De acuerdo con la defensa, la adquisición de ese lote no obedeció a un interés particular ni buscaba favorecer a terceros, sino que fue el resultado de una política pública ya trazada desde gobiernos anteriores. Para sustentar esto, Sánchez solicitó la inclusión en el expediente del Plan de Desarrollo 2016-2019, titulado “San Diego de Paz”, así como de acuerdos municipales de 2012 y 2013 donde se definía la necesidad de adquirir tierras en el corregimiento Nuevas Flores con el fin de impulsar proyectos de vivienda. Según el penalista, esto confirma que la compra obedeció a una continuidad administrativa y no a decisiones aisladas o arbitrarias de Sanjuán.

Frente a las dudas sobre la transparencia y economía del proceso, la defensa añadió como prueba la carpeta contractual, explicando que hubo una invitación pública de 60 días para la recepción de ofertas. En cuanto al avalúo del lote, que fue realizado por un perito particular y no por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el abogado Sánchez presentó certificaciones del mismo IGAC en las que la entidad reconocía no contar con personal disponible para efectuar dicho avalúo en el periodo señalado. Además, se aportaron documentos sobre la idoneidad del arquitecto que realizó la tasación. Un dato relevante, según la defensa, es que el avalúo hecho por la Fiscalía establecía un valor de cerca de 220 millones de pesos, mientras que la compra se efectuó por 88 millones, lo que, a su juicio, desmiente la existencia de sobrecostos o detrimento al erario.

Sánchez argumentó también la elección de la finca Villa Calzo para este proyecto al agregar mapas de zonificación, estudios de riesgo por inundaciones y documentos técnicos que justificaban la decisión por razones de seguridad y viabilidad. Finalmente, sobre el presunto vínculo parental entre el vendedor y un concejal, la defensa presentó actas y registros civiles que evidenciarían que los apellidos invertidos dificultaban la identificación clara de una posible inhabilidad por parentesco.

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¿Cuáles son los argumentos de la defensa de Elvia Milena Sanjuán Dávila en el caso por la compra del lote en San Diego?

La defensa de Elvia Milena Sanjuán Dávila, representada por el abogado Alejandro Sánchez, se centró en demostrar que la adquisición del lote en San Diego, Cesar, respondió a una política pública preexistente y a las necesidades planteadas en planes y acuerdos municipales anteriores. Adicionalmente, el abogado aportó pruebas documentales sobre la transparencia del proceso, la justificación técnica y la elección del predio, así como sobre la imposibilidad de contar con el avalúo del IGAC y la legitimidad del perito encargado.

¿Por qué la Fiscalía acusa a la gobernadora del Cesar por el contrato de compra del lote en San Diego?

La Fiscalía sostiene que la compra del lote durante la gestión de Elvia Milena Sanjuán Dávila como alcaldesa de San Diego incumplió requisitos legales de contratación y vulneró el régimen de inhabilidades. Según lo mencionado en reportes judiciales y fuentes como EL PILÓN, la investigación apunta a presuntas irregularidades en el procedimiento de adquisición del terreno, el tipo de avalúo realizado y un posible vínculo de parentesco entre el vendedor y un concejal del municipio.

De acuerdo con la información difundida, los denunciantes argumentan que la publicación de Matador podría constituir una afectación directa al buen nombre y la dignidad de la primera dama. Además, subrayan que este tipo de mensajes podría tener repercusiones negativas en la manera en que se percibe el papel de las mujeres dentro del debate nacional, dejando ver su preocupación ante lo que consideran una falta de respeto en entornos de discusión pública. Cabe anotar que toda la información relacionada con la denuncia y los hechos fue obtenida directamente de las declaraciones de los afectados y la documentación presentada ante la fiscalía.

En ese sentido, la denuncia formal menciona la presunta comisión de tres delitos: hostigamiento agravado, injuria calificada y calumnia graduada. Los accionantes han solicitado expresamente a la Fiscalía General de la Nación que examine el contenido de la publicación y, en caso de identificar elementos constitutivos de delito, se estudien las sanciones pertinentes. Entre las consecuencias posibles que buscan los denunciantes están una pena privativa de la libertad y la imposición de una multa económica en contra de Matador.

Sin embargo, la presentación de la denuncia no implica que Julio César González, alias Matador, haya sido declarado culpable, ni que exista, hasta el momento, algún tipo de condena en su contra. El caso vuelve a suscitar un debate relevante sobre la responsabilidad de las figuras públicas en sus manifestaciones, especialmente cuando estas están dirigidas a otras personas con notoriedad pública. Según los documentos consignados en la denuncia, será tarea de las autoridades competentes establecer si la conducta de Matador constituye una violación penal y si corresponde avanzar en un proceso judicial.

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¿Cuáles son los delitos mencionados en la denuncia contra Matador?

En la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación contra Julio César González, conocido como Matador, se señalan tres presuntas conductas delictivas: hostigamiento agravado, injuria calificada y calumnia graduada. Cada uno de estos delitos implica distintas formas de daño a la reputación y el bienestar de una persona, según lo manifestado por los denunciantes. La fiscalía es la encargada de determinar si estos hechos constituyen delito bajo la ley colombiana.

¿Qué consecuencias podrían enfrentar los acusados en un proceso penal por injuria o calumnia graduada?

De acuerdo con la solicitud de los denunciantes, en caso de que las autoridades determinen responsabilidad penal por injuria calificada o calumnia graduada, Matador podría enfrentar penas restrictivas de la libertad y multas económicas. No obstante, la presentación de la denuncia es apenas el inicio del proceso y la determinación de posibles sanciones corresponde exclusivamente a la autoridad judicial, luego de la valoración de los hechos expuestos.

En medio de esa emergencia, el hombre, quien se movilizaba en silla de ruedas, no consiguió alejarse a tiempo ni resguardarse, quedando atrapado entre las abejas que lo picaron en repetidas ocasiones. El ataque duró varios minutos, pues su movilidad reducida le impidió buscar ayuda o refugio inmediato. La comunidad reaccionó y dio aviso a las autoridades, lo que permitió la llegada del Cuerpo de Bomberos de Agustín Codazzi. Según la información disponible, los socorristas llevaron a cabo maniobras de rescate para apartar al hombre del enjambre y ponerlo a salvo.

Debido a la gravedad de las picaduras y el delicado estado de salud que presentaba tras el ataque, el hombre fue trasladado a la clínica Sermultisalud. Allí, ingresó directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece bajo pronóstico reservado, de acuerdo con la información suministrada hasta el momento.

El caso ha generado alerta en las autoridades y organismos de socorro, quienes hicieron un llamado urgente a la comunidad. Se recomendó que, ante la presencia de abejas, panales o enjambres en tránsito, los ciudadanos eviten cualquier interacción o intento de perturbación como lanzar objetos o sustancias, y que reporten de inmediato cualquier avistamiento a las líneas de emergencia. Con esta prevención se busca evitar que situaciones semejantes ocurran nuevamente, especialmente en zonas donde se han detectado abejas en otros sectores del casco urbano.

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¿Qué se debe hacer ante la presencia de abejas africanizadas en zonas urbanas?

Las autoridades y organismos de socorro de Agustín Codazzi enfatizaron que ante cualquier presencia de abejas africanizadas, panales o enjambres en tránsito, lo más seguro es no intervenir ni intentar ahuyentarlas. Se recomienda abstenerse de lanzarles objetos o sustancias para evitar que se tornen agresivas. Es fundamental comunicarse con las líneas de emergencia para que personal especializado se encargue de la situación.

¿Por qué es peligroso intentar acercarse o perturbar un enjambre de abejas?

La interacción o perturbación de enjambres de abejas, especialmente las africanizadas, puede resultar en ataques masivos. Como ocurrió en este caso documentado en Agustín Codazzi, intentar acercarse o incomodar a estos insectos puede desatar una respuesta defensiva y causar múltiples picaduras que ponen en riesgo la vida de cualquier persona, en especial quienes tienen movilidad reducida o dificultades para huir.

‘De Borondo’ busca acercar a los habitantes de Cali a propuestas atractivas para el esparcimiento en familia, la convivencia de las comunidades y el apoyo directo a los emprendimientos locales. Además de la oferta comercial, la jornada incluye la participación de una docena de restaurantes, quienes pondrán a disposición de los asistentes una variada oferta gastronómica, lo que representa una alternativa para quienes quieran recorrer el evento probando diferentes tipos de comida.

La propuesta no se limita únicamente a compras y oferta de alimentos. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, los asistentes también encontrarán espacios adecuados para compartir con niños y mascotas: habrá actividades especialmente pensadas para quienes quieran llevar a sus animales de compañía y un inflable infantil, diseñado como zona de juegos para los más pequeños. La música en vivo acompañará toda la jornada, sumando un matiz cultural y creando un ambiente propicio para la integración de los ciudadanos durante el recorrido.

La importancia de la jornada ‘De Borondo’ radica en su aporte a la reactivación económica de los barrios de Cali, además de ofrecer una vitrina valiosa para emprendimientos jóvenes y otros comercios emergentes que buscan dar a conocer sus productos y conectar con nuevos clientes. La cita, según lo reportado por Noticiero 90 Minutos, se convierte en un espacio donde confluyen comercio, gastronomía, entretenimiento y actividades familiares. En suma, estos eventos buscan dinamizar la economía barrial y convertir a la ciudad en un punto de encuentro para su ciudadanía, reflejando así una voluntad colectiva de impulsar la economía y el tejido social de la capital vallecaucana.

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¿Qué es la jornada 'De Borondo' en Cali y qué actividades incluye?

La jornada ‘De Borondo’ en Cali es una iniciativa de reactivación económica pensada para reunir a emprendimientos juveniles, restaurantes y familias en un mismo espacio, promoviendo tanto el consumo local como la integración social. Entre sus actividades están la venta de productos de más de 60 emprendimientos, una amplia oferta gastronómica, zonas para mascotas, juegos infantiles e intervención musical en vivo.

¿Dónde y cuándo será la próxima jornada 'De Borondo' en Cali?

Según la información presentada por Noticiero 90 Minutos, la próxima jornada ‘De Borondo’ tendrá lugar en los barrios Capri y Nuevo Rey, específicamente en la Calle 10A, entre las carreras 70 y 72. En este espacio se congregarán los diversos participantes para ofrecer una experiencia destinada al disfrute familiar y el impulso de la economía local.

Durante una entrevista concedida a un medio radial, la exfuncionaria subrayó que las acusaciones sobre el presunto transporte de fajos de dólares y cargamentos ilegales en aeronaves oficiales no pueden pasarse por alto. Según explicó, los protocolos de seguridad de la Fuerza Aérea Colombiana y el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) operan bajo estrictos controles de pesaje de equipaje y registro de pasajeros, por lo que instó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría a solicitar dichos soportes documentales. “Creo que sería muy oportuno que los órganos de control y la Fiscalía pudieran hacer llegar esas pruebas para determinar qué fue lo que sucedió”, enfatizó, desmarcándose de la defensa corporativa del anterior gobierno y recordando que el deber legal de todo servidor público es denunciar de inmediato cualquier anomalía, en lugar de guardar silencio hasta que concluyan las administraciones.

Sarabia también abordó los cuestionamientos sobre supuestas influencias en la designación de cargos públicos, asegurando que desde su paso por la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) nunca recibió peticiones irregulares de Alcocer para la contratación estatal. Si bien reconoció que la exprimera dama podía tener vínculos cercanos con algunos funcionarios, aclaró que la recomendación de perfiles no constituye per se una ilegalidad, delimitando su responsabilidad exclusivamente a los asuntos que conoció de primera mano durante su gestión institucional. Asimismo, rechazó las versiones que intentan reducir el escándalo a disputas personales entre excolaboradoras, reiterando que las diferencias deben dilucidarse con evidencias ante los estrados judiciales.

Las declaraciones de la excanciller se producen en paralelo al avance formal de la indagación disciplinaria abierta por la Procuraduría, entidad que recientemente citó a rendir testimonio bajo juramento a la propia Eva Ferrer, a Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes y a Ingrid Carolina Plata Navas. Este andamiaje institucional coincide con la directriz impartida por el presidente Abelardo De La Espriella, quien ordenó a la Inspección General y a la contrainteligencia militar abrir una investigación exhaustiva al interior del CATAM para depurar responsabilidades y sancionar a cualquier miembro de la Fuerza Pública que hubiese facilitado operaciones al margen de la ley. Mientras el entramado judicial continúa tejiéndose alrededor de los viajes a Venezuela y los señalamientos de maletas grises cargadas de estupefacientes, las voces del alto gobierno anterior continúan reacomodándose frente a un expediente que amenaza con escalar dimensiones en los estrados internacionales.

Vicky Dávila, periodista de amplia trayectoria, expresó que tanto el testimonio de Ferrer como el de Rodríguez deben ser revisados por las autoridades competentes. Solicitó de manera explícita la intervención de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación, para que determinen si dichas denuncias pueden comprobarse o si carecen de veracidad. Asimismo, Dávila resaltó la gravedad de las afirmaciones relacionadas con posibles actividades ilícitas, insistiendo en que estas requieren de una investigación profunda y seria.

Ante estos hechos, Gustavo Petro salió al paso y rechazó enfáticamente los señalamientos realizados en su contra y contra las personas cercanas a él. En su respuesta, hecha también desde X, Petro indicó que sus hijas y la madre de ellas tomarán acciones judiciales contra Vicky Dávila y Gabriel Gilinski, propietario de la revista Semana, argumentando que emplearon acusaciones graves en sus publicaciones sin contar con pruebas que las sustenten. Según él, exigió que se rectifiquen públicamente los señalamientos, demandando que la rectificación tenga el mismo nivel de visibilidad que se dio a las denuncias.

Petro también puso en entredicho la validez de los testimonios. Sobre Angie Rodríguez, aseguró que en 2023 ella no tenía vínculos con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y que la misma Rodríguez habría admitido no tener certeza sobre los hechos contados por Ferrer. Respecto a Eva Ferrer, indicó que su relato estaría basado solamente en información transmitida por un tercero, cuyo nombre, según sus palabras, no ha sido revelado.

El asunto incrementó la polémica alrededor de las declaraciones de Ferrer en contra de Verónica Alcocer, generando respuestas políticas y demandas para que todo lo dicho sea objeto de revisión por parte de las autoridades, evitando que estos señalamientos sean interpretados como hechos probados sin el respaldo judicial correspondiente.

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¿Por qué Gustavo Petro anunció acciones legales contra Vicky Dávila y Semana?

Gustavo Petro anunció acciones legales porque considera que Vicky Dávila y la revista Semana difundieron acusaciones graves en su contra y contra su familia sin contar con pruebas suficientes. Según el exmandatario, lo publicado carece de sustento y exigió que se haga una rectificación pública que tenga el mismo alcance que los señalamientos originales.

¿Qué denuncias hizo Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer según las publicaciones?

De acuerdo con las publicaciones referenciadas, Eva Ferrer lanzó señalamientos hacia Verónica Alcocer relacionados con presuntos vínculos con drogas y movimientos de dinero, incluyendo la financiación de campañas. Sin embargo, el mismo Gustavo Petro y otras fuentes han cuestionado la solidez de estos testimonios, indicando que se basan en información indirecta.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la administración del complejo comercial, el fuego se originó al interior de un local comercial situado en el primer piso. La emergencia fue contenida con rapidez gracias a la activación inmediata de los protocolos internos de seguridad y a la respuesta oportuna del sistema automático de protección contra incendios, el cual logró focalizar y extinguir la conflagración en su origen exacto, impidiendo que las llamas se propagaran hacia otros establecimientos o áreas comunes de la propiedad.

El reporte gerencial firmado por Andrés Alcocer, Center Manager de Parque Alegra y Parque Arauco Colombia, confirmó que la prioridad absoluta se cumplió a cabalidad, reportando saldo blanco en materia de integridad física. “No se registraron personas lesionadas ni afectaciones a la salud de colaboradores, brigadistas o personal técnico”, indicó el documento institucional.

#Atención l A esta hora se reporta un conato de incendio al interior del centro comercial Parque Alegra, en el sur de Barranquilla.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la emergencia y si se registran personas afectadas. https://t.co/ItHDEQybfV

— Impacto News (@ImpactoNewsCol) October 13, 2026

Para atender la contingencia y garantizar la seguridad de los presentes, el equipo de brigada e inspección interna coordinó de manera articulada con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Barranquilla, cuyos efectivos acudieron al sitio para realizar labores técnicas de verificación de seguridad, control definitivo y ventilación de espacios. Debido a la acumulación de humo generada en el establecimiento afectado, las directivas ejecutaron una evacuación preventiva y temporal de todo el personal que se encontraba al interior del centro comercial, asegurando de esta forma parámetros óptimos de calidad del aire antes de retomar las actividades.

En cuanto a la operación comercial, la administración informó que, una vez finalizadas las inspecciones técnicas de rigor, Parque Alegra reabrió sus puertas y habilitó de forma progresiva el acceso a las zonas comunes. Sin embargo, se especificó que el local comercial de la marca Derek permanecerá cerrado temporalmente mientras se evalúan los daños materiales y se realizan las adecuaciones necesarias, cuya fecha de reapertura será comunicada oportunamente. Asimismo, un par de establecimientos colindantes implementaron labores preventivas de limpieza y ventilación debido al humo residual antes de normalizar su atención al público.

La tutela, presentada ante el Consejo de Estado, sostiene que el expresidente Petro, durante los últimos meses de su mandato, habría intentado construir una narrativa destinada a poner en entredicho la legitimidad de las elecciones, afectando la confianza pública en las instituciones y en el voto. Según la información de El Espectador, Penagos señala en su recurso que los señalamientos de Petro atribuyen a la Registraduría poderes que no tiene, como el control directo sobre el resultado electoral. "El registrador no cuenta votos ni declara resultados", afirma el texto de la tutela, que fue aceptado para su estudio por el magistrado Nicolás Yepes Corrales.

Durante el inicio de una sesión técnica de la Corte Constitucional en Riohacha, La Guajira, Penagos aprovechó la oportunidad para destacar el trabajo de la Registraduría en cumplimiento de las órdenes establecidas por la sentencia de 2017. Esta sentencia declaró un estado de cosas inconstitucional para el pueblo wayuu, debido a la falta de acceso a derechos fundamentales como salud, agua potable y alimentación. La Corte exigió que la Registraduría adelantara jornadas para identificar y registrar a niños wayuu del asentamiento de La Pista, en Maicao, una localidad donde hasta la fecha el Estado desconoce a cuántos infantes debe proteger.

En respuesta, Penagos informó que la entidad ha realizado más de 7.000 registros de niños y niñas en la región, ampliando su cobertura con sedes especiales y campañas de identificación. Subrayó que obtener un registro civil de nacimiento es la puerta de entrada a otros derechos fundamentales y reiteró el compromiso de la Registraduría con la garantía de dichos derechos, especialmente en poblaciones históricamente marginadas como la wayuu.

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¿Por qué el registrador nacional presentó una tutela contra Gustavo Petro?

El registrador Hernán Penagos argumentó que la tutela fue interpuesta debido a las declaraciones del expresidente Petro, quien habría puesto en duda la transparencia de las elecciones presidenciales y atribuido supuestos poderes indebidos a la Registraduría. De acuerdo con El Espectador, el recurso busca proteger el buen nombre de la entidad y recuperar la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral colombiano.

¿Qué medidas ha tomado la Registraduría para garantizar los derechos de los niños wayuu en La Guajira?

La Registraduría ha cumplido las órdenes de la Corte Constitucional realizando jornadas de identificación y registro civil para niños, niñas y adolescentes del pueblo wayuu en asentamientos como La Pista. Según declaraciones de Penagos, se han registrado más de 7.000 menores y se han creado sedes especializadas, como la de Nazareth, con el fin de facilitar el acceso a la identificación y, por extensión, a otros derechos fundamentales.

Los ocupantes del automóvil eran tres adultos, tres menores de edad y el perro de la familia. Todos salían del municipio de Barrancas, ubicado en La Guajira, y su destino final era la ciudad de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. De acuerdo con la información recopilada por los organismos de socorro que acudieron rápidamente al sitio del siniestro, a pesar de lo grave que pareció el accidente en un primer momento, tanto los pasajeros como el canino se encontraban ilesos. Se les practicó una valoración médica de carácter preventivo y, afortunadamente, no se reportaron lesiones considerables.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Cesar hizo presencia en el sitio para regular el flujo vehicular y adelantar las investigaciones correspondientes. Según las primeras indagaciones realizadas por las autoridades, la principal hipótesis apunta a que el conductor del automotor perdió el control al tomar una curva característica de esa zona del trayecto.

El rápido actuar de los equipos de atención permitió descartar cualquier consecuencia de gravedad para los ocupantes. Este hecho pone en relevancia el impacto que pueden tener los factores de la vía y el entorno sobre la seguridad en los desplazamientos, así como la importancia de la reacción oportuna de los organismos de emergencia. Toda la información citada proviene de fuentes de las autoridades de tránsito y de los equipos de socorro presentes en el evento.

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¿Qué causó el accidente en la vía entre San Juan del Cesar y Valledupar?

De acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Cesar, la hipótesis principal es que el vehículo perdió el control mientras tomaba una curva, lo que provocó que saliera de la calzada y terminara a un lado de la vía. Las condiciones específicas del accidente están siendo investigadas por las autoridades correspondientes.

¿Qué medidas tomaron los organismos de socorro tras el accidente de tránsito con seis personas?

Los organismos de socorro acudieron al lugar prontamente y realizaron valoraciones médicas preventivas a los seis ocupantes y a la mascota de la familia. Confirmaron que no hubo lesiones de gravedad y garantizaron la seguridad de los afectados mientras las autoridades regulaban el tránsito y adelantaban las averiguaciones pertinentes.

La principal controversia gira alrededor de las afirmaciones de Rodríguez, quien utilizó expresiones polémicas para referirse a ese grupo femenino. Según ella, “eran mujeres de la vida fácil que se dedicaban a una de las profesiones más antiguas del mundo”, palabras que generaron debate público. También indicó que algunas de estas mujeres habrían pasado de participar en reuniones privadas a ocupar cargos de responsabilidad dentro de entidades estatales. De acuerdo con la información de Caracol Radio y Vértice Noticias, tales señalamientos aún requieren confirmación y verificación, en tanto corresponden únicamente al testimonio de la exdirectora del Dapre.

Rodríguez manifestó que algunas de esas mujeres supuestamente ejercían un poder que superaba incluso la influencia propia de la dirección del Dapre. Relató que recibió solicitudes respecto a contratos y nombramientos que consideró irregulares dentro de la estructura del Estado. Además, describió la existencia de un supuesto “pacto de silencio criminal” entre el presidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer. Rodríguez sostuvo que fue testigo auditiva de presuntos episodios de violencia verbal y física en las instalaciones presidenciales, señalando haber escuchado golpes y gritos en un enfrentamiento entre Petro y Alcocer. Tales afirmaciones, según la información de Caracol Radio y Vértice Noticias, pertenecen exclusivamente a la versión de la exfuncionaria y no constituyen pruebas judiciales formales.

Frente a estos señalamientos, el presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de X (antes Twitter), rechazando la posibilidad de ser manipulado por miembros de su entorno y manifestando: “Jajaja. Como no. En la vida aprendí una cosa: no soy un hombre estúpido”. Petro también criticó a quienes, según él, terminan vinculados al paramilitarismo tras relaciones sentimentales.

La exposición pública de estos hechos por parte de Angie Rodríguez reabre la discusión sobre el funcionamiento de las relaciones de poder y la transparencia dentro de la administración anterior. Entre sus afirmaciones, Rodríguez también mencionó el caso de Juliana Guerrero, advirtiendo de presuntas inconsistencias en sus credenciales académicas y manifestando que alertó sobre ello al presidente Petro. Por ahora, las autoridades competentes serán responsables de verificar la autenticidad de estas declaraciones.

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¿Cuáles son las principales denuncias de Angie Rodríguez contra el Gobierno de Gustavo Petro?

Angie Rodríguez señaló la existencia de una supuesta red de mujeres jóvenes con influencia dentro de la Casa de Nariño, manifestó la presencia de un posible “pacto de silencio criminal” entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer y relató presuntos episodios de violencia y solicitud de contratos irregulares. Todo esto según entrevistas vistas en Caracol Radio y Vértice Noticias.

¿Qué es el Dapre y cuál fue el papel de Angie Rodríguez en el Gobierno de Petro?

El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) se encarga de apoyar en la gestión administrativa y operativa del presidente y su equipo. Angie Rodríguez sostuvo el cargo de directora y, desde esa posición, aseguró haber recibido solicitudes relacionadas con contratos y advertido inconsistencias en nombramientos, según su testimonio en medios mencionados.

Esta decisión institucional responde directamente a las graves acusaciones emitidas por Eva Ferrer acerca del supuesto transporte de armas y sustancias ilícitas hacia Venezuela, además del posterior ingreso a Colombia con 2,5 millones de dólares en efectivo.

Cumpliendo las instrucciones expresas del presidente Abelardo De La Espriella, el comandante de la Fuerza Aeroespacial, mayor general Juan Jaime Martínez, lidera la verificación del caso con el fin de identificar a posibles implicados en estas presuntas irregularidades.

El proceso de auditoría contempla la revisión exhaustiva de las aeronaves utilizadas, la confrontación de las bitácoras oficiales de vuelo y las entrevistas requeridas al personal de tripulación que transportó a Alcocer durante sus desplazamientos internacionales.

Con este seguimiento técnico, las autoridades buscan reconstruir detalladamente la ruta de cada viaje y establecer si se cometieron faltas operativas o violaciones a los protocolos de seguridad aeroportuaria establecidos.

Los delicados señalamientos vertidos por Ferrer deberán ser contrastados rigurosamente con los registros documentales y el material probatorio recabado por los investigadores asignados.

Por el momento, la verificación interna pretende esclarecer los hechos y servir de fundamento para definir si resulta procedente la apertura de procesos judiciales adicionales sobre este asunto de alto impacto nacional.

Vale la pena recordar que Eva Ferrer ejerció como exconsejera presidencial para la Reconciliación y formó parte activa de la campaña política de Gustavo Petro junto a Verónica Alcocer antes de revelar estas delicadas informaciones.

Ferrer aseveró que Alcocer habría integrado una estructura de tráfico de estupefacientes y que empleó el avión oficial del Gobierno para trasladar sumas millonarias de dinero durante sus traslados al país vecino.

Ante la gravedad del escenario denunciado por la revista Semana en su reciente edición, la Procuraduría General de la Nación citó formalmente a declarar a Eva Ferrer y a otros cinco ciudadanos presuntamente vinculados.

El ente de control disciplinario profundizará en las pesquisas para determinar la veracidad de estos presuntos actos de corrupción y narcotráfico donde estarían involucrados la ex primera dama y otros servidores públicos.

Señalamientos de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer

Eva Ferrer formuló señalamientos graves contra la exprimera dama. Sus declaraciones aparecieron en una entrevista publicada por la revista Semana el 10 de octubre de 2026.

Ferrer acusó a Alcocer de liderar una presunta red dedicada al traslado ilegal de dinero, drogas y armas. Al ser consultada sobre si Alcocer era la jefa de una mafia, respondió: “A día de hoy digo que sí”.

La exconsejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia afirmó que la exprimera dama habría utilizado aeronaves oficiales para realizar viajes confidenciales entre Colombia y Venezuela.

Uno de los señalamientos centrales apunta a un supuesto viaje a Venezuela en enero de 2023. Según Ferrer, el empresario Manel Grau le habría informado que Alcocer regresó a Colombia con 2,5 millones de dólares.

Ferrer también aseguró que parte de esa suma habría sido destinada a financiar la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama. Esta versión forma parte de las acusaciones presentadas en la entrevista.

La española vinculó además a Carolina Plata, asistente de Alcocer, con la gestión de esos desplazamientos. También mencionó a la capitana Lozano, exjefa de seguridad de la exprimera dama, dentro de los hechos denunciados.

Los señalamientos incluyen presuntas conductas relacionadas con tráfico de estupefacientes y armas, lavado de activos, financiación irregular de campañas, venta de cargos públicos, uso indebido de bienes estatales e intimidación a funcionarios.

Ferrer también señaló presuntas ambiciones presidenciales de Alcocer y la describió como la persona que impartía órdenes dentro de la presunta estructura. Sus afirmaciones vinculan además al expresidente Gustavo Petro con esa supuesta organización.

Las acusaciones no constituyen hechos judicialmente comprobados. Los medios que difundieron la información precisaron que se trata de señalamientos atribuidos a Ferrer y que deben ser verificados por las autoridades competentes.

Tras las declaraciones, la Procuraduría General de la Nación citó a Eva Ferrer y a otras cinco personas a rendir declaración bajo juramento. La investigación busca esclarecer los presuntos hechos de corrupción mencionados públicamente.

La Fiscalía General de la Nación también mantiene una indagación relacionada con los señalamientos. La entidad citó a Ferrer a declarar este miércoles, luego de que ella faltara a dos llamados previos.

El presidente Abelardo De la Espriella anunció una investigación en la Fuerza Aérea Colombiana y solicitó intervenciones de la Fiscalía, la Corte y autoridades de Estados Unidos.eltiempo+1

Verónica Alcocer y Gustavo Petro rechazaron las acusaciones. Las hijas del expresidente anunciaron acciones legales contra el dueño de Semana por los señalamientos difundidos.

Los denunciantes, descritos como conservadores y representantes de la nueva derecha en Colombia, calificaron la publicación del caricaturista como ultrajante. El movimiento al que pertenecen se ha caracterizado por impulsar litigios que sus integrantes denominan estratégicos como forma de incidencia política y jurídica.

De acuerdo con Blu Radio, la acción legal contempla tres tipos penales: hostigamiento agravado, injuria calificada y calumnia agravada. Además de buscar una condena, los jóvenes aspiran a que el caso siente un precedente sobre los límites del lenguaje en el debate político colombiano.

Sánchez Mosquera explicó las razones detrás de la decisión: “Como colombianos debemos rechazar vehementemente estos actos de violencia en contra de la mujer. Por esta razón, junto con mi compañero Tomás Flores, hemos decidido iniciar acciones penales en contra de este sujeto por 3 tipos penales diferentes. Hostigamiento agravado, injuria calificada y calumnia agravada”, sostuvo.

“Lo que buscamos con esto es sentar un precedente de que en Colombia la política debe hacerse a la altura de las ideas y no de los insultos, y que no se puede en Colombia incurrir en acciones que agraven o dañen la imagen pública de una persona, y más de una mujer como lo es la doctora Ana Lucía Pineda”, añadió el denunciante en esa emisora.

(Vea también: De La Espriella Lawyers va contra ‘Matador’ por sus palabras sobre la primera dama y anuncia medidas)

¿’Matador’ podría ir a la cárcel por insultar a la primera dama?

Además de las implicaciones simbólicas, los denunciantes solicitaron medidas concretas contra el caricaturista. Según afirmó Sánchez Mosquera, “buscamos una sanción privativa de la libertad y una multa contra este sujeto para que aprenda a, uno, respetar a las mujeres, y segundo, respetar el ordenamiento jurídico colombiano que nuestro código penal consagra”.

¿Qué es el movimiento De Cara al Futuro y qué papel juega en esta denuncia?

De Cara al Futuro es una agrupación conformada por jóvenes conservadores y de la nueva derecha en Colombia, que utiliza el litigio estratégico como herramienta de acción política. Su participación en este caso refleja una tendencia creciente de usar el sistema judicial para disputar los límites del discurso público en el país.

¿Qué consecuencias legales podría enfrentar ‘Matador’ si prospera la denuncia?

En Colombia, los delitos de injuria y calumnia agravadas contemplan penas privativas de la libertad y sanciones económicas según el Código Penal. Si la Fiscalía decide avanzar con la investigación, el caricaturista Julio César González podría enfrentar un proceso formal que incluya audiencias y, eventualmente, una condena.

La actual gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, enfrenta un juicio por supuestas irregularidades relacionadas con la compra de un terreno cuando ejercía como alcaldesa de San Diego en el periodo 2016-2019. Según lo presentado durante la audiencia preparatoria por la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela Rodríguez, el caso gira en torno a la adquisición de un predio de dos hectáreas, parte de la finca Villa Calzo, ubicado en el corregimiento El Desastre, cuyo objetivo era destinarlo a viviendas de interés social. El contrato de compraventa, identificado con el número 17-046 y firmado el 27 de febrero de 2017, fue por valor de 88 millones de pesos.

Durante la audiencia, Elvia Milena Sanjuán se retiró de la sala virtual para reunirse con los alcaldes departamentales, quedando representada por su abogado defensor, Alejandro Sánchez. El abogado expuso que la mandataria no aceptaba los cargos imputados, que incluyen violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía, la administración municipal habría incumplido los procesos legales exigidos durante la etapa precontractual del negocio. Uno de los puntos críticos fue la publicación de una invitación a ofertar por 60 días, que se cerró intempestivamente en seis días después de recibir tan solo una propuesta, la del señor Juan Gerardo Arzuaga Rubio. Otro aspecto cuestionado es la ausencia de un avalúo independiente: la Alcaldía aceptó el peritaje proporcionado por el propio vendedor y firmado por el arquitecto Rubén Darío Carrillo, en lugar de contratar uno propio.

El eje del proceso judicial reside en la acusación por presunta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Según explicó la fiscal Marlene Orjuela Rodríguez, documentos expedidos por la Registraduría Nacional confirmaron que el vendedor del predio es hermano en doble conjunción de Armando José Arzuaga Rubio, quien entonces ejercía como concejal activo de San Diego. La normatividad prohíbe a los mandatarios celebrar contratos con familiares directos de miembros de corporaciones públicas locales.

Para fortalecer su hipótesis, la Fiscalía solicitó la comparecencia de varios exfuncionarios que participaron en la estructuración del contrato, como Ricardo Javier Peralta Pérez, jefe jurídico, y Fanny María Padilla López, supervisora del contrato. También se incluyó el testimonio del denunciante de las supuestas irregularidades y del perito financiero Germán Alberto Ramírez, encargado de exponer los detalles sobre los presuntos sobrecostos en la negociación, según reportes de 'El Pilón'.

¿Por qué se investiga a la gobernadora del Cesar Elvia Milena Sanjuán Dávila por la compra de un lote en San Diego?

La investigación se centra en presuntas anomalías durante la adquisición de un predio destinado a vivienda social mientras ejercía como alcaldesa de San Diego. La Fiscalía sostiene que la mandataria vulneró normas legales y de transparencia, al adquirir el terreno sin cumplir los requisitos precontractuales y celebrar el contrato con un familiar de un concejal local, lo que configuraría una incompatibilidad.

¿Qué significa el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en procesos de contratación pública?

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades es un conjunto de normas que busca impedir que funcionarios públicos contraten con familiares de miembros de corporaciones públicas, con el fin de evitar conflictos de interés y asegurar la transparencia en la contratación estatal, aspecto central en el caso contra la gobernadora del Cesar.

Según la CAR, dichas acciones se concentran en las vías más transitadas, como la autopista norte y la calle 13, donde se calcula que ocurre el tránsito intermunicipal más intenso. El propósito es sensibilizar y promover en las empresas medidas que mejoren sus prácticas ambientales, así como reconocer los esfuerzos de quienes avancen en esa dirección, con el fin de tener una visión más amplia y responsable de la movilidad sostenible. Actualmente, la corporación ya ha sensibilizado a 11 empresas, de las cuales cuatro participan activamente, sumando una flota que supera los 500 buses y colectivos.

El respaldo técnico de la CAR incluye equipos de laboratorio y modelamiento ambiental de última generación, únicos en Colombia, con capacidad para analizar la densidad, el peso y el número de partículas contaminantes, tanto finas como ultrafinas, que emiten los tubos de escape de los vehículos. Con esta medición precisa, la corporación puede identificar dónde es necesaria una mayor intervención y cuáles son las oportunidades de mejora.

El programa se sustenta en tres estrategias ambientales principales. En primer lugar, la movilidad organizacional, que analiza los patrones y necesidades de desplazamiento de los trabajadores e identifica alternativas más sostenibles como el uso de transporte público, la bicicleta, caminatas, horarios flexibles o incluso el teletrabajo. En segundo lugar, la estrategia de autogestión ambiental impulsa a las empresas a hacer un seguimiento y mejora continua de su operación vehicular, optimizando el uso de sus flotas y reduciendo los impactos negativos. Finalmente, el etiquetado ambiental vehicular permite reconocer e identificar a los vehículos con mejor desempeño ambiental, teniendo en cuenta su tecnología, tipo de combustible, antigüedad y emisiones.

Según Alfred Ballesteros, director de la CAR, este enfoque integral logra que las empresas puedan comprender y mejorar su movilidad corporativa, involucrando tanto a colaboradores como a las características técnicas de los automotores. La participación de las empresas en este proceso es voluntaria, y aquellas que sobresalen pueden recibir el "Sello Organizacional de la CAR", un distintivo que destaca el compromiso ambiental y fomenta mejoras progresivas en la flota.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el “Sello Organizacional de la CAR” para empresas de transporte público?

El “Sello Organizacional de la CAR” es un reconocimiento otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca a las empresas de transporte público que demuestran un mejor desempeño ambiental en sus vehículos. Este distintivo hace visible el compromiso ambiental de las compañías y ayuda a identificar oportunidades para mejorar progresivamente las condiciones ambientales de la flota que requiere intervenciones.

¿Cuáles son las estrategias ambientales implementadas por la CAR en la movilidad empresarial de Bogotá y Cundinamarca?

La CAR implementa tres estrategias principales: movilidad organizacional, que promueve alternativas sostenibles para los traslados de los colaboradores; autogestión ambiental, orientada a que las empresas optimicen su flota y reduzcan los impactos negativos; y etiquetado ambiental vehicular, que identifica a los automotores con mejor desempeño ambiental. Estas acciones buscan crear una movilidad empresarial más eficiente y respetuosa con el entorno.

Según afirmó, la documentación fue recibida el pasado 9 de octubre en la sede diplomática de Bogotá, por medio del encargado de negocios, Hugo Guevara.

En un comunicado público, Leyva divulgó una carta dirigida al presidente Abelardo De La Espriella y al fiscal general de Estados Unidos, en la que reiteró su intención de aportar información sobre actuaciones que asegura haber adelantado ante funcionarios del Departamento de Justicia estadounidense.

El exministro señaló que previamente había enviado un mensaje al secretario de Estado, Marco Rubio, el 15 de septiembre, para anunciar su propósito de entregar los documentos.

Además, aseguró que su intención es respaldar sus señalamientos con actuaciones penales y nombres de testigos que considera relevantes para esclarecer los presuntos delitos que atribuye a Petro.

Sin embargo, la información divulgada no especifica cuáles son los documentos entregados, quiénes son los testigos mencionados ni qué delitos concretos estarían bajo investigación.

Tampoco hay información que confirme que las autoridades estadounidenses hayan iniciado un proceso judicial o una revisión formal de las supuestas pruebas.

Por ahora, la imagen publicada por Leyva acredita la recepción de una comunicación en la Embajada, pero no demuestra que Estados Unidos haya tomado medidas judiciales contra el exmandatario colombiano.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, destacó las cualidades personales y profesionales de Pineda, con quien trabaja en diferentes iniciativas.

“Los que tenemos el privilegio de trabajar a su lado sabemos quién es Ana Lucía Pineda, una mujer con un corazón enorme y una gran capacidad de gestión”, escribió Céspedes.

Además, expresó su agradecimiento por compartir labores con ella y manifestó su confianza en los proyectos que vienen para el país.

“Dios me premió con tenerla como coequipera y trabajar a su lado. Se vienen grandes cosas para la reconstrucción de Colombia”, agregó, en un mensaje con el que reafirmó su respaldo a la primera dama.

La controversia comenzó después de que ‘Matador’ publicara un mensaje ofensivo dirigido a Pineda, en el que utilizó expresiones despectivas sobre su apariencia física. La publicación provocó reacciones de rechazo de diferentes sectores políticos y del Gobierno nacional.

El vicepresidente José Manuel Restrepo también cuestionó el comentario y lo calificó como una muestra de mezquindad y falta de humanidad.

Por su parte, la Presidencia rechazó las expresiones y advirtió sobre la necesidad de combatir la misoginia y evitar que las humillaciones contra las mujeres se normalicen en el debate público.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) desestimó categóricamente las acusaciones que cuestionaban la situación tributaria de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada por la primera dama.

El organismo fiscal ratificó que la entidad mantiene su Registro Único Tributario (RUT) activo y pertenece formalmente al Régimen Tributario Especial (RTE) del país.

La institución subrayó que esta organización “por lo que se encuentra sujeta a los derechos, obligaciones y mecanismos de control aplicables a las entidades que integran dicho régimen”.

A través de un pronunciamiento oficial, la autoridad hacendaria sostuvo que la “Fundación Colombia Luz y Sonrisas se encuentra debidamente registrada en el Régimen Tributario Especial”.

Ante las dudas surgidas sobre la captación de ayudas para los damnificados del sismo del 10 de agosto, la Dian aclaró que las entidades sin ánimo de lucro constituidas legalmente reciben aportes libremente.

“La diferencia entre las organizaciones pertenecientes al Régimen Tributario Especial y las que no pertenecen a ese régimen es que las primeras pueden expedir las certificaciones requeridas para que los donantes accedan a los beneficios tributarios establecidos en la normativa. Tales certificados se emiten en los términos del artículo 1.2.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, mientras que las entidades que no hacen parte de este régimen no pueden otorgar dichas certificaciones”, manifestó la Dian.

El organismo remarcó que carece de sustento jurídico aseverar que una organización no puede captar recursos simplemente por no estar inscrita en el régimen tributario preferencial.

“La normativa tributaria distingue claramente entre la posibilidad de recibir aportes y los beneficios tributarios que estos pueden generar para los donantes”.

Previo a estas explicaciones institucionales, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas difundió una nota informativa destacando que posee el aval correspondiente de la administración tributaria.

“Esta condición reafirma nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la transparencia institucional y la responsabilidad en el desarrollo de nuestra misión social”.

La oenegé enfatizó que todos sus procesos operativos avanzan con total apego a la ley, desmintiendo las variadas especulaciones surgidas en la opinión pública.

“¡La transparencia y la legalidad respaldan nuestra labor social! La Fundación Colombia Luz y Sonrisas informa a la opinión pública, a nuestros benefactores, donantes, aliados y comunidad en general que contamos con el reconocimiento correspondiente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para recibir donaciones, conforme a la normativa aplicable”, añadió.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad y el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan nuestra labor social. Cada donación representa una oportunidad para llevar esperanza, bienestar y sonrisas a quienes más lo necesitan. Seguimos trabajando con amor, compromiso y transparencia por Colombia”, concluyó.

¿Cómo crear una fundación en Colombia?

Constituir una fundación en Colombia exige completar un procedimiento legal estructurado que otorga personería jurídica y reconocimiento tributario a las entidades sin ánimo de lucro.

El primer paso consiste en redactar el acta de constitución y los estatutos, definiendo claramente el objeto social, el patrimonio inicial y los órganos de gobierno.

Verifique la disponibilidad del nombre mediante la consulta de homonimia antes de realizar el reconocimiento de firmas ante una notaría o funcionario autorizado.

Posteriormente, efectúe el registro formal en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio principal para formalizar la existencia jurídica de la institución.

Inscriba la entidad solicitando el Registro Único Tributario ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para obtener la identificación del NIT.

Si la organización busca acceder a exenciones fiscales y emitir certificados de donación, trámite la calificación dentro del Régimen Tributario Especial.

Remita la documentación necesaria ante la entidad pública encargada de la inspección, vigilancia y control para cumplir con los requisitos regulatorios vigentes.

Adicionalmente, aperture una cuenta bancaria a nombre de la institución y habilite la contabilidad oficial desde la fecha de inicio de las operaciones.

Cumplir rigurosamente con este proceso normativo garantiza la legalidad institucional y consolida la transparencia necesaria para ejecutar proyectos sociales en el territorio nacional.

En el ámbito de la seguridad y el orden público, las autoridades informaron la captura de 12 personas: nueve en flagrancia y tres por orden judicial. Según el reporte oficial, los procedimientos estuvieron asociados a delitos como el porte y tráfico de estupefacientes, hurtos en establecimientos comerciales, fabricación y tenencia ilegal de armas de fuego y un caso relacionado con presuntos actos sexuales cometidos contra una persona menor de 14 años. Durante las labores de registro e inspección, la Policía incautó dos armas de fuego y cuatro armas traumáticas modificadas, y recuperó dos vehículos y cuatro motocicletas que figuraban como robadas.

A través de la línea de emergencias 123 y del Centro Automático de Despacho, la ciudadanía reportó un total de 420 incidentes. Entre los casos más frecuentes se encuentran 85 reportes por perturbación de la tranquilidad pública, particularmente por el alto volumen de la música en algunos barrios; 88 por riñas en espacios públicos; 68 solicitudes de patrullaje preventivo y 44 episodios de violencia intrafamiliar. De acuerdo con el balance, en desarrollo de la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se impusieron 126 medidas correctivas: 79 por comportamientos que pusieron en riesgo la vida y la integridad física, y 45 por afectaciones al cuidado y conservación del espacio público.

A pesar de los dispositivos de seguridad, el festivo finalizó con dos muertes: una por violencia y otra por un siniestro vial. En el corregimiento de Río Seco, cerca de un comercio, falleció Álvaro López Serna, de 51 años, tras intervenir en una riña y recibir graves heridas con arma cortopunzante. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía General de la Nación asumieron el caso. Además, se reportó la muerte de Alfrain Martínez, de 36 años, quien perdió la vida luego de estrellar su motocicleta contra un árbol en la vía entre Codazzi y La Paz.

El movimiento de viajeros fue intenso por diferentes medios. Según la Policía, se movilizaron 23.488 vehículos por las rutas de acceso local, mientras que el aeropuerto Alfonso López Pumarejo operó 26 vuelos con cerca de 3.000 pasajeros. En la jornada, hubo múltiples controles de tránsito; se impusieron 60 comparendos e inmovilizaron 47 automotores en áreas urbanas e intermunicipales, y 167 comparendos nacionales con más de 130 vehículos y motocicletas detenidas por infracciones diversas.

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¿Qué balance dejó la Policía Metropolitana de Valledupar durante el puente festivo del Día de la Raza?

El balance presentado por la Policía Metropolitana de Valledupar refleja la detención de 12 personas relacionadas con diferentes delitos, la incautación de armas, la recuperación de vehículos robados y la imposición de más de 120 medidas correctivas en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Además, reportó la atención de 420 incidentes ciudadanos y dos muertes violentas, una por riña y otra por accidente de tránsito.

¿Qué acciones preventivas y de control implementó la Policía durante la semana de receso escolar en Valledupar?

Durante la semana de receso escolar y el festivo, la Policía Metropolitana de Valledupar desplegó alrededor de 2.000 uniformados en puntos estratégicos, realizó controles en corredores viales, zonas turísticas e implementó operativos de patrullaje urbano y rural. También atendió denuncias a través de la línea 123 y el Centro Automático de Despacho, lo que permitió una reacción oportuna frente a disturbios, riñas y actos que comprometían la seguridad ciudadana.

El movimiento telúrico ocurrió a las 9:02 de la mañana, hora local, y tuvo como referencia geográfica una zona cercana al municipio de Chaparral.

De acuerdo con la información preliminar, el evento presentó una profundidad superficial, inferior a los 70 kilómetros.

El reporte del SGC ubicó el epicentro en las coordenadas 3,75 grados de latitud y -75,72 grados de longitud.

Entre los municipios más cercanos al punto del sismo se encuentran Rioblanco, ubicado a 26 kilómetros; Chaparral, a 27 kilómetros, y Roncesvalles, a una distancia aproximada de 32 kilómetros.

La información publicada por la entidad señala que el registro se encuentra en estado automático y que se utilizaron datos de cuatro estaciones para su detección.

Debido a que se trató de un sismo de baja magnitud, el reporte técnico permite conocer sus características principales, aunque la información suministrada no confirma si fue percibido por los habitantes de la zona ni si ocasionó afectaciones.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en el país y publica información sobre la ubicación, magnitud y profundidad de estos eventos para mantener informada a la ciudadanía.

A la problemática de infraestructura se suma el severo impacto ecológico y sanitario: una sola gota de aceite vegetal puede contaminar miles de litros de agua dulce, deteriorando la calidad de los ríos y suelos de la sabana de Bogotá. Por esta razón, la regulación distrital y nacional fija responsabilidades y compromisos estrictos para todos los generadores comerciales e industriales del sector de alimentos.

Registro obligatorio y gratuito ante la Secretaría de Ambiente

La primera obligación legal para cualquier persona natural o jurídica que opere un restaurante, cafetería o industria de alimentos en Bogotá es inscribirse en el registro oficial de generadores de aceite vegetal usado. Este trámite, administrado por la Secretaría Distrital de Ambiente, es completamente gratuito y formaliza la actividad del establecimiento frente al control ambiental del Distrito.

Mediante este registro, la autoridad ambiental busca caracterizar la cantidad de residuos grasos producidos en las distintas localidades de la capital, garantizando que el aceite tenga una ruta de recolección trazable y no termine en las fuentes hídricas o en el alcantarillado público.

Contratación de gestores y transportadores autorizados

Una vez completado el registro, los propietarios de restaurantes no pueden tratar el aceite vegetal usado como basura doméstica común ni entregarlo a recolectores informales. La normativa exige contratar los servicios de empresas transportadoras y gestoras que cuenten con el aval y la certificación expresa de la Secretaría de Ambiente.

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, la SDA mantiene publicado y actualizado el listado de empresas habilitadas —cuya última versión corresponde a marzo de 2026—, permitiendo a los comerciantes verificar que el gestor seleccionado cumple con las licencias ambientales para el almacenamiento, transporte y aprovechamiento del residuo.

El ciclo de cumplimiento ambiental no finaliza con la recolección física del contenedor de aceite. Cada vez que el transportador autorizado retira el material del establecimiento, debe entregar un certificado de disposición final o comprobante de recolección oficial.

Este documento es indispensable para que el restaurante cumpla con el reporte trimestral obligatorio ante la plataforma digital de la Secretaría de Ambiente. La conservación y carga periódica de estos certificados sirve como prueba ante eventuales visitas de inspección, vigilancia y control sanitario por parte de las autoridades competentes.

Marco legal: Criterios del Ministerio y del Concejo de Bogotá

La exigencia de estas medidas se encuentra respaldada por un sólido marco regulatorio nacional y distrital. A nivel local, el Acuerdo Distrital 634 de 2015 establece las directrices para la gestión integral de aceites usados en Bogotá.

A nivel nacional, la Resolución 316 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fija las disposiciones y obligaciones claras para los generadores comerciales, industriales y de servicios, sancionando el vertimiento de grasas en los sistemas de alcantarillado y promoviendo la economía circular.

Puntos de acopio frente a la logística de los pequeños restaurantes

Para la ciudadanía en general o locales que generan cantidades mínimas de grasa, la ciudad cuenta con más de 130 puntos autorizados de recolección distribuidos por la EAAB y la Alcaldía Mayor. En estos casos, la recomendación técnica es dejar enfriar el aceite, embasarlo en recipientes plásticos cerrados y llevarlo directamente al punto limpio más cercano.

Sin embargo, para un restaurante de operación diaria que genera grandes volúmenes, los puntos vecinales no son una alternativa funcional. La norma exige el trabajo directo con un gestor industrial, lo que plantea retos logísticos y financieros significativos para las micro y pequeñas empresas del sector gastronómico.

El problema para los restaurantes pequeños

Jorge Alberto Arévalo Galarza, experto en negocios sostenibles y en logística de distribución, señala que el principal obstáculo para los pequeños establecimientos puede estar precisamente en la logística de recolección.

“La logística que esto supone para los pequeños productores es un costo oculto que solo conocen los empresarios cuando se enfrentan a la disposición del residuo: cómo transportarlo, cómo recolectarlo, cómo almacenarlo y de dónde va a salir el dinero para todo esto”, explica Arévalo.

Su propuesta es que varios restaurantes se organicen para reunir el aceite usado y contratar una recolección conjunta. Según el experto, agrupar el volumen puede mejorar la capacidad de negociación frente a las empresas que realizan el aprovechamiento.

“Tal vez un solo restaurante tenga bajo poder de negociación frente a la industria privada, pero uniendo varios restaurantes se puede obtener un volumen importante y así convertir el desperdicio en una fuente de ingreso”, sostiene.

Además, el aceite usado tiene posibilidades de aprovechamiento. El Ministerio de Ambiente señala que puede utilizarse como materia prima para productos como combustibles, velas y jabones.

Por eso, para un pequeño restaurante la ruta es concreta: no arrojar el aceite al sifón, almacenarlo por separado, registrarse ante la SDA, identificar un gestor autorizado, conservar el certificado de recolección y cumplir con el reporte trimestral. Si el volumen generado es pequeño, la opción planteada por el experto es coordinarse con otros establecimientos para hacer más eficiente la recolección.

La información preliminar recopilada por las autoridades indica que Casallas Vargas fue agredido dentro de un establecimiento comercial durante el fin de semana. Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional acudieron rápidamente a la escena para realizar los procedimientos urgentes y reunir datos claves para esclarecer cómo y por qué ocurrieron los hechos. Hasta el momento, el caso permanece abierto y es materia de investigación, por lo que no se han realizado capturas ni se ha confirmado la identidad de los posibles responsables.

Expertos e investigadores de la Policía Nacional han comenzado la recolección de elementos materiales probatorios y el análisis de la escena del crimen para entender con mayor exactitud las circunstancias del homicidio. Las autoridades tampoco han establecido si el ataque estaba dirigido exclusivamente contra Casallas Vargas ni cuáles serían los posibles móviles detrás de este acto violento. Por ahora, el hecho permanece sin resolver y la comunidad continúa a la espera de resultados oficiales que permitan conocer los detalles y responsables de este suceso.

Un aspecto relevante del caso es el antecedente judicial de Leonardo Casallas Vargas. Su nombre figura en un proceso vinculado con la muerte de un niño de 12 años ocurrida en marzo de 2013, en una finca de la vereda Maracaibo, también en Armero Guayabal. Por esa situación, un juzgado del circuito de Lérida condenó tanto a Casallas Vargas como a su padre a 37 años de prisión por el homicidio del menor, llamado Albeiro Herrera Martínez. Los reportes judiciales de la época, citados por El Nuevo Día, señalan que ambos habían sido arrestados en 2016 pero quedaron en libertad debido al vencimiento de los términos procesales. Al conocerse la condena, el juez expidió nuevas órdenes de captura. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades no han confirmado si existe alguna relación entre estos antecedentes y el homicidio reciente en el sector La Clave.

La investigación, según El Nuevo Día, sigue en desarrollo para dilucidar las circunstancias exactas que rodearon el crimen de Leonardo Casallas Vargas y establecer si hay conexión con hechos judiciales previos.

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¿Cuál es la situación actual de la investigación sobre el homicidio en Armero Guayabal?

Hasta el momento, la investigación adelantada por la Policía Nacional busca determinar las circunstancias del ataque y los móviles detrás del crimen de Leonardo Casallas Vargas. No se han reportado capturas ni se ha identificado oficialmente a los responsables, por lo que la Policía sigue recolectando pruebas y evidencias en el lugar de los hechos, como parte de las labores investigativas.

¿Qué significa vencimiento de términos en un proceso judicial?

El vencimiento de términos en un proceso judicial ocurre cuando las autoridades exceden el plazo legal establecido para desarrollar la investigación o avanzar en el proceso judicial. Esto puede llevar a que personas detenidas recuperen su libertad aún si están siendo procesadas, como sucedió con Leonardo Casallas Vargas y su padre, quienes fueron liberados por la justicia debido a este motivo, según reportó El Nuevo Día.

En Bogotá, la marcha central sucede en el Parque Nacional a las 10:00 a. m., convocada por la Asociación Distrital de Educadores. En Cali, la movilización arranca a las 9:00 a. m. en la plazoleta Jairo Varela, avanzando hasta el Parque de las Banderas. Bucaramanga tendrá dos puntos de concentración desde las 9:00 a. m.: la carrera 27 con calle 56 y la Universidad Industrial de Santander, dirigiéndose a la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Para Medellín, las convocatorias se fijaron en la sede de Adida, la Universidad de Antioquia y el Centro Comercial Aventura, además del Parque de la Resistencia. Otras ciudades implicadas son Barranquilla, donde la cita es en el Paseo Bolívar a las 10:00 a. m.; Ibagué, a las 8:00 a. m. en la Casa del Maestro; Armenia, a las 8:30 a. m. en la Plaza de Bolívar; y Riohacha, desde las 7:00 a. m. en el Parque Simón Bolívar.

Las razones de estas manifestaciones, según Fecode, residen en la exigencia de atención adecuada en salud, reconocimiento de prestaciones sociales conforme a la ley y respuestas ante los daños sufridos en instituciones educativas a raíz del terremoto del 10 de agosto. La jornada también servirá de escenario para pronunciarse frente al debate sobre el salario mínimo para 2027 y las acciones estatales destinadas a mitigar los efectos de la sequía.

El expresidente Gustavo Petro, a través de un comunicado, expresó que participará en la movilización en Bogotá e invitó a "todo el pueblo trabajador de la ciudad". Igualmente, hizo un llamado a preparar futuras movilizaciones en defensa de un salario mínimo vital y de acciones estatales frente al hambre. Por su parte, el actual presidente Abelardo de la Espriella defendió el decreto que faculta a la fuerza pública para intervenir en concentraciones donde se detecten vandalismo o bloqueos reiterados, aclarando: “Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano”.

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¿Cuáles son los puntos de encuentro para las marchas del 14 de octubre en Colombia?

Según información publicada por 90minutos.co, las movilizaciones del 14 de octubre tendrán lugar en distintas ciudades. Los puntos de encuentro más representativos incluyen el Parque Nacional de Bogotá, la plazoleta Jairo Varela en Cali, la carrera 27 con calle 56 y la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, la sede de Adida y Parque de la Resistencia en Medellín, el Paseo Bolívar en Barranquilla, la Casa del Maestro en Ibagué, la Plaza de Bolívar en Armenia y el Parque Simón Bolívar en Riohacha. A estas movilizaciones acudirán docentes, sindicatos y afiliados a Fecode.

¿Cuáles son las principales exigencias de la marcha liderada por Fecode?

De acuerdo con Fecode y lo informado por 90minutos.co, las principales demandas de la jornada incluyen acceso digno a la salud, reconocimiento legal de las prestaciones sociales, acciones para atender los daños en escuelas afectados por el terremoto del 10 de agosto y respuestas a las carencias laborales y económicas, como el debate sobre el salario mínimo y la sequía.

El Ministerio de Defensa explicó que la acción militar comenzó a las 10:00 p. m. y fue coordinada detalladamente contra objetivos identificados con anticipación, bajo el mando de alias ‘Calarcá’. Según la cartera, la planificación incluyó estrictas medidas para resguardar a la población civil, en cumplimiento de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución contemplados en el derecho internacional humanitario —DIH—. La operación contempló el uso inicial de fuerza aérea, seguido del despliegue terrestre para registrar la zona, una estrategia respaldada por labores de inteligencia que detectaron campamentos, un búnker y áreas protegidas con artefactos explosivos improvisados.

Durante la etapa de consolidación, cuando las tropas aseguraban el lugar, tres soldados miembros de las Fuerzas Militares resultaron heridos al detonar un campo minado, evidenciando el elevado nivel de peligro que caracteriza este tipo de operativos. También, las autoridades reportaron el decomiso de una considerable cantidad de armamento: diez fusiles, una ametralladora, una pistola, un revólver, casi cuatro mil cartuchos y otros elementos militares, además del hallazgo de campamentos y brazaletes relacionados con las Farc. De acuerdo con el Ministerio, los enclaves insurgentes podían albergar hasta 36 personas.

Respecto a la muerte de la menor, el ministro Mora reiteró la firme condena estatal al reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de actores armados ilegales, remarcando que prácticas como esta los exponen directamente al conflicto, lo que contraviene los principios del DIH. Según la información oficial, la ofensiva se enmarca en los intentos por proteger a las comunidades rurales de la violencia desatada por el enfrentamiento entre el frente 33 y el Eln, quienes se disputan el control de rutas en Catatumbo usadas para narcotráfico y minería ilegal. La cartera de Defensa afirma que ambos grupos han causado amplios daños, incluyendo ataques con drones explosivos y la siembra de minas, incrementando los riesgos tanto para civiles como para los propios militares.

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¿Por qué murió una menor de edad en el bombardeo militar en Tibú contra el frente 33?

La menor de 16 años falleció en una operación militar porque, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y lo reportado por el ministro de Defensa, se encontraba en función de combate dentro del campamento de los disidentes del frente 33, donde tuvo lugar la acción. Esta situación llevó a que el Ministerio condenara con firmeza el reclutamiento de menores por parte de los actores armados en la zona, conducta que los expone directamente a las hostilidades, en contravía de los principios del derecho internacional humanitario.

¿Qué significa el derecho internacional humanitario en el contexto de operaciones militares como la de Tibú?

El derecho internacional humanitario, conocido por la sigla DIH, es un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados protegiendo a las personas que no participan directamente en las hostilidades y restringiendo los medios y métodos de combate. En el caso de la operación en Tibú, el Ministerio de Defensa aseguró que se aplicaron los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del DIH para resguardar a la población civil y reducir los daños colaterales, enfatizando que el accionar de las Fuerzas Militares buscó ajustarse a este marco legal internacional.

Hasta el momento, la información sobre la supuesta orden solo ha sido presentada por Matador y no existe una confirmación independiente de que la UNP haya impartido tal instrucción. La denuncia fue pública, pero requiere ser contrastada directamente con la entidad mencionada y con fuentes oficiales para determinar su veracidad.

Esta controversia surge en medio de una discusión más amplia entre Matador y la primera dama, Ana Lucía Pineda, a raíz de cuestionamientos sobre el manejo de ayudas para los damnificados del terremoto en Pereira. Tras los señalamientos del caricaturista, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas –vinculada a Pineda– difundió un comunicado. En este, la organización afirmó que posee el reconocimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que la faculta para recibir donaciones y reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad, pero no entregó un balance detallado de los recursos recaudados y ejecutados. La fundación destacó: “Cada donación representa una oportunidad para llevar esperanza, bienestar y sonrisas a quienes más lo necesitan”.

Ante los cuestionamientos de Matador, varios funcionarios y figuras públicas reaccionaron. El vicepresidente José Manuel Restrepo calificó los mensajes del caricaturista como “mezquindad” y “bajeza”, mientras que el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, pidió respeto por la primera dama y lamentó los ataques personales. El expresidente Iván Duque también defendió la integridad de Pineda y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, resaltó los valores de la primera dama. Asocapitales, por su parte, señaló que la emergencia humanitaria no puede ser espacio para descalificaciones y anunció el traslado del caso a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Defensoría del Pueblo para su análisis.

De la misma manera, la firma de abogados De La Espriella Lawyers anunció su intención de emprender acciones legales contra el caricaturista por considerar sus expresiones descalificadoras y humillantes contra las mujeres. Esta comunicación constituye solo el anuncio de una posible querella, pues aún no existe ninguna decisión judicial en contra de Matador.

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¿Qué dijo exactamente Matador sobre la primera dama y la UNP?

Matador denunció en su cuenta de X que un alto funcionario de la Unidad Nacional de Protección habría ordenado a los encargados de su seguridad dejarlo solo, sin informarle, y relacionó la situación con el presidente Abelardo de la Espriella. Además, su comentario se dio en el marco de una controversia con la primera dama Ana Lucía Pineda, a quien había cuestionado por la gestión de ayudas a afectados por un terremoto.

¿Qué respuesta dio la Fundación de la primera dama a las críticas de Matador?

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, vinculada a Ana Lucía Pineda, respondió con un comunicado en el que sostuvo contar con el aval de la DIAN para recibir donaciones. Reiteró sus compromisos de transparencia y legalidad, aunque no presentó detalles sobre los fondos recaudados y su uso, enfatizando la importancia social de las donaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Las declaraciones de Ferrer incluyeron detalles sobre los desplazamientos que realizaba Alcocer hacia Venezuela. Según lo relatado, Carolina Plata era la encargada de coordinar estos viajes, los cuales se mantenían bajo un estricto secreto, al punto de no involucrar a ciertos edecanes de confianza, con el argumento de la confidencialidad. Estas afirmaciones fueron expuestas en una entrevista, donde Ferrer dejó entrever una estructura de reserva y exclusión en torno a las actividades de la exprimera dama, una versión que, por la gravedad de las acusaciones, ha obligado a distintas entidades a expresar su posición pública.

El presidente Abelardo de la Espriella exigió a la Fuerza Aérea una investigación extensa para aclarar “lo ocurrido y determinar responsabilidades”. Igualmente, hizo un llamado a organismos como la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y autoridades de Estados Unidos para que valoren la información y tomen medidas, como se indicó en Semana y El Espectador. Mientras tanto, el exmandatario Gustavo Petro anunció demandas por parte de su familia, advirtiendo que estas declaraciones afectan profundamente a sus hijas. Petro criticó que no se presentaran pruebas y sostuvo que responderá penalmente ante lo que consideró una grave calumnia.

La controversia también salpicó a figuras como Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, quien señaló la existencia de un “pacto de silencio” entre Petro y Laura Sarabia, antigua embajadora en Reino Unido, además de contratos supuestamente fuera de la ley. Ante esto, Petro enfatizó que responderá judicialmente para defenderse y restablecer la verdad.

Paralelamente, desde el Congreso se exigió esclarecimiento y responsabilidades. El senador Óscar Villamizar (Centro Democrático) pidió a la Fiscalía actuar frente al “grupo” que habría salido de la Casa de Nariño tras el cambio de mando. Simón Molina (Creemos) y Miguel Pinto dieron respaldo a una investigación transparente, asegurando que “las maletas no se explican solas”. Del lado del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, señalado en las declaraciones de Ferrer, negó cualquier vínculo con actividades ilegales e informó que interpuso demandas civiles y penales por injuria y calumnia.

La Procuraduría citó este martes a Eva Ferrer para que rinda declaración, junto a otros exfuncionarios como Carmen Caballero, Concepción Baracaldo y Guillermo Reyes, siguiendo el curso formal que exige la gravedad de los señalamientos, como informó El Espectador. La atención pública se centra, ahora, en los resultados de estas investigaciones y en la actuación de las instituciones ante los delicados señalamientos.

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¿Qué pruebas presentó Eva Ferrer sobre los señalamientos a Verónica Alcocer?

De acuerdo con la información provista por Semana, Eva Ferrer afirmó haber presenciado situaciones delicadas y sostuvo que los viajes y actividades de Verónica Alcocer eran manejados bajo extrema confidencialidad. Sin embargo, según el exmandatario Gustavo Petro, Ferrer no aportó pruebas concretas, lo que ha sido motivo de cuestionamientos y de la decisión de su familia de emprender acciones legales.

¿Qué acciones tomó la Procuraduría tras las acusaciones contra Verónica Alcocer?

La Procuraduría citó a Eva Ferrer y a varios exfuncionarios para que rindan declaración sobre los señalamientos en contra de Verónica Alcocer. Entre los citados se encuentran Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo e Ingrid Carolina Plata, siguiendo los pasos formales para investigar el caso según lo informado por El Espectador.

El presidente colombiano se posicionó en el quinto lugar del ránking de mandatarios latinoamericanos elaborado por la firma CB Global Data en octubre de 2026.

El jefe de Estado colombiano registró un índice de aprobación del 49,7 % entre sus ciudadanos, acompañado por una desaprobación del 47,0 % y un 3,3 % en la categoría de no sabe o no responde.

A pesar de mantenerse dentro del grupo de los seis líderes con mejor desempeño de la región, el mandatario experimentó un descenso respecto a la medición de septiembre, cuando alcanzaba un 53,6 % de imagen favorable.

Esta contracción en los niveles de apoyo popular refleja los continuos cambios en la percepción pública regional sobre la gestión gubernamental en medio de los retos sociales e institucionales actuales.

El estudio estadístico mensual ubica a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum en la cima de la tabla continental tras obtener un 69,3 % de respaldo popular y un 27,6 % de imagen negativa.

La presidenta de México consolida la primera posición de la lista tras mostrar un ligero incremento desde el 69,0 % reportado durante el ciclo de medición del mes pasado.

El podio regional lo completa Nayib Bukele de El Salvador en la segunda casilla con un 68,3 % de aprobación y un 27,9 % de rechazo por parte del electorado salvadoreño.

El mandatario salvadoreño evidenció una evolución favorable respecto al 66,2 % registrado en septiembre, afianzando la aceptación ciudadana hacia sus políticas de gobierno actuales.

En el tercer peldaño se sitúa Luis Abinader de República Dominicana, quien alcanzó el 51,9 % de respaldo frente a un 42,5 % de desaprobación popular dentro del territorio dominicano.

El gobernante de República Dominicana mostró un avance progresivo tras subir desde el 50,8 % que ostentaba en el informe demoscópico del periodo mensual anterior.

El cuarto puesto de la evaluación internacional corresponde a Laura Fernández de Costa Rica, tras cosechar un 51,0 % de imagen positiva y un 43,3 % de evaluación negativa.

La mandataria costarricense ascendió desde el 49,7 % registrado en el mes anterior, superando por escaso margen el porcentaje acumulado por el jefe de Estado colombiano.

Justo debajo de la representación colombiana, Daniel Noboa de Ecuador se ubicó en el sexto lugar con un 47,5 % de aprobación y un 46,9 % de desaprobación popular.

El gobernante ecuatoriano mejoró levemente su índice favorabilidad respecto al 47,4 % cosechado en la encuesta realizada durante el mes de septiembre.

En la franja media de la medición destacan Keiko Fujimori de Perú con 46,3 % de aceptación y Lula da Silva de Brasil con 45,3 % de imagen positiva.

La líder peruana protagonizó la disminución más pronunciada de toda la muestra regional, registrando una baja de 6,1 puntos porcentuales respecto al 52,4 % anterior.

Nasry Asfura de Honduras obtuvo la novena posición con 44,1 % de respaldo, seguido por Santiago Peña de Paraguay con 42,9 % y Rodrigo Paz de Bolivia con 41,1 %.

Por su parte, José Antonio Kast de Chile alcanzó un 38,8 % de aprobación popular, ubicándose en la casilla número doce dentro de la tabla general.

El mandatario panameño José Raúl Mulino protagonizó el repunte más destacado del mes al ascender 4,4 puntos porcentuales para situarse en 36,5 % desde el 32,1 % previo.

Javier Milei de Argentina logró un 36,1 % de favorabilidad, mientras Daniel Ortega de Nicaragua alcanzó el 35,7 % dentro de sus respectivos territorios nacionales.

El grupo con menor respaldo ciudadano lo integran Yamandú Orsi de Uruguay con 35,2 %, Delcy Rodríguez de Venezuela con 32,3 % y Bernardo Arévalo de Guatemala con 31,0 %.

El presidente guatemalteco ocupa el último lugar del estudio de opinión pese a subir desde el 28,2 % alcanzado en la encuesta previa del mes anterior.

El informe de CB Global Data analiza el comportamiento de la opinión pública latinoamericana mediante encuestas periódicas que evalúan el desempeño de los gobernantes en ejercicio.

Según las primeras versiones reportadas por El Nuevo Día, el hecho tuvo lugar en la calle 24, entre las carreras Primera y Primera Sur, una arteria del barrio Las Ferias. En ese punto, un hombre armado habría interceptado a Tafur Leyton, disparándole en repetidas ocasiones. A pesar de que la víctima logró entrar a la vivienda, las lesiones sufridas resultaron fatales, y perdió la vida en el lugar.

Uno de los aspectos que circuló tras los hechos corresponde a información extraoficial, la cual señala que Tafur Leyton habría recibido cuatro impactos de bala. No obstante, esta cifra no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades pertinentes. Luego de accionar el arma, el presunto responsable escapó de la escena, desencadenando un operativo de búsqueda y labores investigativas encaminadas a establecer tanto la identidad como la localización de la persona involucrada.

La Policía Metropolitana de Ibagué llegó poco después al lugar del crimen para iniciar la fase de recolección de pruebas. El personal de criminalística se encargó de realizar la inspección técnica del cuerpo y de recuperar elementos materiales probatorios que permitan establecer una reconstrucción precisa de los hechos. Las autoridades también contemplan revisar los registros de las cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de identificar rutas de escape o movimientos sospechosos antes y después del ataque.

Por el momento, los móviles del asesinato permanecen como una incógnita; tampoco se ha confirmado oficialmente la identidad del responsable. Las labores investigativas continúan, mientras la comunidad espera que este violento episodio, que enluta a una familia en Ibagué, logre esclarecerse a la mayor brevedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué información se conoce sobre el asesinato de Iván Andrés Tafur Leyton en Las Ferias, Ibagué?

Iván Andrés Tafur Leyton fue asesinado mientras ingresaba su motocicleta a la vivienda donde vivía con su pareja, en la calle 24 del barrio Las Ferias, en Ibagué. Según reportó El Nuevo Día, un hombre armado lo interceptó y le habría disparado en reiteradas ocasiones. Aunque Tafur Leyton alcanzó a entrar a su casa, perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

¿Cuál es el avance de la investigación sobre el crimen de Iván Tafur en Ibagué?

Las autoridades, encabezadas por la Policía Metropolitana de Ibagué, se encuentran adelantando las pesquisas correspondientes. Se realizaron inspecciones técnicas y se recolectaron pruebas en el lugar. Así mismo, buscan registros en cámaras de seguridad para encontrar pistas sobre el responsable, cuyo paradero e identidad aún se desconocen, y continúan trabajando para determinar las razones detrás del asesinato.

De acuerdo con Helver González Mora, la administración municipal permanece alerta frente al fenómeno y está a la espera del informe oficial del Servicio Geológico Colombiano que permita esclarecer la situación con mayor detalle. Hasta el momento, las autoridades locales han notado una tendencia a la disminución en la frecuencia y la intensidad de los eventos sísmicos registrados, aunque remarcan que requieren información técnica para confirmar y profundizar en el análisis del comportamiento sísmico.

Según el registro oficial publicado por el Servicio Geológico Colombiano el 1 de octubre, se identificó que entre el 20 y el 30 de septiembre se localizaron más de 1.100 sismos con magnitudes superiores a 2,0, cuyo epicentro se ubicó en el municipio de Chaparral. Tal concentración de eventos sísmicos generó una alerta especial en la población y motivó la instalación del sismógrafo. La entidad explicó que sigue trabajando en la recolección de información para caracterizar y comprender mejor este fenómeno, de modo que las autoridades y la ciudadanía puedan tomar decisiones informadas respecto a la gestión del riesgo.

Durante este proceso de monitoreo, la administración municipal ha insistido en la importancia de mantener la calma y seguir las directrices de las entidades competentes, mientras se conocen los resultados del análisis realizado por el Servicio Geológico Colombiano. El alcalde enfatizó la necesidad de confiar en la labor técnica de los expertos y evitar la difusión de rumores, con el objetivo de proteger la tranquilidad de la comunidad mientras se mantiene un trabajo conjunto entre diferentes autoridades para informar oportunamente sobre cualquier novedad relevante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ha informado el Servicio Geológico Colombiano sobre los sismos en Chaparral?

El Servicio Geológico Colombiano indicó que, entre el 20 y el 30 de septiembre, se registraron más de 1.100 sismos con magnitudes superiores a 2,0 en el municipio de Chaparral, Tolima. Además, la entidad aseguró que continúa recabando datos técnicos para caracterizar adecuadamente la actividad sísmica y así informar sobre sus causas y evolución.

¿Qué medidas anunció la Alcaldía de Chaparral frente a los recientes sismos?

La Alcaldía de Chaparral, liderada por Helver González Mora, recomendó a los habitantes mantener la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades, mientras se esperan los resultados del informe técnico del Servicio Geológico Colombiano sobre la reciente actividad sísmica registrada en la zona.

El rector del colegio, Luis Guillermo Ramírez López, hizo pública esta problemática al afirmar que la presencia de habitantes en situación de calle aún persiste en la zona, representando un reto significativo para la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa. "Encontramos que todavía siguen alrededor del Antonio José Camacho los habitantes de calle y eso es un problema de inseguridad, de un ambiente incómodo con respecto a ellos", comentó Ramírez López. Su declaración resalta el impacto que tiene esta situación en los estudiantes y en el desarrollo de los procesos educativos.

Ramírez López también abordó la relación de esta problemática con las intervenciones recientes de la Alcaldía de Cali en el centro de la ciudad, específicamente en el marco de los proyectos de desarrollo de Ciudad Paraíso. Aunque expresó que no se oponen al progreso ni a las obras de renovación urbana, insistió en la necesidad de que se garanticen condiciones adecuadas de seguridad para la comunidad educativa. Según palabras del rector: "No obstaculizamos el progreso. Que haya progreso, sí, pero no de esta manera, porque lo que necesitamos es que nuestra comunidad educativa esté protegida, que tenga seguridad, que esté digna para que los estudiantes desde nuestra institución tengan una buena educación".

La manifestación ha tenido consecuencias en la movilidad del sector. La Secretaría de Movilidad de Cali confirmó el cierre vial en la zona afectada, lo que requirió la presencia de agentes de tránsito para regular la circulación y desviar vehículos. Igualmente, el servicio de transporte masivo MÍO ha registrado desvíos debido a la situación. Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a transitar con precaución y utilizar rutas alternas.

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¿Por qué protestaron los habitantes cerca de la Institución Educativa Antonio José Camacho en Cali?

La protesta pacífica realizada por la comunidad de la comuna 9 en Cali se debió a la presencia de personas en situación de calle en los alrededores de la Institución Educativa Antonio José Camacho. Según el rector Luis Guillermo Ramírez López, la comunidad considera que esto afecta la seguridad y el ambiente educativo, preocupaciones manifestadas tras el regreso de los estudiantes después del receso escolar, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos.

¿Qué impacto tuvo la protesta en la movilidad y el transporte en Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, la manifestación produjo el cierre de vías en la zona donde se realizó la protesta. Esto generó desvíos del transporte masivo MÍO y obligó a las autoridades a regular el tránsito, recomendando a los conductores tomar rutas alternas y programar sus desplazamientos con anticipación para evitar mayores contratiempos.

El hombre al llegar dio una palabras de agradecimiento. Camargo aseguró que volver a Colombia era algo que veía prácticamente imposible, pero que finalmente logró gracias al respaldo recibido.

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“Bendecido ante todo por Dios, por el presidente que me dio esa mano de apoyo. A todos los colombianos, mil gracias porque sin la ayuda de todos no hubiera sido posible. Lo veía como algo imposible, pero con la Patria Milagro se pudo hacer posible”, expresó a su llegada.

 

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La situación de Camargo se conoció en septiembre, cuando pidió ayuda para ser repatriado desde Estados Unidos debido a sus complicaciones pulmonares y a la necesidad de someterse a un doble trasplante.

Ante su solicitud, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó al canciller Omar Bula atender el caso con celeridad. La Cancillería activó un mecanismo de apoyo humanitario excepcional para facilitar su traslado.

De acuerdo con la información divulgada por esa entidad, Camargo regresó el lunes 13 de octubre en un vuelo medicalizado desde Nueva York, gestionado con el acompañamiento de la Cancillería y el consulado de Colombia en esa ciudad. La operación se financió con recursos del Fondo Especial para las Migraciones, lo que permitió concretar el traslado y facilitar la continuidad de su atención médica en el país.

A su llegada a Bogotá, el exmilitar fue recibido en el Hospital Militar Central, donde continuará su tratamiento debido a su afiliación al régimen especial de salud de las Fuerzas Militares.

🇨🇴 ¡Bienvenido a Colombia, Henry!

Siguiendo la instrucción del presidente @ABDELAESPRIELLA, Henry Camargo, exintegrante de las Fuerzas Militares, regresó este lunes al país en un vuelo medicalizado desde Nueva York, gestionado por la Cancillería y el @ConsuladoColNY.

El traslado, posible gracias a la autorización excepcional de recursos del Fondo Especial para las Migraciones, permitirá que Henry continúe su atención médica especializada en Colombia.

A su llegada a Bogotá, fue recibido por el Hospital Militar Central, donde continuará su proceso médico de acuerdo con su afiliación al régimen especial de salud de las Fuerzas Militares.

Durante su permanencia en Estados Unidos, el Consulado de Colombia en Nueva York mantuvo un acompañamiento permanente y realizó las gestiones necesarias para facilitar su retorno en condiciones adecuadas.

🇨🇴 Henry ya está en casa y continuará su recuperación en Colombia.

En La Patria Milagro, nuestra política exterior tiene una prioridad clara: el bienestar de todos los colombianos.

— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 13, 2026

Durante sus declaraciones, Camargo también dejó un mensaje dirigido a quienes atraviesan situaciones difíciles. En medio de su agradecimiento, los invitó a mantener la fe y a no abandonar la lucha frente a las adversidades.

El exmilitar reconoció el acompañamiento de su familia y de los colombianos, a quienes agradeció por no dejarlo solo durante este proceso.

“A mi familia, a mi pueblo colombiano que nunca me dejó solo, le estoy muy agradecido y muy orgulloso de estar hoy acá en Colombia, con mucho amor”, manifestó.

Asimismo, destacó la labor del cónsul colombiano en Nueva York, del canciller y del equipo que lo acompañó durante su permanencia en Estados Unidos.

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Según relató, recibió apoyo de profesionales que estuvieron pendientes de su situación, entre ellos personal médico y psicológico. Por eso, calificó el servicio recibido como una ayuda fundamental para hacer realidad su regreso.

Ahora, Camargo continuará bajo atención médica en el Hospital Militar Central, mientras se prepara para el procedimiento que necesita para tratar sus afectaciones pulmonares: un doble trasplante de pulmón.

Momentos emocionantes marcaron la jornada, como la presentación de Mon Laferte, quien manifestó su asombro ante la multitud congregada que rebasaba el entorno habitual de un concierto. El nuevo escenario BBC fue un factor destacado, ya que sus 21 agrupaciones, incluyendo talento nacional, bogotano e internacional, enriquecieron la experiencia del público. Todo esto fue posible gracias a una articulación ejemplar entre patrocinadores privados y las entidades públicas como la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

La agenda incluyó más que conciertos: la Zona de Arte y Emprendimiento integró 59 iniciativas, desde moda hasta artes gráficas, y aportó más de 280 millones de pesos en ganancias. Proyectos como la carpa Manos que construyen paz y programas de lectura como Libro al Viento involucraron dimensiones sociales y culturales adicionales, abriendo espacios para la comercialización y la reflexión. De acuerdo con la Encuesta de Impacto Turístico y Económico, la proyección de gasto de los asistentes superó los 190.000 millones de pesos en los dos primeros días, con el 91,9 % de visitantes de fuera de Bogotá motivados exclusivamente por el festival. Los residentes también impulsaron la economía local, lo que refuerza el papel dinamizador del evento en múltiples sectores.

La internacionalización estuvo presente con la llegada de programadores y agentes de distintos festivales, quienes ofrecieron oportunidades para las bandas locales. Destaca la coordinación de entidades como el Comité SUGA, además del apoyo de patrocinadores y la formación de alianzas público-privadas que fortalecieron la difusión y conectividad del festival. Las actividades académicas, la exposición en la Biblioteca Virgilio Barco, el Foro Internacional de Periodismo de Rock y la inauguración de la escultura La Rockera completaron una edición que celebró tres décadas de historia, identidad y transformación cultural en la capital.

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¿Cuál fue el impacto económico y turístico del Festival Rock al Parque 2026 en Bogotá?

Durante la edición número 30 del festival, la Encuesta de Impacto Turístico y Económico reportó un movimiento de cerca de $190.948 millones de pesos en los dos primeros días, incluyendo gastos en alimentación, transporte, compras y hospedaje. El 24,2 % de los asistentes llegó de fuera de Bogotá, y la mayoría de ellos viajó específicamente para el evento, lo que demuestra su gran capacidad de atracción y su importancia en la economía y el turismo de la ciudad.

¿Qué novedades y actividades complementarias se destacaron en Rock al Parque 2026?

Rock al Parque 2026 estrenó un cuarto escenario, el BBC, ampliando la diversidad musical y los espacios para artistas. Además, se fortaleció la dimensión social y cultural con la Zona de Arte y Emprendimiento, programas de lectura, espacios para la paz y exposiciones históricas. Estas iniciativas integraron el festival al tejido económico y cultural de Bogotá, mostrando cómo va más allá de los conciertos para impactar positivamente en la ciudad y sus comunidades.

Todo empezó cuando el hijo de la víctima, un adolescente de 16 años, llegó en motocicleta para tanquear. Según el relato familiar, al momento de hacer la fila se generó una confusión por el orden para ser atendidos. En ese instante, el conductor de una camioneta, mencionan los denunciantes, confrontó al joven. Al presenciar la tensión, el padre se acercó para informarse sobre lo que sucedía y tratar de calmar la situación.

Sin embargo, de acuerdo con la versión de la familia, la intervención del padre terminó de la peor manera: recibió un disparo en el brazo izquierdo, aparentemente efectuado con un arma traumática. Cabe destacar que una arma traumática es un tipo de arma diseñada para causar lesiones no letales, generalmente utilizada para defensa personal, pero que igualmente puede provocar daños considerables.

La gravedad del incidente se acentúa porque, en ese momento, el lugar estaba concurrido por varios menores de edad y otras personas que fueron testigos del violento episodio. El hombre herido recibió atención médica tras lo ocurrido, y después decidió dar inicio al proceso legal para que lo sucedido sea investigado por las autoridades competentes.

Tras el hecho, el conductor señalado abandonó de inmediato la escena en una camioneta con placas de Cali. Los familiares de la víctima, preocupados por la impunidad, aseguraron que cuentan con fotografías y videos que podrían facilitar la identificación del presunto agresor. No obstante, hasta el momento, la información recopilada no ha sido suficiente para establecer una identificación oficial.

La familia hace un llamado a las autoridades para que con el material disponible se adelante la investigación y se pueda establecer plenamente la responsabilidad sobre el ataque. El caso sigue bajo análisis y deja en evidencia los riesgos que pueden surgir en situaciones cotidianas por la intolerancia y la falta de control.

¿Qué ocurrió exactamente en la estación de servicio de Ibagué según los testigos?

De acuerdo con la denuncia familiar recogida en el reporte, el incidente comenzó por el desacuerdo sobre el turno para tanquear una motocicleta. Luego de una confrontación verbal entre el conductor de una camioneta y un adolescente de 16 años, el padre del menor intervino y fue herido en el brazo con un arma traumática. El presunto agresor huyó en su vehículo inmediatamente después de los hechos.

¿Qué es un arma traumática y cómo fue utilizada en el incidente de Ibagué?

Una arma traumática, según lo expuesto en el reporte, es un dispositivo que causa lesiones no letales y suele usarse para defensa personal. En este episodio, el arma fue empleada presuntamente por el conductor de la camioneta para disparar contra el brazo del padre del joven involucrado en la disputa por el turno en la estación de servicio, provocándole una herida que requirió atención médica.

Según el análisis expuesto en el espacio radial, el andamiaje de las movilizaciones descansa sobre dos grandes artefactos de distracción. Por un lado, se instrumentalizan polémicas coyunturales como el ataque misógino perpetrado por el caricaturista ‘Matador’ contra la primera dama; por el otro, se agitan banderas completamente infundadas en torno al salario vital para el 2027, ignorando deliberadamente que dichas discusiones de carácter económico y normativo competen a la rama judicial y al Consejo de Estado, y no directamente a las determinaciones del Ejecutivo. “¿Cuál es el miedo que le tienen a esas herramientas?”, cuestionó Araújo al poner en evidencia la incoherencia discursiva de los organizadores.

Esta narrativa de cortinas de humo adquiere una dimensión crítica al conectarla directamente con el terremoto institucional desatado por las recientes confesiones de la exconsejera presidencial Eva Ferrer. Las explosivas declaraciones entregadas a la revista Semana por quien fuera una de las fichas más cercanas del círculo íntimo del expresidente Gustavo Petro destaparon un entramado oscuro que involucra a la ex primera dama Verónica Alcocer en supuestas redes de narcotráfico internacional. Según el testimonio juramentado de Ferrer, Alcocer habría participado en el transporte clandestino de cargamentos de estupefacientes y sumas astronómicas de dinero en efectivo —que ascenderían a los 2,5 millones de dólares— aprovechando vuelos oficiales con destino a Venezuela realizados en enero de 2023.

La exfuncionaria aseguró que existen registros fotográficos que evidenciarían el descenso de la exprimera dama de aeronaves del Estado portando “maletas grises” cargadas con sustancias ilícitas y capitales de dudosa procedencia, salpicando además a figuras del entramado político y empresarial como el polémico catalán-colombiano Manel Grau y el congresista Agmeth Escaf. Este caudal probatorio, sumado a las pesquisas que ya adelanta la Procuraduría General de la Nación con la citación de exministros y exfuncionarios clave, conforma el expediente que la oposición intentaría diluir mediante la agitación callejera de este 14 de octubre. Para los analistas, convocar a un paro bajo consignas desnaturalizadas busca blindar políticamente a los alfiles del gobierno anterior, utilizando el asfalto como trinchera frente al avance incontenible de la justicia.

El Ejecutivo ha mencionado que mejorar la entrega de medicamentos, el acceso a citas con especialistas y los tratamientos para enfermedades de alto riesgo son las prioridades durante los primeros meses de esta administración.

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Ante esta urgencia, el gobierno De la Espriella ha señalado que el plan para recuperar el sistema de salud define cómo deberían administrarse los recursos.

Así entregará los recursos el gobierno De la Espriella para la atención en salud

De esta manera, se estableció que los recursos de financiación se desembolsarán directamente a clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos para pagar las obligaciones validadas entre el 1 de enero y el 20 de septiembre de 2026.

El Ejecutivo explicó que la decisión de optar por este mecanismo busca garantizar que el dinero se destine a la atención de los pacientes y no se convierta en un «cheque en blanco».

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Así, la atención se centrará en resolver más de un millón de casos acumulados por la falta de entrega de medicamentos y en atender procedimientos médicos represados. Se priorizará a pacientes con patologías de alto riesgo, como cáncer, VIH, enfermedades renales y enfermedades huérfanas, además de las gestantes.

Hasta el momento, la información sobre la supuesta orden solo ha sido presentada por Matador y no existe una confirmación independiente de que la UNP haya impartido tal instrucción. La denuncia fue pública, pero requiere ser contrastada directamente con la entidad mencionada y con fuentes oficiales para determinar su veracidad.

Esta controversia surge en medio de una discusión más amplia entre Matador y la primera dama, Ana Lucía Pineda, a raíz de cuestionamientos sobre el manejo de ayudas para los damnificados del terremoto en Pereira. Tras los señalamientos del caricaturista, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas –vinculada a Pineda– difundió un comunicado. En este, la organización afirmó que posee el reconocimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que la faculta para recibir donaciones y reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad, pero no entregó un balance detallado de los recursos recaudados y ejecutados. La fundación destacó: “Cada donación representa una oportunidad para llevar esperanza, bienestar y sonrisas a quienes más lo necesitan”.

Ante los cuestionamientos de Matador, varios funcionarios y figuras públicas reaccionaron. El vicepresidente José Manuel Restrepo calificó los mensajes del caricaturista como “mezquindad” y “bajeza”, mientras que el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, pidió respeto por la primera dama y lamentó los ataques personales. El expresidente Iván Duque también defendió la integridad de Pineda y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, resaltó los valores de la primera dama. Asocapitales, por su parte, señaló que la emergencia humanitaria no puede ser espacio para descalificaciones y anunció el traslado del caso a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Defensoría del Pueblo para su análisis.

De la misma manera, la firma de abogados De La Espriella Lawyers anunció su intención de emprender acciones legales contra el caricaturista por considerar sus expresiones descalificadoras y humillantes contra las mujeres. Esta comunicación constituye solo el anuncio de una posible querella, pues aún no existe ninguna decisión judicial en contra de Matador.

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¿Qué dijo exactamente Matador sobre la primera dama y la UNP?

Matador denunció en su cuenta de X que un alto funcionario de la Unidad Nacional de Protección habría ordenado a los encargados de su seguridad dejarlo solo, sin informarle, y relacionó la situación con el presidente Abelardo de la Espriella. Además, su comentario se dio en el marco de una controversia con la primera dama Ana Lucía Pineda, a quien había cuestionado por la gestión de ayudas a afectados por un terremoto.

¿Qué respuesta dio la Fundación de la primera dama a las críticas de Matador?

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, vinculada a Ana Lucía Pineda, respondió con un comunicado en el que sostuvo contar con el aval de la DIAN para recibir donaciones. Reiteró sus compromisos de transparencia y legalidad, aunque no presentó detalles sobre los fondos recaudados y su uso, enfatizando la importancia social de las donaciones.

La citación de Ferrer no se da de manera aislada. Junto con ella, el órgano de control también llamó a declarar a varias figuras públicas, entre quienes se encuentran Carmen Caballero; Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); Concepción Baracaldo, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); el exministro de Transporte Guillermo Reyes; e Ingrid Carolina Plata Navas, quien trabajó en la Casa de Nariño y mantiene vínculos cercanos con la familia del presidente Gustavo Petro y de Verónica Alcocer, según El Espectador. Todas estas diligencias hacen parte de una investigación en curso iniciada por la Procuraduría, que ya había tomado fuerza luego de denuncias divulgadas por la revista Semana sobre supuestas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Eva Ferrer, conocida por haber sido asesora de Verónica Alcocer durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y posteriormente consejera del gobierno, apareció en una entrevista publicada el 10 de octubre donde sostuvo que la entonces primera dama habría hecho uso de su posición para viajar con drogas, armas y grandes cantidades de dinero entre Colombia y Venezuela. Ferrer afirmó que en enero de 2023, Verónica Alcocer habría regresado de Venezuela ingresando una suma superior a dos millones de dólares, según lo relatado tanto por ella como por un colaborador identificado como Manel Grau.

Ferrer aseguró también que estos viajes no fueron un hecho aislado y describió cómo supuestamente existieron múltiples vuelos oficiales y confidenciales, con la participación directa o conocimiento de personas como Carolina Plata. Adicionalmente, señaló que otras figuras vinculadas al entorno político de Gustavo Petro, entre ellas Danilo Romero, podrían haber participado en el ocultamiento de fondos desviados con fines electorales, presuntamente dirigidos a apoyar la campaña de Mario Fernández Alcocer en Sucre, en el año 2023. En su testimonio, Ferrer mencionó además a supuestos financiadores de la campaña presidencial de Petro, tales como Diego Marín Buitrago, alias "Papá Pitufo", y Euclides Torres, quienes habrían aportado dinero en efectivo que, de acuerdo con ella, no fue reportado oficialmente.

Al cierre, El Espectador reportó que la Fiscalía General de la Nación también investiga el caso y ha solicitado la declaración de Eva Ferrer, quien no se ha presentado ni ha aportado pruebas hasta el momento. Todas estas afirmaciones, según los medios citados, permanecen bajo proceso de verificación judicial y disciplinaria.

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¿Cuáles son las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer y otros funcionarios?

Eva Ferrer ha denunciado que Verónica Alcocer supuestamente utilizó su cargo de primera dama para realizar viajes oficiales en los que habría transportado drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela. Además, Ferrer implicó a funcionarios y personas cercanas al entorno presidencial en el manejo confidencial de estos viajes y en el ocultamiento de capitales con fines políticos. Estas aseveraciones también involucran a presuntos financiadores de campañas políticas.

¿Qué significa "Dapre" y por qué es relevante en esta investigación?

"Dapre" corresponde al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, una entidad encargada de la gestión administrativa y de apoyo a la Presidencia. En esta investigación, el cargo es relevante porque una de sus exdirectoras, Angie Rodríguez, ha sido citada a declarar, debido a su posible conocimiento sobre las presuntas irregularidades señaladas por Eva Ferrer.

En el Senado, el trabajo de las comisiones será diverso. Destaca la citación de la Comisión Tercera, encargada de la presentación del informe de gestión del Banco de la República, mientras que la Comisión Sexta tiene previsto abordar proyectos relacionados con la alerta sísmica temporal y el examen nacional de especialidades médicas, asuntos de relevancia para la seguridad y la formación profesional en el país.

La actividad continuará el miércoles, día en el que la Comisión de Paz analizará el presupuesto y los indicadores de gestión de las entidades responsables de tan delicado proceso. En paralelo, la Comisión de Ordenamiento Territorial se ocupa de estudiar la reforma al Sistema General de Participaciones y la Ley de Competencias, asuntos que impactan directamente en la distribución y manejo de recursos públicos a nivel local. La Comisión Segunda y la Quinta mantendrán su atención en la votación de proyectos de ley que han quedado en agenda.

El jueves, la programación incluye la sesión de la Comisión Bicameral Accidental, que hará seguimiento a la atención brindada a los damnificados del terremoto ocurrido en San José del Palmar, Chocó, el pasado 10 de agosto. Además, la Comisión de la Mujer evaluará el avance en la implementación de la ley de apoyo a mujeres rurales mediante control político. Por su parte, la Comisión Séptima organizará una audiencia pública sobre el uso de la inteligencia artificial en el sector salud, enfocándose en la seguridad del paciente y la protección de datos.

En la Cámara de Representantes, la agenda también está marcada por el presupuesto de 2027. Así, las Comisiones Económicas definirán la ponencia para el segundo debate, mientras que otras comisiones debatirán proyectos de ley y revisarán temas energéticos. El proceso continuará con debates de control político dirigidos especialmente al ICBF y la gestión ambiental, de acuerdo con lo informado por El Espectador.

El calendario legislativo se vio afectado por la denominada "semana de receso", lo que postergó el avance de varios proyectos. Ahora, con el reinicio de las sesiones, se espera que el presupuesto llegue a las plenarias en los próximos días, y que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, presente el articulado del estatuto antiterrorista ante el Consejo de Política Criminal. El presidente Abelardo de la Espriella ha insistido en la importancia estratégica de esta iniciativa para su administración.

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¿Cuál es el calendario de debates sobre el presupuesto general de 2027 en el Congreso?

De acuerdo con la información descrita por El Espectador, esta semana inicia una serie de debates clave en distintas comisiones tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. El martes se reúnen las Comisiones Económicas para establecer la ponencia del presupuesto, y en los días siguientes continúan las discusiones en plenarias, después de la revisión por parte de las comisiones necesarias.

¿Qué temas serán prioridad en los debates de control político citados por el Congreso?

Durante las próximas sesiones, según reporta El Espectador, estarán en el centro de los debates asuntos como la gestión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la eficacia del Ministerio de Ambiente, la implementación de leyes de apoyo a mujeres rurales y la respuesta estatal ante emergencias como el reciente terremoto en Chocó.

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De acuerdo con los reportes de las autoridades, la pareja habría sostenido una fuerte discusión en medio de una escena de celos, durante la cual el hombre le habría hecho varios reclamos a la mujer y, posteriormente, la habría atacado en repetidas ocasiones con un arma blanca, causándole graves heridas.

Lorena fue trasladada de inmediato al hospital del municipio. Sin embargo, al ingresar al servicio de urgencias, el personal médico confirmó que ya no tenía signos vitales

Según la información conocida sobre el caso, la agresión ocurrió en presencia de la madre de la víctima, quien también habría sido atacada por su yerno.

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El hecho ha causado consternación entre los habitantes de Quinchía. A través de las redes sociales, varios ciudadanos han expresado su rechazo a lo ocurrido y han exigido justicia, así como una condena ejemplar para el responsable.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía y deberá comparecer ante un juez de control de garantías, quien adelantará las audiencias correspondientes para legalizar la captura, formular la imputación de cargos, si hay lugar a ello, y evaluar la imposición de una medida de aseguramiento.

Durante su intervención radial, Gómez fue categórico al señalar que la convocatoria liderada por sectores afines al petrismo y sindicales resulta prematura. “Yo creo que la convocatoria no solo es prematura sino es una mala estrategia por parte de la oposición”, sentenció el analista, al advertir sobre el riesgo político que implica pretender medir fuerzas en el asfalto contra un Ejecutivo que apenas acumula dos meses en el poder, el cual además afronta los millonarios retos de reconstrucción tras el reciente sismo de magnitud 8.0 y que, por ende, mantiene altos niveles de compasión y respaldo ciudadano.

El análisis profundizó en la desconexión discursiva que arrastra la izquierda con uno de los sectores electorales más decisivos del tablero nacional: la clase media urbana. Según el criterio expuesto en el espacio radial, el triunfo de Gustavo Petro en los comicios de 2022 se cimentó precisamente en su capacidad para persuadir a este segmento poblacional, un logro que hoy se desvanece porque el discurso tradicional de los partidos de izquierda y de centrales obreras como la CUT se queda corto frente a las verdaderas prioridades de dichos ciudadanos, quienes priorizan el mejoramiento tangible de sus ingresos y estabilidad económica.

En esa misma línea crítica, Gómez recordó que figuras como Iván Cepeda no lograron conectar ni hablarle de manera efectiva a esa clase media, capitalizando por el contrario un espacio que el actual mandatario, Abelardo De La Espriella, supo interpretar con éxito durante su campaña presidencial. Para el experto, la oposición está replicando exactamente el mismo fallo táctico al organizar una protesta concebida “de la izquierda para la izquierda”, incapaz de sintonizarse con los dolores y aspiraciones cotidianas de la ciudadanía urbana.

La radiografía planteada pone en evidencia que la gran apuesta de calle de la próxima semana corre el peligro de convertirse en un monólogo sectorial que desatiende el pulso real de la opinión pública. Mientras los organizadores afinan las consignas y preparan las pancartas para la jornada del 14 de octubre, voces independientes advierten que la estrategia de confrontación frontal contra un gobierno en fase de consolidación y emergencia humanitaria podría fracturar aún más el capital político de una oposición que insiste en mirar hacia adentro en lugar de sintonizarse con las urgencias del ciudadano de a pie.

Sin embargo, sostuvo que estas molestias hacen parte del ejercicio de la protesta y reiteró que debe garantizarse el derecho a manifestarse sin represión.

“Vamos a manifestarnos y a caminar por las vías de Colombia. Obviamente, eso genera bloqueos o interrupciones de vías, pero será solo mientras pasamos por ellas. Toda protesta genera alguna molestia para alguien, lo sabemos perfectamente. Pero esa es la garantía de la protesta: que nadie vaya a ser reprimido”, detalló en Blu Radio.

Arias también confirmó que el presidente Gustavo Petro estará en la marcha y señaló que no ve inconvenientes en que intervenga en la Plaza de Bolívar.

“El presidente Petro estará en la marcha y vamos a ver si va a intervenir en la Plaza de Bolívar. No vemos problema con que intervenga”, añadió.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella defendió el decreto que busca regular la intervención de la Fuerza Pública durante las manifestaciones.

El mandatario aseguró que su Gobierno respetará las protestas pacíficas, pero actuará frente a bloqueos prolongados, vandalismo y hechos violentos.

“Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano”, afirmó De la Espriella, quien también cuestionó a los sectores que promueven las movilizaciones y los señaló de buscar desestabilizar al Gobierno.

Durante su alocución, el mandatario presentó resultados de seguridad, anunció medidas para prevenir riesgos energéticos y destacó la puesta en marcha del Fondo Milagro, que cuenta con $1 billón para atender a las familias afectadas por el terremoto.

De acuerdo con lo registrado durante la jornada, el encuentro comenzó con una feria de emprendimiento que logró reunir a numerosos habitantes del sector. Allí, las personas mostraron al público productos y servicios elaborados localmente, reafirmando la creatividad y el espíritu de trabajo que caracteriza a la comunidad. Los expositores, con vistosas prendas que evocaban las tradiciones y raíces autóctonas, manifestaron su orgullo por la identidad cultural que los une y fortalece.

Uno de los momentos más resonantes de la jornada fue la presentación del mural titulado “Villacorelca es historia, es música, es gente”, una obra que se convirtió en símbolo visual de la riqueza cultural del barrio. Según la información suministrada, este mural retrata a un músico usando un sombrero tradicional, acompañado de brillantes flores tropicales, elementos que juntas recogen la historia, el arte y la gente que han dado forma a la comunidad.

La cita cultural también tuvo espacio para la inauguración de una estructura artística de gran significado: las “Damas del Hierro”. Esta obra metálica fue concebida para rendir homenaje a las mujeres afrodescendientes del sector. La silueta de mujer y el mapa de Colombia, enmarcados bajo la frase “Nuestra Fuerza, Nuestra Raíz”, buscan inspirar reflexión acerca del papel protagónico de la mujer afro en la construcción de la identidad local y nacional.

El evento, impulsado por ASOPEDIC y respaldado por Comfacesar, dejó en claro el relevante papel que las manifestaciones culturales y las expresiones artísticas desempeñan al fortalecer la memoria y la cohesión social en Valledupar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el objetivo principal de la jornada cultural ‘Las 6 raíces de Villa Corelca’ en Valledupar?

La jornada buscó resaltar y poner en valor la herencia cultural, la memoria colectiva y la identidad de la comunidad de Villa Corelca, por medio de actividades artísticas y una feria de emprendimiento que promovieron el sentido de pertenencia, de acuerdo con la información presentada por ASOPEDIC y Comfacesar.

¿Qué significado tienen las “Damas del Hierro” en la jornada cultural de Villa Corelca?

La estructura denominada “Damas del Hierro” representa la silueta de una mujer afro y el mapa de Colombia, rindiendo homenaje a la fuerza y raíces de las mujeres afrodescendientes, quienes han sido fundamentales en la construcción de la identidad del sector, tal como se resaltó durante la jornada.

Aunque la Fundación Colombia Luz y Sonrisas no ha publicado aún un balance oficial con el total de dinero recaudado, sí difundió un comunicado en el que informa su pertenencia al Régimen Tributario Especial (RTE) de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Según este documento, la fundación está legalmente habilitada para recibir donaciones en Colombia, en cumplimiento de las normativas vigentes. En palabras de la organización, “nuestra fundación se encuentra habilitada para recibir donaciones, de conformidad con las disposiciones legales vigentes”. Asimismo, enfatiza en su compromiso con la legalidad, la transparencia y la confianza en los donantes, benefactores y aliados.

A la par, la DIAN, máxima autoridad tributaria en el país, abordó los cuestionamientos públicos confirmando que Colombia Luz y Sonrisas mantiene vigente su Registro Único Tributario (RUT) y es integrante del Régimen Tributario Especial. Esto significa que la fundación está sujeta a los derechos, obligaciones y mecanismos de control que corresponden a todas las organizaciones de este régimen. La entidad desmintió versiones según las cuales la fundación carecería de reconocimiento o pertenencia al régimen especial y subrayó que las organizaciones sin ánimo de lucro que estén legalmente constituidas pueden recibir aportes para las actividades que describe su objeto social.

La DIAN también aclaró que la diferencia entre pertenecer o no al régimen tributario especial radica en la capacidad de la entidad para expedir certificaciones que permitan a los donantes acogerse a beneficios tributarios, conforme al artículo 1.2.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016. No pertenecer a dicho régimen, sin embargo, no implica estar impedido para recibir donaciones, aunque sí limita el acceso de los donantes a ciertos beneficios fiscales.

A pesar de estas precisiones jurídicas y tributarias, sigue siendo un punto pendiente la publicación de un balance concreto sobre los fondos recaudados y su ejecución para la campaña de apoyo a los afectados del terremoto, que resultó en más de 300 fallecidos y miles de familias afectadas. Por ahora, las declaraciones se centran en la capacidad legal de la fundación para manejar donativos, pero la ciudadanía aún espera conocer cifras y detalles sobre la gestión de los recursos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación legal de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas para recibir donaciones en Colombia?

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas está reconocida por la DIAN como parte del Régimen Tributario Especial, lo que le habilita legalmente para recibir donaciones conforme a las leyes colombianas. De acuerdo con el comunicado de la organización y la confirmación de la autoridad tributaria, la fundación cuenta con su Registro Único Tributario al día y se encuentra sujeta a los controles y obligaciones que exige la normatividad para entidades sin ánimo de lucro.

¿Cuánto dinero ha recaudado la Fundación Colombia Luz y Sonrisas tras el terremoto del 10 de agosto?

Hasta el momento, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas no ha publicado un balance oficial que indique el monto total recaudado tras el sismo. Los comunicados y declaraciones conocidos se han enfocado en aclarar la legalidad de la organización para recibir donaciones, pero la cifra consolidada de los recursos obtenidos y su distribución aún no ha sido divulgada al público.

La nueva víctima mortal fue identificada como Ajay Bhathaga, un ciudadano británico de 50 años, oriundo de Londres y radicado desde hace décadas en los Estados Unidos. Bhathaga era un reconocido especialista en oncología, destacado profesionalmente por su labor en tratamientos contra el cáncer de próstata mediante terapias de radiación de baja dosis. El pasado domingo, el médico oncólogo se encontraba disfrutando de uno de los siete escenarios dispuestos en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, epicentro que congregó a más de 90.000 asistentes durante los dos días que duró el festival, de acuerdo con el periódico. 

En medio de la masiva aglomeración, el especialista de raíces asiáticas comenzó a presentar graves complicaciones de salud derivadas de una aparente sobredosis. Ante la emergencia, los equipos de asistencia trasladaron de urgencia al ciudadano inglés hacia la Clínica El Rosario, ubicada en el exclusivo sector de El Tesoro, donde ingresó directamente a la unidad de cuidados intensivos para recibir atención médica especializada. A pesar de los esfuerzos del personal asistencial por estabilizarlo, el médico permaneció internado durante varias horas hasta que se produjo su deceso entre las 5:00 y las 6:00 de la tarde del lunes 12 de octubre, según el rotativo. 

Los reportes preliminares entregados por las autoridades y los centros médico-legales revelaron que los exámenes toxicológicos practicados al oncólogo arrojaron resultados positivos para múltiples sustancias psicoactivas, destacando la presencia de cocaína, anfetaminas y alcohol en su organismo. Este trágico suceso se suma al de Ismael Gerardo Méndez Huertas, el joven costarricense de 23 años cuya muerte se registró en la madrugada del pasado sábado en el Hospital Pablo Tobón Uribe, tras ser evacuado del festival con fallas respiratorias agudas asociadas también a una sobredosis. La magnitud de ambas tragedias ha encendido las alarmas institucionales en Medellín sobre el control de sustancias y los riesgos asociados al consumo desmedido en macroeventos de entretenimiento global.

La jugada procesal responde a los avisos previos que Leyva había lanzado desde el pasado 15 de septiembre, cuando notificó por escrito al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, su intención de arrimar piezas procesales ante el Departamento de Justicia (U.S. Department of Justice). Según el exfuncionario, la misiva entregada en la sede diplomática incluye la identificación de “testigos calificados” que buscan sustentar ante la justicia internacional la urgencia de procesar penalmente al exmandatario por presuntos delitos cometidos durante su administración.

“Hoy le informo a la opinión pública, al Jefe del Estado colombiano, Abelardo De La Espriella, y al US General Attorney, que el pasado viernes 9 de octubre se hizo la entrega de la anunciada misiva en las oficinas del Chargé d’ Affaires en Colombia, señor Hugo Guevara”, reza textualmente el comunicado divulgado por el exministro, evidenciando el canal de comunicación directo que mantiene con la actual administración de la Casa de Nariño respecto a este expediente. Leyva subrayó que esta actuación da continuidad a sus iniciativas jurídicas presentadas ante los estrados norteamericanos en fechas anteriores.

El giro radical del excanciller profundiza la ruptura total con el proyecto político del Pacto Histórico, al que ayudó a consolidar en sus inicios pero al que hoy señala de haber incurrido en graves irregularidades institucionales y fallas administrativas durante su gestión presidencial. Los dardos lanzados por Leyva apuntan a desmontar la narrativa de la administración pasada, abriendo un flanco de escrutinio transnacional que genera profunda inquietud en los círculos cercanos al exjefe de Estado. Mientras el Departamento de Justicia de EE. UU. evalúa con lupa el peso probatorio de los documentos y las identidades de los testigos protegidos aportados por el exministro, el escenario político nacional permanece en máxima tensión ante el impacto colateral que estas diligencias en el exterior puedan desencadenar sobre el futuro judicial inmediato de Gustavo Petro y los principales alfiles de su anterior gabinete.

Las tensiones institucionales escalaron luego de que el propio Petro instara a preparar una lucha sindical y callejera que escalaría hacia una huelga general, exigiendo un salario mínimo elevado para 2027 y planes de contingencia frente al hambre y la sequía. A este llamado se sumó Fecode, ratificando su salida a las calles para blindar el GOMAG, reclamar el pago de prestaciones sociales y exigir garantías en un sistema de salud digno para el magisterio.

Lejos de matizar la confrontación, De La Espriella etiquetó a los organizadores como “instigadores de la maldad”. Durante su alocución, el mandatario endilgó a los promotores del paro la responsabilidad directa por el estado financiero y fiscal heredado. “Quienes promueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al Gobierno son los mismos que dejaron el país quebrado, ad portas de un apagón, con el sistema de salud en cuidados intensivos, con la soberanía energética comprometida y con los recursos públicos depredados y saqueados”, sentenció, reprochando que se agiten las vías de hecho en plena fase de reconstrucción nacional tras el sismo de magnitud 8.0 que sacudió al continente.

Como respuesta táctica al clima de protesta, la administración central blindó la vigencia del decreto que faculta a la fuerza pública para intervenir de manera drástica en aquellas concentraciones donde confluyan el vandalismo y el bloqueo sistemático de vías. “Si pretenden incendiar a Colombia se van a encontrar con la determinación del tigre para defender lo que en derecho corresponde”, advirtió el jefe de Estado, marcando una línea roja infranqueable para el orden público.

En medio del choque político, el Ejecutivo blindó su gestión social y operativa reportando que el Fondo Milagro arrancó operaciones con un billón de pesos destinados estrictamente a socorrer los estragos del terremoto, exigiendo trazabilidad absoluta sobre cada peso ejecutado. Paralelamente, la Casa de Nariño ventiló balances operacionales de sus primeros dos meses en el poder, confirmando la neutralización de 33 cabecillas de estructuras criminales, incluidos mandos de las disidencias de las Farc como alias ‘La Morocha’, ‘Lobo’ o ‘Emanuel’, ‘Max Max’ y ‘Ruso’ o ‘Alemán’. Con las cartas sobre la mesa, la pugna por las calles del 14 de octubre se perfila como el examen de fuego definitivo para la cohabitación política del país.

En el contexto de nuevas marchas convocadas por el Pacto Histórico y varios sindicatos para el 14 de octubre, De la Espriella fue enfático al señalar que quienes promueven el paro buscan generar caos, poniendo en riesgo la estabilidad del gobierno. Atribuyó a los opositores la responsabilidad de distintas crisis recientes y dejó claro que el derecho a protestar no depende del apoyo o no al gobierno. Para el día de las movilizaciones, el jefe de Estado ha dado instrucciones para que las autoridades coordinen con los organizadores y los gobiernos locales, a fin de tomar medidas que garanticen la movilidad, la prevención de emergencias y la seguridad ciudadana. Al mismo tiempo, pidió a la Fuerza Pública responder dentro del marco legal y actuar con proporcionalidad ante cualquier hecho delictivo.

El ministro Rodrigo Lara reforzó el mensaje oficial subrayando que el nuevo decreto apunta a garantizar la protesta pacífica, y adelantó que habrá monitoreo especial en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, zonas históricamente sensibles a este tipo de manifestaciones. Añadió, además, que se prohibirán bloqueos en puntos críticos, como el corredor Panamericano y vías estratégicas de los departamentos citados. Los convocantes, entre los que están la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), piden garantías ante la incertidumbre por la nueva regulación, mientras que otras centrales, como la Confederación General del Trabajo (CGT), han anunciado que no participarán.

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¿Qué busca el decreto que regula las protestas en Colombia según el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El decreto propuesto por el gobierno de Abelardo de la Espriella apunta a regular las protestas garantizando el derecho constitucional a movilizarse de manera pacífica, a la vez que fija límites claros frente a conductas violentas. Según lo expuesto por el presidente y su ministro del Interior, el propósito es proteger a quienes se manifiestan sin recurrir a la violencia y responder con base en la ley y pruebas a quienes incurran en delitos durante las movilizaciones, buscando así un equilibrio entre los derechos y la seguridad pública.

¿Qué organizaciones convocaron a las marchas del 14 de octubre y cuál es la posición del gobierno frente a ellas?

Las marchas del 14 de octubre fueron citadas por el Pacto Histórico, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Fecode. Entre los participantes anunciados figuran el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda. Aunque algunos sindicatos, como la Confederación General del Trabajo (CGT), han expresado que no participarán, el gobierno ha recalcado su compromiso de ofrecer garantías siempre que la protesta sea pacífica, pero advirtió que tomará medidas legales ante posibles hechos delictivos o bloqueos que afecten el orden público.

Al notar la presencia de las autoridades, los sospechosos intentaron huir internándose en una ciclorruta para evadir la persecución. Sin embargo, la reacción de las patrullas permitió capturarlos pocos metros después. La Policía informó que el celular hurtado tenía un valor de seis millones de pesos. Los hombres, de 27 y 30 años, quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar el proceso por el delito de hurto. No obstante, en el comunicado no se confirmó si el teléfono fue recuperado ni se precisaron detalles sobre decisiones judiciales posteriores al operativo.

El hecho se presentó en el contexto de patrullajes rutinarios en Hayuelos, donde la víctima no solo reportó el robo, sino que añadió descripciones útiles para que las autoridades centraran la búsqueda. Aunque los agentes lograron interceptar a los buscados, el reporte oficial no indicó el punto exacto del raponazo ni si hubo armas o personas heridas durante el suceso.

La Policía señaló además que uno de los capturados tenía antecedentes judiciales por hurto. Durante la judicialización, surgieron reportes sobre posibles víctimas adicionales de estos hombres bajo la misma modalidad. Así lo confirmó el teniente coronel Julián García, comandante de la Estación de Policía de Fontibón, quien habló de otros afectados por raponazo, aunque no se detalló cuántos casos están en revisión o si existen denuncias formales adicionales.

En los días previos a este caso, ocurrieron otros hurtos en Fontibón, según la Policía. Uno de ellos fue registrado por cámaras de seguridad y replicó el modus operandi: un raponazo ejecutado por un hombre que escapó en motocicleta con ayuda de un cómplice. Asimismo, se conoció la captura de tres hombres que, haciéndose pasar por agentes de la Sijín (Seccional de Investigación Judicial), despojaron de pertenencias a ciudadanos a través de controles falsos. Los capturados recuperaron un celular, entre otros objetos, y respondían por los delitos de hurto y suplantación de autoridad, aunque no existe evidencia de que estos episodios guarden relación directa con los protagonistas del caso de Hayuelos.

Durante los primeros ocho meses del año, Bogotá sumó más de 73.000 denuncias por hurto a personas, de las cuales 3.361 se registraron en Fontibón. El reporte policial destacó una reducción del 16 % en comparación con el periodo anterior, y la recuperación de más de 2.400 celulares. Sin embargo, las cifras globales engloban modalidades variadas de hurto, no limitadas solo al robo de teléfonos.

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¿Cómo puede denunciar un ciudadano el robo de un celular en Fontibón?

Ante un hurto, usted puede llamar a la Línea de Emergencias 123 y suministrar la mayor cantidad de detalles sobre los responsables y el lugar del hecho. Además, es posible presentar la denuncia formal en línea a través del Sistema Nacional de Denuncia Virtual o comunicarse con la Fiscalía en la línea 122 o en las Unidades de Reacción Inmediata. También se recomienda informar al operador para bloquear el IMEI, número que identifica el equipo.

¿Cuántos casos de hurto a personas se han registrado en Fontibón y cómo se comparan con otros años?

Entre enero y agosto de 2026, las autoridades registraron 3.361 casos de hurto a personas en Fontibón, ubicando a la localidad en el séptimo lugar de la ciudad con mayor número de hechos. El balance policial resaltó que los casos de hurto disminuyeron un 16 % frente al mismo lapso del año anterior, lo que representa una diferencia significativa de más de 13.000 reportes menos a nivel distrital.

(Le interesa: “El costo de negociar mal”: informe pone último clavo a ataúd de la “paz total” de Petro)

La nueva acusación contra Maduro, que, para muchos, hará que no vuelva a ver la calle en lo que le resta de vida, es muy grave y se puede resumir en tres grandes delitos, el primero de los cuales es conspiración para torturar, relacionado con abusos sistemáticos, intimidación y castigos (descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual) a opositores, presos políticos y ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela. El segundo es narcoterrorismo y tráfico de drogas, por liderar el Cartel de los Soles y asociarse con grupos armados y carteles, como las Farc, el Eln y el Cartel de Sinaloa, con el fin de enviar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.

El tercero es uso y porte de armamento de alto calibre (incluidas ametralladoras) para sostener la red de narcotráfico y control político. En los dos últimos delitos estaría comprometido el último secretariado de las Farc, el máximo órgano de dirección, mando y toma de decisiones políticas y militares, del que hicieron parte, además de Londoño Echeverri como jefe, y los cabecillas con los alias de ‘Iván Márquez’, ‘Pablo Catatumbo’, ‘Pastor Alape’, ‘Joaquín Gómez’, ‘Carlos Antonio Lozada’, ‘el Médico’, y ‘Rodrigo Granda’. La acusación contra Maduro asegura que el dictador se reunió con Londoño Echeverri, ‘Iván Márquez’ y alias ‘Jesús Santrich’ para discutir el dinero que Maduro presuntamente les debía a las Farc por su alianza en el tráfico de drogas.

Derrota de Iván Cepeda agudizó crisis

Las explicaciones al respecto seguramente nunca se darán y en su reemplazo llegarán las letanías de siempre: que es un ataque político para destruir la imagen de los comparecientes ante la JEP con el único propósito de acabar el proceso de paz. Es lo mismo que dirá Maduro pese a estar hundido hasta el cuello en un estanque de evidencias en su contra, entre las que deben obrar, cómo no, las confesiones de su antiguo alfil Álex Saab, que llegó a un acuerdo para declararse culpable en Estados Unidos, y las que vaya a aportar el también colombiano Álvaro Pulido, socio de Saab recién extraditado de Venezuela. Eso para no hablar de lo que ya pudieron haber dicho los exgenerales del régimen Hugo Armando ‘el Pollo’ Carvajal y Cliver Alcalá Cordones, que decidieron colaborar con la justicia estadounidense.

En contravía de las aspiraciones de las Farc, en las pasadas elecciones presidenciales el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, fue derrotado. Con él también se fueron a pique las posibilidades de una atmósfera en la que hubieran podido respirar sin mayores problemas. Pero ganó Abelardo de la Espriella, que no ha tenido ninguna dificultad para asegurar, por ejemplo, que el narcotráfico no cambia de naturaleza dependiendo de la bandera bajo la cual se practique. “Siempre es lo que es: narcoterrorismo”, ha dicho el presidente. “Y ese narcoterrorismo es criminal venga de donde venga. […] Igual de mafiosos han sido y son Pablo Escobar, Miguel Rodríguez Orejuela, [Gonzalo Rodríguez] Gacha, ‘Iván Mordisco’ o ‘Timochenko’”.

El mandatario ha anunciado que “no habrá contemplaciones en el campo de batalla, pero tampoco en el terreno político, donde también hay que enfrentarlos y derrotarlos”. Así mismo, ha dicho que jamás ha compartido la tesis de que “una organización narcoterrorista adquiere carácter político simplemente porque acompaña sus crímenes con un discurso supuestamente ideológico”. Para De la Espriella, “un secuestro no deja de ser un secuestro porque quien lo comete invoque una revolución; una extorsión no se convierte en una actividad simplemente porque esa estructura criminal supuestamente persigue un fin social”.

Pero el campo de acción en el que están los miembros de las Farc que se desmovilizaron es el político, y, como ha quedado plenamente probado, enfrentan a un duro contendor que no piensa darles cuartel. Lo grave es que en ese ámbito también están de capa caída. Después de perder las 10 curules (cinco en el Senado y cinco en la Cámara) que les aseguró el Acto Legislativo 03 de 2017 y el Acuerdo de Paz para los períodos 2018-2022 y 2022-2026, se vieron obligados a competir en igualdad de condiciones para mantenerlas, a remar solos para buscar el respaldo de los ciudadanos. Pero fracasaron.

Sin representación en el Congreso y sin personería jurídica

Las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo eran cruciales para ellos, porque era la primera vez que competían con las reglas del sistema político tradicional, y porque debían buscar que su personería jurídica quedara asegurada. Pero si en las elecciones de 2018 consiguieron más de 85.000 votos y en las de 2022 apenas superaron los 52.000, en las de 2026 su única candidata a la Cámara, Sandra Ramírez, llegó a 10.000, y no logró una curul. En esos tres casos sus votaciones fueron marginales, pero el tercero selló la pérdida de la personería jurídica de Comunes por no alcanzar el umbral mínimo del 3% de los votos.

Pese a haber acompañado varias agendas progresistas y respaldado al gobierno de Gustavo Petro, el partido Comunes presidido por Londoño Echeverri nunca logró integrarse plenamente a coaliciones electorales más amplias. Incluso, “su incorporación al Pacto Histórico encontró resistencias políticas y estratégicas”, porque “para algunos sectores de la izquierda integrar formalmente al partido surgido de las Farc implicaba costos electorales”, escribió Miguel Suárez, de la Fundación Ideas para la Paz, poco después de las elecciones de marzo. “El resultado fue que Comunes terminó compitiendo relativamente aislado en el escenario electoral nacional”.

Suárez encontró un hecho paradójico: “la desaparición de Comunes ocurre en un momento en el que la izquierda colombiana ha ganado espacio político”. Para el analista, “en los últimos años las fuerzas progresistas se han consolidado como actores centrales del sistema político, con presencia en el Gobierno, en el Congreso y en varias administraciones locales. Mientras el partido surgido directamente del Acuerdo de Paz desaparece del escenario electoral, el espectro político que históricamente fue marginal en Colombia se ha fortalecido”.

Pero también desaparece, habría que agregar, porque no consiguió el respaldo de la ciudadanía. Si a lo anterior se suman hechos como el llamado que hizo la JEP a la exsenadora y exintegrante de las Farc Sandra Ramírez para que rinda versión libre dentro de la investigación por el reclutamiento y utilización de niños durante el conflicto armado, pues esa jurisdicción, que también enfrenta la decisión del Gobierno de hacerle un fuerte recorte presupuestal, consideró que existían elementos suficientes para escuchar a Ramírez, expareja sentimental de alias ‘Tirofijo’, dentro del proceso.

O si se suma el video filtrado de la declaración de Londoño Echeverri de 2019 ante la JEP, que tiene irritada a la opinión pública por la afirmación del compareciente en el sentido de que su grupo armado tenía criterios para garantizar el “buen trato” de los secuestrados, además de evidenciarse la actitud complaciente de la magistrada que no lo interrogaba, sino que departía con él, cómodo, sonriente. Todo ha reavivado un ambiente de rechazo con un alto costo político para el último comandante de las Farc y su entorno, que lucen cada vez más aislados.

Los elementos intimidatorios fueron abandonados de manera sigilosa sobre un andén del escenario deportivo, exactamente en el cruce de la calle 5B con carrera 34, en pleno corazón del tradicional barrio San Fernando y a pocos metros del complejo de piscinas Alberto Galindo. El hallazgo provocó momentos de profunda tensión entre decenas de deportistas aficionados, atletas de alto rendimiento y peatones que madrugan diariamente a realizar sus actividades físicas o a transitar por este concurrido corredor de la ciudad.

Ante la amenaza inminente, un equipo especializado del cuerpo antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Cali hizo presencia en el lugar para aislar el perímetro, evacuar a los transeúntes e iniciar los protocolos técnicos de verificación mediante el uso de robots y trajes de protección especial. Las autoridades buscan determinar con precisión si el contenedor metálico alberga una carga explosiva real o si se trata de una acción de propaganda negra orientada a sembrar pánico en la población civil.

Un cilindro, junto a una pancarta de las disidencias de las Farc, fue abandonado esta mañana en las inmediaciones del estadio Pascual Guerrero de Cali. Esta zona del barrio San Fernando permanece acordonada por la policía, que verifica el contenido del cilindro. #MañanasBLU https://t.co/vDIH3kPk3F

— BLU Pacífico (@BLUPacifico) October 13, 2026

Este alarmante episodio en territorio valluno no es un hecho aislado dentro de la dinámica de amedrentamiento urbano que vienen desplegando los grupos armados al margen de la ley en grandes capitales. Apenas la semana pasada se registró un evento de características similares en la ciudad de Barranquilla, donde miembros del Eln instalaron una bandera y un cilindro sospechoso en una vía pública, operativo que derivó en la posterior captura de un individuo señalado como responsable de la acción terrorista. Mientras los técnicos en explosivos aseguran la zona en Cali, los caleños exigen un redoblamiento de las medidas de inteligencia para frenar las incursiones criminales en los espacios comunitarios de la ciudad.

La empresa detalló que los trabajos de reposición de válvulas y mejora de redes se llevarán a cabo en diversos sectores, lo que implica que varias zonas estarán sin servicio de agua potable mientras duren las maniobras. Emcali comunicó oportunamente a los usuarios sobre estas intervenciones, adelantando la programación para que los ciudadanos puedan tomar precauciones y reducir las molestias derivadas de la suspensión temporal.

Entre los barrios de Cali que se verán afectados por estas intervenciones se encuentran Aguacatal, específicamente en la calle 23 Bis con avenida 8 B Oeste; La Esmeralda, en la carrera 7 # 42 - 05; San Fernando Nuevo, en la calle 5 B2 con carrera 38; Los Farallones, en la carrera 72 # 1 C 04; Mojica, en la calle 84 # 28 D4 -10; y Ciudad Pacífica, en la calle 48 con carrera 122. La suspensión del servicio responde a la necesidad de garantizar las condiciones óptimas del sistema de acueducto y evitar futuras afectaciones mayores.

Según la información publicada por Noticiero 90 Minutos, este tipo de procedimientos es esencial para mantener en funcionamiento eficiente la red de acueducto en la ciudad. Sin embargo, desde la Gerencia de Acueducto advierten que, aunque estos trabajos buscan mejorar la calidad y continuidad del suministro, pueden representar incomodidades momentáneas para quienes residen en los sectores mencionados. Por ello, recalcan la importancia de estar atentos a los comunicados oficiales y tomar medidas preventivas, como el almacenamiento temporal de agua potable en recipientes limpios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali que se quedarán sin agua este martes?

De acuerdo con la información de Emcali citada por Noticiero 90 Minutos, los barrios afectados por los trabajos de mantenimiento en las redes de acueducto este martes son Aguacatal, La Esmeralda, San Fernando Nuevo, Los Farallones, Mojica y Ciudad Pacífica. La suspensión se realizará en puntos específicos de cada sector, previamente informados por la empresa.

¿Qué tipo de trabajos están realizando las autoridades de acueducto en Cali?

Según la Gerencia de Acueducto de Emcali, los trabajos que generan suspensión del servicio consisten principalmente en la reposición de válvulas y la optimización de las redes de distribución, acciones que buscan mejorar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la ciudad.

Luego del homicidio, las autoridades arribaron al sitio para adelantar los procedimientos judiciales necesarios. Datos de El Nuevo Día detallan que personal de criminalística realizó la inspección técnica del escenario y el levantamiento del cuerpo, y recopiló posibles elementos probatorios para intentar esclarecer el crimen. Hasta el momento, tanto las circunstancias como los móviles del asesinato permanecen sin esclarecer, por lo que los investigadores continúan con las indagaciones correspondientes para identificar a los responsables.

Este crimen no es un hecho aislado. Según El Nuevo Día, durante el fin de semana se reportaron al menos dos homicidios más en la capital del Tolima. Uno de los casos sucedió durante la madrugada del domingo 4 de octubre. La víctima, Juan José Medina Mendoza, de 22 años, fue atacada con arma de fuego detrás de la Terminal de Transportes de Ibagué, cuando se encontraba en un establecimiento de la carrera Primera, entre calles 19 y 20. Aunque fue trasladado a un centro médico, perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

De igual manera, otro episodio ocurrió en el barrio La Cima, donde Jerson David Murcia Pava, de 25 años, falleció después de resultar gravemente herido en medio de una riña ocurrida en la carrera 2 Sur con calle 107 tras la medianoche del domingo. Murcia Pava fue llevado a la Unidad de Salud Integral (USI) del Jordán, pero llegó sin signos vitales, según los datos preliminares recogidos por El Nuevo Día.

Hasta ahora, los tres hechos corresponden a escenarios y circunstancias diferentes; no existe información que permita establecer vínculos entre ellos. No obstante, la seguidilla de homicidios genera preocupación en la ciudadanía y mantiene a las autoridades frente a la urgencia de esclarecer los casos y garantizar la seguridad en Ibagué. La información sobre el ataque contra Tafur Leyton es todavía preliminar, por lo que se espera que los avances investigativos permitan identificar y capturar a los responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre los homicidios recientes en Ibagué y sus posibles conexiones?

Según la información disponible en El Nuevo Día, los tres homicidios recientes en Ibagué, entre ellos el de Iván Andrés Tafur Leyton, corresponden a hechos distintos y no existe evidencia de que estén relacionados entre sí. Cada caso se investiga por separado, y hasta el momento, no se ha establecido si existe algún vínculo entre las víctimas o los ataques.

¿Cómo avanzan las investigaciones sobre el asesinato de Iván Andrés Tafur Leyton en Ibagué?

Las primeras diligencias fueron adelantadas por personal de criminalística, que realizó la inspección judicial y el levantamiento del cuerpo de Iván Andrés Tafur Leyton. Sin embargo, la información disponible es preliminar y los móviles del crimen, así como la identidad de los responsables, aún no han sido esclarecidos, de acuerdo con los datos publicados por El Nuevo Día.

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Un peaje como el de El Mango (también conocido como peaje de El Bordo), situado en la vía Panamericana entre los municipios de La Sierra y Patía (Cauca), atacado este lunes festivo, a las 6:00 de la mañana, con el uso de un carro bomba. La brutal explosión desintegró el vehículo, destruyó la caseta civil de cobro, lo mismo que 20 viviendas de civiles, y dejó heridas a tres personas civiles. A 200 metros, los atacantes dejaron abandonado un cilindro bomba con un cable para detonar.

Para dar una apariencia de cumplimiento del DIH en cuanto al principio de precaución, y en general para mostrar algún vestigio de ‘humanidad’, los señalados atacantes, miembros de la estructura ‘Carlos Patiño’, de las disidencias de las Farc que comanda alias ‘Iván Mordisco’, habrían intentado despejar previamente el sitio, ubicado en la vereda La Depresión, para evitarles daños a las personas que podrían resultar afectadas. Después activaron los explosivos.

El principal objetivo del ataque fue causar terror

Pero el alcalde de La Sierra, Manuel Fernando Guerrero, explicó que el sector es mucho más que un peaje. “Es un centro de comercio”, dijo en Noticias Caracol, y luego explicó que su concepto se refleja “en los restaurantes, en las personas que venden la gaseosa, el agua. Hoy, con la afectación total, [para] la gente que vivía de ese comercio va a haber tragedia económica en sus familias”.

El mandatario local demuestra que los atacantes violaron flagrantemente el otro principio que se debe tener en cuenta en este tipo de acciones: el de proporcionalidad, según el cual está prohibido lanzar un ataque si se prevé que causará muertes de civiles, heridos o daños a bienes civiles que sean excesivos en comparación con la ventaja militar concreta que se espera obtener. Uno de los ejemplos que usa el DIH es el de bombardear una red de comunicaciones que colapse los hospitales civiles solo para cortar el teléfono a un cuartel menor. Eso lo califica de ilegal.

El DIH admite que en muchos manuales militares se afirma que la presencia de personas civiles en el interior o cerca de los objetivos militares no hace que esos objetivos sean inmunes al ataque. Pero es perfectamente claro en qué tipo de instalaciones se trata. Para eso, pone el ejemplo de los civiles que trabajan en una fábrica de municiones, que pueden ser víctimas de un ataque a ese objetivo militar, pero que no son combatientes. Los ataques siguen estando sujetos al principio de proporcionalidad y al requisito de tomar precauciones.

También advierte que, en la práctica de los Estados, suelen citarse, como ejemplo de objetivos militares, los establecimientos, edificios y posiciones que albergan a combatientes enemigos, su material y armamento, así como medios de transporte y comunicación militares, o instalaciones de doble uso, como los medios civiles de transporte y comunicación que pueden utilizarse con fines militares, y hasta objetivos económicos que respalden eficazmente las operaciones militares, siempre y cuando su ataque ofrezca una ventaja militar definida.

De ninguna manera el peaje de El Mango encaja en alguna de esas opciones. La figura ensangrentada de una mujer que llegaba a su puesto de trabajo y resultó herida resume el objetivo de la acción de la estructura encabezada por José Esteban Méndez, alias ‘Felery Ríos’. Y el alcalde de La Sierra volvió a definirlo con precisión: “La comunidad de La Depresión se encuentra con miedo, con zozobra”. Ese es el propósito primario: causar terror. No se perseguía ninguna ventaja militar, lo que le quita cualquier vestigio de legitimidad a ese ataque.

El verdadero mensaje del ataque a El Mango

Desde el primer día de su mandato, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó recuperar el control territorial, restablecer la autoridad del Estado, proteger a la población, combatir las economías ilícitas y enfrentar a las organizaciones que recurren al terrorismo y a la violencia para imponer su poder. El ataque contra El Mango está dirigido contra todas y cada una de esas órdenes. El propósito no son las unidades de la Vigesimonovena Brigada del Ejército, basada en Popayán, bajo cuya jurisdicción está el peaje, ni, en últimas, de la Tercera División, basada en Cali.

La acción, terrorista por definición, como todas las demás de su índole que soporta Colombia, busca revertir la sensación de seguridad, control e iniciativa que está construyendo el Gobierno de De la Espriella; impedir que se consoliden los resultados de una política que le da prioridad a la seguridad, a partir de la cual se pueden desarrollar una paz sostenible, la justicia y el progreso en general. Los grupos armados también buscan demostrar que, mientras ellos existan, el Estado no podrá cumplir su responsabilidad constitucional de ejercer su autoridad en todo el territorio nacional, en el marco del respeto a la ley y a los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Otro mandato constitucional que luce imposible de cumplir por parte del Estado con atentados como el perpetrado contra el peaje de El Mango es el de proteger la vida, la libertad y el bienestar de los colombianos. Los muertos y los heridos civiles, y las instalaciones civiles destruidas envían ese mensaje. Por eso, los grupos armados desconocen la primera norma del DIH relativa a los ataques violentos según la cual el objetivo previsto debe ser un objetivo militar. Si bien un objetivo militar es el objetivo, según normas adicionales, el ataque puede, no obstante, volverse ilegal si se prevén daños colaterales excesivos que afecten a civiles o bienes civiles.

No es una ventaja militar frente al Estado la que se busca con este tipo de ataques, ejecutados en puntos vulnerables. Su propósito es, primero, sembrar terror para recordarles a las comunidades quién impone las condiciones. Después, dar la sensación de que el Estado no puede cumplir con sus fines y propósito. El reto para el Gobierno Nacional es complejo, pero ya ha mostrado resultados en apenas dos meses. Las acciones de este tipo allanan el camino también para que avance el proyecto de Estatuto Antiterrorista que está por comenzar su trámite en el Congreso.

Tras la alerta de los asistentes, el personal de socorro lo valoró y fue trasladado de urgencia en una ambulancia de la Secretaría de Salud de Medellín al Hospital Pablo Tobón Uribe. Pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida durante cerca de tres horas, Ismael falleció a las 3:46 a. m. del domingo 11 de octubre a causa de una falla respiratoria derivada de la complicación médica.

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Agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) adelantaron la inspección técnica del cuerpo e iniciaron los procedimientos para la repatriación a Costa Rica. Las autoridades investigan un aparente cuadro de sobredosis como hipótesis inicial, aunque aclaran que los reportes preliminares no permiten confirmarla aún como causa definitiva de la muerte.

#Colombia | Las autoridades en Antioquia avanzan en las investigaciones por la muerte de un extranjero de 23 años en un festival de música electrónica en Medellín. Otro turista, al salir de dicho evento, habría recibido más de 20 puñaladas.

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— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 12, 2026

Javier Méndez, padre de Ismael, le dijo a Noticias Caracol que la Fiscalía colombiana se comunicó con él luego del doloroso acontecimiento, señalando que el joven había sufrido una sobredosis de drogas; sin embargo, en el breve diálogo con este medio de comunicación, el padre de familia aseguró que su hijo “no era ningún adicto”.

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Uno de los amigos de Ismael en Colombia, Daniel Ríos, señaló que aparentemente la causa de la muerte sería una sobredosis de una sustancia psicoactiva. También criticó la seguridad y la logística del evento de música electrónica EDC, señalando que las requisas fueron muy por encima, permitiendo el ingreso de sustancias con facilidad. Incluso, Stefany Spin indicó que fue testigo del consumo de drogas dentro del evento. “Fumaban muchas cosas”, señaló.

Por otro lado, la investigadora de La Salle, Rosalina González, recordó que el consumo de estas sustancias ocasiona que el sistema nervioso central se estimule bastante y, entre los escenarios que pueden ocurrir, está la deshidratación y el golpe de calor.

Las autoridades en Medellín también están investigando el caso de otro extranjero asistente al festival EDC. Se trata de un australiano quien habría sido brutalmente atacado para robarle sus elementos y recibió múltiples heridas de arma blanca. Por el momento, los organizadores del evento no se han manifestado sobre los dos lamentables acontecimientos.

El caso, que conmocionó a la opinión pública el pasado mes de septiembre, evidenció las críticas condiciones de salud que enfrentaba el exmilitar en territorio estadounidense, donde una severa afección respiratoria le exigía someterse con urgencia a un doble trasplante para evitar un desenlace fatal. Ante la crudeza del testimonio audiovisual, el presidente De La Espriella activó de inmediato los mecanismos estatales, impartiendo una instrucción categórica al canciller Omar Bula para priorizar el caso y materializar la repatriación bajo los más altos estándares de asistencia humanitaria excepcional.

🇨🇴 ¡Bienvenido a Colombia, Henry!

Siguiendo la instrucción del presidente @ABDELAESPRIELLA, Henry Camargo, exintegrante de las Fuerzas Militares, regresó este lunes al país en un vuelo medicalizado desde Nueva York, gestionado por la Cancillería y el @ConsuladoColNY.

El traslado, posible gracias a la autorización excepcional de recursos del Fondo Especial para las Migraciones, permitirá que Henry continúe su atención médica especializada en Colombia.

A su llegada a Bogotá, fue recibido por el Hospital Militar Central, donde continuará su proceso médico de acuerdo con su afiliación al régimen especial de salud de las Fuerzas Militares.

Durante su permanencia en Estados Unidos, el Consulado de Colombia en Nueva York mantuvo un acompañamiento permanente y realizó las gestiones necesarias para facilitar su retorno en condiciones adecuadas.

🇨🇴 Henry ya está en casa y continuará su recuperación en Colombia.

En La Patria Milagro, nuestra política exterior tiene una prioridad clara: el bienestar de todos los colombianos.

— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 13, 2026

Para cumplir con la directriz de la Jefatura de Estado, la Cancillería movilizó recursos estratégicos provenientes del Fondo Especial para las Migraciones, logrando gestionar y asegurar un vuelo medicalizado con el personal clínico necesario para salvaguardar la estabilidad de Camargo durante todo el trayecto transcontinental desde Nueva York hasta la capital colombiana. A su aterrizaje, el exintegrante de las Fuerzas Militares fue recibido en la plataforma aeronáutica y remitido de inmediato al Hospital Militar Central, institución donde continuará bajo rigurosa observación médica especializada aprovechando su vinculación al régimen de salud castrense.

Fuentes diplomáticas resaltaron que el acompañamiento consular en Norteamérica no decayó un solo instante, manteniendo un canal de comunicación directo y constante con el paciente hasta concretar su retorno a casa. En sintonía con el desenlace del operativo, el presidente Abelardo De La Espriella celebró la noticia a través de su perfil oficial en la red social X con un mensaje institucional cargado de emotividad: “¡Bienvenido a la Patria Milagro!”. Con esta intervención de carácter humanitario, el Gobierno busca subrayar que la asistencia prioritaria a los connacionales en condición de vulnerabilidad en el exterior constituye una piedra angular en la nueva directriz de la política exterior colombiana.

Alias ‘Ferley Ríos’ es señalado como cabecilla del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Estructura Carlos Patiño, organización en la que llevaría cerca de 20 años. Su nombre aparece relacionado con acciones violentas reportadas en Santander de Quilichao, Miranda y Patía, en el Cauca, así como con ataques realizados mediante sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) en ese departamento.

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¿Qué se sabe de alias ‘Ferley Ríos’?

Según la información oficial, Méndez Álvis tiene una orden de captura por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, secuestro simple y secuestro extorsivo.

Las autoridades ofrecen hasta 1.000 millones de pesos por información que permita localizarlo y lograr su captura.

Además, se informó que, durante la semana, tropas del Ejército Nacional adelantaron operaciones para neutralizar acciones terroristas que se habrían planeado o desarrollado en municipios del Cauca. En el marco de estas actuaciones, los uniformados incautaron más de una tonelada de explosivos.

Atentado contra el peaje El Bordo dejó cinco trabajadores heridos

El Ministerio de Transporte condenó el ataque contra el peaje El Bordo, ubicado en la vía Panamericana, en el tramo Mojarras-Popayán, en jurisdicción del municipio de La Sierra, Cauca. El hecho ocurrió durante la mañana del lunes 12 de octubre de 2026 y dejó cinco trabajadores heridos, además de daños en la infraestructura.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados intimidaron al personal de seguridad y activaron un artefacto explosivo. Asimismo, las autoridades reportaron el hallazgo de un cilindro a unos 500 metros del peaje, cuya situación estaba siendo verificada por unidades del Ejército Nacional.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, rechazó el ataque y expresó su solidaridad con los trabajadores lesionados, sus familias y las comunidades afectadas. “Atacar la infraestructura de transporte y poner en peligro la vida de los trabajadores es un acto criminal que no tiene ninguna justificación. La violencia no puede imponerse sobre el derecho de los colombianos a movilizarse, trabajar y desarrollar sus actividades con seguridad”, afirmó.

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¿Qué pasará con la movilidad en la vía Panamericana?

El Ministerio de Transporte informó que el Gobierno nacional trabaja de manera coordinada para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y reforzar la seguridad en este corredor vial.

El tránsito se restablecerá cuando las autoridades verifiquen que existen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de la vía. Este ataque sucedió en medio del puente festivo en el que con más frecuencia las personas utilizan las vías para desplazarse.

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El jefe de la cartera de Justicia aseguró que el Gobierno no se dejará intimidar por estos hechos y advirtió que las autoridades buscarán a los responsables para llevarlos ante la justicia. Además, reiteró su respaldo a los trabajadores del Inpec que cumplen sus funciones en medio de la situación de inseguridad que enfrenta el sector.

“A esas personas que están amenazando y atacando al Inpec, les decimos que los vamos a perseguir y a judicializar. Los vamos a encontrar y no nos van a amedrentar ni al señor presidente, ni al ministro de Justicia, ni al director del Inpec, ni a ninguno de los guardianes”, manifestó Cancino.

El ministro Iván Cancino, en representación del presidente @ABDELAESPRIELLA, rechaza de manera categórica el asesinato del dragoneante del @INPEC_Colombia Bryan Rangel Saavedra y condena los actos violentos registrados contra el establecimiento penitenciario de Cúcuta. pic.twitter.com/P256MnExf4

— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) October 13, 2026

El mensaje del ministro se conoció en medio de la preocupación por los hechos violentos contra integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria, luego de que se reportaran ataques contra funcionarios del Inpec en diferentes ciudades del país.

Iván Cancino defendió a los funcionarios del Inpec

En su pronunciamiento, el ministro también insistió en que las amenazas no cambiarán la posición del Gobierno frente a quienes atenten contra los servidores públicos. Según expresó, las autoridades mantendrán su compromiso con la legalidad y con la protección de quienes trabajan en el sistema penitenciario.

“Y este es un mensaje para quienes creen que con esas conductas nos van a amedrentar: por el contrario, los vamos a perseguir. No habrá lugar de la tierra donde se puedan esconder del peso de la ley. Nosotros respaldamos la legalidad, respaldamos a la mayoría de las personas del Inpec que dan su vida y su tiempo por Colombia”, reiteró el ministro.

Con estas palabras, Cancino hizo énfasis en el respaldo institucional a los guardianes y demás funcionarios penitenciarios, al tiempo que advirtió que los ataques no impedirán que el Gobierno continúe con sus actuaciones frente a quienes cometan estos delitos.

¿Qué pasó con el dragoneante Bryan Rangel Saavedra?

El asesinato de Bryan Rangel Saavedra ocurrió en la noche de este lunes 12 de octubre, en Cúcuta. El funcionario acababa de terminar su turno de trabajo en la cárcel Modelo de la ciudad y se dirigió a una estación de servicio para abastecer de combustible su vehículo.

Mientras se encontraba en el lugar, ubicado en el sector de Prados del Este y El Escobal, fue atacado con arma de fuego por hombres desconocidos. Tras lo ocurrido, las autoridades llegaron al sitio para adelantar las primeras diligencias y establecer las circunstancias del homicidio.

El caso se sumó a otros hechos de violencia contra trabajadores del Inpec, en un contexto marcado por las alertas sobre amenazas dirigidas a integrantes del sistema penitenciario.

Por ahora, la identificación de los responsables del asesinato de Rangel Saavedra y el esclarecimiento de los motivos del ataque forman parte de las investigaciones de las autoridades.

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De acuerdo con las cifras entregadas por el mandatario, 145 colombianos ya se posesionaron en cargos del Gobierno, mientras que otras personas continúan en distintas etapas del proceso de vinculación.

“145 colombianos ya se posesionaron por cuenta del Banco de Talentos. Sin politiquería, sin palanca, por sus propios méritos y por sus hojas de vida. 76 hojas de vida están publicadas y pendientes de posesión. 38 perfiles siguen pendientes de publicación, no es un anuncio de campaña. Es gente que ya firmó y ya trabaja en el Gobierno”, afirmó De la Espriella.

Con estas cifras, el presidente aseguró que la iniciativa ya se traduce en nombramientos y en la incorporación de personal a la administración pública. Además, diferenció a quienes ya asumieron sus cargos de las hojas de vida que están pendientes de posesión y de los perfiles que todavía no han sido publicados.

En qué entidades trabajan los funcionarios del Banco de Talentos

Durante su intervención, De la Espriella también detalló algunas de las entidades en las que se encuentran los funcionarios vinculados mediante esta iniciativa. Según el balance que presentó, el sector Agricultura concentra 25 personas, mientras que la Presidencia de la República cuenta con 22.

El mandatario también mencionó a otras entidades y ministerios que han recibido personal por medio del Banco de Talentos.

“¿Dónde están estas personas? Están en agricultura, ahí tenemos 25; en la presidencia de la República, ahí tenemos 22; en la función pública, 15 personas; en vivienda, otras 15; en el Ministerio del Interior, 12 personas; en Defensa, 11 colombianos; en Relaciones Exteriores, 11; y también en los ministerios de Minas, de Comunicaciones, de Hacienda, de Deportes… y vamos a seguir”, señaló.

En su declaración, el presidente destacó la presencia de los funcionarios en diferentes áreas de la administración nacional y sostuvo que el proceso de vinculación continuará.

De la Espriella advirtió que habrá desvinculaciones si no cumplen

Otro de los puntos centrales del balance fue el llamado del presidente a los funcionarios que ya ingresaron al Gobierno. De la Espriella sostuvo que los nombramientos implican responsabilidades y advirtió que no permitirá que los cargos se utilicen para favorecer intereses personales o familiares.

“A los 145 funcionarios que ya están adentro les digo: no los traje a calentar un escritorio ni a repetir los vicios del gobierno anterior. Los traje a servir. El que llegue a cobrar sin trabajar, se va. El que llegue a recomendar al primo, se va. El mérito abre la puerta a mi Gobierno, la decencia es la que permite quedarse”, manifestó.

El mandatario también aseguró que su administración está dispuesta a corregir posibles errores en los nombramientos. En ese sentido, indicó que las personas que no cumplan con los criterios esperados podrán ser retiradas de sus cargos.

“Si alguien no merece que lo hayamos nombrado, reconocemos nuestro error y lo desvinculamos. La desvinculación es inmediata y se lo cuento al país. Somos sinceros y honestos en este Gobierno”, agregó.

Con estas declaraciones, el presidente presentó el balance del Banco de Talentos como parte de su apuesta por vincular funcionarios con base en sus capacidades profesionales y no en recomendaciones políticas. También dejó claro que, según sus palabras, la permanencia de las personas nombradas dependerá de su desempeño y de su comportamiento en el ejercicio de sus funciones.

Este suceso se suma a otro de similar gravedad ocurrido durante el fin de semana, en el que dos dragoneantes de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, Atlántico, fueron atacados en las afueras del centro penitenciario por hombres armados. Los funcionarios heridos tuvieron que ser trasladados de inmediato a un centro asistencial. Estos atentados, ocurridos en un mismo fin de semana, han encendido las alarmas sobre la seguridad de los empleados del sistema penitenciario en el país.

En la misma noche del ataque a Rangel Saavedra, el presidente Abelardo de la Espriella informó sobre la captura de Juliánis Paola Altamar Medina, alias "Lucía", en el barrio Caribe Verde de Barranquilla. Según reveló De la Espriella, esta mujer es señalada de coordinar y financiar la estructura criminal conocida como Los Pepes, además de estar relacionada sentimentalmente con alias “Gomelo”, hombre de confianza del cabecilla Digno Palomino. Alias “Lucía” habría tenido un presunto papel clave en el atentado contra los dragoneantes de El Bosque, lo cual se investiga de manera prioritaria. Durante su captura, las autoridades incautaron un teléfono y hallaron panfletos que presentaban un formato utilizado previamente para intimidar a guardianes penitenciarios, según el propio mandatario en X.

El Ministerio de Justicia expresó recientemente su preocupación por la creciente ola de violencia que afrontan los funcionarios del Inpec, relacionada con las órdenes de traslado de jefes criminales a cárceles de mayor seguridad. Desde esta cartera y de organizaciones de servidores penitenciarios advirtieron sobre circulares y panfletos amenazantes, e incluso confirmaron que tanto el presidente De la Espriella como el ministro Iván Cancino han sido igualmente objeto de intimidaciones. Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió verificar la autenticidad de estas amenazas y adoptar medidas de protección urgente.

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¿Qué consecuencias tienen los ataques recientes a funcionarios del Inpec en Colombia?

Los ataques a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) han generado un ambiente de preocupación en el sector justicia y seguridad, especialmente ante los recientes atentados en Cúcuta y Barranquilla, que han obligado a las autoridades a reforzar medidas y a investigar posibles vínculos con estructuras criminales como Los Pepes.

¿Qué es el "plan pistola" que mencionan los funcionarios del Inpec?

El término "plan pistola" hace referencia a amenazas específicas que circulan en panfletos dirigidos contra funcionarios del Inpec, alertando sobre la posibilidad de ataques premeditados en su contra, lo que ha motivado pronunciamientos de entidades como la Defensoría del Pueblo y exigencias de mayor protección para ese personal público.

De la Espriella subrayó que la crisis actual se explica por una “falta de preparación”, atribuyendo el peligro inminente de racionamiento eléctrico al estado en el que quedó el sistema energético, en particular para regiones vulnerables como la Costa Caribe. A pesar de esto, el jefe de Estado aseguró que ya se adelantan acciones para evitar tanto el racionamiento como un posible apagón. Entre las medidas adoptadas, está la conformación de un equipo especial encargado de diseñar y ejecutar intervenciones específicas, cuya fecha límite de operación será antes del 31 de diciembre. Las principales tareas de este grupo, según las instrucciones presidenciales, serán reforzar la generación térmica y administrar cuidadosamente los embalses, acciones consideradas clave para enfrentar el descenso de los niveles de agua y el incremento de demanda energética.

El enfoque del equipo especial consiste en “reducir al máximo el riesgo de racionamiento y dejar una ruta de prevención con responsables y fechas,” según palabras del presidente citadas por El Espectador. Además, el gobierno dirigió una solicitud formal al Congreso para agregar 1,2 billones de pesos al presupuesto de 2027. Esa cantidad, indicó De la Espriella, busca cubrir los costos de la emergencia ante el impacto del fenómeno natural, asegurando que estos recursos estarán debidamente controlados y destinados exclusivamente a la atención de la crisis. En su mensaje, el mandatario insistió en que el objetivo es impedir que Colombia vuelva a afrontar eventos de esta magnitud sin planes claros y con las reservas desfalcadas.

Finalmente, De la Espriella reiteró el compromiso de su administración para “disponer de todos los instrumentos” y proteger el servicio eléctrico. Así, la estrategia oficial busca evitar que repita la situación de vulnerabilidad en la que, en palabras del presidente, dejó el “irresponsable gobierno que nos antecedió”.

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¿Cuáles son las medidas del gobierno de Abelardo de la Espriella para evitar el apagón debido al fenómeno de El Niño?

El gobierno de Abelardo de la Espriella estableció la conformación de un equipo especial con responsabilidades y fechas claras, encargado de implementar medidas de choque como el refuerzo de la generación térmica y la administración responsable de los embalses. La finalidad es minimizar el riesgo de racionamiento o apagón antes del 31 de diciembre, especialmente en regiones vulnerables como la Costa Caribe, según detalló el presidente en su alocución citada por El Espectador.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella critica la gestión energética del gobierno de Gustavo Petro?

Abelardo de la Espriella culpa a la administración de Gustavo Petro de haber dejado a Colombia sin reservas suficientes y sin un plan de respaldo para enfrentar el fenómeno de El Niño, lo que según él, expuso al país a un posible racionamiento de energía. El mandatario aseguró que el fenómeno era previsible y que la “falta de preparación” se tradujo en una mayor vulnerabilidad para el sistema energético nacional.

La operación militar que desencadenó este incidente tuvo lugar en la vereda Filo Gringo, cerca del límite entre los municipios de Tibú y El Tarra. Según la información reportada, los uniformados formaban parte de la tropa que llegó al área la mañana del domingo 11 de octubre para verificar los resultados de un bombardeo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella. Dicha acción militar estaba dirigida contra un campamento del frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), al mando de un líder conocido con el alias de 'Calarcá'.

Las investigaciones preliminares señalan que, cuando los soldados intentaban establecer el impacto del operativo, fueron atacados por hombres armados. La región de Catatumbo está marcada por la presencia de varios grupos armados ilegales, incluidos el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que mantienen una violenta disputa por el control territorial en la zona. Estas circunstancias dificultan no solo la movilidad, sino también el ingreso de refuerzos hasta el lugar exacto del ataque, debido a las condiciones de seguridad, la geografía del terreno y la alta concentración de minas antipersona, un tipo de armamento prohibido por normativas internacionales destinado a causar bajas o mutilaciones en personas que transiten por el área sin previo aviso.

El bombardeo en Catatumbo, según El Espectador, se convierte en el cuarto ordenado por Abelardo de la Espriella en los dos meses que lleva en la presidencia, y es el segundo que se realiza en Norte de Santander. Hasta el momento, la operación habría dejado al menos cuatro supuestos disidentes muertos y la incautación de material de guerra, aunque todavía se espera un reporte oficial por parte del Ministerio de Defensa para confirmar los detalles de lo ocurrido.

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¿Qué se sabe de los soldados heridos en el operativo militar en Tibú, Catatumbo?

Los soldados heridos han sido identificados como el capitán Geovanny Guerrero Montes y los soldados profesionales Luis Ángel Ceballos Ramírez y José Oswaldo Zapata Cuellar. Según El Espectador, el caso más delicado es el de Zapata Cuellar, quien permanece bajo pronóstico reservado. Todos reciben atención médica en la Clínica Medical Duarte de Cúcuta, luego de ser evacuados tras el ataque armado tras el operativo en la zona rural de Tibú.

¿Por qué es tan difícil el acceso de tropas militares al área de Filo Gringo en Catatumbo?

El acceso es complejo debido a varios factores: la constante presencia de grupos armados como las disidencias del frente 33 de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), sumada a la disputa territorial que protagonizan en la región. Además, el terreno es peligroso por la cantidad de minas antipersona sembradas, lo que representa un riesgo permanente para cualquier desplazamiento militar o de ayuda humanitaria en la zona.

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Durante su alocución presidencial, el mandatario aseguró que sus promotores son los mismos que, según él, dejaron al país en una situación económica y energética crítica, y los señaló de buscar desestabilizar a su Gobierno.

El tema fue el sexto que abordó el jefe de Estado durante su intervención, en la que también se refirió a las medidas que, según anunció, deberán adoptar las autoridades para garantizar la movilidad, prevenir hechos violentos y proteger a quienes participen en las manifestaciones, así como a los ciudadanos que deban cumplir sus actividades cotidianas.

“El próximo miércoles 14 de octubre está anunciada una movilización nacional. Quiero hablarles con total claridad, tanto a quienes saldrán a manifestarse como para quienes ese día tendrán que trabajar, estudiar, atender una cita médica o desplazarse por el país”, expresó De la Espriella.

El mandatario aseguró que impartió instrucciones para que las autoridades coordinen las medidas necesarias con los organizadores de las protestas. Entre las acciones mencionadas incluyó la movilidad, la prevención, la atención de emergencias y la protección de las personas.

“He dado instrucciones claras para que las autoridades coordinen con los organizadores las medidas necesarias de movilidad, prevención, atención de emergencias y protección de las personas”, afirmó.

De la Espriella hizo llamado a protestar pacíficamente

Durante su intervención, el presidente también se refirió al papel que deberá cumplir la fuerza pública durante las movilizaciones y sostuvo que sus actuaciones deben ajustarse a la ley.

“La fuerza pública deberá actuar con legalidad, necesidad y proporcionalidad. La legalidad es cuidar la vida, prevenir la violencia y permitir que la jornada transcurra en paz”, manifestó.

De la Espriella advirtió que el derecho a la protesta no puede utilizarse como justificación para cometer agresiones o afectar a otras personas. En ese sentido, enumeró algunas conductas que, según dijo, no estarán permitidas durante la jornada.

“Quiero ser claro en esto: la protesta no autoriza agredir a otros ciudadanos, no autoriza destruir bienes, amenazar a trabajadores ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia. Frente a hechos que constituyan delitos, las autoridades actuarán conforme a la ley”, señaló.

El mandatario también les pidió a los convocantes que ejerzan su derecho de manera pacífica y ayuden a evitar provocaciones. A quienes no participen en las manifestaciones, les aseguró que su Gobierno trabajará para proteger sus derechos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

“A los convocantes les pido que ejerzan su derecho de manera pacífica y contribuyan a prevenir provocaciones. A quienes no participen les aseguro que el Gobierno trabajará para proteger sus derechos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales”, agregó.

El presidente cuestionó a quienes convocan al paro

La parte más crítica de su pronunciamiento llegó cuando se refirió directamente a quienes, según él, están detrás de la convocatoria. De la Espriella vinculó las movilizaciones con una supuesta intención política de generar desorden y debilitar a su administración.

“Quienes promueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al Gobierno son los mismos que dejaron al país quebrado, ad portas de un apagón, con la salud en cuidados intensivos, con la soberanía energética comprometida y con los recursos públicos saqueados”, afirmó.

El jefe de Estado insistió en sus cuestionamientos y aseguró que la convocatoria busca aprovechar la coyuntura para impulsar intereses políticos contrarios a su administración.

“A esos mismos, después del terremoto, se les ocurre convocar un paro que solo busca engañar al pueblo, que es lo que saben hacer, generando caos para lograr un fin politiquero en contra de mi Gobierno”, sostuvo.

Finalmente, De la Espriella lanzó una advertencia a quienes, en su opinión, pretenden promover hechos violentos durante las manifestaciones y aseguró que su administración responderá dentro del marco legal.

“Son instigadores de la maldad, y no luchadores por la libertad. Y si pretenden incendiar a Colombia, se van a encontrar con la determinación del ‘Tigre’ y su Gobierno para hacer lo que en derecho corresponde, que es defender la vida, honra y bienes de todos los colombianos”, concluyó.

Así, el presidente centró su mensaje sobre las protestas del 14 de octubre en dos puntos: el llamado a que las movilizaciones transcurran pacíficamente y sus señalamientos contra quienes considera responsables de promover el paro. Sus declaraciones se produjeron en el marco de una alocución en la que abordó diferentes asuntos de la agenda nacional.

Uno de los pasos que ha dado la administración municipal de Aguachica ha sido la contratación de un estudio técnico para modernizar la institución y evaluar la planta de personal. De acuerdo con documentos revisados por EL PILÓN, el contrato 228-2026, firmado el 7 de septiembre y adjudicado a Jorge Luis Sequeira Cueto por $148.036.000 (IVA incluido), tiene una duración de tres meses contados desde el acta de inicio. El objetivo del estudio incluye evaluar funciones, perfiles, cargas de trabajo y el manual de funciones, además de analizar aspectos financieros y proponer una nueva estructura organizacional. Sin embargo, el contrato no menciona de manera explícita la Ley 2492, ni define puntos concretos sobre el ajuste de cargos de inspectores, lo que deja incertidumbre en los funcionarios respecto a la verdadera aplicación de los cambios.

El panorama se complica al considerar un reciente fallo judicial emitido el 24 de febrero de 2026 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Aguachica, que declaró nulo el Decreto 728 de 2015 sobre el manual de funciones y el Decreto 194 de 1999 que fijaba la escala salarial. Según la sentencia, el manual fue expedido basándose en normativas ya derogadas y el decreto de salarios sobrepasó las competencias que le correspondían al alcalde, ya que definir remuneraciones es tarea del Concejo Municipal. El juez otorgó un año, a partir de la ejecutoria de la sentencia, para que la Alcaldía formule un nuevo manual y escala salarial.

Por su parte, la Alcaldía comunicó que estaba a la espera de los lineamientos nacionales tras consultar al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), argumentando que estos orientarán la correcta aplicación de la Ley 2492. Sin embargo, los inspectores, mediante recurso de reposición y apelación, sostienen que la ley no condiciona su entrada en vigor a la expedición de conceptos del DAFP y piden una acción inmediata.

A estas demandas se suma la preocupación frente a rumores sobre la supresión de inspecciones rurales, lo cual, según el inspector, afectaría gravemente la atención a comunidades y la capacidad de acción en zonas alejadas, especialmente si la Policía no apoya sus tareas.

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¿En qué consiste la Ley 2492 de 2025 según los inspectores de Aguachica?

De acuerdo con declaraciones recogidas por EL PILÓN y documentos de la Alcaldía de Aguachica, la Ley 2492 de 2025 establece nuevos parámetros para las condiciones laborales, funciones y estructura salarial de los inspectores de Convivencia y Paz. Sin embargo, los inspectores afirman que la plena implementación de la norma aún no se ha dado y cuestionan el retraso en la aplicación de estos ajustes.

¿Qué funciones debe cumplir el estudio de modernización contratado por la Alcaldía?

El contrato, documentado por EL PILÓN, establece que el estudio técnico contratado debe evaluar las funciones, perfiles, carga de trabajo y condiciones actuales de la planta de personal, revisar el manual específico de funciones y competencias laborales, realizar un análisis financiero y proponer modificaciones en la estructura organizacional. No obstante, el contrato no especifica cómo aplicará la Ley 2492 ni los detalles de los ajustes salariales y de cargos para los inspectores.

Este panorama contrasta con lo informado por el secretario de Gobierno, Eduardo Esquivel, a este medio el 21 de septiembre, cuando señaló que 18 personas habían regresado a sus hogares y que 14 casos permanecían bajo seguimiento. En la respuesta oficial fechada el 6 de octubre de 2026, no se explica cómo se conectan estas cifras con los 19 casos reportados ni se aclara la situación actual de quienes continuaban esperando su retorno.

Las historias detrás de los datos ponen de manifiesto la gravedad del problema. Un cesarense que fue víctima relató, en información difundida por la Gobernación y recogida por EL PILÓN, que junto a sus amigos recibió una oferta de empleo en Camboya como agentes de centro de llamadas. Habiendo quedado sin trabajo en Bogotá, aceptaron bajo la premisa de un ingreso mensual de hasta 20 millones de pesos. Sin embargo, al llegar, enfrentaron jornadas laborales de 16 horas, amenazas y sanciones económicas, convirtiendo una promesa de mejor vida en maltrato psicológico y explotación.

Sobre la información oficial, la Secretaría de Gobierno detalló 17 casos de Agustín Codazzi (siete mujeres y diez hombres) con destino a Camboya y agregó uno cada uno de Astrea y Chiriguaná, usando la expresión "desertaron en el Aeropuerto Internacional El Dorado" sin precisar las circunstancias. Para 2025 existe registro de un caso adicional en Agustín Codazzi vinculado también con Camboya. No se indicaron datos de 2023 ni 2024, ni comparación de finalidades de explotación.

En septiembre, Esquivel mencionó que algunas ofertas laborales llevaron a personas a escenarios relacionados con la guerra en Ucrania, aunque la gobernación no distribuye los casos por país ni especifica su vinculación con estos conflictos. Una fuente reservada afirmó que, en sesiones del Comité Departamental de Lucha contra la Trata de Personas, se presentaron testimonios de familias con parientes que habrían firmado contratos en ucraniano sin comprenderlos y sin recibir los pagos prometidos. No obstante, la Secretaría no confirmó ni descartó esta información de manera puntual y, en su respuesta, argumentó que no puede revelar detalles que afecten la seguridad o investigaciones vigentes.

De acuerdo con testimonios de familiares recogidos por EL PILÓN, muchas familias en el Cesar permanecen sin comunicación ni acompañamiento adecuado tras la salida de sus parientes. Si bien las autoridades departamentales, junto con entidades como Migración Colombia y la Defensoría del Pueblo, han articulado acciones para los repatriados, las gestiones continuas y el nivel de atención recibido no fueron detallados en la respuesta al derecho de petición. Así, persisten las dudas sobre el acompañamiento efectivo, el número de repatriados y el éxito de las acciones de retorno emprendidas hasta el momento.

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¿Cuántos casos de trata de personas en Cesar están vinculados con ofertas laborales engañosas en el extranjero?

La Gobernación del Cesar enumeró 19 casos de presunta trata de personas en 2026, todos asociados a ofertas laborales falsas en el exterior, especialmente de municipios como Agustín Codazzi, Astrea y Chiriguaná. Sin embargo, la Secretaría de Gobierno no especificó por países ni aclaró si estos datos representan el total de afectados en el departamento.

¿Qué tipo de apoyo reciben las víctimas y familias afectadas por la trata de personas en Cesar?

De acuerdo con la información reportada por la Secretaría de Gobierno y recogida por EL PILÓN, no se detalló el tipo de respaldo brindado a las víctimas y familias, ni los recursos o atenciones desplegadas tras el retorno. La respuesta oficial reconoce que varias entidades participan en la articulación, pero dejó sin responder cuántas familias recibieron acompañamiento psicológico, jurídico, alojamiento o formación posterior al regreso.

El informe detalla que las principales alarmas se relacionan con dificultades económicas de hospitales y clínicas, barreras en la atención de los pacientes, problemas para acceder a medicamentos y tecnologías, y el riesgo latente de interrupción del servicio. Es importante subrayar, según la propia metodología del estudio, que estos resultados se construyen con respuestas de la autoridad sanitaria municipal y no implican que el sistema haya colapsado ni detallan la cantidad exacta de pacientes afectados. Entre los servicios que han sufrido suspensiones temporales, Valledupar reportó campos como “Oncologías (Famisanar)” y problemas con el acceso a medicamentos, evidenciando situaciones que han afectado la continuidad de tratamientos críticos.

La recolección de la información se hizo entre el 4 de agosto y el 16 de septiembre de 2026, antes de que se anunciara, el 17 de septiembre, la suspensión de algunos servicios por parte del Grupo Clínica Médicos. Lo anterior indica que los datos ya daban cuenta de riesgos existentes previos a ese evento y no evalúan sus impactos posteriores.

En el contexto local, la secretaría de Salud del Cesar, encabezada por Gina Sánchez, resaltó que la cartera pendiente con los hospitales públicos asciende a $380.000 millones, lo cual limita la operación y prestación de servicios. Sánchez, en entrevista con Cacica Noticias, enfatizó los persistentes problemas contractuales y las demoras en autorizaciones, situación que complica tanto la facturación como la atención efectiva, además de señalar la posibilidad de futuras suspensiones. La Secretaría demandó a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) información sobre las redes alternas disponibles para garantizar la atención en casos de suspensión.

Desde el lado de los prestadores, Carlos Arce, presidente del Grupo Clínica Médicos, también reportó barreras para la conciliación de cuentas y cerca de 70 pacientes en proceso de remisión durante las afectaciones. Alertó sobre los problemas que generan los traslados a otras ciudades, tanto para pacientes como para sus familias. La autoridad sanitaria local garantizó que los pacientes hospitalizados recibirían atención mientras se resolvían las remisiones.

Este panorama no es exclusivo de Valledupar. El informe revela que todas las capitales están afectadas: 16 en riesgo alto, 15 en crítico. Las principales causas identificadas por las autoridades sanitarias se centran en las deudas entre EPS e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), la insuficiencia financiera y la terminación de contratos, lo que lleva a la interrupción de tratamientos y progresión de enfermedades por falta de atención oportuna. Como respuesta, la casi totalidad de ciudades pide el saneamiento de la cartera, mejores garantías para el suministro de medicamentos y tecnologías, así como la continuidad contractual.

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¿Cuáles son los principales riesgos del sistema de salud en Valledupar según el informe de Asocapitales y UNIPS Colombia?

El informe indica que Valledupar enfrenta riesgos críticos en cuatro áreas: dificultades económicas para hospitales y clínicas, barreras en el acceso de pacientes a los servicios de salud, problemas de acceso a medicamentos y tecnologías, y riesgo de interrupción en la prestación de servicios debido a estos factores combinados. Estos problemas crean un escenario vulnerable para el sistema de salud local y se evidencian en la suspensión temporal de servicios, como la oncología, y dificultades en el suministro de medicamentos.

¿Por qué las deudas entre EPS e IPS afectan la atención en salud en Valledupar y otras capitales?

De acuerdo con lo revelado en el informe y las declaraciones de las autoridades de salud del Cesar, las deudas de $380.000 millones entre EPS e IPS generan restricciones financieras que impiden la operación normal de los hospitales, retrasan autorizaciones y complican la facturación. Esta situación puede llevar a la suspensión de servicios, incremento en las barreras de acceso y afectación en la continuidad de tratamientos esenciales, un patrón que también se repite en otras ciudades capitales del país.

De acuerdo con El Espectador, el argumento oficial señala que la reforma rural es una política pública estructural y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse en la institucionalidad estatal y estar a cargo de Colombia. Sin embargo, la solicitud de suprimir ese componente fue criticada por diversos sectores y exfuncionarios. Entre quienes cuestionaron la medida está el expresidente Gustavo Petro, quien advirtió que con esto “se pide que la riqueza de la mafia, que es la tierra acaparada con violencia y con dinero, no se reparta a los campesinos”. Además, la exembajadora Arlene Tickner y el exministro de Minas Andrés Camacho destacaron la relevancia de una reforma agraria auditada para impulsar el desarrollo rural y la economía, mientras que el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo calificó de “inexplicable” la decisión, defendiendo que los acuerdos sobre desarrollo rural benefician a la población campesina y hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Los números muestran los desafíos pendientes. El Instituto Kroc reportó que para noviembre de 2025, solo el 9 % de las disposiciones del punto rural estaban completamente implementadas y que la meta de adjudicación de tierras apenas ha alcanzado el 2,4 % según cifras de la Agencia Nacional de Tierras. Ante la ONU, Bula insistió que garantizar el acceso a la tierra y el desarrollo rural son tareas esenciales del Estado colombiano, y que no dependen exclusivamente de la Misión de Verificación de la ONU.

En el Consejo de Seguridad, algunos países como Dinamarca subrayaron la importancia estratégica de mantener el seguimiento sobre la reforma rural, mientras que Estados Unidos apoyó la priorización de la seguridad y sugirió que Colombia debe asumir la titularidad de la reforma agraria. La votación sobre la modificación del mandato de la misión se definirá antes del 31 de octubre, en una decisión clave para el rumbo del Acuerdo de Paz.

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¿Por qué es clave el seguimiento internacional a la Reforma Rural Integral en Colombia?

El seguimiento internacional a la Reforma Rural Integral es importante porque implica acompañamiento y verificación sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano en cuanto a transformación del campo, acceso a la tierra y desarrollo rural, tal como fue pactado en el Acuerdo de Paz de 2016. Según cifras citadas por El Espectador, la lenta ejecución de este componente muestra rezagos críticos que afectan directamente a la población campesina y la posibilidad de lograr una paz duradera.

¿Qué consecuencias podría tener eliminar la Reforma Rural Integral del mandato de la Misión de Verificación de la ONU?

Eliminar el componente de Reforma Rural Integral del mandato de la Misión de Verificación de la ONU podría significar que el Gobierno colombiano asuma en solitario la vigilancia y reporte de estos compromisos, sin la observación internacional acordada inicialmente en el proceso de paz. Esto ha generado controversia y preocupación entre quienes consideran que la reforma agraria requiere supervisión independiente para asegurar transparencia e impulso efectivo, tal como han señalado fuentes y exfuncionarios citados por El Espectador.

(Vea también: “Tendrá consecuencias”: De la Espriella reacciona al atentado contra peaje El Bordo con seria advertencia)

La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento en el que la organización rechazó las expresiones dirigidas contra la esposa del presidente de la República.

En el pronunciamiento, la firma manifestó su rechazo a las declaraciones que, a su juicio, atentan contra la dignidad humana y recurren a la descalificación y la humillación contra las mujeres. Asimismo, indicó que acudirá a los mecanismos legales que correspondan para que las autoridades competentes examinen lo sucedido y establezcan si existen responsabilidades.

Desde DE LA ESPRIELLA LAWYERS rechazamos categóricamente toda expresión que atente contra la dignidad humana y, en particular, aquellas que recurren a la descalificación, la humillación y la violencia simbólica contra las mujeres.

Lo ocurrido contra la primera dama de la Nación…

— DE LA ESPRIELLA LAWYERS (@DELAESPRIELLALA) October 12, 2026

El anuncio se conoce en medio de la polémica que desataron las publicaciones de ‘Matador’ en redes sociales, en las que se refirió a la primera dama con expresiones ofensivas. El episodio provocó reacciones y un pronunciamiento de rechazo desde el Gobierno nacional.

¿Qué dijo De La Espriella Lawyers sobre Matador?

En su comunicado, De La Espriella Lawyers sostuvo que rechaza categóricamente las expresiones que atenten contra la dignidad humana, especialmente cuando se utilizan para descalificar, humillar o ejercer violencia simbólica contra las mujeres.

Según el pronunciamiento, el caso pone sobre la mesa la importancia de defender el respeto hacia las mujeres y hacia quienes desempeñan funciones de liderazgo en la sociedad.

“Lo ocurrido contra la primera dama de la Nación trasciende una ofensa personal”, indicó la organización en el documento, en el que también hizo referencia a los principios de convivencia que, según su postura, Colombia necesita fortalecer.

A partir de estos argumentos, la firma anunció que adelantará las acciones legales que resulten procedentes. Su propósito, de acuerdo con el texto, es que los hechos sean revisados por las autoridades competentes y que estas determinen las posibles responsabilidades.

Por ahora, el comunicado no especifica qué tipo de acción judicial se presentará, ante qué autoridad se radicará ni si ya existe una denuncia formal. Por eso, el anuncio corresponde a la intención de emprender las actuaciones legales pertinentes, sin que ello signifique que haya una decisión judicial sobre el caso.

El anuncio de De La Espriella Lawyers abre ahora la posibilidad de que el caso llegue a instancias judiciales. La firma insistió en que defender la dignidad humana es una responsabilidad colectiva y concluyó su pronunciamiento con un llamado a no admitir excepciones frente al respeto por las personas.

Entre los amenazados, además de Luis Alonso Colmenares, figuran José Arredondo, Juan Zambrano, Pedro Arteta, Federico Ocuña, Alejandro Mafla, José Celedón y Yonairo Gómez. El panfleto, difundido por las AGC, llama también a sus miembros y aliados a proceder con el “exterminio” de quienes considera contrarios a su ideología, escalando la preocupación sobre la seguridad y libertad de expresión en la zona, como lo afirma el propio Colmenares.

Ante la gravedad de estas intimidaciones, Colmenares fue enfático en responsabilizar al gobernador de La Guajira, al alcalde de Riohacha y al comandante del Departamento de Policía Guajira, por cualquier atentado contra su vida o integridad. El columnista advirtió que, debido a sus funciones académicas en la Universidad de La Guajira, está obligado a desplazarse y cumplir horarios que podrían hacerlo más vulnerable a posibles ataques. “Exijo medidas de protección inmediatas y efectivas, y que la Fiscalía investigue a los autores de esta amenaza”, reclamó Colmenares, enfatizando que este no es un simple mensaje intimidatorio, sino una amenaza directa contra su vida y la libertad de prensa.

En sus declaraciones, Luis Alonso Colmenares dejó claro que sus actividades en el ámbito crítico y de activismo le han generado riesgos serios. “No me callarán. Si algo me ocurre, el Estado sabrá que fue advertido”, puntualizó públicamente el columnista, exigiendo que la Fiscalía actúe con celeridad y que las autoridades ofrezcan una respuesta clara y efectiva. Cabe recordar que Colmenares es padre de Luis Andrés Colmenares Escobar, el joven universitario fallecido en Bogotá en circunstancias que dieron origen a una investigación judicial de gran notoriedad en Colombia.

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¿Quiénes son las personas amenazadas junto a Luis Alonso Colmenares en el panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia?

De acuerdo con la información difundida por Colmenares y citada en el comunicado, las personas que aparecen en el panfleto junto a él son José Arredondo, Juan Zambrano, Pedro Arteta, Federico Ocuña, Alejandro Mafla, José Celedón y Yonairo Gómez. Todos han sido señalados por las AGC de ser promotores de actividades políticas y de ejercer labores periodísticas o críticas que contradicen la ideología de ese grupo armado.

¿Qué solicitan las víctimas a las autoridades frente a las amenazas de las AGC en La Guajira?

Según los pronunciamientos de Luis Alonso Colmenares citados por EL PILÓN, las víctimas de las amenazas exigen a las autoridades medidas de protección inmediatas y efectivas. Además, piden que la Fiscalía inicie investigaciones para identificar y enjuiciar a los responsables de los panfletos amenazantes, al considerar que se trata de amenazas directas contra su vida y la libertad de expresión en la región.

El homenaje ocurrió en el conversatorio realizado el sábado 10 de octubre, donde estuvieron presentes familiares, allegados y habitantes que recordaron el impacto de ‘Ocha’ Rosado en Valencia de Jesús. Alba Rosa Barrios Rosado, hija de la periodista, expresó su agradecimiento a la organización del festival y a la Fundación Calixto Ochoa por mantener vivo el legado de su madre. Manifestó sentirse orgullosa del cariño con que la población recuerda a Rosa Elena Rosado Quintero y la manera en que su trabajo es reconocido tras años de entrega profesional.

Más allá del periodismo, ‘Ocha’ Rosado es recordada por su dedicación a la mejora de las condiciones de vida en Valencia de Jesús. Su hermano, Álvaro Rosado, compartió detalles sobre el compromiso de la periodista con la restauración de la iglesia del corregimiento, así como con distintas iniciativas de impacto social. Entre ellas destacó el acueducto de Valencia de Jesús, un proyecto significativo en el que la comunicadora trabajó hasta sus últimos años y que, aunque no alcanzó a verlo finalizado, terminó haciéndose realidad para la comunidad.

Durante el homenaje, Ernesto Orozco Durán, alcalde de Valledupar, resaltó la trayectoria periodística de ‘Ocha’ Rosado, quien acumuló más de dos décadas de experiencia. Se recordó su paso por medios como Cardenal Noticias, la fundación de El País Vallenato y su labor como jefe de prensa tanto en la Gobernación del Cesar como en la Alcaldía de Valledupar, según declaraciones directas del mandatario. Además, la familia de Rosa Elena ‘Ocha’ Rosado recibió reconocimientos de la Asamblea del Cesar y de la propia organización del Festival Calixto Ochoa, evidenciando el respeto y la admiración que la comunicadora conquistó.

Este tributo se llevó a cabo en el contexto del festival, desarrollado del 9 al 11 de octubre, en conjunto con las festividades religiosas y culturales de la Virgen del Rosario, donde concursos de música vallenata, encuentros religiosos y presentaciones musicales formaron parte de la programación general.

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¿Quién fue Rosa Elena ‘Ocha’ Rosado Quintero y cuál fue su aporte al periodismo en el Cesar?

Rosa Elena ‘Ocha’ Rosado Quintero fue una periodista con más de dos décadas de trayectoria, conocida por su trabajo en medios como Cardenal Noticias y El País Vallenato, así como por ocupar cargos como jefe de prensa en la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar. Su labor trascendió al periodismo, ya que también se involucró activamente en proyectos sociales que beneficiaron a su comunidad de Valencia de Jesús.

¿Cómo se desarrolló el homenaje a ‘Ocha’ Rosado en el Festival Calixto Ochoa de Valencia de Jesús?

El homenaje a Rosa Elena ‘Ocha’ Rosado Quintero se efectuó durante el Festival Calixto Ochoa y las Fiestas Patronales de la Virgen del Rosario, mediante un conversatorio con la participación de familiares y habitantes de Valencia de Jesús. Durante el evento, figuras públicas y representantes institucionales exaltaron su legado profesional y comunitario, además de entregar reconocimientos a su familia como símbolo del respeto y gratitud de toda la región.

Las estaciones con horario extendido se encuentran sobre las troncales NQS y avenida El Dorado. Entre ellas están la estación 7 de Agosto, Movistar Arena, CAN–British Council y Salitre El Greco–Vive Claro, cada una con diferentes rutas disponibles. Esta ampliación de servicio dependerá de la cantidad de usuarios que demanden el transporte al finalizar el evento, por lo que se recomienda dirigirse rápidamente hacia las estaciones y paraderos cuando termine la jornada. Quienes deseen planear su viaje con anticipación pueden consultar rutas y disponibilidad en la aplicación oficial TransMiApp, según indicó la entidad.

El plan de movilidad se ve afectado por el cierre total de la calle 63 entre la avenida carrera 68 y la carrera 60, el cual comenzó a las 10:30 a. m. y se mantendrá hasta las 10:30 p. m. Este cierre también incluye la ciclorruta del mismo tramo y ha generado desvíos en varias rutas zonales del sistema, especialmente en los buses que normalmente circulan por dicha vía. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, personal de la entidad estará disponible en los accesos y salidas principales para guiar a los visitantes y ayudar a regular el tráfico, recomendando a los conductores tomar vías alternas y prever demoras.

En cuanto a las opciones de regreso, quienes salgan por la calle 53 podrán tomar rutas hacia Bosa, Fontibón, el centro, Usaquén y Suba; por la carrera 60, habrá opciones a Suba, Usme, Engativá y el centro; y desde la calle 63, saldrán buses con desvíos hacia Engativá, la calle 80 y el centro. La recomendación principal de TransMilenio es consultar siempre la información actualizada en las plataformas oficiales y recargar la tarjeta TuLlave antes de salir. Además, se sugiere a los asistentes evitar vehículos particulares por las restricciones de parqueo y cierres viales. El parqueadero del Simón Bolívar solo habilita 800 cupos pagos hasta las 10:00 p. m., por lo que utilizar el transporte público es lo más recomendable en este cierre festivo.

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¿Cuáles son las estaciones de TransMilenio habilitadas durante Rock al Parque 2023?

De acuerdo con la información oficial de TransMilenio, las estaciones con servicio extendido para el cierre de Rock al Parque son 7 de Agosto, Movistar Arena, CAN–British Council y Salitre El Greco–Vive Claro, ubicadas sobre las troncales NQS y avenida El Dorado. La disponibilidad estará sujeta a la demanda al finalizar los conciertos, por lo que se sugiere llegar a las estaciones apenas termine la evacuación del parque Simón Bolívar.

¿Qué recomendaciones da TransMilenio para regresar de Rock al Parque?

Entre las recomendaciones más importantes, TransMilenio sugiere recargar con anticipación la tarjeta TuLlave, consultar las rutas y horarios usando la aplicación TransMiApp, salir rápidamente hacia los puntos de transporte, atender las indicaciones del personal autorizado y evitar el uso de vehículos particulares debido a los cierres viales y la limitada disponibilidad de parqueaderos.

(Vea también: Petro mandó oscuro mensaje a Vicky Dávila tras decisión de De la Espriella sobre exjefe de seguridad de Alcocer)

En una publicación en X, Dávila cuestionó los términos utilizados por el ilustrador para referirse a la esposa del presidente Abelardo De La Espriella y sostuvo que la animalización de una mujer y las burlas sobre su apariencia física no pueden justificarse como humor.

“‘Matador’ tiene que responder ante la justicia. Atacó a Ana Lucía Pineda, la primera dama, deshumanizándola, pero antes golpeó a la mamá de sus hijos y maltrató a muchas mujeres en sus redes sociales”, escribió la periodista.

Dávila también calificó al caricaturista de “misógino y violento” y aseguró que sus publicaciones contra mujeres no deben normalizarse.

Matador tiene que responder ante la justicia. Atacó a Ana Lucía Pineda, la primera dama, deshumanizándola, pero antes golpeó a la mamá de sus hijos y maltrató a muchas mujeres en sus redes sociales.

Animalizar a una mujer y burlarse de su aspecto físico, no es chiste, es violencia de género. Matador es misógino y violento, es peligroso.
@ABDELAESPRIELLA

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 12, 2026

Vicky Dávila comparó la polémica con el caso de Francia Márquez

En el video que acompañó su publicación, Dávila insistió en que los comentarios dirigidos contra Pineda deben examinarse más allá de una discusión sobre humor o sátira política.

“Animalizar a una mujer, burlarse de su aspecto físico, eso no es humor y no podemos normalizarlo”, manifestó.

La periodista también comparó la controversia con el caso de Luz Fabiola Rubiano, la mujer condenada en 2023 por los insultos racistas que dirigió contra Francia Márquez, cuando esta se desempeñaba como vicepresidenta de Colombia.

A partir de ese antecedente, Dávila cuestionó lo que considera una reacción selectiva frente a expresiones ofensivas contra mujeres que ocupan posiciones públicas.

“Entonces, ¿aquí nos vamos a aterrar de manera selectiva? No, es exactamente lo mismo que pasó con una mujer que comparó con un animal a la vicepresidente en su momento, Francia Márquez”, dijo en el video.

Angulo Arévalo falleció el 17 de marzo de 2025, dejando una huella relevante en distintas áreas de la vida local. Fundó el Centro de Urología del Cesar, un referente médico en la región, y desde su formación como médico cirujano en la Universidad de Caldas, se especializó en la Universidad Autónoma de México, conocida como UNAM, además de completar un fellow en endourología, que es una subespecialidad de la urología enfocada en técnicas mínimamente invasivas. Durante más de cuarenta años de ejercicio profesional, fue nombrado miembro emérito de la Sociedad Colombiana de Urología, distinción que resalta su trayectoria científica.

Su dedicación no solo se evidenció en la medicina. En su carrera atendió en el Hospital San Andrés de Chiriguaná y ofreció consultas en su propio consultorio ubicado en el barrio Santa Ana de Valledupar. Asimismo, tuvo una faceta pública como diputado de la Asamblea del Cesar entre 1982 y 1984. Según lo establecido en la resolución entregada a su familia, Angulo Arévalo demostró respeto permanente por la figura de Calixto Ochoa, ícono del folclor local, lo que para las directivas constituye un ejemplo de compromiso con la cultura y el legado tradicional de la región.

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¿Quién fue Oswaldo Angulo Arévalo y cuál fue su legado en Valledupar?

Oswaldo Angulo Arévalo fue un médico cirujano, fundador del Centro de Urología del Cesar y miembro emérito de la Sociedad Colombiana de Urología. Además, fue diputado de la Asamblea del Cesar, impulsando la difusión y preservación de las tradiciones culturales de Valencia de Jesús, aportando tanto en el ámbito médico como en el fortalecimiento del folclor regional, según la Fundación Festival Calixto Ochoa.

¿Por qué la Fundación Festival Calixto Ochoa le otorgó un reconocimiento póstumo a Angulo Arévalo?

La Fundación Festival Calixto Ochoa otorgó el reconocimiento póstumo a Angulo Arévalo por su papel como impulsor de las tradiciones culturales y por el compromiso mostrado hacia el legado folclórico de la región de Valledupar, hecho que quedó plasmado en la Resolución No. 002 de 2026 firmada por la junta directiva y fundamentada en el respeto y contribuciones de Angulo a la cultura local.

(Vea también: “Tendrá consecuencias”: De la Espriella reacciona al atentado contra peaje El Bordo con seria advertencia)

La propuesta fue presentada este lunes 12 de octubre por el canciller Omar Bula ante el Consejo de Seguridad de la ONU, durante la sesión en la que se expuso el informe trimestral sobre la implementación del acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y las antiguas Farc.

Aunque el Gobierno manifestó que respalda la continuidad de la misión, planteó concentrar su trabajo en dos componentes: la reincorporación de los excombatientes a la vida civil y las garantías de seguridad para los firmantes de paz y las comunidades.

“Quiero ser claro en relación con lo que nos reúne hoy: el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Nuestro compromiso permanece intacto”, afirmó Bula.

La propuesta deberá ser evaluada por el Consejo de Seguridad, organismo encargado de decidir si prorroga el mandato y bajo qué condiciones. La vigencia actual termina el 31 de octubre de 2026.

¿Por qué el Gobierno quiere excluir la reforma rural de la misión de la ONU?

Durante su intervención, Bula argumentó que la reforma rural integral tiene características diferentes de los compromisos relacionados con la reincorporación y las garantías de seguridad de los antiguos integrantes de las Farc.

Según el canciller, se trata de una política pública estructural y de largo plazo, cuya ejecución debe quedar integrada en las instituciones permanentes del Estado colombiano.

“La Reforma Rural Integral, por su parte, tiene una naturaleza distinta. Incorporada al mandato de la Misión en 2023, constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo”, señaló.

El canciller agregó que el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, la productividad rural, la infraestructura y las oportunidades económicas para los campesinos son responsabilidades fundamentales del Estado.

El Gobierno sostiene que Colombia cuenta con los instrumentos normativos e institucionales necesarios para continuar con las políticas de acceso a tierras y desarrollo productivo, incluso si la misión internacional deja de verificar ese componente.

Bula también aclaró que la propuesta no pretende modificar unilateralmente las resoluciones de Naciones Unidas ni desconocer las obligaciones del Estado derivadas del Acuerdo de Paz.

¿Qué seguiría verificando la Misión de la ONU en Colombia?

La propuesta del Gobierno es mantener el seguimiento internacional a dos componentes del Acuerdo de Paz de 2016.

El primero es la reincorporación política, económica y social de los antiguos integrantes de las Farc, relacionada con su transición a la vida civil. El segundo corresponde a las garantías de seguridad para los firmantes del acuerdo, sus familias y las comunidades y organizaciones presentes en los territorios.

La reforma rural integral fue incorporada al mandato de la misión en 2023. Entre los asuntos que abarca están el acceso y uso de la tierra, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los planes nacionales para la reforma rural.

Por ahora, estos componentes continúan bajo el mandato vigente. La eventual exclusión de la reforma rural dependerá de la decisión que adopte el Consejo de Seguridad.

¿Cuándo se decidirá la prórroga de la misión de la ONU?

El Consejo de Seguridad deberá definir la continuidad y el alcance del mandato antes de que termine su vigencia actual, el 31 de octubre de 2026.

La intervención de Bula marca la posición que el Gobierno de De la Espriella lleva a esa discusión: mantener la verificación internacional en asuntos de reincorporación y seguridad, pero trasladar el seguimiento de la reforma rural a la institucionalidad colombiana.

La decisión no depende exclusivamente de Colombia. El Consejo de Seguridad deberá examinar la propuesta y determinar si la incorpora a la resolución que establezca las condiciones del nuevo mandato.

En el caso del circuito Guatapurí 5, uno de los sectores donde se concentrarán estos trabajos será el barrio San Carlos. En este punto, la suspensión del suministro eléctrico está planeada entre las 7:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, lo que representa un corte de nueve horas. Según la información difundida, los cortes impactarán el área comprendida desde la calle 7 hasta la calle 7C, entre las carreras 14 y 16, además de la calle 7C entre las carreras 14 y 19, dentro de la zona urbana de Valledupar, capital del departamento del Cesar.

Por su parte, el circuito Cañahuate 4 tendrá mantenimiento en otro rango de horarios. Las labores allí iniciarán a las 8:00 de la mañana y concluirán a las 2:30 de la tarde. Los puntos comprometidos corresponden a la calle 1 con carrera 23 y el área de la avenida Sierra Nevada, lo que implica que diferentes sectores de la ciudad experimentarán interrupciones de acuerdo con su ubicación exacta dentro del circuito.

Las zonas afectadas tendrán que identificar si sus viviendas, negocios o establecimientos hacen parte de las áreas incluidas en el cronograma, ya que la interrupción del servicio será temporal y solo mientras el personal de Energua lleva a cabo las intervenciones técnicas planeadas. La compañía recomienda que los habitantes tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes mientras se ejecutan los trabajos y el servicio se restablece en los horarios estipulados para cada sector, según la planificación oficial.

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¿Qué sectores de Valledupar estarán sin energía el martes 13 de octubre según Energua?

Los sectores de Valledupar que tendrán suspensión de energía el martes 13 de octubre, según Energua, incluyen el barrio San Carlos, comprendido desde calle 7 hasta calle 7C y entre carreras 14 y 16, así como la calle 7C entre carreras 14 y 19, dentro del circuito Guatapurí 5. También se afectarán la calle 1 con carrera 23 y la avenida Sierra Nevada, pertenecientes al circuito Cañahuate 4.

¿Por qué se suspende el servicio de energía en Guatapurí 5 y Cañahuate 4 en Valledupar?

La suspensión del servicio de energía en los circuitos Guatapurí 5 y Cañahuate 4 de Valledupar fue programada por Energua para permitir labores de mantenimiento y trabajos técnicos en la red eléctrica. Estas tareas requieren interrupciones temporales para garantizar la seguridad y el adecuado desarrollo de las intervenciones a lo largo de la jornada señalada.

Un caso representativo es el de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que bajo la presidencia de Fabio Arias, enfrenta una significativa fractura interna. Mientras un sector minoritario se mantiene alineado con la oposición, la mayoría de su Comité Ejecutivo Nacional, es decir, 11 de los 21 integrantes, manifestó su respaldo a las políticas implementadas por el actual presidente Abelardo de la Espriella. A pesar de esta posición, la CUT mantiene su llamado a las calles. Como lo expresó Carlos Rivas, fiscal de la organización, la CUT se caracteriza por su pluralismo. Rivas recalcó que los recientes cambios internos responden a procesos naturales, y afirmó que "esto no nos hace abelardistas", insistiendo en la sana coexistencia de posturas diversas dentro del sindicato.

El reacomodo sindical no se limita a la CUT. La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que no participará en la manifestación del 14 de octubre. Fecode, el principal gremio de maestros, también está hoy distanciado de la izquierda debido a dificultades en el régimen especial de salud que los cobija, sobre el cual el gobierno De la Espriella adelanta auditorías y ha encontrado irregularidades en la implementación del nuevo modelo. Respecto a la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato más grande de Ecopetrol, la postura no es clara; aunque recientemente ha tenido acercamientos con la presidencia, aún no se define su rol en las protestas promovidas por sectores afines a Petro.

Otro actor relevante en la convocatoria es el exministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien calificó de "masacre laboral" los recientes movimientos en las entidades públicas y llamó a trabajadores y contratistas a movilizarse y ejercer acciones legales. Como puntualizó en declaraciones citadas por El Espectador, invitó a la concentración del 14 de octubre en el Parque Nacional de Bogotá y en otros puntos principales del país.

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¿Por qué están divididos los sindicatos frente a la marcha del 14 de octubre?

La división sindical frente a la convocatoria del 14 de octubre radica principalmente en diferencias internas sobre el respaldo o la oposición a las políticas del gobierno de Abelardo de la Espriella. Así lo muestran los casos de la CUT, donde la mayoría apoya al Gobierno, y de la CGT y Fecode, que mantienen posiciones distantes respecto a la oposición y a los organizadores de la marcha. Esta fragmentación se relaciona con procesos de reorganización, posturas sobre auditorías estatales y debates internos sobre el rumbo que deben tomar frente a la coyuntura política actual.

¿Qué denuncias motivan la movilización liderada por Gustavo Petro?

La movilización impulsada por Gustavo Petro y respaldada por figuras como Antonio Sanguino obedece a críticas por supuestas "masacres laborales", es decir, despidos y cambios en entidades públicas, así como desacuerdos con las políticas del actual gobierno. Las declaraciones recogidas en El Espectador subrayan que los convocantes buscan defender los derechos de trabajadores y contratistas, promover la movilización popular y visibilizar su inconformidad con lo que consideran una persecución laboral en la actual administración.

“Queremos que más colombianos viajen por Colombia, que sea más accesible. Por eso proponemos reducir el IVA hasta el 31 de diciembre de 2030”, sostuvo el senador Quintero.

La iniciativa pretende incentivar los desplazamientos dentro del país y apoyar al sector turístico, especialmente en el Eje Cafetero, una región afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Los promotores consideran que una reducción en el precio de los vuelos ayudaría a impulsar la actividad económica de los destinos nacionales.

Los congresistas también argumentaron que el turismo todavía afronta las consecuencias de la pandemia de COVID-19. De acuerdo con las cifras incluidas en el proyecto, en 2019 los ingresos del sector superaron los 25,3 billones de pesos, mientras que en 2020 cayeron a 13,9 billones de pesos, según registros del DANE.

Aunque actividades como la hotelería y la compra de vuelos mostraron una recuperación desde 2021, los resultados no habrían alcanzado los niveles anteriores a la emergencia sanitaria.

Otro de los argumentos de los autores es que el fin de los incentivos tributarios aplicados durante la pandemia coincidió con incrementos en las tarifas aéreas. Según los datos presentados por los congresistas, entre 2022 y 2023 hubo aumentos en los tiquetes hacia destinos como San Andrés, Santa Marta, Bogotá, Cartagena y Medellín.

Los promotores sostienen que reducir el impuesto permitiría estimular los viajes turísticos. En el documento, la propuesta señala que mantener el IVA en el 5 % “se constituiría para los ciudadanos en un estímulo importante para la realización de viajes turísticos”.

Por ahora, se trata de una iniciativa legislativa y no de una reducción aprobada. Su eventual aplicación dependerá del trámite y la aprobación del proyecto de ley en el Congreso.

La Fiscalía, a través de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico, conoció los escritos en los que se señalan cinco posibles delitos: estafa, hurto, abuso de confianza, administración desleal y concierto para delinquir. Aunque la investigación avanza, hasta la fecha no se han dictado imputaciones, ni otras decisiones judiciales que indiquen responsabilidades. Según los documentos reseñados por Infobae, los reclamos van más allá de la no entrega: en el caso del comprador del Ferrari 296 GTS, también se exige el reintegro de cerca de 72.655 dólares, monto que quedó bajo administración de la empresa tras no concretarse la nacionalización del vehículo, hoy almacenado en Panamá junto con otro automóvil mencionado en las denuncias.

En paralelo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lleva a cabo una averiguación preliminar bajo el radicado 26-294239, concentrándose en aspectos como las condiciones pactadas, tiempos de entrega, publicidad, finalización del vínculo con Ferrari North America y la continuidad en la promoción de la marca por parte del concesionario tras haber perdido la licencia. De acuerdo con la SIC, son alrededor de seis los afectados que han presentado quejas hasta el momento.

Tras el cambio accionario en mayo de 2026, la nueva administración, Autos de Alta Gama Holdings, informó que realizaba una auditoría forense sobre documentos y operaciones anteriores antes de tomar decisiones frente a los anticipos recibidos de los clientes. Aunque Ferrari North America retiró a Autos Italianos de Colombia de su red oficial el 4 de junio de 2026 por cambios no autorizados en la tenencia accionaria, la marca mantiene sus compromisos de apoyo técnico y garantías mientras explora un nuevo distribuidor para el país. El caso continúa bajo escrutinio judicial y administrativo, sin que existan sanciones o soluciones definitivas para los compradores afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué posibles delitos investiga la Fiscalía por el caso Ferrari en Bogotá?

La Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía analiza las denuncias interpuestas por clientes del concesionario, en las que se mencionan presuntos delitos de estafa, hurto, abuso de confianza, administración desleal y concierto para delinquir. Sin embargo, hasta ahora, no se conocen imputaciones ni decisiones judiciales que definan responsabilidades frente a estos hechos.

¿Qué implica una auditoría forense en una empresa como Ferrari Bogotá?

Una auditoría forense es una revisión detallada, normalmente de carácter contable, administrativo y financiero, que tiene como objetivo reconstruir la información sobre cómo fueron manejados los recursos y detectar posibles irregularidades u omisiones. En este caso, la auditoría busca aclarar el estado de las operaciones, anticipos y obligaciones con los clientes tras el cambio en la administración de la compañía.

(Vea también: Angie Rodríguez dice que Verónica Alcocer le pegaba a Petro: “Se escuchaban los golpes”)

A través de su cuenta de X, el exmandatario respondió directamente a un mensaje de Vicky Dávila en el que la periodista divulgaba las medidas tomadas contra la capitana Lozano. Petro hizo referencia a la muerte del teniente coronel Óscar Darío Dávila Torres, ocurrida en junio de 2023, cuando el oficial estaba relacionado con las investigaciones por las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia.

“Así mencionaron al coronel Dávila y lo hicieron suicidar”, escribió Petro, en un mensaje de respuesta a Dávila, publicado después de que se conociera la decisión del actual Gobierno sobre la comisión de Lozano.

El comentario se produjo en medio de la controversia por las declaraciones de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer y personas que, según su versión, conocían los movimientos de la entonces primera dama.

Acá, la publicación:

Así mencionaron al coronel Dávila y lo hicieron suicidar.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 12, 2026

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la muerte del coronel Óscar Dávila?

En su publicación, respondiendo a Dávila, Petro aludió al caso del oficial sin desarrollar más detalles sobre la comparación que planteó con la situación de Kelly Daniela Lozano.

Óscar Dávila fue hallado sin vida el 9 de junio de 2023, en Bogotá, cuando estaba en curso la investigación por el uso del polígrafo a Marelbys Meza y las interceptaciones ilegales a ella y a otra exempleada de Sarabia.

El oficial se desempeñaba entonces en labores de seguridad e inteligencia vinculadas con la Presidencia. Su nombre apareció en las indagaciones relacionadas con el escándalo que involucró a integrantes del entorno de la entonces jefa de gabinete.

La muerte del coronel desató una fuerte controversia pública. En junio de 2023, Medicina Legal concluyó que las evidencias forenses correspondían a un suicidio y la Fiscalía acogió esa conclusión al cerrar el caso.

¿Por qué De la Espriella ordenó cancelar la comisión de Kelly Daniela Lozano?

La decisión del presidente Abelardo de la Espriella se conoció después de las declaraciones de Eva Ferrer sobre el círculo cercano a Verónica Alcocer durante el Gobierno anterior.

En su entrevista con Vicky Dávila, Ferrer señaló a Lozano como una de las personas que, según ella, tendría conocimiento de los movimientos de la entonces primera dama. También hizo afirmaciones sobre presuntas actividades relacionadas con drogas y dinero procedente de Venezuela, señalamientos que deben entenderse como acusaciones de la entrevistada y no como hechos judicialmente establecidos.

Tras conocerse esas declaraciones, De la Espriella ordenó cancelar la comisión de la capitana en la Embajada de Colombia en Catar.

El anuncio provocó una reacción de Petro, quien no respondió directamente a las acusaciones de Ferrer en el mensaje publicado en X, sino que centró su comentario en el antecedente del coronel Dávila.

(Vea también: Atentado contra el peaje El Bordo, en Cauca, dejó 5 trabajadores heridos y daños en la infraestructura)

A través de su cuenta de X, el mandatario rechazó la acción violenta, que obligó a suspender temporalmente el tránsito por la vía Panamericana mientras las autoridades verificaban las condiciones de seguridad en el sector.

“Cada agresión de los narcoterroristas tendrá consecuencias. Los perseguiremos y responderán ante la justicia”, escribió De la Espriella en su mensaje.

El jefe de Estado también señaló que los ataques contra la infraestructura afectan directamente a los ciudadanos, los transportadores y las personas que necesitan movilizarse por este corredor vial.

Este es su mensaje:

Deploro el atentado terrorista contra el peaje El Bordo, en la vía Panamericana, municipio de La Sierra, departamento del Cauca. La explosión obligó a cerrar el paso mientras las autoridades aseguran la zona.

Atacar la infraestructura perjudica a la gente, a los transportadores y a todos aquellos que necesitan movilizarse. Cada agresión de los narcoterroristas tendrá consecuencias. Los perseguiremos y responderán ante la justicia.

¡Firme por la Patria!

¡Que viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴 🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 12, 2026

¿Qué dijo De la Espriella tras el atentado al peaje El Bordo?

En su publicación, el presidente expresó su rechazo al atentado registrado en el peaje El Bordo, ubicado en el sector de La Depresión, en jurisdicción del municipio de La Sierra.

“Deploro el atentado terrorista contra el peaje El Bordo, en la vía Panamericana, municipio de La Sierra, departamento del Cauca. La explosión obligó a cerrar el paso mientras las autoridades aseguran la zona”, manifestó.

De la Espriella sostuvo que este tipo de acciones perjudica a quienes dependen de la vía para sus desplazamientos y actividades económicas. Además, aseguró que el Gobierno perseguirá a los responsables y que estos deberán comparecer ante la justicia.

Su pronunciamiento se produjo en medio de las labores de las autoridades para asegurar el área, establecer las afectaciones y permitir la recuperación de la movilidad por este importante corredor del suroccidente colombiano.

Carro bomba destruyó el peaje y dejó civiles heridos en Cauca

El ataque ocurrió durante la mañana de este lunes festivo, 12 de octubre, cuando fue activado un vehículo acondicionado con explosivos en inmediaciones del peaje El Bordo.

La detonación destruyó gran parte de la estructura y obligó a cerrar preventivamente la vía Panamericana. Los reportes iniciales dieron cuenta de civiles heridos, mientras los equipos de seguridad adelantaban inspecciones para descartar la presencia de otros artefactos explosivos.

El Ejército atribuyó preliminarmente el atentado a integrantes de la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc. La atribución debe mantenerse como una hipótesis de las autoridades mientras avanzan las investigaciones.

Durante la tarde, el Ejército informó sobre la habilitación de la vía Panamericana, aunque las consecuencias del ataque y las exigencias de mayor presencia de la fuerza pública mantuvieron la atención sobre la situación de seguridad en el Cauca.

La investigación deberá establecer las circunstancias del atentado y las responsabilidades de quienes participaron en la acción.

(Vea también: “¡Basta ya de la misoginia!”: Presidencia se pronuncia luego de insulto de ‘Matador’ a la primera dama)

Aunque Pineda no publicó un pronunciamiento propio sobre el episodio, sí compartió en las historias de su cuenta de Instagram varios mensajes de respaldo. En ellos, diferentes usuarios defendieron su labor y cuestionaron el tono utilizado por el ilustrador.

Una de esas publicaciones la describió como una mujer íntegra y destacó sus intenciones de ayudar. Otra cuestionó directamente a ‘Matador’ y aseguró que sus señalamientos reflejaban resentimiento y falta de argumentos para debatir.

Los mensajes que compartió Ana Lucía Pineda tras la polémica con ‘Matador’

Una de las publicaciones que reposteó la primera dama resaltó sus cualidades personales y expresó respaldo a las actividades que desarrolla en favor de las personas necesitadas.

“Es decepcionante ver cómo la desesperación de algunas personas los lleva a querer denigrar y manchar la imagen de una persona que ni siquiera uno tiene la necesidad de conocerla para darse cuenta de sus cualidades y virtudes”, se lee en uno de los mensajes compartidos.

El texto también describió a Pineda como una mujer “íntegra, sencilla, dulce” y afirmó que sus acciones hablan de sus intenciones. La publicación cerró con una expresión de agradecimiento a Dios por su vida y por lo que, según el autor del mensaje, hará por el país.

La segunda publicación compartida por la primera dama fue más directa contra el caricaturista. El usuario que la escribió sostuvo que los señalamientos personales no contribuyen al debate público y cuestionó las motivaciones de González.

“Los ataques sistemáticos de Matador en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda, sólo demuestran ser un humano lleno de resentimiento y carente de argumentos para entablar un debate de oposición”, señaló el mensaje.

La publicación también calificó los señalamientos como una forma de violencia contra una mujer y pidió respeto por la primera dama y por su trabajo.

De acuerdo con la publicación del Gobierno en la cuenta oficial de la Presidencia de Colombia, el comunicado fue claro al señalar que la deshumanización de una figura pública por medio de estereotipos de género constituye un grave intento por restringir su participación social. Según el texto oficial, “la animalización de una mujer y los ataques contra su aspecto físico son formas de descalificación que consideramos profundamente misóginas”. De esta manera, se denuncia abiertamente la naturaleza y el impacto de este tipo de discursos sobre el liderazgo femenino.

En el mismo sentido, el gabinete ministerial fue contundente al hablar sobre la importancia de distinguir los límites de la sátira y el debate político, advirtiendo que el humor no puede servir como excusa para atacar la dignidad humana. El documento oficial subraya: “La misoginia no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política”. Así, la administración central aclara que tales manifestaciones afectan no solo a la primera dama, sino también a todas las mujeres con roles de liderazgo público.

Ante la gravedad del caso, el Ejecutivo presentó una solicitud formal ante los entes de control judicial, exigiendo específicamente a la Fiscalía General de la Nación que investigue las expresiones ofensivas. El Gobierno invocó las leyes 1257 de 2008 y 2453 de 2025, que ofrecen herramientas legales para proteger a las ciudadanas frente a la violencia política y de género.

Finalmente, el comunicado hace un llamado a la coherencia de los distintos sectores sociales y políticos, señalando que no puede existir una condena selectiva y que toda forma de violencia sistemática contra las mujeres debe ser rechazada. De este modo, la administración central reafirma su postura de respaldo tanto a la primera dama como a todas las mujeres que ocupan posiciones de liderazgo en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Gobierno rechazó los ataques misóginos contra la primera dama?

De acuerdo con el comunicado oficial divulgado por la Presidencia de Colombia, el rechazo se debió a que los ataques se basaron en estereotipos de género y comentarios sobre el físico, lo cual fue interpretado por el Ejecutivo como una forma de descalificación profundamente misógina. Señalaron que este tipo de expresiones buscan limitar la participación de las mujeres en la vida pública y constituyen violencia de género.

¿Qué leyes protegen a las mujeres de la violencia política y de género en Colombia?

Según la posición expresada por el Gobierno Nacional, existen normativas como la Ley 1257 de 2008 y la Ley 2453 de 2025 que garantizan protección legal a las mujeres frente a agresiones políticas y de género. Estas legislaciones contemplan medidas para defender los derechos de las ciudadanas y aseguran atención judicial ante situaciones de violencia o discriminación.

Tras conocerse el hecho, la Alcaldía, bajo directriz del alcalde Carlos Pinedo, acompañó a la Policía en la activación de los protocolos de atención y respuesta orientados a localizar a los fugados lo más pronto posible. En ese sentido, fueron publicados dos carteles con los nombres de los internos prófugos. Entre ellos figuran Víctor Alfonso Ávila Cuao, Edilberto Elías Pinedo Quintero y Wilfrido Acevedo Guarnición, así como otros identificados en los listados oficialmente compartidos.

La búsqueda tiene especial énfasis en alias ‘Mongolo’ y alias ‘Guajiro’, quienes, de acuerdo con información divulgada por la Alcaldía y otras fuentes oficiales, representan intereses prioritarios en los operativos de recaptura. Alias ‘Mongolo’, señalado de pertenecer a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachenca’, habría sido capturado en Guachaca la semana pasada, en operativo conjunto entre Ejército y el Gaula de la Policía, donde presuntamente se le incautó un arma de fuego. Alias ‘Guajiro’, o Johan, según informaciones del Gobierno, está relacionado con el asesinato de un policía ocurrido el 31 de octubre de 2025 en Ciénaga, en el Magdalena, delito durante el que habría sustraído dinero de la víctima.

Los hechos han provocado cambios en el mando de la Policía Metropolitana de Santa Marta. El presidente Abelardo De la Espriella anunció que el coronel Yeison López será llamado a calificar servicios por no informar oportunamente sobre la fuga y no tomar las medidas pertinentes frente al bloqueo en la vía Santa Marta–Barranquilla. Temporalmente, el coronel Urriago asumirá la comandancia, y esta semana llegará el coronel Jimmy Belalcázar como nuevo comandante. Las autoridades reiteraron que los fugados no corresponden a delincuentes considerados de alta peligrosidad y solicitaron la colaboración de la ciudadanía en la identificación y localización de los 41 evadidos. Los dispositivos de búsqueda continúan para aclarar cómo lograron salir del centro de reclusión y recapturarlos en el menor tiempo posible.

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¿Por qué se produjo la fuga de 41 internos del centro de reclusión transitorio en Santa Marta?

La fuga ocurrió cuando, según el reporte oficial citado por la Alcaldía de Santa Marta, un custodio abrió la reja para atender la supuesta emergencia de salud de un detenido, quien solicitó acetaminofén. Este momento fue aprovechado por los demás internos para organizarse, amotinarse y escapar del lugar, facilitando así la huida de 41 personas.

¿Quiénes son alias Mongolo y alias Guajiro y por qué su recaptura es prioritaria?

Alias ‘Mongolo’ está señalado de pertenecer a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachenca’, y habría sido capturado recientemente en Guachaca por presunta tenencia de arma de fuego. Alias ‘Guajiro’, o Johan, está relacionado con el asesinato de un policía en Ciénaga en 2025 y el supuesto robo de dinero a la víctima. Por estos antecedentes, figuran como objetivos prioritarios en los operativos de recaptura según la información oficial divulgada.

El comunicado, que rinde cuenta de 28 firmas en respaldo, enfatiza que Pineda fue llamada “ratica” por Matador, lo que según la misiva representa una vulneración a su dignidad y moral. Esta acción es calificada como un ataque misógino y sexista, pues, de acuerdo con el Ejecutivo, los señalamientos no cuestionan el trabajo ni las ideas de la primera dama, sino que recurren a ataques basados en estereotipos de género y aspectos físicos, lo cual puede limitar su autoridad y liderazgo. En la carta también se advierte que la “animalización” y las ofensas físicas no son herramientas de debate aceptables, ni pueden disfrazarse de humor político.

Según el documento, aunque el derecho a la libertad de expresión y la sátira es reconocido por el Ejecutivo, existe el derecho a rechazar de manera pública las expresiones degradantes y discriminatorias. Se recalca que resulta inadmisible que las mujeres deban tolerar ataques relacionados con su cuerpo o humillaciones por ocupar espacios de visibilidad. La carta deja claro el mensaje de que ninguna mujer, sin importar su posición política o condición social, debe soportar este tipo de agravios como condición para formar parte activa de la sociedad.

El pedido del gobierno se extiende a la Fiscalía General de la Nación, solicitando que se investiguen estos hechos con rigor, aludiendo a antecedentes similares que involucran a Matador, quien ya había sido acusado de misoginia contra otras figuras femeninas, como la candidata Paloma Valencia y otras personalidades políticas. El documento concluye que el respeto por las mujeres es innegociable y que la lucha contra la violencia de género exige firmeza y coherencia institucional, reiterando que la libertad de prensa y disenso político no son pretexto para denigrar ni deshumanizar a ninguna persona.

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¿Qué significa misoginia y cómo se manifestó en el caso de Ana Lucía Pineda?

La misoginia es la aversión o prejuicio contra las mujeres. En el caso de Ana Lucía Pineda, según el comunicado del gobierno, se manifestó a través de apelativos como “ratica”, utilizados para descalificar a la primera dama en función de estereotipos de género, lo que representa un ataque a su dignidad y moral más allá de cualquier crítica a su labor pública.

¿Qué postura tuvo el gobierno sobre la libertad de expresión frente a los ataques misóginos contra la primera dama?

De acuerdo con el comunicado citado, el gobierno reconoció la importancia de la libertad de expresión y el uso de la sátira en la vida política. Sin embargo, dejó claro que también existe el derecho a rechazar públicamente cualquier manifestación degradante, subrayando que la libertad de prensa y el disenso no justifican la humillación ni la violencia simbólica hacia las mujeres.

Según los reportes oficiales, es relevante mencionar que ninguna persona resultó lesionada durante el ataque. Sin embargo, el hecho intensificó la preocupación entre los habitantes del Huila, ya que representa el segundo bus incinerado en un lapso de menos de dos semanas y se suma a una serie de incidentes violentos que han afectado la región. Las autoridades respondieron rápidamente, desplegando un plan de seguridad con la intención de identificar y capturar a los responsables del atentado, aunque hasta el momento no se ha determinado a qué grupo armado ilegal podrían pertenecer los autores del acto.

El trabajo de investigación se encuentra bajo coordinación de la Policía, el Ejército Nacional, el Cuerpo de Bomberos de La Plata y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Este equipo multidisciplinario busca esclarecer los hechos y restaurar la tranquilidad en la zona. Además, el contexto reciente muestra que el Gobierno nacional y regionales habían realizado, tres días antes de este ataque, un consejo de seguridad en Neiva tras el cual se anunciaron medidas destinadas a fortalecer el orden público y combatir delitos como el crimen organizado y la extorsión. Dentro de esas acciones se contempla el regreso del Batallón de Despliegue Rápido (Fudra) y la llegada de 1.400 policías judiciales, junto al plan de fortalecimiento tecnológico en 300 estaciones de Policía, con el objetivo de repeler ataques con drones, que representan una amenaza creciente en el departamento.

De acuerdo con las autoridades citadas por El Espectador, el departamento del Huila presenta actualmente la presencia de al menos tres facciones de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), lo que agrava el clima de tensión y la sensación de inseguridad entre sus habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué detalles se conocen sobre la quema del bus de Coomotor en Huila?

Las autoridades confirmaron que hombres armados, movilizándose en motocicletas, interceptaron el bus en el sector de Los Tronquitos, obligaron a todos los pasajeros a bajar y prendieron fuego al vehículo. Nadie resultó herido y la investigación está a cargo de la Policía, el Ejército, Bomberos y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, aunque aún no se identifica a los responsables ni al grupo ilegal involucrado.

¿Qué medidas anunciaron las autoridades ante los hechos violentos en el Huila?

Tras un consejo de seguridad realizado en Neiva, las autoridades anunciaron el regreso del Batallón de Despliegue Rápido (Fudra), el refuerzo con 1.400 policías judiciales y la implementación de tecnología en 300 estaciones de Policía para combatir específicamente ataques con drones y fortalecer la seguridad ante la presencia de al menos tres facciones de las disidencias de las Farc en la región.

La decisión de llamar a calificar servicios a López Puerto, término utilizado por la Policía Nacional cuando se solicita el retiro de un oficial, se hizo pública el lunes 12 de octubre. Este anuncio fue realizado por Abelardo De la Espriella, quien preside actualmente el Gobierno, sustentando que la medida era necesaria no solo debido a la fuga masiva de detenidos, sino también por la relación que tuvo el incidente con el bloqueo en la vía Santa Marta–Barranquilla, específicamente en el sector de Tasajera. De la Espriella expresó contundentemente que “en este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, dejando clara la postura oficial frente al desempeño del mando policial local.

Frente al estado de emergencia, las autoridades han avanzado en operativos para ubicar a los fugitivos. Se anunció una recompensa de hasta cinco millones de pesos para quien brinde información que conduzca a la recaptura de los implicados. Este episodio no solo desencadenó operativos de búsqueda, sino que conllevó a cambios estructurales en la comandancia de la Policía Metropolitana de la capital del Magdalena. Según el artículo, el relevo policial comenzó con la asunción temporal del coronel Olmer Urriago y la llegada del coronel Jimmy Belalcázar como próximo titular del cargo. El caso ha generado particular interés en la opinión pública de Ibagué, debido a la trayectoria del coronel López Puerto en la Metib y por las circunstancias en las que se presentó su salida del cargo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue relevado el coronel Jeyson Haird López Puerto tras la fuga en Santa Marta?

López Puerto fue llamado a calificar servicios luego de la fuga de 41 detenidos del Centro de Traslado por Protección en Santa Marta, tras un motín ocurrido en la madrugada. El presidente Abelardo De la Espriella relacionó la salida del oficial tanto con el manejo de la emergencia como con el bloqueo en la vía Santa Marta–Barranquilla, argumentando falta de liderazgo y aclarando que en su Gobierno no hay espacio para la “cobardía”, según declaraciones recogidas en el texto.

¿Qué significa ser llamado a calificar servicios en la Policía Nacional de Colombia?

Ser llamado a calificar servicios es un procedimiento interno de la Policía Nacional de Colombia mediante el cual un miembro, generalmente de altos rangos, es retirado de sus funciones. Esta medida suele aplicarse cuando se considera necesaria una renovación en el mando o se presentan cuestionamientos sobre el desempeño del funcionario, como ocurrió con Jeyson Haird López Puerto tras el motín y fuga descritos en el artículo.

(Vea también: Presidente De la Espriella ordena relevo del comandante de Policía en Santa Marta tras fuga de 41 personas en centro de protección)

“No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X este lunes 12 de octubre.

La publicación no se limitó a anunciar un cambio en la comandancia. De la Espriella expuso los motivos por los que tomó la decisión y anticipó quién asumirá el mando de la Policía Metropolitana mientras llega el reemplazo definitivo.

CAMBIOS EN LA POLICÍA DE SANTA MARTA

No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida.

El coronel de la Policía Yeison López será llamado a calificar servicios por su responsabilidad en la fuga de 41 detenidos por hurto, microtráfico y otros delitos del Centro de Traslado por Protección; por no informar oportunamente sobre estos hechos y por no tomar las medidas correspondientes frente al bloqueo de ayer de la vía Santa Marta–Barranquilla, a la altura de Tasajera.

Pido tranquilidad a la comunidad: no se trata de delincuentes de alta peligrosidad. Estamos desplegando todas las capacidades para ubicarlos y recapturarlos.

El coronel Urriago, segundo al mando, asumirá temporalmente la comandancia. Esta semana llegará el coronel Jimmy Belalcázar como nuevo comandante. Santa Marta necesita liderazgo, carácter y criterio.

¡Firme por la Patria!

¡Que viva Cristo Rey!

(A.D.L.E) 🇨🇴 🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 12, 2026

¿Por qué De La Espriella ordenó relevar al comandante de Policía de Santa Marta?

El mandatario señaló tres motivos relacionados con el desempeño del coronel Yeison López. El primero fue su presunta responsabilidad en la fuga de 41 personas que permanecían en el Centro de Traslado por Protección de Santa Marta, detenidas por hechos relacionados con hurto, microtráfico y otros delitos, según el mensaje presidencial.

El segundo cuestionamiento fue la falta de información oportuna sobre lo ocurrido. De acuerdo con De la Espriella, el oficial no reportó los hechos con la rapidez requerida, un aspecto que el presidente incluyó entre las razones para solicitar que sea llamado a calificar servicios.

El tercer punto estuvo relacionado con el bloqueo de la vía Santa Marta-Barranquilla, a la altura de Tasajera, registrado el domingo 11 de octubre. El jefe de Estado cuestionó que, según su versión, el comandante no tomó las medidas correspondientes frente a esa situación.

El mensaje de De La Espriella sobre el coraje y la determinación en la Fuerza Pública

Además de enumerar los motivos de la salida del coronel, De la Espriella acompañó el anuncio con una advertencia sobre lo que espera de los integrantes de la Fuerza Pública.

“En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, escribió el presidente, quien también reclamó coraje y determinación para enfrentar el crimen y los desmanes.

El mandatario pidió tranquilidad a los habitantes de Santa Marta y sostuvo que los 41 fugados no corresponden a delincuentes de alta peligrosidad, según la información que dijo tener el Gobierno. También aseguró que las autoridades están desplegando sus capacidades para ubicarlos y recapturarlos.

La fuga y los problemas de orden público en Tasajera quedaron así en el centro de la decisión anunciada por el presidente, quien vinculó ambos episodios con el desempeño que espera de los mandos policiales.

Quién asumirá el mando de la Policía en Santa Marta

De La Espriella anunció que el coronel Urriago, segundo al mando de la unidad, asumirá temporalmente la comandancia de la Policía Metropolitana de Santa Marta. Además, confirmó que el coronel Jimmy Belalcázar llegará durante la semana para ocupar el cargo de manera permanente.

“Santa Marta necesita liderazgo, carácter y criterio”, concluyó el presidente en su publicación, con la que confirmó el relevo en la jefatura policial de la ciudad.

El respaldo al proceso de paz por parte del Consejo de Seguridad se ha mantenido, teniendo en cuenta que el acuerdo cumple su décimo aniversario y está entrando en el tercio final de su implementación, según lo reportó El Espectador. Sin embargo, la petición del Ejecutivo colombiano de excluir la reforma rural integral del alcance de la Misión de Verificación fue motivo de debate entre los países miembros. Bula señaló en su intervención que Colombia “reconoce sus compromisos multilaterales y respeta con determinación el derecho internacional”, pero añadió que el reconocimiento de los avances alcanzados “no exime” al país de evaluar con rigor y objetividad los resultados del acuerdo, ni de reconocer las fallas estructurales y retos persistentes.

El canciller presentó cifras preocupantes desde la firma del Acuerdo: 132.930 asesinatos, cerca de 100.000 casos de extorsión y más de 2.750 secuestros, afirmando que “la paz ha sido inexistente”. Aun así, sostuvo que la implementación del Acuerdo Final sigue siendo un compromiso del Estado y continuará desarrollándose bajo el marco constitucional y jurídico vigente. Sobre la reforma rural integral, la administración afirmó haber coordinado la decisión con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en cabeza de Indalecio Dandong Baquero, recalcando que el país cuenta con los instrumentos para garantizar políticas de acceso a tierras y desarrollo productivo sin depender del acompañamiento internacional.

Varios países expresaron diferentes posiciones durante el debate. Dinamarca insistió en la importancia de continuar con la reforma rural integral para fortalecer la paz y el desarrollo económico, destacando su relevancia para enfrentar economías ilícitas, mientras que Estados Unidos reconoció los avances recientes y enfatizó en que la implementación completa del Acuerdo de Paz sigue siendo esencial para lograr una paz duradera en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el gobierno de Abelardo de la Espriella pidió excluir la reforma rural integral de la Misión de Verificación de la ONU?

El gobierno de Abelardo de la Espriella argumentó que la reforma rural integral es una política pública estructural y multisectorial que requiere una acción institucional permanente y de largo plazo, la cual trasciende el alcance y la duración de una misión especial de verificación internacional. Por ello, propuso que su implementación sea responsabilidad exclusiva de la institucionalidad colombiana y no del mandato de la Misión de Verificación de la ONU.

¿Qué reacciones tuvieron otros países ante la solicitud del gobierno colombiano sobre la reforma rural integral?

Países como Dinamarca manifestaron que los compromisos sobre la reforma rural integral siguen siendo relevantes para la paz y el desarrollo, sugiriendo mantener el seguimiento internacional. Estados Unidos, por su parte, destacó la importancia de implementar completamente el acuerdo y valoró la titularidad nacional asumida por Colombia sobre la reforma agraria, mostrando disposición a profundizar la cooperación en materia de seguridad.

De acuerdo con la información preliminar, varios hombres armados intimidaron al personal de seguridad de la estación de peaje y, posteriormente, activaron un artefacto explosivo. La detonación afectó las instalaciones y dejó a cinco trabajadores lesionados, quienes quedaron entre las personas afectadas por el ataque.

(Lea también: Angie Rodríguez dice que Verónica Alcocer le pegaba a Petro: “Se escuchaban los golpes”)

La situación de seguridad también generó preocupación por la presencia de un elemento sospechoso sobre la carretera. Según los reportes iniciales, las autoridades encontraron un cilindro a unos 500 metros del peaje. Unidades del Ejército Nacional adelantan las verificaciones correspondientes para determinar las características del objeto y establecer si representa un riesgo para quienes transitan por el sector.

Tras lo ocurrido, el Ministerio de Transporte condenó el atentado y manifestó su solidaridad con los trabajadores heridos, sus familias y las comunidades afectadas por este hecho. La entidad también indicó que las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y adoptar medidas que permitan reforzar la seguridad en este corredor vial.

Por ahora, las condiciones de circulación en el sector estarán sujetas a las evaluaciones de seguridad que realicen las autoridades. La normalización del tránsito dependerá de que existan garantías para los conductores, los pasajeros y el personal encargado de la operación vial.

Asimismo, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció a través de su cuenta en X, donde rechazó el atentado.

“Deploro el atentado terrorista contra el peaje El Bordo, en la vía Panamericana, municipio de La Sierra, departamento del Cauca. La explosión obligó a cerrar el paso mientras las autoridades aseguran la zona. Atacar la infraestructura perjudica a la gente, a los transportadores y a todos aquellos que necesitan movilizarse. Cada agresión de los narcoterroristas tendrá consecuencias. Los perseguiremos y responderán ante la justicia”, afirmó.

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¿Quién está a cargo del peaje El Bordo?

Actualmente, el Instituto Nacional de Vías (Invías) tiene bajo su responsabilidad el peaje El Bordo, mientras que la operación y el recaudo están a cargo de la Unión Temporal Peajes Nacionales.

De acuerdo con las condiciones contractuales previstas, la estación será entregada a ERG Vías Ciudad Blanca, concesionario del proyecto vial El Estanquillo–Popayán, adjudicado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

El pronunciamiento oficial comenzó con un mensaje contundente: “¡BASTA YA DE MISOGINIA! ¡LA DIGNIDAD Y EL LIDERAZGO DE LAS MUJERES EN LA VIDA PÚBLICA SE RESPETAN!”.

La reacción del Gobierno se produjo en medio de una discusión sobre los recursos recaudados para atender a las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Pineda lidera la campaña ‘Colombia, un solo corazón’, destinada a apoyar a las comunidades damnificadas por la tragedia.

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¿Qué dijo ‘Matador’ sobre la primera dama?

La controversia se originó cuando Matador publicó un mensaje dirigido a Ana Lucía Pineda en el que cuestionó el manejo de los recursos relacionados con el denominado ‘Fondo Milagro’.

En esa publicación, el caricaturista utilizó las expresiones “ratica” y “pati raquítica” para referirse a la primera dama, lo que causó rechazo desde distintos sectores políticos.

La discusión se centró tanto en las preguntas sobre el destino de los recursos como en los términos empleados para formularlas. Mientras el cuestionamiento sobre el dinero abrió un debate acerca de la transparencia y la rendición de cuentas, las referencias personales provocaron una respuesta institucional por considerar que podían constituir expresiones de violencia contra las mujeres.

Presidencia calificó los comentarios como expresiones “misóginas”

En su comunicado, el Gobierno cuestionó especialmente el uso de términos que comparan a una mujer con un animal y los ataques dirigidos contra su apariencia física.

“Rechazamos las expresiones atribuidas al caricaturista Julio César González, conocido como Matador, particularmente la utilización del término ‘ratica’ y los señalamientos relacionados con la apariencia física de la primera dama”, señaló la Presidencia.

El documento agregó que este tipo de expresiones no se concentra en las ideas, las decisiones o la gestión de una funcionaria, sino que recurre a estereotipos de causó que pueden afectar su dignidad y desacreditar su liderazgo público.

El pronunciamiento también insistió en que el debate público debe desarrollarse sin recurrir a la humillación ni a ataques que descalifiquen a las mujeres por su apariencia.

¡BASTA YA DE MISOGINIA Y DE ATAQUES CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES!

El Gobierno Nacional y su gabinete ministerial rechazan categóricamente las expresiones denigrantes dirigidas contra la primera dama de la Nación.

La animalización, las burlas sobre la apariencia física y los estereotipos de género no deben normalizarse como parte del debate público.

Defendemos la libertad de expresión y la crítica política, pero también el derecho de todas las mujeres a ejercer su liderazgo sin ser objeto de humillaciones ni discriminación.

La dignidad de las mujeres no depende de ideologías, cargos ni apellidos. Su respeto no se negocia y su defensa no admite dobles discursos.

¡Basta ya de misoginia!

— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 12, 2026

Para respaldar su posición, la Presidencia mencionó dos normas: la Ley 1257 de 2008, que establece disposiciones para prevenir y sancionar distintas formas de violencia y discriminación contra las mujeres, incluida la violencia psicológica, y la Ley 2453 de 2025, relacionada con la prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres en la política.

El Gobierno pidió que las autoridades competentes evalúen los hechos y determinen si las expresiones publicadas podrían tener consecuencias legales. Sin embargo, aclaró que esa valoración debe realizarse con independencia y respeto por las garantías procesales.

“Corresponde a las autoridades competentes determinar, con plena independencia y respeto por el debido proceso, si los hechos configuran alguna conducta sancionable y si procede activar los mecanismos legales correspondientes”, indicó el comunicado.

De esta manera, la Presidencia manifestó su rechazo a los calificativos utilizados, pero dejó en manos de las autoridades la determinación sobre una eventual infracción legal.

José Manuel Restrepo y Álvaro Uribe reaccionaron a la polémica

Las críticas a las expresiones de ‘Matador’ también llegaron desde diferentes sectores políticos. El vicepresidente José Manuel Restrepo manifestó su rechazo a través de X y calificó lo ocurrido con una expresión contundente: “Francamente, produce asco”.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su solidaridad con la primera dama mediante un breve mensaje: “Todo el respeto por la primera dama”.

Las reacciones evidenciaron que la controversia trascendió las diferencias políticas y abrió una discusión sobre los límites del lenguaje en las redes sociales, especialmente cuando se trata de mujeres que ocupan posiciones públicas.

Más allá del rechazo a los calificativos, el origen de la polémica está relacionado con los cuestionamientos sobre los recursos destinados a las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

La primera dama encabeza la campaña ‘Colombia, un solo corazón’, que busca contribuir a la atención de los damnificados. En ese contexto, las preguntas sobre la administración y el destino de las donaciones constituyen un asunto de interés público que requiere información verificable y respuestas transparentes.

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En el cierre de su comunicado, la Presidencia sostuvo que ninguna mujer debería soportar humillaciones para participar en la vida pública, independientemente de su ideología, origen o posición.

“El respeto por las mujeres no se negocia. La misoginia no se justifica y la defensa de su dignidad no admite dobles discursos”, concluyó el Gobierno.

La polémica tuvo su origen luego de que Matador publicara en X (antes Twitter) una fotografía de Ana Lucía Pineda, en la que la llamó “ratita” y “pati raquítica”, cuestionando de forma sarcástica la ayuda otorgada a los afectados por el terremoto del 10 de agosto en Pereira. Estos comentarios, que rápidamente fueron rechazados por diferentes sectores del Gobierno, llevaron a reabrir la discusión sobre los límites de la sátira política, sobre todo cuando esta involucra ataques a figuras públicas bajo pretexto del humor.

En su pronunciamiento, el Gobierno sostuvo que la misoginia no debería camuflarse como humor ni ser utilizada como herramienta de confrontación política. El comunicado señaló específicamente la necesidad de proteger la dignidad de las mujeres, enfatizando que las burlas sobre atributos físicos y su animalización son contrarias a ese propósito. Para sustentar su postura, el Ejecutivo citó la Ley 1257 de 2008, la cual establece medidas de prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, y la Ley 2453 de 2025, enfocada en combatir la violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. A pesar de la firmeza mostrada, el Gobierno aclaró que corresponde a la Fiscalía y a las autoridades competentes determinar si existe mérito legal para una investigación o proceso sancionatorio.

Si bien el Ejecutivo confirmó su defensa de la libertad de prensa, la caricatura y la crítica política, también subrayó la importancia de rechazar expresiones que puedan resultar degradantes, especialmente cuando se trata de dirigentes o figuras femeninas. Así, la controversia pone en el centro del debate la tensión entre la libertad de expresión y el respeto a la dignidad de las mujeres en la esfera pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué leyes respaldan la protección de la dignidad de las mujeres en el ámbito político?

El gobierno citó la Ley 1257 de 2008, orientada a la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, así como la Ley 2453 de 2025, que aborda la violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, como marcos legales relevantes en su solicitud a la Fiscalía General de la Nación. Estas normas buscan garantizar el respeto y la protección de la integridad física y moral de las mujeres, especialmente en contextos de exposición pública.

¿Cuáles son los límites de la sátira política según el pronunciamiento del Gobierno?

De acuerdo con el comunicado citado, el Gobierno reconoce la importancia de la libertad de prensa y la crítica política, pero advierte que esos derechos tienen un límite cuando las expresiones se consideran degradantes o misóginas. En ese contexto, se insiste en que la sátira política no puede justificar el menoscabo de la dignidad, ni mucho menos amparar discursos de odio disfrazados de humor.

El ataque, que se produjo hacia las 23:30 de la noche, conmocionó a la comunidad local. De acuerdo con el reporte oficial, la Estación de Policía Aguachica fue la encargada de reportar el ingreso de la víctima al Hospital Local Barahoja, centro médico al que fue trasladado de inmediato tras el atentado. Sin embargo, el personal de salud confirmó en ese momento que Solano Castro ya no presentaba signos vitales, señalando la gravedad de las heridas recibidas como la causa del deceso.

El posterior examen médico legal reveló que el joven recibió dos heridas producidas por disparos de arma de fuego: uno de los impactos se localizó en el hemitórax izquierdo, mientras que el otro fue en la región costal izquierda. Ambos presentaron orificio de entrada y salida, lo que sugiere que los proyectiles atravesaron el cuerpo de Solano Castro, agravando todavía más la posibilidad de que pudiera sobrevivir al ataque.

Tras el homicidio, las autoridades judiciales tomaron control de la investigación, iniciando las labores necesarias para esclarecer tanto los hechos como el motivo detrás del crimen. Al mismo tiempo, buscan identificar y ubicar a los responsables. Por ahora, no se ha informado de capturas ni de avances en la identificación de los hombres que perpetraron el asesinato, mientras la comunidad permanece a la expectativa de respuestas oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el homicidio de Diego Solano Castro en Aguachica?

Según reportes oficiales, Diego Solano Castro fue asesinado dentro de su vivienda luego de que dos individuos llegaran en motocicleta y le dispararan en múltiples ocasiones sin mediar palabra. Los hechos se registraron aproximadamente a las 23:30, momento en el que la Policía reportó el ingreso del joven ya sin vida al Hospital Local Barahoja. Las autoridades investigan los móviles y continúan con la búsqueda de los responsables.

¿Qué significa hemitórax y región costal en los reportes médicos legales?

En el contexto del reporte médico legal, el término "hemitórax" hace referencia a la mitad izquierda del tórax o pecho, mientras que "región costal" indica el área donde se encuentran las costillas. En este caso, el joven recibió impactos de bala en ambas zonas, lo que contribuyó a la gravedad de sus heridas y al desenlace fatal.

Los demandantes, según consta en el proceso judicial citado por el Consejo de Estado, centraron sus señalamientos en los procedimientos ejecutados por los policías durante la atención de la emergencia. Su principal argumento fue que no se restringió de manera efectiva el acceso al camión cisterna tras el accidente, lo que, bajo su criterio, permitió la acumulación de personas y derivó en la tragedia. A pesar de estos cuestionamientos, la corporación judicial concluyó —tras valorar las pruebas allegadas— que no existían fundamentos para atribuir responsabilidad económica a la institución policial.

De acuerdo con la sentencia, los policías que primero llegaron a la escena advirtieron reiteradamente a los ciudadanos sobre los graves riesgos que implicaba permanecer cerca del carrotanque accidentado. Además, solicitaron apoyo adicional e hicieron varios intentos por manejar la compleja situación, aunque las peticiones de los agentes no fueron atendidas de manera generalizada. El fallo del Consejo de Estado subrayó que parte considerable de las personas presentes desoyó las advertencias emitidas y siguió expuesta al peligro.

El origen del desastre se remonta al momento en que el conductor del camión, al esquivar un animal en plena carretera, perdió el control y volcó el vehículo. Este hombre resultó con heridas leves e hizo advertencias sobre la posibilidad de una tragedia mayor. Luego del accidente, decenas de habitantes del lugar se aproximaron, llevando consigo baldes, ollas y recipientes plásticos —conocidos como pimpinas— para recoger gasolina que se vertía del camión. Mientras algunos de ellos intentaban extraer otras partes del automotor, como la batería, ocurrió la explosión, que afectó especialmente a quienes estaban más cerca. Sobre el origen exacto de la detonación, el Consejo de Estado precisó que existen varias versiones y reconstrucciones sobre lo sucedido.

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¿Por qué el Consejo de Estado negó la indemnización a familiares de víctimas de Tasajera?

El Consejo de Estado negó las pretensiones de reparación económica porque, según su análisis, las pruebas no demostraron responsabilidad institucional por parte de la policía en los hechos. La corporación concluyó que los agentes en el lugar advirtieron a la comunidad, pidieron refuerzos e intentaron contener la emergencia, pero muchos de los presentes hicieron caso omiso a las advertencias y quedaron expuestos al riesgo, lo que impidió atribuir directamente una falla al procedimiento policial.

¿Cómo ocurrió la explosión del camión cisterna en la tragedia de Tasajera?

La explosión sucedió después de que el camión cisterna, que transportaba gasolina, se volcara en la vía; decenas de personas se acercaron para recolectar combustible y extraer partes del vehículo, incluyendo la batería. En medio de esa aglomeración, se produjo una detonación cuyas causas exactas aún son motivo de distintas reconstrucciones, pero se sabe que afectó gravemente a quienes estaban alrededor del carro accidentado.

El incremento de 298 casos de lesiones en un solo año refleja la gravedad de la problemática social que sufren los adultos mayores en Colombia. Sin embargo, en contraste con ese aumento, las cifras de homicidios de personas de la tercera edad presentaron una leve disminución en el mismo lapso. Según informó la misma entidad, entre enero y julio de 2025 se registraron 409 homicidios de adultos mayores, cifra que descendió a 397 en el mismo periodo de 2026.

Adicionalmente, los presuntos delitos sexuales contra personas mayores de 60 años evidencian otro aspecto crítico. De acuerdo con los registros anuales de Medicina Legal, en 2024 se contabilizaron 138 casos y en 2025 la cifra solo aumentó en uno, llegando a 139. Ariel Cortés precisó que el 80 % de las víctimas de estos delitos son mujeres, mientras el 20 % corresponde a hombres, lo que pone de manifiesto una especial vulnerabilidad en la población femenina adulta mayor.

En el caso específico de Blanca Pardo, aún hay aspectos sin esclarecer. Medicina Legal remitió ya un informe preliminar a la Fiscalía General de la Nación, y el dictamen definitivo sigue pendiente de los análisis de laboratorio. Según afirmó Cortés en entrevista con Mañanas Blu, dificultades operativas en los laboratorios de la Regional Suroccidente en Cali obligaron a trasladar muestras a otra ciudad, lo que retrasó los resultados. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si hubo violencia sexual en la muerte de Blanca Pardo, ya que las cifras nacionales no permiten concluir sobre casos individuales.

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¿Qué ha dicho Medicina Legal sobre la violencia contra adultos mayores en Colombia?

Medicina Legal, a través de su director Ariel Cortés, ha alertado sobre el aumento de casos de lesiones en adultos mayores en Colombia, reportando 3.172 situaciones entre enero y julio de 2026 frente a las 2.874 del año anterior. Además, indicó que aunque los homicidios en esta población decrecieron ligeramente, el país enfrenta una problemática persistente de violencia, particularmente contra las mujeres de la tercera edad, quienes representan el mayor porcentaje de víctimas en delitos sexuales.

¿Qué avances hay en la investigación de la muerte de Blanca Pardo en Nariño?

La muerte de Blanca Pardo continúa bajo investigación. Medicina Legal ya envió un dictamen preliminar a la Fiscalía General de la Nación, pero se espera que el informe definitivo se entregue próximamente, una vez se terminen los análisis de laboratorio retrasados por problemas operativos en la regional de Cali. Hasta ahora, la entidad no ha confirmado si hubo violencia sexual en este caso específico.

De acuerdo con la información oficial divulgada por el jefe de Estado, el motivo principal de esta decisión fue la supuesta responsabilidad del comandante en la fuga de 41 personas privadas de la libertad, quienes permanecían en el Centro de Traslado por Protección. Según se detalló, los fugados estaban siendo procesados por delitos como hurto y microtráfico, así como otras conductas delictivas. Sin embargo, el presidente aclaró que no se trata de delincuentes de alta peligrosidad, a la vez que aseguró que las autoridades están utilizando todas sus capacidades para ubicarlos y recapturarlos lo más pronto posible.

Asimismo, de la Espriella cuestionó que el coronel López Puerto no habría informado oportunamente a las instancias correspondientes sobre la fuga de los detenidos. Además, le atribuyó no haber adoptado medidas eficaces ante el bloqueo que se registró en la vía Santa Marta–Barranquilla, específicamente a la altura de Tasajera, durante el fin de semana anterior. Estos hechos llevaron a que el mandatario manifestara que no tolerará en la Fuerza Pública "a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde", subrayando la necesidad de liderazgo y firmeza en los mandos policiales.

Como respuesta provisional a la situación, se designó al coronel Urriago, quien era el segundo al mando, como comandante encargado de la Policía Metropolitana de Santa Marta. Se informó igualmente que esta semana llegará el coronel Jimmy Belalcázar para asumir formalmente el liderazgo de esa dependencia policiva. El presidente concluyó su mensaje haciendo un llamado a la tranquilidad y reiterando la importancia de mantener el control y el carácter en la gestión de la seguridad en la ciudad. Esta información fue divulgada a través de la cuenta oficial del mandatario en la red social X.

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¿Por qué fue destituido el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta?

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jeyson Haird López Puerto, fue llamado a calificar servicios tras ser señalado como presunto responsable de la fuga de 41 detenidos del Centro de Traslado por Protección, así como por la falta de reporte oportuno sobre este hecho y por no tomar medidas ante el reciente bloqueo en la vía Santa Marta–Barranquilla, tal como lo informó el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X.

¿Quién asumirá el mando de la Policía Metropolitana de Santa Marta después de la salida del coronel Jeyson López?

Tras el retiro del coronel Jeyson Haird López Puerto, el segundo al mando, coronel Urriago, asumirá la comandancia de la Policía Metropolitana de Santa Marta de manera temporal, mientras que el coronel Jimmy Belalcázar será el nuevo comandante una vez se oficialice su llegada durante la semana, según informó la Presidencia.

El festival, que se realiza en el emblemático parque Simón Bolívar, ofreció una programación ecléctica en la que confluyeron propuestas de rock latinoamericano, ska, reggae y alternativas. Entre los nombres destacados figuraron Mon Laferte, Esteman y la agrupación Claudio Narea & Los Prisioneros, pasando también por la presencia de Serú Girán por Lebón y Aznar, así como bandas de reconocimiento internacional como Iseo & Dodosound y Tokyo Ska Paradise Orchestra. La lista de invitados se enriqueció con agrupaciones como Desorden Público, Gondwana & Quique Neira y Green Valley, evidenciando la intención de reunir diversidad de estilos y generaciones.

El cartel del segundo día no solo se enfocó en los grandes exponentes; también incluyó propuestas frescas y figuras emergentes. Participaron artistas y bandas como Niño Lobo, Alto Grado, La Brigada RPF, El Punto Ska, Skampida y Brina Quoya, junto a otros nombres nacionales e internacionales que nutrieron la jornada con múltiples matices sonoros. Esta mezcla de talentos permitió que los asistentes vivieran un recorrido musical que cruza fronteras y conecta con distintas sensibilidades artísticas.

Según la programación compartida desde la cuenta oficial de Rock al Parque en X (antes Twitter), la diversidad y la inclusión fueron los pilares en esta edición. El ambiente en el parque Simón Bolívar reflejó esa riqueza, al reunir públicos de distintas edades y contextos en torno a la música en vivo. El festival no solo es un espacio para disfrutar de conciertos, sino también para reencontrarse con referentes musicales y descubrir nuevas propuestas, manteniendo su esencia como escenario cultural abierto y plural.

La expectativa sigue alta, ya que la siguiente jornada —programada para el lunes 12 de octubre— anuncia la participación de agrupaciones como Ministry, Rata Blanca, Editors, Los Bunkers, Los Elefantes, Ghetto Kumbé y La Severa Matacera, con presentaciones desde las 14:00 hasta las 22:00 en cuatro escenarios dispuestos en el parque.

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¿Cuántas personas asistieron al segundo día de Rock al Parque 2026?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, el segundo día de Rock al Parque 2026 registró la asistencia de 274.500 personas en el parque Simón Bolívar. Esta cifra se destacó como una de las más relevantes del festival, mostrando el masivo interés y la importancia de este evento cultural en la ciudad.

¿Qué artistas y bandas participaron en el segundo día de Rock al Parque 2026?

En este día se presentaron artistas como Mon Laferte, Esteman, Claudio Narea & Los Prisioneros, Serú Girán por Lebón y Aznar, Iseo & Dodosound, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Desorden Público, Gondwana & Quique Neira, Green Valley, Niño Lobo, Alto Grado, La Brigada RPF y más, conformando un cartel variado de propuestas tanto nacionales como internacionales.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, el hombre habría aprovechado la vulnerabilidad de la adulta mayor para someterla por la fuerza y agredirla en una zona boscosa.

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El caso ha despertado preocupación no solo por la gravedad de los hechos denunciados, sino también por el comportamiento del señalado durante la diligencia judicial.

Según la descripción presentada por el ente acusador, el ataque habría ocurrido antes del amanecer, cuando la mujer se encontraba en un camino rural. La Fiscalía sostuvo que el procesado habría utilizado la fuerza para someter a la víctima y llevarla hasta una zona boscosa, donde presuntamente cometió la agresión en contra de su voluntad.

En la imputación, el ente acusador describió las circunstancias en las que, al parecer, se produjo el ataque y destacó que el señalado conocía la edad de la mujer y su condición de vulnerabilidad.

Por estos hechos, García fue señalado del delito de acceso carnal violento, una conducta de especial gravedad por las circunstancias que rodearían la agresión.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la diligencia fue el comportamiento de alias ‘Picapiedra’. Según la información suministrada, el hombre pasó por diferentes estados mientras se desarrollaba la audiencia: en algunos momentos se le observó riendo, en otros llorando y también durmiendo en su asiento.

Su actitud habría sorprendido incluso a la jueza que presidía la diligencia, en medio de la discusión judicial sobre los hechos por los que era investigado. Sin embargo, cuando llegó el momento de pronunciarse sobre su responsabilidad, García aceptó los cargos que le fueron imputados.

Esta aceptación representa un paso relevante dentro del proceso penal, aunque las consecuencias jurídicas y la eventual sanción deberán definirse conforme al trámite judicial correspondiente.

 

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El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia contra las personas mayores en Colombia, especialmente contra las mujeres, quienes continúan siendo las principales víctimas de este tipo de delitos.

De acuerdo con cifras atribuidas al director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés Martínez, la toma de exámenes a adultos mayores por presunto abuso aumentó un 31,43 %.

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El funcionario también señaló que las mujeres representan cerca del 80 % de los casos relacionados con delitos de abuso, según las cifras mencionadas en su declaración. Además, advirtió sobre el incremento de las lesiones no fatales en esta población.

Estas cifras evidencian la importancia de fortalecer las medidas de prevención, atención y protección para las personas mayores, así como las rutas de denuncia y acompañamiento a las víctimas.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la nota, el pánico se desató cuando gritos y lágrimas surgieron al observar que el fuego comenzaba en la parte inferior del bus. El grupo provenía del municipio de Villanueva, Bolívar, y tenía como destino la localidad de El Carmen de Bolívar, donde los esperaba una presentación. El episodio interrumpió el viaje de los jóvenes músicos, cuyas familias estaban presentes durante la emergencia.

El conductor del bus, Edwin Vásquez Martínez, reaccionó deteniendo la marcha tan pronto notó el peligro. Su rápida intervención permitió que los ocupantes descendieran con prontitud, salvaguardando la integridad de los niños y adultos del conjunto musical. Sin embargo, a pesar de los intentos del conductor de controlar el incendio utilizando los dos extintores que tenía a bordo, la situación se salió de sus manos. Vásquez Martínez relató que una manguera de aceite se habría roto, lo que, desde su punto de vista, pudo estar vinculado con el inicio de las llamas.

Por su parte, la Policía de Tránsito y Transporte ofreció una versión distinta, indicando que la emergencia posiblemente se originó a causa de una falla eléctrica. A pesar de las dudas que surgieron sobre el motivo del incendio, lo cierto es que el bus quedó completamente destruido. No obstante, y a pesar de lo grave del incidente y el miedo que invadió a los presentes en plena carretera, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, proporcionando un alivio final para quienes estaban involucrados.

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¿Por qué se incendió el bus de la banda marcial Fénix en San Cayetano, Bolívar?

Existen dos versiones sobre el origen del incendio que destruyó el bus: según el conductor Edwin Vásquez Martínez, una manguera de aceite rota pudo haber iniciado el fuego. No obstante, la Policía de Tránsito y Transporte indicó que la emergencia probablemente fue causada por una falla eléctrica. Ambas explicaciones surgen de las declaraciones recogidas en el lugar.

¿Qué hicieron los ocupantes del bus para salvarse del incendio en la Troncal de Occidente?

Los pasajeros, entre ellos niños y adultos acompañantes de la banda marcial, descendieron rápidamente gracias a la oportuna reacción del conductor, quien detuvo la marcha y facilitó la evacuación antes de que el vehículo fuera consumido por las llamas. Ninguno de los presentes resultó herido, según informaron las autoridades.

En entrevista con la revista Semana, Rodríguez aseguró que también habría sido víctima de agresiones físicas y verbales por parte de Alcocer. Además, relató un episodio que, según su versión, habría presenciado indirectamente durante su paso por el Gobierno y en el que el entonces mandatario habría sido agredido por su exesposa.

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Angie Rodríguez relató presuntas agresiones contra Petro

De acuerdo con el testimonio entregado por Rodríguez, los hechos ocurrieron en febrero de 2025, poco después de que asumiera la dirección del Dapre. Según contó, Alcocer ingresó a la oficina del entonces presidente y, desde su puesto de trabajo, comenzó a escuchar una fuerte discusión.

La exfuncionaria aseguró que los gritos y los insultos provenían del despacho presidencial y que, por la cercanía de su oficina, pudo escuchar lo que sucedía.

“Se empezó a escuchar gritos, insultos. O sea, ella le estaba pegando al presidente”, afirmó Rodríguez en la entrevista.

La exdirectora del Dapre sostuvo que, además de los insultos, habría escuchado sonidos que interpretó como golpes. En su relato, reprodujo algunas de las expresiones que, según ella, Alcocer habría utilizado durante el altercado.

“Le estaba pegando, lo insultaba y le decía groserías. ‘Hiju…, hij.., vale mi3rd…’. Esa jerga costeña, dice muchas palabras costeñas. Lo insultaba con groserías. Se escuchaban los golpes, ‘pum, pum, pum’”, relató al medio de comunicación.

Estas declaraciones corresponden a la versión de Rodríguez sobre lo ocurrido y no constituyen, por sí mismas, una verificación independiente de los hechos.

Según la exfuncionaria, ante lo que estaba escuchando decidió comunicarse con el personal de seguridad para pedir que ingresaran a la oficina del mandatario e intervinieran. Rodríguez explicó que llevaba poco tiempo en el cargo y que no había recibido un proceso de empalme, por lo que actuó, según dijo, por instinto al considerar que la situación podía representar un riesgo para Petro.

“Yo les decía, ‘entremos’. Y me dicen, ‘no, doctora Angie, es que nosotros no podemos entrar a eso’. Y yo les dije, ‘pero están golpeando al presidente y está la primera dama golpeándole’. Entonces me dicen, ‘no podemos entrar’”, contó.

La exdirectora aseguró que insistió ante los encargados de seguridad y les advirtió sobre las posibles consecuencias de no intervenir.

“Si lo llegan a matar acá en nuestra cara, nadie hace nada”, recordó que les dijo.

De acuerdo con su testimonio, el personal de seguridad le reiteró que no podía ingresar a ese tipo de discusiones. Rodríguez afirmó que la respuesta que recibió le hizo pensar que este tipo de situaciones se trataban como algo habitual.

Gloria Inés Ramírez habría presenciado las consecuencias del episodio

En la entrevista, Rodríguez también mencionó a Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo, quien, según su relato, se encontraba esperando una reunión con el entonces presidente cuando ocurrió el episodio.

La exdirectora del Dapre aseguró que Ramírez reaccionó con tristeza al conocer lo que sucedía y recordó una frase que, según ella, pronunció en ese momento.

“Ella se puso a llorar y dijo, ‘ay, mi presidente no se merece eso’. Y llore, y llore, y llore”, relató Rodríguez.

La mención de la exministra forma parte del testimonio entregado por Rodríguez a Semana. La información disponible no permite establecer de manera independiente qué pudo escuchar o presenciar Ramírez durante esos hechos.

Angie Rodríguez habló de un supuesto pacto entre Petro y Alcocer

Más allá del presunto episodio de violencia, Rodríguez planteó otra afirmación sobre la relación entre el expresidente y su exesposa. Según la exfuncionaria, pese a los conflictos que habrían existido entre ambos, también operaba un supuesto “pacto criminal” del que, aseguró, los dos obtenían beneficios relacionados con las gestiones de Alcocer.

Esta declaración introduce un nuevo elemento en las controversias que han surgido alrededor de la relación entre Petro y Alcocer. Sin embargo, la expresión utilizada por Rodríguez corresponde a su propia caracterización de esa relación y no debe interpretarse como la existencia de un delito judicialmente probado.

Las afirmaciones sobre presuntas agresiones y sobre ese supuesto pacto requieren ser contrastadas con otras fuentes y con las versiones de las personas mencionadas.

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Las declaraciones se suman a las revelaciones de Eva Ferrer

El testimonio de Rodríguez se conoce después de las declaraciones de Eva Ferrer, antigua amiga de Alcocer, quien ha hecho señalamientos sobre la ex primera dama y su entorno.

Al respaldar parte de esas revelaciones, la exdirectora del Dapre sumó su propia versión a la controversia y aseguró que habría vivido situaciones de agresión, además de haber escuchado el presunto altercado entre Alcocer y Petro.

Por ahora, las afirmaciones recogidas en la entrevista deben entenderse como declaraciones atribuidas a Rodríguez. Para establecer plenamente lo ocurrido, resulta necesario contar con corroboración independiente y conocer las respuestas de las personas señaladas.

Según señala la información consignada en el reporte, los delincuentes interceptaron primero al adulto, despojándolo de una cadena de oro avaluada en dos millones de pesos. Luego, centraron su atención en el menor, exigiéndole que entregara una pulsera. Ante la amenaza, el niño habría reaccionado lanzando un casco de motocicleta a los asaltantes, lo que provocó que uno de ellos accionara un arma traumática. Este tipo de armas, aunque no letales, pueden causar lesiones considerables al emplear proyectiles de goma u otros materiales.

Tras el disparo, los asaltantes escaparon del lugar llevándose las joyas, dirigiéndose hacia el sector de La Salle. El menor fue socorrido rápidamente y trasladado en primera instancia a la Clínica de la Policía, donde fue atendido por una herida en la parte anterior del tórax. Los reportes médicos iniciales indicaron que la herida no comprometía de manera grave su vida, pero, como medida preventiva y para una revisión más especializada, fue remitido en ambulancia a la Clínica Chicamocha.

En respuesta al incidente, la Policía puso en marcha un plan de cierre vial y búsqueda para localizar a los responsables. En el sitio de los hechos, los uniformados hallaron una vainilla (casquillo de proyectil) y un perdigón de goma negro. Estos elementos quedarán bajo análisis dentro de la investigación criminal.

El caso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad que enfrentan los ciudadanos, incluso menores de edad, ante actos delictivos cometidos con armas traumáticas en espacios públicos de Bucaramanga. La diligencia de las autoridades y los hallazgos forenses serán claves para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los agresores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un arma traumática y qué riesgos implica su uso?

Un arma traumática es un dispositivo diseñado para incapacitar o causar temor, comúnmente usando proyectiles de goma u otros materiales no letales. Aunque estas armas no buscan matar, pueden provocar lesiones serias dependiendo de la zona impactada y la distancia de disparo, como quedó evidenciado en el caso del menor herido en Bucaramanga.

¿Cómo fue la reacción de las autoridades frente al ataque con arma traumática en Bucaramanga?

De acuerdo con los reportes, la Policía implementó de inmediato un plan de cierre de vías y búsqueda para dar con los responsables del atraco. Además, recolectó evidencia en el lugar, incluyendo una vainilla y un perdigón de goma negro, los cuales serán fundamentales para la investigación y posible identificación de los agresores.

Las imágenes y videos difundidos en redes sociales dan cuenta de la magnitud del daño: la estructura del peaje reducida a escombros, con restos de metal y fragmentos esparcidos sobre la vía. Una de estas grabaciones muestra el dramático momento en que una de las personas heridas es auxiliada, gravemente afectada por la explosión. Debido a la gravedad de la situación, las autoridades dispusieron a unidades del Ejército y la Policía, que permanecen desplegadas monitoreando la zona tanto por tierra como por aire.

De acuerdo con reportes de El Espectador, la situación de orden público en el departamento ha empeorado, registrando ataques con drones, hostigamientos, bajas militares y combates recientes entre las fuerzas armadas y grupos ilegales como las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este nuevo ataque se suma a una escalada de violencia que mantiene en vilo a los habitantes de la región.

Frente a los hechos, el presidente Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta en X, condenó el atentado y anunció que la vía permanecerá cerrada hasta que existan garantías de seguridad, remarcando el impacto negativo que estos atentados tienen sobre las comunidades y el compromiso estatal para perseguir a los responsables. El comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez Aparicio, también rechazó el hecho y subrayó la importancia de proteger a los civiles afectados por estos actos, reiterando que las fuerzas armadas están desplegadas en el departamento para enfrentar a los responsables y mejorar la seguridad regional.

Los enfrentamientos recientes, incluyendo el registrado la noche anterior entre el Ejército y la estructura Jaime Martínez de las disidencias, demuestran la persistencia de un conflicto que vulnera la estabilidad y la seguridad de los habitantes del Cauca y el suroccidente del país, agravándose durante los últimos días festivos con el saldo de víctimas, el uso de explosivos y la presencia de laboratorios vinculados al narcotráfico.

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¿Quiénes son las disidencias de alias “Iván Mordisco” responsables del ataque en Cauca?

Las autoridades han señalado a la estructura Carlos Patiño, facción de las disidencias comandadas por alias “Iván Mordisco”, como presuntos responsables del ataque ocurrido en Patía, Cauca. Según la información de El Espectador, este grupo ha realizado repetidos actos violentos en la región, empleando explosivos y hostigamientos, especialmente en corredores viales estratégicos como la vía Panamericana.

¿Por qué la vía Panamericana en Cauca es un objetivo para ataques como el del carro bomba?

De acuerdo con la información oficial revelada por El Espectador, la vía Panamericana se considera un escenario crucial para las acciones de los grupos ilegales, ya que es un corredor estratégico para el tránsito entre Pasto y Popayán. La infraestructura vial es atacada debido a su importancia para la economía y la movilidad, afectando directamente a la población civil y dificultando las labores de seguridad y control en la zona.

El presidente fue enfático en su exigencia frente al comportamiento de la Fuerza Pública. “No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, manifestó De la Espriella, subrayando su enfoque en mantener posturas firmes y proactivas en materia de seguridad. Además, realizó un llamado a la tranquilidad de los habitantes de Santa Marta y resaltó que quienes escaparon no serían considerados altamente peligrosos. Las autoridades, según su declaración, están desplegando los recursos y capacidades necesarios para localizar y recapturar a estas personas.

En cuanto al relevo en la comandancia, el comunicado indica que el coronel Olmer Urriago será el encargado temporalmente de la Policía de Santa Marta, hasta que el coronel Jimmy Belalcázar asuma oficialmente el cargo durante la semana.

Sobre el coronel Jeyson Harid López, datos entregados por la Policía Nacional y Noticias Caracol detallan que cuenta con una trayectoria de más de 26 años dentro de la institución. López es administrador policial y especialista en gestión ambiental. Su carrera comenzó en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander el 18 de enero de 1999. Aunque nació en Bogotá, López se crio y ha vivido principalmente en Cali, Valle del Cauca, ciudad que considera su hogar. Ha desempeñado diferentes funciones en diversos departamentos del país, incluyendo Huila y las jurisdicciones metropolitanas de Cali, Bogotá, Soacha, Popayán e Ibagué. Además, ha hecho parte de varias direcciones de especialidad dentro de la Policía, como la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (DICAR), la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN), la Dirección de Seguridad Ciudadana (DISEC) y la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO). Durante su carrera, ha sido reconocido con 144 felicitaciones y 41 condecoraciones.

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¿Por qué fue relevado el coronel Jeyson Harid López de la Policía de Santa Marta?

De acuerdo con el pronunciamiento del presidente Abelardo De la Espriella y la información difundida por Noticias Caracol, el retiro del coronel Jeyson Harid López se produjo después de la fuga de 41 personas del Centro de Traslado por Protección. La decisión también estuvo motivada por la carencia de información oportuna sobre el incidente y por la respuesta frente al bloqueo de la vía Santa Marta-Barranquilla.

¿Qué significa ser llamado a calificar servicios en la Policía Nacional?

Ser llamado a calificar servicios es un procedimiento dentro de la Policía Nacional mediante el cual un funcionario debe presentar su hoja de vida para la evaluación de su desempeño y permanencia en la institución. Esta medida suele adoptarse después de una investigación o ante hechos que requieren revisar el actuar del oficial, como ocurrió en el caso del coronel Jeyson Harid López según lo informado por Noticias Caracol.

El ataque se registró en el occidente del departamento, en el kilómetro 6 de la vía que comunica a La Plata con Neiva, cerca del cruce hacia el corregimiento de San Andrés. Según la información preliminar, los responsables se movilizaban en motocicletas y detuvieron el bus de la empresa Coomotor para sacar a las personas que viajaban en su interior.

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Una vez los pasajeros y el conductor estuvieron fuera del vehículo, los hombres armados le prendieron fuego. Por el momento, la información conocida no precisa si hubo personas lesionadas durante el hecho ni establece quiénes estarían detrás de la incineración.

Según informó Caracol Radio, el mayor Héctor Silva, comandante del Distrito 6 de Policía de La Plata, confirmó que los ocupantes del bus fueron obligados a descender antes de que el automotor fuera incinerado.

#EnDesarrollo Un bus de la empresa Coomotor que cubría la ruta La Plata (Huila) –Bogotá fue incinerado por hombres armados en el sector Los Tronquitos, vereda Lucitania, zona rural del municipio de La Plata. Los responsables obligaron a bajar a los pasajeros y al conductor antes de prenderle fuego. Es el segundo caso en menos de 15 días. #Vocesysonidos

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 12, 2026

Tras conocer lo ocurrido, la Policía coordinó acciones con el Ejército Nacional, el Cuerpo de Bomberos de La Plata y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para atender la situación y adelantar los actos urgentes que permitan esclarecer el caso.

Las autoridades también desplegaron capacidades para identificar y ubicar a los responsables del ataque. Como parte de las labores investigativas, hicieron un llamado a la ciudadanía para que entregue información que contribuya a establecer las circunstancias de lo ocurrido.

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La institución indicó que quienes tengan datos relevantes pueden colaborar con las autoridades bajo garantía de absoluta reserva. Hasta ahora, no se ha informado oficialmente quiénes serían los responsables ni cuáles fueron los motivos para interceptar e incinerar el vehículo de servicio público.

El caso genera preocupación por las condiciones de seguridad en las carreteras del Huila, especialmente porque, según los reportes, sería el segundo bus incinerado en menos de 15 días. Hasta el momento, ni la alcaldía de La Plata, ni la Gobernación del Huila se ha pronunciado públicamente sobre los hechos.

Tan pronto ocurrió el accidente, unidades de la Policía Nacional y personal de criminalística acudieron al lugar para adelantar las respectivas diligencias judiciales. La gravedad del siniestro fue tal que Nicolás Mendoza falleció en el sitio de los hechos, generando conmoción en la comunidad. Como lo detalló El Nuevo Día, la muerte de este joven alimenta el dolor en Guamo, pues no había pasado una semana desde el fallecimiento de Luisa Valentina Salazar, otra joven víctima de un accidente de tránsito en el municipio.

En apenas ocho días, dos jóvenes han perdido la vida en el mismo municipio, situación que ha dejado a sus familias y vecinos en estado de luto y consternación. Los hechos han reavivado el debate local sobre la seguridad vial y la necesidad de fortalecer el respeto por las normas de tránsito, especialmente entre quienes se movilizan en motocicleta. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información adicional sobre las circunstancias exactas que provocaron el accidente de Nicolás Mendoza, por lo que la comunidad sigue a la espera de resultados de las investigaciones oficiales.

Incidentes recientes como estos en Guamo, así como otros reportados en la región —como el caso del bus que volcó tras la caída de rocas en una vía del Tolima y el accidente en Ibagué que dejó tres personas heridas, según información de El Nuevo Día— evidencian una problemática creciente en torno a la seguridad vial en distintos puntos del departamento. La situación urge a que todos quienes transitan por las vías mantengan el máximo cuidado y acaten las disposiciones, pues la vida puede cambiar en cuestión de segundos por un descuido.

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¿Cuáles son las circunstancias conocidas del accidente de Nicolás Mendoza en Guamo, Tolima?

De acuerdo con las primeras versiones recopiladas por El Nuevo Día, Nicolás Mendoza, de 22 años, habría perdido el control de la motocicleta en que se movilizaba en la variante que conecta Guamo con Ortega, lo que ocasionó el accidente. La información confirma que el joven falleció en el lugar y que personal de la Policía Nacional y criminalística realizaron las diligencias judiciales correspondientes.

¿Por qué la seguridad vial es un tema preocupante en Guamo, Tolima?

La preocupación por la seguridad vial en Guamo ha aumentado debido a la reciente muerte de dos jóvenes en accidentes de tránsito en tan solo ocho días, según El Nuevo Día. Estos hechos han llamado la atención sobre la importancia de conducir con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y extremar las precauciones al movilizarse, especialmente en motocicleta.

El segundo punto del Acuerdo de Paz, según lo estipulado en el documento original y citado en el texto, propuso como consigna central "una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política". Su objetivo era robustecer el pluralismo democrático y asegurar la inclusión de voces anteriormente marginadas del panorama político colombiano.

Sin embargo, el balance una década después presenta claros desafíos en materia de cumplimiento. Un informe del instituto Kroc, fechado en mayo y citado en este análisis, reveló que, a noviembre de 2025, solo el 14% de las disposiciones del punto 2 se había completado. Además, el reporte detalló que un 27% permanecía en estado intermedio, el 37% solo en estado mínimo y el 22% ni siquiera había iniciado implementación. Estas cifras muestran que, pese a los avances y a la representación lograda por Comunes en el Congreso, gran parte de los compromisos para la ampliación democrática permanecen como tareas pendientes o poco desarrolladas.

Esta situación revela que, aunque la inclusión política concebida en el Acuerdo de Paz generó mecanismos como la creación de un nuevo partido y curules aseguradas, el avance real hacia un pluralismo robusto y una participación genuina aún enfrenta obstáculos. La decisión del CNE no solo marca el fin de una etapa para Comunes, sino que subraya los retos que persisten en la consolidación de los acuerdos alcanzados en La Habana.

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¿Qué dificultades ha enfrentado la implementación del segundo punto del Acuerdo de Paz?

De acuerdo con el informe del instituto Kroc citado en el texto, la implementación del segundo punto del Acuerdo de Paz ha enfrentado avances lentos y parciales. Solo el 14% de sus disposiciones se considera completado, mientras que la mayoría de las acciones acordadas permanecen en estados intermedios, mínimos o ni siquiera han iniciado. Esto indica que los retos principales han sido el desarrollo efectivo de reformas para la inclusión política y la consolidación de nuevos actores en el escenario político nacional.

¿Qué consecuencias tiene la pérdida de personería jurídica del partido Comunes?

La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral de quitarle la personería jurídica a Comunes significa que este partido, surgido de los acuerdos de 2016, ya no mantiene reconocimiento legal como organización política. Durante ocho años, Comunes tuvo participación asegurada en el Congreso como parte central de la ampliación democrática pactada en La Habana, pero al no lograr los votos necesarios en las elecciones, pierde estos beneficios y se convierte en un ejemplo de los retos aún pendientes en el fortalecimiento del pluralismo político en Colombia.

Testimonios y videos difundidos en redes sociales evidenciaron la magnitud del ataque, mostrando los daños graves al lugar y a ciudadanos asistiendo a una mujer lesionada, que hacía parte de los afectados. La emergencia requirió la rápida intervención de unidades de la Fuerza Pública y organismos de socorro, con el fin de asegurar el espacio y analizar las condiciones de seguridad para impedir nuevos riesgos para los presentes.

Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque podría estar relacionado con integrantes de la estructura Carlos Patiño, grupo perteneciente a las disidencias de las Farc, aunque, según lo informado, la verificación de responsabilidades depende de los avances de la investigación oficial. Este hecho pone de manifiesto la tensa situación de orden público que persiste en este corredor vial fundamental para el sur del país, donde la seguridad se ha visto amenazada en repetidas ocasiones por hechos violentos que afectan tanto a la población civil como a la infraestructura clave de movilidad.

La preocupación aumentó con el informe sobre el hallazgo de un cilindro aparentemente con cables, que podría contener explosivos, ubicado a unos 200 metros del peaje destruido. Las autoridades adelantan un proceso riguroso de verificación para establecer el nivel real de peligro y prevenir que se presenten más daños o víctimas en la zona.

Mientras continúan las labores de inspección y seguridad encabezadas por el Ejército Nacional y la Policía, se recomienda a quienes transitan por el corredor nacional mantenerse alejados del área y acatar todas las indicaciones oficiales sobre desvíos y movilidad. El llamado es a priorizar la seguridad y esperar las determinaciones de las entidades competentes mientras se contienen las consecuencias de este atentado y se estabiliza la situación.

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¿Qué ocurrió en el atentado con carro bomba en el Cauca el 12 de octubre?

El atentado, reportado por El Tiempo, consistió en la explosión de un carro bomba que destruyó la infraestructura del peaje de El Mango, entre Patía y el corredor vial de Popayán a Pasto. Al menos tres personas resultaron heridas, y las autoridades investigan la posible relación con la estructura Carlos Patiño, parte de las disidencias de las Farc.

¿Por qué se habla de un posible nuevo explosivo cerca del peaje de El Mango?

Tras el primer ataque, las autoridades detectaron un cilindro con cables a unos 200 metros del sitio afectado, lo que sugiere la posible presencia de otro artefacto explosivo. El Ejército Nacional y la Policía mantienen el control del área para verificar el riesgo y evitar que civiles sean afectados por un potencial segundo atentado. Se recomienda a la población acatar las indicaciones sobre movilidad hasta que la zona sea declarada segura.

Según comunicó Emdupar a través de su canal oficial de Instagram, el corte del servicio responde a la necesidad de garantizar estándares de calidad y la protección de la salud pública. El restablecimiento del suministro está condicionado a la mejora en las condiciones del agua, con el objetivo de retomar el proceso de potabilización tan pronto como sea posible. Mientras tanto, los equipos y operarios de la empresa se encuentran dedicados a atender la emergencia, con la prioridad de restituir el servicio en el menor tiempo viable.

Este hecho se produce simultáneamente con el mantenimiento de una alerta amarilla declarada por la Alcaldía de Valledupar debido al riesgo latente de crecientes súbitas en la región. Las autoridades municipales han sido claras en recomendar a la ciudadanía estar atenta a la información que se actualiza de manera oficial, evitar acercarse a los cuerpos de agua —especialmente durante episodios de lluvias intensas— y cumplir cabalmente las indicaciones emitidas por los organismos de prevención.

La Alcaldía de Valledupar, a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), reiteró el llamado de advertencia hacia todos los habitantes, recalcando la importancia de no exponerse innecesariamente a situaciones de peligro alrededor de los ríos durante el periodo de inestabilidad climática. Por su parte, Emdupar se mantiene en comunicación sobre los avances en la resolución del inconveniente y pide comprensión mientras perdure la emergencia.

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¿Por qué Emdupar suspendió el servicio de agua en Valledupar?

Emdupar suspendió temporalmente el suministro de agua potable en Valledupar debido a una creciente ocurrida alrededor de las 9:30 de la noche, que causó un aumento en la turbiedad del agua. Según el comunicado oficial de la empresa, este nivel de turbidez superó los parámetros que permiten que el agua se trate de manera adecuada, obligando a detener el proceso para proteger la salud de los usuarios.

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades durante la alerta amarilla en Valledupar?

Durante la alerta amarilla vigente en Valledupar, las autoridades, de acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Valledupar y Emdupar, aconsejaron a la ciudadanía mantenerse informada mediante canales oficiales, evitar acercarse a los ríos durante las lluvias y seguir estrictamente las instrucciones de los organismos de prevención y atención de emergencias.

El choque provocó lesiones tanto en el peatón como en los dos motociclistas. Todos ellos habrían necesitado traslado inmediato a un centro asistencial, aunque hasta el momento las fuentes no precisan la gravedad de las heridas ni el estado actual de los involucrados. La información sobre su evolución médica sigue siendo desconocida y está a la espera de confirmación por parte de las autoridades sanitarias.

Sobre la identidad del peatón herido, El Nuevo Día menciona que se trataría de un hombre conocido en el sector con el nombre de Iván. Habitantes de la zona lo reconocen por dedicarse a la venta de bizcochos, un producto tradicional, aunque las autoridades todavía no han oficializado su identidad. Esto indica que aún se esperan comunicados formales que aclaren quién es la persona lesionada y si existe alguna relación con reportes previos o familiares.

Las circunstancias exactas del accidente permanecen bajo investigación. De acuerdo con la información disponible, todavía no hay claridad sobre cómo sucedió el atropellamiento ni si alguno de los actores viales tenía preferencia de paso. Corresponde a las autoridades realizar el análisis técnico correspondiente en el lugar del siniestro, que, según los reportes de El Nuevo Día, es un tramo de alto flujo vehicular. La comunidad local y los allegados a los heridos se mantienen a la espera de reportes oficiales que esclarezcan tanto la mecánica de los hechos como el estado de salud de las personas implicadas.

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¿Qué ocurrió exactamente en el accidente de tránsito en la carrera Quinta de Ibagué?

Un accidente en la carrera Quinta, entre calles 39 y 40, ocurrió cuando dos motociclistas descendían por esta vía y chocaron contra un peatón que cruzaba la calle, según El Nuevo Día. Los tres sufrieron heridas y requirieron asistencia médica, aunque los detalles concretos sobre la mecánica y la gravedad del siniestro aún están siendo investigados por las autoridades.

¿Quién es el peatón herido en el accidente frente a la funeraria Los Olivos?

La información preliminar indica que el peatón herido sería un hombre conocido por los habitantes del sector como Iván, quien se destaca por vender bizcochos. Sin embargo, hasta el momento, la identidad del lesionado no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, por lo que se está a la espera de información que certifique su nombre y situación de salud.

(Lea también: Ataque armado en Tuluá dejó un policía muerto, otro herido y presunto integrante de grupo armado abatido)

El ataque ocurrió durante la mañana de este lunes 12 de octubre y causó preocupación entre las autoridades, que se mantienen en máxima alerta por la situación de seguridad en esta importante carretera del país.

La detonación habría causado la destrucción de la infraestructura del peaje. Sin embargo, con la información disponible hasta el momento, no es posible establecer si hubo personas heridas o fallecidas, ni precisar la magnitud total de los daños.

Peaje ‘El Mango’, en
El Bordo-Cauca. Los terroristas activaron explosivos y dejaron un cilindro. La comunidad resiliente ayuda a despejar la Vía Panamericana. https://t.co/kxprhKWKQX

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 12, 2026

Las autoridades se desplazaron hasta el lugar para atender la situación y verificar las condiciones de seguridad en el corredor vial. Por ahora, el caso continúa en desarrollo y se espera que se conozcan nuevos detalles sobre las circunstancias del ataque y los responsables.

El hecho vuelve a poner la atención sobre la seguridad en la vía Panamericana, un corredor estratégico para la movilidad y el transporte entre los departamentos del Cauca y Nariño.

La emergencia, de acuerdo con versiones preliminares de conductores que pasaban por el sector, tuvo lugar hacia las 3:05 p. m. de ese sábado. En ese momento, varias rocas cayeron sobre la calzada, sorprendiendo a quienes se movilizaban por el corredor vial y generando preocupación entre quienes transitaban la zona. El conductor del vehículo habría tratado de evitar el impacto con las piedras realizando una maniobra; sin embargo, perdió el control, lo que llevó a que la buseta saliera de la carretera por el costado derecho y terminara sobre el terreno contiguo.

La situación generó alarma no solo por el volcamiento del automotor, sino también por la presencia de rocas en la vía, lo que representó un riesgo adicional para otros viajeros. Las circunstancias exactas del accidente aún deberán ser establecidas por las autoridades, que investigan los hechos para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo fallas de infraestructura o condiciones climáticas que influyeran en el desprendimiento del material rocoso.

En cuanto a los heridos, los reportes iniciales apuntan a que cuatro personas habrían sido lesionadas y trasladadas al Hospital San Rafael de El Espinal para recibir atención médica. Hasta el momento, no existe un parte oficial sobre la gravedad de las lesiones y, aunque las primeras versiones sugieren que no serían de consideración, esta información está pendiente de confirmación por los organismos de salud. Se espera que en las próximas horas las autoridades revelen más detalles tanto sobre el accidente como sobre el estado de las personas afectadas.

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¿Cuál fue la causa del accidente en la vía Chicoral-Gualanday en El Espinal?

De acuerdo con la información preliminar citada por El Nuevo Día, el accidente habría sido provocado por el desprendimiento de material rocoso de la montaña, lo que sorprendió a los conductores en la vía y obligó al conductor de la buseta a realizar una maniobra evasiva. Sin embargo, al perder el control del vehículo, este terminó fuera de la carretera, resultando en cuatro personas lesionadas.

¿Cuál es el estado de salud de las personas heridas en el accidente de Chicoral?

Según los reportes disponibles mencionados en el artículo, las cuatro personas habrían sido trasladadas al Hospital San Rafael de El Espinal para recibir atención. Aunque las primeras versiones indican que sus heridas no serían graves, aún no existe un parte médico oficial que permita confirmar ni descartar la gravedad de las lesiones, por lo que se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades en las próximas horas.

(Vea también: Ataque armado a funcionarios del Inpec en Barranquilla expone riesgos para el personal penitenciario en Colombia)

A través de una publicación en su cuenta de X, el organismo, encabezado por el procurador general, Gregorio Eljach, expresó su preocupación por las intimidaciones y respaldó la adopción de medidas inmediatas para proteger a las personas señaladas en las amenazas.

En su pronunciamiento, la entidad advirtió que la criminalidad no puede intimidar al Estado y destacó la importancia de que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad trabajen de manera coordinada para enfrentar estos hechos.

La declaración se conoció en medio de la preocupación por el ataque armado contra dos integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec en Barranquilla, quienes fueron agredidos cuando salían de su turno de trabajo en la penitenciaría El Bosque.

En el mensaje publicado en X, la Procuraduría manifestó su respaldo a la implementación de acciones inmediatas y efectivas para garantizar la seguridad de quienes han sido amenazados.

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, rechaza con total contundencia las amenazas contra el Presidente de la República, Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA), el Ministro de Justicia y del Derecho (@MinjusticiaCo) Iván Cancino, el Director del @INPEC_Colombia…

— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) October 12, 2026

El organismo también dejó claro que las entidades estatales deben actuar de manera conjunta para responder a las intimidaciones y evitar que las organizaciones criminales afecten el funcionamiento de las instituciones.

En ese sentido, el procurador Gregorio Eljach hizo un llamado a la unidad de las agencias del Estado, especialmente de aquellas que tienen responsabilidades en materia de seguridad y que deben velar por los intereses de la sociedad.

El pronunciamiento busca destacar la necesidad de una respuesta institucional frente a las amenazas, así como la protección de los servidores públicos que pueden estar expuestos a riesgos por el cumplimiento de sus funciones.

Otro de los puntos centrales del mensaje fue la solidaridad expresada por la Procuraduría con Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, los dos integrantes del Inpec que fueron atacados en Barranquilla.

Según lo señalado por la entidad, ambos funcionarios fueron agredidos cuando salían de su turno en la penitenciaría El Bosque. El organismo calificó el hecho como un ataque cobarde y expresó su respaldo a los trabajadores penitenciarios.

El caso puso de nuevo la atención sobre los riesgos que enfrentan los integrantes del sistema carcelario, quienes cumplen funciones relacionadas con la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad.

Esta decisión judicial generó de inmediato un debate político y jurídico al interior del Congreso de la República, especialmente en torno a la continuidad de la curul y la posibilidad de que el exsenador José Alfredo Gnecco, quien fue candidato y ocupó el noveno lugar en una lista que obtuvo ocho curules, asumiera ese escaño. La polémica también fue alimentada porque la lista del Partido de la U, partido al que pertenecen tanto Carrillo como Gnecco, tenía expectativas sobre un eventual recambio.

Sin embargo, abogados expertos consultados por EL PILÓN aclararon que el reemplazo no será posible debido a la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de Colombia. Esta norma establece la llamada 'silla vacía', mecanismo que impide el reemplazo en el Senado de aquellos miembros que sean condenados por delitos que afecten la administración pública. Así, de acuerdo con la misma fuente, el objetivo es sancionar no solo al congresista, sino también al partido político que avaló su candidatura, dejando sin ocupar el escaño hasta el final del actual periodo legislativo.

En cuanto a la conformación de la lista del Partido de la U durante las elecciones legislativas del 8 de marzo, solo ocho de sus candidatos lograron escaño: Norma Hurtado Sánchez, Juan Carlos Garcés Rojas, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, Alfredo Rafael Deluque Zuleta, John Moisés Besaile Fayad, Ana Paola García Soto, María Irma Noreña Arboleda y Antonio José Correa Jiménez. La única opción de que José Alfredo Gnecco ingrese al Congreso sería en un caso de falta absoluta ordinaria, como una renuncia voluntaria o incapacidad permanente de alguno de los actuales senadores, no por sanción penal de acuerdo con el régimen vigente. Por tanto, si la condena a Carrillo es ratificada, la curul quedará definitivamente desocupada.

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¿Por qué se aplica la figura de la 'silla vacía' en la curul de Wilmer Ramiro Carrillo?

El artículo 134 de la Constitución Política de Colombia establece la figura de la 'silla vacía', que impide ocupar la curul de un congresista condenado por delitos contra la administración pública. Esto busca sancionar tanto al funcionario como al partido que lo avaló, garantizando que el escaño condenado permanezca desocupado durante el resto del periodo legislativo.

¿Qué alternativas tendría José Alfredo Gnecco para ingresar al Senado si se pierde una curul por sanción penal?

De acuerdo con la información citada por EL PILÓN, la única opción para que José Alfredo Gnecco ocupe un escaño en el Senado sería en casos de falta absoluta ordinaria, como renuncia o incapacidad de un actual senador de su partido. En el caso de una sanción penal, la curul se pierde y no puede ser reemplazada debido a la aplicación de la 'silla vacía'.

La trama de ‘El Dictado’ se sumerge en los dilemas emocionales de sus protagonistas, explorando el peso de los traumas y las heridas del pasado, así como el uso de la mentira como mecanismo de autoprotección ante el dolor. De acuerdo con la información publicada, Adela, una mujer colombiana, viaja hasta España con el propósito de encontrarse con su hermana Nora, quien lleva años residiendo como inmigrante en ese país. La visita, lejos de ser una simple reunión familiar, está motivada por una decisión dolorosa: Adela ha resuelto quitarse la vida lejos de la mirada de su madre y le pide a Nora que la acompañe en la construcción de una vida ficticia y soñada, para que esa ilusión sea transmitida a través de fotografías y cartas enviadas al futuro.

Ambas hermanas se convierten en cómplices de un relato construido para proteger a los seres queridos y a sí mismas del sufrimiento, colocando sobre la mesa el debate acerca de hasta dónde puede llegar el afecto y la solidaridad en situaciones extremas. La esperanza de Nora, como se menciona en el artículo, es que este ejercicio simbólico de ficción lleve a Adela a reconsiderar su decisión y hallarle nuevos motivos para seguir viviendo.

La boletería para ‘El Dictado’ está disponible, según el portal TuBoleta, y ofrece al público bogotano la posibilidad de presenciar un montaje que invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad humana y la fuerza de los vínculos familiares en contextos de crisis. Idartes, como organizador principal, respalda esta iniciativa que promueve el diálogo y la introspección a través del arte teatral.

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¿De qué trata la obra de teatro ‘El Dictado’ presentada en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán?

‘El Dictado’, presentada por Metamorfosis Lab en la temporada Ópera Prima de Idartes, aborda la historia de Adela y Nora, dos hermanas que se reencuentran en España. La obra explora cómo enfrentan los traumas familiares, el dolor del pasado y la mentira como defensa, relatando la construcción de una vida ficticia para protegerse y buscar esperanza ante la adversidad.

¿Dónde y cuándo ver ‘El Dictado’ de Metamorfosis Lab en Bogotá?

La función de ‘El Dictado’ se podrá presenciar el 30 de octubre de 2026 a las 7:00 p. m. en la Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en Carrera 7 #22-79, localidad de Santa Fe, Bogotá. La entrada está disponible bajo boletería a través del portal indicado por el Idartes.

‘Suave Piñata’ destaca por su propuesta de teatro contemporáneo enfocada en temas universales como la culpa, el castigo y la reparación. El argumento parte de una anécdota íntima: Rudo, uno de los protagonistas, confía su perro Bandera a Norma. Sin embargo, tras su regreso, Rudo recibe la devastadora noticia de que Bandera ha muerto debido a un descuido de Norma. A partir de este hecho, la obra profundiza en las consecuencias emocionales y éticas del error. Norma, tomada por una culpa que interpreta como imposible de revertir, decide autoinfligirse un castigo. Este acto se convierte en un ritual donde busca restablecer el equilibrio y la restitución, según lo describe la fuente oficial de Idartes.

La pieza sobresale por desdibujar los límites entre el escenario y el público. En la puesta en escena, el espacio deja de ser solamente un entorno físico: pasa a formar parte activa del lenguaje dramático y permite que los asistentes se integren, abandonando el papel de simples observadores. Esta propuesta va en línea con el interés permanente de La Colifata por renovar el teatro tradicional, proveyendo una atmósfera en la que las emociones y reflexiones surgen con la participación directa de quienes asisten, según lo reseñado en la convocatoria de Idartes.

La función está programada para el 23 de octubre de 2026 a las 7:00 p. m. en la Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, localizado en la Carrera 7 #22-79, en la localidad de Santa Fe. La entrada es con boletería y está disponible a través de canales oficiales. De acuerdo con Idartes, se trata de una oportunidad para vivir un teatro comprometido con preguntas esenciales y formas novedosas de dialogar con el público.

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¿De qué trata la obra ‘Suave Piñata’ de La Colifata presentada por Idartes?

‘Suave Piñata’ es una obra de teatro contemporáneo que explora la culpa y la reparación a través de la historia de Rudo, quien al regresar encuentra que su perro ha muerto por descuido de Norma. Ella decide someterse a un castigo simbólico en busca de equilibrio y restitución, según la información de Idartes.

¿Dónde y cuándo se presenta ‘Suave Piñata’ en Bogotá?

De acuerdo con Idartes, ‘Suave Piñata’ se presenta el 23 de octubre de 2026 a las 7:00 p. m. en la Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la Carrera 7 #22-79, localidad de Santa Fe. La entrada requiere boletería disponible por canales oficiales.

La organización del evento corresponde a ASOPEDIC ‘Manitas Cuidadoras con Amor’, una asociación local que ha convocado a los pobladores para que participen en una programación especial. La jornada empieza desde la mañana y se desarrollará en un punto específico: la calle 16B con los números 25, 24A-70. Las actividades están diseñadas para que la comunidad se apropie del espacio público y fortalezca el sentido de pertenencia.

El primer momento de la jornada se vivirá desde las 10:00 a.m., cuando se inicie la feria de emprendimiento. Esta actividad proporcionará un escenario para que los asistentes conozcan distintas iniciativas y productos originados por miembros de la comunidad. La feria busca, de acuerdo con la información, dar visibilidad a las ideas y talentos de los emprendedores de Villa Corelca, así como favorecer la economía local mediante la vinculación directa de los vecinos con las propuestas de quienes apuestan por el desarrollo del sector.

A las 2:00 p.m., una segunda actividad captará la atención: la desvelación de murales. Este evento artístico pretende fortalecer el reconocimiento de las raíces y la identidad de los habitantes al intervenir visualmente espacios emblemáticos del barrio. El arte mural se presenta aquí como una plataforma de comunicación y memoria, en la que los símbolos de la cultura local cobran un nuevo significado y se proyectan hacia toda la comunidad.

El acompañamiento institucional lo brindan Yennis Brito, quien extiende la invitación, y la Agencia de Empleo Comfacesar, que respalda la jornada. La invitación está hecha a la población vallenata para que se sume y asista con su mejor 'pinta afro', integrando la vestimenta típica en la celebración y subrayando así el carácter cultural del encuentro.

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¿Cuáles son las actividades principales de la jornada cultural en Villa Corelca?

Durante la jornada cultural ‘Las 6 raíces de Villa Corelca’, quienes asistan podrán disfrutar de dos actividades centrales: una feria de emprendimiento donde los habitantes compartirán sus productos y proyectos, y la desvelación de murales, que busca plasmar la identidad y la memoria cultural del sector en espacios públicos según información de los organizadores.

¿Cuál es el objetivo de la feria de emprendimiento en Villa Corelca?

La feria de emprendimiento, que inicia a las 10:00 de la mañana, tiene el objetivo de dar visibilidad a las iniciativas locales y fortalecer la economía del sector, permitiendo a emprendedores de Villa Corelca exhibir sus productos e ideas en un entorno comunitario y colaborativo, como promueve ASOPEDIC ‘Manitas Cuidadoras con Amor’.

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El siniestro dejó, de manera preliminar, una persona fallecida y al menos 10 lesionados, entre ellos cinco menores de edad, según recogió La FM. El choque ocurrió en el sector de la hacienda Bello Horizonte, aproximadamente 10 kilómetros antes de llegar al centro poblado de Pompeya.

En el accidente estuvieron involucrados una buseta de transporte intermunicipal de la empresa Arimena y dos camionetas Toyota, mencionó Noticias Caracol.

Acá, un video que muestra lo sucedido después del accidente:

Terrible accidente se registra en el medio día de este domingo en la vía Villavicencio-Puerto López, 10 kilómetros antes del centro poblado de Pompeya. Por lo menos dos camionetas de alta gama y un vehículo de servicio intermunicipal se vieron involucrados en el lamentable hecho… pic.twitter.com/Rt1xPzihrv

— Donde Está La Noticia Está Misael (@dondeestalanoti) October 11, 2026

La emergencia movilizó a las autoridades de tránsito y al personal de atención médica, mientras se adelantaban las labores para establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión y determinar el balance definitivo de personas afectadas.

La Secretaría de Salud del Meta reportó el traslado de 10 personas lesionadas a un centro asistencial de Villavicencio. El grupo estaba conformado por cinco adultos y cinco menores de edad.

De acuerdo con ese reporte, los niños se encontraban estables, mientras que uno de los adultos permanecía en el área de reanimación debido a la gravedad de su condición.

Las primeras versiones sobre lo ocurrido señalaron que una de las camionetas habría chocado contra el vehículo de transporte público y que el otro automotor también terminó involucrado. Sin embargo, esta hipótesis no constituye una explicación definitiva de los hechos.

Tanto La FM como Noticias Caracol indicaron que las circunstancias de la colisión estaban pendientes de esclarecimiento. Por esa razón, no es posible establecer con certeza cómo se produjo el choque ni atribuir responsabilidades mientras avanzan las investigaciones.

El siniestro también afectó el tránsito por el corredor vial entre Villavicencio y Puerto López. De acuerdo con los reportes de la Concesión Vial de los Llanos, inicialmente se presentó un cierre en el sector de la emergencia y posteriormente se informó sobre el paso restringido a un carril.

La reducción de la movilidad se produjo mientras las autoridades atendían la situación y adelantaban los procedimientos correspondientes en el lugar del accidente.

El informe, basado en datos del Monitor de Desarrollo Territorial, contempló emergencias naturales como incendios forestales, inundaciones, vendavales, deslizamientos, sequías, tormentas eléctricas, erosión y situaciones de inmersión. Quedaron excluidos los eventos derivados de actividades humanas, por ejemplo, accidentes, derrames químicos o incendios no forestales. La magnitud del problema se evidencia en los 647 incendios forestales registrados, equivalentes al 72% del total; les siguieron 130 inundaciones (14%) y 84 vendavales (9%). La distribución de los incendios fue especialmente alta en Valledupar (103), El Paso (89) y Aguachica (78), concentrando el 42% de esos eventos.

La tendencia muestra un crecimiento significativo: el promedio anual de incendios pasó de 37 (2013-2020) a 110 (2021-2025). Destaca el periodo 2024-2025, cuando ocurrieron 383 incendios, lo que señaló el año 2024 como el más crítico, con 256 eventos totales —casi el doble del máximo anterior registrado en 2021—. El informe relaciona temporalmente este aumento con una alta pérdida de cobertura arbórea, pero aclara que se requiere un análisis georreferenciado para establecer causalidades sólidas, y propone futuras investigaciones sobre la relación entre deforestación y ocurrencia de incendios.

Aunque las inundaciones fueron menos frecuentes que los incendios, su impacto humano fue mayor: las 130 inundaciones dejaron 15 víctimas, mientras que los 647 incendios solo reportaron una. Los deslizamientos y tormentas eléctricas, aunque menos comunes, mostraron tasas de víctimas muy significativas. Las víctimas no estuvieron concentradas en un solo municipio, pues nueve localidades reportaron casos, con San Martín (seis), Bosconia (cinco) y Becerril (tres) a la cabeza. Así, la respuesta institucional exige estrategias diferenciadas para cada tipo de emergencia, reforzando aspectos como brigadas y control de quemas ante incendios, y ordenamiento territorial, alertas y evacuación frente a inundaciones o deslizamientos.

Uno de los enfoques del informe es la autonomía fiscal, que mide la proporción de ingresos propios frente al total de recursos de los municipios. Se evidenció que 16 de 25 municipios presentaban una autonomía baja en 2025; seis combinan además esta baja autonomía con múltiples emergencias, hecho que se traduce en retos significativos para la prevención y respuesta local. Sin embargo, el mismo informe aclara que la autonomía fiscal no garantiza, por sí sola, mayor capacidad de reacción, pues intervienen variables como infraestructura, coordinación y apoyo supramunicipal.

La recomendación central del Observatorio es prevenir según el tipo de amenaza, evitando respuestas uniformes y afianzando el trabajo articulado entre municipios, gobernaciones y organismos de socorro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las emergencias ambientales más frecuentes en el Cesar y cuáles tienen mayor impacto en víctimas?

Según el informe del Observatorio de Desarrollo Territorial del Cesar, los incendios forestales constituyen el 72% de las emergencias ambientales en el departamento y son los eventos más repetidos. Sin embargo, las inundaciones, aunque menos frecuentes, concentran el mayor número de víctimas humanas, al igual que los deslizamientos y tormentas eléctricas, que presentan tasas de afectación significativas en pocos eventos.

¿Qué significa la autonomía fiscal y por qué es relevante para la atención de emergencias ambientales?

La autonomía fiscal es un indicador que refleja la proporción de recursos propios que maneja un municipio frente al total de sus ingresos. Una autonomía baja sugiere menos capacidad financiera local para planificar o responder a emergencias, aunque el informe aclara que la respuesta efectiva también depende de otros factores como el apoyo interinstitucional, los equipos, la alerta temprana y las condiciones geográficas.

Este atentado llevó a que la Defensoría del Pueblo, entidad encargada de velar por los derechos humanos, emitiera un sólido pronunciamiento. La Defensoría rechazó enfáticamente el ataque y manifestó su solidaridad con los funcionarios afectados, sus familias y colegas. Además, expresó su preocupación por las amenazas recibidas también por integrantes del Gobierno, entre ellos el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino, amenazas que surgieron en el contexto de recientes traslados de personas privadas de la libertad a cárceles de máxima seguridad, una medida que según la entidad, es legítima y necesaria para el control efectivo de los centros de reclusión.

No se trata de episodios aislados. Según reporta El Espectador, la Defensoría recordó que la cadena de violencias contra el sector penitenciario ha sido permanente en los últimos años, destacando el asesinato del director de la cárcel La Modelo en Bogotá en mayo de 2024, así como otros atentados en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia, Cartagena y Neiva en 2025. Ante la persistencia de estos hechos violentos, la Defensoría instó a fortalecer estrategias de prevención y protección integral para el personal del Inpec y sus familias.

Para enfrentar esta crisis, la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Justicia y al Inpec establecer una coordinación estrecha con la Policía, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las autoridades regionales, a fin de construir un plan de seguridad robusto. Este plan debería incluir la valoración individual de riesgos, medidas de protección tanto para funcionarios como sus familias, atención inmediata, acompañamiento psicosocial y jurídico, además de medidas específicas frente a los traslados de internos. Finalmente, el llamado es reforzar los protocolos de seguridad en el traslado de personas privadas de la libertad y avanzar en la investigación de los hechos delincuenciales reportados, incluyendo la verificación de panfletos amenazantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué recomendaciones hizo la Defensoría del Pueblo para proteger a los funcionarios del Inpec?

La Defensoría del Pueblo sugirió al Ministerio de Justicia y al Inpec coordinarse con la Policía, la Unidad Nacional de Protección y las autoridades locales para crear un plan de protección integral. Este plan debe incluir la valoración individual de riesgos, medidas de protección para funcionarios y sus familias, atención inmediata, acompañamiento psicosocial y jurídico, además de fortalecer el control sobre los traslados de personas privadas de la libertad y establecer mecanismos de seguimiento.

¿Por qué se han incrementado las amenazas y ataques contra personal del sistema penitenciario en Colombia?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo y lo registrado por El Espectador, los ataques y amenazas han aumentado en respuesta a decisiones del Gobierno como los traslados de personas privadas de la libertad a cárceles de máxima seguridad. Estas acciones tienen el objetivo de ejercer un mayor control en los establecimientos de reclusión y desmontar estructuras ilegales que operan desde su interior, lo que ha generado reacciones violentas de quienes buscan condicionar las medidas de las autoridades.

De acuerdo con la convocatoria, durante la jornada estarán presentes también los integrantes del Comité de Vocales de Control, un grupo que representa a los usuarios en el seguimiento y vigilancia de la calidad y cobertura de los servicios públicos. El fin primordial de la reunión es abrir un espacio de conversación participativa, donde se exponga y escuche cada necesidad y problemática que han sido reportadas por la ciudadanía. La administración quiere identificar, con base en estos diálogos, posibles acciones coordinadas y concretas que permitan hacer seguimiento y mejorar la gestión institucional para atender las inquietudes de los habitantes.

No solo se tratarán los asuntos relativos a los servicios públicos. La agenda preparada por la Oficina de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobierno local incluye otros temas orientados al fortalecimiento de la participación comunitaria. En la comunicación oficial, José Luis Silva Maestre, coordinador de Participación Ciudadana, subraya la importancia de Asocomunas y de los vocales de control. Los denomina como "representantes y actores fundamentales de la participación ciudadana y del seguimiento a las situaciones que afectan a las comunidades", destacando así el papel de estos líderes en la defensa de los intereses y necesidades de sus representados.

La Alcaldía insiste en la necesidad de espacios abiertos donde la comunicación directa entre autoridades y comunidad permita identificar problemáticas reales y buscar soluciones desde la articulación y el trabajo conjunto. De este modo, se busca fortalecer la democracia local a través del fomento del diálogo, la transparencia y la incidencia real de la ciudadanía en las decisiones sobre temas tan sensibles como los servicios públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas se discutirán en la reunión convocada por la Alcaldía de Valledupar?

En la reunión convocada por la Alcaldía de Valledupar, se discutirán las dificultades que presentan las comunidades frente a la prestación de los servicios públicos. Además, se tratarán temas relacionados con la agenda de la Oficina de Participación Ciudadana, con el fin de fortalecer el diálogo y la participación de los líderes comunitarios, como lo confirmó la comunicación firmada por José Luis Silva Maestre.

¿Cuál es el papel de Asocomunas y los vocales de control en Valledupar?

De acuerdo con la comunicación oficial de la Alcaldía, Asocomunas y los vocales de control cumplen funciones esenciales como representantes y actores fundamentales de la participación ciudadana. Su labor consiste en hacer seguimiento a las problemáticas que afectan a las comunidades, especialmente en el control y vigilancia de la prestación de servicios públicos en el municipio.

(Vea también: Así es el panorama luego de 2 meses del terremoto: atención a más de 147.000 familias damnificadas)

La emergencia también afectó a una buseta de transporte intermunicipal, que terminó volcada a un costado de la carretera, según las imágenes difundidas por Caracol Radio.

La emisora informó sobre la situación a través de su cuenta de X, donde advirtió que el corredor vial presentaba un cierre parcial debido al deslizamiento de tierra que comprometió al vehículo de servicio público.

“Hay cierre parcial de la vía Ibagué – El Espinal por un derrumbe que afectó a una buseta de transporte intermunicipal. Se espera el reporte oficial sobre lesionados en medio del siniestro”, señaló Caracol Radio en su publicación.

#Ibagué | Hay cierre parcial de la vía Ibagué – El Espinal por un derrumbe que afectó a una buseta de transporte intermunicipal. Se espera el reporte oficial sobre lesionados en medio del siniestro. https://t.co/MFgLDUh8u7

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 11, 2026

El reporte estuvo acompañado de un video en el que se observa una importante cantidad de material sobre la carretera. Entre los residuos que quedaron esparcidos por la vía se distinguen piedras, ramas, tierra y otros elementos que dificultan la circulación de los vehículos.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención en las imágenes fue el estado de la buseta involucrada en la emergencia. El automotor aparece volcado sobre uno de los costados de la carretera y presenta daños visibles, en medio de los restos que dejó el derrumbe.

Por ahora, la información disponible sobre lo ocurrido es limitada. El reporte inicial de Caracol Radio confirmó el cierre parcial de la carretera y la afectación de la buseta intermunicipal, pero no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias exactas en las que se produjo la emergencia.

Por el momento, se espera que las autoridades entreguen información oficial que permita conocer el balance de la emergencia, las posibles consecuencias para los ocupantes del vehículo y las condiciones para la recuperación de la movilidad en el sector.