosperidad Social. Durante este periodo, cerca de 2,9 millones de adultos mayores en todo el territorio nacional pueden reclamar hasta 230.000 pesos. Estos pagos son distribuidos a través de operadores autorizados como SuperGiros y SuRed, los cuales cuentan con puntos de atención en diferentes regiones del país para facilitar el acceso de los beneficiarios, especialmente en zonas rurales o alejadas de los grandes centros urbanos.

La operación del programa requiere coordinación precisa en cada municipio, ya que en algunas localidades, la entrega de los auxilios se organiza mediante sistemas como pico y cédula, una estrategia que busca evitar aglomeraciones y asegurar una atención ordenada, particularmente útil en ciudades grandes y capitales departamentales como Cali. Prosperidad Social exhorta a los beneficiarios a consultar los cronogramas y modalidades de atención específicos de su municipio, por medio de los canales oficiales o directamente en las oficinas municipales designadas para la atención del adulto mayor.

Es importante resaltar que, tal como detalla Prosperidad Social, los trámites relacionados con Colombia Mayor son completamente gratuitos y no requieren intermediarios. Esto busca evitar el riesgo de estafas o cobros indebidos, promoviendo un acceso justo y transparente a los recursos estatales destinados a la población mayor. Los beneficiarios tienen plazo hasta el 13 de noviembre de 2026 para reclamar su subsidio correspondiente a este ciclo.

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¿Hasta cuándo se puede reclamar el subsidio de Colombia Mayor en noviembre de 2026?

De acuerdo con Prosperidad Social, los adultos mayores beneficiarios pueden reclamar el pago del octavo ciclo entre el 28 de octubre y el 13 de noviembre de 2026. Es necesario que consulten los cronogramas establecidos en su municipio, ya que algunas localidades implementan esquemas de pico y cédula u organizan fechas específicas para facilitar la entrega ordenada de las transferencias.

¿Qué es el programa Colombia Mayor y cómo funciona?

Colombia Mayor es una iniciativa del Gobierno nacional, administrada por Prosperidad Social, que otorga transferencias monetarias periódicas a adultos mayores en condición de vulnerabilidad económica que no tienen pensión ni recursos suficientes para subsistir. Los pagos se efectúan mediante operadores autorizados, sin costo de trámite y sin intermediarios, con el objetivo de proteger social y económicamente a este sector poblacional.

Hilda Martínez de Jaramillo fue madre de Guillermo Alfonso Jaramillo, recordado por su desempeño como exministro de Salud, alcalde de Ibagué y gobernador del Tolima. También fue madre de Mauricio Jaramillo Martínez, exsenador de la República y un dirigente clave del liberalismo regional. Estos vínculos familiares refuerzan la huella que los Jaramillo han dejado en Tolima y en Colombia, configurando una dinastía comprometida con el servicio público.

En el ejercicio de su propia carrera política, Hilda Martínez ocupó cargos de elección popular, como concejal de Ibagué y diputada de la Asamblea del Tolima. Desde estos espacios, contribuyó activamente al desarrollo del departamento y se posicionó como una referente de la participación femenina en la política tolimense, época en la que pocas mujeres lograban acceder a tales responsabilidades. Según la información suministrada, su paso por estas corporaciones fue notable, incidiendo en distintos escenarios del poder regional.

Casada con Alfonso Jaramillo Salazar, médico y también dirigente liberal, conformó una familia de cinco hijos: Guillermo Alfonso, Mauricio, Omar, Martha y Edgar. La historia de la pareja comenzó en la Universidad Nacional de Colombia, donde ambos cursaron estudios en el sector de la salud; ella en enfermería y él en medicina. Así, ambas trayectorias personales y profesionales se entrelazaron con el acontecer político, siendo parte activa de numerosos episodios relevantes para la región y el país.

Recientemente, el 4 de octubre de 2026, Hilda Martínez de Jaramillo celebró su cumpleaños número cien, recibiendo numerosos reconocimientos y mensajes de afecto, entre los que destacó el del exministro Alberto Santofimio Botero, quien exaltó su lucidez y carácter. El fallecimiento de doña Hilda representa no solo la despedida de una dirigente fundamental del liberalismo en el Tolima, sino también el cierre de una etapa en la memoria colectiva del departamento.

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¿Quién fue Hilda Martínez de Jaramillo en la política del Tolima?

Hilda Martínez de Jaramillo fue una destacada dirigente liberal que dejó huella en la política del Tolima como concejal de Ibagué y diputada de la Asamblea del departamento. Participó activamente en escenarios públicos y fue reconocida como una de las mujeres más influyentes de la región, según la información proporcionada.

¿Cuál es la trayectoria política de la familia Jaramillo Martínez?

La familia Jaramillo Martínez ha jugado un papel fundamental en la política del Tolima y del país. Sus miembros, como Guillermo Alfonso Jaramillo y Mauricio Jaramillo Martínez, han ocupado posiciones relevantes como exministro de Salud, alcalde, gobernador y senador, consolidando una tradición de servicio público y liderazgo dentro del liberalismo regional y nacional, siempre según los detalles brindados en el artículo.

En este contexto, vale recordar la postura del filósofo inglés J. S. Mill, quien en 1859 presentó una de las defensas más extensas y radicales de la libertad de expresión. Según Mill, la única justificación válida para restringir la libertad individual es la protección frente al daño a otros, y nunca por el supuesto bien del propio individuo. Así, Mill rechaza los motivos paternalistas e insiste en que cualquier forma de censura supone una pérdida tanto para el presente como para el futuro. La historia colombiana refleja este principio en la despenalización del porte de la dosis personal de droga, bajo la premisa de que la libertad incluye el derecho a tomar decisiones autodestructivas.

A lo largo del texto publicado por El Espectador, se pone en duda la eficacia de la censura en el arte, cuestionando si realmente la exposición de ciertos contenidos puede incitar a la violencia. Incluso si se argumenta peligrosidad, Mill advierte que el debate pasa del daño concreto a la utilidad de censurar, terreno aún más frágil. El riesgo, según esta lógica, radica en la creencia de la propia infalibilidad y en la imposición de una moralidad rígida, lo que a menudo resulta desconectado de la complejidad y diversidad de la sociedad actual.

Finalmente, se señala que los actos simbólicos de poder, como el retiro de obras, pueden terminar siendo vacíos o incluso contraproducentes, pues el espacio que dejan estimula una mayor curiosidad e interés por lo omitido. Las campañas de regeneración moral, inspiradas en obras como la ‘Urbanidad de Carreño’, se muestran ilusorias para quienes desconocen la realidad social contemporánea. Así, el ejercicio indebido de la censura se advierte como una constante tentación para quienes buscan imponer su perspectiva, frecuentemente de manera errada y en los lugares equivocados.

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¿Qué opinaba J. S. Mill sobre la censura y la libertad de expresión?

J. S. Mill, citado por El Espectador, defendía la libertad de expresión como un valor fundamental y se oponía a todo tipo de censura, salvo en caso de evitar daño a terceros. Consideraba que limitar la expresión siempre implica una pérdida para la humanidad, ya que nos priva tanto del descubrimiento de la verdad, si la opinión censurada es cierta, como de la oportunidad de refutar el error, si es falsa.

¿Por qué resultó polémico el retiro de obras del Museo Nacional según El Espectador?

El Espectador argumenta que el retiro de obras del Museo Nacional representó un acto de censura que refleja métodos similares entre corrientes ideológicas opuestas y una desconexión con las realidades sociales actuales. Además, se señala que este tipo de censura es ineficaz y puede incentivar la curiosidad pública hacia lo censurado, evidenciando el peligro de imponer visiones morales en el espacio público.

Según la documentación oficial, la construcción prevista consistirá en una casa de dos niveles y una edificación complementaria, con un área total de 1.432,52 metros cuadrados. Inicialmente, la licencia había sido expedida en julio bajo el nombre de “vivienda unifamiliar en condominio”, pero la Secretaría sustituyó esta referencia por “vivienda del propietario - vivienda unifamiliar”, una modificación más que semántica, dado que ahora se prohíbe usar la licencia para nuevas viviendas, subdivisiones del lote, creación de regímenes de propiedad horizontal o intervenciones no amparadas en bienes comunes ni redes privadas. Además, se ratifican condiciones como la obligación de conservar la cobertura vegetal, proteger recursos hídricos, manejar residuos y tramitar permisos ambientales previos a cualquier obra. Las construcciones solo podrán iniciar una vez la licencia sea definitiva.

La resolución también dejó como recomendación, y no como obligación, ciertas medidas ambientales propuestas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), como los cerramientos permeables que permitan el tránsito de fauna, cercas vivas en zonas boscosas y la restauración de corredores ecológicos. No obstante, la Secretaría hizo explícito que todas las obligaciones y permisos ambientales vigentes se mantienen y que la firmeza de la licencia no exime del cumplimiento normativo.

Este debate se inserta en el contexto de la histórica reserva forestal de la cuenca alta del río Bogotá, donde, según documentos ambientales de 2013, el proyecto Encenillos de Sindamanoy abarca más de 93 % de su superficie dentro de la reserva. Aunque el Ministerio de Ambiente retiró 71,64 hectáreas de la figura de reserva para continuar el proyecto, la mayor parte del predio sigue sujeta a normas de conservación, que priorizan el establecimiento de bosques y consideran la urbanización un uso prohibido según la regulación vigente.

Finalmente, el conflicto se conecta con las polémicas licencias originales otorgadas a comienzos de los años 2000 para las más de 1.000 viviendas del proyecto. Las peticiones de los vecinos para revocar la nueva licencia e impulsar pruebas técnicas adicionales fueron desestimadas por la Secretaría de Planeación, que consideró que los documentos urbanísticos y ambientales existentes eran suficientes. Ahora, los opositores podrán acudir a instancias jurídicas si desean disputar la autorización.

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¿Qué áreas de Encenillos de Sindamanoy están dentro de la reserva forestal de Chía?

De acuerdo con la información ambiental recopilada durante el proceso en 2013, Encenillos de Sindamanoy tiene un área total de 286,45 hectáreas, de las cuales 267,9 hectáreas están incluidas dentro de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá. Esto representa el 93,5 % del proyecto bajo figura de reserva, lo que impone restricciones y obligaciones ambientales específicas.

¿Cuáles son las condiciones ambientales para construir en zonas de reserva forestal en Chía?

Las condiciones fijadas por la Secretaría de Planeación de Chía incluyen protección hídrica, conservación de la cobertura vegetal, manejo adecuado de residuos y la obtención de compensaciones y permisos ambientales correspondientes. Algunas recomendaciones adicionales de la CAR, como los cerramientos permeables y corredores ecológicos, quedaron como sugerencias y no como exigencias de la licencia. Sin embargo, todos los permisos ambientales establecidos siguen vigentes y la construcción no puede iniciar sin que la licencia esté en firme.

La colectividad sostuvo que las acusaciones “no pueden ser ignoradas, minimizadas ni abordadas desde la conveniencia política” y recalcó que Jiménez “merece ser escuchada”. Las congresistas pidieron que el caso sea tratado sin convertirlo en una disputa política. 

En el pronunciamiento, las firmantes hicieron un llamado a la militancia del Pacto Histórico, al Gobierno, a la oposición y a los medios para evitar divulgar material íntimo, revictimizar a la denunciante o emitir juicios anticipados. “Cuidar la vida y la dignidad de las mujeres implica escuchar con atención a quien denuncia y, al mismo tiempo, respetar las garantías del investigado. Ambos principios son complementarios”.

#Política | “Nuestra defensa de los derechos de las mujeres no está condicionada por quién sea señalado, por el cargo que ocupe o por el proyecto político al que pertenezca”, así se pronunciaron las mujeres de la bancada del Pacto Histórico tras las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro.

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— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 6, 2026

El comunicado rechazó que se trasladen responsabilidades a las mujeres del movimiento. “Ninguna mujer, ninguna feminista y ninguna organización de mujeres tiene que salir a responder, justificar o asumir las responsabilidades políticas, personales o jurídicas que les corresponden a los hombres”, afirmaron las congresistas.

Además, advirtieron que el feminismo no debe encubrir conductas por afinidades ideológicas y defendieron que su postura frente a los derechos de las mujeres no depende de quién sea señalado. “No tenemos que escoger entre ser feministas y pertenecer a un proyecto político”, agregaron.

Finalmente, las mujeres del Pacto aseguraron que continuarán impulsando investigaciones y activando rutas contra las violencias basadas en género. También cuestionaron que la prensa las busque por este caso, pero no con igual insistencia por sus posiciones sobre debates legislativos y problemas públicos del país.

Según comunicó la Secretaría de Movilidad de Cali en su cuenta oficial, la nueva rotación del pico y placa rige desde el 1 de julio, cuando comenzó una etapa pedagógica que se extendió hasta el 3 del mismo mes. Posteriormente, a partir del 6 de julio, se empezaron a imponer comparendos a quienes incumplieran la normativa. Estas acciones tienen como objetivo garantizar que los ciudadanos estén informados y adapten sus hábitos de movilidad antes de la aplicación de sanciones económicas.

La restricción de pico y placa se aplica de manera continua, de 6:00 am a 7:00 pm, únicamente durante los días hábiles, es decir, de lunes a viernes. No tiene vigencia durante los sábados ni domingos. Sin embargo, las autoridades recomiendan permanecer atentos a los canales oficiales de movilidad, dado que pueden surgir cambios puntuales en la normativa o en las disposiciones de tránsito.

El incumplimiento de la restricción puede desembocar en una sanción económica que equivale a quince salarios mínimos legales diarios vigentes, una multa considerable que busca desincentivar la circulación indebida. Por eso, se recomienda que quienes conducen vehículos particulares en Cali verifiquen siempre el número de la placa y el horario dispuesto para el pico y placa antes de salir, lo que, además de evitar sanciones, permite organizar mejor los recorridos por la ciudad. Así, la medida continúa siendo una herramienta clave para regular el tráfico en la capital vallecaucana, según información oficial de la Secretaría de Movilidad de Cali.

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¿Cuál es el horario del pico y placa en Cali para vehículos particulares?

La restricción de pico y placa para vehículos particulares en Cali se aplica de manera continua entre las 6:00 am y las 7:00 pm, únicamente durante los días hábiles, de lunes a viernes. Según la Secretaría de Movilidad de Cali, en este horario no está permitido circular si el último dígito de su placa está dentro de la rotación vigente para la fecha correspondiente.

¿Qué significa SMLDV en las sanciones del pico y placa en Cali?

SMLDV corresponde a "salario mínimo legal diario vigente". Es la base con la que las autoridades determinan el monto de ciertas sanciones, incluida la multa por incumplir la medida de pico y placa en Cali. Actualmente, la multa equivale a quince SMLDV, de acuerdo con los datos entregados por la Secretaría de Movilidad de Cali.

La afectación en las telecomunicaciones se ha convertido en motivo de preocupación entre los habitantes de Ataco, quienes ahora enfrentan serias dificultades para conocer el estado de sus familiares y mantenerse informados sobre lo que sucede en diferentes sectores del municipio. La imposibilidad de establecer contacto por vía telefónica limita la capacidad de respuesta ante emergencias y aumenta la sensación de incertidumbre colectiva, pues la falta de información oportuna incrementa el temor entre la población.

De acuerdo con la información conocida, el hecho que desencadenó la actual emergencia fue un atentado ocurrido el viernes 6 de noviembre, en el cual se presume que los atacantes utilizaron drones, explosivos y ráfagas de disparos contra la estación de policía de Ataco. El impacto de este ataque también habría provocado daños en la biblioteca municipal. Aunque las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el origen de la interrupción del servicio de Claro ni el tiempo requerido para restablecerlo, la comunidad mantiene la esperanza de una pronta solución.

En respuesta a la situación de violencia, se adoptaron medidas restrictivas en Ataco. Inicialmente, sólo se permitió la salida de los habitantes entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, para que pudieran abastecerse de alimentos y productos esenciales. Sin embargo, tras conocerse el nuevo ataque, esta autorización fue revocada y la población recibió la orden de permanecer recluida en sus viviendas para evitar riesgos ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos.

La incertidumbre se ha visto acentuada por el mal funcionamiento de la red de Claro, justo cuando existe mayor necesidad de información y comunicación sobre los hechos de violencia y las instrucciones oficiales. Los reportes ciudadanos siguen alertando sobre las dificultades en la comunicación y la comunidad permanece expectante ante cualquier pronunciamiento de las autoridades locales.

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¿Por qué se cayó la señal de Claro en Ataco durante el ataque?

Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible, no se ha confirmado de manera oficial la causa detrás de la interrupción en el servicio de telefonía móvil de Claro en Ataco. La falla ocurrió tras el atentado contra la estación de Policía, pero los organismos responsables no han entregado detalles sobre el origen del daño ni han anunciado un plazo específico para solucionar el problema.

¿Qué medidas se tomaron para proteger a los habitantes de Ataco tras el atentado?

De acuerdo con los reportes, las autoridades restringieron inicialmente la movilidad de la población, permitiendo únicamente la salida de los habitantes para abastecerse entre las 9:00 a. m. y las 12:00 del mediodía. Después del nuevo ataque, se suspendió esta autorización y se pidió a los residentes que permanecieran en sus viviendas para evitar exponerse a posibles enfrentamientos en medio de la crisis de seguridad del municipio.

La situación tiene como involucrada a la senadora María José Pizarro, otra de las mencionadas por parte de la mujer cuyas declaraciones abrieron la controversia en contra del expresidente de Colombia.

De acuerdo con las afirmaciones, la congresista estuvo bajo la dirección de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, una de las entidades en las que Jiménez indicó que se desempeñó como contratista en medio del caso por los favores en cuestión.

Las reacciones de todas las partes llevaron a que la investigación quedara en manos no solo de la Fiscalía General de la Nación, sino también de la Corte Suprema de Justicia.

Pizarro descartó su relación con Jiménez como parte de su respuesta, un día después de que se destaparon las declaraciones de la mujer que afirmó tener intimidad con Petro.

“Cero y van dos. En un mes he tenido que afrontar señalamientos sin fundamento, dentro de una estrategia planeada para acabar moralmente con mi nombre. ¿Cuál es la estrategia? Convertir una mención sin pruebas en una condena social y linchamiento mediático y digital de la prensa sensacionalista al servicio de intereses oscuros, sin sustento ni pruebas”, aseguró Pizarro.

Sin embargo, varios días después, salió a flote una revelación por parte de la revista Cambio, que presentó fotografías en las que es posible observar a ambas mujeres en diferentes espacios.

 

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Si bien una de las fotos es como parte de un grupo grande de personas, la otra tiene apenas a Pizarro, a Jiménez y a otra mujer que es asesora de la congresista en la postal.

Cabe aclarar que esto se presenta en el marco de la investigación de la Corte Suprema contra Pizarro y Petro, en una denuncia que fue admitida luego de que se difundió la versión.

El caso apenas toma sus primeros pasos, pero estas imágenes se suman al seguimiento que está bajo el interés general de la opinión pública con respecto al pasado gobierno colombiano.

¿Qué dijo Deicy Jiménez de María José Pizarro?

Las declaraciones juramentadas de Deicy Jiménez encendieron el debate político nacional al vincular directamente a la senadora María José Pizarro con contratos oficiales en el Congreso de la República.

La denunciante afirmó formalmente ante los medios de comunicación y estrados judiciales que obtuvo vinculaciones laborales en el Senado a través de la oficina de la dirigente del Pacto Histórico.

Según el testimonio entregado por la ciudadana, dichos convenios se pactaron tras supuestas intermediaciones derivadas de su relación personal con el entonces mandatario de izquierda.

Jiménez aseveró que los acuerdos laborales suscritos en el Legislativo formaban parte de un esquema de compensaciones institucionales asignadas a cambio de favores privados.

La testigo aseguró que comenzó a prestar servicios de apoyo en la corporación tras trasladarse desde la ciudad de Cali hacia la capital colombiana.

Asimismo, la mujer sostuvo ante las autoridades que nunca cumplió labores técnicas reales acordes con las asignaciones salariales pactadas en las minutas contractuales suscritas.

Frente a estas aseveraciones, la senadora María José Pizarro emitió un comunicado público admitiendo que Jiménez sí figuró como contratista durante su gestión en la Mesa Directiva.

La parlamentaria aclaró de forma tajante que la mujer prestó labores de soporte netamente administrativo bajo condiciones plenamente regulares y sin anomalías comprobadas.

Igualmente, Pizarro desmintió categóricamente cualquier conocimiento sobre la esfera privada de Gustavo Petro o supuestas presiones para favorecerla con recursos del Estado.

La congresista radicó una solicitud formal ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para comparecer a rendir su versión oficial.

El alto tribunal recopila testimonios, archivos contractuales y elementos periciales para corroborar la veracidad de los señalamientos formulados por la testigo principal del polémico expediente.

La Fiscalía General de la Nación mantiene abiertas indagaciones paralelas para establecer posibles delitos contra la administración pública cometidos mediante estas contrataciones parlamentarias.

En esta ocasión, la decoración navideña será más sencilla y limitada en comparación con otros años. De acuerdo con Aranda, aunque se mantendrá el ambiente festivo típico de la ciudad, la iluminación estará concentrada únicamente en ciertos puntos centrales. Los lugares elegidos para exhibir el alumbrado son la Plaza de Bolívar, el Parque Centenario y la carrera Quinta, escenarios emblemáticos para los ibaguereños. Así, la cobertura será considerablemente más reducida, en contraste con la extensión habitual del alumbrado en el pasado.

La decisión implica también la exclusión de zonas que tradicionalmente contaban con iluminación. Según lo explicado, este año el Parque Deportivo y los diferentes barrios de Ibagué no tendrán decoración con luces, a pesar de las solicitudes realizadas por diversas comunidades. Aranda destacó que el enfoque estará en preservar el espíritu navideño en algunos escenarios representativos, pero sin ampliar la cobertura para mantener el consumo bajo control.

Para reforzar las acciones de ahorro energético, la alcaldesa anunció que se implementarán luces tipo LED y materiales de bajo consumo en las estructuras que forman parte de la decoración. Este tipo de iluminación no solo reduce la demanda eléctrica, sino que permite mantener parte del tradicional alumbrado sin eliminarlo por completo. La administración tuvo en cuenta las recomendaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), así como la posibilidad de que el fenómeno de El Niño intensifique el uso de energía en la ciudad.

En síntesis, este fin de año Ibagué contará con alumbrado navideño, pero bajo una programación más corta y con una cobertura enfocada en el centro, priorizando la reducción en el consumo de energía como medida preventiva para la ciudad.

¿Qué zonas de Ibagué tendrán alumbrado navideño este año?

La iluminación navideña de 2024 en Ibagué se concentrará únicamente en el centro de la ciudad, específicamente en la Plaza de Bolívar, el Parque Centenario y la carrera Quinta. Zonas como el Parque Deportivo y los barrios no tendrán alumbrado, según informó la alcaldesa Johana Aranda.

¿Por qué redujeron las horas del alumbrado navideño en Ibagué?

La reducción se debe a medidas de ahorro energético ordenadas por el Gobierno Nacional, en cabeza de Abelardo De la Espriella, y responde a recomendaciones del Ideam relacionadas con el fenómeno de El Niño. Por ello, el alumbrado solo funcionará cuatro horas al día y usará tecnología LED para disminuir el consumo de energía.

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En sus orígenes, Santa Teresita fue concebido por la Caja de la Vivienda Popular (CVP) bajo la administración de 2014, con el objetivo de edificar 1.032 viviendas VIP. Los trabajos de construcción comenzaron al año siguiente y, a pesar de esto, el proceso se extendió durante diez años debido a varios incidentes. Entre estos, en 2019, un deslizamiento de tierra afectó considerablemente la obra poniendo en pausa su avance. Luego, en 2021, debido al incumplimiento contractual, la CVP tuvo que asumir la dirección de la construcción para evitar su estancamiento definitivo.

Ya en 2024, la administración distrital se vio obligada a retomar y finalizar los trabajos, comprometiéndose a entregar el proyecto a la ciudadanía. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva de la documentación de obra e interventoría, la Contraloría de Bogotá aseguró haber encontrado pagos arbitrarios por conceptos de urbanismo, torres habitacionales, el salón comunal y el parque lineal. De acuerdo con declaraciones de María Teresa Zuluaga, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal, "encontramos pagos por actividades que no fueron ejecutadas", lo que representa un presunto detrimento del patrimonio público.

Por tales circunstancias, la Contraloría determinó la imputación de “responsabilidad fiscal solidaria” a los contratistas responsables de la ejecución y la supervisión de las obras, así como a dos aseguradoras involucradas. Esta figura jurídica exige a los responsables responder por el daño al patrimonio estatal.

La reactivación del proyecto implicó una inversión adicional de 3.865 millones de pesos para recuperar la infraestructura abandonada y desfinanciada. Durante abril, la CVP inició la entrega de 500 apartamentos por etapas a familias provenientes de zonas de riesgo. Sin embargo, la Alcaldía advirtió que aún existen obras pendientes, como adecuación de salones comunales y mejoramiento de parques, para cuyo financiamiento se gestionan cerca de 20 mil millones de pesos.

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¿Cuáles fueron las principales irregularidades encontradas en el proyecto Santa Teresita?

De acuerdo con la Contraloría de Bogotá, las principales irregularidades se centraron en pagos realizados por trabajos nunca ejecutados o no finalizados correctamente, especialmente en áreas de urbanismo, torres de vivienda, salones comunales y parques. Estas acciones generaron un posible detrimento del patrimonio público, por lo que se imputó responsabilidad fiscal a contratistas y aseguradoras.

¿Qué significa la figura de “responsabilidad fiscal solidaria” en proyectos públicos?

La responsabilidad fiscal solidaria es una figura jurídica señalada por la Contraloría que obliga a todos los involucrados en una pérdida patrimonial contra el Estado a responder conjuntamente por el daño causado. Esto implica que tanto los contratistas como entidades de supervisión e incluso aseguradoras pueden ser llamados a responder económicamente ante la administración pública.

Sobre la posibilidad de importar gas desde Venezuela a través de dicho gasoducto, la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, mencionó que la rehabilitación de esta infraestructura podría adicionar, en una primera fase, 50 millones de pies cúbicos diarios de gas a la oferta colombiana, lo que equivale a cerca de 5 % de la demanda del país en 2025.

Adicionalmente, explicó que los seis frentes para promover la exploración y producción de hidrocarburos estarán concentrados en los incentivos tributarios y en el RUGE (Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial).

“Este RUGE es importante porque recoge la experiencia argentina, pero también un estudio que se hizo a nivel mundial sobre los problemas que se tuvieron y los hallazgos que se encontraron. Esta medida viene mejorada. El RUGE ya tiene lecciones aprendidas a nivel internacional”, dijo.

De otro lado, hizo referencia a los incentivos para la exploración y la apertura de nuevas áreas, que comprenden un potencial de 20 millones de hectáreas en 12 cuencas. También advirtió la necesidad de avanzar en mecanismos regulatorios en materia minera y energética, asuntos ambientales, defensa y seguridad, así como en la articulación entre los diferentes sectores.

Todo lo anterior fue expuesto en el marco de la IX Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, del cual Valora Analitik es media partner. Arboleda añadió que el sector de petróleo y gas enfrenta caídas en la oferta. Indicó que Chuchupa, Cupiagua y Cusiana son algunas de las principales fuentes de gas del país, pero también se encuentran entre las que registran un mayor declive en su producción.

Adicionalmente, manifestó que Colombia importó en octubre 41 % del gas que consume y que esta proporción podría aumentar si no se toman decisiones para fortalecer la oferta nacional.

“Las reservas declinaron hasta 5,9 años. El petróleo también vive una situación en la que tenemos que seguir trabajando para que esas reservas aumenten, porque la demanda sigue creciendo”, dijo.

La ministra también hizo énfasis en los proyectos de regasificación y manifestó que en SPEC se cuenta con una capacidad de 533 millones de pies cúbicos diarios de gas para importación. Por su parte, la regasificadora del Pacífico permitiría incorporar 80 millones de pies cúbicos diarios y Puerto Bahía, en Cartagena, otros 126 millones de pies cúbicos diarios.

Sobre este último proyecto, señaló que está previsto que entre en operación a comienzos de 2027, con lo cual la proyección es que para el primer semestre de ese año Colombia cuente con una capacidad de importación de 719 millones de pies cúbicos diarios.

Lo anterior fue mencionado ante la necesidad del país no solo de importar gas, sino también de garantizar el abastecimiento de los hogares y del sector industrial, que sería uno de los primeros afectados en caso de presentarse un déficit de este energético. A esto se suman las presiones que podría enfrentar el sistema por el fenómeno de El Niño, dado que el gas natural es uno de los combustibles requeridos para abastecer a las plantas térmicas de generación eléctrica.

A su vez, dijo que se modificará la Resolución 40537, que aborda asuntos relacionados con el gas y los mantos de carbón. Según explicó, este ajuste busca fortalecer la seguridad jurídica para las compañías del sector y brindar mayor claridad sobre las reglas aplicables a sus operaciones.

La funcionaria aseguró que la estrechez en el suministro de gas natural podría extenderse durante los próximos tres años, hasta 2029, a menos que se registren nuevos hallazgos relevantes que permitan aumentar la oferta nacional de este energético.

“Vamos a luchar contra la corrupción. Ningún trámite va a costar”, manifestó, al referirse a la transparencia en los procesos y a la prevención de posibles irregularidades en la asignación de contratos.

También hizo referencia a que Colombia cuenta con recursos de gas natural y que existe un potencial importante para ampliar la oferta nacional. En ese sentido, mencionó que los yacimientos no convencionales podrían aportar entre 4.000 y 13.000 gigapies cúbicos de gas.

Asimismo, expresó que el potencial del proyecto Sirius tendría recursos estimados en 3.645 gigapies cúbicos, y al gas asociado a mantos de carbón en Cesar, cuyo potencial se acercaría a los 832 gigapies cúbicos.

La explicación que ofrecen los especialistas, recogida en el texto, señala que los sismos superficiales—también llamados sismos corticales—se originan dentro de la corteza terrestre y a muy poca distancia de la superficie. Debido a esta escasa profundidad, las ondas sísmicas recorren menos camino hasta salir a la superficie, lo que ocasiona que la intensidad del movimiento sea mayor en los lugares aledaños al punto de origen. Vale la pena señalar, según la fuente, que la magnitud del sismo no es el único factor que influye en la fortaleza de un temblor; la profundidad, de hecho, puede cambiar significativamente la manera en que las personas perciben el movimiento.

En contraste, los sismos intermedios—que pueden ocurrir hasta los 180 kilómetros de profundidad—y los sismos profundos—que superan esa cifra—se comportan de modo diferente. En estos casos, al recorrer más distancia, las ondas sísmicas tienden a perder fuerza, aunque el temblor puede sentirse a lo largo de un territorio más amplio. Sin embargo, lo que percibe cada persona depende no solo de la naturaleza del movimiento, sino también del tipo de suelo y de la magnitud concreta de cada evento, explica el artículo.

La importancia de diferenciar entre los tipos de sismos radica en entender por qué algunos movimientos telúricos se sienten con mayor fuerza, pese a tener magnitudes similares. Aunque la ciencia permite explicar el comportamiento de los temblores, el texto advierte que no es posible anticipar con exactitud cuándo ocurrirá el próximo evento. En ese sentido, la principal recomendación es mantener la prevención: identificar sitios seguros, contar con un plan familiar de emergencia y estar preparados en todo momento para actuar de forma adecuada ante un sismo.

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¿Por qué un sismo superficial se siente más fuerte que uno profundo?

Un sismo superficial se percibe con mayor fuerza cerca de su epicentro porque las ondas sísmicas recorren poca distancia hasta llegar a la superficie, conservando así buena parte de su energía. Según la información del artículo, a diferencia de los sismos profundos o intermedios, los movimientos superficiales impactan más intensamente a las zonas aledañas, aunque el área afectada sea más limitada.

¿Cómo influye la magnitud y la profundidad en la intensidad de un temblor?

La intensidad con la que una persona siente un temblor depende de la combinación entre la magnitud (la energía liberada) y la profundidad del evento. De acuerdo con lo explicado por los expertos citados en el artículo, aunque dos sismos tengan magnitudes similares, uno superficial puede sentirse mucho más fuerte que uno profundo debido a la corta distancia que recorren las ondas sísmicas, sumado a factores como el tipo de suelo.

Santiago Uribe acudió a la figura de la tutela ante la Sala Laboral de la Corte Suprema con el argumento de buscar la protección de sus derechos fundamentales, específicamente el debido proceso, la igualdad, el acceso a la administración de justicia y la libertad personal. En su petición, también solicitó suspender la ejecución de su condena de prisión mientras se tramitaba el mecanismo extraordinario de casación que, a su juicio, le permitiría presentar su defensa de manera adecuada conforme a la ley 600 de 2000.

De acuerdo con los documentos citados por El Espectador, Uribe argumentó que se le dio un trato inequitativo, ya que quienes son condenados en primera instancia tienen el derecho de apelar, y, tras ese fallo en segunda instancia, pueden recurrir a la casación. En su caso, alegó, se le negó el acceso a la casación antes de que transcurriera el plazo legal para presentar la demanda y formular los cargos respectivos, situación que —indicó— le impidió obtener una decisión individual sobre si ese recurso era procedente o no.

La Corte Suprema, a través de la Sala de Casación Laboral, concluyó que el proceso fue legítimo y se ajustó al principio de la doble conformidad —es decir, el derecho de cualquier condenado a que su sentencia sea revisada por un tribunal distinto al que la dictó—. En el fallo, la Sala Laboral afirmó que no hubo arbitrariedad ni capricho en la decisión tomada por la Sala Penal, sino que se actuó con autonomía e independencia, dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley. Por tanto, consideró innecesario permitir que la defensa de Uribe presentara una demanda sobre un recurso extraordinario considerado improcedente en este caso, confirmando así la sentencia inicial.

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¿Por qué la Corte Suprema de Justicia negó el recurso de casación solicitado por Santiago Uribe?

La Corte Suprema de Justicia consideró improcedente el recurso de casación presentado por Santiago Uribe porque, según el alto tribunal y de acuerdo con lo publicado por El Espectador, la decisión anterior ya cumplía con el requisito de la doble conformidad. Además, la Sala Laboral concluyó que la actuación del tribunal fue legítima, autónoma e independiente, por lo que no encontró fundamentos para habilitar el trámite de un recurso extraordinario que ya había sido considerado no procedente.

¿Qué significa el principio de doble conformidad en procesos penales?

El principio de doble conformidad establece que toda persona condenada tiene derecho a que la sentencia en su contra sea revisada por un tribunal distinto al que la dictó. Según la información proporcionada, este principio fue aplicado en el caso de Santiago Uribe, lo que fundamentó la decisión de mantener la condena y negar el recurso extraordinario presentado por su defensa.

El hallazgo resultó aún más preocupante debido a que los permisos otorgados al establecimiento solo permitían captar 0,05 litros por segundo, y no de la quebrada El Abril, sino de la quebrada Tabacal. Así lo confirmaron funcionarios de la regional Rionegro de la CAR, quienes precisaron que la concesión vigente era para usos domésticos y recreativos, pero exclusivamente sobre aguas superficiales de la quebrada Tabacal.

La decisión de la entidad ambiental fue inmediata: suspender de manera temporal la captación de agua directamente de la quebrada El Abril hasta que el establecimiento gestione la debida autorización para ese punto de extracción y la cantidad de agua que pretende utilizar. Alejandro Fiquitiva Casallas, director de la Regional Rionegro de la CAR, aclaró que la medida es preventiva y transitoria, pero que además se evalúa la posibilidad de imponer sanciones ambientales como consecuencia de las actuaciones administrativas en curso.

La corporación reiteró la importancia de cumplir con la normativa ambiental: todo aprovechamiento de aguas superficiales requiere concesión, permiso o autorización previa, y operar sin ellos puede derivar en sanciones y otras acciones preventivas según el marco legal vigente. La CAR insta a todos los usuarios del recurso hídrico a asegurarse de contar con las autorizaciones requeridas antes de realizar cualquier extracción, para proteger los ecosistemas y evitar delitos ambientales.

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¿Qué sanciones puede recibir un establecimiento por captar agua de manera irregular en Cundinamarca?

De acuerdo con información de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), captar o aprovechar aguas superficiales sin la concesión, permiso o autorización correspondiente puede acarrear medidas preventivas de suspensión, como sucedió en el caso reportado, así como sanciones administrativas derivadas de las actuaciones que evalúan las autoridades competentes.

¿Por qué es importante contar con una concesión de aguas superficiales según la CAR?

Según la CAR, la concesión de aguas superficiales garantiza que la captación y el uso del recurso hídrico se realicen bajo parámetros técnicos y legales, protegiendo el equilibrio de los ecosistemas y asegurando que no se excedan los límites permitidos para cada fuente, evitando daños ambientales y posibles delitos contra el medio ambiente.

En respuesta a este panorama, la Secretaría de Movilidad de Cali intervino de manera inmediata con un despliegue de agentes de tránsito. El propósito principal de esta acción fue poner en marcha un plan de desvíos para evitar que los vehículos circularan hacia el epicentro de las manifestaciones, una alternativa dirigida tanto a proteger a los manifestantes como a brindar seguridad vial al resto de conductores. Según información proporcionada por Duvier Ossa, gestor operativo de la Secretaría de Movilidad, se implementaron cierres puntuales en distintos corredores estratégicos: uno de los bloqueos más importantes se registró en la calle 15 con carrera 10, donde directamente se impidió el paso vehicular.

De acuerdo con lo informado por la misma dependencia, también se efectuaron restricciones en la calle 12 con carrera 7 y en la carrera 5 con calle 15, lugares que se identificaron como puntos de acceso directo al área central de las protestas. El funcionario recalcó que todas estas disposiciones buscan impedir la llegada de vehículos a la zona concernida, con la finalidad de proteger a los involucrados y mantener el orden público mientras persisten las manifestaciones. Ante este contexto, las autoridades recomendaron a los conductores de Cali transitar por rutas alternas, acatar las recomendaciones emitidas por el personal de tránsito y prestar especial atención a los cambios durante el desarrollo de la protesta.

Las acciones adoptadas por la Secretaría de Movilidad reflejan un intento por balancear el derecho a la protesta ciudadana y la necesidad de mantener la circulación vehicular, evitando incidentes al interior del centro de Cali mientras se resuelve la situación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué rutas alternas recomendó la Secretaría de Movilidad durante las protestas en el centro de Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los agentes de tránsito implementaron un plan de desvíos para evitar la llegada de vehículos a la zona de protestas. Aunque no se detallaron en el reporte las rutas específicas que deben tomar los conductores, se recomendó estar atentos a las indicaciones de los agentes y buscar caminos alternos ante los cierres en la calle 15 con carrera 10, calle 12 con carrera 7 y carrera 5 con calle 15.

¿Por qué se realizaron operativos de control del espacio público en Cali?

Según la información publicada por Noticiero 90 Minutos, las autoridades llevaron a cabo un operativo de control del espacio público en el centro de Cali, específicamente en la carrera 9, entre calles 13 y 13A. Este tipo de intervenciones buscan garantizar el uso adecuado de los espacios públicos y responder a las necesidades de movilidad y convivencia en la ciudad.

La Fiscalía detalló que, una vez en poder del dispositivo, Garzón Rico habría accedido a la plataforma digital bancaria de su progenitor. Desde ese momento, comenzó a controlar la cuenta desde otro celular, facilitando así la ejecución de un conjunto de transferencias que, en total, alcanzaron los 17.500.000 pesos. Según datos oficiales de la investigación, los recursos fueron transferidos inicialmente a Kevin Julián Molina Vargas, Dilan Andrés Quiroga Montiel y Víctor Medardo Rubiano García.

La entidad reveló que, posteriormente, los fondos regresaron a manos de Garzón Rico a través de nuevas consignaciones realizadas por los otros tres involucrados. Esta cadena de movimientos dentro del sistema financiero se configuró como la base del caso presentado ante la justicia.

La captura de todos los implicados fue llevada a cabo con la colaboración entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía y el Ejército Nacional, en distintos puntos de Ibagué. Así lo indicó la Fiscalía, que además puntualizó que el operativo contó con apoyo de estas fuerzas para garantizar la aprehensión de los sospechosos.

En el desarrollo del proceso judicial, un fiscal adscrito a la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Tolima imputó los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales a los acusados. Ninguno de ellos aceptó los cargos formulados, de acuerdo con las declaraciones de la Fiscalía.

Por decisión de un juez de control de garantías, Jeisson Fabián Garzón Rico recibió medida de aseguramiento en su lugar de residencia. Los otros tres procesados, Molina Vargas, Quiroga Montiel y Rubiano García, siguen vinculados a la investigación penal, pendiente de resolución judicial.

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¿Cómo se realizó el hurto bancario en Ibagué según la Fiscalía?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el hurto se efectuó cuando Jeisson Fabián Garzón Rico se valió de la confianza de su padre para tomar su teléfono celular, con la excusa de instalar una aplicación de transporte. Aprovechando ese acceso, ingresó a la plataforma bancaria de la víctima y efectuó transferencias por 17.500.000 pesos. El dinero fue enviado a otras tres personas, quienes después lo devolvieron a Garzón Rico mediante nuevas transferencias.

¿Qué delitos imputó la Fiscalía en el caso de hurto por medios informáticos en Ibagué?

La Fiscalía, a través de un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Tolima, imputó a los cuatro acusados los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales. Estos son cargos relacionados con el aprovechamiento ilegal de sistemas informáticos para apropiarse de recursos económicos sin consentimiento del titular.

El fallo incluyó dos acciones concretas: por un lado, una multa económica que asciende a $76.157.250 pesos, correspondiente a 53,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes en 2025. Según la CRC, dicha sanción respondió a que el aviso en pantalla aseguraba que el largometraje no tenía contenido sexual, pero la película sí presentaba este tipo de escenas. Además, la comisión formuló una amonestación formal por permitir la emisión, en la franja familiar, de material explícito incompatible para audiencias infantiles y juveniles.

En relación con el origen de la investigación, la actuación administrativa se apoyó en una queja ciudadana presentada en febrero de 2025, en la que se advertía la transmisión de la película brasileña Aquarius en Señal Colombia durante un horario reservado especialmente para la infancia. Posteriormente, la CRC abrió la investigación y sancionó en mayo de 2026, proceso que fue impugnado por RTVC antes de ser ratificado en octubre.

La CRC, en su pronunciamiento, aclaró que la evaluación no tuvo como objetivo juzgar el valor artístico, estético o cultural del filme. Rechazó interpretaciones sobre censura o veto, y limitó el alcance del fallo al incumplimiento de RTVC al clasificar e informar correctamente sobre los contenidos emitidos, salvaguardando el deber legal de protección a menores y el derecho de las audiencias a estar debidamente notificadas sobre el material que consumen.

Este episodio coincide con un clima institucional caracterizado por reformas administrativas y debates sobre presupuesto en el sistema estatal de medios. Con motivo del aniversario 22 de la entidad, Abelardo de la Espriella anunció el retorno oficial al nombre RTVC, revirtiendo la denominación de Inravisión. Además, la nueva administración ha sugerido un cambio hacia contenidos enfocados en regiones, cultura y fortalecimiento del cine nacional, descartando enfoques ideológicos como el "wokismo" o la "ideología de género".

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¿Por qué sancionaron a RTVC por la transmisión de la película ‘Aquarius’?

RTVC fue sancionada por la CRC debido a que proyectó la película ‘Aquarius’ en un horario de protección para menores y porque el aviso en pantalla aseguraba que el filme no contenía material sexual, pese a que sí lo tenía. Esta falta de veracidad y la transmisión inapropiada para niños, niñas y adolescentes derivó en la multa y una amonestación formal.

¿Qué cambios institucionales y editoriales anunció RTVC recientemente?

Durante el aniversario 22, el presidente Abelardo de la Espriella comunicó el regreso al nombre RTVC y el fin de la denominación de Inravisión. Adicionalmente, la administración planteó un giro en la programación hacia contenidos regionales, culturales, deportivos y de fortalecimiento del cine nacional, desmarcándose de enfoques como el "wokismo" y la "ideología de género".

Según comunicó la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital, en conjunto con la Policía Metropolitana de Cali, la intervención abarcó cerca de 600 metros cuadrados de espacio público. Esta área había sido tomada de manera no autorizada por instalaciones y elementos tanto activos como abandonados, que obstaculizaban la movilidad y el desarrollo urbano. Durante el operativo, las autoridades lograron retirar 41 puestos de venta ambulante, de los cuales 16 fueron desmontados voluntariamente por los propios comerciantes. Por otro lado, cuatro casetas que presentaban condiciones de abandono o representaban un obstáculo para la vía fueron destruidas.

Además, los equipos operativos recolectaron 34 metros cúbicos de escombros y residuos que se habían acumulado, lo que contribuyó a la limpieza del sector. En cuanto a la seguridad eléctrica, los técnicos identificaron y desconectaron 16 instalaciones ilegales de energía, una acción que apunta a prevenir riesgos y mejorar las condiciones generales en el centro.

La Secretaría de Seguridad y Justicia resaltó que la intervención facilitará el inicio de obras de reparcheo vial en el tramo intervenido, esenciales para optimizar la movilidad y brindar mayor seguridad tanto a peatones como a conductores y comerciantes. Por su parte, la administración distrital enfatizó que el procedimiento no debe interpretarse como una persecución al comercio informal, sino como una acción orientada a retirar estructuras abandonadas que dificultan la vida urbana y retrasan obras necesarias.

Hace menos de dos meses, la alcaldía había adelantado una operación similar en el mismo corredor de la carrera 9, ratificando su compromiso con la mejora continua y el ordenamiento de la ciudad. Toda la información mencionada fue obtenida de la alcaldía de Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital.

¿Por qué la alcaldía de Cali realiza operativos de control en la carrera 9 del centro?

La alcaldía de Cali ejecuta estos operativos para recuperar el espacio público y eliminar estructuras no autorizadas o abandonadas que impiden la movilidad y frenan obras viales necesarias. Según la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital, estas acciones buscan mejorar las condiciones de seguridad, orden y desarrollo urbano en la zona, beneficiando a peatones, conductores y comerciantes.

¿Qué acciones se toman durante los operativos de recuperación de espacio público en Cali?

Durante estos procedimientos, la administración distrital y la Policía Metropolitana retiran puestos de venta ambulante, desmontan casetas en estado de abandono, recolectan escombros acumulados y desconectan instalaciones ilegales de energía. Todas estas medidas están enfocadas en garantizar la seguridad y permitir la ejecución de reparcheo vial en los sectores intervenidos.

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De acuerdo con lo registrado en la red social X y reportado por los medios que siguen el caso, el presidente expresó que, aunque entiende algunas de las situaciones que rodean estos procesos, se mantiene firme en respetar las condiciones establecidas por la justicia. Petro escribió textualmente: “Mi actitud contra las personas que denuncian supuestos actos irregulares míos es de respeto. En algunos casos entiendo lo que pasa, pero debo respetar las condiciones de los procesos judiciales”. Estas palabras evidencian una postura de prudencia y mesura frente a las tensiones y especulaciones sobre las denuncias que pesan contra su gestión.

El mandatario también se refirió específicamente a la salida de los profesionales del derecho que intervinieron en el caso. Dijo, citando su declaración: “Han renunciado ya varios abogados de las personas que me demandan o que demando. Todo mi respeto para ellos”. Esta afirmación, lejos de entrar en detalles o aclarar las razones de fondo para las renuncias, procura enfatizar el respeto institucional hacia los abogados que han tomado la decisión de apartarse del caso.

No obstante, el propio presidente no dio a conocer los motivos concretos que llevaron a los abogados a dejar la representación de las partes, ni proporcionó datos adicionales sobre el posible impacto de esas renuncias en el desarrollo de los procesos judiciales. Lo cierto es que la postura de Petro se centra en resaltar su respeto hacia el trámite judicial y hacia quienes, de un lado u otro, forman parte de estas controversias legales. La situación sigue abierta y pendiente de desarrollos oficiales, sin confirmación de nuevas versiones o detalles procedentes de los implicados. Esta posición ha sido cubierta ampliamente por medios como El Nuevo Día.

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¿Por qué renunciaron los abogados en el proceso judicial contra Gustavo Petro?

Hasta el momento, no se han revelado los motivos específicos que llevaron a la renuncia de los abogados de Angie y Deisy en los procesos judiciales relacionados con el presidente Gustavo Petro. Según lo expuesto por el mandatario, las renuncias han ocurrido, pero tanto él como los medios consultados no han entregado detalles sobre las causas particulares que impulsaron esta decisión.

¿Cuál fue la respuesta de Gustavo Petro ante la salida de los abogados en su caso?

Gustavo Petro manifestó a través de la red social X que mantiene una postura de respeto frente a quienes lo denuncian y hacia los profesionales del derecho que, recientemente, han dejado la representación legal en estos casos. El presidente enfatizó que comprende algunas situaciones, pero que su deber es respetar los procedimientos y condiciones establecidos en los procesos judiciales, sin profundizar en las razones detrás de las renuncias.

La comparecencia quedó agendada para el próximo martes 10 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, en el marco de la noticia criminal abierta.

El despacho indaga supuestas anomalías en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, y otras dependencias estatales.

Este nuevo requerimiento procesal surge porque la denunciante faltó al llamado que el ente investigador le formuló para este martes 3 de noviembre.

Los fiscales escucharán directamente su testimonio sobre cargos y contratos que, según expuso la testigo, habrían derivado de favores íntimos ofrecidos a funcionarios.

Esta citación representa un trámite formal independiente de la diligencia técnica que Jiménez atendió hace pocos días en la sede principal del búnker.

En aquella ocasión, la ciudadana permaneció en las instalaciones hasta después de la medianoche facilitando la extracción forense de su teléfono móvil particular.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia instruyó esa recolección pericial para asegurar posibles evidencias digitales de valor probatorio.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ejecutaron un clonado espejo integral de los datos almacenados en el teléfono para analizarlos pericialmente.

La diligencia técnica transcurrió con la presencia constante de su abogada, Dina Luz Malo, junto a un delegado enviado por el alto tribunal.

Esa inspección electrónica buscó únicamente copiar la memoria del terminal, de modo que la Fiscalía no tomó entrevistas durante esa extensa jornada pericial.

Los analistas examinarán minuciosamente el dispositivo móvil con el fin de catalogar documentos, registros y elementos útiles para esclarecer el asunto denunciado.

Según sostuvo la declarante, el aparato contiene videos, chats y grabaciones que respaldarían sus denuncias sobre contratos y cargos asignados luego de favores íntimos.

El cronograma del ente acusador contempla otras diligencias de alto perfil dentro del mismo proceso penal que avanza en los despachos judiciales.

La toma de declaración del actual director del Dapre, Carlos Ríos, quedó programada formalmente para los días 18 y 19 de noviembre próximos.

Asimismo, los funcionarios pactaron la ampliación testimonial de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, manteniendo sus fechas bajo estricta reserva por motivos de seguridad.

De hecho, El Tiempo reveló que se solicitará la citación de Armando Benedetti, Guillermo Alfonso Jaramillo y más funcionarios del Gobierno Petro por la aparición de la hoja de vida de Jiménez en sus respectivas entidades.

¿En qué entidades tuvo contratos Deicy Jiménez?

Los registros contractuales vinculados a Deicy Jiménez cobraron relevancia pública nacional luego de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.

Las pesquisas documentales de las autoridades judiciales rastrean la vinculación laboral de la ciudadana en diversos organismos del Estado mediante contratos de prestación de servicios profesionales y técnicos.

Uno de los primeros registros contractuales de Jiménez corresponde a sus funciones de apoyo administrativo y asistencial desempeñadas al interior del Congreso de la República en el Senado.

Posteriormente, la contratista obtuvo órdenes de prestación de servicios dentro de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad adscrita directamente al Ministerio de Defensa Nacional.

En dicha dependencia estatal cumplió labores de apoyo a la gestión documental y seguimiento de procesos administrativos internos contemplados en las minutas contractuales suscritas.

Asimismo, la investigación procesal identificó contrataciones asignadas en el Ministerio del Interior, donde desarrolló actividades logísticas y asistenciales para diferentes dependencias del despacho central gubernamental.

Por otra parte, los reportes oficiales dan cuenta de contratos de apoyo suscritos con el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre.

En esa entidad de la Presidencia prestó servicios de soporte institucional en tareas operativas, hecho que desató solicitudes de auditoría especial por parte de órganos de control.

Otras dependencias del sector público nacional y distrital analizan archivos históricos para verificar la existencia de órdenes de compra o convenios adicionales registrados con su nombre.

Los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación contrastan las fechas de ejecución de cada contrato con las declaraciones y el material digital extraído de sus teléfonos.

El Sistema Electrónico para la Contratación Pública almacena los soportes, cuentas de cobro, informes de actividades y pagos mensuales desembolsados a la mencionada ciudadana en los últimos periodos.

Las declaraciones públicas van a ser refrendadas ante la Corte Suprema y el resto de autoridades que la requieran, pero hay otro golpe de gracia en el que varios referentes quedarían en el ojo del huracán.

Así como sucedió con la senadora María José Pizano en medio de la investigación que ya está en curso luego de que fue mencionada por la joven, se conoció que hay una solicitud adicional.

Se pedirá que la justicia indague testimonios de antiguos miembros del gabinete gubernamental para establecer posibles irregularidades en las vinculaciones oficiales otorgadas a Deicy Jiménez, según indicó El Tiempo.

Una lista de comparecientes buscará aclarar si existió nexo directo entre el trato íntimo que sostuvo la joven con el exmandatario y su llegada a nóminas estatales.

Los investigadores también verificarán si la mujer acreditaba plenamente el perfil exigido por las instituciones para ejecutar las funciones asignadas en cada dependencia. Jiménez ya recibió llamado de la Fiscalía.

Bajo este enfoque probatorio, se pedirá citar a Armando Benedetti, a Guillermo Alfonso Jaramillo y a otros funcionarios del Gobierno Petro en cuyas entidades se movió el currículum de la joven.

La inclusión de Jaramillo responde al trámite de la hoja de vida en el San Juan De Dios, complejo hospitalario cuyo director dependía de su cartera.

Frente a estas indagaciones, el expresidente Petro y su apoderado, el penalista Alejandro Carranza han sido enfáticos en que no hubo tal pago de favores y en que se trata de un ataque contra la figura del expresidente de izquierda.

Asimismo, la defensa argumenta que diversas exfuncionarias vienen soportando presiones indebidas para declarar sobre supuestos vínculos cercanos con el líder político.

Pese a los desmentidos oficiales, se conoció un chat en el que el presidente le pide a Angie Rodríguez, cabeza del Dapre, que se mantenga el contrato de Jiménez en la cartera del Interior.

Paralelamente, las autoridades judiciales pedirán revisar las tareas ejecutadas por la contratista durante su permanencia en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en tiempos de Yenniffer Parra.

Los despachos periciales esperan contrastar estas conversaciones digitales con los expedientes físicos para determinar responsabilidades administrativas o penales.

¿Qué contratos tuvo Deicy Jiménez en Gobierno Petro?

La contratación pública asignada a Deicy Jiménez durante el mandato presidencial de Gustavo Petro concentra la atención de los organismos judiciales tras revelarse cuantiosas sumas oficiales.

Los registros contractuales estatales evidencian múltiples órdenes de prestación de servicios que en conjunto superan los cien millones de pesos en diversas dependencias del poder ejecutivo.

Entre septiembre de 2022 y junio de 2023, la ciudadana suscribió dos contratos con el Congreso de la República por 10 millones cada uno.

Dichos acuerdos legislativos contemplaban labores de apoyo operativo y técnico en el Senado durante los primeros meses del periodo gubernamental del mandatario de izquierda.

Posteriormente, la contratista gestionó una orden de servicios con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada entre junio y diciembre de dos mil veinticinco por dieciocho millones.

En esa entidad adscrita al sector defensa ejecutó actividades de soporte administrativo y archivo bajo la supervisión directa de las directivas institucionales de aquel momento.

Asimismo, el Ministerio del Interior formalizó dos vinculaciones contractuales que sumaron más de 41 millones de pesos destinados a la seguridad ciudadana.

El primer acuerdo ministerial contempló honorarios por más de 11 millones de pesos asignados a la Subdirección de Proyectos para la Convivencia en dos mil veinticinco.

El segundo convenio en esa cartera ministerial se pactó en enero de 2026 por un monto total de 30 millones de pesos.

A estos montos se suman expedientes administrativos bajo revisión en el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, conocido como Dapre.

De acuerdo con SONAR, uno de los ejes principales de análisis es la relación del presidente De la Espriella con el Congreso. A pesar de que el partido que lo avaló solamente cuenta con cuatro senadores, él ha logrado establecer una coalición de diez partidos, lo que representa 61 % del Senado y 68 % de la Cámara, según cifras recopiladas por la agencia. Sin embargo, esta coalición, aunque amplia, resulta menos sólida que las obtenidas por anteriores mandatarios como Juan Manuel Santos, cuya Unidad Nacional llegó a aglutinar el 73,5 % del Senado y el 83 % de la Cámara. En contraste, Iván Duque contó con apenas el 45 % del Senado y Gustavo Petro un 72 % al inicio de su gobierno. En consecuencia, De la Espriella queda en una posición intermedia, sin un respaldo parlamentario completamente propio.

En materia de coyunturas de emergencia, el presidente tuvo que hacer frente a un sismo de magnitud 7,4 tan solo tres días después de asumir, hecho que causó la muerte de 304 personas y llevó a la expedición de 11 decretos de emergencia, extendidos a 16 departamentos. La Procuraduría y la Defensoría han pedido que estos decretos sean declarados exequibles, aunque la Corte Constitucional no se ha pronunciado. Otros presidentes también afrontaron crisis naturales al inicio, pero De la Espriella ha optado por el gobierno mediante decretos, especialmente para responder a este tipo de contingencias.

Otro aspecto destacado en el informe de SONAR es la popularidad del mandatario. Según datos de AtlasIntel, en su primer mes, De la Espriella tenía una aprobación del 51,8 %, menor que la de Santos (82 %), Petro (56 %) y Duque (53,8 %), pero a los 90 días solo perdió tres puntos, situándose en un 48,7 %, manteniéndose casi al nivel de Petro (49,7 %) y muy por encima del descenso de Duque (27,2 %). Sin embargo, la comparación debe ser tomada con reservas, ya que las cifras provienen de firmas encuestadoras distintas y la nueva ley de encuestas ha limitado la continuidad de las mediciones nacionales comparables.

En el terreno regulatorio, la administración prepara una agenda extensa con 517 proyectos de decreto desde 23 entidades gubernamentales, según SONAR. Una parte significativa de estos proyectos afecta trámites para ciudadanos y empresas, incluyendo repercusiones económicas para micro, pequeñas y medianas empresas. El Ministerio de Salud lidera con la mayor cantidad de ajustes reglamentarios, enfocados en reformas estructurales del sector.

¿Cuál es la composición de la coalición del presidente De la Espriella en el Congreso?

La coalición que sostiene al presidente De la Espriella en el Congreso se basa en el apoyo de diez partidos y representa el 61 % del Senado y el 68 % de la Cámara, según lo reportado por la agencia ORZA. Aunque se trata de una alianza amplia, es menos sólida que las alcanzadas por algunos de sus predecesores, lo que lleva al presidente a depender de acuerdos políticos más complejos y a gobernar sin una bancada propia que le brinde respaldo total.

¿Qué son los decretos de emergencia y por qué fueron expedidos por el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Los decretos de emergencia son disposiciones legales que un gobierno emite en situaciones críticas para responder de forma rápida a calamidades o crisis, como desastres naturales. En el caso del gobierno de De la Espriella, estos decretos se expidieron tras un terremoto de magnitud 7,4 que dejó graves afectaciones y 304 personas fallecidas, permitiendo la extensión de medidas excepcionales a 16 departamentos. Su constitucionalidad todavía está pendiente de revisión por parte de la Corte Constitucional.

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Pese a estos pronósticos, la transición hacia una temporada más seca no eliminará completamente las precipitaciones. Durante los primeros días de noviembre, aún se han presentado lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, algunas de ellas acompañadas de tormentas eléctricas, revela el monitoreo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Asimismo, recientes alertas del Ideam advierten sobre un aumento generalizado de la nubosidad, así como la persistencia de lluvias y tormentas eléctricas en distintas zonas como la región Pacífica, el norte y centro de la Andina, el suroccidente de la Orinoquía y el centro de la Caribe.

Rodney Poveda, meteorólogo del Ideam, atribuye la persistencia de las lluvias en octubre y noviembre al desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical, un sistema que facilita la formación de precipitaciones tanto en el interior como en las costas. Sin embargo, este experto aclara que en los próximos días se alternarán periodos secos con mañanas menos lluviosas, mientras que en las tardes y noches persistirá la nubosidad y las lluvias, aunque de tipo ligero a moderado.

Por su parte, Max Henríquez, también meteorólogo, advirtió que el calentamiento actual del Pacífico podría alcanzar niveles comparables a los del fenómeno de El Niño ocurrido en 1982-1983, catalogado como uno de los más fuertes registrados. Por tanto, el periodo entre finales de diciembre y febrero será determinante para observar la evolución del fenómeno en Colombia, aunque la magnitud de sus efectos todavía dependerá del comportamiento tanto del océano como de la atmósfera en los meses venideros.

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¿Cuándo se sentirá el impacto más fuerte del fenómeno de El Niño en Colombia?

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos citados, Colombia espera el mayor impacto del fenómeno de El Niño entre finales de diciembre de 2026 y febrero de 2027. El periodo más crítico será en enero y febrero, cuando se prevé el mayor calentamiento de las aguas del océano Pacífico y una posible reducción de las lluvias en diferentes regiones del país.

¿Qué es la Zona de Convergencia Intertropical y cómo afecta las lluvias en Colombia?

La Zona de Convergencia Intertropical es un sistema atmosférico que influye en la formación de lluvias por el desplazamiento de masas de aire húmedo en el trópico. De acuerdo con explicaciones del meteorólogo Rodney Poveda del Ideam, este sistema favorece las precipitaciones tanto en el interior como en la costa colombiana, en especial durante los meses de octubre y noviembre.

En medio de la crisis, las autoridades permitieron inicialmente que los habitantes salieran a las calles durante un corto lapso, con el propósito de abastecerse de alimentos y productos esenciales. Sin embargo, según un reporte ciudadano recogido en el texto, la franja autorizada para esta jornada fue restringida rápidamente tras la reciente escalada del ataque, lo que obligó a la comunidad a regresar a sus casas y suspender cualquier desplazamiento, priorizando la seguridad y la integridad de los residentes.

Un habitante de Ataco difundió un mensaje de alerta poco después de los hechos, advirtiendo sobre la gravedad de la situación y solicitando a la ciudadanía que permaneciera resguardada. En este mensaje, informó que el ataque con drones hacia la estación de Policía había acontecido minutos antes de su advertencia. La afectación de la biblioteca municipal demuestra que la acción armada no solo tuvo como objetivo las instalaciones policiales, sino también espacios dedicados al uso público, lo que eleva el nivel de preocupación en el municipio.

Los habitantes de Ataco continúan en estado de incertidumbre ante la falta de información sobre posibles heridos –ya sean civiles o uniformados– y el impacto concreto de la ofensiva. Por el momento, la población sigue bajo resguardo, a la espera de que las autoridades emitan un pronunciamiento oficial que detalle el alcance de los daños y esclarezca las circunstancias de esta nueva jornada de violencia en la zona. Toda la información presentada fue tomada de los reportes ciudadanos y comunicados locales consultados en el municipio.

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¿Qué impacto tuvo el ataque armado con drones en Ataco, Tolima?

El ataque armado con drones provocó grandes momentos de temor entre los habitantes de Ataco, afectó directamente la estación de Policía y la biblioteca municipal, y llevó a reforzar las restricciones de movilidad. Según reportes locales, la ofensiva obligó a la población a permanecer en sus viviendas por seguridad, ante la intensidad de los hechos violentos y la ausencia de detalles oficiales sobre víctimas o el alcance exacto de los daños.

¿Por qué se suspendió la jornada de abastecimiento en Ataco tras el ataque?

La jornada de abastecimiento, que permitió inicialmente a los habitantes salir a comprar alimentos y productos de primera necesidad, fue suspendida debido a un nuevo ataque armado. De acuerdo con reportes ciudadanos, al presentarse nuevas explosiones y disparos, las autoridades y líderes comunitarios ordenaron el regreso inmediato a los hogares para proteger la vida y evitar desplazamientos peligrosos en la zona de riesgo.

Este desarrollo ocurre en medio de una controversia pública: Rodríguez ha brindado declaraciones en las que denuncia presuntos hechos de corrupción dentro del Gobierno de Gustavo Petro. Sus afirmaciones han generado expectativa nacional, tanto por el alcance de lo que podrían implicar como por las consecuencias que ha traído para su vida personal. Tal como relatan los informes difundidos, Rodríguez solicitó a la Fiscalía que se reservaran las fechas en las que prestará declaración, en razón de las amenazas que asegura haber recibido luego de hacer públicas sus denuncias y por los riesgos que identifica para su seguridad personal.

En respuesta, la Fiscalía accedió a mantener en reserva tanto las diligencias programadas como las fechas relacionadas con el testimonio de Rodríguez, según lo citado en el texto facilitado. Mientras tanto, la defensa manifestó públicamente el respeto al secreto profesional y aseguró que no entregará detalles adicionales sobre los motivos puntuales de la renuncia. Por ahora, no se sabe cómo será conformada la nueva representación judicial de Rodríguez, ni el rumbo que tomarán las diligencias relacionadas con sus denuncias, pero la partida de su abogado marca un nuevo capítulo en la trama institucional alrededor del caso.

En este contexto, la situación de la exdirectora del DAPRE se mantiene en el centro de atención, a la espera de que se conozcan más detalles sobre su defensa y los próximos pasos legales tras la abrupta renuncia de su abogado. En juego está el desarrollo mismo de una investigación de alto perfil que permanece, por el momento, bajo estricta reserva procesal.

¿Por qué renunció el abogado de Angie Rodríguez a su defensa en el caso DAPRE?

De acuerdo con el comunicado emitido por Manuel Villanueva Luis, la decisión de abandonar la defensa de Angie Lizeth Rodríguez fue tomada únicamente por motivos personales. El abogado remarcó que notificó a su clienta y a las autoridades competentes, y prefirió no entregar detalles adicionales, acogiéndose al secreto profesional.

¿Por qué la Fiscalía decidió mantener en reserva las diligencias de Angie Rodríguez?

Según lo citado en los reportes, la Fiscalía General de la Nación aceptó la solicitud de Rodríguez de mantener bajo estricta reserva las diligencias, incluidas las fechas de sus declaraciones, atendiendo a los riesgos que ella argumentó para su seguridad y las amenazas que afirmó haber recibido tras denunciar presuntos casos de corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro.

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Entre los hallazgos centrales sustentados por tres fuentes independientes —y contrastados con integrantes del esquema de seguridad presidencial—, destaca que la exjefa de gabinete Laura Sarabia tuvo acceso ilimitado a las comunicaciones del exmandatario. “Ese celular de Gustavo Petro estaba gemeleado por Laura Sarabia”, aseveró Zuleta en Mañanas Blu, precisando que la duplicación del dispositivo fue confirmada por la empresa operadora tras ser detectada en el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). El procedimiento le otorgaba a la funcionaria el dominio exclusivo sobre la nube donde se almacenaban chats, archivos y videos personales grabados por el propio exjefe de Estado.

Según los testimonios consignados en la investigación, la clonación del teléfono formaba parte de un engranaje concebido para centralizar las decisiones del Ejecutivo y aislar al exmandatario. “Una de las estrategias de Laura Sarabia era mantener al presidente en sus fiestas, en sus bacanales con sus amigas y con el consumo de sustancias psicotrópicas”, sostuvo el autor, agregando que la exfuncionaria actuaba en contubernio con la entonces primera dama, Verónica Alcocer, a quien le reportaba de manera detallada cada movimiento del presidente. Esta acumulación de información confidencial explicaría por qué Sarabia se mantuvo en cargos de primer nivel —como Prosperidad Social, el DAPRE, la Cancillería y la embajada en Londres— pese a los escándalos y ajustes de gabinete.

El texto también expone las dinámicas de ingreso a la sede gubernamental para evadir los controles oficiales. Las reuniones privadas no se realizaban en la residencia presidencial sino en apartamentos externos o en el espacio asignado al jefe de seguridad en la planta baja del palacio, cuyo acceso por el garaje de la calle Octava impedía el registro en las planillas de visitantes. Mientras las denuncias sobre contrataciones y favores personales avanzan en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, la investigación periodística concluye que las actuaciones del entorno íntimo del exmandatario rebasaron el ámbito privado al incidir de forma directa en la gobernabilidad y en el manejo de las instituciones del Estado.

Jenča destacó que ha sostenido encuentros con Gaona y que existe disposición para trabajar en conjunto. En sus palabras, entiende que Gaona expresó directamente la posición del gobierno de Colombia ante el Consejo de Seguridad, por lo que respetará y tomará nota de dicha postura, siempre dentro de la imparcialidad que exige la carta de la ONU. Esto cobra aún mayor relevancia porque durante la sesión se excluyó a la Misión de Verificación de la supervisión en la implementación de la Reforma Rural Integral, una decisión tomada por solicitud del ejecutivo liderado por De la Espriella, informó El Espectador.

La respuesta de Jenča se da en un ambiente político nacional polarizado. Señaló que la Misión de Verificación acompañará los esfuerzos de paz en colaboración con el gobierno, los firmantes, las víctimas y las comunidades, cumpliendo su labor sin tomar partido y buscando reducir tensiones. Esta postura se refuerza considerando el contexto de alta confrontación política, donde, incluso, el proceso normal de empalme entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella fue suspendido, debido a lo que Jenča calificó como "retórica acalorada y confrontación política continuada".

Desde que asumió como jefe de Misión el 23 de octubre de 2025, Jenča también debió presentar informes trimestrales sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz ante el Consejo de Seguridad. A su llegada, realizó reuniones con figuras clave como el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, para discutir las perspectivas del organismo internacional en el país. En este contexto de divisiones y debates, los distintos actores coinciden en la importancia de actuar con responsabilidad para minimizar conflictos y fortalecer la construcción de paz en Colombia.

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¿Por qué el embajador de Colombia ante la ONU dice que el Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo?

De acuerdo con El Espectador, el embajador Mauricio Gaona argumenta que, si bien el gobierno y sus ciudadanos no están en contra de la paz, rechazan la impunidad. Su afirmación ante el Consejo de Seguridad se realizó en el contexto de la renovación del mandato de la Misión de Verificación y responde a la posición oficial del gobierno de De la Espriella sobre el papel y los resultados del acuerdo firmado en 2016.

¿Cuál es la función de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia?

Según la información proporcionada, la Misión de Verificación de la ONU cumple el papel de acompañar y supervisar la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Su trabajo incluye presentar informes trimestrales ante el Consejo de Seguridad y colaborar con diferentes grupos, como el gobierno, excombatientes, víctimas y comunidades, promoviendo la construcción de paz e imparcialidad en medio de un clima político polarizado.

Las indagaciones comenzaron por una instrucción que Caicedo Rico emitió a su equipo el 18 de agosto. Les pidió revisar minuciosamente cada contrato suscrito en los últimos cuatro años con el fin de esclarecer el destino de los recursos. De esta labor surgieron varios aspectos que él califica como inquietantes. Entre los principales, destacó que Icetex sufrió recortes que suman cerca de COP 1,75 billones, lo que provocó que la cifra de créditos aprobados bajara de 70.000 en 2024 a solo 10.621 en 2025.

Además de la reducción en la asignación de créditos, Caicedo Rico señaló que en 2026 se eliminaron los recursos destinados al subsidio a la tasa, una decisión que según sus cifras afectará aproximadamente a 200.000 jóvenes colombianos. Junto a estos recortes, el presidente del Icetex expuso otros hallazgos relacionados con la gestión de proyectos que, a su juicio, no eran viables financieramente. Uno de ellos correspondía a una iniciativa de cuenta de ahorro educativo voluntario, cuyo propósito era permitir a las familias ahorrar para la educación de sus hijos. Sin embargo, después de revisar el proceso de contratación, advirtió que hubo presunta omisión de los principios básicos de planeación y factibilidad financiera.

El análisis contractual reveló que la administración anterior contrató un estudio por COP 534 millones para evaluar la viabilidad del proyecto. Dicho estudio, recibido en septiembre de 2025, concluyó que "el programa de ahorro educativo voluntario no es viable ni factible. No existe un solo escenario de modelación financiera que garantice su sostenibilidad". Pese a lo anterior, se comprometieron recursos por cerca de COP 83.770 millones en contratos relacionados con este programa, incluyendo estructuración jurídica y desarrollo tecnológico. El contrato de tecnología, diseñado para cinco años, ya ha recibido entregas equivalentes a más del 50 % de su valor, es decir, unos COP 48.700 millones, para una plataforma que, según Caicedo Rico, no puede operar en el mercado por falta de viabilidad y reglamento aprobado.

El presidente del Icetex también alertó sobre un crecimiento del 80 % en el número de contratistas de la entidad entre 2022 y 2026, con un gasto superior a COP 70.000 millones en el último año, lo que representa un incremento de más del 140 % en contratos. Caicedo Rico aseguró que estos hallazgos serán puestos en conocimiento de la Contraloría y la Procuraduría para las investigaciones correspondientes.

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¿Qué significa el subsidio a la tasa en los créditos del Icetex?

El subsidio a la tasa en los créditos del Icetex consiste en un apoyo económico otorgado por la entidad para bajar el costo de los intereses de los préstamos educativos que ofrece a los estudiantes. En la denuncia de Richard Caicedo Rico, la eliminación de estos recursos en 2026 significaría que cerca de 200.000 jóvenes perderían ese beneficio, lo que podría dificultar su acceso y permanencia en la educación superior, según la información presentada en el video oficial.

¿Cuáles fueron los principales hallazgos sobre contratos y recursos en el Icetex?

Según Richard Caicedo Rico, entre los hallazgos principales están los recortes presupuestales cercanos a COP 1,75 billones, la drástica reducción en créditos aprobados, la eliminación del subsidio a la tasa para jóvenes, y el compromiso de más de COP 83.770 millones en proyectos no viables, como una cuenta de ahorro educativo voluntario. Además, reportó un incremento notable en el número de contratistas y gastos administrativos, datos que serán enviados a organismos de control para investigación.

Las denuncias de Jiménez se conocieron públicamente a través de la revista Semana el 25 de octubre. Después de esto, la mujer publicó un video en el que se le ve con el exmandatario en una habitación, presentándolo como prueba. “Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”, aseguró Jiménez en su declaración. La aparición de este video impulsó aún más la atención mediática y judicial sobre el caso.

En respuesta, Alejandro Carranza, abogado y defensor de Gustavo Petro, publicó un comunicado en el que cuestionó la validez y contexto del video. Según Carranza, “un fragmento (el video) sin fecha, sin lugar y sin origen verificado, publicado en redes por la testigo antes de ser entregado a la autoridad y replicado en minutos por periodistas y comentaristas, no es una prueba”. El jurista sostuvo que la autenticidad, el contexto y el alcance de este material deben ser comprobados dentro del proceso mediante peritajes y bajo garantías para todas las partes. No obstante, la defensa de Petro aún no ha emitido declaraciones sobre el chat recientemente conocido.

Por otra parte, la senadora María José Pizarro, quien fue vicepresidenta del Senado entre 2023 y 2024, también intervino en el asunto. En un comunicado oficial, Pizarro afirmó que la contratación de Jiménez como funcionaria administrativa se realizó bajo condiciones normales, cumpliendo con las tareas asignadas y sin relación con hechos de corrupción o favores indebidos. Pizarro expresó su disposición a colaborar con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, presentando pruebas que respalden su afirmación y solicitando ser escuchada como parte de la investigación en curso, según consta en su declaración recogida por varios medios, entre ellos Noticias Caracol y la revista Semana.

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¿Qué denuncias hizo Deicy Jiménez contra Gustavo Petro y cómo se conocieron?

Deicy Jiménez denunció al expresidente Gustavo Petro por presuntamente haberle pagado servicios sexuales mediante contratos públicos. La denuncia se hizo pública cuando la revista Semana la reveló y, posteriormente, Jiménez compartió un video en el que aparece junto al exmandatario en una habitación, asegurando que era una prueba de sus afirmaciones.

¿Cuál ha sido la respuesta de la defensa de Gustavo Petro ante las pruebas presentadas?

La defensa de Gustavo Petro, liderada por el abogado Alejandro Carranza, argumentó que el video presentado por Deicy Jiménez carece de fecha, lugar y verificación de origen, por lo que no puede ser considerado una prueba válida. Además, sostiene que la autenticidad y el contexto del material deben establecerse en el marco legal y mediante peritajes oficiales.

Según el material presentado por el noticiero, la funcionaria le contó al entonces presidente sobre las distinciones que había recibido. “El martes me dan en el Congreso de la República la máxima distinción, una decoración por mi trabajo. La condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar, en el grado Gran Cruz”, le escribió.

(Vea también: “Había 4 proxenetas”: Zuleta destapa quiénes eran las que le conseguían mujeres a Petro)

Muy mala persona Berto con Angie Rodriguez: lo único que tiene por decir ante la noticia que le da de que fue admitida a un doctorado, es que le gestione la hija de vida de Deicy Jiménez…

El jefe humano 🙄#Notidanny pic.twitter.com/ZqSIxDAetQ

— Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) November 6, 2026

11 minutos después, sin recibir todavía una respuesta de su jefe, Rodríguez le envía un nuevo mensaje. “También fui admitida oficialmente al doctorado en estudios políticos con la Universidad Externado y me felicitaron por mi propuesta de tesis”.

Petro tardó dos horas en responderle, pero no hizo caso a lo que le dijo, sino que le envió a Rodríguez un archivo PDF identificado como ‘Deicy Jiménez’ y acompañó el documento con una instrucción directa: “Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato mi interior”. El mensaje aparece fechado en diciembre de 2025 y fue enviado desde una conversación identificada con el nombre del entonces presidente.

La comunicación también muestra la respuesta de Rodríguez, quien contestó: “Perfecto señor Presidente”.  La revelación cobra relevancia por las denuncias que ha hecho Jiménez, quien aseguró que recibió contratos a cambio de encuentros personales. Sus señalamientos apuntan a presuntas prácticas dentro del entorno del entonces jefe de Estado y han motivado actuaciones de las autoridades para revisar los hechos y las pruebas que ha entregado.

Las personas que cumplen con los requisitos definidos por la entidad pueden consultar el listado de puntos habilitados y acercarse al más cercano para realizar el cobro del auxilio. Es indispensable que el beneficiario haya recibido notificación por medio de Vicky, asistente virtual dispuesta para acompañarles en el proceso y orientar los pasos que se deben seguir. En caso de no estar autorizado para este canal, los beneficiarios no podrán efectuar el retiro del dinero por esta vía.

Según la misma fuente, los puntos Gane-SuperGIROS operarán entregando los auxilios de lunes a sábado en dos jornadas, mañana de 8:00 a. m. a 12:00 p. m., y tarde de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Es importante subrayar que el servicio en estos puntos estará disponible hasta el 19 de noviembre. Sin embargo, el centro de atención masiva en Cosmocentro prestará atención solo hasta el 8 de noviembre, por lo que quienes prefieran acercarse a este lugar deben programarse antes de esa fecha límite.

Otro aspecto relevante es que no todos los beneficiarios deben ir personalmente a un punto físico para recibir la ayuda. Si el usuario dispone de certificación bancaria y la valida con la asistente virtual Vicky, puede recibir el auxilio económico de manera remota, evitando así desplazamientos innecesarios.

En el norte de Cali, el listado de puntos incluye ubicaciones como Vikingos (Cra. 4N #76-08), La Rivera (Cra. 1D #70B-06) y el centro comercial Único, entre otros. En el oriente, se encuentran habilitados lugares como Villa del Lago N2 (Cra. 26 #D70-06), Policía El Diamante y el sector Decepaz II. En la zona sur, puntos destacados son El Guabal (Cra. 39 #14-11) y el centro comercial Cosmocentro 1. Finalmente, en el occidente figuran San Bosco (Cra. 15 #8-11), Gobernación (Cra. 7 #10-10), y Jovita Santa Librada, cubriendo así las diferentes zonas de la ciudad para facilitar el acceso a la ayuda.

Esta estrategia busca garantizar el acceso rápido y seguro a la ayuda para la población afectada, minimizando aglomeraciones y contribuyendo a una distribución eficiente de los recursos, siempre bajo la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

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¿Dónde reclamar el auxilio económico para damnificados por el terremoto en Cali?

Las personas autorizadas pueden acudir a cualquiera de los 85 puntos de la red Gane-SuperGIROS distribuidos en las distintas zonas de Cali, como los barrios Vikingos, Villa del Lago N2, El Guabal y San Bosco, entre otros, siempre y cuando cuenten con la notificación emitida a través de Vicky, la asistente virtual. Es fundamental consultar previamente cuál es el punto más cercano y autorizado antes de acercarse.

¿Hasta cuándo están habilitados los puntos Gane-SuperGIROS para cobrar los auxilios en Cali?

De acuerdo con 90 Minutos, el plazo para reclamar los auxilios económicos en los puntos Gane-SuperGIROS de Cali es hasta el 19 de noviembre, mientras que el punto de atención masiva en el centro comercial Cosmocentro operará solo hasta el 8 de noviembre. Es importante que los beneficiarios consulten fechas y horarios antes de movilizarse.

El siniestro vial se produjo en medio del corredor principal del sector, lo que generó momentos de tensión y preocupación entre quienes transitaban por la zona en ese momento. Inmediatamente después del choque, testigos y personas cercanas al hecho reaccionaron rápidamente para auxiliar al afectado, brindándole asistencia inmediata mientras se coordinaba la llegada de los organismos de socorro. La prioridad de los presentes fue evitar que el campesino permaneciera sin ayuda profesional durante los minutos cruciales posteriores al accidente, de acuerdo con la información transmitida por el medio local.

La rápida reacción de la comunidad resaltó la solidaridad entre los habitantes de la región de Tolima, especialmente ante situaciones adversas en las vías. Los habitantes que presenciaron el accidente no dudaron en acudir al llamado de auxilio y en colaborar con la atención del lesionado, mostrando así una respuesta organizada y oportuna en momentos de emergencia.

Mientras tanto, las autoridades de tránsito serán las encargadas de adelantar las verificaciones necesarias para esclarecer el motivo de la colisión entre las motocicletas. De acuerdo con las primeras versiones recogidas en El Nuevo Día, una de las principales preocupaciones sigue siendo la valoración médica del campesino, cuyo estado de salud preciso solo podrá determinarse tras ser atendido por profesionales. El caso vuelve a poner en evidencia la problemática de la accidentalidad en las carreteras del Tolima, donde los incidentes de tránsito continúan generando angustia y demandan cada vez más atención para evitar tragedias mayores.

De acuerdo con El Nuevo Día, las investigaciones oficiales continuarán para establecer con exactitud las circunstancias que rodearon el evento y tomar las medidas correspondientes. Por ahora, la comunidad permanece a la espera de un reporte definitivo sobre la salud del lesionado y los resultados de la investigación de tránsito.

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¿Qué consecuencias tiene el accidente de motocicletas en El Líbano, Tolima?

El accidente dejó a un campesino con fracturas en una extremidad y generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes reaccionaron de inmediato para prestarle ayuda. La gravedad de sus lesiones será determinada por médicos, mientras que las autoridades adelantarán una investigación para aclarar cómo sucedió el choque y establecer responsabilidades, de acuerdo con los datos aportados por El Nuevo Día.

¿Cómo respondieron los ciudadanos después del accidente en La Polca?

La comunidad de La Polca respondió con prontitud al accidente, brindando auxilio inmediato al campesino lesionado antes de la llegada de los organismos de socorro. Esta reacción destaca la solidaridad de los habitantes de Tolima ante situaciones de emergencia, como lo reportó El Nuevo Día tras el siniestro.

En el comunicado se describe cómo la tranquilidad y la armonía de las comunidades han sido alteradas por la presencia de actores armados ilegales en su territorio ancestral. De acuerdo con lo expresado por los líderes indígenas, esta situación persistente ha dejado a las familias en un estado de miedo, zozobra, angustia, tristeza y sufrimiento. Señalan claramente que su deseo es vivir y morir en paz, lejos de la violencia que otros actores han traído a sus tierras: "No queremos morir a mano de personas de este mundo, si no morir tranquilos de la vejez", afirman en el texto citado por El Espectador.

Las denuncias incluyen masacres, amenazas, señalamientos, desplazamientos forzados, enfrentamientos armados, confinamientos, torturas y varias formas de violencia. La situación es tan alarmante que la gobernación del Chocó reportó, la misma semana del comunicado, el desplazamiento masivo de 282 personas hacia la cabecera municipal de Nuquí, ocasionado por la presencia de grupos armados. Además, el resguardo alertó sobre una masacre que afectó a la comunidad de Villanueva Jurubirá, reforzando la magnitud del drama en el Alto Baudó.

Los líderes indígenas recordaron que ellos no han sido quienes propiciaron esta guerra y consideran injusto tener que soportar las graves consecuencias del conflicto: "Nuestras comunidades no son objetivos militares, nuestros territorios no son campos de batalla y nuestras autoridades tradicionales no deben ser objeto de presiones", agregaron en el comunicado. Al concluir, hicieron un sentido llamado para exigir respeto por la vida y permanencia en el territorio, así como un acompañamiento institucional y solidaridad urgente que detenga la destrucción de las comunidades, como ocurrió en Villanueva Jurubirá.

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¿Cuál es la principal denuncia de las comunidades indígenas del Alto Baudó ante el conflicto armado?

La principal denuncia de las comunidades indígenas del Alto Baudó, según el comunicado del resguardo Chory Jurubirá citado por El Espectador, es la grave vulneración de sus derechos fundamentales a causa del conflicto armado. Sus integrantes exigen especialmente el respeto a la vida y el derecho a permanecer en su territorio, rechazando las masacres, desplazamientos y otras violencias que han sufrido por parte de actores armados.

¿Qué son las alertas tempranas y por qué son importantes para la protección de los pueblos indígenas?

Las alertas tempranas son llamados formales que realizan comunidades, líderes u organizaciones para informar sobre situaciones de riesgo humanitario y pedir atención urgente de autoridades y organismos de derechos humanos. En el contexto de los pueblos indígenas del Alto Baudó, esta herramienta es vital porque permite visibilizar el peligro y exigir protección institucional para evitar más víctimas y desplazamientos.

El intercambio de mensajes se registró el 12 de diciembre de 2025, exactamente 19 días antes de que venciera el contrato 1826 de 2025 que Jiménez mantenía con el Ministerio del Interior por un monto de $11.151.338. En la comunicación, el exjefe de Estado escribió textualmente a la alta funcionaria de Palacio: “Esta persona necesito que la mantengan allí en el contrato con MinInterior”. Tras emitirse la directriz desde la Presidencia, la cartera del Interior formalizó un nuevo vínculo contractual el 21 de enero por un total de $30.457.095, garantizando a la contratista una asignación mensual cercana a los $2,6 millones de pesos para labores de apoyo en la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La documentación del proceso administrativo precisa que el objeto contractual exigía apoyar la consolidación de informes de seguimiento a proyectos financiados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). No obstante, la vinculación fue terminada de manera anticipada y unilateral el 31 de octubre de 2026, en medio del avance de las pesquisas judiciales. Durante la administración de Petro, la mujer firmó un total de siete contratos con entidades públicas que sumaron $116.944.432, distribuidos en cuatro vinculaciones con el Senado de la República, una con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y dos con el Ministerio del Interior, según informó Semana.

El expediente se encuentra bajo la órbita de las principales autoridades de control y juzgamiento del país. Luego de que la Fiscalía General de la Nación abriera una noticia criminal el pasado 23 de octubre, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ejecutaron la extracción forense al teléfono celular entregado por la denunciante el 5 de noviembre. En paralelo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia practicó una inspección para recaudar los folios de contratación en el Congreso, mientras que la Procuraduría General de la Nación citó a la excontratista a rendir declaración en el marco de la indagación previa.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades tras el suceso, el homicidio se habría producido cuando sujetos interceptaron a la víctima en el trayecto a su lugar de labores y le dispararon. Los motivos y la identidad de los agresores aún no se han esclarecido, y las investigaciones están en curso. La Policía y los organismos judiciales llegaron al lugar poco después del crimen para desarrollar la inspección técnica y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, procedimientos habituales en casos de este tipo.

Dentro de las hipótesis preliminares planteadas sobre el ataque se encuentra la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas. No obstante, esta teoría no ha sido confirmada y corresponderá a las autoridades determinar si existe relación entre este hecho criminal y otros antecedentes judiciales de la víctima, pues también han circulado versiones que señalan posibles vínculos de Callejas con un homicidio ocurrido en 2025 dentro de la plaza de mercado de Ambalema. Sin embargo, según la información reportada, estos supuestos aún deben ser debidamente verificados y no constituyen una explicación concluyente del asesinato.

Actualmente, la Policía y los organismos competentes continúan adelantando las primeras diligencias investigativas con el propósito de recolectar elementos materiales probatorios, esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos e identificar a los responsables. De acuerdo con las autoridades, se espera que en las próximas horas se entregue información oficial que aporte mayor claridad sobre lo sucedido y permita avanzar en la resolución de este nuevo hecho de violencia en Tolima.

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¿Qué se sabe sobre el asesinato de Juan Pablo Callejas en Ambalema, Tolima?

De acuerdo con la información preliminar, Juan Pablo Callejas fue atacado por individuos armados cuando se dirigía temprano a su trabajo en el establecimiento Mercapez, en Ambalema. Si bien una de las hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas, hasta el momento esta información no ha sido confirmada oficialmente y las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y la identidad de los responsables.

¿Qué significa ‘ajuste de cuentas’ en el contexto de un homicidio?

El término ‘ajuste de cuentas’ se refiere a un acto violento, como un homicidio, que ocurre como represalia o consecuencia de conflictos previos, usualmente entre personas involucradas en situaciones delictivas. Estas acciones se consideran un modo de saldar deudas o disputas mediante la violencia, aunque en este caso concreto las autoridades aún no han confirmado si esa fue la motivación.

𝐌𝐮𝐣𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐮 𝐚𝐮𝐭𝐨 𝐚𝐜𝐚𝐛𝐨́ 𝐝𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐓𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐃𝟏 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐚𝐦𝐞𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐢𝐨 𝐞𝐧 @alcaldiabquilla @PoliciaBquilla @TransitoBaq @TransitoPolicia @d1_tiendas pic.twitter.com/8N0Hijmqrb

— HT24Periodismo (@HT24Periodismo) November 5, 2026

La conductora del vehículo también salió ilesa, pese a que el impacto alcanzó las barreras de protección instaladas frente al almacén. La colisión afectó tanto los elementos de seguridad de la zona de parqueo como parte de la estructura externa del supermercado.

Videos que comenzaron a circular en redes sociales mostraron cómo quedó el automóvil después del accidente. En las imágenes se observa el vehículo contra las barandas de contención que separan los espacios de estacionamiento de la fachada del establecimiento comercial.

(Vea también: Revelan posible causa del accidente de bus Capillas de la Fe, que dejó seis heridos en Cundinamarca)

De acuerdo con las primeras versiones sobre lo ocurrido, la mujer habría perdido el control del carro mientras intentaba hacer una maniobra en el parqueadero. El episodio llamó la atención de quienes estaban cerca del lugar y provocó sorpresa entre las personas que presenciaron las consecuencias del choque.

Una de las hipótesis que circula apunta a que la conductora habría confundido los pedales o cometido un error al manipular la caja de cambios. Según esa versión, después de hacer sus compras habría intentado sacar el automóvil del estacionamiento, pero terminó acelerando hacia las barreras en lugar de retroceder.

Sin embargo, esa explicación no ha sido confirmada oficialmente y todavía no se conocen las causas exactas del accidente. Por ahora, lo establecido es que el choque dejó daños en el vehículo y en la estructura exterior del D1, sin víctimas ni personas heridas.

La sanción surgió después de que, el 8 de febrero de 2025, Señal Colombia transmitiera la película ‘Aquarius’ a las 8:00 de la noche, dentro de la franja familiar. Según la CRC, la película contenía escenas de connotación sexual y, aunque se presentó una advertencia antes de la emisión, esta no cumplía con los requisitos mínimos de claridad, veracidad y suficiencia. De acuerdo con el órgano regulador, esa advertencia no fue suficiente para que los padres y cuidadores tuvieran la información necesaria y pudieran decidir si los menores de edad debían ver o no la película.

La autoridad aclaró que la decisión no representó una censura a la película, ni buscó poner en tela de juicio su valor artístico. El eje del problema estuvo en las condiciones de programación y en la falta de rigor en la advertencia que se presentó. De acuerdo con la CRC, la conducta fue catalogada como grave porque la responsabilidad de RTVC consiste en garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a contenidos no aptos para ese horario.

La multa impuesta equivale a 53,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes de 2025, suma que se traduce, según la información suministrada, en cerca de 76,2 millones de pesos. Más allá de la amonestación administrativa, esta sanción dejó consecuencias institucionales y económicas para todo el sistema de medios públicos. Por su parte, desde la administración actual de RTVC aseguraron que cumplirán las decisiones en firme y, además, reforzarán los mecanismos de control respecto a la clasificación y programación de los contenidos, incluyendo advertencias más claras y efectivas. De igual manera, informaron que evaluarán posibles acciones jurídicas, disciplinarias y fiscales, para determinar las responsabilidades correspondientes.

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¿Por qué la CRC multó a RTVC por la emisión de una película con contenido sexual?

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) impuso la sanción porque RTVC transmitió una película con escenas de connotación sexual dentro del horario familiar, sin advertir de manera clara, veraz y suficiente sobre el contenido a los espectadores. Esto se consideró una falta grave, ya que no se protegió de forma adecuada a menores de edad frente a contenidos no apropiados, de acuerdo con las normas de la franja familiar.

¿Qué medidas tomará RTVC tras la multa de 76 millones por película en horario familiar?

La administración actual de RTVC aseguró que cumplirá con las decisiones de la CRC que estén en firme, reforzará los controles sobre clasificación, programación y advertencia de contenidos y evaluará eventuales acciones jurídicas, disciplinarias y fiscales para establecer responsabilidades internas, según la información suministrada en el reporte.

El acuerdo busca fortalecer la protección de los ecosistemas, mejorar el uso eficiente del recurso hídrico y desarrollar soluciones frente a fenómenos climáticos como sequías e inundaciones.

La firma se produjo después de una semana de reuniones entre delegaciones de ambos países en Manizales, Cartagena, Santa Marta y Bogotá, donde autoridades, universidades, empresas y organizaciones compartieron experiencias sobre gobernanza del agua, protección costera e infraestructura resiliente.

El memorando fue suscrito por el Ministerio de Infraestructura y Gestión del Agua de Países Bajos, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Ambiente de Colombia.

Entre sus compromisos están el intercambio de conocimientos, la asistencia técnica, la investigación conjunta y la promoción de alianzas entre los sectores público y privado.

Como parte de la cooperación, también se entregaron los diseños de dos proyectos de infraestructura para Cartagena, orientados a mejorar su adaptación al cambio climático.

La alianza cobra relevancia ante los efectos del Fenómeno de El Niño y los riesgos de inundaciones asociados a otros eventos climáticos. La renovación coincide con los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Según afirmó, los exámenes fueron realizados en Europa y habrían detectado dos tipos de sustancias tóxicas que podrían poner en riesgo su vida. Zuleta señaló que, de acuerdo con esas pruebas, funcionarios de entidades en las que trabajó Rodríguez estarían involucrados en los hechos.

Y está denuncia de Felipe Zuleta es aterradora. A Angie Rodríguez quisieron “matarla” envenenándola. Dice el periodista que vio las pruebas. pic.twitter.com/p8buY2ARq5

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 5, 2026

El comunicador también relacionó las denuncias con las declaraciones que Rodríguez ha hecho sobre presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro.

Además, pidió proteger a otras mujeres que han denunciado situaciones cuestionables relacionadas con la administración anterior.

Por su parte, el abogado Manuel Villanueva, representante de Rodríguez, confirmó que su defendida viajó a España para practicarse los exámenes toxicológicos, cuyos resultados habrían dado positivo para varias sustancias. Según explicó, las pruebas serán entregadas a la Fiscalía, que las solicitó como parte de la investigación.

El abogado indicó que, si se confirma su validez, podrían demostrar que existieron intentos de atentar contra la vida de la exfuncionaria.

Villanueva también mencionó otras denuncias relacionadas con un supuesto direccionamiento de contratos y solicitudes de nombramientos de personas en entidades del Gobierno.

Entre ellas estaría el caso de Deicy Jiménez, cuyo nombre habría llegado a Rodríguez mediante una solicitud para ocupar un cargo público.

Uno de los nombres que aparece en el libro es el del empresario barranquillero Euclides Torres, aunque Zuleta aclaró que no tiene un capítulo dedicado a él. El periodista aseguró que Torres habría asumido varios gastos de Cortés, la mujer que acompañó a Petro en viajes a Panamá y al Vaticano. Según su relato, el empresario cubría tiquetes, hoteles, ropa y hasta el arriendo de la vivienda de ella en La Calera, Cundinamarca.

“Pagaba tiquetes, pagaba hoteles, pagaba ropa. Paga arriendo, el arriendo de la casa de ella en La Calera”, afirmó Zuleta al explicar lo que, según sus fuentes, ocurría con los pagos. El autor sostuvo que ese respaldo económico se habría mantenido, por lo menos, hasta un mes antes de la entrevista. Sin embargo, precisó que no profundizó en los contratos que Torres habría tenido con el Estado.

(Vea también: María José Pizarro se pronunció (por fin) por enredo de Petro con Deicy Jiménez: “Linchamiento digital”)

Otro de los episodios mencionados por el periodista involucra a Angie Rodríguez, quien estuvo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Zuleta aseguró que, durante su paso por esa entidad, a Rodríguez le solicitaban entregar parte de su salario para comprarle cosas a Cortés. Además, afirmó que ese dinero todavía no le habría sido devuelto.

Las declaraciones contrastan con la versión de Vanessa Cortés, quien ha negado conocer a Euclides Torres y ha explicado que su patrimonio proviene de asesorías prestadas a empresas privadas. Por ahora, los señalamientos expuestos por Zuleta corresponden a lo que, según dijo, encontró en las grabaciones y documentos entregados por sus fuentes.

El libro ‘Las mujeres de Petro’ también aborda otros relatos sobre fiestas, consumo de sustancias psicotrópicas y disputas de poder dentro de la Casa de Nariño. Zuleta aseguró que la investigación se construyó a partir de horas de grabaciones y documentos de personas que, según explicó, temen por su seguridad. La publicación llega en medio de las denuncias de mujeres que estuvieron cerca del expresidente, entre ellas Angie Rodríguez y Deicy Jiménez.

Este grupo estuvo compuesto por 27 canarios costeños, tres tortolitas rojizas, dos tortugas inguensas y una falsa coral. Según datos de la Secretaría Distrital de Ambiente, estos animales fueron recuperados a través de rescates, recepción institucional e incautaciones originadas principalmente por el tráfico ilegal de especies. Tras ser atendidos por un equipo de expertos, se garantizaron tanto su recuperación física como su bienestar integral antes de su liberación.

Las especies liberadas desempeñan funciones fundamentales en los ecosistemas donde habitan, como la dispersión de semillas y el control de poblaciones de otras especies, contribuyendo así al mantenimiento de las dinámicas naturales de estos ambientes. El proceso de reincorporación incluyó el traslado de los animales por vía aérea al departamento de Norte de Santander, donde profesionales de CORPONOR revisaron minuciosamente las historias clínicas, datos de manejo biológico y detalles sobre su alimentación antes de autorizar la liberación definitiva en bosques de San Cayetano, Pamplonita y la región del Catatumbo.

De acuerdo con la administración distrital encabezada por Carlos Fernando Galán, este tipo de liberaciones robustece su compromiso con la protección de la biodiversidad. Hasta el momento, se han recuperado 16.041 animales silvestres, de los cuales 1.574 fueron víctimas directas del tráfico ilegal. Gracias al trabajo del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre del Distrito, desde enero de 2024 un total de 8.748 ejemplares han regresado a su hábitat natural. Por otro lado, 259 animales que no poseen las condiciones físicas o de comportamiento necesarias para sobrevivir en libertad han sido reubicados en bioparques o instituciones especializadas, donde continúan recibiendo el cuidado adecuado, según lo reporta la Alcaldía de Bogotá.

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¿Cómo es el proceso de rehabilitación y liberación de animales silvestres en Bogotá?

El proceso, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, inicia con la recuperación de los animales a través de rescates, recepción institucional o incautaciones por tráfico ilegal. Posteriormente, los animales ingresan al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación, donde expertos garantizan su recuperación física y bienestar. Una vez comprobado que están aptos, se organizan traslados, como en este caso por vía aérea, hasta lugares aptos para su liberación, donde profesionales revisan su salud y antecedentes antes de devolverlos a su entorno natural.

¿Qué funciones ecológicas cumplen las especies silvestres liberadas por la Secretaría Distrital de Ambiente?

Según la entidad, las especies silvestres liberadas como canarios, tortolitas, tortugas y serpientes desempeñan funciones clave en sus ecosistemas, incluyendo la dispersión de semillas, el control de poblaciones de otras especies y el mantenimiento de las dinámicas ecológicas fundamentales para la salud y estabilidad de los entornos naturales.

La Sala Infantil ofrecerá servicios gratuitos, funcionando de lunes a viernes entre 10:00 a. m. y 5:00 p. m., y los sábados de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. El proyecto busca integrar la lectura y el juego con la interacción entre menores y adultos, tales como acompañantes, educadores y promotores de lectura. Julia Cristina Daza Noguera, directora de la Biblioteca Nacional, declaró en un comunicado institucional que habilitar este recinto fue su prioridad desde que asumió el cargo el 1 de octubre de 2026 y resaltó la importancia de acercar la lectura a los niños como vía para fortalecer su pensamiento y curiosidad.

No obstante, la apertura oficial de la sala ha estado antecedida por un ambiente tenso y reclamos ciudadanos. Aunque el espacio estaba previsto para abrir sus puertas el 1 de octubre, distintas demoras y la falta de información pública generaron protestas de colectivos que defienden los derechos culturales de la niñez. El colectivo ciudadano "Medio Pan y un Libro" mantuvo la convocatoria a una protesta pacífica frente a la Biblioteca Nacional para exigir la pronta habilitación del lugar, fundamentando sus reclamos en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 30 de la Ley 1098 de 2006, que reconocen los derechos de la infancia a la participación cultural y artística.

Dentro de la institución persisten dudas sobre los motivos del retraso, pues, según fuentes citadas por El Espectador, la causa central habría sido la decisión unilateral de la directora de revisar el catálogo de libros seleccionado previamente por un comité técnico especializado. Esta revisión generó preocupación en sectores bibliotecarios, que consideran que el control sobre la elección de materiales podría impactar la libertad cultural y el acceso democrático al patrimonio bibliográfico.

La nueva Sala Infantil incluye una obra original de Rafael Yockteng, afiches de ilustradores emblemáticos y selecciones de autores y editoriales colombianas, así como homenajes a referentes de la literatura nacional como Rafael Pombo. Para Valeria Baena, asesora de la Biblioteca Nacional, se trata de un espacio que permitirá que las nuevas generaciones valoren y cuiden el patrimonio cultural, integrando lectura, arte y diversidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se retrasó la apertura de la Sala Infantil de la Biblioteca Nacional de Colombia?

De acuerdo con información aportada por fuentes internas a El Espectador, el aplazamiento estaría relacionado con la decisión de la directora Julia Cristina Daza Noguera de ejecutar una revisión individual del catálogo de libros, a pesar de que la selección ya había sido elaborada por un comité técnico. Esta situación generó dudas y protestas, pues la infraestructura estaba lista y el contexto administrativo se vio marcado por denuncias de falta de comunicación y tensiones internas.

¿Qué derechos culturales respaldan la protesta ciudadana por la Sala Infantil de la Biblioteca Nacional?

La movilización ciudadana se fundamentó en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que consagra el derecho de los niños a la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión. Además, el artículo 30 de la Ley 1098 de 2006, conocida como Código de la Infancia y la Adolescencia, garantiza que niños y adolescentes tengan acceso y participación en la vida cultural y artística del país.

De acuerdo con la investigación periodística, las reuniones del círculo cercano no se llevaban a cabo en la residencia privada de la sede gubernamental, sino en espacios alternos como el apartamento asignado al jefe de seguridad en la planta baja del edificio. Para garantizar el ingreso de los asistentes sin dejar registros en los libros oficiales de control, las personas convocadas utilizaban la puerta posterior ubicada sobre la calle Octava. Este esquema logístico permitía mantener bajo estricta reserva las actividades que allí se desarrollaban, evitando el escrutinio público y las auditorías de seguridad tradicionales.

Uno de los aspectos más delicados expuestos por el autor gira en torno al manejo de las comunicaciones y la vigilancia sobre el exjefe de Estado. Según testimonios recopilados en el texto, el teléfono celular de Gustavo Petro permaneció “gemeliado” durante un periodo prolongado bajo la supervisión de Laura Sarabia, lo que permitía almacenar información detallada, registros gráficos y archivos en una nube de acceso exclusivo administrada por la alta funcionaria.

Esta centralización de datos respondía a una estrategia deliberada de manejo del poder y control de la agenda pública. “Una de las estrategias de Laura Sarabia era mantener a Petro en sus fiestas, en sus bacanales, para quedarse ella cada vez más con el poder en la Casa de Nariño. No se le olvide que Sarabia tuvo un contuvernio con Alcocer, las dos únicas mujeres del libro que no le temían a Petro eran ellas dos. Laura Sarabia y Verónica Alcocer tenían un contuvernio y Sarabia le reportaba a Alcocer todo los movimientos del presidente Petro, absolutamente todos”, sostuvo Zuleta al desentrañar las alianzas internas en el Ejecutivo.

Para el periodista, este engranaje de vigilancia permanente explicaba por qué la funcionaria mantuvo su presencia e influencia en el Gobierno nacional a pesar de los constantes remezones de gabinete. El control absoluto de la información estratégica, sumado a la alianza de reporte directo con la entonces primera dama, habría convertido la vida privada del exmandatario en un factor determinante para el funcionamiento de la administración pública y la toma de decisiones en el Estado.

Según datos comunicados por Emcali, los siguientes barrios se verán afectados con la suspensión del servicio de agua: San Luis II, en la calle 72 # 1 A1 – 114; Chiminangos I, carrera 1 B Bis # 63 – 40; El Troncal, carrera 8 A # 34 – 26; Santa Teresita, carrera 1 # 7 Oeste 11, y Primero de Mayo, calle 13 C # 56 – 28. Estos sectores han sido identificados como áreas en donde se requiere la intervención prioritaria para el mantenimiento de las redes.

Además, otras zonas de la ciudad reportadas por Emcali donde también se presentarán cortes son: Arboledas, carrera 2 B # 7 Oeste 10; Terrón Colorado, avenida 5 Oeste # 30 – 61; República de Israel, carrera 42 B con calle 33, y San Pedro, calle 8 # 6 – 79. Estas maniobras buscan garantizar el correcto funcionamiento del sistema de acueducto y responder a eventuales fallas detectadas en la infraestructura.

De acuerdo con la comunicación oficial, las tareas adelantadas este viernes son consideradas necesarias para garantizar la estabilidad y continuidad del suministro en los próximos días, minimizando riesgos de rupturas o daños mayores en la red. Aunque la suspensión será temporal, se recomienda a los habitantes de los barrios mencionados tomar precauciones adicionales para enfrentar la falta momentánea de agua potable. La información original fue publicada y confirmada por Noticiero 90 Minutos, medio local especializado en los acontecimientos de Cali.

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¿Cuáles son los barrios de Cali que tendrán cortes de agua por trabajos de Emcali?

De acuerdo con el reporte oficial de Emcali citado por Noticiero 90 Minutos, los barrios que enfrentarán suspensión del suministro de agua debido a labores de reparación son San Luis II, Chiminangos I, El Troncal, Santa Teresita, Primero de Mayo, Arboledas, Terrón Colorado, República de Israel y San Pedro.

¿Por qué habrá suspensión de agua potable en sectores de Cali este viernes?

Emcali realizará trabajos de reposición de válvulas y optimización de redes en varias zonas de Cali, lo que obliga a suspender temporalmente el servicio para garantizar el adecuado mantenimiento y prevenir posibles daños mayores en la infraestructura de acueducto.

Durante las conferencias, expertos y académicos analizaron la necesidad de incluir en la investigación las tradiciones populares, los relatos orales y las leyendas que forman parte de la identidad caleña. Según lo explicado en el evento, este enfoque resulta clave para acercar la investigación histórica a la ciudadanía, transformando la percepción del patrimonio en algo vivo y compartido por todos los habitantes. Tal visión tiene el propósito de que la comunidad participe activamente en la reconstrucción y valoración de su historia, más allá de los enfoques estrictamente académicos.

Luis Francisco López, investigador del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), señaló que esta metodología contribuye a que los resultados de las investigaciones arqueológicas y sociales tengan un impacto más amplio. En palabras de López, citadas durante el evento, "es una propuesta que precisamente valora las tradiciones populares y no se queda solo en un interés académico propiamente, porque nos parece que de esa manera involucramos también a la comunidad". Así, la obra publicada por ICANH en 2025, ‘Cañagordas y el Alférez Real, elementos críticos para una arqueología del relato’, busca comprender el patrimonio desde miradas colectivas.

Como una de las actividades centrales, la universidad organizó un recorrido por la Hacienda Cañasgordas, reconocida como monumento nacional. Estudiantes de Arquitectura, Diseño Gráfico y Comunicación Social y Periodismo exploraron este sitio histórico en el sur de Cali junto a ciudadanos, con el fin de profundizar en los hallazgos de las investigaciones realizadas. Julián Ricci, docente del programa de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Occidente, explicó que la hacienda es un eje fundamental en los procesos investigativos, académicos y documentales del programa desde hace tres años. De acuerdo con Ricci, analizar cómo visibilizar y proteger la hacienda es esencial para afianzar el vínculo de la comunidad con el patrimonio.

Con el desarrollo de estas iniciativas, la Universidad Autónoma de Occidente refuerza su papel como promotora de la formación académica y la investigación, dos herramientas prioritarias para preservar la memoria de Cali y fortalecer la identidad cultural entre sus habitantes.

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¿Qué importancia tiene la Hacienda Cañasgordas para el patrimonio histórico de Cali?

La Hacienda Cañasgordas es un monumento nacional que representa un punto clave para la memoria y la identidad cultural de Cali. Durante la Semana del Patrimonio, estudiantes y ciudadanos visitaron este sitio emblemático para conocer sus hallazgos históricos y arqueológicos, reforzando así el lazo entre la comunidad y su historia local, según la información presentada por la Universidad Autónoma de Occidente.

¿Cómo integra la Universidad Autónoma de Occidente la comunidad a los estudios patrimoniales?

De acuerdo con las actividades y declaraciones recogidas durante la Semana del Patrimonio, la Universidad Autónoma de Occidente promueve que la comunidad participe activamente en los procesos de investigación sobre el patrimonio, incorporando tradiciones populares y relatos orales. Esta integración permite que la construcción del conocimiento trascienda el ámbito académico y tenga relevancia social, tal como lo destacan investigadores como Luis Francisco López del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

Ante esta realidad, la Asociación Colombiana de Egresados de Protección cumple un papel fundamental al acompañar a aquellos adolescentes y jóvenes que dejan el sistema del ICBF y desean construir un proyecto de vida propio. Según Michael Londoño, director ejecutivo de la asociación, la entidad se enfoca en brindar acompañamiento integral por medio de programas que facilitan acceso a educación superior, empleo y vivienda. Uno de los aspectos más relevantes que resalta Londoño es la atención que se presta desde el primer momento: "Esta casa recibe a jóvenes que salen del ICBF y que no tienen una vivienda donde ingresar inicialmente. Entonces aquí se les brinda un acompañamiento de seis, un año o dos años máximo."

De acuerdo con la misma fuente, programas denominados Avanza Joven y Casas del Saber buscan guiar a los jóvenes en esa transición: se les ofrece vivienda temporal, orientación para encontrar empleo y gestión de sus finanzas personales, elementos que facilitan el camino hacia una vida verdaderamente independiente. Esta labor va de la mano con la ley 2479 de 2025, conocida como 'Hijos del estado', que institucionaliza el acompañamiento a los egresados del sistema de protección para garantizarles oportunidades y evitar que queden expuestos a la vulnerabilidad.

Para continuar fortaleciendo estas iniciativas, la asociación realizará el evento denominado 'Coffee Party'. Según explicó Londoño, el objetivo es socializar el trabajo de la organización y recaudar fondos para las líneas programáticas mencionadas anteriormente. El evento tendrá lugar el 7 de noviembre en la Casa Obeso Obeso, ubicada en el barrio Normandía, y contará con música, arte y café desde las 4:30 p.m.

De esta manera, el trabajo de la Asociación Colombiana de Egresados de Protección no solo responde a la urgente necesidad de acompañamiento para quienes egresan del ICBF, sino que también se ajusta al marco legal vigente, asegurando que estos jóvenes encuentren un rumbo claro y seguro en su nueva vida.

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¿Qué programas ofrece la Asociación Colombiana de Egresados de Protección a quienes salen del ICBF?

De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos, la asociación pone a disposición programas como Avanza Joven y Casas del Saber, que proporcionan orientación, vivienda temporal, apoyo para acceder a un empleo y educación superior, así como herramientas para organizar las finanzas. Además, se brinda acompañamiento jurídico y emocional, facilitando el proceso de independencia para los egresados.

¿Cuál es el objetivo del evento 'Coffee Party' organizado por la asociación y cuándo será?

Según explicó Michael Londoño, el evento 'Coffee Party' tiene como propósito principal dar a conocer la labor de la Asociación Colombiana de Egresados de Protección y recaudar fondos que permitan fortalecer sus programas. La cita es el 7 de noviembre, en la Casa Obeso Obeso, barrio Normandía, a partir de las 4:30 p.m., e incluirá música, arte y café.

Morales enfatizó que las explicaciones oficiales no logran responder a la magnitud del expediente: “Han aparecido en las últimas horas no uno, no dos, no cinco, 10 contratos millonarios. El comunicado de María José Pizarro no aclara absolutamente nada, solamente dice que Deicy Jiménez trabajó y cumplió gestionando un contrato”. Según el periodista, la situación legal del exjefe de Estado es sumamente delicada debido al material probatorio recaudado tras las largas jornadas ante las autoridades: “Petro está sentado en el banquillo de los acusados por cuenta de la red de mujeres. Ella entrega una versión de que no se trata decidir quién tiene sexo sino quería hacer parte de esa red. Entregó ella las pruebas, los videos y los chats con él en esa diligencia larguisima de 14 horas”.

En su intervención, el director del espacio radial subrayó que la existencia de registros digitales directos deja sin margen de maniobra a la defensa del exmandatario. “La desgracia para él es que estas mujeres tienen las pruebas de todo lo que él ordenó, el chat de anoche prueba que él sí gestionó contratos para su amante Deicy Jiménez, que no tenía ni títulos ni merecimiento laborales, era una mujer que hacía contenido de carácter sexual no se sabe por qué terminó premiada”, aseveró.

Finalmente, el comunicador puso el foco en las entidades públicas salpicadas por los nombramientos y señaló de manera directa la presunta injerencia del exjefe de Estado en la consecución de esos puestos estatales. “Le fue bien a ella de todas formas porque le dieron contratos en el Dapre, en el Mininterior, ¿quién era la palanca de Deicy Jiménez? Era Gustavo Petro, el hombre que la palanqueó”, concluyó Morales, mientras la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación avanzan en las inspecciones técnicas e indagaciones para determinar la validez de los folios e inspecciones judiciales.

El caso, según la información recogida hasta el momento, ha despertado gran preocupación en el municipio, donde nuevamente la violencia golpea a los jóvenes y a la población en general. A pesar del impacto generado por el asesinato de ‘Brandy’, las autoridades han mantenido rigurosa reserva sobre los detalles. La Policía Judicial inició de inmediato las investigaciones para esclarecer las circunstancias en torno al homicidio, identificar los posibles móviles e individualizar a los responsables. De acuerdo con el reporte conocido, aún no se ha difundido información oficial sobre la manera en la que ocurrió el ataque ni sobre eventuales pistas frente a los agresores.

Después del crimen, el cuerpo de Bradith Molina fue llevado en primera instancia a la morgue del Hospital San Carlos y posteriormente trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, entidad encargada de adelantar los procedimientos técnicos correspondientes en estos casos, como autopsia e identificación plena. Según los detalles brindados hasta ahora, este paso es fundamental para avanzar en la investigación judicial, aunque por el momento no se han divulgado mayores hallazgos respecto al motivo o responsables del homicidio.

La muerte de ‘Brandy’ se suma a otros hechos violentos que vienen perturbando el sur del Tolima, lo que ha llevado a reiterar la preocupación de la ciudadanía y la necesidad de respuestas por parte de las autoridades competentes. Mientras avanzan las labores investigativas, la comunidad espera esclarecimiento y justicia en este nuevo caso que enluta a Saldaña.

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¿Qué se sabe hasta ahora del asesinato de Bradith Molina en Saldaña?

Hasta el momento, la información confirmada indica que Bradith Molina murió tras recibir varios impactos de bala cerca del río Saldaña, en el barrio El Mirador. La Policía Judicial está al frente de la investigación, pero aún no se han revelado detalles sobre los responsables ni los posibles móviles. El cuerpo pasó por el Hospital San Carlos y por Medicina Legal para los trámites legales y técnicos correspondientes.

¿Cómo avanza la investigación del homicidio en Saldaña, Tolima?

Según los reportes conocidos, la investigación está en manos de la Policía Judicial, que trabaja en identificar a los posibles agresores y en esclarecer los móviles del crimen. Hasta ahora, las autoridades no han entregado declaraciones oficiales sobre avances concretos ni sobre hipótesis, mientras la comunidad permanece expectante de que el caso no quede en la impunidad.

El Ejército señala al Frente Domingo Laín Sáenz Eln como responsable del secuestro de la oficial. Las autoridades intentan evitar que la uniformada sea sacada del país.

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Cuando se conoció el rapto de la subteniente, indicó el Ejército, “este Comando activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda y los mecanismos de coordinación interinstitucional, con el propósito de establecer el paradero de la uniformada y lograr su pronta liberación… En coordinación con la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, se adelantan acciones de búsqueda para dar con el paradero de la oficial y obtener resultados que permitan su pronto regreso”.

De la Espriella se pronuncia sobre secuestro de subteniente

Abelardo de la Espriella se pronunció a través de sus redes sociales sobre el secuestro de la uniformada y dijo: “exijo la liberación inmediata de nuestra subteniente María Camila Pantoja Hernández. Condeno y rechazo categóricamente el cobarde secuestro de nuestra oficial del Ejército Nacional en Saravena, Arauca, a manos de terroristas del Eln, Frente Domingo Laín Sáenz. Según información de inteligencia militar, dos criminales armados que se movilizaban en motocicleta habrían interceptado a nuestra subteniente”.

Agregó el mandatario que “al Eln le advierto: se equivocaron de gobierno. No vamos a permitir que sigan utilizando el secuestro para intimidar a nuestra Fuerza Pública y desafiar la autoridad del Estado. He ordenado desplegar todas las capacidades de nuestro Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional para encontrarla y lograr su regreso sana y salva. A estos criminales les exigimos que respeten su vida e integridad y la liberen de inmediato, sin condiciones”.

Renson Martínez Prada, gobernador de Arauca, habló con Noticias Caracol sobre el secuestro de la subteniente. El mandatario local señaló que “hacemos un llamado, dentro del derecho internacional humanitario, al Eln para que le respete la vida a la suboficial y así mismo para que se lleve a cabo su liberación sin condicionamientos”.

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Investigan si subteniente secuestrada fue llevada a Venezuela

Sobre la pregunta de si la uniformada fue llevada a territorio venezolano, dada la cercanía de Arauca, el gobernador sostuvo que ese tema “hace parte de nuestro consejo de seguridad y las instrucciones que siempre damos porque este municipio se encuentra sobre la frontera con Venezuela a través del río Arauca y a solo 15 minutos en un trayecto pueden haber trasladado a la oficial hacia Venezuela”.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Martínez López, quien se desempeñaba como jueza 77 de control de garantías en Bogotá, habría aceptado inicialmente una promesa de pago y luego recibido efectivo, supuestamente para favorecer al ciudadano neerlandés involucrado en un proceso por narcotráfico. La decisión de enviar a la jueza a un centro carcelario fue tomada en el marco de las audiencias de judicialización. Además, el caso salpica a una abogada y un funcionario judicial, quienes según la autoridad judicial habrían participado también en los trámites que permitieron que la solicitud de libertad llegara directamente al despacho de Martínez López.

La hipótesis de la Fiscalía señala que el acuerdo habría incluido una estrategia en la que el funcionario Waldo Garavito Mejía, parte del Centro de Servicios Judiciales, habría jugado un papel esencial. Garavito Mejía habría coordinado la radicación de una acción de habeas corpus, lo que habría facilitado que la petición quedara en manos de Martínez López, quien tomó la decisión de ordenar la liberación inmediata del extranjero. El habeas corpus es una acción judicial destinada a proteger la libertad personal frente a detenciones arbitrarias.

Uno de los elementos más llamativos de la investigación es la sospecha sobre irregularidades en la asignación del turno judicial. Según lo expuesto por la Fiscalía en las audiencias, se habría modificado el orden habitual de reparto para que el caso llegara durante el fin de semana del 13 de junio al despacho de la jueza mencionada, lo que habría permitido tomar una decisión sin levantar sospechas inmediatas. Este proceder, según la Fiscalía, respondería menos a criterios jurídicos y más al presunto pago millonario vinculado al acuerdo.

Adicionalmente, la investigación formalizó imputaciones por los delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y, en el caso de Miryam Alcira Martínez López, prevaricato por acción.

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¿Cuál es el papel de la jueza Miryam Alcira Martínez López en la liberación del ciudadano neerlandés?

La jueza Miryam Alcira Martínez López, según la Fiscalía General de la Nación y lo reseñado por Noticias Caracol, habría sido la funcionaria que tomó la decisión final de ordenar la liberación del ciudadano neerlandés. La acusación indica que esta decisión pudo haber estado motivada por la recepción de una suma de dinero que superaría los 1.200 millones de pesos, tras un acuerdo concertado con otros implicados.

¿Qué delitos se imputaron en la investigación por la liberación del ciudadano neerlandés requerido por narcotráfico?

De acuerdo con las audiencias reseñadas por Noticias Caracol, la Fiscalía General de la Nación imputó a los involucrados, incluyendo la jueza Martínez López, los delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción. Estos cargos se refieren a recibir dádivas ilegales, alterar la verdad en escritos oficiales y emitir decisiones contrarias a la ley, respectivamente.