La investigación señaló que todo ocurrió mientras el auxiliar de Policía implicado se encontraba cumpliendo funciones de seguridad en calidad de centinela, específicamente en la garita Apolo 2. Durante ese turno, se presentó una manipulación indebida del arma de dotación. El disparo no solo fue accidental, sino resultado directo del incumplimiento de protocolos y reglas estrictas de manejo de armas de fuego impartidas en la institución. Uno de los puntos centrales fue el no cumplimiento de la orden de no portar cartucho en la recámara, evitar desenfundar o manipular el arma sin necesidad real de servicio y mantener el dedo fuera del gatillo si no había intención legítima de disparar, como detalló la resolución judicial citada por la Justicia Penal Militar.

El juzgado, tras aceptar los cargos y al valorar el material probatorio correspondiente, decretó una pena de 16 meses de prisión para el auxiliar procesado. Este tiempo equivale a un año y cuatro meses de privación de la libertad. Además, el fallo incluyó una sanción económica: el pago de una multa fijada en 13,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que supera los 23 millones de pesos colombianos. Junto con estas medidas, el condenado fue privado por dos años del derecho a la tenencia y porte de armas, reafirmando la gravedad del descuido en el manejo de armamento institucional.

La autoridad judicial dejó claro que el uniformado fue hallado responsable como autor y bajo el título de culpa, es decir, por negligencia y no por intención de causar la muerte de su compañero. Este caso pone en evidencia la importancia del cumplimiento estricto de las medidas de seguridad en el interior de los organismos armados, para prevenir tragedias derivadas de descuidos o desconocimiento de los protocolos establecidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenado el auxiliar de Policía en el caso de la Escuela de Policía Antonio Nariño?

El auxiliar de Policía fue condenado porque, de acuerdo con la Justicia Penal Militar, manipuló de forma indebida su arma de dotación mientras ejercía funciones de centinela, lo que provocó un disparo accidental que causó la muerte del uniformado Miguel Ángel González Herrera. La sentencia señaló el incumplimiento de normas establecidas para el manejo seguro de armas, concluyendo su responsabilidad penal como autor del homicidio culposo.

¿Qué significa el delito de homicidio culposo según la justicia militar?

Homicidio culposo, según la justicia militar, es el acto de causar la muerte a otra persona sin intención, pero como consecuencia de una conducta imprudente o negligente. En este contexto, implica que el responsable no tuvo la voluntad de matar, pero incumplió reglamentos o protocolos de seguridad, siendo declarado responsable por los resultados de su descuido.

A través de un pronunciamiento publicado en sus canales oficiales, la Fiscalía General de la Nación informó que compulsó copias y ordenó actividades de policía judicial para rastrear el origen de las filtraciones. Las verificaciones también buscan identificar a los posibles responsables y determinar si hay lugar a investigaciones disciplinarias y penales.

#ATENCIÓN | La @FiscaliaCol compulso copias para investigar quién está filtrando información reservada de los procesos de envenenamiento con talio, en el que está siendo investigada Zulma Guzmán, quien permanece en el Reino Unido. También buscan establecer quien está detrás de las filtraciones de las declaraciones de Eva Ferrer en la indagación contra Verónica Alcocer, exprimera dama.

Vía: @JennyAngaritaG
https://t.co/woHMRjWbSk

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 4, 2026

El caso tiene especial relevancia porque Guzmán permanece en el Reino Unido, mientras avanza la investigación por el envenenamiento con talio. La entidad no precisó quién estaría divulgando el material reservado ni señaló a alguna persona como responsable de estas filtraciones.

Sin embargo, este no es el único expediente que está bajo revisión por la misma situación. La Fiscalía también busca establecer quién ha filtrado información de las declaraciones de Eva Ferrer Galcerán, exconsejera presidencial para la Reconciliación, dentro de la indagación contra Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia.

La entidad advirtió que la divulgación no autorizada de información sometida a reserva legal puede afectar el debido proceso, comprometer el desarrollo de las investigaciones y poner en riesgo la integridad de los testigos, además de vulnerar el buen nombre de las víctimas.

Desde la mañana, las plenarias de Senado y Cámara continuaron el análisis del articulado. El Senado fue el primero en avanzar, aprobando los 30 artículos con 57 votos a favor y 27 en contra. Uno de los debates centrales giró alrededor de la eliminación del artículo 25, que contemplaba facultades especiales de contratación y permitía usar gastos reservados a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), adscrito al Ministerio del Interior. Este aspecto fue cuestionado por varios parlamentarios por el riesgo de ‘contratación paralela’, y su eliminación respondía a preocupaciones defendidas anteriormente por el exministro Rodrigo Lara, según detalló El Espectador.

Para agilizar la aprobación, el gobierno implementó el modelo “espejo”, con discusiones simultáneas en ambas cámaras para evitar retrasos que pudieran postergar la entrada en vigencia de la ley, cuyo plazo de sanción era el 4 de noviembre. Esta estrategia ya había presentado fallas en el pasado, como con el Presupuesto General 2027. Sin embargo, el gobierno contó esta vez con la supervisión de asesores del Ministerio de Justicia y la presencia de figuras como Fabio Valencia Cossio, quien, aunque no tiene contrato con la administración de la Espriella, ha sido clave para el diálogo entre Ejecutivo y Congreso.

Durante la votación, la prioridad del Ejecutivo fue mantener el quórum necesario para avanzar, algo que no estuvo exento de tensiones internas y reproches en bloques como el Pacto Histórico. El manejo del quórum evitó que la oposición pudiera frenar la aprobación de artículos clave y derivó en fuertes discusiones internas, sobre todo cuando la Cámara aceptó el texto del Senado para el artículo 2, enfocado en la protección de la protesta social. Así, aunque la ley representa una consolidación de la política de seguridad del gobierno, también evidenció las divisiones y debilidades de la oposición, de acuerdo con El Espectador.

¿Cómo se logró aprobar la ley de sometimiento en el Congreso y cuál fue la estrategia utilizada?

La aprobación de la ley de sometimiento en el Congreso se alcanzó mediante el uso de un modelo denominado “espejo”, que permitió que tanto Senado como Cámara discutieran y aprobaran el mismo texto de forma simultánea. De esta manera, se evitó el proceso de conciliación que podría haber demorado la entrada en vigor de la ley. Además, el gobierno priorizó mantener quórum suficiente y contar con la intermediación de figuras experimentadas, según explicó El Espectador.

¿Qué es el Fonsecon y por qué generó debate durante la aprobación de la ley de sometimiento?

El Fonsecon es el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, una entidad adscrita al Ministerio del Interior. El artículo 25 del proyecto de ley proponía darle al Fonsecon facultades especiales de contratación y permitir el uso de gastos reservados. Esto generó debate en el Congreso porque, de acuerdo con El Espectador, se temía que pudiera abrir la puerta a una ‘contratación paralela’, razón por la que finalmente este artículo fue eliminado del texto aprobado.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Aerocivil, el incidente se originó por "una falla en los sistemas de visualización de radares", instrumentos clave en el seguimiento de aviones en tráfico, ya que permiten identificar posición, velocidad y otros datos que garantizan la seguridad en el espacio aéreo. Esta interrupción obligó a la entidad a tomar medidas especiales, como la reprogramación de vuelos y la implementación de procesos manuales para el control del tráfico, afectando los itinerarios establecidos. LATAM, una de las aerolíneas afectadas, reportó a Caracol Radio la cancelación de ocho vuelos como resultado directo de la contingencia, mientras usuarios en plataformas digitales advertían de demoras significativas y cambios de última hora en los horarios.

La Aerocivil precisó que, tras detectar esta anomalía, se activaron de inmediato los protocolos técnicos y operacionales con el objetivo de salvaguardar la seguridad aérea y reducir el impacto sobre los pasajeros. Destacan la asignación de un equipo especializado de controladores aéreos, quienes restablecieron y recargaron los planes de vuelo afectados, según explicó la entidad.

Pese a que los sistemas recuperaron la estabilidad operacional, los equipos de controladores aéreos y técnicos mantienen un monitoreo continuo para asegurar un comportamiento adecuado de las operaciones. La incidencia no solo impactó el flujo en Bogotá, sino que alcanzó también otras zonas del país; en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Medellín), inicialmente se implementó una medida preventiva de separación ampliada entre las aeronaves, que se levantó una vez se restableció el sistema y la normalidad operacional retornó a la terminal, según lo sostuvo la Aeronáutica Civil.

Frente a estos hechos, la recomendación para los pasajeros ha sido mantenerse informados en contacto directo con sus respectivas aerolíneas para consultar el estado actualizado de sus vuelos ante cualquier cambio de último minuto provocado por este tipo de contingencias, puntualizó la entidad.

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¿Por qué se presentaron retrasos y cancelaciones de vuelos en el aeropuerto El Dorado?

Los retrasos y cancelaciones reportados por viajeros y aerolíneas ocurrieron debido a una falla técnica en los sistemas de visualización radar, que son fundamentales para el seguimiento y control del tráfico aéreo en tiempo real. De acuerdo con la Aerocivil, esta anomalía obligó a implementar protocolos especiales y, hasta que fue superada, alteró los horarios, lo que llevó a la cancelación de vuelos y a la necesidad de que los pasajeros verificaran el estado de sus trayectos con las aerolíneas.

¿Qué medidas implementó la Aeronáutica Civil tras la falla de radar en El Dorado?

Según la Aerocivil, después de detectar la falla en los radares, la entidad activó protocolos técnicos y operacionales para garantizar la seguridad aérea y mitigar los efectos sobre los pasajeros. Entre las acciones principales estuvo el despliegue de un equipo especializado de controladores aéreos, encargados de restablecer y recargar los planes de vuelo afectados. Además, se mantuvo un monitoreo constante y se recomendó a los viajeros estar en comunicación con sus aerolíneas.

En su publicación, el senador enfatizó el sufrimiento de la población, atribuyendo estos hechos a las consecuencias de las decisiones tomadas por un gobierno nacional anterior, al que reprochó la ausencia de políticas eficaces que garantizaran la seguridad y la gobernabilidad en la región. Según el mensaje divulgado, Barreto afirmó: "Es doloroso lo que vive el sur del Tolima. Hoy sufrimos las consecuencias de un pasado Gobierno Nacional que abandonó los territorios y permitió que los grupos armados recuperaran el control". Esta reflexión fue recogida por medios como El Nuevo Día, quienes han seguido de cerca la preocupación por el orden público en el departamento.

La idea central que Barreto propuso a De la Espriella consiste en una intervención que no solo contemple el refuerzo de las medidas de seguridad, sino que, además, incluya inversión social dirigida a los habitantes de la zona. Dentro de esta propuesta, sobresale el pedido específico de que regrese el Batallón de Operaciones Terrestres número 18 al municipio de Planadas, considerado un componente estratégico para restaurar la presencia estatal y atender las preocupaciones en materia de seguridad de la comunidad local.

Así, el mensaje del senador subraya la urgencia de que un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella asuma compromisos concretos, uniendo esfuerzos entre lo militar y lo social, con el objetivo de recuperar el control institucional y brindar soluciones a la población del sur del Tolima.

¿En qué consiste la propuesta de Óscar Barreto para mejorar la seguridad en el sur del Tolima?

La propuesta de Óscar Barreto se basa en impulsar una intervención integral que combine la presencia de fuerzas de seguridad, mediante el regreso del Batallón de Operaciones Terrestres número 18 al municipio de Planadas, junto con inversiones sociales. Barreto considera prioritario restaurar la seguridad y la gobernabilidad en la región, afectados por el control de grupos armados debido al abandono institucional, según sus declaraciones en X citadas por El Nuevo Día.

¿Qué es el Batallón de Operaciones Terrestres N.º 18 y por qué su regreso es importante para Planadas?

El Batallón de Operaciones Terrestres N.º 18 es una unidad militar cuya presencia representa el apoyo estatal en temas de seguridad y control del territorio. Según lo expuesto por Óscar Barreto, el regreso de este batallón a Planadas se considera esencial para recuperar la seguridad y reducir la influencia de grupos armados en la zona, uno de los puntos clave en la estrategia propuesta para mejorar el orden público en el sur del Tolima.

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La discusión subió de tono después de una pregunta que Lafaurie le habría hecho al funcionario. La respuesta del ministro fue tajante: “No, no, usted no me viene a mí a preguntar. Tú aquí no vas a venir a manejar como manejabas antes (haciendo referencia a su paso por el viceministerio de Agricultura)”, se escucha en el audio divulgado por Semana.

Ante esa contestación, Lafaurie le pidió respeto. Sin embargo, el ministro continuó con sus reclamos y mencionó una supuesta “campaña contra el presidente de la República y el ministro en las redes sociales, adelantada supuestamente por José Félix”, de acuerdo con el contenido conocido por Semana.

El momento más tenso llegó cuando Dangond le exigió al dirigente gremial que abandonara el recinto si no estaba dispuesto a respetar las reglas de la reunión. “Si usted no va a respetar las reglas, se retira de aquí, se retira de aquí y me respeta. Aquí no va a hacer lo que se le da la gana y lo que ha hecho con su gremio. Se retira de aquí… me hacen el favor y lo acompañan”, dijo el ministro, según el audio publicado por Semana.

Después de esa intervención, la conversación se interrumpió y la sesión se levantó de inmediato. El episodio tuvo como telón de fondo las diferencias por la administración del Fondo Nacional del Ganado y el manejo de Fedegán, asuntos que estaban sobre la mesa durante el encuentro.

Tras conocerse el audio, Lafaurie habló con Semana sobre lo ocurrido y anunció que presentará una queja disciplinaria ante la Procuraduría. Su argumento es que el ministro lo sacó de una entidad pública, por lo que llevará el caso ante ese organismo de control. La decisión, según explicó, responde a lo sucedido.

En este proceso, ha sido fundamental la asistencia de la Comisión Técnica Nacional Intersectorial en Salud Ambiental (Conasa), junto con los aportes del Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Nacional de Salud (INS). Esta articulación de entidades estatales permite construir una hoja de ruta consensuada que elude esfuerzos desarticulados y garantiza la alineación con los requerimientos normativos existentes.

La administración distrital se encuentra en fase de elaboración de un acto administrativo que formalizará la adopción de la nueva guía metodológica, con la expectativa de que su implementación esté en marcha antes del cierre de 2026. Esta meta refleja el compromiso de adelantar acciones preventivas y de control en el marco de un modelo de gestión intersectorial, en el que las autoridades sanitarias y ambientales convienen directrices claras para la contención y el manejo adecuado del caracol gigante africano.

Expertos internacionales han analizado la expansión de esta especie y han señalado limitaciones en las metodologías tradicionales de control. Sus recomendaciones principales giran en torno al fortalecimiento de los sistemas de monitoreo, tanto genético como geográfico; la estandarización estricta de protocolos operativos; y la promoción de campañas educativas permanentes orientadas hacia la comunidad, instituciones educativas y el sector agrario.

Por esta razón, las entidades públicas, gremios agropecuarios, instituciones académicas y la población en general han sido llamados a sumarse a las líneas de acción en materia de prevención, vigilancia y manejo seguro propuestas por las autoridades. El objetivo es garantizar la protección del entorno y preservar la salud colectiva mediante una participación activa y coordinada.

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¿Cuál es el propósito de la guía metodológica para el manejo del caracol gigante africano en Cali?

La guía metodológica busca establecer procedimientos técnicos y coordinados que permitan a las autoridades distritales, sectoriales y comunitarias actuar de manera efectiva frente a la presencia del caracol gigante africano, priorizando la prevención, la vigilancia y la respuesta interinstitucional en cumplimiento de la normatividad.

¿Por qué es importante el modelo de gestión intersectorial propuesto para controlar el caracol gigante africano?

El modelo de gestión intersectorial es relevante porque promueve la colaboración entre diferentes organismos gubernamentales, sectores productivos y la sociedad, superando iniciativas aisladas y asegurando una respuesta integral que protege el entorno natural y la salud pública frente a los riesgos asociados a esta especie invasora.

Este año, la premiación contempla 20 categorías que reflejan la diversidad de campos en los que los veteranos y reservistas contribuyen una vez concluye su vida activa en las Fuerzas Armadas. Entre estos campos se incluyen la literatura, el periodismo, el deporte, el emprendimiento, la labor social, la salud, el medio ambiente, el liderazgo, la presencia en redes sociales y la acción internacional, lo que muestra la amplitud de escenarios en los que estos ciudadanos continúan dejando huella.

Dentro de los nominados en la categoría Escritores de Libros sobresalen nombres como el sargento mayor Luis Emel López, el sargento primero Jaime Fonseca, el mayor Samael Vera, el mayor Germán Alberto Bermúdez, el intendente John Jairo López y el capitán Óscar Eugenio Díaz. Cada uno ha llevado sus experiencias y conocimientos al ámbito literario, compartiendo relatos y reflexiones que permiten entender mejor la realidad de quienes han servido a Colombia.

En la categoría Columnistas de Opinión, tanto el sargento primero Jaime Fonseca como el mayor Germán Alberto Bermúdez han recibido nominaciones, reconociéndolos por su papel en el análisis crítico y el aporte al debate público. Los Premios VetRes, en suma, tienen como objetivo central visibilizar la experiencia y el compromiso social de estos hombres y mujeres, quienes siguen contribuyendo activamente en distintos escenarios, reafirmando su dedicación al país una vez cumplido su ciclo en las Fuerzas Armadas.

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¿Quiénes son los nominados a los Premios VetRes 2026 en la categoría Escritores de Libros?

En la edición 2026 de los Premios VetRes, los nominados en la categoría Escritores de Libros son el sargento mayor Luis Emel López, el sargento primero Jaime Fonseca, el mayor Samael Vera, el mayor Germán Alberto Bermúdez, el intendente John Jairo López y el capitán Óscar Eugenio Díaz. Sus trabajos literarios han sido reconocidos por representar las vivencias y aprendizajes de los veteranos y reservistas en Colombia.

¿Qué buscan resaltar los Premios VetRes 2026 en Colombia?

De acuerdo con la organización, los Premios VetRes 2026 buscan resaltar las historias de servicio, compromiso y liderazgo de los veteranos y reservistas de Colombia. El objetivo es visibilizar la manera en que estos ciudadanos, tras su vida activa en las Fuerzas Armadas, contribuyen en distintos sectores como literatura, deporte, emprendimiento y acción social, fortaleciendo así el desarrollo del país.

La Policía informó que, después del ataque, unidades especializadas en investigación criminal y antiexplosivos fueron desplegadas con el apoyo del Ejército Nacional para verificar el área y descartar la existencia de otros explosivos. Aunque aún no se ha confirmado la autoría del atentado, El Espectador reporta que en la zona tienen presencia disidencias de las FARC comandadas por alias ‘Iván Mordisco’.

El impacto fue registrado en videos que circularon en redes sociales, donde se aprecian viviendas destruidas y escenas de dolor; la comunidad cubrió el cuerpo del fallecido con un trapo rojo y una tapa de icopor, y solicitó insistentemente una sábana blanca para cubrirlo por completo. Desde su cuenta en la red social X, el presidente Abelardo de la Espriella expresó su rechazo, lamentó la pérdida de vidas inocentes y aseguró que los autores serán buscados y capturados. De la Espriella afirmó también que no se cederá ante la intimidación ni el terrorismo en la región y que todas las capacidades de la fuerza pública han sido puestas a disposición para capturar a los responsables.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, lamentó el ataque en el que murió el hijo de un funcionario de la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao; instó a las autoridades a esclarecer los hechos y proteger de manera inmediata a los habitantes del área, debido a los daños humanos y materiales reportados.

Este atentado es el más reciente dentro de una escalada de violencia en Cauca. Solo tres días antes, el 1 de noviembre, una motocicleta cargada con explosivos causó daños en un centro de salud y viviendas en Balboa, dejando cinco heridos. El Ejército desplegó entonces tropas de la Brigada 29 para asegurar la zona. Los ataques han sido atribuidos preliminarmente a la estructura Carlos Patiño, también bajo la órbita de las disidencias de ‘Iván Mordisco’. Antes, el 31 de octubre, una motocicleta bomba destruyó nuevamente el peaje El Mango en la vía Panamericana, causando daños materiales y lesiones leves a dos trabajadoras. Este episodio se suma a otro ataque previo el 12 de octubre en el mismo lugar.

De acuerdo con los reportes oficiales consultados por El Espectador, la escalada violenta en Cauca representa una grave amenaza para la seguridad de la población civil y de la fuerza pública.

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¿Quiénes son los presuntos responsables de los ataques recientes en Cauca?

De acuerdo con la información de El Espectador y reportes de la Policía y el Ejército, los principales sospechosos detrás de los recientes atentados en Cauca son las disidencias de las FARC comandadas por alias ‘Iván Mordisco’, particularmente la estructura Carlos Patiño, señalada preliminarmente en varios de los ataques con explosivos.

¿Cómo afectan estos atentados terroristas a la comunidad de Cauca y qué medidas han tomado las autoridades?

Estos atentados han producido víctimas mortales y heridos, además de la destrucción de viviendas, comercios e infraestructura pública, lo que aumenta la vulnerabilidad y temor en la población de Cauca. En respuesta, la Policía y el Ejército han desplegado unidades especializadas en investigación, antiexplosivos y control territorial para proteger a la comunidad y buscar a los responsables, según la información divulgada por El Espectador.

El reciente auto de imputación de la JEP, anunciado el 4 de noviembre por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, identificó a nueve excomandantes regionales de las Farc, señalados como presuntos responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos contra niños y niñas. Esta acción judicial forma parte del caso 07, dedicado a la investigación del reclutamiento de menores por parte del grupo armado y complementa las imputaciones previas contra exintegrantes del secretariado nacional.

La investigación se centró en dos patrones criminales claros: por un lado, castigos, malos tratos, tortura y ejecuciones extrajudiciales contra menores bajo un riguroso régimen disciplinario y, por otro lado, actos de violencia reproductiva principalmente sufridos por niñas. El alcance del reclutamiento, que según la JEP registró por lo menos 18.677 víctimas entre 1971 y 2016, fue nacional, con excepción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

De acuerdo con los datos recopilados, la disciplina dentro de las filas de las Farc estuvo marcada por un control opresivo sobre cada aspecto cotidiano de los menores reclutados, donde la desobediencia se pagaba, en muchos casos, con penas extremas. Entre las prácticas documentadas hubo fusilamientos, torturas, asignación de trabajos forzosos y participación forzada en operaciones armadas, incluidos secuestros y actos violentos.

Respecto a la violencia reproductiva, la JEP documentó políticas estrictas dentro de la guerrilla para impedir la maternidad o paternidad, con obligatorio uso de anticonceptivos, abortos forzados, separación de madres e hijos y casos límite como el asesinato de bebés nacidos en ese contexto.

Un aspecto relevante es la violencia especialmente dirigida a niñas y niños indígenas —de pueblos como Hitnü, Koreguaje y Cubeo— quienes sufrieron tratos diferenciados y fueron forzados a labores de alto riesgo, aprovechando sus características culturales y físicas.

Este extenso informe de la JEP narra el horror, el sufrimiento y la sistematicidad de los crímenes en el interior de esa organización durante décadas, haciendo énfasis en la eliminación de toda autonomía, las amenazas constantes y la imposición permanente del miedo para garantizar la obediencia absoluta de los menores reclutados, quienes no tenían realmente opción de salirse de esas condiciones.

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¿Cuáles fueron los crímenes documentados por la JEP en el caso del reclutamiento de menores por las Farc?

De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, los crímenes documentados incluyen tortura, tratos crueles y degradantes, ejecuciones y juicios sin garantías, violencia reproductiva, abortos forzados, asesinatos de bebés, condenas extrajudiciales, trabajos forzosos y uso de menores en operaciones militares y secuestros. Además, se reportan malos tratos físicos y psicológicos con el objetivo de obtener obediencia absoluta y eliminar el disenso.

¿Qué significa violencia reproductiva según los hallazgos de la JEP?

Según lo expuesto en el auto de la JEP, la violencia reproductiva se refiere a la imposición de una política interna de control reproductivo sobre las niñas reclutadas, que incluyó el uso obligatorio de anticonceptivos, abortos forzados, prohibición de la maternidad y paternidad, la entrega forzada de hijos a terceros y, en ocasiones, el asesinato de recién nacidos, todo bajo coerción y sin consentimiento de las víctimas.

(Vea también: Identifican a conductor de Transmilenio que fue baleado en Bogotá; tiene 66 años)

La agresión causó momentos de pánico entre quienes se encontraban en el lugar y obligó a los vigilantes a intervenir para controlar la situación.

Video muestra ataque de paciente a trabajadoras de hospital en Turbo

En las imágenes divulgadas por Telemedellín se observa cómo la mujer se acerca a una funcionaria que estaba en el área de recepción y la ataca con un elemento cortopunzante.

La trabajadora intenta defenderse y quitarle el arma, pero la agresión continúa. Otras empleadas que estaban en el lugar también resultan alcanzadas por la paciente.

En medio del episodio, dos enfermeras intentan contener a la mujer utilizando las sillas de su puesto de trabajo, mientras otros usuarios corren por los pasillos para ponerse a salvo.

El ataque se prolongó por poco más de un minuto, hasta que llegaron los vigilantes y lograron reducir a la paciente y quitarle el arma. El balance fue de tres trabajadoras lesionadas en diferentes partes del cuerpo.

Hospital Francisco Valderrama explicó qué atención puede ofrecer

Tras lo ocurrido, el Hospital Francisco Valderrama explicó que no cuenta con habilitación para ofrecer hospitalización psiquiátrica, aunque sí puede recibir pacientes por urgencias, valorarlos y estabilizarlos.

La institución señaló que, cuando una persona requiere internación especializada, debe gestionar su traslado a otro centro asistencial que cuente con los servicios correspondientes.

Por esta razón, sus directivas hicieron un llamado a las EPS y a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) para que agilicen las autorizaciones y remisiones de pacientes que necesitan atención especializada en salud mental.

Aunque no se ha confirmado un diagnóstico de la mujer involucrada en la agresión, el pronunciamiento del hospital puso sobre la mesa las dificultades que pueden enfrentar las instituciones que no cuentan con servicios de hospitalización psiquiátrica.

La apuesta institucional, de acuerdo con información de la Alcaldía, ha incluido acciones adicionales como la entrega de kits de aseo, ropa, raciones de alimentación y el acompañamiento institucional. Estas medidas buscan fortalecer las posibilidades de inclusión social de los habitantes de calle, brindando alternativas que les permitan reconstruir sus proyectos de vida en el interior de un entorno más estable y con apoyo.

Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social Comunitario de Ibagué, enfatizó que la meta principal de la estrategia es crear espacios y oportunidades reales para que esta población pueda transformar sus circunstancias mediante el acompañamiento integral y la reunificación familiar. De acuerdo con Aristizábal, el esfuerzo se concentra en ofrecer opciones que eviten el círculo de exclusión y marginalidad.

Además, la campaña tiene un componente importante de sensibilización hacia la ciudadanía. La administración invita a los ciudadanos a abstenerse de entregar dinero en la calle y, en vez de ello, sumarse al respaldo de los procesos institucionales que brindan atención y oportunidades a los habitantes de calle. Así, se busca disminuir la dependencia de la limosna y promover el acceso a programas que permiten una verdadera inclusión social, según lo manifestado por la Administración Municipal.

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¿En qué consiste la estrategia ‘No des limosna, da oportunidades’ en Ibagué?

La estrategia ‘No des limosna, da oportunidades’, impulsada por la Alcaldía de Ibagué mediante la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, se enfoca en ofrecer atención integral a los habitantes de calle, priorizando el ingreso a procesos de resocialización, la reunificación familiar y el acompañamiento social. Además, invita a la ciudadanía a no entregar dinero de forma individual, sino a apoyar iniciativas institucionales que contribuyan a la verdadera inclusión social.

¿Cuántos habitantes de calle fueron atendidos en Ibagué durante 2026 y qué acciones incluyó la atención?

Durante 2026, se atendió a 823 habitantes de calle en Ibagué, según datos de la Administración Municipal. Las acciones incluyeron el ingreso a fundaciones especializadas, retornos asistidos a ciudades de origen, la entrega de kits y alimentos, y el fortalecimiento del acompañamiento institucional orientado a la inclusión social y la recuperación de vínculos familiares.

La reciente actualización del portafolio establece seis líneas de estímulos específicas, las cuales abarcan distintos campos relevantes para la juventud. Entre estas áreas se encuentran el arte, la cultura, el deporte, el emprendimiento y la inclusión, así como incentivos destinados a robustecer el trabajo tanto del Consejo Municipal de Juventudes como de la Plataforma Municipal de Juventudes. Esta nueva estructura ha sido diseñada para que jóvenes con intereses y perfiles diversos encuentren respaldo, promoviendo así un impacto positivo en el tejido social y cultural de Ibagué.

El objetivo principal de la modificación radica en mejorar la distribución de los recursos y multiplicar las posibilidades de acceso para los jóvenes. De acuerdo con Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social Comunitario, la intención es que un mayor número de jóvenes logre fortalecer sus competencias, llevar a la práctica sus ideas innovadoras y participar en espacios que contribuyan al crecimiento y desarrollo de la ciudad. Así, se fomenta un ambiente propicio para que la juventud sea protagonista activa en la transformación de su entorno.

Esta decisión institucional evidencia el compromiso de la Administración Municipal por consolidar el apoyo a los procesos juveniles, dando reconocimiento al talento y liderazgo de quienes se perfilan como el futuro de la sociedad ibaguereña. La inclusión de líneas de estímulo más precisas y abarcadoras responde a las necesidades actuales de la juventud local, procurando que su participación tenga un impacto real y sostenido en la dinámica social y cultural de Ibagué.

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¿Cuáles son las nuevas líneas de estímulos incluidos en el Portafolio Municipal de Estímulos para Jóvenes de Ibagué?

Las seis líneas de estímulos que se integran en la actualización del Portafolio Municipal de Estímulos para Jóvenes de Ibagué comprenden áreas como arte, cultura, deporte, emprendimiento e inclusión. Además, esta reforma incluye incentivos para el fortalecimiento del Consejo Municipal de Juventudes y la Plataforma Municipal de Juventudes, buscando así abarcar diferentes intereses y necesidades dentro de la juventud ibaguereña.

¿Cómo beneficia a los jóvenes de Ibagué la actualización del Portafolio Municipal de Estímulos?

La actualización del Portafolio Municipal de Estímulos tiene como objetivo central ampliar el acceso y optimizar la asignación de recursos para los jóvenes. Esto les permite fortalecer sus capacidades, dar vida a sus ideas y contar con espacios de participación activa en el desarrollo de la ciudad, de acuerdo con lo explicado por la secretaria de Desarrollo Social Comunitario, Claudia Aristizábal.

Con la posesión de Ordóñez, el Gobierno busca enfrentar un desafío importante: negociar en el Congreso la ley de ajuste fiscal. Esta iniciativa, que llega después de la reciente aprobación de la ley de sometimiento, pretende estabilizar las finanzas públicas. Sin embargo, la medida ha despertado preocupación en varios sectores debido a la posibilidad de que implique un aumento de impuestos sobre productos de la canasta familiar, una situación que impactaría directamente en la economía de muchos ciudadanos, de acuerdo con lo mencionado por Noticiero 90 Minutos.

La designación de Viviane Morales representa también un giro en la política de paz del Gobierno. Según información de la Casa de Nariño, bajo el liderazgo de Morales se dejará atrás la política de "paz total" que caracterizó el mandato anterior y se dará prioridad a la seguridad, la autoridad institucional y la aplicación rigurosa de la ley de sometimiento. El Ejecutivo sostuvo que la verdadera paz debe basarse en la justicia, el cumplimiento estricto de la ley y la reparación efectiva a las víctimas.

Este nuevo enfoque tiene como objetivo consolidar la presencia del Estado en el territorio nacional y reforzar una agenda de corte conservador en los principales asuntos públicos. En este contexto, tanto la ciudadanía como los sectores productivos tendrán que estar atentos a los próximos debates parlamentarios, pues allí se definirá el alcance de estas políticas y sus posibles efectos sobre la vida cotidiana.

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¿Qué retos enfrenta Alejandro Ordóñez como ministro del Interior en la negociación de la ley de ajuste fiscal?

El reto principal para Alejandro Ordóñez será convencer al Congreso de aprobar la ley de ajuste fiscal, una norma pensada para dar estabilidad a las finanzas estatales tras la ley de sometimiento. Esto implica superar la desconfianza de diferentes sectores, que temen aumentos de impuestos en productos de consumo básico, lo que podría generar tensiones sociales y económicas en el país.

¿En qué consiste el cambio en la política de paz con Viviane Morales como alta comisionada?

Con la llegada de Viviane Morales como alta comisionada para la paz, el Gobierno deja atrás la estrategia de "paz total" y orienta sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de la seguridad, la autoridad institucional y la aplicación efectiva de nuevas leyes. Se resalta que la paz, según el Ejecutivo, debe estar fundamentada en la justicia y en la reparación para las víctimas.

En la reunión, la Administración local expresó su disposición para respaldar y acompañar la puesta en marcha de estos proyectos, subrayando la importancia del trabajo conjunto. Estas acciones reflejan una política institucional abierta a escuchar ideas frescas y considerarlas en la toma de decisiones. Además, el encuentro no solo sirvió para socializar propuestas, sino que permitió resolver dudas, establecer compromisos entre las partes y dar continuidad a los acercamientos que, de acuerdo con la información, se vienen realizando desde mayo. Esta agenda de trabajo tiene como fin afianzar los canales de comunicación entre el Consejo Municipal de Juventud y la Alcaldía, así como garantizar que las inquietudes y visiones de los jóvenes sean tomadas en cuenta.

Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social Comunitario de Ibagué, reiteró el respaldo institucional a los consejeros, destacando especialmente la importancia de contar con escenarios en los que las ideas de la juventud puedan transformarse en oportunidades reales para el crecimiento de la ciudad. Por su parte, desde la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud se reafirmó el compromiso de promover un diálogo permanente con esta instancia representativa. El objetivo es claro: que las propuestas y perspectivas de las nuevas generaciones tengan un verdadero espacio en la creación y ejecución de iniciativas orientadas al desarrollo integral de Ibagué.

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¿Qué funciones cumple el Consejo Municipal de Juventud en Ibagué?

El Consejo Municipal de Juventud de Ibagué es una instancia que representa a los jóvenes de la ciudad, con la tarea de acercar sus inquietudes y propuestas a las autoridades locales. Este organismo promueve la participación activa de las nuevas generaciones en la construcción de políticas públicas y colabora en la creación de proyectos que aportan al desarrollo municipal.

¿Cómo apoya la Alcaldía de Ibagué la participación juvenil en las decisiones de ciudad?

La Alcaldía de Ibagué respalda la participación juvenil facilitando espacios de diálogo y concertación con el Consejo Municipal de Juventud. A través de reuniones, acompañamiento institucional y compromisos concretos, la administración fomenta la inclusión de las ideas y propuestas de los jóvenes en la planificación y ejecución de iniciativas para el desarrollo local.

La dependencia diplomática fue establecida mediante el Decreto 1405 del 22 de noviembre de 2024, cuando Luis Gilberto Murillo era ministro de Relaciones Exteriores. Sin embargo, casi dos años después, la Embajada de Colombia en México informó que recibió un requerimiento de pago por el arriendo de la oficina 202, ubicada en el edificio Torela Corporativo de la Zona Dorada de Tijuana, sin tener conocimiento previo de ese compromiso, según el informe periodístico. La Dirección Administrativa y Financiera de la Cancillería corroboró, al día siguiente de la notificación, que existía dicho contrato, pero advirtió que no había una partida presupuestal asignada para cubrir esa obligación. El monto concreto de la deuda no se ha publicado hasta el momento.

La funcionaria designada para encabezar el consulado fue Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, quien ocupó el cargo de manera provisional desde el 20 de enero hasta el 30 de octubre de 2026. Durante ese tiempo, recibió más de US$153.000, y se sumaron US$20.338 en viáticos y transporte de menaje doméstico. Aparte del costo del arriendo, un oficio interno del 17 de agosto advirtió sobre pasivos pendientes con un arquitecto para la adecuación del local, así como con proveedores del diseño gráfico y la imagen institucional. La Embajada solicitó a Pabón información sobre el contrato y las gestiones realizadas, pero no obtuvo respuesta, según Caracol Radio.

La responsabilidad de la apertura recae, de acuerdo con el exministro Luis Gilberto Murillo, en la necesidad de estudios previos y disponibilidad presupuestal. La Cancillería declaró que no hay evidencia de un estudio administrativo previo en este caso. Rosa Villavicencio, entonces canciller, defendió el nombramiento anticipado de Pabón, alegando que debía encargarse de los preparativos administrativos. Además, el nombramiento de Pabón estaba bajo controversia desde un caso previo en Calgary, Canadá, donde su designación como cónsul fue anulada en 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, señalando que había funcionarios de carrera disponibles para esa posición.

Finalmente, la Cancillería remitió el caso a la Fiscalía y la Procuraduría el 27 de agosto, y el Gobierno canceló la apertura de la sede. Pabón renunció el 30 de octubre, y los cerca de 1.500 colombianos que residen en Tijuana y Baja California siguen dependiendo del consulado en Ciudad de México para sus trámites, a más de 2.700 kilómetros de distancia. El Estado colombiano debe ahora clarificar el valor definitivo de la deuda asumida por una oficina que jamás atendió público.

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¿Cuánto dinero se gastó en el consulado de Colombia en Tijuana sin abrirse?

Según la Unidad Investigativa de Caracol Radio, la cónsul provisional Maryory Ecinedth Pabón Gavilán recibió más de US$153.000 durante su periodo en el cargo, además de US$20.338 dirigidos a viáticos y el traslado de menaje doméstico. Adicionalmente, se generaron pagos por arriendo y obligaciones con proveedores, aunque el valor exacto de la deuda por el alquiler no se ha dado a conocer de manera oficial.

¿Por qué se canceló la apertura del consulado de Colombia en Tijuana?

La apertura fue cancelada luego de descubrirse compromisos económicos sin respaldo presupuestal y tras revelarse que no existía un estudio administrativo previo ni una asignación de recursos clara. A raíz de la controversia, la Cancillería trasladó el caso a la Fiscalía y la Procuraduría y la funcionaria designada presentó su renuncia, según la investigación de Caracol Radio.

Durante el debate, la oposición intentó archivar la iniciativa, pero la votación no le favoreció, siendo negada por 21 votos contra 15. Posteriormente, la ponencia fue aprobada por 21 votos a favor y 4 en contra. En el marco de la discusión, la representante Laura Beltrán, del Pacto Histórico, manifestó que la propuesta pretendía “criminalizar la protesta social”, planteando así uno de los puntos de mayor controversia en torno a la ley. Según el texto presentado, el ocultamiento de identidad se define como el uso intencional de “prendas, máscaras, pasamontañas elementos u otros medios similares destinados a impedir o dificultar la identificación de una persona con ocasión a la comisión de acto vandálico”.

Por su parte, el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, aclaró que el articulado no criminaliza la protesta pacífica ni prohíbe el simple uso de capuchas, sino que penaliza a quienes se escudan en el anonimato para delinquir y vandalizar. Frente a esto, Gabriel Becerra, también de la oposición, insistió en que el debate sobre la protesta social no debe reducirse al uso de capuchas, sino que exige una discusión más amplia sobre las garantías a los manifestantes.

El nuevo delito que plantea el proyecto se incorporaría a la Ley 599 de 2000 bajo el nombre de “acto vandálico mediante el ocultamiento de identidad”. Quien incurra en esta conducta se enfrentaría a penas que oscilan entre 54 y 96 meses de prisión, además de multas entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para José Gregorio Orjuela, del Centro Democrático, el uso de capuchas en las protestas es una herramienta para delinquir, por lo que ve justificada la creación de este tipo penal. El documento aprobado también busca modificar el artículo 353A de la misma ley, aumentando las sanciones a quienes obstruyan vías públicas y, con ello, perjudiquen derechos fundamentales como la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el trabajo.

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¿Qué contempla la ley anticapuchos sobre el ocultamiento de identidad en protestas?

La ley anticapuchos, según lo aprobado en la Comisión Primera de la Cámara, establece como delito el ocultamiento deliberado de la identidad —mediante prendas, máscaras o pasamontañas— para facilitar actos vandálicos en manifestaciones públicas. Así, se pretende sancionar penalmente a quienes cometan delitos amparados en el anonimato, sin prohibir el uso de esos elementos per se si no hay delito.

¿Cómo afecta la ley anticapuchos a la protesta social y cuáles son las penas propuestas?

El debate señala posturas divergentes sobre el impacto de la ley en la protesta social; mientras la oposición sostiene que podría criminalizar la movilización, los impulsores aseguran que solo penaliza acciones delictivas acompañadas de ocultamiento de identidad. Las penas contemplan prisión de 54 a 96 meses y multas de 50 a 200 salarios mínimos legales vigentes para quienes sean hallados responsables bajo este nuevo delito.

Esta clase maestra propone un acercamiento detallado al lenguaje corporal y a la expresión artística del joropo, una de las manifestaciones dancísticas más representativas de la cultura colombiana. De acuerdo con Idartes, los asistentes tendrán la oportunidad de explorar tanto los elementos técnicos y rítmicos como las tradiciones que definen el joropo, utilizándolos como punto de partida para la composición coreográfica. A partir de este reconocimiento, el espacio buscará crear un diálogo creativo entre el joropo y la danza contemporánea, poniendo en juego nuevas formas de movimiento y fusión entre ambas técnicas. El objetivo es abrir posibilidades expresivas que permitan tanto a bailarines expertos como a personas interesadas en la danza descubrir sinergias entre el folclore y el lenguaje contemporáneo.

La dirección de la clase estará a cargo de Jhoan Camilo Peña, quien ha sido bailarín de la Compañía de Danza Orkéseos durante 10 años y ha realizado distintos proyectos de creación e investigación en el campo dancístico, y de Laura Sofía Velasco, bailarina con 18 años de trayectoria en diversos proyectos artísticos y abogada que ha destacado por su pasión en promover la riqueza cultural del país. Ambos guiarán este proceso de exploración y aprendizaje, orientando a los participantes en un espacio que resalta la importancia de la danza como herramienta de encuentro y experimentación colectiva.

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¿Cómo inscribirse gratis en la clase maestra 'Joropo y Contacto' del Festival Danza en la Ciudad?

Quienes deseen asistir a la clase maestra “Joropo y Contacto” deben inscribirse de manera anticipada, ya que el cupo está sujeto a inscripción previa. La entrada es gratuita, pero solo quienes completen el registro podrán participar en esta experiencia organizada por Idartes y la Casona de la Danza, dentro del marco del XIX Festival Danza en la Ciudad – Tejiendo movimiento.

¿En qué consiste la exploración de joropo y danza contemporánea propuesta en la clase maestra?

La actividad se enfoca en un acercamiento práctico y creativo al joropo, permitiendo a los asistentes adentrarse en sus aspectos técnicos, rítmicos y tradicionales. Según Idartes, la exploración busca establecer un diálogo entre el joropo y la danza contemporánea, fomentando la experimentación con nuevos movimientos, formas de expresión y posibles fusiones entre estas dos técnicas dancísticas.

La investigación judicial apunta a que la Segunda Marquetalia tendría presuntos nexos con la planificación y ejecución del asesinato del senador, ocurrido el 7 de junio de 2025, mientras Uribe Turbay realizaba un acto político en Bogotá. La captura de Castillo Duarte es calificada como un paso relevante para esclarecer las responsabilidades de quienes integran dicha organización, una de las más activas en actividades ilegales en el sur del país. Según las autoridades, el detenido había dedicado cerca de nueve años al interior de la estructura armada, cumpliendo roles en la dirección de comisiones armadas y control financiero en zonas limítrofes de Huila y Caquetá.

El Espectador detalla que Castillo Duarte estaría implicado en diversas acciones delictivas, entre ellas la articulación de redes de extorsión dirigidas a comerciantes, ganaderos, agricultores, transportadores y contratistas de obras públicas, ingresos que alcanzarían, según inteligencia militar, cerca de 1.000 millones de pesos colombianos mensuales para la estructura criminal. La trayectoria de Castillo Duarte dentro del grupo incluyó el liderazgo de la comisión armada Fernando Díaz y, tras la muerte de alias “Edwin Marín”, habría asumido la jefatura principal antes de ser designado como segundo al mando.

Las autoridades atribuyen a alias “Cristóbal Pérez” participación en homicidios, incineración de una ambulancia relacionada con el proyecto vial Ruta al Sur e intimidaciones contra la población civil. Junto con estas acusaciones, enfrenta órdenes de captura por delitos como homicidio, concierto para delinquir agravado, terrorismo y extorsión, además de manejo clandestino de armas y explosivos.

El general Erik Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, resaltó que esta captura representa un golpe estratégico a la estructura de mando y financiamiento ilegal de la Segunda Marquetalia. Además, vinculó este avance a los esfuerzos de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), enfocada en debilitar organizaciones criminales y proteger a la ciudadanía.

¿Quién es Wilmer Castillo Duarte, alias “Cristóbal Pérez”, y cuál era su rol en la Segunda Marquetalia?

Wilmer Castillo Duarte, alias “Cristóbal Pérez”, es señalado por las autoridades como el segundo jefe de la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc. Durante cerca de nueve años, habría dirigido comisiones armadas, manejado finanzas ilegales y articulado redes de extorsión en zonas de Huila y Caquetá, además de ser acusado de múltiples homicidios y otros delitos según El Espectador.

¿Cómo está vinculada la Segunda Marquetalia al magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

La Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc al mando de alias “Iván Márquez”, es investigada por presunta participación en la planeación y ejecución del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025. De acuerdo con fuentes citadas por El Espectador, la captura de Castillo Duarte busca esclarecer la responsabilidad de esta organización en el crimen.

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La velación se realizará en Prevenir, un establecimiento ubicado frente a la Iglesia Alianza, un punto de encuentro emblemático para quienes desean expresar su pesar por la tragedia. Posteriormente, la ceremonia de las exequias fue confirmada para las 11:00 de la mañana en la Parroquia Inmaculado Corazón de María. Según información proporcionada por los familiares y medios locales, se espera una amplia asistencia de amigos, parientes y ciudadanos que han sentido como propia la pérdida de estas cuatro personas.

Este acto colectivo refleja la unión y la resiliencia de un pueblo que, pese a la adversidad, ha encontrado en el acompañamiento y la compasión una manera de sobrellevar el dolor. Las familias Sánchez Olaya, Bustos, Forero y Ramírez han sido las más directamente afectadas, enfrentando no solo la ausencia de sus seres amados, sino también la tarea de mantener viva su memoria ante el impacto que dejó el atentado. Las exequias no solo representan un momento de despedida, sino también una oportunidad para que la comunidad de Planadas haga una pausa, rinda homenaje a las víctimas y reconozca el valor del apoyo colectivo en la superación de situaciones dolorosas.

En medio del luto, la invitación a la comunidad no solo busca consuelo, sino también fortalecer los lazos de solidaridad. Así, Planadas se prepara este jueves para unirse en un acto de memoria y acompañamiento, arropando a los hogares que más sufren y reafirmando la importancia de estar presentes en los momentos más difíciles.

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¿Cuándo y dónde serán las exequias de las víctimas del atentado en Planadas?

Las exequias están programadas para el jueves 5 de noviembre a las 11:00 de la mañana en la Parroquia Inmaculado Corazón de María, en Planadas, Tolima. Antes de la ceremonia religiosa, la velación se realiza en Prevenir, frente a la Iglesia Alianza, permitiendo que amigos y familiares se reúnan para honrar la memoria de las víctimas.

¿Quiénes fueron las víctimas del atentado en Planadas, Tolima?

Según la información de los familiares y medios locales, las personas fallecidas durante el atentado ocurrido el 1 de noviembre en Planadas son Jhoseth Yamith Sánchez Olaya, Lauren María Sánchez Ramírez, Juliana Andrea Olaya Bustos y Duver Arlex Forero Sandoval. Sus familias han invitado a la comunidad a acompañarlas en las honras fúnebres y compartir este momento de profundo dolor.

Alejandro contó que fue la madre de Ana María quien lo llamó durante las primeras horas de la mañana para informarle lo ocurrido. “Es complicado decir lo que uno siente ahorita desde que me enteré. Es una noticia muy dura, tanto para mí como para nosotros la familia”, expresó al recordar la llamada. Después de conocer la noticia, comenzó a consultar redes sociales y medios de comunicación para encontrar información sobre el siniestro.

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El padre también recordó que la última conversación con su hija ocurrió el jueves anterior al accidente. En ese contacto, Ana María le contó que estaba contenta y que se encontraba de viaje. “Papá, estoy contenta, estoy bien, estoy viajando”, le dijo. Él respondió con alegría al escucharla y le manifestó que le parecía muy bien que estuviera disfrutando de esa experiencia.

Aunque no hablaban todos los días, Alejandro explicó que acostumbraban comunicarse cada dos jornadas. En esas conversaciones, la joven le compartía detalles de su vida y le preguntaba por su estado de salud. Cuando él también quería saber cómo se encontraba ella, Ana María le transmitía tranquilidad. “Me decía que estaba muy bien, que estaba tranquila y feliz”, recordó.

Al describir a su hija, el hombre la presentó como una persona responsable y dedicada a sus estudios. Aseguró que estuvo pendiente de su formación desde el colegio hasta la universidad y que siempre procuró respaldar sus decisiones. Ana María era ingeniera biomédica, aunque en Estados Unidos se desempeñaba como niñera, según la información conocida sobre su vida.

Uno de los episodios que más destacó fue la decisión de la joven de trasladarse a vivir con su madre en Estados Unidos, casi dos años antes del accidente. Alejandro reconoció que la distancia fue difícil para él, pero entendió que su hija quería construir un camino propio y decidió apoyarla. “Yo no la iba a estancar. Le dije: Hágale, siga para adelante, y ahí estaba firme con ella siempre”, relató.

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El padre aseguró que su mayor deseo era verla tranquila y satisfecha con la vida que había elegido, sin importar si trabajaba o no en el campo de su profesión. La muerte de Ana María ocurrió en el accidente de un avión privado Learjet 60 en el condado de Palm Beach, Florida. La joven colombiana hacía parte de las personas que viajaban en la aeronave, cuyo siniestro es materia de investigación por parte de las autoridades estadounidenses.

La iniciativa busca crear el delito de “acto vandálico” para castigar a quienes oculten su identidad durante una manifestación y cometan actos vandálicos. El articulado contempla penas de 54 a 96 meses de prisión y multas de 50 a 200 salarios mínimos. 

El proyecto establece agravantes. “Además, la pena aumenta entre la mitad y dos terceras partes cuando se utilicen elementos peligrosos o cuando el ataque afecte lugares especialmente protegidos, como colegios, hospitales, organismos de socorro, bienes culturales o servicios públicos esenciales”, señala el articulado. 

Julio César Triana, representante de Cambio Radical y uno de los autores, aclaró que la propuesta no busca prohibir las capuchas en las marchas. La sanción se aplicaría a quienes usen ese elemento para cometer actos vandálicos, no a quienes cubran su rostro durante una protesta pacífica.

Triana afirmó que comerciantes y propietarios afectados por daños podrían beneficiarse, pues las autoridades adelantarían las actuaciones sin que las víctimas tengan que presentar una denuncia. 

Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático y coautor del proyecto, defendió las movilizaciones sin violencia ni capuchas. Al respecto, el congresista aseguró haber participado y liderado marchas pacíficas en las que no necesitó recurrir a esos elementos.

Desde el petrismo cuestionaron la iniciativa por considerar que podría ir en contra de la Constitución. Sus representantes recordaron que, según la Corte, cubrirse el rostro con una capucha no constituye por sí solo un delito. Algunos congresistas dijeron haber marchado con el rostro cubierto e incluso exhibieron capuchas durante el debate. 

La oposición presentó una ponencia para archivar el proyecto, respaldada por 15 congresistas. Sin embargo, 21 votaron en contra de esa propuesta y permitieron que siguiera la discusión del articulado. 

Además de las sanciones por actos vandálicos, el texto plantea penas de 54 a 96 meses de cárcel, multas de 50 a 200 salarios mínimos e inhabilidad para ejercer cargos públicos a quienes obstruyan vías y afecten el orden público. El proyecto deberá superar ahora su segundo debate en la Plenaria de la Cámara. 

La explosión ocurrió este miércoles 4 de noviembre de 2026 y dejó, de manera preliminar, una persona fallecida y varios heridos. La víctima fue identificada como Felipe Joaquín Rivera, un barbero que se encontraba en el sector cuando ocurrió la detonación.

El material audiovisual, compartido por la cuenta de X @elcontrastenoti, muestra la magnitud de la explosión y el momento en que la zona queda cubierta por una nube de humo. La detonación también afectó viviendas, establecimientos comerciales y vehículos que estaban cerca del lugar.

🚨💥 ¡IMÁGENES IMPACTANTES! ASÍ FUE EL MOMENTO EXACTO DE LA EXPLOSIÓN DE UNA VOLQUETA BOMBA EN EL CAUCA.

Este es el instante en que una volqueta cargada con cilindros y artefactos explosivos fue accionada en el corregimiento de El Estrecho, municipio de El Patía, al sur del Cauca, sobre la vía Panamericana.

El atentado, que habría estado dirigido contra la subestación de Policía del sector, dejó como saldo preliminar una persona fallecida y al menos seis heridas. La onda explosiva también ocasionó graves daños en viviendas, establecimientos comerciales y vehículos.

La intervención de las autoridades y las alertas sobre el vehículo permitieron detectar la amenaza antes de que pudiera acercarse más a las instalaciones policiales. Sin embargo, la detonación terminó causando una tragedia.

La vía Panamericana permanece afectada por esta emergencia mientras avanzan las labores de atención e investigación.

⚠️ IMÁGENES DEL MOMENTO DE LA EXPLOSIÓN.

#Cauca #ElPatía #ElEstrecho #VíaPanamericana #AtentadoTerrorista

— El Contraste (@elcontrastenoti) November 4, 2026

¿Cómo ocurrió el atentado en El Patía, Cauca?

De acuerdo con información conocida por las autoridades, la volqueta no habría alcanzado a llegar hasta la subestación policial. Las alertas de conductores que transitaban por la vía Panamericana y los controles de la fuerza pública permitieron advertir sobre el vehículo sospechoso. Ante esa situación, los responsables habrían activado los explosivos antes de llegar al objetivo.

El estallido se registró aproximadamente a las 11:20 de la mañana y provocó afectaciones en un sector comercial del corregimiento. Según Blu Radio, la detonación ocurrió frente a establecimientos de barbería y dejó heridas a dos mujeres adultas mayores, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial.

En cuanto al balance de víctimas, los primeros reportes hablaron de un fallecido y al menos tres heridos, aunque otras actualizaciones elevaron a seis el número de personas lesionadas.

Disidencias de las Farc estarían detrás del ataque

Las autoridades investigan la posible participación de la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc, que tiene presencia en esta zona del departamento. Sin embargo, la responsabilidad del grupo armado todavía es materia de investigación.

Tras la detonación, la vía Panamericana tuvo que ser cerrada temporalmente mientras los organismos de emergencia atendían a los afectados y las autoridades verificaban las condiciones de seguridad del sector.

El atentado vuelve a poner la atención sobre la situación de orden público en el Cauca, donde las comunidades han quedado expuestas a ataques contra instalaciones de la fuerza pública y sectores habitados por civiles.

Restrepo, a su vez, enfatizó que empresarios españoles resaltaron el potencial de la nación en sectores estratégicos como energía, minerales críticos y agroindustria, destacando la capacidad productiva existente para atraer nuevos capitales. El vicepresidente informó que, hasta ese momento, habría más de 400 empresarios interesados en invertir en Colombia, algo que, de acuerdo con sus declaraciones, derivaría en empleo, educación, mayores oportunidades y bienestar para la población, con especial atención a los sectores más vulnerables del país. En el Encuentro Empresarial Iberoamericano, llevado a cabo ante más de 2.000 participantes de más de 40 naciones, Restrepo entregó un mensaje de confianza en el talento y la resiliencia colombiana, asegurando la recuperación de la confianza internacional bajo el liderazgo del presidente Abelardo De la Espriella.

Adicionalmente, la Vicepresidencia anunció que Madrid será sede de una Milagro Week en marzo de 2027, una estrategia ideada para generar inversión extranjera y presentar proyectos productivos ante mercados internacionales, cuya primera edición tendrá lugar en Nueva York próximamente. A la agenda oficial también asistieron el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; el presidente de ProColombia, Samuel Bluman; y el embajador designado ante la Unión Europea, Juan Gonzalo Ospina.

Sin embargo, la presencia de la delegación del gobierno De la Espriella estuvo permeada por la expectativa en torno al beneplácito de Carlos Felipe Mejía como embajador en España, una nominación controversial marcada por críticas desde sectores de la izquierda española, que pidieron al presidente de ese país, Pedro Sánchez, no avalar el nombramiento. Según lo publicado por El Espectador, Mejía ha expresado en sus redes sociales apoyo al partido Vox y ha lanzado críticas directas contra el ejecutivo español, por lo que existen dudas sobre si finalmente recibirá la aceptación oficial. Ante una posible negativa, ya se estarían evaluando alternativas para ese rol diplomático.

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¿Qué es la Misión Crecer y cuáles son sus objetivos principales para Colombia?

La Misión Crecer es una estrategia del gobierno colombiano que busca lograr un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) del 6 % anual. Su finalidad es atraer inversión extranjera, reforzar sectores estratégicos como energía, agroindustria y minerales críticos, y fomentar el empleo y el desarrollo en Colombia, de acuerdo con lo expuesto por representantes oficiales durante la agenda en España.

¿Por qué ha sido controversial el nombramiento de Carlos Felipe Mejía como embajador en España?

El nombramiento de Carlos Felipe Mejía ha generado polémica porque sectores de la izquierda española han cuestionado sus posturas políticas y su apoyo público al partido Vox, así como críticas directas al gobierno de Pedro Sánchez. Según El Espectador, estas razones han llevado a que se solicite al ejecutivo español no aprobar su designación, y el gobierno colombiano estaría valorando reemplazos si no recibe el beneplácito.

Según explicó Char, la captura se produjo por el presunto delito de contaminación ambiental, contemplado en el artículo 334 del Código Penal. La Administración Distrital trabaja junto con la Policía en un equipo encargado de detectar estas prácticas y actuar contra quienes sean señalados de afectar el entorno urbano mediante la disposición inadecuada de desechos.

El anuncio fue hecho por el alcalde a través de su cuenta en la red social X, donde advirtió que habrá medidas contra las personas que arrojen residuos en diferentes sectores de Barranquilla. “La @PoliciaBquilla capturó a la primera persona por arrojar basura en nuestra ciudad. ¡Vamos a ser estrictos con quienes se dediquen a estas prácticas que tanto daño nos hacen!”, escribió.

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El mandatario también explicó que la acumulación de desperdicios no solo afecta la limpieza de la ciudad, sino que puede convertirse en un problema durante las temporadas de lluvia. De acuerdo con su advertencia, los residuos abandonados en las calles pueden llegar a los sistemas de drenaje y obstruir el paso del agua en canales y arroyos.

“Estos desechos terminan taponando nuestros arroyos y pueden provocar emergencias que ponen en riesgo a nuestra gente. No podemos permitir que unos pocos atenten contra nuestro medio ambiente. ¡Cuidar a Barranquilla es un compromiso de todos, todos los días!”, agregó Char en su publicación.

Por ahora, las autoridades no han divulgado la identidad de la persona capturada, el punto exacto donde ocurrió el procedimiento ni las circunstancias en las que fue sorprendida. La detención fue presentada por la Alcaldía como parte de las acciones para prevenir la contaminación y reducir la acumulación de residuos en el espacio público. Será el proceso judicial el que determine la eventual responsabilidad de la persona señalada.

Durante una entrevista con Semana, aseguró que el apoyo nacional ha sido excepcional y que la ciudad no ha quedado desamparada desde que ocurrió la tragedia.

Eder explicó que, mediante el Fondo Milagro, se identificaron 155 familias especialmente afectadas por el sismo, entre ellas allegados de las víctimas mortales y hogares vulnerables que perdieron sus viviendas.

Estas familias recibieron una bonificación de $159 millones para atender sus necesidades habitacionales.

Además, hace dos semanas comenzó el trabajo conjunto para financiar las demoliciones de estructuras afectadas. Según el mandatario, hasta el momento se han realizado 20 intervenciones.

El alcalde reconoció que el Fondo Milagro tuvo que ponerse en funcionamiento rápidamente, pero aseguró que está operando bien y que existe una comunicación efectiva con el Gobierno nacional.

También destacó el trabajo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), encargada de entregar ayudas humanitarias que ya comenzaron a distribuirse.

Finalmente, Eder señaló que supervisa y autoriza cada pago y procedimiento para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos destinados a la reconstrucción de Cali.

Durante la audiencia, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez precisó que, a pesar de que la tasa de hacinamiento ha disminuido en los últimos tres años, todavía permanece en niveles críticos. Actualmente, el sistema penitenciario tiene capacidad para 9.686 personas, pero alberga a 18.824, lo que representa una sobreocupación de 9.138 internos y una tasa de hacinamiento del 94,34 %. Si bien la cifra resulta alarmante, representa una reducción en comparación con años previos, cuando este indicador llegó a superar el 134 %, de acuerdo con la información presentada por la Corte Constitucional.

El jefe de la cartera de Justicia explicó, además, que el gobierno busca financiar los nuevos centros penitenciarios acudiendo a la venta de activos improductivos del Estado. Según expresó Cancino, ya se ha iniciado un inventario de estos bienes y se está articulando el trabajo con el Ministerio de Hacienda para avanzar en esta iniciativa. Precisó también que varias de las obras penitenciarias ya estaban en marcha desde gobiernos anteriores, pero el actual gobierno planea culminarlas y entregar las pendientes. Cancino anunció que la cárcel de Riohacha será inaugurada antes de terminar noviembre, mientras que la cárcel de La Sabana estará lista incluso antes de lo previsto.

En cuanto al tema de seguridad y control en los centros penitenciarios, Cancino resaltó que el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha coordinado “megaoperativos” para combatir hechos irregulares al interior de las cárceles. El ministro enfatizó que entre los objetivos del gobierno está erradicar la necesidad de este tipo de intervenciones mediante el fortalecimiento institucional y la tolerancia cero frente a la corrupción. También recalcó que cualquier acto irregular conocido será objeto de los procedimientos administrativos y judiciales necesarios, respetando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia.

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¿Cuánto es el hacinamiento actual en las cárceles del país?

De acuerdo con datos presentados por la Corte Constitucional, la tasa de hacinamiento actual en el sistema penitenciario nacional es del 94,34 %. Esto significa que, aunque se han visto mejoras con respecto a años anteriores, la sobreocupación todavía representa una problemática grave dentro de los centros de reclusión.

¿Cómo planea el gobierno financiar la construcción de nuevas cárceles en Colombia?

Según explicó el ministro de Justicia, Iván Cancino, la financiación de nuevas cárceles está prevista mediante la venta de activos improductivos de la Nación. Para ello, se comenzó un inventario de estos bienes en articulación con el Ministerio de Hacienda, con el fin de recaudar los recursos necesarios para la construcción de los nuevos centros penitenciarios.

En la historia de más de un siglo de la entidad, Castillo habría sido la primera mujer en asumir la Presidencia Ejecutiva en propiedad. Sin embargo, optó por dar un paso al costado, evitando así mayor desgaste y posibles divisiones entre los empresarios de la región. La Cámara de Comercio de Ibagué expuso que recibió formalmente la carta en la que Castillo presentó su desistimiento, en la que también manifestó gratitud por el proceso adelantado y el respaldo recibido de parte de la Junta Directiva.

Frente a esta coyuntura, la representación legal y administrativa de la Cámara de Comercio de Ibagué quedará en manos del director administrativo y financiero, quien seguirá actuando en calidad de encargado hasta tanto se adopte una decisión definitiva sobre la nueva dirección ejecutiva de la institución. La entidad, por tanto, deberá continuar con el proceso para escoger a la persona que asumirá de manera formal la Presidencia Ejecutiva, rol clave en el desarrollo económico y empresarial del Tolima.

Victoria Castillo, en palabras textuales recogidas en el comunicado, recordó que fue convocada por la Junta Directiva considerando su trayectoria y los resultados obtenidos en el concurso de méritos realizado en 2024 por el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA). Señaló que “no llegó a buscar un cargo ni a dividir a los empresarios”, sino a aportar experiencia y servicio desde cualquier escenario. Añadió, además, que deja pasar la oportunidad sin resentimientos y que ninguna ambición personal puede estar por encima de la unidad que requiere el Tolima en este momento.

De este modo, la Cámara de Comercio de Ibagué mantendrá una dirección encargada hasta elegir y posesionar a la persona que asumirá de forma definitiva el liderazgo de la institución.

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¿Por qué Victoria Castillo González renunció a la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Ibagué?

Victoria Castillo González renunció a la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Ibagué para priorizar la estabilidad institucional y la unidad empresarial del departamento, según informó en un comunicado oficial. Explicó que su decisión obedeció al interés de evitar cualquier división entre los empresarios y expresó que su objetivo siempre ha sido servir a Ibagué y al Tolima, más allá de aspiraciones personales.

¿Cuándo fue seleccionada Victoria Castillo para la presidencia de la Cámara de Comercio de Ibagué?

Victoria Castillo fue seleccionada por unanimidad por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué el 27 de octubre. Sin embargo, pese a esta decisión, posteriormente decidió desistir de asumir el cargo, como fue confirmado en un comunicado formal de la entidad.

En la declaración oficial, De La Espriella lamentó profundamente la pérdida de un civil inocente, así como las lesiones sufridas por las dos mujeres, subrayando el sufrimiento de sus familias y criticando que la violencia afecte tanto a los uniformados como a la población civil. Destacó que se trata de un acto criminal que debe ser rechazado por el conjunto de la sociedad, resaltando la importancia de una reacción firme frente a este tipo de hechos.

El mandatario dispuso el despliegue de capacidades de la Fuerza Pública para ubicar e identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque, insistiendo en que el Estado responderá con “toda la capacidad” y la fuerza de la ley. De La Espriella fue aún más contundente al asegurar que en el Cauca no habrá espacio para la impunidad ni refugio para los terroristas. En ese sentido, enfatizó en que la intención de intimidar a los policías y a las comunidades no tendrá éxito.

Finalmente, sostuvo que el terrorismo no doblegará a la región del Cauca y reiteró la promesa de luchar contra los responsables hasta que se recupere la tranquilidad de los ciudadanos. El mensaje es un llamado a la unidad y a la resistencia de los caucanos, quienes han sufrido directamente las consecuencias de este ataque violento.

¿Qué ocurrió en el ataque a la Subestación de Policía de El Estrecho, Cauca?

El atentado con explosivos en la Subestación de Policía de El Estrecho, en El Patía, Cauca, dejó como consecuencia un civil muerto y dos mujeres heridas. De acuerdo con la información citada, el ataque tuvo un fuerte impacto en la comunidad, provocando dolor entre los familiares de las víctimas y rechazo en el país.

¿Cuál fue la reacción de Abelardo De La Espriella tras el atentado en El Patía?

Abelardo De La Espriella condenó el atentado, prometió identificar y capturar a los responsables y aseguró que no habrá refugio ni impunidad para los terroristas. Además, dispuso un despliegue de la Fuerza Pública para actuar frente a los autores del ataque y manifestó que el terrorismo no doblegará al Cauca.

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La normativa establece que la restricción aplicará de manera continua desde las 06:00 a. m. hasta las 07:00 p. m., es decir, durante trece horas en las vías de Cali. Es fundamental que los conductores, tanto residentes como visitantes, sean conscientes de los horarios y los números de placa afectados, ya que la desatención de la norma puede implicar sanciones económicas significativas.

Según información proporcionada por la Secretaría de Movilidad de Cali y citada en diferentes canales oficiales, entre las excepciones contempladas se incluyen motocicletas, vehículos de emergencia, carros oficiales y diplomáticos, además de automotores eléctricos, híbridos y aquellos que estén especialmente adaptados para personas con discapacidad. Así mismo, quienes tengan necesidades específicas de movilidad pueden acogerse al mecanismo de pago de la tasa por congestión, una alternativa diseñada para permitir la circulación libre a cambio de un pago estipulado por la administración municipal.

La Secretaría de Movilidad enfatiza la importancia de respetar la normativa vigente, subrayando que circular por las vías públicas en horario restringido puede acarrear una sanción equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), así como la posible inmovilización del vehículo por parte de las autoridades competentes. La normativa vigente ha establecido etapas pedagógicas previas al inicio de la aplicación de comparendos, lo que permite que la ciudadanía se adapte a los cambios y conozca en detalle el funcionamiento de la medida.

Con la entrada en vigor de la nueva rotación de pico y placa a partir del 1 de julio, la Secretaría de Movilidad recomienda a los ciudadanos consultar fuentes oficiales para mantenerse informados sobre los cambios semestrales y evitar contratiempos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, entre los vehículos exentos se encuentran motocicletas, automóviles de emergencia, oficiales y diplomáticos, así como eléctricos, híbridos y aquellos adaptados para personas con discapacidad. También pueden circular libremente quienes hayan pagado la tasa por congestión. Es importante consultar la normatividad específica vigente para conocer todos los detalles de las excepciones.

¿Cuál es la sanción por incumplir el pico y placa en Cali?

Quienes sean sorprendidos circulando durante el horario prohibido pueden enfrentarse a una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), sumado a la posible inmovilización del vehículo por parte de las autoridades de tránsito, como lo estipula la Secretaría de Movilidad de Cali.

En la denuncia, la empresa solicita también que se tomen medidas contra Estephany Méndez, vocera de Sinergia, así como contra Sofía Garcés y Nicolás Ibargüen, influenciadores que, según el documento legal, amplificaron públicamente los señalamientos. Estos hechos se enmarcarían en los presuntos delitos de injuria agravada y calumnia agravada. Además, la denuncia acusa a Brin Daniel Quiroz Murillo de constreñimiento ilegal, ya que habría amenazado con impulsar un boicot sistemático y permanente hacia los productos de Ramo si la compañía no asumía el compromiso público de eliminar el uso de jaulas en batería en la producción de huevos. El documento presentado a la Fiscalía argumenta que todas estas afirmaciones habrían perjudicado el nombre y la reputación comercial de Ramo, atribuyéndole conductas con posibles consecuencias penales.

Por otro lado, Ramo afirma que las acusaciones de maltrato animal realizadas en su contra contrastan con las certificaciones e inspecciones efectuadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad que habría hallado resultados favorables en temas de bioseguridad y bienestar animal en la granja proveedora. Según confirmó el despacho de Jaime Granados a El Espectador, ya se llevó a cabo una primera reunión entre las partes ante la Fiscalía, en la cual no se alcanzó ningún acuerdo, por lo que la empresa indicó que continuará con las acciones legales necesarias.

Desde 2025, Sinergia Animal Colombia ha presentado denuncias contra Ramo en sus redes sociales, señalando un supuesto maltrato a las gallinas ponedoras, que, según sus afirmaciones, vivirían en hacinamiento y condiciones insalubres. La organización no se ha pronunciado hasta ahora sobre la denuncia presentada por Ramo ante la Fiscalía.

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¿Cuáles son los puntos principales de la denuncia de Ramo contra Sinergia Animal Colombia?

La denuncia de Ramo se enfoca en la supuesta difusión masiva de afirmaciones que, según la empresa, afectan su reputación al asociarla con maltrato animal. La compañía solicita investigar a líderes y voceros de Sinergia Animal Colombia, influenciadores y un supuesto caso de constreñimiento ilegal, argumentando que las acciones emprendidas en redes sociales y otros medios han dañado su buen nombre y actividad comercial.

¿Qué significa el delito de constreñimiento ilegal en el contexto de la denuncia de Ramo?

En el marco de este caso, el delito de constreñimiento ilegal se refiere a la acusación contra Brin Daniel Quiroz Murillo, quien supuestamente habría amenazado con impulsar un boicot total y sistemático contra Ramo si la empresa no se comprometía a eliminar las jaulas en batería en la producción de sus huevos. Este delito implica presionar para obtener una conducta bajo amenazas.

El movimiento telúrico ocurrió a las 9:38:50 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 147 kilómetros.

De acuerdo con la información oficial, el epicentro se localizó en las coordenadas 6,82° de latitud norte y -73,12° de longitud, a 7 kilómetros de Los Santos. Otros municipios cercanos fueron Jordán, ubicado a 10 kilómetros, y Zapatoca, a 16 kilómetros.

El evento fue registrado por 26 estaciones de monitoreo y su información fue revisada mediante un proceso de verificación manual del Servicio Geológico Colombiano.

El reporte también indicó un RMS de 0,5 segundos y un GAP de 94 grados, parámetros técnicos utilizados para evaluar la precisión de la localización del sismo.

Aunque la magnitud fue de 3,1, el movimiento se presentó en una zona reconocida por su actividad sísmica, conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga, donde se producen numerosos temblores debido a las características geológicas de la región.

El informe del SGC contiene los datos de ubicación, profundidad y magnitud del evento, sin incluir información sobre daños materiales o personas afectadas.

De acuerdo con la investigación, entre el 11 y 15 de noviembre de 2024, Brenez Vanegas viajó a Florida, Estados Unidos, con la tarea de inspeccionar las condiciones para que Vertol Systems renovara su Certificado de Funcionamiento y solicitara nuevas capacidades. El objetivo principal de la visita era examinar si la empresa estaba habilitada para llevar a cabo el overhaul —término técnico que hace referencia a reparaciones mayores— en helicópteros, incluyendo los MI-17 de procedencia rusa. Tras su inspección, el inspector determinó la existencia de 19 no conformidades, señalando en particular que Vertol Systems no estaba en condiciones de realizar mantenimientos a aeronaves de gran tamaño, requisito elemental para el contrato. Él también era consciente, según la Fiscalía, de que el fabricante de los helicópteros había advertido a la Aerocivil sobre la falta de apoyo técnico y capacitaciones hacia Vertol.

No obstante, ese mismo 20 de noviembre, Brenez Vanegas emitió un segundo informe con concepto técnico favorable, incluyendo la capacidad de overhaul, pese a que las inconsistencias detectadas no habían sido subsanadas. Su reporte habría inducido en error a otros funcionarios, quienes cinco días después, el 26 de noviembre de 2024, otorgaron el Certificado de Funcionamiento que permitió a la empresa adjudicarse el contrato.

Esta investigación se conecta con un eje mayor: la Fiscalía ha imputado a varios exfuncionarios del sector Defensa, entre ellos al exviceministro Luis Edmundo Suárez Soto, a quienes se les atribuye supuestamente direccionar el proceso contractual de forma indebida a favor de Vertol. El contrato, suscrito el 31 de diciembre de 2024, fue sancionado por el Ministerio de Defensa en 2025 debido a incumplimientos, como la falta de experiencia técnica comprobada, cambios requeridos por Vertol en las condiciones de pago, retrasos y problemas con las pólizas.

En esa línea, las pesquisas indican que servidores públicos y contratistas habrían flexibilizado requisitos y acelerado trámites decisivos, como la certificación de Aerocivil, para beneficiar a Vertol. Suárez Soto, que tampoco aceptó cargos, se enfrenta a delitos como peculado por apropiación, tráfico de influencias y abuso de función pública, entre otros.

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¿Quién es Juan Enrique Brenez Vanegas y por qué la Fiscalía le imputó cargos?

Juan Enrique Brenez Vanegas es el inspector de Seguridad Operacional de la Aerocivil a quien la Fiscalía General de la Nación acusó por supuestas irregularidades al certificar a Vertol Systems, la empresa que obtuvo el contrato de mantenimiento de helicópteros MI-17. La Fiscalía lo acusa por fraude procesal y falsedad ideológica, señalando que, tras identificar deficiencias en la empresa, facilitó un informe favorable sin que estas fueran corregidas.

¿Qué significa 'overhaul' y por qué es clave en el contrato de los helicópteros MI-17?

El término 'overhaul' se refiere a la realización de reparaciones mayores o generales en aeronaves, como los helicópteros MI-17, y es uno de los requisitos técnicos fundamentales para la ejecución de labores de mantenimiento contempladas en el contrato con Vertol Systems, según el reporte de la Fiscalía.

El trasfondo de esta situación se relaciona con el retraso en la apertura de la mencionada sala infantil. De acuerdo con testimonios recogidos por El Espectador, funcionarios de la Biblioteca Nacional (que prefirieron mantener su anonimato) señalaron que la directora de la institución, Julia Cristina Daza Noguera, ha retrasado la inauguración argumentando la necesidad de realizar una curaduría "exhaustiva" de los materiales seleccionados para la sala. Aunque la selección de los libros se había realizado mediante un comité con participación de asociaciones especializadas en literatura infantil y miembros de la biblioteca, la apertura no se ha dado mientras la directora revisa personalmente la lista, lo que ha generado preocupación e incertidumbre sobre sus intenciones con esta revisión.

Tatiana Barajas, mediadora de lectura y miembro del equipo de acompañamiento territorial a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y Bibliotecas Rurales Itinerantes, calificó la situación como "muy grave". Según Barajas, las áreas de la biblioteca solían ofrecer información sobre procesos y decisiones, pero actualmente solo la directora es vocera y no ha brindado claridad acerca de cuándo se hará la esperada apertura, a pesar de que la sala ya estaría lista para funcionar. Barajas resaltó la importancia de esta sala como una garantía del derecho a la cultura y a la educación para niñas, niños y adolescentes, derechos respaldados por el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1098 de 2006, que reconocen la educación, la recreación, el juego y la participación cultural.

La convocatoria resalta que este plantón no solo busca visibilizar la demanda de apertura, sino que podría derivar en acciones jurídicas para exigir transparencia sobre la dotación de la sala y asegurar su apertura. Según Barajas, la pérdida de derechos culturales es uno de los primeros síntomas de las violencias estructurales, en particular en lugares donde las bibliotecas enfrentan dificultades.

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¿Por qué se ha retrasado la apertura de la sala infantil en la Biblioteca Nacional?

El retraso en la apertura de la sala infantil de la Biblioteca Nacional se debe a la decisión de la directora Julia Cristina Daza Noguera de realizar una revisión exhaustiva y personal de la lista de libros seleccionados para la sala. Aunque el proceso de selección fue concertado entre asociaciones especializadas y expertos de la biblioteca, la directora no ha autorizado la apertura hasta concluir su curaduría, generando incertidumbre y preocupaciones entre funcionarios y mediadores de lectura, como lo documentó El Espectador.

¿Cuáles son los derechos de niños y niñas que se reclaman con la apertura de la sala infantil en la Biblioteca Nacional?

La convocatoria al plantón cita el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 30 de la Ley 1098 de 2006 para reivindicar los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Estos incluyen el acceso a la educación, la cultura, la recreación, el juego y la participación en la vida cultural y las artes, considerados esenciales para garantizar su pleno desarrollo y expresión, tal como sostienen los organizadores del plantón y fuentes como Tatiana Barajas.

El papel de Ordóñez será clave en las negociaciones entre el Ejecutivo y las comisiones económicas, una tarea que cobra relevancia ante la cautela demostrada por partidos de oposición y algunos oficialistas, como el Centro Democrático, quienes muestran preocupación por el posible incremento de impuestos a la canasta familiar. De acuerdo con El Espectador, la gestión de este funcionario será determinante para avanzar en la agenda económica del gobierno De la Espriella.

Por su parte, Viviane Morales, quien había dejado el Ministerio de Educación por motivos personales, asume un rol central en el área de la paz, con un enfoque diferente al del gobierno anterior. La nueva línea oficial se aleja de la "paz total" promovida por Gustavo Petro, recalcando en su comunicación que la paz, según esta administración, debe traducirse en justicia, autoridad, seguridad y reparación efectiva a las víctimas, reafirmando que “la falsa paz no será una política permanente de Estado”.

En cuanto al perfil de Alejandro Ordóñez, El Espectador recuerda que su carrera inició como concejal y que escaló posiciones en la rama judicial, destacándose como magistrado y presidente del Consejo de Estado antes de su paso por la Procuraduría General, donde su reelección fue anulada por irregularidades. Fue protagonista de decisiones que generaron controversia, como la destitución de Gustavo Petro cuando era alcalde, que llevó al país ante instancias internacionales. Su actividad política posterior incluyó encabezar la campaña por el “No” en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz y su aspiración presidencial en 2018. En sus palabras, la nueva administración busca “recuperar el control del territorio” y fortalecer la seguridad desde una postura conservadora y cercana a credos religiosos, cuestionando organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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¿Por qué es relevante la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior para el gobierno de Abelardo de la Espriella?

La posesión de Alejandro Ordóñez marca un cambio estratégico en el gabinete, pues será el encargado principal de consolidar acuerdos en el Congreso para leyes fundamentales como la de ajuste fiscal, en un contexto donde existe prevención frente a posibles alzas de impuestos. Su experiencia y perfil conservador influyen notablemente en la dirección política que busca el gobierno De la Espriella, con mayor énfasis en orden, justicia y autoridad.

¿Qué diferencias existen entre la política de paz de Viviane Morales y la “paz total” del gobierno anterior?

De acuerdo con la información de El Espectador, la nueva política encabezada por Viviane Morales deja atrás el enfoque de “paz total”, apostando en cambio por un esquema que resalta la justicia, la institucionalidad y la seguridad como condiciones indispensables. El gobierno De la Espriella aclara que no respaldará una paz “falsa” y priorizará la reparación y el cumplimiento efectivo de la ley para ofrecer seguridad real a la población.

La medida quedó consignada en la Circular Externa 10 de 2026, expedida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), que busca fortalecer las políticas de austeridad y evitar gastos innecesarios.

El documento prohíbe destinar presupuesto oficial a fiestas, banquetes, agasajos y eventos cuya finalidad sea exclusivamente recreativa.

También impide que las entidades realicen contrataciones, convenios o compras para financiar estas actividades, incluso cuando se intente justificar el gasto mediante contratos de logística, bienestar, comunicaciones o eventos institucionales.

La decisión también establece condiciones para los funcionarios públicos y contratistas.

Las actividades de integración que se organicen durante diciembre deberán ser voluntarias, por lo que ninguna entidad podrá exigir asistencia ni imponer cuotas o aportes económicos para financiar las celebraciones.

Además, los representantes legales y responsables de ordenar gastos deberán reforzar los controles presupuestales y administrativos para garantizar que los recursos se utilicen en el cumplimiento de las funciones institucionales y la atención del interés general.

La circular no elimina todas las celebraciones navideñas, pero sí limita su financiación con dinero público y exige respetar las obligaciones legales y contractuales previamente adquiridas.

Durante su intervención ante los uniformados y las altas autoridades presentes, el mandatario nacional no escatimó palabras para cuestionar con severidad las políticas de seguridad de la administración pasada, sugiriendo que los graves desafíos afrontados por la institución policial en años anteriores respondieron a una actitud de debilidad y permisividad estatal. “Estoy convencido de que buena parte de los golpes que sufrió nuestra Policía durante los últimos años fueron consecuencia de la complacencia del régimen social-comunista anterior, que terminó inclinando su cabeza ante el terrorismo y el crimen organizado, que se asoció con el narcoterrorismo, eso se acabó”, aseveró enfáticamente el jefe de Estado, marcando una ruptura total con los enfoques de negociación del pasado.

 

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El pronunciamiento presidencial se produce en un momento político clave para el Gobierno Nacional, el cual avanza simultáneamente en la reestructuración de carteras ministeriales —como la reciente llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior tras la salida de Rodrigo Lara— y en la implementación de medidas estrictas de orden público, tales como la Operación Némesis desplegada en la frontera con Cúcuta. Para el Ejecutivo, la directriz fundamental es restablecer la presencia institucional y garantizar que la autoridad del Estado se ejerza sin concesiones en cada rincón de la geografía colombiana.

Asimismo, el mandatario reiteró que los hombres y mujeres de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares cuentan con el respaldo absoluto de la Casa de Nariño para cumplir su labor de defensa de la democracia, la libertad y el orden constitucional. La alocución cerró con una advertencia directa y severa dirigida a las estructuras al margen de la ley, reiterando que la administración actual mantendrá una ofensiva permanente sin tregua: “Vamos por todos esos bandidos y los vamos a derrotar con nuestra fuerza pública y la ayuda de Dios”, concluyó el presidente.

Abelardo De la Espriella reaccionó públicamente en sus redes sociales destacando la importancia de este paso y reconociendo la labor de su ministro de Justicia, Iván Cancino, así como el apoyo de los congresistas. El mandatario planteó la aprobación como un avance en materia de seguridad y justicia, agradeciendo al Congreso por contribuir al fortalecimiento institucional. En sus palabras, “la falsa paz total llegó a su fin”, y acompañó sus declaraciones con expresiones como “¡Bienvenidos a la Patria Milagro!” y “¡Firme por la Patria!”.

La Ley de Sometimiento regula las condiciones bajo las cuales miembros de organizaciones criminales pueden someterse a la justicia. Quienes accedan a este mecanismo deben cumplir compromisos definidos por el Estado y, a cambio, podrían recibir un tratamiento penal diferenciado, según lo dispuesto en el articulado aprobado por el Congreso. Durante el trámite legislativo, el proyecto fue modificado para endurecer varios requisitos. En particular, se estableció que los integrantes de base podrán aspirar a una reducción del 50 % de la pena, mientras que los líderes verán una rebaja del 30 %. Aquellos que ejercieron funciones de mando tendrán una pena mínima de 10 años y, en casos de lavado de activos, el tiempo mínimo de cumplimiento para acceder a beneficios aumentó de uno a seis años. Además, quienes hayan reclutado menores quedaron excluidos de estos beneficios y, en todos los casos, los beneficiarios estarán recluidos en penitenciarías administradas por el Inpec, que es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Otro punto relevante es que se eliminó el uso de fondos reservados de Fonsecon para estos procesos y se aclaró que los departamentos y municipios no deben asumir el costo de implementación, que estará coordinado por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, durante la discusión política surgieron críticas sobre el alcance de los beneficios, las condiciones para el sometimiento y las garantías otorgadas a las víctimas.

Con la aprobación en ambas cámaras y la unificación del texto, esta iniciativa cumplió su recorrido legislativo. Ahora, solo con la sanción del presidente podrá formalizarse como ley de la República.

¿Qué es la Ley de Sometimiento en Colombia y a quiénes beneficia?

La Ley de Sometimiento en Colombia establece mecanismos para que integrantes de organizaciones criminales se sometan a la justicia bajo condiciones estrictas definidas por el Estado. Entre esos beneficios están reducciones de pena que varían según el rol dentro de la organización, aunque los líderes y quienes hayan cometido delitos graves como reclutamiento de menores no pueden acceder a ciertos alivios. Su aprobación responde a una estrategia del gobierno de Abelardo De la Espriella para fortalecer la seguridad y justicia en el país, de acuerdo con lo documentado por el propio mandatario y las votaciones en el Congreso.

¿Cuáles son los puntos principales y restricciones de la Ley de Sometimiento recién aprobada?

Los puntos principales de la Ley de Sometimiento incluyen una reducción diferenciada de penas para miembros de base y cabecillas de organizaciones criminales, penas mínimas establecidas para mandos, y exclusiones puntuales para casos graves como el reclutamiento de menores. Además, quienes se somentan deben cumplir sus condenas en instituciones penitenciarias administradas por el Inpec y no podrán beneficiarse de fondos reservados. El Ministerio de Justicia será el encargado de la coordinación, sin que los gobiernos locales deban asumir los costos. La ley recibió críticas relativas a su alcance, condiciones para el sometimiento y garantías para las víctimas.

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Uno de los momentos más tristes de la entrevista con Angie Ramírez tuvo que ver con la ilusión de Ana María por regresar a Colombia durante las festividades de fin de año para reencontrarse con sus seres queridos. Según relató, el día previo al vuelo, la joven acudió a centros comerciales para adquirir los obsequios de Navidad que pensaba entregarles.

Al respecto, Angie dijo: “Ana María era una persona bondadosa, amorosa, era como un ángel. Ella estaba para todo el mundo, por todo el mundo hacía. Ella era un ser humano increíble. A ella le gustaba viajar, estar con mi mamá, estar con mi hijo, el sobrino. Ella precisamente iba a venir ahorita en diciembre a estar con nosotros. Ya el día sábado se fue para los outlets a hacer unas compras de Navidad tanto para mi mamá como para mi hijo y para mí, pues ella venía en diciembre entonces nos quería traer cosas”.

(Vea también: Ana María, la bogotana que murió en avioneta en Estados Unidos: ¿de qué trabajaba?)

La última conversación de Ana María Cetina con su hermana

Además, Angie rememoró la última conversación que sostuvo con Ana María la mañana del domingo 1 de noviembre, minutos antes de que la aeronave despegara: “Me mostró a los niños, me mostró el aeropuerto, después me envió fotos del avión, yo le envié una foto de mi bebé, también le envié un video y me dijo que ella vería el video cuando aterrizara. Ya de ahí no supe más información de ella”.

En relación con el trabajo de la niñera colombiana, Anthony Robinson, familiar de los empleadores de Ana María (Adam Robinson y Helen Sharp), hizo público un comunicado expresando que “Anita María cuidó de Emma y Charlie con ternura y devoción, y ella era verdaderamente parte de la familia. Nos mostró un legado de amor incondicional y devoción”.

Frente a las palabras de Anthony, Angie confirmó el afecto mutuo que existía: “Ella amaba a Charlie, amaba a Emma, estaba todo el tiempo con ellos. Incluso, yo tuve la oportunidad de conocerlos, de conocer a la señora Helen, al señor Adam. Fueron personas muy buenas con mi hermana”.

Incertidumbre ante las autoridades de Estados Unidos

Finalmente, respecto a la información brindada por los investigadores estadounidenses, la familia manifestó inquietud ante las explicaciones contradictorias recibidas y la falta de respuestas sobre lo sucedido con Ana María Cetina.

Angie señaló que los detectives les indicaron que el proceso de investigación podría tomar hasta 18 meses y denunció inconsistencias en los datos entregados: “Primero dijeron que fue un piloto, después que era una mujer; también sacaron que supuestamente la que iba manejando era la esposa del señor Adam, que sí hay cuerpos, después que no. La edad de mi hermana también está mal. Todo ese tipo de cosas. Tenía 24 años e iba a cumplir 25 el 17 de diciembre”.

Según las primeras informaciones, el hecho se presentó más específicamente en el sector conocido como El Estrecho, afectando viviendas, locales comerciales, una camioneta y un bus, entre más elementos. Además, la explosión dejó una persona fallecida y más de seis heridos, por lo que las autoridades ya hacen presencia en la zona para comenzar con la investigación.

Debido a esta lamentable situación, la Vía Panamericana se encuentra cerrada. Estos son los videos de la situación:

#Atención | Atentado terrorista en la vía Panamericana. Un vehículo acondicionado con explosivos fue activado cerca de la estación de Policía de El Estrecho, municipio de Patía, al sur del Cauca. Se reportan múltiples afectaciones. La vía Panamericana se encuentra cerrada. @BrandonLeguiz
https://t.co/v2vIVVHFXe

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 4, 2026

⭕️ Una persona murió y seis más resultaron heridas por la explosión de una volqueta cargada con explosivos en El Estrecho, municipio de Patía, Cauca. https://t.co/k44N6Oy0Gt

📍El ataque iba dirigido contra la subestación de Policía, sobre la vía Panamericana, y causó daños en viviendas y locales comerciales.

— La FM (@lafm) November 4, 2026

#Atención | Grave atentado con volqueta bomba en El Estrecho, Patía (Cauca) deja al menos tres personas heridas y graves daños materiales.

El vehículo cargado con explosivos, que había sido hurtado en Timbío, fue detonado sobre la vía Panamericana cerca de la subestación de Policía tras ser detectado por las autoridades.

— SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) November 4, 2026

Esta situación se presenta en medio de un hostigamiento que están llevando los grupos al margen de la ley debido a las ofensivas militares ordenadas por el Gobierno Nacional. Sin embargo, aún ningún grupo en específico se ha atribuido este atentado terrorista.

Por lo pronto, las autoridades avanzan en la investigación para determinar quién fue el responsable, cómo ocurrieron los hechos y qué implicaciones tiene esto dentro de la comunidad, que es la más afectada.

El impacto de la explosión no solo causó estragos en la infraestructura policial del sector, sino que también afectó edificaciones cercanas. La onda expansiva dañó viviendas y establecimientos comerciales en los alrededores, lo que refleja la magnitud del ataque y la preocupación entre los habitantes de la zona.

Según la información suministrada, la volqueta había sido adaptada para perpetrar el atentado directamente contra las instalaciones de la Policía. Las autoridades, mediante labores de vigilancia y control, lograron detectar la presencia sospechosa del vehículo. Frente a la posibilidad de que fuera interceptado, los responsables optaron por detonar los explosivos antes de que los uniformados pudieran evitar la acción. Se señala que el vehículo habría sido reportado como hurtado en el municipio de Timbío, Cauca.

Mientras tanto, equipos de socorro se encuentran atendiendo a los lesionados, al tiempo que la Policía y el Ejército realizan verificaciones para establecer un balance definitivo de las víctimas. Existen reportes sobre posibles daños en una institución educativa situada cerca del lugar, aunque todavía falta confirmación oficial al respecto.

Dada la relevancia de la vía Panamericana como corredor estratégico de la región suroccidental de Colombia, las autoridades mantienen el sector bajo vigilancia estricta. La seguridad fue reforzada para descartar la presencia de otros explosivos y garantizar el tránsito seguro. Además, la investigación oficial apunta a identificar a los autores materiales e intelectuales del atentado y a esclarecer qué grupo armado podría estar detrás de estos hechos. Se espera un comunicado oficial que informe sobre el número final de afectados y las condiciones de movilidad en la zona.

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¿Cuántas personas resultaron afectadas por la explosión en El Estrecho, Cauca?

De acuerdo con reportes preliminares citados en el texto, la explosión dejó una persona fallecida y al menos seis heridas. Sin embargo, esta información aún debe ser confirmada de manera oficial por las autoridades, quienes continúan verificando los daños y el estado de las víctimas tras el atentado.

¿Por qué la explosión de la volqueta en El Estrecho afectó la vía Panamericana?

La explosión ocurrió junto a la vía Panamericana, una de las rutas más importantes del suroccidente colombiano. Debido a su ubicación estratégica, las autoridades han mantenido controles de seguridad en el sector para descartar la presencia de otros explosivos y asegurar que la circulación vial pueda reanudarse sin riesgos para los ciudadanos y el transporte en la región.

La audiencia, que constituye un momento histórico en el proceso de justicia transicional en Colombia, se realizará los días 7, 8 y 9 de abril de 2027. Por primera vez, el último secretariado de las Farc enfrentará a las víctimas para reconocer públicamente su responsabilidad en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Fueron citados Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo, quienes deberán responder ante la JEP y la sociedad por los hechos que se les atribuyen.

De acuerdo con la información dada por la JEP, se dará prioridad inicial a las víctimas, abordando en primer término los patrones de reclutamiento y la utilización de menores, así como maltratos, torturas y homicidios internos dentro de las filas guerrilleras. Posteriormente, las violencias reproductivas, sexuales y otras violencias basadas en prejuicios serán tratadas en sesiones diferenciadas dentro de la misma audiencia. Según palabras textuales de la magistrada Rueda, la JEP valoró “el reconocimiento expresado por los comparecientes” y concluyó que estos reúnen los elementos necesarios para continuar con el proceso judicial.

En noviembre de 2024, la JEP imputó formalmente a los seis exintegrantes por más de 18.000 casos de reclutamiento forzado de menores, cometidos entre 1971 y 2016, alcanzando su punto más crítico entre 1996 y 2016. Según la misma fuente, los hechos fueron sistemáticos y ocurrieron en todo el país, con excepción de San Andrés y Providencia. El 24 % de las personas reclutadas reportaron haber sufrido algún tipo de violencia de género, siendo el 91 % mujeres, el 9 % hombres y el 7 % personas con identidades de género diversas. Además, el 35 % de ellas denunció abusos sexuales, junto a otros delitos como malos tratos, torturas, castigos, juicios sin garantías y políticas impuestas de anticoncepción y abortos forzados.

En marzo de este año, los siete miembros del último secretariado de las Farc –incluido Rodrigo Granda, quien no está imputado en este caso–, enviaron una carta y un video a la JEP en el que reconocieron por primera vez su responsabilidad en estos crímenes, lo cual marcó un hito en la historia del esclarecimiento judicial de estos hechos, según reportó El Espectador.

¿Cuáles son los crímenes por los que se imputa al último secretariado de las Farc en el caso 07 de la JEP?

Los seis exintegrantes del último secretariado de las Farc fueron imputados por el reclutamiento forzado de 18.677 menores de edad y por abusos sexuales cometidos contra algunas de estas víctimas. Además, la JEP les atribuye crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, incluyendo torturas, malos tratos, castigos, juicios sin garantías judiciales, así como políticas de anticoncepción forzada y abortos.

¿Qué investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en relación al reclutamiento de menores?

La Jurisdicción Especial para la Paz, según lo informado en el artículo, investiga los patrones sistemáticos de reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de la antigua guerrilla de las Farc, así como los abusos sexuales, malos tratos y violencias de género perpetrados dentro de las filas de la organización, todo ello en el marco del conflicto armado en Colombia.

El Ministerio de Cultura adelantó que la intervención contará con el respaldo de la Fundación Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio (ALIPH), cuya labor inicial se centrará en la estabilización de las obras y la aplicación de los llamados primeros auxilios. Esta fase es crucial para evitar que los deterioros actuales se agraven y afecten aún más la conservación de estos símbolos culturales de Cali. La ministra Paola Holguín enfatizó el compromiso estatal: "El rescate de nuestro patrimonio es una prioridad. Los murales del Maestro Tejada son la memoria viva de Cali y el reflejo de nuestra identidad", en alusión a la importancia de preservar estas obras para las próximas generaciones y reconoció el aporte de ALIPH para iniciar los trabajos de protección.

El impacto del sismo no se limitó a Cali. En Pereira (Risaralda), otra obra de Tejada, 'Siembra de maíz', ubicada en la Plaza Bolívar, también sufrió daños, de acuerdo con el relato del periodista Jorge Emilio Sierra Montoya, quien fue testigo de los hechos. La acción de ALIPH se extenderá a tres museos afectados en Pereira, Quibdó (Chocó) y Vijes (Valle del Cauca), demostrando un enfoque integral en la protección del patrimonio afectado por este tipo de eventos.

Entre los antecedentes de la fundación ALIPH sobresale el respaldo a la restauración de murales de arte rupestre en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, evidenciando su experiencia en la recuperación de bienes culturales perjudicados por desastres naturales, conflictos armados y el cambio climático.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas se están tomando para proteger los murales afectados por el terremoto en Cali?

La protección de los murales incluye la aplicación de primeros auxilios y la estabilización de la estructura para evitar mayores daños. Estas acciones, coordinadas por el Ministerio de Cultura y con el apoyo de la Fundación Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio (ALIPH), se iniciarán de inmediato como respuesta directa al riesgo de colapso identificado en las obras.

¿Qué es la Fundación Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio (ALIPH) y cuál ha sido su papel en Colombia?

ALIPH es una fundación dedicada a la protección y restauración de bienes culturales afectados por conflictos, desastres naturales y cambio climático. En Colombia, desde 2020, ha apoyado varios proyectos, incluyendo la restauración de murales en la Serranía de Chiribiquete y, recientemente, acciones para museos y obras patrimoniales dañados por el terremoto.

Sobre los responsables del hecho, la información preliminar obtenida por las autoridades indica que dos hombres, quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta roja, se acercaron hasta la zona del peaje, lanzaron el artefacto explosivo y huyeron rápidamente del lugar. Hasta el momento, no se ha logrado establecer la identidad de estos sujetos ni se ha confirmado el tipo de explosivo utilizado en el atentado. Por ahora, las autoridades permanecen en el sitio realizando las investigaciones y verificaciones necesarias para entender con precisión cómo se produjo el ataque, así como determinar las características específicas del elemento que detonó.

Adicionalmente, el incidente adquiere especial relevancia por las amenazas que han circulado y que, según la información proporcionada, provendrían de un hombre identificado bajo el alias de ‘Marlon’. Este sujeto habría manifestado, en ocasiones anteriores, que podrían ejecutarse ataques similares contra este peaje. Sin embargo, de acuerdo con los reportes actuales, todavía no existe una confirmación oficial que vincule de manera directa a alias ‘Marlon’ con la explosión registrada en el peaje de Mediacanoa.

En estos momentos, las autoridades continúan liderando la investigación para identificar a los autores materiales del atentado y establecer de manera detallada las circunstancias que rodearon el hecho. Los trabajos se centran en la recolección de pruebas, así como en la revisión de posibles antecedentes y amenazas relacionadas con el caso, a la espera de obtener mayores indicios que permitan el esclarecimiento total de los hechos.

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¿Qué pasó en el peaje de Mediacanoa en el Valle del Cauca este miércoles 4 de noviembre?

Durante la madrugada del miércoles 4 de noviembre, un artefacto explosivo fue lanzado contra el peaje de Mediacanoa, en jurisdicción de Yotoco, sobre la vía que comunica a Cali con Buga. Según la información preliminar, dos hombres en una motocicleta arrojaron el aparato y huyeron, causando daños en dos carriles de las instalaciones. Las autoridades investigan los detalles de lo ocurrido.

¿Qué se sabe sobre las amenazas de alias ‘Marlon’ en relación con el atentado en el peaje?

Las autoridades han tenido en cuenta amenazas previas atribuidas a un hombre conocido como alias ‘Marlon’, quien habría advertido sobre posibles ataques en el peaje de Mediacanoa. Sin embargo, de acuerdo con los informes actuales, no hay una confirmación oficial que relacione directamente a esta persona con la explosión, por lo que la investigación continúa para esclarecer los hechos.

La ofensiva anticriminal denominada Operación Némesis, liderada directamente en terreno por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en la ciudad de Cúcuta, dejó en evidencia no solo el despliegue masivo del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR) y la Fuerza Pública, sino también el uso de recursos tecnológicos de última generación para contrarrestar las acciones de las estructuras criminales en la frontera.

En medio de los registros audiovisuales compartidos sobre el operativo nocturno, uno de los elementos que mayor curiosidad generó entre la ciudadanía fue un potente dispositivo táctico portado por los uniformados. De acuerdo con portales especializados en tecnología militar y de seguridad, se trata de un inhibidor o arma antidrones con un diseño futurista, cuya función principal es generar un “muro” de interferencia mediante antenas direccionales de radiofrecuencia dirigidas a un punto específico.

A diferencia de los armamentos convencionales que dependen de proyectiles físicos, este sistema permite neutralizar de forma inmediata amenazas aéreas no tripuladas —frecuentemente empleadas por organizaciones al margen de la ley para labores de vigilancia o ataques— sin generar detonaciones, daños colaterales ni caída de escombros sobre la población civil en zonas densamente pobladas.

¡EN CÚCUTA NO HAY TREGUA CONTRA LA CRIMINALIDAD!

Durante toda la noche y la madrugada he estado al frente de la OPERACIÓN NÉMESIS, una ofensiva de nuestra Fuerza Pública para recuperar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los habitantes de Cúcuta.

¡A LAS 4:45 DE LA MADRUGADA YA REGISTRÁBAMOS 109 CAPTURAS, 49 ALLANAMIENTOS Y 32 EXPULSIONES!

Este balance preliminar también incluye 12 armas de fuego incautadas, más de 10 kilos de estupefacientes y mercancía recuperada por $500 millones.

Estamos golpeando estructuras vinculadas al homicidio, terrorismo, extorsión, narcotráfico, contrabando y minería ilegal.

¡A LOS BANDIDOS SE LES ACABÓ LA GUACHAFITA!

Estamos actuando, ejerciendo la autoridad y recuperando el control de nuestras ciudades.

Mi reconocimiento y gratitud a los hombres y mujeres de nuestra gloriosa Fuerza Pública, que durante toda la noche y la madrugada han trabajado con valentía, disciplina y compromiso para proteger a los colombianos. ¡Tienen todo mi respaldo y el agradecimiento de la Patria!

No vamos a descansar hasta devolverles la seguridad a los colombianos.

¡EN LA ERA DEL TIGRE, LA DELINCUENCIA NO TIENE DESCANSO NI ESCONDITE!

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 4, 2026

El uso de este equipo se integró a las acciones operativas que dejaron un balance preliminar de 109 capturas, 49 allanamientos y 32 expulsiones en la capital de Norte de Santander. Durante su discurso ante las tropas, el presidente De La Espriella destacó el compromiso institucional de los uniformados y reiteró que la intervención busca liberar definitivamente al departamento del yugo del narcoterrorismo y la criminalidad.

Durante la feria, los asistentes obtuvieron información actualizada sobre programas técnicos, tecnológicos y universitarios. A esto se sumaron alternativas relacionadas con becas, distintas fórmulas de financiación y detalles sobre los planes de estudio, lo que contribuyó a que los estudiantes visualicen de una manera más clara el camino hacia la educación superior. Según datos compartidos por la Secretaría de Educación Distrital, áreas como la salud, las ciencias sociales y las ingenierías fueron algunas de las más consultadas e interesantes para los jóvenes participantes.

Lina Ruiz, docente de la media técnica en la Institución Educativa Pance, valoró la importancia de acercar estas oportunidades a los corregimientos y destacó el impacto positivo que estos espacios pueden tener en el proyecto de vida de los estudiantes rurales. Al respecto, una estudiante expresó que la feria le permitió descubrir programas y alternativas formativas que antes desconocía, reforzando así su motivación para continuar su formación académica al concluir el bachillerato.

Esta iniciativa tiene como objetivo descentralizar la orientación socio-ocupacional y acercar los recursos de información y las oportunidades de formación profesional a las zonas rurales de Cali. De acuerdo con la Secretaría de Educación Distrital, el evento también integró a estudiantes de sectores urbanos y rurales, promoviendo espacios de convivencia e intercambio académico.

La organización de la Feria Universitaria Rural contó con el apoyo del Icetex (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior) y se enmarca dentro de los esfuerzos por fortalecer las trayectorias educativas y facilitar el paso del colegio a la educación superior. Al sumar este tipo de estrategias, la ciudad busca ampliar el acceso a la educación y acompañar a los jóvenes en la crucial elección de su futuro profesional.

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¿Qué beneficios ofrece la Feria Universitaria Rural para estudiantes de zonas rurales de Cali?

La Feria Universitaria Rural facilita a los estudiantes rurales la posibilidad de conocer ofertas académicas de 35 instituciones superiores sin tener que trasladarse lejos de su territorio. Además, les brinda información detallada sobre becas, financiación y opciones de estudio, ampliando así sus oportunidades para acceder a la educación superior, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Distrital.

¿Cómo ayuda la articulación entre la Secretaría de Educación Distrital y el Icetex a los jóvenes caleños?

La colaboración entre la Secretaría de Educación Distrital y el Icetex permite que los jóvenes reciban orientación especializada, apoyo en la gestión de créditos y becas, y acompañamiento en la elección de programas educativos, fortaleciendo así sus trayectorias académicas y facilitando su transición del colegio a la educación superior.

De acuerdo con las primeras versiones recopiladas sobre el caso, la actitud persistente e invasiva de Gómez Bernal llevó a la víctima a experiencias previas marcadas por lo que las autoridades investigan como posibles episodios de acoso. Se sabe que, incluso ante las negativas constantes de Paula, el señalado agresor continuaba buscando su atención, lo que ha motivado a los investigadores a indagar en las circunstancias de este comportamiento previo al fatídico ataque.

El crimen ocurrió el domingo 1 de noviembre, cerca de las 12:40 del día, en un establecimiento localizado en el sector La Recta, específicamente en el kilómetro 2 de la vía entre San Gil y Socorro, bajo jurisdicción de Pinchote. Paula descansaba en una hamaca durante ese momento cuando Leonardo Gómez Bernal llegó de repente. Tras una breve discusión, el agresor supuestamente la atacó de forma reiterada con un arma cortopunzante, según la información recogida en los reportes oficiales y gracias a los registros de cámaras de seguridad del local.

Pese a que la joven recibió auxilio y fue trasladada a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil, las heridas resultaron ser mortales y murió poco después. El agresor intentó escapar del lugar, pero las autoridades activaron un plan candado y lograron ubicarlo en el sector de la Plaza de Ferias de San Gil. Durante la captura, Gómez Bernal presentaba lesiones autoinfligidas, recibiendo atención médica bajo custodia policial antes de ser puesto a disposición de la Fiscalía.

En las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó a Gómez Bernal el delito de feminicidio agravado bajo la modalidad de dolo, término jurídico que implica que una persona actúa con intención consciente de causar daño. El procesado aceptó los cargos y un juez de control de garantías ordenó su detención preventiva en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. Paula, quien era tecnóloga en investigación policial, proyectaba iniciar carrera en la Policía Nacional. Su asesinato ha provocado manifestaciones de rechazo en Santander, incluidas velatones en San Gil, donde allegados y colectivos de mujeres pidieron justicia y recordaron la importancia de denunciar conductas de persecución y acoso que pueden anteceder sucesos de violencia extrema.

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¿Cuáles fueron los motivos del crimen de Paula Carley Coca Murcia, según las investigaciones?

De acuerdo con las versiones conocidas en el proceso, el crimen habría sido motivado por la insistencia de Leonardo Gómez Bernal en conseguir una relación sentimental con Paula, pese a las negativas constantes de la joven y a que ella mantenía una relación con otra persona. Las autoridades investigan episodios de acoso y persecución por parte del hombre, que no aceptaba el rechazo y eso derivó en el desenlace violento.

¿Qué significa el delito de feminicidio agravado a título de dolo en este caso?

El delito de feminicidio agravado a título de dolo, según lo imputado por la Fiscalía, implica que Leonardo Gómez Bernal actuó de manera consciente e intencionada para causar la muerte de Paula Carley Coca Murcia. Bajo esta figura jurídica, se reconoce la existencia de elementos agravantes y la plena responsabilidad del acusado al cometer el acto violento.

Los 85 puntos estarán activos hasta el 19 de noviembre y el espacio masivo de atención, ubicado en el centro comercial Cosmocentro, funcionará hasta el 8 de noviembre. Estas ayudas podrán reclamarse de lunes a sábado en dos jornadas: en la mañana desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., y en la tarde de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. De acuerdo con la información oficial, el proceso está diseñado para facilitar que las personas afectadas puedan recibir su apoyo económico con mayor agilidad.

Para acceder a las ayudas por medio de Supergiros, es relevante que los beneficiarios primero reciban una notificación de la asistente virtual Vicky. Esta herramienta virtual cumple la función de acompañar el proceso y comunicar a los afectados sobre la disponibilidad de los recursos y los pasos a seguir. Si el usuario ya entregó una certificación bancaria y esta ha sido validada, no será necesario acudir a los puntos físicos; de lo contrario, se debe asistir personalmente a cualquiera de los puntos habilitados.

Acerca del tercer pago, las autoridades municipales informaron, siempre según 90 Minutos, que permanecen a la espera de la transferencia de los recursos por parte de la UNGRD a la fiducia encargada del manejo de estos fondos. Hasta que no se confirme este proceso, no habrá fecha definida para el inicio de la siguiente dispersión de ayudas.

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¿Dónde se pueden reclamar los auxilios económicos para damnificados del terremoto?

Las ayudas económicas de la UNGRD pueden reclamarse en 85 puntos de Gane-Supergiros distribuidos en toda la ciudad hasta el 19 de noviembre, además de un punto masivo en el centro comercial Cosmocentro disponible hasta el 8 de noviembre. Las jornadas para el cobro son de lunes a sábado en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

¿Qué es la UNGRD y cuál es su función tras el terremoto?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es la entidad encargada de coordinar ayudas y gestionar los recursos para atender emergencias como el terremoto reciente. Su papel ha sido clave en la entrega de auxilios económicos a los afectados y en la organización de los fondos a través de una fiducia para garantizar su correcta distribución.

Los cargos que enfrenta Zulma Guzmán están relacionados con delitos de homicidio agravado e intento de homicidio, acusaciones surgidas tras el envenenamiento con talio de frambuesas —un hecho trágico que provocó la muerte de dos menores de 13 y 14 años en Bogotá en 2025, según información detallada por El Espectador.

El proceso de extradición comenzó en Londres el 2 de noviembre, pero fue suspendido ese mismo día por orden del magistrado británico a cargo, luego de que la Fiscalía colombiana notificara sobre la audiencia de imputación de cargos pendiente. El 4 de noviembre se reanudó el proceso, pero ante la aparición de nuevas pruebas presentadas por la Fiscalía, tanto la defensa de Guzmán como las autoridades británicas acordaron postergar las diligencias hasta marzo del año siguiente.

Las investigaciones sobre el caso identificaron el origen de los hechos el 3 de abril de 2025, cuando una encomienda, aparentemente enviada como un obsequio institucional, llegó a la residencia de la familia De Bedout, ubicada en el norte de Bogotá. Al consumir las frambuesas contenidas en el paquete al día siguiente, cuatro personas resultaron intoxicadas: tres niñas y un adulto. La intoxicación fue provocada por talio, sustancia tóxica que desencadenó la muerte de dos de las menores, de acuerdo con el relato de El Espectador.

Según la Fiscalía, existe la presunción de que Guzmán sería responsable del envío del paquete envenenado. Las autoridades también destacaron que entre 2017 y 2018, Guzmán sostuvo una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas. De Bedout manifestó a la Fiscalía que la relación terminó antes del fallecimiento de su anterior esposa en 2021, y señaló comportamientos de Guzmán que incluían intentos de intervenir el sistema GPS de su vehículo y emigrar momentáneamente a Argentina. Tras la tragedia, Guzmán salió de Colombia y fue localizada el 17 de diciembre de 2025 en Londres, luego de ser rescatada del río Támesis.

En todo momento, Guzmán ha rechazado las acusaciones en su contra y sostiene que no tiene relación con los hechos. En declaraciones recogidas por El Espectador, aseguró: “Ese culpable que buscan no soy yo. Eso es lo que estoy tratando de probar con mi abogado y las pruebas que tengo”.

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¿Por qué Zulma Guzmán enfrenta cargos de homicidio agravado e intento de homicidio en Colombia?

De acuerdo con la información presentada por El Espectador y la Fiscalía, Zulma Guzmán enfrenta cargos graves porque está señalada como presunta responsable de enviar un paquete de frambuesas contaminadas con talio a la familia De Bedout en Bogotá. Este hecho causó la muerte de dos menores y afectó a otras personas, motivo por el cual se la investiga por homicidio agravado e intento de homicidio, aunque ella ha negado en todo momento cualquier vínculo con los hechos.

¿Qué es el talio y por qué su uso fue relevante en el caso De Bedout?

El talio es una sustancia química tóxica que puede causar intoxicaciones graves e incluso la muerte al ser ingerida. En el caso De Bedout, la relevancia del talio radica en que fue el compuesto con que presuntamente se contaminaron las frambuesas enviadas a la familia en Bogotá en 2025, provocando la muerte de dos niñas y desencadenando la investigación que involucra a Zulma Guzmán.

La situación se tornó aún más llamativa por la manera en que el conductor habría abordado el procedimiento. Según datos conocidos, en un primer momento este ciudadano se identificó como integrante de la Policía Nacional, pero cambió su versión cuando llegaron uniformados de esa institución al sitio del control. La Secretaría de Movilidad de Ibagué confirmó que el conductor se negó rotundamente a realizarse la prueba técnica para establecer su estado alcohólico, una actitud que, conforme a la normativa citada por la dependencia, conlleva una multa superior a los 60 millones de pesos, además de la suspensión de la licencia de conducción.

Frente a lo ocurrido, la Secretaría de Movilidad emitió un pronunciamiento en el que respalda la labor de control adelantada en la capital tolimense y advierte que no es admisible el desconocimiento de las normas ni el irrespeto hacia la autoridad. En palabras oficiales de la entidad: “No vamos a permitir el desorden, la evasión a las normas y el irrespeto a la autoridad”. Asimismo, reiteró que los operativos continuarán con el propósito de proteger la integridad de quienes se movilizan en la ciudad y recalcó: “No bajamos la guardia. Trabajamos por la seguridad y la protección de la vida”, en respuesta a los incidentes similares, incluso mortales, que han ocurrido en el departamento.

El caso evidencia las consecuencias directas de oponerse a un procedimiento legal como lo es la prueba de alcoholemia en un retén vial. Por ahora, la supuesta relación del conductor con el INPEC, así como la forma en que intentó identificarse ante los agentes, serán materias de verificación por parte de las autoridades competentes.

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¿Cuánto es la multa por negarse a la prueba de alcoholemia en Ibagué?

La multa por negarse a practicarse la prueba de alcoholemia durante un control de tránsito en Ibagué, según información confirmada por la Secretaría de Movilidad, supera los 60 millones de pesos. Además de la sanción económica, el conductor afronta también la suspensión de la licencia de conducción, lo que agrava aún más la situación para quienes opten por evitar este procedimiento obligatorio.

¿Qué es el INPEC y por qué es relevante en este caso?

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) es la entidad encargada de la administración de las cárceles y centros penitenciarios en Colombia. Su supuesta vinculación con el conductor implicado es relevante, ya que podría tratarse de un funcionario público que debe dar ejemplo de cumplimiento de la ley y respeto a la autoridad, por lo que la verificación de su identidad y relación con el INPEC reviste importancia en la investigación del caso.

De acuerdo con 90 Minutos, el texto fue presentado por los entonces ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Justicia, Iván Cancino, y su discusión en el Congreso duró 22 días. Para agilizar el trámite, se optó por discutirlo simultáneamente en ambas cámaras, una estrategia que ya había ocasionado dificultades con el proyecto del Presupuesto General de la Nación de 2027. Ahora, el proyecto está a la espera de la sanción presidencial.

La nueva ley abandona el modelo de negociación política característico de la paz total del Gobierno anterior y se enfoca estrictamente en el sometimiento jurídico de los grupos ilegales. Las organizaciones interesadas deberán entregar la totalidad de sus bienes, sin oportunidad de conservar patrimonio como parte del proceso. Además, la ley fija un máximo de 6 años para obtener libertad condicional y reduce la vigencia del nuevo marco jurídico de 10 a 4 años. Entre los beneficios, se contemplan rebajas de hasta el 50 % de la condena, o hasta el 30 % para quienes hayan ocupado posiciones de liderazgo, siempre que aporten información y contribuyan al desmantelamiento de sus estructuras, según precisó Iván Cancino.

Sin embargo, el articulado endurece las condiciones: no se concederán beneficios a responsables de reclutar menores ni a extraditables. Asimismo, se suprimió la posibilidad de asignar gastos reservados por seguridad pública a través del Ministerio del Interior. Miembros de la oposición, como Gabriel Becerra, expresaron reparos sobre el procedimiento y acusaron presuntas irregularidades, mientras que representantes como María Fernanda Carrascal advirtieron sobre riesgos de discrecionalidad en la definición de terrorismo, al señalar la facultad presidencial en este aspecto. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, recalcó que la ley fortalece la supremacía del Estado sobre la criminalidad y destacó que no se suspenden órdenes de captura ni extradición.

La ley queda lista para su sanción presidencial y su eventual implementación regulará las condiciones y límites del sometimiento judicial para grupos criminales, dejando atrás la negociación política e introduciendo un enfoque penal más estricto.

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¿Qué beneficios contempla la ley de sometimiento aprobada por el Congreso?

De acuerdo con la información de 90 Minutos, la ley ofrece reducciones de hasta el 50 % de las penas para quienes se sometan a la justicia y colaboren con información relevante que facilite el desmantelamiento de las organizaciones criminales. En el caso de los líderes o quienes hayan tenido cargos de dirección, el beneficio máximo es del 30 %. Además, el acceso a libertad condicional se limita a un máximo de 6 años, siempre bajo estrictos requisitos de entrega de bienes e información.

¿Por qué sectores de la oposición rechazan la ley de sometimiento?

Sectores de la oposición, como Gabriel Becerra y María Fernanda Carrascal, manifestaron que el trámite fue demasiado apresurado, lo cual podría representar vicios de procedimiento. También criticaron que la ley otorga al presidente la facultad de definir qué organizaciones son terroristas, cuestionando los criterios y límites para esta clasificación y advirtiendo sobre su posible uso discrecional.

Las jornadas de esterilización están previstas para el 5 de noviembre en Mariscal Sucre y el 19 de noviembre en Casa Oasis, barrio La Sureña. Ambos eventos inician desde las 6:00 a. m., lo que permitió que las familias de la zona organicen con tiempo la participación de sus mascotas. Por su parte, las brigadas médico-veterinarias se realizarán en La Esperanza (sector Los Pinos), la carrera 13A con calle 60 Bis A y el sector 32 Águilas. Estas tres citas, todas a las 8:00 a. m., ofrecen revisiones y atención veterinaria básica a perros y gatos que lo requieran, consolidando así una red de apoyo gratuita para el cuidado responsable.

La Alcaldía Local de Chapinero especificó una serie de requisitos y condiciones para garantizar la seguridad y eficacia de los procedimientos. Por ejemplo, para la esterilización, es obligatorio que los animales lleven un ayuno de ocho horas, lleguen en estado óptimo de salud y, en el caso de los perros, que porten correa y bozal —cuando corresponda—, mientras que los gatos deben llegar en guacal. Cada persona podrá presentar hasta dos animales y, como parte de los requisitos formales, es indispensable mostrar la fotocopia de un recibo de servicio público reciente (no mayor a tres meses) y la del documento de identidad, ambos correspondientes a la localidad de Chapinero para cada mascota.

Debido a la limitada disponibilidad de cupos, las autoridades aconsejan a los ciudadanos llegar con suficiente anticipación y llevar toda la documentación solicitada para asegurar la atención de sus animales de compañía. Esta estrategia se inscribe en la política de la Alcaldía Local de Chapinero de fortalecer la protección y el respeto por los animales, acercando servicios esenciales de manera equitativa y solidaria a los habitantes de la localidad.

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¿Cuáles son los requisitos y documentos para acceder a las jornadas veterinarias gratuitas en Chapinero?

Para participar en las jornadas veterinarias gratuitas ofrecidas por la Alcaldía Local de Chapinero, los dueños de mascotas deben presentar fotocopia de un recibo de servicio público de máximo tres meses de antigüedad y la del documento de identidad, ambos vinculados a la localidad de Chapinero. Los animales deben estar en buen estado de salud, cumplir con ayuno de ocho horas antes de la esterilización, y ser llevados bajo control (correa y bozal para perros, guacal para gatos). Solo se permite inscribir hasta dos animales por persona.

¿Qué servicios incluyen las jornadas de bienestar animal en la alcaldía de Chapinero?

Las actividades programadas por la Alcaldía Local de Chapinero incluyen jornadas de esterilización para perros y gatos, así como brigadas médico-veterinarias que proveen atención básica como revisiones y orientación general para el cuidado responsable de mascotas. Todas las intervenciones son gratuitas y están dirigidas a residentes de los estratos 1, 2 y 3 de la localidad.

Según Santiago Barreto Triana, la desaparición de esta unidad facilitó la expansión de organizaciones criminales dentro de Planadas y en otras partes del sur del Tolima. En este contexto, el senador expresó solidaridad con las familias afectadas y criticó duramente las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno anterior, en particular las asociadas a la política de Paz Total. Barreto considera que las limitaciones impuestas a la Fuerza Pública y a la Policía Nacional, como la suspensión de órdenes de captura, extradiciones y operaciones militares contra grupos ilegales, han dejado vulnerables a las comunidades rurales, permitiendo que la violencia se incremente en la región.

El congresista señaló que la Política de Paz Total, implementada por la administración anterior, no solo restringió la actuación de la Fuerza Pública, sino que además puso a la población local en una situación de indefensión. De acuerdo con sus declaraciones, Barreto afirmó que fue “dejar a los territorios y a sus comunidades a merced de los violentos”, mostrando así su inconformidad con el rumbo de las acciones estatales en materia de seguridad.

No obstante, Barreto no limita su propuesta a la dimensión militar. Pidió al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa que se ejecuten estrategias integrales capaces de recuperar el control territorial, reforzar la seguridad y fortalecer la presencia institucional en Planadas y el sur del departamento. El senador insistió en que la solución a la ola de violencia no depende únicamente de la respuesta armada, sino que debe incluir inversión social y más oportunidades económicas para la población, enfatizando la importancia de atender las causas subyacentes a los problemas de inseguridad.

En sus palabras finales, Barreto recalcó el deber moral del gobierno actual para corregir los daños que, según él, dejó la implementación de la Paz Total. Llamó a adoptar medidas que combinen seguridad, desarrollo social y oportunidades productivas, con el fin de ofrecer a los habitantes de Planadas la posibilidad de vivir en paz y prosperidad.

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¿Por qué solicita Santiago Barreto el regreso del Batallón de Operación Terrestre número 18 a Planadas?

De acuerdo con el senador Santiago Barreto Triana, la ausencia del Batallón de Operación Terrestre número 18 en Planadas ha reducido la capacidad de la Fuerza Pública para responder a los hechos violentos y ha permitido una mayor influencia de grupos armados ilegales en el sur del Tolima. Barreto considera que restablecer esta unidad en la zona es clave para fortalecer la seguridad y proteger a la comunidad.

¿Qué propone Santiago Barreto además de reforzar la seguridad militar en Planadas?

El senador no solo pide mayor presencia militar, sino que también exige una intervención institucional que aborde la recuperación del control territorial, la inversión social y la promoción de oportunidades económicas para los habitantes de Planadas y el sur del Tolima. Barreto sostiene que solo una estrategia integral garantizará la seguridad y el bienestar de la población.

La actividad comenzará desde las 8:00 a. m. en la carrera 7 # 12C-9, en el barrio La Catedral. Durante la jornada, los responsables de perros y gatos podrán llevarlos para recibir atención profesional, lo que facilita el acceso a servicios veterinarios y promueve la tenencia responsable de animales en los hogares más vulnerables de la zona. Para participar, es imprescindible la inscripción previa llamando al número 316 1591775, disponible de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m.

Quienes deseen acudir deberán presentar una fotocopia de su cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte, así como una fotocopia reciente (no mayor a tres meses) de un recibo de servicio público que acredite la residencia en La Candelaria y el estrato 1, 2 o 3. Además, por cada animal que recibirá la atención, se exige una copia de los documentos. La organización recalca que los gatos deben llegar en guacal —un contenedor seguro para su transporte—, mientras que los perros deben asistir con traílla o bozal, medidas orientadas a la seguridad y el bienestar de todos los asistentes.

La alcaldesa local, Angélica María Angarita Serrano, resaltó la importancia de acercar estos servicios a la comunidad. Señaló que se busca fortalecer una Candelaria “consciente, humana y multiespecie”, priorizando la salud y calidad de vida de los animales de compañía y su entorno. Según la alcaldía, estas jornadas permiten materializar el compromiso de cuidadores y autoridades locales con el bienestar animal.

Esta acción es respaldada por el Consejo Local de Protección y Bienestar Animal y utiliza recursos de los Fondos de Desarrollo Local, sumándose a los esfuerzos por garantizar la atención veterinaria y la protección de perros y gatos de la localidad de La Candelaria.

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¿Cómo inscribirse en la brigada veterinaria gratuita de La Candelaria en Bogotá?

Para inscribirse, se debe llamar al número 316 1591775 de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m. Además, es necesario presentar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte, junto con un recibo de servicio público vigente que demuestre residencia en la localidad La Candelaria y el estrato socioeconómico correspondiente.

¿Qué servicios se ofrecerán en la jornada veterinaria gratuita para perros y gatos?

Durante la jornada, los animales de compañía recibirán consulta veterinaria, vacunación canina y felina, así como desparasitación. Estos servicios buscan fomentar el bienestar animal y facilitar la atención médica preventiva en la localidad.

Desde el principio, existía la esperanza de que, mediante la implementación del Acuerdo Final de Paz, los problemas estructurales de Colombia, marcados por el abandono estatal y la violencia, desaparecerían rápidamente. Sin embargo, llevar el acuerdo a la realidad ha exigido más que buenas intenciones: ha requerido verdadera voluntad política, acciones concretas y un compromiso profundo que los gobiernos posteriores debían asumir. Como resultado, para algunos el acuerdo representa un motor de cambio, reconciliación, fortalecimiento de la democracia y reparación de víctimas; para otros, se ha convertido en fuente de frustración por su lento y fragmentado cumplimiento.

En ese camino, la implementación ha estado condicionada por luchas políticas y diferencias ideológicas entre administraciones. Se menciona que durante el gobierno de Iván Duque hubo oposición que obstaculizó lo pactado. Más tarde, con Gustavo Petro emergieron nuevas expectativas, aunque continuaron los problemas para garantizar la vida de quienes dejaron las armas y cumplir los compromisos. Petro incluso propuso la creación de un tribunal único de cierre, en reemplazo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Por otra parte, la administración de Abelardo De La Espriella ha presentado cuestionamientos al modelo de justicia transicional, desestimando la actuación de la JEP y criticando sus resultados en cuanto a los recursos empleados y supuestos niveles de impunidad.

Pese a los conflictos internos, el Acuerdo ha sido destacado internacionalmente. El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame lo categorizó como uno de los acuerdos más completos. La Misión de Verificación de Naciones Unidas (ONU) sigue respaldando su aplicación y la reincorporación de excombatientes, aunque ahora, por solicitud gubernamental, sin cubrir la Reforma Rural Integral. Además, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha reconocido la relevancia de la justicia transicional en Colombia y la labor de la JEP para proteger los derechos de las víctimas.

Hay logros significativos, como la desmovilización de las FARC-EP, la reincorporación de miles de excombatientes, programas de desarrollo territorial, avances en verdad y reparación. Sin embargo, quedan asuntos pendientes: la reparación plena de las víctimas, mayor protección para exguerrilleros, la culminación de la reforma agraria y eficacia en las decisiones de la JEP.

A diez años, el Acuerdo Final de Paz debe cumplirse como política de Estado, con un análisis crítico pero objetivo, reconociendo su importancia histórica y su carácter constitucional por encima de coyunturas partidistas.

¿Cuáles son los principales retos pendientes tras diez años del Acuerdo Final de Paz en Colombia?

Entre los desafíos principales destacan la necesidad de reparar de manera integral a las víctimas, asegurar su participación efectiva en los procesos judiciales, proteger la vida y derechos de los excombatientes, completar la reforma agraria y agilizar las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para sancionar y resolver las situaciones jurídicas pendientes.

¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz y cuál es su función dentro del Acuerdo Final de Paz?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el mecanismo de justicia transicional creado en el marco del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Su función es investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves ocurridos durante el conflicto armado, priorizando la verdad, la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición.

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Según la información oficial entregada durante el anuncio, este despliegue hace parte de un esfuerzo más amplio de seguridad, enmarcado en la reciente activación de la campaña militar Esparta. Esta estrategia fue anunciada por el propio jefe de Estado el 3 de noviembre, cuando enfatizó la necesidad de combatir a los grupos armados que operan ilegalmente en la región. Las autoridades buscaron recuperar el control territorial y reafirmar la seguridad para los ciudadanos de Cúcuta, quienes han sido constantemente afectados por la presencia de actores armados y problemáticas asociadas a la violencia.

El operativo Némesis se distingue por el número significativo de detenciones y procedimientos judiciales. Con 109 personas capturadas y 49 allanamientos realizados en una sola jornada, se refuerza la intención del gobierno de intensificar el trabajo coordinado entre las diferentes fuerzas de seguridad del Estado. La expulsión de 32 extranjeros, por su parte, también revela la atención hacia posibles implicaciones internacionales en las actividades ilegales que se desarrollan en el territorio.

Esta operación, según reiteró el presidente Abelardo de la Espriella, representa uno de los primeros movimientos formales dentro de Esparta, la campaña militar diseñada específicamente para hacer frente a los retos de seguridad en Norte de Santander y, más particularmente, en Cúcuta. El jefe de Estado destacó la importancia de estos operativos como respuesta integral a la criminalidad y como garantía para los derechos y la tranquilidad de la población local. La información fue confirmada por el propio mandatario y corresponde al reporte oficial conocido hasta el momento.

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¿En qué consiste la operación Némesis en Cúcuta y qué resultados ha tenido?

La operación Némesis, desarrollada en Cúcuta y liderada por la fuerza pública, incluyó 109 capturas, la realización de 49 allanamientos y la expulsión de 32 extranjeros, de acuerdo con el reporte del presidente Abelardo de la Espriella. Esta acción busca combatir a los grupos armados e impactar el control territorial y la seguridad.

¿Qué es la campaña militar Esparta y cuál es su objetivo en Norte de Santander?

La campaña militar Esparta es una estrategia anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella para hacer frente a los grupos armados que delinquen en regiones como Norte de Santander. Tiene como finalidad recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de los habitantes, especialmente en zonas como Cúcuta.

Desde que Abelardo de la Espriella asumió la presidencia, ya se contabilizan al menos seis bombardeos en distintos puntos de la geografía nacional. La recurrencia de estos ataques ha llamado la atención de diferentes sectores, lo que ha llevado a que juzgados en ciudades como Popayán y Cúcuta requieran al gobierno un reporte detallado de los bombardeos ejecutados, sus motivaciones y protocolos.

Una de las voces jurídicas más activas en este proceso es la abogada constitucionalista Natalia Bernal Cano. Ha presentado recursos encaminados a que tanto la presidencia, el Ministerio de Defensa como las Fuerzas Militares consideren el contexto territorial y la situación de las comunidades al diseñar y ejecutar ofensivas aéreas. Parte de su preocupación radica en la protección de la población civil, y en particular de niños y niñas que residen en zonas donde suele haber presencia de organizaciones armadas ilegales.

Fruto de estas acciones legales, el juzgado octavo administrativo del circuito de Cúcuta tomó una decisión trascendental al admitir una tutela de especial relevancia. En ella, se exige que, antes de realizar cualquier operación aérea ofensiva en territorios sobre los que exista información de inteligencia objetiva o alguna duda sobre la presencia de población civil protegida —es decir, menores de edad u otros colectivos vulnerables—, las autoridades deban adoptar medidas de verificación y precaución. Esta orden busca una mayor rigurosidad y precaución, exigiendo al Estado tomar en cuenta tanto los riesgos humanitarios como los derechos fundamentales de los habitantes de las zonas afectadas.

De acuerdo con los datos y recursos jurídicos citados en los documentos judiciales y reportajes relacionados, como el seguimiento de los tribunales y las peticiones de la abogada Bernal Cano, el debate sobre los bombardeos en el gobierno de De la Espriella está lejos de resolverse y seguirá motivando acciones legales y sociales enfocadas en garantizar la protección de la población civil.

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¿Cuáles son las implicaciones legales de los bombardeos ordenados por el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Las implicaciones legales de los bombardeos bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella han derivado en investigaciones judiciales y medidas cautelares. Los juzgados han exigido que se rindan cuentas sobre los procedimientos, especialmente cuando hay presunción de presencia de población civil o menores en las zonas afectadas. Según las acciones legales documentadas, como las tutelas y solicitudes de verificación, el Estado debe asegurar que cada ofensiva cumpla con protocolos de precaución y respeto por los derechos humanos.

¿Qué medidas han solicitado los tribunales para evitar daños a menores en operaciones aéreas?

Los tribunales, como el juzgado octavo administrativo del circuito de Cúcuta, han ordenado que antes de cualquier bombardeo se adopten medidas de verificación y precaución en áreas donde haya información de inteligencia o dudas razonables sobre presencia de población menor de edad o civil protegida. Esto implica la obligación de las autoridades de confirmar y minimizar riesgos, priorizando la seguridad de niños, niñas y habitantes de las zonas afectadas.

La familia de Miguel Ángel había expresado previamente que, tras la separación de la pareja, se presentaron amenazas y conflictos que afectaron la vida del joven. Una hermana de la víctima relató que meses antes de la muerte, Miguel Ángel fue amenazado y, en enero de 2026, sobrevivió a un intento de ataque cuando dos hombres en motocicleta trataron de dispararle, pero el arma no funcionó. Según esta versión, la familia reportó el hecho y las amenazas a la Fiscalía, aunque no se detalla si se tomaron medidas específicas tras esa denuncia. A pesar de los riesgos, Miguel Ángel decidió permanecer en Ibagué y continuar sus estudios de Administración de Empresas en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, conocida como Uniminuto.

Otro aspecto planteado por la familia gira en torno al pasado judicial de Miguel Ángel. Su hermana aclaró que el joven había recuperado la libertad el 10 de octubre de 2025, al ser absuelto dentro de un proceso penal, y negó que existieran antecedentes vigentes contra él. Esta posición fue respaldada por allegados, que cuestionaron la presentación que hizo la policía sobre supuestas anotaciones judiciales tras el crimen.

El ataque mortal tuvo lugar el 7 de febrero de 2026, en el barrio Ceiba Norte, cuando Miguel Ángel se encontraba con su padre y un conocido. Un hombre, que llegó al lugar en motocicleta, abrió fuego y huyó rápidamente, dejando al joven sin vida en el sitio. Después, la captura de García Reyes representa una nueva etapa, en la que la justicia deberá determinar cuál fue su papel en el asesinato y si existen otros responsables más allá de ella.

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¿Cuál es la relación entre las amenazas previas y el asesinato de Miguel Ángel Hurtado en Ibagué?

Las amenazas que habría recibido Miguel Ángel Hurtado tras la ruptura con su expareja, Luisa Fernanda García Reyes, según narró su familia, forman parte del contexto que rodea el asesinato. Los episodios, como el intento de ataque en enero de 2026, fueron comunicados a la Fiscalía, pero finalmente el joven fue asesinado semanas después. Según versiones familiares recogidas en el artículo, las amenazas parecían estar relacionadas con la situación personal que vivía la víctima previo al crimen.

¿Qué significa el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio?

De acuerdo con los datos del texto, el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio hace referencia a la presunta participación de varias personas que se asocian con el objetivo de cometer un asesinato. En este caso, la captura de Luisa Fernanda García Reyes está relacionada con la sospecha de que pudo haber hecho parte de la planeación y ejecución del homicidio de Miguel Ángel Hurtado.

El proceso de reestructuración dentro del Ministerio del Interior se presenta tras la reciente salida de otros altos funcionarios. Primero se conoció la renuncia de Rodrigo Lara Restrepo al frente del ministerio, evento que tuvo lugar el 21 de octubre, y poco después el presidente De La Espriella nombró a Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo titular. Este contexto refleja una serie de ajustes que buscan fortalecer la estrategia política del Gobierno en medio de debates legislativos y la gestión de temas sensibles como el presupuesto nacional y reformas impulsadas por la administración, según se detalla en los reportes oficiales del Ejecutivo.

El decreto que avaló la renuncia de Carlos Eduardo Gechem no detalla las circunstancias personales ni políticas que motivaron su salida. Pese a coincidir con un ambiente de tensiones políticas y cambios internos en la cartera, la normativa difundida por el Gobierno Nacional no indica que existan motivos relacionados con controversias en el Congreso. En ese sentido, la decisión no se atribuye de manera específica a uno de los debates recientes, sino que se enmarca en los movimientos administrativos de la entidad.

Por su parte, el nombramiento de Carlos Ramiro Chavarro responde a la necesidad de garantizar continuidad institucional en una dependencia clave para el desarrollo legislativo y la coordinación entre el Gobierno Nacional y otros poderes públicos. El nuevo viceministro, con reconocida trayectoria en el Partido Conservador y el Congreso, fue incluido en el registro oficial del ministerio tras la publicación de aspirantes el 29 de octubre de 2026, según medios nacionales. La subdirección de Gestión Humana del Ministerio será la encargada de comunicar formalmente la decisión a los involucrados, conforme lo dispone el decreto vigente.

¿Qué cambios recientes ha tenido el Ministerio del Interior en 2026?

En 2026, el Ministerio del Interior fue escenario de varios movimientos significativos, entre los que se cuentan la renuncia de Rodrigo Lara Restrepo como ministro, la designación de Alejandro Ordóñez Maldonado como su reemplazo y ahora el cambio en el viceministerio general con la salida de Carlos Eduardo Gechem y el nombramiento de Carlos Ramiro Chavarro. Estos hechos reflejan una etapa de ajustes que responde a las prioridades políticas y de interlocución del Gobierno Nacional con el Congreso y las regiones.

¿Cuál es el papel del viceministro general del Ministerio del Interior?

El viceministro general del Ministerio del Interior desempeña un rol clave en la coordinación institucional y política entre el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y las autoridades regionales. Entre sus responsabilidades están liderar la articulación de asuntos legislativos, apoyar la agenda de reformas del Ejecutivo y servir como enlace entre diferentes sectores sociales y políticos, conforme a lo estipulado por la norma vigente.

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La ejecución del proyecto contempla la participación de empresas y comerciantes, quienes podrán presentar propuestas para diferentes actividades, siempre que cumplan con normas y requisitos técnicos que definirá el Distrito. Para ello, la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico (SEPOU) prepara una guía que estará lista en los próximos dos meses y que contendrá los lineamientos obligatorios para quienes deseen participar en el proceso.

El primer paso será una fase piloto de tres meses en la que no se exigirá el pago por el uso de estas zonas. Esta etapa se hará posible después de una modificación al Decreto 0955 de 2024 y servirá como un periodo de evaluación en el que se analizarán las condiciones de participación del sector privado. Melissa Vergara Botero, subdirectora de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del DAP, afirmó que la idea es que los empresarios tengan la opción de explorar nuevas oportunidades en estos espacios y, al mismo tiempo, ofrecer servicios útiles a la población.

Al término del piloto, los interesados deberán pagar por el aprovechamiento de las áreas seleccionadas. Según el DAP, estos recursos serán administrados por el Fondo de Espacio Público y su destinación prioritaria será para la mejora y sostenimiento de los espacios en barrios y corregimientos de Cali que presenten altos niveles de vulnerabilidad social.

Actualmente, el inventario preliminar desde Planeación identifica cuatro puntos clave que suman cerca de 2.600 metros cuadrados. Entre ellos, resalta el espacio en la calle 8 Norte con avenida 3N, cerca de la plazoleta Jairo Varela, el cual dispone de bicicleteros, señalización y mural, siendo adecuado para servicios a ciclistas y pequeños comercios. Los otros casos se ubican en el puente de los Mil Días sobre la calle 70, la autopista con diagonal 23 y la carrera 80 con calle 13, con alternativas como actividades culturales, ferias temporales y ventas rápidas. Sin embargo, estas propuestas aún son preliminares y no se han anunciado fechas de inicio ni actividades específicas.

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¿Cuáles son los nuevos usos propuestos para los espacios debajo de los puentes en Cali?

Los nuevos usos propuestos para los espacios ubicados debajo de los puentes en Cali incluyen actividades comerciales, culturales, prestación de servicios para la ciudadanía y opciones como ventas rápidas, ferias temporales, parqueaderos regulados y servicios para ciclistas. Estas iniciativas buscan aprovechar zonas actualmente desaprovechadas en beneficio de la comunidad y el espacio público, según la estrategia “Revitalización de Zonas Bajo Puentes” del Departamento Administrativo de Planeación.

¿Cómo funcionará el piloto de aprovechamiento de espacios bajo puentes en Cali?

El piloto de aprovechamiento de espacios bajo puentes en Cali tendrá una duración de tres meses, durante los cuales no se cobrará a los participantes por el uso de estas zonas. Esta etapa servirá para evaluar la viabilidad y logística de la propuesta. Al finalizar el piloto, se implementarán cobros, cuyos recursos se destinarán al mantenimiento y mejora del espacio público en áreas vulnerables, de acuerdo con la información suministrada por el DAP.

El reporte preliminar de la Policía Nacional señala que los presuntos responsables se movilizaban en una motocicleta roja en sentido Media Canoa–Yumbo. Desde ese vehículo, los atacantes habrían lanzado un artefacto explosivo directamente contra las instalaciones del peaje, lo que ocasionó la afectación principal en la estructura superior y el bloqueo parcial de dos carriles debido a los escombros de techo y fragmentos de madera. Así lo evidencia una imagen difundida por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en la que se aprecian los daños a las instalaciones horas después de la explosión.

Hasta el momento, el caso no deja capturas y no se ha establecido la identidad de los autores materiales. No obstante, la Policía indicó que en la zona operan bandas delincuenciales y disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), aunque no se atribuyó oficialmente el ataque a estos grupos. La institución explicó que se iniciaron las investigaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el ataque, además de identificar y ubicar a los responsables.

La Policía Nacional rechazó enfáticamente este hecho, calificándolo como una situación “que pone en riesgo la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos”. La institución, junto con la ANI, expresó su compromiso en fortalecer la seguridad en este importante corredor vial, buscando prevenir futuros hechos similares. Paralelamente, se hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener información relevante sobre el incidente, se comunique por los canales oficiales: la línea de emergencia 123, la línea antiterrorista 107 o el número 314 358 7212, asegurando la “absoluta reserva” de quienes colaboren.

Para más detalles sobre temas de justicia, seguridad y derechos humanos, consulte la sección Judicial de El Espectador.

¿Cómo afectó el ataque con explosivo al peaje de Media Canoa y qué medidas han anunciado las autoridades?

El ataque con explosivo en el peaje de Media Canoa causó daños materiales, especialmente en la estructura superior y dos carriles, lo que alteró el flujo normal de vehículos por la vía Cali–Media Canoa. Las autoridades, según la Policía Nacional, no reportan personas lesionadas y han anunciado investigaciones para esclarecer los hechos, así como el fortalecimiento de medidas de seguridad en este corredor vial.

¿Quiénes son los posibles responsables del ataque al peaje de Media Canoa?

De acuerdo con la Policía Nacional, aunque no se ha identificado oficialmente a los responsables del ataque, en la zona operan bandas delincuenciales y disidencias de las Farc. Las autoridades continúan las labores de investigación para identificar y ubicar a los autores materiales de este atentado.

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Las nuevas jornadas quedaron programadas para los días 15, 19 y 22 de marzo. Según la información conocida durante la diligencia, los documentos corresponden a hallazgos relacionados con el Club El Nogal, en Bogotá, donde las autoridades inspeccionaron un casillero que habría estado asignado a Guzmán. La defensa tendrá que estudiar ese material, incorporado al expediente.

La decisión posterga la definición sobre si la empresaria será enviada a Colombia para responder ante las autoridades. Mientras tanto, el juez ordenó que Guzmán comparezca por videoconferencia el próximo 4 de diciembre, fecha en la que deberá revisarse la continuidad de su detención en una prisión de mujeres del Reino Unido. La mujer permanece privada de la libertad mientras avanza el trámite, pues no enfrenta cargos por estos hechos en territorio británico.

Las pruebas del Club El Nogal y el caso del talio

El material aceptado por el juez se conoce en medio de una investigación que busca establecer la responsabilidad de Guzmán en la muerte de dos menores en Bogotá. El caso se remonta a abril de 2025, cuando varias personas de una familia consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que, según la Fiscalía, estaban contaminadas con talio. Dos niñas murieron y otras personas resultaron afectadas.

En junio de 2026, la Fiscalía informó que los análisis de Medicina Legal dieron positivo para talio en frascos y guantes encontrados en el casillero 314 del Club El Nogal, que habría estado asignado a Guzmán. Allí también se encontraron adhesivos y elementos asociados con una empresa de domicilios, que hacen parte de las indagaciones sobre el envío de las frutas.

La Fiscalía colombiana investiga a Guzmán por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. La mujer fue detenida en Londres en diciembre de 2025 y permanece en el Reino Unido mientras se define la solicitud de extradición. Ella ha negado estar relacionada con el envenenamiento, según reportes publicados durante el proceso.

El aplazamiento significa que la justicia británica tendrá más tiempo para examinar los documentos y escuchar los argumentos de las partes. Por ahora, no hay una decisión definitiva sobre la entrega de Guzmán a Colombia.

Durante su intervención, Morales criticó duramente las versiones encontradas emitidas desde las carteras gubernamentales. “Ese lapsus lo que quiere decir es que están confundidos. Respetuosamente le sugiero al vicepresidente José Manuel Restrepo, al ministro Miguel Gómez Martínez, a los asesores, hombre pónganse de acuerdo y den una versión única de cuál es la diferencia de la medicina prepagada y la póliza. Acá hay muchos interesados”, sentenció el comunicador.

El meollo del asunto radica en el trato diferenciado que contempla la ley de rescate fiscal, donde las pólizas de salud conservarían su exclusión del gravamen de IVA, mientras que la medicina prepagada vería disparada su tarifa del 5 % al 19 %. Analistas y expertos económicos han señalado que no existe una razón lógica de peso frente a la vinculación con el sistema de las EPS, recordando que mientras los planes prepagados suelen contemplar coberturas para preexistencias gracias a su articulación directa con el sistema general, las pólizas tradicionales dependen exclusivamente de las condiciones contractuales que adquiera el usuario.

La Ley de Rescate Económico, concebida bajo la batuta del actual gobierno para estabilizar las finanzas de la Nación, enfrenta ahora el reto urgente de unificar criterios técnicos ante el Congreso de la República. La falta de precisión normativa no solo expone baches conceptuales en el gabinete, sino que incrementa la incertidumbre para miles de ciudadanos que dependen de estos servicios complementarios de salud en el país.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, del partido Centro Democrático, destacó que la ley fue aprobada tras un debate “transparente” en el que hubo más de 77 intervenciones, especialmente de miembros de la oposición. Henríquez subrayó que no se contemplan beneficios para personas solicitadas en extradición ni para responsables de reclutamiento de menores. El propósito, según el senador, es fortalecer la lucha contra la criminalidad y asegurar la preeminencia del Estado frente a los infractores de la ley. Estas declaraciones, recogidas por El Espectador, reflejan la posición oficialista frente al alcance y los límites de la medida.

Por el contrario, voces críticas como la del representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, manifestaron preocupación por lo que consideraron un trámite apresurado, plagado de irregularidades y arbitrariedades. Para Becerra, la aprobación favorece a los testaferros del narcotráfico y relega la voz de las víctimas, mientras brinda demasiadas facultades al presidente en detrimento del papel del Congreso.

Desde otros sectores políticos, la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez afirmó que la ley representa un avance contra la impunidad, insistiendo en la necesidad de justicia y transparencia, especialmente en casos relacionados con el narcotráfico y la violencia. Por su parte, Alba Lucía Velásquez, exmagistrada del Consejo Nacional Electoral, advirtió que aprobar una ley no garantiza automáticamente la justicia y que el verdadero éxito de esta norma radicará en el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y el desmantelamiento de estructuras criminales.

El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático y ponente del proyecto, aseguró que la aprobación de la ley constituye el inicio de una nueva etapa para la seguridad del país; añadió que la responsabilidad del Congreso fue clave en la construcción de una herramienta para responder a la situación de orden público. Junto a él, representantes y senadores destacaron el trabajo legislativo, mientras algunos, como Isabel Zuleta, celebraron la eliminación de artículos que, según afirman, facilitaban la corrupción y el uso indebido de recursos públicos.

Este asunto, ampliamente cubierto por El Espectador, muestra profundas divisiones y expectativas sobre el futuro de la política de sometimiento y la justicia en el país.

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¿Qué establece la ley de sometimiento aprobada por el Congreso?

De acuerdo con lo aprobado, la ley de sometimiento define las condiciones bajo las cuales integrantes de estructuras criminales pueden acogerse al ordenamiento legal, descartando beneficios para extraditables y responsables de reclutamiento de menores. Su objetivo principal es combatir la criminalidad, fortalecer la autoridad estatal y asegurar que no existan privilegios para los responsables de delitos graves, en línea con las explicaciones recogidas por El Espectador.

¿Cuáles son las críticas principales a la ley de sometimiento y quiénes las hicieron?

Entre las principales críticas sobresalen los señalamientos de Gabriel Becerra, quien advirtió sobre presuntos errores, falta de garantías y otorgamiento excesivo de facultades al presidente. Además, figuras como la senadora Isabel Zuleta se opusieron a artículos que consideraban riesgosos para la transparencia. Estas posiciones reflejan preocupaciones respecto al respeto por las víctimas, la posible impunidad y el correcto funcionamiento democrático, según lo reportó El Espectador.

De acuerdo con el reporte de la Policía Valle, el hecho ocurrió hacia las 3:45 a. m., en el kilómetro 36+500, en jurisdicción de Yotoco. La información preliminar señala que dos personas que se movilizaban en una motocicleta roja, en sentido Mediacanoa–Yumbo, habrían arrojado el explosivo contra las instalaciones y escapado después de la detonación.

(Vea también: Mamá de bebé asesinada en atentado en Planadas sufrió otra pérdida: gobernadora contó qué pasó)

La explosión afectó la parte superior de dos carriles del peaje y provocó la caída del cielo raso en el paso destinado exclusivamente a motocicletas. Aunque la emergencia obligó a restringir temporalmente la movilidad por este corredor, las autoridades confirmaron que el tránsito ya fue restablecido y funciona con normalidad. Unidades de la Policía permanecen en el sector para reforzar la seguridad y recoger pruebas que permitan identificar a los responsables.

La institución confirmó que no hubo personas lesionadas y anunció que adelanta las labores para establecer las circunstancias del atentado. En un comunicado, rechazó el ataque por poner en riesgo la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos, y aseguró que trabaja con otras autoridades para proteger a los usuarios de las carreteras del departamento.

El atentado en Mediacanoa se conoce en medio de una seguidilla de ataques contra infraestructura de peajes en el vecino departamento del Cauca. Allí, el peaje El Mango, ubicado en el sector de La Depresión, en jurisdicción de La Sierra, ha sido blanco de dos explosiones en menos de veinte días, hechos que han afectado tanto las instalaciones como a trabajadores y habitantes de la zona.

El primer ataque ocurrió el 12 de octubre, cuando integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, activaron un vehículo cargado con explosivos en el área de recaudo. La detonación destruyó la infraestructura del peaje, dejó cinco trabajadores heridos y ocasionó daños en cerca de 20 viviendas cercanas. Tras ese hecho, el Instituto Nacional de Vías habilitó casetas provisionales para recuperar el cobro del tránsito por la vía Panamericana.

(Lea también: Nuevo atentado con explosivos en Colombia: detonan moto cerca de hospital en Cauca)

Sin embargo, la violencia volvió a ese punto el sábado 31 de octubre, cuando una motocicleta acondicionada con explosivos estalló cerca de las instalaciones provisionales. La segunda detonación no dejó muertos, pero dos empleadas sufrieron lesiones por aturdimiento y el paso vehicular hacia el sur del país tuvo que suspenderse temporalmente. Las autoridades han señalado presuntos vínculos de estos ataques con disidencias de las Farc, aunque las investigaciones deben establecer responsabilidades.

El operativo estuvo coordinado a través del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR – Cúcuta), diseñado para intervenir de manera sincronizada comunas críticas de la ciudad frente a delitos de alto impacto como el homicidio, el terrorismo, la extorsión, el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal. Durante la revisión estratégica en el puesto de mando unificado (PMU), el mandatario supervisó la articulación de capacidades junto al Ejército Nacional, la Policía Metropolitana de Cúcuta, la Fiscalía General de la Nación, el CTI, Migración Colombia y la Procuraduría.

¡EN CÚCUTA NO HAY TREGUA CONTRA LA CRIMINALIDAD!

Durante toda la noche y la madrugada he estado al frente de la OPERACIÓN NÉMESIS, una ofensiva de nuestra Fuerza Pública para recuperar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los habitantes de Cúcuta.

¡A LAS 4:45 DE LA MADRUGADA YA REGISTRÁBAMOS 109 CAPTURAS, 49 ALLANAMIENTOS Y 32 EXPULSIONES!

Este balance preliminar también incluye 12 armas de fuego incautadas, más de 10 kilos de estupefacientes y mercancía recuperada por $500 millones.

Estamos golpeando estructuras vinculadas al homicidio, terrorismo, extorsión, narcotráfico, contrabando y minería ilegal.

¡A LOS BANDIDOS SE LES ACABÓ LA GUACHAFITA!

Estamos actuando, ejerciendo la autoridad y recuperando el control de nuestras ciudades.

Mi reconocimiento y gratitud a los hombres y mujeres de nuestra gloriosa Fuerza Pública, que durante toda la noche y la madrugada han trabajado con valentía, disciplina y compromiso para proteger a los colombianos. ¡Tienen todo mi respaldo y el agradecimiento de la Patria!

No vamos a descansar hasta devolverles la seguridad a los colombianos.

¡EN LA ERA DEL TIGRE, LA DELINCUENCIA NO TIENE DESCANSO NI ESCONDITE!

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 4, 2026

Como se observa en el registro audiovisual de la operación, el despliegue incluyó la incursión táctica en zonas urbanas, la desarticulación de redes dedicadas a la instrumentalización de menores y extorsiones, así como la presentación formal ante las autoridades de cabecillas e integrantes de estructuras criminales y disidencias urbanas. Entre los resultados informados por el Gobierno se destacan la incautación de 12 armas de fuego, la confiscación de más de 10 kilos de estupefacientes y la recuperación de mercancía de contrabando evaluada en $500 millones.

Al cierre de la jornada operativa, el jefe de Estado reiteró el respaldo absoluto a los integrantes de la Fuerza Pública y envió un mensaje directo a las organizaciones criminales que operan en la frontera: “A los bandidos se les acabó la guachafita”, enfatizó, asegurando que el Estado mantendrá una presencia firme y sin tregua para liberar a los departamentos del yugo de la criminalidad.

#COBARDE 🤬🤬🤬 Momento en el que cáms/seguridad en Planadas, Tolima, registraron el momento en que artefactos explosivos lanzados desde drones y una volqueta impactaron el hospital local y varias viviendas. El sangriento ataque terrorista dejó un saldo de 4 muertos y 17 heridos. https://t.co/Ma4O0Og8Rv pic.twitter.com/x6FryXWykW

— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 2, 2026

De acuerdo con los reportes preliminares del Ministerio de Salud y Protección Social, las explosiones ocasionaron afectaciones en la atención de los servicios de salud del municipio. La emergencia obligó a activar medidas especiales para atender a las víctimas y garantizar la asistencia médica de quienes resultaron lesionados.

(Vea también: Desgarrador video de mamá que perdió a su bebé de 2 meses en atentado en Tolima; hay 4 muertos)

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó el balance inicial de víctimas y rechazó lo ocurrido. “Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida”, expresó la mandataria, quien también manifestó su solidaridad con las familias afectadas.

La magnitud de las detonaciones quedó registrada en videos que circularon en redes sociales. Las grabaciones muestran fachadas destruidas, escombros en las calles e incendios en algunos establecimientos. En uno de los registros se escucha a una mujer preguntar por su bebé entre los restos de las edificaciones, una escena que refleja la angustia que se vivió durante la emergencia.

Las primeras versiones indican que una volqueta cargada con explosivos habría sido detonada cerca de la base militar y que también se habrían utilizado drones con artefactos explosivos. Sin embargo, las circunstancias exactas del ataque y sus responsables todavía deben ser establecidos por las autoridades. Como respuesta a la emergencia, la Alcaldía decretó toque de queda, ordenó evacuar el Centro de Especialidades Médicas y Atención Integral (CEATI) y habilitó el colegio Domingo Savio para recibir a los heridos.

🇨🇴 | Ataque con bomba cerca de base militar colombiana mata a cuatro personas, incluido un bebé.

Un camión cargado de explosivos detonó cerca de una base militar en Planadas, Colombia, matando a cuatro personas, incluida una niña de dos meses. La explosión en el sur de Tolima…

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 2, 2026

La dimisión de Gechem se da como una consecuencia directa de la crisis política desatada semanas atrás tras el hundimiento e invalidez del proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027 en el Congreso de la República por un vicio de trámite —luego de que Senado y Cámara aprobaran textos divergentes—. Ese tropiezo legislativo provocó la salida inmediata del entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, de quien Gechem era mano derecha y pieza fundamental en el manejo de las relaciones con el Legislativo.

La cartera política ha vivido días convulsionados y de reestructuración radical. Tras la salida de Lara el pasado 21 de octubre, el presidente De La Espriella oficializó la llegada del exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo titular del Ministerio del Interior. La llegada de Ordóñez y la designación de Chavarro en el viceministerio buscan recomponer la interlocución de la Casa de Nariño con el Congreso de la República, en momentos en que se debate el paquete de reformas de la administración, incluyendo la polémica Ley de Rescate Económico.

El nuevo viceministro general, Carlos Ramiro Chavarro, cuenta con una amplia trayectoria parlamentaria dentro del Partido Conservador y viene de desempeñarse como secretario de la Comisión Segunda del Senado. Chavarro asumirá de inmediato la tarea de articular la bancada de gobierno y tender puentes con las fuerzas independientes en el parlamento para evitar nuevos traspiés procesales en la agenda legislativa del Ejecutivo.

De acuerdo con lo reportado por Emcali y citado por el Noticiero 90 Minutos, las labores implican la ejecución de maniobras específicas, como el cierre por empates en la red de distribución de agua potable, especialmente en el barrio industrial, comuna 8, en la carrera 7, desde la calle 33 hasta la calle 33 A. El corte está programado para una franja horaria extensa, comenzando a las 8:00 a.m. y finalizando a las 9:00 p.m., por lo cual los habitantes de esta zona deberán prepararse para una interrupción del suministro que podría extenderse durante casi trece horas consecutivas.

Pero no solo el barrio industrial se verá afectado por las suspensiones de agua potable. La empresa informó que otros barrios como Santander, específicamente en la carrera 2 con la calle 38 – 13, y Marroquín II, en la carrera 26 H con la calle 73 – 80, también experimentarán cortes. Aunque el detalle de los horarios para estos sectores no se especifica en el comunicado, la empresa recomienda a todos los usuarios de las zonas mencionadas tomar medidas preventivas como el almacenamiento oportuno de agua para suplir las necesidades básicas durante el corte.

La decisión de realizar estos cierres se fundamenta en la necesidad de hacer empates en la red de distribución y reemplazar elementos clave del sistema, lo que a largo plazo repercutirá en una mejor calidad del servicio. Sin embargo, Emcali advierte que este tipo de trabajos, aunque temporalmente incómodos para la ciudadanía, son esenciales para el funcionamiento adecuado del acueducto y para evitar problemas mayores en el futuro.

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¿Cuáles barrios de Cali tendrán suspensiones de agua por trabajos de Emcali este miércoles?

De acuerdo con la información divulgada por Emcali, los barrios industrial, Santander y Marroquín II en Cali enfrentarán cortes de agua debido a maniobras de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto. El barrio industrial, comuna 8, tendrá corte desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., mientras que en los otros dos barrios, las direcciones específicas también figuran en la lista de ajustes anunciados.

¿Por qué Emcali realiza cortes de agua en Cali por reparación y mantenimiento?

Según Emcali, los cortes de agua se deben a trabajos necesarios para la reposición de válvulas y la optimización de las redes del acueducto. Estas acciones buscan garantizar el funcionamiento correcto y mejorar la distribución de agua potable en los sectores afectados, previniendo fallas mayores y asegurando un mejor servicio a largo plazo para la ciudadanía.

Dentro de las preocupaciones manifestadas por la familia, se destaca la posibilidad de que el conductor de la camioneta haya estado ebrio al momento del accidente. Esta versión fue compartida por los familiares, quienes consideran fundamental que las autoridades competentes realicen las pruebas técnicas necesarias para confirmar o descartar una posible embriaguez. La familia exige que los resultados de dichas pruebas se divulguen de manera clara y transparente, para que no quede ninguna sospecha sin resolver en torno al comportamiento del conductor, siempre de acuerdo con las declaraciones de los afectados.

Por el momento, la presunta embriaguez del conductor sigue siendo una versión presentada por los familiares y que deberá ser verificada a través del proceso de investigación. La intención de la familia es que la muerte del niño no pase desapercibida ni quede impune, por lo que esperan que el caso se investigue a fondo y que las autoridades proporcionen el acompañamiento necesario para que su denuncia pueda ser conocida por la opinión pública. Así buscan que el caso avance hacia el esclarecimiento y se establezcan las responsabilidades correspondientes, como lo han venido pidiendo desde el suceso.

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¿Cuáles son las versiones sobre la posible embriaguez del conductor en el accidente de Lérida?

Según la información proporcionada por los familiares del niño fallecido, existe la sospecha de que el conductor de la camioneta involucrada en el atropellamiento pudo haber estado en estado de embriaguez en el momento del accidente. Por tal motivo, la familia ha pedido que se adelanten las pruebas necesarias para comprobar si efectivamente el conductor consumió alcohol, y que se comuniquen claramente los resultados de dichos exámenes en el curso de la investigación.

¿Cómo exigen los familiares del menor que las autoridades esclarezcan las circunstancias del accidente?

Los allegados han pedido expresamente que las autoridades realicen una investigación exhaustiva para determinar cómo ocurrió el atropellamiento, quiénes participaron y, en caso de comprobarse alguna responsabilidad, que los implicados respondan ante la ley. Además, solicitan el acompañamiento institucional necesario para que su denuncia tenga visibilidad pública y no quede sin respuesta o en la impunidad.

La hermana del patrullero fue una de las primeras en advertir irregularidades en el reporte médico legal.

“Él presentaba líquido hemático, o sea, sangre en el abdomen, en el cerebro y en riñones. Pues realmente el monóxido de carbono no hace ninguna de estas reacciones. Eso me llamó mucho la atención. También me causa curiosidad porque no están reflejados los golpes. Porque físicamente se ven, pero en el escrito no se encuentran”, explicó ante las cámaras del programa.

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A esas inconsistencias se sumó el estado del teléfono celular del patrullero, que la familia recibió un día después del fallecimiento, tras insistir reiteradamente.

“Me doy cuenta que han eliminado mensajes, que se encuentran también llamadas a las horas que él ya no se encontraba”, señaló la hermana, quien además indicó que el dispositivo registraba ingresos al perfil personal del uniformado dentro del sistema de la Policía —conocido como PSI— desde varias ubicaciones, incluso después de su muerte.

La madre, Sandra Forero, recordó que en la velación los asistentes notaron marcas visibles en el rostro de su hijo, a pesar de que ese detalle tampoco constaba en ningún documento oficial.

“Yo al él sí le vi unos golpes en la cara, y ya a medida que fue pasando las horas se le empezó a notar más, y la gente empezó también a murmurar, y todos decían, él está golpeado, ¿Qué pasó con él?”, relató.

Para la familia, la institución no solo falló en proteger al patrullero, sino que ha obstaculizado el acceso a la información desde el primer momento. Forero resumió su dolor con una frase que condensa diez años de servicio terminados en tragedia:

“La policía me lo dejó solo. Él entró joven, alegre. Y a mí me lo entregaron en un cajón”, dijo la madre.

¿Qué dice la necropsia del patrullero Edwin Mateus sobre su causa de muerte?

El documento de medicina legal menciona alta concentración de monóxido de carbono en el cuerpo, pero la familia señala que ese hallazgo aparece como secundario a otra causa no especificada con claridad. Además, aseguran que el dictamen también dice “Muerte violenta por establecer”. La presencia de líquido hemático en abdomen, cerebro y riñones es, de acuerdo con la hermana del patrullero, incompatible con una intoxicación por ese gas.

(Vea también: “Este dolor es por siempre”: madre de joven barbero asesinado por defender a mujer en Bogotá pide justicia)

¿Qué acciones legales ha tomado la familia del patrullero Mateus para evitar el archivo del caso?

La familia presentó apelaciones y múltiples derechos de petición ante la Justicia Penal Militar y la Fiscalía, que en menos de dos años ya intentaba cerrar el expediente. Además, interpuso acciones de tutela para acceder a información restringida y elevó denuncias ante la Procuraduría General, sin resultados visibles hasta el momento.

En respuesta a estas manifestaciones, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación preliminar con el objetivo de esclarecer los hechos. Este proceso prevé llamar a testificar tanto a Laura Sarabia como a Angie Rodríguez, quienes fueron directoras del Dapre, además de requerir la declaración de Carlos Ríos y realizar inspecciones a la entidad para analizar la contratación durante ese periodo. La Presidencia, citada por El Espectador, notificó que estas diligencias buscan profundizar en los contratos firmados y determinar si existió un uso indebido de recursos públicos.

La controversia se intensificó por la situación de seguridad que actualmente enfrenta el director Ríos. Presidencia comunicó que, el 28 de octubre, personal de protección halló a tres individuos en el interior de su vivienda, quienes después fueron identificados y entregados a las autoridades. Entre los antecedentes de estas personas figuran cargos por homicidio y múltiples hurtos agravados. Asimismo, informaron que una figura sospechosa fue vista cerca del colegio donde estudian los hijos de Ríos, pero esta persona logró retirarse antes de que pudiera ser retenida por la Policía Nacional.

El gobierno nacional, a través de un comunicado oficial citado por El Espectador, expresó su solidaridad con el director Ríos y exigió que los hechos sean esclarecidos rápidamente por las autoridades. Además, se comprometió a brindar medidas adecuadas de protección para Ríos y su núcleo familiar, y reiteró el respaldo a la Fiscalía para que las investigaciones avancen sin presiones ni amenazas. El comunicado concluyó subrayando la importancia de que ningún servidor público se vea obligado a elegir entre su integridad y el cumplimiento de su deber.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la investigación preliminar de la Fiscalía por las presuntas irregularidades en el Dapre?

La investigación preliminar, según información de El Espectador, contempla el llamado a declarar de exdirectoras y del actual director de la entidad, junto con inspecciones a los contratos de prestación de servicios. Su propósito es establecer si hubo abuso de recursos públicos y si estas contrataciones estaban realmente vinculadas con el expresidente Gustavo Petro.

¿Qué medidas de protección recibió Carlos Ríos tras las amenazas y los incidentes en su vivienda?

De acuerdo con la Presidencia, se detectó la presencia de individuos con antecedentes delictivos en la residencia de Ríos y también movimientos sospechosos cerca del colegio de sus hijos. Tras estos eventos, el gobierno aseguró el refuerzo de medidas de protección para el director y su familia, además de exigir a las autoridades una rápida investigación para esclarecer si estos hechos están vinculados con las denuncias realizadas.

Según narran los familiares de Emily Sofía a los medios, la información sobre lo sucedido después de abordar la motocicleta sigue siendo un completo misterio. Lo único que se sabe con certeza es que ella salió después del trabajo y subió a la moto solicitada por medio de una aplicación, pero nunca llegó a su destino. Ante la ausencia de detalles sobre el recorrido de la motocicleta, quienes la buscan hacen un llamado urgente a la ciudadanía, especialmente a los conductores de plataformas, taxistas y transeúntes que hayan circulado por la zona en ese horario, para que colaboren proporcionando cualquier pista relevante. Solicitan videos de cámaras de seguridad o cualquier dato que pueda ayudar a establecer los movimientos de Emily después de salir del trabajo.

En medio de la preocupación creciente, la familia de Emily intensifica la campaña de búsqueda pidiendo a la comunidad ibaguereña que difunda su fotografía y su historia. Invitan a compartir información a través del número 311 234 6097 o comunicándose directamente con la Policía Nacional en las líneas de emergencia, en caso de contar con cualquier pista que permita dar con su paradero. Mientras el tiempo avanza sin respuestas, la esperanza de familiares y amigos de Emily se mantiene en pie gracias a la solidaridad de la comunidad. En redes sociales y medios locales, continúan replicando el llamado hasta lograr que la joven regrese a salvo a su hogar.

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¿Cuál fue la última vez que se vio a Emily Sofía Santiago Mesa en Ibagué?

La información proporcionada por sus familiares indica que la última vez que se vio a Emily Sofía Santiago Mesa fue la noche del lunes 2 de noviembre, cuando terminó su turno en la plazoleta San Lorenzo y abordó una motocicleta solicitada mediante una aplicación para dirigirse a su casa, sin que existan datos posteriores sobre su paradero.

¿Cómo pueden las personas ayudar en la búsqueda de Emily Sofía Santiago Mesa?

Para colaborar en la búsqueda de Emily Sofía Santiago Mesa, sus familiares solicitan compartir su fotografía y cualquier información relevante. En caso de contar con datos o videos de cámaras de seguridad que ayuden a reconstruir su recorrido después de salir de trabajar, las personas pueden comunicarse al 311 234 6097 o informar a la Policía Nacional a través de sus líneas de emergencia.

La iniciativa contempla trasladar la administración de la salud de los docentes oficiales, pensionados y sus beneficiarios a la Nueva EPS, entidad que asumiría el aseguramiento y la gestión integral de los servicios médicos.

El borrador establece un periodo de transición de hasta dos años para realizar el cambio. Durante ese tiempo, se garantizaría la continuidad de los tratamientos médicos, las autorizaciones y los servicios asistenciales, sin interrupciones para los afiliados.

La propuesta también contempla trasladar el manejo de las pensiones de los maestros a Colpensiones, que asumiría su administración, reconocimiento, liquidación y pago.

Por su parte, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) quedaría encargado de administrar, reconocer y pagar las cesantías parciales y definitivas.

El proceso de eliminación del Fomag tendría una transición administrativa, financiera, contractual y operativa inicial de 12 meses, prorrogable por otros 12 meses mediante decisión justificada del Gobierno.

Para ejecutar el cambio, los ministerios de Educación, Hacienda, Salud y Trabajo coordinarían el traslado de las funciones y la supresión definitiva del fondo.

Durante su recorrido, la delegación accedió a cuatro viviendas de familias beneficiarias del programa ‘Casa Digna, Vida Digna’. Según la SDHT, allí pudieron escuchar directamente las historias de los residentes y constatar las intervenciones que se han realizado en distintas áreas de sus hogares, como baños, pisos, paredes y techos. Estas obras han impactado de manera significativa en la habitabilidad y la calidad de vida dentro de estas viviendas, reflejando los objetivos del programa de asegurar condiciones más dignas para las familias bogotanas.

La agenda de la visita incluyó, además, un recorrido por el polígono de revitalización de San Cristóbal, donde se presentan varios frentes de trabajo para fortalecer los barrios de la zona. De acuerdo con información del Distrito, los delegados extranjeros observaron el avance de dos proyectos destacados: el TransMiCable y el parque La Gloria. Ambas iniciativas buscan mejorar la movilidad y brindar nuevos espacios recreativos para la comunidad. Además, conocieron las acciones lideradas por la administración para recuperar el espacio público, promoviendo entornos urbanos más seguros y renovados.

Según lo publicado por la Secretaría Distrital del Hábitat, este tipo de intercambios promueven la transferencia de conocimiento, permiten identificar aprendizajes relevantes para las necesidades locales y refuerzan la colaboración internacional, tan necesaria frente a los desafíos actuales de vivienda y desarrollo urbano. Además, desde la SDHT, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, se recalca el compromiso de continuar articulando esfuerzos que permitan llevar vivienda digna y barrios adecuados a todas las familias de Bogotá.

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¿En qué consiste el programa ‘Casa Digna, Vida Digna’ de Bogotá?

El programa ‘Casa Digna, Vida Digna’, según la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), tiene el objetivo de mejorar las condiciones de vivienda de familias bogotanas a través de intervenciones en áreas como baños, pisos, paredes y techos. Mediante este proyecto, se busca garantizar entornos habitables y seguros, aportando al bienestar y la calidad de vida de las personas beneficiadas.

¿Qué avances mostró Bogotá en la revitalización de barrios a visitantes internacionales?

Durante la visita de delegados del Banco Mundial, el Korea Green Growth Trust Fund y el Korea Ministry of Planning and Budget, la administración distrital expuso los avances en la revitalización del polígono de San Cristóbal, incluyendo proyectos como el TransMiCable y el parque La Gloria. Estas obras, según información del Distrito, son parte de una estrategia mayor para recuperar espacios públicos, mejorar la movilidad y ofrecer mejores entornos a las comunidades locales.

Según la fuente, el despliegue militar fue una orden directa de la Sexta Brigada, que dispuso el envío del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 9, el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos conocido como MARTE y el Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres número 80 (BIADE 80). Estos grupos especializados asumieron la tarea de ejecutar labores de registro y control en diferentes sectores del municipio. Su misión principal es apoyar tanto en la identificación como en la neutralización de amenazas que puedan comprometer la seguridad de los habitantes.

Uno de los resultados significativos de este operativo fue la destrucción controlada de un cilindro bomba, que había quedado sin explotar después del ataque inicial. La intervención, liderada por los integrantes del grupo MARTE, permitió eliminar el riesgo que representaba este artefacto para la comunidad y para el personal militar presente en la zona. Las autoridades insisten en que continúan las actividades de inspección y búsqueda, con el propósito de detectar y eliminar cualquier otro elemento explosivo que suponga una amenaza para la población.

La Sexta Brigada destacó que las operaciones militares siguen en desarrollo en coordinación con otras entidades de autoridad, mientras prosiguen las investigaciones orientadas a identificar y capturar a los responsables del atentado. Este refuerzo y presencia militar tienen como fin fortalecer la protección de los habitantes y contrarrestar la situación de inseguridad que afecta actualmente a Planadas. La llegada de estos más de 160 uniformados demuestra el compromiso de la fuerza pública por responder ante los hechos violentos recientes, los cuales han dejado víctimas y pérdidas en la región.

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¿Cuántos militares llegaron a Planadas tras el ataque con explosivos?

De acuerdo con la información divulgada por la Sexta Brigada del Ejército Nacional, más de 160 militares fueron enviados a Planadas con la finalidad de fortalecer la seguridad después del ataque ocurrido la noche del domingo 1 de noviembre.

¿Qué unidades especializadas del Ejército participaron en la operación en Planadas?

Según datos oficiales de la Sexta Brigada, en el municipio participaron el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 9, el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos MARTE y el Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres número 80 (BIADE 80).

El presidente elogió el papel del ministro de Justicia Iván Cancino y agradeció al Congreso su trabajo, resaltando que la ley refuerza las instituciones y la seguridad en Colombia. De acuerdo con De la Espriella, el paso de la normatividad por las cámaras legislativas pone punto final a lo que calificó como la “falsa paz total”, enfatizando el esfuerzo colectivo en fortalecer el Estado de derecho.

Entre los elementos centrales de esta ley, El Espectador destacó que exige a los máximos responsables de grupos armados ilegales pagar no menos de diez años de prisión y obliga a entregar los recursos obtenidos de actividades criminales. La norma prohíbe los diálogos de carácter político y establece que quienes decidan abandonar las armas, así como sus organizaciones, serán tratados únicamente bajo la condición de ilegalidad. No se permiten intermediarios directos, aunque sí es posible solicitar la presencia de abogados. Además, otorga al Gobierno la facultad de definir claramente las condiciones bajo las cuales estas estructuras podrán someterse a la legalidad.

El ministro Cancino, explicando las discusiones en Senado y Cámara, subrayó que la ley establece un límite de seis años para la concesión de libertad condicional e indicó que su vigencia será de cuatro años. Igualmente, se eliminó la posibilidad de que el Ministerio del Interior manejara ciertos fondos como gastos reservados para la seguridad pública. Cancino insistió en el respeto absoluto hacia las víctimas y el endurecimiento del tratamiento frente a los reclutadores. El proyecto exige el estricto cumplimiento de todos los requisitos para el sometimiento, advirtiendo que quienes incumplan serán remitidos inmediatamente a la justicia ordinaria. Además, se mantiene la vigencia de órdenes de captura y de extradición, y no se contempla ningún tipo de procesos de negociación.

El Congreso avanza, de esta manera, hacia la implementación de políticas que priorizan el castigo a la criminalidad sobre el carácter político de los grupos ilegales, en un giro decisivo respecto a la estrategia de la anterior administración, como confirmaron el senador Hernán Cadavid y el representante Daniel Briceño. Esta ley está a la espera de la sanción presidencial, tras la expiración de la ley vigente de orden público el 4 de noviembre.

¿Cuáles son los puntos clave de la nueva ley de sometimiento aprobada por el Congreso?

La ley fija una condena mínima de diez años para los máximos responsables de grupos ilegales, prohíbe cualquier diálogo de carácter político con estas estructuras y exige la entrega de recursos obtenidos por actividades criminales. Además, establece seis años como límite para la libertad condicional, tiene una vigencia de cuatro años y requiere el cumplimiento estricto de los requisitos para beneficiarse; quienes no los cumplan serán juzgados por la justicia ordinaria.

¿Por qué se considera que esta ley pone fin a la “falsa paz total” y cuál es la diferencia frente a estrategias anteriores?

Según declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella y de acuerdo con El Espectador, la nueva ley marca el fin de negociaciones políticas y prioriza una estrategia de control jurídico y penal. Esto contrasta con la política de la “paz total” del gobierno anterior, señalada por permitir diálogos políticos con grupos ilegales, mientras que la actual ley refuerza la persecución judicial y establece límites claros para el sometimiento.

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Durante su incursión, los guerrilleros sometieron a María a vejámenes inimaginables: la agredieron físicamente con un arma blanca al tiempo que abusaban sexualmente de ella. Al finalizar, pronunciaron una frase que marcaría su vida: "La deuda estaba saldada". El caso de María es solo un ejemplo entre los 486 crímenes reconocidos formalmente por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 3 de noviembre de 2026, por los cuales 11 exintegrantes de las Farc recibieron cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Así lo registraron tanto el informe de la JEP como la cobertura noticiosa sobre los hechos y las víctimas.

De acuerdo con información oficial de la JEP, los exguerrilleros imputados formaron parte de los bloques Caribe y Magdalena Medio de las Farc. Entre ellos se encuentran dos figuras reconocidas que llegaron a ser miembros del último secretariado de este grupo armado ilegal: Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, y Pastor Alape. La imputación responde a los casos 10 y 11 de la JEP. El primero investiga crímenes cometidos por las Farc durante el conflicto armado y que, por su gravedad, no son susceptibles de amnistía. El segundo se centra en la violencia basada en género, sexual y reproductiva, evidenciando la dimensión particular que tuvo este tipo de delitos durante el conflicto.

La decisión revela la existencia de un patrón criminal sostenido a lo largo del tiempo; un patrón que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha documentado anteriormente: la violencia sexual fue utilizada sistemáticamente por las Farc como arma de guerra. La forma en que estos crímenes fueron planificados y ejecutados demuestra, según la JEP, que hubo una intención clara de someter, castigar y aterrorizar a poblaciones enteras, empleando la violencia de género como herramienta de control y represión.

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¿Qué significa crimen de lesa humanidad imputado por la JEP a exintegrantes de las Farc?

El crimen de lesa humanidad es una categoría legal que se refiere a actos cometidos como parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil; incluye delitos como asesinato, violación o persecución. En este caso, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este tipo de crímenes a exintegrantes de las Farc por su responsabilidad en cientos de hechos de extrema gravedad relacionados con el conflicto armado colombiano.

¿Por qué la violencia sexual fue considerada un arma de guerra por la JEP en el caso de las Farc?

La JEP explicó que los patrones de violencia sexual cometidos por las Farc, como el caso de María en Segovia, Antioquia, evidencian el uso sistemático de este tipo de violencia como herramienta de guerra. Este patrón tenía como objetivo el sometimiento, la represión y la intimidación de las víctimas y comunidades, constituyendo así una forma grave y deliberada de violación de derechos humanos en medio del conflicto armado.

Según datos oficiales revelados este miércoles 4 de noviembre, el objetivo central de la operación fue atacar las estructuras logísticas que sustentaban la extracción ilegal en tres puntos de la zona. De acuerdo con las autoridades, la maquinaria y los campamentos intervenidos posibilitaban la permanencia de organizaciones criminales, contribuyendo significativamente a sus fuentes de financiación ilegal.

La gobernadora Matiz detalló que la destrucción de las excavadoras implica una afectación económica superior a 464 millones de pesos para el denominado Frente Gerónimo Galeano, un grupo criminal señalado como responsable de este tipo de actividades en la región. Además, aseguró que los puntos de explotación ilegal intervenidos producían mensualmente cerca de 3.087 millones de pesos en oro extraído de manera ilícita, recursos que sostenían las economías de estos grupos armados.

El operativo se desplegó en la ribera del río Saldaña, un sector estratégico donde las autoridades han enfocado esfuerzos para combatir la minería ilegal. El propósito, según la mandataria departamental, es frenar el deterioro ambiental y cortar las fuentes de financiación de los actores armados que afectan a las comunidades locales.

La ofensiva contra este delito continuará en el sur del Tolima, afirmó la gobernadora, quien resaltó la importancia de proteger los recursos naturales de la región. “Defender el río Saldaña es defender la vida, el agua y el futuro de nuestras comunidades”, señaló Matiz, subrayando el impacto social y ambiental de estas acciones. Las autoridades mantienen la vigilancia y las intervenciones en otros puntos vinculados con la extracción ilegal de oro, en su propósito de debilitar las economías criminales y salvaguardar el territorio.

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¿Qué consecuencias económicas trae la destrucción de maquinaria en operativos contra minería ilegal en Tolima?

De acuerdo con la gobernadora Adriana Magali Matiz, la destrucción de maquinaria utilizada para la minería ilegal representa una pérdida económica significativa para las organizaciones criminales, con un impacto específico de más de 464 millones de pesos solo en el caso del Frente Gerónimo Galeano. Esto debilita las fuentes de financiación de los grupos armados involucrados en la explotación ilícita de oro en la región.

¿Cuál es la importancia del río Saldaña en la lucha contra la minería ilegal en Tolima?

Según las autoridades departamentales, el río Saldaña es clave en la estrategia de protección ambiental y social de la región. La minería ilegal en sus alrededores amenaza la vida, el agua y el futuro de las comunidades locales, por lo que la defensa de este afluente es considerada prioritaria para garantizar el bienestar y el desarrollo sostenible en el sur del Tolima.

(Vea también: Álvaro Uribe advierte sobre entrega de hojas de vida al Gobierno en debate del Centro Democrático por Ley de Rescate Fiscal)

Hidalgo expresó su versión de lo ocurrido y reconoció que pudo transmitir mal la información, a través una carta abierta dirigida al jefe de esa cartera, Miguel Gómez Martínez, y al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Además, sostuvo que el episodio se originó en una conversación sobre la situación del servicio de energía en Caldas. Según explicó, durante una reunión con el ministro planteó la importancia de que la administración de esa empresa estuviera en manos de personas con la preparación y experiencia necesarias para asumir esa responsabilidad.

Hidalgo insistió en que ese diálogo tenía un propósito institucional y no estaba relacionado con acuerdos burocráticos ni compromisos políticos. En su comunicación aseguró que el ministro no le pidió entregar hojas de vida, tampoco le ofreció nombramientos ni planteó intercambios entre cargos públicos y decisiones legislativas.

La aclaración también estuvo dirigida a Uribe, quien había mencionado públicamente al representante cuando cuestionó la supuesta entrega de hojas de vida de congresistas al Gobierno. El exmandatario pidió a los integrantes del Centro Democrático abstenerse de llevar ese tipo de recomendaciones al Ejecutivo y solicitó al ministro de Hacienda que no las requiriera.

#POLÍTICA El representante a la Cámara Mateo Hidalgo publicó una carta abierta al ministro de Hacienda y al expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre la situación de supuestas hojas de vida entregadas a ese ministerio. Insistió en que se trata de un malentendido surgido a partir de una reunión con el ministro en la que se habló de la importancia de tener perfiles idóneos para la administración del servicio de energía en Caldas.

https://t.co/v2vIVVHFXe

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 4, 2026

Expresidente Uribe Publicó audio sobre presunta petición de hojas de vida

La controversia tomó fuerza después de que se conociera que Hidalgo había compartido con Uribe una explicación sobre una conversación con el ministro. En un audio divulgado por el expresidente, el congresista hablaba de una petición de dos hojas de vida y mencionaba a personas que, a su juicio, tenían experiencia en el departamento.

Ante esa diferencia entre lo que se conoció de la conversación privada y sus declaraciones públicas, Hidalgo asumió que pudo haber contribuido a la confusión. En la carta señaló que, al intentar explicarle posteriormente lo sucedido a Uribe, utilizó una expresión equivocada que pudo llevar al expresidente a entender que el ministro le había solicitado dos hojas de vida.

https://www.pulzo.com/nacion/ministro-hacienda-responde-alvaro-uribe-sobre-clientelismo-gobierno-PP5347496

El representante afirmó que no envió documentos ni gestionó nombramientos para personas ante el Gobierno. También sostuvo que no puede permitir que una comunicación imprecisa termine convertida en una prueba de una conducta irregular que niega haber cometido.

En su explicación, el congresista diferenció entre hablar de la necesidad de contar con perfiles preparados para administrar una empresa pública y recomendar personas para ocupar cargos en el Estado. Según su versión, el primer asunto fue el que abordó durante el encuentro con Miguel Gómez, en el contexto de sus preocupaciones por el servicio de energía en Caldas.

Hidalgo también expresó respeto por el liderazgo de Álvaro Uribe y dijo compartir sus principios de coherencia y responsabilidad política. Por esa razón, consideró necesario aclarar públicamente el episodio y evitar que su actuación quedara asociada con prácticas clientelistas.

La carta se conoció después de que el ministro Miguel Gómez negara que su despacho hubiera solicitado hojas de vida a congresistas a cambio de respaldo a las iniciativas del Gobierno. El funcionario aseguró que no había recibido documentos ni insinuaciones de ese tipo por parte de integrantes del Centro Democrático ni de otras colectividades.

(Vea también: Cámara captó ataque contra Paula Coca, joven asesinada por adulto mayor que se obsesionó con ella)

La diferencia de edad entre Paula, de 23 años, y el hombre, de 63, también despertó interés alrededor de la historia y se difundieron rumores d euna supuesta relación. Sin embargo, de acuerdo con la versión de la policía, no eran pareja ni mantenían un vínculo sentimental, de acuerdo con información difundida por La Kalle.

El primer contacto entre los dos se produjo en el establecimiento donde trabajaba la joven, ubicado en el sector de Pinchote, sobre la vía que comunica a San Gil con Socorro. El hombre frecuentaba el negocio como cliente y fue allí donde empezó a coincidir con ella.

Con el paso del tiempo, la situación habría tomado otro rumbo. Según los reportes conocidos por las autoridades, el sujeto comenzó a buscar un acercamiento personal con Paula, quien no correspondió a sus pretensiones. El rechazo habría sido un antecedente de los hechos que terminaron en tragedia.

La agresión ocurrió el domingo 1 de noviembre, mientras la joven se encontraba en su lugar de trabajo. El hombre llegó al establecimiento y la atacó con un arma cortopunzante. Las heridas fueron de tal gravedad que Paula murió poco después.

El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad del negocio. Las imágenes muestran a la joven en una hamaca cuando el agresor se aproxima y la ataca. Aunque ella alcanza a levantarse e intenta alejarse, termina desplomándose a pocos metros.

La captura del señalado agresor en San Gil

Luego del ataque, el hombre salió del establecimiento y las autoridades pusieron en marcha un operativo para localizarlo. La búsqueda terminó en inmediaciones de la plaza de ferias de San Gil, donde fue ubicado y capturado.

El detenido fue identificado como Leonardo Gómez Bernal, de 63 años. Presentaba lesiones que, según los reportes del caso, se habría ocasionado él mismo, por lo que recibió atención médica bajo custodia policial.

La Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado. Según la información publicada por La Kalle, el procesado aceptó los cargos, mientras el caso continúa su curso ante la justicia.

Paula tenía 23 años y había estudiado Tecnología en Investigación Policial. Su aspiración era ingresar a la Policía Nacional, una meta profesional que había comenzado a construir mientras trabajaba en el establecimiento comercial donde ocurrió la agresión.

La aprobación llegó con premura debido a que la vigencia de la Ley de Orden Público, base jurídica del nuevo texto, vencía el 4 de noviembre. El gobierno consideró fundamental tener lista la norma para continuar con su plan de sometimiento criminal y dar un giro contundente en la política de seguridad. Al explicar los principales puntos del nuevo articulado, el ministro Cancino subrayó que se establece un límite de seis años para acceder a la libertad condicional, que la duración de la ley se ajustó de diez a cuatro años y que se eliminó un artículo sobre gastos reservados para seguridad pública en el Ministerio del Interior. Cancino enfatizó que la iniciativa no contiene beneficios para quienes enfrenten procesos de reclutamiento de menores o tengan solicitudes de extradición, ni contempla suspensión de órdenes de captura.

Por su parte, Honorio Henríquez, presidente del Senado por el Centro Democrático, señaló que el Estado busca ponerse por encima de la criminalidad y que la ley es necesaria para combatir los delitos desde un enfoque legal estricto. La sesión estuvo marcada por la notificación de más de 60 recusaciones negadas por la Comisión de Ética, mientras la propuesta de compulsar copias a la Fiscalía fue respaldada por varios legisladores tras acusaciones de maniobras dilatorias. El representante Daniel Briceño señaló que este trámite jurídico refuerza un enfoque de seguridad fuerte orientado a terminar con la “fracasada paz total”.

El presidente De la Espriella, tras la aprobación cercana a la medianoche, agradeció al Congreso por “contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia”. El siguiente paso será la discusión pendiente del proyecto de ajuste fiscal, el cual, pese a la insistencia del Ejecutivo, enfrenta dificultades dentro del Congreso, incluso entre bancadas oficialistas, debido al debate sobre el aumento de impuestos.

¿En qué consiste la nueva ley de sometimiento aprobada en el Congreso?

De acuerdo con lo informado por El Espectador, la ley de sometimiento establece condiciones estrictas para los grupos criminales, sin beneficios para quienes recluten menores o tengan procesos de extradición, e impone un límite de seis años para optar por libertad condicional. Busca terminar con negociaciones y exigir el cumplimiento total de los requisitos, cerrando el ciclo de la política de “paz total”.

¿Qué diferencia hay entre la política de “paz total” y la nueva estrategia de sometimiento?

Según declaraciones citadas en El Espectador, la política de “paz total” permitía negociaciones con grupos ilegales, mientras que la ley de sometimiento cierra la puerta al diálogo y prioriza el cumplimiento de la ley, castigando con firmeza a quienes no respeten los términos y restableciendo la autoridad estatal sobre la criminalidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La Cámara de Representantes dio su aprobación al proyecto con 95 votos a favor y 10 en contra, según informó Caracol Radio. Con esa decisión, la propuesta completó el paso que tenía pendiente en esa corporación, después de varios días de discusiones y cuestionamientos sobre el procedimiento legislativo.

El Senado también había dado luz verde a la iniciativa. La votación del título y la pregunta del proyecto terminó con 57 votos a favor y 24 en contra, según informó Caracol Radio. De esta manera, el texto consiguió el respaldo de las dos cámaras, en medio de la presión del Gobierno para sacar adelante la reforma antes del vencimiento del plazo relacionado con la Ley de Orden Público.

#POLÍTICA | La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de Ley de Sometimiento con 95 votos a favor y 10 en contra.

https://t.co/qRQodC5OyZ https://t.co/9iDAcCRbT3

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 4, 2026

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre aprobación de ley de sometimiento?

Luego de conocerse el resultado, el presidente publicó un mensaje y reconoció el trabajo del ministro Iván Cancino y agradeció al Congreso por respaldar la iniciativa, que hace parte de la agenda de seguridad y justicia de su administración.

“Gracias también al Congreso de la República por la aprobación de la ley, y por contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia”, escribió el mandatario.

El jefe de Estado también presentó la aprobación como el cierre de la política de “paz total” que caracterizó al Gobierno anterior. “La falsa paz total llegó a su fin”, afirmó, antes de cerrar su publicación.

¡HABEMUS LEY DE SOMETIMIENTO!

Mi agradecimiento y reconocimiento al ministro de Justicia, Iván Cancino, por su extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante esta importante iniciativa.

Gracias también al Congreso de la República por la aprobación de la ley, y por contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia.

¡Seguimos trabajando sin descanso por la seguridad, la justicia y la tranquilidad de todos los compatriotas!

La falsa paz total llegó a su fin.

¡Bienvenidos a la Patria Milagro!

¡Firme por la Patria!

¡Que viva Cristo Rey!

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 4, 2026

Qué busca la ley de sometimiento

El proyecto establece un marco jurídico para que integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras de crimen organizado puedan someterse a la justicia bajo determinadas condiciones. Entre los compromisos contemplados están la entrega de armas y bienes, el aporte de información y el cese de las actividades ilícitas.

La iniciativa también contempla tratamientos penales diferenciados según el nivel de responsabilidad dentro de las organizaciones. En el texto discutido se plantearon reducciones de hasta el 50 % de las penas para integrantes rasos y de hasta el 30 % para quienes ocupen posiciones de mando, sujetas al cumplimiento de las condiciones establecidas.

La aprobación en Senado y Cámara representa un paso decisivo para la iniciativa impulsada por el Gobierno de De la Espriella. El pronunciamiento presidencial confirmó la celebración del Ejecutivo por el respaldo legislativo y puso el foco en la aplicación del nuevo marco para enfrentar a las estructuras criminales.

(Vea también: “Una cartera”: hablan testigos de vuelo de Alcocer en el que, según Eva Ferrer, trajo plata en maletas)

Uno de los aspectos que llamó la atención de Ferrer, según su relato, era que Alcocer no tenía cuentas bancarias. La exfuncionaria aseguró que esa circunstancia le generaba inquietudes frente a la forma en que se cubrían y justificaban determinados gastos.

En ese contexto, mencionó a Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, y a Carolina Plata, amiga de la exprimera dama, por unas tarjetas de crédito que supuestamente habrían puesto a su disposición.

Para explicar sus señalamientos, Ferrer se refirió a compras específicas que atribuyó a Alcocer. Una de ellas habría sido un abrigo adquirido durante una visita al Vaticano, cuyo precio, de acuerdo con la declaración, rondaría los 5.000 dólares. La exasesora sostuvo que el pago se habría hecho con dinero de los viáticos destinados al desplazamiento oficial.

También habló de una adquisición en Nueva York. El episodio habría ocurrido en septiembre de 2022, durante la visita de Gustavo Petro a esa ciudad para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según Ferrer, Alcocer compró entonces un pantalón blanco que costaba 1.800 dólares.

¿Quiénes acompañaron a Verónica Alcocer en algunos viajes?

La declaración incluyó referencias a otros desplazamientos internacionales, entre ellos los realizados a Miami, Madrid, Emiratos Árabes y Catar. Ferrer también mencionó a personas del entorno de la exprimera dama que habrían participado en algunos de esos recorridos, como Manel Grau y Danilo Rueda.

Pero el testimonio abordó otros asuntos que van más allá de las compras personales. La antigua colaboradora habló de iniciativas empresariales para instalar centros de datos en la región Caribe y mencionó a Ecopetrol, Bionube y G42, un grupo con sede en Abu Dabi.

Según la versión de Ferrer, esos proyectos contemplaban posibles instalaciones en Barranquilla y Santa Marta. La exfuncionaria expuso ante los investigadores nombres de compañías y gestiones que, a su juicio, debían ser revisados.

Las afirmaciones sobre las prendas, las tarjetas y el supuesto uso de recursos oficiales corresponden a lo declarado por Ferrer y deberán ser verificadas por la Fiscalía.

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La víctima fue identificada como Hernán Lopera Flórez, de 38 años, propietario del negocio y profesional vinculado a la atención veterinaria en esa localidad. De acuerdo con las primeras versiones sobre el caso, el presunto sicario habría llegado al establecimiento para preguntar por algunos productos, con lo que habría evitado levantar sospechas antes del ataque.

Sin embargo, después de salir del lugar, el hombre regresó y le disparó en el rostro al veterinario. La agresión ocurrió dentro del establecimiento, mientras Lopera Flórez cumplía con su jornada laboral.

(Haga clic aquí para ver el video)

Veterinario fue trasladado a un hospital, pero murió

Luego del ataque armado, el hombre fue auxiliado y trasladado de urgencia al Hospital La Candelaria, en El Banco. No obstante, pese a la atención médica, ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

El homicidio causó conmoción en el municipio, donde el veterinario era reconocido por su actividad comercial y profesional. El hecho también encendió las alertas por la violencia que afecta a comerciantes y trabajadores de la región.

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Extorsión, una de las hipótesis del asesinato en El Banco

Entre las primeras líneas de investigación de las autoridades está la posibilidad de que el crimen esté relacionado con un caso de extorsión. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido oficialmente el móvil del homicidio ni se conocen detalles concluyentes sobre posibles amenazas contra la víctima.

Ante lo ocurrido, el alcalde de El Banco anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables del ataque.

Por su parte, unidades de la Policía y la Fiscalía adelantan las investigaciones para esclarecer el asesinato. Entre las labores previstas está la revisión de las cámaras de seguridad del sector y la recopilación de testimonios que ayuden a reconstruir los movimientos del agresor antes y después del crimen.

Las autoridades buscan establecer cómo ocurrió el ataque y quiénes estarían detrás del homicidio de Lopera Flórez.

¿Qué denunció el director del Dapre?

De acuerdo con lo expuesto en el comunicado, el pasado 21 de octubre el director del Dapre denunció ante la Comisión Segunda del Senado la presunta instrumentalización de 48 mujeres vinculadas a la entidad mediante órdenes de prestación de servicios durante el gobierno anterior. Según el señalamiento público de Ríos Puerta, dichos contratos habrían sido pagados con recursos públicos y sirvieron para que estas personas estuvieran con el expresidente Gustavo Petro en el marco de una relación de poder.

El documento oficial señala que la Fiscalía General de la Nación abrió de oficio una indagación preliminar sobre el caso. Dentro de las actuaciones previstas por el ente de control figura la citación a declarar del propio director Ríos Puerta, así como de las exdirectoras del Dapre Laura Sarabia y Angie Rodríguez, además de la orden de realizar inspecciones técnicas en la entidad para revisar la documentación contractual.

Según detalló la Presidencia de la República, el pasado 28 de octubre se registraron situaciones irregulares en la vivienda del director Ríos y en el entorno de su familia. En el comunicado se precisa el reporte oficial de las autoridades sobre dos sucesos.

Primero, las autoridades de protección hallaron e interceptaron a tres personas dentro de la vivienda del funcionario, situadas en las instalaciones internas de su lugar de residencia. Tras ser puestos a disposición de las autoridades competentes, se identificó que entre los registros de los retenidos figuran antecedentes por homicidio y por ocho hurtos agravados.

Posteriormente, cerca del establecimiento educativo donde estudian los hijos del director se detectó la presencia de otra persona, quien se retiró del lugar ante la llegada de la Policía Nacional y es objeto de búsqueda para su identificación.

Frente a esta coyuntura, la Presidencia expresó su solidaridad con el funcionario y su familia, exigió celeridad a las autoridades judiciales para determinar si estos actos guardan relación con las denuncias presentadas y ratificó que garantizará las medidas de seguridad necesarias para proteger la integridad del director.

Ante estas declaraciones, tanto el ministro Gómez como el representante Hidalgo respondieron en público. Hidalgo, desde el Capitolio, negó rotundamente los hechos mencionados. Sostuvo que la única relación con el Gobierno y sus ministros es estrictamente de carácter laboral y ocurre en el marco de las comisiones, sin compromisos políticos particulares. Agregó que tanto el Centro Democrático como el Gobierno nacional priorizan el bienestar de Colombia y subrayó que de parte suya no se han entregado hojas de vida ni recibido solicitudes de ese tipo. Gómez, por su parte, afirmó que los intercambios con congresistas fueron respetuosos y carentes de cualquier exigencia de contraprestación. Remarcó que ni él ni el Gobierno que representa han solicitado hojas de vida a parlamentarios a cambio de votos y aseguró que nunca han recibido insinuaciones ni documentos relacionados con este asunto.

Este episodio se da en el contexto de la presentación de la nueva ley de ajuste fiscal por parte del Gobierno, la cual será debatida en el Congreso. Como indicó El Espectador, la administración convocó al Legislativo y en particular al Centro Democrático y los partidos de coalición a discutir el articulado con rigor, subrayando la responsabilidad histórica de atender la crisis fiscal y económica que atraviesa el país. Sin embargo, aún no es claro si el Ejecutivo podrá contar con el respaldo suficiente, ya que existen voces en el Centro Democrático que se oponen a eventuales aumentos de impuestos. La iniciativa busca, entre sus puntos principales, reducir en un 15 % el tamaño del Estado y plantea cambios tributarios que podrían afectar a productos de la canasta familiar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Álvaro Uribe acusó al ministro de Hacienda de solicitar hojas de vida?

Álvaro Uribe señaló que Miguel Gómez, ministro de Hacienda, habría pedido hojas de vida a miembros de la bancada del Centro Democrático, información que, según dijo, le confirmaron congresistas de su propio partido. De acuerdo con lo publicado por El Espectador, Uribe instó a sus copartidarios a no entregar estos documentos y pidió al ministro no solicitarlos, lo que desencadenó la respuesta de los involucrados.

¿Cuáles son las implicaciones políticas del proyecto de ley de ajuste fiscal?

El proyecto de ley de ajuste fiscal, radicado por el Gobierno, será debatido en el Congreso y su aprobación depende del apoyo de diversas fuerzas políticas, incluyendo al Centro Democrático, partido que ha mostrado divisiones internas sobre la propuesta. La reforma pretende disminuir el gasto público, reducir en un 15 % el tamaño del Estado y modificar tributos sobre productos de la canasta familiar, lo que la convierte en un asunto de amplio debate y relevancia nacional.

Tal como precisa la JEP, "el pronunciamiento judicializa hechos que en la justicia ordinaria mantuvieron tasas de impunidad dramáticas", donde más del 95 % de los expedientes por estos delitos nunca llegaron a juicio y más del 72 % se quedaron en etapa de indagación preliminar, llegando incluso a un 100 % de impunidad en desplazamiento y desaparición forzada. Este proceso busca responder ante 733 víctimas reconocidas de los bloques mencionados, consistentes en campesinos, docentes, líderes sociales, comunidades religiosas y miembros de la fuerza pública, mientras que a la fecha se reconocen 4.647 víctimas acreditadas en total, según la JEP.

La imputación se dirige contra 11 exlíderes guerrilleros en cargos de dirección y operación dentro de las estructuras acusadas. Dentro de los nombres principales se encuentran Rodrigo Londoño ("Timochenko") y Pastor Lisandro Alape Lascarro ("Pastor Alape"). Otros procesados incluyen antiguos miembros asociados a los bloques, entre ellos Erasmo Traslaviña Benavides ("Jimmy Guerrero"), Pedro Trujillo Hernández ("Alberto Cancharina"), Jairo Reinaldo Cala Suárez ("Jairo Quintero"), y varios exintegrantes del Bloque Caribe, conocido igualmente como Bloque Martín Caballero. La JEP determinó que estos excomandantes tienen la mayor responsabilidad por crímenes de guerra como homicidio, desplazamiento forzado, ataques contra civiles y bienes protegidos, así como tortura y violencia sexual, conductas señaladas como delitos no susceptibles de perdón judicial.

La investigación identifica dos patrones principales. El primero es el control social y territorial a través de violencia y persecución de presuntos colaboradores del enemigo, ejemplificado en masacres, asesinatos de docentes y religiosos, secuestros de autoridades locales y la utilización de la violencia sexual como castigo e intimidación. El segundo patrón abarca acciones durante combates, como tomas urbanas, emboscadas y atentados graves con explosivos, señalando casos emblemáticos por su afectación a la población civil y la infraestructura.

En el entorno procesal, los 11 excomandantes tienen plazo hasta el 8 de diciembre para manifestar si admiten o niegan los hechos y su responsabilidad. Además, existe una fecha límite al 8 de febrero de 2027 para aportar verdad amplia, especialmente sobre 54 personas cuyo paradero sigue desconocido. Si aceptan responsabilidad y contribuyen con la verdad, podrán acceder a sanciones restaurativas, contempladas por la JEP, que implican restricciones de la libertad pero no prisión. De no reconocer los hechos, el expediente irá a juicio, y podrían recibir penas de hasta 20 años de cárcel.

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¿Qué crímenes investigó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los Bloques Caribe y Magdalena Medio de las Farc?

La JEP investigó asesinatos, desplazamiento forzado, desaparición forzada, ataques a civiles, destrucción de bienes protegidos, tortura, trato cruel, violación y violencia sexual cometidos por los extintos Bloques Caribe y Magdalena Medio. Estos delitos están ligados tanto a patrones de control social violento como a acciones armadas durante enfrentamientos, según el pronunciamiento oficial de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.

¿Cuáles son las opciones legales para los excomandantes imputados por la JEP?

Los 11 excomandantes imputados pueden aceptar o rechazar su responsabilidad en los hechos. Si la reconocen y aportan verdad completa, accederán a sanciones restaurativas consistentes en restricciones de derechos y libertad, sin cárcel. Si no reconocen su responsabilidad, serán juzgados y podrían afrontar penas de hasta 20 años de prisión, conforme al proceso determinado por la Jurisdicción Especial para la Paz.

(Vea también: Otro escándalo salpica a Petro: consulado que anunció y nunca abrió dejó millonarias deudas)

El funcionario publicó un pronunciamiento desde la propiedad, en el que aseguró que las instalaciones necesitan reparaciones y cuestionó las condiciones en las que, según su versión, fue entregada por la administración anterior.

“Estamos en la residencia de la Embajada de Colombia en Madrid, que es patrimonio de la ciudad de Madrid, una cosa espectacular, con unos salones dignos de cualquier jefe de Estado, pero desafortunadamente hay que arreglarla, la dejaron en un estado lamentable”, manifestó Bula.

Durante el recorrido, el ministro también mostró algunos de los daños que encontró en la vivienda, particularmente en los pisos, y señaló que su recuperación representará un gasto importante para el Estado.

“Mire estos pisos cómo quedaron, esto es muy costoso. Hay que invertir acá”, agregó el jefe de la diplomacia colombiana.

“No hay derecho”: durante su visita a Madrid, donde participa en la XXX Cumbre Iberoamericana, el canciller @omarbula denunció el deterioro de la residencia de la Embajada de Colombia y lo atribuyó al descuido del Gobierno anterior.

Hoy, los contribuyentes colombianos deben asumir el costo de reparar ese abandono. “A este país hay que rescatarlo y lo vamos a hacer”, afirmó el ministro.

— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) November 3, 2026

Ómar Bula responsabilizó al gobierno Petro por deterioro de residencia en Madrid

El canciller atribuyó las condiciones del inmueble a la administración del expresidente Gustavo Petro. Bula cuestionó que los recursos públicos deban destinarse ahora a recuperar las instalaciones y sostuvo que los contribuyentes colombianos terminarán asumiendo los costos de las reparaciones.

“El Estado gastando plata de los contribuyentes colombianos para reparar lo que dañó el Gobierno anterior […] A todos lados a donde llego, pasa esto”, expresó.

El ministro también aseguró que ha encontrado situaciones similares durante sus recientes recorridos por otras sedes diplomáticas colombianas en el exterior.

No obstante, hasta el momento no se ha presentado un informe técnico público que establezca la antigüedad de los daños, las condiciones en las que se encontraba la propiedad al inicio de la administración anterior o las responsabilidades específicas sobre su mantenimiento.

El episodio fue reportado inicialmente por Caracol Radio y retomado por otros medios de comunicación. De acuerdo con las versiones conocidas, la discusión estuvo relacionada con el manejo de los recursos administrados por Fedegán y la decisión del Ministerio de Agricultura de someter al gremio a una auditoría externa.

La reunión tenía como propósito conversar sobre propuestas para impulsar las cadenas de producción de lácteos y cárnicos. En el encuentro también participaron representantes de empresas y organizaciones del sector, entre ellos dirigentes de Alpina y Colanta, según información difundida por el periodista Melquisedec Torres.

¿Por qué discutieron Indalecio Dangond y José Félix Lafaurie?

Uno de los puntos que habría provocado la tensión fue la revisión de los recursos parafiscales que administra Fedegán a través del Fondo Nacional del Ganado. Estos dineros provienen de aportes del propio sector y tienen como finalidad financiar programas y actividades que beneficien a los productores.

Según la información publicada por revista Semana, Dangond se refirió a las auditorías que el Ministerio ordenó a Fedegán y Fedearroz. El funcionario habría cuestionado el destino de los recursos administrados por los gremios y preguntado específicamente por el dinero de la federación ganadera.

Infobae, por su parte, recogió versiones según las cuales el ministro habría preguntado por cerca de un billón de pesos. En ese contexto, también le atribuyeron expresiones como “qué irresponsabilidad del gremio” y “¿dónde está la plata?”. Sin embargo, esas frases corresponden a relatos sobre lo ocurrido durante la reunión y no a declaraciones verificadas directamente por este medio.

Ministerio de Agricultura habló de eficiencia en los recursos

En el comunicado oficial sobre el encuentro, el Ministerio de Agricultura destacó la necesidad de convertir los recursos disponibles en inversiones que impulsen la productividad, la competitividad y los ingresos de los productores.

La cartera señaló que las discusiones estuvieron enfocadas en fortalecer los sectores lácteo y cárnico, aunque el altercado entre Dangond y Lafaurie terminó ocupando la atención pública.

Por ahora, el episodio deja un nuevo cruce entre el Gobierno y uno de los principales gremios del sector ganadero, en medio de las diferencias por la administración y vigilancia de los recursos parafiscales.

El boletín oficial número uno del Servicio Geológico Colombiano detalló que el epicentro estuvo en Dabeiba, confirmando que se trata de un evento localizado en una región de relativa actividad sísmica. A pesar de la información compartida acerca de la magnitud y la ubicación, el SGC no reportó datos sobre posibles daños materiales, personas lesionadas o afectaciones en la zona impactada. Este tipo de detalles suelen ser incluidos en reportes posteriores, especialmente si la magnitud del movimiento es mayor o si existen registros de consecuencias.

En respuesta al sismo, el Servicio Geológico Colombiano invitó a quienes hayan sentido el movimiento a reportar su experiencia a través de la plataforma oficial de sismos sentidos, una herramienta diseñada para que los ciudadanos compartan información sobre la percepción del temblor en distintas localidades. Según la entidad, estos reportes contribuyen a complementar la información técnica recogida por los instrumentos de monitoreo, permitiendo comprender mejor el impacto real que tienen los movimientos sísmicos en la población. Los ciudadanos pueden acceder a la plataforma en la dirección sismosentido.sgc.gov.co, así como consultar actualizaciones y nuevos reportes por medio de la página web oficial de la entidad (sgc.gov.co/sismos).

Las autoridades recomiendan mantenerse informados exclusivamente por los canales oficiales, con el fin de evitar rumores o datos erróneos respecto a la actividad sísmica en el país. La información precisa y validada es clave para tomar decisiones oportunas y seguras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo del 3 de noviembre de 2026 en Colombia?

El epicentro del sismo registrado el 3 de noviembre de 2026 fue en el municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia, según reportó el Servicio Geológico Colombiano. El evento se registró en horas de la tarde y fue clasificado con profundidad superficial, aunque el boletín no indicó la cifra exacta en kilómetros.

¿Cómo se puede reportar un sismo sentido en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano invita a la ciudadanía que haya sentido el sismo a reportar su experiencia en la plataforma oficial para sismos sentidos, ubicada en sismosentido.sgc.gov.co. Estos reportes ayudan a complementar la información técnica de los eventos sísmicos y permiten conocer la percepción de la población en diferentes zonas del país.

(Vea también: Investigan asesinato de Yuly Avilés en Bosa Porvenir, Bogotá; principal sospechoso es su expareja Edwin Murcia)

La agresión quedó registrada en las cámaras de seguridad del negocio y las imágenes permitieron conocer cómo se desarrollaron los momentos previos y posteriores al ataque.

El caso ocurrió el domingo 1 de noviembre, hacia las 12:40 del mediodía, en un café ubicado en el kilómetro 2 de la carretera que comunica a San Gil con Socorro. Paula se encontraba en su lugar de trabajo cuando el hombre llegó al establecimiento y se acercó a ella.

En la grabación se observa a la joven recostada en una hamaca mientras conversa con el señalado agresor. Segundos después, el hombre se abalanza sobre ella y comienza a atacarla con un objeto cortopunzante. La situación provoca una reacción inmediata de quienes estaban en el establecimiento.

De acuerdo con las imágenes conocidas por Noticias Caracol, dos personas que permanecían sentadas en una de las mesas se levantaron para auxiliar a Paula. Durante esos momentos, el agresor también habría intentado atacar a una de las personas que se acercó a socorrerla.

La joven consiguió alejarse de su atacante y alcanzó a revisar las heridas que había sufrido. Sin embargo, avanzó unos metros y terminó desplomándose en el establecimiento, mientras los presentes intentaban ayudarla.

Paula fue trasladada de urgencia a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil. Pese a la atención médica, falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Hombre de 63 años huyó del establecimiento y fue capturado en San Gil

Después de la agresión, el señalado responsable abandonó el lugar y escapó por la vía nacional. La Policía recibió el reporte de lo ocurrido y puso en marcha un plan candado para localizarlo antes de que pudiera alejarse de la zona.

El operativo permitió ubicarlo en el sector de La Feria, en San Gil. Según informó la Policía, el hombre fue capturado en flagrancia y presentaba lesiones que se habría ocasionado a sí mismo, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial bajo custodia de los uniformados.

El procedimiento permitió ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumió las actuaciones judiciales por la muerte de la joven.

Posteriormente, el capturado fue identificado como Leonardo Gómez Bernal. Según informó Vanguardia, durante las audiencias preliminares aceptó los cargos que le formuló la Fiscalía por feminicidio agravado. Un juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Por la crudeza de las imágenes, el video del ataque contra Paula Coca no será reproducido en este artículo. Sin embargo, puede consultarse en el siguiente enlace: Ver video.

¿Qué se sabe de la relación entre Paula y el hombre de 63 años?

Las primeras informaciones sobre el caso apuntan a que el hombre frecuentaba el establecimiento comercial donde trabajaba Paula. Según los detalles conocidos por La Kalle, los acercamientos habrían pasado de las visitas habituales como cliente a manifestaciones de interés sentimental que la joven no correspondía.

Dicha información publicada por ese medio señala que Paula había rechazado las pretensiones del hombre, quien presuntamente comenzó a acosarla e intimidarla de manera insistente.

La investigación también busca esclarecer las circunstancias que rodearon el ataque y los antecedentes de la conducta del señalado agresor hacia la joven.

Paula era tecnóloga en Investigación Policial y uno de sus proyectos era ingresar formalmente a la Policía Nacional. Su muerte causó conmoción en Santander, donde familiares y allegados se reunieron para rendirle homenaje y pedir justicia.

Julia Cristina Daza Noguera, directora de la Biblioteca Nacional, calificó este proyecto como "una victoria para Colombia". Según Daza, la incorporación de OverDrive fortalecerá tanto la Red Nacional como las Bibliotecas Rurales Itinerantes, acercando a los colombianos al conocimiento global y llevando la memoria nacional al exterior. Daza subrayó además la intención de que lectores, escritores, editores, artistas y ciudadanos conozcan nuevas culturas, y que el mundo pueda descubrir a los autores y talentos colombianos. Es un intento, sostuvo, por posicionar ante el mundo la identidad del país y dignificar las bibliotecas en el territorio nacional.

No obstante, el propósito de garantizar el acceso a esta red internacional enfrenta serios retos en el contexto colombiano. Muchas bibliotecas, especialmente en zonas rurales, operan con fallas en la conectividad, escasos equipos tecnológicos y falta regular de electricidad. A estos obstáculos se suman condiciones de violencia impuestas por grupos armados, lo que agrava la vulnerabilidad de estos espacios.

Tatiana Barajas, mediadora de lectura y escritura del equipo de acompañamiento a la Red Nacional y las Bibliotecas Rurales Itinerantes, fue enfática al señalar que la directora de la Biblioteca Nacional desconoce cómo funcionan realmente estas bibliotecas. Según Barajas, en varias bibliotecas rurales que ha visitado, la situación es precaria: pocos computadores, equipos obsoletos, ausencia de ventiladores aun en zonas de altas temperaturas y, en ocasiones, falta total de servicios básicos. Apuntó que en muchos lugares ni siquiera es posible descargar libros para leer sin conexión, como promete la iniciativa; hay comunidades donde la electricidad y el acceso a internet son intermitentes porque incluso pueden ser interrumpidos por el conflicto.

Barajas recalcó asimismo que las Bibliotecas Rurales Itinerantes tienen un modelo de funcionamiento particular. Sus mediadores, frecuentemente campesinos, llevan a pie libros y actividades de alfabetización, acompañando a las comunidades. La tecnología digital no resuelve sus necesidades fundamentales, insistió, y sugirió que se debe pensar en protección legal y mayor inversión, antes que en la digitalización exclusivamente.

Este anuncio ocurre en medio de cuestionamientos hacia la dirección de la Biblioteca Nacional, debido a atrasos en pagos a contratistas y suspensión de actividades relevantes para el sector.

¿Cuáles son los principales retos de las bibliotecas rurales en Colombia frente a la iniciativa Memoria que conecta?

Las bibliotecas rurales e itinerantes en Colombia enfrentan principalmente barreras de conectividad, acceso irregular a la electricidad y carencia de equipos tecnológicos. A ello se suman problemas relacionados con la inseguridad en zonas de conflicto armado. Estos factores limitan la efectividad de iniciativas digitales como "Memoria que conecta", que dependen de condiciones tecnológicas y de infraestructura no siempre garantizadas en estas regiones.

¿Qué diferencias existen entre las bibliotecas públicas y las Bibliotecas Rurales Itinerantes?

Las bibliotecas públicas tienen una sede fija y pueden contar con mejores recursos tecnológicos e infraestructurales. Las Bibliotecas Rurales Itinerantes, en cambio, se caracterizan porque sus mediadores llevan libros y promueven actividades de lectura en distintas comunidades rurales, muchas veces en procesos iniciales de alfabetización. Esta naturaleza itinerante limita la eficacia de propuestas basadas únicamente en herramientas digitales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En respuesta a la expansión de la imagen por distintas plataformas digitales, Gustavo Petro decidió pronunciarse de manera pública para aclarar la situación. Utilizando su cuenta en la red social X, el jefe de Estado fue directo y desmintió cualquier relación romántica manifestada por la fotografía. Según Petro, "La foto que hicieron circular en actitud amorosa con la exministra de Cultura Yanai Kadamani era completamente falsa. Es una foto hecha en inteligencia artificial". Así, el mandatario aseguró que la supuesta evidencia de cercanía entre ambos era producto de la manipulación digital.

Este episodio reflejó, una vez más, cómo las herramientas modernas de inteligencia artificial pueden emplearse para crear contenido visual que parece verídico, pero en realidad es falso. La declaración de Gustavo Petro dejó al descubierto la facilidad con la que pueden fabricarse imágenes que perjudiquen la imagen pública de figuras políticas y fomentar rumores sin fundamento. Además, el caso motivó una ola de opiniones entre quienes inicialmente creyeron en la autenticidad de la imagen y aquellos que, desde un principio, sospecharon de su origen y veracidad.

El incidente reabre la discusión sobre los riesgos de la manipulación digital en contextos políticos, donde la propagación de contenido falso puede tener repercusiones inmediatas y escalar hasta afectar debates nacionales. La situación referente a la fotografía entre Gustavo Petro y Yanai Kadamani demuestra la importancia de la verificación rigurosa de la información que circula en redes sociales, reafirmando la necesidad de una actitud crítica ante lo que a primera vista parece real. De acuerdo con la información proporcionada y citada por el propio Gustavo Petro en su perfil de X, la imagen no corresponde a la realidad y fue enteramente creada con inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la foto con Yanai Kadamani?

Gustavo Petro negó directamente la veracidad de la fotografía a través de su cuenta en X, señalando que la imagen era "completamente falsa" y que había sido fabricada utilizando inteligencia artificial. El presidente recalcó que la supuesta actitud amorosa con Yanai Kadamani nunca existió y rechazó cualquier interpretación que partiera de esa imagen manipulada.

¿Cómo saber si una foto fue creada por inteligencia artificial?

Identificar una imagen generada por inteligencia artificial puede resultar difícil, pues estas herramientas logran simular detalles muy realistas. Sin embargo, la autenticidad puede comprobarse prestando atención a posibles inconsistencias visuales, errores anatómicos, o confirmando la fuente original de la fotografía. En el caso de la imagen que involucró a Gustavo Petro y Yanai Kadamani, la manipulación fue confirmada por el propio mandatario en su cuenta oficial.

La atención sobre el tema aumentó después de que el Ministerio de Educación anunció, el pasado viernes, que no renovaría el contrato con la Fiduprevisora, entidad encargada durante más de treinta años de la administración de los recursos de salud, pensiones y cesantías de los docentes. Según lo expresado en el comunicado, la ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda reiteró que la decisión de terminar la relación con la Fiduprevisora no pone en riesgo la atención en salud ni las prestaciones sociales de los maestros. Este cambio, explicó la ministra, responde a la necesidad de corregir las irregularidades detectadas en el manejo y pago de estas prestaciones, lo que venía causando reclamos y molestias tanto a maestros como a directivos, de acuerdo con información de El Espectador.

En un recorrido reciente por la sede de la Fiduprevisora y la IPS Visión Total en Bogotá, la ministra Hoyos dialogó directamente con docentes y verificó personalmente la situación de los servicios, recibiendo quejas sobre el sistema de salud. Manifestó sorpresa ante la desinformación sobre una posible derogación del Fomag, aclarando que la transición busca garantizar la continuidad y mejora de los beneficios para el magisterio. Esta transición, iniciada el 1 de noviembre tras terminar un contrato de 36 años, tendrá una duración inicial de un año, con opción de prórroga, tiempo en el que se elegirá una nueva fiduciaria mediante licitación pública.

El Ministerio trabaja actualmente en definir los requisitos para seleccionar a la próxima entidad administradora y asegurar que las necesidades del magisterio sean atendidas de manera integral. Además, exhortó a la ciudadanía a no difundir información no verificada, para evitar confusión sobre el futuro del Fomag y las prestaciones de los maestros en Colombia.

¿Qué es el Fomag y cuál es su función en el sistema educativo de Colombia?

El Fomag, fondo de prestaciones sociales del magisterio, es un mecanismo encargado de administrar los recursos que financian las prestaciones sociales de los docentes en Colombia, incluyendo salud, pensiones y cesantías. Su existencia y continuidad son fundamentales para garantizar los derechos laborales de los maestros.

¿Por qué el Ministerio de Educación terminó el contrato con la Fiduprevisora?

De acuerdo con el Ministerio de Educación, la terminación del contrato con la Fiduprevisora responde a la necesidad de corregir dificultades y posibles irregularidades detectadas en la administración de los recursos destinados a la salud y prestaciones sociales de los maestros, buscando una mayor eficiencia y transparencia en la gestión de estos servicios.

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En consecuencia, Daniel Quintero se encuentra nuevamente en la mira de un proceso disciplinario. El objetivo central de la Procuraduría es establecer si Quintero, siendo servidor público, se valió de su cargo para participar activamente en la contienda electoral, expresando respaldo a una candidatura específica y cuestionando la de su rival directo. Todo esto ocurrió en el marco de la segunda vuelta de la elección presidencial de 2026, un contexto en que las instituciones insisten en la importancia de la imparcialidad de quienes ocupan funciones estatales.

De acuerdo con la investigación, las acciones que dieron lugar al proceso se originaron tras una entrevista en el teatro Royal Center de Bogotá, concedida por Quintero luego de conocidos los resultados del preconteo electoral del 21 de junio de 2026. El video de esa conversación fue difundido ampliamente por la red social TikTok y su contenido quedó bajo la lupa de la Procuraduría debido a manifestaciones directas sobre la disputa política entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Durante su intervención, Daniel Quintero expresó abiertamente su respaldo a Cepeda y llamó a organizarse para reunir los votos necesarios a favor de su candidatura. Sus palabras fueron: "Los votos están ahí, tenemos que ir a luchar por ellos, encontrarlos y elegir a Iván Cepeda presidente". Además, la entrevista abordó la importancia de revisar actas y conformar equipos para manejar posibles impugnaciones durante la jornada electoral, asuntos que hoy examina el órgano de control para determinar el alcance de la supuesta intervención política.

La Procuraduría calificó provisionalmente la conducta investigada como gravísima, atribuida a título de dolo, es decir, con plena conciencia y voluntad. Según ese organismo, los hechos podrían haber vulnerado principios fundamentales como la imparcialidad, moralidad y transparencia en el ejercicio del poder público. Ahora, Daniel Quintero deberá presentar su defensa en el proceso, que aún no lo sanciona ni define su responsabilidad. Todo dependerá de las pruebas y el desarrollo futuro de la investigación.

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¿Por qué la Procuraduría considera gravísima la presunta falta de Daniel Quintero?

La Procuraduría General de la Nación catalogó provisionalmente la conducta como gravísima y a título de dolo, al considerar que Quintero pudo haber vulnerado los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia requeridos para cargos públicos. Esta calificación implica que la presunta intervención política representa una infracción de la obligación de neutralidad en el proceso electoral por parte de un funcionario estatal, lo cual puede tener consecuencias disciplinarias de alto impacto si se demuestra responsabilidad.

¿Qué significa "a título de dolo" en un proceso disciplinario de la Procuraduría?

"A título de dolo" indica que la falta se habría cometido con conocimiento y voluntad de contrariar el deber legal o la ética pública. En otras palabras, si se comprueba, la conducta no solo fue voluntaria, sino que Quintero era plenamente consciente de sus implicaciones, según lo establecido por la Procuraduría, al momento de expresar su apoyo político siendo funcionario público.

La víctima fue identificada en esta ocasión como el subintendente Ángel De Jesús Arrieta Ruiz, adscrito al Departamento de Policía Cesar e hijo de una familia muy conocida en este municipio, también conocido como El Difícil.

Por redes sociales, son decenas las personas las que están lamentando lo sucedido y exigiendo justicia.

En la tarde de este martes, indican los reportes, Arrieta Ruiz se encontraba de permiso y adelantando diligencias personales cuando fue atacado con arma de fuego por un sujeto que ingresó al establecimiento bancario, causándole la muerte.

Hasta el momento en el desarrollo de las indagaciones se intenta determinar si el ataque se derivó de un intento de hurto al establecimiento o si, por el contrario, estuvo inicialmente destinado contra el subintendente.

La Policía Nacional rechazó categóricamente este hecho que “enluta a nuestra institución, e invita a la comunidad a suministrar información que permita identificar y ubicar a los responsables, a través de la línea de emergencia 123”.

“De manera inmediata, la Policía Nacional dispuso sus capacidades operativas y de investigación para contribuir al esclarecimiento de los hechos, así como a la identificación, ubicación y captura de los responsables”, escribió la institución armada en un comunicado oficial.

El accidente ocurrió en Ricaurte, Cundinamarca, hasta donde Molina acompañó a su pareja, Carolina Naranjo, quien tenía que presentar un evento. Como la actividad se extendió más de lo previsto, ambos decidieron quedarse en el lugar y buscaron dónde pasar la noche.

Mientras conversaban cerca de una piscina, escucharon un ruido extraño que inicialmente no les permitió dimensionar el peligro. Carolina recordó cómo comenzó todo: “No llevábamos ni 20 minutos hablando y entonces empieza a sonar como si estuvieran golpeando una puerta de madera”, relató en la entrevista. 

El periodista de Noticias Caracol, David Molina, vivió una experiencia aterradora durante un paseo en el que su vida y la de su novia estuvieron en riesgo. ¿Qué fue lo que ocurrió? https://t.co/Di2qhHdzSu

— La Red Caracol (@LaRedCaracol) October 31, 2026

La pareja intentó identificar el origen del sonido con la linterna de un celular, pero no tuvo tiempo de reaccionar cuando una palmera cayó sobre ellos. Carolina terminó dentro de la piscina, mientras David quedó atrapado debajo del árbol y sufrió lesiones de extrema gravedad.

Una de las imágenes que más recuerda el periodista ocurrió durante esos primeros momentos de la emergencia. “Recuerdo mucho que tenía el pelo muy mojado; después entendí que era el charco de sangre de la fractura que tuve en el cráneo”, contó. 

El traslado a un centro médico confirmó la gravedad de lo sucedido. Los especialistas encontraron siete fracturas vertebrales y una hemorragia cerebral, lesiones que pusieron en duda su recuperación y su posibilidad de volver a caminar.

De hecho, Molina recordó una de las advertencias más difíciles que recibió durante su hospitalización: “Posiblemente nunca vuelvas a caminar, posiblemente esté perdiendo su capacidad neurológica”, le dijeron los médicos.

Aunque podía mover los pies, tenía dificultades para movilizar la parte superior del cuerpo. Por eso necesitó una intervención quirúrgica para reemplazar las vértebras cervicales C6 y C7, las más afectadas por el impacto. 

Después de la operación comenzó una rehabilitación que se prolongó durante siete meses. En ese periodo utilizó un corsé especial para mantener inmovilizadas la cabeza y parte del torso.

Contra los pronósticos iniciales, David consiguió recuperar su movilidad y retomar su carrera profesional. Su testimonio dejó al descubierto la gravedad de un accidente que pudo cambiar su vida para siempre. 

Con la renuncia del defensor, la Fiscalía quedó a la espera de que Jiménez designe un nuevo abogado que la represente, para poder agendar nuevamente la toma de su testimonio. Según la información suministrada, la diligencia estaba agendada para las 2:30 de la tarde, pero no pudo adelantarse por la inesperada salida del jurista. Este episodio vuelve a poner en el centro del debate nacional la complejidad y los riesgos que rodean este caso, que se ha destacado por la gravedad de las acusaciones y la relevancia mediática que ha alcanzado.

La denuncia de Jiménez acaparó la atención luego de que ella asegurara que existía una estructura conformada por mujeres que habrían sido vinculadas mediante contratos estatales, supuestamente a cambio de favores sexuales, compañía y silencio, durante el Gobierno de Gustavo Petro. Según su versión, la red podría estar compuesta por entre 30 y 40 mujeres, mientras que reportes periodísticos han hablado incluso de 48 posibles víctimas. Es importante subrayar, de acuerdo con la información presentada, que estas declaraciones están en etapa de investigación y no se consideran hechos judicialmente verificados.

Jiménez manifestó también que cuenta con pruebas materiales, entre las que mencionó videos y fotografías que, según ella, respaldarían sus afirmaciones y que estaría dispuesta a hacer entrega de estos elementos a las autoridades competentes. Dentro de sus señalamientos públicos, dijo haber conocido a Gustavo Petro en 2019 y mencionó que, supuestamente, recibió solicitudes relacionadas con la adquisición de cocaína. Todas esas aseveraciones continúan bajo verificación judicial.

La Corte Suprema de Justicia ya había escuchado a Jiménez en el marco de investigaciones que involucran su denuncia, referidas a hechos ocurridos cuando Petro ocupaba una curul en el Senado. Por ahora, el proceso se mantiene a la expectativa de una nueva fecha para la declaración de la denunciante, a la espera de que consiga representación legal, mientras diversos puntos aún carecen de esclarecimiento.

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¿Por qué renunció el abogado Andrés Felipe Caballero en el caso de Deicy Jiménez?

Según la información conocida, la renuncia de Andrés Felipe Caballero se debió a razones de seguridad personal. Sin embargo, no hay detalles o declaraciones adicionales en el material consultado que aclaren a qué tipo de amenazas o riesgos específicos se enfrentaba el abogado, por lo que las circunstancias exactas permanecen sin esclarecer.

¿Qué pruebas asegura tener Deicy Jiménez para respaldar su denuncia?

La denunciante afirmó contar con videos, fotografías y otros elementos que, según ella, respaldarían su versión de los hechos. Deicy Jiménez expresó su disposición a entregar este material a la Fiscalía General de la Nación; sin embargo, corresponde a las autoridades verificar la autenticidad y relevancia de dichas pruebas como parte de la investigación en curso.

Durante su intervención ante el pleno, Salamanca hizo énfasis en la importancia de fortalecer la transparencia y resaltó el apoyo recibido en los dos últimos años de gestión. En sus palabras, recogidas por El Espectador, destacó el compromiso por proteger el patrimonio público y aseguró que, a pesar de las limitaciones presupuestarias, se lograron ejecutar los recursos con rigor. Dentro de su balance, mencionó que lograron el fenecimiento de cuentas sin salvedades ante la Auditoría Financiera de la Contraloría General de la República, calificando la gestión como eficiente. Para Salamanca, la consolidación de un Senado que no solo legisla, sino que también rinde cuentas, es una tarea fundamental para la democracia, y subrayó la vocación de servicio y responsabilidad como pilares de su administración.

La elección tuvo como protagonistas a Juan Alberto Duque García, exsecretario de la Comisión Cuarta de Cámara; William Valderrama Hoyos, exsecretario de Hacienda de Cartagena durante la alcaldía de Antonio Quinto Guerra; y Astrid Salamanca, quien finalmente resultó vencedora. Este proceso fue seguido de cerca por El Espectador, medio que anticipó la preferencia por un perfil con amplio conocimiento institucional y experiencia probada en la administración interna del Congreso.

¿Cómo se elige al director administrativo del Senado de la República?

La elección del director administrativo del Senado de la República se realiza a través de una votación por parte de los senadores que conforman la corporación. En este caso, los candidatos presentan públicamente sus propuestas antes de la votación final, cuya decisión depende del respaldo mayoritario de los miembros del Senado.

¿Qué responsabilidades tiene la directora administrativa del Senado?

La directora administrativa del Senado, como lo indicó Astrid Salamanca, es responsable de gestionar y ejecutar el presupuesto anual de la corporación, asegurar la transparencia administrativa y rendir cuentas ante organismos como la Contraloría General de la República. Su papel es esencial para el buen funcionamiento financiero y operativo del Senado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este proceso, los abogados de Guzmán han puesto sobre la mesa el debate acerca de las garantías procesales y los derechos humanos, haciendo especial énfasis en las dudas respecto a las condiciones de reclusión en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. De acuerdo con lo narrado por El Nuevo Día, la defensa de Guzmán argumenta que en dicho centro penitenciario no estarían aseguradas ni su seguridad ni el respeto a sus derechos fundamentales.

Sin embargo, la Fiscalía colombiana ha seguido adelante en su intento de judicializar a Guzmán. El 3 de noviembre se llevó a cabo una audiencia clave en Londres, según reportó Caracol Radio, en la que fueron presentadas nuevas pruebas. Entre los documentos aportados se incluyó un correo electrónico que mostraría búsquedas sobre el uso del talio, la misma sustancia tóxica hallada en las frambuesas que desencadenaron el caso. Aunque la defensa pidió aplazar el proceso a la espera de considerar esta nueva evidencia, el magistrado decidió mantener el calendario judicial.

La situación legal de Guzmán Castro se complica debido a la programación superpuesta con la audiencia de imputación en Colombia, agendada por la Fiscalía General de la Nación para el 9 de noviembre de 2026. En este escenario, la empresaria enfrentará cargos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, por los hechos que terminaron con la muerte de dos niñas de 13 y 14 años y la intoxicación de otros dos adolescentes. Si bien la extradición aún no tiene fechas definitivas y podría retrasarse hasta abril o mayo de 2027, su futuro está en manos de la corte británica. Por el momento, Guzmán Castro no ha sido condenada y tendrá que defenderse de las acusaciones ante la justicia.

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¿Por qué Zulma Guzmán Castro enfrenta procesos judiciales por las frambuesas contaminadas en Colombia?

Zulma Guzmán Castro es investigada en Colombia debido a que las autoridades la señalan como presunta responsable de la fabricación o distribución de frambuesas cubiertas de chocolate contaminadas con talio, suceso que dejó dos menores fallecidas en abril de 2025 y dos adolescentes intoxicados, de acuerdo con El Nuevo Día y Caracol Radio.

¿Qué es el talio y por qué su presencia en alimentos es peligrosa?

El talio es una sustancia tóxica cuya presencia en alimentos puede causar graves consecuencias para la salud, como intoxicaciones severas o la muerte, como ocurrió en el caso investigado por las autoridades colombianas tras la ingesta de frambuesas cubiertas con esta sustancia, según los reportes citados.

(Le puede interesar: Senado le dio el sí a la ley de sometimiento de De la Espriella; falta un paso para su aprobación)

En sus palabras, De la Espriella fue enfático al señalar el alcance de la directriz. “Tienen ustedes la orden de recuperar la iniciativa, identificar y capturar o dar de baja a los cabecillas de esos grupos narcoterroristas. Tienen también que desarticular sus estructuras, afectar sus fuentes de financiación y, cómo no, darles su correspondiente bienvenida a esos bandidos a la patria milagro”, afirmó De la Espriella.

#ULTIMAHORA | El presidente Abelardo de la Espriella ordenó a los comandantes de la Fuerza Pública intensificar las operaciones contra las estructuras armadas que delinquen en la región del Catatumbo, entre ellas el ELN y la disidencia de las Farc.

“Tienen ustedes la orden de recuperar la iniciativa, identificar y capturar o dar de baja a los cabecillas de esos grupos narcoterroristas”.

Vía @caracolcucuta

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 3, 2026

El mensaje dejó en claro que no se trata únicamente de capturas, sino de una ofensiva integral contra el andamiaje económico y estructural de estas bandas.

La orden contempla tres ejes fundamentales: la neutralización de los líderes, el desmantelamiento de las células armadas y el golpe a los circuitos financieros que sostienen a estas organizaciones. Este tipo de enfoque operacional busca impedir que, ante la caída de un cabecilla, la estructura criminal se reconstituya con rapidez.

(Lea también: “Mensaje de urgencia”: pedido de De la Espriella al Congreso por tensa situación con ley de rescate fiscal)

¿Cómo afectar las fuentes de financiación de los grupos narcoterroristas en Colombia?

Las estrategias para cortar el flujo económico de estas organizaciones incluyen la erradicación de cultivos ilícitos, la extinción de dominio sobre bienes y el desmantelamiento de redes de lavado de activos. Organismos como la Fiscalía General y la Uiaf trabajan de manera coordinada con la fuerza pública para rastrear y bloquear estos recursos.

La aprobación en la cámara alta representa un paso clave para una iniciativa que busca establecer las condiciones bajo las cuales las organizaciones armadas ilegales podrían abandonar sus actividades criminales y acogerse a la justicia a cambio de beneficios judiciales. El proyecto también plantea desmontar la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, defendió la propuesta y señaló que el país necesita instrumentos para enfrentar a las estructuras criminales. “Colombia necesita herramientas jurídicas eficaces para combatir y desmantelar las estructuras criminales, garantizar que quienes delinquen respondan ante la justicia, proteger a las víctimas y recuperar la seguridad de millones de familias”, afirmó. 

Por su parte, el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático y coordinador ponente, sostuvo que la iniciativa busca proteger las instituciones y recuperar la seguridad. “Más que un sometimiento a la ley, es un acogimiento a la Constitución”, expresó durante la discusión. 

Sin embargo, la discusión en la Cámara ha estado marcada por cuestionamientos sobre el procedimiento. Algunos representantes señalaron que la ponencia positiva se sometió a votación sin que Daniel Briceño la sustentara previamente. El congresista negó que existiera un vicio de trámite y defendió el procedimiento.

“En Cámara de Representantes no ha habido ningún vicio. Claro, hubo una votación apresurada que se hizo”, afirmó Briceño. También sostuvo que sí expuso los argumentos de la ponencia durante más de 20 minutos.

El paso pendiente es que la Cámara apruebe el articulado. Si ambas corporaciones respaldan el proyecto, deberán conciliar los textos que eventualmente tengan diferencias. Después de ese procedimiento, la iniciativa podrá pasar a sanción presidencial. 

Muñoz Giraldo llegó a la delegación diplomática en Managua en 2022, tras la salida del exembajador León Fredy Muñoz, quien había estado vinculado al partido Alianza Verde. Como jefe temporal de la embajada, su gestión se vio envuelta en controversias por el supuesto respaldo a González mediante el envío de comunicaciones a las autoridades nicaragüenses. A González se le acusa formalmente de los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos, según la investigación en su contra por el caso Ungrd.

Documentos citados por El Espectador puntualizan que la fecha formal de desvinculación de Muñoz Giraldo sería el 30 de septiembre de 2026, a pesar de la instrucción temprana de salida. El gobierno Petro recibió críticas por haber trasladado a Muñoz Giraldo a la embajada de Guyana en medio del escándalo desatado por las misivas enviadas al régimen de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Estas cartas, de acuerdo con la Cancillería, no contaron con la autorización de Laura Sarabia, quien lideraba el Palacio de San Carlos en ese momento.

En declaraciones dadas a Caracol Radio el 20 de mayo, el presidente Petro aseguró: “Nosotros lo echamos. Si me dicen que está reubicado, hoy mismo se va”. No obstante, fuentes oficiales aclararon que, al no tratarse de un empleado de libre nombramiento y remoción, los procedimientos legales exigían esperar a que un funcionario de carrera pudiera asumir el cargo. Asimismo, en periodo de ley de garantías, se evitó proceder abruptamente para impedir un “daño antijurídico”, buscando cumplir con los requisitos legales correspondientes.

La vinculación de Muñoz Giraldo al proceso disciplinario del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) se hizo notoria desde diciembre de 2025, cuando la Cancillería comunicó que investigaba a varios funcionarios por una fiesta en la embajada donde estuvo presente González. En esa coyuntura, el Ministerio informó que Muñoz Giraldo había sido reubicado mientras recababa pruebas. Fuentes de El Espectador aseguran que Muñoz Giraldo permaneció en Georgetown, Guyana, hasta fechas recientes, aunque el funcionario no ha hecho declaraciones públicas. La Cancillería, por su parte, reiteró el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

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¿Por qué tomó tiempo la desvinculación de Óscar Iván Muñoz Giraldo de la Cancillería?

La salida de Óscar Iván Muñoz Giraldo se demoró debido a que su cargo no era de libre nombramiento y remoción, lo que obligó al Ministerio de Exteriores a esperar al ascenso de un funcionario de carrera para reemplazarlo. Además, al encontrarse en periodo de ley de garantías, las autoridades buscaron prevenir un “daño antijurídico” y ceñirse a todos los requisitos legales al momento de concretar la desvinculación, según lo informado por El Espectador.

¿Cuál es la relación de Óscar Iván Muñoz Giraldo con el caso de Carlos Ramón González en la Ungrd?

Muñoz Giraldo es señalado de haber ayudado presuntamente a Carlos Ramón González, prófugo de la justicia, a gestionar su visa en Nicaragua mientras ejercía como encargado de negocios en Managua. González está acusado por cohecho, peculado y lavado de activos en el caso del desfalco a la Ungrd y fue vinculado a una fiesta en la embajada colombiana, lo que llevó a la apertura de investigaciones por parte de la Cancillería, según reporta El Espectador.

De acuerdo con Félix Salgado, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Ibagué, la Administración Municipal intervino prontamente desplegando maquinaria para retirar el material que había bloqueado los corredores rurales. Se informa que las labores de limpieza y remoción del lodo y piedras culminaron durante la tarde del día anterior y, alrededor de las 5:00 p. m., quedó restablecido el tránsito para las comunidades afectadas, entre ellas China Alta, Casa de Campo y Ambalá, que pudieron recuperar la comunicación y el acceso a sus actividades diarias.

Sin embargo, la inquietud entre los residentes persiste debido a la creciente inestabilidad del terreno. De acuerdo con Salgado, los movimientos telúricos registrados en el departamento constituyen un factor adicional que puede incrementar los riesgos de nuevos deslizamientos de tierra. Aunque por ahora no se han reportado daños ni afectaciones materiales relacionados con el más reciente sismo, la amenaza se mantiene latente. El funcionario indicó también que estos deslizamientos podrían causar represamientos en las quebradas cercanas, lo que añadiría un peligro más para las viviendas y las vías rurales de la región, pues impediría el flujo normal de aguas y podría agravar la situación en caso de nuevas lluvias intensas.

Frente a este panorama, la Administración Municipal instó a la población a estar atenta ante cualquier manifestación de riesgo, solicitando que cualquier emergencia sea reportada de inmediato a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo. Por ahora, se mantiene un monitoreo constante de las vías en el interior de la zona rural, con el objetivo de responder con prontitud a futuras eventualidades y garantizar que las comunidades no vuelvan a quedar incomunicadas.

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¿Cuál es la situación actual de las vías rurales en China Alta de Ibagué tras los deslizamientos?

Luego de la intervención de la Administración Municipal, y según lo informado por Félix Salgado, hacia las 5:00 p. m. del día anterior el tránsito en las vías rurales de China Alta, Casa de Campo y Ambalá fue restablecido, permitiendo la movilidad y el acceso de habitantes y productores a sus actividades cotidianas. No obstante, persiste el monitoreo permanente para evitar nuevos bloqueos.

¿Qué debe hacer la comunidad rural de Ibagué ante posibles nuevos deslizamientos de tierra?

Ante la amenaza de nuevos deslizamientos, la Administración Municipal recomendó a los habitantes de las zonas afectadas estar atentos a cualquier señal de peligro y reportar rápidamente cualquier emergencia a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, mientras continúan las labores de vigilancia en las carreteras rurales.

(Le puede interesar: Habló supervisor de 2 contratos de Deicy Jiménez, mujer que señaló a Petro por supuesto pago de intimidad)

En uno de sus pronunciamientos, Caballero afirmó que su prioridad es que Jiménez y otras mujeres puedan declarar ante las autoridades y entregar elementos de prueba. También manifestó que está convencido de la versión de su antigua representada.

“Estoy aún más convencido de que Deicy cuenta la verdad y estoy seguro de que la justicia actuará rápidamente contra Petro y sus secuaces”, escribió en su cuenta de X.

Sobre mi renuncia a la representación de Deicy Jiménez:

Me aparto por motivos de seguridad personal. Las amenazas no me asustan, pero soy un convencido de que la atención en lo prioritario no debe perderse: lo más importante aquí es garantizar que Deicy y otras mujeres puedan declarar y aportar otros elementos de prueba.

Hoy estoy aun más convencido de que Deicy cuenta la verdad y estoy seguro de que la justicia actuará rápidamente contra Petro y sus secuaces.

La acción penal está en manos de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía. Mi renuncia no afecta en absoluto los procesos en curso, y menos si hay un proceso donde rige la permanencia de la prueba (la declaración que ya rindió). Lo que se les viene es grande y confío en las autoridades.

Leo a gente muy feliz con mi renuncia. Lamento informarles que me seguirán viendo muy seguido. No hay forma de que me callen. Y recuerden que la verdad es como un león: la sueltas y se defiende sola.

Con patriotismo,

Pipe Caballero.

— Pipe Caballero (@PipeCab) November 3, 2026

Sin embargo, el abogado también le dedicó un mensaje al exmandatario, en el que rechazó sus cuestionamientos y defendió la información que ha divulgado sobre el proceso.

“Petro, conmigo te equivocas. Sé lo que significa respetar la ley y la orden de los jueces. Tú de eso no sabes”, expresó.

Caballero explicó que los detalles generales que mencionó sobre la diligencia y el caso ya habían sido expuestos por Jiménez en medios de comunicación. Además, se refirió a la entrega de un celular que, según indicó, contendría elementos de prueba.

El jurista sostuvo que ese procedimiento se coordinó por fuera de la diligencia judicial y que se llevará a cabo más adelante, por lo que, a su juicio, no existe una reserva sobre un hecho que todavía no ha ocurrido.

En el mismo mensaje, negó tener conocimiento de las solicitudes que habría presentado el abogado Alejandro Carranza y aseguró que su renuncia responde a razones de seguridad. “Renuncio porque tú y tu gente son capaces de todo y la atención no debe ponerse sobre mí sino sobre tus víctimas: las mujeres y el país”, escribió.

Petro, conmigo te equivocas. Sé lo que significa respetar la ley y la orden de los jueces. Tú de eso no sabes.

Conté aspectos generales de la diligencia y del caso, lo cual ya había sido expuesto por la declarante en medios abiertos. También conté que va a entregar su celular con elementos de prueba, lo cual se coordinó por fuera de la diligencia y se hará en el futuro así que no hay reserva sobre lo que no ha ocurrido. Pero eso debe tenerse bastante asustado. Sabes bien lo que hiciste, aunque seguro de algunos detalles ni te acuerdas, ya sabes por qué.

No sé en qué estado estás hoy pero tu “suspicacia” te la estás sacando del sombrero, por decir lo menos, ya que no tengo ni idea de las solicitudes de Carranza. Renuncio porque tú y tu gente son capaces de todo y la atención no debe ponerse sobre mí sino sobre tus víctimas: las mujeres y el país.

Ya nos veremos.

— Pipe Caballero (@PipeCab) November 3, 2026

(Lea también: Exponen video de Deicy Jiménez, que señaló a Petro de pagarle por servicios íntimos con contratos)

Abogado aseguró que su renuncia no afecta el proceso

En su primer pronunciamiento, Caballero había explicado que se apartaba de la representación legal por motivos de seguridad personal. Aunque afirmó que las amenazas no lo intimidan, consideró que la atención pública debía concentrarse en garantizar que Jiménez y otras mujeres puedan declarar y aportar pruebas.

También señaló que su salida no afecta las actuaciones judiciales en curso, pues la acción penal está en manos de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. En particular, mencionó la declaración que Jiménez ya rindió ante la Corte y el principio de permanencia de la prueba.

La renuncia se conoció este martes 3 de noviembre, pocas horas antes de que Jiménez compareciera ante la Fiscalía para ampliar sus señalamientos contra Petro. Por ese cambio en su representación legal, la diligencia prevista para esa tarde quedó aplazada.

Las acusaciones de Deicy Jiménez contra Petro

Jiménez llegó al centro de la controversia después de contar en una entrevista con la revista Semana que, según su versión, durante el gobierno de Petro se habrían solicitado favores íntimos a mujeres a cambio de contratos con el Estado.

La mujer también aseguró que tiene fotografías, videos y conversaciones que respaldarían sus afirmaciones. Entre los elementos que anunció que entregaría a las autoridades está su teléfono celular.

Por ahora, la Fiscalía deberá reprogramar la diligencia pendiente y avanzar en la revisión de los elementos que se aporten. Los señalamientos contra el expresidente continúan bajo investigación y corresponde a las autoridades establecer si existieron irregularidades y eventuales responsabilidades.

El fallo original, según información de El Espectador, requería que antes de realizar operaciones militares, incluidas las de bombardeo, las fuerzas armadas verificaran de manera exhaustiva la posible presencia de menores en esas áreas. Además, establecía que esos menores, incluso si portan armas o visten uniforme, no pueden ser tratados como combatientes sino como víctimas de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados. Esto implica, según el mandato judicial, que deben otorgárseles todas las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida y seguridad.

Aunque la abogada Bernal Cano solicitó la suspensión provisional de los bombardeos, la petición fue rechazada por la jueza. La decisión radica en que el incidente de desacato solo permite revisar el cumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo de tutela previo, en el que ya se había negado la prohibición de operaciones militares. Sin embargo, la jueza sí concedió el plazo de 48 horas para que los máximos responsables del Estado presentaran pruebas contundentes de la puesta en marcha del protocolo ordenado originalmente en septiembre.

En síntesis, el gobierno está hoy bajo el escrutinio judicial, obligado a acreditar de manera fehaciente que los derechos de la población vulnerable, especialmente los menores de edad en zonas de conflicto, están siendo resguardados según lo dictado por el tribunal.

¿En qué consiste el protocolo de protección a menores exigido al gobierno en operaciones militares?

El protocolo, de acuerdo con El Espectador, ordena que las fuerzas militares, antes de ejecutar operaciones como bombardeos, deben verificar la presencia de menores de edad en las áreas de operación. Además, especifica que los menores involucrados no deben ser tratados como combatientes, sin importar si portan armas o visten uniforme, sino como víctimas de reclutamiento, lo que obliga a su protección.

¿Por qué la jueza de Cúcuta negó la suspensión de los bombardeos y qué revisa con el incidente de desacato?

La jueza octava administrativa de Cúcuta, según expone El Espectador, negó la suspensión de los bombardeos al concluir que el incidente de desacato solo evalúa el cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela anterior, en el que ya se había descartado detener las operaciones militares. El enfoque principal es asegurar la implementación de las medidas de protección para menores, no la suspensión de la actividad militar.

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(Vea también: Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, radicó tutela tras su traslado a cárcel de Cómbita)

La solicitud fue presentada el 30 de octubre ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Gobernación de Antioquia, poco antes de que se concretara el traslado de Quintero a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, señaló el diario. El documento expuso las razones por las que la defensa consideraba que su cliente debía permanecer en un centro de reclusión de la región.

Miguel Quintero pidió cupo en cárcel de Itagüí por su parentesco con Daniel Quintero

En el oficio, el abogado Felipe Alzate solicitó que se adelantara de manera urgente el trámite para que Miguel Quintero fuera ubicado en la Cárcel Departamental Yarumito de Varones y Anexo de Mujeres E. R. E., situada en el municipio de Itagüí, Antioquia.

Uno de los argumentos centrales fue el vínculo familiar del procesado con Daniel Quintero, quien fue alcalde de Medellín. Para la defensa, esa relación y la exposición pública del caso generan condiciones particulares de vulnerabilidad que las autoridades deben considerar al determinar el lugar de reclusión.

“En el caso concreto, debe considerarse que el señor Miguel Quintero Calle es hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, circunstancia que lo vincula directamente, por razón de consanguinidad, con una figura política de amplio reconocimiento público, cuya trayectoria y exposición en el escenario político local y nacional constituyen elementos relevantes para valorar las condiciones particulares de seguridad de mi representado”, se lee en el documento expuesto por El Tiempo.

El abogado agregó que la identificación pública de su cliente como familiar cercano del exmandatario, sumada a la exposición mediática de la investigación penal, podría causar riesgos durante su permanencia en un establecimiento carcelario.

Según el defensor, esas circunstancias debían ser valoradas para prevenir posibles intimidaciones, amenazas, confrontaciones o agresiones que pudieran comprometer la vida y la integridad de Miguel Quintero.

¿Por qué Miguel Quintero pidió que lo enviaran a la cárcel de Yarumito?

La defensa no solicitó un cupo en cualquier establecimiento penitenciario. Yarumito cuenta con un régimen particular y está destinado principalmente a personas vinculadas con el servicio público, de acuerdo con las condiciones establecidas en su reglamento interno.

Por esa razón, el abogado también pidió que, si no era posible asignarle un espacio en ese centro de reclusión, las autoridades evaluaran la posibilidad de ubicarlo en otro establecimiento que tuviera un patio o pabellón especial para servidores públicos.

La petición debía ser estudiada por las autoridades penitenciarias y departamentales. En otras palabras, el hecho de que la defensa invocara el parentesco con Daniel Quintero no significaba que Miguel tuviera garantizado el ingreso a Yarumito.

La solicitud también planteó la necesidad de valorar las condiciones de seguridad particulares del procesado antes de definir su ubicación definitiva.

Miguel Quintero fue trasladado a Cómbita y su defensa presentó tutela

Pese a la petición de su abogado, Miguel Andrés Quintero Calle terminó recluido en la cárcel de Cómbita, conocida como El Barne, en Boyacá, después de que un juez revocara la medida de detención domiciliaria que cumplía mientras avanzaba la investigación penal en su contra.

El proceso está relacionado con presuntas irregularidades en contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. La Fiscalía investiga posibles delitos relacionados con la contratación pública y la apropiación de recursos.

El pico y placa, de acuerdo con lo explicado por la Secretaría, es una restricción que regula la circulación de vehículos con base en el último dígito de la placa. Para este miércoles, la restricción se dirige a automóviles con placas que terminan en 3 y 4, en una jornada continua desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. La entidad precisó que existen ciertas exenciones a la medida, entre las que destacan las motocicletas, vehículos de emergencia, vehículos oficiales, híbridos y eléctricos, así como aquellos destinados al transporte de personas con discapacidad. Adicionalmente, existe la opción de acceder a la tasa por congestión, que permite a determinados usuarios la circulación a pesar de la restricción, bajo condiciones indicadas en la regulación.

La programación semanal para el segundo semestre de 2026 quedó determinada así: los lunes la restricción corresponde a placas terminadas en 9 y 0; los martes, a las terminadas en 1 y 2; miércoles, placas finalizadas en 3 y 4; jueves, en 5 y 6; y viernes, en 7 y 8. Este esquema, divulgado en redes sociales y comunicados oficiales, tiene como propósito aliviar la congestión vial y mejorar la movilidad en Cali. La Secretaría de Movilidad de Cali insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus plataformas digitales, verificando periódicamente el número de placa antes de movilizarse para evitar sanciones y contribuir al adecuado funcionamiento del tránsito local.

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¿Cuándo empezó la rotación del pico y placa para el segundo semestre de 2026 en Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, la nueva rotación del pico y placa para el segundo semestre de 2026 comenzó a regir el 1 de julio. Antes del inicio oficial de las sanciones se llevó a cabo una etapa pedagógica entre el 1 y el 3 de julio, y desde el 6 de julio se empezaron a imponer comparendos a quienes incumplen la medida.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en Cali según la Secretaría de Movilidad?

Según informó la Secretaría de Movilidad de Cali, las exenciones al pico y placa incluyen a motocicletas, vehículos de emergencia, vehículos oficiales, híbridos, eléctricos y aquellos destinados al transporte de personas con discapacidad. Además, existe la opción de la tasa por congestión para quienes cumplen los criterios estipulados en la normativa.

El mapa de intensidades elaborado por el SGC mostró que la mayor intensidad registrada alcanzó el nivel 6, lo que, de acuerdo con la escala utilizada por la entidad, corresponde a daños leves. Esta intensidad máxima fue notificada en Chaparral, Roncesvalles, San Antonio, Ortega y Ataco, en Tolima, así como en Andalucía, Valle del Cauca, y Buenavista, Quindío. Adicionalmente, los reportes llegaron desde 462 centros poblados, distribuidos en 258 municipios de 20 departamentos del país, revelando la manera en que el temblor fue sentido incluso más allá de la zona epicentral.

Entre las ciudades con mayor cantidad de reportes se destacan Bogotá, Cali, Ibagué, Armenia y Pereira, donde los habitantes variaron en su percepción del movimiento telúrico. En el mapa de intensidades se identificaron rangos que iban desde nivel 2, cuando apenas se percibe el temblor, hasta niveles superiores, como intensidad 5, que implica una experiencia mucho más fuerte. Es importante resaltar que la escala de intensidades del SGC contempla también casos de daños moderados o severos, aunque en este sismo el nivel más alto fue de daños leves.

El SGC explicó que los reportes ciudadanos ingresan a un filtro estadístico automático, el cual le permite evaluar la intensidad del evento sin que cada caso sea verificado individualmente. Esta información resulta crucial para construir el mapa de intensidades y conocer el comportamiento de los sismos en diferentes territorios del país. El balance presentado corresponde a los datos verificados y publicados hasta la 1:00 p. m. del 3 de noviembre de 2026, aunque la entidad mantiene activa la plataforma Sismo Sentido, donde las personas pueden continuar registrando sus experiencias posteriores al evento sísmico, lo que complementará la información recabada inicialmente.

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¿En cuáles municipios de Colombia se sintió el sismo del 3 de noviembre de 2026?

De acuerdo con lo informado por el Servicio Geológico Colombiano, el sismo del 3 de noviembre de 2026 se percibió en al menos 462 centros poblados, pertenecientes a 258 municipios en 20 departamentos de Colombia. Las zonas con intensidad máxima incluyeron localidades de Tolima como Chaparral, Roncesvalles, San Antonio, Ortega y Ataco, así como Andalucía, en Valle del Cauca, y Buenavista, en Quindío.

¿Cómo determina el Servicio Geológico Colombiano la intensidad de un sismo?

El Servicio Geológico Colombiano utiliza los reportes ciudadanos que las personas envían tras percibir un temblor, los cuales pasan por un filtro estadístico automático. Esta herramienta evalúa la intensidad reportada y permite construir un mapa detallado de cómo se sintió el sismo en distintas regiones, aunque la entidad aclara que los reportes no se verifican de manera individual.

Con esta solicitud, el ejecutivo busca que Senado y Cámara de Representantes le den prioridad a la iniciativa, que plantea medidas para estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal y promover el crecimiento económico bajo criterios de equidad y eficiencia.

Según explicó Ospina, el mandatario envió el documento a los presidentes de ambas corporaciones y justificó la petición en la necesidad de adoptar medidas antes de que se profundice el deterioro fiscal del país.

Atención: El Presidente @ABDELAESPRIELLA radicó ante el Congreso mensaje de urgencia e insistencia para acelerar la discusión y el trámite del proyecto de ley de rescate fiscal. Vía @BluRadioCo https://t.co/X48nlMM46u

— Ricardo Ospina (@ricarospina) November 3, 2026

En el mensaje, el Gobierno advierte que mantener el trámite legislativo ordinario podría retrasar la aplicación de los ajustes y aumentar las presiones sobre el presupuesto nacional. Entre sus preocupaciones menciona el crecimiento del gasto, el costo del servicio de la deuda y la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

¿Qué cambia con el mensaje de urgencia?

La solicitud tiene efectos sobre los tiempos y el procedimiento que debe seguir el proyecto en el Legislativo. De acuerdo con el artículo 163 de la Constitución, la Cámara correspondiente debe decidir sobre una iniciativa con mensaje de urgencia dentro de un plazo de 30 días.

Además, el mecanismo permite que las comisiones económicas de Senado y Cámara estudien el proyecto en sesiones conjuntas y le da prelación en el orden del día. Esto significa que otros asuntos pueden quedar aplazados mientras se toma una decisión sobre la propuesta.

El Gobierno respaldó su petición en disposiciones de la Ley 5 de 1992 y en la sentencia C-379 de 2016 de la Corte Constitucional.

Los cambios tributarios que contempla la reforma

Entre los componentes de la ley de rescate fiscal se encuentran ajustes tributarios y aumentos de impuestos para determinados sectores, con los que el Ejecutivo espera incrementar los ingresos del Estado.

Sin embargo, el proyecto plantea mantener excluidos del IVA varios productos y servicios, entre ellos arroz, pan, carne, huevos, papa, lácteos, medicamentos, atención en salud, educación, arrendamientos de vivienda, servicios públicos, transporte público y ACPM.

También propone un mecanismo de devolución del impuesto que, según las proyecciones oficiales, podría beneficiar a 36,5 millones de colombianos: 19 millones recibirían la devolución del IVA y otros 16,5 millones obtendrían hasta el 50 % de lo pagado.

Otro punto está relacionado con los aportes al sistema de salud. La propuesta mantendría una tarifa del 4 % para trabajadores y contribuyentes con ingresos de hasta dos salarios mínimos, mientras que quienes superen ese umbral tendrían un aumento progresivo hasta llegar al 8 %.

La iniciativa ha despertado cuestionamientos por el impacto que los nuevos gravámenes podrían tener sobre los hogares y distintos sectores económicos. Con el mensaje de urgencia, De la Espriella busca acelerar un debate que será determinante para definir el alcance de su estrategia de ajuste fiscal. No obstante, el proyecto todavía debe superar su discusión y votación en el Congreso.

(Vea también: Congreso avanza contrarreloj en trámite de ley de sometimiento impulsada por el gobierno De la Espriella antes de vencer la Ley de Orden Público)

El cruce comenzó cuando Carrascal cuestionó a Juvinao por participar en la votación de la iniciativa, al considerar que respaldaba beneficios judiciales para narcotraficantes, lavadores de activos y reclutadores de menores. La congresista de la Alianza Verde respondió con una extensa publicación en la que cuestionó la gestión del gobierno de Gustavo Petro y defendió su participación en el debate legislativo.

Catherine Juvinao y María Fernanda Carrascal se enfrentaron por la Ley de Sometimiento

La controversia comenzó con un mensaje de María Fernanda Carrascal, representante del Pacto Histórico, quien cuestionó la postura de Juvinao frente al proyecto que busca establecer las condiciones para el sometimiento a la justicia de integrantes de estructuras criminales.

“¿Nos sorprende? Catherine Juvinao haciéndole quórum y votando positivo la Ley de Sometimiento para beneficiar con rebajas de penas a lavadores, narcotraficantes y reclutadores de niños, niñas y adolescentes. A esta hora, la única de su partido. Con los votos del Pacto Histórico no cuenten”, escribió Carrascal.

La representante de la Alianza Verde no tardó en contestar. En su respuesta, defendió su participación en el Congreso y aseguró que había conseguido que le aprobaran una proposición para eliminar beneficios contemplados para testaferros.

¿Nos sorprende?

@CathyJuvinao haciéndole quorum y votando positivo la Ley de Sometimiento para beneficiar con rebajas de penas a lavadores, narcotraficantes y reclutadores de niños, niñas y adolescentes.

A esta hora la única de su partido.

Con los votos del @PactoCol no cuenten.

— Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) November 3, 2026

“María Fernanda, aquí estamos los verdes votando y legislando, como es nuestro deber. Y aquí estás tú también votando, jaja. Bájale tres rayas al ‘show’. Y para que te enteres, me avalaron una proposición que elimina los beneficios que había para testaferros, porque yo vengo al Congreso a trabajar, a buscar acuerdos y a mejorar los proyectos, no a hacer un ‘show’ barato en redes cada 5 minutos”, escribió Juvinao.

“Politiquera, puestera”: Juvinao le sacó en cara varios cuestionamientos a Petro

La discusión subió de tono cuando Juvinao cuestionó a Carrascal por su postura frente a las políticas del anterior Gobierno y le preguntó por distintos episodios relacionados con la denominada paz total.

La congresista mencionó los beneficios concedidos a integrantes de estructuras armadas, la situación de seguridad en el Catatumbo, los señalamientos de infiltración de entidades estatales por parte de las disidencias de las Farc y los asesinatos de líderes sociales.

También cuestionó los nombramientos de gestores de paz y las denuncias sobre presuntas violencias basadas en género en el entorno presidencial. Todos estos asuntos fueron presentados por Juvinao como reproches a la posición política de Carrascal frente a la administración de Gustavo Petro.

Sin embargo, la representante de la Alianza Verde fue más allá y lanzó señalamientos personales contra su contradictora.

“Ah, verdad que a ti solo te interesaba que Benedetti te llenara puestos en el Ministerio del Interior, con los cuales, hay que decir, no diste medio resultado. Politiquera, puestera”, escribió Juvinao.

La congresista también comparó el proyecto que actualmente se discute con las iniciativas de sometimiento presentadas durante el Gobierno Petro en 2023 y 2025. Según sostuvo, aquellas propuestas contemplaban beneficios mayores para integrantes de organizaciones criminales y permitían conservar hasta el 12 % de sus bienes.

Juvinao defendió que la iniciativa actual puede modificarse durante su discusión y aseguró que su intención es contribuir a mejorarla, no bloquearla.

“Yo soy congresista para trabajar por el país, María Fernanda, no para sabotear porque sí: estudio las iniciativas, cuestiono, evalúo y propongo. Porque para eso me pagan los ciudadanos que me pusieron aquí. Soy una mujer independiente y tengo la libertad de fijar criterio, algo que en la secta a la que tú perteneces está prohibido. Lo siento”, agregó.

María Fernanda, ¿aquí estamos los verdes votando y legislando, como es nuestro deber. Y aquí estás tú también votando, jaja. Bájale tres rayas al show. Y para que te enteres, me avalaron una proposición que elimina los beneficios que había para testaferros, porque yo vengo al Congreso trabajar, a buscar acuerdos y a mejorar los proyectos, no a hacer un show barato en redes cada 5 minutos.

Sin embargo, me llama la atención tu súbita indignación con este proyecto. ¿Dónde estabas cuando tu gobierno le dio beneficios a Calarcá, a Mordisco, al Clan del Golfo y al ELN a cambio de que reclutaran niñas y asesinaran firmante de paz? ¿Dónde estabas cuando Petro elevó a gestor de paz al peor narcoparamilitar depredador de mujeres, Hernán Giraldo, y a Mancuso? ¿Dónde estabas en enero de 2025, cuando la Paz Total provocó el desplazamiento de más de 40.000 personas en una semana en el Catatumbo? ¿Dónde estabas cuando se descubrió que el criminal de lesa humanidad, Calarcá, infiltró el ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección con la anuencia de tu gobierno? ¿Dónde estabas para reclamar por los 600 líderes sociales asesinados en estos 4 años? ¿Dónde estabas para defender a las mujeres de las violencias basadas en género disparadas, y a todas las que tenían presuntamente contratadas a cambio de favores sexuales en presidencia? Ah, verdad que a ti solo te interesaba que Benedetti te llenara puestos en el Ministerio del Interior, con los cuales, hay que decir, no diste medio resultado. Politiquera, puestera.

Pero además, ¿dónde estabas cuando tu jefe Petro presentó DOS proyectos de Sometimiento, en 2023 y en 2025, en los que no solo daban muchos más beneficios que el proyecto que se debate hoy, sino que además ustedes proponían que grupos armados ilegales, narcos y testaferros conservarán hasta el 12% de sus bienes? Eso sí era blanqueo de frente. Estabas muda, aunque quizás ni te enteraste porque tú no lees los proyectos de tu propia bancada.

Por último, y para que te quede claro, a mí sí me interesa, y mucho, que se apruebe esta ley de sometimiento. Es necesaria para el país para justamente para darle una salida a los criminales que no sea bala y más bala. Algo que tú deberías apoyar si dices promover la paz, pero evidentemente la coherencia y la lógica no son lo tuyo.

¿Este proyecto es perfectible? Sí, y acá estamos dando la discusión y radicando muchas propuestas para mejorarlo. Yo soy congresista para trabajar por el país, María Fernanda, no para sabotear porque sí: estudio las iniciativas, cuestiono, evalúo y propongo. Porque para eso me pagan los ciudadanos que me pusieron aquí.

Soy una mujer independiente y tengo la libertad de fijar criterio, algo que en la secta a la que tú perteneces está prohibido. Lo siento.

— Cathy Juvinao🌻💚 (@CathyJuvinao) November 3, 2026

De acuerdo con el informe del Consejo de Política Criminal citado por El Espectador, se evidenciaron fracturas en el esquema de sometimiento previo, impulsado por el gobierno de Gustavo Petro. La entidad señaló, a partir de registros entre diciembre de 2022 y julio de 2026, un aumento del 90 % en el número de integrantes de grupos armados ilegales. Además, enfatizó que ningún proceso de desarme alcanzó resultados efectivos, y que, por el contrario, organizaciones ilegales lograron expandirse territorialmente, lo que derivó en un incremento de extorsiones y reclutamiento forzado, según autoridades consultadas en el informe.

El concepto también subraya que la nueva ley de sometimiento establece un curso legal unilateral, basado en la entrega de bienes ilícitos, la aplicación de justicia ordinaria y la intervención territorial integral, siempre bajo la condición de no hacer reconocimientos políticos a los actores involucrados en actividades ilegales. Entre las garantías exigidas, se mencionan la permanencia de la acción de la Fuerza Pública y la prohibición de suspender órdenes de captura o extradición, elementos que el Consejo consideró esenciales para aumentar el margen de éxito de la estrategia estatal.

En tanto, la Fiscalía manifestó la necesidad de revisar una posible nueva unidad para procesos de sometimiento, lo que ahora dependerá de la capacidad presupuestal que evalúe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por su parte, la Defensoría del Pueblo se mostró preocupada porque algunas penas base quedaban en 10 años, sin considerar colaboraciones con la justicia. Ante esa inquietud, el proyecto fue ajustado, y para delitos como lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, se amplió el requisito para conceder la suspensión condicional de la pena, condicionado a la entrega total de los bienes ilícitos, previa verificación de la Fiscalía.

El destino del proyecto de ley, con estas modificaciones, se resolverá en la plenaria del Senado, con plazo hasta el miércoles 4 de noviembre para su aprobación. El debate final se anticipa crucial para el futuro de la política criminal en Colombia.

¿Qué propone la nueva ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella?

La nueva ley de sometimiento presentada por el gobierno de Abelardo de la Espriella propone un marco legal unilateral de sometimiento a la Constitución y la ley, incluye la entrega real de bienes ilícitos, el procesamiento en la justicia ordinaria, la intervención territorial integral y beneficios condicionados, sin ningún reconocimiento político a los actores ilegales, según el Consejo de Política Criminal.

¿Cuáles son las principales observaciones de la Defensoría del Pueblo sobre la ley de sometimiento?

La Defensoría del Pueblo observó que se debían revisar la proporcionalidad de las penas, especialmente en delitos como lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito. Ante su sugerencia, el proyecto fue modificado para exigir la entrega total de bienes ilícitos y ajustar el tiempo de ejecución de la pena para acceder a la suspensión condicional, como lo indica el informe del Consejo de Política Criminal.

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De acuerdo con lo reportado, la respuesta inicial consistió en la activación inmediata del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, junto con la Cruz Roja y la Defensa Civil. Estas entidades organizaron inspecciones en todas las comunas y habilitaron líneas de atención ciudadana para agilizar el reporte de situaciones relacionadas con la emergencia. La estrategia priorizó la seguridad y la transparencia en la atención de las afectaciones.

Tras las evaluaciones estructurales, la Secretaría de Gestión del Riesgo, con apoyo del Fondo Milagro, anunció que está a la espera del cronograma oficial para dar inicio esta semana a la demolición de edificios catalogados como vulnerables. El listado prioritario lo encabeza el edificio Bretaña, seguido de las edificaciones Coral, Elizabeth, Contranal y Laureles. Todos estos inmuebles permanecen bajo revisión técnica constante con el objetivo de salvaguardar a los habitantes y transeúntes de las zonas afectadas.

En paralelo a las intervenciones físicas, la Alcaldía de Cali puso en marcha la entrega masiva de subsidios económicos dirigidos a 21.000 familias afectadas. El proceso contempla dos canales para facilitar el acceso a los recursos: pagos directos a cuentas bancarias o fintech, como la plataforma Móvil, y la opción presencial en 80 puntos de Supergiros, dispuestos desde el día siguiente a la información emitida. Así, se garantizan tanto el primer giro para quienes aún no lo han recibido como el segundo pago para todos los damnificados elegibles.

Para el tercer pago, la administración local está a la espera de la transferencia de recursos desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) hacia la fiducia correspondiente. En cuanto al censo oficial de damnificados, la administración distrital implementó una ruta jurídica para validar y complementar la información del Registro Único de Damnificados (RUT), en coordinación con el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo. Sin embargo, la actualización o inclusión de familias fuera del censo es competencia exclusiva del Gobierno Nacional, ante quien continúan las solicitudes.

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¿Cuáles son los edificios priorizados para demolición tras el sismo en Cali?

Entre las edificaciones consideradas más vulnerables tras el sismo están el edificio Bretaña, Coral, Elizabeth, Contranal y Laureles, según la Secretaría de Gestión del Riesgo y el Fondo Milagro. Estas estructuras serán sometidas a intervención inmediata una vez se establezca el cronograma oficial, priorizando la seguridad de la ciudadanía vecina a estos predios.

¿Cómo se puede acceder a los subsidios para damnificados por el terremoto en Cali?

La Alcaldía de Cali ofrece a los beneficiarios dos opciones principales para el cobro de subsidios: transferencias directas a cuentas bancarias o fintech para quienes ya estén registrados, o cobro presencial en 80 puntos habilitados de Supergiros. Es fundamental que los beneficiarios validen sus datos y consulten el listado oficial para asegurar el acceso al auxilio económico.

Según la alcaldía, el primer grupo está conformado por 10.000 hogares que recibieron su primer desembolso previamente y ahora podrán acceder al segundo, por un monto de $1.050.000. El segundo grupo, integrado por 11.000 familias recientemente incluidas en el registro, obtendrá $2.100.000, correspondientes a los dos meses pendientes de ayuda. El alcalde Alejandro Eder, en declaraciones recogidas por 90minutos.co, detalló que “ya está iniciando el primer desembolso para quienes no lo han recibido y el segundo para todos los que están registrados a través de sus cuentas bancarias”, mientras que los pagos por SuperGIROS comenzarían al día siguiente.

Para garantizar una dispersión ágil del dinero, las autoridades han solicitado a los beneficiarios que, en la medida de lo posible, registren sus cuentas bancarias, lo que facilita y acelera la entrega. De acuerdo con la información suministrada, tanto las transferencias bancarias como los pagos en puntos autorizados de la ciudad están habilitados, y los beneficiarios están siendo notificados por el canal oficial de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres de Cali. Es importante resaltar el llamado de la alcaldía para que los damnificados revisen sus datos y actualicen sus inscripciones, asegurando así el acceso oportuno a los recursos.

En paralelo, la alcaldía reportó que avanza en las gestiones para asegurar la llegada de un tercer desembolso y continúa evaluando las preinscripciones de familias que hayan sufrido pérdidas humanas o cuyas viviendas han sido demolidas o están en proceso de demolición. Estas familias podrían acceder a bonos de $50 millones para la adquisición de vivienda, a través del programa Fondo Cali Somos Todos creado por la misma administración. Todo el proceso se encuentra bajo revisión, buscando determinar que se cumplan los requisitos establecidos para acceder al apoyo. La información fue consolidada y confirmada según reportes oficiales de la alcaldía y 90minutos.co.

¿Cómo se distribuyen las ayudas económicas para los damnificados del sismo en Cali?

Las ayudas económicas, según la alcaldía de Cali y la UNGRD, se dividen en dos grupos: 10.000 hogares que reciben un segundo pago de $1.050.000 y 11.000 familias que obtienen $2.100.000, para dos meses pendientes. Los recursos son transferidos por medios bancarios y puntos como SuperGIROS, dependiendo del registro y la información suministrada por cada beneficiario.

¿Qué es el Registro Único de Damnificados (RUD) y cuál es su papel en la entrega de ayudas?

El Registro Único de Damnificados (RUD) es el mecanismo oficial utilizado para identificar y clasificar a las personas o familias que han sido afectadas por desastres, permitiendo priorizar y organizar la entrega de ayudas. En este caso, solo quienes figuran en el registro son considerados para el acceso a los recursos económicos dispuestos por la alcaldía y la UNGRD.

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Desde el primer momento, el volcamiento del automotor generó inquietud entre conductores frecuentes y viajeros que utilizan esta ruta tanto para actividades cotidianas como por motivos comerciales. Las restricciones en la circulación realizadas mientras se adelantaban las labores de atención provocaron congestión y demoras significativas, lo que obligó a las personas a replantear sus itinerarios y extremar las precauciones. Las autoridades, según el reporte, recomendaron salir con suficiente antelación y reducir la velocidad al aproximarse a la zona del accidente, en un esfuerzo mancomunado por evitar nuevos incidentes en un sector ya impactado por las dificultades viales.

Hasta ahora, de acuerdo con la información disponible, no se han dado a conocer detalles sobre los factores que originaron el volcamiento ni se ha confirmado si hubo personas lesionadas o fallecidas. La ausencia de esta información impide establecer con precisión la magnitud del suceso y las circunstancias exactas en que se desencadenó el siniestro. Por ello, el llamado de las autoridades es a la prudencia y a seguir las instrucciones de los organismos de emergencia, evitando maniobras riesgosas y manteniendo la distancia adecuada entre vehículos durante la circulación por este tramo.

La situación vivida en la vía Ibagué-Cajamarca destaca la importancia de mantener una conducta responsable al volante, especialmente en vías de alto tráfico. También pone sobre la mesa el impacto inmediato que tiene un solo percance sobre la movilidad y la necesidad de colaboración de los conductores para agilizar la atención y la recuperación de la normalidad en el corredor vial del Tolima, en tanto se esclarecen los detalles del accidente y se normaliza el flujo vehicular.

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¿Qué rutas se vieron afectadas por el accidente en la vía Ibagué-Cajamarca?

El accidente ocurrió en la vía que une a Ibagué con Cajamarca, específicamente pocos metros antes del desvío hacia Coello. Esto afectó directamente la movilidad en este corredor del Tolima, motivo por el cual se presentaron restricciones y congestión en la circulación.

¿Hay detalles confirmados sobre heridos o fallecidos por el volcamiento en la vía de Tolima?

Hasta el momento en que se reportó la emergencia, las autoridades no han confirmado información sobre personas lesionadas o fallecidas a raíz del volcamiento del vehículo. Esta situación hace que la dimensión exacta del accidente permanezca indeterminada mientras se recaba más información.

En entrevista con Noticias Caracol en vivo, Angie Ramírez, Ana María Ramírez, de 24 años y una de las víctimas del grave accidente aéreo de un jet privado en Florida, Estados Unidos. La familiar de Ana María habló de los sueños que tenía su hermana, de la vida que tenía en el país norteamericano y del llamado que la familia le hace a las autoridades estadounidenses.

Angie mencionó que “Ana María era una persona bondadosa, amorosa, era como un ángel. Ella estaba para todo el mundo, por todo el mundo hacía. Ella era un ser humano increíble. A ella le gustaba viajar, estar con mi mamá, estar con mi hijo, el sobrino. Ella precisamente iba a venir ahorita en diciembre a estar con nosotros”.

Anthony Robinson, familiar de Adam Robinson, de 45 años; su esposa, Helen Sharp, de 40; sus hijos, Emma, de 2 años, y Charlie, de 4, todos muertos en el siniestro, escribió un mensaje a través de sus redes sociales refiriéndose al trabajo de la niñera colombiana y señaló que “Anita María cuidó de Emma y Charlie con ternura y devoción, y ella era verdaderamente parte de la familia. Nos mostró un legado de amor incondicional y devoción”.

Sobre el mensaje de Anthony, Angie Ramírez dijo que “ella amaba a Charlie, amaba a Emma, estaba todo el tiempo con ellos. Incluso, yo tuve la oportunidad de conocerlos, de conocer a la señora Helen, al señor Adam. Fueron personas muy buenas con mi hermana”.

(Vea también: Revelan la identidad de la piloto que se escucha gritar en jet que se estrelló en EE.UU.)

La última llamada de Ana María Ramírez con su hermana

Sobre la última vez que tuvo conversación con su hermana, Angie narró que fue el pasado domingo 1 de noviembre “en la mañana. Hicimos una videollamada. Me mostró a los niños, me mostró el aeropuerto, después me envió fotos del avión, yo le envié una foto de mi bebé, también le envié un video y me dijo que ella vería el video cuando aterrizara. Ya de ahí no supe más información de ella”.

Finalmente, familia de Ana María Ramírez, en medio del dolor de lo sucedido, pide a las autoridades estadounidenses claridad en lo que sucedió: “Primero dijeron que fue un piloto, después que era una mujer; también sacaron que supuestamente la que iba manejando era la esposa del señor Adam, que sí hay cuerpos, después que no. La edad de mi hermana también está mal. Todo ese tipo de cosas. Tenía 24 años e iba a cumplir 25 el 17 de diciembre”. Las autoridades del país del norte, según Angie, nos les han dicho “nada. Que tenemos que esperar, que es un tema complejo, que va en investigación, que ya están con el proceso, que puede tardar 18 meses. Nos dijeron que para qué vamos, que si queremos ir. Es un vaivén de muchas cosas que no nos dan respuesta”.